Source: http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2011/10/
Timestamp: 2017-10-23 00:22:48+00:00

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AMPARO-GARANTIAS-Y-DERECHOS-HUMANOS: octubre 2011
"ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:
En los municipios fronterizos que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros, así como el Municipio de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre."
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A partir del 4 de octubre de 2011, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, el artículo 107, fracción IV, constitucional establece:
“IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución […]”
De donde puede concluirse que, a partir del 4 de octubre de 2011, sólo es necesario agotar un medio ordinario de defensa, antes de acudir al amparo en contra de un acto administrativo, si se satisfacen los siguientes requisitos:
- Que la promoción del juicio, recurso o medio de defensa ordinario permita obtener la suspensión del acto administrativo impugnado.
- Que esa suspensión tenga los mismos alcances que los previstos en la ley reglamentaria del juicio de amparo.
- Que en el medio ordinario de defensa no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo prevé para conceder la suspensión definitiva.
- Que el plazo para obtener la suspensión en el medio ordinario de defensa no sea mayor al previsto en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.
Los 3 primeros requisitos ya se encontraban previstos en el texto anterior pero no ocurre lo mismo con el último, que implica, de hecho, la derogación del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en materia administrativa.
Si tomamos en cuenta que el artículo 148 de la Ley de Amparo establece que, en amparo indirecto, el acuerdo sobre admisión o desechamiento de la demanda debe emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación y que, además, el artículo 130 de la misma ley prevé que la suspensión provisional se acuerde “con la sola presentación de la demanda de amparo”, podemos concluir que el plazo para resolver sobre la suspensión provisional, en el juicio de amparo, es básicamente de veinticuatro horas contadas a partir del momento de la presentación de la demanda de amparo.
Por lo anterior, a partir del 4 de octubre de 2011, en materia administrativa ya no es necesario agotar ningún medio de defensa ordinario antes de acudir al amparo indirecto puesto que ninguna ley que prevea juicio, recurso o medio de impugnación ordinarios establece plazo menor o, al menos, igual a 24 horas para resolver sobre la suspensión y, por tanto, no se cumple el requisito adicionado por el legislador constitucional; ello lleva a concluir que, de hecho, se derogó el principio de definitividad del juicio de amparo en materia administrativa.
Sin embargo, debe tenerse presente que los juicios de amparo que hayan iniciado mediante presentación de demanda hasta el 3 de octubre de 2011 (día anterior al inicio de vigencia de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011), se rigen por las disposiciones anteriores, incluyendo el texto constitucional, pues el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011 establece:
“Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.”
Lo anterior es relevante porque, por ejemplo, el 29 de junio de 2011 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 244/2011 y sustentó la jurisprudencia (texto aprobado en sesión privada de 6 de julio de 2011, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación):
“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 244/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 29 de junio de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que en términos de lo dispuesto por el punto octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece de junio de dos mil siete, emitido por la Segunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos mil diez; y 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión privada del seis de julio de dos mil once.- México, Distrito Federal, a seis de julio de dos mil once.- Doy fe.”
Dicho criterio, como ya precisamos, rige sólo para juicios de amparo cuya demanda se haya presentado hasta el 3 de octubre de 2011 puesto que las demandas presentadas a partir del 4 de los mismos mes y año ya se rigen por el texto reformado del artículo 107, fracción IV, constitucional y, tratándose de la suspensión en el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal, si bien prevé que puede otorgarse la suspensión, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece:
“Artículo 90.- Dentro del término de 48 horas de haber recibido la demanda, el Presidente del Tribunal la turnará al Magistrado que corresponda.”
Sin que el Magistrado Presidente del referido tribunal tenga facultades para resolver sobre la suspensión, puesto que el artículo 99 de la citada ley orgánica dispone:
“Artículo 99.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento.”
También debe tomarse en cuenta que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece plazo expreso para que el Magistrado Instructor acuerde sobre la admisión de la demanda de nulidad ni sobre la solicitud de suspensión que pudiera haberse hecho en la misma, por lo que debe considerarse aplicable el plazo genérico de 3 días previsto en el artículo 75 de la referida ley:
“Artículo 75.- Cuando la Ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación, éste será de tres días hábiles.”
Por tanto, una vez presentada la demanda de nulidad, la ley prevé un plazo de 48 horas para que el Presidente del Tribunal la turne al Magistrado Instructor que corresponda y éste tiene un plazo de 3 días para acordar, lo que implica un plazo de 5 días para que pueda resolverse sobre la suspensión, plazo que es mayor al de 24 horas previsto en la Ley de Amparo, por lo que, tratándose de actos administrativos en el Distrito Federal, impugnables mediante juicio de nulidad, a partir del 4 de octubre de 2011, opera una excepción al principio de definitividad que permite promover juicio de amparo sin agotar el citado medio ordinario de defensa.
Similar situación se actualiza tratándose de actos impugnables mediante el juicio de nulidad federal, puesto que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que:
“28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:
b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor.
Lo que pone de manifiesto que el plazo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso establece (de la presentación de la solicitud de suspensión al día hábil siguiente al de presentación de la misma solicitud, completo) es mayor al previsto en la Ley de Amparo (24 horas a partir del momento de presentación de la demanda de amparo) y, por tanto, la disposición constitucional es aplicable para estimar que opera en el caso una excepción al principio de definitividad.
Finalmente, tratándose de recursos o medios administrativos de defensa, las leyes que los regulan generalmente tampoco contienen disposición respecto a los plazos para resolver sobre la suspensión, en caso de preverla, pero prácticamente todos remiten supletoriamente al Código de Procedimientos Civiles (federal o local, según corresponda) y, por tanto, al plazo genérico de 3 días.
En esas condiciones, podemos concluir que, a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo indirecto en materia administrativa puede promoverse sin necesidad de agotar juicios, recursos o medios ordinarios de defensa que no prevean o que establezcan un plazo mayor a 24 horas para proveer sobre la suspensión, lo que implica, de facto, la derogación del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en materia administrativa.
México, D.F., 26 de octubre de 2011
Etiquetas: amparo, ley de amparo, materia administrativa, reformas
En el Semanario Judicial de la Federación de Agosto de 2011 aparece publicada la tesis 1a. CLI/2011 en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales; es decir, su aplicabilidad en las relaciones entre particulares (la ejecutoria es la misma que la que dio origen a la tesis 1a. CLXI/2011 a que se refiere la entrada anterior sobre derechos fundamentales en el ámbito familiar).
Registro No. 161328
Tesis: 1a. CLI/2011
Rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.
Texto: La formulación clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a dichos derechos por parte de los actos de particulares. En este sentido, resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de privilegio para una de las partes, pueden conllevar la posible violación de derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que permita afirmar o negar la validez de los derechos fundamentales entre particulares; sin embargo, esto no resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta adecuada a esta cuestión se debe partir del examen concreto de la norma de derecho fundamental y de aquellas características que permitan determinar su función, alcance y desenvolvimiento dentro del sistema jurídico. Así, resulta indispensable examinar, en primer término, las funciones que cumplen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera Sala, los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). En un sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas constitucionales conforman la ley suprema de la Unión-, los derechos fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo de todas las relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento. En esta lógica, la doble función que los derechos fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, constituyen la base que permite afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es importante resaltar que la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado, en virtud de que en estas relaciones, a diferencia de las que se entablan frente al Estado, normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una colisión de los mismos y la necesaria ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea fundamental del intérprete consiste en analizar, de manera singular, las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven encontrados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad.
Precedentes: Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
La ejecutoria completa es como sigue:
Registro No. 23020
Tomo: XXXIV, Agosto de 2011
Tema: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. PARA DETERMINAR SU VIOLACIÓN SE REQUIERE LA INTENCIÓN DEL TERCERO AJENO A LA COMUNICACIÓN.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCIÓN INCLUYE LOS DATOS QUE IDENTIFICAN LA COMUNICACIÓN.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO A LA INTIMIDAD.
PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA DECISIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD REALIZADA POR UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESULTA OBLIGATORIA EN EL SENTIDO DE CONSTITUIR COSA JUZGADA.
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTA LA VÍA ADECUADA PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONOZCA DE AQUELLAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE NO REPAREN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDA POR UN PARTICULAR.
