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Timestamp: 2018-09-19 20:59:02+00:00

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TÍTULO II. ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA
CAPÍTULO 1. Representación de titulares de derechos y condición de miembro, y organización de las entidades de gestión colectiva
Artículo 5 Derechos de los titulares de derechos
Artículo 6 Normas para ser miembro de las entidades de gestión colectiva
Artículo 7 Derechos de los titulares de derechos que no sean miembros de la entidad de gestión colectiva
Artículo 8 Asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva
Artículo 9 Función de supervisión
Artículo 10 Obligaciones de las personas que dirijan las actividades de la entidad de gestión colectiva
CAPÍTULO 2. Gestión de los ingresos de derechos
Artículo 11 Recaudación y utilización de los ingresos de derechos
Artículo 12 Deducciones
Artículo 13 Reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos
CAPÍTULO 3. Gestión de derechos en nombre de otras entidades de gestión colectiva
Artículo 14 Derechos gestionados en virtud de acuerdos de representación
Artículo 15 Deducciones y pagos en el marco de acuerdos de representación
CAPÍTULO 4. Relaciones con los usuarios
Artículo 16 Concesión de licencias
Artículo 17 Obligaciones de los usuarios
CAPÍTULO 5. Transparencia e información
Artículo 18 Información facilitada a los titulares de derechos sobre la gestión de sus derechos
Artículo 19 Información facilitada a otras entidades de gestión colectiva sobre la gestión de derechos en virtud de acuerdos de representación
Artículo 20 Información facilitada, previa solicitud, a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión colectiva y a los usuarios
Artículo 21 Información que debe hacerse pública
Artículo 22 Informe anual de transparencia
TÍTULO III. CONCESIÓN DE LICENCIAS MULTITERRITORIALES DE DERECHOS EN LÍNEA SOBRE OBRAS MUSICALES POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA
Artículo 23 Concesión de licencias multiterritoriales en el mercado interior
Artículo 24 Capacidad de tramitar licencias multiterritoriales
Artículo 25 Transparencia de la información sobre los repertorios multiterritoriales
Artículo 26 Exactitud de la información sobre los repertorios multiterritoriales
Artículo 27 Exactitud y puntualidad de la información y la facturación
Artículo 28 Exactitud y puntualidad de los pagos a los titulares de derechos
Artículo 29 Acuerdos entre entidades de gestión colectiva para la concesión de licencias multiterritoriales
Artículo 30 Obligación de representar a otra entidad de gestión colectiva para la concesión de licencias multiterritoriales
Artículo 31 Acceso a la concesión de licencias multiterritoriales
Artículo 32 Excepción aplicable a los derechos de música en línea exigidos para programas de radio y televisión
TÍTULO IV. MEDIDAS COERCITIVAS
Artículo 33 Procedimiento de reclamación
Artículo 34 Procedimientos de resolución alternativa de litigios
Artículo 35 Resolución de litigios
Artículo 36 Cumplimiento
Artículo 37 Intercambio de información entre autoridades competentes
Artículo 38 Cooperación para el desarrollo de la concesión de licencias multiterritoriales
TÍTULO V. INFORMES Y DISPOSICIONES FINALES
Artículo 39 Notificación de entidades de gestión colectiva
Artículo 41 Grupo de expertos
Artículo 42 Protección de datos personales
Artículo 43 Transposición
DOUEL 21 Enero 2015. Corrección de errores Directiva 2014/26/UE de 26 Feb. (gestión colectiva derechos de autor y derechos afines y concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización mercado interior)
DOUEL 12 Noviembre 2016. Corrección de errores Directiva 2014/26/UE, de 26 Feb. (gestión colectiva derechos de autor y derechos afines y concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior)
Véase la disposición final quinta del R.D.-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 («B.O.E.» 14 abril).
Directiva CE 2014/26/UE, 26 febrero rectificada por Corrección de errores («D.O.U.E.L.» 21 enero 2015). Directiva CE 2014/26/UE, 26 febrero rectificada por Corrección de errores («D.O.U.E.L.» 12 noviembre 2016).
(6) La necesidad de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva ya se había señalado en la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión (3) . Dicha Recomendación establecía una serie de principios, como la libertad de los titulares de los derechos de elegir sus entidades de gestión colectiva, la igualdad de trato de todas las categorías de titulares de derechos y el reparto equitativo de los derechos recaudados. Asimismo, invitaba a las entidades de gestión colectiva a facilitar a los usuarios información suficiente sobre las tarifas aplicables y el repertorio antes de las negociaciones entre ellos. Contenía asimismo recomendaciones sobre rendición de cuentas, representación de los titulares de derechos en los órganos decisorios de las entidades de gestión colectiva y resolución de litigios. Sin embargo, la Recomendación tuvo un seguimiento desigual.
(11) Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe impedir que las entidades de gestión colectiva celebren acuerdos de representación con otras entidades de gestión colectiva —en cumplimiento de las normas sobre competencia contempladas en los artículos 101 y 102 del TFUE— en el ámbito de los derechos de gestión con objeto de facilitar, mejorar y simplificar los procedimientos de concesión de licencias a los usuarios, inclusive para fines de facturación única, en condiciones de igualdad, no discriminación y transparencia, y de ofrecer asimismo licencias multiterritoriales en ámbitos distintos a los que hace referencia el título III de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros determinen, por ley, reglamento o cualquier otro mecanismo específico a dicho efecto, una compensación justa a los titulares de derechos por las excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la remuneración de los titulares de derechos por las excepciones al derecho exclusivo en lo referente a los préstamos públicos contempladas en la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) aplicable en su territorio, así como las condiciones aplicables a su recaudación.
(14) La presente Directiva no requiere que las entidades de gestión colectiva adopten una forma jurídica específica. En la práctica, esas organizaciones operan bajo distintas formas jurídicas, como asociaciones, cooperativas o sociedades con responsabilidad limitada, controladas por titulares de derechos de autor y derechos afines o por entidades que representan a dichos titulares, o propiedad de estos. No obstante, en algunos casos excepcionales, debido a la forma jurídica de la entidad de gestión colectiva, no está presente el elemento de propiedad o control. Este es, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que no tienen miembros. No obstante, también deben aplicarse a dichas entidades las disposiciones de la presente Directiva. De igual modo, los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para impedir que, mediante la elección de la forma jurídica, se incumplan las obligaciones derivadas de la presente Directiva. Debe señalarse que las entidades que representan a titulares de derechos, y que son miembros de entidades de gestión colectiva, pueden ser otras entidades de gestión colectiva, asociaciones de titulares de derechos, sindicatos u otras organizaciones.
(15) Los titulares de derechos han de poder encomendar la gestión de sus derechos a operadores de gestión independientes. Dichos operadores de gestión independientes son sociedades mercantiles que se diferencian de las entidades de gestión colectiva, entre otras razones, porque no pertenecen a los titulares de derechos, ni están controladas por estos. No obstante, en la medida en que dichos operadores de gestión independientes realizan las mismas actividades que las entidades de gestión colectiva, deben estar obligados a facilitar determinada información a los titulares de derechos a los que representan, a las entidades de gestión colectiva, a los usuarios y al público.
