Source: https://www.ombudsman.europa.eu/decision/es/06oi2.htm
Timestamp: 2017-10-23 00:53:31+00:00

Document:
Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la investigación de oficio OI/2/2006/JMA en relación a la Comisión Europea»Defensor del Pueblo Europeo
24-oct-2017 European School of Administration
25-oct-2017 Dutch Parliament European Affairs Committee
19-oct-2017 Corruption in public administration
Estrasburgo, 24 de octubre de 2006
De conformidad con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo Europeo está facultado para llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia en relación con posibles casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios.
El 27 de enero de 2006, le informé del inicio de una investigación de oficio sobre el cometido de la Comisión como Guardiana del Tratado en relación con la construcción por las autoridades españolas de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife (España), y le pedí que presentara un informe antes del 30 de abril de 2006.
El 12 de mayo de 2006, la Comisión solicitó una ampliación del plazo mencionado. El 22 de mayo de 2006, acepté dicha solicitud. La Comisión me remitió su informe el 16 de junio de 2006.
Me dirijo a usted para comunicarle los resultados de la investigación.
Durante los meses de junio de 2005 y enero de 2006, el Defensor del Pueblo recibió un gran número de reclamaciones contra la Comisión relacionadas con la construcción de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife (España), por parte de las autoridades españolas.
Según los reclamantes, la Comisión había instruido una serie de quejas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE, relacionadas con este asunto(1). De acuerdo con los denunciantes, el proyecto del puerto de Granadilla podría tener un impacto ambiental negativo en dos zonas próximas, -conocidas como «Sebadales del Sur de Tenerife» y «Montaña Roja»-, clasificadas como lugares de importancia comunitaria por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres («Directiva de los hábitats»). Los denunciantes señalaban que, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva, en las zonas especiales de conservación, los Estados miembros evitarán el deterioro de los hábitats naturales y, por consiguiente, todo plan o proyecto que pueda tener un efecto apreciable en dichas zonas habrá de someterse a una evaluación de sus repercusiones ambientales. A la vista de las conclusiones de esta evaluación, las autoridades nacionales competentes sólo podrán aprobar dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará ningún perjuicio a la integridad del lugar de que se trate. De conformidad con el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva, cuando haya soluciones alternativas o el resultado de la evaluación del impacto ambiental sea negativo, el proyecto no debería llevarse a cabo salvo si se dan circunstancias excepcionales tales como razones imperiosas de interés público de primer orden.
Según los reclamantes, la Comisión había llegado a la conclusión de que el proyecto no vulneraría el Derecho comunitario vigente, en particular, el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats. Los reclamantes aducían, de manera genérica, que la Comisión no había tenido en cuenta la existencia de posibles soluciones alternativas al proyecto, como por ejemplo la ampliación del cercano puerto de Santa Cruz.
Puesto que los reclamantes suministraron una información muy limitada, el Defensor del Pueblo no consideró que había argumentos suficientes para investigar las reclamaciones individuales en cuanto tales.
No obstante, el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea autoriza al Defensor del Pueblo a llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia. En virtud de esta disposición, el 27 de enero de 2006 el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio sobre las actuaciones de la Comisión, en su condición de Guardiana del Tratado, en relación con la construcción por las autoridades españolas de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife (España).
Cuando decidió iniciar una investigación de oficio, el Defensor del Pueblo tuvo en cuenta el gran número de reclamaciones recibidas, lo que parecía mostrar la existencia de un notable descontento público respecto a las actuaciones de la Comisión, por lo que parecía útil que esta institución pudiera explicar su posición a la opinión pública.
Asimismo, el Defensor del Pueblo informó a la Comisión de que, habida cuenta de las razones de la investigación, tenía la intención de publicar el informe de la Comisión en su página en internet. Dado que las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo estaban redactadas en inglés y español, solicitó que la Comisión presentara el informe en ambas lenguas.
