Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654069
Timestamp: 2019-07-16 04:54:35+00:00

Document:
ENMIENDA DE LEGISLACIÓN SOBRE BENEFICIOS PARA BOMBEROS
FIJACIÓN DE LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR: ENMIENDA A LEY Nº 19.713
INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
PROHIBICIÓN DE INGRESO DE DESECHOS PROVENIENTES DE TERCEROS PAÍSES
INCENTIVOS DE REMUNERACIONES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
PETICIÓN DE OFICIO : Hosain Sabag Castillo
PELIGRO DE ECONOMÍA CHILENA POR DEFLACIÓN. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Javier Errazuriz Talavera
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MEJORAMIENTO DE OPERACIONES NAVIERAS ENTRE CHACAO Y PARGUA. OFICIO
APLICACIÓN DE LEY SOBRE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. OFICIOS
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. OFICIOS
INSTALACIÓN DE TACÓGRAFOS EN MINIBUSES DE AYSÉN. OFICIO
RESGUARDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Martinez Busch
SALVAGUARDIAS DEL ACERO. OFICIOS
EVENTUAL EXCLUSIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROPECUARIOS CHILENOS EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS. OFICIOS
CIERRE DE CUARTEL DE CARABINEROS EN COMUNA DE PLACILLA (SEXTA REGIÓN). OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
PERJUICIO A CHILE POR SUBSIDIOS A PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO DE EMPRESAS DE PAÍSES EXTRANJEROS. OFICIO
RÉPLICAS A INTERVENCIONES EN ESTA SESIÓN DE SENADORES SEÑORES VIERA-GALLO, MARTÍNEZ Y LAVANDERO
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BITAR, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE DURACIÓN DEL CARGO DE ALCALDE Y SU REELECCIÓN (2890-06)
Sesión 28ª, en martes 5 de marzo de 2002
(De 16:19 a 19:40)
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
III.	CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités..................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga beneficios a voluntarios de Cuerpos de Bomberos de Chile (1124-06) (se aprueba en particular)......
V. ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.713, para fijar límite máximo de captura por armador (2777-03) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que prohíbe o regula, en su caso, el ingreso de desechos o residuos provenientes de terceros países (150-11) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece incentivos de remuneraciones para funcionarios municipales (2677-06) (se aprueba en general y particular)
Peligro de economía chilena por deflación. Oficios (observaciones del señor Errázuriz)
Construcción de rampas para mejoramiento de operaciones navieras entre Chacao y Pargua. Oficio (observaciones del señor Stange)
Aplicación de ley sobre posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Prevención y combate de incendios forestales. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Instalación de tacógrafos en minibuses de Aysén. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Resguardo de desarrollo económico de Octava Región. Oficios (observaciones del señor Martínez)
Salvaguardias del acero. Oficios (observaciones de los señores Viera-Gallo y Zaldívar, don Adolfo)
Eventual exclusión de productos agrícolas y agropecuarios chilenos en Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Oficios (observaciones del señor Moreno)
Cierre de Cuartel de Carabineros en comuna de Placilla (Sexta Región). Oficios (observaciones del señor Moreno)
Perjuicio a Chile por subsidios a producción de cobre refinado de empresas de países extranjeros. Oficio (observaciones del señor Lavandero)..........
Réplicas a intervenciones en esta Sesión de Senadores señores Viera-Gallo, Martínez y Lavandero (observaciones del señor Pérez)...............................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y de Justicia, el señor Subsecretario de Pesca y la señora asesora de la Subsecretaría de Pesca.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 25ª, ordinaria, en 22 de enero, 26ª, especial, y 27ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, ambas en 23 de enero, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Once de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia que hiciera presente a los proyectos de ley y de acuerdo que se indican:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998 (Boletín Nº 2293-10).
2.- Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (Boletín Nº 2296-18).
3.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº18.502, en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos (Boletín Nº 2701-15).
4.- Proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica (Boletín Nº 2675-04).
5.- Proyecto de ley que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales (Boletín Nº 2677-06).
6.- Proyecto de ley que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Boletín Nº 2439-20).
7.- Proyecto de ley que adecua la legislación que indica a los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscritos por Chile (Boletín Nº 2421-03).
8.- Proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín Nº 2745-06).
9.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.220, que crea las bolsas de productos agrícolas (Boletín Nº 1640-01).
10.- Proyecto de ley que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal (Boletín Nº 2850-07).
11.- Proyecto de ley que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado (Boletín Nº 2594-06).
12.- Proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 1.757, de 1977, estableciendo beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile (Boletín Nº 1124-06).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Con el segundo y el tercero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica la ley Nº 19.220, que crea las bolsas de productos agrícolas (Boletín Nº 1640-01).
2.- El que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales (Boletín Nº 2677-06).
Con los siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los proyectos de ley que se indican:
1.- El que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos (Boletín Nº 2701-15).
2.- El relativo a la transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín Nº 2745-06).
3.- El que modifica el decreto ley Nº 1.757, de 1977, estableciendo beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile (Boletín Nº 1124-06).
4.- El que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Boletín Nº 2439-20).
5.- El que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal (Boletín Nº 2850-07).
6.- El que adecua la legislación que indica a los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscritos por Chile (Boletín Nº 2421-03).
7.- El relativo a la calificación de la producción cinematográfica (Boletín Nº 2675-04).
8.- El que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (Boletín Nº 2296-18).
Con el primero comunica su ausencia del territorio nacional durante el día 18 de febrero de 2002, con la finalidad de participar en la Reunión Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, Bolivia y Chile, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Con el segundo informa su ausencia del territorio nacional, entre los días 20 de febrero y 1º de marzo del año en curso, con el propósito que en cada caso se señala:
-- El día 20 de febrero, en vuelo hacia Europa;
-- Entre los días 21 y 24 de febrero, ambos inclusive, en visita de trabajo y para participar en la Cumbre de Líderes Progresistas, en el Reino de Suecia;
-- Entre los días 24 y 26 de febrero, ambos inclusive, en visita oficial a Finlandia;
-- Entre los días 26 y 28 de febrero, ambos inclusive, en visita oficial a la República de Italia, y
-- Entre los días 28 de febrero y 1º de marzo, en vuelo de regreso a Chile.
En ambos oficios señala que, durante su ausencia, será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Corporación, referido a un conjunto de observaciones planteadas con ocasión de la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad".
Once de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los cinco primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998. (Boletín Nº 2293-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.- Proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre. (Boletín Nº 2590-15).
3.- Proyecto de ley que adecua la legislación que indica conforme a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2421-03).
4.- Proyecto de ley que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención. (Boletín Nº 2391-18).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
5.- Proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2439-20).
Con el sexto comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto que modifica la ley Nº 19.162, que estableció el Sistema Obligatorio de Clasificación del Ganado. (Boletín Nº 2826-01).
Con los dos siguientes hace presente que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los proyectos de ley que se mencionan:
1.- El que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por el plazo que indica la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones. (Boletín Nº 2889-15).
2.- El que suprime los feriados que señala. (Boletín Nº 2779-06).
--Se mandó comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el noveno y el décimo comunica que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones. (Boletín Nº 2628-13).
2.- El que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA. (Boletín Nº 2759-01).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus respectivos antecedentes.
Con el último expresa que tomó conocimiento del rechazo del Senado al proyecto de ley que establece como feriado local en la comuna de Arica el día 7 junio de cada año, a la vez que comunica la designación de los Diputados que integrarán la Comisión Mixta. (Boletín Nº 2685-06).
Cuatro de la Excelentísima Corte Suprema:
Con los tres primeros emite su parecer respecto de los proyectos de ley que se indican:
1.- El que crea y regula el Ministerio Público Judicial. (Boletín Nº 2849-07).
2.- El que crea nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. (Boletín Nº 2.852-07).
3.- El que crea el Registro Nacional de ADN. (Boletín Nº 2851-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Con el cuarto transcribe la resolución de 28 de enero del año en curso, dictada por el Pleno de esa Excelentísima Corte, en los antecedentes administrativos relativos al oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, sobre situaciones judiciales acaecidas en el país que han tenido relación con el cumplimiento de resoluciones judiciales.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia dictada a raíz del control de constitucionalidad relacionado con el proyecto de ley que agrupa los tribunales de la reforma procesal penal de la ciudad de Santiago. (Boletín Nº 2812-07).
--Se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que, en virtud del recurso de amparo económico deducido por Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Aussicht Ltda. contra el Estado de Chile, solicita que se informe a esa Corte al tenor del recurso adjuntado en fotocopia, relativo a la aprobación del proyecto de ley que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por el plazo que indica la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones, actual ley Nº 19.791.
--Se mandó contestar.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que transcribe la conformación de las Salas de esa Corte, correspondientes al año judicial 2002.
Asimismo, hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde al Ministro don Carlos Cerda Fernández la Presidencia de la misma para el presente año.
De la Corte Marcial de la Armada, con el que da a conocer la nómina de sus integrantes durante el trienio que se inició el 1º de marzo del año en curso.
Del señor Ministro de Defensa Nacional subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la presencia de la Fuerza Aérea de Chile en el territorio antártico nacional.
Dos del señor Ministro de Hacienda subrogante:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Parra y Silva, sobre la posibilidad de otorgar el beneficio al que hoy acceden los servicios de bienestar de las instituciones regidas por el decreto ley Nº 249, de 1973, a la Corporación Servicio de Bienestar de los Trabajadores de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo al subsidio de cesantía.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referente a la posibilidad de que el Ejecutivo envíe una indicación al proyecto de reforma constitucional que indica, con el propósito de establecer limitaciones al derecho de propiedad cuando su ejercicio pueda afectar la integridad del territorio nacional.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, tocante a la necesidad de tramitar a la brevedad una iniciativa legal que proteja a los consumidores de ciertas actuaciones de empresas que ofrecen servicios de vacaciones de tiempo compartido.
Con el tercero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, sobre la posibilidad de incorporar, en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.222, Ley de Navegación, prohibiendo o regulando, en su caso, el paso de naves con carga peligrosa en el mar territorial de la zona austral. (Boletín Nº 2813-12).
Del señor Ministro subrogante de Economía , Fomento y Reconstrucción, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, referido a la ley Nº 19.790, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales.
De la señora Ministra de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, concerniente a la creación de un liceo en la localidad de Carelmapu, comuna de Maullín, Décima Región.
Del señor Ministro de Justicia , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relacionado con la atención de salud del personal de la Dirección Nacional de Gendarmería, sus familiares y los pensionados de la misma.
Cuatro del señor Ministro de Obras Públicas :
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre disponibilidad presupuestaria para realizar obras de mejoramiento en la Ruta 215 Osorno-Puyehue, Décima Región.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, en cuanto a la necesidad de destinar recursos para la construcción de una segunda copa de agua en el sector de Puente Negro, en la Sexta Región.
Con los dos siguientes envía nóminas de los oficios dirigidos en diciembre de 2001 y enero del año en curso a los señores Parlamentarios, relacionados con consultas formuladas a la Secretaría de Estado a su cargo.
Del señor Ministro subrogante de Obras Públicas , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la construcción de un puente en el camino Puerto Varas-Nueva Braunau, Décima Región.
Del señor Ministro de Salud , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con el traslado de médicos especialistas y equipamiento desde el Hospital de Puerto Aisén, hacia el Hospital de Coihaique, Undécima Región.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la construcción de un muro de contención en la población Villa Esperanza, Cauquenes, Séptima Región.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la población de viviendas básicas ubicadas en el sector Escuela Agrícola de la ciudad de Coihaique.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relacionado con la normativa que se está aplicando en la Sexta Región respecto de las concesiones radiales autorizadas.
Del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la necesidad de mantener un establecimiento educacional en el territorio antártico nacional.
Del señor General Director de Carabineros subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, referido a la utilización de radares por parte de Carabineros de Chile en el control de velocidad de los vehículos.
Dos del señor Subsecretario de Transportes :
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, acerca de la posibilidad de entregar en concesión la Caleta Guardiamarina Riquelme, ubicada en Iquique, Primera Región, a los pescadores artesanales del lugar.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a la ejecución de obras ferroviarias en la Quinta Región.
Del señor Subsecretario de Transportes subrogante, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, respecto de la venta de terrenos ubicados en el sector de Riñihue, provincia de Valdivia, realizada por la empresa Infovía S.A., filial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre los costos en las tarifas de agua potable y alcantarillado facturados por empresas privatizadas.
Del señor Presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a una denuncia efectuada en julio de 1997 por la Cámara de Turismo y de Comercio de San Pedro de Atacama, Segunda Región.
Del señor Director subrogante del Servicio de Impuestos Internos , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, acerca de la situación que afecta a miembros de la Asociación Gremial de Pequeños Empresarios de Huara con relación al pago de contribuciones de bienes raíces.
Del señor Director Nacional del Servicio de Aduanas , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, con referencia a la asignación de recursos, en el área "Control de Tráficos de Drogas y Contrabando", al Servicio de Aduanas de la Segunda Región.
Del señor Director Nacional de Turismo subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, tocante a la necesidad de legislar en materia de protección a los consumidores frente a actuaciones de empresas que ofrecen servicios de vacaciones de tiempo compartido.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Vega, relacionado con las enmiendas de 1998 al Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, de la Organización Marítima Internacional.
Del señor Director General de Aguas , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la situación de los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran en trámite y constituidos en los ríos Puelo y Poica, en la comuna de Cochamó, Décima Región.
Del señor Intendente de la Sexta Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la construcción del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de San Fernando.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Sexta Región , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la construcción de defensas fluviales en la ribera del estero Zamorano, en San Vicente de Tagua-Tagua.
Del señor Secretario Regional Ministerial del SERVIU de la Sexta Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referente a proyecto de pavimentación en la villa San Luis de Callejones, de la comuna de Nancagua.
De la señora Directora Regional de Estadísticas subrogante de la Quinta Región , mediante el cual remite los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Empleo correspondientes al trimestre móvil noviembre 2001-enero 2002.
Del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido al cumplimiento de medidas de fiscalización en paso fronterizo de la comuna de San Pedro de Atacama, Segunda Región.
Nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Senador señor Bitar, que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan las multas allí contempladas. (Boletín Nº 2.726-07).
Del Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley sobre duración del cargo de alcalde y su reelección (Boletín Nº 2.890-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. (Este proyecto no podrá tratarse mientras no sea incluido por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional).
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Sabag --Se declara inadmisible por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme a lo establecido en el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
De don José Hermuth Bastidas Ojeda, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 599-04).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, en reunión de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Celebrar la sesión de instalación del nuevo período legislativo a las 11:30 del lunes 11 de marzo;
2.- Recabar el acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados con el objeto de convocar a una sesión de Congreso Pleno para el 19 de marzo a fin de recibir al Excelentísimo señor Presidente de Brasil , don Fernando Henrique Cardoso, y autorizar a la Mesa para fijar la hora de inicio;
3.- Incluir en el cuarto lugar de la tabla del Orden del Día de la presente sesión el proyecto de ley que genera incentivos para los funcionarios municipales, autorizando a las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda para emitir informe verbal;
4.- Agregar en el quinto y sexto lugares de la tabla de hoy los proyectos que modifican las leyes Nºs. 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y 19.162, que estableció el sistema obligatorio de clasificación del ganado;
5.- Abrir nuevo plazo, hasta las 12 del 4 de abril, para formular indicaciones al proyecto de ley que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado, y
6.- Destinar tiempo, antes del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, primero, para los señores Senadores que cesarán en sus cargos y deseen hacer uso de la palabra, y a continuación, para que los Honorables señores Valdés y Núñez informen acerca del viaje que realizaron recientemente a Cuba.
En seguida, el señor Secretario se referirá al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y aprobado en general en la sesión ordinaria de 22 de enero pasado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1124-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
Gobierno, sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
Sesión 25ª, en 22 de enero de 2002 (se aprueba en general).
En la sesión 25ª, de 22 de enero, se fijó plazo hasta las 12 del 4 de marzo para presentar indicaciones. Como no se recibió ninguna, la iniciativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, debe entenderse aprobada también en particular.
Por no haberse formulado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular y despachado en este trámite
El señor SABAG.- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- La tiene, Su Señoría.
El señor SABAG.- Pido oficiar en mi nombre al señor Presidente de la República solicitándole que tenga a bien patrocinar el proyecto sobre modificación de la Ley de Caminos -del cual soy autor-, que la Mesa declaró inadmisible.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento, corresponde efectuar la segunda discusión del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador, incorporando a las unidades de pesquería que indica en las zonas que señala el citado régimen de administración, informado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2777-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Bitar, Lagos y Zaldívar, don Andrés).
En primer trámite, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2001.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
Sesión 27ª, en 23 de enero de 2002 (queda para segunda discusión).
La primera discusión de esta iniciativa se realizó durante la sesión ordinaria de 23 de enero del año en curso, oportunidad en que se efectuó la relación pertinente.
Señor Presidente , ¿vendrá el señor Subsecretario de Pesca para aclarar las dudas surgidas durante la discusión anterior?
Precisamente, se me pidió recabar la autorización de la Sala para que ingresen el Subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval, y la Asesora señora Edith Saa.
