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Timestamp: 2019-10-19 08:32:29+00:00

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No se probó el incumplimiento del contrato de suministro de combustible por parte de la empresa petrolera proveedora – AL DÍA | ARGENTINA
No se probó el incumplimiento del contrato de suministro de combustible por parte de la empresa petrolera proveedora
Partes: Sabaz Ricardo Isaac c/ Esso S.A.P.A. s/ ordinario
Cita: MJ-JU-M-76368-AR | MJJ76368 | MJJ76368
Resulta improcedente la rescisión del contrato de suministro de combustible, pues el accionante no probó ninguno de los incumplimientos atribuidos a la empresa petrolera proveedora ni siquiera la exclusividad, por lo que se rechaza la demanda de daños y perjuicios.
1.-Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (art. 1198 del CCiv.) y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, de modo que más que al sentido literal de los vocablos empleados, debe atenderse la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevinientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (art. 386 del Cpr.).
2.-El modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo que resulte dudoso en la palabra.
3.-Al interpretar las palabras de un contrato, corresponde hacerlo a la luz de lo que es verosímil para el uso general, aunque los contratantes -en el interior de sus voluntades individuales- hayan creído obligarse de otro modo.
4.-Conforme la armónica interpretación de los arts. 1198 del Cód. Civil y 218 del Cód. Comercio, a las relaciones contractuales deben aplicarse los usos sociales, las reglas de la experiencia y el sentido crítico, analizando íntegramente el contexto negocial, el fin económico perseguido al contratar y la intención común de las partes.
5.-A los fines de la interpretación del contrato, revisten especial importancia los hechos y actos de los contratantes durante la vigencia del convenio y la conducta asumida antes, durante y después de la formación del mismo según las constancias de autos.
6.-Si bien el derecho argentino no recepta legislativamente el contrato de suministro, existen legislaciones foráneas que desde antaño contemplan su regulación y el derecho italiano es el paradigma, que en el art. 1559 del Cód. Civ. lo conceptualiza como aquel contrato en virtud del cual una parte se obliga a entregar cosas a la otra, en forma periódica o continuada y ésta a pagar un precio por ellas.
7.-En la mayoría de las hipótesis, el contrato de suministro se asemeja al contrato de compraventa, aunque el suministro se caracteriza por la periodicidad o continuidad de las varias prestaciones singulares de dar que pesan sobre el suministrante.
8.-En el contrato de suministro, la periodicidad importa la reiteración de prestaciones en plazos generalmente regulares y predeterminados, repetidos en el tiempo y con individualidad propia; la continuidad comporta la no interrupción del suministro durante la vigencia del contrato. Por ende, la característica fundamental es que no existe una única prestación, sino varias que se suceden en el tiempo, en un plazo determinado o indeterminado contractualmente.
9.-El contrato de suministro se caracteriza por ser de duración, que origina una verdadera organización de trabajo (manipulación, carga, transporte, descarga, etc.) tan especial para asegurar la entrega, que lleva al suministrado a entender que el suministrante le brinda un servicio en miras a la recepción de las cosas en tiempo y forma. De allí que se asocien caracteres propios del contrato de compraventa y de la locación de servicios y de obra, al cumplimentarse actos que posibilitan que las cosas lleguen a disposición del suministrado y precisamente esa es su finalidad: satisfacer las necesidades de éste.
10.-Quien pretende contra otro un derecho de indemnización, debe probar la concurrencia de cuatro presupuestos: 1) incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber genérico de no dañar; 2) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza subjetiva u objetiva- para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor; 3) el daño que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y 4) una relación suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa fuente de tal daño.
11.-Sin la concurrencia de los cuatro presupuestos básicos, no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable, debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que hubo tales eventos, debe estudiarse si media un factor de atribución. Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad
12.-En el contrato de suministro las partes pueden pactar una cláusula de exclusividad, la que puede significar tanto que el proveedor sólo vende sus productos al suministrado, como que el suministrado sólo se provee del proveedor, o en favor de ambas partes.
13.-Cuando la exclusividad se establece a favor del suministrante implica que el suminstrado está obligado a proveerse de lo que constituye el objeto del suministro, exclusivamente acudiendo al suministrante, y no puede (salvo pacto en contrario) proveerse, aun por medios propios, de las cosas que constituyen el objeto del contrato. Cuando se establece a favor del suministrado, importa que, en el ámbito territorial (o zona) donde ésta opera, el suministrante no puede proporcionar a otro (que no sea el suministrado), ni directa ni indirectamente (o sea, por interpuesta persona), lo que constituye objeto del suministro.
14.-La exclusividad es un pacto y que, como tal, afecta el resultado normal del contrato, que, en este caso, es la libertad de contratar, lo que es renunciada. Consecuentemente es de interpretación restrictiva (art. 874 , CCiv.) y debe ser expreso N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
En Buenos Aires a los dos días del mes de octubre de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “SABAZ RICARDO ISAACC/ ESSO S.A.P.A. S/ ORDINARIO” (Expediente N° 071156, del Juzgado Comercial N° 13, Secretaría N° 25 y, N° 90346/1997 del Registro de esta Cámara) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Tevez y Ojea Quintana.
La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse excusada en fs. 1539 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1511/26? El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:
1) Ricardo Isaac Sabaz, por apoderado,promovió demanda por resarcimiento de daños y perjuicios contra Esso Sociedad Anónima Petrolera Argentina, por la suma de $ 530.000, con más sus intereses y costas del juicio.Relató que el 01.11.93 celebró con la defendida un contrato de distribución de combustibles para su comercialización en la boca de expendio ubicada en la intersección de las calles Lidoro Quinteros y Obispo Colombres, de la Localidad de Alberdi, Provincia de Tucumán.
Afirmó que el incumplimiento de la demandada constituyó un hecho de entidad suficiente para autorizar la resolución del convenio.
Explicó que aquél consistió en la venta de gas-oil a la Azucarera Juan Manuel Terán S.A., consintiendo que ésta utilice la mayor parte del mismo para revendérselo a los agricultores cañeros, a quienes les era entregado en parte de pago por la compra de materia prima.
Señaló que, al momento de celebrar el acuerdo, el mercado al que preveía vender el gas-oil estaba conformado por los habitantes de la zona, los clientes ocasionales, y los agricultores y cañeros que vendían su producción a los ingenios de la región.
Alegó que convinieron con su cocontratante ajustar su conducta a los principios de lealtad, exclusividad y uniformidad, y que la accionada podía establecer precios indicativos de venta al público con carácter de general para la red de comercialización de la empresa.
Arguyó que sus expectativas se centraron en obtener una ganancia razonable de la explotación de la mentada boca de expendio de referencia.
Sostuvo que Esso tenía la obligación -explícita o implícita- de abstenerse de actuar como lo hizo, por cuya razón su accionar importó una violación a los deberes secundarios o accesorios de conducta vinculados con la buena fe.
En ese contexto, calificó el comportamiento de la demandada como contrario a la regla venire contra factum proprium non valet.Expuso que al consentir la defendida que el ingenio revendiera combustible a una de las principales clientelas suyas (cañeros), generó una situación de competencia desleal que tuvo por efecto la modificación de las bases económicas del negocio, reduciendo drásticamente el nivel de su actividad y, por ende, frustrando su interés.
Asimismo, denunció que la accionada incumplió su obligación de asistencia técnica, considerando su actitud reacia a prestar el servicio de mantenimiento frente a las fallas de los surtidores entregados en comodato que le impedían prestar un adecuado servicio.
Por otro lado, arguyó que Esso otorgó mejores condiciones de venta a otro distribuidor de la misma zona, César Manuel Díaz, quien contaba con una boca de expendio de idénticas características; por lo que su margen de ganancia se veía disminuido respecto de su competidor, y éste, a su vez, podía ofrecer al público un precio más bajo provocándole una pérdida de clientela.
Enfatizó que ejerció su derecho de resolver el contrato de manera razonable, conforme la cláusula décima del contrato.
Describió el intercambio epistolar mantenido con la contraria con motivo de sus quejas y reclamos relativos, entre otras cuestiones, al mal funcionamiento de los surtidores; y, finalmente, refirió a la carta documento por la que comunicó a Esso la decisión de resolver.
Detalló y cuantificó los daños padecidos -lucro cesante, pérdida de ganancia por reducción del margen y daño moral-, sin perjuicio de que, según su modo de ver, en tanto el monto de la indemnización por distracto culpable había sido pactado no era necesaria la prueba de los daños.
2)Esso Sociedad Anónima Petrolera Argentina, por medio de apoderado, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs.878/910.
De seguido, efectuó algunas consideraciones respecto del carácter atípico e innominado del contrato que lo uniera con el actor, negando así cualquier asimilación con el contrato de distribución.
Explicó en detalle cómo su empresa fue desarrollando hasta la actualidad las operaciones de producción y comercialización de hidrocarburos.
Se explayó en la exposición de ideas referentes al encuadramiento jurídico del contrato, el que fue erróneamente calificado por la contraparte.
Señaló que de ningún modo se halla inhibida de instalar estaciones de servicio propias o autorizar la instalación de las mismas por terceros en un área geográfica donde ya existe una boca de su red.
Agregó que tampoco se ve impedida de efectuar suministros directos a distribuidores, industrias y grandes consumidores; ni debe garantizar a sus operadores el mantenimiento de un mercado estable, una clientela permanente ni una utilidad fija.
Manifestó que el 16.01.87 el pretensor le ofertó la contratación de la explotación de una boca de expendio de combustible en la localidad de Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán. Aclaró que en dicha oportunidad el demandante suscribió las condiciones generales correspondientes dejando constancia de que la boca se instalaría en un inmueble alquilado a la Sra. Mercedes Porcel.
Relató que el 08.09.87 el actor recibió los surtidores y tanques de su propiedad.
Hizo alusión a que en 01.11.93 tuvo lugar la nueva oferta de explotación, que rigió hasta la intempestiva resolución por Sabaz.
Puntualizó que en Juan Bautista Alberdi existen cuatro bocas de expendio que corresponden a A.C.A., Y.P.F., Shell y Esso.
Dijo asimismo que:(i) el padrón de cañeros en la zona de Tucumán es de aproximadamente 2.000, siendo tan solo 250 los de la localidad recién mencionada; (ii) existe un solo ingenio azucarero en la ciudad de Juan Bautista Alberdi operado por Destilería Marapa S.A. y otros cinco en un radio de 20 a 25 km.; y (iii) la azucarera Manuel M. Terán S.A. se encuentra en Santa Bárbara, a 18 km. de J. B. Alberdi.
Manifestó que el 05.06.97 César Manuel Díaz presentóuna oferta de comercialización de productos de su marca en consignación, bajo condiciones diferentes, por cuanto se constituyó en codeudor, liso, llano y principal pagador de las sumas adeudadas por los clientes abastecidos.
Añadió queDíaz opera el Servicentro Aconquija en la ciudad de Concepción, ubicada a 26 km. de J. B. Alberdi.
Señaló que en el mes anterior a la resolución incausada, Sabaz compró una cantidad de litros de combustible muy superior al promedio, y que actualmente continúa expendiendo combustible en un predio de su propiedad sito en la localidad de Juan Bautista Alberdi.
Seguidamente, procedió al análisis detallado de las imputaciones efectuadas por el demandante.
Indicó diversas contradicciones y errores en que incurriera el actor al plantear la supuesta infracción de su parte al deber de buena fe, consistente en permitir la reventa de combustible por Azucarera José María Terán en la zona de influencia de aquél.Expreso que Sabaz hizo referencia a la reventa de gas-oil por parte de cierta empresa azucarera, para luego decir que se trataba del pago de parte del precio del azúcar comprado a cañeros con vales canjeables por gas-oil.
Adujo que, en verdad, cuando el pretensor advirtió que el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde se encontraba la estación de servicio era inminente, y ante la imposibilidad de renovar el mismo o de adquirir dicho inmueble -o cualquier otro-, planificó una maniobra, que radicó en preconstituir una situación de incumplimiento, luego de más de diez años de relación sin que hubiese mediado conflicto alguno, con el fin de cobrar la cláusula penal pactada en el contrato de operación.
Afirmó que las operaciones de Esso con la azucarera ya referida no impactaron a Sabaz y que el mercado de este último no estaba constituido exclusivamente por los cañeros que operaban con el ingenio Terán.
En cuanto a los restantes incumplimientos alegados, por un lado negó haber otorgado mejores condiciones de venta al Sr. César M. Díaz, reiterando lo manifestado anteriormente a su respecto.
Asimismo, negó la falta de colaboración por asistencia técnica imputada a su parte.
Concluyó que frente a la inexistencia de los incumplimientos alegados, mal puede entenderse procedente la cláusula penal objeto de reclamo.
En la sentencia de fs.1511/26 el Señor Jueza quo rechazó la acción incoada contra Esso Sociedad Anónima Petrolera Argentina, a quien absolvió, con costas al demandante vencido.
Para así resolver, juzgó -en primer lugar- que las partes se vincularon a través de un contrato de suministro, el cual se encontraba dentro de la categoría de los “contratos atípicos”. Y que en virtud de ello, la labor interpretativa debía centrarse en primer término en la voluntad de las partes contratantes y, luego, en los principios generales de los contratos.
Sentado ello, y previo a estudiar la procedencia del reclamo por daños y perjuicios, analizó si existía o no responsabilidad por pa rte de Esso S.R.L. para dar sustento a la facultad rescisoria ejercida por Sabaz.
En este marco, meritó que el actor no desarrolló actividad probatoria eficaz dirigida a crear convicción acerca de la existencia de un obrar antijurídico por parte de la demandada.
Así las cosas, concluyó que resultó improcedente la rescisión del contrato hecha por el accionante.
Las costas del proceso, fueron impuestas íntegramente al demandante vencido.
A fs. 1528 apeló la sentencia definitiva Ricardo Isaac Sabaz.
Expresó agravios mediante el escrito de fs. 1544/61, que recibió respuesta a fs. 1568/75.
Los quejas pueden exponerse, sintéticamente, del modo siguiente: (i) afirmó que la sentencia es arbitraria; (ii) sostuvo que no existió entre las partes un contrato de suministro, sino que se acordó uno de distribución; (iii) señaló que el magistrado de gradose equivocó al juzgar que la rescisión del contrato fue injustificada; (iv) reiteró que Esso: (a) violó la uniformidad de la red de comercialización, (b) suministró combustible en condiciones preferenciales a otras bocas de expendio, y (c) incumplió el deber de asistencia técnica; y (v) finalmente, solicitó se modifique el decisorio en cuanto fue materia de agravio y se haga lugar a la demanda con costas.
a.Consideración preliminar.
Adelanto que no atenderé todos los planteos recursivos del quejoso sino aquellós que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa(Conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12.02.1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 06.10.1987; ter ídem, in re: “Stancato, Carmelo”, del 15.09.1989; yFallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
b. El examen de los agravios.
b.1. Aclaración previa.
La alegada tacha de arbitrariedad invocada por el quejosoresulta inaudible, ya que una sentencia adolece de tal vicio cuando omite el examen o resolución sobre alguna cuestión oportunamente propuesta y cuya valoración resulta inexcusable para las circunstancias probadas en la causa y para la posterior aplicación del derecho vigente, o cuando se prescinde del claro e imperioso mandato de la ley; siempre que afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y, lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Conf. CSJN, “in re”, Villarruel, Jorge c/ CNA y S s/ Sumario, del 17.11.94); o cuando se falla sobre la base de una mera aserción dogmática, lo que no ocurre en la especie.
La tacha de arbitrariedad requiere la invocación y demostración de vicios graves en el pronunciamiento, razonamientos ilógicos, o contradictorios, o aparentes; apartamientopalmario de las circunstancias del proceso, ya que lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la constitución y las leyes (Conf. CSJN, 07.04.92, “De Renzis, Enrique A c/ Aerolíneas Argentinas”, 1993-III, Síntesis, JA).
En virtud de lo expuesto, la arbitrariedad incoada debió fundarse en un hecho contrario o incompatible con el denunciado o bien, exponer su inverosimilitud. Nada hizo y ello resta razonabilidad y consistencia a su defensa (arts. 163 inc. 5° in fine y 386 CPr.).
b.2. Sentado lo anterior, diré que el análisis de las restantes quejas del recurrente conducen a una cuestión sustancial en el sub lite, consistente en determinar, en primer lugar, el negocio jurídico que vínculo a losaquílitigantes.
Entiendo que tal análisis permitirá, no sólo evaluar la procedencia o no de la presente demanda, sino además, establecer la eventual incidencia de la conducta tanto de la accionada como del accionante, en la responsabilidad que pretende atribuirse a la primera.
c. El negocio jurídico que vínculo a las partes.
c.1. Liminarmente, resulta útil recordar que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (art.1198 del CCiv.) y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, de modo que más que al sentido literal de los vocablos empleados, debe atenderse la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevinientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (art. 386 del Cpr.).
Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de ellas; porque la tarea no se agota en la fórmula escogida, sino que debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (art. 163, inc. 5°, del Cpr.). Recojo lo señalado por Siburu en que “el modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo que resulte dudoso en la palabra” (cfr. “Comentario del Código de Comercio Argentino”, T. IV, pg. 88, Bs. As., 1923; esta Sala, 24.06.2010, ” Piollava S.R.L c/ Medialink S.A. s/Ordinario”; íd., 14.07.2011, “Prieto Julian Victor c/Martinez Leonardo Gustavo s/Ordinario”; íd., 03.05.2012, “Garcia Gerardo Fabio c/ NuevoTren de la Costa S.A. s/ Ordinario”).
Al interpretar las palabras de un contrato, corresponde hacerlo a la luz de lo que es verosímil para el uso general, aunque los contratantes -en el interior de sus voluntades individuales- hayan creído obligarse de otro modo.(CNCom, Sala B, “Rivero, César N. c. Sircovich, Jorge s/ cumplimiento de contrato”, 01.11.1992).
Ahora bien, conforme la armónica interpretación de los arts. 1198 del Cód. Civil y 218 del Cód.Comercio, a las relaciones contractuales deben aplicarse los usos sociales, las reglas de la experiencia y el sentido crítico, analizando íntegramente el contexto negocial, el fin económico perseguido al contratar y la intención común de las partes (cfr. Danz, “La interpretación de los negocios jurídicos”, Madrid, 1926, p. 44 y ss.; López de Zavalía, Fernando J., “Teoría de los Contratos”, T. 1, “Parte General” p. 279 y ss.; Cifuentes, Santos, “Negocio Jurídico”, Astrea, 1986, p. 252; CSJN, “Intertelefilms S.A. c. Provincia de Chubut -Secretaría de Gobierno – LU 90 TV Canal & de Rawson- s/ ordinario” , 19.09.1995; CNCom., Sala A, “Equipamientos Profesionales Damonte S.A. c. Autolatina Argentina S.A. s/ cobro de pesos”, 08.02.1990; ídem, Sala D, “Marvag Constructora S.R.L. c. Asorte S.A.”, 26.08.1988; entre otros).
En tal sentido, revisten especial importancia los hechos y actos de los contratantes durante la vigencia del convenio y la conducta asumida antes, durante y después de la formación del mismo según las constancias de autos (CNCom., Sala B, “Gráfica Editora Primor c. Gibelli M.”, 26.10.1988; “Goldzer, Jorge Mario c. De la Torre S.A.”, 1403.1990; “Comelec S.A. c. Maderas y Vivienda Lago Fagnano S.R.L.”, 20.09.1991; “Pérez, Alberto y otro c. Cargill S.A.C.I.”, 22.12.1991; “Caropresse Carlos Alberto c. Transportes Andreani S.A.” , 04.03.1998).
Bajo tales parámetros será analizado el presente conflicto.
c.2. Alegó el actor, en el inicio, que celebró con la defendida un contrato de distribución de combustibles para su comercialización en la boca de expendio ubicada en la intersección de las calles Lidoro Quinteros y Obispo Colombres, de la Localidad de Alberdi, Provincia de Tucumán.
La accionada, sin embargo, proporciona otra versión.
Niega, en primer lugar, haber celebrado un contrato de distribución con el demandante.
No obstante, reconoció que se vinculó contractualmente con el accionante. Empero, calificó a la prestación como de”suministro”.
ElSr.Juez a quo, como ya lo anticipara, le acuerda razón a la defendida, lo que motiva la apelación que se examina.
Cuestiona el quejoso la interpretación que efectuó el primer sentenciante del tipo de negocio jurídico cuya resolución con causa es reclamado en autos.
c.3. Ahora bien, luego de haber analizado los antecedentes del caso, los medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCCN), anticipo que el agravio es infundado y que el pronunciamiento apelado será confirmado.
Paso de seguido a fundar mi parecer.
Si bien el derecho argentino no recepta legislativamente el contrato de suministro, existen legislaciones foráneas que desde antaño contemplan su regulación.
El derecho italiano es el paradigma, que en el art. 1559 del Cód. Civ. lo conceptualiza como aquel contrato en virtud del cual una parte se obliga a entregar cosas a la otra, en forma periódica o continuada y ésta a pagar un precio por ellas. En la mayoría de las hipótesis se asemeja al contrato de compraventa, aunque el suministro se caracteriza por la periodicidad o continuidad de las varias prestaciones singulares de dar que pesan sobre el suministrante.
La periodicidad importa la reiteración de prestaciones en plazos generalmente regulares y predeterminados, repetidos en el tiempo y con individualidad propia; la continuidad comporta la no interrupción del suministro durante la vigencia del contrato. Por ende, la característica fundamental es que no existe una única prestación, sino varias que se suceden en el tiempo, en un plazo determinado o indeterminado contractualmente (Boero, Pietro, La Somministrazione, en Trattado di Diritto Commerciale e di Diritto Pubbli co delleconomia, dir. da Francesco Galgano,Cedam, Padova, vol. 16, p.251, citado enLorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos,T°I,Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2004, p 485 y ss.).
El contrato se caracteriza por ser de duración, que origina una verdadera organización de trabajo (manipulación, carga, transporte, descarga, etc.) tan especial para asegurar la entrega, que lleva al suministrado a entender que el suministrante le brinda un servicio en miras a la recepción de las cosas en tiempo y forma (cfr. Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio Comentado,” t. III, Ed. Depalma. Bs. As., 1967, p. 728).
De allí que se asocien caracteres propios del contrato de compraventa y de la locación de servicios y de obra, al cumplimentarse actos que posibilitan que las cosas lleguen a disposición del suministrado (cfr. López de Zavalía, Fernando, “Teoría de los contratos”. Parte Especial, Ed. Zavalía, t. I, 1976, p. 27). Precisamente esa es su finalidad: satisfacer las necesidades de éste.
En el presente caso, las pruebas colectadas, corroboran que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de suministro de combustibles.
Ello puede verificarse con solo recurrir a la lectura de la carta oferta realizada por el Sr. Sabaz a Esso (v.fs. 1494/8).
Obsérvese que la cláusula primera establece que: “El objeto del contrato que vinculará a las partes es el suministro y abastecimiento por parte de ESSO de los productos, combustibles, lubricantes y anexos para el automotor para ser comercializados por parte de nuestra firma al público consumidor en la mencionada boca de expendio, la prestación a nuestro cargo de los servicios y anexos destinados a los automotores, en la forma y condiciones previstas en esta oferta”.
Así las cosas, analizada la prueba a la luz de los conceptos antes vertidos, resulta claro que el accionante celebró con la accionada un contrato de suministro.
Asimismo, de la documentación acompañada por la defensa (fs.836) -suscripta por el actor- surgen las pautas para la explotación de “la boca de expendio” propiedad del suministrado, estipulando obligaciones múltiples que exceden la simple compraventa de combustible.
Es innegable más allá de la denominación que las partes hayan conferido a la figura contractual- que se acordó la entrega exclusiva y duradera de combustibles deEsso a Sabaz para su posterior venta al público, poniendo ambas partes en práctica un modus operandi propio del contrato de suministro .
Adicionalmente, es evidente que existió una organización de trabajo entre la accionante y la accionada, pues de las declaraciones coincidentes de los testigos José Lauriano Mano (fs. 1398, ver respuestas a laspreguntas 11 y 12), Atilio Tomas Fraga (fs. 1406., ver respuestas a las preguntas 11 y 12) se infiere que Esso entregaba a Sabaz los combustibles para su posterior venta al público.
Advierto que, si bien las referidas declaraciones deben ser analizadas con un especial espíritu crítico, por provenir de dependientes de la defendida; todas las ponencias son contestes entre sí.
En el mismo sentido, no se demostró la inidoneidadde estos testigos; y se aprecian veraces los dichos conforme la regla de sana crítica (art. 386 Cpr.). Ello así, resulta abstracto restarles virtualidad probatoria pormeras razones principistas (CNCom., Sala B, “Maxdan S.A. c/ Termolana SRL s/ ordinario” , del 15.02.00).
c.4. Como corolario de las consideraciones vertidas, propongo rechazar la queja bajo examen y confirmar lo decidido en la sentencia de primera instancia.
d.La procedencia de la reparación pretendida.
Antes de ingresar a su análisis, entiendo necesario señalar al respecto que quien pretende contra otro un derecho de indemnización, debe probar la concurrencia de cuatro presupuestos:1) incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber genérico de no dañar; 2) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza subjetiva u objetiva- para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor; 3) el daño que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y 4) una relación suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa fuente de tal daño (CNCom, Sala B, 31.5.2005, “Hildenberg, Olga Sofía y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario” ).
Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable, debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que hubo tales eventos, debe estudiarse si media un factor de atribución. Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad (Alterini, Ameal y López Cabana, Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales, páginas 158/9; CNCom, Sala E, 04.05.06, “Balmaceda, Brenda c/ Banco Francés SA s/ ordinario”; íd., esta Sala F , 20.5.2010, “Rubio, Hugo Roberto c/ Banco Río de La Plata SA, s/ ordinario”; íd., 12.04.11, “Alvez Hugo Cesar c/Compañía Financiera Argentina S.A.y Otros s/ordinario” ).
Bajo tales parámetros será examinado el agravio.
d.1. El obrar antijurídico.
Afirmó el quejoso que los incumplimientos de la demandada constituyeron un hecho de entidad suficiente para autorizar la resolución del convenio.
Explicó que aquéllos consistieron en: (i) permitir la reventa de combustible a un tercero en la zona de influencia del actor; (ii) suministro de los mentados fluidos en condiciones preferenciales a otras bocas de expendio; y (iii) faltas graves y reiteradas en el servicio de asistencia técnica.
En este contexto, juzgo que la cuestión ha de subsumirse en la regla del Cpr 377 .
Ello pues, el mentado artículo pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom., Sala A, “Delpech, Fernando Francisco c. Vitamina SA, entre otros). La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCiv, Sala A, 1.10.81, “Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, íd., Sala D, 11.12.81, “Galizzi, Armando B. c. Omicron SA”; íd., 3.5.82, “Greco Jospe c. Coloiera Salvador y otro”; CNCom, Sala A, 12.11.99, “Citibank NA c. Otarola Jorge”; íd., “Filan SAIC c. Musante Esteban”, Sala B, 16.9.92, “Larocca Salvador c. Pesquera Salvador”; íd., 15.12.89, “Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros”; Sala E, 29.9.95, “Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop.de Tabacaleros Tucumán Ltda., esta Sala, 27.4.2010, “Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de La Nación Argentina y otro, s/ ordinario” , íd.,18.11.2010, “Belli y Compañía SA, c/ Seguettis SRL y otro, s/ ordinario”; íd., 03.03.11, “Ricale Viajes S.A. c/ Visa Argentina S.A. s/ Ordinario”).
He destacado en el capítulo anterior de este pronunciamiento, los principios que rigen la carga probatoria. Corresponde, lógicamente, relacionarlos con la concreta actividad desplegada en la causa por las partes con la finalidad de prevenir la vacuidad de tales premisas con referencia al caso traído a decisión.
Importa recordar, asimismo, que los jueces no tienen el deber de expresar en sus sentencias la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquéllas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras (CSJN, Fallos 308:2172, 310:1835, 2012; 325:350; SC Buenos Aires, 14.06.1996, “Ugarte y Compañía SA c/ Valente SRL”, DJBA, 151-5577).
Es que la ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada magistrado (ST San Luis, 06.09.1997, L.R.y otro, DJ, 1997-2-617).
En este contexto, a los efectos de lograr mayor claridadexpositiva en este pronunciamiento, resulta conveniente tratar por separado cada uno de los incumplimientos denunciados.
(i)Permitir la reventa de combustible a un tercero en la zona de influencia del actor.
Cuadra comenzar señalando -a modo de introducción-que en el contrato de suministro las partes pueden pactar una cláusula de exclusividad, la que puede significar tanto que el proveedor sólo vende sus productos al suministrado, como que el suministrado sólo se provee del proveedor, o en favor de ambas partes.
Cuando la exclusividad se establece a favor del suministrante implica que el suminstrado está obligado a proveerse de lo que constituye el objeto del suministro, exclusivamente acudiendo al suministrante, y no puede (salvo pacto en contrario) proveerse, aun por medios propios, de las cosas que constituyen el objeto del contrato. Cuando se establece a favor del suministrado, importa que, en el ámbito territorial( o zona) donde ésta opera, el suministrante no puede proporcionar a otro (que no sea el suministrado), ni directa ni indirectamente (o sea, por interpuesta persona), lo que constituye objeto del suministro.
La exclusividad es un pacto y que, como tal, afecta el resultado normal del contrato, que, en este caso, es la libertad de contratar, lo que es renunciada. Consecuentemente es de interpretación restrictiva (art. 874 , CCiv.) y debe ser expreso (Farina, Juan Manuel, “Contratos Comerciales Modernos”, T .1,Editorial Astrea, Buenos Aires 2005, p. 473 y 474).
Bajo tales lineamientos, debió el accionante demostrar que se pactó expresamente una cláusula de exclusividad a su favor, sin embargo no lo hizo.
En efecto, de la lectura de la documentación anejada a la causa, no surge con exactitud -ni tan siquiera en forma indiciaria- que existiera el mentado acuerdo, como así tampoco que se hubiera pactado que Esso se abstendría de vender combustible a terceros.
Por ello, estimo que el pretensor no probó debidamente la procedencia de su reclamo, incumpliendo así la carga prevista en el art.377 del Cpr.
Ergo, corresponde rechazar el agravio bajo examen y confirmar lo decidido en la sentencia de primera instancia.
(ii) Suministro de combustible en condiciones preferenciales a otras bocas de expendio.
El accionante sostuvo, en síntesis, que Esso otorgó mejorescondiciones de venta al Sr. César Díazy que como consecuencia de ello, se vieron sus márgenes de ganancia afectados.
Ahora bien, frente al desconocimiento puntual y expreso de la demandada; debió demostrar la veracidad de sus dichos, mediante los medios probatorios idóneos.
En este marco, cabe analizar las pruebas producidas en estos obrados a fin de determinar si la accionada otorgó mejores condiciones de venta a un tercero.
En efecto, delinforme pericial contable traducido a fs. 198/200, no se observa que Esso haya vendido combustible al Sr. César Diaza un precio notablemente inferior que al actor durante la vigencia del contrato (ver. respuesta a los puntos b.b. 3 y 4).
Véase que, en promedio, desde 1992 hasta 1997, lacompañía petrolera accionada habría vendido gas-oil a Sabaz un 0,70 % más caro.
Asimismo, remárquese que con relación a la nafta la diferencia es del2,47% mas caro.
En este marco, juzgo, al igual que el primer sentenciante, que la diferencia no parece nada significativa.
A mayor abundamiento, cabe destacar que dicho punto de la peritación contable no mereció impugnación del accionante en los términos previstos en el art. 473 del Cpr.
En este contexto, como es sabido, para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por el Juez es menester arrimar evidencias de mayor rigor científico o técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas.Ello es así, aún cuando los resultados del dictamen no obliguen a los magistrados en la ponderación de la prueba, pues para prescindir de ella se requiere, cuanto menos, que se le opongan otros elementos nomenos convincentes (CSJN, “Soregaroli de Saavedra, María Cristina C/ Bossio, Eduardo César y otros” del 13.08.98).
Así las cosas, debo concluir que a los efectos de decidir esta litis corresponde asignar especial fuerza convictiva al informe contable, efectuado sobre los libros de comercio de la demandada. Más aún cuando se advierte quesu adversario no lleva su contabilidad en forma regular (arts. 56 y63 del CCom).
Tampoco se me escapa que el quejoso se agravió respecto a la valoración que hizo el primer sentenciante sobre la pericia contable.
Sobre el punto, debo señalar que la apreciación de la prueba es la actividad intelectual que realiza el juez para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás, para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuirles respecto de la versión fáctica suministrada por las partes.
Debe hacerse notar además que si bien los jueces tienen amplia libertad para ponderar el dictamen pericial, ello no implica que puedan apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo. Para hacerlo, deben basarse en argumentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con los principios lógicos y máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (CNCiv., Sala G, “Arias, Horacio c. Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S. A”).
Teniendo en cuenta lo expuesto, entiendo -al igual que el Sr.Juez a quo- que la prueba pericial contable constituye una herramienta fundamental para el esclarecimiento del litigio, toda vez que ella detalla en forma pormenorizada como fueron instrumentadas las operaciones de compraventa de combustible.
Así las cosas, estimo que la prueba rendida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo preceptuado en el art. 386 del Cpr., permiten formar convicción en el sentido de Esso no otorgó mejores condiciones de venta a un tercero.
A mayor abundamiento, cabe remarcar que no existen en la especie elementos que prueben que la conclusión alcanzada no sea la correcta, toda vez que al actor le correspondía probar los extremos alegados (art. 377 del Cpr.)
Agréguese que las simples alegaciones del demandante son inidóneas para producir convicción sobre los hechos que invoca, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Quevedo Mendoza, Efraín, “Carga y Valoración de la prueba: Precisiones”, JA, 22/07/98).
Por ello,debe rechazarse lo manifestado por el quejoso en este aspecto y confirmar lo decidido en la sentencia de grado.
(iii) Incumplimiento del deber de asistencia técnica.
Liminarmente, cabe recordar que, como ocurre con cualquier otro daño, para que sea resarcible, debe existir plena certidumbre sobre su existencia, debiendo probarse acabadamente su efectivo acaecimiento.
Pues bien, estudiadas las constancias de la causa, el actor no ha arrimado al proceso, conforme era su carga a tenor de lo establecido en el art. 377 Cpr., elementos de juicio suficientes que autoricen a suponer como verosímil que Esso incumplió su deber de asistencia técnica y que los surtidores debián ser reemplazados.
Nada de ello ha sido intentado, lo cual desdibuja el reclamo y evidencia la fragilidad de la expresión de agravios.Es que, la mera invocación de un daño en nada sustenta el reclamo que ya fue denegado en la instancia anterior.
No obstante, continuaré en el análisis de las restantes pruebas producidas, que refuerzan la anticipada conclusión.
A fs. 1139/40 el Sr. Carlos Eduardo Ocho, en su calidad de socio gerente de la firma “Pastorino y Ocho S.R.L.” y encargado del arreglo de los mentados surtidores, dijo que: (i) Los surtidores que tenía (Sabaz) eran aptos para el uso para el cual están previstos, despachar combustibles; (ii) el cliente se contactaba con la empresa para solicitarun pedido de reparación de surtidores, los cuales ellos realizaban en forma inmediata; y (iii) se solucionaban los problemas recambiando o reparando según fuera la ocasión de los elemenentos en mal estado, quedando los mismos en buen funcionamiento.
Así las cosas, estimo que la prueba rendida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo preceptuado en el art. 386 del Cpr., permiten formar convicción en el sentido que Essocumplió con su deber de asistencia técnica durante el desarrollo de la relación contractual.
A mayor abundamiento, acótese el carácter de necesario del testigo por la intervención directa en la reparación de los surtidores cuyo mal funcionamiento se discute en el juicio (CNCom., Sala A.,”Arcieric/ Nestle S.A.s/ sumario, del 6/10/86).
En consecuencia, propiciaré que se mantenga lo decidido sobre este aspecto en la sentencia apelada.
d.2. En síntesis, no encontrándose acreditados los incumplimientos denunciados por el recurrente para que proceda la rescisión del contrato con causa, corresponde rechazar la queja por él esbozada.
d.3. Los daños.
En atención a lo expuesto, el tratamiento del restante agravio del quejoso referido a los perjuicios que le habría ocasionado el obrar injustificado de la demandada (lo que no acontece en el sub lite), se torna del todo inoficioso.
e.Como corolario de todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada y, consecuentemente, rechazar la demanda impetrada con costas al actor vencido, solución que cabe hacer extensiva también a las costas de Alzada, por análogas razones (art. 68 del Cpr.).
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega, propongo al Acuerdo: a) confirmar la sentencia dictada en 1511/26 y, b) imponer las costas de Alzada al actor vencido.
Por análogas razones el señorJuez de Cámara Doctor Ojea Quintana adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Juecesde Cámara doctores:
JUAN MANUEL OJEA QUINTANA – RAFAEL F. BARREIRO – MARÍA JULIA MORÓN
Buenos Aires 2 de octubre de 2012.
Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) confirmar la sentencia dictada en 1511/26 y, b) imponer las costas de Alzada al actor vencido.
La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse excusada (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Julia Morón. Es copia del original que corre a fs.de los autos que se mencionan en el presente Acuerdo.
Tag: CARGA DE LA PRUEBA, CONTRATO DE SUMINISTRO, DAÑOS Y PERJUICIOS, DERECHO DE EXCLUSIVIDAD, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
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