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Timestamp: 2019-01-22 21:30:13+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00045 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA 2011-00045 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:PENSIONES COMPARTIDAS. LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN SU CONDICIÓN DE EMPLEADOR ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN QUE EL ISS ASUMIÓ POR SER COMPARTIDAS, ADEMÁS POR MANDATO DE LA LEY 100 DE 1993 LOS FONDOS ORDENADOS POR ESTAS SON PARA PAGAR EL PASIVO PENSIONAL DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES DEL NIVEL TERRITORIAL, Y LAS EXCEPCIONES AL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES GUARDAN ARMONÍA CON LA FECHA LÍMITE DE VIGENCIA DE LA LEY 100 DEL NIVEL TERRITORIAL, CON LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA PENSIONAL, Y CON LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A AFILIARSE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, DERECHOS EN EL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN, PAGO DE PENSIÓN
Sentencia 2011-00045 de febrero 23 de 2012
Rad. 11001-03-06-000-2011-00045-00(2068)
La Sala examinará la regulación y aplicación de las pensiones compartidas, las responsabilidades en materia pensional de las universidades públicas después de la vigencia de la ley 100 de 1993 y los pronunciamientos jurisprudenciales tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en especial los efectos de las sentencias inter partes, así como la normatividad vigente sobre el precedente judicial y las disposiciones del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8) que entrará a regir a partir de julio del presente año 2012.
La Sala se referirá en último término a la pregunta sobre si la interpretación adoptada en la mencionada sentencia de unificación genera un “choque jurisprudencial” con el concepto emitido por esta Sala en el año 2001, relacionado con el tema pensional de la misma Universidad del Quindío,
Como se indicó atrás, la afiliación de los empleados y trabajadores de la Universidad del Quindío al ISS significó que sus pensiones de jubilación fueran “compartidas” entre las dos instituciones.
Esta Sala en el concepto emitido el 28 de octubre del 2004(9), explicó así la pensión compartida:
“Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la afiliación al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión de vejez, de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes pensionales, el de jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se obtuvo aplicando a esta situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de jubilación o de la compartibilidad, según el cual era el empleador quien reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado antes de lo previsto en los reglamentos del seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el trabajador tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los Seguros Sociales se subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión reconocida inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS, entonces aquel pagaba el mayor valor entre ambas”.
El concepto en cita transcribe apartes de algunos pronunciamientos de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, relativos precisamente a empleados públicos y trabajadores oficiales, en los que se destaca que al reunir los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación, el empleador público la reconoce “pero con la expectativa de verse liberado” por la pensión de vejez que asumirá el ISS de acuerdo con sus reglamentos, y entonces quedará “a cargo del empleador oficial solo el mayor valor, si lo hubiere”, entre las dos pensiones(10).
En vigencia de la Ley 100 de 1993, la modalidad de pensión compartida continuó siendo aplicable, puesto que los empleados públicos afiliados al ISS y también beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de dicha ley, conservaron el derecho a pensionarse con base en los requisitos de las leyes 6ª de 1945 o 33 y 62 de 1985, según el caso(11), y a que su pensión fuera subrogada por el ISS cuando se cumplieran sus reglamentos.
Como parte de la reglamentación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de 1994, artículo 5º, modificado por el artículo 2º del Decreto 1160 de 1994(12), reguló la “transición de las pensiones de jubilación a cargo de los empleadores del sector privado”; y el Decreto 1748 de 1995(13), en su artículo 45 (original) dispuso:
“ART. 45.—Los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, les será aplicable el artículo 5º del Decreto 813 de 1994 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B”.
La asimilación así dispuesta significó que con aplicación de los decretos 813 y 1160 en cita(14) los empleadores públicos, al igual que los privados, que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 tuvieran a su cargo el reconocimiento de pensiones de jubilación, seguían con dicha obligación; los trabajadores continuaban con su derecho a ser pensionados cuando cumplieran los requisitos del régimen que se les viniera aplicando; reconocida la pensión, el empleador seguía cotizando al ISS; y una vez el trabajador cumpliera los requisitos mínimos del ISS este procedería a cubrir la pensión y el empleador asumiría solamente el pago del mayor valor, si se diera.
