Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1183772
Timestamp: 2019-08-24 09:59:18+00:00

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En relación con la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Constitución española dispone en su artículo 148.1,17.ª que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la investigación y en su artículo 149.1,15.ª atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre "fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica".
De acuerdo con el marco constitucional anteriormente expuesto, el artículo 71.41.ª del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón, como competencia exclusiva, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución española, en materia de "investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, que comprende, en todo caso, la planificación, programación y coordinación de la actividad investigadora de la Universidad y de los demás centros públicos y privados, la transferencia de conocimientos y el fomento y desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información".
Aragón ha dispuesto hasta la fecha de una regulación propia, la Ley 9/2003, de 12 de marzo , de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, una ley que fue aprobada durante la vigencia de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, con la que el legislador estatal daba cumplimiento al mandato constitucional, si bien fue derogada por la vigente Ley 14/2011, de 1 de junio , de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La Ley 9/2003, de 12 de marzo , ha sido una norma pionera en contenido y objetivos entre las leyes autonómicas, a la que, entre otros aspectos, se debe reconocer su enorme contribución a la organización y consolidación del actual sistema de I+D+i de Aragón, y la oportunidad de extraer, de la experiencia de su aplicación, el análisis objetivo de sus virtudes y carencias. Sin embargo, resulta evidente que se han producido cambios sustanciales en el entorno, tanto propio como supra-regional, respecto al que enmarcó entonces la publicación de la precitada ley, lo que justifica, en gran medida, la revisión y puesta al día de la misma, sus principios orientadores y sus instrumentos de ejecución.
El proyecto de Espacio Europeo de Investigación diseñado en coincidencia temporal con nuestra Ley 9/2003, de 12 de marzo , creó un nuevo marco conceptual y estratégico que pretendía mejorar significativamente el rendimiento de la investigación europea y dirigirla hacia el crecimiento económico y la creación de empleo, estableciendo un área amplia y unificada en la que investigadores, conocimiento y tecnologías pudieran moverse e interactuar, ágil y libremente, en redes excelentes de trabajo, agendas compartidas e infraestructuras de máxima calidad. En este espacio participan los programas nacionales y regionales, las universidades, la red de centros sanitarios, las empresas y los investigadores para, de forma coordinada, lograr la mejor investigación europea y afrontar juntos sus grandes retos. Se trata en definitiva de un espacio abierto a los investigadores que facilita su movilidad, su formación y el acceso a una carrera científica atractiva. Esas estrategias europeas y las modificaciones conceptuales que entrañan son incorporadas a la nueva normativa asumiendo las orientaciones de la Unión Europea que han demostrado sus buenos resultados en otros países.
En primer lugar y en relación con la actualización de la Ley 9/2003, de 12 de marzo , la necesidad de una nueva regulación se fundamenta, en principio, en dos tipos de justificaciones: la aparición de cambios relevantes en los objetivos generales a alcanzar respecto a la normativa anterior, y la necesidad de lograr un amplio consenso político que permita soportar el esfuerzo de adaptación a un nuevo marco de prioridades, estrategias de gestión o inversión en recursos.
Los órganos de carácter consultivo creados por la Ley 9/2003, de 12 de marzo -Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología, Comisión Coordinadora de Investigación y Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo-, si bien han cumplido con las funciones que les fueron encomendadas en la misma, no es menos cierto que la dinámica de su funcionamiento ha producido una excesiva burocratización de las funciones de coordinación y asesoramiento general al departamento del Gobierno competente en materia de investigación e innovación. Mención aparte merece el último de ellos (CONAID), que ha centrado su actividad y función, casi en exclusiva, en evaluar las convocatorias de ayudas públicas relacionadas con la investigación y la innovación en sentido amplio, pero que no ha ejercido suficientemente sus funciones originales de asesoramiento científico, situación que esta ley pretende revertir, comprometiendo al CONAID en los cambios que propone la ley en objetivos y acciones de impulso y fomento de la I+D+i.
Por otra parte, la trascendencia e impacto social de la actividad investigadora que se lleva a cabo en el seno del sistema sanitario aragonés exigen asimismo una especial consideración. Con carácter general, los sistemas de salud, nacional y autonómicos, desarrollan funciones y competencias singulares en la investigación del sector, con normativa específica como la Ley estatal 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, o, en nuestro caso, la Ley 6/2002, de 15 de abril , de Salud de Aragón, que incluye en su título IX la creación y regulación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud como entidad de derecho público de la Administración aragonesa adscrita al departamento competente en materia de sanidad, con implicaciones relevantes en el ámbito de la investigación sanitaria, especialmente en lo relativo a la gestión de su personal, su movilidad y carrera profesionales, así como en todas aquellas actividades con implicación en el campo de la seguridad y garantía bioéticas.
El marco de desarrollo de la innovación tecnológica, que es en la actualidad un aspecto nuclear en el ámbito de las políticas científico-tecnológicas, tenía un escaso tratamiento en la Ley 9/2003, de 12 de marzo . Parece, por los cambios producidos en los últimos años, el momento adecuado para abordarlo con mayor concreción, en todo lo relativo a la articulación de sinergias público-privadas en I+D+i, promoción, eliminación de barreras o incentivación de la innovación empresarial, coordinación funcional con las estrategias estatales en vigor y, finalmente, en la búsqueda de la orientación del conocimiento hacia la innovación, como un componente esencial y principio de primer orden que inspire la actuación de los organismos públicos, universidades y empresas. Se trata, en suma, de romper con el modelo bipolar de innovación, en el que las políticas de ciencia no se hallan suficientemente coordinadas con las políticas tecnológicas y con la innovación empresarial, mediante la creación de un ecosistema coherente y coordinado que se apoye, para conseguir una mayor integración de las distintas áreas de actuación, en las denominadas "tecnologías facilitadoras esenciales".
En segundo lugar, la Ley 14/2011, de 1 de junio , estableció un marco de coordinación de las Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación y tiene como objetivos el establecimiento de una estructura estable de financiación de la I+D+i y un modelo de gestión más autónomo, eficaz y transparente, dando cabida a los agentes de financiación (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -CDTI-) y de investigación (Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-); asimismo, la definición de un modelo de carrera profesional en el sector de la investigación, y, finalmente, la orientación del conocimiento a la innovación y a la economía del conocimiento, que no tenían el adecuado reflejo en la anterior Ley 13/1986, de 14 de abril. Es decir, en dicha ley estatal se trató de reorientar o enfatizar tres aspectos básicos: gobernanza y estabilidad financiera de la I+D+i, promoción de la carrera investigadora y orientación del conocimiento a la innovación, aspectos a los que también pretende dar desarrollo esta nueva regulación autonómica.
Por otro lado, en cumplimiento de la autorización legal al Gobierno de España prevista en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2011, el Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre , modificado por el Real Decreto 1/2017, de 13 de enero, creó la Agencia Estatal de Investigación como entidad de derecho público y que constituye el instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas estatales de I+D en España, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica destinada a la generación de intercambio y explotación del conocimiento que fomente la Administración General del Estado por su sola iniciativa o en consecuencia con otras administraciones o entidades españolas o de otros países u organismos internacionales.
En tercer lugar, y por lo que respecta al ámbito europeo, en el que necesariamente ha de enmarcarse la política investigadora e innovadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, el proyecto de Espacio Europeo de Investigación, diseñado en coincidencia temporal con nuestra Ley 9/2003 -por lo que no pudo influir entonces en su contenido-, sirvió de marco para programas posteriores, como Horizonte 2020 o como la Estrategia para la Especialización Inteligente (RIS3), que se han centrado en los grandes retos sociales y de sostenibilidad, en la excelencia en I+D (investigación fundamental y de frontera) y en el desarrollo global del polo de la innovación a través de las nuevas tecnologías facilitadoras. Esas orientaciones de la Unión Europea, que tan buenos resultados han demostrado en otros países, y las modificaciones conceptuales que entrañan tenían que ser, necesariamente, incorporadas a esta ley, dando no solo más peso a la innovación, que apenas estaba apuntada en la ley del 2003, sino incorporando y aclarando también el entramado de agentes y estructuras del sistema de I+D+i y la gobernanza de este.
El propio concepto de desarrollo socioeconómico sostenible tiene mucho que ver con nuevos planteamientos sobre el "empoderamiento social" o, también, con la dimensión cultural del cambio digital en el acceso a las oportunidades tecnológicas y de la innovación. La contribución científica en áreas como la bioética, los retos lingüísticos ligados a las tecnologías de comunicación, la aproximación cultural a los procesos de migración e inclusión o las motivaciones culturales y religiosas que inciden en la cohesión territorial y en los nuevos radicalismos, están en la base de la tradición europea, a la que pueden ayudar en sus actuales dificultades y contradicciones, sin olvidar su papel clave en la proyección social de nuestro amplio patrimonio cultural. La importancia específica de estas áreas debe por tanto tener su reflejo en cualquier sistema de I+D+i, y justifica su inclusión en los futuros planes derivados de esta ley.
En primer lugar, se pretende dotar al sistema de una financiación estable con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada ejercicio siguiendo las previsiones que en su momento estableció la Ley 9/2003, de 12 de marzo , aunque no consiguió materializarlas.
Así pues, se incluirá anualmente un anexo específico en cada ley de presupuestos en el que conste toda la financiación destinada a la I+D+i por la Comunidad Autónoma con el fin de visualizar en su totalidad la inversión en esta materia, incluyendo iniciativas y programas departamentales que, sin estar registrados específicamente en la clasificación funcional del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en "investigación científica, técnica y aplicada" (es la denominada función 54), deben considerarse inversión en I+D+i.
Sin perjuicio de recuperar la tradicional colaboración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con las entidades financieras que operan en la Comunidad, relativa a iniciativas, proyectos y servicios de I+D+i, resulta imprescindible arbitrar nuevos mecanismos que incentiven esa cooperación en investigación e innovación con las entidades que ofrecen servicios financieros, tanto vinculadas al crédito -bancos y financieras- como a la gestión de riesgos en iniciativas de innovación -caso de las aseguradoras.
Por último, ya que quedaban pendientes de desarrollar ciertas previsiones contenidas en la Ley 9/2003, de 12 de marzo , como las relativas al funcionamiento del Registro de Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón y al organismo de evaluación y acreditación de la actividad investigadora en el ámbito autonómico, se ha tratado de avanzar en su regulación y tratamiento de manera más adecuada.
En relación con este último organismo, la evaluación de la actividad investigadora constituye en la actualidad un elemento esencial a la hora de garantizar la calidad del Sistema Aragonés de I+D+i y la rendición de cuentas por parte de los agentes que lo componen. En este sentido, y aunque de la Ley 9/2003, de 12 de marzo , quedó pendiente de desarrollo la creación y regulación de un organismo autónomo encargado específicamente de realizar la evaluación y acreditación de dicha actividad investigadora, lo cierto es que nuestra Comunidad Autónoma ya dispone de una entidad de derecho público, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (en adelante, ACPUA), a la cual la Ley 5/2005, de 14 de junio , de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, erigió en un instrumento para promover la mejora de la calidad del sistema universitario de Aragón. En su virtud, la ACPUA tenía legalmente atribuidas algunas funciones específicas en el ámbito de la evaluación y acreditación de la actividad investigadora, las cuales ha venido desempeñando a través de sus correspondientes programas y protocolos de actuación. En 2016, además, la Agencia ha obtenido oficialmente reconocimiento europeo al conseguir su ingreso como miembro de pleno derecho en la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y su inscripción oficial en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) en Bruselas.
Además, en la ley se recoge la participación en ambos órganos colegiados de la Comisión Asesora Mujer y Ciencia, órgano creado mediante el Decreto 9/2009, de 27 de enero , que cumple con la función primordial de asesorar al departamento competente en I+D+i en materia de género e igualdad en el ámbito de la investigación, la innovación y la tecnología.
Esta nueva estructura ha conllevado la supresión de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología y la Comisión Coordinadora de Investigación contempladas en la Ley 9/2003, de 12 de marzo .
La disposición derogatoria recoge la expresa derogación de la Ley 9/2003, de 12 de marzo , así como de la mayoría de normas reglamentarias que se dictaron en desarrollo de la misma.
Las restantes disposiciones establecen tanto el plazo máximo en que deberá estar aprobado parte del desarrollo reglamentario de la ley, la referencia de género del texto normativo, así como la entrada en vigor de la misma que será al día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Para ello, tal como se ha venido comentando a lo largo del presente preámbulo, debe modificarse la ley aragonesa vigente, Ley 9/2003, de 12 de marzo , tanto para adaptarla a la legislación estatal como para regular la estructura del Sistema Aragonés de I+D+i, integrado en el sistema estatal, y reasignar funciones entre los órganos administrativos con competencia en la materia, así como crear nuevos órganos y suprimir aquellos que o bien han quedado obsoletos o bien con la realidad actual sus funciones han quedado desdibujadas.
Finalmente, a lo largo del procedimiento de elaboración de la presente ley se ha tenido en cuenta el principio de transparencia en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y en la Ley 8/2015, de 25 de marzo , de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
a) Institutos universitarios de investigación, en los términos regulados en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de Universidades, en la Ley 5/2005, de 14 de junio , de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, y en el Reglamento marco de Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Zaragoza vigente.
1. Los centros integrados en el Sistema de Archivos de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1986, de 28 de noviembre , de Archivos de Aragón, serán agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, en relación con la investigación del Patrimonio Documental de Aragón.
