Source: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/13-09sp.anexo.htm
Timestamp: 2017-03-29 19:00:25+00:00

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SOBRE EL 134º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 134º período ordinario de sesiones del 16 al 27 de marzo de 2009. La CIDH está integrada por Luz Patricia Mejía, Presidenta; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Paolo Carozza, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es Santiago A. Canton. La CIDH es el órgano principal de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por la observancia de los derechos humanos en todos los Estados del continente. La CIDH desea expresar su satisfacción por el Decreto Número 1595 aprobado el 26 de febrero de 2009 en Paraguay, por el cual se crea e integra una “Comisión Interinstitucional responsable de la Ejecución de las Acciones Necesarias para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Asimismo, la CIDH expresa su satisfacción ante la buena disposición y voluntad demostrada por las partes en diversas reuniones de trabajo sobre casos que están en proceso de solución amistosa. En especial, la Comisión desea destacar y reconocer los avances logrados en el marco del proceso de solución amistosa del Caso 12.642, José Iván Correa Arévalo y Juan Ignacio Correa López, de México. En la reunión de trabajo celebrada el 21 de marzo, la CIDH fue informada que el Estado publicó una “Declaración de reconocimiento de responsabilidad estatal por los hechos en que perdió la vida el joven José Iván Correa Arévalo ocurrido en 1991 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la cual el Estado pidió disculpas públicas a los familiares por el daño ocasionado como consecuencia de “la falta de investigación conclusiva, por el trato negligente dispensado por las autoridades encargadas de investigarlos y las violaciones al debido proceso, todo lo cual se ha traducido en impunidad”. Asimismo, el 5 de marzo de 2009 se realizó un acto público, con la presencia de los familiares de la víctima, donde el gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, pidió disculpas públicas a los familiares. Durante el acto se leyó una nota enviada por el Comisionado Florentín Meléndez, relator de la CIDH para México. La CIDH espera que las investigaciones esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables.
Por otra parte, la CIDH desea destacar y expresar su satisfacción por los avances registrados en los últimos meses en el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. El Estado de Guatemala reconoció el 15 de enero de 2009 su responsabilidad en la desaparición de la periodista Irma Flaquer y su hijo Mario Fernando Valle, ocurrida en 1980, y pidió perdón a la familia, en cumplimiento de uno de los aspectos del acuerdo de solución amistosa alcanzado en el marco de un caso en la CIDH. El Estado de Panamá realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad el 6 de febrero de 2009, por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Heliodoro Portugal y sus familiares, en cumplimiento de una sentencia dictada por la CorteIDH el 12 de agosto de 2008 por un caso de desaparición forzada y por la falta de investigación y sanción a los responsables. En noviembre de 2008 el Estado de México firmó un acuerdo de solución amistosa con los peticionarios de un caso presentado a la CIDH por la tortura y desaparición de Cruz Avila Mondragón en 1999. El Estado de México ha dado cumplimiento al pago de la compensación a la familia de la víctima y a la afiliación de los familiares al programa de salud Régimen de Seguro Popular. El Estado de Nicaragua entregó en diciembre de 2008 a la Comunidad Awas Tingni el título de propiedad sobre sus territorios ancestrales en la Costa Atlántica, avanzando así en la resolución de un caso que la CIDH llevó a la CorteIDH en 1998. En el mismo mes, el Estado de Paraguay hizo un reconocimiento público de responsabilidad por el asesinato del soldado Gerardo Vargas Areco en 1989 y pidió perdón a la familia del soldado, quien tenía 15 años de edad cuando fue reclutado ilegalmente para el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, avanzando así en el cumplimiento de la sentencia dictada por la CorteIDH; en octubre de 2008 el Estado de Paraguay informó sobre la modificación de la ley de forma que la edad mínima para la prestación del servicio militar sea de 18 años, en cumplimiento con recomendaciones emitidas por la CIDH. También en diciembre de 2008, el Estado de Bolivia hizo un reconocimiento público de responsabilidad por la desaparición forzada, a principios de la década de 1970, de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña, en cumplimiento de recomendaciones de la CIDH. De igual manera, el Estado de Ecuador pidió disculpas públicas en diciembre de 2008 a víctimas y familiares de varios casos de violaciones de derechos humanos que tramitó la CIDH. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, pidió disculpas públicas por la desaparición, tortura y muerte de Consuelo Benavides Ceballos; porque la administración de justicia hubiera dejado en la impunidad la muerte de Laura Susana Albán Cornejo por mala práctica médica; por la ejecución extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo; por la privación de libertad y encausamiento de Daniel Tibi por un delito que no cometió; por la privación de la libertad en condiciones infrahumanas, incomunicación y encausamiento sin las garantías del debido proceso de Rafael Iván Suárez Rosero; por la detención, incomunicación y encausamiento de Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo Iñiguez por hechos que no fueron comprobados; y por la violación al debido proceso de Rigoberto Acosta Calderón por parte de las instituciones de justicia de Ecuador – todos casos que la CIDH llevó a la Corte Interamericana. Asimismo, el pedido de disculpas también incluyó a las víctimas de otros 27 casos que llegaron a la Comisión y sobre los cuales se firmaron acuerdos de solución amistosa. En diciembre de 2008, el Estado de Brasil presentó información sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el caso “Meninos Emasculados do Maranhão”. Los responsables de la tortura y muerte de 28 niños han sido juzgados y sancionados y se realizó la reparación simbólica a través del descubrimiento de una placa que identifica a las víctimas e indica: “El dolor de sus pérdidas nos impone el compromiso de garantizar la prioridad absoluta y la protección integral de todos los niños y adolescentes”. También se reparó materialmente a 27 familias de las víctimas, y el Estado cumplió con las recomendaciones referidas a las medidas de no-repetición a través de la implementación de programas para evitar la violencia sexual contra niños y adolescentes y de la construcción, ampliación y equipamiento de escuelas en Maranhão.
La CIDH destaca que el 24 de marzo de 2009, día en que se cumplieron 33 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en Argentina, se celebró una audiencia sobre “Procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar en Argentina”. Los peticionarios indicaron que a 26 años del fin de la dictadura militar sólo un caso cuenta con sentencia firme. La CIDH ha dado seguimiento a este tema desde el 2 de octubre de 1992, fecha de aprobación del
Informe de Fondo No. 28/92, que concluyó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se celebró una audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, en la que los peticionarios plantearon que desde 2008 se ha venido incrementando el número de personas que se encuentran privadas de libertad, como resultado de las políticas dirigidas a resolver el problema de la seguridad, por medio del endurecimiento de la respuesta judicial que restringe la utilización de medidas alternativas a la detención preventiva. La CIDH expresa su preocupación por la información recibida en esta audiencia sobre la reversión de la tendencia registrada entre 2006 y 2008 en relación al número de personas detenidas, así como por las condiciones de detención descriptas por las organizaciones solicitantes de la audiencia.
Asimismo, la CIDH manifiesta su preocupación por información recibida durante las sesiones que indica que el “Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional” está nuevamente en la agenda de la Asamblea Legislativa de la República Bolivariana de Venezuela. Según la información recibida, este proyecto todavía contiene algunas disposiciones sobre las cuales la Comisión había expresado su preocupación en 2006, porque, de ser aprobadas, podrían generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Tal como se indicó en el
Comunicado de Prensa 26/06, la Comisión reitera su preocupación de que la vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que le otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley, genera el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar, entre otros, el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad, pudiendo afectar seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó informes sobre casos y peticiones individuales, que se sumaron a seis informes sobre casos y peticiones que se aprobaron en forma electrónica entre octubre de 2008 y marzo de 2009. También se discutieron los planes de trabajo para el año 2009, se eligió la nueva directiva y se revisó la distribución de las Relatorías. La CIDH decidió encargar al Comisionado Paolo Carozza la Relatoría para Panamá y la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. En esta última función, el Comisionado Carozza supervisará la elaboración del informe de seguimiento al
Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. La CIDH continúa recibiendo información preocupante sobre la situación de defensoras y defensores en la región, que son objeto de asesinatos, agresiones, hostigamiento y amenazas. La Comisión reitera su llamado a los Estados a respetar su labor y garantizar sus derechos. La Comisión discutió además los planes de visitas para el año. En este sentido, la Comisión y el Estado de Brasil han acordado que se realizará una visita in loco a ese país a principios del segundo semestre del año en curso. Por otro lado, la CIDH y el Estado de Chile acordaron que el Comisionado Paolo Carozza realizará una visita de trabajo a ese país en junio, en su calidad de Relator para ese país. El Comisionado Carozza mantendrá reuniones relativas a peticiones y casos en trámite en la CIDH, se reunirá con altas autoridades del Estado y realizará una actividad de promoción de los derechos humanos. Asimismo, el Comisionado Florentín Meléndez, en su calidad de Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, realizará una visita a la Penitenciaría de Mendoza el 24 de abril de 2009 a fin de verificar las nuevas condiciones carcelarias anunciadas por el Gobierno argentino.
Por último, la CIDH destaca la resolución de la CorteIDH del 27 de enero de 2009, en que indicó que la jurisprudencia de la CorteIDH y otros instrumentos internacionales ratificados por los Estados de la región contienen la respuesta a la consulta realizada por la Comisión a la Corte el 29 de diciembre de 2008 acerca de si el uso del castigo corporal como método de disciplina contra niños, niñas y adolescentes es compatible con la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este sentido, la resolución de la CorteIDH afirma que la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de considerar el interés superior del niño como elemento fundamental en su crianza y desarrollo, y de velar para que ningún niño sea sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tatos o explotación, ya sea bajo la custodia de sus padres, de su representante legal o cualquiera que lo tenga a su cargo. I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.
• Petición 914-98 - Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA)-SUTECASA, Perú II. AUDIENCIAS
Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias. En una resolución aprobada el 8 de junio de 1990, la Asamblea General de la OEA urgió a los Gobiernos a “que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”. Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de la CIDH dispone: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. Las audiencias que tuvieron lugar en la Sala Padilha Vidal fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de esas audiencias, así como grabaciones de audio de todas las audiencias públicas, están disponibles en la página de audiencias públicas de la CIDH, donde también se encuentran enlaces a las fotografías de alta definición tomadas en las audiencias. Queda autorizada la inclusión de enlaces a esos audios y videos en sitios web externos, a condición que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA. La CIDH agradece a Primestream Corporation y a su presidente, Claudio Lisman, por proveer el ancho de banda necesario para transmitir los videos de las audiencias en alta calidad y para una amplia audiencia. Su generosa contribución ha permitido aumentar el número de computadoras que pueden conectarse simultáneamente a la transmisión, dando respuesta así al creciente interés por ver las audiencias desde todos los países de la región.
En este período de sesiones se realizaron audiencias sobre la situación general de derechos humanos en Estados miembros de la OEA y otros temas a nivel nacional y regional. Tres de las audiencias fueron privadas, a petición de las organizaciones y personas que solicitaron su realización: Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela; Situación de institucionalidad y garantías de derechos humanos en Venezuela; y Derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Las restantes audiencias fueron públicas y se presentan a continuación, con enlaces a las grabaciones de audio y video disponibles, en los idiomas originales hablados por los participantes.
Audio Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal de México
Audio Situación de derechos humanos en Chile
Audio Libertad de expresión y radiodifusión privada en las Américas
Audio Procesos judiciales en casos de violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Perú
Audio Video Debido proceso penal en Costa Rica
Audio III. REUNIONES DE TRABAJO
En el marco del 134º Período de Sesiones se llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú. La Comisión destaca la voluntad demostrada por las partes en varios de los casos para continuar progresando hacia un acuerdo de solución amistosa. En especial, la CIDH manifiesta su satisfacción con los avances logrados en el Caso 12.642, José Iván Correa Arévalo y Juan Ignacio Correa López, de México. El Estado publicó una “Declaración de reconocimiento de responsabilidad estatal por los hechos en que perdió la vida el joven José Iván Correa Arévalo ocurrido en 1991 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la cual el Estado pidió disculpas públicas a los familiares por el daño ocasionado como consecuencia de “la falta de investigación conclusiva, por el trato negligente dispensado por las autoridades encargadas de investigarlos y las violaciones al debido proceso, todo lo cual se ha traducido en impunidad”. Asimismo, el 5 de marzo de 2009 se realizó un acto público, con la presencia de los familiares de la víctima, donde el gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, pidió disculpas públicas a los familiares. Durante el acto se leyó una nota enviada por el Comisionado Florentín Meléndez, relator de la CIDH para México. La CIDH espera que las investigaciones esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables.
Durante el 134º Período de Sesiones se realizaron las siguientes reuniones de trabajo: • Medidas Cautelares 265/02 - Pueblo Indígena Embera Chamí en Caldas y Risaralda, Colombia
• Obstáculos y desafíos para el cumplimiento de decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, Argentina IV. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS
A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo del Comisionado Sir Clare K. Roberts, continuó sus esfuerzos para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas Afrodescendientes en la región.
La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, a cargo de la Comisionada Luz Patricia Mejía, ha desarrollado actividades que abordan los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres como principales barreras que éstas enfrentan en el goce y ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Las actividades se centran en la elaboración de recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA sobre la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La Relatoría también trabaja en el seguimiento a las recomendaciones de su informe temático titulado Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007). Asimismo, la Relatoría está abocada a la elaboración y publicación de informes sobre la situación de las mujeres en países específicos de la región. La Relatoría ha continuado ofreciendo apoyo técnico a los abogados de la Secretaría Ejecutiva en el procesamiento de peticiones individuales y medidas cautelares. Con el apoyo de los gobiernos de Finlandia y España, la Relatoría continúa su trabajo en dos iniciativas de recopilación de información cualitativa y cuantitativa con miras a identificar los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos libre de discriminación en las esferas de la participación política y los derechos reproductivos, con el objetivo de publicar informes temáticos sobre estos temas. Asimismo, la Relatoría de las Mujeres ha estado trabajando en dos informes temáticos sobre la situación de discriminación y violencia contra las mujeres en Haití y Chile, y los obstáculos que las víctimas y sus familiares confrontan para acceder a una tutela judicial efectiva cuando denuncian estos actos. Estos informes se elaboran como resultado de la participación de la Relatoría en visitas de la CIDH a Haití y Chile en 2006 y 2007, respectivamente. La CIDH aprobó el informe relativo a Haití por vía electrónica, y el informe relativo a Chile durante el actual período de sesiones.
