Source: https://www.notariosyregistradores.com/informes/informe174.htm
Timestamp: 2020-05-25 17:00:06+00:00

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NYR. Informe nº 174. BOE de marzo de 2009.
INFORME Nº 174. (BOE de MARZO de 2009)
Patrimonios Protegidos L. Concursal - interés legal Relevos en Justicia
Oferta pública empleo Empleo: medidas urgentes Concursos
Navarra Galicia: L. Vivienda Madrid
Convenio de realización Estado hereda SL: aceptación tácita
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. OFERTA DE EMPLEO. Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2009.
No se incluyen en la lista las de notarías ni las de registros.
Entre las plazas ofertadas se encuentran las siguientes:
- Abogados del Estado: 25
- Carrera Diplomática: 45
- Superior de Administradores Civiles del Estado: 38
- Superior de Inspectores de Hacienda del Estado: 30
- Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales: 290
Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos libres, garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios, y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas en los procesos de acceso libre, no se podrán acumular al turno general, adicionándose al cupo de la oferta del siguiente año, hasta un límite máximo del 10 por 100.
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEPENDIENTES. Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
Se define al trabajador autónomo económicamente dependiente, por el artículo 11.1 del Estatuto del Trabajo Autónomo, como aquel trabajador autónomo que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos, completando ahora el art. 1º la definición. Se añade que el contrato entre este trabajador y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter público.
Ahora se desarrolla reglamentariamente su estatuto, tratándose, entre otras, de las siguientes materias:
- Se regulan las características y contenido de estos contratos que se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo 1º, en lo que no se oponga a la normativa aplicable a la actividad. Su duración se presume indefinida, salvo pacto.
- El Registro en el que deberán inscribirse en el plazo de 10 días, que estará en el Servicio Público de Empleo Estatal, organismo del que dependerá el registro con carácter informativo de contratos para la realización de la actividad económica o profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente.
- Las especificidades del contrato en el sector de los agentes de seguros.
- Se crea el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.
PDF (BOE-A-2009-3673 - 15 págs. - 297 KB)
FNMT. Real Decreto 199/2009, de 23 de febrero, por el que se modifica el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se adapta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprueba su Estatuto y se acuerda su denominación Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda es un organismo público, entidad pública empresarial, que realiza actividades de interés general de naturaleza industrial y/o mercantil, principalmente en relación con productos y servicios oficiales que requieren de un alto grado de seguridad, tanto en cuanto a las características de su fabricación y tecnología empleada, como en lo concerniente a la seguridad de sus instalaciones.
En este Real Decreto se modifica su Estatuto para reconocerle la condición de medio propio (con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2008) y servicio técnico de la Administración General del Estado, para continuar con su actual modelo de relación con la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. Con esta característica, se incluyen entre los negocios y contratos que pueden quedar excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público, los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a esta entidad, la realización de una determinada prestación.
A los efectos de la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se incorpora en el Estatuto la consideración de poder adjudicador (de contratos) de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 de esta ley.
*EMPLEO. MEDIDAS URGENTES. Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
La Exposición de Motivos resume las medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica y que se han articulado en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. El plan cuenta con cuatro ejes de actuación.
- En primer lugar, medidas para apoyar la renta disponible de las familias (como rebaja en las retenciones), rebajas fiscales a las PYMES y líneas de crédito a través del ICO.
- En segundo lugar, medidas directas de impulso a la creación de empleo, como el Fondo de Inversión Local o el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
- En tercer lugar, actuaciones coordinadas con los países de la Unión Europea para proporcionar liquidez al sistema financiero para reactivar el canal del crédito hacia familias y empresas.
- Por último, una agenda de reformas para modernizar nuestra economía, mejorar su productividad y sentar las bases del cambio de modelo productivo.
Las medidas que ahora se adoptan persiguen, en esta situación de aguda crisis, el mantenimiento y la generación de empleo y la protección de las personas desempleadas. El decreto-ley tiene tres capítulos:
Capítulo I. Regula dos medidas dirigidas al mantenimiento del empleo.
- La primera trata de favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos, bonificando las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social en un 50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a un ajuste temporal del empleo con la perspectiva de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener el empleo durante al menos un año después de finalizada la situación de suspensión de contratos o reducción de jornada.
- La segunda medida modifica la regulación del convenio especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco de determinados expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal.
Capitulo II. Incluye dos medidas dirigidas a mejorar la protección social de los trabajadores.
- Se repone la prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un expediente de regulación de empleo y, posteriormente, se les extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Capítulo III. Son medidas para incentivar el empleo de las personas desempleadas.
- La más novedosa favorece a la empresa que contrate a un trabajador desempleado que perciba prestaciones por desempleo, ya que podrá bonificarse el 100 por ciento de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social, hasta alcanzar como máximo el equivalente del importe de la prestación que tuviera pendiente de percibir a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de tres años. También se aplica a desempleados que perciben el subsidio asistencial y la renta activa de inserción.
- Para impulsar los contratos indefinidos a tiempo parcial, se introducen dos modificaciones en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo:
- Se incrementa la cuantía de las bonificaciones a estos contratos. El porcentaje de bonificación será un 30 por 100 más que la jornada pactada, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar el 100 por 100.
- Los trabajadores a tiempo parcial, con jornadas muy reducidas, se considerarán desempleados a efectos de este programa de fomento de empleo. Hasta ahora, un trabajador que tenga un contrato a tiempo parcial con una jornada inferior al 33 por 100, no se veía favorecido por las bonificaciones, pues no se encuentra en desempleo absoluto.
Reseña del Consejo de Ministros.
PDF (BOE-A-2009-3903 - 9 págs. - 238 KB)
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
La protección especial que requiere en materia laboral la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia se reguló a nivel comunitario por la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, incorporada a nuestro derecho interno por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26, que ha sufrido varias modificaciones posteriores.
Ahora se completa la incorporación, centrándose el Decreto en los dos anexos de la Directiva:
El Anexo I contiene la lista no exhaustiva de los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo a los que debe prestarse especial atención en la evaluación de riesgos.
El Anexo II, que incluye la lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo respecto a los cuales ni la trabajadora embarazada ni la trabajadora en período de lactancia podrán verse obligadas, en ningún caso, a realizar actividades que, de acuerdo con la evaluación de riesgos, supongan el riesgo de exposición a los mismos, cuando se ponga en peligro su seguridad o su salud.
PDF (BOE-A-2009-3905 - 5 págs. - 202 KB)
NAVARRA. Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009.
PDF (BOE-A-2009-3959 - 30 págs. - 721 KB)
NAVARRA. Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Esta Ley Foral modifica diferentes normas de rango legal entre las que destacan
IRPF. Algunas de las reformas son:
- Se eleva del 15 al 18 por 100 el tipo de gravamen de la base liquidable especial del ahorro. Implica otras reformas relacionadas con los contratos de seguros individuales de vida o invalidez, así como el incremento al 18 por 100 del porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y otros.
- Se establece una reducción específica de 4.000 euros anuales para los casos de adopción internacional.
- Se deflacta la tarifa del Impuesto de un 2,5 por 100
- En los supuestos de exención por reinversión en la transmisión de la vivienda habitual se amplía de dos a cuatro años, aunque con carácter transitorio, el plazo para efectuar la enajenación de la vivienda habitual.
Patrimonio. Con efectos a partir de 1 de enero de 2008 se neutraliza completamente los efectos económicos del Impuesto sin abolirlo formalmente, con una bonificación general del 100 por 100 en la cuota íntegra y suprimiendo las obligaciones de presentar la declaración del Impuesto y de autoliquidarlo.
Sociedades. Entre otras medidas
- Se adapta la redacción del texto legal a la reforma contable.
- Se rebaja del 24 al 23 por 100 el tipo de gravamen a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habido en el ejercicio anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros.
- La aplicación del tipo del 0,80 por 100 será tanto para quien forma una pareja estable conforme a la Ley Foral 6/2000, para la igualdad jurídica de las parejas estables, sino para quien acredite esta condición con arreglo a normativa del Estado o de las Comunidades Autónomas.
