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Timestamp: 2017-10-23 00:36:49+00:00

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Retos en los diálogos de paz en la Habana:
En ese sentido, no se puede hacer abstracción de los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos[6], como también del:
Derecho Internacional Humanitario (DIH)[7], considerado derecho consuetudinario[8], aplicables a todos los Estados, que son principalmente:
La Convención de 1975 sobre Armas Bacteriológicas
Derecho de los Derechos Humanos (DDH) que establece las obligaciones que deben respetar los Estados. “Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos”[9].
A propósito de negociaciones:
En el siglo XVII, François de Callière[10] fijó principios esenciales en el arte de negociar, por ejemplo:
La negociación no es un conjunto de técnicas aplicadas a una situación de crisis sino un arte de vida, una manera de estar constantemente con sus interlocutores.
La paz es el mejor objetivo para todos, ya que garantiza la prosperidad de las naciones,
Sabiendo que el principio fundamental de cualquier negociación consiste en aceptar que quienes se sientan a negociar deben estar dispuestos a dar, algunas de las preguntas esenciales del encuentro en la Habana son:
¿Qué quieren dar las FARC, a cambio de qué?
¿Qué está dispuesto a dar el Gobierno de Santos, a cambio de qué?
¿Qué sectores se encuentran involucrados y cuál es el interés de este método?
¿La política remplazará a la justicia olvidando a las víctimas?.
No se puede ignorar que hay un principio inmutable compartida por los expertos que cualquier negociación puede llevar al fracaso o a un acuerdo. De allí la importancia de seguir protocolos, recomendaciones u orientaciones, previstos en los manuales de negociación[11] , de resolución de crisis, de medidas de confianzas[12], de clásicos en las negociaciones diplomáticas[13].
Es fundamental evitar de privilegiar discursos de provocación, de agresividad, de propaganda, o que uno de los negociadores piense en el “principio de amenaza en la negociación”[14]. Estas actitudes si son corrientes pueden dar lugar a preguntarse ¿Busca uno de los negociadores con esas posturas y sus discursos, distraer la sociedad nacional e internacional de los verdaderos objetivos de la paz?
Tres variables esenciales en juego en la mesa de negociaciones: la justicia penal internacional, la credibilidad de Partes y la respuesta a las víctimas del conflicto.
Justicia Penal internacional:
- Corte Penal Internacional (CPI): Sabiendo que desde el 01 noviembre 2009, la CPI tiene la facultad de investigar en Colombia crímenes relevando de su competencia[15], la intervención de esta jurisdicción internacional escapa a la voluntad o la aprobación de las Partes. En virtud del principio de subsidiariedad, los Estados miembros conservan a título principal la responsabilidad de perseguir y juzgar los delitos más graves y la CPI tendrá competencia en caso de incapacidad o de mala de voluntad de los Estados. Por ejemplo: cuando los procedimientos han sido iniciados únicamente para sustraer a una persona de su responsabilidad penal. Los negociadores en la Habana saben que no pueden impedir que los autores de crímenes de guerras y de crímenes contra la humanidad sean juzgados en Colombia o por la CIP. Ninguna amnistía se puede aplicar en esos casos, ni argumentar características de delitos políticos o beneficiarse de la amnistía prevista en el artículo 6, diligencias penales, inciso 5, del Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1949[16].
- Si bien Colombia no suscribió a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, es parte[17], de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948[18], de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006[19] y de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, la que determina en sus artículos 53[20] y 64[21] los principios de la norma imperativa de derecho internacional (jus cogens). La correlación entre esas convenciones, con los otros componentes del DIH, el DDH y las garantías de derechos fundamentales, merecen clarificaciones jurídicas de la parte de la justicia colombiana. Por una parte, el jus cogens, la aplicación de la irretroactividad penal, la responsabilidad colectiva, no reconocimiento de la amnistía, de la prescripción… son utilizados en los juicios (mal llamados) de crimen contra la humanidad en Argentina, Chile, Uruguay, de otra parte Colombia compartió esos principios al juzgar legales la aplicación de esas violaciones por la justicia de esos países, cuando concedió en julio 2012 la extradición solicitada por la Argentina del ex fiscal federal Gustavo De Marchi. ¿Cuál sería entonces la posición de la justicia y del gobierno colombiano en casos similares resultante de los acuerdos de la Habana?
