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Timestamp: 2020-04-04 15:07:38+00:00

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¿Cuando una ONG está en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público? - solucionesONG.org
Enrique Blat Puchades
¿Cuando una ONG está en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público?
Cuando suscriba contratos onerosos con organismos y entidades del sector público, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Es posible que una ONG entre en el ámbito personal de aplicación de la Ley, pero para su comprobación debéis determinar si cumplís los requisitos para ello.
Los apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 indican qué entidades deben entenderse comprendidas en el “sector público” y en las “Administraciones Públicas”:
“1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades:
a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.
c) Las Universidades Públicas.
d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:
1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.
No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.
f) (Suprimido)
g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación”.
En el presente caso, resulta especialmente relevante el supuesto recogido en el artículo 3.1.h) del TRLCSP. De acuerdo con la interpretación de órganos administrativos con competencia sobre la materia de contratación pública, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para que una entidad se encuentre sometida al TRLCSP en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1.h) del TRLCSP, deben darse los siguientes requisitos cumulativos (Informe 44/09, de 26 de febrero de 2010, o 40/2010, de 29 de octubre de 2011, que se encuentra adjunto):
“Los requisitos enumerados en la letra h) del artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, antes transcrita, se sintetizan en los tres siguientes:
b) Ser creados para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
c) Ser financiados o controlados por otros entes del sector público.”
Por tanto, habrá que estar a los siguientes elementos de vuestra Asociación para determinar su sujeción o no al TRLCS: (i) el carácter de necesidades de interés general de sus actividades; (ii) la financiación o control por entes del sector público, incluyendo, por ejemplo, a sociedades de capital mayoritariamente público o a fundaciones públicas.
Isabel Mosquera Castro
Estimado Enrique: en relación con la consulta planteada, paso a informarle lo siguiente: junto con las aportaciones que le trasladan de mi compañero Valentín y, en especial, de mi compañera Isabel, en primer lugar, cabe estar a lo manifestado en el apartado primero del artículo 3 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo tenor: “1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores”.
g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:
b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.”
A la luz de lo expuesto, siempre y cuando la entidad asociativa Asociación Valenciana de Padres Autistas no cumpla con los requisitos establecidos en las letras h) e i) del apartado primero del articulo 3 del Real Decreto Real Decreto Legislativo 3/2011, de suyo, no se considerará parte del sector público en materia de contratación administrativa, ni tampoco tendrá la consideración de poder adjudicador, conforme a la letra c) del apartado tercero de dicha disposición normativa con fuerza de ley.
La duda que me queda sobre el apartado h) es si las condiciones expresadas se tienen que cumplir todas, o sólo algunas de ellas.
En nuestro caso, tenemos un centro de día, así que cumplimos en parte el apartado h); ya que se satisface una necesidad de interés general y está financiado mayoritariamente por la Administración Valenciana; por contra, el control de la gestión se restringe a la justificación de la subvención y no participan en su órgano de administración, dirección o vigilancia.
La duda se restringe ahora a si estamos incluidos en el apartado h) por el hecho de tener un centro de día para discapacitados sustentado con fondos públicos.

References: Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto