Source: http://periciamedica.es/alejandrosuperby_el_valor_del_punto_en_el_baremo_accidentes.htm
Timestamp: 2019-08-24 20:15:08+00:00

Document:
.:: Peritaje Dr. Alejandro Superby: Aplicación temporal de los baremos en accidentes de circulación: la fecha del siniestro determina los puntos por secuela y la del alta médica, su valor ::.
Análisis de la doctrina jurisprudencial de la Sala Civil del Tribunal Supremo establecida en las Sentencias de 17 de abril de 2007 (RJ 2007\3359 y 3360), Magistrada Ponente: Encarnación Roca Trías
Las SSTS, 1ª, 17.4.2007 (RJ 2007\3359 y 3360) resuelven en el mismo sentido dos recursos de casación en materia de cálculo de la indemnización derivada de accidentes de circulación y establecen como doctrina jurisprudencial “que los daños sufridos (...) quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el omento de la producción del hecho que ocasiona el daño y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, [en] el momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado”. De este modo, el Tribunal pone fin a la disparidad de criterios existente en la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales y declara que ni la fecha de la sentencia judicial que fija la indemnización, ni la fecha de producción del accidente son criterios válidos para cuantificar aquellos daños que se determinan de forma definitiva con posterioridad al siniestro.
Two recent judgments of the Spanish Supreme Court’s Civil Chamber (April 17, 2007, RJ 2007\3359 and 3360) have established a new judicial doctrine on the assessment of damages arising from road accidents injuries. Both judgments have held that “injuries (…) are assessed according to the legal regime in force at the moment in which they were caused, but in order to establish the final award they should be monetarily assessed at the moment of the hospital discharge”. Thus, the Supreme Court puts and end to the diversity of criteria among the Courts of Appeals, in particular, the date-of-the-judgment and the date-of-the accident rules.
Title: Relevant Dates for the Application of Road Accidents Injuries Schedule
Keywords: Personal Injuries; Road Accidents; Scheduled Compensation
* Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda prestada por el DURSI-Generalitat de Catalunya, 2005 SGT 00215.
1.1. Accidente de circulación ocurrido el 20.12.1996, en el que la víctima fue dada de alta el 13.5.1998
1.2. Accidente de circulación ocurrido el 19.6.1997, en el que la víctima fue dada de alta el 15.12.1998
2. Fallo del Tribunal Supremo
2.1. Sobre el sistema de baremos aplicable al accidente: el previsto en la Ley 30/1995, vigente en el momento del siniestro, actualizado conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguros, de 24 de febrero de 1998, vigente en el momento del alta de la víctima
2.2. Sobre el cómputo de los intereses legales y de los intereses procesales
3. Cuestión planteada
4. La fecha de producción del accidente determina el régimen legal aplicable al caso y, en particular, el número de puntos aplicable a la secuela (Tabla VI del sistema)
5. La fecha del alta médica definitiva de la víctima determina las tablas I a V de baremos que resultan aplicables a la cuantificación de los daños
5.1. El sistema legal de baremos no cambia la naturaleza de deuda de valor de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, pero adelanta el momento relevante para cuantificarlos desde la fecha de la sentencia de primera instancia a la de determinación de las secuelas
5.2. Determinación de las secuelas: ¿alta médica definitiva de la víctima o declaración de incapacidad?
5.3. La Sala Primera del Tribunal Supremo rebate los criterios que aplica la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor de Audiencias Provinciales, de las Salas civil y penal, para cuantificar los daños
a. Inconvenientes de optar por la fecha de la sentencia de primera instancia
b. Inconvenientes de optar por la fecha de producción del accidente
6. La indemnización resultante devenga intereses moratorios desde la fecha de emplazamiento al demandado
Dos accidentes de circulación con resultado de incapacidad laboral por lesiones permanentes, consolidadas tiempo después del momento en que aquéllos tuvieron lugar, dieron lugar a las SSTS, 1ª, 17.4.2007 (RJ 2007\3359 y 3360), con ponencia de la Excma. Sra. Dª. Encarnación Roca Trías. Dado que el Tribunal Supremo fundamenta y falla los recursos en el mismo sentido, el comentario hará referencia de forma conjunta a ambas Sentencias 1.
1.1. Accidente de circulación ocurrido el 20.12.1996, en el que la víctima obtuvo el alta definitiva el 13.5.1998
En 2000, Jesús T. E. interpuso demanda de juicio verbal contra la compañía de seguros del conductor del ciclomotor que había causado el accidente, “Multinacional Aseguradora”, y reclamó una indemnización de 27.706.552 ptas. (166.520 €), que resultaba de aplicar los baremos de la D.A. 8ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los Seguros Privados2 (Ley 30/1995), establecidos para el año de presentación de la demanda (2000).
El JPI e Instrucción núm. 5 de Orense (10.1.2002) estimó en parte la demanda y condenó a la compañía demandada a indemnizar al actor con 12.238.681 ptas. (73.556 €) conforme a los baremos establecidos para el año en que tuvo lugar el accidente (1996), más los intereses legales desde la fecha de emplazamiento al demandado.
La AP de Ourense (Secc. 2ª, 10.7.2002, JUR 2002\261294) desestimó el recurso de apelación del actor y confirmó íntegramente la SJPI:
“[E]l criterio que viene manteniendo esta Audiencia (...) es el de la aplicación de los valores de la fecha del siniestro, y ello no sólo por consideración al principio de irretroactividad de las normas jurídicas que proclama el art. 2.3 del Código Civil (...), sino porque además para evitar la pérdida de valor por el transcurso del tiempo existe en el propio sistema una regulación especial de intereses de demora y penitenciales, siendo la propia finalidad del sistema valorativo el de unificar criterios, evitando litigios facilitando un rápido acuerdo indemnizatorio, y si la aplicación del baremo fuera extensible en el tiempo por voluntad del perjudicado, dilatando la fecha del juicio en espera de sucesivas valoraciones anuales (...) se estaría frustrando el espíritu y finalidad de la debatida normativa” (FD. 1º).
El actor interpuso recurso de casación por la vía del art. 477.2.3º Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) –por presentar el recurso interés casacional- y alegó, entre otros motivos, que la SAP había infringido los arts. 14 CE y 1902 CC, así como la jurisprudencia sobre deuda de valor de la indemnización, porque había inaplicado los baremos de la Ley 30/1995, establecidos para el año de presentación de la demanda.
Por Auto de 8.2.2005, el TS admitió el recurso por concurrir interés casacional dado que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la cuestión resuelta por la SAP recurrida relativa a la aplicación temporal de los baremos de la Ley 30/1995.
1.2. Accidente de circulación ocurrido el 19.6.1997, en el que la víctima obtuvo el alta definitiva el 15.12.1998
Alfonso A. G. interpuso demanda de juicio verbal contra el causante del accidente y la compañía de seguros “Cervantes Seguros, S.A.” y solicitó que se les condenara solidariamente a pagar una indemnización de 58.195.844 ptas. (349.764 €).
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Haro (22.5.2000) estimó en parte la demanda y condenó a los demandados a pagar al actor 16.531.434 ptas. (99.356 €), conforme a los baremos de la Ley 30/1995 establecidos para el año en que tuvo lugar el accidente (1997), más los intereses legales que para la compañía aseguradora se calcularán conforme al art. 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, desde la fecha del accidente hasta su completo pago.
La AP de La Rioja (Sección Única, 3.3.2001, JUR 2001\165860) desestimó el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmó la SJPI:
“[L]a Sentencia impugnada (...) hace correcta aplicación de las Tablas publicadas en el año 97 (...) sin que en consecuencia sea susceptible la aplicación retroactiva de las publicadas con posterioridad (...) en las que se establece expresamente el momento de su entrada en vigor” (FD. 2º).
El actor interpuso recurso de casación con base en el art. 477.2.2º y 3º LEC -por exceder la cuantía del recurso los 25.000.000 ptas. y por presentar el recurso interés casacional- y alegó, entre otros motivos, que la SAP había infringido el art. 1902 CC y el art. 1 Decreto 632/1968 citado , de 21 demarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Decreto 632/1968), porque había inaplicado los baremos de la Ley 30/1995 establecidos para el año en que se había dictado la sentencia de primera instancia (2000), infringiendo así la doctrina jurisprudencial del TS sobre el carácter de deuda de valor de la indemnización por daños.
Por Auto de 7.3.2006, el TS admitió el anterior motivo del recurso, por concurrir interés casacional dada la alegada oposición a la jurisprudencia sobre el carácter de deuda de valor de las indemnizaciones por daños.
2.1. Sobre el sistema de baremos aplicable a los accidentes de circulación: el previsto en la Ley 30/1995, vigente en la fecha del siniestro, actualizado conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguros, de 24 de febrero de 1998, vigente en la fecha del alta de la víctima
El TS estimó en parte ambos recursos de casación, casó las respectivas SSAP en cuanto a la valoración económica de los daños y condenó a los respectivos demandados a indemnizar a los actores con el importe que se determine en ejecución de sentencia y que deberá fijarse de acuerdo con la siguiente doctrina jurisprudencial:
“[L]os daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado” (Fallo, Apartado 3º de ambas Sentencias).
Asimismo, el TS falló que “la cantidad resultante” de aplicar los baremos según la doctrina jurisprudencial enunciada “devengará los intereses legales desde la fecha de emplazamiento y los intereses previstos en el art. 576.1 LEC desde la fecha de la sentencia de primera instancia”.
Ambos recursos de casación plantearon ante el Tribunal Supremo la cuestión de determinar si el baremo aplicable para valorar los daños sufridos como consecuencia de accidentes de circulación debía ser el vigente en el momento del accidente, como habían sostenido las SSAP recurridas, o en un momento posterior, que los respectivos recurrentes habían fijado ya en la fecha de presentación de la demanda -RJ 3359-, ya en la de la sentencia de primera instancia -RJ 3360-.
El fallo del Tribunal Supremo distingue donde la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales no lo ha hecho hasta la fecha y separa el concepto de modificación legislativa del relativo a la actualización de las cuantías de baremos previstas por ley. En efecto, el sistema de baremos no sólo está formado por las cuantías previstas en las Tablas I a V, anualmente actualizadas por la Dirección General de Seguros conforme al IPC. Parte del sistema, aquélla que tiene vocación de permanencia, por establecer criterios de determinación de la responsabilidad y de funcionamiento de las tablas, así como por establecer la clasificación de las secuelas y el número de puntos asignado a cada una de ellas (Tabla VI), está sujeta a las modificaciones legales que pueda experimentar el régimen legal en su conjunto.
Además, para fijar el momento relevante en que deben cuantificarse los daños, el Tribunal Supremo tiene en cuenta dos características del régimen de responsabilidad civil aplicable a los accidentes de circulación: una fáctica, pues no hay accidente grave de circulación en el que la lesión corporal no tarde en curar cierto tiempo y descubra sólo entonces las secuelas que, en su caso, incapaciten a la víctima; y, otra jurídica, pues desde la entrada en vigor del sistema legal de baremos, los daños son cuantificables desde el mismo momento en que resultan definitivamente determinados.
Dada la fecha de causación de ambos accidentes de circulación (1996 y 1997), el Tribunal Supremo resuelve los recursos conforme al sistema de baremos previsto en el Anexo del Decreto 632/1968 citado, introducido por la Disposición Adicional 8ª de la Ley 30/19953. No podría ser de otro modo, considerando la regla general conforme a la cual los hechos jurídicamente relevantes deben regirse por la ley vigente en el momento de su producción y el principio de irretroactividad de las normas (arts. 9.3 CE y 2.3 CC; y FFDD. 6º de ambas Sentencias).
“La regla general en materia de daños es la de que la obligación de indemnizar nace como consecuencia de la conducta que hace a su autor responsable. Este momento es el determinado en el artículo 1089 CC, de acuerdo con el que las obligaciones nacen de los actos u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia y queda plenamente aceptado en el propio sistema de valoración de daños a las personas producidos en accidentes de circulación [ex arts. 1.14 y 1.25 Decreto 632/1968]” (FFDD. 4º e ambas Sentencias).
El Tribunal Supremo refiere a este momento “el número de puntos que debe atribuirse a la lesión padecida”, es decir, la aplicación de la tabla VI del sistema, y “los criterios valorativos (edad, trabajo, circunstancias personales y familiares, incapacidad, beneficiarios en los casos de muerte, etc.)” (FFDD. 6º de ambas Sentencias). El apartado 1º del Anexo Decreto 632/1968 confirma parcialmente esta regla:
“A los efectos de la aplicación de las tablas la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente”.
El Tribunal descuida que, por los mismos motivos, habría que referir también al momento de producción del accidente los apartados 1º (criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización) y 2º (explicación del sistema) del Anexo citado.
