Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920615.html
Timestamp: 2020-07-12 05:17:45+00:00

Document:
Auto Supremo: 615 /2019
Expediente: LP-25-19-S
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 521 a 528 interpuesto por Mery Cristina Durán de Arce, y el de fs. 532 a 540 vta. interpuesto por Martín Callisaya Quito, ambos contra el Auto de Vista Nº 471/2017 de fecha 14 de noviembre, cursante de fs. 516 a 519, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de anulación, nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios, interpuesto por Mery Cristina Durán de Arce contra Franklin Durán Rada, Exaltación Ruth Durán Rada y Martín Callisaya Quito; los memoriales de contestación a dichos recursos que cursan a fs. 544 y de fs. 546 a 549 vta., el Auto interlocutorio de concesión de los recursos de fecha 28 de enero de 2019 cursante a fs. 552; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 156/2019-RA de 25 de febrero que cursa de fs. 559 a 561 vta., los antecedentes del proceso; y:
Mery Cristina Durán Rada de Arce representada legalmente por Paola Andrea Arce Durán, por memorial de fs. 23 a 33 vta., subsanado por memorial a fs. 37 y vta., inició proceso ordinario de anulación (anulabilidad), acción de nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios; pretensiones que fueron dirigidas contra Franklin Durán Rada, Exaltación Ruth Durán Rada y Martí Callisaya Quito, quienes una vez citados, por memorial que cursa de fs. 111 a 113 vta., Franklin Durán Rada y Exaltación Ruth Durán Rada, contestaron a la demanda de forma afirmativa, y en el caso de Martín Callisaya Quito, éste fue declarado rebelde por Auto de fecha 28 de julio de 2015 que cursa a fs. 118.
Bajo esos antecedentes y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 364/2016 de fecha 30 de agosto, cursante de fs. 470 a 474 vta., declarando PROBADA en parte la demanda en lo referente a la pretensión de anulabilidad de la Escritura Pública Nº 787 de 22 de marzo de 2012 en la cuota parte de la actora, ordenando en ese sentido, que en ejecución de sentencia se proceda a la inscripción en la oficina de Derechos Reales del 12,5% de acciones y derechos que posee Mery Cristina Durán Rada sobre el bien inmueble registrado bajo la matrícula Nº 2.01.4.01.0085860; asimismo, declaró IMPROBADA la pretensión de nulidad de la Escritura Pública Nº 2654/2011; e IMPROBADA la reivindicación así como los daños y perjuicios. Sin lugar a costas.
Resolución que, puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Mery Cristina Durán de Arce a través del memorial de fs. 477 a 482 vta., y Martín Callisaya Quito por memorial de fs. 487 a 489 vta., interpusieran recurso de apelación.
En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 471/2017 de 14 de noviembre cursante de fs. 516 a 519, donde los Jueces de Alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron que de la revisión de la sentencia apelada habrían advertido que cuando el juez A quo se refirió a la primera pretensión de anulabilidad del contrato de compraventa instrumentalizado en la Escritura Pública Nº 787 de 22 de marzo de 2012, habría considerado esta como un hecho admitido por las partes, por lo que en virtud a lo establecido en los arts. 1094, 1103 y siguientes del CC, refirió que se encontraría demostrado que el lote objeto de litis correspondería a cada uno de los coherederos en acciones y derechos, resultando de esta manera la demandante copropietaria del 12.5% del inmueble, empero, en virtud al principio de conservación de los actos jurídicos de transferencia y en aplicación del art. 550 del C.C., habría decidido mantener válida la transferencia de los vendedores en un 87.5% del bien inmueble y no así respecto a la cuota parte que le correspondería a la actora; sin embargo, dicha determinación habría sido realizada sin explicar las razones por las cuales se decidió aplicar dicha disposición normativa, considerando que dicha disposición regularía expresamente la nulidad parcial del contrato y la pretensión de la actora sería de anulabilidad del contrato.
Adicionalmente, los jueces de alzada advirtieron que el juez de primera instancia no habría considerado que al haberse demandado la anulabilidad de la Escritura Pública Nº 787/2012 que contiene el contrato suscrito por María Hortencia Rada Marín Vda. de Durán, Franklin Durán Rada y Exaltación Ruth Durán Rada en favor de Martín Callisaya Quito, correspondía que la demanda también sea dirigida contra María Hortencia Rada Marín Vda. de Durán, que si bien habría fallecido en fecha 23 de enero de 2013, conforme se acreditaría por el certificado de defunción a fs. 35, empero no se tendría demostrado que ésta no tenga otros herederos.
