Source: http://archivo2017.justicia2020.gob.ar/foro/topic/reforma-a-la-ley-de-propiedad-intelectual/
Timestamp: 2020-02-26 21:37:51+00:00

Document:
27 marzo, 2017 a las 11:46 am #12877
Es un gusto dar apertura a este hilo de debate, que plantea un tema central para el Registro Nacional de Derechos de Autor, como es la propuesta de reformas a la Ley de Propiedad Intelectual.
Es indudable que en el extenso transcurso del tiempo desde la sanción de la Ley 11.723 a la fecha, se han producido enormes modificaciones en los sistemas de tutela autoral, en el campo de las ideas, cambios culturales, y desacompasamiento con las necesidades actuales en la materia, tanto en la Argentina como con relación al Mundo.
En este contexto, es que bajo la responsabilidad de iniciativa del Director del RNDA, Dr. Gustavo Schotz, especialista en la materia y sobre la base de los documentos que serán puestos a consideración, invitamos la activa participación de todos los interesados.
Dr. Orlando Daniel Pulvirenti
29 marzo, 2017 a las 7:28 pm #12904
A fin de iniciar el debate público y establecer el marco conceptual para la actualización legislativa de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, se proponen una serie de consultas. Les ruego que comiencen con la lectura del documento adjunto, denominado “Propuestas…” y que luego procedamos a dar respuesta a los siguientes interrogantes:
Más adelante, dentro de algunas semanas, podremos analizar un texto que incorpore los principales elementos relevados.
Gustavo Schötz, Director Nacional de la Dirección Nacional del Derecho de Autor
Propuestas-para-una-actualización-de-la-Ley-11723.docx
30 marzo, 2017 a las 11:53 am #12909
Celebro el interés de la DNDA de abrir el debate sobre la reforma de la ley 11723. Creo que la ley 11723 es muy bueno pero es muy antigua y necesitamos actualizarla y mejorarla.
La ley 11723 es del año 1933 y no contempla todos los desarrollos tecnológicos. Hay que actualizarla con numerosos tratados internacionales que requieren un upgrade juridico.
-Mejorar las excepciones y limitaciones y hacerlas mas compatibles con la tecnología.
-Delinear y enumerar mejor los derechos morales y patrimoniales.
-Mejorar las protecciones procesales de la ley, ej. incluir art. 50 ADPIC etc, en el texto de la norma, con un capitulo procesal muy completo.
-Crear un fuero especial penal y civil de jueces y fiscales y hasta tanto se cree (que seguro pasarán muchos años) seguirán actuando los actuales.
-Seguir como ejemplo el CPI frances, o el código de PI italiano. Se necesita tener un orden en la ley que hoy en día no existe, de modo que todos los elementos fundamentales del DA estén presentes en la ley y que estén bien redactados y agrupados. No se puede tener todas las excepciones dispersas o los derechos morales escondidos…
-Normas mas claras sobre gestión colectiva.
-He dado clases en cursos a ingenieros de sistemas o informáticos y me piden ver la ley de derecho de autor para ver un tema de software, bases de datos o de la web, y cuando la ven no la entiende. La gente común debería entender la ley y su funcionamiento asi puede cumplirla.
– obras huerfanas
– contratos sobre PI con mas detalles y varias de los que la ley no menciona (el CCyC se olvidó de toda la PI y los contratos de PI…)
La estructura basica que ampara al autor, pero con las reformas arriba sugeridas.
31 marzo, 2017 a las 7:54 am #12913
Muchas gracias Pablo por tu participación. Este es el tipo de comentarios que necesitamos en esta etapa del debate. La regulación de los derechos morales, por ejemplo, podría seguir las conclusiones de la jurisprudencia de todos estos años, y aclarar las dudas que presenta el Código Civil y Comercial.
31 marzo, 2017 a las 3:36 pm #12916
Miguel Angel Emery
Actualización sí, reforma, no. Creo que sería un error perder ochenta años de jurisprudencia y doctrina. Desde la incorporación en los ADPIC de los programas de computación y las bases de datos, la única teoría que puede sostener el derecho de autor es precisamente la de propiedad intelectual /derecho sobre los bienes inmateriales. Actualizaría el nombre de la ley, llamándola “Propiedad Intelectual, Literaria y Artística”, porque “propiedad intelectual” es genérico y comprende también la propiedad industrial.
Funciona mejor en la Argentina que en la mayoría de los países en “vías de desarrollo” del mundo.
Sistematización de los derechos morales a continuación de los derechos patrimoniales, que actualmente se encuentran desperdigados en diversas disposiciones.
Suprimir requisitos de registro que todavía quedan en la ley para habilitar la defensa del derecho de autor.
Un sólido capítulo de medidas precautorias.
Las referencias a Internet como medio de reproducción y de comunicación pública, donde corresponda. Jurisdicción en las contiendas de derecho de autor en Internet.
La enumeración de los artículos. Mejor dejar puntos en blanco, o agregar “bis” o “ter” a otros, precisamente para no perder los aportes jurisprudenciales y doctrinarios que se han hecho.
1 abril, 2017 a las 3:23 am #12917
Excelente que tengamos la posibilidad de tratar una reforma de la ley 11723. Y con tiempo de debatirla a modo de reparación de la urgencia con la fue creada en 1810.
En principio la des actualización con el entorno digital e inconsistencia como por ejemplo los derechos extra patrimoniales.
– Definir los derechos extra patrimoniales.
– Pensar si el plazo de 10 años es excesivo en el Art. 6.
– debatir, pensar si 70 años después de la muerte del autor es un tiempo prudente o si es oportuno pensar en 50 o 60 años. Y si 20 años es muy corto para el caso de fotografías.
– La creación de una (SGC) en el entorno editorial que se ocupe y ejerza efectivamente de la gestión de derechos colectivos a nivel nacional e internacional.
Aquellas que facilitan la difusión de la obras y protegen los derechos de autores, derecho habientes, editores y productores.
1 abril, 2017 a las 2:18 pm #12918
Utilizar la Plataforma Justicia 2020 para dar una discusión abierta, transparente y orgánica sobre este tema es una excelente iniciativa.
También me parece muy oportuno abrir el debate sobre la actualización de la Ley de Propiedad Intelectual, porque la dinámica actual de las industrias culturales y de la actividad de los creadores no siempre encuentra una adecuada respuesta en el actual texto de la Ley 11.723.
A continuación, mis comentarios sobre los puntos propuestos:
1.	Sobre la necesidad de una actualización de la Ley 11.723, coincido con los Dres. Palazzi y Emery: si, es necesario actualizarla.
En particular, adhiero a un principio expuesto por el Dr. Emery: solo es necesario actualizar la ley ya existente y no es necesario dictar una ley completamente nueva.
Ello, no solo para aprovechar la doctrina y jurisprudencia tan clara y rica acuñada a lo largo de décadas sino porque el concepto mismo con el que la Ley 11.723 ha sido concebida es muy valioso.
2.	En cuanto a los inconvenientes que se perciben en el funcionamiento del sistema de derecho de autor, yo mencionaría los siguientes:
i)	El sistema de depósito de obras y de registro de contratos es una cuestión que se debe seguir impulsando. Es claro que la DNDA requiere de una mejor infraestructura para cumplir su cometido. Pero también es importante simplificar ciertos aspectos del depósito (como el sistema de cálculo de la tasa de depósito de la obra publicada, o la exigencia de cesiones de derechos a favor de personas jurídicas cuando muchas veces estas son las titulares originales del derecho sobre la obra).
ii)	El funcionamiento de las SGC (sobre este punto, volveré más adelante)
iii)	Las vías procesales para dirimir conflictos y la limitación del texto actual en cuanto a las medidas cautelares (resuelto en buena medida por el Art. 50 del ADPIC)
iv)	El sistema de dominio público pagante: es una fuente de contingencias y es contradictorio con la libre explotación de aquello que ya se encuentra liberado de derechos. Por otra parte, hoy es imposible fiscalizar todos los usos de obras caídas en el dominio público. Pero como hay una pequeña parte de usos fiscalizados por algunas SGC, se genera una situación de inequidad inconstitucional entre los que abonan el canon y aquellos usos que caen fuera de las posibilidades materiales de fiscalización. Creo que es importante sustituir esta fuente de financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, por otro más eficaz y que no genere costos innecesarios a las industrias culturales.
3.	En cuanto a los temas, artículos o capítulos a tener en cuenta, mis sugerencias son las siguientes:
i)	Coincido con los Dres. Palazzi y Emery respecto de la necesidad de detallar y sistematizar los derechos morales (que podrían ser incluidos en el Art. 2°).
ii)	Incorporar en el Art. 4° a las personas jurídicas como titulares de derecho de propiedad intelectual. A la fecha, esa solución se limita a la industria del software (inc. d). La mención de las personas jurídicas como titulares originarios de derechos sería consistente con el principio establecido en el Art. 82 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), y lo establecido en el Art. 8 de la propia Ley 11.723. Además, sería armónico con la solución establecida en el Art. 10 de la Ley de Patentes y Modelos Industriales (Ley 24.481 –T.O. por Dec. 260/96).
iii)	Incorporar al Art. 5 bis al productor de videogramas y a los organismos de radiodifusión (entendido con un criterio amplio, que incorpore no solo a señales de televisión de cualquier tipo, sino también a plataformas de Internet) y establecer a favor de estos últimos un plazo de protección sobre sus emisiones que –al menos- comprenda el mínimo establecido en el Art. 14 de la Convención de Roma.
iv)	Coincido en la incorporación de una regulación sobre obras huérfanas.
v)	Es importante revisar el derecho de cita y, en general, todas las restricciones no remunerativas y demás excepciones al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares.
vi)	El sistema de registro de publicaciones periódicas debe ser revisado en cuanto a su obligatoriedad, la sanción de multa y formalidades, considerando la dinámica de las publicaciones on-line (Art. 30).
vii)	Tal como lo indica la doctrina, el Art. 31 siempre fue un elemento ajeno al objeto de la Ley de Propiedad Intelectual. La incorporación del derecho de imagen al Código Civil y Comercial como derecho personalísimo es correcta. Dado que los términos de protección son equivalentes (inclusive, lo establecido en el CCC es más adecuado a la naturaleza del derecho sobre la imagen), sería conveniente derogar el Art. 31 de la Ley 11.723. Los daños causados por la revocación quedarían regulados por las normas de responsabilidad civil que establece el CCC. Desde luego, también hay que modificar el Art. 35 de la Ley 11.723.
viii)	Los requisitos y formalidades para obtener la protección para la obra fotográfica y cinematográfica debieran ser suprimidos. Coincido con Emery respecto que todo requisito o formalidad como condición para la protección restringe indebidamente el derecho de los titulares, coloca al titular nacional en una posición desventajosa respecto del titular extranjero (dispensado de dichas formalidades) y no es consistente con el criterio jurisprudencial amplio sobre cuándo nace la protección sobre las obras.
ix)	Debe extenderse expresamente la protección cinematográfica a toda producción audiovisual articulándola con los derechos que deben ser reconocidos a las personas jurídicas como titulares originarios (ver punto ii) arriba).
x)	Coincido con los colegas que sería conveniente actualizar todo lo relativo a los contratos y, en particular, habría que desarrollar cuestiones de licenciamiento de derechos, constitución de garantías utilizando como respaldo a derechos de propiedad intelectual, convenciones matrimoniales sobre derechos de propiedad intelectual (Art. 446 del CCC) y un sistema registral adecuado para la inscripción de dichos actos a fines de publicidad de terceros.
xi)	Me parece importante abrir el debate sobre la conveniencia de colocar la propiedad intelectual como materia federal, tal como ocurre con el resto de los derechos de similar naturaleza (marcas y designaciones, patentes y modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, secretos industriales e información confidencial).
xii)	Asimismo, y tal como han señalado los Dres Palazzi y Emery, es necesario mejorar la protección de los derechos vía medidas cautelares y perfeccionar los tipos penales y las normas de protección de derechos.
4.	Respecto de los elementos de la actual Ley 11.723 no deberían ser cambiados, creo que se debe preservar el equilibrio que la Ley 111.723 contempla entre los conceptos provenientes del derecho de autor con aquellos que se vinculan al sistema de copyright.
También me parece importante mantener esa trama abierta y versátil que la Ley 11.723 en los conceptos centrales (como el concepto de obra del Art. 1°).
Con los años que tiene, la Ley de Propiedad Intelectual siempre fue una ley moderna y de avanzada, que incluso pudo ser aplicada en la era de Internet sin que el fenómeno digital hubiera sido siquiera soñado cuando se redactó.
Por eso, cualquier actualización que se lleve adelante, no debe ser parcial o enfocada en una industria o actividad determinada, sino preservar esa mirada abarcativa del legislador original.
Respecto del diagnóstico que surge del análisis preliminar que ha realizado la DNDA, coincido con la mayoría de los inconvenientes y cuestiones señaladas, a lo que sumo los siguientes comentarios:
1.	Efectivamente, si bien la Justicia Civil ha acuñado una notable y muy valiosa jurisprudencia, la crisis del sistema judicial escrito lo transforma en un sistema lento y costoso para los creadores individuales y PYMEs vinculadas a las industrias culturales. En este sentido, me parece muy interesante abrir el debate sobre la propuesta de creación de un Centro de Conciliación y un Tribunal Arbitral con profesionales especializados, que facilite la resolución de los conflictos.
Este sistema encontraría su antecedente en el Art. 81 de la Ley 11.723 (Art. 81 de la Ley 11.723, aunque con una perspectiva de cuerpo pericial) y podría tomarse como referencia el sistema de Tribunales Arbitrales de Consumo (Decreto 276/98) articulado con el Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Ley 26.993).
da a este jurado es el de un de alta especialización .
Por otra parte, también existe el antecedente del sistema de arbitraje en línea que facilita la OMPI para los conflictos sobre nombres de dominio que podría sumarse al procedimiento arbitral clásico, lo que facilitaría aún más el acceso de los justiciables a estos sistemas de resolución alternativa de conflictos.
Finalmente, es necesario destacar que uno de los ejes de Justicia 2020 es el fomento del arbitraje para cuestiones patrimoniales.
2.	Respecto de las dificultades para realizar el registro digital de obras, autores y titulares, y los contratos que instrumentan las operaciones jurídicas referidas a los derechos de autor y conexos, hay que agregar que es necesario incorporar a la función registral un sistema de anotación de medidas cautelares y gravámenes sobre las obras y derechos conexos, de inhibiciones personales sobre los titulares de derechos, de actos de disposición vinculados al régimen matrimonial y de uniones convivenciales, legados y declaratorias de herederos. Dicho sistema, además, debiera interconectarse con las bases de datos de las SGC para facilitar la gestión de derechos.
Parte de las tasas recaudadas por estos nuevos servicios, podrían destinarse a fondear al FNA en lugar de lo recaudado en virtud del dominio público pagante (tal como podría ocurrir con tasas por servicios de conciliación y arbitraje).
3.	En relación al rol de las SGC, el debate es más complejo.
En el actual contexto, el fortalecimiento de las SGC pasa por una redefinición de su rol en la época actual, en la que la economía de las industrias creativas y culturales no tiene por único actor al creador.
Efectivamente, es necesario homogeneizar las normas que rigen a estas sociedades (al menos, en sus principios generales sobre facultades y funcionamiento). No obstante, sería importante debatir no solo la posibilidad de asociación, sino que sea el socio el que determine cuáles son los derechos que considera necesario o útil que la SGC le gestione.
El sistema de gestión y cobro en base a la representación y reciprocidad de entidades similares del exterior tiene impacto en la balanza de pagos del país.
De hecho, el Informe sobre Cadenas de Valor correspondiente a Industrias Culturales producido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (Año 1, N° 16, octubre de 2016 –ver http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadenas%20de%20valor_Industrias%20Culturales.pdf) señala que la balanza de pagos de bienes culturales es deficitario desde 2011. Según dicho informe, parte de ese déficit se explica por cuestiones vinculadas al tipo de cambio. Pero también al volumen de producción de bienes que se exportan vs los bienes que se importan. Y estos son factores estructurales que no son sencillos de resolver. Los gráficos y datos del informe explicarían esta dinámica caracterizada por una recaudación en pesos para pagar en divisas al exterior un volumen de pagos que supera lo que se recauda en el exterior para pagar a los creadores locales y un volumen de creación local exportable inferior a lo que se importa.
Esto queda reflejado en el conflicto que recientemente tuvo como protagonista a una SGC local con su par del exterior por falta de giros por la recaudación por vía de gestión colectiva.
Por lo tanto, si bien el rol de las SGC sigue siendo importante, las nuevas tecnologías permiten que el autor o titular de derechos se autogestionen y recauden con mucha eficacia ciertos derechos y con un posible impacto positivo en la balanza de intercambio en la medida que se evita generar obligaciones de giro al exterior en virtud de las representaciones pactadas.
Por otra parte, es importante definir el rol de las SGC frente a ciertas explotaciones que no devengan recaudación (como la posibilidad que ofrecen las licencias Creative Commons y la posibilidad que ofrecen ciertos autores de bajar obras en forma gratuita de sus plataformas digitales personales o ciertas redes sociales).
En definitiva, el fortalecimiento de las SGC como actores de las industrias culturales y en su rol de defensa de los creadores se vincula íntimamente a la adecuación de su rol y funcionamiento a los actuales desafíos.
Ps: disculpen lo largo de la contribución… pero el tema es importante y apasionante. Y es un debate que nos debíamos hace bastante y bienvenido sea, y ojalá sea bien rico, intenso y diverso en opiniones!! Abrazo, Marcelo
1 abril, 2017 a las 2:21 pm #12919
Me parece una gran tarea de la Dirección abocarse al estudio de una reforma de la LPI y me gustaría poder dar mi opinión particular sobre el texto proyectado.
creo que la ley requiere una actualización.
El sistema de Derechos de Autor vigente tiene ya muchos años y no contempla situaciones nuevas, ni se adecua al régimen de derechos de autor en el mundo digital, así como tampoco a lo dispuesto en tratados internacionales posteriores a la ley
Menciono los principales temas, si bien existen otros.
a) Dar una nueva redacción al tema de las limitaciones a los derechos de autor, así como a las licencias que la ley otorga
b) Regular la tematica del mundo digital y las nuevas tecnologías con relación a los derechos de autor
c) Regular mas detalladamente los derechos patrimoniales y morales de los autores
d) regular con mayor detalle los contratos sobre derechos de autor
e) Dar cumplimiento a lo acordado en los Tratados Internet de la OMPI, los cuales han sido suscriptos y ratificados por nuestro país, y que pese al tiempo transcurrido la Argentina no ha cumplido con lo acordado, especialmente en cuanto a la admisión de las medidas tecnológicas de protección y la protección frente a la efusión de esas medidas tecnológicas de protección (incluyendo sanciones penales) y a la inclusión expresa en el régimen de la ley de la reproducción digital
f) Mejorar el regimen de medidas precautorias
g) Repensar los plazos de duración de los derechos, en particular con relación a la otra fotográfica y cinematográfica que debieran tener el mismo plazo de protección que el general de la obra intelectual
h) Regular mejor el regimen de la entidades de gestión colectiva.
i) Tratar el tema de las obras huérfanas
j) ampliar los titulares de derechos mencionados en el art. 4 de la ley, incluyendo expresamente a los titulares
de derechos sobre la obra, que son diferentes que el autor, y clarificar el concepto de derechoabientes que se presta a confusión ya que muchas veces se los confunde con los herederos.
k) establecer como excepción o limitación al derecho de reproducción de los autores, el caso de la reproducción de las leyes o sentencias de los tribunales .
l) regular, el tema de la reproducción por las bibliotecas, pero teniendo especial cuidado de no vulnerar el derecho de los autores y permitir por esta vía una reproducción que vulnere derechos
m) regular con mayor claridad el tema de las reproducción autorizada para no vidente, ya que el actual texto es confuso y hasta contradictorio.
n) dar una mejor y mas amplia redacción al tema de los derechos conexos, clarificando el tema de
Los derechos de los artistas interpretes de obras literarias o los artistas ejecutantes de obras musicales, con relación a la utilización de sus interpretaciones o ejecuciones;
los derechos de los productores de fonogramas y videogramas, con relación a la utilización pública, directa o indirecta, de sus fonogramas y videogramas;
los derechos de los organismos de radiodifusión con relación a sus emisiones o trasmisiones, por la retrasmisión o por la comunicación al publico en lugares en que el público acceda en forma onerosa
adecuandose a lo normado pòr la a Convención para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en 1961, conocida como Convención de Roma, y que fue ratificada por la Argentina por ley 23.921; El Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas de 1971, ratificado por la Ley 19963; Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) de1996 y conocido como uno de los tratados Internet, que fue ratificado por la Ley 25140; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP’s/ADPIC) del año 1994, que fue ratificado por la Ley 24.425;
En lo general la ley es buena en su estructura y en sus principios fundamentales.
2 abril, 2017 a las 7:40 pm #12920
Muchas gracias por los aportes, Miguel, Leonardo, Marcelo y Horacio. ¡cuánto trabajo por delante con tan buenas propuestas!
Hay varias coincidencias. El tema de los derechos morales es un gran asunto. Deberíamos tener un trabajo de base que pudiera convertirse en borrador de texto.
Gracias Marcelo por la referencia al informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. La metodología utilizada es distinta a la de la OMPI, que incluye otras actividades relacionadas. Cualquiera sea la metodología, los valores impresionan y muestran qué importante es contar con una regulación que provea suficientes incentivos para la producción de contenidos y para su acceso por parte del público. Nuestro desafío es encontrar que elementos pueden mejorar la ecuación, alentar inversiones, aumentar la participación del empleo legal, mejorar la balanza de pagos. Atrás de los números hay personas y los derechos son para esas personas.
Seguiremos recibiendo aportes para tener un panorama completo hacia fin de abril.
4 abril, 2017 a las 1:54 pm #12926
María Laura Monserrat
Estimados, a los fines de hacer un pequeño aporte respondo las preguntas y desarrollo algunos comentarios:
La fata de consideración de aspectos de la era digital y de las obras que se generan desde las nuevas herramientas, como asimismo el conflicto que se genera en las obras por encargo.
Considero que podrían incluirse los ECT (Expresiones culturales tradicionales) como obras a ser protegidas por el derecho de autor como así también la mención al folclore, en adecuación a normas internacionales.
En cuanto al art. 4 inc. d, por cuanto menciona obra por encargo a dependientes, prever su ampliación a otras obras tales como diseño gráfico, y planos, entre otros. Debería modificarse la mención a dependientes por cuanto implica subordinación jerárquica, económica y técnica y hacerse extensivo a la prestación de servicios, aunque sea como excepción.
Luego, sugiero la eliminación de la limitación en el derecho de cita, y una adaptación al uso honrado sin límites arbitrarios cuantificables.
Otro punto importante podría ser la incorporación del droite de suite.
La vinculación y articulación del derecho de autor con los repositorios digitales ley 26899 (debido a que la autoridad de aplicación de esa ley es diferente) y con las bibliotecas electrónicas Resol 253/002 y el efectivo acceso a la información y protección de los derechos de autor.
El artículo uno, por cuanto tiene un espíritu inclusivo y enumerativo.
En cuanto al documento con propuestas de la DNDA:
Allí donde dice: “Se evalúa la creación de un Centro de Conciliación, en el ámbito de la DNDA, como asimismo un Tribunal Arbitral, donde se puedan resolver una gran cantidad de asuntos, a menor costo y en menos tiempo. Esto sin perjuicio de dejar abierta la vía judicial cuando las partes estimen necesario un procedimiento con más amplia discusión o que requiera mayor actividad probatoria.”
Quizás podrían ser centros de mediación que se encuentran ya funcionando en las provincias con una instancia superior en la Provincia de Buenos Aires, o un modo de resolución de conflictos on line con instancia posterior de resolución presencial en Buenos Aires.
4 abril, 2017 a las 4:07 pm #12933
La ley actual, a pesar de haber sido reformada en numerosas opotunidades, requiere actualizaciones ineludibles. Los mayores inconvenientes los identifico en el ambito de la observancia de los derechos, en la falta de adecuacion a ciertos elementos de los tratados internacionales suscriptos por nuestro pais y en la falta de aggiornamiento con ciertas cuestiones tecnologicas que merecen una adecuada recepcion normativa.
– Derechos patrimoniales y derechos morales: seria deseable un ordenamiento de la recepcion normativa de estos derechos, siguiendo los tratados internacionales y las legislaciones latinoamericanas mas recientes.
– Obras por encargo: para incentivas la inversion empresaria en la produccion de obras culturales seria deseable que se regule la propiedad intelectual de las obras por encargo.
– Obras audiovisuales: regulacion de las obras audiovisuales como genero, y de las obras cienamtograficas, televisiva, videografica, etc., como especie, delineando claramente titulares y plazo de proteccion.
– Medidas anti-elusion y gerenciamiento de informacion de derechos: adecuacion de la legislacion interna con lo establecido en los tratados TODA y TOIEF de 1996.
– Derechos conexos: regulacion de los derechos de organismos de radiodifusion, extendiendo este instituto a titulares de seniales audiovisuales que no utilizan el espectro radioelectrico, sino vinculos fisicos (cable) o Internet.
– Inclusion de nuevos derechos conexos o sui generis, tales como el derecho de propiedad intelectual sobre las transmisiones de eventos deportivos.
– Responsabilidad civil por infraccion a los derechos protegidos por la Ley: inclusion de un capitulo especifico con inclusion de multas civiles, aplicables a discrecion del juez, como forma de evitar que el infractor concluya que es mas conveniente infringir y luego pagar la condena en un eventual juicio.
– Responsabilidad de los intermediarios: incluir un regimen especifico que siga el sistema de puerto seguro adoptado por diversas leyes, tales como la DCMA de 1998 de Estados Unidos o la Directiva Europea Infosoc.
– Pirateria y sanciones penales: modernizacion del capitulo respectivo, incluyendo tipos penales que contemplen las modalidades de pirateria actuales, tales como la exhibicion de obras audiovisuales en sitios web piratas, sitios que permiten descarga de obras protegidas, venta, distribucion, importacion o exportacion de equipos destinados a infringir derechos (decodificadores del tipo FTA), retransmision ilegal de seniales con fines de lucro (con sanciones que incluyan el decomiso del equipamiento utilizado para dichas transmisiones ilegales), comercializacion de servicios ilegales de distribucion de obras audiovisuales a traves de equipos o redes del tipo OTT (over-the-top), etc.
Creo que la Ley 11.723 cuenta con una estructura solida que debe ser mantenida. Solo necesita una modernizacion y mejoras para que se convierta en una ley que recepte adecuadamente la proteccion que debe reconocerse actualmente a los autores y titulares de derechos de autor y derechos conexos.
4 abril, 2017 a las 7:02 pm #12942
Felicito a la DNDA por la iniciativa. Es per se positivo abrir el debate sobre la reforma de la ley 11723. Humildemente disiento con la opinión de varios renombrados colegas preopinantes. Creo que mejor que reformar la ley de “Propiedad Intelectual” N° 11.723, que data de 1933 es reemplazarla por una moderna “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos”. Hasta el título de la norma vigente es equívoco. No creo que con ello se pierda la labor doctrinaria ni jurisprudencial. Los parches, aunque buenos, son una solución “second best”. Claro está, será mejor una ley emparchada a dejarla como está.
No estuvo pensada para una sociedad y economía del conocimiento.
Limitadas excepciones y limitaciones, que terminan desincentivando la creación y/o el aprovechamiento de obras.
No tiene en cuenta las necesidades de las nuevas tecnologías ni la inversión en I+D necesarias para desarrollarlas.
Demasiadas formalidades (costos de transacción).
Empezaría por debatir y clarificar principios. Hay que hacer explícita su razón de ser. Desde mi perspectiva la finalidad del derecho de autor, como la de todos los DPI, es generar incentivos para la creación de nuevos conocimientos e innovaciones para beneficio de la sociedad. El beneficiario final del derecho de autor es la sociedad. A tal fin los derechos de exclusiva son un medio en relación a un fin, necesarios por una razón económica (la falla de mercado de los bienes informacionales). Yo sé que a muchos no les gustará aceptar este criterio, si se quiere utilitario, que es el que impera en EEUU, economía capitalista si las hay y no por casualidad la nación más innovadora del planeta. Recientemente la US Court of Appeals for the Second Circuit en el caso “Authors Guild v. Google, Inc.” (aceptando la defense de “fair use”) dijo: “The ultimate goal of copyright is to expand public knowledge and understanding, which copyright seeks to achieve by giving potential creators exclusive control over copying of their works, thus giving them a financial incentive to create informative, intellectually enriching works for public consumption. This objective is clearly reflected in the Constitution’s empowerment of Congress “To promote the Progress of Science (…) by securing for limited Times to Authors (…) the exclusive Right to their respective Writings.” Thus, while authors are undoubtedly important intended beneficiaries of copyright, the ultimate, primary intended beneficiary is the public, whose access to knowledge copyright seeks to advance by providing rewards for authorship”. Nuestro Art. 17 de la CN es tributario de la “Progress Clause” estadounidense.
Ampliar el catalogo de excepciones y limitaciones para favorecer usos y aprovechamiento de obras sin quitar incentivos a los creadores. Mejor aún, discutir la conveniencia de incorporar un sistema de tipo “fair use” con reglas generales y no excepciones y limitaciones taxativas, que se adaptan más fácilmente a los cambios económicos, sociales y tecnológicos.
Permitir la renuncia voluntaria a los derechos patrimoniales si así lo desea el autor (en Chile se puede). Al respecto véase el “Resumen del análisis comparado de los regímenes nacionales de renuncia voluntaria al derecho de autor” preparado por el Dr. Andres Guadamuz, Profesor Titular de Derecho de propiedad intelectual, Universidad de Sussex, Reino Unido. El autor debiera tener la opción de elegir la estrategia que más le conviene y las SGC respetarla.
Regular las “obras huérfanas” creando un sistema equitativo que incentive su aprovechamiento.
Tener valor, discutir y abolir el “dominio público pagante” una contradictio in terminis y sinsentido económico. Si queremos que el FNA incentive a los autores y artistas nacionales, además del derecho de autor, habrá que buscar otras fuentes de financiamiento menos distorsivas del acceso a la cultura y su reutilización.
Permitir medios probatorios amplios, habilitando soluciones privadas para el registro, prueba de autoría e infracción de derechos de autor, tecnológicamente neutros. Ya existen soluciones de este tipo utilizando Blockchain, la base de datos que hace posible el uso de Bitcoins. Mañana será otra cosa. Hay que facilitarle al titular de derechos hacerlos valer en juicio y permitirle elegir el más conveniente.
Enumerar claramente los derechos patrimoniales y morales, así como su extensión temporal.
Incorporar las obligaciones asumidas a través de tratados internacionales, así como aprovechar las flexibilidades que los mismos permiten, para atender los intereses estratégicos del país.
Tomar en cuenta lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes nacionales, con la intención de armonizar derechos de distinto tenor. Por ejemplo art. 15 del PIDESC menciona derechos de incidencia colectiva e individuales: participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas.
Regular contratos estableciendo principios básicos pero sin atar de manos a la libertad contractual.
Además del arbitraje sugiero incorporar la mediación para la solución de controversias relativas al derecho de autor y los derechos conexos. A diferencia del arbitraje, que es un método adversarial, la mediación promueve que las partes directamente arreglen sus problemas. La mediación puede ser vista como una negociación asistida por un tercero imparcial (el mediador). Por lo tanto, ésta es socialmente más deseable y además tiende a preservar la relación entre las partes, algo muy importante cuando hay pendientes prestaciones recíprocas. Nuevamente insisto, la ley debe proveer todos los medios. La decisión la debe tomar el interesado. Es por ello que si se piensa en un sistema de solución de controversias no debe soslayarse la mediación.
Crear un fuero especializado sería deseable si en caso de haber una masa crítica de litigios. No me parece necesario por el momento.
Finalmente, redactar la futura ley en lenguaje llano, lo que los anglosajones llaman “plain legal language”. Si queremos que el ciudadano cumpla la ley primero la tiene que entender. Hay que olvidarse del “legalese”.
Toda norma puede ser cambiada. Una ley no es un texto revelado. Si conviene, quedó vetusta o no responde a las nuevas necesidades sociales habrá que cambiarla. No obstante si la decisión final fuera de reformar la actual ley, habrá que dejar incólumes las partes de la norma sobre las que la mayoría de los autores está de acuerdo que no hace falta reformar. La cuestión se vuelve estadística.
Agradeciendo la oportunidad de participar saludo a todos los pacientes lectores muy atentamente,
4 abril, 2017 a las 9:55 pm #12943
Muy buenos e interesantes los comentarios que se han formulado.
Un par de comentarios sobre los aportes de Maximiliano:
a) La mediación existe en Argentina desde 1996 con carácter pre-judicial y obligatorio. La Ley de Mediación (en sus diferentes versiones) fue aplicable a aquellos casos que se litigan en la Ciudad de Buenos Aires ante la Justicia Nacional en lo Civil. Casi todas las provincias han incorporado el instituto de la mediación (creo que hay en todas las provincias, menos dos).
La cuestión es que la mediación es desarrollada por mediadores que muchas veces no están especializados. Y formar cuerpos de mediadores con conocimientos en la materia es una tarea bastante compleja, que requiere de coordinación con autoridades provinciales que regulan las respectivas matrículas.
La iniciativa de un cuerpo de conciliadores ofrecido por el Ministerio de Justicia a través de la DNDA no excluye el trabajo de formar a los mediadores en este tipo de conflictos, a la vez que constituye una solución que puede ser implementada con mayor celeridad.
Por otra parte, el arbitraje es considerado parte de las MARC y nada excluye que los árbitros realicen gestiones para facilitar un acercamiento entre las partes.
b) Respecto del antecedente de la ley chilena, en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se puede consultar el texto de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 17336 -modificada por la Ley 20435, en 2010-), y en dicho texto establecen la inalienabilidad de los derechos morales (Art.16) y la irrenunciabilidad de los derechos patrimoniales de autores y titulares de derechos conexos (Art. 86). El texto puede ser consultado en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933&idParte=&idVersion=2010-05-04
Bajo la actual ley argentina, los derechos patrimoniales son de libre disponibilidad para sus titulares pero su ejercicio tiene ciertas restricciones para aquellos que son representados por las SGC, debido a la representación impuesta por la Ley (bajo las circunstancias históricas que aconsejaron en su momento este modelo). Y, en este sentido, parece más amplia que la ley chilena.
El debate se centra siempre sobre la facultad del autor sobre sus derechos morales.
Coincido que es interesante abrir el debate sobre este aspecto y escuchar a los propios autores al respecto.
5 abril, 2017 a las 6:30 pm #12974
Muchas gracias por tu aporte. Aprovecho para agregar.
La cuestión no es si los mediadores están o no especializados en PI. De hecho, lo mismo se puede predicar de los árbitros. La cuestión es formar mediadores y árbitros expertos en PI. Un centro de MARC debiera ofrecer ambos servicios y ambos perfiles de profesionales, dejando que el ciudadano elija el que prefiere según sus intereses. Eso exactamente hace la OMPI con su Centro de Arbitraje y <u>Mediación</u>. Si la OMPI ofrece ambos servicios y los considera útiles por igual porqué no hacerlo también. Mi humilde sugerencia, detrás de un velo de ignorancia de lo que vendrá.
Sobre la renunciabilidad, mencioné oportunamente que me refería exclusivamente a los derechos patrimoniales. Justamente en la ley chilena de Propiedad Intelectual que citás (Ley 17336 -modificada por la Ley 20435, en 2010-) en su artículo 11 se establece lo siguiente:
(c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley.
Es decir, la ley chilena permite al autor renunciar a sus derechos patrimoniales y poner su obra directamente en el dominio público.
6 abril, 2017 a las 12:08 pm #12978
Bienvenidos María Laura, Federico y Maximiliano. Muy interesantes los aportes. Estimamos que la primera reunión de puesta en común será para la semana del 15 de mayo. Avisaremos con tiempo.
Aprovecho para preguntar a los participantes si verían conveniente que hubiera una Comisión redactora que reciba los debates y en un plazo determinado presente un proyecto. Es la metodología utilizada ahora para el Código Penal y que se utilizó en otras iniciativas relevantes.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
sui generis
 artículo 11