Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-232-07.htm
Timestamp: 2020-02-18 15:19:34+00:00

Document:
T-232-07
ACCION DE TUTELA-Reglas de procedencia cuando el afectado cuenta con otro medio de defensa judicial
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIAS DE REVISION DE TUTELA-Reglas jurisprudenciales en relación con su carácter vinculante
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL EN EL MARCO DE LA LEY 906 DE 2004-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL FRENTE A MECANISMOS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El medio de defensa judicial es ineficaz e insuficiente
Para la Sala, la apelación de las señaladas decisiones puede considerarse en abstracto, un medio idóneo para la defensa de los derechos fundamentales que se consideran conculcados. Sin embargo, atendidas las circunstancias particulares del actor, y la naturaleza de los derechos que se invocan a través de la acción de tutela, advierte la Sala que tal mecanismo ordinario se presenta como ineficaz e insuficiente. Es ineficaz en concreto, por cuanto como se puede constatar a través de piezas que forman parte del expediente el accionante se encuentra privado de la libertad en la jurisdicción del Distrito Judicial de Popayán, cuya máxima autoridad (El Tribunal Superior de Distrito) y quien debería resolver la impugnación contra la decisión que le negó el beneficio, se ha declarado contrario a la aplicación del principio de favorabilidad en casos similares. Pero adicionalmente, el medio alterno es insuficiente por cuanto estaría enfocado a la protección de los derechos a la libertad y a la aplicación de la ley penal más favorable. En la tutela se involucran otros derechos que no podrían ser protegidos a través de una eventual impugnación de la decisión que niega la readecuación de la pena, como son el derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas (Art. 13 C.P.), y de acceso igualitario a la administración de justicia (Art. 229 C.P.).
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Desconocimiento en el caso sub judice
El precedente establecido en sede de revisión de fallos tutela era vinculante tanto para el juez acusado, como para los jueces constitucionales de instancia por varias razones: (i) por que se construyó en ejercicio de la facultad constitucional que se asigna a esta Corporación (Art. 241.9) con el propósito de garantizar una interpretación uniforme de la Carta; (ii) por que la ratio decidendi de las sentencias T-1211/05, T-091/06 y T.797/06, contiene una regla relacionada con el caso sometido a su conocimiento, que servía para su resolución y no ha sido modificada; (iii) por que los hechos relevantes de las sentencias de la Corte plantean un punto de derecho semejante al del caso a resolver; y (iv) por que el precedente constitucional establecido por la Corte define el alcance del principio de favorabilidad, en relación con el tratamiento punitivo de la aceptación de cargos en uno y otro sistema, partiendo de una interpretación pro homine, esto es aplicando la interpretación más favorable a los derechos fundamentales. Así, el juez acusado se separa deliberadamente del precedente constitucional, sin que aporte las razones por las cuales, en el caso concreto, no le resultaba aplicable para la resolución adecuada del mismo, la ratio decidendi establecida, para casos análogos, en las sentencias T-1211 de 2005 y T-091 de 2006 (luego reiterada en la T-797 de 2006). Tratándose de un asunto de favorabilidad que involucra en su esencia un componente pro homine en la aplicación de la Ley, y de controvertir un precedente construido en sede de revisión de fallos de tutela, le era exigible al juez acusado demostrar por qué la opción interpretativa que acogió le resultaba más aceptable, desde el punto de vista de la realización de la justicia material, del deber de protección de los derechos fundamentales que la Carta le impone, y del principio de supremacía de la Constitución que obliga a todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la Constitución.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en el caso sub judice
Referencia: expediente T-1485788
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo dos mil siete (2007).
2. Desde la entrada en vigencia – progresiva – de la Ley 906 de 2004 son muchos los despachos judiciales que han reconocido la aplicación del principio de favorabilidad respecto de personas condenadas mediante sentencia anticipada, otorgándoles la rebaja de hasta la mitad de la pena, prevista en los artículos 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 en razón de la aceptación de cargos. Para corroborar esta afirmación cita decisiones del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de la Dorada de marzo 10 de 2005; del Tribunal Superior de Bogotá de junio 1° de 2005; del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva de abril 20 del 2006; del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Neiva, así como las sentencias T-1211 de 2005[1] y T- 091 de 2006[2] de esta Corporación, que han aplicado el principio de favorabilidad en situaciones análogas.
3. Afirma que el sentenciado solicitó en dos oportunidades ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán la aplicación del principio de favorabilidad teniendo en cuenta el artículo 351 de la ley 906/04, solicitudes que le fueron resueltas de manera adversa en decisiones de septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006.
4. Sostiene que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (T-091 de 2006) el supuesto fáctico de la sentencia anticipada contemplada en la Ley 600 de 2000 es análogo a la figura del allanamiento a los cargos prevista en la ley 906 de 2004, y sin embargo presentan tratamientos punitivos diversos, lo que conduce a la aplicación del principio de favorabilidad.
1. Que su despacho ha acogido el criterio de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – conforme al cual no procede aplicar la rebaja de pena prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a casos que se han resuelto mediante sentencia anticipada conforme a la Ley 600 de 2000, en tanto que se trata de normas que si bien coexisten, regulan supuestos de hecho distintos. En los eventos en que se ha negado la aplicación de favorabilidad no se estructuran vías de hecho, puesto que tal decisión es el producto del ejercicio de la función hermenéutica propia de la autonomía judicial.
2. Que cuenta con los argumentos suficientes y de peso para apartarse de la posición que en sentido distinto ha asumido la Corte Constitucional (refiere a la sentencia T- 1211 de 2005). Manifiesta que conoce los parámetros “jurisprudenciales” acerca de la manera cómo un funcionario judicial puede apartarse del precedente constitucional, y señala dos requisitos: (i) referirse al precedente anterior, y (ii) “ofrecer argumentos suficientes para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad. En este sentido, no debe entenderse que el deber del juez es simplemente el de ofrecer elementos contrarios al precedente sino que es su deber probar con argumentos por qué en un caso concreto el precedente puede ser aplicado y en otros no”. (No cita la fuente jurisprudencial a que alude).
La decisión de septiembre 6 de 2005, fundó la negativa a redosificar la pena en que, debido a la aplicación progresiva del sistema acusatorio, para esa época la ley no había entrado en vigor en ese Distrito Judicial. De otra parte se apoyó en un fallo del Tribunal Superior de Popayán, según el cual, lo que se demanda por vía de favorabilidad es la aplicación de un instituto propio del nuevo sistema acusatorio que no tiene equivalente en la Ley 600 de 2000, por lo que no se cumple el requisito de la equivalencia de los supuestos de hecho[3].
La decisión de marzo 22/06 negó la redosificación punitiva solicitada por el sentenciado, argumentando que se aparta de manera expresa del precedente constitucional sentado en la sentencia T-1211 de 2005, en razón a que: (i) los fallos de tutela producen efectos inter partes; y (ii) existe jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[4] que considera que no es posible aplicar el principio de favorabilidad a los institutos de la sentencia anticipada (Ley 600 de 2000) y allanamiento a los cargos (Ley 906 de 2004) por tratarse de instituciones con presupuestos procesales y de hecho diversos, lo que excluye la aplicación de este principio constitucional.