Por lo expuesto, el citado Tribunal Ad quem, ANULÓ obrados, hasta fs. 463 vta., inclusive; disponiendo que el juez de primera instancia regularice el proceso.
Fallo de segunda instancia que, puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Mery Cristina Durán de Arce por memorial de fs. 521 a 528 y Martín Callisaya Quito a través del memorial de fs. 532 a 540 vta., interpusieron recursos de casación, los cuales se pasan a analizar:
Del recurso de casación interpuesto por Mery Cristina Durán de Arce (fs. 521 a 528).
Del presente medio de impugnación se observa que la actora acusa los siguientes extremos:
- Que el Tribunal de Alzada carecería de atribución legal para “presumirius tantum”, hechos jamás alegados por las partes en primera instancia, por lo que dicho Tribunal debió circunscribirse a conocer, verificar y resolver los hechos afirmados por las partes tanto en la demanda, contestación, reconvención, como en sus eventuales apelaciones y no presumir de manera ilegal y arbitraria la incomparecencia de algunos interesados, cuando dicha suposición, como ya se dijo supra, jamás habría sido alegada por las partes.
- Arguye que el Tribunal Ad quem habría anulado obrados de oficio de manera ilegal, pues la situación jurídica advertida no estaría descrita por la Ley como causal de nulidad.
- Denuncia también que los jueces de segunda instancia al pronunciar un Auto de Vista anulatorio habrían incumplido su deber de resolver la controversia de fondo, sin embargo, desobedeciendo lo estipulado por el art. 265 del Código Procesal Civil, no se habría circunscrito a todos los reclamos acusados en apelación.
Respuesta al recurso de casación interpuesto por Mery Cristina Durán de Arce.
El codemandado Martín Callisaya Quito, por memorial que cursa de fs. 546 a 549 vta., después de hacer alusión a los fundamentos expuestos en el memorial de casación de la parte actora y los que sustentaron el Auto de Vista recurrido, contestó a la impugnación, bajo los siguientes fundamentos:
- Que el Tribunal de Alzada adecuó su actuar al art. 271.I del Código Procesal Civil, pues habría violado e interpretado de manera errónea la Ley Nº 025, sin circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación.
- Que no se habría realizado en segunda instancia una correcta valoración y ponderación de las pruebas, por lo que los jueces de alzada habrían incurriendo en error de hecho y de derecho, modificando el contenido de las apelaciones y de la sentencia.
- Que los agravios son el límite de conocimiento del Tribunal Ad quem, por lo tanto, al no estar ninguna de las apelaciones dirigidas a acusar la falta de motivación o fundamentación, pues los extremos acusados estaban referidos a otros aspectos de fondo, considera que no correspondía alejarse de los mismos.
- Aduce también que no habría atisbo alguno de que en la demanda o contestación existiese otro sujeto procesal a quien no se hubiese citado, por lo que considera como una exageración que tornaría de ultrapetita la resolución de Alzada, pues se intentaría incluir a la litis a una persona que no es parte vinculante en la causa.
Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista recurrido, o en su defecto se anule dicha resolución por falta de motivación y fundamentación.
Del recurso de casación interpuesto por Martín Callisaya Quito (fs. 532 a 540 vta.).
El codemandado, en su calidad de recurrente denuncia los siguientes reclamos:
- Que el recurso de casación violaría e interpretaría de manera errónea la Ley Nº 025, pues aplicaría de manera indebida en la forma y en el fondo, ya que no se circunscribiría a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación.
- Acusa error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, puesto que habría modificado el fondo de las apelaciones y de la resolución impugnada, pues al ser los agravios el límite de conocimiento del Tribunal de segunda instancia, observarían que en ninguno de los recursos de apelación se denunció la falta de motivación o fundamentación de la sentencia, ya que todos los reclamos estaban abocados a la forma.
