Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/r3-lr-l1-2003.html
Timestamp: 2016-12-04 09:22:17+00:00

Document:
La Administración local de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Entidades locales riojanas
Registro de entidades locales de La Rioja
Competencias y funciones atribuidas a la Comunidad Autónoma de La Rioja por su carácter uniprovincial
Efectos de las alteraciones de términos en el gobierno municipal
Procedimiento de cambio de denominación o capitalidad
Régimen especial del municipio de Logroño
Mancomunidades de interés comunitario
Del fomento de las mancomunidades de interés comunitario
Configuración de la demarcación
Aprobación de la demarcación
Modificación de la demarcación
Potestades de la comarca
Artículo 69. Ter
ritorio, denominación y capitalidad
Competencias transferidas o delegadas
Traspaso de competencias de mancomunidades, consorcios o de otros entes asociativos municipales a las comarcas
Revocación y avocación de competencias
Colaboración y cooperación entre el Gobierno de La Rioja y las entidades locales
Formas de cooperación y colaboración
Coordinación del ejercicio de las competencias de las entidades locales
Federación y asociación de entidades locales
Enmiendas y votos particulares
Órganos especiales para reclamaciones y recursos
Desafectación de bienes comunales para su posterior cesión
Intervención de la Comunidad Autónoma en los actos de disposición de bienes
Fomento de la deforestación
Medios de intervención
Cooperación al desempeño de las funciones públicas necesarias
L 7/2014 de 23 Dic. CA La Rioja (de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015) Ocultar / Mostrar comentarios Apartado 4 del artículo 177 introducido por el apartado primero del artículo 47 de la Ley [LA RIOJA] 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 («B.O.L.R.» 29 diciembre).
L 11/2013 de 21 Oct. CA La Rioja (Hacienda Pública) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 114 redactado por la disposición final primera de la Ley [LA RIOJA] 11/2013, 21 octubre, de Hacienda Pública de La Rioja («B.O.L.R.» 25 octubre/«B.O.E.» 8 noviembre), en la redacción dada por el apartado cuarto del artículo 48 de la Ley [LA RIOJA] 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 («B.O.L.R.» 29 diciembre).
R Coordinación Autonómica y Local 3 Feb. 2014 (acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-CA La Rioja en relación con la L 11/2013 de 21 Oct., Hacienda Pública) Ocultar / Mostrar comentarios Véase Res. 3 febrero 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja («B.O.E.» 24 febrero), que modifica el presente artículo.
L 13/2013 de 23 Dic. CA La Rioja (Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014) Ocultar / Mostrar comentarios Apartado 2 del artículo 59 redactado por el artículo 39 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
L 11/2013 de 21 Oct. CA La Rioja (Hacienda Pública) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 114 redactado por la disposición final 1.ª de la Ley [LA RIOJA] 11/2013, 21 octubre, de Hacienda Pública de La Rioja («B.O.L.R.» 25 octubre).
Ley 6/2009, de 15 Dic. CA La Rioja (Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010) Ocultar / Mostrar comentarios Número 6 del artículo 182 introducido por el número primero del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009.
Número 1 del artículo 185 redactado por el número segundo del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009.
1 La Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con el artículo 9.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de «régimen local». Éste es el título jurídico que legitima la aprobación de la presente Ley de Administración Local. Ello no supone desconocer que el Estatuto recoge otros títulos competenciales referidos a la Administración Local (Arts. 5; 8.Uno.3; 9.7; 13; 19; 27; 33; 53 y Disposición Transitoria Primera). Los contenidos sustantivos recogidos en esos preceptos constituyen, sin embargo, submaterias o fragmentos que deben entenderse englobados, en la actualidad, en aquel título competencial principal de régimen local, al que nada añaden en sentido estricto. Esas abundantes referencias a la Administración Local en el Estatuto son, en todo caso, un reflejo de la especial sensibilidad hacia los problemas del gobierno local y de la organización territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tras la reforma del Estatuto de 1999, La Rioja tiene, pues, la máxima competencia en la materia sin otro límite, obvio, por otra parte, que su ejercicio se realice en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, como oportunamente establece el párrafo inicial del referido artículo 9 del Estatuto. Han quedado superadas, por tanto, las limitaciones competenciales derivadas de la originaria redacción del Estatuto de Autonomía, de 1982, que explican el corto alcance -pese a su pretencioso título- de la Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Régimen Local de La Rioja, que ahora se deroga.
