Source: https://www.ntabogados.com/category/propiedad-intelectual/
Timestamp: 2020-02-23 06:47:59+00:00

Document:
Propiedad Intelectual Archivos - NT Abogados
Archivo | Propiedad Intelectual
Sobre la entrada en vigor del procedimiento de la Ley Sinde
El pasado 31 de diciembre de 2011 se publicó en el BOE el texto del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dos meses después de la publicación*, según se preveía en la norma, debía entrar en vigor este “procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual fue creada por el apartado cuarto de la disposición final cuadragésima tercera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), disposición más conocida como “Ley Sinde”. La Ley Sinde entró en vigor, como el resto de lo previsto en la LES, el pasado 6 de marzo de 2011. Aunque estemos leyendo por muchos sitios que lo que entra en vigor es la propia Ley, lo que entra en vigor es el procedimiento regulado en el mencionado Real Decreto 1889/2011.
Sin ánimo de chafar tan insigne acontecimiento, es conveniente hacerse tres preguntas:
– ¿Quiénes van a ser los miembros que formen parte de la Comisión de Propiedad Intelectual?
Más allá de saber quiénes serán las personas concretas que compongan esta comisión, lo cierto es que mientras no se nombre (como no se ha hecho hasta ahora) a estas personas el procedimiento no puede avanzar. Según el artículo 17 del Real Decreto, la solicitud deberá dirigirse a la Secretaría de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuyo titular actuará como órgano instructor del procedimiento. No está nombrada esta persona, con lo que no se podrá instruir el procedimiento. Tampoco están nombrados los miembros de la comisión, con lo que la primera decisión que debe tomarse, que según el art. 17.3 es acordar el inicio del procedimiento, no puede tomarse. En fin, que cada día que pase más difícil (por no decir imposible, puesto que el procedimiento, si bien es más o menos rápido, no es fulgurante) es que se cumpla el sueño dorado de los que querían ver ya en marzo cerradas algunas páginas web.
– ¿Obligarán a las personas físicas a utilizar medios electrónicos para comunicarse con la Sección Segunda?
Según la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, será obligatorio que los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, se comuniquen con la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos. Sin embargo, según el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, “las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. Es decir, una persona física, responsable de un servicio de la sociedad de la información que sea denunciado, no puede estar obligado a comunicarse con la Sección Segunda por medios electrónicos; estamos ante una disposición reglamentaria contraria a la ley y que, por tanto, no puede ser aplicada.
– ¿Qué pasará con las páginas web que están fuera del ámbito de aplicación de la LSSI?
Según el Anexo de definiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), para que una actividad pueda ser considerada como servicio de la sociedad de la información y, por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de la ley, ha de ser a título oneroso, es decir, que de alguna manera se obtenga un beneficio económico. Por tanto, una página web de una persona física, no profesional, que no contenga publicidad, no está dentro del ámbito de aplicación de la LSSI y, en consecuencia, tampoco de la Ley Sinde, puesto que es un procedimiento contra infracciones realizadas por prestadores de servicios de la sociedad de la información. Veremos qué hace la Sección Segunda cuando le llegue alguna denuncia contra una web de este tipo, que llegarán.
En fin, habrá que estar atentos a las decisiones que se tomen en relación con estas chapuzas, por otra parte bastante habituales en nuestro ordenamiento jurídico.
*Nota del autor: pese a que el presente artículo se ha publicado el día 1 de marzo, se comenzó a escribir el día anterior y creo conveniente aclarar que la entrada en vigor del Real Decreto se produjo el día 29 de febrero. El cómputo de los plazos por meses debe hacerse fecha a fecha y, no existiendo la fecha equivalente (31 de febrero), se entiende cumplido el plazo el último día del mes, en este caso 29 de febrero. Recomiendo, a este respecto, la lectura de esta entrada de Pablo Sanjuán en el blog vecino “Foro Público“.
Apuntes sobre el caso Megaupload
Se ha hablado tanto los últimos días sobre el asunto Megaupload o, como se dice en la acusación, la “Mega Conspiracy”, que puede ser difícil aportar algo nuevo. Pero también es cierto que, dado que se ha hablado tanto, se han producido muchas manifestaciones que, bien por la precipitación, bien por el desconocimiento, no está de más aclarar. Sobre todo afirmaciones que han tachado la operación de ataque contra la cultura, contra la libertad, “Guantánamo digital” y similares, o que consideran que se ha atentado contra la privacidad o los datos personales de los usuarios.
Lo primero que hay que recordar es que los cargos contra los responsables no son sólo por infracción de propiedad intelectual, sino que están acusados también de blanqueo de capitales y constitución de organización criminal. No obstante, nos centraremos en la infracción de propiedad intelectual.
Hay que tener en cuenta que (simplificando un poco) tanto en Estados Unidos (según la DMCA, Digital Millennium Copyright Act) como en Europa (en España según lo establecido en la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), hay un régimen similar respecto a la responsabilidad que debe asumir un prestador de servicios de alojamiento por alojar en sus servidores contenidos ilegales. En caso de que el prestador conozca la ilicitud de ese contenido será responsable de la infracción si no lo retira, quedando indemne en caso de que sí que lo haga. Megaupload aparentemente lo hacía cuando era requerido por los titulares de los derechos, pero por lo que parece lo único que hacían era eliminar la URL concreta desde la que se podía descargar el contenido, generando en ese mismo momento otra u otras. Además, realizaban pagos a aquellos usuarios que subían las películas o series más demandas, y por los correos electrónicosintervenidos a los responsables de las páginas, se puede ver también que conocían perfectamente la existencia de archivos protegidos (lo cual a nadie le extraña, dicho sea de paso, pero les impide alegar desconocimiento). Es decir, había un incumplimiento claro, con lo que no se puede afirmar en ningún caso que se trata de una operación caprichosa y sin sustento legal.
Se han leído también muchas quejas por la supuesta violación de la intimidad o de la privacidad de los usuarios. Se trata de un procedimiento judicial, y como en cualquier procedimiento, las autoridades policiales y judiciales pueden tener acceso a esa información sin que estemos ante un ataque a los derechos de los usuarios.
Respecto al perjuicio que puedan sufrir los usuarios que legítimamente utilizaban el servicio para almacenar sus propios archivos, aunque parezca mentira hay que recordar que a quien hay que quejarse (y contra quien reclamar, en su caso), es a los responsables de estas páginas, que son los que supuestamente han delinquido y, en definitiva, con quienes se ha contratado, y no contra el FBI ni los jueces estadounidenses. Es más, aquellos que utilizasen un servicio como este para alojar datos profesionales en mi opinión no estaban siendo suficientemente responsables, y no sólo porque se borraban los archivos que no se descargaban en un periodo de tiempo determinado. Si alojaban datos de carácter personal, estarían incumpliendo la normativa española sobre protección de datos puesto que ninguno de ellos tendrá firmado un contrato de los que obliga el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y además estaría realizando una transferencia internacional de datos sin las exigencias que esta ley contempla. Y si no tenían datos alojados datos personales, aunque no inclumpieran normativa alguna, no está de más que se adopten precauciones similares.
En definitiva, que no conviene aseverar que cualquier actuación contra las descargas es un atentado a la libertad, a la difusión de la cultura o a la tecnología. Se puede estar en contra de la Ley Sinde, de la SOPA y la PIPA, o de la criminalización de los enlaces y a la vez aplaudir actuaciones contra infractores como los responsables de Megaupload.
Por otro lado, desde la web Practicopedia.com me consultaron sobre algunas cuestiones prácticas relativas a las consecuencias del cierre de Megaupload. Se pueden leer aquí.
Indicios de delito por enlazar
El pasado mes de octubre conocimos la primera sentencia dictada por un tribunal español en la que se condena por delito contra la propiedad intelectual la actividad de enlazar, por considerarla comunicación pública. Lo cierto es que la sentencia era bastante criticable, tanto por la deficiente aplicación del artículo 15 de la LSSI, como porque de la descripción de los hechos incluso podía entenderse que no se condenaba por enlazar, sino porque se habían subido previamente las obras a un servidor por parte de los acusados (así lo entiende el compañero David Maeztu).
Ahora acabamos de tener conocimiento de un Auto dictado por la Audiencia Provincial de Mallorca por el que este tribunal acuerda la continuación del procedimiento penal iniciado contra el administrador de la web vagos.es. En esta web, según consta, se facilitan enlaces a obras (suponemos que sin autorización de los titulares de los derechos, claro está), con lo que no hay ningún archivo alojado en la misma.
Sin embargo, la Audiencia estima que hay indicios bastantes para sustentar la posibilidad de que el acusado “hubiera participado en la comisión de un delito contra la propiedad intelectual tal y como le atribuye el Juez Instructor”. Es decir, los magistrados consideran que no hay atipicidad en la conducta de enlazar, con lo que (yendo muy lejos, obviamente) si al final resultara condenado el acusado estaríamos ante un nuevo caso en el que los tribunales consideran que la actividad de enlazar supone un acto de comunicación pública que, realizado sin autorización de los titulares, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero (nunca está de más recordar todos los elementos del tipo) implica la comisión de un delito contra la propiedad intelectual, según lo establecido en los artículos 270 y siguientes del Código Penal. Seguiremos con atención este caso.
A la cárcel porque los jueces confunden un enlace con un proxy
Propiedad Intelectual, Sin categoría
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado una sorprendente sentencia por la que se condena a un año de prisión a los administradores de unas páginas desde las que se facilitaban enlaces para la descarga de contenidos audiovisuales, al considerar que se ha cometido un delito contemplado en el artículo 270 del Código Penal.
Dejando a un lado algunas cuestiones controvertidas de carácter procesal, la sentencia es sorprendente y novedosa, por dos razones:
– Se trata de la primera sentencia de un tribunal en la que se considera que facilitar enlaces constituye un acto de comunicación pública. Hasta ahora ningún tribunal español había considerado que un enlace a un contenido supusiera una infracción de propiedad intelectual. Ni siquiera la famosa sentencia de elrincondejesus.com establecía eso, puesto que en los hechos probados de la misma consta que la web alojaba archivos, no sólo enlaces.
– Además de considerar que un enlace constituye un acto de comunicación pública, la sentencia tiene algo que deja atónito a cualquiera. Dado que esta página web es un prestador de servicios de la sociedad de la información, hay que acudir a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en la que se regulan una serie de exenciones de responsabilidad para los prestadores, en función del tipo de servicio que prestan. En el caso que nos ocupa, una página web en la que se suministran enlaces tiene cabida, evidentemente, en el artículo 17 de la LSSI, con un título más que descriptivo: “Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda”. Pues bien, los magistrados de Vizcaya han ido a aplicar el artículo 15, destinado a los “prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios”, es decir, lo que hacen los llamados “servidores proxy”, cuya funcionalidad está perfectamente descrita en este mismo artículo: almacenan datos en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten.
Pues bien, según los magistrados de la Audiencia Provincial de Vizcaya, resulta que lo que hace una página web en la que se facilitan enlaces a contenidos (lo que dice el artículo 15 de la LSSI) en realidad es hacer copia temporal de datos, de forma automática, provisional y temporal. Es decir, que los acusados reciben una pena de prisión porque los magistrados no saben lo que es un “proxy”. No hay por dónde cogerlo, creo modestamente que es un grave error por parte de la Audiencia. Salvo que se nos haya olvidado leer, claro.
Consejos para el uso legal de las redes sociales
LOPD, Propiedad Intelectual
Los pasados días 15, 16 y 17 de junio se celebró en Valladolid, organizada por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, la I Semana de las Redes Sociales de Castilla y León. El evento suscitó un gran interés con carácter previo y ha obtenido una gran repercusión con posterioridad. Contó con la participación de un buen número de profesionales conocedores de la materia, entre los que se encontraba el Director Comercial de Lex Nova, Jesús Cadenas.
Los organizadores amablemente me invitaron a tomar parte en una de las sesiones, con el objeto de informar a los asistentes sobre cuestiones de contenido jurídico relacionadas con el uso de las redes sociales.
La ponencia se centró en una serie de aspectos a tener en cuenta, entre muchos otros, a la hora de gestionar las redes sociales dentro la empresa. Seis son los puntos que tratamos:
La conveniencia de leer las condiciones de uso de los servicios de redes sociales. Si vamos a utilizarlos con una finalidad profesional, es fundamental conocerlas y saber qué está permitido o prohibido en cada servicio, de forma que podamos evitar problemas como que nuestro perfil sea cerrado por incumplimientos de los términos del servicio.
La organización de concursos, aun gratuitos, está sujeta a algunas obligaciones, como la comunicación de su celebración a Loterías y Apuestas del Estado y el pago de la tasa del juego.
A la hora de utilizar contenidos creados por terceros es necesario saber que, salvo que su autor permita otra cosa, está prohibida su reproducción y cualquier otra modalidad de explotación. Es interesante conocer las licencias Creative Commons tanto para poder utilizar obras de terceros como para licenciar las propias.
La responsabilidad sobre los comentarios que los usuarios introduzcan en nuestros blogs recae exclusivamente sobre ellos, salvo que no se tenga conocimiento efectivo sobre la ilicitud de los mismos o, teniéndolo, no se haya sido diligente en su retirada.
En caso de problemas de reputación online, con el objeto de no ser víctimas de lo que se conoce como “Efecto Streisand“, es conveniente ser precavido a la hora de actuar. Es recomendable acudir primero al autor de los contenidos que nos puedan perjudicar, así como a los titulares de los servicios utilizados, antes de acudir a reclamaciones administrativas o judiciales.
Por último, un aspecto importante es la conveniencia de que los empleados sepan qué uso pueden dar a las redes sociales en la horario laboral. Del mismo modo, en relación con los empleados o los profesionales o empresas externas encargadas de gestionar las redes sociales en las que tiene presencia una empresa, se recomienda que se pacten y consten por escrito las condiciones sobre qué actuaciones pueden y no pueden realizarse, de forma que se prevean problemas, tanto de reputación de la empresa, como de divulgación de información confidencial.
En definitiva, son muchas y cada vez más evidentes las oportunidades que se les presentan a las empresas con el uso profesional de los servicios de redes sociales, pero es a la vez necesario, como en cualquier otro ámbito, recordar que hay cuestiones legales que no deben dejarse de lado, tanto por la prevención de conflictos jurídicos, como por el daño que puede sufrir la propia imagen de la empresa.
Guía sobre el buen uso de Internet
“Si pones música […] en redes de intercambio de archivos estarás vulnerando la ley”. Es decir, que si alguien compone una canción y la quiere distribuir libremente como quiera, por ejemplo compartiéndola en una red P2P, según Promusicae está vulnerando la Ley. Habrá que recordarles que el que hace eso está ejerciendo lo que el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce como el primero de los derechos morales del autor, “decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma” .

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 270
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 14