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Timestamp: 2019-07-23 18:07:04+00:00

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C-666 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020036435CC-SENTENCIAC666200802/07/2008CC-SENTENCIA_C_666__2008_02/07/2008200364352008Sentencia C-666/08 REVOCATORIA DE FALLOS DISCIPLINARIOS DERECHO DISCIPLINARIO -Asuntos que comprende El derecho disciplinario comprende, por una parte, el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquél está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias por la infracción de los deberes funcionales en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario mediante un procedimiento que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso. VICTIMAS DE FALTA DISCIPLINARIA -Existencia excepcional cuando implique violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario/ DERECHO DE LAS VICTIMAS POR FALTA DISCIPLINARIA QUE DESCONOCE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO REVOCATORIA DIRECTA DE FALLO DISCIPLINARIO ABSOLUTORIO O ARCHIVO DE LA ACTUACION POR DESCONOCER EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Procedencia ante derechos de los perjudicados Como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos, por lo cual la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables. VICTIMAS EN FALTA DISCIPLINARIA Y VICTIMAS EN PROCESO DISCIPLINARIO PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y COSA JUZGADA -Relación PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y COSA JUZGADA -Excepciones en tratándose de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario La institución de la cosa juzgada a su vez está relacionada con el principio de non bis in idem, sin que de ello pueda derivarse que a ella deban sacrificarse los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario pues, tal como lo ha reiterado esta Corporación, si bien tales principios se establecen en beneficio del procesado, en tanto colisionen con otros como los derivados de los derechos de las víctimas y el deber estatal de investigar juzgar y sancionar las conductas violatorias de éstos para concretar la justicia material y lograr un orden justo exigen una limitación de esas garantías constitucionales del procesado y hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada. REVOCATORIA DIRECTA DE FALLO DISCIPLINARIO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O AUTOS DE ARCHIVO DE LA ACTUACION -Procedencia ante derechos de los perjudicados En relación con las faltas que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los procesos disciplinarios procede la revocatoria directa de los fallos condenatorios, absolutorios y autos de archivo, a solicitud de la víctima o perjudicado que haya sufrido la violación de sus derechos por el incumplimiento de un deber funcional de un servidor público. REVOCATORIA DIRECTA DE FALLO DISCIPLINARIO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O AUTOS DE ARCHIVO DE LA ACTUACION -Límite para solicitarla no contraría bloque de constitucionalidad/ PRESCRIPTIBILIDAD DE LAS SANCIONES El establecimiento de un límite para solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario no contraría el bloque de constitucionalidad, toda vez que corresponde al ejercicio legítimo de la potestad de configuración legislativa. La Constitución Política consagra la prohibición de que en Colombia existan penas y medidas de seguridad imprescriptibles, de modo que el señalamiento de un término para solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario, bien sea sancionatorio o absolutorio, resulta acorde con dicha prohibición, la cual constituye además una garantía para el investigado tanto si ha sido sancionado o absuelto. La única excepción a esa prohibición constitucional está prevista en el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, respecto del cual el constituyente introdujo una salvedad mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que según lo determinó la Corte Constitucional al revisar dicho Estatuto, se circunscribe al ámbito de competencia asignado a la Corte Penal Internacional para los delitos sometidos a su jurisdicción. VICTIMAS EN FALTA DISCIPLINARIA CONSTITUTIVA DE VIOLACION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Tienen derecho a la verdad y a que se concrete la justicia disciplinaria Las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales esta el derecho disciplinario. FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA -Relación inescindible y directa con la violación de derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario VICTIMAS EN FALTA DISCIPLINARIA CONSTITUTIVA DE VIOLACION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Legitimación para participar en el proceso disciplinario/ VICTIMAS EN FALTA DISCIPLINARIA CONSTITUTIVA DE VIOLACION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Oportunidad para participar en la actuación disciplinaria REVOCATORIA DIRECTA DE FALLOS DISCIPLINARIOS ABSOLUTORIOS, DE ARCHIVO O SANCIONES MINIMAS POR DESCONOCER EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Término de cinco (5) años a partir del momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias Habiendo sido legitimadas las víctimas o perjudicados para participar en el proceso disciplinario con todas las facultades de los sujetos procesales, y en razón a que no siempre las víctimas están en condiciones de conocer la existencia de tales procesos para ejercer sus facultades como sujetos procesales, es deber del Estado garantizar sus derechos por lo que se impone declarar la exequibilidad condicionada en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria. REF: expediente D-6968
MAURICIO GONZALEZ CUERVOD6968CONSTITUCIONALIDADAlfonso Mora LeónDemanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.Identificadores20020036436true55356Versión original20036436Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.
SentenciaC-666/08
REVOCATORIA DIRECTA DE FALLO DISCIPLINARIO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O AUTOS DE ARCHIVO DE LA ACTUACION-Procedenciaante derechos de los perjudicados
REVOCATORIA DIRECTA DE FALLO DISCIPLINARIO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O AUTOS DE ARCHIVO DE LA ACTUACION-Límitepara solicitarla no contraría bloque de constitucionalidad/PRESCRIPTIBILIDAD DE LAS SANCIONES
Demanda de inconstitucionalidad: contra el inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alfonso Mora león solicita la declaración de inexequibilidad del inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Único", o en su defecto se decida exequible, en el entendido que las solicitudes de revocatoria en el caso de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como las contempladas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13,14 y 15 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 se presentarán sin limitación de términos, con la solicitud respetuosa de que si prospera la demanda, se extienda el pronunciamiento a los apartes normativosno demandados que reproduzcan aquel que sí lo fue, a fin de integrar la unidadnormativa y evitar que la sentencia resulte inocua.
"ARTÍCULO 126. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS. La solicitud de revocatoriase formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
" La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido éste sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada".
3.1. A juicio del actor la expresión demandada vulnera el bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94 de la Carta Política) y los tratados que establecen los estándares internacionalesratificados por Colombia sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario eimprescriptibilidadde los crímenes de lesa humanidad y por ende, de las faltasdisciplinarias que se cometan para realizarlos. Entre otros normas contenidas en convenios y tratados ratificados por Colombia, la disposición señalada contravienelos artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 4, 5, 12, 13,24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 3,5,6,7,9, 10, 26 y 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el Segundo Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la Pena de muerte (Ejecuciones extrajudiciales); la Declaración de Viena sobre DerechosHumanos de junio 25 de 1993; la Convención para la Prevención y la Sanción delDelito de Genocidio; el artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra comoinfracciones al D. I. H; la Convención contra le Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; el Estatuto deRoma de la Corte Penal internacional.
Agrega que una conducta como la descrita en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 es imprescriptible en virtud de los convenios tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así, al asumirse prescriptible en el aparte demandado, se desconoce elbloque de constitucionalidad relacionado atrás, ya que la persecución de este tipo de conducta punible nopuede estar limitada en el tiempo por ninguna norma legal del orden interno. Argumenta que nada distinto puede interpretarse del texto del Parágrafo del artículo 30 de la misma leyque reza: "Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique".
4.2.1. Considera que dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite que se estructure un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, el derecho del servidor público a no permanecersub judice y el interés de las autoridades en el término de las investigaciones que adelanta.A su juicio, resultaría contrario al principio de seguridad jurídica dejar abierta y sin límite la función sancionatoria y punitiva del Estado, sin que de manera cierta los efectos de cosa juzgada se concreten definitivamente.
4.2.5. Destaca finalmente que del parágrafo del artículo 30 de la 734 de 2002 establece un término de prescripción más amplio para aquellasconductas reprimidas por el Derecho Internacional Humanitario, constitutivas simultáneamente de falta disciplinaria.
5.2. Expone que elius puniendi, tiene distintas variantes y matices, cuyo fundamento básico es el principio de legalidad, que es el límite y parámetro que impide al mismo Estado desbordar dicha facultad, evitando la arbitrariedad y por ende la vulneración de los derechos constitucionales, y señala que si bien, el derecho disciplinario hace parte del ius puniendi y se ha nutrido de los principios del derecho penal, no es posible transpolar la totalidad de las reglas de éste al ámbito disciplinario, pues desconocería, además, el carácter autónomo que tiene.
5.3. Manifiesta que el estatuto disciplinario en el parágrafo del artículo 30 señala que los términos prescriptivos previstos en el mismo quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique y por lo tanto el término de prescripción a que alude el demandante en relación con la solicitud de revocatoria directa, se debe ajustar a lo establecido en los tratados internacionales invocados, sin embargo, considera la Procuraduría General de la Nación que"la debida interpretación de las citadas disposiciones legales, consiste en que, en primera instancia, se debe recurrir a las normas que regulan los términos de prescripción establecidos en el estatuto disciplinario y en el evento que existan tratados internacionales suscritos por Colombia que se ocupen del tema, sin duda se debe acudir al bloque de constitucionalidad para la interpretación de las normas internas".
"las faltas disciplinarias que desconocen el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, son de singular importancia por la afectación de los derechos fundamentales de las personas que han sido sujetas de estas violaciones, lo cual implica que la víctima cumple una labor fundamental como sujeto procesal dentro de una actuación disciplinaria y es por ello, que debe gozar de todas las garantías que le permiten intervenir en el proceso, y entre otras, que tenga la opción de interponer la revocatoria directa en el evento de los fallos absolutorios u ostensiblemente ínfimos en relación con la gravedad de la conducta.
"Es por tanto que, en aquéllas situaciones en las que estén comprometidos la vulneración del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y la víctima no tuvo la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria,el término de la revocatoria directa debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de un fallo disciplinario".
Para responder a esos interrogantes, la Corte recordará brevemente la naturaleza de la acción disciplinaria y la aplicación de los principios de cosa juzgada ynon bis in idem a la misma, los derechos constitucionales de las víctimas de las infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y los deberes del Estado investigar juzgar y sancionar a los culpables de las mismas, para entrar a definir a partir de allí si la restricción impuesta a la acción de revisión por la expresión acusada se ajusta o no a la Carta.
Adicionalmente, como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición,"están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos", por lo cual "la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables"[2].
La institución de la cosa juzgada a su vez está relacionada con el principio denon bis in idem, sin que de ello pueda derivarse que a ella deban sacrificarse los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario pues ,tal como lo ha reiterado esta Corporación, si bien tales principios se establecen en beneficio del procesado, en tanto colisionen con otros como los derivados de los derechos de las víctimas y el deber estatal de investigar juzgar y sancionar las conductas violatorias de éstos para concretar la justicia material y lograr un orden justo (CP Preámbulo y arts 2° y 229) exigen una limitación de esas garantías constitucionales del procesado y "hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada"[3].
En tal sentido y en relación con este tipo de faltas, en los procesos disciplinarios procede la revocatoria directa de los fallos condenatorios, absolutorios y autos de archivo, a solicitud de la víctima o perjudicadoque haya sufrido la violación de sus derechos por el incumplimiento de un deber funcional de un servidor público.
Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el procedimiento disciplinario como un recurso interno que, si bien no puede sustituir la función de la jurisdicción penal en casos de violaciones de los derechos humanos -en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas que tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, y de los fines del órgano a cargo de la misma-,"sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades"[4]
Es indiscutible que"El constituyente dio la más alta fuerza normativa a una concepción ética del ejercicio del poder, según la cual, nada está por encima del respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni siquiera en los Estados de excepción"[5], y que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario constituyen criterios hermenéuticos esenciales para determinar el contenido propio tanto de otras cláusulas constitucionales más particulares, como de las normas infraconstitucionales.
Desde esta perspectiva la tarea de la Corte es la de justificar y preservar la legitimidad de las decisiones adoptadas por las mayorías en el contexto axiológico de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ocupan un lugar preferente, aún para esas mayorías cuya voluntad no debe ser ajena a criterios éticos, y conforman un mínimo necesario para proteger la prevalencia, sobre las decisiones políticas, de la dignidad humana entendida a la luz de la convicción jurídica común a la comunidad internacional que tales tratados recogen, que en una democracia constitucional merece extraordinario respeto y no puede ser menoscabado, vulnerado o sacrificado, no debe ser sometido a regateos políticos o de otra índole, y no admite formas mejores o peores, buenas o malas de transgresión por plausibles que puedan parecer coyunturalmente los fines que las animan, so pena de que el contenido de tales acciones tenga finalmente un efecto pernicioso en las libertades y en los fundamentos mismos de la democracia, pues los mismos constituyen "el límite al poder de configuración del congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial[6]". Lo anterior no obsta para que el alcance de los derechos humanos pueda estar condicionado en caso de que exista una contraposición inaceptable desde el punto de vista de la justicia material entre la norma legal que se invoca como justificatoria de una conducta Estatal y el resultado que de ella se deriva[7].
Lo anterior implica que aún en los casos en que exista una norma que justifique la actuación o la amplitud de la discrecionalidad otorgada a la autoridad estatal, si el resultado de la misma es inaceptable desde el punto de vista de la justicia material y los Derechos Humanos tal actuación debe ser censurada, pues el sometimiento de las autoridades a la Constitución y a la ley y la primacía de aquella sobre ésta exigen conformar su quehacer a los postulados normativos infraconstitucionales interpretándolos a la luz de los preceptos Superiores y no a la inversa. Al respecto, la Corte Constitucional destacó que"Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de "graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones'[8]"[9], y la Comisión Interamericanade Derechos Humanos ha señalado que: "…los Estados no están autorizados a restringir estos derechos, aun invocando la existencia de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida del Estado o de la comunidad nacional"[10].
