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Capítulo III Otros problemas conexos - PDF
Capítulo III Otros problemas conexos
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Francisco Javier Carrizo Acosta
1 Capítulo III Otros problemas conexos 1. El problema de la posible violación del principio non bis in idem. Especial referencia a las sanciones previstas en la L.O.P.J. 2. El problema de la censura previa. 3. El posible secuestro judicial o administrativo.
3 La prueba lícitamente obtenida. Capítulo lii. Otros problemas conexos. 1. Elproblema de la posible violación del principio non bis in idem. Especial referencia a las sanciones previstas en la L.O.P.J. La sanción administrativa se justifica por la potestad disciplinaria de la Administración que no es cuestionada por nadie227.su poder se manifiesta especialmente en las relaciones de sujeción especial, como son las que mantienen con los colegios profesionales o con los funcionarios, al buscar el correcto funcionamiento de su actividad. Esta facultad sancionadora de la Administración guarda relación directa con la tendencia actual a la despenalización de aquellos comportamientos que, por su escasa gravedad pueden ser tratados por vías menos radicales. Un ejemplo de ello, es la tendencia a despenalizarlas faltas que se suele valorar positivamente por la doctrina228, siempre que ello no suponga una merma de las garantías formales y materiales. Si bien esta potestad sancionadoraes aceptada pacíficamente, no existe, en cambio, consenso a la hora de fijar los límites a su ejercicio. Ello conlleva la necesidadde delimitar nítidamente la frontera que separa el ilícito penal del administrativo229,desde el momento en que la concreción del 227 Vid. por todos GONZÁLEZCUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., p Así, MUÑOZ CONDE, Francisco, El derecho penal y la protección de los derechos fundamentales a finales del siglo XX, en DerechosyLibertades, Revista del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, n 2, octubre 1993/marzo 1994, p De modo genérico, se puede apuntar una distinción señalando que el injusto penal implica la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penalmente relevante a través de una conducta tipificada en la Ley, mientras que el injusto administrativo se refiere a las conductas previstas y sancionadas por la norma administrativa en interés inmediato de la propia administración. Cf r., MATA Y MARTÍN, Ricardo Manuel, El principio de non bis in idem de la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados, en PoderJudicial, n 41-42, 1997, p Sobre los criterios delimitativos de los ilícitos penales y administrativos y su relación con el principio non bis (continúa...) 759
4 Protección penal del secreto sumarial. bien jurídico (Cfr. supra, el epígrafe correspondiente a la sistemática y bien jurídico) en los tipos que analizamosestá conectado con la noción de correcto funcionamiento de la Administración de justicia. Esta delimitación está relacionada con el principio non bis in idem23 de la forma siguiente: si la diferencia entre la infracción penal y la administrativa radica en criterios cuantitativos, -atendiendoa la mayor o menor gravedadde la infracción- y apoyada, por tanto, en la existencia de un único bien jurídico protegido en ambos órdenes normativos, deberá aplicarseel principio non bis in idem. Si consideramos,por el contrario, que la diferencia es cualitativa tendrán que aplicarse dos sanciones al mismo hecho231. No obstante, el auténtico conflicto surge en las denominadas teorías eclécticas que se caracterizanpor el ejercicio de la potestad sancionadorade la Administración en dos ámbitos. El primer nivel de actuación se refiere a la tutela del interés general (heterotutela), marcando una diferencia cuantitativa entre el ilícito penal y el administrativo, lo que conileva aceptar un espacio interno de la Administración. El segundo ámbito de actuación tiene como fin defender el interés propio de la Administración (autotutela) que implica una distinción 229(..continuación) ii idem, vid., ASÚA BATARRITA, Adela, DelitoscontralaAdministración..., pp. 41 a 52. REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos..., pp. 197 a Este principio tiene una doble vertiente material y procesal. La primera significa la imposibilidad de sancionar dos veces a una misma persona por idéntico hecho cometido. Como principio procesal prohíbe la prosecución de dos procedimientos sobre un mismo sujeto y objeto fáctico. Cfr., MATA Y MARTÍN, Ricardo Manuel, El principio non bis in idem de la reforma..., p Sobre la fundamentación constitucional del principio non bis in idem sustantivo, véase, GARCÍA ALBERO, Ramón, Nonbisinidem pp. 53 a Ampliamente, una exposición de las dos teorías, puede verse en CASABÓ RUIZ, J.R., ComentariosalCódigopenal, Barcelona: Ariel, 1 972, pp. 78 y ss. OCTAVIO DETOLEDO, Emilio, La prevaricación..., pp. 267 y ss. REBOLLOVARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos..., pp. 198 a
5 Otros problemasconexos. cualitativa entre ambas infracciones232. Sin embargo, la doctrina penal española mayoritaria, al negar cualquier diferencia cualitativa está impidiendo la duplicidad de sanciones en base a que se aprecia identidad de fundamento. El problema se acrecienta en las relaciones de supremacía especial. En este ámbito se han propuesto distintas tesis para marcar las diferencias entre los dos tipos de ilícitos233.no obstante, ello no implica excluir la aplicación del principio non bis in idem a las relaciones de supremacía especialen base a la identidad del bien jurídico tutelado aun cuando los fundamentos sean distintos en lo que a su contenido de injusto se refiere234. De hecho, tras una doctrina asentada, tanto por el TC235como el TS236 de la inaplicación del principio non bis in idem a las relaciones de sujeción especial, la STC234/1991, de 10 de diciembre da un giro radical en su 232 La teoría ecléctica es rechazada por la doctrina penalista más autorizada por ser incompatible, entre otros, con los postulados del art. 103,1 dela C.E. que prescribe el servicio de la Administración pública a los intereses generales. Así, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., pp. 29 y 30. El mismo autor, La nueva regulación de los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal de 1995: la prevaricación, en CuadernosdeDerechoJudicial:Losdelitosdelos funcionariospúblicosenelcódigopenalde1995, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1996, p. 21. OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación..., pp. 283 y Las propuestas de varios autores son recogidas por GONZÁLEZCUSSAC, José Luis, Eldelito deprevaricación..., pp. 32 a 34. La tesis de este autor consiste en afirmar que partiendo del mismo bien jurídico categorial, la tutela se realiza en dos planos, entre los cuales puede haber, bien una relación de progresión, cuyo fundamento será idéntico, bien una relación de complementariedad, en la que el fundamento no es idéntico. Asimismo, sobre la distinción cualitativo-cuantitativa entre ilícitos penales y disciplinarios de funcionarios, vid., ampliamente, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación.,., pp. 267 a 296. REBOLLOVARGAS, Rafael, Larevelaciónde secretos..., pp. 204 a GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., pp. 39 y Desde la primera sentencia en esta materia 2/1981, de 30 de enero, el TC viene a declarar, implícitamente, que en los supuestos de sujeción especial (entre ellos el disciplinario), puede concurrir un fundamento diverso en la imposición de la sanción administrativa frente al característico de la pena criminal. En concreto, la sentencia 2/1981, de 30 de febrero (FJ 40) admite expresamente la imposición de sanciones penales y administrativas por un mismo sujeto y por un mismo hecho, cuando está presente una relación de supremacía especial y existen una diversidad de fundamentos en la base de cada una de las sanciones. 236 Sobre la evolución jurisprudencial en esta materia, vid,, SANTAMARIA PASTOR,Juan Alfonso; PAREJO ALFONSO, Luciano, Derechoadministrativo..., pp. 215 y ss. REBOLLOVARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos..., pp. 204 a
6 Protección penal del secreto sumarial. argumentación rechazandola categoría de relación de sujeción especial como válida para sustentar la inaplicabilidad de tal principio, y en consecuencia, para justificar la dualidad sancionatoria, exigiendo para que pueda darse esa doble sanción, que el interés jurídicamente protegido sea distinto, lo que significa que pueda afectar a situacionesno calificadascomo relacionesde sujeción especial: para que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria en razón de una conducta que ya fue objeto de condena penal, es indispensable,además,que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada a esa protección 237. Aceptando este planteamiento, esto es, de estimar inadmisible la duplicidad de sanciones, llegamos a la conclusión de que la falta de regulación penal específicade la vulneración del secreto sumarial externo (el interno ya está regulado en el CP de art. 466-), puede suponer, en cierta medida, potenciar el papelde los códigos deontológicos profesionales, en cuyas normativas podríatener acomodo tal infracción, lo que generaríaresponsabilidad disciplinaria. De otra parte, el secreto profesional está recogido ya en diversos apartados de nuestra legislación, lo que podríaviolar, asimismo, el principio non bis in idem. Así, el Código penal, en el art. 417 tipifica la conducta de revelación de secretos para los funcionarios públicos, por lo que los Abogados del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales, podrán ser sujetos activos de este delito. Por otro lado, en el apartado 5 del art. 111 de la Ley General Tributaria dedicadoa la regulación del secreto profesional, y el art. 4 de la LOPJ, que se refiere a la obligación de los abogados de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualesquiera de las 237Vid ampliamente, LASAGABASTERHERRARTE,lñaki, Lasrelacionesdesujeciónespecial..., pp. 389 a 396. El mismo espíritu se manifiesta en STC 281/1994, de 17 de octubre, FJ 70 Un comentario sobre esta jurisprudencia del TC puede verse en MATA Y MARTÍN, Ricardo Manuel, El principio del non bis in idem de la reforma..., pp. 196 a 199. Véase sobre el principio de proporcionalidad este último autor, pp. 207 a 212, que se encuentra íntimamente vinculado al principio non bis in idem, en la medida en que si el comportamiento está suficientemente castigado resultaría injustificado llevar a cabo un incremento en la privación de libertades y derechos. Sobre el mismo principio, vid., GÓMEZ BENÍTEZ,José Manuel, La idea moderna de proporcionalidad de las penas, en EstudiosdeDeusto, vol. XXXVIU/2 (julio-diciembre), Bilbao, 1988, pp. 587 a
7 Otros problemas conexos. modalidades de su actuación profesional. Hay que tener en cuenta asimismo,que la revelaciónde informacionesque causen un perjuicio a la Administración estambién una infracción Administrativa, recogida en el art. 7.1.j) del RD 33/1 986, sobre Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, lo que indica que la conducta de revelación para que sea calificada de infracción penal deberá revestir cierta gravedad, ya que resulta difícil encontrar un criterio de delimitación entre el delito y la infracción disciplinaria distinto de la diferenciación cuantitativa basadaen la mayor gravedad de los supuestos que deben reconducirse al Código penal, así como la posibilidad de dejar para el derechodisciplinario la pura responsabilidad objetiva y la revelación imprudente238.en esta misma línea también está prevista la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, cuyo deber de sigilo es sancionable a través de los artículos 91 y ss. Desde otra perspectiva, y considerandoen concreto el supuestoque nos ocupa, el hecho de que se imponga una multa en el art. 301 de la LECr, al que pueden añadirse, por un lado, la protección penal para la revelacióndel secreto sumarial externo cuando se trata de funcionarios (art. 417 CP), y por otro, la incriminación de la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas (secreto sumarial interno) en el caso de que el sujeto activo sea abogado, procurador, cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia o cualquier otro particular que intervenga en el proceso (art. 466 CP), podría dar lugar asimismo a un problema de violación del principio non bis in idem239,al que hemos ido dando solución a lo largo de este trabajo. 238 Cf r. CÓDIGOPENAL,especialmonográfico..., p LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN, Mercedes, elcódigopenalde , PP. 180 y 181. REBOLLO VARGAS, Rafael, La revelacióndesecretos..., p LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, Tratamiento del secreto profesional en el Derecho español, en PoderJudicial, n especial XIII, 1990, p
8 Protección penal del secreto sumarial. Igualmente, y como ya hemosseñaladoen otros apartados, si la violación del secreto sumarial viola la intimidad, el honor o la propia imagen de las personas sometidas a ese proceso judicial, puede constituir, bien, un ilícito civil específico en virtud del art. 7.4 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del honor, la intimida personaly familiar y la propia imagen, que considera intromisión ilegítima la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesionalu oficial de quien los revela, bien, un delito tipificado en los artículos 197 a 201 del CP. En consecuencia, la posible concurrencia de normas sancionadoras administrativas y penales sobre un mismo hecho se resolverá normalmente por derivación del principio non bis in idem mediante el instituto penal del principio de consuncjón o absorción, de creación doctrinal, que se aplicaba conforme al CP anterior a través del concurso de leyes240,-antiguo art. 68-, hoy recogido expresamente en el art. 83a del CP de , de tal forma que el desvalor determinado en la pena consume al expresadoen la sanción administrativa. No obstante, excepcionalmenteexistirán supuestos en los que el delito no absorba a la infracción administrativa, lo que dependerátanto de la descripción típica como de la relación pena-sanciónya que existen sanciones más graves que las propias penas. En estos supuestos la solución correcta consistirá en aplicar un concurso ideal entre la infracción penal y la administrativa. 240 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, CursodeDerecho Administrativo,TomoII, Madrid, 1981, p Entre la doctrina penalista destaca, en el mismo sentido, OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación..., pp. 278 y ss. Igualmente, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, la nueva regulación de los delitos de los funcionarios..., p ART. 8: Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas: 1a El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 2 El precepto subsidiario de aplicará sólo en defecto del principal, ya se declara expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducida. 3a El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. 4a En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. 764
9 Otros problemas conexos. Una fórmula que se apoya en la relación de consunción para evitar la duplicidad de sanciones es la técnica de los actos copenados impunes, esto es, dada la relación de medio a fin que existe entre la organización del servicio y la lesión de la función pública, el perjuicio al primero queda reflejado en el segundo242. En definitiva, al considerar que la diferencia entre el ilícito penal y el administrativo es cuantitativa por poseer idéntico bien jurídico categorial, se aplicará el principio non bis in idem si además sus respectivos bienes jurídicos específicos coinciden. Por el contrario, será imposiblela dualidad de sancionesen dos supuestos: 1 Cuando la infracción penal y administrativa tutelan bienes jurídicos distintos. 2 Cuando la sanción penal no contempla la totalidad del hecho desvalorado243. En el caso concreto que nos ocupa de la revelación del secreto sumarialsea externo o interno- y parafraseandonuevamente a GONZÁLEZCUSSAC244, llegamos a la conclusión de que, incluso en el supuesto de que a priori no pudiéramos determinar si los bienesjurídicos específicosque se tutelan a través de la sanción penal y la administrativa coinciden, deberemos atender a la consecuencia jurídica. Y en el delito de revelación del secreto sumarial la pena de inhabilitación especialque se prevé en los artículos 417 y 466 del CPindica que la norma penal abarca ya la globalidad del injusto. Por tanto, cualquier acumulación de una posible sanción administrativa violaría el principio non bis in idem. 242 GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., p GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., p GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación..., pp. 44 y
10 Protección penal del secreto sumarial. Todo ello demuestra el caos que sigue existiendo en esta materia por la dualidad de normas sancionadoras, sobre todo en el ámbito de la violación del secreto profesionalpor parte de los que están obligados a guardarlo por razón de su oficio o cargo, aunque, en parte se ha solucionadoen el nuevo Código penal de 1995, gracias a que de modo explícito el art. 8, y, especialmente,al art. 199, castigan de manera general la violación del secreto profesional. Por último, la aparente discriminación de tratamiento, en cuanto a consecuencias jurídicas se refiere, de unos profesionalesfrente a otros cuando ambos violan el secreto sumarial, en nuestra opinión sólo puede solucionarse mediante el análisis del bien jurídico protegido en cada una de las infracciones, lo que supone, por ejemplo, un plus de responsabilidadpara el funcionario que viola el secreto del sumario externo (art. 417 CP), en base a que se pone en juego el regular funcionamiento de la Administración pública, lo que requiereuna interpretación restrictiva de los tipos penales. Las sanciones previstas en la L.O.P.J. La L.O.P.J. trata en el art y 2 de la Comisión Disciplinaria del Consejo, que instruirá los expedientes e impondrá sanciones a Jueces y Magistrados. Cuandoel delito supuestode revelación de secretos se produce en un determinadojuzgado, será la mencionadacomisión Disciplinariadel Consejo General del PoderJudicial la que debe actuar por el grave daño y flagrante que el juez o miembros de la oficina judicial están causando al proceso y a la Justicia ,, CARRETRO SANCHEZ, Santiago, El juez ante los juicio paralelos..., pp. 265 y 266. Este autor apunta como propuesta de lege ferenda, (p. 266) que la Comisión Disciplinaria debe instar un procedimiento sumario en el que sería juez instructor el facultativo del Consejo auxiliado por el Secretario Judicial del juzgado más cercano que no formara parte del juzgado investigado. Es imprescindible -continúa- que quien tiene la competencia de velar por los documentos judiciales, el Secretario Judicial, posea los instrumentos necesarios para ejercer esa función y se le dote de verdadera competencia disciplinaria para informar al Consejo Generaldel Poder Judicial o a la Fiscalía General, según la alarma social del litigio en cuestión, y proponer las sanciones que se aconsejan de todos los miembros de la oficina judicial. 766
11 Otros problemas conexos. Merece la pena destacar, en este sentido, el Acuerdo adoptado por el Pleno Generaldel PoderJudicial, de fecha de 9 de octubre de 1996, por el que se impone al Magistrado Ilmo. Sr. Miguel Moreiras Caballero, titular del Juzgado Central n 3 de la Audiencia Nacional, la sanción de suspensión por un año, prevista en el art d) de la L.0.P.J., por considerarlo autor de la falta muy grave del art en relación con el art. 396, ambos de la citada ley, por revelar hechos, datos o noticias conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional, con motivo de la entrevista concedida por este Magistrado al Diario ABC, publicada el día 15 de octubre de D. José ManuelGómezBenítez,Abogado defensor de D. Antonio Navalón Sánchez en el ProcedimientoAbreviado seguido en el Juzgado del que era titular el citado Magistrado referente al caso Argentia Trust, denunció las declaraciones efectuadas por el Sr. Moreiras alusivas al citado procedimiento que se encontraba todavía bajo su jurisdicción, próximo a concluirse la fase de instrucción en la que narrabacon todo detalle lo acontecido en el seno de unas actuaciones procesales,poniendode manifiesto datos o hechosque conocía por su condición de instructor del ProcedimientoAbreviado, con explícita referencia a alguna persona -el Sr. Navalón- y a alguna organización. -P.S.0.E.-. El denunciante manifestó haber sufrido perjuicios en el orden familiar y en el ámbito profesional con las declaracionesformuladas sin que pueda concretar los daños morales que se le han producido en la estima pública y en la honorabilidad del mismo. Es preciso tener en cuenta, que en la entrevista concedida al Diario ABC no sólo da cuenta de actuaciones procesalesocurridas, sino que expresa las consecuencias de tipo jurídico, por lo que se entremezclan opiniones personales del entrevistado con contenido jurídico, con la aportaciones de datos sobre detalles concretos de actuacionesjudiciales. No cabe duda que la divulgaciónde opiniones y datos de un proceso sometido a su conocimiento, aun reconociendo 767
12 Protección penal del secreto sumarial. la independenciaen el ejercicio de la función jurisdiccional y amplios márgenes a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, comprometen la imparcialidad del instructor. Por tanto, le está expresamente prohibido, en su condición de Magistrado como instructor del citado Procedimiento Abreviado, dar publicidad a datos y hechos adquiridos en tal condición, de forma que, el hecho de la publicidad, no excluye la falta disciplinaria de revelación. Por otra parte, la Comisión Disciplinaria valoró también los precedentes obrantes en el ConsejoGeneralsobre casos similares que, como regla, siempre se han archivado sin consecuencias sancionadoras. En este sentido, volvió a afirmar lo siguiente: En relación con la actuación que deben observar las autoridades que participan en la investigación, respecto del secreto sumarial, el Estatuto Orgánicodel Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1981, dispone en su art. 4.5, que el Ministerio Fiscal para el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, podrá informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respecto al secreto del sumario. Como consecuenciade todo ello, la Comisión Disciplinariaacuerdael 8 de febrero de 1996 imponer al Magistrado Sr. Moreiras la sanción de multa de pesetas, como autor de la falta grave del art en relación con el art. 396, ambos de la L.0.P.J. No obstante, siendo esta falta grave de carácter subsidiario cuando no constituye la falta muy grave, es preciso analizar la posible concurrencia de los dos supuestos que califican la revelación como falta muy grave y que son: que se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o cualquier persona. Tanto lo votos discrepantes formulados, como el recurso de alzada interpuesto por el Fiscal, coinciden en señalar que estos son los requisitos 768
13 Otros problemas conexos. imprescindibles para poder calificar los hechos como constitutivos de falta muy grave: a) El poner en conocimiento de los demás de manera pública evidente significativos contenidos del proceso, porque una cosa es que las personas ajenas al procedimiento puedan intuir rumores, filtraciones, etc., y otra muy diferente que la opinión pública tenga conocimiento de lo que ocurre dentro del entramado judicial a través de las propias manifestaciones del máximo responsable de la investigación. b) En cuanto al daño causado a personas o entidades, es de sobra conocido que el concepto de daño desde un punto de vista jurídico amplio, no sólo abarcaal que se causa de manera material al patrimonio del afectado, sino también al honor, afectividad o psiquis -lo que se conoce como daño moral -. En el caso que nos ocupa, el daño existió como consecuencia de la previa publicidad concretada en las manifestacionespúblicasvertidas por el encausado a través de un importante medio de difusión, que fueron denunciadas por el ofendido. c) En cuanto al posible perjuicio a la tramitación de un proceso, las manifestaciones expresadasa título particular en terrenos de la opinión pública, introducen nuevos datos de conflicto dentro del marco global del procedimiento judicial provocando confusionismo en la labor investigadora del delito. Al proceder la Comisión Disciplinariaa imponer una sanción grave en un procedimiento disciplinario en el que existe propuesta del instructor delegado y calificación del Ministerio Fiscalentendiendo procedente,en basea los requisitos señalados, la imposición de una sanción por falta muy grave, debió elevar el procedimiento al Pleno y al no hacerlo así, la Comisión Permanentedel Consejo General del Poder Judicial, por razones de urgencia, el 16 de julio de 1996 acuerda declarar la nulidad de pleno derecho del Acuerdo adoptado por la 769
14 Protección penal del secreto sumarial. Comisión el 8 de febrero. El Plenodel ConsejoGeneraldel PoderJudicial considera que los hechos origen del presente expediente sancionadorson constitutivos de una falta muy grave prevista en el art de la L.O.P.J., en base a las siguientes consideraciones. En cuanto al primer requisito: la revelación, ha de producirsede forma categórica, es decir, que el previo conocimiento por la opinión pública de datos relacionados con la función jurisdiccional, excluya la posibilidad de que la infracción pueda ser cometida mediante una posterior y expresa revelación de datos judiciales, subjetivamente potenciada -puesto que ha revelado un mecanismo interno de convicción- por parte del titular del órgano jurisdiccional, debido a que esta prohibición, específicamenteestablecidapor el legislador de 1994, no afecta al derecho fundamental previsto en el art d) de la C.E. En relación al segundo requisito: se cause algún perjuicio bien a la tramitación del procedimiento, bien a cualquier persona, se excluye tanto el de carácter material como el de índole moral que se deduce este último de unas personales declaracionesdel titular del órgano jurisdiccional en las que realiza una imputación delictiva. De conformidad conlo anterior, el Pleno del C.G.P.J., el 9 de noviembre de 1996, acuerda: 1, no ratificar el acuerdo de la Comisión Permanentedel C.G.P.J. de fecha de 16 de julio de 1996, que declaró la nulidad de pleno derecho del Acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria, en fecha de 8 de febrero de 1996 (puesto que considera, en base a cuestiones de competencia que no interesa traer a colación en este momento, que el terreno en el que se debe situar el problema es en el de la anulabilidad); 2, estimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y anular el citado Acuerdo de la Comisión Disciplinaria, de fecha de 8 de febrero; y 30, imponer al Magistrado la sanción de 770
15 Otros problemas conexos. suspensión por un año prevista en el art d) de la L.O.P.J., por considerarlo autor de una falta muy grave del art de la L.O.P.J., por revelar hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona. La razón por la que esta revelación de secretos sumarialesprotagonizada por un magistrado, se haya denunciado por la vía de las sanciones disciplinarias previstas en la L.O.P.J. y no por la vía penal que se articula a través del tipo contenido en el art. 417 del CP, puede obedecer al siguiente fundamento: por exclusiva táctica procesal es más fácil que prospere la denuncia si se incardina por la sanción disciplinaria que propone la L.O.P.J., que por el delito previsto al efecto en el CP,ya que los precedentesjurisprudencialesdemuestran,como, por otro lado, se ha tratado de poner en evidencia en este trabajo, que, salvo en contadas ocasiones, no se ha aplicado el art hoy 417 del CP-paracastigar conductas de revelacióndelsecreto sumarialpor parte de autoridad o funcionario público que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones. No obstante, este Acuerdo protagonizadopor el Plenodel ConsejoGeneraldel Poder Judicial supone un primer paso que demuestra el cambio de mentalidadjurídica y la sensibilidad social que se está produciendo en el sentido de valorar las garantías del proceso y de destacar el perjuicio que se ocasiona de lesión del bien jurídico, derecho a un juicio justo e imparcial, con una revelación indebida del secreto del sumario, tendencia, por otro lado, confirmada a través de las legislaciones de nuestros paísesvecinos. De cualquier modo, y como siguiente paso, como ha quedado demostrado en este trabajo, la vía idónea de perseguir estas revelacioneses la penal, a través del art. 417 del CP, si la revelación es del secreto sumarial externo, y del art. 466 del CP, si la revelación es del secreto sumarial interno, por la importancia del bien jurídico protegido y por la gravedad de la conducta, acorde con el principio de intervención mínima que preside el Derecho penal. 771
16 Protección penal del secreto sumarial. 2. Elproblema de la censura previa. Abordamos el tema desde la perspectiva siguiente: Puede el juez instructor prohibir una publicación sin vulnerar la interdicción (que se considera absoluta246)de censura previa del art de la C.E.? El TC247,entiende la censura como el previo examen oficial del contenido de una obra del espíritu, que implica la finalidad de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos restrictivos a la libertad, de manera tal que se otorgue el placet a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario. Es preciso señalar que cualquier limitación preventiva está prohibida, constitucional y, por ende, penalmente, pues supone la negación misma del pluralismo y de la libertad. Al respecto, nos es útil la ya mencionada sentencia 13/1985, de 31 de enero, según la cual, el TC parece argumentar en un doble sentido para eludir la acusación de censura previa. Por un lado, tal prohibición debe ampararseen una facultad jurisdiccional supuestamenteprevista en la legislaciónpenaly admisible 246 Se trata de una prohibición absoluta no sólo por los términos en que aparece redactado el art de la C.E.: El ejercicio de estos derechos (libertad de expresión e información) no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, sino también por la interpretación que del mismo ha efectuado la jurisprudencia constitucional, en base, entre otras, a la Sentencia del TC 6/1981, de 16 de marzo, en la que se propugna reservar la comunicación pública libre sin la cual no hay soberanía popular, lo que exige la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones como es la prohibida en el art de la C.E. Asimismo, los comentarios realizados por la doctrina (vid., al respecto, CARMONA SALGADO, Concepción, Libertaddeexpresiónydeinformaciónysus límites, Madrid: EDERSA, 1991, pp. 36 y 37) sobre el mencionado artículo son rotundos en cuanto a la prohibición de censura, debiendo entenderse referidos a la totalidad del objeto y del contenido del derecho a la información. Esta autora mantiene que debe incluirse bajo dicho concepto no sólo la censura en sentido propio, sino también la imposición a priori de cualquier tipo de formalidad administrativa, que resultando de alguna manera gravosa, no sea necesaria para garantizar el ejercicio del derecho. Por otra parte, esta formulación hay que relacionarla con cualquier objeto comunicable, cualquier medio de comunicación y cualquiera de las parcelas informativas En sentencias 52/83, de 17 de junio y 13/85, de 31 de enero.
17 Otros problemas conexos. en términos constitucionales, por otro, el ejercicio de tal facultad debe carecer de ánimo censor. La remisión a la legitimidad constitucional debe entenderseen el sentido de que dicha autorización legal de tal facultad de instrucción, ha de cumplir los requisitos de carácter generalque la Constitución establece para la limitación de los derechos fundamentalesreconocidos en el art. 20: rango legal, respecto del contenido esencial, protección de otro bien constitucionalmente relevante, carácter necesario en una sociedad democrática y principio de proporcionalidad conforme a los artículos 20.4 y 53.1 del texto constitucional. En este sentido, la resolución judicial de la instancia que declara afectadas a la investigación judicial las fotografías, no cumple los requisitos exigidos para la constitucionalidad de la medida, porque el juez prohíbe la publicación de todas las fotografías que se han hecho, sin examinar cuáles pueden ser perjudiciales para los fines del sumario, fundando, por tanto, su resolución en una simple hipótesis genérica de perjudicialidad de todas las fotografías248. Por otro lado, el segundo requisito exigido en la sentencia -que no exista ánimo de ejercer una actividad de control- se justifica en la defensa de otro interés, en este caso, el interés de impartir recta e imparcial justicia249. Y es que cuando se actúa en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, se excluye por definición el ánimo censor, porque, puesto que ningún derecho es ilimitado, las posibles limitaciones jurisdiccionales al ejercicio del derecho a 248 OLIVA SANTOS, Andrés DE LA, El derecho a comunicar libremente información veraz y el secreto del sumario: la Sentencia de la Sala Segunda del TC, de 31 de enero de 1985 (recurso de amparo 385/1984; ponente, Tomás y Valiente), en el BoletíndelIlustreColegiodeAbogadosde Madrid.RevistaJurídicaGeneral, n 2, marzo-abril, 1985, p ESPÍNTEMPLADO,Eduardo, Secreto sumarial y libertad de información, enrevistajurídica decatalunya, 1986, 1, n 2, pp. 144 y
18 Protección penal del secreto sumarial. comunicar y recibir información veraz, es admisible, mientras que la censura es inadmisible en todo caso. Esta es la diferencia fundamental que media entre los apartados 2 y 4 del art. 20 de la C.E.250. EL TC, en definitiva, fundamenta tal medida prohibitiva, en el secreto sumarial del art. 301 de la LECr siempre que sea imprescindible para la recta administración de justicia. Facultad que debe acompañarsede tres garantías. 1a La delimitación concreta de las circunstancias en que sería utilizable (que serán su estricta necesidad para evitar un perjuicio irreparable a la investigación sumarial y la consiguiente ausenciade otra vía menos perjudicial para el ejercicio de la libertad de expresión). 2a La concreción de la información cuya publicidad es prohíbe. 3 La delimitación temporalde la prohibición, que deberá cesar tan pronto como fuese posible. La censura entendida en tal sentido, no sería contraria a las exigencias previstas en el art. 20.2, pues parece no restringir, de este modo, el contenido esencial de la libertad de información, conforme al art de la C.E El posible secuestro judicial o administrativo. A diferencia de la censura, que es preventiva, el secuestro supone una medida represiva respecto a la libertad de expresión y de información. Como cualquier otra limitación ha de estar justificad a en otro bien constituciónalmente relevante, es decir, ha de tratar de evitar los daños ocasionados con la OLIVA SANTOS, Andrés DE LA, Derecho a comunicar libremente,.., p ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Secreto sumarial y libertad de información..., p. 146.
19 publicación al bien jurídico protegido en cada caso concreto. Otros problemas conexos. El art de la C.E. exige ademásel acuerdodel secuestro en virtud de resolución judicial. En realidad, existen dos tipos de secuestros de los medios informativos, conforme a la autoridad que los ordena: el judicial y el administrativo. El judicial se considera una medida aceptable, en primer lugar, por la seguridad jurídica que el juez ofrece252,corno así está previsto en el citado art de la C.E., y en segundo lugar, porque la resolución judicial estará justificada en otro bien constitucional con el que colisione en el caso concreto. El secuestro administrativo está previsto en el art , e, implícitamente, en el art de la LO 4/1 981 de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio: la autoridad gubernativa podrá ordenar el secuestro de publicaciones,y, rechazadounánimementepor carecerde garantíasjurídicas, sólo se justifica en estos supuestos excepcionalesy siempre que la prohibición de otro secuestro que no sea el judicial (art de la C.E.), no sea absoluta, lo que no resulta muy claro, dada la taxatividad con que se formula el art del texto constitucional: sólo podrá acordarse el secuestro.... Se podría favorablemente la LO, mediante el razonamientode que, prohibida la censura previa en la Constitución,, el único remedio para evitar el daño que puede producir una información es procederal secuestro, siempreen las circunstancias excepcionales previstas en la LO (alarma,excepción y sitio, puesto que en estos casos es más rápida la actuación de la autoridad gubernativa que la judicial DESANTES-GUANTER,José M, La información en los Estados de alarma, excepción y sitio, en GobiernoyAdministraciónenlaConstitución. l.e,f. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 1, 1988, p DESANTES-GUANTER,José M, La información en los estados..., p
20 Protección penal del secreto sumarial. El límite de esta disposiciónestriba, pues, en el objeto que se persiguecon el secuestro,que en el caso que nos ocupa, estarájustificado, siemprey cuando, la publicación reveladora del secreto del sumario, entorpezca la correcta administración de justicia, alentando contra el bien jurídico protegido, esto es, un juicio imparcial, con todas las garantías,y siempre motivado por resolución judicial, salvo en los estados de alarma, excepción y sitio, en que puede acordarlo la autoridad gubernativa, con las salvedadesapuntadasanteriormente. Pero a ello hay que añadir otro tema fundamental con el que está relacionado el tema del secuestro judicial y es el secreto profesional del periodista. Sin perjuicio del tratamiento pormenorizadode este secreto de la información periodística en sus relacionescon el deber de declararen el proceso penal en un epígrafe anterior254,reseñamos al respecto que, en muchos casos, el secuestro judicial del material informativo es lícito o ilícito dependiendo de la concepción que se tenga del secreto profesional del periodista. En este sentido, si la existenciadel secreto periodístico se fundamenta en la relación de confianza que une al medio informativo con la fuente, se justificará con mayor facilidad la incautaciónde la información, cuando exista interés en la persecución de algún delito, pues se entiendeque no existe relación de confianza cuando de hechos delictivos se trata255. En cambio, si consideramosque el fundamento del secreto profesional del 254 Cf r, supra, el epígrafe dedicado a otras causas de justificación por razón de secreto previstas en la LECr. 255 JAÉN VALLEJO, Manuel, Libertaddeexpresiónydelitoscontraelhonor, Madrid: Colex, 1 992, pp. 66 y ss. destaca al respecto, varios casos extraídos de la jurisprudencia alemana, en que se considera lícito el secuestro de publicaciones cuando entra en conflicto el interés en la persecución de delitos, licitud derivada de la concepción del secreto profesional como relación de confianza entre la prensa y el informante o fuera de la noticia. Jurisprudencia y doctrina alemana están de acuerdo con este criterio, que en opinión del citado autor, es muy cuestionable constitucionalmente, al faltar la proporcionalidad entre el fin que se persigue: la persecución penal y el medio que se emplea para ello: la limitación en exceso del ejercicio de las libertades de expresión e información. 776

References: de lege ferenda
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