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Timestamp: 2019-06-18 15:04:57+00:00

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Estudioteca » Fundamentos del derecho
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Poder que la norma concede a la persona;
Es decir, facultad reconocida y garantizada a una persona por el ordenamiento jurídico Pues bien, estos dos significados objetivo y subjetivo- del término Derecho se hallan en estrecha relación siendo aspectos distintos de una misma cosa por cuanto el derecho subjetivo no es más que una consecuencia del Derecho objetivo y que se contrapone a deber jurídic con el Prof. ALBALADEJO, el Derecho Civil(del latín civitas, ciudad) como conjunto de normas jurídicas constitutivas del Derecho Privado General que regulan la personalidad, la familia, las relaciones patrimoniales y la sucesión mortis causa. Para el Prof. CASTÁN es un sistema de normas, de carácter general o común, que regula las relaciones jurídicas de los particulares protegiendo la persona, en sí misma y en sus intereses, tanto en el orden moral como en el patrimonial.
1.- Bilaterabilidad, ya que el Derecho se refiere siempre a la conducta de un sujeto en relación con otro
2.- Generalidad, pues las normas que lo componen suponen un mandato general, no individualizado.
4.- Coercibilidad; esto es, posibilidad de que, en caso de inobservancia de una norma jurídica, la misma sea impuesta por la coacción, por la fuerza.
Nombramiento tutor: Los padres pueden en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados. Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, puede en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. * Estan obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conozcan el hecho que la motive, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, si no lo hacen responderán solidariamente de la indemnización de los daños y perjuicios causados. * Vigilancia de la Tutela: La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado. En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela.
hecho de pertenecer a una determinada comunidad de ámbito regional, dentro de la misma nación, constituye un estado civil (ya sea del de castellano, navarro, catalán, etc.). Lo más relevante es que esta Vecindad civil determina la sujeción de la persona al Derecho civil Común o, en su caso, al especial o foral (art. 14.1 CC).
La buena fe es un principio general del Derecho que puede considerarse como aquél criterio de conducta, basado en la lealtad y la ética social, a la que ha de adaptarse el comportamiento jurídico de los hombres. Así la buena fe: En una relación jurídica, consistirá en la correcta actuación del sujeto cumpliendo sus obligaciones; En la posesión de un bien o en la realización de un hecho, consistiría en la convicción en que puede hallarse la persona de que posee o lo hace con derecho legítimo. La MALA FE consiste en la temeridad con la que el sujeto interviene en la relación jurídica actuando incorrectamente, o incumpliendo, a sabiendas, sus obligaciones; o la malicia con que se hace una cosa o se posee un bien, a sabiendas de que no se tiene derecho legítimo alguno.
EL ABUSO DEL DERECHO es el acto u omisión contrario al espíritu del derecho subjetivo. Doctrinalmente existen dos direcciones sobre su concepto: 1) La subjetiva: Ejercicio anormal de un derecho con la exclusiva intención de dañar a tercero por parte de su autor. 2) La objetiva: Ejercicio anormal del derecho, contrario a sus fines económicos y sociales, que causa daño a tercero.
Son genéricas las que su objeto esta determinado únicamente por su pertenencia a un género-
De tracto único y de tracto sucesivo: Las primeras son aquéllas que se cumplen en un sólo acto o en varios aislados pero que se extinguen tan pronto como dichos actos han sido cumplidos (ejemplo: la compraventa). Las segundas imponen al deudor una conducta permanente (ejemplo: el arrendamiento).
Ambos tipos de obligaciones se dan en el caso de pluralidad de acreedores o deudores. Se habla de mancomunidad cuando: a) Cada uno de los acreedores sólo puede exigir o reclamar del deudor la parte que le corresponde en el crédito (Mancomunidad activa). b) Cada uno de los diversos deudores sólo está obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponde (Mancomunidad pasiva). El artículo 1.138 del C.C. establece: «El crédito y la deuda se presumirán divididas en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.» No obstante lo dicho, con respecto a la presunción legal de mancomunidad, hay que tener en cuenta que en la práctica esta presunción es de escaso uso, pues: 1) En primer lugar, en los supuestos de responsabilidad extracontractual, si existen varios responsables, estos responderán solidariamente. 2) En segundo lugar, en la mayor parte de los contratos en los que existe pluralidad de deudores, es frecuente estipular expresamente la responsabilidad solidaria. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el C.C., la solidaridad nunca se presume, sino que debe pactarse expresamente. Se habla de solidaridad: a) Cuando en caso de pluralidad de acreedores cualquiera de ellos puede reclamar del deudor la íntegra prestación objeto de la obligación (Solidaridad activa). b) Cuando en caso de pluralidad de deudores, todos y cada uno de ellos quedan obligados a cumplir íntegramente la obligación
la extinción de la obligación no agota las consecuencias propias de la obligación solidaria, ya que su cumplimiento exige un reparto interno entre la pluralidad de sujetos de la obligación, para lo cual distinguiremos entre:
Solidaridad activa. –
El acreedor solidario que extinga la deuda por el cobro o por cualquier otro medio, responderá a los demás de la parte que les corresponde en la obligación. -El acreedor solidario que realice actos perjudiciales para los demás está obligado a indemnizarles.
El deudor o deudores solidarios que hicieron el pago podrán reclamar del resto la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo Cada deudor debe suplir, a prorrata, la insolvencia de los demás (art. 1.145.3 C.C.). Los deudores que hayan respondido del precio y de la indemnización por el perecimiento o imposibilidad de la prestación, debidos a culpa de cualquiera de ellos, tendrán acción contra el culpable o negligente Por razón del objeto el comportamiento que tiene derecho a exigir el acreedor del deudor y que éste debe cumplir, es decir, LA PRESTACION. El objeto ha de ser posible: : Nadie puede obligarse a una prestación imposible. La imposibilidad puede ser:
A) Imposibilidad física o jurídica:
Imposibilidad física: cuando es de imposible ejecución material (Ejem.: No puede ser objeto de una obligación una cosa que ha dejado de existir, art. 1.460.1 C.C.) – Imposibilidad jurídica: cuando su cumplimiento esta fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes (Ejem.: No puedo vender el sol).
B) Imposibilidad originaria o sobrevenida
] Imposibilidad originaria: cuando al tiempo de contraerse la obligación, la prestación era ya imposible
-Imposibilidad sobrevenida: Es la que surge con posterioridad a contraerse la obligación, de manera que inicialmente el objeto era posible. La imposibilidad sobrevenida dará lugar a que el acreedor pueda exigir daños y perjuicios si la imposibilidad se debe a culpa del deudor.
C) Imposibilidad total o parcial:
Imposibilidad total: Cuando afecta a todo el objeto de la prestación.-Imposibilidad parcial: Cuando solo afecta a parte del objeto de la prestación Lícito: La prestación ha de estar conforme con el ordenamiento jurídico.
Determinado o determinable: La prestación ha de ser determinada o determinable, y en este último caso con criterios bastantes fijados en el momento del nacimiento de la obligación.
Modificación de las obligaciones:
La modificación de la obligación consiste en la alteración de su estructura, cambiando la configuración originaria, sin que tal alteración suponga la extinción de la misma ni su sustitución por otra nueva.
1) Cambio de la configuración originaria de la obligación, alterando su estructura. 2) Conservación de la obligación, puesto que la modificación no supone su extinción, ni su sustitución por otra nueva.
a) Modificaciones objetivas: que son las que afectan al objeto de la obligación. b) Modificaciones circunstanciales: que se refieren al tiempo, lugar y demás condiciones en que ha de verificarse el cumplimiento de la obligación. c) Modificaciones subjetivas: que son las relativas a los sujetos, activo y pasivo, de la obligación.
