Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-2-fundaciones-331476894
Timestamp: 2019-07-18 04:32:20+00:00

Document:
LEY 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 331476894
Sección primera. - arts. 15 a 17
Sección segunda. - arts. 18 a 24
Sección tercera. - arts. 25 y 26
Sección primera. - arts. 27 a 32
Sección segunda. - arts. 33 y 34
Sección tercera. - arts. 35 a 39
5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones.
La presente Ley regula las fundaciones privadas que ejercen las funciones principalmente en Cataluña.
Las fundaciones privadas son entidades sin afán de lucro, constituidas por la manifestación de voluntad de las personas físicas o jurídicas que son sus fundadoras, mediante la afección de unos bienes o de unos derechos de realización a finalidades de interés general.
Pueden constituir fundaciones privadas las personas físicas y las personas jurídicas, públicas o privadas.
Respecto a las personas físicas, la constitución de una fundación entre vivos requiere plena capacidad de obrar, y la constitución de una fundación por causa de muerte requiere capacidad de testar. En ambos casos, se requiere la capacidad para disponer gratuitamente de los bienes y los derechos que integran la dotación.
Respecto a las personas jurídicas, se requiere que las normas por las cuales se rigen no lo prohiban y que el acuerdo sea adoptado por el órgano de gobierno con facultad suficiente o el que sea competente según la normativa aplicable. En el acuerdo ha de constar la finalidad de interés general perseguida.
Las fundaciones que se constituyen por actos entre vivos han de hacerlo en escritura pública.
La voluntad fundacional manifestada en disposiciones de última voluntad ha de ser ejecutada por las personas designadas por los fundadores, las cuales han de completarla, si procede, con los requisitos que se exigen para la carta fundacional, otorgarla y pedir su inscripción en el Registro de Fundaciones. Si no lo hicieran, por cualquier causa, la omisión ha de ser suplida por el Protectorado.
Las fundaciones privadas pueden ser constituidas por una duración indefinida o temporal. En este último caso, la duración de la fundación ha de ser suficiente para llevar a cabo la finalidad fundacional.
Las fundaciones privadas constituidas de acuerdo con la presente Ley son personas jurídicas con plena capacidad jurídica para cumplir sus finalidades, con las limitaciones que les impongan la propia Ley o sus estatutos.
Las fundaciones alcanzan la personalidad jurídica con la inscripción de la carta fundacional en el Registro de Fundaciones.
Ninguna otra entidad que no se ajuste a lo que establece la presente Ley puede utilizar el nombre de fundación privada.
En el documento de constitución de una fundación o carta fundacional se ha de hacer constar:
La dotación inicial se puede aportar íntegramente en ocasión del otorgamiento de la carta fundacional o de una manera sucesiva. En cualquier caso, la dotación inicial ha de ser suficiente para llevar a cabo las actividades fundacionales.
La dotación puede ser incrementada posteriormente tanto por aportaciones hechas por el fundador o por los fundadores como por otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas.
La misma fundación puede calificar determinados bienes como dotacionales. Este incremento de la dotación se ha de notificar al Protectorado en el momento de la presentación de cuentas.
Si la aportación es en dinero, en la carta fundacional, el notario ha de dar fe del resguardo de ingreso o de la certificación del depósito de la aportación hecho en una entidad de crédito a nombre de la fundación y protocolizarlo. Si el depósito aún no se ha efectuado, hay que hacerlo antes de la inscripción en el Registro de Fundaciones.
Si la aportación es en bienes o derechos, se ha de formalizar simultáneamente al otorgamiento de la carta fundacional.
La financiación de las actividades fundacionales se ha de proyectar con medios que sean suficientes, tanto si se trata de los rendimientos de bienes o derechos, como de una actividad lícita, o de donaciones o subvenciones.
Con la finalidad mencionada por el apartado 1, como requisito previo para la inscripción en el Registro de Fundaciones, se ha de presentar al Protectorado, con la carta fundacional, la previsión de ingresos y gastos del primer año de actividad de la fundación y una previsión de las actividades que se llevarán a cabo en el mismo período.
Los estatutos de la fundación han de incluir, al menos, las circunstancias siguientes:
Si los estatutos incluyen estipulaciones que contradicen la presente Ley, se declara su nulidad en la resolución de inscripción si no afectan a la validez de la constitución de la fundación y, si la afectan, son causa de denegación de la inscripción.
Una vez otorgada la carta fundacional, mientras la fundación no está inscrita en el Registro de Fundaciones, los patronos, si ya han aceptado el cargo o, de otro modo, la persona o personas fundadoras o, si se trata de una fundación ordenada en acto por causa de muerte, la persona o personas que hayan de ejecutar la voluntad de la causante, han de llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para que se produzca la inscripción, para la conservación de los bienes y los derechos que integran la dotación inicial y para evitar cualquier perjuicio a la actividad futura de la fundación.
Los actos referidos por el apartado 1 quedan asumidos por la fundación, tan pronto como es inscrita, por el solo hecho de la inscripción.
Mientras no se produzca la inscripción, los créditos nacidos de las obligaciones contraídas por razón de los actos referidos por el artículo 12.1 se han de hacer efectivos en primer lugar sobre los bienes destinados a integrar el patrimonio fundacional. Si estos bienes son insuficientes, los fundadores o las personas que han actuado en nombre de la fundación han de responder de ello solidariamente.
Las fundaciones creadas por disposiciones de última voluntad, mientras no adquieran personalidad jurídica, han de ser objeto de una administración especial por la persona nombrada a este efecto, y, cuando no haya sido nombrada ninguna, por el heredero o el albacea.
Los estatutos de la fundación se pueden modificar por acuerdo del patronato, siempre que convenga al interés de la fundación y se tenga en cuenta la voluntad de la persona fundadora. La modificación de los estatutos se ha de formalizar mediante una escritura pública y se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones.
Si las circunstancias que motivaron la constitución de la fundación hubieran cambiado hasta el punto en que ésta no pueda llevar a cabo las actividades fundacionales establecidas por los estatutos, el patronato ha de modificarlos y, en caso de no hacerlo, el Protectorado, a instancia de quien tenga interés legítimo o de oficio, puede ordenar la modificación procedente, sin perjuicio de adoptar las otras medidas que sean pertinentes.
Sección primera Artículos 15 a 17
El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación. Puede llevar a cabo toda clase de actos y negocios jurídicos, y puede actuar en el ámbito jurisdiccional, sólo con las limitaciones que resulten de la Ley y de los estatutos.
Al patronato le corresponde velar para que se cumpla la finalidad fundacional, la realidad de la dotación y la destinación a favor de los beneficiarios de los frutos, las rentas y los bienes de que disponga la fundación.
El patronato es un órgano colegiado que ha de estar integrado, como mínimo, por tres personas físicas o jurídicas.
Las personas físicas pueden ser designadas directamente o por razón de un cargo o de otra circunstancia. Cuando la cualidad de patrono es atribuida a la persona titular de un cargo, puede actuar en su nombre la persona que reglamentariamente lo sustituye o aquélla que el titular ha designado por escrito. Fuera de este caso, los patronos personas físicas no poden delegar la representación.
Las personas jurídicas han de estar representadas en el patronato, de una manera estable, por la persona que tenga su representación, de acuerdo con las normas que la regulen, o por una persona física designada con esta finalidad por el órgano competente. Si la persona física designada lo es por razón de un cargo, es aplicable lo que establece el apartado 2, por lo que respecta a la posibilidad de sustitución.
A pesar de lo que establece el artículo 11.f), en cuanto a la designación y la renovación de los miembros del patronato, el fundador o los fundadores se pueden reservar en la carta fundacional el derecho y la manera de proceder a la designación, el cese y la renovación de los miembros y los cargos del patronato, por un tiempo o mientras viva la persona física, o mientras no se produzca la extinción de la persona jurídica.
Si faltan todos los miembros del patronato porque han cesado, han renunciado, han muerto, están imposibilitados o por cualquier otra causa, el Protectorado, cuando tenga conocimiento de ello, ha de designar nuevos patronos o bien instar la disolución de la fundación. Si los miembros subsistentes son menos de tres, el o los subsistentes, en treinta días, han de restablecer el número mínimo de patronos o, en los diez días siguientes a la finalización del plazo, comunicarlo al Protectorado, el cual puede dar un nuevo plazo al patronato con esta finalidad o completar el patronato o bien instar la disolución de la fundación.
El nombramiento de patronos se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones. En el caso de personas jurídicas también se ha de inscribir el nombre de la persona que tiene la representación.
El patronato ha de tener, como mínimo, un presidente o presidenta y un secretario o secretaria, designados en la carta fundacional o de la manera establecida por los estatutos. Si falta esta previsión han de ser elegidos por el propio patronato.
La condición de miembro del patronato es preceptiva para el presidente o presidenta, que tiene la representación de éste, pero no para el secretario o secretaria. Si el secretario o secretaria no tiene esta condición, puede intervenir con voz pero sin voto en las reuniones del patronato.
Sección segunda Artículos 18 a 24
Los patronos entran en funciones una vez que han aceptado de una forma expresa el nombramiento. Esta aceptación se puede hacer constar:
La duración del mandato de patrono puede ser temporal, indefinida o vitalicia, así como la de los cargos a que hace referencia el artículo 17, salvo que el fundador o fundadores lo hayan prohibido.
Las personas jurídicas han de aceptar formar parte del patronato por acuerdo del órgano de gobierno con facultad suficiente.
Los patronos son responsables, ante la fundación, de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o los estatutos, por actos con culpa o negligencia y por actos que comporten un incumplimiento de sus obligaciones.
Están exentos de responsabilidad los patronos que se han opuesto expresamente a un acuerdo y los que no han asistido a la reunión en la cual se ha tomado el acuerdo y que, en el plazo de diez días desde la recepción del acta, manifiesten su desacuerdo al presidente o presidenta.
La acción de responsabilidad puede ser ejercida ante los tribunales ordinarios por la fundación, por cualquier miembro del patronato, por el Protectorado o por las personas que están legitimadas de acuerdo con las leyes.
El patronato, si los estatutos no lo prohiben, puede delegar en un patrono o más de uno las facultades que tiene atribuidas o bien una parte de éstas, sin que la delegación le exima de la responsabilidad. Si delega en más de un patrono, ha de establecer si la actuación ha de ser colegiada o no.
El patronato también puede nombrar apoderados generales y especiales con funciones y responsabilidades mancomunadas o solidarias, sin que estas personas sean miembros del patronato.
A pesar de lo que disponen los puntos 1 y 2, nunca se puede delegar ni apoderar la facultad de acordar los actos siguientes:
Las delegaciones, los apoderamientos generales y las renovaciones se han de inscribir en el Registro de Fundaciones.
Los miembros del patronato no son retribuidos por el mero ejercicio de su cargo, sin perjuicio de su derecho a ser resarcidos de los gastos que les represente el cumplimiento de su función.
En cualquier caso, los miembros del patronato que cumplen tareas de dirección, de gerencia o de administración pueden ser retribuidos por el ejercicio de estas actividades en el marco de una relación contractual, incluidas las de carácter laboral.
El cese de los miembros del patronato se produce por:
La renuncia del cargo de miembro del patronato ha de constar en cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero sólo produce efectos ante terceros cuando se inscribe en el Registro de Fundaciones.
El cese y los nombramientos de sustitución se han de inscribir en el Registro de Fundaciones.
Sección tercera Artículos 25 y 26
El Protectorado, de oficio o a partir de una denuncia de un patrono o más de uno, o de las personas destinatarias de la actividad hecha en cumplimiento de los fines fundacionales, puede solicitar al juez que ordene la intervención temporal de la fundación, cuando advierta:
El Protectorado, antes de solicitar la intervención temporal a que hace referencia el apartado 1, ha de requerir que el patronato adopte las medidas que el mismo Protectorado considera convenientes, y ha de establecer el plazo para llevarlas a cabo, a fin de conseguir la corrección de la situación.
Si el juez autoriza la intervención temporal de una fundación, el Protectorado asume las funciones legales y estatutarias del patronato.
Capítulo IV Artículos 27 a 39
Sección primera Artículos 27 a 32
Las fundaciones han de llevar, al menos, el libro diario, el libro de inventario y de cuentas anuales y el libro de actas.
El libro de inventario y de cuentas anuales de la fundación se ha de abrir con el inventario inicial extraído de la carta fundacional, y en él se han de transcribir anualmente el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales.
El libro de actas ha de reunir las actas de las reuniones del patronato y de los otros órganos de gobierno, autenticadas en la forma que establezcan los estatutos o, en su defecto, con la firma del secretario o secretaria o el visto bueno del presidente o presidenta.
Los libros que obligatoriamente llevan las fundaciones han de ser legalizados por el Protectorado o por los organismos públicos que lo tengan atribuido normativamente.
Los libros se pueden legalizar antes de ser utilizados o bien después de haberse hecho los asientos y las anotaciones por procedimientos informáticos u otros procedimientos pertinentes. En este caso, se han de legalizar dentro del plazo de presentación de las cuentas del año correspondiente.
Anualmente, y en relación con el cierre del ejercicio, de acuerdo con lo que establecen los estatutos y si no hay ninguna previsión, cerrado en fecha 31 de diciembre del año anterior, el patronato, de manera simultánea y que refleje la imagen fiel del patrimonio de la fundación, ha de formular el inventario y las cuentas anuales.
Las cuentas han de estar integradas por:
La presentación de las cuentas al Protectorado se ha de hacer en el plazo de treinta días a contar desde la aprobación, mediante los impresos que, con esta finalidad, el consejero o consejera del departamento que ejerce las funciones del Protectorado apruebe por orden.
El Protectorado ha de pedir a la autoridad judicial que ordene la intervención temporal de la fundación que no presente las cuentas durante dos años consecutivos. Mientras la autoridad judicial no dicte ninguna resolución respecto a este hecho, el Protectorado no ha de inscribir ningún documento relativo a la fundación que se le presente, salvo el cese de patronos, la revocación de delegaciones de facultades, la revocación o la renuncia de poderes, la extinción de la fundación, los nombramientos de liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial. El primer año sin cumplir la obligación de presentar las cuentas comporta que el Protectorado requiera su cumplimiento. En cualquier caso, para obtener subvenciones o ayudas de la Administración de la Generalidad se ha de haber hecho la presentación de cuentas.
La documentación a que se refiere el artículo 29 sólo puede ser comunicada o manifestada por el Protectorado a quien acredite un interés directo y personal para acceder a ella; no es necesaria esta acreditación para la documentación que, en tratamiento global y sin datos identificativos, se pida a efectos estadísticos.
Las cuentas anuales se han de someter a una auditoría externa si, en la fecha del cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, concurren al menos dos de las circunstancias siguientes:
En el informe de auditoría se han de hacer constar las infracciones de las normas legales o estatutarias que se observen en el análisis de la contabilidad y la verificación de la concordancia del informe de cumplimiento de las normas legales y estatutarias con las cuentas anuales.
El informe de la auditoría de cuentas se ha de presentar al Protectorado en el plazo de sesenta días a contar desde la emisión y, en todo caso, antes de los siete meses posteriores al último día del ejercicio económico a que hace referencia el informe.
Sección segunda Artículos 33 y 34
Las fundaciones han de destinar al menos el setenta por ciento de las rentas y los otros ingresos netos anuales que obtienen al cumplimiento de los fines fundacionales, y el resto se ha de destinar o bien al cumplimiento diferido de las finalidades o bien a incrementar su dotación. El patronato ha de aprobar la aplicación de los ingresos.
Los donativos u otros recursos que se obtienen para incrementar la dotación y los resultados extraordinarios obtenidos por enajenaciones de bienes o derechos de la dotación que mantienen este carácter de dotación no entran en el cálculo del porcentaje establecido por el apartado 1.
La aplicación de al menos el setenta por ciento de los ingresos se ha de hacer efectiva en el plazo de tres ejercicios, a contar desde el inicio del siguiente al de la acreditación contable, a excepción de los supuestos para los cuales el Protectorado haya autorizado un plazo diferente.
Tienen la consideración de gastos de administración de la fundación las derivadas directamente del funcionamiento del patronato y de los otros órganos de la fundación, especialmente la retribución y los gastos por las cuales los patronos o los integrantes de estos órganos tienen derecho a ser resarcidos.
Con carácter general, los gastos de administración no pueden ser superiores al diez por ciento de los ingresos devengados durante el ejercicio. No obstante, si la aplicación de esta regla impide la gestión adecuada de la fundación, el patronato puede, si lo justifica en cada ejercicio, incrementar su límite hasta el veinte por ciento. En todos los casos, estos gastos han de tener una proporción razonable con las actividades que lleva a cabo la fundación.
Sección tercera Artículos 35 a 39
Las fundaciones sólo pueden constituir sociedades o participar en el capital de sociedades que limiten la responsabilidad de los socios. La participación de las fundaciones en la gestión de sociedades ha de ser compatible con las finalidades fundacionales.
Se exceptúa de la regla general establecida por el apartado 1 el caso en que las participaciones se adquieran por herencia, legado o donación y que, de acuerdo con los estatutos sociales, sobre la base de estas participaciones, se pueda tomar el acuerdo de transformar la sociedad en otra que limite aquella responsabilidad, y así se acuerde inmediatamente en el momento de la adquisición o bien se enajenen inmediatamente las participaciones o se aporten a una sociedad que limite la responsabilidad de los socios.
Las herencias aceptadas por una fundación lo son siempre a beneficio de inventario.
Los legados, las herencias y las donaciones no onerosas a favor de una fundación no se pueden renunciar sin la autorización previa del Protectorado.
Los bienes de las fundaciones sólo pueden ser enajenados a título oneroso y en las condiciones establecidas por los fundadores o los constituyentes del fondo, si en la escritura de constitución han condicionado las enajenaciones. En este caso, se han de respetar las mismas condiciones para poder constituir gravámenes o cargas sobre los bienes de la fundación.
