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Timestamp: 2019-11-21 04:28:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 445, de 23/10/2013
cve: DSCD-10-CO-445
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 445
- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Número de expediente 127/000002) ... (Página2)
- Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en lo relativo al ejercicio del voto de los residentes españoles en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000594) ... (Página6)
- Relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000698) ... (Página6)
- Sobre establecimiento de un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001540) .... (Página6)
- Por la que se insta una reforma de la normativa electoral para eliminar las limitaciones del derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001952) ... (Página14)
- Sobre la retirada de los símbolos franquistas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000167) ... (Página19)
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 127/000002).
El señor PRESIDENTE: Si les parece bien, vamos a dar comienzo a la Comisión. Antes de entrar en el orden del día propiamente dicho, tengo que decirles que estimo que votaremos en torno a las siete y media de la tarde; hay un importante optimismo en la Presidencia de que lograremos este objetivo.
Comenzamos con el punto 1.º del orden del día, que es la ratificación de la ponencia designada para informar sobre la propuesta de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Si no hay ningún inconveniente, damos por ratificada la ponencia por asentimiento. (Asentimiento). Queda ratificada por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la discusión o debate de la propuesta de reforma del Estatuto. Por favor, háganme saber qué grupos parlamentarios desean hacer uso de la palabra. (Pausa). Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: He pedido la palabra para fijar nuestra posición respecto a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y explicarla porque creo que va un poco en contra de la corriente general. Ya anteriormente, cuando pasó esta propuesta por el Pleno, mi grupo votó en contra, y querría volver a explicar brevemente las razones, porque por supuesto es un voto razonado. Como ya dije entonces, nosotros consideramos que la Región de Murcia, como todas las demás comunidades autónomas, no solo es igual de importante sino que tiene todo el derecho del mundo -nosotros la apoyamos dentro de nuestra de propuesta de un Estado federal- a tener las mismas competencias y la misma capacidad de autogobierno y de financiación. En este caso consideramos que la reforma que se trae al Congreso de los Diputados no mejora el autogobierno entendido democráticamente. Me explico; se trata de que el Gobierno de Murcia tenga la capacidad de gobernar por decreto-ley. Esta es una figura que se usa y de la que se abusa extraordinariamente; tanto en esta legislatura como en la anterior lo hemos estado comprobando, por lo que no es algo de un único partido, de un único gobierno, sino un modo -espero que nadie se ofenda- degenerado de entender el Poder Ejecutivo, de entender la democracia. Una democracia en la que no hay un control auténtico del Legislativo sobre el Ejecutivo es una democracia a la que se pueden poner muchas objeciones. Todos hemos notado en los últimos años una tendencia creciente al abuso del decreto-ley, que justamente elude algo esencial de la democracia, el debate; por lo menos el debate, si no para aprobar algo, porque las mayorías son las mayorías, para fijar posición y que haya una deliberación que permita a la opinión pública hacerse una idea de qué es lo que cada uno argumenta a favor o en contra de una iniciativa política. En este caso se trataría de trasladar a esta comunidad autónoma, a la Región de Murcia, lo que sin duda ha sido una mala práctica del Gobierno de la nación, del Gobierno de España y llevarlo a las comunidades autónomas. Además no lo hemos justificado; es decir, yo todavía estoy por oír alguna argumentación de fondo que me explique por qué razón los gobiernos autonómicos, en este caso el de Murcia, también deben tener la posibilidad de eludir el control parlamentario mediante lo que no deja de ser el uso y el abuso del decreto-ley. Por eso nos opusimos la otra vez y nos volvemos a oponer. Nos hubiera gustado mucho más que por lo menos esta propuesta hubiera formado parte de un paquete que también hubiera ido por la reforma de la Ley Electoral, que en el caso de Murcia es particularmente abusiva; por mejorar las posibilidades de participación ciudadana a través de una legislación más favorable a las iniciativas legislativas o cosas por el estilo. No es así, y eso justamente pone todavía más de relieve lo desproporcionado de esta pretensión. Insisto,
para nosotros no se trata de que Murcia no tenga derecho como comunidad autónoma a ser gobernada por decreto-ley, sino que es afirmar que nadie debería serlo salvo en casos absolutamente extraordinarios que, por cierto, creemos que en las comunidades autónomas pocas veces se dan y que en cualquier caso tienen vías alternativas. Por esa razón nuestro grupo seguirá votando en contra del informe de la ponencia tanto en esta Comisión como cuando luego se lleve como propuesta de ley al Pleno del Congreso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Ricardo Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para fijar posición en nombre de mi grupo, La Izquierda Plural, que va a votar favorablemente esta propuesta de modificación del Estatuto de la Región de Murcia. Ya explicamos en la toma en consideración en el Pleno del Congreso por qué íbamos a votar favorablemente esta propuesta de reforma. Se trata de una propuesta de reforma pequeña en el sentido de que solamente otorga al gobierno de la Región de Murcia la capacidad que tienen otros gobiernos autónomos de operar decretos que después tiene que refrendar ante la Cámara autonómica. En ese sentido, es homologar las capacidades del Gobierno de la Región de Murcia a las capacidades de otro Gobierno. Si bien es cierto que este instrumento se presta a abusos en determinados gobiernos, sobre todo en situaciones de mayoría absoluta para simplificar la actividad parlamentaria -en esta Cámara estamos viviendo esa costumbre del Gobierno a traer a esta Cámara un importante número de reales decretos soslayando la capacidad de trámite legislativo ordinario de la Cámara-, como cualquier instrumento es susceptible de ser utilizado de mejor o peor manera. Nosotros queremos ligar este voto favorable a un compromiso de las fuerzas políticas en la Cámara que radica en la ciudad de Cartagena en el sentido de modificar precisamente cuestiones que el señor Gorriarán ha sacado, y es la reforma de la Ley Electoral o la reforma del propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Para nosotros es también capital la reforma de la Ley Electoral en Murcia. Es una Ley Electoral que penaliza sobremanera a fuerzas políticas no mayoritarias al dividir una región como la de Murcia en cinco circunscripciones electorales, algo que nos resulta incomprensible cuando se trata de salvaguardar la proporcionalidad en cualquier proceso electoral, pero ponemos en valor la voluntad de las fuerzas políticas representadas ahora mismo en la Cámara de negociar esa reforma de la Ley Electoral y reivindicamos su reforma para ganar en proporcionalidad en la Cámara murciana. También reivindicamos y continuaremos reivindicando la voluntad de modificar el Estatuto de la Región de Murcia para implementar, complementar y ampliar toda la cuestión de los derechos ciudadanos y otras mejoras para la ciudadanía de la Región de Murcia. En este sentido, vamos a dar nuestro voto favorable, vamos a continuar negociando en Murcia por la mejora de la democracia en la región y vamos a mantener además nuestro voto favorable en el Pleno de la Cámara la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió va a votar favorablemente esta propuesta de reforma estatutaria que nos plantea la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo haremos por varias razones: en primer lugar, señor presidente, por lo que ha sido siempre una constante en el voto de Convergència i Unió ante las reformas estatutarias, que es respeto a la voluntad mayoritaria en el correspondiente Parlamento autonómico que impulsa esa reforma. Nosotros siempre hemos buscado ese respeto a la voluntad del Parlamento, en este caso el de Murcia; por tanto, solo por ese aspecto ya valoramos positivamente las reformas estatutarias que puedan impulsar otras comunidades autónomas. En segundo lugar, la apoyaremos porque la reforma que hoy se nos plantea, aunque menor, viene a unirse a las llamadas reformas de estatutos de nueva generación; han ampliado esas competencias iniciales que habían asumido las comunidades autónomas que fueron por la vía lenta, la llamada vía del artículo 143, las llamadas comunidades del régimen común, que paulatinamente han ido ampliando ese ámbito competencial. Ahora, a través de esta reforma estatutaria, Murcia nos plantea la posibilidad de incorporar dentro del sistema propio de fuentes del derecho con que cuenta, en tanto que tiene Parlamento y capacidad normativa legislativa, la figura que inicialmente no habían incorporado las comunidades autónomas pero que después los nuevos estatutos han ido incorporando -también lo hizo el Estatuto de Cataluña del año 2006-, la figura normativa del decreto-ley para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Nosotros estamos a favor de que pueda existir esa posibilidad y que un gobierno, en un momento de extraordinaria y urgente necesidad, pueda impulsar un decreto-ley bajo la premisa, que también incorpora la propuesta de reforma estatutaria que hoy se nos pide que apoyemos, de que es
convalidación posterior del respectivo Parlamento con un plazo y límite materiales de determinados aspectos que no es recomendable que pudieran ser regulados en ningún caso por decreto-ley, sea por el propio sistema institucional, sea porque afecta a derechos, sea porque es la propia aprobación del presupuesto de la comunidad. Por tanto, hay unos límites materiales -como no podría ser de otra forma- y hay un límite temporal en cuanto a la inmediata y posterior convalidación del decreto-ley por el respectivo Parlamento, en este caso el murciano.
También existe una posibilidad, que se incorpora en el texto que se nos propone, y que también está en el propio ordenamiento del Congreso de los Diputados, que es que una vez convalidado este decreto-ley pueda tramitarse como proyecto de ley. Por tanto, esas posibilidades no se las queremos negar a esta reforma estatutaria de la Región de Murcia que hoy se plantea. Otros estatutos la han incorporado. Murcia pretende que se incorpore también, por tanto, le damos un voto a favor.
Dicho todo esto -no he terminado señor presidente-, hay la cara y la cruz del decreto-ley. La cruz del decreto-ley es que un mecanismo que, en principio, merece una consideración positiva por esa extraordinaria y urgente necesidad, que en ocasiones haría difícil un trámite parlamentario de un proyecto de ley, se ha convertido en demasiadas ocasiones en una práctica demasiado habitual; pese a que debería ser una excepción, incluso en esta legislatura, el primer año tuvimos más decretos-leyes que proyectos de ley presentados. La fuente normativa con rango de ley que incorpora el BOE viene más de esa urgencia y necesidad. Además la inmensa mayoría sigue sin tramitarse como proyectos de ley, eludiendo con ello lo que debe ser el necesario debate parlamentario. Se tenga o no mayoría absoluta, la grandeza del debate parlamentario es que se puedan plantear enmiendas alternativas, que se pueda discutir, que se pueda llegar a acuerdos o desacuerdos pero que queden plasmados en el "Diario de Sesiones" y que cada uno pueda conocer exactamente cuál es la alternativa ante ese texto. Lamentablemente, cuando hay un decreto-ley y después no se tramita como proyecto de ley, esa alternativa y esa posibilidad desaparecen. De ahí que deberíamos ser restrictivos en la utilización de los decretos-leyes; restrictivos y vigilantes de que se cumpla realmente esa causa habilitante, ese presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y de que no se vaya más allá de los límites previstos.
Esperemos que la Región de Murcia utilice bien ese instrumento del decreto-ley; que no nos pase como ocurre en este Congreso de los Diputados, donde en demasiadas ocasiones lamentamos que se abusa de ese mecanismo jurídico, que tiene su razón de ser, pero que puede perderla si al final se llega a abusar de su utilización y se convierte en una práctica habitual en los consejos de ministros de los viernes, y que para nada ayuda a la necesaria intervención incluso de las Cortes Generales. No olvidemos que en esta Cámara, cuando se tramita un decreto-ley ya no hay segunda lectura ni tan siquiera por el Senado, porque la competencia en su convalidación es exclusiva de este Congreso de los Diputados. Por tanto, estamos a favor de esta reforma que se nos propone pero mostramos cautela ante su utilización posterior.
Quiero hacer una última reflexión. Siempre hemos apoyado las reformas estatutarias que han venido a ampliar las competencias, pero también somos conscientes de que en determinadas comunidades autónomas, quizá, su voluntad política interna ha agotado ese ámbito competencial de ir asumiendo nuevos niveles; debemos ser respetuosos. Quizá con ese modelo del café para todos ha llegado un momento en que algunas comunidades autónomas se replantean incluso que llegaron a asumir competencias por un cierto efecto de emulación pero que después no había esa real voluntad de ejercerlas, además en un momento de crisis económica evidente. Por tanto, ante esa crisis del modelo de café para todos, que ello no sea tampoco excusa -queremos dejarlo claro desde Convergència i Unió- para cercenar posibilidades que otras comunidades autónomas, que no fueron por ese régimen común, quieran plantear en un futuro. Por eso, que lo que puede ser una tónica respetable para algunas no sea un criterio homogéneo para todas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: El Grupo Socialista, como ya expuse en el debate en Pleno, y como repetiremos si no sucede nada extraño de aquí al debate final, apoya esta reforma puntual de nuestro Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que tiene una historia que brevemente me gustaría relatar. Si bien es cierto que no fue posible alcanzar un acuerdo en la Asamblea regional cuando el Gobierno trajo la reforma del estatuto, creo -así lo reconocí en el Pleno- que todos los grupos, tanto Izquierda Unida como el Grupo Socialista, hicimos un esfuerzo por traer un consenso al Congreso de los Diputados y que consiguiéramos, al final, lo que siempre ha sido la modificación del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia, que fuera por amplio consenso, en concreto por los grupos representados en la Asamblea regional. Digo que hicimos un esfuerzo, porque después de estar años reivindicando y casi compartiendo, por parte de todos los grupos, la necesidad de una reforma del estatuto, y después de tener una Comisión en marcha en la Asamblea regional, el Partido Popular, el Gobierno de la Región de Murcia nos sorprendió con esta reforma puntual que, además, argumentaba por su urgencia.
Debo admitir -debe ser porque soy nueva en las labores parlamentarias- que me extrañó que trayendo esa solicitud de reforma en abril, y argumentada por el Gobierno regional como de urgencia, tardáramos tantos meses en avanzar en el trámite parlamentario. Supongo que a día de hoy seguiremos teniendo la misma urgencia en la Región de Murcia para aprobar decretos-leyes que hace tantos meses, desde abril. Repito, debe ser que soy nueva en el parlamentarismo nacional. Cierro paréntesis.
Nos sorprendió y nos pareció que no podíamos aceptar porque no era serio que, mientras había un debate, que creíamos y creemos necesario, de reformas más profundas y sustanciales, abordáramos con urgencia un debate puntual que, perfectamente, podía estar en el debate más global. Insisto, hicimos ese esfuerzo con un contrapeso; llegamos a un acuerdo -que también explicitamos en el debate en el Pleno, como ha comentado anteriormente el señor Sixto- que responde a los graves problemas que tiene mi comunidad autónoma, la Región de Murcia, que además son déficits tanto económicos, de financiación, como estructurales e incluso hídricos. Son déficits históricos -se lo aseguro, señorías- que vive y sufre mi región; muchas veces -es así, lo vivo en primera persona-, cuando estamos aquí, en la capital de España no se sienten, no se conocen como yo creo que deberían sentirse y conocerse. Por eso, a los socialistas nos parecía y nos parece fundamental que haya una reforma más profunda consensuada por todos los grupos políticos, que aborde temas tan importantes como los derechos sociales -algunos de ellos los comentaba el señor Sixto-, así como los económicos, la inversión del Estado y el déficit de financiación histórica que tenemos. Esto es interesante mucho más en unas semanas en que estamos debatiendo los presupuestos y cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la segunda peor tratada en materia de financiación, porque han disminuido, con ese panorama que les exponía al principio, en un 27 % las inversiones dedicadas a la misma. También pretendemos, por supuesto, mejoras y derechos democráticos.
Todo esto forma parte del acuerdo, por eso vamos a seguir apoyando esta reforma puntual, porque los trabajos en la Comisión de la Asamblea regional están yendo en esta dirección y esperamos que sean fructíferos. Como decía, espero que pronto, más pronto de lo que hemos tardado en avanzar en este trámite parlamentario, estemos aprobando, tras el debate en Pleno, una reforma que creo imprescindible para nuestra región, aparte de abordar -mi grupo lo comparte- temas tan importantes como la reforma de la Ley Electoral, tantas veces comprometida por el Gobierno regional, y que nunca terminamos de abordar en la Región de Murcia.
Para terminar, quiero decir que, por supuesto, comparto y deseo que la aprobación de esta reforma puntual del estatuto, para que el Gobierno regional pueda hacer decretos-leyes, no suponga en ningún caso el abuso que vivimos en este Parlamento. Como en la exposición en el Pleno no lo dije, quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que nuestra opinión es que utilizar herramientas democráticas en casos de urgencia o necesidad justificadas no significa que tengan que ser ni muchísimo menos malas prácticas democráticas, como las que estamos demasiado acostumbrados a sufrir en esta Cámara. Por tanto, manifestamos nuestro apoyo y el deseo de que pronto podamos estar hablando aquí de reformas de mayor calado para mi comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, doña Pilar Barreiro tiene la palabra.
La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Nunca pensé que una modificación estatutaria tan modesta, tan sencilla, tan clara, tan concisa y tan natural y obvia diera lugar a tantas reflexiones políticas de calado y de profundidad. Yo me alegro. Como representante de la Región de Murcia me alegro de que con un texto de dos renglones hayamos dado lugar a que todos los grupos parlamentarios hayan realizado un debate profundo y de altura. Realmente, esto no se habría producido si la Región de Murcia no hubiera propuesto una modificación que, en mi opinión y en la de casi todo el mundo, cumple dos principios básicos: estar dentro de la Constitución y contar con la unanimidad de la Cámara para traerla aquí. Se ve que ya no se lleva ni estar con la Constitución ni tener unanimidad, y parece que a sus señorías les choca esta situación.
Unos nos anuncian su voto en contra, preventivamente, eso sí. Por si acaso no somos capaces de utilizar un instrumento jurídico legislativo que está en todos los textos constitucionales, no solo en España, en sus textos autonómicos o en su Constitución, sino en otras constituciones europeas, nos advierten de
lo pernicioso que puede ser caer en ese vicio que deben tener algunos. Agradezco también ese tono de paternalismo y de cuidado con la Región de Murcia; lo agradezco, pero creo que la Cámara legislativa de la Región de Murcia no lo necesita. He sido diputada en la Asamblea Regional de Murcia, a mucha honra y con muchísimo orgullo, y creo que el nivel de la Cámara ha sido, es y será, simplemente por ser la representación de la soberanía popular, igual al menos que en otras Cámaras legislativas; solo queremos reivindicar eso. Se plantea que el Gobierno pueda hacer decretos-leyes, instrumentos jurídico-legislativos de uso no digo que habitual, porque son para situaciones de urgencia (El señor Jáuregui Atondo: Bastante habitual), pero necesario. Como digo, por una parte se nos anuncia el voto en contra preventivo, por otra se nos dice que se apoya pero ojo con lo que vamos a hacer en la Región de Murcia y, por una tercera parte, se establece una comparación con esta o con cualquier otra Cámara. A lo mejor deberíamos sacar también lo que pasa con esa actuación en otras Cámaras legislativas con mayoría de otro signo, porque tal vez nos encontraríamos con una sorpresa. Fíjense que en la Cámara legislativa de Murcia hay una comisión trabajando por la reforma del Estatuto, y si no acaba de llegar es porque se busca un consenso y una unanimidad. Por tanto, creo que se trata de un ejercicio democrático muy profundo desde Murcia -algunos de ustedes a lo mejor no la tienen bien situada en el mapa-, que es una comunidad autónoma bastante potente, sobre todo por su población, por sus ciudadanos.
Agradezco muchísimo el voto de confianza de aquellos que nos dicen: les vamos a dejar hacer decretos legislativos pero ojo, porque aquí estamos nosotros para controlar. Se lo agradezco, pero ya hay una Cámara que controla. Agradezco al representante de UPyD sus reflexiones acerca de la bonanza o no de este instrumento, aunque no ha entrado en absoluto en el concepto en sí mismo del instrumento sino que nos dice: por si acaso van ustedes a abusar, como no me gusta, no les dejo, y entonces ustedes son de otra categoría, de otra condición. En cuanto al representante de La Izquierda Plural y a la representante del Grupo Socialista, creo que se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer dentro del marco constitucional, lo que pasa es que debe ser que no se lleva, y se pueden hacer las cosas con un amplio consenso, que parece ser que tampoco se lleva. A lo mejor desde Murcia ponemos de moda tanto plantear modificaciones estatutarias dentro de la Constitución como llegar a acuerdos por unanimidad o por un amplio consenso respecto a dicha reforma. En consecuencia, anunciamos nuestro voto afirmativo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Con esto hemos terminado el debate de los puntos 1.º y 2.º del orden del día.
- SOBRE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG) EN LO RELATIVO AL EJERCICIO DEL VOTO DE LOS RESIDENTES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000594).
- RELATIVA AL EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO ACTIVO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000698).
- SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL VOTO DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO SEA DISCRIMINATORIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001540).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y posterior votación de las proposiciones no de ley previstas en el orden del día. En primer lugar, se van a discutir conjuntamente tres proposiciones no de ley que se han acumulado por la conexión de las materias a las que afectaban. La primera es la proposición no de ley sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo al ejercicio del voto de los residentes españoles en el exterior, del Grupo Parlamentario Socialista; la segunda es la relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, propuesta por La Izquierda Plural; y la tercera es la relativa al establecimiento de un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio, propuesta por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Para el debate de estas tres proposiciones no de ley voy a ir dando la palabra a los respectivos proponentes, comenzando por el Grupo Socialista, autor de la primera iniciativa, después al Grupo de La Izquierda Plural, autor de la segunda iniciativa, y por último al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, autor de la tercera iniciativa. Posteriormente daré la palabra a los grupos que han presentado enmiendas a estas proposiciones no de ley. Concretamente a la iniciativa del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila) y otra del Grupo Popular. Igualmente, se ha presentado una enmienda a la iniciativa de La Izquierda Plural, también por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila). Son enmiendas cuya defensa acumularé porque prácticamente tienen el mismo sentido. Finalmente tomarán la palabra el resto de los grupos para la fijación de posiciones. Para la defensa de cada una de estas iniciativas doy la palabra en primer lugar al Grupo Parlamentario Socialista respecto de su propuesta. Tiene la palabra su portavoz.
La señora SILVA REGO: El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley con el ánimo de corregir de la forma más consensuada posible una decisión que, como los datos han demostrado, no fue acertada. Proponemos que se presente un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que suprima la obligatoriedad de rogar el voto en el procedimiento para ejercer el sufragio por parte de la ciudadanía en el exterior. Asimismo, se propone que se pongan en marcha todas aquellas medidas que faciliten y perfeccionen el voto en urna, que se avance en el uso de las nuevas tecnologías para favorecer el ejercicio del derecho de sufragio y que se asuma el compromiso de crear una circunscripción electoral en el exterior.
En enero de 2011 se modificó la Loreg estableciendo la obligatoriedad de solicitar el voto por parte de la ciudadanía española en el exterior. El motivo de la modificación fue alcanzar una mayor transparencia y seguridad jurídicas en el ejercicio de este derecho. La intención de todos los grupos parlamentarios que votaron favorablemente esta reforma era dotar de mayores garantías al voto exterior, ya que se producían denuncias continuadas de fraude que habían llegado incluso a los juzgados. Pero lo cierto es que, transcurridos casi tres años de su entrada en vigor, los efectos producidos nos obligan a reflexionar sobre unos resultados no deseados: la caída brusca de participación electoral. Hemos pasado de cifras de participación de entre el 20 % y el 30 % a cifras de entre el 3 % y el 5 %. Una caída de tal magnitud en el ejercicio de un derecho básico en las sociedades democráticas no puede dejarnos impasibles. De hecho, señorías, es evidente la preocupación que estos datos han generado, y prueba de ello es que hoy debatimos tres iniciativas de tres grupos distintos y que sabemos que el conjunto de los grupos de la Cámara, aunque no han presentado iniciativas, están preocupados por esta caída de la participación electoral. Además, las peticiones de los ciudadanos del exterior reclamando una modificación del sistema electoral son unánimes. Todas las asociaciones de inmigrantes, todas las agrupaciones políticas del exterior, del Partido Socialista o del Partido Popular, el conjunto de los consejos de residentes españoles, el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior y expertos y estudiosos de la materia nos han trasladado la necesidad de que se reforme nuevamente el procedimiento para el ejercicio del voto por parte de las españolas y españoles que viven fuera de nuestras fronteras.
En el Grupo Parlamentario Socialista, que fuimos los impulsores de aquella modificación, creemos que es necesario reconsiderar aquella decisión. Es una cuestión de principios y de valores democráticos, y cuando lo que está en juego son esos principios y valores, si hay que asumir que la decisión fue un error, se hace. Nosotros lo asumimos, porque lo que hoy debatimos es si se está dando respuesta con la normativa vigente a uno de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano en las sociedades democráticas: el derecho a participar en los procesos electorales libremente y sin impedimentos. El artículo 9.2 de la Constitución española mandata de forma tajante a promover que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y, más allá, el artículo 68.5 establece que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Es evidente que los ínfimos datos de participación muestran que no se cumplen esos principios, y por ello tenemos que tener la valentía de reconocer el error y tomar las decisiones que permitan que las españolas y españoles que viven en el exterior puedan ejercer en plenitud los derechos que les corresponden.
Las dificultades del ejercicio del sufragio -grandes distancias a consulados y oficinas diplomáticas, problemas con el sistema de correos de los países en los que viven, plazos para ejercer el derecho- nos obligan a buscar mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan la superación de estas
dificultades. Para favorecer que puedan votar en las mismas condiciones que lo hacen los residentes en España, tenemos que dar respuestas a esas dificultades e implementar medidas que garanticen que puedan ejercer sus derechos. Es una cuestión de principios. Pero hay otro dato añadido que en la actualidad hay que tener en cuenta también. Según las cifras más realistas, producto de estudios de expertos en políticas migratorias, desde que comenzó la crisis se han ido de nuestro país en torno a 700.000 personas. Esas personas, que se van porque no tienen empleo, porque sienten que se les ha arrebatado su futuro en su país, ¿se van a encontrar también conque tienen minorado su derecho al sufragio activo por todas las complicaciones existentes para poder ejercerlo? Los datos del CERA a 1 de septiembre de este año muestran que hay 1.675.289 españoles en el exterior. Estas cifras no contemplan los no inscritos. Estamos hablando de un número elevadísimo de conciudadanos nuestros que tendrán serias dificultades para ejercer un derecho básico. Esos ciudadanos son causa más que suficiente para que reflexionemos sobre el procedimiento que establecimos, sobre los resultados no deseados de aquella decisión y sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que les permitan ser ciudadanos de pleno derecho. El Grupo Socialista invoca a que lo hagamos con todas las garantías y sin merma de la seguridad jurídica del procedimiento.
Acabo diciendo lo mismo que cuando iniciaba mi intervención: sé que todos los grupos de esta Cámara están muy preocupados por los resultados de participación, y por eso estoy segura de que con voluntad política seremos capaces de llegar a un acuerdo. Debe ser un acuerdo lo más consensuado posible; no es un tema fácil, es un tema complejo, pero es un tema al que tenemos que mirar de frente porque, repito, lo que está en juego es el ejercicio de un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Les invoco a que, desde una visión positiva, seamos capaces de ponernos a trabajar para lograr que se superen las dificultades que provocó aquella decisión que, repito, fue impulsada por el grupo parlamentario al que pertenezco.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la iniciativa propuesta por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Hay una primera aseveración que quería hacer: qué son las mujeres y hombres españoles que viven en el extranjero, ¿son españoles o no son españoles? Depende de cómo respondamos esa pregunta, legislaremos en un sentido u otro. Mi grupo parlamentario se opuso ya en su día de forma clara tanto en la tramitación en el Congreso como en el Senado -tuve la oportunidad en el Senado en ese momento de ser ponente de mi grupo parlamentario en la tramitación de esta ley- a esta reforma de la Loreg, porque ya se preveía que íbamos a llevar a nuestros ciudadanos y ciudadanas residentes en el extranjero a una situación realmente muy complicada. Hoy los datos avalan nuestra postura. De niveles de voto cercanos al 30 % se ha perdido el 90 % del voto en el exterior; estamos hablando de los últimos resultados electorales de las últimas autonómicas, pero también de las propias elecciones generales, de niveles de voto de entre el 3 % y el 4 %. Esto es un verdadero atentado a la democracia, esto sí es crear un grave problema político de desafección hacia aquellos hombres y mujeres que por determinadas circunstancias hoy tienen que vivir en el extranjero, pero que de ninguna de las maneras han renunciado a seguir siendo españoles y españolas. Tienen que soportar hoy día los recortes, por ejemplo, de la política exterior española, cerrando consulados y servicios consulares en sitios donde nuevos emigrantes españoles han tenido que salir de España a trabajar y encima les tenemos que hacer pasar un verdadero vía crucis para que puedan ejercer uno de sus derechos constitucionales fundamentales: el derecho al voto. Hay que cambiar con urgencia esta ley y permitir, repito, que esas mujeres y hombres sean españolas y españoles iguales ante la ley, con sus derechos y con sus deberes. Es muy sencillo: que se reforme la ley, que se les devuelva la posibilidad de votar en las elecciones municipales, que se suprima el voto rogado como procedimiento para ejercer el voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, que se regule la creación de una circunscripción electoral en el exterior para el Congreso y para el Senado -antes se ha dado el dato, estamos hablando de millones de españoles en el extranjero-, y finalmente que se homologuen las condiciones del ejercicio del derecho de sufragio activo para la ciudadanía residente en el exterior garantizando el voto en urna de forma efectiva y facilitando con todas las garantías el voto por correo. Esta es una propuesta que están reclamando de forma unánime asociaciones culturales, grupos de residentes, partidos políticos en el extranjero, empezando por el Partido Popular y acabando por el partido del portavoz que les habla. Por tanto, por favor, no demos la espalda a nuestros ciudadanos, nos demos la espalda a una parte de esta España que hoy está lejos de nosotros.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre esta misma materia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, en la defensa de esta iniciativa de mi grupo inevitablemente abundaré en los argumentos que ya han sido expuestos por los portavoces que me han precedido.
El derecho al voto es un derecho fundamental en nuestra Constitución, pero además es uno de los derechos medulares de las democracias, es uno de los derechos que, de hecho, convierte un régimen político en una democracia como tal. Por tanto, sobra explicar por qué cualquier reforma que se haga de las leyes, cualquiera de los instrumentos administrativos que regulen este derecho debe ser extremadamente cuidadosa para vigilar que el ejercicio de ese derecho se haga con toda la facilidad posible. Es obvio que la Ley 2/2011, de 28 enero, lejos de conseguir facilitar este procedimiento, lo empeoró y ha puesto numerosas dificultades en el camino de los ciudadanos españoles residentes en el exterior que quieren votar.
Desde el punto de vista de mi grupo, el complejo procedimiento que se introdujo ha convertido el sistema de voto en el exterior en un sistema discriminatorio y excluyente, discriminatorio porque con respecto a los ciudadanos españoles que residen en el territorio del Estado español pero que estando ausentes el día de la votación optan por el ejercicio de su derecho mediante el voto por correo, necesitan hacerlo con 44 días de antelación frente a los 25 que se conceden a los ciudadanos españoles en el extranjero. También se reduce el periodo de remisión por correo del voto a la oficina consular o a la sección consular de la misión diplomática, se limita hasta el quinto día anterior a la fecha de las elecciones, e incluso frente al residente en España, que puede remitirlo por correo hasta el tercer día anterior a las elecciones. Este plazo se ve todavía más restringido en las provincias donde se han impugnado las candidaturas, por lo cual es evidente esta discriminación que la ley establece cuando se produce el voto por correo siendo residente en España o siendo residente en el extranjero.
El segundo rasgo que presenta el sistema actualmente en vigor, según nuestro análisis, es que se ha convertido en un sistema de exclusión de los ciudadanos que quieren ejercer este derecho. Los datos mencionados por algún otro portavoz y que son datos oficiales del Ministerio del Interior son que en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 el CERA, el Censo de Residentes Ausentes, tenía registrados 1.482.000 españoles de los cuales se tramitaron 138.000 solicitudes de voto, es decir, 138.000 tuvieron la intención de votar, aunque solo votaron 73.361. En cambio, en las elecciones anteriores, las que se habían celebrado en marzo de 2008, el CERA registraba 1.200.000 españoles de los que votaron 382.000, es decir, el 31 %. Es evidente que un descenso tan acusado de la participación no puede ser casual y más cuando ha habido de por medio una reforma legislativa que, por diversos procedimientos, dificulta el ejercicio de este voto. Creo que es evidente para todos, también lo ha mencionado algún portavoz, que impedir o dificultar la participación política de los ciudadanos es un lujo que no nos podemos permitir en este momento en el que la desafección de los ciudadanos hacia la política se plasma en una de sus formas mediante la abstención en los procesos electorales, y en ese sentido creo que es urgente llevar a cabo esta reforma. Por eso nos ha causado especial perplejidad que la enmienda del Grupo Popular, teniendo tres iniciativas de tres grupos parlamentarios distintos, lejos de emplear un lenguaje ejecutivo como el que se suele emplear en el apartado dispositivo de las proposiciones no de ley, se limite a afirmar que considera conveniente un acuerdo de las fuerzas políticas cuando las proposiciones no de ley no son para explicitar lo que consideramos o no conveniente en el Congreso de los Diputados, sino para proponer acciones concretas.
En las tres iniciativas que se han presentado las acciones concretas que se proponen son de distinto tipo, desde la más general que insta a la reforma, como es mi caso, hasta las otras dos que ya entran en un cierto grado de precisión. Este bucle orwelliano en el que se encuentra el Partido Popular le lleva a una redacción que es verdaderamente disparatada. Dice: El Congreso de los Diputados considera conveniente un acuerdo de las fuerzas políticas. ¡Es que las fuerzas políticas y el Congreso de los Diputados son casi la misma cosa! Es como si dijeran que la orquesta considera conveniente que los músicos toquen un concierto. Pues es que la orquesta y los músicos somos los mismos. Por tanto, si ustedes consideran conveniente que lleguemos a un acuerdo, para eso habíamos presentado los tres grupos estas tres iniciativas, para sentarnos a negociar, para hablar sobre lo que cada uno proponíamos, para escuchar lo que tiene que decir el grupo mayoritario y, sobre estas iniciativas, alcanzar ese acuerdo. Para eso se celebra esta Comisión y para eso presentamos estas iniciativas, y es bastante lamentable que el grupo mayoritario en la práctica bloquee estas iniciativas e impida la solución de un problema que, insisto, es
medular no solo para los ciudadanos que están en el exterior, sino en esos momentos para la democracia española.
El señor PRESIDENTE: Es el turno ahora de las enmiendas que se han presentado a estas tres iniciativas. En primer lugar, se ha presentado una enmienda a la proposición del Grupo Parlamentario Socialista por la señora Fernández Davila y también ha presentado otra enmienda a la proposición de La Izquierda Plural. Si le parece, hace la defensa conjunta de las dos enmiendas porque prácticamente coinciden en sus términos.
La señora Fernández Davila tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos una enmienda al punto número 1 de la proposición del Grupo Socialista y a los puntos 1 y 2 del Grupo de la Izquierda Plural porque, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos la necesidad de mejorar las condiciones para facilitar a los ciudadanos en el exterior ejercer su derecho al voto, algo que significa muchas cosas, por ejemplo, modificar los tiempos de solicitud del voto o la agilidad del envío de la documentación correspondiente, cuestiones que están efectivamente funcionando mal o, cuando menos, limitando las posibilidades de ejercer este derecho.
Estamos completamente de acuerdo en que se actúe en esa dirección, igual que estamos de acuerdo en que se instale urna en los edificios consulares así como en las oficinas diplomáticas para el ejercicio del voto en urna, igual que para los ciudadanos que viven en el territorio del Estado. Dicho esto, señorías, no podemos compartir el empeño en eliminar lo que desde nuestro punto de vista fue un gran logro en la reforma de la Loreg que es la cuestión del voto rogado, y eso por varias razones. Primero, porque acabo de oír a todos los diputados que han defendido sus iniciativas que han hablado en diferentes ocasiones de discriminación a los ciudadanos en el exterior, pero es que la eliminación del voto rogado a los ciudadanos en el exterior que no votan en urna significa una discriminación con respecto a los ciudadanos que viviendo en el territorio del Estado no viven en su momento en la circunscripción a la hora de votar y tienen que votar por correo y tienen que solicitar el voto. En definitiva, tienen que hacer un voto rogado. Por tanto, no entendemos por qué se dificulta tanto a los ciudadanos que votan por correo en el Estado español y en cambio no se quiere equiparar igualmente a los ciudadanos en el exterior. Tengamos en cuenta, señorías, que se ha demostrado en las últimas elecciones generales o autonómicas de Galicia, por ejemplo, la dificultad que muchos ciudadanos han tenido, sobre todo jóvenes que están con becas Erasmus en distintos Estados de la Unión Europea, que no han podido votar por todas estas limitaciones que la regulación tiene. Por tanto, señorías, no podemos entender esta cuestión porque considerar que la diferencia en el número de votos antes y después de la modificación de la Loreg es debida a las grandes dificultades para ejercer ese derecho es, desde mi punto de vista, una visión muy parcial de la cuestión y, sobre todo, señorías, desde la visión de un diputado o diputada de Galicia que conoce la realidad de esa votación. Es decir, tenemos suficiente conocimiento del fraude y de la arbitrariedad en relación con el voto emigrante por no existir limitaciones a la hora de ejercer ese derecho. Esa diferencia tan abismal que había del voto en Galicia en elecciones autonómicas o elecciones generales estaba relacionada con esta cuestión. El hecho de que haya menos personas que hayan solicitado el derecho al voto no quiere decir que tengan dificultades para solicitarlo. Lo que quiere decir es que antes existía una especie de libre albedrío según el cual había personas que podían votar por otras, como se ha contratado en los diferentes recuentos de votos en muchísimas ocasiones. Esta modificación de la Loreg no fue algo casual que se le ocurriera a alguien de forma particular, fue motivado por un debate muy profundo de todas las fuerzas políticas. Llegar al acuerdo final de esta Loreg actual fue consecuencia del análisis que someramente estoy exponiendo y que voy a dejar aquí porque la compañera Ana Oramas tiene que exponer su posición al respecto.
