Source: https://tc.vlex.es/vid/1254-2001-m-n-h-d-s-stc-179799
Timestamp: 2020-06-02 20:53:56+00:00

Document:
STC 39/2003, 27 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 179799
STC 39/2003, 27 de Febrero de 2003
Número de Recurso: 1254/2001
Recurso de amparo 1254-2001. Promovido por don José M. N. frente al Auto y Sentencia de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimaron su reclamación de cantidad contra H.D. Lee, S.A. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y supuesta vulneración del derecho a la igualdad: percepción de un complemento salarial (STC 34/1984). Voto particular.
Sentencia citada en: 860 sentencias, 13 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1254-2001 promovido por don José M. N., representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Muñoz Barona y asistido por el Letrado don José Ignacio Montejo Uriol, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2001, por el que se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina (núm. 559-2000) interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, que estima el recurso de suplicación (núm. 3259/99) interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid, de 25 de febrero de 1999, sobre reclamación de cantidad. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la entidad H.D. Lee, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Ortiz-Cañete Levenfeld y asistida por el Letrado don Eduardo Ortega Prieto. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal con fecha de 6 de marzo de 2001, don José M. N., representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Muñoz Barona, interpuso la demanda de amparo constitucional de la que se hace mérito en el encabezamiento, por entender que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, vulnera los arts. 24.1 y 14 CE.
El recurrente en amparo venía prestando sus servicios para la empresa H.D. Lee, S.A., desde el 1 de mayo de 1972 con la categoría profesional de jefe de producción, desempeñando funciones de director de fábrica en el centro de trabajo de Alcalá de Henares (Madrid).
Por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, de 7 de enero de 1998, se autorizó el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, solicitado por la empresa H.D. Lee, S.A., acordándose la rescisión de los contratos de trabajo de setenta y cuatro trabajadores, entre los que se incluía el recurrente en amparo.
En el acuerdo tercero de la citada Resolución se establecía que la indemnización que percibirían los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos de trabajo sería la acordada por las partes en el acta final del período de consultas, que fue fijada en cuarenta y cinco días de salario por año de servicio más 600.000 pesetas lineales para cada uno de los afectados.
Como consecuencia de la extinción de su contrato, al recurrente le fue abonada la cantidad de 24.395.613 pesetas en concepto de indemnización de 45 días de salario por año de servicio y 600.000 pesetas por indemnización lineal, ascendiendo el total abonado a 24.995.613 pesetas. El cálculo de la citada indemnización se efectuó por la empresa sobre el salario anual en metálico sin incluir el salario en especie por la utilización de un vehículo de la empresa, ni el bonus anual correspondiente a 1997, cuya percepción se hacía depender de que la compañía consiguiese un objetivo de beneficios, fijándose el nivel mínimo de eficiencia por debajo del cual no se abonaba en el 81 por 100 y el nivel máximo en el 110 por 100.
Con fecha de 20 de febrero de 1998, el recurrente presentó demanda contra la empresa H.D. Lee, S.A., en la que efectuó dos reclamaciones de cantidad. De una parte, solicita el bonus correspondiente al año 1997, manteniendo que había sido abonado a todos los trabajadores menos a él, lo que, a su juicio, constituía una decisión empresarial discriminatoria contraria al art. 14 CE; y, de otro lado, reclamó una diferencia en el cálculo de la indemnización por la extinción de su contrato de trabajo, al no haberse incluido ni el bonus correspondiente al año 1997, ni el importe del salario en especie por utilización de un coche de la empresa.
La demanda fue estimada parcialmente por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid, de 25 de febrero de 1999, en la que, en primer lugar, se reconoció el derecho del actor a percibir el bonus reclamado. En este sentido, se afirma que la denegación de este último no podía sostenerse, sin más, en el hecho de que el actor dirigiese el área productiva afectada por el expediente de regulación de empleo, añadiéndose, a mayor abundamiento, que había que tener en cuenta un hecho incontrovertido (que constituía un indicio racional de discriminación), como era el que el resto de trabajadores que podían devengar el bonus correspondiente al año 1997 lo habían percibido en la nómina de enero de 1998, lo que ponía de manifiesto que la empresa había conseguido el objetivo de beneficios requerido a los efectos del pago del bonus. En segundo término, y en cuanto a la reclamación de la diferencia en la indemnización por despido, se reconoció el derecho del demandante a que se incluyera en su cálculo, tanto el bonus correspondiente al año 1997, como el salario en especie por el uso del vehículo de la empresa, si bien, respecto a este último, se declaró que su valoración económica se debía efectuar con arreglo a los cálculos señalados por la empresa demandada, sobre la base de la normativa contenida en los arts. 26 y 27 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en virtud de la cual, la valoración anual del uso del vehículo ascendía a la cantidad de 174.450 pesetas.
Con fecha de 27 de abril de 1999, la empresa demandada interpuso recurso de suplicación contra la anterior Sentencia, impugnando el derecho del actor a la percepción del bonus de 1997 y a que, consecuentemente, se computase como salario en el cálculo de la indemnización por despido. Por lo demás, la empresa no discutió la pretensión del trabajador relativa al salario en especie, que, según reconoció en la instancia, no había incluido en el cálculo de la indemnización por error, y respecto del cual el juez a quo había declarado que se cuantificase en el modo propuesto por la propia empresa.
Con fecha de 11 de mayo de 1999, el trabajador recurrido presentó escrito de impugnación del recurso de suplicación, en el que mantuvo su derecho a la percepción del bonus y a su inclusión en la base del cálculo de la indemnización por despido, dejando fuera de discusión lo relativo al salario en especie al haber aceptado la empresa que debía tenerse en cuenta en dicho cálculo.
El recurso de suplicación fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, que revocó la Sentencia recurrida, absolviendo a la parte demandada de la reclamación objeto de la litis. En este sentido, la Sala sostiene que la entidad demandada no se encontraba obligada a abonar al actor el bonus reclamado, teniendo en cuenta que se había visto obligada a rescindir el contrato de 74 trabajadores por su mala situación económica; que la mayor parte de ellos pertenecían al departamento que dirigía el trabajador recurrido; que la causa de la reducción de la plantilla eran los elevados costes de producción de los artículos que disminuían la posibilidad de venta frente a la competencia, y esa era misión fundamental del Sr. M. N.; que era imposible justificar el devengo del bonus cuando se había evidenciado esa responsabilidad del reclamante, y, que no debía obligarse a la empresa a probar esta última, ya que todas las presunciones eran favorables a su tesis. Finalmente, la Sala concluye diciendo que tampoco podía alegarse discriminación porque otros trabajadores cobraran el bonus ya que se hallaban en otros departamentos en que no se produjeron las irregularidades del departamento dirigido por el trabajador recurrido; a lo que se añade: "al que tampoco corresponde el incremento por el salario en especie".
Con fecha de 14 de febrero de 2000, el Sr. M. N. interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra la anterior resolución judicial. En un primer motivo, el actor se refería a la valoración del vehículo de la empresa y su inclusión como salario en especie a efectos del cálculo de la indemnización por despido, alegando al respecto la existencia de una incongruencia omisiva en tanto en cuanto "la sentencia recurrida omite cualquier fundamento o razonamiento de la pretensión actora en este punto, ya que ninguno de los fundamentos de derecho se dedica a analizar la cuestión y, al quedar inalterado el relato de hechos probados, tampoco se vislumbra en el resto de la decisión judicial fundamento alguno que justifique la revisión del fallo". A través de un segundo motivo, el recurrente defendía su derecho a la percepción del bonus y a su inclusión en el salario, planteando si, una vez extinguido el contrato de trabajo, tenía o no derecho a exigir el abono de aquel incentivo variable devengado durante el año y que el trabajador venía percibiendo regularmente en anualidades precedentes, añadiendo el dato de que el resto de sus compañeros que permanecían en la empresa percibían su correspondiente bonus, siendo él el único al que no se le había entregado al cesar en la empresa, lo que, a su juicio, tenía un claro contenido discriminatorio. También discutió a través de ese mismo motivo si la cantidad correspondiente al incentivo formaba parte del salario una vez devengado, y si, por lo tanto, había de ser incluida en el cálculo de la indemnización por extinción de su contrato de trabajo.
El recurso fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2001, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción. En primer término, afirma la Sala que el recurrente en su escrito de formalización del recurso se había limitado a exponer cuál era la cuestión controvertida en la Sentencia recurrida, efectuando una breve referencia al contenido de la Sentencia citada a efectos de contradicción, pero sin haber efectuado el examen comparativo entre los hechos, fundamentos y pretensiones analizados por ambas resoluciones comparadas que pusiera de manifiesto la identidad sustancial existente entre los mismos y el signo opuesto o divergente de sus respectivos pronunciamientos, conforme a lo preceptuado en el art. 222 de la Ley de procedimiento laboral de 1995 (LPL). En segundo lugar, la Sala niega que concurra en el presente caso la contradicción exigida en el art. 217 LPL, al no existir identidad en cuanto a los hechos, fundamentos y pretensiones entre las controversias objeto de contraste.