(16) Los productores audiovisuales, los productores de discos y los organismos de radiodifusión conceden licencias de sus propios derechos, en determinados casos junto con derechos que les han sido transferidos, por ejemplo, los intérpretes, sobre la base de acuerdos negociados individualmente, y actúan en interés propio. Los editores de libros, música o periódicos conceden licencias de derechos que les han sido transferidos sobre la base de acuerdos negociados individualmente y actúan en interés propio. Por lo tanto, los productores audiovisuales, los productores de discos, los organismos de radiodifusión y los editores no deben ser considerados «operadores de gestión independientes». Además, los gestores de los autores y de los intérpretes o ejecutantes y los agentes que actúan como intermediarios y representan a los titulares de derechos en sus relaciones con las entidades de gestión colectiva no deben ser considerados «operadores de gestión independientes» dado que no gestionan derechos en el sentido de fijar tarifas, conceder licencias o recaudar dinero de los usuarios.
(17) Las entidades de gestión colectiva han de poder decidir libremente encomendar la realización de algunas de sus actividades, como la facturación a los usuarios o el reparto de los importes debidos a los titulares de derechos, a filiales u otras entidades controladas por ellas. En dichos casos, las disposiciones de la presente Directiva que serían aplicables si la actividad pertinente fuera realizada directamente por una entidad de gestión colectiva deben ser aplicables a las actividades de las filiales o de las otras entidades.
(18) Con el fin de velar por que los titulares de derechos de autor y derechos afines puedan beneficiarse plenamente del mercado interior cuando sus derechos sean gestionados colectivamente y por que su libertad de ejercer estos derechos no se vea indebidamente limitada, es necesario prever la inclusión de salvaguardias adecuadas en los estatutos de las entidades de gestión colectiva. Por otra parte, cuando presten sus servicios de gestión, las entidades de gestión colectiva no deben establecer discriminaciones, directa o indirectamente, entre los titulares de derechos por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento.
(19) Habida cuenta de las libertades establecidas en el TFUE, la prestación y recepción de servicios de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines deben implicar que un titular de derechos pueda elegir libremente la entidad de gestión colectiva encargada de la gestión de sus derechos, ya se trate de derechos de comunicación con el público o de derechos de reproducción o de categorías de derechos relacionados con formas de explotación como la radiodifusión, la exhibición en salas o la reproducción para la distribución en línea, siempre y cuando la entidad de gestión colectiva que el titular de derechos desee elegir ya gestione estos tipos o categorías de derechos.
(20) La condición de miembro de una entidad de gestión colectiva debe basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, en particular en el caso de los editores que, en virtud de un acuerdo sobre explotación de derechos, tengan derecho a una parte de los ingresos procedentes de los derechos gestionados por las entidades de gestión colectiva y a percibir dichos ingresos de las entidades. Dichos criterios no deben obligar a las entidades de gestión colectiva a aceptar a miembros cuya gestión de derechos, categorías de derechos o tipos de obras u otras prestaciones no se incluyen en su ámbito de actividad. Las entidades de gestión colectiva deben llevar registros que permitan la identificación y localización de sus miembros y de los titulares de derechos cuyos derechos representa la entidad sobre la base de las autorizaciones concedidas por esos titulares de derechos.
(21) Con objeto de proteger a los titulares de derechos cuyos derechos están directamente representados por la entidad de gestión colectiva pero que no cumplen sus criterios para ser miembros de esta, es adecuado requerir que determinadas disposiciones de la presente Directiva relativas a los miembros se apliquen también a dichos titulares de derechos. Los Estados miembros han de poder conferir asimismo a dichos titulares el derecho a participar en el procedimiento de toma de decisiones de la entidad de gestión colectiva.
(22) Las entidades de gestión colectiva deben actuar en el mejor interés colectivo de los titulares de derechos a los que representan. Por consiguiente, es importante prever sistemas que permitan a los miembros de una entidad de gestión colectiva ejercer sus derechos como miembros participando en el proceso de toma de decisiones de la entidad. Algunas entidades de gestión colectiva tienen diferentes categorías de miembros, que pueden representar a diferentes tipos de titulares de derechos, como productores e intérpretes. La representación en el proceso de toma de decisiones de dichas diferentes categorías de miembros debe ser equitativa y equilibrada. La eficacia de las normas relativas a la asamblea general de los miembros de las entidades de gestión colectiva se vería menoscabada si no existiesen disposiciones sobre las modalidades de celebración de esta asamblea. Así pues, es necesario velar por que la asamblea general se convoque periódicamente, y como mínimo una vez al año, y por que las decisiones más importantes de la entidad de gestión colectiva sean adoptadas por la asamblea general.
(23) Todos los miembros de las entidades de gestión colectiva deben poder participar y votar en la asamblea general de los miembros. El ejercicio de esos derechos solo debe estar sujeto a restricciones equitativas y proporcionadas. En algunos casos excepcionales, las entidades de gestión colectiva se han creado bajo la forma jurídica de una fundación, por lo que no tienen miembros. En dichos casos, las competencias de la asamblea general de los miembros deben ser ejercidas por el órgano encargado de la función de supervisión. Cuando las entidades de gestión colectiva tienen como miembros a entidades que representan a titulares de derechos, como puede ocurrir cuando una entidad de gestión colectiva es una sociedad con responsabilidad limitada y sus miembros son asociaciones de titulares de derechos, los Estados miembros han de poder prever que algunas o todas las competencias de la asamblea general sean ejercidas por una asamblea de dichos titulares de derechos. La asamblea general de los miembros debe tener, al menos, competencia para establecer el marco de las actividades de dirección, en particular por lo que se refiere al uso de los ingresos de derechos por la entidad de gestión colectiva. No obstante, este principio debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros prevean normas más estrictas sobre, por ejemplo, inversiones, fusiones u operaciones de empréstito, incluida la prohibición de dichas transacciones. Las entidades de gestión colectiva deben alentar la participación activa de sus miembros en la asamblea general. Debe facilitarse el ejercicio de los derechos de voto a los miembros que asisten a la asamblea general, así como a los que no asisten. Además de la posibilidad de ejercer sus derechos por medios electrónicos, los miembros deben poder participar y votar en la asamblea general de los miembros por medio de representante. La votación por medio de representante debe restringirse en casos de conflictos de intereses. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben prever restricciones por lo que respecta a la representación solo si ello no perjudica la adecuada y efectiva participación de los miembros en el proceso de toma de decisiones. En particular, el nombramiento de representantes contribuye a una adecuada y efectiva participación de los miembros en el proceso de toma de decisiones y brinda a los titulares de derechos la posibilidad real de optar por una entidad de gestión colectiva de su elección con independencia del Estado miembro de establecimiento de la entidad.
(24) Debe permitirse a los miembros participar en el control continuo de la gestión de las entidades de gestión colectiva. Con este fin, esas entidades deben disponer de una función de supervisión adaptada a su estructura organizativa y los miembros deben estar representados en el órgano que ejerza esta función. Dependiendo de la estructura organizativa de la entidad de gestión colectiva, la función de supervisión puede ser ejercida por un órgano distinto, por ejemplo, un consejo de supervisión, o por algunos o todos los directivos del consejo de administración que no gestionen los negocios de la entidad de gestión colectiva. El requisito de representación equitativa y equilibrada de los miembros no debe impedir a la entidad de gestión colectiva nombrar a terceros para ejercer la función de supervisión, incluidas personas que dispongan de los conocimientos profesionales pertinentes y titulares de derechos que no cumplan los requisitos para ser miembros o que no estén representados por la entidad directamente sino a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva.
