Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620501.html
Timestamp: 2019-03-22 14:23:10+00:00

Document:
as201620501
Auto Supremo: 501/2016
Expediente: SC-109-15-S
Partes: Juan Lidio Meneses Arce. c/ Gobierno Autónomo Municipal de Santa
VISTOS: El recurso de casación de fs. 495 a 499 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, contra el Auto de Vista de fecha 01 de abril de 2015, cursante de fs. 470 a 472 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de Acción negatoria seguido por Juan Lidio Meneses Arce contra Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, la concesión de fs. 507, los antecedentes procesales; y:
Que el Juez de Partido Nº 13vo de Partido en lo Civil y comercial de la ciudad de Santa Cruz, dicta Sentencia de fecha 03 de octubre de 2014, por el cual, declara: “PROBADA LA ACCION NEGATORIA.
- IMPROBADA LA ACCIONDE RESARCIMIENTO DEL DAÑO.
1.- LA INEXISTENCIA DE UN DERECHO REAL del demandado GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, sobre los terrenos de propiedad del demandante de los manzanos 1 y 2 de la urbanización o parcelamiento “Asociación de Profesionales Administrativo de la CRE” o APAC-CRE de la unidad vecinal 320, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
2.- La CESACION de molestias y perturbaciones por parte del GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA con referencia a los mencionados terrenos; por consiguiente el levantamiento de la calificación de “áreas de reserva” debiendo la DIRECCION GENERAL DE DESARRROLLO TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRZU DE LA SIERRA, dar curso a los trámites pertinentes respetando el respectivo derecho propietario.”
Resolución que fue apelada por la parte demandada a través de su memorial de fs. 436 a 438 vta., misma que previa sustanciación es concedida ante el Tribunal de apelación.
Por Auto de Vista de fecha 01 de abril de 2015 de fs. 470 a 472 vta., el Tribunal Ad quem, CONFIRMO la Sentencia de fecha 03 de octubre de 2014, bajo el fundamento de que – el apelante Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no cumplió con la condición esencial prevista en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, originando con ello que este Tribunal se encuentre impedido de pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación planteado contra la sentencia de 03 de octubre de 2014, y que en efecto la recurrente presenta recurso de apelación ante el juez de la causa impugnando la referida sentencia, sin que en el contenido del memorial de apelación de fs. 436 a 438 y vta., se pueda encontrar de manera clara y precisa y fundamentada los agravios que señala haber sufrido y que la resolución motivo del recurso de apelación le haya causa agravios, omisión grave de su parte con la consecuencia de hacer inviable la consideración y resolución del recurso de apelación por parte de este Tribunal de Alzada.-
Contra la referida resolución, la parte demandada interpone recurso de casación de fs.- 495 a 499 vta., el cual previa sustanciación y concesión se pasa a analizar.
Acusa falta de valoración de pruebas, como ser de los predios y la ordenanza Municipal 65/95, el informe de fs. 119.
Refiere que los fundamentos expuestos en este recurso son los mismos expuesto en la apelación en el efecto diferido contra el Auto de fs. 231 a 233, y no correspondía fundamentar nuevamente en apego a los principios de razonabilidad, economía procesal.
Señala que en el fondo de su recurso si se ha fundamento en cuanto a la apelación en el efecto diferido, y que si bien en la forma no se colocó como título activa apelación en el efecto diferido o en el fondo se está argumentando la incompetencia del Juez de Primera instancia.
En el mismo expone que se argumentó que el proceso de urbanización de lotes de terreno se inició sobre el plan de vigencia de 1995 aprobado mediante ordenanza municipal homologado por resolución municipal de fecha 27 de junio de 2003, disponiendo que aquello terreno debían ceder a favor del Gobierno autónomo Municipal de Santa cruz de la sierra el 50%, pero únicamente se cedió el 35% del terreno dejándose el restante 15% como área verde como consta en su ficha tenia, y dentro de ese 15% se encuentra parte de los manzanos 4 y 19 y que el demandante cuando compre dichos predios en fecha 01 de febrero de 2012 ya había sido cedido en reserva al demandado.
Refiere que lo argumentado en el Auto de Vista sobre la no activación del recurso concedido en el efecto diferido no es evidente, y que su fundamento evidencia que los fundamentos de su apelación directa fueron ratificados en la apelación de la Sentencia.
De igual manera expresa que según la ley 1178 y la jurisprudencia no procede la condenación de costas y honorarios profesionales cuando se trata de una entidad pública, por lo que, no procedía la disposiciones de costas en el Auto de Vista.
Refiere que el recurso de casación no cumple con lo determinado en el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, incumpliéndose lo establecido en el art. 253 y 254 del mismo código ha existido una posesión pacifica publica y continua no violenta ejerciendo actos de dominio tales como haber realizada todos los trámites de regularización del inmueble sin que durante todo el tiempo que han venido poseyendo el bien inmueble, sin que durante todo el tiempo alguien haya reclamado el derecho propietario sobre el inmueble de referencia, incumpliendo la carga establecida en el art. 258-2) del CPC, además de no concurrir ninguna de las causales previstas por el art. 254 del mismo código.
En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que tiene analogía con lo que establecía en el art.258-2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, por el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, el cual tiene por finalidad anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo por el cual, se observa errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los Jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el auto de vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, en cuanto a los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.
III.2.- entendimiento sobre la aplicación del art. 236 del codigo de procedimiento civil.-
El art. 236 del Código de Procedimiento Civil de forma textual señala: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo, 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343.”, la norma citada de manera categórica establecía el límite de competencia de los tribunales de apelación, es decir, que estos debían pronunciarse sobre los agravios descritos en el recurso de apelación, caso contrario es decir, de incumplimiento a la norma descrita la resolución, era considerada incongruente ( pudiendo ser ultra, extra o citra petita), lo cual hacia subsumible dentro de una causal de nulidad de auto de vista que establecía el art. 254-4) del mismo código de Procedimiento Civil, criterio que actualmente resulta aplicable con el código procesal civil, por tener un contenido análogo en el art. 265-I que señala: “ El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.”.
III.3.- Del principio a la impugnación y de la apelación en el efecto diferido.
El art. 180 - II de la CPE, consagra el principio de impugnación que rige en la sustanciación de todo proceso judicial, concordante este precepto con el artículo 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que también reconoce el derecho de las partes, de pedir a otro juzgador superior, revise la Resolución del inferior. Este derecho a la impugnación se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.
Por otra parte, el art. 25 Par. I) de la Ley N° 1760, establece: “La apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la Resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la Sentencia definitiva.”, norma que refiere que este recurso está limitado a su simple interposición, dentro de plazo, en la tramitación de la instancia, sin que ello signifique su concesión directa. Su fundamentación se reserva en forma conjunta con la de una eventual apelación a la Sentencia definitiva, donde, luego de su contestación, ambos recursos son concedidos al superior en grado. De lo que se advierte que el Procedimiento seguido en el recurso de apelación en su efecto diferido consta de una secuencia y momento procesal establecido, que no puede sustraerse en su trámite.
Asimismo el AS 722/2014 de fecha 09 de diciembre 2014, sobre el tema refirió: “En el caso de análisis, a fs. 119 de obrados existe interposición del recurso apelación en el efecto diferido por parte de los demandantes Julio Jorge Chávez Vilca y María Rueda Caro, recurso que fue admitido por la Juez A quo conforme se advierte en el Auto de fs. 119 vta., y concedido mediante Auto de fs. 163, Situación que no fue advertida por el Tribunal de Alzada, quienes no constataron la existencia del recurso de apelación en el efecto diferido contra El Auto Interlocutorio de fs. 116 a 117 vta., Apelación en el efecto diferido que si bien no fue ratificada expresamente en un capitulo del recurso de Apelación a la Sentencia, de la revisión del mismo se tiene que los apelantes fundamentan puntualmente este aspecto en el recurso de apelación de fs. 158 a 160, razón por la que la Juez A quo concedió ambos recursos mediante Auto de fs. 163.
Bajo este análisis, se hace evidente la infracción acusada por los recurrentes, debiendo el Tribunal de Alzada pronunciarse respecto al recurso de apelación en el efecto diferido interpuesto a fs. 119 y concedido por Auto de fs. 163, en virtud al principio pro actione, que garantiza a toda persona el acceso a los recursos desechando rigorismos o formalismos excesivos que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia y concretando el acceso al recurso planteado interpuesto por los recurrentes, por lo que corresponde fallar conforme señala el art. 271 num. 3) y el art. 275 del Código de Procedimiento Civil. ”
Conforme a lo orientado en la doctrina aplicable III. 1 de principio corresponde absolver los reclamos de forma.
Refiere que lo argumentado en el Auto de Vista sobre la no activación del recurso concedido en el efecto diferido no sería evidente, debido a que su fundamento expuesto en el recurso de apelación evidenciaría que sus fundamentos de esa apelación fueron ratificados en la apelación contra la Sentencia.
En el caso de análisis, de fs. 240 a 242 de obrados existe interposición del recurso apelación en el efecto diferido por parte de la institución demandada, recurso que fue diferido hasta una eventual apelación de la Sentencia a fs. 247, mismo que ante la posterior apelación de la sentencia por parte de la entidad demandada es concedido por Auto de fs. 457, y el Tribunal de apelación negó esta apelación bajo el fundamento de que los apelantes al no haberse referido -en su recurso de fs. 436 a 438 a la apelación diferida mal puede el tribunal de alzada resolver la apelación de fs. 240 a 242, precisamente por no existir la fundamentación exigida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil-, si bien resulta evidente que dentro del contexto del recurso de apelación contra la Sentencia no existe una ratificación expresa en un capítulo de su apelación de Sentencia a la apelación diferida de fs. 240 a 242, empero, en aplicación del principio de impugnación de acuerdo a lo desarrollado en la doctrina aplicable III. 2, no es necesario un capitulo expreso del mismo, sino que basta que del contexto se pueda advertir la reactivación de la apelación diferida, y en el sub lite se puede advertir del análisis del contexto de su recurso, la acusación inherente a la competencia del juzgador, o sea la debida fundamentación de su recurso de apelación, lo cual implica la reactivación de ese recurso, es por ese
motivo que el Juez A quo concedió ambos recursos y en virtud al principio pro actione, que garantiza a toda persona el acceso a los recursos desechando rigorismos o formalismos excesivos que impida obtener un pronunciamiento, el Tribunal de Segunda instancia debió dar una respuesta a esta apelación diferida, y no referir de forma totalmente formalista que no exista una ratificación expresa, lo cual ha vulnerado los principios antes citados, por lo que resulta evidente la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Por todos los fundamentos expuestos corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.III del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.III num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 01 de abril de 2015, cursante de fs. 470 a 472 vta., y dispone que previo sorteo y sin espera de turno el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista pronunciándose sobre la apelación en el efecto diferido conforme la pertinencia del art. 265.I del Código Procesal Civil.

References: Resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 343
 artículo 8
 Resolución 
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