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Timestamp: 2019-05-27 03:50:02+00:00

Document:
Informe 35/07 - Comisión Interamericana
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L`HOMME
REF: José, Jorge y Dante Peirano Basso
Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con el objeto de comunicarle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó el caso arriba citado y de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobó el Informe Nº 35/07, que se acompaña a la presente.
De acuerdo con las conclusiones del informe, me permito solicitar a su Ilustrado Gobierno se sirva informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y para solucionar la situación denunciada en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación.
Conforme a lo establecido en el artículo 43(3) de su Reglamento, la CIDH notificará la adopción del informe a los peticionarios.
Aprovecho la oportunidad, para expresar a Su Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Uruguay
OEA/Ser/L/V/II.127
INFORME Nº 35/07
Aprobado por la Comisión el 1º de mayo de 2007
SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
1. El 18 de octubre de 2004, y nuevamente el 30 de noviembre de 2004, los señores Carlos Varela Álvarez y Carlos H. de Casas presentaron una denuncia y una solicitud de medidas cautelares a favor de los señores Jorge, Dante y José Peirano Basso, tres hermanos de nacionalidad uruguaya, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión") contra la República Oriental del Uruguay (en lo sucesivo "el Estado"), por la presunta violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a la libertad durante el proceso judicial, el derecho a ser oído en condiciones que garanticen el debido proceso, el derecho a un juicio justo e imparcial y el derecho a la igualdad ante la ley, en violación de los articulas 5(1), en relación con el artículo 2, 7(1) y 7(3}, 8(1}, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. En la denuncia se alega que los tres hermanos Peirano Basso se encuentran privados de su libertad desde el 8 de agosto de 2002, sin que hubieran sido formalmente acusados ni llevados a juicio. Según los peticionarios, conforme al derecho interno en cuyo marco han sido imputados, la pena máxima que podía imponérseles era de cinco años de penitenciaría. En enero de 2005 se habrían cumplido los requisitos para su liberación, según los peticionarios, por haber cumplido dos años y medio privados de su libertad. El Estado les había imputado la violación a la ley 2.230 (1893), que sanciona a los directores de compañías en disolución que cometan fraude u otros delitos financieros. Según la denuncia, ese delito admite la libertad durante el proceso, a pesar de lo cual los señores Peirano Basso permanecieron privados de su libertad en virtud de la "alarma social" provocada por el colapso del sistema bancario uruguayo y su supuesta responsabilidad en él.
3. El 19 de octubre de 2006 el fiscal de la causa formuló acusación contra los señores Peirano Basso por considerarlos autores del delito de insolvencia societaria fraudulenta, previsto en el artículo 5º de la ley 14.095, en virtud de lo cual el fiscal solicitó que, al fallar, se imponga la pena de seis años de penitenciaría a Jorge y nueve años a José y a Dante Peirano Basso.
6. El 13 de diciembre de 2006, fueron concedidas salidas transitorias, por 48 horas, para los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre de 2006 y 1º de enero de 2007, y se dispuso un régimen de salidas de 48 horas semanales, en lo sucesivo.
7. En el Informe de Admisibilidad Nº 35/06 del 14 de marzo de 2006 se concluyó que los hechos denunciados, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de los artículos 1(1) y 2.
8. Tras analizar los argumentos de las partes, los derechos consagrados en la convención y otras pruebas que obran en el expediente del caso, la Comisión concluye en el presente informe que el Estado es responsable por haber violado los derechos de Jorge, José y Dante Peirano previstos en los artículos 7(2), 3, 5 y 6, 8(1) y 2, y 25(1) y 2, en función de las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, de la Convención Americana y, en consecuencia formula recomendaciones específicas.
9. La Comisión recibió la denuncia de autos el 18 de octubre de 2004. El 14 de marzo de 2006, durante su 124º período ordinario de sesiones, la Comisión adoptó el Informe Nº 35/06, sobre admisibilidad, y abrió el caso 12.553 en cuanto al aspecto que involucra los fundamentos y duración de la prisión preventiva. El 22 de marzo de 2006, la Comisión transmitió al Estado y a los peticionarios el informe de admisibilidad.
10. El 26 de abril los peticionarios solicitaron la liberación de los hermanos Peirano ante la Suprema Corte, basándose en el informe de admisibilidad, la cual fue rechazada, sin fundamentos, el 12 de mayo siguiente, en el marco del supuesto previsto en el artículo 17 de la ley 17.726(1).
14. El 29 de mayo, en entrevista radial(2) el fiscal hace mención a la complejidad de la causa pero atribuye la lentitud del proceso a "la demora en los trámites administrativos del propio juzgado para el diligenciamiento de pruebas” y cita la circunstancia de que, por no haber notificado la realización de una pericia a la defensa, motivó la declaración de nulidad de esa medida. Adelantó el posible cambio de calificación por un delito reprimido con una pena más severa.
21. El 21 de septiembre se hizo saber a las partes que la Comisión había decidido convocar a una audiencia, para el 24 de octubre siguiente, durante su 126º período ordinario de sesiones, para tratar cuestiones referentes al caso.
23. El 24 de octubre; en el marco del 126º período ordinario de sesiones, se llevó a cabo la audiencia, en la que las partes presentaron alegatos sobre el fondo del asunto.
27. El 13 de diciembre, la jueza actualmente a cargo de la causa, dispuso autorizar salidas transitorias respecto de los imputados por el términos de 48 horas desde el 24 al 26 de diciembre y desde el 31 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007 y, a partir del 1º de enero de 2007 estableció un régimen de salidas de 48 horas semanales, bajo declaración jurada.
29. Los peticionarios alegan que el 8 de agosto de 2002 los tribunales judiciales uruguayos ordenaron la prisión preventiva de Jorge, José y Dante Peirano Basso, en relación con el colapso del Banco de Montevideo, en medía de la más grave crisis financiera que haya tenido lugar en la historia del Uruguay. El Banco de Montevideo era de propiedad de la familia Peirano, que había operado en el sector bancario en Uruguay durante más de 100 años. Los peticionarios alegaron que se habían violado los derechos de los hermanos Peirano Basso porque los tres permanecieron en prisión preventiva por más de cuatro años antes de ser formalmente acusados el 19 de octubre de 2006.
30. Sostienen que la crisis económica y financiera que se dio en Argentina a fines de 2001 llevó al gobierno de ese país a ordenar una congelación de depósitos bancarios conocida como "corralito"(3). La congelación de los depósitos en Argentina suscitó una corrida en gran escala en los bancos del vecino Uruguay, en que aproximadamente el 35% de los depósitos bancarios pertenecen a no residentes, principalmente de nacionalidad argentina. Se vieron afectados
todos los bancos: primero el Banco de Galicia, seguido por el Banco Comercial, los bancos del Estado y finalmente el Banco de Montevideo. Sostienen que; cuando en abril de 2002 el Banco Central del Uruguay intervino la administración del Banco de Montevideo y separó de sus cargos a sus autoridades, dejó a la institución a la deriva. Las acciones promovidas por el Banco Central contra los señores Peirano Basso fueron seguidas por demandas presentadas por los depositantes que no pudieron retirar los ahorros.
31. Los peticionarios señalan que, el 17 de marzo de 2005, 15 días después de que asumiera el cargo, el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez -en cumplimiento de una de las promesas de su campaña electoral- anunció públicamente que había decidido trasladar a los hermanos Peirano de la Cárcel Central al Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (COMCAR), uno de los peores establecimientos de reclusión de Uruguay, cuya población de casi 3.000 reclusos supera en más de un 300% su capacidad. Los había descripto como "delincuentes que cometieron delitos que fueron muy graves para la sociedad y que implicaron mucho sufrimiento, sobre todo en los sectores más humildes”. La defensa denunció públicamente la interferencia del Presidente como violación del principio de separación de poderes.
32. Los peticionarios sostienen que las palabras del Presidente fueron seguidas por otras -de tono aun más áspero- del Ministro del Interior y del Director Nacional de Cárceles. Los abogados de la defensa de los hermanos Peirano solicitaron a la Suprema Corte uruguaya que suspendiera la ejecución de la orden presidencial de traslado, basándose en que era ilegal y violaba el principio de separación de poderes, pero la solicitud fue denegada. No obstante, el 22 de marzo de 2005 los hermanos Peirano fueron transferidos, no a COMCAR sino al Anexo de Seguridad y Disciplina de la Cárcel de Libertad (el único establecimiento de máxima seguridad del Uruguay), ubicado a 54 kilómetros de Montevideo. Desde el 16 de abril de 2005 los hermanos Peirano permanecen recluidos en La Tablada, jumo con otros 180 reclusos.
34. Las solicitudes de libertad se basaron, fundamentalmente, en argumentos que se pueden sintetizar en los siguientes: a) antes de la acusación, la prisión preventiva era excesiva en relación con el eventual pronóstico de pena porque habían cumplido las dos terceras partes del máximo legal previsto para el delito por el que se encontraban imputados b) el "plazo razonable" como limite a la detención durante el proceso está reconocido en los instrumentos internacionales reconocidos por Uruguay, c) se ha violado el principio de legalidad en relación con la imputación inicialmente empleada {artículo 76 de la ley 2.230} por la imprecisión de la conducta descripta y de la escala penal aplicable, d) los imputados han recibido un trato discriminatorio por la sanción de la llamada ley de descongestionamiento carcelario que los excluye de la posibilidad de recuperar la libertad debido, exclusivamente, a la calificación legal del delito imputado, en atención a que esas condiciones de la ley habían sido adelantadas públicamente por el Ministro del Interior, e) han sido degradados al ser exhibidos públicamente vestidos con mamelucos anaranjados, esposados y con grilletes en los pies, f) han sido traslados a un complejo carcelario de máxima seguridad de manera injustificada, como sanción adelantada, g) el artículo 17 de la ley 17.726 no otorga, a contrario de lo interpretado por los jueces intervinientes, competencia privativa a la Suprema Corte en materia de determinación de cuándo se ha cumplido el plazo razonable en prisión preventiva o en el proceso, por eso, la Suprema Corte, cuando le ha tocado intervenir, ha empleado el giro de excarcelación "por gracia", h) las demoras injustificadas en la tramitación de la causa responden a una negligente conducción del proceso, i) el artículo 7(5) de la Convención no puede ser considerado una norma programática y desconocerse la naturaleza obligatoria del derecho internacional y j) el fiscal modificó la imputación por una más gravosa, luego de cuatro años, a pesar de que no se han incorporado nuevas pruebas.
35. Los peticionarios alegan que “contrariamente a lo que sostiene el Estado uruguayo, está probado (...) que el proceso ha sido conducido con clara y evidente negligencia por parte del Juez de la causa, en contravención de las propias normas de la legislación interna que establecen plazos para la tramitación de las distintas etapas procesales, que han sido groseramente incumplidos”.
39. El 19 de septiembre de 2005 se publicó la ley 17.897, conocida también como "Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario" o "Ley de Descongestionamiento del Sistema Carcelario". El gobierno había anunciado un programa de descongestionamiento carcelario que favorecía a los detenidos que hubieran permanecido en prisión durante cierto tiempo, que habría podido favorecer a los imputados de no haber sido expresamente excluido de los beneficios de la ley el delito por el cual se encontraban procesados. Esta circunstancia coincidiría con expresiones del Ministro del Interior anteriores a la sanción de la ley en el sentido de que no favorecería a los señores Peirano Basso. En este sentido, los peticionarios sostienen que, al momento del dictado de la ley, las únicas personas que permanecían en prisión imputadas de esos delitos eran los hermanos Peirano Basso y un gerente que estaba siendo juzgado por cargos similares(4).
40. Los peticionarios alegan haber sido discriminados tanto por el Poder Legislativo, a través de la sanción de la “Ley de Humanización del Sistema Carcelario” que entre las excepciones a ese régimen de libertad, incluye el delito por el cual los hermanos Peirano Basso, se encuentran imputados, como por el Poder Judicial quien liberó a dos coimputados (Sres. San Cristóbal y Ratti) en la misma causa y el Gerente General, Marcelo Guadalupe, quien fue liberado bajo fianza a fines de 2005 en una causa paralela.
41. Según los peticionarios la legislación procesal del Uruguay prevé un sistema inquisitivo y escrito en que el juez de instrucción también dicta la sentencia, siendo por lo tanto, juez de sus propios actos. Es él quien enuncia las hipótesis de hecho y recoge pruebas que respalden sus aseveraciones. A diferencia de la gran mayoría de las modernas leyes procesales, el código no establece sistemas de control que brinden garantías; no existe un procedimiento de habeas corpus, y las leyes no se han armonizado con las pautas contenidas en tratados internacionales, como la Convención Americana, que Uruguay incorporó a su legislación interna sin reservas, por la menos en esos aspectos.
47. Ofreció las razones por las cuales, en su opinión, justifican el que los señores Peirano Basso permanezcan en prisión preventiva: a) en cuanto a la presunción de que han cometido el delito, "no existe ningún elemento que permita desvirtuar la citada presunción", b) se relaciona el peligro de fuga de los tres imputados con la situación de un cuarto hermano que se encontraba prófugo, c) se considera que, debido a sus vínculos en otros países el peligro de reincidencia es alto debido a que su situación económica se vio deteriorada, d) se alega la complejidad de las medidas de prueba y d) preservación del orden público por la amenaza que la liberación de los acusados podría ocasionar.
52. Según el Estado, la jurisprudencia de la Comisión es clara en cuanto a establecer que la determinación de qué período es razonable para que una persona permanezca en prisión preventiva es competencia del juez de la causa. El Juez debe analizar todos los elementos pertinentes para establecer si existe una genuina necesidad de mantener la prisión preventiva y debe manifestarlo claramente en las sentencias que dicte frente a solicitudes de libertad provisional del acusado. La eficacia de las garantías judiciales deben ser tanto mayor cuanto más prolongada sea la prisión preventiva.
54. Los señores José, Dante y Jorge Peirano Basso fueron procesados con fecha 8 de agosto de 2002 como autores de los delitos previstos en los artículos 5 de la ley 14.095(5), el primero, y artículo 26 de la ley 2.230(6), los otros dos, y todos, a su vez, como autores del delito de asociación para delinquir(7). En esa misma resolución, se dispuso su prisión “atento a la gravedad de los delitos imputados". Desde ese acto procesal, han permanecido privados de su libertad ininterrumpidamente. Con posterioridad, el Tribunal de Apelaciones revocó parcialmente aquella resolución y descartó la imputación relativa a la asociación para delinquir.
57. El 25 de febrero de 2005 la defensa solicitó la libertad de los detenidos, nuevamente, ante la Suprema Corte quien, el 30 de marzo de ese año; no hizo lugar a las excarcelaciones provisionales "por gracia" con base en la "gravedad ontológica" de los delitos imputados y su "repercusión social".
58. Con fecha 16 de agosto de 2005, frente a una solicitud del 8 de agosto anterior, el juez a cargo de la investigación rechazó la libertad provisional debido a "la entidad del hecho que se incrimina" y a “la escasa preventiva cumplida". Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones quien, el 10 de marzo de 2006, sostuvo: a) que el artículo 27 de la Constitución de la República sólo admite la libertad provisional cuando, las circunstancias de la causa, admitan prever una individualización de la pena que no sea de penitenciaría, b) la especial complejidad de la causa justificaba la demora en el trámite, c) que la pena que prima facie habría de recaer sería de cinco años, máximo legal para el delito imputado a esa altura del proceso, d) admitió que las dos terceras partes del máximo de la pena, que los imputados habrían permanecido en detención para la fecha de la resolución, era indudablemente extenso, pero que la gravedad de los hechos hacían presumir la imposición de una pena cercana al máximo legal, e) que el articulo 7(5) de la Convención es una norma programática y que es extraño a la función judicial la determinación del plazo razonable, f) la "gravedad inusitada" de los hechos ameritan una pena "severizada" que no admite la libertad durante el proceso, y g) la consideración de la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva corresponde a la Suprema Corte (artículo 17 de la ley 17.726.
60. El 26 de abril de 2006 se presentó un pedido de libertad "por gracia" ante la Suprema Corte, la cual fue rechazada el 12 de mayo siguiente con la sola invocación del artículo 17 de la ley 17.726(8).
