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Timestamp: 2019-01-24 09:32:04+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00201 de abril 28 de 2014
SENTENCIA 2009-00201 DE 28 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE CASACIÓN. EL RECURSO DE CASACIÓN NO PROCEDE CUANDO EL ASPECTO CUESTIONADO POR LA CENSURA LO QUE COMPORTA ES UN DEBATE JURÍDICO RELACIONADO CON LOS EFECTOS O ALCANCES DE UN CONTRATO DE SEGURO, MAS NO DE LOS PROBLEMAS ATINENTES A LA VALORACIÓN DE LAS PROBANZAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATISTA, CONTRATO DE SEGURO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ACTIVIDAD PELIGROSA
Sentencia 2009-00201 de abril 28 de 2014
Rad.: 76622-3103-001-2009-00201-01
SC5050-2014
(Aprobada en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil trece)
La impugnación extraordinaria se sustenta en cuatro (4) cargos, cimentados en la “causal primera” y en ellos se denuncia la violación indirecta de la ley sustancial, derivada de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, los cuales se estudiarán conjuntando los dos iniciales, en virtud de centrar la crítica sobre los mismos aspectos de la decisión recurrida y por aducir similares argumentos, en tanto que los restantes embates se examinarán por separado, siguiendo el orden como aparecen planteados.
Con apoyo en la “causal 1ª de casación” del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de trasgredir los preceptos 1494, 1616, 2341, 2344, 2349 y 2356 del Estatuto Civil, 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1077, 1082, 1088, 1127, 1128 y 1133 de la Ley Mercantil, algunos por “aplicación indebida” y otros por “falta de aplicación”, situación que se estima provino de los evidentes desatinos en la apreciación de los medios de prueba, que condujeron a concluir la ausencia de demostración del hecho exclusivo de la víctima como circunstancia de exoneración de la responsabilidad civil atribuida a las accionadas.
Asevera el censor que el Tribunal en ciertos aspectos cercenó y en otros adicionó las declaraciones de los testigos, por lo que se equivocó al haber inferido “que nunca se demostró que los hermanos XXXXXXXXX hubiesen llegado de manera imprudente o atrevida a colaborar con el traslado del poste, sino que por el contrario los operarios de la empresa XXXXX ni siquiera advirtieron de la presencia de ellos sino hasta cuando se produjo el fatal accidente”, cuando lo cierto es que el fallecido “de manera imprudente e inconsulta decidió, sin tener experiencia alguna y sin contar con algún tipo de protección, colaborar o ayudar en el traslado del poste de energía eléctrica, circunstancia que produjo su muerte”.
Igualmente, sostiene que de lo dicho por el deponente XXXXXXXXXXXXXXX “ninguna conclusión puede extraerse sobre la causa de la muerte de XXXXXXXX, toda vez que el testigo ni siquiera estuvo presente el día de los hechos”, puesto que se limitó a comentar sobre la necesidad de trasladar el poste, luego “mal puede decirse con apoyo en esta prueba si el accidente ocurrió por culpa o no de la víctima”.
Respecto de la declaración de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, afirma que fue tergiversada, porque en su condición de “ayudante de la grúa” utilizada en los trabajos que ejecutaban, dejó claro que no solicitaron la colaboración de los hermanos XXXXXXXX, habiendo expresado que “nosotros en ningún momento le dijimos a los jóvenes que nos ayudaran, no sé cómo llegaron ellos ahí en ese momento”, y reiteró que “en ningún momento se les pidió colaboración y además la vía no estaba obstruida”, de donde dedujo ”que los citados hermanos ayudaron a mover el poste por su propia iniciativa y sin mediar palabra con los operarios, hasta el punto que el declarante afirma no haberlos visto llegar ni pedir permiso para inmiscuirse en los citados trabajos”, por lo tanto considera, que ese hecho no es indicativo de la “falta de cuidado y previsión”, como lo expuso el ad quem, pues lo que demuestra es la intromisión de los antes nombrados “en unos trabajos que encarnan grandes riesgos sin que nadie les hubiese solicitado su ayuda”.
Sobre el testimonio de XXXXXXXXXXXXXXXXX, “operario de la grúa”, llama la atención, en cuanto dijo que “repentinamente pasaron los dos muchachos hacia el frente de la grúa, cuando ya teníamos el poste ya en el poste (sic) para entrarlo, los muchachos corrieron el poste sin nosotros pedirle colaboración de nada, ahí fue donde sucedió el accidente, al momento pasó el accidente, yo auxilié al muchacho, lo ayudé a subir al vehículo y lo llevaron para Zarzal”, resalta la manifestación de que en ningún momento les solicitaron colaboración, además que “nunca pensé que ellos se nos iban a meter allá” y advierte que tal versión coincide con la que expuso en el curso de la inspección judicial practicada al lugar donde se presentaron los hechos, en la que refirió que “en el momento los muchachos pasaron por aquí, cuando íbamos llevando el poste y los muchachos dieron la vuelta por detrás de la grúa y el compañero lo llevaba con una manila hacia el hueco, cuando yo vi fue que se lo ayudaron a empujar pero como yo estaba en la cabina de la grúa, y un vidrio se fue contra la línea y en el momento me bajé de la cabina a auxiliar al muchacho que estaba en el suelo”. Por lo tanto sostiene, que “si el testigo es contundente en señalar que la víctima de manera imprudente y sin que nadie se lo pidiera tomó el poste para ayudar en su traslado, no es posible indicar que dicha prueba no acredita fehacientemente el actuar imprudente de la víctima como única causa del daño”.
Concluye argumentando que el ad quem no valoró los aludidos medios de convicción en su real dimensión, de ahí que “dejó de tener por demostrado un hecho que materialmente sí lo está, como lo es, que fue el actuar imprudente de la víctima la única causa del daño. Y es que si ambos testigos señalan que la víctima decidió por sí y ante sí involucrarse sin autorización alguna en la ejecución de los trabajos, exponiendo imprudentemente su vida e integridad personal, fácil es concluir que la aseveración del tribunal resulta contraevidente cuando se dice que no hay prueba de la excepción que en este sentido formularan los demandados”.
En cuanto a la inferencia del tribunal concerniente a que se probó la inobservancia de las normas de seguridad en la labor realizada, ante falta de acordonamiento del lugar donde se ejecutaban los trabajos y por la no suspensión del fluido eléctrico, la impugnante estima que es una apreciación equivocada, derivada de no haber “contemplado objetiva y materialmente los medios de prueba incorporados al expediente, habida cuenta que de la lectura de las citadas declaraciones se desprende que sí se adoptaron medidas de seguridad que se estimaban suficientes y pertinentes, las cuales fueron vulneradas por la víctima, quien imprudentemente decidió involucrarse en un trabajo que no le correspondía”; además le enrostra el haber tergiversado las manifestaciones de los declarantes, porque la lectura que de las mismas hizo, no coincide con su contenido real, pues “en lo que tiene que ver con la no suspensión del fluido eléctrico en el lugar de los trabajos, pasó por alto el tribunal que los testigos indicaron que ello no siempre era necesario, pues esa medida solamente se adoptaba cuando el operario advertía riesgo para su integridad; igualmente, el tribunal no observó que los testigos sí indicaron que existió señalización en la vía a fin de advertir a los transeúntes sobre los riesgos que dichas actividades implicaban”.
Al respecto expone, que XXXXXXXXXXXXXXXX, expresó que no siempre se requería suspender el fluido eléctrico, “sino únicamente cuando pudiera derivar peligro para los operarios, cosa que no se presentaba en este caso”, e interpreta que el testigo informó acerca de la adopción de medidas de seguridad, cuando dijo que el “lugar se encontraba sin gente, no había nadie, se procedió a demarcar el lugar de trabajo y a realizar la labor” y en cuanto al testimonio de XXXXXXXXXXXXXXXXX, resalta el que haya señalado que “en la vía se tomaron las medidas generales de demarcación de la zona con los conos” y que para el caso “no era necesario suspender el fluido eléctrico y que a diario se realiza este tipo de trabajos, para lo cual ellos cuentan con elementos tales como uniformes, casco, guantes, gafas y botas especiales”.
Reitera el opugnante, que el ad quem incurrió en errores fácticos notorios y evidentes, que condujeron a tener por demostrada la responsabilidad civil de las accionadas y de paso transgredió las normas sustanciales aplicables al asunto; por lo tanto, reclama la prosperidad de la casación y que en el fallo de reemplazo se revoque la decisión de primer grado, para que en su lugar, se absuelva las demandadas.
Se apoya en la causal 1ª del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil y se aduce que la sentencia impugnada es violatoria de manera indirecta de los artículos 1494, 2341, 2344, 2349, 2356 y 2357 del Código Civil y 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1077, 1082, 1088, 1127, 1128 y 1133 del Estatuto Comercial, como consecuencia de “errores de hecho”, en la valoración de los medios de prueba.
Alude la recurrente, que el Tribunal incurrió en desatino al inferir que no se acreditó “ninguna causal de exoneración de responsabilidad de las empresas demandadas” y al sostener que ”la única causa del daño fue la ejecución de los trabajos por parte de los funcionarios de XXXXX y que constituyen una actividad peligrosa”, por lo que “descartó no solamente la culpa exclusiva de la víctima, sino que descartó también la concurrencia de culpas, es decir, no tuvo por probado que en la causación del daño también intervino la conducta de la propia víctima”, para efectos de disminuir el monto de la indemnización.
Plantea los mismos argumentos reseñados en el anterior embate, en cuanto a las declaraciones de XXX XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para con base en ello afirmar que no obstante los hermanos XXXXXXXX haber ayudado en la labor de mover el poste, lo hicieron por su propia iniciativa, sin que se les pidiera su colaboración y de ahí que “no es posible indicar que dicha prueba no acredita fehacientemente el actuar imprudente de la víctima como concausa del daño, por lo cual, debía operar la reducción en la apreciación del daño”.
En lo atinente a las deducciones del juzgador sobre la preterición de las medidas de seguridad, debido a la falta de acordonamiento del sitio donde se adelantaron los trabajos, el censor las califica de equivocadas, refutándolas con los mismos planteamientos a que se hizo mención en el anterior reproche, apoyado en que “de la lectura de las citadas declaraciones se desprende que sí se adoptaron las medidas de seguridad que se estimaban suficientes y pertinentes, las cuales fueron vulneradas por la víctima, quien imprudentemente decidió involucrarse en un trabajo que no le correspondía y con ello expuso su vida e integridad personal, por lo cual, como se ha venido señalando, ha debido operar la reducción de la indemnización”, e insiste que el fallecido “XXXXXXXXX XXXXXXXX en forma imprudente decidió exponerse a una descarga eléctrica al manipular el poste sin autorización de nadie y sin contar con los elementos de protección ni los conocimientos idóneos para ello”.
1. Es del caso memorar, que los actores promovieron “acción de responsabilidad civil extracontractual” en procura de obtener la indemnización de perjuicios sufridos por la muerte de su pariente XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuando este intervenía en labores encomendadas a operarios de la empresa “XXXXXXXXX”, la que a su vez actuaba en calidad de contratista de la “XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, consistentes en el traslado de un “poste” correspondiente a la infraestructura eléctrica existente en inmediaciones de la vía pública o carretera que conduce al centro vacacional Leña Verde en el corregimiento de Quebrada Nueva del municipio de Zarzal, produciéndose el accidente en el momento que se pretendía hincar la mencionada columna en el hueco preparado para su instalación.
Frente a la impugnante “XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX”, se ejercitó “acción directa” con base en el contrato de seguro a que se refiere la póliza Nº 4000012, expedida el 01/03/07, vigente desde el 01/02/07 hasta EL 01/02/08, con cobertura básica de “responsabilidad civil extracontractual”, en el que la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX”, figura como “tomador y/o asegurado” y beneficiarios “terceros afectados”.
2. El ad quem determinó que se probaron los supuestos esenciales para atribuirle “responsabilidad civil extracontractual” a las accionadas, toda vez que los demandantes demostraron el daño y la relación de causalidad, sin que aquellas hubieren probado una causa extraña, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero, o la “culpa exclusiva de la víctima”, que aniquilara el nexo causal.
En lo concerniente a la última circunstancia exculpatoria, que es la que guarda relación con los cargos estudiados, el sentenciador de segundo grado la descartó, apoyado en que las declaraciones de los testigos presentes en el lugar de los hechos, permitían inferir que a pesar de que el conductor de la grúa advirtió que los hermanos XXXXXXXXXXXXX pasaron por el frente de ese automotor en varias oportunidades, no les hizo “llamado de atención alguno (…) el cual era necesario dada la especie de trabajo que estaban llevando a cabo” y de otro lado, porque tales probanzas no evidenciaban que aquellas personas hubieran “llegado imprudentemente a empujar de la parte de abajo del poste mientras estaba suspendido”, además resaltó, la inobservancia de medidas de seguridad adecuadas, como el acordonamiento del lugar y la omisión en suspender el “fluido eléctrico”.
3. En torno a la problemática de la responsabilidad civil con origen en las denominadas “actividades peligrosas”, modalidad esta que abarca los trabajos en desarrollo de los cuales se produjo la electrocución y muerte de XXX XXXXXXXXXXXXXXX, la Corte Suprema, en la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Exp. 2006-00049, rememoró:
“Al respecto se ha entendido de tiempo atrás, que los asuntos donde se demande la responsabilidad civil por daños originados en lo que se ha denominado ‘actividades peligrosas’, encuentra venero legal en el artículo 2356 del Código Civil, conforme al cual a los afectados únicamente les corresponde acreditar el daño y la relación de causalidad, mientras que quien desarrolla, opera o tiene el poder de disposición o control de aquella, para liberarse de tal imputación debe acreditar una causa extraña.
“Esta corporación ‘(…), en reiteradas oportunidades, ha calificado la electricidad como peligrosa, ubicando la responsabilidad derivada de los daños causados por su virtud en las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, en cuyo caso, el damnificado tiene la carga probatoria de ‘demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica’ (…), esto es, el daño y la relación de causalidad con elementos probatorios suficientes e idóneos, sujetos a contradicción, defensa y apreciados por el juez con sujeción a la sana crítica y libre persuasión racional. En esta especie de responsabilidad por actividades peligrosas, en la cual se sitúa, a no dudarlo, la emanada de la electricidad, a quien se señala autor del menoscabo inmotivado de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, no es dable excusarse ni exonerarse con la probanza de una conducta diligente, pues, aún, adoptando la diligencia exigible según la naturaleza de la actividad y el marco de circunstancias fáctico, para tal efecto, debe acreditar el elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación exclusiva de un tercero o de la víctima como causa única (…), es decir, que no es autor. (…) Con los lineamientos precedentes, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas está sujeto a directrices concretas o específicas. En lo concerniente al régimen probatorio de la responsabilidad por actividades peligrosas, el damnificado tiene la carga probatoria del daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la de probar el elemento extraño para exonerarse de responsabilidad, o sea, iterase, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva rompe el nexo causal’ (sent. cas. civ. de 19 de diciembre de 2008 Exp. 1999-02191-01)’”.
4. Con relación a la causal de exoneración fundada en la “culpa exclusiva de la víctima”, situación esta que en este caso la impugnante considera se configuró, la Sala en fallo de 19 de mayo de 2011, Exp. 2006-00273, reiteró el criterio aplicado sobre esa temática y en lo pertinente expuso:
“(…), es claro que el hecho o la conducta —positiva o negativa— de la víctima siempre tiene una incidencia relevante en el análisis de la responsabilidad civil. Así, en primer término, es evidente que en la mayoría de las ocasiones la persona que sufre los daños desempeña un rol, así sea meramente pasivo, para que el perjuicio se materialice. En ese sentido, se señala que el hecho o el comportamiento de la víctima puede corresponder a una ‘condición’ del daño, en cuanto que se convierte en el sustrato necesario para su concreción. No obstante, es claro, también, que una participación del perjudicado como la que se ha reseñado no tiene eficacia para infirmar la responsabilidad civil del autor, ni para modificar el quantum indemnizatorio, pues, en tales eventos, la participación de la víctima o perjudicado no actúa como causa exclusiva o concurrente del daño que ella misma padece.
“En ese orden de ideas, se puede señalar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que esta haya sufrido. En el primer supuesto —conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño—, su proceder desvirtuará, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación. Para que el demandado se libere completamente de la obligación indemnizatoria se requiere que la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. En el segundo de tales supuestos —concurrencia del agente y de la víctima en la producción del perjuicio—, tal coparticipación causal conducirá a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia víctima en la producción del resultado dañoso.
“Respecto de esta temática, la jurisprudencia de la Corte ha explicado, de manera general, que ‘el hecho de la víctima puede influir en el alcance de la responsabilidad, llegando en muchas situaciones hasta constituirse en la única causa del perjuicio’ y que ‘también sin mayor dificultad se comprende que esa participación del damnificado puede determinar tanto la ausencia total de la relación de causalidad en cuestión —cual acontece en las aludidas situaciones en que el hecho de la víctima es causa exclusiva del daño y por ende conduce a la liberación completa del demandado— como implicar la ausencia apenas parcial de dicho nexo, caso este último que se presenta cuando en el origen del perjuicio confluyen diversas causas —entre ellas la conducta imputable a la propia víctima— de modo que al demandado le es permitido eximirse del deber de resarcimiento en la medida en que, por concurrir en aquel agregado causal el elemento en estudio, pruebe que a él no le son atribuidos en un todo el hecho dañoso y sus consecuencias’ (Cas. Civ., sentencia del 23 de noviembre de 1990, G.J. CCIV, Nº 2443, pág. 69).
“Ahora bien, para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según la cual ‘[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación ‘compensación de culpas’. No obstante, como lo ha destacado la jurisprudencia nacional, la designación antes señalada no se ajusta a la genuina inteligencia del principio, pues no se trata ‘como por algunos se suele afirmar equivocadamente que se produzca una compensación entre la culpa del demandado y la de la víctima, porque lo que sucede, conforme se infiere del propio tenor del precepto, es que entre la denominada culpa de la víctima y el daño ha de darse una relación de causalidad, como también debe existir con la del demandado. Por eso, cuando ambas culpas concurren a producir el daño, se dice que una y otra son concausa de este’ (Cas. Civ., sentencia de 29 de noviembre de 1993, Exp. 3579, no publicada). Este criterio corresponde, igualmente, al de la doctrina especializada en la materia, como lo destaca De Cupis, al señalar que ‘[d]e antiguo se ha utilizado una expresión poco afortunada para referirse a la concurrencia de culpa en el perjudicado, y es el término compensación de la culpa. Su falta de adecuación puede verse prácticamente con solo observar que el estado de ánimo culposo del perjudicado ni puede eliminar ni reducir el estado de ánimo culposo de la persona que ocasiona el daño (…)’.(1)
“Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación, independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella. Ciertamente, los ordenamientos clásicos que regularon el tema, como el Código Civil colombiano, hacen referencia a una actuación culpable o imprudente de la víctima y, en tal virtud, un sector de la doctrina se inclina por considerar que el comportamiento del perjudicado debe ser negligente o imprudente para que se puedan dar los efectos jurídicos arriba reseñados, particularmente cuando en la producción del daño concurren la actuación de la víctima y la del demandado, supuestos en los que algunos distinguen si se trata de un caso en el que se deba aplicar un sistema de culpa probada o, por el contrario, uno de culpa presunta. Otra corriente doctrinal estima, por el contrario, que de lo que se trata es de establecer una consecuencia normativa para aquellos casos en los que, desde el punto de vista causal, la conducta del damnificado haya contribuido, en concurso con la del presunto responsable, a la generación del daño cuya reparación se persigue, hipótesis en la cual cada uno debe asumir las consecuencias de su comportamiento, lo que traduce que el demandado estará obligado a reparar el daño pero solo en igual medida a aquella en que su conducta lo generó y que, en lo restante, el afectado deberá enfrentar los efectos nocivos de su propio proceder. Es decir, se considera que el asunto corresponde, exclusivamente, a un análisis de tipo causal y no deben involucrarse en él consideraciones atinentes a la imputación subjetiva.
“En todo caso, así se utilice la expresión ‘culpa de la víctima’ para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa(2), entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la ‘culpa de la víctima’ corresponde —más precisamente— a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño(3), con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del Código Civil, aun cuando allí se aluda a ‘imprudencia’ de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son ‘capaces de cometer delito o culpa’ (art. 2346 ibídem) o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v. gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el daño). Así lo consideró esta corporación hace varios lustros cuando precisó que ‘[e]n la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para qué tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual, que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona’ (Cas. Civ. 15 de marzo de 1941. G.J. L, pág. 793. En el mismo sentido, Cas. Civ. 29 de noviembre de 1946, G.J. LXI, Pág. 677; Cas. Civ. 8 de septiembre de 1950, G.J. LXVIII, pág. 48; y Cas. Civ. 28 de noviembre de 1983. No publicada). Por todo lo anterior, la doctrina contemporánea prefiere denominar el fenómeno en cuestión como el hecho de la víctima, como causa concurrente a la del demandado en la producción del daño cuya reparación se demanda”.
Así mismo, tiene precisado la jurisprudencia de esta corporación que “(…), en el examen sobre la causa del daño, el juzgador debe establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas la incidencia del comportamiento desplegado por cada litigante alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación pecuniaria, en particular cuando esta proviene del ejercicio de una actividad calificada como peligrosa y, al tiempo, se aduzca culpa de la víctima, para ver cuál se excluye o si ambas concurren en la realización de aquel; es decir, en la ejecución de esa tarea evaluativa no se puede inadvertir ‘que para que se configure la culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, esta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente del resultado dañoso’. Lo anterior es así por cuanto, en tratándose ‘de la concurrencia de causas que se produce cuando en el origen del perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro (G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, (…)” (Sentencia de 092 (sic) de 9 de julio de 2007, Exp. 005501).
5. En razón a que los motivos de casación examinados en este acápite, se relacionan con la violación indirecta de la norma sustancial por “error de hecho” cometido en la valoración de los medios de prueba, ha de tenerse en cuenta que en esa labor los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento, llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, por lo que la tarea de quien impugna por esta vía extraordinaria, debe estar orientada a demostrar que la equivocación endilgada al ad quem, es protuberante y trascendente, de tal manera que lo resuelto en el fallo cuestionado, se torna contrario a la realidad que surge del caudal probatorio incorporado válidamente al proceso.
Sobre el particular, esta corporación en sentencia de 14 de octubre de 2010, Exp. 2002-00024, recordó que “el aludido desacierto ‘(…) se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiese llegado, ‘(…) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (casación de 27 de mayo de 2005 Exp. 2005-00472)”.
También cabe precisar, que el yerro fáctico originado en la indebida estimación de los elementos de juicio, se estructura específicamente, cuando el Tribunal haya supuesto una prueba no incorporada al expediente, o en el evento de ignorar la que sí obra en autos, o en caso de adicionar, cercenar, o tergiversar su contenido, aunque solo alcanza entidad suficiente para el quiebre del fallo de segundo grado, si el desatino es ostensible o manifiesto, y por ende, detectable sin mayor esfuerzo intelectivo mediante la comparación entre lo deducido por el sentenciador y lo expresado en el medio de conocimiento, siguiendo la ruta argumentativa trazada por el recurrente.