En su demanda de amparo el Sr. M. N. alega que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, ha vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad y a la tutela judicial efectiva reconocidos en los arts. 14 y 24.1 CE. En primer término, considera que la Sala de suplicación ha lesionado su derecho a la igualdad (art. 14 CE) al no haber declarado -en contra de lo mantenido anteriormente en la instancia- la existencia de un trato discriminatorio empresarial hacia su persona, al ser el único trabajador despedido al que se le negó el derecho a la percepción del bonus correspondiente al año 1997, decisión empresarial, que, a su juicio, carecía de una justificación objetiva y razonable y constituía un evidente indicio de discriminación. En este sentido, afirma que la Sentencia impugnada incurrió, al afirmar la inexistencia de trato discriminatorio, en determinadas contradicciones respecto del relato de hechos probados, pues no resultaba correcta la afirmación de que, a diferencia del actor, "otros" trabajadores cobraron el bonus, sino que lo recibieron la "totalidad" de los trabajadores a los que les fue rescindido su contrato de trabajo, que, además, pertenecían al departamento que dirigía el actor. De igual forma, también considera incorrecta la afirmación de la Sala de que se había evidenciado la responsabilidad del actor en el despido colectivo y que, por ese motivo, resultaba improcedente en su caso el abono de la cantidad reclamada en concepto de bonus, dado que no constaba acreditado en los hechos probados su nivel de eficiencia durante el año 1997. En definitiva, mantiene que, si la empresa afirmaba la existencia de una relación causa-efecto entre la actuación del actor y el despido colectivo de los 74 trabajadores -incluido él- al objeto de justificar el impago del bonus, debía acreditar de forma fehaciente que dicha decisión empresarial no entrañaba ningún tipo de elemento discriminatorio al existir indicios racionales de su existencia.
La Sección Segunda de este Tribunal, mediante providencia de 28 de enero de 2002, admitió a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, acordó dirigir comunicación al Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, para que en el plazo de diez días remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, así como para que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, a los efectos de que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional y defender sus derechos.
Con fecha de 7 de marzo de 2002, se persona en nombre y representación de la empresa H.D. Lee, S.A., la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld. Y, por providencia de la Sala Primera, de 24 de abril de 2002, se le tiene por personada y parte, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acuerda dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y a las demás partes personadas, para que dentro de dicho término pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
Con fecha de 22 de mayo de 2002, el Ministerio Fiscal presenta su escrito de alegaciones, en el que, tras exponer los antecedentes de hecho, se refiere, en primer término, a la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE). A este respecto, comienza precisando -conforme a lo dispuesto en la STC 61/2002- que el objeto de la demanda de amparo lo constituye la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, aun cuando se hubiese dirigido formalmente contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2001, y que el recurso de casación para la unificación de doctrina inadmitido por éste no podía considerarse improcedentemente interpuesto, al haberse basado la inadmisión, no sólo en el incumplimiento de requisitos procesales (falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción), sino también en requisitos de fondo (falta de contradicción). Sentado lo anterior, y tras recordar la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad de trato (STC 200/2001), no discriminación salarial (STC 21/1998) y la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones laborales en orden a garantizar los derechos fundamentales del trabajador (STC 66/2002), afirma que toda la argumentación del demandante parte de una afirmación fáctica inexistente, que construye a partir de una lectura interesada del hecho noveno probado, en el que no se afirma, como pretende, que el bonus se abonó a la totalidad de los trabajadores despedidos a excepción del recurrente, sino que de los trabajadores que lo recibieron el año anterior el demandante fue el único al que no se le volvió a reconocer, lo que es harto distinto. En este sentido, prosigue diciendo el Ministerio Fiscal que de las actuaciones se desprende que eran escasísimos los trabajadores que percibían el bonus (seis trabajadores), que ninguno de los despedidos -afectados como el actor por el expediente de regulación de empleo- había cobrado aquél año ni en años precedentes el meritado bonus, y que incluso, el recurrente, hubo años en que no cobró el bonus, y que, cuando lo cobró, la