Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Selsalvador37-00.html
Timestamp: 2015-11-28 14:53:26+00:00

Document:
Oscar Arnulfo Romero and Galdamez v. El Salvador,
Caso 11.481, Informe N° 37/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 671 (1999). I. RESUMEN
1. El 23 de septiembre de 1993, la Directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández y Tiberio
Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de la víctima (en adelante "los peticionarios"), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o la "CIDH") que el 24 de marzo de 1980, agentes de la República de El Salvador (en adelante "el Estado salvadoreño", "el Estado" o "El Salvador") que integraban escuadrones de la muerte, ejecutaron extrajudicialmente a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, Arzobispo Metropolitano de San Salvador (en adelante "Monseñor Romero" o "el Arzobispo de San Salvador").
2. Los peticionarios alegan que el Estado violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la víctima,
así como el deber de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") 3. El Estado no cuestiona la admisibilidad de la petición ni controvierte los hechos. Se limita a justificar la liberación de los implicados
en la ejecución extrajudicial por aplicación de la Ley de Amnistía General
la Consolidación de la Paz (en adelante "la Ley de Amnistía General") como una "medida encaminada a asegurar la existencia de un nuevo Estado democrático y en paz como única forma de preservar los derechos humanos".
4. Tras analizar la petición, la Comisión concluye en este informe que el Estado es responsable por la violación de los siguientes derechos
consagrados en la Convención Americana: derecho a la vida (artículo 4); a
garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva (artículos 8(1) y 25);
y a conocer la verdad de lo sucedido. Asimismo, la CIDH concluye que Estado
no cumplió con su obligación de respetar los derechos reconocidos en la Convención
Americana y garantizar su libre y pleno ejercicio, conforme al artículo 1(1)
de dicho instrumento internacional, así como su obligación de abstenerse
adoptar disposiciones de derecho interno que afecten el goce de los derechos
allí consagrados, conforme a su artículo 2. En consecuencia, la Comisión
al Estado que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva,
de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los
materiales e intelectuales, de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada; que repare todas las consecuencias de las violaciones
enunciadas, incluyendo el pago de una justa indemnización; y que adecue su
interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía
General aprobada por Decreto Nº 486 de 1993.
7. El 11 de febrero de 1998 el Estado presentó sus observaciones a la petición inicial, sin referirse a la propuesta de solución amistosa, y
solicitó a la Comisión que archivara el caso. El 6 de octubre de 1998 los
solicitaron que se incluyera como copeticionarios al Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL, en adelante incluido con "los peticionarios"). El 14 de diciembre de 1998 la Comisión transmitió la contestación del Estado
El asesinato de Monseñor Romero es un hecho que conmovió al mundo entero, por el papel tan fundamental que, como Pastor de la Iglesia
Católica, estaba jugando en la búsqueda de una solución a los graves
que El Salvador estaba sufriendo al momento de su asesinato y, además, "por ser el más importante defensor de los derechos humanos que El Salvador ha tenido a lo largo de toda su historia". Monseñor Romero se había destacado durante sus años como Arzobispo de San Salvador, como el principal elemento
de denuncia pública y contención a la represión que azotaba al país durante
esa época, represión que era ejecutada por los escuadrones de la muerte
en coordinación con agentes del Estado, miembros del ejército, etc. Siendo
precisamente ese papel jugado por Monseñor Romero lo que le originó una
grave persecución por las fuerzas militares y por los detentadores del
público, persecución que también se tradujo en atentados en contra de su
vida de parte de agentes del Estado en coordinación con escuadrones de
muerte, los cuales operaban a vista y paciencia y con la complicidad y
colaboración del Estado en aquella época.
3. La necropsia confirma que el proyectil que ocasionó la muerte era calibre 22, sin llegar a conclusiones más precisas. Sin embargo, esta determinación nunca fue agregada al expediente. Tampoco se agregaron al expediente las placas radiográficas del tórax. Finalmente, el Director General de la Policía Nacional afirmó que era imposible la determinación del calibre. 13. Alegan también que el 7 de mayo de 1980, menos de dos meses después del asesinato, se efectuó un allanamiento en una finca en la que se
detuvo a doce militares y doce civiles, quienes fueron acusados de conspiración
para derrocar al gobierno por medio de un golpe de Estado. Entre los detenidos
se encontraba el Mayor Roberto D'Aubuisson. En dicho allanamiento se secuestró
documentación aparentemente relacionada con la ejecución de Monseñor Romero
que, sin embargo, no fue remitida al Juez a cargo de la investigación. Sostienen
que el Mayor DAubuisson, apoyado por la Fuerza Armada, condujo una campaña ante la opinión pública para acusar a la guerrilla del homicidio para desviar
sus responsabilidades. 14. Los peticionarios señalan que, transcurridos varios años sin que se produjeran adelantos en la investigación, se procedió a archivar
el expediente judicial el 12 de diciembre de 1984; la causa se reactivó el
siguiente. En enero de 1986, casi seis años después de la ejecución, el Presidente
José Napoleón Duarte nombró una Comisión para la Investigación de Hechos
(en adelante "la Comisión de Investigación") con el fin de impulsar la indagación. En esta etapa se incorporaron elementos importantes al proceso: la llamada "Agenda Saravia", que fue secuestrada durante el allanamiento de la finca "San Luis" en 1980 y que prueba el funcionamiento de los escuadrones de la muerte; y el testimonio del señor Amado Antonio Garay Reyes,
quien se desempeñaba como chofer del Capitán Alvaro Saravia al momento de la
ejecución extrajudicial. En una declaración rendida el 10 de noviembre de 1987,
Garay señaló que había transportado al autor material del asesinato del Arzobispo
de San Salvador y reveló los detalles de su ejecución. Asimismo, habría identificado
como autores intelectuales al Capitán Alvaro Saravia y al Mayor Roberto D'Aubuisson.
También identificó como autor material a Héctor Antonio Regalado.
16. En el contexto de la firma de los Acuerdos de Paz, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante "la ONU") nombró una Comisión de la Verdad para El Salvador (en adelante "la Comisión de la Verdad") que investigó varias violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato
de Monseñor Romero. En su Informe Final, presentado el 15 de marzo de 1993
Secretario General de la ONU y al público, la Comisión de la Verdad identificó
a los autores intelectuales y cómplices de la ejecución del Arzobispo de San
Salvador.2
El Informe de la Comisión de la Verdad, representó un paso muy importante como necesario en el proceso de paz salvadoreño. En ese
sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución
por los Acuerdos de Paz, en un mensaje público el 27 de marzo de 1993,
finalizaba con "llamado al gobierno de la República, a los diferentes sectores políticos, a la Fuerza Armada y a las instituciones de la República para que las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad se procesen con perspectiva ética e histórica, como una opción necesaria para afirmar la paz, como un paso indispensable para la efectiva reconciliación y como un punto de búsqueda común de una sociedad democrática" añadiendo que "las medidas que se adopten en relación a sus disposiciones deben preservar uno de los más importantes logros del proceso de paz: la vocación y el compromiso por la conciliación, por el consenso nacional y la concertación de todas las fuerzas políticas y sociales".
En El Salvador se conoció la verdad y no se la cubrió, y las medidas que se tomaron posteriormente estuvieron encaminadas a asegurar
la existencia de un Estado democrático y en paz como única forma para
los derechos humanos. La "Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz" perseguía esos fines.
La prueba del éxito del esfuerzo logrado en El Salvador a favor de la reconciliación nacional está a la vista. IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
A. Competencia 21. La CIDH es competente para examinar la petición presentada por los peticionarios, quienes se encuentran legitimados para comparecer conforme al artículo 44 de la Convención Americana, en su condición de personas naturales y organizaciones no gubernamentales. Los hechos alegados tuvieron lugar bajo la jurisdicción de El Salvador cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para dicho Estado.3 La Comisión determinará a continuación si el presente caso es admisible a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
22. La CIDH nota que el 31 de marzo de 1993 el Juez Luis Antonio Villeda Figueroa aplicó la Ley de Amnistía General con el fin de sobreseer
definitivamente al Capitán Alvaro Saravia, el único de los imputados contra
el que se había
dictado orden de detención provisional. Dicha decisión judicial fue elevada
en consulta a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro;
en virtud de su sentencia del 13 de mayo de 1993, este tribunal confirmó
sentencia consultada "por estar proveída conforme a derecho". La misma Cámara declaró ejecutoriada su sentencia por haber transcurrido el término
legal sin que el Ministerio Público hubiera interpuesto recurso alguno.4 Por otra parte, el 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad mediante el cual se impugnó la Ley de Amnistía General.5
La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de
verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente
en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo).6
24. Los principios de derecho internacional generalmente reconocidos requieren tanto que los recursos internos existan formalmente, como que sean adecuados para proteger la situación jurídica infringida y eficaces para producir el resultado para el que fueron concebidos7. La protección internacional de los derechos humanos, a la que hace referencia
el artículo 46(1) de la Convención Americana, se fundamenta "en la necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público."8 Por lo tanto, el requisito de agotamiento de la vía judicial interna no puede reducirse a efectuar mecánicamente trámites legales formales, lo cual implica que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio buscado.9
La violencia fue una llamarada que avanzó por los campos de El Salvador, invadió las aldeas; copó los caminos, destruyó carreteras y puentes, llegó a las ciudades, penetró en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos, golpeó a la justicia y a la administración pública, la llenó de víctimas, señaló como enemigos a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. La violencia todo lo convertía en destrucción y muerte, porque tales son los despropósitos de aquella ruptura de la plenitud tranquila que acompaña al imperio de la ley. Las víctimas eran salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias --ya que la violencia iguala en el desamparo ciego de su crueldad--. La instauración de la violencia de manera sistemática, el terror y la desconfianza en la población son los rasgos esenciales de este período. El 3 de enero de 1980, renuncian los tres miembros civiles de la Junta y 10 de los 11 ministros del gabinete. La Junta entra nuevamente
en crisisEl proceso de polarización política acarrea un incremento, sin precedentes, de acciones de los escuadrones de la muerte.
El 24 de marzo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero es asesinado por un franco tirador mientras oficiaba misa en la capilla del hospital
la Divina Providencia () Este crimen polarizó aún más a la sociedad salvadoreña y se convirtió en hito que simboliza el mayor irrespeto por
los derechos humanos y preludio de la guerra abierta entre gobierno y
Durante los funerales, estalla una bomba frente a la Catedral de San Salvador,
la multitud estimada en 50.000 personas, presa del pánico es ametrallada.
Como resultado se calcula un saldo de 17 a 40 muertos y más de 200 heridos.
33. Monseñor Romero, de nacionalidad salvadoreña, fue nombrado Arzobispo Metropolitano de San Salvador el 3 de febrero de 1977. En las homilías
pronunciadas en la época inmediatamente anterior a su ejecución extrajudicial,
el Arzobispo de San Salvador se hacía eco de los hechos de violencia y las
a los derechos humanos revelados por el trabajo de la Oficina del Socorro Jurídico
del Arzobispado. Como consecuencia, se erigió en un reconocido crítico de
violencia y la injusticia y era percibido como un enemigo peligroso en ciertos
círculos civiles y militares. Los personeros del Gobierno y la Fuerza Armada
consideraban su actuación como favorable a la subversión. Los medios de prensa
se referían a su persona en términos inequívocamente hostiles, tales como "... un Arzobispo demagogo y violento...(que) estimuló desde la Catedral la adopción
del terrorismo..."17 y aconsejaban "será conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles."18 34. En su homilía del 17 de febrero de 1980, Monseñor Romero objetó la ayuda militar de los Estados Unidos a El Salvador en estos términos:
35. El asesinato del Arzobispo de San Salvador causó un grave impacto moral, espiritual y psicológico sobre la sociedad salvadoreña, y fue el preludio de un conflicto armado interno que sumergió al país en doce años de violencia que causaron miles de muertes.20 El 23 de marzo de 1980, en la que sería su última homilía dominical, Monseñor Romero expresó literalmente: "En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el Cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno,
que cese la represión."
36. Las negociaciones de paz bajo los auspicios de la ONU culminaron el 16 de enero de 1992, con la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno
y el grupo armado disidente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(en adelante "el FMLN"), en Chapultepec, México.21 Durante el curso de las negociaciones, que se extendieron por tres años, se acordó
crear una Comisión de la Verdad para El Salvador, cuyo mandato consistió
los "graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad".22
37. El acuerdo de creación, firmado el 27 de abril de 1991, establecía que la Comisión de la Verdad estaría constituida por "tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las partes".23 El Secretario General de la ONU designó a Belisario Betancur (ex Presidente de Colombia), Reinaldo Figueredo Planchart (ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela) y Thomas Buergenthal (ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). La Comisión de la Verdad fue creada con el mandato de presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones, el cual debía remitirse a las partes y al Secretario General de la ONU.24 38. El Informe de la Comisión de la Verdad, publicado el 15 de marzo de 1993, fue descrito en los siguientes términos por el ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Pedro Nikken:
Es un Informe escalofriante que, más allá de los casos individualmente esclarecidos, revela cómo se ejerció despiadadamente la
violencia y el terrorismo de Estado sobre la sociedad civil. A veces
manera directa, con actos imputables a militares en actividad, a veces
a través de los siniestros escuadrones de la muerte, organizados por
bajo la protección del ejército y responsables de miles de desapariciones
y asesinatosEl Informe esclarece hechos que ya habían sido denunciados y nunca seriamente investigados. Entre ellos hay dos que conmovieron al
mundo. El asesinato del Arzobispo Romero, cometido por un escuadrón de
muerte al mando del fundador del partido ARENA y el asesinato de los padres
jesuitas y sus empleadas, ordenado por la mayor parte de la cúpula militar. 25
40. Con el fin de garantizar la confiabilidad de la evidencia recolectada, la Comisión de la Verdad insistió en la verificación, comprobación
y reexamen de todas las afirmaciones sobre hechos, que fueron cotejadas con
un gran número de fuentes cuya veracidad ya había quedado establecida. Dicha
Comisión determinó que ninguna fuente, ni testigo, por sí solo, sería considerado
lo suficientemente confiable como para establecer la verdad sobre cualquier
cuestión de hecho considerada para arribar a una conclusión. Decidió igualmente
que las fuentes secundarias --por ejemplo, los informes de entidades nacionales
o internacionales, sean gubernamentales o privadas, y las aseveraciones por
parte de personas que carecen de conocimiento de primera mano sobre los hechos
relatados por ellos-- por sí solas no constituían base suficiente para llegar
a conclusiones. No obstante, estas fuentes secundarias fueron utilizadas
la Comisión de la Verdad, junto con pruebas circunstanciales, para verificar conclusiones que surgieron de fuentes primarias.27
48. La "Agenda Saravia" aporta varios datos relevantes respecto al asesinato del Arzobispo de San Salvador. La misma contiene referencias
a compras y entregas de numerosas armas y municiones; conforme al peritaje
ordenado por el Juez Ramírez Amaya, varias de ellas correspondían al tipo utilizado
en el asesinato.40 Ciertos nombres de personas contra las cuales existían indicios de haber participado en la planificación, comisión o encubrimiento del asesinato aparecían en forma reiterada.41 También aparecen referencias a Amado Garay, el conductor que transportó al asesino, así como los recibos por gasolina para el vehículo rojo, a disposición del Capitán Saravia, desde el cual se perpetró el asesinato.
49. A pesar de contar con estos elementos, ninguno de los documentos incautados en la finca "San Luis" fue puesto a disposición del Juzgado Cuarto de lo Penal. Años más tarde se tuvo acceso a una copia de la agenda,
pero resultaron infructuosas las gestiones judiciales emprendidas para ubicar
50. Hubo varios intentos de encubrir la responsabilidad por el asesinato. En marzo de 1984 Roberto D'Aubuisson participó en una transmisión
televisiva durante la campaña para las elecciones presidenciales, en la que
presentó una confesión grabada por un supuesto comandante del FMLN. En la
el supuesto comandante llamado, "Pedro Lobo", confesaba haber sido cómplice en el asesinato de Monseñor Romero. Casi inmediatamente, "Pedro Lobo" fue identificado como un preso común que estuvo recluido entre 1979 y 1981,42 quien confesó que le habían ofrecido U.S. $50.000 para responsabilizarse públicamente del asesinato.43 Aun después de este incidente, D'Aubuisson continuó insistiendo en que la guerrilla había asesinado al Arzobispo de San Salvador.44 En octubre de 1992 la Fuerza Armada denunció al FMLN por el asesinato del Arzobispo ante la Comisión de la Verdad, sin aportar prueba alguna.
52. La Fiscalía presentó a Garay como testigo ante el Juez Ricardo Alberto Zamora Pérez el 20 de noviembre de 1987. Con base en el retrato hablado del tirador proporcionado por Garay48 y en las diligencias de reconocimiento de lugares mencionados por el testigo,49 el Juez dispuso la detención del Capitán Saravia el 24 de noviembre de 1987.50 También ofició al Consejo Central de Elecciones para que expidieran certificación de la condición de Diputado de D'Aubuisson, primer paso para solicitar que se levantara su inmunidad parlamentaria para que pudiese declarar ante el Juzgado.51 El Capitán Saravia interpuso un recurso de habeas corpus. En diciembre de 1988, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sostuvo que "la referida prueba testimonial [de Garay] no merece entera fe [...] el testigo rindió su declaración siete años, siete meses, veinticuatro días después de haber ocurrido el hecho sobre el cual depone [lo cual] le resta completa credibilidad a su testimonio". También consideró que el Fiscal General carecía de facultades para solicitar la extradición del Capitán Saravia a los Estados Unidos de Norteamérica,
donde se hallaba dicha persona.52
El ex-Mayor D'Aubuisson ordenó la entrega de 1.000 colones a Walter Antonio "Musa" Alvarez quien, junto con el asesino de barba, recibió el pago correspondiente. Alvarez fue secuestrado en el mes
de septiembre de 1981 y se le encontró muerto poco tiempo después.54
(a) El ex-Mayor Roberto D'Aubuisson dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros
de su entorno de seguridad, actuando como "escuadrón de la muerte" de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.
55. El 20 de marzo de 1993, cinco días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la Ley de Amnistía General mediante el Decreto N° 486.56 La Corte Suprema de Justicia de El Salvador se declaró incompetente para revisar su
constitucionalidad por considerar que la amnistía constituía un acto "eminentemente político."57
56. El artículo 4(1) de la Convención Americana establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida...nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". El artículo 27(2) de la Convención Americana consagra este derecho como uno de los que no pueden ser suspendidos
en caso de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad
de los Estados partes en dicho instrumento internacional.
57. Según se ha establecido supra, el Arzobispo de San Salvador fue asesinado con la participación intelectual y material del Mayor
Roberto DAubuisson y los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Avila. También participaron los civiles Fernando Sagrera, Mario Molina y un "asesino profesional" de identidad desconocida. DAubuisson es la persona responsable de la orden de asesinar a Monseñor Romero, y de impartir instrucciones precisas a miembros
de su entorno de seguridad, quienes actuaron como integrantes de un escuadrón
de la muerte en operativo de la ejecución extrajudicial.58
Los escuadrones de la muerte se encontraban ligados a estructuras estatales por participación activa o por tolerancia y alcanzaron un control de tal naturaleza que sobrepasó los niveles de fenómeno aislado o marginal para convertirse en instrumento de terror y de práctica sistemática de eliminación física de opositores políticos. Muchas de las autoridades civiles y militares que actuaron durante los años ochenta, participaron, promovieron y toleraron la actuación de estos grupos.61 59. En particular, varios informes acerca de los hechos ocurridos en la misma época indican que altos oficiales de las fuerzas de seguridad de
El Salvador dirigían los asesinatos que cometían los escuadrones de la muerte.
Según uno de esos informes, "los nombres y detalles personales y, en algunos casos, incluso la fotografía de salvadoreños seleccionados para ser secuestrados y asesinados, se entregaban a suboficiales y clases del Ejército, quienes formaban cuadros tipo escuadrones de la muerte con miembros activos y en reserva de las fuerzas de seguridad y del Ejército".62 60. Por su parte, la CIDH se pronunció acerca de numerosas violaciones del derecho a la vida cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares que actuaban en algunos casos bajo las órdenes de tales fuerzas y, en otros, amparados en la tolerancia que éstas les brindaban.63 La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se manifestó en el mismo sentido al
deplorar las violaciones del derecho a la vida cometidas por "organizaciones paramilitares gubernamentales".64
61. A fin de ubicar el fenómeno de los escuadrones de la muerte en el debido contexto, debe recordarse el golpe de Estado perpetrado en 1979,
que alteró profundamente el escenario político de El Salvador. En esa oportunidad
fueron pasados a retiro aproximadamente ochenta oficiales de la Fuerza Armada
y cuerpos de seguridad, entre ellos el Mayor Roberto DAubuisson. Dicho militar retirado se transformó en el líder de una corriente que pretendía cerrar el paso a los grupos armados disidentes, y que se oponía a todo tipo de apertura política o negociación con éstos. Ciertos sectores percibían al grupo liderado por DAubuisson como la única corriente nacional capaz "de impedir el proceso izquierdista para tomar el poder"65.
62. Roberto DAubuisson obtuvo el apoyo de sectores financieros poderosos de la sociedad civil que temían que sus intereses resultaran afectados
por las reformas anunciadas por la Junta de Gobierno y por una posible insurrección
marxista.66 A este respecto, la Comisión de la Verdad recibió muchos testimonios de que ricos terratenientes y empresarios proporcionaron sus fincas,
casas, vehículos y guardaespaldas para apoyar la acción de los escuadrones
la muerte, especialmente los dirigidos por DAubuisson.67 Éste también contó con el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, a través de los cuales
logró el acceso a informes de inteligencia que utilizó para sus fines. La filtración
de información contó con el conocimiento o la tolerancia del Estado Mayor de
la Fuerza Armada, a través de cuya actuación "inclusive se dirigió calculadamente el acceso a los datos". 68
Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación al derecho interno. ()
Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial.70 66. La CIDH debe señalar también que el asesinato de Monseñor Romero constituye una grave transgresión de principios básicos del derecho internacional humanitario, toda vez que se trató de un ataque dirigido a un miembro de la población civil, que de ningún modo podía considerarse como blanco legítimo en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
68. Se ha establecido supra que, durante la fase del conflicto armado salvadoreño, agentes del Estado e individuos que actuaban
con el beneplácito o aquiescencia del Estado salvadoreño identificaban al
de San Salvador con grupos armados disidentes por el hecho de que sus homilías
exponían graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas
de seguridad de dicho Estado. También se ha visto que la prensa oficial lo
calificado como "un arzobispo demagogo [..] que estimuló desde la Catedral la adopción del terrorismo"73.
70. En su "Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador",75 publicado en 1978, la CIDH dejó constancia de que tanto el Gobierno como ciertas organizaciones que gozaban
del favor oficial hostigaban sistemática y gravemente a monjas, sacerdotes
seglares que participaban en actividades que formaban parte de la acción social
de la Iglesia. Las autoridades de la Iglesia informaron que los obispos eran
atacados públicamente por supuestos vínculos con el terrorismo y la subversión.
En este contexto, la Comisión recomendó al Estado salvadoreño que adoptara "las medidas necesarias para prevenir que continúe la persecución de los miembros de la Iglesia Católica que actúan en ejercicio legítimo de su misión pastoral".76
73. El artículo 25(1) de la Convención Americana establece: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
El deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.84 78. La Corte ha señalado también que:
82. Como lo ha señalado la CIDH en otros casos, los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de la ONU por Resolución 1989/65, explican lo requerido para la investigación
de una muerte sospechosa, de acuerdo con el estándar de la debida diligencia.89
84. Los órganos de la ONU han complementado dichos principios con el "Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias",90 según el cual el objeto principal de una investigación es "descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima". El Manual establece que quienes realizan la indagación deben adoptar, como mínimo, medidas que
85. A fin de garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, el Manual indica que "[u]no de los aspectos más importantes es la reunión y el análisis de las pruebas". Por lo tanto, "[l]as personas a cargo de la investigación de una presunta ejecución extrajudicial deben tener acceso al lugar en que se ha descubierto el cadáver, así como al lugar en que pueda haber ocurrido la muerte". Según los estándares previstos en el Manual, el procedimiento de recolección de la
prueba debe ajustarse a ciertos criterios, algunos de los cuales se señalan
La Sección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional interviene en todos los casos de muerte violenta, aún en los casos obvios de suicidio. Ellos siempre llegan antes que las autoridades judiciales. Sin embargo, en el asesinato de Monseñor Romero llegaron casi cuatro días después de ocurrido el evento y no proporcionaron al tribunal ningún dato ni prueba de una investigación del crimen. El 28 hice notar esta falla en la realización de las obligaciones criminológicas; dirigí estas
observaciones a los expertos de la policía que llegaron cerca del mediodía,
casi cuatro días después del asesinato, a preguntar si "ellos podían ayudar en algo". Lo mismo ocurrió con la oficina de la Fiscalía General de la República; el Fiscal especial llegó el 28, también con instrucciones
de presentarse a las diligencias. Por esas omisiones premeditadas de parte
de los servidores de la justicia, es indudable que estuvieran involucrados
en algún tipo de conspiración para encubrir el asesinato desde el principio.
iii. No se investigó seriamente a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Monseñor Romero 92. De acuerdo con la doctrina de la CIDH y lo dispuesto en el Manual de la ONU arriba citado, los investigadores deben identificar y aprehender a la persona o personas que hubieran participado en la ejecución y someterlos a un tribunal competente establecido por la ley. La CIDH estableció que la
decisión de ejecutar al Arzobispo de San Salvador fue tomada por el Mayor Roberto
DAubuisson; que los Capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Avila y los civiles Eduardo Sagrera y Mario Molina tuvieron una participación activa en la planificación de la ejecución; y que Walter Antonio "Musa" Alvarez, junto con el Capitán Saravia, estuvo implicado en el pago efectuado al autor material del asesinato.
Que el dicente estacionó el vehículo por el parqueo y el Capitán Saravia salió del vehículo y entró a la referida residencia, habiéndose
quedado el declarante fuera de esa casa, momentos después fue llamado por una empleada de la mencionada residenciapara ofrecerle un refresco y un pedazo de pan.que cuando se tomaba el refresco frente a la puerta donde entra la servidumbre, fue llamado por el Capitán Alvaro Saravia, que había salido ya del interior de la casa y le dijo: "maneja ese carro" señalándole un vehículo color rojo de cuatro puertas, marca Volkswagen, diciéndole además: "seguí ese carro que está adelante" no recordando la marca, color ni el número de personas que se conducían en este vehículo, pero si pudo apreciar que eran más de dos personas; luego se subió al vehículo color rojo y al estar en su interior se dio cuenta que en el asiento
trasero del mismo, al lado derecho se encontraba un hombre barbado, como
de unos veinticinco años de edad, en ese tiempo, bien parecido, alto, delgado,
pelo liso con entradas en la frente, a quien no conocía, pero lo puede
al serle presentado en cualquier oportunidad; que obedeciendo la orden
dada por el Capitán Saravia, siguió el vehículo que iba adelanteal llegar a un portón negro, el individuo barbado que iba en el asiento trasero le dijo que cruzara a la izquierda y entrara a dicho portón, que ya no siguiera el vehículo que iba adelante, lo que así hizo, dándose cuenta que del referido portón había una calle adoquinada que conducía a una iglesiaque entró al portón con dirección a la iglesia antes mencionada, pasando frente a
la misma y el individuo de barba le dijo que diera vuelta al carro, lo
hizo el declarante en un parqueo que había en ese lugar, habiendo detenido el vehículo como a unos tres o cuatro metros antes de llegar frente
a la Iglesia; que cuando detuvo el vehículo en ese lugar el individuo de
barba que lo acompañaba le dijo: "No, párese frente a la Iglesia"; que cuando se paró frente a la Iglesia vio un sacerdote celebrando una
misa en el altar, no conociendo quién era y había gente escuchando la misma;
que después el sujeto barbado le dijo que hiciera como que estuviera arreglando
algo del carro, sin decirle porqué, por lo que simuló como si estaba arreglando
Que cuando estaba aparentando arreglar la palanca de velocidades y agachado sobre la misma, escuchó una detonación fuerte producida con
arma de fuego, detrás del declarante, por lo que se levantó inmediatamente
volviendo a ver para atrás, viendo que el sujeto barbado que estaba en
el asiento de atrás sostenía un fusil con ambas manos con dirección al
derecho de la ventana trasera derecha del vehículoviendo y escuchando que en el interior de la iglesia gritaban, sin poder determinar el dicente qué es lo que había sucedido en ese instante; que el individuo de barba le dijo inmediatamente con voz calmada: "camine despacio, tranquilo", por lo que puso en marcha el vehículo que manejaba,
Que cuando se tranquilizó un poco pudo ubicarse en el lugar donde estaba, pudiendo así llegar al mismo sitio de donde salió con el
vehículo color rojo de cuatro puertas, donde le abrieron el portón entrando
residencia, habiéndose estacionado en el parqueo de la misma; que el declarante
y el sujeto barbado se bajaron del vehículo rojo, quedando este carro
en el parqueo interno de dicha casa, bajándose primero el individuo de
barba, observando el dicente que fuera de esa casa estaba el Capitán
Saravia, esperándolos
y el sujeto barbado le hizo una venia con la mano derecha y le dijo: "Misión Cumplida".
Que tres días después de la muerte de Monseñor Romero, como a las tres de la tarde aproximadamente, llevó al Capitán Saravia a
una casa que tenía parecido a un castillo que está situada frente al
Dos de Televisión de esta ciudad; que para entrar a dicha residencia se
entra por un portón de donde parte una calle interna que conduce a esa
como a una distancia de cincuenta metros entre el portón y la residencia;
que al entrar a esta casa vio que el Mayor Roberto DAubuisson, estaba esperando en la puerta principal de la misma, al Capitán Alvaro Saravia, quien se bajó del carro que conducía el dicente y dirigiéndose al Mayor DAubuisson, le dijo: "ya hicimos lo que habían planeado de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero".
Que de este hecho no informó a las autoridades por considerar que a estas personas no les pasaría nada, debido al poder que tenían y
a partir de entonces el dicente comenzó a temer por su vida, debido a
sabía, pero continuó trabajando por un período de aproximadamente dos meses,
siempre para el Capitán Alvaro Saravia, buscando la oportunidad para
del trabajo y salir del país, porque si se quedaba en el país peligraba
su vida; que en los últimos días del mes de mayo de mil novecientos ochenta,
logró abandonar el país, estando fuera fue informado por su esposa que
era amenazada por sujetos armados, presionándola para que les dijera dónde
se encontraba él97
El nombre de Garay aparecía en reiteradas ocasiones en una fotocopia de la Agenda del Capitán Alvaro Rafael Saravia Marino que
estaba en poder de la CIHD y que fue así como se detectó que fue motorista
del mencionado capitán y que también había sido capturado en la Finca
Luis, jurisdicción de Santa Tecla, el día 7 de mayo de 1980, juntamente
con el Mayor DAubuisson y el Capitán Alvaro Saravia y otros civiles y militares; que posteriormente fue localizado en Costa Rica con la colaboración
del Organo de Investigación Judicial de Costa Rica y cuerpos de seguridad
de dicho país, habiéndose establecido que dicha persona se encontraba
calidad de refugiado; que cuando ya estaba localizada la residencia de
Garay miembros de la Unidad de Investigaciones fueron enviados a Costa
hablar con él, para que les dijera que sabía del caso de la muerte de Monseñor
Romero, negando al principio saber de ese hecho, pero al final redactó
participación que tuvo en el hecho investigado, lo cual relató en este
juzgado. Que para declarar en este juzgado el Gobierno de Costa Rica
le extendió
una autorización para salir del país garantizándole su ingreso a Costa
Rica después de rendir su declaración a este tribunal98Que se le hizo la prueba poligráfica o sea el detector de mentiras, habiendo salido
satisfactoria.99
96. El 24 de noviembre de 1987, con base en el testimonio de Amado Garay Reyes, se ordenó la detención provisional de Alvaro Saravia, cuando éste ya había abandonado el país y se encontraba residiendo en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó sin efecto esta orden, por considerar que el testimonio de Garay Reyes no merecía entera fe, dado el tiempo transcurrido desde el asesinato. La Corte Suprema resolvió, además, que el Fiscal General no estaba facultado para solicitar la extradición del Capitán Saravia. La CIDH considera que este acto constituyó un obstáculo fundamental para la investigación. 97. Es evidente la falta de diligencia y de voluntad oficial de impulsar la investigación, pues las autoridades disponían de elementos suficientes
para llamar a Garay Reyes a testificar con relación al crimen desde el momento
en que lo arrestaron e incautaron elementos probatorios en la Finca "San Luis". A pesar de ello, el testimonio de Garay se ordenó sólo siete años después, lo cual resultó en que la Corte Suprema de Justicia alegara el tiempo
transcurrido para restarle fe a su declaración, y precluyera así la aprehensión
y sanción de los responsables.
98. Según señaló la Comisión de la Verdad, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador "asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del Capitán Saravia. Con ello se signaba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato". La impunidad se consolidó el 31 de marzo de 1993, cuando el magistrado a cargo del Juzgado Cuarto de
lo Penal aplicó la Ley de Amnistía General y sobreseyó definitivamente al Capitán
Alvaro Saravia por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Monseñor
Romero.100
99. Como se ha expresado supra, el Mayor Roberto DAubuisson reconoció en círculos reservados su autoría intelectual en el asesinato del
Arzobispo de San Salvador101 y fue individualizado por el testigo Amado Antonio Garay como autor intelectual de dicha ejecución extrajudicial. Incriminaban
además a DAubuisson la "Agenda Saravia" y otros documentos encontrados y decomisados el 7 de mayo de 1980. 102 Sin embargo, dicho militar retirado no fue debidamente investigado ni llevado ante los órganos jurisdiccionales de El Salvador.
100. Ello fue confirmado por el Juez Cuarto de lo Penal trece años después de la ejecución de Monseñor Romero, al resolver lo relacionado
con la aplicación de la Ley de Amnistía a Roberto DAubuisson y su posible sobreseimiento. El Juez consideró que no correspondía su sobreseimiento por
viii. No se investigaron debidamente las amenazas recibidas por el Arzobispo de San Salvador ni el anterior atentado contra su vida 107. Monseñor Romero fue objeto de una insidiosa campaña de prensa en la cual se lo acusaba de terrorista y subversivo.108 En las semanas anteriores a su muerte, esta campaña se incrementó, junto con amenazas contra su vida.109 El 9 de marzo de 1980, quince días antes de su ejecución extrajudicial, se encontró una bomba en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús110 evidentemente destinada a ocasionar su muerte. El aparato explosivo, fabricado con 72 candelas de dinamita comercial camufladas dentro de un maletín color negro, fue encontrado detrás del púlpito, entre dos pilares del Altar Mayor,111 donde el Arzobispo de San Salvador había oficiado misa el día anterior en memoria del abogado Mario Zamora Rivas, asesinado por los escuadrones de la muerte.
108. La Unidad de Explosivos y Demoliciones de la Policía Nacional de El Salvador informó que el explosivo fue preparado indudablemente por expertos
que utilizaron equipos y materiales altamente sofisticados "nunca antes usados por subversivos".112 En opinión del referido cuerpo de seguridad, era el primer caso de este tipo que se veía en El Salvador. A pesar de ello, el grave hecho tampoco se investigó debidamente.
110. Esto significa que seis años después de la ejecución extrajudicial, dada la negligencia y el encubrimiento estatal, todavía no se había investigado
este atentado dinamitero en conexión con el caso de Monseñor Romero ni se
había "iniciado ningún proceso" por parte de la Fiscalía para enjuiciar a los culpables.
112. El 27 de marzo de 1980, tres días después de la ejecución del Arzobispo de San Salvador, se produjo un atentado contra el Juez Atilio Ramírez Amaya, funcionario judicial que investigaba la causa. Ese día, la empleada doméstica del magistrado, María Hernández, permitió la entrada en el domicilio particular de Ramírez Amaya a dos jóvenes desconocidos que dijeron venir de parte de una persona a quien aquél habría estado buscando. El juez, quien sospechaba de un atentado, se presentó ante los desconocidos con una escopeta. Cuando uno de ellos sacó una metralleta, el juez levantó la escopeta para dispararle, lo que no pudo hacer porque la señora Hernández había quedado entre él y los desconocidos. Los jóvenes aprovecharon para huir, pero antes dispararon varios tiros, uno de los cuales hirió a la empleada en la cadera. 113. El Inspector Francisco Sánchez Escobar, quien estuvo a cargo de las averiguaciones referentes al atentado, informó que el juez Ramírez
Amaya había manifestado que no podía sospechar de nadie determinado ni asociarlo
con ningún accidente, "a excepción de los que en función de su cargo conoce, entre los que puede mencionar el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero".115
114. Cabe agregar que Ramírez Amaya declaró que había empezado a recibir amenazas de muerte al día siguiente del asesinato del Arzobispo de
San Salvador. El juez dijo no tener enemigos ni juicios políticos, y que
que los intentos de privarlo de su vida se debían a que seguía "las investigaciones en torno al caso del salvaje asesinato de Monseñor Romero".116 115. Nuevamente, a pesar de las sospechas expresadas por el Juez Ramírez Amaya, el atentado contra su vida no fue debidamente investigado
en conexión con la muerte de Monseñor Romero. Las sospechas del magistrado
confirmadas posteriormente en las conclusiones del Informe de la Comisión de
la Verdad: "Hay suficiente evidencia de que el fallido intento de asesinato contra el Juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos".117
116. Para ilustrar la demora y la deficiencia de la investigación y la forma en que se desvinculó este incidente de la muerte de Monseñor Romero,
cabe notar que la empleada doméstica del magistrado fue llamada a declarar
dos años y ocho meses después del atentado. En ese momento, en forma evidentemente
tardía, se ordenó "el reconocimiento de sangre y sanidad en las lesiones que presente".118 El 27 de febrero de 1984, es decir casi cuatro años después de dicho atentado, el Juez Cuarto de lo Penal dejó sin efecto
la referida citación por considerar que la ofendida había sido "lesionada en un hecho distinto al que se investiga". Al mismo tiempo, dicho juez ordenó que la instrucción del informativo correspondiente se hiciera en pieza
separada.119
117. La CIDH determinó que hay suficiente evidencia de que Walter Antonio "Musa" Alvarez, junto con el Capitán Saravia, tuvo que ver en el pago del autor material del asesinato. Alvarez conocía la identidad del asesino, podría implicar tanto a éste como a Saravia, entre otros, en la ejecución extrajudicial del Arzobispo de San Salvador. Coincidentemente, "Musa" Alvarez fue secuestrado en septiembre de 1981 y encontrado muerto poco tiempo
118. Según lo expresado por los peticionarios en la audiencia celebrada en la sede de la CIDH durante su 105o. período de sesiones, fue "Musa" Alvarez y no el doctor Regalado el que disparó contra Monseñor Romero. Cabe
recordar que la Comisión de la Verdad consideró que los elementos de juicio
a su alcance no eran suficientes para determinar quién fue el autor material
120. Al respecto, la Comisión de la Verdad estableció que "el proceso investigativo para determinar las responsabilidades del asesinato del Arzobispo resultó, además de ineficaz, muy controvertido y plagado de motivaciones políticas".120 Un ejemplo de tales motivaciones políticas es la designación del Dr. José Francisco Guerrero, en junio de 1984, como Fiscal
General de El Salvador. El Dr. Guerrero era miembro del partido ARENA y abogado
de Roberto DAubuisson antes de asumir el mencionado cargo. El nombramiento se hizo gracias a una coalición de partidos en la Asamblea Legislativa,121 ante la fuerte oposición de los miembros elegidos del partido Demócrata Cristiano.
El 21 de mayo de 1985 la nueva Asamblea General destituyó a Guerrero "por no reunir los requisitos de moralidad y competencia notorias" (la coalición había perdido su mayoría en las elecciones anteriores). Guerrero fue reintegrado
posteriormente al cargo en virtud de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de su destitución.
127. La doctrina y la práctica de la CIDH en materia de amnistías coincide con las conclusiones del estudio sobre impunidad elaborado por el experto Louis Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas.125 En su estudio, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1997, el señor Joinet recomendó la adopción de cuarenta y dos principios destinados a la protección y promoción de los derechos humanos por medio de acciones tendientes a combatir la impunidad.126 128. El Principio 20 se refiere al deber de los Estados con relación con la administración de justicia. Joinet expresa en tal sentido que la impunidad surge del hecho que los Estados no cumplen con su obligación de investigar estas violaciones y adoptar, particularmente en el área de la administración de justicia, medidas que garanticen que los responsables de haberlas cometido sean acusados, juzgados y castigados. Surge, además, del hecho que los Estados no adoptan medidas apropiadas para proveer a las víctimas de recursos efectivos, para reparar los daños sufridos por ellas, y para prevenir la repetición de dichas violaciones.
Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno,
como lo es en este caso la Ley de Amnistíaque a juicio de esta Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia. Por estas razones,
el argumento...en el sentido de que le es imposible cumplir con ese deber
de investigar los hechos que dieron origen al presente caso debe ser
rechazado.127
130. En consecuencia, un Estado no puede ampararse en la existencia de disposiciones de derecho interno para eludir el cumplimiento de su obligación
de investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables
y evitar la impunidad. Aún más, la Corte ha definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana" y ha señalado que "el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles,
ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos
humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares."128
131. En su "Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador", la CIDH se refirió específicamente a la Ley de Amnistía General aplicada a los presuntos responsables del asesinato de Monseñor
Romero. El 26 de marzo de 1993, dentro del término del que disponía el Presidente
Cristiani para vetar la recién aprobada ley de amnistía, la CIDH manifestó
Jefe de Estado salvadoreño su preocupación de que dicha norma obstaculizara
el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad: La publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, y la casi simultánea aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, el 20 de marzo pasado, de una ley de Amnistía General, pudiera comprometer la implementación efectiva de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, conduciendo al eventual incumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas por el Ilustrado Gobierno de El Salvador al suscribir los Acuerdos de Paz. La Comisión desea llamar la atención de Su Excelencia respecto al hecho de que los acuerdos de carácter político celebrados entre las partes, no pueden eximir de ningún modo al Estado de las obligaciones y responsabilidades que éste ha asumido en virtud de la ratificación, tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como de otros instrumentos internacionales sobre la materia.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prohibe que
un Estado invoque unilateralmente la ley nacional como justificación
no cumplir con las obligaciones legales impuestas por un tratado internacional.
Finalmente, en este orden de ideas, el artículo 144, Inciso 2º de la
de El Salvador consagra que "La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado". La Comisión Interamericana se permite recordar, además, al Gobierno de Su Excelencia que El Salvador, como Estado parte en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, tiene, en virtud de la ratificación
la Convención Americana, según señaló la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, "el deber jurídico de (...) investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación". Y agregó la Corte, refiriéndose al artículo 1º de la Convención, que: "Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune (...) puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción".
132. En el referido informe, además, la CIDH recordó las recomendaciones concretas relacionadas con este tema, que ya habían sido formuladas a dicho
Estado en el Informe 26/92 ("Masacre de Las Hojas").129
134. El efecto de la amnistía se extendió, entre otros, a los delitos de tortura y desaparición forzada de personas practicadas por agentes del Estado. Estas violaciones han sido consideradas de tanta gravedad por la comunidad internacional, que han motivado la adopción de convenciones especiales y la inclusión de medidas específicas para evitar su impunidad, tales como la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de la acción.132 135. La amnistía o perdón se extendió a las graves violaciones examinados por la Comisión de la Verdad, entre las que se cuenta el presente caso. En particular, se aplicó al Capitán Saravia, el único de los responsables contra el cual se había dictado detención provisional con relación a la muerte de Monseñor Romero. En el caso del Capitán Saravia, se ha visto supra que el juez calificó la ejecución extrajudicial del Arzobispo de San Salvador como un delito político, a efecto de asegurar su impunidad.
136. El artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la misma. Esta disposición incluye una obligación
negativa, en virtud de la cual los Estados están igualmente obligados a abstenerse
de dictar normas que eliminen, restrinjan o hagan nugatorios los derechos y
libertades consagrados en la Convención Americana o su eficacia.
No debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas facultades que tendría frente a cualquier otro
hacerlo en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate
de "leyes internas" y de que estas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos.
restringidas por la forma como la Convención es violada.133
139. Como se ha visto supra, la aplicación de la Ley de Amnistía General al presente caso tuvo como consecuencia que no se procesara
ni se sancionara a la única persona contra quien se libró una orden de detención,
como tampoco a las otras personas indiciadas como autores materiales o intelectuales
de la ejecución extrajudicial de Monseñor Romero. De los hechos del caso
igualmente que dicha ley fue impugnada mediante una demanda de inconstitucionalidad
ante la Corte Suprema de Justicia, la cual desechó el reclamo sin pronunciarse
sobre el fondo de la causa por considerarla una "cuestión política no justiciable". En un caso anterior, la CIDH ha sentado su posición acerca de la llamada "doctrina de la cuestión política":
Los sistemas democráticos reconocen las denominadas "facultades delegadas" de las ramas del gobierno, producto de la clásica separación en tres ramas. La designación y remoción de los jueces por el Congreso,
en las condiciones dispuestas por la Constitución, es una de esas facultades.
142. El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención Americana.138 143. Como se ha señalado en el presente informe, el artículo 1(1) de la Convención Americana establece que los Estados Partes se obligan a respetar los derechos consagrados en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Esta obligación implica, según la Corte Interamericana, el cumplimiento de verdaderas obligaciones de hacer por parte de los Estados que permitan una eficaz garantía de tales derechos.139 Como consecuencia de ello, el Estado salvadoreño tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una adecuada reparación a la víctima o a sus familiares.140
El Derecho a la Verdad se encuentra íntimamente ligado a la obligación asumida por los Estados de hacer cumplir las obligaciones
estipuladas en los instrumentos convencionales de protección de los derechos
y las libertades fundamentales a los cuales voluntariamente se han sometido.
Es indudable que los familiares de las víctimas tienen el derecho a que
toda investigación que se realice sea exhaustiva para que ellos conozcan
la verdad sobre el destino de sus seres queridos y las circunstancias
las que han atravesado, así como la difusión pública de la identidad de
los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos que
aquellas hayan sufrido. Asimismo, la verdad es imprescindible para poder
efectuar una valoración adecuada de la compensación que engendra la responsabilidad
por violaciones a los derechos humanos. No obstante, la obligación que
el Estado de garantizar el Derecho a la Verdad no es sustitutiva o alternativa de las demás que le incumben en el marco de su Deber de Garantía, a saber
, las de investigar y de impartir justicia. Esta obligación existe y se
mantiene independientemente del cumplimiento o no de las demás.141
146. Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, la sociedad en general también es titular del derecho a ser debidamente informada.143 La CIDH ha sostenido lo siguiente: Independientemente del problema de las eventuales responsabilidades --las que, en todo caso, deberán ser siempre individuales y establecidas
después de un debido proceso por un tribunal preexistente que utilice
la sanción la ley existente al momento de la comisión del delito--- toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido,
así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron
a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo
que aconteció con sus seres más cercanos (...) Tal acceso a la verdad,
no coartar la libertad de expresión144
El establecimiento de una comisión de la verdad es un medio plausible dentro de una mesa política de negociación de la paz en un conflicto
interno, como un primer paso y, quizás, la contribución más tangible
pueda hacerse dentro de ese escenario para el combate contra la impunidad[sin embargo] el establecimiento de la verdad no debe comportar la inhibición
de los órganos jurisdiccionales para juzgar y castigar a los responsables,
pero fuera del contexto de una negociación política.
La impunidad por crímenes cometidos por agentes del Estado o bajo la cobertura de éste no se agota en la falta de castigo a los responsable
de dichos crímenes. Un componente inseparable de esa impunidad es la
de toda investigación, el encubrimiento y hasta la falsificación de los
hechos para proteger a los responsables. No cabe duda que el descubrimiento
de la Verdad, a cargo de personas independientes destruye ese elemento,
lo cual, si bien no es útil por sí mismo para erradicar la impunidad,
por lo menos, una doble función. En primer término, sirve para que la sociedad
conozca, objetivamente, lo ocurrido en el seno de su propia realidad,
se traduce en una suerte de catarsis colectiva. En segundo lugar, contribuye
a crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de impedir la repetición
de hechos semejantes y muestra a quienes son capaces de incurrir en ellos
que, aun si pueden escapar a la acción de la justicia, no son inmunes a que se les reconozca públicamente como responsables de gravísimos atentados
contra otros seres humanos. En este sentido, aún cuando no se trate de
punitivos, pueden cumplir una función preventiva de no poca utilidad en
un proceso de construcción de la paz y de transición hacia la democracia.149
152. La CIDH aprobó el Informe Nº 138/99 sobre el presente caso con base en el artículo 50 de la Convención Americana, lo transmitió al
Estado salvadoreño el 4 de enero de 2000 y fijó un plazo de dos meses para
información acerca de las medidas de cumplimiento de las correspondientes recomendaciones.
El 2 de marzo de 2000, el Estado remitió una comunicación a la Comisión en
cual manifestó que "se enc[ontraba] estudiando el informe y preparando la debida y completa respuesta a la situación denunciada." La comunicación del Estado agregó:
153. En primer lugar, debe indicarse que las consideraciones políticas y electorales que plantea el Estado salvadoreño son notoriamente
ajenas a la competencia de la CIDH, por lo que es improcedente pronunciarse
Por otro lado, dicho Estado incurre en imprecisión al solicitar que "se complete el plazo legal de tres meses." El artículo 50 de la Convención Americana no establece expresamente un período para el cumplimiento de las
recomendaciones formuladas en el correspondiente informe. Los tres meses referidos
51(1) de la Convención Americana constituyen el plazo máximo para remitir un
caso a la Corte Interamericana, y en virtud de ello la práctica general de
CIDH ha consistido en fijar un período menor al mencionado antes de emitir
su informe final.155 Esta práctica tiene su fundamento en la interpretación de la Corte Interamericana de los artículos mencionados de la Convención Americana:
Una segunda etapa está regulada por el artículo 51 y, en ella, si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado por el Estado al cual se ha remitido el informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el mismo, la Comisión está facultada dentro de dicho período, para decidir si somete el caso a la Corte por medio de la demanda respectiva
o bien si continúa con el conocimiento del asunto
154. La Corte Interamericana ha dejado en claro que los artículos citados se refieren a dos informes distintos. Asimismo, el texto de la Opinión Consultiva OC-13/93 determina que el plazo para que el Estado presente información acerca de las medidas de cumplimiento del informe preliminar del artículo 50 es distinto al que prevé el artículo 51 como período máximo para que la CIDH o el Estado sometan el asunto a dicho tribunal. La Comisión fijó el plazo del informe 138/99 dentro del marco jurídico y la práctica procesal expuestas supra, por lo cual carece de sustento la mención del Estado salvadoreño sobre una
supuesta "restricción de plazos legales."
157. En definitiva, la CIDH concluye que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención
Americana en perjuicio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero
y Galdámez. En virtud de la actuación indebida de sus órganos para la administración
de justicia, el Estado ha faltado igualmente a su obligación de investigar
forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas, así como a su obligación
de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial
y objetivo como lo exige la Convención Americana. Todo ello afectó la integridad
del proceso judicial e implicó una manipulación de la justicia con un evidente
abuso y desviación de poder. El resultado es que estos crímenes permanecen
el día de hoy en la impunidad ante una evidente denegación de justicia. El
Estado ha violado, además, en perjuicio de los familiares de la víctima,
a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva establecido en los artículos 1(1), 8(1) y 25 de la Convención.
VIII. RECOMENDACIONES 159. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión reitera al Estado salvadoreño las siguientes recomendaciones:
161. Conforme al artículo 51(2) de la Convención Americana, en esta etapa procesal corresponde a la Comisión evaluar las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño para el cumplimiento de las recomendaciones y para remediar las violaciones establecidas. Por lo tanto, la CIDH considerará a continuación la información del Estado que se refiere específicamente a las recomendaciones formuladas en el Informe Nº 31/00: En lo que hace a la primera de las recomendaciones, el Caso fue investigado e instruido en base a la Legislación Penal y Procesal Penal de 1974, la cual estuvo vigente hasta el 19 de abril de 1998, debido a que el 20 de abril de ese mismo año, entró en vigencia una nueva normativa penal, procesal penal y penitenciaria con cambios profundos en su aplicación, siguiendo un modelo mixto con tendencia acusatoria. De lo anterior se colige la imposibilidad legal de dar cumplimiento, en los términos que presenta la Comisión, ya que el lamentable hecho sucedió y se consumó hace 20 años, habiendo prescrito su persecución penal.
12 Ver, en general, CIDH, Informe Anual 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, Doc. 9 rev. 1, 16 de octubre
de 1981, págs. 111-112; Informe Anual 1981-1982, OEA/Ser.L/V/II.57, Doc.
1, 20 de septiembre de 1982, págs. 120-122; ONU, Informe del Consejo Económico
y Social "Situación de los derechos humanos en El Salvador", A/36/608m 28 de octubre de 1981; y "Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en El Salvador", A/37/611, 22 de noviembre de 1982.
21 El Acuerdo de Paz de El Salvador firmado en Chapultepec estipuló, asimismo, vincular la labor de la Comisión de la Verdad con el esclarecimiento y superación de la impunidad. establece en su Numeral 5: Se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad.
25 Pedro Nikken, El manejo del pasado y la cuestión de la impunidad en la solución de los conflictos armados de El Salvador y Guatemala, publicado en "Liber Amicorum - Héctor Fix-Zamudio", Volumen I, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1998, pág. 149. El Dr. Nikken fue
designado Experto independiente de la ONU sobre El Salvador por Resolución
de 3 de marzo de 1992 de la Comisión de Derechos Humanos de dicho organismo
internacional, y presentó su informe en 1993 (Ver ONU, E/CN.4/1993/11, 15 de
febrero de 1993). Respecto a la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas
y de sus empleadas, cometido en noviembre de 1989, ver CIDH, Informe Anual
Informe Nº 136/99, 22 de diciembre de 1999.
29 Entrevistas con el señor Roberto Cuéllar y el sacerdote Rafael Urrutia. En la primera semana
de marzo Monseñor Romero se reunió con el Embajador de los Estados Unidos
El Salvador, Robert White, a quien hizo saber sobre las amenazas contra su
vida. Aunque el Arzobispo no mencionó detalles específicos, parecía estar
de la situación de inminencia y expresó: "Sólo espero que cuando me maten no maten a muchos de nosotros". Entrevista con Robert White.
30 Declaración ante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos del sacerdote Fabián
Conrado Amaya Torres. Expediente judicial sobre averiguar la muerte de Monseñor
Oscar Arnulfo Romero, causa N. 134/80, Juzgado Cuarto de lo Penal, f.592
Conforme a la diligencia policial realizada el 10 de marzo de 1980, remitida
al Juzgado el 14 de marzo de 1986, la bomba se construyó de 72 candelas de
comercial que podían ser activadas por un doble dispositivo de reloj y de transmisión
de radio, suficientes para matar a varios de quienes estuvieran oficiando
el altar y quienes estuvieran ubicados en las primeras bancas del templo. "(...) es además un artefacto que nunca ha sido colocado por subversivos que siempre han actuado en nuestro medio, a menos que sea cierto que tienen técnicos nuevos que se sabe han llegado 2 de nacionalidad japonesa (...) de los detonadores eléctricos usados, no hay existencia en nuestro país". Expediente judicial, f.494 y sgtes. Ni las autoridades de la Iglesia Católica ni la oficina del
Socorro Jurídico del Arzobispado recibieron ninguna comunicación oficial sobre
de la intervención policial y todo indica que no se efectuaron más investigaciones.
Entrevista con Roberto Cuéllar. Entrevista con Monseñor Ricardo Urioste.
31 La misa, celebrada a las seis de la tarde, fue programada en memoria de la madre de
un amigo de Monseñor Romero, Jorge Pinto (h), dueño del periódico opositor "El Independiente." Su celebración había sido anunciada en "La Prensa Gráfica" y "El Diario de Hoy" del 24 de marzo de 1980. Expediente judicial, f. 42-43.
42 El licenciado Rey Prendes, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, declaró ante la prensa
pocos días después de la presentación del video, denunció la simulación "Comandante Pedro Lobo" y reveló su verdadera identidad y antecedentes. Expediente judicial, f.152 y sgtes.
43 En agosto de 1985 la Fiscalía General presentó la declaración de Roberto Adalberto Salazar
Collier ("Pedro Lobo") ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, ocasión en la que dicha persona alegó lo mismo pero no mencionó el nombre de D'Aubuisson.
Uno de los supuestos patrocinadores presentó una declaración escrita en febrero
de 1986, en la cual negó las imputaciones que se le hacían. Expediente judicial,
f. 152 y sgtes. y f. 241. Los oficios del Juez Zamora en los cuales solicita
a las estaciones de televisión que le proporcionen copia del video con las
de Salazar Collier fueron contestados en sentido negativo. La Fiscalía insistió
en que los canales señalen quién proporcionó y retiró el video, pero el Juez
declaró que no había lugar a ese pedido. Expediente judicial, fs. 189, 200,
58 La Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente la ejecución sumaria de Monseñor Romero
como un caso ilustrativo de la actividad de los escuadrones de la muerte
El Salvador y señaló que la autoría intelectual de este crimen fue confirmada
por el mismo ex-Mayor D Aubuisson en círculos reservados. Informe de la Comisión de la Verdad, p. 142.
83 Ibidem. 84 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166. 85 Ibidem., párr. 174. Ver también Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 184.
El delito en sí, homicidio agravado, es un delito común, pero las consecuencias que trajo dicha muerte, indudablemente que ha dejado huella en nuestra sociedad, por cuanto los efectos y fines que de ella se derivaron fueron políticos lo cual todos los salvadoreños hemos captado en el transcurso del conflicto armado por cuanto nadie puede desconocer, al ubicarnos coyunturalmente, que con el carisma que tenía la víctima para con amplios sectores de la Sociedad de nuestro país con los que se había identificado e incluso se le llegó
a llamar "LA VOZ DE LOS SIN VOZ", y (en) quien dichos sectores principalmente populares encontraban ese consuelo, lo que le valía un gran respeto y liderazgo, dentro de ese movimiento que se gestó a fines de 1979 y principios de 1980, y que se pretendió descabezar con su homicidio".
108 Por ejemplo, La Opinión, de enero de 1978, Nº 15, publicaba en su carátula los siguientes
títulos "Comisión de Derechos Humanos investigará a Monseñor Romero", "El Peligro de la Infiltración Marxista en la Iglesia", "Se habla de la Caridad Cristiana al mismo tiempo que se Invita a la Lucha de Clases". La Opinión de abril de 1978, Nº22, publicaba en grandes títulos "Monseñor Romero prepara Actos Terroristas".
109 Monseñor Romero denunció constantemente la "institucionalidad" de la violencia y asumió la defensa de las víctimas de la misma. El prelado atribuía este fenómeno a la actitud cerrada que habían tomado las "extremas" para combatir y defender sus ideas. Para el Arzobispo y para la Iglesia misma, el conflicto se había tornado en una lucha fraticida entre las posiciones más extremas en el país. Oscar A. Romero, Entrevista al periódico La Nación de Costa Rica, 1980. Esta situación comenzó a desesperar a sectores radicalizados, que empezaron a cuestionar la oportunidad de eliminar a Mons. Romero en el momento oportuno. Así lo indica una de las amenazas de muerte que recibió de la Unión Guerrera Blanca: "Usted, Monseñor, está a la cabeza, entre el grupo de clérigos que en cualquier momento recibirán unos treinta proyectiles en
la cara y en el pecho". (Anexo 3: sobre amenazas de muerte contra Mons. Romero). Ya a finales de 1979, Mons. Romero sabía el inminente peligro que acechaba
su vida y en muchas ocasiones hizo referencia a ello: "he dicho que el peligro para mí existe... pero quiero asegurarles a ustedes, y les pido
oraciones para ser fiel a esta promesa: que no abandonaré a mi pueblo sino
con él todos los riesgos que mi ministerio me exige..." (Cfr. Homilía del 11 de noviembre de 1979, Su Pensamiento VII pág. 431). Todo ello contribuyó a pensar que su vida estaba en inminente peligro; los hechos confirmaron posteriormente tales temores.
114 El Ministerio Público, por su parte, no cumplió con su obligación de iniciar e impulsar la
acción penal encaminada a procesar y condenar a los responsables. Uno de
testigos, el Padre Fabián Conrado Amaya Torres, declaró que "el señor Héctor Dada Irezi le había entregado a Monseñor Romero una lista en la cual aparecía en el cuarto lugar para ser asesinado, apareciendo su nombre después del de Mario Zamora" "que el señor Dada previno a Monseñor que tuviera cuidado, por lo que suspendió un viaje que tenía que realizar a la República de Guatemalaque también notaron que días antes que Monseñor fuera asesinado, él tratara de alejar a sus amigos, quizá para que no les fuera a pasar algo y además ya no dormía en el lugar donde acostumbraba a hacerlo" (Declaración testimonial del Padre Fabián Conrado Amaya Torres, fs. 592 del expediente judicial).
El doctor Dada Irezi era en ese entonces miembro de la Junta de Gobierno de
125 Naciones Unidas, La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: "Cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)" preparado por el Sr. L.Joinet de conformidad con la Resolución 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección de las Minorías, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997. 126 Idem, págs. 11-15.
131 Asimismo, dicho artículo establece que la amnistía concedida extingue en todos los casos la responsabilidad civil. Decreto 486, artículo1 supra nota 26. Ver igualmente Informe N° 1/99 citado. Los efectos de la Ley de Amnistía General están establecidos
en su artículo 4, que prevé que en los casos de personas condenadas debe concederse
su libertad inmediatamente. En los casos de procesados, la ley establece que
corresponde decretar el sobreseimiento y "si se tratare de personas que aún no han sido sometidas a proceso alguno, el presente decreto servirá para que en cualquier momento en que se inicie el proceso en su contra por los delitos comprendidos en esta amnistía, puedan oponer la excepción de extinción de la acción penal y solicitar el sobreseimiento definitivo".
135 CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 30/97 (Caso 10.087  Gustavo Carranza), Argentina, párrs. 42-44 y 63. De acuerdo a la jurisprudencia de la Comisión expuesta en
dicho caso, cuando la doctrina de la cuestión política tiene el efecto de impedir
una decisión judicial sobre el fondo de una denuncia de violación de derechos
fundamentales, ello puede constituir una violación del derecho a la tutela
efectiva garantizado por la Convención Americana.
146 En este sentido, el Relator Especial de la ONU Louis Joinet preparó una serie de principios
generales bajo el título "Derecho a saber":
3. El conocimiento de la verdad es un derecho inalienable de las víctimas, sus familiares
y la sociedad. La verdad debe ser conocida y difundida por medios
Cuando las violaciones a los derechos humanos han alcanzado características
endémicas, o de masividad y habitualidad durante períodos prolongados,
configurando políticas institucionalizadas de terrorismo de Estado,
las investigaciones separadas de los casos individuales pueden no
suficientes para el cabal conocimiento por la sociedad de la crueldad
y dimensión que han alcanzado las violaciones y, así, generar en
una generalizada reacción de repugnancia y condena. En estas situaciones,
o cuando las investigaciones judiciales han resultado ineficaces
o incompletas,
puede ser útil la constitución de comisiones de la verdad. La publicidad
de sus crímenes es la sanción más temida por los autores materiales e intelectuales de atentados graves a los derechos humanos.
151 El Informe de la Comisión de la Verdad citado supra, señala que "la Comisión estimó importante que las Partes hayan subrayado que las actuaciones de la Comisión no son jurisdiccionales" (Metodología, pág. 13). En otras palabras, las partes no sólo no establecieron una corte o tribunal, sino que
dejaron muy en claro que la Comisión no debería funcionar como si se tratara
de una institución jurisdiccional.
152 Ver Documento Anexo a los Acuerdos de México, 27 de abril de 1991, citado supra, que crea la Comisión de la Verdad destinada a esclarecer "con prontitud" aquellos hechos de violencia de singular trascendencia "a través de un procedimiento a la vez confiable y expedito, que pueda arrojar resultados a
corto plazo, sin menoscabo de las obligaciones que incumben a los tribunales
salvadoreños para resolver dichos casos y aplicar a los responsables las sanciones
que corresponden."
153 El 16 de noviembre de 1989, integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador ejecutaron
extrajudicialmente a seis sacerdotes jesuitas, a la señora Julia Elba Ramos
y a su hija menor Celina Mariceth Ramos; la CIDH publicó el informe sobre
caso el 22 de diciembre de 1999. Ver CIDH, Informe Nº 136/99 ( Caso 10.488  Ignacio Ellacuría, S.J. y otros), El Salvador, 22 de diciembre de 1999, párrs.
241 a 245.
155 En interés de definir con mayor claridad las etapas procesales, la Comisión ha incluido
en informes recientes sobre el fondo de los casos un capítulo que refleja
acciones de las partes con posterioridad al informe del artículo 50, y un capítulo
final denominado "Publicación" que expresa los trámites cumplidos en esta etapa del procedimiento. El presente informe sigue fielmente dicha
práctica de la Comisión. Ver igualmente, CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo
III.E (Informes
de fondo sobre casos individuales).
156 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-13 del 16 de julio de 1993, "Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)" solicitada por los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay,
párrs. 50 y 51.
Es el deseo de la Comisión, que la actual actitud de cooperación del Gobierno de El Salvador haga posible que los numerosos casos individuales que actualmente se tramitan en la CIDH, puedan concluir pronto, como resultado de la aplicación de la justicia y de los correctivos necesarios en todos aquellos eventos denunciados durante la etapa del conflicto. CIDH, Informe Anual 1992-1993, OEA/Ser.L/V/II.83 doc. 14, 12 de marzo de 1993, págs. 191, 192 y 197. La Comisión formuló consideraciones similares en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, citado supra, en la cual igualmente estableció la incompatibilidad de la Ley de Amnistía General de dicho país con las obligaciones internacionales asumidas libremente al ratificar la Convención Americana. Más recientemente, la Comisión se ha pronunciado sobre la importancia de las negociaciones de paz en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en México (1998) y en Colombia (1999).
158 En casos anteriores, la CIDH se ha pronunciado acerca del efecto que tiene sobre las
comunidades el hostigamiento de religiosos por agentes del Estado. Ver, en
sentido, CIDH, Informe Anual 1996, Informe Nº 31/96 (Caso 10.526 - Dianna Ortiz),
Guatemala, párrs. 118 y 119; Informe Anual 1998, Informe Nº 49/99 (Caso 11.610  Loren L. Riebe y otros), México, párrs. 98 a 105; e Informe Anual 1999, Informe Nº 136/99 (Caso 10.488  Ignacio Ellacuría, S.J. y otros), párrs. 232, 239 y 240.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 25
 Resolución 
 Artículo 27
 artículo 144
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 4
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 Resolución

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