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Timestamp: 2017-11-20 00:13:30+00:00

Document:
Margarita maria zapata farjat
TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 30233
Aprobado Acta No. 043
Bogotá D.C., marzo veintidós (22) de dos mil siete (2007)
Se pronuncia la Sala en primera instancia, sobre la demanda de tutela interpuesta por la ciudadana MARGARITA MARIA ZAPATA FARJAT contra la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotà – Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y la Fiscalía 26 Delegada ante el Tribunal Superior de la misma ciudad, por presunta vulneración a sus derechos fundamentales, dentro del proceso de extinción de dominio que cursa respecto de los bienes de JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ.
Con ocasión de la información suministrada por el Grupo de Extinción de Dominio de la Fiscalía a través de oficio fechado enero 22 de 2001, en la que se relacionan algunos bienes del señor JUAN CAMILO ò CAMILO ARTURO ZAPATA VASQUEZ y se establece su vínculo con el denominado “Cartel de Medellín”, la Dirección Nacional de Fiscalìas asignó el tramite de la extinción a la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotà adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos.
Es así como, a través de resolución del 3 de agosto de 2001 se dispuso con fundamento en la ley 333 de 1996, el inicio de la indagación preliminar y se decretó la practica de algunas pruebas con el objeto de identificar los bienes que podrían ser objeto de la acción extintiva, al tiempo que se llevaron a cabo diligencias de inspección judicial sobre los procesos penales que se adelantaban en contra de ZAPATA VASQUEZ, varios de las cuales concluyeron con decisiones inhibitorias y la consecuente entrega definitiva de los bienes a nombre del prenombrado.
Concluido el correspondiente trámite, la fiscalía emitió resolución el 9 de marzo de 2005 mediante la cual ordenó iniciar formalmente la acción de extinción de dominio, entro otros, de los bienes inmuebles identificados con la matricula inmobiliaria Nos. 50N-251602, 50N-153572, 50N-238959, 50N-298058, 50N-241126, 50N-410699, 50N-410700 y 50N-462625, decretándose en consecuencia, el embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo de los mismos, así como se dispuso la comunicación de dicha decisión al Juez de Familia donde se adelantaba el proceso de sucesión sobre los bienes de JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ.
La anterior determinación fue impugnada por el apoderado de MARGARITA MARIA y GLADYS ZAPATA FARJAT en su condición de herederas del señor JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ, siendo confirmada por la Fiscalía 26 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del 2 de noviembre de 2006.
En medio del trámite anterior, MARGARITA MARIA ZAPATA FARJAT a través de apoderado interpone recurso de amparo contra la Fiscalía 26 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras advertir que al disponer la iniciación de la acción de extinción de dominio se desconocieron preceptos constitucionales tales como, la cosa juzgada y el debido proceso.
Como sustento de su pretensión, señala que la Fiscalía accionada al resolver el recurso de apelación formulado en el tramite de la extinción de dominio reseñado, incurrió un una clara vía de hecho al hacer primar su particular interpretación de la ley, desconociendo así el marco jurídico aplicable para el año 1991, época en la que el Juez Quinto Especializado de Bogotá se inhibió de iniciar la investigación penal en contra de JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ y ordenó la entrega definitiva de los bienes inmuebles a su nombre, los que fueron materialmente recibidos en vida por el prenombrado, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada material en cuanto hace referencia a la actividades del señor ZAPATA VASQUEZ, así como en torno a la procedencia lícita de su patrimonio.
Advierte así, que las normas ahora invocadas para proceder a iniciar el tramite de extinción de dominio, devienen absolutamente inaplicables configurándose una vía de hecho en la decisión acusada por defecto sustantivo con quebranto en el debido proceso, comprometiendo además el derecho de propiedad. En cuanto al defecto fáctico sostiene éste se origina al carecer de medios probatorios para revocar y volver sobre el mismo asunto bajo el cambio de denominación jurídica. El defecto orgánico se presenta a partir de la falta de competencia para resolver los asuntos sobre los bienes que el Estado hace varios años dispuso entregar definitivamente y finalmente, el defecto procedimental se irroga por el desvío del procedimiento fijado por la ley.
Pretende así, el amparo para los derechos fundamentales invocados y en tan virtud se revoque el proveído confirmado en segunda instancia, desafectando los bienes objeto de la acción extintiva.
Al avocar la presente acción se dio cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, por lo que en el auto admisorio de la demanda se ordenó vincular a la Fiscalía Segunda Especializada adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, disponiendo el traslado de la demanda para el ejercicio del derecho de contradicción y se solicitó información sobre el asunto.
Al dar respuesta al libelo, el funcionario titular de la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotà, precisó que en efecto ese despacho inició el tramite de extinción de dominio respecto de varios bienes registrados a nombre de JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ, ordenándose las medidas cautelares correspondientes, atendiendo que existen elementos de juicio que razonadamente permiten inferir el origen ilícito de los mismos, concretamente en cuanto hace relación al delito de narcotráfico, pues si bien, el señor ZAPATA VASQUEZ no fue condenado por delito alguno la autonomía e independencia de la acción extintiva permite iniciar su tramite siempre y cuando se reúnan los presupuestos para ello.
Destaca, que la acción de tutela no es la vía para pretender la devolución de los bienes respecto de los cuales la accionante estima ha operado la cosa juzgada, siendo que, el artículo 9º de la Ley 793 de 2002 señala que durante el procedimiento de la extinción se garantizaran y protegerán los derechos de quienes resulten afectados, por lo que es entonces al interior del proceso donde se debe demostrar tal circunstancia, cuyos argumentos son precisamente el eje de la actuación en cuanto a la oposición de la accionante corresponde, de manera que sus hipótesis defensivas no han sido desalojadas del proceso y por tanto, pueden ser esgrimidas ya no bajo la forma de incidentes o excepciones previas, sino como alegatos de fondo dirigidos a desvirtuar la procedencia de la acción, intervención que tiene su momento procesal plenamente previsto por la referida ley al cual se llegara una vez finalice el periodo probatorio actualmente en curso. Remite copia de la resolución proferida el 9 fe marzo de 2005.
De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda, en tanto ella comprende una decisión adoptada por la Fiscalía 26 Delegada ante Penal del Tribunal Superior de Bogotà, autoridad de la cual es su superior funcional.
La acción de tutela fue concebida en la Constitución de 1991 como un mecanismo preferencial para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o también por los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.
El carácter subsidiario del mecanismo de amparo, implica que su objetivo no sea otro que el de brindar protección efectiva de los derechos fundamentales, en los eventos en que no exista otro medio de defensa o cuando se invoque como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Es indiscutible que la solicitud de amparo constitucional presentada por la ciudadana MARGARITA MARIA ZAPATA FARJAT, se encamina en esencia a que por vía del mecanismo excepcional el juez de tutela declare la invalidez de la resolución de fecha 24 de noviembre de 2006, por virtud de la cual se impartió confirmación a aquella que dio inicio formal al trámite de extinción de dominio respecto de varios bienes inmuebles, cuyos derechos reales reclama como opositora.
Previo a decidir sobre la pretensión de la accionante, es pertinente señalar que la Sala ha precisado que las especiales características de subsidiariedad y residualidad que caracterizan la acción de tutela, comportan que ella no pueda utilizarse como mecanismo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, como tampoco para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, todo lo cual impide considerarlo como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional a la cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
En el asunto que concita la atención de la Sala, no se remite a duda que la actuación procesal a la que se refiere la accionante se encuentra en trámite, motivo determinante para que se advierta la improcedencia del amparo demandado, máxime si se considera que dentro de dicho proceso cuenta con medios idóneos de defensa judicial para reclamar el amparo de la garantías fundamentales, que como heredera del obitado JUAN CAMILO ZAPATA VASQUEZ considera conculcadas en virtud de la acción actualmente en curso.
Dicho argumento resulta suficiente para concluir que la acción de tutela no es procedente, porque así lo prevé sin discusión alguna el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 en los siguientes términos:
De manera que, tal exigencia solo admite excepción en el evento de que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
Respecto a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha señalado en sentencia T–555 de 2004 que:
“Con base en tales disposiciones la Corte ha señalado en muy numerosas ocasiones el carácter extraordinario y subsidiario de la acción de tutela, conforme al cual ésta no puede sustituir los medios ordinarios de defensa judicial, así:
Desde su introducción al ordenamiento constitucional colombiano en la Carta Política de 1991, la acción de tutela fue consagrada como mecanismo judicial subsidiario para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, que resulten violados o gravemente amenazados por la actuación de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en la ley. En el artículo 86 Superior, el Constituyente claramente estableció que esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
En consecuencia, en materia de amparo judicial de los derechos fundamentales hay una regla general: la acción de tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos. Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-568/94:
Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la característica de ser supletorio, esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de defensa judicial, salvo que se intente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable - artículo 86 de la C.P. y artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 -.”
Así las cosas, entre tanto el proceso se encuentre en curso, es decir, mientras no se haya agotado la actuación del juez ordinario, es claro que persiste posibilidad de reclamar dentro de él el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible –excepto que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, lo que haría procedente el amparo transitorio o provisional- acudir al juez constitucional para que tercie en las discusiones que naturalmente se presentan en todos los procesos judiciales en los que hay intereses de partes.
De modo que se itera, la acción de tutela no es una tercera instancia, un instrumento alternativo, supletorio o paralelo de la actividad jurisdiccional de administrar justicia, sino un mecanismo excepcional al que sólo se puede acudir cuando se han agotado todas las posibilidades dentro del proceso correspondiente, sin que se hubiese logrado subsanar el agravio de la garantía constitucional.
Significa lo anterior que las pretensiones ahora invocadas deben ser planteadas al interior del proceso de extinción de dominio, pues no puede el Juez constitucional desconocer el trámite ordinario de dicha actuación, máxime cuando su pretensión y derecho pueden ser acreditados a través de medios de convicción cuyo recaudo y valoración le corresponde al Juez natural de dicho trámite.
Así las cosas, es indiscutible que MARIA MARGARITA ZAPATA FARJAT no puede utilizar la acción constitucional a manera de mecanismo paralelo o simultáneo a los instrumentos de defensa judicial que al interior del proceso de extinción de dominio puede ejercitar.
Como además con la tutela formulada por la demandante no se pretende contrarrestar un perjuicio irremediable, es claro que el amparo constitucional demandado es improcedente.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISION DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1. Negar por improcedente la tutela reclamada a través de apoderado por la accionante MARGARITA MARIA ZAPATA FARJAT, conforme a las anteriores motivaciones.
3. En firme esta determinación, remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MARINA PULIDO DE BARÓN

References: resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 9
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 6