6. Obran en autos los medios de convicción que enseguida se mencionan y que tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando.
a) Aceptación por las demandadas de lo concerniente a que “XXXXXXXXXX”, para la época del acontecimiento luctuoso en cuestión, tenía la condición de contratista de la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, al igual que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (técnico electricista) y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (auxiliar electricista), eran trabajadores al servicio de aquella, personas estas a quienes se les asignó la labor de trasladar un poste de la energía eléctrica en el sector anteriormente identificado, lo cual consta en la respuesta dada a los hechos relatados en los numerales 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 del escrito introductorio del proceso (cdn. 1, fls. 161, 254 y 273).
b) Certificados de existencia y representación, (i) de “XXXXXXXXX”, en el que consta que “tiene por objeto principal: atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, cumpliendo siempre con la función social. (…)” (cdn. 1, fls. 199-210) y (ii) de “XXXXX XXX.”, en el que se especifica que “el objeto principal de la sociedad es el diseño y construcción de obras eléctricas y civiles, gestión y desarrollo de proyectos eléctricos y civiles, asesorías, interventorías, compra y comercialización de materiales y equipos para la construcción de redes eléctricas y de obras civiles, mantenimiento de redes eléctricas, obras civiles y equipos eléctricos (…)” (cdn. 1, fls. 224-225).
c) Contrato Nº EP-CO 065-2006, celebrado por el término de dos (2) años, entre “XXXXXXXXX”, como contratante e “XXXXXXXXXX”, en calidad de contratista, firmado en Cali el 3 de marzo de 2006, en el que se plasmó que su objeto “es la prestación de los siguientes servicios en el área de cobertura de XXXX en el Sector Norte: 1) Limpieza de redes, corte de ramas, mantenimiento de terrenos y edificios de las subestaciones. 2) Atención de daños en el sector B+ (incluyendo red secundaria). Mantenimiento preventivo y correctivo en redes. 3) Construcción y remodelación de redes. 5) (…). El servicio incluye la provisión de mano de obra, con su dotación, elementos de protección personal, equipo y herramienta adecuada, transporte de materiales y de personal necesarios para prestar los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos de la contratación directa COM-EP-001-2006, los adendos a la misma y la comunicación de fecha 24 de febrero de 2004” (cdn. 3, fls. 3-15).
d) Información suministrada por “XXXXXXX” en uno de los escritos de llamamiento en garantía, concerniente a que “XXXXXXXXX, supervisor de obras en el sector norte, empleado de XXXXXX, procedió a ordenar a la sociedad XXXXX XXXX la realización de unas labores consistentes en efectuar la reubicación de un poste de alumbrado interno en el Centro Turístico Leña Verde localizado en la vereda La Quebrada del municipio de Zarzal. (…). Con ocasión de las labores ordenadas en el punto anterior, resultó muerto el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el día 24 de mayo de 2007” (c.2, fl.7); hechos estos ratificados por el antes nombrado en el interrogatorio de parte que contestó en desarrollo de la fase instructiva (cdn. 5, fls. 51-53).
e) Declaraciones rendidas el 16 de marzo de 2011, por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, quienes como trabajadores de “XXXXX”, ejecutaban la labor de reubicación del poste a que se ha hecho mención, en desarrollo de la cual se produjo el accidente que le ocasionó la muerte a XXXXXXXXXXX XXXXX (cdn. 6, fls. 73-79); así mismo, testimonio del ingeniero eléctrico XXXXXXXXXXXXXXXX, funcionario de “XXXX XXXXX” para la época del accidente (cdn. 8, fl. 32).
f) Inspección judicial practicada el 22 de febrero del citado año, al lugar en el que se presentó el mencionado siniestro, en la que el juez procuró la reconstrucción de las faenas que se llevaron a cabo para la época de los acontecimientos investigados, documentándose esa actividad con algunas fotografías que muestran el área de maniobras, ubicación de la grúa, vía pública adyacente, el poste y la parte desde donde el operario lo manipulaba (cdn. 5, fls. 3-10).
6. Un parangón entre el contenido material de los medios de convicción y las inferencias del ad quem acerca de que el accidente no se produjo por culpa exclusiva de la víctima, revela de manera paladina, la inexistencia de los “yerros fácticos” denunciados por la censura.
En ese sentido se verifica, que el tribunal advirtió deficiencias en las medidas de seguridad adoptadas para la ejecución de los trabajos en la señalada infraestructura eléctrica, de una parte, por la omisión de prevenir a los hermanos XXXXXXX sobre el riesgo que implicaba ingresar a la zona donde desarrollaban la mencionada labor, y de otro lado, porque no acordonaron el lugar.
Al observar el escenario plasmado en las aludidas fotografías y al hacer la confrontación con la versión del testigo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se advierte que presenta contradicciones, porque al preguntársele “en qué extremo del poste se encontraba”, expresó que “lo estaba jalando con una manilla de la pata del poste para guiarlo al hueco” y aseveró que “en ningún momento los vi cuando empujaron el poste”, no obstante sostuvo que el suceso se produjo “cuando voltearon el poste que echó candela arriba” y que “estaban pegados de la pata del poste”, o sea, en el mismo extremo de la columna donde él se hallaba realizando su trabajo, y al explicar por qué no advirtió la presencia de aquellos, expresó que “yo estoy por un costado de la grúa direccionando el poste con el lazo y los señores al parecer se metieron por el otro lado”; empero las reseñadas imágenes permiten observar que en el espacio ocupado horizontalmente por el “poste”, no habían barreras que obstruyeran la visibilidad.
Similar situación se percibe de lo manifestado por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien expuso que él “era el operador de la grúa donde se estaba realizando el trabajo que nos habían mandado ejecutar por el señor XXXXXXXXX que era el supervisor de nosotros en el momento, estábamos realizando el traslado de un poste que tenía una lámpara, cuando ya lo sacamos bien acá, lo estábamos corriendo hacia la otra parte con el compañero XXXXXXXXXXX, repentinamente pasaron dos muchachos hacia el frente de la grúa, cuando ya teníamos el poste ya en el poste (sic) para entrarlo, los muchachos corrieron el poste sin nosotros pedirle colaboración de nada, ahí fue donde sucedió el accidente, al momento pasó el accidente”; en otra respuesta, al preguntársele si había visto a los jóvenes, manifestó que “ellos pasaron tres veces a pie y subieron y bajaron”, agregó luego, que “pasaron por el frente de la grúa corriendo, así al trotecito, me percaté de ellos pero yo nunca pensé que ellos se nos iban a meter allá” y, al indagársele sobre cómo acontecieron los hechos, indicó que “observé cuando el compañero que estaba conmigo, como yo estaba en la cabina de la grúa, cuando el compañero me decía que dos muchachos se habían accidentado. Yo vi cuando ellos pasaron corriendo hacia dar la vuelta, yo como estaba viendo el poste hacia arriba, el compañero me dijo vaya bajándolo, entonces uno está pendiente del poste cuando viene descolgando la guaya hacia el hueco, cuando ya el muchacho compañero me dice que se habían accidentado los dos muchachos ahí, como la grúa es cerrada, es una grúa cabinada”.
En ese contexto, no constituyen error protuberante las ideas del tribunal, en cuanto excluyen la causa extraña aducida por la parte accionada, toda vez que con independencia de que pueda darse una lectura distinta a los medios de convicción, es claro que las probanzas no descartan la posibilidad de que la presencia del joven XXX XXXXXX y su hermano, en el área donde se desarrollaban las faenas para hincar el poste, hubiere sido propiciada principalmente por la falta de medidas adecuadas de prevención y seguridad, y tampoco desvirtúan la incidencia que tuvo en el accidente la situación de no haberse suspendido el “fluido eléctrico”, como lo concibió el sentenciador.
Téngase en cuenta también, que aunque para la sustentación de la conclusión criticada por la censura, el juzgador de segundo grado solo se refirió de manera concreta a lo expuesto por los prenombrados testigos, es palpable que su convencimiento lo obtuvo de la valoración en conjunto de todos los medios de prueba incorporados, pues así lo indicó expresamente, por lo que se torna pertinente mencionar algunas otras evidencias que sugieren un entendimiento diferente de los acontecimientos, al planteado por el casanionista.
En efecto, el ingeniero eléctrico XXXXXXXXXXXX XXXX, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Jefe de distribución de redes de “XXXXXXX”, en la zona norte del Valle, en su declaración fue enfático en señalar, que para la ejecución de los citados trabajos, se requerían “como mínimo tres personas incluyendo una grúa”, correspondiéndole al “gruero (sic) direcciona[r] la pluma de la grúa y dos personas adicionales guiando el poste para el retiro y posterior hincada” y resaltó, que “dependiendo de la complejidad de la reubicación y tipo de poste y cumpliendo con todas las normas de seguridad se hace necesario como mínimo dos personas fuera del gruero (sic) para la manipulación del poste”, versión esta que contradice el testimonio de los trabajadores que adelantaron la reseñada labor, en cuanto insistieron en manifestar que con ellos dos era suficiente para la ejecución de la misma.
Ante tal circunstancia, esto es, que se requerían cuando menos tres operarios para las actividades en mención, a la luz de las reglas de la experiencia, es factible entender que de esa situación pudo derivar la intervención de los hermanos XXXXXXXX, tornándose válida la deducción del ad quem concerniente a que no se estableció que aquellos “hayan llegado atrevidamente al sitio” y consecuentemente que desestimara la “culpa exclusiva de la víctima”.
7. Corolario de lo analizado, es que se deduce la inexistencia del “error de hecho” en que funda la impugnante los embates estudiados y por ende, se trunca su prosperidad.
1. Fundado en la causal 1ª del canon 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de violar de manera indirecta la ley sustancial, específicamente, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por “aplicación indebida” y el 2341 del Código Civil, por “falta de aplicación”, en virtud de “errores de hecho” en la estimación de las pruebas, que condujeron al reconocimiento del “daño a la vida de relación”.
El censor afirma que no obra medio demostrativo de “una grave alteración de la vida de todo el grupo familiar”, originada en el hecho de la muerte de XXXXXXXXXX XXXXX, en cuanto se hubiere producido “una disminución de la calidad de vida de la familia XXXXXXXX, ni se generaron dificultades a causa de la privación de ejercer actividades que antes de la muerte de aquel fuesen o constituyeran una característica esencial de dicha familia, ni hay prueba de las frustraciones e insatisfacciones que para los miembros de la familia, como grupo o núcleo, generó la muerte de uno de sus miembros”, puesto que el sentenciador halló suficiente lo dicho por XXXX XXXXXXXXXXX, cuando ella se limitó a señalar que “la familia como que empezó a echar para atrás” y, de otro lado, aduce que una revisión de las declaraciones de XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y el de la deponente señalada por el ad quem, a lo sumo acreditan “el dolor o la aflicción de los parientes cercanos de la víctima, es decir, el perjuicio moral, pero nunca la existencia del daño a una vida de relación”, y citando jurisprudencia de esta corporación (sentencia de 13 de mayo de 2008), acotó que esa clase de perjuicio no se presume, por lo que debe acreditarse plenamente.
Concluye que el tribunal supuso la existencia del “daño a una vida de relación”, por lo que estima es patente el equívoco en que incurrió, de tal manera que de no haberse presentado el desatino, habría absuelto a las accionadas de esa específica condena. En consecuencia, pide casar la sentencia impugnada y que en la de reemplazo se modifique la decisión de primera instancia, en el sentido de denegar la pretensión atinente a la indemnización por dicho concepto.
1. Se memora que el juzgador de segundo grado, en lo concerniente a la condena por el “perjuicio a la vida de relación”, a favor de los padres de la víctima y de tres de sus hermanas, la sustentó en que los elementos de convicción le permitían deducir “el daño intenso que sufrió la familia XXXXXXXXX por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXXXX y las repercusiones que tuvo en la forma como ha seguido funcionando dicho grupo familiar”, para lo cual dijo apoyarse en los medios de prueba practicados, reseñando específicamente el testimonio de XXXXXXXXXXXXX, del que dedujo el sufrimiento de la madre del occiso y el estado de depresión que la afectó, así como el cambio que hubo en el grupo familiar, porque “antes era una familia unida, que salían a pasear, que celebraban las fechas importantes”.
Por su lado, la censura argumenta que no se acreditaron supuestos atinentes al mencionado perjuicio, en cuanto correspondan a factores que hayan afectado la calidad de vida, o la dificultad para ejercer actividades que antes constituyeran un aspecto esencial en dicha familia y tampoco se revelan frustraciones e insatisfacciones para la misma, como grupo o núcleo.
2. Con relación al “daño a la vida de relación”, esta corporación en fallo de 20 de enero de 2009, Exp. 000125, en lo pertinente sostuvo:
“(…) Huelga memorar que si bien la jurisprudencia colombiana al referirse en un comienzo a los perjuicios extrapatrimoniales solamente aludía a los morales, lo cierto es que hoy reconoce que de esa naturaleza participa el denominado ‘daño a la vida de relación’, aceptando que este tiene una entidad jurídica propia y, por ende, no puede confundirse con otras clases de agravios que posean alcance y contenido disímil, ni subsumirse en ellos.
“Un primer paso lo dio la Corte cuando en el fallo de 4 de abril de 1968 contempló el ‘daño a la persona’, y señaló que consistía en ‘un desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad’, susceptible de ‘proyectarse en quebrantos en la vida de relación y de repercutir en el equilibrio sentimental del sujeto’; posteriormente, sea oportuno relievarlo, el legislador previó que el daño moral no era el único de carácter inmaterial, pues estableció en el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970 que ‘la persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido’ (…).
“La Corte a tono con los postulados constitucionales vigentes y con la realidad jurídica y social, retomó el tema del ‘daño a la vida de relación’, en el fallo emitido el 13 de mayo de 2008 —Exp. Nº 1997 09327 01—, en el que reparó tanto en la doctrina foránea como en la jurisprudencia patria para concluir que es de completo recibo en nuestro ordenamiento como una especie de daño extrapatrimonial, incluso precisó que era distinto al de índole moral —también inmaterial—; y, por tanto, su protección se impone en los casos en que esté cabalmente acreditado.
“Sobre las particularidades del daño en cuestión, puntualizó los siguientes aspectos: a) su naturaleza es de carácter extrapatrimonial, ya que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es inasible, porque no es posible realizar una tasación que repare en términos absolutos su intensidad; b) se proyecta sobre la esfera externa del individuo; c) en el desenvolvimiento de la víctima en su entorno personal, familiar o social se revela en los impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas que debe soportar y que no son de contenido económico; d) pueden originarse tanto en lesiones de tipo físico, corporal o psíquico, como en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales; e) recae en la víctima directa de la lesión o en los terceros que también resulten afectados, según los pormenores de cada caso, por ejemplo, el cónyuge, compañero (a) permanente, parientes cercanos, amigos; f) su indemnización está enderezada a suavizar, en cuanto sea posible, las consecuencias negativas del mismo; g) es un daño autónomo reflejado ‘en la afectación de la vida social no patrimonial de la persona’, sin que comprenda, excluya o descarte otra especie de daño —material e inmaterial— de alcance y contenido disímil, como tampoco pueda confundirse con ellos.
“De igual modo, clarificó que el daño a la vida de relación y el moral son distintos, habida cuenta que el primero se refleja sobre la esfera externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden en forma negativa en su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social no patrimonial, mientras que el segundo recae sobre la parte afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.”.
Ha de comprenderse entonces, que el reseñado perjuicio, se aprecia a partir de los comportamientos o manifestaciones de la víctima o los afectados, que permitan inferir o evidenciar la pérdida o disminución del interés por participar en actividades de las que antes realizaban como parte del disfrute o goce de la vida en el ámbito individual, familiar o social, con fines recreativos, deportivos, artísticos, culturales, de relaciones sociales, o aun de hábitos o rutinas de esparcimiento para el aprovechamiento del tiempo libre, etc.
3. En ese contexto alcanzan trascendencia los hechos y elementos de convicción que enseguida se relacionan.
a) En la causa petendi, en lo tocante con la modalidad del citado perjuicio, se afirmó que los seres más cercanos a la víctima, “[sufren] un daño a la vida de relación, pues con su ausencia dejarán de disfrutar tantas cosas que al lado de este les llenaba, hacia la vida placentera como hijo, hermano y nieto” (cdn. 1, fl. 163, num. 2.14).
b) Testimonios sobre aspectos concernientes al grupo familiar del occiso XXXXXXXXXX, que guardan relación con supuestos configurativos del menoscabo extrapatrimonial en cuestión, rendidos por los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (cdn. 7, fls. 65-67, 172-174, 175-177 y 181-183), quienes también informaron que el fallecido vivía bajo un mismo techo con sus progenitores y algunas de sus “hermanas”, habiéndolo conocido unos nueve años atrás, por motivo de relaciones de vecindad en la ciudad de Armenia.
c) La condena por el aludido daño se impuso a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, padres del fallecido, al igual que de sus “hermanas” XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX XXXXX, con quienes él convivía, bajo el entendimiento de que se les privó de su compañía en las actividades recreativas y lúdicas que acostumbraban a disfrutar, situación que cambió después del reseñado hecho luctuoso.
4. El cotejo del contenido material de los medios de prueba, con las deducciones del sentenciador de segundo grado, permite verificar que no es evidente u ostensible que aquel se haya supuesto, distorsionado, o cercenado, por lo que se descarta el desatino protuberante fáctico en que se apoya la acusación, pues a partir de los supuestos sustanciales identificados por la jurisprudencia de esta corporación(4), que estructuran el “daño a la vida de relación”, el ad quem estimó que con las probanzas recaudadas, de las que mencionó expresamente el testimonio de XXXX XXXXXXX, se había acreditado “el daño intenso que sufrió la familia XXXXXXXXXXXXX por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXX y las repercusiones que tuvo en la forma como ha seguido funcionando dicho grupo familiar”, concluyendo que ”en tales condiciones probatorias era pertinente la condena por el perjuicio de la vida de relación”.
Al examinar los elementos de juicio en comento, concretamente las declaraciones de las nombradas personas, se constata que aluden a factores o componentes de los referidos perjuicios, puesto que identifican actividades de aquellas que en vida del joven XXXXXXXX, les permitía a los integrantes de su núcleo familiar, el disfrute y regocijo, las que se dejaron de realizar con posterioridad a su fallecimiento y dada la idoneidad para fortalecer la integración familiar y proporcionar alegrías y satisfacciones, con clara influencia en la calidad de vida de los parientes que en ese momento convivían con él, se determina que las reflexiones del Tribunal no desarmonizan con la realidad que revela el acervo probatorio.
Obsérvese al respecto, que el testigo XXXXXXX XXXXXXXXXX, relató que los familiares del fallecido quedaron muy afectados, “esa gente ha sufrido mucho por la muerte de ese muchacho, la mamá XXXX ha estado hasta en el hospital, ahora un año dijo que no quería vivir más, y por estos meses de mayo se pone todavía más enferma, porque se acerca la sacada de los restos del joven y mucha tristeza en toda la familia de ellos por la pérdida de un ser querido, que era uno de los hijos que más les colaboraba en el hogar”, al indagársele acerca de la situación de la nombrado hogar antes y después del hecho calamitoso, manifestó que “en vida de XXXXXXXXX era una vida muy alegre de todos, después de que faltó, ha sido muy triste para todos, ve uno por encima la tristeza de todos” y agregó que “eso era para todo lado con XXXXXX, para toda cosa, para las fiestas, y era muy especial con todos”, además señaló que hacían celebraciones “los diciembres, día de la madre, día del padre, y los cumpleaños de los hermanos, madre y padre” (cdn. 7, fls. 65-67).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aseveró que “antes del accidente [era] una familia muy normal, alegres porque ellos son personas muy alegres, ya después de la muerte de XXXXXXXXXX, ya la situación de la familia cambió, hay una sensación de tristeza, y tal como la mamá como el papá nunca lo olvidan, sufren por él, por la falta de este joven” y que en vida de él festejaban “cumpleaños de las hermanas, de pronto en diciembre, lo normal de un diciembre, la comida, unos tragos” (cdn. 7, fls. 175-177).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, informó que era “una familia pues muy unida, XXXXXXX les colaboraba mucho económicamente, después de la muerte de él, han sufrido mucho, más que todo la mamá no ha podido superar la muerte de él, en este momento le tienen que aplicar droga diariamente”, también mencionó, que “él se preocupaba mucho por el bienestar de su familia, y el proyecto de él era poderles dar una casa, eran muy unidos”, reiteró que la de mayor afectación fue la mamá, porque “después de haber perdido a su hijo, ha estado enferma, mantiene deprimida, hasta a veces dice que ya no quiere vivir más que quiere estar con él y para los hermanos también muy triste y muy adoloridos por la pérdida de su hermano” y precisó que “salían para fincas, montar a caballo, a comer, compartían mucho juntos, todo el tiempo que les queda libre”, resaltando que XXX XXXXXX, “era muy responsable, muy dedicado a la familia que no le faltara nada, muy juicioso” (cdn. 7, fls. 181-183).
Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, al interrogársele acerca de los efectos de la muerte del joven XXXXXXXX, manifestó que “antes era una familia muy unida, alegre, un buen trato, salían a pasear, celebraban las fechas especiales, y ahora ya no, ahora no salen, la mamá está como que no quiere ni siquiera seguir viviendo, es totalmente diferente, no se parece para nada a la familia de antes” y sobre los momentos que entre ellos compartían, expresó que “todas las fechas especiales, los diciembres, los cumpleaños, salían a pasear en familia, hasta le daba plata a los papás para que fueran a pasear ellos” (cdn. 7, fls. 172-174).
5. Lo anterior permite señalar, que la crítica de la impugnante concerniente a que no es acertado “tener por acreditado este rubro o modalidad del daño con la mención aislada de un solo testigo, pasando por alto que en el proceso ninguna otra declaración hizo referencia a tan grave afectación de la vida en familia y a la privación de actividades que para los miembros de esta generaban placer, bienestar, satisfacción y que ahora, como consecuencia de la muerte, no podrán ser realizadas”, carece de fundamento y aunque es cierto que el tribunal menciona solo a la deponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, también lo es que de manera expresa señaló que de “las pruebas recaudadas se deduce el daño intenso que sufrió la familia XXX XXXX por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y las repercusiones que tuvo en la forma como ha seguido funcionando dicho grupo familiar”, de donde se infiere la ausencia del desacierto sustento de la acusación.
6. Adicionalmente se torna pertinente exponer, que en realidad la censura no cumplió de manera adecuada, la exigente labor de evidenciar los “errores de hecho” que creyó encontrar en la actividad valorativa del sentenciador, que comporta, tal como lo ha reiterado la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, “señalar el error, la prueba de la cual se predica, explicar el concepto, demostrar en concreto el dislate del fallador al contemplar su materialidad objetiva por suposición, preterición, alteración o invento, así como su evidencia, trascendencia e incidencia en la
sentencia, o sea, ‘que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, Exp. 06798-01), ‘que repugna al buen juicio’, es decir, que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992), por violentar ‘la lógica o el buen sentido común’ (CCXXXI, 644), a punto que la decisión a simple vista sería otra diferente. Bajo esta inteligencia, es imperativo al impugnante la contundencia en su denuncia, sin limitarse a argumentar un parecer divergente con la razonable ponderación probatoria del juzgador, ni a exponer planteamientos complejos, sofisticados o refinados, de suyo insuficientes para demostrar concretamente el desatino palmario, irrefutable y de tal dimensión que permitan derruir la presunción de acierto y legalidad característica de la sentencia combatida” (fallo de 9 de septiembre de 2010, Exp. 2005-00103).
7. Las circunstancias resaltadas, impiden que el ataque examinado alcance éxito.
Con apoyo en la causal 1ª del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, la impugnante le endilga a la sentencia del Tribunal que transgrede indirectamente el artículo 1133 del Código de Comercio, “por aplicación indebida” y los cánones 1494, 1581, 1582, 1583, 1584, y 2344 del Estatuto Civil, por “falta de aplicación”, situación originada en los “errores de hecho” cometidos en la valoración de varios de los medios de convicción incorporados.
Argumenta el casasionista que a “XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX” se le impuso el pago total de la indemnización reclamada por los actores, con base en el “contrato de seguro del que da cuenta la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual [aportada]”, como si dicho negocio jurídico “se hubiese celebrado no solamente con XXX sino también con XXXXXXX, cuando lo cierto es que esta última sociedad no tenía la condición ni de asegurado ni de beneficiario” en el citado convenio, por lo que la aseguradora “no tenía ni la obligación legal ni la obligación contractual de indemnizar por su cuenta a las víctimas demandantes”, de donde infiere la improcedencia de la condena únicamente en su contra, dejando por fuera a “XXXXXXX”, a pesar de haber sido hallada responsable por la muerte de XXXXXXXXXX XXXXX.
Atribuye que la situación comentada provino de no haber observado el sentenciador adecuadamente la demanda, “en donde claramente el extremo demandante indica que tanto XXX como XXX son las extracontractualmente responsables de los perjuicios causados a los actores con la [aludida muerte]”, y de no advertir que “respecto de XXX no existe contrato de seguro alguno y por ende, no hay razón para que la aseguradora sea obligada a asumir la indemnización que igualmente corría a cargo de dicha sociedad como causante del daño en conjunto con XXX”, lo que evidencia que también se pasó por alto el contenido de la “póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual”, en la que solo figura XXXX como asegurada.
Por lo tanto, considera que si el Tribunal hubiere apreciado en debida forma los mencionados elementos de juicio, habría concluido “que la compañía aseguradora solamente está llamada a asumir en virtud de dicho contrato el pago de la indemnización por cuenta de XXX y no por cuenta de XXXXX” y como no fue esa la inferencia, se le está irrogando un evidente agravio a la compañía de seguros, puesto “que de imponerse la condena en forma solidaria con la demandada XXXXXX, en caso de que aquella pague la totalidad de la obligación, podría subrogarse en virtud de lo previsto en el artículo 1656 y siguientes del Código Civil”.
En consecuencia, solicita casar la sentencia atacada y en la sustitutiva modificar la de primera instancia a fin de condenar de manera solidaria a “XXXXXXXX”, al pago de la indemnización.
1. El ad quem, en la decisión impugnada, confirmó lo resuelto por el juez de primer grado, el que había declarado la “responsabilidad civil extracontractual” de la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e “XXXXXXXXXX”, en lo atinente a los perjuicios causados por la muerte de “XXXXXXXXXXXXXXXXXX” y condenó a la recurrente extraordinaria “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX”, a que efectuara el pago total de la indemnización con cargo a la “póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 400012”.
Frente al fallo del a quo las tres accionadas formularon recurso de apelación y en los escritos donde se plasmó la sustentación, se verifica (i) que la inconformidad de “XXXXXXXXX”, se centró en controvertir el “reconocimiento de indemnización por efecto de alteraciones en la vida de relación” y lo concerniente a la inaplicación del artículo 1128 del Código de Comercio, en punto de las costas del proceso (cdn. 9, fls. 5-7); (ii) la aseguradora “XXXX XXXXXX”, orientó su alegato a reclamar sobre porqué el a quo sin tener certeza de los hechos, le dio la razón a los demandantes y, declaró la “responsabilidad de la parte demandada”, además cuestiona “¿por qué ante la duda en las circunstancias de tiempo y modo en las cuales ocurrió el hecho dañino, esta duda es resuelta a favor de la parte actora?” y aunque reconoce que el daño se produjo, se pregunta “¿es que acaso no se tiene que establecer la manera en que el daño ocurrió para poder endilgar responsabilidades?” y asegura que el accidente se presentó por “responsabilidad de la víctima” y entonces cuestiona “¿por qué ha de preferirse la afirmación de que soy responsable si no se puede probar la manera de ocurrencia del hecho? […] ¿por qué entonces debe preferirse un argumento a otro, cuando no existe evidencia de que fue lo que realmente ocurrió?” (cdn. 9, fls. 10-13) y (iii) “XXXXXXXXX”, insistió en la demostración de la “culpa exclusiva de la víctima”, por lo que debía “exonerársele de responsabilidad”, también reprochó la decisión con relación al llamamiento en garantía a XXXX XXXX y adicionalmente cuestionó el reconocimiento del “daño a la vida de relación”, por falta de prueba, al igual que la cuantificación del “perjuicio moral” (cdn. 9, fls. 15-20).
El tribunal para resolver la alzada, aludió a los requisitos que debían acreditarse para la “responsabilidad derivada de actividad peligrosa”, al igual que precisó las circunstancias con base en las cuales la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica, podía exonerarse de la misma, hallando ahí el principal argumento sustento de la apelación, en cuanto se invocó la “culpa exclusiva de la víctima”.
Al valorar los testimonios de las personas que estuvieron presentes al momento de los hechos, como de quien impartió la orden para ejecutar los trabajos, consideró que de ellos “no se extrae que el hecho fatídico tuvo como única causa el actuar reprochable de la víctima”, puesto que no se evidenció que los hermanos XXXXX, “hayan llegado imprudentemente a empujar de la parte de abajo el poste mientras estaba suspendido”, además advirtió, que la sociedad contratista no observó “las normas de seguridad propias para ese tipo de procedimientos”, pues no se probó el encerramiento o acordonamiento del “sitio evitando la presencia de personal ajeno a ellos, ni tampoco se suspendió el fluido eléctrico”, y concluyó que las accionadas son civilmente responsables.
Los otros aspectos estudiados, conciernen, a los cuestionamientos al “reconocimiento del perjuicio a la vida de relación a favor de algunos de los demandantes” y al reclamo de que se impusiera la condena en costas únicamente a la aseguradora, en virtud de lo estipulado en el contrato de seguro.
2. Las señaladas actuaciones revelan de manera paladina, que el tema relacionado con el embate, no lo abordó el sentenciador o no fue materia de la decisión y ello implica que el casasionista se está apoyando en una argumentación novedosa, no admisible en este escenario extraordinario, porque ese asunto debió debatirse en la segunda instancia, a fin de garantizar a las beneficiadas con lo resuelto sobre ese punto, el derecho de contradicción.
Acerca del aludido defecto técnico esta corporación, en fallo de 14 de octubre de 2010, Exp. 002401, reiteró:
“Sobre el tema conocida es la doctrina de la Sala, (…), según la cual ‘[s]e violaría el derecho de defensa —ha dicho la Corte— si uno de los litigantes pudiera echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender su causa (…) la sentencia no puede enjuiciarse en casación sino con los mismos materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extraños y desconocidos. Sería, de lo contrario, una lucha desleal, no solo entre las partes, sino también respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazaría a responder en relación con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y aún respecto del fallo mismo, que tendría que defenderse de armas para él hasta entonces ignoradas’ (…)’.
“Por eso se ha recalcado que la lealtad procesal y la buena fe con la que debe asumirse la contienda judicial impiden dar vía libre a un comportamiento de la naturaleza en comento, porque modifica sustancial y trascendentemente el escenario propio de la contención que siempre tiene que girar en torno a los extremos en que la situaron los litigantes o lo permite el mismo legislador”.
3. En virtud de que el fallo del a quo en el aspecto reseñado, perjudicaba a la compañía de seguros, puesto que únicamente a ella se le impuso la obligación del pago de la indemnización, tenía interés y estaba legitimada para proponer la alzada, no así sus codemandadas, porque la decisión las favorecía, ya que a pesar de haber sido declaradas civil y extracontractualmente responsables, no debían asumir erogación económica por los perjuicios causados.
Por lo tanto, se tornaba imperioso para la “aseguradora” extender de manera expresa la apelación frente a la citada decisión, para posibilitar el debate y contradicción de sus alegaciones en el trámite de la segunda instancia, empero al no haberse procedido así, esa problemática específica no puede válidamente tratarse en casación, por las razones resaltadas en el precedente transcrito, máxime cuando no fue materia de análisis por el tribunal.
4. Al margen de los anteriores planteamientos y en el evento de considerar procedente asumir el estudio de fondo del reproche, se advierte que no existe el “error de hecho” denunciado, toda vez que el tema que se aborda por el censor se definió en el fallo de primer grado, en cuanto ahí se estableció que las empresas “XXXXX” e “XXXXXX”, quedaban obligadas por responsabilidad civil extracontractual, en tanto que la obligación de pagar la indemnización la tenía la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, en virtud del contrato de seguro a que se refiere la “póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 400012”, en la que figura como tomador y asegurado la “XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX”, sin que esa temática la hubiere examinado el tribunal en el ámbito sustancial o probatorio, luego no es admisible proponer que se equivocó en la actividad valorativa de los medios de convicción.
5. También cabe acotar, que la acusación ha debido encauzarse por vía distinta, toda vez que el aspecto cuestionado por la censura básicamente lo que comporta es un debate jurídico relacionado con los efectos o alcances del mencionado “contrato de seguro”, puesto que conduciría a que se tuviera que examinar, más que problemas atinentes a la valoración de las probanzas, lo concerniente a los accionados que de acuerdo con las normas sustanciales debían asumir el pago de la condena, a partir del hecho de que fueron declaradas civilmente responsables “XXXXXXXXX” e “XXXXXXXXX” y que únicamente aquella tiene la condición de “asegurada”.
6. Son suficientes los anteriores razonamientos para desestimar el cargo estudiado.
7. En virtud de que no prospera ninguno de los embates sustento de la impugnación extraordinaria, con apoyo en el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la recurrente, procediéndose a fijar las agencias en derecho, con sujeción a los parámetros del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tomará en cuenta que de forma oportuna la parte actora replicó la “demanda de casación”.
Primero: No casar la sentencia de 5 de diciembre de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, en el proceso ordinario promovido por XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la impugnante, XXXXXXXXX y la XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al que esta última llamó en garantía a sus codemandadas, como también a XXXXXXXXX.
Segundo: Condenar en costas en este trámite extraordinario a la impugnante e inclúyase en la liquidación, la suma de $6’000.000, por concepto de agencias en derecho.
Tercero: Devolver oportunamente el expediente al despacho judicial de origen.
(4) Sentencia 35 de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327.
Aun cuando comparto la decisión que, en relación con el cargo tercero adoptó la Sala, con el mayor respeto y consideración por el criterio que han expresado los señores magistrados que conformaron la mayoría decisoria, paso a expresar las razones que me llevan a discrepar de una de las consideraciones que en apoyo de la solución adoptada aduce el fallo.
Es sabido que al ser el de casación un recurso extraordinario y dispositivo, las falencias técnicas que impiden, en línea de principio, que la Corte aborde el estudio de fondo de un cargo que adolece de ellas, deben presidir las consideraciones del examen; y, luego sí, dependiendo de la gravedad del defecto, pero también como argumento válido que refuerce el fracaso del cargo, puede entrar la Sala a pronunciarse sobre el fondo de lo planteado.
En el cargo tercero se invoca la comisión de errores probatorios de hecho por parte del sentenciador, al haber dado por acreditada la existencia del daño a la vida de relación que los demandantes pretenden que se les reconozca. La sentencia se encarga de resaltar, con base en las afirmaciones de testigos, que dicha modalidad de daño inmaterial, diferente del daño moral también reconocido, sí está demostrada. Y hace notar que el recurrente olvidó atacar varias probanzas que fueron consideradas como soporte de la decisión del ad quem en ese punto, a resultas de lo cual, el cargo, por este aspecto, resultó incompleto, y por ende impróspero, en lo cual estoy de acuerdo.
Sin embargo, encuentro que las declaraciones expresamente referidas en la sentencia que desata el recurso extraordinario, en estricto sentido ilustran la existencia de lo que se ha denominado como duelo, esto es, la congoja, pena o aflicción ocasionada por la pérdida afectiva, la frustración o el dolor que una persona manifiesta con procesos psicológicos o psicosociales (luto), y que suelen verse reflejados en conductas y actitudes acordes con la intensidad del sufrimiento interno que padece, magnitud que influye asimismo en la duración de tales manifestaciones, pero que, como lo demuestra la experiencia humana, el paso del tiempo va apaciguando. Me refiero al desinterés por participar en reuniones o festividades, a la inclinación a buscar la soledad en vez de la compañía, y en suma a la propensión a adoptar conductas variables en el tiempo, en las culturas y en los núcleos sociales, que incluso la comunidad espera que el deudo adopte. Son, para el caso a que se contrae el fallo, componentes físicos (llanto), psicológicos (melancolía) y sociales (apartamiento) que claramente pueden identificarse como expresiones visibles del sufrimiento interno de la persona por la ausencia del ser querido, máxime si, como este caso pone de presente, en él confluyeron particulares circunstancias de sociabilidad y alegría, lo que ahonda aún más el pesar por la pérdida. Se trata en realidad de un daño moral.
Pero el daño a la vida de relación, de conformidad con los caracteres que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido perfilando, responde a una “privación objetiva” (Cas. Civ. del 9 de diciembre de 2013. Exp. 88001-31-03-001-2002-00099-01); a una “afectación a la esfera exterior de la persona” (SC-035-2008); o a “una minoración psicofísica que le impide o dificulta [al damnificado] la aptitud para gozar de los bienes de la vida” (concepto de Ramón Daniel Pizarro que la sentencia anterior acoge).
Con todo, la noción en veces se ha ampliado nublándose con ello las fronteras de aquella con el daño moral sin que lleguen a desaparecer. Así, mientras en principio se entendía que si la indemnización de perjuicios morales buscaba reparar el dolor físico o psíquico de la víctima, el daño a la vida de relación buscaba reparar la supresión o minoración de sus actividades vitales; en algunos pronunciamientos este último también vino a comprender el detrimento sufrido por las personas cercanas a la víctima directa que pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por aquella, “dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles”, según conocido pasaje jurisprudencial del Consejo de Estado (Sentencia del 19 de julio de 2000, Rad. 11.842)
En el fallo con respecto al cual se formula la presente aclaración de voto, la Sala, sin haberse propuesto introducir una modificación conceptual al respecto, de hecho estaría —para un caso específico— teniendo por configurado un daño a la vida de relación, ante un entorno fáctico que más parece corresponder a un ejemplo típico de daño moral.
De antaño se ha expuesto que la clasificación de los perjuicios es un problema teórico complejo, cuyo abordaje tiene por finalidad primordial evitar el reconocimiento de indemnizaciones redundantes. Sin embargo, en el caso que nos ocupa parecería que un mismo sustrato de dolor íntimo o aflicción de los demandantes, podría estar siendo indemnizado doblemente bajo las expresiones de los daños —moral y a la vida de relación—.
Nótese a este respecto que en los apartes reproducidos por el fallo de la sala, tomados de la declaración de XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, el testigo básicamente indica que “esa gente ha sufrido mucho”, y que existe “mucha tristeza en toda la familia de ellos por la pérdida de un ser querido, (…)”. Anotó igualmente que “en la vida de XXXXXXXX era una vida muy alegre de todos, después de que faltó, ha sido muy triste para todos, ve uno por encima la tristeza de todos”.
Refiriéndose a la situación de la familia del occiso, el testigo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX expresó que “antes del accidente [era] una familia muy normal, alegres porque ellos son personas muy alegres, ya después de la muerte de de XXXXXXXXX ya la situación de la familia cambió, hay una sensación de tristeza, y tal como la mamá como el papá nunca lo olvidan, sufren por él, por la falta de ese joven”.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifiesta que en general los integrantes de la familia del fallecido “han sufrido mucho” y “no han podido superar la muerte de él”. Refiriéndose a su progenitora expresa que la misma “ya no quiere vivir más” y a sus hermanos que están “muy tristes y muy adoloridos”.
Por su parte la declaración de XXXXXXXXXXXXX XXXX señala que “antes era una familia muy unida, alegre, un buen trato, salían a pasear, celebraban las fecha especiales, y ahora ya no, ahora no salen, la mamá está como que no quiere ni siquiera seguir viviendo, (…)” (resaltado fuera de texto).
Es natural que el daño moral —en este caso la tristeza—, tenga manifestaciones externas que lo hagan perceptible, lo cual no debería conducir a confundirlo con el daño a la vida de relación, cuya configuración exige invariablemente de la presencia de alguna condición restrictiva de carácter objetivo, con proyección externa, como sería el caso de una disminución psicofísica, de la afectación de la reputación o el buen nombre, de la privación en el campo social de la posibilidad de acceso a alguna relación provechosa, o de cualquier otra condición que reúna tales características y <que le impide o dificulte al damnificado la aptitud para gozar de los bienes de la vida>.
Jesús Vall De Rutén Ruiz.

References: artículo 368
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 1133
 artículo 1656
 artículo 1128
 artículo 375