Texto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1621/2010. **********.
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diez, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el señor ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como actos reclamados y autoridades a los siguientes:
• El Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México.
• La sentencia de fecha seis de abril de dos mil diez, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca número *********/2010, que resolvió un recurso de apelación hecho valer por el quejoso y sus representados en contra de la sentencia definitiva de fecha once de febrero del año dos mil diez, dictada por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, bajo el expediente número *********/2008, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario que el quejoso promovió en contra de la hoy recurrente.
SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda de garantías por acuerdo de diez de mayo de dos mil diez, ordenando formar y registrar el expediente bajo el número A.D.C. 402/2010. El quince de junio de dos mil diez, el órgano colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo solicitado.
CUARTO. Inconforme con la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil diez en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, la tercera perjudicada -la señora **********-, interpuso recurso de revisión. Por proveído de nueve de julio de dos mil diez, el presidente del Tribunal Colegiado ordenó remitirlo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite correspondiente.
QUINTO. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diez, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tercera perjudicada en el juicio de amparo interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de Presidencia.
Por auto de veinticinco de agosto de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso de reclamación, ordenó turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y determinó enviar los autos a esta Primera Sala, cuyo presidente, por acuerdo de seis de septiembre del mismo año, ordenó el avocamiento del asunto.
Por proveído de siete de octubre de dos mil diez, esta Primera Sala returnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
En sesión de veintisiete de octubre de dos mil diez, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, esta Primera Sala determinó que el recurso de reclamación 299/2010 era fundado y revocó el acuerdo de Presidencia de este Alto Tribunal, dictado el quince de julio de dos mil diez, en el amparo directo en revisión 1621/2010, toda vez que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación directa de los artículos 4o. y 16, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Federal.
SEXTO. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de seis de enero de dos mil once, ordenó remitir a esta Primera Sala el presente asunto por no ser legalmente competente para conocer del mismo el Tribunal Pleno.
El dieciocho de enero de dos mil once, el presidente de la Primera Sala admitió el recurso de revisión, ordenó notificar a la autoridad responsable y al Ministerio Público de la Federación para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto.
SÉPTIMO. En sesión de veintisiete de abril de dos mil once, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aclarar de oficio la resolución pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil diez, en el recurso de reclamación 299/2010, al advertir que en el considerando sexto se incurrió en un error al referirse a los "párrafos noveno y décimo" del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en realidad debe hacer mención a los "párrafos decimosegundo y decimotercero", que son los que hacen referencia a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, objeto de la resolución aclarada.
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con los puntos segundo, cuarto y tercero del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, en virtud de que la materia del presente asunto cae dentro de su ámbito de especialidad.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión es oportuno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito el quince de junio de dos mil diez, se terminó de engrosar el día veintidós siguiente y fue notificada al recurrente el miércoles veintitrés de junio del mismo año.(1) Dicha resolución surtió efectos para el quejoso al día hábil siguiente, es decir, el jueves veinticuatro de junio de dos mil diez.
1. Hechos y proceso judicial de primera instancia.
El 8 de mayo de 2008, el señor ********** promovió juicio ordinario civil (*********/2008), en contra de la señora **********, en el que demandó el divorcio necesario, la declaración de la pérdida de la patria potestad de la señora **********, la custodia definitiva y pensión alimenticia de sus cuatro menores hijos, indemnización por daños y perjuicios, revocación de donaciones y, por último, que se declarase judicialmente impedida a la señora ********** para contraer matrimonio con un tercero con el que presuntamente cometió adulterio. De dicho juicio conoció el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México.
El acta notarial 7396, volumen 150, de fecha 18 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe pública de María Leticia Acevedo Acevedo, notaria interina de la Notaría Pública Número 116 del Estado de México, con residencia en San Mateo Atenco, señala, en su parte conducente:
"Yo, licenciada Ma. Leticia Acevedo Acevedo, Notaria Interina Pública Número 116 ciento dieciséis del Estado de México, con residencia en San Mateo Atenco, de la cual es titular el licenciado W. Isidro Muñoz Rivera, hago constar: La fe de hechos, que el señor **********, me solicitó efectuara el día 17 diecisiete de septiembre de presente año; con el objeto de dar fe de que en su domicilio particular, ubicado en **********, en el Municipio, de Lerma, Estado de México, en una habitación de la misma existe un equipo de cómputo en el cual se accedería al navegador de Hotmail.com, encontrándose varios correos electrónicos a nombre de la señora **********, mismos que serían impresos; desarrollándose la fe de hechos conforme a lo que consta en el acta circunstanciada, que para el efecto procedí a levantar y que para constancia se agrega el apéndice de la presente bajo la letra 'A', cuyo contenido se transcribe a continuación:
"'Siendo las trece horas con veintiocho minutos del día 17 diecisiete de septiembre de 2007 dos mil siete, me constituí en el inmueble ubicado en **********, Municipio de Lerma, Estado de México, en donde ya me esperaba el solicitante el señor **********, con el propósito de dar fe de hechos de que en una habitación de la misma existe un equipo de cómputo en el cual se accedería al navegador de hotmail.com, encontrándose varios correos electrónicos a nombre de la señora **********, mismos que serían impresos; acto seguido, cerciorada de que efectivamente se trata del domicilio por así señalarlo la denominación de la calle y el número exterior del inmueble, el solicitante y la suscrita entramos al inmueble, subiendo por el lado izquierdo unas escaleras, llegando a la planta alta, posteriormente hacia la derecha se aprecia un pasillo, por el cual entramos a una habitación que se encontraba del lado izquierdo del mismo pasillo. Acto seguido, me percato de la existencia de un despacho, argumentando el solicitante, que es en donde en ocasiones trabaja. Acto continuo, caminando del lado derecho existe un pasillo pequeño, en donde del lado izquierdo se encuentra un área de cómputo y dos libreros, como se comprueba con las fotografías que se dejan agregadas a la presente diligencia. Acto seguido, el solicitante señor **********, sentado frente a la computadora, enciende el equipo y accesa al navegador de hotmail.com en la página de la señora **********, quien argumenta el solicitante que es su esposa. Acto seguido, el solicitante **********, sentado frente a la computadora, enciende el equipo y accesa al navegador de hotmail.com, en la página de la señora **********, quien argumenta el solicitante que es su esposa. Acto seguido, ya en la página de hotmail.com, se aprecia que el buzón está identificado como la señora ********** y percatándome que aparece la fecha en que se levanta la presente diligencia; acto continuo al darle "click" al buzón, se despliegan varios correos, los cuales el solicitante empieza a ir abriendo algunos de ellos, y mandando a impresión. Posteriormente el solicitante me hace entrega de los correos como los iba abriendo e imprimiendo, mismos que se dejan agregados a la presente acta. Por no haber otro asunto que tratar a solicitud del interesado se dio por terminada la diligencia, previo el levantamiento del acta correspondiente, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día de la fecha Doy fe.'. El solicitante me manifestó bajo protesta de decir verdad, y previo apercibimiento que le formulé de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, estado lo dispuesto por el artículo 79 setenta y nueve, fracción VIII octava de la Ley del Notariado del Estado de México.
Seguidos los trámites conducentes, el once de febrero del año dos mil diez, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, dictó sentencia definitiva en la que determinó que el señor ********** no probó sus pretensiones, por lo que concedió la guarda y custodia de los menores a la señora **********. Asimismo, condenó al señor ********** a realizar el pago por concepto de alimentos respecto a sus cuatro menores hijos.(6)
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por las que concedió el amparo al señor **********, fueron los siguientes:
"Lo anterior implica que, sin lugar a dudas, se actualizara esa causal con los correos electrónicos que se dio fe notarial de que se encontraban almacenados en la memoria de la computadora que se encontraba en el domicilio conyugal de las partes y que era utilizada por la demandada, de los que se aprecia como remitentes y receptores, recíprocamente, las direcciones o página de internet 'From: la señora ********** (maito: **********ahotmail.com) ... To: el tercero ********** y 'From: el tercero ********** {*********** ajsp.com} ... To: 'la señora ***********" {********** ahotmail.com} ...' (asi), en los que se describe relaciones sexuales entre las personas que se envían dichos correos electrónicos, y que el actor transcribió algunos en su escrito inicial de demanda, en la forma y términos siguientes:(12) ...
