Source: http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=541
Timestamp: 2017-04-29 21:19:49+00:00

Document:
a Colombia, 2014-10-09 M.M.R.B. y otros c. Nación-Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Corte nacional: Consejo de Estado Basándose en el análisis del contexto, la violencia en contra de las mujeres y el uso de estereotipos de género; así como utilizando para su análisis una perspectiva de género y el derecho internacional de los derechos humanos, el Consejo de Estado determina que el Ejército es responsable por los daños inferidos a M.M.R.B. y su familia, sobreviviente de violación cometida por dos militares, condenando al pago y reparación a esa entidad. Hechos
La joven M.M. Rodríguez fue abordada por dos militares motorizados cuando se encontraba en la calle con dos amigos, en el municipio de Tame. La obligaron a subir al vehículo, amenazándola con un arma. Al llegar a un lugar conocido como “Villa Olímpica” perdieron el control de la moto, y cayeron al suelo; arrastraron a M.M. a un lado de la carretera, la desnudaron y la violaron en repetidas ocasiones. Después, tras amenazarla de muerte si contaba lo sucedido, la abandonaron en el lugar. M.M. fue con su hermano de forma inmediata a denunciar los hechos a la Policía Nacional. A los pocos minutos, los violadores también llegaron a la comisaría, para devolver la motocicleta, que habían tomado prestada sin autorización. Allí los identificaron, pero no fueron detenidos. Se inició el correspondiente expediente disciplinario, que posteriormente dio lugar a uno penal, que concluyó con la condena de los responsables a 15 y 12 años de prisión. La joven, su hermano y sus dos hermanas demandaron indemnización por la vía contencioso-administrativa frente al Estado. Así, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca consideró probado el daño físico y psicológico sufrido por la víctima como consecuencia de la agresión sexual, pero concluyó que el Ejército no era responsable de la actuación de los militares.
Ante esta situación, este caso llegó al Consejo de Estado.
El Consejo de Estado colombiano es el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Resuelve en apelación de las sentencias de los tribunales de lo contencioso-administrativo que conocen en primera instancia.
A pesar de que la sobreviviente tuvo que esperar mucho tiempo para ver reconocido su derecho a la reparación, esta sentencia sienta un precedente muy importante al encontrar responsabilidad del Ejército por los delitos cometidos por los soldados y al aportar una definición de violencia sexual basada en jurisprudencia regional e internacional. De la misma manera, esta decisión realiza un análisis muy relevante sobre el uso de estereotipos de género y sus consecuencias para el acceso a la justicia de las mujeres, citando importante bibliografía al respecto. Asimismo, esta decisión realiza un análisis con perspectiva de género para determinar que si bien recaen sobre la población civil las peores consecuencias del conflicto armado, las repercusiones sobre hombres y mujeres son distintas debido a que las mujeres sufren actos de violencia y discriminación por el solo hecho de ser mujeres; valora la actuación de otras instituciones, al margen del Ministerio de Defensa y el Ejército, y realiza una valoración completa de los daños sufridos proveyendo una reparación integral del daño. Esta decisión fue nominada a la categoría Mallete de los Premios Género y Justicia al Descubierto 2015.
El Consejo de Estado inicia realizando una contextualización del delito para establecer su impacto y avanzar en la eliminación de sus causas. Enmarca la agresión sexual en el conflicto armado interno, contexto en el que la violencia contra las mujeres “configura una situación general que incide sobre la situación particular de la víctima y sobre el tipo de respuestas que debe brindar el Estado”. En este sentido, el Consejo cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se hace énfasis en la importancia del contexto del conflicto armado interno para determinar el alcance de las obligaciones del Estado en materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Así, aplica un estándar (ya empleado por el propio Consejo de Estado en casos previos, citados en esta resolución) según el cual el riesgo general contribuye a definir las características de la previsibilidad y evitabilidad del riesgo particular. Lo anterior, aplicado a la violencia en contra de las mujeres, impone al Estado colombiano las obligaciones positivas de conocer los riesgos –en razón de su obligación de monitoreo y evaluación de la situación de violencia de género- y reaccionar frente a los mismos –en virtud de su deber de adecuar la ley interna, implementar políticas de protección y prever mecanismos efectivos de tutela judicial. De esta manera, el Consejo determina que las obligaciones del Estado de conocer la situación de violencia en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado, ejercida por miembros del Ejército, y de vigilar y evitar su perpetuación, está relacionada con los derechos de las mujeres, ya que “la integridad personal de la mujer comprende el derecho a una vida libre de violencia, es decir, el derecho a no sufrir acciones o conductas que, por razones de género, afecten su integridad física, sexual o psicológica (arts. 1 y 3 CEDAW y arts. 7 y 8 Ley 1257 de 2008)”. Por lo que los deberes se convierten en una obligación reforzada cuando se trata de prevenir y proteger a la mujer contra cualquier forma de violencia o discriminación en su contra (según lo establecido en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará).
En el caso en concreto, el Consejo de Estado considera que el Ejército, “lejos de honrar su compromiso de prevenir las violaciones de derechos humanos y, en especial, la violencia contra la mujer, no tomó las medidas requeridas para evitar que sus miembros se involucraran en tales conductas” y, en consecuencia, lo considera culpable de infracción del deber funcional que le asiste por orden constitucional, convencional y legal.
Además, el Consejo considera que se produjeron otras situaciones de discriminación por razón de género que, al haber sido cometidas por otras instituciones del Estado, resultan merecedoras de un pronunciamiento específico. Así, censura la actuación de la Policía Nacional por no haber facilitado (sino todo lo contrario) la denuncia de los hechos por parte de la víctima y de su madre. Recuerda, que en base al derecho internacional público, no es necesario contar con evidencias físicas para que se investiguen denuncias de violencia sexual, citando trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, hace manifiesta la incorrección de la Fiscalía que durante el proceso penal practicó pruebas sobre el comportamiento sexual de la víctima. A este respecto, el Consejo de Estado recuerda que este modo de actuar “lejos de ser una actividad neutral desde el punto de vista de las relaciones de género, consolida y reproduce prejuicios y estereotipos sociales”. El Consejo aporta un concepto de estereotipo de género e invoca jurisprudencia de la CIDH para recordar la función de jueces y tribunales de erradicar la discriminación, incluida la de género, en sus actuaciones, para lo cual “deben abstenerse de acudir a prejuicios o estereotipos que, antes de impulsar sus investigaciones, conducen a una nueva victimización de la persona y a la vulneración de sus derechos a la igualdad y a la intimidad”.
Teniendo en cuenta que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía forman parte del proceso, se acuerda adoptar otra medida de reparación integral y garantía de no repetición consistente en enviar la sentencia a estas instituciones y exhortarlas a que “adopten los planes y programas necesarios para evitar que estas irregularidades en la investigación de casos de violencia sexual se repitan en el futuro”.
En el marco de la determinación de la cuantía de la indemnización, el Consejo primero considera que el perjuicio moral causado a la víctima y a sus familiares se funda en la afectación grave de esferas del ser humano de igual o superior importancia a la capacidad laboral: la autonomía personal y el derecho a un desarrollo sexual y afectivo libre de interferencias violentas”. Posteriormente afirma que “la violación sexual de una joven de 18 años constituye una afrenta a la dignidad humana y una afectación moral especialmente intensa”, reconociendo el monto máximo reconocido en la jurisprudencia”.
Finalmente, el Consejo de Estado atiende a la reclamación de la víctima de reparación integral, a través de medidas no pecuniarias. Considera que éstas “amplían el estándar de protección de los derechos humanos, contribuyen a la visibilidad y a la dignificación de las víctimas y son una expresión de la indivisibilidad e integralidad de los derechos”. El Consejo ejemplifica estas medidas con algunas que han sido adoptadas por la CIDH que involucran derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación (disponer la creación de programas educativos o becas de estudio), el derecho a la salud (ordenar tratamiento médico y psicológico de las víctimas y sus familiares), o la integridad cultural (decretar la provisión de agua potable, servicio sanitario y atención médica y educacional a favor de miembros de comunidades indígenas). Así, en el caso en concreto ordena que se proporcione a M.M. los servicios de atención psicológica, psiquiátrica y, de ser necesario, farmacológica que requiera para la superación del trauma causado por la violencia sexual y la recuperación de un estado de salud óptimo que le permita ejercer con normalidad las actividades propias de las áreas de ajuste del ser humano.
El Consejo de Estado determina revocar la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca y en su lugar dispone:
1.Declarar responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los daños antijurídicos inferidos a M.M. y a su círculo familiar cercano.
2.Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales.
3.Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar por concepto de reparación del daño a la salud a favor de M.M.
4.Ordenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional la prestación del servicio médico, psicológico y psiquiátrico a favor de M.M. 5.Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar por concepto de reparación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de M.M.
6.Ordenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional que, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, diseñe e implemente un programa de capacitación de los miembros del Ejército Nacional que cumplen funciones en el departamento de Arauca, orientado a la amplia difusión y socialización de los derechos de las mujeres, análisis de circunstancias de violencia y discriminación contra las mujeres, situación de las mujeres en el marco del conflicto armado interno, y lineamientos de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, con enfoque diferencial.
7.Ordenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional que dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia publique la misma en el portal web del Ministerio de Defensa, que deberá disponer un enlace visible en su página inicial, de fácil acceso, con un título respetuoso de las víctimas y con reserva de identidad de las mismas, por un lapso de tres meses.
8.Remitir copia de esta sentencia a la Policía Nacional con el propósito de exhortarla para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, adopte las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia en contra de la mujeres que llegan a su conocimiento sean tramitados e impulsados con la debida diligencia y acatamiento de los protocolos y lineamientos jurídicos nacionales e internacionales.
9.Remitir copia de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de exhortarla para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, adopte los correctivos necesarios para evitar que sus funcionarios incurran en conductas discriminatorias o en prejuicios de género al adelantar investigaciones y, especialmente, al interrogar a víctimas y testigos en casos de violencia en contra de las mujeres.
10.Remitir copia de esta sentencia a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de exhortarla para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, promueva o refuerce las políticas públicas encaminadas a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres en todas las instancias del poder público.
11.Remitir copia de esta sentencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para su inclusión en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.
12.Remitir copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.
13.Denegar las demás súplicas de la demanda.
14.Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
15.Expedir por Secretaría copia con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial. Documentos
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