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Timestamp: 2020-07-13 22:26:05+00:00

Document:
pacto de quota litis | Caso de ley | Ley estatutaria
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Taller de redaccion en Abancay
Trabajo Practico 1ero Terminado
Practica Abogado
El pacto de quota litis en la deontologa de los
Por JOAQUN RODRGUEZ-TOUBES MUIZ
El Estatuto General de la Abogaca Espaola prohbe el pacto de quota
litis por el cual los honorarios del abogado son slo una porcin del resultado
del asunto. Pero la validez de este pacto en Espaa es incierta. Por otra parte,
la actitud adoptada en diferentes pases vara notablemente: en Europa suele
rechazarse la quota litis estricta pero no los honorarios condicionados al
resultado; mientras que en los EE.UU. y otros pases los honorarios contingentes se aceptan con pocas limitaciones. El debate deontolgico entre partidarios y detractores de permitir el pacto de quota litis es muy rico en buenos
argumentos y por eso poco concluyente. Todos estos datos invitan a repensar
qu es la deontologa profesional y por qu y hasta qu punto es vinculante; y
en particular a reflexionar sobre si debe entenderse como tica crtica aplicada o como la moralidad social de colectivos profesionales concretos.
Palabras clave: Deontologa profesional-Deontologa jurdica - Abogados - Quota litis - Cuota litis.
The General Statute of Spanish Lawyers prohibits the partum de quota
litis by which lawyers fees are only a share of the result of the matter. But the
validity of such an agreement in Spain is uncertain. Besides, the approach
adopted in different countries varies conspicuously: in Europe strict quota
litis is typically rejected, but fees which are conditional on the outcome are
admitted; meanwhile, in USA and other countries contingent fees are accepted with little limitations. The debate in Legal Ethics about whether to allow
the pactum de quota litis has plenty of valid points on either side, and therefore is hardly conclusive. All those factors lead us to rethink what is Professional Deontology and why and to what extent it is binding; and specifically
to reflect on whether it should be understood as applied critical Ethics or as
social morality of particular professional groups.
Key words: Professional Deontology - Legal Ethics - Lawyers - Quota
litis - Contingent fees.
SUMARIO: 1. Introduccin.2. La situacin normativa del pacto
de QUOTA LITIS en Espaa.3. La disparidad de criterios en la
deontologa comparada.4. El debate deontolgico y sus
argumentos. 4.1 La contribucin del abogado en la Administracin
de justicia. 4.2 Los deberes y derechos profesionales del abogado.
4.3 El inters del cliente. 4.4 La utilidad pblica.5. El pacto de
QUOTA LITIS como problema deontolgico.
Al tratar sobre los honorarios, el Estatuto General de la Abogaca
Espaola (EGAE), aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de
junio, dice en su artculo 44.3: Se prohbe en todo caso la cuota litis
en sentido estricto, entendindose por tal el acuerdo entre el abogado
y su cliente, previo a la terminacin del asunto, en virtud del cual ste
se compromete a pagarle nicamente un porcentaje del resultado del
asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o
cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese
asunto. Esta definicin del pacto de quota litis es similar a la contenida en el Cdigo deontolgico de los abogados europeos, aprobado
en 1988 por el Consejo de la Abogaca Europea (CCBE, por sus siglas
originales en francs), cuya ltima modificacin es de 2006, y que
tambin lo prohbe 1. Con todo, siendo similares, estas dos definicio1
By pactum de quota litis is meant an agreement between a lawyer and the
client entered into prior to final conclusion of a matter to which the client is a party,
by virtue of which the client undertakes to pay the lawyer a share of the result regardless of whether this is represented by a sum of money or by any other benefit achieved
by the client upon the conclusion of the matter ( 3.3.2). [Por pactum de quota litis
se entiende el acuerdo entre el abogado y su cliente concertado antes de la conclusin
El pacto de quota litis en la deontologa de los abogados
nes difieren en un punto importante. La Abogaca Espaola reprueba
que el abogado pacte percibir nicamente un porcentaje de lo que el
cliente obtenga como resultado del asunto; con lo cual se objeta el
pacto de no cobrar si no se gana, pero en principio se admite que los
honorarios dependan del resultado siempre que en cualquier caso haya
alguna retribucin. En cambio, la Abogaca Europea rechaza slo que
los honorarios sean una porcin de lo que el cliente obtenga, pero no
objeta en principio que se acuerde no cobrar si no se obtiene nada
(pacto no win, no fee o no cure, no pay, comn en el Reino Unido), ni
tampoco que los honorarios varen en funcin de la cuanta del asunto,
siempre que no sea en proporcin directa de lo obtenido sino segn
reglas preestablecidas. Lo que en ambos casos se prohbe, en definitiva, son los pactos de quota litis como son habitualmente practicados
en los Estados Unidos de Amrica, donde se conocen como honorarios contingentes (contingent fees); pero se toleran algunas formas de
honorarios condicionales como las vigentes en el Reino Unido (conditional fees).
El estatuto deontolgico del pacto de quota litis es polmico y
merece ser estudiado por varias razones. En primer lugar, porque en
Espaa es dudosa ya su propia situacin legal, y no slo por la dificultad de precisar qu excluye el sentido estricto del pacto prohibido
por el EGAE (incluye pactar como honorarios una cantidad cierta
ms un 10 % de lo que el cliente obtenga?). En segundo lugar, porque
la consideracin que merece el pacto de quota litis es muy distinta en
unos pases y en otros, lo cual invita a reflexionar sobre el carcter de
las normas deontolgicas: son aplicaciones de una tica universal al
mbito profesional, en cuyo caso no debera haber disparidad de criterios en una misma profesin; o son ms bien reglas locales propias de
una tica relativista? En tercer lugar, porque la disparidad de pareceres en cuanto a la licitud del pacto de quota litis es tambin interna en
cada pas; lo cual contrara la apariencia de unidad que desprenden los
firmes enunciados de los cdigos deontolgicos y sugiere que stos no
siempre pueden describirse como la expresin del sentir tico arraigado en la profesin. Y en cuarto lugar, en fin, porque el debate sobre si
deben o no prohibirse los pactos de quota litis es rico en buenos argumentos y, por tanto, complejo y atractivo.
En este trabajo abordar estas cuestiones. Examinar la situacin
legal del pacto de quota litis en Espaa ( 2); dar cuenta brevemente
de cmo se percibe en otros pases ( 3); y repasar los argumentos
definitiva de un asunto en el que tenga intereses el cliente y en virtud del cual el
cliente se compromete a pagar al abogado una parte del resultado, sea ste una cantidad de
dinero o cualquier otro beneficio que obtenga el cliente por la conclusin del asunto]. Segn
este Cdigo deontolgico el abogado no podr fijar sus honorarios sobre la base de un
pacto de quota litis ( 3.3.1); el cual no incluye el acuerdo por el cual los honorarios se
determinarn en proporcin al valor del asunto a cargo del abogado si se hace de conformidad con un baremo de honorarios aprobado oficialmente o con el control de la autoridad
competente de la que dependa el abogado ( 3.3.3).
que se enfrentan, lo cual dar idea de la diversidad de reacciones que
el pacto suscita en la doctrina ( 4). Por ltimo har una reflexin
sobre las implicaciones de esta polmica en el debate ms general
sobre la deontologa de los abogados ( 5).
2. LA SITUACIN NORMATIVA DEL PACTO DE QUOTA LITIS
En Espaa, como en muchos otros pases europeos, el pacto de
quota litis ha sido tradicionalmente objeto de censura profesional y de
prohibicin legal. Este reproche proviene ya del Derecho romano 2 y
se reafirma en el Fuero Juzgo 3 y en las Partidas 4. Durante mucho
tiempo la doctrina dominante sostuvo la nulidad de este pacto, ya sea
por incurrir en el supuesto del artculo 1.459, regla 5. del Cdigo
Civil (prohibicin de la compra de bienes litigiosos por abogado o
procurador) 5; o, sobre todo, por ser contrario a la moral e incumplir
as uno de los lmites impuestos por el artculo 1.255 del Cdigo Civil
a la libertad de pactos. 6 En poca reciente, el Estatuto General de la
Ver Inst. 12.7.11 y D. 17.1.6.7. Puede verse un breve estudio histrico en
Agudo Ruiz (1997: 204 ss).
2.3.7: El danno y el provecho del pleyto deven pertenezer aquel que meti
el personero; es decir al sennor del pleyto y no a su abogado (Fuero Juzgo, edicin facsimilar, Madrid, RAE, 1971, p. 31).
3.6.14: Otros defendemos que ningunt abogado non sea osado de facer postura con el dueo del pleyto de rescebir cierta parte de aquella cosa sobre que es la
contienda; porque de otro modo hara cualquier cosa para ganar, quier tuerto
quier derecho, y porque se hara difcil encontrar abogado que no exigiese ese
pacto (Las Siete Partidas, ed. de la Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta
Real, 1807, II, pp. 440-441).
Doctrina citada por Alonso Prez (1997: 393) y Martos Calabrs (1999: 1014).
Pero ambas rechazan que este artculo afecte al pacto de quota litis, ya porque la
cesin se produce en pago de un crdito y queda exceptuada por la propia regla (Alonso); o ya porque ni hay una compra o cesin a cambio de precio, ni suele transferirse
el objeto sino slo su valor (Martos). Se pronuncia en sentido estricto tambin la STS
811/1998, de 8 de septiembre.
As lo estimaron, por ejemplo, las SSTS (Civil) de 12 de noviembre de 1956
y 10 de febrero de 1962. Martos (1999: 1022 ss.) sostiene decididamente que el artculo 1.255 del Cdigo Civil limita el pacto de quota litis, pues la autonoma privada de abogado y cliente no puede alcanzar, en virtud de este precepto, a la posibilidad
de acordar una participacin econmica en el resultado del pleito como compensacin al abogado. Segn ella este pacto es nulo sobre todo por su inmoralidad, pero
tambin porque hay imposibilidad de ceder la accin (de hacer aportacin de ella, en
nuestro caso) cuando sta es consecuencia de un derecho personalsimo (ibidem: 1024); o porque si se trata de un contrato de sociedad y una de las partes se
aprovecha de la otra, falta el inters comn exigido por el artculo 1.666 Cdigo Civil
(ibidem). Veremos cmo la jurisprudencia reciente corrige esta opinin, pero en todo
caso es indudable que los pactos de quota litis abusivos son nulos en virtud del artculo 1.255 Cdigo Civil. En el mismo sentido, Martnez Megas y Rodrguez Monteys
(1998: 36).
Abogaca Espaola de 1982 7 conminaba en su artculo 56.1 in fine:
Queda expresamente prohibido el pacto de cuota litis. Con base en
esta disposicin y en los principios aceptados, los colegios de abogados aplicaron sanciones disciplinarias que en general fueron confirmadas por los tribunales 8. En su mayor parte la jurisprudencia dio por
sentado que los pactos de quota litis estaban prohibidos, de modo que
lo que se discuta era si concurran y eran relevantes en los casos juzgados 9. Con todo, alguna sentencia avanz un criterio distinto, contemporizando con la posibilidad de admitir la validez de algunos pactos de
quota litis, criterio ste que parece abrirse cada vez ms camino 10.
La situacin actual es ms compleja e incierta. En principio rige lo
dispuesto en el ya citado artculo 44.3 del vigente Estatuto General de
la Abogaca Espaola (2001), segn el cual se prohbe en todo caso
la cuota litis en sentido estricto 11. Apoyndose en esta norma y recogiendo el sentimiento tradicional de la profesin, el Cdigo Deontolgico de la Abogaca Espaola, aprobado por el Consejo General de la
Abogaca Espaola, en su versin inicial de 27 de septiembre de 2002
prohibi el pacto de quota litis en el artculo 16, que deca as:
Aprobado por Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio; y derogado por Real
Decreto 658/2001, de 22 de junio.
As, la STS (Cont.-Adm.) de 9 de noviembre de 1988 da la razn al Colegio de
Abogados de Barcelona en que el abogado no puede en general, llevar a cabo acto
alguno que implique cuotas litis pues siempre se ha entendido que constituye una
falta contra la debida tica profesional (FD 5.). Ms recientemente, la Sentencia del
TSJ de Navarra nm. 550/2002 (Cont.-Adm.), de 6 de junio, mantiene la sancin
acordada por el Consejo General de la Abogaca a un abogado que haba pactado
percibir honorarios nicamente si se obtiene el resultado positivo que se pretende;
y expresa que el pacto de quota litis est totalmente prohibido, no pudiendo confundirse con pactos de participacin parcial en el resultado ventajoso del pleito (FD 2.).
Esta sentencia fue confirmada por STS (Cont.-Adm.) de 18 de octubre de 2006.
SSTS (Civil) 617/1993, de 10 de junio; 403/1996, de 24 de mayo; 542/1998,
La SAP Alicante 135/1998, de 27 de febrero, estim vlido el pacto de una
Caja de Ahorros con un abogado segn el cual ste cobrara en proporcin a la satisfaccin de las responsabilidades pecuniarias reclamadas en cada procedimiento,
frente al criterio de la sentencia de instancia y del propio abogado, quienes afirmaban
que se trataba de un pacto de cuota litis nulo en virtud del artculo 56.1 EGAE. La
Audiencia considera que el pacto es vlido entre las partes en el orden civil, aunque
pueda ser contrario a normas administrativas y conllevar consecuencias en este orden
(disciplinarias), porque no hay perjuicio ni para las partes ni para el inters pblico.
Esta sentencia fue confirmada por la STS 357/2004 (Civil), de 13 de mayo, que ser
comentada ms adelante. En sentido similar: SAP Ciudad Real de 25 de octubre de 2000
[FD 3.: existe controversia con relacin a la licitud de los posibles pactos de honorarios de Letrado (cuota litis) y que son muy corrientes en la prctica, sin embargo no
hay que olvidar que nuestro vigente Cdigo Civil y el espritu de nuestro ordenamiento jurdico adaptado a la normativa comunitaria permiten la libertad de pacto en todas
las relaciones jurdicas]; SAP Madrid de 18 de diciembre de 2000; SAP Alicante
de 25 de octubre de 2001; SAP Madrid de 22 de abril de 2002.
Puede interesar que el Consejo de Estado, en sus informes (de 14 de enero
de 1999 y 20 de enero de 2000) sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el EGAE no se pronunci sobre la prohibicin de la quota litis.
Artculo 16. Cuota litis
1. Se prohbe, en todo caso, la cuota litis, en sentido estricto,
que no est comprendida en el concepto de honorarios profesionales.
2. Se entiende por cuota litis, en sentido estricto, aquel acuerdo
entre el abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al
Abogado nicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma dinero o cualquier otro
beneficio, bien o valor que consiga el cliente por el asunto.
3. No es cuota litis el pacto que tenga por objeto fijar unos
honorarios alternativos segn el resultado del asunto, siempre que
se contemple el pago efectivo de alguna cantidad que cubra como
mnimo los costes de prestacin del servicio jurdico concertado
para el supuesto de que el resultado sea totalmente adverso, y dicha
cantidad sea tal que, por las circunstancias concurrentes o las cifras
contempladas, no pueda inducir razonablemente a estimar que se
trata de una mera simulacin.
4. La retribucin de los servicios profesionales tambin pueden consistir en la percepcin de una cantidad fija, peridica, o por
horas, siempre que su importe constituya adecuada, justa y digna
compensacin de los servicios prestados.
Sin embargo, ambos preceptos del Estatuto y del Cdigo Deontolgico contrarios al pacto de quota litis han sido impugnados, con
resultados diversos. El primer contratiempo provino de la Resolucin
del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de 26 de septiembre de 2002, ante la denuncia de que el citado artculo 16 del Cdigo
Deontolgico incurra en las conductas prohibidas por la Ley de
Defensa de la Competencia (LDC) 12. El TDC consider que, efectivamente, aquel artculo prohbe que cualquier abogado acuerde con su
cliente una remuneracin por sus servicios jurdicos que no cubra sus
costes, y ello infringe el artculo 1 LDC 13. Esta Resolucin adminis12
La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, prohiba en su
artculo 1.1 todo acuerdo, decisin o recomendacin colectiva, o prctica concertada
o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y,
en particular, los que consistan en: a) La fijacin, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio (). Esta redaccin se
conserva en la actual Ley 15/2007, de 3 de julio.
Lo infringe seala al ser una decisin colectiva que tiene por objeto y efecto la fijacin de honorarios mnimos de los abogados, impidiendo la determinacin de
los mismos mediante el acuerdo libre entre abogado y cliente. Lo cual perjudica
particularmente la entrada en el mercado de abundantes abogados que empiezan su
carrera profesional y que, por ello, podran estar ms dispuestos, en general, que los
abogados de solvencia profesional acreditada, a cobrar unos honorarios profesionales
que no cubrieran sus costes cuando no ganasen los casos a ellos confiados. Por otra
parte el TDC advierte que el artculo 16 del Cdigo Deontolgico admite en realidad la
quota litis, aunque slo en el supuesto de que el abogado gane el caso, no cuando lo
pierda. En contraste, un voto particular defiende la validez de la norma denunciada
con el argumento, entre otros, de que trata de evitar pactos que podran dar lugar a una
trativa fue anulada por la Sentencia de la Audiencia Nacional (Cont.Adm., Sec. 1.) de 27 de junio de 2005, con el argumento de que el
artculo impugnado reproduce el artculo 44.3 del EGAE, que es una
regulacin de honorarios aprobada por normativa estatal no sujeta a la
LDC ni al control del TDC. Sin embargo, la Resolucin del TDC
caus impacto 14 y dio lugar a que el Consejo General de la Abogaca
Espaola acordase el 10 de diciembre de 2002 suspender de vigencia
y eficacia el artculo 16 del Cdigo Deontolgico, situacin que se
mantiene cuando se redactan estas lneas.
Otro momento decisivo lo supuso la Sentencia del Tribunal Supremo (Cont.-Adm.), de 3 de marzo de 2003, que resuelve el recurso
interpuesto por varios abogados de Elche contra el Real Decreto que
aprob el EGAE. Entre sus alegaciones estaba la nulidad del artculo
44.3 EGAE por razones de procedimiento y de fondo, entre ellas que
infringe el artculo 1 LDC. La Sentencia (FD 9.) razona que dentro
de nuestro sistema jurdico la actividad del abogado ha sido calificada
con uniforme reiteracin como un supuesto del contrato de arrendamiento de servicios, con las modulaciones y especialidades derivadas de
que esta figura contractual se desarrolla en el delicadsimo mbito de
auxiliar o cooperador esencial de la Administracin de Justicia; lo
cual excluye en nuestro sistema la idea de convertir al abogado en
titular de un contrato de obra o de empresa, en el que su papel de prestador de un servicio esencial para el correcto funcionamiento del poder
judicial del Estado lo convierta en exclusivo financiador del riesgo
que siempre implica la decisin de iniciar un proceso, pudiendo llegar
as a comprometer implcitamente su independencia de criterio al asesorar al cliente, al hacer pasar a primer plano no el riesgo de ste, sino
el asumido personalmente por l. Y, de acuerdo con esto, concluye
que la mnima restriccin a la libre competencia que supone la prohibicin del pacto de cuota litis en sentido estricto halla suficiente
respaldo legal en que su admisin no es que atentase a la dignidad de
la Abogaca, sino que sobre todo desdibujara el concepto mismo de
tal actividad profesional y no respetara debidamente los derechos de
los particulares, que en determinadas circunstancias podran verse
abocados a constituirse en meros instrumentos de la conducta empresarial de los abogados 15. No obstante, un voto particular de esta sencaptacin irregular de clientes y a actos de competencia desleal y que alteraran la
naturaleza del servicio que el abogado presta en la Administracin de Justicia.
A favor (obviamente, por ser quien present la denuncia que motiv la Resolucin del TDC): Mazn Costa (2002); y tambin Bercovitz Rodrguez-Cano (2002).
En contra, con matices: Gmez Amigo y Caabate Pozo (2002) y Medina Hernndez
(2003). Radicalmente en contra: Crespo de Lara (2003).
El razonamiento de esta Sentencia fue reproducido y aplicado por las SSTS
(Cont.-Adm.), de 1 de junio de 2003 y 17 de diciembre de 2003, sobre nuevas impugnaciones del EGAE. Tambin la invoca la SAP Alicante 481/2003, de 18 de septiembre, que confirma la ilegalidad de un pacto de quota litis.
tencia argumenta que el artculo 44.3 EGAE no respeta como debera
la LDC y la libertad de pactos 16.
En este contexto polmico, la jurisprudencia se torna dubitativa.
Algunas sentencias se pronuncian por la nulidad del pacto de quota
litis 17, y otras se inclinan por su validez 18. Por la validez se decanta tambin el Tribunal Supremo en su importante Sentencia 357/2004 (Civil,
Sec. 1.), de 13 de mayo. El TS razona (FD 4.) que la prohibicin de
los pactos de cuota litis () no aparece en texto legal alguno, siendo
establecida nicamente en el citado precepto [art. 56.1] del Estatuto de
la Abogaca; de modo que una eventual sancin estatutaria tendra
una trascendencia exclusivamente limitada al mbito corporativo, circunstancia que impide entender que en el caso que nos ocupa los litigantes hubiesen llegado a establecer una clusula o condicin contraria
a las Leyes, a la moral o al orden pblico 19. Con esta Sentencia se
En su voto particular, el Magistrado J. E. Peces Morate considera un contrasentido que el EGAE y los Cdigos Deontolgicos continen prohibiendo un modo de
retribuir los servicios profesionales de los abogados que es comnmente admitido y
que () no slo no afecta a su independencia, sino que favorece la efectividad del
derecho a la tutela judicial y garantiza la libre competencia. Adems entiende que el
artculo 44.3 EGAP admite el pacto de cuota litis, si bien no autoriza las ltimas consecuencias de tal pacto, con lo que, en definitiva, incurre en la exigencia, cuestionada por los
demandantes, de establecer unos honorarios mnimos. Comparte la argumentacin del
voto particular, y sostiene que el artculo 44.3 EGAE es nulo, Vaquero Pinto (2005: 251).
La SAP Alicante de 18 de septiembre de 2003 declara la nulidad de un pacto
de quota litis por el cual el abogado pretenda el cobro desmesurado de honorarios,
consistente en un porcentaje fijo del 20 % del total de la indemnizacin a percibir en
su da por su defendido. La SAP Zaragoza 42/2004, de 27 de enero, sostiene que
ser preciso interpretar el acuerdo abogado-clientes en el sentido de que como
mnimo habrn de cubrirse los gastos o costes fijos de prestacin del servicio
(FD 3.). Del mismo parecer es la SAP Bizcaia 30/2005, de 12 de enero. Segn la
SAP Asturias 114/2005, de 29 de marzo, el pacto de quota litis estricto pone en riesgo la independencia y la libertad del abogado que deja de ser defensor para convertirse en socio de su cliente en pos de un resultado material, lo que, adems de adulterar
la funcin de la defensa, provoca el desamparo o discriminacin de los ciudadanos
que han de reivindicar derechos de escasa entidad patrimonial o cuya tutela resulta
dificultosa, y adems supone perjuicio para los restantes abogados que ven vulnerada
la competencia a travs de conductas desleales. Este reproche lo repite la SAP Asturias 86/2006, de 2 de marzo; y se reitera la nulidad en SAP Barcelona 496/2005, de 15
de septiembre; y SAP Valencia 207/2006, de 31 de marzo.
La SAP Madrid 460/2004, de 24 de marzo, se pregunta por la validez de un
pacto de quota litis y observa (FD 5.) que en la jurisprudencia civil, al menos en la
ms moderna, no es posible encontrar pronunciamientos en que apoyar la nulidad pretendida y que, polmicas aparte, no hay que olvidar que nuestro vigente Cdigo Civil
y el espritu de nuestro ordenamiento jurdico permiten la libertad de pacto en todas las
relaciones jurdicas, incluidas las de arrendamiento de servicios como las que prestan
los profesionales de la abogaca, de modo que dicho pacto ser vlido, como sostiene
que sucede en el caso de autos, si no viola alguna ley ni es contrario a la moral.
Para algunos esta sentencia ha dado va libre al pacto de cuota litis (Bercovitz, 2004) o por lo menos supone su definitiva y total validez civil (Lpez de la
Pea, 2004). Otros se muestran ms cautelosos (Salas 2004) o dudan que la ilicitud
sea slo corporativa (Vaquero, 2005). En todo caso, la sentencia, que confirma la
citada SAP Alicante de 27 de febrero de 1998, liga su razonamiento al supuesto de
afianza la lnea favorable a la validez en el orden civil de los pactos de
quota litis, ya iniciada por algunas Audiencias Provinciales 20.
As las cosas, la situacin legal del pacto de quota litis en Espaa
es hoy bastante imprecisa. Seguramente la tesis con ms fundamento
es que 1) desde el punto de vista Civil el pacto es vlido si no es abusivo, pues ya no se considera en s mismo contrario a la ley ni a la
moral en el sentido del artculo 1.255 del Cdigo Civil 21; 2) desde el
punto de vista administrativo el pacto es ilcito y sujeto a sancin disciplinaria, pues infringe el artculo 44.3 EGAE, cuya validez ha sido
confirmada; y 3) desde el punto de vista de la interpretacin prctica
de las normas corporativas, el pacto slo es perseguible cuando puede
suponer que los honorarios sean inexistentes o excesivos, pero no por
el hecho de vincularlos al resultado del asunto 22. Aunque en teora la
hecho que estudia un pacto de quota litis entre una Caja de Ahorros y un abogado
para una relacin continuada; pues el TS considera que nadie ignora que este sistema de retribucin de los servicios del abogado viene siendo comnmente admitido en
el mbito de las relaciones entre determinadas entidades (especialmente las financieras) y sus Letrados externos como frmula que interesa a ambos, por lo que ni perjudica al cliente ni a otros abogados (FD 4.).
Apoyndose en ella, la SAP Barcelona 275/2006, de 9 de mayo, afirma que el
pacto de quota litis constituye una prohibicin estatutaria pero no es contrario a la Ley
si, como acontece en este juicio, las partes aseguran el pago de los honorarios mediante
este sistema. Las partes lo establecen libremente (art. 1.256 del Cdigo Civil). En sentido similar, SAP Madrid 317/2006, de 6 de junio [FD 7.: slo en el supuesto de
apreciarse un vicio de consentimiento en alguna de las dos partes, ser posible declarar
la nulidad del pacto, situacin que no se da en el caso de autos.]; SAP Madrid 413/2006,
de 29 de junio; y SAP Madrid 431/2006, de 17 de julio [FD 3.: La cuestin se centra
en si ese pacto puede o no violar alguna Ley, que es la limitacin que en tal sentido
impone el artculo 1.255 del Cdigo Civil, y es claro que ninguna se viola]. Asimismo
la SAP Barcelona 693/2006, de 15 de diciembre, declara (FD 2.): Si el abogado asume
los costes de gestin y no se beneficia torticeramente de su cliente, el pacto es vlido as,
como manifestacin del principio de autonoma de la voluntad, en las relaciones de los
abogados con las entidades financieras. Ms sorprendente es la SAP de Cceres
203/2007, de 16 mayo, que reafirma la validez civil del pacto de quota litis, pero considera que no lo hubo en el caso porque se pact que el Letrado no percibira honorarios
si el recurso no prosperaba, como as sucedi.
La SAP Guadalajara 232/2004, de 8 de octubre, realiza un ponderado ejercicio
de reflexin sobre el problema de la validez del pacto de quota litis. Su punto de partida
es la STS de 1 de junio de 2003 segn la cual la prohibicin goza de suficiente respaldo
legal. Ahora bien, razona (FD 2.) que existe una lnea jurisprudencial que sostiene que
el incumplimiento de normas administrativas, como el EGAE no vicia de nulidad los
contratos civiles que siguen siendo vinculantes sin perjuicio de las consecuencias que se
deriven en el orden normativo y disciplinario correspondiente. Con todo aade
cabra en algunos casos fundamentar la nulidad del convenio de quota litis en su oposicin a la moral y buenas costumbres, en los supuestos en que la aplicacin del pacto de
cuota litis, vlido en principio desde la perspectiva de la autonoma de la voluntad, d
lugar a unos honorarios notoriamente desproporcionados respecto de los que seran exigibles conforme a las normas orientadoras; pues el rgimen de libre mercado no significa dar carta blanca para quien ocupe una posicin predominante.
No obstante, algn pronunciamiento reciente extiende la ilicitud corporativa
al mbito civil. As, el Auto de la AP de Madrid 153/2007, de 2 de julio, afirma (FD
2.) que el inveterado principio de interdiccin de la llamada cuota litis excluye la
prohibicin del pacto de quota litis sigue vigente, el alcance y efectos
de esta prohibicin son cada vez ms discutidos y ms reducidos 23.
LA DISPARIDAD DE CRITERIOS EN LA DEONTOLOGA
Hemos visto que la actitud hacia el pacto de quota litis y la interpretacin de las normas sobre la materia no es ni estable ni uniforme
en Espaa. Pues bien, lo es incluso menos en el panorama internacional si comparamos los criterios que rigen en distintos pases. En efecto, mientras que en Europa en general se ha venido rechazando y prohibiendo, en Estados Unidos ha sido admitido y es asiduamente
practicado desde hace aos, y en Hispanoamrica se admite con algunas reticencias. En esta seccin recoger algunos datos al respecto.
En Europa el rechazo del pacto de quota litis est extendido, al
menos en la teora y con referencia a una definicin estricta del mismo.
Su prohibicin es expresa en el Cdigo deontolgico de los abogados
europeos ya citado y segn la explicacin que lo acompaa refleja
la idea comn de que dicho pacto es contrario a la correcta administracin de justicia porque estimula la litigacin especulativa y es susceptible de abusos, pero no pretende impedir que los abogados sean
pagados segn los resultados o slo si la accin o el asunto tienen
xito, siempre que se haga con suficiente regulacin y control 24. El
rechazo histrico mayoritario ha venido reflejndose de forma diversa
en los distintos pases, pero hay muestras de que est quebrando 25.
adecuacin de la retribucin de los abogados al concreto valor de lo reclamado como
criterio exclusivo, pues ello conducira a la inaceptable consecuencia de frustrar el
derecho a una retribucin digna del trabajo en los asuntos de escasa incidencia econmica. Vaquero (2005: 262-265) propone interpretar el artculo 6.3. Cdigo Civil de
modo que la infraccin del EGAE no determina automticamente la nulidad del contrato, el cual debe someterse a las normas del Derecho privado pero evitando que su
nulidad aproveche a quien la crea.
La tendencia actual es hacia la permisividad del pacto de quota litis (Aparisi,
2006: 312). Las impugnaciones y crticas a la prohibicin muestran que hoy el rechazo no es en absoluto unnime (Vaquero, 2005: 249); y la realidad se impone en mbitos del ejercicio de la abogaca como el laboral, donde este pacto es una prctica
habitual (Trraga Poveda, 2003). Muestras de la actual tendencia son la amplitud de
lo que el artculo 16 del Cdigo Deontolgico exclua de la modalidad prohibida, y la
propia suspensin de vigencia de este artculo.
Por tanto este Cdigo admite el pacto de no cobrar si no se gana, prohibido en
Espaa por el artculo 44.3 EGAE.
La admisin parcial en algunos pases como Finlandia o Grecia (Martnez
Val, 1999: 252), el permiso expreso en otros de Europa central como Croacia y Eslovenia (Goldstein, 2002: 59), y sobre todo la admisin de honorarios condicionales en
los sistemas jurdicos del Reino Unido, son excepciones importantes. En general la
actitud est cambiando. En una reunin de abogados auspiciada por el Consejo de
Europa en 1997 se concluy que los pactos de quota litis no son en general aprobados por los Colegios en donde hay un sistema efectivo de asistencia jurdica gratuita,
En Austria el pacto de quota litis est prohibido por el Cdigo
Civil; y en Alemania se prohbe por reglamento y es considerado nulo
por la jurisprudencia federal (segn Martos, 1999: 1012 y 1013). Lo
prohben tambin Blgica y Dinamarca, salvo en los casos que el
CCBE autoriza; y Holanda, que lo admite asimismo para el cobro de
morosos (segn Campagne, 1994: 104, 111 y 183). En Francia est
prohibida por ley la quota litis entendida como remuneracin nicamente en funcin del resultado 26. En Italia el Cdigo Civil prohiba
todo pacto relativo a los bienes litigiosos, pero una reforma de 2006
dio paso a una prohibicin deontolgica ms matizada 27. La situacin
en el Reino Unido es ms original y vara algo segn el tipo de abogado (solicitor, barrister / advocate) y la jurisdiccin (Escocia o Inglaterra y Gales). En lneas generales, para asuntos donde no intervenga
tribunal o rbitro se permite el pacto de quota litis estricto, por el cual
el abogado slo percibir un porcentaje de lo que su cliente obtenga.
En esta modalidad de honorarios, que se denominan contingentes
(contingent fees), no hay remuneracin si no se obtiene nada (no win,
no fee). Y en algunos casos litigiosos civiles desde 1995 se permite
pactar que los honorarios sean condicionales (conditional fees); que
suelen consistir en una retribucin de costes o por las horas trabajadas
ms un suplemento prefijado si el caso prospera. 28 En Portugal, en fin,
pero pueden ser aceptables donde no hay un sistema financiado por el Estado; y
que debera considerarse la adopcin de un sistema de honorarios que pudiera tener
en cuenta los resultados de los casos y usar incrementos de honorarios que no suponga que el abogado reciba un porcentaje de la cantidad obtenida. [Ponencia por
Mullerat (1997: 55-65); conclusiones citadas en las Actas que la recogen, p. 159].
El artculo 10 de la Ley 71-1130, de 31 de diciembre de 1971, modificado por
la Ley 91-647 de 10 julio de 1991, prohbe establecer honorarios que slo guarden
relacin con el resultado judicial, pero permite acordar que se remunere la prestacin y haya honorarios complementarios en funcin del resultado obtenido o del
servicio ofrecido. Inicialmente se interpret que la prohibicin afectaba slo a las
actividades judiciales del abogado, pero la jurisprudencia posterior la extendi a todas
(Tandeau de Marsac, 2007: 13). Sobre honorarios, pero sin referencia directa al pacto
de quota litis, trata el artculo 10 del Decreto 2005-790, de 12 de julio de 2005, sobre
las reglas deontolgicas de la profesin de abogado, modificado por Decreto 2007932, de 15 de mayo de 2007.
El artculo 2.333 del Cdigo Civil prohiba al abogado cualquier pacto con su
cliente relativo a los bienes objeto de la controversia a su cargo. La Ley de 4 de agosto de
2006, n. 248, dio una nueva redaccin a dicho artculo para facilitar la concurrencia, en el
sentido de que son nulos, si no se redactan de forma escrita, los pactos celebrados entre
los abogados y los pasantes habilitados con sus clientes que establezcan retribuciones
profesionales. Aunque persiste en el artculo 1.261 del Cdigo la prohibicin genrica
de comprar bienes litigiosos, la modificacin del artculo 2.333 despej el camino para
admitir los pactos de quota litis. De hecho el Consiglio Nazionale Forense aprob el 14
de diciembre de 2006 una nueva redaccin en el artculo 45 del Cdice di Deontologia
(1997), que antes prohiba el pacto de quota litis (Goldstein 2002: 59) y ahora dice: Se
permite al abogado pactar con el cliente una retribucin en funcin de la consecucin de
los objetivos perseguidos, sin perjuicio de la prohibicin del artculo 1.261 del Cdigo
Civil y siempre que la retribucin sea proporcionada a la actividad desarrollada.
En el mbito de Inglaterra y Gales, The Solicitors Code of Conduct (2007)
establece que no deben pactarse honorarios contingentes cualquier suma (sea fija o
el pacto de quota litis est expresamente prohibido, pero definido de
modo muy estricto 29.
En los Estados Unidos los pactos de quota litis en la forma de
honorarios contingentes (contingent fees) estn plenamente aceptados, con ciertas salvedades, y de hecho son empleados habitualmente
por los demandantes de daos personales 30. Suelen consistir en un
porcentaje de la indemnizacin que en su caso se obtenga: tpicamente un tercio si el asunto se zanja por acuerdo sin juicio, el 40 % si se
gana tras un juicio y el 50 % si se gana tras un recurso 31. Estos pactos
estn sujetos a condiciones y limitaciones en las normativas deontolgicas, que varan de un Estado a otro. Es importante notar que estas
calculada como un porcentaje de lo obtenido o de otro modo) abonable slo en el caso
de xito por el trabajo de suscitar o defender asuntos litigiosos (regla 2.04). El abogado siempre debe evitar los conflictos de intereses entre su beneficio personal y lo
que beneficia a su cliente (regla 3.01). Adems no puede actuar con nadie que pida o
reciba honorarios contingentes en relacin a una muerte o a daos personales
(regla 9.01). Los honorarios condicionales segn los cuales en caso de xito el cliente paga los honorarios normales y un complemento pactado (pero no una parte del
resultado), y en otro caso no paga honorarios (aunque pueden pactarse) no se permiten en los asuntos penales ni en los de familia, pero desde 1998 s en todos los dems
asuntos civiles. Se rigen por la Courts and Legal Services Act de 1990 (reformada en
este punto en 1999), que exige adems que sean acordados por escrito (art. 58); y por
los cdigos de conducta (sobre todo por el de los solicitors, pues el de los barristers
no dispone nada especfico). stos prescriben complementos por xito fijos en los
casos de accidentes de trfico y otros; y limitan los honorarios mximos y los complementos (que no pueden exceder el 100 % de los honorarios normales). En Escocia el
pacto de quota litis est formalmente prohibido en el artculo 3.3 de las Solicitors
(Scotland) (Cross-Border Code of Conduct) Practice Rules (2003); pero se permite a
solicitors y advocates recibir honorarios especulativos (speculative fees) consistentes
en una remuneracin por horas slo si no se pierde el caso (Rickman, 1995). El Code
of Conduct for Scottish Solicitors (revisado en 2006), exige que los honorarios sean
razonables (art. 6).
El artculo 101 de la Ley 15/2005, de 26 de enero, que aprueba el Estatuto da
Ordem dos Advogados prohbe a los abogados celebrar pactos de quota litis, entendidos de modo que los honorarios dependan exclusivamente del resultado obtenido en
el asunto y consistan en una parte del resultado que el cliente obtenga; pero excluye
de la nocin el acuerdo que consista en la determinacin previa de la cantidad de
honorarios, aunque sea en porcentaje, en funcin del valor del asunto confiado al
abogado o por el cual, adems de los honorarios calculados en funcin de otros criterios, se acuerde una mejora en funcin del resultado obtenido.
Crystal (2000: 223). Estos acuerdos eran aceptados en la mayora de los Estados a fines del siglo xix y lo son en todos desde 1965 (Wolfram, 1986: 527). La facturacin para los demandados es con ms frecuencia por horas, pero existen honorarios contingentes inversos (la retribucin es un porcentaje de la indemnizacin que se
Segn Emons (2000: 21). Segn Crystal (2000: 224) es habitual una escala
25 %-33 %-50 %. Tan elevados porcentajes y la magnitud de algunas indemnizaciones producen en ocasiones honorarios desmesurados. Un caso llamativo result de la
demanda planteada por algunos Estados contra empresas tabacaleras, que se zanj
con un acuerdo por el que stas ofrecan una elevada indemnizacin. En diciembre
de 1998 se dictamin que a los abogados contratados por los Estados de Florida,
Texas y Mississipi les correspondan $ 8.200.000.000, de ellos $ 3.300.000.000 para
cinco abogados de Texas (The New York Times, 12 de diciembre de 1998).
reglas no son recomendaciones ticas como pudiera dar a entender el
nombre de la disciplina que las estudia, Legal Ethics, sino verdaderas normas jurdicas que rigen la conducta de los abogados y son
interpretadas y desarrolladas por los tribunales. Muchas normativas
estatales se inspiran en las Model Rules of Professional Conduct, un
cdigo aprobado en 1983 por la American Bar Association (ABA),
por lo que stas deben ser el punto de partida para conocer la situacin
deontolgica del pacto de quota litis en los EE.UU. Se admite y justifica sobre todo para facilitar el acceso a los servicios jurdicos de las
personas sin recursos econmicos; pero tambin cuenta con detractores, que lo relacionan con abusos y prcticas reprobables 32. Los principales lmites impuestos por las Model Rules figuran en la regla 1.5:
los honorarios deben ser razonables y pueden ser contingentes respecto del resultado del asunto; pero este acuerdo ser por escrito firmado por el cliente y establecer el mtodo por el cual se determinarn
los honorarios, incluyendo los porcentajes aplicables y los gastos
que sern deducidos de la base del clculo. Adems, los honorarios
contingentes estn prohibidos en la defensa penal y respecto de la
obtencin de un divorcio o respecto de la compensacin o contribucin por alimentos que resulte 33. Los Estados suelen imponer estos
lmites y algunas reglas especficas, que sera prolijo enumerar 34.
La aceptacin del pacto de quota litis es tambin comn en Hispanoamrica, si bien tal vez con ms prevenciones 35. En Mxico se
admite solamente si est celebrado sobre bases equitativas 36. En
En frase elocuente de Wolfram (1986: 528), su dudosa reputacin se gan
mediante una supuesta asociacin con la persecucin de ambulancias, el embaucamiento de jurados y la fabricacin de demandas espurias.
La ltima restriccin se justifica sobre todo para favorecer la reconciliacin
en los casos de familia; y por tanto no es en principio aplicable a la demanda de contribuciones ya debidas (Wolfram, 1986: 138-541; Crystal, 2000: 230-231). La prohibicin en los casos penales se ha defendido por el peligro de que el inters del abogado en el asunto corrompa la justicia; pero Wolfram (1986: 535 ss.) objeta que no hay
diferencia con los casos civiles.
Hay tambin algunas reglas federales aplicables, como las relativas a las
quiebras (Wolfram, 1986: 542). Para conocer la regulacin deontolgica particular
sobre los honorarios de los abogados en distintos Estados es muy til la American
Legal Ethics Library de la Universidad de Cornell: http://www.law.cornell.edu/ethics/.
Con frecuencia se quiere evitar que el abogado perciba elevados ingresos por una
gestin simple; y as los tribunales han denegado el tercio acordado respecto de una
indemnizacin por seguro de $ 26,373 resuelta sin pleito en una semana (Colorado),
o han exigido que el abogado asuma un riesgo genuino (Connecticut).
El Cdigo de tica Profesional de la Abogaca Iberoamericana, aprobado en
1984 en el VI Congreso de la UIBA, dice en la norma 47.2: Como criterio general se
considera al pacto de quota litis como poco digno para el decoro profesional y es
inmoral cuando no guarda relacin con la importancia del servicio profesional, dificultad del caso, o implique aprovechamiento indebido de la ignorancia, inexperiencia
o necesidad del cliente. Ver comentario pormenorizado de Martnez Val (1996),
ponente del texto.
Artculo 36 del Cdigo de tica Profesional de la Barra Mexicana (2006):
Solamente es admisible el pacto de cuota litis celebrado sobre bases equitativas,
Chile se afirma que el pacto de cuota litis no es reprobable en
principio 37. Y en Per se dice que no es reprochable en principio 38.
Tambin se acepta el pacto en otros pases, como Japn y Filipinas
(Martnez Val, 1999: 252).
EL DEBATE DEONTOLGICO Y SUS ARGUMENTOS
La discusin deontolgica sobre si el pacto de quota litis debe permitirse o prohibirse es muy viva, y lgicamente guarda relacin con la
disparidad que hemos visto en cuanto a su calificacin jurdica en
Espaa y su regulacin en distintos pases. En esta seccin expondr
los principales argumentos que maneja la doctrina a favor o en contra
de admitir este acuerdo de honorarios. Los agrupar en cuatro bloques
temticos, que permiten percibir mejor la riqueza del debate. El
prembulo del Cdigo Deontolgico de la Abogaca Espaola sirve
bien como introduccin: La cuota litis, en cuanto asociacin y participacin con el cliente en el resultado del pleito, pone en riesgo la
independencia y la libertad del abogado que deja de ser defensor para
convertirse en socio de su cliente en pos de un resultado material, lo
que, adems de adulterar la funcin de la defensa, provoca el desamparo o discriminacin de los ciudadanos que han de reivindicar derechos de escasa entidad patrimonial o cuya tutela resulta dificultosa 39.
teniendo en cuenta la posibilidad de no percibir los honorarios con sujecin a las
siguientes reglas: I). La participacin del abogado nunca ha de ser mayor que la del
cliente. II). El abogado se reservar la facultad de separarse del patrocinio o mandato,
y del mismo modo se establecer la facultad para el cliente de retirar el asunto al abogado y confiarlo a otro; ( ). III). Si el asunto se perdiere, el abogado no cobrar, excepto cuando se hubiere estipulado a su favor una suma razonable para cubrir los gastos.
En cambio el artculo 3.3. del Cdigo de tica del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de Mxico (1997) prohbe el pacto de quota litis en los trminos del Cdigo
deontolgico de los abogados europeos.
Artculo 35 del Cdigo de tica Profesional del Consejo General del Colegio
de Abogados de Chile; que aade que en tanto no lo prohban las disposiciones locales, es admisible cuando el abogado lo celebra y escritura antes de prestar sus servicios profesionales sobre bases justas, siempre que se observen las siguiente reglas,
semejantes a las del Cdigo de la Barra Mexicana (ver nota anterior).
Artculo 35 del Cdigo de tica de los Colegios de Abogados del Per (1997).
De no prohibirlo las disposiciones legales, es admisible cuando el abogado lo celebra por escrito antes de prestar sus servicios profesionales sobre bases justas y siempre que se observen unas reglas similares a las de Mxico y Chile (notas supra).
Ya se indic que en diciembre de 2002 fue suspendido de vigencia el artculo 16 del Cdigo, que prohiba la quota litis estricta pero no condicionar al resultado slo una parte de los honorarios. Esta salvedad supuso sin duda una suavizacin de la prohibicin (Gonzlez Bilbao 2007: 240) y para Torre Daz (2000: 338)
es deplorable. Pero Martnez Val (1996: 178) piensa que realmente ningn
autor mantiene la inmoralidad intrnseca de la quota-litis. Su inmoralidad se hace
depender de ciertas circunstancias que, por ellas mismas, se la comunican. En
2003 el VIII Congreso de la Abogaca Espaola insisti en el reproche: No es
Fuera de esta discusin deontolgica quedan algunos elementos relevantes: la tradicin histrica de la prohibicin 40; la realidad de su
prctica en muchos pases y tambin en Espaa; y, sobre todo, las
dudas sobre su legalidad. El debate que nos ocupar ahora no versa
sobre qu ocurre u ocurri con la prohibicin, sino sobre qu debe
La contribucin del abogado en la Administracin de justicia
El principal argumento a favor de permitir el pacto de quota litis es
que contribuye a la tutela judicial efectiva, pues hace posible que puedan contratar abogados en defensa de sus intereses personas sin recursos econmicos suficientes para proveer fondos por adelantado o para
pagarles sus honorarios regulares a no ser que obtengan lo bastante
del pleito 41. Frente a este razonamiento se opone que en realidad el
admisible el pacto puro de cuota litis, por ser una censurable manera de captacin
de clientela que en nada beneficia a quien lo hace, degrada la profesin y puede
comprometer la independencia del abogado. (Ponencia I, conclusin 5.); La
independencia del abogado resulta gravemente afectada cuando mezcla sus intereses con los del cliente. Al mismo tiempo, como es propio del contrato de arrendamiento de servicios, el abogado tiene derecho a que stos sean remunerados en todo
caso. La llamada cuota litis quiebra los anteriores principios. De un lado, la independencia del abogado queda mermada al depender su remuneracin slo del xito
y, de otro, existe la posibilidad de una prestacin gratuita lo que, desde luego, afecta a la competencia. (). Cosa bien distinta es la denominada prima de xito,
compatible con el cobro de unos honorarios profesionales, que debe ser admitida.
La admisin del pacto de cuota litis puro y, por tanto, la posibilidad de trabajar sin
contemplar siquiera unos mnimos costes de prestacin del servicio, perjudicara
grave y especialmente a los abogados ms jvenes con ausencia de medios para
hacer frente a dicha posibilidad, beneficiando, sin embargo, a las grandes firmas y
empresas de prestacin de servicios jurdicos con una importante capacidad econmica. (Ponencia IV, conclusin 3.). Estas conclusiones figuran como apndice en
Gonzlez Bilbao (2007: 557-573).
Pero relativizan el valor del juicio histrico Boccara (1984: 56), Amors
Rica (1984: 352) y Trraga (2003).
Pese a lo que sugiere el recin citado prembulo del Cdigo Deontolgico
espaol, el argumento tiene fuerza igualmente respecto de derechos de escasa entidad
econmica. El voto particular a la STS (Cont.-Adm.), de 3 de marzo de 2003, es muy
expresivo en este punto: la cuota litis es la nica forma de que los ciudadanos puedan
reclamar ante los tribunales de justicia pequeas cantidades que les son debidas por
terceros o que les han sido detradas por va de impuestos o de cualquier otra forma
recaudatoria por las Administraciones Pblicas, realidad que no requiere de ms
explicaciones por ser tan evidente que nadie promueve un pleito para reclamar una
suma que va a resultar absorbida por los honorarios del letrado que le asista, sin que
este argumento pueda enervarse con la invocacin de los riesgos de incremento de la
litigiosidad o de la posibilidad que los ciudadanos tienen de agruparse para ejercitar
colectivamente sus acciones, porque ni esto es siempre factible ni los tribunales de
justicia estn exclusivamente para atender reclamaciones de gran cuanta o de singular trascendencia jurdica o social, dado que el acceso a la justicia no puede quedar
condicionado al estatus econmico y social de quien pretende el reconocimiento de
un derecho, habiendo sido esta circunstancia la determinante del uso generalizado de
pacto beneficia al abogado 42 y que son preferibles los sistemas de justicia gratuita 43; pero la solucin no es sencilla. Por una parte, incluso
existiendo mecanismos de asistencia jurdica gratuita cabe justificar el
pacto de quota litis en cuanto permite la eleccin de abogado 44. Por
otra parte, es posible que la diferencia en los modelos seguidos en
Europa y los EE.UU. no sea slo de instrumentacin tcnica sino que
se deba a diferencias en las culturas jurdicas 45.
Los detractores del pacto de quota litis emplean como un argumento principal la idea de que el abogado cumple una funcin social
en defensa de la justicia y no es slo un defensor de los intereses de su
cliente 46. Si el abogado somete sus honorarios a lo que resulte del
pleito asume un inters propio y directo en ste y traiciona su funcin de colaborador del juez en la administracin de justicia 47. A este
la cuota litis en sentido estricto en determinados y concretos mbitos de la asistencia
Vigoriti (2003: 37); Torre Daz (2000: 338).
Aparisi (2006: 309). Martnez y Rodrguez (1998: 33) denuncian la
Como apunta Mazn (2002: 7), la cuota litis permite al cliente ms desfavorecido econmicamente el acceso a la justicia, sin tener que acudir al sorteo del
turno de oficio. Trraga (2003) recuerda la prctica comn en el proceso laboral
donde los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuentan por ley con
asistencia jurdica gratuita y ni siquiera precisan letrado, pero es frecuente que contraten abogados con pactos de quota litis y defiende que se acepte de derecho para los
abogados de los trabajadores esta realidad de hecho, en aras de la tutela judicial efectiva y de la homogeneidad con los graduados sociales; pero defiende asimismo la
necesidad de regular el pacto limitando el porcentaje del abogado en torno al 10%,
primando las soluciones conciliadas y admitiendo el cobro de algunas actuaciones
an perdiendo el pleito. Incluso Rosal (2007: 206), siendo contrario al pacto de quota
litis, propone eximir de responsabilidad deontolgica a los abogados laboralistas que
lo practican porque suelen hacerlo con causa en una posicin tica fundada en la
Seala Crystal (2000: 224): La diferencia en actitud hacia los honorarios
contingentes entre los EEUU y otras naciones refleja sistemas institucionales y factores culturales ms profundos. En muchos otros pases, se percibe la litigiosidad como
un mal, mientras que en los EEUU la litigiosidad es a menudo un mecanismo para
reclamar derechos importantes. Segn Goldstein (2002:60), el diferente enfoque
en los EEUU y Europa refleja, al menos en parte, la inclinacin de los EEUU por
utilizar el sector privado para garantizar bienes pblicos, y la preferencia tradicional
europea por las soluciones basadas en el sector pblico.
As Grande Yez (2006: 181-188). Como seala la SAP Alicante 135/1998,
de 27 de febrero, hay un inters pblico en que la actuacin profesional del letrado
no se vea directamente afectada por mviles econmicos; aunque sea una finalidad
sumamente discutible y ms en las actuales circunstancias econmicas y jurdicas.
Para Vias (1972: 336-337) el abogado no debe perder de vista que la esencia de la
profesin lo constituye en un servidor de la justicia y un colaborador de su administracin y que el espritu de lucro es extrao fundamentalmente a la actividad de la
abogaca.
Martos (1999: 1023). Bercovitz (2002) subraya este argumento. Segn
Vigoriti (2003: 31) en Italia con la prohibicin del pacto sobre todo se quiere preservar la funcin jurisdiccional contra la contaminacin que podra derivar de actuaciones defensivas viciadas por un inters personal. Se postula tambin una precisa
importante argumento se objeta que la funcin del abogado no es velar
por la justicia en abstracto, sino defender a su cliente 48. El punto de
vista que se adopte sobre esta cuestin determinar en gran medida el
parecer sobre si el pacto de quota litis debe prohibirse o permitirse, y
tiene a su vez mucho que ver con la cultura jurdica de cada pas: en
los EEUU predomina una visin del abogado muy comprometido con
su cliente (zealous advocacy, adversary system), mientras que en
Europa se espera cierta independencia y colaboracin con la Administracin de justicia 49.
Los deberes y derechos profesionales del abogado
Entre los puntos fuertes de quienes atacan la prohibicin legal o
deontolgica del pacto de quota litis est que la libertad de fijacin de
honorarios es una expresin ms de la libertad de pactos que no hay
razn para sustraer a los abogados y a sus clientes 50. La libertad para
concepcin del rol a desempear por el abogado, que si bien en una primera aproximacin se vincula con la defensa de los derechos de la persona, ello no excluye que,
adems, contribuya tambin a la actuacin del ordenamiento jurdico en orden a la
imparticin de la justicia. A su juicio este pacto termina por empaar las opciones procesales, dando a las mismas la desagradable apariencia de la conveniencia
personal (ibidem: 32); pero cree que la batalla a favor de la prohibicin de la cuota
litis est destinada a ser perdida, porque la concepcin del abogado como portador
ante todo de valores inmateriales, est cediendo a las presiones de las exigencias
empresariales de la profesin. (ibidem: 37).
Para Trraga (2003) la funcin de defensa letrada consiste en defender al
cliente y no al contrario. Reforzar esta funcin con un premio no la adultera, sino que
la refuerza y mucho ms si slo se cobra cuando se vence. Mazn (2002: 6) ironiza
que no ve al Consejo General de la Abogaca Espaola pidiendo la instauracin de
una seguridad social de abogados al modo que existe en la medicina.
Ruesschemeyer (1973: 134) cree que est en juego (1) si debe reforzarse la
independencia profesional y el papel desinteresado del abogado o puede admitirse
cierto debilitamiento; (2) si debe subrayarse, directa y tambin simblicamente, el
honor y dignidad de la profesin, especialmente su particularidad frente al mundo
empresarial (); y (3) si hay alguna alternativa a los honorarios contingentes para
proporcionar servicios jurdicos a los pobres y a las personas de escasos recursos. A
su juicio, en EEUU el principio acusatorio en el proceso y el ethos general toleran
una mayor medida de identificacin con la causa del cliente; se considera esnobismo
o incluso peligrosa la defensa del honor y dignidad de grupos diferenciados por
nacimiento, educacin u ocupacin; y la quota litis, ms que en Alemania, hace posible que sean defendidas pretensiones legtimas que de otro modo seran abandonadas
debido a la pobreza de sus titulares.
Para Casado Coca (1986: 8) la prohibicin ataca el principio bsico de la
libertad de pactos que no contradigan el orden pblico, la moral, las buenas costumbres. Campagne (1994: 440) defiende la libre competitividad frente a los lmites
al pacto de cuota litis. En la libertad de pactos insisti la Resolucin del TDC de 26 de
septiembre de 2002 citada. Trraga (2003) seala que en la Ley de Colegios Profesionales no hay ninguna delegacin para prohibir pactos como el de cuota litis, lo
que podra violentar la libertad de los contratantes de servicios jurdicos; y cree que
la prohibicin puede contravenir el principio de libertad, tanto en su versin constitucional (art. 1.1 y 9.2 CE) como en su versin civil (art. 1255 Cdigo Civil).
fijar los honorarios est reconocida en Espaa por el artculo 44
EGAE, pero choca con la prohibicin especfica del pacto de quota
litis en el mismo artculo. Esta prohibicin parece ir en contra de los
principios del Derecho espaol y comunitario, que favorecen la libertad contractual y de precios en un mercado abierto a la competencia,
aunque tambin admitan restricciones para evitar los abusos y proteger el inters general 51. En la medida en que no haya abusos ni disfunciones significativas, sino un acuerdo que en principio interesa a
ambas partes, no habra razn para prohibir el pacto de quota litis.
Pero este argumento liberalizador no convence a quienes creen que
asume equivocadamente una idea del abogado como un empresario
que participa en un mercado regido por la libertad de empresa 52.
En sentido inverso se argumenta que la renuncia a los honorarios
en caso de perder el pleito genera competencia desleal y por tanto
debe prohibirse 53. Frente a esto se seala que precisamente la prohibi51
La ya citada San (Cont.-Adm.) de 27 de junio de 2005 razon que el CGAE,
al prohibir la quota litis estricta en el Cdigo Deontolgico, estaba autorizado por las
normas espaolas y comunitarias sobre defensa de la competencia. Vzquez Albert
(2002: 208) explica que la justificacin econmica de regular una actividad profesional restringiendo la competencia es evitar que se reduzca la calidad de los servicios
por fallos en el mercado debidos a asimetras informativas (el cliente no sabe evaluar
la calidad del servicio profesional, de modo que lo elige por el precio y as desincentiva que se atienda a la calidad) o a externalidades (la prestacin de servicios puede
generar efectos sobre terceros, especialmente si es una actividad con trascendencia
pblica como la abogaca). Segn expone (ibidem: 212, 216), debe primar el principio
pro libertate; y las restricciones a la libre competencia deben someterse a una interpretacin estricta y ser necesarias y proporcionales para garantizar la calidad de los
servicios profesionales, teniendo en cuenta los beneficios de la libre competencia.
Sobre la cuestin ver tambin Moreno Liso (2004) y Vaquero (2005: 254 ss.), quien
recuerda que, segn los principios comunitarios, las normas restrictivas de la competencia al regular los servicios profesionales deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y justificarse por la asimetra informativa, las externalidades,
o el carcter de bien pblico de los servicios. Vigoriti (2003) tambin destaca la
orientacin hacia la libre competencia de la jurisprudencia comunitaria.
Para Medina Hernndez (2003: 67-68) los profesionales liberales colegiados no pueden ser equiparados a empresarios sujetos a los principios de la competencia, pues son colaboradores de la Administracin de Justicia y en su actividad profesional priman valores no exclusivamente patrimoniales, como la fama, el prestigio,
la experiencia y el buen hacer profesional. Torre Daz (2000: 340) alerta contra
la mercantilizacin: El dilema es si los criterios del mercado deben aceptarse en
ciertas esferas de la abogaca mercantilizndola o si debemos seguir la tradicin europea de cierto honor y dignidad de la profesin que impide ciertas conductas como el
pacto de cuota litis o ciertas formas de publicidad ms cercanas a la empresa que al
servicio de la justicia. Nosotros nos inclinamos, por las razones antes expuestas, a
considerar tal pacto profundamente injusto.
Martos (1999: 1023). Medina (2003: 72) contesta la obsesin por la liberalizacin absoluta de precios y advierte que si un grupo de jvenes abogados ofertara durante cierto tiempo la gratuidad de sus servicios terminaran daando al mercado y a los restantes operadores, pues evidencian comportamientos desleales
decididamente contrarios a la libre competencia. Medina seala que la rebaja de
precios podra llevar a una infravaloracin de los servicios profesionales, e indirectamente, una progresiva prdida de su calidad (ibdem: 73); y provocar comporta-
cin es un obstculo a la libre competencia, porque impide abrirse
paso a nuevos abogados que estaran dispuestos a condicionar sus
honorarios al xito para competir con firmas ya asentadas 54.
A favor de prohibir el pacto de quota litis se alega con frecuencia
su colisin con los deberes de independencia, libertad e integridad
nucleares en la deontologa del abogado. Se razona que mediante
dicho pacto el abogado se asocia con su cliente y asume los intereses
de ste como propios, lo cual socava su libertad de actuacin. 55 A esto
se objeta que tal acuerdo no tiene por qu comprometer la independencia del abogado. 56 Tambin se invocan como motivo de prohibimientos restrictivos de la competencia como el abuso de posicin de dominio en una
pequea localidad por parte de una firma o bufete que ofrezca precios que sus competidores no pueden asumir (ibidem: 76). Ver tambin las conclusiones del VIII Congreso de la Abogaca Espaola citadas en nota 39.
Ver la Resolucin del TDC de 26 de septiembre de 2002, citada (FD 6.).
Coinciden con su argumentacin Bercovitz (2002), Trraga (2003) y Vaquero (2004).
Martos (1999: 1019-1020) seala que tras el pacto abogado y cliente comparten el mismo fin y son consortes, lo cual no excluye que tambin haya contraposicin de intereses entre ambos. Torre Daz (2000: 339) es elocuente: El pacto hace
que el abogado pierda su independencia. El pacto convierte al abogado en un mercader (). A travs del pacto de cuota litis el abogado adquiere inters directo y cierto
en el pleito y esto puede hacerle desviarse en los fines y medios del objetivo de la
justicia por la posible codicia del letrado. Para Gmez y Caabate (2002) la proteccin de la tica y la competencia profesional nicamente son posibles si se impide que el abogado tenga participacin en el resultado del pleito, confundiendo sus
intereses con los del cliente. Lo cual debera llevar a prohibir no slo el pacto de
cuota litis en sentido estricto, sino todo pacto de cuota litis. Para Medina (2003: 79)
la quota litis estricta (o se gana o no se cobra) compromete seriamente () la independencia del abogado, y lo hace especialmente en cuanto ste acta como servidor
pblico de la justicia, sujeto a mandatos ticos, deontolgicos, de base histrica y
jurisprudencial, que necesariamente debe conjugar con el inters particular de su
patrocinado. Tambin se refiere a este argumento Aparisi (2006: 310). Y Rosal
(2007: 208) seala que la industria del pleito, en la que se busca litigar como negocio por medio de pactos de quota litis del 30 % 50 %, ya no se trata de una infraccin contra la dignidad de la profesin, sino contra el principio general de integridad
consagrado en el artculo 4 del CD, destinado a preservar la lealtad con el cliente y con
la funcin de la defensa y su finalidad en relacin con la Justicia y su Administracin.
Alonso Prez (1997: 397) cuestiona que con el pacto el abogado pierda
necesariamente su independencia y objetividad, y aade: Adems, las leyes procesales permiten a un abogado postular por sus propios intereses o por los de sus familiares, y en estos casos no se considera ni inmoral, ni contrario al orden pblico la falta
de independencia u objetividad del prestador del servicio jurdico respecto al litigio.
Segn ella, la objetividad no la proporciona al abogado la falta de participacin econmica en el asunto que indudablemente la tiene aunque no concierte un pacto de
cuotalitis, sino los conocimientos jurdicos especficos sobres los cauces legales por
medio de los cuales lograr la pretensin del particular prestatario. Esto es lo que establece la diferencia entre el apasionamiento del particular y la objetividad del profesional. La forma de determinar los honorarios no incide necesariamente en esa independencia. Y, en cualquier caso, esto ltimo sera lo reprobable, no la existencia del
pacto. Mazn (2002: 6) apunta que el pacto no merma la independencia: Ms bien
todo lo contrario, pues al no recibir honorarios del cliente durante el proceso el abogado goza de una ms slida posicin de independencia para defender el asunto segn
cin los principios deontolgicos de correccin y desinters (Lega
1983: 127). En contraste, hay quien defiende el pacto como un modo
de premiar la productividad 57.
Otra razn frecuentemente aducida para prohibir los pactos de
quota litis por los cuales el abogado slo cobrar en caso de xito (y
en funcin de ste) es que con ellos se desprecia el trabajo del abogado y por tanto la dignidad de la profesin, puesto que no se valora la
tarea realizada sino slo el resultado obtenido. Se reclama, para dignificar la profesin, que sea obligatorio pagar y cobrar honorarios, en la
cuanta que corresponda 58. Desde una perspectiva histrica llama la
atencin este argumento, pues la nocin de honorarios sobrevino
como un modo de retribuir una labor que se consideraba esencialmente gratuita y no sujeta al salario propio del arrendamiento de servicios 59. Pero lo cierto es que autores partidarios de admitir la quota litis
acogen este reparo, y consideran que cabe exigir el cobro de honorarios mnimos 60. Otros, en cambio, ven razonable cobrar slo en caso
de xito, por la obra y no por el servicio.
mejor crea. Prez-Serrano Juregui (2002: 155 y 138) se muestra escptico respecto del argumento de la independencia, aunque en general se pronuncia contra la
adquisicin de intereses personales en el pleito. Trraga (2003) seala que la
independencia y la libertad del abogado estn al servicio de la pretensin de su defendido, el abogado se debe a su cliente y el pacto de cuota litis refuerza la vinculacin
de la libertad y la independencia del letrado al triunfo de su defensa; porque slo
cobra si gana el pleito.Vaquero (2004: 255-256) reprocha que el argumento de la
independencia del abogado encierra una presuncin de mezquindad del profesional
que recurre a la forma de retribucin prohibida.
Trraga (2003) ve razonable que se cobre ms cuando se ha ganado el pleito, igual que un trabajador cobra un complemento salarial de productividad si produce
ms o un vendedor cobra ms si vende ms.
Rosal (2007: 202) escribe sobre la prohibicin comentada que el bien jurdico protegido por la norma es la dignidad de la funcin de la defensa, que se ve atacada por el pacto de quota litis tanto de forma directa como indirecta, pues lo primero
que quiebra el abogado cuando propone o acepta el pacto es la propia dignidad personal, y con ella, adems, la de su funcin. Y lo hace porque est aceptando trabajar sin
cobrar en el caso de perder el pleito, que su trabajo nada vale si no lo gana y, por
tanto, que slo ser digno si triunfa en lo pretendido. Pero ataca de forma directa la
dignidad de la funcin de la defensa, porque el pacto implica la aceptacin por el
abogado de que slo despojndose de todo inters econmico en el fracaso acreditar
a su cliente que se entregar de verdad a la defensa encomendada con todo su inters,
dedicacin y diligencia. (Cfr. nota 45 supra sobre los abogados laboralistas). Martnez y Rodrguez (1988) se remiten a la SAP Granada de 28 de octubre de 1994:
slo faltara que los abogados slo cobraran cuando ganasen los pleitos, los mdicos
cuando sanaran a los enfermos, los policas si descubriesen a los delincuentes, los
jueces cuando se confirmaran sus sentencias. Vzquez Guerrero (1996: 95) opina
que si el abogado cobra por debajo del mnimo establecido por el Colegio sufrira el
principio de dignidad que debe adornar su actividad.
Rodrguez-Ennes (1994: 363-364). El cobro de honorarios se legitim definitivamente a mediados del s. I d.C.
Boccara (1984: 57) cree que al defender que el abogado perciba honorarios
por sus diligencias se mezclan la discusin sobre la validez del pacto de quota litis y
sobre sus modalidades, pues basta preguntarse si el abogado que debe percibir una
remuneracin razonable y apreciable por sus diligencias puede o no fijar con su clien-
De hecho, la modalidad contractual que liga al abogado con su
cliente es tambin una razn invocada a veces para rechazar el pacto
de quota litis, pues se dice que convertira en un contrato de obra lo
que debe ser un arrendamiento de servicios 61. Frente a ello se aduce o
bien que no deja de ser un contrato de servicios, o bien que no importa que lo sea de obra 62.
te el importe de los honorarios complementarios que percibir en caso de xito; y
propone un pacto complementario de proporcionalidad con la posibilidad de exigir
el pago previo de una parte de los honorarios. Amors Rica (1984: 354) coincide en
que las diligencias de tramitacin no admitiran nunca el pacto de quota litis, pero s
podran, con carcter previo, establecerse unos honorarios especiales dentro de ciertos lmites complementarios en funcin del resultado. Alonso (1997: 398) lo ve as:
En mi opinin, la existencia de un pacto de cuotalitis no ha de ser necesariamente
inmoral. Y, en cualquier caso, la inmoralidad derivara del hecho de que supone un
agravio para la dignidad de la profesin, en la medida en que el trabajo del profesional quedara sin remunerar en ciertos casos. Se tratara, por tanto, en todo caso, de
principios ticos relacionados con la forma de valoracin del trabajo profesional.
Por eso, podra optarse por la validez del pacto de cuotalitis como medio de determinacin del precio, siempre que no implique la posibilidad de que el abogado se quede
sin retribucin. (ibidem: 439).
Martnez y Rodrguez (1998: 37) creen que con la quota litis la prestacin
del abogado sera un arrendamiento de obras sui gneris, donde el letrado se obliga a
la consecucin de un resultado, pero el profesional, en el orden jurdico, no puede
garantizar a su cliente un resultado favorable, sino que slo adquiere el compromiso
de emplear los medios adecuados, toda vez que el resultado es completamente aleatorio y depende de factores extrnsecos; de modo que hay un arrendamiento de servicios, sin tener en consideracin su resultado. Martos (1999: 1018-1019) tambin
cree que la quota litis desvirta la esencia del contrato de servicios pues si la condicin no se cumple no habr precio, siendo de esencia, en el contrato de servicios,
que lo haya; y la contraprestacin se establece en funcin del resultado y no del
servicio. Ella lo ve como un contrato de sociedad para obtener lucro partible (ibidem: 1023). Segn Alonso (2007: 390-391) el pacto de quota litis supondra convertir en elementos objetivos de la relacin cosas que se encuentran fuera del comercio de los hombres, como pueden ser la justicia en las actuaciones judiciales, o la
libertad de los individuos en otro tipo de negociaciones, debiendo considerar, entonces, la relacin contractual nula de pleno derecho por contravenir lo dispuesto en el
artculo 1.271 del Cdigo Civil; de ah que la prohibicin de este pacto en el EGA
deba interpretarse en el sentido de que no caben contratos de obra el mbito de los
servicios jurdicos. Ahora bien aade (ibidem: 436), si se desnaturalizara dicho
pacto, asegurando cierta remuneracin al profesional para el caso de que no se obtenga el resultado pretendido, el contrato celebrado sera vlido () al no constituir ya
Serra Rodrguez (1999: 87) indica que segn la jurisprudencia tanto los contratos de obra como los de servicios pueden retribuirse en atencin al tiempo empleado
o a la importancia y extensin de la obra; y as en el contrato de servicios puede pagarse por pieza o a destajo. Para Serra (1997: 190-191) el arrendamiento de servicios en
cuanto tipo contractual genrico, susceptible de comprender la prestacin de servicios
de cualquier naturaleza y bajo cualquier forma, constituye el esquema contractual tpico
a travs del cual se articula, por regla general, la relacin de servicios con abogados, si
bien propone integrarlo con las normas del mandato. Para Bercovitz (2002) que en
principio las actuaciones de los abogados se vengan canalizando a travs del contrato de
servicio no debe ser obstculo a que los honorarios sean aleatorios; pero el propio
Bercovitz (2004) advierte que el pacto de quota litis supone una desnaturalizacin
del contrato de servicios, que pasa a tener un claro componente asociativo, lo cual ha
El inters del cliente
El debate no resulta ms clarificador cuando se discute si el pacto
de quota litis beneficia o perjudica al cliente. En el primer sentido se
apunta que el pacto provoca que el abogado se implique ms en el
asunto y ello redundar en una mejor defensa de los intereses del
cliente 63. A esto se objeta que vincular la calidad de la defensa a los
honorarios pone bajo sospecha a los abogados, y en especial a los que
participan en el turno de oficio 64. Tambin se aduce que el pacto interesa al cliente en cuanto que no tendr que pagar si su pretensin no
prospera 65. Y algunos estudios econmicos concluyen que en ciertos
casos el pacto de quota litis favorece a los clientes 66; aunque otros
sugieren lo contrario 67.
de producir consecuencias. Trraga (2003) insiste en la libertad para celebrar cualquier tipo de contrato. Para Vaquero (2005: 259) la relacin abogado-cliente no tiene
por qu ser siempre un arrendamiento de servicios; y adems en ste cabe prestar servicios de forma gratuita o convenir una remuneracin aleatoria. Tambin el ya citado voto
particular a la STS de 3 de marzo de 2003 afirma que la libertad de pactos establecida
por el artculo 1255 del Cdigo Civil permite configurar la relacin entre el abogado y
su cliente como un contrato de ejecucin de obra, en el que slo la consecucin de un
resultado legitima el cobro del precio; y observa que con la modalidad de quota litis
permitida por el EGAE y el Cdigo Deontolgico cuando en ningn caso se renuncia
a honorarios se est configurando el contrato entre abogado y cliente como un arrendamiento de obra, pues salvo ese mnimo coste del servicio, que tendr que pagar el
cliente, el resto de la retribucin se puede convenir en atencin al resultado de la encomienda, pleito o gestin.
El pacto evita lo que los economistas anglosajones denominan moral hazard:
el riesgo de que el abogado, mejor informado que su cliente, acte sin su cuidado
normal ya que no ha de asumir todas las consecuencias de sus acciones como agente.
Este argumento se aplica en menor medida a las grandes firmas de abogados que a los
abogados individuales (Garoupa y Gmez-Pomar 2007). Defiende el argumento
Trraga (2003).
Martnez y Rodrguez (1998: 33); Torre (2000: 338). Inversamente se
alega que la renuncia a cobrar si no se gana disminuye la calidad del servicio prestado. Discrepa Vaquero (2005: 257).
Casado (1986: 7-8) resume la ventaja para los clientes en que, si pierden el
litigio, no adeudan nada a sus letrados; que tal es la esencialidad del rgimen de quota
litis. Es decir, nos hallamos ante una de las especies procesales ms dignas y ticas en
materia de honorarios profesionales. Por eso afirma (1987: 27) que en la medida en
que la quota litis constituye una norma favorable y un derecho para los ciudadanos y
justiciables, tambin supondra la prohibicin corporativa una restriccin de derechos individuales ciudadanos para defender denuncia intereses extracorporativos, como los de las aseguradoras. Por otra parte, que el abogado asuma el riesgo se
aporta como justificacin de que reciba parte de las ganancias que se produzcan
(Wolfram 1986: 528).
Danzon (1983: 219): Aunque no puede mostrarse que el resarcimiento previsible u obtenido por el demandante reacio al riesgo ser necesariamente mayor con
honorarios contingentes que con honorarios por horas, su utilidad previsible es indudablemente mayor con honorarios contingentes.
Segn Emons (2000: 23), el anlisis econmico muestra que el abogado con
honorarios contingentes procurar llevar muchos casos de modo estndar en vez de
esforzarse ms en algunos, mientras que al abogado que cobra por horas le ser indife-
En contra del pacto de quota litis se alega que produce un potencial
conflicto de intereses entre abogado y cliente, a pesar de asociarlos.
En primer lugar, la informacin de ambas partes es normalmente desigual (asimtrica), y puede dar lugar a conductas abusivas si el abogado se aprovecha del cliente necesitado o que ignora la dificultad y
expectativas del caso 68. A esto se replica que todo abuso es reprobable
pero la quota litis no es necesariamente una causa 69. En segundo lugar,
al abogado retribuido con quota litis puede tentarle plantear demandas
con escaso fundamento que eventualmente perjudicarn al cliente, por
ejemplo si hay condena en costas 70. A este reparo se contesta que el
rente, por lo que se concluye que pagar al abogado por horas es generalmente mejor
que aplicar honorarios contingentes, pues implementa el comportamiento eficiente
(ibidem: 30). Baik y Kim (2007: 358) concluyen asimismo que si el demandante en un
proceso por daos puede financiar anticipadamente los servicios de un abogado a un
coste razonable, le beneficiara pagarle por horas; y por tanto a los demandantes les
favorecera un sistema de plizas de seguro para litigios con primas moderadas, como
existe en varios pases europeos, en lugar del pacto de quota litis habitual en los EEUU;
pero aaden que este sistema es no obstante preferible sobre el sistema del seguro para
reducir el nivel de gastos y esfuerzo del conjunto de los litigantes.
Wolfram (1986: 529) recoge la crtica segn la cual los abogados usan su
mayor conocimiento de los riesgos y costes para fijar su porcentaje sin apenas relacin
con el tiempo y dinero que arriesgan. Crystal (2000: 224) menciona algunas propuestas para limitar los conflictos de intereses planteadas sin xito en los EEUU. Para Martnez y Rodrguez (1998: 35) es realmente en el abuso donde debe buscarse la razn
de la prohibicin; y debera excluirse el propsito de lucro excesivo o, cuando menos,
el no obtenido de modo correcto y decoroso. La posibilidad de abusos es tambin
motivo de prohibicin para Martos (1999: 1023). Segn Torre (2000: 340) el pacto
hace cobrar ms al abogado que lo que merecera por el trabajo realizado; y beneficia
ms a los abogados que a los clientes. Para Vigoriti (2003: 37) no es verdad que el
abogado arriesgue, sino que lo cierto es todo lo contrario, es decir, quien arriesga es el
cliente, contrayente dbil y merecedor de tutela. Medina (2003: 77) cree que el cliente puede terminar pagando un precio mayor por el mismo servicio.
Para Boccara (1984: 56) existen menos riesgos de deshonestidad ()
cuando el abogado debe o ha de tender hacia el xito de su causa que por parte del
abogado que, poseedor de un convenio al tanto alzado, puede verse instigado a introducir de forma inconsiderada procedimientos difciles y aleatorios. Para Alonso
(1997: 398) es ticamente reprobable que un profesional se aproveche de la situacin de inferioridad en que se encuentra su cliente, pero esto no va necesariamente
vinculado a la existencia de un pacto de cuotalitis. En cualquier caso, la admisin de
la quota litis suele condicionarse a que no sea abusiva; y, por ejemplo, se considera
inapropiada si el supuesto carece de incertidumbre y el abogado no asume riesgo
alguno (ver Wendel 2007:78).
Vias (1972: 350); Gmez y Caabate (2002). Segn Emons (2006: 22) el
abogado que perciba honorarios contingentes adoptar una estrategia de riesgo, por lo
que habr un conflicto de intereses potencial con el demandante reacio al riesgo,
quien preferir honorarios condicionales si el coste bsico no es muy alto. Sin embargo, puesta al margen la actitud hacia el riesgo, segn Emons y Garoupa (2006) los
honorarios contingentes son ms eficientes que los condicionales pues con aqullos el
abogado decidir cunto esfuerzo pondr en el caso teniendo en cuenta la informacin sobre lo que est en juego. Por otra parte, Emons (2007) explica que a igual
fundamento del caso, cuando el cliente conoce mejor que el abogado los riesgos sobre
lo que cabe obtener del asunto, el cliente preferir honorarios condicionales si el riesgo es alto y contingentes si el riesgo es bajo, de forma que el abogado ofrecer hono-
abogado ms bien evitar los pleitos frvolos sin perspectivas de xito 71. En tercer lugar, normalmente al abogado le interesar obtener un
alto rendimiento de su tiempo y esfuerzo ocupndose de casos rentables y llegando cuanto antes a un acuerdo, mientras que el cliente preferira ms dedicacin para obtener el mayor resarcimiento posible; o
bien al contrario: en los casos de mayor enjundia y duracin el abogado querr perseverar buscando una elevada remuneracin, mientras
que el cliente preferira zanjar el asunto 72. Pero tambin esto se pone
en duda 73.
La utilidad pblica
Un ltimo motivo de discusin sobre si debe o no admitirse el
pacto de quota litis se refiere a su repercusin desde el punto de vista
de la utilidad pblica o el bienestar general. Algunos de los razonamientos expuestos revierten aqu, como el que defiende el pacto por
rarios contingentes para evitar atraer slo a clientes de alto riesgo; por lo cual (en
EEUU) tras las demandas de responsabilidad extracontractual suele haber honorarios
Para Wendel (2007:74) los honorarios contingentes desincentivan los pleitos
frvolos porque un pleito frvolo es improbable que resulte en una sentencia o un
acuerdo del cual el abogado pueda obtener honorarios. Segn Danzon (1983: 220),
algunos pleitos que seran suscitados por un cliente neutral hacia el riesgo y completamente informado sern rechazados por un abogado neutral hacia el riesgo con honorarios contingentes. Trraga (2003) razona as: El letrado cuyos honorarios
dependen de una sentencia favorable rehusar las demandas bagatela y sin fundamento, que le generan poca retribucin y mucho trabajo. Por el contrario, el letrado cuya
retribucin se fija por el solo hecho de interponer una demanda puede verse tentado
fcilmente a introducir de forma interesada procedimientos y recursos sin fin, porque
ms pleitos (ganados o perdidos) y ms actuaciones judiciales aumentan su peculio.
En sentido similar Vaquero (2005: 256).
Wolfram (1986: 529); Rhode (2007: 7). No obstante, Gravelle y Waterson (1993: 1218-1219) sostienen que a menos de que el abogado ponga de hecho un
mayor peso en sus intereses que en los de su cliente, la probabilidad de que sea aceptada una determinada oferta es menor con contratos contingentes que con contratos
normales. La bsqueda de rentabilidad del abogado (como obviamente su negligencia o incompetencia, cuando sea el caso) puede producir un dao significativo al
cliente, que no obtendr lo que podra. Segn Schoonbeek y Kooreman (2005), en
un contrato ptimo el abogado debera pagar una penalizacin al cliente si el resultado es malo.
Kritzer (1998) explica cmo los abogados proponen a sus clientes acuerdos
en los que aqullos estn interesados, pero advierte que la reputacin que les conviene
es la de agresividad y no la de estar dispuestos a acuerdos rpidos. Kritzer y Krishnan (1999: 348-349) insisten en que hay importantes restricciones econmicas
sobre los abogados que tienen como efecto evitar que descuiden los intereses de sus
clientes, pues han de pensar en sus intereses a largo plazo, en su capacidad para
conseguir futuros clientes, para la cual es clave su reputacin. Polinsky y Rubinfeld (2002) advierten que si tomamos en consideracin que los abogados no ponen
tanto tiempo en preparar los juicios como interesa a sus clientes, hemos de reconsiderar la idea comn de que los abogados llegan a acuerdos extrajudiciales antes de lo
que conviene a sus clientes.
su utilidad para que tengan tutela jurdica los derechos de personas
que de otro modo no podran permitirse contratar a un abogado 74. En
contra se alega, sobre todo, que la permisividad del pacto aumenta la
litigiosidad, ya sea porque el particular tendr menos reparos para iniciar un pleito si no tiene nada que perder o ya sea porque al abogado
le puede interesar plantear demandas con escaso fundamento si espera
obtener elevados ingresos en caso de xito 75. A este argumento se responde como vimos que el abogado que asume un riesgo econmico
ser ms cauto a la hora de litigar 76. Por otra parte tampoco estn claras las consecuencias del supuesto incremento de los litigios: habr un
til efecto disuasorio en las potenciales amenazas de los derechos;
pero cabe esperar tambin prcticas excesivamente proteccionistas en
las actividades ms expuestas a demandas (como la medicina), tales
como la acumulacin ineficaz de procedimientos o la cobertura de la
responsabilidad civil con seguros sobredimensionados que repercuten
en el precio de los servicios 77.
5. EL PACTO DE QUOTA LITIS COMO PROBLEMA DEONTOLGICO
La incertidumbre sobre la situacin jurdica del pacto de quota litis
en Espaa, la disparidad en las actitudes dominantes respecto a su
admisin o prohibicin en distintos pases, as como la vigencia y
complejidad del debate argumental sobre su legitimidad, por separado
y en conjunto, invitan a preguntarse sobre el sentido e implicaciones
de las reglas deontolgicas relativas a este polmico pacto, e incluso
sobre el de las normas deontolgicas en general. Concluir este trabajo con unas breves reflexiones sobre esta cuestin. Las dudas suscitadas pueden plantearse as: Qu obligacin deontolgica tienen los
abogados espaoles respecto al pacto de quota litis? Es distinta en
Wolfram (1986: 528) observa que los honorarios contingentes no seran
necesarios si hubiese un mercado para comprar y vender causas litigiosas, pero tal
mercado est prohibido legalmente.
Martos (1999: 1024); Torre Daz (2000: 340); Gmez y Caabate (2002);
Goldstein (2002: 51).
Para Gravelle y Waterson (1993: 1219) es imposible predecir a priori si
habr ms o menos juicios. Wendel (2007: 78) zanja: En ltimo trmino, sta es
una cuestin emprica, y la investigacin disponible parece mostrar que la financiacin por honorarios contingentes apenas tiene efecto en el nmero de pleitos civiles
Rubinfeld y Scotchmer (1993: 354-355). Peck (1977: 142-143) observa
que el precio de los seguros de responsabilidad civil (y con ello el coste de establecerse en profesiones como la mdica), crece tanto por el incremento de litigios que resultan en una indemnizacin como por el incremento de demandas planteadas con el
nico propsito de lograr un acuerdo, y que suelen resolverse con una cantidad para
evitar ms molestias.
los abogados de otros pases? Por lo dems, cmo se establecen y
conocen las obligaciones deontolgicas de los abogados? Comencemos por esta ltima pregunta, que tiene carcter previo.
La conducta de los abogados est gobernada heternomamente por
el Derecho y por una serie de criterios sobre el comportamiento considerado aceptable que forman lo que se conoce como deontologa profesional. A menudo estos criterios estn reforzados por el Derecho y
la obligacin deontolgica es tambin una obligacin jurdica ya sea
porque la conducta debida es tambin exigida por el Derecho, ya sea
porque ste atribuye consecuencias de algn tipo al incumplimiento
del deber deontolgico 78, pero no siempre sucede as. Cuando los
deberes o prohibiciones deontolgicos no son a su vez jurdicos resulta ms acuciante preguntarse por el sentido y procedencia de estas
normas. Pues bien, la deontologa profesional, el conjunto de criterios
sobre la conducta apropiada de quienes participan en una determinada
profesin como la abogaca, puede entenderse de muy diversos modos,
pero entre ellos destacan dos 79. El primero es considerarla una rama
de la tica normativa o aplicada; el resultado de una investigacin
filosfica sobre la moral. En esta versin, la deontologa de los abogados se determina y conoce por las conclusiones de la tica crtica
sobre la conducta correcta de los abogados. El otro modo destacado
de entender la deontologa profesional es como un tipo de moral social
cuyo mbito de aplicacin es el ejercicio de una profesin en un determinado momento y territorio; y ms en concreto, el parecer generalizado o mayoritario de quienes la practican sobre cules son sus deberes de conducta especficos como profesionales, ms all de sus
deberes jurdicos. En esta segunda versin, la deontologa de los abogados la determinan sobre todo los juicios morales de los propios abogados sobre su actividad y se conoce mediante las manifestaciones de
tales juicios y su concrecin en actitudes, en usos y, particularmente,
en cdigos deontolgicos y normas similares aprobadas colegiadamente 80. Aunque creo que una comprensin cabal de la deontologa
Como explica Glvez Montes (2002: 318), la pertenencia a un Colegio Profesional se configura jurdicamente como una relacin de supremaca especial que
somete al colegiado a la potestad disciplinaria del Colegio, cuyo mbito se extiende a
las normas deontolgicas.
Lega (1983: 24-25) lo plantea de un tercer modo: Las deontologas tienen
un carcter preferentemente tico y presentan puntos de contacto con las normas de la
costumbre. Tienden a transformarse en normas jurdicas. Su contenido sustancialmente moralista no autoriza, sin embargo, a considerarlas como normas de carcter
moral. De manera general, todo comportamiento del profesional que no tenga un
carcter meramente tcnico, pero que est vinculado de cualquier forma al ejercicio
de la profesin, entra en el mbito de la normativa deontolgica.
Se invoca aqu el ethos profesional al que alude Andruet (2000: 40): un
conjunto de creencias, intereses y valores que aparecen vigentes y comunicables entre
los integrantes de la misma comunidad. Se puede hablar legtimamente en consecuencia de un ethos profesional del abogado, del mdico, etctera. Segn explica (ibidem: 42), la tica profesional no se inspira en la existencia de un cdigo de tica
nos encamina hacia la primera acepcin, sin embargo es ms comn
entender la deontologa profesional del segundo modo 81.
Si concebimos la deontologa profesional como una aplicacin de
la tica crtica, la cuestin de por qu obliga tiene una solucin relativamente fcil: obliga como la tica, por definicin (porque la tica
proporciona la respuesta ltima a la pregunta sobre qu debemos
hacer). Si, en cambio, concebimos la deontologa profesional como la
expresin (codificada o no) de los juicios morales tpicos de los profesionales sobre su actividad, entonces la cuestin de por qu obliga es
ms compleja. Como respuesta caben varias estrategias, el escepticismo una de ellas, pero la que estimo ms convincente puede exponerse
sucintamente as: en tanto en cuanto la respuesta de la tica a qu
debemos hacer es a menudo incierta (por desacuerdo sobre el criterio
a seguir o por insuficiente informacin sobre cmo aplicarlo), y a falta
de un juicio personal cuidadosamente informado y meditado, debemos guiarnos por principios de actuacin consensuados o acordados
democrticamente, y especialmente si es el caso por las normas
legales y, en el mbito profesional, por los cdigos deontolgicos y
dems manifestaciones del juicio moral dominante. La idea no es que
los cdigos deontolgicos (o la ley) han de obedecerse porque nacen
de un consenso, puesto que lo que merece obediencia es la tica y no
por s mismo el consenso (ni la ley); la idea es que han de obedecerse
porque son normalmente una respuesta ms fiable a los dilemas morales que la que podemos alcanzar por nuestra cuenta 82. Ahora bien,
qu sucede cuando, como ocurre respecto al pacto de quota litis, ni
hay uniformidad entre los cdigos deontolgicos ni est claro que el
cdigo aplicable exprese un consenso? En este caso, el fundamento de
la obligacin moral sin duda se resiente.
Si algo podemos concluir tras reconocer en el mundo diversas y
cambiantes respuestas jurdicas y (en el segundo sentido expuesto)
deontolgicas a la pregunta sobre si es admisible o no el pacto de
quota litis, es que la deontologa profesional (entendida en aquel
profesional, sino que el mencionado cuerpo es el resultado de la existencia de un
ethos profesional que lo ha conformado o alumbrado.
Martn Bernal (2007: 222-223) seala que los profesionales liberales tienen un gran empeo en que su deontologa sea el resultado de la voluntad libremente
expresada en la profesin de que se trata; porque el consenso supera las normativas
generales y porque la deontologa ha de ser particular para cada profesin liberal.
Para Campagne (1994: 407) lo que se llama deontologa no es, como indicara la
palabra, una normativa tica basada en la existencia de deberes perfectos e imperfectos, pero concretos y absolutos (la deontologa kantiana) sino una norma corporativista (que sirve a un grupo determinado) justificada por criterios utilitaristas.
Con otro enfoque, Hortal Alonso (2001: 29) representa la relacin entre
legitimidad tica, aceptacin social y juridicidad como una sucesin de escalones que
puede recorrer el Derecho: facticidad natural y social; vigencia formal de las normas
jurdicas; vigencia social de los usos e instituciones; legitimacin social por la aceptacin de hecho; legitimidad moral por la conformidad con los ideales sociales; y aceptabilidad segn la tica crtica.
mismo sentido) tiene carcter local y evolutivo. Siendo as, la cuestin
de cul sea la obligacin deontolgica de un abogado es relativa al
mbito en el que ejerce, y en particular al contenido especfico del
cdigo o las prcticas que le son aplicables (las de su Colegio, digamos). Esto, que en una primera impresin pudiera sorprender, no deja
de ser lgico. Por una parte, la fuerza vinculante de los cdigos deontolgicos procede segn lo dicho de que puedan considerarse una
concrecin de juicios de valor dominantes o consensuados; y esto est
ms claro cuanto ms prximos (en espacio y tiempo) sean dichos
cdigos. Por otra parte, si bien la abogaca es una profesin con funciones y caractersticas comunes en muchos pases, las diferencias son
importantes, entre otros motivos porque los sistemas jurdicos son
diferentes. Por ejemplo, como vimos, la actitud hacia el pacto de quota
litis puede depender mucho de cmo se afronte en cada pas la asistencia jurdica gratuita. Entonces, la posibilidad de un consenso universal
entre abogados sobre sus deberes profesionales, y as de una deontologa universal de la abogaca, que inicialmente podra parecer plausible, es en realidad poco razonable. Quizs quepa esperar un cierto
consenso o aproximacin en algunos asuntos (como el secreto profesional o el trato respetuoso), pero no desde luego en todos, como lo
muestra paradigmticamente la diversidad mundial en torno a la quota
litis. Por lo dems, incluso si entendemos la deontologa profesional
en el primer sentido, como tica crtica aplicada, es de esperar el
mismo resultado. En efecto, aunque tomsemos como premisa tica
unos principios de validez universal, su aplicacin a los abogados
estar necesariamente afectada por las condiciones jurdicas y
socioeconmicas en que desenvuelven su profesin, de modo que la
diversidad en stas (en los principios del proceso, en los mecanismos
de tutela estatal, en la opinin pblica) sern determinantes, y resultar que la deontologa de los abogados (ahora en su primer sentido)
cambia de un pas a otro.
Llegamos por fin a la pregunta ms inmediata: cul es el deber
deontolgico de los abogados espaoles respecto al pacto de quota
litis? Segn argument, el punto de partida ha de ser el respeto del
Derecho y de la opinin profesional dominante; pero vista la polmica
jurdica y doctrinal existente, esos criterios no son aqu claros. As la
cosa, es tentadora la solucin de decidir por uno mismo atendiendo a
las razones esgrimidas a favor o en contra de la legitimidad del pacto.
Sin embargo esta salida es insatisfactoria, precisamente porque es un
asunto polmico en el que el abogado no debera actuar por su cuenta
sino con fundamento en un juicio de valor asentado. Con reservas,
puede mantenerse que en Espaa el juicio hoy prevalente es la prohibicin del pacto de quota litis en sentido estricto (pero no de los honorarios condicionados al resultado). As se desprende del prembulo
del Cdigo Deontolgico de la Abogaca Espaola (aunque su artculo
16 haya sido dejado en suspenso) y sobre todo del artculo 44.3 EGAE,
que por otra parte entroncan con el rechazo del pacto en las normati-
vas deontolgicas europeas. ste debe ser, por tanto, el criterio de
referencia al afrontar la pregunta que encabeza este prrafo. Cuestin
distinta, aunque aqu inevitablemente relacionada, es qu juicio deontolgico merece el pacto de quota litis, qu actitud deberan adoptar al
respecto el Estatuto General y el Cdigo Deontolgico de la Abogaca
Espaola. Es una pregunta muy difcil de responder, porque los argumentos en una y otra direccin no son concluyentes. Mi impresin es
que los argumentos que recomiendan la permisividad son en conjunto
ms convincentes que los que recomiendan la prohibicin; pero no es
una impresin suficiente para oponer al artculo 44.3 EGAE, por ms
que la reciente jurisprudencia haya relativizado su vigencia. Ahora
bien, parece claro que el pacto de quota litis se est abriendo camino;
y no es aventurado suponer que a medio plazo ser revisado el juicio
deontolgico que en la actualidad parece ser dominante.
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