Source: https://psicolog.org/anual-2010-cap-iv-cuba.html?page=3
Timestamp: 2020-07-02 19:39:40+00:00

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ASPECTOS POSITIVOS Y AVANCES GENERALES
La CIDH ha recibido información sobre hostigamientos y amenazas para las personas que participan en manifestaciones de protesta social y en marchas pacíficas. La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos cuenta con información sobre actos de hostigamiento presuntamente realizados en contra de miembros del Consejo de Relatores de Derechos Humanos durante el año de 2010. El 11 de enero de 2010, una oficial de Seguridad del Estado acudió al domicilio del Consejo de Relatores de Derechos Humanos a efecto de citar al propietario del inmueble, Sergio Díaz Larrastegui, a comparecer ante la policía política y el Jefe de la Unidad Policial en La Habana, bajo la amenaza de hacer uso de la fuerza en caso de no acudir a la cita que, según indican los informantes, tenía por objeto atemorizarlo a efecto de desalojar a los miembros del Consejo de Relatores de los Derechos Humanos. Este hecho se enmarcaría en un contexto de hostigamientos en contra del Consejo de Relatores de Derechos Humanos sucedidos en noviembre de 2008 y enero de 2009 con el objeto de lograr el desalojo del recinto donde tienen sus oficinas. Según la información disponible603, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos estaría siendo vigilado e interceptado en su correspondencia.
La CIDH tiene conocimiento de actos de represión en contra de las actividades de protesta social de los miembros de la Alianza Democrática Oriental (ADO) y el Movimiento Solidario Expresión Libre (MOSEL) durante una manifestación en favor de los derechos de las personas detenidas incentivada en la huelga de hambre sostenida por el Sr. Zapata Tamayo. Conforme a la información disponible, el 3 de mayo de 2010, una marcha pública realizada por las mencionadas organizaciones habría tenido por respuesta del Estado la detención violenta de numerosos manifestantes en un operativo de la policía política, dirigido por el primer secretario de la provincia de Camagüey604.
Por otro lado, continuarían las represiones en contra de las Damas de Blanco605. Según información recibida, el 12 de abril de 2010, a nueve Damas de Blanco, se les habría sido impedido realizar su habitual caminata por la Quinta Avenida del barrio habanero de Miramar606. Según declararon a un medio de prensa nacional, las Damas de Blanco Alejandrina García de la Riva y Berta Soler, fueron presuntamente rodeadas por personas convocadas del gobierno quienes las empujaron y les gritaron consignas, ofensas y palabras obscenas durante más de dos horas. Según la información recibida, las autoridades habrían impuesto este año a las madres, esposas y familiares de presos políticos, el requisito de solicitar, con 72 horas de antelación, una autorización para sus habituales marchas dominicales, la misma que no habría sido notificada por escrito.
Además, la CIDH cuenta con información sobre la utilización de formas de represión contra los familiares de defensores de derechos humanos. Según la información recibida, Roberto Arsenio López Sánchez, ex profesor de educación física, miembro del Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y Enrique Piñeiro Azahares del Consejo de Relatores, denunciaron que sus hijas no habrían sido aceptadas en las respectivas escuelas públicas al iniciar el curso escolar supuestamente en represalia por las actividades de sus padres, como miembros de organizaciones que defienden los derechos humanos607.
La CIDH manifiesta su preocupación por la difícil situación que enfrentan las organizaciones en Cuba para informar a la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en el territorio cubano, debido, entre otras cosas, a posibles represalias.
En ese sentido, la CIDH reitera la necesidad de adoptar las medidas necesarias con el objeto de los distintos órganos de los Estados no sean utilizados con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a la labor de defensa y promoción de derechos humanos, especialmente las consignadas dentro del “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas”.
La CIDH valora positivamente la apertura internacional manifestada por parte del gobierno de Cuba desde el 2008. La CIDH reconoce especialmente la liberación de los disidentes políticos este año y exhorta al Gobierno cubano a que libere a los disidentes políticos de forma incondicional.
Igualmente, la CIDH valora que según el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su balance del año 2009 informó que en Cuba no existen problemas de desnutrición infantil severa. Con ello Cuba se convierte en el único país de América Latina en lograr dicha meta608.
Asimismo, la Comisión reitera el reconocimiento de los importantes logros alcanzados en Cuba en relación a las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas609. La CIDH valora particularmente los logros alcanzados en relación con la salud materna, en especial que el 100% de los nacimientos fueron atendidos por personal calificado610.
Además, la CIDH valora la decisión del Tribunal Supremo Popular de sustituir la condena a pena de muerte que pendía contra Raúl Ernesto Cruz León por 30 años de privación de libertad611.
Tomando en consideración lo antes expuesto, la Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito, configuran una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos cubanos e insta al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión insta al Estado de Cuba a adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. En especial, declarar nulas las condenas en contra de las víctimas del caso 12.476.
Asimismo, la Comisión insta al Estado de Cuba a adoptar las medidas legislativas y de otra índole, necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación a los principios del debido proceso y de un juicio justo realizado ante un tribunal competente, independiente e imparcial previamente establecido por la ley.
Asimismo, la Comisión reitera al Estado de Cuba la recomendación de ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas del Caso 12.476, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. La CIDH exhorta al Gobierno cubano a que permita a los disidentes liberados residir en la isla si ese es su deseo.
Además, la CIDH insta al Estado cubano a eliminar las figuras de la “peligrosidad” y la “especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos”, contenidas en el Código Penal.
Finalmente, la Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.
De acuerdo con la posición que he venido sosteniendo referente a la República de Cuba, he manifestado que las acciones de la CIDH carecen de competencia material y territorial, en virtud de la expulsión de que fuera objeto la República de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. En virtud de lo cual, no comparto la decisión de la mayoría de mis colegas respecto no sólo a los casos que son admitidos y tramitados, sino respecto de los informes y otras actividades derivadas de la aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero.
476 Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General de la OEA de 3 de junio de 2009.
477 Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 43-46.
478 Estatuto de la CIDH, artículo 20(a).
479 El texto completo de la Resolución VI se encuentra en la “Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de asistencia Recíproca, Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de enero de 1962, Documentos de la Reunión”, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.F/II.8, doc. 68, páginas 17-19. La Resolución VI citada, estableció:
480 CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, Cuba, párrafos 3-7. Ver también CIDH, Informe Anual 2001, Capítulo IV, Cuba, párrafos 3-7. CIDH, Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 1983, párrafos 16-46.
481 Ver en CIDH, Informes Especiales de los siguientes años: 1962; 1963; 1967; 1970; 1976; 1979; 1983.
482 Ver en CIDH, Capítulo IV del Informe Anual de los siguientes años: 1990-1991; 1991; 1992-1993; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007, 2008.
483 Ver en: CIDH, Informe de Fondo Nº 47/96, Caso 11.436, Remolcador “13 de marzo”, 16 de octubre de 1996; CIDH, Informe de Fondo Nº 86/99, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, 29 de septiembre de 1999; CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 56/04, Petición 12.127, Vladimiro Roca Antúnez y otros, 14 de octubre de 2004; CIDH Informe de Admisibilidad Nº 57/04, Peticiones 771/03 y 841/03, Oscar Elías Biscet y otros, 14 de octubre de 2004; CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 58/04, Petición 844/03, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros, 14 de octubre de 2004; CIDH, Informe de Fondo Nº 67/06, Caso 12.476, Oscar Elías Biscet y Otros, 21 de octubre de 2006; CIDH, Informe de Fondo Nº 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros, 21 de octubre de 2006.
484 El Estado de Cuba cuando se le notifica una decisión de la CIDH no responde o bien envía una nota expresando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia, ni la Organización de Estados Americanos autoridad moral, para analizar temas sobre Cuba.
485 Cuba no ha dado respuesta a las comunicaciones que le ha dirigido la Comisión en relación con sus informes anuales, trámite de casos y medidas cautelares; instrumentos con los que cuenta la CIDH a fin de dar cumplimiento a sus funciones, tendientes a la protección de los derechos humanos.
486 Véase nota los siguientes links: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20101027/la-onu-condena-embargo-a-cuba_96190_186010.html; http://www.europapress.es/internacional/noticia-asamblea-onu-condena-decimonovena-vez-bloqueo-eeuu-cuba-20101026194518.html.
487 El 30 de octubre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/62/3 sobre la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Ver en www.un.org
488 CIDH, Diez Años de Actividades 1971-1981; Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1982, página 332.
489 CIDH, Diez Años de Actividades 1971-1981; Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1982, página 332.
490 CIDH, Informe Anual 1990-1991, pág. 557; CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, 2000, Capítulo IV, Derechos Políticos, A.1. Ver también en Corte I.D.H. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.
491 El Artículo 27: Suspensión de Garantías, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su numeral 2 que: “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: […], y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Véase también, Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184 y Corte I.D.H.. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34; y Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 191.
492 CIDH, Informe No. 111/06 Caso 12.450 Fondo, Eduardo Kimel, Argentina, de 26 de octubre de 2006; CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, párr. 35.
493 CIDH Informe Anual 2008, Volumen III, Capítulo III, párrafo 8. CIDH, en referencia a los alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ivcher Bronstein v. Perú. Transcritos en la sentencia de la Corte IDH del 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74. CIDH. Párr. 143. d); y a los alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Transcritos en la sentencia del 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73. Párr. 61. b).
494 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 2001, Capítulo VI, B.3.
495 CIDH, Demanda ante la Corte IDH contra la República de Paraguay - Caso12.032, Ricardo Canese, párrafo 31.
496 Informe nacional presentado por el Estado de Cuba; ONU, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Cuarto período des sesiones, Ginebra, 2 a 13 de febrero de 2009A/HRC/WG.6/4/CUB/1; 4 de noviembre de 2008, párr. 8.
497 En Capítulo 9, “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
498 Informe nacional presentado por el Estado de Cuba; ONU, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Cuarto período des sesiones, Ginebra, 2 a 13 de febrero de 2009A/HRC/WG.6/4/CUB/1; 4 de noviembre de 2008, párrs. 44 y 45.
499 Ver en Capítulo 9, “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, antes citado.
500 El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y el régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
501 La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Reina Luisa Tamayo Danger, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
502 En este caso, la CIDH recomendó al Estado de Cuba ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas declarando nulas las condenas en su contra, por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. El informe también recomendaba adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos, reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana establecidas en el informe, y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a cometerse.
503 CIDH, Comunicado de Prensa 22/10 de fecha 26 de febrero de 2010 – CIDH condena muerte de Orlando Zapata en Cuba.
504 Audio presentado por el Directorio Democrático Cubano, el 1 de julio de 2010, grabado por el Diario La Habana.
505 http://lacomunidad.elpais.com/nicolasaguila/2010/11/1/represion-brutal-contra-reina-luisa-tamayo-y-activistas.
506 Testimonio obtenido de la página web de Las Damas de Blanco.
507 Véase declaraciones de Reina Luisa Tamayo Danger.
508 Agencia EFE, Consejo de Relatores de Derechos humanos en Cuba, 6 de septiembre de 2010.
509 Amnistía Internacional, AU: 186/10 Índice: AMR 25/014/2010 Cuba Fecha: 08 de septiembre de 2010.
510 Blog de Diana Virgen García, http://www.daniavirgengarcia.com/2010_09_01_archive.html. Nota de Prensa en Diario El Mundo, http://www.elmundo.es/america/2010/09/27/cuba/1285540195.html.
511 Diario Cubanet, “Detienen a opositor”, 17 de septiembre de 2010.
512 El Estado cubano justifica la detención de opositores al régimen, activistas de derechos humanos, sindicalistas y periodistas independientes, a través del artículo 72 que define la "peligrosidad" como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista". El artículo 74 complementa esta disposición señalando que "el estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de peligrosidad siguientes: a) la embriaguez habitual y la dipsomanía; b) la narcomanía; c) la conducta antisocial". Asimismo, "se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables". Por su parte, el artículo 75 del mismo cuerpo normativo dispone que "el que sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad, las demás personas y el orden social, económico y político del Estado comunista, pueda resultar proclive al delito, será objeto de advertencia por la autoridad policíaca competente, en prevención de que incurra en actividades socialmente peligrosas o delictivas".
513 CIDH, Informe Anual 1998, 16 de abril de 1999.
514 Declaración Americana, artículo XVIII.
515 Declaración Americana, artículo XXV.
516 Declaración Americana, artículo XXVI.
517 Declaración Americana, artículo I.
518 Declaración Americana, artículo XXV.
519 Declaración Americana, artículo XXV.
520 Declaración Americana, artículo XXVI.
521 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafo 228.
522 Informe del Relator Especial sobre la Independencia e Imparcialidad de la Justicia, presentado de acuerdo con la Resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 51° período de sesiones, 6 de febrero de 1995, E/CN.4/1995/39, párr. 34. CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafo 229.
523 De igual manera, la Corte señaló que la imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Corte I.D.H.. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135,
524 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, 1985, Capítulo VIII, párr. 139; Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití, 1995, Capítulo V, párrs. 276-280; Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador, 1997, 24 de abril de 1997, Capítulo III; Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, 1998, Capítulo V, párrs. 393-398. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafo 229.
525 La Corte Interamericana ha señalado que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial e independiente es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador, cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función judicial. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145; Caso Herrera Ulloa,
párr. 171.
[U]no de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131.
Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131.
526 CIDH, Caso 11.139, Informe No. 57/96, William Andrews (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 159-161. Véase, análogamente, Corte Europea de Derechos Humanos, Findlay c. Reino Unido, 25 de febrero de 1997, Reports 1997-I, pág. 281, párr. 73. CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafo 229.
527 Blog de Diana Virgen García, http://www.daniavirgengarcia.com/2010_05_01_archive.html.
528 Véase Informe de Fondo No. 67/06 aprobado el 21 de octubre de 2006.
529 El Informe de Fondo No. 67/06 aprobado el 21 de octubre de 2006, fue notificado al Estado de Cuba y a los representantes de los peticionarios el 1º de noviembre de 2006. Ver en CIDH, Comunicado de Prensa 40/06, “CIDH notifica dos Informes sobre violaciones a los Derechos Humanos en Cuba”, de fecha 1º de noviembre de 2006.
530 Artículo 91 del Código Penal de Cuba: El que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte.
531 CIDH, Informe de Fondo No. 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros (Cuba), 21 de octubre de 2006.
532 CIDH, Informe de Fondo No. 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros (Cuba), 21 de octubre de 2006, párr. 87-92.
533 CIDH, Informe de Fondo No. 68/06, Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros (Cuba), 21 de octubre de 2006, párr. 87-92.
534 Artículo 98: 1. Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o

References: Resolución 
 Artículo 64
 artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 27
 Artículo 30
 artículo 3
 artículo 72
 artículo 74
 artículo 75
 artículo 73
 Resolución 
 Artículo 91
 Artículo 98