2 La presente Ley, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, hace del municipio la pieza básica de la organización, en cuanto institucionalización del sistema de autogobierno ciudadano o, lo que es lo mismo, expresión del principio democrático aplicado a la gobernación del territorio. No puede ignorarse, sin embargo, que en el municipio concurre una doble dimensión como entidad pública representativa y administración prestadora de servicios. En efecto, el municipio como entidad representativa es insustituible en el sistema establecido por la Ley, como cauce inmediato de participación de los ciudadanos en los asuntos de la colectividad. Pero ese carácter, con ser extraordinariamente importante y condición necesaria para hablar con propiedad de gobierno local, no es suficiente para justificar su existencia como entidad administrativa básica de la organización territorial. El municipio debe ser, además, una Administración prestadora de servicios a los ciudadanos que lo integran. Es el ejercicio de estas tareas públicas lo que justifica su existencia. La Ley asume plenamente este planteamiento y saca las oportunas consecuencias en el plano organizativo y competencial.
3 Por lo que hace referencia a los aspectos organizativos, la Ley renuncia a modificar imperativamente el mapa municipal si bien, para mejorar su configuración y funcionalidad limita la creación de nuevos municipios a los que tengan más de 500 habitantes; establece exigentes reglas para la alteración de municipios y medidas de fomento de las agrupaciones y fusiones y, asimismo, contempla la novedosa figura de los programas de reorganización territorial para paliar las consecuencias del despoblamiento rural. En cuanto a la organización municipal, la Ley renuncia a establecer con carácter general una organización complementaria, pues ésta debe corresponder a cada municipio en ejercicio de su potestad de autoorganización. Las normas imperativas contempladas tienen como finalidad garantizar el pluralismo político (grupos políticos municipales, comisiones) y la participación ciudadana, sin perjuicio de que en los municipios puedan dictarse normas más favorables.
4 En el plano competencial, la Ley resuelve la cuestión de la determinación de las competencias locales remitiendo a lo que dispongan las Leyes del Estado y de La Rioja. Tras una apariencia engañosa, ésta es una fórmula extraordinariamente simple por varias razones: porque la determinación por Ley de las competencias municipales es una garantía derivada del principio de autonomía; por ser ésa una función propia de las Leyes sectoriales y no de las Leyes generales de régimen local, como la experiencia histórica demuestra; y, finalmente, pero no por ello menos importante, porque esa fórmula no es óbice a la operatividad del principio de autonomía como título habilitante de la actividad municipal, esto es, allá donde no exista previsión legal específica, el principio de autonomía despliega su virtualidad para legitimar cuanto sea de interés para la colectividad local, constituye una cláusula potencialmente universal de la acción municipal.
5 Relacionado con la dimensión financiera del «Pacto Local», el Título VI, relativo a las Haciendas Locales, tiene un contenido muy delimitado y breve. Tras reiterar el principio de suficiencia concreta el alcance de la tutela financiera que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el sistema de compensación de deudas. Como novedad más destacable otorga rango legal al Fondo de Cooperación Local, instrumento de cooperación financiero a las obras y servicios de las entidades locales cuya cuantía anual fijará la Ley de Presupuestos Generales de La Rioja.