En los eventos que atañen a los derechos humanos, tales decisiones no tienen un carácter meramente filosófico sino que de hecho apuntan a resolver problemas reales que enfrentan la sociedad y sus miembros, en tanto el contenido que se de a tales derechos les afecta, define las posibilidades de convivencia social y sustenta la legitimidad de las autoridades."'El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determinadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la comunidad como entidad entera,' anotó Hannah Arendt en relación al proceso de Nuremberg"[11].
El deber de garantía de la vigencia y efectividad de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario impone al Estado una exigencia indeclinable de carácterpositivo que le obliga a adoptar e implementar utilizando hasta el màximo y con extrema diligencia sus posibilidades las políticas, acciones o medidas encaminadas a lograr la primacia de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales y una de carácter negativo que le obliga a abstenerse de adelanta, o ejecutar políticas, acciones o medidas regresivos en materia de derechos humanos o que signifiquen una carga cuya onerosidad para quien la sufre carezca de toda justificaciòn desde la perspectiva de la dignidad humana. Se demanda entonces del Estado y todas sus autoridades una inquebrantable, infatigable y seria atención a su cuidado, deber cuyo cumplimiento ¨no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole[12](Artículos 93 y 9 C.N).
El Estado social de derecho que es un Estado Constitucional y respetuoso del consenso de la comunidad internacional en torno al valor de la dignidad humana y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que lo recogen se centra entonces en el reconocimiento de esa dignidad y su protección"atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no del individuo abstracto", de manera que los derechos fundamentales "Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional…"[13].
Esa dignidad del hombre ha constituido el eje de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos humanos y libertades fundamentales, en tanto "valor central del sistema y principio de principios" perspectiva desde la cual se considera fundamental " todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica)"[14].
Un recuento jurisprudencial permite concluir que tales derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.Estos valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, tienen además una estrecha relación con el derecho de acceso a la verdad, el carácter participativo del Estado,[16] y con los derechos fundamentales ,[17] y la dignidad humana que le dan una dimensión objetiva a los mismos, por lo cual el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro de los procesos conducidos por el Estado relacionados con conductas que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario trasciende necesariamente el aspecto meramente subjetivo e individual para proyectar a la sociedad entera el interés en conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables de de esas conductas, y cuya intervención en esos procesos se realiza precisamente a través de ellas, dado que, como también lo ha sostenido, la sociedad civil en estos casos puede estar representada por cualquier ciudadano.[18]
Planteada así la cuestión, las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en tanto encarnanbienes jurídicos que también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales esta el derecho disciplinario. "Es decir, en tales eventos, las víctimas tienen un derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación de su dignidad, el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía, la promoción de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no se circunscriben únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego, también al ejercicio de la potestad estatal disciplinaria"[19].
"es ilícitatoda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención"[20].(Negrilla fuera del texto)
No es posible desconocer que, sin excepción, todos los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas destinatarios de la ley 734 de 2002 tienen el deber de proteger la vida, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (art. 2º C.P.), entre los cuales se encuentran los derechos humanos y aquellos derivados del Derecho Internacional Humanitario que ocupan un lugar privilegiado, lo cual les convierte en garantes y por tanto responsables del goce efectivo de tales bienes jurídicos, posición que conlleva inexorablemente el deber prioritario, específico, permanente yerga omnes de considerarlos, respetarlos, garantizar su pleno y libre ejercicio y preservar su eficacia, en cualquier circunstancia, por todos los medios a su alcance, cualquiera sea la naturaleza de las funciones legales o constitucionales que ejerzan y del manejo de las relaciones interestatales. Por tanto, la limitación de la posibilidad de acudir a la justicia disciplinaria en los casos en que la conducta pueda encuadrarse en una de las faltas que impliquen, por acción o por omisión, un atentado contra los derechos humanos o el DIH resulta contraria al jus cogens, a la obligación que tiene el Estado ante a la comunidad internacional en su conjunto y frente a la humanidad entera que se convierte en víctima con la violación de los derechos de cualquier ser humano, de investigar y sancionar por todos los medios a su alcance, incluyendo los relativos al derecho penal y disciplinario, tales actos u omisiones máxime cuando se pueden hallarse involucrados servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas, y a los principios y valores consagrados en la Constitución Política que nos definen como un Estado de derecho y una sociedad democrática.
Exequible Artículo 126 LEY_734_2002_05/02/2002
[10]Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe 1/96. Caso 10.559, marzo 1 de 1996.
[20]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vásquez Velásquez vs Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988

References: artículo 48
 artículo 126
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 artículo 48
 artículo 3
 artículo 48
 artículo 30
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