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Timestamp: 2018-05-23 01:13:10+00:00

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Penalizar el aborto y los derechos de las mujeres que se violentan | Revista "Defensa y Justicia"
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De acuerdo a datos estadísticos oficiales, 20 mujeres murieron en el Ecuador en 2014 por complicaciones relacionadas con el aborto, la mayoría de estas muertes se relaciona con la falta de servicios adecuados para la interrupción del embarazo. Además, muchas mujeres sufrieron complicaciones en su salud al acudir a servicios clandestinos e inseguros para interrumpir un embarazo que no deseaban, lo cual constituye al aborto no especificado como la segunda causa de morbilidad de mujeres en el país (MSP, 2013).
Diversos organismos de derechos humanos, en materia de estándares internacionales de protección, han establecido que cuando la vida y salud de la mujer está en riesgo se debe asegurar el acceso a una interrupción segura del embarazo a decisión de la mujer. En este sentido, considerando que la ilegalidad del aborto genera condiciones de riesgo para la integridad, vida y salud de las mujeres al obligarlas a buscar servicios clandestinos e inseguros que las exponen a muertes y complicaciones, podemos afirmar que la misma constituye una violación a varios artículos de convenciones internacionales de derechos humanos: 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 12 de la CEDAW; 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 24 de la convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, entre otros.
La penalización del aborto es una forma de violación a los derechos de las mujeres, principalmente, a su derecho a la vida, salud, a una vida libre de violencia, a la seguridad personal, a la autonomía, a la intimidad, a tomar decisiones sobre su vida reproductiva, a la autodeterminación sexual, a la dignidad, a la integridad, a la libertad, a la vida privada y familiar, a la salud sexual, a la salud reproductiva, a la no discriminación, a gozar de los beneficios del progreso científico, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la dignidad personal y más. Esta limitación legal es intolerable pues condiciona las decisiones de las mujeres, su capacidad para planificar sus vidas y ubica a la reproducción como una carga con un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres al transformarla en un factor de discriminación e inequidad. Sobre el tema, el relator especial del derecho de las personas al goce del más alto nivel de salud posible menciona que las leyes que regulan la salud sexual la salud reproductiva pueden violar el derecho a la salud mediante la restricción al acceso a productos de calidad, servicios e información.
Estas leyes pueden restringir inapropiadamente las libertades que poseen las personas como parte de su derecho a la salud, cuando minan las actividades para tomar decisiones importantes sobre sus cuerpos y sus planes de vida (…). Cuando las leyes penales son usadas como una herramienta por el Estado para regular las conductas y decisiones de los individuos en el contexto de la salud sexual y salud reproductiva, pueden coadyuvar para que el estado coercitivamente substituya el juicio de las personas. El estado interviene en un área tan íntima de la vida de las personas que puede infringir la dignidad y autonomía, y por lo tanto debe mantenerse en lo mínimo (…).
Las leyes penales que restringen el aborto inducido proveen un ejemplo de la interferencia del estado en el derecho de las mujeres a la salud. Pues estas leyes restringen el control sobre su cuerpo y requieren que continúen embarazos no planificados y den a luz cuando no es su elección, vulnerando su dignidad de mujeres e infringiendo su autonomía. Al mismo tiempo, la criminalización genera y perpetúa el estigma y la marginalización de la mujer. Razones por las cuales estas leyes deben ser eliminadas (Grover, 2011).
Al mismo tiempo, la penalización del aborto imposibilita el acceso de las mujeres a la atención médica necesaria para preservar su salud y el más alto nivel de bienestar. La mayoría de mujeres no puede acceder a servicios de aborto seguro lo que implica que pongan en riesgo su salud, afectando su derecho a la integridad personal y a la vida.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de los casos Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay; Villagrán Morales y otros vs. Guatemala; Montero Aranguren y otros vs Venezuela; Zambrano Veles y otros vs Ecuador establece que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, prerrequisito para el goce y ejercicio del resto de derechos humanos, razón por la que no puede ser interpretado restrictivamente, pues existe al respecto una doble responsabilidad por parte de los estados que tienen la obligación de garantizar que ninguna persona sea privada arbitrariamente de la vida y de crear condiciones para que no se produzcan violaciones a este derecho. De acuerdo a la CIDH, en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay, el Estado es responsable de precautelar situaciones de riesgo al derecho a la vida de las personas cuando se establezca que las autoridades conocían de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de una persona o grupo social y no tomen las medidas necesarias para prevenir o evitar ese riesgo.
