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Timestamp: 2017-09-22 06:05:19+00:00

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B.O.E. Nº 78 de 31/03/2009
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evoluciÃ³n de la situaciÃ³n econÃ³mica.
La evoluciÃ³n de la crisis econÃ³mica global y su impacto en la economÃ­a espaÃ±ola hacen necesaria una rÃ¡pida reacciÃ³n legislativa para adecuar a la nueva situaciÃ³n algunas de las normas que inciden directamente sobre la actividad empresarial, asÃ­ como para seguir impulsando la superaciÃ³n de la crisis mediante el fortalecimiento la competitividad de nuestro modelo productivo.
Con esta norma, el Gobierno asume, ademÃ¡s, diversas iniciativas parlamentarias que, en los Ãºltimos meses, han promovido la mejora de la regulaciÃ³n tributaria de las empresas mÃ¡s innovadoras y, en concreto, la estabilidad de los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i; asÃ­ como la modificaciÃ³n del tipo de interÃ©s legal del dinero y el interÃ©s de demora previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2009.
En cuanto a la materia tributaria, la actuaciÃ³n firme y coordinada de los Estados y de los Bancos centrales ha contribuido a producir una muy sensible bajada en los Ã­ndices que miden los tipos de interÃ©s del dinero, lo que ha provocado a su vez que el interÃ©s legal del dinero y el de demora, establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, requieran un ajuste que necesariamente ha de abordarse en una norma con rango de ley. Asimismo, se estima necesario suprimir el lÃ­mite temporal de la deducibilidad de determinadas inversiones en I+D+i, para reafirmar una de las lÃ­neas estratÃ©gicas de impulso de la economÃ­a y de transiciÃ³n a un patrÃ³n de crecimiento mÃ¡s productivo y competitivo.
Igualmente, se abordan dos modificaciones puntuales, pero tambiÃ©n necesarias y urgentes, en materia financiera, como son la habilitaciÃ³n al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros para que pueda desarrollar actividades de reaseguro del crÃ©dito y la cauciÃ³n, ante las dificultades aparecidas en el mercado internacional de reaseguros, circunstancia que incide muy negativamente en las relaciones comerciales entre empresas. Por otra parte, la experiencia en los mercados internacionales muestra la necesidad de que el Estado abone un interÃ©s de demora para el supuesto de que sea necesario ejecutar los avales otorgados al amparo del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia EconÃ³mico-Financiera en relaciÃ³n con el plan de AcciÃ³n Concertada de los PaÃ­ses de la Zona Euro.
Con respecto a la legislaciÃ³n concursal, la vigente ley se dictÃ³ en el aÃ±o 2003 en un entorno econÃ³mico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuaciÃ³n de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislaciÃ³n concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento es preciso acometer ya una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado mÃ¡s inconveniente. Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciaciÃ³n de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situaciÃ³n de insolvencia, ademÃ¡s de, agilizar los trÃ¡mites procesales, reducir los costes de la tramitaciÃ³n, y mejorar la posiciÃ³n jurÃ­dica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.
Es necesario subrayar que las medidas adoptadas, fundamentalmente en materia concursal, revisten una gran complejidad tÃ©cnica, mÃ¡xime cuando se trata de lograr su aplicaciÃ³n sin demora a mÃºltiples procesos judiciales en curso, caracterizados por la presencia de numerosas partes procesales, y respecto de acuerdos financieros alcanzados entre las partes bajo la autonomÃ­a de su voluntad. En estas circunstancias, resulta imprescindible conjugar la necesaria seguridad jurÃ­dica, que precisan los agentes econÃ³micos para la adopciÃ³n de decisiones econÃ³micas tan relevantes como las concernidas en los procesos concursales, con la necesidad de que se puedan beneficiar de inmediato de las posibilidades que se les abren con la entrada en vigor de la presente norma. Ello justifica plenamente, no sÃ³lo la utilizaciÃ³n de la figura del Real Decreto-ley, sino tambiÃ©n el juego de las disposiciones transitorias en Ã©l recogidas.
El conjunto de medidas recogidas en este Real Decreto-ley se integra en la estrategia mÃ¡s amplia ordenada en el Plan EspaÃ±ol para el EstÃ­mulo de la EconomÃ­a y el Empleo, con el que el Gobierno ha elaborado una respuesta global a los desafÃ­os de la crisis econÃ³mica, articulada en torno a distintos ejes de actuaciÃ³n.
Dentro del Eje Financiero y Presupuestario se enmarcan, tanto la reducciÃ³n del interÃ©s legal del dinero y de demora, que redundarÃ¡ en beneficio de las empresas, como la ampliaciÃ³n del Ã¡mbito de cobertura de los avales otorgados por el Estado al interÃ©s moratorio. AdemÃ¡s, en el Eje Empresas se sitÃºa la previsiÃ³n de reaseguro por parte del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros en el ramo de los seguros de crÃ©dito y cauciÃ³n que, en condiciones adversas de mercado, contribuirÃ¡ a mantener la actividad empresarial al dotar de mayor seguridad a las operaciones comerciales.
Finalmente, en el Eje ModernizaciÃ³n de la EconomÃ­a se encuadran la ampliaciÃ³n del horizonte de los incentivos fiscales a las actividades de I+D+I, dotando a las mismas de mayor seguridad en la planificaciÃ³n de sus proyectos empresariales, y la propia reforma de la Ley Concursal, que permitirÃ¡ a los agentes econÃ³micos contar un procedimiento concursal menos costoso y mÃ¡s Ã¡gil y eficiente en sus resultados, asÃ­ como generar incentivos para evitar el concurso mediante una refinanciaciÃ³n de las empresas con el apoyo de sus acreedores.
La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la adopciÃ³n del presente Decreto-ley deriva, como ha quedado expuesto, de la rÃ¡pida evoluciÃ³n de la crisis econÃ³mica, y de la respuesta decidida e inmediatamente efectiva que es preciso dar a la misma para evitar el riesgo de que se agraven sus efectos y de que se retrase, mÃ¡s allÃ¡ de lo inevitable, su superaciÃ³n.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n espaÃ±ola, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y del Ministro de Justicia, previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros, en su reuniÃ³n de dÃ­a 27 de marzo de 2009.
ArtÃ­culo 1. ModificaciÃ³n de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2009.
Se modifica la disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima sÃ©ptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2009, que queda redactada de la siguiente manera:
Â«VigÃ©sima sÃ©ptima. InterÃ©s legal del dinero.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificaciÃ³n del tipo de interÃ©s legal del dinero, Ã©ste queda establecido en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del aÃ±o 2009.
Dos. Durante el mismo perÃ­odo, el interÃ©s de demora a que se refiere el artÃ­culo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serÃ¡ del 5 por ciento.Â»
ArtÃ­culo 2. ModificaciÃ³n de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, y de modificaciÃ³n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2009, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y de modificaciÃ³n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se deroga la disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima tercera.
Dos. El apartado 3 de la disposiciÃ³n derogatoria segunda queda redactado de la siguiente manera:
Â«3. Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2012 queda derogado el apartado 2 del artÃ­culo 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.Â»
ArtÃ­culo 3. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2009, el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria vigÃ©sima primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:
Â«2. Las deducciones establecidas en el apartado 2 del artÃ­culo 38 de esta Ley, pendientes de aplicaciÃ³n al comienzo del primer perÃ­odo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2012, podrÃ¡n aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el capÃ­tulo IV del tÃ­tulo VI de esta Ley, segÃºn redacciÃ³n vigente a 31 de diciembre de 2011. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en perÃ­odos impositivos iniciados antes de aquella fecha.Â»
ArtÃ­culo 4. Condiciones bÃ¡sicas de la aceptaciÃ³n en reaseguro por parte del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros de los riesgos del seguro de crÃ©dito asumidos por las entidades aseguradoras privadas.
1. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, previo acuerdo de su Consejo de AdministraciÃ³n adoptado conforme a lo previsto en los artÃ­culo 3.2 y 5.1.h) del texto refundido de su Estatuto Legal, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, podrÃ¡ aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de crÃ©dito y de cauciÃ³n que asÃ­ lo soliciten y que suscriban o se adhieran al convenio correspondiente con la citada entidad pÃºblica empresarial. Las condiciones bÃ¡sicas del reaseguro aceptado por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros serÃ¡n las siguientes:
a) Modalidades de la cobertura. El convenio que, en su caso, se suscriba contemplarÃ¡ aquellas modalidades de cobertura, de entre las comunes en el mercado de reaseguro, que permitan complementar con rapidez y eficacia la cobertura directa que las entidades aseguradoras de estos ramos ofrecen a las empresas por ellas aseguradas, permitiendo sostener tal cobertura en beneficio de las mismas, en especial en los sectores de actividad mÃ¡s afectados por la crisis.
b) Condiciones econÃ³micas. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros establecerÃ¡ las condiciones econÃ³micas a aplicar en la cobertura sobre la base de procurar el equilibrio financiero del convenio a largo plazo, contemplÃ¡ndose, dentro de las citadas condiciones, la compensaciÃ³n que corresponda por los gastos de gestiÃ³n en que incurra el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
c) Vigencia temporal. La cobertura podrÃ¡ extenderse a las operaciones aseguradoras en vigor a partir del dÃ­a 1 de enero de 2009, contemplÃ¡ndose su vigencia en tanto subsistan las razones de interÃ©s pÃºblico y la situaciÃ³n y circunstancias del mercado asegurador de crÃ©dito que lo justifican.
2. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros llevarÃ¡ las operaciones que realice al amparo de este Real Decreto-ley con absoluta separaciÃ³n financiera y contable respecto del resto de las operaciones, con integraciÃ³n, en su caso, de las aportaciones que el Estado realice al efecto de mantener el adecuado equilibrio tÃ©cnico-financiero de aquÃ©llas, previa tramitaciÃ³n por parte del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, si resultase necesario, de los expedientes requeridos por la normativa presupuestaria que resulte de aplicaciÃ³n. A los anteriores efectos, la situaciÃ³n financiera y contable a considerar serÃ¡ la que resulte al tÃ©rmino de uno o, en su caso, sucesivos perÃ­odos trienales a contar desde el inicio de las operaciones.
A las operaciones que el Consorcio realice al amparo de la presente norma les serÃ¡ de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen de constituciÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas previsto en el Real Decreto 2013/1997, de 26 de diciembre, considerÃ¡ndose, como lÃ­mite aplicable a la reserva de estabilizaciÃ³n de estas operaciones, a los efectos de lo previsto en el apartado 1 del artÃ­culo 3 de dicha disposiciÃ³n, el equivalente al contemplado en la letra a) del citado apartado.
ArtÃ­culo 5. ModificaciÃ³n del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia EconÃ³mico-Financiera en relaciÃ³n con el Plan de AcciÃ³n Concertada de los PaÃ­ses de la Zona Euro.
Se aÃ±ade un nuevo apartado 8 al artÃ­culo 1. AutorizaciÃ³n para el otorgamiento de avales a operaciones de financiaciÃ³n, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«De producirse la ejecuciÃ³n del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 dÃ­as naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligaciÃ³n garantizada, el Estado satisfarÃ¡ una compensaciÃ³n a los titulares legÃ­timos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval. El importe de esta compensaciÃ³n serÃ¡ el resultante de aplicar al pago en el que consista la ejecuciÃ³n del aval el tipo de interÃ©s Euro OverNight Index Average publicado por el Banco de EspaÃ±a o el que, en su caso, determine el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, del dÃ­a del vencimiento de la obligaciÃ³n garantizada por el nÃºmero de dÃ­as que transcurran entre esta fecha y la de pago efectivo por el avalista, sobre la base de un aÃ±o de 360 dÃ­as.
Se autoriza al Ministro de EconomÃ­a y HaciendaÂ a establecer las condiciones y el procedimiento para hacer efectiva dicha compensaciÃ³n.
Se autoriza a la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera a realizar los pagos correspondientes a esta compensaciÃ³n mediante operaciones de TesorerÃ­a con cargo al concepto especÃ­fico que se cree a tal fin.
Con posterioridad a su realizaciÃ³n, la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera procederÃ¡ a la aplicaciÃ³n al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada aÃ±o se aplicarÃ¡n al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.Â»
ArtÃ­culo 6. Publicidad del concurso.
Uno. El apartado 1 del artÃ­culo 12 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. El deudor podrÃ¡ plantear cuestiÃ³n de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco dÃ­as siguientes a aquÃ©l en que se le hubiera emplazado. TambiÃ©n podrÃ¡n plantearla los demÃ¡s legitimados para solicitar la declaraciÃ³n de concurso, en el plazo de 10 dÃ­as desde la publicaciÃ³n ordenada en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 23.Â»
Dos. El apartado 4 del artÃ­culo 20 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:
Â«4. El plazo para interponer el recurso de reposiciÃ³n y para preparar el recurso de apelaciÃ³n contarÃ¡, respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificaciÃ³n del auto, y, respecto de los demÃ¡s legitimados, desde la publicaciÃ³n ordenada en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 23.Â»
Tres. El nÃºmero 5.Âº del apartado 1 del artÃ­culo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del siguiente modo:
Â«5.Âº El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administraciÃ³n concursal la existencia de sus crÃ©ditos, en el plazo de un mes a contar desde el dÃ­a siguiente a la publicaciÃ³n en el â€BoletÃ­n Oficial del Estadoâ€ del auto de declaraciÃ³n de concurso, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 23.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo primero del apartado 5 del artÃ­culo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«5. El auto se notificarÃ¡ a las partes que hubiesen comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la publicaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 23 producirÃ¡, respecto de Ã©l, los efectos de notificaciÃ³n del auto.Â»
Cinco. El artÃ­culo 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. La publicidad de la declaraciÃ³n de concurso, asÃ­ como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trÃ¡mites del procedimiento, se realizarÃ¡ preferentemente por medios telemÃ¡ticos, informÃ¡ticos y electrÃ³nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.
El extracto de la declaraciÃ³n de concurso se publicarÃ¡, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el â€BoletÃ­n Oficial del Estadoâ€, y contendrÃ¡ Ãºnicamente los datos indispensables para la identificaciÃ³n del concursado, incluyendo su NIF, el juzgado competente, el nÃºmero de autos, el plazo establecido para la comunicaciÃ³n de los crÃ©ditos, el rÃ©gimen de suspensiÃ³n o intervenciÃ³n de facultades del concursado y la direcciÃ³n electrÃ³nica del Registro PÃºblico Concursal donde se publicarÃ¡n las resoluciones que traigan causa del concurso.
2. En el mismo auto de declaraciÃ³n del concurso o en resoluciÃ³n posterior, el juez, de oficio o a instancia de interesado, podrÃ¡ acordar cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusiÃ³n de los actos del concurso.
3. El traslado de los oficios con los edictos se realizarÃ¡ preferentemente por vÃ­a telemÃ¡tica desde el juzgado a los medios de publicidad correspondientes.
Excepcionalmente, y si lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serÃ¡n entregados al procurador del solicitante del concurso, quien deberÃ¡ remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes.
Si el solicitante del concurso fuese una AdministraciÃ³n pÃºblica que actuase representada y defendida por sus servicios jurÃ­dicos, el traslado del oficio se realizarÃ¡ directamente por el juzgado a los medios de publicidad.
4. Las demÃ¡s resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serÃ¡n en el Registro PÃºblico Concursal y en el tablÃ³n de anuncios del juzgado.
5. El auto de declaraciÃ³n del concurso asÃ­ como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarÃ¡n en el Registro PÃºblico Concursal con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.Â»
Seis. El artÃ­culo 24 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
Â«1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirÃ¡n, preferentemente por medios telemÃ¡ticos, en el Registro Civil la declaraciÃ³n de concurso, la intervenciÃ³n o, en su caso, la suspensiÃ³n de sus facultades de administraciÃ³n y disposiciÃ³n, asÃ­ como el nombramiento de los administradores concursales.
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, se inscribirÃ¡n, preferentemente por medios telemÃ¡ticos, en Ã©ste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicÃ¡ndose previamente la inscripciÃ³n del sujeto cuando Ã©sta no constase.
3. Si se tratase de personas jurÃ­dicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro pÃºblico, el juez mandarÃ¡ inscribir, preferentemente por medios telemÃ¡ticos, en Ã©ste las mismas circunstancias.
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros pÃºblicos, se anotarÃ¡n preventivamente en el folio correspondiente a cada uno de ellos la intervenciÃ³n o, en su caso, la suspensiÃ³n de sus facultades de administraciÃ³n y disposiciÃ³n, con expresiÃ³n de su fecha, asÃ­ como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la anotaciÃ³n preventiva, no podrÃ¡n anotarse respecto de aquellos bienes o derechos mÃ¡s embargos o secuestros posteriores a la declaraciÃ³n de concurso que los acordados por el juez de Ã©ste, salvo lo establecido en el apartado 1 del artÃ­culo 55 de esta Ley.
5. El traslado de los oficios con los edictos se realizarÃ¡ preferentemente por vÃ­a telemÃ¡tica desde el juzgado a los registros correspondientes.
Excepcionalmente y si lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serÃ¡n entregados al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la prÃ¡ctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artÃ­culo. En tanto no sea firme, el auto de declaraciÃ³n de concurso serÃ¡ objeto de anotaciÃ³n preventiva en los correspondientes registros.
Si el solicitante del concurso fuese una AdministraciÃ³n pÃºblica que actuase representada y defendida por sus servicios jurÃ­dicos, el traslado del oficio se realizarÃ¡ directamente por el juzgado a los correspondientes registros.Â»
Siete. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 4 del artÃ­culo 40 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«El cambio de las situaciones de intervenciÃ³n o de suspensiÃ³n y la consiguiente modificaciÃ³n de las facultades de la administraciÃ³n concursal se someterÃ¡ al rÃ©gimen de publicidad de los artÃ­culos 23 y 24.Â»
Ocho. El apartado 1 del artÃ­culo 140 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrÃ¡ solicitar del juez la declaraciÃ³n de incumplimiento. La acciÃ³n podrÃ¡ ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducarÃ¡ a los dos meses contados desde la publicaciÃ³n del auto de cumplimiento al que se refiere el artÃ­culo anterior.Â»
Nueve. El apartado 2 del artÃ­culo 175 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«2. Los interesados podrÃ¡n personarse y ser parte en la secciÃ³n en el plazo de 15 dÃ­as a contar desde la publicaciÃ³n prevista en el artÃ­culo anterior.Â»
Diez. La rÃºbrica del capÃ­tulo V del tÃ­tulo VIII de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ el siguiente tenor:
Â«CapÃ­tulo V. Registro PÃºblico Concursal.Â»
Once. El artÃ­culo 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 198. Registro PÃºblico Concursal.
El Registro PÃºblico Concursal serÃ¡ accesible de forma gratuita en Internet y publicarÃ¡ todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de esta Ley.
TambiÃ©n serÃ¡n objeto de publicaciÃ³n las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y acuerden la designaciÃ³n o inhabilitaciÃ³n de los administradores concursales, asÃ­ como las demÃ¡s resoluciones concursales inscribibles en el Registro Mercantil.Â»
ArtÃ­culo 7. AdministraciÃ³n concursal.
Uno. El apartado 4 del artÃ­culo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«4. Cuando el acreedor designado administrador concursal sea una AdministraciÃ³n pÃºblica o una entidad de derecho pÃºblico vinculada o dependiente de ella, la designaciÃ³n del profesional podrÃ¡ recaer en cualquier funcionario con titulaciÃ³n de licenciado en Ã¡reas econÃ³micas o jurÃ­dicas. La intervenciÃ³n de estos funcionarios no darÃ¡ lugar a retribuciÃ³n alguna con cargo a la masa del concurso, y su rÃ©gimen de responsabilidad serÃ¡ el especÃ­fico de la legislaciÃ³n administrativa.Â»
Dos. El apartado 2 del artÃ­culo 34 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:
Â«2. La retribuciÃ³n de la administraciÃ³n concursal se determinarÃ¡ mediante un arancel que se aprobarÃ¡ reglamentariamente y que atenderÃ¡ a la cuantÃ­a del activo y del pasivo, al carÃ¡cter ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulaciÃ³n de concursos y a la previsible complejidad del concurso.
El arancel se ajustarÃ¡ necesariamente a las siguientes reglas:
a) Exclusividad. Los administradores concursales solo podrÃ¡n percibir por su intervenciÃ³n en el concurso las cantidades que resulten de la aplicaciÃ³n del arancel.
b) Identidad. La participaciÃ³n en la retribuciÃ³n serÃ¡ idÃ©ntica para los administradores concursales que tengan la condiciÃ³n de profesionales y de doble cuantÃ­a que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona natural y no designe profesional que actÃºe en su representaciÃ³n conforme a lo previsto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 27.
c) LimitaciÃ³n. La administraciÃ³n concursal no podrÃ¡ ser retribuida por encima de la cantidad mÃ¡xima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso.
d) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizarÃ¡ el pago de un mÃ­nimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantÃ­a arancelaria que se dotarÃ¡ con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerÃ¡n de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actÃºen en el porcentaje que se determine reglamentariamente.Â»
Tres. Los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 83 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedan redactados como sigue:
Â«2. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a los expertos independientes el rÃ©gimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusaciÃ³n y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes.
3. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados, que serÃ¡n con cargo a la retribuciÃ³n de la administraciÃ³n concursal, se unirÃ¡n al inventario.Â»
Cuatro. El apartado 5 del artÃ­culo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«5. Los administradores concursales serÃ¡n oÃ­dos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando intervengan en recursos o incidentes deberÃ¡n hacerlo asistidos de letrado. La direcciÃ³n tÃ©cnica de estos recursos e incidentes se entenderÃ¡ incluida en las funciones del letrado miembro de la administraciÃ³n concursal.Â»
ArtÃ­culo 8. ReintegraciÃ³n de la masa y acuerdos de refinanciaciÃ³n.
Uno. Se introduce un nuevo apartado, el 6, en el artÃ­culo el artÃ­culo 28 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente tenor:
Â«6. No podrÃ¡ ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere la letra b) del apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional cuartal de esta Ley en relaciÃ³n con un acuerdo de refinanciaciÃ³n que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaraciÃ³n de concurso.Â»
Dos. El apartado 5 del artÃ­culo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«5. En ningÃºn caso podrÃ¡n ser objeto de rescisiÃ³n:
1.Âº Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.
2.Âº Los actos comprendidos en el Ã¡mbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensaciÃ³n y liquidaciÃ³n de valores e instrumentos derivados.
3.Âº Las garantÃ­as constituidas a favor de los crÃ©ditos de derecho pÃºblico y a favor del Fondo de GarantÃ­a Salarial en los acuerdos o convenios de recuperaciÃ³n previstos en su normativa especÃ­fica.Â»
Tres. Se introduce una nueva disposiciÃ³n adicional cuarta en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:
Â«DisposiciÃ³n adicional cuarta. Acuerdos de refinanciaciÃ³n.
1. A los efectos de esta disposiciÃ³n, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de acuerdos de refinanciaciÃ³n los alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliaciÃ³n significativa del crÃ©dito disponible o a la modificaciÃ³n de sus obligaciones, bien mediante la prÃ³rroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraÃ­das en sustituciÃ³n de aquÃ©llas. Tales acuerdos habrÃ¡n de responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo.
2. En caso de concurso, los acuerdos de refinanciaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior, y los negocios, actos y pagos realizados y las garantÃ­as constituidas en ejecuciÃ³n de tales acuerdos, no estarÃ¡n sujetos a la rescisiÃ³n prevista en el artÃ­culo 71.1 de esa Ley siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos crÃ©ditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopciÃ³n del acuerdo de refinanciaciÃ³n.
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los artÃ­culos 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. El informe del experto contendrÃ¡ un juicio tÃ©cnico sobre la suficiencia de la informaciÃ³n proporcionada por el deudor, sobre el carÃ¡cter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantÃ­as conforme a las condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo.
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento pÃºblico, al que se unirÃ¡n todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.
3. Declarado el concurso, solo la administraciÃ³n concursal estarÃ¡ legitimada para el ejercicio de las acciones de impugnaciÃ³n contra estos acuerdos.Â»
Cuatro. La letra a) del apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactada del siguiente modo:
Â«a) ArtÃ­culos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de RegulaciÃ³n del Mercado Hipotecario, asÃ­ como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo rÃ©gimen de solvencia que el aplicable a las cÃ©dulas hipotecarias.Â»
ArtÃ­culo 9. Reconocimiento y subordinaciÃ³n de crÃ©ditos.
Uno. El apartado 2 del artÃ­culo 87 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue:
Â«2. A los crÃ©ditos de derecho pÃºblico de las Administraciones pÃºblicas y sus organismos pÃºblicos recurridos en vÃ­a administrativa o jurisdiccional, aÃºn cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el apartado anterior.
Por el contrario, los crÃ©ditos de derecho pÃºblico de las Administraciones pÃºblicas y sus organismos pÃºblicos que resulten de procedimientos de comprobaciÃ³n o inspecciÃ³n se reconocerÃ¡n como contingentes hasta su cuantificaciÃ³n, a partir de la cual tendrÃ¡n el carÃ¡cter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinaciÃ³n por comunicaciÃ³n tardÃ­a. Igualmente, en el caso de no existir liquidaciÃ³n administrativa, se clasificarÃ¡n como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda PÃºblica y a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social desde la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la querella o denuncia.Â»
Dos. El apartado 6 del artÃ­culo 87 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:
Â«6. Los crÃ©ditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerÃ¡n por su importe sin limitaciÃ³n alguna y sin perjuicio de la sustituciÃ³n del titular del crÃ©dito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogaciÃ³n por pago, en la calificaciÃ³n de estos crÃ©ditos se optarÃ¡ por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nuevo nÃºmero, el 7.Âº al artÃ­culo 92 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:
Â«7.Âº Los crÃ©ditos derivados de los contratos con obligaciones recÃ­procas a que se refieren los artÃ­culos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administraciÃ³n concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interÃ©s del concurso.Â»
Cuatro. El nÃºmero 1.Âº del apartado 2 del artÃ­culo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«1.Âº Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crÃ©dito, sean titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociaciÃ³n en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.Â»
Cinco. El nÃºmero 3.Âº del apartado 2 del artÃ­culo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
Â«3.Âº Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que Ã©stos reÃºnan las mismas condiciones que en el nÃºmero 1.Âº de este apartado.Â»
ArtÃ­culo 10. Convenio.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artÃ­culo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«3. El deber de solicitar la declaraciÃ³n de concurso no serÃ¡ exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artÃ­culo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaraciÃ³n de concurso. Transcurridos tres meses de la comunicaciÃ³n al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la propuesta anticipada de convenio, deberÃ¡ solicitar la declaraciÃ³n de concurso dentro del mes siguiente.Â»
Dos. El apartado 3 del artÃ­culo 15 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«3. Para el caso en que el deudor haya realizado la comunicaciÃ³n del artÃ­culo 5.3, las solicitudes que se presenten con posterioridad solo se proveerÃ¡n cuando haya vencido el plazo de un mes previsto en el citado artÃ­culo si el deudor no hubiera presentado la solicitud de concurso. Si el deudor presenta solicitud de concurso en el citado plazo se tramitarÃ¡ en primer lugar conforme al artÃ­culo 14. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se presenten con posterioridad se unirÃ¡n a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.Â»
Tres. Se introduce un nuevo pÃ¡rrafo, el 2.Âº, en el apartado 1 del artÃ­culo 22 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente tenor:
Â«1. El concurso de acreedores tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demÃ¡s casos, el concurso se considerarÃ¡ necesario.
A los efectos de este artÃ­culo, la solicitud del deudor realizada en el plazo del artÃ­culo 5.3 se entenderÃ¡ presentada cuando lo fue la comunicaciÃ³n prevista en ese artÃ­culo.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue:
Â«Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economÃ­a, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrÃ¡, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superaciÃ³n de dichos lÃ­mites.Â»
Cinco. El apartado 1 del artÃ­culo 105 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
Â«1. No podrÃ¡ presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes casos:
1.Âº Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconÃ³mico, de falsedad documental, contra la Hacienda PÃºblica, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. En caso de deudor persona jurÃ­dica, se darÃ¡ esta causa de prohibiciÃ³n si hubiera sido condenado por cualquiera de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en los tres aÃ±os anteriores a la presentaciÃ³n de la propuesta de convenio.
2.Âº Haber incumplido en alguno de los tres Ãºltimos ejercicios la obligaciÃ³n del depÃ³sito de las cuentas anuales.Â»
Seis. El apartado 1 del artÃ­culo 106 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue:
Â«1. Para su admisiÃ³n a trÃ¡mite, la propuesta deberÃ¡ ir acompaÃ±ada de adhesiones de acreedores de cualquier clase, prestadas en la forma establecida en esta Ley y cuyos crÃ©ditos superen la quinta parte del pasivo presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia solicitud de concurso voluntario bastarÃ¡ con que las adhesiones alcancen la dÃ©cima parte del mismo pasivo.Â»
Siete. El pÃ¡rrafo primero del aparado 2 del artÃ­culo 111 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«2. El auto ordenarÃ¡ convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 23, fijando lugar, dÃ­a y hora de la reuniÃ³n. En la notificaciÃ³n de la convocatoria se expresarÃ¡ a los acreedores que podrÃ¡n adherirse a la propuesta de convenio en los tÃ©rminos del artÃ­culo 115.3.
No obstante, cuando el nÃºmero de acreedores exceda de 300 el auto podrÃ¡ acordar la tramitaciÃ³n escrita del convenio, fijando la fecha lÃ­mite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma establecida en el artÃ­culo 103 y 115 bis.Â»
Ocho. Se introduce un nuevo artÃ­culo 115 bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 115 bis TramitaciÃ³n escrita del convenio.
Para la tramitaciÃ³n escrita prevista en el apartado segundo del artÃ­culo 111, se tendrÃ¡n en cuenta las reglas siguientes:
1. El auto que acuerde la tramitaciÃ³n escrita del convenio seÃ±alarÃ¡ la fecha lÃ­mite para la presentaciÃ³n de adhesiones o de votos en contra a las distintas propuestas de convenio. Dicho plazo serÃ¡ de noventa dÃ­as contados desde la fecha del auto.
2. Acordada la tramitaciÃ³n escrita, sÃ³lo se podrÃ¡n presentar propuestas de convenio conforme al apartado segundo del artÃ­culo 113 hasta los sesenta dÃ­as anteriores al vencimiento del plazo previsto en la regla anterior. Desde que quede de manifiesto el escrito de evaluaciÃ³n en la secretarÃ­a del Juzgado, se admitirÃ¡n adhesiones o votos en contra de acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusiÃ³n del plazo prevista en la regla primera.
3. Las adhesiones, revocaciÃ³n de las mismas o votos en contra a las propuestas de convenio deberÃ¡n emitirse en la forma prevista en el artÃ­culo 103. Para la vÃ¡lida revocaciÃ³n de las adhesiones o votos en contra emitidos deberÃ¡n constar en los autos dicha revocaciÃ³n en el plazo previsto en la regla primera.
4. Para la determinaciÃ³n de los derechos de voto en la tramitaciÃ³n escrita se tendrÃ¡ en cuenta lo dispuesto en los artÃ­culos 122 a 125 de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se seguirÃ¡ el orden previsto en el apartado segundo del artÃ­culo 121. Alcanzada la mayorÃ­a legalmente exigida en una propuesta, no procederÃ¡ la comprobaciÃ³n de las restantes.
5. Dentro de los diez dÃ­as siguientes a aquÃ©l en que hubiere finalizado el plazo de presentaciÃ³n de adhesiones, el juez verificarÃ¡ si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayorÃ­a legalmente exigida y proclamarÃ¡ el resultado mediante providencia.
6. Si la mayorÃ­a resultase obtenida, el juez, en los cinco dÃ­as siguientes al vencimiento del plazo de oposiciÃ³n a la aprobaciÃ³n judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artÃ­culo 128 dictarÃ¡ sentencia aprobatoria, salvo que se haya formulado oposiciÃ³n al convenio o Ã©ste sea rechazado de oficio por el juez, segÃºn lo dispuesto en los artÃ­culos 128 a 132.Â»
Nueve. El artÃ­culo 124 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 124. MayorÃ­as necesarias para la aceptaciÃ³n de propuestas de convenio.
Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio serÃ¡ necesario el voto favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago Ã­ntegro de los crÃ©ditos ordinarios en plazo no superior a tres aÃ±os o en el pago inmediato de los crÃ©ditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, serÃ¡ suficiente que vote a su favor una porciÃ³n del pasivo ordinario superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de tramitaciÃ³n escrita los acreedores contrarios a estas propuestas deberÃ¡n, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artÃ­culo 103 y en los plazos de los artÃ­culos 108 y 115 bis de esta Ley.
A efectos del cÃ³mputo de las mayorÃ­as en cada votaciÃ³n, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.Â»
Diez. El artÃ­culo 128 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 128. OposiciÃ³n a la aprobaciÃ³n del convenio.
1. PodrÃ¡ formularse oposiciÃ³n a la aprobaciÃ³n judicial del convenio en el plazo de diez dÃ­as, contado desde el siguiente a la fecha en que el juez haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayorÃ­a legal para la aceptaciÃ³n del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitaciÃ³n escrita, o desde la fecha de conclusiÃ³n de la junta, en el caso de que en ella se acepte una propuesta de convenio.
EstarÃ¡n activamente legitimados para formular dicha oposiciÃ³n la administraciÃ³n concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido ilegÃ­timamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayorÃ­a, asÃ­ como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitaciÃ³n escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella.
La oposiciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ fundarse en la infracciÃ³n de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitaciÃ³n escrita, la constituciÃ³n de la junta o su celebraciÃ³n.
Se consideran incluidos entre los motivos de infracciÃ³n legal a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior aquellos supuestos en que la adhesiÃ³n o adhesiones decisivas para la aprobaciÃ³n de una propuesta anticipada de convenio o tramitaciÃ³n escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la aceptaciÃ³n del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legÃ­timo del crÃ©dito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios.
2. La administraciÃ³n concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los crÃ©ditos ordinarios podrÃ¡n ademÃ¡s oponerse a la aprobaciÃ³n judicial del convenio cuando el cumplimiento de Ã©ste sea objetivamente inviable.
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta ni le hubiere prestado conformidad podrÃ¡ oponerse a la aprobaciÃ³n del convenio por cualquiera de las causas previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura de la fase de liquidaciÃ³n. En otro caso quedarÃ¡ sujeto al convenio que resulte aprobado.
4. Salvo en el supuesto previsto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 1, no podrÃ¡ formularse oposiciÃ³n fundada en infracciÃ³n legal en la constituciÃ³n o en la celebraciÃ³n de la junta por quien, habiendo asistido a Ã©sta, no la hubiese denunciado en el momento de su comisiÃ³n, o, de ser anterior a la constituciÃ³n de la junta, en el de declararse constituida.Â»
Once. El artÃ­culo 129 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 129. TramitaciÃ³n de la oposiciÃ³n.
1. La oposiciÃ³n se ventilarÃ¡ por los cauces del incidente concursal y se resolverÃ¡ mediante sentencia que aprobarÃ¡ o rechazarÃ¡ el convenio aceptado, sin que en ningÃºn caso pueda modificarlo, aunque sÃ­ fijar su correcta interpretaciÃ³n cuando sea necesario para resolver sobre la oposiciÃ³n formulada. En todo caso, el juez podrÃ¡ subsanar errores materiales o de cÃ¡lculo.
2. Si la sentencia estimase la oposiciÃ³n por infracciÃ³n legal en la constituciÃ³n o en la celebraciÃ³n de la junta, el juez convocarÃ¡ nueva junta con los mismos requisitos de publicidad y antelaciÃ³n establecidos en el apartado 2 del artÃ­culo 111, que habrÃ¡ de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la sentencia.
En esta junta se someterÃ¡ a deliberaciÃ³n y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido mayorÃ­a en la anterior y, de resultar rechazada, se someterÃ¡n, por el orden establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 121, todas las demÃ¡s propuestas admitidas a trÃ¡mite.
Si la sentencia estimase la oposiciÃ³n por infracciÃ³n legal en la tramitaciÃ³n escrita el juez podrÃ¡ convocar junta en los tÃ©rminos anteriores o acordar nueva tramitaciÃ³n escrita por un plazo no superior a treinta dÃ­as desde la fecha de la sentencia.
3. La sentencia que estime la oposiciÃ³n por infracciÃ³n legal en el contenido del convenio o inviabilidad objetiva de su cumplimiento declararÃ¡ rechazado el convenio. Contra la misma podrÃ¡ presentarse recurso de apelaciÃ³n.
4. El juez, al admitir a trÃ¡mite la oposiciÃ³n y emplazar a las demÃ¡s partes para que contesten, podrÃ¡ tomar cuantas medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitaciÃ³n de la oposiciÃ³n impida, por sÃ­ sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la oposiciÃ³n. Entre tales medidas cautelares podrÃ¡ acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine.
Doce. El nÃºmero 2.Âº del apartado 1 del artÃ­culo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«2.Âº No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitaciÃ³n escrita del convenio, ninguna propuesta de convenio.Â»
ArtÃ­culo 11. LiquidaciÃ³n anticipada.
Uno. Se introduce un nuevo artÃ­culo 142 bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 142 bis. LiquidaciÃ³n anticipada.
1. El deudor podrÃ¡ presentar una propuesta anticipada de liquidaciÃ³n para la realizaciÃ³n de la masa activa hasta los quince dÃ­as siguientes a la presentaciÃ³n del informe previsto en el artÃ­culo 75.
El juez darÃ¡ traslado de la propuesta anticipada de liquidaciÃ³n a la AdministraciÃ³n concursal para que proceda a su evaluaciÃ³n o formule propuestas de modificaciÃ³n. El escrito de evaluaciÃ³n o modificaciÃ³n emitidos antes de la presentaciÃ³n del informe de la administraciÃ³n concursal se unirÃ¡n a Ã©ste, conforme al apartado 2 del artÃ­culo 75.
Si la propuesta anticipada de liquidaciÃ³n se presentara despuÃ©s de emitido el informe, el juez darÃ¡ traslado de ella a la administraciÃ³n concursal para que en plazo no superior a diez dÃ­as proceda a su evaluaciÃ³n o propuesta de modificaciÃ³n. Este escrito y la propuesta anticipada de liquidaciÃ³n se notificarÃ¡ en la forma prevista en el apartado segundo del artÃ­culo 95.
Las partes personadas y demÃ¡s interesados podrÃ¡n formular observaciones a la propuesta anticipada de liquidaciÃ³n en el plazo y condiciones establecidas en el apartado primero del artÃ­culo 96.
2. El Juez, a la vista de las observaciones o propuestas formuladas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artÃ­culo 149 y los intereses del concurso, resolverÃ¡ mediante auto rechazar o aprobar la liquidaciÃ³n anticipada, bien en los tÃ©rminos propuestos bien introduciendo modificaciones en la misma. El auto que apruebe el plan de liquidaciÃ³n acordarÃ¡ la apertura de la fase de liquidaciÃ³n, a la que se darÃ¡ la publicidad prevista en el artÃ­culo 144, se producirÃ¡n los efectos propios de la misma, y se dejarÃ¡n sin efecto las propuestas de convenio que hubieran sido admitidas. Contra este auto podrÃ¡ interponerse recurso de apelaciÃ³n con los efectos previstos en el artÃ­culo 98.
El pago a los acreedores se efectuarÃ¡ en los tÃ©rminos de lo establecido en la secciÃ³n 4.Âª del capÃ­tulo II del tÃ­tulo V de esta Ley. El juez podrÃ¡ autorizar el pago de los crÃ©ditos sin esperar a la conclusiÃ³n de las impugnaciones promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los crÃ©ditos contra la masa de previsible generaciÃ³n.Â»
Dos. Se modifica la redacciÃ³n del nÃºmero 3 del apartado segundo del artÃ­culo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«3.Âº En su caso, el escrito de evaluaciÃ³n de las propuestas de convenio o anticipada de liquidaciÃ³n que se hubiere presentado.Â»
ArtÃ­culo 12. Normas procesales.
Uno. El apartado 1 del artÃ­culo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Los expedientes de modificaciÃ³n sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensiÃ³n o extinciÃ³n colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarÃ¡n ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artÃ­culo.Â»
Dos. El apartado 3 del artÃ­culo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la redacciÃ³n siguiente:
Â«3. La adopciÃ³n de las medidas previstas en el apartado anterior sÃ³lo podrÃ¡ solicitarse del juez del concurso una vez emitido por la administraciÃ³n concursal el informe a que se refiere el capÃ­tulo I del tÃ­tulo IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicaciÃ³n de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditaciÃ³n de esta circunstancia, podrÃ¡ realizarse la peticiÃ³n al juez en cualquier momento procesal desde la declaraciÃ³n de concurso.Â»
Tres. El apartado 1 del artÃ­culo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin contenido.
Cuatro. El apartado 2 del artÃ­culo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«2. La presentaciÃ³n al juez del informe de la administraciÃ³n concursal y de la documentaciÃ³n complementaria se notificarÃ¡ a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio seÃ±alado a efectos de notificaciones y se publicarÃ¡ en el Registro PÃºblico Concursal y en el tablÃ³n de anuncios del juzgado.Â»
Cinco. El apartado 3 del artÃ­culo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«3. El juez podrÃ¡ acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados.Â»
Seis. El apartado 1 del artÃ­culo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«1. Las partes personadas podrÃ¡n impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez dÃ­as a contar desde la notificaciÃ³n a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo anterior, a cuyo fin podrÃ¡ obtener copia a su costa. Para los demÃ¡s interesados el plazo de diez dÃ­as se computarÃ¡ desde la Ãºltima publicaciÃ³n de las previstas en el artÃ­culo anterior.Â»
Siete. Se introduce un nuevo pÃ¡rrafo, el segundo, en el artÃ­culo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:
Â«Esta resoluciÃ³n serÃ¡ apelable y tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de apelaciÃ³n mÃ¡s prÃ³xima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposiciÃ³n o incidentes concursales durante la fase comÃºn a que se refiere el artÃ­culo 197.3Â»
Ocho. El tÃ­tulo del artÃ­culo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasa a tener el siguiente tenor:
Â«ArtÃ­culo 168. PersonaciÃ³n y condiciÃ³n de parte.Â»
Nueve. Los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasan a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Dentro de los diez dÃ­as siguientes a la Ãºltima publicaciÃ³n que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere dado a la resoluciÃ³n judicial de aprobaciÃ³n del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidaciÃ³n, cualquier acreedor o persona que acredite interÃ©s legÃ­timo podrÃ¡ personarse y ser parte en la secciÃ³n alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificaciÃ³n del concurso como culpable.
2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo precedente, los interesados podrÃ¡n personarse y ser parte en la secciÃ³n o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicaciÃ³n que se hubiere dado a la resoluciÃ³n judicial de apertura de la liquidaciÃ³n, pero sus escritos se limitarÃ¡n a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razÃ³n de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.Â»
Diez. El apartado 3 del artÃ­culo 188 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
Â«3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorizaciÃ³n solicitada no cabrÃ¡ mÃ¡s recurso que el de reposiciÃ³n.Â»
Once. El artÃ­culo 190 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue:
Â«ArtÃ­culo 190. Ãmbito de aplicaciÃ³n necesaria.
1. El juez aplicarÃ¡ un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una persona natural o persona jurÃ­dica que, conforme a la legislaciÃ³n mercantil, estÃ© autorizada a presentar balance abreviado y, en ambos casos, la estimaciÃ³n inicial de su pasivo no supere 10.000.000 de euros.
2. En cualquier momento de la tramitaciÃ³n de un concurso ordinario en el que quede de manifiesto la concurrencia de los requisitos mencionados en el apartado anterior, el juez del concurso ordenarÃ¡, de oficio o a instancia de parte, la conversiÃ³n al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas hasta entonces. TambiÃ©n podrÃ¡, con idÃ©nticos presupuestos y efectos, ordenar la conversiÃ³n inversa cuando quede de manifiesto que en un procedimiento abreviado no concurre alguno de los requisitos exigidos.Â»
Doce. El apartado 4 del artÃ­culo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue:
Â«4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuarÃ¡ conforme a los trÃ¡mites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebraciÃ³n de la vista. El juez Ãºnicamente citarÃ¡ para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestaciÃ³n, y previa declaraciÃ³n de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederÃ¡ a dictar sentencia sin mÃ¡s trÃ¡mite.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Escrituras pÃºblicas de formalizaciÃ³n de acuerdos de refinanciaciÃ³n.
Para el cÃ¡lculo de los honorarios notariales de la escritura pÃºblica de formalizaciÃ³n de los acuerdos de refinanciaciÃ³n a que se refiere la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se aplicarÃ¡n los aranceles correspondientes a los Â«Documentos sin cuantÃ­aÂ» previstos en el nÃºmero 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias que se expidan no devengaran cantidad alguna a partir del dÃ©cimo folio inclusive.
DisposiciÃ³n adicional segunda. RetribuciÃ³n efectiva a los Administradores Concursales.
Se autoriza al Gobierno para que regule los ingresos y pagos de cantidades en metÃ¡lico que hayan de efectuarse por los Juzgados con competencias en materia mercantil a travÃ©s de la cuenta de garantÃ­a arancelaria concursal, designando los establecimientos y el procedimiento a travÃ©s del cual deban de realizarse.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Registro PÃºblico Concursal
Se crea un Registro PÃºblico Concursal cuyo objeto es dar publicidad y difusiÃ³n de carÃ¡cter pÃºblico a travÃ©s de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, asÃ­ como las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y acuerden la designaciÃ³n o inhabilitaciÃ³n de los administradores concursales.
La publicaciÃ³n de las resoluciones judiciales o sus extractos en el Registro PÃºblico Concursal surtirÃ¡ los efectos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Reglamentariamente se desarrollarÃ¡ la estructura, contenido y el sistema de publicidad a travÃ©s de este Registro y los procedimientos de inserciÃ³n y acceso, bajo los principios siguientes:
1.Âº Las resoluciones judiciales podrÃ¡n publicarse en extracto en el que se recojan los datos indispensables para la determinaciÃ³n del contenido y alcance de la resoluciÃ³n. Dicho extracto serÃ¡ remitido por juzgado competente conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente.
2.Âº El Registro deberÃ¡ contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la difusiÃ³n pÃºblica de las resoluciones e informaciÃ³n que se incluyan en el mismo.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Tipos de interÃ©s legal del dinero y de demora.
Los tipos del interÃ©s legal del dinero y de demora establecidos por el artÃ­culo 1 serÃ¡n de aplicaciÃ³n a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. RÃ©gimen de publicidad.
El rÃ©gimen de publicidad previsto en el artÃ­culo 6 de este Real Decreto-ley entrarÃ¡ en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposiciÃ³n adicional tercera. No obstante, la modificaciÃ³n del apartado primero del artÃ­culo 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrarÃ¡ en vigor conforme a la disposiciÃ³n final tercera del presente Real Decreto-ley y resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales en tramitaciÃ³n.
En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» contempladas en el apartado primero del artÃ­culo 23, en el apartado segundo del artÃ­culo 95, en el artÃ­culo 144 y en el artÃ­culo 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrÃ¡n carÃ¡cter gratuito siempre que asÃ­ se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.
Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la disposiciÃ³n adicional tercera, el rÃ©gimen de publicidad previsto en el artÃ­culo 6 de este Real Decreto-ley serÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n para los procedimientos concursales en tramitaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AdministraciÃ³n Concursal.
El artÃ­culo 7 de este Real Decreto Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n a su entrada en vigor, salvo en lo relativo a las letras c) y d) del apartado segundo del artÃ­culo 34 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que se modifica en el apartado dos. Estas normas entrarÃ¡n en vigor cuando se apruebe la norma prevista en la disposiciÃ³n adicional segunda.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. ReintegraciÃ³n de la masa y acuerdos de refinanciaciÃ³n.
1. Los apartados dos y cuatro del artÃ­culo 8 de este Real Decreto-ley serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n a su entrada en vigor, salvo que a esa fecha se hubiera interpuesto demanda de rescisiÃ³n contra las garantÃ­as constituidas que se resolverÃ¡ conforme a la regulaciÃ³n sustantiva anterior.
2. El apartado Tres del artÃ­culo 8 del presente Real Decreto-ley, serÃ¡ aplicable a los acuerdos de refinanciaciÃ³n celebrados antes de su entrada en vigor, asÃ­ como a los negocios, actos y pagos realizados y a las garantÃ­as constituidas en ejecuciÃ³n de tales acuerdos, siempre que, sin haberse solicitado el concurso del deudor, se cumplimenten los requisitos establecidos en el apartado segundo de la DisposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. En otro caso, a tales acuerdos asÃ­ como a los negocios, actos y pagos realizados y a las garantÃ­as constituidas en ejecuciÃ³n de tales acuerdos les resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n la regulaciÃ³n anterior al presente Real Decreto-ley, en especial lo dispuesto en el artÃ­culo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de RegulaciÃ³n del Mercado Hipotecario.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. Reconocimiento y subordinaciÃ³n de crÃ©ditos.
El artÃ­culo 9 de este Real Decreto-ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor.
No obstante, el apartado uno y dos del artÃ­culo 9 de este Real Decreto-ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a todos los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n a la fecha de su entrada en vigor.
DisposiciÃ³n transitoria sexta. Convenio.
Los apartados cuatro y siete a doce del artÃ­culo 10 de este Real Decreto-ley serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n a su entrada en vigor, conforme a las reglas siguientes:
1.Âº La modificaciÃ³n del pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las propuestas de convenio que se presenten desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2.Âº Respecto de la tramitaciÃ³n escrita del convenio del apartado segundo del artÃ­culo 111 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando no se hubiera dictado el Auto por el que se convoca junta de acreedores. No obstante, y para los procedimientos en que se hubiera dictado el auto convocando la junta de acreedores y el nÃºmero de acreedores exceda de mil, el juez podrÃ¡ sustituir dicha convocatoria por la tramitaciÃ³n escrita del convenio.
DisposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima. LiquidaciÃ³n anticipada.
El artÃ­culo 11 de este Real Decreto-ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n a su entrada en vigor y en los que no se haya presentado el informe de la administraciÃ³n concursal.
No obstante, para los procedimientos concursales en que ya se haya presentado el informe de la administraciÃ³n concursal y no se haya dictado el auto de apertura de la fase de convenio o liquidaciÃ³n, el deudor podrÃ¡ presentar una propuesta anticipada de liquidaciÃ³n conforme al artÃ­culo 142 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en el plazo de quince dÃ­as desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
DisposiciÃ³n transitoria octava. Normas procesales.
El artÃ­culo 12 de este Real Decreto-ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n conforme a las reglas siguientes:
1.Âº La nueva redacciÃ³n de los apartados 1 y 3 del artÃ­culo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales en los que, a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, no se haya presentado solicitud al juez del concurso de modificaciÃ³n sustancial de las condiciones de trabajo o de extinciÃ³n o suspensiÃ³n colectivas de los contratos de trabajo.
2.Âº La modificaciÃ³n del artÃ­culo 95 y la nueva redacciÃ³n del apartado 1 del artÃ­culo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la administraciÃ³n concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
3.Âº El nuevo pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, todavÃ­a no se hubiera dictado alguna de las resoluciones previstas en su pÃ¡rrafo primero.
4.Âº La nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos concursales en tramitaciÃ³n en los que no se haya acordado la formaciÃ³n de la secciÃ³n de calificaciÃ³n a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
5.Âº La nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 188 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los procedimientos concursales que estÃ©n en tramitaciÃ³n respecto de las autorizaciones judiciales que se soliciten desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
6.Âº La nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 190 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los procedimientos concursales que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
7.Âº La nueva redacciÃ³n del apartado cuarto del artÃ­culo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los incidentes que se encuentren en tramitaciÃ³n en los que no se haya celebrado la vista a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
El Gobierno, el Vicepresidente Segundo y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y el Ministro de Justicia, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, dictarÃ¡n las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecuciÃ³n de lo establecido en este Real Decreto-ley.
El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de los tÃ­tulos competenciales previstos en el artÃ­culo 149.1.6.Âª, 11.Âª y 14.Âª de la ConstituciÃ³n.

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