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Timestamp: 2020-06-06 22:32:43+00:00

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﻿ SENTENCIA C-944 DE OCTUBRE 1 DE 2008
SENTENCIA C-944 DE 01 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:SE DECLARA EXEQUIBLE EL "CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES", "HECHO EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE 2001, LA "CORRECCIÓN AL ARTÍCULO 1 DEL TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL", DEL 21 DE FEBRERO DE 2003, EL "ANEXO G. AL CONVENIO DE ESTOCOLMO", DEL 6 DE MAYO DE 2005 Y LA LEY 1196 DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, CONTAMINANTE ORGÁNICO PERSISTENTE
Sentencia C-944 de octubre 1º de 2008
Sentencia C-944 de 2008
Ref.: Expediente L. A. T. 326
Revisión de la Ley 1196 de junio 5 de 2008, “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘corrección al artículo 1º del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”.
EXTRACTOS: « II. Texto de la norma revisada
Los textos del ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, de la “Corrección al artículo 1º del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, del ‘anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”, y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial Nº 47.011, de junio 5 de 2008:
Diario Oficial Nº 47.011 de 5 de junio de 2008
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1º del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.
Reconociendo que los ecosistemas, y comunidades indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y qué la contaminación de sus alimentos tradicionales es un problema de salud pública,
Recordando las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en el marco de su artículo 11.
Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo, particularmente las de los países menos adelantados, y de los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer su capacidad nacional para la gestión de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnología, la prestación de asistencia, financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las partes.
Alentando a las partes que no cuentan con sistemas reglamentarios y de evaluación para plaguicidas y productos químicos industriales a que desarrollen esos sistemas, reconociendo la importancia de concebir y emplear procesos alternativos y productos químicos sustitutivos ambientalmente racionales,
ART. 3º—Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales.
I. Cada parte:
i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6º; o
i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del párrafo 1º del artículo 6º;
b) Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6º y.
c) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual han dejado de ser efectivas para cualquiera de las partes las exenciones específicas para la producción y utilización, no sea exportado por esa parte, salvo para su eliminación ambientalmente racional, según lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 6º
ART. 4º—Registro de exenciones específicas.
9. Cuando ya no haya partes inscritas para un, tipo particular de exención específica, no se podrán hacer nuevas inscripciones con respecto a ese tipo de exención.
ART. 5º—Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional.
d) Promover, y, de conformidad con el calendario de aplicación de su plan de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías de fuentes que según haya determinado una parte justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan de acción, centrándose especialmente en un principio en las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C. En cualquier caso, el requisito de utilización de las mejores técnicas disponibles ‘con respecto a las nuevas fuentes de las categorías incluidas en la lista de la parte II de ese anexo se adoptarán gradualmente lo antes posible, pero a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del convenio para esa parte. Con respecto a las categorías identificadas, las partes promoverán la utilización de las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, las partes deberán tener en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en dicho anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la conferencia de las partes;
e) Promover, de conformidad con su plan de acción, el, empleo de las mejores
vi) Por “nueva fuente” se entiende cualquier fuente cuya construcción o modificación sustancial se haya comenzado por lo menos un año después de la fecha de
ART. 6º—Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos.
1. Con el fin de garantizar que las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluidos los productos y artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho producto químico o estén contaminadas con él, se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente, cada parte:
a) Elaborará estrategias apropiadas para determinar..
ART. 7º—Planes de aplicación.
b) Transmitirá su plan de aplicación a la conferencia de las partes dentro de un plazo de dos arios a partir de la fecha en que el presente convenio entre en vigor para dicha parte; y
ART. 8º—Inclusión de productos químicos en los anexos A, B y C.
3. El comité examinará la propuesta y aplicará los., criterios de selección especificados en el anexo D de manera flexible y transparente, teniendo en cuenta toda la información proporcionada de manera integradora y equilibrada.
8. Respecto de una propuesta que se desestime de conformidad con el apartado b) del párrafo 7, cualquier parte podrá pedir a la conferencia de las: partes que considere la posibilidad de dar instrucciones al comité a fin de que invite a la parte proponente y a otras partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no superior a un año. Transcurrido ese plaza; y sobre; la base de la información que se reciba, el comité examinará de nuevo la propuesta de conformidad con el párrafo 6 con la prioridad que le asigne la conferencia de las partes. Si, tras aplicar este procedimiento, el comité desestima nuevamente la propuesta, la parte podrá impugnar la decisión del comité y la conferencia de las partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones. La conferencia de las partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en consideración la evaluación realizada por el comité, así como toda información complementaria que proporcionen las partes o los observadores. Si la conferencia de las partes estima que la propuesta debe proseguir, el comité procederá a preparar la evaluación de la gestión de riesgos.
ART. 9º—Intercambio de información.
ART. 10.—Información, sensibilización y formación del público.
a) La sensibilización de sus encargados de formular, políticas y adoptar decisiones acerca de los contaminantes orgánicos persistentes;
e) La capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y directivo,.
La elaboración y el intercambio de materiales de formación y sensibilización del público a los niveles nacional e internacional; y
ART. 11.—Investigación, desarrollo y vigilancia.
a) Fuentes y liberaciones en el medio ambiente,
ART. 12.—Asistencia técnica.
ART. 13.—Mecanismos y recursos financieros.
2. Las partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para habilitar a las partes que son países en desarrollo, y las partes que son países con economías en transición, para que puedan sufragar el total acordado de los costos incrementales de las medidas de aplicación, en cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente convenio, convenidas entre una parte receptora y una entidad participante en el mecanismo descrito en el párrafo 6. Otras partes podrán asimismo proporcionar recursos financieros de ese tipo en forma voluntaria y de acuerdo con sus .capacidades. Deberían alentarse asimismo las contribuciones de otras fuentes. Al aplicar esos compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de que el flujo de fondos sea suficiente, previsible y oportuna y la importancia de que la responsabilidad financiera sea debidamente compartida entre las Partes contribuyentes.
3. Las partes que son países desarrollados, y otras Partes, según sus capacidades y de acuerdo con sus planes, prioridades y programas nacionales, también podrán proporcionar recursos financieros para ayudar en la aplicación del presente convenio por conducto de otras fuentes o canales bilaterales, regionales y multilaterales, y las partes que son países en desarrollo y las partes con economías en transición podrán aprovechar esos recursos.
e) Las modalidades para la prestación de asistencia a las partes interesadas mediante la evaluación de las necesidades, así como información sobre frentes de fondos disponibles y regímenes de financiación con el fin de facilitar la coordinación entre ellas.
ART. 14.—Arreglos financieros provisionales.
ART. 15.—Presentación de informes.
ART. 16.—Evaluación de la eficacia.
2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar, por instrumento escrito presentado al depositario que, con respecto a cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente convenio, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con una parte que acepte la misma obligación.
ART. 19.—Conferencia de las partes.
