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Timestamp: 2017-07-26 00:29:53+00:00

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Noticias desde Amarc
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Actualizado: 30 de Setiembre de 2006.
Este año hay ley !!!
En reunión realizada ayer antes de comparecer ante la Comisión que trata el proyecto, se confirmó la decisión de la bancada de legisladores del FA, la URSEC y el MIEM, que el proyecto de ley será aprobado (en diputados y senado) este mismo año !!!!
Hay acuerdo en aprobar la ley y en los aspectos centrales del proyecto.
Semana del 24 al 30 de Setiembre
Uruguay - 27 de setiembre de 2006 Junta Departamental de Florida solicita pronta aprobación del proyecto de ley sobre radiodifusión comunitaria a estudio del Parlamento Con el voto de los ediles del Frente Amplio y el Partido Colorado, la Junta Departamental de Florida solicitó al Parlamento "la pronta aprobación del proyecto de ley 'Para garantizar la libertad de expresión a través de los medios comunitarios por radiodifusión'" que está a estudio de la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes.
Los ediles del Partido Nacional no acompañaron la moción mayoritaria pues desconocían el texto del proyecto de ley, pero igualmente reconocieron la importancia del tema y votaron una moción alternativa que también solicitaba al Parlamento "legislar sobre el tema". La realización de un Foro organizado por la Comisión de Educación de la Junta sobre el proyecto referido "invitando a todos los actores interesados en el tema" fue aprobada por la unanimidad de los ediles del deliberativo local.
El pasado viernes 22 de setiembre la Junta Departamental de Florida debatió sobre el tema de las radios comunitarias, expresándose declaraciones favorables a estos medios por parte de ediles de diversos sectores, entre los cuales se destacó el encendido apoyo de la bancada colorada. El edil Pablo Lanz, también secretario del senador Juan Justo Amaro, ya había expresado su respaldo cuando hace unos días propuso un mensaje de saludo de la Junta al comienzo de transmisiones de Digital FM, una emisora comunitaria de Sarandí Grande.
Según relatara el periódico El Heraldo de Florida, en su exposición de motivos el edil Lanz dijo que su pedido de felicitación al emprendimiento "radicaba en la importancia que estos medios “comunitarios” tienen para los diferentes fines de una sociedad". “El Uruguay se dirige a regular estas emisoras de radio sin lugar a dudas y personalmente entendemos que es una buena cosa; nada más que la propia ciudadanía es quien se favorece ante la desmonopolización de los medios por la natural diversificación de la información”, afirmó. La moción fue aprobada por 27 de los 30 ediles presentes. Los ediles colorados y frenteamplistas votaron esta nueva resolución vista "la importancia que para la sociedad tienen los medios de comunicación, y entre ellos las denominadas radios comunitarias cuyo objetivo primordial es el ejercicio de la libertad de información y expresión, enmarcadas en una propiedad colectiva y de amplia participación de la comunidad a la cual sirve" y considerando "que la tarea de las mismas resalta en las localidades del interior, por cuanto muchas veces son el único medio con que los vecinos cuentan". El pedido de una "pronta aprobación" fue enviado el día de hoy a la Comisión que estudia el proyecto con las firmas de la Presidenta, Mtra. Socorro Franquini Labandeira y el Secretario del organismo, Alexis A. Pérez, y surge a partir del momento que la Junta toma conocimiento "que se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley tendiente a garantizar la igualdad de derechos y obligaciones en el tema, estableciendo reglas transparentes para el uso de frecuencias, y que permitirá - entre otros ítems - a las radios comunitarias no ser confundidas con radios ilegales, como erróneamente y en reiteradas ocasiones sucede en la actualidad". Semana del 13 al 19 de Agosto
MANCORA MUSIC es un proyecto Latinoamericano de artistas jóvenes que tiene como objetivo primordial, nuclear proyectos a través de propuestas artísticas musicales, brindando la oportunidad de difundir el trabajo de creadores talentosos que por una u otra razón no cuentan con los medios o
las formas para la proyección de sus creaciones.
MANCORA viene realizando un CD titulado UNA VEZ MAS ADIOS donde participan mas de quince músicos de países como Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú, dentro de una propuesta Under que busca reunir diferentes ritmos del sur del continente tales como el Tango, La Cumbia Colombiana, el Bosanova, la Cueca, el Pop y la Murga entre otros y dentro de un experimento artístico que permite a cada músico proponer desde su concepción cultural,
musical y artística en la elaboración de cada tema. En este proyecto contamos con músicos de reconocida trayectoria como Hugo Hidrovo (Ecuador) Victoria Fusco (Argentina) y Beto Satragni (Uruguay) que se han sumado a esta experimental propuesta dándole con su trabajo, animo y fuerza al resto de músicos que a pesar de no ser tan reconocidos sobresalen por su talento y disciplina artística.
Siendo conocedores de su particular interés por la cultura y los rasgos propios de cada nación, queremos contarles que para MANCORA es motivo de orgullo contarles sobre el lanzamiento del primer tema finalizado que lleva el mismo nombre del CD y que se llevara a cabo en varios países dentro y fuera del continente y de manera experimental pues grupos de personas se reunirán en diferentes lugares para escucharlo este 15 de septiembre a las 7 de la noche (hora local de cada lugar) y después enviaran sus impresiones que serán puestas en la pagina de MANCORA MUSIC.
Les escribimos porque nos gustaría contar con su apoyo en esta actividad, pidiéndoles sumarse a esta absurda convocatoria, que pueden leer en
www.mancoramusic.tk si les parece interesante y nos apoyan con esta idea por favor escribanos y nosotros les mandamos la canción vía Internet para que la coloquen dicho día en la emisora, a la hora propuesta.
Nosotros les damos de antemano les damos las gracias y quedamos a la espera de una respuesta Saludos desde Santiago de chile
Semana del 01 al 12 de Agosto
El éter es amplio y escaso
nota de prensa, Guillermo Garat, la diaria, 03 de agosto de 2006
Mientras el proyecto de radiodifusión comunitaria sigue a estudio de la Cámara de Diputados, pululan las radios que se hacen llamar comunitarias pero están manejadas por dirigentes políticos, instituciones religiosas, comerciantes e incluso radios comerciales.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha dado a conocer una carta abierta a la opinión pública en la que da cuenta de "su profunda preocupación por el surgimiento de radios sin autorización" que se hacen pasar por proyectos comunitarios y lejos se encuentran de ese axioma comunicacional.
El caldo de cultivo es el "proyecto de ley para garantizar la libertad de expresión a través de los medios comunitarios por radiodifusión", a estudio del Parlamento, más precisamente de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Representantes, y que fue presentado por la bancada del Frente Amplio.
Al abrigo de la posibilidad de que se formalice la actividad de transmisión radial comunitaria, decenas de propuestas fueron puestas al aire, según la carta de AMARC, por "dirigentes políticos de diversos partidos, comerciantes, grupos religiosos y hasta dueños de emisoras autorizadas", con el propósito de lograr "una regularización una vez que se apruebe la ley en estudio del Parlamento, embanderándose con el nombre de 'radio comunitaria' para conseguir ese objetivo".
Carlos Casares, de la mesa de trabajo de AMARC, explicó a la diaria que "la carta quiere evidenciar la situación de que cuanto más se demore en establecer alguna ley que dé garantías, (...) más posibilidades hay para que se siga entreverando esta situación que tenemos hoy y que es bastante complicada".
El movimiento de radios comunitarias surgió a la salida de la dictadura y desde entonces ha congregado a un grupo humano que, con diversas propuestas, se ha ganado lugares en casi todos los barrios montevideanos, fundamentalmente en la periferia y en algunas localidades del interior. Ahora, luego de haber sido denostadas por los medios tradicionales, después de innumerables allanamientos y de ser calificadas de "piratas", entre otros adjetivos que apuntaban a lograr su represión, ven cómo algunos "vivos" aprovechan la oportunidad para compensar la inviabilidad de sus propósitos en el área de la radiodifusión comercial.
AMARC, a través de visitas periódicas a diferentes departamentos de Uruguay, ha constatado que se genera "una gran confusión en la opinión pública (...) cuando en realidad la mayoría de las emisoras que están transmitiendo sin permiso no tienen nada de comunitarias".
Casares opinó que "se trata de aprovechar una coyuntura que abre una posibilidad en el sector radiocomunitario, y en la medida en que ya están establecidos los permisarios de radio y televisión en el sector comercial, aprovechan para tratar de entrar en este otro".
El representante de AMARC opinó que esos proyectos, en vez de disfrazarse, "tendrían que dar la pelea dentro del ámbito comercial para que haya más cristalinidad y transparencia" en el otorgamiento de frecuencias.
Desde hace bastante tiempo la Asociación viene estudiando la situación del espectro radioeléctrico nacional, verificando varias irregularidades que serán dadas a conocer en breve. Integrantes del grupo adelantaron a la diaria que en algunos casos se proponen presentar denuncias ante la URSEC, el organismo regulador de las comunicaciones.
El martes, en una reunión en Durazno organizada por AMARC, una radio local y la Asociación de la Prensa Duraznense, se intercambiaron conceptos sobre el proyecto de ley y se dio a conocer la situación de una radio comercial, Centro FM (102.7), que en su predio alberga a otra emisora que pretende ser comunitaria y funciona sin permiso, La Deportiva FM (93.5), a cargo del hijo del titular de la 102.7, Elías Caltieri Araujo.
Caltieri anteriormente usufructuaba otra emisora en Trinidad, y la vendió a un dirigente blanco de esa ciudad, señalaron fuentes de la Asociación a la diaria.
"La generalidad (de las radios que se hacen pasar por comunitarias) se da en varios departamentos, con situaciones más o menos graves. En Durazno constatamos que la mayoría de las radios sin autorización no son comunitarias".
La rápida aprobación del proyecto a estudio del Parlamento ayudaría a determinar claramente qué se entiende por comunicación comunitaria radial y qué se le exige para ser considerada como tal. Hasta ahora, el ser caos puede albergar, y de hecho cobija, las más locas propuestas que, al abrigo de la etiqueta "comunitaria", hacen lo que se les canta sin permiso, perjudicando a la vez a las emisoras comerciales y al trabajo de las verdaderas radios gestionadas por vecinos u organizaciones sociales
TELECOMUNICACIONES – El País, 23 de julio
Cuando Antel se pasa
Cuando el sindicato de Antel avasalló al Directorio de Antel y a la Ursec, impidiéndoles que se adjudicara la licitación para el cableado de fibra óptica convergente, el monopolio de la telefonía fija, se hizo desbordante. En ese momento quedó en claro, que el gobierno estaba aliado al sindicato; y contra esa fuerza, la fuerza de las leyes o el bien público pueden muy poco. La Constitución prohibe la creación de impuestos sin ley. Pero ¿Qué puede decir contra las ilegalidades de Antel la oposición, integrada por partidos que practicaron este abuso ad nauseam? DEFUNCIÓN DE LA U. - Con todo, fue durante el gobierno anterior, que la Ursec fue creada por ley para asegurar la libre competencia, a efectos de bajar los precios. Pero el gobierno actual, sin derogar la norma que sigue vigente, sin suprimir la Ursec, quebró a la Unidad de regulación; la obligó a dejar sin efecto una excelente iniciativa y cambió sus titulares. A partir de ese momento, la Ursec, enérgicamente apercibida, se cuidó muy bien de no insubordinarse; prefirió no hacer nada, en vez de ejercer la función que le comete la ley: trabajar en pro de la lealtad comercial. Suelta del dogal, Antel redobló sus prácticas monopólicas, una manera de proceder repudiada y sancionada en todo el mundo. Las maniobras para subir los precios por cualquier comunicación que use los servicios del ente público, llegan a extremos descarriados. Las tarifas de los teléfonos celulares se llenaron de recovecos y entre tantas complicaciones (escondrijos) pasan arrebujados, los precios locos de la telefónica oficial. Hay un corso de vivezas antélicas dirigidas a reventar a los inversores (CTI y Movicón). Antel impone que las comunicaciones que dependen de ella, tengan precios disparatados. La lista de ejemplos en subibaja es divertida y cada una de las jugarretas imaginadas, configura de hecho, una trapisonda del hampa administrativa. Mientras tanto la policía, Ursec, la autoridad encargada de vigilar, se declara sordomuda y ciega. El mero teléfono (bendito Alejandro Graham Bell) está convirtiéndose, fuera del Uruguay, en un servicio gratuito. En el Uruguay, triste figura, el teléfono es un peligro mensual. Hay que oír a las amas de casa, aterrorizadas. Fueron los clientes de Antel los que pagaron el costo de la red fija. Los históricos cables de cobre que siguen en funciones, fueron costeados con las utilidades de la empresa, obtenidas siempre mediante sobreprecios brutales. Los cables son de todos y Antel los usa contra todos. Si se recurre al principio kantiano del imperativo categórico, puede afirmarse que en la medida que las demás reparticiones públicas sigan el ejemplo de Antel (imponiendo precios delictivos) Uruguay irá quedando impedido de exportar. Nada inhibe tanto al país productivo, como los costos internos no transables; nos ponen fuera del mercado. Esta es la última raíz del mamarracho llamado Entes Autónomos: impiden que ésta sea una plaza codiciada para invertir, producir y vender trabajo uruguayo, al exterior. La frescura con la cual se expresó la gerenta de Stora Enso fue admirable: en el Uruguay no se puede fabricar papel, porque la electricidad no tiene precio internacional. Ay!... Si el Uruguay no produce a precio internacional ¿Dónde podrán vender los fabricantes, empresarios y productores, en un país de 3 millones de habitantes? Somos un puñadito de despoblación que cabe en un barrio de cualquier urbe de las grandes. - Un país sin mercado interno suficiente, que cursa sus telecomunicaciones a precio mayor que sus vecinos, (usa la conexión internacional de ellos, para llegar el mundo) jamás podrá competir con sus vecinos. - Un país que vende sus combustibles a precio mayor que sus vecinos (a tal grado que Argentina pone un precio diferencial en la frontera) jamás podrá competir con sus vecinos. - Un país que para alumbrarse y producir debe importar electricidad desde países vecinos (estamos a media luz y la solución es una nueva conexión a Brasil) jamás podrá competir con sus vecinos. Sobre la puerta del porvenir, hay un cartel que dice: "No se hagan ilusiones: O cambian los entes autónomos, o se derrumba la economía."
Ancap, Antel y UTE se tomaron el Mercosur en serio. Esa es la idea de los gerentes: sobrevivir sin invertir. Nada de distraer dinero en instalaciones: chupar rueda, parasitar para poder presupuestar (pa mi, pa mama y para loj gurise). La aberración es más profunda de lo que parece. En estos días, el Directorio de Ancap no sólo festeja como un triunfo que Argentina haya decidido cobrar más caro los combustibles, en las zonas fronterizas, sino que divulga ese festejo como un trofeo. La presidenta de Chile, la señora Bachelet, se alarma ante la resolución argentina. ¿Quién defiende mejor a su país, la petrolera compatriota que quiere vender más y más caro o el gobierno chileno que no quiere que suba el costo-país? Ancap va por la suya, hace su negocio y así lo proclama; no tiene siquiera el pudor de callarse la boca. Pero lo que gana Ancap y lo que gana Argentina, subiendo la nafta y el gasoil, lo pierde el Uruguay. -- Los camioneros uruguayos que la ven clara (quedan fuera de carrera en la medida que deban compran más gasoil al horrible precio de Ancap) están desesperados. Ricardo Garzón escribe: Michelle Bachelet, calificó la medida argentina como "incomprensible"
-- "Los países pueden tomar todas las decisiones internas, pero a nosotros no nos parece una decisión comprensible, no va en dirigida hacia una mayor integración. Será una materia para conversar con los distintos presidentes para ver cómo avanzamos hacia una mayor integración; cómo podemos evitar medidas como ésta, que realmente atentan contra una mayor integración." Y agrega el Director de Enfoques: -- "Si algo necesitamos aquí, para festejar, es una disminución en el precio de los combustibles, tan caros como en Europa; con la salvedad de que los ciudadanos del viejo mundo pagan tarifas de electricidad tres veces más baratas que en Uruguay; hablan gratuitamente por teléfono y la patente anual de los autos no sobrepasa los 50 euros. (Editorial en "Enfoques", diario digital ) ¿DÓNDE ESTÁN LOS ENEMIGOS DEL PAÍS PRODUCTIVO? Están en el Directorio y en las planillas de sueldos de nuestros entes autónomos que no son eficientes y que cobran sobreprecio, para compensar su mala performance. Ninguno de ellos defiende a su país; todos defienden su empresa, como si tuvieran afán de lucro. Por supuesto los directores no ganan un peso más; pero se solidarizan con el interés corporativo: un ente rico hace un personal privilegiado. Los funcionarios de un organismo público en desgracia: AFE. SOYP, PLUNA, BANCO HIPOTECARIO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL..., cobran miseria y estancamiento. Lo primero que dijo Astori cuando examinó el presupuesto del Hipotecario, fue: -- Pero ¡En este banco que no funciona, hay trescientos funcionarios que cobran como si fueran ministros de Economía! - fue una comprobación irrefutable y atroz; y fue el principio de las restricciones. En Internet, el abuso de Antel se puede medir al centésimo: ADSL 512 cuesta en el Uruguay 200 dólares por mes. Servicios similares cuestan 44 dólares en Chile y 33 dólares en Argentina; cuatro veces lo que cuesta el mismo servicio en Chile; seis veces lo que cuesta en Buenos Aires. En el Uruguay, desde setiembre del 2004, ADSL 512 aumentó un 18% ¡en dólares! En el mismo lapso, los servicios similares en Chile y en Argentina, bajaron 15% y 23%, respectivamente. Un enlace DS3 de 45 Mbps desde Argentina (Buenos Aires o Córdoba) hacia el NAP de las Américas (situado en Miami, FL) cuesta en el entorno de los 16.000 dólares mensuales en Argentina (con redundancia); y desde Uruguay la misma conexión cuesta 61.000 dls (sin redundancia). (Precios: 12/05). La diferencia de costos entre Uruguay y Argentina hace que una empresa que localiza su actividad de Call Center o de Outsourcing en cualquier rubro y por consiguiente contrata con Antel una capacidad como la mencionada, pierde ¡540.000 dólares anuales! por instalarse aquí y no, del otro lado del río. Cada empresa que descubra esta vergüenza y se vaya, le hará perder al Uruguay, unos 400 nuevos puestos de trabajo calificado. Pero Ursec no dice ni pío; parecería que la competencia desleal no es su problema y el trabajo de los uruguayos, tampoco. En Argentina las empresas ofrecen tecnologías de conectividad más modernas y mejores que el ADSL, como el cable módem. Pero eso no le conviene al sindicato de Antel (puede desplazar con ventaja el uso de los cables de cobre) y por consiguiente su uso está vedado para las empresas localizadas en el Uruguay. (Fuente: "Antelmata.com.uy" en EQUINOX, diario digital, 18/7/06).
MEDIOS COMUNITARIOS – El Eco, 22 de julio – Gabriel Monteagudo - Colonia
Furibundamente antiestatistas, adoradores de la empresa privada, aprovechan cualquier ámbito para quejarse de las empresas propiedad de todos los uruguayos.
Usan muletillas como “estos de UTE te cortan la luz a cualquier hora, que mal anda la Ose, que porquería el servicio de Antel” pero durante años han llenado sus bolsillos con la publicidad de estas empresas del Estado, con avisos que conseguían para ellos sus amigotes políticos de turno.
Pese a eso, tuvieron el caradurismo de hacer campaña a favor de las privatizaciones porque “los monopolios son malos” y “no hay nada mejor que la competencia” según pregonaban una y otra vez en aquellos tiempos.
Lo malo de los chantas no es que sean chantas, sino que quieran convencernos que son buenas personas.
Es que “la chantez” se les nota de lejos, y todavía hay quienes recordamos las campañas a favor de las privatizaciones durante los negros años de gobiernos como el de Lacalle y Sanguinetti Return. Es más, mientras se embanderaban con las privatizaciones, le sacaban al Estado más propaganda de las empresas contra las que despotricaban, más frecuencias de radio en AM y FM, se quedaban con el monopolio del cable en todas sus versiones posibles, ya fuera cable tendido, o señales aéreas como MMDS y UHF.
¿Y cómo bancaban los medios que conseguían sacarle al Estado?. Acertó, también le pedía propaganda a las empresas del Estado, convirtiendo los medios electrónicos en un círculo vicioso con muchos puntos de contacto con la corrupción, el amiguismo político, el clientelismo y el acomodo.
Claro que nada de ese flujo incesante de dinero iba destinado a mejorar la calidad informativa, formar periodistas, mejorar sus servicios técnicos o brindar mejores opciones en cantidad y calidad de señales para el usuario. En pocos años, los beneficiados con este pingüe negocio dedicaron sus millonarias ganancias a comprar campos, cabezas de ganado, y como es común en los grasas que se enriquecen rápidamente, casas en Punta del Este, dónde poder codearse en verano con el jet set internacional y contar a la vuelta, que vieron a Susana Giménez en el supermercado mientras buscaban en la góndola la oferta de fiambre del día.
Estos rapaces de la comunicación acapararon todo lo que sus contactos en las altas esferas políticas les permitieron pero ahora, ante la inminencia de una apertura democrática del mercado de las comunicaciones, lloran como señorita a la que se le escapó el novio al pie del altar.
Es que para su interesada y estrecha visión del mundo, la competencia es buena siempre y cuando no se la hagan a ellos.
Asustados de que finalmente la competencia golpee también a su puerta, sienten temor como niño al que asustan con el Viejo de la Bolsa, y entonces derraman lágrimas de desazón, porque la bancada oficialista tiene a estudio para su aprobación un proyecto que abre el espectro radioeléctrico a los medios comunitarios. Ahora están desesperadamente en contra de la competencia, dicen que hay “más de 100 radios ilegales”, gritan que la Ursec es mala, fea, un cuco, porque no les incauta los equipos y se quejan porque incluso muchas de esas emisoras ilegales “no transmiten en español”.
Iba a decir que me dan lástima, pero la verdad es que me recalienta escuchar semejantes disparates, porque no hay más que ver cualquiera de las señales de los sistemas de cable que manejan estos quejosos, o las radios que dirigen estos oligarcas de las comunicaciones, para darse cuenta que meten en sus sistemas de cable canales en portugués, en inglés, italiano, francés, catalán y vasco, por los que claro, no pagan nada pero que bien cobran al usuario. O les alquilan espacios a manochantas extranjeros que engañan a la gente hablando a media lengua nuestro idioma y llamándolos a comprar La Pirámide de Exito, El Talismán de Montoto y La Esmeralda Mágica que cura todos los males. “Adianchi, adianchi, vocé ta cargado” se los escucha, como tan bien los imitaba el genial Alberto Olmedo, desde las tan nacionalistas radios de las que son propietarios. Sin embargo, al cobrar estos espacios, estos quejosos nunca plantearon problemas idiomáticos para difundir estas chantadas.
Disfrazados de corderos, aparecen por estos días ante la opinión pública como lo hizo Winston Elutchanz, secretario de Radioemisoras del Interior (RAMI) quién en declaraciones a El Espectador mete en la misma bolsa a todas las radios no comerciales que han surgido en los últimos años pese al férreo lobby empresarial, agregando una maravillosa pieza a su oratoria sobre las radios a las que califica de ilegales y que es digna de destacar “… En segundo lugar, el personal no está amparado por la caja de jubilaciones ni por Disse –o sea no tienen ni seguro por enfermedad o accidente- y tampoco se pagan los laudos como corresponde", comentó.
Tuve que dejar un rato de escribir este artículo porque no podía parar de reírme. ¿Cuántos empleados tienen en caja las emisoras de radio “legales”?, ¿a cuántos les pagan la caja de jubilaciones, Disse, su seguro por enfermedad o accidente? ¿Cuántos espacios arriendan y cuantos de los que trabajan en esos espacios arrendados pertenecen a la plantilla de personal estable de la radio?, ¿Cuantos entregan facturas como empresas unipersonales legalmente establecidas y registradas en el BPS?, ¿Cuántos dueños de estos medios tienen a su esposa como administrativa a bajo sueldo para poder cobrar la Asignación Familiar?. Los hiperlegales integrantes de RAMI, Cori, Andebu, etc, muchos de ellos también dueños monopólicos de los sistemas de cable, tienen trabajando en los cables a los mismos que trabajan en sus radios por los mismos sueldos, o por sueldos en negro que no declaran por su trabajo adicional en los programas del cable. ¿Cuántos pagan los laudos, cuantos respetan los convenios, la antigüedad, los aumentos y permiten que sus empleados se integren al gremio de sus pares?.
Luis Alberto Lacalle reconocería años después como “un error” haberles concedido tanto poder monopólico en los medios a sus amigos, muchos de los cuales luego en la interna nacionalista le dieron abiertamente la espalda.
No es necesario que de nombres. Cualquier lector de EL ECO en cualquiera de las ciudades a las que EL ECO llega puede darse cuenta que lo que decimos es cierto y que si los organismos recaudadores de impuestos del Estado les hicieran una visita sorpresiva, muchos tendrían que escapar saltando por la ventana.
Todo eso sin siquiera entrar a considerar la basura informativa con la que diariamente distorsionan la realidad según sus intereses económico-políticos, todo mezclado con una buena dosis de demagogia que ellos llaman, ah sí, “servicio a la comunidad”, que les permite pasar desapercibidos y hacer que el ciudadano común no tenga más remedio que acostumbrarse a la medianía monopólica, como quién se debe acostumbrarse cada día a una cucharada de aceite de ricino.
Particularmente no defiendo a las que llaman radios truchas porque también allí hay aprovechadores de la misma calaña que muchos de los dueños de radios legales, pero sí defiendo la existencia y la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado de un tercer sector no contemplado en Uruguay en materia de comunicaciones. Se trata del llamado tercer sector o sector de la sociedad civil, que ha quedado al margen de los medios electrónicos comerciales y no participa de los medios electrónicos que pertenecen al Estado, convertidos generalmente en medios del gobierno de turno.
Creemos que la ley que impulsa AMARC y que está a estudio del parlamento, es una buena ley para darle la voz que reclama la sociedad, medios sin fines de lucro pero no necesariamente con finalidad de pérdida. Medios que democraticen el monopólico espectro radioléctrico uruguayo para fortalecer con verdadera pluralidad la democracia.
Medios que intensifiquen la comunicación, que la enriquezcan, la pluralicen, confronten, la debatan y la sinteticen. Medios que en definitiva pertenezcan realmente a la sociedad porque es a ella a quienes fielmente, deben estar dirigidos.
“Es inaceptable (...) porque estamos hablando de libertad de expresión”, afirmó Gustavo Gómez dirigente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias<?/bigger><?/bigger><?/bigger><?/bigger><?bigger><?bigger><?bigger><?bigger>
Gremios de radiodifusores se oponen a la legalización de radios comunitarias porque “no quieren a nadie más” en el mercado
Nota de prensa Búsqueda, 20 de julio de 2006
De las 100 radios que funcionan de manera ilegal en Uruguay un alto porcentaje se reconocen como “radios comunitarias”, emisoras que por su “lógica” representan los intereses de una organización social o grupo barrial. En la actualidad, el Parlamento estudia un proyecto, presentado por legisladores del Frente Amplio e impulsado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), con el objetivo de que puedan funcionar legalmente y dentro del espectro radioeléctrico administrado por el Estado.
Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), explica que el proyecto, además de “resolver situaciones que ya están dadas”, tiene como objetivo “avanzar el marco normativo de la radiodifusión uruguaya para llevarlo a estándares más democráticos” que garanticen el cumplimiento efectivo de la libertad de expresión. Pero también la aprobación del proyecto, afirma, servirá para poner fin a los “abusos” que existen en la actualidad.
A pesar de esto, la iniciativa tiene detractores. Gómez opina que tanto Rami, la agremiación de las radios del interior, como la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), los principales representantes de los radiodifusores, “se han opuesto y han usado todo su poder y su capacidad de presión para que no existan radios comunitarias y menos una ley que las reconozca” porque temen perder su posición en el mercado.
“Ni Multicanal, ni DirecTV ni las radios comunitarias. Ellos no quieren a nadie más, así sean capitales extranjeros, chicos o grandes, de izquierda o de derecha. Lo que quieren es defender su situación en el mercado. Ellos lo que están pidiendo, lisa y llanamente, es reserva de mercado porque llegaron antes. Eso es inaceptable para un quiosco o una panadería y debería ser más inaceptable para una radio o un periódico porque estamos hablando de libertad de expresión”, afirma. Lo que sigue es un resumen de la entrevista: —¿Cuáles son los objetivos del proyecto que legaliza las “radios comunitarias”?
—Tal como está planteado el objetivo del proyecto no es solamente un proyecto acotado a un planteo corporativista de resolver situaciones que ya están dadas, sino aprovechar también en avanzar en el marco normativo de la radiodifusión uruguaya para llevarlo a estándares más democráticos. Está claro que en Uruguay existe un déficit en materia de radiodifusión, en particular de acceso a las frecuencias radioeléctricas por la forma en como se han otorgado, por la capacidad discrecional del Estado uruguayo de distribuir ese patrimonio que es de todos nosotros. Si bien no optamos por cambiar totalmente la ley de radiodifusión, este proyecto de ley ya comienza a plantear algunos temas que queremos que valgan por lo menos para la sociedad civil como cierta revisión en la discrecionalidad, búsqueda de transparencia, criterios más objetivos y más justicia.
El proyecto originalmente se llamó “ley para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión” a través de medios de comunicación comunitarios y es ese el sentido. La necesidad de establecer un marco legal que no permita la concesión de frecuencias por acomodo político. Una ley que sea clara y ojalá que justa para que haya reglas claras y parejas para todos. Y en ese sentido la necesidad de reconocer la existencia de un tercer modelo de comunicación, el comunitario, que es común en Europa y en Estados Unidos, y que está siendo cada vez más reconocido en América Latina. Es una ley que reconoce derechos, el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de contar con medios de radio y televisión.
—¿Cuántas radios comunitarias existen en Uruguay?
—Si nos detenemos en la situación de hecho existen actualmente más de 100 radios no autorizadas en todo el territorio nacional. Pero últimamente han aparecido algunas emisoras que no tienen nada de comunitarias. Hemos relevado en todos los departamentos del país emisoras de carácter religioso, que hacen proselitismo y buscan adeptos; un sinnúmero de iniciativas comerciales y hemos encontrado dirigentes políticos que comienzan a montar sus radios “comunitarias”. Tenemos casos relevados de gente que tiene radios legales y empiezan a tener sus radios ilegales. Es muy importante que se apruebe esta ley como forma de cortar estos abusos. Tenemos una preocupación en este sentido porque están enchastrando la cancha, porque están haciendo competencia desleal y están disfrazándose de comunitarias confundiendo los intereses que nos mueven a nosotros. La misma preocupación tienen los empresarios.
—La posición de Andebu y Rami es que no existe un impedimento para la existencia de radios comunitarias siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones que las radios legales.
—Dicen eso pero la realidad muestra que no es tan así. Es la ausencia de una ley lo que hace que surja esta gente, aprovechándose de la confusión. Confusión que generan los propios gremios empresariales. Si bien en el discurso dicen que están de acuerdo con la legalización de las radios comunitarias, en realidad los gremios empresariales se han opuesto y han usado todo su poder y su capacidad de presión para que no existan radios comunitarias y menos una ley que las reconozca. De hecho, varias gremiales siguen planteando que comunitarias son ellas, las radios que ya están y que no se necesitan más. Nos preocupa ese doble discurso de los empresarios. Pretendemos evitar la competencia desleal, como dicen ellos, que estemos todos en igualdad de condiciones para poder competir. Pero ellos no quieren una ley y de existir la aceptarían solamente si las radios comunitarias no tienen publicidad. Eso no sería una competencia leal. No hay otra manera de tener ingresos. ¿Cómo se hace para pagar impuestos?
Esa es la paradoja de un planteo que en realidad lo que muestra es que la mayoría de los empresarios están acostumbrados a ser los dueños del pueblo, a hacer lo que siempre quisieron e incluso contra otros empresarios de radiodifusión que han querido entrar a competir, beneficiándose siempre del acomodo con el gobierno de turno, recibiendo publicidad oficial. Esos son los empresarios que hoy están protestando, que no quieren que entre más nadie. Ni Multicanal, ni DirecTV ni las radios comunitarias. Ellos no quieren a nadie más, así sean capitales extranjeros, chicos o grandes, de izquierda o de derecha. Lo que quieren es defender su situación en el mercado. Ellos lo que están pidiendo, lisa y llanamente, es reserva de mercado porque llegaron antes. Eso es inaceptable para un quiosco o una panadería y debería ser más inaceptable para una radio o un periódico porque estamos hablando de la libertad de expresión.
—Pero en televisión y radio, no así en prensa, existe un límite físico para la existencia de diferentes emisores.
—¿Alguien se animaría en este país a aceptar si quiera el planteo de que se juntaran Búsqueda
y “Brecha” y dijeran “somos dos semanarios que vienen siendo leídos por mucha gente, que cumplen con su función, con periodistas profesionales”, y le planteen al Ministerio de Educación y Cultura, que es el que autoriza la personería jurídica, que “no puede haber otro semanario porque el mercado no da para tres”? Se pondría el grito en el cielo, se hablaría de algo contrario a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que nos confunde acá entonces? En la radio y televisión nos hemos acostumbrado a creer que son cosas de comerciantes o de empresarios. Vemos más la parte empresarial que la del soporte de la libertad de expresión. También un periódico es una empresa. La única diferencia es que utilizan soportes diferentes, pero son soportes para el ejercicio de un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Si bien hay que tener en cuenta las cuestiones técnicas, hay que mirarlo fundamentalmente desde el lugar de la libertad de expresión.
–¿Hay espacio para incluir legalmente a las radios comunitarias que ya existen?
–La ley tiene que reconocer el derecho a expresarse a través de medios de comunicación, y entonces tienen que ser precisa pero lo suficientemente amplia como para que si alguien quiere tener una radio en el Cerro, la ley sea un instrumento adecuado, y que si quiere una televisión comunitaria para todo Montevideo, también se pueda reconocer. La única limitante técnica es la disponibilidad del espectro. Por eso nosotros no aceptamos que se pongan previamente limitaciones a la potencia o a la cobertura como parte de la definición de radio comunitaria. La radio comunitaria para Amarc no está definida en función de si es chica o grande sino por su lógica de funcionamiento. Se verá por parte del órgano regulador, la Ursec, si hay o no disponibilidad técnica en cada caso. La realidad es que en el 99,7% del territorio nacional no hay ningún inconveniente técnico para que funcionen las radios comunitarias. El problema lo tenemos en el 0,3% en Montevideo. Pero no planteamos una ley para el 0,3% sino para todo el país. Después la Ursec estudiará las cuestiones técnicas. Walter Sena
Semana del 01 al 08 de Julio
Publicado en la diaria, 11 de julio de 2006
Libertad o mordaza para los medios comunitarios
por Gustavo Gómez *
Las gremiales de empresarios de radio y TV comerciales están como locos por la posibilidad de que el Parlamento vote favorablemente un proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria presentado por la bancada oficialista**. Sienten que sus privilegios, obtenidos en su gran mayoría por la forma discrecional con la cual se han otorgado en este país las frecuencias radioeléctricas, comienzan a resquebrajarse por la llegada de nuevos operadores que ofrecen una mayor diversidad y pluralidad de voces y opiniones.
Hasta ahora han hecho lo que pueden para impedir que se reconozca a los medios comunitarios y siguen financiando e impulsando campañas para satanizarlos y presionar a las autoridades para que los repriman. Pero ya comienzan a ver que la ley puede salir, y están cambiando su estrategia. El objetivo es el mismo: impedir que alguien les haga competencia, cerrando el “mercado” a los medios que ya están instalados.
Cada vez con mayor insistencia, se escuchan sus voces para limitar el alcance de las radios y TV comunitarias a potencias y coberturas ridículas, o a impedir que puedan obtener recursos para su sobrevivencia a través, por ejemplo, de acceder a publicidad y otras fuentes de financiamiento.
Imagínense por un instante que estuviéramos hablando de periódicos comunitarios, es decir, periódicos de organizaciones sociales sin fines de lucro que buscan a través de sus páginas expresarse e informar. ¿A alguien se le ocurriría que no pudieran contar con avisos comerciales para pagar la imprenta o a sus periodistas? ¿O limitar su distribución a una determinada cantidad de cuadras en forma arbitraria y previa? ¿ O decir que, por ser comunitario, “debe” tener una determinada cantidad de páginas, menor a la que tienen periódicos comerciales de su localidad?
Pues eso mismo están planteando para las radios y TV comunitarias. Que no puedan poner publicidad o limitar su alcance a un kilómetro, por el pecado de ser comunitarias. La televisora que solicita PIT-CNT estaría condenada a llegar a algunas cuadras alrededor de la sede y las radios comunitarias del Interior del país, convertidas en un hobby pasajero para aquellos que tienen tiempo para dedicarles unas horas semanales. ¿Realizar programas de calidad para respetar a sus oyentes? ¿Periodismo de investigación para denunciar actos de corrupción? ¿Informar seria y responsablemente? Imposible.
Aceptar la imposibilidad de que los medios comunitarios tengan acceso a recursos genuinos para sostenerse, o limitaciones previas y arbitrarias de potencia o cobertura de sus señales, representan un severo atentado a la libertad de expresión.
Modificar el texto del proyecto de ley a estudio del Parlamento condenaría a estos emprendimientos sociales al fracaso y un golpe letal a las posibilidades de democratizar las comunicaciones en Uruguay. Sería decretar la muerte de estas iniciativas antes de nacer, una mordaza tan eficaz como impedirnos hablar, informar y expresarse. La asfixia económica o una arbitraria barrera a su alcance se convertirían en una censura indirecta, más sutil pero igual de brutal que si la Ley no se aprobara.
¿Cómo sobrevive cualquier medio de comunicación sin recursos? ¿Cómo sostener en particular un medio independiente sin recursos? Los mismos radiodifusores comerciales han repetido una y otra vez: “los medios independientes se sostienen con publicidad”, y por supuesto que es así. Es la única manera de no depender de Estados, Iglesias o Partidos Políticos es contando con esa posibilidad.
¿Cómo permitirle condiciones de dignidad y permitir su desarrollo y cumplimiento de los objetivos para los que fue creado? ¿Cómo hacer para que los periodistas de las emisoras comunitarias tengan condiciones de remuneración y laborales dignas y justas para ejercer su función?
El proyecto de ley establece que “Las entidades sin fines de lucro que brinden Servicio de Radiodifusión Comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas” (Art. 10, Sustentabilidad económica).
Sin fines de lucro no significa con fines de pérdida. En nuestro país, la ausencia de finalidad de lucro siempre ha sido entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución.
Por eso el propio proyecto de ley expresa claramente para que el servicio no se desvirtúe, que se obliga a las radios y TV comunitarias a que “la totalidad de los recursos que obtengan quienes brinden Servicio de Radiodifusión Comunitaria, deberá ser invertida en mejoras que garanticen la continuidad en la prestación del servicio y el desarrollo de los objetivos del Servicio de Radiodifusión Comunitario”.
Debe permitirse que la radio y la TV comunitaria gestionada por organizaciones sociales cuenten con la posibilidad de sostenerse a partir de una diversidad de fuentes de ingresos que le permitan su sobrevivencia y desarrollo: recibir donaciones, organizar bailes y hacer rifas, pero también tener acceso a la publicidad. Privada y oficial. ¿Por qué no?
Los empresarios se quejan de la competencia desleal de las emisoras “ilegales” y nosotros decimos que la aprobación de la ley permitirá evitar esta injusta situación, a partir de la regularización del sector. Entonces ¿por qué permitir que haya una competencia desleal al revés discriminando a los medios comunitarios en cuanto a su alcance y acceso a publicidad? ¿No estábamos de acuerdo en la libre competencia siempre que todos actuemos con las mismas reglas de juego?
Todos sabemos que los gremios de empresarios de la radio y la TV comercial quieren impedir por
todos los medios que exista una libre competencia y una mayor pluralidad de medios. ¿Por qué aceptarles que amordacen las posibilidades del nacimiento y desarrollo de voces diversas e independientes solo para permitir que quienes llegaron antes no vean afectados sus negocios y, en muchos casos, sus negociados?
* Director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC ** Ingresado a la Cámara de Diputados en noviembre de 2005. Texto completo en www.forocom.org.uy
Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación Relatoría del Coloquio sobre “Publicidad Oficial y Libertad de Expresión, nuevos criterios de asignación”
Cuentas claras, sin importar si conservan la amistad
Es casi un acto reflejo: si se piensa en problemas asociados a la publicidad oficial, el pensamiento se dispara hacia eventuales apropiaciones indebidas, o enriquecimientos ilícitos. Pero hay un tema más importante en el fondo, no siempre bien identificado: el condicionamiento que un mal uso de los rubros publicitarios estatales puede generar a los medios de comunicación en sus contenidos y, con ello, cómo se puede afectar la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en todas las cartas internacionales y, por supuesto, en la Constitución nacional.
Mirar este vínculo pensando en cómo evitar el problema, buscando soluciones más que buceando en las malas prácticas –cuyos ejemplos podrían acumularse casi hasta el infinito— no ha sido el enfoque clásico del tema. Por eso, así fue que se centró el Coloquio que el Grupo Medios y Sociedad organizó el pasado 12 de junio en la sede del edificio Libertad.
Allí, autoridades de gobierno, legisladores y representantes de las principales gremiales vinculadas a la publicidad oficial analizaron la situación y avanzaron en la búsqueda de soluciones. Una base de debate inédita para nuestro país fue la presentación de un estudio y una serie de propuestas realizados por una ONG argentina, la Asociación por los Derechos Civiles, luego de estudiar la realidad de cuatro provincias del país.
BOLIVIA TENDRÁ 30 RADIOS COMUNITARIAS Y UN CANAL TV
El presidente de Bolivia prometió instalar 30 emisoras campesinas y un canal de televisión. El primer medio comenzará a funcionar en la localidad beniana de Mojos (RTA) Bolivia- Si los empresarios tienen derecho a tener radios y canales ¿por qué no los campesinos?. Vamos a tener nuestras radios y vamos a tener un canal de televisión", prometió el Jefe de Estado boliviano, Evo Morales, durante el cierre del XI Congreso de la Federación Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. "Los medios de comunicación tergiversan nuestras declaraciones y hemos decidido que en la primera etapa vamos a instalar 30 emisoras campesinas en toda Bolivia", confirmó Morales a APG Noticias. Además hizo hincapié en que el objetivo será "educar" e "informar" y que ya consiguió el financiamiento para concretarlo el próximo año. La Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno (Dinacom) firmó un convenio interinstitucional con la radiodifusión comunitaria en Bolivia, para llevar adelante una acción conjunta dirigida al fortalecimiento de la democracia a través del uso plural y participativo de los medios de radiodifusión comunitaria. Según la Subdirectora de Dinacom, Ana Lilian Ortega, la firma del documento fue acordada luego del Encuentro de Radiodifusión Comunitaria de Bolivia, que se desarrolló en la ciudad de La Paz el 9 y 10 de mayo pasado. El documento fue suscrito por representantes en Bolivia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación de Radioemisoras Indígenas del Altiplano de La Paz, la Asociación Provincial de Radios Comunitarias de Bolivia y la Dinacom. De acuerdo con el texto, de once puntos, se establece que cualquier iniciativa gubernamental dirigida a actuar sobre la radiodifusión comunitaria, deberá ser consensuada con las entidades y organizaciones representativas de ese movimiento. Para ello se constituirá una Comisión Representativa para el Fortalecimiento de la Radiodifusión Comunitaria en Bolivia, la cual estará integrada por miembros de AMARC. La experiencia alcanzada por la radiodifusión comunitaria será el referente que oriente las nuevas líneas de acción. Ambas partes se comprometieron a promover el contenido de la oferta programática de la radiodifusión comunitaria, elevar su calidad técnica y estética, oferta educativa, información de calidad y vocación de participación y trabajo con la comunidad.
Enviado por Red Latina sin fronteras (Bolivia) RECOSUR BRASIL
Semana del 1 al 10 de Junio
LLEGÓ DASANI A URUGUAY
EL AGUA DENUNCIADA POR CONTENER SUSTANCIAS CANCERÍGENAS
(Redes - Amigos de la Tierra)
La noticia provocó en Gran Bretaña un impacto social y mediático impresionante. La bebida había sido lanzada hacía dos meses. A comienzos de marzo de 2004 Dasani ya había caído en desgracia. Un artículo del diario británico The Independent había denunciado que la bebida era simplemente
agua del grifo proveniente del río Támesis, que la planta de Coca Cola en Sidcup, ciudad situada al sureste de Inglaterra, se dedicaba a procesar, embotellar y vender.
La bebida que Coca Cola comercializaba como agua embotellada "pura" no era sacada de manantiales ni de ninguna otra fuente natural, sino simplemente de la canilla. Esa denuncia ya había sido bastante, pero lo peor llegó dos semanas después. EL OTRO COLOR Y SABOR DE DASANI: EL DEL BROMATO
El 19 de marzo de 2004 Coca-Cola comenzó a retirar voluntariamente medio millón de botellas de Dasani de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, luego de confirmar que la bebida tenía el doble de bromato de lo permitido. Dasani podía ser cancerígena y especialmente peligrosa si era
bebida en grandes cantidades.
Los planes de Coca-Cola para expandirse a otros países europeos fueron cancelados. Pero las malas noticias para la gran multinacional no cesaron ahí. Según publicó el diario británico The Guardian en su edición del 20 de marzo de 2004, la Inspección de Agua Potable, organismo que regula el suministro de agua pública en Inglaterra y Gales, confirmó que había chequeado el agua que del Támesis llegaba a la fábrica de Coca-Cola en Sidcup y no tenía bromato1. Todo quedó claro: el peligroso químico se generaba en alguna parte del proceso de tratamiento que Coca Cola le
realizaba al agua en su planta procesadora.
The Guardian explicó a sus lectores el accionar de Coca Cola para crear Dasani: "Sería algo así: tome agua del río Támesis de la canilla en su fábrica en Sidcup; sométala a un proceso de purificación, denomínela 'pura' (...); agregue un poco de cloruro de calcio que contenga bromuro, para darle el 'sabor'; luego bombee ozono, oxidando el bromuro, lo cual no es un problema, convirtiéndolo en bromato, que sí lo es. Por último, envíe botellas de agua a los comercios que contengan hasta el doble del límite legal de bromato (10 microgramos por litro)"2. Además de Gran Bretaña,
Dasani había sido lanzada en 1999 en Estados Unidos y un año después en Canadá. En América del Sur está en Brasil desde 2003, en Colombia y Chile desde 2005, y en Argentina y Uruguay desde comienzos de este año, entre otros países. DASANI EN REINO UNIDO: UN ESLABÓN MÁS DE LA NEGRA HISTORIA DE COCA COLA
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) de Colombia acusa a Coca-Cola de ser responsable del asesinato, entre 1989 y 2002, de ocho trabajadores de diversas plantas embotelladoras de la empresa en el país3. Cinco de esos trabajadores, que
habían cumplido funciones en la planta de Carepa, -municipio situado en el departamento de Antioquia- fueron asesinados entre 1994 y 1996.
Según el medio independiente Democracy Now, en diciembre de 2005 las autoridades de la Universidad de Nueva York, decidieron suspender la venta y promoción de productos de Coca-Cola en los predios de ese centro de estudios. La medida fue tomada en respuesta por las acusaciones que la multinacional enfrenta en Colombia4.
Según el diario mexicano La Jornada, las organizaciones de ese país denuncian que empresas privadas como Coca-Cola "buscan controlar las fuentes del líquido y expanden su presencia con pretextos como la construcción de escuelas para llegar a las comunidades donde adquieren los predios con cuerpos de agua"5.
En India la empresa también ha enfrentado la oposición de algunos movimientos sociales, que la acusan de secar los pozos de agua del país y contaminar sus recursos naturales. EL NEGOCIO DEL AGUA EMBOTELLADA
Coca-Cola es una de las principales empresas embotelladoras de todo el mundo. En el año 2000 se vendieron 84 mil millones de litros de agua embotellada en todo el mundo, mientras que en 2002 se aumentó a 126 mil millones. El mercado del agua mueve aproximadamente 22 mil millones de
dólares anuales. Las multinacionales que se reparten el mercado del agua embotellada son, además de Coca-Cola, Danone -presente en nuestro país a través de Salus- y Nestlé. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gian Carlo Delgado, explica que Nestlé "opera en 130 países con 2 marcas globales, 5 internacionales y 70 locales, acaparando el 17 por ciento de valor del mercado mundial de agua envasada, sin incluir las sociedades adquiridas en 2003"6. De acuerdo a los investigadores canadienses Maude Barlow y Tony Clarke, una cuarta parte del agua embotellada que se vende es tomada directamente de la canilla y luego procesada7.
Clarke explica que: "En este momento el sector de agua embotellada es uno de los que más rápidamente está creciendo en todo el mundo. [... Las] fábricas de refrescos en general toman agua del mismo sistema al que accede el público, sea municipal u otro, y en muchos casos, por ejemplo Coca Cola, le agrega un 'paquete' de minerales y al resultado le llama 'agua mineral'. Con esto aumentan el precio del agua de cañería unas 1.100 veces y la venden embotellada. En muchos países la gente está resistiendo a este sistema, al que se ha definido como 'el agua para los ricos'"8.
En Uruguay, la Reforma Constitucional del agua, aprobada en 2004, estableció el dominio público del líquido y sentó las bases para una gestión participativa y sustentable del recurso. Las regulaciones del negocio del agua embotellada necesariamente deberán ser incluidas en este nuevo marco
(publicado en el semanario Siete sobre siete, )
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MONTEVIDEO/URUGUAY/08.06.06/COMCOSUR AL DÍA Semana
INICIA UN PROCESO DE EVALUACIÓN
MOVIMIENTO DE RADIOS COMUNITARIAS EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Perú, 26 de Mayo de 2006. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias
en América Latina y Caribe (AMARC ALC) inició un proceso de evaluación
participativo del movimiento mundial de radios comunitarias con vistas a
la Conferencia Mundial de AMARC que se realizará en Amman, Jordania, del
11 al 17 de Noviembre de 2006. La
primera de las mesas redondas regionales, la del Asia Pacífico, ya se
realizó en Colombo, Sri Lanka, el 5 de Mayo. La Mesa Redonda de AMARC África
se realizará el próximo 5 de Julio.
una Mesa Redonda de dos días, realizada en los locales de la
“Coordinadora Nacional de Radios” (CNR) de Perú, el 24 y 25 de Mayo,
titulada “Las Radios comunitarias y el Cambio Social en América Latina
y Caribe”, los representantes de radios comunitarias, centros de
producción, televisoras comunitarias, de organizaciones de la sociedad
civil, académicos, evaluadores y de la comunidad de la comunicación para
el desarrollo en la región, iniciaron un proceso de evaluación
participativo que combinará mesas redondas regionales, discusión en línea,
talleres nacionales, cuestionarios cualitativos, sistematización de
conocimientos, de experiencias y evaluación de programas. La
Mesa Redonda comenzó con el diagnóstico de las radios comunitarias y los
desafíos que confrontan las sociedades de América Latina y Caribe.
Estuvieron presentes representantes de redes y organizaciones con las que
AMARC ALC tiene un trabajo en común, radios y representaciones de
instancias nacionales de 18 países y directores de programas de AMARC ALC
(entre otros género, nuevas tecnologías, derecho a la comunicación,
agencia de noticias Púlsar, gestión y de ciudadanía ambiental)
revisaron los obstáculos creados por los marcos legales discriminatorios
contra las radios y reflexionaron acerca de la incidencia de las radios en
la región. Otros temas abarcados fueron los relacionados con la gestión
de los medios comunitarios y el análisis del proyecto político
comunicacional de estos medios que responden a las necesidades de los
pueblos de la región. La-os
participantes también abordaron las pistas de acción, las perspectivas
de AMARC ALC y la contribución de la región al plan estratégico de
AMARC de 2006 a 2010 y la participación en AMARC 9. Los documentos de la
Mesa Redonda Latinoamericana contribuirán a la evaluación de AMARC ALC y
al proceso global de discusión de AMARC y serán publicados en los próximos
días en http://www.amarc.org.
Pía Matta, Vicepresidenta de AMARC ALC invitó a “una fuerte
participación de la región en la Novena Conferencia Mundial de Radios
Comunitarias, AMARC 9, con el fín de compartir los conocimientos,
experiencias, enseñanzas y perspectivas del más antiguo componente del
movimiento mundial de las radios comunitarias”. La Mesa Redonda contó
también con la participación de Elizabeth Robinson, en representación
del Consejo Internacional de AMARC. Para
participar en el proceso de evaluación o para inscribirse en la
Conferencia Mundial de las Radios Comunitarias AMARC 9, por favor visite www.amarc9.amarc.org.
Para mayor información contacte las oficinas regionales o comuníquese
con amarc9info@amarc.org
El próximo 2 de junio se realizará el "Coloquio
sobre Publicidad Oficial y Libertad de Expresión"
organizado por el Grupo Medios y Sociedad (GMS) y el apoyo del
Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC
(Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y la Embajada
Británica en Uruguay.
El Coloquio se realizará en la ciudad de Montevideo entre las 9 y
12 horas de la mañana, en el Salón de Actos del Edificio Libertad
de la Presidencia de la República. La entrada es libre.
Es una iniciativa tomada desde la Sociedad Civil para sumar a los
intentos por revisar prospectivamente la forma que se asigna la
publicidad oficial en Uruguay, aportando y discutiendo principios y
criterios más democráticos y transparentes para distribuir este
patrimonio público, en el entendido que no solo suponen una mala
práctica desde el punto de vista administrativo, lindante con la
corrupción, sino que entrañan una forma de censura indirecta
inaceptable en un Estado democrático.
Contaremos con la presencia del Sr. Ministro Jorge Lepra y
destacados participantes, entre los que se cuentan legisladores,
funcionarios públicos, periodistas y empresarios de medios. Algunas
de las exposiciones mostrarán experiencias actuales en el Estado y
se presentará una propuesta de principios para la asignación de la
publicidad oficial que presentará Roberto Saba, Director Ejecutivo
de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, y que
esperamos sea un aporte constructivo para analizar y encontrar
criterios democráticos y transparentes para superar las
limitaciones planteadas.
Han sido invitados a comentar la iniciativa y debatir sobre el tema
autoridades nacionales, funcionarios públicos de los entes
autónomos y servicios desconcentrados, legisladores de ambas
Cámaras, empresarios y periodistas de todo el país.
Este Coloquio se realiza en el marco de una serie de actividades
convocadas por la Oficina del Programa de Legislaciones y Derecho a
la Comunicación de AMARC-ALC y la Embajada Británica en Uruguay
como forma de colocar en la agenda pública temas fundamentales para
nuestra democracia como los referidos a la Libertad de Expresión y
el Derecho a la Información, abriendo espacios públicos para el
diálogo entre diferentes actores.
Angélica Vitale (prensa) - 099 220789
Edison Lanza (coordinador) - 099 108230
Gustavo Gómez (coordinador) - 099 660373
[AMARC-Uruguay] 2º boletín del año
Estamos armando el 2º Boletín
del año y dispuestos a que en este estemos todos y todas, que se
note las ganas que tenemos que otros se enteren en que andamos para
que este andar se haga un poco mas fácil (todo es mas fácil si
vamos juntos, haciendo radios mas participativas y comunitarias).
Así que están todos y todas
invitados a contarnos un poco en que andan,
desde ya espero sus artículos
para el Boletín
Área comunicaciones Amarc-Uruguay
Este próximo 4 y 5 de junio (día
mundial del medio ambiente) se realizara La Teja 6, un foro y muestra
ambiental, que ya lleva 6 años consecutivos en nuestro barrio.
El Puente FM como hace 6 años estará
participando y trasmitiendo en vivo esta muestra y quiere hacer llegar a
todos y todas la invitación de participar de la trasmisión de esos dos
Reconocimiento de radios comunitarias en Argentina
Este proceso que se está haciendo en
Argentina para regularizar la situación de las radios comunitarias y
otras sin fines de lucro, es casi idéntico al que propone nuestro
Luego de un censo de las emisoras gestionadas por organizaciones sin fines
de lucro, el COMFER las ha reconocido y comenzado un proceso de
regularización. En el caso de las zonas donde no existen problemas técnicos,
se otorgarán por adjudicación directa. En el caso de zonas
"conflictivas" se hará por concurso entre las emisoras
identificadas por el censo y que cumplan con la normativa vigente.
>> Gacetilla de prensa: Radios Comunitarias
>> El Comité Federal de Radiodifusión,
mediante la Resolución Nº 753/06,
>> reconoció a 126 radios comunitarias que se
encuentran funcionando y cuyos
>> titulares son personas jurídicas sin fines
>> "Desde ya que es sólo un paso porque
nuestro objetivo sigue siendo una
>> nueva Ley de Radiodifusión. Pero, sin
dudas luego de la modificación del
>> articulo 45 por parte del Parlamento
Nacional, que hoy este organismo
>> reconozca a todas estas radios, es un
hecho histórico", afirmó el
>> coordinador general del COMFER, Sergio Fernández
>> Esta medida se enmarca en el Reconocimiento
y Ordenamiento del Espectro
>> Radioeléctrico iniciado por la Resolución
Nº 1572/05.
>> El reconocimiento se realiza como
consecuencia del dictado de la Ley Nº
>> 26.053 que modificó el artículo 45 de la
Ley de Radiodifusión al eliminar
>> la restricción que circunscribía el
>> físicas y jurídicas comerciales.
>> COMFER
>> Tel: (011) 4320-4900 (int. 2227)
1) EL TSJB RECONOCE EL DERECHO DE LOS URUGUAYOS A TENER PERMISO DE
Un tratado internacional de 1870 ampara a los nacidos en Uruguay para
de Balears ha admitido en una sentencia el derecho de los uruguayos a
trabajar libremente en España y en igualdad de condiciones con los españoles.
Los magistrados han dado validez a un artículo del tratado bilateral
firmado en 1870 entre España y la República de Uruguay por el que los
inmigrantes de ambos estados podían ejercer libremente sus profesiones o
emprender negocios en igualdad de condiciones con los naturales de sus países
El TSJB ha ratificado una sentencia dictada el 19 de septiembre del año
pasado por el juzgado de lo contencioso 2 de Palma que, a su vez, estimó
una demanda formulada por la letrada Dolores Puertas en nombre de una
La delegación del Gobierno en Balears había reconocido únicamente a la
inmigrante uruguaya el permiso para tareas de empleada de hogar, pero la
interesada quería obtener una autorización de trabajo para cualquier
tipo de actividad y documentos de residencia.
La abogado Dolores Puertas alegó en el juzgado la existencia del tratado
internacional de 1870, pero la delegación del Gobierno postulaba que ese
convenio había quedado superado por otro posterior, firmado en 1992, y
que los inmigrantes uruguayos ya no disponían de este privilegio en
comparación con otros extranjeros no comunitarios.
El acuerdo que ahora puede servir para agilizar la regularización en España
de los trabajadores uruguayos se rubricó el 19 de junio de 1870 y se
bautizó como "Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad" firmado
entre la República Oriental de Uruguay y la entonces primera República
Frente a la postura de la delegación de Gobierno que únicamente admitía
que los uruguayos podían disfrutar de facilidades a la hora de
regularizar su situación en España, el tribunal entiende que el convenio
de 1870 está plenamente en vigor y sus efectos deben ser automáticos a
la hora de otorgar los permisos de residencia y trabajo de dichos
Los magistrados analizan el convenio de 1992 y en él observan artículos
que certifican la plena vigencia de tratados anteriores siempre que sus
disposiciones no sean incompatibles con el nuevo acuerdo bilateral.
El tratado del 92 también reconoce que los uruguayos estarán "en
pie de igualdad" con los españoles a la hora de trabajar por cuenta
ajena o desarrollar cualquier otro tipo de profesión. En Baleares residen
varios centenares de uruguayos los cuales podrían verse beneficiados en
su regularización por esta sentencia del TSJB.
Enviado por Natalia Casares (España) RECOSUR
LIBERTAD DE PRENSA – La República, 12 de mayo –
En la semana que agoniza dos hechos vinculados con la prensa llamaron la
atención. Uno fue la información sobre la muerte en Cuba de dos
pacientes uruguayos. El otro, el pequeño entredicho entre gobernantes y
periodistas. Ambos deben hacernos reflexionar sobre el papel de la
prensa, la función que debe cumplir y la manipulación de la información.
El martes 9, el matutino El Observador brindó una información
alarmante que mereció una ventana en tapa y un desarrollo que ocupó
toda la página 3. "Murieron dos de los pacientes que fueron a
Cuba", fue el título de tapa.
"Dos uruguayos murieron en Cuba; eran
del plan Operación Milagro", fue el título de la nota de página
A la pucha, me dije cuando leí la información, en fija que hubo mala
praxis; así que la medicina en Cuba no está al nivel que la pintan y
tienen razón los que pusieron el grito en el cielo cuando se habilitó
este tipo de intervención quirúrgica en la isla.
Ahora bien, en el colgado se aclara que ambas muertes ocurrieron por
causas ajenas a la cirugía ocular. Con lo cual me zambullí a leer la
nota pensando que la cosa podría ser peor. ¿Hubo negligencia en el
post-operatorio? ¿Sufrieron el contagio de alguna bacteria
intrahospitalaria? ¿Le erraron a la medicación? ¿No estuvieron bien
atendidos? Y si alguna de estas hipótesis fuera descartada, ¿fueron víctimas
de la brutalidad de la policía cubana o los mataron para robarlos?
Fueron éstas algunas de las posibilidades que manejé hasta que, al
leer la nota, descubro que uno de los pacientes uruguayos tenía patologías
cardíacas, estaba medicado y sufrió una caída que le causó la
muerte; el otro paciente padeció un accidente cerebro-vascular antes de
operarse y falleció como consecuencia de ello. Ambos decesos ocurrieron
Esta información ocupa un poco menos del 50 por ciento de la nota, y el
resto versa sobre el conflicto surgido en Montevideo entre el gremio de
oftalmólogos y el MSP.
(Dicho sea entre paréntesis, no me voy a meter a opinar sobre el
asunto, pero sospecho que si las autoridades uruguayas aceptaron la
oferta cubana de operar de cataratas a los uruguayos más pobres en
forma gratuita en la isla, debe de ser porque los oculistas de acá no
estaban dispuestos a curar a sus connacionales gratis, digo yo).
¿Y entonces? ¿A qué se debe el título y el destaque dados a un hecho
absolutamente menor? ¿A qué obedece esta manipulación de la realidad
que termina tergiversándola? Y no porque se haya mentido sino porque
una información objetiva e inobjetable ha merecido un tratamiento que
eleva el hecho consignado a la categoría de noticia conmocionante, con
connotaciones e implicancias varias. La noticia es cierta, pero cabe
preguntarse si es realmente una noticia.
Y la conclusión, la única conclusión, es que detrás de esa
"noticia" aparentemente inocente está el oscuro propósito de
cuestionar al régimen cubano, de instalar la duda sobre la solvencia de
sus médicos y los avances científicos. Una maniobra deleznable que de
algún modo intenta empañar una acción ejemplar de solidaridad.
Un caso claro en que se ha abusado de la libertad de informar.
Este tipo de manipulación de la información --amén de otras prácticas
características de los medios amigos del establishment-- está en el
origen del desprestigio de la prensa de que hablaba Ramonet hace ya un
Y probablemente dichas prácticas que condeno sean la causa de la
reticencia y el malestar exhibidos recientemente por nuestros
gobernantes. Hace pocos días, se vio al presidente visiblemente molesto
y al ministro Mujica francamente enojado con los periodistas porque éstos
no hacían las preguntas que aquéllos esperaban: en vez de interesarse
por el acuerdo entre Funsa y Cutcsa, seguían indagando por el famoso
te-ele-ce con EEUU.
Sin embargo, y sin dejar de reconocer que a veces los medios meten la
pata, quiero romper una lanza por mis colegas. Creo que en este caso
concreto, la culpa por la insistencia de los periodistas en un
determinado asunto no debe atribuirse a la búsqueda de sensacionalismo
o a prácticas condenables, sino a un hecho absolutamente objetivo e
innegable: la gente quiere estar informada, quiere que le batan la
posta. Y recurro a esta expresión para no caer en el jingle de una de
las campañas electorales del doctor Jorge Batlle, de malos recuerdos.
La gente en general y los frentistas en particular --me refiero a los
militantes y no necesariamente a los votantes que están en otra y que
tanto les da-- necesitan que se les expliquen las cosas, las decisiones
y las medidas que adopta el gobierno; no merecen que se los subestime y
exigen, con razón, certezas. Y no son precisamente certezas lo que el
gobierno ha estado transmitiendo últimamente con respecto al propósito
de profundizar las relaciones comerciales con EEUU. Ambigüedades, equívocos
que se prestan a especulaciones, aseveraciones luego desmentidas,
anfibologías que requieren interpretaciones, han estado presentes en el
discurso de los gobernantes.
Creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión respecto de
infinidad de cosas. Lo bueno sería que los gobernantes fueran más
claros a la hora de explicar a la gente por qué han mudado su parecer
sobre ciertos aspectos nada desdeñables del quehacer nacional; que
reconocieran con humildad que tenían una visión errónea de
determinados asuntos y que nos convencieran de que tienen razón al
optar por otro camino.
No pienso que un tratado de libre comercio con EEUU signifique una
traición a los principios e ideales de la izquierda, porque si así
fuera, estaríamos confundiendo coherencia y consecuencia ideológicas
con fidelidad a dogmas religiosos. Un TLC con EEUU será malo en la
medida que nos perjudique económicamente o que implique alinearnos a
favor de la política exterior estadounidense. Si hay algo de esto último,
debemos rechazarlo de plano; y lo primero habrá que estudiarlo con lupa
muy en serio y muy a fondo.
Mientras tanto, no se enojen con nosotros, pobres periodistas que sólo
nos proponemos informar a la opinión pública.
DIFAMACIÓN E INJURIAS – La República, 12 de mayo
En Florida, la fiscal pide el sobreseimiento de periodistas
Comenzó a dilucidarse el pasado miércoles, el juicio que por Ley de
Prensa, el agente policial Alejandro Vicente Fleitas le ha iniciado a
los periodistas Alvaro Aguiar y Dino Cappelli de Semanario Punto y
Aparte y a Clara Alonso, autora de una carta publicada tiempo atrás en
las páginas de la referida publicación.
La difamación e injurias a las que alude el funcionario policial están
hoy a estudio de la jueza Julia Starico luego de que la fiscal Alba
Corral y Fernando Pérez D`Auria solicitaran 12 meses de prisión para
la autora del texto y el sobreseimiento del periodista Dino Cappelli, en
tanto restó responsabilidad al periodista Alvaro Aguiar en su carácter
de director de la publicación.
La palabra del fiscal se escuchó luego del informe técnico del
psiquiatra Jorge Romero de la ciudad de Durazno, quien tras una pericia
dijo que la responsable de la carta, Clara Alonso, era "capaz"
más allá de sus atenciones psiquiátricas eventuales.
"No confío en la Policía"
La primera instancia tuvo lugar hace una semana cuando los acusados
respondieron las interrogantes de los abogados, Karina Otero, por el
agente Fleitas, y Valeria Vidart por los periodistas, así como Martín
Etcheverría -de oficio- por la acusada Alonso.
En la primera audiencia también tomaron parte los testigos José Carlos
Cortada, el agente policial Ruben Camejo y Jorge Gerardo Garabagno, además
de Claudia Ojeda.
Mientras el demandante se ratificó en todos sus dichos, lo mismo sucedió
de parte de Clara Alonso, que aún fue más lejos en sus apreciaciones
al decir que "no confío en la Policía de Sarandí ni en la
Justicia, no digo que sean todos malos...".
Los hechos fueron cotejados de acuerdo a los dichos de Alonso y a los
relatos de los testigos policiales; Camejo -a cargo de la Comisaría de
Sarandí Grande el día de los sucesos- y Garabagno, al tiempo que los
periodistas acusados fueron interrogados acerca de la política del
semanario en cuanto a la cobertura de los hechos y a la metodología de
trabajo y criterios adoptados ante la llegada de una carta a la redacción.
Mientras la autora de la carta, Clara Alonso, de 31 años de edad y
madre de cinco hijos, se hizo inmediatamente responsable de la carta,
los periodistas quedarían fuera del proceso de acuerdo al artículo 35
de la Ley de Prensa Nº 16.099.
El próximo lunes a las 12.30 horas en la sede penal de Florida se ha
convocado a la definitiva audiencia donde la jueza Starico dará a
conocer el veredicto final, teniendo en cuenta que la parte demandante
no apelará a nuevas alternativas en este juicio por Ley de Prensa.
El fallo de la jueza no podrá ir más allá de lo solicitado por la
Fiscalía, es decir los 12 meses de prisión para Alonso y el
sobreseimiento de los colegas. ARRIBA
Escanlar reconoció ayer que insultó a Fasano
Desde las 14 horas de ayer se llevó a cabo el juicio entablado por el
director del diario LA REPUBLICA, Federico Fasano Mertens, al periodista
Gustavo Escanlar, quien en el programa de televisión La Culpa es
Nuestra que conducen Ricardo Piñeyrúa y Gonzalo Cammarota y que emite
Saeta Canal 10, se había referido al comunicador como "hijo de mil
puta, la puta que lo parió".
Puntualmente arribó el doctor Fasano al juzgado penal de 11er. Turno
ubicado en la calle Bartolomé Mitre, acompañado de la directora de
Tveo, Sonia Breccia, del director de TV LIBRE, Carlos Fasano y de su
abogado, el doctor Hebert Gatto.
El injuriante acudió a la sede penal pasados veinte minutos de la hora
establecida, acompañado del profesional que lo representa, el doctor
Juan Fagúndez. A su ingreso, saludó a sus conocidos emitiendo
posteriormente un gesto despectivo hacia donde se encontraba ubicado el
Inmediatamente de que ambas partes se encontraron frente al juez de la
causa, Roberto Timbal y el fiscal, Enrique Möller, se procedió a ver
por parte de los presentes el video que comprueba el insulto del que fue
objeto el doctor Fasano por parte de Escanlar.
Recordemos que el 18 de enero del presente año, en el programa La Culpa
es Nuestra, Escanlar al ser sometido a un espacio de ping pong de
preguntas y respuestas por Piñeyrúa se refirió al poeta Eduardo
Galeano como "el rey de la hipocresía" y al director de este
matutino como "un hijo de mil puta, la puta que lo parió".
Luego de comprobado el insulto por los presentes el doctor Fasano ante
la consulta del juez actuante, añadió a la causa que "el hecho
presuntamente ilícito" se vio "ampliado" en el día de
ayer en "el sitio de internet" del acusado, en donde
"ratifica los dichos" y agrega "que no se va a
retractar", constituyéndose la misma en "una pieza
superviniente" que quedó a consideración de los letrados.
Por su parte Escanlar, a su turno e interrogado por el juez, aclaró que
"no se refería" a la madre de Fasano, "sino a él"
y que "mantenía sus palabras. Me resulta imposible retractarme de
algo que pienso y opino".
Acto seguido el injuriante solicitó una "prórroga" del
juicio ya que el mismo lo había tomado "de sorpresa" pues no
imaginaba que "un señor que había insultado a tanta gente pudiera
sentirse ofendido" por sus palabras.
Ante la pregunta del juez sobre si reconocía que había insultado al
doctor Fasano, primero lo confirmó para posteriormente manifestar que
se debería "catalogar" su significado, del que señaló que
"siempre es subjetivo". "Objetivamente podemos decir que
es un insulto, subjetivamente depende de cada receptor", manifestó
el acusado añadiendo que podía probar sus insultos.
Ante el pedido de prórroga de la audiencia pedido por Escanlar y su
abogado a los efectos de presentar pruebas, el representante legal de
Fasano, Dr. Hebert Gatto planteó que la exceptio veritatis no
correspondía en este caso y que lo único que había que probar era si
había formulado o no el acusado las injurias que se habían relatado.
Agregó además que como desconocía el contenido de esas presuntas
pruebas, esperaba tener acceso a ellas para luego referirse a las
pertinencia de las mismas.
El juez Timbal finalmente fijó una nueva audiencia para el lunes a las
El doctor Fagúndez informó que no tenía conocimiento de las presuntas
pruebas que podía aportar su defendido.
No son admisibles estas conductas
Luego de culminada la audiencia el doctor Fasano explicó a la prensa
que se "decidió" a realizar la acción judicial porque era
"un hecho que trascendía el honor" de su persona y que tenía
que ver "con toda la sociedad civil uruguaya" pues no debe ser
admisible que "un ciudadano pueda proferir esos insultos gratuitos
a través de un medio de comunicación masivo y que no pase nada".
"Estoy defendiendo la salud social de la comunidad", porque
"no se puede admitir la existencia de este tipo de conductas
antisociales que afectan la identidad de nuestra comunidad",
sostuvo Fasano.
El director de LA REPUBLICA expresó que el objetivo de la acción
judicial "es una condena sin prisión, no que vaya a prisión"
que "se retracte de lo que dijo", a pesar de que ya adelantó
que no lo hará". Ante estos argumentos ­añadió Fasano- "la
única forma de parar a un troglodita que convive en una sociedad de
esta forma y que utiliza los medios de comunicación para esto, es que
haya una condena que advierta que la próxima vez que lo haga va a ir
preso por reincidente".
"Estoy defendiendo a los futuros agraviados de Escanlar, no a mí
mismo. Estoy pensando en el futuro y alguien tiene que decirle en la
sociedad uruguaya al señor Escanlar que actúe como un ser civilizado y
no como un desquiciado que insulta a diestra y siniestra sin probar
absolutamente nada", indicó Fasano.
Si la meta de Escanlar es derivar la causa en la ética personal del
demandante, Fasano lo "desafió" a realizar un
"debate" sobre su persona "en el propio Canal 10 y
delante de todo el mundo", pero en "la sede penal sólo debe
responder" si "injurió o no". Posteriormente contestó
el dicho de Escanlar cuando manifestó que el demandante había caído
en las mismas prácticas insultantes que el acusado. Ante eso Fasano
pidió que se "traiga un solo elemento" probatorio de la
aseveración efectuada.
"En 45 años de periodismo no he insultado a nadie ni he mentido,
eso sí, doy noticias, doy informaciones y en todos los casos pruebo lo
que dije, por eso gané los 33 juicios penales que por difamación e
injurias me iniciaron y los cuatro que inicié contra los que me
difamaron", explicó el director del Multimedio Plural
del 01 al 06 de Mayo
Brecha, 05 de mayo - Fabián Werner
ley de prensa en el banquillo
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) presentó el miércoles 3 una
iniciativa para eliminar las figuras penales referidas a delitos de
comunicación. El gobierno está de acuerdo con esa idea, aunque algunos
operadores judiciales defienden la cuestionada ley de prensa.
con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
sindicato de los periodistas presentó un documento elaborado por el
abogado Edison Lanza en el que se plantea la eliminación de los
delitos de difamación, injurias y vilipendio que amenazan la labor de
los trabajadores de los medios. La idea, que podría implicar la
reforma o la derogación total de la ley 16.099, es respaldada por el
Poder Ejecutivo, aseguró el subsecretario de Educación y Cultura
Felipe Michelini, quien dijo compartir la idea de la eliminación de
estas figuras penales y cuestionó el hecho de que actualmente todo
quede librado a la “decisión subjetiva” de los jueces. “Estamos
dispuestos en el mec, tanto ministro como subsecretario y la directora
de Derechos Humanos (María Elena Martínez), a trabajar con todos
para la modificación o perfeccionamiento de estas normas”, señaló
Michelini durante su participación en el coloquio sobre delitos de
prensa y libertad de expresión organizado por APU y la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
explicó Lanza, la reforma persigue el objetivo de terminar con la
protección exacerbada del derecho al honor en detrimento del derecho
a la libertad de prensa, ya que actualmente un periodista puede
incurrir en un delito de comunicación aun diciendo la verdad sobre un
asunto de interés público. La legislación vigente tiene su primer
antecedente en la ley 9.480 de la década del 30, y recibió sucesivas
reformas posteriores en 1984 con la aprobación del decreto ley 15.672
de la dictadura, que tenía “connotaciones totalitarias y
restrictivas”, opinó Lanza. Esta norma fue modificada a su vez en
noviembre de 1989 a través de la ley 16.099, que si bien significó
un progreso “hoy resulta insuficiente” a la luz de los convenios
internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos.
lo que va del año, al menos 50 periodistas de 15 países americanos
fueron enjuiciados por difamación, injurias, calumnias, desacato o
por no revelar sus fuentes, según datos de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la OEA. Según su titular, Ignacio J
Álvarez, la protección del honor y la reputación de los
funcionarios públicos debe garantizarse mediante sanciones civiles y
de derecho de respuesta, y no mediante penas de prisión. “Una sanción
de pena privativa de libertad resulta desproporcionada en tanto que en
una sociedad democrática los funcionarios públicos y las personas
que se involucren voluntariamente en asuntos de interés público están
expuestos a un mayor nivel de crítica, que posibilita un mayor debate
público respecto a sus actuaciones”, dijo Álvarez en un comunicado
por el Día de la Libertad de Prensa.
ese motivo, exhortó a los países miembros de la OEA a eliminar de
sus legislaciones nacionales las sanciones penales y las figuras
delictivas que amenazan la libertad de prensa. “Los periodistas
prestan un servicio fundamental a la democracia y tienen derecho a
ejercer su labor sin la preocupación de ser sujetos a penas de cárcel
por ello”, argumentó Álvarez.
O IMPUNIDAD? Durante la presentación de su iniciativa, Lanza evaluó
que en los últimos años los jueces han procedido con “valentía al
caminar al filo de la interpretación de los tipos penales” en los
juicios contra periodistas, y que en las muchas causas iniciadas en
los últimos años ninguno de los enjuiciados por ley de prensa resultó
finalmente condenado. Sin embargo, debieron padecer lo que se denomina
la “pena de proceso” debido a la presión que implica verse
sometido a un proceso judicial donde además está en tela de juicio
su credibilidad profesional y, eventualmente, peligra su libertad.
“Si Uruguay no acomete la reforma de su legislación en algún
momento va a llegar alguna demanda a la Corte Interamericana y será
condenado”, alertó el abogado al aludir a recientes
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
fallaron contra Argentina, Costa Rica y Paraguay en sendas demandas
iniciadas por periodistas.
el coloquio plantearon sus posturas diversos representantes del
sistema judicial. Mientras la fiscal penal Diana Salvo consideró que
la iniciativa plantea la mayor parte de las soluciones que hoy están
libradas a la interpretación de los jueces, “facilitando su labor,
en aras de una mejor administración de la justicia”, la profesora
de derecho penal de la Universidad de la República Cecilia Salom
consideró que los cambios en la legislación deben tener como
objetivo asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Sugirió encarar también una reforma del Código Penal para que deje
de ser agravante la comisión de un delito a través de un medio de
comunicación, pero discrepó con la propuesta de aplicar a la labor
periodística “causales de impunidad” específicas para la profesión,
como se propone en el texto comentado.
los cuestionamientos más firmes a la propuesta de APU fueron
planteados por el ministro del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (TCA) Dardo Presa, quien participó del grupo que
elaboró el anteproyecto de ley que dio origen a la actual ley de
prensa. Presa reclamó que se diga claramente si lo que se busca es la
derogación de la norma que, lejos de encarnar una “filosofía
totalitaria” –como argumentó Lanza–, “tendió a consagrar un
estatus garantista para todo aquel que emita el pensamiento a través
de un medio masivo de comunicación”.
aseguró que la principal amenaza contra la libertad de prensa no está
en dicha ley, sino en el acápite del artículo 336 del Código Penal
que no admite la prueba de verdad para demostrar la inocencia del
otra parte, Presa cuestionó la posibilidad de que se consideren no
punibles las expresiones sobre hechos o funcionarios públicos. Con
esa invocación “cualquier patraña” contra un funcionario público
“quedaría impune”, por lo que reclamó “dejémonos de verdades
a medias y digamos que difamar o injuriar a un funcionario público no
es delito”. “¿Por qué no se dice que lo que se quiere eliminar
son los delitos contra el honor?”, insistió. El jurista criticó
además que se pretenda trasladar al ámbito civil “la suerte de
impunidad que se consagra en la sede penal”, ya que de esa forma
“ningún ciudadano podrá pedir la reparación del daño sufrido
tras haber sido víctima de un delito a través de un medio de
comunicación porque debe probar que el hecho es falso y que el autor
actuó con dolo o culpa grave. En los hechos, impunidad total”.
abogado penalista Juan Fagúndez, en tanto, se mostró partidario de
encarar el proceso de elaborar una ley nueva conservando los aspectos
positivos de la actual antes que intentar una reforma. No descartó
incluso la conveniencia de derogar simplemente la ley 16.099, tal como
mencionó Presa. Fagúndez explicó que la nueva norma debería decir
apenas que sólo podrá juzgarse a aquel periodista que difunde
informaciones falsas a sabiendas. “El derecho penal es para los
delincuentes, no para los periodistas, y el periodista que publica una
cosa falsa a sabiendas es un delincuente”, argumentó.
Ultimas Noticias, 04 de mayo
Despenalizar los delitos de comunicación
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) formará una
comisión para analizar la despenalización de los delitos de comunicación.
El tema fue analizado ayer en un coloquio organizado en ocasión del Día
Mundial de la Libertad de Prensa con la participación de autoridades de
gobierno, operadores judiciales y periodistas.
El presidente de APU, Manuel Méndez, señaló que la intención de la
gremial es avanzar en el terreno jurídico para evitar que una serie de
conductas, que hoy aparecen tipificadas en la Ley 16.099, puedan ser
llevadas a la Justicia penal, como sucede con los delitos de difamación
e injurias.
A estos efectos, se conformó una comisión que analizará las
alternativas para adecuar el marco jurídico nacional a los convenios
internacionales suscritos por Uruguay sobre la base de un documento
elaborado por el abogado de APU, Edison Lanza.
El subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, aseguró
durante su participación en el coloquio que la cartera comparte la idea
de reformar la ley de Prensa y avanzar en la despenalización de los
delitos allí previstos.
"Estamos dispuestos a trabajar con todos para la modificación o
perfeccionamiento de estas normas", dijo Michelini.
La iniciativa de APU busca básicamente modificar cuatro artículos de
La Diaria, 04 de mayo
APU presentó propuesta para reformar la Ley de Prensa
Se llevó a cabo en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
un Coloquio sobre Delitos de Prensa y Libertad de Expresión. El gremio
presentó allí un proyecto de reforma de la Ley de Prensa que
despenaliza dos tipos de “delitos de comunicación”
El subsuelo de la flamante sede de APU fue escenario ayer de un debate
sobre Delitos de Prensa y libertad de Expresión en el que se presentó
un documento con una propuesta de reforma de la vigente Ley de Prensa.
Entre los integrantes del panel de apertura estaba Felipe Miche­lini,
subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, quien dijo que es
voluntad del Poder Ejecuti­vo “colaborar con la modificación y
perfeccionamiento de las nor­mas legales”.
Edison Lanza, abogado, perio­dista del semanario Búsqueda y asesor jurídico
de APU, presentó el documento “Una propuesta para despenalizar
figuras relacionadas con la difusión de informaciones y opiniones de
interés público”, en el que se plantea la reforma de la Ley 16.099,
también conocida como la Ley de Prensa, y que fue promulgada en
noviembre de 1989 durante el primer período de gobierno democrático
luego de la dictadura.
La redacción actual estable­ce tres formas de comisión de los delitos
de comunicación, y la reforma deroga dos de esos tipos penales: la
divulgación a sabien­das de noticias falsas y la instiga­ción al
vilipendio de la Nación, el Estado o sus poderes.
lanza señaló la necesidad de que Uruguay ajuste sus leyes a las normas
que establecen pac­tos internacionales a los que el país adhirió
voluntariamente. La protección del honor en el Código Penal uruguayo
es “exacerbada”, dijo Lanza. Las normas que refie­ren a los delitos
de difamación e injurias están basadas en el códi­go del italiano
Giuseppe Zanarde­lli, de fines del siglo XIX. “Nadie puede ser
enjuiciado por expresarse libremente”, dijo Lanza.
A continuación, expuso su punto de vista Dardo Presa, ministro del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Presa discrepó abiertamente
con la reforma planteada por el gremio. “Debemos sincerarnos y decidir
si queremos una Ley de Prensa o si, como dice Danilo Arbilla, la mejor
Ley de Prensa es la que no existe”, dijo Presa.
Juan Fagúndez, abogado espe­cialista en Derecho penal, cerró la ronda
de Comentarios y Propues­tas. “Es necesario no una reforma de la ley
sino una nueva ley -dijo Fagúndez- o ninguna ley”, dijo.
También participaron de esa sección Diana Salvo, fiscal nacio­nal en
lo Penal, Cecilia Salom, pro­fesora de Derecho Penal en la Uni­versidad
de la República y Clau­dio Paolillo, director de Búsqueda e
integrante de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad
En el intercambio final con el público, Lanza subrayó qué la
propuesta es una “invitación a aportar ideas”. “Hace 2o años
hablar de modificar esto era prácticamente imposible”, dijo Lanza.
“Hoy estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar”
El Espectador, 03 de mayo
APU propone despenalizar ciertos delitos de comunicación
En el día de la libertad de expresión y con el objetivo de colocar en
la agenda pública las barreras que pueden significar para la libertad
de expresión y de prensa los llamados delitos de comunicación
establecidos en la Ley de Prensa y el Código Penal, la Asociación de
la Prensa del Uruguay presentó este miércoles algunas propuestas para
despenalizar algunas conductas relacionadas con la transmisión de
información y las opiniones. La prensa uruguaya entiende que no deben sustanciarse en un juicio penal
las diferencias que surjan entre la libertad de expresión y el honor de
ciertas personas que puedan sentirse atacadas (delito previsto en la ley
de prensa y en el código penal). Los periodistas sostienen que debe
limitarse a un juicio civil, donde se establezca claramente si el
periodista difundió información falsa a sabiendas.
Según APU, un periodista no tiene por qué contar con las pruebas que
tiene un juez a lo largo de un proceso para opinar e informar sobre
determinado tema. Se propuso una reforma de la ley de prensa vigente,
por medio de la cual se establezcan ciertas garantías para los
ciudadanos y los periodistas. Entre ellas, el secreto de la fuente y el
Además, algunos juristas presentes en la ocasión, propusieron redactar
una nueva ley de prensa o modificar algunos aspectos del código penal.
Ultimas Noticias, 03 de mayo
Más de 500 periodistas fueron reprimidos en el mundo en 2005
El año pasado, más de 500 periodistas de todo el mundo fueron
arrestados por hacer su trabajo. Éstos se suman a los miles que en los
últimos diez años han sido encarcelados en el transcurso de su
carrera. De estos temas se hablará hoy en el Coloquio sobre Delitos de
Prensa y Libertad de Expresión que se desarrollará en el marco de la
conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El objetivo de este evento, organizado por el Grupo Medios y Sociedad (GMS)
y auspiciado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), es
considerar las barreras que pueden significar para la libertad de
expresión y de prensa los llamados delitos de comunicación
establecidos en la Ley de Prensa y el Código Penal de nuestro país,
tales como los delitos de difamación e injurias y el delito de
desacato. Desde la hora 9 hasta las 12, en la sala de conferencias de
APU, el abogado y periodista Edison Lanza hará un análisis de la
situación y presentará una propuesta concreta para superar estas
El encuentro contará con la participación de representantes del Poder
Judicial, el presidente de APU, autoridades nacionales, legisladores,
académicos, miembros de organizaciones sociales del Foro de Comunicación
y Participación Ciudadana, y periodistas de todo el país.
La República, 02 de mayo
Se conmemora mañana el Día Mundial de la Libertad de Prensa
"El desarrollo de los medios informativos y la erradicación de la
pobreza". Bajo esa consigna se conmemorará mañana el Día Mundial
Prensa y pobreza una ecuación a resolver.
Con motivo de una nueva celebración de este día, el director general
de la Unesco, Koichiro Matsuura, afirmó que "los medios libres e
independientes aportan beneficios que son de gran utilidad en la lucha
por erradicar la pobreza, en particular el reconocimiento y
fortalecimiento de derechos humanos básicos, el refuerzo de la sociedad
civil, las transformaciones institucionales, la transparencia política,
el apoyo a la educación, la sensibilización en cuestiones de salud pública
y el acceso a medios de vida sostenibles". Matsuura dijo que
"hay una estrecha correlación entre la libertad de expresión y un
mayor nivel de renta, una menor mortalidad infantil y un mayor número
de adultos alfabetizados".
La jornada se celebrará con una conferencia internacional que se
realizará entre mañana y pasado mañana, en Colombo, capital del país
asiático Sri Lanka.
Las conferencias principales sobre el nexo entre la libertad de prensa y
la mitigación de la pobreza correrán a cargo del chileno Daniel
Kaufmann, director de Programas Mundiales sobre Gobernabilidad del
Instituto del Banco Mundial, y el indio Narasimhan Ram, jefe de redacción
del diario The Hindu.
Durante el evento se llevará adelante la entrega del Premio Mundial
Unesco-Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2006 a la periodista
libanesa May Chidiac.
Chidiac es una popular presentadora libanesa de informativos televisados
que sobrevivió a una tentativa de asesinato el 25 de setiembre de 2005.
La mujer, que perdió la mano y la pierna izquierda a causa de una
explosión de una bomba colocada bajo su vehículo, se convirtió en un
símbolo de la libertad de expresión en el Líbano. Este atentado fue
similar al que cinco meses antes acabó con la vida de Samir Kassir,
otro periodista libanés que trabajaba para el diario An Nahar, y al
perpetrado en diciembre de 2005 contra Gebran Tueni, redactor jefe de
ese mismo medio de prensa.
El acto solemne de la entrega del galardón tendrá lugar en presencia
de Mahinda Rajapaksa, Presidente de Sri Lanka, Koichiro Masuura, Susil
Premajayantha, ministro de Educación y Presidente de la Comisión
Nacional de Sri Lanka para la Unesco Guillermo Cano de Libertad de
Prensa y Juan Guillermo Cano, representante de la Fundación Guillermo
Cano. La periodista recibirá como premio unos 25 mil dólares, que se
otorga cada año con motivo de la celebración del Día Mundial de la
PIT-CNT apoya aprobación de
Ley de Radiodifusión Comunitaria y solicita canal de TV de alcance
En el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores celebrado ayer
en Montevideo, el dirigente Jorge Bermúdez, leyó una proclama en
nombre del PIT-CNT donde se afirma el compromiso de esta organización
con un proceso de democratización de los medios de comunicación, a la
vez que expresó su apoyo a la aprobación de un proyecto de Ley de
Radiodifusión Comunitaria que comenzará a ser tratado este mes de mayo
El movimiento sindical se suma así a una amplia lista de organizaciones
sociales uruguayas que impulsan el reconocimiento de "una
tercera forma de radiodifusión, comunitaria, con fines sociales y sin
fines de lucro; distinta a la privada comercial y a la pública
estatal". "Nuestro apoyo está definido para trabajar
para su aprobación", aseguró el PIT-CNT.
En ese marco, solicitaron públicamente al Poder Ejecutivo "la
concesión de una onda para montar un canal de televisión abierta y de
alcance nacional" para ayudar y desarrollar con este medio la
capacidad de la sociedad civil organizada a ejercer plenamente sus
derechos. Según expresa la proclama, el denominado Canal Comunitario
será "un proyecto amplio, abarcativo, con los trabajadores,
los cooperativistas, los estudiantes, los jubilados y con un fuerte
compromiso de nuestra Universidad de la República". "Un
canal comunitario desde la visión y valores de los trabajadores, que
produzca una televisión para construir una sociedad más
incluyente, solidaria y colectiva", afirma.
La proclama incluyó también la ratificación del planteo que el propio
PIT-CNT junto a APU y otras organizaciones sociales realizaran al Poder
Ejecutivo y la URSEC para que se "revoquen los permisos
administrados por la familia Rupenián y sociedades comerciales conexas
que formen un grupo económico ligado a éstos", señalando
que sería "el comienzo del fin de la impunidad que reinó en
este país en el uso y abuso del espectro radioeléctrico".
Para la central sindical "el reciente procesamiento por parte
de la justicia penal de los hermanos Rupenián por defraudación
tributaria por 12 millones de dólares, indica que existen semiplena
prueba de que ambos incurrieron en esa figura, a través de varias
frecuencias de radios AM y FM, otorgadas por el Estado para su correcta
El PIT-CNT también hizo suyos otros planteos de una de sus gremiales,
la APU (Asociación de la Prensa Uruguay), como ser el fortalecimiento
de los medios estatales, el impulso de una "nueva Ley de
Radiodifusión y normas claras para la entrega de frecuencias",
así como la "eliminación de los delitos de comunicación
(difamación e injurias, desacato, entre otros) y el libre acceso
a los documentos públicos y archivo nacional".

References: resolución 
 resolución 
in fine
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in fine
in fine
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 Resolución 
in fine
 Resolución

 artículo 45
 artículo 35
 artículo 336