Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-caso-ortiz-hernndez-y.html?page=5
Timestamp: 2019-08-25 16:43:35+00:00

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A.1 Argumentos sobre el derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención Americana)
B.1 El derecho a la vida y a la integridad personal
B.2 El derecho a la vida y a la integridad personal en el contexto militar
B.4 Conclusión
La Comisión sostuvo que, ante el incumplimiento de las reglas sobre el plan de operación y emergencias, así como el uso de armamento y municiones para el I Curso Antisubversivo, las circunstancias particulares del caso se enmarcan en un contexto en el cual las propias autoridades militares crearon el riesgo y no implementaron las protecciones requeridas por los lineamientos del curso mismo, con la consecuencia directa en la muerte de la presunta víctima. La Comisión remarcó que el sistema de vida, disciplina y sanciones de Johan Alexis estaba enteramente a cargo del Estado, que se encontraba bajo la autoridad y control de los efectivos militares que controlaban el ejercicio, por lo tanto, el Estado tenía un deber reforzado de protección y garantía de sus derechos. Asimismo, resaltó que el derecho a la vida no sólo obliga al Estado de abstenerse de violar este derecho de manera intencional o ilegal, sino “también se extiende en las circunstancias apropiadas [a] una obligación positiva de las autoridades a tomar medidas operacionales preventivas para proteger a una persona cuya vida está en riesgo”. En ese sentido, la Comisión resaltó que no existe en el expediente una explicación o justificación de la necesidad del uso de fuerza letal y el fin que perseguía el Estado al exponer la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández a una situación de riesgo evitable y respecto a la cual no se tomaron las medidas apropiadas para garantizar este derecho. Por ello, frente a la existencia de una posible privación arbitraria del derecho a la vida, correspondía al Estado la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva que permitiera mediante una determinación judicial, esclarecer las circunstancias que condujeron a la muerte de la presunta víctima bajo este contexto. Agregó que no contaba con elementos adicionales para resolver la controversia sobre si Johan Alexis fue herido o no en “la conejera”, pero más allá de este debate, la Comisión encontró suficientemente acreditado que los funcionarios militares actuaron al margen del marco establecido para el uso de la fuerza en el contexto del caso, ejerciéndola además en condiciones de alto riesgo para la vida de la presunta víctima generadas por su propio actuar negligente. Adicionalmente, alegó que está suficientemente probado que, pese a esta situación de riesgo real para la vida de la presunta víctima, los agentes estatales no adoptaron las medidas necesarias para protegerlo en caso de cualquier emergencia y sostuvo que la investigación adelantada por el Estado tampoco ha permitido esclarecer las circunstancias y responsabilidades relacionadas con su muerte de manera fehaciente e integral. En consecuencia, la Comisión consideró que el Estado es responsable por la violación del artículo 4.1 de la Convención en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández.
Las representantes argumentaron que el Estado omitió su deber de prevención, al no aplicar todas aquellas medidas de carácter jurídico y administrativo necesarias para salvaguardar el derecho a la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández en el marco del entrenamiento militar. Sostuvieron que el Estado vulneró su deber de prevención, ya que permitió que Johan Alexis participara en el I Curso Antisubversivo, como práctica de último nivel para la formación de Guardias Nacionales, sin que hubiera recibido éste, sus demás compañeros alumnos y los instructores de la ESGUARNAC, la preparación oportuna, necesaria y suficiente para llevarlo a cabo. Además, consideraron que el Estado incurrió en la vulneración arbitraria de la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández. Al respecto, concluyeron que “[su] fallecimiento […] durante una práctica de formación militar, de alto riesgo, dentro de la Escuela de Formación de Cordero (ESGUARNAC), utilizando balas reales, sin haber tomado sus autoridades, las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida, al no contar con personal experimentado, ni suficiente, así como por no haber llevado a cabo una investigación completa, oportuna y efectiva”, generó la violación del artículo 4.1 de la Convención.
El Estado no se pronunció sobre la dinámica de actividades en las prácticas de fogueo, y únicamente sostuvo que la presunta víctima “desafortunadamente recibió dos impactos al pasar por un obstáculo militar llamado ‘la conejera´”. Sin embargo, durante la audiencia pública, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en perjuicio del joven Johan Alexis Ortiz Hernández. Resaltó que “[s]e trata de una muerte arbitraria, lamentable y, sobre todo, completamente injustificada”. En particular, señaló que el Estado venezolano considera inaceptable que las autoridades de la época, hayan desatendido las regulaciones existentes para el desarrollo de este tipo de prácticas militares, incrementando ilegítimamente el riesgo, que de por sí caracteriza a los ejercicios de esta naturaleza.
A.2 Argumentos sobre el derecho a la integridad personal en relación con la atención en salud (artículo 5.1 de la Convención Americana)
La Comisión resaltó la relación que tiene el derecho a la integridad personal con la atención en salud. En esta línea, señaló el hecho de que no se contara con personal médico especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención médica mientras era trasladado hasta un centro asistencial, elementos requeridos según el instructivo, y que para la Comisión constituyeron omisiones que resultan directamente atribuibles al Estado. Destacó que tales omisiones fueron de especial gravedad en las circunstancias y el lugar alejado donde se desarrolló la práctica, pues fueron elementos que en su conjunto disminuyeron las posibilidades que tuvo el joven Johan Alexis de sobrevivir a las heridas de arma de fuego. Por esta razón, la Comisión consideró razonable inferir que la presunta víctima padeció en esos instantes profundo dolor, angustia y sufrimiento, y esto constituyó en sí misma una afectación a su integridad física, psíquica y moral. Por lo tanto, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de Ortiz Hernández.
Las representantes alegaron que Johan Alexis Ortiz Hernández no recibió la atención médica oportuna y adecuada para tratar su estado delicado de salud e impedir su deceso, ya que en el centro asistencial de El Piñal, no existían los equipos médicos y personal especializado para atender su cuadro clínico, todo ello en razón de que la ESGUARNAC no aplicó las exigencias de medidas de seguridad ante emergencias, tales como tener disponible una ambulancia o transporte aéreo para trasladarlo al Hospital Central de San Cristóbal.
El Estado manifestó que Johan Alexis Ortiz Hernández fue auxiliado por el instructor del ejercicio y otro funcionario que fungía como enfermero y lo trasladaron de inmediato en un vehículo militar al Hospital.
La Corte procederá a examinar la cuestión acerca de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández. Para ello, la Corte dividirá su análisis del siguiente modo: primeramente, se referirá a los criterios jurisprudenciales desarrollados en torno a los derechos referidos, para luego especificar su aplicación en el contexto concreto de este caso, esto es, el contexto militar. Posteriormente, la Corte determinará los alcances de la eventual responsabilidad del Estado a la luz de sus obligaciones internacionales.
Este Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos3. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)4, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción5.
En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas6.
Por otro lado, la Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y […] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”7.
Ahora bien, el artículo 4.1 de la Convención Americana dispone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, no cualquier privación de la vida será reputada como contraria a la Convención, sino solo aquella que se hubiera producido de manera arbitraria, por ejemplo por ser producto de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada8.
Si bien en casos anteriores la Corte ha establecido criterios para el análisis del uso de la fuerza9, lo cierto es que también ha afirmado que la evaluación sobre el uso de la fuerza debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos10. En el presente caso, la Corte estima que el aspecto relevante que determina el alcance de las obligaciones estatales en torno a los derechos a la vida y a la integridad personal constituye la especial situación de sujeción en que se encontraba Johan Alexis Ortiz Hernández al formar parte de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales (ESGUARNAC). Por ello, la Corte considera que dichas obligaciones deben interpretarse en las circunstancias y el contexto específico en que se desarrollaron los hechos, esto es, en el marco de una práctica o entrenamiento militar de un aspirante a la Guardia Nacional11 y no en el marco de los estándares sobre el uso de la fuerza que han sido desarrollados para otro tipo de circunstancias.
Sobre este punto, la Corte ya ha sostenido que los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo acuartelado se encuentran frente a una especial situación de sujeción, lo cual a su vez impone al Estado actuar con un especial cuidado por encontrarse en una posición de garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen, sin ningún tipo de distinciones por la forma en que se hayan incorporado a las fuerzas armadas o por su rango dentro de la estructura jerarquizada12.
Si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros. En esta línea, la Corte considera que recae sobre el Estado el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar13.
Así, la Corte ha interpretado que, en relación con esas personas en especial situación de sujeción, el Estado tiene el deber de: i) salvaguardar la salud y el bienestar de los militares en servicio activo; ii) garantizar que la manera y el método de entrenamiento no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a esa condición, y iii) proveer una explicación satisfactoria y convincente sobre las afectaciones a la salud y a la vida que presenten las personas que se encuentran en una especial situación de sujeción en el ámbito militar, sea que se encuentran prestando servicio militar de forma voluntaria u obligatoria, o que se hayan incorporado a las fuerzas armadas en carácter de cadetes u ostentando un grado en la escala jerárquica militar. En consecuencia procede la presunción de considerar responsable al Estado por las afectaciones a la integridad personal y a la vida que sufre una persona que ha estado bajo autoridad y control de funcionarios estatales14, como aquellos que participan en la instrucción o escuela militar.
B.3 La atribución de responsabilidad por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal en el caso en concreto
Ahora bien, la atribución de responsabilidad al Estado por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández en este caso se refleja en tres planos, de acuerdo con lo alegado. Un primer plano, es el de la regulación y ejecución de la práctica o entrenamiento militar de la “cancha anti-subversiva”, en particular en lo relativo a la utilización de balas de fogueo y/o balas reales. El segundo, corresponde a la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad para proteger el derecho a la integridad personal y a la vida, incluyendo la previsión y provisión de atención médica oportuna y adecuada. El tercero, es el atinente al carácter arbitrario de la muerte y la plausibilidad de las hipótesis planteadas sobre cómo sucedieron los hechos. Por lo tanto, de conformidad con lo alegado por las partes y el reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte analizará las condiciones bajo las cuales los hechos de este caso pueden ser atribuidos al Estado y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional derivada de la alegada violación de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
i) La regulación, planificación y puesta en práctica del entrenamiento
Sobre este aspecto, la cuestión central que ha sido abordada por la Comisión como por las representantes radica en el hecho de que la orden de operaciones del curso establecía, según su entendimiento, el uso de “cartuchos de fogueo” dentro del material específico de la práctica y que, a pesar de ello, en la ejecución de la misma se utilizaron municiones reales. En particular, la Comisión sostuvo que el instructivo contenía una descripción de los diferentes ejercicios a realizar, uno de ellos denominado “cancha de infiltración” que constaba de nueve situaciones u obstáculos. Según la Comisión, se indicaría dentro del material requerido para esta práctica el uso de “cuatro mil quintos (4.500) cartuchos de fogueo” y, conforme a su entender, no se podrían utilizar balas reales en los entrenamientos.
El artículo 4 de la Convención prescribe no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente (supra párrs. 100 y 103), sino que garantiza, además, el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida15. En este sentido, la Corte ha establecido que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre16.
La Corte nota que, tal como fue expuesto previamente (supra párrs. 55 a 62), el diseño del ejercicio denominado “cancha anti-subversiva” estaba previsto y contenido en la Orden de Operaciones. Allí se establecía la planeación estructurada de los diferentes obstáculos que iban a pasar los alumnos, incluyendo los elementos que se iban a utilizar; la disposición de un servicio de sanidad de primer contacto; la evacuación por medio de una ambulancia, y las medidas de seguridad. El objetivo del ejercicio consistía en simular operaciones de combate contra la guerrilla (supra párr. 56) para personas que se encontraban en una etapa de formación y aspiraban a convertirse en Guardias Nacionales.
Al respecto, la Corte nota que, si bien la recreación de condiciones similares a las que podrían enfrentarse en razón de las funciones que le son propias, de acuerdo a la misión encomendada a las fuerzas militares, pueden ser legítimas a fin de que el entrenamiento militar se realice en condiciones que se acerquen, en la mayor medida de lo posible, a situaciones de la realidad, tales condiciones no pueden generar riesgos excesivos sobre la vida e integridad de las personas17.
En efecto, según señaló la perita Elizabeth Salmón:
[…] debe tomarse en cuenta que si bien el entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas tiene que ser lo más similar a una circunstancia real que pueden enfrentar, este requerimiento debe ser compatibilizado con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. En consecuencia, considerando que no es posible establecer limitaciones al derecho a la vida y a la integridad, el entrenamiento deberá garantizar condiciones tales que no pongan en riesgo estos derechos18.
De igual forma, el perito Maurice Larée Quevedo indicó que, si bien el uso de una ametralladora durante una determinada instrucción obedece a la intención de generar mayor realismo a la instrucción de combate militar, éste debe circunscribirse a las medidas de seguridad que demanda la debida protección de la integridad física de los alumnos19.
Sobre este aspecto, la Corte estima que los Estados tienen la facultad de regular y disponer la forma apropiada en que se llevará a cabo la formación y entrenamiento de sus fuerzas de seguridad, siempre que se encuentre en el marco de los límites establecidos en los párrafos precedentes.
En relación con la munición a emplear específicamente en el ejercicio denominado “cancha anti-subversiva” en el marco del cual el joven Ortiz Hernández resultó herido, es preciso notar que la Orden de Operaciones efectivamente contenía disposiciones según las cuales el uso de armas debía estar ceñido estrictamente a lo establecido en el reglamento y las normas jurídicas que regulan su uso. Sin embargo, la Corte advierte que la Orden de Operaciones con la que cuenta no especificaba de forma expresa el tipo de munición o bala que debía utilizarse en el referido entrenamiento (supra párr. 58). La Corte reconoce que existen indicios de que dicha orden podría haber sido modificada o alterada en ese punto20, lo que cual no ha sido esclarecido en la investigación interna. Tampoco ha sido dilucidado quién, en su caso, ordenó que se emplearan balas reales21. Más allá de lo anterior, lo cierto es que en la puesta en práctica del ejercicio de la “cancha anti-subversiva” se realizaba el disparo de ráfagas de proyectiles con fuego real proveniente de una ametralladora AFAG, calibre 7,62 mm, como medida de hostigamiento, mientras los alumnos pasaban por el obstáculo N° 5 (supra párr. 57) y que el Estado reconoció que las autoridades de las fuerzas de seguridad deben ejercer una máxima vigilancia y precaución en el diseño de estos ejercicios, lo que no habría sucedido en este caso.
Aun cuando en los hechos se diese la hipótesis de un homicidio doloso extraño a la práctica con proyectiles reales, no puede negarse en modo alguno la existencia de un deber especial de cuidado por parte del Estado cuando provee armas de fuego o en el marco de contextos que pueden dar ocasión a la comisión u ocultamiento de delitos dolosos, como por ejemplo dentro de establecimientos castrenses o en el transcurso de prácticas militares.
Por lo tanto, atendiendo al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte concluye que Venezuela incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en tanto no adoptó las medidas de seguridad necesarias a fin de garantizar la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández en el marco de su formación como miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
ii) La atención médica oportuna y adecuada
La Corte ha afirmado que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana22 y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención23. Así, la Corte estima que, entre las medidas de seguridad que es preciso adoptar en el marco de los procesos de formación de las fuerzas militares, se encuentra la de contar con atención médica adecuada y de calidad en el transcurso de los entrenamientos militares, ya sea dentro de los cuarteles o en el exterior, incluyendo la asistencia médica de emergencia y especializada que se considere pertinente24.
La Corte recuerda que la Orden de Operaciones establecía que, durante la realización del curso, debía contarse con las siguientes previsiones: a) ambulancia administrativa; b) ambulancia coordinada con el Sistema Integral Médico Asistencial (SIMA), Defensa Civil del estado de Táchira, para los ejercicios de mayor riesgo; c) cualquier otro medio con que se cuente para el momento de la emergencia; d) puesto de Socorro del Campamento; e) enfermería del Destacamento N° 19 de Comandos Rurales; f) Hospital Militar; g) Hospital de El Piñal25.
Sin embargo, la Corte nota que, de la prueba obrante en el expediente, surge que no se contaba en el transcurso del entrenamiento con la presencia de un profesional médico, como había sido previsto, y que el señor Ortiz Hernández no recibió ningún tipo de tratamiento médico en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos26. Asimismo, la ambulancia no se encontraba en las instalaciones del Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales de Caño Negro debido a la irregularidad del terreno, de modo tal que Johan Alexis Ortiz Hernández fue trasladado al Hospital San Rafael de El Piñal en un vehículo militar (supra párr. 68).
Sobre este primer momento, que abarca desde que Johan Alexis Ortiz Hernández fue impactado con arma de fuego hasta que fue recibido en el Hospital San Rafael de El Piñal, es preciso destacar dos cuestiones que podrían haber tenido consecuencias en su estado de salud. Por un lado, la falta de certeza sobre el tiempo que transcurrió entre que Ortiz Hernández fue herido y que se dispuso su traslado al nosocomio, pudiendo haber transcurrido incluso un lapso de una hora. Por el otro lado, la falta de presencia de un profesional médico que podría haber estabilizado la condición de salud del paciente a través de los primeros auxilios requeridos. En efecto, según lo señalado por la perita médica legista, María del Carmen Bravo González, “[s]e puede inferir que desde ocurrido el hecho traumático […] hasta el momento de la atención de urgencia en el Hospital El Piñal, transcurrió un tiempo suficiente como para presentar al ingreso ya un estado de shock hipovolémico avanzado, sin respuestas a las medidas básicas otorgadas en un [h]ospital de baja complejidad y capacidad resolutiva”27. De este modo, la Corte nota que, debido a que no recibió los primeros auxilios requeridos, Johan Alexis Ortiz Hernández llegó al Hospital San Rafael de El Piñal con un estado de salud comprometido.
Adicionalmente, es preciso advertir que el nosocomio al que fue trasladado Johan Alexis, esto es al Hospital San Rafael de El Piñal, no era de alta complejidad como se requería y, por tanto, no contaba con capacidad para realizar reanimación y eventual manejo quirúrgico de las lesiones que causaban un riesgo a su vida28. En suma, dicho establecimiento no estaba preparado para los requerimientos de salud que presentaba en atención a las heridas de arma de fuego recibidas29. Sobre el particular, la prueba es conteste en indicar que se trataba de un hospital de primer grado, que no contaba con los espacios e insumos necesarios para brindar una atención en salud adecuada respecto a su condición de salud y a las lesiones que presentaba. De hecho, la médica de guardia solicitó su traslado al Hospital Central de San Cristóbal, lo cual no pudo concretarse toda vez que cuando llegaron los medios de transporte requeridos, esto es un helicóptero y una ambulancia del SIMA, ya se había producido el deceso30.
Sobre este aspecto, la perita Bravo González señaló que las lesiones por arma de fuego en tórax son potencialmente mortales si la persona no recibe una adecuada y oportuna atención por personal especializado. El tratamiento debe iniciarse en el lugar donde ocurre el evento traumático y debe ocurrir su traslado inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad y resolución ante la eventualidad de requerir tratamiento quirúrgico31. En el presente caso nada de ello ocurrió, ya que Johan Alexis Ortiz Hernández no recibió adecuada y oportuna atención por personal médico especializado, lo cual podría haber eventualmente salvado su vida.
Aunado a la falta de atención médica oportuna y adecuada, la Corte estima que la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández fue precedida por una violación de su derecho a la integridad personal, física como psicológica, en tanto de la prueba recolectada, es posible colegir que la víctima efectivamente sufrió un profundo temor y angustia desde el momento en que fue herido hasta su deceso, al evidenciarse que tomó conciencia de que los hechos que acontecían lo conducirían a su eventual muerte32. Ello se desprende de las propias declaraciones de la médica de guardia y las enfermeras, quienes señalaron que Ortiz Hernández solicitó que lo comunicaran con su madre, que “la quería ver ya que iba a morir”, tal como efectivamente ocurrió33.
En definitiva, la Corte nota que la atención médica que debió proporcionarse al señor Ortiz Hernández no fue oportuna ni adecuada para evitar su muerte, lo cual compromete la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de Johan Alexis Ortiz Hernández, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
iii) La privación arbitraria de la vida
La Corte recuerda que el presente caso se vincula con la muerte de un alumno de una fuerza de seguridad estatal, producida en el marco de una práctica de formación. Es decir, que se trata de analizar la responsabilidad internacional del Estado respecto de la muerte de una persona que se encontraba bajo su custodia o en una especial situación de sujeción. Es precisamente por esta situación especial de custodia que el Estado no sólo tiene el deber de prevenir cualquier circunstancia que pueda vulnerar los derechos de las personas que están sujetas a él, sino que ante una efectiva afectación -como la analizada en el presente caso- debe proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido y, en consecuencia, garantizar el desarrollo de una investigación con la debida diligencia que permita esclarecer la verdad de lo acontecido34.
Tal como fue resaltado anteriormente (supra párr. 14), el Estado reconoció su responsabilidad por la muerte arbitraria de Johan Alexis Ortiz Hernández. No obstante, las circunstancias en que se produjo la muerte violenta de Ortiz Hernández es una cuestión que permanece controvertida a nivel interno, ya que desde un comienzo se manejaron diferentes versiones de los hechos ocurridos en las instalaciones en donde tuvo lugar la práctica denominada “cancha anti-subversiva” y los tribunales internos no han proferido una decisión final en el proceso penal mediante la cual se esclarezca cómo sucedieron los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Por otra parte, ante esta Corte, se han expuesto varias hipótesis sobre la autoría de la privación de la vida del señor Ortiz Hernández. Si bien “corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares”35, es claro que, en el presente caso, la investigación iniciada debía ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma36, teniendo en cuenta que la muerte se produjo bajo la custodia del Estado y que éste guarda el control sobre los medios probatorios. En particular, la Corte considera de importancia destacar que los órganos encargados de conducir la investigación, tanto en la jurisdicción militar como en la ordinaria, se apegaron en su línea investigativa a la versión rendida por las autoridades de la Guardia Nacional desde el primer momento, que señalaban que lo ocurrido fue un “trágico accidente”37, sin descartar otra hipótesis sustentada en diversos medios de prueba. En este sentido, si bien la Corte no es un tribunal en el que pueda determinarse la responsabilidad penal de los individuos38, es necesario analizar la plausibilidad de los elementos que apuntan a que la muerte pudo haber sido causada por la acción de un arma corta y eventualmente de un homicidio doloso, y no sólo por no haber adoptado las medidas de seguridad y prevención requeridas en el manejo de la ametralladora AFAG.
A diferencia de la versión oficial mantenida hasta la acusación formulada por el Ministerio Público en la jurisdicción ordinaria, que indica que fue que uno de los proyectiles disparados por la ametralladora AFAG, calibre 7,62 mm, el que habría impactado contra un objeto de igual o mayor cohesión molecular, lo que originó la fragmentación de la bala, siendo dichos fragmentos los que en definitiva impactaron en la humanidad de Johan Alexis39, las pruebas y experticias recibidas ante esta Corte muestran una hipótesis distinta de lo acontecido con Ortiz Hernández. En efecto, los elementos de prueba sugieren que se trató de dos heridas provocadas por proyectiles enteros provenientes de un arma corta.
Como sustento de ello, cabe señalar en primer lugar el acta de la autopsia del cadáver de Johan Alexis, según el cual las heridas que presentaba poseían orificios de entrada “redondeados” y no existían orificios de salida40. Asimismo, la propia médica forense que participó en dicha diligencia, Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, afirmó que lo que impactó en el cuerpo del señor Ortiz Hernández fueron dos proyectiles “completos” y señaló que pudo verificar en la parte interna del cuerpo que del orificio continuaba completamente un túnel limpio41. Ante esta Corte, reafirmó sus conclusiones al sostener que, “[d]e acuerdo con lo que se explica en la literatura y lo que nosotros tenemos como experiencia de los casos practicados, las heridas redondeadas en ojal son provocadas por proyectiles completos”42, concluyendo que “[h]asta el día de hoy me atrevo a asegurar que es una herida por arma de fuego de tipo corta”43. En este sentido, la perita aclaró que si se tratara de un arma de fuego de alta potencia, al ser disparada a gran distancia, generalmente las entradas serían puntiformes y las salidas boquetes amplios. Así, mientras más cerca se encuentre el arma de alta potencia, el orificio de entrada ya no será un punto sino que será un boquete, y en la salida se constatará un boquete más amplio44.
Además, uno de los profesionales intervinientes en el acto de exhumación del cadáver que tuvo lugar el 7 de mayo de 1998, al prestar declaración testimonial ante el Juzgado Militar remarcó, por un lado, que el orificio corroborado en el cadáver del señor Ortiz Hernández era circular y, por otro, que una esquirla de un proyectil deja una trayectoria completamente diferente a un proyectil completo. Pero, además, agregó que el orificio en cuestión pertenecía a un proyectil de pequeño calibre, que no se corresponde con el producido por un arma del calibre de la ametralladora AFAG señalada45.
En igual sentido, puede destacarse la declaración prestada el 8 de junio de 1998 por un funcionario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, quien en relación con la trayectoria balística afirmó que:
[existen] dos posibles alternativas[,] que el proyectil que ocasionó las heridas haya sido disparado por la AFAG cuestionada sufriendo colisión contra un cuerpo de mayor cohesión molecular para fragmentarse, desviar su trayectoria e impactar contra la humanidad del ciudadano antes referido y la segunda posible alternativa es que los fragmentos extraídos del cadáver del ciudadano antes referido formen parte de un proyectil calibre 7,62 que no haya sido disparado por la AFAG cuestionada, es decir que el disparo se haya realizado con otra arma de fuego del mismo calibre y de otra posición diferente a la ubicación regular de la AFAG que se utilizaba para la práctica del ejercicio46.
En esta misma línea, la perita médica legista señaló ante esta Corte que “[l]as características macroscópicas de las heridas descritas en región medio clavicular y hombro derecho son compatibles con orificios de entrada de dos proyectiles balísticos completos, ya que se consignan lesiones redondeadas, rodeados de un halo excoriativo e infiltración sanguínea, caracteres constantes en un orificio de entrada por arma de fuego”47. Asimismo, agregó que “[l]a trayectoria de un proyectil termina en plano muscular, sin daño ósea; el otro proyectil luego de su trayecto a nivel pulmonar termina en el incrustado en el sexto arco costal, ambos, sin salida de proyectil, por lo tanto sin mucho daño expansivo intracorpóreo, lo que orienta a pensar en un proyectil que no presentaba alta velocidad”48. De lo anterior, la perita concluyó que “se puede inferir que las lesiones presentadas por Johan Alexis Ortiz Hernández son mejor explicadas por dos proyectiles balísticos completos (no fragmentados y/o deformados) y de baja energía, eventualmente por arma corta”49.
De igual forma, el perito experto en el uso de armas de guerra e instrucción militar, Maurice Larée Quevedo, afirmó ante esta Corte que “[d]efinitivamente la trayectoria de los disparos que impactaron en el cuerpo de Johan Alexis Ortiz no corresponde a la ametralladora AFAG 7,62 mm”, sino que corresponde a un arma corta50. Dicha conclusión se basó en los siguientes aspectos: i) la ametralladora se ubicaba al costado sur de la cancha, lo que implica que disparaba hacia el norte; ii) la cancha se ubicaba de este a oeste y era pasada por los alumnos en dirección oeste, de modo tal que el costado izquierdo de Johan Alexis quedaba expuesto a la trayectoria de los disparos de la ametralladora; iii) la trayectoria de la ametralladora no pudo causar las dos heridas que presentaba el cuerpo de Johan Alexis, dado que las mismas se encontraban en el costado superior derecho de su cuerpo, parte corporal que de acuerdo a la dirección de avance, como de su posición decúbito ventral (arrastre), quedaba a cubierto de la trayectoria de los proyectiles; iv) para que ocurriera la fragmentación de la munición calibre 7,62 mm de la ametralladora debería haber impactado con un cuerpo de mayor solidez que no fuera perforado, de modo tal que la munición se hubiera deformado y, por tanto, las heridas de entrada en el cuerpo humano serían de forma irregular y su trayectoria al interior del cuerpo no presentaría las características de tubos o canales que genera un proyectil entero; v) las heridas en el cuerpo de Johan Alexis no presentaban las características propias de impactos de ametralladoras, toda vez que internamente podían visualizarse los tubos o canales propios de disparos de un arma corta, y vi) dada la mínima distancia entre la ametralladora y el cuerpo de Johan Alexis, de haber sido la ametralladora la que causó las heridas, éstas hubieran sido de grandes proporciones debido a la velocidad de los disparos y la fuerza del impacto, determinando la existencia de heridas de salida del proyectil con un orificio explosivo muy grande51.
En definitiva, y más allá de determinar a quién corresponde responder penalmente por los hechos, lo cierto es que el Estado no presentó ante este Tribunal avances en la investigación iniciada por sus autoridades que permitieran desvirtuar la hipótesis sobre la muerte violenta del señor Ortiz Hernández a causa de dos proyectiles enteros de arma corta. En efecto, como será analizado posteriormente (infra párr. 169), las autoridades internas no han dirigido su investigación a fin de confirmar o desvirtuar la hipótesis relativa al arma corta. Así, transcurridos más de 19 años desde la muerte violenta del señor Ortiz Hernández, el Estado ha permitido que hasta ahora sea imposible determinar las responsabilidades individuales correspondientes, por lo que la Corte considera que concluir lo contrario implicaría que el Estado pudiera ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad por la violación del deber de respeto que mandata la prohibición de privar de la vida arbitrariamente a una persona, de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención Americana.
Todo lo anterior permite a esta Corte concluir que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la privación arbitraria de la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández, en violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
En virtud de las consideraciones precedentes y del reconocimiento de responsabilidad efectuado por Venezuela, la Corte concluye que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández.
derechoS a las garantías judiciales1 y protección judicial2 RESPECTO de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno3
A. Argumentos de las partes y de la Comisión

References: artículo 4
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 artículo 5
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 resolución 
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