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Timestamp: 2018-11-18 02:11:26+00:00

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﻿ Sentencia T-392 de julio 27 de 2016
SENTENCIA T-392 DE 27 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:LA CONVIVENCIA COMO CRITERIO MATERIAL INDISPENSABLE PARA ACCEDER A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL Y SU FUNDAMENTO NORMATIVO EN EL RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL. RESPECTO DE LA CONVIVENCIA ENTRE LA PAREJA, SE HA HECHO ÉNFASIS EN SEÑALAR QUE ESTA DEBE PERSEGUIR UNA COMUNIDAD DE VIDA O VIDA EN COMÚN EN LA QUE DE MANERA REAL SE MANTENGAN EL AFECTO, AUXILIO MUTUO, EL APOYO ECONÓMICO Y EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, AUN CUANDO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR, DE SALUD O TRABAJO, NO COMPARTAN TECHO. ASÍ MISMO SE PRECISA, QUE SOBRE EL CONCEPTO DE CONVIVENCIA O VIDA MARITAL, PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEL CÓNYUGE O COMPAÑERA O COMPAÑERO PERMANENTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO FALLECIDO, SE HA PROCLAMADO QUE ESA CONVIVENCIA NO DESAPARECE CUANDO LOS ESPOSOS O COMPAÑEROS PERMANENTES NO PUEDEN VIVIR BAJO EL MISMO TECHO POR CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES ORIGINADAS EN EL TRABAJO, LA SALUD, LA FUERZA MAYOR, ETC., QUE NO IMPIDAN NI SIGNIFIQUEN LA PÉRDIDA DE LA COMUNIDAD DE VIDA NI LA VOCACIÓN DE LA VIDA EN COMÚN, PUES LO QUE INTERESA PARA QUE ESA CONVIVENCIA EXISTA ES QUE EN REALIDAD SE MANTENGAN, EL AFECTO, EL AUXILIO MUTUO, EL APOYO ECONÓMICO, Y EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, CARACTERÍSTICO DE LA VIDA EN PAREJA. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA DE LA DEMANDANTE CON FUNDAMENTO EN QUE EL DIVORCIO LA EXCLUYA DEL RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 4433 DE 2004, CUANDO NO SE SOLICITA EL DERECHO PRESTACIONAL EN CALIDAD DE CÓNYUGE SINO DE COMPAÑERA PERMANENTE POR LA ALEGADA CONVIVENCIA QUE SOSTUVO CON EL CAUSANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, COMPAÑERO PERMANENTE, CÓNYUGE, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITO DE CONVIVENCIA PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia T-392 de julio 27 de 2016
Ref.: Expediente T-5.353.215
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
2.4. A partir del 1º de octubre de 1985, Casur le reconoció al señor Jesús María Rodríguez Suárez, en su calidad de cabo segundo, una asignación mensual de retiro en cuantía equivalente al 95% de su sueldo básico.
2.5. Con posterioridad, en el año 2000, volvió a compartir de manera permanente e ininterrumpida techo, lecho y mesa con el señor Rodríguez, hasta el momento del fallecimiento de este último, el 1º de abril de 2015, periodo en el cual existió un nuevo vínculo afectivo y moral, con todos los deberes y obligaciones que se derivan del mismo.
2.8. Pedimento que le fue negado por la demandada, mediante Resolución 6800 del 23 de septiembre de 2015, al considerar que a través de providencia judicial ordinaria se decretó la separación de cuerpos y la liquidación de la sociedad conyugal que celebraron como pareja y, por lo mismo, no acreditaba uno de los requerimientos exigidos para tener derecho a lo pretendido.
— Registro civil de defunción del señor Jesús María Rodríguez Suárez (fl. 9, c. 2), con el que se acredita que este falleció el 1º de abril de 2015.
— Copia de la cédula de ciudadanía del causante (fl. 10, c. 2).
— Copia de afiliación a los servicios médicos por parte de Casur del señor Rodríguez Suárez (fl. 11, c. 2).
— Copia del carné de afiliación a los servicios médicos en calidad de cónyuge de la señora María Otilia Riaño de Rodríguez (fl. 12, c. 2).
— Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante (fl. 13, c. 2).
— Copia de la Resolución 6800 del 23 de septiembre de 2015, proferida por el director general de Casur (fl. 14, c. 2).
— Poder concedido por la actora a una abogada para impetrar la presente acción de tutela (fl. 15, c. 2).
Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2015, el juzgado trece administrativo del circuito de Bogotá D.C., negó el amparo pretendido por la señora Riaño al considerar que se tornaba improcedente toda vez que tiene otro mecanismo ordinario para obtener lo que busca en sede de tutela, máxime si se tiene en cuenta que, aunque alegó la existencia de un perjuicio irremediable, no lo demostró.
En ese sentido, para el operador judicial, no se puede perder de vista lo descrito en la Sentencia T-138 de 2010(1), pues en tal ocasión la Corte consideró como persona de la tercera edad a todas aquellas que superen la expectativa de vida que fijó el DANE que, para mujeres, fue establecida en 78,5 años, por lo que la demandante no clasifica en tal categoría habida cuenta que tiene 75 años, incumpliendo con el primer requisito para justificar la necesidad de obtener una medida de protección por este medio.
A lo anterior añadió la existencia de la medida cautelar de urgencia, prevista en el artículo 234(2) de la precedida disposición, cuya finalidad no es otra que evitar la materialización de un perjuicio irremediable al punto que, para resolverlas, no es necesario aplicar el procedimiento general, atribuyéndosele al juez común una función propia del fallador constitucional.
A su parecer, resulta evidente que se encuentra dentro del grupo poblacional de la tercera edad el cual goza de especial protección constitucional pues, aunque si bien la Corte señaló, en la Sentencia T-138 de 2010(3), que la edad de la persona resulta relevante para acudir a la acción de tutela a solicitar el reconocimiento y pago de una prestación económica, lo cierto es que ello es importante para obtener la pensión de vejez y no la sustitución pensional, como quiera que por medio de esta última se persigue fines distintos toda vez que procura evitar la materialización del daño que se causa con la muerte del pensionado que suplía las necesidades básicas de su familia, sin que tenga preeminencia la edad de la esposa o compañera dependiente.
La demandante cuenta con el procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de atacar la decisión que le denegó el reconocimiento de la prestación económica que persigue en sede de tutela, al cual puede acudir como quiera que no se evidencia que, en su caso, se cumplan los elementos señalados en la Sentencia T-225 de 1993(4) que permitan verificar que la recurrente se encuentra frente a un perjuicio irremediable que viabilice el desplazamiento transitorio de las competencias del juez común.
“1. Por secretaría general, OFÍCIESE a los señores José Irenarco Pérez Rodríguez, Enrique Alberto Sandoval Palencia y Martha Cecilia Moreno Carvajal para que, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, informen a esta corporación, en la forma más detallada y completa posible con base en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar tuvieron conocimiento de los hechos declarados extrajudicialmente ante la notaría segunda del círculo de Tunja, según los cuales, María Otilia Riaño de Rodríguez y Jesús María Rodríguez Suárez mantuvieron una unión marital de hecho y convivencia ininterrumpida por quince años, hasta el día del fallecimiento de este último, precisando cómo, cuándo y por qué conocieron a cada uno de los miembros de dicha pareja; en los últimos cinco años de vida del señor Jesús María Rodríguez, cada cuánto y dónde compartían, hablaban o se visitaban; por qué les consta que mantenían relaciones conyugales; si conocieron el interior de la casa en la que cohabitaban y demás aspectos que brinden certeza de que lo que informen corresponde con la realidad.
2. Por secretaría general, OFÍCIESE a la señora María Otilia Riaño de Rodríguez, para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta corporación las razones por las que mantuvo el embargo sobre la mesada pensional del señor Jesús María Rodríguez Suárez, por concepto de cuota de alimentos, a pesar de que, como lo afirmó en su escrito de tutela, tenía una unión marital de hecho con éste hasta el momento de su muerte.