(25) En aras de una gestión adecuada, la dirección de una entidad de gestión colectiva debe ser independiente. Los gestores, ya hayan sido elegidos como directores, o contratados o empleados por la entidad sobre la base de un contrato, deben estar obligados a declarar, antes de asumir sus puestos y todos los años a partir de ese momento, los posibles conflictos entre sus intereses y los de los titulares de derechos representados por una entidad de gestión colectiva. Las personas que ejercen la función de supervisión deben realizar asimismo dichas declaraciones anuales. Los Estados miembros deben disponer de libertad para exigir a las entidades de gestión colectiva que dichas declaraciones sean públicas o que se presenten a las autoridades públicas.
(26) Las entidades de gestión colectiva de derechos recaudan, gestionan y reparten los ingresos procedentes de la explotación de los derechos que les son confiados por sus titulares. Dichos ingresos han de abonarse en última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica directa con la entidad, o estar representados a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva o a través de un acuerdo de representación. Por tanto, es importante que las entidades de gestión colectiva actúen con la máxima diligencia al recaudar, gestionar y repartir esos ingresos. Solo es posible repartir con exactitud los ingresos si la entidad de gestión colectiva de derechos mantiene registros adecuados de sus miembros, de las licencias y de la utilización de las obras y otras prestaciones. Los datos oportunos necesarios para la gestión colectiva eficaz de los derechos deben ser facilitados asimismo por los titulares de los derechos y los usuarios y verificados por la entidad de gestión colectiva.
(27) Los importes recaudados y debidos a los titulares de derechos deben mantenerse en las cuentas separadamente de todo activo propio que pueda tener la entidad. Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros prevean normas más estrictas para las inversiones, incluida la prohibición de invertir los ingresos de los derechos, si se invierten dichos importes, la inversión debe realizarse de conformidad con la política general de inversión y gestión de riesgos de la entidad de inversión colectiva. A fin de mantener un nivel elevado de protección de los derechos de los titulares y de velar por que estos se beneficien de los ingresos que puedan obtenerse de la explotación de dichos derechos, las inversiones realizadas y mantenidas por las entidades de gestión colectiva de derechos deben gestionarse con arreglo a criterios que obliguen a la entidad a actuar con prudencia, permitiéndole al mismo tiempo decidir sobre la política de inversión más segura y eficiente. De esta forma, las entidades de gestión colectiva de derechos han de poder optar por una asignación de activos que se adecúe a la naturaleza y duración específicas de toda exposición al riesgo de los ingresos de derechos invertidos y que no cause indebidamente merma de los ingresos que deben abonarse a los titulares de derechos.
(28) Puesto que los titulares de derechos tienen derecho a ser remunerados por la explotación de sus derechos, es importante que los descuentos de gestión no sobrepasen los costes justificados de la gestión de los derechos y que toda deducción, distinta de los descuentos de gestión, por ejemplo una deducción para fines sociales, culturales o educativos, sea aprobada por los miembros de las entidades de gestión colectiva y que estas actúen con transparencia frente a los titulares de derechos en lo que respecta a las normas que regulan dichas deducciones. Idénticos requisitos deben aplicarse a toda decisión relativa a la utilización de los ingresos de derechos para su reparto colectivo, como becas. Los titulares de derechos deben tener acceso con carácter no discriminatorio a cualquier servicio social, cultural o educativo financiado mediante las deducciones. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las deducciones efectuadas en virtud del Derecho nacional, como las deducciones por la prestación de servicios sociales a los titulares de derechos por parte de las entidades de gestión colectiva, por lo que se refiere a cualquier aspecto que no esté regulado por la presente Directiva, siempre que dichas deducciones sean conformes con el Derecho de la Unión.
(29) El reparto y el pago de los importes debidos a titulares de derechos individuales o, en su caso, a categorías de titulares, deben efectuarse a su debido tiempo y de conformidad con la política general en materia de reparto de la entidad de gestión colectiva de que se trate, incluso cuando se efectúen por medio de otra entidad que represente a los titulares de derechos. Solo razones objetivas que escapen al control de una entidad de gestión colectiva pueden justificar el retraso en el reparto y el pago de los importes debidos a los titulares de derechos. Por lo tanto, circunstancias como la inversión de los ingresos de derechos sujeta a una fecha de vencimiento no deben constituir razones válidas para dicho retraso. En los casos en que existan razones válidas, es conveniente permitir a los Estados miembros que adopten normas que aseguren el reparto en tiempo oportuno y la localización e identificación efectivas de los titulares de derechos. Con objeto de asegurar que los importes debidos a los titulares de derechos se reparten de forma adecuada y efectiva, y sin perjuicio de que los Estados miembros puedan prever normas más estrictas, es necesario requerir a las entidades de gestión colectiva que, de buena fe y con la necesaria diligencia, adopten medidas razonables para identificar y localizar a los titulares de derechos de que se trate. Es asimismo conveniente que, en la medida que lo permita el Derecho nacional, los miembros de una entidad de gestión colectiva decidan sobre la utilización de todo importe que no pueda ser repartido cuando los titulares de derechos que tienen derecho a dichos importes no puedan ser identificados o localizados.
(30) Las entidades de gestión colectiva han de poder gestionar derechos y recaudar ingresos procedentes de su explotación en virtud de acuerdos de representación con otras entidades. Para proteger los derechos de los miembros de otras entidades de gestión colectiva, las entidades no deben distinguir entre los derechos que gestionan en virtud de acuerdos de representación y aquellos que gestionan directamente para sus titulares. Tampoco deben poder aplicar deducciones, distintas de las deducciones respecto de los descuentos de gestión, a los ingresos de derechos recaudados en nombre de otra entidad de gestión colectiva sin el consentimiento expreso de esta. Es asimismo conveniente requerir a las entidades de gestión colectiva que procedan al reparto y efectúen pagos a otras entidades sobre la base de dichos acuerdos de representación no más tarde del momento en que reparten y abonan los importes a sus propios miembros y a los titulares de derechos no miembros a los que representan. Además, debe requerirse a su vez a la entidad receptora que reparta sin demora los importes debidos a los titulares de derechos a los que representa.
(31) Resulta especialmente importante que la concesión de licencias se realice en el marco de unas condiciones comerciales equitativas y no discriminatorias, a fin de que los usuarios puedan obtener licencias para las obras y otras prestaciones con respecto a las cuales una entidad de gestión colectiva representa derechos y de garantizar la remuneración de los titulares de derechos. Las entidades de gestión colectiva y los usuarios deben, por tanto, negociar de buena fe la concesión de licencias y aplicar unas tarifas que deben determinarse sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. Es conveniente que los cánones de licencia o la remuneración determinados por las entidades de gestión colectiva sean razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico del ejercicio de los derechos en un contexto particular. Por último, las entidades de gestión colectiva deben responder sin dilaciones indebidas a las solicitudes de licencias presentadas por los usuarios.
(32) En un entorno digital, las entidades de gestión colectiva deben conceder periódicamente licencias sobre su repertorio para formas de explotación y modelos de negocio totalmente nuevos. En tales casos, a fin de favorecer unas condiciones propicias para el desarrollo de estas licencias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el Derecho de la competencia, conviene proporcionar a las entidades de gestión colectiva la flexibilidad necesaria para otorgar a la mayor brevedad, licencias individualizadas para servicios en línea innovadores, sin el riesgo de que las condiciones de estas licencias puedan utilizarse como precedente para la determinación de las condiciones de otros tipos diferentes de licencias.
(33) Con objeto de velar por que las entidades de gestión colectiva puedan cumplir las obligaciones establecidas en la presente Directiva, los usuarios deben facilitar a esas entidades información pertinente sobre el uso de los derechos representados por las entidades de gestión colectiva. Esta obligación no se debe aplicar a las personas físicas que actúan para fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, artesanal o profesional y que, por lo tanto, no responden a la definición de usuario de la presente Directiva. Además, la información requerida por las entidades de gestión colectiva para poder ejercer sus funciones debe limitarse a lo que es razonable y necesario para los usuarios, y que está a disposición de estos, teniendo en cuenta la situación específica de pequeñas y medianas empresas. Esa obligación podría incluirse en un acuerdo entre una entidad de gestión colectiva y un usuario; dicha inclusión no obsta a los derechos legales nacionales a información. Los plazos aplicables a la facilitación de información por parte de los usuarios deben permitir que las entidades de gestión colectiva cumplan los plazos establecidos para el reparto de los importes debidos a los titulares de derechos. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio emitir facturas conjuntas.
(34) A fin de reforzar la confianza de los titulares de derechos, de los usuarios y de otras entidades de gestión colectiva en la gestión de derechos por estas entidades, cada entidad de gestión colectiva debe cumplir requisitos específicos de transparencia. Así pues, debe exigirse a cada entidad, o al miembro que sea una entidad responsable de la adjudicación o el pago de importes debidos a los titulares de derechos que facilite, al menos una vez al año, a los diferentes titulares de derechos determinada información, como los importes que les han sido adjudicados o abonados y las deducciones efectuadas. Debe asimismo exigirse a las entidades de gestión colectiva que suministren suficiente información, en particular de tipo financiero, a otras entidades de gestión colectiva cuyos derechos gestionen a través de un acuerdo de representación.
(35) Con objeto de velar por que los titulares de derechos, otras entidades de gestión colectiva y los usuarios tengan acceso a información sobre el ámbito de actividad de la entidad y las obras u otras prestaciones que representa, las entidades de gestión colectiva deben facilitar asimismo información sobre dichas cuestiones en respuesta a una solicitud debidamente razonada. La cuestión de si se puede, y en qué medida, cobrar descuentos razonables por la prestación de dicho servicio corresponde al Derecho nacional. Cada entidad de gestión colectiva debe publicar también información sobre su estructura y sobre la manera en que ejerce sus actividades, incluidos en particular sus estatutos y políticas generales sobre descuentos de gestión, deducciones y tarifas.
(36) A fin de que los titulares de derechos puedan controlar y comparar las actuaciones respectivas de las entidades de gestión colectiva, dichas entidades deben publicar un informe anual de transparencia que incluya información financiera auditada y comparable en relación con sus actividades específicas. Asimismo, deben publicar anualmente un informe especial, que forme parte del informe anual sobre transparencia, sobre la utilización de las cantidades destinadas a servicios sociales, culturales y educativos. La presente Directiva no debe impedir que una entidad de gestión colectiva publique en un documento único, por ejemplo como parte de sus estados financieros anuales, o en informes específicos, la información requerida por el informe anual sobre transparencia.
(37) Los proveedores de servicios en línea que utilicen obras musicales, como los servicios que permiten a los consumidores descargar o escuchar música en modo continuo (streaming), así como otros servicios que proporcionan acceso a películas o juegos en los que la música es un elemento importante, deben obtener previamente el derecho a utilizar tales obras. En virtud de la Directiva 2001/29/CE, es necesario obtener una licencia para cada uno de los derechos en la explotación en línea de obras musicales. Con respecto a los autores, dichos derechos son el derecho exclusivo de reproducción y el derecho exclusivo de comunicación pública de obras musicales, que incluye el derecho de puesta a disposición. Dichos derechos pueden ser gestionados por los propios titulares de derechos, es decir los autores o editores de música, o por entidades de gestión colectiva que presten servicios de gestión colectiva a los titulares de los derechos. Los derechos de los autores relativos a la reproducción y comunicación al público pueden ser gestionados por entidades de gestión colectiva diferentes. Por otra parte, cuando varias personas tienen derechos sobre una misma obra, es posible que hayan autorizado a distintas entidades a conceder licencias sobre sus partes respectivas de derechos. Todo usuario que desee prestar un servicio en línea que ofrezca una amplia gama de obras musicales a los consumidores necesita agregar los derechos sobre las obras de los diferentes titulares y entidades de gestión colectiva.
(38) Si bien internet no conoce fronteras, el mercado de servicios de música en línea en la Unión sigue fragmentado y el mercado único digital aún no se ha logrado plenamente. La complejidad y la dificultad inherentes a la gestión colectiva de derechos en Europa han exacerbado, en una serie de casos, la fragmentación del mercado digital europeo de servicios de música en línea. Esta situación contrasta claramente con el rápido crecimiento de la demanda de acceso por parte de los consumidores a contenidos digitales y a servicios innovadores asociados, incluso de carácter transfronterizo.
(39) La Recomendación 2005/737/CE promovía un nuevo marco regulador mejor adaptado a la gestión, a nivel de la Unión, de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la prestación de servicios legales de música en línea. Reconocía que, en la era de la explotación en línea de obras musicales, los usuarios comerciales necesitan una política de concesión de licencias acorde con la ubicuidad del entorno en línea y que además sea multiterritorial. Sin embargo, la Recomendación no ha sido suficiente para fomentar la generalización de las licencias multiterritoriales de los derechos en línea sobre obras musicales, ni para responder a las demandas específicas a este respecto.
