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Timestamp: 2020-02-25 03:15:23+00:00

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La responsabilidad penal de votar la DUI - Hay Derecho
30 octubre, 2017 /9 Comentarios/en Blog /por Javier Cuairán García
El pasado 27 de octubre de 2017 tuvo lugar la última actuación de un plan de secesión que llevaba gestándose meses atrás con los preparativos de la consulta del 1-O, la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y que, finalmente, concluyó con la realización de una votación secreta en el seno del Parlament para la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
En dicha votación -insistimos, de carácter secreto- participaron 82 de los 135 diputados del Parlament, con un resultado de 70 votos a favor de la propuesta independentista, 2 abstenciones y 10 votos en contra por parte de los miembros de “Catalunya Sí que es Pot”, quienes anticiparon el sentido de su voto exigiendo, sin éxito, idéntico comportamiento a las demás formaciones.
A pesar de que la resolución aprobada por el Parlament no hubiera constituido una verdadera DUI, desde un punto de vista formal, como bien ha apuntado Ignacio Gomá Garcés (ver aquí), lo cierto es que esta cuestión resulta irrelevante desde un punto de vista penal. En este sentido, la utilización de una fórmula parlamentaria u otra no es un elemento decisivo a la hora de analizar si concurren o no los elementos del tipo penal, puesto que en la realidad externa (que es en lo que se fija el Derecho penal) sí se ha producido una declaración de facto, independientemente de los efectos que esta declaración pueda desplegar o no en el plano administrativo y constitucional.
La Fiscalía General del Estado ha manifestado que todas estas conductas integran el delito de rebelión previsto y penado en el artículo 472 del Código Penal al haberse contravenido los valores más elementales y sensibles de nuestra Constitución, entendida como única herramienta capaz de garantizar la paz y la convivencia social. A este respecto, el artículo 472 del Código Penal sanciona las conductas de quienes “se alzaren violenta y públicamente” para, entre otros fines, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, o bien “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
Así, todo parece indicar que la Fiscalía presentará hoy lunes dos querellas por razones competenciales: una primera ante la Audiencia Nacional dirigida contra los trece miembros del Govern, al haber perdido su condición de aforados tras su cese del pasado viernes, y una segunda ante el Tribunal Supremo contra los cuatro miembros de la Mesa del Parlament que aún forman parte de la Diputación Permanente y, por tanto, mantienen su aforamiento.
Pero, ¿existe además algún tipo de responsabilidad penal para los que con su voto favorable contribuyeron a la proclamación de independencia? Es decir, ¿los 70 diputados que votaron a favor han contribuido jurídicamente a la comisión del delito de rebelión? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿sería posible la imputación de los 70 parlamentarios teniendo en cuenta la abstención de los dos parlamentarios cuyo anonimato impide la certeza de su identificación por el carácter secreto del voto?
Sin entrar a analizar en este momento la concurrencia o no del requisito de la violencia para entender cometido el delito de rebelión, lo cierto es que la adopción de acuerdos mediante votos, aparte de constituir una de las modalidades de conformación de la voluntad en el seno de cualquier ente colectivo, público o privado, puede suponer la expresión de la manifestación de una voluntad colectiva contraria a deber.
Esta cuestión debe tratarse exclusivamente desde la perspectiva de la determinación de la responsabilidad individual, es decir, sobre la base de que la responsabilidad penal es siempre personal e impide extender a todos los miembros del Parlament la responsabilidad por las decisiones que tome la mayoría, aunque estas fructificaran en la adopción de acuerdos contrarios a derecho. En consecuencia, resulta obligado valorar las consecuencias jurídicas del sentido formal de cada voto –el sí, el no y la abstención- y también si la manifestación de voluntad que el voto representa resulta acorde a la legalidad.
Respecto a los que votaron a favor, cada uno de esos votos fueron causa directa del acuerdo contrario a derecho finalmente adoptado, ya que dichos votos, conjuntamente con los demás, fueron determinantes para el conjunto de condiciones del “Procés” que se han cumplimentado para adoptar la decisión final de independencia. O lo que es lo mismo, en puridad, quien ha emitido su voto en favor de la adopción del acuerdo, estando investido como representante de la soberanía popular, ha coadyuvado objetivamente a la comisión del delito, por lo que no cabría descartar ab initio la relevancia penal de estos setenta diputados, al margen de la forma de participación en la que pudiera ser encuadrada su conducta.
Ventilada esta cuestión, y a la vista de las dos abstenciones, ¿sería jurídicamente viable dirigir la querella de Fiscalía contra los 70 diputados si actualmente no es posible determinar su identidad? La fase de instrucción es una fase preliminar del procedimiento que tiene por cometido esclarecer las posibles conductas delictivas así como sus presuntos responsables, lo que en ningún caso equivale a una declaración de responsabilidad, por lo que nada empecería a que se practicaran las diligencias oportunas a tal fin, es decir, que se iniciase la investigación al objeto de identificar a los Diputados que se abstuvieron.
Por el contrario, para el caso de que si siguieran existiendo dudas sobre la identificación de dichos absentistas en fase de juicio oral, no cabría otra declaración que la exención de responsabilidad del conjunto de los votantes al no ser posible la individualización de los sujetos que hubieran votado a favor de la resolución ilegal. Es probable que ése fuera el propósito de las 2 abstenciones secretas: imposibilitar la identificación de los 70.
Con independencia de lo anterior, y a la vista del contenido manifiestamente ilegal de la votación que supuso la cristalización de una sucesión de conductas delictivas atentatorias contra los principios democráticos del Estado de Derecho, tampoco cabría descartar la responsabilidad penal en la que pudieran haber incurrido los que se abstuvieron con su voto, mostrando una actitud pasiva. Es razonable pensar que la conducta exigible a los abstencionistas hubiera sido la de pronunciarse en contra de cualquier pretensión que acarreara una infracción burda -y grave- del ordenamiento jurídico. En otras palabras, la conducta de quien se limita a abstenerse, permitiendo o facilitando la adopción del acuerdo ilegal, resulta equiparable a quién vota a favor, puesto que debiendo votar en contra no lo hace con conciencia de que el sentido de la votación será favorable a la concesión ilegal (artículo 11 CP).
En definitiva, independientemente de lo que decida hoy la Fiscalía General del Estado, respecto de los sujetos concretos frente a los que dirigirá las dos querellas, la posibilidad de iniciar la acción penal frente a los diputados que votaron a favor (o que se abstuvieron) no resulta en modo alguno descartable desde un punto de vista jurídico-penal.
Etiquetas: Cataluña, DUI, independencia, Penal
30 octubre, 2017 en 17:51
Se parte de una premisa falsa en el artículo:
“A pesar de que la resolución aprobada por el Parlament no hubiera constituido una verdadera DUI, desde un punto de vista formal, como bien ha apuntado Ignacio Gomá Garcés”
Vuelvo a repetir lo que ya comenté con anterioridad en otro hilo: no hay un cauce tasado en el derecho internacional para considerar una DUI válida o no válida. No se establece un quorum, no se establece si debe de ser en votación o mediante una declaración oral… en definitiva ninguna declaración de independencia sigue un cauce formal, de lo que obliga a buscar una serie de requisitos lógico-objetivos mínimos que configuren el tipo penal.
En el caso de la votación, como hubo votos secretos de diputados de la formación de PODEM, la marca de PODEMOS en Cataluña, esos votos se añadieron a los emitidos por los secesionistas. Hay un principio básico del derecho penal que es el principio in dubio pro reo, es decir, que ante la duda de qué votaron, no se les puede condenar. Al mezclarse votos de los secesionistas por el SI con otros por el NO, queda la duda de qué pudo votar cada uno.
Pero éste es un debate absurdo, ya que la DUI ya se produjo en el documento que firmaron públicamente los diputados, reproduzco mi comentario y estoy a la espera de que algún jurista lo desmonte o me de argumentos para convencerme de lo contrario:
J Maceiras Caamaño Dice:
1 noviembre, 2017 en 14:44
30 octubre, 2017 en 18:33
Chapó a las dos querellas
30 octubre, 2017 en 22:54
A efectos del delito concreto de rebelión, no sé si es muy importante lo del voto secreto, si al fin y al cabo no existe alzamiento “violento” imputable a los parlamentarios. Cierto es que el President luego instó a los catalanes a oponerse “democráticamente” al 155 y, visto su entendimiento de este término a la luz de sus actos, el mismo podría significar cualquier cosa…, pero este es un argumento jocoso más que nada…
31 octubre, 2017 en 23:18
Hacer un llamamiento público a oponerse a la aplicación de las leyes y a las resoluciones judiciales, mediante movilizaciones masivas, es objetivamente un llamamiento a que mediante la movilización masiva, es decir, mediante una actitud claramente activa y tendente a impedir la aplicación de las leyes se instaure una nueva legalidad por la vía de la fuerza, ya que todo intento de alterar la legalidad y la constitución fuera de los cauces previstos y reglados, constituye un acto de fuerza, ya que se trata de impedir la vigencia del estado de derecho y del cumplimiento de resoluciones judiciales.
La violencia es un concepto que no se limita a la vis fisica. Del mismo modo que la violencia de género engloba actos considerados como violencia, que no se limitan al uso de la fuerza, sino a la violencia verbal.
Violentar la democracia mediante llamamientos masivos a desobedecer la legalidad, contempla implicitamente violencia, puede ser física y que la misma se represente en agresiones (como lanzar piedras a agentes de la autoridad), que se represente de forma verbal (insultando a los agentes de la autoridad), que se represente de forma intimidatoria mediante movilizaciones de la población en torno a la autoridad para evitar el cumplimiento de resoluciones judiciales… Todas estas acciones encajan en el ámbito de la violencia en sus distintas variantes, exceden el ámbito de la política y de la libertad de expresión y van encaminadas a subvertir la legalidad mediante cauces no democráticos.
1 noviembre, 2017 en 14:59
Estoy de acuerdo respecto a la exigencia de violencia en el delito de rebelión; es difícil imaginar un supuesto en el que se alcance alguno de los fines de este delito sin un mínimo uso de la fuerza o una mínima disposición a realizarla; debería quizá ampliarse el concepto de violencia a la” vis compulsiva” o violencia moral adaptada al S. XXI, y entendiendo que es coerción obtener alguno de los fines del tipo creando ese temor a sufrir un mal inminente mediante una fractura o anuncio de fractura de tipo económico con consecuencias evidenciables en los mercados financieros, fugas de empresas.. etc y que se materializarían en inseguridad jurídica, aumento del desempleo o imposibilidad de pagar las pensiones entre otras muchas cosas y que resultarían de haberse prolongado mucho más esta situación.
De hecho el “pulso al Estado” para lograr finalmente una salida pactada, obligándole a elegir el mal menor podría entenderse como un consentimiento obtenido mediante violencia o coerción. A ver qué dice el Supremo, desde luego cuando un legislador piensa en golpe de Estado piensa más en un Tejero, pero ya se ha visto que hoy intimida más que se muevan dos bancos a que se agiten varias pistolas en un Parlamento.
Sin olvidar los documentos incautados en los que se describía con todo detalle cómo debía tensarse el conflicto con el Estado hasta que este claudicase ante la inestabilidad generada y por supuesto el acoso y provocación a Policías y Guardias Civiles dirigido por dos asociaciones políticas vinculadas al Gobierno
31 octubre, 2017 en 06:29
Supongo que a estas alturas todos estaremos pendientes de leer la extensa querella de la fiscalía contra los fugados.
Como la cosa va para largo y ya apunta al TEDH, — tribunal que notoriamente está tomado por la masonería, el lobby del género, etc.– quizás sea interesante comenzar a tomar nota de todos los factores en juego porque, de no producirse una fulminante reacción de la UE y del gobierno belga, veremos que terminarán saliendo a la palestra graves cuestiones de fondo.
1- Los hasta ahora semiocultos grupos de interés –y sectas– que controlan instituciones cruciales de las democracias europeas. La masonería junto a la ERT –ambos asombrosamente “missing” de cualquier relación de grupos de Interés de las que manejan los grupos pro-transparencia– son los dos principales en la UE .
A su vez, y como es sabido públicamente, en Febrero de este año, el Sr Puigdemont fue el invitado de honor de la Gran Logia de España en los actos públicos que siguieron a su gran tenida en Cataluña donde ERC es la base de un gran número de sus miembros.
Es decir, nuevamente a los activistas pro transparencia les entran los goles a puerta vacía y con los delanteros en fuera de juego.
2. Salvo que –como sería de esperar– se produzca un nítido y discreto posicionamiento de la Masonería sobre la cuestión nacionalista veremos que las endebles costuras de la UE seguirán reventando gracias a, entre otros factores, los Nacionalismos etnoculturales. Va siendo hora de que todos nos hagamos la foto y despertemos ante las amenazas en vez de rendirnos a ellas con la boca abierta.
Cómo España ha tolerado en Democracia a Ideologías identitarias que no son compatibles con democracias de ciudadanos Libres e Iguales, es una incógnita que ya va siendo hora de afrontar porque esta gente es capaz de volver a cargarse todo.
Desde esta perspectiva las posibilidades de la querella del equipo liderado por el magistrado Maza pasan a integrarse en un problema que sin duda el gobierno de España habrá sabido calibrar en todas sus ramificaciones que sin la menor duda conocen muy bien.
Esperemos que así sea y que continúe la ayuda que hasta ahora España ha recibido de nuestros socios mayores de la UE –ojito con los menores– y de los EEUU y si es posible se haga aún más firme. A ellos debemos estar muy agradecidos.
La Audiencia Nacional ¿es competente? Auto Audiencia Nacional de 2 diciembre 2008 (Cendoj AAN 88/2008) dice que no.
31 octubre, 2017 en 23:27
Auto de 21 de diciembre del 2015 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, que archiva una denuncia de la Fiscalía contra los concejales de Premiá de Dalt (Barcelona) que votaron en un Pleno del Ayuntamiento una moción a favor de la resolución del Parlament de Cataluña que acordaba el inicio del proceso de independencia. El Auto descarta que exista delito de rebelión en aquella moción porque “los hechos descritos en la denuncia, según los propios términos que en la misma se refieren y que se atribuyen al Ayuntamiento de Premià de Dalt, no pueden ser calificados de violentos (el DRAE identifica violento con quien “obra con ímpetu y fuerza” o con quien “se deja llevar fácilmente por la ira”), como precisa el delito de rebelión”
La Audiencia Nacional en 2015 admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía por delito de rebelión, en la que valorando los hechos mediante auto descartó la existencia de violencia en aquel caso, en vez de declararse incompetente e inhibirse a favor de otro Tribunal.
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References: resolución 
 artículo 472
 artículo 472
 resolución 
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in dubio
 resolución