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Timestamp: 2019-11-15 08:01:02+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 163 del 31/05/2001
Dictamen : 163 del 31/05/2001
C-163-2001 31 de mayo del 2001
C-163-2001
En su misiva, solicita se rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del expediente N° 0693-2000 tramitado para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó Grupo Profesional MT-5 en puesto administrativo docente a la servidora XXX.
Por otra parte, tampoco se le hace ver a la servidora a partir de qué fecha ostenta la asignación al grupo profesional MT-5, y al respecto es importante destacar que ese aspecto no queda claro de los documentos que constan en el expediente, en virtud de que si bien es cierto en los folios 1 y 13, y en el punto quinto de la relación de hechos de la página 2 de su misiva se establece que ostenta ese grupo desde el 10 de febrero de 1997, en el folio 2 se señala que desde el 10 de febrero de 1997 ostenta el grupo profesional PT-6 en puesto administrativo docente.
"(...) si en el acto de apertura de un procedimiento administrativo se indicó que el procedimiento era tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un determinado acto administrativo, no se puede dictar una resolución final en la que se establezca la nulidad de otros actos, aún y cuando, sea manifiesta su relación, porque sobre estos no ha existido intimación ni imputación." (El destacado no es del original). (Dictamen N° C-055-2000 del 20 de marzo del 2000).
Por otra parte, es de advertir que ni en la resolución que da inicio al procedimiento, N° 0119-2001 de las doce horas con treinta minutos del quince de enero del dos mil uno (folios 31 y 32), ni en la que se cita a la servidora XXX a la comparecencia oral y privada, N° 0296-2001 de las trece horas del veinte de febrero del dos mil uno (folios 44 y 45), se le previene que debe señalar lugar para oír notificaciones.
Mediante resolución N° 0992-2000 del Despacho del Ministro de Educación Pública, de las ocho horas del dieciocho de octubre del dos mil, se designa como órgano director al Departamento de Procedimientos Legales de ese Ministerio de Educación Pública (folios 21 y 22); no obstante, en la primera resolución que emite ese Departamento, a saber la supracitada resolución N° 0119-2001, no se indica si el órgano es unipersonal o colegiado, y mucho menos el funcionario o funcionarios (personas físicas) que van a llevar a cabo el procedimiento.
Amén de lo anterior, en el acta de la audiencia legal firma la Licda. Mercedes Mejía Saénz en representación del órgano director (folios 58 y 59); sin embargo tanto en la mencionada resolución que da inicio del procedimiento administrativo, como en la que cita a la comparecencia oral y privada, la única que firma en calidad de representante del órgano director es la Licda. Zeydi Palma Grijalba, Directora del Departamento de Procedimientos Legales.
En el expediente administrativo en estudio se vislumbra que no está el documento en el que conste el acto que realiza la asignación en el puesto de marras a la señora XXX (tal y como se indicó líneas arriba). Por otra parte, existen diversos documentos que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde, verbigracia folios 6 a 12 y el 23.
Por último, es imperioso mencionar que si dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se patentiza algún tipo de violación a los principios del debido proceso, la Administración debe anular el respectivo acto (verbigracia comparecencia oral y privada), así como las actuaciones y resoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe retrotraer dicho procedimiento, en virtud de que el "incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento administrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la salvaguarda de la sanidad del derecho." (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).
"5.- De lo expuesto hasta aquí podemos tener por establecido lo siguiente: a) que la vía contemplada por la normativa comentada para que la Administración pueda anular en sede administrativa sus propios actos declaratorios de derechos sin acudir al juicio contencioso de lesividad, tiene un carácter excepcional. b) que el término para efectuar la declaratoria de nulidad del acto es de caducidad, y por ello, opera hasta tanto ésta se haga efectiva por parte de la Administración; en este caso, la propia declaratoria de nulidad del nombramiento. c) La interposición de un recurso de amparo no tiene la virtud de interrumpir ni suspender el plazo de caducidad que comienza a contarse desde la emisión del acto presuntamente nulo. 6.- Las anteriores consecuencias son congruentes con el fin que inspira la normativa que regula esta potestad, cual es brindar seguridad jurídica a los administrados a cuyo favor se hayan declarado derechos subjetivos de algún tipo a través de un acto administrativo. Ello requiere indefectiblemente que el término para hacerlo sea absolutamente rígido, pues de lo contrario, habría total incertidumbre y se vería desnaturalizado el límite que se establece precisamente a través del plazo de los cuatro años, a fin de que no se vea sujeto a circunstancias de cualquier naturaleza que pudieran presentarse durante los trámites previos a la declaratoria de nulidad, -sea el desarrollo del proceso administrativo ordinario y la solicitud de criterio a este Despacho-, gestiones que de ningún modo tienen la cualidad de interrumpir o suspender el transcurso del plazo en cuestión".(Véase al respecto, en sentido similar los dictámenes números C-182-89 de 4 de octubre de 1989; C-032-92 de 17 de febrero de 1992; C-111-93 de 24 de agosto de 1993; C-117-95 de 31 de mayo de 1995; C-141-95 de 21 de junio de 1995; C-030-96 de 19 de febrero de 1996, C-037-99 de 11 de febrero de 1999; C-052-2000 y C-050-2000 ambos del 16 de marzo del 2000).
Bajo este contexto, téngase presente que en su misiva en el punto cinco de la relación de hechos se consigna que la servidora XXX ostenta el grupo profesional MT-5 en puesto administrativo docente a partir de la fecha 10 de febrero de 1997; sin embargo se reitera que no consta en el expediente el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio a la señora XXX, y además en el folio 2 se señala que desde el 10 de febrero de 1997 ostenta el grupo profesional PT-6 en puesto administrativo. Conforme se podrá apreciar, si se corrobora que esa es la fecha del acto administrativo que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta han transcurrido más de cuatro años desde la adopción del acto, razón por la cual, la gestión de nulidad cuyo dictamen afirmativo se nos solicita emitir, resulta a todas luces extemporánea.

References: artículo 173
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