Las modificaciones legislativas que ha experimentado el sistema legal de baremos introducido por la D.A. 8º Ley 30/1995 y cuya aplicación dependerá del momento de producción del accidente son las siguientes:
Normas que han modificado o derogado el sistema legal de baremos Alcance de la modificación o derogación Entrada en vigor
Disposición Adicional 15ª de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Introduce la distinción entre días impeditivos y no impeditivos en la tabla V A) relativa a las indemnizaciones por incapacidad temporal
Art. 3. Tres de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados
Da nueva redacción a la tabla VI, «Clasificaciones y Valoración de Secuelas» del Sistema6
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL 8/2004)
Deroga el sistema legal de baremos en su conjunto, en su redacción dada por la D.A. 8ª
Ley 30/1995 y posteriores modificaciones
El Tribunal Supremo estima los recursos de los recurrentes porque considera que el momento de producción del siniestro, al que las SSAP recurridas habían referido la cuantificación de los daños, no es un criterio válido cuando las lesiones y el número de días de baja se determinan de forma definitiva en un momento posterior:
“No pueden recaer sobre los perjudicados las consecuencias de la inflación cuando sus lesiones tardan mucho tiempo en curar o en consolidarse y es por ello que, al valorarse el punto de acuerdo con las variaciones del IPC, se evita este perjuicio” (FFDD. 6º, Apartado 2º de ambas Sentencias).
Sin embargo, el Tribunal rechaza los criterios propuestos por los recurrentes -fecha de la demanda, en un caso, y fecha de la sentencia de primera instancia, en el otro- y ordena fijar la indemnización conforme a las tablas de baremos vigentes en la fecha de determinación definitiva de las secuelas del perjudicado, que el Tribunal asocia a la del alta definitiva y al inicio del plazo de prescripción de la acción de daños. Veamos por qué:
5.1. El sistema legal de baremos no cambia la naturaleza de deuda de valor de la obligación de indemnizar los daños, pero adelanta el momento relevante para cuantificarlos desde la fecha de la sentencia de primera instancia a la de determinación de las secuelas
De entre las obligaciones pecuniarias, la consistente en el pago de una indemnización por daños es, según doctrina consolidada del Tribunal Supremo, una deuda de valor –y no de suma-, pues 6 el dinero es medida de valor del daño respecto del que funciona como equivalente o sustitutivo7.
Esta definición sigue siendo aplicable, según el Tribunal Supremo, a las indemnizaciones calculadas conforme a baremos8:
“El artículo 1.2 y el número 3 del párrafo primero del anexo de la Ley 30/1995 [citados] no cambia la naturaleza de deuda de valor que esta Sala ha atribuido a la obligación de indemnizar los daños personales, según reiterada jurisprudencia (...)” (FFDD. 6º, Apartado 2º de ambas Sentencias).
Asumida tal calificación, en derecho general de daños, es común la distinción entre la fecha de producción del siniestro, que determina el nacimiento de la obligación de indemnizar, y la fecha de la sentencia condenatoria de primera instancia, que determina el momento en que deben cuantificarse los daños de acuerdo con el poder adquisitivo de la moneda que esté vigente. De esta manera se evita que la devaluación de la moneda deba ser soportada por la víctima:
“[E]merge como un predicado de justicia satisfactiva, que el perjudicado por el daño sea resarcido del quebranto (...) en su valoración dineraria no por la suma en que se evaluó el mismo cuando se produjo, sino por la equivalencia al momento del pago o resarcimiento colmando de correcta compensación el quebranto devaluatorio de la moneda ” (FFDD. 3º de una de las Sentencias más citadas en esta materia, la STS, 1ª, 21.11.1998, RJ 1998\8751, que resuelve un caso en que se produjo una colisión entre tres caballos propiedad del demandado, que habían irrumpido en la carretera, y la motocicleta que conducía el actor9).
Sin embargo, esta distinción entre fecha de producción del accidente y fecha de la sentencia de primera instancia no es trasladable a los accidentes de circulación ocurridos después de la entrada en vigor de la D.A. 8ª Ley 30/1995, pues la cuantificación de los daños ha dejado de ser tarea de Jueces y Tribunales. En un sistema de responsabilidad que incluye baremos legales de valoración de los daños, éstos son cuantificables desde el momento en que su alcance se ha determinado de manera definitiva, lo que explica que el Tribunal haya trasladado el momento de cuantificar los daños desde la fecha de la sentencia de primera instancia a la fecha del alta definitiva de la víctima.
De garantizar que la obligación de indemnizar los daños siga operando como una deuda de valor se encargan las Resoluciones anuales que la Dirección General de Seguros, en virtud del ordinal 10 del apartado 1º del Anexo del Sistema10, publica con las cuantías de las tablas I a V del Anexo del Decreto 632/1968 (o, en su caso, del Real Decreto Legislativo 8/2004), actualizadas conforme al IPC11.
El Tribunal Supremo identifica el momento relevante para cuantificar los daños con el dies a quo del plazo de prescripción de la acción de daños, que asocia a la fecha del alta de la víctima (FFDD. 2º de ambas Sentencias), mientras que una línea jurisprudencial de la Sala civil lo asocia a un momento posterior, el de la fecha de la declaración de incapacidad de la víctima, por ser éste el momento en que el perjudicado conoce de forma definitiva el alcance del daño sufrido.
“[N]o puede entenderse como fecha inicial del cómputo [de prescripción] la del alta en la enfermedad cuando quedan secuelas, sino la de la determinación invalidante de éstas, pues hasta que no se sabe su alcance no puede reclamarse en base a ellas” (FD. 2º STS, 1ª, 3.10.2006, RJ 2006\6508 –accidente laboral y, entre otras, las sentencias que aquélla cita12).
Parece preferible identificar las tablas de baremos aplicables en atención a la fecha de la declaración de incapacidad de la víctima, teniendo en cuenta que el propio sistema contempla, entre los factores de corrección que aumentan la indemnización básica por lesiones permanentes, el grado de incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima.
En más de una década de vigencia del sistema de baremos los Jueces y Tribunales que han tenido que aplicarlo no se han puesto de acuerdo sobre el momento relevante para cuantificar los daños:
Hasta la fecha, la mayoría de las Audiencias Provinciales de la Sala civil ha optado por cuantificar los daños causados en accidentes de circulación conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguros vigente en el momento en que se fija, por sentencia, la indemnización, y justifican esta decisión en la naturaleza de deuda de valor de la obligación de indemnizar los daños y en el principio de indemnidad de la víctima:
“Respecto de la cuestión relativa al baremo aplicable (...) esta Sala viene aplicando el criterio jurisprudencial de la llamada «deuda de valor» (...) no obstante tratarse de indemnizaciones legalmente cuantificadas, lo que no impide aplicar la cuantía legalmente determinada y actualizada según la fecha del pago, de acuerdo con el principio de «restitución integral»” (FD. 2º SAP Pontevedra, Sección 2ª, 5.7.2001, AC 2001\1611; entre otras13).
Parecidos argumentos recoge la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales de esta jurisdicción:
“[L]a deuda indemnizatoria (...) fundad[a] en el Baremo de valoración del daño corporal derivado de accidentes de circulación (...) tien[e] naturaleza de deuda de valor cuyos límites cuantitativos se determinan en el momento en que se declaran judicialmente y ello por varias razones:
a) Porque existe un fundamento de derecho positivo constituido por el núm. 10 del Apartado Primero del Anexo de la Ley 30/1995 (...)
b) Porque a la misma conclusión se llega desde la naturaleza de la acción indemnizatoria que exige o tiende a conseguir la indemnidad de la víctima, es decir, (...) una retribución pecuniaria de naturaleza compensatoria, cuya cuantía debe fijarse en el momento de la declaración judicial porque caso contrario se desplazaría en la víctima el perjuicio de haber transcurrido un largo lapso de tiempo en la tramitación de la causa” (FD. 1º STS, 2ª, 15.11.2002, RJ 2002\10600, entre otras14).
En las Sentencias comentadas, el Tribunal Supremo descarta esta opción:
“[P]orque deja a la víctima la determinación del momento en que definitivamente se tenga que fijar la cantidad, ya que por medio de la interrupción de la prescripción, podría alargar la fecha de interposición de la demanda, con la inseguridad que se crea. Además, no distingue entre el sistema de valoración aplicable a los daños, de acuerdo con lo dispuesto en el citado párrafo tercero del Anexo de la Ley 30/1995 y la cuantía de los puntos que resulten de aplicar el sistema de cuantificación a la concreta lesión sufrida por el perjudicado” (FFDD. 4º de ambas Sentencias).
En efecto, la perspectiva de obtener un mayor importe indemnizatorio podría dar lugar a una dilación voluntaria del proceso, dilatando al máximo la presentación de la demanda mediante la interrupción del plazo de prescripción. Además, cabe añadir al argumento del Tribunal Supremo que las razones en contra sobre el carácter de deuda de valor y la indemnidad de la víctima supuestamente afectada por la duración del proceso judicial no son válidos: la actualización anual de las cuantías por la Dirección General de Seguros y el devengo de los intereses moratorios desde la fecha de emplazamiento al demandado se encargan de salvar ambos principios respectivamente.
