Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Febrero/203-29212-2012-11-0972.html
Timestamp: 2017-03-27 02:46:20+00:00

Document:
Mediante Oficio N° 907 del 21 de julio de 2011, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal remitió a esta Sala el expediente N°
11-0677, de su numeración, contentivo de la demanda de nulidad incoada por el
ciudadano NELSON MEZERHANE, identificado con la cédula de identidad
número 1.743.008, en su condición de propietario y accionista de la sociedad mercantil
1967, bajo el N° 39, Tomo 251-A, contra el Decreto N° 7.933, dictado por el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 23 de diciembre de 2010,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.580, de la misma fecha, mediante el cual se ordenó
la adquisición forzosa de los bienes de la referida sociedad mercantil y, en
consecuencia, acordó el inicio del correspondiente procedimiento expropiatorio
sobre los activos de dicha sociedad mercantil. Dicha remisión obedece a la declinatoria de competencia que realizara el
Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal el 13 de julio de 2011.
El 8 de agosto de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al
Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal
carácter la suscribe.
Kiriakidis, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los
números 47.910 y 50.866, respectivamente, actuando con el carácter de apoderado
judicial del recurrente, solicitó que se desestimara la declinatoria de
competencia planteada. Efectuado
el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes
Mediante auto del 13 de julio de 2011, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal declinó en esta Sala la competencia para
“…esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
en decisión Nº 00708, publicada en fecha 18 de junio de 2008, estableció lo
Por su parte, el artículo 334 eiusdem, dispone:
‘Artículo
334.- …(omissis)…
jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de
los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e
inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con
aquella.’
el artículo 5, numeral 9, primer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, prevé:
5.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto
Tribunal de la República:
Declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados por cualquier órgano
en ejercicio del Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando colidan con ésta y que no sean
conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales
En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al
37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40.
En Sala de Casación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala
de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala
previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida.
sobre este particular (la impugnación de actos dictados en ejecución directa de
la Constitución), la Sala Constitucional, mediante sentencia número 2748 del 20
de diciembre de 2001, caso: ‘Javier Elechiguerra Naranjo’, indicó lo siguiente:
artículo 334 de la vigente Constitución, establece que corresponde
exclusivamente a esta Sala, como jurisdicción constitucional, ‘declarar la
nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público
dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley’. Es decir que sólo esta Sala tiene jurisdicción para
o actos de los poderes públicos que se dicten en ejecución directa de la Constitución o que tengan rango de ley. Por su parte, el numeral 4 del artículo 336 eiusdem,
atribuye a esta Sala la función de declarar la nulidad total o parcial de los
actos de cualquiera de los órganos de la Administración, dictados en ejercicio del Poder Público ‘en ejecución directa e inmediata de la Constitución’. No define la norma fundamental lo que debe entenderse por acto del Poder
Público dictado en ejecución inmediata y directa de la Constitución, lo cual resulta determinante a objeto de establecer la competencia exclusiva de
la Sala, conforme al señalado artículo 334.
entonces determinar el sentido que debe darse a la expresión ‘acto dictado en
ejercicio del Poder Público en ejecución directa e inmediata de la Constitución’, es decir, cuál es el contenido del concepto ‘directo e inmediato’ en el
nulidad por inconstitucionalidad de las leyes y ‘demás’ actos dictados en
ejercicio del Poder Público por los poderes constituidos ‘en ejecución directa
e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley’. El artículo 336 eiusdem,
por inconstitucionalidad de los actos dictados en ejercicio del Poder Público y
en ejecución inmediata y directa de la Constitución, por cualquier órgano estatal distinto al Poder Ejecutivo Nacional; en su numeral 3, le atribuye competencia
dictados por el Ejecutivo Nacional (con excepción de los reglamentos cuya
nulidad le compete a la Sala Político Administrativa conforme al numeral 5 del
artículo 266 eiusdem); y en su numeral 2, atribuye a esta Sala la
dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución por los cuerpos deliberantes de los estados y municipios, tales como
sentencia de 27 de enero de 2000 (Caso: Milagros Gómez y otros) ‘el criterio
acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control’ y exige que
dichas actuaciones sean dictadas en ejecución directa de normas
para ejecutar dichos actos esté de tal manera, clara e indubitable, atribuida
por la Constitución al órgano ejecutante que no requiera de una ley habilitante
que regule su ejercicio y que, la misma Constitución no lo reserve (su
ejercicio) a la creación de una ley por el Poder Legislativo. …(omissis)… Puede
afirmarse, que la calificación de acto dictado en ejecución directa de la Constitución, está referida a la forma de cómo un determinado acto jurídico se articula con
las normas constitucionales, es decir si su ejecución obedece en primer término
a una disposición legal que regula su práctica o si deriva directamente de una
derecho o de la atribución que fundamenta el acto. Es un hecho bastante
creación de órganos de los poderes públicos y su habilitación, en la mayoría de
las constituciones vigentes en distintos países, son considerados de aplicación
inmediata y directa.’
concreto, resulta esencial destacar que la pretensión de la parte actora está
dirigida -entre otros aspectos- a obtener la nulidad del acto de designación de
la ciudadana Socorro Elizabeth Hernández como Ministra del Poder Popular para
las Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.843 del 4 de enero de 2008,
dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en ejecución inmediata y directa del numeral 3 artículo
236 de la Constitución, acto éste que ha sido considerado tanto por la doctrina
como por la jurisprudencia de este Máximo Tribunal como un acto de gobierno. ‘En efecto,
la Sala Constitucional en sentencia Nº 1122 del 8 de junio de 2006, caso
CONINDUSTRIA, ha señalado respecto a tales actos lo siguiente:
‘…los actos
de gobierno son aquellos que constituyen materialización del poder de dirección
política del Estado, pues es sabido que el Ejecutivo Nacional
reúne una doble condición: la de Gobierno y la de Administración. En razón de
inmediata en la Constitución (nombrar ministros, dirigir relaciones
internacionales de la República, conceder indultos, decretar el estado de
excepción, por citar los casos más conocidos y relevantes). Como
Administración, el Ejecutivo emite reglamentos (en ejecución de la ley o
legal) o actos particulares.’
todo lo expuesto, visto que se ha solicitado la nulidad del acto de designación
de la ciudadana Socorro Elizabeth Hernández como Ministra del Poder Popular
para las Telecomunicaciones, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala debe declararse incompetente para conocer del
caso con fundamento en lo establecido en el artículo 334 de la Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 9, primer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, declinar su conocimiento en la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal. Así se declara’. (Resaltado del Juzgado) Visto lo
recurso de nulidad contra el Decreto N° 7.933, de fecha 23 de diciembre de
2010, dictado por el ciudadano PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.580, de esa misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida en los
numerales 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2°, 115 y 117 eiusdem, cuyo
conocimiento —conforme al criterio jurisprudencial transcrito— corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, lo que obliga a este Juzgado de
Sustanciación, a declarar la incompetencia de esta Sala Político
Administrativa, y así se decide”. II
RECURSO El accionante fundamentó su pretensión anulatoria en los siguientes
Que el acto impugnado se dictó en ausencia del procedimiento legalmente
Que el Ejecutivo Nacional incurrió en falso supuesto a consecuencia de la
errada interpretación de las normas legales utilizadas para dictar el acto
momento en que dictó el acto impugnado y, por ello, sus bienes no eran
susceptibles de ningún tipo de medida expropiatoria, ya que se encuentran
afectados a otro fin de interés general.
fueron previamente afectados a medidas administrativas en pro del interés
general. Que el acto impugnado adolece de desviación de poder, pues no se basa en
la necesidad de expropiar los bienes por causa de utilidad pública, sino a los
efectos de la “CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO”.
Analizadas las actas que conforman el expediente, la Sala observa que, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia afirmó que esta Sala Constitucional es el órgano
consideración de que el Decreto objeto de impugnación sería un acto de
gobierno, dictado en ejecución directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
inicialmente basado en el artículo 236, numerales 2 y 11, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales el Presidente de la República dirige la acción de gobierno, igualmente, se fundamenta en el artículo 115 eiusdem
y los artículos 5 Y 56 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública
El referido artículo 115 del Texto Fundamental, reconoce el derecho a la
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona
tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad
estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que
establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de
El artículo 5 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o
Social, dispone lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 5. El decreto de expropiación consiste en la declaración de
que la ejecución de una obra requiere la adquisición forzosa de la totalidad de
un bien o varios bienes, o de parte de los mismos. Dicha declaración le
corresponderá en el orden nacional al Presidente de la república, en el orden
El decreto de expropiación requerirá la previa declaratoria de
utilidad pública de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de
esta ley”.
Por su parte el artículo 56 eiusdem, establece lo siguiente:
56. Cuando la obra sea de utilidad pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de esta Ley y la autoridad a quien competa su ejecución la
califique de urgente realización, deberá hacer valorar el bien por una Comisión
de Avalúos designada, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 ejusdem a los
fines de la ocupación previa, la cual será acordada por el tribunal a quien
corresponda conocer del juicio de expropiación, después de introducida la
hubiere sido justipreciado el bien. El resultado de esa valoración no será
impugnable por ninguna de las partes, y sólo servirá para que el tribunal de la
causa decrete la ocupación previa del bien y se garantice el pago al
procederse a la ocupación previa, el Juez de la causa, efectuará la
correspondiente notificación al propietario y a los ocupantes, si los hubiere.
Vencido el lapso de comparecencia previsto en el artículo 27 de esta Ley, sin
que se haya formulado oposición justificada, el propietario podrá convenir con
el avalúo realizado. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como
propietario conviene en el avalúo es irrevocable, aun antes de la homologación
del tribunal”.
Conforme a las citadas normas, se ordenó la adquisición forzosa de los
activos de las accionantes y, al mismo tiempo, se acordó el inicio del
procedimiento expropiatorio de los bienes sobre los que recae la expropiación.
Ello así, es preciso observar, que la potestad expropiatoria es una forma
típica de actuación administrativa del Estado que, como tal, tiene carácter sub
un acto dictado por el Presidente de la República, en ejecución directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco, como un
acto de gobierno (indulto, manejo internacional de la República), sino como un acto propio de la actividad administrativa orgánica y material, y
como expresión del ejercicio de una de las potestades ablatorias que detenta la Administración y cuyo control judicial escapa del ámbito de competencias de esta Sala
control de la denominada jurisdicción contencioso administrativa.
entre esta Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa. Ahora bien, como quiera que según lo dispuesto en el artículo 25.13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la solución de
pasa a decidir el conflicto planteado y, a tal fin, observa que, como se determinó
supra, el Decreto N° 7.786, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 2 de noviembre de 2010, mediante el cual se ordenó la
adquisición forzosa de los bienes de las accionantes y, en consecuencia, acordó
el inició del correspondiente procedimiento expropiatorio sobre los activos de
El artículo 26.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y
23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atribuyen a la Sala Político Administrativa competencia para conocer las demandas de nulidad contra actos
administrativos dictados por el Presidente de la República y siendo que en este caso, el Decreto impugnado es un acto administrativo de
carácter expropiatorio, concluye esta Sala que su control judicial corresponde
a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, según
lo previsto en los referidos artículos 26.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.
Finalmente, se advierte que la decisión mediante la cual el Juzgado de
Sustanciación de la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal, declaró la incompetencia de dicha Sala para conocer del asunto, resultaba apelable,
tal como precisó esta Sala en la sentencia 1891/2006.
Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el
Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa de este Alto
2.- Declara que corresponde a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, la COMPETENCIA para conocer del recurso
incoado contra el Decreto N° 7.933, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 23 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.580, de la misma fecha,
mediante el cual se ordenó la adquisición forzosa de los bienes de la sociedad
mercantil Seguros Federal S.A., y, en consecuencia, acordó el inicio del
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de febrero dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
Exp. n° 11-0972

References: decisión Nº 
 artículo 334
 artículo 5

artículo 334
 artículo 336
 artículo 334
 artículo 336

artículo 266
 artículo
236
 artículo 334
 artículo 5
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 115
 artículo 115

Artículo 115
 artículo 5
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 artículo 19
 artículo 27
 artículo 25
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