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Timestamp: 2019-10-17 20:57:46+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 18449 DE NOVIEMBRE 23 DE 2000
SENTENCIA 18449 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:DOCUMENTOS APORTADOS AL PROCESO EJECUTIVO. FORMA COMO DEBEN APORTARSE Y PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCUMENTO, AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO, PROCESO EJECUTIVO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:350 DE FEBRERO DE 2001, PÁG.289
Sentencia 18449 de noviembre 23 de 2000
DOCUMENTOS APORTADOS AL PROCESO EJECUTIVO
FORMA COMO DEBEN APORTARSE Y PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD
EXTRACTOS: «La Sala advierte, al igual que el tribunal, que no todos los documentos aportados se encuentran en estado de valoración; únicamente lo están los que se aportaron en original, como ya se explicará.
La demanda fue presentada el día 23 de octubre de 1998 es decir después que había entrado a regir la Ley 446 de 1998, que hizo algunas modificaciones sobre la prueba documental; dispuso:
• Sobre autenticidad de documentos que “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros” (art. 11).
• Sobre el título ejecutivo, también dispuso, que “Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo” (art. 12).
Es importante acudir a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para, de una parte, precisar otros conceptos, no tocados por la Ley 446 de 1998, atinentes a la aportación de documentos, el valor probatorio de las copias y la autenticidad de un documento y, de otra parte, diferenciar lo que se entiende por copias autenticadas de lo que se considera como documento auténtico.
En ese orden esa codificación enseña lo siguiente sobre los documentos:
• Que se aportarán, al proceso en originales o en copia y que ésta podrá consistir en trascripción o reproducción mecánica del documento (art. 253);
• Que para que la copia tenga el mismo valor del original es necesario que la copia se obtenga una de las siguientes formas:
“ART. 254.—(...)
Que un documento, aportado en original o en copia, es auténtico,
“ART. 252. (...) cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.
Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por éstas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley le otorgue tal presunción” (art. 252 ibídem).
Tales disposiciones sirven para deslindar los conceptos “de copia autenticada” de “documento auténtico”.
El primero de esos conceptos refiere al valor probatorio, en el juicio, de la copia de un documento, en forma equivalente al del aportado en original.
El segundo de los conceptos, documento auténtico, atañe a la certeza de “la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”, punto distinto a los atinentes, de una parte, a cómo se aporta un documento en el juicio y, de otra parte, a cuando es valorable.
Sobre la autenticidad de los documentos caben destacar los siguientes aspectos; que:
• Generalmente, para los documentos públicos está presumida y para los documentos privados es necesario que se dé alguno de los eventos previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito; y que
• Excepcionalmente y tratándose de procesos ejecutivos la Ley 446 de 1998 prevé lo siguiente sobre la autenticidad de los documentos:
“ART. 12.—Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar titulo ejecutivo” (art. 12).
De lo estudiado se observa que la Ley 446 de 1998, para los juicios ejecutivos, extendió la presunción de autenticidad a los documentos privados, que estaba prevista en el Código Procedimiento Civil sólo para los documentos públicos.
Aquella ley no modificó ni la forma cómo deben aportarse al juicio los documentos —en original o en copia tomada de unas determinadas maneras— y ni cuándo las copias tienen el mismo valor del original (CPC, arts. 253 y 254).
Se precisa lo anterior porque es usual que en el litigio se confundan esos distintos conceptos, creados por la ley para diversos objetivos: aportación, valoración y autenticidad.
En consecuencia, cuando la Ley 446 de 1998 presume auténticos los documentos “que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo” es porque los documentos traídos llenan las calidades de la aportación y para la valoración.
La Corte Constitucional en sentencia C-023-98 señaló que para que la copia tenga el mismo valor del original debe haberse tomado de alguna de las formas previstas en e! artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; dijo:
“La autenticación de copias no implica presumir mala fe de quien las aporta (...), la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.
Desde otro punto de vista, no es aplicable al proceso ejecutivo, en materia de pruebas, lo previsto en el Decreto-Ley 2150 de 1995.
Ese decreto ley, “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública”, no es aplicable a las actuaciones judiciales porque se profirió con destino a las actuaciones administrativas.
Al respecto cabe señalar que su artículo 1º, sobre supresión de autenticaciones y reconocimientos que el ejecutante quiere que se tenga en cuenta, alude a que “Las entidades que integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente”.
Por lo tanto ese decreto no le sirve al ejecutante para exonerarse de tener que haber aportado todos los documentos en original o en copia “con el mismo valor del original”, como ya se explicó, porque esa normatividad es para las actuaciones administrativas, y no para las judiciales».
(Sentencia de noviembre 23 de 2000. Expediente 18.449. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

References: artículo 488
 artículo 252
 artículo 488
 artículo 488
 artículo 254
 artículo 254
 artículo 83
 artículo 1