1. El argumento central radica en el carácter subsidiario de la acción de tutela (Art.86.3 de la Constitución). Advierte que la providencia de septiembre 6 de 2005 le fue notificada al demandante en la misma fecha de su expedición, sin que interpusiera recurso alguno. Así mismo el auto de marzo 22 de 2006, le fue notificado personalmente el día 23 del mismo mes, y tampoco fue objeto de impugnación. Estima en consecuencia, que el actor disponía de un medio de defensa judicial idóneo, al interior de la actuación penal correspondiente, sin que hiciera uso de él.
2. De otra parte advierte que, no se ha presentado ninguna de las causales en que conforme a la jurisprudencia constitucional vigente procede la acción de tutela contra providencia judicial[5], como quiera que se trata de la adopción, por parte del juez acusado, de uno de los criterios jurídicos expuestos sobre un asunto en particular, en detrimento de otro. Se refiere a las sentencias T-1211 de 2005[6] y T-091 de 2006[7] de esta Corporación que reconocen la aplicabilidad del principio de favorabilidad retrotrayendo los efectos punitivos más benignos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, a eventos definidos con base en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, y a la posición contraria asumida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencias de agosto 23 de 2005[8] y de febrero 7 de 2006[9], entre otras, que niegan el reconocimiento del favor rei.
Manifiesta el apoderado del demandante que “las decisiones de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada” lo que las convierte en “inmutables, vinculantes y definitivas”. Señala que esta Corporación sentó doctrina constitucional sobre el asunto en discusión, y que ésta debe ser aplicada por todos los jueces de la república y particularmente por todos los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, a efecto de poner fin a la violación del principio de igualdad que se viene presentando en razón a que en unos Distritos Judiciales se aplica la doctrina constitucional sobre la favorabilidad, y en otros las tesis expuestas por la jurisdicción ordinaria.
1. Cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela sólo procede de manera excepcional, frente a decisiones que involucran una evidente y manifiesta contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales (vías de hecho) y que vulneren los derechos fundamentales.
3. Adicionalmente consideró que “se descarta la presencia de vías de hecho pues (…) las decisiones que Orlay Sánchez pretende dejar sin efecto por medio de la acción de tutela, no reflejan ilicitud, arbitrariedad o capricho del funcionario judicial, sino por el contrario responden a interpretación racional de la normatividad aplicable y a la apreciación autónoma de las pruebas aportadas; con ella no se ha vulnerado ni puesto en peligro ningún derecho fundamental del accionante, ni se le causa un perjuicio irremediable.”
Problemas jurídicos y temas jurídicos a tratar
1. A partir de los hechos y antecedentes reseñados, el problema jurídico que debe resolver la Corte consiste en determinar si las decisiones proferidas en septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006 por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que negaron al condenado Orlay Sánchez (acogido a sentencia anticipada bajo el régimen de la Ley 600/00) la aplicación, por favorabilidad, de la rebaja punitiva prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, son violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, acceso a la justicia e igualdad invocados en la demanda.
2. La doctrina de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales ha evolucionado en el siguiente sentido[10]:
Conviene recordar que en la sentencia C- 543 de 1992 se estudiaron los cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 12 del decreto 2591 de 1991. Si bien estas normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991 que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales fueron declaradas inexequibles en esa ocasión por la Corte Constitucional, esta Corporación matizó los efectos de su decisión de manera que abrió la posibilidad para que de modo excepcional procediera la tutela contra providencias judiciales en el evento en que tales providencias, revestidas desde el punto de vista formal de un aparente sustento jurídico, constituyeran, de facto, una vía de hecho[11] por haber sido dictadas sin fundamento ni justificación y por obedecer, en ese sentido, a actuaciones caprichosas y arbitrarias del juzgador.
3. La Corte Constitucional en innumerables ocasiones ha destacado el estrecho nexo que existe entre la posibilidad de ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales y varios de los principios establecidos en la Constitución. Ello es así, en razón a que no puede admitirse que las autoridades públicas actúen de manera manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. Esto no solo significaría cuestionar seriamente la legitimidad de las decisiones estatales sino que representaría, a un mismo tiempo, desconocer el principio de legalidad que es el fundamento sobre el cual deben surtirse todas las actuaciones de las autoridades públicas (artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional) y a partir del cual se deriva su responsabilidad (artículos 6° y 90 de la Constitución Nacional). La Corte ha insistido en que tolerar actuaciones arbitrarias infringe también el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución Nacional)[12].
4. Adicionalmente, ha insistido esta Corporación en que no puede perderse de vista que, conforme al tenor del artículo 86 de la Constitución Nacional, la protección de los derechos constitucionales fundamentales por vía de acción de tutela procede “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” (Subrayas fuera de texto). De conformidad con está línea de pensamiento ha dicho este Tribunal Constitucional que, “[l]os jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. (...) la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.” (Énfasis dentro del texto)[13].
5. La procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido reconocida de manera expresa y detallada por la Sala Plena de la Corporación en varias sentencias de unificación y de constitucionalidad[14] y ha sido confirmada, desarrollada y profundizada por las distintas Salas de Revisión de Tutela[15]. La decantación de esta doctrina ha llevado a la afinación de los presupuestos de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En las sentencias T-516 y T-548 de 2006 de la Sala Séptima de Revisión, se presenta un desarrollo sistemático de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, y de los requisitos especiales, como reiteración de la sentencia de Sala Plena C- 590 de 2005[16].
6. La acción de tutela es el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial, en principio, cuando se cumplan los siguientes requisitos generales[17]:
b. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[18]. De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
7. Así mismo, se han estructurado los requisitos especiales de procedibilidad[19] de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales se relacionan con el control excepcional por vía de tutela de la actividad judicial, y están asociados con las actuaciones judiciales que conllevan una infracción de los derechos fundamentales. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se redefinió la teoría de los defectos, y se dijo que la acción de tutela procedía cuando:
a. El funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece de competencia (defecto orgánico).
b. La violación de la Constitución y la afectación de los derechos fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento (defecto procedimental).
c. La vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto de las pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contra evidente o porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto fáctico).
d. La violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia (vía de hecho por consecuencia[20]).
e. La providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo.
f. Se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión (defecto material o sustantivo).
g. Se desconoce el precedente. Esta causal se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.
“Debe tenerse en cuenta que el precedente judicial está conformado por una serie de pronunciamientos que definen el alcance de los derechos fundamentales mediante interpretaciones pro homine, esto es, aplicando la interpretación que resulte mas favorable a la protección de los derechos fundamentales”[21].
En relación con la aplicación del precedente, esta Corporación señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.[22]”
h. Violación directa de la Constitución. La decisión del juez se fundamenta en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso[23].
8. No obstante ha destacado esta Corporación que la aplicación de esta doctrina Constitucional, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Por esta razón, las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales deben estar presentes en forma evidente y ser capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[24].
Aunado a lo anterior, para que la solicitud de amparo sea procedente en estos casos, debe darse cumplimiento al mandato según el cual ésta sólo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En razón a que el caso bajo examen plantea también este problema preliminar procederá la Sala, a continuación, a reseñar la jurisprudencia relevante sobre la procedencia de la tutela, cuando el afectado cuenta con otro medio judicial de defensa.
9. La Corte ha señalado[25] que, dado el carácter subsidiario de la tutela, cuando el accionante dispone de otro mecanismo de defensa judicial el juez de tutela ha de analizar, (i) si dicho medio es idóneo y eficaz, y en caso de que la respuesta resulte afirmativa, (ii) si se presenta un perjuicio irremediable que amerite que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
“La existencia o inexistencia del medio ordinario de defensa judicial al cual pueda acudir el afectado, constituye (…) un aspecto esencial para establecer la procedencia de la acción de tutela como mecanismo principal o como mecanismo transitorio.
[…] En los eventos en que el ordenamiento jurídico tenga previsto un mecanismo ordinario de defensa judicial, la jurisprudencia constitucional tiene definido que el juez de tutela tendrá en cuenta, a partir de las consideraciones especiales del caso, dos aspectos a saber: 1º) la eficacia e idoneidad del medio de defensa judicial; y, 2º) los elementos del perjuicio irremediable.
El medio ordinario de defensa judicial debe ser eficaz e idóneo para el amparo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Tal grado de eficacia se aprecia en concreto, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante y de los derechos constitucionales involucrados[26].
Para la Corte, ‘La necesidad de tener presente las circunstancias concretas y los derechos constitucionales involucrados, a efectos de analizar la eficacia del otro medio de protección judicial, explica el carácter subsidiario de la acción de tutela, que impone establecer si el ordenamiento jurídico no ha dispuesto un remedio judicial idóneo y específico para proteger el derecho. Por lo mismo –carácter subsidiario-, la tutela no tiene por objeto desplazar los diversos mecanismos de protección, sino fungir como último recurso –y, por lo mismo, sin restricciones normativas distintas a las normas constitucionales- para lograr la protección de los derechos fundamentales. La forma en que se han desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales, puede indicar la no idoneidad de los mecanismos ordinarios’[27].
Adicionalmente, en caso de que el medio judicial sí fuere eficaz e idóneo, el juez de tutela ha de estudiar si procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, lo cual a su vez exige la presencia de un perjuicio irremediable. Éste se caracteriza por ser un daño inminente, cierto, evidente, de tal naturaleza “que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño”, y de tal magnitud que hiciere impostergable la tutela[28].
10. Lo primero que debe advertirse es que fue el propio constituyente quien estableció el mecanismo de revisión de fallos de tutela, como un dispositivo perfilado para “controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones” a fin, no sólo de “unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales, sino erigir a la Corte Constitucional como máximo Tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos.”[29]
En diferentes decisiones esta Corporación ha reconocido el valor vinculante de la ratio decidendi[30] en materia de tutela,[31] y atribuido su razón de ser al interés superior de asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento jurídico, y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que garantice la seguridad jurídica.
Se trata de un tema vinculado además al derecho de acceso a la justicia, por cuanto como lo ha señalado la Corte, el artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el entendido de que “acceder” igualitariamente ante los jueces implica, “no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y tribunales ante decisiones similares”[32].
“[P]uede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional[33] -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades[34].
La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales”[35] a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución[36], en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima en la estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas”[37].
(i) La ratio decidendi refleja la interpretación calificada y de autoridad de la Carta que hace el Tribunal constitucional, en virtud de sus competencias (Art. 241 y 243 C.P.)[38]. Por lo tanto, tiene fuerza vinculante general como lo ha reconocido reiteradamente esta Corporación, en la medida en que la ratio decidendi responde a la lectura e interpretación autorizada de la Constitución por parte del órgano competente para el efecto[39], en los términos que exige el artículo 241 de la Carta[40].
(ii) En consideración a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y a los condicionamientos de que fue objeto el numeral 2° del artículo 48, en virtud de la sentencia C-037 de 1996[41] (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), que ya se comentó anteriormente[42].
(iii) Finalmente, la ratio decidendi resulta obligatoria, porque asegura que las decisiones judiciales se basan en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico[43]; garantiza la coherencia del sistema (seguridad jurídica); y, favorece el respeto a los principios de confianza legítima (artículo 84 C.P.), e igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), establecidos en la Constitución[44].
Por lo tanto, ha establecido la Corte que la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional[45].
13. En lo concerniente específicamente al precedente vertical en materia constitucional, también se ha pronunciado la Corte señalando que para el caso de los jueces y tribunales, si bien éstos son independientes y autónomos en sus decisiones conforme al artículo 228 de la Carta, esta libertad constitucional no implica precisamente desligarse de la Carta, ni de la interpretación vinculante que realiza la Corte a partir de sus sentencias.
El desconocimiento de los precedentes constitucionales puede llegar a vulnerar en sede judicial los derechos ciudadanos a la igualdad y al acceso a la justicia (C.P. Art. 13 y 29), como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que si la aplicación de la ley y la Constitución dependen de la libre interpretación de cada juez, el resultado final puede llevar a que casos idénticos se resuelvan de forma diferente por diversos falladores, lo que a la postre desvirtuaría por completo la seguridad jurídica en materia nada menos que constitucional[46].
Por estas razones, “respetar el precedente constitucional para quienes administran justicia no es una opción más dentro de nuestro complejo sistema jurídico, sino un deber, especialmente porque es a través del ejercicio de esta actividad que se asegura de manera definitiva la eficacia de los derechos constitucionales[47]. Los precedentes constitucionales deben tener un lugar privilegiado en el análisis de casos por parte de los operadores jurídicos, so pena de quebrantar principios constitucionales como la igualdad y la supremacía de la Constitución.[48]. En consecuencia, los jueces están obligados a acoger los precedentes constitucionales en la medida en que deben interpretar el derecho en compatibilidad con la Carta.[49] Este deber de interpretar en forma tal que se garantice la efectividad de los principios y derechos que ella contiene, es entonces un límite, si no el más relevante[50], a la autonomía judicial”[51].
14. De otra parte, también ha establecido la jurisprudencia que aunque el respeto al precedente es fundamental en nuestra organización jurídica por las razones anteriormente expuestas, el acatamiento del mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del derecho. En este sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte[52]. Sin embargo, existen otras razones válidas para apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte. (Se destaca).
En la sentencia SU-047 de 1999[53] se expuso precisamente que la posibilidad de desligarse de los precedentes en circunstancias concretas, puede obedecer a razones como las siguientes: i) eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen necesaria la corrección de una línea jurisprudencial; ii) una interpretación que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos, en su aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares. iii) cambios históricos frente a los que resulta irrazonable adherir a la hermenéutica tradicional.
Esta posibilidad de desligarse razonada y fundadamente de los precedentes ha sido además reconocida por esta Corporación en otros pronunciamientos, en los que se ha sostenido que buena parte de la eficacia de un sistema respetuoso de los precedentes radica también, en la posibilidad “de establecer un espacio de argumentación jurídica en el que el funcionario judicial exponga razonadamente los motivos que lo llevan a insistir o cambiar la jurisprudencia vigente, pues es él quien, frente a la realidad de las circunstancias que analiza, y conocedor de la naturaleza de las normas que debe aplicar, debe escoger la mejor forma de concretar la defensa del principio de justicia material que se predica de su labor.”[54] (Se destaca).
El respeto a los precedentes entonces, no les permite a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de los antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley no siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez quien generalmente debe darle coherencia a través de su interpretación normativa, su compromiso de integrar el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación debidamente fundada, el operador decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su superior funcional. Ello puede ocurrir por ejemplo, cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto[55] o cuando “elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica”[56] o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga argumentativa mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión[57]. (Se destaca)
Omitir esta carga en materia de precedente, acarreará las consecuencias jurídicas propias de tal desconocimiento, es decir, verse avocado a una eventual acción de tutela contra providencias judiciales o cualquiera de los mecanismos constitucionales para hacer exigible la fuerza preeminente de la Carta, por desconocimiento del precedente constitucional.[58]
(i) El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia. En tal sentido no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que autorice un trato diferente para las normas procesales[59].
(ii) El principio de favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no es excluyente sino complementario de la favorabilidad. En tal sentido, reafirmó la aplicación de la ley 906 de 2004, por vía de favorabilidad, a hechos acaecidos antes de su vigencia[60].
(iii) El principio de favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante el método progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema. Consideró la Corte que la determinación de unos parámetros de progresividad para la puesta en marcha del sistema establecido en el A.L. No. 03 de 2002, en manera alguna puede desconocer uno de los principios esenciales del debido proceso en el estado de derecho, como es el principio de favorabilidad penal.[61] Así consideró que,”Una sana hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. Por ello, siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva[62]”
(iv) El principio de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de regímenes legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales del principio de favorabilidad. Consideró la Corte que “[E]s ésta una perspectiva amparada por el contenido del inciso 3° del artículo 29 de la Constitución que no introduce restricciones al principio de favorabilidad en materia penal, el cual tiene como ámbito de aplicación situaciones de tránsito normativo que pueden incorporar visiones de política criminal o tratamientos legislativos más benignos respecto de situaciones específicas. Esta comprensión además de reafirmar el profundo sentido humanístico que inspira la favorabilidad en materia penal, reconoce las particularidades que presenta el método de implementación del nuevo modelo penal por el que ha optado el constituyente colombiano. Adicionalmente, promueve la realización del principio de igualdad, frente al cual resultaría intolerable la coexistencia injustificada de dos procedimientos que permitieran disímiles tratamientos legales a supuestos de hecho iguales[63].
(v) La aplicación del principio de favorabilidad reclama un estudio particularizado de cada caso, a fin de determinar el impacto de las normas en conflicto sobre la situación del procesado. Como lo ha señalado la Corte, (L)a aplicación del principio de favorabilidad es un asunto que atañe al examen de situaciones concretas y por tanto, es un asunto precisamente de aplicación de la ley, por lo que corresponderá a los encargados de ello atender el mandato imperativo del tercer inciso del artículo 29 superior” [64].
Bajo estas reglas, establecidas por la Corte en materia de favorabilidad penal a propósito de la ley 906 de 2004 que desarrolla el sistema penal acusatorio, resolverá la Sala el asunto bajo examen. Adicionalmente, advierte la Sala que sobre la materia específica que este caso plantea – la favorabilidad en materia de aceptación de cargos - ya existe precedente jurisprudencial, procede la Corte a reseñar las líneas relevantes trazadas por la Corporación.
16. En decisiones anteriores (T-091 de 2006 y T-797 de 2006)[65], esta Sala enfrentó un problema similar al que se plantea en el presente asunto, relativo a si son equiparables los mecanismos de terminación anticipada del proceso de (i) sentencia anticipada (Art. 40 de la Ley 600 de 2000), y (ii) de allanamiento a los cargos en la diligencia de formulación de imputación (Arts. 288.3, 293 y 351 Ley 906/04), a efecto de determinar si se cumplía con el supuesto material para efectuar un juicio de favorabilidad.
Consideró la Corte que las formas de terminación anticipada del proceso, por allanamiento a los cargos, son mecanismos que presentan una amplia tradición en el ordenamiento jurídico colombiano. El nuevo estatuto procesal penal (Ley 906/04), desde su perspectiva de sistema acusatorio, consagra dos formas de terminación anticipada del proceso que conservan su propia individualidad estructural y dogmática: el allanamiento a los cargos o aceptación unilateral de los mismos, y los preacuerdos y negociaciones.
Constató la Corte que entre la sentencia anticipada y la aceptación unilateral de los cargos formulados en la diligencia de imputación se presentan los siguientes elementos comunes: (i) Una y otra responde a una naturaleza similar en cuanto representan formas de terminación anticipada del proceso, que incorporan cometidos de política criminal similares como son los de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia, prescindiendo de etapas procesales que se consideran innecesarias en virtud de la aceptación del procesado de los hechos y su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos, a cambio de una rebaja punitiva; (ii) los dos institutos están precedidos de una formulación de cargos, que los coloca en posibilidad de ejercer su derecho de contradicción o renunciar a él; (iii) en los dos eventos debe existir un control de legalidad por parte del juez orientado a que se preserven las garantías fundamentales del procesado, entre ellas, a la espontaneidad de su aceptación; (iv) en uno y otro evento, la aceptación unilateral de los cargos conducen necesariamente a una sentencia condenatoria, que debe estar fundada sobre el convencimiento acerca de la responsabilidad penal del procesado; (v) las dos instituciones están mediadas por el principio de publicidad; (vi) una y otra promueven el principio de la buena fe y la lealtad procesal; (vii) los dos eventos comportan una confesión simple del imputado o procesado; (viii) uno y otro instituto promueven la eficiencia del sistema judicial[66].
Adicionalmente, consideró la Corte, que tanto la sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos[67] (T-091/06).
“Si se observan aisladamente los rangos punitivos establecidos en una y otra normatividad para el mismo supuesto, vale decir el allanamiento a los cargos en el momento de su formulación: “una tercera parte” (Ley 600/00) y “de hasta la mitad” (Ley 906/04) de la pena imponible, podría pensarse que no comportan favorabilidad por cuanto una rebaja de “hasta la mitad” podría eventualmente ser equivalente a “una tercera parte”[68].
Sin embargo, para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: (i) una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); (ii) una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.); (iii) un descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc. 2°). Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera un mayor reconocimiento punitivo.
(iii) El allanamiento producido al inicio del juicio oral, origina un descuento de “una sexta parte”[69] de la pena. En este caso el legislador previó un descuento fijo”[70].
Al comparar, en abstracto, los dos sistemas de descuento punitivo previstos en una y otra normatividad para el mismo supuesto de hecho, consideró la Corte que resulta más permisivo el contemplado en la Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador para determinar el descuento punitivo, particularmente en relación con quien se allana en la diligencia de formulación de cargos.
Al juez constitucional le corresponde establecer, en casos como los analizados (en la T-091/06,en la T- 1211/05 y en el presente fallo), si el juez penal (sea de ejecución de penas o de conocimiento) vulneró derechos fundamentales por haberse negado a efectuar un juicio de favorabilidad, correspondiendo a ése juez (al competente) asumir la tarea de redosificación. Así lo señaló la Corte:
“En efecto, como la rebaja de pena por aceptación de cargos debe deducirse luego de que el sentenciador ha calculado la pena a imponer dentro de los márgenes del cuarto de movilidad que corresponda y teniendo en cuenta los criterios de individualización establecidos en el artículo 61.3 del Código Penal sustantivo, la determinación de la rebaja de pena dentro de los límites mínimo y máximo de cada rango, tendrá que calcularse atendiendo también los factores que tuvo en cuenta el fallador para establecer el quantum punitivo[71]” (T-091/06).
De tal manera que, como ya lo estableció la Corte “para determinar si se impone o no la aplicación retroactiva de la rebaja de pena prevista en el Art.351 L.906/04, a procesos rituados bajo la Ley 600 de 2000, en los cuales el procesado se hubiere acogido a sentencia anticipada, debe efectuarse, en cada caso, el pronóstico de la rebaja ponderada que correspondería aplicar conforme a los criterios que rigieron el proceso de individualización de la pena impuesta, para establecer si en efecto la nueva opción resulta más favorable al sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600/00”[72].
19. Procede la Sala a analizar si en el caso que se pone a su consideración en la presente oportunidad : (i) concurren los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial; (ii) existe un mecanismo judicial idóneo que excluya la procedibilidad de la acción de tutela; (iii) concurre algunas causales especiales de procedibilidad, en particular, la inobservancia del precedente jurisprudencial; (iv) se configuran los presupuestos para la aplicación del principio de favorabilidad penal cuando se han aceptado cargos mediante sentencia anticipada.
Constatación de los requisitos generales y de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial :
Argumentó el juez en la primera providencia que para la época de la solicitud el nuevo sistema penal no había sido implementado en ese Distrito Judicial, y que no es posible aplicar favorabilidad en el asunto planteado dado que la norma que se invoca alude a un instituto procesal nuevo, sin parangón en el anterior sistema. En la segunda decisión la negativa se funda en que los fallos de tutela sólo producen efectos inter partes y en que existe jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción penal ordinaria que establece que no es posible aplicar el principio de favorabilidad a los institutos de la sentencia anticipada (ley 600/00) y el allanamiento a los cargos (Ley 906/04), por tratarse de institutos con presupuestos procesales y de hechos diversos.
(i) El asunto que se discute involucra una materia de genuina relevancia constitucional, como es la aplicación del principio constitucional de favorabilidad penal (Art. 29) en relación con normas del nuevo proceso penal de tendencia acusatoria, aspecto que forma parte del debido proceso y tiene evidente impacto sobre el derecho a la libertad (Art.28 C.P). Adicionalmente plantea una problemática de hermenéutica constitucional relativa a la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho, la autonomía judicial y el precedente constitucional, temas de clara trascendencia sobre el derecho al acceso igualitario a la administración de justicia (Arts. 13 y 229 C.P.).
(iii) Asimismo teniendo en cuenta las fechas en que fueron expedidas las decisiones que se impugnan por vía de tutela (septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006) no encuentra la Sala que se haya desconocido el principio de inmediatez[73], tomando en consideración que las decisiones de revisión expedidas por esta Corporación que constituyen el sustento de la demanda, datan de 24 de noviembre de 2005 y 10 de febrero de 2006.
(v) Los hechos que generan la vulneración que acusa el demandante se encuentran perfectamente identificados en la demanda, y fueron alegados en la respectiva instancia judicial en la que se evaluaron las solicitudes de redosificar la pena del sentenciado, con base en la aplicación del art. 351 de la Ley 906/04, en virtud del principio de favorabilidad.
La inexistencia de mecanismo judicial eficaz, atendidas las circunstancias del caso concreto
22. Tal como se señaló en el fundamento No. 9 de esta sentencia, en eventos como el presente, en que el orden jurídico ofrece otro medio judicial para la defensa de los derechos fundamentales que el demandante considera vulnerados, corresponde al juez de tutela analizar si el mismo presenta la idoneidad y eficacia para la plena protección de los derechos fundamentales. El grado de eficacia del medio alterno debe apreciarse, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante y a los derechos fundamentales involucrados.
Es ineficaz en concreto, por cuanto como se puede constatar a través de piezas que forman parte del expediente el accionante se encuentra privado de la libertad en la jurisdicción del Distrito Judicial de Popayán, cuya máxima autoridad (El Tribunal Superior de Distrito) y quien debería resolver la impugnación contra la decisión que le negó el beneficio, se ha declarado contrario a la aplicación del principio de favorabilidad en casos similares[74]. Lo que permite inferir una alta probabilidad de que ante una impugnación en sede ordinaria se aplique el criterio ya expresado por esa Corporación al definir la acción de tutela, oportunidad en la que se pronunció sobre el fondo del asunto, pese a haber argumentado una causal de improcedencia de la acción de tutela consistente en la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa como era la impugnación del auto, recurso que esa misma instancia debería resolver.
Pero adicionalmente, el medio alterno es insuficiente por cuanto estaría enfocado a la protección de los derechos a la libertad y a la aplicación de la ley penal más favorable. En la tutela se involucran otros derechos que no podrían ser protegidos a través de una eventual impugnación de la decisión que niega la readecuación de la pena, como son el derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas (Art. 13 C.P.), y de acceso igualitario a la administración de justicia (Art. 229 C.P.). La ineficacia e insuficiencia del medio alterno de defensa, junto a la concurrencia de los demás requisitos generales, permite continuar con el análisis para abordar el tema relativo a las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial.
23. Conforme quedó establecido en el fundamento jurídico No.7 de esta providencia, uno de los requisitos especiales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, como control excepcional de la actividad judicial, es el desconocimiento del precedente. Esta causal se presenta, en eventos en que la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. Conviene destacar que el precedente judicial, tal como se indicó, está conformado por una serie de pronunciamientos que definen el alcance de los derechos fundamentales “mediante interpretaciones pro homine, esto es, aplicando la interpretación que resulte más favorable a la aplicación de los derechos fundamentales”[75] (Se destaca)
En las sentencias T- 1211 de 2005, T- 091 de 2006 y T-797 de 2006, proferidas por las Salas Novena y Cuarta de Revisión, esta Corte ha establecido un precedente constitucional aplicable al caso sometido a revisión en esta oportunidad, consistente en hacer prevalecer la eficacia del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 inciso 3° de la Constitución, en relación con la aplicación retroactiva del artículo 351 de la Ley 906/04[76] (Código de procedimiento penal acusatorio), que contempla una consecuencia punitiva más favorable, a eventos en que el procesado se ha acogido a sentencia anticipada, (lo que implica aceptación de cargos, Art. 40 de la Ley 600/00[77]) para obtener el descuento punitivo que tal precepto prevé.
24. En el caso bajo examen, el procesado Orlay Sánchez se acogió a sentencia anticipada con fundamento en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por lo que le fue reconocido un descuento de una tercera parte de la pena. Invocada la favorabilidad ante el juez que vigila la ejecución de su sentencia, para que le fuese aplicado retroactivamente el art. 351 del nuevo estatuto procesal penal, el juez le negó la solicitud al considerar que las dos normas prevén supuestos de hecho no comparables. En sede de tutela los jueces constitucionales, le negaron el beneficio por considerar que tienen su propio precedente, fundado en una interpretación distinta adversa a los derechos fundamentales del actor.
El precedente establecido en sede de revisión de fallos tutela era vinculante tanto para el juez acusado, como para los jueces constitucionales de instancia por varias razones: (i) por que se construyó en ejercicio de la facultad constitucional que se asigna a esta Corporación (Art. 241.9) con el propósito de garantizar una interpretación uniforme de la Carta; (ii) por que la ratio decidendi de las sentencias T-1211/05, T-091/06 y T.797/06, contiene una regla relacionada con el caso sometido a su conocimiento, que servía para su resolución y no ha sido modificada; (iii) por que los hechos relevantes de las sentencias de la Corte plantean un punto de derecho semejante al del caso a resolver; y (iv) por que el precedente constitucional establecido por la Corte define el alcance del principio de favorabilidad, en relación con el tratamiento punitivo de la aceptación de cargos en uno y otro sistema, partiendo de una interpretación pro homine, esto es aplicando la interpretación más favorable a los derechos fundamentales[78].
Y aunque el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, sostiene en la providencia de marzo 22 de 2006, cuestionada por vía de tutela, que se aparta razonadamente del precedente establecido en la sentencia T-1211 de 2005 de esta Corporación, no asume la carga argumentativa que le plantea tal decisión orientada a “fundar rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es contrario a la Constitución en todo o en parte”[79] . Tampoco se fundó en alguno de los otros eventos en que según la jurisprudencia es posible apartase del precedente.[80]
Su argumentación se contrae a señalar “el efecto inter partes” de los fallos de tutela, y el criterio interpretativo expuesto en algunas decisiones de la jurisdicción penal ordinaria, sobre asuntos similares, lo cual no satisface la exigente carga argumentativa que impone a un juez el separarse del precedente constitucional. Sobre lo primero, su planteamiento es erróneo dado que como lo ha sostenido esta Corporación en materia de tutela, los efectos, en principio ínter partes del fallo de tutela, pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional[81]. La ratio decidendi de los fallos de tutela sí constituye un precedente vinculante para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de homogenizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (Art. 241 de la C.P.). Sobre lo segundo, conviene reiterar que la función de unificación jurisprudencial en materia de tutela le ha sido asignada a esta Corporación, por la vía del mecanismo de la revisión eventual, el cual comprende el control constitucional (excepcional) de la actividad judicial.[82]
Así, el juez acusado se separa deliberadamente del precedente constitucional, sin que aporte las razones por las cuales, en el caso concreto, no le resultaba aplicable para la resolución adecuada del mismo, la ratio decidendi establecida, para casos análogos, en las sentencias T-1211 de 2005 y T-091 de 2006 (luego reiterada en la T-797 de 2006). Tratándose de un asunto de favorabilidad que involucra en su esencia un componente pro homine en la aplicación de la Ley, y de controvertir un precedente construido en sede de revisión de fallos de tutela, le era exigible al juez acusado demostrar por qué la opción interpretativa que acogió le resultaba más aceptable, desde el punto de vista de la realización de la justicia material, del deber de protección de los derechos fundamentales que la Carta le impone, y del principio de supremacía de la Constitución que obliga a todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la Constitución.
Debe recordar la Sala que al juez de la causa le corresponde fijar el alcance de la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta Política.[83]
Análisis de los presupuestos para la aplicación del principio de favorabilidad penal en el caso concreto
25. El demandante Orlay Sánchez fue condenado mediante sentencia de agosto 23 de 2004, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán, a la pena de 16 años de prisión. Por haberse acogido a sentencia anticipada (aceptación de cargos) conforme a lo previsto en el artículo 40 del C. de P.P. se le reconoció una tercera parte de la pena, quedando ésta en 10 años y ocho meses de prisión. Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, particularmente del artículo 351 de ese estatuto que contempla una rebaja punitiva de “hasta la mitad” para el procesado que “acepte los cargos” determinados en la audiencia de formulación de imputación, ha solicitado la aplicación, por favorabilidad, de esta última disposición. Esta petición le ha sido negada por el juez que vigila la ejecución de su sentencia y por los jueces constitucionales que conocieron de la acción de tutela, en razón a que no se configura el supuesto material para la aplicación de este principio.
26. Advierte la Corte que el supuesto fáctico del asunto bajo examen, coincide en lo fundamental con los hechos relevantes de los casos estudiados por esta Corporación en las sentencias T-1211 de 2005[84], T-091 de 2006[85] y T-797 de 2006[86], en los que la Sala Cuarta de Revisión decidió conceder la tutela a los condenados que, por similares razones, habían acudido a este mecanismo para la protección a sus derechos al debido proceso - aplicación de la ley penal más favorable - a la libertad y al acceso igualitario a la administración de justicia.
La ratio decidendi a partir de la cual se construye el precedente sentado en las mencionadas decisiones, consiste en que: “Al comparar en abstracto, los dos sistemas de descuento punitivos previstos en una y otra normatividad (Art. 40 Ley 600/00 y Art. 351 Ley 906/04) para el mismo supuesto de hecho (la aceptación de cargos en la fase de investigación) consideró la Corte que resulta más permisivo el contemplado en la Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador para determinar el descuento punitivo, particularmente en relación con quien se allana en la diligencia reformulación de cargos”.
Esta conclusión parte de una minuciosa evaluación previa orientada a determinar la naturaleza análoga de los supuestos de hecho que regulan las dos normas (aceptación de cargos en la sentencia anticipada, y aceptación de cargos en la diligencia de imputación), que sin embargo genera consecuencias punitivas diversas, lo que impone la aplicación del principio constitucional de la favorabilidad en materia penal prevista en el inciso 3° del artículo 29 de la Carta.
28. En conclusión, dado que (i) los hechos relevantes que definen el caso objeto de este fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcaron las decisiones T-1211 de 2006, T-091 de 2006 y T- 797 de 2006; (ii) que la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos de los casos pasados, constituyen la pretensión del caso presente; y (iii) que la regla jurisprudencial no ha sido modificada,[87] en guarda del principio de igualdad la Corte reiterará el precedente establecido en las mencionadas decisiones y tutelará los derechos fundamentales del demandante Orlay Sánchez, ordenando al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, que proceda a resolver nuevamente la solicitud de readecuación de la pena instaurada por el demandante, a la que se refiere su auto interlocutorio No. 182 de marzo 22 de 2006, teniendo en cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad penal en los términos establecidos en esta sentencia.
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por las Salas de decisión de tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de 2006, y del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán el veintiocho (28) de agosto de 2006 que negaron la acción tutela interpuesta por Orlay Sánchez, y en su lugar CONCEDER la tutela al debido proceso y a la igualdad del demandante.
Segundo. ORDENAR AL Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, a resolver la solicitud de readecuación punitiva formulada por Orlay Sánchez (Rad. No.6894-2) , teniendo en cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favoravilidad penal, conforme a las consideraciones de esta sentencia.
Tercero: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[3] Se refiere a providencia del Tribunal Superior de Popayán, Sala Penal, M.P. Juan Manuel Iguarán Mendoza que, a solicitud del Ministerio Público, revocó decisión del Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la cual se había dado aplicación al principio de favorabilidad.
[4] Entre otros, cita el fallo de tutela de febrero 7 de 2006.
[5] Sin mencionarlo explícitamente transcribe los eventos establecidos por la Sala Plena en sentencia C-590 de 2005.
[8] M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.
[9] M.P. Mauro Solarte Portilla.
[10] Al respecto se pueden consultar las sentencias T- 516 de 2006 y T-548 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, se hace un recuento actualizado de esta evolución.
[11] Así se expresó la Corte en aquel momento: “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
[12] “Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad[12].”
[13] Corte constitucional. Sentencia T-839 de 2005.
[14] Corte Constitucional. Sentencia SU-640 de 1998; SU 168 de 1999; C-590 de 2005.
[15] En sentencia T-231 de 1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales por configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En sentencia T-327 de 1994, la Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial. Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de los derechos fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado (Ver T-951 y T-1216/05). Posteriormente, en sentencia T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
[17] En esta oportunidad la Sala reitera la sentencia C-590 de 2005.
[18] Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2004.
[19] Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias T- 461 de 2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004, T-698 de 2004, T-690 de 2005, entre otras.
[20] Ver sentencia SU-014 de 2001.
[21] Sentencias T-516 de 2006 y T- 548 de 2006.
[22] Sentencia T- 158 de 2006.
[23] Al respecto pueden consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265 de 2000.
[24] Sentencia T-933 de 2003, entre otras.
[25] En la sentencia SU- 1070 de 2003 la Sala Plena resumió la procedencia de la tutela cuando existen medios judiciales alternativos.
[26] El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que “La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[27] Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[28] “[E]sta Corporación ha considerado desde sus primeras decisiones que el perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir no existirá forma de reparar el daño. La gravedad de los hechos debe ser de tal magnitud que haga impostergable la tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos; además, debe resultar urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en que se encuentra. (Al respecto se pueden consultar las sentencias 225 de 1993, MP, Vladimiro Naranjo Mesa; SU- 086 de 1999, MP, José Gregorio Hernández Galindo; SU- 544 de 2001, MP, Eduardo Motelegre Lynett; T-599 de 2002, MP, Manuel José Cepeda Espinosa; más recientemente un completo desarrollo del tema en la T-1225 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[29] Sentencia SU- 1219 de 2001, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] La ratio decidendi es la razón, principio o regla usada para la resolución de un caso particular. En la sentencia SU-1219 de 2001 señaló la Corte que la “ratio decidendi de las sentencias, es la parte de ellas que tiene la capacidad de proyectarse más allá del caso concreto”, y que “integra la norma constitucional y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado Social de Derecho”, en virtud de los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución. Por lo que puede ser considerada una fuente formal de derecho. En el mismo sentido se pronunció la sentencia SU-1300 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), que también concluyó que los precedentes constitucionales, tienen un carácter vinculante, que los hace fuente formales, bajo tales consideraciones jurídicas.
[31] En la sentencia T-399 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), se observó respecto del tema de la igualdad lo siguiente: “El juez constitucional no se puede convertir en otro agente generador de conductas discriminatorias, a través de la aplicación del Derecho, pues si ya el máximo intérprete de la Carta ha fijado los criterios en virtud de los cuales se debe resolver un caso concreto, no pueden los jueces de instancia contravenir la doctrina si el caso que se somete a su estudio es idéntico, pues ello implicaría otra forma de violación del artículo 13 constitucional y la desarticulación del sistema”. En las sentencias T-603 de 1999; T-610 de 1999 y T-611 de 1999, todas del M.P. Carlos Gaviria Díaz, se dijo frente al tema de la igualdad, lo siguiente: “La labor de reiteración, es fundamental para garantizar el derecho a la igualdad de personas que acuden a la acción de tutela, con la esperanza de obtener el mismo tratamiento que los jueces de constitucionalidad han brindado en casos semejantes, y que la jurisprudencia de la Corte se ha encargado de unificar.”
[32] Sentencia C-104 de 1993, M.P., Alejandro Martínez Caballero.
[33] En el tema de los efectos extendidos de las sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes providencias: SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-726 de 2005 (M.P.Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras. En la sentencia T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se sostuvo que en virtud del artículo 241 de la Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro tipos de control constitucional: a) El control abstracto de normas contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, proyetos de ley y tratados (artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10 C.P). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y que comprende el control constitucional de providencias judiciales; c) “el control por vía excepcional en el curso de un proceso concreto mediante la aplicación preferente de la Constitución (artículo 4, CP)” y d) el control de los mecanismos de participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (artículo 241, No 2 y 3, CP)[33]. Señaló la sentencia que se cita, que “los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte han de ser los anteriormente señalados”. (Las subrayas fuera del original). De hecho en el Auto 071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se dijo que cuando la Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos de sus providencias estos pueden extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares. Finalmente debe considerarse la sentencia SU-1023 de 2001, que estableció que en circunstancias muy especiales, con el fin de no discriminar entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados sus derechos fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden extenderse inter comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por unas características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-493 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) igualmente, se estableció que los efectos de la sentencia de unificación serían inter comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom.
[34] Ver, además la sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez.
[35] Sentencia SU- 640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36] Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] Sentencia T- 292 de 2006, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] Al respecto debe recordarse lo señalado en el capítulo anterior en lo concerniente a las sentencia C-037 de 1996 y SU- 640 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Recientemente las sentencias SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, han abordado el tema con profundidad; así mismo las Sentencias C-674 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Álvaro Tafur Galvis. Sentencias; T-937/99 M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-961/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1003/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis entre otras.
[39] Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] Sentencia SU-640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[41] En la sentencia C-037 de 1996, M.P., Vladimiro Naranjo, se declaró la constitucionalidad condicionada del numeral 2° del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia). Esta norma señala que “las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes” y “su motivación sólo constituye criterio auxiliar para los jueces”. Al declarar la exequibilidad condicionada de esta norma la Corte Constitucional hizo la siguiente precisión: “”[L]as sentencias de revisión de la Corte Constitucional en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada, el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad”. (Las subrayas fuera del original.
[42] También en el caso de las sentencias de constitucionalidad, en virtud del inciso 1 del artículo 21 del decreto 2067 de 1991.
[43] Sentencia C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[44] Sentencias C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-698 de 2004 entre otras.
