Source: http://cencoalt.blogspot.com/2016/04/
Timestamp: 2017-10-23 15:27:44+00:00

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CENCOALT: abril 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En octubre de 2015 el gobierno mexicano aceptó prolongar seis meses la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como parte de una estrategia para revertir la pésima imagen oficial tras la divulgación de su primer informe, el 6 de septiembre de ese año, que destruía la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy, a punto de concluir el segundo mandato el 30 de abril, es muy claro que en realidad lo único que le interesó al gobierno mexicano en aquel momento era recomponer la relación de fuerzas (gobierno mexicano-GIEI) y pretender revalidar su “verdad histórica”; nunca pensaron en dilucidar qué pasó en Iguala con los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Tras la firma del acuerdo que prolongaba la estancia del GIEI, en estas páginas señalé (Proceso 2034): “La PGR está más empeñada en preservar ‘la verdad histórica’ para deslindar a las fuerzas federales de cualquier responsabilidad”; sin embargo, aclaraba que si los términos del acuerdo se cumplían a “cabalidad, podrían modificar radicalmente la investigación”, por lo que concluía que “el forcejeo entre los organismos internacionales y el gobierno federal se prolongará, por lo menos durante los siguientes seis meses”.
Estos seis meses fueron vitales para el gobierno mexicano que no sólo incumplió los términos del acuerdo, sino que logró desacreditar –ante una parte de la opinión pública mexicana– el trabajo de los expertos del GIEI y difundir un informe que da nueva vida a “la verdad histórica”. En retrospectiva se puede reconstruir la estrategia con precisión.
Todavía no se iniciaba el segundo periodo formal, cuando el gobierno mexicano ya estaba desdiciéndose de lo que había firmado: los expertos no podrían entrevistar directamente a los elementos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, que había sido una de las principales solicitudes de los expertos. La única forma en que podrían declarar los militares sería ante el Ministerio Público, que estaría dispuesto a recibir las recomendaciones de los expertos.
Desde febrero de este año, poco después de la mitad del segundo mandato, los expertos denunciaron en rueda de prensa más incumplimientos del gobierno mexicano, donde destacaban, entre otros: lo que llamaron la “fragmentación” de las investigaciones, de tal forma que las nuevas evidencias no se incluían en la averiguación previa original y el GIEI no tenía acceso a las mismas; la demora en la asistencia técnica que el Grupo de Expertos solicitó a la PGR para investigar todo lo relacionado con el “quinto autobús”; la retención de videos y fotografías tomadas por elementos del Ejército durante al ataque contra los normalistas, así como del video tomado desde el Palacio de Justicia de Iguala, que registró el momento en que los policías atacaron a los normalistas; y el resguardo por parte de la SEIDO de restos óseos recuperados en un sitio cercano al basurero de Cocula (no en éste).
En paralelo a los incumplimientos de los acuerdos, el gobierno mexicano inició dos campañas: una, para posicionar en la opinión pública que la diferencia entre “la verdad histórica” y el informe del grupo de expertos era si los normalistas habían sido o no cremados en el basurero de Cocula; y la otra, para descalificar a los integrantes del grupo de expertos y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Cuando consideraron que las campañas habían logrado su cometido y en la víspera de que concluyera el segundo mandato del GIEI, convocaron a una conferencia de prensa en la PGR, en la que el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, y el vocero del grupo colegiado de expertos de fuego, Ricardo Damián Torres, dieron a conocer un informe preliminar que afirmaba que sí hubo fuego de gran escala en el basurero y que habían encontrado restos de, al menos, 17 personas (sin aclarar que algunos de éstos evidentemente no corresponden a los normalistas). También aclararon que todavía faltaban estudios y pruebas para poder confirmar que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero.
Nadie reparó en la aclaración; la sola confirmación de que sí hubo fuego en gran escala destruía lo que el gobierno había colocado como el principal argumento del primer informe del GIEI y, por lo tanto, le restaba todo su valor.
El gobierno mexicano le había dado un giro de 180 grados al caso: en septiembre de 2015, cuando concluyó el primer mandato del Grupo de Expertos y se dio a conocer el primer informe del grupo, nadie creía en la versión de la PGR y el grupo de expertos era el que tenía el sartén por el mango; ahora, en abril de 2016, cuando concluye el segundo mandato y el GIEI tiene que rendir su segundo informe, el desacreditado es él.
En parte de la opinión pública mexicana el gobierno logró sembrar la duda respecto a la credibilidad y el valor de los trabajos del GIEI en el momento preciso para dar por concluida su misión en México. La estrategia le funcionó al gobierno mexicano y por ello actúa con tanta seguridad.
