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Timestamp: 2017-09-25 04:20:53+00:00

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Mecanismos de ParticipaciÃ³n
A partir de la adopción de la Constitución de 1991 se habla de democracia participativa; esto significa que la soberanía reside en el pueblo del cual emana el poder político, pero no es solo él quien lo otorga, también es quien lo controla, por eso la cultura de la participación implica que la sociedad debe ir mucho más allá del sufragio.
Con este fin, el Congreso de la República expidió la Ley 134 de 1934 mediante la cual se reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana, como instrumentos que tiene la ciudadanía para hacer respetar sus derechos, vigilar las actuaciones de la Administración Pública para obligarle a corregir los perjuicios que ocasione o cumplir con sus funciones de manera ágil, efectiva y racional.
A continuación se presentan los principales mecanismos de participación, así como las acciones a las que pueden recurrir los ciudadanos para defender sus derechos.
La iniciativa popular es el derecho que le permite a un grupo de ciudadanos presentar proyectos ante el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y Municipales y para el caso de las Localidades, ante las Juntas Administradoras Locales; para que sean debatidos modificados, aprobados o negados por dichas corporaciones.
Las iniciativas populares son clasificadas por la Ley 143 de 1994 según la naturaleza de la corporación:
Iniciativa Legislativa; integrada por los Proyectos de Reforma Constitucional (las cuales se efectúan mediante Acto Legislativo) o por proyectos de Ley, las cuales se presentan ante el Congreso.
Las materias sobre las cuales se pueden presentar las iniciativas serán las de competencia de la respectiva corporación pública, por lo cual no procederá ante lo que sea objeto de competencia del Gobierno Nacional (aspectos presupuestales, fiscales y tributarios, las relaciones internacionales, las concesiones de amnistía o indulto y la preservación y restablecimiento del orden público), Departamental, Distrital o Municipal, de los Organismos de Control ni de la Organización electoral.
Las personas naturales con respaldo de 5000 personas inscritas en el respectivo censo electoral que sean ciudadanos en ejercicio.
Las organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, indígenas, comunales o partidos y movimientos políticos que posean personería jurídica. También deben contar con el respaldo de 5000 personas y tener ámbito nacional, departamental, Distrital o municipal, según el caso.
Para que las corporaciones públicas les den trámite, las iniciativas deben ser presentadas en forma de proyecto.
El referendo es una convocatoria al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o acepte una norma ya vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, Distrital, municipal o local.
El referendo derogatorio se establece cuando se somete una norma ya vigente (acto legislativo, ley, ordenanza, acuerdo o resolución local) en alguna de sus partes en su totalidad a consideración del pueblo para que él decida si la deroga o no.
El referendo aprobatorio somete a consideración del pueblo un proyecto de acto legislativo, de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación que le corresponde aprobarlo, para que decida si lo aprueba o rechaza total o parcialmente.
El referendo constitucional somete a la decisión popular un proyecto de reforma a la Constitución, mediante una ley que requiere la aprobación de la mayoría de ambas cámaras legislativas.
Pueden solicitar convocatoria a un referendo aprobatorio o derogatorio mínimo el 10% del censo electoral que corresponda. Si es de carácter constitucional, lo puede solicitar el gobierno o el 5% de los Ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional.
La consulta popular consiste en una pregunta que puede ser realizada por el Presidente, los Gobernadores o Alcaldes, sobre un tema de interés general, con el fin de que el pueblo se pronuncie formalmente al respecto. Se requiere de la aprobación previa del Senado si la consulta la hace el Presidente; de la Asamblea si la hace el Gobernador; del Concejo o la Junta Administradora Local – JAL si lo propone un Alcalde.
En el caso de la consulta de carácter nacional convocada por el Presidente, el texto que se someterá a decisión del pueblo y la justificación de la consulta, así como la fecha de su realización, será enviado al senado para que se pronuncie al respecto dentro de los 20 días siguientes. La consulta se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de este pronunciamiento o el vencimiento del plazo fijado para ello.
En los otros casos, el Gobernador o el Alcalde solicitará a la Asamblea, al Concejo o a la JAL, un concepto previo sobre la conveniencia de la consulta y ésta se realizará en un término de seis meses.
Las preguntas que se consulten al pueblo serán realizadas en forma clara, de tal manera que se contesten con un SI o un NO.
Cuando la pregunta se refiera a una ley, la consulta debe ser convocada después de dos a seis meses de la fecha de expedición de la ley; la que previamente debe ser remitida a la Corte Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad formal. La consulta es aprobada si es una decisión del pueblo representado por lo menos en la tercera parte del Censo Electoral.
La consulta la realizan los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, según se trate de una consulta de carácter nacional, departamental, municipal, Distrital o local.
Se podrán realizar consultas sobre todos los temas, excepto aquellos que impliquen modificar la Constitución o proyectos de articulado.
También se podrá realizar consulta sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso podrá convocar sólo a través de la ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras. En esta consulta se decide sobre el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, su fecha de inicio y s período.
Los efectos de la decisión tomada por el pueblo son obligatorios, siempre y cuando participen por lo menos la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral y sea una decisión adoptada por la mitad más uno de los votantes.
El órgano correspondiente fijará las medidas para que se haga efectiva la decisión tomada por el pueblo. Se requerirá entonces de una ley, de una ordenanza, un acuerdo o resolución local, la que debe ser expedida dentro del mismo período de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si la corporación no lo hace, la autoridad administrativa respectiva la adoptará dentro de los tres meses siguientes mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según sea el caso.
El plebiscito es una convocatoria del Presidente de la República para que el pueblo apruebe o rechace una decisión del ejecutivo respecto a los tratados internacionales o políticas que adopte y no requieran la aprobación del Congreso.
La convocatoria al plebiscito requiere la firma de todos los Ministros e inmediatamente el Presidente debe informar al Congreso sobre su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará acabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente.
En el caso que dentro del mes siguiente a la fecha en que el Presidente haya informado al Congreso sobre su intención de realizar el plebiscito ninguna de las dos cámaras se haya pronunciado en su contra, por mayoría de sus asistentes, éste (el Presidente) podrá convocarlo.
El plebiscito no puede referirse a temas relativos a los estados de excepción y al ejercicio de sus poderes, ni a los temas relacionados con la duración del tema presidencial o a modificaciones de la Constitución.
El cabildo abierto es una reunión pública de los Concejos Municipales, Distritales o las Juntas Administradoras Locales – JAL, que deberá ser convocada por lo menos dos veces en cada período de sesiones ordinarias de estos organismos.
Un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente, según el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones. Para ello se nombrará un vocero.
Los concejos municipales, Distritales o las Juntas Administradoras Locales difundirán ampliamente la fecha, el lugar y los temas que serán objeto del cabildo abierto.
El vocero de quienes solicitaron el cabildo tendrá voz en las discusiones, así como también quienes se inscriban a más tardar tres días antes de la realización del mismo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención.
En el cabildo se tratará cualquier asunto de interés de la comunidad y que sea expresamente solicitado por los residentes en el municipio, el distrito, Localidad, comuna o corregimiento; teniendo en cuenta que sea competencia de la corporación respectiva.
Una semana después de realizado el cabildo se dará respuesta a los reclamos de los ciudadanos.
Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas municipales, Distritales o locales, la respuesta debe señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes.
En los cabildos pueden participar todas las personas que tengan interés en los asuntos que se discuten.
6.	ACCIÓN POPULAR.
La Acción Popular es un instrumento de carácter judicial que procura la defensa de intereses de un grupo de personas pretendiendo su protección y bienestar. Protege los derechos colectivos tales como el derecho a un ambiente sano, la libre competencia económica, el espacio público, el derecho a la paz, el patrimonio público del consumidor, la moral administrativa y otros derechos de la misma naturaleza que puedan ser reconocidos por la ley; la ley que reglamenta la total y unificada protección de los derechos colectivos.
En la acción popular se resalta su naturaleza preventiva, lo mismo que la posibilidad de ser presentada por cualquier persona o grupo de personas ante cualquier juez competente. Así mismo su trámite deberá ser preferente y breve.
7.	ACCIÓN DE TUTELA.
La Acción de Tutela es la garantía constitucional más rápida y sencilla, pues su tramite debe efectuarse en un máximo diez días. Es la garantía constitucional específica del derecho inherente de toda persona a la protección inmediata de sus derechos fundamentales. No es necesario un abogado ni mayores conocimientos jurídicos para su presentación. Con este instrumento la persona o colectividad puede solicitar protección a un juez en razón a un daño que se sufre o se puede sufrir.
Esta Acción defiende y protege los derechos fundamentales de las personas, es decir, aquellos que son esenciales al género humano y que, estando o no consignados en la constitución deben ser respetados y defendidos.
La Tutela procede cuando ya se utilizaron todos los demás medios de protección de los derechos posibles, cuando no existe otro medio eficaz para su defensa o aunque a pesar de tener otros medios judiciales de defensa se requiera utilizarla de manera urgente para evitar un perjuicio irremediable.
La Acción de Tutela puede ser utilizada contra funcionarios del Estado o contra particulares que estén violando algún derecho fundamental a una o varias personas.