Señorías, modificaciones para mejorar el ejercicio del voto de los ciudadanos en el exterior, todas, pero que no sean distintas a las de los ciudadanos del Estado español que tienen que votar por correo. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, entiendo que es fijación de posición porque no tiene enmienda. Todavía no estamos fijando posición, estamos con enmiendas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Normalmente la intervención se hace en el mismo turno del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero para hacerlo con más claridad vamos a terminar primero el turno de las enmiendas y luego le daré un turno para fijar posición.
Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición de ley del Partido Socialista, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRÓ: En principio convendría que hiciéramos un poco de memoria. Habiendo en esta sala diputados que participaron activamente en los trabajos de la ponencia que nos llevaron a la reforma del año 2011, estoy seguro de que no me van a dejar mentir. La determinación de modificar el procedimiento de voto de los residentes ausentes que, entre otras cuestiones, tomamos la pasada legislatura, fue consecuencia de un largo proceso de estudio y diálogo serio y riguroso en el que participamos y coincidimos la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara. No se hizo ni por capricho ni mucho menos para perjudicar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, sino para establecer un procedimiento que diera una mayor seguridad jurídica, porque, a juicio de todos los grupos parlamentarios -repito, de todos los grupos parlamentarios, también el suyo, señor Nuet-, esto no se desarrollaba con las suficientes garantías. El establecimiento del voto rogado nos pareció que ofrecía una mayor fiabilidad y reducía enormemente las posibilidades de fraude. Es verdad que esta exigencia ha podido reducir la participación electoral, como aquí se ha señalado, pero esto no es nuevo. Ya sucedía así cuando los ciudadanos residentes ausentes votaban en las elecciones municipales donde su voto también era rogado. La participación en las elecciones municipales del año 2007 no difiere de la que se produjo en las elecciones del año 2011. El porcentaje de votantes fue muy similar. Pero, como digo, el voto rogado no es algo nuevo en nuestra Ley Electoral. Hasta 1995, los españoles residentes en el extranjero, si querían ejercer su derecho de voto, debían inscribirse en el Censo Especial de Residentes Ausentes, en el CERA. No bastaba con estar inscritos en los libros de matrícula consular sino que se exigía un acto previo de voluntad que era solicitar la inscripción en el CERA. En aquel año, en 1995, y después de casi dos años de trabajo, se introdujo una reforma en nuestra Ley Electoral que consistió en que el CERA se realizaría de oficio por parte de la Administración, volcándose en aquel censo todos los registros de los libros de matrícula consulares. A partir de entonces, todos los inscritos en el CERA, salvo en las elecciones municipales donde era necesario solicitarlo, iban a recibir sin más comprobaciones la documentación para votar, lo que pudo aumentar la participación, pero también, a buen seguro, el fraude. Aquel vuelco de datos dio lugar a numerosos errores y a no pocos abusos, y precisamente a esto es a lo que respondió la reforma del año 2011 en esta materia. La reforma se hizo, como he dicho, para establecer un procedimiento más garantista que dotara de mayor seguridad jurídica al voto del exterior. A quienes afirman que este nuevo procedimiento es un sistema discriminatorio y de exclusión que obliga al ciudadano que reside en el exterior a asumir una enorme carga de trámites legales y burocráticos, les recomendaría que se releyeran los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece el procedimiento de voto por correo para quienes prevean que en la fecha de las elecciones no se hallarán en la localidad donde les corresponde votar. A la vista de estos artículos, es evidente que no puede hablarse de discriminación. Antes al contrario, la discriminación sería para aquellos ciudadanos en relación a quienes solicitan votar desde el extranjero, como muy bien ha dicho la señora Davila. En resumen, en la reforma del año 2011 el voto rogado no lo establecimos como una cortapisa sino como una garantía y, como también he dicho, no es algo inusual ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en otros sistemas electorales de otros países. Nosotros, repito, lo establecimos como una garantía.
Señor presidente, en las proposiciones no de ley que examinamos hay otras propuestas que se pueden valorar pero hay algunas que, como dijo el anterior Gobierno, son inviables por requerirse una reforma constitucional, como la que se refiere a la circunscripción electoral en el exterior -que a mí personalmente es algo que no me disgusta-, o muy complicadas de poner en práctica, como la posibilidad de establecer el voto electrónico o que las embajadas y consulados se constituyan en colegios electorales. Otras propuestas como la de recuperar el voto de los residentes ausentes en las elecciones municipales no resultan posibles. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones, señor Nuet, y es claro lo que dice el artículo 140 de nuestra Constitución: Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante el sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Parece evidente que no puede asimilarse la condición de vecino a quien reside fuera de España.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular entiende que debemos dar todos los pasos necesarios para solventar cuantos problemas dificulten el derecho fundamental del voto. La esencia misma de la democracia es que cada ciudadano pueda ejercer, si así lo desea, su derecho al voto. Por tanto, si un
ciudadano quiere votar y no puede hacerlo, es un fracaso tanto mayor cuando las dificultades para hacerlo dependen de la Administración electoral. Por ello, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para corregir las posibles deficiencias que existan, porque no es presentable que quienes han solicitado ejercer su derecho de voto se encuentren con que no les llega la documentación para hacerlo, o que les llega tarde, o que no la reciben a tiempo, o que, incluso, ejerciendo su derecho de voto, este no llega después a las mesas electorales. Nosotros estamos dispuestos a estudiar y establecer, si fuera necesario, otras formas para solicitar el voto y cualesquiera que mejoren su efectividad. En cualquier caso, no creemos que deba ser el Gobierno el autor de una reforma de la Ley Electoral porque eso nos corresponde, señora Lozano, a todos los grupos que estamos en esta Cámara, porque cualquier reforma electoral debe contar con el mayor de los consensos como ha ocurrido siempre en esta materia, por lo menos desde que yo participo en los trabajos. Una reforma electoral nunca es buena si no cuenta con el mayor de los respaldos. Ese es precisamente el sentido y la explicación de la enmienda que hemos presentado y cuyo texto obra en poder de todos ustedes. Por cierto, la acción concreta que usted reclama está contenida en el propio texto de la enmienda: trabajar juntos para poder mejorar el voto de los españoles residentes en el exterior. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Terminada la defensa de las enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Le ruego brevedad, puesto que ya ha intervenido el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora representante de Coalición Canaria.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Intervendré brevemente porque lo que tengo que decir es muy claro. Estoy sorprendida de la intervención del portavoz del Partido Popular porque hace menos de mes y medio o dos meses se ha celebrado en Madrid la asamblea de todos los residentes españoles en el exterior y el portavoz del Partido Popular se comprometió públicamente con los representantes de todos los lados a trabajar para eliminar el voto rogado. Yo estaba allí y el representante de Izquierda Unida, también. Tuve la oportunidad de ser miembro de la ponencia anterior. Aquí no se ha venido a mejorar la calidad, se ha venido a eliminar el voto de la emigración. En Canarias se pasó de 15.000 a 6 votos. Solo pudo votar el personal de la embajada y del consulado. Esa es la realidad. El Partido Popular no puede decir una cosa en Venezuela y en Argentina y otra cosa hace mes y medio. El Partido Socialista tuvo el valor de decir que se había equivocado, pero ustedes se comprometieron en esa asamblea en la que había representantes de todo el mundo a eliminar el voto rogado. Lo que se está reclamando también es el voto municipal. Por cierto, se mantuvo el autonómico gracias a que el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocía el derecho, si no Canarias hubiera quedado exenta porque ustedes pretendieron quitar también el voto en las autonómicas. Y lo que quiero terminar diciendo aquí es que hay propuestas sobre la mesa, que se dijeron en su momento, y no hubo voluntad ni por el PSOE ni por el PP en aquel momento. Las elecciones del CRE se hacen en los múltiples centros españoles que hay en los grandes países donde está la mayoría de los miles de españoles que residen en el exterior, en los que se pueden hacer las elecciones con urna, que es lo que está pidiendo nuestra gente fuera, en urna y con sistemas telemáticos. Es absurdo que en Canarias voten 15.000 venezolanos en las elecciones venezolanas, que todos los países occidentales tengan resuelto el voto de sus residentes en el exterior y que en España, tan occidental, tan moderna, tan maravillosa y tan saliendo de la recuperación económica no seamos capaces de montar urnas en países donde residen miles de ciudadanos españoles y no seamos capaces de desplazar un funcionario a cada una de esas urnas. En Venezuela se resuelve con diez centros y en Argentina se resolvería con diez o quince. ¡Claro que se resuelve! Lo que hay es falta de voluntad política y mentiras; mentiras a la asamblea de residentes en el exterior, que se celebró en Madrid hace mes y medio, por parte del portavoz del Partido Popular, y aquí hay varios testigos que estábamos delante. Y eso es lo que quiero ratificar. Termino, porque tengo que ir a votar a otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, con brevedad máxima, porque tengo que ir a votar a la misma Comisión que la señora Oramas. Es una Comisión donde se está debatiendo una ley importante, la de unidad de mercado, donde se han hecho invocaciones por algún portavoz respecto a la incapacidad de un ateo para reinterpretar las encíclicas papales, con la excepción hecha del Papa Francisco, que siendo jesuita tiene una especie de vinculación intelectual con lo vasco, para los pocos conocedores de historia, porque no sabe mucha gente que San Ignacio de Loyola iba con las tropas castellanas a conquistar Pamplona.
Pero al margen de estas digresiones, señor presidente, esto plantea una especie de dilema moral de estas características. Evidentemente, el voto rogado no puede ser objeto de una reflexión apologética por el Partido Popular, porque este partido lo está refutando y está pensando ya en otras fórmulas que establezcan un sistema de voto más simple que evite una decadencia de los votantes españoles residentes en el extranjero tan brutal como acreditan las estadísticas que se han citado. Procedimientos burocráticos como la obligatoriedad de solicitar el voto como paso previo para recibir la documentación de la votación, el voto rogado, señor presidente, son un obstáculo que ha provocado que en algunas elecciones autonómicas la participación haya pasado del 20 % o el 30 % a cifras de entre el 3 % y el 5 %. En la enmienda de UPyD se acredita que en las elecciones generales de 2011 se redujo la participación al 4,15 %; algo malo, algo consustancialmente malo -me imagino que el Papa Francisco algún día tendrá la oportunidad de referirse a eso también, porque se dedica a todos los temas carnales, espirituales y del mundo- se produce con el voto rogado. Yo, por lo tanto, pediría al Partido Popular que tenga la flexibilidad suficiente para ver que no estamos ante un buen sistema que posibilite una participación extensa, sino marginal, periférica o minoritaria de los extranjeros o de los residentes ausentes.
Desde esta perspectiva, apoyamos todas las enmiendas, las propuestas presentadas y particularmente la enmienda del Grupo Socialista, que exige ya propuestas concretas, en tanto en cuanto establece plazos para reformar la legislación electoral, actuaciones que garanticen en las próximas convocatorias electorales el voto en urna en el ámbito consular o en las embajadas, realizar o potenciar el voto telemático, el voto a través de los procedimientos existentes en las redes sociales e impulsar, mediante el oportuno consenso de los grupos parlamentarios, las reformas que posibiliten la creación de una circunscripción electoral en el exterior. Lo que me llama la atención, señor presidente, es que en la parte final de su intervención el portavoz del Grupo Popular ha venido a decir prácticamente lo mismo. Yo no sé, por lo tanto, cuál es la discrepancia. Quizás estemos también ante un problema teológico en este debate que mantenemos. En todo caso, voy a apoyar la posición de los grupos proponentes y de los demandantes que no contradigan la posición de los grupos proponentes. Es una cuestión importante y desde esa perspectiva hay que evitar, señor presidente, fundamentalmente, la brutal decadencia del número de votantes residentes ausentes.
Gracias, presidente, tengo que acudir a reinterpretar las encíclicas papales en la otra Comisión.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Lamento hacer una intervención más terrenal que la del señor Olabarría; no tendrá color, francamente. (Risas). Hoy debatimos de forma acumulada unos hechos y unas necesidades. Aquí han salido dos argumentos que de hecho no tendrían por qué ser contradictorios. Se dice que una complejidad que llega al absurdo o a la burocratización impide -es efectivamente así, las cifras lo dicen- el voto a muchísima gente; y hay una opinión que dice que es necesaria la transparencia y la claridad. Estarán de acuerdo sus señorías conmigo en que no tendrían que ser incompatibles de ninguna de las maneras la eficacia y la transparencia. En ese sentido, nosotros, que no somos ni proponentes ni enmendantes, hacemos un llamamiento a que haya algún tipo de acuerdo.
Nuestra situación en Cataluña es en este caso muy parecida, aunque sin la dureza de las cifras, a la expuesta por la representante canaria. En las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña solicitaron la inscripción en el censo, la voluntad específica de votar, el 11,22 % del censo, recibieron la documentación el 6,74 % y de estos, por un nudo de malentendidos encadenados, finalmente solo pudo votar el 6,07 %; más o menos la mitad de la gente que había expresado específicamente su deseo de votar no pudo hacerlo. Atenderán que es un buen motivo para 10.000 ciudadanos y ciudadanas. En las anteriores elecciones, donde no existía el voto rogado, votó el 20,8 % de los inscritos en el CERA. Entendemos que esto afecta a mucha gente; estamos hablando de miles de ciudadanos solo en Cataluña; multipliquen ustedes por diez o por veinte. Por tanto, es obvio que se ha de modificar de alguna manera el sistema actual, ya que, entre otras cosas, se dice en la Constitución que se han de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la participación de los ciudadanos. Eso es exactamente lo que se trataría de hacer aquí, remover obstáculos que impidan la participación política de los ciudadanos. Nosotros, como representantes, tenemos la obligación de asegurar el sufragio de toda la gente que tiene derecho a él y, por tanto, entendemos que son absolutamente procedentes las proposiciones no de ley que se han presentado, atendiendo también al argumento que se ha dado de que es necesaria la transparencia. No vemos tanta complejidad, como ha dicho el representante del Grupo Popular, en establecer mesas electorales en embajadas y en consulados; podría ser un sistema. Este sistema, con
sus respectivos interventores de partidos, etcétera, sería un sistema transparente; los otros se podrían discutir. No vamos a entrar en el fondo, no vamos a posicionarnos en si de forma telemática o no telemática, etcétera, pero lo que no puede una asamblea legislativa de un Estado serio es casi confesarse ante sí misma y decir que es totalmente incompatible en este caso el derecho de los ciudadanos con la claridad, con la transparencia en el ejercicio del voto. Nosotros entendemos que las dos cosas han de ser posibles y hacemos un llamamiento para que haya un acuerdo en este sentido como comunidad muy afectada también por este problema.
El señor VERA PRÓ: Para solicitar a la señora Oramas que hiciera la aclaración de que el portavoz al que se ha podido referir no era yo. Punto primero. Punto segundo, estoy seguro de que el portavoz al que se refería la señora Oramas no dijo nada diferente a lo que he dicho yo en la tarde de hoy. Otra cosa es que ustedes no me hayan querido entender lo que he expresado, pero como está el "Diario de Sesiones" les recomiendo que relean mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Con esto hemos terminado el debate sobre las proposiciones no de ley que se referían al tema de los votos de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, puntos 3, 4 y 5.
- POR LA QUE SE INSTA UNA REFORMA DE LA NORMATIVA ELECTORAL PARA ELIMINAR LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE SUFRAGIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001952).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar a discutir la proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una reforma de la normativa electoral para eliminar las limitaciones del derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Se ha presentado por el propio grupo proponente y por el Grupo Popular una enmienda transaccional de la que se están haciendo copias. No tenía noticia de que los otros grupos no la tenían y se les va a repartir ahora.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Convergència i Unió traslada hoy a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una propuesta impulsada por el Cermi, por las organizaciones que más directamente viven, padecen e impulsan todo aquello relacionado con los problemas que acarrea una discapacidad y con los obstáculos normativos, legales y jurídicos que en ocasiones sufren las personas que padecen algún tipo de discapacidad. En concreto el Cermi, haciéndose eco de lo que muchas familias y personas con discapacidad han pedido, editó un folleto que nos hizo llegar hace unas semanas a todos los grupos parlamentarios de la Cámara: Tienes derecho a votar, que nadie te lo quite. En este folleto el Cermi pretende ayudar a aquellas personas que han sido privadas de ese derecho de sufragio por el hecho de haber tenido una sentencia de incapacitación, que además ha venido junto con una declaración de la privación del derecho a sufragio, dándoles instrumentos para que puedan superar la actual prohibición. Esos instrumentos se basan en lo que debe ser el respeto más escrupuloso a nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución del año 1978, en su artículo 10.2, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En este supuesto, el 3 de mayo del año 2008 España ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor; una convención que recoge de manera expresa el derecho de igualdad ante la ley en su artículo 12. Pues bien, esta convención, que es derecho internacional y que ha sido firmada por España, obliga a que los derechos fundamentales, también el derecho de sufragio activo y pasivo que reconoce como derecho fundamental el título I de la Constitución, deban interpretarse de acuerdo con esta convención internacional. En estos momentos esta interpretación no se realiza. El Comité de expertos de Naciones Unidas que está analizando el cumplimiento de esta convención realizó el 23 de septiembre de 2011 un conjunto de recomendaciones. En las relativas al Estado español concretamente se decía que preocupaba a ese comité de expertos que se pueda restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial si la persona interesada ha sido privada de su capacidad jurídica o ha sido internada en una institución. Le inquieta, además, que la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción.
Este es el núcleo de la proposición no de ley que hoy venimos a defender, que pase a ser la regla el que se permita el derecho al voto y que no pase como ahora, que la mayoría de sentencias van aparejadas con esa privación del derecho de sufragio. Entendemos que esa regla general es la que deberíamos superar, tal y como ese Comité de expertos de la ONU le recomienda al Reino de España en las conclusiones aprobadas el 23 de septiembre del año 2011 y tal y como se ha venido interpretando el propio texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un Estado democrático de derecho la privación del derecho al sufragio debe ser algo absolutamente excepcional, absolutamente razonado, y debe obedecer a razones muy poderosas, que no son las que se están aplicando en el día a día de nuestros juzgados con la actual redacción de la Loreg. Eso es lo que pedimos al Gobierno que realice, un cambio en la Loreg para adaptarla a esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese cambio en la Loreg debe producirse y debe producirlo el Gobierno a través de la presentación de un cambio normativo expreso. Esto es lo que hoy pedimos al Gobierno a través de nuestra proposición no de ley.
Se ha planteado una enmienda, es cierto, por parte del Grupo Popular. Quiero agradecer de entrada el apoyo a la proposición no de ley que me han manifestado todos los portavoces de los grupos parlamentarios en esta Comisión Constitucional. El grupo mayoritario -agradezco expresamente la voluntad y el trabajo que realiza en esta materia y en distintas comisiones el diputado Francisco Vañó, del Grupo Popular- nos ha hecho llegar una propuesta de enmienda que en su redacción inicial no sería aceptable por Convergència i Unió, porque es una propuesta genérica, sin plazo, que no incorpora la necesidad de realizar propuestas concretas y que en nada alude a la legislación electoral. Por tanto, la propuesta inicial no podía recibir el apoyo del grupo proponente porque quedaba desfigurada esa iniciativa de proposición no de ley que hemos planteado.
Hemos llegado a un texto transaccional que después se leerá, pero el valor del texto de hoy es que el Congreso insta al Gobierno a elaborar un informe en un plazo determinado, no a elaborar un informe nadie sabe cuándo y cómo. No, en seis meses. El informe debe traer propuestas concretas de adecuación de la legislación a esa Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entre esas propuestas deben figurar expresamente las que afectan al derecho electoral vigente, con lo cual es un mandato concreto, conciso. Se está diciendo al Gobierno: la actual normativa y el derecho electoral vigente deben adecuarse a esa legislación, ergo no están adecuados en estos momentos a esa convención internacional. Desde adecuarse y, por tanto, el Gobierno debe presentar esa propuesta concreta en seis meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer tras aceptar esta transacción? Estar muy vigilantes. Aceptamos la transacción, pero vamos a estar muy vigilantes en el plazo que hemos pactado, seis meses. Vamos a requerir ese informe completo en seis meses y vamos a estar muy vigilantes para que no quede sin contenido el mandato de hoy, que el informe traiga propuestas normativas, legislativas, de adaptación de la legislación electoral a esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Quiero aprovechar, señor presidente, la defensa de esta proposición no de ley para agradecer también el trabajo que en este ámbito realiza en el Congreso de los Diputados la Comisión que vela por los derechos de las personas con discapacidad. De manera muy expresa, desde Convergència i Unió quiero agradecer la labor que en esa Comisión realiza la diputada Conchita Tarruella, que conoce muy de cerca los problemas de las personas con discapacidad, desde el ámbito personal y por su propio ejercicio en el ámbito sanitario. Precisamente como la señora Tarruella los conoce de cerca, cuando terminamos la reunión que tuvimos con los representantes del Cermi tanto ella como el portavoz que hoy les habla, me dijo: Qué bien refleja el Cermi lo que padecemos, lo que padecen familias con personas con discapacidad; qué bien está trasladando a los poderes públicos que cuando ocurre, tiene que ser muy excepcional, muy expreso y que prácticamente no debería darse el supuesto. Me refiero a que cuando alguien que quiere votar, alguien que participa de la vida cotidiana desde su propia discapacidad -pero que participa en ella-, en ocasiones de manera muy activa, llegue un momento en que por tener una sentencia que afirme esa incapacidad, después esa persona vea privado su derecho de sufragio como regla general.
Por tanto, hoy está en nuestras manos, señor presidente, evitar que esto siga ocurriendo como regla general; hoy está en nuestras manos dar respuesta efectiva a aquello que el Cermi nos propone; hoy está en nuestras manos que, ante esa urna cerrada que en ocasiones se ha producido, se abran las puertas del colegio electoral a esa persona que quiere votar, que tiene derecho a votar, porque, como decía el Cermi en su publicación que nos ha hecho llegar a todos: Tienes derecho a votar, que nadie te lo quite.
Desde este consenso y desde esa intencionalidad, Convergència i Unió defiende hoy esta proposición no de ley y agradece el apoyo que los distintos portavoces han manifestado sobre los objetivos que con la misma se pretenden.
El señor PRESIDENTE: Como bien ha señalado el propio ponente, a esta proposición no de ley se había presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente, se ha presentado una enmienda transaccional suscrita conjuntamente por el Grupo Parlamentario Catalán y por el Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que decae la enmienda presentada inicialmente por el Grupo Parlamentario Popular y que se defiende la enmienda transaccional. Para su exposición, tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Señorías, en primer lugar, suscribo las palabras del señor Jané en cuanto al reconocimiento al Cermi, al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que está haciendo una labor pragmática, sensata, formal y en defensa del sector de la discapacidad, con una profesionalidad y un entusiasmo que son dignos de aplaudir. Por lo tanto, vaya por delante mi reconocimiento, el reconocimiento de mi grupo político al trabajo que está haciendo. En segundo lugar, agradezco también la disposición del señor Jané y de su Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, para buscar un acuerdo. Es la norma que seguimos en la Comisión de Discapacidad, buscar siempre el pacto, el acuerdo porque pensamos que, aunque signifique adelantar menos, merece la pena sacrificar en parte la ideología por el avance del sector de la discapacidad que, como todo el mundo sabe, tiene un déficit. Todos los grupos de la Cámara son conscientes de que, aunque con los mismos derechos, las personas con discapacidad tienen, respecto al resto de los ciudadanos, un déficit que les impide la normalización absoluta, la inclusión social y conseguir ser ciudadanos de primera categoría, como el resto de las personas.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió incide en una de las áreas que todavía quedan por adaptar de la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad. La convención -que, como muy bien ha dicho el señor Jané, fue aprobada en el año 2006 y ratificada por estas Cortes Generales en 2008- forma parte ya de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto debemos atenderla y respetarla. En ese sentido, en ella se requiere que los Estados partes garanticen la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igualdad de condiciones a los demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, y sobre todo el derecho de votar y de ser elegidos, que es lo que nos trae hoy la iniciativa parlamentaria.
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, hizo una adaptación de la legislación española a la convención adaptando muchas de las leyes, pero quedaron pendientes algunas modificaciones legislativas que nuestro ordenamiento jurídico todavía requiere. El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad -también citado-, en su informe de septiembre de 2011, concretamente en sus observaciones finales, mostraba su preocupación en cuanto al derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Mostraba su preocupación porque la privación de este derecho parecía ser una regla y no una excepción, como debería ser, y recomendaba revisar la legislación pertinente para que todas estas personas puedan tener el derecho a participar en la vida pública en plena igualdad con el resto de las personas. Privar a una persona con discapacidad de su derecho al sufragio no necesariamente redunda en su beneficio.
Así pues, esta Ley 26/2011, de 1 de agosto, que acabo de citar, establece el mandato de elaboración y remisión a las Cortes de un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la convención en lo relativo al ejercicio de capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Nos consta que en este sentido el Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar, en el cual participa también el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, para afrontar y finalizar dicha tarea de adecuar la adaptación legislativa de la convención. Las líneas de actuación legislativa van encaminadas a modificar, primero, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General respecto al derecho del voto -que es de lo que estamos hablando-; segundo, la Ley del Jurado; tercero, la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a los procedimientos de incapacitación, esterilización e internamientos urgentes, y cuarto, el Código Civil respecto a la tutela y curatela.
Por todo ello, pedimos al Consejo de Ministros -ese ha sido el acuerdo al que hemos llegado- que elabore el informe a partir del cual puedan hacerse los correspondientes proyectos de ley. Coincidiendo con los fines de la proposición no de ley de Convergència i Unió y en aras de seguir avanzando, hemos
llegado al acuerdo de presentar esta enmienda transaccional que se ha leído y que creo que da respuesta a las inquietudes tanto de la Cámara como, sobre todo, de las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posiciones sobre esta proposición no de ley, iremos de menor a mayor. Por tanto, en primer lugar, le doy la palabra, por el Grupo Mixto, al señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa del Grupo Convergència i Unió y mostrar nuestro apoyo a la misma. Más que de un sector, estamos hablando de personas, de las personas que están en el ámbito de la discapacidad. Creo que precisamente la obligación de las instituciones públicas y de esta Cámara es garantizar el ejercicio de los derechos de esas personas y en este caso el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de participación política. Por eso consideramos que es pertinente esta iniciativa que vamos a aprobar y al mismo tiempo pensamos que es de justicia. Por lo tanto, vamos a dar nuestro voto favorable.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo también para apoyar la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió y las reflexiones apologéticas hechas por el señor Jané en relación con el Cermi, que se ha convertido en esta Comisión y en otras en una suerte de colegislador, afortunadamente para nosotros, para los legisladores que formalmente lo somos, señor presidente. Su capacidad de proposición, de iniciativa y la lucidez de sus planteamientos son dignos de encomio, y así nos gustaría que constara en el "Diario de Sesiones".
La propuesta es razonable, siempre con las matizaciones que con pertinencia se han hecho por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nos encontramos en ocasiones con que la administración de Justicia procede a internamientos psiquiátricos en algunos casos con privación de la capacidad de sufragio por entender el juez, mediante las pericias que debe practicar necesariamente, que existe una manifiesta incapacidad de discernimiento a la hora de elegir o de decidir. No me atrevería a afirmar, como he leído en algunos documentos, que la Administración de Justicia actúa sistemáticamente de forma inadecuada o prevarica sistemáticamente. La Administración de Justicia opera con corrección formal y material y con los requerimientos que se atienen al sentido común y al ordenamiento jurídico en esta materia. Luego, deberíamos ser muy cuidadosos en las referencias a los internamientos psiquiátricos y a la privación que estos internamientos psiquiátricos a veces conllevan del derecho de sufragio.
Por otra parte, respecto a las reflexiones hechas por el señor Vañó en relación con las situaciones de tutela, curatela y guarda, esta es también una cuestión delicada. Cuando se nombra un tutor, un curador o una persona que tiene que asumir una situación de guarda, también se parte del presupuesto de dificultades de discernimiento intelectual a la hora de ejercer válidamente el derecho de sufragio tal y como está previsto en la legislación electoral. (El señor vicepresidente, Vera Pro, ocupa la Presidencia). Desde esta perspectiva y con las matizaciones que brillantemente el señor Vañó ha expuesto, estamos en condiciones no solo de apoyar la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la justeza, por el contenido y por los requerimientos de justicia material, sino porque también forma parte de las recomendaciones del Cermi y del derecho internacional público al que todos nos debemos, señor presidente en funciones en este momento. Si me permite ya una observación, obiter dicta, es muy importante que atendamos a los requerimientos de la Convención Europea de Derechos Humanos, incluso -si me permite la reflexión, señor presidente- hasta por razones de coyuntura política. La Convención Europea de Derechos Humanos nos concierne, nos obliga y es derecho aplicable dentro del ordenamiento jurídico español, en este ámbito y en todos los demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Intervendré con toda brevedad para manifestar el apoyo de mi grupo a esta iniciativa. Votaremos a favor de la transacción que han alcanzado con el grupo mayoritario. Casi todos los argumentos que hemos sacado a colación en el anterior debate sobre el voto en el exterior son aplicables también a esta iniciativa. Volvemos a hablar de un derecho fundamental, como el derecho al voto. Volvemos a hablar del derecho a la participación política y, en este caso, de ampliar la comunidad política. Desde mi punto de vista reforzamos doblemente esa participación porque al mismo tiempo
tomamos en consideración una iniciativa planteada por una organización de la sociedad civil cuyo papel ha sido elogiado; elogios a los que yo me sumo.
Felicito también al señor Jané por haber conseguido que en su enmienda transaccional se incluya un verbo de acción como es elaborar.
El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Por La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: El señor Olabarría me ha quitado las palabras de la boca porque el Cermi es para todos los que desarrollamos labor legislativa un referente legislativo paralelo. Hemos utilizado e incluso copiado sus iniciativas repetidamente porque nos han ayudado a presentar propuestas. Recuerdo que para algunas de las enmiendas de este grupo parlamentario a la Ley de Transparencia que se ha tramitado hace poco en esta Cámara, sacamos ideas de las propuestas de ese colectivo de la sociedad civil.
Quiero decir que vamos a votar a favor de la propuesta básicamente por dos razones. Primero, porque compartimos la necesidad de eliminar las limitaciones del derecho de sufragio de las personas con discapacidad y, en segundo lugar, porque defendemos la trasposición de los tratados internacionales -en este caso, del convenio internacional referido- a la legislación vigente en nuestro país. Pensamos que es una propuesta adecuada y, por tanto, va a contar con nuestro voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Querría precisar un poco el debate porque quizás requiere alguna aclaración. Por supuesto mi grupo está a favor de que los discapacitados voten, pero quiero empezar por decir que nuestra legislación no lo impide en absoluto. Esto es evidente. Los discapacitados en España votan. Tienen derecho al voto. ¡Faltaría más!
Vamos a empezar por dejar las cosas claras, inclusive por precisar al señor Jané con relación a su iniciativa que a veces nos planteamos cosas como si vinieran de nuevo, pero realmente debo decirles, señorías, algo que solo el señor Vañó ha citado y que sin embargo es muy importante citar: ya hubo una ley en el mes de agosto del año 2011 que aprobó la adaptación del tratado aprobado por Naciones Unidas respecto a la discapacidad. En su disposición adicional ya establecía que el Gobierno tiene que adaptar toda la regulación de la capacitación o de la incapacitación jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad psíquica para precisar mejor ese tema a la convención. Es decir, ya hay un mandato, un mandato que todavía no se ha cumplido, como bien ha dicho el señor Vañó, porque la disposición adicional de la ley del mes de agosto del año 2011 da el plazo de un año al Gobierno para que desarrolle la habilitación o la precisión jurídica de la capacitación de los discapaces. Es más, hace solo unos pocos meses en la Comisión de Discapacidad de esta misma Cámara la resolución que se establece en la disposición adicional que acabo de citar fue aprobada como una proposición no de ley de todos los grupos. Señorías, no estamos trabajando en el vacío, esto no es ex novo. Agradezco mucho la proposición que se trae aquí, por supuesto nuestro grupo la suscribe, pero quiero empezar por recordar que esta tarea ya está mandatada por ley y aprobada en una proposición no de ley por todos los grupos en la Comisión de Discapacidad.
Punto número 2. La ley española exceptúa del derecho al voto solo a un determinado tipo de discapaces, fundamentalmente a los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio o el derecho al sufragio y a los internados en un hospital psiquiátrico. Cierto, cuando la Comisión de Naciones Unidas visitó a España -esta es en mi opinión la referencia más interesante de la iniciativa que estamos contemplando- estableció una cierta preocupación sobre lo que en España tenemos a este respecto, y dijo literalmente que le inquieta que la privación de ese derecho, el del voto, parezca ser la regla y no la excepción. Ciertamente este es el tema -atención-, porque, repito, los discapaces en España votan, por favor. Solo son exceptuados del derecho al voto aquellas personas a las cuales un tribunal, normalmente un juez, en un proceso en el que hay garantía de intervención fiscal -atención- declara incapaz a una persona porque manifiestamente lo es. ¿Es verdad que en España hay 80.000 personas incapaces declaradas? Por ahí andarán, pero -atención- la mayor parte de las veces a petición voluntaria. Perdónenme la referencia personal, pero acabo de hacer una tramitación con una persona de mi propia familia que literalmente está incapaz; ha habido que incapacitarla porque no puede administrar sus propiedades, etcétera, y por supuesto tampoco puede votar. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El juez que
ha hecho la tramitación, escuchando al fiscal, viendo los informes médicos y a la persona ha declarado que es incapaz y le ha quitado también el derecho del voto.
¿Qué podemos hacer a este respecto vista la intervención del Comité de Naciones Unidas sobre lo que parece que le inquieta de nuestra legislación? Yo sí sería partidario de convertirlo en excepción -tal y como ellos dicen- de una manera más expresa en nuestra legislación declarando previamente que todas las personas tienen derecho al voto, algo que nuestra legislación no dice porque es obvio, pero si hace falta decirlo, digámoslo y entonces sí exceptuemos que cuando un juez declara incapaz a una persona, esta no puede votar. Por tanto, podemos establecer la incapacitación como excepción. En mi opinión ese es el espíritu de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es excepcional, por eso hay un artículo que expresamente dice que carecen del derecho de sufragio. Podemos decir que todos los españoles tienen derecho a votar salvo que..., y creo que es bastante parecido. Es importante precisar que la declaración de incapacidad lleve expresamente la declaración de incapacitación para votar como un procedimiento paralelo expreso; es decir, que acentuemos la garantía de que el derecho del voto no es privado a todo el mundo por ser incapaz, porque hay personas con una determinada incapacitación física, pongamos por caso, que pueden ser declarados incapaces, y podría dar lugar a que su inmovilidad pudiera llevar aparejada una declaración de incapacitación para votar. Esto es lo que no podríamos permitir. ¿Cómo se arregla eso? Estableciendo en el procedimiento de incapacitación una salvaguarda para asegurar que el juez tiene que declarar expresamente la incapacitación para el voto. Estas dos cosas son las que hay que incorporar, pero solo estas dos, señorías, porque no hagamos un debate como si de pronto estuviéramos descubriendo el Mediterráneo, como si de pronto fuéramos a dar el derecho al voto a la discapacidad que no lo tuviera. Atención, no es el caso.
Mi grupo, por supuesto, apoya algo que ya el Gobierno tiene que hacer, porque hay un mandato de la ley, hay un mandato de una PNL que se aprobó en Discapacidad, hay otra que aprobamos hoy aquí, estupendo, y la orientación de ese desarrollo legal que el Gobierno tiene que hacer tiene que resolver muchas más cosas, no solo estas que acabo de citar, quizás con reforma en la Loreg, quizás también con reforma en el procedimiento de enjuiciamiento civil para el caso de las discapacidades y, como he dicho antes, el garantismo respecto a la declaración de incapacitación para el voto. Además, hay muchas más cosas, porque la Convención de Naciones Unidas nos obliga a una precisión mayor para que la incapacitación sea más pormenorizada respecto a las figuras jurídicas en las que se desenvuelve el discapacitado; por ejemplo, la guarda y protección; la voluntad anticipada; los actos jurídicos patrimoniales; los actos jurídicos personalísimos; el régimen de responsabilidad civil, el de responsabilidad penal; el régimen de internamiento; los derechos de paciente. Esa parte sí es muy importante y es la que tiene que trasladar el Gobierno de la ley que se aprobó en 2011.
El señor PRESIDENTE: Termina con ello el debate de esta proposición no de ley.
- SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000167).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural sobre la retirada de los símbolos franquistas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario está convencido de que hay una evidencia, y es que desde hace un cierto tiempo, ahora me referiré desde cuándo más o menos, hay una paralización en una acción que debe desarrollarse, basada en la Ley de Memoria Histórica que aprobaron en su momento las Cortes, como es la eliminación de la simbología fascista de la dictadura franquista en nuestro país. Esa paralización se está produciendo. Hemos comprobado en los distintos proyectos presupuestarios de los últimos años cómo las partidas presupuestarias que estaban dedicadas al tema han ido rebajándose y, después, desapareciendo. Hemos visto cómo en marzo del año 2012 se ha cerrado la oficina de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y conocemos a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria y, por tanto, una respuesta que ha facilitado el Gobierno, que en este momento han sido retirados en aplicación de la ley 570 vestigios fascistas de la dictadura franquista, pero que prácticamente en los últimos dos años esa cifra se ha congelado. ¿Que quiere decir? Que hubo un primer impulso de retirada
de símbolos. Alguien podría pensar que ya no hay más, que no hay ningún símbolo fascista en nuestro país, pero hemos comprobado que no ha sido así, sino que por falta de partidas presupuestarias y, sin duda, por falta de voluntad política del Gobierno, hay una parálisis real de la retirada de símbolos del franquismo. Por tanto, estamos pidiendo simplemente que se cumpla la ley, una ley aprobada por las Cortes españolas, que se retire el resto de símbolos, se conozca el catálogo de símbolos que faltan por retirar y que tengamos una aproximación objetiva a ese aspecto de simbología fascista en nuestro país, que de la Europa occidental es prácticamente el único caso que existe en este momento.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones en relación con esta proposición no de ley, puesto que no tiene enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Mixto, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Tal y como señala el grupo proponente de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, estamos ante un hecho que consideramos que es importante y grave, también, para votarlo en estos momentos. Es algo evidente que el Estado español sufrió una dictadura totalitaria, el franquismo, al igual que en otros ámbitos europeos se sufrió el nazismo o el fascismo en Italia. Todos beben de las mismas fuentes ideológicas con distintas manifestaciones, según los lugares y las culturas propias. Además tenemos otro hecho que vamos conociendo ahora, que es también significativo y que hay que subrayar. El Estado español es el segundo Estado del mundo, después de Camboya, con mayor número de fosas comunes. Este es un elemento que tiene que servir para la reflexión. Por otro lado, vemos que en el contexto internacional, en el contexto europeo, no solo en el Estado español, se están produciendo cada vez más actos de apoyo al nazismo, al fascismo; se produce un auge de ideologías totalitarias que van muchas veces unidas a la crisis económica. El Estado español tampoco es ajeno a estos movimientos que se están produciendo en el resto de Europa. En el Estado español también estamos asistiendo a brotes fascistas, a brotes de añoranza del franquismo. Se han producido actos de apoyo al franquismo, de apología del odio, homenajes a nazis y franquistas. Tenemos homenajes a la División Azul. Tenemos un ejemplo en la ciudad de la que yo soy originario, Vitoria Gasteiz, que levanta muchas ampollas cuando se producen homenajes a Manuel Fraga, persona que estuvo vinculada con el régimen anterior y cuyas actuaciones todavía tienen secuelas en el ámbito de Vitoria Gasteiz.
Vemos por las calles -lo puedo comprobar y tengo fotos- de aquí de Madrid, que en el sitio donde he estado viviendo durante año y medio hay pintadas de carácter nazi, de fomento de nazismo, que no han sido borradas y permanecen durante año y medio en un sitio muy visible, muy céntrico y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alrededor. Vemos que esto es una realidad. Vemos que la Ley de Memoria Histórica del año 2007 tampoco se acaba de cumplir. Como ha citado el señor Nuet, a una pregunta de Amaiur el Gobierno reconoce que no se han retirado ninguno de los símbolos catalogados, ninguno de los más de 450 símbolos; y el argumento que se ha dado es que no hay dinero. Al mismo tiempo, vemos que sí hay dinero para otras cosas; es decir, hay 250.000 euros para reformas en el Valle de los Caídos; se restaura en Oviedo la estatua del coronel franquista Teijeiro, por ejemplo; se producen esos homenajes a la División Azul en Barcelona. En fin, tenemos una serie de elementos para los que sí hay dinero pero para otros no. Hemos denunciado que, incluso, en lugares públicos, como es el Museo del Ejército de Toledo, en sus paneles informativos se refiere a Franco como el generalísimo o como héroe de España. Son elementos significativos. Se nos ha respondido que eso es correcto por razones historiográficas y museográficas. Hay que distinguir; una cosa es recoger elementos de la historia y otra cosa es que en los paneles indicativos, que tienen que ser didácticos en un museo, se reconozca o se demuestre ese reconocimiento a dicha persona.
Si vamos a Alemania en ningún sitio aparece Hitler como el Führer o en Italia Mussolini como il Duce. Con este tipo de actuaciones el Gobierno está haciendo oídos sordos y poniéndose una venda sobre los ojos para no ver la apología del franquismo. Pensamos que no es por dinero sino que no hay voluntad. Ahí vemos que hay una doble vara de medir por parte del Gobierno. Por ejemplo en nuestro país, en Euskal Herria, actúa muy puntillosamente respecto a símbolos, carteles o actos que puedan herir a las víctimas del drama que hemos vivido en el País Vasco durante tantos años. Nosotros no vemos mal eso, siempre hemos dicho que hay que respetar y reparar todo lo que han sufrido las víctimas. Sin embargo, vemos -insisto- que hay una doble vara. Por ejemplo, aquí en Madrid esas pintadas a las que me he referido antes están durante año y medio, siguen estando -supongo- ahora mismo y no pasa nada. Hay que acabar con esa doble vara de medir, hay que ser firmes a la hora de rechazar cualquier actuación que pueda suponer una apología del totalitarismo y la vulneración de los derechos humanos y de las libertades, por tanto, desde ese punto de vista hay que actuar.
Por eso nosotros decimos con total claridad -vamos a apoyar esta proposición no de ley- que el Gobierno debe eliminar los símbolos franquistas inmediatamente en el respeto a la legislación, a las víctimas y al sentido común. Todavía hay demasiadas heridas en nuestra sociedad y todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sanarlas en la medida de lo posible y para reparar todas esas injusticias que se han cometido en el pasado y que de alguna forma siguen perdurando en la actualidad. Por eso nuestro grupo va a votar a favor de la proposición no de ley que ha presentado La Izquierda Plural.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a apoyar la proposición presentada por el señor Nuet, de La Izquierda Plural, sin amplificar su dimensión subjetiva. Aquí el portavoz -con todos los respetos- que me ha precedido en el uso de la palabra ha incorporado otros elementos de reflexión, cuestiones conceptualmente diferentes al contenido material y al ámbito subjetivo de la disposición. Por razones de coherencia me voy a limitar a lo que el señor Nuet y su proposición reivindican, el pedimento de su proposición. Voy a decir que sí, que se trata de un cumplimiento de una ley que es imperativa. La Ley de Memoria Histórica es imperativa, no es dispositiva en ninguna de sus disposiciones, y se está incumpliendo.
Señor presidente, ahora que se está debatiendo la Lomce y se va a recuperar la benemérita institución de las reválidas, qué buena reválida para determinados ayuntamientos o corporaciones locales, para determinados concejales de determinadas corporaciones locales, para determinadas autoridades públicas de distintos ámbitos institucionales es cumplir en sus propios términos literalmente los requerimientos de la Ley de Memoria Histórica, en cuanto a la remoción de signos que todavía se identifican con el régimen anterior. Le podría comentar numerosos municipios donde todavía figura la lápida bajo el rótulo genérico de Muertos por la patria. Solo se refiere a determinados muertos por la patria, como usted se puede imaginar, señor presidente, y a pesar de las reiteradas reconvenciones y admoniciones de los subdelegados del Gobierno, de las administraciones competentes, no se terminan de remover. Podríamos hablar también de que no es particularmente ejemplarizante la actitud de determinados alcaldes o concejales de determinados municipios que se fotografían o aparecen en las redes sociales bajo signos de simbología nazi, fascista o neofascista. Desde luego no contribuye a la aplicación y a los requerimientos de la Ley de Memoria Histórica este tipo de pronunciamientos. Habría que pedir una suerte de consenso, particularmente a algún partido, sobre la necesidad de acabar con los residuos marginales o excrecencias de una transición política todavía, desafortunadamente, inacabada, por lo menos en su dimensión más simbólica. Desde esa perspectiva, señor Nuet, permítame que le felicite porque me parece muy pertinente la iniciativa que ha presentado.
Con relación a otras cuestiones tendríamos que iniciar debates muy complejos y nos llevaría mucho tiempo hablar de otras cosas que se han comentado en esta Comisión.
La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo va a apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley, y solo para evitar cualquier riesgo de banalizar este debate, que nos parece muy trascendente, es muy importante concretar a lo que nos referimos, los símbolos franquistas que figuran aún en espacios públicos y en edificios del Gobierno, que es a lo que alude el punto número 1 de la proposición no de ley. Como ha señalado tangencialmente el señor Olabarría, mezclar en el mismo debate un grafiti callejero con los símbolos de una dictadura es una forma de banalizar el debate, y eso es algo que me importa mucho precisar. Lo central de este asunto es que una democracia no debe ni puede honrar jamás una dictadura, esto es lo sustancial de lo que se pide en esta proposición no de ley, añadido al hecho de que se pide cumplir una ley que está vigente, y que por otro lado no se puede hacer más que eso, más que obedecerla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Ciertamente es una proposición no de ley curiosa, porque está pidiendo que se cumpla la ley. No tendrían que abundar demasiado esas proposiciones no de ley, porque mal vamos si tenemos que empezar a presentar proposiciones no de ley pidiendo que la ley se cumpla; en todo caso es oportuna porque efectivamente la ley no se está cumpliendo.
En Italia el saludo a la romana -el saludo fascista, para entendernos- está penalizado en el Código Penal. En Alemania ya no solo la apología -en otras ocasiones hemos dicho que es un debate ligeramente
distinto- sino también la simbología y la parafernalia nazifascista está prohibida por el Código Penal. La justicia es tan vigilante que incluso han sido disueltos grupos de recreación histórica que ahora están de moda y que aprovechaban ser un grupo de recreación histórica para pasearse con camisas pardas y uniformes de las SS. Pues bien, en Alemania son lo suficientemente vigilantes para disolver incluso estos grupos. En este país se prohibió también un juego de guerra no porque fuera especialmente violento -además era ideológicamente neutro-, que se llamaba Kameraden, sino por la excesiva exhibición de la parafernalia nazi en el mismo. Estamos hablando de lo que hacen en países que sufrieron un régimen totalitario como el nuestro. En Alemania también se prohibió una exposición sobre el arte fascista hace un par de años. En Núremberg, el Kongresshalle, todos asociamos ver a Hitler haciendo sus discursos delante de los camisas pardas formados como soldaditos de plomo, en este momento, aparte de haberse retirado toda la simbología nazi incluso con dinamita, si ha hecho falta, se utiliza para guardar la maquinaria pesada de la brigada municipal, algo que nos parece francamente bien.
Hay otras maneras de hacerlo. Cuando estuve en Hungría pude ver una exposición que yo me atrevería a llamar de desprogramación, aunque no se llamaba así en la que se podía ver por un lado lo que decía la Constitución de la época estalinista y al lado una torre de vigilancia auténtica -retirada de sitio- de un campo de concentración de la misma época. Se podía ver lo que expresaban los planes quinquenales del régimen y al lado las estadísticas reales del régimen sobre lo que estaba pasando en el país. Esta también es una opción. Quizá el Valle de los Caídos podría ser una buena exposición sobre los daños del franquismo, ya que recordemos que fue construido mayoritariamente por republicanos represaliados, en definitiva militares que habían servido a la República. Tanto su retirada como esta serían una buena opción.
Les recuerdo que en obras recientes -lo habrán leído hace pocos meses en los periódicos- se ha terminado de derribar el búnker de Hitler, del cual ya no queda rastro. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo aquí? Se restaura el Valle de los Caídos, como ha dicho algún otro portavoz. Una de las sorpresa -francamente muy fuerte- que tuve la primera vez que vine a Madrid, hace ya muchos años, fue encontrarme un día con la calle de los Caídos de la División Azul. No me lo podía creer. Ayer, mientras estaba preparando esta proposición no de ley, busqué en Google la calle de los Caídos de la División Azul -habían pasado muchos años-, pensando, inocente de mí, si existiría o no en Madrid. Pues sí, en Madrid existe, y no solo en Madrid, sino en muchas más capitales. El señor Ferrer, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Defensa, dice que a la División Azul también fue gente obligada, y es verdad, pero no era esta la esencia de la División Azul. Fue gente que luchó al lado del III Reich, fue gente que juró fidelidad al führer y fue gente que luchó en el peor frente de la Segunda Guerra Mundial, no en el de África, no en el del oeste, sino en el frente ruso, donde se practicó una guerra genocida en la que no se hacían prisioneros. En esto estaba la División Azul, y tiene una calle en Madrid y en otras dos capitales de provincia que no voy a mencionar. ¿Les parece normal?
El Prado. ¿Han ido ustedes a visitar El Prado? Cuando muestran la habitación de Franco... (Rumores.-Un señor diputado: El Pardo). Perdón, El Pardo. Solo faltaría; me ha entrado sudor frío. En El Pardo muestran la habitación de Franco, con grandes elementos de culto a la personalidad: Esta es su habitación tal como la dejó, esta es la mesilla de noche como la dejó la última noche, aquí está la lámpara...¿Ustedes se imaginan esto en Italia o en Alemania? ¿Se lo imaginan por un solo segundo? ¿A ustedes les parece esto de país normal? En el cuartel de Regulares, en Ceuta, dicen: Aquí tenemos a todos los grandes militares que pasaron por los Regulares, hayan sido del bando que hayan sido. A mí me gusta, como a muchos catalanes, la historia de la Guerra Civil, me entretuve leyendo todos los nombres y finalmente solo pude identificar al general Rojo, heroico defensor de Madrid durante la Guerra Civil, pero todos, me atrevo a decir, desde Franco a todos los demás, militares golpistas, estaban inscritos en las puertas del cuartel de Regulares.
