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Timestamp: 2019-09-23 01:12:47+00:00

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﻿ SENTENCIA 20185 DE OCTUBRE 17 DE 2003
SENTENCIA 20185 DE 17 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL CUBRIMIENTO DEL PAGO DE LOS RIESGOS PROFESIONALES POR EL NO PAGO DE COTIZACIONES. LA MORA EN EL PAGO DE COTIZACIONES POR PARTE DEL EMPLEADOR A LA ARP, BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 1295 DE 1994, LA RESPONSABILIDAD EN EL CUBRIMIENTO DEL PAGO DE LOS RIESGOS PROFESIONALES CORRE A CARGO DEL EMPLEADOR, SIN QUE EXISTA LA NECESIDAD DE QUE LA ARP DICTE O EXPIDE ACTO ALGUNO ACOGIÉNDOSE A LA DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA, Y NO ES NECESARIO QUE LO COMUNIQUE AL AFILIADO O A LA ENTIDAD COTIZANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES
Sentencia 20185 de octubre 17 de 2003
Rad. 20185
El tribunal, con argumentos de tipo jurídico, expuso que, acorde con lo previsto por e! artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, el no pago de dos o más cotizaciones periódicas implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales; y que, conforme con el artículo 10 del Decreto 1772 de 1994, tal desafiliación debe hacerse de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la correspondiente entidad administradora, por lo que, luego de citar y transcribir apartes de la sentencia dictada por esta Sala, el 5 de marzo de 2002, radicación 17118, concluyó que no obra constancia de que la administradora de riesgos profesionales se hubiera acogido a la desafiliación automática prevista, ni de que así se lo hubiera comunicado tanto al afiliado como a su empleador.
Frente a lo anterior, estima la Sala que presentada la mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador a la ARP, bajo las circunstancias previstas por el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, la responsabilidad en el cubrimiento del pago de los riesgos profesionales corre a cargo de aquel y no de esta, sin que exista la necesidad de que la ARP dicte o expida acto alguno acogiéndose a la desafiliación automática, y menos, que deba comunicarlo al afiliado o a la entidad cotizante, como lo exigió el tribunal, puesto que en verdad eso no es lo que se desprende del tenor literal de la norma acusada.
Además, no sobra agregar que la posición asumida por la Sala en la sentencia referenciada por el ad quem fue recogida a través de la sentencia recientemente dictada el día 24 de julio de 2003, radicación 20332, cuyos pasajes pertinentes son los siguientes:
“Ciertamente, para que el empleador quede legalmente subrogado por la administradora de riesgos profesionales en la atención de las prestaciones económicas ocasionadas por un accidente de trabajo de sus empleados, es necesario que aquel, como lo dispone el Decreto-Ley 1295 de 1994 (art. 4º, letras c) y d)), afilie a estos a una de dichas entidades y efectúe cumplidamente las cotizaciones definidas en la ley (art. 16), pues, de no proceder así, queda a cargo del empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales.
`... El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales. Para la afiliación a una entidad administradora se requerirá copia de los recibos de pago respectivos del trimestre inmediatamente anterior, cuando sea el caso ...´.
En la forma anterior la Sala recoge el entendimiento que plasmó sobre la disposición analizada en las sentencias dictadas con fechas 2 de noviembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, radicaciones 163-44 y 17118 consecutivamente”.
Sin más consideraciones el cargo prospera y en ese orden se casará la sentencia recurrida.
No obstante que el juzgado admitió que el municipio se encontraba desafiliado al régimen “por el no pago de las cotizaciones”, ya que encontró únicamente aportes hasta el mes de octubre, lo cierto es que al revisar el expediente observa la Sala que no es la aludida mora la que constituye razón fundamental para absolver a la Administradora de Riesgos Profesionales de Seguros Colpatria S.A., sino la de que dentro del plenario no milita prueba alguna que demuestre siquiera que el municipio de Cañasgordas canceló las cotizaciones a la susodicha ARP.
En efecto, tanto el fallador de primera como el de segunda instancia no se percataron que desde la propia contestación de la demanda, la citada ARP, alegó su diferencia con Colpatria Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías (contestación hecho 3º, fl. 54), así como que en la Resolución 073 del 13 de mayo de 1999, el pago de las cotizaciones se hizo en forma tardía al fondo de pensiones y no a ella como ARP (contestación hecho 14, fl. 56).
La resolución en comento, en el aparte d) de sus considerandos (fl. 19, cdno. 1), alude al pago de cotizaciones al fondo de solidaridad pensional y los formularios de autoliquidación (fls. 118 a 130, cdno. 1), corresponden al Fondo de Pensiones Colpatria Sociedad Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones S.A.”, lo que lleva a concluir que los aportes que hizo el municipio y con los que pretendió liberarse de la obligación de pagar la pensión derivada del accidente de trabajo y que le ocasionó la muerte a José Luis Loaiza Correa, no fueron hechos a la administradora de riesgos profesionales demandada, sino al fondo de pensiones, cubriendo el riesgo de IVM, ello porque si se observa con atención el monto cotizado corresponde exactamente al 13.5% del ingreso base de cotización que para ese momento era el vigente. Artículo 21 inciso tercero del Decreto 692 de 1994.
Valga agregar que existe diferencia entre el sistema general de pensiones y el sistema general de riesgos profesionales, en cuanto el primero, según lo prevé el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, ampara contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte; mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en dicha ley, mientras que el segundo cubre los riesgos, derivados del accidente de trabajo, reconociendo al efecto las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, según lo consagran los artículos 249 y siguientes ibídem.
De modo que frente a la ausencia de pago de aportes a la ARP demandada, se impone la confirmación del fallo de primer grado que condenó al municipio al pago de la pensión reclamada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Carmenza Duarte Loaiza contra la recurrente y el municipio de Cañasgordas (Antioquia). En sede de instancia se confirma el fallo de primer grado.

References: ARTÍCULO 16
 artículo 16
 artículo 10
 artículo 16
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 21
 artículo 10