3. Las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de Aragón, y específicamente la Biblioteca Histórica de Aragón y las bibliotecas de los centros públicos de enseñanza universitaria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2015, de 25 de marzo , de Bibliotecas de Aragón, serán agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, en relación con la investigación sobre la cultura aragonesa.
El personal de investigación: docente e investigador, personal investigador, técnico, tecnólogo y de gestión de la Universidad de Zaragoza se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de Universidades, en el estatuto del personal docente e investigador universitario que se apruebe por real decreto, así como en los Estatutos de la propia Universidad de Zaragoza y en las normas que, en su caso, pueda dictar la Universidad de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón en ejercicio de sus legítimas competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
El personal investigador del Sistema Aragonés de Salud se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad; en la Ley 55/2003 , del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; por la Ley 6/2002, de 15 de abril , de Salud de Aragón, y demás normativa aplicable.
1. Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares que están incluidas en el "Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares" forman parte del Sistema Aragonés de I+D+i, sin perjuicio de la incorporación en dicho mapa de nuevas infraestructuras que pertenezcan, sean gestionadas o participadas por entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.º Un representante de cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón que tengan asignadas funciones relacionadas con la I+D+i.
2.º Hasta un máximo de once representantes de los agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, entre los que figurarán necesariamente la Universidad de Zaragoza así como representantes del ámbito empresarial.
3.º Hasta un máximo de cinco representantes de otras entidades, asociaciones o agrupaciones vinculadas a la I+D+i, públicas o privadas.
4.º Un representante de la Comisión Asesora Mujer y Ciencia.
5.º Un representante de cada uno de los sindicatos representativos en la comunidad universitaria.
la actividad investigadora e innovadora
1.ª La promoción de la creación de redes e infraestructuras de colaboración científica e innovadora entre los agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, preferentemente bajo una administración y gestión común.
2.ª La potenciación de la participación en redes y proyectos de investigación e innovación nacionales e internacionales, sujetos a una administración basada en la cooperación, que compartan recursos y resultados.
a) El fomento de la cultura emprendedora e innovadora entre los agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, especialmente, entre los agentes del sector público, estableciendo, en su ámbito de competencias, medidas de innovación tecnológica y de aplicación de las tecnologías de la información a los procedimientos administrativos, en el marco de la normativa vigente en materia del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando esta sea de aplicación.
Se incluirán nuevos programas, como la captación de talento, los contratos de acceso y estabilización (conocidos en el ámbito anglosajón como "tenuretrack": investigadores en periodo de prueba para conseguir un puesto permanente) o la movilidad de investigadores entre centros, sectores e internacional.
a) En la composición de los distintos órganos colegiados recogidos en esta ley se procurará la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los mismos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Los organismos públicos y entidades de derecho público dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los centros de investigación de carácter público y la Universidad de Zaragoza podrán contratar personal investigador y personal técnico de apoyo a la investigación para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica bajo la modalidad de contrato de trabajo prevista en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los términos establecidos en los artículos 20.2, 26.7 y 30 de la Ley 14/2011, de 21 de junio, así como en la disposición adicional vigesimotercera de la citada ley.
a) La Ley 9/2003, de 12 de marzo , de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos de Aragón.
b) El Decreto 59/2004, de 23 de marzo , del Gobierno de Aragón, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología.
c) El Decreto 60/2004, de 24 de marzo , del Gobierno de Aragón, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Coordinadora de Investigación.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2005, de 14 de junio , de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
La Ley 5/2005, de 14 de junio , de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón queda modificada como sigue:
"a) La evaluación del sistema universitario de Aragón, que comprenderá el análisis de sus resultados docentes e investigadores y la propuesta de las correspondientes medidas de mejora de la calidad de los servicios que presta, así como la evaluación, acreditación y certificación de los agentes del Sistema Aragonés de I+D+i recogidos en la Ley de Investigación e Innovación de Aragón".
Otras Fundaciones del Sistema Aragonés de I+D+i: la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS); Fundación Instituto de Nanociencia de Aragón (Fundación INA); Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Fundación CIRCE); Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel DINÓPOLIS; Fundación IBERCIVIS; Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), y Fundación para el desarrollo de nuevas tecnologías del hidrogeno (privada).
i) Parques científico-tecnológicos: Parque Tecnológico Walqa; Parque Tecnológico del Motor TechnoPark; Parque Tecnológico del Reciclado "López Soriano".
a) Las Infraestructuras científicas y técnicas singulares en Aragón: el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ); el Nodo CaesarAugusta (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza); el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) (Universidad de Zaragoza); el Nodo aragonés de la Plataforma de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC).

References: artículo 148
 artículo 149
 artículo 71
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 15