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Timestamp: 2018-11-14 22:08:53+00:00

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﻿ SENTENCIA C-732 DE JUNIO 21 DE 2000
SENTENCIA C-732 DE 21 DE JUNIO DE 2000
CONTENIDO:ACCIONES POPULARES. LOS NUMERALES 2 Y 4 DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 472 DE 1998, POR LA CUAL SE DESARROLLA EL TEMA DE LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO SON EXEQUIBLES PUESTO QUE NO VULNERAN NI EL DEBIDO PROCESO NI ROMPEN EL EQUILIBRIO PROCESAL. LAS NORMAS DEMANDADAS SEÑALAN ALGUNOS REQUISITOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN ESTOS PROCESOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR
REVISTA TUTELA N°:9 DE SEPTIEMBRE DE 2000, PÁG.1875
Sentencia C-732 de junio 21 de 2000
Sent. C-732, jun. 21/2000. Exp. D-2722
Actor: Raúl Eduardo Cendales Herrera.
El despacho del suscrito magistrado sustanciador, por auto del 30 de noviembre de 1999, decidió admitir la demanda presentada contra los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y rechazarla respecto de los artículos 55 y 65 numeral 3º del mismo ordenamiento, por existir sobre éstos pronunciamiento de la Corte que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional (sent. C-215/99)
Admitida entonces la demanda en relación con la acusación parcial formulada contra los numerales 2º y 4º de la Ley 472 de 1998, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fijó en lista el negocio en la secretaría general de la Corte Constitucional para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación quien rindió el concepto de su competencia.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
ART. 65.—Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:
a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias propias de cada caso, y
Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el juez o el magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado. (Cosa juzgada Sent. C-215/99).
De manera general, el impugnante cuestiona el contenido material de los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 en cuanto consagran “la posibilidad, dentro de las acciones llamadas de grupo, de que personas que no han intervenido en el proceso se beneficien de él”.
Sostiene que, desde el punto de vista probatorio, aceptar que un tercero se beneficie de la sentencia dictada dentro del proceso iniciado mediante acción de grupo, “es abiertamente violatorio del derecho de contradicción, en cuanto el demandado no conoce los hechos que esta persona alega y, por consiguiente, no puede oponerse a ellos”. Considera que si bien la Ley 472 exige una serie de condiciones para hacer efectiva esta prerrogativa, es claro que los perjuicios reconocidos tienen un alcance individual y concreto y, en consecuencia, deben ser probados por las personas que hacen parte del grupo afectado. Esto último —afirma el actor— no ocurre con quienes se vinculan luego de dictada la sentencia ya que éstos sólo tienen que acreditar el interés que les asiste para hacerse merecedor al fallo, pudiendo, en consecuencia, resultar favorecidos sin ningún merecimiento.
Argumenta también que las normas impugnadas rompen el equilibrio procesal, toda vez que la parte condenada “en ningún momento tiene la opción de contradecir, alegar y objetar las aspiraciones de quienes se presentan con posterioridad de la sentencia a reclamar resarcimiento de perjuicios”.
La ciudadana Blanca Esperanza Niño Izquierdo, actuando en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó oportunamente escrito de intervención solicitándole a este organismo de control que proceda a declarar exequible los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
La interviniente anota que el tema de la demanda ya fue debidamente analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-215 de 1999, precisamente, al declarar exequible el artículo 55 de la mencionada Ley 472 que, en realidad, es el que consagra la figura de la integración de grupo luego de proferido el fallo condenatorio. En esa ocasión —anota la apoderada— la Corte afirmó que la integración de nuevos miembros al grupo de personas que incoaron acción de grupo, con posterioridad a la sentencia que acoge las pretensiones, no viola el debido proceso y, por el contrario, tiene como objetivo garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política, particularmente, el relacionado con el acceso a la administración de justicia.
En la oportunidad legal prevista, el jefe del Ministerio Público emitió su concepto sobre la demanda formulada y solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible los numerales 2º y 4º de la Ley 472 de 1998.
Según afirma el señor procurador, los numerales acusados del artículo 65 “no son otra cosa que un cabal desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 55 a quienes no hayan concurrido al proceso, en el sentido de que si cumplen con los requisitos allí establecidos y plantean su pretensión dentro de los términos allí previstos, se hacen acreedores a la indemnización que se derive de un fallo favorable a la demanda”.
De conformidad con lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer la presente demanda, por dirigirse contra una norma que forma parte de una ley de la República.
Según advierte el impugnante, los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 violan el debido proceso, en cuanto le reconocen a las personas que no concurren al debate judicial promovido en ejercicio de la acción de grupo, los beneficios derivados de la sentencia cuando en ésta se acogen los planteamientos de la demanda y se ordena la respectiva indemnización de perjuicios. A su entender, tal previsión afecta los principios de contradicción y de equilibrio procesal, toda vez que la parte demandada no tiene oportunidad de oponerse a los hechos alegados por quienes se vinculan a la actuación luego de dictado el respectivo fallo.
