Source: https://fr.scribd.com/document/273440108/Codigo-Civil-y-Comercial-de-la-Nacion-Comentado-Tomo-2
Timestamp: 2020-08-03 13:19:38+00:00

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Código Civil y Comercial de la Nación Comentado - Tomo 2 | Divorcio | Familia
El Código Civil y Comercial de la Nación fue aprobado por ley 26.994. El nuevo cuerpo normativo está conformado por 2671 artículos y entra en vigencia el 1 de agosto de 2015.- Presentamos el segundo tomo de la colección del texto comentado del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se aborda el Libro Segundo dedicado a las “Relaciones de Familia” (arts. 401 a 723). La obra está realizada por autores de diferentes generaciones, provenientes de todas las regiones de nuestro país y cuenta con la codirección de prestigiosos juristas. Contiene una explicación detallada de cada nuevo artículo, con el fin de que los contenidos sean accesibles tanto para cualquier ciudadano como para el público especializado en materia jurídica. La estructura de los comentarios está compuesta por una introducción al tema, seguida por la interpretación de la norma. Esta colección reúne 6 tomos, donde se analizan detalladamente los distintos Libros del Código, según sus bloques temáticos. Se puede descargar de manera gratuita en formato PDF y ebook, desde nuestra página web http://www.infojus.gob.ar/.
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Codigo Civil y Comercial Comentado TOMO_4
30085972 Bossert Gustavo Zannoni Eduardo Manual de Derecho de Familia
Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso
Artículos 401 a 723
Caramelo, Gustavo Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo ; Sebastián Picasso ; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infojus, 2015. v. 2, 640 p. ; 23x16 cm.
ISBN 978-987-3720-31-4
1. Derecho Civil. 2. Derecho Comercial. I. Sebastián Picasso II. Herrera, Marisa III. Título CDD 346
Fecha de catalogación: 29/05/2015
ISBN Obra completa: 978-987-3720-29-1 ISBN Tomo 2: 978-987-3720-31-4 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado
1ra. edición - julio 2015
El contenido de esta publicación expresa solo la opinión de sus autores, y no necesariamente la del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Todos los derechos reservados. Distribución gratuita. Prohibida su venta. Se permite la reproducción total
o parcial de este libro, su almacenamiento en un sistema informático, su transmisión en cualquier forma,
o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, con la previa autorización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
MARISA HERRERA GUSTAVO CARAMELO SEBASTIÁN PICASSO
Tomo I, II y VI
FIORELLA VIGO
CECILIA KANDUS
Tomo III, IV y VI
Infojus agradece el asesoramiento técnico brindado por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (DNRUA), Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble; la Dirección General de Asistencia Técnica y Legislativa; la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Legislativo; y el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS).
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL TOMO
MarIel MolIna de Juan Arts. 401 a 420 Arts. 431 a 434 Arts. 537 a 554
CarolIna duprat Arts. 421 a 430 Arts. 435 a 445
ana peraCCa Arts. 446 a 508
natalIa de la torre Arts. 509 a 528
MarIsa Herrera Arts. 529 a 536 Arts. 555 a 593
MarIela González de VICel Arts. 594 a 637 Arts. 705 a 723
María VICtorIa pelleGrInI Arts. 638 a 704
INTRODUCCIÓN AL LIBRO SEGUNDO MARISA HERRERA, SEBASTIÁN PICASSO y GUSTAVO CARAMELO
La realidad social y, en especial, las relaciones de familia, son mucho más complejas que aquellas que circundaban a Vélez Sarsfield cuando redactó el Código Civil, incluso cuando lo reformó de manera sustancial Borda en 1968 al sancionarse la ley 17.711. Como dijo Mario Benedetti: “Sé que el sol es el mismo, que la lluvia y los hongos son los mismos, pero el futuro es otro, más compulsivo y arduo con épocas que están aún por inventarse”. (1)
Hay una gran cantidad de parejas que no se casan —de igual o de diverso sexo—; familias ensambladas o más conocidas como los “tuyos, los míos y los nuestros”; familias mono- parentales que nacen de decisiones de mujeres que deciden tener un hijo apelando a las técnicas de reproducción asistida; segundas o terceras uniones en las que los adultos ya vienen con una estructura económica o patrimonial y, por ende, quisieran elegir un régi- men de bienes en el cual no deban compartir o generar bienes “gananciales”; personas con capacidades restringidas o padecimientos mentales que pueden contraer matrimo- nio a pesar de su discapacidad siendo hasta terapéutico y beneficioso para su mejoría el compartir la vida con alguien; padres adolescentes que llevan adelante la crianza de sus hijos; exparejas que se llevan muy bien y que comparten el cuidado de los hijos tras la separación; personas cuya ruptura matrimonial o convivencial las dejan en una situación patrimonial desventajosa que deben verse compensadas por ese desequilibrio producto de haberse retirado del mercado laboral para hacerse cargo del hogar; hijos que tienen el derecho a portar el apellido de ambos padres saliéndose de una imposición legal machis- ta de que se debe llevar siempre el apellido del hombre; cantidad de niños que nacen de técnicas de reproducción humana asistida y que necesitan de reglas claras en lo relativo a la determinación de su filiación (¿quiénes son sus padres para la ley?: ¿quienes aportan el material genético o quienes tienen la voluntad procreacional o el deseo de ser padres?); y otra cantidad de niños que tienen el derecho de vivir en familia, en primer lugar, en la suya, y si eso no es posible, en otra familia a través de la adopción, por citar solo algunas de las tantas realidades y conflictos familiares que observa la sociedad contemporánea.
(1) Benedetti, Mario, “Dos cielos”, en El mundo que respiro, Bs. As., Seix Barral, 2001, p. 11.
Todas estas son realidades sociales bien palpables que el texto civil que nos regía hasta hoy invisibilizaba, escondía o renegaba, conculcándose una normativa constitucional básica y fundacional de un Estado democrático como prevé el art. 19 de la Constitución Nacional, que reconoce y promueve el respeto por la libertad y la intimidad; en este caso, de formar la familia que se quiera, desee o se pueda, en total consonancia con el art. 14 bis, que se preocupa por la protección integral de la familia sin definirla, es decir, considerándola de manera amplia e inclusiva.
El Código Civil y Comercial en su Libro Segundo dedicado a las “Relaciones de Familia” coloca sobre el escenario legal, y así otorga visibilidad, a todas las realidades sociales mencionadas y a tantísimas otras más.
Este reconocimiento legislativo es el resultado de varios hitos normativos que se han dado en los últimos años y que han posicionado a la Argentina en un lugar de vanguardia en el campo del derecho de familia. La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061); la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618); la Ley de Iden- tidad de Género (26.742); la Ley de Protección Integral de las Mujeres (26.485) o de Co- bertura Médica de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (26.862), por citar algunas, han venido a interpelar de manera profunda la legislación civil existente, llegando incluso
a alcanzar un caso jurídico a la luz de la obligada mirada constitucional-convencional, a tal punto que varias normativas han sido decretas inconstitucionales con el impacto desesta- bilizador que se deriva de ello.
En este contexto, el Código Civil y Comercial viene a saldar una deuda pendiente con el justiciable que necesita de reglas claras para resolver sus conflictos familiares, encon- trando soluciones a nuevas controversias y respuestas a interrogantes que hasta hace un tiempo eran impensadas.
En este segundo tomo, el lector encontrará la mayor cantidad de modificaciones que observa el nuevo texto civil y comercial, siendo en el campo de las relaciones de familia donde más cambios se introducen, en total consonancia con los nuevos aires legislativos
y sociales sintetizados. En definitiva, es aquí donde se observa uno de los mayores esfuer- zos en esta búsqueda constante y sonante por un derecho más humano; es decir, por un derecho de familia plural, inclusivo, solidario y responsable.
Comentarios de Mariel Molina de Juan
Artículo 401.- Esponsales Artículo 402.- Interpretación y aplicación de las normas
Artículo 403.- Impedimentos matrimoniales Artículo 404.- Falta de edad nupcial. Dispensa judicial Artículo 405.- Falta de salud mental y dispensa judicial Artículo 406.- Requisitos de existencia del matrimonio Artículo 407.- Incompetencia de la autoridad que celebra el acto Artículo 408.- Consentimiento puro y simple Artículo 409.- Vicios del consentimiento
Artículo 410.- Oposición a la celebración del matrimonio Artículo 411.- Legitimados para la oposición Artículo 412.- Denuncia de impedimentos Artículo 413.- Forma y requisitos de la oposición Artículo 414.- Procedimiento de la oposición Artículo 415.- Cumplimiento de la sentencia
SECCIÓN 1ª. ModalIdad ordINarIa dE CElEbraCIÓN
Artículo 416.- Solicitud inicial Artículo 417.- Suspensión de la celebración Artículo 418.- Celebración del matrimonio
Artículo 419.- Idioma
Artículo 420.- Acta de matrimonio y copia
SECCIÓN 2ª. ModalIdad ExtraordINarIa dE CElEbraCIÓN
Comentarios de Carolina Duprat
Artículo 421.- Matrimonio en artículo de muerte
Artículo 422.- Matrimonio a distancia
Artículo 423.- Regla general. Excepciones. Posesión de estado
Artículo 424.- Nulidad absoluta. Legitimados
Artículo 425.- Nulidad relativa. Legitimados
Artículo 426.- Nulidad matrimonial y terceros
Artículo 427.- Buena fe en la celebración del matrimonio
Artículo 428.- Efectos de la buena fe de ambos cónyuges
Artículo 429.- Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges
Artículo 430.- Efectos de la mala fe de ambos cónyuges
CAPÍTULO 7 - Derechos y deberes de los cónyuges Comentarios de Mariel Molina de Juan
Artículo 431.- Asistencia
Artículo 432.- Alimentos
Artículo 433.- Pautas para la fijación de los alimentos
Artículo 434.- Alimentos posteriores al divorcio
CAPÍTULO 8 - Disolución del matrimonio Comentarios de Carolina Duprat
SECCIÓN 1ª. CauSalES
Artículo 435.- Causas de disolución del matrimonio
SECCIÓN 2ª. ProCESo dE dIvorCIo
Artículo 436.- Nulidad de la renuncia
Artículo 437.- Divorcio. Legitimación
Artículo 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio
SECCIÓN 3ª. EfECtoS dEl dIvorCIo
Artículo 439.- Convenio regulador. Contenido
Artículo 440.- Eficacia y modificación del convenio regulador
Artículo 441.- Compensación económica
Artículo 442.- Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad
Artículo 443.- Atribución del uso de la vivienda. Pautas
Artículo 444.- Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar
Artículo 445.- Cese
SECCIÓN 1ª. CoNvENCIoNES MatrIMoNIalES
Comentarios de Ana Peracca
Artículo 446.- Objeto Artículo 447.- Nulidad de otros acuerdos Artículo 448.- Forma Artículo 449.- Modificación de régimen Artículo 450.- Personas menores de edad
SECCIÓN 2ª. doNaCIoNES Por razÓN dE MatrIMoNIo
Artículo 451.- Normas aplicables Artículo 452.- Condición implícita Artículo 453.- Oferta de donación
SECCIÓN 3ª. dISPoSICIoNES CoMuNES a todoS loS rEgíMENES
Artículo 454.- Aplicación. Inderogabilidad Artículo 455.- Deber de contribución Artículo 456.- Actos que requieren asentimiento Artículo 457.- Requisitos del asentimiento Artículo 458.- Autorización judicial Artículo 459.- Mandato entre cónyuges Artículo 460.- Ausencia o impedimento Artículo 461.- Responsabilidad solidaria Artículo 462.- Cosas muebles no registrables
Artículo 463.- Carácter supletorio
SECCIÓN 2ª. bIENES dE loS CÓNyugES
Artículo 464.- Bienes propios Artículo 465.- Bienes gananciales Artículo 466.- Prueba del carácter propio o ganancial
SECCIÓN 3ª. dEudaS dE loS CÓNyugES
Artículo 467.- Responsabilidad Artículo 468.- Recompensa
SECCIÓN 4ª. gEStIÓN dE loS bIENES EN la CoMuNIdad
Artículo 469.- Bienes propios Artículo 470.- Bienes gananciales Artículo 471.- Bienes adquiridos conjuntamente Artículo 472.- Ausencia de prueba Artículo 473.- Fraude Artículo 474.- Administración sin mandato expreso
SECCIÓN 5ª. ExtINCIÓN dE la CoMuNIdad
Artículo 475.- Causas
Artículo 476.- Muerte real y presunta
Artículo 477.- Separación judicial de bienes
Artículo 478.- Exclusión de la subrogación
Artículo 479.- Medidas cautelares
Artículo 480.- Momento de la extinción
SECCIÓN 6ª. INdIvISIÓN PoStCoMuNItarIa
Artículo 481.- Reglas aplicables
Artículo 482.- Reglas de administración
Artículo 483.- Medidas protectorias
Artículo 484.- Uso de los bienes indivisos
Artículo 485.- Frutos y rentas
Artículo 486.- Pasivo
Artículo 487.- Efectos frente a los acreedores
SECCIÓN 7ª. lIquIdaCIÓN dE la CoMuNIdad
Artículo 488.- Recompensas
Artículo 489.- Cargas de la comunidad
Artículo 490.- Obligaciones personales
Artículo 491.- Casos de recompensas
Artículo 493.- Monto
Artículo 494.- Valuación de las recompensas
Artículo 495.- Liquidación
SECCIÓN 8ª. PartICIÓN dE la CoMuNIdad
Artículo 496.- Derecho de pedirla
Artículo 497.- Masa partible
Artículo 498.- División
Artículo 499.- Atribución preferencial
Artículo 500.- Forma de la partición
Artículo 501.- Gastos
Artículo 502.- Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores
Artículo 503.- Liquidación de dos o más comunidades
Artículo 504.- Bigamia
Artículo 505.- Gestión de los bienes
Artículo 506.- Prueba de la propiedad
Artículo 507.- Cese del régimen
Artículo 508.- Disolución del matrimonio
Comentarios de Natalia De la Torre
Artículo 509.- Ámbito de aplicación Artículo 510.- Requisitos Artículo 511.- Registración Artículo 512.- Prueba de la unión convivencial
Artículo 513.- Autonomía de la voluntad de los convivientes Artículo 514.- Contenido del pacto de convivencia Artículo 515.- Límites Artículo 516.- Modificación, rescisión y extinción Artículo 517.- Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de los terceros
Artículo 518.- Relaciones patrimoniales Artículo 519.- Asistencia Artículo 520.- Contribución a los gastos del hogar Artículo 521.- Responsabilidad por las deudas frente a terceros Artículo 522.- Protección de la vivienda familiar
Artículo 523.- Causas del cese de la unión convivencial Artículo 524.- Compensación económica Artículo 525.- Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad Artículo 526.- Atribución del uso de la vivienda familiar Artículo 527.- Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes Artículo 528.- Distribución de los bienes
Comentarios de Marisa Herrera
Artículo 529.- Concepto y terminología Artículo 530.- Elementos del Artículo 531.- Grado. Línea. Tronco Artículo 532.- Clases de líneas Artículo 533.- Cómputo del parentesco Artículo 534.- Hermanos bilaterales y unilaterales Artículo 535.- Parentesco por adopción Artículo 536.- Parentesco por afinidad. Cómputo. Exclusión
SECCIÓN 1ª. alIMENtoS
Artículo 538.- Parientes por afinidad
Artículo 539.- Prohibiciones
Artículo 540.- Alimentos devengados y no percibidos
Artículo 541.- Contenido de la obligación alimentaria
Artículo 542.- Modo de cumplimiento
Artículo 543.- Proceso
Artículo 544.- Alimentos provisorios
Artículo 545.- Prueba
Artículo 546.- Existencia de otros obligados
Artículo 547.- Recursos
Artículo 548.- Retroactividad de la sentencia
Artículo 549.- Repetición
Artículo 550.- Medidas cautelares
Artículo 551.- Incumplimiento de órdenes judiciales
Artículo 552.- Intereses
Artículo 553.- Otras medidas para asegurar el cumplimiento
Artículo 554.- Cese de la obligación alimentaria
SECCIÓN 2ª. dErECho dE CoMuNICaCIÓN
Artículo 555.- Legitimados. Oposición
Artículo 556.- Otros beneficiarios
Artículo 557.- Medidas para asegurar el cumplimiento
Artículo 558.- Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos
Artículo 559.- Certificado de nacimiento
Artículo 560.- Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida
Artículo 561.- Forma y requisitos del consentimiento
Artículo 562.- Voluntad procreacional
Artículo 563.- Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asisti-
Artículo 564.- Contenido de la información
Artículo 565.- Principio general
Artículo 566.- Presunción de filiación
