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Timestamp: 2017-10-19 18:46:42+00:00

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Carmen Maestre Cáceres
1 DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, A CARGO DEL SENADOR CARLOS JIMENEZ MACIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. Carlos Jiménez Macías, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En diciembre de 2006, el Senador Ricardo García Cervantes presentó una iniciativa de reforma al artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, la cual, en palabras del propio Senador, proponía dos objetivos fundamentales: En primer término, ampliar el plazo de prescripción de las pólizas de seguro; y en segundo lugar, establecer expresamente en la ley un procedimiento transparente que permita saber a las personas, si son beneficiarios de alguna póliza de seguro. En sesión del 26 de abril de 2007, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presentaron dictamen que fue aprobado por el pleno del Senado, por lo que fue turnado a la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para estudio y dictamen, el cual fue aprobado el 4 de marzo de La reforma al artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2009, ampliando de dos a cinco años el término para que prescriban las acciones que se deriven de un contrato de seguro, pero únicamente tratándose de fallecimiento en los casos de seguros de vida. La razón fundamental de esta reforma, quedo justificada ante la escasa cultura que en México se tiene en materia de seguros, pues resultaba bastante común que los beneficiarios de un seguro de vida desconocieran que tenían esa calidad y por tanto, no acudían a cobrar el mismo. Sin embargo, la reforma sólo protegió al o los beneficiarios que el titular del seguro hubiera designado como tales, en caso de fallecimiento del titular del seguro de vida, pero dejó desprotegido de este derecho al propio titular, cuando el contrato de seguro contemple beneficios adicionales para el caso de que sufra un accidente que no derive en la muerte de éste, pero sí en una invalidez que le impida continuar realizando sus actividades como habitualmente las realizaba. A mayor abundamiento, actualmente y a fin de hacer más atractivos los seguros de vida, las compañías aseguradoras ofrecen beneficios adicionales al propio asegurado que puede disfrutar en vida. Por ejemplo, ofrecen pagar el total de la suma asegurada contratada al asegurado, si sufriendo un accidente, se le dictamina una incapacidad total y permanente; esto, independientemente de que a su fallecimiento le sería entregada el monto total de la suma asegurada al o los beneficiarios designados por él. Es decir, en este caso la compañía paga dos veces la suma asegurada.
2 Por qué es importante esto? Recordemos que conforme a la reforma, el término de prescripción de cinco años, sólo beneficia al o los beneficiarios, no así al asegurado. En este sentido, aunque parece absurdo pensar que al asegurado no le basten dos años para ejercer el derecho al cobro del seguro en caso de invalidez, pues es innegable que tiene conocimiento de la existencia del seguro, la realidad es que también se dan casos en que esos dos años no son suficientes, ya que el tiempo que tarda una institución de salud pública en emitir el dictamen que acredita el estado de salud del titular del seguro, no depende de él, sino de la entidad de salud pública que lo atiende, a través de los estudios médicos que considere pertinentes a fin de respaldar dicho dictamen, los cuales pueden prolongarse por largos periodos de tiempo ajenos a la voluntad del titular del seguro, pero que lo atañen directamente. Cabe precisar que la Ley Sobre el Contrato de Seguro contempla diversos tipos de seguros, como son el Contrato de seguro contra daños, contra incendios, el Seguro de provechos esperados y de ganados, el de transporte terrestre, los Seguros de responsabilidad, y los contratos de seguro sobre las personas, siendo éste último género el objetivo de la presente iniciativa, específicamente el seguro de vida individual. Cabe destacar que, regularmente, el propósito del contratante de un seguro de vida es dejar protegida a su familia y/o beneficiarios ante la posibilidad de la falta de éste, y que los mencionados beneficiarios cuenten con los recursos económicos suficientes para hacer frente a la difícil situación que se presentaría ante la ausencia de quien muy probablemente puede llegar a ser el único sostén de la familia. A eso hay que agregar que para muchas personas, hacer efectivo el cobro de un seguro les puede resultar un verdadero viacrucis a causa del desconocimiento que sobre el procedimiento se tiene en nuestra sociedad. En tal virtud, el propósito de esta iniciativa es dar mayor certeza jurídica a quienes contraten un seguro de vida, ampliando el tiempo que tienen para hacer valer todas las acciones que se deriven del contrato, pues el tiempo que tarda la emisión del dictamen que acredita el estado de salud del titular del seguro llega a prolongarse en el tiempo y no depende del asegurado, por el contrario, depende única y exclusivamente de la institución de Salud Pública. Se informa lo anterior, toda vez que de acuerdo al primer párrafo del artículo 119 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se establece que: para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Tal declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, el Reglamento de Servicios Médicos para la Prestación de los Servicios de Guardería, y para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 86, establece la definición de invalidez, el cual a la letra dice: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La dictaminación del estado de invalidez deberá ser realizada por los servicios médicos institucionales, a través del dictamen médico correspondiente, en el que se consideran la determinación del estado físico funcional del trabajador y la información médica, técnica y social que se requiera. A su vez, el artículo 118 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de la invalidez establece: Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto.
