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Timestamp: 2017-09-20 01:56:07+00:00

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REFUNDACIÓN COMUNISTA DE URUGUAY: abril 2011
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Ley de Caducidad en Uruguay: la interpretación de la impunidad
El Senado de Uruguay acaba de votar un "proyecto interpretativo" de la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad a los represores de la dictadura. El proyecto sostiene que los artículos de la ley que establecen la caducidad de las causas deben ser interpretados como anti constitucionales. Pero la ley queda en pie y la facultad de interpretarla corresponde al Poder Judicial, lo cual será materia de impugnación de la "ley interpretativa".
El Frente Amplio ha recurrido a este engendro para evitar votar directamente la anulación de la ley. El proyecto deja abierta la posibilidad de una nueva contra interpretación para evitar los juicios. Pero además, para ser aprobado, deberá nuevamente ser discutido en la Cámara de Diputados, dadas las modificaciones que el Senado le ha hecho para recortar todavía más su alcance.
El Frente pretende, con el proyecto, evitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a Uruguay por la caducidad y sostuvo que los delitos de la dictadura son de "lesa humanidad".
La aprobación del proyecto generó una crisis en la bancada del Frente Amplio. El senador Saravia votó, con los blancos y colorados, en contra de la aprobación. Eleuterio Fernández Huidobro, un viejo "tupa", votó a favor por "disciplina partidaria" pero renunció a su bancada en Senadores en rechazo al proyecto. Estas posiciones fueron avaladas por Mujica, que se reunió con Huidobro el día de la votación.
Mujica anunció que no vetaría el proyecto. Sin embargo, desarrolla toda una línea de acuerdos con sectores militares para limitar su aplicación y alcance. Incluso la renuncia de Fernández Huidobro y la crisis galopante en el Frente Amplio amenazan con voltear el proyecto en su segunda votación en Diputados, donde el Frente cuenta con una mayoría ajustada. El ministro de Defensa manifestó que si la ley se aprueba en Diputados presentará la renuncia, como forma de presión para que Mujica vete la ley.
Si bien la anulación de la ley es un reclamo profundo de la base del FA, la movilización del PIT-CNT fue minoritaria. La dirección frenteamplista de la central obrera le sacó el pecho al proyecto.
La aprobación del proyecto destapó un principio de crisis política con las Fuerzas Armadas. Militares en actividad y retirados criticaron la Ley Interpretativa, aludiendo a que con ella el Frente Amplio rompe los acuerdos de "reconciliación nacional" tejidos a partir del regreso a la democracia. La intervención de las Fuerzas Armadas -y de Fernández Huidobro- desnuda toda la línea de la dirección del Frente Amplio de "reconciliación" con los represores.
El Frente Amplio mismo recurrió a la militarización del movimiento obrero en el caso de la huelga de los municipales de Montevideo (Adeom), a los que ahora aplica sanciones y suspensiones. El Frente Amplio cabalga contrarreloj para calmar a las fuerzas armadas y perpetrar sus acuerdos históricos.
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¿Cómo metieron y cómo se sale Chávez de esta infamia?
Rodrigo Granda vivía legal y pacíficamente en Caracas desde los tiempos de Caldera como portavoz oficioso de las FARC para asuntos de paz y humanitarios. Cuando Bogotá supo que estaba negociando la libertad de Ingrid Betancourt con los franceses, envió un comando que lo secuestró el 13 de diciembre de 2004 y lo trasladó a Colombia donde el gobierno declaró haberlo capturado el 4 de enero en Cúcuta. A los 25 días de encarcelado, su nombre apareció milagrosamente como “buscado” con el famoso “Código Rojo” de Interpol. El 4 de junio de 2007, Granda, que era de las FARC fue excarcelado por la intermediación del presidente francés Nicolás Sarkozy.
El caso Pérez es diferente
Joaquín Pérez, director de la Agencia ANNCOL no pertenece a las FARC y ni falta que le hace. Abandonó Colombia hace un cuarto de siglo, huyendo de la matanza de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica UP, amplio y exitoso movimiento de izquierda que buscaba una salida políticas a la guerra social colombiana, y por el cual Joaquín era concejal en Corinto, Valle del Cauca, a principios de los 90. Después del asesinato de su esposa, pidió y le fue concedido asilo político en Suecia, donde fundó una familia, se dedicó al periodismo y a propiciar una salida pacífica para su Patria. Nunca volvió a Colombia donde está condenado a muerte.
¿Qué es ANNCOL?
La Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) fue fundada en 1996 por periodistas latinoamericanos y europeos. Mantiene un sitio de Internet desde 1998. Sus metas son «... informar sobre Colombia... ser un vocero de los sectores sin voz en Colombia sobre acciones de movimientos populares, sindicatos y comunidades avanzadas de los países latinoamericanos.... que combaten el neoliberalismo y la explotación de las personas».
¿Por qué entonces su director es acusado de terrorista por el Gobierno colombiano? Muy fácil: el gobierno colombiano tiene absoluto monopolio de los medios dentro de sus fronteras pero ANNCOL, desde Suecia, es el cuarto sitio web más leído en Colombia, con 800.000 visitas diarias y un considerable impacto informativo a nivel internacional. ANNCOL es el medio más importante de los últimos años en Colombia. Entre sus denuncias aparece la utilización de bases militares para la agresión a otros países, la masacre de civiles en la tragedia de los falsos positivos y la corrupción y nepotismo en el gobierno colombiano.
El "crimen" de ANNCOL
Son legendarias las acusaciones de Bogotá contra ANNCOL por publicar comunicados de las FARC, criticar las políticas neoliberales, presentar una visión realista del paramilitarismo y mantener una férrea oposición a Uribe. A pesar de las reiteradas investigaciones que han demostrado la ausencia de pruebas y elementos formales para acusar a ANNCOL de alguna conexión con las FARC, y a pesar de que periodistas europeos han verificado que las FARC tienen órganos de comunicación propios abiertamente identificados con ellas, los ataques continuaron.
La medida de la efectividad de ANNCOL la dio el canciller colombiano, Jaime Bermúdez cuando informó de la decisión de su Gobierno de poner en marcha una estrategia internacional para hacerle frente a la “diplomacia” exterior de las FARC. Para los periodistas de ANNCOL esto era una amenaza directa, viniendo del mismo Bermúdez que en Marzo 2008 pretendió justificar el bombardeo de territorio ecuatoriano por las Fuerzas Militares de Colombia en la "Operación Fénix" en la que murió el guerrillero "Raúl Reyes".
Para los periodistas de ANNCOL la campaña gubernamental contra ellos se debe a su tarea de disenso y denuncia de “las numerosas arbitrariedades cometidas (por el gobierno (de Uribe) en contra del pueblo colombiano” (…) “No pudiendo desmentir lo anterior, apela a la mentira, la maña, la injuria, el engaño, los sabotajes y a los montajes”. Estaban acostumbrados. Pero cuando el mismo Presidente Uribe declaró: “Y a esos criminales y a ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos”, los trabajadores de ANNCOL pidieron la protección del gobierno sueco. No era paranoia ni aspaviento: el esbirro que los espiaba desde la embajada, Ernesto Yamhure era ex asesor del genocida paramilitar Carlos Castaño, y nadie ignora que por cada palabra dicha por Álvaro Uribe en su carrera política hay un cadáver con la boca llena de sagrada tierra colombiana.
