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Normativa >> Ley 7107 >> Fecha 04/11/1988 >> Texto completo
Ley : 7107 (30 artículos)
Ley : 7107 del 04/11/1988
Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República
Fecha de vigencia desde: 22/11/1988
Versión de la norma: 2 de 2 del 04/11/1988
Texto Completo Norma 7107
Texto Completo acta: 3040D 1
LEY DE MODERNIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA REPUBLICA
Reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica
Artículo 1º.- Refórmanse los artículos 16, 18, 22, 25, 35 (adición de dos incisos 54, 74, 79, 85, 86, 87, 102 y 112 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas), para que digan de la siguiente manera:
1º.-El Ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia del titular. En ningún caso podrá delegarse esta representación en terceras personas.
2º.- Cinco personas de absoluta solvencia moral y amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración, así como de demostrada experiencia en asuntos relativos al desarrollo económico y social del país. Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y podrán ser reelegidos. Quien sustituyere a un miembro de la Junta Directiva que cese en su cargo antes de haber cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al director sustituido.
3º.- Un presidente ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno, por un plazo que se iniciará y terminará con el período constitucional del Presidente de la República. Si el presidente ejecutivo cesare en el cargo antes de haber cumplido el período para el cual fue nombrado, quien lo sustituya también terminará sus funciones al finalizar el citado período constitucional.
a) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución y le corresponderá, fundamentalmente, velar porque las decisiones tomadas por la Junta Directiva se ejecuten debidamente, así como coordinar la acción del Banco con las demás instituciones y entidades públicas. Asumirá, asimismo, las funciones que por ley le están reservadas al presidente de la Junta Directiva, así como las otras que le asigne dicha Junta.
b) Será un funcionario de tiempo completo y no podrá ejercer la profesión en forma particular, ni desempeñar cargos en la empresa privada, en la Administración Pública o en las instituciones autónomas o semiautónomas, con excepción de la docencia.
c) Podrá ser removido de su cargo por decisión del Consejo de Gobierno. En el caso de que para la remoción existan las causales consignadas en el artículo 27 de esta ley, no tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en su cargo, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables del Código de Trabajo. La remoción acordada por el Consejo de Gobierno implicará también la de miembro de la Junta Directiva de la institución.
1º.-Miembro y empleado de los Supremos Poderes, con excepción del Ministro de Hacienda o de quien lo sustituya, conforme con el numeral 1 del artículo 22 de esta ley.
2º.-Gerente, personero y empleado del propio Banco Central.
3º.-Miembro de la junta directiva o del consejo directivo de bancos privados o sociedades financieras privadas, o que a la fecha de su nombramiento tengan a sus padres, cónyuges o hijos en esa condición en las entidades dichas.
4º.- Funcionarios o accionistas de bancos privados o sociedades financieras privadas.
13.- Autorizar la intervención de cualquier banco privado o entidad financiera privada que esté sometida a la fiscalización de la Auditoría General de Entidades Financieras.
14.- Recomendar al Consejo de Gobierno, previa solicitud razonada de la Auditoría General de Entidades Financieras, de conformidad con los términos de esta ley, la intervención de cualquiera de los bancos del Estado o de los bancos organizados como entidades de derecho público, cuando medien circunstancias que a su juicio amenacen el interés público.
15.- Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le correspondan, de acuerdo con las leyes".
1º.-Las reservas monetarias internacionales de su propiedad.
2º.-Los fondos líquidos que tuviere en moneda nacional. Los billetes y las monedas de emisión propia que se encuentren en su poder no se incluirán en el activo ni en el pasivo, y deberán ser contabilizados, como registro, en cuentas de orden.
3º.-Las operaciones de crédito, los redescuentos, los préstamos y las inversiones de valores mobiliarios que efectúe con arreglo a las disposiciones de esta ley.
4º.-Las inversiones que efectúe en bienes raíces para el servicio de la institución, o que eventualmente haya tenido que recibir en pago de obligaciones; y las que realice en muebles, materiales, instalaciones y útiles necesarios para su funcionamiento, así como las representadas por el costo de su biblioteca, de colecciones arqueológicas y numismáticas y de otras inversiones semejantes.
5º.- El saldo deudor de la cuenta de revaluaciones monetarias que eventualmente resultare, de acuerdo con el artículo 14 de esta ley. 6º.- La cuenta representativa de la amortización de la moneda acuñada.
7º.- Los recursos que resultaren de su participación en instituciones monetarias y bancarias de carácter internacional, y de las operaciones de crédito que efectuare en el exterior.
8º.- Los saldos de las cuentas originadas por el movimiento normal de gastos, pérdidas y resultados, y los demás provenientes de operaciones autorizadas por esta ley.
Dentro del rubro indicado en el numeral 8, el Banco Central incluirá una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de los sueldos de sus empleados, para el mantenimiento del fondo de garantías y jubilaciones de estos empleados. Esta suma les pertenecerá a éstos en la proporción correspondiente a su sueldo, y deberá serles entregada bajo las condiciones que se determinen en el Reglamento de Jubilaciones, si dejaren el servicio antes de haber alcanzado el derecho a una pensión por invalidez. Ese aporte del Banco será único para toda clase de beneficios sociales. En el reglamento de la institución podrán establecerse las sumas adicionales con las que los empleados deberán contribuir para el fortalecimiento del fondo, a fin de que ellos puedan obtener una pensión adecuada, de acuerdo con su sueldo, su edad y el tiempo de servicio. El sistema que así se crea es complementario del establecido por la Caja Costarricense de Seguro Socia, y no afecta las obligaciones de sus beneficiarios para con la Caja.