Nosotros creemos que es más que suficiente la descripción de nuestro entorno y la descripción de ejemplos tan palmarios como los que les acabo de decir. Con esta autocomplacencia que actualmente tiene el Estado con el franquismo lo que acaba pasando es lo que sucedió en Cataluña, que un día una delegada del Gobierno acaba dando un diploma a un señor que se presenta con un uniforme con una esvástica en el pecho; le da el diploma con la mayor naturalidad del mundo. Acaba pasando eso cuando se simplifica, cuando hay autocomplacencia con las dictaduras.
Quien frivoliza con la historia tiene el peligro de repetirla y de eso estamos hablando, de no repetirla. Agradecemos profundamente al señor Nuet y también a su grupo la oportunidad de esta iniciativa, que es
coherente con otras que nosotros hemos presentado en el terreno del Código Penal sobre determinados grupos políticos y creo que no hace falta decir que nuestra posición será netamente favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Señorías, el próximo 26 de diciembre hará seis años de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica y la iniciativa que hoy debatimos insta a su cumplimiento; una ley traída al Parlamento por un Gobierno socialista que trabajó en su desarrollo y en su aplicación hasta el final de la legislatura y seis años después nos sentimos orgullosos de la realidad porque el grado de cumplimiento a lo largo de la pasada legislatura se puede calificar de muy alto. Expondré unos pocos ejemplos de la magnitud de lo logrado. Se realizaron 6.000 exhumaciones en 300 fosas en un trabajo que sigue abierto y que el Gobierno del Partido Popular no está dispuesto a continuar. El Ministerio de Justicia publicó un mapa de fosas al que se incorporaron 2.318 lugares con sus respectivas historias documentales, 833 proyectos de asociaciones vinculadas a la memoria histórica fueron subvencionados con 25 millones de euros desde 2006, y lo dejo aquí.
Señorías, hoy debatimos una proposición no de ley que insta al Gobierno a la aplicación de la ley, en concreto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma. Este debate tiene lugar porque, aunque la Ley de la Memoria Histórica sigue vigente, el Gobierno del Partido Popular ha decidido derogarla de facto, no hacer nada y, aprovechando el argumento de la crisis, aplicar una política sectaria y ostentosamente ideológica. Así, en marzo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la Oficina de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Posteriormente llegó la eliminación de la partida presupuestaria para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica, llevando a la paralización de los trabajos que se estaban realizando, prueba de ello son los Presupuestos Generales del Estado. El primer hachazo vino en los presupuestos de 2012; de 6,2 millones de euros del último presupuesto con un Gobierno socialista pasamos a 2,5 millones de euros, un 60 % menos; en 2013 la partida fue de cero euros y este año ha desaparecido. Señorías, no puede haber mayor evidencia. El hoy ministro de Interior en la Comisión Constitucional celebrada el 25 de noviembre de 2009 dijo -cito textualmente-: Nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de elaboración y finalmente aprobación podríamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. Como pueden observar, no es casual lo que está sucediendo desde que gobierna el Partido Popular.
La proposición que nos trae a este debate es sobre la retirada de los símbolos franquistas, y ¿cuál ha sido en concreto el camino recorrido en este terreno? Lo resumo rápidamente. El Consejo de Ministros, en su reunión del 31 de octubre de 2008, adoptó el acuerdo por el que se dictaban las instrucciones para la retirada de símbolos franquistas y planteó la creación de una comisión técnica de expertos; una orden del Ministerio de Cultura creó y reguló dicha comisión técnica, que elaboró un catálogo con la información facilitada por los diferentes departamentos ministeriales y que se le remitió para su valoración. En el portal de la Memoria Histórica se podía consultar el balance de la retirada de vestigios de la Administración General del Estado, allí se informaba del análisis de un total de 705 vestigios de trece ministerios y otros organismos. Hasta finales de abril de 2011 se tiene constancia de la retirada de unos 570, el resto está en proceso de tramitación, y por todos es conocido que para el actual Gobierno la aplicación de esta ley no es una prioridad, y el portal de la Memoria Histórica no ha vuelto a actualizarse desde el año 2011.
Señorías, en el ámbito de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, el Gobierno socialista tuvo un proceder ejemplar, incluido el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma. La paralización de estos trabajos ha venido de la mano del actual Gobierno, que sí ha encontrado dinero para la restauración de la fachada de la basílica del Valle de los Caídos, un monumento al que la Ley de la Memoria Histórica obliga a dar otro significado: convertirlo en un lugar para la memoria de todas las víctimas de la guerra y no solo el recuerdo de las de un bando.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que la Ley de la Memoria Histórica siga aplicándose, denunciamos su paralización y, por supuesto, votaremos a favor de esta iniciativa que insta a la aplicación de la ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Señor Nuet, me entristece comprobar cómo 35 años después de la aprobación de la Constitución continúan ustedes removiendo y hurgando en asuntos ya superados por la
inmensa mayoría de la población española (Una señora diputada: ¡Muy bien!), especialmente en un momento en el que los ciudadanos nos están pidiendo a los políticos que nos centremos en superar la crisis económica, en sostener el Estado del bienestar con los recursos que tenemos, en definitiva, en resolver los problemas y no crear más. Vuelven ustedes a apelar a un asunto que ya en la Constitución quedó resuelto. Por ello quisiera apelar hoy de nuevo, 35 años después, al espíritu de la transición, a esa voluntad colectiva que hace tantos años consiguió que una España fracturada lograra comenzar un camino en común en libertad y en convivencia. Una impronta que nos ha permitido construir entre todos una democracia estable y garante de los derechos y garantías de los españoles.
Las personas como yo, que por haber nacido en democracia no vivimos aquellos días, vivimos hoy nuestra particular transición. Nuestro país, España, está teniendo que hacer frente a la que sin duda es la peor crisis económica, y lo está haciendo con la única receta posible: esfuerzo, sacrificio, eficacia y responsabilidad. Con un Gobierno que tiene claro -muy claro- el rumbo para superar la crisis. Señorías, es más necesario que nunca trabajar unidos. Por encima de las ideologías, los símbolos y las siglas se encuentran nuestros jóvenes y nuestros mayores, nuestros trabajadores y nuestros desempleados, nuestra sociedad, que nos exige soluciones. Los ciudadanos nos reclaman ideas de presente y de futuro, no que hablemos de problemas del pasado ya superados. Los ciudadanos nos reclaman ideas de unidad y de cohesión y no de división y confrontación. Nos piden ideas que nos unan y nos fortalezcan como sociedad. Pero desgraciadamente ustedes vuelven a sus complejos, vuelven a tocar un tema, el franquismo, porque creen que les da rédito político y electoral. Quieren tocar la fibra sensible para generar crispación. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!)
Señor Nuet, vamos a votar en contra de la proposición no de ley porque las peticiones que formula ya se han llevado a cabo por los ministerios correspondientes. Concretamente, respecto al primer punto, cabe decir que el Ministerio de Defensa, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 52/2007, que todos conocemos como Ley de Memoria Histórica, tras su entrada en vigor inició su proceso de aplicación. Para ello, en primer lugar, se elaboró un inventario de vestigios susceptibles de ser modificados o retirados, y para coordinar y llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones, se constituyó una comisión ministerial presidida por el secretario de Estado de Defensa, compuesta por representantes de los tres Ejércitos y del órgano central. A lo largo del proceso, conforme se iba avanzando en su estudio, se encontraron algunos elementos que podían verse excluidos del ámbito de aplicación de dicha ley por razones artísticas, arquitectónicas, artístico-religiosas, de estricto recuerdo privado o por no suponer exaltación alguna a la sublevación militar, guerra civil y dictadura.
Al haberse suscitado dudas sobre el tratamiento de dichos elementos, se solicitó la intervención de la comisión técnica de expertos creada al efecto en el seno de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, para que emitiera el correspondiente dictamen sobre estos casos y determinara si quedaban afectados por la exención mencionada. En octubre de 2010 se dieron por finalizadas estas actuaciones. Así, se puede afirmar que salvo eventuales vestigios aislados que pudieran surgir, el Ministerio de Defensa, desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento de manera escrupulosa a la citada disposición. De los elementos retirados, los que se han podido conservar tras las tareas de extracción han sido depositados en almacenes de los distintos ejércitos. La información relativa a su ubicación y localización ha sido remitida al Ministerio de Cultura, que decidirá sobre el oportuno traslado de algunos elementos que por su valor histórico-artístico formarán parte del centro documental de la Memoria Histórica situado en Salamanca.
Respecto al segundo punto de la proposición no de ley, la comisión técnica de expertos, con el fin de analizar individualmente cada uno de los casos planteados, ha creado y mantiene actualizada una base de datos de vestigios existentes en dependencias de la Administración General del Estado. Cabe destacar que la elaboración del catálogo de vestigios de titularidad privada, local o autonómica corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas en colaboración con las entidades locales. Respecto a la publicación de los criterios establecidos por la comisión técnica, desde mayo de 2011, en el portal web sobre la Memoria Histórica, está publicado el informe sobre los criterios generales adoptados en los acuerdos de la comisión técnica de expertos de la Ley de la Memoria Histórica, tanto para dar cuenta de los principios que han guiado su actuación como para servir de pauta al resto de las administraciones públicas, ya sean comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones provinciales, en el tratamiento de símbolos similares que se encuentran en edificios y espacios públicos de su competencia.
No quiero terminar sin animar a los señores de La Izquierda Plural y de las distintas formaciones nacionalistas a superar sus viejos argumentarios, a actualizarse y caminar en el tiempo presente junto al resto de españoles. Por supuesto que como cualquier demócrata nos oponemos a cualquier forma de autoritarismo y dictadura. En cambio, en las filas de su partido, señor Nuet, hay gente que las apoya en otros países como Cuba y Corea del Norte. (Rumores). El señor Centella, su compañero, por ejemplo, ha defendido públicamente la dictadura cubana. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, rechazamos todas las dictaduras, sean de la ideología que sean. Ustedes defienden el totalitarismo comunista. (Aplausos). Superen sus complejos, defiendan la democracia siempre, no solo la que les interese. Les animo a condenar públicamente la dictadura castrista y la dictadura norcoreana, que defienden abiertamente sus juventudes, las juventudes comunistas. (Rumores).
Señores independentistas, a ustedes les animo a respetar las banderas constitucionales y autonómicas, los símbolos legales. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Hay alcaldes y concejales de sus partidos que optan por exhibir símbolos no reconocidos por la Constitución española en ayuntamientos e incluso retiran los oficiales. Sepan que el Gobierno de España no lo va a permitir.
Señor Larreina, se ha referido usted a homenajes que causan ampollas en los españoles y he decirle que no hay homenaje que cause más ampollas a los españoles que los homenajes a ETA y a los terroristas. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Señorías, en estos momentos, además de retirar viejas simbologías ya superadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos, la mayor motivación del Grupo Parlamentario Popular es retirar de nuestro país el paro y la crisis y retomar entre todos el camino del crecimiento y la prosperidad. En eso estamos. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Aunque había anunciado que sobre las siete y media procederíamos a la votación, estoy comprobando que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios están, a excepción de Convergència. ¿Podemos proceder a las votaciones o esperamos?
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Podemos proceder, señor presidente. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra).
El señor a JÁUREGUI ATONDO: A efectos de la votación, señor presidente. Cuando votemos la proposición no de ley de La Izquierda Plural, relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, queremos que se vote por separado el punto 1. Punto 1 por separado y el resto en bloque, como se dice. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vamos a proceder de la siguiente manera, si les parece a ustedes oportuno. En primer lugar, hay dos enmiendas a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, una del Grupo Parlamentario Popular y otra de la señora Fernández Dávila. ¿Aceptan alguna de las enmiendas?
El señor a JÁUREGUI ATONDO: No se acepta ninguna.
El señor PRESIDENTE: En ese caso se votaría la proposición del Grupo Socialista en sus propios términos.
En segundo lugar, hay una enmienda a la proposición de Unión Progreso y Democracia, presentada también por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Señora Lozano, aceptan la enmienda?
La señora LOZANO DOMINGO: No aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, también se va a votar en sus propios términos.
En cuanto a la proposición presentada por La Izquierda Plural, votaremos separadamente el punto 1 y después el resto. (El señor Nuet Pujals pide la palabra).
El señor NUET PUJALS: Tampoco aceptamos las enmiendas a nuestra proposición no de ley. Se votará en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el voto de los residentes españoles en el exterior. Se vota en sus propios términos.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Votamos en primer lugar el punto 1.
Votamos el resto de puntos de esta proposición no de ley.
Proposición no de ley, del Grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre establecimiento de un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una reforma de la normativa electoral para eliminar las limitaciones del derecho a sufragio de las personas con discapacidad. Se vota la enmienda transaccional presentada de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Popular.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre retirada de los símbolos franquistas.

References: artículo 143
 artículo 9
 artículo 68
 artículo 140
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15