Source: https://tc.vlex.es/vid/2006-as-36010657
Timestamp: 2020-01-22 23:58:35+00:00

Document:
STC 20/2008, 31 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 36010657
Número de Recurso: 5590-2006
Recurso de amparo 5590-2006. Promovido por don F.J. contra las Cortes Valencianas respecto a varias resoluciones sobre derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura y la inadmisión a trámite de varias proposiciones no de Ley. Alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: recurso de amparo defectuoso por extemporáneo y por no haber agotado los recursos en vía parlamentaria.
STC 20/2008, de 31 de enero de 2008
En el recurso de amparo núm. 5590-2006, promovido por don F.J., representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián y asistido por el Abogado don Juan García Sentandreu, contra la Resolución de carácter general núm. 5/VI, de 17 de noviembre de 2005, sobre derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura, de la Presidencia de las Cortes Valencianas, así como contra tres Resoluciones de la Mesa de las Cortes Valencianas: la primera de 23 de febrero de 2006, que inadmitió a trámite una proposición no de Ley sobre el idioma valenciano; la segunda, de 23 de febrero de 2006, que inadmitió a trámite una proposición no de Ley sobre la reclamación al Archivo de la Corona de Aragón de devolución de todos los archivos pertenecientes al Reino de Valencia; la tercera, de 7 de marzo de 2006, que inadmitió a trámite una proposición no de Ley sobre la necesidad de aprobación de las víctimas del terrorismo para negociar con ETA. Han comparecido el Abogado del Estado y las Cortes Valencianas, representadas y asistidas por su Letrado Mayor, don Javier Guillén Carrau. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 23 de mayo de 2006 don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don F.J., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones de la Presidencia y de la Mesa de las Cortes Valencianas de las que se deja hecho mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
El 11 de noviembre de 2005 el demandante don F.J., Diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas, comunicó al Presidente de dichas Cortes y al Sindic del Grupo Parlamentario Popular su voluntad de abandonar la formación política en la que venía militando y el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas con el fin de integrarse en el Grupo Mixto de las mismas Cortes.
Según el acta 106/VI, de 15 de noviembre de 2005, la Mesa de las Cortes Valencianas se dio por enterada del escrito del Sr. Tomás Puchol y el Presidente, a la vista de dicho escrito, solicitó la elaboración de un informe por el Letrado Mayor. c) El 16 de noviembre de 2005 el Letrado Mayor de las Cortes Valencianas emitió un informe (que se acompaña a la demanda) sobre la constitución del Grupo Mixto y los derechos de sus parlamentarios.
No existiendo Grupo Mixto constituido hasta ese momento en las Cortes Valencianas, por Acuerdo de la Mesa de las citadas Cortes de 16 de noviembre de 2005, y de conformidad con el art. 26.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, se decidió la creación del Grupo Mixto, integrado únicamente por el Diputado don F.J..
Además de a esta demanda de amparo, relativa a las prerrogativas de los parlamentarios, el presente asunto ha dado lugar a que se planteen diversos recursos en vía contencioso- administrativa y laboral. En efecto, en este sentido, por una parte, la adjudicación provisional al Grupo Mixto, por Acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas de 22 de noviembre de 2005, de un despacho, que en el sentir del demandante no reunía las condiciones mínimas para el trabajo ha dado lugar a una reclamación laboral por “mobbing parlamentario” contra el Presidente y la Mesa de las Cortes Valencianas. Por otra parte la subvención total acordada por la Mesa de las Cortes Valencianas a favor del Grupo Mixto (Acuerdo publicado el 29 de diciembre de 2005) para el ejercicio 2006, que asciende a la cantidad de 246 € mensuales, ha sido objeto de un recurso (número 107-2006) contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales (de los arts. 14 y 23 CE), admitido a trámite por Auto de 21 de marzo de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El 17 de noviembre de 2005 se aprobó la Resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas de carácter general (número 5/VI) sobre los derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura, resolución que se adopta tras el acuerdo favorable de la Mesa, de la Junta de Portavoces y de la Junta de Sindics y se publica el 22 de diciembre de 2005.
Primera: Los Diputados que se incorporen al Grupo Mixto durante el transcurso de la legislatura gozarán de los derechos y las prerrogativas que el reglamento de las Cortes Valencianas reconoce en sus artículos 8 a 14. En cuanto a las iniciativas parlamentarias le corresponderán las mismas que a un Diputado individualmente considerado.
