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Timestamp: 2020-04-10 09:40:29+00:00

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Sentencia nº 59 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 18-07-2017 - Jurisprudencia - VLEX 825475345
Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ Expediente Nº AA10-L-2016-000146
Mediante oficio número 2016/01115, de fecha 14 de octubre de 2016, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, que riela al folio 110 de las actas procesales que integran el expediente, se remitió a la Sala Plena de este Alto Tribunal, el expediente contentivo del procedimiento de rendición de cuentas interpuesto por la ciudadana REINA JOSEFINA LIENDO CANACHE, asistida por el abogado Alfredo Colón Marcano, contra el ciudadano ANTONIO JOSÉ REYES GUACARAN, representado judicialmente por el abogado Miguel Guarulla Santaella.
Dicha remisión se hizo a esta Sala Plena, a los fines de que conozca y decida la regulación oficiosa de competencia surgida entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, el cual, mediante fallo de fecha 20 de septiembre de 2016 se declaró incompetente en razón de la materia para conocer y decidir la referida demanda; de igual forma, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial, declaró su incompetencia en razón de la materia mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2016, solicitando a esta Sala Plena la regulación oficiosa de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 17 de diciembre de 2013, la ciudadana Reina Josefina Liendo Canache, asistida por el abogado Alfredo Colón, presentó demanda por rendición de cuentas contra el ciudadano Antonio José Reyes Guacarán, en la cual expresa que el vínculo matrimonial que la unía con el mencionado ciudadano fue disuelto en fecha 8 de septiembre de 2004 mediante sentencia dictada por la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección de Niño, Niña y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui; señalando que durante la precitada unión matrimonial adquirieron bienes gananciales, los cuales quedaron en poder y absoluta administración de su ex cónyuge, bienes sobre los cuales no hubo ningún acuerdo respecto a su partición y liquidación; sin que hasta la presente fecha haya tenido información sobre el destino de los mismos.
El 20 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictó sentencia mediante la cual se declaró: “…INCOMPETENTE POR LA MATERIA para conocer la presente demanda por RENDICIÓN DE CUENTAS…,” y declinó “…la competencia para conocer de la misma al Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Con (Sic) Sede (Sic) En (Sic) Barcelona. Así se decide….”
El 14 de octubre de 2016, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial, dictó decisión mediante la cual, se declaró igualmente “…INCOMPETENTE POR LA MATERIA para conocer de la presente causa …”, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la regulación oficiosa de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por no tener ambos tribunales un superior común.
II DE LAS DECLINATORIAS DE COMPETENCIA
El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, mediante sentencia de fecha 20 de septiembre de 2016, declinó la competencia en la jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, por cuanto consideró, que se encontraba involucrado un adolescente. En tal sentido, señaló lo siguiente:
“…Ahora bien, encontrándose involucrados (Sic) en la presente demanda por RENDICIÓN DE CUENTAS un (01) Adolescente (Sic), quien actualmente tienen (Sic) Diecisiete (Sic) (17) años de edad, siendo el Juez (Sic) el director del proceso y que debe velar por su correcta tramitación, en aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, y de lo preceptuado por el artículo 173 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, según el cual corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocer de los juicios en donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, el conocimiento de la presente causa concierne a esa jurisdicción especial.
En virtud de lo antes dicho, este Tribunal considera que es incompetente por la materia para conocer de la presente demanda, y en consecuencia, debe declinar el conocimiento de la misma en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y así se declara…”.
Por su parte, el juzgado declinado, Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, a su vez se declaró incompetente en razón de la materia mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2016 y, en consecuencia, planteó la regulación oficiosa, acordando la remisión del expediente a la Sala Plena, por cuanto consideró que no están afectados directa, ni indirectamente los intereses de ningún niño o adolescente al que haya que proteger, bajo la siguiente fundamentación:
“…Se observa, que el fondo del asunto que se debate en la sentencia antes reproducida, es una RENDICIÓN DE CUENTA, en la cual se evidencia que no se encuentran lesionados los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no se encuentran involucrados intereses directo y actual de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto sólo existe una relación por parte de la demandante y demandado, los cuales son personas mayores de edad, en este orden de ideas los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes serán competentes conforme al artículo 177 literal ‘m’ de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes cuando los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos y pasivos y en contraposición refutaría la competencia por la materia de los Tribunales (Sic) civiles ordinarios, dejándole una capacidad jurisdiccional solo en causas civiles, en donde las partes no tengan hijos o si los tuvieran solo se asintieran siempre que estos fueran mayores de edad, al mismo tiempo resultarían sobresaturados los tribunales de protección de causas civiles de toda índole, indiferentemente que estén involucrados o no intereses de niños o adolescentes, en tales razones el fuero atrayente de competencia se mostraría como una colisión, y no como una complementariedad, contrario al principio del criterio jurisprudencial antes referido. Y en el caso que nos ocupa no están afectados directa, ni indirectamente los intereses de ningún niño o adolescente al que haya que proteger.