Esta solución, seguida por algunas Audiencias Provinciales, de las Salas de lo civil y penal, es minoritaria y en su favor sostienen los siguientes argumentos:
“1) [L]a aplicación de [un baremo posterior] a un hecho anterior a su entrada en vigor supondría una aplicación retroactiva de una norma no expresamente prevista en la misma (...); 2) no se comparte la tesis de que las indemnizaciones derivadas de las lesiones ocasionadas como consecuencia de un accidente de circulación tengan el carácter de deuda de valor (...) [C]abe asimilarlas a las deudas dinerarias al poderse cuantificar ab initio (...) 3) finalmente, aplicar [un baremo posterior] produciría resultados injustos al tratar de forma desigual supuestos idénticos en función del tiempo en que los lesionados tardaran en curar (...)” (FD. 3º SAP Alicante, Sala civil, Sección 7ª, 28.6.2000, JUR 2000\270503; en el mismo sentido, SSAP Pontevedra, Sala civil, Sección 1ª, 9.5.2002, JUR 2002\198367 y Sala penal, Sección 4ª, 11.4.2003, JUR 2003\210492).
“[L]a fijación de las cuantías [según] [e]l Baremo vigente en el momento de su determinación (...) choca con la finalidad perseguida por el establecimiento de[l] Sistema: (...) la evitación de litigios (unificando las indemnizaciones)” (FD. 2º, SAP Pontevedra, Sala civil, Sección 4ª, 9.10.2000, JUR 2001\68).
“[L]a deuda nacida (...) [es] de condición resarcitoria (...) [E]sa equivalencia, que se busca en el momento de aparecer el pago o resarcimiento, se encuentra en los intereses previstos en el artículo 20 de la L.C.S.” (FD. 1º SAP Granada, Sala civil, Sección 3ª, 12.12.2001, JUR 2001\87648).
“[E]l criterio de aplicar el baremo vigente en la fecha de producción del accidente [es] el (...) más ajustado y ello dado que la pérdida de valor adquisitivo se recupera sobradamente con el interés moratorio” (FD. 3º SAP Valencia, Sala penal, 1.3.2001, JUR 2001\149657; en el mismo sentido, SAP Cádiz, Sala penal, Sección 8ª, 28.12.2003, JUR 2003\85986).
El Tribunal Supremo rechaza esta opción con dos argumentos:
“[P]resenta algunos inconvenientes cuando se trata de daños que tardan mucho en curar o aquellos que no se manifiestan en el primer momento” (FFDD. 4º de ambas Sentencias). “Algunas sentencias (...) argumentan que elegir el momento de producción del accidente no perjudica a la víctima del daño, porque los retrasos se compensan con el sistema de los intereses moratorios del artículo 20 LCS (...) [N]o siempre se podrá exigir el pago de [estos] intereses (...) Puede ocurrir, además, que (...) las definitivas lesiones tarden mucho tiempo en curar o que se manifiesten en un momento posterior, por lo que no se deberían los intereses y quedaría así frustrado el sistema (FFDD. 5º de ambas Sentencias).
En derecho de obligaciones, para que se apliquen los intereses de demora del art. 1108 CC-por no haber dispuesto el acreedor del capital y no haberse por consiguiente beneficiado de sus frutos- se debe determinar antes la cantidad sobre la que se van a aplicar (in illiquidis non fit mora) 15.
Una línea jurisprudencial de la Sala Civil considera que, en materia de responsabilidad extracontractual, la deuda sólo es líquida cuando, por sentencia, se fija el importe de la indemnización y, por lo tanto, los únicos intereses que se devengan desde entonces son los intereses procesales (art. 921 Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y art. 576 LEC 2000)16:
“[S]i bien es cierto que la más moderna jurisprudencia de esta Sala ha superado la tradicional concepción de la regla "in illiquidis non fit mora" por razones de equilibrio económico y de justicia distributiva, tal jurisprudencia no es aplicable en aquellos casos en que se trata de fijar el "quantum" indemnizatorio»; (...) no ya por la absoluta indeterminación inicial del importe debido (...) sino, fundamentalmente, porque ha resultado necesario el seguimiento del proceso para establecer la propia existencia de la obligación (...); de donde se deduce que la norma aplicable sobre pago de intereses resulta ser la contenida en el artículo 921, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (FD. 4º STS, 1ª, 9.11.2005, RJ 2005\7721 –accidente de trabajo-; en el mismo sentido, entre otras, las SSTS, 1ª, 3.4.1998, RJ 1998\1873 -caída de viajero al intentar subirse a tren que iniciaba la salida-; 12.5.2003, RJ 2003\3901; 24.11.2006, RJ 2006\8136 –explosión de gas butano- y 9.6.2006, RJ 2006\3358 –colisión de vehículos con animales que habían irrumpido en la calzada-).
Sin embargo, otra línea de la Sala Civil ha aplicado a casos de daños la flexibilización de la regla in illiquidis non fit mora -propia de la jurisprudencia sobre incumplimiento contractual- y ordena el inicio del cómputo de los intereses moratorios desde la fecha de presentación de la demanda o de emplazamiento al demandado.
“[L]a función resarcitoria de la tardanza que cumplen las condenas al pago de los intereses moratorios (...), unida a la natural productividad del dinero (...) así como a la existencia de diversidad de grados de indeterminación de las deudas , a la progresiva revisión de los criterios de imputación al deudor del retraso en el cumplimiento, basados tradicionalmente en la idea de culpa (...) y a la comprobación empírica de que los relatados criterios tradicionales dejaban la aplicación de la sanción en manos del propio deudor, al que le bastaba con negar la deuda o discutir la cantidad reclamada para hacerla indeterminada (...), llevaron a la jurisprudencia a (...) rechaza[r] todo automatismo en la aplicación del brocardo in illiquidis non fit mora” (FD. 4º STS, 1ª, 14.6.2007, RJ 2007\3519 –caída en la vía pública-. Las sentencias que allí se citan y que se pronuncian en el mismo sentido resuelven casos de incumplimiento contractual).
Las Sentencias del Tribunal Supremo comentadas imponen la condena al pago de los intereses legales derivados de la mora del deudor (1108 CC) desde la fecha de emplazamiento al demandado (art. 404 LEC). Este pronunciamiento es coherente con el momento escogido por el Tribunal para cuantificar los daños y constata que la deuda resultante de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación es líquida desde el momento en que las secuelas se han determinado de forma definitiva, pues su importe es, desde entonces, cuantificable conforme a las tablas de baremos vigentes en dicho momento.
Ciertamente, podría contra argumentarse que muchos de los conceptos previstos en las tablas están expresados en forma de horquillas -de puntos o de cuantías- y ello deja un margen amplio a la apreciación del Juez. Sin embargo, es indiscutible que con baremos legales, la función de valoración de los daños ya no es tarea del Juez, quien está obligado a aplicar al caso la cuantía – actualizada- con la que el legislador ha valorado previamente un determinado daño.
Las Sentencias comentadas dibujan la secuencia de momentos que hay que tener en cuenta para cuantificar la indemnización por lesiones permanentes causadas en accidentes de circulación, así como la relevancia jurídica de cada uno de estos momentos:
El Tribunal deja claro en las Sentencias comentadas que la causación del daño no siempre coincide con la determinación de su alcance; que una cosa es la modificación legal del sistema de baremos y otra muy distinta la actualización anual de sus cuantías; y que, en definitiva, aunque el sistema de baremos no cambia el carácter de deuda de valor de la obligación de indemnizar, hace coincidir el momento de cuantificación de los daños -asociado en cualquier otra constelación de casos a la fijación de la indemnización por sentencia judicial- con el momento en que aquéllos se determinan de forma definitiva. Desde entonces, el sistema de baremos no juega ya ningún papel y sí lo hacen en cambio los intereses moratorios ex art. 1108 CC, primero, y los intereses de la mora procesal ex art. 576 LEC, después.
Luis DÍEZ-PICAZO (1996), Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Tomo II, Las relaciones obligatorias, Civitas, Madrid.
Manuela FERRER MOYANO (2007), “El Tribunal Supremo establece que el baremo aplicable a los lesionados en accidentes de circulación debe ser el vigente en la fecha del alta definitiva”, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 8, Septiembre 2007, págs. 48-51.
Eugenio LLAMAS POMBO (2007), “Otra duda aclarada en relación al baremo” (Editorial), Práctica Derecho de Daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Núm. 52, Septiembre 2007, págs. 3-4 y 34-38 (resumen de la STS, 1ª, 17.4.2007, RJ 2007\3360).
Álvaro LUNA YERGA, Sonia RAMOS GONZÁLEZ (2004), “Accidentes de circulación más baratos para el causante y más caros para la víctima. Modificación de los baremos por la Ley 34/2003”,
InDret 1/2004, http://www.indret.com/pdf/188_es.pdf.
Mariano MEDINA CRESPO (1999), La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo III. Vol. I, Las reglas generales del sistema, Dykinson, Madrid.
1 Pueden verse otras notas o comentarios a estas Sentencias en Eugenio LLAMAS POMBO (2007, págs. 3-4 y 34-38);
Manuela FERRERMOYANO (2007, págs. 48-51).
2 Derogados por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE núm. 267, de 5.11.2004).
3 La D.A. 8ª Ley 30/1995 entró en vigor el 10 de noviembre de 1995.
4 Art. 1.1 Decreto 632/1968:
“El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”.
5 Art. 1.2 Decreto 632/1968:
“Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente Ley”.
6 Un análisis de los principales aspectos de la modificación puede verse en Álvaro LUNA YERGA, Sonia RAMOS GONZÁLEZ (2004)
7 Luis DÍEZ-PICAZO (1996, pág. 259).
8 En este sentido véase, por todos, Mariano MEDINA CRESPO (1999, pág. 330).
9 Reiteran la misma doctrina, entre otras muchas, las SSTS, 1ª, 15.4.1991, RJ 1991\2691 –defectos de construcción-;
15.7.1999, RJ 1999\5905 –negligencia médica-; 9.6.2006, RJ 2006\3358 –colisión de vehículo con animales que habían irrumpido en la calzada-; 20.12.2006, RJ 2007\439 -accidente pirotécnico-; STS 19.7.2007, RJ 2007\3885 – negligencia médica-.
10 Apartado 1. 10 del Anexo del Sistema: “Anualmente, con efectos de primero de enero de cada año y a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias fijadas en el presente anexo y, en su defecto,
quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este último caso y para facilitar su conocimiento y aplicación, por Resolución de la Dirección General de Seguros se harán públicas dichas actualizaciones”.
11 Desde 1997 a 2004 la Dirección General de Seguros ha publicado en el BOE Resoluciones anuales que incluyen actualizaciones, conforme al IPC, de las cuantías previstas en el Anexo del Decreto 632/1968. Desde 2005 a 2007, ha hecho lo propio con las cuantías previstas en el Anexo del RDL 8/2004.
12 Por ejemplo, SSTS, 1ª, 26.5.1994, RJ 1994\3750 –caída en suelo mojado-; 27.2.1996, RJ 1996\1267 –accidente laboral -; y 24.6.2000, RJ 2000\5304 –accidente laboral-.
13 SSAP Valencia, Sección 7ª, 14.12.2005, JUR 2006\103059 y 4.4.2007, JUR 2007\234884; Lugo, Sección 2ª, 7.5.2003,
JUR 2003\222682; Teruel, 30.4.2001, JUR 2001\182416, además de las citadas por el recurrente en casación en una de las sentencias comentadas (RJ 2007\3359). En el mismo sentido se pronuncia el Acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid, de 10.6.2005 (JUR 2004\307394), que cambia el criterio adoptado en el anterior de 23.9.2004, en que se posicionaba a favor de la fecha del siniestro.
14 SSTS, 2ª, 20.12.2000, RJ 2000\10652; 15.2.2001, RJ 2001\2501; entre las SSAP, Sala Penal, pueden verse las SSAP Barcelona, Sección 9ª, 16.6.2007, JUR 2007\18585; Vizcaya, Sección 6ª, 9.10.2007, JUR 2007\99770; Córdoba, Sección 3ª, 14.10.1999, ARP 1999\449; Madrid, Sección 2ª, 10.2.2004, JUR 2004\230998 y 5.9.2001, JUR 2001\4093; Sección 17ª, 1.10.2003, JUR 2003\264378; Santa Cruz de Tenerife, Sección 2ª, 2.5.2006, JUR 2006\178248; Valencia, Sección 4ª, 30.9.2003, JUR 2003\270215 y 16.12.2003, JUR 2003\82523; Sección 5ª, 28.10.2003, JUR 2003\271990 y 29.10.2005, ARP 2005\30.
15 Luis DÍEZ-PICAZO (1996, pág. 629-631).
FUENTE: Revista InDret (Revista para el análisis del derecho) - http://www.indret.com/pdf/491_es.pdf

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1089

Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 921
 Real Decreto 
 Resolución