Source: http://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS29062015.html
Timestamp: 2018-01-16 23:05:38+00:00

Document:
Trabajadores que llegan a un acuerdo con la empresa por la que esta se compromete a abonar una indemnización de 30 días por año de servicio en un plazo máximo de 18 mensualidades.
Abono únicamente de los 6 primeros pagos acordados, siendo declarada la empresa insolvente.
Acordada en ere una indemnización de 30 días por año de servicio y abonadas determinadas cantidades por la empresa, éstas han de tenerse en cuenta -descontándose- al fijar la responsabilidad legal del FOGASA, sin que su cómputo pueda excluirse imputándolo a un ficticio «complemento», porque la deuda es sólo una y no cabe hacer legal imputación de pagos.
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA frente a la sentencia del TSJ de Navarra de 2-5-2014 que resolvió el formulado por la misma parte frente a la pronunciada el 17-1-2014 por el Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona sobre cantidad.
El 17-1-2014 el Juzgado de lo Social nº 4 de Navarra dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:
"Que estimando la pretensión secundaria contenida en la demanda condeno al FOGASA a abonar a los demandantes las cantidades que a continuación se señalan:…”
- Los actores, Ernesto, Isidro, Pablo, Jose Manuel, Milagros, Álvaro, Germán y Dámaso prestaron servicios para la empresa JOYJA PERALTA, S.L.,
- El Gobierno de Navarra aprobó el ERE de extinción y suspensión de la empresa Joyja Peralta, S.L. autorizándose la extinción de los contratos de los 8 trabajadores demandantes.
La empresa se comprometió
"a abonar una indemnización de 30 días por año de servicio en los siguientes importes que abonaría en un plazo máximo de 18 mensualidades a razón de 1.067 por persona y mes, a partir de enero de 2011"
Con efectos de 30-9-2010, la empresa extinguió los contratos de los actores, reconociendo en su comunicación de cese una indemnización equivalente a 30 días de salario por año de servicio
La empresa satisfizo a cada uno de los demandantes, conforme al acuerdo mencionado, 6 pagos de 1.067 € cada uno, (en total 6.402 € a cada uno) en las mensualidades consecutivas de enero de 2011
En las demandas iniciadoras de los procedimientos se solicitaba que se condenara a la empresa demandada a abonar las cantidades que a continuación se señalan en concepto de diferencias de indemnización (descontando 6.402 € que habían sido abonados)….
Durante la tramitación de esos procedimientos la empresa Joyja Peralta, S.A. fue declarada en situación de concurso.
El 27-7-2012, la Administración Concursal de la empresa, emitió certificación que reconoce la deuda indemnizatoria a los trabajadores en cuantías coincidentes con las reflejadas en la parte dispositiva de las Sentencias.
Se solicitó el 4-9-2013 las prestaciones indemnizatorias ante el FOGASA, adjuntando las certificaciones concursales.
Por Resolución del FOGASA de 5-3-2013, se resolvió reconocer a los actores las siguientes cantidades en concepto de indemnización:…
El FOGASA, dedujo del importe de indemnización de 20 días de salario por año de servicio con prorrateo de los periodos inferiores y límites del art 33 del ET, el importe de 6.402, satisfecho por la empresa a los trabajadores en 6 pagos de enero a junio de 2011, que habían percibido en cumplimiento del acuerdo alcanzado en el ERE.
En las Resoluciones del FOGASA se indica que la empresa ha abonado a cuenta de la deuda la cantidad a tanto alzado o por ejecución y que la minoración se fundamenta en haber percibido de la empresa, cantidades a cuenta de la deuda o por ejecución las mismas se han imputado a prorrata entre los distintos conceptos, todo ello de conformidad con el artículo 1.174 del Código Civil y haciendo mención a Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1995.”
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación del FOGASA, ante el TSJ, que dictó sentencia el 2-5-2014, en la que consta la siguiente parte dispositiva:
"Desestimamos el recurso de Suplicación formulado por el FOGASA frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona, en el Procedimiento seguido a instancia de Ernesto, Isidro, Pablo, Jose Manuel, Milagros, Álvaro, Germán y Dámaso contra el citado Organismo, en reclamación de Cantidades, confirmando la sentencia recurrida"
El FOGASA formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada del TSJ de Valencia, de 10-10-2013.
Como tantas veces hemos recordado (Y NO NOS CANSAREMOS DE REPETIR), el art. 219 LRJS exige -para la viabilidad del recurso en unificación de doctrina- que exista contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra decisión judicial, y que esa discordancia se manifieste en la parte dispositiva de las sentencias, al contener pronunciamientos diversos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. La Sala considera que en el presente caso media la necesaria contradicción
En el escrito de impugnación presentado por los trabajadores se argumenta -al amparo del art. 197 LRJS- una causa de oposición subsidiaria, cual es que en los dos procedimientos que concluyeron las sentencias que declararon la deuda de la empresa con sus trabajadores
«en ninguno de ellos el organismo recurrente formuló oposición ni reserva al abono íntegro de su responsabilidad subsidiaria ... no opuso resistencia a su responsabilidad subsidiaria legal, alegando por primer vez y de modo sorpresivo una limitación de su responsabilidad en el expediente administrativo de prestaciones».
La pretensión impugnatoria no puede prosperar, por razones meramente formales:
a) se ampara en el art. 197 LRJS, que ciertamente admite que en el escrito de impugnación «podrán alegarse [...] causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia», pero este precepto trata exclusivamente del recurso de suplicación
b) para el de casación, el art. 211.1 LRJS refiere tal posibilidad impugnatoria a «motivos subsidiarios de fundamentación del fallo», pero ello que comporta una limitación -respecto de la suplicación- que se explica «por la distinta configuración de la suplicación, que aun siendo quasi-casacional [...] tiene menores limitaciones que la casación, en la que se cuestiona directamente la sentencia, sin posibilidad de un nuevo examen, de un novum iudicium , de la cuestión litigiosa»
c) pero para el recurso en unificación de doctrina, el art. 226.2 LRJS no contempla la misma posibilidad complementaria cuando trata el trámite impugnatorio, lo que encuentra obvia justificación en el hecho de que en este recurso extraordinario -unificación- el TS asume muy primordialmente no la resolución en interés de las partes -ius litigatoris-, sino la defensa del interés superior que significa la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico -ius constitutionis-.
Pero con independencia de ello, lo cierto y verdad es que la presencia del FOGASA en el proceso que genera el título, ciertamente trasciende -con carácter general- en forma de su vinculación a los pronunciamientos que se dicten en ese primer proceso sobre los extremos debatidos en el mismo, y más singularmente incide en los extremos relativos a la exigibilidad de la deuda empresarial por la que se acciona, pero en manera alguna puede condicionar la extensión de la responsabilidad del FOGASA, habida cuenta de que éste es un extremo ajeno a la reclamación salarial o indemnizatoria y no fue cuestionado en el proceso al que el FOGASA es llamado cautelarmente, de forma que su condena a «estar y pasar» por la declaración judicial no puede tener otro alcance que el de aquietarse a la realidad del débito empresarial, sin que con ello se comprometa el extremo de los términos de una responsabilidad legal que es ajena, aunque en parte consecuente al proceso de reclamación pecuniaria frente a la empresa.
Por eso, en el caso ahora tratado, resultaba totalmente fuera de lugar que en la reclamación por diferencias efectuada frente a la empresa plantease el FOGASA el posible descuento de las cantidades ya percibidas a la hora de efectuar el cálculo de su futura responsabilidad prestacional, pues la relación jurídico material debatida era otra [una deuda empresarial] y el FOGASA no podía -ni fue- condenado o absuelto como titular o cotitular de ella.
Justifica el recurrente la infracción que denuncia, partiendo de la base de que el FOGASA es un fiador «ex lege»; y aunque inicialmente esta Sala consideró que su posición jurídica era similar a la de un fiador con responsabilidad subsidiaria y naturaleza pública, lo cierto es que posteriormente matizamos aquella doctrina y entendimos que el FOGASA
«no puede ser identificado con el fiador definido en el art. 1822 del Código Civil, por más que su posición jurídica, cuando asume el pago de deudas del empleador sea similar a la del fiador en el mismo caso»
y que más bien ha de ser considerado como
«un peculiar ente asegurador -público- que se nutre de determinadas cuotas y, a cambio, asume, dentro de ciertos límites, el riesgo del pago a los trabajadores de salarios e indemnizaciones que no pudieron hacerse efectivas por el empleador por su carencia patrimonial».