61. Con fecha 23 de agosto de 2006 la defensa volvió a solicitar la libertad de los señores Peirano Basso. El 30 de agosto, la jueza en ese momento a cargo de la investigación se declaró incompetente para entender en la "excesiva duración del proceso" a pesar de lo cual rechazó la solicitud al considerar que la cuestión no podía ser resuelta con base en lo establecido en los artículos 27 de la Constitución(9) y 138 del Código Procesal Penal(10).
62. El 24 de noviembre de 2006, ante una solicitud de la defensa del 20 de noviembre anterior, la Suprema Corte rechazó, una vez más, la excarcelación “por gracia” (artículo 17 de la ley 17.726), sin fundamentación alguna.
65. Los hechos imputados sucedieron en el marco de la crisis económica en la que se vio envuelta la Argentina, a fines de 2001, lo que derivó en la implementación del llamado "corralito"(11) que generó que los depositantes argentinos intentaran recuperar sus ahorros fuera del sistema financiero de ese país, afectando, así, a instituciones financieras uruguayas cuyos depósitos estaban compuestos en gran parte por fondos provenientes de Argentina. A su vez, esta actitud de los ahorristas extranjeros, habría provocado desconfianza en el sistema financiero uruguayo por parte de los residentes locales, lo cual habría dado lugar a la crisis financiera que padeció Uruguay a principios de 2002.
67. El 13 de diciembre. de 2006, les fueron concedidas salidas transitorias, por 48 horas, para los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre de 2006 y 1º de enero de 2007, y se dispuso un régimen de salidas de 48 horas semanales, en lo sucesivo, bajo declaración jurada, fundado en la buena conducta de los detenidos, su falta de antecedentes y que "la salida temporaria del establecimiento de reclusión no pone en riesgo el desarrollo del proceso, atendiendo a la etapa en que éste se encuentra ni a la sociedad, pues no cabe pensar que los tres imputados vayan a cometer un nuevo delito mientras se encuentran fuera del establecimiento de reclusión" (artículo 4 de la ley 16.928(12)).
68. El artículo 7 de la Convención Americana, en su punto 5, dice: Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.(13) A su vez, el artículo 8(2), expresa: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad ...
70. Sin perjuicio de ello, es aceptado que el Estado, sólo como excepción y bajo determinadas condiciones, está facultado para detener provisionalmente a una persona durante un proceso judicial aún inconcluso, con la atención de que la duración excesiva de la prisión preventiva origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo la medida cautelar en una verdadera pena anticipada.(14)
71. En este sentido, la Comisión ha afirmado que, al establecer las razones legítimas que pudiesen justificar la prisión preventiva, "en todos los casos deben tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual”.(15)
72. Como derivación del principio de inocencia se exige un límite temporal “razonable” a la prisión preventiva en virtud del cual toda persona debe recibir el trato de inocente hasta tanto una sentencia condenatoria firme establezca lo contrario.
74. La Corte Interamericana, en el caso "Velásquez Rodríguez", sostuvo: ... por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercer sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana(16).
75. Como toda limitación a los derechos humanos, ésta debe ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro homine, por el cual, en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos. Ello se impone, asimismo, para evitar que la excepción se convierta en regla, debido a que esa restricción de naturaleza cautelar se aplica sobre una persona que goza del estado de inocencia hasta tanto un fallo firme lo destruya. De ahí la necesidad de que las restricciones de los derechos individuales impuestas durante el proceso, y antes de la _sentencia definitiva, sean de interpretación y aplicación restrictiva, con el cuidado de que no se desnaturalice la garantía antes citada.
76. Por ello, es necesario priorizar los procesos judiciales en los cuales los imputados se encuentran privados de su libertad para así reducir, a su mínima expresión, la necesidad de adoptar medidas restrictivas de los derechos(17). De lo contrario, se corre el riesgo de que el juzgador tenga una tendencia a inclinarse por la condena y por la imposición de una pena al menos equivalente al tiempo de prisión preventiva, en un intento por legitimarla.
77. Como presupuesto para disponer la privación de la libertad de una persona en el marco de un proceso penal deben existir elementos de prueba serios que vinculen al imputado con el hecho investigado. Ello configura una exigencia ineludible a la hora de imponer cualquier medida cautelar, ya que esa sola circunstancia, la prueba que vincula a la persona al hecho, es lo que distingue al imputado -inocente- contra quien se dispone la medida, de las demás personas, contra quienes no se establece medida de coerción alguna -igualmente inocentes-.
78. Este presupuesto está reconocido expresamente en la Convención Europea(18) al disponer que se puede privar de la libertad a una persona cuando existen indicios racionales, es decir, elementos de prueba que habrían satisfecho a un observador objetivo de que ella ha cometido un delito (artículo 5.1.c)(19).
79. En este sentido, la Corte Europea sostuvo que, si bien la sospecha razonable de que la persona detenida ha cometido un delito es una condición sine qua non, transcurrido cierto lapso ello ya no es suficiente(20).
81. la Convención prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial, en su artículo 7(5): "Toda persona detenida o retenida ... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". Por medio de la imposición de la medida cautelar, se pretende lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin.
Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.(21)
83. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos(22), en su artículo
9.3, dispone: Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal ... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
84. Como se ha dicho, esta limitación al derecho a la libertad personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho; en virtud del principio pro homine. Por ello, se deben desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio enunciado sino, también, porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. Esos son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, a cuestiones
procesales del objeto de la investigación y se viola, así el principio de inocencia. Este principio impide aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no han sido declaradas culpables en el marco de una investigación penal.
86. En apoyo a esas consideraciones, la Corte Europea ha sostenido que las autoridades judiciales deben, en virtud del principio de inocencia, examinar todos los hechos a favor o en contra de la existencia de los peligros procesales y asentarlo en sus decisiones relativas a las solicitudes de libertad(23).
87. Asimismo, la Corte Interamericana también ha establecido que los tribunales nacionales deben evaluar oportunamente todos los argumentos a fin de precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la prisión preventiva(24).
88. La obligación de verificar el peligro ha sido reconocida por la Comisión en otra oportunidad, al señalar: Que la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia.(25)
89. La "seriedad de la infracción como [la] severidad de la pena" pueden ser tomadas en consideración al momento de analizar el riesgo de evasión pero con la advertencia sentada en el Informe Nº 12/96: Su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad.(26) Y, "además, la expectativa de una pena severa, transcurrido un plazo prolongado de detención, es un criterio insuficiente para evaluar el riesgo de evasión del detenido. El efecto de amenaza que para el detenido representa la futura sentencia disminuye si la detención continúa, acrecentándose la convicción de aquél de haber servido ya una parte de la pena".(27)
90. Por su parte, la Corte ha sido más categórica al enfatizar "la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificará en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo."(28)
94. En este sentido, la Comisión ha sostenido, en el Informe Nº 12/96: ... se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa(29).
95. Por su parte, la Corte, en el caso "López Álvarez vs. Honduras"(30), destacó: La prisión preventiva está limitada por tos principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal(31).
97. En este sentido, el carácter excepcional de la detención procesal está expresamente establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.3; que dispone: ... La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general ...
98. A su vez, el principio 39 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, establece; Excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención(32).
99. Este principio también está plasmada en la disposición 6.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio): En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso ...
101. En el caso "Suárez Rosero", la Corte afirmó: ... De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3) ...(33).
102. En este sentido, sobre el órgano a disposición del cual se encuentra detenido el individuo pesa la obligación de disponer la libertad, aún de oficio, cuando hayan cesado los motivos que originariamente la habían sustentado. De lo contrario, se estaría legitimando una privación de la libertad que carece de fundamento.
2.3 ... el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente las penas.
Y, "6.2 Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible ...". 104. Por ello, el juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que originariamente fundaron la prisión preventiva aún subsisten. En tal exposición, se deberán expresar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir, fundadamente, que persiste el peligro de fuga o enunciar las medidas probatorias que resten cumplir y su imposibilidad de producirlas con el imputado en libertad. Este deber encuentra fundamento en la necesidad de que el Estado renueve su interés en mantener la prisión preventiva con base en fundamentos actuales.
106. La disposición 6.2 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) establece: ... La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 (investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima) ...