- La adquisición «mortis causa» del pleno dominio de la vivienda habitual del causante por uno o varios de sus hermanos, podrá tributar al tipo del 0,80 por 100 cuando se cumplan determinadas condiciones.
- Se modifica el tratamiento fiscal de la cesión de créditos, derechos o acciones de adquisición de inmuebles en construcción, ajustándose la base al valor real del inmueble en construcción en el momento de la cesión del derecho privado de compra, en vez de al valor total.
- Se adaptan diversos preceptos del concepto de operaciones societarias a la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que ha entrado en vigor el día 12 de marzo de este año.
- Se introduce la responsabilidad tributaria de carácter subsidiario de los contratistas y subcontratistas.
- Se hace coincidir el interés de demora con el interés legal del dinero en determinados casos.
- Se modifica la sanción por expedición de facturas falsas o falseadas
- Se actualiza la normativa del Número de Identificación Fiscal
- Nueva obligación formal de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro del IVA.
- Se flexibiliza la concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria.
Catastro. Se modifica el acceso a la información contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.
Tasas y Precios Públicos. Se actualizan determinadas tarifas de las tasas.
Haciendas Locales. Afecta a las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Fundaciones. Mejoras técnicas y ampliación de rentas exentas.
Impuestos Especiales. Hace referencia a la regulación del concepto de la matriculación definitiva en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y a casos de inmovilización del medio de transporte.
Cooperativas. Se regula el régimen tributario de las cooperativas mixtas.
PDF (BOE-A-2009-3960 - 47 págs. - 937 KB)
PATENTES. Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ("Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de 1989), adoptadas en la 32 Sesión de la Asamblea de la Unión Internacional El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984.
Su Reglamento de ejecución es enmendado ahora.
PDF (BOE-A-2009-3982 - 7 págs. - 215 KB)
CIUDADANOS EN EL EXTERIOR. Real Decreto 245/2009, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, que regula el Consejo General de la ciudadanía española en el exterior.
La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior trata de garantizar a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en España, con el compromiso de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos.
Entre esos derechos se encuentra el derecho de los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen a través de los Consejos de Residentes Españoles (órganos dependientes de los consulados), y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (que sustituye al Consejo General de la Emigración) y define la naturaleza y atribuciones del Consejo, previsto como «órgano de carácter consultivo y asesor», remitiendo su elección, composición y régimen de funcionamiento a la posterior regulación reglamentaria.
Ahora se adapta el Decreto 230/2008 a las nuevas denominaciones y distribución competencial, en lo que atañe particularmente a la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios, y a la creación de los nuevos Ministerios de Igualdad y de Ciencia e Innovación.
PDF (BOE-A-2009-3983 - 2 págs. - 172 KB)
MODELOS 130, 131 Y 310. Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determina el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.
Afecta a los siguientes modelos que varían:
- Modelo 130, destinado al pago fraccionado en IRPF, para actividades económicas en estimación directa.
- Modelo 131, destinado al pago fraccionado en IRPF, para actividades económicas en estimación objetiva.
Se podrá ahora reflejar en ellos el importe de la deducción derivada de destinar cantidades al pago de préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que incide en el cálculo del importe de los pagos fraccionados. La deducción está prevista en el Decreto 1975/2008.
PDF (BOE-A-2009-4138 - 6 págs. - 428 KB)
GALICIA. Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
Este nuevo impuesto es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Galicia, de naturaleza real y finalidad extrafiscal, que somete a gravamen el daño medioambiental causado por la realización de determinadas actividades que utilizan agua embalsada.
El hecho imponible consiste en la realización de actividades industriales mediante el uso o aprovechamiento del agua embalsada, cuando altere o modifique sustancialmente los valores naturales de los ríos.
PDF (BOE-A-2009-4368 - 6 págs. - 213 KB)
GALICIA. Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.
ITPYAJD. Artículo 60. El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, será del 0,1 %.
Comprobación de valores. Disposición final segunda. Modifica el art. 60 de la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de Galicia para el año 2008.
Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, general tributaria, la Administración tributaria podrá aplicar coeficientes multiplicadores que se aprueben y publiquen mediante orden de la Consellería de Economía y Hacienda a los valores contenidos en el catastro inmobiliario.
Tratándose de otro tipo de bienes, la comprobación de valores podrá referirse directamente a los que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal que determine la Administración tributaria gallega, la cual podrá declarar el reconocimiento como registro oficial de carácter fiscal de cualquier registro elaborado o asumido como oficial por la Xunta de Galicia que incluya valores de esos bienes, siempre que se aprueben y publiquen mediante orden de la Consellería de Economía y Hacienda.
En la aplicación de los valores procedentes de estos registros podrá procederse a su actualización mediante los índices de variación de precios publicados por las distintas administraciones públicas o por instituciones especializadas.
Dictamen de peritos de la administración. Modifica el art. 62 de la misma Ley 16/2007.
En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio establecido en el artículo 57.1.e) de la Ley 58/2003, general tributaria, éstas podrán tomar como referencia, a los efectos de motivación suficiente, los valores contenidos en el registro oficial de carácter fiscal del artículo 60 de la presente ley o los valores básicos y precios medios de mercado a que alude la normativa técnica mencionada en el artículo 61 de la presente ley.
PDF (BOE-A-2009-4369 - 224 págs. - 6872 KB)
PATENTES. Aplicación provisional del Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008.
La principal finalidad del presente Acuerdo es la armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, en el marco del sistema europeo de concesión de patentes.
Cada una de las Oficinas de Patentes actuará como Autoridad internacional de búsqueda (ISA) competente para las solicitudes internacionales para las que haya sido elegida por el solicitante.
PDF (BOE-A-2009-4446 - 4 págs. - 193 KB)
*GALICIA. Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia.
Para un resumen más extenso, pinchar aquí.
Estatuto de la Vivienda
CAP I (según la Disp. Final Cuarta se aplica a los edificios cuya licencia se solicite después de la entrada en vigor de la Ley) regula el Proceso de edificación, poniendo especial atención:
En la Sección Primera a la función del Agente de control de calidad.
En la Sección Segunda ya se regulan las distintas Fases del Proceso:
· El Proyecto, cuyo contenido se determinará reglamentariamente
· Se impone con carácter previo la realización de un Estudio Geotécnico y de un Acta de replanteo.
· Se determina la necesidad de la correspondiente licencia urbanística
· La ejecución, expidiéndose una vez terminada, el certificado de final de obra por la dirección facultativa
· La recepción, previéndose su formalización mediante un Acta de Recepción
· La licencia de primera ocupación que acredita que se cumplen los requisitos para destinarse a uso residencial, que la obra está totalmente ejecutada y se ajusta a la licencia urbanística. Se regula así mismo la obtención de la licencia de 1ª ocupación por silencio positivo, por el transcurso de 2 meses desde la solicitud sin resolución expresa. Además es precisa su obtención para la conexión de agua potable, electricidad, telecomunicaciones
· La declaración de obra nueva: imponiendo a los NOTARIOS Y REGISTRADORES, para autorizar e inscribir las declaraciones de obra nueva terminada, la expedición de la certificación de final de obra y el OTORGAMIENTO, EXPRESO O POR SILENCIO DE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
La sección tercera se refiere al Libro del Edificio regulándose su contenido constituido por la documentación completa que refleje la historia constructiva del edificio y la documentación relativa a su uso, mantenimiento y conservación, incluyéndose la información sobre la situación jurídica del inmueble, en la cual figurará una nota informativa del registro de la propiedad. En cuanto a la entrega se dispone la misma a los adquirentes y en el caso de propiedad horizontal al administrador de la comunidad de propietarios, debiendo estar a disposición de todos los copropietarios y usuarios.
La utilización de la vivienda. Se regulan los deberes de uso adecuado, mantenimiento, conservación y rehabilitación de las viviendas, siendo como sujeto pasivo de esos deberes al propietario quien en el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda deberá declarar estar al corriente en el cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación o expresar los que tenga pendientes de cumplimiento.
Se dedica este título a la regulación de la vivienda protegida para, como dice la Exposición de motivos, tratar de unificar el régimen jurídico de las viviendas protegidas, clarificando la confusa tipología existente.
El CAP I contiene las:
Sección primera: Disposiciones Generales:
· El Destino: necesariamente a residencia habitual y permanente, aunque cabe la autorización para el ejercicio de una profesión u oficio, siempre que dicha actividad sea compatible con el uso residencial y su desarrollo no requiera un espacio superior a los tres quintos de la superficie útil de la misma.
· La superficie útil, entre 40 y 140 metros, pudiendo tener como anexos vinculados un trastero que no exceda de 15 metros y una plaza de garaje por vivienda.
· El precio máximo tasado, correspondiendo su determinación al Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de vivienda y declarándose nulas las cláusulas y disposiciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados.
Sección Segunda: Promoción que puede ser pública o Privada
- PÚBLICA sufragadas con cargo a los presupuestos de una administración pública o de una entidad de derecho público vinculada o dependiente de aquella o también promovidas por: a) Sociedades mercantiles en que la Administración pública o las entidades de derecho público participen mayoritariamente, financien mayoritariamente su actividad o nombren a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, dirección o control, o b) Otras personas jurídico-privadas constituidas o integradas mayoritariamente por administraciones públicas o entidades de derecho público, o cuya actividad sea mayoritariamente financiada por las mismas. Promoción que podrá llevara a cabo mediante la construcción o adquisición de viviendas nuevas o usadas y su renovación o rehabilitación, y que cuando estén construidas sobre terrenos del Inventario Autonómico del Suelo serán de titularidad pública y se regirán, en lo relativo a su uso y aprovechamiento, por la normativa de patrimonio
- PRIVADA: cuando la/el agente promotor cuente con ayudas públicas o financiación calificada en cualquiera de las fases del proceso de la edificación y admitiéndose la Autopromoción también por cooperativas, comunidades de propietarios asociaciones
CAP II: La Calificación de las viviendas protegidas
La calificación provisional: En este caso se establece un Silencio negativo: si en el plazo máximo de dos meses, a contar a partir de la fecha en que la solicitud hubiera entrado en un registro de la Consellería sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio la calificación provisional.
La calificación Definitiva: También con silencio negativo por el transcurso de dos meses sin notificación de la resolución expresa. La denegación por causa del promotor supondrá la devolución, en su caso, de las ayudas percibidas con los intereses legales desde la fecha de su percepción, aunque los adquirentes podrán optar por resolver los contratos o solicitar a la Administración autonómica la rehabilitación del expediente a su favor, comprometiéndose a subsanar las deficiencias.
· NO SE PODRÁN AUTORIZAR ESCRITURAS PÚBLICAS DE TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS CON ANTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA, y los promotores estarán obligados a elevar a escritura pública los contratos de compraventa formalizados con anterioridad, en el plazo de tres meses desde la concesión de la calificación definitiva.
· La CALIFICACIÓN, PROVISIONAL O DEFINITIVA SE HARÁN CONSTAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD por Nota Marginal, haciendo constar expresamente él plazo de duración de la protección; y en el caso de viviendas protegidas de promoción y titularidad pública construidas sobre terrenos del inventario de suelo para vivienda pública, la nota marginal dejará constancia de su titularidad pública, de su condición de protegida y de la duración indefinida del régimen de protección.
a) 30 años, salvo plazo distinto que se establezca la presente ley o sea aprobado por decreto del Consello de la Xunta de Galicia para atender a programas específicos de vivienda dirigidos a sectores de la población desfavorecidos o con circunstancias especiales.
b) Indefinido: en el caso de viviendas protegidas de promoción y titularidad pública construidas sobre terrenos del inventario de suelo para vivienda pública
La protección se extingue:
a) por transcurso del plazo, en cuyo caso la vivienda se considerará libre a todos los efectos si, transcurridos seis meses desde el cumplimiento del plazo de duración del régimen de protección, no consta en el Registro de la Propiedad ningún asiento contradictorio, CANCELÁNDOSE EN ESTE CASO DE OFICIO LAS NOTAS MARGINALES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.
b) Por descalificación de la administración, a petición de los propietarios por razones excepcionales y previo reintegro de las ayudas o beneficios recibidos, o de oficio como medida complementaria derivada de un procedimiento sancionador siendo elevada al Registro de la Propiedad para la cancelación de las notas marginales. Aunque durante 5 años y en todo caso 15 desde la calificación los usuarios de buena fe de la vivienda protegida conservarán los derechos derivados del régimen legal de protección, quedando los propietarios vinculados a los precios máximos de renta y venta establecidos para las viviendas protegidas
CAP III: Acceso a las Viviendas protegidas
1.-Los de capacidad económica que se determinen para cada caso
2.-No ser propietario, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar de otra vivienda, salvo caso de vivienda inadecuada o insuficiente, en los términos establecidos en la misma ley
3.- ser residente o desarrollar la actividad laboral en Galicia
Se crea un Registro Único de Demandantes de Vivienda, cuya inscripción es requisito necesario para participar en los procedimientos de adjudicación.
La regla general es el sorteo, aunque cabe la adjudicación directa en casos excepcionales para satisfacer necesidades derivadas de realojos motivados por expedientes expropiatorios o en ejecución de desarrollos urbanísticos, procesos de rehabilitación pública, situaciones de violencia de género, situaciones de emergencia que impliquen pérdida de vivienda o cualquier otra situación que se establezca reglamentariamente; y excepcionándose claro, los casos de autopromoción para uso propio o los casos de permuta de suelo por vivienda.
Se establecen una serie de reglas a las que a de ajustarse el sorteo, relativas reservas para casos especiales, supuestos de viviendas vacantes etc.
Y en cuanto a la formalización del contrato de transmisión de la propiedad, se exige escritura pública y para su otorgamiento así como para la inscripción en el Registro de la Propiedad, se debe dejar constancia del documento privado visado por la Consellería en el que deberán figurar las siguientes menciones:
d) Las limitaciones que afecten a la vivienda
CAP IV: Utilización y disposición de las viviendas protegidas
Se establecen limitaciones a la facultad de disposición:
· No pueden, salvo autorización en situaciones excepcionales por la administración y previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas directas, transmitirse ínter vivos hasta transcurridos 5 años desde la escritura de adquisición o desde la calificación definitiva. Si cabe la venta de las viviendas protegidas para alquiler, previa autorización y en las condiciones que se determinen.
· Para las segundas y ulteriores transmisiones de viviendas de promoción publica: Se exige siempre Sorteo, salvo las excepciones vistas para la primera adjudicación, previo derecho de adquisición preferente a favor de la Administración; En el caso de ejecuciones patrimoniales, corresponde al organismo que realice la ejecución ponerla a disposición de la Administración Autonómica; y estas limitaciones no se aplican a las transmisiones entre personas con parentesco hasta el segundo grado en línea recta siempre que la persona adquirente cumpla los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes para la adquisición de la vivienda protegida.
· Para las Viviendas de promoción privada, se establece igualmente un derecho de tanteo y retracto durante el régimen de protección salvo las transmisiones entre personas con parentesco hasta segundo grado en línea recta o en los casos de liquidación de la sociedad de gananciales, siempre que la persona adquirente cumpla los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes para la adquisición de la vivienda protegida.
Todas estas limitaciones SE HARÁN CONSTAR EXPRESAMENTE EN LAS ESCRITURAS DE TRANSMISIÓN, DE PRÉSTAMO Y DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN EL SUPUESTO DE AUTOPROMOCIÓN, ASÍ COMO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR MEDIO DE NOTA MARGINAL
Protección de los adquirentes y Arrendatarios de Vivienda.
CAP I; que regula lo relativo a la publicidad en la Oferta de venta de viviendas, su contenido mínimo, sobre el precio, el debe de información por escrito, el derecho a examen de la documentación antes de la perfección del contrato; y lo mismo en la oferta de arrendamiento.
CAP II: Relativa a la Venta de Viviendas:
En Proyecto. En cuyo caso el promotor deberá:
El contrato deberá tener una serie de especificaciones, entre otras: el régimen de protección, el plazo de finalización, condiciones económicas y financieras, superficie, cuota de participación, servidumbres cargas y gravámenes...y en caso de discrepancia el comprador tiene derecho a la resolución o a una rebaja proporcional en el precio.
Además deberá haber correspondencia con el proyecto, siendo necesario para realizar modificaciones, imponer nuevas cargas, suprimir servicios alterar la distribución de elementos de aprovechamiento común, crear nuevos espacios el consentimiento de la persona compradora.
Se establece en materia de pago de cantidades a cuenta una serie de medidas, entre otras la obligatoriedad del promotor de garantizar la devolución de las mismas junto con los intereses legales incrementados en dos puntos.
Así mismo se establece que las viviendas no podrán ser entregadas hasta que se otorgue la licencia de primera ocupación.
De Viviendas Terminadas: Para lo que el promotor deberá disponer de la licencia de primera ocupación y la calificación definitiva si se trata de viviendas protegidas.
Así mismo deberá entregarse al comprador la siguiente documentación:
Documentación relativa a la hipoteca en su caso
Certificación expedida por el propietario de que se haya al corriente en el pago de los gastos generales o certificación acreditativa de los que se adeuden, salvo expresa exoneración del comprador
CAP III: sobre el Arrendamiento de Viviendas
Se establecen también como requisitos del arrendamiento tener concedida la licencia de primera ocupación y la calificación definitiva en el caso de viviendas protegidas.
Se habrá de entregar al Arrendatario una serie de documentación: copia de la licencia de 1ª ocupación o del recibo de su solicitud; copia de los estatutos de la comunidad; certificado de eficiencia energética.
Se regula la fianza en metálico que ha de establecerse, así como su actualización, devolución con sus intereses, exoneración a las administraciones públicas; su depósito en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o en entidades gestoras concertadas, pudiéndose utilizar la vía ejecutiva para su ingreso etc.
CAP IV: Arbitraje, regula el posible sometimiento de las controversias a arbitraje para lo que la Xunta creará organismos arbitrales especializados
Disposiciones finales. Se declaran viviendas libres las sometidas a cualquier régimen de protección anteriores a 31 de diciembre de 1.977 y habrá de procederse, de oficio, a la cancelación registral de las anotaciones relativas al régimen de protección, haciéndose constar en nota marginal la pérdida de la condición de vivienda protegida.
Deroga la Ley 4/2003 de vivienda da Galicia
Entrada en vigor: el 20 de abril de 2.009. (MN)
PDF (BOE-A-2009-4448 - 51 págs. - 869 KB) Para un resumen más extenso, pinchar aquí.
TRATADOS INTERNACIONALES. Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
Se publican las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales, en los que España es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.
PDF (BOE-A-2009-4509 - 40 págs. - 523 KB)
NAVARRA. Ley Foral 1/2009, de 19 de febrero, por la que se modifica el artículo 51 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra.
Esta Ley Foral permite incorporar a los criterios de adjudicación de los contratos características sociales relacionadas con el empleo.
PDF (BOE-A-2009-4512 - 2 págs. - 172 KB)
MADRID. Ley 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, para el año 2009.
En el Título VI se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.
PDF (BOE-A-2009-4513 - 41 págs. - 808 KB)
MADRID. Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Patrimonio. Se establece una bonificación del 100 por ciento de la cuota del impuesto.
- Se mantiene la tarifa aprobada el año anterior
- Se crean dos nuevas deducciones: la primera para compensar el incremento de los costes de la financiación ajena obtenida para inversión en vivienda habitual, que deriva del alza de los indicadores que sirven de referencia para determinar los tipos de interés, y la segunda, por los gastos educativos satisfechos por escolarización obligatoria, gastos complementarios y enseñanza de idiomas.
- Se amplía el ámbito objetivo de la deducción por donativos a fundaciones, extendiendo la misma a los efectuados a fundaciones que tengan fines de carácter educativo y que estén registradas en la Comunidad de Madrid.
ISD. Se mantienen las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones «mortis causa», la tarifa, los coeficientes correctores de la cuota, y las bonificaciones en cuota vigentes durante el año 2008.
ITPYAJD. Se establece un nuevo tipo impositivo en la modalidad de «Actos Jurídicos Documentados» para la constitución y modificación de derechos reales de garantía a favor de sociedades de garantía recíproca ubicadas en la Región de Madrid (0,1%). En el resto, se mantienen las medidas ya vigentes durante el año 2008.
Tasas. Se suprimen dos tasas en materia de comercio, y se modifica la regulación singular de diversas tasas en materia de asociaciones, industria, comercio, educación, caza y pesca, farmacia, sanidad y vivienda.
Texto Refundido. Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la elaboración y aprobación, en un plazo de diez meses, de un Texto Refundido que contenga toda la legislación vigente en 2009 en relación con los tributos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid.
Suelo. Se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para permitir a los Municipios autorizar directamente, mediante licencia, instalaciones deportivas en suelo urbanizable no sectorizado.
Cajas de Ahorros. Se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, sobre lo que existe una importante polémica con el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
PDF (BOE-A-2009-4514 - 52 págs. - 1048 KB)
CASTILLA Y LEÓN. Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León.
La Ley modificada tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados.
La intervención administrativa se realiza a través de cuatro figuras fundamentalmente: la autorización ambiental, la licencia ambiental, la comunicación y la evaluación de impacto ambiental.
Ahora se reajustan algunos trámites procedimentales y se modifican los órganos competentes.
PDF (BOE-A-2009-4515 - 5 págs. - 200 KB)
ASTURIAS. Ley 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009.
Los tipos de cuantía fija de las tasas se elevarán un 5%.
PDF (BOE-A-2009-4689 - 29 págs. - 609 KB)
ASTURIAS. Ley 6/2008, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los presupuestos Generales para 2009.
IRPF. La principal novedad es la creación de cuatro nuevas deducciones autonómicas cuyo objetivo es el fomento de la natalidad. Afectan a las familias numerosas y monoparentales, a los casos de partos o adopciones de carácter múltiple y las adopciones de carácter internacional.
ISD. Se desarrollan las siguientes medidas:
- Se mejora la bonificación del 100 por cien que afecta a las transmisiones causa de muerte entre padres, hijos y cónyuges, elevando el límite de base imponible hasta 150.000 euros.
- Se introduce una deducción en las donaciones de ascendientes a descendientes para adquisición de primera vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.
- Se extiende a sucesiones la reducción del 99 por ciento para las participaciones en entidades que ya se aplicaba a las empresas individuales y negocios profesionales, con mejora técnica de redacción.
- En donaciones, se crea una nueva reducción, análoga a la ya establecida para las transmisiones de empresas por causa de muerte.
- En relación a la adquisición de vivienda habitual «mortis causa», se mejora la deducción vigente a fin de evitar el incremento de la presión fiscal que, en otro caso, se produciría;
ITPYAJD. En la constitución y cancelación de derechos reales de garantía a favor de las Sociedades de Garantía Recíproca, el tipo impositivo será el 0,1% en AJD.
Viviendas del Principado, S. A. Se amplía el objeto social para que tenga capacidad jurídica para llevar a cabo las actuaciones que desde la Administración van a encomendársele.
PDF (BOE-A-2009-4690 - 28 págs. - 479 KB)
SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Este Real Decreto es consecuencia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha introducido importantes modificaciones en el régimen jurídico de las prestaciones otorgadas en caso de maternidad y de riesgo durante el embarazo y ha incorporado en el ordenamiento jurídico de la protección social dos nuevos subsidios: el correspondiente al permiso por paternidad y el que se concede en supuestos de riesgo durante la lactancia natural, para mejorar la integración de la mujer en el ámbito laboral. Tiene vocación de efectuar un tratamiento normativo completo.
Como leyes principales que afectan a estas situaciones y prestaciones, son de citar:
- La Ley General de la Seguridad Social, en lo que se refiere al régimen jurídico de las prestaciones.
- El Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a la regulación de la suspensión del contrato de trabajo, de los periodos de descanso en las situaciones de maternidad y paternidad y de los periodos de excedencia por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares.
- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con las normas que establecen la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y
- La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el Estatuto Básico del Empleado Público, también respecto de las disposiciones relativas a los periodos de descanso por maternidad y paternidad y a los periodos de excedencia.
Protección de la maternidad. A destacar:
- La regulación de las situaciones protegidas, a las que se han añadido el acogimiento simple de al menos un año, y los acogimientos provisionales.
- Definición del periodo previo de cotización exigido para acceder a la protección.
- El establecimiento de normas respecto del nuevo subsidio de naturaleza no contributiva por maternidad.
- Situaciones de parto prematuro.
- Trabajadores a tiempo parcial.
Suspensión de la actividad laboral por paternidad.
- Se definen las situaciones protegidas, paralelas a las de maternidad.
- Se determinan los requisitos que deben acreditarse para ser beneficiario.
- Se fija su cuantía, el periodo de su duración y las reglas que rigen su disfrute.
- Será de veinte días en familias numerosas, adopción o acogimiento o si hay una persona con discapacidad.
- Al calificarse esta situación como contingencia de naturaleza profesional, se ha eliminado la exigencia de cumplimiento de un periodo previo de cotización
- Su cuantía se ha incrementado al 100 por 100 de la base reguladora aplicable a las contingencias profesionales.
- La gestión de la prestación corresponde ahora a la entidad gestora o a la mutua de accidentes con la que la empresa o, en su caso, la trabajadora por cuenta propia, tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
- Se fija el alcance de la protección, así como el procedimiento aplicable para acceder a ella
- Se dan normas para determinar la entidad, gestora o colaboradora, que debe asumir la cobertura de la prestación, rulando las especialidades necesarias para colectivos sin protección específica por contingencias profesionales.
- Se hace referencia al periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, esto no resulte posible o no pueda exigirse.
- Su régimen jurídico se trata en paralelo con el del subsidio por riesgo durante el embarazo, ya que su concesión, por mandato legal, se realiza en las mismas condiciones que éste.
Excedencia por cuidado de hijos o menores acogidos.
- Se determina el alcance de los periodos considerados de cotización efectiva.
- Se definen los términos en que deben aplicarse otros beneficios similares introducidos.
SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.
Parejas de hecho. El art. 174.4 de la Ley General de la Seguridad Social incluye, como nueva causa de extinción de la pensión de viudedad, la constitución de una pareja de hecho por parte del beneficiario de la pensión, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente, hasta ahora fijadas sólo en relación al supuesto de matrimonio y que por medio de este real decreto se declaran aplicables también a los supuestos en que se constituya una pareja de hecho.
Huérfanos. Se revisa la regulación de los incrementos de indemnización que han de percibir en caso de muerte del causante por accidente de trabajo o enfermedad profesional, y tratando también situaciones en las que, por razón de orfandad absoluta o circunstancias análogas, se constate la concurrencia de un estado de necesidad agravada que justifique esa mayor intensidad de las prestaciones a reconocer.
** DISCAPACIDAD. Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad.
A) MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO CIVIL.
Se justifica la reforma para lograr que el Registro Civil pueda actuar, en el ámbito de situaciones de discapacidad, como un mecanismo fiable de publicidad Hasta ahora, la propia organización del Registro Civil dificulta la obtención de datos generales sobre el número y alcance de las incapacitaciones que tienen lugar en nuestro país, ya que es muy difícil lograr información sobre las personas en las que recae una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, si no se conoce previamente la identidad de las mismas. Además el principio competencial de territorialidad que rige el Registro Civil ocasiona la dispersión de los asientos pudiendo existir información relativa a un mismo individuo en distintos Registros Civiles Municipales.
Registro Civil Central. Se añade al art. 18 que también llevarán en el Registro Central los libros formados con los duplicados de las inscripciones sobre modificaciones judiciales de la capacidad de obrar, constitución y modificación de cargos tutelares, prórroga o rehabilitación de la patria potestad, medidas judiciales sobre guarda o administración de presuntos incapaces o menores no sujetos a patria potestad, vigilancia o control de tales cargos, y constitución de patrimonios protegidos y designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos practicadas en los distintos Registros Municipales, bajo la denominación de "Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos".
Inscripción por duplicado. En correlación, se añade un nuevo artículo 46 bis por el cual, los encargados de los Registros Civiles Municipales extenderán por duplicado las inscripciones marginales sobre estas mismas materias, pues uno de los ejemplares se ha de remitir al Registro Civil Central a los efectos indicados.
Comunicación notarial y judicial. Estas inscripciones se practicarán en virtud de comunicación remitida de oficio, junto con testimonio bastante de la resolución recaída, por el Juez competente, o bien mediante testimonio bastante de la escritura de constitución del patrimonio protegido o de designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos que el juez o el notario autorizante deberá remitir en el plazo máximo de tres días al Encargado del Registro Civil del domicilio del incapacitado o beneficiario del patrimonio protegido.
Notas de referencia. Varía el art. 39 para ordenar practicar notas de referencia en la inscripción de nacimiento y viceversa.
Demandas de incapacidad. Se modifica el art. 38 para permitir la anotación, con valor simplemente informativo, de las demandas relativas a procedimientos de modificación de la capacidad.
Apoderamientos para autotutela. Según el nuevo art. 46 ter, el notario autorizante notificará al Registro Civil donde constare inscrito el nacimiento del poderdante las escrituras de mandato o de otra relación o situación jurídica de la que se derivara la atribución de apoderamiento a favor de cualquier persona para el caso de incapacidad del poderdante.
B) REFORMA DE LA LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Con la reforma, se intenta resolver ciertas dudas generadas por la aplicación de esta Ley, mejorando la comunicación de la constitución del patrimonio protegido al Ministerio Fiscal; determinando que el domicilio en función del cual se fija la competencia del Ministerio Fiscal, no es el de otorgamiento de la escritura pública, sino el del domicilio del discapacitado; dándose cabida a las comunicaciones telemáticas en este ámbito, y aclarando el concepto de acto de disposición de determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos.
- Los notarios comunicarán, mediante firma electrónica avanzada, al fiscal del domicilio del discapaz la constitución del patrimonio protegido y de las aportaciones posteriores.
- En los patrimonios protegidos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.
- La Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad se adscribe al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, formando parte de la misma el Ministerio Fiscal.
- Remisión a la legislación hipotecaria para hacer constar que un inmueble se integra en un patrimonio protegido. Se aclara que, si el bien o derecho ya figurase inscrito a favor del discapaz, la adscripción o incorporación al patrimonio protegido se hará constar por medio de nota marginal.
-Se añade un párrafo para limitar la publicidad registral de los asientos, con remisión reglamentaria, pero que deberá en todo caso respetar derechos de la intimidad personal y familiar y a la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Ha de haber desarrollo reglamentario antes del 26 de septiembre de 2008.
Se añade al artículo 3.3 un último párrafo:
1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario
Dos. Se añade al artículo 5.2 un último párrafo:
1. La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal
Se da nueva redacción al artículo 8:
Solicitud de información del Ministerio Fiscal. Están obligados a proporcionarla, entre otros, los centros u organismos públicos de gestión tributaria de las CCAA, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y los Notarios, para aprobar las cuentas anuales o finales del tutor, o para cumplir con las medidas de vigilancia y control que se hayan acordado judicialmente respecto del ejercicio de la tutela o guarda de hecho. D. Ad. 1ª.
El tutor y el guardador de hecho estarán legitimados para solicitar y obtener de los organismos públicos información jurídica y económica relevante que resulte de interés para el ejercicio de sus funciones.
Inscripciones anteriores del Registro Civil. Los encargados de los Registros Civiles Municipales comunicarán al Registro Civil Central para su extensión en el «Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos» las inscripciones contempladas en el artículo 46 bis de la Ley de sobre el Registro Civil antes reseñadas y practicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Procedimientos de incapacitación. Antes del 26 de diciembre de 2009, habrá un proyecto de ley de reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar.
Régimen fiscal. La Ley no incluye ninguna mejora para los patrimonios protegidos, pero se anuncia, para antes del 26 de diciembre de 2009, un Proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales.
Coordinación Registro Civil - Colegio de Registradores y Notarios. Según la D. F. 5ª, antes del 26 de diciembre de 2009, El Ministerio de Justicia determinará el procedimiento y fases en que se deberá llevar a cabo el intercambio y coordinación de la información relativa a resoluciones judiciales de modificación de la capacidad y constitución de patrimonios protegidos y designación de sus representantes legales entre el Registro Civil Central y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, así como la forma y plazos en que se procederá a intercambiar la información citada entre los citados organismos y el Consejo General del Notariado.
Enmiendas no aceptadas.
- No se admitió la que preveía que se centralizara la información sobre sentencias de incapacidad y patrimonios protegidos en el Fichero Localizador de Titularidades Inscritas del Colegio de Registradores (FLOTI).
- Modificación de la autotuleta en el Código Civil.
- Limitación de responsabilidad a favor del discapaz.
- Beneficios fiscales para el patrimonio protegido.
Entrada en vigor. El 26 de junio de 2009.
Ver informe de ENERO de Albert Capell sobre el entonces Proyecto.
Ver vicisitudes parlamentarias en el Informe de Febrero.
Ver resumen de Jorge López Navarro.
PDF (BOE-A-2009-5028 - 6 págs. - 208 KB)
* EXPLOTACIONES AGRARIAS. Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
Origen. Lo tiene en el art. 30 de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se emplaza a los poderes públicos para conseguir que esta igualdad sea real, también en el sector agrario, y conseguir el pleno reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito rural.
Objeto. Este real decreto pretende promover a efectos administrativos la titularidad compartida de las explotaciones agrarias entre los cónyuges o parejas de hecho inscritas, con los derechos y las obligaciones derivados del régimen de modernización de las explotaciones agrarias y a efectos de extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a las mujeres que ostenten dicha cotitularidad.
Titularidad civil. No afectará a titularidad civil de las explotaciones, salvo que expresamente los cotitulares sigan para ello las normas civiles y mercantiles de ámbito general e inscriban dicho régimen en el Registro de la Propiedad.
Concepto de titularidad compartida. Es aquella en la que, tanto la mujer como su pareja de hecho inscrita, cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a la autoridad competente de la comunidad autónoma respectiva para su inscripción en el Registro regulado en esta Ley.
Registro de la titularidad compartida. En el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino tendrá su sede y en él se reflejarán las declaraciones de titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas de las CCAA.
Efectos. Desde la comunicación, las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular de la explotación, se atribuirán conjuntamente a los cotitulares.
Futuras medidas. Esta norma tiene carácter reglamentario, pero la Exposición de Motivos anuncia futuras medidas de mayor rango que afectarán a leyes civiles, mercantiles, fiscales o laborales cuya elaboración exige un estudio más detallado.
Entrada en vigor. 27 de marzo de 2009.
PDF (BOE-A-2009-5031 - 4 págs. - 187 KB)
CATALUÑA. Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia.
Se crea la Autoridad Catalana de la Competencia como organismo independiente, que adopta la forma de organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para ejercer sus funciones.
Tiene el objetivo de garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Cataluña.
PDF (BOE-A-2009-5084 - 14 págs. - 289 KB)
CATALUÑA. Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias.
El Consejo de Garantías Estatutarias es la institución de la Generalidad que vela porque las disposiciones de la Generalidad se adecuen al Estatuto y a la Constitución. También dictamina previamente a la interposición ante el Tribunal Constitucional de recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y recursos en defensa de la autonomía local.
Disfruta de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para cumplir sus funciones con plena independencia de los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, mediante dictámenes técnico-jurídicos que en ningún caso expresan criterios de oportunidad o conveniencia.
PDF (BOE-A-2009-5085 - 14 págs. - 284 KB)
SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, por el que se modifican el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; y el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Mediante este Real Decreto se modifican las siguientes disposiciones reglamentarias:
- Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. La reforma viene motivada por la aprobación de la actual tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, llevada a cabo por las Leyes de Presupuestos de los tres últimos años, desarrollándose reglamentariamente la atribución de competencias a la Tesorería General de la Seguridad Social para la determinación del tipo de cotización aplicable por contingencias profesionales, con independencia de la entidad gestora o colaboradora por la que se haya optado para su cobertura.
- Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Sobre la misma materia se actualizan referencias relativas a la anterior tarifa de primas y a sus epígrafes, sustituyéndolas por otras a la tarifa actualmente vigente y a sus tipos de cotización que en cada caso resulten aplicables. También se actualizan las referencias que, a la normativa del IRPF en materia de percepciones económicas en especie y de gastos de locomoción y manutención, se realizan en diversos apartados del artículo 23.
- Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Se adapta en lo relativo al contenido del documento de asociación con la mutua que proteja las contingencias profesionales, en cuanto a la posible existencia y declaración de más de una actividad económica de la empresa.
PDF (BOE-A-2009-5128 - 8 págs. - 224 KB)
--- Se establece, en un punto nuevo del art. 5, lo que llama propuesta anticipada de convenio, distinto de la propuesta anticipada que se produce en el seno del concurso (Vid. Art. 104), en virtud del cual el deudor que lo proponga, aún estando en estado de insolvencia actual, no tiene obligación de solicitar la declaración de concurso, siempre que lo ponga en conocimiento del Juzgado. Ahora bien transcurridos tres meses, haya tenido éxito o no la propuesta, deberá solicitar el concurso en el mes siguiente. En estos casos además el concurso tendrá la consideración de voluntario pues la petición se entiende hecha con la comunicación de la propuesta de convenio(Art. 22.1).
REGLAMENTO IRPF 1999. Cuestiones de ilegalidad. Providencia de 13 de febrero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, sobre el inciso final del artículo 10.3 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que dispone literalmente "...si, además no se conceden anualmente".
Artículo 10. Aplicación de la reducción del 30 por 100 a determinados rendimientos del trabajo.
3. A efectos de la reducción prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto, se considerará rendimiento del trabajo con periodo de generación superior a dos años y que no se obtiene de forma periódica o recurrente, el derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores, cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión, si, además, no se conceden anualmente. PDF (BOE-A-2009-3502 - 1 pág. - 156 KB)
PROCURADORES. Sentencia de 21 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real Decreto 351/2006, de 24 de marzo, por el que se modifica el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre.
El Decreto anulado se dictó como consecuencia de la STS de 21 de febrero de 2005 que resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España.
Se modificaban los artículos 13 (relativo al ejercicio en una demarcación territorial) y el 31 (asociación de procuradores de una misma demarcación territorial), añadiendo una nueva disposición transitoria.
PDF (BOE-A-2009-3958 - 1 pág. - 158 KB)
ABOGADOS. Sentencia de 23 de diciembre de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del apartado tres del artículo 14.1, sobre jornada y horarios de trabajo, que dispone "No se computará a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos de la duración máxima de la jornada" del Real Decreto 1331/2006,, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
ABOGADOS. Sentencia de 16 de diciembre de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del apartado tres del art. 14.1 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
SILENCIO NEGATIVO. Sentencia de 28 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija como doctrina legal que el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.
RELEVOS ALTOS CARGOS MINISTERIO DE JUSTICIA.
Real Decreto 376/2009, de 20 de marzo, por el que se nombra Directora General de los Registros y del Notariado a doña María Ángeles Alcalá Díaz.
PDF (BOE-A-2009-4732 - 1 pág. - 153 KB)
**CONCURSO REGISTROS. Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se anuncian Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso ordinario nº 276.
Salen 66 Registros, entre los que se incluyen los Registros de la Propiedad relacionados en el anexo III de la Orden JUS/3132/2007, de 23 de octubre, por la que se dictan normas para la interpretación y ejecución del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación registral, en cuyo artículo 2 se acordó que la Dirección General de los Registros y del Notariado proveyese en concurso ordinario en el año 2009 algunos de los Registros de la Propiedad creados por el citado Real Decreto.
Se ejecuta, así, la tercera etapa de la demarcación, formada por 27 Registros. Quedan 19 más para 2010.
PDF (BOE-A-2009-3919 - 6 págs. - 299 KB)
*CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 23 de febrero de 2009, Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles convocado por la Resolución JUS/4014/2008, de 30 de diciembre.
PDF (BOE-A-2009-3963 - 2 págs. - 172 KB)
*CONCURSO NOTARIAL. Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes convocado por Resolución de 2 de febrero de 2009, y se dispone su publicación y comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Sólo se publican las 50 notarías adjudicadas.
PDF (BOE-A-2009-4634 - 2 págs. - 210 KB)
ABOGADOS DEL ESTADO. Orden JUS/724/2009, de 13 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el Ingreso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Abogados del Estado.
PDF (BOE-A-2009-4977 - 6 págs. - 210 KB)
Don Juan Bautista Fuentes López, Registrador de la propiedad de Rivas-Vaciamadrid.
El Notario de Madrid, don Enrique Tevar del Olmo.
El Notario de Granada, don Andrés Tortosa Muñoz.
El Notario de Marbella, don Emilio Iturmendi Morales.
La Notaria de Sant Pere de Ribes, doña María del Carmen Florán Cañadell.
64. RECTIFICACION DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA INSCRITA POR CERTIFICADO CATASTRAL. Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Vilanova i la Geltrú, doña Elena Romeo García, contra la negativa del registrador de la propiedad de dicha población a la constancia registral de la superficie de una finca urbana.
Se pretende la rectificación de la superficie construida de una casa, que en el Registro figura como de una planta, con 66 metros cuadrados de solar, en base a un certificado catastral del que resultan 297 metros cuadrados construidos, 66 en planta baja, y 231 en planta alta. El registrador solicita aclaración, pues considera que hay contradicción en cuanto a la superficie de la planta alta y el suelo.
La recurrente alega que la referencia catastral ya fue calificada y está inscrita, que por ello el Registro publica no solo la referencia, sino el conjunto de datos del Catastro, y que los efectos de la inscripción no se extienden a los datos físicos.
La DGRN confirma la calificación pues considera justificada la duda, y añade que los datos del Catastro no ingresan de forma automática e indiscriminada en el Registro, que la calificación de la referencia catastral lo fue en base a documentos que no reflejaban la superficie, y que no es cierto que los datos físicos que refleja el Registro carezcan de efectos, pues en otro caso bastaría para su ingreso una mera declaración del interesado. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-5005 - 3 págs. - 177 KB)
65. ANOTACION PREVENTIVA DE QUERELLA. REQUISITOS CON TITULAR DISTINTO DEL QUERELLADO. Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por I.G.M., S. L., contra la negativa del registrador de la propiedad de Gernika-Lumo a la anotación preventiva de una querella.
Se pretende la anotación de una querella sobre una finca cuyo titular es una sociedad, persona distinta del querellado, que se deniega por esa causa.
La DGRN confirma la denegación en el caso concreto y recuerda que, conforme a los dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, para practicar la anotación además de tratarse de un procedimiento criminal sería necesario que el juez en el mandamiento hiciera constar que existentes indicios racionales de que el imputado es el verdadero titular de los bienes. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-5006 - 3 págs. - 178 KB)
66. NO PROCEDE CANCELAR CARGAS POSTERIORES SI NO HAY CONSTANCIA REGISTRAL PREVIA DEL PROCEDIMIENTO. Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña Carmen G.V., contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas de Almanzora, a una cancelación de cargas como consecuencia de una subasta de fincas derivado de un procedimiento de división de cosa común.
Se presenta en el registro mandamiento de cancelación de cargas del que resulta que, en procedimiento de división de cosa común, se acordó la pública subasta de dos fincas. En dicho procedimiento se libró por el registro la oportuna certificación de cargas, de conformidad con lo establecido en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se hicieron los oportunos anuncios, y celebrada la subasta, se adjudica la finca a la recurrente, expidiéndose el correspondiente auto, así como el mandamiento ordenando la cancelación de las cargas posteriores a la expedición de la certificación como consecuencia del procedimiento.
El registrador deniega la cancelación correspondiente porque al no constar en la finca la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas prevenida en el artículo 656 de la LEC, relativa al procedimiento judicial en que se sustancia dicha adjudicación a favor de doña CGV, no procede la aplicación del artículo 674.2 LEC, que habla de cancelación de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la anotación que debería haberse practicado del procedimiento 450/2004 de división de cosa común.
El interesado recurre y la DGRN desestima el recurso diciendo que si se procediera a la cancelación de los asientos ordenada se produciría una indefensión de los titulares de tales asientos, y que tal indefensión sólo se evitaría si la subasta de la finca hubiera constado, directa o indirectamente del Registro, cosa que ocurriría si se hubiera tomado, bien anotación preventiva de la demanda de ejercicio de la acción de división, o si constara en el Registro nota marginal de expedición de dicha certificación, pues sólo en tales casos los titulares de derechos posteriores habrían tenido información de la existencia del procedimiento, por lo que hubieran podido intervenir en él para alegar lo que a su derecho conviniere.
Añade que no tiene razón el recurrente al argumentar que no cabe la anotación preventiva de demanda cuando se ejercita la acción de división, ya que es perfectamente posible anotar la demanda ejercitada que puede traer como consecuencia una alteración registral, como es el caso. (JDR)
PDF (BOE-A-2009-5007 - 3 págs. - 177 KB)
67. CALIFICACION INDEPENDIENTE DE DOS TITULOS CON DOS ASIENTOS DE PRESENTACIÓN. DUDAS DE LA IDENTIDAD DE UNA FINCA INSCRITA. Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María-Isabel Resa Medrano y otros, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Alfaro, a la inscripción de una escritura de segregación, compraventa y agrupación. Vinculante.
Se presentan dos títulos, que generan dos asientos de presentación. La registradora deniega la inscripción del primero en base a posibles defectos del segundo. Por otro lado tiene dudas de la identidad de la finca objeto del título, que está inscrita.
Resuelve la DGRN que la calificación del primer título ha de hacerse con abstracción del segundo, aunque éste pueda ser defectuoso, y en consecuencia ordena la inscripción.
Añade que las dudas sobre la identidad de la finca pueden ser un obstáculo cuando se trata de inmatriculaciones o de excesos de cabida, pero no en el resto de los casos cuando se trata de nuevos asientos de fincas inscritas, y menos si la duda se genera por una finca colindante. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-5008 - 4 págs. - 184 KB)
68. ACTA DE PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO PRIVADO Y SENTENCIA JUDICIAL. Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María-Isabel Resa Medrano y otros, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Alfaro, a la inscripción de un acta de protocolización de determinados documentos judiciales.
Dentro de un procedimiento judicial se ordena elevar a público un documento privado de permuta. Lo que se otorga notarialmente es un Acta de Protocolización de dicho documento por los demandantes, sin asistencia de los demandados, por lo que se deniega la inscripción.
La parte recurrente alega, en base a los complejos documentos judiciales aportados, que ha de tenerse por hecha la declaración judicial sustitutoria de la voluntad de los demandados.
Contesta la DGRN que el documento es un Acta de Protocolización, que no es lo ordenado por la sentencia, y que la elevación a público exige el consentimiento de los demandados, o, caso de rebeldía, la declaración judicial sustitutoria. Desde el punto de vista sustantivo diferencia entre la elevación a público con consentimiento de ambas partes, y un Acta de Protocolización, que no añade fehaciencia a la documentación judicial, sino solo la posibilidad de conservación y expedición de copias. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-5009 - 5 págs. - 194 KB)
69. CANCELACIÓN DE ASIENTO PRACTICADO. Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Luis López Pérez y doña María Soledad Sánchez Mateos, contra la negativa del registrador de la propiedad de Pozuelo de Alarcón nº 2, a la cancelación de determinado asiento.
Hechos: Por instancia se solicita la anulación de la inscripción del Libro de Actas correspondiente a determinada comunidad de propietarios, pues el peticionario estima que el que actuó como presidente no lo era.
El registrador se niega a la práctica de lo solicitado por estar los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los Tribunales, produciendo sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley Hipotecaria.
Los solicitantes recurren pidiendo que quede en suspenso hasta su resolución definitiva la nota marginal de legalización del libro de actas, ya que la comunidad no está constituida legalmente.
La DGRN desestima el recurso, porque el recurso gubernativo sólo procede cuando el Registrador suspende o deniega la inscripción de un título. Serán los Tribunales los que deban de declarar, en su caso, la nulidad del asiento y ordenar su cancelación. (JFME)
PDF (BOE-A-2009-5010 - 2 págs. - 169 KB)
*74. ESTADO HEREDERO: ACTA DE ENTREGA. Resolución de 7 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 25 de la capital, a inscribir un inmueble a favor del Estado.
Hechos: Para inscribir una finca a favor del Estado, se presenta testimonio del auto del Juzgado de Primera Instancia por el que se le declara como único y universal heredero de la titular registral, junto con certificación complementaria de descripción de la finca e inventario.
El Registrador aplica el artículo 9 del Real Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, por el que, una vez declarado el Estado heredero abintestato, el Delegado de Hacienda de la provincia solicitará del Juzgado la entrega de los bienes, la cual se efectuará mediante acta.
El Delegado de Economía y Hacienda recurre alegando que no es precisa escritura de partición de herencia ni la tradición, siendo suficiente el inventario de la herencia acompañando al auto de declaración de herederos.
El Centro Directivo confirma la calificación estimando necesaria el acta de la entrega a realizar por el Juzgado, pues la posesión civilísima a que se refiere el artículo 440 del Código Civil no supone la supresión de formalidades complementarias, estando vigente la norma administrativa (Decreto 2091/1971, de 13 de agosto) aducida por el Registrador en su calificación. Esta acta de entrega es necesaria para todas las actuaciones subsiguientes de administración y liquidación del caudal hereditario, para la posible enajenación de los bienes adquiridos, para las cuentas del abintestato y para la distribución del caudal impuesta por el artículo 956 del Código Civil. (JFME)
PDF (BOE-A-2009-5015 - 2 págs. - 171 KB)
*75. ENTREGA DE LEGADO E INTERVENCIÓN OBLIGATORIA DE LOS LEGITIMARIOS. Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don José Vicente Malo Concepción, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vinarós, a inscribir una escritura de aceptación de herencia y legados.
Se entrega un legado de un bien determinado a un legitimario, interviniendo heredero y legitimario, teniendo en cuenta que fue así ordenado por el testador en su testamento y que es un legado en pago de legítima.
El registrador exige la intervención de los demás legitimarios.
El notario recurrente alega que no es aplicable la doctrina de la DGRN relativa a la necesidad de intervención de los demás legitimarios, por cuanto el legado fue ordenado por el testador en su testamento y estamos ante un auténtico testamento-partición que ha conferido a los nombrados la propiedad de los bienes mencionados, y ello sin perjuicio del derecho de los demás legitimarios para impugnar la entrega si perjudicara su legítima.
La DGRN confirma la nota y se reitera en su doctrina de la necesidad de intervención de todos los legitimarios, por cuanto es necesario efectuar la liquidación de la sociedad conyugal y las operaciones particionales para determinar la cuota legitimaria, y evitar así que se perjudique la legítima de los restantes legitimarios. En caso de ser una adjudicación parcial es igualmente necesaria la intervención de todos los legitimarios por idénticos motivos.
No varía sus conclusiones el hecho de que se trate de un testamento partición, por cuanto no se sabe si lo bienes mencionados en el testamento a favor de los restantes legitimarios continúan existiendo en el momento del fallecimiento.
Por otro lado recuerda la imposibilidad de calificaciones verbales previas o con formalidades menores de las legalmente establecidas. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-5016 - 5 págs. - 197 KB)
Comentario: Dada la claridad de los acuerdos adoptados, el defecto revocado por la DG, es un defecto que nunca debió ponerse. Es obvio que por claridad siempre es preferible que, en casos como éste, se cese a los dos administradores solidarios, se adopte el acuerdo de cambio de forma de administración y se nombre administrador único. Pero si se hace como se plasmaba en la certificación calificada, entiendo que el acuerdo y la voluntad de la Junta es clara y por tanto los acuerdos deben inscribirse.
5. RESERVA DE FACULTADES EN PROPIEDAD HORIZONTAL. La sociedad promotora de una edificación, obligada a incluir determinadas servidumbres entre diversas parcelas en propiedad horizontal, para obtener la licencia de primera utilización, por imperativo del planeamiento se ha reservado en los Estatutos del Régimen propiedad horizontal la siguiente facultad: Si cualquiera de las Administraciones competentes introdujera alguna modificación en el planeamiento vigente, que afectara al edificio objeto de esas Normas de Condominio la promotora queda facultada para realizar las adaptaciones correspondientes. Se plantea si en ejercicio de la misma puede solicitar y obtener la inscripción de la servidumbre que se constituye al amparo de lo indicado en esa norma, pese a la existencia de terceros adquirentes de diferentes viviendas.
La DGRN mantiene una doctrina restrictiva en orden a la reserva de facultades del promotor en el título constitutivo de la propiedad horizontal (vid. resolución de 19 de setiembre de 1994), sin embargo, el carácter delimitador del dominio de su función social plasmada a través del planeamiento urbanístico y su desarrollo, justifica, a primera vista, la inscripción de la reserva.
La función social delimita el dominio del derecho de propiedad, así la resolución DGRN de 5 de abril de 2002, ya vista en la sesión de 18 de mayo de 2004, señala que El dominio no se configura como un derecho ilimitado y unitario, en el que sólo por vía de ley cabe restricciones a su contenido sino que por el contrario la función social de la propiedad delimita intrínsecamente su extensión (cfr. artículo 33 de la Constitución) [...] de manera que además de las leyes especiales limitativas deben tenerse en cuenta aquellas otras cuyo objeto es la delimitación de las facultades del propietario, como ocurre en materia urbanística (cfr. artículo 2 de la Ley del Suelo).
Por otro lado, la inscripción también se justifica y es necesaria para que se produzca la subrogación de los terceros en las cargas y deberes urbanísticos que el propietario haya asumido frente a la Administración, conforme al art. 19.1 del Texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, siempre que las mismas tengan un posible efecto de mutación jurídico-real, como en el presente caso.
En consecuencia un acto de imposición de servidumbres en ejecución de la cláusula dicha realizado por la promotora también será inscribible, lo cual no es sino un corolario de lo dicho. Ello sin perjuicio, de la calificación que en su día haya de realizarse a la vista del documento donde se ejerciten tales facultades.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2008, Recurso 354/2007. Son condiciones resolutorias y no suspensivas las contenidas en la escritura de que la entrega de la posesión se efectuaría dentro de un plazo máximo en el que se abonaría el resto del precio, siempre que se acredite ante el Notario autorizante la completa cancelación de la hipoteca, la inexistencia de débitos a la Comunidad de Propietarios, el pago del IBI; verificado lo anterior el Notario entregaría las llaves y el resto del precio depositado en la Notaría.
Para el Tribunal se trata de la típica condición resolutoria meramente determinante de la pérdida de los derechos ya adquiridos mediante contrato que se perfeccionó con el otorgamiento de la escritura pública. La entrega forma parte de la fase de consumación y no de la de perfeccionamiento de la compraventa. Así pues, el devengo se produjo en la suscripción de la escritura.
La Orotava, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 7 de abril de 2009.
Visita nº desde el 2 de marzo de 2009

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 26
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 60
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 61
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 46
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 10
 Real Decreto 

Artículo 10
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 242
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 43

Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 656
 artículo 656
 artículo 674
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 440
 artículo 956
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 2
 Real Decreto