Señor Presidente , la Ley General de Pesca y Acuicultura contempla cinco regímenes de acceso a los recursos hidrobiológicos: cuota global, fijación de esfuerzo, cuotas individuales en los casos de las pesquerías incipientes y en recuperación, y límite máximo de captura por armador, al cual se pretende hacer entrar los recursos sardina, anchoveta y jurel de la Primera y Segunda Regiones.
En esta materia se planteó un debate y se formularon al señor Subsecretario preguntas que sería conveniente aclarar en la Sala antes de votar el proyecto.
La primera se refiere al hecho de que, de las tres especies pelágicas de la zona norte que mencioné, el jurel registra poco tonelaje, reviste escasa significación económica y se encuentra en estado juvenil, por lo que su captura en el referido sector podría perjudicar a las pesquerías consolidadas del centro-sur del país. A lo anterior se añade que se trata de la única pesquería que cuenta con una gran cantidad de fauna acompañante, como la caballa, especie de alto valor y de consumo humano directo (no va a procesos reductores de harina).
Por esas razones, presentamos una indicación -la analizamos extraoficialmente en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura- para agregar respecto del jurel la frase "En ningún caso podrá capturarse esta especie bajo talla mínima y especies acompañantes en tipo y porcentajes que establezca el reglamento.".
De otro lado, la ley en proyecto, de aprobarse durante este año, requeriría un artículo 5º transitorio -también presentamos indicación al respecto- del siguiente tenor: "Para el presente año podrán fijarse cuotas globales según establece el artículo 26." (de la Ley General de Pesca).
Aclarados esos puntos, más los que se expusieron antes en cuanto a la posibilidad de afianzar a los pescadores artesanales en las áreas de la zona norte donde viven, podría contarse con un curso de acción más claro para la aprobación de la iniciativa en debate.
El señor SANDOVAL (Subsecretario de Pesca).-
Señor Presidente, respecto del jurel, según informamos en la sesión anterior, a partir de este año se realizará una investigación especial, aplicando un sistema de marcaje, para determinar si el recurso que se encuentra en la zona norte es el mismo de la centro-sur.
Tocante al tamaño, en este momento contamos con atribuciones para fijar la talla mínima. Empero, es menester puntualizar que la investigación referida también nos aclarará si el tamaño actual del jurel tiene que ver con el propio de la zona norte o si sólo se debe al hecho de tratarse de ejemplares juveniles que luego se trasladarán al sector centro-sur. O sea, ése es un ámbito acerca del cual todavía no existe respuesta definitiva.
Respecto de los pescadores artesanales, señor Presidente, no entendí la consulta formulada.
Señor Presidente, en la duda, considero mejor adoptar ciertas prevenciones. Por eso, desearía que prosperara la indicación a que hice referencia.
Señor Presidente , se presentaron dos indicaciones que abordan los dos puntos que faltan para perfeccionar el texto que se someterá a votación.
Señor Presidente, me parece de toda evidencia que si, como lo expresó el señor Subsecretario , no existe conocimiento claro -y lo dije en la sesión anterior- sobre el ciclo biológico del jurel -lo que se sabe hasta ahora es que pasa por aguas cálidas, y luego, a medida que va creciendo, por aguas más frías, donde hay mayor cantidad de oxígeno-, no sería razonable permitir su captura mientras mantiene tallas pequeñas, pues posibilitarla implicaría limitar la pesquería de la zona centro-sur.
Por otra parte, tomando en cuenta que en nuestras aguas del mar presencial -bien denominado así por el Senador señor Martínez -, más allá de las 200 millas, lamentablemente no se permite a los chilenos capturar jurel, ni siquiera frente a Concepción, en la Octava Región, y sin embargo barcos chinos, taiwaneses y de otras nacionalidades extraen cantidades muy importantes que exportan a otros lugares del mundo con buques-fábricas, se daría el absurdo más insólito: en el norte los chilenos estarían capturando peces que no podrían extraer en la zona sur y que sí sería factible sacar más allá de las 200 millas, pero sólo por naves de otros países. Es lo que sucedería en este minuto.
Si a ello agregamos que la presencia de la Corriente del Niño parece ser un hecho cierto (se inició en Perú, donde ya cambió por completo el clima; el fenómeno está afectando fuertemente a ese país), mayor razón existe para tomar todas las precauciones necesarias, que son precisamente las derivadas de la indicación que planteó el Honorable señor Horvath en nombre de los Senadores integrantes de nuestra Comisión especializada.
Por lo expuesto, señor Presidente , yo sometería a votación esa indicación, para los efectos de impedir la captura de jurel bajo ciertas tallas mínimas y cuidar esa especie y las acompañantes, como la caballa, que debería ser objeto de pesca, no de reducción, sino, obviamente, para consumo humano.
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura en el sentido de que todos los proyectos referidos a la industria pesquera en Chile -y éste no es la excepción- siempre son complejos. No se trata de iniciativas fáciles. Chile es un país marítimo, teóricamente, pero somos muy ignorantes de lo que ocurre en la vida en el mar.
El proyecto que dio origen a la ley básica motivó, hace ya siete u ocho años, un debate muy intenso. Hubo Senadores que, ante la complejidad de la materia, siguieron a otros que tenían mayores conocimientos sobre ella.
En el caso presente, lamento que la Comisión -lo digo con todo respeto- no haya hecho una exposición al Senado sobre el particular.
Me parece delicado que el Senador señor Horvath nos recuerde hoy normas que deben respetarse, que algunas de estas especies aparentemente tienen sus hábitat en aguas más cálidas y que posteriormente migran hacia zonas más frías. Hay, pues, un problema de carácter ecológico involucrado. Debió haber un estudio previo importante que respaldara la aprobación de la ley Nº 19.713, del 25 de enero de 2001 -o sea, hace un año-, que estableció límites máximos de captura, pero sin considerar en ellos a la Primera y Segunda Regiones. ¿Cuál fue el motivo para actuar así? ¿Por qué se las marginó? ¿Qué razones técnicas hubo? Porque esas razones técnicas hoy día son distintas, transcurridos nueve meses -la normativa en debate se presenta el 4 o el 5 de septiembre del año pasado- de la aprobación de otro proyecto con características parecidas.
Tengo el temor y la inquietud de dar mi voto conforme a una legislación que podría producir problemas graves en tres especies ampliamente conocidas en Chile, con largo historial de captura y que han resultado ser importantes para la industria pesquera y para la alimentación de la población. El jurel, la anchoveta y la sardina son, sin duda, especies que consume el chileno en forma muy prioritaria.
Entonces, si no existe una explicación profunda, técnica, clara y definida de las razones de una medida tan importante como ésta, me voy a abstener de votar.
Con relación a lo expuesto por el Senador señor Ríos, cabe decir, primero, que, al discutirse los antecedentes de la iniciativa, cuando se presenta la idea original de la cuota máxima de captura por armador -que nace con la ley vigente, que tiene dos años de duración-, se planteó un problema experimental: como sólo se fijaron cuotas globales de captura desde la Tercera Región hacia el sur, se estaba produciendo una contracción de la economía pesquera -fundamentalmente del jurel-, a causa de la sobreexplotación. Eso por una parte.
En segundo lugar, no aparecen la Primera y Segunda Regiones en el proyecto, dado que, por las características pesqueras de esas zonas, nunca se les ha fijado cuotas globales de pesca. Esto es muy importante entenderlo, porque la razón fundamental de la sobreexplotación que se produjo desde la Tercera Región hacia el sur es que la cuota global de pesca se establece años después de dictarse la ley, lo cual ha provocado exceso de extracción. Además, el problema dependía de la capacidad de la empresa y del volumen de la biomasa. Eso llevó a la disminución de la producción por sobreexplotación.
En consecuencia, se está en presencia de dos hechos. Primero, la necesidad de contar con un sistema que facilite la administración, sin romper el equilibrio de la biomasa de las especies que se han señalado. De otra manera, esos recursos desaparecerían. Y en segundo lugar, se agregan ahora, después de prácticamente 9 meses de vigencia de la ley, dos Regiones, en el convencimiento de que, por una parte, la fijación de cuota máxima de captura por armador es un buen sistema de administración pesquera al equilibrar la extracción con la capacidad de industria; y, por otra, se tiende a unificar, en todo el litoral, en toda la zona económica exclusiva, en el mar presencial y en nuestro mar en general, un sistema común de pesca, que, como ha planteado el Senador señor Horvath , pone énfasis en la talla del jurel y hace operativa la ley en el sentido de modificar o variar la cuota de acuerdo con la productividad del año en la Región.
Eso es lo que deseaba decir al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y por esas razones, en mi opinión, el proyecto es bueno y debemos votarlo favorablemente. Es la oportunidad para ir uniformando la administración pesquera, que ha sido muy buena con este sistema. Ha permitido absorber mano de obra y dar valor agregado a la producción, y es una experiencia pionera dentro del sistema latinoamericano de explotación pesquera.
Señor Presidente, en mi intervención de la sesión anterior planteé claramente mi oposición al proyecto basándome en algunos hechos muy concretos.
Primero, no existe cuota global y no se la ha fijado hasta ahora por ser muy difícil establecerla respecto de especies como la sardina o la anchoveta, cuyas biomasas son muy variables a través del tiempo.
Además, al no estar sujeta a una cuota global anual, la pesquería en el norte se mide solamente por su eficiencia. Las empresas eficientes hoy pueden capturar todo lo que su capacidad operativa les permita. Y así ha pasado en estos últimos años con algunas pequeñas que, por buque, están capturando porcentualmente mucho más que los grandes armadores instalados en la zona. Al establecer límites máximos de captura, se estaría sancionando a las empresas eficientes, que no podrán capturar más. Hoy carecen de límite alguno y pueden recogen todo lo que su capacidad y eficiencia les posibilita. Por ello, esta situación es absolutamente distinta de la de la zona sur, donde la cuota global se fue reduciendo debido a que el recurso explotado disminuyó. Entonces, en la actualidad las empresas se organizan como estiman conveniente para extraer todo lo que crean útil para su desarrollo, sin ninguna limitación por parte del Estado ni de la Administración Pública.
El proyecto en debate pone una limitación a empresas eficientes que pueden extraer más recursos, no obstante la libertad existente en materia económica.
Pienso que no se requiere un límite máximo de captura o cuota individual. Si en la zona norte la supervivencia de algunas especies estuviera en riesgo, ya se hubiera impuesto una cuota global. Yo me pregunto, ¿por qué la Subsecretaría no ha fijado una cuota anual global ni le ha pedido al Consejo Nacional de Pesca que lo haga si el recurso se encuentra en riesgo? En consecuencia, las especies no están en peligro y no se requiere la fijación de cuotas globales ni menos individuales.
En la oportunidad pasada, no se estableció dicho límite justamente por lo que estoy diciendo. Es muy difícil fijar una cuota global en la zona norte por las características propias de las especies que allí se desarrollan.
En cuanto al jurel, no debería capturarse por debajo de la talla establecida por la ley. Si hubiera razones suficientes -y no las hay porque el señor Subsecretario del ramo acaba de informar que recién va a comenzar la investigación respectiva- para autorizar la captura de esta especie por debajo de la talla permitida, hoy día no se podría hacer porque no existen estudios en tal sentido. Por lo tanto, no cabe autorizar capturas por debajo de la talla mínima establecida por la ley.
Por estas razones, votaré en contra del proyecto y también de las indicaciones.
Señor Presidente, dentro de poco vencerá el plazo que fija la ley para las cuotas individuales o límite máximo de captura.
El Gobierno -el señor Subsecretario me lo ha hecho presente- enviará un proyecto para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura en profundidad, a fin de establecer un límite permanente basado en lo ocurrido durante dos años con las cuotas individuales de pesca.
En lo que se refiere a la Octava Región, el balance es positivo porque existía una explotación muy superior a la disponibilidad de la biomasa. Y la llamada carrera olímpica no hizo más que perturbar la racionalidad en el buen manejo de los recursos renovables.
El proyecto que nos ocupa extiende, al menos respecto del jurel en la zona norte, la experiencia recogida en el resto del país y, en ese sentido, me inclino a aprobarlo.
En cuanto a la anchoveta y la sardina, no me pronunciaré porque desconozco la experiencia en estos casos. Sin embargo, en lo relativo a la explotación del jurel ha sido positiva.
Aprovecho la presencia del señor Subsecretario de Pesca en esta sesión para insistir en que el Gobierno envíe a la brevedad una reforma global a la Ley General de Pesca para establecer un sistema permanente de captura que combine innovación tecnológica y actividad empresarial con racionalidad en la explotación de recursos, que son escasos.
No hay más Senadores inscritos para intervenir.
Corresponde votar en general el proyecto. Luego, si hubiere acuerdo de la Sala, habría que pronunciarse sobre las tres indicaciones que se han presentado. En caso contrario, tendrían que pasar a Comisión.
Señor Presidente, yo había pedido la palabra para intervenir.
Ya puse en votación el proyecto, señor Senador. Si lo desea, le puedo ceder la palabra para que funde el voto en primer lugar.
Señor Presidente, no hay nadie que entienda más respecto de esta materia que los propios trabajadores de las empresas pesqueras. Tengo en mis manos cuatro documentos que corresponden a uno de los sindicatos de Mejillones, que era uno de los que en principio se oponían a la iniciativa. Sin embargo, después de estudiar sus disposiciones, se ha salido de la discusión y ahora la está apoyando. También tengo documentación en el mismo sentido de los sindicatos de todas y cada una de las empresas de Iquique y Arica.
Es cierto que falta mucha información sobre el tema, pero no cabe la menor duda de que esta iniciativa a lo menos dará estabilidad y protección. Quiero señalar que el esfuerzo que han hecho las empresas para racionalizar y unificarse ha permitido que la actividad pesquera sea la más estable de mi Región, tanto en épocas de bonanza como de crisis.
Por eso, no sólo voy a votar favorablemente el proyecto, sino que además quiero pedir a los Honorables colegas que hagan lo mismo, especialmente por la Primera Región -a la que represento-, donde existe una pesca que no se desarrolla en el resto del país, como es la pelágica. A veces, desafortunadas iniciativas que hemos tomado han favorecido mucho más la pesquería y captura en el sur peruano. Eso era lo que normalmente ocurría en el pasado.
Un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra expresó que el sistema planteado ha sido un éxito en la Octava Región, y nosotros queremos incorporarnos a ese éxito, para lo cual pido el apoyo de Sus Señorías a mi Región.
Por las razones que indiqué, señor Presidente , me abstengo.
Señor Presidente , habría tenido más sentido votar primero las indicaciones y después el proyecto, para poder armonizar.
En la suposición de que las indicaciones serán aprobadas, me abstengo en la votación general.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Frei (don Eduardo), Hamilton, Lagos, Larraín, Martínez, Matta, Matthei, Novoa, Páez, Parra, Prat, Ríos, Romero, Sabag, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Ruiz (don José).
Se abstuvieron los señores Errázuriz, Frei (doña Carmen), Horvath, Lavandero y Ruiz-Esquide.
Se han presentado tres indicaciones.
Salvo acuerdo unánime de la Sala, correspondería enviarlas a Comisión.
El señor SANDOVAL ( Subsecretario de Pesca ).-
Señor Presidente , de las tres indicaciones planteadas, dos facultan para definir la cuota este año. Cualquiera de ellas produciría el mismo efecto. Así que, en el fondo, las indicaciones se reducen a dos.
Tiene razón el señor Subsecretario. Las indicaciones son dos.
Si no hubiere objeción, la Sala se podría pronunciar ahora mismo sobre ellas, para despachar también el proyecto en particular.
La primera indicación es del Honorable señor Horvath
Señor Presidente , quiero preguntar al señor Subsecretario si la indicación agrega alguna facultad nueva a las que ya posee el organismo a su cargo, que siempre ha podido fijar las tallas mínimas y los límites a las especies acompañantes. Me gustaría saber en qué se diferencia el texto de la indicación de la norma vigente en la Ley General de Pesca.
Señor Presidente, actualmente la Subsecretaría tiene, a mi juicio, facultades para fijar la talla mínima y los porcentajes de fauna acompañante. La indicación sólo reforzaría lo anterior.
Señor Presidente , no tengo tan claro que sea exactamente lo mismo. Porque, en el fondo se dice que en ningún caso podrá capturarse esta especie bajo la talla mínima. Entonces, tendremos que mandar buzos para saber si todos los peces que se extraen alcanzan la talla mínima.
Ahora, en el evento de que se capturen peces de tamaño mínimo, la ley vigente establece cierto margen, contempla multas y una serie de normas. Pero como aquí se señala que bajo ninguna circunstancia se podrán pescar jureles bajo la talla mínima, yo entiendo que los hombres ranas tendrán que estar todo el tiempo midiendo los peces para ver si entran o no entran en la red.
No deseo caricaturizar la indicación, porque se señala claramente el tipo y porcentaje que establece el reglamento. De modo que no hay necesidad de recurrir a los hombres ranas, porque esto estará definido en un reglamento.
En segundo lugar, en la práctica, la Ley General de Pesca está siendo burlada en forma sistemática por la vía de la pesca de investigación. Es decir, hay numerosas facultades que de alguna forma asume la Subsecretaría de turno por la vía de la pesca de investigación. Y eso es justamente lo que no queremos que ocurra, por las razones antes señaladas en el debate, en el sentido de que en el caso del jurel debe demostrarse que las especies cercanas a la talla mínima que se están capturando en la zona norte están afectando la pesquería más importante desde el punto de vista social y económico, con especies bien desarrolladas, de la zona centro sur de Chile.
Ésa es la razón por la que formulé la indicación.
Recupera la palabra la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , me alegro de que efectivamente existan esos márgenes. En tales condiciones, no se agregaría absolutamente nada a lo que establece la ley, salvo en el caso de la pesca de investigación.
Yo más bien sería de la idea de restringir las facultades que posee la Subsecretaría en lo que respecta a la pesca de investigación. Pero debo señalar que en la medida en que Chile se ponga estricto y no deje pescar absolutamente nada, lo único que va a suceder es que Perú, unas pocas millas más al norte, va a extraer esas especies porque no tiene ninguna de estas restricciones.
Entonces, si nosotros vamos a ser muy estrictos, mientras unos pocos kilómetros más al norte no existe ninguna norma al respecto, en el fondo vamos a liquidar nuestra pesca en el norte y los peruanos extraerán todo. ¿Es ésa la idea? Creo que no es lógico.
En mi opinión, la Subsecretaría de Pesca debería comprometerse absolutamente en la realización de los estudios sobre marcación de peces, para saber si se trata de otras especies, o de la misma que en aguas más cálidas alcanza tallas menores, o si es la misma especie que se encuentra en su etapa juvenil en la zona norte. Porque debemos saber en cuál de las tres situaciones nos hallamos, ya que cualquiera de ellas, obviamente, trae consecuencias muy distintas en cuanto a cómo debe abordarse la pesca. Pero no puedo entender que nos pongamos sumamente estrictos, mientras en el país del norte no existe norma alguna sobre la materia.
En segundo lugar, no logro comprender cómo todavía ignoramos si se trata de la misma especie o de otra, etcétera. Por lo tanto, desearía saber en cuánto tiempo se compromete el Subsecretario a entregarnos los resultados de los estudios científicos relacionados con la marcación de peces.
Señor Presidente, en realidad encuentro muy acertado lo expresado por la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
Tal como lo señalé en la sesión anterior, se trata de leyes muy difíciles de concebir, porque existe gran desconocimiento de los seres humanos respecto de la vida hidrobiológica. Por lo tanto, es muy difícil establecer en un cuerpo legal cómo funciona la naturaleza y cómo debemos ocuparla en beneficio del hombre.
Ahora, ¿qué sucede con la fijación de tallas mínimas? Se evita un problema en la zona centro sur. Pero, en verdad, la Honorable señora Matthei tiene razón, porque lo que está ocurriendo hoy es que los peruanos pescan cualquier cosa y extraen los peces chicos que, precisamente, nosotros buscamos cuidar.
Pero hay algo bien importante. A medida que los peces van creciendo se trasladan de las aguas calientes a las más frías, porque éstas últimas poseen más oxígeno -es un problema físico- que las cálidas. Por lo tanto, vienen avanzando, pero cuando el mar se calienta se sumergen en aguas más profundas, que son más frías, y emergen donde comienzan a ser más heladas, y llegan hasta Nueva Zelanda.
Por consiguiente, lo que no pescamos aquí otros lo extraen en lugares distantes en tallas más grandes, lo que hace que la discusión sea mucho más de fondo.
Pero de una cosa no cabe duda: estamos hablando de la misma especie, en sus distintos estados de madurez, los que a su vez son cambiantes.
Recién señalé que la Corriente del Niño es un hecho cierto que se viene avecindando y que ya en Perú nadie discute su existencia y sus efectos. En consecuencia, nuevamente vuelven a variar incluso los tamaños y las tallas mínimas.
Por lo tanto, se trata de un asunto muy complejo. Y me he abstenido, porque no me parece que debamos tratar el tema -tal como lo señaló un señor Senador aquí- sin conocer de la Subsecretaría los aspectos técnicos que nos permitan legislar con pleno conocimiento de causa respecto de estas materias.
En este caso específico, me parece que hay algo que por lo menos es menos malo, para los efectos de que estos peces que vienen migrando del norte hacia el sur lleguen a Chile a desarrollarse y no sean capturados con las mismas redes con que se pescan las anchovetas o las sardinas, porque se trata de jureles muy pequeños. Entonces, démosles la oportunidad de crecer, porque tienen un sobrevalor muy importante si mañana podemos usarlos para el consumo humano.
El jurel, que hasta ayer se ocupaba fundamentalmente en la pesca de reducción, hoy se está exportando. En mercados crecientes tan importantes como el de Rusia o España u otros, su valor es seis u ocho veces superior al que tenía antes el equivalente a la pesca de reducción. Por lo tanto, el hecho de legislar sobre estas materias nos permite dar mayor valor nuestras riquezas.
En consecuencia, señor Presidente , si bien la indicación puede no ser todo lo perfecta que uno hubiese deseado, es válida, porque a través de la pesca de investigación se han roto permanentemente todas las disposiciones legales. Por consiguiente, al establecer esta limitante no tenemos que entrar a regular, en una nueva ley -que sería la alternativa sugerida por la Honorable señora Matthei -, la pesca de investigación. Pero, en todo caso, eso sería materia de otro proyecto bastante más profundo y de mucho mayor análisis.
Por lo tanto, señor Presidente , sugiero que aprobemos la indicación en el estado en que se encuentra, si bien es susceptible de ser mejorada en la nueva iniciativa que el señor Subsecretario ha anunciado que presentará en un tiempo más, cuando se regule la zona centro sur.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei, en su segundo discurso.
Señor Presidente, quiero formular una pregunta al señor Subsecretario. Si se llegase a aprobar la indicación a la letra r), tengo entendido que lo único que se haría es limitar la pesca de investigación del jurel en las Regiones Primera y Segunda, pero de la Tercera al Sur se podría extraer, como pesca de investigación, esta especie de talla inferior a la mínima. Porque la letra r) habla de jurel solamente en el área marítima correspondiente a la Primera y Segunda Regiones, pero no respecto de todo el país.
Por lo tanto, si se desea consignar una norma como ésa, tendría que ser pareja para todo el país, y no sólo para dos Regiones.
Señor Presidente , lamentablemente los estudios duran alrededor de dos o tres años. Porque hay que realizar el marcaje este año, efectuar estudios el próximo y probablemente el tercer año estemos en condiciones de saber algo con certeza. Por lo tanto, no es un asunto de corto plazo.
En segundo lugar, efectivamente la letra r) se va a referir sólo a esa zona del país. Además -quiero ser muy franco-, a mi juicio, esto es sólo la restricción de una medida de administración que existe hoy, y regiría únicamente para la administración pesquera, no para la pesca de investigación. Así lo entiendo yo.
Queda claro que la restricción sería sólo para la Primera y Segunda Regiones, y no para el resto del país,...
...lo cual es ya un problema. Pero no entendí por qué sólo restringe las medidas administrativas, y no la pesca de investigación.
Agradecería al señor Subsecretario o a su asesora que dieran respuesta a esta consulta.
¿Me permite una interrupción, Honorable señora Matthei?
Tiene la palabra la señora asesora de la Subsecretaría de Pesca.
La señora SAA ( Asesora de la Subsecretaría de Pesca ).-
Señor Presidente , la regulación de la pesca de investigación se halla en el Título VII del texto refundido de la Ley General de Pesca y Acuicultura (decreto Nº 430). El artículo 99 de esta normativa dispone que las pescas de investigación pueden efectuarse eximiéndose del cumplimiento de las normas de administración consignadas en la ley. Y dentro de estas últimas figura el establecimiento de vedas, la fijación de tallas mínimas y diversas otras medidas que, en algunos casos, deben eximirse para el desarrollo de la pesca de investigación a fin de obtener la información que se requiere.
Señor Presidente, el artículo 2º de la ley Nº 19.713 establece límites máximos de captura. Por ejemplo, con respecto al jurel, su letra a) señala que se aplican en el área marítima correspondiente a la Tercera y Cuarta Regiones; su letra c), en el área marítima entre el límite norte de la Quinta Región y el límite sur de la Novena Región. Y la indicación agrega a la letra r), que establece el límite máximo de captura del jurel, el área marítima correspondiente a la Primera y Segunda Regiones.
Me parece que al establecer una norma de limitación con respecto a la talla mínima o a especies acompañantes en forma especial -sólo en el caso de que se trata-, en circunstancias de que existen normativas generales que se aplican o deberían aplicarse para todos, de alguna forma se confundirá la interpretación en la aplicación de la ley. Porque si la Subsecretaría tiene hoy facultades en tal sentido, éstas debieron ejercerse por igual a lo largo de todo el territorio.
Las explicaciones dadas acá sobre el desplazamiento de las pesquerías y la conveniencia de proteger los tamaños, obviamente se aplican también a la Tercera y Cuarta Regiones. Conforme a esa teoría, entiendo que ellas siguen desplazándose, continúan creciendo y llegan más al sur en tamaños mayores.
Por lo tanto, si la Subsecretaría tiene actualmente las facultades para limitar la captura en función de la talla mínima o de las especies acompañantes, yo no innovaría acerca de esta materia, porque considero que estaríamos introduciendo un factor de confusión en la interpretación de la ley.
Señor Presidente, el problema planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra está vinculado con el hecho de que en la zona norte el jurel viene acompañado, en 40 por ciento, con la especie caballa. Éste es un pez fino que, al pescarlo sin limitaciones -como podría ser en el caso en comento- de capturas mínimas, a través de la pesca de investigación u otras, se producirá un gran enredo y estaremos transformando en harina de pescado una especie que no debe destinarse a estos fines.
Por lo tanto, yo no encuentro perfecta la indicación en debate -es muy difícil hallar cosas perfectas-, pero sí constituye un avance en el sentido de proteger, para evitar que se produzcan las situaciones antes mencionadas. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en la zona centro sur, donde la pesca de jurel no viene acompañada por caballa, dado el tipo de agua.
Entonces, si estamos regulando la pesca principal sin tomar en cuenta la pesca acompañante, se incurre en errores gravísimos, como ocurre con el pez espada, el atún, etcétera. Ése es el problema de gran discusión hoy en el mundo.
En consecuencia -insisto-, no siendo perfecta la indicación, porque no logra solucionar todas las dificultades, tampoco lo será una ley si no conocemos exactamente el problema.
En tal virtud, sugiero aprobar la indicación porque, sin ser lo mejor, es lo menos malo.
Señor Presidente, después de escuchar todo el debate, da la sensación de que en el norte no existe control ni fiscalización. Ante todo, debo aclarar que no está permitida la captura de una especie si no reúne ciertas medidas y tallas. La Armada nacional y los organismos respectivos de la Subsecretaría de Pesca permanentemente fiscalizan al respecto y cursan constantemente cientos de infracciones.
En cuanto al jurel, no sabemos de qué parte surge y dónde desaparece. Hay zonas por las cuales se desplaza. Desde 1990, cuando el Senador que habla era Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos , Pesca y Acuicultura, estamos discutiendo la materia. Hay dos instituciones muy serias que se dedican a ella: la Universidad Arturo Prat, de Iquique, y la Universidad de Concepción.
Por lo tanto, no es efectivo que ello quede al azar y que nadie se preocupe. No es así. Debo dejar en claro que está muy controlado y fiscalizado. Y lo están haciendo muy bien dichas instituciones.
En votación la indicación.
Señor Presidente, creo que hemos cometido el error de entrar a discutir problemas técnicos en la Sala respecto de las tres indicaciones formuladas -porque debidamente analizadas son tres, y no dos-, con lo cual corremos el riesgo de agregar una disposición cuyo alcance es difícil de medir y que podría perturbar el sistema general establecido.
Por esa razón, en este caso, voto en contra.
Señor Presidente , ¿la norma propuesta requiere quórum especial?
Señor Presidente , el debate ha sido en especial complejo para quienes carecemos de especialidad en estas materias. Es evidente que una cuestión de tal índole debió contar con informe de Comisión, a fin de tener mayores antecedentes y la posibilidad, incluso, de consultar.
Por lo tanto, como no me siento en condiciones de resolver, me abstengo.
--Se rechaza la indicación por no cumplirse el quórum constitucional requerido (18 votos contra 15 y una abstención).
Votaron por la afirmativa los Senadores señores Aburto, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Díez, Errázuriz, Horvath, Lavandero, Martínez, Parra, Pérez, Ríos, Sabag, Silva, Valdés y Zurita.
Votaron por la negativa los Senadores señores Bitar, Fernández, Lagos, Matthei, Novoa, Páez, Prat, Romero, Ruiz-Esquide, Stange, Urenda, Vega, Viera.Gallo, Adolfo Zaldívar y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el Senador señor Larraín.
Las últimas dos indicaciones -como indicó el señor Subsecretario - tienen el mismo propósito, pero son de distinto tenor.
La indicación formulada por el Senador señor Martínez propone agregar el siguiente artículo 5º transitorio: "Las cuotas globales anuales de captura de las pesquerías Sardinas (Sardinops sagax) y Anchovetas (Engraulis ringens) contenidas en la letra q) del número 1 del artículo único, se fijarán y regirán en el año calendario en que se publique esta ley.".
La suscrita por el Honorable señor Horvath sugiere también agregar un artículo 5º transitorio que diga: "Para el presente año podrán fijarse cuotas globales según establece el artículo 26.".
Señor Presidente, ambas indicaciones son iguales, pero se refieren a distintos artículos. El artículo 5º transitorio permitiría hacer operativa a la ley misma; de lo contrario no lo será. Ése es el único objetivo.
Entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo con ella, por lo cual no cabe otro comentario.
Señor Presidente, el objetivo de la proposición consiste en que la cuota global quede determinada junto con la publicación oficial de la normativa, pues la Ley General de Pesca y Acuicultura establece que dicha cuota debe fijarse de un año para el otro.
En mi concepto, deberían fusionarse ambas indicaciones, o aprobarse la propuesta por el Senador señor Martínez. La Secretaría tendría que redactar el texto definitivo.
¿Habría acuerdo en aprobar las indicaciones y que la Secretaría efectúe la redacción final?
Con mi abstención, señor Presidente.
--Se aprueban en los términos propuestos, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido (32 votos a favor y una abstención).
Corresponde votar en particular los demás preceptos de esta iniciativa que no han sido objeto de indicaciones, por tratarse de normas de quórum calificado. Se trata de la letra q) del número 1) y del número 2), ambos del artículo único, y del artículo 1º transitorio.
--Se aprueban en los términos propuestos, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido (32 votos a favor), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que prohíbe o regula, en su caso, el ingreso al territorio nacional de desechos o residuos provenientes de terceros países, con nuevo segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (150-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 10 de junio de 1992.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (segundo), sesión 21ª, en 9 de enero de 2001.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (nuevo), sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
Sesiones 33ª, en 3 de mayo de 2000 (queda para segunda discusión); 34ª, en 9 de mayo de 2000 (se posterga su votación); 35ª, en 10 de mayo de 2000 (se aprueba en general).
Por acuerdo de Comités de 16 de enero de 2001, el proyecto volvió a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para un nuevo segundo informe, derivándose también a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para el sólo efecto de obtener su pronunciamiento acerca de un delito que se consigna en la iniciativa. Esta última comisión propuso enmiendas a la definición de "desechos o residuos peligrosos" y al régimen de sanciones y responsabilidad, las que fueron consideradas por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales en el nuevo segundo informe.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, que no hubo artículos del proyecto que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones. Además, da a conocer que fue aprobada una sola proposición, con modificaciones, referida a la totalidad del articulado de la iniciativa; y que se rechazaron 59 indicaciones que figuran en el boletín correspondiente y 10 proposiciones complementarias presentadas con motivo del nuevo informe.
En el informe se consignan las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general, considerando -como señalé- las enmiendas que propuso la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Todas ellas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión.
De conformidad a lo señalado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, estas modificaciones se deben votar sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutir alguna de las proposiciones de la Comisión o que se presenten indicaciones renovadas.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado que se divide en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado en general por el Senado; en la segunda, las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; en la tercera, las enmiendas efectuadas por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y, en la última, el texto final que se propone a la Sala.
En la discusión particular, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales me corresponde informar el proyecto en debate.
Mediante el nuevo segundo informe que se somete a consideración de la Sala, se da cumplimiento al acuerdo de Comités adoptado el 16 de enero de 2001.
Durante el análisis de las indicaciones formuladas a la iniciativa, y teniendo presentes las enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la Comisión que presido orientó su parecer en el sentido de inclinarse por un texto que diera cuenta de las peculiaridades en que se desenvuelve el movimiento transfronterizo de carga peligrosa, en particular de desechos y residuos.
Cabe destacar que para la Comisión resulta esencial que nuestro país no se constituya en un receptor de sustancias que coloquen en riesgo sus frágiles equilibrios ecosistémicos, incluidas la vida y la salud de sus habitantes.
Sobre la base de estas proposiciones y de las planteadas por representantes del Ejecutivo, tanto de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud y de Justicia, como de la Comisión Chilena del Cobre, la Comisión de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales formuló una indicación sustitutiva referida a la totalidad del articulado del proyecto, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes.
La iniciativa se basa en las siguientes premisas:
1. Que no obstante ser el transporte de este tipo de sustancias una actividad potencialmente peligrosa, no se encuentra prohibido, habiéndose dictado tanto una normativa de carácter internacional que persigue regularlo para suprimir sus riesgos, cuanto leyes internas que buscan igual propósito.
2. Que constituye una necesidad ineludible aprobar una legislación nacional sobre la materia, ya sea como complemento de los convenios internacionales vigentes sobre el tema o como normativa general destinada a suplir los espacios no cubiertos por la legislación especial.
3. Que como antecedente inmediato de la iniciativa se tuvo en cuenta el "Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación".
Dicho convenio reconoce el derecho de los Estados de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos ajenos en su territorio.
4. Que el proyecto no abarca lo relativo a la contaminación nuclear que se rige por su propia normativa.
Respecto de los aspectos fundamentales del articulado, el artículo 1º fija el ámbito de aplicación de la ley. Sobre el particular, distingue entre las actividades que implican la internación de desechos o residuos a nuestro territorio o en un área en la que nuestro país ejerza jurisdicción o soberanía para su eliminación en ellos, y la cuestión del manejo de dichos materiales. En otras palabras, la iniciativa sólo se refiere a aquellos desechos o residuos que se internen al país, no así a los producidos en éste.
Hecha esa aclaración, el proyecto, en sus disposiciones siguientes, prohíbe la internación de desechos o residuos peligrosos al territorio nacional, con el objeto de proceder a su eliminación final y a regular su "manejo" cuando no tienen caracteres de peligrosidad, en las situaciones en que sean transportados por las zonas donde nuestro país ejerce jurisdicción o derechos de soberanía.
Con relación al tránsito, la Comisión ha aludido de manera genérica a los diversos espacios que aquél puede abarcar, en términos de "territorio o área en que Chile ejerza jurisdicción o derechos de soberanía", por cuanto el régimen jurídico aplicable difiere para cada uno de ellos, en conformidad con los convenios internacionales vigentes.
El texto propuesto precisa que los materiales de cuya regulación se trata son "desechos o residuos". El empleo de ambos vocablos coincide con las normas del Convenio de Basilea, en cuanto este instrumento internacional en sus anexos incluye tanto los elementos de esta naturaleza que pueden ser reutilizados como aquellos que no lo puedan ser, y que por algunos podrían ser considerados como "desechos".
La nueva proposición suprime el vocablo "exportación", dado que el establecimiento de la prohibición de exportar sería inconveniente, toda vez que Chile carece de tecnología para dar a los residuos peligrosos un tratamiento adecuado desde el punto de vista sanitario y ambiental, debiendo recurrir a servicios de tratamiento de países industrializados.
El artículo 2º contempla las definiciones consideradas indispensables para los efectos de esta ley. Las nuevas redacciones buscan conferir una mayor precisión a los conceptos, evitando conflictos de interpretación.
Merece citarse especialmente su letra a), que define "desechos o residuos peligrosos". La Comisión acogió en general el planteamiento de su congénere de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo cual se remite a los comentarios que ésta consignó sobre el particular en su informe. Sin embargo, suprimió de su proposición la alusión a que el daño deba ser "considerable", por estimar que la sola circunstancia de que el desecho o residuo sea capaz de generar daños, sin distinguir la cantidad de éstos, es suficiente condición para declararlo peligroso.
El artículo 3º contiene la prohibición de internación de desechos o residuos peligrosos en el territorio nacional y en las zonas que indica, así como su manejo si ya hubiesen sido internados, para los efectos de proceder a su eliminación.
La disposición viene así a materializar el derecho de nuestro país a establecer tal prohibición en su legislación interna, conforme lo autoriza la Convención de Basilea.
Por su parte, el artículo 5º exige la aprobación de la autoridad sanitaria para la "internación" y el "manejo" de desechos o residuos no contemplados en el listado del artículo 4º, y detalla las condiciones bajo las cuales se conferirá dicha autorización.
Entre tales condiciones se comprende la de que la internación o manejo tengan por finalidad únicamente recuperar, reciclar, regenerar, reutilizar directamente o conferir otros usos de similar naturaleza a los desechos o residuos en cuestión, y siempre que se refiera a la totalidad de éstos. Esta norma reconoce el principio que inspiró a la Comisión, esto es, que nuestro país no se transforme en un mero receptor de estas sustancias, sino que la internación se efectúe sólo para los objetivos reseñados.
El texto no alude al concepto "importación" de las sustancias de que se trata, por cuanto dicho acto estaría incluido en el concepto de "internación".
Se consideró conveniente regular en un artículo separado la situación de compatibilidad del proyecto de ley con los tratados internacionales. Lo anterior, porque el objetivo específico de la iniciativa se relaciona con la internación de las sustancias para su eliminación en el territorio nacional o en áreas en que el Estado ejerce jurisdicción o derechos de soberanía. El problema del tránsito, si bien implica utilizar espacios soberanos del Estado por el cual se efectúa dicha conducción, no involucraría la eliminación de los desechos o residuos en tales espacios, sino en un tercer Estado al que estarían destinados. Esta idea queda recogida en el artículo 9º del nuevo texto.
Respecto de los artículos 7º y 8º, la Comisión acogió, en lo esencial, la proposición de la Comisión de Constitución, que pretende en síntesis lo siguiente:
1.- Cumplir la exigencia constitucional de descripción expresa de la conducta que se sanciona, mediante la adecuada definición del "objeto material del tipo penal" (con relación a la letra a) del artículo 2º).
2.- Reemplazar la alusión a las conductas consistentes en poseer, transportar, almacenar o eliminar desechos o residuos por la de "manejar" dichas sustancias, estimándose que este último vocablo comprende tanto los "desplazamientos" dentro de zonas sometidas a la jurisdicción nacional como los que el Convenio de Basilea llama "movimientos transfronterizos".
3.- Adecuar las penas previstas para las infracciones a este cuerpo normativo a las contenidas en el Código Penal para conductas similares contra la salud pública, consignadas en el Párrafo 14 del Título VI de su Libro II.
4.- Suprimir la norma sobre plazo de prescripción de la acción penal y de la pena y cómputo de dichos plazos, de manera que rijan las disposiciones generales.
5.- Optar, en materia de responsabilidad civil y ambiental, por un criterio de "responsabilidad subjetiva", que coincide con lo señalado en la ley Nº 19.300, de la Ley de Bases del Medio Ambiente; eliminar la referencia a la solidaridad, por estar ya regulada en el artículo 2317 del Código Civil, y suprimir la mención a los medios de prueba admisibles, y no innovar en relación con la prescripción de la acción de indemnización de perjuicios, ambas materias reguladas en la citada ley.
Finalmente, se incluye un artículo transitorio para precisar que mientras no entre en vigor el decreto supremo que apruebe el listado indicado en el artículo 4º del proyecto, regirán las nóminas que figuran en los Anexos I y III del artículo 1 del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, y la normativa legal vigente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Presidente , este proyecto ha sido largamente discutido en ambas Cámaras. El texto anterior adolecía de diversas fallas que finalmente llevaron a la Comisión a formular una indicación sustitutiva que afectó a la totalidad del articulado. En consecuencia, el nuevo proyecto varió su estructura y la definición de "desechos peligrosos".
En cuanto a tal definición, la iniciativa recoge los conceptos contemplados en la normativa internacional, como en el Convenio de Basilea y otros, lo que permite una concordancia jurídica que armoniza y unifica criterios. En lo referente a la contaminación marina, se manifiesta una mejora conceptual, toda vez que se recoge lo legislado en nuestro país y en el ámbito internacional.
El proyecto regula lo concerniente a desechos o residuos peligrosos en cuanto éstos implican el ingreso de los materiales que se internan en nuestro país.
En lo que respecta al tránsito hacia terceros países, contempla de un modo genérico los espacios, sean terrestres, aéreos, o mar territorial. Aquí también se compatibiliza nuestra legislación con la internacional.
De esta manera, se distinguen dos situaciones. La referente a "internación" que, en este caso, queda prohibida, con el objeto de proceder a su eliminación. Y, por otra parte, se regula su "manejo", en el caso de que no tengan el carácter de peligrosidad, en situaciones de transporte en zonas de jurisdicción chilena.
En lo que respecta al proyecto en estudio y, sobre todo, al esfuerzo que la Comisión ha realizado para mejorarlo y armonizarlo en lo tocante a la legislación internacional en la materia, estimo que nos encontramos ante un cuerpo legal moderno y eficaz que permitirá, en definitiva, resolver un tema de la mayor importancia, ya que nuestro país debe proteger sus frágiles equilibrios ecosistémicos, que incluye la vida y salud de sus habitantes.
Señor Presidente, en realidad, el proyecto en análisis es bastante delicado, y se relaciona directamente con la globalidad; y, por supuesto, nuestra intención es evitar que nuestro territorio se convierta en un basurero mundial, que es lo que ha sucedido en numerosos otros países.
Bien sabemos que existe una masa de residuos sólidos, generada por la actividad minera mundial y otras equivalentes. Es algo sobre lo cual no nos podemos sustraer hoy día, menos aún en un país como el nuestro, cuya principal industria es extractiva, y que en gran medida basa en ella su economía. Si consideramos la cadena completa de faenas metalúrgicas mineras a escala mundial, los residuos o desechos peligrosos se convierten en un problema global en la actualidad, el que debemos saber enfrentar en forma racional e inteligente, por cuanto son los países industrializados los principales consumidores de materias primas y, por lo tanto, los generadores de estos residuos. Por ejemplo, Estados Unidos genera un 27 por ciento de gases contaminantes, con efecto invernadero a nivel mundial, constituidos básicamente por monóxido de carbono, otros compuestos volátiles y material particulado, contribuyendo al debilitamiento de la capa de ozono. Sin embargo, ese país no ha suscrito el Protocolo de Kioto, precisamente para proteger, en general, a su industria y a sus trabajadores.
Hace algunos años tuvimos serios problemas en la Primera y Segunda Regiones, donde quedaron desechos amontonados que provocaron alteración y debilitamiento en la salud principalmente de niños. A ello debe agregarse el hecho de que también ingresaron a nuestro territorio otros residuos en forma bastante solapada, bajo nuestra débil jurisdicción.
La contingencia ambiental que se generó producto de tales elementos internados ilegalmente a Chile dio origen al proyecto que nos ocupa. Por esto, debemos ser muy cuidadosos en su tratamiento.
El manejo de los desechos peligrosos está regulado -como se dijo- por el Convenio de Basilea, de 1989, básicamente estructurado por los países industrializados, que ordenaron la creación de un listado de aquéllos, especificando su grado de peligrosidad y las posibilidades de reciclaje, para aprovecharlos o definitivamente desecharlos.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se basó en los antecedentes que menciono para establecer los fundamentos de esta iniciativa.
El proyecto original que se estudió no hacía una distinción clara entre residuos destinados a disposición final y los que se ocupaban para reciclaje, lo que desvalorizaba el potencial económico y afectaba nuestro medio ambiente, situación que, asociada a la recuperación de estos materiales, era especialmente sensible y grave para el caso del cobre chileno, por ejemplo, que tiene un altísimo potencial de reciclamiento.
En la actualidad, los países desarrollados tienen una importante industria de tratamiento de desechos peligrosos, que presta servicios a naciones en vías de desarrollo, como la nuestra, donde no hay tales tecnologías. En realidad, no existen desechos peligrosos per se; su peligrosidad depende del manejo que se haga de ellos. Países como Holanda, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, disponen de severas legislaciones medioambientales y cuentan con sistemas de eliminación y manejo de este tipo de elementos compatibles con las actuales exigencias de cuidado del medio ambiente y la salud humana.
Como todos sabemos, existe un importante mercado internacional para los barros anódicos descobrizados. La capacidad mundial de tratamiento de estos residuos se calcula en 20 mil toneladas. Durante 1999 Chile exportó tales desechos por un total de 76 millones de dólares, lo que representa el 10 por ciento de lo transado en los mercados internacionales.
Por lo tanto, si nuestro país y CODELCO tienen capacidad potencial para dedicarla parcial o totalmente al reciclaje de cobre y otros materiales, no podíamos establecer en una ley prohibiciones tan terminantes al ingreso de este tipo de productos, y menos aún cuando ya existen proyectos para instalar una nueva fundición en el país, donde los desechos de cobre serán sus potenciales insumos. Lo mismo pasa con la chatarra, la ascarela y muchos elementos químicos o biológicos que son esenciales en nuestro desarrollo, pero que requieren de un manejo altamente especializado.
Por consiguiente, no se trata de convertir a nuestro territorio en un vertedero o basurero mundial. Pero para lograr el objetivo propuesto no es aconsejable llevar las restricciones al punto de frenar nuestro propio desarrollo o limitar la incorporación de tecnologías que son altamente rentables.
Tal es la razón por la cual la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se preocupó especialmente de que nuestra principal empresa minera y otras relacionadas no se vieran limitadas para acceder a estas posibilidades de expansión en este nuevo y moderno proceso de reciclaje.
La nueva redacción del artículo 5º del proyecto y el resto de sus disposiciones establecen claramente las cauciones, limitaciones y restricciones del transporte, reciclaje de desechos y residuos, con normativas y procedimientos claros que nos permiten proteger nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, la salud y seguridad de la población, que es y ha sido su propósito final.
Antes de ceder la palabra al Honorable señor Horvath, insto a Sus Señorías a intervenir en forma breve, por cuanto el proyecto, en estricto rigor reglamentario, no debió haberse discutido. Sin embargo, por tratarse de un tema muy interesante, la Mesa estimó oportuno escuchar las opiniones de los señores Senadores.
Señor Presidente, en verdad, este proyecto, de suyo importante, tuvo su origen en una moción parlamentaria de 1990; es decir, en la práctica lleva 11 años y medio en el Congreso Nacional. Las razones para sacarlo adelante y permitir que se convierta en ley chilena radican en el hecho de que el Convenio de Basilea, del cual somos parte, que regula los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, no es suficiente.
Tengo en mis manos un informe de las Naciones Unidas -obviamente, por razones de tiempo no lo podré exponer, pero quedará a disposición de los señores Senadores- que consigna una enorme variedad de casos en distintos países a los que se pretende internar residuos peligrosos, con todas las consecuencias que eso conlleva para la salud de las personas y también para el medio ambiente.
Chile no ha estado al margen de esto. Con gran escándalo, entre los años 1984 y 1985, en Arica se internaron 19 mil toneladas de barro con contenidos metálicos para una supuesta recuperación de minerales que se realizaría por parte de una empresa sueca. Ello significó la exposición a esos residuos de la población que se fue construyendo en los alrededores del depósito, por cuanto esos desechos nunca fueron reciclados. En el fondo, fue un subterfugio para traer desechos tóxicos y dejarlos mal vertidos en nuestro suelo, generando un escandaloso e irreversible daño a los niños de esa zona.
Creo que el modo como se ha armonizado el proyecto después de su discusión en el Senado; los aportes hechos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en particular el acucioso trabajo realizado por la Secretaría de la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, más la colaboración recibida de todos los sectores, permiten señalar tajantemente cuáles son los residuos peligrosos, qué se debe hacer con ellos, cómo confeccionar un listado para la prohibición de ingreso de éstos por parte de los Ministerios de Salud y Secretaría General de la Presidencia (que, a su vez, preside la Comisión Nacional del Medio Ambiente, donde pueden participar todos los Ministerios competentes), además de establecer un procedimiento de impugnación para el caso de que alguien se sienta afectado.
Respecto del otro tipo de residuos, cuyo reciclaje y revalorización son posibles, se dispone un procedimiento bastante claro. En este sentido, pienso que el proyecto constituye un importante avance en términos de prevención. Y en caso de producirse la internación de este tipo de elementos -porque existe un comercio ilícito bastante voluminoso a nivel internacional-, se toman los resguardos del caso y, en último término, se considera la posibilidad de remitirlos a su lugar de origen.
Por eso, sugerimos la aprobación en los términos planteados por la Comisión.
Antes de continuar ofreciendo la palabra, la Mesa advierte que se acordó discutir y votar el proyecto que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales, que requiere para aprobarse del voto conforme de 27 señores Senadores.
Ante el riesgo de no reunir la mayoría suficiente para el despacho de dicha iniciativa, que cuenta con el acuerdo unánime de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas, sugiero acelerar el tratamiento de la que debatimos, para abocarnos cuanto antes a tratar y despachar la que señalé.
Señor Presidente , mi impresión es que ambos proyectos contarán, si no con la unanimidad, al menos con el voto favorable de la gran mayoría de los señores Senadores.
En realidad, solicité intervenir para apoyar entusiastamente el que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos tóxicos provenientes de terceros países.
Sólo quiero dejar establecida una situación que, en mi concepto, tiene importancia para el futuro, especialmente en un área en la cual el Estado de Chile debe ejercer soberanía: el mar.
Cada día observamos una gran demanda por los espacios oceánicos, que las grandes potencias tratan de sustraer de la soberanía o el uso de las consideradas medianas o pequeñas, circunstancia que reviste especial trascendencia para el desarrollo y crecimiento de la población.
El artículo 1º aprobado en general establecía el concepto de que la ley en proyecto tiene por objeto prohibir o regular todo lo relativo a los desechos o residuos peligrosos "en el territorio nacional, su zona contigua, la zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional", etcétera.
Eso fue objetado por el Ministerio respectivo, a mi juicio, por una falta de visión, porque significa sostener principios jurídicos diferentes a los que habitualmente prevalecen a escala mundial. La Comisión aprobó finalmente que se trata de la "internación de desechos o residuos en el territorio nacional, o en un área" -este es el nuevo concepto, que equivale a zona contigua, zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional- "en que el Estado ejerza jurisdicción o derechos de soberanía", etcétera.
Tal enmienda es importante, porque significa el inicio de una escalada en la legislación, al introducir conceptos que irán afianzando los espacios territoriales, los cuales tendrán extraordinaria relevancia para el desarrollo de Chile en los próximos años.
No existen indicaciones renovadas y no se ve inconveniente en aprobar en particular el proyecto.
No obstante, el Honorable señor Viera-Gallo pidió votar separadamente el artículo 9º.
Señor Presidente, sólo deseo una aclaración de la norma. No es que esté en contra de ella o que crea necesario votarla por separado. Pero reglamentariamente se debe hacer tal petición a fin de que sea esclarecida.
Mi duda radica en el artículo 9º, que dispone: "El tránsito de desechos o residuos provenientes de terceros países por el territorio nacional, o un área en que el Estado ejerza jurisdicción o derechos de soberanía, hacia un lugar ubicado fuera de ellos, que se efectúe en virtud de tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes, se someterá a los respectivos instrumentos." Es decir, no se regirá por esta ley.
Eso es evidente en el caso de los desechos transportados por mar. Pero, ¿qué ocurre con los que transitan por tierra? ¿Existe un tratado al respecto que los va a sustraer de la legislación en debate? De lo contrario, podría prestarse para una burla, porque bastaría buscar el mecanismo apropiado y decir, por ejemplo, que estos desechos se importan para luego exportarlos a determinado país.
Ésa es mi única duda, señor Presidente.
Señor Presidente, el caso más concreto para ilustrar lo planteado por el Senador señor Viera-Gallo es lo que sucede con Bolivia, donde producto de tratados vigentes desde el siglo pasado todavía hay movimiento de desechos por tren de alguna manera sustentados por Chile.
En tal virtud, los países en esa situación, que también son firmantes del Convenio de Basilea, deben cumplir las mismas obligaciones. Pero una legislación nacional no puede vulnerar un acuerdo internacional, que también es ley de la República.
Por lo tanto, sólo se trató de buscar la fórmula para que la norma sea consistente. Y así lo entendió la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 29 señores Senadores.
La Mesa agradece a los Senadores señores Fernández, Cariola, Larraín y Prat su disposición a tratar en seguida el proyecto sobre incentivo de remuneraciones para los funcionarios municipales, para luego ocuparnos de la iniciativa de la cual son autores, o traspasarla al primer lugar de la tabla de la siguiente sesión.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en Mensaje de Su Excelencia de la República , que establece un sistema de incentivos de remuneraciones para los funcionarios municipales, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2677-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Gobierno y Hacienda, unidas (verbal), sesión 28ª, en 5 de marzo de 2002.
La iniciativa fue analizada por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, las que fueron autorizadas por los Comités para efectuar un informe verbal sobre la misma.
Su objetivo principal es establecer un sistema de incentivos en la estructura de remuneraciones de los funcionarios de los municipios del país, para promover la calidad de gestión institucional y mejorar el desempeño individual de los funcionarios.
Las Comisiones unidas aprobaron en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros.
Cabe señalar que los artículos 6º, 8º, 9º y 10 permanentes y 1º transitorio, requieren para su aprobación del voto conforme de 27 señores Senadores.
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.
Señor Presidente, este proyecto -como dijo el señor Secretario- establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal que se otorgará a contar del 1º de enero de 2002, y se pagará a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año, y será tributable e imponible para efectos de salud y previsión.
La referida asignación tiene dos componentes: un incentivo por gestión institucional, y otro, de desempeño colectivo.
El primero se concederá en función del cumplimiento de los objetivos de gestión institucional determinados para el año respectivo y será propuesto al alcalde por un Comité Técnico Municipal, de carácter bipartito, integrado por representantes del alcalde y de la o las asociaciones de funcionarios existentes en el municipio. El programa de gestión institucional debe ser aprobado por el concejo.
El segundo incentivo, de desempeño colectivo, estará supeditado al cumplimiento de metas de carácter anual por unidades de trabajo (dirección, departamento o unidad municipal), propuestas al alcalde por el jefe del área respectiva, las cuales también deben ser aprobadas por el concejo.
El costo de los incentivos que se otorguen no podrá, en su conjunto, exceder anualmente el 5,5 por ciento del presupuesto municipal por concepto de remuneraciones del personal de planta y a contrata, correspondiente al último año calendario. Sin perjuicio de lo anterior, el incentivo institucional deberá corresponder a los dos tercios del monto total señalado anteriormente.
El cumplimiento de los objetivos de gestión institucional del año precedente, dará derecho a los funcionarios a cobrar una bonificación de un 6 por ciento de sus remuneraciones, siempre que la municipalidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90 por ciento de los objetivos de gestión anuales que se hayan fijado. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior a 90 por ciento pero igual o superior a 75 por ciento, el porcentaje de esta bonificación bajará a 3 por ciento. No existirá incentivo por gestión institucional cuando el grado de cumplimiento alcanzado por el municipio sea inferior a 75 por ciento.
Debo agregar que corresponderá al concejo evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional, según el informe que al efecto le presente el encargado de la unidad de control del municipio.
En ese mismo orden de ideas, el cumplimiento de las metas por áreas de trabajo (incentivo de desempeño colectivo) dará derecho a una bonificación de 4 por ciento de las remuneraciones, para las unidades que alcancen un nivel de cumplimiento igual a 100 por ciento. Si el grado de cumplimiento fuere inferior a 100 por ciento pero igual o superior a 90 por ciento, el máximo de la bonificación será de 2 por ciento. Y si fuere inferior a 90 por ciento, no existirá derecho a bonificación de incentivo colectivo por unidades de trabajo.
La aplicación del incentivo de desempeño colectivo será convenida por el alcalde con la o las asociaciones de funcionarios, sin perjuicio de que el acuerdo deba ser aprobado por el concejo. A falta de acuerdo, se aplicará un incentivo de desempeño individual, cuyos parámetros de cumplimiento y evaluación serán determinados entre el alcalde y la o las asociaciones de funcionarios. Si no existiere acuerdo respecto de esta materia, la evaluación individual se efectuará en consideración al sistema de calificaciones vigente en el municipio. En el caso del incentivo individual, la bonificación podrá alcanzar hasta 4 por ciento para el primer tercio mejor evaluado y a 2 por ciento para el segundo tercio mejor calificado. El tercer tercio no tendrá derecho a este beneficio.
También creo conveniente destacar que los beneficiarios de la asignación de la ley en proyecto tendrán derecho a una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecta la asignación de mejoramiento de la gestión municipal.
Los municipios podrán ajustar los porcentajes que destinen al financiamiento de estos incentivos cuando los recursos sean insuficientes para pagar las asignaciones a todos los funcionarios con derecho a percibirlas. También estarán facultados para ajustar, en lo que corresponda, la provisión de 5,5 por ciento, con el objeto de mantenerse dentro del límite legal de 35 por ciento del gasto anual máximo correspondiente a personal.
En sus disposiciones transitorias, el proyecto establece que los objetivos institucionales que corresponda cumplir durante 2002 deberán ser propuestos al alcalde por el Comité Técnico y aprobados por el concejo, dentro de los 60 días siguientes de publicada la ley en proyecto. Asimismo, faculta a las municipalidades para otorgar a los funcionarios que se encuentren en servicio a dicha fecha de publicación una asignación mensual imponible y tributable, a contar de enero de 2002 y sólo hasta diciembre del mismo año, de hasta 4 por ciento de la suma de los estipendios a que se refiere el artículo 3º. Esta asignación se pagará en las cuotas que el municipio determine, siendo el monto de cada una equivalente al valor acumulado en los meses anteriores al pago.
Debo informar, además, que esta última asignación es transitoria: sólo procederá durante 2002, pues a partir del año 2003 regirá plenamente el sistema de incentivos consagrado en las disposiciones permanentes del cuerpo legal en proyecto.
A lo largo del debate se hizo presente que la iniciativa no genera gasto fiscal, porque el pago de las asignaciones propuestas en ella será de cargo municipal. Se informó, asimismo, que su costo financiero asciende a 7 mil millones de pesos, de los cuales sólo 3 mil millones significan un gasto adicional para los municipios, toda vez que los 4 mil millones restantes provendrán de reasignaciones de recursos que pagan actualmente a sus funcionarios por concepto de horas extraordinarias.
Ruego a los Comités que insten a los señores Senadores a ingresar a la Sala para que podamos alcanzar el quórum de 27 votos que requiere la aprobación del proyecto.
Se puntualizó también que el costo total de la iniciativa no supera el 3 por ciento de los recursos que en materia de gastos en personal destina anualmente el conjunto de los municipios del país.
Por otro lado, deseo destacar que en la discusión participaron, además del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el Alcalde de Valdivia ; representantes de municipios del norte, centro y sur del país, y el Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales.
Este proyecto es sumamente importante, ya que mediante él se beneficiaría a 38 mil funcionarios municipales a lo largo de todo el territorio nacional. Fue aprobado por la unanimidad de las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.
De otra parte, en nombre de los señores Senadores que integraron dichos órganos de trabajo, solicito que se fije un plazo de no más de diez días para formular indicaciones, pues, según lo observado durante la tramitación de la iniciativa, es presumible que no se presente ninguna.
Por último, debo destacar que se entregó a todos los señores Senadores un documento que contiene una certificación del Secretario de las Comisiones unidas, señor Mario Tapia. Fue muy bien elaborado, en un tiempo bastante corto, y allí figuran antecedentes que pueden ilustrar a Sus Señorías.
Señor Presidente , esta iniciativa es importante, tanto más cuanto que los escalafones municipales se caracterizan por tener las remuneraciones más bajas en el ámbito del servicio público y, en consecuencia, es de toda justicia buscar mecanismos que permitan incrementarlas.
De otro lado, el proyecto tiene el mérito de, junto con dar la oportunidad de elevar esas remuneraciones, pretender mejorar la calidad de la gestión por la vía de otorgar incentivos, lo que nos parece muy relevante, como también que los funcionarios hayan estado en buena disposición para avanzar en esta línea.
Además, cabe hacer resaltar que esto se logró con el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo cual es muy positivo.
Ahora bien, es necesario advertir que pedimos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que nos dé a conocer criterios generales que permitan establecer indicadores de la calidad de la gestión municipal. Indicadores que posibiliten, por ejemplo, contrastar cuocientes entre la cantidad de ingresos y la inversión real; la cantidad de ingresos y la inversión en el área de la educación, en la de la salud; la cantidad de ingresos y el gasto en personal.
A ese último respecto, se ha detectado el incremento un tanto irracional en las plantas municipales. De hecho, el número de funcionarios ha subido de 24 mil a sobre 34 mil. Es decir, hay un aumento significativo en las plantas, en algunos casos sin justificación alguna, excepto la circunstancia de que ciertas municipalidades han asumido una acción paliativa con relación al desempleo.
En otras áreas, como las autoridades edilicias buscan establecer plantas más afines con sus ideas, han incrementado los cargos a contrata o los de confianza. En fin, se han ido realizando ajustes que permitan dar cierta tranquilidad al alcalde para avanzar en la gestión con personal de su confianza.
Por lo expuesto, señor Presidente , me parece de toda justicia aprobar la iniciativa. Sin embargo, para ello se necesita -como lo manifestó Su Señoría- quórum especial, lo que aconseja llamar a los señores Senadores que no se encuentran en la Sala.
En consecuencia, votaré a favor en general, y cuando corresponda, en particular.
--Con 32 votos favorables, se aprueba en general el proyecto, que, no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular, con la misma votación.
Al Primer Mandatario , solicitándole DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA REPOSICIÓN DE BECAS " PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ".
Del señor MUÑOZ BARRA:
A los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario , pidiéndoles información acerca de RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN INDAP TEMUCO POR FILTRACIÓN DE LISTAS DE CAMPESINOS FAVORECIDOS CON BONOS DE PRODUCTIVIDAD.
Del señor SABAG:
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole antecedentes acerca del GRADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS NUEVOS CON RECURSOS PÚBLICOS DESDE 1997 HASTA 2002.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto (Partido Por la Democracia/Partido Unión Centro Centro).
Señor Presidente , quiero manifestar la honda preocupación que me produce el titular de primera página de un vespertino de hoy que dice "IPC frenado: 0%".
Algunas personas creen que eso es bueno. En mi opinión, es sumamente peligroso.
El único lugar donde el IPC es igual a cero permanentemente; donde no hay demanda; donde no existe ningún tipo de actividad; donde ocurre lo que aparece en la portada de esa publicación, es el cementerio.
En los cementerios no hay demanda, no sube el IPC, no aumenta la UF, no pasa nada. Y cuando esto sucede en los países, puede anticiparse que se avecina una crisis muy importante.
Eso me inquieta, y considero obligación de los Senadores llamar la atención del Ejecutivo sobre el particular.
La semana recién pasada conversé con el Presidente del Banco Central , quien me expresó que ya se había desindexado todo lo relacionado con el Instituto Emisor. Pero no ha ocurrido lo mismo con el resto de la economía nacional. Como consecuencia, resultaría peligroso subir el tipo de cambio, dado que ello arrastraría a los demás bienes transables y con 30 días de rezago se produciría una inflación que terminaría por neutralizar todas las medidas.
Mientras Chile no se desindexe -tenemos los casos de los países que han amarrado sus economías al valor del dólar, por ejemplo, como Argentina, Brasil e Israel, hace algún tiempo-, su economía no funcionará. Porque las economías liberales, señor Presidente , no funcionan si no se desamarran; sólo caminan, sólo se ajustan cuando están desindexadas.
Nuestro país sufre un proceso de menor ingreso de divisas como consecuencia del bajo precio del cobre. Éste sube y baja de acuerdo con los ciclos connaturales a las materias primas. Por consiguiente, deberíamos sacar como conclusiones, primero, que es necesario agregar valor a las materias primas para que los ciclos sean los de los productos terminados, que son menos violentos que los de aquéllas; para ello se requiere disminuir el valor de la energía, asunto sobre el cual los señores Senadores conocen mi posición. Y segundo, que es indispensable crear un incentivo para tratar de aumentar las exportaciones. Pero ese incentivo, que significa alzar el tipo de cambio, no se materializa porque se transforma en inflación debido a que la economía se encuentra "uefetizada", indexada o como quiera decirse. Por lo tanto, el Banco Central restringe la economía y se produce el fenómeno -que se transforma también en psicológico- de que el país se frena y se genera una deflación.
Estamos viviendo un proceso de deflación. Y -como en forma acertada señaló hace algún tiempo el Senador señor Ominami - eso es peligroso. En economía -lo dijo muy bien el Honorable señor Foxley -, es necesario romper las inercias.
Recuerdo que dos décadas atrás, en tiempos del Gobierno militar, hubo una situación parecida de IPC negativo. Algunos aplaudían. Sin embargo, a los pocos meses se presentó un problema muy grave con motivo de la devaluación y del término de la economía amarrada al tipo de cambio. Y el Ministro de Hacienda de la época, don Luis Escobar Cerda (a quien la gente tiende a olvidar), creó un incentivo en la economía, a través del gasto público, para los efectos de romper las expectativas. Ese personero fue rápidamente cambiado, pues se estimaba que estaba estatizando el país. Luego el Ministro señor Büchi transformó ese incentivo, endilgándolo hacia las actividades de exportación, mediante un tipo de cambio más alto.
Señor Presidente , llamo hoy a la ciudadanía a tomar conciencia de que no es bueno para el país un IPC igual a cero cuando, evidentemente, en el resto del mundo ese indicador no tiene tal magnitud. Y, como nuestra economía es abierta, eso significa que hay un grave fenómeno de deflación, que puede detener nuestro crecimiento, impedir el ajuste que se precisa y mantener la recesión, que es pagada por los más pobres, a través de la desocupación, y por los jóvenes que no pueden acceder a un empleo.
Chile ha sufrido un largo proceso, por casi tres años, de recesión -no de ajuste-, que se está transformando en deflación. Y después resulta muy difícil convertir ésta en una situación de ajuste que permita a la economía romper sus inercias.
Señor Presidente , pido enviar esta intervención a los señores Ministros de Hacienda y de Economía y al señor Presidente del Banco Central , a fin de que, si es factible, se adopten las medidas del caso para romper la inercia de nuestra economía, que nos lleva a una deflación que puede ser muy peligrosa y de difícil salida. Si no, pregunten Sus Señorías a los Ministros de Economía y de Hacienda de Japón cuánto le está costando a ese país romper la situación de deflación en que cayó.
En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
Señor Presidente, Chacao es una pequeña localidad de comerciantes, pescadores y campesinos; se encuentra ubicada en el extremo norte de la Isla Grande de Chiloé, en la Décima Región de Los Lagos, y es el primer contacto del visitante con Chiloé, ya que por ella pasa la carretera principal, que recorre toda la Isla, hasta Quellón.
El canal de Chacao separa la Isla Grande de Chiloé del continente. Sus dimensiones son 1,6 kilómetros de ancho, como promedio, y 44 kilómetros de longitud. El medio de navegación constituye el principal enlace entre la Isla y el resto del territorio nacional.
En la actualidad operan ocho transbordadores, que constantemente trasladan vehículos de carga, vehículos particulares, buses interurbanos y pasajeros desde el continente hacia la Isla, los cuales en muchas ocasiones sufren demoras en el embarque o el desembarque, ya que no se cuenta con la cantidad de rampas necesarias para atracar y atender en forma adecuada ese importante flujo vehicular y naviero.
Desde 1999, las tres empresas que operan en el transbordo de vehículos y pasajeros desde el continente -en Pargua- hasta la Isla de Chiloé -es decir, Chacao - han manifestado su intención de participar activamente en la reparación de las rampas alternativas en ambos puntos de embarque -Pargua con Punta Coronel y Chacao , Alternativa Chacao -, lo que se comunicó a la Dirección de Obras Portuarias y otras autoridades de la Región en reiteradas oportunidades, sin poder concretarse el aporte de 150 millones de pesos por parte de las tres navieras interesadas: Somarco , Transmarchilay y Cruz del Sur.
El aporte mencionado se haría a la Dirección de Obras Portuarias, de tal forma que las rampas del sistema de transbordo Pargua-Chacao se entregarían a dichas empresas en comodato, no estarían gravadas con cobros adicionales por el uso de terminales portuarios, con el requisito de que cualquier otra que desee operar en el canal de Chacao debería realizar un aporte proporcional al efectuado por aquéllas.
Como señalé anteriormente, en la actualidad existe la nueva rampa en Pargua, que presta servicios en el canal de Chacao a ocho transbordadores, utilizando dos rampas principales -una en Chacao y la otra en Pargua-, con una distribución regular de horarios las 24 horas del día. El problema radica en que las naves se juntan una tras otra en cada terminal, permaneciendo detenidas entre cinco y diez minutos, con vehículos y personas a bordo, las que deben esperar el turno para cargar y descargar, con la consiguiente pérdida de tiempo productivo y falta de fluidez. Ello, debido a que no existe otra rampa en Pargua para utilizar en forma simultánea con la de alternativa, ubicada en Chacao Viejo, para crear una nueva distribución de horarios similar a la existente.
Lo anterior permitiría la operación de entre 6 y 7 transbordadores más, con tiempos adecuados para las faenas de embarque.
Respecto a la rampa de Punta Coronel, que es una terminal de alternativa, sé que, si bien después de su última reparación quedó estructuralmente fortalecida, aún está corta en aproximadamente cinco metros, razón por la que sólo es utilizada en forma restringida, según condiciones especiales de marea y corrientes marítimas.
No obstante ello, la principal limitación para el uso de esta rampa es el camino ripiado de acceso -cerca de dos kilómetros desde Pargua-, ya que es un tramo angosto que no permite el cruce seguro de vehículos en ambos sentidos; carece de cunetas y defensas laterales hacia el borde de la playa, y por años no ha recibido mantenimiento. Según los usuarios, dicho tramo debería ser habilitado con una carpeta asfáltica, para permitir su uso y acceso al terminal durante todo el año.
Respecto de la Rampa Alternativa de Chacao, ésta es de dimensiones y características constructivas adecuadas. Tiene como limitante para su uso permanente -invierno y verano- el camino ripiado de acceso, en unos 300 metros, desde el empalme con la Ruta 5, cuyo deterioro y estrechez no permiten el aparcamiento de vehículos, ni menos que éstos transiten en forma segura en ambos sentidos, situación que debe ser mejorada.
Para determinar la importancia que tienen los transbordos del Canal de Chacao, puedo señalar que la carga movilizada en 1989 alcanzó a 179.500 vehículos, lo que significa que, en promedio, diariamente cruzaron el Canal de Chacao 491,78 vehículos. En tanto, durante el año 2001 lo hicieron 455.950 vehículos, lo que da un promedio diario de 1.249,17 vehículos.
Consecuente con lo anterior, solicito al señor Presidente del Senado que disponga el envío de un oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas , señor Javier Etcheberry Celhay , para que se estudie la posibilidad de construir, en forma compartida, del modo indicado con las firmas ya citadas, o con cargo al Estado de Chile, las rampas mencionadas anteriormente, para mejorar y maximizar en esa forma el flujo de transbordadores en este importante punto de unión entre la Isla Grande de Chiloé y el Continente, en la Décima Región de Los Lagos.
En el tiempo correspondiente al Comité Renovación Nacional, ofrezco la palabra al Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , en primer lugar, me referiré a la aplicación de la ley Nº 19.776, recientemente aprobada por el Congreso, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Esta legislación establece tres áreas de beneficiarios.
La primera está constituida por aquellos a quienes se les regularizó los títulos de dominio de predios -que originalmente eran fiscales- no inscritos a tiempo, pese a que fueron entregados. Entonces, se hicieron susceptibles de venderse, de heredarse, de traspasarse; pero que, finalmente, no tenían inscripción vigente. El universo de estos beneficiados es de más de doce mil personas.
Un segundo grupo importante corresponde a quienes han ocupado terrenos fiscales por más de cinco años en forma efectiva y no tengan ellos, o sus cónyuges (en casos de comunidad de bienes) otro bien cuyo valor supere una determinada cantidad -500 unidades de fomento- como tasación fiscal.
La tercera área de beneficiarios de la ley guarda relación con la posibilidad de recuperar los predios que compró el Fisco en 1991 -los que fueron afectados por las cenizas del volcán Hudson- en un valor que en ese momento fue de 10 mil pesos la hectárea. Tales predios valen hoy día muchísimo más -incluso algunos de ellos han mejorado sus accesos producto de las cenizas- y pueden ser recomprados, por las personas que los vendieron en un momento casi de pánico, al mismo precio, reajustado según el IPC.
El problema de la aplicación de esta ley consiste en un largo listado de exigencias que los pobladores deben cumplir para demostrar la ocupación efectiva.
En segundo lugar, se margina a un importante sector de personas, que, según el espíritu de la ley, deberían ser beneficiarios y que, junto con animales, han ocupado veranadas; es decir, predios en verano. Lo cierto es que, planteado verbalmente el asunto al Biministro de Vivienda y Bienes Nacionales, y a la Subsecretaria, doña Paulina Saball , ellos dijeron que entendían que eran veranadas efectivamente ocupadas los terrenos donde existen mejoras, limpias, corrales, sendas, cercos; o sea, cualquier tipo de elementos que demostraran ocupación efectiva. Sin embargo, esta versión no es la que está entregando el Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Aysén, donde el número de beneficiarios es importante.
Por otro lado, hay un problema con la concesión de terrenos fiscales en el sector de Alto Río Ibáñez a la Empresa Maderera de Aysén. Se trata de que bosques fiscales reciban un manejo silvicultural adecuado, lo que nos parece positivo. Incluso creo que habría que incentivar este proceso en otras áreas del país, siempre y cuando se cumplan las normas apropiadas de manejo silvicultural del bosque nativo y haya buena fiscalización. El problema consiste en que grupos de pobladores tienen posesión y derechos en áreas en las que se ha producido una superposición. Son dieciséis familias, según antecedentes que nos ha entregado el presidente del comité, don Rubén González Gallardo. Creo muy importante que el Ministerio de Bienes Nacionales pueda dilucidar esta situación a la brevedad, con el fin de evitar un conflicto de tono mayor. Hoy en día, con técnicas modernas como el posicionador satelital, con una acuciosidad de metros, se pueden delimitar las ocupaciones efectivas en breve tiempo y a muy bajo costo.
Por lo tanto, creo que, para poder abarcar el universo completo de quienes cumplen con los requisitos de esta ley, debe impulsarse una acción mancomunada, a nivel regional, de funcionarios públicos, coordinados por Bienes Nacionales, en terreno, para poder resolver definitivamente estos casos y evitar que en un plazo, fijado en 150 días, haya que recurrir a prórrogas a causa de fallas de funcionamiento por parte de entidades fiscales en la Región de Aysén.
En consecuencia, me permito solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales antecedentes referidos a la superposición de terrenos, trámites, veranadas, y, en lo atinente a la salvaguarda de un manejo silvicultural adecuado, a la Corporación Nacional Forestal y al señor Ministro de Agricultura.
Los incendios que ha sufrido el país en prácticamente cinco Regiones, entre enero y pocas semanas atrás, han devastado más de 54 mil hectáreas, comprometiendo la reserva forestal Siete Tazas, el bosque nativo del Alto Río Biobío, la reserva forestal Malleco , el Parque Nacional Tolhuaca, el Parque Nacional Conguillío, el sector de Mallines de Lolca, el Parque Pumalín, y también algunos focos aislados en la Región de Aysén.
De estas 54 mil hectáreas, el bosque nativo supera las 20 mil. Y si se hace un cálculo bastante sencillo en cuanto a las posibilidades productivas de ese bosque en los lugares que se prestan para ello, la pérdida para el país, exclusivamente en cuanto a madera productiva, supera los 50 mil millones de pesos. Si a esto se suman la erosión, los efectos que sufre el sistema ecológico y todos los daños que se producen aguas abajo en las cuencas incendiadas (no sólo del sector particular, sino también del Estado chileno), se concluye que el perjuicio económico es de gran magnitud.
Y esto no guarda relación con los fondos destinados a prevenir y combatir los incendios. Dispongo de antecedentes -que deseo que se verifiquen- en cuanto a la prontitud con que se accedió a los focos de incendios. Queremos despejar todo tipo de dudas en esta materia, porque, de acuerdo con antecedentes que me han entregado algunos afectados, predios con bosque nativo particular no fueron atendidos hasta que las llamas comprometieron áreas fiscales. Y esta demora alcanzó las tres semanas. Por eso, es necesario que Carabineros y la Corporación Nacional Forestal den a conocer los lapsos que mediaron entre los inicios de los incendios y la llegada de las brigadas.
Si se compara lo anterior con las prevenciones que toma el sector privado (en la Octava Región, por ejemplo, para 6 mil hectáreas, hay 2 mil brigadistas, 157 torres de control, 15 aviones -más tres en caso de que así se requiriera-, 40 camiones, 13 helicópteros), la verdad es que no hay ninguna relación en cuanto a los medios de que se disponen para prevenir los incendios y combatirlos desde el sector fiscal.
Por lo tanto, no quiero concluir sin rendir un homenaje a las brigadas que incluso concurrieron de otras Regiones del país -por ejemplo, brigadistas de Aysén contribuyeron a apagar incendios en la Novena Región- y asimismo a bomberos cuya acción no sólo pone en riesgo sus vidas, sino también es realizada por un monto económico bastante exiguo. Creo que en esta materia habría que lograr una coordinación entre las brigadas de incendio públicas, las del sector particular y bomberos, y generar también una suerte de voluntariado, como hacen los bomberos en el caso de incendios urbanos.
Por tales razones, señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre a las autoridades pertinentes, a fin de que se me hagan llegar los antecedentes que he mencionado de parte de la Corporación Nacional Forestal, Bomberos y Carabineros.
En el breve homenaje habría que agregar también a los miles de personas que no forman parte de ninguna de las instituciones señaladas por Su Señoría y que participaron en sofocación de estos incendios que han provocado tanto daño al país.
Justamente por eso planteo que hay que establecer un sistema de voluntariado para ello, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
Finalmente, señor Presidente , debo señalar que los transportistas de minibuses de la Región de Aysén plantean que se estaría pidiendo la aplicación de la instalación de tacógrafos para poder controlar sus velocidades en el transporte de pasajeros. La verdad es que, dadas las condiciones en que se vive en la Región, tal exigencia resulta bastante insólita, porque implica una inversión que fluctúa entre los 800 mil y una cantidad que supera el millón de pesos por vehículo, en circunstancias de que se trata de máquinas que están cumpliendo con todas las normas. Creemos, pues, que una medida de esta naturaleza sería inconveniente, sobre todo cuando muchas de las áreas licitadas lo fueron sin pedir el cumplimiento de este requisito.
Por eso, solicitamos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que investigue la situación, informe al respecto y prorrogue esta exigencia.
Corresponde el turno al Comité Institucionales 1.	Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente, en primer lugar, haré un preámbulo o exhorto al grueso de mi exposición.
Construir la industria pesada en Chile fue un esfuerzo titánico que se inicia en los años 40 con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, época durante la cual se hallaba en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial. En verdad, ya antes en la economía mundial había aparecido el concepto de ciertos productos y ciertas industrias de carácter estratégico, pero es en ese momento cuando surge con mayor fuerza. Se trata de aquellas industrias que, ojalá con la mayor eficiencia posible, puedan constituirse en los motores y ejes centrales del desarrollo y crecimiento de los Estados modernos.
Dentro de este contexto, en Chile se crea, con capital privado pero con apoyo de la CORFO, lo que se llama "la Empresa Siderúrgica Nacional" y se establece en Huachipato. Es así como se erigen los altos hornos que traerían tecnología muy moderna y reemplazarían los de Corral, que en esa época estaban obteniendo una muy baja eficiencia, no obstante lo cual durarían hasta la década de los 50.
Es así, pues, como la creación de Huachipato da origen a la base y centro neurálgico del desarrollo industrial pesado en Chile. Y desde sus comienzos de esta actividad empresarial se plantea tanto un concepto estratégico como de seguridad nacional, referido a que el aporte que hagan las acerías al desarrollo del país, por mínimo que sea, permite, en circunstancias conflictivas o en contextos de inseguridad mundial, un empuje real al flujo de la economía y al crecimiento del país.
Hecho este exhorto, deseo plantear la situación que afecta a la industria nacional del acero. Para ello, me mueve fundamentalmente mi preocupación por su notorio impacto socioeconómico como centro de una importante actividad desde su creación, en 1945, en la Octava Región.
Hoy se cierne una seria amenaza para la industria nacional del acero representada por la usina de Huachipato y los complejos de alta refinería relacionados con su producción. Desde hace diez años en el mercado mundial existe una fuerte competencia por vender aceros como resultado, entre otros factores, de la disolución del imperio soviético, la desaparición de la Guerra Fría y la disminución de los presupuestos militares que demandaban en su tiempo ingentes cantidades de acero de especiales características.
En la economía de alto desarrollo, el acero se caracteriza por ser un producto sujeto a períodos cíclicos de alta y baja demanda, que obedecen fundamentalmente al desarrollo y crecimiento de la economía mundial, con un fuerte componente estratégico cuando la situación indica o evidencia la posibilidad de conflictos militares.
Si bien en la actualidad el acero ha sido sustituido por componentes químicos y plásticos especiales, se mantiene como fuente central en la construcción de la mayor cantidad de estructuras y elementos de resistencia.
Sin embargo, a partir de 1990 se suma el fenómeno de la crisis asiática con la estancada economía japonesa, lo que deriva en detención de la actividad económica mundial y disminución del crecimiento y desarrollo globales que frenan las mayores demandas de acero.
En estas circunstancias, países como Estados Unidos ven detenidos sus mercados de venta del producto, en vista de lo cual se disparan los costos de la industria. A ello hay que agregar el altísimo valor del trabajo especializado de los obreros que en ella laboran, lo que lleva a la quiebra, en ese país, al 35 por ciento de las empresas, como digo, por el alto costo e ineficiencia en su producción y operación.
Ante la situación que se está viviendo y que se ha extendido por casi diez años, razón por la cual ya no se trata de un fenómeno tan cíclico, el Gobierno de los Estados Unidos -las informaciones recibidas así lo indican y la prensa lo afirma con casi gran certeza- impondrá medidas de salvaguardia durante el presente mes para proteger al 70 por ciento de su industria que aún se encuentra en condiciones de funcionar. Esta decisión, sin duda, cerrará el mercado norteamericano para el acero que se produce en el extranjero y que ingresa en un flujo apropiado, compitiendo con valores más bajos que aquel que se produce en dicho país.
Es fácil comprender que esta sobreoferta, al aplicarse la salvaguardia, significará una reducción en el valor del precio del acero en el mundo, ya no será tan simple ingresar el producto a la nación norteamericana y facilitará la importación al mercado interno chileno, afectando directamente a la compañía siderúrgica Huachipato, responsable de más del 75 por ciento de la producción de acero que consume Chile.
Deseo dejar muy claro que el problema no estriba en la protección de una compañía, sino en el resguardo de una importantísima fuente de desarrollo, trabajo y crecimiento de una de las Regiones más destacadas de Chile. Si bien -y en esto radica un aspecto clave de mi intervención- la libre competencia es necesaria y fundamental para el desarrollo de la economía, los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito permiten su regulación cuando se afecta intereses vitales, como ocurre en el caso que estoy mencionando.
Ante esta situación, se justifica, sin la menor duda, aplicar salvaguardias que protejan al acero chileno y hagan aumentar el precio del acero extranjero, en conformidad con los criterios y normas del Capítulo 19 de la OMC, incorporados en la legislación chilena a través de las leyes Nºs 18.525 y 19.612.
Hay un aspecto que reviste suma importancia para reforzar la necesidad de proteger esta industria nacional en los términos establecidos por la Organización Mundial de Comercio.
A las razones socioeconómicas y técnicas, tales como la detención de plantas y el apagar los altos hornos, se suma una razón de estrategia y de seguridad nacional. Las acerías son industrias que se generan en un marco de seguridad definido, pues, por poco eficientes que sean, dan origen a una capacidad autónoma mínima de producción de acero que permite sostener, con cierta independencia, el flujo logístico que hace funcionar las industrias básicas que dan vida a un crecimiento sostenido, mínimo también, del desarrollo económico de una nación, por ponerme en casos extremos. Es decir, la industria del acero existe en Chile no sólo por conveniencia económica, sino además por una razón de seguridad nacional, apoyada en una adecuada autarquía respecto de un producto que tiene la mayor importancia estratégica en caso de conflictos regionales o mundiales. La dependencia de productores extranjeros, en caso de que se detuviera la planta de Huachipato por no ser capaz de vender sus productos, sería de tal gravedad y limitaría de tal manera nuestra independencia económica mínima, que resultaría suicida, en mi opinión, no conservarla haciendo uso de los instrumentos internacionales de los cuales Chile es parte.
La comprensión de esta realidad tiene que llevar al Supremo Gobierno a que en el presente caso aplique a la brevedad las normas de la OMC para proteger este bien, por el tiempo que sea necesario y hasta que el mercado mundial vuelva a adquirir la dinámica del desarrollo y crecimiento esperado para absorber la sobreoferta mundial del producto.
Este planteamiento, señor Presidente , se inserta en el marco de una estrategia nacional y de un concepto de seguridad nacional, con el fin de mantener una mínima autonomía y autarquía. Porque tenemos las minas que producen el elemento, contamos con el fundente, existe la tecnología, están las instalaciones. En procesos como éstos, en los cuales si bien es cierto que la libre empresa y la competencia son fundamentales, los mismos organismos internacionales como la OMC han establecido reglas mínimas de salvaguardia por un tiempo determinado, para permitir la subsistencia de empresas que son, como digo, ejes centrales dentro de un concepto de seguridad y desarrollo que Chile debe cautelar.
Para terminar, señor Presidente , pido hacer llegar estos comentarios al señor Ministro de Economía , en su papel, y al señor Ministro de Hacienda , según corresponda.
Se procederá en la forma solicitada por su Señoría, en conformidad al Reglamento.
Corresponde el turno del Comité Socialista.
Señor Presidente, me referiré al mismo tema que acaba de abordar el Senador señor Martínez , y lo voy a hacer en nombre de las bancadas socialista, PPD, radical y democratacristiana.
Quiero llamar la atención del Senado acerca de un problema de gran interés para la Región del Biobío, a la que represento en esta Corporación, y para todo el país; para miles de familias de trabajadores de la zona y, consecuentemente, para buena parte de la industria y la manufactura nacional, como es la situación por la que atraviesa el mercado del acero y su impacto en la industria respectiva en Talcahuano.
Diversas contingencias internacionales han ocasionado trastornos profundos en el mercado de este producto en el mundo. La crisis económica que ha afectado a las principales economías del globo, contrayendo la producción de bienes, ha generado un sobrestock de acero que ha reducido los precios, lo cual, en muchos casos, es estimulado por las políticas de subsidio estatal de algunos países productores.
En los Estados Unidos, los trabajadores del acero, alarmados por la creciente importación de este producto, han solicitado al Gobierno la aplicación de salvaguardias con el objeto de proteger la industria local, realizando masivas manifestaciones. Dicha nación ha absorbido gran parte de los excedentes generados en los últimos años por la reducción en el consumo interno de la ex Unión Soviética, en especial en su industria militar, y del Japón, afectado por una aguda recesión económica. El resultado es poco alentador, estimándose en más de treinta las siderurgias que se encuentran en proceso de quiebra.
La situación es particularmente grave, por cuanto se estima improbable una reducción de la oferta en el corto plazo al haber fracasado los intentos de acuerdo entre los principales países productores. Ello es explicable, ya que a nivel de la industria se advierte que las posibilidades de acceder a dichas limitaciones son mínimas, por situaciones inherentes a los procesos productivos que obligan a mantener las plantas a una producción superior al 60 por ciento de su capacidad. De lo contrario, en el largo plazo podrían registrarse graves e irreparables daños en la estructura de los hornos.
Se espera una decisión oficial del Presidente Bush para mañana miércoles, si es que ya a esta hora no la ha adoptado. Los diversos medios periodísticos especulan en torno de su opción, y señalan que será una de las más difíciles de su mandato en materia económica. Así, por ejemplo, "The Washington Post", en su edición de hoy, analiza los diversos escenarios posibles, considerando las implicancias económicas y políticas de cada uno.
Por una parte, existen fuertes presiones de importantes estados de la Unión norteamericana para imponer estas salvaguardias, las que han sido acogidas en el caso de 15 productos por la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, organismo regulador en la materia. Se estima, en un plano político, que ello es particularmente significativo en un año de elecciones parlamentarias, siendo los estados involucrados decisivos para que el Partido Republicano retenga la mayoría en la Cámara de Representantes.
Por otra parte, también existen fuertes presiones de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio, que aboga por reducir los costos y estimular así la demanda interna de los Estados Unidos, favoreciendo la recuperación económica, y alertan sobre los costos internacionales de introducir medidas proteccionistas como las solicitadas. Esta última posición fue respaldada por Alan Greenspan , Presidente de la Reserva Federal , en su reciente intervención ante el Congreso estadounidense.
Frente a ello, la citada nota periodística concluye que es probable que se adopte una decisión intermedia que incorpore diversos mecanismos, como sobretasas y cuotas de importación, y excluya de dichas medidas al acero originado en naciones más pobres o vinculadas comercialmente con los Estados Unidos, como México y Canadá.
Como mencioné, se espera para mañana una resolución del Presidente Bush sobre el particular, aunque se ha indicado, extraoficialmente, que se impondrían sobretasas de 30 por ciento y que se procedería en el sentido señalado respecto de las importaciones, distinguiéndose según su origen.
Los países eventualmente más perjudicados con una decisión de esta naturaleza, como Brasil, Rusia y los de la Unión Europea, han anunciado, desde ya, que recurrirán a la Organización Mundial de Comercio, en caso de aplicarse restricciones a sus envíos a los Estados Unidos, y que adoptarán represalias comerciales.
La decisión que tome el Presidente Bush no sólo ocasionará trastornos en los Estados Unidos. Se teme que las restricciones que se impongan en dicha nación impactarían significativamente en el mercado mundial del acero, aumentando la oferta y, consecuentemente, bajando los precios, lo cual, a su vez, tendría una repercusión negativa en la producción del acero nacional.
En efecto, esta determinación incrementaría el actual sobrestock mundial en cifras que se calculan en 30 millones de toneladas, haciendo caer aún más los precios, incluso por debajo de los costos, y forzaría a los países exportadores a buscar nuevos destinos para su producción. Se estima que Chile, a pesar de ser un mercado pequeño, podría ser uno de esos destinos alternativos, atendida su reconocida política de libre comercio y escasas restricciones a las importaciones.
Ello ha motivado a la CAP y a Gerdau AZA a recurrir, dentro del marco de lo establecido por la OMC y las leyes nacionales reguladoras de la competencia, a la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios, solicitando medidas de protección para la industria nacional. Se estima que de no aplicarse éstas, se encontraría en serio riesgo la producción interna de acero, que actualmente representa casi el 70 por ciento del millón y medio de toneladas que se consumen en nuestro país y, con ello, el empleo de miles de familias de la Región del Biobío, especialmente de la comuna de Talcahuano, donde la siderurgia contribuye con cerca del 16 por ciento del producto interno bruto regional, vale decir, con casi el 50 por ciento de toda la industria manufacturera regional.
Los recurrentes han señalado ante la Comisión que la crisis por la que atraviesa el mercado del acero no es un mero ciclo negativo y que, por el contrario, la situación se extiende por un lapso significativo. Más aún, indican que no se advierte la posibilidad de revertirlo en el corto plazo, debido a la inelasticidad de la oferta y a los crecientes flujos de sobreproducción.
Tal presentación es coincidente con la Declaración del Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero (ILAFA), que agrupa a los principales productores del continente, el que ha hecho un llamado a los Gobiernos de la región a adoptar medidas de protección de sus industrias ante el riesgo de que Estados Unidos tome las decisiones a las que hemos hecho referencia.
Por su parte, las posiciones discrepantes en la materia son encabezadas por ASIMET y la Cámara Chilena de la Construcción, organismos que han hecho ver la inconveniencia de estas medidas, fundando su parecer en que no se encuentran acreditadas las situaciones requeridas para la aplicación de salvaguardias, siendo, en su opinión, la situación actual todavía más una amenaza potencial que un peligro real. Al mismo tiempo, señalan que se generarían graves daños a la competitividad de los productos y bienes cuyo insumo principal es el acero, poniendo en peligro los miles de empleos generados por esta industria metalmecánica y por la construcción.
Del mismo modo, manifiestan que la imposición de estas salvaguardias puede afectar el prestigio internacional de que goza la economía chilena y dificultar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea.
En alguna medida, se reproduce en el país el debate que tiene lugar en la opinión pública norteamericana frente a la decisión que adoptará el Presidente Bush y que opone a los productores del acero con la industria manufacturera, que tiene en este metal su principal insumo.
Quiero dar un testimonio personal de la visita que hicimos con el Senador señor Sabag a la planta de la CAP en Huachipato. En verdad es muy alarmante ver ahí cómo existe una cantidad muy significativa de productos almacenados en un sinnúmero de bodegas que no tienen salida hoy día en el mercado, porque están siendo sustituidos por otros productos que vienen con toda la distorsión de precios a que hemos hecho referencia. Ello ha producido alarma en los trabajadores, en los empresarios y se expande a toda la Región, muy en particular al puerto de Talcahuano, porque en la Región del Biobío la CAP es una industria símbolo.
Es así, por ejemplo, como Cementos Biobío , otra industria muy importante, intervino en la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios en favor de la petición de CAP, sosteniendo que si no se ponía la salvaguardia incluso la subsistencia de Cementos Biobío se podía ver afectada.
Y hoy día se ha colocado una inserción en el diario "El Sur" por parte de empresas metalúrgicas regionales disidentes de ASIMET, que trabajan con la CAP, que tienen alrededor de mil quinientos a dos mil trabajadores, las que también se pronuncian muy favorablemente a la petición de la CAP.
Señor Presidente , Honorables colegas, evidentemente el desenlace de este conflicto tendrá lugar en las instancias pertinentes, es decir, la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios y posteriormente el Gobierno. Porque la decisión de la Comisión no es vinculante para el Ejecutivo , pero constituye un antecedente de gran importancia, siendo un elemento decisivo la posición que adoptará mañana -o que tal vez ya ha adoptado- el Gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, quisiera dejar planteada ante la Sala la preocupación que asiste a la Región del Biobío, a sus autoridades regionales y comunales, a los empresarios que trabajan con la CAP y a los trabajadores del acero que anhelan una solución justa, oportuna y eficaz.
No puede convertirse en un dogma el hecho de que no debe ponerse nunca una salvaguardia. Para eso están la posibilidad que abre la OMC y las propias leyes que han aprobado el Senado y la Cámara de Diputados. Ejemplo de ello lo tuvimos en el caso del azúcar, con IANSA.
Deben analizarse todos los factores involucrados, particularmente el impacto de las medidas que se adopten en otras naciones y la repercusión de ellas en el precio internacional del acero y en la importación de éste al país. Sería ilógico que si naciones más desarrolladas y poderosas que Chile, como Estados Unidos, incorporan medidas de protección a su industria acerera, la nuestra no proceda en la misma forma.
La larga historia de la usina de Huachipato en la Región del Biobío, como motor del desarrollo local, amerita una especial preocupación, la que, sin afectar la competitividad de la industria manufacturera,...
...proteja la inversión y, particularmente, las fuentes de empleo de miles de trabajadores.
Con la venia del señor Presidente , quiero dar una interrupción al Honorable señor Adolfo Zaldívar.
La verdad es que el Partido Demócrata Cristiano, por cierto, respalda y concuerda con lo expresado por el Honorable señor Viera-Gallo en su intervención. Pero, conocida la profundidad de ella, creo que sobrepasa con creces el solo problema de la CAP o de una industria de esa envergadura.
Debo llamar la atención del Senado en cuanto a que tanto el Senador señor Viera-Gallo como el Honorable señor Martínez , que lo antecedió en el uso de la palabra, han dejado al descubierto un problema bastante mayor para nuestra economía nacional.
Creo que los antecedentes entregados hoy en esta Sala guardan una enorme importancia para el futuro del país. Sobre todo, cuando ahora se avanza en un proceso un tanto acelerado de globalización, donde no sólo van a ser industrias tan señeras como la CAP -con lo que significa para la Octava Región, como con tanta certeza lo ha afirmado el Honorable señor Viera-Gallo --, sino también otras actividades que son más débiles y sensibles, las que quedarán expuestas cuando algunos pretendan aplicar un modelo con cierto dogmatismo.
Por eso, me parece que el discurso que hoy hemos escuchado en el Senado tiene una enorme trascendencia para el diseño de nuestra economía. Y sin entrar a plantear o que se entiendan nuestras palabras como una forma de ir en contra de un modelo, pienso que este mismo modelo exige a un país como el nuestro -si bien ya los Estados Unidos han adoptado salvaguardias o han tomado controles- actuar con el realismo que hoy reclama el Honorable señor Viera-Gallo.
Quiero dejar constancia de esto porque considero muy relevante que el Senado tenga un debate serio y profundo en la próxima legislatura, con el objeto de que mañana podamos tener posiciones realistas con respecto a tratados que van a ser tan importantes para el futuro de Chile, y no caer en posiciones simplistas, ni menos de extremo ideologismo, que pueden hacer un daño inmenso. En realidad, los discursos que hoy hemos escuchado tienen enorme trascendencia.
Espero, señor Presidente, que los oficios que se enviarán tanto al señor Ministro de Economía como al de Hacienda, a solicitud del Honorable señor Martínez , así como la intervención del Honorable señor Viera-Gallo, sean debidamente ponderados por el Gobierno.
Señor Presidente , junto con hacer mías todas las afirmaciones del Honorable señor Adolfo Zaldívar , al concluir quiero solicitar que mi intervención y la del señor Senador sean remitidas por oficio al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , al señor Ministro de Economía y a la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios. Creo que el Honorable señor Sabag también está adhiriendo en el mismo sentido.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, petición a la que adhiere el Honorable señor Sabag.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Si el señor Presidente tiene buena voluntad, puede concedérsela.
Esa buena voluntad existe. Inmediatamente después del Honorable señor Moreno , podrá hacer uso de la palabra el Senador señor Lavandero.
Señor Presidente , al igual que el Honorable señor Adolfo Zaldívar , adhiero a las palabras de los Senadores Viera-Gallo y Martínez , quienes han planteado un tema de profunda relevancia.
Asimismo, deseo manifestar, en nombre de muchos señores Senadores aquí presentes y que representan zonas rurales, la implicancia que en este momento tienen en la política de relaciones con los Estados Unidos -a través de la conversación que hoy está en marcha para un tratado de libre comercio- algunos elementos que aún no conocemos y que nos llevan a hacer dudar respecto de los méritos de avanzar en la firma de un tratado mientras éste no se halle plenamente comprendido por la totalidad de los sectores de la economía nacional.
Conforme a los antecedentes de que hoy disponemos -y que los hemos conocido a través de la prensa-, el tratado de libre comercio con Estados Unidos en su fórmula TPA (Trade Promotion Authority), que está en trámite en el Congreso de dicho país, excluye 293 ítem agrícolas y agroindustriales. Según otras versiones, se dice que en el Senado norteamericano se agregarían más productos a una lista que podría superar los 700 u 800 ítem adicionales, con lo cual estamos ante una situación que no podemos controlar y que los Senadores norteamericanos, básicamente representantes de las zonas agrícolas, están colocando en el debate de la agenda y presionando precisamente a la Administración del Presidente Bush para que resguarde los intereses de agricultores que reciben hoy ayuda sustantiva del Estado.
La ronda prevista para el 11 de marzo del mes en curso fue suspendida por los norteamericanos por carecer de mandato para ofrecer y negociar. En consecuencia, unilateralmente ellos dijeron que no deseaban seguir avanzando. Sin el TPA no se podría negociar, ya que después habría que analizar producto por producto, en una negociación que podría llegar a comprender no mil, sino 6 mil o 6 mil 500 ítem, que son los que figuran dentro de la nómina de los que están en los mecanismos de intercambio.
Ello, obviamente, escapa a la posibilidad de un país como el nuestro de tener expertos para seguir en forma adecuada defendiendo los intereses de la nación en rubros de esa naturaleza.
Es decir, el panorama para las eventuales exportaciones chilenas en este contexto, no es promisorio. Respecto de las importaciones desde Estados Unidos existiría la perspectiva de importar una abundante cantidad de productos que gozan en dicho país de grandes subsidios. El Congreso norteamericano ha propuesto incrementar los actuales subsidios a los productores estadounidenses en los próximos diez años.
En consecuencia, ¿cuál es el sentido de que nosotros podamos avanzar en una negociación sin saber las condiciones?
En tal virtud, considero que debemos tener claridad al respecto e informar a la opinión pública, y, sobre todo, llevar a cabo un debate en el Senado, en el sentido de que muchos de los señores Senadores presentes en la Sala no estaremos disponibles para concurrir a la aprobación de un tratado de esta naturaleza sin conocer exactamente cuáles son las condiciones previamente definidas que afectarán en especial a los productos silvoagropecuarios y, muy en particular, a la mediana y pequeña agricultura chilena.
De seguir adelante un acuerdo de esa índole significaría afectar en el corto plazo a 400 mil familias de trabajadores que hoy viven de los productos que generan.
