Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920129.html
Timestamp: 2019-11-20 02:08:43+00:00

Document:
as201920129
Auto Supremo: 129/2019
Expediente: T-27-18-A
Partes: Edith María Isabel Lujan Tapia c/ Banco Central de Bolivia, Alberto Quiroga y Blanca Avilés de Quiroga.
Proceso: Nulidad procesal de resolución judicial y actuaciones posteriores respecto a un bien sacado en subasta pública.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 750 a 754 vta., interpuesto por Edith María Isabel Lujan Tapia, contra el Auto de Vista Nº 64/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 742 a 744, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso ordinario que sigue la recurrente contra Banco Central de Bolivia, Alberto Quiroga y Blanca Avilés de Quiroga; respuesta al recurso de fs. 757 a 758; Auto de concesión de 27 de junio de fs. 759; Auto Supremo de admisión Nº 642/2018-RA de fs. 765 a 768; los antecedentes del proceso; y:
1. Edith María Isabel Lujan Tapia interpuso demanda nulidad procesal de resolución judicial y actuaciones judiciales posteriores respecto a un bien rematado en subasta pública (fs. 521 a 527), contra el Banco Central de Bolivia y Alberto Quiroga Vedia y Blanca Avilés de Quiroga proceso ordinario con posterior sustanciación en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la ciudad de Tarija, autoridad que emitió Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2016 (fs. 719 y vta.), que ANULÓ obrados hasta el Auto de admisión de la demanda (fs. 536), por haber detectado un error inducido antes de dictarse sentencia.
2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Edith María Isabel Lujan Tapia de fs. 722 a 727, que fue radicado en la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunciando Auto de Vista Nº 64/2018 de 5 de abril (fs. 742 a 744), CONFIRMANDO la resolución de fs. 719 y vta., bajo el siguiente fundamento:
Que la pretensión de la demandante es improponible, toda vez que no existe aquella posibilidad de revisar, a través de un proceso ordinario la nulidad procesal judicial respecto a un bien sacado en subasta pública, siendo que los actos de remate en ejecución de sentencia adquirió calidad de cosa juzgada según el art. 490 del Código de Procedimiento Civil, que lo resuelto en proceso ejecutivo puede ser modificado en proceso ordinario, el que deberá ser promovido por cualquiera de las partes que han intervenido en el proceso ejecutivo, pero de lo resuelto en la sentencia ejecutiva como lo determinado en relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal.
3. Resolución de alzada que es recurrida en casación por la parte demandante Edith María Isabel Lujan Tapia, que es objeto del presente análisis.
De las denuncias expuestas por la recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:
Primer punto, acusa vulneración del art. 213.I del Código Procesal Civil, por primera y segunda instancia ya que se habrían fundado en valoraciones y conclusiones que no han sido objeto de la litis.
Segundo punto, reclama transgresión por el Ad quem, que vulneró el art. 265 del CPC, al no circunscribir los agravios apelados por la resolución de primera instancia.
Primer punto, Denuncia vulneración y aplicación indebida de la norma prevista en los arts. 1470 y 1478 con relación al 105 del Código Civil, que establecen el cumplimiento efectivo del objeto del embargo, como requisitos previos para que se opere el efecto traslativo de la venta forzosa, aspectos no tutelados e incumplidos también en la apelación.
Que el recurso de casación se limita hacer una relación hechos sucedidos dentro del proceso ejecutivo, sin dar cumplimiento al art. 271 del CPC, asimismo pretende la revisión del Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2010, de la aprobación del remate, que por medio de la presente demanda ordinaria está atentando contra el principio de preclusión de los actos procesales.
III.1. La improponibilidad objetiva de la pretensión.
Sobre el tópico de la improponibilidad objetiva en el Auto Supremo Nº 153/2013 de 8 de abril, entre otros se señaló: ¨…diremos que en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así se cita a Cristian Angeludis Tomassini, quien señala en su ponencia “¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in limine?”, alude que: “Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (…) Se ha resuelto que el juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in limine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva.- Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (…). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in limine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución “rechazo sin trámite completo”, en lugar de la habitual fórmula “rechazo in limine de la demanda”. Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (…) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in limine una demanda (rectius, “pretensión”). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso”.
Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, corresponde señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que, al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material. (El subrayado es nuestro).
En mérito a los fundamentos expuestos en el considerando anterior, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación.
Acusa vulneración del art. 213.I del Código Procesal Civil, por primera y segunda instancia ya que se habrían fundado en valoraciones y conclusiones que no han sido objeto de la litis.
Cabe señalar, de la revisión de antecedentes procesales respecto a los reclamos vertidos por la recurrente en el primer punto, el art. 213.I de Código Procesal Civil señala “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuera la verdad material por las pruebas del proceso”, si bien la citada norma no es aplicable por el momento procesal, sin embargo de ello se debe tener en cuenta que las resoluciones de grado cumplen con el fin perseguido por la citada norma , ya que ambas resoluciones de instancia se pronuncian sobre el fondo de lo debatido, es decir, que se realizó el examen de proponibilidad respecto a la acción de revisión de actuados de ejecución de sentencia, misma que fue rechazada en conformidad al art. 113 del Código de Procedimiento Civil, bajo esos parámetros se establece que la resolución de primera y segunda instancia no vulneran la citada normativa.
Reclama transgresión por el Ad quem que vulneró el art. 265 del Código Procesal Civil, al no circunscribir los puntos apelados de los agravios sufridos por la resolución de primera instancia.
Acerca del segundo punto en cuanto a la vulneración del art. 265 del Código Procesal Civil, al respecto, cabe señalar que es viable apartarse del marco de congruencia cuando el Tribunal advierte causales de nulidad o improponibilidad, situación que justifica ese alejamiento, lo cual sucedió en el proceso, debido a que en segunda instancia encontró otros motivos para declarar la improponibilidad, lo que le permite alejarse del marco de congruencia en apego a un correcto uso de sus facultades como titular de la función jurisdiccional, no siendo evidente la vulneración acusada con la aclaración de que sí esa improponiblidad es correcta o no, será analizada más adelante.
2. En el fondo.
Denuncia vulneración y aplicación indebida de la norma prevista en los arts. 1470 y 1478 con relación al 105 del Código Civil, que establecen el cumplimiento efectivo del objeto del embargo, como requisitos previos para que se opere el efecto traslativo de la venta forzosa, aspectos no tutelados e incumplidos también en la apelación.
Conforme a los parámetros establecidos en el punto III.1 de la doctrina aplicable nos hace referencia a la improponibilidad objetiva de la demanda en el que se estableció que le está permitido al juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una sentencia favorable. El rechazo in límine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.
En relación a lo expuesto supra, en el caso de autos, de la revisión de obrados, se tiene evidencia que la actora demanda la nulidad procesal de resolución judicial y actuaciones posteriores respecto a un bien rematado en subasta pública, transferencia que se originó como resultado de un proceso ejecutivo, señalando que dicha adjudicación se habría realizado mediante un procedimiento viciado, es decir en base a supuestos vicios de procedimiento inherentes al proceso ejecutivo más propiamente al remate efectuado, en este entendido la actora –señala- se habría actuado de forma errada, que se habría llevado a cabo un trámite ilegal, por lo que en el presente proceso se pretende la nulidad procesal de resolución judicial, emergente del Auto de 15 de julio del año 2010, dictado por la Juez de Partido Tercero en lo Civil de la ciudad de Tarija (plasmada en las fotocopias), cursante de fs. 93 vta. a 94, en el proceso ejecutivo de Banco Central de Bolivia contra Matías Alberto Quiroga Vedia y Blanca Avilés de Quiroga, que la ahora recurrente, se adjudicó por remate en fecha 30 de diciembre de 2010, un 20% de lo que corresponde un departamento ubicado en el Edificio Multifamiliar “Catedral” Zona Villa Fátima, Calle Federico Avila Esquina Ciro Trigo Nº 5 Bloque “A”, por el monto de $us.18.000, por otra parte al momento de inscribir la minuta girada a su favor de la demandante Edith María Isabel Lujan Tapia en Derechos Reales se imposibilita la realización de tal acto, por motivo de que el 20% adjudicado en subasta pública, el deudor embargado no estaba debidamente registrado en Derechos Reales revelándose que solo es propietario del 8.33% y no así del 20% adjudicado.
Al respecto se debe tomar en cuenta conforme a la previsión contenida en el art. 486 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que se activa el proceso ejecutivo en los casos donde existen obligaciones unilaterales de deudor moroso al pago o cumplimiento de una obligación exigible, cuya base son títulos ejecutivos, documentos públicos o documentos privados reconocidos o tenidos como tales por el Juez competente, proceso que conlleva la instancia correspondiente de impugnación para la posterior ejecución de fallo donde procederá si corresponde la subasta o remate del bien, momento donde la ahora recurrente pudo observar lo pretendido en su actual demanda por la vía incidental dentro del proceso ejecutivo conforme al art. 149 del Código de Procedimiento Civil, (art. 338 del procesal civil) e incluso plantear apelación si corresponde, habilitándole de esta manera la Acción Amparo Constitucional, si no se hizo uso de dichos recursos en el momento procesal oportuno queda resuelto definitivamente la cuestión controvertida, no pudiendo ser cuestionada de nuevo en otro proceso, criterio de acuerdo a lo expuesto en el punto III.1 que no resulta procedente, por cuanto no se puede pretender la nulidad de resolución procesal judicial respecto a un bien rematado en subasta pública basado en supuestos vicios en el procedimiento de remate generados en la ejecución de sentencia, que no condice con la causal invocada para dicha pretensión, por lo expuesto supra la sentencia que genero el remate adquirió la calidad de cosa juzgada sustancial o material.
En este entendido, resulta que la pretensión de la demandante es improponible, toda vez que en derecho no existe aquella posibilidad de revisar, a través de un proceso de nulidad la resolución procesal judicial respecto a un bien rematado en subasta pública o actos de ejecución de s entencia, que adquirió la calidad de cosa juzgada sustancial o material, ya que la venta judicial es un acto jurídico procesal legítimo que emana de la jurisdicción que ejerce el juez y que dispone en Sentencia firme, la enajenación pública de un bien mediante la subasta que sirvió para garantizar el cumplimiento de una obligación (embargo y remate del bien); y que no tiene relación con un proceso de ordinarización en base a las causales del art. 490 del Código Procedimiento Civil, toda vez que la actora podía reclamar dichos vicios en el trámite de remate proceso ejecutivo en cuya ejecución se tramitó el remate que ahora cuestiona, correctamente advertido por este Tribunal de casación, en sentido que la demanda resulta improponible.
Finalmente a mayor abundamiento, se debe tomar en cuenta que la actora durante la sustanciación del proceso ejecutivo y el posterior remate del bien en subasta pública, fue parte de aquel, es decir asumió defensa contando con todos los recursos que la ley le asistía en ese momento para hacer valer sus derechos, incluyendo los de orden constitucional, se concluye que la literal observado en el recurso de casación no es viable desde un comienzo de la presente acción.
Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente de forma fundamentada a los puntos objeto de apelación, sin que se haya vulnerado norma legal, correspondiendo emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO recurso de casación de fs. 750 a 754 vta., interpuesto por Edith María Isabel Lujan Tapia, contra el Auto de Vista Nº 64/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 742 a 744 pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costa y costos.
Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1000, para el abogado que responde al recurso de casación.

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