"Igualmente, obra en autos el dictamen en materia de cibernética forense presentado por el perito de la parte actora, en el que se concluyó; '... Del análisis practicado se concluye que las cuentas de correo electrónico utilizadas con mayor frecuencia en la computadora marca HP modelo Compac nx6320 con número de serie CNU 6342CX0, "propiedad del sr. *********, fueron ********** ahotmail.com y ********** ayahoo.com.mx. Se encontraron elementos de comunicación entre las direcciones de correo electrónico ********** ahotmail.com y ********** ajsp.com y ********** ayahoo.com.mx y ********** ajsp.com. Del análisis de estas direcciones se concluye que sus partes son **********, ********** y ********** y su dominio es hotmail.com.jsp.com y yahoo.com.mx. En cuanto a la parte local, no existen convenciones acerca de cómo deben ser creadas o utilizadas, sin embargo es común que las empresas asignen el nombre y apellido del usuario a la dirección de correo electrónico, con la finalidad de poder relacionarlo con el remitente mediante el uso de herramientas convencionales que el dominio jsp.com está registrado a nombre de JSP Internacional ..." (fojas 465 a 517 del cuaderno de pruebas del actor, tomo II); dictamen único que, por ende, no se encuentra contradicho en el juicio natural por otro en esa materia.'(20)
"Todas estas probanzas, adminiculadas directa y objetivamente entre sí, llevan al convencimiento, en el ánimo de este cuerpo colegiado para tener por evidenciadas las injurias graves provocadas por la demandada con su actuar impropio y falto de respeto en contra de la persona y honor del actor, su esposo, al sostener comunicaciones lujuriosas, obscenas y de carácter sexual, libidinoso e impúdico con una persona, puesto que familiares, amigos y trabajadores del accionante le han dicho a éste que los han visto 'abrazados y besándose' en lugares concurridos y públicos, que sin lugar a duda han ocasionado un daño en el estado emocional del demandante que le hace difícil vivir en común con su consorte, incluso ante la inseguridad que tiene de que las relaciones sexuales extramaritales en las que aparecen como interactuantes la enjuiciada y dicho tercero **********, contenidas en los correos electrónicos encontrados en la computadora que utiliza su esposa sean verdad en lo físico y materialmente, por lo que inobjetablemente y sin discusión alguna, ello actualiza la causal de divorcio necesario contenida en la fracción XI del artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, consistente en las injurias graves de un cónyuge para el otro, que hagan difícil la vida en común, la cual invocó el accionante en su escrito inicial de demanda en contra de su consorte, fundándola en los hechos demostrados con la concatenación directa y objetiva de los medios de convicción antes referidos, realizada conforme a las reglas de la lógica y la experiencia correspondientes, formal y legalmente.(23) ..."
CUARTO. Procedencia de la revisión. Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario tener en cuenta el siguiente entramado normativo.
I. La inconstitucionalidad de una norma, y/o
c) Que para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además de que en la sentencia recurrida decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
d) El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Corte.(24) El hecho de que el presidente, del Pleno o de la Sala, lo haya admitido corresponde con un examen preliminar del asunto que no causa estado.
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL VALORAR LAS PRUEBAS EN UN JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA, REALIZA UNA INTERPRETACIÓN IMPLÍCITA DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 16, PÁRRAFOS DECIMOSEGUNDO Y DECIMOTERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito determina la incapacidad de uno de los padres para mantener la guarda y custodia de un menor, a través de la valoración de diversas pruebas documentales -consistentes en una serie de correos electrónicos obtenidos de la cuenta personal de dicho progenitor sin su consentimiento-, realiza una interpretación directa de los artículos 4o. y 16, párrafos decimosegundo y decimotercero , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aun cuando ni siquiera se hayan invocado y transcrito dichos numerales, de manera implícita sí se interpretan, puesto que se fijan sus sentidos y alcances. Esto es así, en primer término, porque el Tribunal Colegiado de Circuito, al admitir y valorar las pruebas objeto del juicio, interpretó el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que la intervención de una comunicación privada, sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, sí puede ser ofrecida como prueba en un juicio por una de las partes y, en consecuencia, admitida y valorada por el Juez correspondiente. Asimismo, existe una interpretación directa del interés superior del niño, previsto en el artículo 4o. constitucional, ya que la guarda y custodia de un menor puede verse alterada por probanzas obtenidas sin respetar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En este sentido, aun cuando el órgano colegiado no haya expuesto los motivos y razones para llegar a las conclusiones antes señaladas, si de los antecedentes inmediatos del caso concreto se advierte que la interpretación relativa a la constitucionalidad de las pruebas se realizó en atención directa e inmediata a la interpretación que sobre este punto concreto sostuvo la autoridad responsable y que propuso una de las partes del juicio de origen, se deben tener por colmados los requisitos de procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo."(26)
QUINTO. Estudio del asunto.
Tanto para el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada como para la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las conversaciones que reflejaban los correos electrónicos ofrecidos como pruebas no eran suficientes para probar las pretensiones del señor **********. La única divergencia versó en que para el Juez de lo Civil se produjo un perdón tácito por parte del señor **********, respecto a la relación extramarital de su cónyuge.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia recaída en el amparo en revisión 2/2000, de la cual fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se pronunció sobre esta trascendental cuestión.(29) En ese entonces, la Segunda Sala de este Alto Tribunal estableció la posibilidad de que los particulares cometan "ilícitos constitucionales" al momento en que desconozcan los derechos fundamentales de otro particular. En específico, se determinó que "los deberes previstos en la Constitución vinculan tanto a las autoridades como a los gobernados, toda vez que tanto unos como otros pueden ser sujetos activos en la comisión del ilícito constitucional con total independencia del procedimiento que se prevea para el resarcimiento correspondiente".(30)
La opinión consultiva 18/03 se inscribe en la tendencia de buena parte de la jurisprudencia internacional, en el sentido de extender la vigencia de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares. Así, en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos, encontramos los casos Young, James and Webster v. The United Kingdom (1981),(33) y X and Y v. Netherlands (1985),(34) y por citar sólo unos cuantos ejemplos nacionales, los Tribunales Constitucionales alemán(35) y español,(36) así como la Suprema Corte estadounidense(37) contienen una extensa doctrina sobre esta materia.
En estos términos, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, vinculados directamente a arreglar sus fallos de conformidad con las normas constitucionales de acuerdo a los derechos fundamentales, juegan una suerte de puente entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto, ya que el Juez tendrá que analizar si el derecho aplicable, en ese litigio, es compatible con lo dispuesto en la Constitución y, en caso de ser negativa la respuesta, introducir el contenido del derecho fundamental respectivo.
"Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor."
Respecto a la prueba ilícita, también se ha pronunciado el Tribunal Pleno, al establecer que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas resulta prevalente sobre los derechos de defensa y prueba garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución, prerrogativas -estas últimas- "que se encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de legalidad la disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en estricto cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier grabación derivada de la intervención de una comunicación privada que no se haya autorizado en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio".(43)
PRIMERO. Se revoca, en su totalidad, la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al señor ********** en contra del acto reclamado a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en la sentencia dictada el seis de abril de dos mil diez, en el toca número **********/2010.
TERCERO. Se ordena la publicación de esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente).
1. Foja 276 vuelta del cuaderno de amparo.
2. Foja 2 del cuaderno en el que se actúa.
3. Foja 70 del cuaderno principal, tomo 1.
4. Fojas 72 a 75 del cuaderno principal, tomo 1.
5. Anexo I. Acta 7,396. Volumen 150. Acto: Fe de hechos. Ante la fe de la Lic. María Leticia Acevedo Acevedo, notaria interina de la Notaría Pública 116. Prueba presentada por el señor ********** como anexo 14 en su escrito de demanda en el juicio ordinario.
6. Fojas 658 a 700 del cuaderno del juicio ordinario, tomo II. Resolución de once de febrero de dos mil diez, del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México.
7. Foja 234 del toca **********/2010. Resolución de seis de abril de dos mil diez, Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
8. Foja 197 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
9. Foja 197 vuelta del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
10. Fojas 197 y 198 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
11. Foja 205 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
12. Foja 205 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
13. Foja 241 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
14. Foja 244 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
15. Cuadros localizados en las fojas 245 a la 250 vuelta del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
16. Cuadros localizados en las fojas 250 vuelta a la 256 vuelta del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
17. Cuadro localizado en la foja 256 vuelta del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
18. Foja 256 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
19. Foja 257 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
20. Fojas 257 y 258 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
21. Foja 258 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
22. Fojas 258 vuelta y 259 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
23. Foja 259 del cuaderno de amparo directo 402/2010, resolución de quince de junio de dos mil diez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
24. En este punto, resulta aplicable la tesis 3a. 14, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 271, cuyo rubro es: "REVISIÓN, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE. NO ES OBSTÁCULO QUE EL PRESIDENTE DE LA SALA LO HUBIERE ADMITIDO.", y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 71, cuyo rubro es: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS."
25. Fojas 13 a 15 de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil diez, dictada en el recurso de reclamación 299/2010, por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
26. Novena Época, Primera Sala, tesis 1a. XXXIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 239.
27. Fojas 18 a 19 del cuaderno en el que se actúa.
28. "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, mayo de 2006, tesis 1a./J. 191/2005, página 167).
29. Esta sentencia tiene como antecedente un juicio ordinario civil de divorcio en el cual uno de los cónyuges presentó como prueba una cinta de audio que contenía la grabación de una conversación telefónica entre su esposa y una tercera persona. El Juez de primera instancia no admitió la prueba y el actor interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. La Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto impugnado y, en consecuencia, admitió las pruebas ofrecidas. De la sentencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, dictada el 11 de octubre de 2000, derivaron las tesis aisladas de rubros: "COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLXI/2000, página 428) y "COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL" (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLX/2000, página 428).
30. Es conveniente señalar que ésta no fue la primera ocasión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la posible eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Desde los primeros años de vigencia constitucional es posible encontrar precedentes jurisprudenciales que abordan -en mayor o menor medida- esta problemática. Es el caso de las diversas resoluciones que tuvieron por objeto la libertad de prensa durante las primeras décadas del siglo XX [Véase por todas la sentencia del 18 de octubre de 1917, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJF, Quinta Época, Parte I, página 473)]. Asimismo, es posible identificar una serie de resoluciones que se remontan a la década de los sesenta y en las que se afirma la vigencia de la garantía de audiencia en las relaciones privadas [Véase por todas la sentencia de 15 de febrero de 1960, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJF, Sexta Época, Tomo XXXII, Quinta Parte, página 49)].
31. En realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido toda una teoría sobre la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares en el ámbito latinoamericano, oscilando entre la adopción de la doctrina estadounidense de la state action -que intenta identificar una conexión entre el acto de un particular y la realización de una función pública-, y la adopción definitiva y sin ambages, de la eficacia directa de los derechos fundamentales entre particulares. Véanse por todos, los casos Velásquez Rodríguez contra Honduras (1987), Godínez Cruz contra Honduras (1987), Paniagua Morales contra Guatemala (1998), Bámaca Velásquez contra Guatemala (2000), Comunidad de Paz de San José Apartadó contra Colombia (2002) y Juan Humberto Sánchez contra Honduras (2003).
32. Opinión consultiva 18/03, fundamentos 100 y 101. En el mismo sentido de considerar al principio de igualdad y no discriminación como de jus cogens, véase el caso Yatama contra Nicaragua, sentencia sobre el fondo de 23 de junio de 2005, fundamentos 184 y 185. Este caso destaca, a su vez, por ser la primera ocasión en la que la Corte Interamericana aborda de forma directa el tema de los derechos políticos. Con posterioridad a la opinión consultiva 18/03, es posible identificar una serie de resoluciones en las que otro derecho fundamental, la prohibición de la tortura física o psicológica se ha consolidado como una norma de jus cogens. Véase en este sentido, entre otros, el caso Hermanos Gómez Paquiyauri contra Perú, sentencia sobre el fondo de 8 de julio de 2004, fundamento 112, y caso Baldeón García contra Perú, sentencia sobre el fondo de 6 de abril de 2006, fundamento 35.
33. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de agosto de 1981, serie A, número 44, párrafos 48 a 65.
34. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de marzo de 1985, serie A, número 91, párrafo 23.
35. Véase por todas la sentencia dictada el 15 de enero de 1958 por el Tribunal Constitucional Federal, en el llamado caso Lüth. Recogida en BverfGE (jurisprudencia constitucional) 7. Band Tübingen, 198, n.r. 28, pp. 198-230.
36. Véase por todas la sentencia 170/1987, dictada el 30 de octubre de 1987.
37. Véase por todas Shelley v. Kraemer [334 U.S. 1 (1948)].
38. En este mismo sentido ya se pronunció esta Primera Sala en el amparo en revisión 481/2008, del cual derivó la tesis aislada de rubro: "COMUNICACIONES PRIVADAS. NO SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD CUANDO LOS PROPIOS INTERLOCUTORES REVELAN EL CONTENIDO DE UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE PARTICIPARON Y DE LA CUAL PUEDE DERIVAR EL DESPLIEGUE DE UNA CONDUCTA DELICTIVA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2008)." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, octubre de 2008, 1a. XCV/2008, página 414).
39. Véase al respecto, José Luis Rodríguez Lainz, Intervención judicial en los datos de tráfico de las comunicaciones: La injerencia judicial en listados de llamadas y otros elementos externos de las telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas, Barcelona, Bosch, 2003.
40. En un sentido similar se pronunció la Corte Europea de Derechos Humanos, en sentencia de 2 de agosto de 1984, en el caso Malone contra Reino Unido, en la que determinó que la práctica del metering o comptage (identificación de números telefónicos), podría resultar violatoria del artículo 8.1 del convenio.
41. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, diciembre de 2009, P. LXVII/2009, página 7.
42. "COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLXI/2000, página 428).
43. "INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO VALOR PROBATORIO." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, P. XXXIII/2008, página 6).
44. Foja 260 del cuaderno del amparo directo civil 402/2010.
45. Foja 262 del cuaderno del amparo directo civil 402/2010.
46. Foja 261 del cuaderno del amparo directo civil 402/2010.
47. Foja 266 del cuaderno del amparo directo civil 402/2010.
1.- Registro No. 161342
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 176; [T.A.];
2.- Registro No. 161341
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. IRRELEVANCIA DE LA PROPIEDAD DE LA COMPUTADORA PARA EFECTOS DE CONSIDERAR INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 217; [T.A.];
3.- Registro No. 161340
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN.
4.- Registro No. 161339
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MOMENTO EN EL CUAL SE CONSIDERA INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 218; [T.A.];
5.- Registro No. 161338
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. PARA DETERMINAR SU VIOLACIÓN SE REQUIERE LA INTENCIÓN DEL TERCERO AJENO A LA COMUNICACIÓN.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 219; [T.A.];
6.- Registro No. 161337
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 220; [T.A.];
7.- Registro No. 161336
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.
8.- Registro No. 161335
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCIÓN INCLUYE LOS DATOS QUE IDENTIFICAN LA COMUNICACIÓN.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 221; [T.A.];
9.- Registro No. 161334
Rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO A LA INTIMIDAD.
10.- Registro No. 161328
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 222; [T.A.];
11.- Registro No. 161285
Rubro: INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 225; [T.A.];
12.- Registro No. 161221
Rubro: PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 226; [T.A.];
13.- Registro No. 161210
Rubro: RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA DECISIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD REALIZADA POR UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESULTA OBLIGATORIA EN EL SENTIDO DE CONSTITUIR COSA JUZGADA.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 227; [T.A.];
14.- Registro No. 161192
Rubro: REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTA LA VÍA ADECUADA PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONOZCA DE AQUELLAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE NO REPAREN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDA POR UN PARTICULAR.
Localización: 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 230; [T.A.]
Etiquetas: amparo, derechos fundamentales

References: artículo 73
 artículo 107
 artículo 148
 artículo 130
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 artículo 104
 artículo 73
 artículo 107
 artículo 90
 artículo 99
 artículo 75
 artículo 28
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 artículo 16
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 artículo 86
 resolución 
 artículo 79
 artículo 4
 artículo 107
 artículo 16
 artículo 4
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 artículo 8
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