Source: http://www.habeasdata.org/wp/category/proyecto_de_ley/page/4/
Timestamp: 2013-12-08 18:55:15+00:00

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Este sistema de comunicación que ha tenido un crecimiento exponencial impresionante, nos estamos refiriendo a la Internet, ha sido tomado como un gran negocio financiero por los inescrupulosos y los delincuentes que mediante este sistema propagan a todas partes del mundo imágenes pornográficas de sexo explicito en algunos casos, y en otros simulados, de menores de edad ya sea del mismo o de distinto sexo, la cuestión es la comercialización de estas imágenes que lamentablemente tienen un mercado de muchos consumidores y que hace que el negocio sea cada vez mas rentable.-
La pornografí­a infantil debe ser no solo condenada en grado extremo, sino también perseguida de una manera mas que eficaz, pero a la vez es necesario establecer un adecuado cuadro represivo mediante el aumento de las penas a efectos que aquellos que se dedican a este negocio, ya sea de una manera directa, como creando las imágenes o indirecta como financiando este tipo de proyectos, sufran la condena de una pena que en principio sea privativa de la libertad, ya que de otro modo, la experiencia nos indica que una vez que son sorprendidos cometiendo el delito, y al poco tiempo al verse liberados porque el delito es excarcelable vuelvan a reincidir porque han hecho de este negocio su medido de vida, ya que no solo le es sumamente rentable teniendo en cuanta el mercado ávido que encuentran, sino también porque ya tienen organizada toda su estructura pornográfica, y lo único que deben hacer es recolectar menores para satisfacer su í­mpetu comercializador.- Saben que la materia prima la encuentran a ” la vuelta de la esquina”, ya que la marginación y a veces el descuido de los mayores, hacen que cada vez existan mas niños/as en la calle que son presa fácil de estas personas inescrupulosas que solo lucran con actividades ilí­citas y que en la actualidad han cobrado un auge importante.-
Cabe destacar además que la pena sufre un aumento cuando la victima sea un menor de trece años, tomamos en cuenta esta edad ya que en la actualidad también se ha visto desbordado la distribución de pornografí­a infantil mediante las imágenes de menores de muy corta edad, siendo éste un mercado que se encuentra en constante crecimiento.- De allí­ que se si involucrara a menores de la edad aludida, la pena debe ser aumentada.-
También es necesario un incremento en la graduación de la pena a aplicar cuando quienes comercializan este tipo de productos o los financia o de cualquier otra manera participan en la comisión de este delito, son personas del circulo intimo del menor, como ser ascendientes, descendientes, o bien tutores, guardadores, etc, en fin toda persona que tenga una obligación legal de cuidado o custodia del menor, ya que ello implica que aquellos que deben ser los depositarios iniciales de la educación del menor, son los que lo ingresan a este tipo de delitos aberrantes y condenables desde todo punto de vista y que debe ser severamente penado.-
Por todo lo expresado, solicito de mis pares el acompañamiento del presente proyecto.-
Proyecto del Senado sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico
Posted: junio 26th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Proyecto de Ley, Spam | No Comments »
Proyecto de Ley del Senado Nacional sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico.
Ver “proyectos presentados en Diputados”:http://www.habeasdata.org/ProyectosDelitosInformaticos2006
(S-1628/06)
El Senado y Cámara de Diputados,.. Artí­culo 1: La regulación y protección jurí­dica del correo electrónico, en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, se regirá por esta ley y por los tratados internacionales en que la Nación sea parte. Artí­culo 2: A los efectos de esta ley, entiéndase como
a) Correo Electrónico: todo mensaje, dato o información
transmitido a través de dispositivos electrónicos;
b) Correo Electrónico Comercial: todo Correo Electrónico transmitido con el fin publicitar, comercializar, ofrecer o demandar bienes o servicios;
c) Correo Electrónico Comercial No Solicitado: todo Correo Electrónico Comercial dirigido a un Receptor con quien el Emisor no tiene una relación comercial o personal existente y transmitido sin que medie un pedido expreso del Receptor o sin su previo y expreso consentimiento;
d) Dirección de Correo Electrónico: toda dirección o casilla electrónica expresada mediante cualquier tipo de caracteres, explicitados o no en la pantalla, a la cual se puede enviar un Correo Electrónico;
e) Emisor: toda persona que trasmite un Correo Electrónico;
f) Receptor: toda persona titular de una Dirección de Correo Electrónico al cual un Correo Electrónico fue enviado o recibido
g) Información del Encabezamiento: fuente, destino e información de direccionamiento adjunta a un Correo Electrónico, incluyendo el nombre de dominio y Dirección de Correo Electrónico originarios o cualquier otra información que tenga por objeto identificar a la persona que inicia la transmisión de un Correo Electrónico;
h) Prestador de servicios de correo electrónico: toda persona que presta a sus clientes y usuarios un servicio que permite el enví­o, recepción y almacenamiento de Correo Electrónico;
i) Transmitir incluye pero no se limita al enví­o y reenví­o de Correo Electrónico o cualquier otro acto u operación que consista o tenga por efecto el enví­o de un Correo Electrónico. Artí­culo 3: El Correo Electrónico se equipará a la correspondencia epistolar, a los efectos legales de resguardar la inviolabilidad de su contenido.
Artí­culo 4: Cuando la Dirección de Correo Electrónico sea provista por el empleador para uso del empleado, se deberá notificar fehacientemente la polí­tica respecto del acceso y uso de dicha dirección de correo electrónico.
Artí­culo 5: El Correo Electrónico Comercial deberá contener y exhibir de forma sencilla, clara y completa:
Datos de identificación del Emisor, incluyendo nombre y apellido o razón social, domicilio fí­sico, teléfono y Dirección de Correo Electrónico;
Una descripción breve, precisa y representativa del contenido del Correo Electrónico y la leyenda “publicidad”; “anuncios”; “circulares”; “ofrecimiento”; “propuesta”; o “invitación”, en el campo del objeto o asunto
Un aviso en que el Receptor pueda declinar la recepción de otros Correos Electrónicos transmitidos por el Emisor; y
Una Dirección de Correo Electrónico de respuesta válida a la que el Receptor pueda transmitir un correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir adicionales correos del Emisor.
Artí­culo 6: El Correo Comercial No Solicitado y su Emisor deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del Artí­culo anterior con más:
a) El tamaño máximo del Correo Electrónico no superará lo regulado por la Autoridad de Aplicación
b) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible manifestando que el Receptor puede solicitar expresamente la recepción futura de otros Correos Electrónicos Comerciales enviados por el Emisor, con la inclusión de una Dirección de Correo Electrónico a la que el Receptor puede enviar un Correo Electrónico para notificar su voluntad de seguir recibiendo adicionales Correos Electrónicos Comerciales de parte del Emisor.
Artí­culo 7: Sé prohí­be que toda persona:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, con la intención de engañar, por el medio que fuere, a los Receptores acerca de la identidad del Emisor:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, desde una Dirección de Correo Electrónico cuyo titular proveyó información falsa, engañosa o incompleta acerca de su identidad;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, que incluya una dirección de respuesta distinta a la utilizada para enviar dicho Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado conteniendo información falsa, engañosa o incompleta en el campo del asunto o que no coincida con el contenido del Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial a un Receptor que hubiere formulado el pedido para que no se le enví­e dicho Correo Electrónico o no hubiera manifestado su voluntad para una recepción futura.
Falsifique la Información de Encabezamiento en Correos Electrónicos Comerciales e intencionalmente inicie su transmisión;
Omita cualquiera de las condiciones previstas en los Artí­culos 5 y 6 anteriores. Artí­culo 8: Todo Prestador de servicios de correo electrónico procurará:
Emplear todas las medidas tecnológicas viables tendientes a evitar la transmisión, a través de sus servicios, de Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación.
Incluir en los contratos de servicio celebrados con sus clientes, cláusulas especí­ficas que prohí­ban la utilización de su servicio para el enví­o de Correo Electrónico en infracción a esta Ley.
Cancelar, de forma inmediata, el servicio prestado a todo cliente que enví­e Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación;
Impedir la transmisión masiva de Correos Electrónicos de acuerdo a lo regulado por la Autoridad de Aplicación desde una misma Dirección de Correo Electrónico salvo que el Prestador de servicios de correo electrónico en cuestión hubiere obtenido fehaciente y verosí­mil evidencia de que dichos enví­os se ajustan a las disposiciones de la presente Ley. Artí­culo 9: La Autoridad de Aplicación podrá aplicar una multa de pesos tres mil ($3000) a pesos ochenta mil ($80.000) a toda persona que incurriere en alguna de las conductas prohibidas en el artí­culo 7 de la presente ley. Asimismo podrá ordenar el decomiso del equipamiento utilizado en cualquiera de las conductas previstas en el artí­culo 7.
Las sanciones aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente artí­culo serán apelables por ante los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Federal en la Capital Federal y por ante los Juzgados Federales con competencia en lo Civil y Comercial en la Provincia de que se trate. El recurso deberá interponerse por escrito y fundado en el mismo acto por ante la Autoridad de Aplicación, en el plazo de quince (15) dí­as contados a partir de la notificación de la sanción. La Autoridad e Aplicación remitirá las actuaciones al tribunal competente dentro del quinto dí­a de interpuesto el recurso, debiendo el tribunal dictar resolución en el plazo de quince (15) dí­as.
El recurso se concederá en efecto suspensivo. Artí­culo 10: Sin perjuicio y en adición de las acciones y sanciones aquí­ previstas, la Autoridad de Aplicación, el Receptor damnificado y el Prestador de servicios de correo electrónico, tendrán derecho a promover contra el Emisor las acciones legales que pudiere corresponder a causa del incumplimiento de lo normado en la presente ley.
Artí­culo 11: La Secretarí­a de Comunicaciones de la Nación será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Artí­culo 12: Comuní­quese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los beneficios que genera el uso de la Internet y el correo electrónico, como el grado virtualmente ilimitado que podrí­a experimentar su crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho medio de comunicación se ha convertido en significativo instrumento para el desarrollo humano.
En este entendimiento, en el año 2005, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable Cuerpo consideró y analizó distintas iniciativas legislativas. Las mismas fueron ampliamente debatidas en diferentes reuniones y sometidas a consideración de diversas entidades del ámbito académico y empresarial, que expresaron sus puntos de vista sobre el particular. Fruto de todo ese intenso intercambio de ideas e informaciones, la comisión elaboró, en forma concertada, un dictamen, en el cual se dieron cabida a numerosas observaciones formuladas por los especialistas consultados. Cabe destacar que por imperio de la Ley 13.640, la propuesta ha perdido vigencia, por lo cual considero pertinente volver a abordar la materia dada la importancia de la misma, presentado como texto del citado trabajo, oportunamente consensuado. La preservación de Internet y del correo electrónico como poderoso instrumento para el desarrollo humano y el crecimiento económico de la sociedad depende, fundamentalmente, de su confiabilidad.
