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Timestamp: 2017-05-29 18:25:01+00:00

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Decreto Foral 31/2010, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno. TÍTULO II. Función Interventora.
Título IIFunción Interventora
Ámbito de aplicación 1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos están sujetos a la función interventora en los términos establecidos en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra y en el presente Reglamento.
2. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a actos, documentos y expedientes de contenido económico objeto de control participen distintas Administraciones Públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.
Objeto de la función interventora 1. La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar:
a) Que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la aprobación del acto de que se trate.
b) Que el órgano gestor ha llevado a cabo las comprobaciones y verificaciones de las condiciones exigidas por la normativa aplicable.
c) Que los informes técnicos sobre los que se soporta la decisión están firmados por quien es competente.
d) Que la imputación contable y presupuestaria es correcta.
e) Que los recursos públicos se aplican a la finalidad prevista.
f) Que no se derivan perjuicios para la Hacienda de Navarra.
2. A los efectos señalados en el presente Reglamento, se entenderá que existe perjuicio para la Hacienda de Navarra en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se garantice el mantenimiento de la correlación entre la prestación a recibir y el importe a satisfacer.
b) Cuando las bases reguladoras de las subvenciones permitan financiar actuaciones ajenas al interés público que motiva la concesión.
c) Cuando se menoscabe o se ponga en riesgo la integridad de los derechos económicos de la Hacienda de Navarra.
d) Cuando los actos administrativos impliquen o vayan a implicar en el futuro el reconocimiento de obligaciones ajenas a la finalidad prevista en la Ley Foral de Presupuestos correspondiente al crédito de que se trate.
e) Cuando no se cumplan las condiciones de obtención de la financiación afectada al gasto en el que vaya a incurrirse.
f) Con carácter general, cuando no se establezca una vinculación entre la utilización, destino o consumo de los bienes o derechos de la Hacienda de Navarra afectados por la actuación de que se trate, y una finalidad de interés público.
Modalidades de ejercicio 1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.
2. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 11 para la adopción de acuerdos, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
3. La intervención material tiene por objeto comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Contenido de la función interventora El ejercicio de la función interventora por los órganos de la Intervención General comprenderá:
a) La fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos o valores, que consistirá en el examen de dichos documentos o expedientes antes de que se dicte la correspondiente resolución.
b) La intervención de la liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación, que consistirá en comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, sus correlativos compromisos.
c) La intervención formal de la ordenación del pago, que consistirá en verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la Tesorería de la Comunidad Foral.
d) La intervención material del pago, que consistirá en verificar que los pagos se realizan de acuerdo a órdenes de pago expedidas correctamente.
e) La intervención y comprobación material de la aplicación o empleo de los fondos públicos, que consistirá en verificar la realidad y corrección de las cantidades pagadas según la finalidad para la cual estaban destinadas, ajustándose la misma a lo establecido en el artículo 34 de este Reglamento.
Momento de ejercicio 1. La Intervención recibirá los expedientes administrativos sujetos a fiscalización cuando en ellos consten las justificaciones e informes preceptivos, y el órgano competente esté en disposición de adoptar el correspondiente acuerdo o resolución.
2. El informe de la Intervención será el último en producirse en cada una de las fases de fiscalización a que esté sujeto un expediente. No obstante, la fiscalización en los casos en que sea preceptivo el dictamen de un órgano consultivo, además de comprobar con anterioridad al dictamen del organismo los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad al mismo únicamente constatará su existencia material y, en su caso, su carácter favorable.
3. Cualquier modificación del expediente una vez fiscalizado obligará a someterlo de nuevo al trámite de fiscalización.
Plazo para la fiscalización 1. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a la mitad cuando se aplique un régimen de fiscalización especial determinado al amparo del apartado 3 del artículo 98 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
2. El mencionado plazo se suspenderá cuando, en el uso de sus facultades, la Intervención recabe los asesoramientos jurídicos o informes técnicos que considere oportunos para el ejercicio de sus funciones, a cuyo efecto se comunicará dicha circunstancia al órgano gestor.
SECCIÓN 2Competencias de ejercicio
Competencias del Interventor General 1. Corresponde al Interventor General, en materia de función interventora, la fiscalización previa de los documentos y expedientes siguientes:
a) Los que hayan de ser aprobados o autorizados por el Gobierno de Navarra.
b) Los que supongan una modificación de otros actos que hubiera fiscalizado el Interventor General.
c) Los que sean elevados motivadamente por el Interventor Delegado competente y el Interventor General, en este supuesto, estime procedente su intervención.
