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Timestamp: 2018-07-16 10:39:26+00:00

Document:
CREACIÓN DE SOCIEDAD ESTATAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.
MODERNIZACIÓN DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ENCASILLAMIENTO EN SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO. OFICIOS
TRATO A GENERAL EN RETIRO SEÑOR HÉCTOR OROZCO SEPÚLVEDA. OFICIOS
REGULACIÓN DE PESCA DE JIBIA. OFICIOS
PARTICIPACIÓN DE SINDICATO DE ARMADORES DE CONSTITUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE MUELLE MAGUILLINES. OFICIOS
APOYO A FENPRUSS EN PROCESO DE ENCASILLAMIENTO EN SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO. OFICIOS
Sesión 41ª, en miércoles 23 de agosto de 2017
(De 16:26 a 19:32)
Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores subrogante, señor Edgardo Riveros Marín; de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
Asimismo, se encontraban presentes el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso Repetto, y el jefe de asesores del Ministro de Obras Públicas, señor Enrique Álvarez.
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 39ª, ordinaria, en 16 de agosto del año en curso que no ha sido observada.
Con el primero retira la urgencia que hizo presente para la tramitación del proyecto que modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
Con los catorce que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
3) El que instaura el 12 de marzo de cada año como Día Nacional del Trabajador Papelero (boletín N° 8.875-13).
6) El relativo a transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10.163-14).
9) El que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para efectos de aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas instituciones (boletín N° 10.623-02).
11) El que modifica la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros (boletines números 11.053-13 y 11.103-13, refundidos).
14) El que crea un seguro para el acompañamiento a niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos (boletín N° 11.281-13).
Con los quince últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2) Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
5) Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
6) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
7) Proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública (boletín N° 10.140-07).
8) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10.217-15).
11) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas", adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013 (boletín N° 10.480-10).
12) Proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
13) Proyecto que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
14) Proyecto que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
--Se tienen presentes el retiro de las urgencias y las nuevas calificaciones, y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el primero comunica que dio su aprobación, con las excepciones que señala, al proyecto despachado por el Senado que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15) (con urgencia calificada de "simple").
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas (boletín Nº 9.818-17).
Con el tercero indica que dio su aprobación al proyecto de ley que faculta para disponer el ascenso extraordinario del personal de la Policía de Investigaciones de Chile por excepcional abnegación en el cumplimiento de su deber o como reconocimiento póstumo (boletín N° 11.277-25).
Remite resolución dictada en requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores y Diputados respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9.895-11).
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaídos en las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículos 64 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, y 73 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, para informar acerca de la propuesta de decreto del Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), sector Rada Blanca, en la Región de Atacama.
De la señora Directora del Servicio Nacional de Menores:
Contesta solicitud de información, expresada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la justicia en nuestro país.
De la Senadora señora Allende, con la que da inicio a un proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal con el fin de incluir una agravante general y una especial para el caso de los delitos contra la propiedad cuando los adultos se prevalgan de menores de edad para cometerlos (boletín Nº 11.392-07).
De los Senadores señores Moreira, García, Hernán Larraín y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley para radicar la investigación y el juzgamiento de las causas penales vinculadas a los hechos de violencia que indica en fiscalías y tribunales de la Región Metropolitana (boletín Nº 11.393-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (presidente).- Quisiera saludar a una delegación del Colegio Industrial Las Nieves, de la comuna de Puente Alto.
¡Sean bienvenidos al Senado!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el jefe de asesores del Ministro de Obras Públicas, don Enrique Álvarez.
Asimismo, pido la anuencia del Senado para que ingrese a la Sala el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso
Boletín N° 10647-09
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde reanudar la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A.", con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.647-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Obras Públicas: sesión 77ª, en 3 de enero de 2017.
Obras Públicas (segundo): sesión 39ª, en 16 de agosto de 2017.
Hacienda: sesión 39ª, en 16 de agosto de 2017.
Sesiones 77ª, en 3 de enero de 2017 (se aprueba en general); 40ª, en 22 de agosto de 2017 (queda pendiente su votación en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la sesión de ayer se solicitó aplazar la votación de las normas pendientes.
Al respecto, debo recordar que dichas disposiciones son de quorum calificado u orgánicas constitucionales.
En la página 33 del boletín comparado figura el artículo 16, que termina en la página 34.
Ese precepto fue modificado por la Comisión de Hacienda, y el texto pertinente se aprobó por 3 votos a favor (de los Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro) y 1 en contra (del Senador señor Coloma).
El señor COLOMA.- Señor Presidente, no cabe duda de que la discusión particular vinculada con la Contraloría es la más sensible.
Sin embargo, quiero efectuar una reflexión sobre la norma que ahora nos ocupa -por último, moriré con el voto en contra, ¡aunque no sé si acompañado o no...!-, que me parece de bastante sentido común.
Aquí se crea -recordémoslo- una sociedad anónima autónoma para administrar el Fondo de Infraestructura. Y se determina una serie de reglas mediante las cuales se cuida la independencia.
Existe también una vinculación con el Estado, pues el Presidente de la República nombra a algunos directores, por ejemplo, a partir de una proposición del Consejo de Alta Dirección Pública. Con ello se busca establecer un eje autónomo de la autoridad, para los efectos de diseñar todo el apalancamiento que va a suponer el uso del Fondo.
Pero aquí -no sé si esto es propio del actual titular de Hacienda o ¡si todos los Ministros de esta Cartera son iguales...!- hay un detallito: la remuneración de los miembros del Directorio la va fijando periódicamente el Ministro de Hacienda.
Entonces, yo me pregunto dónde está la autonomía cuando las remuneraciones las determina precisamente la autoridad de la que se quiere ser independiente: en este caso, el Ministro de Hacienda (para estos fines, no estamos hablando ni siquiera del titular de Obras Públicas, así que no tiene responsabilidad en la materia).
A mí me parece que en este tipo de entidades la remuneración tiene que ser fijada de manera objetiva por alguna autoridad. Pero ella no debe ser establecida por el Ministro de Hacienda cada dos años.
Dicha remuneración podrá ser, por ejemplo, equivalente a la que perciben otros funcionarios de cargos similares. Sin embargo, no considero razonable que el titular de Hacienda cada dos años diga: "Van a ganar más o van a ganar menos".
Señor Presidente, planteé el punto en la Comisión, y es lo que quiero someter a la consideración del Senado, pues estimo que acá debería hacerse referencia a otro organismo. La remuneración de los directores tiene que ser fijada por una institución independiente. Me da lo mismo cuál. Pero no la puede determinar la autoridad respecto de la cual se quiere ser autónomo.
Por eso, pienso que habría que cambiar la redacción de esta norma.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la Comisión de Obras Públicas aprobamos en general este proyecto en forma unánime.
Ahora, lo que señala el Senador Coloma tiene sentido. Y lo vinculo con otra norma importante -se halla presente el Ministro de Obras Públicas- que debiéramos abordar también, relacionada con las inhabilidades.
Existe consenso en crear una nueva institucionalidad, un Fondo de Infraestructura, en que haya un conjunto de directores con fuerza, con competencia adecuada, con la remuneración correspondiente.
Hay un viejo dicho que reza: "Quien paga pone la música".
Entonces, me parece relevante saber de qué manera se determina la remuneración de los directores, que será de buen nivel.
Entendemos lo relativo a la autonomía.
Por eso, llamaría a la reflexión sobre el particular, para que establezcamos un régimen de inhabilidades, pues se cambió lo que acordó nuestra Comisión -nosotros queríamos un período de por lo menos dieciocho meses, equiparándolo a la situación de directorios similares- por una norma que hoy día no plantea ninguna inhabilidad.
Considero valorable el punto hecho por el Senador Coloma. Porque no es posible que quien fije las remuneraciones de los directores sea el titular de Hacienda.
Entonces, si le parece al señor Ministro, podríamos ver también lo tocante a las inhabilidades, al objeto de establecer, no una prohibición absoluta -entiendo que dieciocho meses es un tiempo largo-, pero, sí, una norma de concordancia respecto de otras instituciones. Así no tendremos esta especie de "sillas musicales", en que quienes han conformado el directorio del Fondo de Infraestructura pueden terminar trabajando después para empresas vinculadas con él, o favorecidas.
Se trata, pues, de dos normas que a mi juicio se complementan.
Reitero: coincido con lo planteado por Su Señoría.
Si concordamos una norma adecuada, equivalente a lo que ocurre en directorios de otras empresas, como el Metro, podríamos fijar directamente en la ley en proyecto lo relativo a la remuneración de los directores, no obstante las variaciones que pueda haber hacia el futuro.
Sería bueno que escucháramos al Ejecutivo, para entender su posición en esas dos materias, que estimo complementarias y que van en la línea de fortalecer y darles autonomía a los directores del Fondo de Infraestructura.
Yo quiero que haya buenos directores, que conozcan, defiendan y proyecten el Fondo; que exista un marco adecuado de inhabilidades; que haya transparencia en materia de información, desde el punto de vista de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, cuando planteamos la norma en comento, estábamos pensando en la forma de definir la dieta de los directores, la cual, si no es fijada por el Ministro de Hacienda, tendría que determinarse en la junta de accionistas, que la conforman, entre otros, los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas.
Entonces, yo no haría un punto sobre el particular.
Si logramos concordar una redacción específica, podremos resolver este asunto de forma inmediata.
El señor BIANCHI.- ¡Perfecto!
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, me parece atendible el planteamiento del Senador Coloma.
En estos tiempos no es presentable que las remuneraciones de los directores de una entidad como la que estamos creando sean fijadas por el Ministro de Hacienda.
Es buena la explicación que dio el titular de Obras Públicas.
Sin embargo, pienso que podríamos buscar otra alternativa: por ejemplo, la Escala Única de Sueldos.
El señor BIANCHI.- No quiere el Ministro.
El señor PROKURICA.- ¿No? ¡Como vi que el Ministro de Obras Públicas estaba abierto...!
Entiendo que el titular de Hacienda no quiera, pues él es quien tiene la herramienta. Pero estoy viendo muy seguido entregar este tipo de decisiones a los Ministros de esta Cartera.
El Ministro de Hacienda es importante. ¡Pero no perdamos el foco! Este es un país donde hay autoridades, leyes. Y hay que respetarlas.
A veces el criterio de estos Ministros, y no lo digo por el actual titular de esta Cartera, sobre quien tengo la mejor impresión...
El señor BIANCHI.- Además, ¡es un tipo muy macanudo!
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, tengo la mejor impresión sobre el Ministro de Hacienda. Lo digo en público y en privado. Pero a veces el criterio no anda bien. Y esto podría usarse para objetivos que no me gustan.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, considero interesante la observación formulada por el Senador Coloma, que acaba de refrendar el colega Prokurica.
El artículo 16 señala que "Los directores tendrán derecho a una remuneración, la que será establecida y revisada por el Ministro de Hacienda, con una periodicidad no superior a dos años.".
Obviamente, se considerará la propuesta de una comisión especial, en fin.
La referida comisión es de alto nivel, por lo que es comprensible que efectúe propuestas sobre la materia.
No obstante, si existe una comisión de alto nivel, conformada con gente muy profesional, no veo la razón que justifique que sea el Ministro de Hacienda quien deba determinar y revisar lo relativo a la remuneración de los directores. Con ello disminuimos la condición de dicho órgano.
Por intermedio de la Mesa, quiero decirle al Ministro de Obras Públicas -acaba de ingresar el titular de Hacienda- que no compartimos eso.
Considero importante que exista un grado de autonomía, y que se refleje, incluso en lo concerniente a las remuneraciones.
No es saludable que el Ministro de Hacienda establezca y revise la remuneración. En mi concepto, es importante que no disminuyamos el rol de la comisión especial que se designará, la cual va a ser de alto nivel y muy profesional.
Señor Presidente, en mi posición no hay nada de personal. Todos los que estamos aquí sabemos de las condiciones del actual Ministro de Hacienda. En general, los titulares de esta Cartera se han desempeñado siempre de manera muy clara y resguardando en todo momento los intereses de nuestro país.
Mi planteamiento va más allá de eso. La idea es establecer una autonomía real y, sobre todo, no reducir el campo de acción del Directorio.
Por eso, señor Presidente y señor Ministro, considero que la norma no debiera estar redactada de esta forma.
El señor COLOMA.- A decir verdad, señor Presidente, aquí necesitamos alternativas, pues estamos tratando de construir un sistema.
Una posibilidad es que el Ministro de Hacienda fije la remuneración al principio, por una vez, considerando lo que proponga la comisión especial a que se refirió la Senadora Allende.
La idea es que no esté revisándola cada dos años, porque eso envuelve una especie de control de gestión.
Estábamos viéndolo con el Senador De Urresti, con quien estoy coincidiendo demasiado, ¡lo que me tiene muy preocupado...!
El señor PROKURICA.- ¡Eso es peligroso...!
El señor COLOMA.- O sea, podemos borrar la expresión "con una periodicidad no superior a dos años". De ese modo se salva la inquietud que con toda razón planteó la Senadora señora Allende.
Ahora, para la determinación de la remuneración el Ministro de Hacienda considerará la propuesta de la comisión especial.
Si a la Sala le pareciera esa proposición podríamos resolver el problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay una propuesta en el sentido de eliminar la expresión relativa al establecimiento y la revisión de la remuneración cada dos años.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el Ejecutivo no tiene problemas en que se borre desde la coma que aparece después de la palabra "Hacienda" hasta el punto y seguido.
Así, la norma diría: "Los directores tendrán derecho a una remuneración, la que será establecida y revisada por el Ministro de Hacienda. En la determinación de las remuneraciones...".
El señor PIZARRO.- ¡Muy bien!
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Hemos salido fortalecidos, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para admitir la modificación sugerida se requiere la unanimidad de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay acuerdo unánime a ese respecto?
El señor DE URRESTI.- ¿Por qué no?
El señor MOREIRA.- Yo quiero que me expliquen bien.
La señora ALLENDE.- ¡Lo planteó el colega Coloma, señor Senador!
El señor LETELIER.- ¡Hágale caso alguna vez...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Ahora corresponde votar el artículo 16 con la redacción que propuso el señor Ministro de Hacienda.
Para aprobarla se necesitan 18 votos.
La señora ALLENDE.- Que se hagan sonar los timbres.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Faltan los miembros de la Comisión de Hacienda.
¿Le parece a la Sala aprobar el artículo 16 con la redacción propuesta por el señor Ministro de Hacienda?
Aprobado por 19 votos favorables, en los términos ya explicitados.
El señor LETELIER.- ¡Está bien que le hagan caso al último de los coroneles...!
El señor MOREIRA.- ¡Obviamente...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la página 40 del boletín comparado, penúltima columna, figura la letra f) del artículo 17, que pasa a ser 18, el cual se refiere a las incompatibilidades y comienza en la página 38.
Dicha letra, que tiene rango orgánico constitucional, dice que la calidad de director del Fondo o de sus filiales o coligadas es incompatible con el cargo de "Presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero de las directivas nacionales, regionales, provinciales o comunales de los partidos políticos.".
Votaron a favor de la letra f) los Senadores señores Coloma, Lagos y Pizarro, y en contra, el Senador señor Montes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión la letra f).
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el voto del Senador Montes, pues me parece que esta norma constituye una exageración.
No me había tocado leer un proyecto de ley que dijera "Presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero de las directivas nacionales, regionales, provinciales o comunales de los partidos políticos.".
Entiendo que este no es el mejor momento para la adhesión ciudadana a los partidos y a los políticos, pero creo que estamos cayendo en un exceso, como si se tratara de...
El señor LETELIER.- Leprosos.
La señora ALLENDE.- Yo no quiero ir tan lejos como el Senador Letelier, quien dice "leprosos". Pero es algo parecido.
O sea, estamos llegando al nivel en que aquello lo dice un proyecto de ley.
¡Lo considero inaceptable!
Comparto lo que hizo el Senador Montes en la Comisión de Hacienda. Creo que debería sacarse la referida norma -ojalá votemos en contra de ella-, pues no tiene ninguna justificación.
Yo entiendo que estamos procurando conseguir el mayor nivel, el máximo profesionalismo y un trabajo con visión de país para mejorar la infraestructura. Sin embargo, no veo ninguna razón para poner la letra f), que no corresponde.
Por lo menos, ella no va a recibir mi voto favorable.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, si uno razonara en abstracto y pensara en un país inexistente, en un país europeo, en un país de la OCDE, el argumento de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra sería correcto, pues no existirían razones para que allí hubiera inhabilidades para la gente de los partidos políticos.
Pero estamos pensando en Chile.
Yo puedo traer la nómina de los directorios de las empresas sanitarias que pertenecían al Estado o de otras instituciones. A decir verdad, allí existía un cuoteo entre los partidos que integraban el gobierno de turno. Esto podría ser discutible. Sin embargo, en muchos casos el único mérito era el de ser dirigentes de un partido u otro.
Por consiguiente, hay que aprobar esta disposición, porque las empresas del Estado o la sociedad anónima que estamos creando no se pueden cuotear como un botín para los ganadores.
Con normas de tal índole, tratemos de obligar a que estén los mejores y no la gente que integra los partidos del gobierno de turno.
El señor BIANCHI.- ¡Totalmente de acuerdo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacerle presente a la Sala que no se trata de una inhabilidad, sino de una incompatibilidad.
Por lo tanto, si alguien es nombrado director en la sociedad anónima que se crea, para asumir ese cargo tiene que renunciar al que desempeña en su partido político.
La situación es diferente de la que se produce con la inhabilidad.
El señor MOREIRA.- Después de su explicación, señor Presidente, no tengo nada más que decir.
El señor COLOMA.- ¡Hable más seguido, señor Presidente...!
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo les pediría a mis colegas que leyeran bien el texto que tenemos frente a nosotros.
La letra f) del proyecto aprobado en general por el Senado establece que no podrán ser nombrados directores del Fondo ni de sus filiales o coligadas los alcaldes, los concejales y los cores, ni tampoco los candidatos a cargos de elección popular.
Yo me pregunto qué tiene que ver la incompatibilidad de la condición de militante de cualquier partido político con el cumplimiento de una función en una empresa pública.
Y discúlpeme, señor Presidente, pero voy a referirme a lo que escuché a un Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Hemos tenido alternancia en el poder. Y yo no creo que el Secretario General de Renovación Nacional sea una mala persona. Más bien, lo considero una persona muy proba, ¡absolutamente proba!
No acepto, pues, la insinuación de que la gente de un partido, porque estamos en Chile, es presuntamente incorrecta, a menos que quien la hizo se quiera poner en el primer lugar de la lista,...
El señor PROKURICA.- ¡No le acepto eso!
El señor LETELIER.- ... cosa que tampoco aceptaría.
El señor LETELIER.- Por eso, señor Presidente, creo que el insinuar que una persona...
El señor PROKURICA.- ¡Cuide lo que está diciendo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Senador señor Prokurica.
El señor LETELIER.- Solicito que lo llame al orden, señor Presidente.
El señor PROKURICA.- ¡Ya está bueno! ¡Cada vez que abre la boca es para descalificar!
El señor LETELIER.- Señor Presidente, a mí no me parece correcta aquella insinuación (quizá Su Señoría tenga una percepción parcial) acerca de las personas de otra militancia. Tal vez el señor Senador tiene una experiencia inadecuada. Pero yo no creo que los militantes de los partidos, por ser militantes...
La señora MUÑOZ.- La norma no habla de los militantes.
El señor LETELIER.- Sí, claro: en la letra f).
La señora MUÑOZ.- Esa letra se refiere a los directivos de los partidos políticos.
El señor COLOMA.- Se trata de los dirigentes.
El señor LETELIER.- Sí: directivos de los partidos, militantes.
El señor COLOMA.- Dirigentes.
El señor LETELIER.- Discúlpenme, Sus Señorías.
¿Cuál es la incompatibilidad, señor Presidente?
Es muy distinto el caso del parlamentario o el del alcalde, quienes pueden llegar a tener un conflicto de intereses.
Porque la incompatibilidad tiene que ver con eso: conflicto de intereses.
Pero aquí no hay conflicto de intereses.
Si un core, o un alcalde, o un parlamentario quiere aprobar un proyecto para su territorio, ¿puede haber conflicto de intereses?
¡Por aquella vía el día de mañana se va a determinar la incompatibilidad por ser parte de una iglesia...!
Señor Presidente, yo no comparto tal criterio. Decir que por ejercer un cargo directivo a nivel provincial o comunal en un partido político una persona tiene un conflicto de intereses me parece un exceso.
Por consiguiente, apoyo la inquietud que expuso el Senador Montes y voy a votar tal como lo hizo Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Pido la palabra, señor Presidente, pues fui aludido.
El señor LETELIER.- ¡No fue aludido, señor Senador!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, que espero se dirija a la Mesa.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, yo no acostumbro a ofender cuando hago uso de la palabra.
Aquí algunos son muy rápidos para sacar opiniones en estas materias. Sin embargo, lo único que yo no quisiera hacer sería entregar la lista de los miembros de los partidos de la Concertación que durante los Gobiernos de ese conglomerado estuvieron en las empresas sanitarias del Estado.
El señor LETELIER.- ¡Dela a conocer!
El señor PROKURICA.- Se la puedo mostrar, señor Senador, para que la vea.
¿Dónde está, señor Presidente, la incompatibilidad que el colega Letelier no logra ver?
En el caso de las sanitarias, ¿qué pasaba con la gente de Atacama?
El señor LETELIER.- Dé los nombres.
El señor PROKURICA.- No voy a hacerlo, porque resulta incómodo.
Señor Presidente, los directivos de esos partidos pertenecían al directorio de la empresa sanitaria, que en esa época se llamaba "EMSSAT" ¿Y qué ocurría? Dicha empresa abusaba con los consumidores de agua potable: no arreglaba las matrices, hacía diversos cobros, en fin. ¿Qué sucedía con los reclamos? Los usuarios los formulaban ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero allí había otro funcionario, perteneciente al partido A, B o C. ¿Qué conseguía el consumidor? ¡Nada, pues: su reclamo valía cero! ¿Por qué? Porque el director de la empresa sanitaria, quien era vicepresidente o secretario general del partido respectivo, llamaba por teléfono al Superintendente de Servicios Sanitarios y le decía: "No acepte ese reclamo". ¡Y se acabó el cuento!
¡Por favor! ¡No nos hagamos trampas en este asunto!
¡Quienes tienen gran rapidez para darse cuenta de otras cosas son lentos para percatarse de lo que estoy explicando...!
Terminemos con esos abusos.
En tal sentido, señor Presidente, yo estoy de acuerdo con esta disposición, que entiendo es del Ejecutivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacerle presente a la Sala un hecho del que sería bueno tomar nota: aquí no se trata de una inhabilidad, sino de una incompatibilidad.
El señor PROKURICA.- Así es: incompatibilidad.
El señor LETELIER.- Por cierto, incompatibilidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ahora, les pido a Sus Señorías que me permitan emitir un juicio sobre el particular desde la testera.
Yo no creo que sea conveniente que un miembro de la directiva de un partido, sea nacional o regional, ejerza al mismo tiempo como director del Fondo en cuestión o de sus filiales o coligadas. En mi concepto, para asumir este último cargo debe renunciar al otro. Es lo lógico.
Incluso, esa es una norma de sanidad para nosotros mismos.
Por eso, yo voy a apoyar la disposición como viene.
Excúsenme, Sus Señorías, por haber intervenido desde la testera.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la norma que se va a votar es la letra f) de la última columna del comparado, para cuya aprobación se requieren 20 votos favorables, atendido su carácter orgánico constitucional.
Quienes están a favor de ella deben votar que sí; aquellos que la desaprueban tienen que votar que no o abstenerse.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me parece conveniente poner en contexto esta disposición con respecto a leyes aprobadas hace poco tiempo y con proyectos que se hallan en tramitación.
Por ejemplo, en el caso de la ENAP, cuyo gobierno corporativo se acaba de cambiar, quedó una restricción de este tipo. En el proyecto de TVN ocurre lo mismo.
Ahora, debo precisar que esta disposición no va en contra de que un militante de partido sea director de una empresa. A este respecto no tiene por qué haber ninguna restricción.
Sin embargo, quien integra la directiva de una colectividad política tiene objetivos partidarios muy legítimos pero que fácilmente pueden entrar en conflicto de intereses al tomarse decisiones como director del Fondo de Infraestructura o de sus filiales o coligadas.
Por lo tanto, hemos de ser cautos al decir que en este caso la militancia no tiene nada que ver. Es perfectamente posible militar en un partido y ser director de una empresa. Pero cosa muy distinta es formar parte de una directiva, más aún si ella es nacional.
Uno podrá discutir si a nivel provincial o comunal la situación es distinta.
En conflictos de intereses potenciales -porque ellos no siempre existen- hay una gama.
Imagino que ningún parlamentario va a estar de acuerdo en que un presidente de partido sea presidente de una empresa pública.
Distinto es el caso si un secretario general pertenece a una junta local.
Señor Presidente, concluyo simplemente reiterando que una norma similar se incorporó en leyes de reciente aprobación y está incluida en proyectos que se encuentran en tramitación. Y ella tiene un sentido muy profundo: cautelar potenciales conflictos de intereses, pues las personas a que se refiere están llamadas a asumir responsabilidades muy importantes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entiendo que el señor Ministro está planteando eliminar las palabras "provinciales" y "comunales".
--Se aprueba la letra f) del artículo 18, eliminándose los términos "provinciales" y "comunales" (24 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago un alto para saludar a la delegación del Colegio Hermanos Matte que nos visita esta tarde.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Les solicito a Sus Señorías dirigirse a la página 48 del boletín comparado, tercera columna.
La Comisión de Obras Públicas aprobó el siguiente artículo 19, nuevo: "Los directores que cesen en sus funciones por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 18 serán inhábiles para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiera verse beneficiada con el Fondo, por un período máximo de 18 meses.".
Por su parte, la Comisión de Hacienda (penúltima columna del comparado) acordó suprimir esa norma por 4 votos en contra (Senadores señores Coloma, García, Montes y Pizarro) y una abstención (Senador señor Tuma).
Sin embargo, el Honorable señor De Urresti y otros señores Senadores renovaron una indicación que agrega un artículo 19, nuevo, del siguiente tenor: "Una vez cesado en sus funciones por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 18, los directores serán inhábiles para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiera verse beneficiada con el Fondo, por un período máximo de 24 meses.".
La diferencia con el texto que aprobó la Comisión de Obras Públicas está en el plazo máximo de la inhabilidad, que en el precepto de este órgano técnico se fija en 18 meses, y en la indicación renovada, en 24.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la misma línea del debate acerca de la fijación de la dieta hemos sostenido el relativo al establecimiento de un sistema de inhabilidades. Sobre la base de las causales al respecto, queremos proteger el directorio, determinar la máxima responsabilidad y considerar el profesionalismo.
De acuerdo con lo votado en la Comisión de Hacienda, no existiría ninguna de ellas. Simplemente se consagraría la "puerta giratoria", en el sentido de que quien ha pertenecido al directorio podría pasar a formar parte de inmediato, sin solución de continuidad, del correspondiente a una empresa que haya sido favorecida.
Por nuestra parte, al contemplarse la entidad, buscamos normas que precisamente configuraran inhabilidades. De 24 meses -o sea, dos años- se pasó a analizar un período de 18. Estimo importante generar una discusión, pero no es posible quedar con un vacío, lo que no se compatibiliza con ningún otro directorio.
El tipo de impedimento que nos ocupa rige para todas las personas que desempeñen dicho cometido. A mayor abundamiento, se aplica igualmente la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, a la cual se hace referencia en el proyecto. Pero no se incluiría ninguna disposición -repito- sobre inhabilidades para directores de empresa como la que estamos abordando.
Entonces, pido coherencia. Si hemos sido rigurosos en fijar estándares de designación, así como de independencia al momento de definir el ingreso -en definitiva, la dieta-, y hemos sostenido un importante debate con motivo de la anterior votación para determinar la incompatibilidad principalmente de integrantes de directivas de partidos políticos, junto a otras que hemos aprobado, fijemos una norma que evite la "puerta giratoria" y que quienes se desempeñen en una institución que maneja más de ocho mil millones de dólares pasen al día siguiente, sin mediar ninguna disposición respecto de inhabilidades, al directorio de una empresa que haya podido ser favorecida. Por un criterio de transparencia, de equivalencia con otras entidades, tenemos que establecer un margen.
Diez Senadores hemos renovado la indicación sobre los 24 meses. Creo que podemos generar una discusión -se encuentran presentes los Ministros- sobre el particular. Si son doce meses, juzgo que también resultan razonables. Pero tiene que haber una regulación en este sentido.
Por eso, reitero que el cambio hecho en la Comisión de Hacienda no es el adecuado. Espero que sea posible reponer la disposición original o establecer un plazo que podamos concordar en la Sala.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, comprendo la inquietud expresada por mi Honorable colega De Urresti, miembro de la Comisión de Obras Públicas.
Considero un poco excesivo, quizás, señalar que los directores que terminen en sus funciones por cualquiera de las causales "serán inhábiles para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiera verse beneficiada con el Fondo, por un período máximo de 18 meses".
Creo que necesitamos también contar con candidatos a director del ente en creación, el cual se someterá a reglas muy exigentes, propias de las sociedades anónimas.
Aún más, no es poco lo dispuesto respecto de las causales de cesación. El artículo pertinente expresa que una de ellas es la "Falta grave al cumplimiento de sus obligaciones como director. Serán faltas graves al cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del Directorio" y "el haber incluido maliciosamente datos inexactos u omitido información relevante en la declaración de intereses o patrimonio, o en la declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades" a las que se hace referencia.
Estamos poniendo muchas exigencias para llegar al cargo. Y me parece que ello es correcto, porque se crea la tremenda entidad llamada "Fondo de Infraestructura".
A mi juicio, 18 meses es mucho.
Cabe procurar también que existan candidatos disponibles para pasar todas estas exigencias y que pueden cesar después en sus funciones por los motivos expuestos, que no seguí leyendo, pero que no son pocos, ya que asimismo se incluye "el haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que él, su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial", etcétera.
Para decirlo más directamente, está muy bien contemplar todas esas razones de cesación y requisitos; la creación de una entidad potente como la que pretendemos, por la responsabilidad que le corresponderá en la elaboración del plan quinquenal; la estrategia en el Fondo de Infraestructura; las futuras inversiones, y todo lo que debemos desarrollar y desplegar. Pero me parece que un año sería más razonable que 18 meses.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda sostuvimos el debate, efectivamente, respecto de qué tiempo es razonable para establecer la inhabilidad de quienes formen parte del directorio del Fondo.
Sin duda que ello tiene que ir en relación con las exigencias que se les colocan, que son muy altas. La verdad es que se requieren personas sumamente calificadas no solo en su formación profesional o técnica, sino también en su experticia o práctica en un sector de la economía extraordinariamente específico. No son muchos en el país los que pueden dedicarse a materializar nuevos proyectos, conocer cómo funciona el sistema de concesiones, saber cuáles son las mejores perspectivas dentro del desarrollo de infraestructura y definir dónde es preciso poner los énfasis, más aún si tienen que evaluar proyectos que puedan llegarles de otros interesados del sector privado o del sector público.
Un período de 18 meses -o de 24, como se había planteado al principio- es excesivo. No creo que profesionales de ese nivel se encuentren dispuestos a asumir una responsabilidad por un tiempo determinado sobre la base de semejante inhabilidad.
Lo que se hace en otros casos, cuando se presenta este tipo de situaciones, es que al director que deja el cargo se le sigue pagando por cierto período justamente porque se le impide trabajar en su especialidad.
En otros términos, se buscaría a la persona por ser especializada, se le pediría cumplir una labor en la que asumiría una responsabilidad alta y se le sancionaría después, ya que se le diría: "Muchas gracias por los servicios prestados, pero usted, durante 18 meses, no puede trabajar en su especialidad y a lo que se ha dedicado toda su vida".
Entonces, existen dos posibilidades. Si ello lo conversamos largo en la Comisión de Hacienda. Y, por eso, preferimos rechazar el artículo, para poder buscar algo razonable.
No podíamos formular una indicación -no tenemos iniciativa- para destinar una cantidad de recursos que durante esos 18 meses le permitieran a alguien no caer en la inhabilidad y no ejercer un cargo en una empresa que se pudiera beneficiar.
Lo que deberíamos hacer, por lo tanto, es acogernos a la norma lógica establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que son seis meses. Si no, veamos un financiamiento de un año, de un año y medio, de dos o de lo que sea.
A mí me parece que lo natural es contemplar dicha disposición general, aplicada hasta el momento, y creo que así podemos salvar la situación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, entiendo que estamos llegando a una lógica más bien de acuerdo, por lo que he escuchado.
Dos cosas son bastante razonables.
Primero, es altamente complejo conseguir personas de alta calidad para un cargo de este tipo, muy importante, y decirles que acto seguido del cese van a estar dos años, conforme a la indicación, sin posibilidad alguna de hacer algo en la industria. Porque ello dice relación con fondos que tienen que ver con constructoras, con concesionarias, con bancos, con todo.
Entonces, si se quiere gente de esa condición -obviamente, más allá de la remuneración, que ojalá sea generosa, lo que no resulta tan claro de parte de un Ministro de Hacienda-, me parece relevante no generar un conjunto de restricciones que impidan el funcionamiento posterior.
También es cierto lo que algunos dicen en orden a que tiene que existir alguna inhabilidad, al menos en el corto plazo, para que no se origine un vaso comunicante. Eso fue parte de la discusión en ambas Comisiones. No se llegó a una buena solución.
Pero se plantea lo expresado por el Senador señor Pizarro -algo hemos conversado- en términos de seis meses de inhabilidad. Y, por último, a mí me parece que otros seis para informar podrían originar un buen acuerdo. Ello tiene que ver con un plazo razonable para la inhabilidad, pero también para este otro efecto, y así sería posible contar con elementos de alta calidad en un Fondo que manejará muchos recursos y el potencial concesionario de Chile.
Tenemos que comprender de alguna manera que se estaría nombrando a personas que ojalá exhiban el mayor nivel de exigencia, técnico y de sentido común, que siempre se relaciona con esta materia.
Así que una fórmula de seis meses de inhabilidad, como lo expone el Senador señor Pizarro, y de seis meses para informar alguna vinculación con posterioridad podría ser, a mi juicio, una línea de coincidencia aceptable para todos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, se ha empezado a construir un acuerdo respecto de la reposición de la indicación planteada en la Comisión de Obras Públicas.
Proponemos expresamente que la inhabilidad, tal como está redactada, sea por un período máximo de seis meses, pero con un inciso:
"Adicionalmente, por los seis meses siguientes, hasta completar un año, estarán obligados a informar cualquier actividad con empresas previamente beneficiadas.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego evitar en la Sala un trabajo de Comisión.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el asunto que hoy día se aborda con motivo del proyecto atraviesa toda la Administración Pública.
Hace algunos años presenté una iniciativa a fin de establecer también una inhabilidad de dos años, porque efectivamente se genera un conflicto de interés.
Cuando Jorge Bunster, gerente general de COPEC durante más de 18 años, asumió como Ministro de Energía -el quinto- en el Gobierno del Presidente Piñera, era obvia su larga trayectoria en el principal competidor de ENAP. Es decir, el sector privado al que regulaba el Estado ponía a su máxima autoridad a cargo de la regulación. Y existía el problema.
No se trata solo de eso. Constituye igualmente un elemento de alta sensibilidad en la ciudadanía el que alguien se pueda cambiar de sillón de la noche a la mañana y trasladarse del Estado a la empresa regulada.
Jorge Rodríguez Grossi, en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pasó de Guacolda al Ministerio de Economía. Y eso provocó mucha controversia. ¡Implica el mismo conflicto! ¡Existe manejo de información estratégica!
Los gringos, en Estados Unidos, resuelven la situación con una inhabilidad extendida y pagan, como aquí se ha dicho.
Mas seis meses es un período absolutamente insuficiente. Tiene que existir una compensación de remuneraciones al menos durante un año.
Aunque los proyectos que se manejen sean de un mayor alcance, considero que uno de los elementos es separar la administración y las decisiones que se pueden tomar antes. No se trata solo del tiempo a posteriori, sino también a priori. Si alguien puede salir mediando una programación, debe hallarse inhabilitado de tomar resoluciones a priori que incidan después en el sector al cual se va. Porque es posible planificarse y decir: "Voy a irme, pero prepararé mi ´colchón´, mi salida".
Muchos empleados del sector privado lo hacen, como también otros en el sector público. Cuando terminan los gobiernos -y algo de eso se huele hoy día-, se ve cómo algunos empiezan a acomodarse por venir mala la mano y le dan señales de mucho cariño al ámbito particular, y viceversa.
¡Tal sistema ya se instaló ahora! Muchos están pensando en que el Gobierno no sigue. ¡Y se notan! ¡Se huele a dos kilómetros la actitud por si acaso tiene lugar un cambio!
En lo personal, no tengo ningún problema: la cuestión es lo institucional. Es decir, si algún Ministro, Subsecretario o presidente de directorio de una empresa comienzan a preparar su aterrizaje en el sector privado, a "hacerle cariño" y a dar señales regulatorias o generar condiciones respecto de una licitación a un año plazo, eso causa un trauma en la ciudadanía.
¡Es el conflicto de interés entre dinero y política!
Hoy día, el problema no es ni Gobierno u Oposición, ni Derecha o Izquierda, ni liberales o conservadores: es transparencia versus corrupción. Y nos encontramos en esta área en relación con el asunto que nos ocupa.
Ahora, creo que los 18 meses son parte de lo propuesto por el Gobierno. ¡Espero que lo haya hecho para defenderlo! Porque eran 24 meses, bajamos a 18 y ahora nos quedaríamos con seis.
No nos hallamos ante un cargo de elección popular, sino frente a inhabilidades de ministros. El asunto tiene que ver con conflictos de interés y seis meses son insuficientes.
Por mi parte, me quedaría con la norma de los 18 meses, con un proceso de cancelación decreciente y con una regulación respecto de las decisiones que adopte el director o el presidente del directorio, en el sentido de que puedan ser revisadas. Es decir, se trata de que haya luz y mucha transparencia en la etapa previa, ex ante, sobre las resoluciones que se van a tomar, de tal manera que sea posible examinarlas durante un período de tiempo.
Si no, van a decirnos que somos demasiado blandos al regular el conflicto entre dinero y política. Porque eso estamos haciendo ahora en relación con un presidente de mucho poder en una empresa pública y que se va después al sector privado.
No comparto la idea de bajar a seis meses. Aquí se ha dicho que se va generando un cierto consenso. Ello dice relación con la Nueva Mayoría y la Derecha. El Senador que habla, del PAIS, no se halla en esa posición.
Por lo tanto, aprobaré la indicación de Gobierno.
¡Me puse gobiernista...!
El señor DE URRESTI.- ¡Que se vote!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el señor Ministro de Hacienda.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me parece que la discusión está entrando en un asunto de bastante relevancia, pero, al mismo tiempo, que hay una confusión bastante importante respecto de qué son los conflicto de interés, cuándo se dan, etcétera.
Partiré por una cuestión básica que estimo clave consignar. Este no es un problema entre dinero y política, sino entre dinero y dinero.
En seguida, la situación es más vieja que el hilo negro y existe en todas las sociedades anónimas de Chile y del resto del mundo.
¿Por qué lo digo? Porque luego vamos a abordar lo de la Contraloría. Y lo que no podemos hacer es ponerles a las empresas públicas -significaría cercenarles su capacidad- las reglas de las sociedades anónimas y, además, las de un funcionario de un servicio público. Esa es una receta para que no funcionen, porque simplemente implica jugar con desventaja en un campo en el que están entrando conforme a su propia condición.
Entonces, primer punto que quiero dejar establecido: cuidado con las regulaciones de una entidad que es sociedad anónima. Porque estas últimas -no solo las públicas, sino también cualquiera enlistada en la Bolsa, incluso las cerradas- cuentan con directorios que sufren exactamente las mismas dificultades.
Si alguien del directorio de COPEC, digamos, se va a trabajar a otra empresa, ¿ustedes creen que los dueños, que son muchos accionistas, no abrigan la misma duda en la que piensa el Senador señor Navarro? ¡Por supuesto que sí!
Y en el mundo de las sociedades anónimas hay soluciones -de nuevo- más viejas que el hilo negro.
En consecuencia, juzgo que no podemos cruzar y juntar aspectos que tenemos que seguir diseñando mejor, tratándose de un funcionario público -desde un ministro hasta un empleado del Servicio de Impuestos Internos, o alguien que vigila un banco-, porque una empresa donde hay directores profesionales que se dedican a sacarle valor es una cosa muy distinta.
Con esta lógica, un director de CODELCO también debiera cumplir el requisito de los dos años, pues va a celebrar contratos más grandes que los que suscribirá esta nueva empresa. El valor de CODELCO es mucho más importante.
¿Y eso tiene sentido como una lógica de organización de una empresa pública? Creo que no.
Me parece que tenemos que avanzar con sumo cuidado en poner restricciones adicionales a las que se colocan a una empresa que compite con otras. Si no, estas empresas simplemente no van a funcionar.
Ahora, entiendo muy bien el punto en discusión, porque en los últimos años venimos de un momento político en el que este tema resulta complejo. Y, por lo tanto, tampoco podemos mirar al techo y no hacer nada.
Dicho eso, y cautelando no cercenar demasiado la norma, me gustaría hacer una propuesta adicional -no la he conversado con el Ministro de Obras Públicas, pero me parece importante considerarla- en el sentido de establecer un periodo de seis meses, que incluso puede ser mayor. Lo importante es que el permiso para poder trabajar en otra empresa relacionada -o que potencialmente tenga relación- sea dado por el directorio de la empresa original, pasados los seis meses o desde el comienzo.
Lo que quiero es evitar que, al final del día, esto se traduzca en que no podamos contar con directores profesionales. Porque, de nuevo -y vuelvo al origen de mi comentario-, lo que no podemos hacer es pedirle a una empresa pública que tenga una malla de restricciones privadas y estatales al mismo tiempo. O juega en un campo o juega en el otro. O es una empresa pública común y corriente, como cualquier servicio, o es una sociedad anónima. Y nosotros queremos que sea una sociedad anónima, con las reglas propias de una sociedad anónima.
Entonces, volviendo a la propuesta, sugiero que se establezcan los seis meses, pero dejemos que haya una cláusula de escape en que el directorio pueda autorizar que la persona que ha estado trabajando en otra parte pueda desempeñarse en esta empresa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estamos con un problema, ya que para modificar una indicación o una disposición se requiere la unanimidad. Y escuché decir a un señor Senador que no estaba de acuerdo en introducir una enmienda como la que se ha propuesto.
El señor COLOMA.- Pero se trata solo de presentar la indicación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, habría que votarla tal como está.
El señor COLOMA.- ¿La vamos a votar?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, ella se puede votar porque fue renovada dentro de plazo. No hay problema en eso.
El señor COLOMA.- ¿Y cómo lo haremos para cambiar la norma?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para eso se requiere unanimidad. Sin embargo, en el segundo trámite también se podría hacer.
Disculpen, señores Senadores, que intervenga desde la testera, pero el artículo 19 propuesto señala que "Los directores que cesen en sus funciones por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 18 serán inhábiles para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiera verse beneficiada con el Fondo, por un período máximo de 18 meses.".
O sea, la norma se refiere al caso de que esa empresa pudiera tener alguna participación en el Fondo de Infraestructura. Eso significa que si el director tiene menos de 18 meses de cesación en el cargo no podrá trabajar en ella.
Creo que habría que darle una redacción diferente. ¿Cómo es posible consignar una inhabilidad de 18 meses por si la empresa pudiera tener algún beneficio en relación con el Fondo?
A mi juicio, ese tema debiera ser revisado.
Por tanto, se podría votar la indicación tal como fue presentada y, si hubiera unanimidad, modificarla para reducir el plazo de 24 meses.
Pero reitero: al texto propuesto se le debería dar una redacción diferente. Naturalmente, ello se puede hacer en el trámite siguiente.
El señor BIANCHI.- ¿Pero por qué no lo hacemos ahora, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por tanto, someteré a votación la indicación y después pediré la unanimidad para rebajar el plazo de 24 meses.
El señor COLOMA.- Para poder votarlo...
¿Les parece rebajarlo a seis meses? Se necesita un acuerdo para ello.
El señor PIZARRO.- Que sea de seis meses, con la obligación de informar.
El señor COLOMA.- Sí, señor Presidente: seis meses, más otros seis meses.
Ofrezco la palabra al Senador señor Navarro, quien se ha opuesto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si nos vamos a pronunciar respecto de la indicación, la votaré en contra. Y si se solicita la unanimidad de la Sala para reducir el periodo, también voy a votar en contra, pero no impediré la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo que escuché a Su Señoría, debe pronunciarse a favor de la indicación porque ella establece un plazo de 24 meses.
El señor NAVARRO.- Correcto, señor Presidente. Tendré que votarla favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se procederá, entonces, a votar la indicación.
El señor COLOMA.- ¿La original?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, señor Senador, la renovada, que establece un periodo de 24 meses. Y si se quiere corregir su texto, eso lo veremos después.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación la indicación renovada cuyo cambio respecto de lo aprobado por la Comisión de Obras Públicas -y suprimido por la Comisión de Hacienda- consiste en aumentar de 18 a 24 meses el periodo máximo de incompatibilidad.
La norma requiere quorum calificado para su aprobación.
El señor NAVARRO.- ¡Espero que los que presentaron la indicación renovada voten a favor...!
--Se rechaza la indicación renovada (26 votos en contra y 2 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores De Urresti y Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto negativo del Senador señor Letelier y de que el Honorable señor Espina se encuentra pareado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quisiera hacer presente que nos acompaña desde las tribunas un segundo curso de alumnos del Colegio Hermanos Matte, de Puente Alto, a quienes saludo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde votar la supresión del artículo 19, nuevo, sugerida por la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE.- ¿Pero no se hará ninguna propuesta, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Primero se votará la eliminación de dicho precepto, señora Senadora.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación la supresión del artículo 19, nuevo.
Quienes estén de acuerdo con eliminarlo, votan que sí, y quienes no lo estén, que no.
Esto corresponde a una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda.
El señor PIZARRO.- No, señor Presidente, lo que nosotros hicimos en dicha instancia fue suprimir la proposición de la Comisión de Obras Públicas, que establecía un plazo de 18 meses.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Eso es.
El señor PIZARRO.- Ahora, si lo que se quiere es acortar a seis meses el plazo establecido y, además, considerar la posibilidad de informar, habría que rechazar los 18 meses.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Y hay unanimidad?
El señor PIZARRO.- No la hay porque el Senador Navarro no la dio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pero después podemos modificar la norma.
El señor PIZARRO.- Así es, señor Presidente. Por tanto, tenemos que pronunciarnos por el rechazo y, luego, buscar una fórmula que nos permita incorporar los seis meses.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo aclarar lo que se está votando, para que no haya dudas.
Quienes estamos por llegar a un acuerdo en materia de plazo, que en principio pareciera ser de seis meses, con otro adicional para información, tenemos que votar en contra, como señaló el Senador Pizarro.
Lo hago presente para que no nos confundamos.
Si se vota en contra, abrimos la posibilidad de que se genere un acuerdo, el que, como dije, en principio sería de seis meses, con algunos requisitos adicionales de información.
--Se rechaza la supresión del artículo 19, nuevo, propuesto por la Comisión de Obras Públicas (28 votos contra 1).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la afirmativa el señor Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto negativo del Senador señor Chahuán.
Corresponde pronunciarse respecto de la propuesta hecha por la Comisión de Obras Públicas, sobre la cual se planteó hacer alguna corrección.
Para efectos de considerar dicha rectificación, requiero un texto escrito.
Entonces, les propongo que dejemos pendiente este punto y votemos las otras disposiciones mientras se hace llegar a la Mesa una nueva redacción.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo sugiero que el Ejecutivo se comprometa a presentar una indicación en el próximo trámite, y así no nos enredamos si no hay unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pero lo que corresponde es pronunciarnos sobre la disposición de la Comisión de Obras Públicas.
El señor PIZARRO.- Sí, pero la acabamos de votar en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, lo que se votó en contra fue la propuesta de la Comisión de Hacienda.
El señor PIZARRO.- Pero ¿cuál era la propuesta de Hacienda? ¡Suprimir el artículo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es. Por lo tanto, se mantiene vigente el texto de la Comisión de Obras Públicas, pero requiere quorum calificado. Por eso se necesita la propuesta que hará el Gobierno para modificarlo.