Lamentablemente, esta confiabilidad se halla seriamente amenazada por el constante aumento del correo electrónico comercial no solicitado, conocido como -spam-. Se calcula que, en la actualidad, aproximadamente 15.000 millones de mensajes -spam- son enviados cada dí­a. Dicha cifra representa aproximadamente el setenta por ciento (70%) de todo el tráfico de correo electrónico, cuando hace sólo cuatro años representaba el 8%.
La mayorí­a de estos mensajes son fraudulentos o engañosos en su contenido. Asimismo, algunos mensajes de correo electrónico comercial no solicitado contienen material que muchos receptores pueden considerar de naturaleza vulgar o pornográfica. El spam se ha convertido en el método elegido por quienes distribuyen pornografí­a y es necesario encontrar mecanismos legales para proteger a los consumidores, y especialmente a los menores, de este tipo de correo.
La recepción de correo electrónico comercial no solicitado genera una serie de inconvenientes para el receptor, quien no puede negarse a aceptar el mensaje y de ese modo incurre en gastos. Asimismo disminuye la utilidad del correo electrónico, tanto comercial como no comercial. Así­, muchos de ellos se pierdan, se pasen por alto o se eliminen en medio de un gran volumen de mensajes no deseados, reduciendo así­ la confianza y utilidad del correo electrónico para el receptor. En este orden de ideas, recientemente el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 de la Capital Federal, en la causa “Tanus Gustavo Daniel y otro c/Cosa Carlos Alberto y otro s/Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/spam ha considerado el –¦significado del término SPAM y del daño que se ocasiona a los receptores de los mensajes… Ello genera, además, la necesidad de implementar sistemas para bloquear y, aún lograr, la protección de los virus que pueden dispensar-. El tribunal señaló además, que: –¦Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar el almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que ello irroga, que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información. Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son archivos de pequeño tamaño y, consecuentemente, su excesiva grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rí­gido de la computadora-¦-.
Si bien algunos remitentes de correo electrónico comercial ofrecen al receptor mecanismos simples y confiables para rechazar la recepción de otros correos electrónicos comerciales enviados por esos mismos remitentes, otros remitentes no ofrecen ningún mecanismo de este tipo o se niegan a cumplir el pedido de los receptores de no recibir correo electrónico de tales remitentes en el futuro.
Así­ lo “señaló el Juez de los autos”:http://www.habeasdata.org/spam ut-supra citados –¦además del daño apuntado precedentemente, la actividad de los demandados comporta una invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el enví­o masivo de mensajes no solicitados y la oferta de comercialización de esos datos que efectúan a terceros, cuando ya habí­an requerido el cese del enví­o y el bloqueo de esa información de la base respectiva, conforme lo previsto en el ya citado art. 27 de la ley 25.326.-
También, un correo electrónico, entendido como mensaje, dato o información transmitido a través de dispositivos electrónicos, es muchas veces entendido como una correspondencia privada protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones postales, derecho reconocido en la Constitución Nacional. La cláusula constitucional es muy clara: -…El domicilio es inviolable, como también lo es la correspondencia epistolar y los papeles privados….- Frente a tan presente como acuciante fenómeno, la legislación argentina vigente no tiene respuestas expresas y especí­ficas. Los redactores de la Carta Magna de 1853 nunca pudieron imaginar la existencia de los sistemas informáticos actuales, ni de la posibilidad de recibir correspondencia ví­a dispositivos electrónicos. A tales fines, entonces, en la propuesta legislativa, se tiene presente la garantí­a constitucional y se equiparan ambas modalidades de correspondencia, otorgando de esta manera protección a la nueva modalidad. En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el dí­a 4 de marzo de 1999 en la causa Lanata, Jorge c/ s/ sostuvo -…El avance de la tecnologí­a en este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el bien jurí­dico que tutela el Capí­tulo III, Tí­tulo V del Código Penal, en especial a los artí­culos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la correspondencia. Pero queda claro que el tan difundido -e-mail- de nuestros dí­as es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografí­as, archivos completos, etc.; es decir, amplí­a la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional al usuario que tenga acceso al nuevo sistema.- En este orden, los esfuerzos legislativos de otros paí­ses en esta materia son amplios y variados. Dentro del listado de los -tipos de delitos informático- elaborado por la Organización para la Naciones Unidas se encuentra la violación de la intimidad de un individuo a través, por ejemplo, de la lectura o publicación de su correo electrónico. El Parlamento Europeo, aprobó en el año 1995, la directiva relativa a la protección de las personas fí­sicas, en lo que respecta a la circulación de datos, y crea un marco armonizado de normas que permiten proteger la confidencialidad del correo electrónico. Por su parte, el Congreso de las Estados Unidos, luego de un debate extenso sancionó la -Ley de Control de Mensajes de Publicidad y Pornografí­a No Solicitados- o -Ley Can-Spam- por la cual se reglamenta especí­ficamente a los mensajes comerciales no solicitados, imponiendo lí­mites y sanciones a la transmisión de este través de dispositivos electrónicos. Similares leyes fueron sancionadas por diversos paí­ses, como lo son Japón, Australia, Perú o Rusia, para mencionar solo algunos de los más de treinta piases que desde la legislación promovieron herramientas para cooperar en la lucha de este flagelo en las comunicaciones. Se adelanta que pese a los más diversos esfuerzos de los gobiernos y el sector privado, no existe una solución simple, completa y definitiva a este fenómeno. Toda respuesta a este problema es minimizada por una inagotable innovación financiada por los más diversos intereses económicos y estratégicos. De ahí­ que la experiencia internacional y los consejos de los técnicos más reconocidos sean unánimes en reconocer que la eficacia de cualquier polí­tica requiere del esfuerzo mancomunado del Estado, la industria y los usuarios. Asimismo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) en el apartado especí­ficamente creado en el marco de la Cumbre de la Sociedad de la Información referido a la lucha contra el -spam-, propone distintas acciones que deben encarar los paí­ses para combatirlo, y considera necesario un accionar conjunto entre los distintos actores, la sanción de la legislación correspondiente a cada Nación, como así­ también la cooperación bilateral y multilateral entre las mismas. En esas circunstancias, entiendo que el presente proyecto establece las bases legislativas necesarias para establecer y promover un legí­timo y eficiente uso de esta nueva modalidad de las comunicaciones electrónicas. Corresponderá, luego, a la administración y a todos los sectores de la comunidad continuar este esfuerzo en la defensa de este medio de comunicación.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de dar respuesta a una problemática mundial que afecta a los habitantes de la República Argentina, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley. Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.
Proyectos de Delitos Informaticos del año 2006
Proyecto de ley Regulación del uso del correo electrónico
Posted: junio 21st, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Internet, Proyecto de Ley | No Comments »
Proyecto de ley presentado por el Diputado Canevarolo, (Dip.Santa Cruz, Frente para la Victoria). Se presentó el 5 de junio pasado, bajo el expte. 3001-D-06.
*REGULACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO*
ARTICULO 2º. Definiciones A los efectos de esta ley, entiéndase por los siguientes términos:
(ii) Red informática: la interconexión de los sistemas de comunicaciones entre medios electrónicos a través de terminales remotas, o un complejo que conste de dos o más medios electrónicos interconectados. (iii) Medios electrónicos: los dispositivos de cualquier especie, fijos o móviles, que puedan ser utilizados para el enví­o, recepción y almacenamiento de correo electrónico.
(iv) Dirección de correo electrónico: serie de caracteres que permiten identificar el origen y destino de un correo electrónico, habitualmente compuesta por una identificación de usuario y una identificación del servidor de correo electrónico separados por el carácter -arroba-.
Cuando el correo electrónico sea provisto por el empleador al trabajador en función o con motivo de una relación laboral, se entenderá que su titularidad corresponde al empleador, aun cuando la dirección de correo electrónico se conforme con parte del nombre o identificación del trabajador, o se requiera para acceder a dicho correo electrónico de una contraseña definida o conocida sólo por el trabajador. En consecuencia de lo expuesto, el empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la información que se enví­e y reciba a través de la dirección de correo electrónico laboral, siempre que lo haga de un modo no discriminatorio. El acceso por parte del empleador al correo electrónico provisto al trabajador para fines laborales no se considerará una injerencia en la intimidad del trabajador.
Para que el empleador pueda ejercer válidamente las facultades a que hace referencia el presente artí­culo, las condiciones de uso del correo electrónico laboral y las consecuencias del incumplimiento de dichas condiciones deberán haber sido comunicadas por escrito a los trabajadores al momento de poner a su disposición el servicio de correo electrónico. En caso de que la dirección de correo electrónico laboral se conforme con el nombre o parte del nombre del trabajador, una vez finalizada por cualquier causa la relación laboral, el trabajador podrá requerir que se elimine esa dirección de correo electrónico.
-Artí­culo 153.: Será reprimido con prisión de 15 dí­as a 6 meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un correo electrónico, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.
Se le aplicará prisión de 1 mes a 1 año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, correo electrónico, escrito o despacho. ARTICULO 5º: Sustitúyase el artí­culo N* ° 155 del Código Penal, por el siguiente:
-Artí­culo 155.: El que, hallándose en posesión de una correspondencia, o correo electrónico, no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.- ARTíCULO 6º: Comuní­quese al Poder Ejecutivo de la Nación.
La finalidad del presente proyecto es establecer un marco jurí­dico que regule la utilización del correo electrónico en la República Argentina.
En la actualidad no existe en nuestro paí­s legislación especí­fica al respecto, generándose una situación de vací­o legal en la materia, por lo que nuestros tribunales deben en muchos casos interpretar extensiva o analógicamente otras normas para aplicarlas al correo electrónico. En general, esta situación se replica en todos los aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologí­as de la comunicación e información, que en los últimos años se han desarrollado masivamente, y en algunos casos no fueron objeto de incorporación especí­fica a la legislación argentina .
No obstante, dada la importancia que han asumido estas herramientas y su impacto en la vida y en el trabajo en general, resulta sumamente importante actualizar el derecho interno para que contemple las nuevas situaciones que se imponen de hecho.
Siguiendo con la tendencia internacional, la utilización del correo electrónico se ha extendido y masificado en nuestro paí­s en los últimos años, llegando a niveles que hacen de esta herramienta uno de los medios de comunicación más utilizados. La causa reside en la practicidad y eficiencia del mismo, como así­ también en su condición -virtual-, que permite un fácil acceso al mismo desde cualquier punto que tenga acceso al servicio.
Si bien la mayorí­a de los usuarios se encuentran concentrados en los grandes centros urbanos, su utilización se ha ido extendiendo progresivamente en todas las regiones del paí­s.
Según datos del Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos, en los últimos años la utilización de Internet y del correo electrónico se ha extendido sustancialmente en nuestro paí­s. En lo que se refiere a Internet, los accesos residenciales crecieron un 18,5% entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2005, con un aumento registrado tanto de las cuentas de abono, como de las cuentas de usuarios gratis. Los accesos de organizaciones también crecieron un 10,2% durante el mismo perí­odo de tiempo. Asimismo, la cantidad de cuentas de correo electrónico superaba los cinco millones en diciembre de 2004, aunque en diciembre de 2005 se observó una disminución del 29,8%. Esta baja se debe principalmente a la eliminación de aquellas cuentas de correo electrónico que estaban sin funcionamiento, por parte de los prestadores del servicio. No obstante, no se comprobó una disminución en el tráfico de mensajes enviados mediante las cuentas de correo sino que, por el contrario, durante este perí­odo se dio un incremento del 41,1%, registrando una cifra superior a los 653 millones de mensajes enviados, es decir, que el promedio de mensajes enviados por cada cuenta de correo electrónico se incrementó en un 100,9% alcanzando más de 174 mensajes mensuales entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2005. Si esta comparación se extiende con respecto a los valores del año 2003, a diciembre de 2005 el tráfico de mensajes enviados por correo electrónico se incrementó en un 236%.
Estas cifras corroboran la magnitud e importancia que tiene el correo electrónico como medio comunicación en nuestro paí­s, y deja de manifiesto la cantidad de personas que en la actualidad no cuentan con la adecuada protección legal sobre su derecho a la intimidad y privacidad como usuarios de la correspondencia electrónica.
Al igual que en la mayorí­a de los paí­ses que trataron la temática, consideramos que el correo electrónico constituye una evolución del correo epistolar tradicional y, por lo tanto, debe ser equiparado a aquél en relación a la protección legal que debe brindársele. Esta situación, además, ha sido expresamente reconocida por nuestros Tribunales en innumerables ocasiones, incluso en el marco de causas penales, en las que la interpretación analógica o extensiva se encuentra vedada.
Sin embargo, consideramos que algunas particularidades del correo electrónico, tales como su utilización en el ámbito laboral, deben ser especialmente consideradas y reguladas.
En virtud de lo expuesto, hemos estructurado el presente proyecto del siguiente modo: (i) una primera parte que se ocupa de establecer la regla general, que es la equiparación del correo electrónico a la correspondencia tradicional a todos los efectos legales; (ii) una segunda parte, que establece el régimen particular del correo electrónico laboral; y (iii) una tercera parte, que dispone modificaciones especí­ficas al Código Penal para adaptarse a la nueva realidad tecnológica.
A los efectos de preparar el presente proyecto, hemos contado con el asesoramiento técnico del Dr. Juan Darí­o Veltani, abogado y profesor universitario de Derecho de la Alta Tecnologí­a.
*I.	Primera parte del proyecto. La equiparación del correo electrónico a la correspondencia tradicional a todos los efectos legales*
La presente iniciativa legislativa equipara en su artí­culo 1º el correo electrónico a la correspondencia epistolar, otorgándole -“por ende las garantí­as consagradas en el artí­culo 18 de la Constitución Nacional. Este es el principio general sentado por el proyecto que proponemos: equiparar lisa y llanamente el correo electrónico al correo tradicional. De este modo, se introduce certeza respecto de la aplicación de las normas referidas a la correspondencia epistolar. El sentido del artí­culo 1º del proyecto es que toda vez que una norma se refiera a la -correspondencia-, deberá entenderse que en dicho concepto se encuentra comprendido el de -correo electrónico-. Creemos que el correo electrónico, como medio de comunicación, debe estar adecuadamente protegido contra cualquier intromisión porque integra el ámbito de privacidad e intimidad de las personas, que ha sido especí­ficamente previsto y tutelado por el art. 19 de la Constitución Nacional.
En este sentido, el derecho a la intimidad de quien emite y quien recibe un correo electrónico debe ser adecuadamente resguardado, por ser éste un espacio en el cual el individuo ejerce su libertad personal. Esta protección, además, es congruente con las garantí­as expresamente consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos -nadie puede ser objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en su vida privada-, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles que estipula en su artí­culo 17 que -toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques-.
En el artí­culo 2º, se incorpora la definición de correo electrónico para su inclusión en la legislación nacional. Si bien no estamos de acuerdo en general con la inclusión de definiciones en una norma legal, teniendo en cuenta las particularidades que presentan las nuevas tecnologí­as entendemos que a los efectos de la correcta interpretación y aplicación de esta norma resulta conveniente incluir ciertas definiciones. La definición de correo electrónico propuesta es amplia, teniendo en cuenta que en la actualidad el correo electrónico no sólo se transmite por medio de computadoras personales sino que existen otros dispositivos que tienen capacidad para enviar, recibir y almacenar correos electrónicos . La alusión a -…cualquier otro dispositivo hábil al efecto- tiene como finalidad mantener actualizada la norma frente a los avances tecnológicos, ya que consideramos que si se limitasen los dispositivos con capacidad para operar con correo electrónico sólo a computadoras personales, la norma podrí­a devenir anacrónica en poco tiempo.
Cabe señalar que, si bien consideramos que el correo electrónico debe equipararse a la correspondencia tradicional, las diferencias entre ambos son evidentes, teniendo cada uno de ellos caracterí­sticas operativas y formas de conducción disí­miles. Al respecto, sabemos que una carta es única, se encuentra en formato tangible y realiza un recorrido desde su remitente y hasta su destinatario a través de lugares fí­sicos. El correo electrónico, por su parte, depende de una serie de soportes totalmente distintos, ya que se trata de un medio -virtual- que se desarrolla a través de sistemas electrónicos. Ante consecuencia, hemos incorporado en el artí­culo 2º de la norma, además de la definición de correo electrónico, la definición de los elementos de los cuales -“entendemos depende el correo electrónico para su transmisión, recepción y almacenamiento: (i) red informática, (ii) medios electrónicos, (iii) dirección de correo electrónico, y (iv) proveedor de correo electrónico. Como dijimos más arriba, dado que -“en general no estamos de acuerdo con la inclusión de definiciones en las normas jurí­dicas, hemos procurado definir únicamente aquellos términos cuya precisión resulta a nuestro criterio indispensable para la correcta interpretación de la norma. *II.	Segunda parte del proyecto. La regulación del correo electrónico laboral*
En el artí­culo 3º de este proyecto hemos previsto un régimen especí­fico diferente del general establecido en el artí­culo 1º para el correo electrónico laboral, atendiendo a sus particulares caracterí­sticas.
En este sentido, resulta innegable que el fenómeno de la utilización del correo electrónico que describimos más arriba se ha extendido a las empresas y demás organizaciones, que encontraron en este medio una forma de comunicación ágil y con un costo relativamente bajo. Así­ las cosas, el correo electrónico se ha transformado en una herramienta más de trabajo que empresas y organizaciones otorgan a los trabajadores para realizar más eficientemente las tareas encomendadas.
La Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (la -LCT-) no contiene ninguna referencia expresa al correo electrónico provisto por el empleador a los trabajadores y, mucho menos, a la facultad que podrí­a tener el empleador para supervisar y controlar dicho correo electrónico. Sin embargo, tanto el trabajador como el empleador tienen la obligación de obrar de buena fe, -ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo- . Y el trabajador, en particular, debe -prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las caracterí­sticas de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean.- Adicionalmente, la LCT confiere al empleador diversas facultades , entre las cuales se encuentra la de realizar controles personales a los trabajadores, tendientes a proteger los bienes del empleador. Estos controles deben realizarse por medios de selección automática, salvaguardando la dignidad del trabajador , y no constituirse en un medio de discriminación . Más aun, la LCT prevé que los sistemas de control utilizados por el empleador deben ser puestos en conocimiento del Ministerio de Trabajo , para así­ evitar abusos. En este contexto normativo, se ha planteado una gran cantidad de casos en nuestros tribunales en virtud de despidos o sanciones disciplinarias impuestas a trabajadores en virtud de haber verificado la utilización del correo electrónico laboral para fines personales o ajenos a las tareas laborales. En lí­neas generales, los tribunales determinaron que las sanciones impuestas a los trabajadores en virtud de la incorrecta utilización del correo electrónico no se ajustaron a derecho por cuanto: (a) la LCT no preveí­a expresamente la posibilidad de controlar el correo electrónico; (b) los trabajadores poseí­an una razonable expectativa de privacidad en sus comunicaciones por este medio (por resultar asimilable a la correspondencia epistolar y, por ende, inviolable); y (c) a los trabajadores no se les habí­a notificado adecuadamente la existencia de una polí­tica en materia de utilización del correo electrónico laboral, y las consecuencias de su incumplimiento .
En el presente proyecto hemos tenido en consideración la doctrina que emana de los fallos judiciales más relevantes dictados hasta la actualidad en materia de control del correo electrónico laboral, y consideramos que en el futuro, la norma prevista en el artí­culo 3º del proyecto permitirá otorgar certeza y previsibilidad a los conflictos originados en la utilización de esta herramienta de trabajo.
En sí­ntesis, el artí­culo 3º del proyecto viene a terminar con la discusión acerca de la propiedad del correo electrónico laboral y de todo su contenido, disponiendo que dicha propiedad corresponde al empleador y, por ende, las garantí­as que se otorgan al correo electrónico lo son con relación al empleador y no a los trabajadores que los utilizan. Los fundamentos por los cuales consideramos que la solución propuesta en el artí­culo 3º es la correcta están vinculados con el hecho de que el correo electrónico laboral es una herramienta más de trabajo, que el empleador pone a disposición de los trabajadores al único efecto de que éstos puedan desarrollar sus tareas de un modo más eficiente. Además, la utilización abusiva del correo electrónico laboral puede acarrear mayores costos al empleador, toda vez que los mensajes circulan a través del sistema informático del empleador y, por ende, pueden saturarlo o determinar que el empleador deba invertir más de lo que hubiera debido invertir si los medios informáticos se utilizaran sólo para las tareas laborales. Por último, aunque no por resultar menos importante, debe tenerse presente que la utilización del correo electrónico laboral podrí­a acarrear distintas responsabilidades al empleador -“que, habitualmente, será el titular del dominio desde el cual se enví­an los correos electrónicos.
Ahora bien, para que el empleador pueda ejercer válidamente las facultades de control y fiscalización que hemos dispuesto en el artí­culo 3º, será necesario que el trabajador haya sido notificado por escrito de la polí­tica de uso del correo electrónico de la empresa, incluyendo en forma explí­cita las consecuencias del incumplimiento de la polí­tica de uso. Incluimos este requisito a los efectos de eliminar la posibilidad de que el trabajador entienda que existe un ámbito de privacidad en la utilización de su correo electrónico laboral. Este no es un tema menor, porque dado que habitualmente es necesario contar con un nombre de usuario y con una contraseña para poder acceder al correo electrónico laboral y también es frecuente que la contraseña sea definida por el propio trabajador, los trabajadores podrí­an razonablemente interpretar que esta -contraseña- les garantizarí­a un ámbito de privacidad.
La comunicación de la polí­tica de uso del correo electrónico al trabajador debe efectuarse por escrito y utilizando términos que sean comprensibles para el trabajador.
Finalmente, hemos previsto la posibilidad de que, una vez extinguida la relación laboral entre las partes por cualquier motivo el trabajador pueda requerir al empleador la eliminación de la dirección de correo electrónico que el trabajador utilizaba en la empresa. Ello sólo será posible cuando dicha dirección esté conformada con el nombre o parte del nombre del trabajador.
El fundamento de esta posibilidad radica en que es muy frecuente que las direcciones de correo electrónico se configuren con el nombre del trabajador seguido del carácter -arroba- y, luego, el dominio de la empresa. De este modo, se entiende que la persona cuyo nombre figura antes del carácter -arroba- trabaja en la empresa cuyo dominio aparece luego de dicho carácter. Si bien para algunos trabajadores no existirí­an consecuencias prácticas si sus direcciones de correo electrónico fueran mantenidas por el empleador luego de terminada la relación laboral, a otros que, por ejemplo, estuvieran trabajando en otra empresa de similares caracterí­sticas podrí­a generarles problemas o perjuicios. En estos casos, la norma que proponemos prevé expresamente la posibilidad de que se solicite al empleador la eliminación de la dirección de correo electrónico en cuestión.
*III.	Tercera parte del proyecto. Modificaciones al Código Penal*
Los artí­culos 4º y 5º del proyecto tienen como objeto la tutela del correo electrónico en el ámbito penal. Esta es la cuestión más sensible del proyecto porque dado que el derecho penal constituye la expresión máxima del poder punitivo del Estado, los tipos penales no pueden ser interpretados analógica ni extensivamente. Esta imposibilidad de aplicar la interpretación analógica o extensiva a las normas penales, sumada al hecho de que la tecnologí­a avanza en forma constante y continua, determina que las conductas antijurí­dicas vinculadas con la tecnologí­a sean de muy difí­cil tipificación . En rigor, lo que hemos procurado mediante los artí­culos 4º y 5º es cumplir con la premisa general sentada en el artí­culo 1º, que implica la equiparación del correo electrónico a la correspondencia epistolar a todos los efectos legales. Es que la confidencialidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados se encuentra protegida en nuestra legislación, y en general en todos los paí­ses, no sólo a través de normas constitucionales, sino también por medio de la legislación penal.
Esta situación, como dijimos, no ocurre únicamente en nuestro paí­s sino en el ámbito internacional, dado que son muchos los paí­ses conscientes de los cambios profundos ocurridos como producto de la digitalización, la convergencia y la globalización permanente de las redes informáticas, y de los nuevos riesgos que ello trae aparejado. Por ello, existe una marcada tendencia a escala mundial hacia la protección de la sociedad contra los denominados -delitos informáticos-, mediante legislaciones internas apropiadas y aún mediante la suscripción de tratados internacionales .
Nuestro Código Penal ubica al delito de violación de secretos entre aquellos que atentan contra la libertad de las personas, dado que implican la violación de la intimidad y privacidad de las personas, restringiendo su derecho a mantener en reserva las actividades que le pertenecen y que se sustraen del conocimiento público.
En los artí­culos 153 y 155 del Código Penal en su redacción actual no se prevé especí­ficamente que las acciones allí­ descriptas puedan configurarse respecto del correo electrónico. Si bien en dichas normas se hace referencia a -carta- y -correspondencia-, lo cierto es que, como dijimos, la interpretación restrictiva en materia penal podrí­a dar lugar a que no se considerase incluido al correo electrónico entre los elementos enunciados por estos tipos penales.
Sin embargo, cabe señalar que los tribunales penales han admitido en diversas causas que la protección de la correspondencia epistolar es aplicable al correo electrónico. Quizás el precursor de esta posición haya sido el fallo dictado en el caso -Lanata-, en el cual la Sala VI de la Cámara Nacional Criminal y Correccional sentenció que -nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico [e mail] como un verdadero correo en versión actualizada. En tal sentido, la correspondencia y todo lo que por su conducto pueda ser transmitido o receptado, goza de la misma protección que quiso darle el legislador al incluir los arts. 153 al 155 en la época de redacción del Código sustantivo, es decir, cuando aún no existí­an estos avances tecnológicos.- En este punto, una vez más hemos seguido la doctrina que emana de los fallos jurisprudenciales y, siendo el principio de tipicidad uno de los principios imprescindibles en materia penal, es que proponemos incluir expresamente al correo electrónico en los artí­culos 153 y 155 del Código Penal.
Sin embargo, dadas las particularidades que reviste el correo electrónico en relación con el correo epistolar y en virtud de los soportes tecnológicos especí­ficos que se requieren para su manipulación, hemos dado una redacción especial a la acción tí­pica propuesta, que entendemos se adecua a las caracterí­sticas aludidas.
Luego, introdujimos una pena agravada para el caso de que el correo electrónico al que se acceda de manera ilegí­tima o se intercepte hubiera provenido y hubiera sido emitido desde un correo electrónico correspondiente a un dominio oficial del Estado. Es decir, si el correo electrónico fue emitido por un usuario de un dominio -.gov.ar- o -.mil.ar- o cualquier otro que sea utilizado exclusivamente por el Estado, entonces la pena se agrava. El fundamento de este agravante es que mediante el acceso ilegí­timo a correos electrónicos de dominios oficiales se podrí­a acceder a información sensible de la Nación o interferir con las actividades públicas del Estado. En virtud de todo lo expuesto, y considerando que este proyecto no sólo viene a suplir en forma armónica con el resto de la normativa vigente un vací­o legal que hasta el momento debió ser ocupado por las interpretaciones judiciales, sino que también sigue en cierta medida los criterios que han sido consolidados por la jurisprudencia durante este perí­odo, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
Proyecto de ley Violación de Secretos y Privacidad
Posted: junio 7th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Delitos, Proyecto de Ley | No Comments »
PROYECTO DE LEY DIPUTADOS CONTI y ROSSI: CODIGO PENAL. MODIFICACIONES, SOBRE SUSTRACCION DE CORREPONDENCIA Y CORREOS ENVIADOS VIA ELECTRONICA. (2991-D-2006)
Nº de Expediente 2991-D-2006
Trámite Parlamentario 64 El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTICULO 2* ° Modificase el artí­culo N* ° 154 del Código Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma: Artí­culo 154: Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años, el que por su oficio o profesión se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia o de un mensaje de correo electrónico. También si se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto. ARTICULO 3* °: Incorpórase como artí­culo N* ° 154 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:
Artí­culo 154 bis : Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años el que, para vulnerar la privacidad de otro, utilice artificios de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen. La misma pena se aplicará a quienes difundan, revelen o cedan a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere el párrafo anterior.
Artí­culo 155: Será reprimido con multa pesos diez mil a pesos quinientos mil el que, hallándose en posesión de una correspondencia o un correo electrónico no destinado a la publicidad, lo hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. ARTICULO 6* °: Modificase el artí­culo N* ° 156 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Como ha dicho nuestro máximo Tribunal de justicia, la carta es vehí­culo del pensamiento y el pensante su exclusivo señor. Solo él puede escoger el destinatario y por ello, nuestra Carta Magna consagró la inviolabilidad de la correspondencia (art. 18 C.N.).
La ley reglamentó este principio fundamental e inalienable, relevándolo como bien jurí­dico penalmente tutelado (arts. 153 al 157 bis del Código Penal) y estableció solo excepcionalmente su invasión.
Algunas reformas intentaron adecuar la ley a esta realidad, pero lo cierto es que hoy, frente a los hechos de reciente pública connotación que implicaron la violación de correos electrónicos a periodistas y funcionarios, se advierte un vací­o legal o, al menos, dificultades de carácter normativo para atrapar penalmente las conductas que constituyeron los hechos violatorios de la intimidad humana personal y/o profesional.
Siendo así­, y evaluando correcta la tipificación penal ensayada para éstos supuestos por la Comisión de expertos que convocados por el Ministerio de Justicia de la Nación han puesto ha consideración de la sociedad un anteproyecto de Código Penal, hemos tomado sus propuestas en cuanto la descripción de las conductas a penalizar.
Las escalas penales escogidas y aquí­ propuestas, en cambio, siguen la racionalidad que ofrece nuestro actual Código Penal.
Pretendiendo, así­ contribuir a la adecuación de nuestras normas penales que deben tutelar la intimidad y la correspondencia, es que proponemos la aprobación de este proyecto de ley.
Necesidad de legislar el delito informático
Posted: junio 4th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Delitos, Proyecto de Ley | No Comments »
*Proponen penalizar la violación de correo electrónico y de la privacidad*
por “Pablo Palazzi”:http://www.habeasdata.org/pablopalazzi
*Un artí­culo publicado en el diario La Nación del domingo 4 de junio de 2006, bajo el tí­tulo “Pretenden penar la violación de e-mails”:http://www.lanacion.com.ar/811738 señala que la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de ley relativo a la penalización del correo electrónico.*
??Dí­as después de desatado el escándalo de espionaje virtual contra periodistas, empresarios y dirigentes polí­ticos, el oficialismo en la Cámara de Diputados decidió tomar cartas en el asunto y establecer durí­simas penas contra este tipo de delitos, todaví­a sin sanción efectiva en el contexto legal vigente??.
??El próximo martes por la tarde, las comisiones de Legislación Penal, Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara baja debatirán un “proyecto de modificación al Código Penal presentado anteayer por la diputada oficialista Diana Conti”:http://www.habeasdata.org/ProyectoConti (ver su “nota en diario Clarin”:http://www.clarin.com/diario/2006/06/15/opinion/o-03102.htm)y respaldado por el jefe del bloque, Agustí­n Rossi (Santa Fe)??.
??La iniciativa, que iguala la intromisión en correos electrónicos con las de misivas en papel, prevé penas de hasta diez años de prisión para la violación del correo electrónico por parte de funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad??.
??En la mesa de debate de las comisiones también estará un proyecto similar, aunque con una penalidad menor a la que propone el oficialismo, presentado semanas atrás por la arista “Delia Bisutti”:http://www.habeasdata.org/Bisutti (ARI-Capital)??.
*Resulta auspicioso que el Congreso se preocupe por cubrir este vací­o pero serí­a importante que esta reforma se coordine con la “reforma general del Código Penal”:http://www.habeasdata.org/deliinfo que está planeando el Ministerio de Justicia y que también contiene “normas especiales y muy elaboradas en materia de delitos contra la privacidad”:http://www.habeasdata.org/AnteproyectoCodigoPenal. La lectura del “Proyecto Conti”:http://www.habeasdata.org/ProyectoConti da toda la impresión de estar basado en el proyecto oficial de Código Penal del Ministerio de Justicia (en lo que respecta a delitos contra la privacidad), aunque nos parece que la propuesta de reforma del Código Penal se queda corta en muchas facetas del delito que ocurre en el mundo virtual.*
??El martes último, una treintena de diputados de distintos partidos convocados por la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici (UCR-Capital), recibieron a distintos periodistas cuyos mails habí­an sido violados y se comprometieron a impulsar iniciativas para penalizar estos comportamientos. “Al revisar la legislación nos dimos cuenta que, por falta de adecuación a los nuevos tiempos, nuestro Código Penal no pena claramente los delitos por medios electrónicos. Los jueces nos están pidiendo estas modificaciones y vamos en ese sentido”, explicó Conti a LA NACION. El proyecto, modificatorio de los artí­culos 153 a 157 del código y que cuenta con el apoyo del bloque kirchnerista, equipara el delito de violación de correos electrónicos efectuados por particulares con el de estafa, que alcanza una pena máxima de seis años de prisión. Si quien comete ese delito es funcionario o miembro de una fuerza de seguridad, las penas que se contemplan van de 1 a 10 años de reclusión. “No se trata sólo de penalizar violación de e-mails o el uso indebido de tecnologí­a. Hay que estar atentos, en el paí­s cualquiera hace inteligencia y nadie controla”, alertó Giúdici.??
*Sobre todo, serí­a importante que se elimine la limitación actual que penaliza solo el acceso ilegí­timo a un banco de datos personales pero no a un ordenador. También serí­a importante tomar conciencia sobre la importancia de preservar y amparar penalmente la privacidad en la Sociedad de la Información en que vivimos. Como dijimos al comentar el proyecto del Ministerio de Justicia, el capí­tulo III ahora incluye delitos de “Violación de secretos y de la privacidad”. Como novedad, se incluye la privacidad _por primera vez_ en forma expresa como bien jurí­dico protegido. Y se lo hace de una forma amplí­sima. Se penalizan diversas conductas que por ahora no son delito en nuestro paí­s, pese a su gravedad.*
*El interés por legislar continuó. Según su edición del dí­a 22 de junio, “DiarioJudicial”:http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29807 informó que existen “seis proyectos de leyes en el Congreso”:http://www.habeasdata.org/ProyectosDelitosInformaticos2006 relacionados con la penalización del correo electrónico y los delitos informáticos. Pero en la nota se aclara que sólo dos de esos proyectos legislan en forma integral el fenómeno del delito informático.* Los proyectos se siguieron presentando: el dip. Solanas presentó un proyecto sobre “pornografí­a infantil en internet”:http://www.habeasdata.org/ProyectoSolanasPornografia. La Comisión planea tener cerca de 4 reuniones en las semanas siguientes. No nos podemos quejar. El resultado del primer semestre del 2006 es una lluvia de proyectos legislativos. Esperemos que las intenciones se transformen en acciones y que no suceda como viene ocurriendo hace una década: muchos proyectos pero pocas leyes.
Los deudores colombianos tendrán que esperar para que el paí­s promulgue una ley estatutaria que reglamente el uso y el manejo de la información, en especial la que tiene que ver con el historial crediticio.
Ayer, luego de un *noveno intento para que fuera debatida por el Congreso*, la iniciativa que estaba en curso fue hundida por los parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que no asistieron al acto deliberatorio.
Ecuador: proyecto de ley de protección de datos
Posted: mayo 30th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Costa Rica, Habeas Data, Proyecto de Ley | No Comments »
*ANTEPROYECTO LEY DE ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES*
Elaborado por la “AEDIT”:http://www.aedit.org.ec/ (en discusión)
En la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático y Telecomunicaciones “AEDIT”:http://www.aedit.org.ec/, estamos preparando un anteproyecto de Ley de Protección de datos personales y lo estamos proponiendo al Congreso Nacional. Al igual como lo hicimos en su momento con la Ley de Comercio Electrónico para el Ecuador, ahora pedimos formalmente vuestro apoyo, para que nos den observaciones y recomendaciones al proyecto que tenemos preparado. El documento se basa en normas internacionales y en la poca normativa que tenemos en el Ecuador sobre el tema, por lo que será valioso contar con su experiencia práctica en la aplicación de la norma en sus respectivos paí­ses. Pese a que estamos concientes de la dificultad de sacar una Ley de este tipo, es un desafí­o que nos hemos propuesto y esperamos reducir los dos años y medio que nos tomó lograr la aprobación de la Ley de Comercio electrónico. Gracias por su colaboración.
José Luis Barzallo – Presidente “AEDIT”:http://www.aedit.org.ec/
*TíTULO PRIMERO*
*DEL OBJETO, íMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES*
Artí­culo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto garantizar y proteger los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, tanto públicos como privados, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así­ como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en la Constitución Polí­tica de la República del Ecuador.
Artí­culo 2.- ímbito de Aplicación.- Las disposiciones de la presente Ley Orgánica, serán aplicables, tanto a las personas naturales como a las personas jurí­dicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en relación a los datos de carácter personal registrados en soporte fí­sico o digital que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos.
En ningún caso se podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodí­sticas y el secreto profesional que determinen las normas correspondientes.
Artí­culo 3.- Definiciones.- A los fines de la presente Ley se entiende por:
Titular o interesado: Toda persona natural cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente Ley.
Almacenamiento de datos: Archivo o custodia de datos en un registro o base de datos de cualquier tipo.
Archivo, registro, fichero, base o banco de datos personales: Es el conjunto de datos personales que pueden ser objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere el modo de su recopilación, formación, almacenamiento, organización o acceso.
Bloqueo de datos: suspensión temporal de toda operación de tratamiento de los datos personales almacenados.
Comunicación o Transmisión de datos: Es todo traspaso de datos personales realizados de cualquier forma a una persona distinta del titular, sean determinados o determinables
Consentimiento del interesado: Cualquier manifestación de voluntad, libre, inequí­voca,
expresa e informada, mediante la cual el interesado autorice el tratamiento de sus datos personales.
Dato caduco: Aquel que ha perdido vigencia por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su finalidad. Dato estadí­stico: Para efectos de esta Ley, son aquellos que permiten el cálculo de probabilidades a partir de datos personales, los que no podrán en ningún momento ser asociados a un titular identificado o identificable.
Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico, automatizado o por cualquier medio conocido o que se conociere en el futuro.
Datos personales: Son datos o información de carácter personal o í­ntimo, que son materia de protección en virtud de ésta Ley.
Datos sensibles: Datos personales que afectan el derecho a la intimidad personal o familiar, en resguardo de las garantí­as Constitucionales, que revelen caracterí­sticas fí­sicas, morales o emocionales de una persona o cualquier otra información relacionada con circunstancias de su vida afectiva o familiar, hábitos personales y de consumo, ideologí­as, opiniones u orientación polí­tica, afiliación sindical, convicciones filosóficas o morales, origen racial y/o étnico, creencias o convicciones religiosas, estados de salud fí­sico o psicológico, vida sexual o información genética; así­ como toda violación a las garantí­as previstas por las leyes, tratados y convenios internacionales.
Encargado del tratamiento: la persona natural o jurí­dica, pública o privada que, sólo o en conjunto, trate datos personales por a nombre o bajo delegación del responsable del tratamiento. Todo funcionario público deberá contar con la respectiva delegación expresa.
Eliminación o cancelación de datos; la destrucción de datos almacenados en registros o base de datos, cualquiera fuere el procedimiento utilizado.
Fuentes accesibles al público: aquellos datos que constan en archivos cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona sin restricción ni reserva alguna. Por ejemplo guí­as telefónicas o listados de colegios profesionales.
Modificación de datos: todo cambio en el contenido de los datos almacenados en archivos o bases de datos.
Procedimiento de Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales por el cual dicha información no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
Responsable de archivo, fichero, registro, base o banco de datos: Persona natural o jurí­dica, pública o privada, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de datos de carácter personal.
Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos, manuales o mecánicos o de cualquier forma o modo , que permitan recolectar, conservar, ordenar, modificar, relacionar, elaborar, seleccionar, extraer, evaluar, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos en cualquier forma o modo, incluyendo la cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas interconexiones, transferencias, entre otras.
Usuario de datos: Toda persona natural o jurí­dica, pública o privada que realice el tratamiento de datos por cualquier forma o modo.
Sección Primera: Calidad de los datos
Artí­culo 4.- Calidad de los datos.- Los datos de carácter personal recogidos deberán ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades del tratamiento, que deberán ser obtenidos de manera explí­cita y legí­tima; y, por lo tanto no podrán usarse para fines incompatibles con aquellos para los que los datos hubiesen sido recogidos. La calidad de los datos seguirá los siguientes principios:
a). No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos personales con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos, los que no podrán en ningún momento ser asociados a un titular identificado o identificable, salvo autorización expresa por escrito del titular o su causahabiente.
b). Los datos de carácter personal deberán ser exactos y puestos al dí­a a fin de que respondan con veracidad a la situación actual del titular.
Los datos inexactos o incompletos, total o parcialmente, , deberán ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento del mismo, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en la presente ley.
c). Los datos de carácter personal que resultaren ser inexactos o incompletos, en todo o en parte, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, previa notificación al titular de los datos. Los datos de carácter personal también deberán ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados; y no serán conservados de manera que permita la identificación del interesado durante un perí­odo superior al necesario para las finalidades para las que hubieran sido recopiladas o registradas.
d). Se prohí­be la recopilación de datos por medios fraudulentos, desleales o ilí­citos. Tampoco se lo podrá hacer para fines incompatibles para los que fueron recogidos.
e). Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular y deberán ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recopilados.
Sección Segunda: De la información
Artí­culo 5.- Derecho de información en la recopilación de datos.- Los interesados a los que se soliciten datos personales, deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequí­voco:
a) De la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida y de los destinatarios de la información.
e) Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recopilación, deberán constar en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refieren los literales anteriores.
Artí­culo 6.- Datos proporcionados por terceros.- Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recopilados del interesado, esto deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequí­voca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes de la fecha de registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así­ como de lo previsto en los literales a), d) y e) del artí­culo precedente.
No será de aplicación lo dispuesto en el inciso anterior cuando expresamente una Ley lo prevea; cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos; o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos, en consideración al número de interesados, a la antigí¼edad de los datos y a las posibles medidas compensatorias en beneficio del titular de los datos.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el inciso primero cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o investigación comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará de la fuente de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así­ como de los derechos que le asisten.
Sección Tercera: Consentimiento
Artí­culo 7.- Consentimiento del titular.- El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento libre, expreso e inequí­voco del titular de los datos personales, salvo que la Ley disponga otra cosa.
Aplicación del Consentimiento:
a). No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recopilen para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato comercial, laboral o administrativo y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento; se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, cédula de identidad, identificación tributaria o de seguridad social, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artí­culo 17 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legí­timo perseguido por el responsable del archivo o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
b). El consentimiento a que se refiere el artí­culo 11 podrá ser revocado en cualquier momento, cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuirán efectos retroactivos.
Sección Cuarta: Datos Especialmente Protegidos
Artí­culo 8.- Datos especialmente protegidos.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus convicciones polí­ticas y religiosas, ni sobre datos referentes a salud y vida sexual de conformidad con el artí­culo 23 numeral 21 de la Constitución Polí­tica del Estado. El consentimiento y sus excepciones deberán quedar claramente establecidas en cualquier relación con los datos personales. Tanto el consentimiento como sus excepciones y limitaciones serán aplicados de la siguiente manera:
a). íšnicamente con el consentimiento expreso y por escrito del titular podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideologí­a, afiliación sindical, salud o vida sexual, religión y Polí­tica.
b). Se exceptúan del consentimiento expreso y escrito los archivos mantenidos por los partidos polí­ticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea polí­tica, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del titular.
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar o recopilar el consentimiento a los titulares, se advertirá previamente al interesado acerca de su derecho a no entregar la información.
Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recopilados, tratados y cedidos cuando existan razones de interés público y general , así­ lo disponga una Ley o el titular consienta expresamente.
c). Quedan prohibidos los archivos creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideologí­a, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud o vida sexual.
d). No obstante lo dispuesto en los artí­culos anteriores podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refiere la presente Ley, cuando dicho tratamiento resulte necesario para prevención o diagnóstico médicos, la prestación de servicios o asistencia sanitaria o tratamientos médicos, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el inciso anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular o de otra persona, en el supuesto de que el titular esté fí­sica o jurí­dicamente incapacitado para dar su consentimiento.
e). Sin perjuicio de lo que se dispone en la presente Ley respecto de la cesión de datos personales; las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes, podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que acudan o hayan de ser tratados en los mismos, respetando los principios del secreto profesional, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Salud y demás normativa relacionada.
f). Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en archivos de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras y siguiendo sus propios principios.
Sección Quinta: Seguridad de los datos
Artí­culo 9.- El responsable del archivo, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tomando en consideración el estado de la tecnologí­a, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya sea que provengan de la acción humana o del medio fí­sico o natural.
No se registrarán datos de carácter personal en archivos que no reúnan las condiciones que se determinen por ví­a reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
Sección Sexta: Deber de secreto y Cesión de Datos
Artí­culo 10.- El responsable del archivo y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos; obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del archivo o, en su caso, con el responsable del mismo.
El obligado podrá ser relevado de su obligación del deber de secreto profesional por disposición judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública que sean dispuestos por una autoridad competente.
Respecto de la Cesión de datos se aplicarán las siguientes reglas:
a). Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser cedidos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legí­timas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado, indicando previamente sobre la finalidad de la cesión y la identificación del cesionario o de los elementos que permitan realizarlo.
b). El consentimiento exigido en el inciso anterior no será necesario:
i) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
ii) Cuando se trate de datos recopilados de fuentes accesibles al público.
iii) Cuando el tratamiento responda a la libre y legí­tima aceptación de una relación jurí­dica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con archivos de terceros. En este caso la comunicación sólo será legí­tima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
iv) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Público o los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
v) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos.
vi) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un archivo o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación.
c). El consentimiento al que hace mención el literal anterior puede ser revocado por el titular.
d). Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones, no serán cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos.
En los supuestos previstos en los incisos precedentes no será necesario el consentimiento del titular a que se refiere la presente Ley.
e) Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero cuando la información que se facilite al titular de los datos no le permita conocer la finalidad a la que destinarán los datos personales cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar.
f) Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.
g) El tratamiento de datos por cuenta de terceros deberá estar regulado en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará a otras personas, ni siquiera para su conservación,.
En el contrato se estipularán las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley, que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en el que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
h) No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. En estos casos constarán expresamente los lí­mites de uso en un contrato. i) En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, por lo que deberá respoder por las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
Sección Séptima: Derechos de los titulares de datos Artí­culo 11.- Conocimiento del titular de los datos.- Toda persona tiene derecho a conocer la información que se tiene sobre su persona. También tiene derecho a no verse sometido a decisiones relacionadas con su persona en base al tratamiento de sus datos personales, así­ como a solicitar rectificaciones o indemnizaciones en caso de ser necesario. Los derechos constantes en este artí­culo serán ejercidos por el titular de los datos en cualquier momento.
Estos derechos del titular de los datos serán ejercidos de la siguiente forma:
a). Toda persona puede solicitar información a la Agencia de Protección de Datos relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. b). Toda persona tiene derecho a ejercer el derecho de acceso a la información de acuerdo con la Constitución Polí­tica. Para esto:
i. El titular de los datos tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer información. ii. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez dí­as plazo. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. iii. El derecho de acceso a que se refiere este artí­culo será ejercido en forma gratuita, en intervalos no inferiores a tres meses, salvo que se acredite un interés legí­timo al efecto. iv. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artí­culo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores. v. El titular de los datos podrá obtener la información gratuitamente, en los términos de esta Ley, sobre el origen de los datos y las comunicaciones realizadas o lo que se prevé hacer con los mismos.
vi. El acceso al que se refiere este artí­culo podrá hacerse a través de cualquier medio fí­sico o intangible, garantizando que la información conste claramente en el medio de información puesto a disposición del titular.
c). La forma de proporcionar la información seguirá las siguientes reglas:
i. La información debe ser suministrada en forma clara, de libre acceso y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen. ii. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos de terceros, aun cuando se vinculen con el interesado. iii. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin. d). El Derecho de rectificación, actualización o supresión será ejercido. i. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos. ii. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del titular en el plazo máximo de quince dí­as luego de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido del error o falsedad. iii. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley. iv. En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación, supresión o transferencia al cesionario dentro del término de cinco dí­as de efectuado el tratamiento del dato. v. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legí­timos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. vi. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. vii. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos. viii. Los datos originales que fueren rectificados, suprimidos o actualizados, deberán conservarse a disposición de autoridades competentes en caso de procesos legales seguidos en contra del titular de los datos. La supresión definitiva se hará una vez transcurridos 15 años desde su creación.
ix. En caso de actualización, rectificación o supresión, el responsable de los datos deberá comunicar tal hecho a quienes hubiere transmitido previamente información con los datos del titular.
e). Excepciones.- i. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la Seguridad Nacional, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros. En caso de oposición a esta actuación, deberá resolver la Agencia de Protección de datos en un término de 10 dí­as.
ii. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o de seguridad social, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así­ lo disponga debe ser motivada y notificada al titular en el término de 10 dí­as. iii. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión, cuando el titular tenga que ejercer su derecho de defensa. f). La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que consten en registros públicos o privados se efectuará sin costo alguno para el interesado. g). Los procedimientos para el ejercicio de los derechos de actualización, rectificación o supresión de los datos personales, serán determinados en los reglamentos pertinentes.
En caso de denegación del ejercicio de los derechos aquí­ establecidos, el titular de los datos personales podrá acudir ante la Agencia de Protección de datos, la que deberá confirmar la procedencia o improcedencia de la denegación en un plazo máximo de cuarenta y cinco dí­as.
Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de datos caben los recursos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurí­dico Administrativo de la Función Ejecutiva o en la jurisdicción contencioso administrativa.
h). El Derecho a indemnización será ejercido de la siguiente manera.- i. Los titulares de datos personales que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados. ii. Cuando se trate de archivo de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y demás normas sobre la indemnización de perjuicios por parte de la administración pública y el ejercicio del derecho de repetición del Estado. iii. En el caso de los archivos de titularidad privada, la acción se ejercitará ante la justicia ordinaria.
i) La impugnación de valoraciones personales tendrá como fundamento:
i. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado. ii. Los actos que resulten contrarios a esta disposición serán nulos. TíTULO III
USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS Artí­culo 12.- Registro de archivos de datos.- El archivo, registro y manejo de bases de datos cumplirá con lo dispuesto en este artí­culo:
a). Inscripción.- 1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público y privado destinado a proporcionar informes o que los proporcionare en cualquier momento, debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite La Agencia de Protección de Datos Personales.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mí­nimo la siguiente información: i) Nombre, apellido y domicilio del responsable; ii) Caracterí­sticas y finalidad del archivo; iii) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo; iv) Forma de recolección y actualización de datos; v) Destino de los datos y personas fí­sicas o jurí­dicas a las que pueden ser transmitidos en cualquier momento o tiempo; vi) Modo de interrelacionar la información registrada; vii) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar las especificaciones que deberán cumplir las personas con acceso al tratamiento de la información; viii) Tiempo de conservación de los datos; ix) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a seguir para la rectificación o actualización de los datos. 3) Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en la presente ley. b). Archivos, registros o bancos de datos públicos.- Las Resoluciones sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a Instituciones públicas deben publicarse en el Registro Oficial. Las Resoluciones deben indicar: i) Caracterí­sticas y finalidad del archivo; ii) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; iii) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; iv) Estructura básica del archivo y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán; v) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; vi) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; vii) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. En las Resoluciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados o manuales se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción. c). Comunicación de datos entre Administraciones Públicas.- Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que una Administración Pública obtenga o elabore con destino a otra. No obstante lo establecido en esta Ley, la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a archivos de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una Ley prevea otra cosa. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artí­culo no será necesario el consentimiento del titular a que se refiere esta Ley.
d). Casos especiales.- Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos personales que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, Policí­a Nacional, organismos encargados de la seguridad nacional o seccional; y aquéllos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, Policí­a Nacional, organismos encargados de la seguridad nacional o seccional, sin consentimiento de los titulares, queda limitado a aquellos supuestos y categorí­a de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser especí­ficos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorí­as, en función de su grado de fiabilidad. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Los responsables de los archivos del Servicio de Rentas Internas podrán, igualmente, denegar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. e). Archivos, registros o bancos de datos privados.- Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en esta Ley.
El registro de los datos será regulado por el Reglamento que se dictará para la aplicación de esta Ley.
Cualquier cambio en el archivo respecto de su responsable, finalidad o la ubicación, deberá ser comunicado inmediatamente a la Agencia de Protección de Datos Personales.
f). Prestación de servicios informatizados de datos personales. -
Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su conservación. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un perí­odo de hasta dos años. g). Prestación de servicios de información crediticia. -
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por Burós de crédito legalmente establecidas.. 2. Pueden tratarse igualmente datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los titulares durante los últimos seis años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho. 5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios. h). Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad.- En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento. Los datos personales que figuren en el censo promocional o las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales a que se refiere esta Ley, deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento.
En los supuestos contemplados en el presente artí­culo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artí­culo. i). Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas. -
Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadí­sticas, trabajos de prospección de mercados, investigaciones cientí­ficas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable. Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna, caso contrario no se podrán utilizar los datos recopilados. TITULO IV
Sección Primera: Transferencia Internacional de datos
Artí­culo 13.- Queda prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con paí­ses u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados.
Artí­culo 14.- La prohibición a la que hace mención el artí­culo anterior no regirá en los siguientes supuestos:
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así­ lo exija el tratamiento del titular, o una investigación epidemiológica;
d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República del Ecuador sea parte; y,
e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, tráfico de personas, corrupción, pornografí­a infantil y el narcotráfico.
Sección Primera: Organización
Artí­culo 15: De la Agencia de Protección de Datos.- La agencia de Protección de Datos es un ente de Derecho público, con personalidad jurí­dica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en un Reglamento propio, que será aprobado por el Presidente de la República.
La Agencia de Protección de Datos se regirá de la siguiente forma:
a). Del Director.- El Director de la Agencia de Protección de Datos dirigirá la Agencia y ostentará su representación. Será designado por el término de cuatro (4) años, por el Ejecutivo, debiendo ser seleccionado de manera obligatoria de entre una terna propuesta por: las organizaciones sociales calificadas como parte de la sociedad civil de defensa de los derechos individuales, especialmente de derecho a la intimidad o acceso a la información,; la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático y Telecomunicaciones y la Defensorí­a del Pueblo, con personas que tengan antecedentes en la materia.
En caso de no presentar a sus candidatos veinte dí­as después de convocadas por el Presidente de la República, será elegido de entre los candidatos propuestos y en caso de no contar con candidatos, será elegido directamente por el Presidente de la República.
El Director de la Agencia de Protección de Datos, ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas.
En todo caso, el Director deberá oí­r al Consejo Consultivo en aquéllas propuestas que éste le realice en el ejercicio de sus funciones.
El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y podrá ser removido por el Ejecutivo por incumplimiento en el desempeño de sus funciones, debiendo convocar nuevamente a un concurso.
b). El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del perí­odo a que se refiere el inciso primero del artí­culo anterior a petición personal o por separación dispuesta por el Ejecutivo, previa instrucción de expediente administrativo, en el que necesariamente serán oí­dos los restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad o incompatibilidad sobrevenida para el ejercicio de su función, condena por delito doloso.
c). Funciones de la Agencia de Protección de Datos.- La Agencia de Protección de Datos a través de su Director deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley.
1) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación..
2) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.
3) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente Ley y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
4) Dictar las normas de carácter general y Resoluciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
5) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
6) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar a través de providencias preventivas, la autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley; En caso de que por el soporte en el cual esté contenida la información, las pruebas del incumplimiento a la Ley, puedan ser borradas o desaparecidas, el Director de la Agencia de Protección de Datos podrá disponer medidas cautelares de carácter administrativo a fin de verificar el incumplimiento de la Ley.
7) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados;
8) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten para su aplicación.;
9) Intervenir en las acciones penales que promoviera las Agencia de Protección de Datos por violaciones a la presente ley;
10) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantí­as que deben reunir los archivos o bancos de datos privados o públicos destinados a suministrar informes, para obtener la correspondiente inscripción en el Registro creado por esta ley.
11) Dictar, en su caso y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las resoluciones precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la presente Ley.
12) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
13) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal.
14) Requerir a los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los archivos, cuando no se ajuste a sus disposiciones.
15) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.
16) Recabar de los responsables de los archivos cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus funciones.
17) Velar por la publicidad de la existencia de los archivos de datos con carácter personal, a cuyo efecto publicará periódicamente una relación de dichos archivos con la información adicional que el Director de la Agencia determine.
18) Redactar un informe anual y remitirlo al Congreso Nacional.
19) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en relación con los movimientos internacionales de datos, así­ como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales.
20) Aquellas que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
d). Del Consejo Consultivo.- El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
El Defensor del Pueblo o su representante. Un representante del Presidente de la República.
Un experto en la materia, propuesto por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas.
Un representante de los usuarios y consumidores, seleccionado del modo que se prevea reglamentariamente por la Agencia de Protección de datos.
Un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
e). El Registro General de Protección de Datos.- El Registro General de Protección de Datos será conformado en la Agencia de Protección de Datos. Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos:
a) Los archivos de que sean titulares las Entidades del sector Público.
b) Los archivos de titularidad privada.
d) Los datos relativos a los archivos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
f). Potestad de inspección.- La Agencia de Protección de datos personales podrá inspeccionar los archivos a que hace referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos.
A tal efecto, podrá solicitar la exhibición o el enví­o de documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así­ como inspeccionar los equipos fí­sicos y lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se hallen instalados.
Los funcionarios de la Agencia de Protección de datos personales, estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
g). De la Delegación.- La Agencia de Protección de datos personales podrá crear delegaciones en cualquier ciudad del Ecuador. El funcionamiento de cada Delegación se financiera con los recursos económicos que se obtengan de acuerdo con esta Ley. h). Recursos económicos.- La Agencia de Protección de datos se financiará: 1.	Con el valor a cobrarse por concepto de Inscripción en el Registro y por el pago anual de un valor determinado correspondiente a USD. 50.
2.	Con el valor recaudado por concepto de multas.
3.	Con los derechos que se generen por la emisión de certificados solicitados a petición de parte. Cada certificación tendrá un costo de USD. 2.
4.	Con los recursos que se obtengan de la venta de publicaciones relacionadas a la protección de datos.
5.	De la suscripción a un boletí­n informativo que puede ser digital e impreso el mismo que tendrá un costo determinado ya sea anual o mensual.
i). De las Resoluciones.- Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos se harán públicas, una vez hayan sido notificadas a los interesados. La publicación se realizará preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.
Sección segunda: De la creación de archivos
Artí­culo 16: Creación.- Podrán crearse archivos de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legí­timos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantí­as que esta Ley establece para la protección de las personas.
La Creación de archivos de titularidad privada cumplirán con:
a). Notificación e Inscripción Registral.- Toda persona natural o jurí­dica o entidad de cualquier tipo que proceda a la creación de archivos privados de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.
Por ví­a reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente el responsable del archivo, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a paí­ses terceros.
El Registro General de Protección de Datos inscribirá el archivo si la notificación se ajusta a los requisitos exigibles. En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.
b). De las modificaciones de los archivos.- Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que se produzcan en la finalidad del archivo automatizado, sobre su responsable y en la dirección de su ubicación.
c). Inscripción automática.- Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el archivo de datos a todos los efectos, sin perjuicio de que posteriormente la Agencia de Protección de Datos personales observare el archivo.
d). Comunicación de la cesión de datos.- El responsable del archivo, en el momento en que se efectúe la primera cesión de datos, deberá informar de ello a los titulares y a la Agencia de Protección de Datos, indicando, asimismo, la finalidad del archivo, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario.
La obligación establecida en el apartado anterior no existirá cuando la cesión venga impuesta por Ley. e). Datos incluidos en las fuentes de acceso público.- Los datos personales que figuren en las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales de fuentes de acceso público, deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento.	Los interesados tendrán derecho a que la entidad responsable del mantenimiento de los listados de los Colegios profesionales o gremios, indique gratuitamente que sus datos personales no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial.
La atención a la solicitud de exclusión de la información innecesaria o de inclusión de la objeción al uso de los datos para fines de publicidad o venta a distancia deberá realizarse en el plazo de diez dí­as respecto de la información que se provea mediante consulta o comunicación telemática. Dicha información será eliminada en la siguiente edición del listado que contenga la información, cualquiera que sea el soporte en que se edite.
En caso de que se obtenga telemáticamente una copia de la lista de información en formato electrónico, ésta perderá el carácter de fuente de acceso público en el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención, si ésta información sólo puede ser encontrada en la lista publicada.
Los datos que figuren en las guí­as telefónicas o de servicios de telecomunicaciones disponibles al público se regirán por su normativa especí­fica.
Sección Tercera: Inscripción de archivos
Artí­culo 17: Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control.
La inscripción cumplirá con lo siguiente:
a). Requisitos.- El registro de archivos de datos debe comprender como mí­nimo la siguiente información:
1) Nombre, apellidos y domicilio del responsable;
2) Caracterí­sticas y finalidad del archivo;
3) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
4) Forma de recolección y actualización de datos;
5) Destino de los datos y personas fí­sicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos;
6) Modo de interrelacionar la información registrada;
7) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categorí­a de personas con acceso al tratamiento de la información;
8) Tiempo de conservación de los datos;
9) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
b). archivos públicos.- Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos sólo podrán realizarse por medio de Resolución de la misma Entidad o Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial y deberán indicar:
1) Caracterí­sticas y finalidad del archivo;
2) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
3) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
4) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;
5) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
6) Órganos y personas responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
7) Las dependencias ante las que se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión.
c). Inscripción de ficheros privados.- Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en esta Ley.
De los datos de Tráfico:
Artí­culo 18.- Dato de tráfico: se denomina dato de trafico cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de una facturación como tal.
Los datos de tráfico responderán a lo siguiente:
a). Los datos de tráfico podrán ser utilizados únicamente por los prestadores del servicio, con el fin de llevar a cabo la facturación del titular del dato, pero en ningún momento estará facultado para rastrear esos datos y obtener información intima o privada del titular como resultado de estos.
b). Los datos de tráfico estarán de la mano con el derecho de la intimidad y la privacidad. Y en concordancia con la Constitución artí­culo 23 numeral 13.
c). Los datos de tráfico no podrán ser manipulados de ninguna manera que pueda obtener o disponer de otros datos que no sean los necesarios para llevar a cabo su labor de facturación
d). Los datos de tráfico podrán establecer, duración, hora o volumen de una comunicación, al protocolo utilizado, localización del equipo terminal del remitente o destinatario, a la red en que se origina o concluye la transmisión, al principio, fin o duración de una conexión y el formato en que la red conduce la comunicación. Algunos están vinculados con los datos de localización por lo que se deberá tener especial cuidado con ellos.
e). Todos los datos que se obtengan como se desprende del articulo anterior deberán tener un trato especial y confidencial por parte del prestador del servicio, ya que su mal uso pueden causar graves perjuicios a su titular.
f). Los prestadores de servicios no podrán tener almacenados estos datos por un periodo mayor a 6 meses contados desde la fecha de su recolección; y podrán ser entregados únicamente cuando medie orden judicial o de autoridad competente, salvo que sea petición directa y expresa del titular de los datos
De los datos de Localización:
Artí­culo 19.- Dato de localización.- cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal del usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponibles para el público
Los datos de localización se regirán por las siguientes reglas:
a). Los datos de localización serán reservados y en ningún momento podrán ser utilizados sin consentimiento de su titular; ni aun en el caso de empresas que usen estos datos con el fin de controlar las actividades laborales de sus trabajadores, salvo que exista de por medio conocimiento sobre tal hecho dentro del horario de trabajo y las actividades propias de la empresa.
b). Los datos de localización podrán ser pedidos por el titular, por orden judicial o cuando exista de por medio un convenio expreso firmado por el trabajador para que la empresa pueda disponer de ellos en cualquier momento.
c). Los datos de localización no podrán ser almacenados por un periodo mayor de 6 meses contados desde la fecha de su archivo.
d). El Estado podrá solicitar estos datos, cuando exista violación de secretos de Estado, infiltración en sus sistemas de seguridad, Seguridad Nacional, peligro de terrorismo, pornografí­a infantil o sospechas de tráfico de personas y que estos datos puedan ayudar a resolver la sospecha
INFRACCIONES Y SANCIONES Artí­culo 20. Responsables 1. Los responsables de los archivos y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley. 2. Cuando se trate de archivos de los que sea responsable la Administración Pública se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en esta Ley.
Artí­culo 21. Tipos de infracciones a). Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves. 1). Son infracciones leves: i) No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento, cuando legalmente proceda. ii) No proporcionar la información que solicite la Agencia de Protección de Datos en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas, en relación con aspectos no sustantivos de la protección de datos personales. iii) No solicitar la inscripción del archivo de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave. iv) Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios titulares sin proporcionarles la información que señala esta Ley. v) Incumplir el deber de secreto establecido en esta Ley, salvo que constituya infracción grave. vi) Incumplir con las normas de la presente Ley, que no estuvieren consideradas como una infracción grave o muy grave.
2. Son infracciones graves: i) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin Resolución Administrativa o Decreto Ejecutivo, publicada en el Registro Oficial. ii) Proceder a la creación de archivos de titularidad privada o iniciar la recogida de datos de carácter personal para su propio uso con finalidades distintas de las que constituyen el objeto legí­timo de la empresa o entidad. iii) Proceder a la recopilación de datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de los titulares, en los casos en que éste sea exigible. iv) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con violación de los principios y garantí­as establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave. v) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y oposición y la negativa a facilitar la información que sea solicitada. vi) Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos de los titulares de derechos que la presente Ley ampara. vii) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a archivos que contengan datos relativos a antecedentes penales, del Servicio de Rentas Internas, servicios financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así­ como aquellos otros archivos que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo. viii) Mantener los archivos, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por ví­a reglamentaria se determinen. ix) No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, así­ como no proporcionar a la Agencia de Protección de Datos, cuantos documentos e informaciones deba recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos. x) La obstrucción al ejercicio de la facultad de inspección de la Agencia de Protección de Datos. xi) No inscribir el archivo de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos, cuando haya sido requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos. xii) Incumplir el deber de información que se establece en esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del titular. 3. Son infracciones muy graves: i) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta. ii) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas. iii) Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere esta Ley, cuando no medie el consentimiento expreso del titular; recopilar y tratar los datos referidos en la normativa cuando no lo disponga especí­ficamente una Ley o el titular no haya consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en esta Ley. iv) No cesar en el uso ilegí­timo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos o por las personas titulares de los datos. v) La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recopilados para someterlos a dicho tratamiento, en paí­ses que no proporcionen un nivel de protección equiparable al mantenido en el paí­s, sin autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos. vi) Tratar los datos de carácter personal de forma ilegí­tima o con menosprecio de los principios y garantí­as que les sean de aplicación, cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o esta Ley. vii) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a que hacen referencia esta Ley, así­ como los que hayan sido recabados para fines de la fuerza pública sin consentimiento de las personas afectadas. viii) No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. ix) No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de datos de carácter personal en un archivo. b). Sanciones 1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de $1000 a $5000 Dólares de los Estados Unidos de América.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de $5.001 a $10.000 Dólares de los Estados Unidos de América. 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de $10.001 a $15.000 Dólares de los Estados Unidos de América. 4. La cuantí­a de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales, de los titulares de los datos, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de la infracción y responsabilidad en la actuación infractora. 5. En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar. 6. En el caso de las infracciones muy graves, se aplicará la norma y reformas contenidas en la Ley de Comercio Electrónico.
c). Infracciones de las Administraciones Públicas 1. Cuando las infracciones a que se refiere esta Ley, fuesen cometidas en archivos de los que sea responsable la Administración Pública, el Director de la Agencia de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del archivo, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los titulares de los datos personales si los hubiera. 2. El Director de la Agencia de Protección de datos podrá proponer también la iniciación de expedientes administrativos en contra de los funcionarios que incumplan con las disposiciones de la presente Ley, pudiendo llegar a la aplicación de la destitución del funcionario público. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la normativa de la Institución Pública responsable de la protección de los datos o la que se dictare para el efecto.
3. Se deberá comunicar a la Agencia de Protección de datos personales, las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores. Artí­culo 22. Prescripción 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el dí­a en que la infracción se hubiera cometido. 3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante seis meses o más por causas no imputables al presunto infractor. 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el dí­a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor. 7. Será responsable civil, penal y pecuniariamente el funcionario de Cualquier institución pública, incluida la Agencia de Protección de Datos Personales, que no hubiera continuado con el proceso administrativo correspondiente o no hubiera efectuado el cobro de las mismas.
Artí­culo 23. Procedimiento sancionador 1. Por ví­a reglamentaria se establecerá el procedimiento a seguir para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones a que hace referencia el presente Tí­tulo. 2. Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos agotan la ví­a administrativa. 3. Los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia de Protección de Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, tendrán una duración máxima de seis meses. Artí­culo 24. Potestad de inmovilización de ficheros En los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o cesión ilí­cita de los datos de carácter personal en que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia de Protección de Datos podrá, además de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los responsables de archivos de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilí­cita de los datos. Si el requerimiento fuera desatendido, la Agencia de Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada, inmovilizar tales archivos a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.
Las normas contenidas en la Ley de comercio electrónico, firma electrónica y mensajes de datos, serán aplicadas de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley.
Proyecto de ley de Reforma Integral del Código Penal incluye delitos contra la privacidad
Posted: mayo 18th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Delitos, Proyecto de Ley | No Comments »
El Ministerio de Justicia acaba de abrir a “consulta pública”:http://www.jus.gov.ar/guia/content_codigo_penal.htm el nuevo proyecto de Código Penal. El capí­tulo III incluye delitos de “Violación de secretos y de la privacidad” y como novedad, se incluye la privacidad por primera vez en forma expresa como bien jurí­dico protegido. El plazo de la consulta pública vence “el 15 de agosto de 2006″:http://www.jus.gov.ar/minjus/codigo_penal/docs/Parte_4.pdf .
Antecedente: Ver “anteproyecto de delitos informáticos”:http://www.habeasdata.org/deliinfo
El siguiente es el texto del Capí­tulo III del proyecto:
ARTICULO 138.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) dí­as a SEIS (6) meses o de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) dí­as multa, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico, mensaje de correo electrónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un mensaje de correo electrónico, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o mensaje de correo electrónico que no le esté dirigida.
Se le aplicará prisión de UN (1) mes a UN (1) año o de DIEZ (10) a TRESCIENTOS (300) dí­as multa, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, mensaje de correo electrónico o despacho.
ARTICULO 141.- Se impondrá pena de prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años si se difundieran, revelaran o cedieran a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere el artí­culo anterior. ARTICULO 142.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsí­mil o cualquier otro sistema de enví­o de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así­ como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos. La pena será de UNO (1) a CINCO (5) años si el autor fuere funcionario público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad.
ARTICULO 143.- Será reprimido con multa de DIEZ (10) a CIENTO CINCUENTA (150) dí­as-multa el que, hallándose en posesión de una correspondencia o mensaje de correo electrónico no destinado a la publicidad, lo hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. ARTICULO 144.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o inhabilitación especial, en su caso, por el doble tiempo de la condena, al que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.
ARTICULO 146.- Será reprimido con la pena de prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que ilegí­timamente accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales. La misma pena se aplicará al que insertare o hiciere insertar datos falsos en un archivo de datos personales o proporcionare a un tercero información falsa contenida en un archivo de datos personales o revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.
ARTICULO 147.- Cuando en alguno de los artí­culos de este capí­tulo hubiese intervenido un funcionario público en desempeño o ejercicio del cargo, se le aplicará además la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

References: resolución 
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