1-La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984[22], determina en su artículo 4 que “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal…y que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”. Colombia conoce su importancia porque en 2010 la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) negó el pedido extradición del ciudadano israelí Gal Yair Klein solicitada por Colombia porque se violaría el artículo 3 de la CEDH, sobre la interdicción de tratamientos inhumanos o degradantes (caso: Klein c. Rusia, 01-04-2010).
- Ausencia en el Código Penal de delitos de lesa humanidad: La Ley 599 de 2000 incluyó en el libro segundo del código penal los crímenes de guerra como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, en donde un capítulo trata algunos delitos del derecho internacional humanitario, cometidos durante el conflicto armado, en el cual, algunos crímenes de guerra se encuentran tipificados. Pero actualmente, no se han incorporado los delitos de lesa humanidad en el ordenamiento interno de la legislación colombiana. El delito de lesa humanidad es una calificación legal que debe ser definida con precisión en el Código Penal porque tiene características objetivas y subjetivas que deben ser objeto de una definición legal única.
- Amnistía y crimen contra la humanidad: La amnistía es una variable de reivindicación permanente en las negociaciones de paz, otorgar ese beneficio como resultados del proceso de negociación en la Habana merece precisiones. En el caso de conflictos armados previsto en el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1949[23], el artículo 6, inciso 5, precisa que: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”, pero el estatuto de la CPI y los otros instrumentos legales del DIH y del DDH, prohíben la amnistía para los crímenes de lesa humanidad.
Las amnistías como resultado del proceso de negociación de la Habana serán con limitaciones: beneficiarán solamente a los autores de delitos comunes, tendrán una legalidad nacional y un reconocimiento jurídico internacional a confirmar. Para las víctimas no debe ser sinónimo de impunidad.
Independiente a las voluntades de Partes, las amnistías no son una garantía jurídica que prohíban o impidan la prosecución de sus autores en otras jurisdicciones internacionales. Solicitar beneficios en nombre de un delito político no ayudará en las negociaciones y las víctimas no lo comprenderán.
La credibilidad de Partes
El gobierno colombiano debe asegurar a la comunidad internacional la legalidad del proceso de paz, la estricta aplicación de normas garantizando las obligaciones positivas y las FARC-ep mostrar a nivel nacional e internacional, la voluntad real de poner fin al conflicto armado. Por ejemplo:
- Evitar la politización de la justicia, por el estricto respeto de los 20 principios básicos fundamentales relativos a la independencia de la judicatura[24]. El gobierno colombiano está obligado a hacer respetar las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos.
Existe la percepción de una ideologización en la justicia que no se puede hacer abstracción. Por ello, la importancia en que los magistrados, fiscales, funcionarios y encargados de aplicar la ley apliquen los principios fundamentales de independencia de la justicia y respeto a los derechos humanos a los que están obligados. Como por ejemplo:
Res 40/32 (29/11/1985) sobre la independencia de los jueces[25],
Res 40/146 (13/12/1985) sobre los derechos humanos en la administración de la justicia[26],
Res 34/169 (17-12-1979) sobre el código de conducta para los responsables de aplicación de la ley, los principios fundamentales de independencia de los jueces[27],
Principios fundamentales de la independencia de magistrados[28]
ECOSOC 2006/23 consolidación a la conducta de magistrados[29]
CES, E/CN.15/1996/18/, mayo1996: Reglas mínimas a la administración de la justicia penal[30].
- El gobierno colombiano del presidente Santos, los agentes del Estado y sus instituciones, están obligados a respetar y hacer respetar, principios y garantías que protegen los derechos de las víctimas, por ejemplo:
A/RES/56/83, 2001: Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.[31]
A/RES/60/147, 2005: Principios fundamentales y directivas correspondiente al derecho de recursos y reparación de víctimas de violación flagrantes de los derechos humanos[32]
A/RES/ 40/34, 1985: Declaración de los principios fundamentales de justicia relativas a las víctimas de abuso de poder[33]
A/RES/53/144, 1998: Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades reconocidas[34].
- Las FARC-ep, como organización armada, ejerciendo funciones políticas, teniendo aspiraciones de participar en el terreno democrático y conociendo su participación en otros procesos similares, podrá asumir su legitimidad en estos diálogos con acciones concretas, por ejemplo:
No levantarse una vez más de la mesa de negociaciones, y anular todos los esfuerzos realizados.
Demostrar la voluntad sincera de finalizar el conflicto armado y que la participación política puede hacerse sin las armas
Liberar los secuestrados, reconocer las víctimas, finalizar con las extorsiones y delitos conexos.
Abandonar las relaciones con el narcotráfico y las acciones terroristas.
- Impedir la Persecución política de las víctimas: que se manifiestacon la utilización de métodos y acciones que violan voluntariamente los derechos humanos[35]. Esta persecución es multidimensional, en paralelo a la agresividad de los actores del conflicto armado. “…si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la población local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo”[36]. Los elementos constitutivos de fundados temores de ser perseguido por una asimilación de pertenencia a un determinado grupo social, por las opiniones políticas u otras características, es la vivencia de esas víctimas.
Víctimas de violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos y de violación grave del derecho internacional humanitario. nacionales e internacionales.
La víctima es el verdadero pilar central en las negociaciones de la Habana, pese a que otros actores o las Partes pueden afirmar lo contrario y relegarlas a un plano secundario. “Las víctimas…. por su parte ayudan a que la justicia no preste atención únicamente a los culpables, sino también a quienes hayan sufrido las consecuencias de sus actos”, “….a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”[37]. En el ámbito de un proceso de negociación de paz, las victimas siempre tendrán derecho a la justicia, a la reparación, a la verdad y a la seguridad que no se repitan esas violaciones. Así, los 13 puntos del anexo de la resolución AG 60/147[38] de la ONU de diciembre 2005, determinan el derecho de las víctimas de violaciones al DIH y al DDH a interponer recursos y obtener reparaciones. Las Partes en la Habana deben claramente reconocer estos principios.
Por su parte, el gobierno colombiano promulgó una norma en ese sentido .Según el artículo 3, de la ley 1448 de Víctimas y de Restitución de Tierras[39],”se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Esta ley fija los procedimientos correspondientes a los derechos y garantías de las víctimas. Fue una acción importante que tendrá su reconocimiento y validación a la hora de la aplicación de esta ley.
- Gobierno y víctimas: Numerosas son las victimas[40] que el gobierno colombiano debe asegurar, sin discriminación, ni diferenciaciones ideológicas, no solo la asistencia medical, psicológica, la seguridad, sobretodo el acceso a sus derechos para no proteger la impunidad. Los 42 principios en la resolución de la ONU, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de octubre 1997, determinan que “en el marco de un proceso que da lugar a un diálogo nacional en favor de la democracia o a negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado, se llega a un acuerdo, sea cual fuere su forma, en virtud del cual los protagonistas o las partes interesadas se entienden para tomar, en ese momento, medidas contra la impunidad y la repetición de las violaciones de los derechos humanos”[41]. Las Partes de la mesa de negociación en la Habana deben evitar que se repitan la situación que viven actualmente víctimas de organizaciones armadas durante los años 70’, en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y otros países, que nunca recibieron un reconocimiento del Estado, de los autores de esos hechos y no pueden tener acceso a los derechos ante la justicia.
- FARC-ep y las víctimas: Sabiendo que la Unión europea y los Estados Unidos consideran a la FARC como grupo terrorista. Considerando que según el artículo 3, parágrafo 2 de ley 1448 “Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas”. Recordando «…que ningún motivo o agravio, por legítimo que sea, justifica que se ataque o mate deliberadamente a civiles y no combatientes, y … que toda acción cuyo objetivo sea causar la muerte o graves daños físicos a civiles o no combatientes, cuando dicha acción tenga, por su índole o contexto, el propósito de intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o no hacer algo, constituye un acto de terrorismo. No puede incluir el derecho a asesinar o mutilar deliberadamente a civiles.”[42] En tanto que combatientes y hombres políticos deben reconocer a las víctimas nacionales y extranjeras como una iniciativa esencial de reconciliación y de credibilidad en las negociaciones. No se puede presentar excusas falaces o delegación de responsabilidad penal dentro de un marco normativo que regula por igual al uso de la fuerza por los Estados y de la fuerza por actores no estatales[43].Cuando más rápido se realice ese reconocimiento, el apoyo a las negociaciones será proporcional. Todos los actores deben condenar los atentados dirigidos específicamente contra los civiles y no combatientes inocentes.
- Los casos de victimas extranjeras y la justicia: Las decisiones, producto de las negociaciones de la Habana, no podrán decretar amnistías, perdón, indultos, de aceptación automática ante la justicia de otros países. Numerosas son las víctimas extranjeras que viven esperando reparación y justicia, y si bien se reconoce que sus derechos ante los tribunales colombianos son difíciles, ¿Cómo evitar que víctimas extranjeras del conflicto armado colombiano, puedan recurrir ante los tribunales judiciales de sus países? No se puede obligar a los ciudadanos de terceros estados que reconozcan la amnistía de sus victimarios, ni a la justicia de esos países que reconozcan la amnistía dictada en Colombia. Los estados deben aplicar las obligaciones positivas con sus ciudadanos y renunciar a esos principios es destruir todos los principios de la justicia y el derecho. Por ejemplo: ¿cómo impedir a un ciudadano europeo, víctima del conflicto armado colombiano, de recurrir a la justicia de su país o que la justicia intervenga directamente por defender su derecho? Su acceso está garantizado por las normas penales y procesales de ese país, por los principios de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH) y por todos los tratados, convenciones, resoluciones de los derechos humanos y del estatus de víctima.
- Las asociaciones de víctimas. Todas las representaciones deben ser escuchadas y obtener sus derechos de reparación, a la justicia, a la verdad. Los diversos artículos de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras[44] dejan espacios de acción para que las asociaciones de víctimas puedan asegurar la buena aplicación de los derechos y garantías previstos por esa ley. Los derechos de las victimas (artículo 28) y las medidas de satisfacción (artículo 139) son algunos ejemplos de participación activa. También estas asociaciones deben vigilar el respeto de las diversas normas internacional de la ONU y otras garantías mencionadas anteriormente, por ejemplo. “… dar adecuada atención al derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos, y en particular a recibir, en los casos apropiados, restitución, indemnización y rehabilitación”[45]
Ante las disposiciones legislativas colombianas, ¿cómo se previó la adhesión y reconocimiento de asociaciones (existentes o a crear) de víctimas extranjeras que quieran beneficiar de la ley 1448 del 2011 o de otras disposiciones?
Por las experiencias en otros países de la región, es necesario que las reivindicaciones de las asociaciones se orienten exclusivamente en las acciones de protección y defensa de las víctimas y no en agentes políticos de un partido o facción, o que sus dirigentes olviden el objetivo esencial de una asociación de víctimas.
Afín de tratar los desafíos descriptos sería de gran interés poner en práctica algunos pilares, como por ejemplo:
- Solicitar la mediación del Vaticano que tiene una larga experiencia en los buenos oficios para encontrar soluciones pacíficas a problemas conflictivos y se ajusta a valores de justicia, paz y derechos humanos.
- Crear una Comisión técnica jurídica (CTJ): Constituida de expertos europeos (juristas y especialistas en resoluciones de conflictos), representantes de la ONU, de la Corte Penal Internacional (CPI), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la Corte Europa de Derechos Humanos (CEDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los objetivos de la CTJ serían (entre otros) el análisis y proposiciones para el reconocimiento internacional de las decisiones resultantes de los diálogos de paz. ¿Cómo armonizarlas con los sistemas jurídicos de otros país, los litigios con las demandas de victimas al extranjero y el respeto de las obligaciones de los Estados?.
- Crear una Comisión especializa de Victimas (CEdV): constituida por profesionales y defensores de derechos de las víctimas, constituida por representantes del CICR, de la ONU, de la Unión Europea, del Vaticano, de responsables de asociaciones de víctimas europeas. Los objetivos de la CEV serían (entre otros), proponer una agenda de acciones prioritarias concreta, concertar las acciones con asociaciones de víctimas extranjeras, describir sistemas de seguimiento de las víctimas y protocolos de aplicación judiciales a nivel nacional e internacional.
Para evitar conflictos de interés y garantizar orientaciones objetivas, se recomienda que los integrantes de esas delegaciones no pertenezcan a los países que participan directa o indirectamente en el proceso de negociación en la Habana. Las comisiones ad-hoc, tendrán funciones de consejo y proposiciones a las Partes. Podrán solicitar documentos, consultar archivos, solicitar testimonios….Los informes finales serán enviados únicamente a las Partes.
La suerte de esos retos, pilares esenciales en la construcción de la paz, no pueden tener un examen subjetivo, decidirse desde el mundo sensible o responder a voluntades políticas. Requieren la participación de actores que no están en la mesa de negociaciones.
Un tratamiento de urgencia se impone para tratar estos temas esenciales y ello sería posible, dado que el tratamiento cronológico de los temas de la Agenda no es obligatorio según el punto VI, regla 9 del documento de la Habana de agosto 2012, el cual determina que: “Las conversaciones iniciarán con el punto Política de desarrollo agrario integral y se seguirá con el orden que la Mesa acuerde”. Sería de gran discernimiento y garantía de las Partes tratar estos temas. La anticipación es también parte de la resolución de conflictos y de la paz. Paris, el 23 septiembre 2013. Mario Sandoval, marios46@hotmail.com
[1]Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias.