109. Otro de los principios limitadores de la prisión preventiva se refiere a la proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir peor trato que una condenada ni se le debe deparar un trato igual a ésta. La medida cautelar no debe igualar a la pena en cantidad ni en calidad (artículo 5(4) y 6 de la Convención Americana). La proporcionalidad se refiere justamente a eso: se trata de una ecuación entre el principio de inocencia y el fin de la medida cautelar. No se trata de una equivalencia. No se debe confundir la equiparación que se establece entre la prisión preventiva y la pena a los fines de computar los plazos de detención, con la equiparación de su naturaleza.
110. En ese sentido, no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. Tampoco cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una eventual condena. También se deberá considerar en abstracto, si de haber mediado condena los plazos hubieran permitido solicitar la libertad provisoria o anticipada.
111. A estos fines, como derivación del principio de inocencia, corresponde la consideración ”en abstracto” de la pena prevista para el delito imputado y la estimación, siempre de la imposición del “mínimo” legal de la clase de pena más leve. Porque cualquier pronóstico de pena que se realice en una etapa anterior a la valoración de pruebas y sentencia y que supere ese mínimo, conculcaría el derecho de defensa en juicio y la garantía de juez imparcial.
112. Asimismo, existen, requisitos que hacen al procedimiento, como la legalidad, la judicialidad y la recurribilidad.
113. El artículo 7(2) de la Convención establece: Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
114. Sobre esta cuestión, la Corte, en el caso "Suárez Rosero", ha sostenido que nadie puede ser privado de la libertad personal "sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C Nº 16, párr. 47)".(34)
118. El control jurisdiccional no se refiere exclusivamente a las circunstancias de la detención sino también a la continuidad de la privación de la libertad -dictado, cese o continuidad de la prisión preventiva-, toda vez que corresponde al juzgador "garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.(35)(36)
119. En este ámbito, rigen la garantía de imparcialidad del juzgador y derecho a ser oído como presupuestos del debido proceso (artículo 8(1)).
120. Asimismo, la Convención establece que las legislaciones internas deberán prever recursos judiciales que amparen "contra actos que violen (los) derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales" (artículo 25).
121. Por su parte, la disposición 6.3 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) establece: El delincuente tendrá derecho a apelar ante una autoridad judicial u otra autoridad independiente y competente en los casos en que se imponga prisión preventiva.
123. En este punto, la Convención, en el artículo 7(5) dispone: Toda persona detenida o retenida ... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso ...
125. En este sentido la Comisión ha dicho, en el Informe Nº 12/96, lo siguiente: ... El artículo 7, que comienza con la afirmación de que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, especifica las situaciones y condiciones en que se puede permitir la derogación del principio. Es a la luz de esta presunción de libertad que los tribunales nacionales y posteriormente los órganos de la Convención deben determinar si la detención de un acusado antes de la sentencia final ha sido, en algún momento, superior al límite razonable. El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna persona puede ser objeto de sanción sin juicio previo que incluye la presentación de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia. Todas estas etapas deben cumplirse dentro de un plazo razonable. Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de procedimiento injustificado. ... El artículo 8.2 de la Convención establece el derecho a que se presuma la inocencia de toda persona acusada. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Además, aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presunción de inocencia cuando la detención previa al juicio es de duración no razonable. La presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente, se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado que, a pesar de la presunción, se está privando de la libertad a una persona todavía inocente castigo severo que legítimamente se impone a los que han sido condenados.
Otra consecuencia grave de una detención preventiva prolongada es que puede afectar el derecho a la defensa que garantiza el artículo 8.2.f de la Convención porque, en algunos casos, aumenta la dificultad del acusado para organizar su defensa. A medida que transcurre el tiempo, aumentan los límites de riesgos aceptables que se calculan en la capacidad del acusado para presentar pruebas y contra-argumentos. También disminuye la posibilidad de convocar testigos y se debilitan dichos contra-argumentos.(37)
127. En este sentido, en el informe citado la Comisión señaló: Aunque se inspiran en el mismo principio, ambas disposiciones no son idénticas en sus referencias a lo que constituye un plazo razonable. Un atraso que constituya violación de la disposición del artículo 7.5 puede estar justificado según el artículo 8.1. La especificidad del artículo 7.5 radica en el hecho que un individuo acusado y detenido tiene el derecho a que su caso sea resuelto con prioridad y conducido con diligencia. La posibilidad que el Estado tiene de aplicar medidas coercitivas, como la prisión preventiva, es una de las razones decisivas que justifica el trato prioritario que debe darse a los procedimientos que privan de libertad a los acusados. El concepto de tiempo razonable contemplado en el artículo 7 y el artículo 8 difieren en que el artículo 7 posibilita que un individuo sea liberado sin perjuicio de que continúe su proceso.
El tiempo establecido para la detención es necesariamente mucho menor que el destinado para todo el juicio.
El tiempo razonable para la duración del proceso, según el artículo 8, debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso ... y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso. A diferencia del derecho establecido en el artículo 7.5, las consideraciones envueltas en la determinación de la razonabilidad de la duración del procedimiento son más flexibles, por la razón obvia de que en el caso del artículo 7.5 el encarcelamiento del procesado afecta su derecho a la libertad personal.(38)
128. En efecto, si bien para establecer la extensión del "plazo razonable" en ambos supuestos se puede tomar en consideración la complejidad del caso y la diligencia en la investigación, en el caso de la prisión como medida cautelar la determinación debe ser mucho más estricta y limitada debido a la privación de la libertad que subyace(39).
131. Sin embargo, sí se podrá imputar la necesidad de mantener la prisión preventiva a la actividad del imputado si obstaculizó, deliberadamente, el accionar de la justicia, por ejemplo, al introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse; no comparecer injustificadamente. Nunca, bajo ningún concepto, se podrá justificar la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales establecidos legalmente. Éstos siempre han sido previstos para garantizar a las partes el debido proceso y, en este sentido, han sido regulados para su plena utilización.
132. Es importante que los Estados pongan a disposición de este tipo de procesos todos los recursos, materiales y humanos, para lograr que, en los supuestos de peligro que justifiquen la prisión preventiva, las investigaciones se lleven a cabo con la máxima premura y, así, evitar que toda restricción de derechos impuesta a una persona aún no declarada culpable se extienda tanto como para constituir una pena anticipada, violando la defensa enjuicio y el principio de inocencia.
133. Esto fue sostenido por la Comisión en el Informe Nº 2/97: El derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7.5. De lo contrario, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada, y constituye una violación del artículo 8.2 de la Convención Americana.(40)
134. Una vez vencido el plazo considerado razonable, el Estado ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de la privación de la libertad del imputado.
Es decir, la prisión preventiva podrá o no ser sustituida por otras medidas cautelares menos restrictivas pero, en todo caso, se deberá disponer la libertad. Ello, independientemente de que aún subsista el riesgo procesal, es decir; aun cuando las circunstancias del caso indiquen como probable que, una vez en libertad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, la medida cautelar privativa de la libertad debe cesar. Porque la necesidad de establecer un plazo razonable responde, precisamente, a la necesidad de establecer un límite más allá del cual la prisión preventiva no puede continuar, en aquellos casos en los que aún subsisten las condiciones que fundaron la medida cautelar. De no ser así, la prisión preventiva debe cesar, no ya por su razonabilidad temporal sino por su falta de fundamento.
135. El "plazo razonable" no puede ser establecido en forma abstracta porque responde a criterios cuya concurrencia habrán de ser determinados en cada caso(41). En consecuencia, su fijación en las legislaciones internas no garantiza su consonancia con la Convención. Las particularidades de cada caso determinarán cuándo ese plazo se habrá cumplido, sin perjuicio de lo legalmente establecido.
136. Sin embargo, la Comisión considera que se puede fijar un criterio rector, indiciario, que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha cumplido el plazo razonable. En este sentido, luego de un análisis de las legislaciones penales de los países del sistema, la Comisión estima bastante el cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Esto no autoriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por ese término sino que constituye un límite, superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable. Ello no admite una interpretación a contrario sensu en el sentido de que, por debajo de ese límite, se presuma que el plazo sea razonable. En todo caso habrá que justificar, debidamente y de acuerdo a las circunstancias del caso, la necesidad de la garantía.