La cesión de créditos consiste en la transmisión o transferencia del crédito por parte del acreedor a un tercero, a quien transmite la titularidad de su derecho. Es, por tanto, una facultad del acreedor que puede ejercitar por sí mismo y por propia iniciativa, con independencia de la voluntad del deudor. La cesión podrá llevarse a cabo mediante compraventa, permuta, o cualquier otro medio que las leyes establezcan para la valida transmisión de los derechos.
La cesión en cuanto tal ha de observar dos requisitos:
1.] Que la fecha de cesión sea cierta para que pueda oponerse a terceros
2.] Para que la cesión sea eficaz frente al deudor, éste habrá de ser notificado de la misma
LA ASUNCION DE DEUDAS
La asunción de deudas consiste en el cambio de un deudor por otro. Del tal forma que el nuevo deudor asume la deuda del primitivo deudor.
Para proceder a la transmisión de la deuda habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:- Que para que el primitivo deudor quede totalmente liberado, se precisa necesariamente el CONSENTIMIENTO del acreedor.
-Las garantías prestadas por terceros sólo subsistirán después del cambio de deudor si aquéllos hubieran prestado su consentimiento.-Prestado su consentimiento por el acreedor al cambio del deudor, el primitivo deudor no responderá de la insolvencia del nuevo, salvo que dicha insolvencia fuese anterior y conocida del deudor al transmitir su deuda.
Se produce el incumplimiento cuando el obligado a realizar la prestación no la realiza o no lo hace exactamente como debía, siendo el deudor responsable de los hechos que ocasionan el no cumplimiento. El incumplimiento puede ser: 1) Propio o total: cuando el deudor no cumple su obligación, es decir, no ejecuta la prestación debida. 2) Impropio o parcial, también llamado cumplimiento defectuoso, en el que podemos distinguir:
Cumplimiento inexacto: cuando la prestación se ejecuta a tiempo pero no es igual a la debida
Cumplimiento impuntual o mora del deudor: cuando la prestación es igual a la debida, pero se ejecuta con retraso
Tradicionalmente se suele distinguir, también, entre: 1).] Incumplimiento imputable al deudor; y 2).] Incumplimiento no imputable al deudor.
El incumplimiento imputable al deudor. Dolo. Culpa. La mora del deudor
el deudor puede incumplir por: A) Incurrir en dolo, negligencia o morosidad. B) Contravenir, de cualquier modo, el tenor de la obligación (aquí se incluirían los supuestos de incumplimiento impropio, defectuoso o inexacto.
En primer lugar, frente a la posible y eventual involuntariedad de la conducta culposa, el dolo en el incumplimiento consiste en una actuación consciente y deliberada del deudor que, malévolamente, se resiste a cumplir cuanto debe. En segundo lugar, la actuación dolosa del deudor en el momento del cumplimiento de la obligación es considerada por el Ordenamiento jurídico de mayor gravedad que la culposa. Por ello, el Código Civil prohíbe: a.] Que los Tribunales puedan moderar o mitigar la responsabilidad dimanante de dolo, mientras que sí que pueden llevar a cabo dicha moderación en caso de conducta culposa b.] Que el acreedor renuncie anticipadamente a exigir la responsabilidad derivada del dolo (art. 1.102 in fine).
El art. 1.104]1º define la culpa o negligencia como omisión de aquella conducta que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Seguidamente, el art. 1.104]2º establece que cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la quecorresponda a un buen padre de familia. Con esta expresión, el Código Civil se limita a establecer un criterio de sentido común mediante el recurso a la idea del bonus paterfamilias, esto es, la diligencia que, ordinariamente despliegan las personas en el cumplimiento de sus obligaciones. Se trata, pues, de un concepto jurídico indeterminado, que solo podrá concretarse de forma casuística.
La mora del deudor:
La mora del deudor es el retraso imputable en el cumplimiento de la obligación. Por tanto, mora no es todo retraso, sino sólo el imputable al deudor.-
Requisitos (art. 1100 C.C.): 1º) Que se trate de una obligación positiva de dar o hacer
2º) Exigibilidad de la deuda: La deuda ha de ser exigible, es decir, que no esté pendiente de plazo o condición. 3º) Culpabilidad del deudor: Si el retraso se ha producido por caso fortuito o fuerza mayor no habrá mora. 4º) Interpelación del acreedor: Para que el deudor incurra en mora será necesario que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación.-Efectos de la mora del deudor: (art. 1.101 C.C.) Regla general: El deudor queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. Reglas específicas:
a) Si la obligación es pecuniaria, esta indemnización será la pactada; a falta de pacto, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal del dinero (art. 1.108 C.C.). b) Si la obligación consiste en dar cosa específica, el deudor constituido en mora, responde de la pérdida de la cosa debida, incluso si ocurre por caso fortuito. (art. 1.096.3 C.C.).
El incumplimiento no imputable al deudor. Caso fortuito y fuerza mayor
De acuerdo con el art. 1.105 del Código Civil, fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. Por ejemplo, la muerte de un obligado cuya prestación sea infungible, la requisa de una mercancía al declararse una guerra; un terremoto; un robo, una inundación…. Aún así, tales acontecimientos no exoneran al deudor, si pudo evitarse su colisión con la prestación, por ejemplo, si la mercancía se transporta, innecesariamente, por zona de guerra, o en condiciones meteorológicas desfavorables, y se pierde; o bien si los acontecimientos inevitables, por su frecuencia o probabilidad, se entienden previstos en el contrato y, según las circunstancias de éste, a cargo del deudor.
Extinción de las obligaciones. Especial referencia al pago
Podemos definir el pago o cumplimiento como la realización efectiva de la prestación en que la obligación consiste, llevada a cabo por el deudor en favor del acreedor. El pago puede ser realizado:-Por el propio deudor.-Por su representante legal.-Por su representante voluntario.-Por un tercero. el deudor puede cumplir también por medio de representante. Es el caso del representante legal de un deudor menor de edad o incapacitado o de un representante voluntario al que puede haber apoderado. no cabe sustitución y el deudor debe cumplir personalmente la prestación, si se trata de una obligación de hacer personalísima así, en las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser obligado a recibir la prestación de un tercero, cuando las circunstancias y calidad de la persona del deudor son las que le han llevado a pactar la obligación. ¿Cuales son los efectos del pago hecho por un tercero?: 1º) La extinción de la obligación. 2º) La acción de reembolso: El que hubiere efectuado el pago por cuenta de otro tendrá acción para reclamar del deudor lo que hubiese pagado, salvo que eL pago se hubiese efectuado contra su expresa voluntad, en cuyo caso solo podrá reclamarle si el pago le hubiere sido útil. 3) La subrogación: También podrá producirse la subrogación, que significa que el tercero que ha pagado se coloca en el puesto del antiguo acreedor y se convierte en el nuevo acreedor, al que se transfiere el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o hipotecantes. Se presume que hay subrogación, de acuerdo con el art. 1.210 del C.C.: 1.] Cuando un acreedor pague a otro preferente. 2.] Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor. 3.] Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación. ¿A quien debe de hacerse el pago? El pago ha de efectuarse al acreedor, o bien a su representante legal o voluntario, o simplemente a persona autorizada (es el caso del cobrador que viene a casa a cobrar un recibo).
El deudor tiene el deber y el acreedor el derecho al cumplimiento EXACTO de la obligación. En consecuencia, el pago precisa de unos requisitos para que pueda considerarse exacto. Estos son: 1.] La identidad. 2.] La integridad. 3.] La indivisibilidad.