- Respecto al litisconsorcio necesario activo y/o pasivo, aduce que no existiría atisbo alguno de que en la demanda o contestación existiese algún otro sujeto procesal a quien no se hubiese citado, siendo una exageración ultrapetita y fuera de lugar el fundamento que sustenta el Auto de Vista, máxime cuando el certificado de defunción de María Hortencia Rada Marín Vda. de Durán, señalaría que no se tendría demostrado la existencia de otros herederos.
- Que la decisión asumida en segunda instancia lo único que habría logrado es que el proceso se dilate y se genere retardación de justicia, cuando la sentencia de primera instancia que fue objeto de nulidad, cumpliría con el voto del art. 213 del Código Procesal Civil.
Respuesta al recurso de casación interpuesto por Martín Callisaya Quito.
Por memorial que cursa a fs. 544 Mery Cristina Durán de Arce, contesta a la impugnación de la parte codemandada, arguyendo que éste se habría limitado a transcribir tanto la sentencia como el Auto de Vista, incumpliendo el “reglamento” del recurso de casación, por lo que solicitó que el mismo sea declarado improcedente.
III.1. Del litisconsorcio.
El instituto jurídico del litisconsorcio se encuentra previsto en el art. 48 del Código Procesal Civil, norma que en su párrafo I señala: “Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos deberán ser emplazados en forma legal.”
En el ámbito doctrinario, podemos citar al tratadista Enrique Lino Palacios, quien en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo III, indica que: “El litisconsorcio es facultativo cuando su constitución obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando la pluralizada de sujetos se halla impuesta por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión procesal”, ampliando el criterio referido manifiesta: “Existe litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas, o frente a varias personas, o, simultáneamente, por o frente a varias personas”.
Asimismo, Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis, conflicto; con, junto; y sos: junto)”.
En este marco, el Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia, citado por los Autos Supremos Nº 406/2013 y 896/2015-L, orientó lo siguiente: “La pluralidad de partes en el proceso o litisconsorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litisconsorcio activo), así como demandados (litisconsorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litisconsorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litisconsorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litisconsorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la Autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 núm. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia. En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los arts. 3 núm. 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litisconsorcio simple o facultativo), sino de la Autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litisconsorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.”. (El resaltado nos pertenece).
En conclusión, se tiene que, para generar la nulidad para la integración de un litisconsorcio, el Juez se encuentra obligado a verificar si de acuerdo a la naturaleza de la cuestión planteada o de acuerdo al título de las partes, es necesario la concurrencia de terceros.
III.2. De la facultad del Juez o Tribunal de disponer la integración de sujetos en calidad de Litisconsortes.
En consecuencia, a los efectos de las responsabilidades otorgadas al juzgador en previsiones de los arts. 24 y 213 num. 1 del Código Procesal Civil, se establece la necesidad de integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza, de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litisconsorcio simple o facultativo), sino de la autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litisconsorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.
En este marco es preciso tener en cuenta que en cuanto se analiza la legitimación pasiva a momento de admitir las causas, no se trata solo de poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se debe respetar los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc.; derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los Tribunales y jueces que imparten justicia, bajo el principio dispositivo, tienen entre sus obligaciones, el deber de cuidar que los juicios se lleven a cabo sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.
Razonamiento que también se encuentra contenido y orientado en los Autos Supremos Nº 441/2013 de 28 de agosto, Nº 243/2014 de 22 de mayo y Nº 509/2016 de 16 de mayo.
En virtud a los fundamentos doctrinarios que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos inmersos en los recursos de casación interpuestos por la actora Mery Cristina Durán de Arce y por el codemandado Martín Callisaya Quito.
En ese entendido, del examen minucioso de ambos recursos de casación, se colige que los recurrentes, pese a ser uno demandante y el otro codemandado, de manera análoga cuestionan la decisión anulatoria asumida en segunda instancia, pues ambos expresan su disconformidad con el Auto de Vista Nº 471/2017 de 14 de noviembre de 2017 que decidió anular obrados hasta fs. 463 vta. inclusive; de esta manera se advierte que ambos sujetos procesales coinciden en denunciar que el Tribunal Ad quem incumpliendo su deber de resolver la controversia de fondo, desobedeciendo lo estipulado por el art. 265 del Código Procesal Civil, habría decidido anular obrados de oficio de manera ilegal, toda vez que la situación jurídica advertida sería una exageración que tornaría de ultra petita la resolución recurrida.
Consiguientemente en virtud al principio de concentración de los actos, corresponde a continuación otorgar una solo respuesta a ambos medios de impugnación, bajo los siguientes fundamentos que emergen precisamente de la revisión de obrados:
- Mery Cristina Durán Rada de Arce, por memorial que cursa de fs. 23 a 33 vta., subsanado por memorial de fs. 37 y vta., acreditando interés legítimo en la presente causa, interpuso acción ordinaria de anulabilidad total del contrato de compraventa instrumentado en la Escritura Pública Nº 787 de 22 de marzo de 2012, nulidad del contrato de mandato con representación especial, suficiente, bastante e irrevocable instrumentado en la Escritura Pública Nº 2654 de 18 de noviembre de 2011 y la reivindicación de la posesión del bien inmueble ubicado en la calle Eliodoro Nery esquina Hermanos Santa Cruz signado como Lote s/n del Manzano 6 de la Urbanización “16 de Julio” de la ciudad de El Alto, con una superficie de 100m2 registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 2.01.4.01.0085860; pretensiones que fueron interpuestas contra Franklin y Exaltación Ruth ambos Durán Rada y Martín Callisaya Quito.
- De la revisión de los documentos cuya anulabilidad y nulidad se pretende, se advierte:
Que la Escritura Publica Nº 787/2012 de 28 de marzo de 2014 (fs. 20 a 22vta.), está referida a la transferencia del bien inmueble objeto de litis, que bajo la modalidad de contrato consigo mismo, suscribió Martín Callisaya Quito en su condición de apoderado legal de los señores María Hortencia Rada Vda. de Durán, Franklin Durán Rada y Exaltación Ruth Duran Rada como vendedor-apoderado y a la vez comprador.
Que el Poder Notariado Nº 2654/2011 de 18 de noviembre (fs. 18 a 19 vta.), fue otorgado por María Hortencia Rada Vda. de Durán, Franklin Durán Rada y Exaltación Ruth Durán Rada en favor de Martín Callisaya Quito.
De estas precisiones, como correctamente lo advirtió el Tribunal de Alzada, se tiene que la parte actora, por los fundamentos que alega en su demanda y memorial de subsanación, pretende se declare la invalidez de actos y negocios jurídicos que fueron suscritos no solo por los sujetos contra quienes se interpuso la demanda, es decir Franklin y Exaltación Ruth ambos Durán Rada y Martín Callisaya Quito, pues por los datos citados supra, se observa claramente que dichos documentos también fueron suscritos y otorgados por María Hortencia Rada Vda. de Durán, madre de la actora y de los codemandados de apellido Durán Rada; sin embargo, pese a que esta intervino en la suscripción de dichos actos jurídicos, se tiene que la parte actora omitió dirigir la demanda contra María Hortencia Rada Vda. de Durán, ocasionando que el proceso se desarrolle sin la intervención de todos los sujetos que formaron parte de los actos objeto de litis, situación que obviamente genera indefensión en dicho sujeto, pues los efectos de la resolución a dictarse podrían afectar los intereses de esta, como también se le estaría privando de su derecho a la defensa.
Ahora bien, si bien es cierto que conforme al certificado de defunción que cursa a fs. 35, María Hortencia Rada Vda. de Durán, habría fallecido en fecha 23 de enero de 2013, es decir antes de que la actora haya interpuesto la demanda, empero como se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos o causahabientes (art. 524 CC), ante el suscitado fallecimiento, la demanda debió estar dirigida contra los herederos de ésta y no suponer que por haber fallecido ya no correspondía integrarla al proceso en calidad de litis consorte necesario pasivo; consecuentemente al constituirse la omisión extrañada en un vicio de procedimiento que debe ser saneado, pues el no hacerlo implica la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, es que los reclamos advertidos en esta instancia devienen en infundado.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 521 a 528 interpuesto por Mery Cristina Durán de Arce, y el de fs. 532 a 540 vta. interpuesto por Martín Callisaya Quito, ambos contra el Auto de Vista Nº 471/2017 de fecha 14 de noviembre, cursante de fs. 516 a 519, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas ni costos por ser ambas partes procesales las recurrentes.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución