Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1042
Timestamp: 2020-04-07 23:36:03+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 101/1988
SENTENCIA 101/1988, de 8 de junio
ECLI:ES:TC:1988:101
En el recurso de amparo núm. 654/1987, promovido por don Manuel Martín Camargo, apoderado de «Prodiecu, Sociedad Anónima», representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Encarnación Alonso León, y asistido del Letrado don Luis M. del Olmo Hernández, contra Resolución del Ministerio del Interior, de 21 de mayo de 1986, confirmada por Sentencias de la Audiencia Nacional y la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Ha comparecido, además del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 19 de mayo de 1987, la Procuradora doña María Encarnación Alonso León, en nombre de don Manuel Martín Camargo, apoderado de «Prodiecu, Sociedad Anónima», interpuso recurso de amparo contra Resolución del Ministerio del Interior de 21 de mayo de 1986, confirmada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional, de 22 de noviembre de 1986, y en apelación por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 23 de marzo de 1987.
9. Doña María Encarnación Alonso León, Procuradora de los Tribunales, y don Manuel Martín Camargo, representante legal de «Prodiecu, Sociedad Anónima», en escrito de 1 de septiembre de 1987, se limita a traer a colación la promulgación del Real Decreto-ley 2/1987, que, en su opinión, viene a suponer el reconocimiento, por parte de la Administración, de la nulidad por inconstitucional, de las sanciones administrativas impuestas en materia de juego desde la Constitución hasta su fecha.
1. En el antecedente de hechos núm. 3 de esta Sentencia se describe con detalle la extensa lista de derechos fundamentales que la Entidad recurrente «Prodiecu, Sociedad Anónima», considera vulnerados por la Resolución del Ministerio del Interior de 21 de mayo de 1986, confirmada por las Sentencias de la Audiencia Nacional (de 22 de noviembre de 1986) y del Tribunal Supremo (de 23 de marzo de 1987). Aquella Resolución impuso a la Entidad dicha una sanción pecuniaria y el cierre del establecimiento por infringir lo dispuesto en el Real Decreto 444/1977, de 11 de marzo (en la redacción del Real Decreto 2.709/1978), en relación con el Reglamento de Juego mediante Boletos (Real Decreto 1.067/1981, de 24 de abril, y la autorización hecha al Gobierno, por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, para determinar las sanciones administrativas que puedan imponerse, de lo que hizo uso el Real Decreto citado 444/1977. Es, en efecto, el art. 10 de este último Real Decreto el que la Resolución administrativa aplica, en cuanto sus apartados b) y c) prohíben practicar juegos de azar con material no autorizado, así como asociarse con otras personas para practicar los juegos de suerte, envite o azar al margen de las autorizaciones legales, autorización de la que carecía «Prodiecu, Sociedad Anónima», siendo esta falta considerada muy grave, según la previsión del mismo art. 10.2 a) del Real Decreto 444/197, que autoriza también la sanción impuesta, tal como lo permite asimismo el art. 19 del Real Decreto 1.067/1981. En la propia Resolución impugnada, contestando la objeción de la recurrente, se indica la constitucionalidad de la sanción, dada la preconstitucionalidad del Real Decreto-ley 16/1977 y del Real Decreto 444/1977 y la validez de la autorización, en su tiempo, del Real Decreto-ley citado. Ello no obsta para que la Resolución cite el Reglamento del Juego de Boletos (Real Decreto 1.067/1981, de 24 de abril), y que, por ello, acuda la recurrente a la condición de postconstitucionalidad de esta norma reglamentaria para su alegato de infracción del art. 25 C.E., como luego se verá.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 654-1987
"Prodiecu, Sociedad Anónima", contra Resolución del Ministerio del Interior, confirmada en la vía judicial, ordenando el cese de su actividad
El principio de legalidad, que se funda a su vez en los de libertad y de seguridad jurídica, implica una doble garantía: una, de alcance material y absoluto, que se refiere a la imperiosa exigencia de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes, y otra, de carácter formal, que mira al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término «legislación vigente» contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora. Esta clara exigencia de cobertura legal no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, mas ello siempre que en aquéllas queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. Lo que en todo caso prohíbe el art. 25.1 C.E. es la remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley. [F.J. 3]
Según ha declarado este Tribunal, «no es posible exigir la reserva de la Ley de manera retroactiva para anular disposiciones reguladoras de materias y de situaciones respecto de las cuales tal reserva no existía de acuerdo con el Derecho anterior a la Constitución» (STC 11/1981), ni tampoco ignorar que «el principio de legalidad que se traduce en la reserva absoluta de Ley no incide en disposiciones o actos nacidos al mundo del Derecho con anterioridad al momento en que la Constitución fue promulgada» (STC 15/1981). [F.J. 4]
Artículo 10.1 b), f. 1
Artículo 10.2 a), f. 1
Artículo 25.1, ff. 3 a 5
Habilitación a la Administración para la tipificación de ilícitos administrativosHabilitación a la Administración para la tipificación de ilícitos administrativos, f. 3
Juegos de azar sin autorizaciónJuegos de azar sin autorización, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Normas de habilitación genéricaNormas de habilitación genérica, ff. 3, 4
Normas preconstitucionalesNormas preconstitucionales, ff. 4, 5

References: Resolución 
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Artículo 10

Artículo 10

Artículo 25