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Timestamp: 2018-08-17 04:59:47+00:00

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﻿ Sentencia 41676 de julio 21 de 2010
SENTENCIA 41676 DE 21 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. SE PRECISA QUE “NO ES ADMISIBLE ADUCIR, COMO PARÁMETRO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, CUALQUIER NORMA LEGAL QUE HAYA REGULADO EL ASUNTO EN ALGÚN MOMENTO PRETÉRITO EN QUE SE HA DESARROLLADO LA VINCULACIÓN DE LA PERSONA CON EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINO LA QUE REGÍA INMEDIATAMENTE ANTES DE ADQUIRIR PLENA EFICACIA Y VALIDEZ EL PRECEPTO APLICABLE CONFORME A LAS REGLAS GENERALES DEL DERECHO”Y QUE “LO QUE NO PUEDE EL JUEZ ES DESPLEGAR UN EJERCICIO HISTÓRICO, A FIN DE ENCONTRAR ALGUNA OTRA LEGISLACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LEY 100 DE 1993 QUE HAYA PRECEDIDO A SU VEZ, A LA NORMA ANTERIORMENTE DEROGADA POR LA QUE VIENE AL CASO, PARA DARLE UNA ESPECIE DE EFECTOS ‘PLUSULTRACTIVOS’, QUE RESQUEBRAJA EL VALOR DE LA SEGURIDAD JURÍDICA.
Sentencia 41676 de julio 21 de 2010
Rad.: 41676
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso Amalia Rocío Álvarez Blandón contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, de fecha 28 de mayo de 2009, proferida en el proceso ordinario que le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
Amalia Rocío Álvarez Blandón demandó al Instituto de Seguros Sociales para que le reconozca la pensión de invalidez, a partir de 20 de octubre de 2005, indexada, y los intereses moratorios.
Afirmó, en lo que interesa al recurso extraordinario, que fue evaluada inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales, el cual le determinó una pérdida de su capacidad laboral del 36,48%, con estructuración el 30 de marzo de 2005; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le determinó una pérdida de capacidad laboral del 23,78%, la cual apeló ante la Junta Nacional, y esta, el 25 de junio de 2007, la señaló en 50,17%; que solicitó la pensión de invalidez, pero le fue negada, con el argumento de que no cumplió el requisito de fidelidad de cotización con el sistema, exigido por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pese a que cotizó 110 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez, cuando la referida ley solo exige 50 semanas, por lo cual se deberá dar aplicación al principio constitucional de la “condición más beneficiosa” para el trabajador.
El Instituto de Seguros Sociales se opuso; admitió los hechos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; negó el 12, 13, 14 y 17; adujo que el 15 y 16 no son hechos; y del 3 y 11 arguyó que no le constan. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada, improcedencia de los intereses de mora y prescripción (fls. 33 a 37).
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia de 11 de marzo de 2009, absolvió.
En el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.
El ad quem arguyó que el asunto plantea problemas jurídicos como la procedencia o no de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, frente al cambio legislativo suscitado entre el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, que lo reformó, para efectos de conceder la pensión de invalidez, y si la invalidez se estructura en vigencia de esa última normatividad pero las cotizaciones se hicieron antes de la entrada en vigencia de esa regulación, ¿cuál es la norma aplicable?
Para el caso concreto, narró que la señora Amalia Rocío Álvarez aduce que, pese a que para reconocerle la pensión debe tomarse en cuenta la normatividad vigente en el instante de estructurarse su estado de invalidez, que lo fue el 30 de marzo de 2005, lo cual conlleva a que se aplique la Ley 860 de 2003, pero, al no cumplir con todos los requisitos exigidos y en aplicación de los principios constitucionales de progresividad y condición más beneficiosa, se le debe aplicar el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por considerarlo procedente, porque antes de la expedición de la referida Ley 860 de 2003 efectuaba aportes para pensión ante el Instituto de Seguros Sociales.
Explicó que, en conformidad con lo anterior, encuentra válidas las razones jurisprudenciales citadas por el a quo para denegar los derechos impetrados por la demandante, en razón de que se corresponden con la misma línea acogida en pleno por ese juez colegiado, al decidir asuntos análogos al presente, por lo cual concluyó que no procede el reconocimiento de la pensión de invalidez con aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, buscando dejar de lado los preceptos de la Ley 860 de 2003, para aplicar lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, porque ellos sólo es viable cuando se pretende acudir a un régimen anterior al vigente, pero no a una norma anterior dentro del mismo régimen pensional, como lo pretende la accionante.
Lo interpuso la demandante y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones impetradas en la demanda inicial.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por aplicación indebida, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que conllevó a la falta de aplicación del 39 de la Ley 100 de 1993, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 13, 48 y 53 de la Constitución Política.
Para su demostración, que se resume, transcribe un fragmento de la Sentencia T-1213 de 2008, de la Corte Constitucional, y aduce que al ser la seguridad social un derecho fundamental, la jurisdicción laboral debe tratar las controversias de esa naturaleza con base en los principios constitucionales que la consagran, garantizan y protegen, por encima de cualquiera norma legal, aun declarando su inaplicabilidad, si están en contravía de aquéllos, y que la sentencia impugnada no es muy abundante en argumentaciones que sustenten su decisión; no explica por qué la condición más beneficiosa sólo “es viable cuando se pretende acudir a un régimen anterior al vigente, más (sic) no a una norma anterior del mismo régimen pensional”; y que con ello le da una interpretación equivocada a la Sentencia 32765 de 2008, porque de ella no se deduce esa afirmación.
Reproduce lo que asentó el ad quem y dice que la condición más beneficiosa que plantea el Tribunal de Pereira es entre el Acuerdo 049 de 1990 (régimen mediante el cual hizo las cotizaciones) y la Ley 860 de 2003 (régimen vigente en la fecha de estructuración de su invalidez), decidiéndose por la primera, y para la Corte Suprema de Justicia la aplicable es la Ley 860 de 2003, por ser la que estaba vigente en la época de estructuración del estado de invalidez, sin que se pueda aplicar el régimen de la Ley 100 de 1993, porque la actora no cotizó en su vigencia ni dentro de la nueva ley.
Reproduce la Sentencia de 27 de agosto de 2008, Radicación 33185, y explica que según ésta, habiendo dejado de cotizar en 1990, cuando aún no existía la Ley 100 de 1993, y estructurado su estado de invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003, la ley aplicable es la vigente en la fecha de estructuración de la enfermedad; que la condición más beneficiosa entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 860 de 2003 no es viable, porque en medio de esas dos leyes está la Ley 100 de 1993, dentro de la cual no efectuó cotización alguna; que la condición más beneficiosa se aplica entre dos regímenes que se suceden uno al otro, de manera inmediata; y que los artículos 39 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 860 de 2003 no se pueden observar como dos artículos de un mismo régimen pensional, porque las dos leyes disponen reglas distintas para acceder a igual prestación, como lo señaló en la sentencia de 10 de febrero de 2009, radicación 35455, de la que copia un breve fragmento.
Sostiene que como ha quedado demostrado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no dice que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa sea viable sólo cuando se acude a un régimen anterior al vigente, pero no a una norma precedente del mismo régimen pensional, como lo afirmó equivocadamente el juzgador de segundo grado, por lo que los fundamentos jurisprudenciales del ad quem, para confirmar la sentencia del a quo, tiene unos supuestos fácticos muy diferentes de los que enmarcan el caso puesto a consideración en esta demanda de casación.
Indica que la Corte Constitucional ha sido clara al declarar excepcionalmente la inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema previsto por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, al resolver acciones de inconstitucionalidad cuando al afiliado le fue negada la pensión de invalidez por carecer de ese requisito, por encontrar suficientemente probado que está cotizando al régimen desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 y cotizó por lo menos 26 semanas al producirse su estado de invalidez, por advertir que en esos casos el requisito de la fidelidad viola el principio de la progresividad en el sistema de seguridad social de que trata el artículo 48 de la Constitución Política.
Transcribe unos cortos pasajes de las sentencias T-080 de 2008, T-1030 de 2008, y cita las sentencias T-1013, T-1213 y T-1203 de 2008, de la Corte Constitucional, y resalta que esa posición llegó a su punto final cuando declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad al sistema, previsto por el artículo 1 de la Ley 2003 (sic) de 2003, según sentencia C-428 de 2009.
Sostiene que la censura erró en la forma de estructurar su demanda, porque se dedicó a hacer apreciaciones personales e interpretaciones de las sentencias de la Corte, sin demostrar cuál fue el error del Tribunal.
Transcribe la sentencia de la Corte de 4 de junio de 2008, radicación 33190, y aduce que en las condiciones expuestas por la impugnante la demanda debió encaminarse por la vía directa, pero con base en el concepto de interpretación errónea, pero que también es incontrovertible que el 20 de octubre de 2005, fecha de estructuración de la invalidez de la demandante, para la concesión de la pensión de invalidez la norma aplicable era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
El Tribunal sostuvo “que no es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez deprecando la aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, buscando dejar a un lado los preceptos de la Ley 860 de 2003, para aplicar lo consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, porque la aplicación de dicho principio como se ha explicado, es viable cuando se pretende acudir a un régimen anterior al vigente, más (sic) no a una norma anterior dentro del mismo régimen pensional, como lo pretende la actora” (Fl.19, cdno. del Tribunal).
Al respecto, la impugnante aduce que debe aplicarse el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para efectos de la pretendida pensión de invalidez, porque estaba cotizando en forma ininterrumpida desde septiembre de 2003, en vigencia de esa ley, hasta la fecha en que se estructuró su invalidez, es decir, el 30 de marzo de 2005, en vigencia de la Ley 860 de 2003 (fl. 16, cdno. de la Corte).
Al punto, la sentencia en la que se apoya la recurrente para intentar el quiebre de la sentencia acusada, no tiene aplicación en el presente caso, porque la fecha de estructuración de la invalidez fue el 20 de octubre de 2005, cuando ya estaba vigente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y no el 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, el que a su vez había sido modificado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1056 de 2003.
La anterior precisión es importante porque, en tales circunstancias, no es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa, el cual ha sido admitido muy puntualmente en algunos casos por la jurisprudencia, no tiene cabida en el presente asunto.
En efecto, sobre la procedencia del aludido principio en asuntos como el que ahora ocupa su atención, esto es, de trabajadores que se invalidaron en vigencia de la Ley 860 de 2003, esta Sala de la Corte se pronunció en la sentencia de 17 de julio de 2008, radicación 32681, en la que expresó lo que a continuación se transcribe:
“En este orden de ideas, no hay reproche alguno en que: (i) la última cotización que realizó la actora al Instituto de Seguros Sociales fue en diciembre de 1990; (ii) con posterioridad no efectuó aporte alguno; (iii) la fecha de estructuración de la invalidez fue el 9 de febrero de 2005, al perder el 55.06% de la capacidad para laborar; y (iv) hasta diciembre de 1990, cotizó 313.7143 semanas.
“Pues bien, el eje central de la discusión radica en determinar cuál es la norma que gobierna el asunto sometido a escrutinio de esta Sala, habida consideración que para el Tribunal es el artículo 6º del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en tanto, para el recurrente lo es el 39 de la Ley 100 de 1993.
“El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 disponía:
“a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez;
“b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
“PAR. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.”
“Posteriormente, dicho precepto fue modificado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003. Norma declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1056 de 11 de noviembre de 2003.
“Al poco tiempo, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, precepto que en la actualidad aún sigue vigente, el cual reza:
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
“Realizado el precedente recuento legislativo, en sentir de la Corte la norma que regula el asunto bajo estudio es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, toda vez que la estructuración de la invalidez data del 9 de febrero de 2005.
“Siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, observa la Sala que la actora no demostró los requisitos estatuidos en dicho canon, cuales son el haber cotizado “cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración” y la fidelidad para con el sistema de “al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
“Ahora bien, de aplicarse lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, encuentra la corporación que la promotora del proceso tampoco demostró el supuesto fáctico allí establecido, esto es el “Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.”
“Aquí se impone recordar la insoslayable circunstancia de que el último aporte que realizó la actora fue en diciembre de 1990, es decir, en vigencia del actual sistema general de pensiones no ha sufragado cotización alguna.
“Puestas así las cosas, el Tribunal incurrió en los yerros jurídicos que le enrostra el cargo, al haber solucionado el conflicto por las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, el que había sido derogado por la Ley 100 de 1993 y al no reunir las exigencias del número de cotizaciones ni por ésta la ley como tampoco por la Ley 860 de 2003, habrá de casarse la sentencia, sin que en sede de instancia se requieran de argumentos adicionales a los expuestos en la esfera casacional”.
Como no existen razones válidas para variar el criterio que se acaba de reproducir, el cargo no encuentra prosperidad en el recurso extraordinario.
Ahora bien, argumenta la impugnante que “…la jurisprudencia que ha desarrollado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no dice por ningún lado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa es viable sólo cuando se pretende acudir a un régimen anterior al vigente, más (sic) no a una norma anterior del mismo régimen pensional, como lo afirma equivocadamente el ad quem”. Sobre ese particular importa destacar que no acompaña la razón a la censura porque, por el contrario, la Corte, en la sentencia de 9 de diciembre de 2008, Radicación 32642, precisó que “no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho”; y que “Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez-, a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (Rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (Rad. 32.642).”
Por último, la recurrente reclama la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2009 a su caso. Mas, cabe advertir que esa decisión no tiene efectos retroactivos, de modo que la norma que allí fue declarada inexequible produjo efectos antes de esa decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, de fecha 28 de mayo de 2009, proferida en el proceso ordinario laboral que Amalia Rocío Álvarez Blandón le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza.—Elsy del Pilar Cuello Calderón.—Eduardo López Villegas.—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez.—Camilo Tarquino Gallego.

References: artículo 1
 artículo 39
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 artículo 48
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 artículo 6
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 artículo 33
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