Correspondencia con el Parlamento Europeo
El 8 de marzo de 2006, el Presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunicó por escrito al Defensor del Pueblo que dicha Comisión había recibido tres peticiones de residentes de las Islas Canarias relacionadas con la construcción del puerto de Granadilla y que, desde finales de 2004, la Comisión de Peticiones había investigado el asunto con la asistencia de la Comisión Europea. En la carta se expresaba preocupación por el hecho de que la investigación del Defensor del Pueblo pudiera dar la impresión de que las autoridades españolas competentes eran responsables de una infracción del Derecho comunitario y se solicitaba, entre otras cosas, que se aclarara la naturaleza de las investigaciones del Defensor del Pueblo.
El 14 de marzo de 2006, el Defensor del Pueblo Europeo contestó al Presidente de la Comisión de Peticiones. En su respuesta explicaba que, por regla general, el inicio de una investigación por el Defensor del Pueblo no implica que éste considere probados los hechos expuestos por los reclamantes, o que estén justificadas las reclamaciones de mala administración. La investigación del Defensor del Pueblo debería brindar a la Comisión la oportunidad de presentar su versión de los hechos, de explicar su posición y, por tanto, de aclarar el asunto. Asimismo, el Defensor del Pueblo puntualizó que su investigación no se refería a los méritos del proyecto, o al hecho de si éste debería o no llevarse a cabo, sino que se limitaba a investigar si se había producido mala administración por parte de la Comisión en su función de Guardiana del Tratado. Por consiguiente, el hecho de que el Defensor del Pueblo iniciara una investigación no podía ser considerado como prueba de que las autoridades españolas hubieran vulnerado el Derecho comunitario.
En su informe la Comisión hizo, en resumen, las siguientes afirmaciones:
La Comisión señaló que, de acuerdo con las autoridades españolas, la finalidad del proyecto de construcción de un puerto industrial en Granadilla era ampliar la capacidad de la isla de Tenerife para hacer frente a las necesidades de suministro de la isla, en especial para recibir gas natural licuado destinado a usos industriales. Se diversificaría con ello la combinación de fuentes de energía en la central térmica de Granadilla, ubicada en un lugar próximo al proyecto. El objetivo de las autoridades españolas era convertir Tenerife en una plataforma logística, sin que ello se pudiera alcanzar ampliando las actuales capacidades del puerto cercano de Santa Cruz de Tenerife.
La Comisión explicó que el proyecto había sido objeto de una queja conjunta a la Comisión Europea, registrada con el número 2002/5081. La Comisión señaló que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo también tramitaba una serie de peticiones relativas a este asunto, registradas con las referencias 253/2004 y 785/2004.
Estas denuncias y peticiones alegaban una infracción de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (modificada por la Directiva 97/11/CE), así como con la Directiva de los hábitats.
La Comisión destacaba que todavía no había adoptado una decisión en relación a la queja 2002/5081, pues sus servicios aún estaban evaluando el proyecto en cuestión. No obstante, la Comisión señalaba que, de los estudios de evaluación ambiental, podía deducirse que era probable que el proyecto tuviera un impacto considerable en varios sitios de la red Natura 2000, en particular, en las zonas de «Sebadales del Sur de Tenerife» (ES7020116) y «Montaña Roja» (ES7020049). Estos sitios habían sido designados por las autoridades españolas como lugares de importancia comunitaria y se habían incluido en la Decisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2001.
Según el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats, un proyecto de este tipo sólo puede realizarse a falta de soluciones alternativas y por razones imperativas de interés público superior, incluidas las de naturaleza social o económica. Por tanto, las autoridades españolas examinaron y compararon varias soluciones alternativas, incluidas las opciones de no desarrollar la capacidad portuaria y/o de atraque, o de desarrollar más capacidad de atraque en el actual puerto de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, llegaron a la conclusión de que ninguna de esas alternativas cumpliría los objetivos de aumentar la capacidad portuaria de la isla de Tenerife.
Habida cuenta de la falta de alternativas, las autoridades españolas destacaron la necesidad de construir el puerto de Granadilla por razones imperativas de interés público superior distintas de las relativas a la salud humana y la seguridad pública o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. Las autoridades españolas propusieron , por otra parte, un grupo de medidas de compensación para aumentar la coherencia global de la red Natura 2000. Como los lugares mencionados acogen especies y hábitats prioritarios, de conformidad con el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats, las autoridades españolas recabaron formalmente un dictamen de la Comisión el 7 de noviembre de 2005.