a) Un máximo del cincuenta por ciento (50%) sobre depósitos de hasta treinta días de plazo.
b) Un máximo del treinta por ciento (30%) sobre depósitos a más de treinta y a menos de ciento ochenta días de plazo.
c) Un máximo del diez por ciento (10%) sobre depósitos a ciento ochenta días o más de plazo.
Tampoco reconocerá intereses sobre los encajes de depósitos a plazos mayores, excepto cuando el encaje supere el diez por ciento (10%). En este caso reconocerá una tasa anual equivalente a la mitad de la que corresponda a depósitos a treinta días de plazo, si se tratare de depósitos comprendidos dentro del inciso b) anterior.
"Artículo 85.- En materia crediticia, la Junta Directiva tendrá las facultades descritas en los incisos 1) y 2) siguientes y la obligación establecida en el inciso 3):
1º.-Regular las operaciones de crédito de las instituciones bancarias, públicas y privadas, de modo general y uniforme, para lo cual podrá fijar:
a) Las tasas máximas de interés y de descuento que podrán cobrar los bancos a sus deudores, así como los cargos máximos cobrables por comisiones u otros conceptos.
b) El límite máximo de crédito directo o indirecto que los bancos podrán otorgar a cada persona natural o jurídica, en cada una de las modalidades de sus operaciones y en el conjunto de todas ellas.
En los departamentos comerciales de los bancos del Estado y en los bancos privados, el límite máximo será de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado y de las reservas patrimoniales no redimibles, o de doscientos cincuenta millones de colones (¢ 250.000.000), la suma que sea menor. El parámetro expresado en términos absolutos podrá ser ajustado periódicamente por la Junta Directiva del Banco Central, de acuerdo con la evolución del nivel general de precios.
En los departamentos hipotecarios de los bancos y en el Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional de Costa Rica, el máximo de crédito no podrá exceder del diez por ciento (10%) y del veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de sus capitales y reservas patrimoniales. Sin exceder de los límites máximos que establezca el Banco Central, dentro de los parámetros anteriores, internamente los bancos podrán fijar sus propios máximos.
c) Los márgenes mínimos de seguridad que deben existir entre el importe de los créditos concedidos por los bancos comerciales y el valor real de sus correspondientes garantías.
d) Los plazos máximos que los bancos comerciales podrán conceder para el reembolso de sus operaciones de crédito.
2º.-Aprobar los programas crediticios de las instituciones del Estado no contempladas en el inciso 1), anterior, en la parte que esos programas se refieren a sus operaciones con el público; o improbarlos si el Banco Central de Costa Rica comprueba que tales programas no están de acuerdo con su política general, porque los recursos destinados a ese fin no guardan la debida relación con el plazo proyectado para los créditos. La resolución del Banco deberá razonarse con la amplitud del caso. Para estos efectos, las instituciones que se citan estarán obligadas a presentar sus planes anuales de crédito al Banco Central de Costa Rica, a más tardar el 1º de diciembre del año anterior.
3º.-Ejercer, de acuerdo con la ley, las funciones de regulación y vigilancia de las sociedades financieras privadas no bancarias".
"Artículo 112.- El Banco Central de Costa Rica podrá invertir las reservas monetarias internacionales cuando cuente con la seguridad de que en todo momento dispondrá de los fondos líquidos necesarios para atender el movimiento normal de las transacciones internacionales. Además procurará obtener el mayor rendimiento posible de esas inversiones.
Además, el Banco Central estará facultado para emitir los títulos necesarios para el funcionamiento de los convenios regionales indicados."
Artículo 2º.- Adiciónase un nuevo título IV a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas. Al efecto, se corre la numeración del título denominado Disposiciones de Carácter General que será el V.
AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
Artículo 124.- Créase la Auditoría General de Entidades Financieras, como un órgano de desconcentración máximo adscrito al Banco Central de Costa Rica. Será la encargada de fiscalizar el funcionamiento de todos los bancos, incluidos el Banco Central de Costa Rica, las sociedades financieras de carácter no bancario y las demás entidades públicas o privadas, independientemente de su naturaleza jurídica, que operen habitualmente, en forma directa o indirecta, en actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, o en la prestación de otros servicios bancarios. No se considerará intermediarios financieros a las empresas que capten recursos financieros y que estén reguladas por otras leyes especiales, ni a aquellas empresas que capten recursos del público para financiar necesidades propias del capital de trabajo o de sus propio proyectos de inversión, y que estén reguladas por una bolsa de comercio autorizada, siempre y cuando las inversiones en valores que contengan como reserva de liquidez estén dentro de los límites que al respecto establezca el Banco Central de Costa Rica, y siempre que su razón de endeudamiento no exceda de cuatro a uno.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Banco Central de Costa Rica en los incisos c) y d) del artículo 400 del Código de Comercio, le corresponde a la Auditoría General de Entidades Financieras fiscalizar a las bolsas de comercio. Estas bolsas tendrán potestad reglamentaria sobre sus concesionarias.
Artículo 125.- Para el cumplimiento de sus fines, la Auditoría General de Entidades Financieras tendrá las siguientes atribuciones:
1º.-Fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades bajo su ámbito de acción.
2º.-Hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero.
3º.-Solicitar a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la intervención de cualquiera de los bancos o entidades privadas bajo su fiscalización.
4º.-Imponer las sanciones que les correspondan a las entidades que incumplan las disposiciones a que estén obligadas conforme con la ley y, en particular, las disposiciones que dicte el Banco Central de Costa Rica en materia monetaria, crediticia y cambiaria, en uso de sus facultades exclusivas.
5º.-Determinar las entidades públicas o privadas sometidas a su fiscalización, de acuerdo con el artículo 1º de esta ley.
6º.-Solicitar a los bancos y demás entes fiscalizados, todos los informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
7º.-Examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de cualquier otro tipo, así como los documentos y los archivos de las entidades fiscalizadas, independientemente del medio utilizado para grabarlos o imprimirlos.
8º.- Asesorar en la materia de su campo a las entidades fiscalizadas cuando éstas así lo soliciten.
9º.- Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de cualquiera de las entidades bajo su fiscalización, o su decomiso, si correspondiere, cuando considere que es engañosa o que en ella se hacen afirmaciones que no son verídicas, o que se presentan datos o cifras falsas. También le corresponderá aplicar las sanciones que procedan en caso de reincidencia de la entidad en cuestión, las que, incluso, podrán llegar a la revocatoria de la licencia para operar; todo sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan al infractor, conforme con la legislación vigente y, en particular, de acuerdo con la ley Nº 7091 del 12 de febrero de 1988.
10.- Contratar firmas de auditoría pública, o los servicios profesionales que considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, con cargo a su propio presupuesto.
11.- Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza fiscalizadora.
12.- Solicitar al Consejo de Gobierno la suspensión o destitución de los directores de las instituciones bancarias del Estado y demás instituciones públicas sometidas a su competencia, que hayan incurrido en irregularidades. Para ese efecto acompañará la información pertinente, sin perjuicio de que pueda solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República para la sanción de los hechos ilícitos que así lo ameriten.
13.- Instruir sumarias administrativas y solicitar a quien corresponda la suspensión de funcionarios y empleados de los bancos del Estado y demás instituciones públicas bajo su competencia, y poner en conocimiento de los tribunales comunes cualquier desfalco, malversación de fondos o irregularidad grave. Para ello se deberá adjuntar la correspondiente información, por medio de la Procuraduría General de la República, la que deberá proseguir los trámites legales correspondientes.
14.- Sancionar los responsables de las irregularidades comprobadas en las entidades financieras privadas, de acuerdo con sus atribuciones y sin perjuicio de que pueda someter al Ministerio Público los hechos que considere delictuosos.
Artículo 126.- La Auditoría General de Entidades Financieras estará integrada por:
1º.-El auditor general y el subauditor general de la entidad.
2º.-La auditoría interna.
3º.-Las demás dependencias que se establezcan para permitirle a la entidad cumplir con su cometido.
Artículo 127.- El auditor general tendrá a su cargo la dirección administrativa de la Auditoría General de Entidades Financieras.
Artículo 128.- El auditor general y el subauditor general deberán reunir los siguientes requisitos:
1º.-Ser costarricenses.
2º.-Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
3º.-Tener reconocida experiencia bancaria o amplios conocimientos en cuestiones económicas, o experiencia en asuntos relativos a la producción nacional.
4º.-Tener experiencia directa en funciones bancarias por un período continuo no menor de cuatro años, en los niveles de director, gerente, subgerente, auditor o subauditor bancario.
5º.-Ser contadores públicos autorizados, incorporados al respectivo colegio profesional. Artículo 129.- Ningún funcionario de la Auditoría General de Entidades Financieras podrá ser director, gerente, representante legal, personero, empleado o socio de ninguna de las entidades sujetas a la fiscalización de la Auditoría General, ni tener ninguna participación, directa o indirecta, en esas entidades.
Artículo 130.- Queda prohibido al auditor y al subauditor:
1º.-Dedicarse, aun eventualmente, al ejercicio liberal de su profesión, salvo la docencia en centros de enseñanza superior debidamente autorizados.
2º.-Hacer proselitismo político.
3º.-Desempeñar cualquier otro cargo público.
4º.-Participar, por sí o por intermedio de terceras personas, en cualquier clase de negocio u operación que pueda considerarse inadecuada o incompatible con el cargo que desempeña dentro de la Auditoría General.
5º.-Intervenir en los asuntos relacionados con su cargo en que, directa o indirectamente, tenga personal interés, o lo tengan sus parientes hasta el tercer grado, inclusive, por consanguinidad o afinidad.
Artículo 131.- Corresponden al auditor general o, en su defecto al subauditor general, los siguientes deberes y atribuciones:
1º.-Fiscalizar, en la forma más amplia posible, a los bancos integrantes del Sistema Bancario Nacional y a las demás entidades sujetas a su fiscalización, con respecto a la organización, el funcionamiento, las operaciones y los negocios, así como en cuanto a la observancia de las leyes y los reglamentos, y al cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y de la propia Auditoría General de Entidades Financieras.
2º.-Solicitar a los bancos y demás entidades fiscalizadas, todos los informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las entidades fiscalizadas estarán en la obligación de remitir tales informes dentro de los plazos y con los requisitos que les señale el auditor general.
3º.-Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para su aprobación, el presupuesto anual de la Auditoría General y los presupuesto extraordinarios que fueren necesarios, los cuales serán incluidos dentro del presupuesto del Banco Central de Costa Rica.
4º.- Decidir cuáles entidades públicas o privadas no organizadas como bancos o sociedades financieras, quedan bajo el ámbito de acción de la Auditoría, de conformidad con el artículo 124 de esta ley.
5º.- Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para su aprobación, los reglamentos de la Auditoría y el detalle de las funciones propias del subauditor general.
6º.- Formular a las entidades bajo su fiscalización, las observaciones y las recomendaciones que estime pertinentes, e impartir las instrucciones necesarias para corregir errores y subsanar deficiencias. Para ello comunicará a las juntas directivas o a los gerentes, aquellas irregularidades o infracciones que observe en las operaciones y en el funcionamiento de esas juntas. En el caso de que el gerente no dicte las medidas que, a juicio del auditor general, fueren eficaces para subsanar las faltas, en el plazo que él mismo determinará, deberá exponer la situación a la junta directiva de la entidad respectiva, y proponer las medidas adecuadas para corregir la situación planteada, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas y sanciones que correspondan conforme con la ley.
7º.- Levantar las informaciones que le solicite la Junta Directiva del Banco Central de Costa rica; examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de cualquier otro tipo, y los documentos y archivos de las entidades fiscalizadas; y exigir de éstas, en la forma, en las condiciones y en los plazos que él mismo determine, la presentación de balances, estados de situación y de cuentas y las demás informaciones y pormenores que considere necesarios.
8º.- Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la intervención de cualquiera de los bancos y demás entidades que la ley somete a su fiscalización, conforme con lo previsto en los artículos 133 y 134.
9º.-Imponer las sanciones pecuniarias que les correspondan a los bancos y demás entidades fiscalizadas, cuando no cumplan con las disposiciones del Banco Central en materia monetaria, crediticia, cambiaria y de cualquier otra índole, de cuyo incumplimiento la entidad infractora derive un beneficio económico. Las sanciones consistirán en multas por el equivalente al monto del beneficio neto obtenido por el infractor, más un recargo del diez por ciento. El producto de estas multas, que deberán ser pagadas dentro de los treinta días siguientes a su imposición, se destinará a amortizar la cuenta de estabilización monetaria del Banco Central de Costa Rica. En el caso de renuncia para su pago, se aplicarán los siguientes procedimientos: Cuando se trate de un establecimiento cuyo presupuesto corresponda aprobarlo a la Contraloría General de la República, el auditor general comunicará la situación a ese organismo para que no se aprueben los presupuestos ordinarios o extraordinarios del ente moroso, hasta tanto no satisfaga el pago adeudado. Cuando el incumplimiento de pago corresponda a un establecimiento privado, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, luego de apercibirlo, y previa recomendación del auditor general, dispondrá sanciones graduales en cuanto a las operaciones que estas entidades puedan realizar, y podrá, incluso, disponer la suspensión de la licencia para funcionar, mientras subsista el incumplimiento.
10.- Nombrar y remover a los empleados de la Auditoría General de Entidades Financieras, de conformidad con el reglamento que al efecto promulgue la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Artículo 132.- La Auditoría General contará con el personal profesional y técnico necesario para el correcto desempeño de sus funciones. Queda prohibido el nombramiento de parientes de cualquier funcionario de la Auditoría General, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, inclusive.
Artículo 133.- La Auditoría General de Entidades Financieras, previa decisión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, podrá intervenir una entidad financiera privada bajo su ámbito de acción, cada vez que ocurre alguno de los siguientes hechos:
Serán igualmente aplicables las disposiciones del presente artículo y del siguiente, a las sociedades financieras reguladas por la ley número 5044 del 13 de setiembre de 1972 y sus reformas, y a las demás entidades comprendidas en el artículo 1º de esta ley.
Artículo 134.- La intervención a que se refiere el artículo anterior se regirá, además, por las siguientes reglas:
Artículo 135.- Contra las resoluciones del auditor general cabrá el recurso de apelación ante la Junta Directiva del Banco Central, cuyas disposiciones serán definitivas y agotarán la vía administrativa.
Artículo 136.- La Auditoría General de Entidades Financieras deberá tener una auditoría interna para la fiscalización preventiva de todas sus dependencias y para la que corresponda posteriormente.
Artículo 137.- La Auditoría General elaborará su propio presupuesto, el cual será sometido a la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Su financiación estará a cargo del Banco Central, íntegramente.
Artículo 138.- El salario del auditor general y del subauditor general será fijado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Otras disposiciones
Artículo 139.- Los balances, las cuentas y los estados de los bancos que se remitan al auditor general deberán ser firmados por el contador y por el gerente y refrendados por el auditor del respectivo banco. Estos funcionarios serán los responsables de la exactitud y la corrección de tales documentos.
Artículo 140.- Dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento de su ejercicio financiero anual, los bancos privados deberán presentar, ante la Auditoría General, balances de situación y estados de ganancias y pérdidas debidamente dictaminados por auditores externos. Mediante requerimiento de la Auditoría, tanto los bancos privados como los contadores públicos autorizados que suscriban los dictámenes, pondrán a disposición de la Auditoría General todos los documentos, incluidos los papeles de trabajo", relacionados con aquellos dictámenes. En el caso de os bancos comerciales del Estado, esos mismos estados financieros serán dictaminados por su auditor o subauditor interno, y su presentación la harán dentro de los sesenta días posteriores al ejercicio financiero.
Artículo 141.- La Auditoría General estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Artículo 142.- Las informaciones obtenidas por cualquiera de los funcionarios de la Auditoría, en el ejercicio o con motivo de sus funciones, serán, absolutamente confidenciales. Estos funcionarios no podrán revelar o comentar los datos obtenidos ni los hechos observados, salvo cuando exista una norma de carácter legal o superior que imponga la obligación de revelar el contenido de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. La contravención a las obligaciones y prohibiciones establecidas en este artículo será reputada como falta grave, para los efectos disciplinarios que correspondan conforme con la legislación aplicable.
Artículo 143.- La Auditoría General publicará en el diario oficial La Gaceta, dentro de los sesenta días siguientes a la finalización de cada período fiscal, los estados de situación y de ganancias y pérdidas de todos los bancos y financieras privados. Dentro de los noventa días siguientes a la finalización de cada período, la Auditoría General publicará los estados de situación de los bancos estatales y de los bancos organizados como entidades de derecho público.
Artículo 3º.- Deróganse el inciso 3) del artículo 13, los incisos 7) y 8) del artículo 62 y el artículo 3º de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas.
Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional
Artículo 4º.- Refórmanse los artículos 7º, 8º, 12, 13, 21, 27, 33, 34, inciso 7), 38, 41, incisos 8) y 9), 55, 56, 63, 70, 141, 144, 146, 151, 154, 183, 185 y 188 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, para que digan de la siguiente manera:
"Artículo 7º.-Solamente los bancos establecidos conforme con lo dispuesto en esta ley podrán usar en su nombre comercial, en la descripción de sus negocios, en la papelería o en la publicidad, las palabras "banco" o "establecimiento bancario", o derivados de esos términos que califiquen sus actividades como de carácter bancario. Toda persona natural o jurídica que contravenga esta disposición será requerida por el auditor general de la Auditoría General de Entidades Financieras mediante carta certificada, para que suspenda inmediatamente sus actividades ilegales. El infractor pagará una multa inicial de cien mil colones (¢ 100.000,00), así como dos mil colones (¢ 2.0 00,00), por cada día que continúe infringiendo la ley. Igual pena e iguales requisitos se le aplicarán a cualquier persona natural o jurídica que ejecute o anuncie la ejecución de operaciones que, en virtud de las leyes respectivas, estén reservadas de modo exclusivo a las instituciones bancarias establecidas, de conformidad con dichas leyes, sin perjuicio de las demás sanciones legales que le correspondan.
Artículo 8º.-El capital de cada uno de los bancos comerciales del Estado, incluido el de sus departamentos creados por ley, podrá incrementarse por ley o por capitalización de utilidades. En este último caso se requerirá la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central, previo dictamen de la Auditoría General de Entidades Financieras. Para todos los efectos legales, la capitalización se tendrá por realizada con el asiento contable en el que se deje constancia de tal aprobación".
c) El sobrante incrementará el capital".
Dentro del rubro indicado en el inciso 5), los bancos estatales incluirán una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de los sueldos de los empleados del respectivo banco, para el mantenimiento del fondo de garantías y jubilaciones de esos empleados. Esta suma les pertenecerá a éstos en la proporción correspondiente a sus sueldos, y deberá serles entregada bajo las condiciones que se determinen en el Reglamento de Jubilaciones, si dejaren el servicio antes de haber alcanzado el derecho a una pensión por invalidez. Ese aporte de los bancos será único para toda clase de beneficios sociales. En el reglamento de cada institución podrán establecerse las sumas adicionales con las que los empleados deberán contribuir para el fortalecimiento del fondo, a fin de que ellos puedan obtener una pensión adecuada, de acuerdo con su sueldo, su edad y el tiempo de servicio. El sistema que así se crea es complementario del establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social, sin perjuicio de las obligaciones de sus beneficiarios para con la Caja.
Con el objeto de lograr una mayor rapidez en la tramitación de las operaciones crediticias, la junta directiva nombrará una comisión de crédito, integrada, al menos, por el gerente, dos subgerentes y el jefe de la unidad de crédito. Esta comisión podrá asesorarse con el personal técnico que estime conveniente. Sin perjuicio de las facultades que la junta les otorgue a los gerentes y a los subgerentes individualmente, cada junta delegará en la comisión de crédito la facultad de conocer y resolver las solicitudes de crédito a que se refiere el artículo 61 de esta ley, hasta por la suma de veinte millones de colones (¢ 20.000.000,00). La propia junta podrá delegar en esa comisión facultades similares por montos aun mayores. Las resoluciones negativas de la comisión de crédito tendrán apelación ante la junta directiva. De los asuntos resueltos la comisión deberá informar de inmediato a la junta.
Cuando se constituyan como sociedades anónimas, no podrán formarse con menos de veinte accionistas que sean personas físicas, ninguno de los cuales podrá tener más del cinco por ciento (5%) del capital social, y sus acciones siempre deberán ser nominativas. Entre los socios no podrá existir relaciones de consanguinidad, hasta el tercer grado, inclusive.
"Artículo 151.- El capital de cada banco privado no podrá ser menor de cien millones (¢ 100.000,00). Sin embargo, cuando la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica lo estime conveniente, este monto podrá ser elevado, según su mejor criterio. La reserva legal suscrita por los bancos forma parte del capital.
Las sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter no bancario deberán mantener un capital suscrito y pagado no inferior a una quinta parte del capital mínimo establecido para los bancos privados. Ante cualquier modificación en el capital mínimo de las entidades financieras mencionadas, la junta directiva procurará establecer plazos razonables de cumplimiento. Ninguna entidad financiera privada podrá iniciar sus operaciones mientras no tenga totalmente suscrito y pagado en efectivo su capital que, como comprobación, deberá depositar inicialmente en el Banco Central de Costa Rica, en una cuenta corriente, para que sea retirado conforme efectúe sus colocaciones e inversiones, o haga los pagos correspondientes a los gastos de organización e instalación. En ningún caso estos gastos podrán exceder del diez por ciento (10%) de su capital inicial, y deberán quedar amortizados totalmente dentro de un período máximo de cinco años. Provisionalmente, las entidades podrán hacer figurar en sus libros y balances, como activo, la parte que se hallare pendiente de amortización durante el lapso referido".
1º.-La suma necesaria para pagar el impuesto sobre la renta que por ley les corresponda.
2º.-El diez por ciento (10%) para la formación e incremento de la reserva legal.
3º.-El diez por ciento (10%) para la constitución o el incremento del fondo de garantía y jubilaciones de los empleados del banco.
4º.-El remanente será para el pago de dividendos a los accionistas del banco y para los fines que determine la junta directiva, con la aprobación de la asamblea general de accionistas".
También formarán parte de su patrimonio, las reservas que por ley se exigen a los bancos de capital privado, así como las donaciones, las herencias, los legados, los privilegios, los derechos de suscripciones, o las subvenciones que reciban. Los bancos cooperativos quedan eximidos de la obligación de constituir las reservas ordenadas por la Ley de Asociaciones Cooperativas, Nº 6756 del 5 de mayo de 1982, y sus reformas.
El fondo de garantías y jubilaciones de los empleados de los bancos cooperativos se constituirá conforme con el inciso 5) del artículo 55 de esta ley, con excepción de lo establecido en los párrafos segundo y tercero siguientes al inciso 5) de dicho artículo".
Artículo 5º.-Deróganse el inciso 2) del artículo 12 y el artículo 160 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas.
Artículo 6º.-Derógase el inciso a) del artículo 2º de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821 del 19 de octubre de 1982, y sus reformas, y exceptuáse del alcance de la ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Nº 6955 del 24 de febrero de 1984 y sus reformas, y del artículo 9º de la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas y, en consecuencia, de los decretos, resoluciones, acuerdos o directrices que se hayan fundamentado en tales leyes, al Banco Central de Costa Rica, a los bancos del Estado, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y al Banco Hipotecario de la Vivienda.
Artículo 7º.- DEROGADO.-
(DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación
Administrativa Nº 7494 de 2 de mayo de 1995).
Reforma a la Ley de Regulación de Sociedades Financieras de Inversión
y de Crédito Especial de Carácter no Bancario
Artículo 8º.- ...
Artículo 9º.- A partir de la vigencia de esta ley, la Ley de
Regulación de Sociedades Financieras de Inversión y de Crédito Especial
de Carácter no Bancario, Nº 5044 del 13 de setiembre de 1972 y sus
reformas, se denominará: "Ley Reguladora de Empresas Financieras no
Artículo 10.- Los bancos comerciales del Estado podrán actuar como
fiduciarios y coadyuvar en el traspaso de tierras de vocación agrícola o
pecuaria a pequeños y medianos productores agropecuarios, con el fin de
estimular la distribución equitativa de la propiedad agraria.
Artículo 11.- Los contratos de fideicomiso se regularán por lo
dispuesto en el capítulo XII del Código de Comercio, en cuanto esas
disposiciones no se opongan a esta ley y su reglamento, se ajustarán a
a) El libre acuerdo de los propietarios que deseen incorporarse al
sistema, a título de fideicomitentes.
b) El fomento de la producción y el mejoramiento de la productividad
del pequeño y del mediano agricultor.
c) La búsqueda de procedimientos expeditos para el Traspaso de las
ch) La determinación, por parte de los peritos del respectivo banco,
de los precios para las tierras que sean objeto de un contrato de
fideicomiso, en relación con la aptitud productiva de los inmuebles.
d) El establecimiento de mecanismos de control, mediante auditorajes
externos anuales.
e) El control estricto de la relación entre el precio y la calidad
de la tierra, así como de los planes de trabajo y explotación de las
fincas, a fin de asegurar el pago normal de las deudas.
Artículo 12.-Se autoriza a los bancos comerciales del Estado, para
que acepten hipotecas de segundo grado, en garantía de los préstamos que
otorguen a los adquirentes de la tierras traspasadas, con el propósito de
que desarrollen proyectos o actividades relacionadas con la producción
agropecuaria y que tiendan a una mejor explotación de las tierras.
Artículo 13.-En ningún caso podrá destinarse suma alguna al
fideicomitente, en dinero efectivo, títulos valores o cualquier otra
forma de pago, hasta tanto las tierras no sean vendidas o traspasadas a
los nuevos propietarios. Este aspecto deberá preverse, como cláusula, en
los contratos de fideicomiso.
Artículo 14.-Sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría
General de Entidades Financieras o de la auditoría interna, anualmente se
contratarán contadores públicos autorizados para la evaluación del
sistema de fideicomiso que establece esta ley. El dictamen respectivo
será publicado en La Gaceta.
Artículo 15.- Las personas físicas, jurídicas o de derecho público,
podrán adquirir certificados de inversión hipotecaria de los distintos
fideicomisos agrarios, con el propósito de fomentar la redistribución de
tierras en los términos de esta ley. También podrán conceder préstamos en
condiciones beneficiosas o hacer donaciones a los bancos comerciales del
Estado. Estos destinarán esos fondos, de modo exclusivo, al otorgamiento
de préstamos de desarrollo, en las condiciones financieras más
favorables, a los nuevos propietarios de las tierras, con el fin de
facilitar la buena explotación de las propiedades redistribuidas.
Artículo 16.- Para los efectos de esta ley, los bancos comerciales
del Estado estarán autorizados para vender los bienes aptos para la
producción agropecuaria que se les hubieren adjudicado en remates, y
aquéllos que hubieren recibido por dación en pago, venta que harán en
forma directa y con el avalúo de sus peritos, sin que medien los
procedimientos establecidos por la ley en la actualidad.
Los bancos podrán actuar en estos casos como fiduciarios, sin que
les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 656 del Código de Comercio.
Artículo 17.- La identificación de potenciales compradores de
terrenos y su selección definitiva, la harán los bancos comerciales de
Estado que actúen como fiduciarios, aplicando criterios de
discrecionalidad, al tenor de su experiencia crediticia tomando en cuenta
las condiciones personales y familiares de los interesados, así como su
capacidad de trabajo, con el fin de que se cumpla un evidente interés
social con la negociación. Para esta labor, los bancos podrán solicitar
la cooperación del Instituto de Desarrollo Agrario.
(Así reformado por la Ley Nº 7138 de 16 de noviembre de 1989, artículo
Artículo 18.- Los documentos que se confeccionen para los efectos de
esta ley, inscribibles o no, estarán exentos de todo tipo de tributo y de
derechos de registro, en la parte que le corresponda al adquirente.
También estará exonerada la parte que le corresponda al banco respectivo,
cuando actúe como fideicomitente.
Artículo 19.- El Banco Central de Costa Rica, emitirá un reglamento
de fideicomiso agrario, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha
Reformas a otras leyes relacionadas con el funcionamiento de los bancos
Artículo 20.- Refórmase el artículo 5º de la Ley de Creación y Funcionamiento del Banco Cooperativo, Nº 6894 del 22 de setiembre de 1983, para que diga de la siguiente manera:
"Artículo 5º.-Para la creación de un banco cooperativo, y únicamente para ello, se exigirá un aporte de capital inicial no inferior al cincuenta por ciento (50%) del requerido para los bancos privados".
Artículo 21.- Refórmase el artículo 74 de la ley Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983, (reforma a varios artículos de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social), para que diga de la siguiente manera:
Las prohibiciones y trámites señalados en este artículo serán aplicables a la Corporación Costarricense de Desarrollo, S. A. (CODESA), a sus subsidiarias y afiliadas, y a todas las demás empresas estatales estructuradas como sociedades mercantiles.
Artículo 22.- Adiciónase un párrafo final al artículo 8º de la ley sobre requisitos fiscales en documentos relativos a actos y contratos, Nº 6575 del 27 de abril de 1981, para que diga de la siguiente manera:
Tratándose de actos y contratos o de garantías hipotecarias comunes, o de cédulas que se otorguen en beneficio de los bancos del Estado, la constancia a que se refiere este artículo, en la que se señale que el contribuyente está al día en el pago del impuesto territorial, vigente en el momento en que se otorgue el documento, mantendrá esa condición para efectos registrales hasta la inscripción de ese documento, sin que rija el plazo de validez de treinta días naturales señalado en el párrafo segundo de este artículo".
Artículo 23.- Refórmase el artículo 107 de la Ley de Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Nº 7052 del 13 de noviembre de 1986, para que diga de la siguiente manera:
"Artículo 107.- Cada préstamo hipotecario que otorguen las entidades autorizadas podrá contar con un compromiso de garantía hipotecaria emitido por el Banco, denominado garantía F.H.A. (Fomento de Hipotecas Aseguradas)".
Artículo 24.- Refórmase el último párrafo del artículo 116 de la Ley de Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Nº 7052 del 13 de noviembre de 1986, para que diga de la siguiente manera:
.- Las garantías del Banco y las del Estado, a las que se refiere esta ley, son subsidiarias de las específicas de cada operación y de las de la propia entidad autorizada, así como de las adicionales a ellas".
Artículo 25.- Refórmase el párrafo cuarto del artículo 157 de la Ley de Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Nº 7052 del 13 de noviembre de 1986, para que diga de la siguiente manera:
"Artículo 157.-
Si las infracciones de que trata este artículo emanaren de alguno de los entes públicos a que se refiere el capítulo III del título IV de esta ley, el Banco deberá comunicar al Poder Ejecutivo la renuencia de parte del director, de los directores o de los funcionarios responsables, a ajustarse a las leyes, reglamentos, normas, acuerdos o resoluciones dictados por el Banco, a fin de que el Poder Ejecutivo les aplique las sanciones mencionadas, según corresponda. En ningún caso será admisible el incidente de suspensión de los efectos del acto".
Artículo 26.- Modifícase el artículo 216 del Código Penal, para que diga de la siguiente manera:
1) Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de la suma de cinco mil colones (¢ 5.000,00).
2) Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de la suma de cinco mil colones (¢ 5.000,00).
Artículo 27.- Se exceptúa al puesto de bolsa de valores de la
Corporación Costarricense de Desarrollo, S. A. (CODESA), del alcance de
las leyes Nº 6821 del 19 de octubre de 1982 y sus reformas (Ley de
Creación de la Autoridad Presupuestaria), y Nº 6955 del 24 de febrero de
1984 y sus reformas (Ley para el Equilibrio Financiero del Sector
Público), así como del artículo 9º de la ley Nº 5525 del 2 de mayo de
1974 y sus reformas (Ley de Planificación Nacional) y, en consecuencia,
de los decretos, resoluciones, acuerdos o directrices que se hayan
fundamentado en tales leyes.
Artículo 28.- Autorízase la creación de bancos solidaristas de
desarrollo e interés social, sin fines de lucro con personería jurídica
propia y con un capital social mínimo de cincuenta millones de colones
(¢50.000.000,00). Estos bancos se constituirán y regirán por la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, por la Ley Orgánica del Banco
Central de Costa Rica y por la Ley de Asociaciones Solidaristas y,
además, por las disposiciones reglamentarias de orden general y las
específicas que al efecto emita el Banco Central de Costa Rica.
La constitución y el funcionamiento de un banco solidarista deberá
hacerse con la unión, de al menos veinticinco asociaciones solidaristas
costarricenses que, a juicio de la Auditoría General de Entidades
Financieras, sean económica, financiera y administrativamente solventes y
que paguen la cuota de capital a que se hayan comprometido.
Los bancos solidaristas formarán parte, de pleno derecho del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda, creado mediante la ley Nº 7052 del
A los bancos solidaristas les serán aplicables, supletoriamente, las
disposiciones del capítulo V del título VI de la Ley Orgánica del Sistema
Artículo 29.- El Instituto Nacional de Seguros creará y administrará
un seguro para la protección de los inversionistas del sector financiero
privado, que cubrirá inversiones por la suma de hasta un millón de
colones (¢ 1.000.0 00,00), monto que el Instituto ajustará anualmente
conforme con el índice de precios del Ministerio de Economía, Industria y
El Instituto Nacional de Seguros contará con un plazo de seis meses
para implantar este seguro y su costo deberá ser razonable, de manera que
no encarezca la intermediación financiera. Con tal finalidad, la fijación
de este seguro deberá estar acorde con los costos de seguros similares
establecidos en mercados financieros internacionales.
Artículo 30.- Rige a partir de su publicación, excepto en los casos
en que se estipulen otras fechas de vigencia.
Transitorio I.- Al entrar en vigencia la presente ley, cesarán en
sus funciones todos los miembros de la Junta Directiva del Banco Central
de Costa Rica, excepto el presidente ejecutivo y el Ministro de Hacienda,
quienes continuarán en sus cargos hasta el 8 de mayo de 1990. Igualmente,
al entrar en vigencia esta ley, conforme con lo establecido en el
artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552
del 23 de abril de 1953 y sus reformas, el Consejo de Gobierno procederá
a nombrar a los restantes directores por los siguientes términos: dos
hasta el 8 de mayo de 1990, uno hasta el 31 de mayo de 1991, uno hasta el
31 de mayo de 1992, y uno hasta el 31 de mayo de 1993. Vencido el término
para el cual fue designado cada uno de ellos, los nuevos nombramientos
serán por períodos de cuatro años, de conformidad con el artículo 22
Transitorio II.- La presente ley no afecta en forma alguna los
derechos laborales de quienes, al entrar en funcionamiento la Auditoría
General de Entidades Financieras, desempeñen los cargos de auditor
general y de subauditor general en los bancos. Los respectivos
funcionarios conservarán todos los derechos adquiridos.
Transitorio III.- Al entrar en vigencia esta ley, tampoco se
afectarán en forma alguna la situación laboral y los demás beneficios de
quienes desempeñen cargos en la Auditoría General de Bancos. Los
respectivos funcionarios conservarán todos los derechos adquiridos.
Transitorio IV.- Al entrar en vigencia el artículo 2º del capítulo I
de esta ley, referente a la Auditoría General de Entidades Financieras,
toda referencia hecha en la legislación vigente a la Auditoría General de
Bancos, corresponderá a la Auditoría General de Entidades Financieras.
Transitorio V.- En cuanto a la contabilización de los intereses y
las comisiones devengados y no percibidos, de operaciones de préstamos y
descuentos vencidas a más de ciento ochenta días, por parte de los bancos
del Estado a los que se refiere el inciso 3) del artículo 56 de la ley Nº
1644 del 26 de setiembre de 1983 y sus reformas, la Junta Directiva del
Banco Central de Costa Rica velará por su cumplimiento y tomará las
providencias del caso a efecto de que ese mandato se vaya ejecutando
gradualmente, de modo que se cumpla en un plazo no mayor de cinco años, a
partir de la publicación de esta ley.
Transitorio VI.- La presente ley no afecta los contratos de crédito
o inversión vigentes, hasta su vencimiento; sin embargo, las prórrogas
que acordaren las partes deberán regirse por esta ley.
Transitorio VII.- Las empresas financieras no bancarias que a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan participación en empresas
agrícolas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole,
dispondrán de un plazo máximo de tres años para ajustarse a lo estipulado
en el artículo 10 de la ley Nº 5044 del 13 de setiembre de 1972 y sus
Transitorio VIII.- El Banco Central de Costa Rica establecerá el
plazo dentro del cual los bancos privados constituidos a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, deberán ajustar su capital a lo
establecido en el artículo 151 de la ley Nº 1644 del 26 de setiembre de
1953. Este plazo no podrá ser mayor de dieciocho meses y, una vez
vencido, el banco que no tuviere suscrito y pagado ese capital no podrá
operar sino hasta que cumpla con ese requisito. Del remanente a que se
refiere el inciso 3) del artículo 154 de la ley Nº 1644 citada, los
bancos privados a que se refiere este transitorio deberán destinar al
menos un setenta por ciento (70%) para incrementar su capital social,
hasta alcanzar el monto mínimo establecido en el artículo 151 de repetida
Transitorio lX.- Las empresas financieras no bancarias que a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan un capital inferior al
establecido en el artículo 3º de la ley Nº 5044 del 13 de setiembre de
1972, tendrán un plazo máximo de dieciocho meses para ajustarse a lo
dispuesto en dicha norma. La empresa financiera que al término de ese
plazo no hubiere cumplido con lo dispuesto, no podrá operar hasta tanto
no cumpla con ese requisito.
Transitorio X.- Cuando por disposición de esta ley una empresa
financiera deba crear el encaje por primera vez, ello se hará en doce
tractos mensuales consecutivos.
Fecha de generación: 10/07/2020 11:50:36 p.m.

References: Artículo 1
 artículo 27
 artículo 22
 artículo 14
 resolución 

Artículo 2

Artículo 124
 artículo 400

Artículo 125
 artículo 1

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128
 Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131
 artículo 124

Artículo 132

Artículo 133
 artículo 1

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 3
 artículo 13
 artículo 62
 artículo 3

Artículo 4

Artículo 8
 artículo 61
 artículo 55

Artículo 5
 artículo 12
 artículo 160

Artículo 6
 artículo 2
 artículo 9

Artículo 7
 artículo 111

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 656

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 5

Artículo 21
 artículo 74

Artículo 22
 artículo 8

Artículo 23
 artículo 107

Artículo 24
 artículo 116

Artículo 25
 artículo 157

Artículo 26
 artículo 216

Artículo 27
 artículo 9

Artículo 28
in fine

Artículo 29

Artículo 30

artículo 22
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 10
 artículo 151
 artículo 154
 artículo 151
 artículo 3