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La considera una “flagrante, insólita e injustificable violación” de la independencia de jueces y magistrados
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) –
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido este viernes al abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, que emprenda las acciones judiciales oportunas contra el acuerdo del Gobierno catalán de crear una comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, ya que la considera una “flagrante, insólita e injustificable violación” de la independencia judicial”.
Lesmes, que además propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente del CGPJ la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados, ha dirigido una carta al director de los servicios jurídicos del Estado “con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal” que, a su juicio, se ha visto “conculcado” con la creación de la citada comisión.
“Lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes”, añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que “el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales”.
Lesmes recuerda además que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, “pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar”.
“Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo”, concluye el presidente del Supremo y del CGPJ.
BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios preceptos de la Ley vasca de Abusos Policiales relacionados con el funcionamiento de la Comisión de Valoración que prevé la norma y a la que “atribuye el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos”, al considerar que existe “riesgo de interferencias” en la acción de la Justicia. Además, cree que se pueden vulnerar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares a los que se les impute delitos “sin garantías de un procedimiento judicial previo”.
En mayo de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la suspensión de la ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999’, aprobada en el Parlamento autonómico el 28 de julio de 2016. De esta forma, procedió a la suspensión temporal de varios artículos.
El alto Tribunal, en un auto que ha sido notificado este martes, confirma la suspensión cautelar de algunos de estos preceptos, aunque levanta la de algunos que cree que no interfieren en la acción de la Justicia.
En su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TC subraya que el Abogado del Estado cree “determinante” que se mantenga la suspensión de los preceptos referidos a la Comisión de Valoración –encargada de analizar las solicitudes de los damnificados– prevista en la norma, al estimar que puede invadir la función jurisdiccional, algo con lo que el Tribunal está de acuerdo.
También destaca que la actuación de esta comisión “puede lesionar derechos de terceras personas a las que se pueda hacer responsables de las lesiones de derechos humanos” que conllevaría el reconocimiento de la condición de víctima, tal como también alegó el TC al suspender preceptos de la Ley Foral Navarra 16/2015 de ‘reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’.
Además, subraya que la Ley vasca de Abusos Policiales atribuye a la Comisión de Valoración “el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos, así como competencias para obtener información con esta finalidad”.
CONSECUENCIAS PENALES
A su juicio, “no es posible desvincular esa función investigadora y esclarecedora de las eventuales consecuencias penales que pudieran tener tales hechos”. En este sentido, apunta que “existe el riesgo de que, al ejercer las funciones que la Ley le atribuye, la Comisión de Valoración pueda invadir la función jurisdiccional y llegar a conclusiones que interfieran en ésta, lo que sería difícilmente reparable”.
Por ello, “aprecia” la conveniencia de mantener la suspensión de los preceptos de la Ley vasca 12/2016 porque “posibilitan interferencias” entre la actuación de la Comisión de Valoración y la Administración de Justicia.
En concreto, se refiere, sobre todo, al artículo 2.3 (sobre denuncias no investigadas), al 2.4 (que permite acreditar la vulneración de derechos sociales por cualquier medio de prueba, aunque no haya habido proceso judicial previo), al 14.1, a los apartados c, d y e del 14.4, y al 14.8 (sobre atribuciones de la Comisión de Valoración), así como a la disposición adicional sexta (sobre aplicación de la ley a lesiones de derechos humanos cuando no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos).
Asimismo, el TC levanta la suspensión cautelar de los apartados 7 y 9 del artículo 14, y del artículo 15 de la Ley 12/2016, ya que “su lectura aislada, desvinculada de la de otros preceptos suspendidos”, no permite deducir automáticamente interferencias entre la actuación de la Comisión de Valoración y la Justicia.
PERJUICIOS AL HONOR
El Tribunal Constitucional también considera que el funcionamiento de esta comisión, tal como alega la Abogacía del Estado, puede causar perjuicios relativos a los derechos al honor, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, previstos en los artículos 18 y 24 de la Constitución.
En este sentido, alude al artículo 3.6 de la Ley, que “impone a todas las entidades públicas y personas privadas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la comisión la obligación de colaboración con ésta”. El TC recuerda que se trata de “una obligación que se refiere a una actividad indagatoria sobre unos hechos que pueden entenderse, en principio, constitutivos de delito”.
El auto destaca que la norma “no incluye garantía alguna relativa al derecho al honor o a la protección de datos de carácter personal de los afectados por el funcionamiento de la comisión, pues se alude expresamente al suministro de todos los datos que sean requeridos, incluso mediante el recurso a la obligación de comparecencia”.
El Tribunal señala que los trabajos de este grupo, “dirigidos a esclarecer los hechos, podrían afectar al honor de las personas que comparecieran, sin que exista imputación judicialmente ratificada de culpabilidad, ni apertura de procedimiento disciplinario alguno, lo que convertiría el perjuicio sufrido en uno de muy difícil restitución”. Por ello, considera que “el riesgo de lesión que el derecho fundamental al honor se pueda sufrir es el que debe prevalecer”.
Además, estima que, “ciertamente”, pueden vulnerarse la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares “a los que se puedan imputar las violaciones de derechos humanos que, sin presupuesto del reconocimiento de la condición de víctima, pueden verse lesionados si la comisión de valoración les imputa hechos posiblemente delictivos, sin todas las garantías de un procedimiento judicial previo”.
El TC rechaza que, con la suspensión de estos artículos de la norma, se produzca “un daño de índole moral, asociado a una posible revictimización”, como argumentan el Parlamento y el Gobierno vascos.
“Por el solo hecho de que se demore la aplicación de los preceptos suspendidos hasta que el Tribunal pueda examinar su conformidad con la Constitución, no se hace juicio alguno sobre la condición ni sobre el sufrimiento de las víctimas, susceptible de ocasionarles los daños traumáticos a que se alude”, asegura.
Al contrario, cree que se puede crear en estas personas una expectativa de reconocimiento y cobro de indemnizaciones que no se harán efectivas si los artículos suspendidos se consideran inconstitucionales.
En cuanto a las alusiones que las instituciones vascas realizan a que el Estado español debe cumplir sus obligaciones internacionales y ponderar los posibles perjuicios de las víctimas, el auto subraya que “ya existen en el ordenamiento jurídico estatal normas dirigidas a tutelar los derechos de las víctimas”, como la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, y la de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo.
Asimismo, apunta que a ellas hay que añadir las leyes aprobadas en la Comunidad Autónoma Vasca, como la Ley de Víctimas del Terrorismo, o el Decreto 107/2012 de ‘declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política’.
El Pleno del Congreso dará este martes el primer paso para suprimir la prisión permanente revisable, una medida aprobada en solitario por el PP cuando tenía mayoría absoluta, y que toda la oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional hace más dos años. La eliminación de esa pena llegará de la mano del PNV, que defenderá la toma en consideración de una proposición de ley para reformar el Código Penal con ese fin.
En su iniciativa, el PNV demanda la supresión de la prisión permanente revisable por considerar que se trata de una medida “irresponsable” e “inconstitucional”. Según argumentan, su inclusión en el Código Penal fue “una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978”, pero “no está justificada desde razones de política criminal”.
VA CONTRA LA REINSERCIÓN
Además, recalca que este tipo de pena “vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de resocialización”, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución Española.
En este mismo sentido, el PNV insiste en que la incorporación de la prisión permanente revisable, que encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua, “persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena” en aras a una “supuesta mayor seguridad ciudadana” y “niega el sistema de derechos y valores de la Constitución”.
En concreto, sostienen que, además del citado artículo 25 de la CE, “atenta contra la dignidad de los seres humanos (art.10 CE) y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art.15 CE)”.
ROMPE EL CONSENSO CONSTITUCIONAL
Para el PNV, el Derecho Penal es “sumamente maleable en manos de los operadores que lo manejan” y por ello debiera primar la “responsabilidad política y jurídica para evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigual, desproporcionado e injusto”.
Así, exige “responsabilidad a la hora de proponer innovar” en el contenido del Código Penal y reclama también “responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos; para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, de que hay otros Derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema”.
Por último, alerta de que “existen posibilidades de error judicial que sería irreparable” y afirma que la incorporación de esta pena al Código Penal “rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua”.
El jurado popular declara no culpable al acusado por el doble crimen de Almonte
HUELVA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) –
Un jurado popular ha declarado no culpable este viernes por votación de la mayoría de sus miembros a F.J.M., único acusado por el doble crimen de Almonte (Huelva), en el que murieron de manera violenta un padre y su hija de ocho años en abril de 2013.
De este modo, en su veredicto, el jurado popular, formado por seis mujeres y tres hombres, ha declarado no culpable después de un mes de juicio a F.J.M., el cual reiteró su inocencia, y que se enfrentaba a 50 años de cárcel. Igualmente, la magistrada presidenta del tribunal ha dictado sentencia absolutoria y ordenado su inmediata puesta en libertad.
La última sesión del juicio fue este miércoles y desde esa tarde-noche el jurado popular ha estado aislado para deliberar sobre su veredicto, el cual ha generado gran interés ya que en las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva se han congregado allegados, tanto de la familia de las víctimas como del acusado, para mostrarles su apoyo en estos complicados momentos.
De este modo, ya en la sala, al conocer el veredicto de inculpabilidad, la madre y abuela de los fallecidos ha sufrido una crisis nerviosa y ha increpado al acusado y al propio jurado, por lo que ha tenido que abandonar la sala y ser atendida por profesionales. Este hecho ha provocado que la jueza haya suspendido la lectura del veredicto en el segundo punto y desalojara la sala ante la tensión generada.
Por su parte, el acusado ha salido de la Audiencia Provincial escoltado por la Policía Nacional por precaución, y muy arropado por sus familiares y amigos que le han recibido entre aplausos y palabras de apoyo.
Los abogados de la defensa, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera, han manifestado en declaraciones a los periodistas su satisfacción por esta sentencia absolutoria.
“Con una sentencia absolutoria, después de cuatro años luchando, de un juicio de más de un mes, después de vivir, queramos o no queramos, la tensión que supone un juicio de este calibre y el incierto que supone un jurado, la satisfacción se resume en las lágrimas de ese hombre que lleva sufriendo cuatro años”, ha remarcado Baena Bocanegra.
Tras trasladar su pésame a los familiares de las víctimas, ha señalado que “ya se ha acabado la hora de los duelos, ahora es la hora de la justicia, y ésta ha sido inapelable, un veredicto de inculpabilidad, más no podemos pedir, estamos satisfechos”, ha enfatizado, recordando que “la justicia es lenta pero siempre llega al final”.
Por su parte, Juan Ángel Rivera ha sostenido que “ha llegado el momento saber quién ha matado a M.A.D. y a su hija y que no se coja a cualquier persona por dudas y pase por el calvario que ha pasado F.J.M, su familia, sus amistades y todo Almonte”. “Almonte necesita que aparezca finalmente quién ha cometido esa aberración”, ha concluido.
LAS ACUSACIONES PARTICULARES, RECURRIRÁN
Por su parte, los letrados de las dos acusaciones particulares han adelantado que presentarán el correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Inmaculada Torres, abogada de la madre y expareja de las víctimas, ha asegurado que “no saben lo que ha podido pasar” puesto que “hay condenas con pruebas de ADN en el TSJA, en el Tribunal Supremo, no sabemos qué ha podido pasar”. “Quizá no hemos conseguido llegar al jurado o sus miembros no han sido lo suficientemente valientes para condenar a una persona a 50 años, es una carga muy fuerte para unas personas que no se dedican a esto”, ha proseguido.
Convencida de que “pruebas hay”, ha señalado que la presencia de ADN de F.J.M en tres toallas de la vivienda donde aparecieron los cuerpos es “la principal prueba”, a la par que ha remarcado que, a su juicio, “no hay explicación ninguna” que argumente la presencia de su ADN en las prendas. Por ello, “tendrá que ser el TSJA quién lo decida, y si no tendrá que ser el Supremo”, ha dicho Torres.
“La jurisprudencia dice que el ADN es una prueba suficiente y
si ya un tribunal profesional dice que con el ADN no, entonces será que no”, pero “la jurisprudencia dice que el ADN es prueba directa para condenar”, ha destacado Torres. “Esperamos que en otras instancias esto se resuelva en otro sentido, esto no termina aquí”, ha zanjado la letrada, que a la salida de la Audiencia Provincial ha comentado que aún no había tenido ocasión de darle la noticia a su cliente, la madre y expareja de los fallecidos.
Por su parte, el abogado Gustavo Arduán, que representa a los padres y hermano del fallecido, ha recordado que el sistema del jurado popular “no es el más idóneo para juzgar un tema de esta envergadura.
“LA FAMILIA ESTÁ HUNDIDA”
Así, ha expresado su “absoluta disconformidad” porque, a su juicio, no se comprende qué argumentos han desarrollado para este veredicto y por tanto, ha incidido en conocer la motivación por escrito del jurado popular. En concreto, Arduán ha hecho hincapié en la importancia de conocer las razones que han dado los miembros del jurado a las diez cuestiones planteadas en el objeto del veredicto porque deben ser “lo suficientemente sucintas y lógicas para que puedan ser entendibles” y, una vez conocidas, presentarán el recurso.
“La familia está hundida”, ha proseguido el letrado, que ha recordado que las circunstancias de las muertes ya son muy dolorosas, y “aumenta el dolor porque, después de todo lo visto y oído durante estos 30 días de juicio, no se entiende que se pueda llegar a esta conclusión”. La familia ha tenido que recibir asistencia profesional en el juzgado ante “este hundimiento emocional” porque durante este tiempo tenían “la fortaleza propia de quien espera un veredicto de culpabilidad y no han podido resistirlo”, ha remarcado Gustavo Arduán.
Del mismo modo, cuestionado por si, ante el recurso, un tribunal profesional puede cambiar el veredicto, el abogado ha recordado la importancia de que las motivaciones planteadas por el jurado sean “lógicas”, porque “si se observa que existen deficiencias en el discurso o en alguna apreciación del jurado en relación a determinadas cuestiones fundamentales, pues no nos cabe duda de que el tribunal lo cambiará”.
Los notarios defienden su labor en el comercio digital: “Aportamos la misma seguridad que en el mundo analógico
El uso de las nuevas tecnologías o la herencia digital serán algunos de los puntos que se debatirán en el 4º Congreso de los Notarios de Europa
Con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías los hábitos de los consumidores han cambiado, tendiendo, cada vez más, a realizar sus compras por la vía electrónica. Frente a la incertidumbre de si los trámites se efectúan dentro de lo que establece la normativa o con la desconfianza de posibles engaños, los notarios defienden su capacidad para dar la “misma seguridad, la misma garantía que en el mundo analógico” en los contratos de compraventa.
Así lo ha asegurado en una entrevista a Europa Press, el presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), José Manuel García Collantes, que ha explicado que, como “expertos de la seguridad de la contratación”, serán los que garanticen que “el mundo online sea tan seguro como el mundo offline”.
Según el presidente de los notarios europeos, los consumidores acuden al comercio digital con “mucha incertidumbre y con mucha inseguridad”, ya que no se sabe con certeza con quién se está contratando la compra de un producto, “quién está al otro lado de la pantalla”.
Asimismo, ha apuntado que en el comercio digital a gran escala existen peligros como la comisión del delito de blanqueo de capitales o con la protección de datos de los compradores, ya que la “identificación en la red es muy deficiente”.
Este asunto va a centrar el 4º Congreso de los Notarios de Europa Notarial que se celebra en Santiago de Compostela entre el 5 y el 7 de octubre. Más de 600 notarios europeos se reúnen para debatir las diversas propuestas a exponer a las autoridades comunitarias sobre el modo de mejorar la protección de los consumidores en el ámbito digital y la movilidad de las empresas.
HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD
Entre ellas, se analizarán las nuevas herramientas digitales que, a juicio de García Collantes, son muy “útiles” para dar seguridad y que para nada “suprime” el trabajo de los notarios. Una de las opciones es el denominado ‘blockchain’ –conocida por albergar la moneda virtual ‘bitcoin’–, una cadena de bloques “segura, inalterable y de acceso súper restringido” que puede almacenar documentos sin riesgo de ser modificados.
Un instrumento que, según García Collantes, es el “último grito de la ingeniería electrónica” y que puede ser ventajoso para garantizar la seguridad de las transacciones comerciales. “La introducción de los datos alguien la tiene que hacer y esa persona tiene que ser alguien fiable y en los casos de los contratos de compraventa alguna persona tiene que garantizar que lo que entra ahí es legal y esos somos los notarios”, ha apostillado.
Otro de los problemas en el comercio digital que identifica el presidente del CNUE es la carencia de un catálogo “exacto” de los derechos de los consumidores en el comercio digital. La normativa comunitaria establece que los prestadores de servicios por vía electrónica están obligados a publicar en sus páginas web este código que asiste a los compradores.
CATÁLOGO DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
“La mayoría de las veces los consumidores no se lo leen y si se lo leen, no lo entienden suficientemente”, ha indicado. Para ello, una de las propuestas que se ofrece es un Sello Notarial de Conformidad, “multilingüe”, que ‘daría fe’ de que el catálogo ha sido revisado por un notario, corregidas las cláusulas que no sean “suficientemente claras y transparentes” y que cumple “perfectamente” con la normativa comunitaria.
“Es un sello de calidad para quien ofrece los servicios y al mismo tiempo garantiza al consumidor que está contratando con una entidad seria, que respeta los derechos y que se sabe quién es”, ha destacado García Collantes.
Por otro lado, se pone en cuestión las herencias, uno de los trámites que más trabajan los notarios y que también llegan a las pantallas, pues un perfil en las redes sociales, archivos digitales o dinero virtual son propiedades que en la actualidad se puede dejar a tus más allegados. Es lo que se denomina la “herencia digital”.
PROBLEMAS “CURIOSOS” DE LA HERENCIA DIGITAL
Para el máximo representante de los notarios europeos se plantean problemas “muy curiosos” –que hasta ahora no se han analizado, ha apuntado– en este terreno en relación a la protección de datos o duplicación de los documentos digitales que una persona tiene en su propiedad. En el caso de las redes sociales, explica que existen dificultades en las relaciones entre los herederos y las empresas como pueden ser Google o Facebook, porque las normas no están “armonizadas”.
García Collantes comenzó a ejercer como notario en 1979 y tiene una larga trayectoria internacional y clara vocación europeísta ya que en las últimas dos décadas, además de haber sido vicepresidente de CNUE ha ocupado diversos cargos en este ámbito, como el de delegado del Notariado español para la Unión Europea y de Asuntos Internacionales, y el de presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado.
En enero comenzó su andadura como presidente del CNUE; pero entre 2013 y 2016 desempeñó este mismo cargo en el Consejo General del Notariado. El año pasado el Gobierno le condecoró con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las mayores distinciones en el ámbito de la Justicia
Los presidentes de los TSJ advierten: la “tiranía” llegará cuando las resoluciones judiciales sean “papel mojado”
Muestran su apoyo y solidaridad con los jueces y magistrados de Cataluña por las “presiones” recibidas
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han advertido este miércoles en el marco del desafío independentista de Cataluña que la “tiranía” llegará cuando las resoluciones judiciales se conviertan en “papel mojado” y han mostrado todo su apoyo a jueces y magistrados catalanes tras las “presiones” recibidas.
“El Estado de Derecho cederá el terreno a la tiranía cuando las resoluciones judiciales queden convertidas en papel mojado”, afirman rotundamente los máximos responsables de los tribunales autonómicos en una declaración institucional que han firmado en Oviedo (Asturias), donde han estado reunidos desde este lunes por unas jornadas anuales.
Los presidentes subrayan que la Constitución “no es un límite para la democracia, sino su mayor garantía” y que la “mayor grandeza” es que permite defender “cualquier idea”, aunque sea contraria al orden constitucional. Eso sí, siempre con el respeto a la democracia, los derechos fundamentales y el imperio de la Ley, recuerdan.
En este sentido, aseguran que mantienen su compromiso con el orden constitucional que “ha permitido vivir en democracia y libertad e integrar a todos los españoles, cualquiera que sea su diversidad cultural, política o de creencias”.
Por otro lado, han expresado todo el “respeto, solidaridad y apoyo” al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos; a todos los magistrados, jueces y servidores públicos que operan en esa Comunidad Autónoma porque “pese a las presiones sufridas se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho”.
La declaración institucional hace hincapié en que es el al Poder Judicial a quien le corresponde la defensa de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en la Ley y destacan que mantener sedes judiciales “cercadas” y “hostigar” a jueces y demás servidores públicos, la “persecución del diferente”, así como incumplir las ordenes judiciales son “ataques frontales al Estado de Derecho”.
El TSJC avisa de que el recuento del referéndum se hizo “sin ningún amparo legal”
La juez ordenó a Amazon bloquear la aplicación del registro de catalanes en el exterior
BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) –
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga al Govern de la Generalitat por el referéndum de independencia ha avisado de que el recuento de votos se ha producido “sin ningún amparo legal”.
En un auto de la noche del domingo –en el que ordenó a Amazon bloquear servidores que gestionaban la aplicación ‘Registro de catalanes y catalanas en el exterior’–, la magistrada Mercedes Armas recogía que los acusados continuaban “burlando” sus requerimientos, tratando de lograr el recuento con maniobras informáticas.
La magistrada ordenó a Amazon a última hora del domingo bloquear varios servidores que gestionaban la aplicación ‘Registro de catalanes y catalanas en el exterior’ y le advirtió de que, hasta hacerlo efectivo, se abstuviera de ponerlo en conocimiento del Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya).
Antes, ya había ordenado al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat (CTTI) y al Cesicat la suspensión de varias aplicaciones informáticas que podían utilizarse para el escrutinio, recuento de votos o comunicación de los resultados del referéndum.
Al hacer un seguimiento de estas suspensiones, el propio CTTI informó de que se estaban realizando conexiones atípicas a un servicio alojado en una ‘nube’ de Amazon: un dominio que se correspondería con el Diplocat, que gestiona la aplicación ‘Registro de catalanes y catalanas en el exterior’.
Según ya había avanzado la Guardia Civil, esta aplicación era una de las más relevantes para la consulta y gestión de datos, y pertenecía a la Conselleria de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores de la Generalitat.
El atestado de la policía judicial también detectó que había conexiones que llevaban a la página web de la Casa de les Punxes (sede del Diplocat), donde se encontró que había abiertos varios puertos, según recoge el mismo auto.
Con todo ello, los agentes concluían que se estaba llevando un proceso de recuento de los votos, por lo que la magistrada consideró “necesario y proporcionado” bloquear los servicios alojados en ese servidor.
El TSJC sostiene que con todos estos movimientos informáticos “se evidencia que el Govern continúa en una clara actitud renuente” al cumplimento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional pero también de las instrucciones de la propia magistrada encaminadas a evitar la consecución del referéndum.
El presidente del TUE cree que una pregunta del TS sobre las euroórdenes sería “en principio admisible”
La Abogacía exige a Justicia mejoras retributivas en el Turno de Oficio para garantizar el servicio público
Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 25