Artículo 567.- Situación especial en la separación de hecho
Artículo 568.- Matrimonios sucesivos
Artículo 569.- Formas de determinación
Artículo 570.- Principio general
Artículo 571.- Formas del reconocimiento
Artículo 572.- Notificación del reconocimiento
Artículo 573.- Caracteres del reconocimiento
Artículo 574.- Reconocimiento del hijo por nacer
Artículo 575.- Determinación en las técnicas de reproducción humana asistida
Artículo 576.- Caracteres
Artículo 577.- Inadmisibilidad de la demanda
Artículo 578.- Consecuencia de la regla general de doble vínculo filial
Artículo 579.- Prueba genética
Artículo 580.- Prueba genética post mortem
Artículo 581.- Competencia
Artículo 582.- Reglas generales
Artículo 583.- Reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la mater-
Artículo 584.- Posesión de estado
Artículo 585.- Convivencia
Artículo 586.- Alimentos provisorios
Artículo 587.- Reparación del daño causado
Artículo 588.- Impugnación de la maternidad
Artículo 589.- Impugnación de la filiación presumida por la ley
Artículo 590.- Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y caducidad
Artículo 591.- Acción de negación de filiación presumida por la ley
Artículo 592.- Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley
Artículo 593.- Impugnación del reconocimiento
Comentarios de Mariela González de Vicel CAPÍTULO 1 - Disposiciones generales
Artículo 594.- Concepto
Artículo 595.- Principios generales
Artículo 596.- Derecho a conocer los orígenes
Artículo 597.- Personas que pueden ser adoptadas
Artículo 598.- Pluralidad de adoptados
Artículo 599.- Personas que pueden ser adoptantes
Artículo 600.- Plazo de residencia en el país e inscripción
Artículo 601.- Restricciones
Artículo 602.- Regla general de la adopción por personas casadas o en unión convivencial
Artículo 603.- Adopción unipersonal por parte de personas casadas o en unión convivencial
Artículo 604.- Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial
Artículo 605.- Adopción conjunta y fallecimiento de uno de los guardadores
Artículo 606.- Adopción por tutor
CAPÍTULO 2 -Declaración judicial de la situación de adoptabilidad
Artículo 607.- Supuestos
Artículo 608.- Sujetos del procedimiento
Artículo 609.- Reglas del procedimiento
Artículo 610.- Equivalencia
Artículo 611.- Guarda de hecho. Prohibición
Artículo 612.- Competencia
Artículo 613.- Elección del guardador e intervención del organismo administrativo
Artículo 614.- Sentencia de guarda con fines de adopción
Artículo 615.- Competencia
Artículo 616.- Inicio del proceso de adopción
Artículo 617.- Reglas del procedimiento
Artículo 618.- Efecto temporal de la sentencia
Artículo 619.- Enumeración
Artículo 620.- Concepto
Artículo 621.- Facultades judiciales
Artículo 622.- Conversión
Artículo 623.- Prenombre del adoptado
SECCIÓN 2ª. adoPCIÓN PlENa Artículo 624.- Irrevocabilidad. Otros efectos
Artículo 625.- Pautas para el otorgamiento de la adopción plena
Artículo 626.- Apellido
SECCIÓN 3ª. adoPCIÓN SIMPlE
Artículo 627.- Efectos Artículo 628.- Acción de filiación o reconocimiento posterior a la adopción Artículo 629.- Revocación
SECCIÓN 4ª. adoPCIÓN dE INtEgraCIÓN Artículo 630.- Efectos entre el adoptado y su progenitor de origen Artículo 631.- Efectos entre el adoptado y el adoptante Artículo 632.- Reglas aplicables Artículo 633.- Revocación
Artículo 634.- Nulidades absolutas Artículo 635.- Nulidad relativa Artículo 636.- Normas supletorias Artículo 637.- Inscripción
Comentarios de María Victoria Pellegrini
Artículo 638.- Responsabilidad parental. Concepto Artículo 639.- Principios generales. Enumeración Artículo 640.- Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental
Artículo 641.- Ejercicio de la responsabilidad parental Artículo 642.- Desacuerdo Artículo 643.- Delegación del ejercicio Artículo 644.- Progenitores adolescentes Artículo 645.- Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores
Artículo 646.- Enumeración Artículo 647.- Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado
Artículo 648.- Cuidado personal Artículo 649.- Clases Artículo 650.- Modalidades del cuidado personal compartido Artículo 651.- Reglas generales Artículo 652.- Derecho y deber de comunicación Artículo 653.- Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración
Artículo 654.- Deber de informar
Artículo 655.- Plan de parentalidad
Artículo 656.- Inexistencia de plan de parentalidad homologado
Artículo 657.- Otorgamiento de la guarda a un pariente
Artículo 658.- Regla general
Artículo 659.- Contenido
Artículo 660.- Tareas de cuidado personal
Artículo 661.- Legitimación
Artículo 662.- Hijo mayor de edad
Artículo 663.- Hijo mayor que se capacita
Artículo 664.- Hijo no reconocido
Artículo 665.- Mujer embarazada
Artículo 666.- Cuidado personal compartido
Artículo 667.- Hijo fuera del país o alejado de sus progenitores
Artículo 668.- Reclamo a ascendientes
Artículo 669.- Alimentos impagos
Artículo 670.- Medidas ante el incumplimiento
Artículo 671.- Enumeración
Artículo 672.- Progenitor afín
Artículo 673.- Deberes del progenitor afín
Artículo 674.- Delegación en el progenitor afín
Artículo 675.- Ejercicio conjunto con el progenitor afín
Artículo 676.- Alimentos
Artículo 677.- Representación
Artículo 678.- Oposición al juicio
Artículo 679.- Juicio contra los progenitores
Artículo 680.- Hijo adolescente en juicio
Artículo 681.- Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años
Artículo 682.- Contratos por servicios del hijo mayor de dieciséis años
Artículo 683.- Presunción de autorización para hijo mayor de dieciséis años
Artículo 684.- Contratos de escasa cuantía
Artículo 685.- Administración de los bienes
Artículo 686.- Excepciones a la administración
Artículo 687.- Designación voluntaria de administrador
Artículo 688.- Desacuerdos
Artículo 689.- Contratos prohibidos
Artículo 690.- Contratos con terceros
Artículo 691.- Contratos de locación
Artículo 692.- Actos que necesitan autorización judicial
Artículo 693.- Obligación de realizar inventario
Artículo 694.- Pérdida de la administración
Artículo 695.- Administración y privación de responsabilidad parental
Artículo 696.- Remoción de la administración
Artículo 697.- Rentas
Artículo 698.- Utilización de las rentas
Artículo 699.- Extinción de la titularidad
Artículo 700.- Privación
Artículo 701.- Rehabilitación
Artículo 702.- Suspensión del ejercicio
Artículo 703.- Casos de privación o suspensión de ejercicio
Artículo 704.- Subsistencia del deber alimentario
Comentarios de Mariela González de Vicel
Artículo 705.- Ámbito de aplicación
Artículo 706.- Principios generales de los procesos de familia
Artículo 707.- Participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y
Artículo 708.- Acceso limitado al expediente
Artículo 709.- Principio de oficiosidad
Artículo 710.- Principios relativos a la prueba
Artículo 711.- Testigos
Artículo 712.- Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad
Artículo 713.- Inherencia personal
Artículo 714.- Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio por la muerte de uno de los cón-
Artículo 715.- Sentencia de nulidad
Artículo 716.- Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes
Artículo 717.- Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio
Artículo 718.- Uniones convivenciales
Artículo 719.- Alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes
Artículo 720.- Acción de filiación
Artículo 721.- Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matri-
Artículo 722.- Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimo-
Artículo 723.- Ámbito de aplicación
CAPÍtULO 1 (*)
ARTÍCULO 401.- Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matri­ monio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera.
El Libro que regula las relaciones familiares en el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) se ocupa, en primer lugar, del matrimonio (Título I). Organiza un sistema jurídico orientado hacia la protección de la igualdad real de los cónyuges y a la garantía de la determinación autónoma de las funciones que competen a cada uno.
Ambos propósitos son un anticipo de la redefinición del viejo orden público matrimonial que ha pasado a ocupar un espacio diferente. Es que en la sociedad argentina ya no se encuentran ni sociológica ni jurídicamente vigentes las razones que justificaban muchas de las normas imperativas en el matrimonio que, en definitiva, no respondían al interés general de la comunidad, sino solo al particular de los esposos.
De este modo, el derecho que se ocupa de las relaciones conyugales, redefine sus pre- supuestos y fines, sin que quede fuera de estos replanteos la distribución de roles y de responsabilidades entre sus integrantes. Con ello, reconoce los profundos cambios socio- culturales de la familia argentina que han puesto en jaque la visión del matrimonio hetero- sexual como modelo exclusivo y excluyente de organización familiar, y continúa el camino recorrido desde fines del siglo pasado por las leyes 23.264, 23.515, 25.781 y 26.618.
(*) Comentarios a los arts. 401 a 420 elaborados por Mariel Molina de Juan.
ART. 401.- ESPONSALES
El Capítulo 1 puntualiza dos principios fundamentales que recogen el paradigma consti-
tucional internacional, los que vertebran todo el Título I y se observan como hilos conduc- tores del sistema. El art. 401 CCyC importa la consagración del respeto por la dignidad
y libertad de las personas, descartando todo reconocimiento de efectos jurídicos a los
esponsales de futuro. El art. 402 CCyC contiene una regla de interpretación y aplicación del derecho matrimonial que es garantía de igualdad y no discriminación.
Los esponsales “de futuro”, por oposición a los esponsales de presente —que en el dere- cho canónico histórico equivalían al matrimonio—, son la promesa bilateral, mutuamente aceptada, que dos personas se hacen de contraer matrimonio en el futuro.
2.1. Prohibición de exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio
Para la ley argentina, la promesa recíproca de casarse, realizada entre los novios, nunca ha sido exigible, ni se ha autorizado su cumplimiento forzado. El art. 401 CCyC sigue la tradición jurídica y reitera esta indiscutible prohibición.
La celebración del matrimonio es uno de los actos más trascendentes de la vida de las personas. La decisión de casarse y la elección de con quién hacerlo debe ser adoptada por cada uno en forma libre y sin ninguna clase de condicionamientos. La libertad de
elección de la persona con la que se contrae matrimonio impide que pueda realizarse con anterioridad un pacto que constriña al matrimonio. Lo dicho encuentra su fundamento úl- timo en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), que establece en su art. 16: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: El mismo derecho para contraer ma- trimonio; El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento”. Por eso, aunque se haya realizado una promesa de matrimonio, si luego uno se arrepiente y la rompe, no es posible que el otro lo demande para obtener su cumplimiento forzado.
2.2. Prohibición de reclamar los daños
y perjuicios causados por la ruptura del noviazgo
El art. 401 CCyC establece expresamente que no hay acción “para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura”. El nuevo texto no considera antijurídica la conducta de quien incumple una promesa de celebrar matrimonio y descarta el reclamo de indem- nización por daños que el cese del noviazgo puede provocar, en sintonía con lo dispuesto por el art. 16.2 CEDAW.
De este modo, la norma vuelve a la solución originaria del Código de Vélez que había sido reemplazada por la ley 23.515 que autorizaba el reclamo, aunque debe aclararse
que la doctrina y los escasos precedentes judiciales existentes valoraban con estrictez la antijuridicidad, y exigían como factor de atribución, el dolo o culpa del novio que rompió
la promesa, y que ese rompimiento sea intempestivo.
La modificación se encuentra en sintonía con la posición cada vez más restrictiva sobre
la aplicación de las normas de responsabilidad por daños en materia de derecho matri-
monial, que pretende ahuyentar toda coacción o condicionamiento que afecte la libre
LIBRO SEGUNDO - RELACIONES DE FAMILIA - TÍTULO I - MATRIMONIO
Naturalmente, si los novios realizan cualquier acto que encuadre dentro de la categoría
de aquellos que violan el principio de “no dañar a otro”, que afecte la integridad física, el
derecho al honor o a la intimidad del otro (por ejemplo, circulando fotos o videos a través de medios electrónicos como internet, etc.), la posibilidad de reclamar indemnización deriva de los principios generales de la responsabilidad civil, y no de la ruptura de la pro- mesa de matrimonio que está prohibida expresamente por el CCyC.
2.3. Acciones admitidas
La norma en comentario establece expresamente la posibilidad de aplicar “las reglas del
enriquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera”.
2.3.1. Restitución de las donaciones
A diferencia del sistema del Código Civil (en adelante, CC), de la ley 2393 y del
art. 165 CC, el CCyC reconoce expresamente la posibilidad de solicitar la restitución de
las donaciones realizadas entre los novios, las que siempre llevan implícita la condición de
que se celebre matrimonio válido (conf. art. 452 CCyC).
Recoge la posición de la doctrina y la jurisprudencia que, no obstante el silencio de la ley anterior, admitía la posibilidad de plantear acción para obtener la restitución de las donaciones o los regalos que los novios se hubieren efectuado entre sí en razón de un matrimonio que no se ha realizado.
2.3.2. Acción de enriquecimiento sin causa
Se faculta el ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa, en consecuencia, si un
novio realizó gastos o erogaciones que beneficiaron el patrimonio del otro, puede obte- ner el reintegro de lo aportado.
La solución responde a uno de los principios generales del derecho que postula que “na-
die puede enriquecerse injustamente a costa de otro” y, en consecuencia, toda atribución patrimonial debe obedecer a una “justa causa”. Protege a aquel que ha coadyuvado al enriquecimiento del otro y que se verá perjudicado a la hora de la ruptura, evitando que sufra un daño patrimonial irreparable.
El enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones que da lugar a una acción
personal encaminada a obtener el resarcimiento económico, está expresamente contem- plado, no solo en las disposiciones del Libro de relaciones familiares (esponsales, uniones convivenciales), sino además se encuentra previsto en el art. 1794 CCyC, que establece sus requisitos: “Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del em- pobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda”. El artículo siguiente (art. 1795 CCyC) deja en claro el carácter subsidiario de la acción; para que sea procedente, el ordenamiento jurídico no debe conceder al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido.
Se debe acreditar: 1) enriquecimiento patrimonial del demandado; 2) empobrecimiento co-
rrelativo del actor que supone una pérdida económicamente valorable; 3) relación de causali-
dad entre enriquecimiento y empobrecimiento; 4) falta de causa en el enriquecimiento patri- monial (no debe existir animus donandi porque, en ese caso, la acción sería la restitución de
las donaciones por causa de matrimonio); y 5) inexistencia de otras vías jurídicas adecuadas.
ART. 402.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS
ARTÍCULO 402.- Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restrin­ gir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los inte­ grantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
Fuentes y antecedentes: art. 42, último párrafo, de la cláusula complementaria de la ley 26.618.
El artículo 402 contiene una norma de hermenéutica jurídica fundada en el principio de igualdad y no discriminación de los integrantes del matrimonio. Encuentra su fuente en el último párrafo de la cláusula complementaria del art. 42 de la ley 26.618. “Aplicación. Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo como al constituido por DOS (2) personas de distinto sexo. Los integran- tes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por DOS (2) personas de distinto sexo”. Se trata de una regla de cierre que atraviesa transversalmente todo el derecho privado argentino, y garantiza —tanto a las personas que integran un matrimonio del mismo sexo como las que se han casado con una persona de otro sexo— la protección de sus dere- chos en igualdad de condiciones.
En un sentido amplio, concordante con el sistema de los derechos humanos, la norma implica una doble prohibición de discriminar: a) por razones de género (como lo dispone la CEDAW), ya que garantiza la igualdad de derechos y obligaciones entre los integrantes del matrimonio; y b) por razones de orientación sexual, pues no se admiten diferencias, sea el matrimonio constituido por dos personas del mismo o distinto sexo.
El principio de igualdad —que exige el respeto por el derecho a la diferencia y que cada uno pueda elegir su propio destino sin ser tratado en forma perjudicial por eso— ha tenido especial impacto en la democratización de las estructuras familiares, recogida por el CCyC.
Merece recalcarse que en el el sistema axiológico vigente (que cambió definitivamente el arquetipo sobre la igualdad decimonónica y avanzó hacia la igualdad real de oportunidades y de trato), no significa igualación o nivelación absoluta, sino garantía de equiparación de puntos de partida por medio de una legislación adecuada. Por eso, el CCyC contiene un plexo normativo que pretende conjugar la igualdad proclamada con la responsabilidad fa- miliar, de modo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los miembros más vulnerables en cada familia y en cada matrimonio (por ejemplo, mediante la protección de la vivienda, art. 443 CCyC; la compensación económica, art. 441 CCyC; la obligación de contribuir a las cargas del hogar en proporción a sus recursos, art. 455 CCyC, etc.).
2.1. Prohibición de discriminar por razones de género
El sistema de derechos humanos —en especial, la CEDAW— procura erradicar la tradi- cional visión de la mujer en la familia y en la sociedad, asentada en el rol dedicado a las
funciones domésticas frente a un marido “proveedor de sustento”. Consagra, en forma expresa, la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos miembros de la pareja respecto del hogar y de los hijos. Además, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas en todas las esferas de la vida tendientes a modificar patrones de conducta, prejuicios y prácticas consuetudinarias fundadas en la idea de inferioridad del sexo femenino.
Sin embargo, debe reconocerse que la igualdad proclamada en los textos no siempre se alcanza a concretar en la realidad social argentina, y que muchas mujeres todavía se en- cuentran sometidas a formas crueles de discriminación en diferentes ámbitos de su vida. De ahí la importancia de que el CCyC insista sobre este principio que aparece como una
regla troncal y de cierre frente a cualquier posible debate, pues, al consagrar la “igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio”, excluye toda justificación
a cualquier diferencia de trato entre los cónyuges por razones de género.
2.2. Prohibición de discriminar por razones de orientación sexual
El sistema de principios que sustenta el CCyC reconoce que no existe una única forma de
vivir y gozar la sexualidad. La prohibición de discriminar por razones de orientación sexual ha sido abordada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en el caso “Atala Riffo c/ Chile”, que versó sobre la responsabilidad internacional en la que incurrió Chile, pues la justicia de ese país impidió a una madre tener la custodia de
la presunta falta de un consenso al
sus tres hijas por ser lesbiana. En el párr. 92 se lee: “
interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexua-
les no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido”.
El avance hacia el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio de las personas del
mismo sexo en Argentina no ha sido sencillo. En este camino, el papel proactivo de los tri- bunales fue determinante mediante el dictado de sentencias que acogieron el planteo de inconstitucionalidad del requisito de diversidad de sexos estipulado en el art. 172 CC. La libertad para contraer matrimonio comprende la libertad de elección del futuro cónyuge
y, por ende, de su sexo. En consecuencia, un Estado que prohíbe a una persona casarse
con otra de su mismo sexo, comete una injerencia arbitraria que no satisface ningún inte-
rés legítimo que la justifique.
En 2010 se concretó la equiparación legal mediante la ley 26.618 que modificó el Código Civil. Esta norma significó un avance importantísimo en la visión pluralista de la institución matrimonial. El art. 172 CC quedó redactado de la siguiente forma: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personal- mente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matri- monio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo…”.
El art. 402 CCyC retoma el antecedente del art. 42 de la ley 26.618; en consecuencia, el matrimonio celebrado por personas homosexuales produce los mismos efectos que el celebrado por heterosexuales, de modo que las uniones de un hombre y una mujer, de dos mujeres o de dos hombres quedan equiparadas en todos sus aspectos.
ART. 403.- IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES
ARTÍCULO 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos diri­ mentes para contraer matrimonio:
a. el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo;
b. el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo;
c. la afinidad en línea recta en todos los grados;
d. el matrimonio anterior, mientras subsista;
e. haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homici­ dio doloso de uno de los cónyuges;
f. tener menos de dieciocho años;
g. la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial.
Fuentes y antecedentes: art. 166 CC.
Los impedimentos matrimoniales son “prohibiciones de la ley que afectan a las personas para contraer un determinado matrimonio”. (1)
El art. 403 tiene su fuente en el art. 166 CC, aunque presenta algunas modificaciones que adecuan la terminología y recogen las críticas formuladas al texto anterior. Por ello, se suprime el impedimento de sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera (inc. 9 del art. 166 CCyC); respecto del cual, la doctrina sostenía que más que impedimento, impli- caba la ausencia de consentimiento.
Tradicionalmente se han formulado diferentes clasificaciones de los impedimentos (diri- mentes/impedientes, perpetuos/temporales, dispensables/no dispensables, absolutos/ relativos). Entre estas categorías, la de mayor relevancia práctica es la que distinguió entre dirimentes e impedientes, tomando en consideración las consecuencias de la ce- lebración del matrimonio no obstante la prohibición. Mientras que los dirimentes dan lugar a nulidad, los impedientes son meramente prohibitivos, y el acto celebrado es válido. Antes de la entrada en vigencia del CCyC, esta categoría se integraba por los lla- mados “impedimentos eugenésicos“ estipulados para la prevención de enfermedades de transmisión en período de contagio (conf. leyes 12.331 y 16.668). El art. 416 CCyC, que no exige la presentación de certificados prenupciales (a diferencia del art. 187 CC), permite aseverar que no se mantienen estas prohibiciones —por lo demás, muy cuestio- nadas por su falta de sustento, atento el cambio de las costumbres sociales—. También se consideraban impedientes, las restricciones previstas en el art. 168 CC (carencia de asentimiento de los representantes legales) y el art. 171 CC (falta de aprobación de las cuentas de la tutela).
(1) Zannoni, Eduardo a., Derecho civil. Derecho de familia, t. 1, 5 a ed., Bs. As., Astrea, 2006, p. 259.
El art. 403 CCyC enumera los impedimentos dirimentes, es decir, aquellos que tienen prevista sanción de nulidad.
Si de las diligencias previas (conf. art. 416 CCyC) surge la existencia de alguna de las prohibiciones enunciadas en la norma, el oficial público encargado de llevar adelante la ceremonia debe suspenderla (art. 417 CCyC). Además, quienes conozcan la existencia de alguna de estas circunstancias, pueden oponerse a la realización, sea en forma directa (art. 411 CCyC), o sea mediante denuncia al Ministerio Público, para que este, si lo con- sidera, realice la oposición (art. 412 CCyC). Si las nupcias ya se hubieran contraído, podrá solicitarse la nulidad del matrimonio, siempre que no hubiera operado la caducidad en aquellos casos en que fuera procedente (conf. art. 425 CCyC).
2.1. Análisis de los incisos
No pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta en todos los grados, ni en línea colateral hasta el segundo grado (hermanos), sean de doble o simple vínculo. Sí pueden casarse tíos y sobrinos, y por lógica consecuencia, primos.
Los incisos reiteran las prohibiciones contenidas en el art. 166, incs. 1 y 2, CC, con una formulación más adecuada porque se suprime la voz “consanguinidad” y se recoge el principio de igualdad de los efectos del parentesco receptado por el art. 529 CCyC, cual- quiera sea su fuente (naturaleza, TRHA, adopción).
La equiparación de los efectos del parentesco con independencia de la fuente filial jus- tifica la supresión del inciso relativo a la adopción (inciso 3 del artículo 166 CC). La prohi- bición de casarse entre personas unidas por un vínculo adoptivo queda comprendida en los dos primeros supuestos, eliminándose la distinción entre adopción plena y simple que preveía una multiplicidad de hipótesis confusas, sin justificación razonable y con escaso impacto práctico. Como se lee en los “Fundamentos del Anteproyecto“: (2) “cuando la adopción implica diferentes consecuencias jurídicas en materia de parentesco por tratar- se de adopción simple o plena, se lo señala de manera expresa; de lo contrario, cuando se alude a parentesco de manera general, incluye a la filiación adoptiva cualquiera sea su tipología”. Así es como debe ser interpretada toda la legislación en materia de parentes- co cuando se trata de la filiación adoptiva.
Como se explica al comentar el art. 536 CCyC, la afinidad no queda incluida dentro de la voz “parentesco” en sentido estricto, pues sus efectos son mucho más limitados que en los otros casos.
El inc. c reitera la solución del CC y fulmina de nulidad el matrimonio celebrado por parientes afines en línea recta en todos los grados (suegros con yernos o nueras, hijos y padres afines, u otros).
(2) ”Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la Comi- sión Redactora”, en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Ediciones Infojus, 2012.
La prohibición no se extiende al caso de los convivientes, pues la unión convivencial (art. 509 CCyC) no es fuente de parentesco por afinidad. En consecuencia, no está prohibido que un exconviviente se case con alguno de los padres o hijos de aquella persona con la que ha convivido.
La solución es distinta si, luego del divorcio, uno de los excónyuges inicia una conviven- cia con el padre o el hijo del otro. Conforme lo establece el inc. c) del art. 510 CCyC, la unión que eventualmente se inicie no produce efectos jurídicos en los términos previs- tos por el Título III, y queda fuera del régimen jurídico previsto para las uniones convi- venciales.
El inciso se refiere al llamado, por la doctrina, “impedimento de ligamen”, que opera toda
vez que uno de los contrayentes integra un matrimonio anterior que no ha sido disuelto
por muerte, divorcio o ausencia con presunción de fallecimiento (art. 435 CCyC). El funda- mento de la prohibición se encuentra en uno de los caracteres esenciales del matrimonio:
La nueva redacción del impedimento por “crimen”, contenido originariamente en el inc. 7 del art. 166 CC, resuelve la discusión anterior sobre la exigencia o no de condena penal, recogiendo la opinión mayoritaria. En consecuencia, mientras no se dicte esa sen- tencia, el impedimento estaría sujeto a la resolución de una cuestión prejudicial.
Aunque no se exige que el homicidio tenga como móvil la celebración de las nupcias,
debe ser cometido con dolo, quedando excluidos los supuestos de homicidios culposos
o preterintencionales, o los casos de inimputabilidad.
La edad exigida para contraer matrimonio tiene por finalidad asegurar que los con- trayentes tengan la madurez suficiente y comprendan cabalmente el compromiso que asumen. La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, en su art. 2º, expresa: “Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las medidas legislativas necesa- rias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad”.
A partir del 2008, la edad mínima para contraer matrimonio se fijó en 18 años para am-
bos cónyuges, elevando la edad mínima de la mujer, que hasta entonces era de 16 años (ley 26.449). El CCyC mantiene esta exigencia, con lo cual la edad núbil coincide con la mayoría de edad (art. 25 CCyC).
El impedimento procede, exista o no una sentencia que restrinja la capacidad del contra- yente, pues la nota definitoria de la prohibición es la falta de discernimiento para el acto matrimonial, o sea, la norma obsta que una persona que no comprende el significado del
matrimonio, se case. Para entender cómo funciona este impedimento, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• La sentencia de restricción de capacidad deja a salvo la posibilidad de casarse, si no lo prohíbe expresamente. Así lo expresa el art. 38 CCyC: “La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible
• Si la sentencia contiene expresamente la restricción, el impedimento procede, aunque el contrayente siempre puede solicitar la revisión en los términos de lo expresado por el art. 40 CCyC o la dispensa, conforme lo dispuesto por el art. 405 CCyC.
• Si no se ha dictado sentencia, o no se ha planteado judicialmente la restric- ción de la capacidad, para que funcione el impedimento debe acreditarse la falta permanente o transitoria de salud mental, entendida en el sentido amplio al que se refiere este inciso, de modo que el discernimiento esté afectado al momento de celebrar el acto. El impedimento procede aunque la falta de dis- cernimiento para el acto se deba a factores momentáneos, como el consumo de alcohol o de drogas.
ARTÍCULO 404.- Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supues­ to del inciso f) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayen­ tes y con sus representantes legales.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los recau­ dos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas de la ad­ ministración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 inciso d).
Remisiones: ver comentario al art. 420 CCyC.
Los impedimentos matrimoniales pueden ser dispensables o no dispensables, según exista o no la posibilidad de removerlos mediante autorización para contraer matri- monio.
El CC solo admitía la dispensa por falta de edad mínima para casarse (art. 167 CC), su- puesto previsto en el art. 404 CCyC. A esta hipótesis se agrega ahora la dispensa judicial por falta permanente o transitoria de salud mental (art. 405 CCyC).
ART. 404.- FALTA DE EDAD NUPCIAL. DISPENSA JUDICIAL
Para interpretar esta disposición debe hacerse una salvedad en forma previa. La re- dacción del artículo en el Proyecto elaborado por la Comisión reformadora con- templó la dispensa judicial para todos los casos de matrimonios celebrados por personas menores de edad, sin ninguna distinción. En consecuencia, todo ado- lescente que quisiera casarse debía necesariamente recurrir ante el juez. La so- lución se fundaba en que, por tratarse de un requisito legal, su falta opera como impedimento matrimonial y causa nulidad del matrimonio; en consecuencia no po- dría ser subsanada por los representantes legales, y solo podía ser “dispensada” por un juez. La situación que se presenta guarda diferencia con la prevista en el art. 168 CC, que originariamente funcionaba para el contrayente que tenía edad núbil pero no era mayor de edad, y que después de la reforma de la mayoría de edad generó dificultades de interpretación.
Durante el trámite parlamentario se modificó la redacción, y el texto del art. 404 CCyC que fue aprobado solo exige la dispensa judicial para los menores de 16 años o para los mayores que no cuentan con autorización de sus representantes legales.
2.1. Supuestos previstos
La norma distingue según el contrayente sea mayor o menor de 16 años: prevé un pro- cedimiento diferente para uno y otro, sin replicar en forma expresa la originaria dualidad entre dispensa judicial (art. 167 CC) y juicio de disenso (arts. 168 y 169 CC).
Véanse los supuestos previstos:
a. Contrayente mayor de 16 años:
• Si cuenta con autorización de sus representantes legales, no necesita dispensa judicial.
• Si los representantes legales no dan el permiso para que la persona se case, es indispensable que solicite la autorización judicial supletoria.
b. Contrayente menor de 16 años: la única forma de celebrar matrimonio es con la dis- pensa judicial, siendo insuficiente la autorización de los representantes legales.
2.2. Trámite de la dispensa judicial
Cuando el adolescente es menor de 16 años, puede remover el obstáculo de falta de edad si solicita la autorización judicial mediante la dispensa judicial para contraer matri- monio (siempre que cuente con edad y grado de madurez suficiente). Debe intervenir con el correspondiente patrocinio letrado y notificar a ambos representantes legales. Si no comparecen al proceso, se requiere la participación del defensor oficial.
El juez mantiene una entrevista personal, no solo con la persona menor de edad, sino también con el otro contrayente. También recibe a los representantes legales, quienes tienen la oportunidad de manifestar su opinión sobre ese matrimonio, sin perjuicio de la posibilidad de informar sobre otros impedimentos para la celebración de las nupcias, en los términos del art. 411 CCyC, como se verá más adelante.
El trámite tiene por finalidad que el magistrado evalúe si, no obstante la falta de edad nú- bil, la persona tiene la madurez suficiente para comprender el alcance y las consecuencias
del acto que pretende celebrar. Lo dispuesto responde al respeto por la condición de sujetos de derechos de los adolescentes, el principio de capacidad progresiva y la ne- cesidad de ofrecer reglas flexibles que permitan dar respuestas a las múltiples circuns- tancias que pueden presentarse en las familias de una sociedad altamente plural como la argentina.
2.3. Trámite de autorización judicial supletoria (disenso)
Aunque la norma no replica expresamente la dualidad del CC —que diferenciaba entre dispensa judicial y juicio de disenso— pueden aplicarse algunas reglas construidas en torno de la misma.
De este modo, en el supuesto de que los padres o tutores no presten el consentimiento para la celebración de matrimonio de adolescentes entre 16 y 18 años, ya sea por negativa expresa o por ausencia, el pretenso contrayente adolescente está facultado para solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria, del mismo modo que en el viejo juicio de “disenso”.
El o los pretensos contrayentes adolescentes deben actuar con el correspondiente patroci- nio letrado. La demanda de autorización para contraer matrimonio se interpone en contra de los representantes legales que se niegan a prestarla, quienes deben expresar los motivos de su negativa (existencia de alguno de los impedimentos legales, falta de madurez del ado- lescente que solicita autorización para casarse), excepto que estén ausentes o no se conoz- ca su paradero. Luego de la audiencia con los involucrados, el juez resuelve. Si otorga la autorización, el testimonio se presenta al oficial del registro civil, quien deja constancia en el acta del matrimonio —sobre las razones de la omisión normativa, ver comentario al art. 420 CCyC—.
2.4. Dispensa para el matrimonio con el tutor o sus descendientes
El último párrafo prevé el supuesto especial del matrimonio de una persona menor de edad con su tutor o con los descendientes del tutor. En este caso, para otorgar la dispensa judicial, además del trámite previsto, se requiere que se encuentren aprobadas las cuen- tas de la tutela. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del pupilo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 129, inc. d, CCyC.
Si el contrayente es el tutor, cualquiera sea la edad del adolescente, siempre se re- quiere dispensa judicial, pues no existe representante legal que pueda otorgar la au- torización. En cambio, si el contrayente es el descendiente del tutor, el representante legal —tutor— podría otorgar la autorización, aunque siempre sería necesaria la parti- cipación del juez, quien será el encargado de constatar que se encuentren aprobadas las cuentas de la tutela. Esta exigencia tiene por finalidad impedir que, pendiente la rendición, el tutor pretenda obtener mediante el matrimonio una forma de liquidación en condiciones irregulares.
ART. 405.- FALTA DE SALUD MENTAL Y DISPENSA JUDICIAL
ARTÍCULO 405.- Falta de salud mental y dispensa judicial. En el su­ puesto del inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayen­ tes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente.
No obstante encontrarse afectada su salud mental, una persona puede casarse si media dispensa judicial.
La remoción del obstáculo legal para celebrar matrimonio mediante esta vía puede ser necesaria cuando el silencio de la sentencia que restringe la capacidad no permita con- cluir si la persona está o no en condiciones de casarse y comprender las consecuencias del acto que realiza.
También puede suceder que la sentencia contenga la restricción expresa de celebrar ma- trimonio, pero que el contrayente solicite la revisión en los términos del art. 40 CCyC (que puede ser planteada por él en cualquier momento), sin perjuicio de la obligación de ser revisada por el juez en el plazo no superior a tres años.
El CCyC recepta el concepto de salud mental recogido por la Convención sobre los De- rechos de las Personas con Discapacidad en su art. 12, inc. 2, hoy con jerarquía consti- tucional (ley 27.044). En sintonía con ello, el art. 405 CCyC innova respecto del régimen derogado ya que posibilita la dispensa judicial para sortear el impedimento previsto en el art. 403, inc. g, siempre que se constate que la persona comprende las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y cuenta con aptitud para llevar la vida de relación que el matrimonio requiere.
Los “Fundamentos del Proyecto“ explican: “Para adaptar el régimen matrimonial al de salud mental regulado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis- capacidad y la ley 26.657, se dispone, como en el régimen vigente, el impedimento diri- mente de falta permanente o transitoria de salud mental, pero se alude expresamente a que ello es así en el supuesto de que esa falta le impida tener discernimiento para el acto matrimonial. En este caso, el matrimonio se puede celebrar previa dispensa judicial”. (3)
a. que la persona que padece la falta permanente o transitoria de salud mental solicite la autorización para contraer matrimonio;
b. el dictamen de los equipos de interdisciplinarios que se pronuncie sobre la com- prensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada;
(3) ”Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la Comi- sión Redactora”, en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Ediciones Infojus, 2012.
c. la entrevista personal del juez, no solo con la persona afectada sino también con el otro contrayente, que le permita indagar sobre el conocimiento que el otro tenga de la situación y el impacto de la falta de salud mental en la vida de relación de esa pareja. La entrevista personal garantiza la inmediatez; el Ministerio Público debe estar presente (art. 35 CCyC);
d. en caso de que el juez lo considere pertinente, la citación a los representantes legales, apoyos y cuidadores a fin de que formulen su opinión al respecto —no obstante, resulta lógico que la citación se realice en todos los casos—. En esta au- diencia estos también podrían denunciar la existencia de otros impedimentos para contraer matrimonio, o bien hacerlo ante el Ministerio Público en los términos del art. 412 CCyC, atento se ha suprimido la legitimación de los curadores para oponer- se a la celebración del matrimonio (art. 411 CCyC).
ARTÍCULO 406.- Requisitos de existencia del matrimonio. Para la exis­ tencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contra­ yentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a distancia.
El matrimonio es uno de los actos jurídicos familiares de mayor trascendencia; por esta razón la norma enuncia los elementos estructurales que operan en la formación del acto a modo de condiciones de existencia:
a. el consentimiento personal y conjunto de los contrayentes (excepto el caso del ma- trimonio a distancia); y
b. la exigencia de que ese consentimiento sea expresado ante la autoridad competen- te para celebrarlo.
Las condiciones de existencia se encontraban mencionadas en el art. 172 CC, que desde el año 2010 (con la sanción de la ley 26.618) no contiene la exigencia de diversidad de sexos.
La celebración del matrimonio pone en marcha la implementación de un acto subjetiva- mente complejo. Ello es así porque para que los contrayentes queden emplazados en un estado de familia matrimonial no es suficiente que manifiesten su voluntad recíproca de casarse, sino que además esa voluntad debe ser expresada en el marco de un acto admi- nistrativo, que permite al Estado realizar el control de legalidad por medio del oficial del registro civil. La falta de estas condiciones intrínsecas del acto conlleva la inexistencia del mismo, que no debe confundirse con la nulidad.
Con una redacción clara, la norma recoge la clásica distinción que realizaba la doctrina en- tre condiciones de existencia y condiciones de validez del matrimonio, que versan sobre los presupuestos que exige la ley para que el acto produzca sus efectos propios.
2.1. Manifestación del consentimiento
Aunque los ordenamientos jurídicos no definen el consentimiento matrimonial, puede sostenerse que es un acto en el cual cada uno de los contrayentes expresa su propia
ART. 407.- INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE CELEBRA EL ACTO
voluntad para contraer matrimonio con el otro; dicha manifestación debe ser personal.
A partir de la reforma de la ley 23.515, el consentimiento tiene carácter personalísimo, y
se rechaza la intervención de apoderados.
La expresión de la voluntad de casarse debe ser conjunta, salvo cuando se trate de un matrimonio a distancia, que es aquel en el que el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en el lugar en el que se encuentra, ante la autoridad com- petente para celebrar matrimonio según las normas del derecho internacional privado (conf. art. 422 CCyC).
Se enumeran diversas situaciones en las que no se cumple con este requisito, por ejem- plo: en el matrimonio a distancia, cuando el ausente da su consentimiento para casarse con una persona distinta de la que en definitiva concurre a la ceremonia, o si, luego de
darlo, fallece; cuando las personas que comparecen ante el oficial público no son las que dicen ser —es decir, aparentan una identidad falsa—; cuando el acta de matrimonio refle-
ja un acto que en realidad no se realizó; cuando hay un error sobre la naturaleza del acto
que consta en el acta; etc.
A diferencia de su antecedente —el art. 172 CC—, el art. 406 CCyC no califica el con-
sentimiento exigido como “pleno y libre”, expresión que había sido cuestionada por la doctrina por su carácter redundante. Ciertamente, el consentimiento libre no hace a la existencia del matrimonio, sino a su validez por la falta de vicios, mientras que el consen- timiento pleno hace referencia a la ausencia de modalidades (conf. art. 408 CCyC).
2.2. Expresión del consentimiento ante autoridad competente
De igual modo que en el CC, el consentimiento debe ser prestado ante la autoridad com- petente para celebrarlo, o sea, ante un oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas —a excepción de la modalidad extraordinaria en la que puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial (conf. art. 421 CCyC)—. Por eso, no existe matrimonio si el consentimiento ha sido dado solo ante autoridad reli- giosa, funcionarios consulares o escribano público.
ARTÍCULO 407.- Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta del nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.
Fuentes y antecedentes: art. 53 CC español.
El CC se enfrentaba con la dificultad de no prever las consecuencias de la celebración del
matrimonio ante funcionario incompetente o sin nombramiento legítimo. La nueva norma resuelve el problema aplicando el principio favor matrimonii y se inclina por considerarlo existente.
La solución fue tomada del art. 53 del CC español que expresa: “La validez del matrimo- nio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario que lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente”.
La falta de competencia de la autoridad que celebra el acto puede deberse a diferentes motivos. Puede existir incompetencia territorial por no ser el oficial público correspondiente al domicilio de los contrayentes o usurpación de la función de quien lo celebra —que, sin ser el verdadero oficial del registro civil habilitado para la celebración de los matrimonios, ejerce públicamente las funciones de tal—, etc.
La disposición protege el acto y se inclina por considerarlo existente; sin embargo, para ello requiere la concurrencia de dos presupuestos:
a. que al menos uno de los contrayentes haya procedido de buena fe, es decir, que haya actuado con ignorancia o error de hecho excusable y contemporáneo a la cele- bración del matrimonio, sobre la falta de competencia de la autoridad que lo celebra (art. 427 CCyC); y
b. que quien lo celebró ejerza sus funciones públicamente, generando así la apariencia de legitimidad y competencia.
ARTÍCULO 408.- Consentimiento puro y simple. El consentimiento ma­ trimonial no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, con­ dición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio.
La norma replica su antecedente —art. 193 CC—, que no produjo inconvenientes en su interpretación; excluye expresamente toda posibilidad de someter el consentimiento a modalidades. Se trata de una consagración del principio de libertad enunciado en el Ca- pítulo I y explicitado al comentar el art. 402 CCyC.
El art. 408 CCyC indica claramente que el consentimiento matrimonial no puede some- terse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio. En esta línea, el art. 344 CCyC, relativo a las modalidades de los actos jurídicos, establece expresamente: “Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave la libertades de la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil”. En otras palabras, este tipo de cláusu- las operan del mismo modo que lo establecía el art. 531 CC — referido a las condiciones prohibidas—, norma que comprendía la condición impuesta a una obligación de “casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse“.
En consecuencia, si no obstante la prohibición, los contrayentes manifiestan el consenti- miento bajo modalidades, estas deben tenerse por no legítimas y el matrimonio será válido; no cabe duda, pues, que la libertad tanto para contraer matrimonio o no, como para la elec- ción del cónyuge es un valor esencial en el derecho matrimonial argentino.
ART. 409.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
ARTÍCULO 409.- Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento:
a. la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente;
b. el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía.
El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstan­ cias personales de quien lo alega.
Remisiones: Capítulos 2, 3 y 4 del Título IV del Libro Primero CCyC.
La libertad para prestar el consentimiento matrimonial, consagrada en los artículos pre- cedentes, se manifiesta también en la regulación de sus vicios y del sistema de nulidades matrimoniales, pues la violencia y el dolo son considerados vicios que afectan el con- sentimiento. A ello se suma el error acerca de la persona, y el error sobre las cualidades personales del otro contrayente, en los términos indicados por el inc. b.
El CCyC desarrolla la teoría de los vicios del consentimiento del acto jurídico en el Libro Primero, Título IV, Capítulos 2, 3 y 4 —a cuyo estudio debe remitirse, con las necesarias adecuaciones que exige la naturaleza de este acto jurídico familiar—. La metodología utilizada replica el art. 175 CC, que no generaba controversias.
La teoría de los vicios del consentimiento matrimonial se asienta en el CC, resultando aplicables los desarrollos de la doctrina y jurisprudencia entonces vigentes.
En sentido amplio, la violencia importa una afectación a la libertad para la celebración de un acto jurídico. La hipótesis comprende los viejos conceptos de vis compulsiva física y vis compulsiva moral (intimidación). El 276 CCyC, sobre la fuerza e intimidación, dice: “La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso”.
La violencia física exige una fuerza física irresistible sobre uno de los contrayentes. En este caso, no hay ausencia de consentimiento, sino que el mismo se ha prestado, pero el acto nace viciado en la voluntad. Ciertamente, la hipótesis de violencia física es bastante imposible en la práctica, atento a que el acto de celebración del matrimonio reviste ca- rácter público y se realiza en las oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, salvo que exista connivencia del oficial público, o la violencia física sea ejercida también contra él —supuestos absolutamente excepcionales—.
En relación con la intimidación que importa el celebrar matrimonio bajo “amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente“ (art. 276 CCyC), tiene directa relación con la falta de efectos jurídicos de la promesa de matrimonio (esponsales, art. 401 CCyC) y con el hecho de que nadie pueda casarse bajo presión.
El mal que se teme sufrir debe ser inminente, es decir, que no permita al contrayente tomar los recaudos para hacer cesar la amenaza. Con respecto a la gravedad, se aplica la última parte del art. 276 CCyC que recalca que “la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso”. Es decir, debe valorarse la magnitud que tiene para la persona que lo padece, al punto que para evitarlo preste el consentimiento en contra de su voluntad.
La violencia puede ser ejercida por el otro contrayente o bien por un tercero (conf. art. 277 CCyC).
A diferencia del CC, no se menciona el temor reverencial (art. 940 CC). Tampoco se hace
consideración alguna al estado de necesidad sobre el que se discutía si era o no un su- puesto de violencia.
2.2. Dolo
El dolo como vicio de la voluntad capaz de provocar la nulidad del matrimonio puede configurarse por acción u omisión. En el primer caso implica “toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción do- losa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación” (art. 271 CCyC).
Para viciar el consentimiento y causar la nulidad del matrimonio, el dolo debe ser esencial,
“grave, (
determinante de la voluntad, causa[r] un daño importante
(art. 272 CCyC).
La entidad que el ardid o engaño debe tener exige que sea la razón por la cual se presta
el consentimiento, de modo que de no haberse concretado la maniobra, el matrimonio
no se hubiera celebrado, siempre que la víctima haya actuado con la debida prudencia y diligencia y no haya podido advertir la estrategia dolosa.
Se han enumerado como ejemplos de dolo: la ocultación del embarazo anterior al ma- trimonio proveniente de un tercero que no es el cónyuge; el ardid para generar la con- vicción del contrayente que es el progenitor del hijo concebido antes del matrimonio; el ardid o engaño para ocultar las cualidades personales y el estado de familia; la ocultación de una enfermedad contagiosa o hereditaria, siempre y cuando la enfermedad tenga la suficiente entidad como para poner en peligro la salud del cónyuge engañado o los hijos; etc. En cambio, se han rechazado planteos vinculados con el ocultamiento de la condición social o la nacionalidad del contrayente.
El autor del dolo puede ser uno de los contrayentes o un tercero (art. 274 CCyC).
2.3. Error
error es el falso conocimiento o la falta de conocimiento que se tiene de algo.
tema del error como vicio del consentimiento para anular las nupcias reconoce una larga
historia y atravesó diferentes etapas. Desde una primera fase, en la que solo se aceptaba el error en la persona física, pasó por una intermedia que incluía el error en la identidad civil, para llegar —finalmente— a la postura actual y receptada por distintos códigos, que incor- pora la posibilidad de solicitar la nulidad del matrimonio cuando medie error en las cualida-
des esenciales del otro contrayente. (4) Los supuestos comprendidos en el art. 409 reiteran
(4) ChEChilE, M., en Aída Kemelmajer de Carlucci; Marisa Herrera y Nora Lloveras (dirs.), Tratado de derecho de familia, t. I, Bs. As., Rubinzal - Culzoni Editores, 2014, p. 181.
ART. 410.- OPOSICIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
los enumerados por el art. 175 CC. Recoge el criterio amplio y diferencia dos supuestos:
a) el error acerca de la persona del otro contrayente (error in personam); y b) el error acer- ca de las cualidades personales del otro contrayente (error in sustantia), consideradas determinantes de la prestación del consentimiento, lo que se encuentra sujeto a la razo- nable valoración judicial en función de las circunstancias personales de quien lo alega.
El error de hecho como vicio de la voluntad y causal de nulidad debe ser esencial (art. 267 CCyC). Además, debe ser reconocible por el destinatario (art. 265 CCyC), esto es, que el destinatario de la declaración lo haya podido conocer según la naturaleza del
acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 266 CCyC). Por último, debe ser determinante para la celebración del matrimonio, de manera que si se hubiese conocido
el real estado de cosas y apreciado razonablemente, el matrimonio no se hubiera con-
Si el error es provocado mediante un ardid doloso, se aplica lo dispuesto para el dolo
como vicio del consentimiento matrimonial.
ARTÍCULO 410.- Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley.
La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedi­ mentos debe ser rechazada sin más trámite.
El régimen para la oposición a la celebración del matrimonio mantiene —en líneas gene-
rales— la regulación del CC. El art. 410 CCyC reitera el precepto del art. 176 CC, que era claro y no ofrecía dificultades de interpretación.
La oposición a la celebración del matrimonio es el mecanismo legal que autoriza a ciertas
personas —que se encuentran expresamente legitimadas— a presentarse ante el Oficial del Registro Civil y manifestar que uno o ambos contrayentes presentan impedimentos para casarse con la finalidad de que ese matrimonio no se concrete.
A partir de la presentación de la solicitud de los contrayentes al funcionario público co-
rrespondiente a su domicilio —a la que se refiere el art. 416 CCyC—, queda expedita la posibilidad para formular oposición a la celebración del matrimonio.
El art. 410 CCyC es preciso: la oposición solo puede fundarse en la existencia de algu-
nos de los impedimentos establecidos en el art. 403 CCyC (el parentesco de los con-
trayentes en línea recta en todos los grados; el parentesco colateral en segundo grado;
la afinidad en línea recta en todos los grados; el matrimonio anterior, mientras subsista;
haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges; tener menos de 18 años; la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial). Cualquier otro planteo será rechazado sin más trámite.
ARTÍCULO 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete:
a. al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;
b. a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futu­ ros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo;
c. al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga co­ nocimiento de esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Fuentes y antecedentes: art. 177 CC.
La doctrina distinguió entre oposición a la celebración del matrimonio propiamente dicha
denuncia de impedimentos.
art. 411 CCyC se refiere a la primera hipótesis, enumerando los legitimados para
deducirla. Tiene como antecedente el art. 177 CC, al que realiza algunas modificacio- nes. En efecto, no incluye la legitimación del adoptado y adoptante en la adopción
simple. En razón de la igualdad de efectos del parentesco, cualquiera sea la fuente filial (art. 529 CCyC), el supuesto queda comprendido en el inc. b) al tratarse de ascendientes
y descendientes, cualquiera sea el origen del vínculo.
En el supuesto excepcional de matrimonio entre tutor y su protegido, como se trata de una persona menor de edad cuyo representante legal es con quien se pretende contraer matrimonio, sería otro supuesto de juicio de dispensa permitiéndose así un adecuado control judicial.
La disposición enumera al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio; a
los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera
sea el origen del vínculo; y al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Reconoce que estos sujetos tienen un interés legítimo en deducir la oposición y son parte en el trámite.
No reitera la legitimación del tutor prevista en el art. 177 CC. Cuando quien preten- de contraer matrimonio se encuentra sujeto a tutela, procede lo dispuesto en el
art. 404 CCyC, atento a que debe suplirse la falta de requisito de edad núbil. En principio,
la oportunidad de denunciar la existencia del impedimento sería durante el trámite de
autorización judicial (que procede siempre si el futuro contrayente es menor de 16 años
y cuando el representante legal —en el caso el tutor— no brinda autorización si tiene
entre 16 y 18 años). En el supuesto del adolescente que no ha solicitado la dispensa (por ejemplo, aduciendo ser mayor de edad), atento que ahora no se lo menciona, no estaría legitimado directamente, sino que debería recurrir al Ministerio Público a hacer la denun- cia para que este formule la oposición.
ART. 412.- DENUNCIA DE IMPEDIMENTOS
En relación con la supresión del curador, la modificación del régimen de capacidad y la posibilidad de contraer matrimonio mediante dispensa judicial por falta de salud mental implican que este puede ser citado por el juez en los términos del art. 405 CCyC, o solici- tar ser escuchado manifestando las razones de su oposición.
La legitimación activa para oponerse al matrimonio faculta, asimismo, a plantear la nu- lidad absoluta del matrimonio (art. 424 CCyC) y, en algunos supuestos, nulidad relativa (art. 425, incs. a y b, CCyC).
ARTÍCULO 412.- Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público, para que deduzca la corres­ pondiente oposición, si lo considera procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los artículos 413 y 414.
La norma clarifica la distinción entre oposición y denuncia. Mientras la oposición a la cele- bración del matrimonio solo puede ser deducida por los legitimados en el art. 411 CCyC, la denuncia de la existencia de impedimentos la puede formular cualquier persona ante el Ministerio Público.
Asimismo, indica la oportunidad para concretar la denuncia y fija el trámite que debe realizarse.
La disposición se refiere al caso en que una persona conozca la existencia de impedimentos para celebrar matrimonio, pero no se encuentre dentro de los sujetos enumerados en el art. 411 CCyC. En esta hipótesis, no puede concurrir directamente ante el oficial del Regis- tro Civil, sino que debe formular la denuncia ante el Ministerio Público, quien valorará la procedencia o no de las circunstancias denunciadas y, en caso de considerarlo pertinente, llevará adelante la oposición.
Los legitimados para la oposición son parte en el trámite de la misma; en cambio, los denunciantes no. Su actuación se limita a formular la denuncia, lo que posibilita que se entere el Ministerio Público.
El art. 412 CCyC deja en claro que la forma, los requisitos y el trámite para la oposición, una vez realizada la denuncia y valorada su pertinencia por el Ministerio Público, se en- cuentra regulado en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 413.- Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al oficial público del Registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de:
a. nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente;
b. vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes;
c. impedimento en que se funda la oposición;
d. documentación que prueba la existencia del impedimento y sus refe­ rencias, si la tiene; si no la tiene, el lugar donde está, y cualquier otra información útil.
Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe le­ vantar acta circunstanciada, que firma con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquél no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por es­ crito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.
La norma estipula la forma y requisitos para la oposición. Indica ante quién debe plan- tearse, su forma y su contenido. Reitera sin mayores cambios la redacción del art. 181 CC, cuya interpretación y aplicación no generó dificultades.
El art. 413 CCyC regula el primer paso o apertura del trámite de oposición que se realiza ante el oficial público del Registro Civil que interviene en la celebración del matrimonio. Aunque la norma no reitere el art. 180 CC —que, entre las diligencias previas a la celebra- ción del matrimonio, mencionaba la oportunidad para formular la oposición—, esta no puede plantearse antes de la presentación de la solicitud de matrimonio por los contrayen- tes que demuestra su intención seria de casarse, y no podría deducirse con posterioridad a la finalización del acto de celebración, sin perjuicio de que si el matrimonio se hubiera celebrado podría plantear la nulidad conforme lo dispuesto en los arts. 424 y 425 CCyC.
Indica los requisitos que la oposición debe contener: datos personales del oponente que permitan individualizarlo; vínculo con el futuro contrayente; causal, o sea el impedimento en que se funda; acompañar u ofrecer la prueba. En caso que tenga en su poder los documen- tos que acreditan el impedimento, debe acompañarlos; si no los tiene, debe individualizar donde están y cualquier información útil para obtenerlos. Por ejemplo, si la oposición se funda en el impedimento de parentesco, acompañar las partidas de nacimiento que así lo acrediten, y si no las tiene en su poder, indicar en qué Registro Civil se inscribieron esos nacimientos.
Existen dos formas de iniciar la oposición:
a. verbal, en cuyo caso el oficial público labra un acta que debe firmar junto con el oponente o con quien firme a su ruego si no sabe o no puede firmar; y
b. escrita, hipótesis en que el oficial que la recibe debe transcribirla en el libro de actas y firmarla con idénticas formalidades.
ARTÍCULO 414.- Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levanta un acta, remite al juez compe­ tente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presenta­ dos y suspende la celebración del matrimonio.
ART. 415.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedi­ miento más breve que prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público.
Fuentes y antecedentes: arts. 182 y 183 CC.
La norma tiene como fuente los arts. 182 y 183 CC sin mayores modificaciones, más allá de la unificación del articulado en una sola disposición. Reglamenta el procedi- miento de la oposición con una redacción clara que no exige mayor explicación.
Una vez que el oficial público toma conocimiento de la oposición, la hace conocer a los futuros contrayentes. Aunque la norma no establece plazo, se coincide en que debe evitar dilaciones y hacerlo en el término más breve que sea posible. Frente a ello, pueden darse dos situaciones:
a. que alguno o ambos reconozcan el impedimento. En esta hipótesis, el oficial públi- co lo hace constar en acta y, lógicamente, no se celebra el matrimonio.
b. que no reconozcan la existencia del impedimento. En este caso, los contrayentes lo deben expresar ante el oficial público dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación. Aquí se abre la vía judicial pues el oficial público levanta acta y remite al juez competente la copia autenticada de todo lo actuado, más los documentos probatorios aportados. Se suspende la celebración.
A partir de ese instante el trámite deja de ser administrativo. El juez debe dar curso a la
oposición por el procedimiento más breve que prevea la ley del lugar, y dictada la senten- cia, una vez que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, la remite al jefe del Registro Civil. La disposición exige una vista por tres días al Ministerio Público.
ARTÍCULO 415.- Cumplimiento de la sentencia. Recibido el testimonio de la sentencia firme que desestima la oposición, el oficial público proce­ de a celebrar el matrimonio.
El art. 415 CCyC complementa la norma anterior y se refiere únicamente al supuesto en
que el trámite de oposición se judicializó.
Una vez que se dictó sentencia sobre la oposición y se envió el testimonio, el oficial públi- co procede en consecuencia.
Si la sentencia admite la oposición, el matrimonio no se lleva a cabo, en cambio si la rechaza, el matrimonio se celebra. En todos los casos se deja constancia de la parte reso- lutiva de la sentencia al margen del acta respectiva.
ARTÍCULO 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimo­ nio deben presentar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener:
a. nombres y apellidos, y número de documento de identidad, si lo tienen;
b. edad;
c. nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento;
d. profesión;
e. nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de docu­ mentos de identidad si los conocen, profesión y domicilio;
f. declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o copia debidamente legalizada de la senten­ cia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso.
El Capítulo 4 se ocupa de la celebración del matrimonio y comprende sus dos modali- dades: la ordinaria y la extraordinaria, que ya estaban previstas en el CC. La primera se regula en los arts. 416 a 420 CCyC, mientras que la segunda tiene sustento normativo en los arts. 421 y 422 CCyC.
En sentido semejante a los arts. 186 y 187 CC, el art. 416 CCyC se ocupa de las diligencias previas a la celebración del matrimonio, con algunas modificaciones como la relativa al asentimiento de los representantes legales, la supresión de los dos testigos que declaren sobre la identidad y habilidad de los contrayentes, y los certificados prenupciales.
Las diligencias previas se llevan a cabo en el ámbito administrativo y tienen por finalidad que el funcionario público que va a celebrar el matrimonio constate la identidad, aptitud
e intención de los futuros contrayentes a fin de que pueda realizar el adecuado control de legalidad del acto.
El trámite comienza con la presentación de una solicitud al funcionario competente (del domicilio de cualquiera de los contrayentes), que debe contener todos los datos que hacen
a la individualización de los presentantes y permite descartar la existencia del impedimento
ART. 417.- SUSPENSIÓN DE LA CELEBRACIÓN
de edad. También debe acompañarse declaración y prueba de la inexistencia de impedi-
mento de ligamen. El art. 52 de la ley 26.413 estipula que ”si el matrimonio anterior hubiere
deberá acreditarse la habilidad nupcial con
testimonio del acta debidamente referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por des- aparición forzada, deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge, así como también acta de matrimonio”.
Si bien el artículo en comentario no alude de manera expresa, como lo hacía el art. 187 CC
respecto de la necesidad de acompañar “declaración auténtica de las personas cuyo
asentimiento es exigido por este Código, si no la prestaran en ese acto, o la venia supletoria del juez cuando proceda”, lo cierto es que ello se deriva del sistema legal desde la coherencia al que alude el art. 2 CCyC. Por lo tanto, cuando se trata del su- puesto de un adolescente que tiene entre 16 y 18 años de edad que pretende contraer matrimonio, entre los requisitos que hay que acompañar para solicitar su celebración, obviamente, se debe adjuntar correspondiente declaración de voluntad de los padres
o representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 645, inc. a, CCyC.
sido disuelto por divorcio vincular, nulidad (
ARTÍCULO 417.- Suspensión de la celebración. Si de las diligencias pre­ vias no resulta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce opo­ sición, el oficial público debe suspender la celebración del matrimonio has­ ta que se pruebe la habilidad o se rechace la oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe dar copia certificada a los interesados, si la piden.
La norma reitera la previsión del art. 195 CC y es una consecuencia lógica del trámite dado
a las diligencias previas, que tiene por finalidad brindar elementos suficientes para el con- trol de legalidad del acto. No existe controversia sobre su interpretación.
Como resulta lógico, si se dedujo oposición en los términos del art. 411 CCyC y ss., el matrimonio no puede celebrarse hasta que no sea rechazada, conforme lo dispone el art. 415 CCyC.
Aunque no se haya deducido oposición, si de las diligencias previas no resulta probada
la habilidad de los contrayentes (por ejemplo, por surgir la existencia de un matrimonio
anterior y no constar la anotación del divorcio), se deja constancia en acta y el matrimonio se suspende hasta tanto se acompañen los elementos de convicción sobre la habilidad y
ausencia de impedimentos.
ARTÍCULO 418.- Celebración del matrimonio. El matrimonio debe ce­ lebrarse públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos.
Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requie­ re la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina.
Fuentes y antecedentes: art. 188 CC.
El artículo se refiere específicamente al acto jurídico en el que se celebra el matrimonio. Tiene como fuente el art. 188 CC, con algunas modificaciones que responden a los cam- bios relativos a los deberes matrimoniales y a la costumbre de celebrar el matrimonio fuera de la oficina del registro civil.
Destaca como requisito la publicidad del acto, el funcionario competente y el lugar de realización, cuya trascendencia radica en que, según dónde se lleve a cabo, varía el núme- ro de testigos exigidos. Asimismo, individualiza los pasos a seguir y contempla la situación de las personas que tienen alguna discapacidad para comunicarse.
El matrimonio no puede ser un acto celebrado en secreto, debe gozar de publicidad, y se practica con la presencia de los contrayentes y los testigos ante el oficial público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Es competente el funcionario co- rrespondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges.
Como se anticipó al comentar el art. 406 CCyC, es requisito de existencia del matrimo- nio que la manifestación del consentimiento personal se realice ante el funcionario pú- blico. Sin embargo, no se exige que se lleve adelante en su oficina. Conforme surge de la norma, puede celebrarse en la oficina del Registro Civil o fuera de ella; la diferencia está dada por el número de testigos exigidos. En el primer caso, se exige la presencia de dos testigos; en el segundo, el número se eleva a cuatro. A diferencia del CC, para la celebración del matrimonio fuera de la oficina del registro civil no es necesario que uno de los contrayentes esté imposibilitado de concurrir; la solución responde a la práctica cada vez más frecuente de casarse fuera de esa oficina, a veces, en el mismo lugar en donde se realizan los festejos de la celebración. Se trata de testigos de acto y no de conocimiento.
De idéntico modo a lo que disponía el art. 188 CC, el acto se concreta en tres pasos su- cesivos:
a. la lectura de la norma que establece los deberes de los cónyuges (el art. 431 CCyC expresa: “Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben pres- tarse asistencia mutua”);
b. la declaración de los contrayentes que quieren respectivamente constituirse en cón- yuges, es decir, manifestación del consentimiento personal y conjunto de querer casarse entre ellos; y
ART. 419.- IDIOMA
c. el oficial público pronuncia, en nombre de la ley que han quedado unidos en ma- trimonio.
El último párrafo de la norma contempla expresamente el caso de aquellas personas que padecen alguna limitación para comunicarse en forma oral, hipótesis en que para casarse deben expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequí- voca.
ARTÍCULO 419.- Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la inscripción.
La disposición replica sin cambios el art. 190 CC. Su fórmula es sencilla y de fácil com- prensión.
La norma es clara y su interpretación no ofrece obstáculos. En caso de que uno u ambos contrayentes desconozcan el idioma español, se requiere la presencia de un traductor pú- blico matriculado. Sin embargo, puede suceder que por tratarse de un idioma no frecuen- te o de una población que carezca de traductor; se habilita la celebración con la asistencia de una persona que opere como intérprete, cuya idoneidad sea reconocida.
ARTÍCULO 420.- Acta de matrimonio y copia. La celebración del matri­ monio se consigna en un acta que debe contener:
a. fecha del acto;
b. nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de naci­ miento de los comparecientes;
c. nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y domicilio de sus respectivos padres, si son conocidos;
d. lugar de celebración;
e. dispensa del juez cuando corresponda;
f. mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g. declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley;
h. nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tie­ nen, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto;
i. declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no conven­ ción matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó;
j. declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de bienes;
k. documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia.
El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que in­ tervienen en el acto, o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El artículo enuncia el contenido del acta de matrimonio y toma como antecedente el art. 191 CC, con algunas modificaciones que mejoran la técnica legislativa. Otras varian- tes se realizan para adecuarlo a los cambios introducidos por el CCyC, como la dispensa judicial y la posibilidad de optar por el régimen patrimonial del matrimonio.
La confección del acta de matrimonio y su firma es un paso trascendente en tanto es
el instrumento de prueba del matrimonio por excelencia (art. 423 CCyC). La ley 26.413 dice, en su art. 23, que “los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cua- lesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus libros (
son instrumentos públi-
cos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil”.
El acta se redacta y firma inmediatamente luego de la celebración, por todos los que intervienen, o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo. Se entrega a los cónyuges una copia del acta de matrimonio y la libreta de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Respecto de las modificaciones realizadas al CC en cuanto a los requisitos o menciones que debe tener el acta de matrimonio, a la luz del mencionado principio de integralidad y coherencia (art. 2 CCyC), fácil se advierte que en el supuesto especial de matrimonio celebrado por personas menores de edad, cuando se trata de un adolescente de menos de 16 años, se debe hacer mención a la correspondiente dispensa judicial. En cambio, en el supuesto de personas de 16 a 18 años, a la correspondiente autorización por parte de los representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 645, inc. a, CCyC.
En razón del cambio introducido en el régimen patrimonial del matrimonio que faculta a los futuros esposos a realizar convenciones prematrimoniales (art. 446, el inc. i, CCyC), se indica que los cónyuges deben especificar si la han concretado y, en caso de haberlo hecho, la fecha y el registro notarial en el que se otorgó. En todos los casos, la convención se realiza por escritura pública (art. 448 CCyC) —que es condición de validez debido a razones de seguridad jurídica, pues la trascendencia del acto y la afectación de derechos de terceros exigen tomar los recaudos necesarios para garantizar el adecuado asesoramiento de los futuros contrayentes y un estricto control al momento de su celebración—.
Por otra parte, el inc. j indica que, si los cónyuges han optado por el régimen de sepa- ración de bienes, esta declaración debe figurar en el acta de matrimonio, de modo de favorecer la publicidad de la decisión.
ART. 421.- MATRIMONIO EN ARTÍCULO DE MUERTE
SECCIÓN 2ª (*)
ARTÍCULO 421.- Matrimonio en artículo de muerte. El oficial público puede celebrar matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de las formalidades previstas en la Sección 1ª, cuando se justifica que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con el certificado de un médico y, donde no lo hay, con la declaración de dos personas.
La norma sigue la línea del art. 196 CC. Contempla el supuesto excepcional del matrimo- nio que se celebre cuando uno de los contrayentes se encuentre en peligro de muerte, por lo cual, en razón de la urgencia, puede prescindirse de todas o alguna de las formali- dades exigidas para la celebración.
Comprobadas las graves razones de salud, ya sea mediante certificado médico y si no lo hubiere mediante declaración de dos personas, el matrimonio podrá celebrarse ante el encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, un juez o un funcio- nario judicial, autoridades que labrarán el acta respectiva y la remitirán al oficial público del registro competente para su protocolización.
Se lo ha denominado matrimonio in extremis o en artículo mortis.
El peligro debe ser inminente, en razón de una grave enfermedad o accidente. No se in- cluyen las personas que por la actividad que desarrollan se puedan encontrar en riesgo de muerte, sino aquellas que, ante la inminencia de la muerte, desean contraer matrimonio antes de que esto ocurra.
Las razones de salud deben ser acreditadas por un médico, quien deberá expedir el cer- tificado correspondiente. En caso de imposibilidad de contar con el certificado médico, dicha prueba debe resultar de la declaración de dos testigos.
El art. 196 CC establecía que debía tratarse de “dos vecinos”. Esto fue correctamente reemplazado por “dos personas”, por lo que no resultará necesario probar la vecindad (como ocurría en la anterior regulación), teniendo en cuenta que otras personas —por ejemplo, un familiar— pueden tener un mejor conocimiento de la enfermedad.
El oficial público puede prescindir del cumplimiento de las diligencias preliminares.
Asimismo, podrá celebrarse ante un juez o funcionario judicial —un juez de paz, el secre- tario de un juzgado—, pero esta circunstancia es excepcional y debido a la urgencia, fren- te a la imposibilidad de realizarlo ante el oficial encargado del Registro del Estado Civil y
(*) Comentarios a los arts. 421 a 430 elaborados por Carolina Duprat.
Capacidad de las Personas. Al referirse a “cualquier juez o funcionario judicial”, la norma está señalando que podría celebrarse ante un prosecretario o auxiliar letrado.
Cabe agregar que el capitán de buque también resulta competente para la celebración del matrimonio in extremis, de conformidad con lo establecido por la ley 20.094. (5)
El funcionario ante quien se celebre el matrimonio deberá levantar un acta donde conste el acto y las circunstancias previstas en el art. 420 CCyC, salvo la mención de si hubo opo- sición y de su rechazo (art. 420, inc. f, CCyC).
Aun en el caso que haya habido oposición, el funcionario podrá celebrar el matrimonio y el oponente podrá luego deducir su nulidad.
Se puede prescindir de todas las formalidades, pero el funcionario deberá hacer constar los datos con los que cuente, tales como nombres, documentos, domicilios, lugar de ce- lebración, declaración de voluntad expresa de los contrayentes, etc.
El matrimonio celebrado en estas circunstancias tiene plena validez, sin perjuicio de lo establecido en el art. 2436 CCyC, dispuesto para evitar la captación de herencias. En efecto, el cónyuge no tendrá vocación sucesoria si el causante muere dentro de los treinta días de contraído el matrimonio como consecuencia de una enfermedad existente que, al momento de la celebración, era conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial.
ARTÍCULO 422.- Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento perso­ nalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este Código en las nor­ mas de derecho internacional privado.
Fuentes y antecedentes: Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (Nueva York, 1962), ratificada por ley 18.444. (6)
Remisiones: ver Libro VI, Título IV, CCyC.
Se trata del matrimonio que se celebra entre dos contrayentes que no se encuentran en el mismo lugar. El ausente expresará su consentimiento ante la autoridad competente para celebrar el matrimonio en el sitio donde se encuentre. Es un matrimonio entre presentes que se encuentran a distancia, ya que ambos deben prestar el consentimiento en forma personal, pero en lugares distintos.
La norma sigue la misma línea de los arts. 173 y 174 CC, que autorizaban el casamiento a distancia y establecían el plazo de validez del consentimiento.
Por razones de orden y economía, se suprimió del art. 422 CCyC el tema del plazo, remi- tiéndose a las normas de este Código referidas al derecho internacional privado —Título IV,
(5) BO, 02/03/1973.
(6) BO, 24/11/1969.
ART. 423.- REGLA GENERAL. EXCEPCIONES. POSESIÓN DE ESTADO
arts. 2594 a 2671 CCyC—. Respecto del matrimonio, se regula a partir del art. 2621 CCyC. El tema que nos ocupa se trata en el art. 2623 CCyC, que establece que la documentación que acredite el consentimiento del ausente solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de la fecha del otorgamiento.
El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consen- timiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio debe verificar que los contrayentes no estén afectados por impedimentos legales y deci- dir sobre las causas alegadas para justificar la ausencia.
Entonces, van a intervenir dos funcionarios: el del lugar donde se encuentra el ausente, que recibirá el consentimiento personalmente del contrayente y expedirá la documenta- ción correspondiente al acto —que tiene vigencia temporal de 90 días—. Posteriormente, el oficial público del domicilio del restante analizará las razones invocadas y comprobará que no existan impedimentos, teniendo por celebrado el matrimonio en el lugar don- de se perfecciona el acto. Conforme lo establecido el art. 420, inc. k, CCyC, el acta de matrimonio deberá contener la documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia.
Como el consentimiento debe prestarse personalmente, no se admite el matrimonio por poder. Asimismo, este se encuentra prohibido por la Convención de Nueva York de 1962 (ratificada por la ley 18.444), y solo autoriza el denominado “matrimonio a distancia” o sin comparecencia personal. En efecto, la Convención exige que quien comparezca al acto haya prestado su consentimiento ante otra autoridad competente, por lo que no basta con que uno de los contrayentes esté representado por un apoderado (art. 1°.1, Conven- ción de Nueva York, 1962).
Aun en el caso en que la persona ausente se encuentre en un lugar donde se admita el mandato para prestar el consentimiento, dicho mandato no tendrá valor para contraer ma- trimonio, atento que la norma exige que el consentimiento se preste en forma personal.
Como nuestro país admite el matrimonio igualitario, aun en el caso en que el ausente se encuentre en un país en el que este no está permitido, se podrá celebrar el matrimo- nio a distancia por aplicación de lo establecido por el art. 2622 CCyC, que dispone que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existen- cia y validez, se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Y el tercer párrafo del art. 2623 CCyC considera celebrado el matrimonio a distancia en el lugar donde se preste el consentimiento que perfeccione el auto.
Esta es la correcta interpretación de la norma teniendo en cuenta que el Título que regula el matrimonio señala que la celebración, vigencia y ruptura, así como la interpretación de las normas, será con base al principio constitucional de igualdad. En toda la regulación se han considerado los tratados internacionales que protegen la igualdad, tales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la ley 26.618, que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
ARTÍCULO 423.- Regla general. Excepciones. Posesión de estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de Es­ tado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimo­ nio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad.
La forma en que se prueba el matrimonio es con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia, documentación que expide el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas donde se celebró.
Esta documentación es el título de estado de familia que atañe a la oponibilidad.
Cuando no sea posible obtener esta documentación, el matrimonio puede probarse por cualquier medio de prueba siempre que se justifique la imposibilidad, pero la posesión de estado no es prueba suficiente. Distinto es el caso cuando existe un acta de matrimonio que carece de alguna formalidad y hay posesión de estado, porque en ese caso no puede cuestionarse la existencia del matrimonio.
Este artículo mantiene la redacción del art. 197 CC, que había sido redactado por ley 23.515. (7) También había sido la redacción propuesta por el Proyecto de 1998, ya que no se han generado dificultades de interpretación.
El acta de celebración, su testimonio, copia, certificado o libreta de familia acreditan el es- tado de familia. El título de estado es el instrumento o conjunto de instrumentos públicos de los cuales surge el estado de familia. Estos documentos con carácter de instrumento público (ley 26.413, art. 23) acreditan el matrimonio y lo hacen oponible erga omnes.
Conforme el párrafo final del art. 420 CCyC, el oficial público debe entregar a los cónyu- ges, de modo gratuito, copia del acta de matrimonio y de la libreta de familia expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Si no es posible presentar esta documentación que acredita el matrimonio (por ejem- plo, por pérdida o destrucción de los archivos de los Registros), este se puede probar con cualquier medio de prueba, justificando previamente la imposibilidad. La prueba del matrimonio puede consistir en fotografías de la boda, invitaciones, video o declaraciones de testigos, entre otras, pero no es suficiente con acreditar la posesión de estado.
La posesión de estado es el goce de hecho de un determinado estado de familia sin un título que pruebe el emplazamiento en ese estado de familia. No alcanza para tener el es- tado de familia, pero se podrá complementar con otras pruebas para acreditar el estado de casados o bien para reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Distinto es el caso previsto en el último párrafo del artículo, puesto que si existe acta de matrimonio con vicios y hay posesión de estado, la inobservancia de las formalidades no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio, por lo que el mismo resulta válido.
(7) BO 06/10/2008.
ART. 424.- NULIDAD ABSOLUTA. LEGITIMADOS
Por ejemplo, si a los fines de tramitar una pensión por fallecimiento del esposo, se pre- sentara un acta de matrimonio celebrado en el extranjero sin legalizar y la prueba de la posesión de estado de casados, debe tenerse por acreditado el matrimonio. (8)
ARTÍCULO 424.- Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 403.
La regulación de la nulidad absoluta del matrimonio no difiere de la del CC.
El CCyC mantiene las categorías de nulidad e inexistencia del matrimonio. El matrimonio nulo es el que se ha celebrado mediando algún impedimento de aquellos establecidos en el art. 403 CCyC. El matrimonio inexistente se define a través del art. 406 CCyC, que establece que, para que exista matrimonio, es indispensable el consentimiento de am- bos, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo (excepto en el matrimonio a distancia). El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
El CCyC recepta la doctrina de la especialidad del sistema de nulidad matrimonial, si- guiendo la línea de la ley 23.515 —que, durante años, había dividido a la doctrina entre quienes entendían que debían aplicarse las normas genéricas de nulidad de los actos jurídicos y quienes consideraban que el régimen de las nulidades matrimoniales era in- dependiente—.
Se mantienen causales de nulidad absoluta y relativa del matrimonio, dependiendo de la naturaleza del interés en juego. Si está comprometido el orden público, se trata de nuli- dad absoluta; cuando se encuentre en juego un interés particular, se trata de una causal de nulidad relativa.
La nulidad absoluta del matrimonio requiere la existencia de un vicio o defecto que afecte alguno de los presupuestos que exige el Código para que el matrimonio produzca efec- tos. Los mismos se encuentran establecidos en el art. 403 CCyC y se refieren a la falta de aptitud nupcial, ya sea porque los cónyuges son parientes, porque existe un vínculo matri- monial subsistente, o porque uno de los cónyuges fue condenado por homicidio doloso del otro (ya sea como autor, cómplice o instigador).
La configuración del vicio importará la privación de efectos propios al acto matrimonial.
(8) SCBA, "J. de B., M. E. c/ Provincia de Buenos Aires 16/09/1997. LLBA, 1997-1250.
2.2. Causales de nulidad absoluta
La diferencia entre nulidad absoluta y relativa se define por el mayor rigor de la sanción
legal de invalidez. La nulidad absoluta incide en el orden público; la relativa, solo en el in- “
dice: “No se cambia el doble régimen de nulidad absoluta y relativa del matrimonio, pero se introducen algunas modificaciones a la segunda”. (9) Las causas de nulidad absoluta son:
terés particular. En relación a este Capítulo, en los “Fundamentos del Anteproyecto
2.2.1. Parentesco
Se incluye el parentesco en línea recta en todos los grados. También el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, y la afinidad en línea recta en todos los grados. Se han adecuado los términos a los nuevos conceptos que introduce la Reforma y se ha sus- tituido la palabra “consanguinidad” por “cualquiera que sea el origen del vínculo”, pues cuando se regula el parentesco (art. 529 CCyC y ss.) se establece que este puede ser por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción y por afinidad. Cuando el Código se refiere a parentesco sin distinción, su regulación se aplica solo al pa- rentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral. La prohibición, en lugar de pasar por la consanguinidad (art. 166, incs. 1 y 2, CC), pasa por el parentesco, sin importar origen ni grado. La adop- ción, tanto la plena como la simple, está incluida. El parentesco por afinidad se establece en un inciso separado, para dar mayor claridad y evitar controversias respecto de si está o no incluido (art. 403, inc. c, CCyC). Al respecto se ha mantenido la solución originaria que no ha generado conflictos.
2.2.2. Matrimonio anterior, mientras subsista
No se puede contraer un nuevo matrimonio mientras se encuentre vigente uno anterior que no esté disuelto por nulidad, divorcio, muerte o ausencia con presunción de falleci- miento. Esta causal no ha generado controversias en vigencia del CC.
2.2.3. Crimen
Se trata del caso en el que uno de los esposos haya sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del otro cónyuge. La nueva regulación establece que debe existir condena. De este modo, se superan las discusiones existentes en vigencia del régimen anterior (art. 166, inc. 7, CC) respecto de la necesidad de contar con sentencia judicial para que se configure la causal, ya que solo hacía referencia a la calidad de autor, cóm- plice o instigador. No quedan comprendidos los homicidios culposos ni los supuestos de inimputabilidad. Para que se configure el impedimento no es necesario que el delito haya sido cometido con el objeto de contraer nupcias con el supérstite; es suficiente el hecho, con prescindencia del móvil que se haya tenido, atento a que resulta disvalioso permitir un matrimonio con quien ha asesinado al cónyuge anterior de uno de los contrayentes.
2.3. Acción de nulidad. Legitimación. Prueba. Prescripción
En cuanto a la legitimación activa, se mantiene la solución amplia de la ley 23.515, que establece que podrá demandar cualquiera de los cónyuges —incluyendo al que conocía el impedimento que lo afectaba— y también quienes podrían oponerse a la celebración
(9) ”Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la Co- misión Redactora”, en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Ediciones Infojus, 2012, p. 574
ART. 425.- NULIDAD RELATIVA. LEGITIMADOS
del matrimonio. Los terceros (conforme el art. 411 CCyC) son el cónyuge de la persona que contrajo otro matrimonio, y los ascendientes, descendientes y hermanos de los cón-
yuges, cualquiera sea el origen del vínculo. También podrá accionar el Ministerio Público,
al tomar conocimiento de la existencia de alguno de los impedimentos (de acuerdo a la
posibilidad que otorga el art. 412 CCyC).
La legitimación pasiva depende de quién acciona. Si lo hace uno de los esposos, el de- mandado será el otro. En los demás casos, deberá demandarse a ambos cónyuges.
No resulta procedente la declaración de nulidad de oficio por el juez, atento a que la norma es clara cuando establece que la acción debe ser entablada por alguno de los legitimados para hacerlo.
Los legitimados podrán valerse de cualquier tipo de prueba, pero no es suficiente la prue- ba de confesión; esta deberá ser acompañada de algún otro medio probatorio.
Si se trata de la nulidad por parentesco, deberá adjuntarse la partida o las partidas res-
pectivas expedidas por el Registro de las Personas que acrediten el vínculo de parentesco prohibido para contraer matrimonio válido (art. 403, incs. a, b y c, CCyC). Si el vínculo se corresponde con una acción de filiación o una adopción aún no inscripta, con el testimo- nio de la sentencia firme.
Si la causal de nulidad es el matrimonio anterior, deberá adjuntarse al expediente el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (de conformidad con lo establecido por el art. 423 CCyC). Será a cargo del demandado probar que el mismo no subsiste.
En el caso en que el actor no cuente con las partidas respectivas que acrediten los víncu- los de parentesco al momento de interponer la demanda, podrá solicitar el libramiento de oficios a los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas respectivos, con el fin de que las mismas sean adjuntadas al expediente.
En caso de alegarse la nulidad por crimen, y como la norma requiere la existencia de con- dena, corresponderá agregar la copia certificada de la sentencia condenatoria así como
la prueba de los dos matrimonios del cónyuge de la víctima, con esta y con el victimario.
También podrá ofrecerse prueba informativa a los fines de acreditar ambas circunstancias
a librarse al juzgado donde tramitó el expediente penal, y al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas para probar los matrimonios.
La acción de nulidad absoluta del matrimonio es imprescriptible. A diferencia de lo que ocu- rre con la nulidad relativa, no podrá confirmarse el matrimonio por el transcurso del tiempo.
ARTÍCULO 425.- Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:
a. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso f) del artículo 403; la nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubie­ ra celebrado con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad
es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal.
b. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso g) del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cual­ quiera de los cónyuges si desconocían el impedimento;
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impe­ dimento ha continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud; y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se computa, para el que sufre el impedimento, desde que recuperó la salud men­ tal, y para el cónyuge sano desde que conoció el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la per­ sona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de tres meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges, y evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al respecto.
c. el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La nu­

References: Artículo 401
 Artículo 402

Artículo 403
 Artículo 404
 Artículo 405
 Artículo 406
 Artículo 407
 Artículo 408
 Artículo 409

Artículo 410
 Artículo 411
 Artículo 412
 Artículo 413
 Artículo 414
 Artículo 415

Artículo 416
 Artículo 417
 Artículo 418

Artículo 419

Artículo 420

Artículo 421

Artículo 422

Artículo 423

Artículo 424

Artículo 425

Artículo 426

Artículo 427

Artículo 428

Artículo 429

Artículo 430

Artículo 431

Artículo 432

Artículo 433

Artículo 434

Artículo 435

Artículo 436

Artículo 437

Artículo 438

Artículo 439

Artículo 440

Artículo 441

Artículo 442

Artículo 443

Artículo 444

Artículo 445

Artículo 446
 Artículo 447
 Artículo 448
 Artículo 449
 Artículo 450

Artículo 451
 Artículo 452
 Artículo 453

Artículo 454
 Artículo 455
 Artículo 456
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 Artículo 459
 Artículo 460
 Artículo 461
 Artículo 462

Artículo 463

Artículo 464
 Artículo 465
 Artículo 466

Artículo 467
 Artículo 468

Artículo 469
 Artículo 470
 Artículo 471
 Artículo 472
 Artículo 473
 Artículo 474

Artículo 475

Artículo 476

Artículo 477

Artículo 478

Artículo 479

Artículo 480

Artículo 481

Artículo 482

Artículo 483

Artículo 484

Artículo 485

Artículo 486

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Artículo 488

Artículo 489

Artículo 490

Artículo 491

Artículo 493

Artículo 494

Artículo 495

Artículo 496

Artículo 497

Artículo 498

Artículo 499

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Artículo 502

Artículo 503

Artículo 504

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Artículo 508

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 Artículo 510
 Artículo 511
 Artículo 512

Artículo 513
 Artículo 514
 Artículo 515
 Artículo 516
 Artículo 517

Artículo 518
 Artículo 519
 Artículo 520
 Artículo 521
 Artículo 522

Artículo 523
 Artículo 524
 Artículo 525
 Artículo 526
 Artículo 527
 Artículo 528

Artículo 529
 Artículo 530
 Artículo 531
 Artículo 532
 Artículo 533
 Artículo 534
 Artículo 535
 Artículo 536

Artículo 538

Artículo 539

Artículo 540

Artículo 541

Artículo 542

Artículo 543

Artículo 544

Artículo 545

Artículo 546

Artículo 547

Artículo 548

Artículo 549

Artículo 550

Artículo 551

Artículo 552

Artículo 553

Artículo 554

Artículo 555

Artículo 556

Artículo 557

Artículo 558

Artículo 559

Artículo 560

Artículo 561

Artículo 562

Artículo 563

Artículo 564

Artículo 565

Artículo 566

Artículo 567

Artículo 568

Artículo 569

Artículo 570

Artículo 571

Artículo 572

Artículo 573

Artículo 574

Artículo 575

Artículo 576

Artículo 577

Artículo 578

Artículo 579

Artículo 580

Artículo 581

Artículo 582

Artículo 583

Artículo 584

Artículo 585

Artículo 586

Artículo 587

Artículo 588

Artículo 589

Artículo 590

Artículo 591

Artículo 592

Artículo 593

Artículo 594

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Artículo 596

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Artículo 598

Artículo 599

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Artículo 607

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Artículo 609

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Artículo 611

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Artículo 615

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Artículo 617

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Artículo 623
 Artículo 624

Artículo 625

Artículo 626

Artículo 627
 Artículo 628
 Artículo 629
 Artículo 630
 Artículo 631
 Artículo 632
 Artículo 633

Artículo 634
 Artículo 635
 Artículo 636
 Artículo 637

Artículo 638
 Artículo 639
 Artículo 640

Artículo 641
 Artículo 642
 Artículo 643
 Artículo 644
 Artículo 645

Artículo 646
 Artículo 647

Artículo 648
 Artículo 649
 Artículo 650
 Artículo 651
 Artículo 652
 Artículo 653

Artículo 654

Artículo 655

Artículo 656

Artículo 657

Artículo 658

Artículo 659

Artículo 660

Artículo 661

Artículo 662

Artículo 663

Artículo 664

Artículo 665

Artículo 666

Artículo 667

Artículo 668

Artículo 669

Artículo 670

Artículo 671

Artículo 672

Artículo 673

Artículo 674

Artículo 675

Artículo 676

Artículo 677

Artículo 678

Artículo 679

Artículo 680

Artículo 681

Artículo 682

Artículo 683

Artículo 684

Artículo 685

Artículo 686

Artículo 687

Artículo 688

Artículo 689

Artículo 690

Artículo 691

Artículo 692

Artículo 693

Artículo 694

Artículo 695

Artículo 696

Artículo 697

Artículo 698

Artículo 699

Artículo 700

Artículo 701

Artículo 702

Artículo 703

Artículo 704

Artículo 705

Artículo 706

Artículo 707

Artículo 708

Artículo 709

Artículo 710

Artículo 711

Artículo 712

Artículo 713

Artículo 714

Artículo 715

Artículo 716

Artículo 717

Artículo 718

Artículo 719

Artículo 720

Artículo 721

Artículo 722

Artículo 723

ARTÍCULO 401

ARTÍCULO 402
 artículo 402

ARTÍCULO 403
 artículo 166
 resolución 

ARTÍCULO 404
 artículo 403
 artículo 129

ARTÍCULO 405
 artículo 403

ARTÍCULO 406

ARTÍCULO 407

ARTÍCULO 408

ARTÍCULO 409

ARTÍCULO 410

ARTÍCULO 411

ARTÍCULO 412
 artículo 403

ARTÍCULO 413

ARTÍCULO 414

ARTÍCULO 415

ARTÍCULO 416

ARTÍCULO 417

ARTÍCULO 418

ARTÍCULO 419

ARTÍCULO 420

ARTÍCULO 421

ARTÍCULO 422

ARTÍCULO 423

ARTÍCULO 424
 artículo 403

ARTÍCULO 425
 artículo 403
 artículo 403
 artículo 409