2. Cuando los Interventores Delegados eleven un documento o expediente al Interventor General, según lo dispuesto en el apartado c) anterior, deberán acompañar a aquel un informe en el que se ponga de manifiesto, como mínimo, la opinión del Interventor sobre la conveniencia o no del acto sometido a control. Dicho informe no tendrá la naturaleza de fiscalización.
3. No obstante lo establecido en el artículo 16.1-a) de este Reglamento, el Interventor General podrá avocar, la intervención de cualquier acto, documento o expediente que considere oportuno, bien a iniciativa propia o a propuesta del Interventor Delegado competente.
Intervenciones Delegadas En cada Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos administrativos ejercerá su función, al menos, una Intervención Delegada, sin perjuicio de que un mismo Interventor pueda ejercer sus funciones en varias de ellas.
Adicionalmente, podrán establecerse ámbitos competenciales horizontales que abarquen sectores específicos de la actividad para la totalidad de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.
Interventores Delegados Los Interventores Delegados serán designados por el Consejero de Economía y Hacienda entre el personal adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, o entre personal que, perteneciendo a otros Departamentos de la Administración, haya sido adscrito previamente al Departamento de Economía y Hacienda.
Competencias de las Intervenciones Delegadas 1. Corresponde a las Intervenciones Delegadas:
a) Ejercer la función interventora y el control financiero permanente, en sus respectivos ámbitos de competencias, según lo establecido en este Reglamento y siempre que no esté atribuida específicamente a ningún otro órgano.
b) Colaborar con los órganos de la Intervención General, siempre que se requiera, en la realización de cualquier tipo de estudio o control.
c) Cualesquiera otras que se les atribuyan específicamente por las normas o por el Interventor General en el ámbito de ejercicio de la función interventora.
2. El Consejero de Economía y Hacienda determinará el ámbito competencial de actuación para el personal de las Intervenciones Delegadas, así como las suplencias que deban efectuarse entre ellos.
SECCIÓN 3Materialización y resultados
Intervención en conformidad 1. En los casos de conformidad, el cumplimiento de la función interventora se materializará, con carácter general, mediante diligencia firmada, sin necesidad de motivarla. Tal actuación se realizará sobre los documentos en que se formulen las respectivas propuestas en cada una de las fases descritas en el artículo 13 de este Reglamento.
2. No obstante, la Intervención, cuando lo estime conveniente, podrá efectuar un informe con el contenido y la extensión que se crean más oportunos en cualquiera de las fases de su actuación.
3. El Interventor General podrá establecer, en normas específicas, que la diligencia firmada se materialice en determinados documentos que intervengan en el proceso administrativo o contable de los actos y expedientes fiscalizados.
4. Cuando los procedimientos internos lo permitan, se podrán sustituir las diligencias firmadas por actuaciones específicas en los medios o sistemas informáticos que se dispongan al efecto.
Reparos 1. En los casos de desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, la Intervención podrá manifestar sus opiniones por escrito mediante la formulación de los correspondientes reparos.
El reparo se notificará al órgano gestor que haya promovido el acto o documento objeto de fiscalización.
2. Cuando la Intervención formule un reparo, se suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes:
e) Cuando no se cumplan los requisitos señalados en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra o la de Presupuestos aplicable para la realización de modificaciones presupuestarias.
4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo suspensivo de la tramitación lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención, en su caso.
Discrepancias 1. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo suspensivo formulado, podrá plantear su discrepancia motivada en su caso con las normas y actos en los que sustente su criterio, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Conocimiento de resultados Los informes elaborados en ejercicio de la función interventora formarán parte de los expedientes a que se refieran. Asimismo, se podrán trasladar a cualquier órgano que corresponda para los supuestos de tramitación de discrepancias, omisión de fiscalización u otras actuaciones específicas de control.
Omisión de la intervención 1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento u otras normas de aplicación, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá realizar ninguna actuación de ejecución presupuestaria, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente el expediente correspondiente hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo.
2. Cuando el Interventor General o los Interventores Delegados, en función de sus competencias, conozcan la existencia de un expediente cuya fiscalización previa se hubiera omitido, expresarán su opinión por escrito, poniendo de manifiesto lo siguiente:
a) Las posibles infracciones al ordenamiento jurídico que, a su juicio, se hubieran producido en el momento de la adopción del acto sin fiscalización previa y siempre que hubiera lugar a las mismas.
3. En el supuesto de que la Intervención, según lo dispuesto en el punto anterior, manifieste la inexistencia de infracciones o discrepancias en el expediente, salvo la omisión inicial de su fiscalización, el acto quedará convalidado según lo dispuesto en las normas de procedimiento administrativo.
4. Si la Intervención manifiesta su opinión poniendo de relieve previsibles infracciones al ordenamiento jurídico o discrepancias con la actuación de los órganos de gestión, el expediente será trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución.
Capítulo IIIntervención sobre derechos e ingresos
Fiscalización previa de derechos e ingresos 1. La fiscalización previa de derechos e ingresos consistirá en el examen de las propuestas de liquidación practicadas antes de la aprobación por el órgano competente.
2. Dicha fiscalización podrá ser sustituida por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el sometimiento al control financiero permanente, todo ello sin perjuicio de que el personal de la Intervención General pueda efectuar cuantas actuaciones comprobatorias juzgue oportunas.
3. Cuando se observe algún defecto en las propuestas de liquidación o la Intervención esté en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, serán de aplicación los artículos 20 y 21 de este Reglamento. No obstante, este reparo no paralizará la liquidación de derechos, debiéndose rectificar esta, en su caso, cuando exista confirmación del reparo por el órgano competente para ello.
4. Estarán sujetos a fiscalización previa los aplazamientos, fraccionamientos y en general todos los actos que modifiquen las condiciones establecidas para el cobro de las cantidades adeudadas.
Capítulo IIIIntervención sobre obligaciones y gastos
SECCIÓN 1Actos y documentos de contenido económico
Régimen ordinario 1. Están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que conformen la realización de un gasto en cualquiera de sus fases o etapas, destinando para ello el órgano competente los correspondientes fondos públicos habilitados a tal efecto.
2. Entre los actos sometidos a intervención previa se considerarán incluidos los convenios, acuerdos y cualesquiera otros de naturaleza análoga que sean suscritos por la Administración de la Comunidad Foral o sus organismos autónomos, siempre que aquellos tengan contenido económico.
Operaciones de gestión presupuestaria 1. Estarán sujetas a fiscalización previa las siguientes operaciones de gestión presupuestaria:
a) La utilización del crédito global a que se refiere el apartado 3 del artículo 42 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
b) Los actos y acuerdos que impliquen modificaciones presupuestarias recogidas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 43 de la citada Ley Foral.
c) Los movimientos de fondos que afecten a los créditos enumerados en el apartado 2 del artículo 38 de la misma Ley Foral.
2. Los actos en que se instrumenten las operaciones a que se refiere el número anterior deberán ser motivados y contendrán los datos necesarios para la identificación de los créditos afectados.
3. En las operaciones que supongan una reducción de gastos con financiación afectada se analizará la incidencia que dicha operación puede tener en el equilibrio presupuestario.
Modificaciones en la composición del patrimonio Estarán sujetos a intervención previa los actos de la Administración de la Comunidad Foral o sus Organismos Autónomos a través de los que se materialicen las siguientes actuaciones recogidas en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, de Patrimonio de Navarra, tengan o no naturaleza presupuestaria:
a) Las adquisiciones a título oneroso.
b) Las adjudicaciones en pago de deudas.
c) Los arrendamientos de bienes, incluyan o no la adquisición.
d) Las enajenaciones y permutas de bienes y derechos.
e) Las cesiones gratuitas de bienes y derechos, tanto de uso como de propiedad.
Operaciones a justificar 1. En relación con las operaciones a justificar a que se refiere el artículo 56 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra serán objeto de fiscalización las siguientes operaciones:
a) La constitución de anticipos de caja fija.
b) El libramiento de órdenes de pago a justificar.
2. Las aplicaciones de los gastos realizados con fondos librados a justificar tendrán el régimen de fiscalización aplicable en función de la naturaleza de los gastos.
3. Los movimientos de los fondos entregados a justificar no serán objeto de fiscalización previa, si bien las cuentas bancarias en las que se asienten estos fondos estarán sujetas a control financiero permanente al objeto de verificar la vinculación de su utilización a las finalidades que justificaron su existencia.
4. La fiscalización de las operaciones a justificar comprenderá la verificación de los siguientes aspectos:
a) Que se ha seguido el procedimiento establecido en la normativa aplicable, y la operación está debidamente autorizada.
b) Que están definidas e identificadas las responsabilidades exigibles por la gestión de los fondos.
c) En el caso de órdenes de pago a justificar, que el gasto se ha autorizado y contabilizado debidamente.
SECCIÓN 2Intervención formal y material del pago
Intervención formal del pago 1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenen pagos con cargo a la Tesorería de la Comunidad Foral. Esta intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente y se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación.
2. El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de los documentos o de la certificación de dicho acto emitida por el mismo órgano que realizó las actuaciones y de su fiscalización.
3. En el caso de que las órdenes de pago se expidan basándose en propuestas recibidas por medios informáticos, se entenderá que se produce tal ajuste cuando se libren de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de propuestas.
4. La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a los acuerdos de minoración en el pago en los casos de retenciones judiciales mediante los acuerdos que las dispongan o de compensaciones de deudas del acreedor.
Intervención material del pago 1. La intervención material del pago verificará la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención.
2. Están sometidas a esta intervención las ejecuciones de las órdenes de pago que tengan por objeto:
a) Cumplir las obligaciones de la Tesorería de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.
b) Situar fondos a disposición de habilitados y/o agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería de la Comunidad Foral.
SECCIÓN 3Liquidación del gasto y la inversión
Momento 1. La intervención de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se efectuará con carácter previo al acuerdo de realización de las mismas.
2. En este momento, se deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos que dan derecho al acreedor a percibir los fondos públicos como consecuencia de los contratos, acuerdos o disposiciones que determinaron la autorización y compromiso del gasto.
Contenido de las comprobaciones Al efectuarse la intervención previa de la liquidación del gasto se deberá comprobar:
a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación se realicen simultáneamente.
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberán constar:
- La identificación del acreedor.
- El importe exacto de la obligación.
- Las prestaciones y otras causas de las que derive la obligación del pago, señalando la identidad de quien realizó las comprobaciones correspondientes, su alcance y resultado.
c) La existencia del acta de comprobación material de la inversión, cuando proceda según lo expuesto en el artículo siguiente de este Reglamento.
Comprobación material de la inversión 1. Cuando los órganos de gestión vayan a efectuar la comprobación material de la inversión de fondos públicos, y a los efectos de la participación en la misma de los órganos de control, deberán comunicarla a la Intervención General con una antelación mínima de diez días en los siguientes casos:
a) Ejecución de obras, adquisición de bienes inmuebles o subvenciones de capital cuando su importe supere los 150.000 euros.
b) Suministros y demás prestaciones cuando su importe supere los 50.000 euros.
El día y la hora en que se llevará a cabo la comprobación se comunicará con una antelación mínima de cinco días.
2. En el plazo de cinco días contados desde la comunicación planteada en el número anterior, el Interventor General, si lo considera oportuno, designará un delegado o desestimará la asistencia de los órganos de control al acto de recepción.
Se entenderá desestimada la participación de los órganos de control en la comprobación material cuando, transcurrido el anterior plazo, no se hubiera determinado por el Interventor General el delegado que deba asistir a aquella.
3. Cuando para hacer la comprobación material del gasto sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos, el Interventor General podrá designar un funcionario que no haya intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente.
4. La comprobación material de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por los asistentes a la misma o, en su caso, con el informe o certificación del titular del órgano al que corresponda recibir la prestación realizada.
5. Cuando en la comprobación material participe el delegado del Interventor General, según lo dispuesto en números anteriores, un ejemplar del acta de conformidad será remitida por aquel a la Intervención General.
6. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales durante la ejecución de obras, prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros, con independencia de las cuantías de los mismos.
7. Las verificaciones materiales que se efectúen según lo dispuesto en el presente artículo comprenderán, en su caso, tanto el examen de contratos y documentos acreditativos como la comprobación física y material de las realizaciones o entregas.
Capítulo IVProcedimientos especiales de fiscalización previa
Gastos exentos 1. Además de los gastos que se señalan expresamente como exentos en este capítulo, estarán exentos de fiscalización previa todos los gastos corrientes o de inversión cuyo importe no supere el límite que señale la legislación contractual para la tramitación de contratos cuyo único trámite exigible sea la presentación de la factura.
2. Los gastos señalados como exentos estarán sometidos a control financiero permanente.
Fiscalización previa de los gastos pagados por nómina 1. Estarán sujetos a fiscalización previa los actos de gestión de personal señalados en el apartado 3 del artículo 44 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, así como todos aquellos que se correspondan con alguna de las fases de ejecución presupuestaria definidas en los apartados 1.a) y b) del artículo 52 de la citada Ley Foral.
2. El reconocimiento y pago de obligaciones se llevará a cabo a través de la nómina, que estará exenta de fiscalización previa, sin perjuicio de las operaciones de comprobación que deban llevarse para la correcta contabilización de los gastos.
3. No obstante lo señalado en el apartado 1 de este artículo, estarán exentos de fiscalización previa las autorizaciones que den lugar a la percepción de retribuciones variables, si bien dichas autorizaciones deberán ir acompañadas por una acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, firmada por el Director de Servicio.
Fiscalización previa de los contratos 1. Sin perjuicio de las actuaciones declaradas como exentas en este Reglamento, o de las que el Gobierno de Navarra pueda declarar en el futuro, serán objeto de fiscalización las siguientes actuaciones, en relación con los contratos sujetos a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos:
a) La autorización del anuncio por parte del titular de la unidad gestora a que se refiere el apartado f) del artículo 65, y el apartado 2 del artículo 76 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
b) La resolución de adjudicación a que se refiere el apartado k) del artículo 65 y el apartado 9 del artículo 76 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
c) El reconocimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de los contratos.
d) Las modificaciones de los contratos y revisiones de precios.
2. Estarán exentos de fiscalización previa en todas sus fases los contratos sujetos a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos para los que dicha Ley Foral señale como único trámite la presentación de la factura, y la reserva de crédito, en su caso, así como sus modificaciones.
Fiscalización previa de las subvenciones 1. Sin perjuicio de las actuaciones declaradas como exentas en este Reglamento, o de las que el Gobierno de Navarra pueda declarar en el futuro, serán objeto de fiscalización las siguientes actuaciones relacionadas con la gestión de subvenciones sujetas a la Ley Foral 11/2005, de 9 de diciembre, de Subvenciones:
a) La aprobación de las bases reguladoras, aunque no se asimile a una fase de ejecución presupuestaria.
b) La autorización para la concesión directa de subvenciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
c) Las convocatorias y concesiones de subvenciones.
d) El reconocimiento de obligaciones derivadas de la gestión de subvenciones.
e) La justificación de las subvenciones, aunque no conlleven pago.
f) Las modificaciones de las bases reguladoras o de las concesiones.
2. Estarán exentas de fiscalización previa las concesiones y pagos de subvención en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) El importe concedido no debe ser superior al menor de los que se señalen en el artículo 73 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos como límite para los contratos cuya tramitación requiera únicamente la presentación de la factura y la reserva de crédito. A efectos de la exención de fiscalización se entenderá como importe concedido el siguiente:
- En las subvenciones concedidas por el procedimiento de concurrencia competitiva, el importe total de la convocatoria.
- Para el resto de procedimientos de concesión, el que corresponda a cada beneficiario.
b) La justificación debe realizarse previamente a la percepción de la totalidad de la subvención.
c) El gasto no tendrá carácter plurianual, con arreglo a lo que señala el artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
3. La verificación de las condiciones de exención formará parte de las tareas de fiscalización previa de la autorización de gasto.
Subvenciones del Organismo Pagador de los Fondos Comunitarios FEAGA y FEADER 1. La fiscalización previa de los expedientes de subvenciones de carácter presupuestario tramitados por el Organismo Pagador de los fondos comunitarios FEAGA y FEADER, sujetos a los controles establecidos en los Reglamentos Comunitarios correspondientes, podrá limitarse a comprobar los aspectos siguientes:
b) Que la propuesta de resolución de concesión se formula por el órgano instructor competente.
c) Que el expediente de concesión de subvenciones contiene un informe del órgano instructor en el que conste que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
d) Que las obligaciones son aprobadas por el órgano competente.
e) Que la propuesta de Acuerdo, Orden foral o Resolución en la que se aprueben las ayudas no contenga errores materiales.
2. Este régimen de fiscalización limitada previa se aplicará a las partidas presupuestarias que financien las actuaciones del Organismo Pagador objeto de control financiero. Estas partidas presupuestarias no podrán financiar actuaciones ajenas a dicho Organismo.
Administración electrónica 1. El Gobierno de Navarra podrá establecer regímenes específicos de control para los actos tramitados con procedimientos aprobados conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración Electrónica en Navarra.
2. El régimen de control que se apruebe con arreglo al presente artículo será el aplicable a todos los actos que se tramiten con el procedimiento electrónico de que se trate.
3. La tramitación del Acuerdo de Gobierno se realizará una vez aprobada la utilización del sistema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Foral 11/2007 citada, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda y previo informe de la Intervención General.
4. Cualquier modificación en los procedimientos que sean objeto de un régimen especial de control establecido con arreglo al presente artículo necesitarán el informe favorable del Servicio de Intervención General. Dicho informe se referirá al mantenimiento de las condiciones que fundamentaron la autorización del Gobierno.

References: artículo 11
 artículo 34
 artículo 98
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 38
 artículo 56
 artículo 44
 artículo 52
 artículo 65
 artículo 76
 resolución 
 artículo 65
 artículo 76
 artículo 7
 artículo 73
 artículo 40
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2