La Comisión argumentó en su informe al Defensor del Pueblo que los denunciantes habían alegado que las actuales instalaciones portuarias de Santa Cruz de Tenerife tenían todavía suficiente capacidad para un posible crecimiento futuro y que, por consiguiente, la ampliación del actual puerto de Santa Cruz sería una posible alternativa.
Puesto que la existencia o la falta de alternativas al proyecto es una cuestión importante que influirá en el dictamen final de la Comisión de conformidad con el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats, la Comisión se comprometió a estudiar a fondo este aspecto y a emitir un dictamen que cubriría la evaluación de los valores ecológicos que puedan verse afectados por el proyecto, la importancia de las razones imperativas invocadas y el equilibrio de estos dos intereses opuestos, así como una evaluación de las medidas de compensación. La evaluación debería incluir tanto una valoración científica y económica, como un examen de la necesidad y proporcionalidad de la realización del plan o proyecto a la luz de los motivos imperativos invocados.
Teniendo en cuenta el dictamen pendiente de la Comisión relativo al cumplimiento o no con los criterios del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats, la Comisión destacó que no había adoptado una decisión por lo que se refiere a la queja 2002/5081, y que estaba todavía evaluando el proyecto en cuestión. Una vez adoptado el dictamen, la Comisión lo haría público en su página en internet.
La Comisión señaló que sus servicios habían celebrado reuniones periódicas con las autoridades españolas, así como con las organizaciones denunciantes, a fin de conocer su opinión y obtener nuevas pruebas. Destacó, asimismo, que había prestado especial atención al examen detallado de la gran cantidad de información presentada durante la investigación, lo que había retrasado la elaboración de una conclusión definitiva. La Comisión hizo hincapié en que no se había adoptado todavía una decisión sobre este asunto, pero que había previsto todas las medidas necesarias para tomar una decisión cuanto antes, de la que los denunciantes serían adecuadamente informados.
El Defensor del Pueblo decidió iniciar esta investigación de oficio después de haber recibido 44 reclamaciones y cerca de 5 800 comunicaciones de ciudadanos relacionadas con el puerto de Granadilla. Habida cuenta del interés público que despertó el caso, y con el fin de fomentar la transparencia y servir mejor los intereses de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo decidió publicar en su página en internet la carta por la que se iniciaba la investigación de oficio y el informe de la Comisión.
Una vez iniciada su investigación, el Defensor del Pueblo también recibió numerosas comunicaciones de ciudadanos en las que se daba apoyo a la construcción de un puerto en Granadilla ya que ello, en opinión de estos ciudadanos, beneficiaría notablemente la situación económica de la isla de Tenerife.
Teniendo en cuenta el gran número de comunicaciones recibidas del público y con el fin de aclarar la finalidad de su iniciativa, el Defensor del Pueblo publicó un comunicado de prensa el 14 de febrero de 2006 en el que explicaba los motivos de su investigación. El Defensor del Pueblo destacaba en su comunicado que su investigación no tenía como objeto analizar los méritos del proyecto de puerto en Granadilla o a la conveniencia de llevar a cabo dicho proyecto, sino que pretendía únicamente evaluar la actuación de la Comisión en su tarea de Guardiana del Tratado.
El Defensor del Pueblo no ha recibido observaciones del público en relación al informe de la Comisión sobre este asunto.
1 Actuación de la Comisión en relación a las quejas sobre el puerto de Granadilla
1.1 El Defensor del Pueblo decidió iniciar una investigación de oficio sobre la actuación de la Comisión, en su papel de Guardiana del Tratado, en relación a la construcción de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife (España), por parte de las autoridades españolas. Cuando decidió iniciar una investigación de oficio, el Defensor del Pueblo tuvo en cuenta el gran número de reclamaciones recibidas, lo que parecía mostrar la existencia de un notable descontento público respecto a las actuaciones de la Comisión, por lo que parecía útil que esta institución pudiera explicar su posición a la opinión pública.
Según los reclamantes, la Comisión había instruido una serie de quejas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE, relacionadas con este asunto. También según los reclamantes, la Comisión había llegado a la conclusión de que el proyecto no vulneraría el Derecho comunitario vigente, en particular el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres(2) («Directiva de los hábitats»). Los reclamantes argumentaron, de manera genérica, que la Comisión no había considerado la existencia de posibles soluciones alternativas al proyecto.
1.2 La Comisión alega que todavía no ha tomado una decisión sobre la queja 2002/5081, ya que sus servicios todavía están evaluando el proyecto.
La Comisión explica que, dado que la existencia o no de alternativas al proyecto es una cuestión importante que influirá en su decisión final, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats, sus servicios se han comprometido a estudiar a fondo este aspecto y a emitir un dictamen que cubriría la evaluación de los valores ecológicos que puedan verse afectados por el proyecto, la importancia de las razones imperativas invocadas y el equilibrio de estos dos intereses opuestos, así como una evaluación de las medidas de compensación.
La Comisión hace hincapié en que ha tomado todas las medidas necesarias para adoptar una decisión al respecto en breve y que informará oportunamente a los denunciantes.
1.3 El Defensor del Pueblo señala que, en su condición de Guardiana del Tratado, de conformidad con el artículo 211 del Tratado CE, la Comisión tiene que velar por la correcta aplicación del Derecho comunitario.
En el desarrollo de su cometido, la Comisión investiga posibles infracciones del Derecho comunitario, de las que tiene conocimiento en gran medida gracias a las quejas de los ciudadanos. Si, como resultado de su investigación, la considera que un Estado miembro no ha cumplido las obligaciones impuestas por el Tratado, el artículo 226 le confiere la facultad de iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado miembro responsable y, en última instancia, de llevar el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
1.4 El procedimiento que la Comisión debe seguir en la instrucción de las quejas se establece en una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario(3).
Por lo que se refiere al posible resultado de la investigación por parte de la Comisión, el artículo 8 del Anexo de la Comunicación establece lo siguiente:
«Por regla general, los servicios de la Comisión instruirán las denuncias registradas con miras a adoptar una decisión de emplazamiento o de archivo en un plazo máximo de un año a partir del registro de la denuncia por la Secretaría General.»
1.5 De la información disponible se deduce claramente que la Comisión no ha concluido todavía su investigación sobre este asunto y que sus servicios están evaluando actualmente la situación con el fin de adoptar próximamente una decisión que tenga en cuenta tanto la situación existente como las obligaciones jurídicas derivadas del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de los hábitats.
Teniendo en cuenta que, en su informe, la Comisión ha aclarado suficientemente la actual situación y que parece desprender que esta institución no ha adoptado todavía una decisión respecto a su envía una carta de emplazamiento a las autoridades españolas o, por el contrario, decide el archivo de la queja relativa al puerto de Granadilla, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario proseguir la investigación. El Defensor del Pueblo desea poner de relieve que, cuando la Comisión tome una decisión al respecto, o en el caso de que se retrase su decisión, los ciudadanos y residentes tendrán la oportunidad de presentarle sus eventuales reclamaciones si consideran que ha habido mala administración por parte la Comisión.
Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo en relación a esta reclamación, no parece justificado proseguir la investigación. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiva el caso.
La presente Decisión será publicada en la página en internet del Defensor del Pueblo Europeo, a fin de que las partes interesadas sean informadas. El Defensor del Pueblo remitirá también una copia de la presente Decisión al Presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
(1) El artículo 226 del Tratado CE faculta a la Comisión para iniciar un procedimiento contra un Estado miembro relativo a infracciones del Derecho comunitario. En aplicación de dicho artículo, cualquier persona puede presentar una queja a la Comisión contra un Estado miembro sobre cualquier medida pública o práctica administrativa que considere incompatible con el Derecho comunitario.
(2) DO L 59 de 8.3.1996 p. 63.
(3) DO C 244 de 1.10.2002, p. 5.

References: artículo 195
 artículo 226
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 195
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 226
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 211
 artículo 226
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 226