[45] Sentencia SU-1219 de 2001. y T- 292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46] Sentencia T-566 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47] Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En la sentencia que se cita se dijo que: “Se encuentra el principio de supremacía de la Constitución respecto de toda norma jurídica (art. 4 de la Carta), que obliga a todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la Constitución. Esta restricción supone, en armonía con el artículo 241 de la Carta, el absoluto sometimiento a la jurisprudencia constitucional y sus precedentes y, en armonía con el artículo 2 de la Constitución, el deber de interpretar los mandatos legales o infralegales de manera tal que se garantice la efectividad de los derechos, deberes y principios de la Constitución. Además, en determinados puntos específicos, la Carta establece criterios o principios de interpretación, como ocurre en materia laboral”.
[48] Sentencia SU-640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[49] Corte Constitucional. Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[51] Sentencia T- 292 de 2006, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] En esta oportunidad esta Sala no se pronunciará sobre el alcance concreto de la carga argumentativa necesaria para la separación de un precedente, por no ser pertinente para el propósito de esta sentencia.
[54] Sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[55] Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998 y T-569 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[56] Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998 y T-569 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[57] Sentencia T-678 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] La sentencia C-731 de 2001, M.P., Álvaro Tafur Galvis reconoce en este sentido que: “No sólo los fallos emitidos para decidir las acciones públicas de constitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad, con alcance de cosa juzgada abstracta y por ende con efectos generales, y otras declaraciones con igual contenido y naturaleza -revisión previa y control automático-; sino también las decisiones con efectos inter partes emitidas ya sea por esta Corporación, en ejercicio de la revisión constitucional de las decisiones de instancia que resuelven las peticiones de amparo, o por los jueces y corporaciones judiciales en todas sus decisiones, en especial cuando deciden inaplicar normas por contrariar disposiciones constitucionales, son los mecanismos constitucionalmente habilitados para hacer efectiva la supremacía constitucional y hacer extensivos sus preceptos en todos los ámbitos del acontecer nacional”.
[59] Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. El inciso 2° del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, recoge esta concepción.
[60] Sentencias C-1092 de 2003 y C-252 de 2005, las cuales se pronunciaron sobre la exequibilidad del artículo 5° transitorio del A.L. No. 03 de 2002, y en el inciso 3° del artículo 6° de la Ley 906/04. Criterios ratificados en la sentencia T-091 de 2006.
[61] Sentencias C-873 de 2003; C- 1092 de 2003; C- 801 de 2005; sentencia T-091 de 2006.
[62] C-801 de 2005.
[63] Sentencia T-091 de 2006. Ver en este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de mayo 4 de 2005, MM.PP. Yesid Ramírez Bastidas y Marina Pulido de Barón. En auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910, la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia reitera, en forma ampliada, su postura mayoritaria sobre la aplicación del principio de favorabilidad respecto de tránsitos normativos que comporten no solamente “sucesión de leyes en el tiempo”, sino coexistencia de regímenes diversos.
[64] Sentencia C-200 de 2002 . En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887. En la C-592 de 2005 se reiteró este criterio.
[65] En ambos casos, M.P., Jaime Córdoba Triviño.
[66] Cfr. Corte Constitucional sentencia T-091 de 2006.Fundamentos 19 y 20.
[67] El artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el código penal establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[68] El artículo 40.4 de la Ley 600 de 2000 establece que “el juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad”. Por su parte el artículo 288.3, de la nueva normatividad, que para efectos de punibilidad remite al 351, establece que “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible…”. (Subrayas fuera del original)
[69]En auto A-152 de 2006, la Sala Cuarta de Revisión, advirtió que se había incurrido en una trascripción imprecisa del artículo 367, por lo que dispuso “ CORREGIR la expresión “la tercera parte” contenida en la página 24 ordinal (iii), línea 17, de la sentencia T-091 de 2006, a fin de que se consigne la expresión “una sexta parte” conforme al contenido del inciso 2° del artículo 367 de la Ley 906 de 2004”.
[70] Sentencia T-091 de 2006.
[71] Esos factores son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto, en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo, y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda (Art. 61 CP).
[72] Ver T- 091 de 2006.
[73] La Corte Constitucional en otras oportunidades ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados” .En este sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias SU-961 de 1997, T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T- 1140 de 2005 y T-951 de 2005.
[74] En auto interlocutorio 885 de septiembre 6 de 2005, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán , cita decisión anterior del Tribunal Superior de Popayán (M.P. Juan Manuel Iguarán Mendoza) que revocó decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que sí había reconocido el beneficio. La misma decisión de tutela proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de Popayán, y que se funda en la ineficacia del principio de favorabilidad frente al art. 351 de la Ley 906/04, advierte sobre el posible sentido de una impugnación de las decisiones controvertidas.
[75] Sentencias T-516 de 2006 y T-548 de 2006, M.P., Humberto Sierra Porto.
[76] Este precepto prevé que la aceptación de cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible.
[77] Esta norma prevé un descuento punitivo de una tercera parte de la pena , sobre el monto que determine como imponible, para aquellos eventos en que el procesado se acoge a sentencia anticipada durante la fase de investigación (desde la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación).
[78] En la sentencia SU-1185 de 2001 se dijo lo siguiente respecto a la interpretación vinculante de la Constitución y el deber de las autoridades frente a ellas. “Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que en todo se ajuste a la Carta Política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas” (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[79] Sentencia T-292 de 2006
[80] Ello puede ocurrir por ejemplo, cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto o cuando “elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica” o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga argumentativa[80] mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. (Cfr. T-292 de 2006).
[81] Sentencias SU–1023 de 2001, M.P., Jaime Córdoba Triviño; T-203 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-388 de 2005, M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-292 y T-726 de 2005, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[82] Sentencias T-203 de 2002, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[83] Sentencia SU- 1185 de 2001, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
[84] En esta sentencia la Corte tuteló el derecho fundamental al debido proceso – favorabilidad - de una persona condenada a prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Neiva, dentro de un proceso en el que se había acogido a sentencia anticipada. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva le revocó la decisión redosificación de su condena que con fundamento en la aplicación, por favorabilidad, del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, le había sido concedida en primera instancia por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
[85] En esta sentencia la Corte tuteló el derecho fundamental al debido proceso de una persona que había sido condenada a pena de prisión dentro de un proceso en el cual se había acogido a sentencia anticipada con fundamento en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000. Una vez entró en vigencia la ley 906 de 2004 solicitó la redosificación punitiva, invocando la aplicación retroactiva, pro favorabilidad, del artículo 351 de ese estatuto. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira le negó el beneficio, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial.
[86] En esta sentencia la Corte tuteló los derechos fundamentales al debido proceso (favorabilidad) y a la igualdad del demandante, quien en dos procesos (acumulados), se acogió en la fase de investigación a sentencia anticipada, mediante la aceptación de los cargos formulados, conforme lo prevé el artículo 40 de la Ley 600 de 2000. El sentenciado presentó ante el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional una solicitud de redosificación de la pena impuesta, invocando los principios de igualdad y favorabilidad, en virtud de la regulación que contempla la Ley 906 de 2004 (Art. 351) sobre consecuencias punitivas de la aceptación de cargos. En decisión de mayo 3 de 2005 la solicitud le fue negada.
[87] Cfr. Sentencia T-158 de 2006.

References: resolución 
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 artículo 40
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 artículo 229
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 artículo 48
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