• Señale si sus hijos tienen alguna profesión, arte u oficio o de qué actividad derivan sus ingresos económicos?
• Si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, indique si es en calidad de cotizante o beneficiario?
• Su dirección actual de residencia.
• Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener la sustitución pensional pretendida. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.
3. Por secretaría general, OFÍCIESE a la señora Doris Beatriz Martínez Plazas, apoderada judicial de la demandante, para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, contacte a los hijos de la señora María Otilia Riaño de Rodríguez a efectos de que, dentro del mismo plazo, alleguen a esta corporación los informes de sus condiciones económicas y familiares actuales, en los que se expongan de qué actividad obtienen sus ingresos, el monto de estos, sus gastos y los bienes muebles e inmuebles que tengan bajo su propiedad.
Allegando a esta corporación la documentación necesaria para constatar la información suministrada”(5).
Vencido el término otorgado a las partes para absolver los requerimientos solicitados, el señor José Irenarco Pérez Rodríguez contestó(6) y manifestó que conoció a los esposos Jesús Rodríguez Suárez y Otilia Riaño de Rodríguez desde hace aproximadamente 40 años por amistad con ellos y con sus hijos, así como también por la vecindad pues reside en la ciudad de Tunja en donde siempre ha tenido su domicilio.
Por su lado, el señor Enrique Alberto Sandoval Palencia, amplió su declaración(7) y, en efecto, indicó que conoció a la pareja de esposos desde hace aproximadamente 25 años por su vecindad, como quiera que residía en el mismo barrio y por ser amigo de sus hijos.
Agregó, que tuvo una proximidad con la familia, no solo desde la esfera personal sino también física lo que le permitió evidenciar su separación en el año 1982, por cuanto supo que la demandante se había ido del barrio junto con unos de sus hijos pero, igualmente, después presenció el regreso y la reanudación de su convivencia, a partir del año 2000, compartiendo techo, lecho y mesa de forma ininterrumpida hasta el 1º de abril de 2015, cuando falleció el señor Rodríguez.
Finalmente, señaló que si bien se separaron en 1982 y liquidaron la sociedad conyugal, lo que conoció por lo que le comentó la señora Riaño y porque como vecina se dio cuenta de los problemas de pareja que existían en el interior de su hogar, lo cierto es que también presenció la reanudación de la convivencia hace más o menos 16 años, lo que le dio mucha alegría, y su unión perduró hasta el momento en que falleció el señor Rodríguez, el 1º de abril de 2015, periodo en el que compartieron techo, lecho y mesa y se brindaron el apoyo normal de las parejas pues iban juntos al médico, le pedían colaboración con el cuidado de su casa cuando estaban ausentes y vivieron los espacios normales de una pareja común y corriente, a pesar del impase que padecieron.
“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el reglamento de la Corte Constitucional”, SUSPENDER los términos del proceso T-5.353.215. Dicha orden no se extenderá más allá del siete (7) de julio de dos mil dieciséis.”(8)
“1. ORDENAR a la secretaría general de esta corporación que ponga a disposición de las partes dentro del expediente T-5.353.215, copias de las comunicaciones que se recibieron, en acatamiento del auto proferido por este despacho el 7 de junio de 2016, las cuales permanecerán disponibles en la secretaría general de esta corporación, durante el término de dos (2) días hábiles para efectos de su contradicción.”(9)
Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada conoció el contenido de las pruebas arrimadas en sede de revisión y, al respecto, por medio del subdirector de prestaciones sociales, ejerció su derecho a la contradicción y a la defensa, en los siguientes términos:
Admitió que efectivamente el señor Jesús María Rodríguez Suárez disfrutó en vida de una asignación mensual de retiro la cual le fue reconocida a partir del 1º de octubre de 1980.
“1. ORDENAR a la secretaría general de esta corporación que ponga a disposición de las partes dentro del expediente T-5.353.215, copias de las comunicaciones que se recibieron, en acatamiento del auto proferido por este despacho el 23 de junio de 2016, las cuales permanecerán disponibles en la secretaría general de esta corporación, durante el término de tres (3) días hábiles para efectos de su contradicción.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el reglamento de la Corte Constitucional”, SUSPENDER los términos del proceso T-5.353.215. Dicha orden no se extenderá más allá del veintinueve (29) de julio de dos mil dieciséis (2016).”(10)
3. Solicitud de insistencia.
5. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. Reiteración de jurisprudencia.
En efecto, desde la Sentencia T-225 de 1993(11) esta Corte señaló que se puede afirmar que en un caso se está frente a la posibilidad de padecer un perjuicio irremediable cuando se configuren los siguientes cuatro elementos: la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de la acción.
No obstante, el papel del juez constitucional en tales casos debe ser enfático en verificar que se presenten todos los elementos que configuran el perjuicio y, además, otra serie de factores que acentúan la viabilidad de la tutela para obtener la prestación periódica solicitada, los cuales fueron expuestos, entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011(12).
6. La sustitución pensional y su fundamento normativo en el régimen de la Policía Nacional.
La sustitución de una mesada pensional tiene un fin claro y es permitirle a los beneficiarios mantener el nivel de vida que tenían antes del deceso del familiar pensionado, siquiera desde el aspecto financiero, por lo que su reconocimiento puede cobrar significativa importancia desde una perspectiva constitucional pues, la mayoría de las veces, mediante la sustitución del auxilio económico se procura el cuidado de derechos fundamentales dentro de un marco de trato digno y justo(13).
Uno de ellos, es el de la fuerza pública, pues atendiendo a las directrices de la Carta Política, descritas en los artículos 150, numeral 19, literal e) y 217, es tarea del Congreso de la República fijar su régimen salarial y prestacional.
Inicialmente, su reconocimiento se efectuó en los artículos 174 y 175 del Decreto 2062 de 1984(14), seguido por el Decreto 1213 de 1990(15) que la preveía en los artículos 130 y 132.
Con posterioridad, el Presidente de la República profirió el Decreto Ley 2070 de 2003(16) pero esta Corte lo declaró inexequible mediante providencia C-432 de 2004(17), por cuanto fue dictado por el ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias que señalaba el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y con ello se transgredía la reserva existente sobre el tema, como quiera que es propio de una ley marco y competencia exclusiva del Congreso de conformidad con el artículo 150 Superior, numeral 19, literal e).
Debido a lo anterior, las normas previas revivieron hasta que el legislativo expidió la Ley 923 de 2004(18), con fundamento en la cual fue dictado por el Presidente de la República el Decreto 4433 de 2004(19), que en el artículo 40 prevé el derecho prestacional aludido y, en el parágrafo 2º, del artículo 11, se señalan los beneficiarios del mismo.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1. en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
“ART. 39.—Asignación de retiro o pensión en situaciones especiales. La asignación de retiro o pensión de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, soldados profesionales y agentes en servicio activo que al momento del retiro o de la invalidez o muerte, se encuentren destinados en comisión en el exterior o desempeñando cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, en las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas a este o en otras dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones especiales, se liquidarán de conformidad con las partidas computables establecidas en el presente decreto, como si se encontrara destinado en el comando de fuerza respectivo o en la Dirección General de la Policía Nacional”.
Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
“ART. 12.—Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes circunstancias, según el caso:
7. La convivencia como criterio material indispensable para acceder a la sustitución pensional alegando la calidad de cónyuge o compañera permanente del causante.
Si bien el rompimiento de pactos financieros y la adopción de medidas judiciales para su cumplimiento podrían permitir que algunos infieran la ruptura de la convivencia entre la pareja. Lo cierto es que el ejercicio de los derechos judiciales para el cumplimiento de un compromiso surgido del desarrollo de la sociedad patrimonial celebrada, en nada impone presumir la terminación de los sentimientos de afecto, apoyo, asistencia, ayuda, compañía, etc.
En torno al tema puede verse, por ejemplo, la Sentencia del 22 de julio de 2008 con radicado 31.921(20) en la que el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria señaló:
“Es cierto, como se afirma en el cargo, que al precisar el concepto de convivencia o vida marital, para efectos de determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido, esta Sala de la Corte ha proclamado que esa convivencia no desaparece cuando los esposos o compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo por circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza mayor, etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de vida ni la vocación de la vida en común, pues lo que interesa para que esa convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual, característico de la vida en pareja”.
A pesar de lo anterior, la actora señaló que desde el año 2000 reanudó su unión con quien fuera su esposo, mediante la modalidad de unión marital de hecho, circunstancia a partir de la cual mantuvo una convivencia ininterrumpida por 15 años, hasta el momento de su muerte, el 1º de abril de 2015.
Dicho pedimento, le fue despachado de manera desfavorable mediante Resolución 6800 del 23 de septiembre de 2015 por dos razones: la primera, por la existencia de una decisión judicial que decretó la separación de cuerpos desde el año 1982 y, la segunda, porque mantuvo el embargo de la mesada del pensionado por concepto de alimentos hasta el momento de su muerte lo que, al parecer de la entidad demandada, genera una duda sobre la veracidad de la convivencia.
Así las cosas, si bien del material probatorio obrante en el expediente se evidencia la existencia de unos testigos que dan fe de la reanudación de la unión de la actora con el señor Rodríguez, desde el año 2000 hasta el 1º de abril de 2015, cuando este último falleció, no es posible perder de vista que, por el otro lado, fruto de las pruebas decretadas por esta Corte, se tuvo conocimiento de que Casur, dentro del trámite administrativo que adelantó en torno a la solicitud pensional, realizó una visita al lugar en que residió el causante hasta el momento de su muerte y entrevistó a tres vecinos quienes coincidieron en señalar que el pensionado, después de su divorcio, no volvió a convivir con quien fuera su esposa, circunstancia que genera dudas respecto de la veracidad de la existencia de la convivencia alegada.
En ese sentido, esta Corte dictará una medida de protección transitoria, de conformidad con lo señalado en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991(21). En consecuencia, revocará la sentencia del 14 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a su vez, confirmó la dictada el 4 de noviembre de 2015 por el juzgado trece administrativo del circuito de Bogotá D.C.
2. REVOCAR la Sentencia del 14 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a su vez, confirmó la dictada el 4 de noviembre de 2015 por el juzgado trece administrativo del circuito de Bogotá D.C., y, en su lugar, conceder, de manera transitoria, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora María Otilia Riaño de Rodríguez.
3. ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha efectuado, reconozca y pague la sustitución pensional de la asignación de retiro del señor Jesús María Rodríguez Suárez, en favor de la señora María Otilia Riaño de Rodríguez, como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente define la existencia del derecho en cuestión.
4. ADVERTIR a la señora María Otilia Riaño de Rodríguez sobre su obligación de instaurar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, si aún no la ha iniciado, so pena de que cesen los efectos del amparo transitorio concedido.
5. ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, reactive los servicios médicos en favor de la señora María Otilia Riaño de Rodríguez.
(2) “ART. 234.—Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
(3) M.P. Mauricio González Cuervo.
(5) Folios 29 y 30 del cuaderno 1.
(6) Folio 28 del cuaderno 1.
(7) Folio 39 del cuaderno 1.
(8) Folio 57 del cuaderno 1.
(10) Folio del cuaderno 1.
(12) M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(13) Al respecto, puede consultarse la Sentencia T-124 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(14) Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
(16) Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
(18) Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
(19) Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública.
(20) M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
(21) “Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Si no se instaura, cesarán los efectos de éste”.

References: ARTÍCULO 12
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 234
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 17
 artículo 150
 artículo 40
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 150
 artículo 8