Source: http://www.eumed.net/rev/caribe/2015/05/libertad.html
Timestamp: 2017-03-27 08:35:53+00:00

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La comisión de hechos delictivos por los sancionados que se encontraban con beneficios de excarcelación
LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS POR LOS SANCIONADOS QUE SE ENCONTRABAN CON BENEFICIOS DE EXCARCELACIÓN O QUE EXTINGUÍAN UNA SANCIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD
RESUMEN En la actualidad las penas alternativas a la privación de libertad ganan cada vez más espacio en las legislaciones nacionales. Investigar y profundizar sobre la función de cada uno de los funcionarios encargados de controlar la ejecución de beneficios de excarcelación otorgados y las sanciones subsidiarias de la privativa de libertad impuesta a los acusados. La participación del Fiscal en la solicitud de este tipo de sanciones, así como realizar un análisis de la comisión de hechos delictivos por sancionados que se encontraban disfrutando de beneficios de excarcelación o se encontraban cumpliendo sanciones subsidiarias a la privativa de libertad en el municipio Jobabo en el año 2013 y lo que debe o puede hacerse a nuestro modesto criterio, para obtener mejores resultados en la prevención de estas conductas, son los objetivos fundamentales que nos proponemos. La actividad preventiva, por consiguiente, demanda de un seguimiento y continuidad educativa, de la colaboración o influencia de todo un sistema de factores, entre ellos de la Fiscalía, en función de los objetivos e intereses de la sociedad, aunque le corresponda al Tribunal y al Ministerio del Interior, ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y de vigilar el cumplimiento de éstos, por los organismos encargados de intervenir en el proceso de readaptación social de los transgresores de la Ley a partir de características específicas, necesidades particulares y posibilidades inmediatas. Palabras claves: excarcelación, subsidiaria, preventiva, beneficios. Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato: Gerardo Rojas Ramírez y Eric Alejandro Rodríguez Pérez (2015): “La comisión de hechos delictivos por los sancionados que se encontraban con beneficios de excarcelación o que extinguían una sanción subsidiaria de la privativa de libertad”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (mayo 2015). En línea: http://www.eumed.net/rev/caribe/2015/05/libertad.html Todo lo antes expuesto conduce a formular la siguiente problemática:
¿Cómo se comportó la comisión de hechos delictivos por los sancionados que se encontraban disfrutando de beneficios de excarcelación o extinguiendo una sanción privativa de libertad en el municipio Jobabo en el año 2013?
Objetivo general: Demostrar la importancia de adecuadas relaciones de trabajo entre los órganos encargados de controlar la ejecución de beneficios de excarcelación otorgados y las sanciones subsidiarias de la privativa de libertad impuesta a los acusados.
Objetivos específicos: Determinar las funciones del Jefe de Sector y el Juez de Ejecución, encargados de controlar la ejecución de beneficios de excarcelación otorgados y las sanciones subsidiarias de la privativa de libertad impuesta a los acusados.
Demostrar la importancia del Fiscal en la promoción y ejercicio de la acción penal, específicamente en la solicitud de las sanciones subsidiarias, así como en la tramitación de las propuestas para el otorgamiento de la libertad condicional.
Determinar principales causas que propiciaron la reincidencia o multirreincidencia delictiva de los acusados que se encontraban disfrutando de beneficios de excarcelación o cumpliendo sanciones subsidiarias a la privativa de libertad, en el municipio Jobabo en el año 2013.
La Constitución de la República en su artículo 127 establece que la Fiscalía es el órgano encargado de velar por el control y preservación de la legalidad sobre la base del estricto cumplimiento de la ley y demás disposiciones legales, así como de la promoción y ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, funciones que hacen del Fiscal una parte imprescindible del proceso penal que no concluye con la sanción, sino con su adecuado cumplimiento.
La Instrucción 7 de 1999 del Fiscal General de la República, se establece que en momento de formular las conclusiones acusatorias, el mismo deberá prestar particular atención a la solicitud de sanciones, para cuidar que en todos los casos, en atención al principio de individualización se corresponda con la gravedad de los hechos, la conducta anterior del acusado y la repercusión e incidencia de los hechos similares en el territorio y con la política trazada por la Fiscalía con independencia del actuar del Tribunal en casos similares conocidos con anterioridad.
Cuando se soliciten sanciones de privación de libertad inferiores a cinco años, en los casos que lo ameriten, teniendo en cuenta la conducta social del acusado, así como las circunstancias del hecho, deben emplearse las sanciones subsidiarias de la privación de libertad prevista en el Código Penal.
Se prevé por nuestro Código Penal como sanciones subsidiarias de la Privación de Libertad:
El Trabajo Correccional Con Internamiento.
El Trabajo Correccional Sin Internamiento.
La Limitación de Libertad.
La Remisión Condicional. Todas ellas buscan la reinserción social del acusado cuya sanción no exceda los cinco años de privación de libertad, a través de su vinculación al trabajo, o de aquellos ya vinculados laboralmente, que sus características personales propicien el cumplimiento de la pena si necesidad de su internamiento.
Las sanciones de Trabajo Correccional Sin Internamiento y la Limitación de Libertad, solo se aplican a los acusados que no hayan sido sancionados durante los cinco años anteriores a privación de libertad por un término mayor de un año o multa superior a 300 cuotas, a menos que circunstancias muy calificadas lo hagan aconsejable a juicio del Tribunal. Mientras que la Remisión Condicional solo se aplica excepcionalmente a los reincidentes y en ningún caso a los multirreincidentes.
Todas las sanciones implican una serie de obligaciones, principalmente una buena actitud ante el trabajo en que se ubique, satisfacer la responsabilidad civil establecidas en la sentencia y otras legalmente establecidas, en las que consideramos pueden mantener una actitud acorde a las normas de convivencia social, transformar sus relaciones sociales que indiquen que el sancionado ha comprendido los objetivos que se persiguen con la sanción.
Siempre que se quebranten las descritas obligaciones, o sea sancionado a privación de libertad por otro delito, el Tribunal dispondrá que cumpla lo que resta de la sanción originalmente impuesta después de deducir de la misma el tiempo cumplido de aquella.
El artículo 58 apartado 3 del Código Penal preceptúa que la Libertad Condicional se otorga previa evaluación de conducta que debe realizar el Órgano del Ministerio del Interior, en todos los casos se oirá el parecer del Fiscal.
Consideramos que la Fiscalía General de la República juega un papel importante en la prevención de la criminalidad, el control de la legalidad le permite al Fiscal, basándose en los indicios obtenidos durante la fase preparatoria, identificar las causas y condiciones que propiciaron la comisión del hecho delictivo.
Al ser miembro de las comisiones de Prevención y Atención Social puede alertar y proponer adoptar las medidas efectivas, que permitan el adecuado funcionamiento de los órganos encargados del control de los sancionados con el beneficio de libertad condicional.
Además incide en el adecuado otorgamiento de los beneficios de excarcelación, lo que disminuye en gran medida la comisión de nuevos hechos delictivos por los sancionados que retornan a su medio social.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ELEMENTOS TEÓRICOS.
La figura del Juez de Ejecución surge como el resultado de la necesidad de implementar un sistema verdaderamente efectivo e integral de vigilancia y atención sobre las personas que cumplen sanciones penales o medidas de seguridad predelictiva que no conlleven al internamiento, o las que han sido objeto de beneficios de excarcelación anticipada. Con anterioridad a la puesta en marcha de esta experiencia, solo la Policía Nacional Revolucionaria tenía estructurado determinado nivel de control sobre esas personas. El artículo 19, inciso h) de la Ley 82 faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a impartir instrucciones generales de carácter obligatorio para los tribunales, a los efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley, es por eso que en uso de esa facultades el referido órgano dictó la Instrucción 163 Bis, regulando la implementación de la actividad relacionada con los jueces encargados del control de la ejecución.
Esta Instrucción estableció como objeto de control por parte de los jueces de ejecución a los sancionados a:
Trabajo correccional sin internamiento
Privación de libertad, remitida condicionalmente.
Se encuentran sujetos también, los beneficiados con:
Suspensión de trabajo correccional con internamiento
De igual manera serán controlados los que se les haya sustituido la sanción originalmente impuesta de privación de libertad por la de Trabajo Correccional Sin Internamiento o Limitación de Libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 13 del Código Penal.
La actividad de reinserción social de los controlados en los centros de trabajo tiene como objetivo vincular a la persona a un colectivo laboral que encamine su comportamiento y controle su actitud, educándolo para que la actividad socialmente útil constituya la fuente de sus ingresos personales. El trabajo debe constituir un derecho, un deber y un motivo de honor para cada uno de ellos y en tal sentido la estructura administrativa del entro, la Sección Sindical y las organizaciones políticas que en el mismo radiquen, tienen la obligación de velar porque el controlado cumpla cabalmente las tareas que le corresponden.
La misión fundamente de éste consiste en coordinar los esfuerzos sociales y estatales encaminados a garantizar la reinserción social de las personas que se encuentran sujetas a control. Los controlados tienen la responsabilidad individual de cumplir las obligaciones previstas en la ley respecto a las sanciones, medidas de seguridad o beneficios de excarcelación que se encuentran extinguiendo y en caso de incumplimientos, no dará lugar de manera inmediata a la revocación de la sanción, pero sí generará un análisis que podrá dar al trate con la misma.
El Jefe de Sector.
El Jefe de Sector abastecerá al Juez de Ejecución con las informaciones de interés que reciba acerca del cumplimiento de los términos y condiciones impuestos al beneficiado o sancionado y que pueda obtener por las diferentes vías para su control y observación, también le informará sobre las medidas profilácticas impuestas por el mismo o cualquiera otras medidas impuestas. Estos funcionarios están obligados a cumplir los mandamientos que emitan los jueces de ejecución en la esfera de su competencia legal, tendrán la responsabilidad de mantener informado al Juez de Ejecución con respecto a los beneficiados y sancionados.
ANÁLSIS DE LOS RESULTADOS.
Con el propósito de realizar un análisis con la profundidad requerida que permita identificar las principales causas que propiciaron la reincidencia delictiva de los acusados que se encontraban disfrutando de beneficios de excarcelación o cumpliendo sanciones subsidiarias a la privativa de libertad en el municipio de Jobabo en el año 2013, donde identificaron los acusados en los procesos donde se había emitido sentencia por el Tribunal, la que había alcanzado su firmeza, donde se arrojaron los siguientes datos:
Fueron sancionados un total de 545 acusados, de los cuales 28 se encontraban sujetos al beneficio de Libertad Condicional o extinguían una sanción subsidiaria de la privativa de libertad, que representan un 5,13 %. De ellos 12 se encontraban de libertad condicional, 8 extinguían sanciones de Limitación de Libertad y 8 de Trabajo Correccional Sin Internamiento. El 58,1 % cometió el mismo delito por el que se encontraba sancionado, específicamente el de Robo con Fuerza en Las Cosas, el resto eran reincidentes en la comisión de delitos de especies diferentes, donde inciden el delito de Amenazas y Lesiones.
En el 100 % de los casos, al realizarse la investigación complementaria, se determinó que poseían mala conducta moral y social, deambulan a altas horas de la noche, ingieren bebidas alcohólicas con frecuencia, se relacionan con personas de mala conducta, donde son proclives a la comisión de hechos delictivos, siendo en la totalidad advertidos en reiteradas ocasiones por el Jefe de Sector.
Es evidente señalar que ninguno de éstos fue revocado antes de la comisión de el hecho delictivo cometido con posterioridad, a pesar de que todos los cometieron faltándoles 4 meses aproximadamente para extinguir la sanción, lo que indica que se pudieron realizar acciones profilácticas para lograr que fuera cambiada la conducta por parte del controlado o solicitar al Tribunal la revocación del beneficio de excarcelación o sanción subsidiaria.
Fueron revisados los autos en los que se les revocó el beneficio o sanción subsidiaria y entrevistado el Asistente del Juez de Ejecución, se llegó a la conclusión que en ninguno de los casos se recibió documento o comunicación por parte del Jefe de Sector informando la situación de conducta del sancionado, ni solicitando la revocación. En 7 de los casos se realizó la solicitud de revocación por el Juez de Ejecución.
Incidiendo que faltó el adecuado control y las relaciones de trabajo entre el Jefe de Sector y el Juez de Ejecución, ELEMENTOS LEGISLATIVO Y DOCTRINALES.
La instauración del Juez de ejecución en América Latina, se ha experimentado de forma reciente, esta se enmarca en el proceso de reforma procesal general, que se sucedió hace varios años, surge producto de los cambios que se produjeron por la realidad carcelaria, evidenciándose que no es la solución a los problemas que presentan estas instituciones , esta figura se introduce en el Código Procesal Penal, modelo para Ibero América en 1989 considerándose como algo novedoso, por ser distinto a los jueces que hasta el momento se encargaban de los trámites de ejecución.
El juez de ejecución tiene como funciones: • Otorgar salidas temporales a los penados que hayan cumplido la mitad de su condena.
Se le denomina a la figura del Juez de Ejecución, juez de vigilancia, con las facultades expresadas tanto en la Ley de Penas y Sistemas Penitenciarios, como en el Código Penal describiéndose estas como se narra a continuación:
• Visitar obligatoriamente todos los establecimientos penales de su distrito, para verificar el estado y funcionamiento de los mismos y obtener informes de los gobernantes o directores de establecimientos penitenciarios y autoridades judiciales.
La figura del Juez de vigilancia y ejecución de la pena cuya competencia y atribuciones están definidas en los artículos 35 y 37 del La nueva ley penitenciaria establecen entre otras las siguientes funciones:
El juez de ejecución tiene la responsabilidad de la vigilancia y control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, la cual inicia a partir del fallo condenatorio y entre otras tiene las siguientes funciones: • Velar por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad.
Mediante el Decreto 2636 de 2004 del Presidente de la República, por el cual se realiza reforma a la Constitución Nacional en el artículo 51 establece que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. Como autoridad judicial competente para hacer seguimiento al cumplimiento de la sanción penal, deberá realizar visitas periódicas a los establecimientos de reclusión que le sean asignados.
• Conocer la ejecución de la sanción penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación le será notificada por el Inspector dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto por el cual se disponga la designación del establecimiento.
• Reparación: Obligación del autor de compensar a la víctima. Dos sistemas
• Probación: se suspende la condena y se supervisa a la persona durante un tiempo.
• Probación intensiva: la persona sufre una mayor intervención y debe participar en determinadas actividades o tareas de tratamiento.
CUBA Papel que desarrollan los órganos jurisdiccionales, fundamentalmente desplegado por el Juez de ejecución amparado en la Instrucción 163.bis el cual tiene como ventajas las siguientes:
Hemos podido conocer de lo necesario que resultan las coordinaciones de trabajo con los organismos, instituciones y entidades implicadas en la incorporación de los sancionados o beneficiados a un centro de trabajo, no solo para lograr la ubicación de aquellos que se presentan en el tribunal sin vínculo alguno, sino también para una vez ubicados, presentarlos ante los factores que ayudarán a la reinserción social de los mismos y explicarle sus deberes y obligaciones logrando además un efectivo seguimiento de la conducta de los controlados en el centro receptor, consiguiendo de esta forma excelentes resultados en cuanto a la formación político, social y laboral de aquellos que una vez cometieron un error pero estamos en el deber de ayudarlos a rectificar su conducta.
El 100 % de los hechos delictivos cometidos por los sancionados que se encontraban disfrutando de beneficios de excarcelación o cumpliendo sanciones subsidiarias a la privativa de libertad, fueron cometidos cuando les faltaba como promedio cuatro meses para extinguir la sanción impuesta, pudiéndose adoptar todas las medidas para intentar evitar que esto ocurra.
La totalidad de los acusados que se encontraban disfrutando beneficios de excarcelación o cumpliendo sanciones subsidiarias a la Privativa de Libertad, poseían mala conducta moral y social con anterioridad a la comisión del hecho delictivo.
Las deficientes relaciones de trabajo entre los Jefes de Sectores y el Juez de Ejecución, impidieron realizar oportunamente las acciones encaminadas a solicitar la revocación de los sancionados que se encontraban disfrutando beneficios de excarcelación o cumpliendo sanciones subsidiarias a la privativa de libertad.
El Fiscal debe velar porque las investigaciones complementarias sobre la conducta del acusado se realicen con la profundidad requerida y comprobar que en su confección haya participado el Jefe de Sector de la Zona donde reside el acusado, lo que posibilitará la solicitud de sanciones subsidiarias a las personas que realmente lo merezcan.
El adecuado otorgamiento de los beneficios de excarcelación, disminuye en gran medida la comisión de nuevos hechos delictivos por los sancionados que retornan a su medio social.
Resolución Conjunta No1/2004 MININT, MTSS, TSP. Procedimiento para la ubicación laboral y sistema integral de control y de atención de los egresados de establecimientos penitenciarios y sancionados con internamiento.

References: artículo 127
 artículo 58
 artículo 19
 artículo 30
 artículo 51

Resolución