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Timestamp: 2019-03-23 02:40:19+00:00

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Tramitación conjunta de los siguientes informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas: sobre las subvenciones y ayudas del sector público autonómico de Aragón, correspondiente al ejercicio económico de 2011, y sobre las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, correspondiente al ejercicio económico de 2011.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 169 de Serie A (VIII Legislatura)
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos días, señorías.
Damos comienzo a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del día de hoy [a las diez horas y treinta minutos].
Dejamos el punto uno del orden del día para el final de la comisión, como viene siendo habitual, y damos comienzo a la tramitación del punto dos del orden del día, no sin antes dar la bienvenida a los miembros de la Cámara de Cuentas y personal que les acompaña.
Punto dos, como decía, del orden del día: tramitación conjunta de los siguientes informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas: sobre subvenciones y ayudas del sector público autonómico de Aragón, correspondiente al ejercicio económico del 2011, y sobre las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, correspondiente al ejercicio económico del 2011.
Comienza la tramitación con la intervención del presidente de la Cámara de Cuentas y del señor Peña para la presentación de los citados informes por un tiempo de veinte minutos. Recoge, como verán, el orden del día un tiempo de treinta minutos, pero era con el orden del día inicial, cuando teníamos prevista la presentación de tres informes —uno de ellos se ha pospuesto—. Por lo tanto, disponen, señor Laguarta y señor Peña, de un tiempo de veinte minutos. Les ruego que se ciñan lo máximo posible a los tiempos porque después continuaremos aquí con el debate de las propuestas de resolución.
Cuando quieran, tienen la palabra.
Comparezco atendiendo al requerimiento que se me ha realizado para presentar ante esta Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario los dos informes que figuran en el orden del día y que acaba de anunciar la señora presidenta.
Está conmigo en la mesa el consejero y vicepresidente de la Cámara de Cuentas, don Alfonso Peña Ochoa, en su calidad de consejero responsable del segundo de los dos informes, el elaborado sobre las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, como viene siendo práctica habitual de esta Cámara de Cuentas.
Vamos a exponer sucesivamente cada uno de los dos informes.
El informe de subvenciones, por contraerme a las fechas, fue aprobado por el consejo de la Cámara el 7 de noviembre del año pasado, del trece, y fue remitido a las Cortes de Aragón el día 19 del mismo mes de noviembre, así como al Gobierno de Aragón como entidad fiscalizada y al Tribunal de Cuentas, como es preceptivo.
El informe de fiscalización de subvenciones y ayudas es una parte desgajada del informe de la cuenta general sobre el año 2011. La cuenta general de la comunidad autónoma, de siempre, es comprensiva de toda la actividad realizada por la comunidad autónoma en el año al que se refiere, y los informes de fiscalización, los realizados tradicionalmente por el Tribunal de Cuentas, incluso por la propia Cámara de Cuentas, el primero que realizó, sobre el 2010, se han referido a todo el contenido, a toda la cuenta en general y todas sus operaciones subyacentes. Sin embargo, para este año, 2011, nos pareció que era un año muy oportuno para separar y profundizar en determinadas materias aparte del informe de la cuenta general, de manera que presentamos un informe general, como siempre se había hecho, sobre la cuenta relativa al año 2011, y fue el que debatimos, el que presentamos en esta comisión hace unos días —y anteriormente había sido presentado ante el Pleno de las Cortes—, pero, además de ese informe de cuenta general, separamos por materias otros tres informes: uno de ellos es el de subvenciones, que se refiere al contenido de los capítulos del presupuesto de gasto IV, de trasferencias corrientes, y VII, de transferencias de capital, donde se engloban genéricamente transferencias, subvenciones y ayudas públicas, que es el informe que estamos presentando ahora; otro informe separado, que está previsto, según acaba de anunciarme la presidenta de la comisión, que sea presentado dentro de dos semanas aquí mismo, referido a la contratación, es decir, una buena parte del capítulo II, gastos corrientes, y del capítulo VI, de inversiones reales; y finalmente hay otro informe que en este momento está en trámite de alegaciones, y esperamos las alegaciones del Gobierno de Aragón para presentar el informe definitivo, relativo a los gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, es decir, los capítulos I y II del presupuesto. De manera que hemos querido presentar desde la Cámara de Cuentas una radiografía específica y en mayor profundidad de prácticamente todo el presupuesto de gastos de la comunidad autónoma.
Esto nos ha supuesto un gran esfuerzo de dedicación que pienso que difícilmente, con los medios que tenemos, pueda repetirse en otros años, salvo que las Cortes nos indiquen que es su prioridad; y, naturalmente, si las Cortes nos dice que lo hagamos, lo seguiremos repitiendo de esta manera, aunque repito que sería en detrimento de no hacer otros informes; pero eso es una decisión que..., desde luego, las prioridades nos las tiene que marcar las Cortes, y en la dinámica que llevamos en la Cámara de Cuentas solo se ha hecho respecto a este año 2011, y para el doce y el trece nuestra intención es presentar en un informe único tanto la cuenta como todas sus operaciones subyacentes. Repito, sin ninguna predisposición ni a favor ni en contra en otro sentido. Y, si la Cámara legislativa nos ordena lo contrario, nosotros encantados, con los medios que disponemos, de atacar lo que sea más útil a sus señorías.
Este informe presenta una estructura similar a la que venimos presentando en los informes anteriores. Es decir, hay, en primer lugar, un capítulo, que hemos llamado introducción, que es más que introducción, porque concreta el marco normativo que hemos aplicado, los objetivos que se pretenden con este informe, el alcance —hasta dónde hemos llegado—, las limitaciones...; un segundo capítulo, que se refiere a las conclusiones que hemos sacado la Cámara de Cuentas después de los trabajos de fiscalización y las recomendaciones que hacemos; y un tercer bloque, que es la exposición completa del análisis que hemos realizado de cada una de esas partes.
En este punto querría puntualizar que, aunque el informe se titula «subvenciones y ayudas», como estamos revisando todo el capítulo IV y todo el capítulo VII del presupuesto de gastos, y ahí se denominan genéricamente «transferencias»..., la palabra «transferencias» es bastante más amplia que la de «subvenciones», y, por eso, en el cuerpo del informe nos referimos de una forma expositiva, global y para que sea comprensiva y puedan hacerse comparaciones con datos globales respecto a las transferencias y un análisis más profundo en lo que se refiere a subvenciones.
Estos conceptos son unos conceptos básicos que están extraídos de la Ley general de subvenciones del Estado, que en buena parte de sus artículos tiene carácter de legislación básica y, por tanto, es directamente aplicable en la comunidad autónoma. Pero en la comunidad autónoma —y quiero adelantarlo como primera conclusión— echamos en falta —lo hemos dicho alguna otra vez— que exista una ley propia de subvenciones, porque quedan en el aire muchas materias que no son directamente aplicables; incluso, al revisar y al fiscalizar actos administrativos, hemos visto que se invocan disposiciones hasta derogadas de la comunidad autónoma; otras que... Como Cámara de Cuentas, no nos corresponde pronunciarnos sobre la legalidad de decretos; al fin y al cabo es una norma publicada en el boletín, y nuestra obligación es aplicarla. Pero, si me permiten la opinión, si fuera la jurisdicción contenciosa-administrativa, que es la competente para decir la legalidad o no de un reglamente, dudamos que la aceptara. En definitiva, la primera propuesta y conclusión es que en esta comunidad autónoma hace falta una ley de subvenciones propia de la comunidad autónoma. La Ley general de subvenciones es del año 2003, y desde entonces creo que ha pasado bastante tiempo, ha habido experiencia y demás para que esta comunidad autónoma se dote de su propia ley general de subvenciones, como la hay en otras comunidades autónomas.
Subvenciones entonces son disposiciones dinerarias realizadas por sujetos públicos a favor de personas públicas o privadas —estoy repitiendo el artículo 2 de la Ley de subvenciones— siempre que cumplan tres requisitos: primero, que haya una ausencia de contraprestación directa; segundo, que haya una vinculación al cumplimiento de una determinada actividad o proyecto; y, tercero, que dicha actividad tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social. En estos requisitos —por lo menos en el segundo— se diferencian de lo que son transferencias en general, que transferencias son simplemente aportaciones dinerarias que realiza una Administración pública sin contraprestación. En el caso más concreto, cuando se realizan entre las propias administraciones, serían esas transferencias incondicionadas para financiar comarcas, ayuntamientos o los propios organismos autónomos de la comunidad autónoma, como el Salud, el IASS, etcétera. Convendría delimitar bien estos conceptos y su aplicación.
Es importante también delimitar, en cuanto a las subvenciones, el procedimiento de concesión de las subvenciones. La Ley general de subvenciones, que es básica —repito—, prevé como procedimiento ordinario de concesión de subvenciones la concurrencia competitiva, lo cual supone, primero, sacar una convocatoria en la que se publiquen las bases con los criterios de valoración previamente fijados y, segundo, recibir las solicitudes, compararlas, y, en tercer lugar, adjudicarlas a aquellas que han tenido una mayor valoración. Frente a este procedimiento ordinario está lo que es la concesión directa de subvenciones, que está prevista de forma excepcional en la Ley general de subvenciones, de manera que se da cuando está nominativamente previsto en la Ley de presupuestos (por tanto, está autorizado por una ley), o cuando una norma con rango de ley dispone que se dé, o, excepcionalmente —y dice «excepcionalmente»—, la concesión directa, cuando haya unas razones de interés económico, social o hasta humanitario.
La conclusión general del cumplimiento de legalidad en este informe es que, en general, se ha cumplido con la legalidad, con unas cuantas excepciones que están puestas en las conclusiones y en relación con las cuales hacemos unas recomendaciones.
Queremos resaltar la importancia de las transferencias y subvenciones, que suponen un volumen de mil novecientos noventa y ocho millones de euros, es decir, el 36% del total del presupuesto. Estamos hablando de una cifra considerable como para que merezca la regulación de una ley.
Y quizá por falta de tiempo no me voy a extender más, puesto que en el informe disponen sus señorías de las conclusiones y las recomendaciones. Y voy a pasar el turno de la palabra, el uso de la palabra al señor Peña para que pueda hacer la presentación del informe de la Universidad de Zaragoza, que, a su vez, fue presentado a esta Cámara el 16 de diciembre.
El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (PEÑA OCHOA): Muchas gracias, presidente.
Como siempre, haré un breve resumen de las actuaciones de fiscalización que se han seguido para la elaboración de este informe.
El procedimiento se inició por oficio del presidente de la Cámara de Cuentas notificado al rector de la Universidad de Zaragoza el 25 de marzo del año 2013. El informe provisional de la Cámara se aprobó por el consejo en sesión celebrada el 13 de julio del año 2013, y las actuaciones provisionales se pusieron de manifiesto a la Universidad de Zaragoza para que pudiera formular alegaciones, que se recibieron en la Cámara de Cuentas el 25 de octubre del año trece. De las noventa y seis alegaciones presentadas se admitieron dieciséis, que vienen a representar un 20%, que se incorporaron al informe definitivo, aprobado por el consejo de la Cámara de Cuentas el 4 de diciembre del año 2013.
En este procedimiento de fiscalización han participado siete funcionarios de la Cámara de Cuentas: la directora de Auditoría doña Isabel Linares, que nos acompaña en la sala; el auditor técnico señor Galve, y cuatro auditores ayudantes, las señoras García, Pérez, Campillos, Peña y el señor Bartolo. Los trabajos de campo se realizaron en los meses de abril, mayo y junio de 2013.
Tiene interés informar a la comisión de que, simultáneamente a la realización de esta fiscalización, este mismo equipo ha ejecutado unos trabajos de fiscalización especiales para incorporar a un informe de ámbito estatal que, bajo la dirección del Tribunal de Cuentas, están desarrollando todos los órganos españoles de fiscalización sobre la actuación de las universidades públicas españolas en el período 2008-2012. Este informe se realiza por iniciativa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y pretende dar continuidad al informe sobre universidades que se aprobó en el año 2010, referido al período 2003-2009. En esta fiscalización conjunta, la Cámara de Cuentas de Aragón ha asumido la responsabilidad de ejecutar los trabajos de auditoría correspondientes a la Universidad de Zaragoza y de sustanciar el trámite de alegaciones. Los resultados de estos trabajos se integrarán en el informe general que presente el Tribunal de Cuentas y, además, la Cámara de Cuentas de Aragón aprobará un informe individual y específico sobre los resultados referidos a la Universidad de Zaragoza por el período 2008-2012, tal como se recoge en nuestro programa anual de fiscalizaciones para el ejercicio 2014.
En cuanto al contenido del informe de fiscalización sobre las cuentas anuales del año 2011 de la Universidad de Zaragoza, como siempre hacemos en esta condición, condicionamos esta presentación al tratamiento de los temas que puedan tener más interés para los grupos parlamentarios, pues la opinión de la Cámara de Cuentas ha quedado nítidamente expresada en el informe oficial entregado al Parlamento y publicado en nuestra web.
Solo recordaremos en esta presentación inicial algunas cuestiones básicas del contenido del informe.
La Universidad de Zaragoza, en el ejercicio 2011, sigue siendo la única universidad pública de Aragón. Contó en el ejercicio con treinta y un mil ciento noventa y nueve alumnos, que suponen novecientos setenta y cuatro menos que en el curso 2009-2010.
El presupuesto del año 2011 de la Universidad de Zaragoza ha dado cobertura a una estructura prácticamente idéntica a la que la universidad tenía establecida en el curso anterior en cuanto al número de campus, en cuanto al número de departamentos, que siguen siendo cincuenta y siete; siete institutos de investigación; cinco centros adscritos, y doscientas cuarenta y ocho unidades de planificación, que, como ustedes saben, son los centros de la estructura orgánica del presupuesto de la universidad en los que se materializa la ejecución del presupuesto. Estas doscientas cuarenta y ocho unidades de planificación son tres más que las que la universidad tuvo en el año 2010.
Los gastos presupuestarios totales en términos de obligaciones reconocidas netas ascendieron en el ejercicio 2011 a 290,61 millones de euros, frente a los 298,42 que representaron en 2010, lo que supone una caída de gastos de 2,61 puntos porcentuales. Los ingresos, en términos de derechos reconocidos netos, representan 293,12 millones de euros, frente a los 298,97 de 2010, lo que supone una caída de 1,96 puntos porcentuales. En esta reducción de ingresos influye la fuerte caída de las transferencias corrientes, principalmente las recibidas de la comunidad autónoma, que se compensa con ingresos por operaciones de endeudamiento, endeudamiento que se incrementa en el ejercicio en términos netos en una cuantía de 10,33 millones de euros.
Las transferencias corrientes de la comunidad autónoma a la universidad ascienden en el ejercicio de 2011 a 154,7 millones de euros, y eso significa que se han disminuido en cuatro millones de euros respecto de las recibidas por la universidad en el ejercicio anterior, 2010. Entre las transferencias corrientes, el peso de la transferencia básica se mantiene constante en un valor de 142,21 millones de euros; pero, en el ejercicio 2011, la comunidad autónoma ha suprimido las transferencias correspondientes a los programas del Plan Becario 3 años y al contrato programa de indicadores, lo que ha supuesto, como les decía, una reducción de la transferencia corriente de cuatro millones de euros. Las transferencias de capital de la DGA ascendieron en el ejercicio 2011 a 17,7 millones de euros, incrementándose en 1,7 millones aproximadamente respecto del ejercicio 2011. Estas transferencias corrientes en el ejercicio once ya solo representan el 29,46% del total de las transferencias de capital que recibe la Universidad de Zaragoza y se encuentran por debajo de los ingresos que la universidad obtiene por transferencias de investigación, por lo que conocemos como ingresos de la Oficina de Transferencia de Investigación, que en el ejercicio once supusieron dieciocho millones de euros y el 30% del total del capítulo VII, transferencias de capital.
La comunidad autónoma mantenía a 31 de diciembre de 2011 obligaciones pendientes de pago a la Universidad de Zaragoza por valor de 20 millones de euros (5,6 correspondientes a obligaciones pendientes de pago de la transferencia corriente, 8,76 de transferencias de capital y 5,65 millones correspondientes a obligaciones derivadas de contratos OTRI), lo que influye negativamente, como se pone de manifiesto en el informe, en la tesorería universitaria.
De acuerdo con todo lo anterior, la estructura de la financiación de la Universidad de Zaragoza en el ejercicio 2011 fue la siguiente.
El 19% de los ingresos de la universidad se correspondían con ingresos propios de la gestión universitaria: tasas, precios públicos y otros ingresos. En este ejercicio, este tipo de ingresos se incrementaron un punto porcentual respecto a 2010.
Las transferencias corrientes y de capital representan el 77% del conjunto de la financiación de la Universidad de Zaragoza, un punto menos que lo que representaban en el ejercicio 2011. De estas transferencias, el 10% procede de empresas del sector privado por transferencia de investigación, y el 90% de las transferencias de capital..., su origen es el sector público.
Por último, en el resto de las fuentes de financiación, la Universidad completa sus ingresos con ingresos por endeudamiento, que representan el 4% del total del conjunto de los ingresos.
Los resultados de la fiscalización no voy a detallarlos. En el informe saben ustedes que se analizan en detalle la liquidación presupuestaria y los estados financieros, el endeudamiento y la morosidad en el pago de los acreedores, la organización y gestión, la relación entre efectivos de personal y alumnado, la estructura y evolución de la plantilla, y los gastos de personal. Y, finalmente, hay un apartado específico relativo a la revisión de la gestión de los contratos de obras, servicios y suministros ejecutados por la Universidad en el ejercicio 2011.
Conoce la comisión la opinión de la Cámara de Cuentas. Después de las pruebas y verificaciones efectuadas en los trabajos de fiscalización, hemos concluido que las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza del ejercicio 2011 se han rendido respetando las normas que le son de aplicación en cuanto a plazo, estructura y contenido, y se han presentado de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan de Contabilidad Pública de 1994, que es el que aplica la Universidad.
Estas cuentas reflejan la imagen fiel de la actividad desarrollada y de la situación patrimonial y financiera, excepto por las limitaciones que hemos enumerado en el apartado 1.5 del informe y que conocen sus señorías, y que se refieren, como viene siendo recurrente, a la falta de información sobre coste y rendimiento de los servicios universitarios, al incorrecto tratamiento contable de gastos con financiación afectada y a la ausencia de estudios actuariales sobre los costes asumidos, los pasivos devengados por la Universidad por los premios de jubilación del personal de administración y servicios.
Saben ustedes que, además de los trabajos de comprobación y revisión contable, hemos acometido en el informe un examen —creemos que completo y exhaustivo— sobre el cumplimiento por la universidad de las normas que rigen su actividad económico-financiera, en especial de las correspondientes a los gastos de personal, contratación pública y gestión económico-presupuestaria. Y, después de nuestros trabajos, hemos concluido en este aspecto del cumplimiento de la legalidad que la universidad, en su conjunto y en general, en su actuación se ajusta con carácter general a la normativa legal que regula su actividad, excepto por cuatro salvedades que se describen clarísimamente en el informe, relativas a la gestión de la bolsa de personal interino, a algunas irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos públicos, que identificamos en las conclusiones 35, 37, 39 y 40 del informe.
En el documento, por último, recogemos, como hacemos siempre, una serie de recomendaciones de naturaleza contable y de legalidad que se dirigen a orientar criterios, a orientar a la universidad en la implantación de criterios y mejoras que contribuyan a reforzar y mejorar la gestión y a corregir las deficiencias observadas. En esas recomendaciones, lógicamente, la Cámara de Cuentas ha incluido todas las resoluciones que se aprobaron por esta comisión cuando conoció el contenido del informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza del año 2010.
En cuanto a las recomendaciones, por poner también el acento en la que creemos más importante y más urgente desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas, creemos que es urgente y necesario que la universidad aborde cuanto antes los trabajos, que los tiene muy avanzados, para la implementación definitiva de un sistema de análisis de costes de los servicios de investigación y enseñanza superior. Saben ustedes que desde la promulgación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se ha establecido en norma con rango legal la obligación de que los precios públicos por matrícula en las universidades públicas españolas estén relacionados con los costes por prestación de los servicios, señalando distintos grados de cobertura para las enseñanzas de grado y enseñanzas de máster, por lo que todas las universidades españolas deberán tener implantado un sistema definitivo de contabilidad analítica de forma obligatoria para el curso 15-16. Estamos ya tocando ya ese momento, y por eso insistimos en que los trabajos de establecimiento y mejora de los criterios de contabilidad de costes, que la universidad tiene muy desarrollados, es urgente que se aborden con carácter definitivo para poderlos utilizar en la determinación de los precios públicos por matrícula en el curso 2015-2016.
Intentando ajustarme al tiempo que nos han dado, yo dejo la exposición inicial en este punto.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señores Peña y Laguarta.
Es el turno ahora de los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos cada uno.
Tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, el señor Romero.
Y agradecer nuevamente la comparecencia del presidente y del vicepresidente de la Cámara de Cuentas, en esta ocasión para informarnos y detallarnos el informe de fiscalización de subvenciones y ayudas al sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2011 y el informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, también del ejercicio 2011.
Miren, les voy a leer unas palabras de la intervención del debate de investidura de la presidenta, la señora Rudi. Dice: «En décimo y último lugar, el nuevo Gobierno impulsará la aprobación de una ley de subvenciones y ayudas públicas en Aragón. Esa nueva norma se orientará a programar adecuadamente las ayudas que se otorgan, a reforzar los mecanismos de control y transparencia, así como a garantizar la eficacia y la igualdad de oportunidades en el acceso a las ayudas públicas. [Aplausos.]» Es decir, la bancada del Partido Popular aplaudió. Tres años justamente después, nos encontramos que ese proyecto de ley no está presentado por el Gobierno de Aragón aquí, en las Cortes de Aragón. Por lo tanto, cuando se lee detenidamente el informe, especialmente el informe de fiscalización de subvenciones, deja patente que el Gobierno de Aragón, sustentado por el Partido Popular y por el Partido Aragonés, no tiene un claro compromiso de atender lo que la propia presidenta en su debate de investidura dijo. Y esto nos preocupa, porque pasan tres años, y seguramente traerán este proyecto en el último período, cuando termine la legislatura; por lo tanto, no habrán aplicado o no se habrán autoaplicado aquel compromiso que la presidenta criticaba del anterior ejecutivo cuando hablaba de transparencia, cuando hablaba de control, cuando hablaba del otorgamiento de las ayudas.
Y, dicho esto, lo que nos preocupa es ver en el informe —y sentimos que solamente puedan tener, por cuestiones de ordenación del debate, diez minutos para cada uno de los informes—… Pero hay cuestiones que nos parecen graves y que es bueno que se resalten. Ustedes mismos han dicho —en este caso, el señor Laguarta— que es necesario que... Desde el 2003, la Ley general de subvenciones, ya está comunidad podría perfectamente —once años— haber desarrollado esa ley. Y ustedes lo marcan en las conclusiones del informe de subvenciones: «A fecha de emisión del presente informe aún no se ha procedido a la armonización y desarrollo de la normativa de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con los preceptos básicos de la Ley general de subvenciones». Pero también dicen: «En varias líneas que han sido objeto de fiscalización, las subvenciones se conceden de forma directa; en muchos expedientes no se incluyen informes o memorias en los que se justifique su excepcionalidad y la imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva». También nos dicen: «Varias líneas de subvenciones destinadas a entidades locales financian actuaciones de idéntica naturaleza, revelando la falta de coordinación entre los órganos gestores y el posible solapamiento de las ayudas». O: «En los expedientes fiscalizados de subvenciones a empresas no consta acreditación de las comprobaciones efectuadas por los órganos gestores sobre el cumplimiento de la normativa ambiental, así como que este no haya sido sancionado por la autoridad laboral competente». Se refiere a la empresa subvencionada. En esa misma línea nos dice que algunos departamentos de la Comunidad Autónoma y algunos entes gestores de subvenciones no han cumplido con el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; o que, en la práctica totalidad de las líneas analizadas, los órganos gestores no realizan verificaciones sobre la concurrencia de ayudas al mismo beneficiario; o que en varias de líneas de subvenciones fiscalizadas se observan reparos planteados por la Intervención General —esto sí que es grave— sobre los procedimientos de concesión; la mayor parte de las discrepancias por parte de los órganos gestores y de acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón para su resolución están nula o insuficientemente motivadas. O también nos dicen: «En las subvenciones de capital no se suelen realizar comprobaciones aleatorias posteriores que permitan verificar el mantenimiento de las inversiones», algo fundamental. Se da una ayuda con unos plazos de cumplimiento y en los que tiene que estar vigente, evidentemente, la condición del otorgamiento de esa ayuda; en este caso no se comprueba. Y en esa misma línea nos dicen, con el tema del Fondo de Inversiones de Teruel, algo que venimos criticando desde —no el comienzo de esta legislatura— otras legislaturas atrás, que la mayor parte de las subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel se conceden de forma directa; no se ha dado publicidad en el Boletín Oficial de Aragón a la concesión de estas ayudas.
Y en esa dirección, cuando hablamos del Fondo de Cooperación Local y Comarcal, nos dice, por ejemplo, casos concretos, como que el Ayuntamiento de Alcañiz recibió una ayuda para la cobertura de gastos generados por el Gran Premio de Aragón de Moto GP, y lo que nos viene después a remarcar es que no se justifica la subvención concedida al Ayuntamiento de Alcañiz, ya que el número de beneficiarios potenciales que podían acogerse a la actuación vertebradora del territorio, si se hubiera hecho una convocatoria pública, podría haber sido mayor. Y dice que la Intervención General emitió un informe desfavorable y que al Gobierno de Aragón, poco más o menos, no le importó ese informe desfavorable y que asumió la ayuda sin mayor rigor.
Y en las ayudas al Fondo Local para Infraestructuras Municipales también nos dice que se han otorgado ciertas ayudas con informes de Intervención general desautorizando esas ayudas y que finalmente se terminaron concediendo, desoyendo el Gobierno de Aragón los informes de la Intervención General y, evidentemente, no permitiendo la igualdad de oportunidades, porque otros ayuntamientos las solicitaron también y no les fueron concedidas.
Y en esa dirección también hablamos de un grupo de cuestiones muy amplias que nos preocupan. Claro, lo que nos preocupa, y ahora doy paso a la parte del informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, es que el propio Gobierno, que viene aquí, quien en el debate de quien pretende ser presidente —en este caso presidenta— dice claramente que no le parece bien cómo se ha hecho anteriormente y lanza un mensaje de que se va a corregir, se va a tener mayor control, mayor transparencia, y para eso es necesario una ley de subvenciones... Y, cuando pasan tres años, todavía en estas Cortes no tenemos ese proyecto de ley, y la sensación que nos da es que se dilatará en el tiempo para que justo cuando termine esta legislatura se apruebe y quede para los siguientes; pero durante los cuatro años no habrán cumplido su compromiso y habrán estado al margen de lo que —la sensación que nos da a nosotros— le ha podido interesar al Gobierno de Aragón, no regular aquello que no interesa.
Y, con respecto al informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, vemos que ha habido una correcta colaboración por parte de los técnicos y del equipo de la universidad con respecto a este informe de fiscalización.
En todo caso sí que en la limitación del alcance ponen de manifiesto dos, tres cuestiones, que es bueno también que la Universidad de Zaragoza recoja ese mensaje, en cuanto a que las cuentas no informan del coste y rendimiento de los servicios públicos que presta la universidad y del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos, los alcanzados y el coste de los mismos, que es una limitación que impide a la Cámara de Cuentas emitir una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia. Pero, fíjese, no lo hace la universidad, pero lo más grave es que no lo hace el Gobierno de Aragón y que todos los años, en la cuenta general, en el informe de fiscalización de la cuenta general de cada uno de los ejercicios, lo venimos reiterando como una de las recomendaciones a atender por parte del Gobierno de Aragón y que al final no se atiende. Y, para hacer una correcta comprobación de la eficacia y de los costes de los servicios, es necesario tener esa documentación y es bueno también que la universidad lo entregue.
La sensación que nos da en base a una de las conclusiones que ustedes hacen con respecto a la universidad es que es un problema puramente de financiación que después arrastra un cúmulo de problemas hacia la universidad, y lo dicen claramente en el punto 3 del análisis de la liquidación de los presupuestos, donde dice: «El resultado presupuestario del ejercicio 2011 es negativo por importe de siete millones ochocientos veinte mil euros, resultado que pone de manifiesto que la Universidad de Zaragoza no es capaz en el año 2011 de financiar su gasto presupuestario no financiero sin recurrir a operaciones de endeudamiento». Y a partir de ahí es evidente que hay un cúmulo de problemas, pero que se derivan de los problemas de financiación. Y en ese sentido se pone de manifiesto el no cumplir leyes como el tema de la morosidad, cuando la universidad paga a unos plazos excesivos, u otras en esa misma dirección.
Terminaré diciéndoles que les agradecemos las explicaciones que nos han dado, que agradecemos este informe, que podemos compartir que podría haber un equilibrio para que cada año estuvieran incluidos en el informe de la cuenta general de la comunidad autónoma todos estos informes parciales, pero no es menos cierto que alguno puede ser de interés de las Cortes y que alguno más puntual se pueda solicitar. Y creo que hay que buscar ese equilibrio para no dispersar los informes, no invertir excesivo tiempo o no dilatar el tiempo y concentrar, evidentemente, el esfuerzo de la Cámara, que ese esfuerzo... —también aprovechamos para reiterar—, venimos reivindicando mayores recursos humanos y económicos que permitieran tal vez que de lo que hoy adolecen ustedes en la Cámara de Cuentas pudieran tenerlo, y entonces sí que podríamos perfectamente trabajar en las dos direcciones, y no la propuesta que nos han hecho de concentración.
Nada más. Muchas gracias. Y seguiremos planteando nuestras reivindicaciones, aunque el Gobierno de Aragón no las escuche o haga caso omiso a las propuestas de resolución o a las denuncias que venimos haciendo de ciertos compromisos que tangiblemente se ve hoy que han sido incumplidos.
Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro.
En primer lugar, señor Laguarta, señor Peña, bienvenidos nuevamente a esta comisión.
Yo siempre les doy la enhorabuena por su trabajo. Hoy lo haré también, pero antes de hacerlo quiero expresarles el malestar que hay en Chunta Aragonesista por la filtración que ha habido del informe provisional sobre las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Me siento legitimado para hacerlo porque soy un —lo saben— acérrimo defensor de la Cámara, aquí y fuera, y creo que tengo derecho a expresar este malestar; no en cuanto al contenido —en cuanto al contenido están mis compañeros del ayuntamiento, que, por cierto, he hablado con ellos antes de esta comisión; aún no tenían el informe ellos—, pero, como digo, sí en cuanto a la forma. Yo creo que eso no puede ocurrir, esas filtraciones, y que se utilicen interesadamente. A las diez y media hoy ya daba una rueda de prensa el portavoz del Partido Popular sobre ese informe provisional. Yo creo que es un problema. Yo creo que estaría bien una explicación desde la Cámara de Cuentas a ver si esa filtración procede de la Cámara de Cuentas o del ayuntamiento. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero me siento legitimado, señor Laguarta, señor Peña, para decirlo.
Dicho esto, sí que les felicito, como siempre, por su trabajo. Hacen un trabajo excelente. Yo también voy a dar mi opinión sobre si es bueno seguir con el trabajo desgajado o conjuntamente. Yo creo que es más útil así; yo creo que es más útil incidir, de momento, de momento, en los aspectos más sensibles: sin duda —se ha venido arrastrando así ya desde cuando era el Tribunal de Cuentas—, básicamente subvenciones y contratos, también gastos de personal. Como decía el señor Peña o el señor Laguarta, el 36% es subvenciones, con lo cual, yo me parece una buena fórmula trabajar así. El problema lo tenemos aquí, el problema que tenemos es que nos tenemos que adaptar en las Cortes a su trabajo. Cuando se hace la resolución de Presidencia y se plantea que se debata en la Comisión Institucional, se piensa más en la cuenta general. ¿A qué me refiero? Me refiero —entiéndanme lo que voy a decir— a que tenemos la Comisión Institucional bloqueada porque estamos trabajando todo este mes con la Cámara de Cuentas. Yo creo que o nos planteamos que hay que crear una comisión de la Cámara de Cuentas para seguir funcionando como Comisión Institucional o tenemos un problema la oposición en las Cortes. No les afecta a ustedes, sino a nosotros. Y, también, ¿cuál es el problema? Que hay un procedimiento para la cuenta general —constituimos ponencia; hoy la acabamos de constituir—, pero no cuando el informe no es la cuenta general, sino que se desgaja. Tenemos ahí ese problema también. Repito que es de organización interna en las Cortes que creo que tenemos que solucionar, adaptarnos a esta forma de trabajo si lo van a hacer ustedes así. Pero, como les digo, yo creo que es mejor trabajar de esta manera, incidir en los aspectos más sensibles. Un informe más global (ingresos, etcétera), y después estos ya más específicos de estos capítulos.
Entro en materia de subvenciones. Está claro que la clave es la ley, claro. La clave entonces es por qué no hay ley, por qué no le interesa al Gobierno que haya ley. Pues porque es mucho más cómodo seguir trabajando como han venido trabajando hasta ahora, con este problema de publicidad que también plantean ustedes en su informe. Me ha preocupado mucho lo que ha dicho de la ilegalidad de decretos. No nos sorprende porque ha habido ilegalidad en leyes. Ya habrá tiempo de hablar aquí de cómo se tramitó el Plan Impulso con unas leyes de créditos extraordinarios... En materias que eran suplementos de crédito se aprobaron créditos extraordinarios sin determinar partidas presupuestarias… Ya tendremos tiempo también de hablar, cuando llegue ese ejercicio, de cómo se han tramitado no solo los decretos, sino también las leyes; de una forma, desde luego, absolutamente ilegal, si es que una ley puede ser ilegal. Pero es un debate muy interesante que ya tendremos.
La clave —coincido con lo que plantean— es el procedimiento de concesión, por supuesto. Y el problema es que la concesión directa no ha sido en absoluto algo excepcional. Ese ha sido el verdadero problema: que la concesión directa, en muchos ámbitos, se ha convertido en lo normal.
Yo sí que le pediría al señor Laguarta mayor incidencia después en algo que nos ha preocupado muchísimo, que es el Instituto Aragonés de Fomento, porque ustedes lo dicen en su propio informe —hay un apartado del IAF—; dicen que lo estudian en particular porque es la única entidad de derecho público que concede muchas subvenciones y no consolida cuentas, es decir, está contablemente un poco al margen, porque la información disponible en la memoria es muy limitada. Un órgano como este, que presta tantas subvenciones, es muy preocupante que la información sea limitada porque más de la mitad de los proyectos subvencionados por el Fondo de Inversiones de Teruel —luego hablaré de él— le corresponde al IAF. Y, claro, cuando se lee el informe de ustedes y se ven cuestiones tan graves como que no haya un registro de solicitudes recibidas... Es decir, que aquí la gente no pide subvenciones... Ya no solo que no haya una convocatoria pública, que no la hay —también lo dicen—, sino algo que hemos constatado... Los alcaldes de Chunta Aragonesista de Teruel lo han constatado cuando... El Fondo de Inversiones de Teruel. Allí no se solicitan: allí se dan. ¿A quién? Ah. ¿Cómo? Pues suponemos que telefónicamente. Suponemos que el procedimiento de concesión es digital —digital en el sentido de dígito—. Eso es muy, muy, muy, muy preocupante. O ver que no hay normas internas de concesión de subvenciones. Le rogaría al señor Laguarta si es posible que exponga de una forma más detallada el IAF y, sobre todo, si ha mejorado el IAF desde el año 2011.
Hablaba del Fondo de Inversiones de Teruel, y es algo que nos preocupa muchísimo. Lo hemos denunciado públicamente, hemos hecho enmiendas en la ley de presupuestos... Hoy traemos una propuesta de resolución. Vamos a ver. Cuando hay subvenciones a entidades locales que proceden del Fondo de Inversiones de Teruel, entendemos que no pueden ser de concesión directa. Pero entendemos porque vemos, en primer lugar, que no es algo excepcional, que es algo estructural —que el FITE es todos los años—; y, en segundo lugar, no se acredita algo que ustedes dicen con carácter general. ¿Dónde está dentro del FITE un expediente que acredite que año tras año hay razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten la convocatoria pública? ¿Cuál es el problema? Sabemos cuál es el problema. El problema es el convenio que, según dijo el otro día el señor Bermúdez, se va a firmar en estos días. Ese convenio de Aragón con la Administración General del Estado dice que se concedan en concesión directa. Habrá que solucionar eso. Me gustaría saber su opinión, la opinión de la Cámara; si están de acuerdo con lo que planteamos desde Chunta Aragonesista: que, en el caso concreto de las subvenciones a entidades locales en el convenio que firme Aragón con el Estado para el FITE, debería establecerse el régimen normal, el ordinario, el justo —incluso el equitativo—, que es el de concurrencia competitiva.
Creo que ya llevo cinco minutos hablando de subvenciones. Pasaré a hablar de la universidad. Miren, yo creo que es un buen ejemplo el trabajo —voy a decir incluso—, el trabajo codo a codo de la Cámara de Cuentas con la universidad, porque la sensación que tengo oyéndoles a ustedes, pero también la información que recibo desde la universidad, es que la universidad está muy agradecida al trabajo de la Cámara, es decir, de ir orientando hacia dónde hay que ir haciendo las cosas. Y está muy bien además esa comunicación, esas noventa, noventa y cuatro alegaciones —se acogen creo que ha dicho el 20%—. Otras no se estiman, pero ahí queda fijada también la posición de la universidad. Yo creo que es muy útil porque se van consiguiendo mejoras.
Hay cuestiones que ustedes plantean. La nueva relación de puestos de trabajo del PAS ya se ha aprobado el 26 de febrero de 2014. Ya se ha hecho algo que planteaban. La segregación de funciones entre el órgano de contratación y la mesa de contratación también se ha hecho ya. La cuestión de la contabilidad analítica, que planteaba como esencial… Esencial porque es que, además, desde un punto de vista de defensa de la universidad pública, nos interesa muchísimo conocer efectivamente la contabilidad de costes. La universidad lo hace a posteriori. Hace un esfuerzo para hacerlo a posteriori. Es pionera la Universidad de Zaragoza, además, en el conjunto de universidades —yo creo que esto es de justicia destacarlo—. No es suficiente, pero a mí me costa que está en esa línea la universidad —usted lo reconocía, señor Peña— de avanzar hacia la contabilidad, los informes de contabilidad analítica de otra manera, no como se hacen hasta ahora, a posteriori, que son menos útiles, desde luego, que si se hicieran como hay que hacerlos.
Yo sí que me quiero detener en dos cuestiones, partiendo de que, la mayoría de sus recomendaciones, la Universidad de Zaragoza o lo ha implementado ya o está en camino de hacerlo, dos cuestiones porque están relacionadas con las propuestas de resolución que después defenderé. Cuestiones que no dependen de la voluntad de la Cámara de Cuentas, sino cuestiones ajenas a la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, plantean ustedes —y tienen razón, evidentemente— que hay que reducir la tasa de temporalidad del personal docente investigador. Claro, pero es que, si se prohíben las ofertas de empleo público, es muy complicado, para la universidad y para cualquier Administración. Si el Estado tiene el derecho... Yo —no sé si lo hemos comentado con ustedes alguna vez—, yo no lo entenderé jamás que las Cortes Generales digan a Aragón que no convoquemos oferta de empleo público. Es algo que no entiendo. Hicimos enmienda en la última Ley de presupuestos de Aragón para ir un poco más allá dentro de la legislación básica —no lo conseguimos—. Pero es que es muy complicado. O es muy complicado porque hay parte de ese personal docente investigador que se financia con financiación finalista no permanente, sobre todo investigación o cátedras financiadas por empresas. Ahí es muy complicado que haya una solución que no sea el personal temporal o interino. No estoy justificando a la universidad, pero sí —supongo que también lo tienen tan claro como yo— que hay elementos ajenos a la universidad que hacen muy complicado reducir la tasa de temporalidad, como le ocurre a la propia Administración general de la comunidad autónoma, sobre todo con la prohibición de oferta de empleo público. Eso, por un lado.
Por otro lado, plantean ustedes algo que claro que es razonable: que debería aprobarse el presupuesto antes del ejercicio económico. Claro, pero es que no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el Gobierno —fíjense que incluso se han llegado a aprobar...— nunca nos remite ni siquiera a estas Cortes en plazo el proyecto de ley de presupuestos, con lo cual la universidad es imposible que apruebe esos presupuestos antes si los de aquí, de la comunidad autónoma, se aprueban en diciembre. Hay un problema ahí, evidentemente, ajeno a la universidad también, y que es el Gobierno.
Y, al final, ¿cuál es la clave de todo? Si el Gobierno estuviera a la altura y tratara a la universidad pública de Aragón como se merece, muchas de las cuestiones que ustedes plantean se solucionarían. Incluso cuestiones de deuda a corto, etcétera. ¿Cuál es la clave? El acuerdo de financiación. Yo creo que todos los grupos de la oposición coincidimos después en eso en las propuestas de resolución. Lo que hay que resolver es la financiación, que la universidad tenga una financiación suficiente, pero además estable, que tenga un marco presupuestario estable que le permita hacer lo que es un presupuesto, proyectar para ejercicios futuros su trabajo.
Hay un acuerdo que no se cumple de 2011, que es la clave. En la Ley de presupuestos de 2013 incluso hay una adicional vigésima novena en la que se habla de que se desarrolle ese marco de negociación para que se cumpla el acuerdo firmado en 2011, que haya un escenario financiero estable. Es decir, el problema es que el Gobierno incumple incluso esa ley que han aprobado PP-PAR de presupuestos para el 2013. La clave de muchas de las cuestiones que ustedes plantean y del propio funcionamiento de la universidad, sin duda, pasa por que haya ese escenario financiero estable.
Eso, y también algo en lo que coincidimos con el otro grupo: que el Gobierno pague sus deudas. Es que estamos con una universidad no solo financiada de una forma no estable, de una forma tardía en lo que se refiere a la elaboración de presupuestos, sino incluso con un Gobierno que debe dinero a la universidad, y así es muy complicado, desde luego, que la universidad pública pueda ser ese motor de desarrollo que debería ser para Aragón.
En definitiva, señores Laguarta y Peña, enhorabuena por su trabajo, como siempre, por supuesto, con la salvedad que decía al principio. Y, como digo, desgraciadamente, en diez minutos o en sus veinte minutos es muy difícil incidir en más cuestiones, pero aquí queda por escrito. Y, sobre todo —ya lo he dicho alguna vez—, lo interesante será cuando tengamos una serie de varios ejercicios y podamos ver —lo han dicho ustedes también muchas veces— la evolución, si finalmente los sucesivos gobiernos van cumpliendo las recomendaciones que ustedes hacen.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Tiene la palabra el señor Blasco.
Bienvenidos los miembros de la Cámara de Cuentas que nos acompañan hoy en esta comisión.
Y, como siempre, agradecerles en nombre del Partido Aragonés el esfuerzo y el trabajo que realizan en los distintos ámbitos de lo que es la Administración pública aragonesa. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos, que, como ustedes comentan siempre, se hace con esfuerzo y dedicación porque, evidentemente, estamos teniendo más informes que nunca para poder conocer bien detalladamente cómo se están comportando los distintos ámbitos de la Administración en un tema tan importante como es el tema de las cuentas, algo que, además de tener un cierto morbo siempre que se habla de las mismas, es cada vez más necesario y más exigente por parte de los ciudadanos el que haya más transparencia y que haya más eficacia. Yo creo que para eso también ayudan mucho estos informes. Y siempre es de agradecer que se puedan tener en un tiempo en el que es mucho más práctico y más efectivo, más eficaz, el poder analizarlos y el poder llegar a una serie de conclusiones.
Lo primero querría hacer referencia a que estamos hablando del ejercicio 2011, porque, aunque han pasado ya dos ejercicios, también, siempre que se ha hablado del 2011 —lo mismo cuando se hizo con la cuenta general de la comunidad autónoma—, es bueno recordar que en el 2011 se produce un cambio de gobierno, con lo cual eso también puede, en algunos momentos, llevarnos ahora a tener unas conclusiones distintas de lo que haya podido suceder después, aunque, efectivamente, en referencia a algunas se tendría que haber avanzado algo más. Y digo en el 2011 porque hasta el Ayuntamiento de Alcañiz era de otro color político. Simplemente que es que las cosas evolucionan, y, en estos momentos, las cosas pueden ser distintas.
Empezando por el tema del informe que han realizado sobre las subvenciones y ayudas del sector público en el ejercicio 2011, es verdad que lo primero que se echa en falta —y eso sí que quiero también reconocerlo— es que se tuviera ya de una vez la ley de subvenciones. Nos parece que en eso ha habido un cierto retraso y nos parece que eso solucionaría muchos de los problemas y muchos de los temas que se vienen arrastrando en estos informes; en este informe en concreto, pero suponemos que, en el 2012 y en el 2013, muchos de los temas irán por la misma línea precisamente por la ausencia de esa ley, que a nosotros nos parece que se debería de urgir para que se presente cuanto antes en esta Cámara y poder tener ya una ley que evitaría muchos de estos problemas.
Porque, si analizamos... El señor Romero ya lo ha hecho con bastante detenimiento; no voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho porque están recogidas por escrito en el informe. Pero, si acudimos al cumplimiento de la legalidad, donde se nos dice que se ha hecho conforme al principio de legalidad, excepto por las limitaciones al alcance y las salvedades expuestas... Claro, lo que habría que detallar ahora es hasta qué punto esas salvedades y esas limitaciones implican que esos principios de legalidad sean más o menos cumplidos. Yo creo que, en principio, se cumplen con suficiencia. Y otra cosa es que aquí vienen una serie de recomendaciones, fundamentalmente porque las limitaciones son específicamente dos. Una de ellas parece ser que se solucionó a posteriori, pero sí en las conclusiones hay una serie de temas que nos parece que son importantes.
Y, en muchas ocasiones, yo creo que hacen referencia más a la propia gestión o a la propia forma de actuar de la Administración a lo largo de muchos años, que es por lo que sea complicado de modificar. Porque, por ejemplo, cuando se dice: «Falta de coordinación entre los órganos gestores que propicia solapamientos», parece que es algo obvio, es decir, que se conozca precisamente entre las administraciones cuáles son las subvenciones que se están dando, a quién, en qué cantidades, si se está subvencionando incluso el mismo programa por parte de dos administraciones, cosa que podría suceder, aparentemente, según las conclusiones a las que se llega.
¿Que las subvenciones se concedan de forma directa? Pues, hombre, puede ser un procedimiento excepcional, pero a nosotros nos parece que también hay verificaciones suficientes y existen los suficientes controles como para que se pueda tener la seguridad de que esos reparos que se observan y que, desde luego, nos parece que se tienen que mejorar no constituyan un grave problema de legalidad.
Hay temas que se habla sobre si sobrepasan o no el límite de las actividades subvencionadas, sobre si no se realizan las verificaciones sobre si se continúa con la actividad unos años después... Yo recuerdo que de esto ya hablamos también en el debate anterior cuando se presentó la cuenta general del 2010. Yo creo que esto es un poco recurrente y que precisamente por eso nos parece necesario que estos temas se puedan tomar en consideración en esa nueva ley, que a nosotros nos parece —insisto— fundamental. Hay temas como el de la concurrencia competitiva, que también nos parece importante reseñar.
Y, cuando hablan en las recomendaciones... Por cierto —no sé si es un error o lo he leído yo mal—, cuando hablan de las conclusiones específicas de las líneas de subvenciones y transferencias analizadas, en el último párrafo dice: «Dada la limitación al alcance señalada con el número 3...». Y en las limitaciones al alcance solo veo puntos 1 y 2; no sé si es que lo he leído mal, porque luego pone epígrafe 3, 4, 16. Pero, bueno, es un tema anecdótico que no lleva a más. Pero, cuando se habla de las recomendaciones, a nosotros sí que nos parece que esas son importantes que se tengan que tener en cuenta, con independencia de que haya más o menos propuestas de resolución aprobadas. Yo creo que es que las auténticas propuestas de resolución son las que ustedes plantean en un informe tras otro al hablar de las recomendaciones. Y no lo sé si eso... Nosotros no hemos presentado en este caso propuestas de resolución porque entendemos que las recomendaciones que ustedes plantean están lo suficientemente claras como para tenerlo en cuenta.
En cuanto a la universidad, y aunque es curioso cómo los discursos cambian, de repente se matizan cuando se habla de un informe o de otro, a nosotros nos parece que la universidad, aunque efectivamente está haciendo un buen trabajo y están teniendo una gran colaboración, como se expone en el propio informe, con la Cámara de Cuentas, algo que desde luego es fundamental porque la universidad, como un servicio público..., no puede ser de otra manera; pero, en cualquier caso, también, cuando hablamos del cumplimiento de la legalidad, que a mí me parece que es lo importante, también estamos viendo como existen algunas salvedades que yo creo que es muy difícil que no existan en algún momento cuando se hace un informe por parte de un auditor independiente como puede ser la Cámara de Cuentas, es muy difícil porque pueden existir interpretaciones. Por eso digo que, al final, de lo que se trata es de saber si esas salvedades afectan muy gravemente o simplemente son unos temas importantes que hay que mejorar, pero que, como ustedes dicen, no impiden para que estas cuentas que estamos viendo cumplan, se hagan de acuerdo —razonablemente, como lo dicen ustedes—, razonablemente se hayan cumplido los principios de legalidad, y, por lo tanto, puedan reflejar una imagen fiel de lo que es la situación de la universidad.
A nosotros nos parece que, efectivamente, también en la universidad existen una serie de temas que han sido recurrentes —algunos se han ido arreglando también en relación con el debate que tuvimos anteriormente—. Y, si analizamos el informe que ustedes plantean, hay tres aspectos que a mí me parecen importantes y que ustedes los resaltan, que es la gestión, que es el personal y que es la contratación. En ninguno de los tres, desde nuestro punto de vista, hay temas de una especial relevancia que podamos decir que podamos poner en duda la legalidad de estas cuentas, pero sí es verdad que hay temas que ya se han ido diciendo a lo largo del tiempo y que por lo menos llaman la atención; llama la atención, por ejemplo, que se hayan perdido doce mil ochocientos setenta y un alumnos en una serie de años y que, sin embargo, en el mismo período, los efectivos de personal se han incrementado un 56%. Es cierto que ustedes dicen que se justifica por las reformas de la LOU, por la oferta de nuevas titulaciones... Pero, luego, ustedes también ponen en algún punto aspectos que seguramente se podrían mejorar en cuanto a la gestión. Aunque sea un poco anecdótico, el tema del bar del Cerbuna, por ejemplo, que ustedes dicen que habría que plantearse si es necesario, dadas las características que encierra. Bueno, eso demuestra también el detalle al que se llega en estos aspectos, que a nosotros nos parece importante porque le da más credibilidad al conjunto. Es decir, en el tema de la gestión, a nosotros nos parece que se pueden conseguir mejoras importantes.
Como en el tema del personal. Efectivamente, la tasa de temporalidad tan importante que hay, que no se haya revisado la RPT, que haya muchos interinos, el tema de los profesores eméritos y las debilidades de control interno en la gestión de personal, que creemos que ahí se debe de hacer un esfuerzo, porque se habla de que no dispone de manuales de procedimientos, de que la unidad de control interno está infradotada de efectivos, de que no existe un sistema de control horario o de que el programa de confección de nóminas no permite exportar por datos los meses, incluyendo la categoría laboral. Creemos que son debilidades que son fácilmente subsanables, y eso, siempre que se subsana, a nosotros nos parece bien.
Y, por último, el tema de la contratación, que hace un poco también referencia a lo que hablaremos en otro momento sobre el tema de los contratos, pero es verdad que existen también algunas debilidades que a nosotros nos parece que se deberían de subsanar; fundamentalmente, como se dice aquí, que, en muchas ocasiones, el gerente o la gerencia de la universidad actúa como órgano de contratación. Parece que en ese caso se debería de buscar más lo que es la separación entre los dos ámbitos porque a nosotros nos parece que sería la mejor forma de tener más transparencia y mayor claridad en el ámbito.
Ustedes plantean después una serie de recomendaciones a las que no voy a hacer referencia porque ya están aquí, pero que a nosotros nos parece que —insisto— son las mejores propuestas de resolución que se le pueden plantear y que esperemos ver en los sucesivos ejercicios como se han ido cumpliendo tanto en un ámbito, en el tema que hemos hablado antes de las subvenciones, como en este ámbito de la universidad.
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Fernández.
Buenos días, señor presidente y vicepresidente de la Cámara.
Nos encontramos hoy en esta Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario debatiendo un informe específico en relación con las subvenciones, desgajado, como bien ha dicho el señor Laguarta, de la cuenta general de la comunidad autónoma. Y yo tenía una pregunta que le iba a hacer, pero que ya no se la hago porque me la ha contestado usted. Yo me había apuntado aquí si se va a hacer un informe específico también de subvenciones y contratación de los años doce y trece, y, como digo, usted, al principio de su exposición, ya ha dicho que no, que habrá un informe único para todo porque ha supuesto un gran esfuerzo que no se va a poder repetir en los próximos años. Y esto a mí grupo nos preocupa, porque hay que unirlo a lo que usted ya anunció en el debate anterior en relación con hacer un único informe para los años 2012 y 2013. Entonces, claro, si pasamos de haber fiscalizado y estudiado con exhaustividad los años 2010 y 2011, cada uno con su cuenta general y cada uno con un informe específico (el diez, la cuenta general de la comunidad autónoma; el once, la cuenta general de la comunidad autónoma, más dos informes específicos, subvenciones y contratación), y de eso pasamos ahora a hacer un único informe de los años 2012 y 2013, evidentemente nos tiene que preocupar, porque esa exhaustividad con que ustedes han estado estudiando hasta ahora el sector público de la comunidad autónoma, evidentemente, no se va a poder dar. No se va a poder dar porque, en más de una ocasión, ustedes han manifestado aquí la dificultad que tienen por la escasez de medios y el gran esfuerzo y trabajo que han hecho hasta ahora, que nosotros siempre se lo hemos reconocido. Pero yo ya no sé si es que ustedes ya, como han hecho tanto esfuerzo, se han cansado y han dicho: «Ahora vamos a ir rápidamente», o realmente tiene que ver con alguna otra cuestión, que todavía me preocuparía más, evidentemente.
Porque yo estoy también molesta, como ha explicado y ha expresado el portavoz de Chunta Aragonesista, con lo que ha ocurrido en relación con el informe del Ayuntamiento de Zaragoza. La Cámara de Cuentas entiendo que tiene —y hasta ahora lo había hecho— que actuar con rigor y con lealtad institucional, y lo que no se puede es crear alarma en determinadas cuestiones con un informe provisional donde todavía la institución no ha tenido tiempo de alegar, explicarse con ustedes, trabajar conjuntamente para ver realmente cuál es la diferencia o la discrepancia entre una y otra institución. Y eso da lugar, como decía yo, a cierta alarma que, evidentemente, perjudica a unos y no a otros. Eso también es un problema.
Por lo tanto, lo que le digo: mi grupo no va a estar de acuerdo con que ustedes, que hasta ahora han venido trabajando de forma exhaustiva, a partir de ahora lo vayan a hacer de una forma quizá más ligera, porque, evidentemente, no les puede dar tiempo a analizar de la misma manera cuando van a hacer un informe conjunto de la cuenta general con todas sus consecuencias que cuando hagan o en el que caso de que hicieran también informes específicos, como ha ocurrido en al año 2011.
Miren, porque, además, nosotros consideramos que el año 2013, el que acaba de pasar, el ejercicio 2013, ha sido un año bastante problemático en lo que es la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón. Así lo consideramos y así lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Esperamos que la Cámara de Cuentas realice un verdadero estudio del año 2013, porque el incumplimiento del objetivo del déficit ha sido tan alto —la única comunidad autónoma que ha subido tantísimas décimas por encima del déficit previsto— que, evidentemente, ahí habrá que estudiar qué es lo que ha ocurrido. ¿Todo ese dinero que se ha gastado de más estaba en determinadas partidas presupuestarias? ¿Estaba presupuestado? ¿Ha habido modificaciones de crédito? ¿Qué es lo que ha habido? Todo ese análisis, como digo, no nos interesa solo a nosotros; yo creo que le interesa a la comunidad autónoma, les interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta comunidad autónoma, saber qué ha ocurrido en el año 2013. ¿Que no podamos tener ese resultado para el año 2015? Pues cuando esté. Pero yo lo que pido es que esté bien estudiado y bien trabajado.
Y, dicho esto, en relación con las quince recomendaciones que la Cámara nos plantea en el tema de subvenciones, partiendo de la primera, que es la más importante, la ley de subvenciones, que tenía que haber estado en estas Cortes ya desde hace tiempo, creo que el resto no merece la pena resaltarlas; primero porque están ahí escritas en el informe, y, por lo tanto, están a disposición de todas las personas que quieran leerlas, y también porque han sido alegadas por alguno de los portavoces anteriores.
Yo creo que la más importante, como digo, es esta, no solo porque falte una ley de subvenciones, sino porque este es un compromiso del actual Gobierno precisamente del mes de agosto del 2011, cuando el señor Garcés vino en su primera comparecencia prometiendo una ley de subvenciones y una ley de función pública. No tenemos ninguna de las dos, y nos falta apenas un año de legislatura. Con lo cual, lo más importante, como digo, es recordarle al Gobierno el compromiso y la necesidad de tener una ley de subvenciones de la comunidad autónoma.
En relación con la universidad, también voy a exponer algunas de las cuestiones que ya han venido diciendo los portavoces anteriores. Yo, fundamentalmente, nosotros, con las dieciocho recomendaciones que se hacen a la Universidad de Zaragoza, creemos, porque así lo han manifestado desde la propia universidad, que ha habido una serie de mejoras en relación con las recomendaciones que ya venía haciendo la Cámara en años anteriores (en concreto, en el año diez) y que quizá no hayan sido recogidas porque no se ha llegado a tiempo o bien porque las han hecho posteriormente a que la Cámara hiciera el informe del año 2011. Y tenemos la aprobación de las RPT del PAS, que ya se hizo, como digo, a principios del 2012, o la segregación de los órganos de contratación y la mejora en los procedimientos. Es decir, de muchas de las cuestiones que ahí se plantean, la Universidad de Zaragoza ya ha tomado buena nota y ha rectificado en relación con estas recomendaciones. Por lo tanto, de ahí deriva que mi grupo parlamentario haya planteado pocas propuestas de resolución en relación con las recomendaciones de la universidad, porque, como digo, consideramos que ya se han venido realizando y se han ajustado a lo que ustedes les venían reclamando.
Las cuentas anuales correspondientes a 2011 se rindieron en plazo, cuestión importante, y presentan la estructura y el contenido previstos en las disposiciones y son coherentes con la documentación que las fundamenta.
El principal problema que tiene la Universidad de Zaragoza es el de la financiación, la financiación por parte del Gobierno de Aragón, y también la demora en los pagos, lo que incide en ese incremento de la morosidad que ustedes detectan y destacan. Por eso, mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, como digo, ha presentado propuestas instando al Gobierno de Aragón al cumplimiento del acuerdo de financiación; creemos que de esa forma se solventarían muchas de las cuestiones que plantea la Cámara y que se permitiría una mejora en la gestión de la universidad. Si el Gobierno de Aragón cumpliera con el acuerdo de financiación firmado en el año 2011, si cumpliera con la disposición adicional vigésima novena de la Ley de presupuestos del año 2013, según la cual el Gobierno debe establecer ese marco de negociación con la universidad que permita evaluar las necesidades y el grado de aplicación del acuerdo del año 2011, y si el Gobierno de Aragón abonara puntualmente la deuda que tiene con la Universidad de Zaragoza, se evitaría, como digo, ese incremento de la morosidad que sufre la universidad y se podrían resolver otra serie de deficiencias que la Cámara de Cuentas ha encontrado en este informe de fiscalización del año 2011.
Por lo tanto, tanto en el informe sobre subvenciones y ayudas del sector público como en el informe de la Universidad de Zaragoza, el Grupo Socialista ha presentado las propuestas de resolución atendiendo a las recomendaciones que hace la Cámara y que posteriormente podremos votar.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, señora Fernández.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Garasa.
Bienvenidos, señor presidente de la Cámara de Cuentas y vicepresidente, que le acompaña, señor Peña, y miembros de su equipo.
Señor presidente de la Cámara de Cuentas, hemos repasado detenidamente su informe de fiscalización de subvenciones y ayudas al sector público autonómico de Aragón.
El 7 de noviembre de 2013 fue aprobado por ustedes este informe y también remitido a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas de España.
Ustedes están facultados para esta fiscalización por el artículo 112 del Estatuto de Autonomía y el 6.2 de su propia Ley 11/2009.
Ustedes tenían como objetivo esta fiscalización para el año 2012, y esta comprendía las transferencias, las subvenciones y las ayudas, como nos ha explicado. Las que provienen de fondos europeos, al pasar diversos niveles de control, ustedes no las han tenido en cuenta.
Por resumir, su objetivo ha sido, dentro de esta fiscalización citada, comprobar las bases reguladoras y la normativa, los manuales de procedimiento, la legalidad de los procedimientos en cuanto a concesión, la legalidad de los contratos suscritos, la realidad de las operaciones y la adecuación a la legislación de convenios subvencionados.
Señorías, dicho lo expuesto, la Cámara de Cuentas ha tenido limitaciones al alcance de la fiscalización. Por un lado, por el sistema contable público Serpa, que solo identifica lo presupuestado. Por otro, por no tener tratamiento diferenciado las subvenciones de concurrencia competitiva y de concesión directa. Y, en la fase de alegaciones, así, han tenido todo lo relativo al tema de Educación Infantil y Primaria, pero este no ha podido ser verificado.
Con carácter general hemos leído en su informe que durante 2011, y con limitaciones y conclusiones sacadas, han visto que todo lo visto cumple con el principio de legalidad. Han reseñado ustedes diecinueve conclusiones generales, diecisiete conclusiones específicas, y, en consecuencia con lo anterior, han manifestado quince recomendaciones.
Dada la coyuntura económica de estos períodos de ajustes, a pesar de haberse destinado casi dos mil millones de euros a transferencias y subvenciones, se han reducido trescientos millones con respecto al 2010.
Ustedes han detectado una serie de carencias, fundamentalmente por no contar con una ley propia de subvenciones, aun cuando recuerdo que hay una ley en vigor estatal; pero, según tenemos entendido, ya que todos lo han dicho, en un plazo ya muy breve vendrá el proyecto de ley a estas Cortes de Aragón, ya que así lo preguntaba el señor Laguarta y cuestionaba el señor Romero con aplausos, y lo hará una vez más el Partido Popular. Por todo ello habrán faltado planes estratégicos de subvenciones, no habrá habido acomodo al Plan general de contabilidad pública, puede haber solapamiento de ayudas, concesión de subvenciones y faltarán comprobaciones en temas de normativa medioambiental, e igualmente habrá publicaciones que no son homogéneas sobre concesiones al no tener los formatos adecuados, y tampoco habrá comprobaciones a posteriori de subvenciones en capital, al menos de forma aleatoria. Y todas estas definiciones y deficiencias tocan a su fin.
Sí hemos comprobado alguna incidencia que se achaca a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, si bien de la composición de la junta actual hay que señalar, para ser justos, que esta tomó posesión en diciembre del 2011 y nada se pudo corregir de algún desfase del propio 2011 y anteriores; pero que ahora están todos solventados.
Sí estamos con la Cámara de Cuentas, y en la actualidad ya se hace, en que, por razones de eficiencia y racionalización del gasto público, los inversores beneficiarios debieran comprometerse a hacer un mayor esfuerzo inversor con sus propios recursos en lugar de financiar operaciones con porcentajes elevados de dinero público.
Con la nueva ley de subvenciones, señora Fernández, que no impedía el cumplimiento de la vigente Ley 38/2003 en su mandato, se estima desaparecerán las debilidades del control interno en lo relativo a los planes estratégicos, análisis de concurrencia y a la aportación de los presupuestos tasados en el artículo 31.3 de la Ley general de subvenciones, entre otros puntos detectados y no menos importantes.
Según la naturaleza de lo que hemos visto, la Administración de la comunidad autónoma gestiona el 55% de las subvenciones corrientes y el 99% de las subvenciones en capital. Pero sí dejamos constancia de que, con arreglo al Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón, el 13 de septiembre del 2011, el actual Gobierno aprobó un conjunto de medidas tendentes a reducir el gasto público en operaciones corrientes (capítulos II y IV), propio de un contexto de crisis económica y de desequilibrio financiero. El plan fueron ciento cuatro medidas, de las cuales quince eran referidas a las subvenciones corrientes.
Así pues, señor presidente de la Cámara de Cuentas, por su ayuda a estas Cortes de Aragón en general y a esta Comisión Institucional en particular, le damos las gracias por todos los conocimientos que nos transmite, que son precisos, independientes, fiables, en todos los informes fiscalizadores.
Esto, en cuanto al tema de contratos.
Y, en cuanto al tema del informe de la universidad, señor Peña, usted nos ha explicado que el informe que aquí se presenta se aprobó el 4 de diciembre del 2013 y se remitió a las Cortes de Aragón también y al Tribunal de Cuentas de España.
Han verificado que las cuentas de la Universidad de Zaragoza se han rendido respetando todas las normas de plazos, estructura y contenidos, y se rindieron el 28 de junio del 2012. Han evaluado los principios de legalidad, eficiencia, economía de la gestión de los recursos, la organización y el funcionamiento de contratación de la Unizar. Y han valorado, por último, el cumplimiento de las normas económicas, financieras, presupuestarias y de gastos de personal. En resumen, han hecho una revisión completa de las cuentas anuales de la universidad del 2011.
Cabe destacar, según hemos leído en el informe, que han contado con todo el apoyo del personal de la universidad, el que está afecto a estos temas, para poder realizar su auditoría.
Por otro lado, su trabajo también ha tenido unas limitaciones de alcance, puesto que las cuentas de Unizar no informan del coste del rendimiento de los servicios públicos, como ha comentado algún portavoz, y del cumplimiento de los objetivos programados en sus previsiones. Y, señor Peña, esto les impide dar una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia de la ejecución del presupuesto. Y han tenido también limitaciones al no llevar la Unizar un registro de obligaciones reconocidas y su financiación adecuada, sea con fondos afectados o no. Impide saber si hay déficit o superávit, lo mismo que las actuaciones con los fondos finalistas, y tampoco se desglosan los gastos financieros de la deuda ni los cálculos actuariales por premios de jubilación a futuro del personal. Solo son contemplados los proyectos que han sido financiados por parte de la comunidad autónoma.
Dicho lo anterior, y con las limitaciones señaladas en el informe, en su conjunto las cuentas de Unizar no presentan graves deficiencias que impidan dar una opinión de fiabilidad, integridad, exactitud, y reflejan —y eso es importante— adecuadamente su realidad económica y financiera, y además son coherentes.
Señorías, se debe mejorar en todo lo que se pueda lo relativo a los estados contables y documentos exigidos en el Plan general de contabilidad. La Unizar sigue con el plan de 1994, y este ha sido derogado. Comoquiera que la comunidad autónoma no ha desarrollado otro durante su vigencia con arreglo a la Ley 6/2001, debieran aplicarse los criterios del nuevo marco del 2010, o sea, el aprobado por la orden EHA/1037/2010, y que tantas veces hemos repetido en esta comisión.
En lo dependiente a esta comunidad, no desearíamos que ni su cuenta general ni ninguna otra fiscalizada y presentada en estas Cortes no expresaran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera. Esto, en cualquier auditoría, es lo más grave que se puede decir, y que lo hemos visto hace pocos días.
Ya han pasado ustedes las cuentas fiscalizadas por esta Cámara del 2010 o 2011, y anteriormente por el Tribunal de Cuentas del Estado, como la cuenta general, entidades locales, subvenciones, contratos, entes públicos, etcétera.
Por eso, señorías, yo les pongo un pequeño símil —y, sobre todo, esto va un poco para la oposición—. Cuando vemos o leemos que va a la deriva un grandísimo iceberg y los peligros que lleva, hasta que esta enorme masa de hielo se diluye en el agua, pasa muchísimo tiempo. Por eso, señorías, todas las salvedades puestas de manifiesto no se arreglan de la noche a la mañana, y puede pasar algún año en su solución, y más si antes se han ido agrandando en el tiempo los defectos no corregidos, señora Fernández. Y digo esto porque observo en las propuestas de fiscalización de los grupos parlamentarios que presentamos, incluso las que debatiremos luego, acto seguido, que algunos grupos no solo instan o recomiendan, que sería lo prudente, sino que exigen que el actual Gobierno deje limpio de un plumazo en un año lo que ha sido una mala práctica de muchos años en los que no gobernaba. A pesar de ello se va corrigiendo todo lo posible y en el menor tiempo. Ahora creo que todos nos damos cuenta, vistas las auditorías, de que nunca deberán repetirse las actuaciones de anteriores gobiernos como ha pasado hasta la mitad del año 2011 y sus consecuencias. Sí, sí. Escuchen, escuchen.
Volviendo a la gestión de la Unizar, sí me llama la atención que en el curso 98-99 hubiera casi cuarenta y dos mil alumnos y con una plantilla total de tres mil quinientas ochenta y ocho personas y que en el curso 2010-2011, con veintinueve mil alumnos (es decir, doce mil setecientos alumnos menos), se tenga una plantilla no de los tres mil quinientos ochenta y ocho de entonces, sino de cinco mil seiscientas cinco personas; es decir, dos mil diecisiete personas más entre profesores docentes e investigadores y personal de administración y servicios. Así, la ratio, que era en el 98-99 de 16,9 alumnos por profesor, en 2010-2011, la ratio es de ocho alumnos por profesor. Es la ratio más baja de todas las universidades públicas de España. Entonces, yo les pregunto cuál es su opinión, señor Laguarta, señor Peña: demografía, abandono escolar, gestión en la contratación... Ya me lo explicarán, por favor.
Vemos, señor Peña, que han sacado ustedes de la fiscalización cuarenta y tres conclusiones y, de las mismas, dieciocho recomendaciones en las que no hay tiempo para abundar, pero que recomiendo leer a sus señorías porque hay temas de contabilidad, de gestión, de objetivos, de personal, de temporalidad, de todos los temas de la RPT, de contratación, etcétera.
Les agradecemos, pues, a todos los señores de la Cámara de Cuentas, señor Peña, este informe; una vez más, su profesionalidad y buen hacer, y a ustedes y a todo su equipo, como es costumbre.
Es el turno de respuesta del presidente de la Cámara de Cuentas y del consejero señor Peña por un tiempo de diez minutos.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Diez minutos para contestar a dos informes y a la intervención de cinco grupos me da una media de un minuto a cada grupo. Discúlpenme los señores portavoces si solo puede dedicar un minuto a cada uno.
Me tienen a su disposición para cualquier aclaración, aunque también entiendo que son de mucho más interés para sus señorías las consideraciones políticas que se puedan hacer como partidos que apoyan al Gobierno o como partidos de la oposición. Pero yo me voy a ceñir a nuestros propios informes; en concreto, al de subvenciones, que es el que yo he presentado.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Disculpe, señor Laguarta. Sabe que esta presidenta suele ser generosa con el tiempo, pero no se me vaya al triple del tiempo, por favor.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.
De todas formas, antes de ceñirme al informe, me siento obligado, ya que la han suscitado la cuestión varios portavoces, a manifestar mi profundo disgusto y contrariedad por la filtración que ha habido respecto a un informe que la Cámara de Cuentas todavía tiene en trámite de elaboración. La Cámara de Cuentas no ha hecho público ni ha acordado ningún informe sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, ningún informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos en fase de un informe provisional, y, por tanto, cualquier punto del informe está sujeto a alegaciones de la entidad fiscalizada y, por tanto, a revisión y que finalmente la Cámara de Cuentas pueda modificar, ratificar lo dicho en informe provisional o decir justo lo contrario, según los documentos o las alegaciones que sean presentadas. Eso, que quede claro. Y tengo tanta contrariedad como pueden tenerla los portavoces que lo han manifestado. El informe, efectivamente, provisional solo ha estado en manos de la Cámara de Cuentas y del Ayuntamiento de Zaragoza, al que se le ha puesto, naturalmente, en alegaciones. ¿Dónde se ha producido la filtración? No lo sé. No voy a actuar diciendo y echando la pelota a otro sitio. No lo sé dónde ha sido. Haré las indagaciones que pueda como presidente, aunque tampoco estoy seguro de conseguir mucho, puesto que mis facultades son muy limitadas. Y pediría que en una posible revisión de la Ley de la Cámara de Cuentas se facilitaran estas posibles investigaciones. Sí que quiero dejar claro que en la Cámara de Cuentas, en la primera reunión que tuve con el personal y los consejeros, dejé claro que la obligación de secreto y sigilo profesional es el primer mandato en la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que ni tengo reglamentos para que me apoyen en una acción de investigación ni, por supuesto, en el caso de que llegara a saber quién ha producido la filtración, si es que se ha producido en la Cámara de Cuentas, que no la estoy admitiendo, poder tomar medidas disciplinarias. No quiero decir nada más, sino simplemente que la Cámara de Cuentas no se ha pronunciado sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, y, por tanto, cualquier cosa que se diga puede ser eso o no.
Entro en las consideraciones de los grupos. El señor Romero ha hecho una enunciación de una serie de conclusiones que me ha parecido muy acertada y muy bien espigada, y que me hubiera gustado poder hacer en mi propia exposición, pero por falta de tiempo no he hecho. De todas las conclusiones que hemos sacado, que creo que hemos detectado bastantes temas y hemos recomendado asuntos que pueden ser de gran utilidad para el funcionamiento y efectividad del Gobierno de Aragón, hay algunas materias que podríamos decir que son de maquinaria administrativa. Por decir algún ejemplo, si hay que hacer comprobaciones sobre si las inversiones a medio, largo plazo se han mantenido cinco años, hombre, debería haber una maquinaria que por sí misma la haga, y, por tanto, aunque la responsabilidad política siempre es del Gobierno, habría que tomar las medidas para que esa maquinaria funcionaria. Pero la mayor parte de las recomendaciones no son de este tipo, sino que son recomendaciones y conclusiones que afectan a la propia forma de gobernar, e incluso hemos pedido actuaciones del legislativo; en concreto, esa ley de subvenciones de la comunidad autónoma, en la que confluyen casi todos los temas que estamos diciendo. O sea, si estuviera bien regulado, no habría tantos problemas. Naturalmente también hay cosas que están reguladas. La Ley general de subvenciones, como he expuesto, está en vigor y es obligatoria. Y, por ejemplo, el tema de que la concesión directa es un procedimiento no normal, no ordinario, está ya dicho. Si se respeta o no se respeta no es cuestión de carencia de ley o no carencia de ley. Pero, en todo caso, creo que, a iniciativa de quien sea, una regulación con norma de ley es imprescindible.
Respecto a las cuestiones que ha planteado el señor Soro —también entronco con esta materia—, ha aludido a que me he referido a una ilegalidad de alguna norma de las que se están aplicando; en concreto, en la página noventa y seis del informe citamos dos decretos: uno del ochenta y cuatro, que ha sido derogado, que está derogado, y que, sin embargo, alguna subvención se otorga invocando este decreto; y, sobre todo, el que más dudas nos ha planteado en varios momentos del informe ha sido el decreto 38/2006, que prevé los supuestos de concesión directa de subvenciones. La Ley general de subvenciones prevé que el procedimiento ordinario —y discúlpenme que lo repita— es el procedimiento de concurrencia competitiva y prevé tres supuestos en los que es excepción a este tema, y se prevé en tres letras (a, b y c) cuándo se puede dar una concesión directa. Pues bien: este decreto, que es del 2006 (es decir, posterior) admite un cuarto supuesto, un supuesto d, muy amplio. Yo creo que eso debe tener rango de ley si se admite o no se admite. Y, de la misma forma, bastantes otras materias que creo que podrían incluirse en esa ley de subvenciones.
Por cierto, en la ley de subvenciones aprovecho para pedir, porque algún borrador ya me ha llegado oficiosamente, en el que prácticamente ni se tiene en cuenta a la Cámara de Cuentas... Creo que en el control de las subvenciones al que se dedica en ese borrador oficioso —y discúlpenme por citar un documento oficioso por lo menos con respecto a la Cámara de Cuentas—... Se regulan las funciones fiscalizadoras en la intervención interna; también habría que decir qué papel tiene la Cámara de Cuentas en la fiscalización de esas subvenciones. Ruego a sus señorías que en el debate se dedique atención a qué papel quieren que tenga la Cámara de Cuentas en el control de las subvenciones.
Ha citado el señor Soro un caso concreto que nosotros hemos querido resaltar en la Cámara de Cuentas no por su importancia cuantitativa, sino porque nos ha parecido, a título de ejemplo, digno de ser resaltado, que era el Instituto Aragonés de Fomento. Dijo que cuantitativamente... No le quito importancia porque hasta el último euro tiene importancia en la gestión pública, pero, claro, el Instituto Aragonés de Fomento gestiona sesenta y un millones de euros en subvenciones frente a los mil novecientos noventa y ocho que es la comunidad autónoma, y, aun de esos que gestiona el IAF de ese presupuesto, por decisión de su propio consejo solo son catorce millones, mientras que los del Fondo de Teruel, el Fondo de Inversiones de Teruel, son treinta y siete, y ahí el IAF actúa como mero órgano ejecutor, puesto que las decisiones las toma esa comisión mixta de la Administración General del Estado y la comunidad autónoma. O sea, no quiero quitar importancia porque, en primer lugar, nosotros somos los que lo hemos incluido y hemos querido resaltarlo.
Y, efectivamente, también quiero hacer alusión a las alegaciones que presentaron contra lo que nosotros dijimos en el informe provisional. El IAF alegaba que, en según qué casos, en muchos casos no es posible, por urgencias y demás, convocar una convocatoria pública y esperar todos los plazos, y que atraer inversiones requiere una decisión inmediata. Bueno, eso podría estar contemplado en la Ley de subvenciones de la comunidad autónoma, esos casos excepcionales, si es que son necesarios. Pero, efectivamente, hay unas carencias en el IAF que existen en otros organismos autónomos, pero que en el IAF las hemos concentrado; pues como que debía haber unos manuales de procedimiento en los que se sepa claro cómo se conceden las subvenciones, que se publiquen... Creo que en este punto algún paso parece que ha dado en materia de avanzar en publicidad.
En cuanto a la intervención del señor Blasco, repito, ha planteado la necesidad de la ley de subvenciones, que resolvería bastantes de los aspectos en los que ponemos el dedo o marcamos con el dedo en nuestro informe ante la ausencia de una regulación, pero que hay una Ley general de subvenciones que, si se cumpliera, bastantes de las materias que hemos puesto en el informe no las hubiéramos puesto.
Por ejemplo, hay otra que es la necesidad de que exista un plan estratégico de dar las subvenciones, que se diga cómo se va a gestionar la partida presupuestaria que estas Cortes autorizan a los órganos de gestión para dar subvenciones y que se diga a qué se van a dedicar de una forma genérica, y que luego la concesión de subvenciones se ajuste a esas líneas.
En realidad sí que estamos pidiendo una limitación de la discrecionalidad de los órganos de gestión, pero creemos que esto es una garantía de los ciudadanos y hasta una mayor claridad y transparencia de los propios gestores públicos, que, en principio, hay que suponer que lo hacen con la mejor buena voluntad, pero que, si se dice claramente y se sabe qué es lo que van a hacer, es mucho menos atacable la gestión que hayan realizado.
Ha citado un punto concreto que es la cita que hacemos a la limitación al alcance número tres en la conclusión diecisiete, de la página catorce. Reconozco un error por nuestra parte. Esa limitación al alcance que llamamos número tres en el informe estaba en el informe provisional, y en el definitivo la hemos cambiado. De ahí —repito, y perdóneme que vuelva al principio—, lo que da importancia y es palabra de la Cámara de Cuentas es el informe definitivo; el provisional no es pronunciamiento de la Cámara de Cuentas, es una puesta de manifiesto de los temas que se han detectado, expuestos a alegaciones. Y, de la misma forma que cambiamos esta limitación, podemos cambiar cualquier tema, si es razonable, presentado en fase de alegaciones. En realidad esa limitación al alcance número tres es la que figura en el informe como limitación número dos, que se refiere al estudio que quisimos hacer de la financiación de los centros privados de educación concertada. La limitación que tuvimos fue que pedimos y quisimos una serie de datos en una materia tan complicada como es la educación concertada. No los obtuvimos esos datos en la fase inicial, pero sí fueron aportados —u ofreció aportarlos el Departamento de Educación— en la fase de alegaciones. Pero, claro, el estudiar toda esa materia, volver a hablar, a contrastar datos y demás, nos suponía una cantidad de tiempo que retrasaba mucho la presentación del informe —podíamos estar hablando de dos o tres meses más entre verificaciones, trabajos de campo en los distintos colegios y demás—, y entonces decidimos no incluirlo en este informe relativo al once, pero sí pasarlo al informe del doce, y es uno de los puntos que tenemos anotados en nuestras directrices técnicas, que vamos a tocar en el informe del año 2012 los centros de educación concertada. Quince en concreto son los que hay previsto fiscalizar.
A la señora Fernández le agradezco igualmente el descontento que ha manifestado con la filtración, de la que yo digo que tanto o más que usted lo siento y lo lamento yo, como presidente de la institución. Y ojalá pudiera tomar medidas. Ojalá.
Lo que sí que quiero es..., no sé si es tranquilizarla de que en las actuaciones y en la planificación de la Cámara no vea usted una intención distinta de lo que es una actuación técnica de la Cámara. No digo que me canse, pero he dicho muchas veces que la Cámara de Cuentas haremos lo que las Cortes nos digan, y, si las Cortes nos marcan unas prioridades, esas prioridades las seguiremos a rajatabla, como creo que lo hemos hecho hasta ahora.
Con respecto a la cuenta del 2011 he querido explicar al principio por qué desgajamos estos tres informes separados, además de la cuenta general: el relativo a subvenciones, el relativo a contratación y el relativo a gastos de personal y funcionamiento. En el año 2010 se hizo un informe global, como se había hecho en el Tribunal de Cuentas, y lo que estaba diciendo es que volveremos a hacerlo como lo hicimos en 2010 y en años anteriores, salvo que las Cortes nos marquen esa iniciativa de que quieren que miremos algún punto concreto, sean subvenciones, sea un contrato concreto... —sea el que sea—. Estamos dispuestos a hacerlo. Y, por favor, señora Fernández, no vea ninguna intención distinta de lo que es pura planificación de nuestras posibilidades. ¿Qué ha ocurrido? Que por hacer estos informes tan desgajados estamos hablando ahora, en el año 2014, del año 2011, cosa que fue un punto que nos propusimos superar de toda manera, y que, en esta Cámara, los portavoces han resaltado el valor que ha aportado la Cámara de Cuentas, que es la inmediatez, es decir, que nuestros informes se refieran al año anterior o al penúltimo, como mucho, pero ahora estamos hablando ya del once cuando estamos en el catorce, por habernos dedicado con esta profundidad a estos informes. No podemos hacer eso todos los años salvo que nos dupliquen el número de auditores. Y me había propuesto no decir esto porque lo he dicho muchas veces, pero ojalá sus señorías, a la hora de elaborar el presupuesto, nos concedieran más presupuesto para poder tener más auditores y llegar a todo. Pero, por favor, señora Fernández, no vea ninguna otra intención. Y le aseguro que el año 2012 y 2013 estarán presentados al menos con la misma profundidad que lo fue el año 2010. Y, desde luego, el rigor de la fiscalización no sufrirá, eso se lo garantizo.
En cuanto a la intervención del señor Garasa, en primer lugar, le agradezco sus amables palabras. Y me congratula el anuncio que ha hecho de que se va a presentar, supongo que en un plazo breve, el proyecto de ley de subvenciones. Realmente lo necesitamos.
Ha citado un punto concreto de nuestras conclusiones relativo a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Vuelvo a decir la misma observación que he dicho antes: que cuantitativamente, por materias, son cantidades pequeñas, pero las irregularidades que hemos puesto nos parecen cualitativamente —no cuantitativamente— relevantes. Y aprovecho ya también para decir otra conclusión que hay aquí: que, igual que hemos anunciado que hacía falta una ley de subvenciones, pensamos en la Cámara de Cuentas que una regulación de toda la financiación del sector local de una forma refundida sería muy oportuna. O sea, hay una serie de instrumentos muy variados (el Fondo de Cooperación Municipal, las transferencias incondicionadas a comarcas, el Fondo de Cooperación Local y Comarcal, los convenios con Huesca y Teruel, las ayudas del Fondo Local, etcétera) dispersos, regulados en distintas leyes, en distintos momentos... Hay un apartado que todavía está en el presupuesto que es la puesta en marcha de las comarcas. Digo: ¡hombre!, que eso ya se hizo desde el año 2001. Sé que exige un esfuerzo, pero sería de agradecer una refundición, si no una regulación nueva, de la financiación de los entes de la Administración local.
Y disculpe, señora presidenta, lo que me haya podido exceder, y le ruego permita a mi compañero exponer lo de la universidad con precisión en lo que haga falta.
Intentaré responder muy rápido porque hay menos cuestiones —me ha parecido— en relación con el informe de la universidad.
Casi todos los grupos han incidido en el tema de la fecha de aprobación del presupuesto, vinculada al propio establecimiento de un marco estable de financiación para la Universidad de Zaragoza de carácter plurianual. Yo me limito a recordar las resoluciones que se aprobaron en esta misma comisión en el mes de diciembre del año doce, en el que una de ellas era, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que el Gobierno estableciera un marco de negociación con la Universidad de Zaragoza en el que se pueda fijar un escenario financiero adecuado, estable y con la antelación suficiente para que el presupuesto pueda ser aprobado antes de iniciarse el ejercicio económico; y, en el mismo sentido, había otra propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Que la Cámara de Cuentas, compartiéndolas completamente, las reproduce en la contestación a la alegación número veintidós que presentó la Universidad, en la que nos trasladaba las dificultades que tenía para poder aprobar el presupuesto antes del comienzo del ejercicio como consecuencia del desconocimiento de las transferencias, de las dotaciones que provenían del Gobierno de Aragón. Lo que le recordamos ahí, en la página 265 de nuestro informe, es que, aunque exista esa dificultad, lo cierto es que el presupuesto de la Universidad, de acuerdo con la normativa que lo regula, tiene que estar aprobado a 1 de enero; y cerrábamos diciendo que, dicho esto, convendría, para mejorar la gestión presupuestaria de la Universidad de Zaragoza, que la Comunidad Autónoma estableciera un escenario de financiación plurianual de la entidad que le permitiera realizar una correcta planificación presupuestaria. Entonces, en ese sentido, pretendo contestar a todos los grupos que han insistido en este tema.
Nos preocupa también a la Cámara de Cuentas —me parece que lo ha dicho el señor Romero, y así se pone de manifiesto en el informe— el aumento explosivo de los plazos de pago a sus acreedores por parte de la universidad. Hemos analizado... En algunos casos, por ejemplo en los pagos a acreedores por prestaciones contractuales, nos hemos ido, como estamos haciendo ya la fiscalización del doce, hasta bien avanzado..., vamos, hasta fin del ejercicio doce, y vemos que algunas certificaciones se están pagando ya casi a la levantina, a trescientos días; unos plazos que no eran para nada comunes en administraciones públicas aragonesas. Entonces influye todo. También los retrasos en los pagos de las transferencias, los propios retrasos que están teniendo también de las empresas en las percepciones de los ingresos por transferencia de investigación... Pero, bueno, hay que vigilar eso, y en el informe se dan esos datos porque son preocupantes.
En cuanto a las mejoras que enunciaba el señor Soro, las hemos conocido, y, si han analizado el tratamiento que hicimos del trámite de alegaciones..., claro, las hemos analizado de la única manera posible. En algunos casos, la universidad no decía que habían incorporado ya las mejoras en la liquidación del presupuesto del año doce, lo cual no era suficiente más que para dejar constancia de esto. Pero, claro, la limitación o la incidencia en el presupuesto del once se ha tenido que quedar como estaba porque en el once concurrían esas circunstancias limitativas o de incumplimiento. Así sucede con el tema de la RPT, que nos lo acreditaron con la documentación de su aprobación en febrero, el tema de la confusión de funciones entre órgano de contratación y gerente o el tema de temporalidad, que en este sí que la universidad, tanto en alegaciones como en las relaciones habituales que tenemos con ellos, nos indican que tienen más dificultades para poder ajustarse a la ley precisamente por el tema de que tienen muchas plazas de personal docente e investigador vinculadas a proyectos de investigación o a otros tipos de ingresos finalistas. De todas maneras, también por dejar el incumplimiento en sus justos términos, quiero advertir a la comisión de que la ley establece como tope de la tasa de temporalidad el 40% de los efectivos y que la situación en la Universidad de Zaragoza está en el 41,6%. Quiero decir, sobrepasándose, pero en un porcentaje bastante asumible para lo que hemos conocido de otras universidades públicas españolas.
Al señor Blasco le informo lo que siempre acabamos concluyendo: que nosotros también le damos mucha importancia a los incumplimientos, a alguna ilegalidad que se ha identificado en el informe en materia de gestión, en particular de gestión contractual; y, claro, como le damos importancia, al final se sube al informe. No es que se diga: no, es que hemos apreciado que un contrato se ha adjudicado sin procedimiento de licitación», cuando ese contrato es además de una cuantía significativa (2,2 millones euros). Bueno, la Cámara lo dice porque entendemos que es un incumplimiento relevante. Incluso se define en el informe como salvedad a la opinión general de que se ha cumplido razonablemente con la legalidad. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Hay irregularidades importantes; hay que mejorar en esos temas, tanto en temporalidad, en la gestión de bolsas de interinos, en la que nos consta también que la Universidad está incorporando nuevos procedimientos para no seguir cubriendo provisionalmente las plazas de interinos con bolsas que se generaron en el año 2002 y 2003... Pero las advertencias de incumplimiento están vistas y puestas en el informe porque la Cámara de Cuentas las ha considerado relevantes como para que figuren específicamente en el informe.
A la señora Fernández, que nos plantea que las recomendaciones de su grupo son las que la Cámara de Cuentas formula en su informe, lo que hago es agradecerle la confianza en hacer suyas todas nuestras recomendaciones. Como decíamos el otro día en cuanto al informe de la cuenta general, lo importante es que tanto las que se aprobaron en esta comisión en diciembre del año doce como las que se aprueben en la próxima sesión de recomendaciones..., hagamos el correspondiente informe de seguimiento para que tengan ustedes cumplida información de cuándo se van incorporando las mejoras en el funcionamiento ordinario de la Universidad de Zaragoza. Insisto en que hay una recomendación que parece muy de perfil contable y como que fuera una obsesión para órganos del tipo de la Cámara de Cuentas, pero que tiene bastante más importancia de la que parece, y que en ese sentido nos gustaría que la comisión nos respaldara en este tema, que es el que ya he dicho en mi introducción inicial de que el tema de la contabilidad de costes tiene que estar definitivamente resuelto y al día antes de iniciarse el próximo curso, 2015-2016, porque hay normas legales que exigen que, para ese curso, la determinación de los precios públicos por matrícula esté calculada teniendo encima de la mesa los propios costes de la prestación del servicio de investigación y enseñanza superior. Y, en cuanto al tema que usted dice, lo reitero: sí que nos consta la aprobación de las RPT en el mes de febrero del año catorce, con posterioridad a nuestros informes; el tema de la segregación, y que se ha comenzado a corregir el asunto de la bolsa de interinos para no tener que seguir haciendo las contrataciones tirando de una bolsa del año 2003. Y, en cuanto al cumplimiento del acuerdo de financiación, me remito a lo dicho al inicio de mi intervención y a lo expuesto en el informe.
Y, finalmente, en cuanto al señor Garasa, me plantea un tema muy comprometido. Me permitirá que me quede, quizás sin darle satisfacción, en que hemos puesto en el informe, en el tema de ratios de la relación alumnos/plantilla, los datos que nos salen, lo que hemos obtenido de nuestro análisis, pero ya atrevernos a hacer un análisis, que sería quizás más estadístico o incluso más político, de qué es lo que nos parece esa ratio... En lo que ha sido la fiscalización no me puedo atrever en esta comisión a emitir una opinión en nombre de la Cámara de Cuentas. Decimos que esas son las ratios y las comparamos con las ratios que existen en otras universidades públicas españolas. Decimos además que creemos, porque así lo hemos analizado, que hay algunas circunstancias objetivas que pueden influir en esa ratio, como puede ser la implantación del nuevo Espacio Único Europeo de Enseñanza Superior, pero ya darle una opinión de contenido más estadístico (por ejemplo, de análisis poblacional) o más político, de qué es lo que nos parece esa ratio, yo creo que sería un atrevimiento por mi parte porque no hemos hecho ese análisis en los trabajos de fiscalización.
Sí que les invito a tener un poco de paciencia porque, en ese informe conjunto de fiscalización de todas las universidades públicas españolas para el período 2008-2012 que publicará el Tribunal de Cuentas, según nuestra programación, en el mes de septiembre o principios de octubre de este año 2014, y nosotros, probablemente, para esas mismas fechas, en lo referido a la Universidad de Zaragoza, sí que esta ratio se trabaja y se analizan estos indicadores de gestión, y podremos disponer de datos comparativos para el conjunto de las universidades públicas españolas, incluidas UNED y Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que entran también en el alcance de la fiscalización.
Y con esto, señora presidenta, doy por respondidas las cuestiones de los grupos.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Muchas gracias, señor Peña y señor Laguarta.
Suspendemos durante dos minutos la sesión para despedir a los miembros de la Cámara de Cuentas, y reanudamos inmediatamente.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, reanudamos la sesión con el debate de las propuestas de resolución presentadas a los informes que acabamos de debatir.
El orden de intervención será por orden de presentación de las propuestas de resolución por un tiempo máximo de cinco minutos.
Tiene la palabra en primer lugar el señor Soro, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para defender las trece propuestas presentadas al informe de fiscalización de subvenciones y las tres propuestas presentadas al informe de la Universidad de Zaragoza, así como para la fijación de posiciones respecto al resto de propuestas de resolución.
Señor Soro, cuando quiera.
Seré brevísimo porque las propuestas de resolución, lógicamente, se derivan de la intervención que ha antecedido a este acto de defensa de las propuestas de resolución.
Por lo que se refiere al informe de subvenciones y ayudas se plantea, en primer lugar, instar al Gobierno de Aragón a corregir todas las incidencias —hacemos una referencia expresa al IAF— y a cumplir todas las recomendaciones; y a continuación ya son propuestas concretas que se derivan en la mayoría de los casos de las propias recomendaciones de la Cámara relativas al proyecto de ley de subvenciones, a la publicidad en el BOA, etcétera. Como digo, se refieren todas ellas a propuestas que ya contiene el propio informe de la Cámara de Cuentas.
Y, por lo que se refiere al informe de la Universidad de Zaragoza, son solo tres propuestas de resolución en las que solo instamos al Gobierno de Aragón —no a la universidad—, en primer lugar, a que se cumpla la Ley de presupuestos del 2013 para que se establezca ese marco de negociación, que se solucione la cuestión de la financiación, que hemos coincidido en que es uno de los problemas fundamentales, de los que se derivan los problemas que después la Cámara de Cuentas refleja en su informe; a abonar todas las deudas, y, por último, a que sea el Gobierno el que elabore ese plan de contabilidad al que se refería al final el señor Peña.
Como digo, son todas ellas propuestas de resolución derivadas de las recomendaciones y del debate que acaba de tener lugar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández para la defensa de sus enmiendas y la fijación de posiciones.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, presidenta.
El Grupo Socialista ha presentado cinco propuestas de resolución en relación con el informe de subvenciones y ayudas del sector público, que van dirigidas... La primera de ellas insta al Gobierno a que remita a estas Cortes el proyecto de ley de subvenciones. Consideramos que ya tenía que haber sido debatido, porque el Gobierno del Partido Popular, desde que accedió, prometió traer este proyecto de ley de subvenciones, y la Cámara de Cuentas lo suele venir reiterando.
La segunda de ellas tiene que ver con la dotación de subvenciones de los capítulos IV y VII atendiendo a la naturaleza corriente o de capital del presupuesto de gastos, porque consideramos que eso da mayor transparencia en la concesión de las subvenciones.
La tercera insta al Gobierno a reforzar el control de los órganos gestores de las subvenciones sobre distintos aspectos que también recogen las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
La cuarta es relativa a las ayudas a las entidades locales, ya que, al haber diferentes fuentes de financiación por parte de los distintos organismos del Gobierno y del sector público, en las subvenciones puede haber problemas en relación con esta diversidad de fuentes de financiación. Creemos también que en particular hay que sistematizar las ayudas concedidas a las comarcas por las transferencias incondicionadas, lógicamente con el objeto de una mayor transparencia.
Y la última tiene que ver con las subvenciones de capital y la necesidad de que se realice un seguimiento con objeto de comprobar el mantenimiento de inversiones por parte de los beneficiarios durante un plazo determinado.
Las propuestas de resolución relativas al informe de las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza son únicamente dos. Por lo que hemos explicado ya en el debate consideramos que, con una financiación estable, la Universidad de Zaragoza podrá llevar a cabo mucho mejor su gestión y, por lo tanto, cubrir las deficiencias y limitaciones que se observan en el informe de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, una propuesta de resolución donde instamos al Gobierno a cumplir el acuerdo de financiación que se firmó en el año 2011, y una segunda propuesta de resolución, que tiene que ver con el tema de la deuda; pedimos al Gobierno que abone la deuda que tiene con la Universidad de Zaragoza para evitar que se continúe incrementando la morosidad de dicha institución.
Y esto es todo, señora presidenta. Gracias.
El señor diputado SORO DOMINGO: Señora presidenta, quería pedir la palabra dos segundos porque no me he dado cuenta de la fijación de posiciones de enmiendas del resto de grupos. Veo que no hay explicación de voto. Si me dejara dos segundos, la fijación de posiciones simplemente de las propuestas de resolución de resto de grupos.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Si el resto de portavoces no se opone, la presidencia no tiene ningún inconveniente.
El señor diputado SORO DOMINGO: Serán dos segundos. Simplemente anunciar que votaremos a favor de todas las propuestas de resolución del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, y votaremos en contra de las tres propuestas de resolución del Grupo Popular respecto a la Universidad de Zaragoza porque se trata de cuestiones que —hoy se ha puesto de manifiesto en el debate— ya ha cumplido la universidad. Entendemos que no tiene sentido requerirle hacer algo que ya está hecho, y en los tres supuestos son cuestiones que ya están ejecutadas.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuerdo, señor Soro. Gracias.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Garasa para la defensa de las tres propuestas de resolución y la fijación de posiciones.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres propuestas. Efectivamente, como bien dice el señor Soro, hemos dejado el tema de la RPT, que lleva desde el 2000 sin hacerse; efectivamente, en febrero de 2014 sí que ha sido modificada, pero no hemos querido retirarla por dejarla ahí, ya que se hacía también..., se abundaba sobre el tema de la temporalidad.
Sí que creíamos importante dejar claro el tema del endeudamiento de la universidad, que este realmente fuera acorde a su real capacidad de financiación, y no endeudarse aun cuando realmente fuera importante lo que tuviera que hacer si realmente luego no podía devolverse aquello para lo cual se habían comprometido.
Y, en cuanto al tema de la correcta gestión del tema de contrataciones, nos parecía oportuno diferenciar entre los órganos de contratación y las mesas de contratación, realmente, para que hubiera concursos previos en todo aquello que fuera posible.
En cuanto al resto de las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, también tenemos nuestras reticencias a aprobar algunas de ellas, que quizá no vengan por tener bastante matiz político y no se acomodan a lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas.
Es el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Romero.
El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado dieciséis —ha habido un error, que una está duplicada; por lo tanto, son quince— en el informe de fiscalización de subvenciones y ayudas al sector público, como propuestas de resolución, y cinco en el informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ambos en relación al ejercicio 2011.
Las propuestas de resolución van todas en relación a atender las recomendaciones que nos marca la propia Cámara de Cuentas y que hoy hemos debatido. Y en mi intervención he ido exponiendo cada una de las anomalías y, por lo tanto, la mala praxis por parte del Gobierno de Aragón en el desarrollo de la política de subvenciones y en la gestión también de la Universidad de Zaragoza.
Nuestra posición con respecto a las propuestas de resolución de los demás grupos parlamentarios... Votaremos a favor de las propuestas por el Grupo Chunta Aragonesista y Grupo Socialista porque coinciden, en la mayor parte de ellas, con las propias propuestas que hemos presentado nosotros, y votaremos en contra de las del Grupo Parlamentario Popular porque ha quedado acreditado, como bien se ha dicho, que son cuestiones que ya están resueltas, y no entendemos, con la enjundia de muchísimas cuestiones de importancia que resalta el informe, que no hayan sido más profundas, sino que se han ido a cuestiones puramente más técnicas que ya han sido resueltas.
Y, para finalizar el turno de portavoces, es el turno del señor Blasco para fijar las posiciones respecto al resto de propuestas de resolución.
Y muy brevemente para expresar que la opinión del Partido Aragonés en relación con las propuestas que han sido planteadas es «depende». Porque, claro, nos encontramos con un debate un tanto especial porque no hemos tenido ocasión ni siquiera de haber transaccionando algunas de las propuestas. Tal y como está hecho el trámite, supongo que ahora se tendrá que ir haciendo una por una. Por lo tanto, es difícil fijar la posición habiendo alguna transacción pendiente y sin resolver. Por otra parte, también creo que, aunque no se haya dicho por parte de los grupos, se retirarán las propuestas de resolución que no tienen que ver con las subvenciones y con la universidad, sino que tenían que ver con los contratos. Supongo que esas tampoco se votarán. Lo digo porque, tal y como estamos en estos momentos... Por eso digo que la posición del Partido Aragonés dependerá de cómo vayan evolucionando las propuestas de resolución cuando se vayan presentando.
Recuerdo a todas sus señorías que la resolución de Presidencia que establece el trámite por el que se sustancian los informes de fiscalización —no la cuenta general, sino los informes de fiscalización— establece que en el trascurso de la comisión se suspenderá durante treinta minutos para presentar las propuestas de resolución para que la mesa las dictamine y para que los portavoces tengan ocasión en ese tiempo de verlas y de votarlas. Como ese trámite a la mesa no le parecía que daba tiempo a los portavoces para poderlas preparar, se estableció ya desde el año pasado el procedimiento de abrir anteriormente un plazo de presentación de enmiendas. Entiendo que han tenido tiempo los portavoces para poderlas estudiar e incluso para hablar todo lo que tuvieran que hablar entre ustedes. Pero, de todas formas, como supongo que hay alguna transacción, suspendo la comisión durante un minuto. Ruego a los portavoces que se acerquen.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, comienza la votación.
Votaremos en primer lugar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización sobre las subvenciones y ayudas del sector público autonómico de Aragón correspondiente al ejercicio económico de 2011.
Empezamos por las propuestas de resolución del Grupo Chunta Aragonesista.
Propuesta de resolución número 1 del Grupo Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 9 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 10 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 12 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta número 2. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta número 3. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta número 4. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra?
Repetimos la votación. Propuesta número 4. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra?
Repetimos la votación. Propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 4 del Grupo de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 5 de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 7. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 8. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 9. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 10. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 11. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
La número 12 es idéntica a la número 11; por lo tanto, no la votamos.
Propuesta de resolución número 13 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 14. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 15. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 16. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 17. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
A continuación votaremos las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización sobre las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza correspondiente al ejercicio económico de 2011.
Votamos en primer lugar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 3. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
¿Votos a favor? De la número 1, perdón. Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en...
¿Es necesario repetir la votación? Repetimos la votación de la propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Diez votos a favor. ¿Votos en contra? Ocho votos en contra. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Diez votos a favor. ¿Votos en contra? Ocho votos en contra. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Diez votos a favor. ¿Votos en contra? Ocho votos en contra. Queda aprobada.
Propuesta número 3. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Y propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra?
Repetimos la votación. Propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Solventado este punto del orden del día, retomamos el punto uno del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Punto tres del orden del día: ruegos y preguntas.
Pues, solventado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y ocho minutos].

References: artículo 2
 Real Decreto 
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 artículo 112
 artículo 31
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