En consecuencia razona quien aquí decide, que no están dadas las condiciones para que opere ‘el principio de excepcionalidad del fuero subjetivo atrayente’ fijado por el criterio jurisprudencial descrito, que pudiera incidir plenamente en este contexto para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de la materia en cuestión de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. De manera que el presente caso no está cónsone (Sic) con los criterios atributivos de competencia previstos en el literal "m" del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, relativos a la competencia por la materia por asuntos afines, ya que de la revisión del expediente se observa que se hace mención de una menor de edad. Es importante señalar para el conocimiento de la competencia de este tribunal es necesario, que los niños, niñas involucrados tengan un interés directo y actual o que por lo menos de manera directa o indirecta se vean afectados sus derechos y garantías y que los mismo debe de ser tutelados por el tribunal de protección, evidenciándose de las actas que conforman el expediente que ningún niño, niña o adolescente aparezcan como parte activa o pasivo del conflicto o disputa o que sus derechos se vean lesionados. Considera esta Juzgadora que no hay elemento alguno en el presente asunto que nos lleve a determinar que niñas, niños o Adolescentes (Sic) ya sean como demandados o demandantes que se vean afectados sus derechos, por lo tanto considero que no soy competente para conocer del presente asunto.
En conclusión, por los razonamientos anteriormente narrados fundamentados (Sic) en las normas jurídicas invocadas, es criterio de esta operadora de justicia que carece de competencia por la materia para conocer la presente causa, siendo el competente el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona y así debe ser declarado…”.
Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre la regulación oficiosa de la competencia planteada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito judicial de Protección Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, mediante decisión de fecha 14 de octubre de 2016, supra transcrita.
Sobre el particular, la Carta Política de 1999, al regular las competencias del Máximo Tribunal, específicamente en su artículo 266.7, estableció:
…7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico…”.
Ahora bien, del análisis del presente expediente se desprende, que la regulación oficiosa de competencia ha surgido en razón de la materia y entre órganos judiciales que no tienen un juzgado superior común, es decir, entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Medicación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial, siendo, como ya se dijo, éste último el que planteó la regulación oficiosa de competencia ante la Sala Plena.
Para ésta Sala Plena, la regulación oficiosa de competencia, resulta de trascendental importancia, pues viene a dar cumplimiento a una garantía constitucional establecida en la Carta Política de 1999, específicamente en lo relativo al debido proceso, y al juez natural cuando en su artículo 49, numerales 3 y 4, señala:
Así las cosas, la tutela judicial sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de las garantías que hagan posible asegurar el principio del Juez natural, bajo la respuesta constitucional del “Juez Predeterminado”, establecido en el artículo 6 del Convenio de Roma y en el Pacto de Nueva York de 1966 sobre derechos civiles y políticos (artículo 14), que se desarrolla, en primer lugar, en que el órgano judicial haya sido creado previamente por norma jurídica; en segundo lugar, que esté investido de jurisdicción y competencia, correspondiéndole conocer de la pretensión que deduzca el actor, para que siga el andamiaje ordinario del proceso hasta su terminación y, por último, que la composición del Tribunal esté determinada por ley.
El nuevo rumbo del Derecho Procesal, por el que se viene transitando desde la entrada en vigencia de la Carta Política de 1999, enfatiza en pro de la utilidad de la noción de proceso justo (que al igual que la mención ¨justicia justa¨ no son tautológicas ni retóricas) porque muestra un enérgico carácter axiológico, gracias al significado altamente valorativo y ético del adjetivo justo, como predicado del término proceso y que se vigoriza de las trayectorias de las voces anglosajonas fair trial y del homólogo due process of law, lo que permite constitucionalizar el concepto y la filosofía de la defensa en juicio, del debido proceso legal, del proceso justo, que se impulsa, recreada en los valores y principios que desarrolla el Estado Social en la novísima constitución.
Así, en el caso concreto, a los fines de establecer la competencia debida, se observa que en el presente expediente se tramita demanda por rendición de cuentas, prevista en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, incoada por la ciudadana REINA JOSEFINA LIENDO CANACHE en contra del ciudadano ANTONIO JOSÉ REYES GUACARAN.
Ahora bien, de las actas que integran el presente expediente, esta Sala Plena observa que en el escrito libelar la actora alegó lo siguiente: “…el vínculo matrimonial que la unía con el ciudadano Antonio José Reyes Guacaran, fue disuelto en fecha 8 de septiembre de 2004, mediante sentencia dictada por el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui; que durante su unión matrimonial adquirieron bienes gananciales, los cuales quedaron en poder y absoluta administración de su ex cónyuge, bienes sobre los cuales no hubo ningún acuerdo respecto a su partición y liquidación; quedando los mismos bajo su administración, sin que hasta la presente fecha haya tenido información sobre el destino de los mismos...”.
En el sub iudice, visto que ambos órganos jurisdiccionales plantearon su incompetencia en razón de la materia, pasa esta Sala Plena a conocer el asunto planteado, determinando lo siguiente:
En razón de ello, a fin de determinar cuál es el órgano judicial llamado a conocer y decidir la demanda interpuesta, en virtud del conflicto de no conocer surgido en el caso bajo análisis, resulta conveniente citar lo preceptuado en el Artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”.
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se constata que la parte accionante es mayor de edad y su acción de rendición de cuentas fue dirigida contra otra persona mayor de edad, lo cual, en principio, podría ser conocido por la jurisdicción civil ordinaria dado el contenido de la pretensión. No obstante, de las actas procesales que integran el expediente se desprende la existencia de un adolescente de diecisiete (17) años de edad fruto de la unión matrimonial que existió entre la actora y el demandado.
Así las cosas, esta Sala considera preciso verificar el régimen de competencias de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, en virtud del principio del interés superior del niño previsto en el Artículo 8 de la ley orgánica que rige la materia.
En ese sentido, respecto a la atribución competencial de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, el artículo 177, Parágrafo Primero, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes publicada en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2007, reformada parcialmente el 8 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.185 Extraordinario, prevé lo siguiente:
El artículo en referencia atribuye la competencia a los tribunales de protección, para conocer, entre otras, materias afínes de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. A tal efecto, lo que pretende el legislador es proteger y resguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual está desarrollado tanto en la Carta Política (Artículo 78) como en el artículo 8 de la Ley ut supra indicada.
En relación a ello, es menester señalar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades con respecto a esta materia, en la necesidad de otorgar la competencia a la jurisdicción atrayente de protección de niños, niñas y adolescentes, pudiendo señalarse, entre otras, la sentencia N° 37 de fecha 19 de junio de 2014, la cual es del contenido siguiente:
“Bajo tal escenario, que determina el thema decidendum en la presente causa, es necesario que este Alto Tribunal, proteja los intereses del adolescente, enarbolando la normativa constitucional y legal que lo impone, y deba llamar la atención a los jurisdicentes protectores de los niños, niñas y adolescentes, a realizar una exégesis de las normas especiales, tomando en cuenta el elemento subjetivo del thema decidendum, y no ceñirse estrictamente a la aplicación rígida y objetiva de la ley frente al caso concreto.
Por tanto, el patrimonio del que disponen los padres, constituye desde esta perspectiva, el medio con el cual cuentan para cumplir con esta obligación, lo que determina, que en los casos de divorcio, de solicitud de autorización de venta del inmueble perteneciente a la comunidad conyugal, o situaciones como la que se presenta en este causa, no puede afirmarse que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no resultan afectados directa o indirectamente, pues ante la muerte del padre de la demandada y del padre del adolescente poderdante, ambos tienen legitimidad para actuar, porque ante la muerte de su padre, surgen circunstancias que de manera directa afectan los derechos e intereses de los hijos procreados por esta persona, entre los cuales es importante mencionar la existencia de un patrimonio sucesoral común de los hijos, del que disponen para lograr su desarrollo integral, y del cual, no puede apartar su tutela este Alto Tribunal”.
Asimismo, en sentencia N° 34 de fecha 7 de junio de 2012, expediente N° 2010-000138, en el caso de Alexandra Carreño Hernández contra el ciudadano Nelson Luis González Medina, esta Sala Plena se ha pronunciado con respecto al deber que tiene el Estado de garantizar que todas aquellas controversias donde se vean inmersos los intereses de niños, niñas y adolescentes, sean conocidas por órganos jurisdiccionales especializados, al señalar lo que continuación se expone:
“…Si bien es cierto que en atención a lo estatuido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan, no es menos cierto que, tal principio admite la excepcionalidad del fuero subjetivo atrayente, sin que ello implique subvertir el carácter de orden público que posee la normativa destinada a regular la competencia, pues la excepción al aludido dispositivo legal, en el marco de la integralidad del ordenamiento jurídico positivo, no se presenta como una colisión, sino antes bien, como una complementariedad que obedece y responde a la expresa voluntad del constituyente patrio cuando en el artículo 78 de la Carta Magna contempló que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el Poder Judicial, en tanto rama del Poder Público Nacional, en ejercicio de las funciones conferidas le corresponde contribuir con la realización de los fines del Estado, lo cual, en el caso del tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, inexorablemente deberá concretarse por conducto de los tribunales especializados, habida cuenta de la compleja y alta responsabilidad que significa brindarles el oportuno, íntegro y cabal amparo que presupone el interés superior de los niños, niñas y adolescentes…”.
De las sentencias parcialmente transcritas, se puede inferir que siempre que puedan resultar afectados directa o indirectamente los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, deben ser tutelados los mismos por una jurisdicción especial, en virtud del interés superior del niño, resultando ser la más idónea los órganos que integran la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes, máxime teniendo en cuenta que la enumeración contenida el artículo 177, Parágrafo Primero, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en modo alguno se considera taxativa, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en sentencia N° 1544, de fecha 14 de octubre de 2011, expediente N° 11-0914 en el caso de Delsy Yamilet Osio Matute, cabe destacar, acogida por la Sala de Casación Social en fallo N° 830, de fecha 7 de junio de 2014, expediente N° 14-128, en el caso de Yadira Coromoto Cabeza contra José Donato Briceño Lugo y otros, en la cual se señaló lo siguiente:
“…Así, observa la Sala que, en el caso de autos, el supuesto agraviante es el Juzgado Accidental del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por ello el conocimiento de la demanda de amparo bajo examen no compete a la Sala Constitucional, sino a un Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por ser el tribunal superior de aquél que emitió el acto contra el cual se solicita la protección constitucional y por tener competencia para el conocimiento de las causas en las que intervengan niños, niñas o adolescentes como legitimados activos, como sucede en el presente asunto, y según el criterio pacífico y reiterado por esta Sala Constitucional en sentencia n° 803 del 24 de mayo de 2010 (caso: Henry Marcano y otros)
“…esta Sala Constitucional ha dejado sentado respecto a la competencia para conocer de las acciones de amparo ante la violación de estos derechos, en sentencia nº 1350/2000 que, en caso de existir una pluralidad de materias afines, debe optarse por la que guarde mayor aproximación al bien jurídico protegido; tal materia más cercana debe ser aquélla cuya disciplina normativa ofrezca la tutela más intensa. (…)
Ahora bien, por cuanto se alegó que la injuria se está materializando no sólo de manera directa al derecho al honor y a la reputación del accionante, sino que también se está afectando indirectamente la esfera social y de desenvolvimiento cotidiano de sus hijas, con la correspondiente violación a sus propios derechos al honor y a su reputación, esta Sala considera que para resolver cuál es el tribunal competente ratione materiae debe atenderse al principio del interés superior del niño y a la circunstancia de que se trata de la alegación de infracciones impetradas en sujetos de derecho cuya protección interesa de manera primordial al Estado, toda vez que la protección integral de los niños, niñas y adolescentes se ha erigido en un desiderátum de éste, que se traduce, entre otras cosas, en la implementación de un fuero atrayente en esta materia, a los fines de procurar que tales asuntos sean conocidos y decididos por jueces formados en la doctrina de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para alcanzar la mayor efectividad en la tutela judicial de estos sujetos. Tal afirmación se fundamenta igualmente en la enumeración meramente enunciativa contenida en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la competencia de los Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a saber:
‘Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente:
El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias: (…omisis…)
Parágrafo Cuarto. (…omisis…)
c) Demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso;(…omissis…)
En tal sentido, puede verse, igualmente, sentencias Nos. 926/2001; 162/2002; 2.099/2003 y 2668/2003. De allí que, considera esta Sala que la competencia para conocer de la violación de tales derechos, cuando el sujeto pasivo o agraviado sean niños, niñas o adolescentes deba ser un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes indiferentemente de la naturaleza de la relación jurídica donde tales violaciones surjan, que se constituye en el fuero atrayente para la protección debida y la tutela judicial efectiva. Así se decide…’”.
