Source: http://inter-rev.foroactivo.com/t3879-energia-proyecto-castor-en-espana
Timestamp: 2020-01-29 08:14:40+00:00

Document:
Energía: Proyecto Castor en España.
Seísmos a consecuencia de inyecciones de gas frente al Delta del Ebro
materia el 27/9/2013, 4:40 pm
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/26/actualidad/1380225246_145513.html
ACS comienza a inyectar gas en el Castor y causa 100 seísmos en seis días en la costa de Valencia
Anibal 18 Sep 2013
La puesta en marcha del almacén subterráneo de gas del Castor sigue envuelta en la polémica. Y ahora no es ni por el desorbitado coste del proyecto, que será de 1.300 millones de euros frente a los 500 inicialmente presupuestados, ni por su contribución al encarecimiento de los precios del gas para los ciudadanos ni por los cambios normativos ad hoc realizados por el Ministerio de Industria para facilitar su desarrollo y puesta en explotación a Florentino Pérez, presidente de ACS, titular de la concesión.
El problema ahora tiene una mayor trascendencia social y ha puesto en alerta a toda la zona costera del Maestrazgo, la que va desde las localidades castellonenses de Peñíscola a Vinaròs pasando por Benicarló. El almacén está ubicado a 22 kilómetros mar adentro frente a la costa de Vinaròs y a unos 1.700 metros de profundidad.
ACS comenzó la pasada semana a inyectar gas colchón, el que permite dar presión al almacén para que posteriormente pueda entrar en operación. El pasado miércoles día 11, al poco de que la empresa del presidente del Real Madrid comenzase a inyectar gas, se produjeron en la zona unos 20 pequeños seísmos, registrados por el Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
ACS comenzó a inyectar gas colchón y el primer día ya provocó 20 pequeños seísmos en la zona. El viernes 13, cuando ya se superaban los 50 temblores, se registró un terremoto de 3 grados en la escala Richter
A partir del miércoles, se han venido registrando en la zona (los epicentros se han detectado a unos 30 kilómetros frente a Vinaròs) una media de entre 10 y 15 terremotos diarios. De hecho, según los últimos datos actualizados del Servicio Sísmico del IGN, de esta misma mañana, son ya 100 los sismos detectados desde que se inició la inyección del gas.
Basta echar un vistazo al enlace adjunto del Instituto Geográfico Nacional para comprobar que esta madrugada ya ha habido dos temblores, ayer lunes fueron 10; el domingo y el viernes pasados hubo 14 sismos cada día y así hasta alcanzar la centena, todos ellos localizados en el Golfo de Valencia.
El viernes 13 a las 6:35 de la mañana se registró el de mayor magnitud, de 3 grados en la escala Richter. Estos pequeños terremotos son casi imperceptibles tanto en mar como en tierra, pero su gran número en tan poco tiempo ha sido lo que ha disparado las alarmas en los municipios de la zona.
Los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs han criticado el excesivo número de seísmos y la falta de transparencia con la que ha actuado Escal (ACS), que insiste en que seguirá inyectando gas en los próximos días
Desde los ayuntamientos de Peñíscola y Vinaròs se ha criticado el alto número de pequeños terremotos y sus posibles consecuencias para la estabilidad sísmica de la zona, a la vez que se exigirá una explicación a la empresa de ACS que explota el Castor, Escal UGS, controlada en un 66,7% por el grupo constructor y de servicios de Florentino Pérez, informa el Periódico Mediterráneo.
En Escal UGS afirman que estos pequeños seísmos son normales en este tipo de procesos de inyección de gas en almacenamientos subterráneos y estaban previstos. Y es más, Escal insiste en que no se parará de inyectar gas colchón hasta que el Castor esté listo para operar.
Grupos ecologistas y partidos como Compromís han criticado duramente estos días el excesivo número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que no ha avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos.
Desde hace dos años, las críticas al proyecto han arreciado desde los frentes político, empresarial y ecologista, por su alto coste y por llegar en un contexto de sobrecapacidad del sistema y falta de demanda
El almacén subterráneo estará conectado por un gasoducto de 30 kilómetros (22 kilómetros submarinos y 8 en la costa) con la Planta de Operaciones, ubicada en Vinaròs. En los últimos dos años, cuando se ha acelerado su desarrollo, el proyecto ha recibido fuertes críticas desde los frentes político, empresarial y ecologista, porque va a entrar en operación en el peor momento de la historia reciente de España, en un contexto de sobrecapacidad del sistema gasista y de fuerte caída del consumo por la crisis económica, lo que para muchos expertos hace innecesaria esta nueva infraestructura.
De hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en marzo de 2012 anunció que se iba a reducir la retribución a los almacenes subterráneos para hacer menos atractiva la inversión en el Castor, con el fin de evitar que la llegada de una nueva y carísima infraestructura contribuyera a aumentar aún más el déficit de tarifa del gas y los precios de la factura que pagan los ciudadanos.
Soria dijo que frenaría el Castor y tuvo que dar marcha atrás para diseñar una norma a medida para que Florentino Pérez rentabilice la inversión y pueda salir del proyecto cuando quiera
Pero pasaron los meses y un año después, el mismo Soria que se enfrentó a Florentino Pérez dio marcha atrás y diseñó una norma a medida del presidente de ACS para que éste no sólo rentabilizase el proyecto sino que además tuviese las manos libres para una futura salida del proyecto que deje en manos de Enagás, el operador del sistema, su explotación.
Ahora, la inversión ya no tiene vuelta atrás, pese a que se ha casi triplicado su coste, y el Castor entrará en operación comercial sin que el mercado pueda absorber el gas almacenado.
http://vozpopuli.com/empresas/31721-acs-comienza-a-inyectar-gas-en-el-castor-y-provoca-100-seismos-en-seis-dias-en-la-costa-de-valencia
Florentino y su filial Castor provocan un ‘terremoto’ con la Generalitat
Anibal el 3/10/2013, 9:47 pm
Un terremoto en el Delta del Ebro y otro en los despachos. Si en la madrugada de ayer los vecinos del Delta se despertaron por un terremoto de una intensidad de 4,2 en la escala de Richter, ayer se añadió otro punto de tensión entre Barcelona y Madrid, esta vez entre la Generalitat y el Gobierno. Pero no sólo con el Ejecutivo español, sino también con ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez y propietaria del 66% del depósito de gas subterráneo Castor, en Vinaroz (Castellón), al que se acusa de este seísmo y de los más de 250 temblores de tierra que se suceden en el sur de Cataluña desde el pasado mes de septiembre.
La Generalitat, a través de la Conselleria de Territorio, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha solicitado formalmente que se deje de inyectar gas en Castor para prevenir males mayores. El conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ha advertido que la Administración catalana se reserva las medidas legales ante "posibles responsabilidades derivadas de los seísmos".
Fuentes cercanas a la Generalitat han asegurado que la Conselleria de Territorio, que encabeza Santi Vila, también ha pedido al Ministerio de Industria el estudio geológico que avaló el proyecto de Castor. En 2007, cuando se aprobó esta infraestructura de gas subterráneo en una antigua cavidad que había alojado reservas de crudo, la Generalitat ya presentó alegaciones pidiendo un informe geológico que avalase el proyecto. Este informe nunca se entregó a la Administración catalana y en medios de los funcionarios de Medio Ambiente se teme que, directamente, no exista.
Para avalar la reclamación de la Generalitat, el Instituto Geológico de Cataluña está llevando a cabo un estudio para determinar las causas de la reciente y sorprendente inestabilidad sísmica que está viviendo el sur de Tarragona, concretamente la zona más cercana a Castellón, donde se encuentra el depósito de Castor.
ACS se juega mucho en este proyecto: la inversión de Castor suma 1.200 millones de euros. ACS está asociada con el grupo canadiense CLP, que tiene el 33% restante. Homs ya ha advertido que la Generalitat requerirá hoy mismo información a la empresa explotadora, la firma Escal UGS, controlada por ACS y CLP, lamentando que esta "por ahora, no es muy precisa".
La Generalitat, sin competencias
La situación legal es compleja. Castor es una reserva estratégica de gas del Gobierno. ACS es la propietaria mayoritaria y Castor la que inyecta el gas, aunque Enagás es la propietaria del propio gas. Precisamente, está previsto que Enagás compre un 33% que ACS tiene en Castor el 2014, con lo que cada socio quedaría con un tercio del capital.
Gráfico de los últimos terremotos de más de 1,5 en la zona
Fuentes académicas expertas en geología valoran que las causas de los seísmos pueden deberse a la propia configuración geológica de la concavidad que dejó el antiguo yacimiento petrolero o a la velocidad a la que se está inyectando el gas.
Al estar situado en Castellón, la Generalitat catalana no tiene competencias ni de política energética ni medioambientales para cerrar el depósito subterráneo o para vetar o sancionar la actividad. Pero se abre la posibilidad de un nuevo conflicto legal que implique a varias Administraciones y a las empresas afectadas.
La ventaja para ACS es que, por ahora, no ha habido daños relevantes provocados por los temblores de tierra. El grupo de Florentino Pérez acaba de volver a los beneficios este semestre, ganando 357 millones, y el interés de ACS, y el de Enagás, se centrará en intentar evitar el conflicto.
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2013-10-03/florentino-y-su-filial-castor-provocan-un-terremoto-con-la-generalitat_35465/
El Gobierno desoyó la petición de la Generalitat de hacer un informe sísmico
Anibal el 3/10/2013, 9:52 pm
El anterior Gobierno fue advertido sobre la necesidad de analizar las consecuencias sísmicas de la puesta en marcha del proyecto Castor, el almacén marino de gas situado ante el Delta del Ebro. Le avisó la Generalitat antes de que concediera la licencia para iniciar las actividades a Escal UGS, pero el Ministerio de Industria desoyó las peticiones autonómicas, según ha explicado esta mañana el consejero de Territorio, Santi Vila, quien ha confirmado que esta mañana se ha producido otro terremoto de 4,2 en la escala de Richter.
"Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo", ha denunciado el consejero, quejoso por el silencio con el que se respondió a la "muchas advertencias" lanzadas desde la Generalitat y por las consecuencias que ahora están sufriendo ahora las costas de Castellón y de Tarragona. Aunque la Generalitat no tiene competencias sobre el proyecto, Vila ha avisado que "todo lo que sucede en Cataluña nos afecta".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/03/catalunya/1380793140_581843.html
Terremotos en el Delta del Ebro. Seísmos originados por actividades humanas.
materia el 7/10/2013, 12:12 am
Fallas costeras en la región y terremotos recientes en el Golfo de Valencia
http://elpais.com/elpais/2013/10/03/media/1380824910_369323.html
Desde el 8 de setiembre, más de 450 terremotos han sacudido el sur del Principat y el norte del País Valencià. La mayoría no han superado los dos grados, por lo que la población no los ha notado, pero en alguna ocasión han llegado hasta los 4,2 grados, creando «alarma y preocupación» entre los vecinos, según explica Lluc Ulldemolins, miembro de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia y vecino de Alcanar, el pueblo más meridional del Principat
... fueron los vecinos los primeros en señalar al que ahora ya es responsable del episodio sísmico a ojos de todos: el proyecto Castor.
Se trata de un almacén submarino de gas, situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià. La instalación está construida sobre una antigua plataforma petrolífera y se encuentra, en teoría, lista para iniciar sus actividades.
...el episodio sísmico ha coincidido con las primeras inyecciones de gas cojín a presión -el gas que cubre las rocas y sobre el que después reposa el gas comercial-, por lo que la relación entre este inicio de las actividades y los terremotos ha sido inmediata. De hecho, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, así como la propia empresa encargada, Escal UGS, admitían esta semana la alta probabilidad de que el almacén de gas sea el responsable.
Por ello, el 26 de setiembre, Industria ordenó a la empresa paralizar la inyección de gas hasta aclarar lo sucedido. Sin embargo, los terremotos no han parado, lo que llevó el pasado viernes a la Fiscalía de Castelló a abrir una investigación y enviar un helicóptero de la Guardia Civil a la plataforma marina, para asegurarse de que las actividades estaban paralizadas. El ministro Soria se ha cansado de repetir esta semana que la instalación no volverá a ponerse en funcionamiento hasta que haya una certeza absoluta de seguridad para la población. Pero Ulldemolins no confía demasiado: «si ya hay expertos diciendo que no habrá peligros para la población, seguirán adelante».
En el mundo hay más de 600 almacenes como el de Vinaròs -uno de ellos en Bermeo- y los expertos aseguran que entra dentro de la normalidad que, durante el proceso de inyección de gas, se produzcan microseísmos de muy baja intensidad.
Sin embargo, los terremotos con epicentro en la desembocadura del río Sénia han ido más allá y la propia empresa ha reconocido que su intensidad está muy por encima de la prevista.
Son varios los geólogos que han dado su opinión en los medios, entre ellos Mariano Marzo, catedrático de recursos energéticos de la Universitat de Barcelona, quien lanzó como hipótesis que las inyecciones de gas habrían podido reactivar la falla de Amposta, dando paso a este episodio de terremotos más intensos de lo previsto.
También habló una de las mayores autoridades en terremotos inducidos en el Estado español, el catedrático de ingeniería geológica de la Universidad Complutense de Madrid, Luis González de Vallejo, quien aseguró que tanto la empresa como el Gobierno español «tenían que saber que esto podía pasar», ya que, a su juicio, las nuevas tecnologías permiten prever episodios como estos. Afirmó que, con un estudio detallado, se podría adaptar la presión del gas al almacén, atenuando de esta manera los temblores.
Para ello, lo primero que se necesita es un estudio sismológico sobre la zona. Algo que, según la Plataforma opositora, no existe. Ulldemolins explica que dicho estudio «debería estar en el estudio de impacto medioambiental y no está». Y responsabiliza de ello a la empresa y al entonces Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria.
También denunciaron el hecho ante la Comisión Europea, que igual que el Gobierno español, cerró los ojos.
El de los terremotos no es, además, el único peligro por el que desde hace más de cinco años vecinos de la zona se oponen al proyecto. Ulldemolins recuerda que «este almacén antes estaba lleno de petróleo, del que todavía quedan restos; cuando se inyecte más gas a alta presión, no sabemos qué puede pasar». También lamenta que «se dijo que aportaría muchos puestos de trabajo en la zona, pero no está siendo así». Es más, les preocupa «la afectación que el proyecto pueda tener sobre la pesca o la ostricultura, que son los motores económicos reales de la zona».
Entidades ecologistas han subrayado el peligro que suponen los terremotos para las tres centrales nucleares situadas en la zona -las dos de Ascó y la de Vandellós-.
Pero no va a ser fácil echar atrás el proyecto. En los últimos días se multiplican los mensajes de tranquilidad a la población, asegurando que los temblores no irán a más y repitiendo, en tono fatalista, que no hay más remedio, que el Estado necesita almacenes como éste para asegurar el suministro energético necesario para mantener el modelo energético actual.
«No se dan cuenta que dicho modelo es parte del problema», señala Ulldemolins, que pone en duda la verdadera necesidad de un almacén como éste, sobre todo teniendo en cuenta que en los años de crisis, el consumo de gas ha descendido «una barbaridad».
Igualmente, insiste, el problema de fondo no es este, sino un modelo energético y económico que obliga, supuestamente, a tener almacenes como éste. «Podrían haber destinado los 1.300 millones que ha costado esto a investigar en energías renovables», concluye.
El presidente del Real Madrid siempre gana
Además de los peligros para los habitantes, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia denuncia los intereses económicos relacionados con el almacén de gas. El proyecto Castor está impulsado por la empresa Escal UGS, de la que un 66% es propiedad de la constructora ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El otro tercio es de una empresa canadiense. Cuando la instalación esté en marcha, ACS pasará a controlar un tercio de la empresa, ya que el otro tercio irá a parar a Enagás, de la que Kutxabank controla un 5%.
Eso será así siempre que el proyecto continúe, ya que ACS todavía está a tiempo de renunciar a la concesión y exigir una indemnización por el coste de la obra. Una obra que, por cierto, no ha pagado Florentino Pérez. Estaba presupuestada en 500 millones de euros -cantidad proveniente de Europa- y ha acabado costando 1.300 millones euros. Un sobrecoste sobre el que Industria anunció una auditoría de la que nunca más se supo. Según la plataforma opositora, el resto del dinero se obtuvo a través de la emisión de bonos gestionados por el Banco Santander y comprados, entre otros, por Bankia. Unos bonos que esta semana la agencia de calificación Fitch situó en vigilancia, al borde del bono basura.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/03/actualidad/1380829159_814498.html
El delegado de la Generalitat catalana en las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, no descartó que una negligencia estuviera en el origen de la crisis sísmica. “El día 24 se registra el movimiento sísmico de 3,6 y este movimiento, según nos dice el Instituto Geológico de Cataluña, parece ser que se produce por inyección de gas. Son las primeras conclusiones a falta de contrastar aún”, dijo Pallarès. Tras la orden de detener la actividad, “entre los días 29 y 30 se producen terremotos por dilatación de rocas. Algo ha sucedido, puede ser por una grieta que se haya hecho más grande, por poros a través de los que se escapa el gas o porque la empresa del Castor no hizo caso a las órdenes del ministerio”, continuó. ...
Si estas roturas de la roca no están cerca de una falla, como mucho puede haber un hundimiento, pero si hay una zona de colisión de placas, “estas hacen de espejo, propagan la fractura y aparece el terremoto”, añadió Cámara. En este caso, al tratarse de una falla submarina, si la intensidad aumentara podría haber pequeños tsunamis. ...
Según Protección Civil, la actividad sísmica en esta zona se está produciendo en una falla en el interior del mar ante la costa de Castellón, hecho que evitaría un seísmo de gran magnitud, aunque la zona es de un peligro sísmico “no menospreciable”. Por ello no se puede descartar “una tendencia creciente en la magnitud de los seísmos”. ...
En la web del proyecto Castor se especifica que el depósito (una roca porosa que tuvo el yacimiento de petróleo Amposta) tiene capacidad para 1.300 millones de metros cúbicos de gas (tres meses el consumo de la Comunidad Valenciana), pero los problemas han comenzado muy pronto: en esta primera fase la empresa había inyectado 102 metros cúbicos de gas de los 124 programados. ...
Los más de 350 terremotos registrados en torno al almacén de gas submarino del proyecto Castor, situado a 22 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), han vuelto a poner en primera línea la influencia de la actividad humana en los movimientos sísmicos y han despertado la preocupación sobre la seguridad y necesidad de estos depósitos subterráneos. En el sector gasista explican que estos almacenes de gas, unos 600 en todo el mundo, suelen registrar microseísmos cuando se inyecta el gas, pero que no suele ir a mayores. En el caso del almacén español, varios han sido percibidos por la población y se ha alcanzado una magnitud máxima de 4,2. “Lo del proyecto Castor no es normal”, asegura una fuente del sector que pide anonimato.
La gran duda que debe despejar el Ministerio de Industria, principal responsable de esta gran infraestructura que ha costado unos 1.300 millones de euros, es la causa de los terremotos.
Entre las hipótesis que los expertos han deslizado en la última semana se baraja una negligencia de la empresa al introducir el primer gas en este depósito: por ejemplo, que se cargara con demasiada presión. Esa sobrecarga podría haber despertado la falla de Amposta, de 51 kilómetros y perfectamente registrada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), o sus pequeñas fallas asociadas, que no están cartografiadas.
De momento, los científicos del IGME están monitorizando la zona. Este fin de semana se instalan dos sismógrafos más, que se unen a los dos adquiridos por la empresa promotora de Castor Escal UGS. Uno de ellos estará en un punto más cercano de los epicentros, las islas Columbretes. Los actuales están en tierra y más lejos. Los estudios llevarán tiempo y, por lo ocurrido en otros terremotos supuestamente inducidos por la acción humana, no siempre son concluyentes.
Cuando se comienza a hablar de sismicidad inducida, la que se origina por actividades ligadas al hombre, ningún experto o empresa recuerda terremotos comparables a los del delta del Ebro en los alrededores de otro almacén subterráneo de gas.
En general, los seísmos inducidos se relacionan con la inyección o extracción de fluidos como gases, petróleo, residuos químicos, o el llenado de embalses. Sin embargo, los efectos y las magnitudes de los temblores son muy diferentes.
Un estudio de la Universidad de Durham y la Universidad británica de Keele ha analizado 198 ejemplos de sismicidad inducida con magnitud mayor a 1 en todo el mundo. Los mayores se registraron en un embalse de China (7,9) y en un yacimiento de petróleo y gas de Azerbaiyán (7,3). En la franja media están las actividades de minería (5,6), la eliminación subterránea de desechos (5,3) y la inyección de agua en yacimientos de petróleo (5,1).
El fracking, obtención de gas mediante la fracturación hidráulica de la roca (3,8), o los pozos de exploración (3,1), están en la tabla baja. ...
“En la inyección de gas se produce una presión continua en la estructura geológica y es crítico mantenerla para poder recuperar el gas”, añaden en Shale Gas., el lobby español de defensa de fracking,
Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, asegura que la falla de Amposta es una “parte esencial” de su almacén. “De manera coloquial, podríamos decir que la falla de Amposta es la tapa de nuestro almacén”, ha explicado Del Potro. La empresa asegura haberla estudiado desde 2002 hasta 2005 y que incluso hizo unos sondeos que costaron ocho millones de euros. “Puede que nosotros hayamos desencadenado los seísmos”, han reconocido en la empresa cuando Industria ya hablaba de una relación “directa” entre la inyección de gas y los terremotos.
Una de las grandes incógnitas que rodean al Castor es si en el proyecto se hizo referencia o no a un posible riesgo sísmico.
Este gran almacén, situado a 1.700 metros de profundidad, aprovecha un yacimiento de petróleo agotado que la compañía Shell explotó en los años setenta y ochenta.
“El estudio geofísico —donde se estudia la posibilidad de terremotos— es lógico y debería de estar hecho”, considera Ángel Cámara, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España. “En cualquier caso, el control de la sismicidad no sería exigible, pero sí conveniente”, añade.
Los expertos coinciden en que el emplazamiento ya contaba con las garantías de estanqueidad por haber sido explotado con anterioridad, pero que esto no evita que se hagan nuevos estudios antes de darle un nuevo uso. En algunos casos, estos exámenes pueden durar 10 o 15 años y se llegan a desechar ubicaciones, después de mucho trabajo, porque no ofrecen garantías, cuenta el veterano Pendás.
En el momento en el que la empresa dejó de operar estaban en una fase muy inicial de la puesta en marcha del almacén.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó que tenían una autorización provisional, pendiente de la evolución de los trabajos, que se canceló de forma “temporal” el 26 de septiembre, tras detectarse más de 200 terremotos.
Acababan de inyectar el gas colchón, una primera tanda de gas a baja presión que después no se recupera, pero que sirve para que pueda extraerse el gas útil a la presión adecuada.
Según Cámara, en esta fase es difícil que se dé el colapso porque tanto la presión como los caudales son más bajos. La empresa solo inyectó 102 millones de metros cúbicos de gas, de los 124 que tenía previsto. Según una fuente de la compañía, la presión solo aumentó a seis bares durante la inyección. Y añade que uno de los estudios que encargaron al Instituto Francés del Petróleo concluía que se podría aumenta hasta 50 bares sin riesgo de despertar la falla.
Hasta el momento y tras numerosas peticiones por parte de EL PAÍS, ni la compañía ni Industria han accedido a facilitar documentos básicos y centrales en este proyecto en los que se haga referencia a los estudios sísmicos.
Toda la documentación consultada ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado o se trata de informes internos de Escal UGS elaborados por la consultora URS a la que encargaron estudios de impacto ambiental, y que conservaban algunos de los colectivos que participaron en los mismos.
En los campos de gas natural de Lacq, en los Pirineos franceses, se ha dado otra buena serie de terremotos atribuidos a la acción humana. En los últimos 40 años se han registrado más de 2.000 terremotos, la mayoría de magnitudes entre 2 y 2,5. “Los microseísmos comenzaron a aparecer a los 15 años del comienzo de la explotación”, explica Mathieu Sylvander, sismólogo de la Universidad de Toulouse en un artículo de Le Noveul Observateur. En el final de la vida útil de los pozos —tenían que empezar a cerrar este 2013— están alcanzando mayor magnitud. El último, de 4,2, se registró el 2 de septiembre. “Esto es como una esponja llena de líquido a alta presión. La extracción de líquido cambia el estrés y la inercia de la roca es muy importante (…) Estos terremotos son una respuesta a largo plazo a la actividad humana”, considera en el mismo artículo Guy Sénéchal, físico de la Universidad de Pau.
En España, el primer llenado de la presa de Itoiz (construida en Navarra, en 2004), provocó numerosos terremotos con magnitudes máximas de 4,6 que cesaron tras los primeros llenados. El geólogo Antonio M. Casas Sainz, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, concluye en uno de sus trabajos que los efectos sísmicos del llenado han continuado hasta cinco años después de la puesta en carga del embalse y cita otros casos de sismicidad inducida por embalses en los que se ha prolongado la primera década de llenado. “Nadie puede predecir que los fenómenos sísmicos del entorno de Itoiz no vayan a continuar en el futuro”, destaca.
Pendás ha recordado estos días otro seísmo provocado en España ocurrido hace 53 años y que se relaciona con la rotura del dique de la mina de zinc de Reocín (Cantabria). Hubo 18 muertos. “Fue un terremoto importante, he intentado conocer la magnitud, pero entonces no existían registros”, comenta. En los periódicos se habló de filtración de aguas y hasta de un movimiento sísmico, pero la investigación se cerró sin depurar responsabilidades.
En la región Mid-Continent de Estados Unidos, muy rica en petróleo y gas, los seísmos de magnitud mayor o igual a 3 han subido espectacularmente. Entre 1967 y 2012 se han registrado 1.300 episodios. El auge extractor de gas, en un país con más de 100.000 pozos en los que se utiliza la fractura hidráulica, se relaciona directamente con un incremento sísmico, aunque se considera que su mayor magnitud, de 3,6, no pone en riesgo a la población. Un trabajo del sismólogo William Ellsworth, del Servicio Geológico de EE UU publicado este verano por la revista Science, afirma que los mayores riesgos sísmicos se plantean con la eliminación de aguas residuales mediante la inyección en pozos profundos, técnica también habitual en EE UU.
El mayor de los terremotos relacionado con los pozos de inyección fue de magnitud 5,6 y se registró el 6 de noviembre de 2011 cerca de Prague, en Oklahoma. Hubo dos víctimas, destruyó 14 viviendas y se sintió en 17 Estados. Las autoridades aseguraron que se debió a causas naturales, sin embargo, la geofísica Katie Keranen, de la Universidad de Oklahoma, publicó en marzo en la revista Geology un trabajo que caminaba en dirección contraria: relaciona estos seísmos con las técnicas de las empresas para extraer las reservas de gas y petróleo de almacenes casi agotados o para almacenar los residuos tóxicos generados durante la perforación, con técnicas como el fracking.
Los defensores de estas técnicas recuerdan que se utiliza un sistema de semáforos. Si los seísmos no superan la magnitud 3, siguen. En caso contrario, se detienen e investigan con más detalle. ...
¿Por qué el gas no se escapa de un almacén subterráneo?
Se le llama trampa geológica. El petróleo suele estar en una roca almacén y por encima tiene que tener una capa impermeable. Puede ser que una falla que tapone la salida impida que el hidrocarburo se pierda. “Si en ese almacén ha habido petróleo significa que si vuelves a meter gas, lo más probable es que no se vaya”, explica un ingeniero de minas.
¿Se puede provocar un terremoto?
Sí, se llama sismicidad inducida y ocurre cuando actividades humanas causan movimientos en una falla latente.
¿En qué se diferencia la magnitud e intensidad de un seísmo?
La magnitud se refiere a la energía liberada en un terremoto. La intensidad es la violencia con que se siente en diferentes puntos de la zona afectada. El método más conocido para medir la magnitud es la escala de Richter.
¿A partir de qué magnitud se perciben los terremotos?
Entre 3 y 3,9 son perceptibles, pero rara vez provocan daños. Entre 4 y 4,9 hay movimientos de objetos en las habitaciones, pero los daños son poco probables. Los de 5 a 5,9 pueden causar daños mayores en edificaciones mal construidas. De 6 a 6,9 pueden ser destructivos en poblaciones.
http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/qafi/
http://elpais.com/tag/proyecto_castor/a/
La plataforma Olympus, de Shell, hoy instalada en el golfo de México
ACS y Escal ya han recibido 111,22 millones del Estado por el Castor
Anibal el 10/10/2013, 3:21 pm
El polémico almacén de gas Castor de Vinarós (Castellón) y que ha provocado cerca de 500 seísmos ya ha recibido ingresos del Estado a pesar de que hasta el momento de su paralización tan sólo estaba funcionando en pruebas porque no se completó la subasta del gas colchón de esta instalación.
Según consta en el folleto de la emisión de bonos por 1.400 millones para financiar este proyecto, los promotores de esta instalación ACS (66%) y Escal (25%) ya han recibido 111,22 millones en concepto de anticipos de las retribución.
El documento señala que esta partida se ingresa por las inversiones realizadas hasta 2010 y se restarán de la remuneración que se reconozca en caso de que el Gobierno no se decante por cesar de forma definitiva esta instalación que está provocando movimientos de tierra.
El folleto advierte a los inversores del riesgo de que el Ministerio de Industria apruebe una rescisión de la concesión. En tal caso, y siempre que no se demuestre fraude o negligencia, los promotores deberían ser indemnizados con cargo al sistema a través de las tarifas de gas.
No obstante, el documento señala que cabe la posibilidad de que no se reconozca al cien por cien la inversión realizada, ya que la cantidad recibida en concepto de indemnización puede variar, dependiendo de la razón por la que se rescinda la concesión. Precisamente, en este punto están trabajando los técnicos de Industria, que están a la espera de los resultados de la auditoría de la noruega DNV que se conocerá a finales de mes.
Pero el folleto deja claro que la indemnización no tiene por qué ser suficiente para cumplir con las obligaciones del crédito y con el vencimiento del mismo, donde BNP Paribas, Crédit Agricole, CaixaBank, Natixis, Santander y Société Géné- rale fueron las entidades colocadoras de la operación.
Además, el documento advierte a los inversores de la incertidumbre latente porque desde 2006 se ha modificado en varias ocasiones el régimen retributivo de esta instalación. En este sentido, incide en que los posibles desequilibrios entre los costes y los ingresos del sistema gasista y la posible generación. e déficit podría influir en la retribución de la instalación.
Por otro lado, la auditoría en marcha trata de justificar el encarecimiento de coste en los últimos años y que ha pasado de los 500 millones, hasta los 1.600 millones aunque posteriormente se rebajaron a 1.200 millones, según recoge el folleto. No obstante, los promotores han vuelto a elevar el coste del proyecto al solicitar 1.538 millones, al incluir 209 millones de intereses.
Además, el Gobierno puede denegar la autorización cuando lo considere de interés público hacerlo, aunque el documento no establece consecuencias específicas en el caso de cese por causa de fuerza mayor, aunque los promotores tienen pólizas de seguro para cubrir ciertos incidentes de fuerza mayor (como peligros naturales). Como posibles riesgos geológicos señala el posible estado de los pozos de Shell.
En este sentido, el folleto advierte de que no hay garantías de que dichas pólizas de seguro cubran las pérdidas sufridas por los promotores. Por el momento, si la instalación continúa parada podría ir a concurso al tener que atender el primer pago el 31 de diciembre.
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ibm-empresas/empresas-finanzas/noticias/5212895/10/13/ACS-y-Escal-ya-han-recibido-11122-millones-del-Estado-por-el-Castor.html
El Gobierno deberá pagar a ACS 1.700 millones si cierra Castor
Anibal el 17/10/2013, 2:48 pm
El ministerio de Industria no ha logrado que se declare contraria a Derecho y, por tanto, nula la previsión de que el Estado tendrá que compensar a la empresa concesionaria de la plataforma gasística Castor en caso de caducidad o extinción de la concesión, incluso si concurriera negligencia o culpa de Escal UGS, integrada en el grupo ACS. La cifra de partida serían 1.700 millones de euros, correspondientes al valor residual de las instalaciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso promovido en julio de 2012 por el abogado del Estado contra el artículo 14 del Real Decreto por el que en 2008 se otorgó a la empresa Escal UGS, la concesión de la explotación de un almacén subterráneo de gas natural denominado Castor.
La actividad de la plataforma fue paralizada a mediados de septiembre al registrarse numerosos movimientos sísmicos. En una sentencia notificada ayer, el Tribunal Supremo desestima el recurso porque sería "manifiestamente injustificado" hacer inviable una compensación, cuya determinación deja abierta, ya que dependerá de las causas que hayan llevado a la extinción o caducidad de la licencia.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/economia/1381976402.html
Buenas relaciones y tensiones entre aparatos capitalistas. Un ejemplo del tinglado capitalista.
Primero el Estado facilita la operación, luego sobrevienen los problemas, hay que pensar en cerrar la planta... y el Estado se resiste a ser pagano, en plena crisis y con déficits en vilo... Y el Supremo le da la razón a la empresa y hace que el estado tenga que socializar financieramente los problemas que genera el ansia de ganancias de la empresa... ACS.
El estado al servicio del capital, en suma, como gendarme recolector de tributos para canalizarlos fundamentalmente en beneficio del poder esencial de este sistema. Y las "altas e independientes instancias judiciales"... en su bajo papel de dependencia del gran capital.
La democracia intenta oscurecer constantemente esta realidad, esta dictadura real del capital.
El Estado tendrá que indemnizar a Florentino Pérez si se paraliza el depósito de gas Castor
materia 11 Oct 2013
El Ministerio de Industria ha revelado este jueves ne la Comisión de Economía del Congreso un cláusula en el contrato con la empresa concesionaria del proyecto de gas Castor, según la cual, el Estado debe indemnizar a la empresa Escal UGS si el proyecto del almacén subterráneo de gas es paralizado.
Escal UGS es una empresa canadiense de la que la constructora ACS, presidida por el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, posee el 66,67%.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el titular de Industria, Energía y Turismo, ha anunciado esta petición al considerar que se trata de "una cláusula claramente abusiva para el interés general".
Lo pagarán los españoles
Soria, ha señalado este jueves que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros, mientras avanzaba que los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tan solo ven un "riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro" en la zona de la costa mediterránea afectada por la actividad de esta planta de almacenamiento de gas.
También ha recordado que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista. Todo apunta que la planta empezará a funcionar en algún momento, ya que los expertos no aprecian riego elevado de temblores de tierra. De esta forma, el coste será abonado por los consumidores cuando comience a funcionar, ya que tiene la consideración de coste de tarifa
"En el momento actual, las opiniones preliminares de los expertos apuntan a la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa", ha confirmado el titular de Industria, al mismo tiempo que ha subrayado que los expertos coinciden en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque "no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura".
1.000 millones de sobrecoste
A los 700 millones iniciales se añaden 186 por la inyección de gas colchón y 234 de costes financieros.
Soria ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.
De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.
El ministro ha recordado que esta instalación se consideró necesaria y "urgente" en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que "en el momento actual" de caída de la demanda "es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio" que tenga en cuenta la "infrautilización" de las infraestructuras de este sector.
"El Gobierno (actual) ajustó la retribución y estableció una fase de pruebas", en la que se encontraba la instalación en el momento de su paralización.
Soria ha reiterado que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una "relación directa" entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan "riesgos" relevantes.
"Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad", ha insistido, al tiempo que ha instado a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos.
"Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad" También ha subrayado que el Gobierno ha trabajado en todo momento de coordinada con las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, así como con las diputaciones y ayuntamientos, además de numerosos expertos.
El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se están produciendo en la zona
http://www.publico.es/espana/473923/el-estado-tendra-que-indemnizar-a-florentino-perez-si-se-paraliza-el-deposito-de-gas-castor
BEI (Banco europeo de inversiones): inversiones en el almacén gasista Castor
Anibal el 20/10/2013, 9:20 pm
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene pillados 500 millones en el almacén gasista subterráneo de Castor, situado en la costa de Castellón y que el Gobierno ha cerrado de manera provisional a la espera de los estudios sobre los más de 500 movimientos sísmicos que se produjeron durante la inyección de gas en el subsuelo.
El riesgo en la operación es por dos vías. El BEI invirtió de manera directa 300 millones en la emisión que cerró Escal UGS, la empresa promotora del almacén gasista, el pasado mes de julio. Pero, además, aprobó una línea de liquidez de otros 200 millones, destinada a los inversores institucionales que confiaron en la colocación, según consta en la propia nota que hizo pública la entidad pública europea. El 80% de los compradores de los títulos fueron grupos internacionales.
El principal riesgo para el BEI radica precisamente en la línea de crédito de 200 millones. La misma se creó para dar liquidez adicional a los inversores en momentos para aprobar sobrecostes en la fase inicial del proyecto o para cubrir deficiencias en el servicios de la deuda. Es decir, de prolongarse el cierre del almacén, algunos inversores podrían ejercer su derecho y convertir sus bonos gracias esta línea.
Además, el BEI tiene otros 300 millones de euros en títulos de estos bonos, 200 millones en sus balances y otros 100 millones fuera, según han explicado fuentes financieras. Por tanto, está muy expuesto a los problemas de Castor, un proyecto que controlan ACS en un 66% y el grupo canadiense Dundee Energy con otro 33%.
Castor es un proyecto faraónico. Este almacén submarino iba a proporcionar 30 días de reservas gasistas a toda España, tanto como el resto de almacenes en activo antes de que se pusiera en marcha el de Yela, de Enagas. En la práctica, equivale a 14 camiones cisterna de GNL. Pero su construcción también fue carísima: costó 1.300 millones que financiaron con un crédito sindicado de 19 bancos.
Sociedad en Luxemburgo
Para cancelar esta financiación, ACS y sus socios crearon un vehículo inversor en Luxemburgo, una sociedad de las denominadas de estructura huérfana, bajo el nombre de Watercraft Capital, firma controlada por una fundación con sede en Holanda. Watercraft Capital emitió los 1.400 millones de bonos para financiar el proyecto de Escal UGS en la costa de Castellón.
La emisión fue un éxito. Hasta los terremotos y la clausura preventiva del almacén subterráneo. Sin embargo, fuentes financieras han explicado que el mensaje que está enviando Escal UGS a los inversores internacionales es de plena tranquilidad, ya que tienen garantizado el retorno de la inversión en el BOE, en Real Decreto por el que se entregó la concesión.
El apoyo de la UE fue clave para la financiación del proyecto. La colocación de bonos de Castor fue la primera que se llevó a cabo bajo el vehículo “project bond”, un producto financiero que Bruselas quería impulsar para facilitar una serie de infraestructuras estratégicas, entre otras, un almacén gasista en Italia o autopistas en Bélgica, Eslovaquia, Alemania y el Reino Unido. El apoyo del BEI también resultó fundamental porque gracias a él la emisión consiguió una calificación de rating atractiva.
Ahora, la cotización de los bonos ya ha bajado por debajo del precio de la emisión, la cual vence en 2034. En ese período de tiempo, y si Escal UGS y el Gobierno se enzarzan en una batalla judicial en el Tribunal Supremo por la indemnización por un posible cierre de Castor que podría durar cinco años, el valor de los bonos podría caer mucho más. Y si lo hace, algunos inversores pueden intentar activar la línea de liquidez del BEI y realizar los 200 millones, con lo que el banco se acabaría quedado el 35% del riesgo de la emisión.
El BEI en el fondo es un banco público. Para evitar males mayores fuentes financieras abogan porque desde el BEI también se defenderá que el coste del fracaso de Castor se cubra vía tarifa gasista.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-19/otro-roto-a-la-marca-espana-el-bei-tiene-500-millones-de-euros-pillados-en-castor_43622/
materia el 16/5/2014, 12:12 am
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/14/actualidad/1400098618_474357.html
materia 12 Mayo 2014
Confirman la relación entre los seísmos y el proyecto de gas Castor.
Por primera vez, un informe oficial confirma la “relación directa” entre los 512 seísmos que se registraron en septiembre del año pasado en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). El Instituto Geográfico Nacional (IGN), uno de los dos organismos públicos a los que el Ministerio de Industria pidió un estudio detallado sobre las causas de los temblores, concluye: “Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”. La población de la zona percibió 15 de esos terremotos. El Gobierno ordenó el cese de actividad de la plataforma el 26 de septiembre, tras los primeros dos centenares de seísmos.
El informe descarta que los temblores tengan su origen en la falla de Amposta, como se sospechó en un primer momento. “Se trataría de otra falla, no cartografiada”, señala el texto. La inyección de gas “ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado”, añade. El almacén de gas, que aprovecha un antiguo yacimiento petrolífero a 1.700 metros de profundidad, está construido sobre esta falla y la utiliza como parte de su estructura, a modo de sellado del almacenamiento. En los alrededores hay otras dos de varios kilómetros de longitud y muchas de pequeño tamaño que no están cartografiadas y a las que varios geólogos consultados por este diario ya apuntaban hace meses como las culpables de provocar los temblores. Una de ellas es la que, según el informe del IGN, tiene “relación directa” con la actividad sísmica.
El Ministerio de Industria encargó al IGN que evaluara la relación entre los seismos registrados en la zona de Vinaròs y el proyecto gasístico. El trabajo consistía en detallar las causas, pero también en ofrecer “recomendaciones relativas a las operaciones en las instalaciones”. Los expertos, sin embargo, no aconsejan al Gobierno qué decisión tomar ni predicen qué ocurriría si la instalación volviera a ponerse en marcha y se reiniciara la inyección de gas.
El diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto pidió conocer el contenido del informe a principios de este año. Pese a estar fechado el 17 de diciembre, le fue remitido el 10 de abril pasado. “Los expertos aseguran que los estudios aún son insuficientes, es decir, que no se sabe lo que puede pasar. La plataforma debe permanecer cerrada”, señala Sixto. “La clausura no debe costar dinero a los ciudadanos; no tenemos que pagar por las decisiones equivocadas que tomaron algunos”, añade. Sixto asegura que pedirá explicaciones por el “retraso” en el envío del informe. El otro que solicitó, elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) a petición de Industria, aún no ha llegado al Congreso.
Una primera versión de ese informe salió del IGME en noviembre de 2013. Fue revisado y la versión definitiva se entregó en febrero pasado, según fuentes conocedoras del proceso. Industria se ha negado hasta ahora a hacer público el informe, solicitado en varias ocasiones por EL PAÍS. Este diario intentó, sin éxito, contactar ayer con el departamento que dirige José Manuel Soria, que también ha evitado repetidamente precisar quiénes son los “expertos independientes” a los que ha encargado otra evaluación. Según Servimedia, que cita fuentes ministeriales, la decisión sobre si la infraestructura reabre o se cierra definitivamente no se tomará hasta que estos “expertos internacionales” entreguen sus conclusiones.
La crisis del Castor comenzó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs. La empresa que gestiona la plataforma, Escal UGS, controlada en un 66,67% por ACS, había empezado en junio a inyectar gas colchón para comprobar que la instalación funcionaba correctamente. Hasta el 5 de septiembre no se registró el primer temblor. El 24 de ese mes, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos días después el Gobierno ordenó el cese de actividad, y así se ha mantenido durante estos meses. El mayor seísmo fue uno de magnitud 4,2. Escal UGS se limita a “continuar con el mantenimiento de las instalaciones”, señaló una portavoz, que no quiso valorar el informe.
El almacén Castor es un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. Se diseñó para poder cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro. Sin embargo, la decisión que Soria está retrasando —cierre definitivo o reapertura— no solo tiene consecuencias en la planificación gasística; las económicas son las que más preocupan al Ejecutivo. Escal tiene derecho a devolver la concesión durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno intentó librarse de esa obligación, pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización.
Según cálculos del Ministerio de Industria, el proyecto Castor ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones pertenecen a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones corresponden a costes financieros. ACS asegura en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto “el valor de la inversión es totalmente recuperable”.
Soria ha asegurado varias veces que, si no se cumplen “al cien por cien” las garantías de seguridad, Castor no reabrirá.
El Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado la petición del Gobierno de anular la indemnización al almacén de gas Castor en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado pidió --en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los seísmos-- la anulación de una cláusula del real decreto de 2008 con el que se autorizó la concesión administrativa por considerarla abusiva y contraria al interés general.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.
El Gobierno, con los votos del Partido Popular, aprobó a finales del año pasado la Ley de Evaluación Ambiental que, entre otras cosas, obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se use la técnica de fracturación hidráulica (fracking), incluye multas a las prácticas de bunkering que hacen las llamadas gasolineras flotantes (buques que suministran combustible mientras están permanentemente fondeados) y obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
El Gobierno validó Castor en 2007
ACS prevé que el almacén de gas Castor entre en funcionamiento este año
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/12/actualidad/1399897547_384101.html
Almacen Castor:Los expertos concluyen que existe relación entre la planta de gas y la actividad sísmica en el Golfo de Valencia
Anibal 12 Mayo 2014
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140512/abci-castor-seismos-201405121340.html
Nuevo informe del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la "elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente".
materia el 1/6/2014, 7:55 pm
Los geólogos alertan de la "elevada incertidumbre" que presenta el proyecto Castor, un almacén de gas submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en varios informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado.
Un nuevo informe, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la "elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente" de la instalación. Y afirma que ha llegado a esa conclusión tras comprobar la "sismicidad generada hasta el momento" y "la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud". Su recomendación es concretar ese riesgo "en lo posible" haciendo nuevos estudios.
El Ministerio de Industria encargó dos informes tras la crisis sísmica del Castor. Uno de ellos, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se conoció cuatro meses después de haberse elaborado, cuando Industria decidió atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto y enviárselo al Congreso. El otro, el del IGME, lleva fecha del 20 de diciembre pasado, pero Industria no lo remitió a la Cámara hasta este lunes, un día después de las elecciones europeas. Ambos informes constatan la relación entre la inyección de gas en Castor y los temblores registrados en la zona de Vinaròs. El informe del IGME afirma a este respecto: "El origen de la sismicidad acaecida [...] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón".
La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma (Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS) había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Según el informe del IGME, la sismicidad está relacionada con esas operaciones de inyección de gas y "coincide con un incremento del volumen inyectado, así como del aumento en el ratio de volumen inyectado por día, respecto a los estadios anteriores".
El 24 de septiembre se produjo el primer seísmo que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El PP ha rechazado hoy en el Congreso una iniciativa de CiU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor.
