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Timestamp: 2020-05-28 08:59:46+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 02/10/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 33
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 30 celebrada el jueves 2 de octubre de 2008
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. (B.O.E. núm. 228, de 20 de septiembre de 2008).
(Número de expediente 130/000003.)... (Página 3)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias."BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 3-1, de 16 de mayo de 2008. (Número de expediente 121/000003.)... (Página 15)
Declaración sobre la cuenta general del Estado:
- Dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
(Número de expediente 250/000001.)... (Página 18)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
Votación de conjunto... (Página 23)
Declaración sobre la cuenta general del Estado. (Votación.)... (Página 23)
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.... (Página 3)
Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.... (Página 3)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves) expone a la Cámara las razones que han obligado al Gobierno a promulgar el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.... (Página 15)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.... (Página 15)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración sobre la cuenta general del Estado.... (Página 18)
Dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.... (Página 18)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen, se aprueba por 175 votos a favor, tres en contra y 125 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 130 votos a favor, 173 en contra y dos abstenciones.
Votación de conjunto.... (Página 23)
Sometido a votación el dictamen de la comisión del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, así como la votación de conjunto, se aprueba por 303 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se aprueba por 305 votos a favor.
Se levanta la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Al inicio de la misma y para dar cumplimiento al artículo 131 del Reglamento, anuncio a SS.SS. que hoy se contiene en el punto VII una ley orgánica, la cual exige votación de conjunto, y la misma no se producirá antes de las once y treinta horas de esta mañana.
- REAL DECRETO-LEY 4/2008, DE 19 DE SEPTIEMBRE, SOBRE ABONO ACUMULADO Y DE FORMA ANTICIPADA DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO A TRABAJADORES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS QUE RETORNEN VOLUNTARIAMENTE A SUS PAÍSES DE ORIGEN. (Número de expediente 130/000003.)
El señor PRESIDENTE: Con esta advertencia obligada y reglamentaria pasamos a examinar el punto VI del orden del día, convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.
Para la exposición inicial del Real Decreto-ley y de las razones que han obligado al Gobierno a promulgarlo tiene la palabra, si lo desea, el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, señorías, me dirijo hoy a la Cámara con el fin de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley 4/2008, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de septiembre. En este decreto se regula una modalidad de abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo, a la que pueden acogerse los trabajadores extranjeros no comunitarios que decidan voluntariamente regresar a su país de procedencia. El origen de esta medida debe situarse en el discurso de investidura pronunciado por el presidente del Gobierno ante esta misma Cámara el pasado 18 de abril. Señorías, antes de entrar en el contenido de este Real Decreto-ley, permítanme que realice algunas consideraciones generales sobre la medida que ayuden a entender los principios que la inspiran.
Primera consideración. Un rasgo esencial de esta nueva modalidad de abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo es su carácter permanente. Al margen de las necesidades coyunturales, lo que el Gobierno ha pretendido con la aprobación de esta medida es dotar al ordenamiento jurídico y al mercado laboral de un instrumento estable para la gestión de los flujos migratorios. Un tipo de instrumento que no es nuevo en el panorama internacional ni desconocido en nuestro país. En los países de nuestro entorno comunitario podemos encontrar antecedentes importantes como la experiencia de la República Federal de Alemania, que en los años ochenta permitió el regreso voluntario a sus países de origen de miles de trabajadores. Pero, sin duda, es obligado referirse también a nuestro propio ordenamiento jurídico, partiendo del artículo 42 de la Constitución, que exige al Estado el desarrollo de una política que incentive el retorno a nuestro país de aquellos trabajadores españoles que tuvieron que emigrar al exterior. Un objetivo que hoy se articula a través de la Oficina del Retorno. Por todo ello, señorías, resulta evidente que la nueva medida prevista en el Real Decreto-ley 4/2008 es una medida coherente con nuestro ordenamiento jurídico y con experiencias similares de otros países, y en ningún caso puede hablarse de una iniciativa improvisada. Como tendré ocasión de exponer a lo largo de mi intervención, se trata de una medida que se enmarca en el desarrollo de tres políticas prioritarias para el Gobierno: la política de gestión de los flujos migratorios, la política de lucha contra el desempleo y la política de cooperación internacional.
Segunda consideración. Es muy importante dejar bien claro que esta nueva modalidad de abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo tiene carácter voluntario. Por eso afirmo que no se trata de una medida diseñada para rechazar la presencia de trabajadores y trabajadoras inmigrantes desempleados en nuestro país. Todo lo contrario. Este Gobierno es muy sensible a la situación a la que se enfrenta una persona que pierde su puesto de trabajo. En este sentido, la lucha contra el desempleo y la mejora de su protección han inspirado buena parte de las iniciativas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses. La medida contenida en este real decreto-ley pretende dar una solución específica a los trabajadores inmigrantes extracomunitarios que pierdan o pierden su puesto de trabajo. El Gobierno ha querido ofrecerles una alternativa que se suma a la que ya tienen en la actualidad. Así, pueden quedarse en España con derecho a la percepción ordinaria de la prestación por desempleo y tratar de encontrar un nuevo puesto de trabajo o también tendrán la posibilidad de regresar a su país de origen, con el incentivo económico que supone el cobro anticipado y acumulado de esa prestación por desempleo. Insisto, por tanto, en que es el trabajador extracomunitario desempleado el que decide voluntariamente cuál de estas fórmulas satisface mejor sus necesidades y aspiraciones profesionales y personales.
Tercera consideración. Quiero resaltar que esta medida supone el reconocimiento de una oportunidad a los desempleados de origen extracomunitario. Un derecho que consiste en la posibilidad de percibir de forma acumulada y anticipada la prestación por desempleo en su país de origen y que se suma a todas las garantías de las que disfrutan los trabajadores extranjeros como cualquier otro ciudadano. El contenido del real decreto-ley es coherente con las señas de identidad de la política social desarrollada por el Gobierno en los últimos años. Adopta una medida garantista a favor de un colectivo específico de ciudadanos que se encuentra en una situación de objetiva dificultad. Con ello se ofrece a los trabajadores inmigrantes desempleados una oportunidad que no solo consiste en la posibilidad de regresar a sus países de origen -igual que hicieron hace no tanto tiempo miles de españoles desplazados a países como Alemania, Suiza o Francia-, sino que también es una oportunidad de volver a su tierra con buenas expectativas de inserción laboral y social gracias a la experiencia profesional adquirida en nuestro país y, sobre todo, al estímulo económico que supone disponer de un capital. Señorías, es evidente que el cobro acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo a la que tienen derecho no va a resolver todas sus necesidades, pero es, sin duda, un buen punto de partida para reingresar en el mercado laboral o para iniciar una nueva situación económica y social en su país.
Cuarta y última consideración. Quiero resaltar también que esta medida se enmarca dentro de una política global de inmigración que respeta las directrices marcadas por la Unión Europea, y en la que la ordenación de los flujos migratorios, su vinculación con el mercado de trabajo y la cooperación al desarrollo son aspectos esenciales de esta política. La inmigración es hoy un fenómeno estructural y no coyuntural que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social. Como recordaba el presidente del Gobierno en la sesión de investidura, el elemento clave de la política migratoria ha sido y debe seguir siendo el mercado de trabajo. Precisamente, en esta línea hay que entender el contenido del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación de la Cámara. Se trata de una medida que refleja la vinculación de la gestión de los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo, al tiempo que es absolutamente respetuosa con los derechos adquiridos, como cualquier otro ciudadano, por los trabajadores inmigrantes en nuestro país. En este sentido, la nueva modalidad de cobro anticipado y acumulado de la prestación por desempleo es equilibrada y está en plena sintonía con el Pacto europeo sobre inmigración, que el Consejo de Ministros de la Unión Europea suscribió la semana pasada y en el que el Gobierno español ha participado muy activamente. De este modo, la medida contribuye a asentar un modelo circular de migraciones; un modelo que representa la mejor respuesta a la realidad socioeconómica de un mundo globalizado, de modo que los efectos positivos del fenómeno migratorio sean compartidos por los países receptores -en este caso España- y los países emisores.
Señorías, después de estas consideraciones generales, paso a analizar el contenido del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación de esta Cámara. Quiero empezar refiriéndome a dos cuestiones de carácter formal, pero de indudable trascendencia. La primera de ellas tiene que ver con este mismo trámite parlamentario; me refiero a que el rango normativo elegido para la regulación de la medida sea un real decreto-ley. La necesidad de recurrir a una norma con rango de ley es evidente, puesto que se introduce una modalidad de cobro de la prestación por desempleo que no está prevista en la Ley General de la Seguridad Social. Tampoco debe suscitar dudas que el Gobierno haya optado por tramitar un real decreto-ley, lo que exige, como es sabido, una extraordinaria y urgente necesidad. Tal necesidad existe si atendemos, desde una perspectiva general, a las dificultades que atraviesa nuestra economía en un contexto de crisis en la economía mundial, eso que el Tribunal Constitucional denomina coyuntura económica problemática, y de modo más específico a la situación a la que se enfrenta el colectivo de trabajadores inmigrantes con una tasa de desempleo superior al 16 por ciento. La medida trata, por tanto, de dar una respuesta inmediata a las necesidades de este colectivo tan afectado por el incremento del desempleo y, por otro lado, trata de evitar el perjuicio en las expectativas de reinserción laboral o profesional en el país de origen que la demora en la aplicación de la medida ocasionaría. Todo ello, sin perjuicio de la vocación de permanencia de la medida y su
coherencia con una política global en materia de inmigración. No menos relevante es el comentario de la segunda cuestión formal: el título competencial que habilita al Gobierno para actuar en esta materia. Dado que se regula una modalidad de pago acumulado y anticipado de la prestación contributiva de desempleo, parece pacífico que el supuesto debe enmarcarse en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución; un precepto en el que, como bien saben SS.SS., se atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social.
Entrando ya en el contenido material del real decreto-ley, quiero detenerme en cinco aspectos fundamentales que determinan la configuración básica de la medida. En primer lugar, hay que insistir en que el real decreto-ley establece una nueva modalidad de pago anticipado y acumulado de la prestación contributiva por desempleo, a la que pueden acogerse los trabajadores extracomunitarios que regresen a su país de origen. En segundo lugar, hay que precisar quiénes son los potenciales beneficiarios de esta medida. Para empezar, debe tratarse de trabajadores extracomunitarios que se encuentren legalmente en España, que han perdido su puesto de trabajo y que tienen por ello derecho a una prestación contributiva por desempleo. Quedan, por tanto, excluidos los nacionales de países de la Unión Europea, además de aquellos procedentes de países del espacio económico europeo y Suiza. Como regla general, el real decreto-ley exige que los beneficiarios de la medida procedan de países con los que España haya suscrito un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Con ello pretende reforzarse la vocación garantista de la medida, pues permite computar todas las cotizaciones realizadas por el beneficiario en España y en el país de origen a efectos de su pensión futura. Entre los países con los que existe convenio bilateral de Seguridad Social se incluyen aquellos con un mayor número de nacionales en nuestro país. En este caso, el real decreto-ley prevé, con esa misma vocación garantista, la posible extensión de la medida a los nacionales de otros países, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: que el país de origen cuente con mecanismos de protección social que garantice una cobertura adecuada o bien que concurran circunstancias específicas que afecten al país de origen o a los solicitantes de la medida.
Como tercer aspecto relevante hay que referirse a los compromisos asumidos por los beneficiarios. En concreto, el real decreto-ley exige el cumplimiento de un doble compromiso. El primero es que el desempleado inmigrante regrese a su país de origen, pues tal es la razón de ser de esta medida: facilitar ese regreso. Para ello se establece un plazo razonable de treinta días naturales, tiempo suficiente para organizar un viaje que en muchos casos puede afectar a otras personas como el cónyuge y los familiares del beneficiario. El segundo compromiso consiste en no regresar a España en un plazo de tres años. De esta forma se compensa la ventaja que supone para el inmigrante desempleado poder disfrutar del cobro de la prestación por desempleo de forma anticipada y acumulada. En esta línea, la imposibilidad de volver a España en tres años es, a juicio del Gobierno, una condición razonable y proporcionada. Razonable porque evita el fraude y proporcionada porque se trata de una limitación temporal que no impide al inmigrante regresar a España más adelante. En cuarto lugar, el real decreto-ley se refiere a dos cuestiones relacionadas con el abono de la prestación que quisiera destacar. De un lado, se establece que la prestación se recibirá en dos pagos y parece razonable situar uno en España y otro en el país de origen. Y, de otro lado, también se especifican dos reglas para determinar la cuantía del abono que recibirá el beneficiario. La primera y más importante es que la cuantía será equivalente a la prestación por desempleo que tenga reconocida y que no haya agotado todavía. La segunda regla es que en esta modalidad de pago de la prestación por desempleo no se produce ninguna cotización a la Seguridad Social, lo que significa que de la cuantía total no se realiza ninguna deducción en concepto de cotización al trabajador.
