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Timestamp: 2018-08-19 13:44:46+00:00

Document:
Requerimientos de información sobre la documentación relativa a operaciones vinculadas | Espacio Tributario
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¿El obligado tributario entre la espada y la pared?
Déjenme que les telegrafíe unos hechos que le han sucedido recientemente a un cliente de mi despacho. Entran en las oficinas de la empresa personal adscrito a la inspección de tributos. Se presenta el funcionario con un documento en el que figura como encabezamiento la expresión “requerimiento de información”. Su contenido básico se resume a continuación.
Se solicita la aportación de la documentación justificativa de cómo se ha calculado el valor de las operaciones entre partes vinculadas. Los datos solicitados deberán de aportarse al actuario que se persona en sus oficinas. Si no se atiende el requerimiento o se da el caso de que la contestación al mismo fuese incorrecta (sic), se incoará el oportuno expediente dirigido a determinar la responsabilidad por infracción tributaria que se pudiera haber incurrido. Se informa de la posibilidad de interponer frente al requerimiento recurso de reposición o, alternativamente, reclamación económico-administrativa. Finalmente se hace una referencia a las normas de aplicación.
El desafío que propone el documento es claro: o se produce una entrega de la documentación que justifique la valoración de las operaciones entre partes vinculadas en el momento de la solicitud, o se iniciará un expediente sancionador.
¿Es posible una disyuntiva de tal calibre?
Analicemos el escenario normativo que soporta este cruce de caminos y veamos a dónde nos lleva.
Esta obligación de puesta a disposición del contribuyente, contrapartida de la potestad de examinar por parte de la inspección, no está sometida a plazo alguno, dado que, a sensu contrario, dicho artículo 171.4 estipula que “cuando el personal inspector requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes o antecedentes que no deban hallarse a disposición de dicho personal, se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con este deber de colaboración”.
Como quiera que el escenario que se propone en el citado artículo 171 es el de un procedimiento inspector, deberíamos de acudir al contenido del artículo 55 del Reglamento de los procedimientos de gestión e inspección que fija un plazo no inferior a 10 días para aportar la documentación que se solicite en un requerimiento de información.
No obstante, el precepto adicionalmente dispone que “cuando las actuaciones de obtención de información se realicen por los órganos de inspección o de recaudación podrán iniciarse inmediatamente, incluso sin previo requerimiento escrito, en caso de que lo justifique la naturaleza de los datos a obtener o de las actuaciones a realizar y el órgano actuante se limite a examinar documentos, elementos o justificantes que deban estar a su disposición. Cuando se trate de documentos, elementos o justificantes que no deban estar a disposición de dichos órganos, se concederá a las personas o entidades requeridas un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para aportar la información solicitada o dar las facilidades necesarias a los órganos de inspección o de recaudación actuantes para que puedan obtenerla directamente”.
Resumo una serie de conclusiones que se pueden extraer de lo expuesto hasta ahora, en relación con el supuesto de hecho que enunciábamos brevemente al inicio de esta entrada.
El Reglamento de los procesos de gestión e inspección distingue entre documentación que debe estar a disposición de los órganos de inspección y aquella que no tiene que estarlo. Situar dentro de esta categoría a un determinado documento no mencionado expresamente en el listado del artículo 171 es ciertamente complejo debido a la cláusula de cierre de dicha relación que obliga a poner a disposición de la inspección cualquier documento con trascendencia tributaria, lo que automáticamente nos lleva a concluir que la Administración también requiere documentos intrascendentes. Dejando a un lado estos matices, lo que está claro es que la documentación sobre las operaciones vinculadas es un documento que debe ponerse a disposición de forma inmediata dados los términos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Este documento de trascendencia tributaria podrá solicitarse en el ámbito de un proceso inspector en el que se ve inmerso el propio contribuyente o a través de un requerimiento individualizado. Más concretamente, en relación con este segundo supuesto, que un documento deba ponerse a disposición de la Administración implica la obligación de aportarlo en el momento de su solicitud cuando el requerimiento se efectúe en presencia del funcionario de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) siempre que lo justifique la naturaleza de los datos a obtener o de las actuaciones a realizar.
Habida cuenta de que el propio requerimiento da pie a la presentación de un recurso contra el mismo, debe deducirse que este no se refiere a un procedimiento de aplicación de los tributos contra el destinatario del requerimiento sino contra un tercero.
En este artículo se prevén dos tipos de sanciones, en función de si los documentos a aportar son aquellos a los que se refiere el artículo 93 de la Ley General Tributaria, es decir, aquellos con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas con otras personas, o no lo son. Como ya habíamos deducido anteriormente, dicha documentación no puede tener en cuenta las propias obligaciones y, salvo que se trate de las obligaciones tributarias de personas o entidades vinculadas, en cuya virtud se solicita la documentación referida; perfectamente podría considerarse que la documentación objeto de requerimiento no estaría incluida dentro de la que se menciona en el citado artículo 93 LGT (Ley General Tributaria), por lo que la sanción prevista sería de 150 euros.
Tengamos en cuenta que esta sanción, e incluso la que se derivaría de considerar a dicho documento como uno de los que se refiere el artículo 93 LGT, sería bastante inferior a la que se podría deducir en el caso de que se aportase la documentación y esta fuera inexacta o incompleta, por mucho que pudiesen plantearse objeciones en cuanto a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 199 para un documento como el que se solicita. Y que en todo caso, este requerimiento para que se entregue documentación de forma inmediata, debería de estar fundado en la naturaleza de los datos a obtener o en función de las actuaciones relacionadas con la documentación que se solicita, por lo que si esta petición no es más que un ejercicio dirigido a verificar si un determinado contribuyente cumple o no cumple con la realización de la documentación que justifica sus operaciones vinculadas, considero que sería cuestionable imponer una sanción si con carácter posterior se aporta la documentación en un plazo razonable, por ejemplo, transcurridos los diez días.
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References: artículo 171
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 171
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 199