Por lo tanto, lo planteado aquí por el Honorable señor Viera-Gallo y otros señores Senadores, en el sentido de que Estados Unidos, a través de una Administración conservadora -si me permiten usar los términos de la geografía política conocida-, es capaz de romper el dogma de no interferir en un mercado, con el objeto de proteger su industria siderúrgica, como ya protege a su industria agropecuaria y alimenticia, con subsidios que sobrepasan los 125 mil millones de dólares, ya aprobados para los próximos cinco años, obviamente la firma de un tratado de libre comercio en esas condiciones significa sencillamente un retroceso para nuestro país.
Deseo plantear que, de acuerdo con las informaciones de que disponemos, el Senado y la opinión pública de Chile deben tener plena información acerca de esta materia. Y yo anuncio, por lo menos en nombre de algunos de los señores Senadores de mi partido, que no habrá disponibilidad por parte nuestra para aprobar un tratado de esa naturaleza mientras no conozcamos previamente toda la información y las condiciones de negociación reales a las que serán sometidos esos productos.
Nuestra tarea, al igual que los Senadores señores Viera-Gallo y Adolfo Zaldívar , no es sólo defender por obligación a las regiones que representamos (y que hacemos parte de nuestros discursos), sino una forma de vida en nuestro país, en la cual nuestra sociedad se articula, que es precisamente la existencia de zonas silvoagropecuarias, donde pequeños y medianos agricultores hacen inversiones enormes a lo largo del tiempo y que, por la firma o aprobación de un tratado que no cautele sus intereses, pueden ser condenados prácticamente a la extinción.
Agradezco, señor Presidente , la benevolencia de haberme otorgado la palabra para referirme a esta materia. Pido que mi intervención sea enviada a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , a los señores Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, de Hacienda , de Agricultura, de Economía, Fomento y Reconstrucción, y a la Comisión encargada de llevar las negociaciones con Estados Unidos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los señores Senadores que así lo pidieron, conforme al Reglamento.
Señor Presidente , deseo plantear en forma muy breve la situación que se está produciendo en Placilla, comuna rural de la región que represento en el Senado.
A raíz de una determinación de la Dirección General de Carabineros, se ha procedido a cerrar en dicha localidad el Cuartel de Carabineros y se retiró a la dotación existente, lo que generó el embanderamiento de la comuna con pendones negros.
Ruego al señor Ministro del Interior, que se halla presente en la Sala, tomar nota al respecto.
La población procedió de esa forma, porque han aumentado las inseguridades, los robos y otros delitos.
Solicito oficiar al señor General Director de Carabineros , a los señores Ministros del Interior -quien es responsable de esa tuición- y de Defensa -del cual Carabineros tiene dependencia teórica jerárquica-, a fin de restituir a la comuna de Placilla la dotación de Carabineros y garantizar la seguridad de la población.
Es interesante que las Comisiones técnicas analicen los diversos problemas trascendentes que existen en el país. Por tal motivo la Mesa se va a permitir enviar las intervenciones de los Senadores señores Martínez y Viera-Gallo a la Comisión de Economía, a fin de que las conozca, las analice y eventualmente avance en alguna proposición importante para el país.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero, y luego, el Senador señor Pérez.
Señor Presidente, deseo destacar en esta oportunidad la importantes intervenciones de los Senadores señores Viera-Gallo, Martínez y Moreno.
Sin embargo, quiero señalar que ésta es la punta de un iceberg, pues hay mayor profundidad en estos temas. Aquí hemos visto florecer dos elementos muy importantes para el país: uno, relacionado con nuestra industria siderúrgica; y dos, como lo destacó el Senador señor Moreno, una especie de forma de vida referente a la parte agrícola.
Junto con apoyar el envío de esos oficios y pedir que se agregue mi nombre, deseo señalar que surge otro tema tan grave como el expresado por los Senadores señores Viera-Gallo y Martínez. Éste tiene que ver con otro elemento muy importante para Chile: cómo se otorgan subsidios de entre 1 y 30 por ciento para proteger las fundiciones y refinerías de cobre de países con los cuales tenemos algún tipo de tratado, como los de la APEC o los Estados Unidos. Recuerdo que con éste estamos negociando un acuerdo comercial.
Señor Presidente , hemos observado, por ejemplo, que Japón coloca una sobreprotección con un subsidio al concentrado de cobre chileno, lo que significa que nadie se interesa en adquirir, de manera importante, el refinado de CODELCO, por cuanto puede obtenerlo en el propio Japón con una protección de 3 centavos de dólar.
Japón no se va a interesar en comprar cobre refinado a CODELCO-Chile, como tampoco Indonesia ni Estados Unidos, pues ellos también aplican un subsidio al concentrado de cobre, principalmente chileno, 60 por ciento del cual, o más, se transa en el mercado internacional.
Por eso, a lo solicitado por el Senador señor Viera-Gallo , deseo agregar que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe igualmente al Senado sobre la situación internacional en que se encuentra la venta del concentrado chileno, y que explique cómo es posible que se subsidie en Japón y que nuestro Gobierno no haya tomado una decisión clara para proteger las ventas de concentrado de cobre a la APEC, especialmente a Japón e Indonesia, y a Estados Unidos, donde también existe tal subsidio.
Me parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial, la Dirección Económica correspondiente, debiera informarnos al respecto, ya que, a mi juicio, la situación que afecta al cobre chileno no es menor y resulta más inadecuada que la señalada por los Honorables señores Viera-Gallo y Martínez , pues significa un perjuicio diez, treinta o cuarenta veces más grave. Por cierto, comparto la preocupación de ambos señores Senadores; sin embargo, cabe destacar que mucho más peligroso es que, pese a la ocurrencia de hechos delicados, nadie en el país se preocupe.
En el Senado he entregado anteriormente diversas informaciones sobre nuestra principal riqueza, el cobre; y hoy día quise plantear lo del concentrado de cobre, pues a las refinerías de algunos países se les aplica un subsidio que va de uno a 30 por ciento, lo que considero grave.
Tal vez la Cancillería se ha preocupado del asunto, pero no tengo antecedentes al respecto. Por eso, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de recabar información concreta sobre el particular y saber cuál es la preocupación central del Gobierno en lo relativo a nuestra principal riqueza y, fundamentalmente, en cuanto a los subsidios entregados a las refinerías extranjeras.
Por último, hago presente que adhiero a la petición de los oficios que se enviarán en nombre de los Senadores señores Viera-Gallo , Martínez y Moreno.
--Se anuncia el envío del oficio pedido en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento, y que se agregará su nombre a los otros solicitados.
Señor Presidente, deseo hacer algún comentario sobre las intervenciones que hemos escuchado en la hora de Incidentes, algunas de las cuales, desde mi punto de vista, incurren en contradicciones.
Se alega por la eventual actitud que adoptaría Estados Unidos, frente a la protección de su industria siderúrgica con un arancel especial.
En el diario "La Segunda" de hoy se publica un preanuncio sobre la fijación de un arancel a la exportación de acero por parte de otros países a Estados Unidos.
Al País del Norte le reclamamos que aplique la economía de mercado, las libertades de comercio, las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, los mismos que demandan la aplicación de esas normas, la no arbitrariedad en materia económica, la igualdad de aranceles, etcétera, son quienes, por otro lado, sostienen que el sistema de economía social de mercado no funciona. Exigimos a Estados Unidos que aplique dicha economía social de mercado y, al mismo tiempo, criticamos el sistema, porque no nos da los resultados que deseamos. De manera que aquí se advierte una contradicción muy grave que se expresa en diversas situaciones.
El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra reclamó por los subsidios. Pero éstos constituyen la contrapartida a mayores impuestos sobre los concentrados de otros países de la APEC.
Hay una cosa muy simple: si nos quieren regalar 30 por ciento para fundir concentrado, es problema de ellos. Pero eso se hace porque hay una capacidad ociosa de fusión muy grande en el mundo, y el peor negocio existente en Chile es tener fundiciones. Si fuera bueno, como hay libertad económica en nuestro país, la gente invertiría y construiría fundiciones, pero es tan malo que los países que las poseen deben importar subsidiando para usar esas empresas. Se han construido grandes fundiciones en China e India, y hay dos en Estados Unidos que quebraron y que se encuentran en venta.
¿Me concede una pequeña interrupción, señor Senador ?
Señor Presidente , agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Pérez para dejar en claro que yo no he hablado de la doctrina social de mercado, sino de la libre competencia.
En un régimen de libre competencia se juega con las mismas cartas, no con cartas marcadas ni tampoco con subsidios escondidos.
Hemos decidido participar en la OMC y quedar sujetos a los pactos acordados y eso es lo que reclamamos. Aquí estamos insertos en un juego sucio, porque algunas refinadoras otorgan un subsidio al concentrado de cobre, lo cual va en contra de las refinerías chilenas que toman ese concentrado, lo funden y refinan.
El tema en cuestión es que no existe una libre competencia.
Señor Presidente, la economía de mercado consiste en algo tan simple como la libertad de precios. Y la libre competencia es lo mismo.
Por lo tanto, o uno es partidario de las dos cosas, o contrario a ambas. Pero no se puede manifestar en contra de subsidios que otorgan determinados países y poner o pedir ciertos impuestos especiales a algunos sectores de la economía en el propio país, porque son las dos caras de una misma moneda.
Actualmente todos los óxidos de cobre no se funden y éstos se logran por electrobtención. Por lo tanto, como la capacidad de fusión ociosa en el mundo es muy grande, los precios son bajos.
Si Japón nos quiere regalar o subsidiar 30 por ciento, como Chile no posee capacidad suficiente que le permita fundir todos los concentrados que se producen, estaríamos haciendo un gran negocio. Una fundición cuesta mil millones de dólares y ocupa muy poca mano de obra; o sea, es muy intensa en la demanda de capital y débil en uso de mano de obra. Por lo tanto, desde el punto de vista social, es un proyecto muy poco rentable.
Me parece muy bien que Japón nos quiera hacer ese regalo.
Días atrás, dos señores Diputados plantearon fijar un arancel especial a la importación de zapatos de China, porque era muy barata. Seguramente, lo hacían para defender alguna empresa nacional -eran Diputados socialistas- y la mano de obra de doscientas o trescientas personas que trabajan en la industria del calzado en Chile. Pero, no se dan cuenta de que a todos los pobres del país se les subre el precio de los zapatos nacionales. Si China nos quiere "regalar" al precio de un dólar el calzado hecho en sus cárceles, el pueblo chileno debería estar muy agradecido.
¿Por qué fijar una suerte de protección como la que se aplicaba antiguamente? Antes se decía: ¡Protejamos la industria automotriz, pues trescientos trabajadores quedarán cesantes en la Peugeot de Los Andes y trescientos más en la Citroën de Arica! Entonces, en Chile nadie tenía auto por proteger a seiscientos trabajadores que desarrollaban sus tareas en la industria automotriz.
Creo que la libertad hay que respetarla en todos sus aspectos, en las buenas y en las malas. Y lo que yo reclamo del Presidente Bush es libertad económica, el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de Comercio, y reclamo, "pari passu", mutatis mutandis, lo mismo para todos los que alegan en materia económica en nuestro país: que se haga en Chile lo que nosotros pedimos que se haga en Estados Unidos a su Presidente.
Con mucho gusto, Honorable colega.
Señor Presidente, con relación a las palabras que he escuchado al Senador que me acaba de otorgar una interrupción, quiero señalar, por ejemplo, que nosotros contamos con CODELCO que, aparte los ingresos tributarios, deja grandes utilidades al Estado chileno, compitiendo en el mercado internacional al refinar 99 por ciento del concentrado que produce, contratando mano de obra en Chile, agregando tecnología nacional, evitando el flete falso hacia otros países y, por cierto, dando valor agregado a nuestra principal riqueza: el cobre. De tal manera que, para mí, el único contrasentido es el de que, con nuestro propio concentrado, se esté contribuyendo a que en el mercado internacional haya un competidor que, con un concentrado subsidiado pueda alcanzar un índice de mayor competitividad frente al cobre refinado que produce CODELCO.
Creo que reglas del juego como ésas son las que nosotros hemos combatido. Por eso nos incorporamos a la OMC, y esperamos reglas parejas. No podemos admitir que las haya disparejas. Es cierto que China exporta a Chile zapatos a cuarenta pesos el par. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo la nación asiática? Está proporcionando ocupación a sus trabajadores, y de allí el subsidio. Es efectivo que, en algunos casos, los consumidores chilenos han podido comprar zapatos más baratos -en otros, la diferencia ha ido a parar a manos de los intermediarios- pero, en definitiva, el subsidio que China otorga a sus productores de calzado ha provocado el término de las actividades de la inmensa mayoría de los fabricantes de zapatos en nuestro país.
Naturalmente, desde el punto de vista de los consumidores tal medida parece conveniente, pero la verdad es que esos mismos trabajadores que antes podían comprar calzado un poco más caro que el producido por China, actualmente han perdido sus fuentes de trabajo y ni siquiera cuentan con lo necesario para adquirir esos zapatos subsidiados.
En consecuencia, hay que tener cuidado con llevar estas cosas al extremo, porque finalmente, como hemos podido advertir, esos países comienzan a introducirse en las economías de las naciones menores, tratando de destruir la pequeña, mediana y hasta la gran industria, y después, cuando lo han logrado, dejan de subsidiar y, por cierto, cobran precios incluso superiores a los que el país producía antes de esta competencia desigual.
Por esa razón, creo que si estamos en un sistema globalizado y de libre mercado, exijamos que se respeten las reglas del juego de la libre competencia para incorporarnos a él y no seguir participando en una campaña desequilibrada, que ya nos ha costado mucho, en los vinos, en los salmones, en las uvas, etcétera. La verdad es que no quisiera continuar refiriéndome a estas experiencias desastrosas para nuestro país.
Señor Presidente, daré término a mi intervención diciendo que estoy de acuerdo en ciento por ciento con las últimas palabras del Honorable señor Lavandero -¡viva la libertad!-, y recordando simplemente un hecho.
En el Gobierno militar, cuando se bajaron los aranceles, vino la rebelión de los empresarios, y la estructura productiva en materia agrícola cambió radicalmente, porque, obviamente, no era buen negocio mantener un fundo en Los Andes con trigo o alfalfa, y sí lo era industrializar la agricultura y vender fruta. Pongo este ejemplo porque pienso que si no hubiera habido una reducción de arancelesy una política de libertad económica, el cambio y la movilización en Chile nunca hubieran ocurrido. ¡Viva la libertad! Pero la libertad en todo sentido: lo que estamos exigiendo afuera, practiquémoslo también adentro.
--Se levantó a las 19:40
El restablecimiento de nuestro sistema democrático supuso, como paso fundamental, devolver al pueblo la posibilidad de elegir a sus autoridades municipales.
La labor legislativa se ha orientado a perfeccionar las leyes que regulan la actividad municipal con el fin de fortalecer los instrumentos de gestión, equilibrando las atribuciones de los alcaldes y los concejales. Asimismo, el legislador se ha preocupado de establecer una institucionalidad electoral que vincule más directamente a los ciudadanos con su alcalde pues es él la autoridad más inmediata que tienen en el aparato del Estado. Por ello y entre otras razones, en fecha reciente el Congreso Nacional ha aprobado una reforma al sistema electoral municipal que separa la elección de los alcaldes de la de los concejales.
Siendo en consecuencia el alcalde una autoridad ejecutiva unipersonalmente electa, al igual que el jefe de Estado, conviene dotar a la administración municipal de los resguardos que garanticen que la gestión de su máxima autoridad comunal se oriente en beneficio de la comunidad y no de quien detenta la condición de alcalde. Como es conocido, el Presidente de la República no puede ser reelegido para el período siguiente, norma que nuestra experiencia constitucional ha construido para velar por la probidad política e impedir los excesos del presidencialismo. Este mismo principio debe aplicarse en el ámbito municipal de manera de frenar cualquier posibilidad de que alguien inescrupuloso utilice el cargo municipal para perpetuarse en el cargo.
Con el propósito de conjurar este peligro conviene establecer una norma que impida que un alcalde pueda ser reelegido indefinidamente, de forma que sólo pueda ejercer este cargo por un máximo de doce años, tiempo más que suficiente para desarrollar y poner en práctica un plan de desarrollo comunal.
Con esta norma no se impide de manera absoluta la posibilidad que tienen los ciudadanos de ser elegidos para ejercer el cargo de alcalde, sino que se resguarda el correcto ejercicio de este derecho, evitando su monopolización, y permitiendo que sea efectivamente ejercido por diversas personas al impedirse que una sola pueda perpetuarse en el ejercicio del poder y utilizar todo el aparato público municipal para conservar el ejercicio del cargo de alcalde.
De aprobarse una norma como la que propongo, se facilitaría que otras personas con vocación de servicio público en la comuna puedan contribuir con nuevas ideas y propuestas al progreso comunal.
Finalmente, una disposición como la planteada evita que males como el caciquismo se adentre en la estructura política nacional y que tantos problemas han creado en aquellos países donde se ha establecido.
Por todas estas razones propongo a este Congreso Nacional el siguiente:
“Artículo único.— Sustitúyese el artículo 57 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2/19.602, que fija el texto refundido de la Ley N´18. 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el siguiente:
“Artículo 57.— El alcalde será elegido por sufragio universal, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido hasta por dos períodos consecutivos.”.”.
(Fdo.): Sergio Bitar, Senador.

References: resolución 
 artículo 57
 artículo 62
 artículo 120
 artículo 129
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 99
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2317
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 3
 resolución 
 artículo 57