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Timestamp: 2019-02-24 05:27:46+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 596, de 26/01/2015
cve: BOCG-10-D-596
Núm. 596
161/003342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre paralización de las obras en la montaña de La Muda en Fuerteventura ... (Página4)
161/001915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para incrementar la transparencia en la gestión de activos del SAREB. Retirada ... (Página5)
161/003348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al incremento de la transparencia en la gestión de activos del SAREB ... (Página5)
161/003350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para erradicar la morosidad de las empresas del IBEX 35 y otras empresas cotizadas ... (Página6)
161/003345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la simplificación de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño ... (Página7)
161/003344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso del transporte de mercancías por ferrocarril ... (Página8)
161/003347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la propuesta del Ministerio de Fomento de optar por la denominada "Alternativa 4" para la construcción de la Variante de Padrón, Pontecesures y Valga ... (Página10)
161/003349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Lanzarote ... (Página11)
161/003346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre soluciones para la situación académica y laboral del colectivo de profesores tutores de la UNED ... (Página12)
161/003341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al trasvase entre la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana ... (Página13)
161/003353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las desigualdades de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria, especialmente los desequilibrios que genera en la provincia de Teruel ... (Página15)
161/003354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento de los compromisos con los agricultores y ganaderos canarios ... (Página16)
161/003338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a garantizar el acceso a los nuevos fármacos a los enfermos de hepatitis C ... (Página18)
161/003351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para las personas afectadas por la Talidomida ... (Página19)
161/003343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la clausura del sitio web que promociona un juego "on line" que consiste en matar personas homosexuales ... (Página20)
181/002576 Pregunta formulada por la Diputada doña Teresa Cunillera Mestres (GS), sobre planes y proyectos, acordados o no con la Generalitat de Cataluña, para solucionar los graves problemas de la carretera N-240 en su paso por la provincia de Lleida ... (Página21)
181/002580 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre valoración del Ministerio de Fomento en relación con los proyectos sobre el tren de alta velocidad ... (Página21)
181/002581 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre previsiones del Ministerio de Fomento sobre el Plan de Alta Velocidad en Cantabria ... (Página22)
181/002575 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Silva Rego (GS), sobre previsiones acerca de la construcción de la nueva sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Vigo ... (Página22)
181/002577 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez (GS), sobre subvenciones o líneas de crédito concedidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia) ... (Página22)
181/002578 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si la ejecución de la línea de crédito concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en su día para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia) se ajusta a los fines para los cuales fue concedida, así como actuaciones de inspección y verificación realizadas por el citado Ministerio para comprobar que la financiación se ha aplicado correctamente ... (Página23)
181/002579 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez (GS), sobre responsabilidades que se van a exigir al responsable o responsables de la gestión municipal en el caso de que se haya efectuado una utilización fraudulenta de la línea de crédito concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia) ... (Página23)
232/000134 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 557/2013, promovido por el Gobierno de Canarias, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página23)
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003342
Doña Ana Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan para su debate en la Comisión de Defensa la siguiente Proposición no de Ley sobre paralización de las obras en la montaña de La Muda en Fuerteventura.
El Ministerio de Defensa ha vuelto a poner en marcha las obras en lo alto de la montaña de La Muda, un Espacio Natural Protegido, en la isla de Fuerteventura, sin escuchar las propuestas de las instituciones locales para buscar emplazamientos alternativos.
La Montaña está ubicada dentro del Espacio Natural Protegido "paisaje Protegido de Vallebrón" (F12), que es también Lugar de Interés Comunitario, Zona Especial de Conservación para las Aves (ZEPA) ES0000349.
El Cabildo de Fuerteventura viene solicitando desde hace años la paralización de las obras, y ofreciendo colaboración para buscar alternativas de ubicación. También se ha denunciado reiteradamente que los trabajos de la vía de acceso se comenzaron sin las autorizaciones necesarias. El ministro de Defensa ni siquiera ha aceptado la invitación realizada por el Cabildo para desplazarse a Fuerteventura y hablar con las instituciones y los vecinos.
Todos los ayuntamientos, el Cabildo y el Parlamento de Canarias han solicitado reiteradamente a Defensa que paralice las obras y se siente a dialogar para definir posibles alternativas de ubicación.
Las obras de Defensa en La Muda han incluido no sólo la ampliación de las instalaciones, sino también el camino de acceso que sube por toda la montaña, ampliándolo y cerrándolo con una barrera a mitad de recorrido, fuera del área militar y en medio de un espacio público.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a que, atendiendo la petición formulada por los seis Ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, el Cabildo Insular y el Parlamento de Canarias, paralice las obras en la montaña de La Muda, un Espacio Natural Protegido, y abra una ronda de negociaciones con las instituciones majoreras para analizar emplazamientos alternativos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2015.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001915
Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2015 se ha retirado por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural la Proposición no de Ley sobre medidas para incrementar la transparencia en la gestión de activos del SAREB, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013.
161/003348
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la transparencia en la gestión de activos del SAREB, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es una sociedad anónima creada en el marco de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, como parte del proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero español.
Su objetivo es la administración y enajenación de activos procedentes de las entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia) y de las que han recibido ayuda financiera (BMN, Liberbank, Caja3 y Ceiss), según lo previsto en el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
El capital social de la SAREB está aportado por entidades privadas (55 %) y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en una proporción minoritaria (45 %). La entidad tiene un plazo de 15 años para cumplir su principal objetivo: culminar el proceso de desinversión buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas. La sociedad recibió 197.474 activos, un volumen de 50.653 millones de euros. SAREB cuenta con inversores privados y públicos, tanto nacionales como extranjeros. Entre ellos hay catorce bancos nacionales, dos bancos extranjeros, una eléctrica y diez aseguradoras, además del FROB.
A pesar que la SAREB manifiesta que sus valores son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico, la realidad es que su actividad, a día de hoy, es del todo desconocida por la ciudadanía. Nuestro grupo parlamentario ha intentado conocer, sin éxito, el inventario que lo integra, principalmente información relacionada con: suelos y viviendas en cartera, ubicación de las mismas, tipología de vivienda, antigüedad y precio medio así como las operaciones realizadas en la venta de activos, el perfil de clientes y los mecanismos de control público ante la eventual entrada especulativa de inversores privados que se están llevando a cabo para evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales. Además de los inversores privados, hay que atender los diversos casos de incompatibilidad surgidos en la SAREB, que nos hacen cuestionar la independencia en la gestión de alguno de sus miembros.