Mediante la Acción de Tutela es posible reclamar la defensa de los derechos que han sido desconocidos por acción o por omisión de las autoridades públicas o vulneradas por la actividad de los particulares encargados de la prestación de servicios públicos o que afecten gravemente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se encuentre en condiciones de subordinación o indefensión y en las condiciones que determina la ley.
La Acción de Tutela se encuentra reglamentada en el Decreto 2591 de 1991 que desarrolló el Artículo 86 de la Constitución Política.
La Acción de Tutela puede promoverse ante los jueces en todo tiempo y lugar a fin que estos mediante un fallo de inmediato cumplimiento impartan orden para que el funcionario o el particular contra quien se dirige la acción, actúe o se abstenga de hacerlo, y así se logre el reconocimiento del derecho lesionado, o evitar que se llegue a producir su trasgresión.
La solicitud de protección puede presentarse por escrito o en forma oral; en esta última forma en caso de urgencia o cuando la persona no sepa escribir o sea menor de edad. Se dirige a cualquier juez (civil, penal, de familia, laboral o promiscuo). A éste se le presenta la solicitud de tutela narrándole el daño y si es posible se le suministran datos como direcciones, documentos, testigos, etc.
8.	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.
Reglamentada por la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento es el mecanismo mediante el cual toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
La Acción de Cumplimiento es un mecanismo para hacer valer el Estado de Derecho, al darle vida real a las normas legales y a los actos administrativos. Esta Acción permite equilibrar y civilizar las relaciones entre el Estado y el pueblo al reconocer a toda persona la facultad para acudir ante la justicia y hacer cumplir una norma. Es una vía de cooperación con el Estado para hacerlo más eficiente, siendo un mecanismo de participación política, cívica y comunitaria, que es a la vez un deber constitucional ordenado en el Artículo 95.
La Acción de Cumplimiento pueda ser interpuesta por cualquier persona, no se requiere ser abogado para presentarla e incluso ni siquiera es necesario ser mayor de edad. La pueden ejercer también el procurador general de la nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales, el defensor del pueblo y sus delegados, los personeros municipales y locales, el contralor general de la república y los contralores de los demás niveles. Igualmente, la Acción puede ser interpuesta por organizaciones sociales y no gubernamentales.
La Acción de Cumplimiento debe instaurarse en primera instancia ante los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante, y en segunda ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo al cual pertenezca el Juzgado Administrativo. De no existir los juzgados administrativos se instauran en primera instancia ante el Tribunal Contencioso respectivo y en segunda instancia ante el Consejo de Estado. La acción no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados por la Acción de Tutela y cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo.
El juez que tenga conocimiento de una acción de cumplimiento tiene un plazo de 20 días desde la admisión de la solicitud para dictar sentencia.
El Derecho de Habeas Hábeas es el que tiene toda persona a no ser víctima de una privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o que se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.
Es un recurso que tiene todo ser humano para defender su derecho a la libertad física, es de aplicación específica, por tanto por este medio no se pueden defender otros derechos diferentes a este. Este bien jurídico emana del derecho fundamental a la libertad individual, que el Artículo 28 de la Constitución reconoce al proclamar que “Toda Persona es Libre”.
El Hábeas Corpus puede presentarse mediante una carta dirigida por el afectado, u otra persona a su nombre, en todo momento y ante cualquier juez.
Este derecho puede utilizarse en dos situaciones: Cuando se captura a una persona sin existir una orden judicial, excepto cuando la captura se da en el momento en que se comete el delito; y cuando la persona está detenida y se prolonga ilícitamente la privación de la libertad. La decisión judicial debe producirse durante las 36 horas siguientes a la presentación de este recurso.
Es el derecho de toda persona a conocer, actualizar o rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre sí misma en bancos de datos o en archivos de entidades públicas o privadas.
No se trata propiamente de un mecanismo de defensa judicial para la protección de los derechos, pero su presentación obliga la corrección por parte de las autoridades, para garantizar a las personas la protección del buen nombre, su intimidad, su imagen, el libre desarrollo de su personalidad, velando por la exactitud y veracidad en la información divulgada.
En el momento que a una persona se le imputen informaciones incorrectas o inexactas, ésta puede solicitar con derecho a acción inmediata, que la entidad responsable del sistema haga en él las correcciones, eliminaciones o aclaraciones pertinentes a fin de preservar su buen nombre.
11.	DERECHO DE PETICIÓN.
Es el que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y para obtener de ellas una pronta respuesta sobre lo solicitado.
Una petición es la solicitud verbal o escrita que se presenta ante un servidor público con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. El derecho de petición hace parte de los derechos fundamentales por lo cual se puede obtener su protección judicial inmediata mediante el ejercicio de la acción de tutela.
Tienen Derecho a presentar peticiones todas las personas, sean nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o iletradas, excepto los miembros de la fuerza pública. Se presenta para que por motivo de interés general o particular se inicie por parte de las autoridades una actuación administrativa y para permitir el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas.
Quejas: Cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de funcionarios o particulares a quienes se les ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.
Reclamos: Cuando se dan a las autoridades noticias acerca de la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público.
Manifestaciones: Cuando se hacen llegar a las autoridades las opiniones del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.
Petición de Información: Cuando se formulan a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto y permitan el examen o la expedición de copias de los documentos públicos que tienen en su poder.
Por regla general, las autoridades tienen 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 para contestar petición de información y 30 para contestar consultas. El retardo injustificado es motivo de sanción disciplinaria y en este caso también procede la tutela.
12.	LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.
Colombia es una “República unitaria..., participativa y pluralista” (C.N. Art. 1), cuya “soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público; el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes...” (C.N. Art. 3). “Todo Ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político...” (C.N. Art. 40). “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.” (C.N. Art. 270). “Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.” (C.N. Art. 92). “…El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.” (C.N. Art. 103 Inciso 2). La Ley 563 de febrero 2 de 2000 reglamentó las Veedurías Ciudadanas, pero fue declarada inexequible mediante la sentencia C-1338-00.
El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993, prevé expresamente en su artículo sexto la constitución de las veedurías ciudadanas e impone a las autoridades Distritales, sin distinción, el deber de promover tales veedurías:
“Artículo 6. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y VEEDURÍA CIUDADANA. Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local.
De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas.”
FUNCIONES DE LAS VEEDURÍAS.
Vigilar los procesos de planeación para que, conforme a la Constitución y la Ley, se de participación a la comunidad y la decisión sea consultada.
Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de las necesidades básicas insatisfechas, según criterios de equidad y eficiencia.
Vigilar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales vigentes, dando prioridad a la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias.
Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, autoridades oficiales contratantes y demás autoridades concernientes, los informes verbales o escritos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.
Comunicar a la ciudadanía a través de informes verbales y escritos, presentados en asambleas generales o en reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones civiles de la comunidad, los avances en los procesos de control o vigilancia que se estén desarrollando.
Ejercer funciones de control y vigilancia y presentar informes a los órganos de control (Contraloría, Personería y Veeduría Distrital, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo), en relación con los asuntos que son objeto de veeduría.
Denunciar ante las autoridades los hechos y actuaciones irregulares de los funcionarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 92 de la constitución.
CÓMO SE CONFORMAN LAS VEEDURÍAS.
Las Veedurías se conforman por iniciativa del Alcalde Local, de la Junta Administradora Local o de cualquier grupo organizado del nivel territorial correspondiente, que convoca a la comunidad mediante avisos, etc.
En asamblea y mediante acta de constitución se da vida jurídica a la veeduría. En tal acta debe constar la obra, programa o aspecto sobre el cual se ejerce la veeduría, los nombres de los veedores designados y el tiempo por el cual se constituye la misma.
El acta será entregada al Veedor Distrital, el cual entregará carnés de acreditación como veedor ciudadano a cada persona que figure en el acta.
Una vez constituida la veeduría procederá a darse su propio reglamento de funcionamiento que contempla su estructura interna, la frecuencia y sitios de reunión, etc.
Es deber de la Veeduría Distrital y los demás organismos de control capacitar a quien haya sido seleccionado como veedor ciudadano, en materias tales como desarrollo comunitario, democracia participativa, derecho ciudadano, estructura del Estado, planeación, contratación, presupuesto, contabilidad pública, etc.; para que de esta forma pueda cumplir de manera responsable sus funciones.
13.	COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
El Artículo 369 de la Constitución establece que la Ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten servicios públicos.
La ley 134 de 1994 determina que en todos los municipios del país se deben crear los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios, y obliga a los Alcaldes a conformar una parte de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos (E.S.P.) de su jurisdicción con Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su trabajo y contar con la información necesaria para representar a los comités.
Los Comités de Desarrollo y Control Social son entonces organizaciones creadas para asegurar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios.
Los Comités se conforman por iniciativa de los usuarios , suscriptores y suscriptores potenciales de un municipio o distrito.
Para crear un Comité se siguen los siguientes pasos:
a. Los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales de servicios públicos domiciliarios que estén interesados en conformar el comité, convocan a una asamblea con el fin de constituirlo. Esta convocatoria debe hacerse por lo menos diez días hábiles antes de la fecha de la reunión, debe ser pública y difundida ampliamente dentro del municipio o distrito, a través de los medios de comunicación locales o de los organismos de participación comunitaria u Organizaciones No Gubernamentales que existan en el municipio o distrito.
Para la reunión se hace un registro de los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales que van a participar, con la siguiente información:
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE L COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL
NOMBRE	DOCTO. IDENT.	DIRECCIÓN Y TEL.
FACTURA O SOLICITUD DEL SERVICIO FIRMA
En la reunión se eligen por mayoría de los asistentes, un presidente y un secretario de la Asamblea, que se encargan de verificar que los reunidos cumplan con las calidades necesarias.
b. Los asistentes eligen entre ellos a los miembros del Comité y sus suplentes. Para poder sesionar, la Asamblea constitutiva del comité debe contar por lo menos con el número mínimo de usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales necesarios para conformar un Comité en el respectivo municipio o distrito.
El número necesario de miembros de los Comités es el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o distrito (según el censo de población vigente) por 10.000. Pero nunca puede ser inferior a 50. En el caso de Bogotá el número mínimo de miembros debe ser de 200.
Para la elección de los miembros del Comité se deben conformar listas y utilizar el sistema de cuociente electoral. El cuociente es el resultado de dividir el número total de votos válidos por el número de miembros que se vayan a elegir. El cuociente indica el número de votos que requiere una persona de una lista para quedar elegida. Si quedan puestos libres se le adjudican a las listas con mayores residuos en orden descendente.
Para poder ser elegido miembro del Comité se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor potencial, lo cual se demuestra con la factura, la solicitud de servicio o la constancia de residencia.
De todo el proceso realizado se debe levantar un acta, incluyendo la información de cada punto desarrollado.
Los miembros del Comité son elegidos para un período de 2 años que empieza a contar a partir del reconocimiento de la elección hecho por el Alcalde.
FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL.
Promover acciones entre la comunidad, el municipio y las Empresas de Servicios Públicos, para expandir o mejorar los servicios públicos domiciliarios en su municipio o distrito.
Promover ante las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios planes y programas que consideren necesarios para resolver deficiencias en la prestación de los servicios.
Solicitar a la instancia encargada de la estratificación en el municipio que modifique o reforme una decisión tomada en materia de estratos.
Colaborar con las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, con las autoridades nacionales y territoriales y con otras organizaciones comunitarias, para realizar campañas de racionalización del uso de los servicios.
Colaborar con los organismos de control de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Velar por que los derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos sean efectivos y cumplan su cometido.
REPRESENTANTE DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL.
Los Comités están representados por un VOCAL DE CONTROL.
El Vocal representa al Comité ante las autoridades que prestan servicios públicos domiciliarios, ante las autoridades nacionales y territoriales correspondientes, en lo que tiene que ver con la vigilancia de la gestión y fiscalización de la prestación de los servicios.
Cualquier miembro del Comité puede ser elegido Vocal de Control por decisión de la mayoría de los miembros, para un período de un año, contado a partir del reconocimiento de la elección por parte del Alcalde.
La elección puede impugnarse ante el Personero, cuando se haya presentado alguna irregularidad en dicha elección. La impugnación debe hacerse dentro de los dos meses siguientes, de acuerdo con lo establecido para el ejercicio del Derecho de Petición en Interés General. La decisión del Personero se puede apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
Solicitar la inscripción del Comité de Desarrollo y Control Social ante el Alcalde presentando una copia del acta de constitución.
Solicitar su inscripción como Vocal de Control, presentando copia del acta en la cual consta su elección.
Informar al Superintendencia de Servicios Públicos la conformación del Comité y su elección como Vocal, presentando copia del reconocimiento por parte del Alcalde y el Acta de su elección.
Informar a la comunidad acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios públicos domiciliarios y ayudar a que se cumplan.
Recibir informes de los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales de un determinado servicio, acerca del funcionamiento de las empresas que los prestan, evaluar estos informes y promover las medidas correctivas que correspondan ante éstas y ante las autoridades del municipio, del departamento y la Nación.
Atender de manera oportuna todas las consultas y tramitar las quejas y denuncias que le presente el Comité.
Rendir trimestralmente al Comité un informe de las labores adelantadas en ejercicio de sus funciones.
Ser miembro de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios municipales, cuando sea escogido por el Alcalde.
Ser miembro (en los municipios) del Comité de Estratificación cuando sea designado por el Alcalde.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 86
 Artículo 95
 Artículo 28
 Artículo 92
 Artículo 369