En consecuencia, esta Sala declina la competencia en un Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que conozca el amparo de autos, como tribunal de primer grado de conocimiento y ordena la remisión del presente expediente a los fines de su distribución. Así se decide…”.
En ese sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia N° 773, del 5 de junio de 2012, expediente 12-0464, sobre la acción de amparo solicitada por la ciudadana Claudia Patricia Reyes Villamizar, ratificó el criterio según el cual de la disposición normativa supra mencionada -artículo 177 Parágrafo Primero, literales l) y m) de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes- se desprende, que aquellas controversias relativas a la liquidación y partición de la comunidad conyugal o concubinaria en las que existan niños, niñas o adolescentes comunes, serán competencia, en razón de la materia, de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la respectiva Circunscripción Judicial.
Esto dicho significa que la posible afectación o determinación de los derechos y el quantum de los mismos sobre la comunidad conyugal -que es lo que se dilucida en el juicio de partición y liquidación, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes, el legislador quiere que se celebre bajo la atención y protección del juez de la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes, precisamente porque ello sin lugar a dudas guarda relación con el entorno económico del hijo en cuanto a su calidad de vida.
Así ocurre a juicio de esta Sala Plena, con el juicio de rendición de cuentas, pues su ejercicio presupone el manejo de fondos ajenos o que son comunes al intimado y a otras persones a través de una minuciosa relación justificada de gastos e ingresos de una administración o gestión determinada. Sin lugar a dudas, el resultado de esa gestión sobre el patrimonio de la comunidad conyugal incidirá en tanto que la misma no se lleve de manera sana cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes, tal como ocurre con el de partición o liquidación de la comunidad conyugal en su ámbito económico, pues no es menos cierto que la acción de rendición de cuentas se pretende sobre dicho patrimonio y –según se invoca- su ejercicio es consecuencia de que la partición correspondiente a la unión conyugal que alega la actora no se celebró.
Con base en los criterios jurisprudenciales referidos, en concordancia con las normas citadas, y considerando que si bien la acción fue interpuesta por una persona mayor de edad, se encuentran involucrados y pudieran ser afectados en el curso de la presente causa, derechos e intereses del hijo menor de edad concebido por los sujetos procesales intervinientes, teniendo una vinculación directa respecto a los efectos de la decisión, por lo cual, debe prevalecer el fuero atrayente de protección, ello con el objeto de garantizar la efectiva aplicación del principio del interés superior del niño, correspondiendo su tutela por una jurisdicción especializada, como lo es la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes. Así se declara.
En este sentido, se evidencia de la revisión realizada al asunto principal, el cual versa, sobre una demanda por rendición de cuentas de unos bienes gananciales y acciones suscritas y pagadas por la empresa SEYER C.A., obtenidos dentro de la comunidad conyugal y que los mismos –según se invoca- no fueron liquidados en la oportunidad de su disolución, con lo cual se afectaría el derecho o interés del hijo de ambas partes, sujeto protegido por la jurisdicción especial, pues existe en el presente caso un hijo adolescente, como ya se dijo.
Por las consideraciones antes expuestas, estima esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que el conocimiento de la demanda por rendición de cuenta interpuesta por la ciudadana Reina Josefina Liendo Canache, contra el ciudadano Antonio José Reyes Guacaran, corresponde ser conocida y decidida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en razón de lo cual se ordena la remisión del expediente, junto con oficio, al aludido Tribunal. Asimismo, se anulan las actuaciones procesales verificadas ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por ser éste incompetente por la materia. Así se decide.
1.- Su COMPETENCIA para conocer y decidir la regulación oficiosa de competencia planteada entre el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede Barcelona.
2.- Que el COMPETENTE para conocer, sustanciar y decidir es el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede Barcelona.
3.- Se ANULAN todas las actuaciones procesales verificadas ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por ser éste incompetente por la materia.
En consecuencia, REMÍTASE el expediente al referido Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede Barcelona.
Publíquese, regístrese y comuníquese, remítase copia certificada de la decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los dieciocho días del mes de dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Decisión nº 129 de Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Irribarren. de Lara, de 23 de Mayo de 2014

References: artículo 173
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 266
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 673
 Artículo 28
 Artículo 8
 artículo 177
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 78
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 75

Decisión nº