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Timestamp: 2019-12-13 16:13:31+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 21-6, de 23/05/2001
Serie A: 23 de mayo de 2001 Núm. 21-6 PROYECTOS DE LEY
121/000021 Orgánica reguladora del Derecho de Petición.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición (núm.
expte. 121/21).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición. (núm. expte. 121/21), integrada por los Diputados Excmos. Sres. don José Antonio Bermúdez de Castro, don Enrique Belda Pérez-Pedrero y doña M.ª del Carmen Matador de Matos (GP); don Francsc J. Romeu Martí y don Diego López Garrido (GS); don Josep López de Lerma López (GC-CiU); don Antero Ruiz López (GIU); don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio [GV (EAJ-PNV)]; don Luis Mardones Sevilla (GCC), y don José Antonio Labordeta Subías (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente
La Ponencia, consciente de que este Proyecto de Ley regula uno de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución española que no han sido objeto de desarrollo normativo postconstitucional, se propuso desde el primer momento llegar al máximo nivel de consenso en cuanto al texto cuya aprobación propondría a la Comisión. De hecho, de las 64 enmiendas presentadas puede decirse que, salvo aquellas que se referían a materias cuyo contenido substancial no es propio del derecho de petición sino de otros derechos, prácticamente todas las enmiendas han sido recogidas directamente o en fórmulas transaccionales o retiradas por sus autores.
Así, a la exposición de motivos se habían presentado dos enmiendas: números 42 y 43 del Grupo Popular, que se admiten, así como otra modificación derivada de la aceptación en espíritu de la enmienda n.º 50 del Grupo Socialista.
En el artículo 1 se ha dado a su párrafo primero una redacción transaccional, fruto de recoger el sentido de las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), 25 del Grupo Izquierda Unida, 44 del Grupo Popular y 50 del Grupo Socialista. Al párrafo segundo, la enmienda n.º 26 del Grupo Federal Izquierda Unida fue retirada por el Grupo y la enmienda 31 del Grupo Coalición Canaria fue rechazada por entender que se refiere a una materia que no es el objeto de este Proyecto.
En el artículo 2 se incorporan las enmiendas números 3 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), 45 del Grupo Popular y se retiran las enmiendas 34 del Grupo CatalánCiU y 51 del Grupo Socialista.
En el artículo 3 se incorpora la enmienda n.º 4 del Grupo Vasco (EAJ- PNV).
En el artículo 4 se incorpora un texto en el párrafoprimero, que recoge el sentido de las enmiendas 23 del
Grupo Mixto (Sr. Aymerich), 46 del Grupo Popular y 52 del Grupo Socialista, retirando el Grupo Vasco (EAJ-PNV) su enmienda n.º 5. Se recoge, asimismo, el sentido de la enmienda n.º 6 del Grupo Vasco (EAJPNV), pero trasladando su contenido a un párrafo 2 nuevo de la Disposición Adicional Primera.
En el artículo 5 se efectúa una modificación recogiendo el sentido de las enmiendas n.º 7 del Grupo Vasco (EAJ-PNV) y 35 del Grupo Catalán- CiU, siendo retirada la enmienda n.º 53 del Grupo Socialista.
En el artículo 6 se aceptan las enmiendas números 47 y 48 del Grupo Popular y 9 del Grupo Vasco (EAJPNV), 36 del Grupo Catalán-CiU en un texto transaccional, retirando el Grupo Socialista la 54 y el Grupo Del G.P. Vasco (EAJ-PNV) la 8.
En el artículo 7 se incorpora el sentido de las enmiendas números 10 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), y 27 del Grupo Federal Izquierda Unida, 37 del Grupo Catalán-CiU y 55 del Grupo Socialista.
En el artículo 8 se incorpora la enmienda n.º 11 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que retira la n.º 12 y se retira también la 56 del Grupo Socialista. La Ponencia entiende que la enmienda n.º 32 del Grupo Coalición Canaria en realidad no es necesaria porque ya el ordenamiento recoge, de forma supletoria, la posibilidad de que los interesados en un procedimiento soliciten datos acerca del desarrollo del mismo.
En el artículo 9 se incorpora la enmienda n.º 13 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), así como el sentido de las enmiendas números 38 del Grupo Catalán-CiU y 55 del Grupo Socialista.
En el artículo 10 se da una nueva redacción al párrafo primero, recogiendo la enmienda n.º 49 del Grupo Popular y la 14 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), retirando el Grupo Catalán-CiU la n.º 39.
En el artículo 11, en el párrafo primero se da un texto transaccional con las enmiendas números 29 del Grupo Federal Izquierda Unida y 55 del Grupo Socialista, retirando el Grupo Catalán-CiU su enmienda n.º 40. Se recoge, asimismo, parcialmente el sentido de las enmiendas 16 y 17 del Grupo Vasco, n.º 30 del Grupo Federal Izquierda Unida y el Grupo Vasco (EAJPNV) retira sus enmiendas 15 y 18.
La enmienda n.º 24 del Grupo Mixto (Sr. Aymerich) proponía un artículo 11 bis nuevo, cuyo objeto entiende la Ponencia se refiere a la Disposición Adicional Primera.
En el artículo 12 se retira la enmienda n.º 19 del Grupo Vasco (EAJ- PNV) y también la 59 del Grupo Socialista.
En el artículo 13 se aceptan las enmiendas números 41 del Grupo Catalán-CiU y 60 del Grupo Socialista, que proponen la supresión del artículo.
En cuando a las Disposiciones Adicionales, respecto a la Primera se propone incorporar un texto transaccional con la enmienda n.º 61 del Grupo Socialista, así como un segundo párrafo fruto de una transacción con la 6 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que, por otra parte, retira su enmienda n.º 20.
La Disposición Adicional Segunda no había recibido enmiendas, si bien había un texto nuevo, la enmienda 62 del Grupo Socialista, que se retira.
En la Disposición Adicional Tercera se acepta la enmienda n.º 63 del Grupo Socialista, recogiéndose además el espíritu de la n.º 28 del Grupo Federal Izquierda Unida.
Se proponían nuevas Disposiciones Adicionales en las enmiendas número 21 y 22 del Grupo Vasco (EAJPNV), que son retiradas y la enmienda n.º 33 del Grupo Coalición Canaria, que la Ponencia entiende se refiere a materias que no son objeto de este Proyecto.
La Disposición Final había recibido la enmienda n.º 64 del Grupo Socialista, que es retirada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2001.-José A.
Bermúdez de Castro, Enrique Belda Pérez-Pedrero, M.ª del Carmen Matador de Matos, Frances J. Romeu Martí, Diego López Garrido, Josep López de Lerma López, Antero Ruiz López, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Luis Mardones Sevilla y José Antonio Labordeta Subías.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN (121/21)
Ahora bien, no debe pensarse que el de petición es un derecho menor.
Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera
adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho.
La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho de petición se realiza extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, como cauce de expresión en defensa de los intereses legítimos y como participación ciudadana en las tareas públicas, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan sólo se establece la limitación que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitución, y determina que aquéllos sólo pueden ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio -con especial atención al impulso de los de carácter electrónico-, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mínimos imprescindibles para su ejercicio; además en la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/ 1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde están estatutariamente reconocidas, así como en la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.
Por último y en reconocimiento obligado a la autonomía organizativa y regulatoria se remite a su régimen especial el ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por otras razones, también se respeta el específico régimen de las quejas al Defensor del pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas.
Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquierinstitución pública, administración, o autoridad,
así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta.
1. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos de presentación por la legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. Asimismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por si sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.
No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.
Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en
tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.
1. Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días, comunicándose así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6.2.
b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.
Primera. Regímenes especiales.
1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 12 de esta Ley Orgánica.
2. En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inválida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus firmantes podrá convertirse en petición ante las Cámaras, en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.
Segunda. Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas.
Tercera. Peticiones de los internos en las instituciones penitenciarias.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley Orgánica.
Única. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.
2. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 97
 artículo 113
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 12