3 También la Ley General de Salud prevé una definición para invalidez, la cual en su artículo 173 señala lo siguiente: Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez la limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social. Asimismo, cabe señalar lo contenido en el artículo 1135 del Código Civil Federal, el cual establece que la Prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La propuesta entonces, radica en homologar el término de dos a cinco años, respecto del tiempo que tiene el titular para hacer efectivo el cobro del seguro, tratándose de beneficios adicionales contratados en la póliza de seguro. Esta propuesta de reforma, queda además soportada en cinco Principios Generales del Derecho, que a la letra rezan: Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quién puede lo más, puede lo menos. El que concede u otorga lo principal, concede lo accesorio. Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. No corre la prescripción contra el que no puede valerse. Asimismo, propongo que el término para que comience a contarse la prescripción, sea a partir de que conjuntamente se actualice el riesgo, es decir, que ocurra el siniestro, y una vez que el asegurado obtenga el dictamen que conceda la invalidez del titular contratante del seguro de vida. Resulta aplicable al caso, lo sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito en la Tesis Aislada con Número de Registro , habiéndose pronunciado con el siguiente razonamiento: CONTRATO DE SEGURO. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones derivadas de un contrato de seguro, la fecha del acontecimiento que les dio origen. Como se puede advertir, en primer lugar, el referido precepto dispone expresamente, como objeto de la prescripción, las acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera que sea la teoría de la acción adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de reclamar "lo que se le debe" (corriente clásica) o bien, para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la función jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución definitiva, dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es necesario no sólo la existencia del supuesto normativo donde se prevea el derecho aducido en el juicio, sino además, es menester la actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para estimar que el demandado "debe" al actor alguna prestación (conforme a la corriente clásica) ni para determinar la existencia de un interés jurídico en accionar, por no existir una situación de hecho contraria a derecho, subsanable únicamente por la intervención del órgano jurisdiccional, a través de la providencia expedida al efecto por éste (conforme a la corriente actual). En segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no define qué debe entenderse por el "acontecimiento" que le da origen a la acción. El Diccionario de la Lengua Española define al acontecimiento, como "M. Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia". Al relacionar este concepto con el contrato de seguro se puede considerar que el "acontecimiento" podrá en algunas ocasiones coincidir con el "siniestro", esto es, con la realización del riesgo (eventualidad objeto del contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, además, en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de seguro es evidente la posibilidad de supuestos, donde "el acontecimiento" no coincida con el siniestro; por consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de acción ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la prescripción extintiva es la inercia durante cierto tiempo del titular del derecho, es evidente que no pueden extinguirse por prescripción los derechos
4 cuya pertenencia al sujeto no dependan de su voluntad; por ende, la prescripción no empieza a correr respecto a derechos que no están todavía a disposición del titular, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su pérdida. Sobre estas bases es dable concluir que el acontecimiento que da inicio al cómputo de la prescripción es aquel a partir del cual se surten los elementos del supuesto normativo de la pretensión deducida; así por ejemplo, en la pretensión de pago de la suma asegurada en la cláusula tercera del seguro colectivo de retiro, póliza CR0001, el acontecimiento generador de la acción es la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la edad mínima de cincuenta y cinco años del servidor público; b) la baja definitiva en el servicio público, y c) el cumplimiento de quince o más años de servicio e igual tiempo de cotización al ISSSTE y/u organismo respectivo. Por consiguiente, los tres elementos deben coincidir a un mismo tiempo, para que el servidor público esté en aptitud de solicitar el pago de la suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el trabajador es pensionado, porque en ese supuesto ya tiene como mínimo cincuenta y cinco años de edad, causó baja definitiva y tiene los años de servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse como para reclamar el pago de la suma asegurada en el contrato colectivo de retiro. Antes de satisfacer esos elementos no hay base sobre la cual el servidor público pueda exigir el derecho ni acudir al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea respetado y se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, incurrir en inercia. Por todo lo anteriormente mencionado, la propuesta radica en dos pretensiones: uno, que se amplíe el término de dos a cinco años el tiempo para hacer valer las acciones que se deriven de un contrato de seguro, pero no únicamente para el caso de fallecimiento del titular, sino también para hacer efectivo el cobro por parte del titular del seguro, en caso de existir beneficios adicionales en la póliza de seguro y, dos, que el término para que comience a correr la prescripción se inicie hasta que se tengan conjuntamente el siniestro y el dictamen que acredite el estado de salud del titular del seguro. Con base en lo anterior, proponemos reformar la fracción I del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a efecto de que todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescriban en cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, así como para los beneficios adicionales que contemple el contrato de seguro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue: Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, así como para los beneficios adicionales diseñados para disfrutar en vida que contemple la póliza de seguro. Para este último supuesto, la prescripción correrá a partir de que conjuntamente coexistan tanto el siniestro, como el dictamen correspondiente. II.-. ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ATENTAMENTE, SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS
5 Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de julio de 2011.

References: ARTÍCULO 81
 ARTÍCULO 81
 artículo 71
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 119
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 118
 artículo 173
 artículo 1135
 artículo 81
 resolución 
 artículo 81
 artículo 81
 Artículo 81