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Timestamp: 2018-03-17 12:55:54+00:00

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Principios Rectores y Garantías Procesales. Ley 906 de 2004. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.
Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia
ANTECEDENTES Los principios rectores y garantías de orden procesal penal, presentan una finalidad filosófica y social de gran interés, puesto que el enunciado de estos principios orientadores, que a su vez determinan la naturaleza del proceso, va a facilitar al intérprete tener una visión completa y resumida de todo el sistema procesal. Estos principios, tienen su génesis en el Código Penal previsto bajo el DecretoLey No. 100 de 1980, y durante la expedición del Decreto-Ley No. 050 de 1987, normas que han sido formadoras de posteriores reglamentaciones, en su oportunidad la Ley 600 de 2000, y ahora la Ley 906 de 2004.
Principios Rectores y Garantías Procesales. Ley 906 de 2004. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia
PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - LEY 906 DE 2004 Los principio, en la órbita de lo jurídico, representan un conjunto de valores que inspiran las normas escritas que organizan la vida de una sociedad concreta sometida a los poderes de una Autoridad, generalmente el Estado. Por su parte, las garantías no más que los medios establecidos por el derecho objetivo para la protección de los derechos subjetivos cuando el disfrute de los mismos es ilegítimamente amenazado o perturbado por otros particulares o por el Estado. Significan procedimientos o medios a través de los cuales se logra la efectiva vigencia de un derecho que haya sido negado o vulnerado. La tratadista Gloría Bernal Acevedo, en su obra ³Las Normas Rectoras en el Nuevo Código Penal Colombiano´, manifiesta que ³las normas rectoras son principios que informan la ley penal´, en su parte sustancial y adjetiva, ³que han sido positivizados en normas que rigen todo el sistema penal en sus tres (3) momentos categoriales, a saber: la conminación, la determinación y la ejecución´. En síntesis, ³son principios generales de derecho que se les han dotado, en el ámbito penal, de una fuerza prevalente sobre los demás, constituyéndose en la esencia y orientación´. Al hablar de principios y garantías procesales, tenemos que decir que son el fundamento, la columna vertebrar, el sostenimiento de un sistema normativo, el sistema Penal Colombiano, en este caso. El doctor Julián Hernando Rodríguez Pinzón, al posesionarse como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, afirmo que ³Los principios generales del derecho se caracterizan esencialmente por ser el punto esencial de partida de un sistema o de un desarrollo conceptual,
siendo vinculantes en el sentido de ser referentes lógico valorativos, siendo igualmente independientes ya que su aptitud jurídica son previas a las normas rectoras, son prevalentes por cuanto priman sobre las normas, condicionantes en cuanto su respeto le da legitimidad material a las normas positivas, siendo primarios ya que no hay nada antes que ellos, prioritarios por que prevalecen sobre las demás leyes y principales, porque de ellos se derivan todas las demás´. Estos principios obedecen a unos preceptos constitucionales implementados en la legislación colombiana con la Constitución Política de 1991, dándose allí un planteamiento efectivo de los mecanismos que permitieron llegar a lo que se conoce como ³Nuevo Sistema Penal Acusatorio´, Además, dotados de una orientación pedagógica y doctrinaria, se hacen más eficaces y reglamentarios a lo largo del desarrollo del proceso, tanto en las diligencias preliminares, como en la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria al juicio oral, la de juicio oral, la reparación integral y sentencia. Los principios y garantías procesales de la Ley penal, dentro del Código de Procedimiento Penal, van desde el artículo 1º, iniciando con la ³Dignidad Humana, y terminando en el artículo 27 con ³Moduladores de la actividad procesal´. 1. LA DIGNIDAD HUMANA. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. La dignidad humana es esa condición inherente, especial que posee todo ser humano, por el hecho de su existencia y que lo acompaña desde su concepción hasta su muerte, por lo tanto, no puede renunciar a ella.
Principios Rectores y Garantías Procesales. 24. con un honor. El principio de dignidad humana. como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T-881 del 17 de octubre de 2002. participativa y pluralista. el respeto mutuo de sus derechos como lo son a tener una vida digna. de una u otra manera lo determina con el paso del tiempo como un ser humano a cabalidad. lo que le permite acceder sin ningún tipo de restricción a los derechos y permite adquirir obligaciones. para el desarrollo efectivo de los ámbitos 8 . siendo magistrado Ponente el Doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET: ³la definición de la estructura de las normas jurídicas extraídas a partir del enunciado normativo ³respeto a la dignidad humana". o el principio de dignidad humana. en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales. con autonomía de sus entidades territoriales. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.´ Lo cardinal de la dignidad humana. con todo lo que él es y con todo lo que el ser humano implica. realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones. Ley 906 de 2004. según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción. (a) la configuración de la norma con funcionalidad de principio. descentralizada. un deber positivo. puesto que es esencial para el desarrollo de los demás derechos y garantías. esto implica. fundada en el respeto de la dignidad humana. a partir del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana´. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Décimo Semestre de Derecho. La Constitución Política en su artículo 1º establece ³Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria. protege esta condición es que el ser humano exista y se mueva constantemente dentro de un grupo social que. o un principio de acción. es que es la base axiológica de nuestra Norma de Normas y todo nuestro estado social de derecho. sin ser de ninguna manera objeto de ultrajes o humillaciones. deben. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ La razón de que la legislación colombiana. se constituye como un mandato constitucional. con una buena reputación. democrática.
Décimo Semestre de Derecho. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona. afirmó la Corte: 9 . En la sentencia T-499 de 1992. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual. 1. En la sentencia T-596 de 1992. afirmó la Corte: "Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades públicas. 5 y 13).". En la Sentencia T-461 de 1998. afirmó la Corte: "El respeto a la dignidad. el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana.". afirmó la Corte: "El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Ley 906 de 2004. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Es. e integridad física y moral. es un mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares. también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. en si mismo. un principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia. En la Sentencia C-328 de 2000. lo cual determina.". sin distinción alguna. no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. condiciones materiales de existencia. Pasará entonces la Sala a revisar la funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado normativo ³dignidad humana´.Principios Rectores y Garantías Procesales. de conformidad con su valor intrínseco (CP arts. también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. 25. consistente en el principio constitucional de dignidad humana. cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos.
Décimo Semestre de Derecho. no se traduce en la mera creación de condiciones de vida digna. Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo.". libertad y solidaridad. y en evidente conexión con el principio de dignidad humana. exige del Estado y de los particulares un compromiso permanente por respetar los valores de igualdad. el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que. En este punto. En la Sentencia T-958 de 2001. En la Sentencia C-012 de 2001.. afirmó la Corte: "La efectividad de sus derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el principio de dignidad humana. base última del sistema jurídico. condiciones de vida. a partir del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana´. en gran medida.". ha de tenerse presente que la realización de la libertad depende. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. se constituye como un derecho fundamental autónomo.Principios Rectores y Garantías Procesales. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ "Ahora bien. (b) La configuración de la norma con funcionalidad de derecho fundamental. a que el Estado se abstenga de tomar decisiones que impongan mayores cargas a los asociados. siguiendo la cláusula Martens. afirmó la Corte: "El principio de dignidad humana. Ley 906 de 2004. integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). el respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario (sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad. el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil. o el derecho fundamental a la dignidad humana. ha de tener por norte la consecución de la real igualdad. De igual manera. y cuenta con los elementos de todo derecho: un titular claramente identificado (las personas naturales). además. obligan al Estado a morigerar sus efectos. un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía.. de las condiciones materiales. El derecho a la dignidad humana. 26. de suerte que la interpretación de los derechos constitucionales. en caso de un conflicto inevitable. 10 . también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan a dicho resultado y. sean fundamentales o no.".
bienestar o integridad física). Sin embargo.´ ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (artículos 12 y 16). una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de 11 . y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano. el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución. el derecho a la salud. Décimo Semestre de Derecho. resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge. no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. el derecho a la vida. Más aún.Principios Rectores y Garantías Procesales. En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión "dignidad humana" como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos. le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico. constituye un parámetro de interpretación[42] de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del ³respeto a la dignidad humana. sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica[43] del Estado social de derecho. si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional. sobre todo. para la solución correcta de los asuntos constitucionales. Ley 906 de 2004. o el ³principio de principios´ del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados. entre otros. Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana. como el derecho a la igualdad. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ « Síntesis 28. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. al que como tal. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico. con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad. el ámbito de protección del derecho (autonomía personal. el derecho a la identidad personal. porque si bien. el derecho al trabajo. el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital.
sino de un concepto de dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo. bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. como un verdadero derecho fundamental. como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio. la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles. En conclusión. Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia). De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana. Décimo Semestre de Derecho. es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral). Ley 906 de 2004. en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía individual).Principios Rectores y Garantías Procesales. la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle. y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad. sino como contenidos concretos. de tal forma que tanto las autoridades del Estado. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad. los ámbitos de protección de la dignidad humana. igualmente tanto las autoridades del Estado 12 . la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas. De tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar determinado de manera abstracta. El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural. la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades.
concebir la Dignidad Humana. ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. hacer las cosas que están permitidas. En otras palabras. lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no.P. emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. y por ende los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos. 2. En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje. diciendo el doctor Julián Hernando Rodríguez Pinzón. en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 9. Décimo Semestre de Derecho. con un principio contenedor de otros principios o el principio del cual derivan derechos y se ponen límites a la vida en sociedad. sino por cuanto ostenta esta categoría de principio esencial en el artículo 2 de la ley 906 de 2004. no solo por cuanto se consagra en el preámbulo y en el artículo 28 de la Constitución Nacional. en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 13 . con la licencia para realizar aquello que se estime adecuado o conveniente. Se trata de un concepto que hace alusión a aquellos aspectos relacionados con la independencia. parten de un presupuesto la Dignidad Humana como eje central. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos´. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. en este caso sobre la Libertad. ni sujeto. Lo anterior nos permite. 3 de la ley 600 de 2000). Libertad es la capacidad del ser humano de obrar o no obrar a lo largo de su vida por lo que es responsable de sus actos.Principios Rectores y Garantías Procesales. Ley 906 de 2004. Toda Persona tiene derecho a que se le respete su libertad. pues la libertad implica una clara opción por el bien. nuevo C. Este estado define a quien no es esclavo. (Art. Continua. LA LIBERTAD. lo hace libre. pero también responsable de sus actos. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.P. ³se tiene la libertad Personal.
Es así como ³El derecho a la libertad Personal. representa la cláusula general del derecho a la libertad personal. oprimiéndola o reduciéndola indebidamente´. por lo cual a nadie se le puede molestar en su persona o familia de privado de su libertad. sino en la medida que exista orden escrita de la autoridad judicial pertinente ya que su limitación va en contra el estado natural del hombre. junto con los protocolos I y II de Ginebra. 14 . a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado. III y IV de Ginebra. por medio de los cuales se estructura su reconocimiento y protección. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ contemplado en la ley 74 de 1968 artículo 4. Lo anterior. La efectividad y alcance de este derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. 3. en la Convención americana de los derechos Humanos incorporado en la ley 16 de 1972 en su artículo 7. La reserva judicial de la libertad. Ley 906 de 2004. convenio II. La protección constitucional de la libertad personal.1. Magistrado Ponente. sustituyéndola. El principio de libertad significa de manera genérica que toda persona tiene derecho a desarrollar sus actividades.Principios Rectores y Garantías Procesales. ni hacérsele registro a su domicilio. al reconocer de manera explícita que "Toda persona es libre Del preámbulo y de otros preceptos constitucionales se deriva la consagración de la libertad como un principio sobre el cual reposa la construcción política y jurídica del estado y como derecho fundamental. doctor JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO: ³3. La Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que el artículo 28 de la Carta Política. sin desconocer los derechos ajenos. como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. dimensiones que determinan el carácter excepcional de la restricción a la libertad individual. Décimo Semestre de Derecho. como fundante del Estado Social de Derecho comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugne con los derechos de los demás ni entrañen abusos de los propios. es claramente esbozado por la Corte Constitucional en Sentencia C163 del 20 de febrero de 2008. en la medida de sus deseos.
. salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios. debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica. el legislador.. De la jerarquía y contundencia de tales cláusulas se deduce que las normas que regulan una intervención en la libertad personal deben respetar los precisos términos y límites previstos en la Constitución.Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridad personal. el artículo 28 de la Constitución establece una serie de garantías que fijan las condiciones bajo las cuales resulta admisible la limitación de este derecho fundamental. al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho. esa libertad (de configuración) del legislador. sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación. a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29. tratándose de la libertad individual. salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas". Nadie podrá ser privado de su libertad.. ratificado mediante la Ley 74 de 1968 establece: "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. la Convención Americana de Derechos Humanos... Nadie puede ser privado de su libertad física. tiene su límite en la propia Constitución que.Principios Rectores y Garantías Procesales.. que dispone que toda persona "se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y que quien sea sindicado tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas". contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo. perceptible al momento de crear el derecho legislado. Ley 906 de 2004. por lo tanto. ratificada por la Ley 16 de 1972 precisa: "1. delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28.Así pues.2. 2.. Décimo Semestre de Derecho. Estas garantías están estructuradas en forma 15 .. y de los derechos consagrados en la Constitución... .Sin embargo. 3. En armonía con tal concepción. aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y.". Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto ha señalado la Corte: .
encaminadas a delimitar de manera estricta la actividad del Estado frente a esta libertad fundamental.3. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías. y correlativamente señalan las actuaciones que implican el desconocimiento de dicho derecho. ante quien la Fiscalía deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales. nadie puede ser molestado en su persona o familia. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. presente tanto en el momento previo de la emisión de la orden de restricción.Principios Rectores y Garantías Procesales. ni reducido a prisión o arresto. Respecto de las condiciones es preciso destacar la necesidad de intervención judicial tanto en el momento de disposición a través de una orden motivada. según lo establezca la ley. que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (art. De acuerdo con tal precepto.) 16 . Estas reglas fijan límites precisos tanto sobre los motivos como respecto de las condiciones en que podrá restringirse el derecho a la libertad. 03 de 2002 le dio al principio de reserva judicial de la libertad.P. la Fiscalía General de la Nación podrá realizar capturas sin orden judicial previa. 3. como en el de su control posterior. como en el momento del control de legalidad de una efectiva privación de la libertad. prisión ni arresto por deudas. tales como la captura. ni su domicilio registrado. Ley 906 de 2004. para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad. ni detenido. y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención. cabe precisar que la reserva judicial de la libertad a que se ha hecho referencia encontró particular refuerzo en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 en la que («) se estableció que en el nuevo sistema penal por él introducido. Décimo Semestre de Derecho. Sobre el particular cabe destacar que la Corte se ha referido al énfasis que la reforma introducida por el Acto Legislativo No. ni penas y medidas de seguridad imprescriptible. Al respecto señaló: ³Ahora bien. 250-1 C. sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ de reglas.
pues no solamente será necesario mandamiento escrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona. independiente e imparcial revise la legalidad de la privación de la libertad. en el menor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las treinta y seis horas siguientes. sino que una vez se le haya detenido preventivamente en virtud de dicho mandamiento deberá ser puesta a disposición del juez competente. los cuales cobran particular relevancia en dos momentos: (i) cuando desarrolla la tarea de ordenar restringir el derecho a la libertad en los precisos términos señalados en la ley. procede la Sala a efectuar una breve referencia al control judicial sobre la captura en cuanto acto material de aprehensión. para que realice un control efectivo a la restricción de su libertad. Se pretende a través de este control que una autoridad competente. 4. que cumpla auténticas funciones jurisdiccionales. En ese orden de ideas destacó que ³La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez su legítimo garante La condición de garante del juez se afianza sobre los rasgos de autonomía e independencia que la Constitución reconoce a sus decisiones. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ De manera especial destacó la Corte que ³La protección judicial de la libertad tiene entonces un doble contenido. Ley 906 de 2004. 4. Señaló igualmente que la intervención judicial se erige así en una importante garantía de la libertad en cuanto es el juez el llamado a velar por el cumplimiento y efectividad de los mandatos constitucionales y legales en cada caso en particular. Dentro de las garantías que rodean el derecho a la libertad y a la seguridad personales se encuentra la concerniente a que la persona detenida sea presentada sin demora ante un juez o una autoridad judicial. y (ii) cuando cumple la labor controlar las condiciones en las que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene. con propósitos tales como 17 .1. en particular sobre la oportunidad en que debe realizarse. En lo que atañe a la verificación de las condiciones en que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene.Principios Rectores y Garantías Procesales. La garantía de ser llevado sin demora ante un juez. Décimo Semestre de Derecho. para el control judicial de una privación de la libertad. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.
como jueces de la investigación. La primera exigencia se deriva del principio de reserva judicial de la libertad. función que dentro del sistema judicial colombiano está adscrita al juez de control de garantías. y su restricción como una excepción que debe estar debidamente justificada y sometida al principio de legalidad procesal el cual debe suministrar certeza no solamente sobre los motivos y requisitos para esa restricción. El segundo presupuesto tiene su fundamento en la cláusula general que consagra la libertad como regla. (iv) prevenir detenciones arbitrarias y otras eventuales afectaciones de derechos fundamentales.2. y (ii) debe realizarse dentro de un límite temporal. Décimo Semestre de Derecho. 4. 4. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ (i) evaluar si concurren razones jurídicas suficientes para la restricción de la libertad. 18 . (iii) salvaguardar el bienestar del detenido. La supervisión judicial sobre las restricciones a la libertad tiene dos componentes insoslayables: (i) debe efectuarse por el órgano imparcial y adecuado para la tutela de los derechos fundamentales comprometidos en el ejercicio de la actividad de persecución penal. Sin embargo tal expresión ha dado lugar a ciertas ambigüedades que se ha reflejado en disímiles interpretaciones por parte de los órganos internacionales encargados de hacer cumplir o de aplicar esa normatividad.3.Principios Rectores y Garantías Procesales. (ii) establecer si se precisa la detención antes del juicio. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. En el derecho internacional se usa la expresión ³sin demor´ como parámetro temporal que ilustra lo inaceptable que resulta a la luz de esa normatividad la prolongación indefinida de un estado de privación de la libertad sin que medie la supervisión de una autoridad jurisdiccional. exaltado en el contexto del sistema de tendencia acusatoria con la creación de los jueces de control de garantías. Ley 906 de 2004. Mediante este procedimiento se pone a disposición de la persona privada de la libertad la primera oportunidad de impugnar la restricción de su libertad y de obtener el restablecimiento en el goce de esta prerrogativa fundamental si la detención. sino sobre su duración. el arresto o la captura se han producido con desconocimiento de las garantías debidas.
y de los preceptos constitucionales que regulan los límites a sus restricciones es posible deducir un derecho a ser llevado sin demora ante un juez para que revise la legalidad de la aprehensión. La consagración de este mandato se aprecia en el contenido del inciso segundo del artículo 28 de la Carta que establece como regla general que ³La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes («). De lo anterior. Ley 906 de 2004. Décimo Semestre de Derecho. unas reglas de convivencia que han sido positivisadas. sino en razón a los límites establecidos en las normas constitucionales y legales. en el artículo 30 superior que prevé igualmente un término de treinta y seis (36) horas para que se efectúe el control judicial de una privación de la libertad a través del mecanismo constitucional del habeas corpus. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 4. y la indemnidad de la persona.Principios Rectores y Garantías Procesales. el cual deberá efectuarse ³a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes´ a la captura. En el sistema jurídico colombiano se acogió con mucha mayor claridad y precisión. por eso aunque somos libre..1 inciso tercero establece el control judicial obligatorio posterior para las capturas que realice la Fiscalía en desarrollo de la facultad excepcional allí prevista. libres de pensamiento. se puede afirmar que todos nacemos libres y por tanto no se nos puede restringir dicho derecho. profesión o especialidad. etc. y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su producción. 4. En similar sentido el artículo 250. libres para transitar por el territorio nacional. Así mismo. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. estableciendo un parámetro temporal cierto para que se lleve a cabo dicha supervisión. 19 . el mandato que proscribe toda prolongación indefinida de una restricción de la libertad despojada de control judicial.5. control que deberá efectuarse a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad´. no es menos cierto que esa libertad se enmarca dentro de una sociedad.4. En efecto. unos normas preexistentes. Es claro que de los principios que orientan el derecho fundamental a la libertad individual. permite afirmar que toda privación efectiva de la libertad persona debe ser sometida a control judicial de inmediato. un examen sistemático de los preceptos constitucionales relacionados con la libertad individual y los límites a sus restricciones. libres para decidir oficio.
al ser utilizados como parámetros del control constitucional de la Leyes. por lo tanto.Principios Rectores y Garantías Procesales. afirmo: ³En buena hora aparece claramente señalada la figura del llamado Bloque de Constitucionalidad que se consagra en el artículo 3 bajo el titulo de Prelación de los Tratados Internacionales. que tienen los países más civilizados y que ese compromiso es el de luchar día a día por la observancia y respeto de los mismos como forma de hacer efectivo el Principio de la Dignidad Humana´ 20 . se entiende que se aplicarán en todo proceso penal. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción. obligando de esta manera al cumplimiento severo de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación cuando se presenten los llamados estados de excepción. establece los tratados y convenios que hayan sido ratificados y que reconozcan y prohíban la limitación de los derechos humanos prevalecerán en el ordenamiento interno. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. por formar bloque de constitucionalidad. para que esa fuerza normativa del llamado Bloque de Constitucionalidad no quede como letra muerta. Décimo Semestre de Derecho. en su artículo 93. Pero antes. dando origen al bloque de constitucionalidad. en gavetas de escritorio y para que todos los ciudadanos sepamos que hemos adquirido el compromiso de respetar derechos de consagración universal. al posesionarse como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El doctor Juan Manuel Tello Sánchez. PRELACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. La Constitución Política de Colombia. Ley 906 de 2004. se vuelven parte integrante de la Constitución Política. tenemos que ver que estos tratados internacionales al ser ratificados por Colombia. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 3. que no es otro que. aquellas normas que sin aparecer en los articulados de la Constitución. hacen parte de ella.
con el fin de potenciar la realización material de tales valores´. de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución. son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. 93). por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.Principios Rectores y Garantías Procesales. Ley 906 de 2004. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que. los tratados internaciones no riñen con la Constitución. En tales circunstancias. entendiéndose. C-225 del 18 de mayo de 1995. consagra: ³Como vemos. 4º). cuyo respeto se impone a la ley. doctor ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Magistrado Ponente. Como es obvio. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ A su vez. que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP art. la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario. que hacen parte integrante de nuestra Noma Superior. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional. por lo tanto. como norma de normas (CP art. deben aplicarse con prelación en la legislación. con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia. sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. esto es. Siendo consecuentes con la manifestación de la Corte Constitucional. la Corte constitucional en la Sentencia No. son normas situadas en el nivel constitucional. la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad" . por ser parte de ella. a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. 21 . Décimo Semestre de Derecho. En efecto.
Ley 906 de 2004.Principios Rectores y Garantías Procesales. raza. La Constitución Política de Colombia. física o mental. opinión política o filosófica. especialmente. religión.1 El derecho a la igualdad es aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica. libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. sin discriminación 1 100 Preguntas Sistema Penal Acusatorio. es decir. en su artículo 13. IGUALDAD. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger. Décimo Semestre de Derecho. física o mental´. establece ³Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. lengua. opinión política o filosófica. En otro contexto: ³Es el derecho de las personas que intervienen en el proceso penal a recibir el mismo trato y las mismas oportunidades. origen. física o mental. religión. se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan´. a aquellas personas que por su condición económica. lengua. origen nacional o familiar. se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. por razón de su condición económica. sin discriminación por raza. La igualdad obliga a las autoridades a adoptar medidas a favor de los más débiles. Fiscalía General de la nación 22 . Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 4.
sexo. el inciso final del artículo Constitucional señalado lo que hace expresamente es crear una desigualdad entre aquel grupo de personas que están en situación de desigualdad respecto del resto. En este orden de ideas. raza. condición social o cualquier otro motivo. En consecuencia. señaló: ³Así las cosas. Magistrado Ponente. Esto es. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ por motivos de nacionalidad. física o mental. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. cambio sustancial en el Estado Social de Derecho. dicha protección especial es el verdadero resultado del derecho a la igualdad material y no simplemente la constatación de una igualdad formal. doctor JAIME ARAÚJO RENTERÍA. es con relación a este tipo de personas que el Estado Colombiano efectúa una protección especial precisamente para establecerlos en una situación de igualdad con el resto de personas que no se encuentran en las mismas circunstancias. debe la Corte analizar si la protección propuesta por la norma demandada. Por consiguiente. De otro lado. En consecuencia. aquellas personas que por su situación económica. en punto de proteger especialmente a las personas que por su condición económica. física o mental. Ley 906 de 2004. profesión. La Corte Constitucional en Sentencia C-799 del 02 de agosto de 2005. donde se buscada que se otorgaran a todos los ciudadanos las mismas garantías y derechos. Décimo Semestre de Derecho. 23 . se ha señalado que el derecho a la igualdad debe ser interpretado como una igualdad entre iguales y una desigualdad entre desiguales.Principios Rectores y Garantías Procesales. se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta atenta contra el derecho a la igualdad. es indispensable reafirmar la variada jurisprudencia de esta Corporación donde se ha interpretado el contenido normativo del derecho a la igualdad Constitucional. creencias. Fue una conquista de la Revolución Francesa. se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta respecto del resto.
se refiere a que ante la Ley todos somos iguales. respetando con ello las diferencias de sexo. que existe una incorrecta interpretación del postulado Constitucional por parte del demandante.´ contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Evidencia esta Corporación. situación económica. Defensa pública para aquel procesado que carezca de recursos para realizar su defensa.Principios Rectores y Garantías Procesales. El derecho constitucional de igualdad. se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. no puedan enfrentar un proceso penal en igualdad de condiciones. física o mental. y brindándose especial protección a aquellas personas que por condiciones de edad. cuando el procesado sea mayor de 65 años. 2. 3. Asistencia jurídica gratuita a las víctimas que igualmente carezcan de recursos. Así las cosas. especialmente. la raza. es ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la misma ley 906 de 2004 . cuando a la procesada le falten dos meses o menos para el parto. cuando el procesado estuviere en estado grave de enfermedad. Décimo Semestre de Derecho. la profesión entre otros. 1. Efectivamente. la norma demandada no es más que el desarrollo de la norma Constitucional. En conclusión. 13 de la Constitución Política la expresión ³y proteger. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. hasta el punto que su transcripción es casi similar. Ley 906 de 2004. no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. cuando el procesado sea madre o padre cabeza de familia. Pues bien. a aquellas personas que por su condición económica. 24 . por los cargos analizados´. que desarrollan dicha protección especial. Sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia. estos ejemplos denotan la importancia de hacer valedera a la luz de la Constitución la desigualdad señalada en la ley en aras de proteger especialmente a estas personas que se encuentran en situaciones especiales que ponen de manifiesta su debilidad. en circunstancias como: 1.
139 ley 906). de conformidad a lo dispuesto en los artículos 228 y 229 de la Constitución Nacional´. ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea. preclusión y juzgamiento. La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera bajo todas las circunstancias. en este caso la ley. además de contarse en el estatuto procedimental con los impedimentos de acuerdo a las 25 . que la Imparcialidad. específicamente de los jueces (Art. Concretamente. Esto no implica la presencia de parcialidad: las diferentes penas se determinan en base a un criterio objetivo y predecible. La imparcialidad sostiene que. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Manifiesta el doctor Julián Hernando Rodríguez Pinzón. los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos.Principios Rectores y Garantías Procesales. 4 ley 906). es: ³Es una garantía indispensable en el juicio oral de carácter adversarial. de acuerdo a las precisas condiciones descritas en los artículo 46 y ss. 138 ley 906). de la ley 906 de 2004. para todas las personas. evitando en consecuencia que el fallador sea juez y parte. existiendo la figura jurídica del cambio de radicación. preclusión y juzgamiento el establecer de manera objetiva la verdad y la justicia (Art. buscándose tanto en las funciones de control de garantías. Ley 906 de 2004. IMPARCIALIDAD. sin influencias desesgo. lo cual se traduce en la independencia y autonomía como garantía esencial de la imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 5. Por ejemplo. la mayor parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos de acuerdo a la gravedad de los mismos. prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. que podrían inclinar la balanza de la justicia (injusticia) a una de las partes. Décimo Semestre de Derecho. este principio se hace palpable desde los mismos deberes de los servidores judiciales (Art.
60 ley 906). 397 ley 906). 361 ley 906). Pero ¿cómo se garantiza la efectividad del principio?. precisamente por que los fines de la prueba son los de llevar el conocimiento del juez mas allá de toda duda razonable sobre los hechos y la responsabilidad del enjuiciado (Art. 229 y 230 constitucionales. 62 ley 906). 366 y ss. JUANCARLOS HENAO PEREZ. 101 y ss. ley 906). 327 ley 906). ley 600 de 2000). Décimo Semestre de Derecho. Igualmente se hace presente en todo el registro de la actuación procesal (Art. Ley 906 de 2004. para garantizar la imparcialidad el funcionario (Art. aun cuando se debe aclarar que excepcionalmente para poderse llegar a la verdad real. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.Principios Rectores y Garantías Procesales. Esa imparcialidad se materializa igualmente con la prohibición que el juez pueda decretar pruebas de ficio (Art. Por su parte. comienza por decir que la imparcialidad y la independencia son principios de la aplicación de la justicia en los Estados democráticos. 56 ley 906). excepcionalmente al terminarse con las respectivas intervenciones de las partes en la practica de la prueba el juez y el ministerio público podrían hacer preguntas complementarias para el esclarecimiento de los hechos (Art. en Sentencia C-144 del 03 de marzo de 2010. con el trámite por el cual a diferencia del estatuto anterior (Arts. 372 ley 906). expresó: ³Para tales efectos. como ³parte del conjunto de las garantías procesales y sustanciales que rodea a la administración de justicia´. la instalación y trámite de la audiencia preparatoria. el juez podría hacerlo argumentado debidamente desee el punto de vista constitucional(9) y si bien es cierto en los interrogatorios por regla general interrogan y contra interrogan las partes. a pesar de que no haya una declaración expresa en la Constitución que consagre el principio. existe plena claridad sobre su reconocimiento implícito en los artículo 29. es una pregunta que ha sido resuelta de 26 . en el mismo control judicial que hará el juez en aplicación del principio de oportunidad (Art. en el mismo trámite en la audiencia de formulación de acusación (Art. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ respectivas causales (Art. 339 Ley 906). suspendiéndose de inmediato la actuación. entonces. Magistrado Ponente. la Corte Constitucional. 57 y 341 ley 906). En Colombia. así como de las recusaciones (Art. 146 ley 906). así como la instalación y trámite del juicio oral (Arts. se deberá tramitar ante a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal superior correspondiente (Arts.
se vuelve entonces sinónimo del concepto de neutralidad cognoscitiva del juez. y de este modo. para no afectar el debido proceso. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Dichas reglas también producen ³el impacto psicológico de confianza y neutralidad del juez´ pues de lo contrario. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable. Décimo Semestre de Derecho. revistiendo su participación de objetividad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos. aparecen los principios que se reconocen como propios a la implementación del sistema penal de tendencia acusatoria y que son ³i) el funcionario que instruye no juzga. puede inclinarse a favor de alguna de las partes y producir ³un prejuzgamiento o una postura anticipada que debe evitarse´. Ley 906 de 2004. 6. lo cual responde al esquema procesal del Acto Legislativo número 3 de 2002. La actividad probatoria. supone del servidor público. La imparcialidad. pues los dos son conceptos tan amplios que su concreción corresponde al legislador´. neutralidad. En el ordenamiento jurídico colombiano. LEGALIDAD. dijo entonces la Corte. con observancia de las formas propias de cada juicio. al investigar y juzgar. al participar en el recaudo de pruebas. Por ello resulta razonable que sea el legislador el que diseñe ³el esquema procesal que considera adecuado para la búsqueda de la verdad y para concretar la imparcialidad. aun cuando sea posterior a la 27 . en la controversia penal.Principios Rectores y Garantías Procesales. sino también que dicha situación se presente de modo objetivo[95]. iii) la carga de la prueba de la responsabilidad penal corresponde a la Fiscalía´. Dentro de ese conjunto de elementos tanto externos[96] como internos al proceso que han venido nutriendo la noción de imparcialidad del juez. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ diversas formas en la historia. ii) la pérdida de la iniciativa probatoria del juez. ³Todos ellos impiden que el juez falle conforme a sus propios prejuicios. pues se entiende como un tercero imparcial que busca la justicia material y. se han diseñado diferentes garantías institucionales e individuales destinadas a asegurar no sólo que el juez se halle en una posición subjetivamente ajena a las partes e intervinientes.
concretado en el aforismo. debe basarse en las leyes y no en la voluntad arbitraria de los servidores públicos. Es nula. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. la prueba obtenida con violación del debido proceso´. 28 . y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. este En materia penal. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ actuación. siendo la sanción de leyes facultad del Poder Legislativo. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. En la Constitución. o de oficio. no hay crimen ni pena sin ley que previamente lo haya contemplado como tal. durante la investigación y el juzgamiento. a impugnar la sentencia condenatoria. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. la ley permisiva o favorable. es aquel por el cual toda decisión del Estado. Ley 906 de 2004. principio está consagrado en el artículo 29.Principios Rectores y Garantías Procesales. que reza: ³El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. aun cuando sea posterior. Décimo Semestre de Derecho. ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. El principio de legalidad. a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Este principio en la ley penal. Es un principio fundamental en los estados democráticos basado a su vez en la división de poderes. de pleno derecho.
Art. convención Americana de los derechos humanos. en los cuales el soberano ejercía ilimitadamente el poder punitivo. . debido proceso. 29 de la Constitución Nacional. presunción de inocencia entre otros y una garantía administrativa. Décimo Semestre de Derecho. una garantía procesal (Nemo damnetur nise per legalem judicium) de donde se infiere la existencia de los derechos al juez natural. 3 y 4 ley 599 de 2000) derivándose el mismo en una garantía criminal (Nullun crimen sine legem). Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Por otro lado: ³Partimos de la base que ciertamente el ejercicio del poder punitivo en nuestro Estado de derecho deberá estar sometido a fuertes y eficaces controles para lograr el respeto de las garantías individuales y para lograr también la seguridad jurídica. existiendo la Taxatividad de la ley penal el principio de certeza del derecho y la prohibición de aplicación de la analogía. ³El principio de legalidad en derecho penal es un producto de la ilustración (en el siglo de la filosofía) y uno de los pilares más importantes del estado de derecho. 12 ley 599 de 2000) y los principios de las sanciones penales y las funciones de las penas (Arts. salvo razones de favorabilidad. no solo en cuanto a los aspectos objetivos y subjetivos del injusto típico (Art. una garantía penal (Nula poena sine legem). 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. III.Este 29 . Se consolida con la Revolución Francesa. En su nacimiento. estuvo ligado a la época de la codificación que buscó criterios de racionalidad en la imposición de las sanciones. artículo 42. Si todo lo que está expresamente prohibido está permitido. como un instrumento que impide los abusos de poder por parte del Estado. 11 ley 599 de 2000). ley 16 de 1972 artículo 8. sino en cuanto a la misma antijuridicidad material (Art. debiéndose respetar el mismo aun en la aplicación de los acuerdos y pre acuerdos. convención sobre los derechos del niño.Principios Rectores y Garantías Procesales.. la culpabilidad (Art. y IV de Ginebra y protocolos I y II adicionales ley 11 de 1992. 6 de las leyes 599 y 600 de 2000 y Art. así como la pena respectiva y los procedimientos para la aplicación del derecho. Reacción obvia ante los siglos anteriores. convenios I. de tal manera que el asociado tenga la garantía que lo que no está contemplado como delito en la ley no existe. . por lo cual este principio está contemplado como derecho fundamental en el mismo Art. II. y delimita claramente los ámbitos de libertad en el ser humano. celebrados con la Fiscalía. 6 de la ley 906 de 2004. 10 ley 599 de 2000). el principio de legalidad se convierte en la Magna Charta Libertatum. ley 1|2 de 1991. así como en el artículo 8 de la Declaración Universal de los derechos Humanos.. Ley 906 de 2004. En cuanto a su evolución.
Magistrado Ponente. es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal. está en intima conexión con la protección de otros derechos fundamentales (la libertad por ejemplo) y con valore constitucionales de inmediata trascendencia como la seguridad jurídica. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ derecho fundamental tiene varias connotaciones: en primer lugar. el principio de legalidad tiene un límite: La determinación de conductas sólo es exigible hasta donde permita la naturaleza de las cosas. clara y precisa en la ley´[44]. ALVARO TAFUR GALVIS. no se viola el principio de reserva cuando el legislador señala los elementos básicos para delimitar la prohibición y remite a otras instancias el complemento correspondiente´. porque la descripción de los elementos básicos de la conducta prohibida que recoge todo tipo penal solo puede tener como fuente la ley ±formal o material. Décimo Semestre de Derecho. En materia penal dicho principio comporta varios elementos[45] que la doctrina especializada reconoce como ³los principios legalistas que rigen el derecho penal´[46]. al posesionarse como miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 30 . definido o establecido en forma expresa... hace imposible la descripción detallada de comportamientos. Ley 906 de 2004. afirmo la Corte: ³Esta Corporación ha señalado que en el Estado de Derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder[43].2 En Sentencia C-952 del 09 de junio de 2005.Principios Rectores y Garantías Procesales. los cuales define de la siguiente manera: ³ . nulla poena sine praevia lege: esto es. nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función. en segundo lugar.´[47] 2 Discurso del jurista Julián Hernando Rodríguez Pinzón. función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito.En conclusión... cierra las fuentes del derecho. Si la variada formas de conductas que presenta la realidad. En este sentido ha dicho esta Corporación ³no existe facultad. no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella.nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley. nemo damnetur nisi per legale indicum. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.
deben respetarse estas garantías fundamentales del debido proceso. Así ha dicho esta Corporación lo siguiente: ³13. por su parte. con énfasis entre otros temas en los principios de reserva legal y de tipicidad o taxatividad de la pena. (ii) el señalar anticipadamente las respectivas sanciones. 29)[54]. En torno a cada uno de los aspectos enunciados. concreta e inequívoca las conductas reprobadas. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. y como salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio´. en el artículo 29 establece que ³Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. La Constitución colombiana. controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15-1[50]. controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal´. ese principio protege la libertad individual. Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Esto quiere decir que para poder legítimamente aplicar sanciones por parte del Estado[48]. como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 9[51]. De esa manera. se refieren en forma particular y explícita a la preexistencia de los delitos y sus respectivas sanciones.[49] Al respecto. Ley 906 de 2004. así como (iii) la definición de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables. la jurisprudencia ha precisado el entendimiento que en el ordenamiento jurídico colombiano debe darse al artículo 29 constitucional[52]. 31 . exigiendo al legislador (i) definir de manera clara.Principios Rectores y Garantías Procesales. todo ello en aras de garantizar un debido proceso.El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué ³motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas´[53]. destinadas a ³proteger la libertad individual.
de suerte. ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley.[55]´ 16. ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales. pues si la decisión legislativa de penalizar una conducta puede ser aplicada a hechos ocurridos en el pasado.Principios Rectores y Garantías Procesales. que la definición de las conductas punibles corresponde al Legislador. en los jueces. también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad[56]. ex post facto. no es suficiente y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. esto es. esto es. y no a los jueces ni a la administración. las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley. con lo cual se busca que la imposición de penas derive de criterios generales establecidos por los representantes del pueblo.Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los asociados. ya que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente. previa o preexistente. entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los ciudadanos. Por ello esta Corporación había precisado que no sólo ³un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale´ sino que además la norma sancionadora ³ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento punible. Así. nacional e internacionales. entonces el principio de legalidad no cumple su función garantista. pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa. que esta Corte prohija. que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. según el cual. el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal. sólo de esa manera. pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal´[57]. Por eso.Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y alcances. la doctrina y la jurisprudencia. han entendido que en materia penal. el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática.La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin embargo suficientes. 32 . es decir. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 14. Una consecuencia obvia del principio de legalidad es entonces la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas. 15. Pero no basta. y no de la voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo. Según esa concepción. quienes pueden además interpretar de manera muy diversa leyes que no son inequívocas. que la ley debe definir previamente los hechos punibles. la más natural es la reserva legal. Décimo Semestre de Derecho. Ley 906 de 2004.
hasta que medie sentencia condenatoria. 28 y 29)´[58]. igualmente. para que se pueda sancionar penalmente a una persona. de corte eminentemente garantista. o consecuencia.Principios Rectores y Garantías Procesales. Ley 906 de 2004. establecidas igualmente por el legislador´. El principio de legalidad. ³no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts. a grandes rasgos. El principio de legalidad es la esencia de una noción garantista del Estado Social de Derecho. se considerara libre penalmente. Toda persona. no es suficiente que el Legislador defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente establecidos. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. El principio de legalidad. ya que se 33 . o primacía de la ley. mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. juez o tribunal que deberá observar la plenitud de las ³formas propias de cada juicio´. La seguridad que cada canon legal proporciona permite que los asociados conozcan con anticipación los límites de la protección. Por ende. que para imponer sanciones penales. como aquella garantía normativa de la libertad y la seguridad individual de las personas que integran un colectivo social y a las cuales van dirigidas esas reglas. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ La jurisprudencia ha señalado. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. puede definirse. Para esta Corporación la exigencia contenida en este aspecto en el artículo 29 hace relación a la existencia de un juez independiente e imparcial a quien el ordenamiento jurídico haya atribuido la competencia para decidir sobre la conducta de la persona acusada de un hecho punible. 7. jurídica de sus actos y su principal objetivo está dirigido a proteger sus derechos del ejercicio arbitrario del poder punitivo del Estado. precepto que se encuentra contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. garantiza la seguridad jurídica. pero este principio no puede ser absoluto. Este principio constituye la médula del derecho penal colombiano. Décimo Semestre de Derecho. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO. de manera muy general.
esa presunción va cediendo paso a otras manifestaciones válidas del estado de derecho. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.... a medida que vaya avanzando la actuación y se le capture por ejemplo en situación de flagrancia.en el proceso penal el sindicado se encuentra amparado por la presunción de inocencia. por encontrarse la existencia de un conocimiento más allá de toda duda razonable. cuando una sentencia en firme declara que una persona es penalmente responsable de un hecho punible que se le endilga. Décimo Semestre de Derecho... en relativa paz y armonía. la de investigar los delitos para. y ello explica que el artículo 250 de la Constitución asigna a la fiscalía general de la nación. precisamente. acusar a los infractores ante los jueces competentes. o se le haya capturado previa valoración sumaria del juez de garantías..la presunción de inocencia tampoco es un derecho absoluto. no es que se desconozca o se vulnere cuando una providencia judicial lo va desvaneciendo. pues el esclarecimiento de los hechos corresponde al Estado y resulta altamente lesivo del derecho de defensa exigirle al justiciable una 34 . con el único fin de contribuir al mantenimiento de condiciones mínimas para hacer factible la vida en sociedad. De esta suerte. cuando de acuerdo a sus averiguaciones. y mal podría serlo en el estado Social Democrático y de Derecho en el que todos los miembros debemos ceder parte de nuestras atribuciones. hasta el punto que la Fiscalía solo podrá acudir a solicitar la captura o hacer la imputación. ³Expone la Honorable Corte Suprema de Justicia que ³..hasta que finalmente desaparece.. denominado presunción de inocencia.´(11). luego la acusación hasta llegar finalmente la etapa del juicio y se le condene. por que le corresponde al Estado la carga probatoria de desvirtuar la presunción de inocencia.ese derecho latente en el decurso del proceso penal. asumir como función propia.. Ley 906 de 2004. Otro de los puntos de vista por los cuales se hace referencia a este principio rector va a ser que toda duda debe ser resuelta a favor del procesado.. haya conseguido evidencia necesaria.Principios Rectores y Garantías Procesales. cuando fuere el caso. de tal manera que es la Estado a quien le corresponde la carga probatoria para su destrucción. por cuanto ³. como lo son las decisiones contenidas en los autos y sentencias. no puede imponerse a un sindicado una colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. si no existe modo de eliminarla. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ empieza a poder atacar esta presunción. o se le haya hecho la imputación como acto de comunicación. como lo dispone el artículo 381 (Ley 809).
para lo cual se interrogará al implicado (Art. éste acorazado con la presunción de inocencia debe ser absuelto´. entre otros tiene derecho a ser informado a que puede guardar silencio. no necesariamente para condenar. Magistrado Ponente. El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Es decir. el proceso penal es un instrumento creado por el Derecho para juzgar. de la Corte Constitucional. que lleva a que mientras exista una duda razonable sobre la autoría del delito y la responsabilidad del sindicado. que no se tendrá como antecedentes penales. en desarrollo del artículo 228 de la Constitución Nacional´. Décimo Semestre de Derecho. el hecho que no se logre desvirtuar la presunción de inocencia por parte de la Fiscalía. conforme a lo dispuesto en el artículo 332 numeral 6 (Ley 906).3 Sentencia C-782 del 28 de julio de 2005. De tal manera que en el artículo 303 numeral 3 (Ley 906) se establece que en el momento de la captura de una persona. consciente. doctor ALFREDO BELTRÁN SIERR. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona. al posesionarse como miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 35 . 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Finalmente.Principios Rectores y Garantías Procesales. sino única y exclusivamente. establece: ³Como queda visto. consecuencia de lo cual se impone el in dubio pro reo. deberá tenerse en cuanta. 131 ley 906). en la eventualidad que se haya proferido en contra del implicado sentencia condenatoria y esta se encuentre en firme. queda a la calificación del funcionario´(12). Ley 906 de 2004. constituye una causal de preclusión. Si no desea guardar silencio. También cumple su finalidad constitucional cuando absuelve al sindicado. además. voluntaria y que esté debidamente asesorado de la defensa. podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 3 Discurso del jurista Julián Hernando Rodríguez Pinzón. Inclusive. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ conducta cuya eficiencia. el juez de garantías deberá verificar que esta sea una decisión libre. a éste le asiste en todo momento la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Ley 906 de 2004. o de un estratégico silencio que impida la deducción de situaciones agravatorias de su posición jurídica. sino que se desenvuelve en función de las posibilidades reales de contradicción de los cargos. ³El derecho a la defensa es el núcleo del debido proceso y este se va a desarrollar en la medida que se esté en capacidad de contradecir las pruebas obrantes en contra del implicado. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. y ello depende. son demasiadas las alternativas compatibles con la garantía 36 . o segundo de afinidad. que se hagan parte en el mismo. en la medida que exista igualdad de Armas con la contra parte. Décimo Semestre de Derecho. sin que necesariamente se logre la absolución del enjuiciado de tal manera que ³El concepto de derecho de defensa. En desarrollo de la actuación. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. en buena parte de la información que sobre el asunto pueda suministrar ( sea reo presente o ausente).Principios Rectores y Garantías Procesales. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. no se puede construir en la abstracta anticipación del resultado absolutorio del juicio . garantizando efectivamente un juicio justo. En fin. garantiza que ocurra el proceso. que se ejecute una defensa y se presenten pruebas y alegaciones. este tendrá derecho. 8. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida. una vez adquirida la condición de imputado. o de atenerse a que sea el Estado el que cumpla plena y cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad. DEFENSA. en lo que aplica a: a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge. en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal. El derecho a la defensa es general y universal.« El derecho de defensa es una de las tantas garantías que constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.
o aún el incumplimiento de probar a cargo del estado. ni dicho resultado puede identificar un parámetro exclusivo de que fue garantizado . Décimo Semestre de Derecho. Ley 906 de 2004. 356 ley 906) y en el juicio oral (Art 366 ley 906). en lo que toca con la defensa material. se materializa desde el punto de vista de la asistencia de un abogado. 253 ley 906). 4 ley 906) o desde la formulación de la imputación (Art. identificar empíricamente. pudiéndose acompañar bajo su responsabilidad de un abogado suplente 8Arts.. en la audiencia de formulación de acusación (Art 339 ley 906). o del silencio respecto de los hechos que podrían justificar la conducta o hacerla inculpable. 118 ley 906).Principios Rectores y Garantías Procesales. se le designará para el mismo acto (Arts. deba predicarse la carencia del contradictorio. a veces la omitida. 120 y 121 ley 906).. sin que siempre. 289 y 291 ley 906). con las consecuencias jurídicas de la contumacia.. sino de buscar. así como en la imposibilidad absoluta de renunciar a la defensa técnica. 37 . 119 ley 906) o dentro la declaratoria de persona ausente (Art. debiéndose hacer esta desde la captura. para desenvolverla en una faceta privada. La repercusión mas importante de estas características. libremente designado por el procesado o por el sistema nacional de defensoría Pública (Art. es en general el listado de derechos en que se desenvuelve. detrás de la apariencia de inactividad. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ de una defensa idónea. no agota su finalidad. este derecho de defensa. 127 ley 906). recoger y embalar los elementos de prueba y de evidencia física. lo que debe satisfacerse al interior del proceso. siendo necesaria su presencia en la formulación de la imputación y si no hace presencia ni el imputado ni su defensor.No debe perderse de vista que la doctrina suele referirse al carácter dual de la defensa. En consecuencia. También su materialización aparece en el derecho a presentar y a controvertir pruebas. son como muchos otros los instrumentos que a manera de derechos particulares desarrollan el concepto de defensa´. La vocación que hacia la tutela de la libertad tiene el derecho de defensa. la audiencia preparatoria 8Art. correspondiente a la defensa material. informándose este derecho al efectuar la misma (Art. Que se conozca la imputación . 125 ley 906). pudiendo actuar desde su reconocimiento. se ve. y una pública que responde a la defensa técnica o formal . no solo en cuanto a su presencia obligatoria en la diligencia de reconocimiento en fila de personas (Art.que se pueda ejercitar el derecho a impugnar. teniendo deberes y atribuciones especiales (Art. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. precisamente. 303 No. que se pueda invocar a favor de la prueba existente .. y para colegir cierto ámbito de disponibilidad de la primera frente a la segunda.
Ley 906 de 2004. como base fundamental del Estado de derecho . 274 ley 906)´. ha adquirido una connotación general para todo el ordenamiento jurídico el cual debe verse constantemente influenciado por su presencia so pena de atentar contra el valor de justicia determinado por el Estado Colombiano. o la obtención de declaración jurada (Arts. pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella ³ Así entonces. corresponde a esta Corporación estudiar si el ejercicio de este derecho tiene algún límite temporal o por el contrario si el ejercicio de este derecho implica un límite a este respecto. que se ejecute una defensa y se presenten pruebas y alegaciones. preceptúa: ³Primeramente.4 En concordancia con lo anterior. 271 y 272 ley 906). 4 Discurso del jurista Julián Hernando Rodríguez Pinzón. que se haga parte en el mismo. la sentencia C-799 del 02 de agosto de 2005. Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ solicitándole a la Fiscalía que sean examinados los mismos (Arts. Al respecto a dicho esta Corporación: ³ La concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante. el derecho de defensa es de aplicación general y universal. Igualmente podría solicitarse la práctica de pruebas anticipadas (Art. Ante tal constatación. Magistrado ponente JAIME ARAÚJO RENTERÍA. 268 y 269). debe tenerse en claro que el derecho de defensa. Por consiguiente. pudiendo entrevistar a personas las cuales se podrían recoger por escrito o cualquier medio técnico. el derecho de defensa es una de las tantas garantías que constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico ³ Es decir. al posesionarse como miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 38 . 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. debe decirse que el derecho de defensa garantiza que se concurra al proceso.Principios Rectores y Garantías Procesales.
la prolongación de la investigación previa . Décimo Semestre de Derecho. y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. Pues bien. Ley 906 de 2004. respecto a investigaciones penales. el derecho de defensa es general y universal. Dado que el status virtual de la persona depende de las pruebas de autoría y responsabilidad que el Estado acumule en su contra. De otro lado. Entre dichos fallos encontramos: Durante la investigación previa el interés dominante corresponde a la función investigativa del Estado.Principios Rectores y Garantías Procesales. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. convertirse durante la instrucción en sindicada. esta Corporación se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto.debe analizarse con detenimiento a fin de establecer si la misma en un momento dado deja de ser compatible con el nivel de garantía que debe asegurarse al imputado. Las metamorfosis sucesivas que se operan en el status penal de la persona no pueden producirse sin que progresivamente se la dote de las necesarias garantías.y los derechos y garantías del sindicado (libertad). inmediatamente después en acusada y finalmente terminar condenada. Por consiguiente. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle 39 . La persona simplemente investigada en la fase preliminar.debe juzgarse desde una perspectiva de eficiencia del Estado en el ejercicio de la acción penal´.como además es de rigor frente a cada etapa del proceso . ORALIDAD.en la que el interés dominante es el del Estado . la prolongación de la investigación previa . Como se ha dicho. El adentrarse en el proceso propiamente dicho impone la idea de equilibrio entre la función investigativa y punitiva del Estado (autoridad) trasunto de su deber de administrar justicia . Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Pues bien. evidencia esta Corte que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. 9. que naturalmente llegan a su plenitud durante la investigación y el juzgamiento. pronto puede tornarse en sospechosa.
básico si se quiere respetar el debido proceso: la inmediatez. preceptúa. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. con miras a superar la congestión judicial que constituye uno de los más graves problemas de la administración de justicia. Este principio consiste en que el proceso penal se llevará a cabo. 40 . Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ mayor agilidad y fidelidad. y excepcional otra forma para su trámite. y garantizar con ello la protección y efectividad de los derechos de los asociados. y sus medios de registros formales serán los que puedan plasmar dicha oralidad. En cambio en el segundo. Oralidad en las actuaciones judiciales que no contraviene la Constitución. se sustanciará de forma oral. Ley 906 de 2004. A estos efectos se dejará constancia de la actuación. la protocolización consiste en levantar actas de lo que se declaró de forma oral. al orden justo y mas específicamente al acceso a la administración de justicia. Este principio se contrapone a otros dos que rigen en otros procedimientos: la escrituración y la protocolización. sobre el principio de la oralidad: ³la oralidad como un mecanismo para el logro de una justicia pronta y eficaz. Magistrada Ponente: CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. Procedimientos escriturados y protocolizados podemos encontrar en los procedimientos civiles y en el antiguo proceso penal. pues con ella se pretende propiciar condiciones indispensables para imprimir celeridad al trámite de las actuaciones propias de los diferentes procesos. La Sentencia C-713 del 15 de julio de 2008. siempre de conformidad con la ley. sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El primero dice relación con la sustanciación de un proceso escrito. La oralidad en materia penal es necesaria para materializar otro principio.Principios Rectores y Garantías Procesales. consistente en que las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales. en cuanto concierne a la convivencia social. Dicha disposición consagra el principio general. consagrado como derecho fundamental en el artículo 229 Superior. Todo es escrito.
Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ La implementación de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administración de justicia. para darle valor y sentido a muchos de ellos. para advertir que si bien ambas constituyen normas jurídicas. a través de la condensación de valores éticos y de justicia. Ley 906 de 2004. Así. en cada especialidad. Distinción que ha sido ampliamente aceptada en el constitucionalismo moderno y específicamente en la jurisprudencia de esta Corporación. 41 . 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de los procedimientos. pone en evidencia la necesidad de adoptar nuevos estatutos legales para ajustar los actuales. según se prevé en el segundo inciso del artículo primero. que consagran procedimientos prevalentemente escritos. mientras las reglas son normas que ³ordenan una consecuencia jurídica definitiva´. mediante los cuales se unifica o estructura cada una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al derecho.La Corte llama la atención en el sentido de que la oralidad en la administración de justicia se concibe como una norma que tiene la estructura de principio. razones todas estas que avalan la constitucionalidad de la reforma en este aspecto puntual. 3. los principios trascienden a la mera descripción de una conducta prevista en un precepto jurídico. Además. las reglas constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen. a través de la unificación de los distintos pilares que soportan una institución jurídica´[141]. las audiencias y demás diligencias dentro de un nuevo esquema.Principios Rectores y Garantías Procesales. pues mientras los principios son típicas normas de organización. Así las cosas. Décimo Semestre de Derecho. sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen. para señalar la forma como habrán de llevarse a cabo. los principios son mandatos de optimización ³que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas´[140]. En este sentido cabe recordar que de tiempo atrás la teoría del derecho ha establecido la distinción conceptual entre reglas y principios. favoreciendo la inmediación. en los siguientes términos: ³La principal diferencia entre ambos tipos de normas radica en la especificidad de sus órdenes o preceptos. mientras las reglas se limitan a exigir un comportamiento concreto y determinado.. su grado de vinculación y eficacia varía en uno u otro caso.
Principios Rectores y Garantías Procesales. la oralidad se proyecta entonces como una norma cuyo alcance puntual debe ser definido por el Legislador de acuerdo con las características y necesidades de cada procedimiento en particular. testigos. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Concebida a la manera de principio.5 La Corte Constitucional. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. se consagra que ³la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia´ (art. En Desarrollo de la actuación procesal. Magistrado Ponente. Ley 906 de 2004. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. peritos y demás personas o sujetos procesales o a los particulares que afecten su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos o que entorpezcan su realización. el estatuto procesal penal debe reconocer la importancia del derecho a la intimidad y protegerlo como parte de la dignidad humana´ 5 Glosario. en consonancia con el artículo 1° de la Carta Política que define constitucionalmente a Colombia como Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. ³Se desarrolla teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y a la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Décimo Semestre de Derecho. Para el efecto. lo que permite que su desarrollo e implementación pueda hacerse en forma gradual´. manifestó en Sentencia C±334 del 12 de mayo de 2010. 10). doctor JUAN CARLOS HENAO PEREZ: ³en esa decisión la Corte observa que en los principios rectores y garantías procesales contenidos en el título preliminar de la Ley 906 de 2004. ACTUACIÓN PROCESAL. Fiscalía General de la Nación 42 . Es decir que. Los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. el juez aplica los poderes y las medidas correccionales consagradas en el artículo 143 de la Ley 906 de 1994´. 10. el juez dispone de amplias facultades en la forma prevista en las normas procesales para sancionar por desacato a las partes.
Décimo Semestre de Derecho. se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física. pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.Principios Rectores y Garantías Procesales. en relación con el mismo. compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique. sufrimiento emocional. primero civil de la víctima directa. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física. Según el artículo 5° de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley. o menoscabo de sus derechos fundamentales. y familiar en primer grado de consanguinidad. cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. se tendrán como víctimas al cónyuge. de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio. 43 . Ley 906 de 2004. compañero o compañera permanente. psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva). psíquica y/o sensorial (visual o auditiva). Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 11. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. o fuera de él. Asimismo. en los términos establecidos en este código. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. También se tendrá por víctima al cónyuge. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal. DERECHO DE LAS VÍCTIMAS. como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.
es posible que en ciertos casos. doctor JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. Ley 906 de 2004. expone: Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia. a la justicia y a la reparación integral de los daños sufrido Esta protección está fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad. incluyendo a las víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. ésta sólo esté 44 . la víctima deberá acreditar sumariamente su condición de tal. Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas: Las garantías de verdad. Para el ejercicio de sus derechos dentro del proceso. (Art. no restringida exclusivamente a una reparación económica. de ser procedente. Magistrado Ponente. como al interés en el derecho a que la víctima sea escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de libertad condicional.Principios Rectores y Garantías Procesales. Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento de estos derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas quienes deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Décimo Semestre de Derecho. sino que incluye garantías como los derechos a la verdad. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Tendrán la calidad de víctima quienes se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 975 de 2005. La tendencia universal a esta protección ampliada comprende actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos en aras de la verdad. 11 Decreto 4760/ Parágrafo) La Corte Constitucional en Sentencia C-516 del 11 de julio de 2007. justicia y reparación son interdependientes pero autónomos por cuanto ³Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil. la cual. será reconocida por la autoridad judicial. a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos.
Este 45 . está legitimado para constituirse en parte civil. y la búsqueda de la verdad. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia. y deje de lado la obtención de una indemnización´. y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia. « En el derecho internacional la tendencia es a considerar víctima a toda persona que hubiese sufrido un daño a consecuencia del delito. incluidas lesiones físicas o mentales. concreto y específico. el término ³víctima´ también comprenderá a la familia inmediatas o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización´.Principios Rectores y Garantías Procesales. el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. y en conformidad con el derecho interno. Ley 906 de 2004. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Así. Cuando corresponda. se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente. pérdida económica o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. concreto. establece que ³A los efectos del presente documento. precisando que son titulares de los derechos a la justicia. el conjunto de principios y directrices básicas de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparacione. Décimo Semestre de Derecho. que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia. cualquiera sea la naturaleza de éste. sufrimiento emocional. concreto y específico. la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real. La condición de víctima: Para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real. o en general que la persona ha sufrido un daño real. Siguiendo esa tendencia del derecho internacional la jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el alcance del concepto de víctima. cualquiera que sea la naturaleza de éste. como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Demostrada la calidad de víctima. y específico cualquiera que sea la naturaleza de éste.
regla de obligatoria observancia en todo tipo de trámites y diligencias. doctor CARLOS GAVIRIA DIAZ.Principios Rectores y Garantías Procesales. para generar causales de nulidad o de pretendidas vulneraciones a los derechos procesales. Décimo Semestre de Derecho. como en el contexto de la justicia transicional. para provocar dilaciones que luego pretendan imputarse a la administración de justicia. Ley 906 de 2004. y al cual esta Corporación se ha referido en múltiples ocasiones. están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. LEALTAD. ya que ha invertido los términos de relación. estipula: Buena fe y lealtad procesal Otro de los argumentos que esgirme el actor para pedir la inconstitucionalidad de la norma objeto de acusación. La vigencia del artículo 83 de la Carta ha implicado un cambio sustancial en el desarrollo de las funciones estatales. los jueces o los fiscales. Todos los que intervienen en la actuación. Para rebatir este punto debe la Corte recordar al demandante la plena vigencia y aplicación en los procesos penales como en toda clase de actuaciones que se adelantan del principio general de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución. evitando los fraudes emergentes de un cálculo meditado y abusivo de las falencias del sistema procesal. Es obligación de las partes en un proceso actuar con lealtad procesal. Citemos algunas: "Que los servidores públicos ejerzan su función sobre la base de la buena fe de los administrados no es en modo alguno graciosa concesión otorgada por los primeros a los segundos sino derecho de rango constitucional y. con la Sentencia C-425 del 12 de septiembre de 1996 Magistrado Ponente. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. por tanto. sin excepción alguna. La Corte Constitucional. 12. es que no existe ningún mecanismo para que el juez establezca si en la aceptación de los cargos el procesado obró voluntariamente o coaccionado y con pleno conocimiento de las consecuencias de su decisión. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ criterio se ha sostenido tanto en el contexto de los procesos penales de la justicia ordinaria en el ámbito nacional. con 46 . y de la justicia internacional.
En la exposición de motivos de la norma originalmente propuesta. "Teniendo en cuenta lo anterior. como si se presumiera su mala fe. el artículo transcrito parecería inútil. en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. y de la otra. y no su buena fe. Y es una falta el quebrantar la buena fe. o por el aspecto pasivo. Décimo Semestre de Derecho. el proceder de mala fe. las faltas deben comprobarse. a primera vista. la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas". y los particulares que ejercen funciones públicas.Principios Rectores y Garantías Procesales. (Sent. como el derecho a esperar que los demás procedan en al misma forma. es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse. Y en sentencia C-540 de 1995. quedando en cabeza del Estado y de sus funcionarios la responsabilidad de desvirtuarla: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. José Gregorio Hernández Galindo). los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. T-191/94 M. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ miras a eliminar el tradicional esquema de desconfianza y recelo que caracterizaba el comportamiento de las autoridades respecto de los particulares. ha sido sustituida por la presunción contraria -la de que toda persona actúa de buena fe-. pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente 47 . como principio general que es. Además. ¿Por qué se incluyó en la Constitución? La explicación es sencilla: se quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas. se escribió: "La buena fe. no requiere consagración normativa.P. La carga de probar a cada paso la licitud y lealtad de la propia conducta. como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas. En general. que pesaba irremediablemente sobre quien actuara ante los entes oficiales y que suponía el presupuesto de la mala fe. a la luz del derecho. se expresó: "La buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales. con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía. ponen frente a él. uno de los principios fundamentales del derecho. cuando media una relación jurídica. Ley 906 de 2004. En consecuencia. ya se mire por su aspecto activo. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.
"Del análisis transcrito se concluye que el artículo 83 se refiere expresamente a las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Este mandato. se declara responsable de los hechos objeto de investigación. de que todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas se adelantan de buena fe". el segundo. para poner un ejemplo. o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían". en el cual se invierten los principios y en el cual. la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas". simplemente legal. sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia. Jorge Arango Mejía). La segunda. Ley 906 de 2004. Naturalmente.P. Pág 3). no entiende la Corte por qué deba prescindirse de la presunción de buena fe cuando el implicado que decide acogerse a los beneficios que se derivan de la sentencia anticipada. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación. la obligación en que están los particulares y las autoridades públicas de actuar con sujeción a los postulados de la buena fe. "Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera. Ponentes: Dr. obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión. el cual. que por evidente parecería innecesario. pues. 19. la presunción. tiene mayor valor que la presentación personal". estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia. "Es. Así las cosas. (M. (Gaceta Constitucional No. en ocasiones. están gobernadas por dos principios: el primero. deben estar plenamente demostrados en el expediente. Décimo Semestre de Derecho. en lo que a la buena fe se refiere. los que como tantas veces se ha reiterado a lo largo de esta providencia. es que "La sociedad necesita desenvolverse en un clima de confianza en el cual los actos de las personas no sean a priori calificados de ilícitos o indebidos sin haber establecido previamente que en 48 . una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. la consagración de la obligación de actuar de buena fe. es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe. y que tales relaciones.Principios Rectores y Garantías Procesales. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ como el destinatario de una actividad de servicio. Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Potocarrero.
ha de probarse. el Estado estaría en la obligación de conferirle una infraestructura de investigación equipotente a la de los organismos oficiales. lo cual resulta sencillamente impracticable. de manera simultánea. Piénsese por ejemplo en las facilidades económicas y logísticas con que cuenta la Fiscalía para practicar. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan. doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA. la admisión del inculpado al material probatorio recaudado por los organismos oficiales y. doloso o malintencionado. como regla general -que debe representar el patrón normal de comportamiento-. con él. utilizando los mecanismos legales establecidos para actuaciones de esta índole. Si la defensa no tuviera acceso a las herramientas instructivas y a los resultados probatorios de la Fiscalía. de manera que si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su propia culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio. sinceridad y lealtad. 13. Se requiere suponer que. Ley 906 de 2004.Principios Rectores y Garantías Procesales. Décimo Semestre de Derecho. debe tenerse en cuenta que la mala fe. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.5 Además. en últimas. A pesar de que la Carta Política no hace referencia expresa al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ efecto ello es así. a la estructura investigativa del Estado. dentro de los postulados y reglas que rigen la organización social". Sentencia C-1194 del 22 de noviembre de 2005 Magistrado Ponente. este comportamiento debe ser sancionado. el comportamiento desleal. en cuanto al servicio que presta la administración de justicia. pues evita que el particular asuma directamente los costos que exige demostrar su inocencia ante la justicia. esto es. 49 . pruebas distintas en lugares diversos del país y del exterior. GRATUIDAD. garantiza la preeminencia del principio de gratuidad de la administración de justicia. los asociados obran con transparencia. frente a las escasas probabilidades con que cuenta un particular para movilizarse con el mismo fin. para la Corte éste se infiere de los objetivos mismos que persigue la labor de impartir justicia y de la realización plena del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior. preceptúa: Del mismo modo.
la armonía y la paz. responsable y eficiente de la justicia. INTIMIDAD. como lo ha señalado la Corte. doctor JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. caracterizado por la convivencia. establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad. la aplicación y operatividad de la justicia ³se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.Principios Rectores y Garantías Procesales. Sentencia No. Ley 906 de 2004. uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho es la prestación seria. como se estableció. La Constitución Política de Colombia. Décimo Semestre de Derecho. T-522 del 22 de noviembre de 1994. La intimidad puede ser entendida como un aspecto de la seguridad. en su artículo 15. a través de la cual es posible la materialización de un orden justo. Con Sentencia C-336 del 09 de mayo de 2007 Magistrado Ponente. se concreta en el derecho a poder 6 Corte Constitucional. o de controlar el flujo de información sobre si mismos. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. y por ello el estado debe respetar y hacer respetar este derecho. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ En efecto. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. 2. Sala de Revisión No. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell 50 . La intimidad a veces se relaciona con anonimato a pesar de que por lo general es más preciada por las personas que son más conocidas por el público. Es la habilidad de un individuo o grupo de mantener sus vidas y actos personales fuera de la vista del público. Sin embargo. la Corte Constitucional se pronunció sobre el principio de la Intimidad: El derecho a la intimida ha sido definido por la Corte como aquella ³esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas. en el cual el balance entre los intereses de dos grupos pueden ponerse en evidencia. arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad´6 14. que al ser considerado un elemento esencial del ser.
que resulta efectivamente transgresora del artículos 14 C. la Corte ha establecido que el derecho fundamental a la intimidad ³puede ser objeto de limitaciones´ restrictivas de su ejercicio ³en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1º de la Constitución. El acopio de información en relación con las personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese interés constitucionalmente protegido. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo. sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico´ 19. en procura de preservar la vigencia de un orden justo. En este sentido. en las normas impugnadas. en ejercicio de la libertad personal y familiar.3 ib. así como del 250. su recaudo debe realizarse con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha establecido para la protección de los derechos fundamentales especialmente expuestos a su afectación.Principios Rectores y Garantías Procesales. que establece los presupuestos bajo los cuales el Estado. Al establecer. se erige en presupuesto 51 . reservada a la esfera personal del individuo. puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales. está estableciendo una interferencia indebida en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad. en legítimo ejercicio de su potestad investigativa. Décimo Semestre de Derecho. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. sin que por ello se entienda que pueda desconocerse su núcleo esencial El interés de la sociedad en que se investiguen las conductas delictivas y se sancione a sus responsables. la facultad para el órgano de investigación de acceder a información confidencial. Sin embargo. Ley 906 de 2004.que implique afectación de derechos fundamentales es una de esas cautelas que el legislador debe acatar al configurar las reglas orientadas a regular la actividad investigativa del Estado.. sin que medie la autorización judicial previa. La autorización del juez de control de garantías. salvo en las excepciones explícitamente contemplada en la Constitución.P. No obstante la Corporación ha reconocido también que el derecho a la intimidad no es absoluto. es también un bien protegido por la Constitución. vulneración o mengua en el contexto de una investigación crimina El requerimiento de autorización judicial previa para la adopción de medidas ± adicionales.
al posesionarse como miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 52 . El Principio de Contradicción que le permite a las partes la confrontación dialéctica. 15. 7 Discurso del jurista Juan Manuel Tello Sánchez. el manejo de las pruebas y la evidencia encaminadas a formar la convicción del Juez de Derecho. doctor Manuel José Cepeda Espinosa. en el curso de una audiencia. tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral. en virtud del principio de contradicción. Décimo Semestre de Derecho. el sindicado en el proceso penal acusatorio debe contar con la facultad de controvertir. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas. al respecto del principio de Contradicción: Así mismo. CONTRADICCIÓN. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ indispensable para legitimar las intervenciones a los derechos fundamentales y en particular las medidas que impliquen injerencia en el derecho fundamental a la intimidad personal. las pruebas que se alleguen en su contra y de interponer los recursos de ley correspondientes. quien deberá producir una decisión en el contexto de este llamado nuevo derecho adversarial.7 En Sentencia C-1154 del 15 de noviembre de 2005 Magistrado Ponente. como es el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado mediante la búsqueda selectiva en bases de datos. como las que se practiquen en forma anticipada. así como a intervenir en su formación.Principios Rectores y Garantías Procesales. la Corte Constitucional se pronunció. Ley 906 de 2004. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. El enfrentamiento debe ser en lo posible en igual de condiciones y el manejo de la prueba que es en últimas lo que justifica el Principio de Contradicción.
no solamente la facultad de acudir a la jurisdicción y lograr que se cumpla la plenitud de las formas propias del mismo. para las partes e intervinientes del proceso. contemplados en los Arts. De igual forma. Más recientemente. dispone que la misma se debe practicar en audiencia pública ³y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en juicio´. (subrayas agregadas).Principios Rectores y Garantías Procesales. y si ésta es negada. Ley 906 de 2004. la regulación legal de la prueba anticipada también se ajusta al principio de contradicción por cuanto el artículo 284. Jaime Córdoba Triviñ.798 de 2003.4 del nuevo C.P. como lo indica el actor. ante otro juez de control de garantías 53 . Décimo Semestre de Derecho. M. siendo el principio constitucional de contradicción de la prueba una garantía que debe ser respetada en cualquier variedad de proceso judicial o administrativo.P.P. es preciso señalar que la Corte se refirió al contenido de aquél en sentencia C. la parte interesada podrá acudir de inmediato. de conformidad con el segundo parágrafo de la misma norma. sino también la de aducir y pedir la práctica de las pruebas necesarias con el fin de controvertir las de la contraparte y alcanzar la prosperidad de sus pretensiones o defensas. Pero.P. la Corte en sentencia C. En tal sentido. contra la decisión de practicar una prueba anticipada ³proceden los recursos ordinarios´. en los siguientes términos: ³Desde el punto de vista constitucional dichas pruebas tienen su fundamento en la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la justicia. dado que la determinación de la validez y la eficacia de la prueba anticipada no asisten al juez que la practica sino al juez que conoce de la controversia o ante quien se pretenda hacerla valer. M. de conformidad con las normas sustanciales. en cuanto ellos implican. aún si se obtuvieron sin la citación de la futura contraparte. esta garantía del principio de contradicción de la prueba no se opone a la procedencia y legitimidad de las pruebas anticipadas. para la validez y valoración de las pruebas deberá garantizarse a la contraparte el escenario para controvertirlas dentro del proceso en el que se pretenda hacerlas valer. 229 y 29 de la Constitución. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Pues bien. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. y por una sola vez.830 de 2002. ahondó en la ausencia de contradicción entre el principio de contradicción de la prueba y la procedencia de pruebas anticipadas. de la siguiente manera: ³Ahora bien. el debido proceso y el derecho de defensa o contradicción. Jaime Araujo Rentería.
y los mensajes de datos. evidencia física e información. salvo las anticipadas de manera excepcional. de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Afirma. INMEDIACIÓN. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ con el propósito de que éste reconsidere la medida. 16. la Corte Constitucional en SENTENCIA C-591 del 09 de junio de 2005. tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado. los efectos provenientes del delito. El principio de inmediación. en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código. entre otros. en el curso 54 . concentrada. podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública. y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. los rastros. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. elementos materiales probatorios. imponiendo entonces necesaria e ineludiblemente la presencia del Juez de Conocimiento como tercero imparcial para la adecuada valoración de las mismas. es aquel que obliga a la concreta. durante la etapa preprocesal de indagación. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Posteriormente. no siendo su decisión objeto de recurso. que: En efecto. oral y como ya se dijo concentrada. Ley 906 de 2004. Sin embargo. las armas. En el escrito de acusación. al igual que en el curso de la investigación. incluyendo los elementos favorables al acusado. directa y personal producción de la prueba ante el Juez de Conocimiento mediante el principio de Contradicción y que prohíbe comisionar para la práctica de las mismas. sino que se recaudan. Décimo Semestre de Derecho. doctora CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. tales como las huellas. el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de una audiencia de formulación de acusación. A su vez. las cuales deberán hacerse de forma pública. el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo. oral. no se practican realmente "pruebas". Magistrada Ponente.Principios Rectores y Garantías Procesales. podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento según el caso.
en casos excepcionales.P. la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al juez de conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral.1. 17. En efecto. En tal sentido. Ley 906 de 2004. el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales. e igualmente que "es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso".P. Finalmente. en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral. contradicción y publicidad. De allí que.P.4 Superior. a luz de dicho principio. es definido por Pfeiffer como aquella posibilidad "que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal"35. el principio de inmediación de la prueba. la aplicación del mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal importancia. por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. los que se cumplen respecto de la practica de pruebas anticipadas según lo dispone el artículo 284 del C. De tal suerte que. se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia. pudiendo solicitársele la aplicación de la regla de exclusión. en materia probatoria. según Roxin36.. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua. rigen los principios de legalidad de la prueba. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. con preferencia en un mismo día. debe realizarse. si ello no fuere posible se hará en días 55 .P. sino además tomando en consideración otros artículos de la Constitución como el 29 y el 250. la posibilidad de la práctica de éstas pruebas anticipadas es una particularidad de nuestro sistema procesal penal. que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral. no sólo frente a la expresión "con inmediación de las pruebas" del artículo 250. lo cual no es óbice para que. y por lo tanto. que se ajusta a la Constitución como pasa a explicarse. el examen de constitucionalidad de las pruebas anticipadas en el nuevo C. el artículo 29 dispone que toda persona tiene derecho a "presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra". Décimo Semestre de Derecho.Principios Rectores y Garantías Procesales. Ahora bien. se puedan practicar pruebas anticipadas. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ de la audiencia preparatoria. De allí que. a condición de que se respeten todas las garantías procesales37. como lo pretende la demandante. CONCENTRACIÓN.
la Corte Constitucional expreso: En suma. las diversas restricciones legales a la suspensión de la audiencia de juzgamiento. al igual que la obligación de repetirla. salvo fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias especiales justificadas obligando a la concentración de la actividad juzgadora para que este lleve una secuencia lógica y progresiva del desarrollo del Juicio. Ley 906 de 2004. no puede haber ases debajo de la manga. ³En un sistema de investigación garantista el proceso debe ser público y conocido.Principios Rectores y Garantías Procesales. por ello. si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. por cuanto apuntan a que las pruebas practicas durante el juicio oral sean conocidas de primera mano por el fallador. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ consecutivos. De igual manera. los principios de inmediatez y concentración de la prueba resultan esenciales en el nuevo sistema penal acusatorio. En Sentencia C-059 del 03 de febrero de 2010 Magistrado Ponente. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes. 56 . Se debe asistir puntualmente a las audiencias públicas. en el sistema acusatorio todo es público´. sin confundirse con otras actuaciones que puedan estar para su conocimiento. lo cual es una garantía para el procesado. resultan ser claras manifestaciones de tales principios rectores del proceso penal acusatorio. de modo que concentre su atención en un solo asunto. La Concentración obliga al Juez en lo posible al desarrollo del debate de una manera continua. con el fin de evitar que la inasistencia del investigador o los peritos genere el aplazamiento de la misma. Décimo Semestre de Derecho. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. sin interrupciones. sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días.
parámetros de valoración como los propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 404 y 420. la CSJ consideró lo siguiente: ³Ab initio. se debe desarrollar ante el juez de conocimiento. Ley 906 de 2004. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Así por ejemplo. la etapa del juicio se constituye en el eje fundamental del nuevo proceso penal. El principio de concentración se materializa con esa evaluación en un espacio de tiempo que le permita al juez fundamentar su decisión en la totalidad del acervo probatorio que se ha recaudado en su presencia. En concreto. con la práctica y valoración de las pruebas recaudadas y con la participación directa del imputado. tanto jurídica como probatoria del juicio. Como bien se sabe. 57 . en sentencia del 30 de enero de 2008 (Rad. Décimo Semestre de Derecho. pues de otra manera. es deber del juez tener contacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el contradictorio. donde los principios de inmediación y concentración de la prueba se manifiestan en el desarrollo de un debate público y oral. desde su propia fuente. se hace necesario recordar las características del procedimiento consagrado por el nuevo sistema para la celebración de la audiencia pública en el juicio oral. si se tiene en cuenta que la polémica. como punto de partida fundamentado en las finalidades de la casación. se hace necesario que el debate sea concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se pierda en el tiempo. 27. en un lapso breve. tales parámetros se verían afectados si en determinado momento del debate el juez que instaló la audiencia pública debe ser reemplazado por otro.192). atendiendo a los principios de inmediación y concentración. en donde se centra el aspecto fundamental de este pronunciamiento. sin interferencia. El debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean necesarias. sin alteración alguna.Principios Rectores y Garantías Procesales. no se verían cumplidos. Desde esta perspectiva resulta lógico pensar que si la inmediación comporta la percepción directa del juez sobre las pruebas y los alegatos de las partes y la concentración implica la valoración del acervo probatorio en un lapso temporal que no puede ser prolongado. Por ello y para que la inmediación sea efectiva. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. pero no se debe suspender por un periodo muy largo.
los apartes acusados de estas disposiciones vulneran el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Sobre este particular. 60. El representante de la Universidad Nacional de Colombia. desconoce un elemento determinante del sistema acusatorio y del principio de libertad.Principios Rectores y Garantías Procesales. sino que aprecia su discurso jurídico común y de él desprende el cargo de inconstitucionalidad propuesto. Por el contrario. 58 . aquel de la inmediatez se incardina a que quien va a fallar pueda tener un contacto directo con los medios de prueba. preceptúo: 59. observa ante todo la Corte. Conforme a la demanda. mientras que el principio de concentración apunta a que le juicio oral se realice sin interrupciones injustificadas. simplifica el contenido de las normas acusadas. pues la suspensión de la actuación procesal en general y de la audiencia del juicio oral. coinciden las posturas de las Altas Cortes en relación con la importancia que ofrecen los principios de concentración e inmediatez en un sistema penal acusatorio. así: En este orden de ideas. cuyo rol ha sido definido por la Corte Constitucional al momento examinar la constitucionalidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Por tanto. doctor JUAN CARLOS HENAO PEREZ. no entra en las especificidades de cada una. confiriendo además al juez un poder sin sujeción a la legalidad. En efecto. en perjuicio del principio de concentración y en general de los derechos del procesado. ineludible y permanente del funcionario de conocimiento. situación que resulta imposible mediante sistemas de audio y video. ofrece las condiciones para que el juez a su libre arbitrio. comparte su opinión. Décimo Semestre de Derecho. Sólo apunta que esa ordenación común contenida en los artículos 17 y 454 del CPP y según la cual el principio de concentración admite excepciones. inspiradores de un sistema con una estructura y finalidades claramente determinadas. los demás intervinientes y la Procuraduría estiman que tales preceptos son constitucionales por no suponer una vulneración al debido proceso. determine cuándo suspender el proceso. Ley 906 de 2004. los principios de inmediación y concentración. solo cobran sentido a través de la participación activa. En Sentencia C-144 del 03 de marzo de 2010 Magistrado Ponente. sin que el legislador establezca de manera precisa cuáles son las causales que lo justifican. que la forma en que el demandante enfoca el problema.
al tenor del artículo 83 del mismo estatuto. se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo. Tendrán acceso a ella. sino también los medios de comunicación y a la comunidad Con Sentencia C-555 del 31 de mayo de 2001 Magistrado Ponente. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 79 del Código Disciplinario Unico. y la segunda cuando señala que las actuaciones de la administración de justicia "serán públicas". se afecte la seguridad nacional. el doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA. los medios de comunicación y la comunidad en general. testigos. se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir. La actuación procesal será pública. indica: ³en forma explícita consagran el principio de publicidad como una de las garantías que conforman la noción de debido proceso. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. pues solo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas. además de los intervinientes. Décimo Semestre de Derecho.Principios Rectores y Garantías Procesales. a un debido proceso público". Así. jurados. Con el principio de publicidad. en su 59 . o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas. por estrado. se busca garantizar la transparencia en los procesos. pueden ser personales. En desarrollo de estos principios. por edicto o por conducta concluyente". la Corte Constitucional. A esto se refiere la primera de estas disposiciones cuando indica que "quien sea sindicado tiene derecho . peritos y demás intervinientes. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 18. El artículo 84 siguiente. notificaciones o publicaciones que las normas vigentes establecen. las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados. PUBLICIDAD. Ley 906 de 2004. la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa. al dar acceso a ellos no sólo las partes." La notificaciones. dentro de los procesos disciplinarios en virtud del principio de publicidad "las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones.
el artículo 11 del Decreto ley 100 de 1980.1 Vía de hecho por desconocimiento del derecho a ser juzgado ante juez o tribunal competente El artículo 29 de la Constitución Política señala que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.Principios Rectores y Garantías Procesales. en su artículo 8°. establecido con anterioridad por la ley. la Corte Constitucional. ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio. y. independiente e imparcial establecido por la ley. a su vez. instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ redacción original decía: "Sólo se notificarán por edicto las siguientes providencias: el auto de cargos. prevé que ³toda persona tiene derecho a ser oída. En Sentencia T-058 del 02 de febrero de 2006 Magistrado Ponente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. ALVARO TAFUR GALVIS. solamente se comunicarán al interesado utilizando un medio apto para ello. Principios del Juez Natural y de la Doble Instancia 4. Décimo Semestre de Derecho. independiente e imparcial. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial. el que niega el recurso de apelación y los fallos". en la sustanciación de cualquier acusación 60 . Los autos que niegan la solicitud de ser oído en exposición expontánea o la expedición de copias. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. indicó: Consideraciones preliminares. en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil´. en la misma línea. daba claridad sobre el principio. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica al respecto que ³toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. por un juez o tribunal competente." 19. JUEZ NATURAL. por su parte. en cuanto disponía que ³nadie podrá ser juzgado por juez o tribunales especiales instituidos con posterioridad al hecho punible´ [15]. el que niega la práctica de pruebas. Ley 906 de 2004. doctor. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.
Principios Rectores y Garantías Procesales. sostuvo que el proceder del Gobierno del Perú comprometió seriamente la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional. ii) ³que no se efectuaran intromisiones indebidas e injustificadas en el proceso judicial´. al punto que la presunción de 61 . En este orden de ideas. atendiendo el reclamo presentado ante la Comisión de Derechos Humanos. con sujeción a las leyes preexistentes al acto imputado.657 o de Interpretación Auténtica del Artículo 112 de la Constitución. Como se ve las decisiones traídas a colación dan claridad sobre la relación existente entre los principios de juez natural. Décimo Semestre de Derecho. en igual sentido que la Corte Interamericana. autonomía. la Corte Interamericana. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. que permite la reelección inmediata del Presidente para un periodo adicional. la duración de su mandato y las condiciones que rigen para su ascenso. fiscal o de cualquier otro carácter´[16]. por su parte. independencia e imparcialidad de los jueces y los derechos del procesado a ser juzgado en condiciones de igualdad. con competencia para emitir un fallo sobre la inconstitucionalidad de la Ley 26. adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ penal formulada contra ella. al alterar las reglas sobre competencia y. omitió garantizar el debido proceso legal violando el artículo 8° de la Convención Interamericana[18]. disponen i) que ³la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley´. con ello. unificando de esta manera los criterios sobre competencia independencia e imparcialidad. sobre la destitución de los integrantes del Tribunal Constitucional del Perú. y iii) ³que el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho. Ley 906 de 2004. laboral. traslado y cesación de funciones. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. celebrado en Milán en 1985 y confirmado por la Asamblea General[17]. y la independencia efectiva del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo y al Legislativo[19]´. las calificaciones exigidas para su nombramiento. El Comité de Derechos Humanos. así como el respeto de los derechos de las partes´. Los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura. sostiene que los Estados tendrán en cuenta ³la manera en que se nombra a los jueces. entre otros aspectos.
la calidad de las partes que intervienen en el 62 . 29. La competencia se fija de acuerdo con distintos factores. corresponde al legislador en aquellos casos en que el Constituyente no lo haya hecho. la materia. es el legislador el encargado de establecer por vía general los criterios aplicables para definirla y de estatuir los ámbitos que corresponden a los distintos órganos y funcionarios que administran justicia´[22]. En principio. En síntesis. El derecho al debido proceso (art.que el legislador está autorizado por la Carta Política para señalar las competencias.-. Al respecto señala la Corte: ³Ha dicho la Corte -y lo reitera. de tal modo que si quien falla carece de ella se configura una causa de nulidad del proceso y desde el punto de vista constitucional la falta de competencia da lugar a la tutela por vía de hecho. asignar competencia a los distintos entes u órganos del Estado. ³Por regla general. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ inocencia no puede desvirtuarse ni la defensa ejercerse sino por y ante el juez natural ±artículos 13. Una vez definida la competencia es posible determinar cuál es el funcionario a quien le corresponde conocer o tramitar un asunto específico. proscrita como lo está la fijación ex post facto de competencias judiciales[20]. 228 y 230 C. entre otros. Ley 906 de 2004. como también su señalamiento ad hoc por parte de autoridades administrativas o judiciales. a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo). Décimo Semestre de Derecho. ha dicho la Corte. delimitando el campo de acción de los jueces con base en factores como los relativos al territorio. 29 C. la naturaleza del asunto y la cuantía de la controversia.P.Principios Rectores y Garantías Procesales.P. En materia de la competencia. con el carácter extraordinario que esta Corte ha plasmado en su jurisprudencia´. salvo aquellos casos en los que el propio Constituyente ha señalado una competencia. puede concluirse que la vulneración del principio de juez natural ³da lugar a la tutela por vía de hecho. cualquiera fuere la autoridad que lo disponga[21]. con el carácter extraordinario que esta Corte ha plasmado en su jurisprudencia. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. teniendo en cuenta los factores que confluyen en su fijación y en la determinación de sus calidades.) tiene como uno de sus componentes esenciales la competencia del juez o tribunal que haya de resolver.
Principios Rectores y Garantías Procesales. el factor de conexidad. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. sin hesitación. imperatividad. de donde esta Corte pudo concluir que la Sala Jurisdiccional accionada incurrió en vía de hecho al desconocer el principio del juez natural. ya que no puede ser delegada por quien la detenta. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad. en razón de la vulneración del principio del juez previamente previsto para el efecto. ³cuando el artículo 235 de la Carta claramente le asigna la competencia de juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. en materia de respeto de las garantías constitucionales. independientemente de que el delito cometido tenga relación con el servicio o que hubiere sido realizado con anterioridad a la calidad que ostentan´[25]. como quiera que la definición del juez competente. lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes. el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial). concediera la protección constitucional de la parte civil en un proceso penal. Ley 906 de 2004. en consideración a que del artículo 235 de la Carta Política se infiere. y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general[23]´. entre otros aspectos. pues debe ser fijada por la ley. dio lugar a que esta Corte. la cuestión de la violación de las garantías constitucionales. en el ámbito de la solución de un conflicto sometido a la consideración de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Se detuvo esta Corte en el desarrollo jurisprudencial del principio y puntualizó su importancia. la indelegabilidad. Ahora bien. que mientras los funcionarios relacionados en la norma ³se encuentran en ejercicio del cargo. Décimo Semestre de Derecho. previa acusación del Fiscal General de la Nación´. mediante sentencia SU-1184 de 2001[24]. tienen fuero integral y deben ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis). la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional). comporta no sólo ³la correcta interpretación del problema jurídico sometido a la jurisdicción (del cual deriva el conflicto de 63 . en cuanto dirimió un conflicto de competencias remitiendo el asunto al conocimiento de un juez a quien no le correspondía. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ proceso (factor subjetivo). Lo anterior. que otorgaba competencia a la justicia penal militar para conocer de un punible atribuido a un Brigadier General de la República.
Con ella. dado que los jueces. es una garantía constitucional tanto del derecho de defensa como el de la tutela judicial efectiva. conceptúa El derecho a ser juzgado por un juez natural. Este principio funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación de los poderes del Estado en perjuicio de los ciudadanos 20. Ley 906 de 2004. También se procura. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ competencias). DOBLE INSTANCIA. es también. que implica el derecho a que las resoluciones trascendentales del órgano decisor sean revisadas por otro de grado superior. que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales. un mecanismo de protección o seguridad al mismo sistema judicial. El superior no podrá agravar la situación del apelante único. sino la constitucionalidad misma de la actividad jurisdiccional posterior´. la seguridad jurídica. en aras de la seguridad jurídica a través de un control jerárquico tanto de la sentencia como de aquellas resoluciones interlocutorias que crean una situación de estado inmodificable. El principio del Juez Natural. se procura evitar el error judicial. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. como seres humanos que juzgamos a otros seres humanos. existente antes de la comisión del acto punible. a través del conocimiento de la apelación. El derecho al recurso. 64 .Principios Rectores y Garantías Procesales. Décimo Semestre de Derecho. por medio de la construcción jurisprudencial de criterios reiterados. salvo las excepciones previstas en este código. serán susceptibles del recurso de apelación. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado. La doble instancia. somos falibles.
05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. en cuanto posibilita que la misma cuestión de fondo que ha sido materia de discusión. Décimo Semestre de Derecho. Nada obsta. doctora CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ ³La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus. por medio del cual cualquier sujeto procesal tiene derecho a impugnar o recurrir una providencia que le resulta desfavorable. y ( iii ) permita el ejercicio del derecho de defensa.Principios Rectores y Garantías Procesales. disposiciones que estipulan que el sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria y que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Se encuentra regulado en el artículo 29 y 31 de nuestra Constitución Política. ya que aleja el temor al incremento de aquélla. para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional. a condición de que no vulnere alguna 65 . ( ii ) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir. o decisión en un proceso pueda ser revisada en su legalidad por otro funcionario que posea conocimientos superiores y un grado de experiencia mucho mayor que el funcionario de primera instancia. es decir. a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Este principio en una consecuencia lógica del derecho de impugnación. el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in pejus conlleva a que ésta constituya ( i ) un límite a la actividad del ad quem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo. El principio de la doble instancia busca garantizar una recta aplicación de justicia. a cualquier situación. Ley 906 de 2004. Con Sentencia C-591 del 09 de junio de 2005. Magistrada Ponente. sin embargo. En tal sentido.
ampliar la garantía de la interdicción de la reformatio in pejus constituye un medio para asegurar en mejor medida los derechos de la víctima a la justicia. Por el contrario. extender la prohibición de la reformatio in pejus a cualquier situación es conforme con un principio esencial de los sistemas acusatorios. el nuevo modelo procesal penal. en estos últimos. pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior. la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio in pejus es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio. Décimo Semestre de Derecho. En suma. es decir. en los sistemas acusatorios existe una tendencia a limitar los poderes del superior jerárquico. Por lo tanto. a diferencia de lo sucedido en los sistemas inquisitivos por cuanto. En efecto. limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación´. la verdad y la reparación. el superior jerárquico no podrá desmejorar la situación en relación con el disfrute de tales derechos amparados por la Constitución y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. los poderes del juez de segunda instancia se encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico. la imparcialidad del órgano jurisdiccional que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige que se impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona distinta de la acusada. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. como los sostiene Maier43. Ley 906 de 2004. debe existir una correlación entre el acto de acusación y la sentencia44. justifican tal ampliación. la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia. ya que cuando ésta se constituya en apelante único. de suerte que el poder que se había delegado en el inferior debía devolverse por completo al superior. Así mismo. En efecto. en un modelo procesal penal de tendencia acusatoria.Principios Rectores y Garantías Procesales. al igual que el respeto por los derechos de las víctimas. tanto menos y en cuanto. el recurso de apelación contra la sentencia se encontraba íntimamente ligado con la idea de delegación del poder jurisdiccional que gobernaba la administración de justicia. De igual manera. el principio de la limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ disposición constitucional. 66 . cual es. lo que implicaba acordarle a este último amplios poderes para revisar lo decidido por el a quo. cual es.
Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 21. mediante sentencia que se encuentre en firme. Es el efecto de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla (sentencia firme) y que se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Estipulado en el artículo 29. Consiste la COSA JUZGADA en la imposibilidad que tiene el Estado para cuestionar los asuntos que ya han sido objeto de decisión a través de un proceso previo. por lo que el sindicado o procesado no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda. que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos. Ley 906 de 2004. 67 . o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. de lo contrario no se podría hablar de la identidad de hecho. debe entenderse como conducta humana finalmente dirigida.Principios Rectores y Garantías Procesales. salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia.. COSA JUZGADA. al objeto y a la causa de persecución. Inc. mientras que la identidad alude a la persona. se le denomina NON BIS IN ÍDEM. 4º de nuestra Constitución Política. Décimo Semestre de Derecho. La expresión hecho.
P. 8. ella se torna inalterable. Décimo Semestre de Derecho. estableció: La acción de revisión en materia penal. a los funcionarios judiciales les está vedado "conocer. la cosa juzgada cumple una función negativa consistente en que. como presupuestos de seguridad jurídica. Este valor que está implícito en la función de administrar justicia y forma parte de las garantías que integran el debido proceso (Art. La función pacificadora que cumplen los procedimientos judiciales como instrumentos para la resolución de los conflictos que surgen en una colectividad. como de la colectividad que espera la eficaz y regulada solución de sus conflictos. a fin de evitar que el individuo se vea enfrentado a una indefinida condición de sub judice. conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ley 906 de 2004. doctor JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.29 C. de explícita 68 . el valor de la cosa juzgada y la relatividad del principio non bis in idem. y su sometimiento sucesivo a acusaciones penales por un determinado hecho. Una vez que ha resultado absuelto el Estado no puede permitir el ensañamiento punitivo por parte de las autoridades. cumple una función positiva consistente en dotar de seguridad a las relaciones y al orden jurídico4. complementa y realiza en materia sancionatoria en un postulado de singular importancia en la determinación de los límites al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad punitiva del Estado5: la prohibición de doble incriminación o principio non bis in idem. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Paralelamente. El principio de la cosa juzgada se proyecta. Como atributo del debido proceso penal.Principios Rectores y Garantías Procesales. ha sido destacada por la Corte en diferentes oportunidades. y que una vez que el litigio concluya definitivamente con una decisión judicial. una vez que los fallos alcancen ejecutoria. señalando la importancia de la firmeza de las decisiones y su tránsito a cosa juzgada. definitivo y vinculante de tales decisiones. la cosa juzgada está establecida a favor de la libertad. se funda en la confianza tanto de los individuos que participan en el proceso.2 Como valor asociado a la Administración de Justicia. 7. tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial"3 en razón al carácter inmutable. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Con sentencia C-979 del 26 de septiembre de 2005 Magistrado Ponente.).
consagración en la Constitución (inciso 3° Art. 29) y en los tratados de derechos humanos que regulan las garantías judiciales.
9. El carácter extraordinario de la acción alude a su capacidad para remover la cosa juzgada, en situaciones en que ella es el producto de errores de hecho que afectan la verdad histórica y se proyecta en una inequidad que contraviene los fines de una recta administración de justicia. Este valor se proyecta fundamentalmente en dos aspectos: de una parte, su potestad para remover la cosa juzgada que ampara una sentencia en firme, y de otra, la taxatividad de las causales a través de las cuales opera, pues como lo ha señalado esta Corte se trata de "una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada", y por ello "las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido"6.
22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el
delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.
Son los mecanismos que puede adoptar el Fiscal y los Jueces cuando el caso lo permite, para hacer menos gravosa la situación del ofendido o implicado, tomando las medidas necesarias para restablecer el derecho conculcado o para asegurar la indemnización de perjuicios.
Es la obligación que tienen la Fiscalía y los jueces de adoptarlas medidas necesarias para, de ser posible, cesar los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan a su estado anterior, tales como devolverle el bien hurtado o cancelar los títulos o registros falsos para restituir la propiedad de un inmueble.8
La Corte Constitucional en Sentencia C-060 del 30 de enero de 2008, Magistrado Ponente, doctor NILSON PINILLA PINILLA, indicó:
³Pero este cambio normativo implica un inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del mismo Código de Procedimiento Penal (art. 22 L. 906 de 2004), el cual debe prevalecer y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal Código (art. 26 ib.), ³para hacer cesar los efectos producidos por el delito´ y procurar que ³las cosas vuelvan al estado anterior´ a la perpetración criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse ³INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL´ (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto original)´.
8 100 Preguntas Sistema Penal Acusatorio. Fiscalía General de la Nación
23. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia.
La cláusula de exclusión es un principio o mandato constitucional que corresponde a un elemento esencial del debido Proceso, dispuesto a partir de la interpretación del parágrafo final del artículo 29, en virtud del cual se ordena anular "de pleno derecho", excluir del acervo probatorio, y no tener en cuenta las pruebas ilícitas, que son aquellas recaudadas, aducidas o practicadas sin la observancia de los requerimientos sustanciales o formales que le son propios, o con violación de los derechos fundamentales de las personas que intervienen dentro del Proceso. Regla que igualmente se predica de las pruebas que se derivan de las ilícitas.9
Las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales resultan plenamente ineficaces, lo cual guarda plena armonía con un Estado social de derecho y un Derecho Penal Garantista. Así, el tema de la prueba ilícita se halla inmerso dentro del debido proceso, siendo susceptible por consiguiente de la aplicación de la cláusula de exclusión, previsión constitucional que consiste en excluir del arsenal probatorio o en desconocerle valor probatorio a aquellos medios de prueba que al ser obtenidos, recolectados o practicados no se ajusten al debido proceso bien sea en su esfera material o formal, lo cual corresponde a una prueba ilícita.
9 Principio de exclusión Probatoria. Monografía.com
o con violación de los derechos fundamentales de las personas que intervienen dentro del Proceso. se trata de una disposición que inspira todo el trámite del nuevo proceso penal de tendencia acusatoria. que son aquellas recaudadas. y por ende. De entrada advierte la Corte. excluir del acervo probatorio. expone lo siguiente: ³La cláusula de exclusión es un principio o mandato constitucional que corresponde a un elemento esencial del debido Proceso. doctor CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. el cual se encuentra ubicado en el Título Preliminar ³Principios rectores y garantías procesales´ de la Ley 906 de 2004. Siguiendo fielmente el artículo señalado se tiene que las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales resultan plenamente ineficaces. previsión constitucional que consiste en excluir del arsenal probatorio o en desconocerle valor probatorio a aquellos medios de prueba que al ser obtenidos. o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia. Ley 906 de 2004. y regula la cláusula general de exclusión. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas. el tema de la prueba ilícita se halla inmerso dentro del debido proceso. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ En Sentencia C-591 del 09 de junio de 2005 Magistrada Ponente. recolectados o practicados no se ajusten al debido proceso bien sea en su esfera material o formal. lo cual guarda plena armonía con un Estado social de derecho y un Derecho Penal Garantista. dispuesto a partir de la interpretación del parágrafo final del artículo 29. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. y por el contrario lo reafirma. Así. en virtud del cual se ordena anular "de pleno derecho". que esta norma general no se opone al artículo 29 Superior. aducidas o practicadas sin la observancia de los requerimientos sustanciales o formales que le son propios. Regla que igualmente se predica de las pruebas que se derivan de las ilícitas.Principios Rectores y Garantías Procesales. la Corte Constitucional. al disponer que [T]oda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. siendo susceptible por consiguiente de la aplicación de la cláusula de exclusión. al disponer la nulidad de pleno derecho de la prueba y su exclusión cuando ha sido obtenida con violación de las garantías 72 . Décimo Semestre de Derecho. por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. lo cual corresponde a una prueba ilícita « El artículo 23 de la Ley 906 de 2004. y no tener en cuenta las pruebas ilícitas.
conceptualizó: ³E. En este orden de ideas. se refiere a la nulidad de pleno derecho y la exclusión del proceso de la prueba obtenida contrariando la Constitución. ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN PENAL. es decir. Magistrado Sustanciador. Quiero ello decir que. Décimo Semestre de Derecho. la Corte considera que el artículo 23 de la Ley 906 de 2004. Siguiendo estos fundamentos constitucionales. acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito. C-541 del 24 de septiembre de 1992. La Corte Constitucional. de manera aislada. como ya se advirtió.Principios Rectores y Garantías Procesales. imputaciones. serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ fundamentales. también es claro que la jurisdicción penal y las competencias legales que la regulen de conformidad con la Carta. la Corte estima que el ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración. la demandante solicita a la Corte declarar inexequible la expresión ³directa y exclusivamente´ del artículo 232 de la Ley 906 de 2004. el enunciado invocado en este caso por la demandante sino que es preciso situarlo en un contexto determinado. es una fuente de exclusión de la prueba de conformidad con el artículo 29 Superior. en el presente asunto. la Corte considera necesario examinar de manera global el artículo 232 del nuevo C. Al respecto de esta disposición.P. Ahora bien. se han de establecer para determinar la responsabilidad penal de quiénes han 73 . por cuanto la expresión demandada considerada de manera aislada carece de contenido normativo autónomo´.P. se ajusta al artículo 29 Superior. razón por la cual lo declarará exequible por el cargo analizado. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Ley 906 de 2004. investigaciones. el cual será objeto del respectivo control de constitucionalidad. así como las que sean consecuencia de las pruebas excluidas. Las indagaciones. en Sentencia No. doctor FABIO MORON DIAZ. la que según lo considerado por la Corte. 24.
el establecimiento de la jurisdicción penal conduce. la de juzgar la conducta estimada como punible. Décimo Semestre de Derecho. la facultad suficiente para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores en el caso de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. dentro de este ámbito. pero debe responder de conformidad con la ley sustancial de los perjuicios derivados de la conducta punible descrita por la normatividad penal. de conformidad con la ley sustancial. pudiendo imponer. Ley 906 de 2004. no se quebranta ninguna de las disposiciones que hacen parte del ordenamiento constitucional ni se desvirtúa la naturaleza del proceso penal. también resulte comprometido civilmente. coautores. cómplices necesarios o no necesarios. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ intervenido o participado en la realización del hecho tipificado como punible en calidad de autores materiales o intelectuales. realizando así uno de los fines esenciales del Estado del cual es titular la Rama Judicial del poder público en nombre de la República y que se refiere a la función tradicional de administrar justicia. en el caso de los jueces y tribunales. Al ser regulada de esta manera la institución de la jurisdicción penal y de sus competencias en el ámbito de la definición de la responsabilidad punitiva y civil derivada del hecho punible. ademas. y. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. 74 . por las consecuencias o efectos que de este se desprenden y la de quien sin serlo. dada la íntima correlación que suele existir entre el daño público y el privado generados por el delito. si es del caso.Principios Rectores y Garantías Procesales. como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en oportunidad anterior. Así. al legislador le está permitido refundir aquellas competencias y asignarlas al funcionario penal que puede calificar la conducta civil de quien no ha participado en el hecho como autor. a reconocer en cabeza de los Jueces y de los funcionarios judiciales competentes para administrar justicia según los términos de las atribuciones constitucionales y legales. tanto en cabeza del autor o autores y de las personas llamadas a responder por el hecho punible de otro. En juicio de la Corte. coautor o cómplice. también se extiende esta competencia de origen constitucional a la atribución de la facultad para definir la responsabilidad civil del autor directo del hecho punible. por la actuación de quien ha transgredido la norma penal. las penas y las medidas de seguridad que correspondan en la lucha por asegurar el respeto de los derechos de todas las personas y por alcanzar un orden jurídico justo. cuyo objeto es precisamente la administración de la justicia´.
Ley 51 de 75 . especialmente el de la ciencia del proceso civil que esta más desarrollada que la ciencia del derecho procesal penal.Principios Rectores y Garantías Procesales. involucrándose dentro de estas nociones la declaración Universal de los derechos humanos. sociales y culturales. Sobre el principio de Integración. manifestó el doctor Julián Hernando Rodríguez Pinzón. por lo cual se aplicarán en todo proceso penal. El proceso penal no se puede sustraer a todas las reglamentaciones que existen en otros procesos. así como en los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país. se puede recurrir a normas similares para que se puedan aplicar y así se pueda resolver los vacíos que presente el proceso penal. Convención sobre los derechos del niño. Décimo Semestre de Derecho. Igualmente se deberá tener en cuenta como el acto legislativo 02 de 2002 en su artículo 1 establece que el estado puede reconocer jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos del estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las naciones Unidas.. las normas y tratados sobre derechos humanos que se encuentren consagrados en la constitución. el Pacto Internacional de derechos económicos. convención sobre toda forma de discriminación contra la mujer. ³De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 93 de la Carta Política y los artículos 2 del C.P. Ley 906 de 2004. Convenios 29 y 105 de la OIT.. son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Cuando quiera que se encuentren vacíos porque procesalmente no se ha dispuesto por parte de la ley la forma como deben llenarse esos vacíos.P. INTEGRACIÓN. al posesionarse como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Pacto de San José ley 16 de 1972. y 3 del nuevo C. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 25. contenido en la ley 74 de 1968. ley 12 de 1991. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias. La convención Americana sobre derechos Humanos. se entienden incorporados al ordenamiento jurídico.P.
o constitución en sentido formal. meta última y razón de ser del ordenamiento positivo. Convenios I. Ley 906 de 2004. el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. inglesa y norteamericana. estableció la Corte Constitucional que ³El debido proceso. tales como la Declaración universal de Derechos Humanos. Es así como el texto va a recalcar la supremacía de la carta axiológica no solamente al interior de la propia Constitución Nacional. consagrado de manera explícita en el artículo 29 de la Constitución. pues como lo afirma la doctrina "un sistema penal que no se inspire en valoraciones materiales infranqueables sobre la dignidad del hombre y la tutela de sus derechos fundamentales e internacionales.´. la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. III y IV de Ginebra y protocolos adicionales I y II. Tales derechos no son sólo los que aparecen recogidos en el Estatuto Superior.P.) y que por tanto son parte inescindible de la constitución en sentido material. En efecto. que sin duda hace parte del constitucionalismo del que hoy no es posible prescindir.Principios Rectores y Garantías Procesales. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 1981. como única forma de asegurar la materialización de la justicia. ³La efectividad de las garantías debidas a las personas que intervienen en el proceso penal. sino los consagrados en instrumentos internacionales que vinculan al Estado Colombiano. ley 5 de 1960. puede ser el instrumento de la tiranía o del autoritarismo. a la cual ya hicimos referencia. se convierten así en normas rectoras a las cuales deben ajustarse tanto las autoridades como las partes que intervienen en el proceso pues su desconocimiento acarrea la violación de la Ley Suprema. compendia la garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta serán rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su competencia. Dichos principios y garantías." En un Estado de derecho como el nuestro no se puede aceptar que se hagan efectivas decisiones arbitrarias o. 93 C. tanto sustantivo como formal. Décimo Semestre de Derecho. se constituye también en límite al poder punitivo del Estado. pero no merece el nombre de derecho penal en el sentido tradicional que a esta expresión se asigna desde su fundación por la filosofía iluminista y libertaria en que se inspiraron las modernas revoluciones francesa.. entre otros. proferidas sin la estricta observancia de la 76 . como respecto del derecho penal. pero cuidándose en conservar la llamada cláusula general de positivación contemplado en el artículo 94 de la Constitución Nacional en el cual se amparan todos los derechos derivados del valor superior a la dignidad.. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. que conforman el llamado bloque de constitucionalidad (art. lo que es lo mismo. otro de los fines esenciales de la casación.
La reparación de los daños que con una condena injustamente impuesta se producen. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad. 26. Moduladores de la Actividad Procesal. 27. Al respecto la Corte Suprema de Justicia. ocasiona un daño que jamás puede ser resarcido´(5). legalidad y corrección en el comportamiento. en el sentido de no casar la sentencia de segundo grado. no tiene compensación alguna. en Sala de Casación Penal. Prevalencia. o que infrinjan los derechos fundamentales de la persona humana. libertad y dignidad humana impiden hacerlo. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. El tiempo que una persona pueda estar privada de la libertad. se propuso una solución jurídica diversa. principio fundante del Estado social y democrático de derecho. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Lo que dice este artículo.5. Ley 906 de 2004. acogida por mayoría. para evitar excesos contrarios a la función pública. preceptuó: 4. Magistrado ponente YESID RAMÍREZ BASTIDAS. claramente y estos principios y garantías siendo la columna vertebral de este Código. sino surtir el término de 77 . Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. el 11 de noviembre de 2009. Posteriormente. ponderación.Principios Rectores y Garantías Procesales. por error judicial. pues principios como el de justicia. Décimo Semestre de Derecho. especialmente en materia penal en donde está comprometida la libertad. especialmente a la justicia. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ ley y la Constitución. las disposiciones inmersas en él deben estar de acuerdos a estos principios y garantías. es que debido a la fuerza vinculante de los principios y garantías procesales. en Proceso No 32243. estos prevalecerán sobre cualquier otra disposición.
Por lo anterior. como se dijo. la cual requiere como presupuesto procesal que en el proceso penal se declare la responsabilidad del procesado por el reato del cual se derivan los perjuicios reclamados´[17]. Ley 906 de 2004. como se verá más adelante. la víctima ostenta el derecho inalienable de intervenir en el proceso penal. en decisión del 15 de diciembre de 2003[15]. ratificada en el auto del 31 de marzo de 2004[16]. Sobre el carácter subsidiario o accesorio de la acción civil con respecto a la penal la Sala se ha pronunciado en múltiples ocasiones. ponderación y legalidad.Principios Rectores y Garantías Procesales. ha sido vencido en juicio. bien puede acudirse a otro remedio con igual o mayor eficacia que perfectamente garantiza los derechos de la víctima. se convierte en un remedio demasiado excesivo que no consulta a cabalidad los criterios moduladores de la actividad procesal. dado el carácter subsidiario de la acción civil en el proceso penal. Décimo Semestre de Derecho. si bien. además. no resulta lógico que el aspecto penal quede subordinado a la acción civil. con los riesgos para los intereses de la propia víctima que ello acarrea. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ treinta (30) días para que la víctima por sí o a través de la Fiscalía o del Ministerio Público promueva el correspondiente incidente de reparación integral ante el juez de primera instancia. En efecto. sostuvo lo siguiente: ³Extinguida la acción penal. Así. cuando. las autoridades penales pierden toda competencia para continuar conociendo y resolver lo atinente a la responsabilidad civil derivada de los perjuicios ocasionados con los delitos. todo ello en procura de asegurar los criterios modulares de la actividad procesal establecidos en el artículo 27 de la ley 906 de 2004. la consiguiente reclamación pecuniaria únicamente será factible si la actuación culmina con sentencia condenatoria. especialmente los de necesidad. emerge desproporcionado que se invalide la ritualidad para dar paso a un trámite de carácter subsidiario al penal como lo es el relacionado con los perjuicios. pues si la actuación se ha adelantado con sujeción a la regulación procedimental establecida en el ordenamiento jurídico y al amparo de ello el procesado. 78 . en ese caso. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. sacrificando lo actuado con el único objetivo de viabilizar la reclamación indemnizatoria. en justa contienda jurídico-probatoria. tal participación sólo se hace posible si existe una actuación de esa naturaleza. Estima ahora la Corte que la nulidad.
lo cierto es que no se tuvo en cuenta que la actuación se invalida desde. Pero piénsese que. Ley 906 de 2004. ³pues en punto a la sentencia. inclusive. Tal resultado. norma según la cual: ³Proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción. los derechos de la víctima sean burlados. con mayor riesgo de ocurrir. de suerte que el Tribunal queda facultado para decidir sobre todos los extremos de la litis según su saber leer y entender. leídos nuevamente los registros contentivos de las pruebas y la argumentación oral de las partes expuestas tanto en primera como en segunda instancia. Otra situación negativa para la víctima es la posibilidad de que se presente el fenómeno de la prescripción de la acción penal. exigir. Recuérdese a este respecto el perentorio mandato contenido en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley 270 de 2006 (Estatutaria de la Administración de Justicia). Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ La solución de anular la actuación puede conducir eventualmente a que. determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerles las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias´. 79 . razón por la cual imperioso es para el ad quem rehacer la actuación desde ese momento. es posible que se dé si hay cambio de alguno o varios de los miembros de la respectiva Sala de decisión. porque al dejarse sin valor la sentencia de segunda instancia desaparece de inmediato la suspensión regulada en el artículo 189 de la Ley 906 de 2004. Décimo Semestre de Derecho. el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años´. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. al final. Si bien en la sentencia del 28 de mayo último se quiso salvar esa contingencia señalando que el ad quem sólo quedaba autorizado para pronunciarse sobre lo relacionado con la reparación a las víctimas. Porque con esa orden el proceso se retrotrae jurídicamente a un estado en el cual no existe sentencia.Principios Rectores y Garantías Procesales. la alzada ya ha sido resuelta´. el Tribunal cambie de opinión y decida entonces confirmar el fallo absolutorio. el proferimiento del fallo. conforme al cual: ³Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar.
Décimo Semestre de Derecho. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ Y si tal eventualidad sucede.Principios Rectores y Garantías Procesales. si desaparece la suspensión del lapso prescriptivo. o en su defecto del fiscal o del Ministerio Público. Por eso. el juez fallador abrirá el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal. pues de acuerdo con dicha disposición. obligado se tornará reanudar la contabilización del término que para la ocurrencia de ese fenómeno una vez se efectúa la formulación de la imputación establece el inciso segundo del artículo 292 de la codificación procesal penal en cita. pues obsérvese cómo la misma fue propuesta por la comisión redactora[18] del proyecto con fundamento en el cual se adelantaron los debates en el Congreso de la República que culminaron con la aprobación de la Ley 906 de 2004. De modo. sin que pueda ser inferior a tres (3) años. 80 . y convocará a audiencia pública dentro de los quince (15) días siguientes´. Ley 906 de 2004. que en caso de delitos sancionados con penas menores podría ser el exiguo lapso de tres (3) años. previa solicitud expresa de la víctima. el artículo 109 del referido proyecto tenía el siguiente texto: ³Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. pues. En firme la decisión de primera instancia. Tal salida consiste en abrir la oportunidad de promover el incidente de reparación integral con posterioridad a la ejecutoria del fallo. o proferida la de segundo grado que declare la responsabilidad penal y. es decir. considera la Sala que es necesario ofrecer una solución distinta a la dada hasta este momento cuando en sede de segunda instancia se emite sentencia de condena. En efecto. formulada la imputación el término de prescripción comenzará de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. que so pretexto de pretenderse garantizar los derechos de las víctimas. Esta no es ni mucho menos una solución exótica. sus intereses pueden verse afectados si se invalida la actuación con el único y exclusivo objetivo de dar paso al incidente de reparación.
Décimo Semestre de Derecho.Principios Rectores y Garantías Procesales. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Ley 906 de 2004. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 81 .
Entre estos principios con una orientación pedagógica y doctrinaria.Principios Rectores y Garantías Procesales. que a su vez determinan la naturaleza del proceso. Ley 906 de 2004. ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso. la fase del juicio propiamente tal y finalmente la ejecución de la sentencia. Su valor como fuente del Derecho es vital a la hora de interpretar las normas escritas pues incluso el artículo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial les da carácter de ley en ausencia de norma y establece la obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento escrito. en la legislación ordinaria y en la jurisprudencia. puesto que el enunciado de estos principios orientadores. van a facilitar al intérprete tener una visión completa y resumida de todo el sistema procesal. como lo es en la fase de la investigación. Estos principios podemos encontrarlos en la Constitución. el estudio de las excepciones y otras circunstancias que van a dar o no. Por su parte las Garantías Procesales son las seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea conculcado por el ejercicio del poder estatal. 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios. Décimo Semestre de Derecho. la fase de la admisión de la acusación. presentan una finalidad filosófica y social de gran interés. 82 . se hacen más eficaces y reglamentarios a lo largo del desarrollo del proceso. lugar al juicio. si se quiere. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ INTRODUCCIÓN Los principios del nuevo Código de Procedimiento Penal.
Décimo Semestre de Derecho. Ley 906 de 2004.Principios Rectores y Garantías Procesales. Universidad Cooperativa de Colombia ________________________________________________________________________________________ 83 . 05 de Marzo de 2011 Iris Pascuala Hurtado Palacios.
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 artículo 29
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 artículo 8
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 artículo 29
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 artículo 332
 artículo 303
in dubio
 artículo 229
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 artículo 143
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 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
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 artículo 15
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 artículo 83
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 artículo 29
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 artículo 14
 Artículo 112
 artículo 8
 artículo 235
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 artículo 29
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 artículo 29
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 artículo 29
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 artículo 29
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