Como para el reconocimiento de la pensión el ISS debía tener en cuenta el tiempo trabajado con el empleador, este debía trasladar al ISS “el valor correspondiente al cálculo actuarial previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, resultante a 1º de abril de 1994, o un título representativo del mismo emitido por el empleador en las condiciones y con las garantías que señale la junta directiva del seguro social”, de conformidad con el literal a) del artículo 2º del Decreto 1160 de 1994.
Así, mediante el Decreto 4937 del 2009(15) se adicionó el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, creando los “bonos pensionales especiales T”, Estos bonos deben ser emitidos por las entidades públicas que comparten pensiones con el ISS, representan los aportes destinados a la financiación de las pensiones(16) y son el instrumento financiero que facilita al ISS el reconocimiento de las pensiones de jubilación de los empleados públicos bajo el régimen que a cada uno corresponda en su condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100.
Al definirlos, el inciso primero del artículo 2º del Decreto 4937 en comento, clarificó los elementos de estos bonos T(17). Para efectos de la consulta baste señalar que su emisión procede a solicitud del ISS; y que el emisor es el empleador público obligado a pagar la diferencia del valor de la pensión derivada de las condiciones del régimen pensional del ISS y del aplicable al respectivo servidor público que está en régimen de transición. Si son varios los empleadores públicos obligados, el bono debe ser emitido por “la última entidad pública donde la persona haya laborado, sin importar el tiempo de vinculación con dicha entidad”.
2. El régimen del pasivo pensional de las universidades públicas y las pensiones compartidas.
El artículo 131(18) de la citada Ley 100 ordenó a cada una de las instituciones de educación superior oficiales, constituir “un fondo para el pago del pasivo pensional”, manejado como una subcuenta del presupuesto de la respectiva institución, en las condiciones establecidas por la misma norma.
El Decreto 2337 de 1996 reglamentario del artículo 131 de la Ley 100 de 1993, estableció “el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial”, que con antelación al 23 de diciembre de 1993 hubieran tenido a cargo, el reconocimiento y pago de pensiones de sus servidores públicos.
“Funciones de los fondos para pagar el pasivo pensional. Los fondos para el pago del pasivo pensional a favor de los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente, constituidos como una cuenta especial de las universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter oficial y naturaleza territorial, tendrán las siguientes funciones:
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las administradoras del sistema general de pensiones”.
Tal como se expresa en su nombre, los fondos ordenados en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 son para “pagar el pasivo pensional” de las universidades oficiales del nivel territorial. Las excepciones de reconocimiento de pensiones guardan armonía con la fecha límite de entrada en vigencia de la Ley 100 en el nivel territorial, con los derechos adquiridos en materia pensional, y con la obligación de los servidores públicos de afiliarse al sistema general de pensiones en cualquiera de sus dos modalidades.
En el documento de autoría de la Universidad del Quindío, allegado con la consulta, se lee: “Debe observarse que con la expedición del Decreto 4937 del 2009 (por el cual se modifica el D. 1748/95, art. 45) la pensión compartida quedó a cargo del ISS y la entidad pública debe expedir un bono T para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS”.
Dicho de otra manera: en el caso de la Universidad del Quindío y bajo el supuesto de que sus servidores no hubieran optado por cambiar de administradora de pensiones, el ISS debió asumir el reconocimiento de las pensiones con las solas excepciones contempladas en el artículo 4º, numerales 2º y 3º del Decreto 2337 de 1996, y dando aplicación a los decretos 813 y 1160 de 1994, que como se vio, obligaron al empleador a seguir cotizando y a trasladar al ISS el valor del cálculo actuarial o un título representativo del mismo, acorde con lo exigido por la junta directiva del seguro social.
1. Las leyes 33 y 62 de 1985.
Con antelación a la Ley 100 de 1993, los empleados públicos se pensionaban bajo la Ley 33 de 1985, con las modificaciones introducidas por la Ley 62 del mismo año(19), salvo que estuvieran en el régimen de transición establecido en dicha Ley 33 o tuvieran un régimen especial.