Finalmente, el quinto de los aspectos regulados por el real decreto-ley se refiere a otras ayudas complementarias dirigidas a facilitar el regreso del desempleado extracomunitario a su país de origen. En concreto, podrán preverse dos tipos de medidas, unas de naturaleza económica y otras de carácter más técnico, que han de favorecer la integración laboral y social del inmigrante retornado. Se trata, por un lado, de ayudas directas al traslado al país de origen y, por otro lado, de acciones preparatorias del retorno relacionadas con la información, la orientación y la formación necesarias para emprender una nueva actividad económica.
Concluyo, señorías, no sin antes señalar que la regulación contenida en este real decreto-ley ha de venir acompañada del correspondiente desarrollo reglamentario sobre el que el Gobierno ya está trabajando. Y lo hace como siempre, con una actitud receptiva y abierta al diálogo. En este sentido, quiero poner de manifiesto que en la elaboración del real decreto-ley se ha contado, como es lógico, con el resto de departamentos ministeriales afectados por la medida. Se ha consultado al Foro para la integración social de los inmigrantes y a los agentes sociales; y en próximas fechas será remitido al Consejo de Estado para que emita el preceptivo dictamen. Estoy seguro de que la buena predisposición de todos los grupos parlamentarios permitirá la convalidación de este real decreto-ley, acreditando una vez más la sensibilidad de esta Cámara a los problemas de los ciudadanos.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Ningún grupo parlamentario ha solicitado el turno en contra. En consecuencia, vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones comenzando por el Grupo Parlamentario
Mixto. En primer lugar, tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, intervengo en nombre de Coalición Canaria para decirle que nosotros coincidimos en la urgencia y en la importancia de esta medida, no en la cuantificación ni en las previsiones magníficas que se hacen cuando se habla de la medida. El tema de la inmigración es la suma de muchas medidas en la situación económica que vive España. En Canarias creemos que una medida como esta afectará no sé si a 5.000, 10.000 ó 500, pero aunque sean 500 afecta a dos temas, a un tema humano, que supone que muchísimos inmigrantes que no han hecho la reagrupación familiar, en una situación difícil de conseguir empleo puedan pasar ese periodo de crisis económica en su país, donde esa renta y esa percepción anticipada puede permitir, durante esos años que va a ser difícil estar en España, iniciar un proyecto personal y, si no, tener la garantía de que podrían venir otra vez a nuestro país. La situación y coyuntura que se vive no tiene soluciones mágicas, no hay una única solución, es mucho mejor quince, veinte o treinta medidas puntuales que vayan sumando los distintos perfiles y analizando la situación. En ese sentido, le animamos a seguir trabajando con las comunidades autónomas, con los distintos sectores sindicales y empresariales para seguir sumando medidas como la que estamos hablando.
Quería hablarle también de una medida importante que usted anunció, que es la financiación dentro del Estado español de aquellos trabajadores españoles que puedan moverse dentro de las comunidades para que se les ayude a la financiación del traslado, con determinadas prestaciones en el primer periodo de traslado en su retorno a la comunidad de origen. Ese es un tema vital para Canarias, junto con el otro, porque, como usted sabe, en los últimos años han entrado más de 300.000 personas a trabajar a Canarias. Hoy o mañana salen los datos de la tasa de paro y las previsiones que tiene tanto su ministerio como el Gobierno de Canarias, es que en Canarias se puede llegar al 18 ó incluso al 20 por ciento de paro en los próximos meses. En ese sentido, la medida para posibilitar la movilidad dentro del Estado español, con ayudas a la familia y ayudas al traslado es un tema importante; tema que no se ha normado y, sobre todo, que no se ha publicitado ni se han puesto las herramientas para que eso sea una situación ágil para cantidad de trabajadores fundamentalmente en Fuerteventura, en Lanzarote y en determinadas zonas turísticas donde el parón de la construcción ha sido más acusado. Usted sabe que en Canarias supone el 11 por ciento cuando a nivel nacional es el 4,5. Por otro lado, dada la información que manejamos en este momento, una previsible caída en los próximos tres meses del sector del servicio, y principalmente del turismo, puede hacer necesario que a determinados trabajadores, fundamentalmente gallegos, andaluces y extremeños, que pueden estar pasando en los próximos meses una situación difícil, se les pueda facilitar los costos del traslado y las percepciones y ayudas familiares en el retorno a su comunidad autónoma, donde quizá las posibilidades de vivir la crisis o de tener una oportunidad de trabajo sean más fáciles que en la economía canaria.
Termino diciéndole que esto no es suficiente, que es una medida más de las necesarias que hay que implantar, que teníamos que haber tenido un poquito más de agilidad en la tramitación de este tipo de medidas que usted anunció hace tres meses, y que desde Coalición Canaria y desde el Gobierno de Canarias vamos a estar trabajando con usted.
Quiero recordar una cosa, hace cuarenta y ocho horas llegó el cayuco más importante de la historia de Europa con 240 personas, en un solo día llegaron 300 personas a Tenerife, de ellos 25 menores. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia.) Estamos ya con 1.300 chicos en Canarias y necesitamos seguir trabajando para llegar a un protocolo, señor ministro, para garantizar que los menores no sean un problema para la puerta de entrada, como dice usted, para la Comunidad canaria. No debe ser un problema de nadie, debe ser una solución de todos y una solidaridad de todos trabajar en el tema de menores.
Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene la palabra doña Olaia Fernández del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Subimos a esta tribuna para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con el real decreto, de 19 de septiembre, que usted nos acaba de presentar y que, como se dice en su exposición de motivos, tiene como objetivo permitir que contemos con un instrumento normativo que regule el abono de las prestaciones por desempleo de forma acumulada y anticipada cuando el trabajador extranjero que se encuentra desempleado decida retornar voluntariamente a su país de origen. Es necesario decir, señor ministro, que cuando empezamos a estudiar la valoración del real decreto tuvimos dudas sobre la posición que hoy tomaríamos en esta Cámara. Esas dudas están despejadas y le podemos anunciar que vamos a votar favorablemente el real decreto que usted nos acaba de exponer ahora, aunque también queremos manifestar algunas de las razones que provocaban las dudas que nosotros teníamos.
El hecho es que en la situación actual, que ya nadie duda de definir de crisis, desde el punto de vista económico, y nadie duda tampoco de las evidentes repercusiones que ello va a tener en el empleo, nos preocupan las medidas que se tomen en relación con los trabajadores
y trabajadoras inmigrantes, en tanto que pueden ser una expresión conceptual de la inmigración que nosotros rechazamos: una manifestación de la utilización oportunista, perversa e incluso contraria respeto a los derechos humanos, a la fuerza de trabajo que aportan los inmigrantes.
Decimos esto porque hay momentos en que desde sectores empresariales se manifiesta la necesidad de que vengan emigrantes para cubrir empleos en los que en estos momentos los nacionales u originarios del Estado español ya no estaban interesados y en el momento de crisis, efectivamente, los inmigrantes sobran y hay que tomar medidas para procurar que abandonen el Estado.
Sabemos, señor ministro -y lo decimos con claridad-, que esos conceptos no son los que maneja el Gobierno ni se reflejan en el real decreto que hoy debatimos, pero nos preocupa que la transmisión que se haga -y, de hecho, algunos medios de comunicación intentaron manipular en esa dirección- del problema migratorio pueda ser utilizada por quien ve la inmigración desde un punto de vista negativo y, por tanto, se puedan alentar posiciones de rechazo que, desgraciadamente, ya existen. Nos preocupa que se pueda ver el fenómeno de la inmigración como algo negativo en nuestra sociedad en un momento en que los propios originarios del Estado se tienen que enfrentar al problema del desempleo. Es un problema real, no sabemos si coyuntural o de más largo tiempo, pero sí es algo que ya vivimos en otras ocasiones, por lo que es previsible que en los próximos años este problema sea más agudo de lo que es actualmente.
Compartimos, señorías, la idea de que la emigración se configura como un fenómeno positivo y beneficioso, por lo que se deben hacer los esfuerzos necesarios, tanto por parte de las administraciones como de la sociedad civil, para conseguir el nivel de integración que evite llegar a situaciones indeseadas. Como ya dijimos, valoramos este real decreto y entendemos que el Gobierno se está dotando de un recurso al que puedan acceder, de manera voluntaria, personas que puedan tener opciones de establecerse en sus países de origen. El retorno, señorías, debe ser una opción legal y no puede ser nunca una obligación para los inmigrantes.
Señor ministro, del mismo modo que en estas medidas se recoge que están destinadas a nacionales de países con los que España tenga suscrito un convenio bilateral en materia de Seguridad Social -cuestión que efectivamente nos parece importante para garantizar la protección de estos trabajadores y trabajadoras-, echamos de menos que no se prevean acuerdos con los países de origen enfocados a coordinar políticas de retorno a fin de poder contar con programas de inserción de los retornados en los países de retorno. También echamos de menos una medida destinada a prever retornos -retornos de nuevo al Estado español- con anterioridad a los tres años establecidos en el real decreto. Esta cuestión por las razones que usted acaba de exponer nos parece razonable -evidentemente, evitar el fraude es una cuestión fundamental-, pero entendemos que se debería contar también con la posibilidad de retorno con anterioridad a esos tres años de personas, debido a que todos somos conscientes de que en una parte muy importante de los casos la razón que les obligó a emigrar es inseguridad social, jurídica e incluso en algunas ocasiones por cuestiones políticas. Consideramos, asimismo, que sería necesario una buena información de manera que estas medidas no actúen como elemento persuasivo o de presión hacia las personas que se puedan acoger a ellas, no por parte del Gobierno sino por parte de otros estamentos y concretamente de sectores económicos, sino que lo hagan, como dijimos inicialmente, de forma totalmente voluntaria, tal y como se recoge en el real decreto.
Señorías, vamos a votar favorablemente este real decreto en la confianza de que pueda servir de instrumento a muchas personas que deseen establecer su proyecto de vida en sus países de origen, y esperamos que en el desarrollo de este real decreto el Gobierno cuente con las aportaciones que le puedan llegar de esas entidades a las que ya el señor ministro hizo mención, los agentes sociales, los entes representativos de los colectivos de inmigrantes, para que en ese desarrollo se pueda contar con medidas como algunas de las que nosotros hemos enumerado que faciliten una mejor vida a las personas que se acojan a este real decreto en el establecimiento en sus países de origen.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, doña Olaia Fernández.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, las cosas -no solamente en política- no son solo lo que son sino también lo que parecen. En ese sentido mi grupo parlamentario va a mostrar hoy su desacuerdo con la legislación simbólica y con este decreto en concreto; legislación simbólica que podemos denominar del cerrojazo o del portazo europeo y este decreto que, en nuestra opinión, forma parte de esa legislación simbólica. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Permítame, en primer lugar, dudar de la eficacia y de la conveniencia de este real decreto que hoy debatimos por la vía de urgencia. No soy el único en pensar que este plan de retorno tendrá mucho menos éxito del que el Gobierno anunció, pero sobre todo que se inscribe en una política de inmigración que en Europa es un giro a la derecha y en España también. No es tampoco, por su tenor literal, un texto urgente porque lo permanente no puede ser urgente y el mismo real decreto se anuncia como una medida permanente.
Señor ministro, primero proclamó usted a bombo y platillo que esta medida afectaría a un millón de inmigrantes.
Luego se rebajaron las expectativas a 87.000 personas. Más tarde tan solo eran 20.000 y ahora se está hablando de entre 10.000 y 15.000 afectados, es decir, apenas el 0,5 por ciento de los 2.200.000 extracomunitarios residentes en España. Este baile de cifras ha suscitado mucho escepticismo. Con esta medida o sin ella volverán algunos más de los que están volviendo debido a la crisis, pocos miles al año, en aplicación de esta medida o de los incentivos en vigor desde la puesta en marcha de la Ley de Extranjería. Aquellos planes no funcionaron. Según la Organización Mundial para las Migraciones desde 2003 hasta diciembre de 2007 -cuatro años- solo 4.850 personas se habían beneficiado del retorno voluntario en España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, las políticas de fomento del retorno -dice- tienen un impacto limitado y no es realista contemplarlas como una piedra angular que alivie las cifras de desempleo en la Unión Europea. Se dice en el real decreto que el retorno es voluntario pero la pregunta es: ¿Lo es realmente? ¿A qué viene entonces la prohibición de que vuelvan a España en tres años? Eso, señorías, no es retorno voluntario.
Señor Corbacho, en relación con el contenido y los efectos de su plan podemos decir que éste quedará en agua de borrajas. En primer lugar, porque se circunscribe a los diecinueve países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. En segundo lugar, porque quedan fuera los inmigrantes irregulares que, por ejemplo, en Francia son los únicos beneficiarios de la prima de retorno implantada por el presidente Sarkozy. En tercer lugar y sobre todo, señor ministro, porque son muchos los trabajadores que han cotizado con bases bajas y que han rotado entre la economía regular y la economía sumergida, y su capitalización, sabe usted, va a ser muy pequeña. La mayoría ya han cobrado en periodos intermitentes de paro debido a la alta temporalidad de sus puestos de trabajo. En cuarto lugar, los extranjeros que reciben prestaciones por desempleo son los que llevan más tiempo en España y han hecho un mayor esfuerzo por integrarse; la mayoría de ellos han alcanzado lo que podríamos llamar un punto de no retorno y de residencia permanente. En quinto lugar, aunque un inmigrante recibiera como media -que no lo va a recibir- unos 7.000 euros no sería un atractivo suficiente para retornar a su país donde no tienen trabajo ni vivienda digna ni Estado del bienestar ni condiciones adecuadas para la educación de sus hijos. En sexto lugar, señor ministro, muchos se niegan a abandonar el país y prefieren esperar a que la economía levante el vuelo mientras cobran el paro y buscan otro empleo -que se está demostrando que buscan otro empleo- en nuestro propio país. En séptimo lugar, porque una vez que los inmigrantes han conocido los detalles del plan su interés, es evidente, ha decaído. Muchos tienen la impresión de que se les da gato por liebre, que se les ofrecen abalorios y no plata de ley y esos pocos miles de euros, en el mejor de los casos, no son canjeables por el permiso de trabajo que tanto esfuerzo les ha costado conseguir.
El plan del Gobierno tampoco se puede disfrazar de migración circular o de ayuda al desarrollo de los países de origen. No estamos ante la calificación de mano de obra ni ante el retorno de cerebros. En nuestra opinión el Gobierno debería centrarse en reconvertir, recalificar, la mano de obra, en conjunto, la nacional y la extranjera, del mismo modo que debe hacerlo para el conjunto de las personas desempleadas. Debería ampliar el tipo de permisos de trabajo para que los parados de la construcción puedan encontrar trabajo en otros sectores. Nadie niega que la situación sea dura, pero para recuperar la economía tendremos que trabajar juntos, españoles y extranjeros afincados en España. Con este plan, el Gobierno en buena medida hace papel mojado del Plan estratégico de ciudadanía e integración aprobado en febrero de 2007 que pretendía consolidar un sentimiento de pertenencia de la población inmigrada en la sociedad española.
Señorías, las primas de retorno destinadas a los desempleados extranjeros han fracasado históricamente en toda Europa. No se puede presentar como nueva una medida que fracasó en Europa hace más de un cuarto de siglo.
Recuerde, señor ministro, la Ley Stoleru en Francia que fracasó estrepitosamente en 1982 o el retorno de inmigrantes españoles que, de un millón, realmente volvieron decenas de miles. No parece razonable que para aprovechar un derecho como el paro sea necesario renunciar a otro como el de residencia. Sin embargo, lo peor de todo ello y lo que nos lleva a tener una posición crítica es que nos encontramos ante una legislación simbólica. Nosotros lanzamos el mensaje de regularización en fase de crecimiento económico y de retorno en fase de crisis. Ese es el mensaje; lo que es y lo que parece. Por mucho que se diga, esta medida no es coyuntural, es permanente y es un error -como dice el propio ministro de Trabajo- vincular esta medida a la crisis económica y, en nuestra opinión, se vincula y se vincula estigmatizando, al mismo tiempo, al inmigrante.
¿Qué pensar, si no, de una declaración del ministro de Trabajo a la Agencia EFE cuando dice que parece razonable que, en un momento en que el mercado tiene dos millones y medio de parados -280.000 extracomunitarios en paro en España-, pensemos que algunos de los puestos de trabajo que en su día se tuvieron que cubrir con personas de fuera no serán necesarios? El plan Corbacho es un cerrojazo, un catenaccio, en pocas palabras. No hay que decir este tipo de frases, señoría, se parecen demasiado a eslóganes populistas que hoy tienen bastante acogida en Europa.
Declaraciones como esta estigmatizan al inmigrante y le señalan como chivo expiatorio de la crisis, lo cual no es aceptable en un Gobierno de izquierdas. Mucho me temo que esta medida dé una imagen de España que cierra la puerta en época de crisis y la abre en época de crecimiento, que les paga para que se vayan, que al inmigrante que retorna, puente de plata. Esa imagen de una España ingrata se está consolidando
después de la directiva de retorno, muy especialmente en América Latina, y ustedes lo saben. Con esta medida populista y de legislación simbólica para la galería, el Gobierno marca un nuevo rumbo en su política de inmigración, un viraje cada vez más próximo a la derecha, que es la única que le aplaude. Cuando el Partido Socialista votó en Estrasburgo la directiva de retorno, fue para nosotros un día triste; cuando el señor Corbacho anunció que prohibiría la reagrupación familiar de los abuelos, no fue un buen día; cuando dijo que suprimiría la contratación en origen -aunque luego lo corrigiera-, tampoco lo fue; en nuestra opinión este decreto sería añadir otro mal día a esa nueva política de inmigración.
Nos preocupa su política migratoria porque está sufriendo una involución no solamente en España sino en el conjunto de la Unión Europea. Por eso, no votaremos este real decreto, porque, en primer lugar, el plan no es urgente -usted mismo lo ha dicho, la medida es permanente-, porque, en segundo lugar, el plan no es sutil, la experiencia comparada demuestra que no lo es y, en tercer lugar, sobre todo, porque es un mal mensaje, un mal mensaje para la casa y un mal mensaje para afuera; es un mensaje populista para nuestra casa, es un mensaje ingrato para América Latina y para el conjunto de los países de donde viene la población inmigrante.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que después de haber escuchado el discurso apocalíptico del señor Llamazares algunas de las dudas y reservas mentales que embargaban a mi grupo se han reactivado, pero no lo suficiente como para cambiar la posición que vamos a adoptar, que es favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
Tenemos algunas reservas, seguramente usted también, señor Corbacho y el Gobierno que usted representa no tendrá menos. No es una norma que se incardine bien en un Gobierno de fenotipo progresista, como le gustaba mencionar a su predecesor en el cargo. Es una norma de carácter proteccionista donde se desliza sutilmente, mediante lo que ha llamado el señor Llamazares -una figura nueva en el ámbito del ordenamiento jurídico- legislación simbólica hacia los extranjeros, los efectos más negativos o más lacerantes de la crisis económica, particularmente del desempleo. No son agradables de adoptar y me imagino que usted participaría de estos sentimientos también cuando en su Gobierno se debatió sobre ello y se decidió en el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptar medidas de esta naturaleza. Decía Carnelutti, señor ministro, que la esencia del derecho consiste en adoptar soluciones de equilibrio sobre problemas contradictorios. No sé si estamos encontrando la situación de equilibrio para resolver un problema contradictorio que se basa en la solución de una verdadera paradoja: ustedes incentivan mediante esta norma la posibilidad de que vuelvan extranjeros a sus países de origen con la pretensión de que encuentren allí mecanismos o fórmulas de reinserción laboral o profesional, pero no se le olvida, no puede desconocer el hecho de que si estas personas se marcharon de sus países de origen es porque realmente allí no existían posibilidades de integración en el mercado de trabajo de esos países o de reinserción laboral.
Es difícil comprender que esta avocación o esta admonición que se hace en el real decreto ley respecto a las bondades de conseguir integrarse en un mercado de trabajo quebrantado muchas veces, y quebrantado absolutamente en países como Togo, Gambia, Mauritania, etcétera, sea la panacea para encontrar una solución a los extranjeros que están en nuestros países con empleo y en situación regular. Le recuerdo el contenido del artículo 13 de la Constitución española que usted conoce perfectamente y que atribuye a los extranjeros los mismos derechos que a los españoles salvo aquellos atinentes al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en lo que se atenderá a criterios de reciprocidad con los países de donde proceden estos extranjeros. Luego es un real decreto ley que se ha de apoyar sin entusiasmo, sin ningún espíritu proactivo a las bondades de la norma.
Sobre todo hay algunas cuestiones, sin perjuicio de la paradoja a la que nos referíamos de que usted está ofertando aparentemente, mediante una locución que se utiliza en la exposición de motivos más que dudosa en mi opinión, que se está incrementando el ámbito de derechos y deberes, fundamentalmente de derechos laborales de los trabajadores extranjeros.
Esto me resulta muy dudoso de comprender y a usted también seguramente; no sé hasta qué punto estamos amplificando el ámbito de los derechos subjetivos que reconocemos en el ámbito laboral para los trabajadores extranjeros.
Asimismo, nos encontramos con otras disfunciones y otras cuestiones que nos generan reservas mentales. En primer lugar, ya sabe que esta no es una medida nueva en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Básica de Empleo del año 1980 y las normas administrativas de desarrollo de la misma ya prevén la capitalización del cien por cien de la prestación de desempleo para crear cooperativas, sociedades anónimas laborales o transformarse en trabajadores autónomos. También me va a permitir que dude de que en los países de donde estos extranjeros proceden y a los que se les invita a volver en este momento mediante la capitalización íntegra de la prestación de desempleo -no sé hasta qué punto usted lo habrá podido comprobar- existan estas fórmulas societarias, existan cooperativas, existan sociedades anónimas laborales o exista una norma como el Estatuto del Trabajador Autónomo que hemos aprobado recientemente, en la anterior legislatura; es más, no solo no existen sino que ni existe seguramente la posibilidad de crearlas, no existen estructuras mínimamente organizadas
desde una perspectiva de funcionamiento de las sociedades mercantiles o de las sociedades vinculadas al sector denominado economía social.
Nos encontramos de nuevo con la paradoja de que desde la perspectiva de la previsión de Carnelutti tenemos que intentar resolver con la búsqueda de equilibrios razonables, y es difícil encontrar aquí equilibrios razonables porque, por otra parte, ustedes afirman que esta norma hace referencia a la vuelta de trabajadores extranjeros con los que hay convenios bilaterales en materia de protección social. Sin embargo, no solo se limita a la vuelta de trabajadores con los que existen convenios bilaterales de protección social o de Seguridad Social sino que incorporan otros mediante una locución o el uso de unas expresiones terriblemente perturbadoras en opinión de este grupo parlamentario, y aquellos otros que en opinión de no sé quién -usted me dirá de quién- tienen mecanismos de protección social aceptables o asimilables a los existentes en el Estado español. No sé cómo se puede evaluar ni mesurar la existencia de unos mecanismos de protección social equiparables a los del Estado español; tengo muchas dudas de que en países como Mauritania, Gambia, Togo o Senegal se puedan realizar reflexiones de esta naturaleza y que estos sistemas de protección, suponiendo que existan, porque usted sabe que en algunos de estos países no hay mecanismo o sistema de protección social alguno, se pueda buscar esta asimilación conceptual a la existencia de un convenio bilateral de protección entre los sistemas públicos de pensiones de uno y de otro país, del país del que se le invita a marcharse al trabajador extranjero -tras entregarle, eso sí, la prestación de desempleo capitalizada- y el sistema de protección del país al que vuelve.
Aquí estamos ante una verdadera norma en blanco donde en el real decreto ley no se desarrolla cuáles son los mecanismos que ustedes van a utilizar para buscar la equivalencia razonable entre los sistemas de protección social de estos países que no han signado convenios bilaterales con el Estado español y los sistemas de protección social del Estado español, que será el sistema de referencia con el cual pienso que ustedes van a comparar estos sistemas de protección. Ya me dirá si existe alguno en África, porque si existe alguno en África ya se remueven mis dudas conceptuales y metafísicas sobre las bondades de este real decreto ley; con que me dijera uno me bastaría, utilizando la expresión bíblica, señor ministro; uno que tenga un sistema de protección social equiparable a los existentes en el Estado español.
Por último, hay una disposición adicional única que resulta también un tanto perturbadora y que nos genera ciertas reservas mentales, intelectuales, y es que, sin perjuicio de que ustedes van a realizar actuaciones que ayuden al traslado, a la vuelta -me imagino que pagarán el billete de avión o el medio de transporte que utilicen-, aquí se comprometen también a realizar lo que en la disposición adicional única se denomina eufemísticamente -permítame que utilice esa expresión- acciones preparatorias del retorno en materia de información, orientación y formación para el emprendimiento de una actividad ...(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, tiene usted razón. Por favor, bajen un poco el tono de las conversaciones para que el señor Olabarría pueda terminar su intervención.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, por su amparo. La verdad es que he pensado que era usted la que me estaba realizando algún tipo de admonición. Perdone.
La señora PRESIDENTA: Aunque quisiera, no le podría reñir, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias.
Estaba hablando de orientación y formación y es que no sé lo que quieren ustedes realizar más allá de elaborar algún tipo de adorno cosmético de la norma que le prive de sus aristas más conservadoras en su configuración ontológica, filosófica. Cuando ustedes les van a ayudar a realizar actividades de preparación para insertarse en el mercado laboral de sus países de origen, ¿de qué me está hablando? ¿De actividades de formación profesional para integrarse en el mercado de trabajo de Togo, de Gambia o de Senegal, búsqueda de nichos de empleo en los mercados de trabajo de estos países o fórmulas para creación de empresas en sectores emergentes económicamente en países que no solo están desestructurados económicamente, sino que están en una situación de penuria económica, en donde solo la mención de la posibilidad de integrarse en el mercado de trabajo de estos países no deja de ser un optimista desiderátum? Desde esa perspectiva, estas son las paradojas en donde las reflexiones de Carnelutti sobre la esencia del derecho quiebran o se quebrantan.
No sé si estamos encontrando soluciones razonables y de equilibrio para problemas contradictorios pero, en todo caso, ya le hemos comentado que vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley. No nos parece pertinente, porque las razones de urgencia que usted invoca en relación a la aplicación inmediata de la norma son razonables y además creo que las ha pactado con los sectores de inmigrantes con los que usted ha tenido relaciones de interlocución. Desde esta perspectiva, no nos parece tampoco pertinente que esto se debata como proyecto de ley, no nos parece razonable que se aplique de forma inmediata. De todas formas, por favor, atienda las dudas que le hemos planteado, porque aquí hay normas en blanco, normas de difícil interpretación y paradojas que no se resuelven con los elementos de equilibrio que nosotros hubiéramos esperado de un Gobierno fenotípicamente progresista, como a ustedes les gusta autodefinir al que usted en este momento representa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, abordamos la convalidación de este real decreto que articula un concreto incentivo al retorno a emigrantes en España, en esa fórmula de pago anticipado de la prestación por desempleo. Todos, y el propio ministro coincidirá en ello, abordamos esta política desde el más estricto realismo, absolutamente de manera realista. Sabemos por la experiencia comparada, por el sentido común, que el retorno de emigrantes no va a depender tanto de la situación en España ni de las políticas concretas de incentivo a ese retorno, sino de las condiciones en sus países de origen. Esa referencia a las condiciones de los países de origen de las personas extranjeras sitúa con mucha realidad las posibilidades concretas y reales del ejercicio que este real decreto configura. En América Latina y en los principales países de origen de nuestros flujos migratorios -Bolivia, Colombia, Ecuador, Marruecos- difícilmente se dan condiciones que puedan permitir prever una utilización masiva de esa realidad. El propio señor ministro, a lo largo de las últimas semanas, ha ido situando esa perspectiva de una manera mucho más realista de lo que parecía en principio. Es bueno que todos situemos lo que esperamos de este real decreto y que asumamos que la emigración ha llegado para quedarse y que por tanto las políticas que tienen que ver con la integración social, las políticas que en materia de situación de desempleo de las personas de origen extranjero tienen que ver con la recolocación de estos trabajadores, de mejora de su propia cualificación y de reconocimiento de esas cualificaciones, son las políticas que nos convienen para avanzar en esta materia, algunas de las cuales, efectivamente, corresponden a las propias responsabilidades del Ministerio de Trabajo e Inmigración, especialmente en lo que hace referencia a ese buen funcionamiento de los servicios públicos de ocupación.
Dicho esto, Convergència i Unió se dispone a convalidar sin ningún tipo de complejos este real decreto y a oponerse también a su tramitación como proyecto de ley si algún grupo así lo plantease. Lo hacemos porque, en primer lugar, cualquier medida, aunque afecte a un número limitado de ciudadanos, que tienda a aliviar la situación de cualquier persona desempleada siempre va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió.
Lamento que el señor Llamazares no nos acompañe en estos momentos en el hemiciclo, pero yo creo que desde el punto de vista del progreso, desde el punto de vista de la justicia social y desde el punto de vista de la equidad, facilitar a quien no tiene empleo que pueda regresar a su país para reconstruir un proyecto de vida vital es una política de progreso y, por tanto, sin ningún tipo de complejos, vamos a convalidar este real decreto que el Gobierno ha planteado. Además tiene un carácter voluntario, y carácter voluntario quiere decir que esta posibilidad la van a utilizar quienes quieran, quienes estén en condiciones de hacerlo, quienes en definitiva opten por esta salida. Es cierto que el real decreto introduce una cautela, la referencia que se hace a que durante tres años esa persona pueda regresar a España, y eso también es razonable; lo es, entre otras cosas, porque lo que pretende específicamente esta norma es ese retorno. Si cualquier trabajador extranjero optase por utilizar la fórmula de capitalización de su prestación por desempleo, tiene la normativa hoy existente en España y las mejoras que sobre esa normativa se van a introducir en el próximo ejercicio. En tercer lugar, coincidimos con el Gobierno en la necesidad de que la filosofía de esta norma permanezca en el tiempo. Esta voluntad de permanencia en el tiempo de esta norma debe permitir que la adaptemos en función de la evolución de su propia aplicación. Una gestión completa de los flujos migratorios que incluya las políticas que regulan el acceso, pero que también incorporen las políticas que regulan la salida de carácter voluntario, exige una normativa con pretensión de desarrollarse en los próximos años y que además responda a una filosofía que en los últimos tiempos se está impulsando en el seno de la Comunidad internacional, en origen en la comisión global de Naciones Unidas sobre migraciones que propuso Kofi Annan, recogida por la OCDE y por la Unión Europea, que corre el riesgo de ser más teórica que práctica, pero que en este real decreto de alguna manera se concreta en la práctica, como es la teoría de las migraciones circulares, instrumentos que permitan a quienes quieren entrar en un país de la Unión Europea entrar y salir desde la legalidad, con la posibilidad de retornar desde la legalidad. Ese instrumento, seguramente de manera modesta, articula por primera vez una modalidad específica de inmigración circular. Desde este punto de vista, mi grupo entiende que constituye una oportunidad más en la configuración de una política de estas características.
Voy a hacer algunos comentarios sobre el futuro en relación con esta norma. Primero, máxima información y transparencia al Parlamento en cuanto a la aplicación de la misma, su evolución y, en definitiva, su concreción. Nos parece que es bueno que la Cámara sepa qué evolución va a tener ese instrumento para estar en condiciones de introducir las mejoras que sea necesario cuando convenga.
En segundo lugar, coordinación con las propias comunidades autónomas, entre otras cosas porque ellas son las que desarrollan las políticas de integración y las políticas activas de empleo, y poco o mucho esa vinculación con el hecho autonómico va a continuar siendo necesaria.
En tercer lugar, mantenimiento de los programas que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos desarrollan con la Organización Internacional de Migraciones para los emigrantes sin papeles. Aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad son las que están sin
papeles y han trabajado en la economía sumergida, y ya en anteriores legislaturas se articuló el programa de la OIM con relación a esa cuestión: necesidad de mantener ese tipo de programas.
En cuarto lugar, reforzamiento de todos los proyectos que en materia de migraciones circulares continúan funcionando. Por ejemplo, los que desarrolla la Unió de Pagesos, y que el señor ministro conoce perfectamente, en sus programas de emigrantes temporeros, que constituyen otro ejemplo concreto, puesto en evidencia como ejemplo positivo por la OCDE, de ese tipo de migraciones circulares.
En quinto lugar, reforzamiento de las políticas de codesarrollo, porque este retorno vinculado a esa capitalización del desempleo para puesta en marcha de un negocio debe de incorporarse en las acciones que desde la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo impulsamos en esa materia con todas las posibilidades de vinculación con la remesas.
Sería bueno que fuésemos capaces de articular esa vinculación entre Trabajo e Imigración y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En sexto lugar, colaboración con los países de acogida. Me consta que el señor ministro ha dialogado sobre esta materia con otros gobiernos concernidos, pero una medida como esta difícilmente puede funcionar sin esa colaboración con los gobiernos de los países de origen. Es más, seguramente nos puede interesar ampliar el número de países con los que se tenga suscrito convenio de la Seguridad Social para reforzar estas posibilidades.
En definitiva, señorías, se trata hoy de permitir que se desarrolle un programa concreto que pretende aliviar la situación de personas en situación de desempleo, de carácter voluntario por parte de quienes se sumen al mismo, con vocación de permanencia en nuestro ordenamiento jurídico, vinculado a la idea de las migraciones circulares, que debemos vincular a su vez a la idea del codesarrollo. Y tenemos que hacerlo de manera extremadamente realista, entre otras cosas porque los problemas de desempleo y de integración de las personas de origen extranjero nos van a exigir decisiones más difíciles, más complejas, a veces seguramente más duras que la que este real decreto hoy nos plantea. No nos parece que hoy estemos haciendo ningún catenaccio, nos parece que simplemente tocamos de pie en el suelo, nos topamos con la realidad y actuamos en consecuencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Popular el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, señor ministro de Trabajo, es usted ministro de Trabajo e Inmigración. Desgraciadamente, hoy hemos conocido las cifras del paro, unas cifras que habría que calificar de dramáticas, de enormemente preocupantes para los inmigrantes y muy especialmente también para los españoles: 95.367 parados más en el mes de septiembre, más de 3.000 parados cada día, sobrepasamos ya los 2.625.000 parados en nuestro país, estamos ante el septiembre más negro del paro en los últimos veinte años, y en el último año hay 608.000 personas más en paro. Ante esta situación, señor ministro, usted no puede seguir poniéndose de perfil, como hizo ayer en esta Cámara, echando la culpa a los demás, o diciendo que la culpa es del tiempo.
Hace seis meses ustedes decían que no había crisis. Luego dijeron que la culpa era del petróleo. Cuando bajó el petróleo, la culpa -que es lo que usted mantiene ahora- es de la crisis financiera. Por cierto, debería usted coordinarse con el presidente del Gobierno porque es muy difícil hablar de crisis financiera o responsabilizar al desempleo en España de la crisis financiera cuando, según el presidente del Gobierno, el sistema financiero español goza de una excelente salud y es uno de los mejores del mundo. Pero, mientras ustedes siguen de brazos cruzados, el desempleo sigue creciendo. Hagan ustedes, por tanto, reformas, reformas estructurales, que las tienen que hacer; favorezcan la creación de empleo, la competitividad, y hagan que baje la inflación en este país.
Asuman, además, sus errores, y creen confianza en vez de echar la culpa a los demás, porque responsabilizar a los Estados Unidos de que España se haya convertido, una vez más, en los campeones del paro de la Unión Europea, es como hacen algunos últimamente, echarle la culpa a la aerofagia de las vacas del cambio climático.