5. La conferencia de las partes examinará y evaluará constantemente la aplicación del presente convenio, Se encargará de las funciones que le asigne el convenio y, a ese efecto:
c) Examinará periódicamente toda información que se ponga a disposición de las partes de conformidad con el artículo 15, incluido el estudio de la efectividad de lo dispuesto en el inciso del apartado b) del párrafo 2 del artículo 3º;
6. La conferencia de, las partes, en su primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se denominará comité de examen de los contaminantes orgánicos persistentes, con el fin de que desempeñe las funciones asignadas a dicho comité por el presente convenio. A ese respecto:
7. La conferencia de las partes, en su tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del procedimiento estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3º incluido el estudio de su efectividad.
ART. 20.—Secretaría.
ART. 21.—Enmiendas al convenio.
ART. 22.—Aprobación y enmienda de los anexos.
ART. 24.—Firma.
ART. 25.—Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. El presente convenio estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados y las organizaciones dé integración económica regional. El convenio estará abierto a la adhesión de los estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del convenio Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.
4. En su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión una parte podrá declarar que, con respectó a ella, una enmienda al anexo A, B o C solo entrará en vigor una vez que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a dicha enmienda.
ART. 27.—Reservas.
ART. 28.—Retiro.
ART. 29.—Depositario.
ART. 30.—Textos auténticos.
Anexo A. Eliminación.
Aldrina* Nº de CAS 309-00-2 Producción Ninguna
Uso Ectoparasiticida local Insecticida
Uso Ectoparasiticida local insecticida termiticida: termiticida en edificios y presas termiticida en carreteras aditivo para adhesivos de contrachapado
Endrina* Nº de CAS: 72-20-8 Producción Ninguna
Heptacloro * Nº de CAS: 76-44-8 Producción Ninguna
Uso Intermediario solvente en plaguicidas intermediario en un sistema cerrado limitado a un emplazamiento
Toxafeno* Nº de CAS: 8001- 35 - 2 Producción Ninguna
Bifenilospoliclorados -(BPC)* Producción Ninguna
iii) La presente nota, que no se aplica a los productos químicos marcados con un asterisco después de su nombre en la columna titulada “producto químico” en la parte I del presente anexo, no será considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3º. Dado que no se espera que cantidades significativas del producto químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la producción y uso de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una parte, tras notificarlo a la secretaría, podrá permitir la producción y uso de cantidades de un producto químico incluido en el presente anexo como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento que se transforme químicamente en la fabricación de otros productos químicos que, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D, no presentase características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no transformadas del material inicial del contaminantes orgánicos persistentes en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente anexo se indique otra cosa. La secretaría dará a conocer tales notificaciones a la conferencia de las partes y al público. Dicha producción o uso no se considerarán como una exención específica de producción o uso. Dicha producción y uso deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la parte interesada entregue una nueva notificación a la secretaría, en ese caso el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la conferencia de las partes, después de estudiar la producción y el uso, decida otra cosa. El proceso de notificación podrá repetirse;
Bifenilos policlorados cada parte deberá:
i) Utilización solamente en equipos intactos y estancos y solamente en zonas en que el riesgo de liberación en el medio ambiente pueda reducirse a un mínimo y la zona de liberación pueda descontaminarse rápidamente,
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3º, velar por que los equipos que contengan bifenilos policlorados, descritos en el apartado a), no se exporten ni importen: salvo. para fines de gestión ambientalmente racional de desechos;
e) Realizar esfuerzos destinados a lograr una gestión ambientalmente racional de desechos de los líquidos que contengan bifenilos policlorados y de los equipos contaminados con bifenilos policlorados con un contenido de bifenilos policlorados superior al 0,005%, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6º, tan pronto como sea posible pero a más tardar en 2028, con sujeción al examen que haga la conferencia de las partes,.
Producto químico Actividad Finalidad aceptable o exención especifica
DDT (1 , 1 , 1 - tricloro -2,2-bis (4-clorofenil)etano) Nº de CAS. 50-29-3 Producción Finalidad aceptable. Uso en la lucha contra los vectores de enfermedades de acuerdo con la parte II del presente anexo. Exención específica. Intermediario en la producción de dicofol intermediario
Uso Finalidad aceptable: Uso en la lucha contra los vectores de enfermedades con arreglo a la parte II del presente anexo
Exención específica producción dedicofol intermediario
Esta notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas y no transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente anexo se indique otra cosa. La secretaría dará a conocer tales notificaciones á la conferencia de las partes y al público. Dicha producción o uso no se considerará como una exención específica de producción o utilización.
Dicha producción y utilización deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la parte interesada entrega una nueva notificación a la secretaría, en ese caso el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la conferencia de las partes, después de estudiar la producción y la utilización decida otra cosa. El proceso de notificación podrá repetirse;
3. En caso de que una parte no incluida en el registro para el DDT determine que necesita DDT para ‘luchar’ contra los vectores de enfermedades, esa Parte lo notificará a la secretaría lo antes posible para que su nombre sea añadido inmediatamente al registro para el DDT. A la vez notificará a la Organización Mundial de la Salud información sobre la cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y su importancia para la estrategia de gestión de enfermedades de esa parte, es un formato que decidirá la conferencia de las partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.
b) La disponibilidad, conveniencia y aplicación de las alternativas al DDT, y.
c) Los progresos alcanzados en el fortalecimiento de la capacidad de los países para
Anexo C. Producción no intencional.
Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF) Hexaclorobenceno (HCB) (Nº CAS: 118-74-1)
iii) Producción secundaria de aluminio,.
Pueden también producirse y liberarse en forma no intencionada dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, hexaclorobenceno y bifenilos policlorados a partir de las siguientes categorías de fuentes en particular.
a) Quema a déle. abierto de desechos, incluida la quema en vertederos; i
2. En el presente anexo la toxicidad de las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, se expresa utilizando el concepto de equivalencia tóxica, que mide la actividad tóxica relativa tipo dioxina de distintos congéneres de los dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, bifenilos policlorados coplanares en comparación con la 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina. Los valores del factor de equivalentes tóxicos que se utilizarán a efectos del presente convenio serán coherentes con las normas internacionales aceptadas, en primer lugar con los valores del factor tóxico equivalente para mamíferos, de la Organización Mundial de la Salud de 1998 con respecto a las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos I policlorados y bifenilos policlorados coplanares. Las concentraciones se expresan en equivalentes tóxicos.
En esta parte se transmiten a las partes orientaciones generales sobre la prevención o reducción de las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte 1.
j) Mejoramiento de la gestión de desechos con miras a poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas incontroladas de incineración, incluida la incineración de vertederos. Al examinar las propuestas para construir nuevas instalaciones de eliminación de desechos, deben considerarse alternativas como, por ejemplo, las actividades para reducir al mínimo la generación de desechos municipales y médicos, incluidos la regeneración de recursos, la reutilización, el reciclado, la separación de desechos y la promoción de productos que generan menos desechos. Dentro de este criterio deben considerarse cuidadosamente los problemas de salud pública;
ii) Fechas de puesta en servicio de las instalaciones nuevas o existentes,
v) Necesidad de evitar o reducir al mínimo el impacto general de las liberaciones en el medio ambiente y los peligros que representan para este,
Requisitos de información y criterios de selección.