[3]Punto I del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, del 26 agosto 2012.
[6] Convenios de Ginebra de 1949 y protocolos http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=272
[7] Derecho Internacional Humanitario, CICR http://www.icrc.org/spa/war-and-law/
[8]Según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, en 1993, un informe de la Secretaría General de Naciones Unidas y de una Comisión de Expertos, determinaron que los Convenios de Ginebra había pasado al cuerpo del Derecho internacional consuetudinario, lo que lo hace vinculante para los países no signatarios de los Convenios cada vez que se involucren en conflictos armados
[9] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
[10]François de Callières, in Negociando con príncipes, editorial La Esfera de los Libros, Madrid, 2001
[11] Harvard Negotiation Project: Roger Fisher, Willian Ury and Bruce Patton, in "Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In", Edition B Patton 1991 (y versión española)
[12]CSCE-OSCE, Proceso de Helsinki, 1973-1992,
[13] François de Callières, in Negociando con príncipes, editorial La Esfera de los Libros, Madrid, 2001
[14]Thomas Schelling in Estrategia del conflicto, Editorial Tecnos, 1964.
[15]Artículo 5… La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.
[16]Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados. Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978.
[17]Entre otras obligaciones internacionales previstas en http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm
[18] http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm , adhesión 12-08-1949, ratificación 27-10-1959
[19] http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm adhesión 27-09-2007, ratificación 11-07-2012
[20]Artículo 53: Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens").Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
[21]Artículo 64: Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.
[22] http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm , adhesión10-04-1985, ratificación: 08-12-1987
[23]Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados. Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978.
[24]Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
[25] http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/32&Lang=F , 29-11-1985, 7° Congreso de Naciones Unidas para la prevención del crimen y tratamiento de delincuentes
[26] http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/146, 13-12-1985
[27] http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/169, 17-12-1979, y http://www2.ohchr.org/french/law/code_de_conduite.
[28] http://www2.ohchr.org/french/law/magistrature.htm Alto comisario ONU de los Derechos Humanos
[29] http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_f.pdf Refuerzo de los principios fundamentales relativos a la conducta de magistrados. ECOSOC 2006/23
[30]1996, mayo, E/CN.15/1996/18/: CES, Reglas y normas de la ONU en los sectores de la prevención del crimen y de la justicia penal. Elaboración de reglas mínimas correspondiente a la administración de la justicia penal., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V96/818/39/IMG/V9681839.pdf?OpenElement y http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/05.html
[31]A/RES/56/83, 2001, diciembre. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=F,
[32]A/RES/60/147, 2005, diciembre: Principios fundamentales y directivas correspondiente al derecho de recursos y reparación de víctimas de violación flagrantes de los derechos humanos http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147
[33]A/RES/40/34, 1985, noviembre Declaración de los principios fundamentales de justicia relativas a las víctimas de abuso de poder. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/34
[34]A/RES/53/144, 1998, diciembre: Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades reconocidas http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/144
[35] En virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatus de los Refugiados.
[36]Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatus de los refugiados. Ginebra, diciembre 2011
[37] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2004/616, Informe del SG de la ONU, 03 agosto 2004, resumen y parágrafo 8.
[38]Resolución AG 60/147 del 16 diciembre 2005: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[39] Ley 1448 del 2011 http://www.imprenta.gov.co/diariop/diario2.indice?v_num=48.096, in Diario Oficial, n° 48046, del 10 junio 2011
[40]Entre otras: víctimas de ataques armados, de atentados terroristas, de extorsión, secuestrados, familiares de asesinados, pueblos autóctonos, minorías nacionales, étnicas, mujeres violadas, niños en la guerra, agentes del estado, no combatientes, reclutamiento forzosos ……
[41] http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.Sp , Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.
[42]A/59/2005, 21 marzo 2005. http://www.un.org/spanish/largerfreedom/contents.htm Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del Secretario General. Libertad para vivir sin temor, punto 6d.
[43]A/59/565, 2 diciembre 2004, Nota del Secretario General de la ONU. Puntos 161, 164.
[44] http://www.imprenta.gov.co/diariop/diario2.indice?v_num=48.096 , Ley 1448 del 2011, in Diario Oficial, n° 48046, del 10 junio 2011
[45] http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/%28Symbol%29/E.CN.4.RES.2003.34.Sp?Opendocument

References: resolución 
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 6
 resolución 
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