El 4 de diciembre de 2008, la Relatoría participó en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales Caso Pueblo Indígena Kankuamo, respecto de Colombia, realizada en el Distrito Federal, México. Durante la audiencia, la CIDH presentó sus argumentos ante la Corte para que se mantengan vigentes las medidas provisionales. La CIDH reitera su preocupación por las dificultades en el cumplimiento de sus recomendaciones y de las sentencias y medidas provisionales de la Corte Interamericana, en casos donde la víctima es un pueblo indígena. Al respecto, la Comisión insta a los Estados a redoblar sus esfuerzos para cumplir con las decisiones de las instituciones interamericanas que afectan a pueblos indígenas. La CIDH urge a los Estados miembros de la OEA a reconocer y respetar el derecho de los pueblos indígenas a su identidad cultural, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios ancestrales y los recursos que allí se encuentran. En ese sentido, la CIDH celebra la reciente titulación de tierras de la Comunidad Awas Tingni en Nicaragua, en cumplimiento de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2001 por la Corte Interamericana en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Durante el 134º período de sesiones, la Comisión realizó audiencias públicas en donde recibió información sobre los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, la criminalización de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en varios países de la región, y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. También se celebró una audiencia sobre la Petición 592/07 y las Medidas Cautelares 110/07 - Hul´qumi´num Treaty Group, Canadá. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con los peticionarios y el Estado en relación al Caso 12.649 - Comunidad de Río Negro, Guatemala, y la Medida Cautelar 265/02 - Pueblo Indígena Embera Chamí en Caldas y Risaralda con respecto de Colombia. La CIDH condena los asesinatos de indígenas perpetuados por privados y agentes del Estado y reitera su preocupación por la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados con disputas sobre las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Estas situaciones de conflicto normalmente surgen porque los Estados no garantizan en forma debida la protección de los territorios indígenas ni les garantizan el derecho a participar en las decisiones sobre las actividades que afectan sus derechos.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo del Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, ha venido desarrollando, a través de un informe temático, estándares específicos que orienten a los Estados en la eliminación del uso del castigo corporal como método de disciplina de niños, niñas y adolescentes, la cual aún configura una forma de violencia invisibilizada y aceptada en las Américas. El 29 de diciembre de 2008 la Comisión sometió a la Corte una solicitud de opinión consultiva con el propósito de que la Corte determine si el uso del castigo corporal como método de disciplina contra niños, niñas y adolescentes es incompatible con los artículos 1.1, 2, 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El 27 de enero de 2009 la Corte Interamericana emitió una Resolución mediante la cual decidió no dar respuesta a la solicitud de opinión consultiva “porque puede extraerse del análisis e interpretación integral del corpus jurisprudencial del Tribunal sobre los derechos del niño en relación con otros criterios establecidos por este, así como de las obligaciones emanadas por otros instrumentos internacionales, ratificados por los Estados de la región, […] los criterios en relación con los puntos expuestos en dicha consulta”. En la Sección de considerandos, la Corte indicó: Que en lo que se refiere a la materia objeto de la solicitud, la Corte observa que en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos se han presentado avances relevantes respecto a la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En particular, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño […], la cual ha sido firmada y ratificada por 195 Estados […], dentro de los cuales se encuentran 34 Estados del continente americano […] y establece la obligación de los Estados Partes de respetar las responsabilidades, derechos y deberes de aquellos que estén encargados legalmente de impartir al niño dirección y orientación […]. No obstante, sujeta tal derecho a la obligación de establecer el interés superior del niño como elemento fundamental en su crianza y desarrollo, ya sea a cargo de sus padres o de sus representantes legales […]. Del mismo modo, hace extensiva tal obligación a la disciplina escolar para que la misma se administre de modo compatible a la dignidad humana […]. Aunado a lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a velar para que ningún niño sea sometido tanto a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes […], como a toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación; ya sea bajo la custodia de sus padres, de su representante legal o cualquiera que lo tenga a su cargo.
El 10 y el 12 de noviembre de 2008, la Relatoría Especial, con la colaboración de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Universidad Autónoma de Occidente y la Asociación Nacional de Diarios Colombianos (Andiarios), organizó dos seminarios en Colombia, para capacitar a periodistas, abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales en el uso del sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos para la defensa de la libertad de expresión. Los seminarios se dictaron en Bogotá y Cali y permitieron capacitar a cerca de 60 periodistas, abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales encargados de promover la libertad de expresión en la región. El 11 de noviembre de 2008, la Relatora Especial fue panelista en el debate “Calumnia, Injuria y Cárcel”, convocado por Justicia Global de la Universidad de los Andes y el diario El Espectador en Bogotá, Colombia. El 14 de noviembre de 2008, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Botero Marino realizó una exposición en la Conferencia Internacional Libertad de expresión, pluralismo y diversidad en la radiodifusión, junto con el
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue. Al día siguiente,
la Relatora Especial participó en el seminario internacional “Las mordazas invisibles: viejas y nuevas barreras a la diversidad en la radiodifusión”, donde expertos presentaron los resultados de la investigación sobre Gobernabilidad democrática y estándares para regulación del acceso y uso de frecuencias de radio y TV, desarrollada por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC con apoyo de la Fundación Ford.
