Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/Libroweb/cap4.htm
Timestamp: 2019-04-25 11:57:08+00:00

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PERIÓDO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA: 1867 - 1883
Ésta es sin duda una de las etapas más difíciles de nuestra historia republicana por los desastres que la guerra ocasionó al Perú. El Poder Legislativo participó activamente ante los iniciales riesgos de conflicto entre Bolivia y Chile; posteriormente tuvo que tomar decisiones importantes para adoptar tratados de carácter defensivo; finalmente tuvo que aprobar las fórmulas de arreglos de paz con Chile.
Los Parlamentarios jugaron un rol fundamental al representar en el ámbito exterior al Estado peruano durante este período. Basta mencionar a José Antonio de Lavalle, Presidente de la Comisión Diplomática, quien fue el encargado de buscar una salida pacífica al conflicto entre Chile y Bolivia, la que finalmente se frustró, y también participar en las discusiones para acordar el Tratado de Ancón; a Francisco García Calderón, miembro de la Comisión Diplomática hasta los inicios de la guerra, quien fue elegido Presidente durante la ocupación de Lima; y al mismo Miguel Grau quien, siendo Diputado por Paita, tuvo que reincorporarse en la Armada Peruana a fin de defender en forma operativa la integridad territorial.
Antes de presentar esta reseña no debemos olvidar que, en esta época, los asuntos de carácter internacional estaban normados por la Constitución de 1867. Debe destacarse, sin embargo, que su vigencia tuvo un carácter bastante accidentado.
El marco constitucional de esta época se inicia con la Constitución de 1867 y culmina con la vigencia de la Constitución de 1920 .
Es importante señalar que, por la propia turbulencia de la guerra, no hubo una estabilidad normativa, sobre todo en los años del conflicto bélico mismo, que permitiera afirmar la real vigencia de la Constitución. Ésta, por lo demás, fue suspendida para dar paso a los gobiernos de los caudillos de la época, que llegaron a gobernar el país en forma paralela.
Esta Constitución de 1867, en su artículo 85, inciso 11, facultaba al Primer Mandatario a realizar las negociaciones diplomáticas y la celebración de tratados. Sin embargo, éstos debían ser sometidos a la aprobación del Congreso para tener valor. El artículo 59, inciso 18, estableció efectivamente como atribuciones del Congreso el aprobar y desaprobar los tratados de paz, concordatos y demás convenios. En el artículo 59, inciso 16, se señaló también como otra atribución del Congreso, prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional. El Estado de guerra fue regulado en el artículo 59, inciso 17, que definió como responsabilidades parlamentarias resolver la declaración de guerra, previo informe del Poder Ejecutivo. En el mismo inciso se facultó al Congreso para requerir al Ejecutivo a negociar la paz. En referencia a la autorización de viajes presidenciales al exterior, el artículo 86 dispuso que el Primer Mandatario no podía salir del territorio de la República durante el período de su mando, sin permiso del Congreso. En cuanto a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 85, inciso 19, dispuso que el Presidente estaba facultado para conceder o negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, con asentimiento del Congreso.
Durante la década de 1870, la política exterior del Perú estuvo orientada a la búsqueda de un equilibrio continental a la manera europea. Esta orientación demandaba el ejercicio de tres estrategias. En primer lugar, establecer alianzas con otros países; en segundo lugar, mantener una diplomacia muy activa; y, finalmente, sostener un armamentismo cauteloso.
Desafortunadamente los Gobiernos no cumplieron cabalmente con la ejecución de dichas estrategias, lo que llevó al país a perder la denominada Guerra del Pacífico provocada inicialmente por el empeoramiento de los problemas fronterizos entre Chile y Bolivia, a causa del litoral boliviano, muy rico en salitre.
Desde su independencia, Bolivia poseía una pequeña porción de territorio frente al Océano Pacífico. Los vínculos entre dicha área y la región andina boliviana, fueron siempre muy débiles debido a la distancia y a las dificultades de comunicación. En el caso de Chile, su territorio al momento de la independencia se extendía desde el sur del río Paposo, ubicado al sur del paralelo 25 hasta el Estrecho de Magallanes(129).
A lo largo de la primera mitad del siglo XIX los intereses económicos chilenos en el litoral boliviano habían ido acrecentándose progresivamente. Por un lado, los empresarios chilenos invertían en la explotación guanera, primero, y salitrera, después. Por otro lado, se empleaban trabajadores chilenos en la extracción de ambos productos.
En agosto de 1866, los gobiernos de Chile y Bolivia firmaron un Tratado que modificó la frontera entre los dos países. La nueva línea de demarcación se fijó a la altura del paralelo 24 de latitud meridional. El Tratado reconoció la soberanía boliviana en el territorio situado al norte de dicho paralelo. Sin embargo, ambos países se dividirían el guano producido en el territorio ubicado entre los grados 23° y 25° y los derechos de exportación de los minerales extraídos en el área. Éstos debían ser cobrados por una aduana boliviana, que podía ser inspeccionada por el Gobierno chileno. El Gobierno boliviano recibió la misma prerrogativa en el área comprendida entre los grados 24° y 25°
A lo largo de la década de 1860, el Gobierno de Bolivia adjudicó varias concesiones salitreras a ciudadanos chilenos en su territorio. Estas concesiones fueron anuladas por el nuevo Gobierno boliviano en agosto de 1871, lo que ocasionó el descontento del Gobierno chileno. La tensión entre ambos países aumentó a raíz del apoyo de Chile a un caudillo boliviano que se oponía al régimen de su país y al que intentó derrocar sin éxito. Bolivia temió entonces que fuerzas chilenas ocuparan el territorio costero boliviano.
En 1872, el Gobierno de Bolivia solicitó al Perú su mediación y Consejo para lograr un arreglo con Chile. El Gobierno peruano consideró que era necesario tomar una posición clara frente al problema. Por ello, el Presidente Manuel Pardo envió una nota al Gobierno chileno, comunicándole que el Perú no sería indiferente frente a una ocupación extranjera de territorio boliviano. En noviembre del mismo año, el Gobierno de Bolivia propuso al Perú una alianza defensiva, a la que nuestro país se mostró inicialmente renuente(130) .
Posteriormente el Gobierno boliviano firmó un nuevo acuerdo con su similar chileno, denominado Tratado Lindsay–Corral. Allí se ratificó la línea fronteriza ubicada a la altura del grado 24° de latitud sur, así como también la explotación común en el área ubicada entre los grados 23° y 25º. Los derechos de exportación de minerales y otras materias inorgánicas producidos en dichas áreas serían fijados de común acuerdo, y los ingresos serían divididos entre ambos países.
El Congreso peruano se mantuvo vigilante frente a todos estos acuerdos entre Bolivia y Chile. Al interior de éste existía una preocupación comprensible acerca de las dificultades surgidas entre Chile y Bolivia. Las actas, en su momento secretas, del Parlamento peruano nos permiten apreciar esa preocupación.
En agosto de 1872, el Diputado Vial pidió la realización de una sesión secreta, con la finalidad de “indicar algo sobre las interpelaciones que debía hacer al Señor Ministro de Relaciones Exteriores”. Sin embargo, al momento de sustentar su solicitud, Vial indicó que ya se había comunicado personalmente con el Canciller, y que éste le había proporcionado la información que necesitaba, por lo que consideraba que ya no necesitaba interpelar al Ministro(131).
Dadas las circunstancias, algunos Diputados quisieron saber explícitamente cuál era el asunto acerca del cual Vial quería interpelar al Canciller. El Diputado Tejeda, Presidente de la Cámara explicó:
“ ...que no sólo él, sino la Cámara toda, ha sabido el objeto con que el señor Vial pidió esta sesión. Que se recordará que el señor Vial, pidió se llamara al señor Ministro de Relaciones Exteriores para hacerle unas interpelaciones sobre los sucesos de Chile con Bolivia. Que le parecía haber oído al señor Vial que realizándose estos hechos a las puertas de la Patria podían comprometer al territorio, pero que hoy esta persuadido ya que no sólo no había ningún peligro [sic], sino que el señor Ministro había cumplido con su deber y que por consiguiente se daba por satisfecho”(132) .
En este mismo contexto, ante la posibilidad de que el Perú se viera afectado por un conflicto entre Chile y Bolivia, el Senado propuso autorizar al Poder Ejecutivo para que destine hasta 4 millones de soles para la compra de buques de guerra de gran poder. La Cámara de Diputados discutió el pedido en su sesión del 19 de noviembre de 1872. Durante los debates se leyeron los dictámenes de la Comisión Diplomática y de la Comisión de Hacienda así como los informes de los Ministros de Guerra, Hacienda y Relaciones Exteriores(133) .
El Diputado Cisneros apoyó la petición del Senado argumentando «graves motivos de política internacional» y la «necesidad de sostener una preponderancia marítima». El Presidente de la Cámara se manifestó en el mismo sentido. La propuesta fue aprobada por unanimidad(134) . A pesar de este acuerdo y otros posteriores, el Gobierno peruano no llevó a cabo la adquisición de nuevos buques de guerra debido fundamentalmente a la falta de fondos.
Los desentendimientos previos entre Chile y Bolivia, así como la presión de la opinión pública peruana fueron quizá los factores determinantes que impulsaron al Perú a aceptar el Tratado de Alianza Defensiva con el país altiplánico, el mismo que fue firmado el 6 de febrero de 1873. Los firmantes fueron el Ministro peruano de Relaciones Exteriores José de la Riva Agüero Looz– Corswarem y el Plenipotenciario boliviano Juan de la Cruz Benavente.
El Tratado acordó la defensa mutua de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de ambos países, en caso de que alguno de ellos fuera amenazado por un tercero. Los firmantes tenían la libertad de reconocer si existía o no el «casus foederis», vale decir, si un acto cometido por otro país atentaba o no contra los principios defendidos mutuamente. Además, las partes se comprometieron a recurrir a todos los medios conciliatorios, incluyendo el arbitraje, antes de iniciar una guerra. También acordaron no celebrar tratados de límites ni otros arreglos territoriales sin conocimiento de la otra parte, ni menoscabar voluntariamente su propia soberanía. Finalmente, se dejó abierta la posibilidad de incorporar otros Estados a la alianza(135 ).
Las actas secretas que se encuentran actualmente en el Archivo del Congreso de la República no recogen el debate parlamentario concerniente al Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia. El Poder Legislativo aprobó dicho Tratado el 22 de abril de 1873. El Presidente lo ratificó el 30 de abril, siendo canjeadas las ratificaciones el 16 de junio.
En la medida que el Tratado permitía la posibilidad de las adhesiones de terceros Estados, el Gobierno peruano buscó de manera activa la adhesión de la Argentina al Tratado de Alianza Defensiva. La cancillería platense condicionó la participación de su país al arreglo previo de sus problemas limítrofes con Bolivia y a la no inclusión del Tratado boliviano–chileno de 1866 en el «casus foederis». La primera de estas condiciones fue aceptada, pero la segunda no.
Más tarde, el Gobierno argentino pidió que Chile fuera incorporado a la alianza o que ésta se limitara a la Argentina y el Perú. El Gobierno peruano, respetuoso del compromiso internacional y creyente en la mancomunidad de intereses con Bolivia, rechazó el planteamiento argentino a principios de octubre de 1873.
Cabe señalar que, durante este período, el Tratado había sido aprobado por la Cámara de Diputados argentina, mas no por el Senado, que postergó su decisión.
Como no era posible mantener el carácter secreto del Tratado, ya que tenía que ser manejado por las cancillerías de los países involucrados y debatido en sus respectivos Parlamentos antes de ser ratificado, el Gobierno chileno tuvo conocimiento de su existencia, lo que naturalmente le causó irritación.
En agosto de 1874, el Gobierno boliviano decidió firmar un nuevo Tratado con su similar chileno. El objetivo era evitar una agresión de Chile, sobre todo luego del malestar causado en ese país por la firma del Tratado de Alianza Defensiva. El Tratado, denominado Baptista–Walker Martínez, ratificó la línea fronteriza en el paralelo 24. Se mantuvo el sistema de explotación, administración, y comercialización compartidos del guano, entre los paralelos 23 y 24. Los productos chilenos importados por la costa boliviana fueron exceptuados del pago de derechos, mientras que los productos bolivianos introducidos a territorio chileno entre los paralelos 24 y 25 recibieron el mismo privilegio.
El Gobierno boliviano tenía derecho a percibir las contribuciones sobre la exportación de minerales producidos entre los paralelos 23 y 24. Sin embargo, no podía incrementar los impuestos sobre personas, industriales y capitales chilenos por 25 años. En caso de que se presentara algún conflicto entre Chile y Bolivia, las partes debían recurrir al arbitraje(136) .
La cancillería peruana valoró positivamente la suscripción del Tratado Baptista–Walker Martínez ya que debía resolver los desacuerdos entre Bolivia y Chile. Ello, a pesar de que el Gobierno boliviano no hizo partícipe de sus planes al Perú, del cual era aliado.
Lamentablemente, la existencia del Tratado de 1874, contribuyó a que el Perú dejara de buscar la adhesión argentina a la alianza defensiva y también a que se perdiera de vista el armamentismo del Gobierno chileno(137) .
Aún más, a fines de diciembre de 1876, el Ministro peruano José Antonio García y García(138) y su homólogo chileno Joaquín Godoy celebraron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre sus respectivos países. Allí se estableció la paridad de derechos mercantiles para los ciudadanos y empresas de ambos países, y se fijaron franquicias para el comercio de productos de importación y exportación. También se reconocieron recíprocamente la validez de títulos profesionales. Además, se acordó recurrir al arbitraje en caso de diferencias, y se plantearon reglas para disminuir los efectos de un hipotético conflicto bélico entre ambos países, normando del mismo modo posibles guerras con terceros países.
El Parlamento peruano debatió este Tratado aprobándolo el 3 de febrero de 1877. Sin embargo, el canje de ratificaciones con el Gobierno chileno no pudo ser realizado(139).
i. Origen y declaratoria de la guerra del Pacífico
En febrero de 1878 el Gobierno boliviano impuso una contribución de diez centavos sobre cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitres y el Ferrocarril de Antofagasta, sostenida por capitales chilenos. La Compañía de Salitres protestó ante el Gobierno de Chile por esta medida. El representante chileno en Bolivia, a su vez, protestó ante el Gobierno de este país por considerar que el nuevo impuesto violaba los acuerdos del Tratado de 1874. A mediados de diciembre, el Gobierno boliviano ratificó su decisión y exigió el pago de los derechos adeudados desde la emisión de la ley correspondiente.
A fines de enero de 1879, el Gobierno chileno solicitó al Gobierno boliviano que suspendiera la aplicación de la ley, que se reiniciaran las negociaciones y que se acudiera al arbitraje de un tercero en caso de ser necesario.
El 1° de febrero, el Presidente boliviano Hilarión Daza anuló las concesiones salitreras a compañías chilenas, y las reivindicó para su país.
Una semana después, el Gobierno chileno presentó un ultimátum, pidiendo al Gobierno boliviano la anulación de la ley «de los diez centavos», y la aceptación del recurso al arbitraje, en un plazo de 48 horas. Al no recibir respuesta, el representante de Chile en Bolivia se retiró de ese país(140) .
Paralelamente, el Gobierno boliviano envió a Lima a su Canciller Serapio Reyes. Su misión era solicitar la declaración de «casus foederis» prevista en el Tratado de Alianza Defensiva de 1872, en caso de que el conflicto bélico fuera inevitable.
La guerra se hizo inminente el 14 de febrero, cuando el Ejército chileno ocupó Antofagasta y reivindicó para su país el territorio ubicado al sur del grado 23°. El Gobierno boliviano protestó de inmediato. Además, incrementó su presión sobre el Gobierno peruano para hacer cumplir su compromiso de apoyar a Bolivia en caso de una guerra contra Chile.
En el Perú, el Gobierno del General Mariano Ignacio Prado se encontraba en una encrucijada. Por un lado, el Presidente era personalmente partidario de una solución pacífica. Uno de los motivos era que el Perú no se hallaba preparado adecuadamente para participar en una guerra. Además, el texto del Tratado de alianza concedía al Perú el derecho de decidir si los eventos constituían causa legítima para auxiliar militarmente a Bolivia. Por otro lado, un sector importante de la opinión pública, opuesta radicalmente al expansionismo chileno, favorecía la intervención militar.
Ante esta situación, la política inicial del Gobierno peruano trató de mediar en el conflicto. Para ello, envió a Santiago al Ministro Plenipotenciario José Antonio de Lavalle y Arias de Saavedra, quien partió a fines de febrero. La misión de Lavalle era evitar la guerra, pero sin perjudicar la honra, la dignidad, ni el interés nacionales.(141)
En este punto, consideramos importante presentar una breve semblanza de Lavalle, ya que fue un personaje estrechamente ligado a la política exterior del Perú durante toda la segunda mitad del siglo XIX.
José Antonio de Lavalle nació en Lima en 1833 y cursó estudios en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Integró las delegaciones peruanas acreditadas ante Washington en 1851, Roma en 1852 y Madrid en 1853.
En 1854, fue promovido a la categoría de Segundo Secretario, y pasó a la legación peruana en Chile. Fue elegido Diputado por Lima para el período de 1860 a 1864, integrando la Comisión Diplomática de su Cámara.
En 1873, fue nombrado Ministro Plenipotenciario en Alemania y Rusia. Debido a ello, no estuvo presente en Lima durante la firma del Tratado secreto de Alianza Defensiva con Bolivia.
Fue elegido Senador en 1874 y se incorporó, por su especialidad, a la Comisión Diplomática de su Cámara. En 1875, fue enviado como representante peruano a San Petersburgo. Volvió a Lima un año después y se integró nuevamente a la Comisión Diplomática de Senadores, hasta 1878.
Como hemos expresado, Lavalle estuvo ausente del país cuando la Legislatura extraordinaria de 1873 aprobó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. Aparentemente, debido al carácter secreto del acuerdo, no llegó a conocer su existencia cuando retornó al Perú. Según relata en sus memorias, sólo tomó conocimiento del Tratado una vez que estaba camino a Chile como mediador.
La opinión pública chilena recibió a Lavalle con hostilidad. Sin embargo, el Gobierno del Presidente Aníbal Pinto aceptó la mediación peruana, gracias a las gestiones hechas por Lavalle. La mediación debió enfrentar tres obstáculos. En primer lugar, el expansionismo de Chile que pretendía obtener beneficios políticos y financieros a partir de la conquista del litoral boliviano. En segundo lugar, no obstante que el Gobierno chileno conocía el Tratado secreto de Alianza Defensiva, Lavalle no estaba autorizado para reconocer oficialmente su existencia. Finalmente, el poco espacio de negociación que tenía el Perú. El Plenipotenciario peruano propuso a Chile que desocupara el litoral boliviano para ponerlo bajo un régimen de administración a cargo de los tres países, pero no existía una disposición boliviana favorable a anular las medidas que habían perjudicado a los intereses salitreros chilenos (142) .
Debe señalarse, por otra parte, que el Gobierno del Presidente Daza temía que la misión Lavalle perjudicara sus objetivos reivindicacionistas. Ello fue uno de los factores por los que Daza declaró la guerra a Chile el día 14 de marzo de 1879. Decretó además la expulsión de los ciudadanos chilenos residentes en Bolivia y la confiscación de sus bienes.
Aún cuando esta situación ponía en peligro su misión, Lavalle continuó tratando de lograr un arreglo pacífico al conflicto en Santiago. El Gobierno chileno, por su parte, propuso a Lavalle el retorno de la cuestión con Bolivia al Estado en que se hallaba en 1866; que la ocupación del litoral boliviano continuara sin que ello necesariamente implicara otros derechos para el futuro y que el dominio real sobre el territorio sería decidido mediante un arbitraje. Finalmente, pidió al Perú una declaración de neutralidad en el conflicto.
Lavalle no aceptó la propuesta chilena pues ella no satisfacía las aspiraciones bolivianas. Mientras tanto, el Ministro chileno en Lima, Joaquín Godoy, había sido informado oficialmente de la existencia del Tratado de Alianza Defensiva. Enterado Lavalle, comunicó también la existencia del Tratado al Gobierno chileno. Expresó, al mismo tiempo, que el Perú todavía no había decidido la existencia del «casus foederis», condición para entrar en guerra con Chile. El Gobierno chileno solicitó inmediatamente la declaración de neutralidad peruana.
El Gobierno peruano indicó que postergaba su declaración de neutralidad o cualquier respuesta sobre el particular hasta que el Congreso se reuniera, el 24 de abril.
Chile rompió las negociaciones y declaró la guerra a Bolivia y al Perú el 5 de abril de 1879.(143)
ii. Los incidentes de la Guerra del Pacífico y la búsqueda de un acuerdo de paz sin cesión territorial
En esta sección, nos referiremos muy sucintamente a los principales hechos de la guerra. Nuestra atención estará concentrada en los intentos que hizo el Perú por lograr un acuerdo de paz, sin cesión territorial.
Como veremos, esta estrategia fracasó, debido al interés chileno en los territorios salitreros peruanos, a la situación en que se hallaba el Perú y a la falta de una actitud más firme por parte de los países que intentaron mediar en el conflicto.
El 6 de abril, es decir un día después de la declaratoria de guerra chilena, el Gobierno de Prado declaró la existencia del «casus foederis», tal como había sido previsto por el Tratado secreto de Alianza Defensiva. En consecuencia, la alianza con Bolivia debía hacerse plenamente efectiva.
En aplicación de este Tratado, el 15 de abril, el Canciller peruano Manuel Irigoyen y el Ministro boliviano Serapio Reyes celebraron diversos acuerdos sobre la participación bélica de ambos países.(144)
Para el Perú, la guerra sobrevino en un período de severa crisis económica. La deuda externa del país era inmensa como resultado de los sucesivos empréstitos internacionales que se habían realizado. La capacidad militar del Perú fue mermada progresivamente por las dificultades económicas. El Gobierno no había podido participar del proceso de modernización militar producido a nivel internacional durante la década de 1870, pese a los requerimientos y acuerdos del Congreso. Por el contrario, Chile sí había adquirido armas y acorazados modernos. Por otra parte, en pleno conflicto, durante los años 1879 y 1880, los acreedores británicos obstaculizaron los intentos peruanos de adquirir armamento en Europa. A todo ello, se sumaron la ineficiencia del Estado y la profunda fragmentación social del país(145) .
A pesar de estas carencias nacionales debe resaltarse el hecho de que, entre mayo y octubre de 1879, el «Huáscar» mantuvo en constante zozobra a la escuadra chilena, que por lo demás era mucho más poderosa que la peruana. A ello contribuyeron el valor, habilidad y tesón del Almirante Miguel Grau, jefe de la armada, quien siendo Diputado del Congreso Nacional, representando a Paita, solicitó permiso para participar en las acciones bélicas de la defensa nacional. Las acciones del «Huáscar» impidieron a las fuerzas chilenas poder iniciar la invasión del territorio peruano. Además, causaron gran decepción y descontento en la opinión pública chilena.
En junio de 1879, la cancillería boliviana propuso a Newton Pettis, Ministro norteamericano en La Paz, una fórmula de mediación en la que él tendría un rol fundamental. Las autoridades bolivianas pedían la desocupación de su litoral. A cambio, estaban dispuestos a someter el conflicto con Chile al arbitraje del Presidente o de la Corte Suprema norteamericanos, o al de los ministros norteamericanos en La Paz, Santiago y Lima.
Pettis acogió la fórmula con gran entusiasmo a pesar de no contar con la aprobación oficial de su país. Viajó a Lima, y obtuvo la participación del Ministro Isaac Christiancy, representante norteamericano en el Perú. A continuación, ambos se entrevistaron con el Canciller peruano Irigoyen. Éste señaló que la iniciativa de mediación debía provenir de Chile. En vista de ello, Pettis viajó a Chile para entrevistarse con el Canciller Hunneus, donde fue recibido hostilmente por la opinión pública.
Las conversaciones entre Pettis y Hunneus no prosperaron, aún cuando existía un sector de la opinión pública chilena temeroso de que la campaña naval se prolongara demasiado sin resultados decisivos. Los aliados querían la desocupación inmediata del litoral boliviano, mientras que el Gobierno chileno aspiraba a conservar el territorio que había conquistado. El fin de la campaña naval con la derrota del «Huáscar» en Angamos, el 8 de octubre de 1879, suspendió temporalmente cualquier voluntad de negociación chilena(146) .
La llamada Campaña de Tarapacá, entre octubre y noviembre de 1879, terminó con una derrota para el Perú. A pesar de que nuestro país involucró allí buena parte de su Ejército profesional, no pudo vencer la superioridad del armamento chileno y las dificultades de un medio sumamente agreste. Debe señalarse que tampoco tenía forma de aprovisionar adecuadamente a sus tropas, ya que la escuadra chilena dominaba el mar.
En esta coyuntura, el Presidente Prado volvió del sur del país a Lima. Su deseo era viajar a Europa y los Estados Unidos para adquirir personalmente nuevo armamento y embarcaciones para el Perú. Debe señalarse que contaba para ello con una resolución legislativa emitida por el Congreso el 9 de mayo de 1879, a poco más de un mes de la declaratoria formal de guerra, que lo autorizaba a salir del país. El 18 de diciembre de 1879, logró el consentimiento de su gabinete ministerial para su salida al exterior quedando el Vicepresidente, General Luis La Puerta, encargado del mando supremo. La opinión pública limeña condenó acremente el viaje de Prado, como era natural.
Pocos días después de su partida, Nicolás de Piérola se apoderó del mando supremo con apoyo de varios cuerpos del Ejército. El caudillo fue proclamado dictador el 23 de diciembre y obtuvo rápidamente el reconocimiento de los gobiernos extranjeros.
El Congreso, que se había reunido hasta fines de 1879, quedó suspendido. Del mismo modo, en Bolivia, pocas semanas después una sublevación proclamó Presidente al General Narciso Campero(147) .
En 1880, se libró la Campaña de Tacna, la última en que participó el Ejército profesional peruano durante la guerra. A pesar de las derrotas sufridas, el Ejército mostró un alto grado de valor y patriotismo. En estas circunstancias, luego de la batalla de Tacna, que se realizó el 26 de mayo, las fuerzas bolivianas se retiraron de la guerra.
Una de las máximas expresiones de heroísmo nacional fue la Batalla del Morro de Arica el 7 de junio, en la que se inmolaron Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte.
Ya para el mes de julio de 1880, las potencias extranjeras que tenían grandes intereses económicos en el Perú, iniciaron conversaciones tendientes a lograr la paz entre Chile y nuestro país. Inglaterra, Alemania, Francia e Italia consideraron incluso la posibilidad de imponer la paz por la fuerza. El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, decidió iniciar gestiones de mediación por su cuenta para evitar una intervención europea en el continente americano, en favor de sus propios intereses comerciales. Mientras tanto, una expedición a cargo del chileno Patricio Lynch asolaba la costa norte del Perú, productora principal de caña de azúcar. Dicha expedición destruyó plantaciones, ingenios, vías férreas y cobró cupos a los azucareros nacionales(148) .
En octubre de 1880, la mediación estadounidense logró que delegados del Perú, Bolivia y Chile se reunieran en el barco «Lackawana», acompañados de los ministros norteamericanos en los países contendientes. Los representantes peruanos Antonio Arenas y Aurelio García y García propusieron someter las diferencias al arbitraje de los Estados Unidos, respetar la intangibilidad territorial y no pagar ninguna indemnización. Los delegados chilenos, por su parte, plantearon la cesión permanente del litoral boliviano y de Tarapacá, así como una indemnización de 24 millones de pesos en efectivo al Gobierno chileno. Propusieron también la devolución de los intereses chilenos confiscados en los países rivales. Pidieron además la anulación del Tratado de Alianza Defensiva y el compromiso de no fortificar Arica nuevamente. Finalmente, señalaron que las fuerzas chilenas continuarían ocupando dicho puerto, Tacna y Moquegua, hasta que se cumpliera con los otros puntos. En vista que las partes no llegaron a ningún acuerdo estas negociaciones fracasaron (149) .
Entre noviembre y diciembre las fuerzas chilenas desembarcaron al sur de Lima. El Dictador Piérola hizo preparativos para defender la capital, realizando un reclutamiento masivo de sus habitantes varones. El 13 de enero se produjo la derrota peruana en San Juan. A continuación, fueron destruidos Chorrillos y Barranco. El 15 de enero, los defensores de la capital fueron derrotados en Miraflores. Los representantes militares y diplomáticos franceses, británicos e italianos, temiendo una ocupación violenta de Lima, hicieron gestiones ante las autoridades peruanas y chilenas, logrando que los invasores ocuparan la capital pacíficamente el 17 de enero a cambio de no ser atacados dentro de la ciudad.
Una vez capturada la capital, Piérola se trasladó al interior del país, donde trató de organizar la resistencia. Casi al mismo tiempo inició la búsqueda de negociaciones de paz con el Ejército chileno. Aparentemente, ordenó a sus delegados ofrecer grandes concesiones a los invasores, pero sin llegar a la entrega de territorio. El Gobierno chileno se negó entonces a reconocer a Piérola y sus allegados como representantes peruanos legítimos.
A fines de febrero de 1881, una junta de notables de Lima eligió como Presidente al jurista Francisco García Calderón(150) . El Ejército invasor reconoció al nuevo Presidente y le brindó algunas facilidades para ejercer su autoridad en la capital, desde el pueblo de La Magdalena.
El nuevo encargado del mando en Lima convocó a sesiones extraordinarias a los miembros del último Congreso, es decir, el que se había reunido formalmente hasta 1879.
Las sesiones parlamentarias debían iniciarse a mediados de mayo. García Calderón también obtuvo, trabajosamente, el reconocimiento de los gobiernos de Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Suiza, Dinamarca y, tiempo después, de Bolivia.
García Calderón nombró Ministro de Relaciones Exteriores a Manuel María Gálvez(151) . Éste inició conversaciones con el Plenipotenciario chileno Joaquín Godoy, quien le señaló las aspiraciones chilenas para un eventual arreglo de paz que consistía en recibir el departamento de Tarapacá, el pago de una indemnización por gastos de guerra y garantías de diverso tipo.
Gálvez respondió entonces que debía someter la propuesta chilena a la consideración del Congreso próximo a reunirse (152 ).
El Congreso Extraordinario inició sus sesiones en Chorrillos, el 15 de mayo de 1881 y las terminó el 22 de agosto. La primera sesión contó con la asistencia de 32 parlamentarios del Congreso de 1879. Había varias curules vacantes, por lo que se realizaron elecciones entre los ciudadanos oriundos de las provincias correspondientes que residían en ese momento en Lima.
El Congreso así completado celebró varias sesiones secretas para discutir los términos de un acuerdo de paz con Chile. Finalmente, García Calderón fue autorizado a negociar la paz, pero sin cesión territorial.
El Gobierno de La Magdalena invitó al Gobierno de Bolivia a enviar un Plenipotenciario a las negociaciones de paz con Chile. El Canciller boliviano, Daniel Núñez del Prado, expresó sus dudas con respecto a la representatividad de García Calderón y sus autoridades. Sin embargo, luego de la dimisión de Piérola, reconoció al Gobierno de García Calderón en diciembre de 1881(153) .
Allegados del Gobierno de García Calderón consiguieron un nuevo plan de paz con Chile, con la colaboración de la empresa francesa “Crédito Industrial y Comercial”. El Perú se comprometería a pagar gradualmente a Chile una indemnización de 20 millones de pesos con fondos provenientes del Crédito Industrial, además de otras concesiones; a cambio, no habría cesión territorial. El departamento de Tarapacá quedaría bajo un protectorado de los Estados Unidos y las riquezas salitreras serían explotadas por la empresa francesa. Esta entidad llegó a un acuerdo con una empresa norteamericana, para que ésta consiguiera el apoyo oficial norteamericano para el Gobierno de García Calderón, a cambio de participar de las ganancias producidas por la comercialización del salitre(154) .
A mediados de 1881, Estados Unidos nombró a Stephen Hurlbut como nuevo Ministro en Lima. La misión de Hurlbut era lograr un acuerdo de paz entre Chile y Perú. Su país se oponía a cualquier cesión territorial pero consideraba justo que el Gobierno chileno recibiera una indemnización de su similar peruano, con el fin de cubrir los gastos de guerra. Hurlbut informó sus instrucciones tanto a chilenos como a peruanos. A éstos últimos, los instó a unirse alrededor de un solo Gobierno, con finalidad de llegar a un arreglo definitivo con los chilenos. El Gobierno chileno, por su parte, propuso a García Calderón un acuerdo de paz que contemplaba la cesión de Tarapacá. El Presidente peruano se negó, por lo que a principios de noviembre el Ejército invasor lo apresó y desterró a Chile(155) .
Según Jorge Basadre, las expectativas generadas por la misión Hurlbut erosionaron la autoridad de Piérola, quien como hemos señalado, se retiró al interior del país tras la caída de Lima.
Debe señalarse que a principios de 1881, Piérola convocó una Asamblea Nacional en Ayacucho. Ella se instaló el 28 de julio, recibió la dimisión de Piérola y a continuación lo nombró Presidente provisorio.
Tiempo después, en noviembre, los generales Lizardo Montero y Andrés Avelino Cáceres retiraron su apoyo a Piérola y reconocieron a García Calderón como Presidente legítimo. Piérola dimitió entonces a la presidencia de manera definitiva. Desafortunadamente, para ese momento, García Calderón ya había sido desterrado a Chile(156) .
Formalmente una vez que García Calderón dejó el país, asumió el mando supremo el Vicepresidente Lizardo Montero. Su ascenso al poder coincidió con un cambio en la posición norteamericana con respecto a la guerra del Pacífico.
El Ministro Hurlbut fue reemplazado por William Prescott. El Gobierno estadounidense informó a las autoridades chilenas y a Montero que estaba dispuesto a favorecer un acuerdo de paz que contemplara la cesión de Tarapacá(157) .
A principios de setiembre, llegó a Chile el nuevo representante norteamericano, Cornelius Logan. A pesar de que García Calderón y otros políticos de su entorno se hallaban prisioneros en el vecino país del sur, Logan presentó a ellos la propuesta de su Gobierno para un acuerdo de paz. Dicha propuesta incluía la cesión de Tarapacá a Chile, la venta forzada de Tacna y Arica, y la entrega al Perú de la mitad de lo producido por la venta del guano de las islas de Lobos, también en posesión de Chile.
Las autoridades peruanas desterradas en Chile se mostraron dispuestas a aceptar la cesión de Tarapacá, mas no las de Arica y Tacna.
Solicitaron, además, una tregua de seis meses, pues necesitaban que el Congreso peruano se reuniera durante ese período, para decidir si aceptaba las condiciones planteadas por Chile o no. En caso de no llegar a un acuerdo, se reanudarían las hostilidades.
Como vemos, a pesar de que García Calderón se hallaba desterrado en Chile, las autoridades de ese país continuaban negociando con él en busca de un arreglo de paz. Posiblemente, consideraban que sería más fácil lograr de él condiciones satisfactorias para sus propios intereses. En octubre de 1882, el Gobierno chileno presentó un ultimátum a García Calderón aún desterrado y cautivo conminándolo a aceptar tres condiciones: la ocupación militar de Tacna y Arica por quince años, el sometimiento de su posesión futura al arbitraje extranjero y el pago a los acreedores hipotecarios del guano y del salitre de Tarapacá por parte de Chile. Una vez celebrado un acuerdo, García Calderón podría trasladarse a Arequipa.
El político peruano firmó un protocolo aceptando las condiciones planteadas. Sin embargo, poco después, las autoridades chilenas cambiaron las condiciones del acuerdo señalando que no habría un documento que formalizara la responsabilidad chilena por la deuda de Tarapacá; Tacna y Arica deberían ser vendidas; y García Calderón no podría trasladarse a Arequipa, sino a Lima. Dado los cambios producidos, éste suspendió las negociaciones de paz(158).
Por su lado, el 31 de agosto de 1882, el General Miguel Iglesias lanzó una proclama afirmando la necesidad de llegar a un acuerdo de paz con Chile. Dicha proclama fue firmada en la hacienda Montán de Cajamarca, motivo por el cual ha sido llamada el «grito de Montán».
Según Iglesias, era imposible derrotar a Chile militarmente. Tampoco se podía esperar una intervención extranjera en favor del Perú. Por lo tanto, la única forma de terminar la guerra e iniciar la reconstrucción del país era negociar un Tratado de paz con el país del sur(159) .
Poco después, a fines de noviembre, Iglesias convocó una Asamblea Legislativa en Cajamarca. A ella asistieron representantes de Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Lambayeque, La Libertad y Ancash.
La Asamblea Legislativa del Norte acordó llegar a un acuerdo de paz con Chile, bajo la premisa de que las condiciones no amenazaran la independencia o supervivencia nacionales. Esta Asamblea eligió a Iglesias «Presidente Regenerador» con facultades amplias para negociar con los chilenos. Precisaron, sin embargo, que el Tratado que se llegara a celebrar, debía ser ratificado por un Congreso Constituyente. Éste debía preparar posteriormente la elección de un Presidente constitucional.
Paralelamente, el Vicepresidente Montero había convocado otro Congreso en Arequipa, el que inició sus sesiones en abril de 1883. Dicha Asamblea ratificó la presidencia de García Calderón. Además, autorizó a Montero a continuar las operaciones militares con la finalidad de lograr mejores condiciones para el Perú en caso de que se firmara un acuerdo de paz. Llegó, incluso, a admitir la cesión de Tarapacá en sesión secreta.
La Asamblea entró en conflictos con el Ejecutivo, por lo que fue clausurada a fines de junio. La situación creada erosionó aún más la autoridad y credibilidad que pudiera tener el régimen que apoyaba a García Calderón(160) .
A pesar de ciertas reticencias iniciales, el Gobierno chileno decidió reconocer a Iglesias como autoridad legítima, desde principios de 1883. A pedido del general peruano, fueron repatriados a Lima, desde Chile, José Antonio de Lavalle y Andrés Avelino Aramburú, políticos del entorno de García Calderón(161) . Ambos se mostraban favorables a lograr la paz con Chile, aun cuando ello demandara la cesión de territorio(162) .
iii. El Tratado de Ancón
A pesar de la oposición del General Andrés Avelino Cáceres, quien en la sierra central, continuó la resistencia contra los chilenos, el Gobierno de Iglesias llegó a un acuerdo de paz con Chile.
El día 20 de octubre de 1883, se firmó el Tratado de Paz de Ancón. El Perú estuvo representado por los Plenipotenciarios José Antonio de Lavalle y Mariano Castro Saldívar. Chile, por su parte, estuvo representado por Jovino Novoa. El documento estuvo acompañado de un protocolo complementario, que detallaba las condiciones de la desocupación chilena.
El aspecto más importante del Tratado de Ancón fue sin duda la cuestión territorial. Mediante el Tratado, el Perú cedió permanentemente a Chile la provincia peruana de Tarapacá. Asimismo, las provincias de Arica y Tacna quedaron ocupadas por fuerzas chilenas. Se acordó que en un término de 10 años se realizaría un plebiscito para que la población de ambas provincias decidiera si éstas quedaban bajo posesión chilena o retornaban al territorio peruano. El país que conservara ambas provincias finalmente, pagaría al otro una compensación de diez millones de pesos chilenos o su equivalente en soles peruanos(163) .
La Asamblea Nacional, convocada por el Presidente General Miguel Iglesias, se reunió el 1º de marzo de 1884, la que luego de arduos debates aprobó el Tratado. Las ratificaciones se canjearon en Lima el día 28 del mismo mes. Las fuerzas chilenas desocuparon el territorio peruano gradualmente, operación que se completó en agosto del mismo año(164) .
iv. Los esfuerzos por dar cumplimiento al Tratado de Ancón y la firma del Tratado de 1929
En 1892, al aproximarse a su fin el plazo fijado por el Tratado de Ancón para la realización del plebiscito en Tacna y Arica, el Gobierno peruano invitó a su homólogo chileno a iniciar negociaciones para llevar a cabo la consulta popular.
Las negociaciones se llevaron a cabo en Lima y se prolongaron hasta el año siguiente. El Perú estuvo representado inicialmente por Eugenio Larrabure y Unanue, entonces Ministro de Relaciones Exteriores. Más tarde, fue reemplazado por Cesáreo Chacaltana y éste a su vez por José María Jiménez. Por su parte, Chile envió al Plenipotenciario Javier Vial Soler.
Como resultado de las negociaciones se llegó a un proyecto de bases para realización del plebiscito que, en opinión del historiador Gustavo Pons Muzzo, era razonable. A pesar de ello, el proyecto fue desaprobado por la Cancillería chilena, que incluso cesó en sus funciones a Vial Soler.
Al año siguiente, las negociaciones se reiniciaron en Santiago de Chile, pero no tuvieron resultados. El 28 de marzo de 1894 terminó el plazo señalado para la realización del plebiscito. El Plenipotenciario peruano Ramón Ribeyro, formuló entonces la reserva de los derechos de nuestro país sobre los territorios ocupados. Nuevas negociaciones en 1895 y 1897 fracasaron igualmente. Por esta misma época, las relaciones entre Chile y Argentina se tornaron tensas, debido a diferencias territoriales. Aparentemente, el Gobierno chileno trató entonces de mejorar sus relaciones con el Perú. Por ello, invitó a nuestro país a discutir nuevamente las condiciones del plebiscito. El Gobierno de Nicolás de Piérola nombró Plenipotenciario a Guillermo Billinghurst quien inició conversaciones con el Ministro chileno Raimundo Silva Cruz, en febrero de 1898.
Los negociadores alcanzaron varios acuerdos, entre los cuales estaba que el plebiscito estaría a cargo de una junta presidida por un representante nombrado por el Gobierno de España e integrada por un representante peruano y otro chileno. También se acordó someter al arbitraje español quiénes tenían derecho a votar en el plebiscito y determinar si la naturaleza del voto sería público o secreto. Los acuerdos logrados fueron recogidos en el Protocolo firmado por Billinghurst y el nuevo Ministro chileno Juan José Latorre, en setiembre de 1898.
El Congreso peruano aprobó el Tratado inmediatamente. La Cámara de Senadores chilena también, pero su Cámara de Diputados lo devolvió al Poder Ejecutivo luego de una larga deliberación. Esta Cámara quería que los dos puntos de desacuerdo fueran resueltos mediante negociación directa y no mediante arbitraje.
Hacia 1900, el Gobierno de Chile inició la política de “chilenización”, una estrategia destinada a incrementar la presencia de ese país en Arica y Tacna. Para ello, el Estado del sur alentó la inmigración chilena a las provincias cautivas, acrecentó su intervención en ellas y reprimió las expresiones peruanistas(165) .
Paralelamente, el Gobierno chileno propuso, en diversas ocasiones, indemnizar al Perú a cambio de la cesión definitiva de las dos provincias o repartir su territorio entre los dos países. Todas estas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno peruano, que defendió el cumplimiento estricto de los acuerdos del Tratado de Ancón. A consecuencia de esta actitud chilena, el Presidente Eduardo López de Romaña rompió relaciones diplomáticas con Chile, en 1901(166) .
Por otro lado, en 1904, Chile y Bolivia firmaron el Tratado Definitivo de Paz. Allí se acordó el dominio chileno absoluto y perpetuo de los territorios conquistados a Bolivia. La demarcación fronteriza comenzaba en el sur y terminaba con el límite entre Tacna, Arica y Bolivia, hasta la confluencia de los ríos Ancomarca y Maure. También se acordó la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, financiado por Chile. Finalmente, se cedía a perpetuidad a Bolivia el libre tránsito comercial por el territorio y puertos en posesión de Chile.
El Ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier Prado y Ugarteche, protestó ante los gobiernos chileno y boliviano por las condiciones del Tratado. El Perú no podía aceptar la fijación de una frontera entre Bolivia y las provincias cautivas de Arica y Tacna, ya que éstas estaban en posesión temporal y no definitiva de Chile. Por lo tanto, el Gobierno peruano no reconoció el Tratado.
La dificultad para resolver el problema territorial con Chile, causaba gran tensión y polémica al interior de las instituciones peruanas, en especial en el Congreso de la República.
El 5 de enero de 1905, el Senador Bernales pidió que se invitara a su Cámara al Ministro de Relaciones Exteriores, Solón Polo.
En una visita previa al Congreso, el Ministro había efectuado declaraciones con respecto al problema de Tacna y Arica, señalando que estaba resuelto a reiniciar negociaciones con Chile. Agregó estar dispuesto a defender el cumplimiento del Tratado de Ancón, pero también había manifestado su disposición a acceder a una cesión territorial. Bernales deseaba que el Ministro aclarara su posición al respecto(167) .
El Canciller en su exposición ante la Cámara el día 9 de enero, reiteró que consideraba indispensable reiniciar relaciones diplomáticas con Chile. Señaló que su intención era hacer todo lo posible para que se lograra reincorporar íntegramente el territorio de las provincias de Tacna y Arica al Perú. Sin embargo, consideraba que el Gobierno peruano no podía iniciar negociaciones con Chile partiendo de una postura inflexible. Por ello, estaba dispuesto a admitir la cesión de áreas despobladas, con el fin de lograr la recuperación de las poblaciones de ambas provincias. Para tomar una decisión de este tipo, el Ministro consideraba necesario consultar antes a los habitantes de las propias provincias en cuestión(168) .
Los Senadores Bernales y Rodulfo criticaron la posición del Canciller. Bernales sostuvo que las negociaciones con Chile debían ajustarse estrictamente al Tratado de Ancón, que planteaba la realización de un plebiscito en Tacna y Arica, como único modo de decidir la suerte de ambas provincias. Por su parte, Rodulfo señaló que una cesión territorial sólo podía producirse por la fuerza, como había ocurrido con Tarapacá luego de la guerra del Pacífico. La Constitución vigente prohibía cualquier cesión territorial. Por lo tanto, no era posible negociar el futuro de Tacna y Arica. Hacerlo, sería contrario a la ley y a la nacionalidad. Además, preguntó al Ministro si el Gobierno había iniciado ya el proceso de consultar a la población de ambas provincias, acerca de su disposición a aceptar la cesión de áreas despobladas a Chile.(169)
En su réplica, el Canciller reiteró que la diplomacia peruana estaba dirigida a lograr la reincorporación completa de Tacna y Arica; que los resultados podrían ser discutidos por el Congreso, una vez que la negociación se hubiera llevado a cabo. Por otro lado, negó que el Gobierno estuviera promoviendo una consulta a la población de Tacna y Arica, acerca de una posible cesión territorial.
El Senador Rodulfo intervino una vez más, procediendo a leer un telegrama en que un grupo de tacneños manifestaba su disposición a una posible cesión de territorio despoblado a Chile. Dicho telegrama había sido transmitido a la capital, ante una consulta supuestamente enviada “de Lima”. Rodulfo censuró a quienes habían promovido dicha consulta y a quienes habían respondido a ella(170) .
En respuesta, el Ministro reveló que quien había hecho la consulta era el Diputado por Tacna, Carlos Forero. Agregó que no consideraba la consulta un acto censurable y que no ponía en entredicho el patriotismo de Forero ni de quienes le habían respondido.
Ante la revelación del Ministro, Rodulfo reiteró en forma airada su censura a Forero y a los tacneños que le habían respondido.
Ante esta polémica, el Presidente de la Cámara intervino para interrumpir y dar por concluido el debate. Además, expresó a nombre de la Cámara, su respaldo al manejo oficial de la política internacional del país(171) .
Durante el mismo año de 1905, el Presidente José Pardo realizó un nuevo intento de lograr una solución al problema de Arica y Tacna. Para ello, envió a Chile al Plenipotenciario Manuel Álvarez Calderón, con el fin último de conseguir la aprobación del Protocolo Billinghurst–Latorre. Chile, por su parte, envió a Lima a Rafael Balmaceda, para negociar la cesión definitiva de las provincias cautivas. Debido a la diferencia de objetivos, las negociaciones fracasaron.
En 1908, el Gobierno peruano envió a Chile al Ministro Guillermo Seoane, nuevamente con el objetivo de lograr la aprobación del Protocolo Billinghurst–Latorre, lo que no fue aceptado por el país del sur.
El Gobierno chileno, por su parte, envió a Lima al Ministro José Miguel Echenique. Éste arribó a Lima poco antes de la inauguración de la Cripta de los Héroes de la Guerra del Pacífico, en el Cementerio General. Echenique ofreció colocar una corona de bronce en la cripta, como homenaje de su Gobierno a los héroes peruanos. El Ministro de Relaciones Exteriores, Solón Polo, se abstuvo de dar una respuesta definitiva al ofrecimiento. Al insistir Echenique, el nuevo Ministro Melitón Porras rechazó el obsequio, en tanto no correspondía con la política chilena de desconocer el Tratado de Ancón. Finalmente, el Gobierno chileno retiró del Perú a Echenique, con lo que las relaciones diplomáticas entre los dos países quedaron suspendidas.
En octubre de 1909, Agustín Edwards, Ministro de Relaciones Exteriores chileno, propuso modificar determinados acuerdos del Protocolo Billinghurst–Latorre. Edwards planteó las siguientes condiciones para la realización del plebiscito: que fuera presidido por Chile; que votaran todos aquellos pobladores que tuvieran una residencia mínima de seis meses; y que el Gobierno chileno pudiera fijar la fecha de su realización.
El Gobierno peruano rechazó estas condiciones y propuso las siguientes: que la consulta fuera presidida por un Gobierno neutral y que votaran exclusivamente los nacidos en las provincias cautivas, así como los peruanos y chilenos que residieran allí al menos desde junio de 1907. El Gobierno chileno reiteró las condiciones que había planteado y, además, ordenó la expulsión de los sacerdotes peruanos de Tacna. En vista de ello, a mediados de marzo de 1910, el Gobierno de Augusto B. Leguía rompió relaciones diplomáticas con Chile
En 1912, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Wenceslao Valera y el Ministro chileno Antonio Huneeus llevaron a cabo negociaciones secretas. Ambos discutieron la posibilidad de posponer el plebiscito hasta 1933, lo que fue hecho público en determinado momento.
El Congreso peruano reaccionó desfavorablemente al proyecto, que fue finalmente descartado (172) .
En 1918 la política de chilenización se agudizó. El Consulado del Perú en Iquique fue asaltado por turbas chilenas, ante lo cual el Cónsul se vio forzado a abandonar el país. El Gobierno peruano presentó la protesta correspondiente y procedió a retirar todos sus cónsules de Chile. Estos sucesos coincidieron con el fin de la Primera Guerra Mundial, la firma del Tratado de Versalles y la creación de la Liga de Naciones. El Tratado de Versalles consagró el principio de rechazo a la conquista en el derecho internacional.
Por ello, el Perú hizo planes de recurrir a la Liga de Naciones para resolver el problema de las provincias cautivas. Para el Gobierno peruano, el Tratado de Ancón había caducado, en vista de que la política chilena había conducido al incumplimiento del Plebiscito.
En esta coyuntura, a fines de 1921, el Ministro chileno Barros Jarpa invitó al Gobierno peruano a realizar el plebiscito de acuerdo con determinadas condiciones. El Ministro de Relaciones Exteriores peruano, Alberto Salomón Osorio, respondió afirmando la imposibilidad de realizar un plebiscito justo, debido al proceso de chilenización. Propuso que el asunto fuera resuelto mediante el arbitraje del Presidente de los Estados Unidos de América. Luego de intensas negociaciones en que intervino el Presidente estadounidense, se convino iniciar este procedimiento.
Con la finalidad de determinar las condiciones del arbitraje, el Perú envió a Washington a sus representantes Melitón Porras y Hernán Velarde. Chile, por su parte estuvo representado por Carlos Aldunate Solar y Luis Izquierdo. Realizadas las conversaciones, el 20 de julio de 1922, Perú y Chile firmaron un Protocolo de Arbitraje y un Acta Complementaria. Allí se acordó que el Presidente de los Estados Unidos arbitraría en las dificultades surgidas a raíz del incumplimiento del artículo 3º del Tratado de Ancón, referente al plebiscito en Arica y Tacna. El Acta Complementaria señalaba que se sometería al arbitraje ciertos asuntos específicos, como determinar si era procedente la realización del plebiscito en las circunstancias corrientes; establecer si el árbitro del plebiscito tendría derecho a determinar las condiciones en que se realizaría; y que, en caso el árbitro declarara el plebiscito improcedente, ambas partes discutirían la situación creada. El protocolo fue aprobado por los congresos de los países firmantes y el Presidente de los Estados Unidos aceptó actuar como árbitro.
El Presidente norteamericano Calvin Coolidge emitió su laudo arbitral el 4 de marzo de 1925, una vez estudiados los alegatos de ambas partes. El laudo dispuso la realización efectiva del plebiscito en Arica y Tacna. Autorizó a votar a los alfabetos mayores de 21 años nacidos en ambas provincias y a los peruanos y chilenos que hubieran cumplido dos años de residencia continua el 20 de julio de 1922. Una Comisión Plebiscitaria presidida por un representante del Presidente norteamericano y compuesta por un delegado peruano y otro chileno, supervisaría el plebiscito. Finalmente, se ordenó a Chile devolver al Perú la provincia de Tarata, que había sido ocupada transgrediendo los acuerdos de Ancón.
El Gobierno de Leguía aceptó el laudo norteamericano, a pesar del descontento de la opinión pública peruana(173) . Cada país envió entonces una delegación a Arica para participar de la realización del plebiscito. Los jefes de cada una de dichas delegaciones conformaron a su vez la Comisión Plebiscitaria que se instaló el 5 de agosto de 1925 bajo la presidencia del General norteamericano John Pershing. A él se unieron el delegado peruano Manuel de Freyre Santander y el representante chileno Agustín Edwards. La representación peruana estuvo acompañada por una Comisión Jurídica, presidida por el jurista Angel Gustavo Cornejo y una Comisión Especial de Límites encabezada por el Teniente Coronel Oscar Ordóñez con la asesoría de León Vega y Raúl Porras Barrenechea.
La Comisión Plebiscitaria sesionó entre agosto de 1925 y junio de 1926, con la finalidad última de llevar a cabo un plebiscito justo. A pesar de la presencia norteamericana, los miembros de la delegación peruana encontraron una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor. Al mismo tiempo, las autoridades chilenas acentuaron el hostigamiento a la población peruana de las provincias cautivas. La delegación norteamericana se mantuvo al tanto de estos incidentes. En enero de 1926, el General William Lassiter reemplazó a Pershing, por motivos de salud.
El 14 de junio de 1926, Lassiter presentó una moción declarando que no era posible realizar un plebiscito libre y honrado. Por lo tanto, los procedimientos plebiscitarios fueron terminados. La delegación norteamericana dejó Arica una semana después. Las delegaciones peruana y chilena se retiraron el día 23 de junio.
A principios de 1926, el Gobierno norteamericano auspició negociaciones directas entre representantes peruanos y chilenos en Washington, de manera paralela a las actividades de la Comisión Plebiscitaria. Nuestro país estuvo representado por el Plenipotenciario Hernán Velarde y Chile por Miguel Cruchaga Torconal.
Los negociadores examinaron cuatro alternativas, ninguna de las cuales fue finalmente aceptada: dividir Tacna y Arica entre Perú y Chile; repartir ambas provincias entre los dos países, cediendo un corredor a Bolivia; restituir las dos provincias al Perú; y entregar las provincias a Bolivia a cambio de una compensación económica(174) .
En julio de 1928, Frank Kellog, Secretario de Estado norteamericano, invitó a los gobiernos peruano y chileno a reanudar sus relaciones diplomáticas. Poco después, Chile nombró Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en el Perú a Emilio Figueroa Larraín. El Gobierno peruano, por su parte, nombró a César Elguera como Embajador en Santiago. Inmediatamente, ambos países iniciaron negociaciones en Lima para tratar de alcanzar una solución definitiva al problema de Tacna y Arica.
Para entonces, tanto el Gobierno peruano como el chileno consideraban la opción del reparto territorial como la más aceptable. Las negociaciones bilaterales se desarrollaron entre octubre de 1928 y junio de 1929, y culminaron en el llamado Tratado de Lima y su Protocolo Complementario. Los firmantes fueron el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Pedro José Rada y Gamio y el Embajador chileno Figueroa Larraín.
El acuerdo principal del Tratado de Lima fue que Chile conservaría Arica, y Tacna sería restituida al Perú. También se acordó la formación de una Comisión mixta para demarcar la frontera. El Gobierno chileno se comprometió a construir un malecón de atraque para servicio del Perú dentro de la bahía de Arica. Dicho malecón estaría acompañado de un edificio para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril a Tacna. El Perú gozaría de los derechos propios de un puerto libre en el malecón y los edificios mencionados(175) .
El Tratado de Lima fue discutido en el Congreso de la República del Perú entre el 26 y el 28 de junio de 1929. El Poder Ejecutivo hizo llegar al Parlamento el texto del Tratado y su Protocolo Complementario.
La Comisión Diplomática estudió estos instrumentos jurídicos y emitió un dictamen favorable. En dicho documento, la Comisión detalló primero la manera en que Chile había frustrado repetidas veces la resolución definitiva del problema de Tacna y Arica. Mencionó el laudo emitido por el General norteamericano Lassiter, quien había negado la posibilidad de realizar el plebiscito convenido en el Tratado de Ancón y había afirmado que el territorio de ambas provincias debía ser devuelto al Perú. Según la Comisión Diplomática, al resolver el problema mediante el Tratado suscrito en Lima, se había seguido la tesis de Lassiter. Finalmente, la Comisión elogió al acuerdo por permitir la reincorporación definitiva de la mayor parte del territorio ocupado y de su población. También sostuvo que el territorio recuperado era el de mayor valor agrícola(176) .
Los miembros de la Comisión sustentaron la propuesta decididamente. Los Parlamentarios Quiroz y Cantuarias coincidieron en que el Tratado era positivo, en tanto permitía lograr una solución definitiva al problema de las provincias irredentas. Quiroz señaló que lo más valioso del Tratado era lograr la reincorporación de Tacna al Perú, y enfatizó que se trataba de un territorio lleno de riquezas. Además, destacó las concesiones hechas por Chile y sus ventajas económicas. El Congresista Salazar sostuvo que el Tratado alejaba el peligro de un nuevo conflicto con Chile(177) .
Uno de los puntos más polémicos del Tratado fue el compromiso chileno de pagar una indemnización de US$ 6 millones al Perú. Según algunos Parlamentarios, como el Congresista Morán, dicha indemnización podía ser considerada como un pago por una venta de territorio peruano, afectando la dignidad nacional.
Otros Parlamentarios, como el Congresista Moloche, señalaron que Tacna era una provincia con una serie de dificultades, y por lo tanto la indemnización sería de gran utilidad para resolverlas.
El debate acerca del Tratado concluyó con su aprobación y con un voto de confianza para el Canciller Pedro José Rada y Gamio(178) .
Las ratificaciones del Tratado de Lima fueron canjeadas en Santiago el 28 de julio.
Un mes después de ratificarse el Tratado, el miércoles 28 de agosto de 1929, Chile restituyó al Gobierno peruano los territorios correspondientes a la provincia de Tacna.
La demarcación de la frontera culminó el 30 de julio de 1930.
Como hemos podido apreciar, el Congreso de la República también jugó un papel importante durante este período tan doloroso de nuestra historia republicana. Tuvo la responsabilidad de aprobar el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia que fue, finalmente, un factor crucial para que nuestro país se involucrara en la Guerra del Pacífico.
Más tarde, autorizó al Presidente Prado a viajar al extranjero a inicios de la guerra, para lo cual formalmente estaba facultado, pero que constituyó un grave error político y militar que desembocó en la dictadura de Piérola.
Por otra parte, durante el caos producido por la derrota, los diversos mandatarios que tuvo el país como Piérola, García Calderón, Montero e Iglesias trataron de legitimar sus actos convocando a Asambleas representativas de la nación a fin de que asuman las funciones parlamentarias.
Ello demuestra qué tan interiorizado estaba el principio de supervisión parlamentaria de los actos presidenciales en general y de los acuerdos internacionales en particular.
El Poder Legislativo participó activamente de la búsqueda de paz sin cesión territorial, supervisando los actos del Poder Ejecutivo antes y después de la guerra. El Congreso estuvo pendiente del cumplimiento del Tratado de Ancón y presionó al Poder Ejecutivo para que actuara en ese sentido. Hacia 1918, el Gobierno peruano en su conjunto ya no consideraba posible la realización de un plebiscito justo, debido a la campaña de chilenización.
Finalmente, como hemos podido ver, en 1929 el Congreso aprobó el Tratado de Lima a partir de consideraciones prácticas: resolvía definitivamente el problema fronterizo; alejaba el riesgo de una nueva confrontación con Chile; y dejaba al Perú con la mayor parte del territorio y población involucrada, así como con el mejor terreno agrícola.
Los Parlamentarios tuvieron una activa e importante participación en la representación internacional del Estado peruano durante este período. Así, José Antonio de Lavalle, Presidente de la Comisión Diplomática, fue el encargado de buscar una salida pacífica al conflicto entre Chile y Bolivia, que finalmente se frustró. También participó de las discusiones que desembocaron en el Tratado de Ancón.
Francisco García Calderón, miembro de la Comisión Diplomática hasta los inicios de la guerra, fue elegido Presidente durante la ocupación de Lima. Convocó a los integrantes del último Congreso y, una vez que asumió el cargo, buscó negociar la paz con Chile sin cesión territorial.

References: artículo 85
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 86
 artículo 85
 resolución 
 artículo 3
 resolución