Source: http://espanito.com/admisibilidad-dianora-maleno.html
Timestamp: 2018-11-18 12:08:23+00:00

Document:
Admisibilidad dianora maleno
INFORME No. 122/111
PETICIÓN 454-06
El 29 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o “la Comisión Interamericana”) recibió una petición presentada por la organización Hogares sin Violencia (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado”), por la violación sexual sufrida por la señora Dianora Maleno (en adelante “la presunta víctima” o “la señora Maleno”), mientras estuvo privada de libertad en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona, Estado de Anzoátegui, y por los perjuicios sufridos debido a las condiciones de detención en el Retén de la Policía Metropolitana de Lechería en la misma ciudad. Se aduce que el Estado mantuvo a la presunta víctima en condiciones de detención tales que quedó expuesta a que reclusos varones abusaran sexualmente de ella, y que este hecho ha permanecido en la impunidad debido a la falta de investigación diligente y de sanción de los presuntos responsables. Asimismo, se alegan presuntas violaciones al derecho al debido proceso en la causa penal seguida contra la señora Maleno.
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial, establecidos respectivamente en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con los deberes generales de respeto y garantía establecidos en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. Además, alegan el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones emanadas de los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".
El Estado, por su parte, alega en lo fundamental que el proceso penal seguido a la señora Dianora Maleno por el delito de homicidio calificado se ajustó a la normativa procesal penal vigente y que se le respetó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Con respecto al proceso penal seguido con relación a los actos de violencia sexual a los que habría sido sometida la señora Maleno, el Estado adujo que el mismo se encontraba en fase de investigación, por lo que no se habrían agotado los recursos de la jurisdicción interna, solicitando así que la presente petición sea declarada inadmisible.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar la petición admisible a efecto del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, todos en concordancia con su artículo 1.1 de dicho tratado; del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la Comisión Interamericana declara que la petición es admisible respecto del artículo 11 de la Convención Americana. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual ante la Asamblea General de la OEA.
La Comisión Interamericana registró la petición bajo el número P-454-06 y transmitió al Estado sus partes pertinentes el 5 de julio de 2006, dándole un plazo de dos meses para presentar información, de conformidad con el artículo 30.3 del Reglamento de la CIDH.
El 11 de octubre de 2006 se recibió información adicional por parte de los peticionarios, la cual fue trasladada al Estado mediante nota del 23 de octubre de 2006 para que presentara sus observaciones. El 26 de febrero 2008 se recibieron las observaciones del Estado, las que fueron trasladadas a los peticionarios para sus observaciones.
El 10 de junio de 2009 se recibieron las observaciones de los peticionarios a la respuesta del Estado, de lo cual se le dio traslado al Estado el 11 de junio de 2009, dándosele el plazo de un mes para que presentara sus observaciones. Sin embargo, a la fecha de aprobación del presente informe aún no se ha recibido respuesta por parte del Estado.
En su escrito de observaciones a la respuesta del Estado los peticionarios solicitaron la incorporación en calidad de víctimas de otras cuatro mujeres respecto de las que se informa que también habrían sido sometidas a abusos sexuales por parte de los reclusos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui mientras estuvieron recluidas en ese establecimiento2. Sin embargo, con respecto a estas personas los peticionarios solamente formulan alegatos genéricos y no presentan suficiente información que permita analizar la tramitabilidad de estos reclamos.
Los peticionarios señalan que la señora Dianora Maleno ha sido víctima de un conjunto interrelacionado de violaciones a sus derechos humanos, agravadas por su sexo y situación socioeconómica desfavorable. Según indican, es una mujer campesina en situación de pobreza extrema.
En primer lugar, los peticionarios aducen que la señora Dianora Maleno fue detenida el 18 de octubre de 2001 por la presunta comisión del delito de homicidio calificado (infanticidio/filicidio) y presentada por la Fiscalía 16º de la Circunscripción Judicial del Estado de Anzoátegui ante el Tribunal 4º de Control en funciones el 20 de octubre de 2001. Posteriormente, el 22 de octubre de 2001 la referida autoridad judicial dispuso la detención de la señora Maleno en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, sin que la defensa pública apelara esta decisión.
Alegan que al momento de su reclusión en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, el control interno de este establecimiento –incluyendo el anexo para mujeres– estaba totalmente en manos de los propios reclusos, quienes desde hacía varios años se habían tomado el penal y ejercían de facto el control del orden interno; por lo que las autoridades civiles casi no ingresaban a sus instalaciones y ni controlaban lo que ocurría intramuros. Por esta razón, según se alega, las autoridades civiles no ofrecían garantías mínimas para la seguridad de los reclusos y reclusas internados en ese establecimiento. Asimismo, los peticionarios subrayan que en dicho establecimiento no habría separación efectiva entre hombres y mujeres, ni entre procesados y condenados; que los niveles de violencia eran altos –reportándose un promedio de cuatro muertes violentas mensuales–; y que las mujeres allí recluidas eran permanentemente objeto de actos de violencia y servidumbre sexual por parte de reclusos varones. Se aduce que por regla general dichas agresiones sexuales permanecían impunes debido al temor de las víctimas de denunciar a los internos que las abusaban.
En este contexto, el 6 de enero de 2002 la señora Dianora Maleno habría sido amenazada y violada “salvajemente” durante dos horas por cinco reclusos armados que irrumpieron en el anexo de mujeres. Los peticionarios sostienen que la víctima fue “sometida a todo tipo de aberraciones sexuales y violación vaginal y anal por sus torturadores”, sin que recibiera ningún tipo de ayuda, ni persona alguna se presentara en las instalaciones durante el tiempo que duró la agresión sexual. Horas después de estos hechos la presunta víctima fue llevada por las autoridades penitenciarias a un hospital público donde recibió atención médica de urgencia, tras lo cual fue traída de regreso al mismo centro penal. Sin embargo, la señora Maleno no habría recibido la atención requerida de tipo médico, físico y psicológico en casos de violencia sexual, ni se le realizaron pruebas de enfermedades venéreas o de VIH.
Los peticionarios sostienen que el día siguiente, la señora Maleno reportó la violación al Director del Centro Penal, y el 8 de enero de 2002 se constituyeron en el lugar de los hechos diversas autoridades judiciales, de instrucción y de la Defensoría del Pueblo. La presunta víctima denunció los hechos ocurridos a las autoridades presentes en esa diligencia y señaló con nombres y apodos a los cinco reclusos que la habrían violado.
No obstante, según se alega, el Estado incumplió su deber de investigar con la debida diligencia los hechos denunciados y de sancionar a los autores de la violación sexual de la señora Dianora Maleno. Los peticionarios indican que la única prueba practicada luego de los hechos fue una pericia médica realizada el 15 de enero de 2002 (nueve días después de los hechos), y cuyo contenido era extremadamente lacónico, al punto que el Fiscal de Ejecución y Sentencia –actuante en ese momento– tuvo que solicitar una ampliación del mismo, la cual fue expedida el 22 de febrero de 2002.
Los peticionarios manifiestan que a pesar de que la presunta víctima individualizó desde un principio a los cinco internos que la agredieron sexualmente, el proceso penal correspondiente aún se encuentra en su fase de investigación. Alegan, por ejemplo, que no se aseguraron a los posibles perpetradores, quienes por ser reclusos se encontraban a disposición de las autoridades, ni se tomaron declaraciones o se realizaron las pruebas correspondientes. Indican que resulta sumamente ilustrativo que en enero de 2008 la Fiscalía II a cargo de las investigaciones aún estaba esperando los resultados de algunas de las diligencias que solicitó seis años antes.