En el supuesto en que se haya superado ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aun más exigente.
137. Sin perjuicio de ello, en aquellos Estados en los que se ha establecido un límite objetivo a la actividad procesal, si la legislación interna concede un mayor goce de los derechos que la Convención, se debe aplicar aquélla en virtud del principio pro homine (artículo 29(b} de la Convención}.
138. En este sentido, cuando un Estado ha resuelto autolimitarse en el ejercicio de su poder cautelar en el marco de una investigación criminal, ha realizado una evaluación de costos y beneficios en términos de respeto a los derechos al imputado frente al poder coercitivo estatal y ha llegado a la conclusión de que superado ese límite temporal, el Estado se habrá excedido más allá de lo tolerable en el uso de su poder de policía.
141. En cuanto a este tipo de relación, en ningún caso la ley podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto de los otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legitimas de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como "alarma social", "repercusión social", "peligrosidad" o algún otro. Esos juicios se fundamentan en criterios materiales, desvirtúan la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada, pues el predicamento de que todos los culpables reciban pena presupone, precisamente, la previa declaración de su culpabilidad.
143. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que una ley que contenga una excepción que "despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados (...) per se viola el articulo 2 de la Convención Americana, independiente de que haya sido aplicada (en el caso concreto)(42).
147. Constitución de la República Artículo 27. En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley.
148. Código Procesal Penal(43) Articulo 138. {Admisibilidad genérica). Puede concederse la excarcelación del procesado que se encuentre en prisión preventiva, en cualquier estado de la causa, salvo que la ley reprima el delito atribuido con mínimo de penitenciaría, o cuando se estime 'prima facie' que la pena a recaer en definitiva será de penitenciaria (Artículo 27 de la Constitución de la República). Articulo 328. (Libertad anticipada). Los penados que se encontraren presos al quedar ejecutoriada la sentencia o que hubieran sido reintegrados luego de aquélla, podrán solicitar la libertad anticipada en los siguientes casos:
1º) Si la condena es de penitenciaria y el penado ha cumplido la mitad de la pena impuesta
2º) Si la pena recaída es de prisión o multa, sea cual fuese el tiempo de reclusión sufrida.
3º) Si se ha aplicado una medida de seguridad eliminativa, cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta(44).
Devueltos los autos, el Juez emitirá opinión fundada y se procederá de acuerdo con lo establecido en el cuarto inciso del artículo anterior."
149. Ley 17.897(45):
“Artículo 1º.- El régimen excepcional de libertad anticipada y provisional que se establece en la presente ley se aplicará, por única vez, a los procesados y penados que estaban privados de libertad al 1º de marzo de 2005.
Esta disposición no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos.
... H} El delito previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893.
... J) Los delitos previstos en la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, y sus modificativas ...”
Artículo 3º.- El Juez o Tribunal que esté conociendo en la causa otorgará de oficio y sin más trámite, la libertad provisional, bajo caución juratoria a los procesados comprendidos en el artículo 1º de esta ley, conforme al siguiente estado de su causa:
B) Si el proceso se encuentra en plenario cuando hayan cumplido las des terceras partes de la pena requerida por la acusación fiscal, si ésta superara el máximo de tres años, y cuando hayan cumplido la mitad de la pena requerida si fuera menor a dicho plazo ..."
Artículo 11.- (Libertad anticipada).- Sustituyese el numeral 3) del artículo 328 del Código del
Proceso Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:
“3) Si el penado ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, la Suprema Corte de Justicia concederá la libertad anticipada. Sólo podrá negarla, por resolución fundada, en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos."
150. Ley 17.726(46), artículo 17:
Articulo 17.- En cualquier estado de la causa, a solicitud presentada por escrito por la defensa, la Suprema Corte de Justicia, previo informe del Instituto Técnico Forense, podrá conceder la excarcelación provisional por gracia, atendiendo a la preventiva ya sufrida o a la excesiva prolongación del proceso.
154. En primer lugar, las autoridades judiciales nacionales deben justificar la medida mencionada de acuerdo a alguno de los criterios establecidos por la Comisión.
156. Los jueces a cargo de la primera instancia resolvieron dos solicitudes de libertad. En una primera oportunidad la petición fue rechazada con base en "la entidad del hecho que se incrimina (y) la escasa preventiva cumplida". La segunda resolución de la primera instancia, a pesar de haber declarado la incompetencia en favor de la Suprema Corte, rechaza la libertad provisional, sin más.
157. La Suprema Corte tuvo oportunidad de expedirse en cinco oportunidades, en el marco de la competencia asignada en el artículo 17 de la ley 17.726 que la facultaría a otorgar una suerte de "perdón judicial" o "gracia". Únicamente en una de esas oportunidades dio explicaciones de su decisión. En esta oportunidad, sólo se limitó a afirmar la "gravedad ontológica de los delitos" imputados y su "repercusión dañosa en la economía y medio social".
158. Estas circunstancias, por sí mismas, resultan violatorias del derecho al debido proceso en virtud del cual, para que un imputado pueda ejercer debidamente los derechos reconocidos en la Convención, las resoluciones que establezcan limitaciones a esos derechos deben estar fundadas de manera de permitir el control por parte de la defensa e infringen, asimismo, la garantía del juez imparcial al dictar una resolución sin motivos atendibles, lo que evidencia un prejuicio, y, en consecuencia, el principio de inocencia (artículos 7(2), 3, 5 y 6, 8(1) y 8(2)(h), y 25(1) y 2(a) de la Convención).
159. En cuanto a la ley interna, los artículos 27 de la Constitución de la República y 138 del Código Procesal Penal establecen la facultad del juez de conocer la libertad durante el proceso cuando no haya de resultar pena de penitenciaría, con referencia a la pena en abstracto o en concreto.
160. Esta regla ha sido interpretada a contrario sensu, en el sentido de que impone una obligación al juez para que disponga la detención en los demás supuesto. Esa inteligencia omite considerar la concurrencia en el caso de los dos fundamentos legítimos de la prisión preventiva y contraria a los principios de excepcionalidad, provisionalidad, necesidad y proporcionalidad, expuestos en el presente informe. El juez, en cada caso, es quien debe establecer si esa presunción prima facie establecida por el legislador tiene fundamento en la necesidad de preservar los fines del proceso.
162. Si bien esta reglamentación se refiere a penados, el principio de proporcionalidad impone que, bajo ningún concepto, una persona detenida en prisión preventiva pueda estar sujeta a una medida cautelar que iguale o supere la expectativa de permanecer privado de su libertad con motivo de una condena. Por eso, si esta norma admitiera que los imputados, en caso de haber sido condenados, habrían recuperados su libertad, con mayor razón habrá de ser aplicada a la situación actual de los señores Peirano Basso.
165. En diferentes oportunidades fueron esgrimidos los argumentos de la "gravedad ontológica de los delitos que se imputan a los procesados", la "repercusión dañosa en la economía y medio social", que los hechos son "de gravedad inusitada que ... amerita una pena excepcionalmente severizada, en todo caso obstativa al beneficio en trámite y por ello no puede considerarse de flagrante injusticia la situación de los encausados" o "la entidad" del hecho incriminado.
166. De acuerdo a los criterios generales referidos en el presente informe, la gravedad del delito investigado no responde a los criterios de peligro procesal establecidos para fundamentar la prisión como medida cautelar. Por el contrario, constituye una respuesta fundada en un criterio material, no procesal, que contiene un claro carácter retributivo, que mira hacia el hecho investigado y no hacia el proceso de investigación. Ello contraviene el principio de inocencia enunciado en el artículo 8(2), primera parte, de la Convención.
168. A su vez, cuando el juez de la primera instancia, el 16 de agosto de 2005, recurrió al argumento del escaso tiempo de detención, y lo relacionó con la gravedad del hecho imputado y la expectativa de pena, desvirtuó, nuevamente, el fundamento de la prisión preventiva: lo que subyace es que los imputados aún no habían cumplido la totalidad de la pena que el juzgador estimó podría ser impuesta en caso de condena. Para ese momento, los imputados habían permanecido privados de su libertad 3 años y algunos días. El delito por el cual habían sido procesados (artículo 76 de la ley 2.230) previa una pena máxima de cinco años de penitenciaría. El juez no expuso cuál era su pronóstico de pena pero evidentemente era superior al mínimo legal. Ello configura una violación a la presunción de inocencia y al debido proceso (artículos 8(2), primera parte, y 25(1) y 2(a)) en atención a que se ha recurrido, para justificar la medida cautelar, a criterios ajenos a su naturaleza. Por otra parte, en esa resolución, tampoco se valoraron circunstancias objetivas que habrían permitido relacionar la sola mención de "la entidad del hecho que se incrimina (y) la escasa preventiva cumplida" a los peligros procesales.