En el caso de la penalización del aborto, el estado ecuatoriano estaría vulnerando el derecho a la vida de las mujeres, pues tiene amplio conocimiento de que la interrupción del embarazo en condiciones de riesgo es un grave problema de salud pública, como lo reconoce en la Ley Orgánica de Salud Vigente, en el artículo 21: “El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia”. Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, sanitario, social, sicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución. (2006).
De acuerdo a las estadísticas, en el Ecuador las mujeres que sufren mayores complicaciones por abortar son las más pobres, ellas se hacen atender en los servicios públicos de salud y continúan con embarazos que no desean contribuyendo a reproducir un “círculo de fracaso y pobreza femenina” (Romero, 2001). Este es el resultado de un complejo entramado de factores sociales, económicos, culturales y políticos que profundizan las inequidades a través de la desvalorización social y ética, de la precarización económica y cultural progresiva de las mujeres y lo femenino en el sistema patriarcal. Es decir, que todos estos factores contribuyen a sostener un sistema que dificulta estructural y sistemáticamente a las mujeres el cumplimiento de sus proyectos de vida.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, “la decisión […] de tener hijos biológicos […] pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar y la forma como se construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una persona tanto en su dimensión individual como de pareja” (2012).
Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11, establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” (1969) y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” (1969).
El Derecho Internacional de Derechos Humanos en varias sentencias ha interpretado de forma amplia el derecho a la vida privada, señalando que el mismo va más allá de la privacidad abarcando como aspectos fundamentales la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones; determinar su propia identidad física y social y su personalidad; determinar su desarrollo personal y definir sus propias relaciones personales. En este sentido, las cortes han definido que la garantía del derecho a la vida privada es fundamental para posibilitar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el alcance a la vida privada y familiar se correlaciona con los derechos reproductivos, en el sentido de que intervenciones de los estados que limiten las decisiones de las personas sobre su vida reproductiva son violatorias de los derechos de las mismas, pues son arbitrarias y desproporcionadas.
Sobre las decisiones de la vida reproductiva de las mujeres, la Corte Europea de Derechos humanos en los casos Evans Vs. Reino Unido; Dickson Vs. Reino Unido; S.H. y otros Vs. Australia; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica han señalado que la decisión sobre ser o no madre es un aspecto fundamental de la vida privada y familiar de las mujeres, que debe ser protegido y resguardado.
Con base en estos fundamentos, la penalización del aborto constituiría una injerencia abusiva y arbitraria del estado en la vida de las mujeres, su derecho a la vida privada y lesionaría sus derechos reproductivos y a la integridad física y mental.
En el artículo 16 de la Convención de la CEDAW y en el artículo 66, inciso 9, de la Constitución del Ecuador, se reconoce a la autonomía reproductiva como el derecho “a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales las mujeres pueden ejercer el derecho al control de su fecundidad.
Conoce también que el riesgo puede ser evitado tomando medidas legislativas que despenalicen el aborto y proveyendo servicios legales, gratuitos y seguros a las mujeres. Sin embargo, a pesar de este conocimiento el estado no ha tomado las medidas necesarias para evitar los altos riesgos derivados de la ilegalidad del aborto, lo que influye directamente en las condiciones en que las mujeres realizan este proceso, generando que el aborto inseguro esté entre las principales causas de mortalidad materna en el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen la sentencia del caso Pueblo Bello Vs Colombia que es fundamental en la salvaguarda del derecho a la vida de las personas que se garanticen condiciones para que esta vida sea digna. Así mismo, el Comité de Derechos Humanos, en las observaciones emitidas a Argentina (2000), Bolivia (1997), Costa Rica (1999), Chile (1999), el Salvador (2003); Ecuador (1998), Gambia (2004), Guatemala (2001), Honduras (2006), Kenia (2005), Perú (1996), Venezuela (2001), Kuwait (200), Vietnam (2002), entre otros, establece que el Estado viola el derecho a la vida de las mujeres cuando sus legislaciones restrictivas las exponen a abortos inseguros.
Otro derecho que se vulnera con la penalización del aborto es el derecho a la integridad personal, pues la ilegalidad del aborto genera situaciones de angustia y ansiedad en las mujeres, lo que causa fuertes impactos en su salud y vida. La jurisprudencia internacional ha precisado que la integridad personal es parte fundamental del derecho a la vida y a la salud. La falta de salvaguardas legales para acceder a abortos seguros resulta de esta forma en un menoscabo grave del derecho a la libertad reproductiva y como correlato de la misma a la integridad física, mental y social de las mujeres.
El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer establece que los estados deben tomar medidas para “proteger los derechos reproductivos de la mujer, permitiendo el aborto con medicamentos en casos de agresión sexual, violación e incesto y cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud mental y física de la embarazada o la vida de la embarazada o del feto” (2003). Como parte del derecho a la integridad de las mujeres, el Derecho Internacional establece que los estados tienen la obligación de garantizar su salud mediante la generación de condiciones que les permitan tener oportunidades para gozar de bienestar y buena salud. En este sentido, la penalización del aborto vulnera de múltiples formas el derecho a la salud de las mujeres entendida “como el máximo nivel de bienestar físico, mental y social” (OMS, 1946), generando responsabilidad estatal por graves vulneraciones a los derechos humanos.
El Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 24, establece que es fundamental para la garantía del bienestar y la salud de las mujeres que los Estados Partes “adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de servicios de salud (…) y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un factor social determinante de riesgos para su integridad, vida y salud” (2015). La penalización del aborto no permite que esto se realice de manera integral ya que establece trabas para que las mujeres accedan a servicios de salud; las disuade de obtener asesoramiento y tratamiento en salud para determinadas enfermedades y condiciones; reproduce estereotipos tradicionales sobre la maternidad, reproducción, feminidad, sexualidad y aborto; perpetúa la consideración de la mujer como subordinada lo que propicia la violencia de género; justifica prácticas de dominación que limitan el ejercicio de sus derechos humanos, libertades fundamentales y sostienen la discriminación a las mujeres; establece condiciones que propician que las mujeres sean sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; lesiona la dignidad y autonomía de las mujeres; restringe el control de las mujeres sobre su cuerpo y su vida; expone a las mujeres a maternidades forzosas; genera riesgo de criminalización, estigma y marginalización en contra de las mujeres, entre otros.
La penalización del aborto constituye una traba innecesaria para que la mujer pueda conseguir sus objetivos en salud, al restringir determinados servicios de salud reproductiva para las mujeres que los requieren o demandan, obligándolas a buscar servicios para interrupción del embarazo en la clandestinidad con altos riesgos tanto para su salud como para su integridad. Al respecto los testimonios de diversas mujeres mencionan haber sido sometidas a procesos clandestinos sin las medidas de seguridad necesarias, de formas inhumanas (sin el uso de anestesia o medicamentos para el dolor) y siendo víctimas de violencia de género durante los procesos.
La ilegalidad del aborto dificulta a su vez el acceso a servicios de asesoramiento y tratamiento en salud reproductiva y salud sexual en general; establece trabas para el acceso a abortos legales; dificulta la atención de emergencias obstétricas; el tratamiento postaborto y de abortos diferidos y genera un alto riesgo de criminalización y estigmatización en contra de las mujeres que las disuade de asistir oportunamente a servicios de salud frente a una emergencia médica incrementando los riesgos vitales de un aborto inseguro.
Por otro lado, la penalización del aborto se basa en un supuesto social y jurídico que desconoce la capacidad de las mujeres de tomar decisiones responsables y adecuadas sobre su vida y salud, subvalorándolas como personas. Esto es evidente cuando se analizan las causales legales de aborto en Ecuador: en el caso de aborto por violación a mujeres con discapacidad mental es el representante legal de la mujer quien toma la decisión y en el caso de riesgo a la salud o a la vida de las mujeres son los profesionales de salud que certifican este riesgo sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres. La opinión de terceros investidos de autoridad moral o profesional sobre la vida de las mujeres es vinculante sobre los embarazos y la posibilidad de interrumpirlos legalmente, hechos que ayudan a mantener el control sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres y demuestran que la lógica que se encuentra implícita en esta legislación es misógina y discriminadora.
Además, la penalización del aborto permite que se justifique la violencia contra la mujer en el ámbito obstétrico, familiar y social, pues por un lado perpetúa la idealización de la maternidad como destino manifiesto, instinto e inclinación natural de la mujer y por otro lado refuerza la creencia de que el aborto es un asesinato. De esta manera se promueve la consideración de que las mujeres que no desean ser madres son seres antinaturales, perversos e incompletos; se mantiene la creencia de que la crianza de los hijos es responsabilidad únicamente de las mujeres, lo que permite que el maltrato a las mujeres que buscan atención postaborto sea una práctica común y que la denuncia por parte de los profesionales de salud sea vista como una obligación legal y moral.
La penalización del aborto se trasforma en una violación de los derechos de las mujeres mucho más grave por parte del Estado cuando se analiza que la misma expone a las mujeres a dolores y sufrimientos graves físicos, mentales y sociales evitables con el fin de coaccionarlas y someterlas a formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes para evitar que interrumpan sus embarazos sin poder impedirlo, lo que violenta lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1 de la Convención Contra la Tortura y el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
En cuanto al proceso de tomar decisiones sobre el aborto, la penalización somete a las mujeres a altos niveles de estrés, inseguridad y miedo, pues al no existir más opciones legales frente a un embarazo no deseado que continuarlo, las mujeres se encuentran en una encrucijada entre la maternidad forzosa, que destruye y atenta contra sus planes de vida, y el aborto clandestino que genera riesgos para su salud, integridad y vida. Siendo de esta manera afectadas desproporcionadamente en su salud mental y emocional.
De cara al procesamiento de la experiencia de aborto los tipos de recursos materiales, sociales y culturales que tengan las mujeres a su disposición son fundamentales en la forma en que viven, perciben, aprecian y valoran esta experiencia, al igual que lo es la forma en que viven el proceso de conseguir un aborto en la clandestinidad y el apoyo social que logran tener en esta experiencia. En este sentido, se pueden considerar como consecuencias sociales derivadas de la penalización del aborto que constituyen como sufrimientos excesivos en la vida de las mujeres a la culpa, el estigma, la marginalización y la criminalización.
Por otro lado, la penalización del aborto genera desigualdad de género y desigualdad social vulnerando de esta manera el derecho a la igualdad y no discriminación. Respecto a la desigualdad, las leyes que prohíben y niegan servicios de salud para situaciones que afectan únicamente a la mujeres debido a factores biológicos que las diferencian de los hombres, como su función reproductiva, constituyen una forma de discriminación tanto por las leyes como por las prácticas de los agentes estatales o particulares. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su publicación Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de Derechos Humanos (2010), señala que “la negación o ilegalidad de servicios de salud específicos para las mujeres constituyen discriminación de género en contra de las mismas”.
En el caso de desigualdad social, las mujeres empobrecidas, jóvenes, con bajo acceso a educación, de pueblos y nacionalidades, y con pocos recursos materiales, sociales y culturales corren mayores riesgos al practicarse un aborto en la clandestinidad, porque cuentan con menos posibilidades de acceder a abortos seguros y, por tanto, tienen más posibilidades de sufrir complicaciones, morir por un aborto inseguro, continuar con embarazos que no desean y vivir maternidades forzosas.
Sobre la base de múltiples instrumentos y cortes de derechos humanos, la posibilidad del Estado de regular la protección de la vida, no es contradictoria con el derecho de las mujeres a acceder a abortos legales y seguros pues como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida, aun cuando este es reconocido desde la concepción, no es “absoluto o categórico en relación con las etapas prenatales de la vida”.
De acuerdo al derecho internacional y comparado, la protección a la vida desde la concepción “es un concepto gradual e incremental cuyo ejercicio no está exento de escrutinio de la Corte cuando interfiere con el ejercicio de otros derechos establecidos en el mismo, como en el presente caso, los derechos a la vida privada, familiar, autonomía y a fundar una familia de las mujeres (2012)”.
La Corte también establece que la concepción o gestación es un evento de la mujer y no del embrión donde lo fundamental es comprender que la obligación de proteger la vida desde la concepción, por parte del Estado, se concreta en la necesidad de que el mismo proteja a la mujer embarazada en calidad de “objeto directo de protección (…) dado que la protección del no nacido se realiza fundamentalmente a través de la protección de la mujer” (CIDH, 2012).
En este sentido, la Corte también establece que “no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos determinados en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, puesto que no se puede olvidar lo que implican los conceptos de incapacidad absoluta y relativa de las personas que contemplan los distintos ordenamientos jurídicos y que impiden o limitan el goce de sus derechos” (CIDH, 2012). Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Declaración Americana de Derechos y Deberes de Hombre, prohíben la aplicación de la pena de muerte a mujeres embarazadas en su calidad de sujeto de derechos humanos y no objeto o instrumentos de los mismos, determinando que “el concebido o no nacido y no solo el embrión hasta antes de su implantación, no tiene, per se, el derecho “a que se respete su vida”, sino que ello dependería no solo de que se respete ese derecho de la mujer embarazada sino también que esta quiera respetar el que le correspondería a aquel”.
El Comité de la CEDAW en la sentencia L.C Vs Perú deja claro que la igualdad y no discriminación a la mujer exige que se respete y privilegie los derechos de las mujeres embarazadas sobre el interés de proteger la vida en formación, siendo que postergar intervenciones que garanticen la salud física, mental y vida de las mujeres constituye una discriminación de género y una violación de los derechos a la salud de las mujeres (CIDH, 2011). Así mismo, el Comité en las Observaciones Finales República Dominicana 1998, Paraguay 1996 y Chile, Belice, Colombia y Nepal 1999 expresa su preocupación por las leyes antiaborto que atentan contra la salud y vida de las mujeres y vulneran por tanto lo establecido en la convención.
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Artavia Murillo vs Costa Rica, interpreta la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que respecta al sentido otorgado al derecho a la vida aclarando que la misma establece que los derechos que contempla son inherentes a las personas únicamente desde el momento de su nacimiento (2012). Por otro lado, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncian sobre el alcance no absoluto de la protección de la vida prenatal en contexto de los casos que se relacionan con las decisiones de las mujeres sobre su vida reproductiva, como los de aborto y fecundación in vitro.
La penalización del aborto afecta el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y de conciencia puesto que se basa en conceptos no consensuados sobre el inicio de la vida, que imponen creencias específicas, no científicas, a las personas con el objetivo de coaccionar su acción. Al mismo tiempo, lesiona los derechos de las mujeres a acceder a los avances y progresos científicos, pues la penalización repercute en la falta de disponibilidad de tratamientos adecuados para la interrupción del embarazo que sean acordes con los avances científicos en materia de salud.
El proyecto de vida de las mujeres, la autonomía personal y a la autodeterminación de las mujeres también son derechos vulnerados estableciéndose impactos desproporcionados que propician la inequidad y desigualdad entre hombres y mujeres y constituyen a la función reproductiva como un factor preponderante para determinar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, es fundamental analizar que las consecuencias de la penalización del aborto sobre los proyectos de vida son diferenciadas de acuerdo a las situaciones diversas y generan en la mayoría de casos desigualdad y diferencias discriminatorias para las mujeres empobrecidas y con menos recursos sociales.
Ana Cristina Vera – Articulista invitada
derechos de las mujeres, despenalizar el aborto, violación de derechos
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References: artículo 10
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 66
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 7