Con relación a los factores de liquidación de la pensión, la Ley 33 de 1985(20) dispuso:
La Ley 62 de 1985(21), modificó el artículo 3º de la Ley 33, así:
2. La jurisprudencia objeto de la consulta.
a. De la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Sentencia del 9 de noviembre del 2005, radicado 24305; sentencia del 16 de noviembre del 2005, Radicado 25770; sentencia del 25 de octubre del 2005, Radicado 25907; sentencia del 21 de febrero del 2006, Rad. 26000; sentencia del 4 de abril del 2006, Radicado 26083; sentencia del 14 de marzo del 2006, Radicado 26084; sentencia del 28 de marzo del 2006, Radicado 26085; sentencia del 13 de septiembre del 2005, Expediente 26111; sentencia del 25 de octubre del 2005, Expediente 26279; sentencia del 16 de mayo del 2006, Expediente 26394; sentencia del 7 de junio del 2006, Radicado 26424; sentencia del 23 de junio del 2006, Radicado 26429; sentencias del 2 de marzo y del 1º de junio del 2006 (decisión de instancia), Radicado 26473; sentencia del 23 de marzo del 2006, Radicado 26484; sentencia del 4 de julio del 2006, Radicado 26640; sentencia 19 de octubre del 2005, Exp. 26641; sentencia del 29 de junio del 2006, Radicado 26645; sentencia del 31 de mayo del 2006, Radicado 26655; sentencia del 25 de octubre del 2005, Radicado 26659; sentencia del 14 de agosto del 2006, Radicado 26660; sentencias del 4 de mayo y del 21 de noviembre (sede de instancia) del 2006, Radicado 26969; sentencia del 25 de julio del 2006, Radicado 27020; sentencia del 4 de julio del 2006, Radicado 27022; sentencia del 12 de junio del 2006, Radicado 27913; sentencia del 8 de agosto del 2007, Radicado 28325; sentencia del 18 de julio del 2006, Radicado 28598; sentencia del 7 de diciembre del 2006, Rad. 28599; sentencia del 17 de abril del 2007, Rad. 28600; sentencia del 6 de marzo del 2007, Rad. 28601; sentencia del 28 de junio del 2006, Radicado 28778; sentencia del 26 de septiembre del 2007, Radicado 28826; sentencia del 28 de agosto del 2007, Radicado 28839; sentencia del 13 de marzo del 2007, Radicado 29060; sentencia del 17 de abril del 2007, Exp. 29737; sentencia del 1º de abril del 2008, Exp 32693; sentencia del 25 de agosto del 2009, Exp. 35231.
“... el régimen de transición previsto en la Ley 33 citada ... solo garantizaba la aplicación de la normatividad anterior en cuanto al requisito de la edad para acceder a la pensión, más no incluía el monto que lo fijó en un ‘setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio’, ni tampoco los factores salariales para su cálculo./ En ese orden de ideas, ha de entenderse que referente al monto y a los factores salariales para el cálculo de la pensión, tenía plena aplicabilidad en el caso del actor la Ley 33 de 1985 y el artículo 1º de la Ley 62 de ese año que la modificó...”(22).
En cuanto a los aportes a las entidades previsionales, desde las primeras sentencias la Sala de Casación Laboral citó la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, de fecha 29 de abril del 2004, radicación 2287-03, conforme a la cual, “la estipulación final del artículo 1° de la Ley 62 citada, sobre la liquidación de la pensión de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, no significa una exclusión para los casos en que la entidad no haya efectuado los descuentos por tal concepto, sino la obligación, para los empleados de régimen especial, de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional, de manera que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento la entidad de previsión efectúe los descuentos pertinentes”.
b. De la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Esta Sala revisó la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto del 2010 por la Sección Segunda(23) de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, así como los fallos expresamente citados en dicha sentencia de unificación, de las secciones A y B de la misma Sección Segunda, a saber: Subsección A, C. P. Alberto Arango Mantilla, sentencia del 29 de mayo del 2003, Rad. 25000-23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02), demandada, Caja Nacional de Previsión Social; Subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia del 16 de febrero del 2006, Rad. 25000-23-25-000-2001-01579-01(1579-04), Demandado: Gobernación de Cundinamarca; Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 6 de agosto del 2008, Rad. 25000-23-25-000-2002-12846-01(0640-08), Demandada: Caja Nacional de Previsión Social.
Así mismo, revisó otros pronunciamientos posteriores: Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 10 de febrero del 2011, Rad. 25000-23-25-000-2002-02629- 01(0516-08), Demandada: Caja Nacional de Previsión Social; Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 16 de septiembre del 2010, Rad. 13001-23-31-000-2002-01592-01 (0316-09), Actor: Universidad de Cartagena; Subsección B, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 27 de enero del 2011, Rad. 08001-23-31-000-2007-00112-01(0045-09), Demandado: Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; Subsección B, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 3 de febrero del 2011, Rad. 25000-23-25-000-2007-01044-01(0670-10), Demandado: Instituto de Seguros Sociales, ISS; Subsección B, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 10 de marzo del 2011, Rad. 08001-23-31-000-2006-02553-01(1261-10), Actor: Universidad del Atlántico.
— De la Subsección A. Sentencia del 23 de mayo del 2003(24).
Conforme a esta sentencia, la liquidación debía incluir “todas aquellas sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la ley”, aplicando la Ley 65 de 1946 que definió el salario o sueldo “... no solo como la asignación básica fijada por la ley sino como todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución por sus servicios”. En cuanto a los factores de liquidación de la pensión sobre los cuales no se hubieran hecho los aportes a la Caja Nacional de Previsión, ordenó a esta “realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes”.
— De la Subsección B. Sentencia del 16 de febrero del 2006(25)
Con base en el artículo 53 de la Constitución, esta sentencia resolvió “... respetando la situación más beneficiosa a su destinatario...”, que la pensión se reliquidara “... en el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio de sirvió de base para los aportes, durante el último año de servicio...”.
— De la Subsección B. Sentencia del 6 de agosto del 2008(26)
“... si bien la Sala conoce la discrepancia que se ha suscitado en la doctrina y en la jurisprudencia sobre el tema del monto pensional, en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en estos casos reitera su posición al respecto, en el sentido de aplicar en su integridad el porcentaje y la base para liquidar la pensión del régimen anterior a la Ley 100, sin que sea posible aplicar la regla del inciso 3º de su artículo 36, en virtud de la protección al principio constitucional de la favorabilidad(27) ...”. Y precisó: “... cuando las normas refieren que las pensiones deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los que se aportó, dicha expresión debe leerse bajo el entendido que es obligación de las cajas de previsión hacer los descuentos por aportes pero solo sobre los factores taxativamente señalados para construir la pensión del afiliado, sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. / Para la Sala es claro que si los factores que deben ser considerados para efectos pensionales son los señalados por la ley, sobre los cuales es imperativo el descuento por aportes, como quedó establecido, ningún factor diferente puede entonces válidamente ser incluido en la liquidación de la pensión. Lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 no tiene otro alcance distinto al de imponer a las entidades la obligación de cancelar los respectivos aportes sobre los rubros constitutivos de factor pensional y no abrir la posibilidad de incluir diferentes factores a los que taxativamente la norma señaló(28)”.
En cuanto al criterio adoptado, la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010 resuelve incluir todos los factores devengados en el último año de servicios, para conformar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por cuanto la interpretación taxativa vulnera los principios de progresividad, igualdad y primacía de la realidad sobre las formalidades.
Solo excluye las sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando y la indemnización de vacaciones, por no ser salario ni prestación.
C. Los efectos de las sentencias judiciales.
1. La cosa juzgada inter partes.
Tanto en la jurisdicción ordinaria laboral como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las sentencias proferidas en los procesos de naturaleza contenciosa, una vez ejecutoriadas tienen fuerza de cosa juzgada inter partes, con lo cual se quiere decir que entre las mismas partes no será posible debatir nuevamente las pretensiones que guarden identidad en sus fundamentos de hecho y de derecho(29), y, en consecuencia, las decisiones contenidas en la respectiva sentencia resuelven la controversia en forma definitiva, por lo tanto son obligatorias para las partes y de estricto cumplimiento.
2. El precedente judicial.
Dispone el artículo 114 de la Ley 1395 del 2010(30), actualmente vigente:
Al tenor de la norma transcrita, cuando las autoridades administrativas deban decidir sobre alguno de los asuntos reseñados en ella, tienen el deber de “tomar en cuenta” las sentencias de las jurisdicciones administrativa y ordinaria cuando, en un número mínimo de cinco, hayan resuelto de determinada manera sobre unos mismos hechos y pretensiones, entendiendo que tales precedentes corresponden a decisiones de las Altas Cortes y han respetado la interpretación vinculante que sobre el respectivo tema haya realizado la Corte Constitucional.(31).
3. La situación en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cuando la Constitución Política(32) señala la estructura y las funciones de la “jurisdicción contencioso administrativa”, ordena que el Consejo de Estado se divida “en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley”.
Las funciones que directamente la Constitución le fija a esta corporación son claramente de una y otra naturaleza, como cuando en el artículo 237 se refiere a la de: “1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.”; y en el numeral 3º, del mismo artículo le asigna la de “...3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. (...)”.
La función consultiva es realizada por esta Sala de Consulta y Servicio Civil, que, como dice la norma constitucional, es un “cuerpo consultivo del Gobierno en asuntos de administración”.
Su distinta naturaleza y alcance excluye la posibilidad teórica o real de un “choque” por razón del contenido de sus pronunciamientos.
“1. ¿Cómo se debe entender el choque jurisprudencial entre un concepto emitido estrictamente para la Universidad del Quindío y la jurisprudencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado?”.
“2. ¿Cuál es la situación de la Universidad del Quindío frente a la forma de liquidación de pensiones, teniendo en cuenta que se encuentra incursa en el sistema de pensión compartida, por el cual debe efectuar el reconocimiento de una pensión de jubilación y proceder a su pago hasta que el Seguro Social reconozca la pensión de vejez, quedando desde este momento a cargo de la universidad solo el mayor valor, si lo hubiere, entre ambas liquidaciones?”.
Las pensiones compartidas que aplican a los servidores de la Universidad del Quindío que son beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rigen por los decretos 813 y 1160 de 1994, complementados con el Decreto 4937 de 2009, en el entendido de que a partir de la constitución del fondo pensional para el pago de su pasivo pensional, ordenado en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y reglamentado en el Decreto 2337 de 1996, la Universidad del Quindío solo puede reconocer las pensiones de quienes se encuentren en las condiciones previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 4º del citado Decreto 2336.
“3. Las sentencias que ordenan reliquidar las pensiones de jubilación establecen que se efectúen descuentos para pensión sobre los factores no enlistados en las leyes 33 y 62 de 1985, la Universidad del Quindío cotizó por estos jubilados al Seguro Social, ¿está el Seguro Social obligado a recibir estos aportes y reliquidar la pensión de vejez compartida incluyéndolos?”
“4. En caso de prosperar la tesis de incluir todos los factores salariales en la liquidación de pensiones de servidores públicos de la Universidad del Quindío, ¿a quién corresponde la re-liquidación de las pensiones: a la propia entidad o al ISS?, ¿si es el ISS deberá liquidarse un bono T por el mayor valor generado al incluir nuevos factores de liquidación?”.
Envíese a la señora Ministra de Educación Nacional y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República».
(8) Ley 1437 de 2011 (ene. 18) D.O. 47.956 (en. 18/11).Entra en vigencia a partir del 2 de julio de 2012 (art. 308).
(9) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, Rad. 1576. Publicación autorizada con oficio 62764 de enero 16 del 2005.
(10) Cfr. Consejo de Estado, Concepto del 28 de octubre del 2004 y sentencia del 6 de septiembre de 2001, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 11001-03-25-000-1997-3677-01(1275-99) / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias de diciembre 12 de 2001, Rad. 17130; de julio 29 de 1998, Rad. 10803 y de julio 26 de 2000, Rad. 13097.
(11) Recuérdese que la Ley 33 de 1985, artículo 1º, parágrafo 2º, consagró un régimen de transición para que quienes tenían 15 o más años de servicio a su entrada en vigencia, se pensionaran con la edad establecida en el régimen anterior que les correspondiera. Por ello se cita la Ley 6ª de 1945 como parte del régimen anterior a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
(12) Decreto 813 de 1994 (abr. 21) “Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”, D.O. 41.328 (abr. 25/94); Decreto 1160 de 1994 (jun. 3) “Por el cual se complementa el Decreto 813 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, D.O. 41.385 (jun. 9/94).
(13) Decreto 1748 de 1995 (oct. 12), “Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993.” D. O. 42.049.
(14) Cfr. Decreto 813/94, art. 5º, literales a) y c); y D. 1160/94, art. 2º.
(15) Decreto 4937 del 2009 (dic. 18), “Por el cual se modifica el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, se crean y se dictan normas para la liquidación, reconocimiento y pago de unos bonos especiales de financiamiento para el ISS”, D.O. 47567 (Dic.18/09).
(16) Cfr. ley 100/93, artículos 12 y 113 y ss.
(17) Decreto 4937/09, artículo 2º: “Definiciones. Bono pensional especial tipo B. Bono especial que deben emitir las entidades públicas a favor del ISS, o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, o quien haga sus veces, con el fin de que la administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen de transición a los servidores que al 1º de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de los siguientes casos: a) Que estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o cotizantes al ISS en condición de activos; b) que habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no estuvieran cotizando a ninguna administradora del sistema; c) que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando al ISS como independientes o como vinculados a una entidad privada, o d) que habiendo sido servidores públicos afiliados al ISS no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo de 1994/ De conformidad con el Decreto 13 de 2001 a estos servidores no se les financian las pensiones con bonos tipo B / Los bonos pensionales especiales tipo T estarán compuestos por tantos cupones como entidades empleadoras del sector público hubieran tenido los servidores públicos a que se refiere este artículo”.
(18) Ley 100 de 1993, artículo 131: “fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en la presente ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente ley. / Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución. Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los cinco (5) últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación de la vigencia de la presente ley./ Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. / Dentro del año siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente ley, las universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo, elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los dos (2) primeros años de la vigencia de la presente ley”.
(19) La Ley 33 de 1985 en los parágrafos segundo y tercero del artículo 1º, contempló los casos en los cuales continuarían rigiendo las normas sobre pensiones que regían a su entrada en vigencia.
(20) Ley 33 de 1985, (ene. 29), “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”, D.O. 36856 (Feb. 13/85)
(21) Ley 62 de 1985 (Sep. 16), “Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985”. D. O. No. 37154 (Sept. 19/85) `
(22) Por vía de ejemplo, Sentencia de octubre 25 del 2005, Rad. 26659.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Actor: : Luis Mario Velandia, sentencia del 4 de agosto del 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Demandada: Caja Nacional de Previsión Social.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla, sentencia del 29 de mayo de 2003 / Rad. 25000-23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02). Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia del 16 de febrero del 2006 / Rad. 25000-23-25-000-2001-01579-01(1579-04), Demandado: Gobernación de Cundinamarca.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 6 de agosto del 2008, Rad. 25000-23-25-000-2002-12846-01(0640-08), Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
(27) [Cita de la sentencia de ago. 6/2008] Sentencia de 15 de mayo de 2008, Sección Segunda, expediente 1708-07 M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(28) [Cita de la sentencia de ago. 6/2008] Sentencia de 26 de junio de 2008, exp. 1277-07 M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(29) Cfr. Código de Procedimiento Civil, artículos 331 (ejecutoria de las providencias judiciales, modificado por L. 794/2003, art. 34) y 332 (fuerza de cosa juzgada). / Código Contencioso Administrativo., artículo 175, inciso tercero (fuerza de cosa juzgada).
(30) Ley 1395 de 2010 (jul. 12), “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. D.O. 47.768 (jul. 12/10).
(31) La Corte Constitucional en la Sentencia C-539/11 (jul. 6), resolvió: “Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “que en materia ordinaria o contenciosa administrativa” contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido que los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional.
(32) Constitución Política, artículos. 236, 237 y 238.

References: artículo 36
 artículo 36
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 36
 artículo 114
 artículo 237
 artículo 36
 artículo 131
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 131
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 175
 artículo 114