El señor PIZARRO.- Okay.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, les ruego dirigirse a la página 68 del boletín comparado.
En relación con la norma que comienza en la página 67, la Comisión de Hacienda aprobó por mayoría de 3 votos contra 2 lo siguiente: "Intercalar entre la frase "la República" y el punto final (.), la siguiente expresión: ", respecto de los aportes de capital señalados en la letra a) del artículo 11 de la presente ley".".
Esta modificación contó con los votos a favor de los Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro y en contra de los Senadores señores Coloma y García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, cuando recibimos esta indicación del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, inmediatamente acordamos oficiar al señor Contralor General de la República con el propósito de conocer la opinión de dicho organismo en relación con esta materia. Porque aquí se propone que la Contraloría ejerza su control solo "respecto de los aportes de capital señalados en la letra a) del artículo 11 de la presente ley". En cambio, el texto aprobado en general por el Senado mantenía el control de dicho órgano en todas las instancias, en conformidad con su Ley Orgánica.
La respuesta del Contralor es bien categórica, señor Presidente. En la parte pertinente, señala:
"Para el análisis de la propuesta normativa de que se trata, es necesario recordar que el citado inciso segundo del artículo 16, de la Ley 10.336, regula la fiscalización por esta Contraloría de las entidades en que el Estado, entendido en un sentido amplio, tenga aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación, para efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de dichas entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectiva la responsabilidad de sus directivos o empleados y obtener la información necesaria para formular un Balance Nacional.
"Esta norma legal recoge el mandato constitucional encomendado a esta Contraloría General por el artículo 98 de la Constitución Política de la República, en orden a fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco y de los demás organismos que determinen las leyes.".
Finalmente, concluye -para no leer completo el oficio que nos llegó, firmado por don Jorge Bermúdez- que "resulta impracticable fiscalizar solo el aporte inicial de la sociedad, dejando al margen el resto, ya que se produce, en los hechos una confusión de recursos, resultando casi imposible verificar si una determinada contravención al ordenamiento jurídico ha tenido lugar con unos fondos u otros.".
Señor Presidente, nosotros concordamos plenamente con la opinión de la Contraloría General de la República. Consideramos que aquí se están cercenando facultades que son constitucionales. Por eso, proponemos mantener el texto aprobado en general por el Senado, de tal manera de preservar completas las atribuciones del órgano contralor respecto del control sobre esta nueva empresa pública.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a hacer una intervención no tan corta, para poder explicar qué está en juego acá, porque creo que cruza una serie de problemas que hemos tenido en el último tiempo respecto del rol de la Contraloría en las empresas públicas.
Quiero partir con un tema preliminar. La Constitución permite la creación de empresas por parte del Estado. Este puede desarrollar actividades empresariales siempre que sea habilitado para ello a través de la dictación de una ley como la que estamos discutiendo.
En segundo lugar -y esto es clave-, en el desarrollo de sus actividades empresariales el Estado debe someterse "a la legislación común aplicable a los particulares".
Eso implica tener una cancha pareja, sin una forma que sea positiva para una u otra parte. Porque, si fuese positiva para el Estado, sería injusta para los privados. Y también al revés.
Esta norma tiene, en general, tres objetivos.
Primero, que exista consenso, en una ley, en cuanto a la necesidad de crear esta empresa pública, que es lo que se está votando acá. Eso no es muy relevante para la discusión en comento.
Pero hay otras dos cosas que esta disposición tiene detrás.
Uno, aclarar que las actividades de las empresas del Estado se rigen por las mismas normas aplicables a los particulares. Eso lo dice la Constitución.
Y luego, permitir que el Estado, en determinadas circunstancias, se organice por un modelo institucional distinto al de los órganos habituales de la Administración y los servicios públicos.
Cuando el Congreso aprueba la creación de una empresa pública está señalando que hay que hacer una gestión distinta a un servicio público; está validando que debe tener una estructura diferente.
Estos dos últimos puntos son los importantes.
Al final del día, si uno reconoce condiciones de equidad y neutralidad entre los sectores público y privado, la nivelación de la cancha tiene que correr para los dos lados. No se puede someter a una empresa pública a un régimen más gravoso de controles, de burocracia, de operaciones que el que tiene el sector privado. Como también es correcto señalar que tampoco se puede dar una ventaja al sector público.
La posibilidad de que el Estado decida desarrollar una determinada actividad a través de una empresa, como faculta la Constitución, se justifica precisamente porque queremos diferenciar esta entidad de un servicio público, que tiene un estatuto jurídico específico.
Si las normas que rigen a una empresa pública son las mismas que rigen a un servicio, créanme que no hay ninguna ganancia en generar una empresa pública. ¿Para qué la hacemos?
Por lo tanto, estas consideraciones previas muestran que, si se crea una empresa pública, bueno, tiene que tener normas adecuadas a ella. Y una de esas normas dice relación con la Contraloría. ¿Hasta dónde llega la Contraloría?
El segundo punto que quiero mencionar es que la indicación propuesta no busca acotar las facultades de fiscalización de la Contraloría. Queda claramente establecido que el Fondo de Infraestructura será fiscalizado respecto del ingreso y la inversión de los recursos del Fisco. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dicho Fondo también contará con un patrimonio propio que no forma parte del Fisco directamente. Por tanto, al final habrá una separación de las distintas fuentes de financiamiento.
La Contraloría deberá revisar cómo se enteran los fondos públicos. Cosa muy distinta es que se meta a fiscalizar al propio Fondo de Infraestructura.
En tercer lugar, cabe mencionar, señor Presidente -y le pido que me dé un poquito más de tiempo-, que el proyecto no implica ausencia de controles. Por el contrario, permite muchos que apuntan a la probidad, a la eficacia, a todos los principios que guían el accionar de la Contraloría.
Vuelvo al tema que estábamos discutiendo justo antes: todas las sociedades anónimas deben regirse por los mismos principios. Lo que tenemos que hacer acá es ver si los controles en torno a ellas son suficientes o no. Nosotros pensamos que los mecanismos de resguardo existentes son importantes y exigentes.
El Fondo de Infraestructura deberá sujetarse a las limitaciones propias del giro empresarial; le serán aplicables la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses; la Ley de Concesiones de Obras Públicas; la Ley sobre Sociedades Anónimas; todas las normas financieras y contables a las que se someten estas últimas, y deberá ser revisado por auditores externos; en fin, queda sometido a muchos controles que un servicio habitualmente no tiene. La idea, al final del día, es que se le apliquen normas de libre competencia de verdad.
Recién discutimos sobre los 6 meses de inhabilidad para un director, que puede considerarse una cosa pequeña, pero ahora entramos a analizar un conjunto de disposiciones que regulan cómo competir en el sector privado. Y la conclusión es que, con las normas de la Contraloría detrás, ello no será posible, pues cercenan las posibilidades de que exista una empresa pública eficiente.
Yo sé y entiendo bien que el Contralor opina distinto en esta materia. Hemos sostenido una discusión bien amplia, conocida por todos, respecto de la situación de algunas empresas públicas. Y es un tema que aún no tenemos totalmente dilucidado. Sí quiero decir que, en nuestra opinión, aceptar la tesis actual de la Contraloría significa afectar, de manera muy fundamental y con consecuencias bien complejas, la existencia misma de una entidad como el Fondo de Infraestructura y su eficiencia. Y la pérdida de flexibilidad, autonomía y eficiencia implica, al final del día, que simplemente no estemos frente al organismo que queremos crear.
Entendiendo que este es un tema complejo, que tiene varias aristas y que va mucho más allá de la discusión de hoy día, considero muy importante precisar que las normas que rigen a la Contraloría están diseñadas para el Gobierno central, para servicios. Y está muy bien que así sea, pero en este caso necesitamos un set de regulaciones distintas.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una petición de la Comisión de Hacienda con el objeto de abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, entre las 10:30 y las 11 de mañana jueves.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero aprovechar de solicitar también un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula la actividad apícola, hasta hoy, a las 19.
--Se accede a lo solicitado en ambos casos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo, en toda su intensidad y gravedad, de lo dicho por el Ministro de Hacienda para justificar el cambio que se propone en el artículo 28, esperando acreditar que no tiene la razón.
Al ingresar a tramitación este proyecto, se señaló que el Fondo de Infraestructura quedaría sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 del decreto Nº 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que es el texto legal que ha reglamentado a todas las empresas públicas en forma íntegra, incluida CODELCO, que es parte del problema que aquí se pretende cambiar.
Hace dos meses, la enmienda en estudio no era parte de la iniciativa. Y entiendo que, a raíz de dificultades existentes en otras empresas del Estado, se colocó esta excepción. Es la primera vez en la historia de Chile que se establece que la fiscalización de la Contraloría a fondos públicos solo se hará respecto de los aportes de capital -o sea, solo la primera vez-, dejando para siempre al margen del control de dicha institución todo lo que pase después.
Esto, señor Presidente, en mi opinión, es de la mayor gravedad. Es un cambio en las reglas del juego respecto de los órganos fiscalizadores.
Durante el debate en la Comisión de Hacienda solicité que se oficiara a la Contraloría, la que hizo llegar un informe del cual voy a leer algunos párrafos.
"Pues bien, la sociedad que se pretende crear es, precisamente, de aquellas que administran fondos públicos y en las que el Estado tiene aportes de capital y participación mayoritarios".
"Atendido lo anterior, restringir las facultades de control a uno de los componentes del patrimonio de la sociedad que se crea, supone retroceder en la vigencia del principio de control y por ende de probidad, dejando en los hechos a una función pública -que antes desarrollaba una secretaría de Estado, sujeta al control íntegro de esta entidad fiscalizadora-, al margen de la fiscalización".
Agrega: "Lo anterior resulta particularmente grave considerando que uno de los ámbitos más vulnerables a la corrupción es, precisamente, las obras públicas y la modalidad de concesión a particulares. Este aserto se funda en estudios de un gran número de organismos internacionales y de la simple constatación de la realidad.
"Todo lo anterior justifica no solo la aplicación integral del artículo 16, inciso segundo, tal como se disponía en el artículo primitivo del mensaje presidencial, sino también todo el sistema de control que en la actualidad se desarrolla sobre esta función pública".
Según el texto, la "Contraloría General tiene la obligación de carácter constitucional de fiscalizar los fondos públicos, de manera que no es posible, por la vía legal, reducirse ese control exclusivamente al capital inicial de la sociedad, como se propone en la especie, toda vez que ello sería claramente inconstitucional".
Y adicionalmente señala que "un precepto como el que se propone implica un retroceso importante en el principio del control público, que en el actual ordenamiento jurídico tiene una relevancia fundamental". Son párrafos textuales del informe que la Contraloría hizo llegar a la Comisión de Hacienda y que yo comparto plenamente.
Entiendo que el Ministro quiera revisar el rol de dicho organismo fiscalizador. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, si ese es el objetivo, que busque cambiar la norma constitucional o la ley de la Contraloría. Es un debate que habría que hacer.
Si al Ministro de Hacienda no le gusta lo que hace el órgano contralor con CODELCO, bueno, discutamos el mérito de la función de dicha entidad fiscalizadora; pero que no pretenda, en otro organismo, limitar el papel de la Contraloría, planteando que su fiscalización se hará solo respecto del aporte inicial y no del desarrollo de toda su actividad posterior, clave en el rol del Fondo de Infraestructura que estamos creando.
Señor Presidente, esta modificación representa un gravísimo retroceso para el país. Lo digo con absoluta serenidad.
Ello no había ocurrido antes. Es la primera vez que se exceptúa a una empresa pública del control del organismo fiscalizador establecido en la Carta Fundamental. Es una vulneración -por cierto, hago reserva de constitucionalidad, aunque espero que la enmienda no se apruebe- del artículo 98 de la Constitución Política de la República, que entrega la obligación de fiscalizar los fondos públicos precisamente a la Contraloría.
Le pido un minuto adicional, señor Presidente.
Entonces, pretender que se entienda cumplida la obligación constitucional por el simple hecho de establecer que el primer aporte queda contenido en la fiscalización es, honestamente, soslayar por completo el sentido de esta.
Hago presente que el informe de la Contraloría, como les consta a los Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, fue requerido inmediatamente después de conocerse el texto de la enmienda en análisis. Era imposible saber cuál iba a ser la reacción de cualquier autoridad.
Me parece especialmente grave que se haya cambiado la norma original, que venía sin la excepción. Ahora aparece con ella, después de todos los temas que se han planteado. Y a mí me parece que, si quieren discutir el rol de la Contraloría, ello debe hacerse en su mérito.
Además, lo mismo se acaba de repetir en el proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional de Chile, donde se ha presentado una indicación para restringir o eliminar las facultades fiscalizadoras del Órgano Contralor.
Creo que este es un paso en falso, un grave error, que complejiza todo el desarrollo de una entidad que debería estar bien, pero que debe ser fiscalizada.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente,...
El señor MONTES.- ¡Dele la palabra al Ministro, señor Presidente, que la está solicitando y tiene preferencia!
La señora ALLENDE.- Sí, para que rectifique.
El señor COLOMA.- El Ministro ya habló.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Ministro puede hablar varias veces, no una sola. Y tiene preferencia.
El señor LARRAÍN.- El Ministro no tiene más derechos que los Senadores.
El señor COLOMA.- ¡Pero no puede hablar más de una vez!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Reglamento no dice eso, Su Señoría.
Continúe, Senador Prokurica.
El señor PROKURICA.- Pido que me repongan el tiempo perdido.
Señor Presidente, tenía mis dudas con relación al proyecto original en cuanto a los beneficios y los efectos que podrían producirse por lo que leí tanto en los informes de las Comisiones como en los documentos de algunos institutos que indican que, aun cuando es posible aplicar esta normativa, sería mejor utilizar la institucionalidad actual.
Pero donde no tengo ninguna duda -y me ahorra muchas palabras la intervención del Senador Coloma- es en que estamos retrocediendo en esta materia.
Yo no sé si los representantes del Gobierno no leen los diarios o no ven la televisión, que dan cuenta de la situación que está ocurriendo con los recursos del Estado. ¡Todos los días hay un nuevo escándalo a raíz de la administración de fondos públicos! Y, por si esto fuera poco, los fondos para Contraloría -yo integro la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- lamentablemente van hacia abajo.
Cuando la educación pública anda mal, le ponemos recursos. Cada día hay más mala administración de los fondos estatales y, sin embargo, al organismo encargado de vigilar que se administren bien, le reducimos los aportes y le rebajamos las competencias. ¡Pero cómo! ¡Eso no obedece a lógica alguna!
Y le voy a decir más, señor Presidente.
En este caso específico -ya lo dijo el Senador Coloma-, la Contraloría tiene toda la obligación de fiscalizar. Si el Gobierno no comparte algunos de sus criterios, ¿por qué no presenta un proyecto de ley sobre la materia?
Yo no puedo coincidir con el argumento que ha expresado CODELCO, empresa del Estado a la cual he defendido tantas veces...
El señor MONTES.- ¡Pocas!
El señor PROKURICA.- No, colega. La he defendido de su Gobierno, cuando, por ejemplo, quería cerrar la División El Salvador.
Y créame, señor Presidente: nunca he visto que la Contraloría sostenga el criterio de que las empresas estatales deban transformarse en servicios públicos.
¡Es una cuestión absurda, un argumento que no cabe en la mente de nadie! Y la Contraloría tampoco podría hacerlo, pues carece de facultades para ello. Pero excluir por ley a las empresas del Estado -a las que ya existen, y a esta, que se está creando- de la fiscalización del órgano contralor me parece un profundo error.
Es más, y lo vuelvo a decir: el Contralor General de la República tiene la obligación -¡la obligación!- de fiscalizar a las empresas del Estado.
Hoy tenemos una gran discusión y algunas empresas estatales pagan millonarios honorarios a abogados para defenderse del Contralor. ¡Por favor! ¡Esto no se veía desde los tiempos en que presenté demandas en contra de TVN, CODELCO y otras empresas, cuando aún no se dictaba la Ley de Transparencia, para que me informaran cuánto ganaban sus directores! Y esas empresas, pagando con recursos de todos nosotros, ¡fueron a tribunales para no entregar los antecedentes!
El Gobierno comete un tremendo error en este aspecto.
Es más, creo que tenemos que reforzar a la Contraloría, darle más recursos, porque representa un freno a la corrupción. Claro que en algunos casos se presentan diferencias, por existir criterios distintos, ¡pero no me digan que en CODELCO no hay abusos, señor Presidente!
Les puedo dar algunos ejemplos, de los muchos que tengo en esta materia.
Para empezar, el gerente de la minera El Salvador era dueño de la principal empresa que le prestaba servicios a esa cuprífera. ¡Cómo es posible! Sin embargo, esa práctica terminó porque la Contraloría aplicó las normas correspondientes.
La División Salvador -y lo declaraba en sus balances- pagaba el arriendo de las sedes de algunos partidos políticos, entre ellos el Socialista.
El señor MOREIRA.- ¡Ahhh...!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Por favor...!
El señor PROKURICA.- ¡Sí, señores! ¡Está en los balances de la empresa!
Otro caso: la ENAP. Yo fui querellante en el caso de las indemnizaciones. ¡La empresa tiene un forado de 4 mil millones de dólares!
Entonces, ¿no queremos que la Contraloría fiscalice a estas empresas? ¡Por favor, señor Presidente!
Y no me vengan con el argumento pueril de decir que aquí está la Superintendencia de Valores y Seguros para fiscalizar. ¡No, señor Presidente! Ese argumento no vale. Porque ¿qué fiscaliza ese organismo? Fiscaliza que los accionistas minoritarios no sean abusados por los mayoritarios, fiscaliza que, si se registra un cambio de propiedad, este sea avisado con tiempo.
Pero ¿qué les importa a todos los chilenos?
El señor PROKURICA.- ¿Me da un minuto más?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúe, Su Señoría.
A nuestros compatriotas no les interesa si los accionistas mayoritarios abusan de los minoritarios. ¡Aquí lo que tenemos que cuidar es el patrimonio de todos los chilenos!
Al señor Ministro, de quien tengo, reitero, una buena impresión y que sostiene que da lo mismo que se pierda el patrimonio de una empresa, sea privada o estatal, yo le digo "No, señor Ministro, no da lo mismo": cuando una empresa privada pierde su patrimonio, el problema es de sus dueños, pero, cuando la que lo pierde es una empresa del Estado, se produce una pérdida para todos los chilenos.
En consecuencia, ahí tiene que haber más sanciones y tiene que haber más controles.
El señor COLOMA.- Es segunda vez que habla, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- El Ministro ya no puede intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, les voy a dar mi interpretación, como Presidente de esta Alta Cámara.
La norma que regula la intervención de los Ministros figura en la Constitución, en su artículo 37, y no les pone límite.
La limitación de tiempo consagrada en el Reglamento del Senado es para los Senadores, a quienes les otorga cinco minutos.
Por lo tanto, le voy a dar la palabra al señor Ministro.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
La verdad es que los Ministros sí tenemos una pequeña restricción para intervenir en la Sala, y es que, cuando el Senado está en votación, solo podemos clarificar algunas cosas. Pero entiendo que ahora no estamos en votación.
El señor COLOMA.- ¡Solo por dos minutos!
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Solo quería hacer esa aclaración.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Ministro, le pido que se dirija a la Mesa cuando haga uso de la palabra.
El señor COLOMA.- ¡Muy bien, señor Presidente!
La señora VON BAER.- ¡Parece que el Ministro nos quiere dar clases...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúe, por favor, señor Ministro.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- El primer punto que me gustaría clarificar, señor Presidente, es que no resulta correcto afirmar que todas las empresas públicas estén bajo el control de la Contraloría, tal como indicó el Senador Coloma.
El señor COLOMA.- Las que manejan fondos públicos, sí.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Por ejemplo, Televisión Nacional de Chile hoy día no está bajo ningún control de la Contraloría.
El señor PROKURICA.- ¡Y quieren que le pasemos 47 millones de dólares...!
El señor MONTES.- ¡El Banco Central, tampoco!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Guardemos el orden, señores Senadores.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- En segundo lugar, me gustaría reconocer con total claridad que esta norma no formaba parte del proyecto original, pero tampoco conocíamos los problemas a que se ha visto enfrentada la Contraloría cuando escribimos el texto inicial.
Tal como expliqué en mi intervención previa, tenemos un asunto pendiente: precisar hasta dónde llegan las atribuciones de la Contraloría.
El control de mérito, ¿forma parte de sus facultades? En principio, no. Hay una ley que expresamente así lo indica. Sin embargo, cuando uno empieza a ver qué está haciendo la Contraloría, hay buenas razones para pensar que en algunos casos sí está ejerciendo un control de mérito.
El Contralor tiene buenas razones para decir: "Para poder defender mi rol y procurar que las cosas sean eficaces y eficientes, tengo que meterme en determinados asuntos".
Y es ahí donde nos encontramos con el problema original que mencioné: que para una empresa pública eso es una enorme desventaja.
Pensemos en el BancoEstado.
Todavía no tenemos ninguna controversia entre dicha entidad y la Contraloría. ¿Qué pasaría si el Contralor decidiera que se le debe aplicar la Ley de Compras Públicas, al igual que ya lo hizo con otras empresas públicas, y resuelve que no puede renegociar créditos? Porque un servicio público no puede renegociar. De hecho, cuando se castiga una deuda, el banco debe pedirle permiso al Ministerio; tiene que cumplir una serie de exigencias.
Por lo tanto, seamos cuidadosos con hasta dónde deben llegar las facultades del Órgano Fiscalizador.
Ahora, de que se corrió el cerco, se corrió. De eso no hay duda alguna.
¿Hasta dónde va a llegar ese cerco? Es materia de discusión y es bueno que esta se dé.
Me da la impresión de que no vamos a tener los votos necesarios para aprobar el cambio, pero creo que vale la pena hacer esta discusión, porque, de nuevo, me parece muy complicado que la Contraloría le ponga a una empresa pública un peso que otras simplemente no tienen.
Si uno quiere avanzar de verdad en este debate, preguntémonos si es necesario o no pensar en un gobierno corporativo para la Contraloría.
¿Por qué una sola persona debe decidir, ya que estamos haciendo controles colegiados por doquier? La cantidad de personas colegiadas que existe hoy día es grande.
Este tema da para mucho; no es para solucionarlo solo en este proyecto de ley. Sin embargo, en opinión del Ejecutivo, se debe tomar muy en serio que el rol de la Contraloría ha ido cambiando. Quizás es para bien. No queremos decir que sea bueno o malo. Pero lo cierto es que así ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver hasta dónde llega esa situación.
Repito: no existe ningún problema en que la Contraloría escarbe hasta donde sea necesario, en cualquier servicio público. Pero debemos cautelar las normas que se aplican a una empresa. Porque si a esta la tratamos como a un servicio -no estoy diciendo que se considere siempre así; es el potencial-, no podremos contar con empresas públicas que funcionen.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tal como lo señala el señor Ministro, este es un debate que tendremos que realizar.
En cuanto a la situación en que hoy día se encuentra la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización que realizó a CODELCO, debo decir que considero que actuó dentro de sus atribuciones.
El Contralor General fue bastante explícito y valiente por lo que expuso en la Comisión. Y, en ese sentido, también respeto al directorio de CODELCO y a su Presidente, que tienen una visión distinta. Por eso, estimo que deberemos realizar una discusión legislativa sobre el particular, a fin de clarificar este asunto, porque se presta para situaciones muy complejas que pueden afectar no solo la fiscalización, sino también el desarrollo de una empresa tan importante como CODELCO y el de otras empresas del Estado.
Sin embargo, aquí estamos ante una situación distinta: la creación de una empresa que, a mi entender, tiene que quedar bajo el control completo de la Contraloría General de la República. Porque el Fondo de Infraestructura realizará una gestión distinta de la correspondiente a una empresa pública que compite con el sector privado.
Por eso, señor Presidente, no aprobaré la norma que eliminó el control total de la Contraloría sobre la empresa que se crea. Pienso que los argumentos entregados por los Senadores Coloma y Prokurica son suficientes.
Independientemente de la posición que pueda sostener cada uno, creo fundamental mantener el control permanente de los recursos públicos por parte de la Contraloría, sobre todo cuando, de alguna forma, tenemos una especie de impuesto -como lo conversamos ayer-: el cobro de peajes en las carreteras. Se trata de recursos de todos los chilenos que se entregan a una empresa, los cuales serán manejados por este Fondo de Infraestructura.
Señor Presidente, a mi modo de ver, lo correcto es, justamente, no apoyar lo aprobado en la Comisión, sino que discutirlo con mayor profundidad en el futuro -tal como sostuve inicialmente-, además de analizar cuál será el rol exacto que deberá cumplir la Contraloría y los controles que se realizan en la actualidad, por ejemplo, a CODELCO, tratándose de COCHILCO. Porque, muchas veces, cuando una institución no ejerce todas sus funciones, como en el caso de COCHILCO, el ente contralor ejerce en forma indirecta esa labor a que lo obliga la Constitución Política.
Por eso, pienso que en esta legislación no podemos tratar de incluir una situación que, a la larga, creará un nuevo conflicto, porque este Fondo de Infraestructura quedaría en una situación distinta respecto a otras empresas del Estado.
Creo que hay que mantener las atribuciones que tiene la Contraloría sobre el Fondo, mientras no haya un debate profundo sobre la materia y dispongamos de una nueva legislación, de ser necesario.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero referirme brevemente al tema del derecho de los Ministros a hacer uso de la palabra en la Sala.
El Reglamento interpreta la materia de una manera distinta a como lo hace el señor Presidente, porque su artículo 109 dice: "Durante las discusiones podrán usar de la palabra los Senadores, los Ministros de Estado, los Diputados" (...) "todos los cuales se someterán a las prescripciones de este Reglamento".
La única excepción que señala es: "Los Ministros tendrán derecho preferente para hacer uso de la palabra".
Ello se refiere al orden en que intervienen. Pero en cuanto a la cantidad de veces que lo hacen y al tiempo que utilizan, se les aplica lo mismo que a los Senadores y Diputados.
En consecuencia, si el Ministro quiere hacer uso de la palabra, yo seré el primero en darle el paso. Pero que se entienda que no es un derecho.
Por otro lado, respecto al tema de fondo, manifiesto mi sorpresa, porque tratándose de una situación en que se crea un fondo administrado por una empresa estatal, se quiere prescindir del control de la Contraloría en relación con el uso e inversión de recursos pertenecientes a todos los chilenos.
Enfrento eso con la mayor incredulidad. Porque sacar exprofeso a la Contraloría de ejecutar ese control es completamente inaceptable. Desde luego, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución Política, al órgano contralor le corresponde la responsabilidad de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco.
Entonces, pregunto si acaso los recursos que va a administrar el Fondo de Infraestructura, como sociedad anónima, son o no fiscales, pertenecen o no al Estado. Porque si no lo fueran, yo entendería el argumento esgrimido. Pero como se trata de fondos fiscales, lo que se está determinando resulta abiertamente contrario a la función de la Contraloría.
Ello resulta constitucionalmente inaceptable, pero es aún más grave desde un punto de vista político.
Que un país, con los conflictos de corrupción que hemos conocido, restrinja la fiscalización de la Contraloría, me parece simplemente retrógrado, contrario a la Agenda de Probidad impulsada por el propio Gobierno en el último tiempo.
Se dice que hay otros controles. Pero no son propios de los organismos públicos, sino que de otra naturaleza, persiguen otra finalidad. De manera que no sirven para el propósito de la materia en discusión.
Se dice que esto va a alterar las reglas de la libre competencia. Yo sostengo que el hecho de que haya una empresa del Estado ya implica alterar las reglas de la libre competencia, porque tiene una situación de privilegio por ser estatal. Pero aquí no se altera la competitividad del Fondo de Infraestructura, el que desde luego no tendrá competencia. ¿Quién podría competir con este Fondo, con esta empresa, en las labores y funciones que va a desarrollar? ¡Nadie! No es posible. Resulta inverosímil pensar que ese vaya a ser un problema.
Lo que se persigue es dejarle las manos libres a esta empresa para que funcione y utilice sus recursos como lo estime conveniente.
Yo creo en la buena fe de las personas y, por cierto, que quienes trabajarán en el Fondo no son ni van a ser ladrones, sino personas muy honestas. Pero aquí hay mucha plata del Fisco involucrada. ¡Estamos hablando de 9 mil millones de dólares! ¡Estamos hablando de más dinero que en toda la reforma tributaria! ¡Y quieren dejarlo libre de todo control! ¡Por favor! No hay que ser socialista para creer que el Estado debe tener alguna responsabilidad en el control del uso de los fondos públicos. Y en eso hemos de ser responsables.
Yo invito al Senado a que no le quitemos las manos a la Contraloría en las responsabilidades de control que le caben en este campo. Sería algo realmente digno de Ripley que el país se enterara de que aquí estamos en una campaña para sacar a la Contraloría del control de los fondos públicos que manejan las empresas del Estado.
Si alguien se encuentra en una empresa estatal, ha de entender que está sujeto a un estatuto distinto. Si no quiere estar sometido a la Contraloría, que no trabaje administrando fondos públicos y que se cambie al sector privado. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero quien se desempeñe en una empresa del Estado debe someterse no solamente a esta norma de control, sino también a otras, por ejemplo, de transparencia.
Ha costado bastante conseguir antecedentes de las empresas del Estado, particularmente de Televisión Nacional y de CODELCO en su momento. Pero ellas deben someterse a las normas que rigen para todos los chilenos que trabajan en empresas públicas.
Por lo tanto, al crear este nuevo Fondo de Infraestructura espero que tengamos la misma responsabilidad de garantizar el mejor uso de esos recursos. De lo contrario, que se hagan responsables quienes así no lo efectúen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sobre su interpretación reglamentaria, señor Senador, debo decir que para mí prima el artículo 37 de la Constitución Política de la República por sobre la norma del Reglamento.
Usted tiene derecho a presentar un reclamo respecto a mi interpretación. Se puede hacer en la próxima sesión y después enviarse a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que esta resuelva el asunto.
El señor LARRAÍN.- Sería una buena idea.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, esta materia es relevante y preocupante a la vez.
Estamos trabajando para generar un Fondo que lleve adelante una recuperación económica -en eso se basa la iniciativa- y para que lidere una inversión relevante en infraestructura. Se estima en 9 mil millones de dólares la capacidad que tendría para apalancar proyectos.
Pero, ante semejante esfuerzo de inversión pública en infraestructura, se nos dice: "¿Sabe?, vamos a quitarle a la Contraloría la capacidad de fiscalizar a esta empresa estatal".
A mi juicio, eso significa dar la espalda a la realidad.
Todos los días somos testigos de hechos de corrupción, faltas a la probidad, falencias administrativas, fraudes al Fisco. ¿Y cuál es el común denominador que en estos casos acusan, casi todas las veces, las investigaciones periodísticas? La ausencia de control, la ausencia de fiscalización.
Y aquí se pretende que el rubro donde el Estado realiza la mayor inversión, que es la infraestructura, quede sin control ni fiscalización adecuados por parte de la Contraloría.
¡Eso es dar la espalda a la realidad!
De otra parte, al menos dos de los argumentos empleados por el Ministro de Hacienda están, en mi concepto, absolutamente equivocados.
Uno de ellos queda en evidencia cuando se señala: "¿Sabe?, tenemos un problema con el rol de la Contraloría". Pero este no es el proyecto para cambiar o analizar el papel que cumple dicho órgano. Si se quiere cambiar su rol, si se quiere que sus funciones sean distintas, que el mérito que implica a la Contraloría sea diferente, hay otras normas legales, hay otros proyectos de ley, hay otras iniciativas que puede usar el Ejecutivo con el objeto de efectuar tales cambios. Sin embargo, eso no se puede aplicar en un proyecto que se crea para establecer un fondo que dispondrá de muchos recursos a fin de revitalizar todo lo relacionado con la inversión en infraestructura. No es el instrumento legislativo, no es el instrumento legal para hacerlo.
El segundo argumento que emplea el señor Ministro de Hacienda es decir: "¿Sabe?, si le aplicamos a una empresa del Estado normativas válidas para los servicios, ella no va a funcionar y se verán beneficiadas sus competidoras".
Las preguntas que surgen son: ¿Cuál sería la empresa competidora de este Fondo de Infraestructura S.A.? ¿Cuál sería la que va a competir con este Fondo? ¿Qué empresa privada va a generar proyectos de infraestructura? ¿Qué empresa privada va a propiciar iniciativas de este tipo para que alguien después desarrolle proyectos de infraestructura? Ese es el rol de este Fondo de Infraestructura y no tiene competencia. Se trata de una empresa pública que no va a tener competidora, porque lo que está haciendo es aplicar una política del Estado, una política gubernamental para "apalancar" -como se dice- diversos proyectos de infraestructura.
Por lo tanto, no la vamos a debilitar frente a nadie, porque uno solo puede debilitar una determinada institución con relación a sus competidores, a empresas que son paralelas. Pero aquí no hay ninguna: ni paralela, ni competidora.
Por lo tanto, no se está debilitando.
Lo que estamos diciendo es que si vamos a tener un impulso significativo en materia de inversión con recursos públicos, estos deben ser fiscalizados y controlados.
Hemos visto lo que ha pasado en Latinoamérica con proyectos de infraestructura y cómo las empresas relacionadas han generado una red de corrupción. Uno lee acerca de los juicios en Brasil y sobre la defraudación pública en diversos países latinoamericanos y se da cuenta de la ausencia absoluta de mecanismos de control. ¿A eso queremos llegar?
Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, el caso MOP-Gate. Ahí se usó a una empresa que ganaba una concesión y luego contrataba a otras que eran proveedoras. Y fue así como se usaron recursos de manera absolutamente ilegal, situación que solo la justicia pudo investigar para determinar que, en definitiva, se trató de un fraude al Fisco.
Recuerdo que en aquella ocasión también se nos decía que la Contraloría no podía investigar a las empresas concesionarias, a pesar de que estaban haciendo mal uso de recursos públicos.
En consecuencia, aquí tenemos malos argumentos; pero sobre todo se le da la espalda a la realidad.
Lo que se requiere hoy día, en el mundo actual, particularmente en las empresas que realizan inversiones de recursos en infraestructura, son controles, fiscalizaciones que nos eviten lamentar en forma posterior hechos que claramente han puesto en juego a democracias muy sólidas como la brasileña.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, uno desea dejar constancia de su pronunciamiento en esta discusión para que en la historia de la ley quede clara -o medianamente clara- nuestra posición con la normativa en proyecto que ahora debatimos y que luego tendremos que votar.
Yo no tengo mayores reparos con la iniciativa en cuanto a sus ideas matrices. No obstante, hay un aspecto que a todos, o a muchos de nosotros, no deja de llamarnos la atención. En mi opinión, es un asunto que hay que debatir -analizarlo y estudiarlo- en lo que se refiere a la fiscalización de los actos de esta sociedad anónima por parte de la Contraloría General de la República.
Esta no es una empresa privada, sino del Estado...
Les pido a los Senadores señores Guillier y Prokurica que me oigan. Yo siempre los escucho con mucha atención. ¡Cualquier decisión que deban tomar respecto al desarrollo de un gabinete la pueden ver después...!
El señor GUILLIER.- Solo hablábamos sobre lo que viene.
El señor MOREIRA.- ¡Yo también lo quiero, pero quiero más a Piñera...!
Como decía, señor Presidente, si nos referimos a una empresa que tendrá un aporte de capital tan importante de parte del Estado, creemos que debe existir un mecanismo de control eficaz.
A mi juicio, la Ley Orgánica de la Contraloría le otorga los elementos necesarios a este órgano para poder desarrollar auditorías.
La Contraloría es una institución que siempre realiza auditorías. Las razones dadas por el Ministro no nos parecen razonables, porque aquí, de alguna manera, se está blindando, se hace una excepción a una empresa que contará con recursos millonarios del Estado -el Senador Larraín habló de 9 mil millones de dólares- a fin de evitar dejarla bajo la tuición de la Contraloría y solamente quedará sujeta a lo que resuelvan la comisión para el mercado financiero o la junta de accionistas.
¡Tiene que haber un rol de fiscalización del Estado!
Es importante señalar también, señor Presidente, que este Parlamento ha aprendido las lecciones, ha escuchado a la gente, ha tenido la mayor preocupación en orden a generar una institucionalidad de transparencia, de probidad para todos. ¡Cuántas veces hemos oído que los distintos actores políticos hablamos de que hoy día la sociedad nos exige mayores estándares éticos de probidad, de transparencia! Y este Senado ha tenido especial preocupación en ese aspecto y existe un conjunto de leyes, políticas y otras, que versan sobre transparencia y probidad.
Entonces, ¿por qué habríamos de dejar fuera a esta sociedad anónima del rol que cumple la Contraloría con las demás empresas del Estado?
Siento que aquí hay una suerte de contradicción. Me parece que este asunto debe resolverse de la mejor manera. Y la forma de hacerlo es asumiendo la responsabilidad de entregar a la Contraloría, a través de los cuerpos legales que sean necesarios, las facultades que su ley orgánica contemple para que esta sociedad anónima del Estado, denominada "Fondo de Infraestructura", también pueda ser fiscalizada por ella.
Si la Contraloría no tiene competencia para revisar la legalidad de estos actos, nos parece que la referencia de ese conjunto de reglas no tiene mucha utilidad y alguien debe resguardar las normas de probidad que establecen la Constitución y las leyes, que deben ser siempre cumplidas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le voy a dar la palabra al señor Ministro de Hacienda para que nos haga un planteamiento sobre la materia que nos ocupa.
El señor LARRAÍN.- ¡Lo autorizamos, señor Presidente...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Con su venia, Su Señoría...!
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, hay tres cuestiones que me gustaría mencionar.
En primer lugar, para clarificar de nuevo, la ley orgánica de la Contraloría, en su artículo 21 B, dice que no hay control de mérito por parte de dicho organismo.
Por lo tanto, cuando hablamos del control debemos ser bien precisos en señalar hasta dónde llega la Contraloría. Y los diferendos existentes hoy día se relacionan con si se está traspasando eso o no.
En segundo lugar -y esto es un poco más general-, hemos de ponernos de acuerdo en que se debe diferenciar entre objetivos e instrumentos.
El objetivo es muy claro: probidad, eficacia, eficiencia. Pero resulta muy importante tener en mente que el instrumento sea distinto en cada caso. Porque si llevamos cualquier discusión a instrumentos, no vamos a avanzar en una buena solución de los problemas que enfrentamos.
Ello pasa en todas las discusiones: al final terminamos hablando de que "el instrumento" es el único. Y yo quiero abrir debate en el sentido de que aquel puede no ser el mejor.
En tercer lugar, para el Ejecutivo es relevante esta discusión.
Entendemos bien que hay posiciones encontradas que requieren más reflexión.
El Senador Moreira lo señaló muy bien. Si hay un problema, quizá debemos abordarlo desde un punto de vista un poco más global.
Nosotros podemos retirar del artículo 28 la parte que propusimos mediante una indicación. Sin embargo, para la historia de la ley, quiero dejar bien en claro que ello no significa que la Contraloría pueda entrar, por ejemplo -y espero que concordemos en eso-, en decisiones de negocios o de gestión del Fondo.
Creo que eso requiere mayor discusión entre nosotros: hasta dónde llega el control; cuándo hay control de mérito y cuándo no; cuándo se trata de gestión, cuestión que no queremos, no porque la Contraloría sea un artefacto pesado, sino simplemente porque hay materias en que la experiencia no está ahí y, además, porque se halla lo relativo a las empresas competidoras.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No puedo retirar la norma propuesta, señor Ministro, pues el texto pertinente ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, para recoger el planteamiento formulado por usted, podemos rechazar la última parte del inciso final del artículo 28, que dice: "respecto de los aportes de capital señalados en la letra a) del artículo 11 de la presente ley.".
No se requiere quorum especial para el rechazo.
El referido precepto, entonces, quedaría aprobado con la excepción indicada.
--Se rechaza la expresión que la Comisión de Hacienda agregó al final del inciso segundo del artículo 28.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha llegado a la Mesa el texto propuesto por el Ejecutivo para el artículo 19, cuya aprobación había quedado pendiente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La proposición del Gobierno dice lo siguiente: "Los directores que cesen en sus funciones por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 18 serán inhábiles para ejercer cualquier cargo en una empresa que haya sido beneficiada con el Fondo, por un período máximo de 6 meses.
"Adicionalmente, estarán obligados a informar al Directorio sus participaciones societarias y todas las actividades laborales y de prestación de servicios que realicen en empresas previamente beneficiadas por el Fondo, sean o no remuneradas. Esta obligación comienza una vez terminada la prohibición del inciso anterior y se extenderá hasta los seis meses posteriores al término de la prohibición a que se refiere el inciso anterior.
"Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de hasta 500 unidades tributarias mensuales.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se trata de una redacción de remplazo propuesta por el Gobierno para el artículo 19.
El señor MOREIRA.- Votemos, señor Presidente.
--Se aprueba el artículo 19 de remplazo que propuso el Ejecutivo (21 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Ossandón, Guillier y Horvath.
El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra para un punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en la tabla de hoy figura, en segundo lugar, el proyecto sobre modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, quiero pedir segunda discusión para esa iniciativa, al objeto de continuar con su tratamiento a la vuelta de la semana regional. Ello, básicamente porque se trata de una materia compleja y que requiere tiempo para su despacho. De modo que yo preferiría que se viera en el primer lugar del Orden del Día de la próxima sesión que realicemos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor RIVEROS (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).- Señor Presidente, ¿cuántas votaciones quedan?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Dos, señor Ministro.
El señor RIVEROS (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).- Si existiera la posibilidad, yo preferiría que se informara el proyecto que moderniza la Cancillería y que se iniciara la discusión hoy día, conforme a lo señalado por el Senador señor Chahuán.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habría problema, señor Ministro. Porque mientras no termine el Orden del Día debo continuar con la tabla.
Se haría la relación del referido proyecto y se entregaría el informe pertinente. Pero no se votaría en esta sesión. Además, para su aprobación se requiere quorum especial.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 71 del comparado figura el artículo segundo transitorio.
La Comisión de Hacienda, por tres votos a favor y dos abstenciones, propone remplazar la expresión "el artículo 11 de la presente ley" por "la letra a) del artículo 11 de la presente ley, los que incluirán todas aquellas rutas y carreteras cuya explotación se encuentre regulada por el decreto ley N° 900, de 1996, facultándose a este para explotarlas una vez finalizado el período de la respectiva concesión.".
El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta materia se relaciona con la discusión que tuvimos ayer. Por eso no hay que volver a repetirla. Sin embargo, quiero explicar de qué se trata.
El artículo segundo transitorio tiene dos incisos.
La primera parte del inciso primero fue aprobada por unanimidad.
Empero, lo complejo es lo que sigue. Esto, porque aquí se instala que el capital de la sociedad anónima puede estar conformado por todas las rutas y carreteras concesionadas (lo planteo así para que sea más fácil de entender).
Acto seguido, se agrega una excepción. Porque en el segundo inciso se dice: "Con todo, los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, de forma conjunta y fundadamente, podrán decidir no aportar algunos de los bienes a que se refiere el inciso anterior.".
Aquello no me parece coherente, señor Presidente.
Creo que en materia de capitales tenemos que saber a qué atenernos.
Discutimos el punto ayer, y no lo voy a reiterar.
A mí me habría parecido razonable que se incluyeran todos los bienes. O, por último, si se estima que no debe contemplarse alguno, que se diga ahora.
Pero, en la práctica, ¿qué estamos haciendo con el artículo segundo transitorio? Estamos entregando las facultades del Congreso a la decisión de un Ministro de Hacienda y de un Ministro de Obras Públicas, de cualquier gobierno.
¡O son todas las concesiones o no!
Acá se dice que se incluirán todas; pero los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas pueden ponerse de acuerdo para dejar fuera algunas.
Me parece que esa no es la forma correcta de constituir el capital.
Por eso, la objeción que tenemos con el Senador García no se relaciona con el primer inciso del artículo segundo transitorio, sino con el que sigue, que establece una excepción.
Esa excepción -para ser franco- se planteó al final. Y no entiendo cuál es su fundamento. Porque si vamos a establecer un Fondo de Infraestructura con todas las rutas y carreteras concesionadas, es con todas, sin una excepción de tal naturaleza.
A eso me refiero. Pero, al parecer, no lo entendió así la Secretaría de la Comisión, y ello generó un error en la forma de redactar el acuerdo.
Eso fue lo que motivó nuestra abstención, no lo anterior, con lo cual estábamos de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría se refiere al inciso final.
El señor COLOMA.- Así es, señor Presidente. Para que quede claro, al inciso segundo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, en primer lugar, me parece buena la aclaración, toda vez que no ha habido discusión respecto al primer inciso, relativo al conjunto de carreteras.
Por lo tanto, en el entendido de que solo estamos debatiendo la excepción, debo decir que ella cobra sentido ante la posibilidad de que en los próximos cinco años -porque a eso se refiere el artículo segundo transitorio- el gobierno de turno decida que a lo futuro alguna de las carreteras...
El señor COLOMA.- O todas.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- ... no tenga peaje sino otro tipo de financiamiento.
Por eso se considera que ambos Ministros, y no solo uno, actuando conjuntamente, puedan decidir no incorporar algunas de las 37 carreteras.
Ahora, ciertamente, estamos hablando de la excepción, teniendo claro -así lo entendí de lo que expresó el Senador Coloma- que respecto del inciso primero del artículo segundo transitorio no hay ninguna objeción.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por su intermedio, deseo hacerle una consulta bien específica al señor Ministro.
El artículo 11 permanente, que tiene directa relación con el que estamos discutiendo, establece que "Los aportes del Fisco serán individualizados y valorizados económicamente en los instrumentos administrativos que correspondan;".
¿Quién va a valorizarlos? ¿El Ministerio de Obras Públicas? ¿La Unidad de Concesiones de dicha Cartera?
La norma no lo dice.
En el artículo segundo transitorio estamos dando cinco años para que los Ministros de Obras Públicas y de Hacienda puedan ir traspasando paulatinamente las distintas carreteras. Pero si las traspasan deberán valorizarlas, darles valor económico.
¿Quién va a hacer la valorización? ¿El Ministro de Obras Públicas? ¿El Ministro de Hacienda?
Se trata de una definición bien importante, la que a mi juicio debería quedar en la ley en proyecto. Pero no está en ella.
Esa es la consulta que, por intermedio del señor Presidente, le formulo al señor Ministro de Obras Públicas, quien se halla en la Sala.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo quisiera solicitar que se voten por separado los dos incisos del artículo segundo transitorio. Porque en el primero hay más acuerdo y en el segundo tenemos la oportunidad de echar abajo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Existe controversia solo respecto del inciso final. Sin embargo, debemos pronunciarnos separadamente sobre los dos incisos, pues la norma es de quorum calificado.
El señor GARCÍA.- Le hice una consulta al señor Ministro de Obras Públicas, señor Presidente.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, la consulta incide en la valoración económica.
Primero, el capital de esta empresa estará constituido por bienes físicos (la discusión se hizo ayer; no voy a repetirla).
Segundo, la valoración económica de la empresa la realiza y la certifica el Ministerio de Hacienda, con los datos que le proporciona el de Obras Públicas.
¿Qué datos proporciona el Ministerio de Obras Públicas? Los de los peajes correspondientes, conforme a la política de peajes -tenemos un acuerdo para formular una indicación en la Dirección General de Concesiones respecto a la política de peajes-, y los de flujos.
Pero los datos sobre tasa de descuento y los financieros los incorpora Hacienda, que con esos antecedentes efectúa la valoración económica.
El señor WALKER (don Ignacio).- "Si le parece", señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- Quiero hacer una consulta, señor Presidente.
Aquí se le está transfiriendo a la empresa el dominio sobre las rutas y carreteras concesionadas. No la explotación: el dominio. O sea, lo que es del Estado Fisco pasa a ser ahora de la sociedad anónima que se crea, la cual, aun siendo de propiedad del Estado Fisco, es una persona jurídica distinta.
Quiero entender bien lo que se está haciendo, porque no me parece un paso menor.
En tal sentido, pregunto qué ocurre con las reglas existentes sobre esta materia (no he estudiado el proyecto como para tener la respuesta; por eso lo consulto).
¿Cómo operan las determinaciones sobre expropiaciones, el funcionamiento de las normas del tránsito, etcétera, cuando la propiedad deja de ser del Ministerio de Obras Públicas, o del de Bienes Nacionales, o del Estado? Ello, para los efectos de la regulación por ley del uso y ejercicio de los derechos que tiene el Estado sobre lo que es de su propiedad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación el inciso primero del artículo segundo transitorio, con la modificación sugerida por la Comisión de Hacienda (página 71 del comparado).
El señor LARRAÍN.- Hice una consulta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro, de acuerdo con la Constitución.
El señor LARRAÍN.- Y por voluntad de la Sala.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, la pregunta formulada fue parte fundamental de lo que se trabajó en detalle en ambas Comisiones.
Al respecto, debo señalar que en el caso de los bienes fiscales se traspasa el dominio, y en el de los bienes nacionales de uso público, la administración, de la manera jurídica que corresponda, para que se realice el conjunto de acciones que apuntan al financiamiento.
El dueño tiene facultad para llevar a cabo todas las obras y tareas necesarias en los caminos (expropiaciones, en fin). Pero inmediatamente surge la obligación de que la facultad se ejerza a través del organismo público respectivo -en este caso, el Ministerio de Obras Públicas-, para evitar la duplicación de funciones.
Es una arquitectura institucional bien fina. Y fue precisamente la que resolvió la pregunta planteada por el Senador Larraín.
Se trata de un Fondo cuyo objeto es financiero. Para cumplir ese objeto tiene los bienes. Pero la administración de estos la efectúa a través de los organismos públicos correspondientes.
Eso se halla debidamente determinado en los artículos despachados por unanimidad en las Comisiones, que esta Sala también aprobó.
--Se aprueba el inciso primero del artículo segundo transitorio, con la enmienda propuesta por la Comisión de Hacienda (20 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Larraín y Moreira.
El señor MONTES.- ¿Puede agregar mi voto, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Montes.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde efectuar la última votación.
Se trata de una modificación introducida por la Comisión de Hacienda, la que fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones (página 72 del boletín comparado).
Dicha enmienda consiste en agregar al artículo segundo transitorio un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: "Con todo, los Ministros de Hacienda y de Obras públicas, de forma conjunta y fundadamente, podrán decidir no aportar algunos de los bienes a que se refiere el inciso anterior. Dicha decisión deberá informarse a las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional.".
Esa norma es de quorum calificado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación el inciso segundo, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES.- Señor Presidente, aquí se ha argumentado contra esta disposición. Pero es razonable, es lógico que los Ministerios pertinentes tengan capacidad para evaluar cuáles de las obras concesionadas entran en empresa y cuáles no, dependiendo del desarrollo de las cosas.
Uno de los elementos se relaciona con los aeropuertos. Y habrá que ver el momento en que cobre sentido incorporar los aeropuertos u otras obras que puedan venir después.
Se debe hacer un procedimiento, hay que informar al Parlamento.
Señor Presidente, creo que lo razonable es aprobar este inciso como lo propuso la Comisión de Hacienda.
--Se aprueba el inciso segundo, nuevo, sugerido por la Comisión de Hacienda para el artículo segundo transitorio (18 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, García, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín y Moreira.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Tiene pavimentado el camino, señor Ministro...!
Boletín N° 6106-10
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar la Cancillería, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores
--Los antecedentes sobre el proyecto (6.106-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 44ª, en 1 de septiembre de 2009 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa tiene como objetivo modificar la estructura orgánica tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores cuanto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales e introducir reformas vinculadas a la profesionalización de la carrera diplomática.
La Comisión de Relaciones Exteriores la discutió en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 2 de mayo de 2017; aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Chahuán, Lagos, Larraín, Letelier y Pizarro, y la aprobó también en particular, con numerosas enmiendas, por la unanimidad consignada precedentemente.
Dicho órgano técnico deja constancia de que los artículos 6 a 9; 13, número 13; 17, inciso final; 36, inciso final; 43; 46, inciso final; 55; 60; 62; 63, número 10, inciso segundo, tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 20 votos favorables. Y, asimismo, de que el artículo 8, incisos tercero y final, es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se necesitan 18 votos afirmativos.
El texto de la iniciativa que la Comisión de Relaciones Exteriores propone aprobar, solo en general, se consigna en las páginas 207 a 269 de su primer informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito la autorización de la Sala para que presida el Senador señor Juan Pablo Letelier.
El señor PROKURICA.- ¡No, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo.
El señor PROKURICA.- ¡No!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por mayoría.
Normalmente el Presidente designa a quien lo subroga.
El señor PROKURICA.- Hágalo, ¡pero no con mi voto!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Bueno: con su abstención.
Senador señor Letelier, lo espero en la testera.
--Pasa a dirigir la sesión, en carácter de Presidente accidental, el Senador señor Letelier.
El señor RIVEROS (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).- Señor Presidente, la acción internacional de nuestro país enfrenta crecientes y nuevos desafíos.
Por imperativo constitucional, a la Cancillería le corresponde, bajo el mandato y la conducción de la Jefa del Estado, la implementación de la política exterior de Chile.
Para cumplir esos retos se necesita un Ministerio flexible, ágil y eficiente, con mayor capacidad para responder a los desafíos emergentes de un mundo crecientemente complejo y cambiante, considerando la diversidad de los actores e intereses que se manifiestan en la vida internacional.
Sin embargo, la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Relaciones Exteriores data de finales de los años setenta y, por ende, responde a una realidad que, ciertamente, no está acorde a las exigencias actuales, por lo que se encuentra del todo obsoleta.
El proyecto de ley que presentamos esta tarde no comprende una reingeniería absoluta, sino que constituye una propuesta de cambios sustantivos y progresivos en el sentido de enfrentar los desafíos del siglo XXI implementando modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la Cancillería en las distintas facetas que sean pertinentes: política económico-comercial, de cooperación, entre otras.
Dicho proyecto parte de la base de las anteriores iniciativas de ley presentadas ante el Congreso Nacional, las que abordaron importantes materias, muchas de las cuales permanecen en la presente proposición de ley del Ejecutivo.
En tal sentido, cabe destacar que desde 1990 diversos gobiernos han elaborado proyectos de ley y propuestas de modernización de la Cancillería, los que se han tenido en cuenta para la iniciativa que conoce hoy esta Sala.
Entre ellos cabe destacar los proyectos que se estudiaron en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle; el documento Cancillería del Siglo XXI, del Gobierno del Presidente Lagos; la iniciativa enviada al Congreso Nacional por el Presidente Piñera, y el proyecto ingresado al Parlamento por la Presidenta Bachelet en su primera Administración, respecto del cual se ha presentado la actual iniciativa, con indicaciones.
En cuanto a los contenidos esenciales de este proyecto, debo señalar que se presentó originalmente el año 2008, durante la primera Administración de la Presidenta Michelle Bachelet, y que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de agosto del año 2009.
Encontrándose dicho proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, presidida por el Honorable Senador Hernán Larraín, el Ejecutivo lo reformuló, ingresando indicaciones a su texto, el 18 de abril del año en curso.
La iniciativa pertinente y sus indicaciones se aprobaron en general -como señaló el señor Secretario- por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo que se ha sometido a esta Sala para que se discuta la idea de legislar.
Cabe señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado escuchó en diversas sesiones a todas las asociaciones gremiales de la Cancillería, a las que agradecemos su valioso aporte; a excancilleres, a quienes agradecemos los planteamientos que formularon; a especialistas en relaciones internacionales, y a diversos institutos y representantes de la sociedad civil, cuyas exposiciones fueron consideradas durante la discusión que se generó en el marco al que voy a referirme.
En efecto, paralelamente la Comisión de Relaciones Exteriores adoptó la decisión de establecer una mesa técnica conformada por representantes de cada uno de los Senadores que integran dicho órgano y por representantes del Ejecutivo, a los efectos de alcanzar acuerdos transversales en torno al proyecto de ley sobre modernización de la Cancillería.
Esa mesa celebró 14 sesiones y culminó con un informe donde se contienen diversas propuestas de enmiendas al proyecto de ley, las que el Ejecutivo está traduciendo en indicaciones al articulado que se presentarán una vez que esta Sala apruebe la idea de legislar.
Por lo tanto, en lo sucesivo nos referiremos al contenido del proyecto de ley en conjunto con las indicaciones que se le formularán, las cuales, como toda indicación, serán sometidas al conocimiento de los señores Senadores.
Entonces, el trabajo efectuado por la mesa técnica es referencial. Ha servido para estructurar las indicaciones. Pero, en definitiva, no es vinculante para Sus Señorías, sea en la Comisión o en esta Sala.
Señor Presidente, la iniciativa de ley que conocemos esta tarde, en la nueva estructura institucional que plantea, acentúa una carrera meritocrática en el personal de la Cancillería. Igualmente, destaca los elementos de profesionalización necesarios, además de contemplar mecanismos de movilidad ascendente en la carrera del servicio exterior.
Fuera de lo anterior, introduce elementos de mayor flexibilidad en la organización interna de las unidades del Ministerio, con el objetivo de hacer frente de manera ágil y oportuna a los siempre dinámicos desafíos que nos presenta la política exterior.
Asimismo, dota a la Cancillería de mecanismos para que efectúe una debida coordinación en materia de política exterior con los diferentes órganos de la Administración del Estado, contemplando dentro de este objetivo las figuras de los coordinadores regionales y ministeriales.
Por otra parte, actualiza la estructura institucional del Ministerio para responder al enorme cambio registrado en las relaciones económicas internacionales de Chile, experimentado fundamentalmente a partir de la restauración de nuestro sistema democrático.
Para ello, se crea una nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y se contempla una estructura diferente tanto para la DIRECON cuanto para ProChile.
Finalmente, pero con la misma perspectiva modernizadora, se consideran cambios en la institucionalidad de la cooperación internacional, como también se comprenden materias vinculadas a la igualdad de género.
A continuación me referiré muy sintéticamente a cada uno de los elementos antes señalados.
a.- Carrera meritocrática y movilidad del escalafón en el servicio exterior
Aquí se establece la exigencia de título profesional o grado de licenciado para ingresar a la Academia Diplomática, suprimiéndose la facultad de excepcionar del cumplimiento de dicho requisito.
Además, se disponen cursos de perfeccionamiento y alta dirección que deberán aprobar quienes se desempeñen como consejeros y segundos secretarios.
También, se considera la concursabilidad de los ascensos en la promoción del grado de primer secretario a consejero.
Todas las medidas mencionadas tienen como objetivo fortalecer el mérito en la carrera del servicio exterior.
A la vez, para promover la movilidad ascendente en el escalafón del servicio exterior, se consagra un sistema reforzado de incentivo al retiro, el cual implica disponer que las destinaciones en aquella área solo podrán ordenarse hasta los 65 años. Se agrega que excepcionalmente, cumplida dicha edad y previa solicitud del funcionario (vale decir, se consagra una opción), podrá decretarse una destinación por un lapso máximo de dos años, y que al cumplirse los 67 se declarará vacante el cargo.
Todo aquello, para incentivar la movilidad del escalafón en el servicio exterior.
Se añade que la referida opción no afectará el derecho del funcionario a percibir íntegramente la bonificación por incentivo al retiro que establecen las leyes generales para los funcionarios que cumplan 65 años de edad.
Por último, se establece una norma que habilita para declarar vacantes los cargos de carrera del servicio exterior cuando los funcionarios cumplan 70 años. Pero esta regla se aplicará únicamente a quienes ingresen al servicio exterior con posterioridad a la publicación de la ley en proyecto.
b.- Flexibilidad en organización de unidades internas del Ministerio
El criterio orientador del proyecto a este respecto, como se ha hecho en otras Carteras, es definir en la ley la existencia de determinadas direcciones del Ministerio, dejando la organización del resto de ellas a la dictación de un reglamento.
En la Cancillería eso resulta fundamental para hacer frente a los requerimientos cambiantes de las relaciones internacionales con una orgánica más ágil y flexible, dando de esta manera respuesta a las exigencias del país y a las necesidades de los usuarios y de la ciudadanía en general.
Las direcciones dependientes de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que figurarán en la ley en proyecto serán la Secretaría General de Política Exterior, que sucederá a la Dirección General de Política Exterior; la Dirección General Administrativa; la Dirección de Planificación Estratégica; la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la Dirección General de Ceremonial y Protocolo; la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior; la Academia Diplomática de Chile "Andrés Bello", y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas.
A la vez, la iniciativa, con las indicaciones que se ingresarán próximamente, amplía de una a tres las direcciones del Ministerio que deberán estar encabezadas por un funcionario del servicio exterior.
En efecto, a la Dirección de Protocolo que figura en la ley vigente se unen la Secretaría General de Política Exterior (como dije, remplaza a la actual Dirección General de Política Exterior) y la Dirección General de Asuntos Consulares y de Chilenos en el Exterior, cuyo director deberá provenir necesaria y obligatoriamente de la planta del servicio exterior.
c.- Mecanismos para fortalecer rol coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de política exterior
El proyecto de ley dispone asimismo que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde coordinar e integrar a las distintas Carteras y demás órganos de la Administración del Estado en todos los asuntos que inciden en la política exterior, incluyéndose nuevas responsabilidades en las funciones de coordinación e integración, como las relaciones económicas internacionales, la cooperación internacional, la promoción cultural y la vinculación y atención a los connacionales en el extranjero, considerando también el rol de distintos actores de la sociedad civil. Y se expresa que todo ello tiene como objetivo la generación de un Sistema Nacional de Política Exterior.
A tales efectos, se dota a la Secretaría General de Política Exterior de las atribuciones necesarias para llevar a cabo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores con las distintas Carteras y demás órganos de la Administración del Estado en aquellos asuntos que inciden en la política exterior de Chile, correspondiéndole igualmente la coordinación de los acuerdos interinstitucionales de carácter internacional.
A la vez, se establecen coordinadores regionales y ministeriales con el objeto, en el primer caso, de apoyar a las regiones y municipalidades en la realización de sus proyectos e iniciativas en el ámbito internacional, y en el segundo caso, de respaldar la actividad de los Ministerios y demás órganos de la Administración del Estado en los asuntos que incidan en la política exterior y en las relaciones económicas internacionales de Chile, quienes deberán relacionarse con la Secretaría General de Política Exterior.
d.- Creación de Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Uno de los temas planteados recurrentemente en todos los proyectos de modernización de la Cancillería ha sido la creación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, respondiendo de esta forma adecuadamente al proceso de inserción de la economía chilena en el mundo, lo que se ha traducido en las últimas décadas en las exitosas negociaciones de acuerdos comerciales con países de diversas regiones del orbe, gracias a lo cual contamos ahora con una amplísima red de convenios comerciales que van en directo beneficio de nuestro desarrollo.
La creación de dicha Subsecretaría se efectuará mediante la transformación de la actual Dirección Económica Internacional en Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de la que dependerá ProChile.
Tal decisión se justifica, por cuanto la actual DIRECON, en materia de nuestras relaciones económicas internacionales, interviene en el diseño de la política y no solo en su implementación.
e.- Cambios en la institucionalidad en materia de cooperación internacional
Debemos tener en cuenta que la cooperación es parte de nuestra política exterior.
Como bien se sabe, Chile, manteniendo su condición de receptor de cooperación, ha pasado a ser un país que brinda ayuda a otros Estados, ya sea directamente o por la vía de la cooperación triangular.
Sin embargo, esta transformación no se ha visto reflejada en las adecuaciones normativas necesarias, ya que el único cambio en la materia, realizado en el año 2005, tuvo como único objetivo trasladar la Cartera con la cual se relaciona la Agencia de Cooperación Internacional desde el entonces Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este sentido, las reformas a la ley de dicha entidad que se efectuarán en el marco del presente proyecto de ley se dirigen, en primer lugar, a potenciar el elemento del "desarrollo" en la cooperación, por lo cual la denominación pasará a ser Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo (AGCID). Además, se radicarán en el Director, como jefe del servicio, las diversas facultades ejecutivas, contemplándose, con carácter consultivo, un consejo asesor del titular de Relaciones Exteriores, cuya función será proponer las políticas de cooperación internacional para el desarrollo. Fuera de lo anterior, se reforzará el rol del Ministerio en el diseño de la política exterior en cooperación.
Finalmente, deseo exponer aspectos vinculados con la igualdad de género, materia que inspira la iniciativa. Ello se asume incluso en cuanto a lo lingüístico.
Desde el punto de vista práctico, la principal modificación que se plantea tiene por objeto terminar con la discriminación que afecta actualmente a las funcionarias del servicio exterior y del Ministerio, en general, quienes no reciben asignación familiar por sus cónyuges cuando se encuentran destinadas en el extranjero, a diferencia de los funcionarios.
El proyecto termina con esa situación, y, además, extiende la medida a los convivientes civiles.
Una de las tareas más importantes que debe cumplir la Secretaría de Estado es la retención de las diplomáticas, porque en el devenir se registran deserciones y el propósito es establecer mecanismos que permitan mantenerlas en la carrera. Sobre todo, en la Academia Diplomática egresa hoy día un número de mujeres similar al de hombres, y ello indudablemente debe proyectarse a lo largo del desempeño.
Adicionalmente, y reconociéndose el estado civil respectivo, se le conceden al conviviente civil derecho a pasaje, flete, asignación de establecimiento y pasaporte, lo que hasta ahora se reservaba solo a los cónyuges. Ello obedece a una realidad en el servicio exterior.
Esto es, en definitiva, lo que quisiera dar a conocer como contenido de la iniciativa. Las conclusiones son obvias, y las evito para no extender en demasía mi exposición.
Termino agradeciendo el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el Senador señor Larraín e integrada por los Honorables señores Pizarro, Lagos, Chahuán y quien dirige en este momento la sesión.
A ello se agrega, por supuesto, la colaboración del Senador señor García-Huidobro, quien, sin pertenecer formalmente al órgano técnico, participa constantemente en su labor.
Espero que el proyecto sea aprobado en general.
El articulado contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, entiendo que hoy día solo se realiza la presentación y que la discusión se efectuará próximamente.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Entiendo que el acuerdo es escuchar el informe que el Presidente de la Comisión entregará formalmente en la sesión ordinaria del 5 de septiembre. Probablemente, el asunto será el primer punto de la tabla.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Ministro de Hacienda, para que se informe sobre CUMPLIMIENTO DE LEY N° 20.972 EN ENCASILLAMIENTO DE PROFESIONALES DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO.
A la señora Ministra de Salud, a fin de consultar por PLAZO MÁXIMO PARA TRÁMITE DE RECETAS ELECTRÓNICAS Y MOTIVO DE RETENCIÓN EN CASO DE SEÑORA XIMENA LABBÉ SEPÚLVEDA.
A la señora Subsecretaria de Educación, con el objeto de que se proporcionen antecedentes acerca de EVALUACIÓN DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD EN PRESUPUESTO DE 2018.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Ministro del Medio Ambiente, para que se informe respecto de MANTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUTURA DE PROYECTO SENDERO DE CHILE.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas del Maule, a fin de requerir antecedentes en cuanto a AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR PUEBLO HUNDIDO, LAS CONEJAS, MARISCADERO ALTO Y EL MANZANO, COMUNA DE PELLUHUE.
Al señor Director Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que se informe acerca de TRATADOS CON RATIFICACIÓN DE CHILE EN CUANTO A CUMPLIMIENTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR ENFERMOS DE MÁS DE 80 AÑOS EN PUNTA PEUCO.
Al señor Director Nacional de Gendarmería, con el objeto de que se proporcionen antecedentes respecto de SALUD DE ENFERMOS DE MÁS DE 80 AÑOS CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD; DETALLE DE EDAD, PADECIMIENTO Y VISITAS A CENTROS DE ATENCIÓN EN ÚLTIMOS 24 MESES, Y CONDICIÓN DE SEÑOR HÉCTOR OROZCO SEPÚLVEDA.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- En la hora de Incidentes, el Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Socialista e Independiente, tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Seré muy breve, señor Presidente.
Quisiera hacer presente la preocupación que me transmitieron los trabajadores de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), tratándose del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, en relación con el cumplimiento de la ley N° 20.972 y la dictación de decretos con fuerza de ley para el encasillamiento de las plantas de profesionales de los establecimientos respectivos.
En el grado 8, que es muy importante, había 31 cargos. La propuesta del Ministerio de Salud, en acuerdo con la FENPRUSS, fue de 33. Lamentablemente, Hacienda los redujo a 14.
A juicio de los dirigentes, con quienes me he reunido, ello afectará gravemente en ese nivel y perjudicará tanto la carrera funcionaria como las expectativas generadas a raíz de la aplicación del cuerpo legal, que efectivamente significaría un mayor beneficio en relación con las remuneraciones.
Por lo tanto, pido que se oficie a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro de Hacienda para conocer las razones por las cuales se ha procedido, en el cumplimiento de la ley N° 20.972 y el encasillamiento, de una manera que, en opinión de los dirigentes laborales, afectará el desarrollo de la carrera -repito- y las expectativas con relación a las remuneraciones.
Quería dejar constancia de esta preocupación, de que los trabajadores se reunieron conmigo y de que me comprometí a oficiar y a hacer presente el problema.
Estoy a la espera de poder conversar con el titular de Hacienda, a quien se lo pedí ahora, para ver si se abre alguna posibilidad. También me comuniqué telefónicamente con la Ministra de Salud a fin de saber si es factible una revisión, aunque entiendo que el tiempo es muy escaso, porque, según se me ha informado, aparentemente está pronto el envío a la Contraloría para la toma de razón.
En consecuencia, ojalá los oficios puedan servir para obtener una respuesta.
Sería mejor todavía si se modificara la situación, porque estimo legítimo considerar que la propuesta inicial del Ministerio de Salud era bastante mayor que la reducción efectuada por Hacienda.
Entonces, los dirigentes y los trabajadores de la FENPRUSS, que son 467 en total, se sienten claramente perjudicados por la forma de tratar el asunto.
Resulta deseable que el planteamiento pueda ser tomado en consideración antes del envío a la Contraloría y de que sea demasiado tarde.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, puede intervenir el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, a raíz del trato indigno y vejatorio recibido por el general en retiro señor Héctor Orozco Sepúlveda, de 91 años, quien ingresó el lunes 21 de agosto al penal de Punta Peuco, hecho conocido por la opinión pública a través de los medios de comunicación, los parlamentarios de la UDI hemos considerado importante señalar que se trata de una persona de edad avanzada con problemas de senilidad gravísimos.
Respetuosos de la Constitución Política, comprendemos el principio en virtud del cual los miembros del Congreso no debemos pronunciarnos acerca de los fallos en derecho que el Poder Judicial dicte en causas civiles y criminales. Sin embargo, abrigamos la más absoluta convicción de que en el caso expuesto estamos en presencia de actuaciones que, en los hechos, desafían los más elementales estándares de dignidad humana, independientemente del fallo en que consta la condena.
Los medios de comunicación informaron que el general en retiro Orozco fue detenido en su casa por efectivos de la Policía de Investigaciones y trasladado a Punta Peuco "vistiendo pijama y bata de levantarse puesto que no lo dejaron que fuese vestido en su domicilio". Asimismo, detallaron que dicha persona, quien sufre demencia senil, llegó al penal en pésimas condiciones.
Esta forma de proceder ha sobrepasado cualquier límite de sentido común, justicia y humanidad, y resulta inapropiada. No es admisible que, en el marco del cumplimiento de una resolución judicial -esta declaración no busca cuestionarla-, alguien se vea enfrentado a situaciones vejatorias, abusos que no condicen ni con las normas de la Carta, que obligan a toda persona, institución o grupo a garantizar el derecho constitucional a la integridad física y psíquica, ni con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país.
Convencidos de que el trato dado a este chileno es vejatorio -no por perder su libertad se halla condenado a perder su dignidad- y se suma a casos similares en contextos análogos, creemos que acá no se busca la justicia, sino derechamente una venganza que se aleja profundamente de los anhelos de reconciliación que debemos pretender como país.
En tal sentido, hacemos un llamado urgente y respetuoso al Gobierno para que repudie cualquier actuación de un organismo del Estado que, en el contexto de la autoridad que confieren la Constitución y las leyes, haga objeto de tratos inhumanos, degradantes y fuera de los mínimos márgenes de dignidad.
De la misma manera, emplazamos al Gobierno a promulgar cuanto antes la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y ya acogida por el Congreso Nacional.
El Artículo 13 de ese texto dispone:
"Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.
"Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.".
Dicho acuerdo internacional fue aprobado por unanimidad en el Senado y con una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados, y fue despachado el 17 de marzo recién pasado para su promulgación.
Exhortamos a la Presidencia de la República a dar cumplimiento pronto a dicho trámite, para proceder a la posterior ratificación con el fin de que ese instrumento sea parte de nuestro ordenamiento jurídico.
No queremos pensar que la dilación en la promulgación del tratado como ley de la República se debe a una maniobra dilatoria inexcusable que, de ser cierta, configuraría una infracción grave a las obligaciones emanadas de la propia Constitución Política de la República. Ello, en cuanto al establecimiento de derechos y deberes con relación a nuestros adultos mayores, cualquiera que sea su condición, incluidos los que se encuentran en una situación delicada de salud en cualquier recinto penitenciario, como lo es también el de Punta Peuco.
Nuestro país necesita transitar por caminos de justicia y de encuentro, no de venganza -y esto lo es, afirmación que no se basa sino en hechos evidentes, por todo lo sucedido y lo que hemos visto- y división. Lo ocurrido con el general Orozco y tantos otros presos de la tercera y la cuarta edades que viven situaciones inaceptables en sus condenas, independientemente de las causas y del recinto penal en que se encuentren -también es el caso del padre de la Diputada Marisol Turres, quien sufre del mal de Alzheimer, por lo que asimismo solidarizamos con ella-, tienen que ser alicientes para que el Gobierno y todos los Poderes del Estado reafirmen su convicción de que bajo ninguna circunstancia debe haber en Chile tratos inhumanos y degradantes.
Comprendemos que se trata de fallos de los tribunales de justicia. Si bien no vamos a cuestionarlos, sí podemos hacerlo respecto de las acciones vejatorias. Los derechos humanos son para todos, con prescindencia de las situaciones complejas de cada afectado. En ese contexto, tratándose del Gobierno y de las coaliciones políticas que han gobernado en las últimas décadas, creemos que ello exige ser consecuente y no contradictorio y extender a todos una garantía al respecto.
En virtud de lo mencionado, repito que esperamos justicia, no venganza.
Pido que se oficie al Director General de Investigaciones y al Ministro del Interior y Seguridad Pública con la finalidad de que se nos aclare la situación de la persona vejada y de que sepamos exactamente lo sucedido y cuáles serán las medidas que adoptará el Gobierno.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Al Comité Unión Demócrata Independiente le quedan apenas quince segundos. Se le dará un minuto al Honorable señor Larraín para que pueda intervenir.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible.
Quiero solicitar dos oficios.
El primero, por requerimiento de los dirigentes del Sindicato de Pescadores Artesanales de Loanco, encabezado por su Presidente, Mario Lara, se refiere al recurso pesquero de la jibia.
Según la información que obra en nuestro poder, este recurso no estaría regulado actualmente por ningún organismo público. Por lo tanto, es de libre explotación.
Sin embargo, la situación ha generado algunas dificultades, porque al no haber otros recursos disponibles, como la merluza, la jibia está siendo explotada ampliamente por distintos sectores, lo cual está produciendo dificultades e incluso un tipo de pesca indebida, como es la de arrastre, de un recurso que debería ser cautelado de forma de asegurar su sustentabilidad.
Por estas razones, solicito que se oficie al Consejo Nacional de Pesca y a la Subsecretaría de Pesca, a fin de que se estudie la regulación de esta pesquería, la de la jibia; se fijen cuotas de extracción; se privilegie a los pescadores artesanales, en particular a los de botes pequeños, de tamaño inferior a quince pies; y, adicionalmente, se prohíba el uso de la pesca de arrastre respecto de este recurso.
El señor LARRAÍN.- En otro ámbito, señor Presidente, solicito que se oficie al Gobierno respecto de una inquietud que he recibido del Sindicato de Trabajadores Independientes y Armadores de Constitución, encabezado por su Presidente, Alex Barrera Quiroz; su Secretario, Carlos Faúndez Vargas, y su Tesorero, Eric Letelier Montecino.
Esta es una organización de pescadores artesanales que opera en el muelle Maguillines, de la ciudad de Constitución, en la Región del Maule.
Actualmente, cuentan con una flota de 41 embarcaciones, que equivale al 70 por ciento de las que operan en ese muelle, y cuyo desembarque equivale...
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Su Señoría, ya le hemos dado un tiempo extra.
El señor LARRAÍN.- Trataré de ser muy breve.
El señor MOREIRA.- Renovación Nacional nos cedió tiempo.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Puede continuar, señor Senador.
Como decía, el desembarque equivale al 83 por ciento del total realizado en el muelle. Esta es una fuente de trabajo que genera 205 puestos laborales directos (tripulantes y más de cien asistentes de caleta), además de 80 empleos indirectos, etcétera.
Sin embargo, este grupo no ha sido considerado para la administración del muelle Maguillines.
Esa es la principal inquietud que ellos representan.
Han hablado con la Dirección de Obras Portuarias a fin de ser incluidos, pero ello no ha sido posible. Según me han señalado, las autoridades competentes están trabajando con otro sindicato, con otros grupos y no consideran a estos trabajadores bajo ningún concepto, no obstante la importancia que tienen en la administración de dicho muelle.
En la presentación que me hicieron llegar -y que puedo acompañar- describen diversos casos que les parecen impresentables y que se podrían resolver si tuvieran participación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Pesca, a fin de que consideren darles participación a estos trabajadores en la administración del muelle Maguillines.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Corresponde el turno del Comité Independientes y Partido Amplitud.
No intervendrá.
En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Lagos.
Respecto a la solicitud realizada por la Senadora Allende en relación con la demanda de apoyo planteada por la FENPRUSS de la Quinta Región (básicamente, del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio), vinculada a los ajustes de una propuesta que están conversando con el Ministerio de Salud, pido en lo posible agregar mi firma a dichos oficios o tramitar otros por separado en mi nombre -lo que sea mejor-, por cuanto es una demanda que ha sido planteada a diversos parlamentarios de la Región de Valparaíso.
Con los representantes de la FENPRUSS hemos trabajado durante muchos años y conocemos exactamente qué están solicitando y cuáles son los temas.
Lamentablemente, acá no hay un desencuentro en el fondo, sino un desajuste entre las propuestas y los cálculos realizados eventualmente por el Ministerio de Salud, que llevaron a una diferencia entre lo solicitado por los representantes de los trabajadores de la FENPRUSS y lo que podía otorgar dicha Cartera. Entendemos que el Ministerio de Salud se allanó a las propuestas de estos últimos. Sin embargo, al parecer no calzaban los números.
Por lo tanto, lo que se solicita respetuosamente es que se honre el compromiso acordado con la FENPRUSS, dadas las particularidades que tiene esta Región.
Esto lo planteamos en el contexto de las demandas de Salud, que son largamente anheladas en nuestra Región de Valparaíso.
Hoy, gracias al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y a los esfuerzos realizados por el Ejecutivo anterior, estamos en un proceso de construcción, remodelación y reposición de hospitales, como es el caso del Gustavo Fricke, cuya primera piedra la colocó el Presidente Sebastián Piñera, y que se encuentra en tierra derecha: se terminará los primeros meses del próximo año.
Asimismo, seguimos luchando para contar con centros hospitalarios cuya construcción está retrasada, pero que se halla en marcha, como es el caso del Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio, y del de Casablanca.
Esto tiene que ver con una mirada más amplia del tema de infraestructura hospitalaria, para lo cual el actual Gobierno asumió compromisos, muchos de los cuales están materializándose, pero con algún retraso, lo que ocurre en distintos lugares a lo largo de nuestro país.
Como señalaba el Senador Prokurica, creo, todavía está pendiente la reposición de los hospitales de Huasco y de Diego de Almagro, en la Región de Atacama. Y lo mismo ocurre en Quellón, en fin.
En consecuencia, solicito simplemente que se agregue mi firma a los oficios planteados por la señora Senadora o se envíen otros por separado a las mismas autoridades y en un sentido similar.
Además, aprovecho de dejar planteada nuestra profunda preocupación por los problemas que ocurren en la Región de Valparaíso, como en otras regiones de Chile donde también hay deudas pendientes en materia hospitalaria.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- El Comité Partido PAÍS y el Partido Demócrata Cristiano e Independiente no harán uso de sus tiempos.
--Se levantó a las 19:32.

References: resolución 
 artículo 17
 artículo 77
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 98
 artículo 28
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 98
 artículo 37
 artículo 109
 artículo 98
e contrario
 artículo 37
 artículo 21
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 28
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 13