Con respecto a las condiciones de detención en las que se mantuvo a la señora Maleno –segundo punto de la petición–, se indica que después de los mencionados hechos de violencia sexual (los cuales tuvieron difusión en la prensa local) las autoridades correspondientes decidieron como medida temporal evacuar inmediatamente a todas las reclusas del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui. Así, las condenadas fueron trasladadas al Internado Judicial de Monagas “La Pica”, y a las procesadas –entre las que se encontraba la señora Maleno– al Retén de la Policía Metropolitana de Lecherías.
Los peticionarios aducen que el Retén de la Policía Metropolitana de Lecherías era un establecimiento destinado únicamente a la detención transitoria de personas hasta por un máximo de 72 horas, y por lo tanto, carente de servicios regulares de alimentación, provisión de agua y alimentos, sin servicios higiénicos adecuados, ni vías de ventilación suficientes. Además, la señora Maleno se encontraba en un ambiente hostil, siendo víctima de amenazas y agresiones por parte de las otras detenidas, quienes en su mayoría resentían el haber tenido que ser trasladadas a esa estación policial y por lo tanto, veían a la señora Maleno como la responsable directa de tal situación. En razón de estos hechos, las autoridades policiales se vieron obligadas a ubicar a la presunta víctima en una celda aparte de las demás procesadas.
Este traslado habría implicado un agravamiento de la situación de la señora Maleno al quedar reducida a condiciones infrahumanas de detención mientras aún se recuperaba de los efectos físicos y psicológicos de la violación sexual sufrida. Aducen que la víctima no podía caminar ni sentarse, viéndose obligada a permanecer en el suelo por varios días, sin alimentos, medicinas, ni tratamiento médico o psicológico. Indican además los peticionarios que su celda carecía de cama o colchón; que debía bañarse con un gran número de personas dada la falta de instalaciones adecuadas; y que su alimentación era precaria ya que su familia carecía de recursos económicos y no podían llevarle alimentos. En estas condiciones habría permanecido durante dos años hasta que el juez de la causa levantó la medida de prisión preventiva el 6 de noviembre de 2003.
Con respecto a las condiciones de detención de la señora Maleno en la referida dependencia judicial, los peticionarios interpusieron el 1 de julio de 2002 una acción de amparo constitucional en la que solicitaban inter alia que se dispusiera el traslado de la alegada víctima a un local “ad-hoc” y que se le proporcionara el tratamiento médico y psiquiátrico correspondiente a las lesiones que sufrió. Esta acción fue denegada por los tribunales correspondientes, y su decisión final fue adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de noviembre de 2005. En esta decisión, si bien la Sala Constitucional estableció que los peticionarios no presentaron en término el escrito donde fundamentan sus pretensiones, sí entró a conocer el recurso, denegándolo con fundamento en la doctrina local de la “inepta acumulación” (atribuir en una misma solicitud varios hechos lesivos que no le son dables conocer a un mismo tribunal).
Además, con relación a sus condiciones de detención, la defensa pública había solicitado en la audiencia preliminar celebrada el 13 de marzo de 2002 ante el Tribunal de Control No. 4 del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, el traslado de la señora Maleno a otro establecimiento; sin embargo, la referida autoridad judicial confirmó su permanencia en la Estación de Policía de Lecherías.
Finalmente, con relación al proceso penal seguido contra la señora Dianora Maleno por el supuesto delito de homicidio calificado –tercer punto de la petición–, los peticionarios alegan fundamentalmente que pese a que la Defensa Pública solicitó oportunamente en tres ocasiones un peritaje psiquiátrico sobre la señora Maleno (el 20 de octubre de 2001 cuando se puso a órdenes del Juzgado Penal de Primera Instancia de turno; el 22 de octubre de 2001 en la audiencia oral; y el 12 de marzo de 2002 en la audiencia preliminar) el mismo no se realizó. Según indican los peticionarios, la práctica de esta prueba era sumamente relevante dado que la señora Maleno se encontraba en fase puerperal, condición que, según aducen, se relaciona en muchos casos con diagnósticos psiquiátricos de tipo psicótico y conductas delictivas. En este sentido, alegan que el peritaje psiquiátrico era esencial para determinar las circunstancias en las que se encontraba la presunta víctima al momento de los hechos y que esto habría sido un elemento favorable para su defensa.
Asimismo, sostienen que la Defensa Pública no fue idónea, pues no habría apelado la decisión judicial que decretó la prisión preventiva de la presunta víctima, ni la ratificación de esta medida. Alegan que si se considera el proceso penal seguido contra la señora Maleno como un todo -desde el momento que fue detenida- el Estado habría incurrido en un “grave retardo procesal”, pues a octubre de 2007 (seis años después de la aprehensión de la alegada víctima) aún no se había celebrado la audiencia de juicio oral.
En términos generales, los peticionarios informan sobre las severas condiciones de detención de las mujeres en las cárceles y su particular riesgo a ataques sexuales; situación enfrentada por las autoridades con “absoluta indeferencia”. Señalan también los peticionarios que el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui es uno de los centros penitenciarios en Venezuela en donde por más de 10 años se han mantenido condiciones inhumanas de internamiento y han tomado lugar formas de violación de la dignidad de las mujeres y de su libertad sexual, incluyendo violaciones sexuales, desde el momento en que los internos tomaron el penal y el control del anexo femenino sin que las autoridades adoptaran medidas adecuadas para resolver el problema. Entienden los peticionarios entonces que el caso de Dianora Maleno no es aislado y ejemplifica la inobservancia de las obligaciones del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los centros penitenciarios.
El Estado informó que el 8 de febrero de 2002 se ordenó el inicio de la averiguación penal correspondiente a la violación de la señora Dianora Maleno por parte de cinco internos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, y que al 2 de enero de 2008 la causa se encontraría aún en “fase preparatoria del proceso penal”, en la cual el Ministerio Público habría ordenado la práctica de todas las diligencias orientadas a establecer los hechos denunciados. En este sentido se habría ordenado, por ejemplo, la realización de inspecciones oculares al lugar de los hechos, recolección de prendas íntimas de la denunciante, y la ubicación y realización de pruebas hematológicas a los señalados.
A este respecto se indica que al 2 de enero de 2008, la Fiscalía Segunda del Ministerio Público se encontraba a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas, con la finalidad de dictar el auto conclusivo correspondiente.
Con relación al proceso penal seguido contra la señora Dianora Maleno por la presunta comisión del homicidio de su hija recién nacida, el Estado informó que fue puesta a órdenes del Juzgado 4º de Primera Instancia en Funciones de Control el 20 de octubre de 2001; que el 11 de noviembre de 2001 el Ministerio Público interpuso la acusación penal correspondiente; que el 12 de marzo de 2002 se celebró la audiencia preliminar en la cual fue admitida la acusación, y que se dictó auto de apertura a juicio.
Según informa el Estado, el 4 de noviembre de 2002 el Juzgado 1º de Primera Instancia de Juicio, a solicitud de la defensa, ordenó la práctica de una evaluación psiquiátrica forense a la señora Dianora Maleno; y que ese mismo juzgado, mediante auto del 20 de agosto de 2003, acordó suspender el proceso hasta que fuera incorporada al expediente la evaluación psiquiátrica ordenada. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2003 decretó a favor de la imputada las medidas cautelares sustitutivas de la detención preventiva.
Posteriormente, el 15 de junio de 2007 habría celebrado la audiencia oral con el propósito de ventilar la situación de la causa y evaluar la reanudación del proceso. La señora Maleno manifestó al juez la imposibilidad de realizarse la pericia psiquiátrica por carecer de medios económicos para ello, por lo que aquél acordó librar nuevamente comunicación a las autoridades médicas correspondientes, con el objeto de que se practicara dicha evaluación el 20 de junio de 2007.
Indica que el tribunal de juicio fijó la celebración de la audiencia del juicio oral público para el 17 de octubre de 2007, fecha que fue diferida para el 29 de noviembre de 2007 en virtud de la incomparecencia de la acusada, acordándose conducirla al proceso por medio de la fuerza pública; señalándose además que la misma aún no habría acudido a realizarse el peritaje mencionado.
En vista de las anteriores consideraciones, el Estado concluye que al estar ambos procesos pendientes de resolución final, la presente petición debe ser declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos judiciales internos.
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a la señora Dianora Maleno persona individual, respecto de quien el Estado venezolano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae y ratione temporis para examinar la petición.
Por otro lado, Venezuela ratificó la Convención de Belem do Pará el 3 de febrero de 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 26 de agosto de 1991. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia ratione temporis para analizar en la etapa de fondo los alegatos sobre presuntas violaciones de estos instrumentos internacionales.
La CIDH tiene competencia ratione loci y ratione materiae para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Convención de Belem do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se habrían perpetrado dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte de estos tratados.
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana.
El artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: (a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y (c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. Esta condición de admisibilidad tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
Las partes en el presente caso sostienen una controversia con respecto al agotamiento de recursos internos. El Estado interpuso expresamente la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, sobre la base de que, tanto el proceso penal seguido por la alegada violación sexual de la señora Dianora Maleno, como el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, se encontraban pendientes de resolución.
Con respecto al primero de sus reclamos, los peticionarios, por su parte, alegan que existe un retardo procesal injustificado en las investigaciones penales seguidas por la violación sexual sufrida por la presunta víctima. En este sentido, aducen que tal retardo es evidente, toda vez que el propio Estado reconoció que aún a febrero de 2008 la Fiscalía II a cargo de dicha investigación ni siquiera había recibido las pruebas que ordenó practicar seis años antes; por lo tanto, tal investigación, aún abierta, se había dilatado más allá de lo razonable. Esta alegada falta de diligencia en la práctica de dichas pruebas sería aun más evidente si se considera el hecho de que las personas señaladas por la señora Maleno como sus violadores, al ser reclusos, estaban ya a disposición de las autoridades.
A este respecto, la CIDH observa que el recurso idóneo en un caso como el presente, en el que se alega la violación al derecho a la integridad personal de una persona en custodia del Estado, es precisamente el proceso penal, el cual, como surge claramente del expediente, aún no ha concluido; evidenciándose así un retardo de casi una década en la resolución del mismo.
El Estado por su parte informó que las diligencias correspondientes no habían sido practicadas por más de seis años y no ha explicado las posibles razones que pudiesen sustentar tal dilación en el proceso. El Estado tampoco informó con posterioridad a su respuesta del 26 de febrero de 2008 sobre avances concretos o progresos significativos en las investigaciones seguidas por la agresión sufrida a la presunta víctima. La Comisión Interamericana considera con respecto a este extremo que surge del expediente la existencia de un retardo injustificado en las investigaciones penales adelantadas con respecto a la alegada violación sexual de la presunta víctima.
En atención a las consideraciones anteriores, la CIDH considera que con relación a este primer reclamo de los peticionarios, que se produjo un retardo injustificado en la sustanciación del remedio idóneo a las violaciones alegadas; por lo tanto, se configura la excepción prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana.
Con respecto a las condiciones de detención –segundo punto de la petición–, los peticionarios interpusieron una acción de amparo constitucional el 1º de julio de 2002, en la que se informaba a las autoridades judiciales competentes acerca de la situación de la señora Dianora Maleno como víctima de actos de agresión sexual y de sus condiciones personales y de detención posteriores a estos hechos, concretamente durante su estancia en el Retén de la Policía Metropolitana de Lechería. Por esta vía, los peticionarios solicitaron, inter alia, que la presunta víctima fuera trasladada a un local distinto de la referida estación de policía y que se le brindara la atención médica y psicológica correspondiente. Esta acción de amparo fue denegada finalmente mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión del 11 de noviembre del 2005.
Asimismo, la CIDH observa que en la audiencia preliminar celebrada el 12 de marzo de 2002 la Defensa Pública solicitó la revisión de la medida de detención preventiva o en su lugar su traslado hacia otro centro policial, al considerar que su integridad física corría peligro en la estación policial donde se encontraba. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada expresamente por el Tribunal de Control No. 4 del Estado de Anzoátegui en el auto que admite la acusación penal contra la señora Maleno. Con lo cual, a juicio de la CIDH, la situación de la señora Maleno durante su detención fue puesta oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes por las vías legales correspondientes, por lo que el Estado tuvo oportunidad de remediarla.
Por lo tanto, con respecto a los reclamos relativos a las violaciones derivadas de las condiciones de detención en las que se colocó a la señora Maleno, luego de los actos de violencia sexual a los que alegadamente fue sometida, la CIDH considera que efectivamente se agotaron los recursos judiciales internos en los términos del artículo 46.1.a) de la Convención Americana. La CIDH nota además que el Estado no objetó el agotamiento de los recursos internos interpuestos con relación a este segundo reclamo.
Finalmente, con respecto al proceso penal del que la señora Maleno ha sido objeto por el presunto delito de homicidio calificado, la CIDH observa que el primer acto procesal tuvo lugar el 18 de octubre de 2001, día en que ésta fue detenida, y la última actuación de la que el Estado ha informado fue la celebración de la audiencia del juicio oral público el 29 de noviembre de 2007. En este sentido, la CIDH observa que el Estado alega que la demora en el trámite de este proceso se debe a que el tribunal de juicio ordenó la práctica de una pericia psicológica a la señora Maleno que no llegó a practicarse; sin embargo, el Estado no aporta información que permita establecer que dicha circunstancia le era atribuible a la señora Dianora Maleno.
En este sentido, la CIDH considera que la responsabilidad por la conducción de un proceso penal recae fundamentalmente en las autoridades judiciales competentes –quienes debían iniciarlo de oficio y dirigirlo–, y que frente a un alegato sobre retardo injustificado en el mismo, en un caso como el presente en el que surge que dicho proceso se ha prolongado por más de seis años en las etapas previas a la sentencia de primera instancia, correspondía al Estado aportar la información necesaria para sustentar que dicha demora no le era atribuible.
La CIDH observa además que el Estado no ha presentado respuesta con posterioridad al 26 de febrero de 2008, con lo cual no ha utilizado la oportunidad procesal que le correspondía para informar acerca de lo actuado en el proceso penal seguido contra la señora Maleno y para presentar sus posibles alegatos con respecto a la inadmisibilidad del reclamo concreto de los peticionarios a ese respecto.
Por lo tanto, con respecto al tercer reclamo de los peticionarios, relativo a la alegada violación a las garantías judiciales en el proceso seguido contra la señora Maleno, la CIDH considera que se ha producido un retardo injustificado en la sustanciación del mismo, por lo que se configura la excepción establecida en el artículo 46.2. de la Convención Americana.
Finalmente, la Comisión reitera que las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.
La Convención Americana establece en su artículo 46.1.b) que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. El artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el presente caso la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos estipulada en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana, con respecto al primer y tercer reclamo presentado por los peticionarios, esto es, aquellos relativos respectivamente (a) a las alegadas agresiones sexuales a las que fue sometida la señora Dianora Maleno y a las investigaciones posteriores; (b) a los alegatos sobre violaciones a las garantías judiciales en la causa penal seguida a la señora Maleno por el alegado delito de homicidio calificado.
Con relación a estos dos puntos, la CIDH observa que la petición fue recibida el 29 de mayo de 2006, y los hechos relativos a la falta de investigación de la alegada violación sexual cometida contra la señora Maleno habrían iniciado el 8 de enero de 2002 cuando ésta denunció lo ocurrido a las autoridades. De igual forma, las alegadas violaciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso penal seguido contra la señora Maleno se habrían iniciado el 18 de octubre de 2001. Por lo cual, de acuerdo con la información aportada por las partes, ambos procesos se encuentran pendientes de resolución transcurridos casi 10 años de iniciados.
Por lo tanto, en vista del contexto y las características de estos dos reclamos, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable en los términos del artículo 46.1.b) del Reglamento de la CIDH y en consonancia con su práctica en casos similares.
Por otro lado, con respecto a las condiciones de detención a las que se sometió a la señora Dianora Maleno –segundo reclamo presentado en la petición–, la CIDH determinó que el agotamiento de los recursos judiciales idóneos se configuró con la decisión denegatoria de la acción de amparo emitida el 11 de noviembre de 2005 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, con lo cual, tomando en cuenta que la presente petición fue presentada el 29 de mayo de 2006, resulta claro que la misma fue recibida dentro del término de seis meses dispuesto por el artículo 46.1.b) de la Convención Americana.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b) de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto3.
Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. En cambio, corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría concluirse que habría sido violada si los hechos alegados son probados mediante evidencia suficiente y argumentos legales.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los hechos alegados por los peticionarios podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de la señora Dianora Maleno, en concordancia con el artículo 1(1) de ese mismo tratado. De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; así como también de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Asimismo, la Comisión observa que corresponde analizar en la etapa de fondo de este asunto la posible responsabilidad del Estado por la violación del artículo 11 de la Convención con respecto a la señora Maleno. En este análisis, la Comisión considerará los reclamos de la peticionaria sobre la violación sexual ocurrida bajo el control y la supuesta tolerancia de las autoridades penitenciarias; las condiciones infrahumanas y precarias de detención; y la falta de separación entre reclusos hombres y mujeres en el internado judicial José Antonio Anzoátegui; todos resultando en hechos presuntamente atentando contra su honra, dignidad y vida privada.
La Comisión asimismo considera que los reclamos presentan cuestiones relacionadas al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, que corresponden a un análisis pormenorizado en la etapa de fondo. En este análisis, la CIDH considerará las pretensiones de la peticionaria sobre fallas del Estado de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir y sancionar los presuntos actos de violencia sexual y otras agresiones, lo cual puede constituir una forma de discriminación contra la mujer; y la presunta tolerancia e inacción del Estado frente a prácticas discriminatorias contra las mujeres internadas y sus efectos, como la falta de separación entre reclusos hombres y mujeres en el internado judicial José Antonio Anzoátegui. Por lo tanto, la Comisión analizará alegatos referentes a presuntas violaciones de dicho artículo en la etapa de fondo.
Finalmente, la CIDH observa que los peticionarios invocan el incumplimiento por parte del Estado de los deberes generales establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana; sin embargo, no aportan elementos que permitan establecer prima facie la posible violación de esta norma.
Declarar admisible la presente petición con respecto a las alegadas violaciones, en perjuicio de la señora Dianora Maleno, de sus derechos protegidos en los artículos 5, 8, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, además del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y de los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Notificar esta decisión al Estado venezolano y los peticionarios.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2011. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, y María Silvia Guillén, miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, de nacionalidad venezolana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.
2 Escrito de los peticionarios de observaciones a la respuesta del Estado, recibido en la CIDH el 10 de junio de 2009, párrafos 54 – 59.
3 Véase en general: CIDH, Informe No. 12/10, Caso 12.106, Admisibilidad, Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías, Argentina, 16 de marzo de 2010. Párr. 46; CIDH, Informe No. 10/10, Petición No. 214-08, Admisibilidad, Koempai y otros, Suriname, 16 de marzo de 2010, párr. 43.

References: artículo 1
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 30
 resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 resolución 
 artículo 46
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 artículo 46
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 artículo 32
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 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 17