Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6030
Timestamp: 2019-03-21 18:31:47+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 63/2007
SENTENCIA 63/2007, de 27 de marzo
ECLI:ES:TC:2007:63
En el recurso de amparo núm. 4853-2003, promovido por doña María Begoña Fernández Martínez, representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Fernández Múgica y asistida por el Abogado don José Abad Casas, contra la Sentencia dictada el 18 de junio de 2003 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao en el procedimiento abreviado núm. 7-2003, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de 25 de octubre de 2002 de la Dirección General de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, desestimatoria, a su vez, del recurso de alzada interpuesto contra la resolución recaída en el expediente sancionador núm. 8014923 tramitado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Vizcaya. Han intervenido el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 22 de julio de 2003, el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Fernández Múgica en nombre y representación de doña María Begoña Fernández Martínez, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia citada en el encabezamiento.
a) El 13 de mayo de 2002, la recurrente recibió la notificación de la Resolución, de 9 de mayo de 2002, dictada por la Oficina Territorial de Tráfico de Vizcaya, que advertía de la incoación de expediente sancionador como consecuencia de que el radar instalado con carácter fijo en el punto kilométrico 124,5 de la vía A-8 dirección Santander detectara que el vehículo de su propiedad matrícula … BTN circulaba a 132 Km/h, teniendo limitada la velocidad a 80 Km/h, y concedía plazo para alegaciones. En esa notificación, que advertía igualmente del precepto infringido, así como de la sanción a imponer en su caso, se comunicaba también a la recurrente que, caso de no ser ella en el momento de la infracción el conductor del vehículo denunciado, tenía la obligación de identificarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 331/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada la mismo por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (en adelante LSV), debiendo comunicar el nombre, dos apellidos, DNI y domicilio completo del conductor. En caso contrario, concluía la advertencia, será sancionada como autora de falta grave, sanción que se impondrá en grado máximo.
b) Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2002, registrado en la sede de la Oficina Territorial de Tráfico de Vizcaya el siguiente día 4 de junio, la recurrente se opuso al expediente sancionador así anunciado, objetando varias razones tanto sustantivas como formales. Finalmente advertía también no recordar “haber conducido el vehículo en la fecha y lugar de la denuncia, siendo conducido por don Jon Andoni Amorrortu Fernández, con DNI … 379-A, y ello con el fin de quedar exonerada de toda responsabilidad en relación a la obligación, por debidamente cumplida, de identificar al conductor responsable de la supuesta infracción”.
c) Por Resolución de 4 de julio de 2002, el responsable de la citada Oficina acordó desestimar las alegaciones presentadas y, confirmando los hechos imputados y la calificación jurídica anunciada en su momento, sancionar a la recurrente con multa de 420,71 euros como responsable de la infracción prevista en el artículo 65.5 e) LSV, que tipifica como infracción muy grave “sobrepasar en más de un 50 por 100 la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar al menos en más de 30 kilómetros por hora dicho límite máximo”, y que está sancionada, de conformidad con el siguiente artículo 67.1 del citado texto legal con multa de 302 euros a 602 euros, y suspensión del permiso de conducir por plazo de hasta tres meses como máximo.
d) Contra la anterior resolución, la recurrente hoy en amparo interpuso recurso de alzada, en el que, después de negar su participación en los hechos sancionados y recordar que el conductor era don Jon Andoni Amorrortu Fernández, con DNI … 379-A, denuncia la existencia de seis vicios, tanto formales como sustantivos, en la resolución sancionadora, que solicita sea anulada. Por Resolución de 25 de octubre de 2005, el Director de Tráfico del Gobierno Vasco desestimó el recurso.
e) Contra esta nueva resolución, la recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo negando una vez más, sólo que ahora como único motivo de impugnación, su participación en los hechos sancionados, al tiempo que subrayaba la falta de pruebas de cargo suficientes para destruir su derecho a la presunción de inocencia y el hecho de haber cumplido con el deber de identificación del conductor que le incumbía, bien que sin ninguna consecuencia visible para la Administración, que nada había hecho al respecto.
f) Mediante Sentencia de 18 de junio de 2003, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao acordó desestimar el recurso y confirmar la resoluciones impugnadas, al estimar suficiente la actividad probatoria de cargo y negar también, de consuno con lo alegado por la Administración, que la sola indicación del nombre, apellidos y DNI del conductor fuera bastante para endentar cabalmente cumplido el deber de identificación a que obliga el art. 72.3 LSV sin que, además, la recurrente hubiera aportado tampoco elemento de prueba alguno que confirmara ese extremo.
3. La demandante de amparo solicita la anulación de la citada Sentencia de 18 de junio de 2003 por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE. Al igual que ya hiciera en la vía judicial, la recurrente insiste en que la Administración, ignorando por completo la identificación que por dos veces hizo del conductor supuestamente responsable, decidió no obstante sancionarla sin más prueba de cargo que la que proporciona ser la propietaria del vehículo; una prueba rigurosamente insuficiente a su juicio y, por tanto, incapaz por sí sola de desvirtuar válidamente el citado derecho constitucional.
4. Mediante diligencia de ordenación, de fecha 24 de junio de 2005, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 LOTC, requerir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao y al Departamento de Interior del Gobierno Vasco para que respectivamente remitieran testimonio del procedimiento abreviado núm. 7-2003 y del expediente administrativo núm. 8014923 del Servicio Territorial de Tráfico de Vizcaya.
5. Por providencia de 20 de octubre de 2006, la Sala Primera acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao para que emplazase a quienes hubieran sido parte en el recurso contencioso núm. 7-2003, con excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecen en este proceso constitucional. Lo que efectivamente hizo el Procurador don Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de noviembre de 2006, interesando que se le tuviera por personado en el presente recurso de amparo
6. Por diligencia de ordenación de la Sala de 5 de diciembre de 2006, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Departamento de Interior del Gobierno Vasco y, con arreglo a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, conceder a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal plazo común por veinte días para que, con vista de las actuaciones recibidas, formulasen alegaciones.
7. Dentro del plazo conferido, la demandante de amparo presentó sus alegaciones, reiterando los argumentos de la demanda, incluso expuestos expessis verbis ahora en forma idéntica.
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de enero de 2007, el representante del Gobierno Vasco presentó sus alegaciones interesando la desestimación del amparo. En su criterio, que es esencialmente el mismo que ya defendiera en la vía judicial, el modo realmente contradictorio y poco convincente en que la interesada, hoy demandante de amparo, negó su participación en los hechos sancionados, junto con el defectuoso cumplimiento del deber de identificar al conductor de vehículo, son elementos suficientes para destruir razonablemente la presunción de inocencia de la recurrente, como así de hecho lo entendió la Sentencia impugnada que, por lo mismo, concluye, no ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.
9. También el Ministerio Fiscal, que presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 25 de enero de 2007, solicitó la desestimación del amparo. En su escrito, el Fiscal, luego de resumir los principales antecedentes de hecho y precisar mejor el verdadero objeto del recurso, opina que la controversia consiste no tanto en dilucidar si existen o no pruebas de cargo suficientes para destruir válidamente la presunción de inocencia, cuanto en dirimir si los datos suministrados por la recurrente son “suficientes a los efectos de entender cumplido el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción”, que es —añade— una cuestión de simple legalidad ordinaria que no corresponde revisar al Tribunal Constitucional, salvo que la Sentencia impugnada fuera manifiestamente arbitraria, irrazonable o incurriera en error patente. Con arreglo a este planteamiento y a la vista de las circunstancias del caso, que tratan en particular de una infracción cometida con un vehículo propiedad de la recurrente, que ha acreditado además una conducta “evasiva en orden a identificar positiva y completamente al supuesto conductor de vehículo”, el Fiscal concluye, con cita de la STC 154/1994, que “todo ello es suficiente para enervar la presunción de inocencia y trasladar la responsabilidad a la propietaria del vehículo”. De hecho, termina advirtiendo en su escrito, son precisamente esas mismas circunstancias las que en su día motivaron que el Tribunal Constitucional decidiera no admitir otros dos recursos de amparo literalmente idénticos.
10. Por providencia de 22 de marzo de 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 de dicho mes y año.
1. La demandante de amparo impugna formalmente por la vía del art. 44 LOTC la Sentencia de 18 de junio de 2003, dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao en autos 7-2003, a la que, conforme se ha dejado anotado en los antecedentes, reprocha la lesión del derecho a la presunción de inocencia que garantiza el art. 24.2 CE. En el presente asunto, sin embargo, como certeramente por su parte advierte el Ministerio Fiscal, es incontrovertible que la lesión constitucional que denuncia la recurrente, de haberse producido realmente, sería imputable a la resolución sancionadora del Servicio Territorial de Tráfico de Vizcaya de 4 de julio de 2002, confirmada luego, en vía de recurso alzada, por la resolución del Director de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, de 25 de octubre de 2002, y no, por tanto, a la Sentencia impugnada que simplemente confirmó la legalidad de esas resoluciones administrativas. Esto es así porque los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa nunca imponen sanciones administrativas, sino que, como es el caso, pero todo lo más, las revisan.
De modo que, como tempranamente advirtiera ya este Tribunal, hay que concluir que la impugnación por ese motivo de la Sentencia que desestimó el recurso contencioso- administrativo cumple únicamente la función de agotar la vía judicial previa al recurso de amparo, por lo que carece de contenido propio como objeto del recurso de amparo (STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 2). En suma, no estamos, pues, ante un proceso constitucional de amparo frente a actos u omisiones de un órgano judicial (art. 44 LOTC), sino ante un recurso de amparo de los previstos en el art. 43 LOTC.
2. Antes de examinar el fondo de la demanda es preciso realizar algunas consideraciones previas. Conforme se ha dejado anotado en los antecedentes, la demandante de amparo considera que con la comunicación a la Administración de la identidad del conductor supuestamente responsable, quedó exonerada de toda responsabilidad en relación con la infracción de tráfico, y sólo ya sujeta, pero todo lo más, a la eventual responsabilidad por infracción de la obligación de identificación que contempla el art. 72.3 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), siempre que esa identificación fuera en efecto insuficiente.
3. Como también está declarado en esa misma jurisprudencia constitucional que antes se ha recordado, la obligación de identificar que contempla el art. 72.3 LSV se configura legalmente como un deber de colaboración del titular de un vehículo con la Administración en la identificación del conductor supuestamente responsable, que es inherente al hecho de ser propietario (STC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 8). Desde luego si la identificación es convincente, bastará para descargar al titular del vehículo de toda responsabilidad. En otro caso, tanto si el propietario ignora el oportuno requerimiento de identificación, como si lo atiende en forma inverosímil o incompleta, la Administración podrá desde luego incoarle expediente sancionador por infracción del art. 72.3 LSV. Pero nada impide tampoco que ese incumplimiento del deber de identificación, tanto si es evidente o burdo, como si trata de disfrazarse de forma más sutil, pueda ser valorado también en contra del propietario y, en consecuencia, aunque no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir como contraindicio o como elemento de corroboración de los indicios a partir de los que es posible inferir la culpabilidad.
4. Aplicando estas precisiones al presente asunto no se aprecia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que alega la demandante de amparo. Pues, frente a lo que se denuncia en la demanda, no es que la Administración, primero, o el órgano judicial más tarde, al confirmar las resoluciones administrativas impugnadas en el proceso, decidiera sancionar a la recurrente por la infracción de circulación sin más diligencia que la de enviarle la denuncia, convirtiendo su condición de propietaria del vehículo en una presunción iuris et de iure de culpabilidad, es que lo hizo a la vista también de la conducta ciertamente esquiva y ambigua que la recurrente demostró en el cumplimiento de la obligación de identificar al conductor responsable.
Magistrados Doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y don Manuel Aragón Reyes.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4853-2003
Síntesis Descriptiva Promovido por doña María Begoña Fernández Martínez frente a la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que desestimó su demanda contra la Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco sobre multa por exceso de velocidad.
Síntesis Analítica Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia: carga del propietario de un vehículo automóvil de identificar al conductor (STC 154/1994) y sanción administrativa fundada en prueba de cargo.
Resumen Se enjuicia la Sentencia que impone, a la recurrente de amparo, una sanción administrativa por exceso de velocidad de un vehículo que ella no conducía en el momento de cometerse la infracción.
El Tribunal desestima el amparo. La sanción impuesta por la Administración por una infracción de circulación por exceso de velocidad es, con arreglo a las exigencias que impone el art. 24.2 CE, irreprochable constitucionalmente en el presente caso. Efectivamente, probado que la infracción de tráfico se cometió con el vehículo de la sancionada y que su respuesta al requerimiento de identificación recibido fue inconsistente, esquiva e incompleta, sin aportar ningún elemento de prueba que confirmara esa identificación incompleta, tales hechos indiciarios plenamente probados deben considerarse elementos de cargo suficientes y razonables, aunque mínimos, para enervar el derecho a la presunción de inocencia (STC 154/1994).
1. El dato de la titularidad del vehículo con el que se comete la infracción no es por sí solo suficiente para concluir directamente, sin más pruebas de cargo, que el propietario fuera también su conductor en el momento de cometerse la infracción, aunque, tampoco es un elemento irrelevante (SSTC 154/1994, 219/1988) [FJ 2].
2. Habiéndose probado que la infracción de tráfico se cometió con el vehículo de la propietaria y que su repuesta al requerimiento de identificación recibido fue, además de inconsistente y esquiva, incompleta, la sanción controvertida es, con arreglo a las exigencias que impone el art. 24.2 CE, irreprochable constitucionalmente, habida cuenta que tales elementos de cargo son efectivamente suficientes [FJ 4].
Artículo 278 II (redactado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), f. 3
Artículo 72.3, ff. 2, 3
Identificación del conductorIdentificación del conductor, ff. 2 a 4
TráficoTráfico, ff. 2, 3, 4

References: Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 65
 artículo 67
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 278
 Real Decreto 

Artículo 72