170. El Tribunal de Apelaciones reconoció que "(podía) considerarse un plazo de preventiva indudablemente extenso" la circunstancia de que, al momento de esa resolución, los imputados habían cumplido dos terceras partes de la pena máxima establecida para el delito por el que se encontraban procesados y en virtud del cual había sido dictada su prisión preventiva. Sin embargo, inmediatamente después se justifica la prisión preventiva en la gravedad de los hechos y la posibilidad de que, de recaer condena, se aplique la pena máxima, la que, según se afirma en la misma resolución, sería de cinco años. Para esa época, los imputados habían permanecido privados de su libertad por tres años y siete meses, sin embargo, en ninguna de las decisiones judiciales se hace referencia a la procedencia o no del régimen de libertad provisional o anticipada.
172. En lo referido a la alegación de la complejidad de la causa, no se ha hecho un relato circunstanciado de los obstáculos que el juez a cargo de la investigación habría debido enfrenta. Por otra parte, el fiscal de la causa, en entrevista radial(47), atribuyó la lentitud del proceso a "la demora en los trámites administrativos del propio juzgado para el diligenciamiento de pruebas" e hizo referencia a que la falta de notificación a la defensa de la realización de una pericia motivó la solicitud de su nulidad, cuyo trámite habría demorado, aun más, el proceso. A su vez, de lo informado por el Estado el 8 de noviembre de 2006 sobre las pruebas incorporadas, surge que las medidas adoptadas son escasas y que su carácter no justifica la demora procesal. Por lo demás, este argumento sólo podría ser tenido en consideración a los fines de establecer si las autoridades obraron con la diligencia debida, una vez admitido por la Comisión que la prisión preventiva ha sido fundada en argumentos pertinentes y suficientes. De las consideraciones previas, surge que no lo ha sido.
173. El 30 de agosto de 2006, cuando los imputados habían cumplido cuatro años y días en prisión preventiva, la jueza en ese momento a cargo de la investigación rechazó la libertad provisional, sin fundamento alguno, a pesar de que se había declarado incompetente en esa misma resolución.
175. Recién el 19 de octubre de 2006 fueron formalmente acusados por el fiscal por considerarlos autores del delito de insolvencia societaria fraudulenta (artículo 5 ley 14.095), y se solicitó las penas de seis años de penitenciaría respecto de Jorge y nueve años de penitenciaria respecto de José y Dante. Para esa fecha, los imputados habían permanecido en prisión preventiva por cuatro años y dos meses, aproximadamente.
177. Por lo demás, la estimación de la pena que, en caso de condena, recaería de acuerdo a las circunstancias del caso constituye, además, una violación a la garantía a ser juzgado por un juez imparcial, al adelantar el magistrado el juicio acerca de la culpabilidad de los imputados (artículo 8(1)). En el presente caso, se ha puesto de manifiesto que, en el transcurso de las distintas instancias, se ha presupuesto que los imputados serían condenados y a una pena de penitenciaría elevada.
181. Por último, la interpretación del artículo 7(5) en el sentido de que se trata de una norma programática que impide a los jueces determinar un plazo no previsto legalmente no es aceptable. El artículo 7 reconoce el derecho a la libertad personal internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1(1), los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En cuanto ese derecho no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno, el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar las medidas que fueran necesarias para garantizar su aplicación directa e inmediata.
C. Incompatibilidad de la llamada "ley de descongestionamiento del sistema carcelario" o "ley de humanización y modernización del sistema carcelario" con la Convención.
184. La ley 17.897 estipula un régimen especial de "libertad anticipada y provisional" para penados privados de su libertad al 1º de marzo de 2005, pero establece excepciones para aquellos que cometieron determinado tipo de delitos, motivadas en la repulsa social de ciertas conductas.
185. La Comisión ha tenido oportunidad de expedirse en un caso similar, en el que ha señalado que este tipo de limitación es otro elemento que puede ser utilizado para menoscabar la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que las personas acusadas por determinados delitos, por esa sola circunstancia, son automáticamente excluidas de las restricciones que el Estado se ha impuesto en este tipo de medida cautelar.(48)
186. La discriminación legal para negar la libertad durante el proceso, fundada en el carácter
reprobable de determinados tipos de delitos, viola, asimismo, el principio de igualdad, en virtud del cual se debe deparar igual tratamiento a aquellas personas que se encuentran en una situación equivalente. Este tipo de distinción legal basada en el tipo de delito que se imputa a una persona no encuentra sustento en ninguno de los fundamentos procesales admisibles para justificar la prisión preventiva.
187. Respecto de una regulación legal similar, la Corte Interamericana, en el caso "Suárez Rosero", sostuvo que ese tipo de norma viola per se el artículo 2 de la Convención Americana.(49)
189. En ese caso, la Corte determinó: ... La excepción contenida en el artículo 114 bis citado infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención.(50)
191. Que el Estado uruguayo es responsable de la irrazonable prolongación de la prisión preventiva de Jorge,_José y Dante Peirano Basso, y que en consecuencia, el Estado uruguayo es responsable de la violación del derecho a la libertad personal (artículo 7(2), 3, 5 y 6), de las garantías del debido proceso (artículo 8(1) y 2) y del compromiso de garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos (artículo 25(1) y 2), en conjunción con las obligaciones genéricas del Estado de respetar y garantizar el ejercicio de esos derechos (artículo 1(1)9 y de adoptar medidas legislativas y de otro género que den la necesaria eficacia a esos derechos a nivel nacional (artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al 1º día del mes de mayo de 2007 Paolo G. Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor E. Abramovich, Segundo Vicepresidente; Evelio Fernández Arévalos, Clare K. Roberts y Paulo Sérgio Pinheiro, Miembros de la Comisión. Los comisionados Florentín Meléndez y Freddy Gutiérrez disintieron con la opinión de la mayoría. Se incluye a continuación del presente informe el voto razonado disidente del Comisionado Freddy Gutiérrez.
Santiago A. Canton - Secretario Ejecutivo
VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO FREDDY GUTIÉRREZ
SOBRE EL INFORME DE FONDO Nº 35/07
Respecto de este caso 12.553 Peirano Basso. Uruguay, oportunamente disiento y razono mi voto del modo que sigue:
Es del dominio público que el caso de los hermanos Peirano está asociado a situaciones financieras que significaron pérdidas colosales de dinero a ahorristas pequeños, medianos y altos que confiaron sus haberes a las instituciones bancarias que ellos manejaban. Se trata de un caso que tiene como origen la administración aparentemente culposa o dolosa de volúmenes importantes de fondos que provocaron empobrecimientos y hasta muertes de personas que se vieron afectadas por los hechos acaecidos.
Cientos de personas perdieron el ahorro de toda la vida por la negligencia, imprudencia, e inobservancia de las normas rectoras en la materia, o por las maniobras aparentemente fraudulentas de estos banqueros. De hecho el estado uruguayo argumentó que la fraudulenta bancarrota del grupo Peirano fue un factor decisivo, en la evolución y agravación de la crisis financiera en Uruguay. Durante la crisis hubo un registro en los bancos o la banca, según el cual el PIB per capita de $6,331 dólares por año en 1999, bajó a $3,307 por año en 2003. Por otro lado se reveló que aproximadamente 40.000 ciudadanos repentinamente adquirieron la categoría de indigentes y más de 250.000 podían considerarse pobres.
Las reservas internacionales de Uruguay se redujeron de $3 billones de dólares en diciembre de 2001 a 665 millones en agosto de 2002. El desempleo aumentó en un 20% de la, población económicamente activa. También durante la crisis, a nivel nacional, la atmósfera de desesperación condujo a un número de personas que habían perdido sus ahorros en el colapso de los bancos, a cometer suicidio. Estas, entre otras razones, privaron en la Corte Suprema uruguaya para decidir el 30 de marzo de 2006, el rechazo a la solicitud de liberación de los hermanos Peirano.
Esto derivó en medidas de privación de libertad dictadas por el estado, que suscitaron debates judiciales en el interior del Uruguay, asociados a la aplicación de la ley penal en el tiempo. Es importante poner de relieve que, en el sistema europeo como el americano, dados unos hechos típicamente antijurídicos, una detención es legal si ésta se realiza sobre la base de las normas establecidas en el derecho interno y, del mismo modo, la privación preventiva de libertad es considerada legal si ésta se lleva a efecto dentro de los límites definidos en el derecho interno.
Cuando no existen límites de tiempo explícitos en la legislación o cuando existen conflictos de normas por sus rangos, o por su aplicación inter-temporal, los tribunales internos son los calificados para decidir respecto a la condición breve o excesiva de la detención preventiva. La Comisión conoció de esta causa y, en el marco de la tramitación ordinaria le correspondió a quien esto escribe, en mi condición de Relator para el Uruguay, iniciar el examen y estudio de la misma.
Cabe destacar que el expediente se nutrió de las argumentaciones presentadas por los
peticionarios y también por el estado, e Incluso, se escuchó a terceros a quienes les pareció
importante expresar sus puntos de vista sobre la materia. Todos fueron tratados con la
consideración y el respeto debidos dentro de los límites que ofrece el derecho.
En el decurso del tiempo se solicitaron a la Comisión varias medidas cautelares que nunca
tuvieron mi voto favorable. Hasta nuestro último período de sesiones ordinarias que se celebró
en febrero en Washington, todo se había cumplido atendiendo rigurosamente las fases de un
proceso sencillo rodeado de condiciones complejas. A los efectos de la investigación detallada
del caso, la abogada auxiliar de la Relataría estudió cuidadosamente el expediente para la
evaluación de esta causa e hizo un trabajo excelente y profesionalmente irrefutable. En mi
condición de Relator siempre estuve informado por la abogada auxiliar de los avances que se
verificaban en el proceso seguido.
El Secretario, por circunstancias que nunca conocí ni conozco, le quitó el estudio del
expediente a la abogada auxiliar, y se lo entregó a un joven profesional con quien no he
compartido ningún trabajo. Desconozco si el Secretario compartió los cambios administrativos
con algún comisionado, tal vez de su misma nacionalidad, que es la misma que tienen los
abogados que asisten a los Peirano como presuntas víctimas del estado uruguayo, pero lo que
si es un hecho categórico es que el Relator, quien suscribe, nunca fue consultado sobre el
asunto. Estos cambios curiosos nunca se me informaron ni en mi condición de Comisionado, ni
de Relator, y mi conocimiento de los mismos fue accidental.
No debo pasar por alto que la normativa que nos rige establece que un comisionado no debe
participar en las discusiones y votaciones, que se verifican en la comisión respecto al país del
cual es nacional. Si esto es válido respecto a los comisionados con mayor o igual razón es
válido respecto al secretario. En el caso concreto que nos ocupa, aun cuando el estado sobre
el cual se vota y se discute es Uruguay, no se puede omitir que los abogados que representan
ante la comisión a las presuntas víctimas son de la misma nacionalidad que el secretario.
Además, no puede escapar a nuestro entendimiento, el hecho cierto del diferendo inter-estatal
actual entre Uruguay y Argentina por las papeleras. Por lo menos, a mi entender, el secretario
ha debido inhibirse de sustanciar esta causa, y en ningún caso ha debido tomar decisiones
respecto a la abogada que estaba organizando el expediente y, todo esto si consultar al
Relator. Otros detalles no menores también se produjeron.
En efecto, cuando se nos entregó la carpeta que contenía los expedientes que serían decididos
en este mes de febrero pasado, durante el 127 período de sesiones, el caso 12.553 Peirano
Basso estaba en el índice, pero no se encontraba en el interior de la carpeta. Lo pedí en varias
ocasiones y sólo se me entregó veinte minutos antes de ser debatido. Como podrá fácilmente
entenderse hubiese constituido una irresponsabilidad un pronunciamiento de mi parte sobre el
contenido del mismo. Otro hecho, es que se dieron diez días después de culminadas las
sesiones para que los comisionados pronunciaran sus votos virtuales y, en efecto, algunos lo
hicieron, otros pidieron correcciones y, la verdad sea dicha, a pesar de construirse una curiosa
mayoría, no se supo por un buen tiempo cuál era el contenido de lo que se estaba aprobando.
En todo caso, importa resaltar que la orientación original del expediente mientras estuvo en mis
manos y de la abogada experta que me asiste en esta materia, era encontrar una
contravención a la Convención Americana en su artículo 7(5) que consagra el Derecho a la
"Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio."
Esencialmente, a nuestro entender, nos aproximábamos en el examen del expediente, al
hallazgo del quebrantamiento de normas asociadas al plazo razonable al que, según nuestro
punto de vista ha debido atenderse en el caso que nos ocupa. Hubo fallas por parte del estado
en lo relativo a un juzgamiento cumpliendo las fases propias de un proceso de esta naturaleza,
dentro de marcos temporales aceptables para el derecho y el sentido común. Por supuesto me
refiero a un juzgamiento en sentido lato que comprendería desde la detención preventiva hasta
la adopción de la o las sentencias que hubiesen correspondido con arreglo a las normas
adjetivas reguladoras del proceso y procedimientos en el andamiaje tribunalicio doméstico.
A los efectos de proporcionarle un mayor respaldo a este planteamiento se hizo un examen de
derecho comparado, y se estudió jurisprudencia europea pertinente para el examen del caso.
Concretamente se recordó el precedente de 1993 W Vs, Swtzerland suizo asociado a un
negociante suizo y once cómplices por manejo fraudulento de sesenta compañías.
Sobre una base normativa y jurisprudencial se estructuró el expediente que originalmente
tuvimos en nuestras manos. Sin embargo, al pasar por diferentes manos (no se cuáles) se
encontraron violaciones excesivas a la Convención, que, a mi entender, desnaturalizan el
planteamiento original, no le brindan ninguna fortaleza al expediente y, contrariamente a lo que
procuran, lo debilitan.
No puedo compartir la decisión de mis colegas de haber encontrado violaciones a los artículos
7(2) y (3) de la Convención Americana concluyendo que la privación de libertad ha sido
contraria a la ley doméstica y que ha sido arbitraria. No se puede omitir que los sujetos
concernidos en esta causa fueron procesados e imputados el 8 de agosto de 2002 como
autores de delitos previstos en el código penal. Para mi no hay lugar a dudas de que,
planteados así los hechos, la detención de los hermanos Peirano fue legal, y el estado
uruguayo actuó apegado a sus normas.
No puedo compartir el criterio de mis colegas en la creación de un factor promedio
internacional a lo mejor ficticio o deseable a los ojos de algunos, según el cual, se requiere que
las autoridades judiciales tienen que dar respuesta a los argumentos de la defensa, pues de no
ser así se viola el artículo 8(1) de la Convención Americana. Lo que estuvo planteado en el
proceso fue las insistentes y reiteradas solicitudes, por lo menos siete, de libertad condicional
de los hermanos Peirano, a quienes se les imputaba graves y serios delitos. El estado
uruguayo había recabado un importante cúmulo indiciario de la comisión de hechos punibles,
de que habían bases suficientes para presumir una fuga, y que, de hecho, el cuarto hermano
Juan Peirano se encontraba prófugo. Además, se consideraba el peligro de reincidencia y, por
supuesto, la necesaria preservación del orden público por la amenaza con fundamento de
disturbios importantes que entrañaba la liberación de quienes estaban ya privados de la
Los tribunales más altos de nuestros países suelen rechazar solicitudes de todo tipo sin
contestar los argumentos de la defensa, o entrar en explicaciones detalladas de motivación,
cuando las razones de la detención son evidentes como en el presente caso. Por supuesto,
esta afirmación no niega el valor intrínseco del debate procesal. Por esta razón no comparto la
decisión de mis colegas de encontrar violación al artículo 8(1) de la Convención Americana.
Los hermanos Peirano, por otra parte, tuvieron acceso una y varias veces a los tribunales para
solicitar libertad condicional, en consecuencia, no puede válidamente afirmarse que se violó el
articulo 7(6) de la Convención Americana, toda vez que el hecho de que no hubiese resultado
exitosa la pretensión no puede entenderse como impedimento de acceso a la justicia.
En la misma línea de pensamiento, reitero que las iniciativas de la defensa de los hermanos
Peirano ante los tribunales para conseguir la libertad no prosperaron, pero esto no equivale, en
mi opinión, a una violación de la Convención. Reconociendo la existencia de los reiterados
trámites, no comparto la opinión de mis colegas, de que no existe en la legislación uruguaya un
recurso sencillo y rápido, tómese en cuenta, a estos efectos, que el mismo procedimiento
existente, aplicado en otros casos, resultó en la liberación de varios co-acusados, entonces, no
encuentro la supuesta violación al articulo 25(1) ni la supuesta violación al artículo 25(2)(a) de
Habría que agregar que el enfoque del expediente trivializando los asuntos importantes en
juego, intentan que se vea una fotografía en la que el estado uruguayo es un forajido que
persigue despiadadamente a víctimas inocentes que lo único que merecen es protección. Al
concluir la lectura del expediente aprobado por mis colegas, pidiendo clemencia para esas
víctimas, el lector habrá olvidado que sobre los hermanos Peirano, concretamente contra José
Peirano está pendiente de ejecución en el Paraguay una orden de captura, pesan órdenes de
detención internacionales ante tribunales de los Estados Unidos por reclamantes argentinos y
paraguayos, y que en diciembre de 2005 la Corte Suprema de Nueva York ordenó a Juan
Peirano pagar más de nueve millones de dólares a favor de siete reclamantes paraguayos.
Finalmente una breve nota sobre el mandato de Habeas Corpus y la detención preventiva. El
Habeas Corpus permite a un detenido cuestionar la legalidad de su detención y, en el caso que
nos ocupa, su invocación se hizo, pero la valoración por los tribunales domésticos no derivó en
la viabilidad de un acto distinto a la privación de la libertad, entonces, la detención fue legal,
habida cuenta que se llevaron prontamente ante un juez y se les imputaron cargos, asunto que
en nuestra opinión revestía de legalidad la detención en conformidad con las leyes uruguayas
en concordancia con los artículos 7(2) y (3) y (6) de la Convención Americana.
Por último, no debo omitir la extensión y las condiciones del escenario donde estos hechos
están sucediéndose. La mayoría de las personas privadas de libertad en las Américas, están
todavía en la circunstancia de la detención preventiva. Esto no se justifica, pero menos se
justifica indulgencia a aquellos que excepcionalmente tienen acceso a los órganos
internacionales, creándose discriminaciones, desigualdades o tratos inequitativos sobre
quienes pesan medidas restrictivas o de privación de libertad.
Planteados así los hechos, razono mi voto del modo que antecede.
Relator para el Uruguay
RESOLUCIÓN 2/07
Tomando en consideración las opiniones presentadas por el Comisionado Freddy Gutiérrez en
su voto razonado al Informe de fondo Nº 35/07 del caso 12.553 Jorge, José y Dante Peirano
Basso (Uruguay),
1. Reiterar que el trámite del expediente del caso 12.553 Jorge, José y Dante Peirano
Basso (Uruguay) se ajusta plenamente a las normas establecidas en la Convención
Americana y el Reglamento de la Comisión. En efecto, la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la CIDH,
preparó un proyecto de informe sobre este caso, el mismo que fue discutido por la
Comisión durante su 126º período ordinario de sesiones. Por instrucciones de la
Comisión, la Secretaría preparó un nuevo proyecto de informe sobre este caso, y lo
sometió a consideración de la Comisión durante su 127° período ordinario de sesiones.
La Comisión acordó, en base al artículo 17 numeral 5 de su Reglamento, continuar la
deliberación y decidir sobre este informe por vía electrónica, de tal forma que todos los
Comisionados tuvimos el mismo tiempo para estudiar el caso y razonar nuestra
2. Afirmar que la dirección, planificación y coordinación del trabajo de la Secretaría
Ejecutiva son atribuciones del Secretario Ejecutivo de la CIDH. En ese sentido, cuando la
Secretaría Ejecutiva presenta ante la Comisión un proyecto de informe, los miembros de
la Comisión no hacemos distinción en base a qué abogados de la Secretaría trabajaron
dicho proyecto. Por el contrario, los miembros de la Comisión nos dedicamos a hacer un
estudio pormenorizado en base a la información proveída por las partes del caso para
fundamentar nuestra decisión en base estrictamente al derecho internacional de los
derechos humanos consagrado en los instrumentos interamericanos aplicables al caso.
3. Rechazar las imaginativas elaboraciones del Comisionado Gutiérrez mediante las que
se pretende imputar conductas impropias por parte de la Comisión y de la Secretaría
Ejecutiva y se pretende además dar un tinte político a la decisión adoptada por la
Comisión, haciendo referencia a hechos y circunstancias absolutamente ajenos a la
materia del caso. Las expresiones del Comisionado Gutiérrez denotan falta de
profesionalismo y de responsabilidad, y son incongruentes con el deber de los
miembros de la Comisión de guardar un comportamiento acorde con la elevada
autoridad moral de su cargo y la importancia de la misión encomendada a la Comisión,
establecido en el artículo 9 del Estatuto de la CIDH.
4. Hacer pública la presente resolución, dictada en relación con el Caso 12.553 Jorge,
José y Dante Peirano Basso (Uruguay).
Resolución aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 11
días del mes de mayo de 2007. Florentín Meléndez, Presidente; Paolo G. Carozza, Primer
Vicepresidente; Víctor E. Abramovich, Segundo Vicepresidente; Evelio Fernández
Arévalos, Clare K. Roberts y Paulo Sérgio Pinheiro, Miembros de la Comisión.
VM/DIDH 332
Nº 281/07
Montevideo, 15 de mayo de 2007
SEÑORA SECRETARIA LETRADA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DRA. MARTHA B. CHAO DE INCHAUSTI
Tengo el agrado de dirigirme a la Sra. Secretaria Letrada de la Suprema Corte de Justicia, a los
efectos de hacerle llegar adjunta a la presente, nota recibida de la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación con el caso 12.553
"Jorge, José y Dante Peirano Basso", impetrado en sede de la Comisión Interamericana de
La Cancillería de la República en cumplimiento de su misión de informar sobre el desarrollo de
acontecimientos de indudable relevancia jurídica que involucrarían a la Corporación, se permite
poner en su conocimiento, el informe Nº 35/07 sobre el fondo del asunto.
Agradeciéndole su gestión a fin de hacerle llegar la presente a la Sra. Presidenta de la
Corporación, reitero a la Sra. Secretaria Letrada de la Suprema Corte de Justicia las
seguridades de mi más distinguida consideración.
Reinaldo Gargano – MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Oficio Nº 548/2007
REF.: 3/2005
Sra. Juez Letrado de Primera Instancia
en lo Penal de 7° Turno
Dra. Graciela Gatti
Tengo el honor de cursar a Ud. el presente, en autos caratulados: "COMISIÓN
AMERICANOS SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS SEÑORES JORGE, JOSE Y
DANTE PEIRANO BASSO - OTRO" a fin de remitirle Nota Nº 281/07 y actuaciones recibidas
del Ministerio de Relaciones Exteriores (fojas 239 a 274), a los efectos pertinentes.
Dra. Teresita Maccio Ambrosoni – PROSECRETARIA LETRADA DE LA SUPREMA CORTE
Montevideo, 18 de mayo de 2007
Téngase el presente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
agregado en autos, y sobre el mismo su (eventual) incidencia en la situación de los
encausados de autos, vista al Ministerio Público y la Defensa de los Sres. Dante, José y Jorge
Dra. Graciela Gatti – JUEZ LETRADO

References: artículo 50
 artículo 43
 artículo 2
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 artículo 26
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 artículo 27
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 artículo 7
 artículo 8
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 artículo
9
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 artículo 8
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 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 27
 artículo 76

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 11
 artículo 328
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
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 artículo 2
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 artículo 8
 artículo 25

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 artículo 17
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