A pesar de que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, reiteró que aunque México presentó su negativa, es facultad de la comisión decidir (en consulta con las partes –el gobierno y los padres de los normalistas–) concluir o extender el mandato el próximo 30 de abril, difícilmente la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que pertenece la comisión, y la misma CIDH se atreverán a prolongar su presencia en el país, especialmente porque las dificultades para continuar con su trabajo serán todavía mayores.
Lo que el gobierno mexicano no toma en cuenta es que en el ámbito internacional, especialmente en los organismos internacionales (tanto de derechos humanos como generales –ONU y OEA–), en las organizaciones internacionales de derechos humanos y en la opinión pública internacional, la precepción de la violación de los derechos humanos es la misma o peor que la que se tenía en octubre del año pasado, y eso se deja sentir en las protestas que tuvo que soportar el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente gira por Europa. Es una victoria pírrica que le puede resultar muy cara.
Etiquetas: Análisis, Ayotzinapa, Fascismo
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Me preocupa el dictamen de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional que, de entrada, me parece innecesaria. Este artículo tiene un contenido reglamentista, muy preciso y con contrapesos adecuados.
Veamos los puntos centrales del Artículo 29 constitucional que sustentan mi argumento y la tranquilidad de los mexicanos: a) sólo en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el presidente puede restringir garantías; b) como estas expresiones en derecho se denominan conceptos jurídicos indeterminados, el citado Artículo 29 dispone que: “Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez”; y esa constitucionalidad no se refiere ahora al texto legislado de la Constitución federal, sino –conforme al Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución– abarca las convenciones y tratados firmados por México y su interpretación por los órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya capacidad contenciosa es reconocida además por México desde que se publicó, el 24 de febrero de 1999, por el Diario Oficial de la Federación; y por otro, que tenga “validez”; lo que significa que exista jurídicamente el eventual decreto presidencial restrictivo, atribución puntual que se le da a la Suprema Corte, que no se advierte en ninguna otra hipótesis normativa; c) aun en la eventual hipótesis de un decreto presidencial de suspensión de garantías, el Artículo 29 dispone que: “No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación”.
El dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional rebasa el alcance de lo que es una norma de esta naturaleza. Reglamentar significa desarrollar en detalle, sin alterar ni modificar el sentido de la norma reglamentada. En este caso sucede todo lo contrario. Es una pieza jurídica digna de un Estado con un tufo autoritario.
Ahora veamos los elementos que justifican mi anterior afirmación: a) como sello de la casa, la minuta es prolija en sofismas y en disposiciones inútiles pero que se oyen bien, pero sólo eso, se oyen. Se establece que en caso de un decreto ¡se dará aviso a la ONU y a la OEA! ¿Sirve de algo? Absolutamente nada; b) amplía y modifica las hipótesis establecidas expresamente en la Constitución para “justificar” un decreto, lo que es notoriamente inconstitucional: una ley no puede restringir lo expresamente señalado en la Constitución; c) se reduce la participación del Congreso de la Unión en la aprobación de los decretos, dejando a la Junta de Coordinación Política esa potestad; d) se abre la posibilidad de restringir los derechos (o principios, dándole un nivel inferior) que el Artículo 29 constitucional dispone que en ningún caso pueden limitar; y esto además está en armonía con lo dispuesto por los artículos 27 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene una aplicación preferente en el Artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución.
Es verdad, como lo han señalado algunos defensores de esta conspicua iniciativa, que en varios países democráticos se han aprobado leyes semejantes; también lo es, empero (y de eso no dicen nada), que México no es un país democrático; no es un Estado democrático de derecho. Antes bien, en este sexenio la descomposición del principio de legalidad, la vulneración un día sí y otro también de los derechos humanos son solamente algunas muestras que ponen de relieve lo que señalo. No es una opinión personal. Así lo revela el más reciente estudio del World Justice Project 2015, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., a iniciativa de la Barra Americana de Abogados. De acuerdo con este análisis, México se ubica en el lugar 79 de 102 países estudiados y se encuentra reprobado al obtener una calificación de 0.47, debajo de Burkina Faso, Tanzania, China, Túnez, entre muchos otros que una primera impresión aconsejaría que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica que México, pero no es así en modo alguno. (http://worldjusticeproject.org/rule-law-around-world)
Si con los candados constitucionales que existen hoy hay graves y crecientes violaciones de derechos humanos, con una ley como la que se busca aprobar se daría una herramienta adicional al presidente de la República para darle un tamiz legal a esta tendencia autoritaria a la cual asiste la sociedad mexicana.
Por fortuna la minuta tiene tantos errores que si es aprobada en el Congreso de la Unión quedaría todavía la posibilidad de impugnar su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una excelente postura con argumentos jurídicos sólidos sobre los peligros para los mexicanos de esta minuta fue la externada en el Senado de la República por la senadora Dolores Padierna Luna (http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=72689) que les dio una cátedra a propios y extraños.

References: Artículo 29
 Artículo 29
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 Artículo 1
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