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BOE.es - Documento BOE-A-2017-15364
Documento BOE-A-2017-15364
«BOE» núm. 311, de 23 de diciembre de 2017, páginas 127751 a 127759 (9 págs.)
BOE-A-2017-15364
Los principios de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector público, son pilares fundamentales del crecimiento económico y el bienestar social de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En los últimos años se han venido realizando importantes esfuerzos para el control de la morosidad de las Administraciones Públicas. Así, en el año 2013 se aprobó la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, que estableció la vinculación del principio de sostenibilidad financiera con la sostenibilidad de la deuda comercial, y recoge la aplicación de un conjunto de medidas, progresivas y automáticas, encaminadas a garantizar el cumplimiento por las Administraciones Públicas de la normativa en materia de morosidad.
Asimismo, en el año 2014 se aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que ahora se modifica, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este real decreto desarrolló lo previsto en la citada Ley orgánica respecto al concepto de periodo medio de pago a proveedores, la metodología a seguir para su cálculo y el procedimiento a aplicar para para la eventual retención de los recursos del sistema de financiación y el pago directo de la Administración General del Estado a los proveedores de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Si bien, la introducción del concepto del periodo medio de pago a proveedores y su conexión con las medidas que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ya ha empezado a mostrar sus efectos positivos, durante el tiempo de vigencia del real decreto han surgido algunas dudas acerca de su compatibilidad con la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En este sentido, mediante la presente modificación se aclara la diferencia entre el concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El primero es el intervalo temporal en el que cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable.
Asimismo, se ajusta la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores, aclarando el modo en el que se deben computar los días de pago, así como los días pendientes de pago, cuando se requiera la aprobación de la correspondiente certificación de obra, sea necesario acreditar la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados.
Por otra parte, se introducen algunas modificaciones en el procedimiento a seguir para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, con el objetivo de mejorar la gestión e instrumentación del procedimiento.
El presente real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al pretender la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través de los trámites de información pública y audiencia y quedan justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este Real Decreto.
El presente Real Decreto se ha sometido a informe de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 2017,
Artículo único. Modificación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queda modificado como sigue:
El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores reduciendo el nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.»
«Artículo 5. Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad.
1. A los efectos del cálculo del periodo medio de pago global al que se refiere el artículo anterior, el periodo medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.
Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
4. Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre del año natural.»
«Artículo 7. Seguimiento del periodo medio de pago a proveedores de las Comunidades Autónomas.
1. En ejercicio de las facultades atribuidas en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio de Hacienda y Función Pública hará un seguimiento, a efectos de detectar posibles incumplimientos, de los datos publicados por las Comunidades Autónomas relativos al periodo medio de pago a proveedores y analizará su consistencia con el resto de información remitida por éstas al Ministerio.
2. Una vez efectuada la comunicación de alerta según lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio podrá comunicar la actualización del importe que la Comunidad Autónoma deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores si, de acuerdo con el seguimiento mensual del gasto, de los pagos realizados y de la evolución de la deuda comercial, entre otros datos, resulta necesaria dicha actualización para que la Comunidad Autónoma cumpla con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. Dicha actualización producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la remisión de la comunicación, en aplicación de lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
3. Si el Ministerio de Hacienda y Función Pública detecta un incumplimiento en la aplicación de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores prevista en este real decreto o la inconsistencia de los datos publicados con la información remitida por las Comunidades Autónomas al Ministerio, formulará un requerimiento a la Comunidad Autónoma para que se cumpla lo previsto en este real decreto.
El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a diez días naturales, para atender la obligación incumplida o la revisión del dato del periodo medio de pago a proveedores publicado, con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que pueda corresponder y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.»
«Artículo 8. Inicio del procedimiento.
1. Cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública detecte que se ha producido un incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores que determina la aplicación del procedimiento de retención previsto en el artículo 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, lo comunicará a la Comunidad Autónoma a la que solicitará, en su caso, la información necesaria, debidamente certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma, para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a sus recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación.
2. Efectuadas las comunicaciones previstas en el apartado anterior, el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local notificará a la Comunidad Autónoma el importe que, en su caso, será objeto de retención o deducción respetando el límite establecido en el apartado 4 de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El importe objeto de retención o deducción se determinará mensualmente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en una cuantía que se estime necesaria para mantener el periodo medio de pago a proveedores de los meses siguientes por debajo del plazo máximo fijado en la normativa de morosidad considerando, entre otros, factores tales como el volumen, antigüedad o estado de tramitación contable de la deuda comercial, el seguimiento del gasto, la evolución observada y prevista de los pagos realizados a proveedores, el calendario de tramitación de los mecanismos de financiación habilitados por el Estado, la evolución del plazo medio transcurrido desde la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio hasta la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de la prestación, la distribución temporal de los pagos de los recursos del sistema de financiación o la atención de determinados pagos de carácter prioritario.
3. Desde el momento en que se remita la notificación prevista en el apartado anterior, se tendrá por iniciado el procedimiento de retención. Esta notificación que, en su caso, será objeto de actualización mensual, se acompañará del correspondiente acuerdo de retención dictado por el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local antes del día catorce de cada mes para cada uno de los meses en los que se mantenga la aplicación del procedimiento de retención previsto en el artículo 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
4. Cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública detecte que se ha producido un incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores en los términos establecidos en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, lo comunicará a la Corporación Local, previa comunicación a la Comunidad Autónoma en el caso de que esta ejerza la tutela financiera de dicha Corporación, y le podrá solicitar la información necesaria, debidamente certificada por el Interventor de la Corporación Local, para cuantificar y determinar la deuda comercial y la parte de ella que se va a pagar con cargo a sus recursos propios, cancelándose la diferencia mediante retenciones de la participación en tributos del Estado.
Esta información será actualizada por el Interventor de la Corporación Local antes del día 15 del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año natural.»
«Artículo 10. Procedimiento de cuantificación de importes y selección de facturas de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
6. Cuando el importe de la relación definitiva de los pagos propuestos por una Comunidad Autónoma o una Corporación Local sea inferior al importe efectivo a retener por el Estado, el excedente se acumulará al importe efectivo objeto de retención siguiente. Una vez finalizado el procedimiento de retención, los saldos que se encuentren pendientes de aplicación serán librados a favor de la Comunidad Autónoma o Corporación Local correspondiente.»
«Artículo 11. Procedimiento para el pago de facturas.
Se informará a la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda, de los pagos efectuados y las incidencias que, en su caso, impidan el pago material.»
Disposición transitoria única. Publicación del periodo medio de pago a proveedores en la Administración Central, Comunidades Autónomas, Administraciones de la Seguridad Social y Corporaciones Locales.
La primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de 2018.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, la disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar las «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».
Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación contenida en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo del presente real decreto.
Se habilita al Ministro de Hacienda y Función Pública, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
Las referencias incluidas en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se entenderán hechas al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo la modificación del artículo 5 Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que entrará en vigor el 1 de abril de 2018, de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria única.
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 24 de diciembre de 2017.
DEROGA la disposición transitoria única y MODIFICA los arts. 1, 5, 7, 8, 10, 11 y las referencias indicadas del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio (Ref. BOE-A-2014-8132).

References: artículo 135
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 artículo 129
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 artículo 18
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 artículo 20
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 artículo 18
 artículo 5
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