A este respecto, se reestructurará la composición de las comisiones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 38.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, por la Mesa de las Cortes Valencianas, oída la Junta de Sindic, en proporción a la importancia numérica de los grupos parlamentarios en la Cámara
El recurrente de amparo solicitó determinadas aclaraciones de la referida Resolución de la Presidencia núm. 5/VI. Al respecto, los documentos números 7 y 8 que acompañan a la demanda (dirigidos respectivamente al Presidente y al Letrado Mayor de las Cortes Valencianas), de fecha 9 de enero de 2006, interesan en el punto 8 lo siguiente: “volvemos a insistir sobre la necesidad de que por parte del Presidente de las Cortes Valencianas se dé trámite a la contestación al escrito de aclaración de fecha 21 de noviembre de 2005 formalizado por el Grupo Mixto contra la ‘Resolución sobre derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura”.
El demandante de amparo intentó ejercer una serie de iniciativas que le fueron denegadas. Por lo que hace referencia a las iniciativas que, según el demandante de amparo, le habrían sido denegadas al Grupo Mixto, los documentos que acompañan a la demanda con los números 9 al 95 revelan lo siguiente:
F.J. con D.N.I. … y Diputado en Cortes Valencianas, conforme a Derecho proceda informo de la designación como asesores del Grupo Mixto de Dª Presentación Roca Tarazona con D.N.I. … y Dª Remedios Saez Sánchez con D.N.I. … responsabilidad que ostentarán desde la presentación de este documento por registro de entrada de las Cortes Valencianas.
Todo lo cual comunico al Presidente de las Cortes Valencianas a los efectos oportunos y para que quede constancia de su acreditación oficial
En relación con el contenido de sus escritos RE 48312, 48663 y 48664, tengo a bien poner en su conocimiento que no está reconocida como tal ni la figura de asesor ni la de jefe de prensa, en los términos referidos en dichos escritos, para el Grupo Mixto, de acuerdo con lo expresado por la mayoría de la Junta de Portavoces.
Por ello, le informo que, de conformidad a lo acordado por la Junta de Portavoces, no corresponde dar cobertura a la situación atípica que describe en los precitados escritos, a efectos, de su acreditación oficial y/o reconocimiento de derechos y prerrogativas por esta Institución
El actor presentó su demanda de amparo ante este Tribunal el 23 de mayo de 2006. En ella impugna la Resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas 5/VI (sobre los derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura), publicada en el “Boletín Oficial de las Cortes Valencianas” el 22 de diciembre de 2005, que según él ha lesionado sus derechos fundamentales al ius in officium (art. 23 CE) y a la igualdad (art. 14 CE). En el suplico de su demanda se refiere tan sólo directamente a la citada resolución, cuya nulidad interesa.
a) Se declare la nulidad de la Resolución 5/VI sobre Derechos y Deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura por el que las Cortes Valencianas impiden el pleno ejercicio de los derechos parlamentarios del Grupo Mixto y de su representante F.J..
b) Se reconozcan y restablezcan al Grupo Mixto de las Cortes Valencianas y a su representante F.J. los siguientes derechos: - Recibir la información y documentación necesarios para el desarrollo de sus tareas. - Nombrar un portavoz que será el representante oficial del Grupo Parlamentario. - Presentar las iniciativas parlamentarias que le correspondan de conformidad con el Reglamento. - Disponer de los locales y medios materiales suficientes para que pueda cumplir su función parlamentaria. - Disponer de las ayudas económicas oficiales, incluida la de portavoz del Grupo Parlamentario. - Formar parte de la Junta de Sindics. - Tener representantes en las comisiones conforme al artículo 38 y ss y mantener las responsabilidades que tuvieran los Diputados antes de incorporarse al Grupo Mixto. - Proponer la creación de comisiones especiales para el estudio de un asunto concreto. -Solicitar la convocatoria del Pleno de las Cortes, con todas las peculiaridades establecidas al respecto en los arts. 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 79, 80, 83, 84, 88 y 97 del Reglamento. - Presentar iniciativas legislativas conforme al artículo 106 ss. -Presentar enmiendas a los proyectos de Ley. -Derecho a solicitar la deliberación en pleno de sus enmiendas conforme al artículo 115 del Reglamento. -Presentar proposiciones de Ley conforme al artículo 119.1.b y demás derechos relacionados del Reglamento. -Reclamar el debate y votación de proyectos o proposiciones de Ley en el pleno conforme al artículo 127 ss. del Reglamento. - Los derechos referidos al otorgamiento y retirada de confianza al Presidente de la Generalitat Valenciana. - Formular interpelaciones. - Presentar proposiciones no de Ley. - Intervenir con los derechos específicos en las comunicaciones remitidas por el Consell. - Solicitar la comparecencia y formular preguntas a los miembros del Consell. - Participar con plenas facultades en el nombramiento, elección y designación de personas por el Pleno de las Cortes. - Nombrar asesores oficiales con plenas facultades y reconocimiento del Grupo Parlamentario Mixto. Así como todos aquellos que la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Reglamento de las Cortes Valencianas le atribuyan a cualquier Diputado y Grupo Parlamentario
- La Resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas núm. 5/VI sobre derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura, cuya nulidad se solicita sea declarada porque con la referida resolución las Cortes Valencianas impiden el pleno ejercicio de los derechos parlamentarios del Grupo Mixto y de su representante don F.J..
- La inadmisión a trámite por parte de la Mesa de las Cortes Valencianas de la proposición no de Ley sobre el “idioma valenciano” (RE núm. 462058).
En providencia de 18 de septiembre de 2006 la Sección Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio Público plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales procedentes, las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la causa de inadmisión de carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c)] así como sobre la posible existencia de una vulneración del art. 50.1 a), en relación con el art. 42, por haberse presentado el recurso extemporáneamente respecto a la Resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas núm. 5/VI, de 17 de noviembre de 2005, sobre derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la Legislatura.
El 9 de octubre de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del recurrente de amparo presentando alegaciones respecto de lo planteado en la providencia de 18 de septiembre de 2006 de la Sala Segunda y solicitando la admisión a trámite de la demanda de amparo.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2006 formuló el Fiscal sus alegaciones en relación con lo planteado en la providencia de 18 de septiembre de 2006. Observa que, si bien la resolución general que se recurre es de diciembre del 2005, frente a los Acuerdos de marzo y abril de 2006, que resuelven en firme diversas pretensiones del recurrente, no había transcurrido el plazo de tres meses que establece el art. 42 LOTC cuando se interpuso la demanda de amparo, por lo que manifiestamente ésta no resulta extemporánea.
Por providencia de 9 de enero de 2007 la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada por el Procurador don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián en nombre y representación de don F.J. contra Resolución núm. 5/VI de la Presidencia de las Cortes Valencianas. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, ordenó que se dirigiera comunicación a las Cortes Valencianas a fin de que, en plazo que no excediese de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la Resolución núm. 5/VI; añadiendo que se debía emplazar previamente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente de amparo.
Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de enero de 2007 el Abogado del Estado se personó en los autos.
El 30 de enero de 2007 se registró en este Tribunal el escrito de personación del Letrado de Les Corts, en representación de las Cortes Valencianas, en el que solicitó se tuvieran por remitidas la fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la resolución impugnada y las de los emplazamientos remitidos a los Grupos Parlamentarios de las Cortes en cumplimiento de lo previsto en el art. 51.2 LOTC.
Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de 5 de febrero de 2007 se tuvo por personados y partes al Abogado del Estado y al Letrado de Les Corts.
Por diligencia de ordenación de 11 de junio de 2007 la Sala Segunda acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio público, por plazo común de 20 días, para que, dentro de él, presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
El 18 de agosto de 2007 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Fiscal.
-Denegación al recurrente del derecho a tener portavoz del Grupo Mixto. -Denegación, también, del derecho a ejercer las mismas iniciativas que otro grupo parlamentario. -Y no contestación por la Junta de Sindics, por el Presidente de las Cortes Valencianas y por el Letrado Mayor a las dudas que les ha planteado respecto de la interpretación que debía darse a la Resolución de 22 de diciembre de 2005.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 19 de junio de 2007 el Abogado del Estado compareció sin formular ninguna alegación, si bien solicitó que en su día se le notifique la Sentencia que resuelva el recurso de amparo.
Por providencia de 28 de enero de 2008 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 31 de dicho mes y año.
El demandante de amparo, miembro del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas que decidió abandonar el mismo el 10 de noviembre de 2005 con el fin de integrarse en el Grupo Mixto de las referidas Cortes, solicita en el suplico de su demanda que se dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de la Resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas núm. 5/VI sobre “Derechos y deberes de los Diputados que se incorporan al Grupo Mixto una vez iniciada la legislatura” por considerar que impide el pleno ejercicio de los derechos parlamentarios del Grupo Mixto y de su representante, el recurrente de amparo. En el encabezamiento de su demanda de amparo dirige no obstante su recurso, no sólo contra la referida Resolución núm. 5/VI, sino además contra las Resoluciones “de la Mesa de las Cortes Valencianas de fecha 23 de febrero de 2006 y siguientes”. Y en el cuerpo de la demanda de amparo se refiere a la denegación de tres proposiciones no de Ley (una sobre “el idioma valenciano”, otra sobre la reclamación al archivo de Aragón de los archivos correspondientes al Reino de Valencia y otra sobre las víctimas del terrorismo; siendo las denegaciones de 28 de febrero de 2006 las dos primeras y de 14 de marzo de 2006 la tercera), resoluciones todas ellas que habrían vulnerado, en el sentir del recurrente, derechos reconocidos en los arts. 14 y 23 CE. A lo que añade cita de la comunicación de la Presidencia de las Cortes de 26 de abril de 2006 por la que se puso en conocimiento del ahora recurrente en amparo que no estaba reconocida como tal, para el Grupo Mixto, ni la figura de asesor ni la figura de jefe de prensa en los términos reflejados en los escritos del recurrente.
El Abogado del Estado compareció sin formular ninguna alegación. 2. La primera cuestión que plantea este recurso de amparo es la de la determinación de su objeto.
3) La Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de inadmisión de la proposición no de Ley acerca de la reclamación al Archivo de Aragón de los archivos correspondientes al Reino de Valencia (RE núm. 46305), notificada al Grupo Mixto (fecha de salida) el 28 de febrero de 2006.
4) La Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de inadmisión de la proposición no de Ley sobre las víctimas del terrorismo (RE núm. 47323), notificada al Grupo Mixto (fecha de salida) el 14 de marzo de 2006.
Debe rechazarse la afirmación del Ministerio público según la cual forma parte de la “verdadera sustancia” de la demanda la denegación al recurrente del derecho a tener portavoz el Grupo Mixto, la denegación del derecho a ejercer las mismas iniciativas que otro grupo parlamentario y la “no contestación por la Junta de Sindics, por el Presidente de las Cortes Valencianas y por el Letrado Mayor a las dudas que les ha planteado respecto de la interpretación que debía darse a la resolución de 22 de diciembre de 2005”. Para explicar las razones de tal rechazo debemos comenzar recordando que el Ministerio público no puede incluir ningún contenido al objeto del recurso de amparo definido en la demanda, instrumento rector del proceso. Como hemos afirmado recientemente en la STC 232/2007, de 5 de noviembre, FJ 5, de acuerdo con lo precedentemente observado en las SSTC 271/2005, de 24 de octubre, FJ 2, y 296/2005, de 21 de noviembre, FJ 6, hemos de rechazar la solicitud del Ministerio público de que analicemos esta nueva cuestión constitucional, dado el límite que para nuestra jurisdicción supone la congruencia con la pretensión definida en la demanda, que es la que delimita definitivamente el alcance objetivo de la queja constitucional que se somete a nuestro enjuiciamiento (SSTC 291/1993, de 18 de octubre, FJ 1.b; 159/2000, de 12 de junio, FJ 2). A tales efectos “es necesario distinguir entre la pretensión —que este Tribunal no podría alterar— y el argumento o razonamiento jurídico en virtud del cual se decide si la pretensión debe ser estimada, punto este último en el que el Tribunal no está vinculado ni por las alegaciones del actor, ni por las de las de las otras partes, como se desprende del art. 84 LOTC” (SSTC 65/1983, de 21 de julio, FJ 4.a; 159/2000, de 12 de junio, FJ 2). La mencionada alteración de la pretensión, que convertiría “a este Tribunal en un órgano indebidamente activo” (STC 27/1986, de 19 de febrero, FJ 1), se produciría en este caso si enjuiciáramos la denegación al recurrente del derecho a tener portavoz el Grupo Mixto, la denegación del derecho a ejercer las mismas iniciativas que otro grupo parlamentario (contemplada genéricamente) o las omisiones que plantea el Fiscal, que no constituyen un mero enfoque jurídico nuevo o un simple enriquecimiento argumentativo de la queja presentada por el recurrente.
De acuerdo a cuanto queda expuesto, de los puntos que el Ministerio público considera como “verdadera sustancia” de la demanda el único que puede considerarse tal es el relativo a la denegación del derecho a ejercer las mismas iniciativas que otro Grupo Parlamentario, si bien con matices. Y ello porque en realidad no nos corresponde entrar a considerar la cuestión planteada por el Fiscal si no es en la medida en que existan actos o resoluciones impugnadas en las que tal cuestión se plantea. Esto es: lo que nos corresponde dilucidar es si las inadmisiones de determinadas proposiciones no de ley (la relativa al “idioma valenciano”, la relativa a la reclamación al archivo de Aragón de los archivos correspondientes al reino de Valencia y la relativa a las víctimas del terrorismo) lesionaron o no el derecho fundamental del art. 23 CE, siempre y cuando concurran los requisitos procesales para entrar a considerar el fondo de la cuestión. 3. Una vez fijado el objeto del amparo debemos analizar si concurre en el caso algún óbice de procedibilidad de la demanda. En efecto, aunque las causas de inadmisión se aprecian ordinariamente en providencia o en Auto antes de admitir a trámite el recurso interpuesto, es también posible que, admitida a trámite una demanda de amparo, se aprecie la concurrencia de alguno de los motivos del art. 50.1 LOTC, posibilidad que no es infrecuente, sobre todo porque la decisión sobre la admisión se adopta sin haber oído al resto de las partes intervinientes en el proceso previo y, en muchas ocasiones, sin tener presentes las actuaciones judiciales, que sólo se reclaman tras la admisión (art. 51.1 LOTC, STC 39/1981, de 16 de diciembre, FJ 1).
Como hemos dicho recientemente en la STC 228/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, con carácter previo al examen de fondo de los motivos de la demanda de amparo debemos pronunciarnos sobre si en el presente caso se ha satisfecho el requisito del agotamiento de la vía judicial previa a que obliga el art. 44.1 a) LOTC como condición de admisibilidad del recurso de amparo, pues, como hemos afirmado en numerosas ocasiones, el cumplimiento de esa exigencia responde a la finalidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional (por todas, últimamente STC 59/2007, de 26 de marzo, FJ 2).
En efecto, en el art. 32 del Reglamento de las Cortes Valencianas, en la redacción dada por la reforma de 30 de junio de 1994 (DOGV núm. 2320, de 28 de julio de 1994) vigente tanto en el momento de producirse los hechos que dieron lugar a las solicitudes que están en el origen del presente recurso de amparo como en el de presentación de las propias solicitudes y en el de producirse las denegaciones de ellas se establecía (apartado 1, subapartados sexto y séptimo), que: “corresponden a la Mesa las siguientes funciones: … Sexto. - Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. Séptimo. - Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento”. Y el apartado 2 del referido art. 27 disponía que: “Si un Diputado o un Grupo Parlamentario discrepa de la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de las funciones a las que se refieren los puntos sexto y séptimo del apartado anterior, podrá solicitar su reposición. La Mesa decidirá definitivamente, oída la Junta de Portavoces, mediante resolución motivada, existiendo diez días de plazo para la presentación del recurso de reposición, así como veinte días para que la Mesa resuelva a partir de su tramitación”.
En consecuencia cabía, en todos estos casos lo que el Reglamento denominaba reposición. Y sin embargo no se ha justificado ni se ha acreditado por el ahora recurrente en amparo la interposición de este remedio. De donde se desprende que, frente a lo que afirma del Ministerio público, los Acuerdos recurridos en amparo no eran firmes (o no habían alcanzado firmeza tras la utilización por el ahora demandante de amparo de todos los recursos utilizables frente a ellos) y, por lo tanto, no resultaban recurribles en amparo, por lo que el recurso de tal naturaleza interpuesto ante este Tribunal deviene inadmisible. 5. En cuanto al contenido del fallo procedente en el caso ha de advertirse que este Tribunal, desde tempranas decisiones, ha entendido que la falta de presupuestos procesales en un recurso de amparo impide entrar en el fondo del mismo, tanto si este defecto se constata en fase de admisión como si la apreciación correspondiente se realiza una vez admitido a trámite el recurso. Así, por ejemplo, ya la STC 14/1982, de 21 de abril, ante la denuncia realizada por el Ministerio público de extemporaneidad de la demanda, afirmó que el examen de dicha cuestión debía hacerse en aquel momento previamente al enjuiciamiento de fondo, sin que el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC impidiera efectuar, en tiempo distinto al previsto para la inicial admisión o inadmisión a trámite de la demanda de amparo, un pronunciamiento denegatorio del recurso interpuesto por falta de alguno (o varios) de sus presupuestos procesales. Esta doctrina se ha mantenido de manera inalterada hasta nuestros días (así, en las SSTC 123/2000 y 148/2000, de 16 de mayo y 1 de junio, entre otras).
Inadmitir el recurso de amparo interpuesto por don F.J..
SAP Murcia 490/2011, 14 de Octubre de 2011

References: Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 106
 artículo 115
 artículo 119
 artículo 127
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