Los geólogos describen dos grupos de temblores. El primer grupo, mayoritariamente de baja magnitud, corresponde a la "sismicidad inducida" y coincide con las actividades de inyección de gas colchón durante el mes de septiembre. El segundo grupo, de "sismicidad disparada", tuvo lugar una vez paralizadas las actividades de inyección y registró terremotos de magnitud más elevada, de entre 3,5 y 4,2. Se produjeron, añade el informe, "como respuesta al cambio de condiciones tensionales en algunas de las fallas del entorno del almacén". En ese sentido, el texto explica que los terremotos de mayor magnitud son probablemente "consecuencia de la interacción dinámica entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección NW-SE y una falla mayor de dirección NE-SW". Esta falla, a la que denominan falla Castor, tal y como adelantó este diario, era desconocida hasta entonces.
La documentación remitida al grupo de IU en el Congreso confirma que la peligrosidad sísmica de la zona no se estudió previamente. De hecho, recomienda hacerlo ahora. El informe pide "desarrollar un estudio de peligrosidad sísmica de las fallas activas o potencialmente activas en el entorno del almacén y sus probables prolongaciones fuera del área del estudio de este informe". Ese estudio debería plantear diferentes "escenarios de riesgo", añade, bajo los cuales "se estimará el nivel probable de sacudida del terreno en las poblaciones costeras y la posible variación en las condiciones de aptitud del almacenamiento subterráneo".
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/28/actualidad/1401298329_364338.html
La renuncia de ACS al almacén de gas puede costar 1.400 millones a los usuarios con un recargo en la factura
materia el 26/6/2014, 1:54 pm
La empresa liderada por Florentino Pérez, que en el 2008 logró la concesión del Gobierno, en sociedad con la firma canadiense CLP, para la construcción y explotación de un almacenamiento de gas subterráneo frente a las costas de Castellón, anunció ayer que renuncia al proyecto Castor. La compañía había iniciado a mediados del 2013 la inyección de gas en una antigua bolsa de petróleo situada a 1.750 metros de profundidad, pero el Ministerio de Industria decidió paralizar la actividad el 26 de septiembre después de que se registraran cerca de 600 pequeños terremotos en la zona, lo que desencadenó una gran reacción popular en contra de la instalación. A partir de ese momento, el Gobierno encargó informes técnicos al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico Minero de España para determinar si existía una relación directa entre los seísmos y la presión ejercida por el gas. Los estudios, que se dieron a conocer hace unas semanas, dejaron constancia de esta asociación sin ningún género de dudas, lo que suponía el carpetazo a la explotación a la espera de un dictamen definitivo encargado a un centro independiente del extranjero.
El Grupo ACS, sin embargo, no ha querido esperar y ayer mismo inició el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones y del resto de los titulares de los bonos que emitió para financiar la infraestructura gasística. La compañía emitió en julio del pasado año 1.400 millones de euros en bonos para sufragar el almacenamiento. Si se acepta la propuesta de Escal -la empresa participada en un 67 % por ACS y en un 33 % por CPL- comenzará el proceso de reversión al Estado de la licencia de explotación. De este modo todo apunta a que serán las propias arcas públicas las que tendrán que asumir una indemnización de entre 1.400 y 1.600 millones de euros. Las cifras bailan porque ACS también considera que deben incluirse en la partida los gastos extraordinarios y operativos que le supuso el proyecto. En todo caso será una auditoría la que concretará la cantidad.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, evitó pronunciarse ayer sobre la verdadera cuestión de fondo, argumentando que habrá que esperar «a ver las condiciones de la renuncia, y si esta es autorizada por el Banco Europeo de Inversiones».
ACS argumenta que tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento «con derecho al cobro del valor neto contable de la misma, salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual». La negligencia, en este caso, no parece de la compañía, sino de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobado por el Gobierno de Zapatero en el 2009, que no valoró en su estudio el riesgo sísmico. Este factor es, de hecho, el que ahora hace inviable la infraestructura.
Tampoco está claro cómo hará el Gobierno para devolver el dinero que finalmente se fije en concepto de indemnización, pero los expertos apuntan a que la financiación recaerá en los propios ciudadanos a través de un recargo en la factura del gas, tal y como se hizo con la tarifa eléctrica tras la moratoria nuclear decretada en los años ochenta.
«Los estudios de impacto para este tipo de prácticas, tal y como se ha evidenciado, deben ser más rigurosos», según destacó ayer el director de campañas de Greenpeace. «El proyecto Castor es historia, lo que supone -dijo- un aviso a navegantes a quienes han dado permiso para las prospecciones en Canarias». En la costa de Castellón estaba previsto que se almacenasen 1.600 millones de metros cúbicos de gas.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/06/26/renuncia-acs-almacen-gas-puede-costar-1400-millones-estado/0003_201406G26P31991.htm
Soria: "No hay otra opción que indemnizar a ACS por el almacén Castor"
Anibal el 28/6/2014, 4:54 pm
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha pronunciado sobre la factura del almacén de gas Castor, después de que Escal, firma controlada por ACS, haya renunciado a la concesión. Según ha explicado, el decreto de 2008 que autorizó la construcción del almacén prevé una indemnización por el valor residual de la inversión, por lo que el Ejecutivo debe pagarla.
"Hay que actuar de acuerdo con lo que se establece en el Real decreto de 2008 y que prevé que en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización", ha explicado Soria, quien ha añadido que el Gobierno no tiene "otra opción" que acatar lo que establece dicha normativa.
Falta todavía por conocer a cuánto ascenderá dicho reembolso. En este sentido, Soria ha detallado hoy que se realizará por el "valor residual de la inversión".
Según ha explicado en una entrevista en la Cope, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró la lesividad de esta condición, pero que el Tribunal Supremo rechazó suprimir el supuesto de la indemnización en caso de renuncia, un derecho que Escal podía conservar durante 25 años a contar desde el otorgamiento de la concesión.
La compañía de Florentino Pérez inició el miércoles los trámites para abandonar la concesión presentando la solicitud para obtener la autorización a sus financiadores, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la asamblea de titulares de los bonos.
La participada de ACS colocó en julio de 2013 una emisión de títulos project bond por valor de 1.400 millones de euros para sustituir a la financiación financiera que se había solicitado a un sindicato de 19 bancos para costear el proyecto.
La operación supuso el estreno de estos bonos, una emisión asociada a un proyecto de infraestructuras que cuentan con garantía del BEI de unos 200 millones. Además, esta entidad compró bonos de la emisión por 300 millones de euros. Estos primeros bonos de proyecto se lanzaron con un plazo de vencimiento de 21,5 años y fueron suscritos en un 80% por inversores extranjeros.
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun14/empresas-finanzas/noticias/5897227/06/14/Soria-No-hay-otra-opcion-que-indemnizar-a-ACS-por-el-almacen-Castor-.html#.Kku80e4qOZrut42
Ilu$trativo.
Hay una pelicula dirigida por Reb Braddock cuyo titulo es:
"Tu asesina , que nosotras limpiamos la sangre"
http://www.filmaffinity.com/es/film729827.html
materia el 1/7/2014, 2:29 pm
http://blogs.publico.es/alfonslopez/8450/uno-de-los-suyos/
La indemnización al Grupo ACS se resolvió en un mes, y sin siquiera averiguar anomalías. ACS ya ha cobrado los más de 1.350 millones de indemnización del Proyecto Castor.
materia el 23/11/2014, 2:19 pm
Para los problemas de Florentino, soluciones rápidas. Para los dramas de los desahuciados, putrefacción lenta. Exactamente así es este final de época.
El Gobierno acordó indemnizar a la concesionaria del almacén gasista subterráneo Castor, Escal UGS —filial en dos tercios de la ACS que encabeza Florentino Pérez—, para compensar su “hibernación”, el 3 de octubre. O sea, al cabo de un año de una serie de terremotos; y poco después de que en junio Escal renunciase a la concesión. El 11 de noviembre, un mes y pico después del acuerdo, la concesionaria cobró. Fue pagada por la pública Enagás, mediante un crédito de 1.350 millones de euros, al módico (¿?) tipo de interés del 4,27%, que se repercutirá sobre los consumidores en la factura del gas —usted, por ejemplo— a razón de 30 anualidades de 100 millones. El coste total de la parálisis ascenderá a 3.500 millones.
Poco más de un mes: un gozo de cobro exprés, tratándose de Administraciones tan morosas como las nuestras. Gozo y regocijo (pelín asimétrico), porque no hubo plazo para calibrar si medió negligencia en la gestión del Castor y no se estudió ni cuantificó el daño causado a los vecinos y propietarios de la zona. Amén de que la concesión fue otorgada tras el despiece de los proyectos componentes y el desplazamiento desde la tutela catalana (más exigente en medio ambiente) a la valenciana (más permisiva).
Aparte de que Bruselas puede acabar tomando cartas en el asunto, por tratarse eventualmente de una ayuda pública directa al concesionario prohibida por el Tratado de Lisboa (artículos 81 y 82) por falsear la competencia. Para más detalle, vean las objeciones del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, en su Informe sobre el projecte Castor (www.sindic.cat).
Económicamente, “era la Administración la que soportaba todo el riesgo”, escribe Juan José Ganuza (www.nadaesgratis.es). Al socializarse las pérdidas, las empresas no asumen riesgos: carecen de incentivos para “discriminar entre los proyectos y se convierten en peligrosos emprendedores de elefantes blancos, proyectos con un valor social negativo”, concluye.
Vamos ahora al ritmo lento. Los desahucios bancarios de vivienda ocupada aumentaron el primer semestre un 17% sobre igual periodo de 2013, hasta 1.218 casos (EL PAÍS, 14 de noviembre). Hay días que solo en la ciudad de Barcelona, una de las más sufridoras, alcanzan la veintena. Y eso que ya rigen algunas de las mejoras de la ley hipotecaria. Si el problema empeora y dura ya desde 2009, seis años, seis, ¿no debería aplicarse al mismo la rapidez del castor y la contundencia del BOE? Calculen unos dos mil casos/año a unos 250.000 euros/caso, total 500 millones/año.
Este sería el coste máximo de resolver —cancelando el total de la deuda— la parte más dramática del segundo problema socioeconómico español, tras el paro. Considerable, pero limitado, pues hay medidas intermedias más baratas, vía quitas, daciones, acuerdos, apoyos municipales y de las oenegés. Asumible, porque el drama corroe la cohesión social. Amenaza a la conservación del sistema económico.
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/19/actualidad/1416430027_867902.html
ACS ya ha cobrado los más de 1.350 millones de indemnización del Proyecto Castor.
materia el Vie 14 Nov 2014
ACS será indemnizada con 1.350 millones por el cierre de Castor que pagará el usuario
Anibal 4 Oct 2014
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412348199_245716.html
Prueba la Ley de transparencia: 10 preguntas del fiasco de Castor aún sin respuesta
materia el 12/12/2014, 12:34 am
Si hay un fiasco sin documentar de forma pública es la plataforma de almacenamiento de gas Castor. Situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón), se instaló en una falla activa, originó más de mil terremotos en 2013 y la alarma provocó que la constructora renunciara al negocio.
ACS, controlada por Florentino Pérez, acaba de recibir una ‘indemnización' de 1.370 millones de euros, que está incluida en una Ley elaborada por el Gobierno del PP.
Este dinero será convertido en deuda por los bancos y será cargado en las facturas de los consumidores españoles en los próximos 30 años, lo que supondrá 4.731 millones de euros.
¿Acaso no se pudo prever este fiasco? Este miércoles, el Ejecutivo ha estrenado a bombo y platillo el portal de Transparencia. Promete que el Estado aportará la documentación de los contratos del Estado que se soliciten.
Por ello, aquí va una propuesta de 10 preguntas sobre el contrato de Castor a dirigir al Estado. En teoría, tendría que contestar en 30 días y supone todo un test de estrés a la transparencia pública prometida:
1. ¿Cuántas indemnizaciones a contratistas del Estado se han concedido en los últimos 20 años por rango de ley, y específicamente por Real-Decreto Ley?
El Gobierno aprobó un Decreto-Ley para indemnizar a la constructora de Castor el pasado octubre, de tal manera que cerró la puerta a que un consumidor de a pie lleve el caso a la Justicia ordinaria para oponerse a pagar esta indemnización millonaria. Al ser una ley, sólo queda el recurso al Tribunal Constitucional, que está reservado para 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo o una comunidad autónoma.
No existen precedentes similares de indemnización a gasistas por Ley.
2. ¿Cuántos contratistas del Estado han recibido una indemnización del Estado en sólo 40 días en los últimos 20 años?
Lo habitual es que las administraciones públicas se opongan a pagar una indemnización a una empresa , por lo que ésta tiene que recurrir a la vía contenciosa-administrativa para cobrar. Castor es también excepcional: ha cobrado en 40 días. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo estableció en una sentencia de octubre de 2013 que el decreto con el que se adjudicó la plataforma contiene "una previsión genérica de compensación por el valor residual" (sic).
La plataforma llevaba gastados 500 millones de euros en su construcción; sin embargo, ACS ha cobrado por el valor total de la inversión, 1.370 millones de euros.
3. Solicito el acceso a toda la documentación del contrato entre el Estado y Escal-UGS para la construcción de la plataforma de almacenamiento de gas natural Amposta (permiso Castor).
4. Requiero los documentos previos que aconsejaron la contratación del Estado con la empresa Escal-UGS y los nombres de los funcionarios y altos cargos que lo autorizaron.
5. Reclamo la Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG Ref: GAD 13/05), de 26 de octubre de 2005 del Observatori de l'Ebre.
Este informe alertaba del riesgo de terremotos en caso de instalación de un depósito artificial de gas, pero su contenido no ha sido divulgado por autoridad alguna.
Los riesgos geológicos fueron subestimados en 2007, de tal manera que la empresa Escal-UGS estableció que su plataforma tenía un riesgo de sismología "bajo". Sólo se estudió la falla principal, pero no se investigaron las fallas secundarias, epicentro de los mil terremotos . El informe de 2005 alertaba precisamente de estos riesgos.
6. Solicito la documentación de autorización del traslado de la plataforma desde las costas de Catalunya a las de la Comunidad Valenciana.
Las organizaciones de afectados denuncian que la empresa trasladó de posición geográfica la plataforma desde Tarragona a Castellón, ya que la administración catalana estaba siendo muy exigente en materia medioambiental. Castor se colocó sobre una falla activa.
7. Solicito el contrato por el cual el actual Gobierno amplió en 2012 el derecho de renuncia a Castor y lo extendió de 5 a 25 años.
El Gobierno del PP acusa anterior Gobierno, el socialista, de haber firmado un contrato leonino contra el Estado ya que permitía a Escal-UGS el abandono voluntario de la plataforma y garantizaba el cobro de la inversión incluso en caso de "dolo o negliencia" por parte de la empresa. Esta cláusula del contrato expiraba en 2013, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la prorrogó de 5 a 25 años, según diversas informaciones. Se desconoce este documento.
8. Solicito de la Abogacía General del Estado y del Gobierno los documentos y las autoridades que firman el permiso para la ‘indemnización' a Escal-UGS tras su renuncia voluntaria a la concesión.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia de octubre de 2013 que el Real Decreto 855/2008 de la concesión de Castor contenía una previsión"genérica de compensación por el valor residual" en caso de renuncia voluntaria. También sentenció que si existiera una indemnización, ésta dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: "en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende".
9. Solicito los informes de control financiero del proyecto y su memoria económica, así como a la autorización del Banco Europeo de Inversiones que debe constar en el expediente.
La empresa constructora emitió 1.400 millones de euros en bonos y lo colocó entre inversores. Si la planta no entraba en funcionamiento el 30 de noviembre de 2014 -como así ocurrió- se ejecutarían los avales sobre ACS que era la que tenía garantizada toda la deuda excepto los 200 millones que respaldo el BEI. Ahora todo este dinero lo pagarán los consumidores españoles, multiplicado por cuatro.
ESCAL UGS SL tenía una plantilla de 10 trabajadores, 25 directivos y un capital social de 5,5 millones de euros cuando recibió los 500 millones del Banco Europeo de Inversiones.
Los bancos que financiaron la operación serán los que ahora emitan la deuda a cargar sobre los bolsillos de los consumidores españoles (son 1.370 millones de euros a pagar en 30 años a un tipo de interés del 4,27%).
10. Solicito del Tribunal de Cuentas su informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, abierto tras una denuncia presentada en 2013.
Enlace para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, alojado en la página web: www.transparencia.gob.es
La plataforma Castor nunca llegó a estar operativa ni prestó servicio alguno.
http://www.publico.es/politica/560980/prueba-la-ley-de-transparencia-10-preguntas-del-fiasco-de-castor-aun-sin-respuesta
Soria cree que el contrato de Castor "era un disparate", pero justifica pagar la indemnización.
Anibal el 6/5/2015, 1:09 pm
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha sostenido que el contrato del proyecto de almacén gasístico Castor "era un disparate", pero ha justificado el pago a la promotora Escal UGS de 1.350 millones en concepto de indemnización por una decisión del Tribunal Supremo (TS) que, ha dicho, debía cumplirse.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha considerado que las prospecciones son necesarias porque España es energéticamente dependiente, aunque siempre "garantizando la seguridad".
Preguntado por cuánto va a subir el recibo de la luz en 2015, ha admitido que ha estado subiendo durante años pero ha matizado que empieza a bajar "tímidamente", y ha augurado que lo continuará haciendo.
Sobre el proceso soberanista, ha dicho que se ha planteado como una "cortina de humo político para desviar la atención de temas que preocupan mucho a los ciudadanos".
En ese sentido, ha opinado que "el sentimiento independentista no estaba en alguna de las fuerzas políticas que ahora hacen bandera" de él.
Leer más: Soria cree que el contrato de Castor "era un disparate", pero justifica pagar la indemnizaciÃ³n - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6686629/05/15/Soria-cree-que-el-contrato-de-Castor-era-un-disparate-pero-justifica-pagar-la-indemnizacion.html#Kku8qfdZnRDReRIg
Con el nuevo año, los más de siete millones de usuarios de gas empezarán a pagar a través del recibo unos 4.700 millones de euros a lo largo de 30 años por la indemnización más los intereses por la paralización del almacén Castor, en la costa frente a Vin
Anibal el 31/12/2015, 7:41 pm
La compensación que cobró hace un año la antigua concesionaria, Escal UGS, controlada por ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue de 1.350 millones. Pero el pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, hará que la cantidad se multiplique al final del periodo por más de 3,5 veces.
El Banco Santander, CaixaBank y Bankia cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, que recuperan con un interés del 4,27%. Y todo ello a pesar de que las instalaciones, cuya explotación fue paralizada tras una serie de seísmos que provocó en el sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana en el 2013, tienen diversas causas abiertas en los tribunales.
El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a trámite un recurso de la Generalitat contra la orden de peajes del gas para el 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo para hibernar las instalaciones, 17 millones de euros, se carguen tambiénen la factura.
El recibo de estos servicios suele llevar muchos cargos que poco tienen que ver con el consumo. En el 2015, el recibo de la luz dejó de incluir la moratoria nuclear. Por ese concepto incluido en 1995 se han pagado 5.717 millones a través del recibo.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/los-usuarios-gas-empiezan-pagar-almacen-castor-4785425
La factura del fiasco del almacén de gas Castor roza ya los 1.700 millones.
materia el 25/2/2016, 7:52 pm
Que la promotora Escal UGS (de la que ACS posee el 66,7% y la canadiense Dundee Energy el 33% restante) tenía derecho a cobrar esta nueva cantidad por la fase de pruebas estaba establecido en el real decreto de 2014 en el que se fijaban los 1.350 millones de indemnización por la inversión realizada. Pero hasta ahora se desconocía que el ministerio había reconocido ya esos 295,6 millones, que los promotores cobrarán a lo largo de este año.
A esta cantidad se suman otros 4,5 millones que Escal percibió por los dos meses que pasaron desde que se decretó la hibernación de esta instalación y Enagas se tuvo que hacer cargo del almacén. En total, el fiasco de Castor ya acumula 1.649,95 millones que los consumidores pagarán en las próximas tres décadas a través del recibo del gas.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/25/actualidad/1456420039_216451.html
Energía da por cerrado Castor, que le costará 3.000 millones al consumidor
Anibal el 4/5/2017, 10:44 am
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8334056/05/17/Energia-da-por-cerrado-Castor-que-le-costara-3000-millones-al-consumidor.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/04/catalunya/1493906368_553761.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493802085_594860.html
La indemnización del Castor pasa factura: los consumidores pagarán 100 millones este año
Anibal 9 Jun 2016
Los consumidores de gas estarán costeando la indemnización del Castor durante 30 años a través del recibo. Este año tendrán que asumir el pago de 100 millones de euros.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/83740-la-indemnizacion-del-castor-pasa-factura-los-consumidores-pagaran-100-millones-este-ano
Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Casto
economy67 el 6/4/2018, 8:49 pm
El banco Santander, Caixabank y Bankia han decidido demandar al Estado por la paralización del almacén submarino Castor por un importe de 1.350 millones de euros, según fuentes jurídicas. Las tres entidades han formulado este viernes ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados. La reclamación explica que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Como se justifica, si no fuese así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.
En octubre de 2014, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén de gas natural “Castor”, después de que una serie de seísmos despertasen gran alama social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en “Castor”.
Para posibilitar el pago, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre. Como explicó el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en una reciente comparecencia ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, “si quebraba la empresa concesionaria evidentemente se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones, y recuerden que estábamos en el año 2013, en la época en que la prima de riesgo de la economía española era todavía muy alta, había dudas sobre el euro y había problemas con la deuda soberana española”.
El Real Decreto-ley extinguió la concesión, “hibernó” la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. Santander, CaixaBank y Bankia aportaron los 1.350 millones de euros necesarios para el cierre y el Gobierno, a través del sistema gasista, se comprometió a devolverlos en 30 años.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema de compensación previsto en el Real Decreto-ley 13/2014. La razón fue que el Gobierno no había sido capaz de justificar que el empleo de un Real Decreto-ley (que solo se puede aprobar en casos de verdadera urgencia) estaba realmente justificado en este caso, y que no había tiempo para tramitar una ley “ordinaria”. El Constitucional, sin embargo, aceptó la extinción de la concesión existente, y aceptó que era necesario pagar al antiguo concesionario el importe de las inversiones que había realizado.
Tras la declaración de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por las tres entidades.
A raíz de la decisión del Constitucional, la deuda que el Estado tenía con la concesionara se pagó por los tres bancos por cuenta del Estado, a cambio de recuperar ese importe con los intereses en 30 años. Además, el real decreto con el que se cerró el almacén de gas y se compensó a la concesionaria se declaró inconstitucional porque el Gobierno uso indebidamente la figura del real decreto-ley.
No obstante, el Gobierno cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar, de uno u otro modo, a los tres bancos que pagaron la deuda que el Estado tenía con la concesionaria. El Estado entiende que la deuda que tenía con la concesionaria está pagada pero, sin embargo, no reconoce una compensación alternativa a los que pagaron esa deuda.
http://formacionparaabogados.com/santander-caixabank-y-bankia-reclaman-al-estado-1-350-millones-por-el-cierre-del-almacen-de-gas-castor
(incluída por la administración de foro inter - rev)
Castor: Los bancos Santander, Caixabank y Bankia van al Supremo por 1.350 millones y Enagás reclama gastos de mantenimiento.
materia el 5/1/2019, 5:09 pm
La factura de Castor, el fallido proyecto para construir un almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón, se enreda cada vez más en los tribunales. Los bancos acreedores de los 1.350 millones que costó la instalación han recurrido ante el Tribunal Supremo para exigir al Gobierno la devolución del importe. En paralelo, Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha gastado en el mantenimiento y la seguridad del almacén, cerrado en 2013 tras provocar centenares de terremotos.
El fiasco de Castor, y los gastos y las deudas que arrastra, van a seguir dando quebraderos de cabeza al Gobierno, al que se le han abierto varios frentes en los últimos días. La factura de la instalación, construida por Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), sigue engordando sin que el Ejecutivo aclare cómo va a ir pagándola. Hace poco más de un año el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley con el que el Gobierno de Rajoy diseñó el rescate de la concesión de Castor. Este repercutía el coste al recibo del gas de los consumidores durante 30 años y encargaba a Enagás el mantenimiento del almacén, cerrado y en hibernación.
La sentencia del Constitucional, que no entraba al fondo de la cuestión sino a la forma —consideró que un real decreto-ley, previsto para situaciones de urgencia, no era la fórmula adecuada para devolver los 1.350 millones de euros a Escal— inició una cascada de pleitos.
La factura de Castor tiene dos partes: por un lado los aproximadamente 80 millones al año que hay que pagar a los tres bancos acreedores (Santander, CaixaBank y Bankia) y, por otro, los gastos de mantenimiento de Enagás, que el año pasado ascendieron a unos 8,7 millones de euros.
En cumplimiento de la sentencia, el Gobierno anterior dejó de pagar los 80 millones anuales a los bancos. Estos presentaron en abril una reclamación patrimonial contra el Estado para exigir el dinero, pero no tuvieron respuesta, ni en un sentido ni en otro. El silencio administrativo, que se considera una negativa, ha empujado ahora a las entidades a acudir a la justicia. Escal y ACS cobraron apenas un mes después de que el Ejecutivo de Rajoy aprobara por vía de urgencia su indemnización, pero la deuda se titulizó y fueron los bancos los que prestaron el dinero que supuestamente iban a recuperar a lo largo de 30 años.
El embrollo y la litigiosidad generada fuerzan ahora al Gobierno a actuar, especialmente en el caso de la otra parte de la factura, la del mantenimiento y vigilancia. Enagás lleva cinco años ocupándose, en primer lugar, de la hibernación de la instalación (disminución de la presión del gas, sellado de los pozos) y posteriormente de su seguridad, con vigilancia 24 horas que incluye la operación de un barco y de un helicóptero. Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han anulado los pagos que recibió Enagás en 2014, 2015 y 2016, que tendrá que devolver, y la empresa no cobra desde la sentencia del Constitucional. En total, mantener vacío Castor acumula unos gastos de algo más de 50 millones de euros, según fuentes de la compañía, que son los que ahora reclama como responsabilidad patrimonial del Estado.
El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que recular en su decisión de incluir en la orden que regula los peajes del gas para 2019 la retribución a Enagás, que según una primera versión de la orden incluían tanto la factura de 2019 (8,7 millones de euros) como las de 2017 y 2018 (por la misma cantidad) que no cobró. Sin embargo, en la versión final publicada en el BOE el Gobierno dejó fuera estas cantidades. Según una portavoz del departamento que lidera Teresa Ribera, se tomó la decisión de retirar el pago por indicación de la CNMC y a la vista de las sentencias del Supremo.
Si el Ministerio de Transición Ecológica ignora esta reclamación de Enagás, como hizo con la de la banca, estos gastos acabarán también ante el Tribunal Supremo.
La decisión de desmantelar el almacén
La factura de Castor que el Gobierno adeuda a los bancos va a seguir pendiente durante décadas, pero la del mantenimiento anual, que ya suma 50 millones de euros, podría dejar de generarse si la instalación se desmantelara. Es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que de momento no está abordando. “Hay que sentarse a hablar qué se hace con Castor”, responde una portavoz de Transición Ecológica a la pregunta de si se está preparando el desmantelamiento del almacén de gas. La litigiosidad que está alcanzando el proyecto aboca al Gobierno a decidirse rápido, según fuentes del sector. En cualquier caso, cerrar la planta y sellarla costaría decenas de millones de euros que se repercutirían, una vez más, en la factura de los consumidores.
https://elpais.com/economia/2019/01/04/actualidad/1546633497_055291.html
Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado el crédito de 1.350 millones para cerrar Castor
Anibal Abr 06, 2018
Las entidades ofrecen que España reembolse el dinero de manera gradual
Los tres bancos pusieron el crédito para facilitar la clausura del almacén
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/06/companias/1523026989_579236.html
El desmontaje de Castor: 260 millones, cinco años y un gasoducto de 30 kilómetros abandonado. Compromís revela un informe para el desmantelamiento que el Gobierno tiene desde 2018.
materia el 22/10/2019, 10:54 pm
https://elpais.com/sociedad/2019/10/22/actualidad/1571759097_106037.html
Re: Energía: Proyecto Castor en España.

References: artículo 14
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