Source: http://www.parthenon.pe/publico/
Timestamp: 2017-10-17 00:25:25+00:00

Document:
Público | Parthenon
12 octubre, 2017	por Alberto Meneses
Toda persona tiene expedito su derecho para impugnar las resoluciones que le puedan causar agravio. Para ello, nuestra normativa ha establecido los procedimientos específicos y competencias que deben seguirse para cuestionar dichas resoluciones. En materia administrativa, se han establecido los recursos de reconsideración y apelación (actualmente, no se regula el de revisión) para cuestionar los actos administrativos dentro del propio procedimiento. Cabe precisar que, en caso se agote la vía administrativa y el acto cuestionado continúe causando agravio, se podrá recurrir a la vía contenciosa administrativa – órgano jurisdiccional.
Debe considerarse que el artículo 1 de la Ley N°. 27584, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución, dispone que el proceso contencioso tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Adicionalmente, en el artículo 3, se establece de forma directa que las actuaciones de la Administración Pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.
Sin embargo, pese a que este procedimiento ha sido regulado y es de público conocimiento, a la fecha se vienen cuestionando actos administrativos en la vía ordinaria, lo cual genera una gran carga procesal en los juzgados.
Un ejemplo de este tipo es el resuelto por la Casación N° 2632-2015-Pasco, en el que se resolvió el caso en el que se cuestionaba una resolución municipal emitida en el 2001, que otorgaba la propiedad de un predio a favor de una persona jurídica. La demandante, una persona natural, alegaba que el predio lo había adquirido en el 2007 de otra persona natural. En primera instancia, se declaró improcedente, puesto que la resolución cuestionada era un acto administrativo que debía ser cuestionado dentro de un proceso contencioso administrativo, previo agotamiento de la vía administrativa, haciendo hincapié a que se había optado por pretender la nulidad en la vía civil en razón de haber dejado transcurrir los plazos sin haber hecho valer los recursos impugnatorios respectivos. En segunda instancia, se mencionó que era atendible que se revise en vía ordinaria, más si el proceso llevaba más de 5 años en trámite, asimismo, que la resolución cuestionada fue expedida conforme al DS 004-85-VC – Reglamento de adjudicación de terrenos fiscales para fines urbanos en aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no habilita a la adjudicación de terrenos de propiedad privada. Por ello, se revocó la sentencia y reformándola se declaró fundada la demanda.
La Corte Suprema estableció que no es factible cuestionar una resolución administrativa a través de un proceso de nulidad de acto jurídico, por lo que declaró fundado el recurso de casación y actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia que declaraba improcedente la demanda.
El tema es claro, la impugnación de un acto administrativo se realiza dentro del procedimiento y luego, si sigue causando agravio, se puede recurrir a un proceso contencioso administrativo para cuestionar el acto.
Nótese, que puede presentarse el caso de que una parte del procedimiento administrativo por “x” motivo dejó consentir el acto administrativo generándose que se vuelva firme. En este caso, no podría impugnarlo pese a que el acto pueda adolecer de nulidad, pudiendo únicamente solicitar, por ejemplo, la nulidad de oficio y será el superior jerárquico que emitió el acto cuestionado quien lo verifique o puede esperarse que la administración lo revise al momento en que realice la revisión aleatoria de los expedientes.
Asimismo, cabe preguntarnos qué sucede cuando el acto administrativo se encuentra firme, habiéndose vencido todos los plazos para cuestionarlo y/o impugnarlo, incluso por la propia administración, que actualmente tiene tres años adicionales luego de vencido el plazo de 2 años para declarar la nulidad de oficio, y es un tercero ajeno al procedimiento administrativo, quien recién toma conocimiento al verse agraviado, por ejemplo, la emisión de una constancia de posesión sobre el predio de su propiedad, documento que puede servir de sustento para adquirirlo por prescripción adquisitiva de dominio.
El tema tanto en la vía civil con la nulidad del acto jurídico como en la vía administrativa con la nulidad del acto administrativo, es complejo y debatible: ¿Un acto jurídico o administrativo nulo genera efectos jurídicos? En principio, debemos indicar que los efectos del acto administrativo o jurídico una vez que han vencido los plazos para ser cuestionado en la vía jurisdiccional se convierten en permanentes. Sin embargo, para evitar que estos efectos causen agravios puede recurrirse a los procesos constitucionales, principalmente, al proceso de amparo.
En este sentido, consideramos que para evitar que este tipo de actos nulos afecten o vulneren derechos fundamentales de las personas es que debe realizarse una interpretación adecuada a la Constitución para proteger a los mismos. Por ello, las acciones judiciales que se interpongan para cuestionar a dichos actos deben adecuarse a la protección constitucional. No siendo la vía ordinaria la correspondiente para cuestionar la validez de los citados actos.
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La vigente Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, establece como objetivo la adecuada disposición final de los residuos sólidos en infraestructura ambientalmente adecuada a fin de prevenir riesgos para la salud y/o el medio ambiente.
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Elena Alvites, Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, Directora de Estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Peru y Docente de la misma Facultad, nos comenta sobre el derecho fundamental a la información, sus límites frente a otros derechos y las garantías que nos brinda la constitución.
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Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal
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en	Constitucional / Penal	0	comentarios
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Dispositivos Legales del 09 al 15 de octubre
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References: artículo 1
 artículo 148
 artículo 3
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