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BOE.es - Documento BOE-A-2019-1543
Documento BOE-A-2019-1543
Decreto-ley 5/2018, de 21 de diciembre, sobre proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2019, páginas 10237 a 10241 (5 págs.)
BOE-A-2019-1543
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Hoy en día, la contribución de la industria al crecimiento mundial es dispar. Así, mientras en las economías emergentes del este asiático –Corea del Sur, China y Tailandia– la contribución del sector industrial al crecimiento roza el 30 % del PIB, en las economías avanzadas a uno y otro lado del Atlántico –EEUU y UE-28– no supera el 15 %, y en las Illes Balears se sitúa en el 7,5 %. La pérdida de peso que experimenta la industria en las Illes Balears se inició hace más de treinta años y se ha acentuado desde la entrada del nuevo siglo. Así, si en el año 1987 la industria balear aportaba cerca del 10 % del valor añadido bruto que se generaba en las islas, actualmente su peso se cifra en el 7,5 %, un porcentaje que se limita al 3,4 % en el caso de la industria manufacturera.
Estos proyectos estratégicos van dirigidos fundamentalmente a favorecer aquellas inversiones que sean relevantes para mejorar o consolidar el tejido industrial balear. Hay que hacer una mención especial de todos aquellos proyectos que vayan destinados a reindustrializar zonas geográficas que hayan sufrido una pérdida de peso destacable de la industria dentro de su estructura económica. Así como de todos aquellos sectores industriales estratégicos en riesgo real de ver comprometida su continuidad en el futuro.
2. El artículo 49 del Estatuto de Autonomía permite al Gobierno dictar medidas legislativas provisionales, en forma de Decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, las cuales no pueden afectar determinadas materias. Se trata de una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución Española, cuyo uso ha producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha insistido en que la definición, por parte de los órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad tiene que estar explícita y razonada, y que tiene que haber una «conexión de sentido», o relación de adecuación, entre la situación excepcional y las medidas que se pretenda adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la reciente Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, en la cual se recogen los pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la utilización de este instrumento normativo.
Desde la Sentencia 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la valoración de la necesidad extraordinaria y urgente puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, puede tener origen en la inactividad previa de la administración competente, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la misma línea que la anterior Sentencia 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre, razona que no se tiene que confundir la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea y, por lo tanto, se tiene que permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan un posterior despliegue normativo y de actuaciones administrativas de ejecución de aquellas.
3. El Decreto ley tiene habilitación expresa en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía y se dicta al amparo de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, según los artículos 30.21, 30.24 y 42 del Estatuto de Autonomía.
4. El Decreto ley dispone de cinco artículos, una disposición derogatoria y una final.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, dicta el siguiente Decreto ley.
Este Decreto ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para declarar como proyectos industriales estratégicos las propuestas de inversión definidas en el siguiente artículo, de acuerdo con los principios de agilización y simplificación de los procedimientos administrativos; así como también los efectos de la declaración de proyecto industrial estratégico y su seguimiento.
1. Se podrán considerar proyectos industriales estratégicos, de acuerdo con el artículo 7.d de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears, las propuestas de inversión para implantar, ampliar, modificar o reindustrializar una o varias actividades industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa y sostenible del tejido industrial balear o la consolidación de este, o la adopción de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad de una empresa o sector industrial expuesto a riesgos para su continuidad.
2. Estos proyectos tan solo se podrán ubicar en suelo clasificado como urbano o urbanizable y siempre y cuando la actividad del proyecto se incluya dentro de los usos permitidos o, en caso contrario, que sea un uso adecuado a la ubicación del proyecto. En ningún caso se entenderá como adecuada la ubicación en zonas residenciales o de equipamientos. Excepcionalmente, y únicamente en los supuestos de proyectos de implantación de energías renovables, se podrán ubicar en suelo rústico común.
b) La previsión de la mejora o expansión del tejido industrial de las Illes Balears.
h) La mejora de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la actividad industrial.
i) La promoción de la agrupación y colaboración de empresas para favorecer la actividad industrial internacional.
j) Se podrá tener en cuenta cualquier otro requisito que motive la importancia del proyecto en el tejido industrial balear.
a) Una memoria en que se especifiquen, al menos, los siguientes extremos:
− Características generales del proyecto que justifican la declaración, con valoración de su impacto en el tejido industrial de las Illes Balears.
− Calendario de ejecución del proyecto, que se podrá llevar a cabo por fases.
− Identificación de la entidad promotora.
− Viabilidad económica y financiera.
− Nivel de generación de empleo de calidad.
b) Proyecto técnico de la actividad, infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto del proyecto, así como del ámbito territorial afectado, incluyendo planos de situación y localización de las instalaciones, la determinación gráfica del trazado y de las características de accesos viarios y de las redes de conducción y distribución, así como la documentación exigible de acuerdo con las autorizaciones necesarias previstas en la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la dirección general competente en materia de industria, que pedirá todos los informes que sean necesarios para la evaluación del proyecto. En todo caso el proyecto se someterá a evaluación ambiental o integrada en todos aquellos supuestos en los que la normativa medioambiental así lo exija.
3. El proyecto se tiene que enviar al ayuntamiento correspondiente para que emita un informe en el plazo de un mes, en relación a lo que comporta el proyecto y su incidencia sobre el municipio. Para continuar el procedimiento el informe del ayuntamiento tiene que ser favorable. También será preceptivo el informe del consejo insular correspondiente, que tendrá que ser emitido en el mismo plazo de un mes. Este informe se considera determinante para el acuerdo que se tiene que adoptar. En ambos casos se aplicará la suspensión del plazo máximo para resolver, previsto en el artículo 22.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Con la emisión del informe, el ayuntamiento ha de exigir al promotor las tasas o impuestos que correspondan a les licencias municipales que se tendrían que otorgar si el proyecto no fuera declarado proyecto industrial estratégico.
6. El proyecto será sometido a exposición pública mediante un anuncio en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» por un periodo de un mes, con indicación expresa de la dirección o punto de acceso electrónico donde este se pueda consultar.
7. Una vez recibidos los informes o agotados los plazos, el proyecto será informado por el Consejo de la Industria de las Illes Balears.
11. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
c) El ayuntamiento tiene que incorporar a su planeamiento, cuando se lleve a cabo la revisión o la modificación, la regularización urbanística del proyecto ejecutado, sin perjuicio de su efectividad inmediata.
d) La declaración de interés general.
b) El establecimiento de líneas o programas de formación específicas para los trabajadores de las empresas afectadas.
a) Incumplimiento de las condiciones establecidas para su desarrollo.
b) Inactividad manifiesta durante más de un año en cuanto a la realización de las tramitaciones necesarias para la ejecución del proyecto.
c) Incumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones.
d) Cualquier otra causa que ponga de manifiesto la inviabilidad del proyecto o de los objetivos que motivaron la declaración de proyecto industrial estratégico.
4. La revocación de la declaración de proyecto industrial estratégico implicará la obligación del promotor de llevar a cabo la restitución a la situación anterior a la declaración mencionada.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en este Decreto ley.
Este Decreto ley entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
Palma, 21 de diciembre de 2018.–El Consejero de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela Vázquez.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 160, de 22 de diciembre de 2018; convalidado por Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 9, de 19 de enero de 2019)
Publicada en el BOIB núm. 160, de 22 de diciembre de 2018.
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 15 de enero de 2019 (Ref. BOIB-i-2019-90264).
DE CONFORMIDAD con el art. 49 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6316).
CITA Ley 4/2017, de 12 de julio (Ref. BOE-A-2017-10495).

References: artículo 49
 artículo 86
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 7
 artículo 22
 resolución 
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