(40) En el sector de la música en línea, en el que la gestión colectiva de los derechos de autor sobre una base territorial sigue siendo la norma, es fundamental crear condiciones que favorezcan la máxima eficacia en las prácticas de concesión de licencias por las organizaciones de gestión colectiva en un contexto cuya dimensión transfronteriza es cada día más importante. Procede, por tanto, prever un conjunto de normas que establezcan las condiciones básicas de concesión de licencias colectivas multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea, incluidas las letras, por las entidades de gestión colectiva. Las mismas normas deben aplicarse a la concesión de dichas licencias para todas las obras musicales, incluidas las obras musicales integradas en obras audiovisuales. Sin embargo, no deben aplicarse a los servicios en línea que solo ofrecen acceso a obras musicales en forma de partituras. Las disposiciones de la presente Directiva deben garantizar el nivel mínimo de calidad de los servicios transfronterizos prestados por las entidades de gestión colectiva, especialmente en términos de transparencia del repertorio representado y la exactitud de los flujos financieros relacionados con la explotación de los derechos. Debe asimismo establecerse en la Directiva un marco que facilite la agregación voluntaria de repertorios musicales y de derechos, reduciendo, de este modo, el número de licencias que necesitan los usuarios para prestar un servicio multiterritorial y multirrepertorio. Estas disposiciones deben permitir a una entidad de gestión colectiva solicitar a otra que represente su repertorio sobre una base multiterritorial cuando ella misma no pueda o no desee cumplir los requisitos. Conviene imponer a la entidad solicitada la obligación de aceptar el mandato de la entidad solicitante, a condición de que ya agregue los repertorios y conceda o se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales. El desarrollo de servicios legales de música en línea en toda la Unión debe también contribuir a combatir las infracciones en línea de los derechos de autor.
(41) La disponibilidad de información exacta y completa sobre las obras musicales, los titulares de derechos y los derechos que cada entidad de gestión colectiva está autorizada a representar en un determinado territorio reviste especial importancia para la eficacia y transparencia del proceso de autorización, para la tramitación posterior de los informes de los usuarios y la facturación a los proveedores de servicios, y para el reparto de los importes que deban abonarse. Por esta razón, las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de obras musicales deben estar en condiciones de procesar estos datos detallados con rapidez y precisión. Para ello deben utilizar bases de datos sobre la titularidad de los derechos objeto de licencia multiterritorial que permitan la identificación de las obras, los derechos y los titulares de derechos que una entidad de gestión colectiva está autorizada a representar, así como de los territorios que abarca la autorización. Se debe tener en cuenta, sin dilaciones indebidas, toda modificación de esa información, y las bases deben actualizarse continuamente. Esas bases de datos también deben ayudar a cotejar la información sobre las obras con la información sobre los fonogramas o sobre cualquier otro soporte al que se haya incorporado la obra. Asimismo, es importante velar por que los usuarios potenciales y los titulares de derechos, así como las entidades de gestión colectiva, tengan acceso a la información que necesiten con objeto de identificar el repertorio que las entidades de gestión colectiva representan. Las entidades de gestión colectiva deben poder adoptar medidas para proteger la exactitud y la integridad de los datos, controlar su reutilización o proteger la información delicada desde el punto de vista comercial.
(42) A fin de velar por la máxima exactitud de los datos relativos al repertorio musical que tratan, las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales sobre obras musicales deben estar obligadas a actualizar sus bases de datos continuamente y sin demora cuando sea necesario. Deben establecer procedimientos fácilmente accesibles que permitan a los proveedores de servicios en línea, así como a los titulares de derechos y a otras entidades de gestión colectiva, comunicarles toda imprecisión que las bases de datos de la entidad puedan contener con respecto a las obras que poseen o controlan, incluidos los derechos —en su totalidad o en parte— y los territorios a que se refiere el mandato otorgado a la entidad de gestión colectiva, sin, no obstante, poner en peligro la veracidad y la integridad de los datos que posee la entidad de gestión colectiva. Dado que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) confiere a todos los interesados el derecho a obtener la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos inexactos o incompletos, la presente Directiva también debe garantizar que se corrijan sin dilación indebida los datos inexactos que afecten a los titulares de derechos o a otras entidades de gestión colectiva en el caso de las licencias multiterritoriales. Asimismo, las entidades de gestión colectiva deben tener la capacidad de procesar electrónicamente el registro de las obras y las autorizaciones para gestionar derechos. Dada la importancia de la informatización para un tratamiento rápido y eficaz de los datos, las entidades de gestión colectiva deben prever la utilización de medios electrónicos para la comunicación estructurada de dicha información por los titulares de derechos. En la medida de lo posible, las entidades de gestión colectiva deben velar por que tales medios electrónicos tengan en cuenta las normas o las prácticas sectoriales voluntarias pertinentes desarrolladas a nivel internacional o de la Unión.
(43) Las normas sectoriales en materia de utilización de la música, información sobre ventas y facturación son fundamentales para mejorar la eficiencia del intercambio de datos entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios. El control de la utilización de las licencias debe respetar los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Para que estas mejoras de eficiencia se traduzcan en una agilización de la gestión financiera y, en última instancia, de los abonos a los titulares de derechos, debe obligarse a las entidades de gestión colectiva a proceder sin demora a la facturación a los prestadores de servicios y al reparto de los importes que deban abonar a los titulares de derechos. Para que este requisito sea eficaz, es necesario que los usuarios faciliten a las entidades de gestión colectiva informes precisos a su debido tiempo sobre la utilización de las obras. No debe obligarse a las entidades de gestión colectiva a aceptar informes de los usuarios en formatos propios cuando existan normas sectoriales de uso generalizado. No debe impedirse a las entidades de gestión colectiva la externalización de servicios relativos a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales. Compartir o consolidar capacidades administrativas debe ayudar a las entidades de gestión colectiva a mejorar los servicios de gestión y a racionalizar las inversiones en herramientas de gestión de datos.
(44) La agregación de diferentes repertorios musicales para la concesión de licencias multiterritoriales facilita el proceso de concesión de licencias y, al poner todos los repertorios a disposición del mercado para la concesión de licencias multiterritoriales, refuerza la diversidad cultural y contribuye a reducir el número de transacciones que debe realizar un proveedor de servicios en línea para ofrecer servicios. Esta agregación de repertorios debe facilitar el desarrollo de nuevos servicios en línea, además de permitir reducir los costes de transacción repercutidos en los consumidores. Por lo tanto, debe fomentarse que las entidades de gestión colectiva que no deseen o no puedan conceder licencias multiterritoriales directamente sobre su propio repertorio encomienden, con carácter voluntario, a otras entidades la gestión de su repertorio de forma no discriminatoria. La exclusividad de los acuerdos sobre licencias multiterritoriales restringiría las opciones de los usuarios que deseen obtener licencias multiterritoriales, así como las de las entidades de gestión colectiva que busquen servicios de administración de su repertorio sobre una base multiterritorial. Por consiguiente, todos los acuerdos de representación entre entidades de gestión colectiva que prevean la concesión de licencias multiterritoriales deben celebrarse en condiciones de no exclusividad.
(45) Para los miembros de las entidades de gestión colectiva es especialmente importante la transparencia de las condiciones de gestión de los derechos en línea respecto de los cuales dichas entidades han sido autorizadas a representar a los titulares. Las entidades de gestión colectiva deben, por tanto, proporcionar información suficiente a sus miembros sobre las principales condiciones de cualquier acuerdo por el que se encomiende a otra entidad de gestión colectiva la representación de los derechos de música en línea de estos miembros a efectos de la concesión de licencias multiterritoriales.
