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Timestamp: 2018-11-17 09:17:30+00:00

Document:
Efectos del incumplimiento - Indemnización
MORA E INCUMPLIMIENTO
RECONVENCIÓN O INTIMACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil cuatro (2004), Radicación número: 73001-23-31-000-1997-05495-01(15936).- En cualquier tipo de contrato que celebre la administración pública, se establece un plazo, de conformidad con su objeto, en el cual el contratista debe cumplir con su obligación principal (construir la obra, entregar los suministros, etc.) y una vez vencido la administración podrá ejercer sus potestades sancionatorias frente al incumplimiento del cocontratante. De manera que el vencimiento del plazo previsto en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura el incumplimiento contractual. En estos casos, opera automáticamente la mora sin necesidad de reconvención o intimación para que el contratista cumpla la prestación de conformidad con lo previsto en el artículo 1608, ordinal 1º del Código Civil (dies interpellat pro homine).
TÉRMINO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO
POSICIÓN REPLANTEADA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C., DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 05001-23-26-000-1991-6485-01(12726).- La Sala considera que la entidad, no obstante el vencimiento del plazo, estaba facultada para declarar el incumplimiento del contratista porque fue precisamente el cumplimiento del término previsto para la ejecución de la obra contratada, lo que puso en evidencia que el contratista no había cumplido el objeto de la prestación a su cargo.
La Sala ha precisado que el sólo vencimiento del plazo contractual no extingue las potestades legales de la Administración, por medio de las cuales dirige, controla la ejecución del contrato y sanciona el incumplimiento del contratista.
Así en sentencia proferida el 20 de enero de 1988, expediente N° 3615, se dijo:
“la administración podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste” .
Se concluye entonces que el departamento expidió el acto demandado, en oportunidad, porque a la fecha en que profirió las correspondientes resoluciones, no había sido aún liquidado el contrato.
NULIDAD DE LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C., DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 05001-23-26-000-1991-6485-01(12726).- En el caso concreto se produjo un acto administrativo por medio del cual el departamento de Antioquia declaró el incumplimiento del contratista, dispuso la liquidación del contrato, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y las correspondientes garantías.
El contratista formuló la pretensión de nulidad de la resolución por medio de la cual el departamento de Antioquia confirmó la resolución declaratoria del incumplimiento del contratista; sin embargo, no demandó la nulidad del acto de conformidad con lo exigido por la ley.
La resolución por medio de la cual el departamento declaró el incumplimiento del contratista, está cobijada por la presunción de legalidad y si el contratista pretende demostrar que los motivos del mismo son falsos, sea porque él sí cumplió el contrato o se allanó a cumplirlo o porque fue la Administración quien lo incumplió, deberá lograr primeramente la remoción de tal declaratoria, para que entonces si pueda el juzgador analizar las causales de terminación propuestas por el contratante, toda vez que, en casos como el presente, la anulación del acto es el presupuesto para la procedencia del restablecimiento.
En efecto, en toda demanda formulada con el objeto de que se anule un acto, debe individualizarse el mismo debidamente y concretar la pretensión contra el acto definitivo y respecto de aquel que lo modifique o confirme, según lo dispone el artículo 138 del C.C.A., modificado por el artículo 24 del decreto 2304 de 1989:
Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberá acompañarse las pruebas que lo demuestren.”(se subraya)
El departamento resolvió declarar el incumplimiento del contratista y hacer efectivas las garantías del contrato mediante resolución 0214 del 12 de junio de 1989, que fue confirmada en todas sus partes mediante la resolución 0397 del 14 de septiembre de 1989, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la contratista.
Así las cosas, se tiene que, conforme lo consideró el tribunal a quo, en la demanda presentada por el contratista debió solicitarse la nulidad de las dos mentadas resoluciones y no únicamente la de la resolución 0397 de 1989; por consiguiente, en tales condiciones, ha de concluirse que la demanda es inepta y no puede conducir a la prosperidad de las pretensiones formuladas en relación con el mentado acto.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: CARLOS BETANCUR JARAMILLO, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., NOVIEMBRE VEINTIOCHO (28) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). RADICACIÓN NÚMERO: 9351.- Ante el incumplimiento por parte de la administración de la obligación principal que contrajo, y habida consideración de que el contrato aún no había vencido y ni siquiera empezado a correr el plazo convenido, la actora tenía en ese entonces la doble opción que le brindaba el artículo 1546 del C.C., así: o podía exigir el cumplimiento del contrato, durante el plazo pactado (tres años a partir de la entrega del local), o la terminación de dicho convenio; y en ambas hipótesis con indemnización de perjuicios.
Se trata así de una eventualidad en la cual se surte del contrato (su cumplimiento o su terminación) no puede dejarse de lado para elegir una acción simplemente indemnizatoria, basado en un contrato no extinguido; y con olvido de la condición resolutoria tácita que está implícita en todo contrato bilateral en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, y que es lo que permite, en definitiva, con su operancia, que las partes se desliguen de sus obligaciones, bien destruyendo el contrato o agotándolo con el cumplimiento pleno de las obligaciones emanadas del mismo. Las opciones indicadas señalan las dos pretensiones posibles; o sea, que de la aludida norma surge una acción alternativa con distintas consecuencias.
No podía la actora, en otras palabras, limitarse a demandar simplemente, el pago de los perjuicios por la no entrega del bien arrendado sin definir su posición frente al futuro del contrato y máxime si se tiene en cuenta que desde antes de la presentación de la demanda la parte actora sabía que la administración ya no le iba a cumplir. Lo precedente no quiere significar que en otras hipótesis no pueda darse la acción contractual autónoma de indemnización de perjuicios, puesto que la misma jurisprudencia de esta Sala y la de la Corte Suprema han contemplado situaciones que la permiten cuando ya el contrato esté extinguido o no sea posible pedir su cumplimiento o su terminación.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA NÚMERO INTERNO 19.482 DE 2006, RADICACIÓN 2500023260001998131201. CONSEJERO PONENTE: ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. BOGOTÁ, D.C., JUNIO VEINTIOCHO (28) DE DOS MIL SEIS (2006).- 3. El cumplimiento del contrato de compraventa.-
Para la Sala, se encuentra probado adecuadamente que, entre el demandante y la entidad estatal, se celebró un negocio de compraventa sobre un inmueble; que, para la fecha de presentación de la demanda, no se había cumplido con la entrega del mismo; y también acreditó el actor haber cumplido su obligación de pagar los cuotas señaladas en el contrato.
De esta manera, el demandante acreditó la cancelación de los abonos —según los denomina la cláusula cuarta— que se comprometió a entregar en las fechas acordadas —anteriores a la entrega del bien— y, además, que se hallaba dispuesto a cancelar el valor restante del inmueble, una vez se hiciera la entrega real y material.
Esta exigencia, la de haber cumplido con las obligaciones a su cargo, cuando lo que se demanda es el cumplimiento del contrato, surge del inciso 3° del artículo 1882 del Código Civil, el cual establece que: “ART. 1882.—El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato, o a la época prefijada en él.
Si el vendedor, por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales.
…De acuerdo con esta disposición, y según las pruebas que existen en el proceso, el actor demostró haber cumplido con el pago de varios abonos que se comprometió a cancelar
…Según esta cláusula, la primera cuota se entendió recibida con la firma del contrato, las restantes 3 cuotas se debían pagar anualmente —en los años de 1977, 1978 y 1979, lo cual se cumplió— y el pago final contra la entrega material del inmueble, que es la que se reclama en este proceso.
De lo anterior se deduce que el actor tiene derecho de exigir, del vendedor, el cumplimiento del contrato, tal como lo establece el Código de Comercio en el artículo 922, según el cual “la tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, lo entrega material de la cosa”.
Además de lo anterior, el actor pudo exigir la indemnización de perjuicios, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1546 del Código Civil, el cual dispone que “en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
No obstante, el actor solo pidió con la demanda que se obligara al vendedor a realizar la entrega y la tradición del inmueble, razón por la cual la Sala no se referirá al tema de los perjuicios.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la suma pendiente de pago —$ 16.564.550— se debe indexar, pues mal puede el comprador pagar idéntico valor, 26 años después, cuando el valor del dinero ya no es el mismo.
Lo anterior teniendo en cuenta que la actualización no es una condena, sino lo forma de mantener el dinero en el tiempo. Además, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 impone al juez adoptar este tipo de medidas, pues esta norma establece que “... la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad ...”.
Aplicando la fórmula utilizada reiteradamente para actualizar la renta, se tiene que el valor actualizado (Va) es igual a la renta histórica, multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente al momento en que se debió cumplir —a más tardar— la obligación de entregar el inmueble.
Índice final - mayo/2006 (165.52)
Va = $ 16.564.550 ------------------------------- $ 1.192.099.221.57
Índice inicial - agosto/1980 (2.30)
Adicionalmente, y en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, el actor deberá asumir los gastos judiciales necesarios para la entrega del inmueble, si las condiciones aún la demandan. Del mismo modo, y en atención a lo que dispone el contrato, el pago se realizará en el momento en que se haga la entrega del inmueble.

References: artículo 1608
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1546
 artículo 1882
 artículo 922
 artículo 1546
 artículo 16