Señor ministro, en mayo de este año el Gobierno, abrumado por lo que ya se veía venir, que era el crecimiento del paro, especialmente inmigrante, y fracasado el plan de recolocación que nos anunciaron en enero, anunció una serie de medidas para favorecer el retorno. El paro ya ha rebasado entre los inmigrantes en septiembre las 300.000 personas, la cobertura del desempleo apenas es del 60 por ciento para este grupo de personas.
Usted inició un aparente cambio radical de lo que había sido hasta entonces la política de inmigración de este Gobierno llevada a cabo por su predecesor, impulsada por el presidente del Gobierno y coordinada por la vicepresidenta del Gobierno. Usted volvió a intentar buscar un acuerdo en materia de inmigración en la política europea de inmigración, hizo referencias a la reagrupación, abjuró del buenismo practicado hasta entonces y atrás dejó eso de la multiculturalidad, con declaraciones como aquellas de que el último que llega no puede imponer sus normas al resto.
El nuevo mensaje del Gobierno era: Si somos laxos con la inmigración ilegal el fenómeno no hay quien lo pare. Ya no éramos la envidia de Europa, que decía el señor Caldera. Parece que la regularización de 2005 y el papel para todos tampoco había servido para regularizar o poner legalidad en lo ilegal, que es lo que nos había anunciado en su día el señor Zapatero. Eso nos parece sensato. Muchos han hablado del cambio, pero la realidad, señor ministro, es bien distinta. La realidad es que han hecho poco o nada y hoy se demuestra con este proyecto de ley. Usted habla mucho pero hace más bien poco. Un castizo diría que a usted se la va la fuerza por la boca, señor ministro, y
cuando, a veces, se le va la fuerza, incluso algún compañero siempre está presto a darle un codazo en el ojo, como le ha pasado recientemente.
Usted ha convertido ese famoso paquete de medidas para favorecer el retorno en un minidecretín de apenas medio folio, y ya ha sido descalificado por usted mismo; ya se ha puesto la venda antes de la herida diciendo que esto no es más que una medida más y que tampoco debemos aspirar a que resuelva nada. Y no es una medida que vaya a servir para gran cosa, sencillamente porque no va dirigida a resolver los problemas. Los problemas, y usted lo sabe, son la entrada masiva de inmigrantes ilegales que ustedes no han hecho nada por solucionar. Ahí tiene usted las cifras de los últimos años. En el año 2004 había dos millones y medio de inmigrantes empadronados en España. Cuando acabemos 2008 habrá más de seis millones de inmigrantes empadronados en España. En 2.500 se regularizó a 850.000 personas, pero en 2006 y 2007 se ha vuelto a regularizar a un millón y medio de personas de forma encubierta a través de distintas figuras, como el reagrupamiento, el arraigo o el contrato en origen, sobre el que hay que decir que no es contrato en origen. Son personas que ya están aquí y a las que, bajo la fórmula del contrato en origen, se les dice que se contrata en origen. El presidente del Gobierno nos dijo que 250.000 el año pasado. De ellos solo 30.000 fueron realmente contratados en origen. Por eso hemos criticado esas declaraciones suyas según las cuales el contrato en origen ahora va a ser cero. No, lo que hay que hacer, señor ministro, es impulsar el contrato en origen, que es la vía por la que los inmigrantes deben llegar a nuestro país: en barco y con un contrato debajo del brazo, no en patera como, lamentablemente, siguen haciendo.
España, desgraciadamente, sigue siendo el coladero de la Unión Europea de la inmigración ilegal. Entran más inmigrantes ilegales en España que en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia y el Benelux juntos. Ahora sigue siendo nuestro país, con los nuevos métodos de las mafias para el tráfico de inmigrantes, el paraíso de las mafias. Se lo han demostrado cuando ya se enseñan nuevo tipos de pateras o con las nuevas modalidades, en las que las mujeres embarazadas o con niños son las personas víctimas de estas mafias. Por lo tanto, señor ministro, la prioridad -y su prioridad- debe ser combatir la inmigración ilegal y, sobre todo, crear empleo y no cruzarse de brazos. Usted ha tenido otras prioridades hasta ahora.
Fundamentalmente, hablar. Y poco más. Y hoy nos presentan un decreto-ley que ha sido como el parto de los montes, le decía antes, un decretín.
Inspirado en una reforma de la Seguridad Social que, por cierto, hizo el Partido Popular para capitalizar la prestación por desempleo. Un decreto que ha sido descalificado por inicuo por las asociaciones, que no establece en su texto las condiciones ni los fraccionamientos de los pagos ni las garantías por incumplimiento de esos pagos y, además, un decreto sobre el que no existe informe previo del Consejo de Estado ni del Consejo Económico y Social ni del Foro para la inmigración y al que usted, como decía antes, ha ido paulatinamente quitando importancia. Ese es su decreto- ley. Yo creo que es un decreto-ley absolutamente inicuo y, por lo tanto, no vamos a poder votarlo a favor. Desearíamos que se tramitara como proyecto de ley porque creemos que es una medida que, mejorada, podría ser útil. Pero, evidentemente, tal como está no la consideramos así.
Señor ministro, la inmigración sigue, lamentablemente, siendo protagonizada por el caos gubernamental. Usted dijo que lo que había que hacer era gobernar el fenómeno de la inmigración, no se cansa de decirnos eso todos los días. Pero desgraciadamente -y a las pruebas me remito- usted apenas gobierna nada. Es la ministra de Administraciones Públicas quien controla y da, a través de las subdelegaciones del Gobierno, los permisos; es el ministro del Interior quien controla las fronteras y se encarga de los retornos de inmigrantes ilegales, algunos tan nefandos como el de Gambia de los últimos días; es el ministro de Exteriores quien hace los convenios y los tratados y se encarga de ello. Usted, cuando hay problemas, se quita el mochuelo de encima, como hizo hace una semana no queriendo venir a hablar del retorno y del vuelo nefando de Gambia. Se lo encasquetó al señor ministro del Interior. A todo esto, existe una vicepresidenta que dice que coordina, pero que se niega también a venir al Parlamento a explicarnos la política de inmigración del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Hernando, ha terminado su tiempo.
El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, voy a acabar inmediatamente.
Ustedes, con su política que iniciaron hace más de cuatro años, han convertido el fenómeno de la inmigración en un auténtico problema para la sociedad. Usted no ve las encuestas y por eso dice lo que dice. El problema es que hace poco o nada. Por lo tanto, desde mi grupo le pedimos que traiga las reformas que son necesarias; que cumpla de verdad con el pacto europeo que acaba de firmar, y eso implica reformas en las vías de entrada y de regularización masiva que ustedes están utilizando de forma fraudulenta; que prohíban las regularizaciones masivas; que hagan un contrato de integración para los inmigrantes. Eso servirá para dar tranquilidad a muchos españoles, para frenar la inmigración ilegal y para que el caos que ustedes han creado y sembrado no siga aumentando.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna para manifestar el apoyo decidido del Grupo Socialista a la convalidación del real decreto-ley que hoy nos ha presentado el Gobierno; real decreto que permite el abono de forma anticipada y acumulada del importe de la prestación por desempleo a que tenga derecho el trabajador extranjero que, encontrándose en desempleo en España, decida retornar voluntariamente a su país. Esta medida, que fue anunciada por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, fue ya avanzada por el ministro de Trabajo e Inmigración en su comparecencia el pasado 22 de julio. Con ella, los socialistas perseguimos tres objetivos básicos. En primer lugar, ampliar las opciones y oportunidades que se plantean a los inmigrantes que quedan en paro.
Junto a las opciones que existen en este momento, es decir, percibir el desempleo al que tenga derecho con una búsqueda activa de empleo o el desarrollo de un proyecto empresarial en nuestro país, capitalizando la prestación, ahora puede percibir de forma acumulada la prestación por desempleo en dos pagos, el 40 y el 60 por ciento respectivamente, siempre que se comprometa a abandonar España en un plazo de 30 días naturales y a no retornar durante los tres años siguientes.
En segundo lugar, la medida favorece la consolidación de los derechos de los trabajadores inmigrantes. Como SS.SS. conocen, el real decreto-ley se refiere a trabajadores procedentes de países no comunitarios con los que España tenga suscrito un convenio de Seguridad Social. Con ello se trata de garantizar las prestaciones futuras, ya que permite el cómputo de cotizaciones que se realicen en ambos países. También será posible extender esta opción en los supuestos en los que, a juicio del ministerio, existan mecanismos adecuados de protección social. Además, transcurridos los tres años desde que el inmigrante realizara esta opción, puede, en las condiciones que se determinan legalmente, volver a España y recuperar la situación en que se encontraba antes de su partida voluntaria.
En tercer lugar, esta medida puede favorecer la reinserción laboral en su país de origen, al tiempo que contribuye al desarrollo económico del mismo. No cabe duda de que el retorno de trabajadores con calificación y experiencia adquirida durante su residencia en España puede contribuir a este objetivo.
Por otra parte, la medida que contempla el real decreto que hoy convalidamos hay que analizarla, como ha planteado el Gobierno, con cierta perspectiva de largo plazo, ya que tiene un carácter permanente y no coyuntural, como nos ha explicado el ministro. Está pensada para reforzar la migración circular, porque, señorías, hay mucha gente que emigra con el objetivo de volver algún día a su país; esto es así. Por ello, se tienen en cuenta los derechos y las garantías individuales del trabajador, la situación del mercado de trabajo y, además, los efectos positivos que para el país de origen puedan reportar en término de desarrollo económico.
Este bloque de consideraciones entiendo que permite en gran medida esa posición favorable de muchos de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, y agradezco esa posición con mayor o menor entusiasmo, pero, en definitiva, agradezco el tono y las aportaciones que se han hecho. Y estoy segura de que en el proceso de elaboración de los decretos y en las medidas concretas se podrá concretar la petición de mayor información que se ha planteado en el Cámara, puesto que el Gobierno ha ofrecido en reiteradas ocasiones un diálogo y un pacto político en esta materia a todos los grupos de esta Cámara.
Permítanme, sin embargo, algunos comentarios. Le diría al señor Llamazares que, lógicamente, en el debate de este real decreto conviene que nos ciñamos a lo que dice el real decreto-ley. No voy a entrar en una valoración simbólica y respeto su opinión, pero hemos de tener en cuenta que el real decreto-ley no tiene por objetivo que la gente se vaya a su país. En primer lugar, es una medida voluntaria, no es obligatoria; no se obliga a nadie a que se acoja a ella. Es una oportunidad más que se da al inmigrante a la que puede acogerse si así lo desea y, si algún día desea volver, no se pierden los derechos que jurídicamente ha consolidado en España. Son características de una medida progresista, como no puede ser de otra manera. Por ello, la medida no se cifra cuantitativamente en relación con el número de beneficiarios, señor Llamazares. Los efectos los veremos a lo largo de los próximos años en función de la evolución económica de los países de origen -y esto se ha puesto de manifiesto por el conjunto de los portavoces de la Cámara- si efectivamente somos capaces de articular proyectos de cooperación al desarrollo, no solamente desde España sino desde el conjunto de la Unión Europea, hacia esos países. Y, por supuesto, también dependerá de la concreción de proyectos vitales que la medida posibilita. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En relación con las posiciones que han mantenido determinadas asociaciones o grupos sociales, le puedo decir que habrá que tener en cuenta los informes emitidos formalmente en el proceso. También quiero recordar la participación en el proceso de elaboración de la medida, como el ministro nos comentó el pasado 22 de julio. Quiero recordar como se planteó en la Conferencia sectorial a comunidades autónomas y ayuntamientos que aprobaron y apoyaron la medida, también en el Foro para la inmigración y, por supuesto, en el ámbito del diálogo social. También quiero recordar, como el ministro nos apuntó en esa comparecencia, que esta medida engarza perfectamente con lo que se está debatiendo en Europa en relación con la filosofía de las migraciones circulares. En este sentido, conviene recordar que España está impulsando en el seno de la Unión Europea un enfoque global de las migraciones que incorpora esta nueva filosofía. Se trata, señorías, de crear una asociación global entre Europa y los países de origen y tránsito que favorezca las sinergias entre migración y desarrollo. También tuvimos ocasión de conocer el avance del pacto europeo sobre inmigración y asilo que España, junto con Francia y Alemania, propone al próximo Consejo Europeo del mes de octubre. Este pacto incorpora los aspectos fundamentales de las políticas
que sobre inmigración han puesto en marcha los gobiernos socialistas.
Señorías, efectivamente en el año 2004, con la llegada al Gobierno del Partido Socialista, se abrió un proceso de diálogo con los interlocutores sociales y económicos cuyos acuerdos concretaron los ejes básicos de la política de inmigración que se viene desarrollando desde entonces. En primer lugar, la vinculación entre inmigración y mercado de trabajo. Se acordaron los mecanismos de entrada, señorías del PP, en relación con el mercado de trabajo por primera vez. También se desarrollaron las bases para una eficaz lucha contra la inmigración ilegal; no se mira para otro lado, señorías del PP. Y también se está combatiendo el tráfico de seres humanos con éxitos y con trabajos que ya se han puesto de manifiesto en esta Cámara por parte del ministro del Interior. También se han ido consolidando acuerdos con países de origen y tránsito para garantizar el control de los flujos migratorios, y también desarrollando políticas de cooperación. Por supuesto, en ese proceso de diálogo se llegó a un acuerdo de normalización precisamente para regularizar a cientos de miles de personas que tenían un contrato de trabajo ilegal, y que ustedes posibilitaron mirando para otro lado en su etapa de gobierno. Esto se hizo comprobando caso por caso, tal y como establece el pacto europeo al que antes he hecho referencia.
Si hablamos de integración, el pacto europeo también deja claro que nada de contrato de integración, señorías: igualdad de derechos y de obligaciones, respeto al cumplimiento de las leyes y al Estado de derecho, y políticas concretas que favorezcan la integración, como es el Plan de ciudadanía e integración puesto en marcha en nuestro país.
Tendremos ocasión de analizar en profundidad este pacto, pero no quisiera dejar de mencionar que cuando el Partido Popular trata de devaluar la medida que hoy convalidamos, yo creo que pierde de vista el efecto estratégico...
El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez del Castillo, debe ir acabando.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muy bien, señor presidente.
Pierde de vista ese efecto estratégico de la medida, y no podemos olvidar que los inmigrantes y las migraciones se producen como consecuencia de una situación económica en su país de origen. Este es un compromiso que todos debemos abordar desde una política de la Unión Europea que favorezca el desarrollo de esos países, y por tanto un mayor equilibrio en todo el continente africano.
Quiero terminar diciendo que nos parece oportuno el mecanismo utilizado para la implantación de la medida como real decreto-ley porque, tal y como ha dicho el ministro, se trata de dar una respuesta inmediata a las necesidades por las que están atravesando las personas a las que va dirigida.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS.
(Número de expediente 121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Examinado el punto del orden del día número VI, pasamos al punto VII: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
Para fijar su posición sobre este proyecto, ¿el Grupo Mixto desea hacer uso de la palabra? (Denegación.) Muchas gracias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Intervengo únicamente para anunciar nuestro voto favorable a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Renunciamos al turno, señor presidente. No tenemos nada que objetar. Es una ley cuyo cumplimiento obedece a requerimientos obvios de ajuste de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, a tratados internacionales y al funcionamiento de la justicia internacional. Resulta superfluo, y por razones de economía procesal -nunca mejor usada la expresión en este caso- vamos a abstenernos de opinar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, aprovechando que el presidente, señor Bono, ocupa la Presidencia de la Cámara, nuestro grupo parlamentario al iniciar este trámite, que podría ser un trámite formal, quería abrir unas reflexiones
importantes sobre la ordenación de los debates en esta Cámara al hilo de este proyecto de ley. Este proyecto de ley, señor presidente, tiene su importancia al ser el primero que va a dictaminar el Pleno esta legislatura, tras la Comisión, y debe ser así porque es un proyecto de ley orgánica. Pero fíjense SS.SS. en que este proyecto de ley orgánica, que tiene un mero contenido procesal que acompaña a otro, que es el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, ya ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia y ya está en el Senado; y esta reflexión, señor presidente, es oportuna hoy en el Pleno de la Cámara. La Comisión de Justicia ha cumplido ya su papel, ha legislado con competencia legislativa plena, evitando que llegara al Pleno de la Cámara este proyecto de ley, que era necesario, porque viene a reforzar el espacio europeo de Libertad en el ámbito de la Unión Europea, fruto también del Tratado de Ámsterdam, y por tanto a favorecer la ejecución por parte de nuestros tribunales de resoluciones de otros Estados miembros, por lo que era necesario. Pero no era del todo necesario que esas discusiones llegasen al Pleno, por lo que la Comisión de Justicia ya dictaminó. De ahí que nosotros consideraríamos incluso oportuno que este debate se hubiera podido producir ayer, miércoles, porque a media mañana terminó el Pleno y hubiera podido continuar con el decreto ley y con este proyecto de ley que acompaña al proyecto de ley ya aprobado en la Comisión de Justicia.
Este proyecto de ley orgánica, que debe de aprobar este Pleno al ser orgánica, simplemente introduce dos aspectos técnicos: atribuye a los juzgados de lo Penal esa nueva competencia en la ejecución de sanciones pecuniarias, y además extiende esa ejecución no únicamente a la Audiencia Nacional, sino también a otros juzgados. Por tanto, ese complemento era necesario y vamos a votar a favor. Más aún, señor presidente, cuando las únicas tres enmiendas de carácter técnico presentadas a este proyecto de ley las presentó el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y felizmente las tres fueron aprobadas en el trámite de ponencia y Comisión, con lo cual hoy nos congratulamos del nivel de consenso al que se ha llegado, porque las tres enmiendas presentadas por nuestro grupo han sido incorporadas. También agradecemos formalmente la presencia del ministro de Justicia, y efectivamente votaremos a favor del texto.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Mariscal tiene la palabra.
El señor MARISCAL ANAYA: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Como decía el representante de Convergència i Unió, el pasado día 23 la Comisión de Justicia aprobó con competencia legislativa plena la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Este es probablemente el último acto en el camino para la trasposición a nuestra legislación nacional del contenido de la decisión marco 2005/214/JAI. Cumplimos por tanto con un compromiso y también hacemos realidad una necesidad. Por una parte un compromiso, pues tanto la regulación contenida en la nueva ley, aprobada en la Comisión de Justicia, como las modificaciones operadas por esta en la Ley Orgánica del Poder Judicial coadyuvan a los objetivos de la Unión Europea recogidos en los documentos europeos, tanto en el Tratado de Ámsterdam como en los documentos resultantes de la cumbre de Tampere. Así, una vez comience a desplegar su eficacia esta nueva regulación, ahora traspuesta por estas dos leyes, podremos afirmar que con ella ofrecemos a los ciudadanos un mayor grado de seguridad dentro del espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, y a su vez contribuimos eficazmente a la cooperación judicial en materia penal. Además de este compromiso, hacemos realidad una necesidad, ya que es verdad que desarrollar -como ahora terminamos de hacer- el reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales, permite avanzar en una nueva forma de entender el auxilio judicial internacional, al sustituir el principio de petición y suprimiendo la intervención de las autoridades administrativas para sustituirlas por la relación directa entre autoridades judiciales de distintos países.
Como bien recoge el informe de la Fiscalía General del Estado, esta regulación se basa en la confianza mutua entre los Estados miembros; confianza que descansa en la idea de una común vinculación de los Estados miembros a los principios de libertad, democracia, Estado de derecho, y respeto a los derechos y libertades fundamentales. Desde el punto de vista material, el proyecto de ley que ahora debatimos complementa el proyecto de ley aprobado semanas atrás por la Comisión, que es el que contiene la regulación sobre ejecución de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, y lo hace introduciendo dos modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial para, a través de ellas, permitir que sean los juzgados de lo Penal los competentes para reconocer y ejecutar las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, como dice el nuevo párrafo del apartado 2 del artículo 89 bis, y añadiendo un redactado al punto segundo del artículo 65, salvando del conocimiento de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las resoluciones del nuevo artículo 89 bis 2.
Es cierto igualmente -y cabe valorarlo de forma positiva- el grado de consenso obtenido en la tramitación conjunta de los dos proyectos, aunque también es cierto que el consenso ha sido norma común y habitual en la trasposición de normativa europea, lo cual no
impide lamentar, por un lado, la tardanza en la trasposición, y por otro, la parálisis en la producción legislativa de este Gobierno en materia de justicia. Si no me equivoco, este es el primer proyecto de ley que llega a esta Cámara en este periodo de sesiones. Desde mi grupo solo esperamos que esta regulación ayude a mejorar y a agilizar el servicio público de la justicia. La pasada legislatura no fue la legislatura de la justicia, y la producción legislativa en esta Cámara habla por sí sola. Este Gobierno ha traído a esta Cámara para su debate y aprobación solamente cuatro proyectos de ley en materia de justicia, tres de los cuales son trasposiciones de normativa europea. Este grupo parlamentario llega a plantearse si lo que pretende el Gobierno es que la competencia legislativa que dimana de nuestra posición como diputados sea traspasada al Parlamento Europeo, y sea este el que legisle sobre política judicial.
Estoy seguro de que ustedes, como nosotros, están preocupados por cómo funciona la justicia en nuestro país. Pensamos que están muy preocupados, la verdad; lo malo es que eso no se compadece con la nula iniciativa legislativa que están desplegando en esta legislatura. En la pasada legislatura vimos pasar la reforma del Código Penal; no sabemos nada de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; asistimos a la abortada Ley de Jurisdicción Voluntaria; no se vio la Ley de Demarcación y Planta Judicial, y no sabemos nada tampoco de la imprescindible implantación de la oficina judicial. La ciudadanía sigue clamando por una mayor eficacia, una mayor cercanía y una mayor agilidad del servicio de la justicia, pero poco podemos avanzar sin el impulso del Gobierno. Aprovecho que está aquí el señor ministro para decirle que a ustedes les corresponde liderar las reformas, no a la oposición; al Gobierno. El Gobierno debe ser quien lidere el proceso de reformas en la justicia. Todos los operadores jurídicos: jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados, nos reclaman actuaciones urgentes para organizar el trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia. Nos recuerdan la obsolescencia de las herramientas informáticas y nos solicitan la puesta en marcha de planes integrales de nuevas tecnologías. Hemos ofrecido colaboración para sacar adelante los proyectos. Tenemos voluntad de llegar a acuerdos, pero por el momento nadie responde.
Debemos ser conscientes de la dificultad de adaptación de la normativa.
Nuestros juzgados y tribunales están trabajando a destajo para sacar adelante los asuntos, pero la obsolescencia de medios, insisto, impide que los buenos propósitos se conviertan en realidad con mayor nitidez. En sus comparecencias en el Congreso y en el Senado el señor ministro habló de reformas pendientes, y de que debíamos llevar a cabo una tarea urgente e imperiosa. Eso mismo nos lo dijo hace cuatro años. El anterior ministro nos dijo en 2004 que las reformas eran imperiosas y urgentes, y seguimos esperando. Al Partido Socialista en materia de justicia hasta ahora solo se le puede conocer por sus promesas incumplidas en el tiempo, por la herencia a la que acuden con frecuencia para justificar su inacción, y por la falta de ideas. Ya no puede servirle la herencia, porque la herencia es la de 2004, y es del Partido Socialista.
Daremos nuestro voto a favor a este proyecto de ley orgánica como lo dimos días atrás al proyecto de ley que este complementa, en el ánimo de contribuir a la mejora de la justicia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, sometemos a la votación de la Cámara el primer proyecto de ley de justicia en la presente legislatura. Lo hacemos en un clima de consenso, imprescindible para afrontar los retos que ciudadanos y operadores jurídicos nos demandan. Nuestro Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista tienen iniciativa y ambición política para avanzar decididamente hacia una Administración de Justicia moderna, de calidad y adaptada a nuestro Estado compuesto. Déjenme manifestar en nombre de nuestro grupo la satisfacción por el apoyo a este proyecto de ley con contenido orgánico.
Se modifica únicamente el punto segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir competencia a los juzgados de lo Penal, en el cumplimiento de resoluciones judiciales en el conjunto de la Unión Europea, y que impongan sanciones pecuniarias.
Han sido aceptadas las tres únicas enmiendas presentadas en el trámite de ponencia y de Comisión. Fue aprobado -como bien han señalado los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió- la semana pasada en la Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley sin contenido orgánico que incorpora al derecho español la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales con sanciones pecuniarias, que fue establecido en la decisión marco 2005/214/JAI.
Señorías, la satisfacción es doble. En primer lugar, por iniciar con buen pie los trabajos legislativos en materia de justicia en la presente legislatura, en un clima de mayor diálogo y acuerdo que en la pasada, y que ha tenido un buen preámbulo con el acuerdo de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y con la elección de su presidente. Y, en segundo lugar, porque se trata de un nuevo impulso en el objetivo de creación del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea. Este nuevo instrumento legislativo se añade a los ya incorporados a nuestro ordenamiento jurídico en la anterior legislatura relativos a la orden de detención europea, los procedimientos de entrega entre los Estados miembros, y la relativa a la ejecución de las
resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.
Nos consta, además, que el Ministerio de Justicia está preparando en el marco de la troika comunitaria -de la que también forman parte Hungría y Bélgica- una ambiciosa agenda para la Presidencia de España de la Unión Europea en 2010, para seguir avanzando en este objetivo establecido en el Tratado de Ámsterdam.
El Gobierno, el Ministerio de Justicia y nuestro grupo parlamentario tienen la firme voluntad política de afrontar una legislatura decisiva en el ámbito de la justicia. El ministro Fernández Bermejo ha anunciado el impulso de una gran reforma procesal, que permita dotarnos de una Administración de Justicia moderna, de calidad y con plena vocación de servicio público para los ciudadanos. El presidente del Gobierno en su discurso de investidura afirmó su compromiso con la justicia como política de Estado, y como una de las políticas que van a ser prioritarias en los próximos años, al igual que se pronunciaron el líder del principal partido de la oposición y otros portavoces. El proyecto de ley de presupuestos para el próximo año constituye prueba -iuris et de iure- de la voluntad y del compromiso de este Gobierno con las políticas de justicia: incremento del 6 por ciento del presupuesto en relación con el presente ejercicio, 1.658 millones de euros.
Aprovecho esta tribuna y el presente proyecto de ley -que será aprobado con pleno consenso- para interesar del conjunto de grupos de la Cámara predisposición, diálogo y apoyo al ministro de Justicia y a nuestro grupo parlamentario para que podamos desplegar el conjunto de cambios normativos que precisa nuestra Administración de Justicia. Sin este nuevo clima de consenso será muy difícil afrontar las reformas procesales que el ministro pretende impulsar, sin caer en lo que nuestro compañero y ex ministro, López Aguilar, definía como penelopismo: tejer, como la Penélope de Ulises, legislativamente para que algún día otros destejan sin solución de continuidad. Sin duda no pueden repetirse las situaciones de bloqueo singularmente vividas en la anterior legislatura en el ámbito de la justicia, ya que existen proyectos, como el nuevo modelo de oficina judicial, que demandan de nuestro esfuerzo y acuerdo para sentar bases sólidas de esta Administración de Justicia de calidad y bien valorada por los ciudadanos que todos deseamos.
Permítame, señor Mariscal, que le diga que no he entendido parte de su intervención. Usted fue miembro de la Comisión de Justicia en la anterior legislatura, y es perfectamente consciente de que ustedes tenían una decisión de bloqueo a este ministro y a este grupo parlamentario para no avanzar en el ámbito de la justicia. Yo deseo que esta legislatura sea diferente. Han empezado con buen pie, pero no lo deduzco de sus palabras.
Espero que el cambio vaya a favor de esta Administración de Justicia que todos deseamos, porque queremos que esta sea una legislatura ganada para la justicia.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez Jubero.
El señor ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, solo quería felicitar a esta Cámara -permítanme- por el buen trabajo llevado a cabo, pero sobre todo por el clima en que se ha realizado. Es el colofón al gran trabajo de la Comisión de Justicia de la Cámara que, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde, ha aprobado esa trasposición del instrumento europeo que permite la ejecución de sanciones administrativas en todo el territorio de la Unión.
Creo que debemos celebrarlo y seguir ahondando en este clima, que permite que con esta celeridad tengamos en la vía libre instrumentos legislativos tan importantes.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
(Número de expediente 250/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el VIII y último punto del orden del día: declaración sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Para fijar su posición tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Desean hacer uso de la palabra? (Denegación.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, presidente.
Votaremos favorablemente el dictamen.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no hay presente ningún señor diputado y, en consecuencia, entiendo que renuncian a su intervención.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidente.
Presidente, señorías, quisiera iniciar mi intervención señalando que para nuestro grupo parlamentario la labor que realiza el Tribunal de Cuentas constituye una referencia para el buen funcionamiento de toda la Administración, y una de las garantías más importantes con que cuenta el Estado de derecho. Desde Convergència i Unió hemos recogido todas las conclusiones que se contienen en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general de 2005 y que, avaladas por la independencia del tribunal, no solo hemos de tener en cuenta, sino sobre todo aplicar con la máxima rigurosidad y exigencia para conseguir la transparencia y eficacia necesarias de nuestras administraciones, y muy especialmente de sus empresas y fundaciones. A partir de nuestro apoyo a la primera enmienda de resolución de aprobación de dicho informe, desde nuestro grupo parlamentario queremos señalar los aspectos que entendemos más críticos del mismo, los que más urge reconducir, y sobre los que hemos presentado nuestras propias resoluciones; pero también hemos de señalar el esfuerzo que se está haciendo en la línea de mejora, como también manifiesta y pone de relieve el informe. En esta línea de mejora estamos convencidos de la positiva aportación de la proposición presentada en su momento por nuestro grupo parlamentario ante la Comisión, y asumida por esta misma, respecto a las cuentas generales de 2001 en la que pedíamos la modificación de la disposición adicional única de la Orden de 12 de diciembre de 2000, reguladora de la cuenta general del Estado, pues no recogía la obligación de presentar cuentas consolidadas por parte de todas las entidades del sector público mercantil. Creemos que esta es una buena ocasión para felicitarnos por su modificación y sustitución, que sí abarca ahora a todas las entidades sometidas a la normativa mercantil del sector público estatal. En este sentido, desde nuestro grupo insistimos en nuestra resolución presentada, a fin de aplicar de manera completa y rigurosa la orden de referencia.
En relación con el informe sobre la cuenta general de 2005, desde nuestro grupo queremos resaltar cuatro ámbitos de mejora a los que responden las resoluciones presentadas y aprobadas por nuestro grupo parlamentario, y que apoyaremos en este Pleno. En primer lugar, es necesario evidenciar, por una parte, como pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas, los retrasos e incumplimientos de plazos en la rendición de las cuentas anuales de las empresas estatales que aún se siguen observando.
Por otra, la falta de homogeneidad en la elaboración de los estados contables de las distintas entidades incluidas en la cuenta general del Estado, lo que viene originando, entre otros efectos, que la cuenta general se rinda incompleta en relación a las cuentas individuales que deberían participar en su conformación. Por último, he de evidenciar también la falta de consolidación de las cuentas, como pone de manifiesto el informe, en cuanto los entes que hoy se controlan siguen siendo resultado de una mera agregación de cuentas individuales incluidas en las mismas. Hemos de exigir, señorías, y poner todos los medios necesarios para el debido cumplimiento de la ley en todos sus aspectos.
En segundo lugar, hemos de hacer específica referencia a la necesidad de conseguir la máxima transparencia e incidir en las necesarias mejoras en términos de gestión. En este sentido creemos que no se han resuelto los problemas de contabilización total de los compromisos de gasto, y, tal como señala el informe, la falta de contabilización no es un problema de última hora, sino que se trata de un problema mal gestionado que vamos arrastrando año tras año. No se trata de cantidades menores, señorías, sino de cifras superiores a los 52.000 millones de euros. Desde nuestro grupo parlamentario insistimos e insistiremos en la necesidad y exigencia de poner todos los medios para evitar que esta situación de falta de contabilización, con la falta de transparencia que acompaña, se repita en los próximos ejercicios. Estas deficiencias que continúan detectándose en la ejecución presupuestaria no pueden volver a producirse, como no puede continuar produciéndose año tras año un desplazamiento temporal del gasto o del ingreso, como lamenta el mismo informe.
La referencia a la transparencia y gestión se evidencia también en la persistencia de carencias en las cuentas de la Administración central del Estado, que por ejemplo no recoge, en sus obligaciones de pago para 2005, la deuda de 3.372 millones que acumulaba la Seguridad Social por los servicios y prestaciones de asistencia sanitaria de financiación obligatoria por parte del Estado. Los principios de transparencia y gestión obligan a que la Administración efectúe los pagos a través de transferencias, y no de préstamos, como se ha realizado.
Por último, en este mismo marco quiero destacar la necesidad de un ejercicio riguroso de responsabilidad pública, y nos sumamos a cuanto se ha especificado en el informe del tribunal, con el fin de evitar el tratamiento que determinadas empresas y fundaciones del sector público estatal conceden a ciertas operaciones, dándoles un trato distinto al que debería dárseles, atendiendo a su naturaleza económica.
En tercer lugar, quiero referirme al problema aún vigente de la titularidad y dominio de los bienes inmuebles pertenecientes a Insalud y a otros entes. Agradecemos al Tribunal de Cuentas que haya vuelto a poner de relieve algo largamente defendido por nuestro grupo. Estamos aún en una situación en la que la Seguridad Social conserva para sí, como valor contable neto, la propiedad de unos bienes inmuebles, así como su amortización, que en todo y para todo dependen de las comunidades autónomas. No nos parece coherente, señorías, y pedimos nuevamente la plena cesión de la titularidad de unos bienes que de facto ya no están en su haber y, en consecuencia, su eliminación del balance de la Seguridad Social.
El último apartado al que quiero hacer referencia es un aspecto muy sensible para Cataluña y para nuestro
grupo parlamentario, especialmente en este momento de falta de financiación y de inversiones. Se trata del ámbito de la planificación económica empresarial, en la que se continúan vulnerando los preceptos de determinados artículos de la Ley General Presupuestaria. Tal como evidencia el tribunal, se continúan produciendo desfases temporales con respecto al momento de la ejecución, lo que conlleva la falta de actualización, se producen desviaciones, y se evidencia falta de información en materia de planificación de la actividad económico-financiera de los presupuestos de las entidades que la integran. Hemos de continuar exigiendo, tal como puso de manifiesto recientemente nuestro portavoz en la sesión de control, que esta opacidad manifiesta con la que se desenvuelven las cuentas del sector empresarial estatal llegue a su fin. Las consecuencias son muy negativas, señorías; por una parte, por el incumplimiento de la Ley General Presupuestaria por la Administración General del Estado y, por otra, porque este incumplimiento hace imposible cuantificar cuál es en realidad la cantidad de recursos realmente liquidados y ejecutados por las distintas empresas públicas, como pueden ser, por ejemplo, ADIF o AENA. En estas condiciones se hace difícil que la ciudadanía perciba la credibilidad de la Administración y del Gobierno cuando habla de respeto hacia el Estatuto de Cataluña, si luego no se pueden verificar, por falta de información y opacidad del sector empresarial estatal, los recursos realmente invertidos y liquidados en Cataluña.
Señor presidente, señorías, apostamos por la credibilidad de las cuentas públicas y por su máxima transparencia, por la eficiencia en su gestión y por una rigurosa, transparente y estricta información, de manera que las cuentas de las administraciones públicas lleguen de manera creíble, transparente, completa y periódica a la ciudadanía. Es por ello por lo que apostamos y exigimos el estricto cumplimiento de la ley. En este marco, el papel y la función de control y seguimiento que realiza el Tribunal de Cuentas, así como la función del control parlamentario, resulta imprescindible como ejercicio de responsabilidad democrática.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Debo reconocer que para mí es una satisfacción subirme hoy a esta tribuna, después de un intervalo de ocho de años de no estar en esta Cámara.
También debo reconocer que en materia de la cuenta general del Tribunal de Cuentas, analizados los motivos que en aquellas ocasiones protagonizaban la polémica política, me parece que no han pasado esos ocho años, porque veo que son exactamente los mismos que en aquella ocasión se debatían. Eso me hace pedirle a la Presidencia una especial atención a uno de los elementos que va a componer mi intervención y es que, año tras año, vemos en el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la cuenta general que los mandatos de esta Cámara que reciben tanto el Gobierno como la Intervención General de la Administración del Estado son casi militarmente incumplidos.
Vamos a empezar la intervención, señor presidente, si usted me lo permite, haciendo un reconocimiento al Tribunal de Cuentas y al excelente trabajo realizado en este informe. Tengo que felicitar no solo a los miembros de la dirección del Tribunal de Cuentas, sino a todo el equipo técnico que hace posible este magnífico informe y, por qué no decirlo también, animar a que el Tribunal de Cuentas procure perfeccionar lo que para mí es una gran síntesis de toda la actividad pública estatal recogida en un documento sobre un solo ejercicio. Esta sesión debería ser lo suficientemente importante como lo fue en su día la sesión que dio origen a esta fiscalización. El día que se aprobaron los presupuestos de 2005 fue una sesión solemne, un acto importante de esta Cámara, y me parece que tendría que ser de igual relevancia la sesión en la que se aprueba el examen, la fiscalización de ese ejercicio. En definitiva, venimos a dar el visto bueno de la liquidación de la cuenta de 2005. Permítanme decir, señor presidente y queridos miembros de esta Cámara, que analizar hoy, en el último trimestre de 2008, lo que sucedió en el presupuesto de 2005; analizarlo hoy, cuando ha habido unas elecciones por medio y podría haber habido otro Gobierno de distinto signo -aunque en el actual caso es del mismo signo-; analizarlo hoy, después de tres años, cuando la situación económica actual, la situación financiera del sector público actual es absolutamente distinta, no solo hace que pierda actualidad e importancia política esta sesión, sino que, lo que para mí es más importante, resta fuerza a la misión de esta Cámara, que es el control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Por eso, entendería este modesto portavoz que usted, señor presidente, fuera el primer interesado en evitar estos continuos y reiterados retrasos que se producen en el examen de las cuentas generales.
Hecha esta introducción, quisiera sin ningún género de dudas dejar nítidamente afirmado que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, anuncia su apoyo a la aprobación de la cuenta general, en lo que consideramos un acto de responsabilidad política. Digo lo del acto de responsabilidad política porque tenemos que reconocer que, según denuncia el propio tribunal, siguen existiendo numerosas deficiencias en la cuenta, siguen apareciendo descarados incumplimientos y, lo que es peor de todo lo que afirma el tribunal, hay una falta de representatividad contable en la declaración y en el examen realizado por diferentes motivos.
A este portavoz le llama poderosamente la atención que con toda tranquilidad en el informe se llega a decir que hay un sinfín de organismos individuales que no
rinden cuentas o, si las rinden, lo hacen fuera de tiempo y sin la forma debida. El hecho de que el tribunal denuncie en este informe que estamos en peor situación que antes no es bueno o, lo que es peor, hay algunas cuentas que se presentan con opinión negativa del correspondiente informe de la auditoría. Por eso, en las propuestas de resolución animamos al Gobierno y a la IGAE a que corrijan y a que utilicen como factor corrector de estas anomalías los sistemas informáticos, las nuevas tecnologías.
Sigue siendo causa de crítica en este informe el escaso avance que se registra en la elaboración de la cuenta general en materia de consolidación. Por eso nuestras propuestas quieren comprometer al Gobierno con este objetivo, lo bueno que sería que la cuenta general del Estado presentase estados consolidados. Habría que hacer respetar los mandatos de esta Cámara y no olvidar permanentemente las veces que la misma ha pedido el cumplimiento del objetivo de consolidación de cuentas.
Es muy importante, cuando hacemos el análisis, que nos demos cuenta de que la liquidación que se presenta vuelve a poner de manifiesto la utilización masiva de modificaciones de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que se presupuesta con falta de rigor o, lo que es peor, que por las modificaciones de crédito se burla el principio de información y de transparencia. Para mí también este principio de información y de transparencia se lesiona por la ausencia de datos sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria y esto, queridos diputados, adquiere relevancia y mucha importancia porque en este momento la situación económica y financiera, la situación financiera del sector público ya entrando en déficit y, por qué no decirlo, el respeto que merecen nuestras cuentas en la Unión Europea bien se merecen que la cuenta general incorporara con nitidez el grado de cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria.
Señorías, los excedentes de tesorería, la inexistencia de inventarios o, por qué no decirlo, los inventarios existentes inadecuadamente, los incumplimientos del sector empresarial público, el mutis por el foro que hace el sector fundacional estatal, la forma de contabilización de créditos FAD, de los microcréditos o del endeudamiento de la Seguridad Social completan una larga relación de carencias y de deficiencias que han denunciado el informe y la declaración de la cuenta del Tribunal de Cuentas.
Llama también poderosamente la atención en este punto de mi intervención que todos los grupos hemos logrado un consenso en las propuestas de resolución, por lo cual me felicito y les felicito. Estas propuestas de resolución tienen cuatro objetivos: corregir lo que hasta aquí hemos denunciado, animar a que la Intervención General del Estado impulse las mejoras que le demanda permanentemente el Tribunal de Cuentas, hacer prevalecer el principio de representatividad de la cuenta e incorporar el valor añadido que tienen hoy las nuevas tecnologías para este periodo de mejoras.
Señorías, termino. La reiteración ejercicio tras ejercicio de las deficiencias de incumplimientos y de omisiones por parte del Gobierno hace que volvamos a quejarnos de que las resoluciones que adopta esta Cámara no son atendidas por el Gobierno. En este acto, en el que vamos a apoyar esta cuenta general con nuestro voto favorable, estamos haciendo un acto de responsabilidad política. Yo confío en que ese acto de responsabilidad política se vea correspondido con un acto de responsabilidad de gestión. Ahora tengo que reconocer que, si me tengo que apoyar en el histórico de las recomendaciones que ha hecho esta Cámara al Gobierno, estoy más en un acto de confianza voluntarista que en un acto de confianza fundada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Ante el análisis de la cuenta general del Estado para 2005 y la declaración que esta Cámara ha de hacer sobre la misma, el ánimo del Grupo Socialista es doble y contrapuesto. La posición sobre la cuenta general será positiva y votaremos afirmativamente el dictamen, pero, junto a elementos de satisfacción sobre su contenido y los resultados que refleja, hay otros elementos que demandan un deseo de mejora en relación con su elaboración y presentación que quedan reseñados en las propuestas de resolución del dictamen que presenta la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Satisfacción porque el informe del Tribunal de Cuentas confirma los resultados positivos para el ejercicio analizado de 2005 en términos de superávit de las cuentas públicas, en términos de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sobrepasándolo positivamente, en términos de la correcta ejecución presupuestaria, de la mejora en el grado de consolidación de las cuentas, especialmente del sector público empresarial, de la incorporación al sector público administrativo de fondos carentes de personalidad jurídica, etcétera. Sin embargo, esta satisfacción no debe llevarnos a olvidar que para cumplir los objetivos propuestos normativamente y conseguir la correcta y precisa transparencia política queda todavía camino por recorrer. Es mucho lo avanzado, especialmente en estos últimos ejercicios, pero todavía queda mucho por hacer.
Expresan esta inquietud y deseo de mejora tanto las propuestas de resolución que recoge el dictamen elaborado por la Comisión mixta que ahora consideramos como el apartado que el Tribunal de Cuentas incluye, al final de su declaración sobre las cuentas de 2005, sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las Cámaras en años anteriores. Respecto
a las propuestas de la Comisión, he de destacar previamente, como han hecho los otros portavoces que han intervenido anteriormente, el alto consenso obtenido entre los grupos que participaron en el debate y que presentaron propuestas, ya que solo una de las quince propuestas que hoy consideramos fue motivo de votación por sustentarse en criterios distintos, como luego explicaré, mientras que las restantes fueron transaccionadas con las propuestas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. La primera de estas resoluciones, colocada en el frontispicio del conjunto de las mismas, reitera al Gobierno, como no podía ser de otra manera, la exigencia de que todas las entidades sujetas a control cumplan en tiempo y forma con la obligación que tienen en esta materia. Lo que abunda no daña, es el desiderátum continuado y necesario para conseguir la mejora de la información disponible. La actual es correcta pero, como resulta en todo proceso de análisis, el Tribunal de Cuentas recoge insuficiencias que hay que ir corrigiendo. También se recoge en las propuestas del dictamen la necesidad de aprovechar mejor las posibilidades que nos va abriendo la mejora de los procesos y herramientas informáticas. El deseo, manifestado por todos los portavoces en años anteriores, de acortar los plazos para la consideración de la cuenta general puede verse cumplido si se aplica mejor este punto que proponemos. La complejidad, variedad y multiplicidad de entidades sometidas a control y el procedimiento aplicado para ejecutarlo hacen difícil que los plazos sean mucho más cortos que en la actualidad. Sin embargo, en el presente ejercicio solo el interregno electoral y sus consecuencias impidieron que se ganara un tiempo de casi medio año, que hubiera sido posible acortar, toda vez que la declaración del Tribunal de Cuentas se entregó a las Cortes en los primeros meses de 2008. Confiamos en poder ver la cuenta general correspondiente a 2006 antes de un año en esta Cámara.
La mayoría de las restantes resoluciones van en la dirección de mejorar y profundizar la información hasta ahora presentada sobre la ejecución y liquidación presupuestaria de las empresas y fundaciones públicas; sobre las amortizaciones de bienes inventariables del Estado; sobre el criterio para la determinación de las sociedades mercantiles estatales, único punto en el que tuvimos discrepancia ya que el Grupo Socialista defiende que sea el criterio de porcentaje de participación mayoritaria; sobre los cuadros de evolución de los resultados presupuestarios y las partidas pendientes de aplicación al cierre de los últimos ejercicios, a las que hacía referencia la diputada señora Riera; sobre la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, que indicaba el señor Aguirre; sobre los inventarios completos de los bienes públicos. El conjunto de propuesta que hacemos a la Cámara se refiere a todos estos temas. Por último, se propone al Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, que continúe elaborando el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones adoptadas en años anteriores, ya que piensa la Comisión mixta que es un buen instrumento para conocer sintéticamente cómo se va avanzando en la mejora de las cuentas públicas.
Voy terminando, señor presidente. El trabajo para conocer detallada y rigurosamente las cuentas públicas del Estado, de un Estado complejo como el nuestro, es una labor absolutamente necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas, a través de sus representantes políticos, puedan conocer de forma transparente el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto de la utilización de los recursos puestos en manos de la Administración para servir a los intereses públicos y a los objetivos democráticamente determinados. Es una necesidad de salud democrática. Para ello, en primer lugar, debemos agradecer y estimular el trabajo que desde la Intervención General del Estado, por parte del Gobierno, hasta el Tribunal de Cuentas, por cuenta de las Cortes Generales, realizan para que podamos disponer de la información precisa. En segundo lugar, desde esta Cámara, y supongo que también desde el Senado -tal como hará el Senado próximamente-, debemos mantener el empeño de pedir, tanto al Gobierno como al Tribunal de Cuentas, que corrijan, mejoren y amplíen aquellos aspectos que redunden en una mejor consecución de los objetivos que expliqué anteriormente.
Este es, en síntesis, el espíritu que subyace en las propuestas presentadas y espero que, como en años anteriores, sean refrendadas por todos los componentes de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mas i Estela.
Hemos terminado el examen del orden del día y se ha anunciado la votación a las 11,30 porque es obligatorio fijar la hora al inicio de la sesión por contener la votación de conjunto de una ley orgánica. En consecuencia, durante estos diez minutos se suspende la sesión. Se llamará a votación. (Pausa.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión para efectuar las votaciones. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas.
En primer lugar, vamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. Se vota la convalidación de este real decreto-ley.
Señorías, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 175; en contra, tres; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley mencionado.
Se pasa, a continuación, por haberlo solicitado así el Grupo Parlamentario Popular, a la votación de la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 130; en contra, 173; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Se rechaza la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Tratándose de ley orgánica, pregunto a la Cámara si podemos en una sola votación votar el dictamen y la votación de conjunto. (Asentimiento.) No habiendo oposición se votará en una sola votación, pero advierto que debe tener la mayoría absoluta de los miembros de derecho para que pueda aprobarse.
En esos términos, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica mencionado.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, así como de la resolución adoptada por dicha Comisión, en los términos en que se incluyen las correcciones técnicas que han sido repartidas a sus señorías.
En estos términos, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen y la propuesta de resolución de la Comisión.
Eran las once y cuarenta minutos de la mañana.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 131
 artículo 42
 artículo 149
 real decreto 
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 real decreto 
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 artículo 13
 real decreto 
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 artículo 89
 artículo 65
 artículo 89
 artículo 65
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