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Timestamp: 2020-07-02 09:10:09+00:00

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El delito ambiental como delito de peligro en Argetina – editorialedae
El delito ambiental como delito de peligro: comentario al fallo “Luis Alberto Drube; Santiago Daniel Gasep damnificado Gobierno de Santiago del Estero – La Trinidad”[1]
En materia de medio ambiente, hoy en Argentina encontramos jurisprudencia de los tribunales federales con una fuerte tendencia a considerar la contaminación ambiental como delito de peligro - pese a la resistencia de la vieja jurisprudencia acotada a una mirada cerrada del código penal- tal el caso bajo análisis: “Luis Alberto Drube; Santiago Daniel Gasep damnificado Gobierno de Santiago del Estero – La Trinidad” donde se observa una tensión entre ambas corrientes.
Palabras clave: derecho humano al medio ambiente, protección judicial al medio ambiente, salud, medio ambiente y justicia.
La problemática del medio ambiente ha puesto en tela de juicio la expansión del sistema productivo agropecuario e industrial así como el extractivo de minerales y otros productos, ante la falta de protección de la naturaleza y la contaminación que pone en riesgo la vida misma del planeta. En nuestro país si bien constitucionalmente es receptado explícitamente en 1994 el cuidado del medio ambiente, en el art. 41 CN, ya en 1887 nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación - CSJN -resolvía el primer caso de derecho a un ambiente sano por vía interpretativa del texto constitucional en materia del bienestar general. Es el caso Saladeristas Santiago, José y jerónimo Podestá y otros vs. Provincia de Buenos Aires[1]
Recientemente -en febrero de 2018- la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDD- daba a conocer su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’ en relación a la solicitud que le hiciera Colombia, si bien ampliando el espectro de aplicación no sólo al estado solicitante sino que:
Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino.[2]
Es la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de su actividad consultiva, señalando al respecto que:
Esta Opinión constituye una de las primeras oportunidades de este Tribunal para referirse, de manera extendida, sobre las obligaciones estatales que surgen de la necesidad de protección del medio ambiente bajo la Convención Americana[3] (supra párr. 23).
Desde la perspectiva nacional, en 1994 se reúne la Convención constituyente de Reforma Constitucional y en materia de medio ambiente dicta el art. 41:
Por lo tanto las autoridades deben proveer:
- A la protección de este derecho.
- A la utilización racional de los recursos naturales.
- A la preservación del patrimonio natural y cultural.
- A la preservación de la diversidad biológica.
- A la información y educación ambientales.
Por otra parte –desde la perspectiva legal- antes de la Reforma de 1994 el Congreso Nacional dictó varias normas relativas al Medio Ambiente, entre ellas:
- La ley 11.347, sobre residuos patogénicos reemplazada por la ley 24051.
- La ley 13.273 de bosques y tierras forestales de 1948.
- La ley 20.284 de 1973, sobre preservación de los recursos del aire.
- La ley 22.421 de 1981, de protección y conservación de la fauna silvestre.
- La ley 22.428 también del año 1981, ley de fomento de la conservación del suelo.
- La ley 23.879, sobre evaluación de las consecuencias ambientales que podían producir en el territorio argentino represas construidas o en construcción o planificadas
- La ley 24.051, de residuos peligrosos.
Por estas leyes se establecen competencias deslindadas porque tenemos un sistema federal. La Nación tiene atribuidas determinadas competen­cias y todas aquellas otras que no le fueran delegadas son reservadas para las provincias. Eventualmente puede haber concurrencia en algunas actividades. Con la reforma Constitucional y la incorporación del art. 41 vamos a una integración de actividades entre la Nación y las provincias, situación que hasta el día de hoy no se daba porque atento a los principios de la Constitución Nacional todo lo que era materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales caía dentro de la esfera propia de las provincias.