Ninguna de estas cuestiones ha sido respondido hasta el día de hoy, el Gobierno lejos de contribuir a la transparencia, se afana en recordar que es una empresa privada y que no puede invadir la autonomía de información de una empresa jurídico-privada y que la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, establece que la Comisión de seguimiento remitirá a las Cortes Generales, con periodicidad semestral y sobre la base de la información recibida por la misma, un informe sobre la evolución de sus actividades. Esa misma disposición adicional, en su punto séptimo, establece que "La sociedad de gestión de activos o, en su caso, la sociedad gestora, remitirá al FROB cuanta información este les requiera relativa a su actividad y a la adecuación de la misma a lo previsto en esta Ley". Habida cuenta de que varios miembros del Gobierno
integran la Comisión rectora del FROB lo que les da derecho a solicitar cuanta información requieran y que el 45 % de la SAREB es capital público la falta de transparencia se hace, si cabe, más patente.
Por su parte, el Banco de España, en un proyecto de circular contable del 16 de mayo de 2014, y amparado por las funciones de supervisión que le otorga la mencionada Ley 9/2012, recuerda a la SAREB que "deberá cumplir con las obligaciones generales de formulación de las cuentas anuales, en los términos previstos en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital". En esa misma circular, en la que el Banco de España especifica una serie de normas de obligado cumplimiento para la SAREB, se establece que "la SAREB deberá disponer (...), de un inventario con suficiente detalle que recoja todos y cada uno de los activos traspasados por las entidades cedentes".
Asimismo, los ayuntamientos exigen a la SAREB el derecho a conocer los inmuebles disponibles en sus municipios y el derecho a acceder a una vivienda digna por medio de la cesión o alquiler social para satisfacer una necesidad social de los municipios, en definitiva demandas que desde la Izquierda Plural venimos reclamando desde su constitución como es la constitución de un parque público de viviendas de alquiler que tiene en la SAREB una oportunidad histórica para ello, en tanto que se ha establecido un marco de saneamiento para las entidades intervenidas pero sin ninguna contraprestación como sería destinar una parte de ellas a algún tipo de finalidad social.
Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural entendemos que la SAREB constituida como salvavidas público para dar solución a la viabilidad de aquellas entidades financieras privadas que asumieron mayor riesgo inmobiliario debería garantizar la máxima transparencia para evitar una nuevo cheque en blanco en materia bancaria y cargar nuevamente las consecuencias de la mala gestión sobre las espaldas de la ciudadanía.
1. Adoptar las medidas necesarias para que la actividad de la SAREB sea plenamente transparente y pueda ser objeto de los necesarios controles políticos y administrativos.
2. Hacer público en el plazo de tres meses la Memoria de la SAREB, que incluya los activos inventariados de su propiedad, con detalle de sus características y ubicación territorial, además de su valoración contable.
3. Poner a disposición de las administraciones públicas que lo soliciten la información que estas le requieran y que precisen para el desarrollo de sus competencias.
4. Adoptar las medidas necesarias para impedir que las actuaciones de la SAREB puedan ser objeto de maniobras especulativas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2015.-Laia Ortíz Castellví, Diputada.- Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003350
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para erradicar la morosidad de las empresas del IBEX 35 y otras empresas cotizadas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Una de las consecuencias de la crisis y una de las causas que dificultan enormemente la recuperación económica es la falta de crédito de las empresas. Esta carencia imposibilita realizar las inversiones necesarias para que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse y crecer o para que puedan surgir nuevas empresas. El pulmón financiero del que dispongan las empresas es, en consecuencia, clave para la buena salud de nuestra economía. Pero los problemas de tesorería van mucho más allá del
crédito; las prórrogas o los pagos retrasados, o directamente los impagos, lastran enormemente la marcha de las empresas que los sufren llegando incluso en algunos casos a suponer su desaparición.
Para dar respuesta a los problemas que supone la morosidad, el Gobierno anterior impulsó y aprobó la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha Ley establece un plazo máximo de sesenta días como plazo de pago tras la recepción de los bienes o la realización de los servicios prestados, plazo que no puede ser modificado por acuerdo entre las partes como dicta la misma ley. Que la ley acuda a solventar las asimetrías de poder a las que se enfrentan las Pymes cuando tratan con la Administración o con las grandes empresas es positivo, no sólo para las propias empresas, sino sobre todo para el correcto funcionamiento de un mercado que no puede funcionar sin la necesaria regulación que lo dinamice.
Los problemas de tesorería que suponen los impagos para las pequeñas empresas no sólo comportan consecuencias en su funcionamiento inmediato sino que son una rémora para su potencial de crecimiento. En su informe "España 2018", el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), organización integrada por varias de las mayores empresas de nuestro país, muchas de ellas del IBEX 35, alertaba de que el reducido tamaño de la empresa española la hacía menos competitiva y a menudo dificultaba su acceso al crédito.
A finales del año pasado, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad informaba de los pagos tardíos de varias de las empresas cotizadas, muchas de ellas del IBEX 35. En este sentido el Presidente de la Plataforma alertaba de que "esta situación es el principal obstáculo para que las pymes y autónomos españoles crezcan en dimensión y sean más competitivos". Entre las empresas morosas se encuentran algunas de las que componen el CEC, añadía el presidente de la Plataforma.
Es sorprendente que algunas de las mayores empresas de nuestro país, que apuntan al reducido tamaño de la empresa española en relación a su capacidad competitiva, a la vez sean empresas que a la hora de la verdad presenten escandalosas moras en los pagos. Es por ello por lo que presentamos la siguiente
1. A adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y, especialmente, a aquellas empresas que, por su tamaño y capacidad financiera, no tengan justificación alguna para demorar más allá de lo permitido en el marco legal los pagos a sus proveedores.
2. A establecer un régimen de sanciones específico para las grandes empresas que disuada de manera efectiva a estas entidades de incurrir en prácticas morosas."
161/003345
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley de simplificación de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño.
La reciente aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha conllevado cambios sustanciales en relación al régimen previsto por el antiguo texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Una de dichas modificaciones ha sido la obligatoriedad de presentar declaración para la mayoría de entidades sin ánimo de lucro, ya sean estas del ámbito social, cultural, cívico, deportivo, asociaciones de madres y padres, asociaciones de vecinos, entre otros.
El antiguo apartado tres del artículo 136 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, contemplaba una excepción a la obligación de presentación de la declaración del Impuesto para, entre otros, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no acogidas al régimen previsto por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, pero también asociaciones, uniones o colegios profesionales.
Para este supuesto de no obligación de declarar, se exigían tres requisitos tales como que sus ingresos totales no superasen los 100.000 euros anuales; que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superasen los 2.000 euros anuales y que todas las rentas no exentas que obtuviesen estuviesen sometidas a retención.
La nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, ha eliminado este supuesto, por lo que todas estas entidades ahora están obligadas a presentar la declaración por todas sus rentas, ya sean las no exentas, así como las exentas, sea cual sea su volumen de ingresos, lo que supondrá que deberán asumir cargas administrativas muy superiores a las actuales, desproporcionadas y gravosas que no se corresponden con su tamaño y actividad.
La eliminación de estos supuestos supone dificultar la actividad de un gran número de entidades y agrupaciones de personas que se organizan para realizar una actividad colectiva, la mayoría de ellas con implantación a nivel local, con mínima infraestructura técnica y apoyo voluntario en muchos casos. Entidades cuyos ingresos, en la mayoría de supuestos, se corresponden con las cuotas de sus asociados, pequeños donativos y puntuales subvenciones públicas.
Desde esta perspectiva, no parece justificable obligar a estas entidades de naturaleza puramente funcional y sin ánimo de lucro a asumir nuevas obligaciones contables y tributarias, con los correlativos costes no proporcionados que ello comporta, complicando con ello la gestión de su día a día.
Por ello, Convergència i Unió considera conveniente replantear la idoneidad del cambio operado por la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, que comporta una ampliación de la carga burocrática para estas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, hasta el punto de dificultar el desarrollo de su actividad natural y de las externalidades sociales positivas asociadas a las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar el supuesto de no obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los sujetos pasivos parcialmente exentos, prevista en la derogada normativa de este Impuesto, siempre que cumplan requisitos tales como que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales; que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen los 2.000 euros anuales o que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003344
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril.
El transporte de mercancías por ferrocarril tiene un papel básico para la economía. En primer lugar, en un entorno de creciente globalización un mercado de transporte de mercancías por ferrocarril eficiente puede facilitar que el territorio peninsular se convierta en puerta de entrada a Europa de mercancías de origen africano y asiático, lo cual conllevaría una significativa aportación al PIB a la vez que una diversificación de la economía.
En segundo lugar, los costes logísticos representan una parte importante del coste final de un producto, alrededor de un 10 %. Una mejora en el servicio del transporte de mercancías por ferrocarril permitiría mejorar la competitividad de las empresas, especialmente las industriales. La misma línea defiende la Unión Europea, que en su Libro Blanco del Transporte del 2011, recomienda que las mercancías transportadas en distancias superiores a los 300 kilómetros deban efectuarse en tren. En este sentido, hay que tener en cuenta, además, la situación periférica de la Península Ibérica en relación al principal mercado de la economía estatal: la Unión Europea. Esta situación geográfica hace que todavía sea más importante disponer de los sistemas de transporte más eficientes que nos permitan competir en condiciones más adecuadas con la del resto de países europeos.
Sin embargo, mientras en la Unión Europea la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril se sitúa en torno al 20 % y en países como Austria o Suecia la cuota llega al 39 %, en relación al total del transporte de mercancías terrestre, en el Estado español este porcentaje apenas alcanza el 4 % y su tendencia es a la baja, así, en 1997 la cuota era del 10 %.
Hay varios motivos que explican el escaso desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril. Todos ellos se deben a lá actuación del Gobierno central y de sus empresas ferroviarias, RENFE y, en menor medida, ADIF.
A pesar de que desde el 1 de enero de 2005 este mercado está en teoría liberalizado, la realidad lo desmiente. El conjunto de la normativa española ha impedido que haya competencia real entre los distintos operadores de transporte por ferrocarril.
Así lo constató el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó, en febrero de 2013, al Estado Español por incumplir la normativa comunitaria relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones. El Gobierno se vio obligado a introducir cambios en la legislación, unos cambios que fueron del todo insuficientes porque posteriormente el Gobierno tuvo que enmendarlos en el Real Decreto-ley 1/2014 a instancias de la Comisión Europea.
La escasa liberalización de esta actividad tiene causas diversas y profundas. Una de ellas es RENFE Mercancías que, con una cuota de mercado del 85 %, mantiene unas prácticas que impiden la plena competencia ya que ofrece unos precios muy bajos que le conducen a tener pérdidas pero que son compensadas por subvenciones que recibe la empresa matriz.
Otra causa es la predominancia del operador público en la reparación y el mantenimiento del material rodante, así como del alquiler de los trenes, que son otro lastre para la efectiva liberalización del sector ferroviario.
La operatoria de las terminales, donde las operadoras pueden llegar a tardar 10 horas en descargar un tren, debido a los horarios de las mismas, sin permitir la posibilidad de la autoprestación por parte de las operadoras frena igualmente una liberalización eficiente del sector.
Las infraestructuras es otro elemento importante que explica la baja cuota del transporte de mercancías por ferrocarril. Mientras en los últimos quince años se han destinado miles de millones de inversión en líneas de alta velocidad totalmente deficitarias y en aeropuertos que no estaban justificados, la inversión en infraestructuras para el transporte de mercancías por ferrocarril ha brillado por su escasa relevancia.
Muy pocas vías disponen de ancho UIC y en las que está planificada su adopción al ancho internacional su ejecución está muy retrasada respecto a las previsiones iniciales. Un tramo tan importante como el de Castellbisbal y Vilaseca, donde tiene que implementarse el tercer carril, las obras se adjudicaron en julio de 2013 y desde entonces todavía no han empezado. Otra mejora necesaria es la relativa a la definición y adecuación de corredores, apartaderos y terminales para la circulación de trenes de 750 metros de longitud, así se evitaría situaciones como las que suceden actualmente en la que obligan a los trenes que vienen de Europa, a reducir a su tamaño a la mitad.
Además, hay que tener en cuenta que el sector del transporte de mercancías por carretera no está en contra del transporte por ferrocarril si, no que apuesta por un transporte intermodal donde las distancias más largas sean realizadas por el ferrocarril, y las más cortas por carretera.
Adicionalmente, se debe considerar que una sustitución del transporte de mercancías por ferrocarril en detrimento del de carretera permitiría una menor emisión de CO2.
1. Adoptar todas las medidas necesarias para propiciar y garantizar una liberalización efectiva del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril así como una competencia real entre los distintos operadores.
2. Mejorar las infraestructuras ferroviarias para adaptar su ancho al ancho UIC y para adecuarlas a la circulación de trenes de 750 metros de longitud.
3. Cambiar la gestión de las terminales de mercancías para adaptarla a las necesidades de las operadoras.
4. Adecuar la normativa ferroviaria estatal a la de los países europeos con mayor desarrollo ferroviario."
161/003347
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta de Fomento de optar por la denominada "Alternativa 4" para la construcción de la Variante de Padrón, Pontecesures y Valga para su debate Comisión de Fomento.
El 30 de diciembre de 2014 se publicó en el "BOE" la Resolución de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que aprobó, provisionalmente, el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental "CN-550. Variante de Padrón, Pontecesures y Valga. Clave E12-PO-0023. Provincias de Pontevedra y A Coruña", recomendando como solución más favorable la denominada "Alternativa 4".
Fomento ha optado precisamente por la alternativa más cuestionada a nivel social y político. Tanto es así, que toda la corporación local de los ayuntamientos de Pontecesures y Valga se han posicionado totalmente en contra de dicha alternativa, porque tendría un gran impacto sobre las propiedades de vecinos y empresas, y provocaría daños sobre infraestructuras, canalizaciones de agua, el medio ambiente y el ecosistema del río Ulla.
En concreto, en el municipio de Pontecesures esta alternativa provocaría graves afectaciones como las que detallamos a continuación:
Tendría una repercusión muy negativa sobre la canalización de las aguas. Debe tenerse en cuenta que dicha alternativa 4 discurriría por una zona de tuberías de más de 2 kilómetros, lo que afectaría al servicio de agua potable. Asimismo, afectaría a un depósito de agua de uso doméstico utilizado por casi 30 vecinos de Infesta, así como otras tomas de agua usadas por vecinos de A Toxa.
Otra de las consecuencias negativas sería sobre el canal de regadío que toma el agua del río Ulla en la zona de A Barca para su posterior tratamiento en la ETAP y consiguiente abastecimiento a los vecinos. Las obras afectarían al propio canal.
La proyección de un viaducto que cruzaría la Variante sobre el río Ulla desde la salida de la autopista (en el ayuntamiento de Padrón) hasta el ayuntamiento de Pontecesures, tendría un impacto grave sobre el ecosistema de este importante río que pertenece a la Red Natura. Especies tan relevantes para la pesca de la zona como la lamprea y sus ciclos biológicos se verían dañadas. Y el medio de vida del colectivo de pescadores de lamprea estaría en peligro.
Limitaría la construcción en varias parcelas próximas a la hipotética Variante una vez que se aprobase el Mapa de Ruido recogido en la normativa. Conllevaría la pérdida de extensión de terrenos y acotaría por tanto la expansión del municipio.
Otro de los perjuicios estaría en el trayecto del Camino Portugués que pasa por este municipio.
Dado el elenco de consecuencias negativas que provocaría la Alternativa 4, sería deseable que el Ministerio de Fomento revisase dicha propuesta, abriese un diálogo con los ayuntamientos afectados como el de Pontecesures para escuchar sus planteamientos y estudiar otro tipo de alternativas de menor impacto.
- Retirar la denominada "Alternativa 4" para la construcción de la Variante de Padrón, Pontecesures y Valga por su elevado impacto en propiedades de vecinos y empresas, en canalizaciones de agua y otras infraestructuras, en el ecosistema y el medio ambiente del río Ulla e incluso por su afectación al Camino Portugués que pasa por el municipio de Pontecesures.
- Abrir un diálogo con los ayuntamientos afectados por dicha infraestructura viaria a fin de buscar la solución de menor afectación en las zonas por las que transcurriría.
- Tener en cuenta otras alternativas y propuestas que no pasan necesariamente por la construcción de una Variante y que suponen utilizar infraestructuras viarias ya existentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2015.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003349
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Lanzarote.
El Cabildo de Lanzarote denunció el pasado día 9 de enero la escasa sensibilidad del Gobierno del Estado respecto a la isla tras recibir una carta del presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), don José Manuel Vargas Gómez, en la que éste manifiesta que "el aeropuerto de Lanzarote está dotado de unas excelentes infraestructuras, que cuentan con capacidad suficiente y valores óptimos de calidad de servicio para el desarrollo del tráfico aéreo en la isla".
Con anterioridad, el presidente del Cabildo de Lanzarote había remitido el pasado 24 de diciembre un escrito a la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, en el que le pedía una recepción "a la mayor brevedad posible" a una delegación, encabezada por el propio presidente y compuesta por diferentes representantes públicos y empresariales del ámbito turístico de la isla, con el fin de solicitarle en persona que el próximo Plan Director del Aeropuerto de Lanzarote incluya la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue.
En dicha carta, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés señalaba que la actual longitud de 2.400 metros de la pista "supone una severa amenaza para la proyección y competitividad de Lanzarote como destino turístico, además de frenar nuestras intenciones de expansión y diversificación de mercados turísticos, cuya previsible vía de conexión se materializará con aeronaves que requieren infraestructuras de las que Lanzarote carece".
En la misma misiva, el presidente del Cabildo de Lanzarote subrayaba que "pese a las carencias infraestructurales", el recinto aeroportuario lanzaroteño es "de los pocos que aportan rentabilidad a AENA", sin embargo, para el presidente de AENA "en estos momentos la capacidad y la longitud de la pista son suficientes para atender la demanda actual del aeropuerto", algo que se contradice claramente con la opinión de las administraciones locales, las patronales turísticas y la Cámara de Comercio de Lanzarote.
Por último, hay que reiterar que el Aeropuerto de Guacimeta es el más desproporcionado de España, en términos de tráfico y el nivel de infraestructuras, pues con el cierre de 2014, el aeropuerto lanzaroteño es el noveno de toda España en lo que al tráfico de pasajeros se refiere, mientras que sus infraestructuras, pista de aterrizaje, plataforma o terminales, no están a la altura de esa privilegiada posición, a pesar de lo cual nuestro aeropuerto se encuentra entre los pocos que aportan rentabilidad a la red de AENA.
Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, en la que se insta al Ministerio de Fomento a que en el próximo Plan Director del Aeropuerto de Lanzarote incluya la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2015.-Ana M.ª Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003346
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre soluciones para la situación académica y laboral del colectivo de profesores tutores de la UNED para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo son las únicas universidades que dependen directamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La UNED es, además, la mayor universidad en número de estudiantes (imparte docencia a más de 200.000 estudiantes dentro y fuera del estado español).
En la metodología de enseñanza de la UNED, los profesores-tutores son el personal encargado de ofrecer atención directa (presencial y virtual) a los estudiantes. Asimismo, son los que corrigen las pruebas de evaluación continua y orientan al alumnado sobre cómo afrontar la asignatura y la evaluación, de acuerdo con las directrices marcadas por los profesores que están integrados en los diferentes Departamentos y Facultades de la Universidad.
Estos profesores tutores se acercan a la cifra de 7.000 docentes que prestan sus servicios en 61 centros asociados repartidos por todo el Estado. Es decir, representan más del 80% del personal académico de la UNED. Sin embargo, se enfrentan a una situación contractual, o más bien, de ausencia de contrato, que se basa principalmente en la alegalidad. Su relación con la Universidad se establece en el Real Decreto 2005/1985, que los considera equiparados a "los becarios de docencia e investigación de las Fundaciones".
Este hecho hace que estos profesores se encuentren en una situación de absoluta precariedad sin ningún tipo de derechos laborales como tutores de la UNED, pues no tienen contrato ni cotizan en la Seguridad Social como profesores tutores y ni siquiera se les equipara a lo que oficialmente son -becarios-, dado que en la actualidad los becarios gozan de contrato y Seguridad Social. Esto resulta especialmente sangrante para un número cada vez más creciente de profesores que sólo cuentan para vivir con los ingresos de las tutorías.
Además, con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sus competencias han aumentado por la importancia que se da a la evaluación continua y a la formación virtual. De hecho, el 20% de la nota final que puede recibir un estudiante por asignatura es responsabilidad de éstos, lo que
supone más carga de trabajo, más compromisos y más exigencias, obteniendo a cambio una mayor vulnerabilidad al trabajar en una zona gris donde su labor no tiene reconocimiento contractual.
Los distintos equipos de gobierno de la UNED han ido dilatando la solución a esta situación académica y laboral al no llegar nunca a afrontar la misma. Por el contrario, han venido adoptando medidas que contribuyen a incrementar su precariedad y desamparo, lo que obviamente trae como consecuencia el deterioro de la calidad de la enseñanza.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que se regule de forma urgente y sin mayor dilación la figura del profesor tutor como figura propia de la UNED, con todos los derechos laborales que ello implica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2015.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003341
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al trasvase entre la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Con fecha 15 de febrero de 2008 el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de 4,99 hm3 de agua desde la (denominada entonces) Cuenca Atlántica andaluza a la cuenca del Guadalquivir. La transferencia planteada tenía su base legal en el artículo 14 sobre previsión de transferencias de pequeña cuantía de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, que en su apartado primero, b) especifica que el Consejo de Ministros podrá autorizar la realización de transferencias entre diferentes ámbitos territoriales cuyo volumen anual esté comprendido entre 1 y 5 hectómetros cúbicos.
Según figura en el Acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó esa transferencia: "La aportación de 4,99 hm3 contribuirá a asegurar el abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad de Municipios del Condado de Huelva, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel cuenta con escasa garantía. Además, este volumen adicional permitirá la recuperación de los acuíferos de la zona, con un efecto importante sobre el equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional de Doñana."
A estas necesidades de abastecimiento de municipios y de zonas de regadíos del Condado de Huelva en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir han de sumarse las que se planean como consecuencia de la sustitución, en la zonas agrícolas de regadíos, del uso de agua subterránea del acuífero Almonte-Marisma por aguas superficiales, que ayuden a mejorar los balances de agua en Doñana que limite la explotación del acuífero y contribuya a su recarga, compatibilizándolo un desarrollo sostenible de la actividad agraria en la comarca.
La Junta de Andalucía, por Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, ha aprobado definitivamente el "Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana". El Plan contempla la necesidad de mejorar el control de las extracciones del agua del acuífero y su distribución racional, la protección de valores naturales, ambientales y socio-económicos, ordenando el espacio agrícola. En este sentido el Plan ordena 64.457 hectáreas, de las que, aproximadamente, 9.340
son susceptibles de ser consideradas como regables, 7.240 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que se abastecen casi exclusivamente del acuífero de Doñana.
Para conseguir compatibilizar la necesaria protección del acuífero y por ende de los importantes valores ambientales a él asociado, con la sostenibilidad económica de los municipios afectados, es necesario plantear la sustitución paulatina de las extracciones de agua subterráneas por recursos superficiales procedentes de cuencas cedentes. En principio, estas necesidades se han evaluado de forma preliminar en un trasvase de 15 hm3 desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, pero es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo de cuenca con competencia en esta demarcación, la que tiene que evaluar y delimitar de forma precisa sus necesidades, previa a la aprobación del trasvase, teniendo en cuenta que a la cantidad que se acordase habría que añadirse a la actual transferencia de 4,99 hm3.
La solicitud planteada encuentra su fundamento legal en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Aguas que en su apartado c) especifica que:
"1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca."
A más abundamiento el artículo 12 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece que:
"Artículo 12. Principios generales.
1. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales recogidos en el artículo 38.1 de la Ley de Aguas y en el artículo 2 de esta Ley, podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. Dichas transferencias estarán en todo caso supeditadas al cumplimiento de las condiciones que se prevén en la presente Ley."
Las necesidades y previsiones de este trasvase se recogen en los Planes Hidrológicos, tanto del Guadalquivir, como del Tinto, Odiel y Piedras, por lo que estos instrumentos de planificación no requieren ser modificados para habilitar la aprobación del necesario trasvase. Resulta esencial traer a colación el artículo 29 del Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que dice así:
"Artículo 29. Necesidad de transferencia de recursos procedentes de otras cuencas hidrográficas.
1. La satisfacción de las demandas actuales y previstas puede precisar, dependiendo de las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.1.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, la transferencia de nuevos recursos procedentes de otras cuencas hidrográficas.
2. Como propuesta para la inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, se cuantifica en 15 hm3/año las necesidades de aportación de nuevos recursos superficiales de otros ámbitos de planificación hidrológica, para sustituir parcialmente las extracciones de la masa subterráneas de Almonte-Marismas, con objeto de mejorar los ecosistemas dependientes de la misma."
Por otro lado, el Plan Hidrológico de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, recoge en el artículo 23: "En el Sistema Huelva se establece la reserva estratégica de 15 hm3 anuales para posibles déficits estructurales en zonas con un alto interés socio-económico y medioambiental". Siendo compatible los Planes hidrológicos de ambas demarcaciones con la autorización de un trasvase entre ellas, es necesario determinar las condiciones y el procedimiento que debe articularse para su regulación. Las condiciones de las transferencias autorizadas en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, figuran en los artículos 15 y 20 de la misma.
El artículo 15 estipula que:
"Artículo 15. Condiciones ambientales.
Con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, se someterán a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de manera individual y conjunta y, en su caso,
planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las cuencas cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa que resulte de aplicación.
En los supuestos en que la normativa de aplicación no haya previsto la evaluación de impacto ambiental para las transferencias, todos los proyectos relativos a las mismas se someterán a la evaluación de impacto ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias las medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas en las declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten."
El artículo 20 señala que:
"Artículo 20. Condiciones de ejecución y explotación.
La construcción y explotación de las infraestructuras de cada transferencia se hará por el mecanismo presupuestario, administrativo o societario que resulte más adecuado en cada caso, dentro de los que prevé el ordenamiento jurídico vigente para la promoción de obras hidráulicas."
Por todas las razones expuestas y con el fundamento legal antes indicado, se presenta esta iniciativa para que se inicien los procesos conducentes a lograr los objetivos señalados. Todo ello sin renunciar a que los objetivos planteados dentro de los Planes Hidrológicos que afecta a la comarca sean alcanzados sin que se vean alterados. Para dar cobertura jurídica a este trasvase ha de modificarse la Ley del Plan Hidrológico Nacional y recoger, en la misma modificación, como de interés general del Estado, las obras de infraestructuras necesarias para el transporte de esta agua hasta la cuenca receptora. En cuanto a las infraestructuras que se requieren para hacer efectivo el trasvase, los artículos 15 y 20 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, están dedicados a tratar las condiciones medioambientales y de ejecución y explotación de las obras ligadas a las transferencias. De otro lado los anexos II, III y IV de la Ley del Plan Hidrológico Nacional llevan los siguientes títulos respectivamente: "Listado de inversiones," "Nuevas actuaciones de interés general" y "Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas".
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Que inicialmente definidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las necesidades de recursos hídricos en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, de su competencia en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir en 15 hm3/año más, se proceda de manera inmediata a la remisión al Consejo de Ministros para su aprobación de un Proyecto de Ley que modifique la Ley del Plan Hidrológico Nacional para autorizar la transferencia de nuevos recursos superficiales desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir en la cuantía necesaria, así como habilitando la financiación de las obras e instalaciones que resulten precisas para ejecutarla, a fin de poder satisfacer las necesidades existentes y dar respuesta a una situación de carencia estructural acreditada en el tiempo, contribuyendo a la consecución del equilibrio hídrico y del desarrollo sostenible en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2015.-Jaime Javier Barrero López y María José Rodríguez Ramírez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003353
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre desigualdades de la aplicación
de la Política Agraria Comunitaria, especialmente los desequilibrios que genera en la provincia de Teruel ,para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) contemplada en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 aprobado por el Gobierno de España para integrar las políticas de la Unión Europea en el marco de la estrategia 2020, ha puesto de manifiesto las desigualdades y desequilibrios que representa en territorios como la provincia de Teruel.
Los agricultores de la provincia de Teruel a través de las organizaciones agrarias han elevado una queja al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a raíz del agravio comparativo que representa la aprobación de la PAC con criterios de regionalización sin tener en cuenta la actualización de los mapas de ayudas que se crearon en los años noventa como base para el reparto de la PAC. Por ello vienen solicitando, a través de diferentes reuniones con los responsables de las Instituciones Públicas, un cambio del mapa de ayudas y de los estratos comarcales para que haya un reparto más justo y se converja con el resto de territorios corrigiendo las desigualdades palpables.
A tal efecto, se han mantenido reuniones entre las organizaciones agrarias y diferentes instituciones, especialmente con el Gobierno de Aragón, que a su vez ha trasladado al Gobierno de España esta problemática, de hecho, el propio Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón se ha reunido con responsables del Ministerio de Agricultura para buscar una solución sin que hasta la fecha se haya producido.
La agricultura y la ganadería son fundamentales para la economía de la provincia de Teruel y necesarias para combatir la despoblación y contribuir a vertebrar el territorio. Por ello, la PAC representa la subsistencia y base principal del mantenimiento de la población y de los pueblos de la provincia.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para corregir las desigualdades y desequilibrios que la aplicación de la Política Agraria Comunitaria para el periodo 2015-2020 va a generar en diferentes territorios del Estado, especialmente en la provincia de Teruel, modificando a tal efecto los estratos y mapas comarcales agrarios de ayudas para corregir los agravios comparativos entre territorios y comarcas limítrofes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2015.-Álvaro Sanz Remón, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003354
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de compromisos con los agricultores y ganaderos canarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el año 2009 se consiguió que las administraciones cumplieran con una reivindicación histórica del campo canario y que tenía que ver con cubrir las necesidades de tres subsectores que hasta ese momento las ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (en adelante POSEI) no estaban cubriendo de manera adecuada: La actividad ganadera, la viticultura y el cultivo del tomate.
De esta manera, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, contando con el apoyo del Gobierno del Estado, aprobó la aplicación de una nueva financiación adicional dentro de la ficha financiera del POSEI para cubrir las citadas necesidades. Posteriormente, la Comisión Europea dio el visto bueno a estas medidas, pero aclaró que no disponía de los recursos económicos necesarios para cubrir esta nueva parte de la ficha financiera. Con estos antecedentes, se llegó a un importante acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, para que cada una de las partes financiara el 50% de las aportaciones necesarias para cubrir estas nuevas ayudas del POSEI.
En un primer momento se estimó que dicha aportación estuviese en torno a los 46 millones de euros para el año 2009, y que se fuera reduciendo en 5 millones de euros cada año a partir de esta fecha, hasta llegar a 2014, año en que las cantidades permanecerían ya estables, todo ello de acuerdo con el Plan Estratégico para el Sector del Tomate de Canarias.
En el año 2010, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias establece la siguiente ficha financiera.
Año;Ficha financiera (?);Financiación comunitaria
(?);Financiación adicional (?)
2010;241.456.300;199.977.200;41.479.100
2011;236.456.300;199.977.200;36.479.100
2012;231.456.300;199.977.200;31.479.100
2013;226.456.300;199.977.200;26.479.100
2014 y siguientes;222.156.300;199.977.200;22.179.100
Sin embargo, todos estos acuerdos y compromisos adquiridos, que indudablemente son positivos para el campo canario, han sido incumplidos sistemáticamente por ambas partes.
Según datos aproximativos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la situación con respecto al abono de estas cantidades destinadas a cubrir la ficha financiera adicional es la siguiente:
- En el año 2009 el Estado aporta 19,2 millones de euros y la Comunidad Autónoma 18,9 millones de euros, quedando casi cubierta toda la ficha financiera, con una deuda pendiente que oscilaría en torno a los 3 millones de euros.
- En el año 2010 el Estado abona unos 23 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma no abona absolutamente nada. Esto supone que los agricultores y ganaderos dejan de recibir unos 12 millones de euros en ayudas por la no disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
- En el año 2011, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma abonan cantidad alguna, por lo que no se cubre la ficha financiera adicional de ese año que estaba prevista en 36,5 millones de euros. Debido a ello, los agricultores y ganaderos canarios dejan de recibir en torno a unos 30 millones de euros, que es la previsión del gasto real según las peticiones de ayudas realizadas. A partir de este año, el Estado deja de abonar las cantidades comprometidas y comienza a incumplir sus obligaciones, dejando en la estacada a los agricultores y ganaderos canarios.
- En el año 2012 el Estado no abona ninguna cantidad y la Comunidad Autónoma compromete al menos 10 millones de euros. Así, los agricultores y ganaderos pierden unos 16 millones de euros que faltarían para completar la ficha financiera y siempre teniendo en cuenta el gasto real según ayudas solicitadas.
- En el año 2013 el Gobierno de Canarias libera unos 9 millones de euros (con sobrantes del REA y aportaciones propias), mientras que el Estado sigue sin abonar cantidad alguna, por lo que nuevamente faltarían unos 14 millones de euros para completar la ficha financiera.
En todo este tiempo, los argumentos del Gobierno para justificar este comportamiento y su lamentable actuación en la defensa del campo canario han variado sensiblemente. En un primer momento, el Gobierno deja de abonar las cantidades que le corresponden porque advierte que la Comunidad Autónoma no está cumpliendo con su parte. Esto sucede, como hemos visto, en el año 2010. No parece serio este comportamiento del Gobierno que supedita el cumplimiento de sus compromisos con el campo canario, al cumplimiento de las obligaciones de otras administraciones. Parecería más lógico que el Gobierno hubiese continuado aportando su parte correspondiente a la ficha financiera adicional y que exigiese al Gobierno de Canarias, a través de los mecanismos oportunos, que cumpliera con su parte.
A partir de 2012, el Gobierno de Canarias comienza nuevamente a realizar, al menos, parte de sus aportaciones, sin que el Gobierno cambie su manera de proceder pero sí su discurso. Ahora el criterio es otro. Así, y según manifestó don Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Gobierno no presupuestará ayudas estatales para el programa hasta que Canarias cumpla con las aportaciones pendientes. Es decir, que hasta que Canarias no iguale las cantidades aportadas por el Estado, el Gobierno
no va a seguir aportando dinero para cubrir su parte de la ficha financiera ni las ayudas pendientes. En todo caso, nos parece lamentable que el Gobierno se excuse en que se trata de una deuda moral, y no de una deuda real con un marco normativo claro que lo regule y obligue al pago, pues la consecuencia en todo caso es la misma, el sufrimiento de los agricultores y ganaderos canarios.
Lo que es evidente, además de una falta de entendimiento entre administraciones y un comportamiento infantil y poco responsable que termina por perjudicar claramente a los agricultores y ganaderos canarios, es que desde la llegada del Gobierno del PP al Estado la situación ha empeorado drásticamente, dentro de la línea general de recortes marcada por las políticas neoliberales del PP.
Mientras el Gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma incumplen sistemáticamente sus compromisos, el campo canario languidece y muchos agricultores y ganaderos se ven obligados a cerrar sus explotaciones o, en el mejor de los casos, a mantenerlas, pero sin poder crecer ni crear empleo en un sector que debería potenciarse para cubrir la elevada demanda laboral que ha dejado la caída del sector de la construcción.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que proceda de forma inmediata a aportar las cantidades necesarias para cubrir su parte de la ficha financiera adicional del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) dada la importancia de estas ayudas para el mantenimiento del campo canario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2015.-Cayo Lara Moya, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003338
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso a los nuevos fármacos a los enfermos de Hepatitis C, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El problema generado por las limitaciones en el acceso a fármacos de última generación por parte de miles de pacientes de Hepatitis C, debido a los elevados precios pactados entre el Gobierno y la multinacional Gilead, pone de manifiesto la dependencia absoluta de los intereses del lobby farmacéutico.
Hoy contamos con nuevos tratamientos que permiten un mayor éxito en la curación de esta enfermedad del hígado, y no podemos consentir que la especulación se imponga al derecho a la salud de las personas que padecen Hepatitis C. Porque estos enfermos tienen derecho a que la Sanidad Pública les provea de los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad.
Los tratamientos son muy costosos por la libertad que tienen los laboratorios para fijar sus precios. En realidad, el coste de producción de estos agentes antivíricos son relativamente bajos, pero los precios fijados por los fabricantes son desproporcionadamente elevados. Fabricar Sofosbuvir (Sovaldi) apenas supera los 100 euros, pero en España se ha negociado un precio de 25.500 euros. Este precio, desde luego, no se corresponde con el coste de fabricación y con las retribuciones a años de inversiones e investigación y desarrollo. Por el contrario, responde a una política empresarial inaceptable que calcula el precio según la renta de los países y del potencial número de medicamentos a vender.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que, aunque los costos de producción de estos agentes antivíricos son bajos, los precios inicialmente fijados por los fabricantes son tan elevados que dificultarán el acceso, incluso en países de ingresos altos.
Llegados a este punto, lo que el Gobierno no puede permitir es que haya que elegir entre infringir al presupuesto del Sistema Nacional de Salud un coste desproporcionado o permitir que queden excluidas personas de un tratamiento eficaz frente a una enfermedad grave.
Una solución sería expedir una licencia obligatoria, que en la práctica significa la posibilidad de producir como genérico el medicamento, o expropiar la patente.
La licencia obligatoria está prevista específicamente para los medicamentos en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a ella han recurrido países como India o Brasil. Esta licencia se define como el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es un mecanismo que introduce flexibilidad en lo que respecta a la protección de las patentes.
El Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) establece una serie de condiciones para emitir licencias obligatorias. En particular, quien solicita la licencia tiene que haber intentado previamente negociar, en términos comerciales razonables, una licencia voluntaria con el titular de la patente. Si no se llega a un acuerdo, puede emitirse la licencia obligatoria. No obstante, en casos de emergencia o de uso por el gobierno, no es necesario intentar obtener primero una licencia voluntaria.
1. Contactar por un periodo improrrogable de 30 días con los laboratorios que quieran conseguir una licencia obligatoria para fabricar el genérico del medicamento Sovaldi.
2. Expropiar la patente de dicho medicamento en el caso de no poder expedir una licencia obligatoria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2015.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para las personas afectadas por la talidomida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Como ya es muy bien conocido, la talidomida es un medicamento que se utilizó como sedante y para evitar las náuseas en las primeras semanas del embarazo (hiperémesis gravídica). Fue puesto a la venta por la farmacéutica Grúnenthal en 1957 y en ese mismo año fue autorizada en España para su distribución a través de laboratorios Pravia.
A partir del año 1960 se descubren sus graves efectos secundarios, consistentes en malformaciones en los recién nacidos. Hoy ya nadie duda de las consecuencias que tuvo el uso de este fármaco, que fue una catástrofe mundial. Estas consecuencias marcaron un antes y un después en la farmacovigilancia, dando lugar a medidas normativas, hasta entonces inexistentes, para garantizar la seguridad de los medicamentos.
En muchos países, a medida que se reconocían las consecuencias del medicamento, se iniciaron mecanismos para resarcir los daños. En España, por desgracia, no fue así. En el año 2003 se constituyó la asociación de personas afectadas, unas 200, que comenzaron a luchar de forma organizada.
El Gobierno socialista, en el año 2009, reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalías congénitas secundarias a talidomida. En el año 2010 se aprobó el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, que hacía efectivo y desarrollaba el compromiso
contraído por el Presidente Zapatero y que se había plasmado ya previamente en los Presupuestos Generales de aquel año. Asimismo se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este fármaco. Este Real Decreto no solo reconoció oficialmente las consecuencias de este tratamiento y visibilizó el problema sino que, además, estableció el derecho a una indemnización de entre 30.000 y 100.000 euros en función del grado de discapacidad causado por la medicación.
Desde el Grupo Socialista mantenemos la sensibilidad que siempre hemos mostrado con este colectivo y estamos dispuestos a que se revise, en su caso, el cumplimiento y la aplicación de este Real Decreto, así como el protocolo que estableció en su día el Instituto Carlos III para determinar aquellas personas afectadas por este fármaco.
Consideramos que hay que continuar profundizando en la mejora de la respuesta que tienen que dar las administraciones públicas a esta problemática, más aun cuando hemos conocido la respuesta que han dado los tribunales eximiendo de responsabilidad a la empresa farmacéutica, anulando la indemnización a las personas afectadas, dejándolas sin la posibilidad de tener alguna ayuda o compensación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
1. Mediar con la empresa farmacéutica fabricante de la talidomida para que asuma su responsabilidad con las personas afectadas, como han hecho en otros países.
2. Evaluar la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, así como el protocolo que en su día estableció el Instituto Carlos III para determinar las personas víctimas de este fármaco. Impulsar las medidas necesarias para subsanar las posibles disfunciones detectadas en dicha evaluación.
3. En tanto no se efectúe la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, incluir entre los colectivos exentos de la obligación de aportar en la prestación farmacéutica ambulatoria a las personas con anomalías congénitas secundarias a talidomida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2015.-José Martínez Olmos, María Guadalupe Martín González, Gracia Fernández Moya y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003343
A la Mesa de la Comisión de Igualdad
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en esta Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la clausura del sitio web que promociona un juego "on line" que consiste en matar personas homosexuales.
Distintos colectivos gais y asociaciones de lucha contra la homofobia han solicitado la retirada de un juego "on line" que consiste en matar a personas homosexuales. En las indicaciones del juego aparece literalmente el siguiente texto: "En este juego debes matar a los gais que están ocultos y querrán salir a violarte. Cuidado".
Este juego, según han denunciado los colectivos que defienden los derechos de los homosexuales, es "totalmente intolerable y delictivo" y, además, la frase con la que se promociona es un "delito de odio y discriminación por razón de orientación sexual".
Es un videojuego en versión Flash que lleva por nombre Prend Garde à tes Fesses Chasseur o Watch out behind you, hunter!
Se trata de uno de esos juegos Flash que se pueden encontrar en varias páginas de compilaciones de videojuegos de bajo presupuesto por internet. El objetivo de este videojuego homófobo es acabar con diferentes hombres desnudos que te persiguen por la selva y que si alcanzan al cazador lo agreden sexualmente.
La queja formal de diferentes colectivos ha sido trasladada a la Fiscalía, la Generalitat y demás autoridades solicitando que se cierre la web -o webs- que alojan este videojuego y que lo promociona con la mencionada frase.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que articulen las acciones que sean pertinentes para clausurar el sitio web en el que se promociona un juego "on line" que consiste en matar a personas homosexuales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2015.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
181/002576
Diputada doña Teresa Cunillera Mestres
¿Puede concretar la Ministra de Fomento cuáles son sus planes y proyectos, acordados o no con la Generalitat de Catalunya, para solucionar los graves problemas de la carretera N-240 en su paso por la provincia de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Teresa Cunillera Mestres, Diputada.
181/002580
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Recientemente el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha acudido a la presentación de un proyecto al Ministerio de Fomento sobre el tren de alta velocidad. Un proyecto valorado en 300 millones de euros y que presentará el Ministerio en el mes de febrero, ¿qué valoración hace en Ministerio de Fomento sobre este tipo de proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2015.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
181/002581
A la vista de los planes del Ministerio de Fomento relativos a la llegada de los trenes de alta velocidad a todas las Comunidades Autónomas, ¿qué previsión tiene el Ministerio de Fomento sobre el Plan de Alta Velocidad en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2015.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
181/002575
Diputada doña María del Carmen Silva Rego
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la construcción de la nueva sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2014.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.
181/002577
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
¿Qué subvenciones o líneas de crédito ha concedido el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia)? ¿En qué fecha fueron concedidas y para que fines?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
181/002578
¿Considera que la ejecución de la línea de crédito concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en su día para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia) se ajusta a los fines para los cuales fue concedida? ¿Qué actuaciones de inspección y verificación ha llevado a cabo el Ministerio para comprobar que la financiación se ha aplicado correctamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2015.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
181/002579
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
¿Qué responsabilidades se van a exigir al responsable o responsables de la gestión municipal en el caso de que se haya efectuado una utilización fraudulenta de la línea de crédito concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la financiación del Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo (Segovia)?
Palacio del Congreso de !os Diputados, 9 de enero de 2015.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
232/000134
(232) Recurso de inconstitucionalidad
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 557/2013, promovido por el Gobierno de Canarias, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como voto particular formulado a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 557-2013, promovido por el Gobierno de Canarias contra los artículos 10.3, 11.6,12.3,16, 19, 20.3, 24, 25.2 y 26, así como contra las disposiciones adicionales segunda y tercera todos ellos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ha intervenido la Abogada del Estado, en la representación que ostenta, y ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
Desestimar el presente recurso de inconstitucional.
Publique esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Madrid, 18 de diciembre de 2014.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 136
in fine
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 14
 artículo 45
 artículo 12
 artículo 38
 artículo 2
 artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto