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Timestamp: 2017-11-19 13:18:14+00:00

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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN.PowerPoint Presentation
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN. AMPARO LIC. JOSÉ RUBÉN RUIZ RAMÍREZ. JUICIO DE AMPARO NATURALEZA Y OBJETO . JUICIO (medio de control constitucional).
LIC. JOSÉ RUBÉN RUIZ RAMÍREZ
JUICIO DE AMPARO NATURALEZA Y OBJETO
JUICIO (medio de control constitucional).
Institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad (lato sensu) que, en detrimento de sus derechos, viole la Constitución.
Preservar orden constitucional y el normativo no constitucional.
Arts. 107, VII, CPEUM y 114, I L.A.
CONTRA LEYES.
Autoaplicativas (con su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación).
Heteroaplicativas (con motivo de su primer acto de aplicación) VII del artículo 107 de la Constitución.
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVII, Junio de 2008Página: 400Tesis: 2a./J. 100/2008JurisprudenciaMateria(s): Común
Registro No. 198200
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaVI, Julio de 1997Página: 5Tesis: P./J. 55/97JurisprudenciaMateria(s): Constitucional, Común
Registro No. 189605
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Mayo de 2001Página: 5Tesis: P./J. 70/2001JurisprudenciaMateria(s): Constitucional, Administrativa
El referido artículo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que estableció un nuevo procedimiento para determinar los ingresos en servicios que, junto con los demás ingresos, constituyen la base del impuesto sobre la renta a cargo de personas físicas que prestan servicios personales subordinados, es de naturaleza autoaplicativa. Lo anterior es así, porque con su entrada en vigor transformó la situación jurídica de los gobernados que venían realizando el hecho imponible generador del impuesto de que se trata, esto es, obtener préstamos de sus patrones a tasas preferenciales, al modificar los términos en los cuales debe realizarse el cálculo del tributo a su cargo, de donde se sigue que la individualización de esa previsión normativa no está condicionada a un acto de autoridad, del propio contribuyente o de un diverso particular, ni a requisitos cuantitativos o temporales que de no acontecer impedirían que sus efectos se concreten en perjuicio de los gobernados.
Registro No. 170292
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVII, Febrero de 2008Página: 589Tesis: 2a./J. 18/2008JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", estableció el criterio de que cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometido a la realización de ese evento. Conforme a lo anterior, el artículo Octavo Transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que regula el destino de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente, constituye una norma de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación, consistente en que el trabajador haga la elección del régimen de pensión correspondiente, pues en ese momento el trabajador se ubica de manera automática en la previsión del precepto transitorio de que se trata, lo que implica la remisión de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de 1997, hasta que obtenga la pensión relativa; por lo que será a partir de ese momento en que podrá computarse el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, para reclamar la inconstitucionalidad de tal precepto.
Contradicción de tesis 243/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo, Segundo, Sexto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
114. II. CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL Y TRIBUNALES DE TRABAJO.
Atiende a la naturaleza formal de las autoridades, es decir, que sean diversas a las judiciales o de los tribunales de trabajo, por lo que procede contra actos de autoridades administrativa, e incluso legislativas, siempre y cuando no exista una causa de improcedencia específica; pero si el acto deriva de un procedimiento seguido en forma de jueces, es decir, con fases procedimentales, exclusivamente se promoverá contra la resolución definitiva, salvo que se trate de persona extraña al procedimiento.
Registro No. TRIBUNALES DE TRABAJO.180883
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Agosto de 2004Página: 11Tesis: P. XXXVI/2004Tesis AisladaMateria(s): Penal
EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000).
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracciónII del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición.
Contradicción de tesis 17/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de abril de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.
Registro No. TRIBUNALES DE TRABAJO.180803
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Agosto de 2004Página: 417Tesis: 2a./J. 101/2004JurisprudenciaMateria(s): laboral
REGISTRO DE SINDICATOS FEDERALES. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN QUE DEBA AGOTARSE, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE ES UN ACTO PREPONDERANTEMENTE LABORAL.
El registro de sindicatos federales, previsto en los artículos 365, 366 y 368 de la Ley Federal del Trabajo, es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones, por lo que si bien es un acto formalmente administrativo por su génesis, desde el punto de vista material constituye un acto de naturaleza preponderantemente laboral, mediante el cual se justifica ante cualquier autoridad la personalidad y capacidad de las organizaciones sindicales, con la particularidad de que cuando no se satisfacen los requisitos establecidos en los numerales citados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está facultada para negar dicho registro, pero en contra de esa negativa no procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que en su artículo 1o. expresamente se excluye de su aplicación a la materia laboral, de cuya naturaleza material participa el referido registro sindical, de tal manera que contra dicha negativa los entes sindicales no tienen la carga de agotar ese medio ordinario de defensa, sino que pueden acudir desde luego al juicio de garantías ante Juez de Distrito, conforme al artículo 114, fracciónII, de la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 80/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Primero, Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Sexto en Materia Administrativa del mismo circuito. 2 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.
114, III.- ACTOS FUERA DE JUICIO. TRIBUNALES DE TRABAJO.
FUERA DE JUICIO: Todo lo actuado antes de que se inicie el mismo (La Corte ha establecido que inicia con la presentación de la demanda) y con posterioridad a que cause ejecutoria la sentencia en el juicio natural.
Es de los supuestos que con mayor incidencia los quejosos confunden la procedencia del juicio de amparo indirecto, particularmente en la precisión de que tratándose de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución.
La Suprema Corte ha determinado que la última resolución es la que tiene por cumplida la sentencia o bien la que establece la imposibilidad de acatarla.
Es conveniente la precisión de que se aplicará tratándose de extinción de dominio, pues dada la naturaleza de los actos para el cumplimiento de una sentencia en esa materia, la posibilidad de que procediera el amparo, obstaculizaría la tramitación de dicho procedimiento y afectaría los fines que se persiguen (D.O.F. 29 mayo 2009).
Igualmente, en los procedimientos de remate, se pretende evitar su interrupción y por ello sólo procede contra la que lo aprueba O desaprueba.
No debe atenderse a si es o no irreparable, ni a inconstitucionalidad de leyes.
Registro No. TRIBUNALES DE TRABAJO.166962
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXX, Julio de 2009Página: 198Tesis: 1a./J. 53/2009JurisprudenciaMateria(s): Civil
De lo dispuesto en el artículo 114, fracciónIII, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado.
Contradicción de tesis 131/2008-PS.
Registro No. TRIBUNALES DE TRABAJO.196530
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaVII, Abril de 1998Página: 187Tesis: 2a./J. 17/98JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.
El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.
Salvo que el auto sea autónomo, o afecte libertad (O. Reaprehensión).
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVIII, Julio de 2008Página: 364Tesis: 1a./J. 47/2008JurisprudenciaMateria(s): Civil
Si bien es cierto que el artículo 114, fracciónIII de la Ley de Amparo establece que sólo pueden impugnarse en amparo indirecto las últimas resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejecución de sentencia y que tratándose de remates, sólo la que los apruebe o desapruebe puede impugnarse, también es verdad que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo una interpretación meramente literal el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Precisamente tomando en cuenta ese fin, el no permitir que sea impugnable la negativa de continuar con los procedimientos de remate, específicamente, el no señalar fecha para la audiencia correspondiente, lo que puede provocarse es el efecto contrario, porque se deja fuera del control constitucional cualquier auto que podría ilegalmente no seguir con la ejecución de la sentencia. Así, debe concluirse que atendiendo al propio fin de la norma, cuando el Juez se niega a señalar fecha para la audiencia de remate, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, pues si no se permite el control constitucional sobre esas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Esta interpretación es la que más se apega a los fines a los que obliga el artículo 17 constitucional en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la ejecución de esas resoluciones, y si no se permite la procedencia del amparo, se permitiría que nunca se llegara a la ejecución.
Contradicción de tesis 148/2007-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
Ejemplos Reaprehensión)
Declaración de que no se tiene derecho a pedir ejecución.
Interlocutoria que decide Incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva.
INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA
PROCEDENCIA Reaprehensión)Art. 114, IV. ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE
“IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;”
Centra la base de la procedencia en el concepto de irreparable de la ejecución en sentencia, es decir, por lo general los actos dictados en esa etapa sólo tienen efectos intraprocesales, que aun cuando generaran una afectación de derechos, podrían ser restituidos al dictarse la sentencia de fondo, ya sea porque obtuvo lo pretendido o porque la afectación se disipe o pueda ser compensable. Por lo que, por regla general no procedería el amparo.
Pero cuando esa afectación es de tal magnitud, al afectar derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.
ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.
Los que afectan derechos sustantivos y no meramente procesales, de forma trascendental y grave que no pudieran revertirse en sentencia.
Si no es ese tipo de actos:
Obligación de las partes preparar la violación, a fin de hacerla valer en juicio de amparo directo.
criterios derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.
Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Octubre de 2004Página: 9Tesis: P. LVII/2004Tesis AisladaMateria(s): Común
ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposiblereparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposiblereparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposiblereparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.
Ejemplos: derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.
1.- “AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UN CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO ÉSTA TENGA COMO CONSECUENCIA EL TRASLADO DEL QUEJOSO, POR RAZONES DE SEGURIDAD, DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO”.
2.- “PERSONALIDAD EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN APELACIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD DEL ACTOR Y LE CONCEDE UN PLAZO PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES RESPECTIVOS, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.”
Ejemplos derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.
3.- DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.
4.- Desahogo de periciales ADN y contable; o que implique un traslado (laboral)
5.- Embargo dentro del juicio.
Afectación Libertad (incidentes).
Denegación de justicia (omisión de dictar laudo).
Procedencia Art. 114, V, derechos sustantivos que no sean reparables en sentencia aun cuando obtuviera en su favor, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, corresponde al juzgador analizar la naturaleza del acto para verificar si es o no de imposible reparación en sentencia de fondo.ACTOS QUE AFECTAN PERSONAS EXTRAÑAS A JUICIO.
NATURAL .-persona que sin ser parte en el juicio ni tener algún interés en él, se vea afectada por un acto emitido en el referido procedimiento, independientemente en la etapa que sucede, ya sea dentro o fuera de juicio. Ej. El propietario de un bien embargado en un juicio ejecutivo mercantil, distinto al deudor o aval. No está obligado a tramitar la tercería excluyente de dominio, pues en esta se refiere a la propiedad y no a la posesión que es lo que se dilucida en un amparo
EQUIPARACIÓN.es aquél que debiendo ser parte del juicio de origen (demandado), no fue llamado a juicio, es decir, no tuvo conocimiento del mismo. (ejemplo: falta de emplazamiento).
Por obvias razones, ante la falta de conocimiento del juicio y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.
Registro No. 191503
Tesis: 2a./J. 57/2000JurisprudenciaMateria(s): Común, Constitucional
RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS.
De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, V y VII, de la Constitución General de la República, se desprende que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños al mismo, pues en relación a éstos, dicho precepto constitucional no establece restricción alguna para la promoción del amparo. En esa virtud, si se toma en consideración que una ley secundaria no puede ir más allá del precepto constitucional que reglamenta, resulta incuestionable que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, no debe estimarse como una limitación para que el terceroextraño al procedimiento del que emana el acto reclamado acuda al juicio de garantías, sino como una excepción más al principio de definitividad en favor de las partes de dicho procedimiento; por tanto, cuando se reclama un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el terceroextraño al procedimiento respectivo, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional.
Momento en que conoce el acto.
Criterio común y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.
Registro No. 184221
Tesis: 1a./J. 29/2003JurisprudenciaMateria(s): Común
De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparobiinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la últimaresolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la últimaresolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías.
Art. 114, VI.- y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso. “INVASIÓN DE SOBERANIAS”
“VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1° de esta ley;”
“ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.”
Cabe aclarar que la calidad de quejoso no es que la tenga el Estado, sino el individuo al que específicamente afecta esa invasión de esferas o facultades.
Art. 114, VII.- y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN PENAL.
Esta vinculada con la disposición contenida en la fracción III, del artículo 10 de la Ley de Amparo, que contempla la posibilidad de que la víctima acuda, entre otros casos, en el mismo previsto en la fracción VII.
En el entendido de que dicha hipótesis debe tomarse en cuenta en relación con el artículo 21 Constitucional, que establece la posibilidad de impugnar las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, en la vía jurisdiccional.
La suprema Corte también ha establecido, interpretando tales disposiciones que, es posible acudir al amparo ante la omisión de la determinación del ejercicio o no de la acción penal, en relación también con el artículo 17 de la Constitución.
No ejercicio acción penal o desistimiento o abstención para decidir.
Criterio y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.
Tesis: 1a./J. 58/2006JurisprudenciaMateria(s): Penal
De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: "ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.", y de una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido.
Registro No. y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.168201
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIX, Enero de 2009Página: 71Tesis: 1a./J. 87/2008JurisprudenciaMateria(s): Penal
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.
Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica.
Registro No. y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.178561
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXI, Mayo de 2005Página: 15Tesis: 1a./J. 17/2005JurisprudenciaMateria(s): Penal
ACCIÓN PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.
De la interpretación conjunta de los artículos 1o. y 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén, respectivamente, que dentro del territorio nacional todo individuo gozará de las garantías que otorga la propia Constitución, las cuales únicamente podrán restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que ella establezca y que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán impugnarse por vía jurisdiccional, se advierte que la propia Constitución Federal consagra a favor de los gobernados interesados el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, así como la abstención de dicha representación social de pronunciarse al respecto, siendo procedente el juicio de amparo indirecto contra tales actos u omisiones, mientras no se establezca en la legislación penal secundaria un medio de defensa ordinario. Ahora bien, la referida garantía no sólo permite a la víctima u ofendido de un delito, al denunciante o querellante y a sus familiares interponer el juicio de amparo contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la acción penal, sino que también el presunto responsable tiene interés jurídico para interponerlo, en tanto que tal abstención afecta su esfera jurídica al dejarlo en estado de incertidumbre sobre su situación jurídica respecto de los resultados arrojados por la averiguación previa, ya que desconoce si las conductas por él realizadas se adecuan a algún tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados.
CONCEPTO GENERAL.- y de inserción en el proceso, el tercero extraño no está obligado a agotar algún recurso.Conjunto de facultades que la normación (sic) jurídica otorga a determinadas autoridades estatales, con el fin de establecer el control constitucional, en los casos previstos por el artículo 103 de la Ley Suprema.” (Burgoa, Ignacio; “El juicio de Amparo”,
CONCEPTO ESPECÍFICO: “La competencia es aquella institución merced a la cual, una autoridad está facultada para conocer de determinado negocio o a emitir una resolución o acto (in genere), por autorizárselo así la legislación y, en algunos caos, como en el del juicio constitucional, la propia Ley Suprema. (Del Castillo del Valle, Alberto; “Ley de Amparo Comentada” Ed. EJA.
3.3. Autoridades ante quienes se promueve
FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Artículos 103, 104, 105 y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La función Judicial propiamente dicha.
La función de control constitucional.
EJECUCIÓN. FEDERACIÓN
Art. 36 L.A. Territorio
Registro No. FEDERACIÓN200794
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaI, Junio de 1995Página: 227Tesis: 2a. XXXIV/95Tesis AisladaMateria(s): Común, Administrativa
COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCION MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITO.
Conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Por tanto, cuando de la demanda de amparo se desprenda que el acto reclamado es un procedimiento administrativo al que se le atribuyen únicamente vicios propios y no ejecución material, además, de que sólo se señala como autoridad responsable a la que emitió el acto, debe concluirse que corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en cuya jurisdicción reside esta autoridad.
Competencia 48/95. Suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco y el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 28 de abril de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.
NEGATIVA DE ACTOS DE EJECUTORA PROVOCA INCOMPETENCIA FEDERACIÓN
Registro No. 190373
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Enero de 2001Página: 5Tesis: P./J. 9/2001JurisprudenciaMateria(s): Común
Contradicción de tesis 1/95. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
EJECUCIÓN EN DIVERSOS LUGARES FEDERACIÓN
Registro No. 178232
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXI, Junio de 2005Página: 5Tesis: 1a./J. 48/2005JurisprudenciaMateria(s): Penal
COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.
Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario.
Contradicción de tesis 141/2004-PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 23 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.Tesis de jurisprudencia 48/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco
EJERCICIO: FEDERACIÓN
Orden de aprehensión dictada por un juez de distrito en un Estado.
Se ejecuta aprehensión y se pone a los inculpados en un cereso ubicado en diverso Estado por cuestiones de seguridad.
Auto de formal prisión dictado en auxilio por un juez de distrito con residencia en el lugar donde se encuentra el CERESO.
¿Qué Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra el auto de formal prisión?
Registro No. FEDERACIÓN176365
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIII, Enero de 2006Página: 174Tesis: 1a./J. 147/2005JurisprudenciaMateria(s): Penal
La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.
Contradicción de tesis 96/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 28 de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.Tesis de jurisprudencia 147/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco.
* CASO DE ACTO DE OMISIÓN CON CONSECUENCIAS MATERIALES: FEDERACIÓN
Registro No. 177673
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXII, Agosto de 2005Página: 58Tesis: 1a./J. 54/2005JurisprudenciaMateria(s): Penal
COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA.
Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario.
Contradicción de tesis 1/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.Tesis de jurisprudencia 54/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos mil cinco.
* EJECUCIÓN EN DIVERSO LUGAR: FEDERACIÓNEl Juez de Distrito del mismo.
SALVO DOBLE CARÁCTER DE AUTORIDAD.- Será competente el más próximo.
EJECUCIÓN en dos o más lugares: Cualquiera de los residentes en esos lugares, a prevención.
Ejemplo: Orden de traslado de reo.
COMPETENCIA CONCURRENTE. FEDERACIÓN
Está prevista en la fracción XII del artículo 107 Constitucional y en el artículo 37 de la Ley de Amparo.
Actos determinados:
- órdenes de aprehensión o ratificación de la detención.
orden de cateo, orden de intervención telefónica (art. 16).
Formal prisión o sujeción a proceso (artículo 19).
Previstos en el 20, fracciones I (libertad bajo caución), VIII (tiempo de resolución) y X, párrafos primero y segundo) –prohibición de prolongar prisión preventiva-
Aunque la Constitución no restringe a fracción alguna de dicho numeral 20 Constitucional.
En esos casos específicos puede conocer del juicio de amparo, además del juez de distrito, al superior jerárquico del Tribunal al que se le atribuye la violación. SE TRATA DE UN AMPARO EN MATERIA PENAL JUDICIAL
1).- Que se trate de esos actos específicos.
2).- Que sea en un procedimiento penal judicial.
TRÁMITE: amparo, además del juez de distrito, al superior jerárquico del Tribunal al que se le atribuye la violación. SE TRATA DE UN AMPARO EN MATERIA PENAL JUDICIAL
El superior jerárquico de la autoridad judicial responsable, ej. Tribunal Superior de Justicia de un Estado o Tribunal Unitario, cuando el acto lo emite un Juez Penal, tiene facultades para tramitar en su totalidad el juicio de amparo, como si se tratara de un Juez de Distrito, y se sigue las mismas reglas a que se somete este último (tres días para rendir informe y 10 para celebrar audiencia –art. 156 Ley Amparo); al igual que son procedentes y se llevan de la misma forma los recursos e incidentes previstos en la ley de amparo.
También está facultado para resolver sobre la suspensión conforme a las mismas reglas previstas para los jueces de distrito.
OPCIONAL:- El gobernado puede acudir, a su elección, ante el juez de distrito o ante el superior del tribunal que emitió el acto.
Ahora bien, en caso de conflicto competencial entre un juez de distrito y un tribunal superior de la autoridad judicial responsable, se decidirá por la competencia del juez de distrito, por disposición expresa del artículo 64 de la Ley de Amparo.
COMPETENCIA AUXILIAR (Juez de Primera Instancia). amparo, además del juez de distrito, al superior jerárquico del Tribunal al que se le atribuye la violación. SE TRATA DE UN AMPARO EN MATERIA PENAL JUDICIAL
Artículo 38 de la Ley de Amparo.
“ARTICULO 38.- En los lugares en que no resida juez de Distrito, los jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residencia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, el juez de Primera Instancia remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos.”
VIGENCIA - ACCESO A LA JUSTICIA
REQUISITOS: amparo, además del juez de distrito, al superior jerárquico del Tribunal al que se le atribuye la violación. SE TRATA DE UN AMPARO EN MATERIA PENAL JUDICIAL
Que no haya juez de Distrito en el lugar donde se pretenda ejecutar el acto reclamado;
Que la demanda se presente ante un juez de primera instancia competente en esa circunscripción jurisdiccional; esto es, en el lugar donde resida la autoridad que va a ejecutar el acto reclamado.
Es una facultad excepcional concedida a los jueces locales para conocer de los juicios de amparo.
La distinción principal con la competencia concurrente, es que en la AUXILIAR, se surte en cualquier materia, acto o autoridad.
FACULTADES.- Las facultades del juez auxiliar se limitan a recibir la demanda, pues no sigue con el juicio en su totalidad, pues está obligado a remitir el asunto al Juez de Distrito competente.
1.- Recibir la demanda de amparo.
2. – SUSPENDER EL ACTO PROVISIONALMENTE.- Sólo procede conceder la suspensión provisional por setenta y dos horas, en los casos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Amparo.
a) Actos que importen peligro de privación de la vida
b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial.
c) Deportación o destierro,
d) De los prohibidos por el art. 22 Constitucional (las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales).
e).- En el caso del artículo 220 de la Ley de Amparo cuando se trate de actos que atenten en contra de derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo individual.
3.- Requerir a las responsables los informes previos y justificados, pero precisando que los deberá remitir al Juez de Distrito correspondiente.
4.- Exigir el cumplimiento de la suspensión que haya concedido.
5.- Remitir la demanda y sus anexos al juez de distrito competente.
6.- Artículo 144.- Obligación de formar expediente del incidente de suspensión para vigilar cabalmente su cumplimiento.
SANCIÓN.- Al promovente por no justificar que la autoridad ejecutora señalada reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien se promueve (Art. 41 L.A.), salvo caso del artículo 17.
INNECESARIO QUE SEAN ACTOS DEL ART. 39 L.A. ejecutora señalada reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien se promueve (Art. 41 L.A.), salvo caso del artículo 17.
Registro No. 172590
Localización: Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Mayo de 2007Página: 206Tesis: 1a./J. 26/2007JurisprudenciaMateria(s): Común
COMPETENCIA AUXILIAR EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS ANTE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN DONDE NO RADICA UN JUEZ DE DISTRITO NO REQUIERE QUE EL ACTO RECLAMADO SEA DE LOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE LA MATERIA.
El artículo 38 de la Ley de Amparo otorga dos tipos de facultades a los Jueces de primera instancia: la primera para recibir la demanda de amparo, con las únicas condiciones de que en el lugar no resida un Juez de Distrito, y que la autoridad ejecutora tenga su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juez común; y la segunda para ordenar la suspensión del acto reclamado y solicitar los informes correspondientes. Conforme al artículo 39 de la citada Ley, dicha suspensión sólo puede ordenarse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, de la interpretación de las disposiciones legales referidas se concluye que para el efecto de recibir la demanda de amparo, los Jueces de primera instancia sólo deben comprobar que en el lugar no resida un Juez de Distrito, y que la autoridad ejecutora tenga su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juez común. En cambio, para el efecto de ordenar la suspensión del acto reclamado, deben asegurarse de que se trate de cualquiera de los actos señalados en el artículo 39 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque del análisis de la exposición de motivos, iniciativa, dictamen y discusión de la referida Ley, de 27 de diciembre de 1935, se desprende que el legislador quiso, con la nueva Ley, limitar la facultad de conceder la suspensión provisional para evitar abusos, sin que en ningún momento se haya referido a limitar la de recibir la demanda de garantías. Además, no debe entenderse que el único sentido de la competencia auxiliar sea la posibilidad de ordenar la suspensión del acto reclamado, ya que también puede servir para los efectos de la oportunidad de la presentación de la demanda.
Contradicción de tesis 133/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
COMPETENCIA RESPECTO DE OTRO JUEZ DE DISTRITO O TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
“ARTICULO 42.- Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho juez.”
“Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquel.”
“ARTICULO 43.- Cuando se trate de actos de autoridad que actúe en auxilio de la Justicia Federal o diligenciando requisitorias, exhortos o despachos, no es competente para conocer del amparo que se interponga contra aquéllos el juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado, o que hubiere librado la requisitoria, despacho o exhorto, aun cuando la autoridad responsable esté dentro de su jurisdicción, aplicándose en este caso lo dispuesto por el artículo anterior.”
INCOMPETENCIA LEGAL DE PLANO. UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
POR NATURALEZA DE JUICIO.-
Tratándose de amparos directos de los que no deba conocer la SCJN (salvo atracción), remitirá al TCC correspondiente (art. 47)
Igualmente actuará cuando reciba demanda de amparo indirecto –primera instancia- y lo remitirá al Juzgado de Distrito correspondiente (Art. 47 L.A.)
Lo mismo hará el Tribunal Colegiado que reciba una demanda en este último supuesto (art. 47, párrafo tercero).
En el caso de que un juzgado de distrito reciba una demanda de amparo directo, el Juez se declarara incompetente de plano y lo remitirá al órgano competente (Art. 49 L.A.).
POR MATERIA.- UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
Si el Juez de distrito es incompetente por materia, remitirá igualmente de plano, al juez competente (Art. 50)
POR LITISPENDENCIA.-
De oficio, apenas un juez tenga conocimiento que ante otro se está tramitando un amaro, por el mismo quejoso, contra los mismos actos y autoridades (Idéntico), aunque las violaciones sean diversas, dará aviso inmediato al diverso juzgador, señalando la fecha y hora de la presentación (verificar quien previno). (art. 51)
POR DECLINATORIA.- UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
Art. 52 L.A. Cuando un juez de distrito considera que corresponde a otro conocer del asunto, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al otro juez, quien dentro de las cuarenta y ocho horas deberá decidir si acepta la competencia.
Si la acepta se lo comunicará al requirente y tramitará el asunto.
Si no acepta, se lo comunicará al requirente y éste en cuarenta y ocho horas resolverá si insiste en su incompetencia.
Si insiste se enviarán los autos de la contiende al Tribunal correspondiente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
Una vez que se suscite la cuestión competencial se suspenderá el procedimiento. Art. 53 L.A.
Incompetencia y suspensión (ART. 54 L.A.).
Una vez admitida la demanda no puede declararse la incompetencia antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.
Con esto se evita la falta de pronunciamiento sobre la medida suspensional por un lapso prolongado.
En el caso de notoria incompetencia se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio, cuando se trate de actos del artículo 17 L.A. y remitirá los autos sin proveer sobre la admisión; en otros casos, no substanciará incidente de suspensión.
INHIBITORIA. UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
Cuando un juez de distrito esté conociendo de un amparo competencia de TCC (art. 56). Se deberá acudir ante el presidente del Tribunal Colegiado competente.
Registro No. UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.169278
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVIII, Julio de 2008Página: 459Tesis: 1a. LVI/2008Tesis AisladaMateria(s): Común
INHIBITORIA TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO. SU PROMOCIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES IMPROCEDENTE.
Si se toma en cuenta que la Ley de Amparo no prevé la institución de la inhibitoria como mecanismo para sustanciar competencias en los juicios de amparo ni en los recursos previstos para éstos, de los que conocen los jueces y tribunales federales, e incluso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta inconcuso que los artículos 34 a 38 del Código Federal de Procedimientos Civiles que aluden a dicha institución, no pueden aplicarse supletoriamente a la ley de la materia, en razón de que se refieren al trámite de las competencias entre jueces o tribunales de dos o más estados que conocen de los procesos de jurisdicción ordinaria, y no a la aplicación estricta y limitada en materia de amparo. Por tanto, si tales preceptos no facultan a la Suprema Corte para conocer de una solicitud de inhibitoria tratándose de los juicios de garantías, su promoción debe desecharse por improcedente, en virtud de que la Ley de Amparo, en su Libro Primero, Título Primero, Capítulo VI, prevé diversas reglas para determinar la competencia de los jueces y tribunales federales, así como para dilucidar los conflictos suscitados en esa materia; máxime si el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como únicas facultades de los funcionarios federales las que expresamente les concede la propia Carta Magna, de ahí que sería contrario a dicho precepto constitucional el que una ley secundaria -como el ordenamiento adjetivo civil mencionado- otorgara a la Suprema Corte la facultad para conocer de una cuestión competencial distinta a las que limitada y expresamente le confiere la Constitución en su artículo 106, consistentes en dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados o del Distrito Federal, entre los de un estado y los de otro, o entre los de un estado y los del Distrito Federal.
ACUMULACIÓN UNITARIOS DE CIRCUITO, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.
El incidente de acumulación es de previo y especial pronunciamiento, merced al cual, dos o más juicios se suman para formar un solo expediente y en una sola sentencia dirimir la controversia que haya sido planteada ante el poder judicial de la Federación, derivado de la identidad entre una de las partes y el acto reclamado.
PROCEDENCIA (art. 57 L.A.):
a) Mismo quejoso y mismo acto reclamado –Autoridades diversas-.
b) Mismas autoridades y mismo acto reclamado -quejosos diversos-
COMPETENCIA EN LA ACUMULACIÓN.
Conocerá de la acumulación y del juicio el juez que haya prevenido, pues el más reciente se acumula al más antiguo. (Art. 58).
Si se tramitan en un mismo Juzgado, el titular de oficio, ordenará que se haga relación de ellos en una audiencia y se dicta una resolución que no admite recurso (Art. 59).
Si se tramitan en diversos juzgados, una vez promovida ante uno de ellos, se citará a una audiencia de alegatos y se dictará resolución, se decide acumular lo comunicará al otro juzgador.
El juez que recibe la comunicación lo hará saber a las partes y celebrará audiencia de alegatos en la emitirá resolución al respecto.
Si se declara procedente la acumulación, se remitirán los autos al requirente; si no, se enviarán al Tribunal Colegiado de la jurisdicción de que previno.
NOTA: Aun cuando el artículo 57 de la Ley de Amparo, establece que la acumulación procede de oficio o a petición de parte, lo cierto es que ello va a depender de ante qué órganos se tramitan los juicios. En el caso de que sea en el mismo juzgado, sí podrá ser de oficio.
En cambio, cuando se tramitan ante juzgados distintos es necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
Registro No. 180969
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXX, Agosto de 2004Página: 5Tesis: P./J. 51/2004JurisprudenciaMateria(s): Común
ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE.
De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva.
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SUSPENSIÓN necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
JUEZ DE DISTRITO (REGLA GENERAL).
TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO (COMPETENCIA CONCURRENTE Y RESPECTO DE OTRO UNITARIO (ART. 37 L.A. y 29, I, L.O.P.J.F.
CONTINUACIÓN AUTORIDADES COMPETENTES CONOCEN SUSPENSIÓN necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
SUPERIOR DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (COMPETENCIA CONCURRENTE)
Juzgados de Primera Instancia o cualquier otra autoridad judicial (Competencia auxiliar Arts. 38, 39, 40 y 220 L.A.).
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
DE OFICIO (Art. 123 y 233 L.A).
A PETICIÓN DE PARTE (Art. 124 L.A.).
SUSPENSIÓN DE OFICIO. necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:REQUISITOS DE PROCEDENCIA
* Fracción I Art. 123:
Actos que importen peligro de Privación de la vida.
Deportación y Destierro
Prohibido por el artículo 22 Constitucional (mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento.
multa excesiva, confiscación y penas inusitadas o
NO COMPRENDE ACTOS AFECTAN LIBERTAD PERSONAL, INCLUSO FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL (Arts. 18, 38, 130 y 138 L.A.).
Pero sí en la detención, además se incomunica y realizan malos tratos, sí procede este tipo de suspensión.
* Fracción II Art. 123
Actos que de consumarse son físicamente imposible de restituir (arresto hasta por 36 horas, derivado de un desacato a un mandamiento judicial).
* Art. 233 y 234 L.A. (Agraria - sin garantía) .
“…puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal…”
CRITERIOS necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
Registro No. 170578
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVI, Diciembre de 2007Página: 15Tesis: P./J. 80/2007JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo.
Registro No. necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:186110
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVI, Agosto de 2002Página: 376Tesis: 2a./J. 90/2002JurisprudenciaMateria(s): Administrativa
SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.
Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad.
Registro No. necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:200350
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaII, Julio de 1995Página: 20Tesis: P./J. 8/95JurisprudenciaMateria(s): Administrativa, Constitucional, Común
MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. NO RIGEN PARA ELLAS LAS PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO EN RELACION CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL.
El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe penas inusitadas y trascendentales y, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva; por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas procesales a quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo 22, fracción II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en cualquier tiempo; igualmente, el artículo 123, fracción I, establece la suspensión de oficio. Estas y otras prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pero no respecto de actos reclamados consistentes en multas fiscales o administrativas que se califiquen de excesivas, en virtud de que tales actos, por no poner en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, no ameritan la misma tutela jurídica que los demás que sí afectan aquellos derechos fundamentales.
TRAMITACIÓN necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
Oportunidad: Inmediatamente (de plano – sin substanciación de un procedimiento incidental)
Expediente en que se actúa.- En el mismo auto admisorio.
Si es necesario se notificará por telégrafo a la autoridad responsable.
Cesen los efectos de los actos (fracción I)
Las cosas guarden el estado en que se encuentran y tomar medidas para evitar consumación (CASO DE ARRESTO)
RECURSO: Revisión (Ver Art. 83 89 L.A.
CRITERIO necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
Registro No. 200160
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaIII, Marzo de 1996Página: 73Tesis: P./J. 1/96 (8A)JurisprudenciaMateria(s): Común
SUSPENSION DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA O CONCEDE.
Si bien el artículo 83 de la Ley de Amparo no señala expresamente que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano de los actos reclamados, el artículo 89 de esta Ley, que regula el trámite de este recurso, en su tercer párrafo implícitamente establece su procedencia al disponer que "tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo." La omisión en el artículo 83 deriva, indudablemente, de una deficiente redacción legislativa. No sobra abundar que la suspensión de plano, por sus características, es equiparable a la suspensión definitiva que se decreta en el incidente de suspensión, en tanto que surte sus efectos hasta que se decide en definitiva el juicio en lo principal, sin estar sujeta a una resolución interlocutoria.
SUSPENSIÓN DE PLANO necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:DURACIÓN EFECTOS
Competencia regla general
DEFINITIVOS Competencia concurrente.
-Subsiste hasta el dictado de la Sentencia (Salvo modificación o revocación –vía incidental-)
Auxiliar -- Remisión
Agrarios. Art. 215 L.A.
ÓRDENES DE CUMPLIMIENTO necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
COMUNICAR SUSPENSIÓN –TELEGRAMA-
Art. 23, p.3 L.A.
SOLICITAR A RESPONSABLES INFORMEN CUMPLIMIENTO (Apercibimiento requerir a superior) Arts. 104, 105 y 143 L.A.
Comisionar a Secretario o Actuario para el cumplimiento cuando la naturaleza lo permita (Art. 111 y 143 L.A.).
CONSECUENCIAS VIOLACIÓNA SUSPENSIÓN necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
HECHO.- Actualización de un delito (art. 206 de la Ley de Amparo.
CONSECUENCIA JURÍDICA: Art- 115 del Código Penal Federal (Sanción).
ESPECIFICAR CASOS EN QUE NO SURTE EFECTOS necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
Ejemplo. Acto reclamado deportación.
Precisar que no surte si se trata de facultad del Ejecutivo (Art. 33 Constitucional).
O en caso de extradición.
SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE (Art. 124 L.A.). necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
REQUISITOS LEGALES DE PROCEDENCIA
I.- Que la solicite el agraviado.
III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL Y ORDEN PÚBLICO necesaria la petición de parte. Lo que deriva de la siguiente Jurisprudencia:
f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)
h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
PRECISIÓN DE EFECTOS:- Mantener la materia del amparo. introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
OPORTUNIAD DE SOLICITUD.- Hasta antes de dictar sentencia.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
Art. 131 L.A. Es la resolución temporal sobre la suspensión en cuanto se resuelve la definitiva.
En el auto se solicita informe previo, así como las constancias que permitan fijar garantía, y en caso de detención, también se solicitarán las de flagrancia.
PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
Atiende a los elementos expresados en la demanda en cuanto a la certeza de los actos reclamados (bajo protesta de decir verdad)
Jurisprudencia 2ª./J.5/93.
REQUESITOS GENÉRICOS introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
ACTOS SUSCEPTIBLES E SUSPENSIÓN introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
Actos existentes. (inexistentes)
Actos futuros inminentes. (inciertos)
Actos de autoridad (particulares)
Actos positivos. (Negativos)
Actos prohibitivos. (declarativos)
Negativos con efectos positivos.
Sin consumar (consumados)
Tracto sucesivo, continuados (instantáneos).
DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA
Registro No. introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;177430
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXII, Agosto de 2005Página: 2042Tesis: II.1o.P.141 PTesis AisladaMateria(s): Penal
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA ES FACTIBLE ANTICIPAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Es posible adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo en la medida cautelar solicitada; cuando el motivo de queja lo constituya la determinación judicial atinente a la libertad provisional bajo caución, dada la naturaleza del acto y el derecho subjetivo público reclamado como violado; ello, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios de imposible reparación, en razón de que, mientras se tramita el juicio de amparo y causa ejecutoria la sentencia permanecerá privado de la libertad, en caso de que incumpla con los requisitos exigidos para gozar de su libertad provisional; de ahí que sea válido apreciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, si con ello se evitan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación por el peligro en la demora.
Registro No. introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;189853
Localización:Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 218Tesis: P./J. 30/2001JurisprudenciaMateria(s): Penal
Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es un acto consumado porque éste se realiza en un solo momento, también lo es que sus efectos se prolongan en el tiempo sin poderse precisar cuándo quedan definitivamente ejecutados. Por tanto, al existir un derecho que necesita protección provisional y urgente, por el daño producido por el aseguramiento, cuando éste se refiera a bienes inmuebles, procede otorgar la suspensión, siempre que no se afecte el interés social ni el orden público. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, para conceder la suspensión del actoreclamado debe tomarse en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la violación alegada; por ello, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, el Juez de Distrito puede otorgar, excepcionalmente, la medida suspensional sobre el estado de aseguramiento de inmuebles, en virtud de que siendo la finalidad del mismo, entre otras, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación de aquél; proteger la eventual aplicación de la pena de decomiso; garantizar el pago de un crédito reclamado con base en el documento correspondiente e impedir que el demandado eluda el cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, que por su naturaleza no son de fácil ocultación, no se lesiona el orden público, debiéndose exigir fianza si existe tercero a quien puede perjudicar la suspensión. Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble continúa en su carácter de asegurado a disposición del Juez de la causa mientras se resuelve el fondo del asunto. Por tanto, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, lo que se traduce en que podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo.
¿EXISTE SOLICITUD DE PARTE AGRAVIADA? introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
AFECTACIÓN A LA LIBERTAD.
(en forma indiciaria)
AFECTACIÓN PROPIEDAD
¿PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN A DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO?
Fracción II art. 124 L.A.
A)Realización de actos delictivos
Tenga como consecuencia:
B) Paralización medidas sanitarias.
¿PELIGRO EN EJECUCIÓN CON PERJUICIOS AL QUEJOSO?. DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO?
Art. 130 L.A. Peligro inminente (de ejecución)
Notorios perjuicios.
¿DIFÍCIL REPARACIÓN LOS DAÑOS O PERJUDICIOS QUE SE CAUSEN AL QUEJSO?
Difícil reparación significa, no que sea irresarsible, sino irreversible, porque quien solicitada la suspensión, quiere que el bien tutelado permanezca integró y no que se le asegura indemnización.
EFECTOS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO?
A) GENÉRICOS (ART. 130 L.A.)
Las cosas mantengan el estado que guardan hasta que se notifique la definitiva.
B) AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS PENALES (ART. 136).
1.- DETENCIÓN POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO POR FLAGRANTE DELITO.
EFECTO.- A disposición del JD LIBERTAD.
“ Aut ADMVA
Sin dilación remita a MP para
Libertad, retención o consignación.
2.- DETENCIÓN O RETENCIÓN EFECTUADA POR MINISTERIO PÚBLICO POR FLAGRANCIA O URGENCIA.
EFECTO.- Disposición de JD – LIBERTAD
Disposición de MP- Cont. A.P.
Para libertad o consignación
3.- ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE DELITOS QUE PERMITEN LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SIN EJECUTAR.
EFECTOS: No sea detenido.
Disposición JD- Libertad.
Disposición JP Continuación
4.- ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE DELITOS QUE PERMITEN LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, EJECUTADAS.
EFECTOS: Disposición JD – Libertad.
Disposición JP – Continuación
5.- ÓRDEN DE APREHENSIÓN DE DELITOS QUE NO PERMITEN LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SIN EJECUTAR.
EFECTOS.- Una vez ejecutada la orden.
A disposición JD – Libertad
A disposición JP - Continuación
REAPREHENSIÓN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SIN EJECUTAR.
Registro No. 182754
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVIII, Noviembre de 2003Página: 99Tesis: 1a./J. 53/2003JurisprudenciaMateria(s): Penal
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE.
Cuando el actoreclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo.
6.- ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE DELITOS QUE NO PERMITEN LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, EJECUTADAS.
EFECTOS: A disposición JD – Libertad.
A disposición JP – Continuación
JD = Juez de Distrito.
JP = Autoridad que deba juzgarlo, por regla general un juez penal.
ORDEN DE COMPARECENCIA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, EJECUTADAS.
Registro No. 172967
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Marzo de 2007Página: 151Tesis: 1a./J. 5/2007JurisprudenciaMateria(s): Penal
ORDEN DE COMPARECENCIA. ES UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEBE ESTARSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS Y 138 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO.
La orden de comparecencia dictada por un Juez, se emite en todos aquellos casos en que el delito no dé lugar a aprehensión, sino que, a pedimento del Ministerio Público se librará dicha orden en contra del inculpado, a fin de que rinda su declaración preparatoria, siempre que estén acreditados el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de comparecencia, es un acto que afecta la libertad personal para efectos de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, ello a partir de los "efectos" que provoca en el proceso penal, esto es, de sujetar al indiciado a la jurisdicción del Juez penal que lleva el proceso correspondiente. En consecuencia, para la procedencia de la suspensión del actoreclamado, consistente en la orden de comparecencia, debe estarse a las reglas aplicables que establecen los artículos 124 bis, y 138 de la Ley de Amparo, correspondientes a cuando el actoreclamado afecte la libertad personal del quejoso.
REQUISITOS PARA QUE CONTINÚEN SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN
A) Que exhiba garantía dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
B) Que comparezca ante el MP o ante el Juez de la Causa dentro de tres días.
C) Que cumpla con medidas de aseguramiento (Ej. No salir entidad federativa, presentarse a firmar y otras).
Registro No. SUSPENSIÓN170432
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVII, Enero de 2008Página: 371Tesis: 1a./J. 149/2007JurisprudenciaMateria(s): Penal
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ.
El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del actoreclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del actoreclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso.
Registro No. SUSPENSIÓN198729
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaV, Mayo de 1997Página: 226Tesis: 1a./J. 16/97JurisprudenciaMateria(s): Penal
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.
De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el actoreclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del actoreclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el actoreclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.
GARANTÍA EN MATERIA PENAL SUSPENSIÓN
ARTICULO 124 Bis.- Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.
III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia
CONSECUENCIAS VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN
Delito de violación a la suspensión.- (art. 206 L.A.
Sancionado 215 CPF.
AUDIENCIA INCIDENTAL Y PRUEBAS SUSPENSIÓN
Etapas: Pruebas – alegatos y resolución.
PRUEBAS: Documental e Inspección Ocular.
TESTIMONIAL: Solo en actos art. 17 L.A.
SUSPENSIÓN DEFINITIVA SUSPENSIÓN
Con completo conocimiento de causa (informes, pruebas y alegatos)
Fijación litis incidental (Pluralidad de actos) Art. 77, Fracción I, L.A.
Falta de informe o ambiguo.
Existencia actos reclamados.
Sí se cuenta con informe
Subsistencia de la materia del incidente.
Por litispendencia.
por sentencia ejecutoria.
REQUSITOS DE PROCEDENCIA SUSPENSIÓN
1.- Susceptible de suspenderse
2.- Petición de parte (interés para solicitar suspensión – Cotejo copias).
3.- No perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
4.- Difícil reparación los daños y perjuicios
Registro No. SUSPENSIÓN188074
Localización:Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIV, Diciembre de 2001Página: 141Tesis: 1a./J. 75/2001JurisprudenciaMateria(s): Penal
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SU OTORGAMIENTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL, NO DEPENDE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA PROVISIONAL.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que establecen lo relativo a la suspensión del actoreclamado en sus dos formas, provisional y definitiva, tratándose de aquellos restrictivos de la libertad personal, se advierte que aun cuando tienen como finalidad paralizar el actoreclamado para que no se ejecute por la autoridad responsable, exigen la satisfacción de diversos requisitos para su otorgamiento, aunado a que de lo previsto en el primero de dichos preceptos y en el diverso 131 de la propia ley, se desprende que su dictado se realiza en dos estadios procesales diferentes y, por lo mismo, las condiciones para ese fin, en una y otra, son independientes. En razón de lo anterior, debe estimarse que el otorgamiento de la suspensión definitiva del actoreclamado, no depende del incumplimiento del quejoso respecto de las medidas de aseguramiento dictadas para la provisional, pues, por un lado, si en esta última no se cumplen las medidas señaladas, lo decretado en ella quedará sin efecto y podrá la responsable ejecutar el acto, en tanto no se dicte la suspensión definitiva y, por el otro, porque el Juez de Distrito para normar su criterio y resolver sobre ella cuenta con el informe de las autoridades responsables y con las pruebas que conforme a la ley pueden ofrecerse y desahogarse, elementos que no tenía al resolver sobre la suspensión provisional, por lo que podrá, si lo estima conveniente, decretar estas medidas, o bien, otras diferentes.
REQUISITOS PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS SUSPENSIÓN
1.- Exhibir garantía dentro de 5 días.
2.- Comparecer ante MP o Juez de la causa.
3.- Cumplir con las medidas de aseguramiento.
RECURSOS SUSPENSIÓN
1.- Suspensión Provisional – Queja 95, XI.
2.- Tramitación incidente – Queja 95, VI.
3.- Resol. Sin materia - Queja 95, VI.
4.- Concede o niega suspensión definitiva ---- Revisión. 83, fracción II, inciso a).
Responsabilidad SUSPENSIÓN
Art. 200 Ley de Amparo.
Procedencia notoria pero se niega por negligencia o motivos inmorales y no por simple error de opinión.
Sanción penal (contra la administración de justicia.
AMPARO DIRECTO SUSPENSIÓN
COMPETENCIA: Tribunal Colegiado de Circuito. Art. 158 Ley de Amparo.
Procedencia: sentencias definitivas o Laudos y resoluciones que ponen fin al juicio.
Respecto de las cuales no proceda recurso alguno.
Opinión Alberto del Castillo del Valle (competencia Juez de Distrito) falta emplazamiento actos posteriores.
FACULTAD DE ATRACCIÓN SUSPENSIÓN
Salas SCJN.- Art. 107, fracc. V Const, 182 Ley Amparo.
Bi-Instancial:
a) Constitucionalidad Ley federa o local o tratado internacional.
B) Constitucionalidad Reglamento Administrativo (Federal o local) o interpretación directa precepto constitucional.
SUSPENSIÓN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL SUSPENSIÓN
Competencia: Autoridad responsable. De plano (sin substanciar incidente).
Sentencias condenatorias Penal.
(art. 171 L.A.)
DE OFICIO -- Inmediatamente.
172. A disposición TCC por medio de Responsable, quien podrá conceder L.B.C.
RECURSO: QUEJA. 95, FRACCIÓN VIII.
SUSPENSIÓN CIVIL Y ADMINISTRATIVA SUSPENSIÓN
REQUISITOS DEL 124 o 125.
CAUCIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS.
TÉRMINO: TREA DIAS.
SUSPENSIÓN LABORAL SUSPENSIÓN
174 L.A. CRITERIO DE PROCEDENCIA: Si no se pone al trabajador en peligro de no poder subsistir.
SÍ PROCEDE EN CUANTO EXCEDA DE LO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA.
175.- INTERÉS GENERAL.
176.- INCIDENTE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Materia(s): Laboral SUSPENSIÓN
Tesis: 2a./J. 209/2006
SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.
El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena.
Sistema de Acceso a la Información del Estado de Yucatán -Antecedentes. inicia operaciones el mes de septiembre de 2006 teniendo como único sujeto o bligado el instituto e statal de acceso a la información p ública. versiones. v 1.0
TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DE CUENTAS -Álvaro adame 6ºa. tribunal de justicia. se ocupa del cumplimiento de las leyes comunitarias. se componen de : un juez y ocho abogados generales. son designados por los gobiernos de la unión europea.
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References: artículo 107
 artículo 21
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 119
 artículo 114
 resolución 
 ARTÍCULO 83
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 114
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 artículo 114
 resolución 
 resolución 
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 artículo 114
 resolución 
 artículo 114
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 resolución 
 artículo 114
 artículo 17
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 107
 artículo 73
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 17
 ARTÍCULO 21
 artículo 73
 artículo 21
 artículo 103
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 artículo 36
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 artículo 36
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 artículo 37
 artículo 64

Artículo 38
 artículo 144
 artículo 39
 artículo 220
 Artículo 144
 artículo 17
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 ARTÍCULO 39
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 22
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 artículo 17
 artículo 124
 artículo 106
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 artículo 57
 artículo 22
 artículo 123
 artículo 11
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 ARTÍCULO 233
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 artículo 124
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 artículo 22
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 artículo 131
 artículo 135
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 artículo 131
 artículo 135
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 artículo 135
 artículo 131
 artículo 135
 artículo 107
 artículo 131
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 174