Entra Chávez
Incluyendo los asuntos de Estado, un revolucionario puede equivocarse en todo, menos con las personas. Joaquín Pérez es refugiado político con 25 años fuera de Colombia y larga trayectoria periodística. Y Chávez, tantas veces acusado de complicidad con las FARC, sabe lo que valen los “Códigos Rojos” de Interpol; y que los abrazos de unidad latinoamericana no incluyen besos a Santander ni pisotear las fosas comunes de miles y miles de campesinos, obreros, militantes de izquierda, sindicalistas, indígenas, defensores de Derechos Humanos y progresistas de Colombia.
La Patria Grande no se construye avalando mentiras. Nada, nada, absolutamente nada, vale el precio de esta entrega que, peor que un crimen o una infamia, es una torpeza y una falta que nunca debimos cometer.
Eduardo Rothe, periodista y analista venezolano, popular por sus apariciones como "Profesor Lupa" en VTV. Es asesor del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) y miembro del canal multiestatal TeleSUR.
Decía Zibechi en un comentario de hace pocos días sobre “la militarización de las periferias urbanas” que: Los nuevos problemas que nacen a raíz de la "crisis universal de legitimidad del Estado" ponen en el centro a los "enemigos no estatales". Es decir que en estos tiempos, los enemigos de los estados no son otros estados, sino sus propios habitantes y entre ellos los más desfavorecidos.
Todo el mundo sabe que el estado en general y casi sin excepción en el planeta, legitima la propiedad privada; lo que lleva a que los propietarios de las tierras, de las viviendas, de las fábricas o de lo que sea, defiendan al tal estado con uñas y dientes. Y los que nada tienen, deben contar con la enemistad del estado… es decir, deben contar con la certeza de que el estado está en su contra.
De esta premisa resulta que el estado es defendido por los que tienen “algo”… lo que lleva a que el estado deba defenderse “preventivamente” contra los que nada tienen, porque estos son sus enemigos naturales y los enemigos no tienen derecho.
En nuestro paisito parece que los enemigos naturales y centrales a someter, son los habitantes de las zonas teñidas de rojo en nuestros suburbios.
Zonas a la que senadores de todo el espectro desde Bordaberry a Saravia califican como muy peligrosas para los integrantes de la sociedad montevideana.
Quizás me pierdo algún fragmento de esta realidad y entonces me equivoco garrafalmente en la interpretación del contexto social en que nos toca vivir. Pero creo que no se necesita ser muy entendido en economía para llegar a la conclusión de que en las zonas denominadas rojas, viven los más pobres de la sociedad uruguaya. Y también creo que nadie en su sano juicio va a discutir que,en los registrados 412 asentamientos montevideanos se ubican los ciudadanos con más carencias; compatriotas a los que les tocó perder en la lotería del cariño capitalista.
En esas zonas la gente no perdió la vivienda en una catástrofe natural, no hubo desastres nucleares, tampoco perdieron sus inmuebles o sus fortunas en la especulación o en la bolsa de valores. Perdieron; porque así lo disponen nuestras leyes, nuestro estado y nuestra tradición. Y ahora también lo disponen nuestros elegidos gobernantes.
Eso en nuestro territorio… y eso a pesar de que tenemos gobiernos “progresistas” a la moda latinoamericana. Se progresa para afianzar el sentido de “propiedad”, no para abolirla.
Por otro lado y en el plano macro y global, desde que tengo uso de razón el imperio se ha dedicado a combatir a las muchedumbres insumisas, a desprestigiar a las ideologías que cuestionan la “propiedad” y atacar a los países que intentan implantar la igualdad.
El imperio actual, siguiendo a sus antecesores, ha determinado basándose en su poderío militar; que los que nada tienen, tampoco tienen nada de que quejarse. Y si se quejan es delito. A los que no siguen el principio de la propiedad capitalista se les aplica la “guerra preventiva” sin excepciones, desde siempre y especialmente desde Eisenhower hasta Obama.
Y nuestro gobierno progresista imita y adopta ese comportamiento agresivo, prepotente e injusto como estado. Y lamentablemente se esfuerza en hacer progresos en la doctrina de “guerra preventiva”.
Si; eso es lo más triste.
La guerra preventiva contra los pobres ya no solo la ejerce y promueve el imperio sino que ahora la estrategia ha contagiado a nuestro gobierno.
Qué triste, que mala suerte para los uruguayos...
Votamos para acabar con los “asentamientos” y la solución frenteamplista es hacer razzias y llevarse en “cana” a sus habitantes.
Los megaoperativos policiales contra los barrios pobres en Montevideo
Sobre todo en momentos de crisis aguda del movimiento popular, la fuerza de la costumbre puede resultar fatal –y de hecho suele serlo, ¿qué duda cabe?-- en la medida que tiende a estimular fuertemente la fijación del sentimiento colectivo de que todo lo que ocurre “está escrito” y nadie ni nada pueden evitarlo, más allá de si la conjunción de los hechos posee significación positiva o regresiva, o si evidencia estancamientos históricos serios y prolongados de peligrosísimas señales respecto al futuro.
La fuerza de la costumbre es esencialmente a-crítica y aletargante.
Actúa habitualmente como auténtica enemiga de los pueblos, como verdadera aliada de todo aquello prolijamente estructurado por los “constructores de costumbre”, para jodernos la vida y abortarnos o aguarnos perspectivas ciertas de avances populares reales, consagrando de hecho --por inercia, digamos, y en cierto modo por autodesidia-- situaciones materiales y coordenadas culturales-espirituales que por supuesto tienen su razón de ser histórica, pero no de una historia inmutable, idéntica a sí misma, insuperable, sumisa, como si ella tuviese un sentido predeterminado por no se sabe qué designios sobrenaturales omnipotentes e incontrolables para los pobres mortales que vivimos del sudor de nuestra frente y que muchas veces sentimos el impulso de juntar las palmas para rogarle al cielo o a la dialéctica un poco de piedad, al menos.
La fuerza de la costumbre se retroalimenta, se potencia a sí misma en el llamado imaginario popular hasta convertirse en algo así como la “fuerza del destino”… Un “destino” que paraliza, que sobreestima todo aquello que sobrevive, precisamente, de resultas de las intermitentes y relativas parálisis del movimiento popular. La fuerza de la costumbre nos niega y nos va convirtiendo en derrotados crónicos sin remedio.
¿Hay algo más claro en este sentido que la misma explotación?. ¿Qué es, si no, el mismo Estado burgués omnipresente en todos los aspectos de nuestras vidas a pesar de su misma decadencia y su agudísima descomposición ética, al punto de habernos convencido de que hasta cuestiones de elemental derecho natural, como el derecho a la vida, justamente, deben ser sometidas a decisiones “democráticas”, consideraciones parlamentarias o fallos de patéticas cortes internacionales que promueven la coerción y la represión planetarias al mismo tiempo que hacen gargarismos con los “derechos humanos” universales amagando con falaces e incumplidas sanciones a quienes no los respeten?.
Hoy, de nuevo, estamos ante los estragos impresionantes de la “fuerza de la costumbre” en la asustada y desmoralizada comarca oriental del Río de La Plata.
Verdaderas hordas armadas asaltan a pleno sol nuestras taperas de chapa y cartón, revuelcan por el piso nuestros trapos miserables, engrillan a nuestros hijos, los humillan haciendo clavar sus caras sobre el barro contaminado de las llamadas “zonas rojas”, los babosean, los meten en los “roperos de la seguridad bordaberryana”, los hunden en los calabozos miliqueros de alguna comisaría (por ahora, sólo por ahora), les hacen conocer una oscuridad y una prepotencia que no es cosa del fascismo de ayer o de la dictadura “cívico-militar”, sino del fascismo de hoy, del “Uruguay productivo con justicia social”, de un país que únicamente produce cada día más miseria y más contraste social y que una vez más se pone el broche de oro denigrante y podrido de la represión y la barbarie sobre los más jodidos como marca de fábrica.
Se nos está metiendo otra que el dedo en el traste descaradamente.
Con “órdenes judiciales genéricas” o no (¡tanto dá!), con papeluchos cínicos y arteros del para nada “independiente” poder judicial o sin ellos, se nos somete al vejamen del poder político-económico ejecutado por los herederos reales del “proceso”, por los que este 14 de abril –con uniforme y sin él-- han vuelto a proclamar “la vigencia absoluta” de la doctrina neo-nazi “a la criolla”, aggiornada pero nada sutil, televisada pero igualmente feroz, rastreramente consagrada por legisladores y ministruchos francamente cagones, y, desdichadamente, puesta en escena ante nuestra irritante y vergonzante pasividad, que hasta se da el lujo de detenerse a calibrar las “connotaciones políticas” de la invitación de un verdugo a sus víctimas “para dialogar y aclarar” juntos, la verdad.
Al terrorismo continuado de los desaparecidos sin tumba, suman el terrorismo de traficar con los sentimientos de los deudos, con la misma frialdad con que antes picanearon y lanzaron gente desde los aviones del “plan Cóndor”.
Nos están violando, y nos dejamos.
Los rumores apocalípticos, los videos terroristas jugando a las escondidas y a la mancha agachadita, las amenazas previas al 14 de abril, no se plasman en atentados disparatados sobre algún sobreviviente rengo, tullido o loco de aquella histórica y trágica jornada en la que --al decir de uno de los más consecuentes y sagaces investigadores denunciantes de las atrocidades fascistas, el periodista Roger Rodríguez-- el “escuadrón de la muerte” se puso un uniforme que lució durante una docena de años y más.
Las verdaderas patoteadas a caballo y a metralleta de estos días, las invasiones a los barrios “rojos” más pobres, el despliegue liso y llano del terrorismo de Estado filmado como se filman los bombardeos criminales sobre Libia e Irak –para verlos mascando cómodamente alguna papita crujiente o queseritos con mate lavado o algún escocés trucho--, no son ningún ensayo facho ni fantasmagoría del futuro.
Son la ofensiva de hoy mismo de un sistema cuyo triunfalismo agónico solamente se detiene ante fuerzas reales que se opongan confrontándolo e impugnándolo hasta las últimas consecuencias, aunque las únicas armas sean la voz, los piés y los puños alzados y apretados.
La fuerza de la costumbre nos llevó a esto, a estar sin estar, a ser jodidos, a una cobardía colectiva que tiene explicaciones, sin duda, pero que no deja de serlo. Habernos habituado a tolerar que desde una cárcel simbólica los torturadores y asesinos informatizados hayan propalado así nomás sus manifiestos inmundos y maulas y sus videos amenazantes, nos ha colocado en esta pasividad espantosa de ver en la pantalla chica cómo nos bajan los pantalones y nos suben las polleras y se ensañan con la pobreza, sin chistar y sin siquiera amagar al menos con una buena y merecida puteada a los cornudos que juntan firmas para bajar imputabilidades a la vez que promueven la plantación casera de más droga con la que seguir adomerciéndonos y emputeciéndonos hasta mirar por encima del hombro a los guachos a los que, después de ver y sufrir todo esto, dan ganas de decirles sin temor a ninguna acusación de apología del desclasado:
--¡Estos son los que te meten el caño en las manos; estos son los que te han hecho un delincuente, a estos es a los que vos servís de hecho encausando tu bronca y tu rebeldía rastrillando entre el pobrerío pa curtir la pasta-base con la que te suicidan!… ¡Hacé lo que sientas debés hacer, pero apuntá bien, no apuntes más para abajo, no pierdas los restitos de moral obrera que puedan quedarte, y reclamá de los de abajo lo que los de abajo jamás deben perder: dignidad, amor propio, sentimientos espontáneos que te digan dónde están los tuyos y dónde tus verdaderos enemigos!!!.
En cuanto a nosotros, los acostumbrados, los que a veces nos peleamos con nosotros mismos tratando de tener la postalina en el diagnóstico y el pronóstico político más adecuados, o en tratar de dejar bien plasmado nuestro sello preferido, apelemos a lo único que te saca de los estragos brutales de la fuerza de la costumbre si es que te queda sangre en las venas: el instinto, el olfato de clase que te hace ver sin mucho análisis dónde está el cangrejo y dónde tenés que golpear para no convertirte en tu antítesis y no ser de hecho algo parecido a los mismos que en lugar de recurrir a las reservas populares y la movilización callejera para denunciar y detener la arremetida facha, se someten, se pliegan a ella, se hacen sus cómplices activos y colocan en sus frentes el tatuaje infame de la esvástica vernácula.
¡Esta es la impunidad que hay que enfrentar como sea, ahora! ¡A los gritos, a las puteadas, sin perder la inteligencia pero tampoco el honor, esa cosa no muy intelectualizable pero sí profundamente enraizada en la moral del pueblo trabajador, que a veces parece muerta de impotencia, pero que resucita toda vez que al menos el instinto de clase te dice que sin ella, no hay nada, absolutamente nada más que la resignación y la derrota a manos de una fuerza de la costumbre que es también la fuerza de los déspotas paridos por la peor de las “buenas costumbres”: la de aceptar la realidad como algo inamovible, como algo que efectivamente puede ser inamovible siempre que nosotros no intentemos siquiera la rebeldía más elemental de salir a la calle a protestar, arriesgándonos a los cachiporrazos y las “asociaciones para delinquir” inventadas por algún doctorcito garca que en plena dictadura no fue capaz siquiera de renunciar a su caricatura de “jueces” o por algún ministrito progre que renunciando podría terminar sus días sin que nadie le diga “traidor”, lisa y llanamente.
¡La impunidad es aquí y hoy! ¡La impunidad es capitalismo, imperialismo y terrorismo de Estado de hoy, bien fresquito, bien vigente, bien envalentonado por una fuerza de la costumbre a la que también se le puede arrancar las guampas con coraje y dignidad de los de abajo arracimados!!!.