De todas formas la naturaleza jurídica del Organismo, sobre la que insiste el recurso, en realidad nada aporta a la cuestión que en autos se debate, pues si bien es claro que la responsabilidad legal no puede sino imponerse en los términos legalmente previstos y que tratándose de una indemnización correspondiente a despido colectivo la garantía alcanza a 20 días por año de servicio, no lo es menos que resta por decidir si esta responsabilidad subsidiaria del FOGASA es independiente de las cantidades superiores que se puedan haber pactado y que en parte se hubiesen percibido; cuestión a la que da una respuesta positiva la decisión recurrida, aplicando las previsiones que sobre la imputación de pagos se contienen en el art. 1174 del CC, si bien en sentido inverso al pretendido por el FOGASA, afirmando -como indicamos más arriba- que tal imputación «debe entenderse hecha en concepto del complemento de la indemnización pactado» en el ERE.
Disentimos de tal criterio -imputación de pagos- por tres razones:
a) en primer lugar, la imputación de pagos tiene un presupuesto elemental que resalta el art. 1172 CC al describir tal fenómeno jurídico, diciendo que «[el que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor...», y este presupuesto -varias deudas de una misma especie- está ausente en el caso que debatimos, porque no hay sino una sola deuda indemnizatoria, sin que «pueda argüirse que esta última [el exceso sobre los 20 días] es complementaria de la indemnización legal, dada la insuficiencia de la misma», de forma que resulta totalmente voluntarista la aplicación del referido mecanismo de extinción de las obligaciones;
b) en segundo término, ni siquiera aplicando la referida institución podría llegarse a la solución pretendida, porque conforme a las reglas civiles la opción corresponde al deudor «al tiempo de hacer el pago» [art. 1172] y en defecto de ella se estimará satisfecha la más onerosa [art. 1174] y si todas fuesen de igual gravamen -caso que sería el de autos, de aceptarse a efectos dialécticos la dualidad de deudas- se imputaría a todas a prorrata [art. 1174];
c) en último lugar ha de tenerse en cuenta que la doctrina por virtud de la cual esta Sala se refería a la imputación de pagos en relación con el FOGASA iba referida a supuestos en los que realmente había dos deudas, indemnizatoria y salarial, sobre las que efectivamente aplicar el mecanismo extintivo que regula el Código Civil; no a casos como el presente, de una sola deuda [en parte legal y en parte pactada].
Finalmente hemos de señalar que el art. 33.3 ET ofrece expresa respuesta a la cuestión, disponiendo:
a) las indemnizaciones a abonar por el FOGASA, «con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de 20días por año de servicio» [regla segunda]
b) cuando los trabajadores solicitaran del FOGASA
«el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos».
Y sobre la aplicabilidad de tales prescripciones ha de observarse:
de un lado que si bien parecen estar previstas para las indemnizaciones fijadas ya en fase de concurso [«En caso de procedimientos concursales...», principia la norma], en todo caso parece razonablemente aplicable -por extensión analógica: art. 4 CC -a las que se reconozcan antes de la declaración de aquél
de otra parte, que la solución es anterior a que se generase la acción de autos -responsabilidad del FOGASA-, pues el nacimiento del derecho a obtener la indemnización de tal Organismo se produce, a todos los efectos, con la declaración de la insolvencia empresarial, y ésta tuvo lugar en el caso debatido por Auto de 12-6-2012.
A mayor abundamiento procede resaltar que el criterio inspirador que late bajo esta decisión -la voluntad de las partes no puede incrementar la responsabilidad legal del FOGASA- también se halla presente en nuestra reciente Sentencia de 16-5-2015, en la que, se afirmaba que la responsabilidad del FOGASA por finalización del contrato temporal se limitaba a la legalmente establecida y no alcanzaba a la superior que colectiva o particularmente pudiera haberse pactado, porque
«entender lo contrario ... equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación y, por reflejo, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la autonomía colectiva. Y se estaría desconociendo su naturaleza de Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, sometido a los mandatos y límites fijados por el legislador en los artículos 33 ET y 1.1 y 2 del Real Decreto 505/1985 que regula su organización y funcionamiento».
Argumentos que - mutatis mutandis - son extrapolables al caso que ahora nos ocupa.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA y revocamos la sentencia del TSJ de Navarra de 2-5-2014, que a su vez había confirmado la resolución -estimatoria de la demanda- que el 17-1-2014 pronunciara el Juzgado de lo Social nº 4 de Navarra, y resolviendo el debate en Suplicación estimamos el de tal clase formulado por el Organismo público ya citado, y rechazamos la demanda interpuesta por D. Ernesto, D. Isidro, D. Pablo, D. Jose Manuel, Dª Milagros, D. Álvaro, D. Germán y D. Dámaso.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7443899&links=%222082/2014%22&optimize=20150728&publicinterface=true

References: Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución