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Timestamp: 2018-10-20 04:43:54+00:00

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﻿ Sentencia C-218 de abril 22 de 2015
SENTENCIA C-218 DE 22 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:TASA DE VIGILANCIA EN FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. SE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE ALGUNOS APARTES DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 1450 DEL 2011, EL CUAL AMPLIÓ EL COBRO DE LA TASA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1ª DE 1991 A LA TOTALIDAD DE LOS SUJETOS VIGILADOS ACTUALMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE (SUPERTRANSPORTE) Y ESTABLECIÓ A CARGO DE LOS NUEVOS VIGILADOS LA OBLIGACIÓN DE FINANCIAR, ADEMÁS, LOS GASTOS DE INVERSIÓN. COMO LA DISPOSICIÓN ANALIZADA ESTABLECIÓ SOLAMENTE PARA ESTOS ÚLTIMOS SUJETOS LA OBLIGACIÓN DE CONCURRIR A LOS GASTOS DE INVERSIÓN, ESTO VIOLA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, PUES GENERA UNA SOBRECARGA ADICIONAL PARA ESTOS Y NO A LOS ANTIGUOS OBLIGADOS, QUIENES SOLO FINANCIAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, AFIRMÓ EL ALTO TRIBUNAL. EN EFECTO, “NO HUBO NI EXISTE EXPLICACIÓN ALGUNA QUE PERMITA COMPRENDER POR QUÉ SE ESTABLECIÓ UNA METODOLOGÍA DIFERENCIAL PARA EL COBRO Y EL TOPE DE DICHA TASA”, AÑADIÓ. CABE RESALTAR QUE EL FALLO ACLARÓ QUE LOS RECURSOS APROPIADOS CON FUNDAMENTO EN LA NORMA DEMANDADA FUERON INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015, LEY DE PRESUPUESTO ACTUALMENTE VIGENTE. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO Y LA EXPRESIÓN “Y/O INVERSIÓN” Y SE DECLARA EXEQUIBLE, EL RESTO DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 1450 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, TASA, SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y TRANSPORTE, INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y TRANSPORTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:523 DE JULIO DE 2015, PÁG.1361
Sentencia C-218 de abril 22 de 2015
Ref.: Expediente D-10445
De conformidad con el Diario Oficial 48.102 del 16 de junio de 2011, se procede a transcribir el texto de las disposiciones demandadas:
ART. 89.—Superintendencia de Puertos y Transporte. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
PAR.—Facúltase a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que en un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las características técnicas de los sistemas de seguridad documental que deberán implementar cada uno de los vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al usuario de la falsificación.”.
1. Cuestión preliminar: Aptitud de la demanda.
Por consiguiente, corresponde a la Sala Plena determinar de manera previa, la aptitud de la demanda presentada, según la cual, los apartes demandados del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, quebrantan los artículos 4º, 13, 58, 95-9, 243, 338 y 363 de la Constitución.
Una vez efectuado el análisis, la Corte observa que los argumentos por los cuales los actores consideran que las expresiones acusadas vulneran la Constitución: son claros, porque permiten entender en que consiste el cuestionamiento propuesto respecto de la diferencia que hay entre los contribuyentes obligados por la Ley 1ª de 1991 y la Ley 1450 de 2011; (ii) son ciertos, porque parte de una premisa verdadera según la cual hay un trato diferenciado al momento de concurrir a la financiación de la Superintendencia de Puertos y Transporte y no una interpretación propia del actor; (iii) son pertinentes porque confrontan la disposición demandada con la Carta Política, de manera concreta con los artículos 4º, 13, 58, 95-9, 243, 338 y 363, y solamente acuden a una norma de carácter legal, como la Ley 1ª de 1991 a efectos de establecer el trato diferenciado que, en su concepto, vulnera los mandatos constitucionales referidos; (iv) son específicos porque formulan por lo menos un cargo por violación de la igualdad, contra la norma demandada; (v) es suficiente porque despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, toda vez que presenta una diferencia entre la carga impositiva con la cual tienen que concurrir los beneficiarios de la misma prestación, razón por la cual se hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
En tal virtud, los argumentos aducidos por los actores en la demanda reúnen las condiciones mínimas establecidas en el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia de esta corporación, para ser admitida y realizar un examen y proferir una decisión de fondo. En síntesis, sin que sean necesarias mayores disertaciones, la Sala considera que la demanda atiende los requisitos para abordar un estudio de fondo. No obstante, como la acusación únicamente se centra en la presunta vulneración del derecho a la igualdad y del principio de equidad tributaria, la Corte se concentrará en el examen constitucional de dichas normas (C.P., arts. 13 y 363).
Sin embargo, cuando pese a la desaparición de las disposiciones, éstas continúan produciendo efectos y regulando situaciones jurídicas actuales, el fundamento para adelantar el control constitucional se conserva pues “en la medida en que el poder normativo de los enunciados derogados se extiende en el tiempo o puede llegar a hacerlo, el tribunal constitucional tiene la obligación de examinar su constitucionalidad, en prevención de la generación de efectos contrarios a la Carta”(10).
2. Problema jurídico y metodología de resolución.
3. Los principios de equidad e igualdad tributaria. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El artículo 363 de la Constitución, señala que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Como la tributación es un deber de la persona y del ciudadano, debe tenerse en cuenta que no todas las personas pueden concurrir al sostenimiento del Estado en la misma medida, sino que ello debe exigirse de manera proporcional, acorde con su capacidad económica y en algunos casos en correspondencia a los servicios que se presta.
Ese tratamiento diferenciado en virtud a la posibilidad real y efectiva de contribuir con el sostenimiento estatal ha sido denominado por esta corporación como el principio de equidad tributaria que tiene por objeto “la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión”(11).
3.2. No obstante, al igual que todos los principios, la equidad no tiene un valor absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, pues en algunas ocasiones es necesario limitar su aplicación, sin desconocer la misma, para satisfacer otro u otros principios constitucionales que en casos específicos aumentan el espectro de protección de garantías ius fundamentales(12). Como ha dicho la Corte, “tales sacrificios [al principio de equidad] no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes”(13).
3.3. En atención de lo expuesto surge un interrogante ¿cuáles son los motivos suficientes para concluir que la afectación del principio de equidad desconoce las garantías ius fundamentales? La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular señalando que la afectación al principio reseñado se configura cuando su fundamentación no incorpora criterios que permitan identificar la razonabilidad de la medida, la idoneidad para perseguir los fines establecidos en la Constitución y la eficacia de actuar de dicha manera y no de otra(14).
3.4. Por ello, aquellas disposiciones legales que generen cargas tributarias diferenciadas entre los sujetos obligados a pagar un tributo sin justificación para ello, desconocen la Constitución Política, porque el “[e]l tributo deber ser aplicado a todos aquellos sujetos que tengan capacidad contributiva y que se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho, lo cual garantiza el mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas”(15). Tal planteamiento, a su vez, ha sido recogido en el denominado principio de generalidad, “cuyo enunciado implica que el universo de los sujetos pasivos del tributo debe comprender a todas las personas que tengan capacidad contributiva (criterio subjetivo) y desarrollen la actividad o conjunto de actividades gravadas (criterio objetivo)”(16). En síntesis, el principio de equidad tiene por objeto que quienes se encuentran en situaciones similares, con capacidad económica similar, soporten una carga tributaria igual.
3.5. De otra parte, la Corte Constitucional ha expuesto que el derecho a la igualdad es la obligación de dar el mismo trato a personas que se encuentren en supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgar un trato diferenciado, así como también, otorgar un trato diferenciado ante situaciones disímiles(17). Estos supuestos pueden decantarse en los siguientes criterios:
(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”(18).
Con el propósito de establecer si una disposición legal vulnera el principio de igualdad en materia tributaria, la Corte Constitucional ha acudido al denominado “test de razonabilidad” que sirve para “armonizar la amplia potestad de configuración legislativa con el respeto de los derechos constitucionales y los principios en los que se funda el sistema, como los de equidad e igualdad en materia tributaria”(19). En este se analiza (i) el fin que busca el legislador al establecer el tributo; (ii) valorar el medio empleado para tal fin; y (iii) evaluar la relación existente entre el medio y el fin.
4. La Ley 1ª de 1991 y los sujetos de vigilancia de la Superintendencia General de Puertos.
4.1. La Ley 1ª de 1991, denominada Estatuto de Puertos Marítimos, surgió en el contexto de la globalización económica y el proceso de apertura económica en Colombia, como una respuesta a procesos de integración económica, competitividad y aumento del comercio internacional(20).
Diez años después, por medio del Decreto 101 de 2001, el Gobierno Nacional restructuró la referida Superintendencia y creó la Superintendencia de Puertos y Transportes, atribuyéndole las funciones de inspección, vigilancia y control al servicio público de transporte. Luego, en el numeral 3º del artículo 1º de la Resolución 6 de 2003, recogió el sistema y método establecido en el numeral 2º del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991. Estableciendo la fórmula para la determinación de la tasa de vigilancia, así:
• TVSp: Tasa de vigilancia de la Supertransporte correspondiente a los sujetos de vigilancia de que trata la Ley 1ª de 1991.
• GFV: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
• IBSVp: Ingresos brutos de los sujetos vigilados de que trata la Ley 1ª de 1991.
4.2. Con base en la mencionada metodología se calcularon año a año los porcentajes correspondientes a la tasa de vigilancia hasta la vigencia 2012, de la siguiente manera:
Fuente: Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Guía para Fijar la Tarifa por Concepto de Tasa de Vigilancia (2013). Antecedentes, propuesta para el cálculo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia para la vigencia 2013, pág. 5.
a) Resolución 2 del 7 de noviembre de 2002.
b) Resolución 10900 de 2003.
c) Resolución 4001 de 2004.
d) Resolución 2532 del 16 de septiembre de 2005.
e) Resolución 3700 de 2006.
f) Resolución 3306 del 16 de agosto de 2007.
g) Resolución 4297 del 10 de octubre de 2008.
h) Resolución 1087 del 25 de marzo de 2009.
i) Resolución 1778 del 12 de mayo de 2010.
j) Resolución 3393 del 14 de septiembre de 2011.
k) Resolución 10225 del 23 de octubre de 2012.
Hasta el año 2011 la Superintendencia de Puertos y Transportes realizó el cálculo de la tasa por concepto de vigilancia teniendo en cuenta únicamente las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, ya que de acuerdo con el artículo 27, numeral 2 Ley 1a de 1991, solo a estos eran sujetos de tal obligación.
5.1. De conformidad con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, era necesario fortalecer técnica, institucional y financieramente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, SPT, garantizando su sostenibilidad financiera a través del cobro de cuota de vigilancia a todos los agentes vigilados(21).
Con ese propósito el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
• TVSn: Tarifa tasa de vigilancia derivado de la ampliación de cobro a los nuevos vigilados.
• GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
• IBSVn: Ingresos brutos de los sujetos de vigilancia, inspección y control por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
5.2. Con relación a los gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte, debe tenerse en cuenta que están establecidas tanto en la metodología empleada en la Ley 1ª de 1991 como en la señalada en la Ley 1450 de 2011(22). Ahora bien, para establecer los gastos de funcionamiento e inversión, para el caso de los nuevos vigilados, tal entidad envía la información certificada y definitiva(23), para determinar el porcentaje de la tasa de vigilancia.
5.3. Ahora bien, la ampliación del universo de sujetos vigilados, como puede observarse a partir de los datos obtenidos por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, ha incrementado de manera notable el presupuesto de la entidad permitiendo con ello la consolidación de su proceso de modernización, como puede observarse en la siguiente tabla:
Fuente: Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Guía para Fijar la Tarifa por Concepto de Tasa de Vigilancia (2013). Antecedentes, propuesta para el cálculo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia para la vigencia 2013, pág. 9.
5.4. Como puede observarse, a partir del año 2012 el presupuesto asignado a la Superintendencia aumentó de manera notoria, toda vez que la base de sujetos obligados aumentó a la totalidad de sujetos vigilados por esa entidad. Es pertinente exponer que según el reporte de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte(24), desde el año 2009, parte del presupuesto asignado ha sido destinado a costos de inversión:
Fuente: Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Guía para Fijar la Tarifa por Concepto de Tasa de Vigilancia (2013). Antecedentes, propuesta para el cálculo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia para la vigencia 2013, pág. 10.
6. Examen de la disposición acusada.
6.1. De conformidad con las consideraciones expuestas, corresponde a la Corte determinar si los apartes demandados del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 vulneran los principios fundamentales de equidad e igualdad tributarias. Para ello, de manera preliminar, la Sala debe precisar si la disposición acusada establece realmente un trato diferenciado entre los sujetos sometidos a inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
A. Metodología para establecer la tasa por concepto de vigilancia de los sujetos vigilados en virtud del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011(25).
• TVSn: Tarifa tasa de vigilancia derivado de la ampliación del cobro a los nuevos vigilados.
B. Metodología para establecer la tasa por concepto de vigilancia de los sujetos vigilados en virtud del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991(26).
Ley 1ª de 1991, art. 27 num. 2
Ley 1450 de 2011, art. 89
“Superintendencia de Puertos y Transporte. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.”.
“(...) [s]e hace necesario fortalecer técnica, institucional y financieramente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, SPT —que pasará a llamarse Superintendencia de la Infraestructura y el Transporte, SIIT— otorgándole la personería jurídica y garantizando su sostenibilidad financiera a través del cobro de cuota de vigilancia a todos los agentes vigilados. El fortalecimiento incluirá una reforma de su estructura, funciones, procesos y procedimientos internos, una revisión de competencias y su interrelación con las demás entidades, lo que deberá estar acompañado por una reforma del régimen de infracciones y sanciones. La SPT también protegerá los intereses y derechos de los usuarios con mecanismos de recepción y tramitación de quejas o reclamos, dentro del marco legal y regulatorio vigente.
Con esta supervisión efectiva, el país logrará, entre otros, (1) detectar y corregir deficiencias producto de la insolvencia económica de algunas concesiones, evitando atrasos y encarecimientos injustificados en las obras que se adelanten, (2) impulsar medidas encaminadas a que los puertos marítimos, fluviales y aéreos sean mucho más eficientes, y así generar mayores rendimientos en materia de comercio exterior, (3) promover la legalidad y el fortalecimiento del sector transporte, en todos los modos, lo que impactará en la disminución de los costos de bienes y servicios, pudiendo así ser garante de la cadena logística que alimenta a nuestra economía”(27).
“a) Gastos de funcionamiento: son aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir, los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico.(28)”.
b) Gastos de inversión: Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser en algún modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se haya destinado por lo común a extinguirse con su empleo.”(29).
(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo, incluyendo además de los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, en la base gravable tanto de los nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar diferencias entre unos y otros”(30).
1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, salvo la expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE.
2. Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados”.
(10) Cfr. Sentencia C-269 de 2014.
(11) Sentencia C-734 de 2002.
(12) Cfr. Sentencia C-249 de 2013.
(13) Sentencia C-409 de 1996. En esa oportunidad la Corte Constitucional debía examinar la conformidad con el principio de equidad tributaria, de una norma que establecía límites a los costos deducibles en que un agente económico hubiese incurrido en el exterior. La corporación señaló entonces que era cierto —como lo aseguraba el ciudadano demandante— que “(...) estas limitaciones legales pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta corporación ya había establecido que tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes, pues no sólo el legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que, además, tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de un impuesto específico. Así, ha dicho al respecto la Corte que "la ideal coexistencia de equidad y eficiencia, no siempre se puede traducir con exactitud en la realidad normativa y en la praxis, en las cuales una ganancia en equidad puede tener un costo en eficiencia y un incremento de esta derivar en pérdida en aquélla”, por lo cual es posible favorecer un principio incluso afectando el otro, sin que ello sea inconstitucional “hasta el punto en que, atendidas las circunstancias históricas, un sacrificio mayor carezca de razonabilidad"”.
(14) Cfr. Sentencia C-249 de 2013.
(15) Sentencia C-876 de 2002.
(16) Sentencia C-734 de 2002.
(17) Sentencia C-1125 de 2008.
(19) Sentencia C-1021 de 2012.
(20) Exposición de motivos de la Ley 1ª de 1991, cit. La exposición de motivos del Estatuto Portuario encabeza así: “Las profundas transformaciones políticas y económicas que se han vivido en el mundo en los últimos años, tendientes a la creación de un nuevo orden económico internacional caracterizado por la integración económica, competitividad y aumento del comercio internacional obligan a Colombia a definir una nueva política portuaria, para aprovechar las oportunidades que ese nuevo orden ofrece…”.
(21) https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1182. Página 37. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos.
(22) Información reportada por la Supertransporte mediante el oficio 20135400317301 del 19 de septiembre de 2013, radicado en el Ministerio con el número 20133210540602 del 19 de septiembre de 2013
(23) Oficios 20131000309421 del 12 de septiembre de 2013, 20135400317301 del 19 de septiembre de 2013 y el 20135400343701 de 2 de octubre de 2013, radicados en el Ministerio de Transporte con los Nos 20133210532962 y 20133210540602 del 17 y 19 de septiembre del 2013 y el 20133210573192 del 4 de octubre de 2013, respectivamente. Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Guía para Fijar la Tarifa por Concepto de Tasa de Vigilancia (2013). Antecedentes, propuesta para el cálculo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia para la vigencia 2013, pág. 9.
(24) Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Óp. cit., pág. 10.
(25) Ministerio de Transporte. Oficina de Regulación Económica. Guía para fijar la tarifa por concepto de tasa de vigilancia (2013) antecedentes, propuesta para el cálculo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia para la vigencia 2013. Página 7. https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=10713
(27) https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1182. Página 37. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos.
(28) Consejo de Estado. Sentencia del 9 de Noviembre de 2001. Expediente 11790.
(29) Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instructivos y formatos para la programación del presupuesto de la Nación. Disponible en: http//www.minhacienda.gov.co.co/portal/page/portal/HomeMinHacienda/prespuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN/2014/b.%20INSTRUCTIVO%20PARA%20LA%20ELABORACIÓN%20DEL%20ANTEPROYECTO%20DE%20PRESPUESTO_0.PDF

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