(46) Es también importante exigir a toda entidad de gestión colectiva que conceda o se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales que acepte representar el repertorio de las entidades de gestión colectiva que decidan no hacerlo directamente. Para que este requisito no sea desproporcionado y no exceda de lo necesario, la entidad de gestión colectiva solicitada solo debe estar obligada a aceptar el mandato de representación si la solicitud se limita a los derechos en línea o a las categorías de derechos en línea que ella misma representa. Por otra parte, este requisito solo debe aplicarse a las entidades de gestión colectiva que agreguen repertorios y no debe hacerse extensivo a las que otorguen licencias multiterritoriales únicamente sobre su propio repertorio. Tampoco debe aplicarse a las entidades de gestión colectiva que se limiten a agregar derechos sobre unas mismas obras con el fin de poder conceder licencias, conjuntamente, del derecho de reproducción y del derecho de comunicación pública de tales obras. A fin de proteger los intereses de los titulares de derechos de la entidad de gestión colectiva mandante y de velar por que los repertorios pequeños y menos conocidos de los Estados miembros puedan acceder al mercado interior en igualdad de condiciones, es importante que el repertorio de la entidad de gestión colectiva mandante se gestione en las mismas condiciones que el repertorio de la entidad colectiva mandataria y se incluya en las ofertas presentadas por la entidad colectiva mandataria a los proveedores de servicios en línea. Los descuentos de gestión que cobra la entidad de gestión colectiva mandataria deben permitirle recuperar las inversiones necesarias y razonables realizadas. Todo acuerdo en virtud del cual una entidad de gestión colectiva delegue en otra u otras entidades la concesión de licencias multiterritoriales sobre su propio repertorio musical con vistas a su utilización en línea no debe impedir a la primera entidad seguir concediendo licencias limitadas al territorio del Estado miembro en que esté establecida, sobre su propio repertorio y sobre cualquier otro repertorio que pueda estar autorizada a representar en ese territorio.
(47) Los objetivos y la eficacia de las normas relativas a la concesión de licencias multiterritoriales por las entidades de gestión colectiva se verían comprometidos significativamente si los titulares de derechos no pudieran ejercer dichos derechos con respecto a las licencias multiterritoriales cuando la entidad a la que hayan confiado sus derechos no hubiese concedido ni se hubiese ofrecido a conceder licencias multiterritoriales, ni hubiese deseado, además, encomendar a otra entidad esta tarea. Por esta razón, sería importante que, en tales circunstancias, los titulares de derechos puedan ejercer el derecho a conceder las licencias multiterritoriales solicitadas por los proveedores de servicios en línea directamente o a través de otra u otras partes, retirando de su entidad de gestión colectiva sus derechos en la medida necesaria para la concesión de licencias multiterritoriales para usos en línea y dejando los mismos derechos en la entidad original para la concesión de licencias monoterritoriales.
(48) Los organismos de radiodifusión recurren generalmente a una entidad de gestión colectiva local para obtener la licencia que necesitan para la emisión de programas de radio y televisión que incluyen obras musicales. Esta licencia a menudo se limita a las actividades de radiodifusión. Sería necesaria una licencia para los derechos en línea sobre las obras musicales que permitiera que estas emisiones de radio o televisión estuvieran también disponibles en línea. Con objeto de facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras musicales en línea a efectos de la retransmisión simultánea y en diferido en línea de emisiones de radio y televisión, es necesario prever una excepción a las normas habitualmente aplicables a la concesión de licencias multiterritoriales para la utilización en línea de obras musicales. Dicha excepción debería limitarse a lo necesario para permitir el acceso a programas de radio o televisión en línea y al material que tenga una relación clara y subordinada con la emisión original y haya sido producido con el fin de completar, previsualizar o volver a ver el programa de radio o televisión de que se trate. La excepción debe aplicarse sin dar lugar a un falseamiento de la competencia con otros servicios que permiten a los consumidores acceder a obras audiovisuales o musicales en línea, ni a prácticas restrictivas, como el reparto de mercados o clientes, que vulnerarían los artículos 101 o 102 del TFUE.
(49) Es preciso garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Las entidades de gestión colectiva deben ofrecer a sus miembros procedimientos específicos para la tramitación de las reclamaciones. Esos procedimientos también deben ponerse a disposición de otros titulares de derechos representados directamente por la entidad y de las entidades de gestión colectiva en cuyo nombre gestione derechos en virtud de un acuerdo de representación. Además, los Estados miembros deben poder prever que los litigios entre las entidades de gestión colectiva, sus miembros, los titulares de derechos o los usuarios sobre la aplicación de la presente Directiva puedan someterse a un procedimiento de resolución de litigios alternativo rápido, independiente e imparcial. En particular, la eficacia de las normas relativas a las licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales podría verse socavada si los conflictos entre las entidades de gestión colectiva y otras partes no fueran resueltos con rapidez y eficacia. Como consecuencia de ello y sin perjuicio del derecho a recurrir a la vía judicial, es conveniente prever la posibilidad de un procedimiento extrajudicial fácilmente accesible, eficiente e imparcial, como la mediación o el arbitraje, para la resolución de litigios entre las entidades de gestión colectiva que conceden licencias multiterritoriales, por un lado, y los proveedores de servicios en línea, los titulares de derechos de autor u otras entidades de gestión colectiva, por otro. La presente Directiva no determina una forma específica de organización para dicha resolución alternativa de litigios, ni determina el órgano que debe realizarla, siempre que estén garantizadas su independencia, imparcialidad y eficiencia. Por último, es asimismo conveniente que los Estados miembros dispongan de procedimientos de resolución de litigios independientes, imparciales y efectivos, mediante organismos que tengan conocimientos especializados en materia de Derecho de la propiedad intelectual o mediante órganos jurisdiccionales, adecuados para resolver litigios en materia mercantil entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios sobre las condiciones relativas a la concesión de licencias existentes o propuestas o sobre el incumplimiento de un contrato.
(50) Los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados que permitan controlar el cumplimiento de la presente Directiva por parte de las entidades de gestión colectiva. En tanto que no es adecuado que la presente Directiva restrinja la elección de los Estados miembros por lo que respecta a las autoridades competentes, ni a la naturaleza ex ante o ex post del control de las entidades de gestión colectiva, ha de velarse por que dichas autoridades puedan tratar, de forma efectiva y en tiempo oportuno, todo problema que pueda surgir en la aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros no deben estar obligados a crear nuevas autoridades competentes. Por otra parte, los miembros de una entidad de gestión colectiva, los titulares de derechos, los usuarios, las entidades de gestión colectiva y otras partes interesadas deben poder notificar a la autoridad competente las actividades o circunstancias que, en su opinión, constituyen una infracción de la legislación por parte de las entidades de gestión colectiva y, cuando proceda, de los usuarios. Los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes dispongan de competencias para imponer sanciones o adoptar medidas cuando no se cumplan las disposiciones de Derecho nacional por las que aplica la presente Directiva. La presente Directiva no prevé tipos específicos de sanciones o medidas, a condición de que estas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Dichas sanciones o medidas pueden incluir la destitución de los directores que hayan actuado de forma negligente, inspecciones en los locales de la entidad de gestión colectiva o, en los casos en que se haya concedido una autorización para que opere una entidad, la retirada de dicha autorización. La presente Directiva debe ser neutral en cuanto a los regímenes de autorización y de supervisión de los Estados miembros existentes hasta la fecha, incluido el requisito de representatividad de la entidad de gestión colectiva, en la medida en que dichos regímenes sean compatibles con el Derecho de la Unión y no constituyan un obstáculo para la plena aplicación de la presente Directiva.
