Source: http://alfredoherranz.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-26 12:55:52+00:00

Document:
De lo justo y de lo humano: julio 2013
LA IMPUTACIÓN, LA IMPRUDENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DEL ERROR
La sociedad española sigue consternada por el terrible accidente ferroviario de Santiago y los días posteriores evolucionan de manera coherente a lo que es este país. En vez de analizar con pausa y detenimiento lo ocurrido y dejar que evalúen y analicen los técnicos y responsables, la herencia judeocristiana y quizás otros intereses, buscan rápidamente un culpable y parecen ya haberlo encontrado. Casualmente, como siempre, es el eslabón más débil.En ese caso el maquinista.No me gusta el tratamiento penal de la imprudencia o mejor dicho la respuesta penal. Sólo las conductas de extrema gravedad en lo que suponen de desprecio por los bienes jurídicos ajenos deberían ser penadas con prisión independientemente del resultado que sólo debería ser considerado como análisis del desvalor al concretar la pena a imponer.Lo que importa cuando se comete un error es evitar que vuelva a producirse. Sin embargo la respuesta habitual no es esa, sino ocultarlo. Ocultar el error incrementa las posibilidades de que vuelva a producirse. Si estamos en un ámbito de respuesta penal con prisión los implicados no van a reconocer su error sino que lógicamente intentarán esconderlo.Mucho de eso va a pasar, como en supuestos parecidos, pero como digo tiene mucho de cultural. Hoy el Diario de Pontevedra se desayuna en sus titulares la ley de enjuiciamiento criminal y criminalizando al maquinista afirma que la policía imputa y acusa a este de delito de homicidio imprudente.A través de tuiter un abogado gallego y otros le han señalado el error al redactor jefe del diario. Ha reconocido este su error? No. Lo mantiene con peregrinas excusas.No aprendemos. Seguimos prefiriendo escurrir el bulto a reconocer el error.Nota.- Esta misma entrada les vale para el FROB, para el tema Barcenas, para los ERE andaluces, para lo que les de la gana.Hoy tengo especiales ganas de emigrar
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON MILITANCIA POLITICA
Nuevo motivo de escándalo en el día de hoy al informar El Pais que según la información suministrada por Bárcenas al juez Ruz el actual presidente del Tribunal Constitucional "Pérez de los Cobos" habría pagado entre 2008 y 2011 cantidades asociadas a la cuota de afiliación como militante. Pero, esto es un ¿escándalo? ¿es motivo de ello? Es ¿nuevo?.
La ciudadanía anda algo alterada y se enfurece rápidamente con cualquier nueva información. Ha sido difícil encontrar entre tal algarabía opiniones con arrojaran algo de lucidez como en tuiter la de @angryjuez señalando en varios tuits la diferencia entre incompatibilidades y prohibiciones, y también la diferencia entre el ejercicio de juez o magistrado del poder judicial y la de integrar el Tribunal Constitucional que no es Poder Judicial, y que la ley orgánica del Tribunal Constitucional extiende a sus componentes las incompatibilidades de la ley orgánica del poder judicial y no las prohibiciones.
Angry Juez ‏@AngryJuez10h
A ver. El Presidente del TC NO es Magistrado. La CE dice que tienen mismas INCOMPATIBILIDADES que Jueces, no mismas PROHIBICIONES (1)
3:53 PM - 17 jul 13 · Detalles
Y recomiendo la lectura de este blog derechoconstitucional.es donde se explica con bastante precisión esta cuestión. El artículo 19.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional es preciso y prohibe a los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras cosas el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, luego a sensu contrario, si lo que se prohibe es el desempeño de las funciones directivas no se prohibe la participación sin funciones directivas.
1. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible:
primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y
Senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del
Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades
locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad
propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases
en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto,
con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con
toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el
desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los
miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades
propias de los miembros del Poder Judicial.
¿Es por tanto un escándalo? En tuiter he afirmado que sí, que es escandaloso. Porque una cosa es el cumplimiento de la legalidad y otra muy distinta lo correcto, lo limpio, lo adecuado, y en las actuales circunstancias es bastante poco edificante y de muy poca sensibilidad que ocurra algo así.
¿Pero es nuevo? No. El sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la deficiente cultura democrática de nuestro sistema de partidos ha conducido a que en vez de configurar un Tribunal Constitucional con miembros de reconocido prestigio (como el concurso tuitero de #AdivinaAlJurista) los partidos políticos repartiendose los cargos a elegir introducían en el mismo a juristas, de los cuales no voy a discutir ni su capacidad ni mérito, pero sí su sistema de elección, por afinidad e interés.
Nada nuevo pues no es nada reciente. Y nada nuevo pues ya escribió hace muchas décadas sobre esta cuestión el jurista alemán Carl Schmitt cuando criticaba este tipo de órganos señalando precisamente que se trataba de tribunales políticos. Lo cual comparto plenamente, y no ahora, sino desde que estudié esta cuestión hace casi 20 años, con lo cual es un órgano cuya propia existencia supone ya su propia politización.
Hace bien la ciudadanía en escandalizarse, sobre todo porque uno tiene la sensación de que ya este tipo de cosas se hacen con una absoluta falta de respeto, sin cortapisas ni vergüenza. Pero hubiera hecho bien la ciudadanía en ser más vigilante durante la vida en "democracia" de hacia donde nos conducía este sistema bipartidista, de haber criticado en este caso la mala configuración del Tribunal Constitucional por intereses políticos y quizás no estaríamos en esta situación actual.
En esta sensibilización tenemos un papel importante los juristas, aquellos que entendamos que hay que estar comprometidos con la sociedad. Y ha llegado el momento ya (bueno, para septiembre, como los malos estudiantes) de movilizarnos y señalar la importancia de este tipo de cuestiones (ahí tenemos la reforma del CGPJ). O dicho en lenguaje tuitero hay que movilizar el #AK47
LOS ABOGADOS DE BARCENAS. ANALISIS DESDE OTRO ABOGADO
Comentar el trabajo de otro compañero no es algo que me guste hacer y mucho menos en publico. No voy a entrar en la valoración de la estrategia, sería una insensatez por mi parte, desconociendo el contenido del sumario y sobre todo la información directa que tiene quien interviene en un asunto y sobre todo por parte de su cliente. Pero como hice en esta otra entrada sí que hay aspectos de la información sobre el caso Bárcenas que se está dando estos días, que no se están dando al público desde la perspectiva de un abogado, y que entiendo importantes. Y por eso estoy escribiendo estas entradas y aprovecho para recomendar otra desde dicha perspectiva en el blog de Raúl Gámez.
Quiero incidir en la trascendencia, insisto desde esta perspectiva, de esta noticia en la que se informa que según Bárcenas, el Partido Popular se hizo cargo de los gastos de su defensa hasta el mes de diciembre pasado.
En primer lugar, y uno ya se pierde con tanta causa y tanto escándalo, de ser cierta dicha información y darse el caso de que en el mismo proceso el Pp estuviera ejerciendo la acusación particular, no es que esto supusiera una situación de esquizofrenia procesal, sino un tremendo fraude de dicha posición de acusación particular en algún proceso contra Bárcenas, o en el que el mismo estuviera imputado; que debería ser especialmente tomado en consideración por el juez encargado del caso.
Pero no esta la cuestión que me ha motivado a escribir la entrada, sino la del obligado ejercicio independiente de la profesión por parte de los letrados, que se ve, vamos a decir enturbiada, si hay algún tipo de conflicto de intereses. Un abogado tiene la obligación de dejar de intervenir en un asunto cuando detecta que hay un conflicto de intereses, no puede defender a partes con intereses contradictorias y el código deontológico impide aceptar encargos en contra de intereses de quien ha sido en algún momento su cliente.
En este tipo de situaciones, si quien se hace cargo efectivo de los costes de tu intervención es una tercera persona, existe este riesgo de colisión si los intereses del Sr. Bárcenas y los del Partido Popular son distintos; siendo en mi opinión algo que no debería haber sido aceptado por los letrados, precisamente por existir ese riesgo de colisión de intereses, porque todo apuntaba a que en algún momento se produciría dicha colisión.
Dicho de otro modo, se traslada una perniciosa imagen (no digo que así haya sucedido, pero es la imagen) de que su asesoramiento puede estar condicionado por quien efectivamente le paga. Ya digo que en esto nada importa la connivencia de Bárcenas con esta situación. Entiendo que desde un punto de vista deontológico, sobre todo en un asunto de estas características, es algo que no debería haber sido aceptado por los propios letrados. Y esto sobre la base de que efectivamente no hubiera habido una colisión de intereses, es decir, que el interés del Pp y el de Bárcenas fuera el mismo.
Pero si estamos en este supuesto, la de la coincidencia de intereses del Partido Popular y Bárcenas, no deja de ser nuevamente una importante muestra del grave escándalo que supone este caso, y una prueba de la necesaria connivencia entre el partido y el actuar de su Tesorero. ¿A santo de qué le iba a pagar el partido estos elevadísimos costes de defensa si no había una complacencia en su actuar?
PUEDE UN ABOGADO TUITEAR UNA DECLARACION EN INSTRUCCION?
En el día de hoy ha generado expectación la declaración de Bárcenas como imputado, interrogatorio que al parecer ha sido suspendido porque uno de los abogados intervinientes y que ejerce acusación popular estaba tuiteando el contenido de la misma lo que ha supuesto la apertura de una pieza separada para depurar responsabilidades
Comentaba la cuestión con un compañero del despacho y la vez por tuiter con @luisabeledo así que he lanzado un pequeño debate en tuiter a ver que pensaban otros juristas sobre esta cuestión, y aquí os pongo el resumen de lo aportado en el debate, así como mi opinión.
Hay quien ha cuestionado la oportunidad del momento diferenciando entre tuitear mientras se prestaba la declaración o con posterioridad. En este caso parecía pesar el debido respeto al órgano jurisdiccional (@apariciosan @licag85) así como el que cuando estás realizando una intervención debes estar a lo que estás, concentrado y no combinar con otras acciones, como tuitear (@CPEREZANDUJAR @jrgruiz)
Otras consideraciones incidían sobre la obligación de guardar secreto y aquí podía influir el secreto profesional @santiagocarret1 así como el específico de guardar secreto sobre las actuaciones cuando el tema está bajo secreto de sumario. Sobre la cuestión del secreto profesional hay divergencias sobre si verdaderamente, que creo que desaparecen en el momento en que enfocamos la cuestión desde la perspectiva del secreto de sumario. Si hay secreto de sumario no hay duda alguna sobre la incorrección de lo hecho, conforme al artículo 302 de la ley de enjuiciamiento criminal, si bien como bien ha apuntado @andres_m_o, el artículo 301 impone el secreto de sumario para los que no son partes, castigando la revelación del mismo. Otra cosa distinta es que estemos acostumbrados a las filtraciones en prensa.
Otros como @albertijavier no veían problema alguno en la conducta, mientras que otros lo valoraban directamente como una imprudencia (@SubJudice @OrtizSAbogados)
En mi opinión la pieza abierta por el juez Ruz contra el abogado que ha tuiteado se archivará por no revestir lo realizado caracteres de delito. Tampoco hay una infracción deontológica pues no ha vulnerado secreto profesional de su cliente, pues su cliente no es Bárcenas. En todo caso cabrá una responsabilidad denominada de estrados, y sancionable por el propio juez por infringir el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en su caso el 302 si hay secreto de sumario específico, cosa que sinceramente desconozco.
Aparte de esta cuestión, sí que entiendo que el proceder no es el más adecuado desde una perspectiva profesional. Por un lado coincido con los compañeros mencionados en que nuestra obligación profesional es estar a la actuación que se está practicando y no hacer otras, como tuitear. Por otra parte, nuestro papel es estricto, el de abogados, no somos periodistas, y debemos dejar a estos la labor de informar, por muy tentadora que sea la situación o por muy devaluado que esté el trabajo periodista en este pais.
Aqui os dejo algunos de los tuits mencionados
Lídia Caballero ‏@Licag853h
@alfherranz @luisabeledo Una falta de respeto al Tribunal.
7:48 AM - 15 jul 13 · Detalles
Enrique Ortiz ‏@OrtizSAbogados3h
@santiagocarret1 @CPEREZANDUJAR @alfherranz @luisabeledo Debemos ser más serios y, como Carmen, creo que, cuando menos, es imprudente
7:50 AM - 15 jul 13 · Detalles
Carmen Pérez Andújar ‏@CPEREZANDUJAR3h
@OrtizSAbogados @santiagocarret1 @alfherranz @luisabeledo si yo fuera su cliente me preguntaría si está a lo q tiene q estar mientras tuitea
7:52 AM - 15 jul 13 · Detalles
luis abeledo ‏@luisabeledo3h
@CPEREZANDUJAR @santiagocarret1 @alfherranz a mi me parece gravísimo.
7:55 AM - 15 jul 13 · Detalles
LOS SMS DE RAJOY Y BARCENAS DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ABOGADO
En la anterior entrada de este blog argumentaba sobre que un abogado no debe tener miedo a posicionarse en temas conflictivos por miedo a perder clientes. Es cierto que este blog no tiene como objeto hablar de política sino de temas relacionados con el derecho desde una perspectiva humana. La realidad y la situación actual ha hecho imposible que al final no entre a valorar estas cuestiones, pero no desde una perspectiva ideológica sino desde una perspectiva como abogado, como los demás temas tratados. No todo el mundo entiende que detrás de una crítica a los políticos o a decisiones de estos no hay una posición ideológica. Y así nos va en este país.
En relación al tema de los sms no voy a hacer una valoración sobre su validez (si han sido aportados por los intervinientes en la comunicación y no interceptados por terceros son plenamente válidos) ni su veracidad (eso debería ser objeto de una pericial) ni de los objetivos de quien o quienes los difunden selectivamente. Mi intención es aportar algunas consideraciones que no he visto en otros análisis. Insisto que como abogado y ciudadano.
Realmente el contenido como tal de los sms es bastante inocuo. En ellos no se recogen afirmaciones de extrema gravedad o que supusieran claras pruebas de la comisión de un delito. Es claro que es algo premeditado por quien los ha filtrado. No deja de ser coincidente con la estrategia de Torres, ex socio de Urdangarín y coimputado con este, la filtración de información chusca que realmente esconde otro mensaje hacia terceros. Cuidado conmigo que puedo sacar cosas peores.
Esta situación de chantaje abierto ya de por sí debería ser motivo más que suficiente para la dimisión del presidente. Al fin y al cabo no somos más que personas, y nadie es imprescindible, señor Rajoy, dimita y deje que otro miembro de su partido continúe con su programa (¿programa? que cosas estoy diciendo).
Pero Rajoy sigue practicando un insultante don tacredismo para la ciudadanía. Esta falta de respeto consistente en no dar la cara, no hacer manifestaciones, eludir cuestiones difíciles y no dar explicación a los ciudadanos es una prueba palpable de falta de cultura democrática, de nula consideración a la ciudadanía y de que no vivimos en una verdadera democracia.
Solo eso? No. Analicemos la situación como abogados en un proceso penal y uno de los imputados ha de comparecer y declarar. Cuando preparamos las declaraciones seleccionamos aquello que interesa decir a nuestros clientes, y lo que interesa no contar. Aquí cada abogado utiliza sus estrategias y toma sus decisiones dependiendo de las características concretas del proceso. Pero un elemento común a todos es analizar qué van a poder probar con seguridad en un determinado momento. A lo largo del proceso van a poder probar que el imputado estaba en un determinado lugar a una determinada hora? es tontería negarlo, para eso es mejor no declarar. Hay cosas que entendemos que no van a poder probar? entonces tenemos un terreno abonado para poder adornar nuestra declaración sin miedo a que descubran nuestras mentiras.
En mi opinión el silencio actual de Rajoy sobre el tema Bárcenas obedece exactamente a esto. Haciendo el paralelismo, Rajoy se está acogiendo al derecho del imputado y acusado a no declarar. Rajoy tiene miedo simplemente a qué contar. Si da determinadas explicaciones mintiendo sabe que Bárcenas y/o otros pueden sacar en cualquier momento las pruebas que le dejan como un mentiroso y todo apunta a que posición del presidente es bastante embarrada. Fuera de condicionante ideológicos ¿alguien defiende que el tesorero del partido popular ha estado obrando a su antojo sin que nadie del partido lo supiera? ¿y sobre todo sin que lo supiera quien está por encima de él?
De no ser así, el presidente Rajoy hace tiempo que hubiera dado unas explicaciones válidas y satisfactorias. Y ahora no las puede dar mintiendo porque tiene miedo de que inmediatamente Bárcenas pruebe dichas mentiras. De ahí que como he dicho antes, no comparezca, no responda. En definitiva, se acoge ante la ciudadanía a su derecho a no declarar. Lo único que ese derecho, en democracia, no existe.
REPUTACION ON LINE PARA ABOGADOS ¿HAY QUE IMPLICARSE? SI
La idea de esta entrada ha surgido a raíz de la lectura y posterior intercambio de tuits con @lidiazommer de esta entrada en su blog con el título "los diez errores mas comunes de los despachos de abogados en redes sociales". Así empiezo una tarea pendiente con @rvazquezromero para trabajar cuestiones relacionadas con abogacía 2.0 y gestión de la reputación on line.
La cuestión sobre la que se ha centrado el debate en tuiter ha sido sobre esta afirmación vertida en dicha entrada
8. Hablar de temas conflictivos
A menos que quieras filtrar a tus clientes por su ideología, ¿para qué enemistarte con aquéllos que piensan diferente? Evita posicionarte en cuestiones polémicas como religión, política o sexualidad, porque podrías herir sensibilidades sin darte cuenta y sin tener la posibilidad de explicarte. Si usas las redes profesionalmente y aceptarías como cliente a alguien que no pensara como tú no te expongas a caer mal a quien no contrataría a quien no piensa como él.
Previamente a entrar en los argumentos de mi discrepancia es precisa una consideración general. La comunicación 2.0 tiene elementos característicos pero muchos otros comunes a la teoría de la comunicación tradicional. Si bien puede parecer una obviedad, el comportamiento de muchas personas en las redes sociales parece no serlo. De ahí que determinados consejos o principios parezcan de perogrullo, pero realmente no lo sean. Uno de ellos es claro, no hagas en el 2.0 lo que no harías fuera de él.
Así interpreto la discrepancia. ¿debemos admitir como válido para un abogado el consejo de que en el 2.0 no te posiciones en cuestiones polémicas? Esto supondría extenderlo también a la comunicación tradicional. Y aquí se sustenta mi discrepancia.
En la comunicación debemos mostrarnos como somos. Eso no implica que debamos contarlo todo. Pero tampoco vamos a poder contar algo que no somos, porque tarde o temprano se va a descubrir la falsedad. Y eso es algo mucho peor.
Y esto supone que debemos no posicionarnos? evitar mostrarnos como personas en un sistema, relacionadas con otras, afectadas por un entorno? Esto resulta algo difícil por no decir que es imposible.
El consejo tiene un sentido dirigido a no perder clientes. O mejor dicho a perder clientes que serían capaces de no confiar en tu profesionalidad simplemente por ejemplo por una discrepancia en ideología política. A esto he contestado en tuiter que yo no quiero esos clientes. Yo no quiero clientes intolerantes, ni irrespetuosos y sobre todo que no sepan valorar mi profesionalidad. Pues lo que deben valorar es mi trabajo profesional, no mi comportamiento personal. Y mucho menos mis ideas.
Imaginemos un ámbito distinto el laboral. ¿entenderíamos correcto que a un trabajador se le despidiera por su orientación sexual? ¿por una opinión política? ¿por un chiste de mal gusto? Estamos hablando de discriminación. Y sin embargo validamos la discriminación en la profesión liberal. No solo eso, el actuar hipócritamente y con miedo para no ser discriminado. Y pedimos que esto lo haga un abogado, alguien que debe luchar contra estas cosas. Lo siento pero me parece inconcebible.
Es cierto que a veces no nos queda más remedio que cumplir con determinados convencionalismos. Los clientes nos "exigen" que vayamos vestidos de una determinada manera (traje y corbata), que tengamos determinados comportamientos sociales con ellos, etc. Esto es distinto. Y doblemente estúpido (¿cuanta gente ha firmado escrituras que no entendía simplemente por que había unos señores con traje y corbata que le decían que todo estaba correcto?). Pero eso es distinto a que nos autocensuremos y "no nos posicionemos".
Una cosa distinta es el cómo nos posicionemos, el dónde, el cúando, etc.; cuestiones que sí que hay que cuidar, porque son importantes en la comunicación. Eso sí. Pero no el contenido, por favor. Que somos abogados.
Y finalmente, que queréis que os diga. Creo que una de las cosas que más valoran mis clientes de mi, y por eso tienen la confianza que tienen en mi, es que soy una persona clara, transparente, que les digo las cosas como son, sin circunloquios ni rodeos, que me mojo, que me implico.
Y para eso, hay que posicionarse.
Pero bueno, hacedme el caso justo. Que como suelo bromear con Ruben Vazquez en relación a preparar la formación en reputacion on line para abogados, yo perfectamente me puedo encargar de explicar lo que NO hay que hacer :)
reputacion on line abogado
DAME LOS HECHOS Y TE DARE EL DERECHO
Ayer me llegó a través de tuiter una nueva entrada del excelente y altamente recomendable blog de Sevach sobre cuestiones relacionadas con el derecho administrativo con el motivante (para el debate como abogado) título de "Abogado: pasad a los hechos que el juez conoce el derecho". La intención del magistrado es loable, por un lado recordarnos a los abogados que no descuidemos en nuestras demandas contenciosas administrativas y en los procesos la importancia de exponer bien los hechos, el necesario planteamiento de la tesis por el juez si este entiende aplicable un nuevo motivo no alegado por las partes y tambien el analisis de una sentencia del TS de 11 de junio de 2013 en relación a la impugnación contenciosa de un reglamento donde el abogado deberá esforzarse también en las cuestiones jurídicas. Insisto, excelente blog y excelente y didáctica entrada.
Mi inmediata respuesta via tuit
alfredo herranz‏@alfherranz
No siempre lo conoce RT “@gongaru: Abogado: pasad a los hechos, que el juez conoce el Derecho http://bit.ly/12dEWoG por Sevach”
1:28 PM - 8 jul 13 (GMT-07:00)
Y es que no siempre lo conoce. Siendo cierto lo señalado en el referido blog no lo es menos que en ocasiones, como abogado, se encuentra uno ante la frustrante situación de un juez que aplica mal el derecho, por desconocerlo. Suele ocurrir en ámbitos muy específicos en un determinado orden o cuando en un determinado orden jurisdiccional se ventilan tangencialmente pero con importantes efectos cuestiones jurídicas de otro orden, por ejemplo derecho laboral en relación a un determinado asunto contencioso.
Tal razón es la que me conduce a discrepar de la cuestión de fondo del blog de Sevach. El abogado, también debe hacer un esfuerzo clarificador y de exposición de los argumentos de derecho. Esencialmente cuando prevee que es una cuestión que por su especificidad puede ser no adecuadamente conocida por el juez que va a resolver.
En la práctica me ha pasado con cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías en relación al derecho penal y en su momento hace ya años, con cuestiones específicas de extranjería en el propio contencioso. Más recientemente cuando invoco jurisprudencia del TEDH.
Y es que a veces no es solo una cuestión de conocimiento sino de interpretación. Mientras leía la referida entrada no podía dejar de acordarme de las veces que he alegado (y cientos de mis compañeros) en materia sancionadora de expulsión de extranjeros, de manera infructuosa, que la sanción tipo a imponer era la multa y la expulsión era residual para los supuestos más graves de infracción, lloviendonos sentencias que desestimaban estos argumentos, hasta que el Tribunal Supremo cambió dicha interpretación y a partir de entonces no dejó de acogerse lo que llevabamos años alegando sin que se nos hiciera caso alguno. Se me dirá que esto no es una cuestión de desconocimiento de la norma si no de interpretación, pero en muchas ocasiones la linea entre ambos conceptos es bastante delgada.
Así que compañeros, esforcemonos en nuestras intervenciones procesales y demosle al juzgado hechos y también derecho. Y luego tomemos una tila. Que la necesitaremos.
LA CONSTRUCCION DE LAS SENTENCIAS
De vez en cuando recuerdo de cuando iba a la facultad a mi profesor de Derecho Natural. Según él, la forma de resolver las discrepancias se reducía a la interpretación de los hechos y a una subsunción lógica cuyo resultado nos daba qué norma había que aplicar y de este modo la solución jurídica. Es más, estaba plenamente convencido de que para ello no hacían falta seres humanos, se podía prescindir de los jueces. Los ordenadores estarían perfectamente capacitados para hacerlo.
Han pasado veinte años de aquello (ejem, alguno más) y como digo, de vez en cuando me acuerdo de aquellas palabras. Exactamente me acuerdo prácticamente todas las veces que recibo una sentencia, la leo y veo que de aquello que entendía ese buen hombre de discurso habitualmente incomprensible, nada. Pero nada de nada.
Si bien esa es la teoría, lo que suele suceder es lo contrario. El juez llega a una conclusión y dice, voy a fallar (que palabra más acertada) en este sentido, a favor de este o en contra de este. A este lo absuelvo o a este lo condeno. Y tomada la decisión empieza lo que yo llamo la construcción de la sentencia, que no deja de ser el esto cojo, esto hago como que no lo he oído porque no me interesa, y en algunos casos (sí, señoras y señores) esto me lo invento, y como si cogieran piezas de un lego, descartando las no convenientes, se construye una sentencia, unos hechos probados y una interpretación en los fundamentos de derecho que justifican el fallo.
Aquí ya entra si el juez en cuestión es buen arquitecto o un ñapas de mucho cuidado. Si has topado con un arquitecto vas jodido. No habrá manera de que te estimen el recurso de apelación por mucha razón que tengas. Si es un ñapas, tus posibilidades se incrementan, aunque no tengas razón alguna.
Por muy acostumbrado que esté no deja de joderme como en una reciente sentencia en tema de violencia de género en el que con categoría de oficial de construcción (un par de huecos me ha dejado para el recurso) construye la sentencia para que la condena a prisión no se cumpla al quedar la pena definitiva por debajo de la prisión provisional.
Y es que de la evolución que se está produciendo en los juzgados especializados en violencia de género ya hablaré otro día. Como hacían Tip y Coll al final de su actuación.
LA REFORMA DE LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA. CRITICA. 1
Primera entrada dedicada a comentar la reforma de la ley de justicia gratuita, aunque en estos momentos hablemos del anteproyecto y la destino a algo que va a generar notables preocupaciones tanto para los abogados designados del turno de oficio como para los propios Colegios de Abogados, me refiero a la regulación en el artículo 7 de lo que viene a denominarse extensión temporal del reconocimiento del derecho.
Hasta ahora, la tramitación y reconocimiento del derecho a la justicia gratuita implicaba que una vez reconocido sus efectos se extendían durante todo el procedimiento. Una de las novedades de la reforma afecta a esto, pues si bien ahora el reconocimiento se condiciona a cada instancia. Es decir un reconocimiento para la primera instancia y luego deberá haber nuevo para las siguientes en caso de recurso, lo que hasta ahora es lo normal.
