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Timestamp: 2019-05-21 13:44:05+00:00

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Reseñas del mes Enero →
1. Contratos internacionales
a. Calificación: los contratos se ubicarán en el campo del Derecho Internacional Privado cuando ocurran supuestos como los siguientes: que las partes obligadas sean de distinta nacionalidad; tengan domicilios en diferentes Estados; los contratos se celebren en un Estado y los efectos deban cumplirse en otro; cuando las partes sean de un mismo Estado, pero celebren el contrato en otro; cuando se haya sometido el conocimiento de la controversia a los tribunales de la jurisdicción extranjera, etc. En efecto, cualquiera de estas situaciones conlleva a realizar un estudio para determinar entre las diferentes leyes cuál pudiera ser la aplicable, al evidenciarse un conflicto de leyes. TSJ-SPA, sentencia N° 65 del 07-02-2012, Exp. 12-20
a. Derecho aplicable: domicilio del cónyuge demandante: lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determina por el transcurso de un año después de haber ingresado al territorio nacional.
TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. N° 2012-1625
b. Jurisdicción (ver 6.c.)
Apostilla: entre Colombia y Venezuela existe un tratado que establece la forma como debe verificarse la autenticidad de los documentos públicos presentados, se trata del Convenio de La Haya de 1961, para la Supresión de la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Este Convenio es de aplicación preferente (art.1º LDIP), fue concebido para eliminar las costosas y pesadas formalidades de la legalización de documentos públicos presentados ante otros Estados miembros y facilitar así su circulación mediante la colocación de la Apostilla. TSJ-SCC, sentencia N° 706 del 20-11-2012, Exp. 12-126
Prueba: se observa en el escrito de demanda, que el demandante, alegó que la visa otorgada por la Embajada Americana venció en mayo de 2008 y le fue negada su renovación, así como de la copia simple de la cédula de identidad del accionante, consignada en el expediente, donde se evidencia que la fecha de expedición fue el 01-09-2008, con lo que pudiera determinarse que el demandante fijó su residencia habitual en el país desde el año 2008. TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. N° 2012-1625
5. Exequátur
Requisitos: se encuentran previstos en el art. 852 del CPC, mientras que el art. 53 de la LDIP regula los requisitos para que una sentencia o acto emanado de autoridad extranjera surta efectos en Venezuela.
No puede la Sala dejar de advertir que los requisitos de admisibilidad de la solicitud de exequátur son los establecidos en el artículo 852 del CPC, mientras que el art. 53 de la LDIP es la que regula los requisitos para que una sentencia o acto emanado de autoridad extranjera surta efectos en Venezuela.
TSJ-SCS, sentencia N° 1685 del 21-12-2012, Exp. N° 12-1203
Asuntos contenciosos. La competencia de la SCC para conocer de los procesos de exequátur está determinada por el numeral 2° del artículo 28 de la LOTSJ, en concordancia con ello, los artículos 850 y 856 del CPC y el artículo 856 eiusdem. De la interpretación sistemática respecto del contenido y alcance de estas normas, se concluye que en aquellos casos en que el exequátur sea solicitado para decisiones y actos en materias de emancipación, adopción y cualquier otra naturaleza no contenciosa, la competencia le corresponde al Juzgado Superior del lugar donde se haya de hacer valer; mientras que para el exequátur de decisiones o actos de cualquier otra naturaleza, distinta a la precedentemente señalada, como serían las de naturaleza contenciosa, la LOTSJ atribuyó la competencia a la SCC. TSJ-SCC, sentencia N° 779 del 12-12-2012, Exp. Nro. 12-048
(i) Se desprende tanto del escrito de solicitud de exequátur, como de la propia sentencia cuyo pase se solicita, que la causal del divorcio fue “…la separación de cuerpos por la vía de hecho desde hace aproximadamente 10 años de los cónyuges…”. En consecuencia, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso de conformidad con lo dispuesto en el art. 856 del CPC. Es evidente que la SCC, no es competente para conocer de la solicitud de exequátur de la sentencia extranjera, ya que la misma versa acerca de una sentencia de divorcio de carácter no contencioso, lo cual obliga a la Sala a declinar la competencia ante un Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.TSJ-SCC, sentencia N° 782 del 12-12-2012, Exp. Nro. 12-591 En el mismo sentido: JSPCMT Caracas, sentencia del 20-07-2012
(ii) Como la sentencia objeto de la solicitud es de naturaleza no contenciosa y afecta los intereses de una niña, corresponde al Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la competencia para conocer del exequátur propuesto. TSJ-SCS, sentencia N° 1685 del 21-12-2012, Exp. N° 12-1203
(iii) El TSSCMT del estado Zulia resulta competente para conocer de la solicitud, en virtud del art. 856 del CPC por ser este Juzgado el Tribunal Superior competente del lugar donde se ha hecho valer la sentencia. Se desprende de la sentencia extranjera que la misma se trata de una “sentencia de adopción” en la que el tribunal extranjero otorga la adopción de un adolescente en favor del cónyuge de su madre y ordena se establezca la relación padre-hijo entre el adoptante y el adoptado, este último para el momento de la adopción era menor de edad, hoy mayor de edad, y además, el nombre legal ha sido cambiado. En conclusión, como la materia de adopción se subsume en los supuestos previstos en el art. 856 del CPC queda establecida la competencia de este Juzgador Superior para conocer y decidir la solicitud de exequátur. JSSCMT edo. Zulia, sentencia del 28-02- 2012
CIDIP sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros: Se solicita el exequátur de una sentencia dictada por un Juzgado de Familia de Medellín, Colombia, mediante la cual se declaró la privación de la patria potestad del progenitor sobre su menor hija, país con el cual Venezuela tiene celebrado tratado público en materia de reconocimiento de fallos. Por tanto, el exequátur se revisará a la luz de la Convención, por ser aplicable al caso concreto, de conformidad con lo pautado en los arts. 1º de la LDIP y 1 de la misma Convención, por tratarse de la declaratoria de privación de la patria potestad, asunto relativo a la materia civil. TSJ-SCC, sentencia N° 706 del 20-11-2012, Exp. 12-126
Normas internas: entre Venezuela y EE.UU no existen tratados, acuerdos o convenios que regulen de manera específica los presupuestos que deben cumplir las sentencias extranjeras para que adquieran eficacia y fuerza ejecutoria en nuestro país, por lo que de conformidad con el art. 1 de la LDIP, para resolver la solicitud de exequátur deberán aplicarse las normas de Derecho interno contenidas en el Capítulo X de la referida Ley, las cuales han derogado los parámetros contenidos en el artículo 851 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se procedería al análisis de la decisión extranjera a la luz de las condiciones requeridas en el art. 53 de la LDIP. JSSCMT edo. Zulia, sentencia del 28-02- 2012
Única instancia: el procedimiento de exequátur se ventila en una sola instancia, sin prever recurso alguno contra las sentencias proferidas, concedan o no fuerza ejecutoria a las sentencias de autoridades extranjeras, razón por la cual, no tienen apelación, consulta, ni casación. Aun cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la LOTSJ, la SCS no tiene competencia para conocer de las solicitudes de exequátur, se considera que al haber sido conocido y decidido el incidente, en primer grado, por un Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le corresponde a la SCS, conocer por competencia funcional, de la apelación propuesta. TSJ-SCS, sentencia N° 1685 del 21-12-2012, Exp. N° 12-1203
e. Requisitos
Cuando en el juicio hay pretensiones que afectan directamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la CRBV consagra una protección especial e integral a favor de éstos, a los fines de que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y en condiciones dignas (art. 78). El Estado tiene el compromiso de brindarles a estos sujetos de derecho la protección tanto en lo social como en lo jurídico, en atención a lo previsto en los arts. 8 de la LOPNNA, arts. 3 y 9 de la CIDN, y 8 de la LDIP. Al encontrarse la demanda de divorcio directamente relacionada con lo atinente a la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, siendo tales instituciones materia de orden público (art. 12 LOPNNA), corresponde a los tribunales venezolanos conocer del caso. TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. N° 2012-1625
Lo dispuesto en la sentencia de privación de patria potestad no viola principios esenciales del orden público internacional, pues su fundamento fue proteger a la adolescente del abandono a la que fue expuesta por su progenitor, garantizando el interés superior, principio esencial del Estado venezolano y que comparte el estado colombiano en el desarrollo de la sentencia extranjera cuyo pase se pretende. En los exequátur de decisiones en materia de menores, el principio del interés superior del niño, es el que debe prevalecer para determinar si el fallo viola o no la excepción de orden público internacional, pues lo determinante es verificar si los derechos de los menores están siendo protegidos por el juez que conoció del conflicto. TSJ-SCC, sentencia N° 706 del 20-11-2012, Exp. 12-126
A los presupuestos del art. 53 de la LDIP debe adicionarse la consideración previa del análisis de las normas de orden público interior venezolano, el cual no puede verse afectado o contrariado por la sentencia extranjera ni por convenios particulares con base a lo regulado en el art. 6 del CCV. Si bien la adopción del hijo de uno de los cónyuges por el otro cónyuge, y ambos son quienes interponen la solicitud de adopción. Este tipo de adopción está expresamente permitida por la legislación venezolana (art. 407 LOPNA del año 1998, aplicable para la época en que se solicitó la adopción), aunado a que en materia de protección del niño, niña y adolescente siempre debe aplicarse el interés superior del niño, que en el presente caso estaba determinado por la adopción que requiere el cónyuge de la madre del solicitante, máxime a que como quedó evidenciado, previamente ya había sido privada la patria potestad con relación a su padre biológico por sentencia judicial.
Asimismo, se desprende que el caso de autos, a pesar de que el adolescente nació en Venezuela, fue traslado por su madre en el año 2001 para los EE.UU., observándose que ya tenía allí ubicada su residencia habitual para el momento en que se decretó la adopción por el tribunal extranjero para el año 2007, en consecuencia, se considera que no resultaba como deber la aplicación prioritaria de la normativa venezolana para decretar la adopción como exige el artículo 443 de la LOPNA de 1998. Por esto, no caben dudas para estimar que la adopción de autos no afecta o contraría las normas de orden público venezolano con relación a tal materia. JSSCMT edo. Zulia, sentencia del 28-02- 2012
El artículo 53 de la LDIP, derogatorio de los arts. 850 y 851 del CPC, establece los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. Además debe analizarse si la sentencia está conforme con el orden público. Este Tribunal considera que la referida sentencia, objeto de la solicitud de exequátur, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley Venezolana, ya que el proceso se manejó como contempla nuestra legislación Civil para la adopción en el artículo 246 del Código Civil. JSPCMT Caracas, sentencia del 20-07-2012
En principio, el artículo 53 de la LDIP relativo a los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras para que tengan efectos en Venezuela, excluyó el orden público establecido en el artículo 851.6 del CPC. Sin embargo, de una debida interpretación, debe entenderse que la LDIP deroga lo establecido en el CPC, en cuanto esté expresamente regulado por dicha Ley, por lo que en criterio de este Tribunal, el hecho de que la Ley Especial no contenga la disposición relativa al orden público, que sí contiene el CPC, no involucra que pueda el Juez Venezolano otorgar el exequátur a una sentencia que contenga declaraciones o disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012
a. Cláusulas de elección de foro
Foro vs. ius: el Juez de la causa declaró la falta de jurisdicción del juez venezolano, con fundamento en la cláusula siguiente: “IV. Leyes Aplicables…La Parte A y la Parte B se han convenido en que el presente contrato se regirá por la ‘Ley de la Contratación Laboral de la República Popular China’ en concordancia con las demás disposiciones legales y no será sometido a ninguna de las leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela…”. La SPA considera que la referida cláusula no constituye una cláusula derogatoria de la jurisdicción venezolana frente a la extranjera, sino que establece el derecho aplicable a la relación contractual entre las partes. TSJ-SPA, sentencia N° 65 del 07-02-2012, Exp. 12-20
b. Consulta y regulación de jurisdicción
Competencia: le corresponde a la SPA de conformidad con el art. 23, num. 20 de la LOJCA, en concordancia con el art. 26 num. 20 de la LOTSJ. Estas disposiciones determinan el mismo régimen competencial del CPC, en sus arts. 59 y 62, de aplicación supletoria conforme al art. 31 de la LOJCA y 98 de la LOTSJ.
Acciones sobre estado de las personas o relaciones familiares. La LDIP consagra dos criterios especiales atributivos de jurisdicción a favor de los tribunales venezolanos (art. 42): el criterio del paralelismo, con el cual se le atribuye jurisdicción al Estado cuya Ley resulte aplicable para resolver el fondo del asunto; la sumisión, es decir, que un Tribunal tendrá jurisdicción cuando las partes decidan expresa o tácitamente someter la controversia al conocimiento de un determinado tribunal, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan; este último criterio con relación al demandante se evidencia de la interposición de la demanda y, en cuanto al demandado, queda de manifiesto cuando al contestar la demanda, no alega la falta de jurisdicción del tribunal o no se opone a una medida preventiva (art. 45 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. N° 2012-1625
Demandados domiciliados en el extranjero: le corresponde a los tribunales conocer de aquellos juicios que se intente contra una persona cuyo domicilio se encuentre fuera de la República, esto supeditado a que se trate de los supuestos establecidos en los artículos 40, 41 y 42 de la LDIP. TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. Nro. 2012-1625
Divorcio: los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el competente para regir el fondo del asunto; por tanto, a los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable al caso, debe atenderse a lo dispuesto en el art. 23 de la LDIP. Esto es, en materia de divorcio, la ley o Derecho aplicable es aquel en el cual el cónyuge demandante hubiere establecido su domicilio, entendiendo por éste, de conformidad con el art. 11 de la LDIP, el lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determina por el transcurso de un año después de haber ingresado al territorio nacional (art. 23 LDIP). Siendo ello así, debe la Sala determinar si el cónyuge demandante, poseía su residencia habitual en Venezuela, un (1) año antes de haber interpuesto la demanda de divorcio. TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. N° 2012-1625
d. Interés superior del niño: de acuerdo a lo expuesto, esta Sala como garante de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en consideración al interés superior del niño, al encontrarse directamente relacionada la presente demanda de divorcio, con los derechos del adolescente antes referido en lo atinente a la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, siendo tales instituciones materia de orden público de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, corresponde a los tribunales venezolanos conocer del presente caso
TSJ-SPA, sentencia N° 1548 del 19-12-2012, Exp. Nro. 2012-1625
Orden de prelación: de conformidad con el artículo 1º de la LDIP, el orden de prelación de las fuentes en el sistema de Derecho Internacional Privado (DIP) atiende en primer lugar a las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia y en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto, se aplicarán las normas de DIP venezolano. A pesar de que no existe Tratado alguno en materia de divorcio entre los Estados Unidos de América y Venezuela, debe tomarse en cuenta lo preceptuado por el sistema de DIP venezolano para la solución del presente juicio. En tal sentido, debe precisarse que en el Capítulo IX de la LDIP, denominado “De la Jurisdicción y de la Competencia”, se regula, entre otras cosas, los supuestos en los que la ley asigna jurisdicción a los tribunales venezolanos.
7. Litispendencia
a. Conexidad-diferencias: en toda causa pueden distinguirse tres elementos: los sujetos, el objeto y el título. Cuando estos elementos se encuentran presentes en dos o más causas, se generan relaciones más o menos estrechas entre ellas, según se trate de la totalidad de éstos o sólo de algunos de ellos. Se producen relaciones de conexión entre dos o más causas en la medida en que éstas tengan en común uno o dos de sus elementos. Mientras que la litispendencia exige la comunidad no de uno, ni de dos, sino de los tres elementos antes referidos. TSJ-SCC, sentencia N° 779 del 12-12-2012, Exp. Nro. 12-048
b. Consecuencias procesales: conforme al art. 61 del CPC y a la exposición de motivos que la complementa, cuando se determine la identidad absoluta en dos o más causas, la cual ha sido interpuesta dos veces y ante autoridades judiciales diferentes, se declarará la litispendencia, caso en el cual, lejos de acumular dichas causas –como se hacía en el Código derogado- lo que procede es extinguir aquel proceso en el cual no se verificó la citación del demandado. TSJ-SCC, sentencia N° 779 del 12-12-2012, Exp. Nro. 12-048
8. Normas imperativas
a. Contrato de trabajo: en los casos con supuestos de hecho conectados con distintos ordenamientos jurídicos, los Tribunales venezolanos deberán aplicar las normas patrias que hayan sido calificadas como disposiciones imperativas del Derecho venezolano, las cuales son de obligatorio cumplimiento en protección del orden interno, aun en aquellos asuntos en los que exista un contrato de trabajo en el que las partes hubiesen acordado la aplicación del Derecho extranjero, como ocurrió en la causa bajo examen, en la que las partes estipularon la aplicación de las normas de la República Popular de China. En nuestro país, la desaplicación de este tipo de normas acarrearía una violación al orden público venezolano, sobre todo, en demandas como la de autos en las cuales lo reclamado es el reconocimiento de derechos de los trabajadores, quienes gozan de la más amplia protección constitucional y legal. TSJ-SPA, sentencia N° 65 del 07-02-2012, Exp. 12-20
9. Sentencia Extranjera
Cosa juzgada y la fuerza ejecutoria: una sentencia definitivamente firme tiene en el país donde ha sido dictada dos efectos principales: cosa juzgada y fuerza ejecutoria; esta última confiere a la parte victoriosa en el juicio la posibilidad de hacer efectivo el dispositivo del fallo ocurriendo ante la autoridad competente con el objeto de obtener, frente a la resistencia de la parte vencida, la satisfacción de lo que le sea debido en virtud del pronunciamiento judicial que se ha hecho incontrovertible. Sin embargo, esa ejecutabilidad llega sólo, en principio, hasta donde llega la soberanía de cada Estado, por lo tanto, las sentencias extranjeras no tienen fuerza legal más allá del país donde se han dictado, sólo en su espacio jurídico-territorial. Tal resultado genera manifiestas injusticias frente los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicamente válidas constituidas al amparo de una sentencia que, dictada en un país, se quiere hacer valer en otro. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en enero 31, 2013 en Novedades
Etiquetas: DIP, Jurisprudencia, Legislación, Novedades, TSJ
Una respuesta a “Novedades”
febrero 1, 2013 at 2:54 pm
Excelente compendio.. Muchas Gracias!!

References: artículo 852
 artículo 28
 artículo 856
 artículo 851
 artículo 30
 artículo 443
 artículo 53
 artículo 246
 artículo 53
 artículo 851
 artículo 12
 artículo 1