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¿Alto directivo o trabajador ordinario por cuenta ajena? | Laborando
¿Alto directivo o trabajador ordinario por cuenta ajena?
15/09/2013 19:25 , Leave a Comment , Fabián Valero Moldes
Una de las características del ordenamiento laboral español es la convivencia de diversas relaciones laborales de carácter especial que conviven junto con el trabajador por cuenta ajena o común. Las relaciones laborales especiales se encuentran reflejadas en el artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores y entras podemos destacar la de los deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, estibadores portuarios, penados en instituciones penintenciarias y, la que hoy será objeto de análisis, el personal de alta dirección.
El personal de alta dirección y sus pecualiaridades se encuentra regulado de un modo específico a través del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección. Ahora bien, no resulta sencillo delimitar cuando nos encontramos ante un auténtico alto directivo o, por el contrario, ante una relación laboral ordinaria que pretende disfrazarse de la de alta dirección para acogerse a los beneficios que de ello se derivan, especialmente el abono de una indemnización de solo 7 días por año trabajado en el caso de despido frente a los 33 que percibiría de ser un trabajador ordinario por cuenta ajena.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1382/1995 “Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.” Pero esta descripción genérica no es suficiente para permitirnos distinguir claramente al alto directivo del trabajador ordinario, para ello tendremos que acudir a los criterios fijados por nuestros juzgados y tribunales.
Una primera delimitación podemos encontrarla en la sentencia de 20 de enero de 2010 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la cual se aclara que los poderes y funciones que ejerce el alto directivo han de referirse a la integra actividad de la empresa y a aspectos trascendentes de sus objetivos :
“1.- No resulta aceptable la alegación de infracción de los artículos 1, 2, 3 y concordantes del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, pues de conformidad con el art. 1. 2 del aludido Decreto 1382/1985 : “Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. Y en el presente caso, nada se ha acreditado a propósito de que el demandante, cuando accedió al puesto de Gerente de la Federación Galega de Piragüismo, pasase a ejercer poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los órganos superiores de gobierno y administración de la Federación, lo que debe interpretarse en el sentido de que para reputar al Gerente como alto directivo, éste ha de tener facultades referidas a los objetivos generales de la entidad, suponiendo ello que dichas facultades otorgadas «además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, hayan de ser referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentes de sus objetivos» (SSTS 30 enero, RJ 233 ) y 12 septiembre 1990, RJ 6998). Además, el alto directivo ha de actuar con autonomía y plena responsabilidad, es decir, con un margen de independencia sólo limitado por los criterios o directrices de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad (SSTS 13 marzo 1990, RJ 2065 y 12 septiembre 1990 RJ 6998 ), sin que en este caso nada conste a propósito del cumplimiento de los citados requisitos. Incluso, tampoco de los Estatutos de la Federación resulta el carácter de relación laboral especial de alta dirección entre la persona que ostente el cargo de Gerente y la Federación. Al respecto, el art. 56. 3 los Estatutos de la Federación, aprobados por Resolución de 2 de marzo de 2007 , establece que: “El cargo de Gerente será ocupado por relación laboral, siendo, consiguientemente, retribuido…”, lo que evidencia que se está en presencia de una relación laboral ordinaria, sin perjuicio de que las partes puedan configurar dicha relación como especial; pero para ello es preciso que se cumplan los requisitos previstos en la normativa específica que reglamenta la relación laboral especial de alta dirección. Y nada de esto se da en el presente supuesto ni se desprende tampoco de las funciones que el art. 56. 4 de los Estatutos asigna al Gerente, entre las que no se encuentra el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, sin perjuicio, obviamente, de la forma específica de cese que los Estatutos prevén en el art. 56. 3 , cuando señala que el gerente podrá ser cesado en su cargo por falta contemplada en la normativa laboral vigente, o por acuerdo mayoritario de la Asamblea General, previa apertura de expediente disciplinario, a propuesta de la Junta Directiva”. Debe entenderse, por tanto, ajustada a derecho la calificación de relación laboral ordinaria que en este caso realiza la sentencia de instancia.”
En la misma dirección se manifiesta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de mayo del 2011, si bien en esta sentencia se introduce un requisito adicional, y es que los poderes del alto directivo deben ejercerse con dimensión territorial plena, o al menos en zonas o centros de trabajo nucleares para la actividad de la empresa:
“Pone de relieve la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1.999, en interpretación de los arts. 1.1 ET y 1.2 Real Decreto 1382/1985 , que son elementos indiciarios de relación especial propia de alta dirección que (…) las facultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad” . Ello es así, sigue diciendo esta sentencia, (…) porque este contrato especial de trabajo se define en el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto , de un lado por la inexistencia de subordinación en la prestación de servicios (autonomía y plena responsabilidad), y de otro lado por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa y no para las distintas unidades que la componen (poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma)( STS/Social 24-I-1990, 12-IX-1990 2-I-1991 y STS/IV 22-IV-1997 -recurso 3321/1996 )”. Para esta misma resolución, “es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta dirección…que la prestación de servicios haya de ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma, y que ‘el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad de la empresa (…) Añadiendo finamente que “no cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores, fenómeno de delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta complejidad, con la alta dirección que delimita el art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el art. 2.1.a ) ET , ‘en concepto legal, que, en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva’ ( SSTS/Social 13-III-1990 y 11-VI-1990 )” .
Esta misma sentencia explica la diferencia entre una mera delegación y el pleno ejercicio de las funciones de alta dirección, estableciendo también un listado de funciones que por si mismas no constituyen una manifestación de la existencia de un contrato de alta dirección, aunque inicialmente algunas personas pudieran pensar lo contrario.
“UNDÉCIMO.- Para centrar adecuadamente la cuestión planteada en este específico punto y bajo las pautas jurisprudenciales señaladas, lo que en el presente caso ha de analizarse es el contenido de las funciones encomendadas al actor a partir del 27-2-2002 (ordinal undécimo) y aquellas que la sentencia de instancia declara que realizaba. Según los datos fácticos proporcionados por el citado ordinal, el contenido de las funciones a desempeñar, si bien eran las naturales de un director o gerente, titular de importantes competencias dotadas de especial responsabilidad, no son integrables en las consustanciales al alto cargo. Aunque es normal que el demandante asumiera aquellas funciones que se desempeñan en el ámbito de la dirección y representación de la empresa, en los términos descritos en la escritura notarial que reproduce la sentencia, contaba sin embargo con dos limitaciones de especial significado: la necesidad de concurrencia conjunta con otras dos personas (cuyo cargo en la empresa no consta) para operaciones de carácter mercantil, bursátil, bancario y financiero enumeradas en la letra E de la escritura de otorgamiento de poderes, así como para adquirir, administrar, y disponer por cualquier título de cualquiera bienes muebles, lo que deja patente que el actor no era autónomo en su ejercicio y que no estaba solamente subordinado al órgano rector de la sociedad, y por ello si no actuaba con independencia suficiente solo limitada por las directrices del órgano de la sociedad, las funciones, aunque calificadas como inherentes a un cargo directivo, no tienen porqué ser entendidas, ex iure, como de alto cargo ( SSTS de 24-1-1990 y 2-1-1991 ), concepto que, por otro lado, ha de ser interpretado de forma restrictiva.
Las funciones desempeñadas por el actor que relata la sentencia (ordinales decimotercero a decimoctavo) no son reveladoras de que actuara en calidad de alto cargo ex art. 1.2 del R.D. 1382/1985, de 1 de agosto. La firma de los contratos de trabajo, cartas de despido y acuerdos con los empleados, la distribución de rápeles, la intervención en asuntos de carácter mercantil, la representación de la sociedad, la autorización de facturas superiores a 500 euros y la disposición de horario libre o no asistencia diaria a la empresa, no son en sí signos acreditativos de una relación laboral propia de alta dirección, que, por cierto, no se formalizó por escrito, como dispone el art. 9 del R.D. 1382/1985 , si se considerase, en confluencia con el pronunciamiento de la resolución recurrida, que nos hallamos ante un supuesto de promoción interna, pues el actor tenía suscrito inicialmente contrato de trabajo ordinario para prestar servicios como director gerente, pasando a ser titular de las facultades establecidas en la escritura notarial de 27-2-2002. En definitiva, se echa en falta la asunción efectiva de funciones con plena autonomía relativas a los actos más transcendentales o de contenido esencial de la actividad de la misma, fuera de las relatadas en el factum, que sin duda son propias de quien ocupa cargo directivo o gerencial, pero en el contexto más característico de una relación laboral común que especial. Y ya se ha señalado que aquellas de especial relevancia precisaban de una actuación conjunta, no solidaria como el resto.
También podemos destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2 de noviembre de 2010, esta sentencia introduce un nuevo elemento a tener en consideración para medir cuando estamos ante un alto directivo, el límite en las autorizaciones de gasto:
“En relación a lo primero, la sentencia omite cualquier dato indicativo de los servicios del demandante, salvo el de que era el director general de la zona norte de la demandada, pero tal parquedad lo es menos si tenemos en cuenta que, con inequívoco valor fáctico, en los dos primeros fundamentos de derecho se plasman otras convicciones de la magistrada que presidió el juicio oral, como son: 1) que acudía al centro de trabajo de forma habitual, realizaba el trabajo bajo la dirección y las órdenes provenientes de Madrid; 2) que estaba apoderado con alguna limitación económica, teniendo que reportar sus decisiones con el consejero-delegado; 3) que desde las oficinas de Madrid se gestionan las oficinas territoriales, incluidas las del demandante, debiendo pedir autorización a las mismas cuando superase los 250.000 euros; 4) que daba cuenta de sus gastos a la directora de personal.
Respecto a lo segundo, la Sala admite las ampliaciones propuestas, a la vista de la documental en que se basa, aunque con dos matizaciones: 1) concretamente, lo que se indica en el motivo tercero viene a constituir los límites de su apoderamiento para actuar legalmente en nombre de la demandada, como lo pone de manifiesto la escritura otorgada el 14 de mayo de 2003, lo cual no quita para que su ámbito de ejercicio se limitase a la zona norte y que debiese pedir autorización a Madrid en operaciones superiores a 250.000 euros; 2) el carácter ilimitado de su capacidad de contratación era, en cuanto a su capacidad legal como apoderado (que dicha escritura revela), pero no que en el orden interno pudiese tomar por sí mismo cualquier decisión en materia contractual con proveedores y clientes, para lo que operaba el límite referido de 250.000 euros.”
Las sentencias que he reproducido no son más que una pequeña muestra de la complejidad que existe en esta materia. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Alto directivo o trabajador ordinario por cuenta ajena? Me temo que serán las circunstancias concretas presentes en cada caso las que nos darán la respuesta, pero para ello, no queda otra opción que enfrentarse al criterio de los magistrados de lo social.

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
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 Resolución 
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