El producto de la operación a que hace referencia el apartado 1 se ha de reinvertir en la adquisición de otros bienes o derechos, que quedan subrogados en lugar de los enajenados o en mejoras de bienes de la fundación.
El Protectorado puede eximir de la obligación de reinvertir el precio de la enajenación después de la operación a que hace referencia el apartado 1 y antes de la presentación de las cuentas.
El Protectorado ha de autorizar, previamente, la adquisición onerosa por una fundación de acciones o participaciones que le confieran una posición mayoritaria en sociedades no personalistas.
Capítulo V Artículos 40 a 42
Las fundaciones pueden convenir con otras personas, físicas o jurídicas, la aportación que éstas hagan de bienes y derechos a su patrimonio, y constituir un fondo especial destinado al cumplimiento de determinadas finalidades, siempre que éstas coincidan con los fines fundacionales.
La constitución de los fondos a que hace referencia el apartado 1 se ha de hacer en escritura pública.
Los fondos también se pueden constituir por acto de disposición por causa de muerte y, en este caso, requieren la aceptación de la fundación.
Sin perjuicio de los otros pactos lícitos que convengan los aportantes y la fundación, en la escritura de constitución del fondo especial se ha de hacer constar:
A los fondos regulados por este capítulo, son aplicables las disposiciones de la presente Ley para las dotaciones de las fundaciones.
La fusión de dos fundaciones o más sólo se puede hacer cuando no conste la voluntad contraria del fundador y se puede llevar a cabo tanto mediante la absorción por una de ellas de la otra o las otras, como por la integración en una fundación de nueva creación, y ha de responder a la conveniencia de cumplir mejor los fines fundacionales.
La fusión se ha de adoptar por acuerdo motivado del patronato de todas las fundaciones interesadas y requiere la aprobación del Protectorado.
El Protectorado puede instar a la autoridad judicial del domicilio de cualquiera de las fundaciones afectadas a resolver la fusión de las que no pueden cumplir sus finalidades o que se hallan en graves dificultades para hacerlo por ellas mismas, cuando:
La fusión se ha de formalizar en escritura pública, excepto en el caso de resolución judicial, y, en cualquier caso, se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones.
La escisión de una fundación mediante la segregación de una parte o de varias partes de su patrimonio, que pasa a sendas fundaciones de nueva creación, sólo se puede hacer cuando no conste la voluntad contraria del fundador y ha de responder a la conveniencia de cumplir mejor sus finalidades fundacionales.
La escisión se ha de adoptar por acuerdo motivado del patronato y requiere la aprobación del Protectorado.
La escisión se ha de formalizar en escritura pública y se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones.
La fundación se extingue por:
En los supuestos del apartado 1.b), c), d) y e), la extinción requiere el acuerdo motivado del patronato, ratificado por el Protectorado.
Los acuerdos y las resoluciones judiciales determinantes de la extinción se han de inscribir en el Registro de Fundaciones.
La extinción de la fundación determina la cesión global de todos los activos y los pasivos, la cual se ha de llevar a cabo por el patronato y por las personas liquidadoras que éste nombre o, si procede, por el Protectorado. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, y con la autorización previa del Protectorado, se destina a:
Si no se puede hacer una cesión global, hay que proceder a la liquidación de los activos y los pasivos, y, al haber que resulta, se le da la aplicación establecida por el apartado 1.
El Protectorado de la Generalidad, que cuida del ejercicio correcto del derecho de fundación, es ejercido por el departamento que tiene adscrita esta competencia.
El Protectorado ha de velar para que se satisfagan el interés general propio de las fundaciones y el cumplimiento de las finalidades fundacionales y, por lo tanto, para que se respeten la voluntad de las personas fundadoras y las disposiciones legales y estatutarias.
Las fundaciones constituidas antes de la entrada en vigor de la presente Ley han de adaptar los estatutos, si procede, en el plazo de cinco años.
El Protectorado ha de velar por el mantenimiento de las limitaciones sobre la disposición del patrimonio de la fundación establecidas por la legislación anterior y que se tienen por implícitas en la voluntad de la persona fundadora.
Palacio de la Generalidad, 2 de mayo de 2001
(01.117.048)
Orden por la que se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1529/1978, de 19 de mayo, por el que se incluye la prestación de asistencia sanitaria como mejora voluntaria en la acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los escritores de libros.
DECRETO 157/1996, de 7 de mayo, por el que se crea la Secretaría General para el Deporte.

References: resolución 
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 17
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 Real Decreto