Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A164A-00.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:43:35+00:00

Document:
A164A-00
Auto 164A/00
Referencia: expediente I.C.C. -174
Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción de tutela instaurada por Pedro Juan Moreno Villa contra el Exdirector Antinarcóticos de la Policía, Coronel José Leonardo Gallego, hoy Director del Gaula
La Sala Plena de la Corte Constitucional en uso de sus facultades constitucionales y legales,
Que mediante escrito del 5 de octubre de 2000, Pedro Juan Moreno Villa, interpuso acción de tutela contra el Exdirector Antinarcóticos de la Policía Nacional, Coronel José Leonardo Gallego, hoy Director del Gaula, por violación del derecho de petición al no haber respondido en debida forma varias comunicaciones que le dirigiera pidiéndole información acerca de actuaciones suyas durante el tiempo en que ejerció dicho cargo.
Que el Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión Civil, en providencia del 6 de octubre de 2000, rechazó la tutela por falta de competencia aduciendo que del estudio de la misma se desprende que el accionante reside en la ciudad de Medellín y en consecuencia, se remite para que sea repartida entre los tribunales Superior y Contencioso Administrativo de esa ciudad.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, resolvió remitir, para su conocimiento, la tutela al Tribunal Superior de Antioquia Sala de Decisión Civil acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 según el cual las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, serán repartidas en primera instancia, a los tribunales superiores de Distrito Judicial Administrativo y consejos seccionales de la Judicatura.
Que el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil de Decisión, siguió considerando que carece de competencia para conocer de la presente acción de tutela debido a que el peticionario reside en la ciudad de Medellín y, en consecuencia, ordenó remitir lo actuado a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que definiera el conflicto suscitado por la conducta negativa del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en providencia del 2 de noviembre del año en curso, resolvió abstenerse de conocer y decidir el conflicto de competencias trabado entre la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia y el Tribunal Administrativo de ese mismo Departamento y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que aquí se defina lo pertinente.
Que, como cabeza de la jurisdicción constitucional, efectivamente corresponde a la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241, numeral 9 de la Carta, la función de revisar las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de tutela de los derechos constitucionales, unas de las cuales son precisamente las de conflictos de competencias que le corresponde entonces definir, en los términos que ya ha precisado a través de su jurisprudencia.
De otra parte, hay que anotar que los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo con las normas vigentes. Y para estos efectos, los jueces o tribunales tales como los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales especializados y de familia, hacen parte de una misma jurisdicción, la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Auto 016 de 1994. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía).
La Corte Constitucional ha establecido a lo largo de su jurisprudencia, que ella sólo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen un superior común, pues de existir éste, le corresponderá entonces a ese organismo definir a cuál de sus subalternos corresponde la competencia.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia dirime los conflictos que surjan entre tribunales superiores de Distrito Judicial, pero no puede hacer lo propio cuando la discrepancia sobre competencia se manifiesta entre un tribunal de distrito judicial y uno Contencioso Administrativo. En éste último caso, tampoco el Consejo de Estado podría resolver. Y, por tanto, la superioridad funcional común es la Corte Constitucional". (Cfr. Corte Constitucional. Auto 044 de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
De conformidad con estos criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta que el conflicto negativo de competencias ha surgido entre el Tribunal Superior de Antioquia y el Tribunal Administrativo del mismo Departamento, entre los cuales no existe un superior común, es claro que corresponde a la Corte Constitucional dirimir el presente conflicto como se hará a continuación.
En primer lugar la Corte es enfática en señalar que inaplica las disposiciones del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 por cuanto el Gobierno, so pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, no era competente para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo el ámbito de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 C.P. que regula la acción para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas y que, por lo mismo, cualquier cambio en el procedimiento debía ser objeto de una ley estatutaria tal como lo dispone el artículo 152 C.P. que señala:
"Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:
a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección...".
" Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)". (Cfr. Corte Constitucional. Auto de Sala Plena del 26 de septiembre de 2000. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
Mediante el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, expedido en virtud de las facultades extraordinarias que le concedió al Presidente de la República el artículo 5 transitorio de la Constitución, se había establecido la competencia a prevención, de los jueces o tribunales son jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivó la presentación de la solicitud de tutela, es a esta norma entonces a la que debe ceñirse la competencia en materia de este tipo de acciones.
Por ello, la Sala considera que, en tratándose de una presunta violación del derecho de petición por parte del Exdirector de Narcóticos de la Policía Nacional hoy Director del Gaula, entidad que tiene cubrimiento en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de ella, corresponde al Tribunal ante el cual se ejerció la acción de tutela que es el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil de Decisión.
Segundo.- Dirimir el conflicto de competencias suscitado entre el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil de Decisión y el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela incoada por Pedro Juan Moreno Villa contra el Coronel José Leonardo Gallego, Exdirector de Narcóticos de la Policía Nacional, hoy Director del Gaula, en el sentido de que la competencia para conocer de esta acción corresponde al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil de Decisión al cual deberá remitirse el expediente.

References: artículo 241
 artículo 234
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 152
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 37