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Timestamp: 2019-07-21 20:21:01+00:00

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Exp. 24151-2017-0-5001-SU-DC-01 - Cédula - 19607-2018
AC043-2018 [2017-03566-00]
APUNTES Nº 4, Organos y Principios 2016
25920(21-02-07).pdf
Pronunciamiento CIN 2x1
Secretario De Sala - Suprema:BAZAN CACHATA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
Cynthia (FAU20159981216)
Fecha: 28/12/2017 10:35:09,Razón: RESOLUCIÓN
DE LA REPÚBLICA R.N. N.° 1272-2016LIMA,FIRMA DIGITAL - CERTIFICACIÓN DEL
VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DEL
COIMPUTADO.
Sumilla: El coimputado que ha declarado
indistintamente en las etapas del proceso
penal, las mismas que se hayan actuado con
las garantías legalmente exigibles, el Tribunal
no está obligado a creer aquello que se dijo
en el acto oral, sino que tiene libertad para
conceder mayor o menor fiabilidad a unas u
otras de tales declaraciones, pues puede
ocurrir, que por determinadas razones,
ofrezca mayor credibilidad lo declarado en
la etapa de instrucción que lo dicho después
en juicio oral, como ha ocurrido en el caso
materia de alzada.
VISTOS; los recurso de nulidad interpuesto
por el representante del Ministerio Público y el acusado Fernando Antonio
Sanjinés Tipian, contra la sentencia de fojas 562/575, de 30 de diciembre de
2015, emitida por la Segunda Sala Especializada Penal Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte, que en un extremo condenó al acusado
Fernando Antonio Sanjinés Tipian, como autor del delito contra el patrimonio,
en la modalidad de robo agravado, en agravio de Elvis Gregorio Contreras
Rivas, a quince años de pena privativa de libertad; así como, al pago de dos
mil soles por concepto de reparación civil.
De conformidad con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal
§. SUCESO FÁCTICO.-
Primero: El día 26 de marzo de 2012, a las 03:30 horas aproximadamente, los
procesados Fernando Antonio Sanjinés Tipian y Cristhian Jimmy Castro Muñoz,
en compañía de otros dos sujetos desconocidos, se constituyeron al inmueble
del agraviado ubicado en la avenida Revolución N.° 301-303, del distrito de
Comas, con la finalidad de sustraer dos (02) balones de gas color morado o
lila, pertenecientes al comedor popular “Luz y Esperanza” y que al ser
sorprendidos por el agraviado quien se encontraba descansando en su
interior, quien puso resistencia, por lo que los acusados cogiendo un objeto
contundente duro le profirieron lesiones traumáticas externas en el cráneo,
DE LA REPÚBLICA R.N. N.° 1272-2016
que conllevó al deceso del agraviado. Posterior a los hechos antes descritos,
siendo las 08:00 horas aproximadamente al inmueble se constituyó el albañil
Juan Alonso Villon Ángeles, quien advirtió la escena del delito, en donde se
encontraba tendido en el piso el agraviado, dando cuenta de los hechos al
personal policial y poniendo en conocimiento a Clotilde Flores Ortiz en su
calidad de Presidenta del Comedor “Luz y Esperanza”, y esta señaló que al
llegar al lugar observó el cadáver del occiso y que en el almacén donde
había víveres, ollas, y utensilios se encontraba desordenado, faltando dos
balones de gas, de los cuales uno estaba vacío y el otro lleno, bienes que
fueron sustraídos por los procesados, los mismos que luego fueron ofrecidos en
venta a la señora Santana Lozano Bonifacio.
§. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.-
Segundo: La Sala Superior fundamenta la sentencia condenatoria en contra
Fernando Sanjinés Tipian, al considerar la declaración del encausado Cristhian
Jimmy Castro Muñoz “chuqui”, la misma que se realizó con presencia del
representante Ministerio Público, en la cual narra detalladamente como el
sentenciado escaló la pared para entrar al inmueble del agraviado y
posteriormente salir con dos balones de gas color morado; asimismo, narra
cómo en horas de la tarde del mismo día, el sentenciado Sanjinés Tipian se
acercó al puesto de venta ambulatoria de propiedad de Santana Lozano
Bonifacio para ofrecer en venta los dos balones de gas color morado sustraído
en horas de la madrugada. Si bien la información fue negada en sede sumaria
así como durante los debates, esta información sigue siendo coherente en el
tiempo, guardar relación con lo sostenido por Luciano Acostupa Rivas, Clotilde
Flores Ortiz, los cuales concuerdan con la existencia de dos balones de gas, así
también no inciden vestigios de odio ni resentimiento en las declaraciones de
Castro Muñoz por lo que se cumple con las garantías de certeza establecidas
en el Acuerdo Plenario 2-2005- CJ-116.
§.EXPRESIÓN DE AGRAVIOS-
Tercero: El representante del Ministerio Público, en su recurso de nulidad de
fojas 582, cuestiona el extremo de la pena y la reparación civil impuesta a
Fernando Antonio Sanjinés Tipian, toda vez que se encuentra plenamente
probado su participación en el delito materia de sentencia, por cuanto en la
ropa de vestir que le fuera incautada (casaca de buzo sintético, pantalón de
vestir, par de zapatillas) a la cual se le ha practicado pericia de examen
fisicoquímico, se halló rastros de sangre (hematíes). Respecto a la reparación
civil debe establecer el pago de S/. 100,000. 00 soles.
Cuarto: El acusado Fernando Antonio Sanjinés Tipian, en su recurso de nulidad,
de fojas 588/592, alega lo siguiente: a) No hay prueba directa o indirecta del
delito que se le imputa; b) La prueba de cargo del Ministerio Público,
consistente en la declaración a nivel policial sin presencia de abogado y en
estado etílico de Cristhian Jimmy Castro Muñoz, no fue ratificado a nivel
judicial ni a nivel del juicio oral; pues por el contrario este, señaló que fue
obligado por los policías a declarar y que estaba en estado de ebriedad; c)
No existe proporcionalidad respecto al juicio de responsabilidad del recurrente
con el de su coprocesado, lo que vulnera el principio de presunción de
inocencia; d) No se ha probado quien fue el autor o cómplice, pues no se le
puede considerar como autor por el solo dicho de su coprocesado, quien
incluso ha sido absuelto; e) No existe motivación en la resolución recurrida; f)
La entrevista personal realizada a Santana Lozano Bonifacio, sin participación
del Ministerio Público, no puede ser usado como prueba indirecta por cuanto
no ha sido ratificada a nivel judicial; g) En aras de acreditar su inocencia
presenta la declaración jurada debidamente legalizada ante notario público
realizada por Susana Virginia Tipian García, madre del recurrente quien
declara bajo juramento que el recurrente trabaja como cobrador de combi
en la empresa de transporte UVITA, y que en la madrugada del día 26 de
marzo de 2012, al no llegar a casa el recurrente, sale a buscarlo y lo encuentra
tomando calientito en el puesto del mercado y se lo lleva a su casa para que
descanse ya que debía trabajar ese día; asimismo, presenta un certificado de
trabajo emitido por el Consorcio Uvita y otros certificados de trabajo emitidos
por otras empresas y un recibo de EDELNOR que certifica un domicilio
§. ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL.-
Quinto: Debiendo además señalar que en materia recursal constituye un
imperativo la limitación del conocimiento del Juez Superior en Grado, respecto
a los extremos impugnados de la resolución del Juez que emitió la resolución
impugnada, pues opera el Principio del Efecto Parcialmente Devolutivo –“Tanto
deferido como lo reclamado”- en cuya virtud la Corte Suprema debe reducir los
límites de su resolución únicamente a las cuestiones promovidas en los
recursos; las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal
del órgano de alzada.
Sexto: Corresponde precisar que la materialidad del delito se encuentra
plenamente corroborado con la declaración del coprocesado absuelto
Cristhian Jimmy Castro Muñoz, de fojas 22/27, la misma que se realizaron en
presencia del representante del Ministerio Público, y conforme a lo establecido
en el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales tiene valor probatorio,
donde refirió que el día de los hechos siendo las 03:00 horas aproximadamente
cuando transitaba por la avenida Revolución, se encontró con el sentenciado
Fernando Antonio Sanjinés Tipian, conocido como “Moroco”, es así que al
encontrarse a cuatro casas de la vivienda del agraviado Elvis Gregorio
Contreras Rivas, le indicó que le espere en dicho lugar y que le avisara si
alguien venía, posteriormente el sentenciado se encontró con dos personas
más con quienes procedieron a ingresar a la vivienda del agraviado,
procediendo a escalar la pared, permaneciendo en el interior del domicilio
por espacio de media hora aproximadamente donde estos sujeto y el
acusado salieron portando balones de gas de color morado o lila,
procediendo a retirarse del lugar. Asimismo, señala que cuando se
encontraba tomando emoliente con caña, aproximadamente a las 17:30 o
18:00 horas, donde la señora Santana Lozano Bonifacio, conocida como
“Ana”, se hizo presente el sentenciado Fernando Antonio Sanjinés Tipian, quien
portaba los balones de gas que había robado en horas de la madrugada, a
fin de ofrecerlos en venta, y ante la negativa de esta procedió a retirarse, en
compañía de otros sujetos; lo mismo también se detalla en el Acta de
Entrevista Personal de Jimmy Castro Muñoz, de fojas 40/42. Si bien a nivel de la
instrucción y juicio oral –véase fojas 149/151 y 442/444- este se retractó de lo
vertido a nivel preliminar, ante ello debemos remitirnos a lo establecido en el
Recurso de Nulidad N.° 3044-2004, considerando quinto que refiere lo siguiente:
“cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas
del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de la instrucción
se haya actuado con las garantías legalmente exigibles – situación que se extiende a las
declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma
habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor- el
Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para
conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir,
por determinadas razones- que el Tribunal debe precisar cumplidamente-, que ofrezca mayor
credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en juicio oral, en
tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de
igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad-cumplimiento,
en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción- (...)”; hecho que se advierte
en la declaración preliminar de Jimmy Castro Muñoz, la misma que fue
prestada en presencia del representante del Ministerio Público, que fue
incorporada en juicio oral –véase fojas 442 –.
Séptimo: Además se tiene el Acta de Entrevista realizada a Santana Lozano
Bonifacio, de fojas 37/39, de donde detalló que las personas: Fernando
Antonio Sanjinés Tipian, conocido como “Moroco” y Cristhian Jimmy Castro
Muñoz, conocido como “Chumpi”, se presentaron ante ella portando balones
de gas de color lila, a las 17:30 horas aproximadamente, ofreciéndole en
venta a lo que no accedió. Si bien, las citadas actas no fueron realizadas en
presencia del representante público, las mismas fueron realizadas a fin de
esclarecer e investigar los hechos, conforme lo faculta el artículo 64 del
Código de Procedimientos Penales; siendo ello así, dentro de la labor de
búsqueda la policía ubicó a la señora Santana Lozano Bonifacio y al entonces
procesado Jimmy Castro Muñoz; además dicha acta fue válidamente
incorporada en el proceso, conforme obra a fojas 515. Aunado a ello, se tiene
también la declaración de Luciano Acostupa Rivas, de fojas 31/33, donde
refirió que el móvil de la muerte de su hermano fue el robo de los balones de
gas que había en su casa, la misma que pertenecía al comedor que
funcionaba en la misma casa.
Octavo: Sobre la inexistencia de la proporcionalidad respecto al juicio de
responsabilidad del acusado Fernando Antonio Sanjinés Tipian con el de su co
procesado, al respecto advertimos que la Sala Superior ha analizado
debidamente cada conducta de los sujetos incriminados en el proceso (autor
y posible cómplice del delito) conforme se detalla en el fundamento 5.4 y 5.5.
de la sentencia; debiéndose resaltar que en el derecho penal las conductas
son sancionadas según el grado de culpabilidad del agente, en el presente
caso existe duda respecto a la participación de Jimmy Castro Muñoz, en la
perpetración de los hechos, por lo que en mérito al principio de indubio pro
reo fue absuelto; sin embargo, respecto al recurrente conforme ya lo hemos
detallado existe prueba suficiente que acredita su responsabilidad en el delito
atribuido; por ende no se vulnera el principio de presunción de inocencia.
Máxime si el titular de la acción penal no ha refutado el extremo absolutorio
Noveno: De la inexistencia de la motivación en la resolución recurrida,
debemos precisar que el artículo 139, numeral 3), de la Constitución Política
estatuye como principio y derechos de la función jurisdiccional observancia
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Acorde con tales principio -
derechos, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está obligado a
observar los principios, derechos y garantías que la carta magna establece
como límites del ejercicio de las funciones asignadas. En tal sentido, la
exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales es un principio
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo tiempo un
derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella se garantiza, por un
lado, que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la
Constitución y las leyes (numerales 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que
los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa1. En
cuanto al derecho a la debida motivación el Tribunal Constitucional ha
dejado sentado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación
jurídica, congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si misma, exprese una suficiente
Sentencia del tribunal Constitucional N° 000038-2010-PHC/TC, Fundamentos Jurídicos 2, 3.
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa2”; lo cual se advierte
Décimo: Lo que se analiza en este proceso penal es la materialidad del delito y
su vinculación con el acusado, lo cual ha quedado plenamente corroborado;
por lo que si bien el recurrente presenta ciertos documentos, tales como:
declaración jurada realizada por Susana Virginia Tipian García, madre del
recurrente quien declara bajo juramento que el sentenciado trabaja como
cobrador de combi en la empresa de transporte UVITA, y que en la
madrugada del día 26 de marzo de 2012, estuvo en su hogar; así como, el
certificado de trabajo emitido por el Consorcio Uvita y otros certificados de
trabajo emitidos por otras empresas y un recibo de EDELNOR que certifica un
domicilio conocido; las mismas no varían el razonamiento de la Sala Superior ni
de esta Suprema instancia, pues el hecho se encuentra probado.
Décimo Primero: Respecto a la impugnación del Fiscal Superior no es menester
emitir mayor pronunciamiento pues su impugnación se tiene por desistida al
haberse pronunciado el Fiscal Supremo en favor de declarar no haber nulidad
en la sentencia impugnada. Debiendo considerarse que el Ministerio Público
está sujeto al Principio de Jerarquía Institucional, cuya relevancia normativa
dimana del artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dispone:
“Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que
desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su
institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones
que pudieren impartirles sus superiores”. Acorde con ello, es preciso destacar que el
Tribunal Constitucional ha reconocido la relevancia jurídica de este principio.
Así, en la STC N.° 2920 – 2012 – PHC/TC – Lima, del veintitrés de agosto de dos
mil trece3, estableció: “(…) los fiscales de menor grado o rango, deben sujetarse a las
instrucciones de sus superiores, dado que (…) el Ministerio Público es un órgano orgánica y
jerárquicamente estructurado, de modo que las competencias (…) atribuidas puedan ser
ejercidas por los funcionarios determinados para tal efecto, quienes puedan actuar conforme a
su criterio o conforme a lo ordenado o dispuesto por sus superiores (…)” –fundamento jurídico
octavo-; y al mismo tiempo, determinó: “(…) en aplicación del (…) artículo 5° de la LOMP –Ley
Sentencia del Tribunal Constitucional N°1291-2000-AA/TC, Fundamento Jurídico 2.
3 fundamento jurídico noveno, literal c.
Orgánica del Ministerio Público– cuando un actuado llega a conocimiento del Fiscal Superior o
Supremo, es el criterio de éste el que debe primar sobre el criterio de los Fiscales de menor
jerarquía (…)”. En consecuencia la opinión del Fiscal Supremo en lo Penal debe
primar sobre la del Fiscal Superior conforme lo ha sostenido esta Suprema
Corte4.
Décimo Segundo: Constatándose que ninguno de los argumentos esgrimidos
por el recurrente encuentra asidero, y que por el contrario se ha logrado
acreditar el hecho delictivo, no se advierte ningún otro elemento que permita
arribar a una conclusión distinta a la ya expresada por la Sala Penal Superior,
debiendo confirmarse su decisión.
Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia de
fojas 562/575, de 30 de diciembre de 2015, emitida por la Segunda Sala
Especializada Penal Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
que en un extremo condenó al acusado Fernando Antonio Sanjinés Tipian,
como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo
agravado, en agravio de Elvis Gregorio Contreras Rivas, a quince años de
pena privativa de libertad; así como, al pago de dos mil soles por concepto de
reparación civil; y, con lo demás que contiene, los devolvieron.
Interviene el señor Juez Supremo Aldo Figueroa Navarro, por licencia de la
señora Jueza Suprema Iris Pacheco Huancas.
CV/mrvc
4 Recurso de Nulidad N° 3675 – 2013, del 16 de marzo de 2015.
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