I. Una parte que presente una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C deberá identificar el producto químico en la forma que se describe en el apartado a) y suministrar información sobre el producto químico y, si procede, sus productos de transformación, en relación con los criterios de selección definidos en los incisos b) a e):
a) Identificación del producto químico..
ii) Estructura, comprendida la especificación de isómeros; cuando proceda, y la estructura de la clase química;
Anexo E. Requisitos de información para el perfil de riesgos.
c) Destino en el medio ambiente, incluidos datos e información sobre el producto químico y sus propiedades físicas y su persistencia, y el modo en que estas se vinculan con su transporte en el medio ambiente, su transferencia dentro de segmentos del medio ambiente y, entre ellos, su degradación y su transformación en otros productos químicos. Se incluirá una determinación del factor de bioconcentración o el factor de bioacumulación, sobre la base de valores medidos, salvo que se estime que los datos de vigilancia satisface esa necesidad;
d) Datos de vigilancia:,
Anexo F. Información sobre consideraciones socioeconómicas.
Debería realizarse una evaluación de las posibles medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para su incorporación en el presente convenio, abarcando toda la gama de opciones, incluidos el manejo y la eliminación. Con ese fin, debería proporcionarse la información pertinente sobre las consideraciones socioeconómicas relacionadas con las posibles medidas de control para que la conferencia de las partes pueda adoptar una decisión. En esa información han de tenerse debidamente en cuenta las diferentes capacidades y condiciones de las Partes y ha de prestarse consideración a la lista indicativa de elementos que figura a continuación.
ii) Costos, incluidos los costos ambientales y para la salud,
iv) Riesgo; .
iv) Aspectos económicos,.
vi) Costos sociales,
d) Consecuencias de los desechos y la eliminación (en particular, existencias de plaguicidas caducos y saneamiento de emplazamientos contaminados)».
g) Cualesquiera medidas de control adoptadas a nivel nacional o regional, incluida la información sobre alternativas y otras informaciones pertinentes sobre gestión de riesgos
Referencia: C.N. I57.2003.TREATIES-6 (Notificación depositario)
Convención de Estocolmo acerca de contaminantes
Correccional texto original de la convención
Atención: Servicios de tratado de los ministerios de relaciones exteriores y de organizaciones internacionales participantes. Las notificaciones depositarios están disponibles a las misiones permanentes de las Naciones Unidas, en la siguiente dirección de correo electrónico: missions(@,un.int. Nótese que los anexos de las notificaciones depositarias son distribuidos solo en formato de copia dura. Las versiones de copia dura de las notificaciones depositarias se encuentran disponibles para ser recogidas por las misiones permanentes de la habitación NL-300. Dichas notificaciones también se encuentran disponibles en United Nations Treaty Collection en Internet http://untreaiy.un.org.
Referencia: C.N.157.2003.TREATIES-6 (Notificación Depositaria) Convención de Estocolmo acerca de contaminantes orgánicos persistentes
Se ha llamado la atención del secretario general, en lo referente a un aparente error en el artículo 1º o del texto original de la Convención (Texto auténtico en español) según lo reproducido en las copias certificadas circuladas por notificación depositaria C.N.1204.2002TREATIES-63 del 19 de noviembre de 2001.
Atención: Servicios de Tratados de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Organizaciones Internacionales participantes. Las notificaciones depositarias están a disposición de las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas, en la siguiente dirección de correo electrónico: missionsun.int. Obsérvese que los anexos de las notificaciones depositarias son distribuidos solo en formato de copia dura. Las versiones de copia dura de las notificaciones depositarias se encuentran disponibles para ser recogidas por las misiones permanentes de la habitación NL-300.
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes Estocolmo, 22 de mayo de 2001
La conferencia de las partes en el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en virtud de la decisión SC-1/2, de 6 de mayo de 2005, adaptada en su primera reunión aprobó como anexo G del convenio, el procedimiento arbitral a los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 18 del Convenio, y el proceso de conciliación a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 18 del Convenio. El procedimiento arbitral y el proceso de conciliación adoptados figuran en el anexo de la decisión SC-112, contenido en el anexo I del informe de la primera reunión (UNEP/POPS/COP.2/31).
Conforme al inciso b) del párrafo 3 del artículo 22 del Convenio, las partes que no puedan aceptar un anexo adicional lo notificarán por escrito al depositario dentro del plazo de un ario contado a partir de la fecha en que el depositario haya comunicado la aprobación del anexo adicional. El Depositario comunicará sin demora a todas las partes cualquier notificación de ese tipo que haya recibido. Una parte podrá en cualquier momento retirar una notificación de no aceptación que haya hecho anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el anexo entrará en vigor respecto de esa parte con arreglo al apartado c). Conforme al apartado c) del párrafo 3 al cumplirse el plazo de un ario contado a partir de la fecha en que el depositario haya comunicado la aprobación de un anexo adicional, el anexo entrará en vigor para todas las partes que no hayan hecho una notificación de conformidad con las disposiciones del apartado b).
1. Si la controversia se remite para arbitraje de conformidad con el artículo 1º supra, se establecerá un tribunal arbitral. Estará compuesto de tres miembros.
El tribunal dictará su fallo definitivo en un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha en que esté ya plenamente constituido, a menos que considere necesario prorrogar el plazo por un período que no excederá de otros cinco meses.
ART. 1º—Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “corrección al artículo 1º del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “corrección al artículo 1º del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los...
Bogotá, D.C., 21 julio, de 2003
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte (7) , dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación el 9 de junio de 2008, copia de la Ley 1196 de junio 5 de 2008, “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘corrección al artículo 1º del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
En el presente caso, y dado que mediante la Ley 1196 de 2008 el Congreso dio su aprobación a tres distintos documentos, es necesario referirse separadamente a la representación del Estado colombiano en la suscripción de cada uno de ellos. Al avocar conocimiento de este trámite, el magistrado sustanciador solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informara sobre estas circunstancias.
Mediante comunicación recibida en la secretaría general de esta corporación el 18 de julio de 2008, el jefe de la oficina asesora jurídica de ese ministerio hizo saber a la Corte que, en lo que se refiere al instrumento inicial, esto es, el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” suscrito en esa ciudad el 22 de mayo de 2001, el Estado colombiano estuvo representado por Francisco Sanclemente Molina, quien para esa fecha se desempeñaba como embajador de Colombia ante el Gobierno de Suecia. Se adjuntó copia del documento en que el entonces Presidente de la República confirió este encargo.
En lo que se refiere a los otros dos instrumentos aprobados, esto es, la ‘corrección al artículo 1º del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”, la comunicación arriba referida se limita a comentar que el primero de ellos fue oficializado por el secretario general de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario del convenio original, por cuanto para la fecha en que vencía el término para presentar objeciones a esta corrección, no se recibió ninguna.
Por otra parte, se conoce que el anexo G al convenio fue adoptado por la conferencia de las partes, casi cuatro años después de la aprobación del convenio original, en desarrollo del procedimiento previsto en el artículo 22 del mismo, sin la participación de representante alguno del Estado colombiano, ya que para esa fecha, el país no era aún miembro del referido convenio, como no lo es todavía.