LA MORA DEL ACREEDOR: CONSIGNACION:
El deudor tiene el deber de cumplir la obligación y el acreedor el derecho de recibir el cumplimiento. Pero el deudor, además de aquél deber, tiene también el derecho de liberarse de la obligación cumpliéndola. Es por ello que, el acreedor no puede injusta y caprichosamente impedir que el deudor se libere. La injusta negativa del acreedor a recibir el pago o a colaborar para poder recibirlo es llamada MORA DEL ACREEDOR. Esta mora del acreedor puede llegar a liberar al deudor y extinguir la obligación. El deudor deberá hacerle un OFRECIMIENTO DE PAGO formal, y si el acreedor no lo acepta, hará la CONSIGNACION de lo debido en el Juzgado y el Juez dictará resolución declarando bien hecho el pago, si concurren todas las condiciones y circunstancias del mismo.
Requisitos de la mora del acreedor: 1º) Que se trate de una obligación vencida. 2º) Que el deudor efectúe al acreedor el ofrecimiento de pago. Dicho ofrecimiento no requiere forma especial, pero dado que, en su caso, es necesario probarlo ante el Juez, convendrá preconstituir tal prueba, para lo cual la forma más adecuada será utilizar el requerimiento notarial para que quede constancia fehaciente de que el ofrecimiento se ha hecho. Sin embargo, no será preciso el ofrecimiento de pago y se puede ir directamente a la consignación, conforme al artículo 1.176.2 del C.C., en los
siguientes casos: 1.] Cuando el acreedor esté ausente. 2.] Cuando el acreedor esté incapacitado (imposibilitado). 3.] Cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar. 4.] Cuando se haya extraviado el título de la obligación 3º) Que el acreedor no acepte la prestación o, en general, no coopere al cumplimiento de la obligación sin justificación legal para ello. ] Efectos de la mora del acreedor. 1º) La mora del acreedor excluye la del deudor. 2º) El acreedor asumirá los riesgos de la imposibilidad sobrevenida de la prestación: De tal forma que pese a no recibir la prestación, habrá de cumplir con las obligaciones que tuviera para con el deudor 3º) El deudor puede obtener su total liberación mediante la consignación judicial de la cosa debida, teniendo en cuenta que, hecha la consignación, se extingue la obligación de pagar intereses.
LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES. OTRAS CAUSAS: –
Imposibilidad: quedará extinguida la obligación de entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. El deudor deberá probar que la perdida no ocurrió por culpa suya.-
Condonación: El perdón de la deuda extingue la obligación.-
Confusión: Hay confusión cuando se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor –
Compensación: Si el deudor tiene a su vez un crédito con el acreedor ambas obligaciones se extinguen en la cantidad concurrente. -Novación: La novación consiste en la sustitución de una obligación por otra nueva. Con la novación se extingue la obligación antigua y nace la nueva. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare expresamente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.
GARANTIAS DE LA OBLIGACIÓN
Las garantías de la obligación, son los medios accesorios de que puede servirse el acreedor para asegurar la efectividad de su derecho de crédito. Las garantías pueden ser: – Reales: Cuando atribuyen al acreedor un poder inmediato y directo sobre una cosa que le autoriza a resarcirse sobre ella en caso de incumplimiento. Personales: Cuando permiten al acreedor dirigirse contra otra persona distinta del deudor que ha asumido la obligación con carácter subsidiario o solidario. (Ejem.: la fianza). -Procesales: Cuando permiten al acreedor ejercitar ante los Tribunales determinadas acciones encaminadas a la tutela judicial del crédito. (Ejem.: la acción subrogatoria).
El derecho de crédito atribuye a su titular, el acreedor, el poder de exigir del deudor la observancia de un determinado comportamiento. Para que este poder sea efectivamente tal, sin depender única y exclusivamente de la buena voluntad y cooperación voluntaria del deudor, se hace necesario conferir al acreedor la posibilidad real de compeler, incluso mediante el empleo de medios coercitivos, al deudor, para que éste de cumplida satisfacción a los intereses del acreedor. Con esta finalidad, el Ordenamiento Jurídico establece medidas de protección del crédito.
La importancia de esta regla tan fundamental gira en torno a los polos siguientes: A).- Responsabilidad general. En primer término se desprende, con claridad que esta norma dispone una consecuencia que puede operar en TODAS las obligaciones, asegurando su cumplimiento. Por eso, porque es propia la responsabilidad patrimonial universal de todas las obligaciones, cabe decir, que es un medio general de protección del derecho de crédito.
B).- Responsabilidad derivada del incumplimiento. En segundo término, el art. 1.911 CC hace hincapié en que el deudor RESPONDE. Responder por algo o de algo significa que el sujeto responsable debe estar a las consecuencias, especialmente las adversas, que dimanen de los acontecimientos cuya responsabilidad se le impute; tal término es, pues, sinónimo de pechas con las consecuencias. C).- Responsabilidad personal. En tercer término, cuando se dice que es el deudor quien responde, se indica el sujeto responsable. A primera vista, lo dicho puede inducir a pensar que es la persona del deudor quien padece las consecuencias perniciosas o desfavorables que dimanan del hecho de incumplir imputablemente una obligación. No es así, sin embargo. Ya se cuida, a este respecto, el art. 1.911 CC de precisar que el sujeto responsable, que efectivamente es el deudor, responde con todos sus bienes, presentes y futuros. Esto es, aunque ciertamente el sujeto responsable es el deudor, debe quedar claro que el objeto de la responsabilidad es el patrimonio del deudor. D).- Responsabilidad exclusivamente patrimonial: A renglón seguido, se afirma que la responsabilidad patrimonial universal, además de personal, es PATRIMONIAL. Pues con este adjetivo se designa el objeto sobre el cual recae es responsabilidad: el patrimonio del deudor. La dicción empleada por el artículo 1.911 CC acerca de este último particular, siendo clara, carece quizás de la suficiente fuerza expresiva; no basta con decir que el deudor responde con todos sus bienes; es conveniente, además, aclarar que responde única y exclusivamente con sus bienes. E).-
Responsabilidad universal.:
La caracterización general de la responsabilidad patrimonial universal debe concluir subrayando lo expresado por éste último adjetivo: la responsabilidad es universal.
También esta nota atañe al objeto de la responsabilidad
la UNIVERSALIDAD sirve para precisar que es todo el patrimonio del deudor el que potencialmente se puede encontrar afecto a hacer frente a las responsabilidades en que incurra su titular, de una parte; de otra, la universalidad se refiere a que cualquier elemento del patrimonio del deudor puede ser agredido por los acreedores en la exigencia de esa responsabilidad. En resumen, que si el deudor debe responder por una cuantía que no puede ser cubierta por sus actuales bienes, no por eso se extingue su responsabilidad, sino que ésta perdura en la medida de lo insatisfecho.
Las acciones subrogatoria, directa y revocatoria
protección del crédito La ACCION SUBROGATORIA.
Regulada en el art. 1.111 C.C. Consiste en que los acreedores, después de haber perseguido los bienes que estén en posesión del deudor para cobrarse, sin haberlo conseguido, o haberlo conseguido sólo en parte, pueden ejercitar los derechos y acciones de éste con el mismo fin. El efecto es incrementar el patrimonio del deudor para que el crédito pueda ser satisfecho; obtenido dicho efecto, el acreedor deberá exigir al deudor que le pague el mismo, sin que tenga preferencia alguna para su satisfacción.
Consiste en conceder al acreedor en algunos casos, la posibilidad de dirigirse en su nombre contra los deudores de su deudor pasando los bienes directamente al patrimonio del acreedor (ejemplo: art. 1.552 C.C.: El arrendador frente al subarrendatario, por el importe del precio de subarriendo que deba) LA ACCION REVOCATORIA. El acreedor después de perseguidos los bienes del deudor, sin haber conseguido el cobro de su crédito, puede impugnar los actos que éste haya realizado en fraude de su derecho (art. 1.111 C.C.), intentando conseguir la ineficacia de los actos fraudulentos llevados a cabo por el deudor El concurso de acreedores.
Cuando el deudor no tiene con qué pagar a todos sus acreedores, puede cualquiera de ellos provocar una situación de liquidación colectiva del patrimonio de aquel, de modo que no cobren primero los que primero reclaman, sino que se reparta equitativamente entre todos los acreedores de una misma clase, lo que quede de los bienes del deudor. Esta materia está regulada por la Ley Concursal de 9 de julio de 2003, en vigor desde el 1-9-2004. Esta ley unifica en un solo texto legal todas las cuestiones sobre el concurso, que antes tenía una regulación dispersa. La ley se aplica a cualquier deudor, sea o no comerciante.
Declarado el concurso, se nombran unos administradores concursales. Si el concurso es voluntario, los administradores deben autorizar los actos de administración y disposición que realice el deudor sobre su patrimonio. Si el concurso es necesario, son los administradores los que realizan tales actos. Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor quedan integrados en la masa pasiva del concurso. Las acciones individuales de los acreedores se paralizan, porque deben usar su derecho ante el Juez del concurso. La administración concursal debe elaborar un informe en el que determine la masa activa y la masa pasiva, es decir, que incluya un inventario de los bienes del deudor y una lista de los acreedores. La masa activa es el patrimonio susceptible de ejecución concursal, y está constituida por todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor cuando se declara el concurso, pero también por los que se reintegren a ese patrimonio por haber salido del mismo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso de una manera perjudicial para la masa activa. La masa pasiva está integrada por los créditos concursales, es decir, los créditos de los acreedores contra el deudor. La ley contempla dos posibles soluciones al concurso: el convenio y la liquidación. El convenio se contempla como la solución normal: se trata de un acuerdo entre el deudor y los acreedores que puede incluir quitas, esperas, conversión del crédito en acciones, propuesta de enajenación de bienes, etc…. La ley establece un sistema de mayorías para la aprobación del convenio, que luego es aprobado por el Juez, pero los acreedores privilegiados solo quedan vinculados por el convenio si hubieran votado a favor.
Consiste en la facultad concedida al acreedor para conservar en su poder bienes que debería entregar al deudor, mientras éste no satisfaga su deuda (ejemplo: art. 1.780, el depositario que puede retener la cosa en depósito hasta que se le pague lo que se le deba por razón del mismo).
También llamada pena convencional: Es la prestación que se conviene debe realizar el deudor si no cumple su obligación.
Se denomina así al objeto u objetos, generalmente una suma de dinero, que se entrega en garantía del cumplimiento de la obligación, quedando para el acreedor si el deudor no cumple. (Ejem.: art. 1.454 C.C.).
Por la fianza, según el art. 1.822 CC, se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. Es decir, que junto con una obligación que vincula autónomamente a un acreedor y un deudor, nace otra obligación de igual contenido, a favor del mismo acreedor. En definitiva, una nueva deuda subsidiaria de la primera, para el caso de su impago. De este modo se proporciona al acreedor mayor probabilidad de ver satisfecho su interés, ya que su poder de agresión se extiende a un patrimonio distinto del originariamente responsable. La fianza siempre es una obligación accesoria a la deuda principal, lo que significa que la fianza no puede existir sin una obligación válida.
De acuerdo con el art. 1.254 del Código Civil, existe contrato desde que una o varias personas consienten en obligarse, perfeccionándose el contrato -según el art. 1.258 CC, por el mero consentimiento. Por su parte, el art. 1.091 CC, añade que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Es decir, el contrato obliga por la sola coincidencia de voluntades, sin necesidad de un reconocimiento específico de cada contenido o de cada tipo contractual.
CONTRATOS GRATUITOS Y CONTRATOS ONEROSOS:
Se entiende por contrato GRATUITO o lucrativo, aquel por el que una de las partes contratantes se enriquece u obtiene algún beneficio a consecuencia del contrato, sin asumir carga o contraprestación alguna. Estos contratos, de acuerdo con el Código Civil, se encuentran transidos por la idea del altruismo: beneficiar a alguien sin exigir nada a cambio. Por el contrario, en los contratos ONEROSOS, la prestación de una parte encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra: arriendo para que el arrendatario me pague mensualmente y él me paga para tener un local o vivienda; se intercambia una cosa por un precio en la compraventa, etc…
CONTRATOS BILATERALES Y CONTRATOS UNILATERALES la razón distintiva entre contratos bilaterales y unilaterales se fundamenta en el nacimiento de obligaciones a cargo de una o de ambas partes. Se califican como bilaterales o sinalagmáticos aquellos contratos que generan obligaciones para ambas partes, de forma recíproca y correspondiente: el comprador debe pagar el precio mientras que el vendedor debe entregar la cosa vendida. Serán contratos unilaterales los que generan obligaciones para una sola de las partes. Por ejemplo, cuando presto a un amigo seis mil euros, es evidente que solo él queda obligado por virtud del contrato de préstamo. La razón fundamental de contraponer ambos tipos contractuales viene dada porque en los contratos unilaterales no es de aplicación la facultad resolutoria por incumplimiento contemplada en el art. 1.124 CC, como causa de ineficacia del contrato.
elementos esenciales y elementos accidentales del contrato. Los primeros -los esenciales- deben estar presentes en todo contrato para que sea válido. Al contrario, los elementos accidentales reciben tal denominación para resaltar que pueden estar presentes por voluntad de las partes en un determinado contrato, pese a que su presencia no es esencial, para que pueda hablarse de contrato válido. Tales elementos accidentales son la condición, el término y el modo, y una vez integrados en un contrato, asumen una extraordinaria importancia respecto de la vida del contrato.
La manifestación del consentimiento de cada una de las partes puede darse de muy diferente manera (firmando un documento extenso redactado por escrito, o levantando la mano para detener un taxi), pero requiere en todo caso que el consentimiento se haya formado libre y conscientemente por persona que tenga capacidad de obrar. La exteriorización de la voluntad puede ser: – Expresa: Cuando el sujeto utilizando los signos adecuados la da a conocer de forma directa y sin lugar a dudas. – Tácita: Consiste en la realización de actos que si bien no tienen como fin revelar la voluntad del sujeto, suponen necesariamente dicha voluntad. El artículo 1.265 CC dispone, en este sentido, que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
El ERROR consiste en el conocimiento equivocado de la realidad, afectante a circunstancias que principalmente hubieren motivado la celebración del negocio jurídico. Ahora bien, se comprenderá que la validez de los contratos no puede quedar sometida a las alegaciones de las partes de haberse equivocado sin mas ni mas. debe tratarse de un error esencial o sustancial, relativo al objeto del contrato. De donde se deduce que, aun habiéndose equivocado, la parte que haya sufrido el error no podrá invalidar el contrato en los siguientes supuestos:
A).- Error en los motivos
La falsa representación mental no recae sobre el contenido sustancial del contrato o sobre elementos esenciales del contrato, sino sobre los móviles subjetivos que llevan a una de las partes a contratar: alquilo un apartamento para determinados días, y mi empresario me fija las vacaciones para el mes siguiente; o me compro un traje para la boda de mi sobrina, que después no llega a celebrarse.
B).- Error de cuenta o error de cálculo
Que solo da lugar a su corrección. Esto es, a la corrección de la operación matemática errónea
Hay violencia, cuando para conseguir la declaración de voluntad se emplea la fuerza física. El art. 1.267.1 dice fuerza irresistible, que se dará en todos aquellos casos de violencia física absoluta en que la voluntad del contratante es sustituida por la del agente violentador.
La INTIMIDACION:
Hay intimidación, cuando para conseguir la declaración de voluntad se inspira al declarante el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. El temor reverencial, sin embargo, no anulará el contrato. O lo que es lo mismo, las personas a quienes se debe sumisión y respeto pueden dar origen a intimidación; pero mientras no lo hagan, el contrato celebrado bajo temor reverencial será válido y eficaz.
Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas, es inducido el declarante a celebrar un negocio jurídico que sin ellas no lo hubiera hecho. Actuar dolosamente (con dolo) significa tanto como actual malévola o maliciosamente, ya sea para captar la voluntad de otro, ya incumpliendo la obligación que se tiene contraída. En el caso, consistirá en inducir a otro a celebrar un contrato mediante engaño o malas artes. El art. 1.270 completa la regulación del dolo disponiendo 5 que para que el dolo produzca la nulidad del contrato, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.
Es la realidad sobre la que versa el negocio jurídico, es decir, los bienes, utilidades o servicios sobre los que recae la voluntad negocial. El objeto ha de ser: – Posible: No podrán ser objeto del negocio jurídico bienes, utilidades o servicios imposibles. – Licito: El objeto ha de estar conforme con el ordenamiento jurídico. – Determinado o determinable. La indeterminación provoca la nulidad del negocio jurídico.
Es el fin que se persigue con el negocio jurídico. La causa debe ser: – Existente: Un negocio jurídico no tiene causa cuando la declaración de voluntad no se corresponde con la razón que justifica la validez del negocio. Los negocios jurídicos sin causa no producen efecto alguno. – Verdadera: La causa que aparece en el negocio ha de ser cierta, si bien la expresión de una causa falsa en los negocios jurídicos, no producirá su nulidad si se probase que estaban fundados en otra verdadera. – Lícita: Los negocios jurídicos con causa ilícita tampoco producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando no es conforme con el ordenamiento jurídico.
Los llamados elementos accidentales del negocio jurídico son disposiciones accesorias, establecidas por las partes, que afectan a su eficacia. En otras palabras, son requisitos voluntarios de eficacia del negocio jurídico. Como tales tenemos:
Es el hecho futuro e incierto del que depende la eficacia del negocio jurídico. La condición puede ser: a) Suspensiva: A partir de que se cumpla la condición, si se cumple, el negocio jurídico despliega su eficacia. b) Resolutoria: Cuando se cumple la condición, si se cumple, deja de tener efectos el negocio jurídico.
Es el hecho futuro y cierto del que depende la eficacia del negocio jurídico. El término puede ser: a) Inicial: La llegada del término marca el momento a partir del cual comienzan a producirse los efectos del negocio (aunque nunca con carácter retroactivo). b) Final: El negocio jurídico despliega su eficacia desde su perfección, pero tan sólo hasta la llegada del término.
Es una obligación accesoria que puede imponerse al beneficiario en los negocios a título gratuito ya sea inter vivos o mortis causa. El donante, por ejemplo, impone al donatario la obligación de pagar sus deudas; o también la de vivir en su compañía; o grava al donatario con la obligación de mandar celebrar unas misas, o conservar la casa familiar, o aprender a tocar el piano. En cuanto la obligación modal subsista, puede exigirse su cumplimiento por parte del beneficiario del modo; y sobre todo, por el donante y sus herederos.
LA FORMA EN LOS CONTRATOS:
La forma es la manera externa de manifestarse el negocio jurídico
En nuestro Derecho rige la regla general de libertad de forma (art. 1.258 y 1.279), de modo que, siendo ésta la exteriorización de la voluntad, podrá ser verbal o escrita, expresa o tácita. De modo que cualquier contrato o negocio jurídico, siempre tendrá una forma. Así, las palabras, el documento, las señas, o los mismos actos concluyentes. No es posible, en consecuencia, que existan los contratos amorfos. Hay, no obstante, ocasiones, en las que la forma es un elemento esencial del negocio jurídico (forma «ad solemnitatem»). Se da en aquellos casos en que la ley exige una forma determinada como elemento esencial del negocio jurídico. Por el contrario, en aquellos casos en los que no se exige determinada forma para la validez del contrato (forma ad probationem), este será válido con independencia de la forma que se haya observado.
Con la expresión ineficacia del contrato se hace referencia a todos aquellos supuestos en que el contrato no llega a producir los efecto a los que estaba tendencialmente dirigido o deja de producirlos en un momento dado. Pueden distinguirse dos grandes grupos de ineficacia contractual: a).- La invalidez; que puede producirse por: i).- Nulidad. ii).- Anulabilidad.
b).- Ineficacia en sentido estricto; que puede producirse por: i).- Mutuo disenso. ii).- Desistimiento unilateral. iii).- Resolución por incumplimiento. iv).- Rescisión. v).- Revocación. vi).- Acaecimiento de condición resolutoria. vii).-Falta de acaecimiento de condición suspensiva.
Los contratos nulos no merecen para el Derecho más que rechazo; no puede el ordenamiento jurídico reconocer ningún efecto del contrato nulo, ni siquiera su admisibilidad como tal contrato. son causas de nulidad: I).- La carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales del contrato. II).- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del objeto del contrato (licitud, posibilidad y determinación). III).- La ilicitud de la causa. IV).- El incumplimiento de la forma sustancial. V).- La contrariedad a las normas imperativas a la moral y al orden público (arts. 6.3 y 1.255). La vía para obtener la declaración de nulidad de un contrato es el ejercicio de la denominada acción de nulidad, que tiene como requisitos: (a) el ser imprescriptible; y (b) el que la pueda ejercitar cualquier persona interesada en deshacer el contrato nulo. No está, sin embargo, legitimado para ejercitar la acción de nulidad, quien la ha generado.
La anulabilidad es un supuesto de invalidez de mucha menor gravedad que la nulidad. Las razones o causas de anulabilidad pueden identificarse con:
I).- Todos los vicios del consentimiento: error, violencia, intimidación o dolo. II).- Inexistencia de plena capacidad de obrar de alguno de los contratantes (menores no emancipados, personas sometidas a tutela o a curatela, o los emancipados respecto de los contratos referidos en el art. 323 CC). La acción de anulabilidad, a través de la cual se denuncia ésta, tiene un alcance más limitado que el de la acción de nulidad. Así, prescribe a los 4 años (es un plazo de caducidad). Y solo puede ser ejercitado por las personas que hayan sufrido el vicio del consentimiento o que resulten afectados por el contrato anulable. En cuanto a los efectos de la anulabilidad, son sustancialmente los mismos que los de la nulidad. A saber, la restitución.
CONTRATOS EN PARTICULAR (I): LA COMPRAVENTA:
. Por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto. Es decir, la compraventa es el cambio de una cosa determinada por un precio cierto. La compraventa es un contrato: 1)
ya que se perfecciona por el mero consentimiento 2)
Bilateral o recíproco:
ya que surgen obligaciones a cargo de cada uno de los contratistas: entregar la cosa y pagar el precio. 3)
en cuanto que cada una de las partes adquiere un beneficio a cambio de un sacrificio. 4)
Generalmente conmutativo:
ya que las prestaciones suelen estar fijadas de antemano. 5)
ya que sirve de título para la transmisión de la propiedad.
Son elementos de la compraventa:
1)Los sujetos:
Son sujetos del contrato de compraventa el comprador, que se obliga a pagar el precio, y el vendedor que se compromete a transmitir y entregar la cosa o derecho. La capacidad que la persona debe de tener para celebrar un contrato de compraventa, como comprador o vendedor, se rige por las reglas generales.
2)El objeto:
Está constituido por la cosa y por el precio. En cuanto a la cosa, pueden ser objeto del contrato de compraventa
tanto las cosas corporales como las incorporales o derechos, siempre que estos últimos no sean intransmisibles. Los requisitos de la cosa o derecho vendidos son:-Existencia real o posible (cosas futuras).-Estar determinados o ser determinables.-Ser de lícito comercio.
En cuanto al precio, debe de ser cierto, es decir, determinado o determinable. El precio lo pueden fijar libremente las partes, salvo que se trate de cosas que lo tengan limitado o tasado mediante una disposición legal. El art. 1.445 del C.C. establece que el precio cierto se debe de pagar en dinero o signo que lo represente, lo cual significa que no es necesario que se entregue en papel moneda, sino que se puede pagar por cualquier medio que represente dinero.
El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en el contrato; y si no se hubiese fijado deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
Recibir la cosa:
Como obligación correlativa a la del vendedor de entregarla, y para que éste pueda liberarse de su obligación, pudiendo consignar la cosa si el comprador no la quisiera recibir, sin justificación alguna, en el momento fijado.
Entregar la cosa:
De acuerdo con el C.C., se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. El mismo texto legal admite la llamada entrega instrumental; así, cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare lo contrario. Existe también la llamada entrega simbólica de los bienes muebles, por los medios siguientes: La entrega de las llaves del lugar o sitio donde se hallen almacenados o guardados Por el sólo hecho del acuerdo o conformidad de los contratantes: si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador en el instante de la venta, o si éste la tenía ya en su poder por algún otro motivo.
En virtud de esta obligación el vendedor responderá al comprador: a) De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida b) De los gravámenes ocultos de la cosa vendid c) De los vicios o defectosocultos que tuviere la cosa vendida En el primer supuesto estaremos ante el SANEAMIENTO POR EVICCION, y el vendedor deberá responder ante el comprador en el caso de que este se vea privado de la cosa comprada, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, Para que el vendedor deba responder de evicción es necesario que el comprador le haya notificado la demanda del tercero. En el segundo supuesto estaremos ante el SANEAMIENTO POR GRAVÁMENES OCULTOS, es decir, si la finca estuviese gravada, sin mencionarlo el contrato, con alguna carga, el comprador podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente. En el tercer supuesto estaremos ante el SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
. Con respecto a los vicios ocultos, el C.C. establece que el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Las acciones procedentes de vicios ocultos se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
El contrato de arrendamiento es aquél en virtud del cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a dar a la otra, llamada arrendatario, el goce o uso de una cosa, prestarle un determinado servicio, o ejecutarle una obra, a cambio de un precio cierto.
1) Consensual:
Porque se perfecciona por el mero consentimiento. oneroso 2) En cuanto que cada una de las partes adquiere un beneficio a cambio de un sacrificio (uso a cambio de precio)
3)Bilateral:
Ya que surgen obligaciones para ambas partes.
3)Bilateral: Ya que surgen obligaciones para ambas partes
Conforme al concepto dado de contrato de arrendamiento, el C.C. distingue tres tipos distintos:
1) Arrendamiento de cosas:
En el arrendamiento de cosas, una de las partes (arrendador) se obliga a dar a la otra (arrendatario) el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio ciert 2) Arrendamiento de servicios:
En el arrendamiento de servicios, una de las partes (arrendador) se obliga a prestar a la otra (arrendatario) un servicio por precio cierto 3) Arrendamiento de obras:
En el arrendamiento de obras, una de las partes (arrendador) se obliga a ejecutar a la otra (arrendatario) una obra por precio cierto.
El arrendamiento de fincas urbanas se encuentra regulado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor el 1 de Enero de 1995.
CONCEPTO: Se considera como tal aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también a los accesorios de la finca cedidos por el propio arrendador.
Los derechos y beneficios que concede la Ley al arrendatario de vivienda son esencialmente irrenunciables, salvo que la misma Ley lo permita. Es por ello, que el arrendamiento de vivienda se rige: Por lo establecido en la Ley especial. Considerándose, en líneas generales, nulas las cláusulas que modifiquen la misma en perjuicio del arrendatario. En su defecto, por la voluntad de las partes. Y supletoriamente por el Código Civil.
DURACION Y PRORROGA:
Aunque en principio se establece que la duración del contrato puede ser libremente pactada por las partes, la Ley incluye un plazo mínimo de 5 años, de tal forma que si se pacta un plazo de duración menor, el contrato se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y facultativamente para el arrendatario por plazos anuales hasta alcanzar los 5 años mencionados, con excepción de que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sí antes del transcurso de los 5 años, lo que deberá hacer constar en el contrato al tiempo de su celebración. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo los 5 años, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra con un mes de antelación, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más.
CESION DEL CONTRATO Y SUBARRIENDO:
El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador. Por otro lado, el arrendatario sólo podrá subarrendar de forma parcial la vivienda arrendada,
previo consentimiento por escrito del arrendador.
SUBROGACION POR CAUSA DE MUERTE:
Sin modificar la duración del contrato, a la muerte del arrendatario podrán subrogarse en el contrato,continuando éste: 1) El cónyuge o persona que, en análoga relación de afectividad, haya convivido con el arrendatario durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento, salvo que exista descendencia, en cuyo caso bastará la mera convivencia 2) Los descendientes. 3) Los ascendientes. 4) Los hermanos. 5) Otros parientes hasta el tercer grado colateral Para que la subrogación se produzca, deberá notificarse por escrito al arrendador en el plazo de TRES MESES a contar desde el fallecimiento.
Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda, aquel arrendamiento que recayendo sobre una edificación tenga como destino primordial un uso distinto del de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. En especial, tendrán esta consideración, cualquiera que sean las personas que los celebren, los siguientes arrendamientos de fincas urbanas:-Los de temporada (sea invierno o verano)-Los efectuados para ejercer en ellas una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.
Los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen fundamentalmente por el principio de libertad de pactos, en su defecto, por la Ley especial, y, de forma supletoria, por el Código Civil.
CESION Y SUBARRIENDO:
Con la nueva Ley desaparece la figura del traspaso, quedando regulada la posible cesión y subarriendo, que podrán llevarse a cabo por el arrendatario, sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador, el cual tendrá derecho a elevar la renta un 10% en caso de subarriendo parcial y en el 20% por la posible cesión o subarriendo total.
En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el local se ejerza una actividad empresarial o profesional, el heredero o legatario que continúe en el ejercicio de la actividad, podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato, siempre y cuando lo comunique por escrito al arrendador en el plazo de DOS MESES a contar desde el fallecimiento.
Por el contrato de préstamo, una de las partes, llamada prestamista, entrega a la otra, llamada prestatario, alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. Es el préstamo un contrato real, en cuanto se perfecciona por la entrega de la cosa; y unilateral, al producir, con carácter general, sólo obligaciones para una de las partes, el prestatario. De acuerdo con lo expresado, el contrato de préstamo, por razón de su objeto, puede ser: Comodato o préstamo de uso. Mutuo o préstamo de consumo.
Es el contrato por el cual una persona, llamada comodante, entrega gratuitamente a otra, llamada comodatario, una cosa no fungible para que use de ella durante cierto tiempo, con la obligación de devolver la misma cosa recibida.
1) Usar la cosa conforme al destino pactado. Si la destina a otro uso distinto deberá responder de su pérdida aunque ésta sobrevenga por caso fortuito. 2)Devolver la cosa en el tiempo convenido. Si la conserva por más tiempo, también responderá de su pérdida aun por caso fortuito. 3) Satisfacer los gastos necesarios para el uso y conservación de la cosa prestada. 4)Si la cosa prestada se entregó con tasación y se pierde, aunque sea por caso fortuito, responderá el comodatario del precio, salvo pacto en contrario. El contrato de comodato se extingue según las reglas generales establecidas para los contratos; y, además, conforme al Código Civil, por el vencimiento del plazo pactado para su duración o una vez concluido el uso para el que se prestó.
El mutuo es un contrato en virtud del cual una parte, llamada mutuante (o prestamista), entrega a la otra, llamada mutuatario (o prestatario) una determinada cantidad de dinero u otra cosa fungible, y ésta se obliga a restituir otro tanto de la misma especie o calidad. por el contrato de mutuo se transfiere la propiedad, lo que supone la plena facultad de disposición, por parte del mutuatario, El contrato de mutuo es un contrato naturalmente gratuito, pero no esencialmente gratuito como lo es el comodato, ya que, conforme al Código Civil, dicho contrato puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses; El mutuo se caracteriza por producir obligaciones a cargo del mutuatario. La principal obligación es la de restituir, en los términos convenidos, otro tanto de la misma especie o calidad, incluidos los intereses, si, como ya sabemos, hubiesen sido expresamente pactados.
. aquel contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias. Para que exista el contrato de sociedad es necesario: -La creación de un fondo común, constituido por las aportaciones que efectúan todos los socios.. -La intención de obtener un lucro común y partible.
En cuanto se perfecciona por el mero consentimiento.
: Ya que da origen a derechos y obligaciones recíprocos (aportaciones, participación en ganancias, …).
Oneroso y conmutativo
: Pues todas las partes han de aportar algo y desde el inicio se establece la prestación que ha de realizar cada
: Porque no se agota ni se consume por el cumplimiento de una o varias prestaciones determinadas, sino que está destinado a desplegar efectos reiterados durante un período de tiempo más o menos largo.
Son sujetos del contrato de sociedad los socios. En cuanto a la capacidad para su celebración se rige por las reglas generales.
B) Elementos reales. El objetoDos condiciones ha de reunir el objeto social: (art. 1.666 C.C.)-1
lícitas han de ser las aportaciones que hacen los socios y lícitas han de ser todas las operaciones a que se va a dedicar la sociedad. 2 Establecerse en interés común de los socios:
En consonancia con este principio el Código Civil declara nulo el pacto por el que se excluya a alguno de los socios de toda participación en las ganancias o en las pérdidas.
El Código Civil consagra la libertad de forma para el contrato de sociedad; si bien, será necesaria la escritura pública siempre que se aporten a la sociedad bienes inmuebles, en cuyo caso habrá de hacerse inventario de ellos, firmado por las partes, que deberá unirse a la escritura.
-Relaciones jurídicas internas -Administración de la sociedad -Relaciones jurídicas externas Relaciones jurídicas internas
Los derechos y obligaciones nacidas entre los socios y la sociedad, como consecuencia del contrato de sociedad, son las siguientes:
1) Aportaciones de los socios
Cada socio es deudor respecto de la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella. Si la aportación es de dinero, el socio deberá los intereses del mismo si hay retraso en la entrega. Si la aportación es de cosas determinadas, responderá por evicción en los mismos casos que el vendedor en la compraventa.
2) Distribución de ganancias y pérdidas
Las ganancias y pérdidas, en su caso, se repartirán de conformidad con lo pactado. A falta de pacto, la parte de cada socio deberá ser proporcional a su aportación, y el socio sólo de industria tendrá una parte igual a la del que menos haya aportado.
3) Resarcimiento de gastos e indemnización de perjuicios
Los socios responden frente a la sociedad de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa de los mismos; y la sociedad responderá a todos los socios de las cantidades que hayan desembolsado por ella y de las obligaciones que con buen fe hayan contraído para los negocios sociales II.] Administración de la sociedad
Los propios socios pueden pactar quien ha de llevar la administración, en cuyo caso se ha de estar a lo pactado. Cuando no se haya estipulado el modo de administrar la sociedad, todos los socios se consideran apoderados, y lo que cualquiera de ellos hiciere por sí solo, obligará a la sociedad, pero cada uno podrá oponerse a las operaciones de los demás antes que hayan producido efecto legal.
Dentro de este tipo de relaciones vamos a tratar dos puntos:
1) La responsabilidad de la sociedad por las deudas sociales. 2)La responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
1) La responsabilidad de la sociedad por las deudas sociales
En primer lugar, hay que tener en cuenta que conforme al C.C. tan sólo tendrán personalidad jurídica, aquellas sociedades civiles cuyos pactos no sean mantenidos en secreto por sus socios (ref. art. 1.669 C.C.). Pero además, para que una sociedad civil quede obligada frente a terceros, se requiere: -Que el socio haya obrado en nombre de la sociedad.-Que tenga poder para obligarla -Que obre dentro de los límites que señala dicho poder.
2) La responasbilidad de los socios por las deudas sociales
. Declara el C.C. que los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas sociales (art. 1.698 C.C.); luego hay que entender que su responsabilidad será subsidiaria, es decir, para el caso de insolvencia de la sociedad, y mancomunada en proporción a su participación social.
La expiración del plazo pactado.
La conclusión del negocio objeto de la misma.
La pérdida de la cosa antes de su aportación (art. 1.701 C.C.).
La muerte de uno de los socios, salvo que se haya pactado continuar entre los que sobrevivan o con los herederos del socio fallecido.
La insolvencia de cualquiera de los socios.
La renuncia de cualquiera de los socios, siempre que no haya plazo de duración pactado, se ponga en conocimiento de los otros socios, sea de buena fe y oportuna, esto es, que permita la liquidación de los negocios pendientes de la sociedad.
1. CONCEPTO, CARACTERES Y CLASIFICACION
El ordenamiento jurídico concede la consideración de derecho tanto a la dominación total del hombre sobre las cosas (derecho de propiedad) como a otras formas más concretas y limitadas, como el derecho a los frutos de una cosa (usufructo) o el derecho a obtener alguna utilidad concreta de la cosa (ad. ex. la servidumbre). A cualquiera de estos derechos se les llama derecho real. Lo característico del derecho real es que recae directamente sobre la cosa, sin mediación de otra persona, no precisando el titular de ningún acto ajeno para satisfacer su interés. El derecho va con la cosa, dondequiera que se halle y quienquiera que sea su poseedor, facultando a su titular a hacer valer su derecho y reivindicarlo frente a quien se oponga a él (facultad reipersecutoria). El derecho de crédito existe frente a una persona concreta, y por lo tanto solo frente a ella es posible exigir su satisfacción. Por el contrario, el derecho real confiere a su titular la facultad de exigir a todos el respeto de su derecho. La clasificación tradicional de los derechos reales distingue entre DERECHO REAL PLENO y DERECHOS REALES LIMITADOS, considerando que el derecho real pleno es la propiedad, y derechos reales limitados son todos los demás derechos reales.
La propiedad es el derecho más pleno que se puede tener sobre una cosa, comprendiendo en principio todas las posibilidades de actuación sobre ella autorizadas por la ley. Este derecho se puede referir a cualesquiera bienes muebles o inmuebles. la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de valores o intereses de la colectividad, es decir, de la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir El art. 33 de la Constitución termina en su apartado 3 estableciendo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. El art. 348, inmediatamente después de definir la propiedad, dice que el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. La acción, para que tenga éxito, ha de interponerse: (a) por quien demuestre ser el dueño de la cosa que reclama, aunque no la haya poseído nunca; y (b) frente a quien posee la cosa y, sin derecho a ello, se niega a restituirla.
LA COPROPIEDAD. LA PROPIEDAD HORIZONTAL
Según el art. 392 CC, hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas. El condueño o copropietario, en el modelo del Código Civil, tiene una participación alícuota sobre la propiedad de la cosa. La cuota da la medida del derecho en todos los aspectos en que el aprovechamiento económico de la cosa es cuantificable: Ad. ex: si el edificio se vende, se incendia o se alquila, el partícipe tendrá derecho a la mitad, o al quinto, o al milésimo del precio, o de la indemnización pagada por la Cia. Aseguradora, o de la renta mensual líquida. En defecto de pacto, las participaciones se presumirán iguales.
La situación de copropiedad puede encontrar su origen en la voluntad concorde de dos o más personas para adquirir proindiviso un determinado bien o derecho (ad ex. dos amigos compran una caravana para utilizarla en períodos estivales), o bien puede venir determinada con independencia de la voluntad de las partes (ad ex. varias personas heredan el mismo bien. Los extremos fundamentales a tener en cuenta en relación con el régimen jurídico básico de la copropiedad por cuotas son los siguientes: a.] Uso y disfrute de los bienes comunes: b.] Administración de la cosa común. c.] Disposición y alteración de la cosa común. d.] Contribución a los gastos comunes. e.] La enajenación o disposición de la cuota privativa de cada comunero. f.] La división de la cosa común.
En el Derecho español se conoce con el nombre de propiedad horizontal el derecho de propiedad que recae sobre las casas construidas por pisos, en los que la propiedad privativa solo puede predicarse de puertas para adentro, coexistiendo con la copropiedad sobre los elementos comunes. El art. 396.4º CC dispone que esta forma de propiedad se regirá por las disposiciones legales especiales, y en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados. La nota característica de la Ley de Propiedad Horizontal consiste en que reconoce la propiedad exclusiva del propietario de cada uno de los pisos, locales o apartamentos, sobre las denominadas partes privativas. De otro lado, corresponde al dueño de cada piso, local o apartamento, la copropiedad, con los demás dueños, de los respectivos elementos, pertenencias y servicios comunes. La obligación fundamental del propietario es la de contribuir, con arreglo
a la cuota de participación que le corresponda, a los gastos generales originados por el sostenimiento, servicios y conservación del inmueble. Además, el propietario debe observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás propietarios, así como consentir que en su propiedad se lleven a cabo las reparaciones exigidas por el conjunto del inmueble. La cuota de participación debe quedar fijada en el título constitutivo de la propiedad, que generalmente viene representada por la escritura de división horizontal, y solo podrá ser alterada por acuerdo unánime de la totalidad de los propietarios.
El usufructo es un derecho real limitado que tiene una persona (usufructuario) en cosa de otro (nudo propietario), que el art. 467 CC define como derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, si bien añade, a continuación a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa, esto es, que autoricen a no conservar la forma y sustancia del objeto sobre el que se constituyó el usufructo. El usufructuario tiene derecho a gozar plenamente de la cosa, a extraer de ella la totalidad de sus utilidades, a usarla y poseerla con exclusión de terceros.
El usufructo es esencialmente temporal. Se trata de una desmembración del dominio que no dura eternamente
El usufructo se constituye porque lo ordena la Ley (ad ex. el usufructo del cónyuge viudo), por disposición testamentaria, o por convenirlo en un contrato. Se extingue por las mismas causas que los otros derechos y, además, por fallecimiento del usufructuario.
La servidumbre es el derecho de obtener una utilidad limitada de una finca a favor de otra finca o de una persona o grupo de personas: por ejemplo, el derecho a pasar a través de una finca, para llegar a otra.
La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; y el que la sufre, predio sirviente. Al ser un derecho real, existe sobre la finca, con independencia de quienes sean sus dueños o de eventuales transmisiones de la misma. Objeto de la servidumbre puede ser cualquier utilidad que un fundo pueda rendir a otro fundo o a persona distinta de su dueño: el paso, las vistas
Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas (art. 532 CC). Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre. Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre. Las servidumbres también pueden ser aparentes y no aparentes. Las primeras son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas. No aparentes son las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia. Finalmente, las servidumbres también pueden ser positivas o negativas, siendo las primeras las que imponen al dueño del predio sirviente la obligación de hacer alguna cosa o de hacerla por sí misma y negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.
El derecho de prenda consiste en someter a responsabilidad por una deuda, una cosa mueble que se deposita en poder del acreedor o de un tercero, que pueden retener la cosa dada en prenda hasta que se pague lo que se debe. El contrato de prenda no se forma por el solo acuerdo de voluntades. Al ser un contrato real, solo produce sus efectos mediante la entrega de la cosa al acreedor o al tercero depositario. Este requisito de la desposesión del deudor en una condición necesaria del contrato. A la constitución de la prenda se le conoce como pignoración. El acreedor pignoraticio que tenga en su poder la cosa pignorada, deberá cuidad de ella con la diligencia de un buen padre de familia, pero no podrá usar de aquella sin autorización del dueño.
la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. La hipoteca es un derecho real de garantía de carácter inmobiliario. Lo caracteriza sin excepción la hipoteca frente a la prenda es que no supone desposesión del titular del inmueble, el cual puede seguir disfrutándolo y obteniendo de él los resultados económicos correspondientes. Para que la hipoteca quede válidamente constituida es necesario que se haga en escritura pública, y que ésta se inscriba en el Registro de la Propiedad. Al ser un derecho accesorio a un crédito, se extingue necesariamente con él: desaparecido el crédito, desaparece también el derecho de garantía. La acción real para el ejercicio de la ejecución hipotecaria se lleva a cabo habitualmente mediante un procedimiento judicial sumario, específico para la hipoteca y más simple y breve que los otros juicios ejecutivos ordinarios.
PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Cuando alguien se dispone a comprar un inmueble, necesita saber con
certeza quien es su propietario, para comprarle a él y no a otro que no puede transferirle la propiedad. Y si un acreedor se dispone a embargar los bienes de su deudor, precia conocer qué bienes inmuebles tiene éste, para embargar éstos y no otros distintos sobre los cuales no podría cobrar su crédito. Al propio dueño de una finca, le conviene poder acreditar en cada momento que la finca o la casa son suyas. Sin una publicidad que garantice, de algún modo, la titularidad del vendedor, el comprador no puede estar seguro, y tanto su transacción, como el sistema económico, en general, se resienten. El Registro de la Propiedad es un medio de prueba de los derechos que publica, pero no se limita a informar como podría hacerlo una agencia de informes o un periódico, sino que, dándose determinadas condiciones, garantiza lo que publica, determinando la eficacia de los contratos que se celebren en vista de ellas, hasta el punto de que la noticia que da el Registro de la Propiedad, aunque sea falsa, sin embargo vale frente al nuevo adquirente que confió en ella, como si fuera verdadera. Es decir, cuando en el Registro de la Propiedad consta que Juan es propietario de cierta finca, se presume que es suya; y cuando Pedro la compra, le basta con esa apariencia registral, y al inscribir su compra, obtendrá la certeza, aunque luego resulte que los datos del Registro fueran inexactos, y Juan, en realidad, no fuera dueño del inmueble vendido.
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Este artículo fue publicado por Javier el 4 marzo, 2014 a las 23:31, y está archivado en Derecho. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio.

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