¿Tremendismo?... Importa un carajo que alguien lo crea así. Importa tanto como la invocación estúpida de estúpidos pactos perdonavidas entre caciquillos renegados y falsos guerreros sin guerra y sin valor.
¿Qué proponer en concreto?... Nada más que salir de las cuevas y entender que aquí está el tema de cualquier plataforma del pueblo trabajador más allá de actos o fechas históricas que por supuesto debemos celebrar, sin olvidar que cuando la represión sistematizada se va adueñando de la situación, la lucha es todos los días, en todas la calles, en todas las plazas, de todas las organizaciones y de todas las des-organizaciones, en una unidad de acción y de espíritu que relega todo lo demás como lo hace cualquier animal salvaje cuando percibe el ojo del francotirador entre la espesura del monte: se defiende atacando, luchando incluso contra el propio miedo, moviéndonos para que el alza de mira se vaya al carajo y el francotirador comprenda que está tan amenazado como la fiera amenazada, y también sienta miedo, al menos miedo.
¿Qué son estas palabras arrebatadas?... Lo que se vé nomás a simple vista: el llamado de los instintos, el clamor que nace de un acoso que hay que sentirlo y enfrentarlo, o sucumbir entre pruritos de que el alerta es “apresurado”, “cortoplacista”, “voluntarista”, “idealista”, etc., etc., etc.. De que hay que “discutirlo muy bien”…
Escribo a unas horas nomás de que la pandilla supuestamente comandada por Bonomí, arremeta sobre el barrio “rojo” en que vivo y sobrevivo con muchos otros que sienten el mismo “llamado de la selva” que yo siento y que no estamos dispuestos a dejar que ningún comemierda se meta puertas adentro de nuestras casas cediéndoles gentilmente el paso o tolerando así nomás que te revienten las puertas a culatazos o a patadas y agarren a tus hijos de los pelos y les metan la pavura del garca que sólo es valiente con un fusil apuntándote.
Lo hago aguardando la invasión “pro seguridad ciudadana” convencido de que su “comandante” es el mismo que impulsa la baja de la imputabilidad para menores de edad que por supuesto no son los hijos imberbes de la crema pituca, esos pequeños aprendices de los grandes rastrillajes burgueses que canal 4 ni Bonomi mencionan.
Lo hago porque esta es la impunidad a la que hay que romperle el cuello y el codo y la muñeca y los nudillos hasta que sus huesos suenen como sonaron los huesos de nuestras compañeras y nuestros compañeros asesinados por la basura fascista.
Lo hago para no ser un desaparecido más en este presente que nos dice que nuestros desaparecidos desaparecieron por resistirse precisamente a esta misma barbarie que ya asoma sus colmillos para clavarlos donde ya los ha clavado antes, aunque ahora nos digan que están “sirviendo a la sociedad” y que la “seguridad” viene de la mano de los garrotazos, los plantones y toda esa mierda que en los ´70 no supimos rechazar como un solo hombre, por ingenuos y gracias a una fuerza de la costumbre que nos había dicho que aquí al fascismo lo había liquidado el batllismo y que la milicada y sus comandantes civiles, no eran capaces de actuar como lo habíamos visto en “La batalla de Argelia” y como hoy lo vemos en los flashes de las cámaras al servicio del terrorismo de Estado y de los que han perdido hasta la vergüenza, en Uruguay o en el norte africano…
¡O los barrios “rojos” izamos nuestros corazones abrazando la bandera roja de la dignidad de los barrios “rojos” rescatando la dignidad de todos los barrios, o nos quedaremos no sólo sin banderas!.
¡Hagamos una cadena humana de barrios resueltos a defender la dignidad del pueblo trabajador, para cerrarle el paso a cualquier asonada fascista y para cederle el paso a una vergüenza colectiva que es el único escudo contra la impunidad del presente, esta impunidad de oligarcas decadentes que recogen firmas para legislar el crimen antes de cometerlo, mientras nos van mostrando cómo será esta vez la cacería humana en defensa de las “buenas costumbres”, “la constitución” y “la democracia”!.
Que ¡arriba los que luchan! sea mucho más que una consigna y que ella hermane a todos los que no queremos perder hasta la vergüenza de ser. Que ¡arriba los que luchan! sean las palabras de la unidad real de los de abajo, amasada entre miedos, sí, y entre desmoralizaciones también, pero no abandonada por creer que ella es una utopía inalcanzable o solamente alcanzable cuando hayamos dado con unas “condiciones subjetivas” que en definitiva se crean en la lucha diaria y en el entrelazamiento estrecho de nuestras debilidades individuales, deponiendo cualquier sentimiento de que la revolución es cuestión de entendidos y no de simples y sencillos vecinos que se transforman en revolucionarios sin más trámite cuando sienten en su piel y en sus entrañas que el odio y la sed de justicia se avivan al unísono y en todos y cada uno, ante la presencia del atropello que no deja de serlo por más que venga con firma del juez o con orden ministerial.
¡Arriba los que luchan!. ¡Juntemos todos los cortafuegos para frenar el incendio de la prepotencia filmada!!!. ¡Abajo la represión y la criminalización de la pobreza!. ¡Ni un solo milico invadiendo nuestros hogares!. ¡Ni un solo botón baboseando a nuestros hijos!!!. ¡Nada que aliente la “argelización” irresponsable del Uruguay!. ¡Frenar ya toda provocación fascista craneada para volver a colocarnos en una falsa guerra de falsos demonios, que nos conduzca al derrotismo y la desmoralización generalizada del movimiento popular!.
Gabriel Carbajales, Montevideo, 20 de abril de 2011
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Aspectos jurídico-políticos aplicables al tema del intento aparente de anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, por el Parlamento uruguayo.
LA FACULTAD-DEBER DE ANULACIÓN A EJERCITAR POR EL PARLAMENTO
Lo que es evidente e indiscutible es que existe un único procedimiento para extinguir la sobrevivencia pertinaz de la ley 15848 y por una vía de absoluta sinceridad y viabilidad jurídica que es la anulación de la ley Nro. 15848 por el Parlamento. Y no por artificio inconstitucional de la acción de inconstitucionalidad usurpada por el parlamento al Poder judicial como sucede con la fórmula propuesta y en trance de ser definida en una supuesta corrección del proyecto originario que en verdad permanece en su error inicial.
Es jurídicamente indiscutible que el parlamento tiene capacidad jurídica con respaldo normativo constitucional y antecedente para anular la ley 15848 y declarar así., su voluntad política. Como se ha sostenido para montar el simulacro, sosteniendo la tesis contraria, señalamos las pruebas de nuestra afirmación.
A) El artículo 85 de la Constitución en su ordinal 3º, expresa lo siguiente otorgando facultades para cumplir la anulación aludida:
“ A la Asamblea General compete .............3º.- Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República , PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y fomento de la ilustración , agricultura, industria, comercio interior y exterior “
¿Pueden existir dudas de que el Parlamento puede expedir leyes de protección de todos los derechos humanos esenciales? “¿Y que entre esos poderes al no existir límite al respecto en el texto constitucional, se puede anular una ley dictada por el propio parlamento que como en este caso otorgó la impunidad a quienes violaron los derechos humanos esenciales de la persona humana .si se nos permite la expresión pleonástica por la fuerza del concepto.-‘’?
¿Dónde está prevista la prohibición de que la protección dispuesta por la Constitución para los derechos humanos por el art. 85 se ejerza para anular una ley violatoria de ese principio tuitivo esencial?
B) En segundo término como antecedente vale señalar que tan es cierto que el Parlamento puede anular la ley de impunidad 15848 que ya anuló otras leyes y nunca se discutió la eficacia de esa anulación, cuyos efectos llegan hasta nuestros días.
Tal es el caso de la ley Nro., 15738 del 13 de marzo de 1985.
En efecto, el 13 de marzo de 1985, el Parlamento sancionó la ley Nº 15.738 que en su artículo primero declaró con fuerza de ley todas las normas jurídicas sancionadas por la dictadura. Pero en el artículo segundo, exceptuó de esa validación declarando la nulidad absoluta de 18 leyes de ese período también de la dictadura, no por ser de esa etapa ya que validó a todas las demás, sino por su contenido propio.
Pero además, fuera de la anormalidad del gobierno de facto, la ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 declaró nula y sin valor a la ley Nº 17.189, siendo ambas leyes de la temática de protección a los consumidores.
Cabe agregar que el Parlamento tiene no sólo la facultad sino el deber de anular la ley 15848 por ser violatoria del debido respeto de las normas protectoras de los Derechos Humanos y por haber establecido la impunidad para quienes habían incurrido en los crímenes de lesa humanidad aludidos.
En efecto, la Ley de Caducidad del poder punitivo del Estado, nunca pudo en 1986 haber sido sancionada porque violaba la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” de fecha 26 de noviembre de 1968 que entro en vigor el 11 de noviembre de 1970. Con la sanción de la ley 15848 se violaron además de esa Convención los artículos quinto y octavo de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 3 de diciembre de 1973 que prohibió la sanción de cualquier norma sancionada en contra de la persecución y castigo de las violaciones a los Derechos Humanos. Dicho articulo octavo expresa “Los Estados no adoptaran disposiciones legislativas ni tomaran medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”.
De acuerdo a los textos referidos incurrimos en infracción lo que es motivo esencial para la anulación de la ley. Como se observara el articulo octavo alude a cualquier tipo de medida incluyendo no solo disposiciones legislativas sino medidas “de otra índole “.
Para los que sostienen que crearía un impedimento para la anulación de la ley 15848 la existencia de dos consultas plebiscitarias la prohibición de “medidas de otra índole” cierra toda posibilidad de esa interpretación. Ninguna otra medida diferente de la ley puede habilitar la negativa a anular las violaciones constituidas por los crímenes de lesa humanidad. Y lógicamente con esto queda excluida, además, toda posibilidad de amnistía o indulto en cualquier circunstancia que se conceda.
LA ERRÓNEA SOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN PARLAMENTARIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD
3. Todo hubiera sido fácil, claro e indiscutible aplicando como se dijo el articulo 85 ordinal 3 y ejercitando el poder de anulación por el parlamento, de modo de dejar extinguida la nefasta ley de impunidad.
Se señalaron otras normas anuladas que habilitan como antecedente la aplicación al caso que nos ocupa. Pero en lugar de ese camino se prefirió recorrer el camino rebuscado y retorcido mediante la utilización impropia de la inconstitucionalidad como acción lo que es absolutamente improcedente. Este nuevo proyecto aparece como alterado en función de las impugnaciones de juristas que con razón objetaron la utilización de este instituto de la inconstitucionalidad.
Contra lo que se podía pensar el nuevo texto, aunque pretendía recoger las objeciones, ratifica la utilización de la acción de inconstitucionalidad por la vía del pronunciamiento por el Parlamento, cambiando solamente algunos términos y declarando que los artículos 1,3 y 4 de la ley 15848 violan los artículos 4, 72,83 y 233 de la Constitución de la Republica y por eso carecen de valor jurídico alguno. De ello, resulta en forma evidente que el Parlamento aparece ejerciendo la función de declarar violatoria de la Constitución, los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15848 acordándole a esa inconstitucionalidad la carencia de valor jurídico alguno a las disposiciones mencionadas.
El Parlamento puede sin duda efectuar una declaración de esa naturaleza pero sin alcance alguno más que como el de una mera opinión porque el cometido del control de constitucionalidad de las normas y los efectos pertinentes a esa inconstitucionalidad solo pueden ser resueltos por el Poder Judicial con intervención de la Suprema Corte.
El nuevo texto persiste en la usurpación por el Poder Legislativo de la función de contralor de la Inconstitucionalidad de las leyes que de acuerdo al texto constitucional, -cosa que nadie discute- incumbe solamente al Poder Judicial y a su órgano máximo.
Demuestran lo expresado las siguientes precisiones:
A-El artículo 257 de la Constitución es diáfano para confirmar lo que decimos pues expresa “A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas”. Difícil encontrar un texto tan claro para excluir toda posibilidad de sustitución del Poder Judicial por el Parlamento en el contralor y declaración de inconstitucionalidad porque el Constituyente aclaro que esa capacidad de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial era “originaria y exclusiva en la materia”.
B-A su vez el articulo 259 de la Constitución expresa “El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.”
Resulta claro que una segunda razón hace antagónica la conducta del Parlamento formulando una declaración de tipo general y no en un caso judicial concreto en que solo podía tener lugar la declaración cuestionada
C-Es absolutamente negativo el efecto de la declaración efectuada por el Parlamento, no solo porque no puede causar los efectos propios de una decisión competente del Poder Judicial sino también porque como sustituto de la anulación que hemos propugnado Ut Supra falla rotundamente porque deja jurídicamente en pie y con vida al texto legal de la ley de Impunidad.
Solamente se podrá intentar utilizar esa ley declaratoria del Parlamento para negar la aplicabilidad de la Impunidad en algún juicio concreto, en sede penal, que son abiertos en general por la ley o en uno nuevo. Pero el riesgo es evidente porque el reo en el juicio concreto sostendrá con éxito que esta ley declaratoria del Parlamento es inconstitucional.
De donde la ley queda en pie mas allá de la opinión adversa del Parlamento y muy difícilmente podrá ser admitida en un juicio concreto frente al autor de la violación de los Derechos Humanos Además esta claro que en ese juicio concreto deberá verse la conducta del Juez y la conducta de la Corte que es muy difícil que pudiera admitir su sustitución en la forma operada. Cuesta entender las motivaciones que pueden haber llevado a negar el recurso de la anulación por el poder del Parlamento en lugar del ejercicio de la inconstitucionalidad. Es posible que este inspirada para ser admitida por quienes se negaban en el parlamento y en la sociedad a anular la ley de impunidad. Ya hemos señalado que una segunda razón que podría manejarse refiere a quienes niegan la anulación haciendo caudal en la frustración operada en dos consultas plebiscitarias.
Es importante aclarar que los defectos constitucionales que contiene la solución parlamentaria en discusión, no se corrige con la referencia genérica al bloque de constitucionalidad, que lógicamente implica el respeto a la forma republicana de gobierno en nuestro país.
Corresponde señalar además, que el texto constitucional del artículo 257 exige pronunciarse para la tacha de inconstitucionalidad con los requisitos de la sentencia definitiva. Lo que remata, sin duda, la posibilidad de emitir sentencia por el Parlamento.
LA IRRELEVANCIA EN EL PLANO JURÍDICO DE LAS FRUSTRACIONES PLEBISCITARIAS
D) La argumentación que se ha reiterado desde la prensa, estableciendo como fundamento de la no aceptación de este proyecto de ley basada como ya se dijo en la existencia de dos consultas plebiscitarias desfavorables carece de eficacia jurídica según ya vimos, porque la frustración de los dos plebiscitos no provocan ningún efecto jurídico en forma adversa a la anulación que propugnamos, solamente incide en el hecho de no haber logrado el objetivo que constituía su finalidad. Pero ninguna incidencia tiene para inhabilitar la aplicación de la anulación de la ley 15848, como hemos planteado porque la ley se mantiene en pie y solo su anulación puede terminar con su existencia. Además existe un aporte importante de las normas del derecho penal internacional, pues como lo sostuvo en Conferencia reciente el jurista español Ramón Sáez Valcárcel, (presente en el evento que tuvo lugar en nuestra ciudad sobre el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos), ninguna consulta doméstica puede desvirtuar los principios de carácter universal que consagran los Derechos Humanos. Gráficamente en la citada conferencia el profesor Sáez decía con razón que, si un plebiscito aprueba la tortura o el trabajo esclavo, ello será absolutamente inválido en razón de la vigencia preponderante de las normas tuitivas de los Derechos Humanos de carácter universal.
Algunos senadores que se resisten a apoyar esta ley, no lo hacen por las razones fundadas que hemos expresado, sino porque no estarían dispuestos a quebrar un respeto por las consultas populares realizadas y que resultaron frustradas denotando una posición negativa sobre el tema de fondo. No resulta coherente con tal posición la conducta pasiva de los mismos, cuando el presidente Vázquez, por decreto desconoció el referéndum triunfante en el tema del agua, permitiendo la continuidad de la empresa Aguas de la Costa.
VIRTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA REQUERIDA POR LA CORTE INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Se ha sostenido la necesidad de dejar sin efecto la ley de impunidad por la presión que significa la intimación que la corte internacional de derechos humanos planteó a nuestro país como consecuencia de la dilucidación de la violación de derechos humanos en el caso de Gelman.
La verdad es que la declaración parlamentaria de inconstitucionalidad de la ley para nada habrá de servir, para cubrir esa conducta que se nos intimó, porque la ley no se extingue sino que queda vigente. Solamente caso a caso, según las alternativas de cada juicio, se podrá saber el resultado que en definitiva no va ser adoptado por el juez del caso concreto sino por la Suprema Corte. La solución adoptada para nada puede satisfacer la exigencia de extinción de la ley contenida en la intimación de la Corte Internacional de Derechos Humanos en términos muy enérgicos y perentorios.
La propia intimación incluye, por lógica, la aplicación correcta de la institucionalidad del país en el cumplimiento de lo intimado.
Todo lo expresado convoca históricamente al cumplimiento de un deber ético esencial de eliminar de verdad, la impunidad de la dictadura que sobrevive a pesar del extenso lapso transcurrido.
Y esto sucedió, pese a que todos nosotros asumimos un compromiso moral de extinguir los graves atentados a la persona del ser humano.
La anulación de la ley de caducidad, iniciada el martes 12 de abril por la mayoría frenteamplista en la cámara de Senadores, abrió especulaciones en el escenario judicial, político y social uruguayo. Unos estudian cuántas causas pueden ser reabiertas, cuántos militares desfilarán por los juzgados y qué decisiones puede adoptar el Poder Judicial. Otros, apuntan a las consecuencias de la renuncia del senador Fernández Huidobro y la repercusión en el tablero político. Finalmente, se aguardan las reacciones de los criminales de lesa humanidad y las acciones de las organizaciones de derechos humanos. La transición termina y abre un debate sobre la democracia que se quiere.
Veinticinco años después de su aprobación, la Ley 15.848 por la que se otorgó impunidad a los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura será finalmente anulada. Cuatro períodos de gobierno, cientos de miles de firmas para posibilitar dos plebiscitos, quince marchas anuales de silencio, extensas jornadas de debate parlamentario, horas de televisión y radio, toneladas de papel escrito con ríos de tinta, mantuvieron -desde el mismo 22 de diciembre de 1986 en que fue aprobada- el debate sobre la polémica norma impuesta por un voto en aquel Parlamento.
La Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, comenzó a ser anulada ahora en el Senado, también por un voto, y antes del próximo 20 de mayo –cuando se realice la XXVI Marcha del Silencio- la cámara de Diputados terminará de dejarla “sin efecto”, como exigió a Uruguay en una condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y como reclamaban las organizaciones no gubernamentales, los familiares de de los desaparecidos, de los muertos y las propias víctimas de la tortura implementada en forma sistemática por la represión desatada entre 1973 y 1985.
El lento proceso de anulación se produce finalmente en el mismo Parlamento que la creó, luego de tres años de discusiones sobre una ley interpretativa dentro del mayoritario Frente Amplio, que para su primer período de gobierno, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, había excluido de su programa electoral la modificación de la resistida ley, pero que en su última plataforma electoral, con la que fue electo el presidente José Mujica y se obtuvo la actual mayoría parlamentaria, había vuelto a incorporar una expresa cláusula programática para la eliminación de la caducidad.
En el debate parlamentario, los legisladores blancos y colorados –hoy minoritaria oposición- acusaron al Frente Amplio de no respetar la voluntad ciudadana que en dos plebiscitos “ratificó” la ley. El 16 de abril de 1989, bajo amenaza de golpe de Estado, la ley fue mantenida por el voto amarillo con un 57% contra un 43% de voto verde que pedía su derogación. El 25 de octubre de 2009 el voto rosado, propiciado por el Pit-Cnt para la anulación de la ley, llegó al 47,98% y no logró a la mitad más uno de los sufragios incluidos votos en blanco y anulados. Ese mismo día, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria con la que el martes, finalmente, empezó a eliminar la ley.
Dos de los tres legisladores que en la coalición estaban en contra de la ley interpretativa de anulación de la caducidad terminaron cambiando su voto luego que un Congreso del Frente Amplio declarará el tema como “asunto político” y mandatara a sus legisladores. Sólo el ex nacionalista Jorge Saravia se mantuvo en contra. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa pidió licencia para que ingresara su suplente, Gustavo Guarino, quien acató la decisión política. El ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro mantuvo la obediencia partidaria, pero a la vez que expresaba su voto a favor, argumentó en contra de la ley y anunció su renuncia a la bancada parlamentaria.
El abandono de una banca parlamentaria en discrepancia con un mandato político del Frente Amplio ya había ocurrido en la anterior legislatura, cuando el diputado Guillermo Chifflet dejo la cámara baja por negarse a aprobar un envío de tropas a Haití. Pero el peso político de Fernández Huidobro genera hoy suspicacias sobre la reacción que tendrá su grupo, la CAP-L, que desde hace años reclama sin suerte un lugar en la ejecutiva Mesa Política de la coalición. “El Ñato no se va para la casa, va a seguir militando y haciendo política”, confían sus allegados quienes destacan el gesto del presidente Mujica, quien se apersonó al Senado para saludar a su viejo amigo.
Algunos observadores hacen especulaciones sobre quién sucederá a Fernández Huidobro en la banca de la cámara alta, ya que ocasionalmente la ocupa su secretario, el ex diputado Carlos Gamou, pero su suplente oficial es el actual ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, quien también se pronunció en contra de la ley interpretativa. Los analistas llegan a hacer “política ficción” en el manejo de una serie de “enroques” dentro del gabinete del presidente Mujica, quien se reunirá con Rosadilla y los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para tratar el tema de la anulación de la ley de caducidad.
El escenario también fue condimentado con crónicas que recordaron entretelones del Pacto del Club Naval donde frenteamplistas, colorados y militares acordaron las elecciones con “proscriptos” en 1984 con los derechos humanos “sobrevolando”; las reuniones de Wilson Ferreira Aldunate con los militares en 1986 que derivaron en la Ley de Caducidad; y un acuerdo entre el MLN y la logia militar Tenientes de Artigas en los noventa (tras el homicidio del ex tupamaro Ronald Scarzella el 23 de abril de 1993) por el cual, según reveló el coronel José Carlos Araújo del Foro Libertad y Concordia, se selló un compromiso de “excombatientes” para terminar con el “revisionismo”.
LA SUPREMA DECISIÓN
Mientras uno debaten sobre los argumentos expuestos en la larga sesión parlamentaria y otros insisten con la ya rechazada posibilidad de que el presidente Mujica vete la ley interpretativa, muchos conocedores ponen sus ojos en el escenario judicial donde la Suprema Corte de Justicia (SCJ) podría tomar determinaciones que definirán el rumbo de las causas de los derechos humanos y pueden asentar jurisprudencia en la materia para resolver una serie de dudas sobre tipificaciones penales, tiempos de prescripción de los delitos y la constitucionalidad o no de las normas que está aprobando el Poder Legislativo y que pueden ser reclamadas ante el máximo órgano judicial uruguayo.
A fines de 2009 la fiscal Mirtha Guianze presentó un recurso de casación sobre la sentencia que el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dictó al procesar a ocho ex militares, dos ex policías y un ex soldado por el secuestro en Argentina y desaparición del militante del PVP, Adalberto Soba. El reclamo ante la SCJ no refería a la eventual inocencia de Gavazzo, Arab, Rama, Maurente, Vázquez, Silveira, Medina, Sande y Soca, sino a la tipificación del delito. Guianze pidió “desaparición forzada” y Charles procesó por “privación de libertad especialmente agravado”.
La diferencia entre la fiscal y el juez está para resolución de los ministros de la Corte, quienes tienen que decidir si asiste razón al ministerio público que pide aplicar la Ley 18.026 por la que desde el 25 de setiembre de 2006 se adaptó el Tratado de Roma a la normativa uruguaya y se incorporó al Código Penal la tipificación de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles en cualquier tiempo en que se hayan cometido, o en la causa corresponde mantener la vieja normativa por la que no se tipifican la tortura, la desaparición forzada y otros delitos que ya existen en los convenios y tratados internacionales.
La Suprema Corte de Justicia dio una señal favorable al ministerio público el 25 de marzo último cuando desestimó un recurso en contra de la jueza Mariana Mota por el procesamiento del ex coronel Carlos Calcagno en el caso de desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Los defensores del militar, con el apoyo público del ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, acusaron a la jueza de pretender que el coronel se “autoincriminara”. Otro tanto ocurre con la muerte de Nibia Sabalsagaray, por la que el general Miguel Ángel Dalmao fue procesado como cómplice de homicidio por negarse a decir quién fue el autor material del crimen.
La decisión que en la materia adopte la SCJ, puede desechar los ya anunciados reclamos de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la caducidad que se está aprobando, y resolver, a la vez, la discusión sobre si en noviembre próximo prescribirían o no buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos. Si el sistema judicial uruguayo admite definitivamente la tipificación de crímenes de lesa humanidad –que sólo se mantiene hoy en la causa contra el dictador Juan María Bordaberry- el país se habrá incorporado a la modernidad de la persecución delictiva como establecen convenciones y organismos internacionales.
En los juzgados penales, mientras tanto, se aguarda sin mayor expectativa la presentación de nuevas denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, mientras se continúa con los casos del homicidio del estudiante Ramón Peré, la muerte de Cecilia Fontana de Heber, el Caso Gelman, las desapariciones de Horacio Gelós Bonilla y Julio Castro, el secuestro de los niños Julién Grisonas, una causa por 19 muertes por tortura, el caso de los Fusilados de Soca y la denuncia por torturas en Boisso Lanza presentada por el colectivo de ex presos políticos nucleados en Crysol.
Entre las causas que se presume pueda pedirse la reapertura judicial una vez anulada la ley de caducidad, se encuentran todos los casos de desaparecidos en Uruguay (Carlos Arébalo, Luis Arigón, José Arpino Vega, Oscar Baliñas, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Juan Brieba, Julio Correa, Oscar De Gregorio, Claudio y Lila Epelbaum, Julio Escudero, Luis Eduardo González, Mónica Grispón y Claudio Logares, Miguel Mato Fagián, Fernando Miranda, Otermín Montes de Oca, Félix Ortiz, Antonio Paitta, Amelia Sanjurjo y Oscar Tassino), el homicidio de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, como las circunstancias en las que murieron 116 personas durante la dictadura.
La anulación de la ley y la reapertura de las causas es analizada por los servicios de inteligencia uruguayos que tienen “bajo observación” a una serie de grupos de ex militares o de confesa definición nazi que podrían realizar “acciones militares” –según ya adelantó Caras&Caretas- en algunas fechas claves como el pasado 14 de abril (Día de los caídos en la lucha contra la subversión por el que ayer se realizaban dos actos públicos), el 19 de abril (en relación a la robada Bandera de los 33 Orientales), el 20 de abril (natalicio de Adolfo Hitler) o el 18 de Mayo (Día del Ejército y fecha en que fueron muertos cuatro soldados custodios del general Florencio Gravina en 1972).
Entre los “grupos objetivos” que analizan los servicios de inteligencia, se incluyen dos organizaciones nazis identificadas que ya realizaron pintadas en las ciudades de Flores y San Carlos, como la organización de ex oficiales militares de Maldonado que integran los ex represores coroneles José Baudean y Eduardo Ferro (quien ha vuelto a desempeñarse en el turístico Hotel Dunas de Punta del Este) y los ex oficiales Héctor Varela González, Alfredo Campos y Mario Musto, entre otros militares retirados que suelen realizar prácticas de combate y tiro en un polígono de ese departamento.
La anulación de la Ley de Caducidad, a veinticinco años de su aprobación, abre también un debate sobre la democracia que los uruguayos quieren (no pocos piensan ya en una asamblea constituyente), donde la institucionalidad de país, la pluralidad de ideas en el ámbito político, la autonomía en las decisiones del poder judicial y la garantía de la seguridad pública, terminarán de establecer el esperado final de la larga transición vivida desde los años de la dictadura cívico militar, para dar comienzo a una nueva etapa sin impunidad en la que se asegure que aquello no ocurra nunca más.
Publicado por Panfilov en 14:38 No hay comentarios:
Raul inauguró el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba
Publicado por Panfilov en 12:08 No hay comentarios:
Comuneros mapuche condenados en Chile cumplen un mes en huelga de hambre
Los cuatro comuneros mapuche condenados a 25 años de cárcel bajo la ley Antiterrorista (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical), cumplen este viernes un mes de ayuno en demanda de un juicio justo.
Los indígenas se encuentran en un estado de salud delicado por la pérdida de peso y por las secuelas de una anterior huelga de hambre que protagonizaron en el año 2010 junto a otros 34 comuneros más, en rechazo a la citada legislación.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical se acercan a los 12 kilos de peso.
Los indígenas fueron juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kilómetros al sur de Santiago), por los delitos “de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones”.
En el juicio se les halló culpables de un presunto atentado a un fiscal chileno en 2008 a partir del cuestionable testimonio de un testigo sin rostro.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) a finales de marzo consideró las penas de cárcel impuestas contra los cuatro comuneros mapuche como una condena política .
El presidente de la Cchdh, Gonzalo Taborga, denunció que más allá de las acusaciones que pesan sobre los indígenas, la condena se dicta para silenciar a “los mejores representantes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras”.
Contra ellos “se aplicó una ley Antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática, en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), precisamente para castigar a todos los disidentes del sistema”, sostuvo.
Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
Publicado por Panfilov en 12:07 No hay comentarios:
En las últimas horas hemos leído y escuchado a militares retirados manifestando nerviosismo por posibles juicios por crímenes y violaciones durante la dictadura y apelando al respeto por la voluntad del pueblo que ratificó la ilegítima Ley de Caducidad con una mayoría simple de abstenciones. Alguno incluso sacó a la luz un supuesto “pacto entre combatientes”, aludiendo al presidente de la República, los tupamaros y los ex militares represores. Como siempre, los pactos dejan por fuera a las verdaderas víctimas, a todos aquellos que fueron aterrorizados con una sistemática caza de brujas y bajo la cobarde excusa de que “los fines justifican los medios”.
En una democracia las decisiones de la mayoría se respetan. Excepto cuando se violan los derechos humanos de una sola persona. De lo contrario, deberíamos estar de acuerdo con las hordas que apedrean a las adúlteras y queman a los ladrones, por una simple razón de mayorías. Una democracia es mucho más que una simple dictadura de las mayorías. En una democracia las leyes no se violan; se cambian. Y el respeto y protección de los derechos humanos, así como el ejercicio de la justicia son sus componentes más básicos.
Saludo el principio del fin de esta Ley de Impunidad, no con alegría, sino con la serenidad que requiere y otorga cualquier acto de justicia.
Publicado por Panfilov en 22:04 No hay comentarios:
Vergonzoso: cabizbajo por haber "traicionado" a sus amigos militares, el ex tupamaro Fernández Huidobro es confortado por el hijo del asesinado Zelmar Michelini. En las barras del recinto los hijos y familiares de desaparecidos festejaban este primer paso para anular la ley de impunidad.
Caracas, 13 Abr. AVN .- El Senado de Uruguay aprobó en la noche del lunes el proyecto presentado por el gobernante Frente Amplio (FA) que deja sin efecto la Ley de Caducidad, que permitía la impunidad de los militares que participaron en la represión durante la dictadura entre 1973 y 1985.
La iniciativa, que ya fue sancionada en octubre pasado por la Cámara de Diputados, deberá volver a ese órgano porque fue modificado por los senadores, reseñó Telesur.
La anulación de la norma fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra.
La sesión parlamentaria, que duró 12 horas, tuvo en su apertura la presentación del legislador frenteamplista Oscar López Goldaracena, quien destacó que la opción era “entre la arbitrariedad y los derechos”.
Durante los debates, las tribunas de la Cámara de Senadores estuvieron repletas de militantes de organizaciones sociales y jóvenes que reclamaban el fin de la impunidad de los represores.
El integrante de la Asociación de Ex Presos Políticos, Eduardo Volpe, indicó que con la aprobación del proyecto se “va a abrir la puerta para conocer la verdad en muchos casos”.
El miembro de la central obrera PIT-CNT, Raúl Olivera, sostuvo que la aprobación de la iniciativa “demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados”.
Ahora el Frente Amplio espera aprobar la iniciativa antes del 20 de mayo, fecha en que Uruguay recuerda a los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar.
El 22 de diciembre de 1986, tras la caída del régimen de facto, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA.
La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes durante la dictadura.
El informe de la Comisión de Paz en 2003 detalló que al menos unos 175 uruguayos fueron asesinados o desaparecidos durante los 12 años de dictadura.
La cuestionada ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en tanto que fue llevada en dos ocasiones a plebiscito, en 1989 y 2009, cuando recibió un apoyo superior al 50%.
Con la anulación de la ley, también se podría investigar a los militares uruguayos que participaron en el Plan Cóndor, mecanismo de colaboración represiva entre las dictaduras del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
Ex guerrillero dimitió al Senado uruguayo por la abolición de ley de caducidad
Fue aprobada por el Congreso un año y medio después del fin de la dictadura(1973-1985), cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos. Su texto sostiene que, tras el acuerdo entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en 1984 y "para concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional", caducó la capacidad del Estado para castigar a los autores de esos delitos.
Agrega: "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de losdelitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos".
Establece, además, que los magistrados deben requerir al Poder Ejecutivo que informesi un hecho investigado es considerado comprendido en la normativa, en cuyo caso se dispondrá su clausura y archivo. El artículo 4º de la norma deja abierta la posibilidad de que se investiguen denuncias sobre "personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".
En 2000, el gobierno del ex presidente Jorge Batlle logró identificar a Macarena como la hija de María Claudia y ella, inmediatamente, adoptó el apellido Gelman. Con ladeclaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía en 2009, el general en ejercicio, Miguel Dalmao, fue detenido y condenado, en primera instancia, por el asesinato de Nibia Sabalsagaray en una unidad militar en 1974. En ese entonces, Dalamo era alférez. El caso se encuentra en apelación.
Publicado por Panfilov en 22:30 No hay comentarios:

References: artículo 85
 resolución 
 artículo 257
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 artículo 257
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 artículo 4