(51) A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la concesión de licencias multiterritoriales, deben establecerse disposiciones específicas relativas al control de su aplicación. Las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión deben cooperar entre sí con ese fin. Los Estados miembros deben prestarse asistencia mutua mediante el intercambio de información entre sus autoridades competentes con objeto de facilitar el control de las entidades de gestión colectiva.
(52) Es importante que las entidades de gestión colectiva respeten los derechos a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal de los titulares de derechos, los miembros, los usuarios y demás personas cuyos datos personales traten. La Directiva 95/46/CE rige el tratamiento de datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Los titulares de derechos deben recibir información adecuada sobre el tratamiento de sus datos, los destinatarios de esos datos, los plazos de conservación de los mismos en cualquier base de datos y la forma en que los titulares de derechos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos de carácter personal que les conciernen, de conformidad con la Directiva 95/46/CE. En particular, los identificadores únicos que permiten la identificación indirecta de una persona deben tratarse como datos personales en el sentido de dicha Directiva.
(53) Las disposiciones sobre las medidas coercitivas deben entenderse sin perjuicio de las competencias de las autoridades públicas independientes nacionales establecidas por los Estados miembros en virtud de la Directiva 95/46/CE para controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de esa Directiva.
(54) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»). Las disposiciones de la presente Directiva relativas a la resolución de litigios no deben impedir a las partes el ejercicio de su derecho a recurrir a la vía judicial, tal y como se garantiza en la Carta.
(55) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar la capacidad de los miembros de las entidades de gestión colectiva de controlar las actividades de esta, garantizar un nivel de transparencia suficiente de las entidades de gestión colectiva y mejorar la concesión de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(56) Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de competencia, y de cualesquiera otras disposiciones legales pertinentes de otros ámbitos, tales como las relativas a la confidencialidad, los secretos comerciales, la protección de la intimidad, el acceso a los documentos, o disposiciones de Derecho contractual y de Derecho internacional privado en relación con los conflictos de leyes y la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales, la libertad de asociación de los trabajadores y los empleados y su derecho a organizarse.
(57) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicativos (7) , en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.
(58) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) , emitió su dictamen el 9 de octubre de 2012.
i) ser propiedad o estar sometida al control de sus miembros, o
ii) carecer de ánimo de lucro;
i) no sea propiedad ni esté sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los titulares de derechos, y
ii) tenga ánimo de lucro;
i) cuando la legislación nacional o los estatutos de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema monista, todo miembro del consejo de administración,
ii) cuando la legislación nacional o el estatuto de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema dual, todo miembro del consejo de administración o del consejo de supervisión;
Las entidades de gestión colectiva informarán a aquellos titulares de los derechos que ya les hayan concedido autorización de los derechos que les confieren los apartados 1 a 7, así como de las condiciones inherentes al derecho establecido en el apartado 3, a más tardar el 10 de octubre de 2016.
a) la política general de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos;
b) la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
c) la política general de inversión de los ingresos de derechos y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
d) la política general de deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos y sobre cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
e) la utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
f) la política de gestión de riesgos;
g) la aprobación de cualquier adquisición, venta o hipoteca de bienes inmuebles;
h) la aprobación de fusiones y alianzas, la creación de filiales, y la adquisición de otras entidades, participaciones o derechos en otras entidades;
i) la aprobación de propuestas de operaciones de empréstito y de préstamo o de constitución de avales o garantías de préstamos.
a) la duración de la condición de miembro;
b) los importes recibidos o que deban abonarse a un miembro,
a) se garantice una participación adecuada y efectiva de los miembros en el proceso de toma de decisiones de la entidad de gestión colectiva, y
b) la representación de las diferentes categorías de miembros en la asamblea de delegados sea equitativa y equilibrada.
a) ejercer las competencias que le delegue la asamblea general de los miembros, en particular en los términos del artículo 8, apartados 4 y 6;
b) supervisar las actividades y el desempeño de las funciones por parte de las personas mencionadas en el artículo 10, incluida la ejecución de las decisiones de la asamblea general de los miembros y, en particular, las políticas de carácter general recogidas en el artículo 8, apartado 5, letras a) a d).
a) cualesquiera intereses en la entidad de gestión colectiva;
b) toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros tipos de prestaciones;
c) toda cantidad percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva como titular de derechos;
d) cualquier conflicto real o potencial entre los intereses personales y los de la entidad de gestión colectiva o entre las obligaciones respecto de la entidad de gestión colectiva y cualquier obligación respecto de cualquier otra persona física o jurídica.
a) los ingresos de derechos y cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, y
b) todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos activos, de sus descuentos de gestión o de otras actividades.
a) cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de gestión colectiva velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los de dichos titulares de derechos;
b) los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera;
a) los titulares de derechos a los que represente o las entidades que representen a los titulares de derechos, cuando dichas entidades sean miembros de la entidad de gestión colectiva, y
b) todas las entidades de gestión colectiva con las que haya celebrado acuerdos de representación.
a) el nombre de la obra u otra prestación;
b) el nombre del titular del derecho;
c) el nombre del editor o productor de que se trate, y
d) cualquier otra información pertinente disponible que pueda contribuir a identificar al titular de derechos.
a) todo dato de contacto que el titular de derechos haya autorizado a la entidad de gestión colectiva a utilizar a fin de identificarlo y localizarlo;
b) los ingresos de derechos atribuidos al titular de derechos;
c) los importes abonados por la entidad de gestión colectiva al titular de derechos, por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización;
d) el período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se atribuyen y abonan importes al titular de los derechos, excepto cuando razones objetivas relacionadas con las declaraciones de los usuarios impidan a la entidad de gestión colectiva facilitar esta información;
e) las deducciones aplicadas en concepto de descuentos de gestión;
f) las deducciones aplicadas por conceptos distintos de los descuentos de gestión, incluidas las que estipule la legislación nacional por la prestación de servicios sociales, culturales y educativos;
g) los ingresos de derechos atribuidos al titular de derechos que estén pendientes de pago por cualquier período.
a) los ingresos de derechos atribuidos, los importes abonados por la entidad de gestión colectiva por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización de los derechos que gestionan en virtud del acuerdo de representación, y todos los ingresos de derechos atribuidos que estén pendientes de pago por cualquier período;
b) las deducciones aplicadas en concepto de descuentos de gestión;
c) las deducciones aplicadas para cualquier otro fin que no sean descuentos de gestión según lo establecido en el artículo 15;
d) información sobre las licencias concedidas o denegadas en relación con las obras y otras prestaciones a que se refiere el acuerdo de representación;
e) las resoluciones adoptadas por la asamblea general de los miembros en la medida en que estas resoluciones sean pertinentes para la gestión de los derechos incluidos en el acuerdo de representación.
a) las obras u otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan directamente o en virtud de acuerdos de representación, y los territorios que abarcan, o
b) cuando dichas obras u otras prestaciones no se puedan determinar debido al ámbito de la actividad de la entidad de gestión colectiva, las categorías de obras o de otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan y los territorios que abarcan.
a) sus estatutos;
b) sus condiciones para ser miembro y las condiciones de revocación de la autorización para gestionar los derechos, en caso de que no estén incluidas en los estatutos;
c) los contratos tipo de licencia y las tarifas estándar aplicables, descuentos incluidos;
d) la lista de las personas contempladas en el artículo 10;
e) su política general de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos;
f) su política general de descuentos de gestión;
g) su política general de deducciones, distintas de los descuentos de gestión, aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier ingreso procedente de inversiones de ingresos de derechos, incluidas las deducciones para servicios sociales, culturales y educativos;
h) una lista de los acuerdos de representación que haya celebrado y los nombres de las entidades de gestión colectiva con las que haya celebrado esos acuerdos de representación;
i) su política general sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
j) los procedimientos disponibles para la tramitación de las reclamaciones y la resolución de litigios, de conformidad con los artículos 33, 34 y 35.
4. La información contable que figure en el informe anual de transparencia será auditada por una o varias personas legalmente habilitadas para la auditoría de cuentas, de conformidad con la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) .
a) ser capaces de determinar con precisión las obras musicales, en su totalidad o en parte, que están autorizadas a representar;
b) ser capaces de determinar con precisión, en su totalidad o en parte, en cada territorio de que se trate, los derechos y los correspondientes titulares de estos derechos, respecto de cada obra musical o parte de esta que están autorizadas a representar;
c) utilizar identificadores únicos para identificar a los titulares de derechos y las obras musicales, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las normas y las prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión;
d) utilizar medios adecuados para detectar y resolver, de forma rápida y eficaz, incoherencias en los datos en poder de otras entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales.
a) las obras musicales representadas;
b) los derechos representados, en su totalidad o en parte, y
a) el período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se adeuden importes a los titulares de derechos y los territorios en que ha tenido lugar tal utilización;
b) los derechos recaudados, las deducciones realizadas y los importes repartidos por la entidad de gestión colectiva en relación con cada derecho en línea sobre las obras musicales que los titulares de derechos han autorizado a la entidad de gestión colectiva a representar, en su totalidad o en parte;
c) los derechos recaudados en nombre de los titulares de derechos, las deducciones efectuadas y los importes repartidos por la entidad de gestión colectiva en relación con cada proveedor de servicios en línea.
a) litigios con un proveedor de servicios en línea, real o potencial, en relación con la aplicación de los artículos 16, 25, 26 y 27;
b) litigios con uno o varios titulares de derechos en relación con la aplicación de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31;
c) litigios con otra entidad de gestión colectiva en relación con la aplicación de los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
a) al número de entidades de gestión colectiva que cumplen los requisitos del título III;
b) a la aplicación de los artículos 29 y 30, incluido el número de acuerdos de representación celebrados por entidades de gestión colectiva en virtud de dichos artículos;
c) a la proporción de repertorios en los Estados miembros disponible para la concesión de licencias multiterritoriales.
a) examinar las repercusiones de la transposición de la presente Directiva en el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva y los operadores de gestión independientes en el mercado interior, y poner de relieve posibles dificultades;
b) organizar consultas sobre todas las cuestiones que se deriven de la aplicación de la presente Directiva;
c) facilitar el intercambio de información sobre aspectos significativos de la evolución de la legislación y la jurisprudencia, así como sobre acontecimientos importantes de índole económica, social, cultural y tecnológica, en particular en el mercado digital de las obras, y otros asuntos.
1. Información que deberá figurar en el informe anual de transparencia contemplado en el artículo 22, apartado 2:
a) estados financieros, que incluirán un balance o un estado de patrimonio, una cuenta de ingresos y gastos del ejercicio y un estado de los flujos de tesorería;
b) un informe sobre las actividades del ejercicio;
c) información sobre las negativas a conceder una licencia de conformidad con el artículo 16, apartado 3;
d) una descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad de gestión colectiva;
e) información sobre toda entidad que sea propiedad o esté controlada directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la entidad de gestión colectiva;
f) información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio anterior a las personas contempladas en los artículos 9, apartado 3, y 10, así como sobre otros beneficios que se les hayan concedido;
g) la información financiera contemplada en el punto 2 del presente anexo;
h) un informe especial sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales, culturales y educativos, que incluya la información a que se refiere el punto 3 del presente anexo.
2. Información financiera que deberá figurar en el informe anual de transparencia:
a) información financiera sobre los ingresos de derechos, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización (por ejemplo, radiodifusión, difusión en línea, ejecución pública), incluida la información sobre los rendimientos derivados de la inversión de ingresos de derechos, y el uso de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión colectiva o destinados a otros usos);
b) información financiera sobre el coste de la gestión de derechos y otros servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, con una descripción pormenorizada de, como mínimo, los elementos siguientes:
i) todos los costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos,
ii) costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos, únicamente en relación con la gestión de derechos, incluidos los descuentos de gestión deducidos de ingresos de derechos o compensados con estos, o cualquier rendimiento derivado de la inversión de ingresos de derechos de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 12, apartados 1, 2 y 3,
iii) costes de explotación y costes financieros en relación con servicios distintos de los servicios de gestión de derechos, pero incluidos los servicios sociales, culturales y educativos,
iv) recursos empleados para cubrir los costes,
v) deducciones aplicadas a los ingresos de derechos, desglosadas por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, así como la finalidad de la deducción, por ejemplo costes relacionados con la gestión de derechos o con servicios sociales, culturales o educativos,
vi) porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión de derechos y otros servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos en relación con los ingresos de derechos en el ejercicio pertinente, por categoría de derechos gestionados, y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos;
i) el importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
ii) el importe total abonado a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
iii) la frecuencia de los pagos, con un desglose por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
iv) el importe total recaudado pero aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes,
v) el importe total atribuido pero aún no repartido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes,
vi) en caso de que la entidad de gestión colectiva no haya procedido al reparto y al pago en el plazo establecido en el artículo 13, apartado 1, los motivos del retraso,
vii) el total de los importes que no puedan ser objeto de reparto junto con la explicación del uso que se haya dado a dichos importes;
d) información sobre relaciones con otras entidades de gestión colectiva, con una descripción de, como mínimo, los siguientes elementos:
i) importes percibidos de otras entidades de gestión colectiva e importes pagados a otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad,
ii) descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos de derechos que deben abonarse a otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad,
iii) descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos pagados por otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos y por entidad,
iv) importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos y por entidad.
3. Información que deberá figurar en el informe especial mencionado en el artículo 22, apartado 3:
a) importes deducidos para servicios sociales, culturales y educativos en el ejercicio, desglosados por tipo de finalidad y, respecto de cada tipo de finalidad, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de uso;
b) una explicación de la utilización de dichos importes, con un desglose por tipo de finalidad, incluido el coste de la gestión de los importes deducidos para los servicios sociales, culturales y educativos y los importes separados utilizados para servicios culturales, sociales o educativos.
DO C 44 de 15.2.2013, p. 104.
Posición del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2014.
Recomendación 2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (DO L 276 de 21.10.2005, p. 54).
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376 de 27.12.2006, p. 28).
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y por la que se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 resolución 

Artículo 35
 Resolución 

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 10
 resolución 
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 22