cuantía osciló de los 241.000 pesetas anuales a los 3.349.000 pesetas. El Fiscal parte, pues, del hecho de que el actor -director de fábrica-, fue objeto de un expediente de regulación de empleo, al igual que un numeroso grupo de trabajadores, la mayor parte de los cuales prestaba servicios en la fábrica por él dirigida, siendo la causa de tan drástica reducción de plantilla la mala marcha económica de tal centro de trabajo por sus elevados costes de producción que le restaban competencia frente a otros de la propia empresa. Asimismo, constata que la indemnización abonada al actor por el despido colectivo se calculó aplicando exactamente los mismos parámetros que al resto de los trabajadores despedidos. En virtud de lo cual, el Fiscal concluye afirmando que la alegación de la discriminación salarial respecto al resto del colectivo despedido aparecía huérfana de todo sustrato fáctico y que la pretensión del demandante en la demanda rectora del proceso laboral no era que el bonus se le debía abonar como al resto de los trabajadores despedidos, sino como al resto de los trabajadores que lo percibían, que es distinto, es decir, el juicio de comparación debe hacerse no frente al resto de despedidos, sino frente a los trabajadores de la empresa que cobraron el año anterior el bonus y lo siguieron percibiendo. En consecuencia, la diferencia retributiva alegada por el recurrente era ajena a discriminación de índole alguna, pues la empresa había justificado que su actuación se debía a causas absolutamente extrañas a la vulneración alegada, por lo que los razonamientos de la Sentencia impugnada no podían tildarse de inaceptables desde el punto de vista de la pretensión esgrimida.
Con fecha de 23 de mayo de 2002, la parte recurrente presenta su escrito de alegaciones, reproduciendo las contenidas en su escrito de demanda.
Transcurrido el plazo común de veinte días, concedido a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, la entidad H.D. Lee., S.A., no ha presentado escrito de alegaciones.
Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes, el recurrente imputa a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, tanto la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), como la del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En primer término, considera que la resolución impugnada ha lesionado su derecho a la igualdad, al no haber declarado que la empresa demandada ante la jurisdicción social le había infligido un trato discriminatorio respecto al resto de los trabajadores despedidos, al haber sido el único al que se le había negado la percepción del bonus correspondiente al año 1997, sin que concurriese ninguna circunstancia objetiva y razonable que justificase tal decisión empresarial. En segundo lugar, sostiene la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), producida por incurrir la resolución judicial impugnada en el vicio de "incongruencia omisiva", al rechazar que el salario en especie se computase en el cálculo de su indemnización por despido, revocando inmotivadamente lo declarado al respecto en la Sentencia de instancia sin atenerse a la pretensión esgrimida por la empresa H.D. Lee, S.A., en el recurso de suplicación.
Antes de examinar el fondo de la cuestión debatida resulta necesario delimitar el objeto del presente recurso precisando que aunque el recurrente impugna tanto la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de diciembre de 1999, como el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2001 que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra aquélla, sin embargo, no dirige reproche alguno de inconstitucionalidad a este último. Por tanto, el citado Auto de inadmisión ha de quedar fuera de nuestro análisis.
Como ha quedado expuesto, la parte recurrente considera que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, de 16 de diciembre de 1999, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incurrir en incongruencia omisiva, toda vez que sin guardar relación de ningún género con la pretensión deducida, revoca de forma inmotivada la Sentencia de instancia en el extremo relativo a la diferencia en la indemnización por despido resultante de la inclusión en el salario regulador del importe correspondiente al salario en especie por utilización del vehículo de la empresa. Sin embargo, señala el Ministerio Fiscal que lo que en rigor reprocha el Sr. M. N. a la resolución recurrida es el vicio de incongruencia extra petitum, al haberse pronunciado la Sentencia impugnada sobre un extremo que no había sido cuestionado en el recurso de suplicación (el citado cómputo del salario en especie en el cálculo de la indemnización por despido aceptado por la empresa y excluido, por tanto, de "la litis planteada" en el recurso de suplicación que, a tenor del escrito de impugnación del Sr. M. N., "debe centrarse en si el actor tiene derecho a percibir el bonus correspondiente al ejercicio de 1997"), impidiéndole efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses y vulnerando el principio de contradicción.
En efecto, hemos establecido con reiteración la distinción entre dos tipos de incongruencia: de una parte, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio, que se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (SSTC 91/1995, de 19 de junio, 56/1996, de 15 de abril, 58/1996, de 15 de abril, 85/1996, de 21 de mayo, 26/1997, de 11 de febrero). Y, de otra parte, la denominada incongruencia extra petitum, que se da cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción (SSTC 154/1991, de 10 de julio; 44/1993, de 8 de febrero, FJ 3; 172/1994, de 7 de junio; 116/1995, de 17 de julio; 60/1996, de 15 de abril; 98/1996, de 10 de junio; 17/2000, de 31 de enero, FJ 6.a; y 135/2002, de 3 de junio, FJ 3, entre otras).
Hemos dicho también que en algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidos, concurriendo la que, en ocasiones, se ha llamado incongruencia por error, denominación adoptada en la STC 28/1987, de 13 de febrero, y seguida por las SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, 111/1997, de 3 de junio, y 136/1998, de 29 de junio, que define un supuesto en el que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta.
Ciertamente, el art. 44.1 LOTC, que regula el recurso de amparo contra resoluciones de órganos judiciales establece, entre otras, la exigencia de agotar todos los recursos utilizables en la vía judicial ordinaria como consecuencia del carácter subsidiario del recurso de amparo, ya que la tutela general de los derechos y libertades corresponde conforme al art. 53.2 CE, en primer lugar, a los órganos del Poder Judicial. En consecuencia, cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar la libertad o derecho que se entiende vulnerado, tal recurso ha de interponerse antes de acudir a este Tribunal. Es preciso, por tanto, que se apuren las posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho fundamental que se estima lesionado, de suerte que, cuando aquellas vías no han sido recorridas, el recurso de amparo resultará inadmisible. Esta exigencia, lejos de constituir una formalidad vacía, supone un elemento esencial para respetar la subsidiariedad del recurso de amparo y, en última instancia, para garantizar la correcta articulación entre este Tribunal y los órganos integrantes del Poder Judicial, a quienes, hemos de reiterarlo, primeramente corresponde la reparación de las posibles lesiones de derechos invocadas por los ciudadanos, de manera que la jurisdicción constitucional sólo puede intervenir una vez que, intentada dicha reparación, la misma no se ha producido, quedando agotada la vía judicial (SSTC 122/1996, de 8 de julio, FJ 2; 76/1998, de 31 de marzo, FJ 2; 173/1999, de 27 de septiembre, FJ 2; 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 4/2000, de 17 de enero, FJ 2; 52/2000, de 28 de febrero, FJ 3; 86/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 284/2000, de 27 de noviembre, FJ 2).
De acuerdo con la doctrina anteriormente expuesta, hemos de concluir que, en este caso, el recurrente no agotó, antes de interponer su demanda de amparo, los cauces procesales legalmente previstos para que la lesión de su derecho pudiera ser reparada previamente en la vía judicial, al no haber instado contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia -a la que tacha de incongruente- el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal es, en efecto, el mecanismo excepcional dispuesto por la citada Ley, modificada posteriormente por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, y por la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, para que quien sea parte legítima o hubiera debido serlo pida por escrito que se declare "la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no hayan sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida". Como hemos dicho, "este remedio procesal de carácter extraordinario permite a los órganos judiciales subsanar ellos mismos aquellos defectos que supongan, bien una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de dichos órganos, en relación con los vicios formales causantes de indefensión (ATC 1110/1986, de 22 de diciembre, FJ 1), bien una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal que comporte la imprevisibilidad del alcance y sentido de la controversia, en relación con el vicio de incongruencia (STC 225/1991, de 30 de diciembre, FJ 2; en este sentido, ATC 170/1999, de 24 de junio; STC 56/2002, de 11 de marzo, FJ 2)" (STC 189/2002, de 14 de octubre, FJ 5).
Por tanto, una vez firme la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia como consecuencia del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2001, el recurrente Sr. M. N. debió instar ante la citada Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dentro del plazo de veinte días la nulidad de actuaciones fundada en la existencia de un vicio de incongruencia, y, al no hacerlo así, le negó al órgano judicial la posibilidad de reparar la lesión que ahora denuncia a través del presente recurso de amparo (SSTC 72/2002, de 8 de abril, FJ 2; y 178/2002, de 14 de octubre, FJ 4).
También se queja el recurrente de que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado su derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE, lesión ésta respecto de la cual debe entenderse debidamente interpuesto el recurso de amparo, pues a través del incidente de nulidad de actuaciones -que como ha quedado dicho era el cauce procesal adecuado para intentar la subsanación del vicio de incongruencia- no se podía obtener la restitución del derecho fundamental ahora denunciado, sin que la tramitación obligada de aquel incidente frente a la lesión de incongruencia denunciada convierta en extemporánea la demanda de amparo respecto de sus demás quejas sustantivas.
La vulneración de su derecho a la igualdad se sustenta por el Sr. M. N. en la existencia de un trato discriminatorio en materia salarial por haber sido el único de los trabajadores despedidos a través del expediente de regulación de empleo al que la empresa H.D. Lee, S.A., no le reconoció el derecho a devengar el bonus -incentivo anual por beneficios- correspondiente al año 1997. La demanda de amparo afirma que el Sr. M. N. aportó indicios de la existencia de un comportamiento discriminatorio, prueba indiciaria frente a la que la empresa demandada no acreditó la concurrencia de ninguna circunstancia objetiva y razonable que justificase que su actuación obedeció a una causa ajena al móvil discriminatorio denunciado, y es que dicha acreditación no puede entenderse cumplida en virtud de meras presunciones, como la consistente en deducir la existencia de una relación causa-efecto entre la actuación del recurrente y el despido colectivo de los trabajadores del departamento que dirigía. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tras argumentar que el trabajador no aportaba un término de comparación válido -al pertenecer los trabajadores que habían cobrado el incentivo a otros departamentos en los que no se produjeron las irregularidades del que dirigía el Sr. M. N.- y que, además, se había constatado su responsabilidad en la situación económica que había conducido al despido colectivo, entendió que la empresa le había negado de forma razonable y justificada su derecho a la percepción del bonus reclamado, por lo que ningún trato discriminatorio se podía apreciar en el caso.
Aplicando la anterior doctrina al presente caso, es obligado reconocer, tal y como la Sentencia impugnada y el Ministerio Fiscal sostienen, que el recurrente no ha acreditado la existencia de un término de comparación esencialmente igual, exponente de la pretendida discriminación salarial producida. En efecto, el Sr. M. N. basa esa discriminación, que no vincula a ninguna de las causas prohibidas en la Constitución, en que ha sido el único de la totalidad de los trabajadores despedidos al que la empresa demandada negó la percepción del bono del año 1997, tal y como consta, según él, en el inmodificado -por la Sentencia de suplicación- hecho probado noveno de la Sentencia de instancia. Sin embargo, el recurrente ofrece en su demanda de amparo su propia interpretación del contenido del citado ordinal no coincidente con lo que literalmente dice ni con los datos obrantes en las actuaciones, pues, lejos de efectuarse en él la afirmación pretendida, se declara, por el contrario, que "al actor no se le ha abonado en el año 1997 ningún bonus anual a diferencia de la totalidad de los trabajadores que lo recibieron el año anterior, y que para el año 1997 se les ha vuelto a reconocer, siéndoles pagado en enero de 1998". El recurrente se compara con el resto de los trabajadores cuyos contratos se extinguieron por el expediente de regulación de empleo y no con los trabajadores que percibían el discutido bono, afirmando que éstos habían cobrado una cantidad (bonus de 1997) que a él se le negaba, cuando, partiendo de los hechos acreditados en el proceso de instancia, ninguna de esas personas respecto de las que alega resultar discriminado la percibió.
Denegar el amparo solicitado por don José M. N..
Voto particular que suscribe el Magistrado don Pablo García Manzano en relación con la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1254-2001.
La Sentencia entiende que, una vez inadmitido, por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2001, el recurso de casación para la unificación de doctrina promovido por el trabajador, éste debió, para cumplir con el requisito procesal del art. 44.1 a) LOTC, acudir al incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ, intentando este remedio procesal frente a la Sentencia de suplicación dictada el 16 de diciembre de 1999, una vez que ésta devino firme a consecuencia de aquel Auto de inadmisión del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, mi criterio disidente se asienta en la consideración de que el vicio procesal al que se imputa la lesión del art. 24.1 CE no es de los que requieren, para su reparación, el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 LOPJ, pues en rigor no es una modalidad de incongruencia (desde luego no la omisiva, como erróneamente la califica el demandante de amparo), ni siquiera en la vertiente que se conoce con la expresión latina de extra petitum.
STSJ Cataluña 4192/2007, 7 de Junio de 2007
STSJ Comunidad de Madrid 381/2011, 30 de Mayo de 2011
Resolución nº 00/178/2007 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 16 de Abril de 2008
SAP A Coruña 219/2014, 24 de Abril de 2014

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