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Timestamp: 2018-05-23 02:53:00+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2364/2006, 11-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2364/2006 de 11 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/2364/2006
En la derivación responsabilidad a los administradores que se produce en el caso concreto, concurre el primero de los supuestos de responsabilidad previstos en el artículo 40.1 de la LGT (Ley 230/1963), ya que concurren los requisitos exigidos para ello como son la comisión de infracciones tributarias por la sociedad administrada, la condición de administrador del interesado al tiempo de cometerse las infracciones y una conducta ilícita del administrador reveladora, al menos, de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, concurren los requisitos del párrafo segundo del artículo 40.1 de la LGT porque los propios recurrentes reconocen que la sociedad entró en paralización comercial sin que reconozcan que se reanudase en ningún momento posterior, lo que junto a la falta de presentación de declaraciones tributarias acredita tal cese.
En la Villa de Madrid, a 11 de julio de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 27 de abril de 2006, recaído en las reclamaciones número ... y ..., en asuntos relativos a derivación de responsabilidad a administrador y providencias de apremio.
PRIMERO: Con fecha 10 de febrero de 2003, le fue notificado al interesado acuerdo de 24 de enero de dicho año, dictado por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., por el que al amparo de los párrafos primero y segundo del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria se le declaraba responsable subsidiario como administrador de las deudas tributarias contraídas por la entidad ..., S.L., exigiéndoselas en vía voluntaria. La sociedad deudora principal fue declarada fallida el 17 de octubre de 2002. Al interesado le fue concedido el previo trámite de audiencia. Frente al citado acuerdo de derivación de responsabilidad, el interesado interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...
SEGUNDO: Ante el impago de las deudas en los plazos concedidos en el acuerdo de derivación de responsabilidad notificado el 10 de febrero de 2003, con fecha 2 de abril de 2003, le fueron notificadas veinte providencias de apremio relativas a las deudas derivadas, y contra las mismas, el interesado interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...
TERCERO: Con fecha 26 de abril de 2006, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... previa la acumulación de ambas reclamaciones, dictó resolución estimándolas en parte en el sentido de: confirmar el acuerdo de derivación de responsabilidad y en relación a las sanciones impuestas, anular aquellas a las que se hace referencia para que sean sustituidas por otras conforme a lo indicado en la resolución, confirmando las restantes; y anular las providencias de apremio relativas a las sanciones anuladas confirmando el resto de las providencias de apremio.
CUARTO: Contra la referida resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... notificada el 25 de mayo de 2006, el interesado interpone el 22 de junio de dicho año, el presente recurso de alzada, alegando en síntesis, la prescripción respecto del deudor principal, la prescripción para derivar la responsabilidad al interesado, la improcedencia de la derivación de las sanciones, la improcedencia de derivar el recargo de apremio y los intereses de demora, la improcedencia de la derivación de responsabilidad, y la improcedencia de derivar las providencias de apremio.
SEGUNDO: La responsabilidad subsidiaria de los administradores está regulada en el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril, en vigor desde el 27 de abril de 1985, que establece, "1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hiciesen posibles tales infracciones.
Establece pues la Ley General Tributaria dos causas de imputación de responsabilidad: 1) Las infracciones cometidas por la sociedad administrada; y 2º) El cese de la actividad por la sociedad.
En cuanto a la primera se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) Condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; y c) Una conducta en el administrador que se relacione con el propio presupuesto de la infracción en los términos señalados en dicho artículo 40.1, reveladora de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria, extendiéndose la responsabilidad al importe de la sanción en el caso de infracción simple y a la totalidad de la deuda tributaria en el caso de infracción grave; exigiéndose respecto a la segunda causa, es decir, el cese de actividad de la sociedad administrada: a) La cesación de hecho de actividad de la persona jurídica teniendo la misma obligaciones tributarias pendientes; y b) La condición de administrador al tiempo del cese, extendiéndose la responsabilidad a las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas, exceptuadas las sanciones. En este caso concreto se da el primero de los supuestos de responsabilidad previstos en el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, ya que concurren los requisitos exigidos para ello: 1) La comisión de infracciones tributarias por la sociedad administrada, 2) condición de administrador del interesado al tiempo de cometerse las infracciones, y 3) una conducta ilícita del administrador reveladora, al menos, de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones. En relación con este último requisito debe tenerse en cuenta que la derivación de responsabilidad a los administradores obliga a distinguir entre el sujeto infractor, al que la ley penaliza por razón de su conducta, y aquellas personas a quienes la norma legal declara responsables de la infracción cometida y que, como tales, han de satisfacer a la Hacienda Pública el importe de lo que correspondería pagar a aquél. En líneas generales la separación descansa en el tipo de conducta propio de cada figura. En el infractor, normalmente se exige una conducta activa; en el responsable basta, por regla general, con una conducta pasiva. El primero realiza un acto contrario a la ley, que por eso mismo se sanciona; el segundo incumple una obligación de vigilancia que, de haber sido ejercida, hubiera evitado la infracción, y por eso se le obliga a compensar el daño derivado de su negligencia. No se trata en este último caso, de un elemento originador de una responsabilidad sancionadora en estricto sentido técnico, ya que es una noción perfectamente integrada en el ámbito del ilícito civil, dando lugar a un gravamen de esta índole, como es el de tener que soportar con carácter subsidiario el pago de la deuda (S.T.S. de 30 de septiembre de 1993). Lo que pasa es que en ambos casos se precisa que los hechos acaecidos sean imputables, atribuibles a alguien. La imputabilidad es el fundamento de la responsabilidad, y aparece como el último y necesario reducto de la personalidad o la voluntariedad. Eso explica que el Tribunal Constitucional haya prohibido toda forma de responsabilidad objetiva en materia tributaria (S. de 26 de abril de 1990). Asimismo concurren los requisitos del párrafo segundo del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria; así los propios recurrentes reconocen que en 1990, la sociedad entró en paralización comercial y no afirman que aquélla se reanudase en ningún momento posterior y la falta de presentación de declaraciones tributarias acredita tal cese.
TERCERO: En cuanto a la prescripción alegada frente al deudor principal, respecto del mismo no ha prescrito ni el derecho a liquidar ni el derecho al cobro tal y como se desprende del expediente administrativo ya que las actuaciones han sido interrumpidas tal y como señala el Tribunal Regional de instancia, cuyas consideraciones damos por reproducidas. En cuanto a la prescripción alegada para derivar la responsabilidad, debe tenerse en cuenta en primer lugar que respecto al responsable subsidiario la prescripción es para exigirle el pago de la deuda tributaria y que la posición deudora de los responsables no deriva de la realización del hecho imponible del tributo sino del específico presupuesto de hecho de la responsabilidad fijado por la ley, que se constituye así en el hecho que origina la relación, y en la causa de ella, y les atribuye la condición de obligados secundarios respecto de quienes han realizado el hecho imponible; es decir, la obligación tributaria nace para los responsables cuando se ha producido el hecho imponible y, además, el presupuesto de hecho determinante de la responsabilidad. En el caso presente, y tal como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1993 "el vínculo legal se origina al cumplirse el presupuesto de hecho de ser administrador de una persona jurídica y concurrir, además, alguna de las otras circunstancias que describe el artículo 40 de la Ley General Tributaria".
El artículo 37 de la Ley General Tributaria dispone que para que la Administración pueda dirigirse contra los responsables subsidiarios es necesaria la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, así como un acto administrativo que declare la responsabilidad y determine su alcance. La declaración de falencia del deudor principal y, y en su caso, de los responsables solidarios, y la derivación de la acción administrativa se configuran como una "conditio iuris" para la exigibilidad de la deuda, pero la obligación "ex lege" del responsable surge con la realización del presupuesto de hecho establecido en la Ley.
De lo expuesto se desprende que el plazo de prescripción respecto de la obligación del responsable ha de empezarse a contar desde que se pueda ejercitar la acción contra él, en aplicación del principio de la "actio nata", y no desde la fecha en la que se devenga originariamente la liquidación en la que se fija la obligación del sujeto pasivo. La prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda tributaria comienza a correr desde el día en que finaliza el plazo reglamentario establecido para el pago voluntario, tal como establecen los artículos 64 b) y 65 de la Ley General Tributaria, pero ha de entenderse referida al obligado principal, y sólo secuencialmente a los responsables solidarios o subsidiarios, porque es el sujeto pasivo el primer obligado al pago; y si no estuviera prescrita la acción para él, extremo que como dijimos no concurre, debido a los actos interruptivos a los que se refiere el artículo 66 de la citada Ley General Tributaria, resultaría absurdo entender que el plazo de prescripción seguía corriendo, al margen de dichas circunstancias, para los obligados secundarios.
En resumen, existen dos períodos diferentes: el que se refiere a la prescripción de las acciones frente al deudor principal, que abarca todo el tiempo que transcurra hasta la notificación de la derivación de responsabilidad, y el que se abre con tal acto, siempre que la prescripción no se hubiese producido con anterioridad, que afecta a las acciones a ejercitar contra el responsable, teniendo incidencia en el cómputo de los plazos prescriptorios, dentro de los indicados períodos, las actuaciones interruptivas a que se refiere el artículo 66 de la Ley General Tributaria.
CUARTO: Invoca el recurrente la improcedencia de derivar las sanciones. Como tiene declarado este Tribunal en su Acuerdo de Pleno de 2 de abril de 1998 (R.G.: 591-97) existe una aparente contradicción entre la nueva redacción dada al artículo 37.3 de la Ley General Tributaria (que extiende con carácter genérico la responsabilidad solidaria o subsidiaria que se declare respecto de personas distintas del sujeto pasivo o deudor principal "a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones") y el artículo 40.1 de la misma Ley que extiende la responsabilidad subsidiaria de los Administradores de personas jurídicas, en caso de infracciones tributarias graves, a "la totalidad de la deuda tributaria", en la que se han incluido siempre las sanciones, por aplicación de lo establecido en el artículo 58.2.e de la Ley General en la materia. De entenderse que el artículo 37.3 de la Ley General Tributaria en su nueva redacción es aplicable literalmente al supuesto contemplado en el artículo 40.1 de la misma Ley, habría de llegarse a una solución radicalmente diferente a la del Acto impugnado, pero debe solventarse en sentido contrario a esa aplicabilidad, como indirectamente se sienta en el acuerdo impugnado. El recorte que da al contenido de la responsabilidad la nueva redacción del artículo 37.3 de la Ley General Tributaria no alcanza al supuesto del artículo 40.1; en primer lugar, porque es un precepto general frente a otro específico y singular; en segundo lugar, porque entenderlo de otra manera desnaturalizaría el sentido del artículo 40, que presupone la culpa o al menos la negligencia en la conducta de los administradores, exigiéndoles una responsabilidad que alcanza la totalidad de la deuda imputable a la persona jurídica, en línea con los artículos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas sobre la responsabilidad de los administradores; en tercer lugar, porque aceptar la tesis del recurrente dejaría sin contenido el artículo 40 cuando establece que en las infracciones simples el administrador tan solo responde de las sanciones. En cuanto a la interpretación que cabe darle a la expresión "totalidad de la deuda tributaria", en los casos de infracciones graves, se impone integrarla con la única que, como se acaba de ver, puede darse a la primera frase del precepto; con la naturaleza de los condicionantes que se establecen para que opere la responsabilidad, absolutamente en armonía con los que contienen en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil; y con la finalidad compensatoria que pretende el precepto. No obstante lo cual, debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que entro en vigor el 1 de julio de 2004, recoge una importante reforma en el régimen sancionador tributario, estableciendo en su artículo 10.2 que "2. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento. No obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado." y en su disposición transitoria cuarta "1. Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado". En el presente caso, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... ya ha adaptado las sanciones teniendo en cuenta la normativa más favorable.
QUINTO: En cuanto a los intereses de demora los mismos son componentes de la deuda tributaria al amparo del artículo 58 de la Ley General Tributaria y por ende derivables, tal y como viene señalando este Tribunal Económico-Administrativo Central. En cuanto a los recargos de apremio los mismos no le han sido derivados en el acuerdo de declaración de responsabilidad, y ante el impago de las deudas en el plazo concedido en voluntaria en el referido acuerdo se emitieron las correspondientes providencias de apremio por las liquidaciones que son conformes a Derecho al no concurrir ninguno de los motivos de oposición al apremio establecidos en el artículo 138 de la Ley General Tributaria de 1963 redactado por la Ley 25/1995.
Sentencia Administrativo Nº 145/2007, TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 98/2004, 13-02-2007
Orden: Administrativo Fecha: 13/02/2007 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Robledo Peña, Antonio Num. Sentencia: 145/2007 Num. Recurso: 98/2004
Sentencia Administrativo Nº 1021/2007, TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 198/2005, 11-07-2007
Orden: Administrativo Fecha: 11/07/2007 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Robledo Peña, Antonio Num. Sentencia: 1021/2007 Num. Recurso: 198/2005
Sentencia Administrativo Nº 678/2006, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 547/2002, 22-06-2006
Orden: Administrativo Fecha: 22/06/2006 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Castillo Solsona, Maria Mercedes Num. Sentencia: 678/2006 Num. Recurso: 547/2002
Resolución de TEAC, 00/2740/2003, 15-12-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 15/12/2004 Núm. Resolución: 00/2740/2003
Resolución de TEAC, 00/3631/2003, 15-12-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 15/12/2004 Núm. Resolución: 00/3631/2003

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 artículo 37
 artículo 66
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 artículo 58
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