Entonces, pese a que según lo expuesto, el Estado colombiano no concurrió ni participó en la suscripción de estos dos últimos instrumentos, el Gobierno Nacional se propone ahora adherir a ellos, posibilidad que se encuentra prevista en el artículo 25 del convenio original y en los artículos 15 y concordantes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por consiguiente, no hay lugar en estos dos casos a examinar la participación del Presidente de la República o de un representante suyo en la suscripción de esos instrumentos.
El día 5 de junio de 2008 el Presidente de la República sancionó la Ley 1196 de ese año, por la cual se aprueban los tres instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia, cumpliendo con ello lo previsto en los artículos 157 y 165 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1196 de 2008.
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 12 de 2007 Senado.
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los señores ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo Perdomo, de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva, de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Francisco Lozano Ramírez el día 20 de julio de 2007.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 344 del 26 de julio de 2007, en las páginas 36 a 54. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1º ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 518 de octubre 11 de 2007, páginas 2 a 3. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 18 de julio de 2008, suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República informa que este proyecto fue anunciado en varias sesiones consecutivas, la última de las cuales fue la del martes 13 de noviembre de 2007, tal como consta en las actas 07, 08, 09 y 10 de ese año.
Encuentra la Corte que este anuncio fue hecho en términos suficientemente claros y explícitos, ya que según se observa en la citada acta 10, poco antes de concluir la correspondiente sesión, intervino el secretario para manifestar: “Por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión, según el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003”. A continuación se incluye una lista de ocho proyectos, encontrándose en quinto lugar el Proyecto de Ley 12 de 2007 Senado, que es el que dio origen a la ley cuya exequibilidad ahora se revisa (8) . Finalmente, al concluir la sesión se convocó a la comisión para el miércoles 14 de noviembre de 2007 a las 10 a. m. En cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjo en la siguiente sesión, esto es, la cumplida el día 14 de noviembre de 2007, diligencia que contó con la participación de 11 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 11 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 175 de 2008.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por la misma senadora Moreno Piraquive, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 642 del 10 de diciembre de 2007, en las páginas 5 a 7. El anuncio previo del proyecto, según se informa en la comunicación de julio 18 de 2008, suscrita por el secretario general del Senado de la República, se produjo el día 2 de abril de 2008, según consta en el acta 37 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 235 de 2008.
En dicha acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 1 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión”, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el cuarto lugar de la lista) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “martes 8 de abril a las 3:00 p. m.”. De esta manera, se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
Según consta en el acta 38, publicada en la Gaceta Nº 246 de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado el martes 8 de abril de 2008. En lo relacionado con el quórum, el secretario general del Senado en su comunicación antes citada informa que por no haberse solicitado su verificación, es válido asumir que este estuvo integrado por los 88 senadores que aparecen registrados al inicio de la sesión.
La ponencia para primer debate fue presentada por el representante Augusto Posada Sánchez, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 164 de abril 22 de 2008, páginas 1 a 4.
La comunicación de fecha julio 16 de 2008, suscrita por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes da cuenta de que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 29 de abril de 2008, según consta en el acta 24 de esa fecha (págs. 29 a 31) cuya copia auténtica fue arrimada al expediente.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate para próxima sesión de comisión, dando cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003”. Consta también (pág. 49) que al finalizar la reunión la presidenta de la comisión anunció: “Se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 9:30 a. m.”.
La misma certificación arriba mencionada informa que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 30 de abril de 2008 (próxima sesión) por unanimidad de los asistentes, y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 14 de los 19 representantes que conforman esta célula legislativa, según consta en el acta 25 de la misma fecha (págs. 41 a 45), cuya copia auténtica fue así mismo incorporada al expediente.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Posada Sánchez y fue publicada en la Gaceta Nº 223 de mayo 6 de 2008, en las páginas 8 a 10.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de julio 18 de 2008, suscrita por el secretario general (E) de la Cámara de Representantes informa que este se produjo el 6 de mayo de 2008, según consta en el acta 106 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 326 de junio 6 de 2008.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pese a su deficiente redacción (“proyectos para la sesión plenaria del día martes 13 de 2008 para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley”). De una parte porque citó la fecha precisa, y si bien omitió mencionar el mes, no existe duda de a qué día se refería. De otra, por cuanto precisó que sería la siguiente sesión la que se debatieran proyectos de ley, y no simplemente la próxima sesión, como es usual (9) .
Finalmente, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 108 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 353 de junio 11 de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión realizada el día 13 de mayo de 2007, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 96 de los representantes que hacen parte de esa corporación.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 12 de 2007 - Senado/285 de 2008 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1196 de 2008, la Corte observa lo siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primer y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1196 de 2008 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite legislativo.
2.5. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones de los instrumentos internacionales aprobados mediante Ley 1196 de 2008.
2.5.1. El propósito de este convenio y su adecuación con la Constitución.
El artículo 1º de este convenio enuncia en forma simple que su objetivo principal es “proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes” (10) .
Adicionalmente, con anterioridad al comienzo del articulado, las partes que suscriben el acuerdo hicieron constar extensas consideraciones que justifican la adopción de esta iniciativa. Dentro de estas reflexiones se destacan, de una parte, explicaciones técnicas sobre la naturaleza, propiedades, efectos y peligros de los COP, y los procesos agrícolas, industriales y de otro tipo a partir de los cuales ellos se generan, tanto en forma intencional como involuntaria.
De otro lado, se hizo referencia a varios instrumentos internacionales anteriormente suscritos por varios de los firmantes, entre ellos la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, el Convenio de Rotterdam sobre la necesidad de consentimiento fundamentado previamente al uso de ciertos plaguicidas y otros productos químicos peligrosos (11) , el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos (12) , así como varios otros pronunciamientos en torno al tema adoptados por los órganos competentes de la Organización de Naciones Unidas.
Finalmente, se alude a la responsabilidad que en este sentido les cabe a los Estados, pero también a los industriales que desde el sector privado se benefician de los procesos que, de manera intencionada, o apenas consecuencial, dan lugar a la generación de los COP. A este respecto destaca la necesidad de buscar e incorporar alternativas que, preservando la utilidad social que algunos de estos productos puedan tener, permitan eliminar o al menos reducir a través del tiempo las emisiones de COP.
Frente a las motivaciones y objetivos de este convenio viene al caso evocar la gran importancia que la Constitución de 1991 le confirió a los temas ambientales, al punto de haber sido doctrinalmente catalogada como una Constitución ecológica. A este respecto es pertinente recordar los siguientes aspectos, contenidos en distintas cláusulas constitucionales:
(1) la obligación del Estado y de todas las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8º); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental (art. 49); (3) la función ecológica, como un elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las variables que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) inclusión de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenir los factores de deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene en relación con la defensa del espacio público y su destinación al uso común (art. 82); (10) la procedencia de las acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, num. 8º); (11) la función congresual de reglamentar, mediante la expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales (art. 150, num. 7º); (12) la perturbación del orden ecológico como razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control fiscal, manifestada en la necesidad de valorar los costos ambientales generados por la gestión pública (art. 267, num. 3º) y en la obligación de que el contralor general presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, num. 7º); (15) la función asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, num. 4º); (16) la posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 289); (17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, num. 2º); (18) la consideración de las circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias administrativas especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, num. 9º); (21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales (art. 330, num. 1º y 5º); (23) la creación de la corporación autónoma regional del Río Grande de La Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos (art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés social, el ambiente y/o el patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los elementos esenciales del plan nacional de desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse (arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del ambiente como una de las posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado (art. 366).
Vista así la superlativa importancia que el Constituyente le atribuyó a los temas ambientales, es claro que los objetivos de este Convenio encajan sin dificultad dentro de este contexto, y más aún, vienen a ser un desarrollo concreto de dichos mandatos superiores, razón por la cual los instrumentos aprobados resultan exequibles, sin lugar a dudas. De igual manera, existe también conformidad general con los preceptos constitucionales que de forma específica enmarcan el manejo de las relaciones internacionales, y la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional, como son los artículos 9º, 150, numeral 16; 189, numeral 2º; 224 y 226 de la Constitución Política.
2.5.2. Del contenido de estos instrumentos.
El “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” contiene un total de 30 artículos, no divididos en títulos o capítulos. A continuación del texto principal incorpora un total de seis (6) anexos, distinguidos con las letras A, B, C, D, E y F, a los cuales se hace referencia en distintos artículos del cuerpo del convenio.
Entrando al análisis específico de sus estipulaciones, después del ya comentado artículo 1º, se observa que el 2º incorpora algunas sencillas definiciones que determinan quiénes son partes de este convenio.
A continuación se explican las principales medidas y compromisos a partir de los cuales se pretende lograr la eliminación o reducción de los COP (arts. 3º a 6º), frente a lo cual el convenio distingue entre emisiones derivadas de la producción y utilización intencionales de aquellas que se generan de forma no intencional. Por su parte, el artículo 7º se refiere a la necesidad de que cada Estado u organización suscriptora de este convenio adopte un plan de acción para el cumplimiento de los compromisos que por él adquiere.
Estas normas incluyen continuas referencias a los tres primeros anexos del convenio, que en su orden tratan los siguientes temas: El anexo A contiene la lista de los COP cuyas emisiones se busca eliminar, los principales usos conocidos y permitidos dentro del marco del convenio y las reglas conforme a las cuales se espera conseguir su eliminación; el anexo B, siguiendo el mismo esquema del anterior, se refiere a los COP cuyas emisiones se espera reducir; y el anexo C, relacionado con las fuentes y procesos a partir de los cuales se generan emisiones no intencionales de los COP. Así, estos tres primeros anexos determinan el alcance de los compromisos que el convenio establece.
Más adelante, el artículo 8º contempla y regula la posibilidad de que con posterioridad a la firma de este convenio, las partes acuerden la inclusión de nuevos compuestos químicos considerados como COP en los anexos A, B y C, procedimiento de adición, que a su turno se rige por lo previsto en los anexos D, E y F del mismo convenio, a los cuales esta norma hace repetidas referencias.
Los artículos 9º a 16 del convenio contienen compromisos específicos en torno a acciones complementarias que las partes deberán acometer con el fin de avanzar de manera efectiva en la eliminación o reducción de los COP. Dentro de esta línea se incluyen aspectos como el intercambio de información (art. 9º), las acciones de información y sensibilización de la ciudadanía (art. 10), la investigación científica (art. 11), la asistencia técnica (art. 12), el deber de destinar recursos financieros suficientes para solventar el costo de las acciones acordadas (arts. 13 y 14) y la presentación de informes periódicos ante la conferencia de las partes (art. 15). También se previó la realización de tareas de evaluación destinadas a medir, a través del tiempo, la eficacia de las acciones adelantadas por las partes dentro del marco de este convenio (art. 16).
Los referidos artículos tienen en común el hecho de considerar las desiguales circunstancias de los Estados y organizaciones signatarias de este convenio, tanto en lo referente a la disponibilidad de recursos necesarios para el financiamiento de los compromisos acordados, como en lo que tiene que ver con el Estado de la investigación científica adelantada por los ciudadanos e instituciones de cada uno de ellos en relación con los COP, las alternativas o sustitutos disponibles y las acciones encaminadas a su eliminación o reducción. A este respecto se destaca la inclusión de la expresión “cada parte, dentro de sus capacidades” que precede la enunciación de varias de las obligaciones contenidas en los artículos 10, 11, 12 y 13 del convenio, y en tal medida condiciona de manera implícita el alcance de tales compromisos.
De igual manera, deben tenerse en cuenta las previsiones contenidas en los artículos 12 y 13 en relación con los temas de asistencia técnica y financiera, a propósito de los cuales se hace referencia a los tres tipos de economías frecuentemente considerados en documentos de las Naciones Unidas, esto es, de los países desarrollados, los países en desarrollo y las economías en transición. En estos dos artículos la caracterización de cada uno de los Estados signatarios dentro de una de estas categorías tiene el efecto de imponer especiales deberes de asistencia a cargo de los llamados países desarrollados y en beneficio de aquellos que se consideran países en desarrollo o economías en transición.
Los artículos 19 y 20 regulan lo referente a los órganos de carácter permanente, que se establecen para facilitar el cumplimiento de los objetivos de este convenio y de los compromisos adquiridos por las partes.
El primero de ellos se refiere a la llamada conferencia de las partes, que es una asamblea de los países y organizaciones partes que se reúne periódicamente y que está llamada a ejercer importantes funciones normativas. El segundo a la secretaria general, instancia que como es usual en estos casos, cumplirá funciones de coordinación administrativa entre las partes del convenio.
Por su parte, los artículos 17 y 18 se refieren respectivamente, al incumplimiento de los compromisos asumidos y a la solución de las controversias que pudieran surgir entre las partes suscriptoras. Tal como lo mencionó en su concepto el procurador general, el tratamiento de estos temas no es exhaustivo sino parcial, mientras que los restantes aspectos se dejan para ser desarrollado por la ya mencionada conferencia de las partes. Sin embargo, se destaca que los temas pendientes relacionados con arbitraje y conciliación fueron ya definidos mediante la aprobación del anexo G en conferencia adelantada en mayo de 2005, siendo este anexo el tercer instrumento incorporado al derecho interno colombiano mediante la Ley 1196 de 2008, cuya exequibilidad ahora se analiza.
Los demás artículos de este convenio regulan otros aspectos operativos relacionados con su entrada en vigencia y su cumplimiento a través del tiempo, como son: lo relacionado con la aprobación de posibles enmiendas (art. 21), la modificación de los anexos o la aprobación de otros nuevos (art. 22), el derecho de voto (art. 23), las reglas sobre firma, ratificación, adhesión y entrada en vigencia (arts. 24 a 26), la imposibilidad de formular reservas (art. 27), la posibilidad de retiro y sus reglas (art. 28) y lo relativo a los textos auténticos y a las funciones de depositario, las cuales se atribuyen al Secretario General de las Naciones Unidas (arts. 29 y 30).
Por su parte, el segundo documento aprobado por la Ley 1196 de 2008 es la “corrección al artículo 1º del texto original en español del 21 de febrero de 2003”. Se trata de un documento corto, de un solo cuerpo, en el que se hace constar una corrección a la traducción oficial a idioma español originalmente realizada, y concretamente al texto del artículo 1º del convenio. Así, la expresión inglesa “precautionary approach” que inicialmente se tradujo como “principio de precaución” se traduce ahora como “criterio de precaución”, único aspecto al que se contrae el propósito de este instrumento.
Finalmente, el anexo G al convenio original, acordado por la denominada conferencia de las partes en reunión realizada el 6 de mayo de 2005, se divide en dos partes: La primera, relacionada con el “procedimiento arbitral” contemplado en el párrafo 2 del artículo 18 del convenio original, consta de 17 artículos; la segunda, referente al llamado “procedimiento de conciliación” al que se refiere el párrafo 6 del mismo artículo 18 comprende 9 artículos en total.
2.5.3. De la exequibilidad material de las disposiciones de este convenio y sus documentos complementarios.
Del análisis individual de las estipulaciones contenidas en estos instrumentos (convenio original y sus anexos A a F, corrección al texto en idioma español y anexo G), observa la Corte que ninguna de ellas resulta violatoria de algún precepto superior. Por el contrario, resalta que estos documentos se insertan sin dificultad dentro del marco constitucional colombiano y contienen mecanismos idóneos para el logro de los objetivos de protección a la salud humana y al medio ambiente a que antes se hizo referencia, y cuya concordancia con la Constitución Política de Colombia ya hubo ocasión de resaltar.
De igual manera, considera que los compromisos que por este convenio adquiere el Estado colombiano consultan los criterios que la Constitución establece para el manejo de las relaciones internacionales y que su contenido específico es respetuoso de principios como la soberanía nacional, la equidad y la reciprocidad, aplicables en las relaciones entre sujetos de Derecho Internacional.
De otro lado, esta corporación no comparte el parecer del jefe del Ministerio Público en lo relacionado con la necesidad de que al manifestar su consentimiento en relación con estos acuerdos, el Gobierno de Colombia formule ciertas declaraciones interpretativas.
A partir de estas apreciaciones de carácter general, la Corte realiza a continuación el estudio particular de estas disposiciones, en especial de aquellas que pudieren plantear cuestionamientos de constitucionalidad.
Los primeros artículos del Convenio de Estocolmo (1º a 8º) establecen los objetivos, el marco de aplicación y las principales obligaciones de las partes, encaminadas a la eliminación o reducción de los COP. Se trata de medidas claras y coherentes al logro de los objetivos propuestos, con lo cual Colombia y los demás suscriptores de este convenio tendrán claridad sobre el alcance de las obligaciones que adquieren. La Corte considera que estas disposiciones del tratado resultan enteramente; acordes con los preceptos constitucionales.
La segunda parte del convenio (arts. 9º a 16) incorpora medidas de carácter operativo para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como son las relativas a la mutua asistencia técnica, los procesos educativos y de concientización de la población, la destinación de recursos financieros suficientes y la periódica evaluación de los avances obtenidos. Encuentra la Corte que también estas estipulaciones resultan adecuadas y congruentes con el texto constitucional, ya que por su misma naturaleza permitirán un mejor control de las acciones adelantadas y contribuirán a potenciar sus resultados.
En relación con estos temas la Corte destaca las ya explicadas distinciones que varios de estos artículos hacen en lo relacionado con la desigual capacidad de los Estados suscriptores para llevar a cabo las acciones acordadas. A este respecto, es pertinente anotar también que la clasificación de los países en tres distintas categorías relacionadas con su grado de desarrollo económico (13) es un referente usual y frecuente en la doctrina económica contemporánea, suficientemente conocido en el concierto internacional, y en relación con el cual la Organización de las Naciones Unidas emite periódicamente informes y documentos oficiales.
A partir de esta circunstancia, cada uno de los Estados signatarios puede conocer sin duda ni dificultad a qué categoría pertenece, y consiguientemente, el alcance específico de sus derechos y obligaciones dentro del marco de este convenio. Así pues, este aspecto, lejos de resultar problemático, asegura que el país, lo mismo que los demás firmantes, adquiera únicamente los compromisos que esté en capacidad de cumplir.
Las restantes cláusulas de este instrumento (arts. 17 a 30) se refieren a aspectos operativos necesarios para su cumplimiento que, de una parte, son usuales frente a este tipo de acuerdos, y de otra, resultan apropiados para el logro de su propósito. Se anota además que el sentido de estas disposiciones tampoco contraría en modo alguno los preceptos constitucionales.
De manera particular, la Corte no encuentra objeción constitucional alguna con respecto al texto del artículo 27, conforme al cual “No se podrán formular reservas al presente convenio”. Lo anterior por cuanto, de una parte, se trata de una regla usual, contemplada y permitida en relación con tratados multilaterales por el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuya finalidad resulta aceptable y cuya exequibilidad nunca ha sido puesta en duda (14) . Pero también porque, de conformidad con el texto constitucional (art. 241, num. 10), las reservas solo son necesarias en caso de que una o más de las estipulaciones contractuales se considere incompatible con la Constitución Política, lo cual, como se ha dicho, no ocurre en este caso (15) .
En relación con las competencias que el convenio le atribuye a la conferencia de las partes, y especialmente frente a las que tendrían carácter normativo (arts. 17, 18 y 19) la Corte disiente del planteamiento que con respecto a este tema hiciera en su concepto el procurador general, quien consideró necesario exigir al Gobierno Nacional la formulación de declaraciones interpretativas acerca de varias de estas funciones.
En efecto, esta corporación no encuentra dificultad frente a la Constitución Política en el hecho de que la conferencia de las partes, que como se ha dicho es el cuerpo que reúne a todos los Estados y organizaciones suscriptoras de este convenio, tenga la posibilidad de adoptar diversas decisiones encaminadas a la ejecución y mejor cumplimiento de este tratado.
De otra parte, examinadas al detalle las distintas funciones que el clausulado de este convenio le asigna a este cuerpo (16) debe resaltarse que la mayoría de ellas tienen un propósito operativo y no normativo, de lo que podría deducirse que la posibilidad de “adoptar cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del convenio” debería tener ese mismo carácter. De igual manera, es evidente que el convenio da un tratamiento diferente y mucho más formal a la adopción de las decisiones verdaderamente normativas, las que en últimas deberán tener la forma de una enmienda al convenio, la modificación de un anexo o la incorporación de uno nuevo.
En relación con estas decisiones, cuya titularidad corresponde a la conferencia de las partes, se observa que de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 del texto contractual, la aprobación de una enmienda, la adopción de nuevos anexos (17) o la modificación de los anexos D, E o F, ha de ser posteriormente aceptada por cada una de las partes del convenio mediante alguna de las formalidades previstas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (ratificación, aceptación o aprobación), o, aun cuando el texto no lo contempla expresamente, mediante la posterior adhesión (18) . Por su parte, para el caso de la eventual modificación a los anexos A, B o C, según se desprende de los artículos 8º y 24 del convenio, el cambio adoptado por la conferencia de las partes sería en principio oponible a todos los Estados y organizaciones partes, pudiendo estos haberse reservado la facultad de no entenderse obligados por tales decisiones hasta tanto no se surta por parte suya alguna de las diligencias anteriormente mencionadas.
La Corte resalta que la realización de una cualquiera de estas diligencias supone entonces, conforme a la Constitución colombiana, la necesidad de llevar el asunto a conocimiento del Congreso de la República, y posteriormente, al de esta corporación, la cual deberá efectuar al respecto el correspondiente control previo y automático de constitucionalidad. Con ello, es claro que ambas instancias tendrán la posibilidad de pronunciarse en relación con la posible alteración de los compromisos adquiridos dentro del marco de este convenio y, en caso necesario, señalar las inconstitucionalidades que los nuevos textos normativos pudieran contener.
Así pues, no considera la Corte que la facultad que la conferencia de las partes tiene de “adoptar cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del convenio”, a que se refiere la letra d) del artículo 19 de este convenio justifique la formulación de una declaración interpretativa por parte del gobierno colombiano, como en su momento se solicitó en el concepto fiscal.
En lo que se refiere a los temas pendientes sobre conciliación y arbitramento, la Corte coincide con la apreciación hecha por el Ministerio Público, en el sentido de que este tema ya fue desarrollado por el anexo G, que precisamente ha sido aprobado mediante la Ley 1196 de 2008 cuyo control de constitucionalidad se realiza mediante la presente sentencia.
Finalmente, en lo que atañe al tema previsto en el artículo 17 del Convenio, relacionado con la determinación de los hechos y acciones que constituirán incumplimiento del mismo y las posibles consecuencias de esta situación, esta corporación comparte la preocupación planteada en el concepto fiscal en torno a la necesidad de que las reglas que a este respecto se establezcan sean respetuosas del derecho de defensa.
Sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha la conferencia de las partes no ha ejercido aún esta facultad, es claro que en caso de que lo haga en el futuro, la República de Colombia podrá, a partir de la fecha en que se produzca la formal ratificación de estos instrumentos, participar activamente en la propuesta, análisis y aprobación de esa reglamentación, lo que permitirá que sus representantes autorizados velen porque incorpore de manera efectiva las garantías del debido proceso, el principio de legalidad y la reserva judicial. Por lo anterior, la Corte tampoco considera necesario exigir que, en relación con este tema, el país formule una declaración interpretativa, como lo planteó en su concepto el procurador general.
Evacuado el análisis de constitucionalidad del texto completo del Convenio de Estocolmo, la Corte llama la atención sobre dos previsiones contenidas en el mismo en las que se ofrece la posibilidad de formular declaraciones interpretativas con respecto a dos temas específicos, parcialmente relacionados con algunos de los aspectos comentados por el jefe del Ministerio Público.
La primera de estas cláusulas (art. 18) tiene que ver con el tema de solución de controversias, a propósito de lo cual se contempla la posibilidad de que las partes se sometan, bien a un procedimiento arbitral (en los términos ya desarrollados en el anexo G), bien a la decisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la misma norma establece en su numeral 2º que estos mecanismos solo se aplicarán de manera obligatoria en cuanto el respectivo Estado parte haya manifestado, mediante declaración expresa, su voluntad de someterse a uno o a ambos de ellos (19) . Finalmente, para aquellos Estados que no acepten de manera expresa ninguna de tales fórmulas, el numeral 6º ibídem establece, con carácter obligatorio, que la controversia se someterá a una comisión de conciliación.
Así pues, existe la opción de que si el gobierno considerara inconveniente aceptar el sometimiento de sus eventuales controversias a uno de los referidos mecanismos (arbitraje o decisión de la Corte Internacional de Justicia), o si esta corporación encontrara que de alguna manera uno de ellos o ambos suponen alguna dificultad de carácter constitucional, el Estado colombiano se abstenga de aceptar dichas posibilidades y se acoja en cambio a la de la conciliación, prevista en la parte final del mismo artículo 18. La Corte retoma este aspecto más adelante, al ocuparse del análisis de constitucionalidad del anexo G.
La segunda de estas normas (art. 25, num. 4º), la cual ha sido ya tangencialmente mencionada por la Corte, se refiere a la opción de aceptar de manera automática, o sujetar en cambio a un procedimiento de previa ratificación, las modificaciones que la conferencia de las partes haga de los anexos A, B o C, referentes a los compuestos químicos que son objeto de eliminación o reducción dentro del marco de este convenio. De conformidad con esta norma, cada Estado debe, al expresar su consentimiento en relación con este tratado, especificar mediante una declaración interpretativa, si exigirá a este respecto el adelantamiento de un procedimiento de ratificación previa (20) . En caso de guardar silencio sobre el particular, se entenderá que dicho Estado acepta la vigencia automática de los cambios que en relación con estos anexos apruebe la conferencia de las partes, según lo previsto en el artículo 8º de este convenio (21) .
La Corte considera que, al tratarse de asuntos eminentemente técnicos, y teniendo en cuenta que ese tipo de decisiones no implicaría para el Estado colombiano la asunción de obligaciones nuevas o diferentes a las que por efecto del Convenio de Estocolmo se compromete a cumplir, estas modificaciones bien podrían ser aceptadas sin necesidad de agotar los trámites propios de la entrada en vigencia de un tratado internacional, asemejándolas en cambio a la figura de los llamados acuerdos simplificados (22) . Por esa razón, la opción de exigir o no un completo procedimiento de ratificación para tener por vigentes las adiciones que se introduzcan a estos anexos compete únicamente al Presidente de la República, en su calidad de supremo director de las relaciones internacionales (C.P., art. 189, num. 2º) y está desprovista de ulteriores implicaciones constitucionales.
Por lo demás, la Corte destaca que, también en este caso, una vez se produzca la ratificación de este convenio y Colombia entre a formar parte del mismo, sus representantes podrán participar con plenas facultades en la toma de estas decisiones, por lo que resulta igualmente conforme con los preceptos superiores que el Estado colombiano exija o no el lleno de las ya aludidas formalidades. Con todo, esta corporación resalta que el Gobierno Nacional deberá tomar una decisión sobre este aspecto al momento de manifestar el consentimiento del Estado en relación con estos instrumentos.
En lo que respecta al análisis de constitucionalidad material del segundo de los documentos aprobados por la Ley 1196 de 2008, esto es, la “Corrección al artículo 1º del texto original en español” del 21 de febrero de 2003, la Corte no tiene objeción ninguna a este respecto. Ello por cuanto, de una parte, la referida corrección fue realizada y oficializada siguiendo los trámites y formalidades previstos para estos casos en el propio texto del Convenio de Estocolmo y las reglas aplicables conforme al Derecho Internacional. Pero también porque el término criterio de precaución ciertamente es una mejor traducción de la expresión inglesa precautionary approach, que el originalmente consignado de principio de precaución, y es además el que consta en el texto oficial en español de la Declaración de Río de 1992 a la cual dicha expresión hace referencia, tal como le fue explicado a los miembros de las cámaras legislativas durante el trámite de aprobación de la ley cuya exequibilidad se revisa (23) .
Finalmente, en lo que atañe al contenido del anexo G, aprobado por la conferencia de las partes en su reunión de mayo 6 de 2005, la Corte encuentra que este regula en forma apropiada los mecanismos de solución de controversias previstos en el artículo 18 del Convenio de Estocolmo, de tal manera que se superan los riesgos de indeterminación que en ausencia de este instrumento pudieran derivarse del texto del referido artículo 18. También se observa que tales contenidos se avienen sin problema, en lo que resulta pertinente, a las exigencias previstas en el artículo 116 constitucional para el uso de mecanismos alternos de solución de controversias como son la conciliación y el arbitraje.
Esta percepción aplica incluso al artículo 6º de este anexo, norma que regula el tema de las medidas de protección que podrían practicarse dentro de un procedimiento arbitral, a propósito del cual el procurador general propuso la formulación de una declaración interpretativa en torno a los alcances del verbo indicar. En relación con este tema la Corte observa que el funcionamiento del Tribunal de Arbitramento y todas sus actuaciones procesales se regirán por el reglamento que sus integrantes adopten de conformidad con lo previsto en los artículos 4º y 5º ibídem, y en subsidio de aquel, por las normas del Derecho Internacional, lo que en concepto de esta corporación despeja los eventuales riesgos de indeterminación a que el concepto fiscal hizo referencia. Por esta razón no se considera necesario formular la declaración interpretativa propuesta.
En adición a lo anterior, y dado que como se explicó más atrás, no resulta imperativo aceptar la procedencia del trámite arbitral a efectos de dirimir las diferencias que puedan presentarse, resalta la Corte que el Gobierno Nacional tendrá la opción de no aceptar este mecanismo, para lo cual bastará que al manifestar su consentimiento guarde silencio en relación con el tema, caso en el cual resulta aún menos problemática la comentada indeterminación, ya que esta parte del anexo G no sería oponible ni aplicable a la República de Colombia.
Agotado el análisis de los tres instrumentos aprobados mediante Ley 1196 de 2008, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que ellos se ajustan a los preceptos constitucionales. En cuanto a lo primero, porque encuentra que se ha cumplido la totalidad de los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrarse al ordenamiento jurídico interno. Y en relación con lo segundo, por cuanto el contenido del Convenio de Estocolmo y sus anexos, sometidos en este caso a control constitucional, desarrollan preceptos consagrados en la Carta Política, comoquiera que a través de su suscripción se busca participar de una iniciativa de carácter global encaminada a la preservación de la salud humana y el medio ambiente frente a los peligros y daños que para una y otro suponen los contaminantes orgánicos persistentes, cuya eliminación o reducción se espera lograr durante los próximos años, dentro de un marco de reciprocidad, cooperación y mutua conveniencia.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001.
2. Declarar EXEQUIBLE la “Corrección al artículo 1º del texto original en español” de fecha 21 de febrero de 2003.
3. Declarar EXEQUIBLE el “Anexo G al Convenio de Estocolmo” aprobado el 6 de mayo de 2005.
4. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1196 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘Corrección al artículo 1º del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”.
(7) Ver Sentencia C-468 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(8) Gaceta 669 de 2007, páginas 33 y 36.
(9) La sesión siguiente a la del aviso fue la del miércoles 7 de mayo de 2008, documentada en acta 107 de esa fecha. Según puede comprobarse de la lectura de esta acta, contenida en la Gaceta Nº 327 de 2008, durante esta sesión solo se tramitaron asuntos de control político y no se dio debate a ningún proyecto de ley.
(10) Por simplicidad, a partir de este punto se hace alusión a los COP, sigla con la que se denominan en idioma español los contaminantes orgánicos persistentes, cuya eliminación o reducción se pretende alcanzar mediante las estipulaciones del tratado aprobado mediante Ley 1196 de 2008.
(11) Incorporado al derecho interno mediante Ley 1159 de 2007 y declarado exequible por esta corporación mediante Sentencia C-538 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(12) Incorporado al derecho interno mediante Ley 253 de 1996, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-377 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(13) Esta categorización es mencionada, entre otros, en algunos de los considerandos del convenio y en sus artículos 4º, 11, 12, 13 y 20.
(14) Sobre este tema ver Sentencia C-154 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) en la cual se explicó que la prohibición que un tratado contenga frente a la posibilidad de formular reservas no es contraria a la Constitución.
(15) Ver a este respecto las sentencias C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-779 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en las cuales, en vista de la inexequibilidad de alguna(s) de las cláusulas de los tratados aprobados, se ordenó al Gobierno Nacional que al manifestar el consentimiento del Estado se formulara la correspondiente reserva.
(16) Ver artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del convenio.
(17) Entendiendo por tales cualquiera distinto y adicional a los existentes al momento de suscribirse el convenio, esto es, los anexos A, B, C, D, E y F.
(18) Esta situación es la que se presenta respecto de Colombia en el caso de anexo G, que por haber sido aprobado por la conferencia de las partes sin la participación de un representante suyo, se sometió a aprobación legislativa ante el Congreso Nacional junto con el Convenio de Estocolmo original, después de lo cual, al manifestar su consentimiento en relación con este anexo, se entenderá que Colombia adhiere a él.
(19) Consultada la página oficial de internet del Convenio de Estocolmo (www.pops.int) se observa que de los 158 países que a la fecha han expresado su consentimiento y respecto de los cuales este convenio ya ha entrado a regir, apenas 4 de ellos han manifestado su voluntad de someterse a uno o ambos de estos mecanismos.
(20) Como es sabido, en el caso de Colombia ello implicaría el paso del documento modificatorio tanto por el Congreso de la República para su aprobación legislativa como por la Corte Constitucional para el respectivo control de constitucionalidad.
(21) En relación con este aspecto, según se observa en la página oficial del convenio (www.pops.int), para la fecha de esta sentencia no se ha aprobado aún por la conferencia de las partes ninguna modificación a los anexos A, B y C. Sin embargo, un total de 13 Estados han declarado, al momento de depositar su ratificación o adhesión, que exigirán un procedimiento semejante para aceptar la oponibilidad de las eventuales modificaciones a esos anexos.
(22) En relación con las diferencias existentes entre los tratados internacionales propiamente dichos y los denominados acuerdos simplificados y las formalidades que en uno y otro caso deben llenarse, ver entre otras las sentencias C-363 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-926 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(23) Ver a este respecto la explicación dada por la coordinadora de asuntos ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el trámite del proyecto ante la Comisión Segunda del Senado de la República (Gaceta del Congreso 175 de 2008, pág. 5).

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 artículo 15
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