Actualmente – desde noviembre de 2002- se encuentra en vigor la ley General del Ambiente Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Esta cuestión de delito ambiental va a ser dirimida en el fallo objeto de nuestro análisis.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, en noviembre de 2016 hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal ( MPF) contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán que había absuelto a Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, explotadores comerciales del Ingenio “La Trinidad”, acusados por infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos anula el fallo y ordena nuevo decisorio -noviembre de 2016-. Aquí los argumentos[1]
Decisorio en primera instancia y recurso de casación del Ministerio Publico Fiscal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán resolvió absolver a Luis Alberto Drube y a Santiago Daniel Gasep, encargados de la explotación comercial del Ingenio “La Trinidad”, acusados por infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos (art 55). El Ministerio Publico Fiscal recurre en casación porque estima que la sentencia es defectuosa a la hora de valorar los argumentos vertidos, careciendo de motivación y fundamentación suficiente respecto de las pruebas incorporadas al proceso de forma regular; además de una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos relacionados con la petición de la acusación pública.
Hechos extraídos de la sentencia recurrida
El Ingenio La Trinidad ingresó al Programa de Producción Limpia en diciembre de 2003, firmándose acuerdos individuales donde los empresarios azucareros reconocían la necesidad de dejar de desechar vinaza en cursos de agua. El establecimiento en cuestión propuso el almacenamiento en la laguna de sacrificio donde el “vuelco en laguna de sacrificio debe prever un control y remisión de informes con análisis de napas de agua”(sic)
El ingenio pasa a Azucarera del Sur SRL-(perteneciente a los imputados), adhiriendo al acuerdo supra y se comprometen a su inscripción en el Registro de Actividades Contaminantes, conforme Ley provincial 7165.
Así mismo Azucarera del Sur SRL ingresó al Plan de Reconversión Industrial de la Cuenca Salí-Dulce el 18 de octubre de donde documentalmente expresa que su actividad ‘es potencial generadora de riesgos para el ambiente de la cuenca Salí-Dulce’(sic) Por otra parte destaca el procurador conforme informes que acompaña que hasta el año 2005, los dos efluentes líquidos principales del ingenio eran mezclados y se volcaban de manera directa en el punto del dique Santa Isabel en el curso del río Gastona que culmina en el dique Frontal en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) En el 2006 se comenzó a canalizar y en 2007 se puso en funcionamiento un supuesto sistema por el cual el efluente mezclado se canalizaba al “Canal Monteagudo” que conducía el desecho unos 20 Km hasta la finca Austerlitz y en dicha finca, se constituyó lo que se llama “laguna de sacrificio”.
Circulaba en un primer tramo como canal a cielo abierto que pasaba por la localidad de La Trinidad incluida una escuela adyacente y un barrio de viviendas emanando un olor putrefacto y generando una colonia de moscas y gusanos conforme lo señalan los testigos hasta desembocar en el embalse Santa Isabel donde “sin ingresar ya al curso de agua del Rio Gastona, viraba a la derecha y continuaba serpenteante y casi en paralelo al curso referido en dirección a una ‘laguna de sacrificio’ ubicada en una finca a unos 20 km de distancia de su inicio en cercanías del Río Chico o Río Medina”. (sic)
Razones de la imputación y su recurso de casación
Es de destacar que estos efluentes líquidos y en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051
Consideraciones del MPF respecto de los vicios de la sentencia
El Fiscal dijo que “se partió de la premisa de que la reunión de los efluentes líquidos (uno proveniente de la destilería de alcohol de la empresa –vinaza- y otro del sector de fabricación de azúcar de la misma empresa) contaminantes (residuos peligrosos según la ley 24.051) en una ‘laguna de sacrificio’, por oposición a su volcado directo a un curso de agua, resulta un motivo suficiente, por sí, para absolver a los imputados de los delitos por los que fueron acusados.” -; y que de la propia sentencia surge que a la fecha de comisión de los hechos endilgados el Ingenio La Trinidad no contaba con un sistema de tratamiento de sus efluentes industriales, según el informe de Gendarmería Nacional a y de los testimonios de peritos intervinientes y que la pretendida mejoría de la situación anterior al 2007, “no obsta a la posible comisión del hecho criminoso”( vocación por mejorar el tratamiento de los efluentes, ingreso a los planes nacionales de Producción Limpia) no obsta la comisión de alguna de las figuras típicas de la ley 24.051.El MPF sostiene que la “laguna de sacrificio” resulta también contaminante si no reúne las condiciones mínimas que exige la normativa aplicable y que en el caso no se dio cumplimiento a tales reglas y que por las pruebas producidas y los defectos de la laguna de sacrificio, se dio “el volcado de efluentes peligrosos en un curso de agua, lo cual es minimizado por la sentencia. Considera el MPF que hay “falta de valoración de los niveles de toxicidad de los efluentes pese a las pruebas incorporadas “y sobrevaloración de testimoniales interesadas (vgr. declaraciones de funcionarios públicos involucrados en el contralor de la actividad de los imputados). Resalta que la laguna no tenía “las garantías mínimas de contención del efluente”
Encuadre legal que da el MPF: Tipicidad
Se cuestiona si “o se está con la posición de que es un delito de peligro que no requiere un resultado dañoso o se está con aquella que sostiene que el tipo penal requiere de un resultado concreto como es el vuelco de los efluentes en el curso de agua ”.En lo que hace a los hechos, “que se han probado en el debate y que resultan idénticos a aquellos por los que han sido acusado los imputados desde el inicio del proceso se subsumen en el tipo del art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 57 de la misma ley”; “que los imputados adulteraron y contaminaron el aire y el territorio circundante a la finca Austerlitz y el medio comisivo fue un residuo peligroso, vinaza mezclada con los efluentes de fábrica; la vinaza es contaminante, se trata de un residuo peligroso propio de la actividad azucarera y produce el daño del art. 55 de la ley 24.051”...
“Considera que se inclina por el art. 55 de la referida ley, ya que en su parecer se trata de un delito de peligro abstracto, bastando para su consumación el acto de arrojar residuos a los que pueda asignársele poder contaminante y deben ser sometidos a control, sin necesidad de acreditar puntualmente el efectivo poder contaminante que posea cada uno de ellos. En el caso entiende probado que el efluente se encontraba sin ningún tipo de tratamiento; canalizado al aire libre por medio de poblaciones; utilizado para riego, pese a no ser apto para tal fin; llevado a una laguna sin ningún tipo de contención freática, sin piso que evite las filtraciones, sin la suficiente barrera que evite desbordes; que a partir de desbordes ese efluente se depositaba en un curso de agua, rio Chico/ Medina que luego de pasar por fincas pobladas y por la localidad de Monteagudo culminaba en el dique frontal (Dique Las Termas), con el consiguiente daño para Santiago del Estero”.
“Los efluentes industriales y la vinaza tienen un alto efecto contaminante, por lo que son considerados residuos peligrosos en los términos de la ley 24.051 Anexo II, puntos H6.1; H62; H11; H12; que los hechos de la presente causa “podrían afectar derechos de un gran número de personas ” y por ello el Estado debe garantizar su tutela. Que internacionalmente la CADH los tuteló en el artículo 11 y que estamos “ante un delito de peligro, en donde no es necesario constatar los daños causados, ni su relación de causalidad, sino que basta con probar la existencia de residuos peligrosos en cantidades superiores a las toleradas por la reglamentación legislativa” (sic)
Culpabilidad: elemento subjetivo
El MPF sostiene que los autores sabían que realizaban una acción típica, con residuos peligrosos y de un modo perjudicial para la salud y tuvieron la voluntad de realizarlo, citando a su abundamiento el informe de octubre de 2007 que prueba que hubo desbordes en la laguna, por lo que no era un modo efectivo de neutralizar el riesgo de contaminación ambiental, dando cuenta de un derrame en la zona del Rio Chico/Medina. Entre otras pruebas documentales y testimoniales que acompaña
Argumentos del Tribunal de casación
Integrado por los doctores Ana María Figueroa, Gustavo M. Hornos y Mariano H. Borinsky Sus votos:
Ana María Figueroa destaca en primer término que el medio ambiente es una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, (calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones) y resaltado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)” derechos de incidencia colectiva y ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección por lo que debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
Pone énfasis la jueza en que “Estado debe utilizar todas las herramientas que se encuentren a su alcance para que las partes intervinientes se vean acompañadas en esa tarea, por los funcionarios que revistan la más amplia imparcialidad, y sin sufrir en su transcurso temor de ver frustrados sus derechos.
El daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que se son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Arts. 41 y 75 inc. 22 C.N; 1 del PIDC y P, 1 del PIDESC y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”). Por ello no pueden estar supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales.”
Abona su postura asimismo con citas de las decisiones y sentencia de la Corte Interamericana de DDHH
Por otra parte destaca que “cobra particular importancia la extracción de muestras y las pericias realizadas sobre ellas, así como las distintas inspecciones oculares y constataciones realizadas en el terreno. En ellas se deberá informar –como se ha realizado en esta causa- la calidad de los efluentes y su influencia en el medio ambiente.
En lo que hace a la intervención de órganos administrativos, así como en lo que hace al valor de los testimonios de los funcionarios que los ocuparon y desempeñaron la tarea de autorización y control de la actividad presuntamente contaminante, cabe señalar que la gran actividad desplegada, no indica necesariamente que sea eficiente.’(Sic la negrita es nuestra)
‘…actividad de control administrativo estatal, como mínimo fue desafortunada o defectuosa a los fines de la constatación de lo previsto en la ley, y en tales términos puede llegar a haber responsabilidad funcional en el tema. Tales extremos llevan a que los testimonios de los funcionarios públicos, deban ser evaluados en medio de este contexto, toda vez que hasta podría llegar a caberles algún tipo de responsabilidad en virtud de los actos propios, tanto por una acción ineficiente como por una omisión en los deberes a su cargo”.
….el informe suscripto por los Ingenieros Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz, quienes señalaron que los “vertidos analizados presentan características de riesgo descriptas en la ley 24051…el informe de inspección –suscripto por la Bioquímica María Rosa Robledo de García y Gladys Susana Meoni- del Departamento de Fiscalización Ambiental de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la Provincia de Tucumán que da cuenta del rebalse del canal por las lluvias y que se observan líquidos con características de ser vinaza; ….piden se solicite a la empresa un plan para la contención del efluente en la finca declarada, un plan para evitar situaciones de vuelcos en fincas vecinas y que se señalice para permitir el ingreso al destino final para su señalización. En el mismo sentido, el informe realizado por Gendarmería Nacional …Coincide con los dos informes anteriores otro informe de Gendarmería Nacional –Dirección de Policía Científica… Las fotos agregadas dan cuenta de las observaciones realizadas por las fuerzas de seguridad….. La prueba referida, da cuenta de la existencia de contaminación y degradación del ambiente, como que los parámetros informados exceden los valores de referencia permitidos.” La jueza señala a continuación y advierte que “En estos términos no se advierte que el tribunal haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”, que “no configura una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente –“Fallos: 329:2316 y CSJ 154/2013 (49-C)/CS1 CSJ 695/2013 (49-C)/CS1 recursos de hecho, Cruz, Felipa y otros c/ Minera Alumbrera Limited y otro s/sumarísimo-)”.
Además destaca que tampoco advierte “que la decisión cuestionada sea respetuosa del derecho de los pueblos a los recursos naturales en los términos que lo señalara la Corte IDH, y tampoco la decisión jurisdiccional resulta efectiva para asegurar el derecho de los habitantes de las dos provincias – Tucumán y Santiago del Estero- sobre los recursos naturales. Finalmente en el punto, es dable señalar que el derecho a la vida y la seguridad e integridad física, no se admite que estén al margen del medio ambiente y su goce no es posible, en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan sus vidas los pueblos afectados” Y señala “En estos términos, cabe señalar que entiendo que en caso de no resguardar el medio ambiente, evitando la contaminación del mismo, podría llegar a verse comprometida la responsabilidad internacional del Estado en razón que podrían verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales.”
Aquí debemos destacar que en el dictado de este fallo aún no había dado la Corte Interamericana su opinión consultiva, hoy si contrastamos la misma de febrero de 2018 con los dichos de la señora jueza no hay duda que contribuyen a abonar la postura que viene desarrollando en el caso en litigio[1].
Concluye su análisis la magistrada destacando que la decisión que aquí se adopta no importa abrir juicio sobre el fondo del asunto, sino que la sentencia recurrida no resulta válida para sustentar una decisión definitiva (en este caso, absolutoria) en la causa ya que encuentra “la omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales, así como contradicciones y valoraciones sesgadas, defectos que impiden considerarla como un acto jurisdiccional válido “por lo que decide” el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento y evalúe nuevamente las probanzas colectadas en autos conforme a las pautas indicadas en esta decisión.”
Al emitir su voto el juez Gustavo M. Hornos, es interesante aquí el análisis teórico que realiza en sus considerandos; por cuanto destaca que:
“La postura adoptada por el tribunal de juicio interpretó –explícitamente (en el caso del voto de la jueza Noli) o no (en el caso del voto de los jueces Casas y Guzmán) que el delito en cuestión tutela dos bienes jurídicos distintos (salud pública y medio ambiente), y que para realizar la conducta allí prevista es necesario que el sujeto mediante un daño al medio ambiente afecte o pueda afectar de un modo concreto la salud pública. Para otro sector de la doctrina –que respalda la posición aquí defendida por el Ministerio Público– no obstante, la ley 24.051 tutela un nuevo bien jurídico: concretamente, el medio ambiente, que es independiente del ya clásico bien jurídico referido a la salud pública. Bajo esta interpretación, el delito previsto en el art. 55 de la ley 34.051 se consuma cuando el vertido de los residuos previstos por la norma daña el medio ambiente. Así, Sebastián Creus y Marcelo C. Gervasoni han expresado que: “El concepto de salud, como bien jurídico protegido en estos tipos, no es el de la salud humana o el de la salud pública tradicional que tutela el Código Penal (arts. 200 ss.”
Por lo que en su actitud crítica al fallo del a quo, señala que “Aquí se trata de una conceptualización más amplia, comprensiva de la salud de todos los componentes vivos que interactúan en el ecosistema…nacen en el contexto de una ley cuyo objeto de protección es el medio ambiente”
Destaca la importancia del art 41 en la Reforma a la Constitución Nacional y la tutela internacional, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios” (causa “Riachuelo”) Interesante destacar asimismo que trae en abono de su postura la Carta Encíclica Laudato Si ́ de la Iglesia Católica Apostólica y Romana del Papa Francisco, donde se expresa ““...Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas (...) Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas.””
A continuación remarca “no debe entenderse el derecho a la salud de todos los habitantes como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad en particular. La ley no puede limitarse a castigar penalmente una afectación concreta y particular a la salud humana, sino que abarca el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
Y abonando su postura afirma “si bien, efectivamente, el tipo penal en cuestión tutela dos bienes jurídicos de suma importancia –el medio ambiente y la salud– no debe entendérselos como enmarcados en compartimientos estancos”. Así considera que ‘…En tales condiciones, se advierte que el tribunal de juicio aplicó erróneamente las previsiones de la ley penal vigente pues, al fundar su decisión absolutoria –al menos parcialmente– en la supuesta falta de comprobación de que los efluentes tóxicos hayan puesto en riesgo la salud de una o varias personas individualizadas –entendida en su acepción tradicional y, como expliqué, ya superada…”.
Por lo cual, al igual que la jueza preopinante hace” lugar al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal y, sin costas, anular el pronunciamiento y reenviar la causa al tribunal de origen a fin de que emita uno nuevo conforme a derecho” (arts.
El juez Mariano H. Borinsky adhiere a los fundamentos de los jueces anteriores y es así que la Cámara hace lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público “y anula la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, remitiendo las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento y evalúe nuevamente las probanzas colectadas en autos conforme a los parámetros esbozados”
Conclusiones in itinieri
En síntesis, puede observarse que el tribunal de casación -integrado por los doctores Ana María Figueroa, Gustavo M. Hornos y Mariano H. Borinsky- pone especial acento en el hecho que que el ttribunal oral en lo criminal federal de Tucumán, no tuvo en cuenta el alcance de la tutela penal del medio ambiente que, como bien jurídico, exigen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte nuestro país puesto que esa sentencia primigenia no valoró correctamente las pruebas presentadas. A la par de estos contundentes argumentos ordena el reenvío de la causa al tribunal de Tucumán.
Ese nuevo fallo que había ordenado la Cámara fue emitido ahora con una nueva integración: los jueces Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla Pero un nuevo conflicto se pone en evidencia, ya que el tribunal tucumano -lejos de considerar los aspectos puntuales señalados por la cámara federal- vuelve a absolver a los procesados con la argumentación ya utilizada en la primera sentencia. La nueva controversia se produce a raíz de que es la segunda absolución en el mismo juicio y respecto de los mismos involucrados: Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube.
El juez Reynaga en medios de prensa[2] da las razones del decisorio de esta segunda sentencia nuevamente absolutoria: “Analizamos pruebas y tomamos los fundamentos de la Cámara de Casación Penal y otros que habían estado en el fallo anterior, y no había modo de llegar a otra salida que no sea la absolución”.
“Se plantea como controversia jurídica si la ley 24.051 de residuos peligrosos contempla como bien jurídico el medio ambiente o no. La mayoría de la doctrina argentina establece que la ley protege la salud pública. En este caso, más allá de que hubo un daño ambiental, no causó un peligro concreto para salud pública de la población” Aclarando es su abono al decisorio absolutorio que la cámara federal “no había dicho que se condene, sino que se estudien las pruebas y se estudien nuevos fundamentos”[3] Señala así mismo en esta entrevista realizada por La Gazeta que “Seguimos estudiando la doctrina y fundamentamos que no se verificó un peligro para la salud humana, de manera que no cabía otra posibilidad que la absolución”[4]. Considera que hay un vacío legal sosteniendo que «Hoy en día el medio ambiente no tiene protección en el Derecho Penal; sí en el Civil”[5].
Ante esta nueva sentencia absolutoria, el fiscal Pablo Camuña interpuso recurso de casación contra ésta, ya que "sin fundar qué circunstancias lo habían llevado a conducir que la comprobada contaminación de las aguas no revestía peligro alguno para la salud, confundiendo la salud individual con la pública"[6] . peticiona “que se condene a Santiago Daniel Gasep a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, y a Luis Alberto Drube a la pena de cuatro (4) años de prisión, e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas en ambos casos, por considerarlos autores penalmente responsables del delito previsto en el artículo 55 de la ley 24.051, en función del artículo 57 de dicho cuerpo legal y conforme a la escala prevista en el artículo 200 del Código Penal, según ley 23.077”[7].
Recurrido el fallo, vuelve a entender ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Walter Slokar, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y el 10 de marzo de 2019 anulan por segunda vez los sobreseimientos resueltos por tribunal tucumano dictados a favor de Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep (recordemos acusados por el vertido de efluentes en una finca y que luego desembocaban en la cuenca Salí-Dulce), al considerar que el tribunal dictó sentencia definitiva sin la realización de un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible por lo que "tal proceder ha vulnerado los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidencia una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada"…"no es posible conocer -ni es explicado en la sentencia- de qué manera los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a resolver".[8]
“En síntesis, el juicio de reenvío dispuesto para su substanciación (art. 471 del C.P.P.N.), no podía ser entendido sino como una reevaluación de la prueba producida en una nueva audiencia de debate en la que los sentenciantes mantengan contacto con la prueba rendida, circunstancia que se requiere como acto procesal inmediatamente previo al dictado de una sentencia válida que ponga fin definitivamente al fondo de la cuestión”.[9]
Y así vemos que hay cuatro idas y venidas judiciales en torno a esta cuestión de salud ambiental, aún falta un quinto decisorio de la cuestión en litigio Veremos cuál de las dos corrientes en tensión se impone se impone en el mismo.
[1] O.C. CIDDHH, febrero de 2018 “Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”
La salud pública es un valor invaluable y propio a la sociedad por lo que es obligación del Estado su protección. Haciendo historia ya el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el 1. “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente […]”.
También la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), en el artículo 26, establece que los Estados Partes deben “ adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
No olvidemos además que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo,1972) concluyó con la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y más recientemente –por no enumerar los distintos eventos que se vienen realizando relacionados con la temática- durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012, conocida como “Río + 20”, se firmó entre todos los jefes de estado presentes un documento denominado “El futuro que queremos”
Se observa a través del fallo en cuestión que la problemática del medio ambiente y su preservación, es una tarea fundamental que se ha puesto en el tapete. Ya el congreso desde fines del siglo XX viene planteando la necesidad de modificar el Código Penal en dicha materia acorde a lo estipulado por la reforma constitucional de 1994 art 41. En 2017 se creó una comisión -- específica[1] –durante la administración de Mauricio Macri- para elaborar y elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo. Dicha Comisión consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia. Se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana. Además de otros delitos que atacan la biodiversidad.
Desde la perspectiva fáctica, si observamos a través de las cuestiones dirimidas en el proceso penal de la causa bajo análisis, vemos las dos vertientes: la perimida doctrina de dejar las cosas reservadas sólo al daño civil y, una nueva que avanza tendiente a potenciar el valor de la salud ambiental de los habitantes a través del reproche penal. No hay dudas que su aplicación efectiva sigue siendo un importante desafío para la comunidad mundial y argentina
Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas Artículo 200. - Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Autores: Esther Susana Borgarello y Matias Ignacio Borgarello
Institución Universidad Blas Pascal- Universidad Nacional de Cordoba
Mail: sb5870@hotmail.com ; mborgarello@hotmail.com
[1] Santiago del Estero causa nº FTU 400616/2007/TO1/CFC1, caratulada “Luis Alberto Drube; Santiago Daniel Gasep damnificado Gob. de Sgo. del Estero – La Trinidad” 23 de noviembre de 2016 Centro de Información Judicial.
[2] http://falloscsn.blogspot.com/2005/08/saladeristas-de-barracas-1887.html
[3] Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’ de la CIDH
[4] La nefrita nos pertenece.
[5] Todos los datos y conceptuaciones argumentativas han sido extraídos del fallo en análisis.
[6] O.C. CIDDHH, febrero de 2018 “Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”
[7] FUENTE: La Gaceta https://www.lagaceta.com.ar/nota/747641/actualidad/polemica-segunda-absolucion-duenos-ingenio-azucarero-contaminante.html octubre 10 de 2017
[8] . FUENTE: La Gaceta https://www.lagaceta.com.ar/nota/747641/actualidad/polemica-segunda-absolucion-duenos-ingenio-azucarero-contaminante.html octubre 10 de 2017
[9] , FUENTE: La Gaceta https://www.lagaceta.com.ar/nota/747641/actualidad/polemica-segunda-absolucion-duenos-ingenio-azucarero-contaminante.html
[10] https://www.lagaceta.com.ar/nota/747641/actualidad/polemica-segunda-absolucion-duenos-ingenio-azucarero-contaminante.html
[11]Diario Judicial 11 de marzo de 2019 Sentencia en archivo adjunto
http://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/232/000083232.pdf
[12] http://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/232/000083232.pdf
[13] Diario Judicial 11 de marzo de 2019
[14] ttp://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/232/000083232.
[15] Extraído de Agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/alerta-en-el-agro-ante-potenciales-penas-por-delitos-ambientales 22 mayo 2018

References: artículo 11
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 200
 artículo 12
 artículo 26
 Artículo 200