A tal efecto para el mantenimiento del derecho una vez recaída resolución en la instancia se exige una manifestación expresa del beneficiario de su intención de recurrir con unos requisitos que vienen a ser, que se produzca ante el Secretario Judicial y un nuevo examen de los requisitos de acceso al derecho. Esta idea parte de un insultante prejuicio cual es el de que el beneficiario o abogado recurre aunque no haya motivo para hacerlo. Los casos en que actualmente se pueda estar produciendo un abuso de este derecho son mínimos y en caso de que un abogado entienda que ese abuso existe, con la actual normativa puede efectuar lo que se llama un informe de insostenibilidad, por el que se manifiesta que el recurso carece de fundamento y si así es considerado, el abuso no se produce.
La actual regulación pone en grave complicación la labor del abogado de oficio. Para recurrir hay unos plazos. Imaginamos una situación que va a ser bastante habitual, cual es que el ultimo día de plazo el abogado no tenga documentado que el designando no quiere recurrir. Si el abogado no presenta el recurso queda en lastimosa situación a expensas de una más que segura demanda por responsabilidad civil. Si efectúa el trabajo y ese mismo día se produce la renuncia o no se produce la renuncia al recurso en la forma establecida por la ley, ese trabajo efectuado no le va a ser abonado por nadie. Lamentablemente la norma prevee una posibilidad cual es que el Secretario Judicial "podrá" suspender el plazo del recurso y dar un plazo al particular para que efectue la ratificación de voluntad de recurrir. Y yo me preguntó, por qué "podrá"? ¿Por qué no establecer ese trámite en todo caso que dará una total seguridad al abogado e impedirá lo que he manifestado anteriormente?
Pero esto en lo que afecta al abogado, pero y ¿al particular? Lamentablemente hay una realidad poco comprendida en la extranjería por la que los beneficiarios son personas de dificil localización, sobre todo en los casos en que se recurre la expulsión, suelen residir en otras localidades, cambiar de residencia durante el procedimiento, etc. Lo cierto es que esta previsión va a ocasionar notables situaciones de indefensión para los particulares. Esto supondrá dificultades para comunicarles la resolución así como dificultades en la realización de las obligaciones de comparecencia y posterior de nueva tramitación ante el Colegio de Abogados como indico más adelante. Y como decía en el párrafo anterior nueva inseguridad para el abogado, al no saber si se ha hecho la comparecencia debidamente o estar en descubierto posteriormente si el designado manifiesta que ni abogado ni procurador le han comunicado la resolución y son los culpables de que no haya recurrido o tramitado nuevamente la justicia gratuita. ¿como acreditar fehacientemente los profesionales que sí se lo comunicaron al designado?
Porque además otra modificación que se incorpora es que cuando el beneficiario realice la indicada ratificación, deberá volver a acreditar la insuficiencia de recursos ante el colegio de abogados correspondiente, que es quien tramita inicialmente las solicitudes de justicia de gratuita. Y en esta situación, me pregunto, este nuevo trámite, ¿tiene la adecuada consignación presupuestaria? Es más ¿piensan el Estado y las Comunidades Autónomas pagar por este nuevo trámite?
Mucho me temo que no, pues la redacción legal apunta a una revisión de los requisitos, no a una nueva tramitación. De no abonarse por la Administración se produciría una terrorífica situación. Actualmente los Servicios de Orientación Jurídica donde se atienden estas situaciones están colapsados. Si se incrementan los trámites pero no se incrementa la asignación presupuestaria y por tanto no se pueden incrementar sus medios y recursos, el escenario puede ser atroz.
En resumen, uno de tantos recortes, malas normas pensadas solo en el ahorro de presupuestos, con la malvada intención de repercutir todo el esfuerzo sobre el ya sacrificado colectivo de los abogados del turno de oficio, y reduciendo derechos de los ciudadanos.
LA EJECUCION HIPOTECARIA Y LAS CLAUSULAS ABUSIVAS. OPOSICION A LA EJECUCION
En la oposición a la ejecución hipotecaria también resulta de aplicación la teoría construida en relación a las clausulas abusivas en el derecho del consumidor, en particular tras la última reforma al respecto. Así viene expresado en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que en fecha 14 de marzo de 2013 el denominado caso Aziz en la que se declaraba entre
otras cosas que era de aplicación la Directiva 93/13 y que el artículo 3 debe interpretarse en el sentido de que - el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor
debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a
falta de acuerdo entre las partes, para determinar si -y, en su caso, en qué
medida- el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos
favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta
pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en
la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone
con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;
- para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la
buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y
equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría
la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.
- Y ello analizando todas las cláusulas dado que el citado artículo 3,
apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el
anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.
- Una idea importante es que el
contrato de préstamo debe considerarse como un contrato de adhesión en el que
la entidad financiera - como predisponente - no daba margen de negociación a la
contraparte y además de eso debe también
tenerse otros elementos en consideración en el análisis de las cláusulas
abusivas como que las cláusulas se han firmado en condiciones de desequilibrio e
inferioridad para el prestatario en cuanto que se han celebrado entre un
particular y una entidad financiera. La propia Directiva 93/13/CEE, el informe de la abogada general del Tribunal de
justicia de Luxemburgo y la Sentencia de 14 de marzo de 2013 confirman este
El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias declara
como cláusulas abusivas :
“1. Se considerarán cláusulas
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas
El empresario que afirme que una determinada
cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.”
Es muy importante hacer entender al juzgado esta cuestión, dado que implica la inversión de la carga de la prueba y que sea la entidad financiera la que acredite la negociación individual y no imposición de cláusulas abusivas.
la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que una cláusula sea clara y comprensible
no supone que sea equilibrada y que beneficie al consumidor. De forma
correlativa, la falta de transparencia no supone necesariamente que sean
desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del
consumidor. Por lo que habrá que incidir en otras cuestiones.
La ley requiere que las cláusulas sean perjudiciales
para el adherente y contrarias a la propia Ley o en cualquier otra norma
imperativa o prohibitiva. Tratándose de condiciones generales en
contratos con consumidores serán nulas las condiciones generales que sean
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo
por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición
adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuario”.
El artículo 3.1 de la Directiva 93/ 13
dispone que “[l]as cláusulas contractuales que no se hayan negociado
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena
fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. A su vez el
artículo 82.1 TRLCU dispone que “[s]e considerarán cláusulas abusivas todas
aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la
buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
contrato”.
La sentencia expresa que constituyen
requisitos para considerar abusivas las cláusulas no negociadas los siguientes:
a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser
impuestas en pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada.
b) Que en contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante
en los derechos y obligaciones derivados del contrato.
c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor
El momento y las circunstancias a tener en cuenta.
El enjuiciamiento del carácter
eventualmente abusivo de una cláusula debe referirse al momento en el que se
suscribe el contrato y teniendo en cuenta todas las circunstancias que
concurren en su celebración y las demás cláusulas del mismo, de conformidad con
lo que dispone el art. 4.1 de la Directiva 93/13 […] el carácter abusivo de una
cláusula contractual se apreciará […] considerando, en el momento de la
celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su
contrato del que dependa” (en este sentido SSTJUE antes citadas Pannon GSM,
apartado 39, y VB Pénzügyi Lízing, apartado 42, Banif Plus Bank, apartado 40 y
Aziz, apartado 71)
También el artículo 82.3 TRLCU dispone que
“[e]l carácter abusivo de una cláusula se apreciará […] considerando todas las
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las
demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa”.
Para decidir sobre el carácter abusivo de
una determinada cláusula impuesta en un concreto contrato, el juez debe tener
en cuenta todas las circunstancias concurrentes en la fecha en la que el
contrato se suscribió, incluyendo, claro está, la evolución previsible de las
circunstancias si estas fueron tenidas en cuenta o hubieran debido serlo con
los datos al alcance de un empresario diligente, cuando menos a corto o medio
plazo. También deberá valorar todas las circunstancias que concurran en su
Y no podemos olvidar el carácter especializado de la entidad
financiera, su perfecto conocimiento del mercado, de la posibilidad de
evolución de los mismos, así como que lo acaecido con posterioridad a la
celebración del contrato indica que la decisión de la entidad financiera de
conceder préstamos con garantía hipotecaria lo fue por su propio interés en
mantener el desarrollo del mercado e inflar la burbuja hipotecaria, su absoluto
conocimiento de la situación del deudor así como de su posible evolución, y por
tanto absoluta asunción del riesgo. No así el consumidor, adoctrinado para que
tomara decisiones financieras y patrimoniales incorrectas y en beneficio de las
Aqui teneis un enlace con un texto más extenso sobre esta cuestión para que podais incorporar a vuestras oposiciones a ejecución hipotecaria
LA IMPUTACIÓN, LA IMPRUDENCIA Y EL RECONOCIMIENTO ...
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON MILITA...
LOS ABOGADOS DE BARCENAS. ANALISIS DESDE OTRO ABOG...
PUEDE UN ABOGADO TUITEAR UNA DECLARACION EN INSTRU...
LOS SMS DE RAJOY Y BARCENAS DESDE LA PERSPECTIVA D...
REPUTACION ON LINE PARA ABOGADOS ¿HAY QUE IMPLICAR...
LA REFORMA DE LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA. CRITICA...
LA EJECUCION HIPOTECARIA Y LAS CLAUSULAS ABUSIVAS....

References: artículo 19
 artículo 302
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 82
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 3

artículo 82
 artículo 82