De lo previsto en las normas citadas se extrae, con suficiente claridad, que el beneficio instituido a favor de los no concurrentes al proceso, para que éstos puedan resultar favorecidos con la sentencia estimatoria, se encuentra consagrado es en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y que, los apartes acusados del artículo 65 que se refieren al tema, se limitan a desarrollar tal supuesto a efectos de que el mismo adquiera plena validez y eficacia. Ello se explica, en cuanto el precepto acusado —los numerales 2º y 4º del artículo 65— ordena que se indique en la sentencia los requisitos que este grupo de individuos —los no concurrentes al proceso— deben cumplir para efectos de merecer la indemnización y también, en aras de advertirles sobre la existencia del proceso y su ulterior decisión, que se publique la providencia en un diario de amplia circulación nacional señalando el término para concurrir a reclamar el derecho de que son titulares.
De esta manera, si lo que cuestiona el impugnante es la prerrogativa reconocida en las preceptivas antes citadas, debe señalarse que la demanda no está llamada a prosperar toda vez que el cargo invocado contra los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 ya fue estudiado por la Corte en la Sentencia C-215 de 1999 (1) , en la que, precisamente, se declaró exequible en su integridad el artículo 55 del citado ordenamiento legal.
(1) M.P. (e) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
En dicha sentencia, la Corte, haciendo referencia expresa a la naturaleza jurídica de las acciones de grupo y a su consagración constitucional (C.P., art. 88), recordó que éstas se originan como consecuencia de los daños ocasionados por las autoridades públicas o los particulares a una pluralidad o grupo de personas, quienes amparadas en una misma causa y mediante acción única, se presentan ante la justicia para reclamar el pago de la respectiva indemnización, la cual, no obstante referirse a intereses comunes, se individualiza y se reconoce a título de reparación por los perjuicios que cada uno de los miembros del grupo ha sufrido.
“De conformidad con el artículo bajo examen, se establecen dos modalidades a través de las cuales, las personas afectadas en un derecho o interés colectivo que hubieren sufrido un perjuicio, pueden hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo: el primero, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el que se indique el daño sufrido, su origen y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo; el segundo, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la misma información y siempre que su acción no haya prescrito o caducado.
Para la Corporación, dicha disposición no vulnera el debido proceso; por el contrario, asegura la efectividad del principio del Estado social de derecho y en particular, uno de los fines esenciales del Estado, como lo es el de garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, uno de ellos, el que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia”.
“Y es que la finalidad perseguida por la norma demandada es de una parte, permitir a aquellas personas que sufrieron un mismo daño o perjuicio a un derecho o interés de la colectividad, y que por motivo de desinformación, desconocimiento u otro, no conocieron de la existencia del proceso puedan, previo el lleno de unos requisitos fijados en la norma, acogerse a los beneficios de la sentencia. Ello no sólo favorece al particular, sino también a la administración de justicia, pues evita que ésta se desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona. Además, es pertinente señalar, que dada la naturaleza reparadora de esta acción, es válido para quien no se hizo parte en el proceso antes del fallo, que lo haga con posterioridad, dentro de las condiciones fijadas en la norma. Ello no desconoce en ningún caso, el debido proceso, pues quien se acoge al fallo, lo hace a sabiendas del contenido del mismo y del respeto y garantía que al trámite del proceso le dio el juez, siempre avalado con la intervención del Ministerio Público.
La consagración del derecho de exclusión, permite que el interesado pueda iniciar una acción independiente del resto de las personas cobijadas por la misma causa que originó un daño plural. Por lo tanto, la legitimación que se confiere a cualquier miembro del grupo para asumir la representación de los demás, no es óbice para que se entablen acciones individuales, por fuera de las acciones de grupo. El esquema legal estimula el efectivo acceso a la justicia del conjunto de damnificados, pero no impide que se instauren procesos singulares por parte de quienes decidan obrar de manera individual (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la sentencia antes citada resuelven plenamente el problema jurídico planteado en la demanda y, además, precisan el verdadero alcance de los artículos 55 y 65-2-4 de la Ley 472 de 1995, en cuanto éstos, en forma armónica y conexa, se contraen a regular la posibilidad que tienen las personas que han resultado perjudicadas con un daño colectivo, de acceder a los beneficios de la sentencia dictada en el curso del proceso promovido mediante acción de grupo, sin que por ese solo hecho se afecten las garantías propias del debido proceso como lo es el principio de contradicción.
Sobre esto último, obsérvese como el carácter resarcitorio y colectivo de esta clase de acciones, a su vez sustentadas en una misma causa jurídica —el daño común causado a un grupo de personas por un hecho unívoco—, es el que permite que se tramiten y resuelvan en los términos previstos por las normas acusadas, sin perjuicio de que el demandado pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa —oponiéndose a las pretensiones de la demanda y controvirtiendo las pruebas— y, en consecuencia, sin importar que para tal efecto todos los titulares de la acción participen o no activamente en las distintas etapas procesales, en tanto estén en capacidad de acreditar el perjuicio sufrido. De ahí que los artículos 48 y 55 de la Ley 472 dispongan expresamente que: “En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, o haya otorgado poder”, y que “la integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella”.
Así las cosas, acogiendo los planteamientos expuestos por el interviniente y el Ministerio Público, la Corte considera que los argumentos contenidos en la sentencia C-215 de 1999 son suficientes para que, respetando el precedente hermenéutico, proceda a reiterar su jurisprudencia y a declarar exequible los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, en la medida en que éstos conforman una unidad normativa con el artículo 55 del ordenamiento legal citado.
Declarar EXEQUIBLE los numerales 2º y 4º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
Magistrados: Alejandro Martínez Caballero, Presidente.—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.

References: ARTÍCULO 65
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 artículo 88
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 artículo 55
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 artículo 241
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