6 El Título VII de la Ley, relativo a las Disposiciones comunes a las Entidades locales, es buen exponente de la finalidad compiladora en una materia de general y constante aplicación que no precisa desarrollo reglamentario general, salvo en los municipios de cierta envergadura, cuyo Reglamento orgánico debe ser, en ese caso, el instrumento adecuado para establecer las peculiaridades organizativas y de funcionamiento que sean necesarias. Con esa intención está regulado el estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales, que incorpora normas para hacer frente al transfuguismo político; el régimen de funcionamiento, donde se ordena y sistematiza la dispersa legislación estatal aplicable; el procedimiento y régimen jurídico de los actos y acuerdos locales, que establece el imprescindible engarce con la legislación de procedimiento común; la impugnación de actos y acuerdos locales y el ejercicio de acciones y, finalmente la información y participación ciudadanas.
7 El Título VIII, establece la regulación general del régimen jurídico y aprovechamiento de las distintas clases de bienes de las Entidades Locales, que integra y complementa la normativa básica estatal, en aquellas materias que deben tener rango legal por afectar a su calificación o a actos de disposición, como es el caso de la desafectación de bienes comunales para su posterior cesión a terceros en casos de interés público. Regula la adscripción y aportación de bienes a organismos y sociedades locales; otorga suficiente cobertura legal a ciertos aprovechamientos específicos derivados de sus bienes que han adquirido notable importancia económica para muchos pequeños municipios; flexibiliza el régimen de enajenación de bienes cuando su finalidad es la promoción de actividades económicas, así como regula la permuta de cosa futura y la reforestación de montes.
8 En el Título IX se regulan las actividades, obras, servicios y contratación de las Entidades Locales en el que se clarifica el régimen legal de la intervención local en la actividad de los particulares y la actividad económica y de prestación de servicios. Con esa finalidad establece las reglas generales de otorgamiento de licencias y autorizaciones, su tipología y las causas de revocación o anulación. En concordancia con la más reciente jurisprudencia constitucional autoriza que las Ordenanzas locales puedan tipificar infracciones y sanciones en aquellas materias de su competencia exclusiva y en ausencia de previsión legal específica. En materia de servicios y actividad económica sistematiza y actualiza la legislación básica estatal, así como clarifica el régimen de la iniciativa pública local en materia económica, a partir de la distinción entre actividades ejercidas en régimen de monopolio (las reservadas) y en régimen de libre concurrencia, suprimiendo el equívoco concepto de la «municipalización». En cuanto a las obras públicas locales establece su concepto y clases, así como los requisitos para su ejecución, aspectos necesitados del oportuno desarrollo reglamentario. Finalmente en materia de contratación recoge las previsiones organizativas imprescindibles, remitiendo, en cuanto al régimen sustantivo, a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
9 El Título X contiene una regulación mínima del régimen del personal al servicio de las Entidades Locales, dado que es aplicable directamente la legislación básica estatal relativa a los habilitados nacionales -en relación con los cuales determina las específicas competencias que corresponden a la Administración regional- así como al resto del personal de las Entidades Locales. Acoge, sin embargo, algunas novedades dignas de mención que resultan de extraordinaria importancia para la función pública local y su debida articulación con la regional. Es el caso de la creación de la subescala de gestión que permite la equiparación de las escalas de funcionarios locales con las regionales, base para establecer las equivalencias adecuadas y la movilidad funcionaria. Establece la práctica profesionalización de los tribunales de selección del personal de las Entidades locales, como garantía del principio constitucional de mérito y capacidad. Permite que la selección del personal pueda ser encomendada a la Escuela Riojana de Administración Pública, quien realizará convocatorias conjuntas, previsión que redundará en la mejora cualitativa y homologación profesional de la función pública. Finalmente, contempla la agrupación de Entidades locales para el sostenimiento de personal común, no limitado a las funciones públicas necesarias.

References: Artículo 69
 artículo 177
 artículo 47
 Artículo 114
 artículo 48
 artículo 59
 artículo 39
 Artículo 114
 artículo 182
 artículo 46
 artículo 185
 artículo 46
 artículo 9
 artículo 9