Entre el 19 y 20 de noviembre de 2008, la Relatora Especial, con la colaboración de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad, dictó dos talleres en Argentina referidos al sistema interamericano de derechos humanos y la defensa de la libertad de expresión. Uno de los seminarios se realizó en Buenos Aires y el segundo en la ciudad de La Plata. En total, se capacitó a más de 50 profesionales. Para la organización de ambos talleres, la Relatoría Especial contó con financiación de Asdi. El 21 de noviembre de 2008, la Relatora Especial asistió a la apertura del III Congreso Nacional e Internacional del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
“Los desafíos del periodismo en la era digital”.
Entre el 7 y el 10 de diciembre de 2008, la Relatora Especial asistió a la Conferencia Mundial del Global Forum for Media Development, celebrada en Atenas, Grecia e impartió una conferencia frente a más de 400 invitados, sobre las funciones de la Relatoría Especial en la tarea de defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión. El 9 de diciembre de 2008, también en Atenas, se realizó la reunión para acordar la Declaración Conjunta de los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión 2008, actividad que organiza Article 19, y que reúne a los relatores para la libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Europa, CIDH-OEA y África. El 15 de diciembre de 2008, la Relatora Especial hizo una presentación sobre el derecho al acceso a la información, en una sesión especial sobre el tema convocada por el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.
Entre el 25 y 29 de enero de 2009, la Relatora Especial asistió a la Reunión Regional de las Organizaciones Latinoamericanas de la Libertad de Expresión que organizó IFEX en Guatemala, donde dictó varias charlas y conferencias para las organizaciones invitadas y para periodistas, medios y organizaciones locales. Por otra parte, la Relatora Especial también participó en la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebró en Asunción, Paraguay entre el 13 y 16 de marzo de 2009.
En seguimiento al Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, aprobado el 7 de marzo de 2006, la Unidad elaboró un cuestionario con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de dicho informe, y conocer nuevos obstáculos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos al ejercer su labor. El cuestionario fue remitido a los Estados parte y a la sociedad civil en octubre de 2008 y en enero de 2009. A la fecha, la Unidad espera recibir las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil y de los Estados, con el objeto de elaborar un Informe de seguimiento al Informe sobre Defensores. La Unidad también ha hecho especial seguimiento a la situación de colombiana con el objeto de elaborar un informe sobre la problemática de las defensoras y defensores en dicho país. Además, la Unidad está realizando un proceso de actualización de su página web con el objeto de dar a conocer las decisiones y resoluciones que la CIDH ha tomado respecto del tema de defensoras y defensores de derechos humanos, así como también un cuadro de alertas y acciones urgentes, con el objeto de sistematizar la información que diariamente recibe la unidad sobre el contexto y modalidades de los obstáculos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en la región. Por último, la Unidad ha elaborado un proyecto de financiamiento que cubriría las próximas actividades de la Unidad. V. TRABAJO RELACIONADO CON LA CORTE INTERAMERICANA La CIDH consideró durante sus sesiones el estado general de los casos y medidas provisionales que ha sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizó los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal. La Comisión Interamericana ha sometido 123 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, nueve se encuentran en espera de audiencia pública; seis en espera de sentencia; 93 en etapa de cumplimiento de sentencia y quince se encuentran cerrados. Asimismo, hay 38 medidas provisionales activas.
Contacto de Prensa: María Isabel Rivero - Tel. (202) 458 3867 - Cel. (202) 215 4142 -
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