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Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Piedad M. G. y don Francisco Javier P. A., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad, n.º 1, de Talavera de la Reina, a inscribir el testimonio de una sentencia de divorcio y aprobación de convenio regulador. - Doctrina Administrativa - VLEX 208008047
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Piedad M. G. y don Francisco Javier P. A., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad, n.º 1, de Talavera de la Reina, a inscribir el testimonio de una sentencia de divorcio y aprobación de convenio regulador.
Publicado en: BOE, 25 de Abril de 2008
En el recurso interpuesto por el Letrado don Francisco-Javier Pinas Fernández, en representación de doña María Piedad M. G. y don Francisco Javier P. A., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad, titular del Registro número uno de Talavera de la Reina, doña María del Carmen de la Rocha Celada, a inscribir el testimonio de una sentencia de divorcio y aprobación de convenio regulador dictada en procedimiento de mutuo acuerdo.
Talavera de la Reina a seis de octubre del año de dos mil siete.-El Registrador, María del Carmen de la Rocha Celada (Firma Ilegible)
Extralimitación de la función calificadora de la Registradora de la Propiedad a la vista del contenido del artículo 18 de la Ley Hipotecaria, pues, a modo de juez revisor, se permite censurar la labor del juzgador que aprueba el convenio, al denunciar la inadecuación del procedimiento seguido para las atribuciones que en dicho convenio se contenían. En apoyo de esta postura cabe citar una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 7 de junio de 2002, y el criterio recogido en diversas sentencias del Tribunal Supremo en las que se reconoce que los cónyuges tienen legalmente reconocida una amplia libertad para contratar e, incluso, para modificar la naturaleza de los bienes que les pertenecen (arts. 1323 y 135 del Código Civil), bastando el mutuo acuerdo, o la conformidad, para provocar que un concreto bien, que en todo o en parte pudiera ser privativo, se desplace al patrimonio común, siendo el convenio regulador título suficiente para ello.
Respecto del argumento de la nota referido al artículo 1274 del Código Civil, no se desconoce la doctrina de esta Dirección General, expresada, entre otras, en la Resolución de 16 de octubre de 1998, que sostiene que siendo el objeto de la liquidación exclusivamente el reparto del haber existente tras al pago a los acreedores, la inclusión en aquella de transmisiones adicionales respecto de bienes privativos de los cónyuges no puede entenderse que tenga su causa en la liquidación consorcial, siendo preciso el adecuado reflejo documental de dicha causa, si bien tal doctrina debe ser matizada al hallarse en contradicción con la jurisprudencia que se cita, entendiendo que ello constituía una antinomia irreductible, pues no tiene sentido que lo que se permite en el ámbito legal y jurídico luego se rechace en el ámbito registral. Puede encontrarse justificación de la causa -art. 1277 del Código Civil-en el interés superior de la familia (cfr. la doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 22 de junio 2006).
Aun reconociéndose la doctrina de esta Dirección General, el Registro debe irse adaptando a la realidad extrarregistral, en aras del principio de concordancia y de la interpretación de las normas según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo a la doctrina de los Tribunales y de los propios principios legales, como la presunción de la existencia y licitud de la causa de los contratos.
En el supuesto de hecho del presente recurso se presenta en el Registro de la Propiedad testimonio de la sentencia dictada en procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo que declara disuelto el matrimonio de los cónyuges demandantes y aprueba el convenio regulador aportado a los autos en el que se liquidaba la sociedad de gananciales, con la circunstancia de que algunos de los bienes inventariados eran privativos del uno de los copartícipes y se adjudican en la liquidación al otro copartícipe no titular.
El alcance de la calificación de los documentos judiciales ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de esta Dirección General, que, como consecuencia de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, ha declarado que si bien no compete al Registrador entrar en el fondo de las resoluciones judiciales, sí puede y debe examinar la competencia del Juzgado o Tribunal, la congruencia del mandato judicial y los obstáculos que surjan del Registro.
Proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del Código Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente, puedan intercambiarse bienes privativos; ahora bien, puesto que el objeto de la liquidación es exclusivamente la división por mitad del haber resultante después de pagados los acreedores consorciales (cfr. artículo 1404 del Código Civil), no puede entenderse que esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tengan como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio; habrá en ocasiones un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación -a su favor- de bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa.
La confirmación del primer defecto de la nota hace innecesario entrar en el examen del segundo.
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STC 139/1990, 17 de Septiembre de 1990
SAP Granada 1021/2002, 16 de Diciembre de 2002

References: Resolución 
 artículo 18
 artículo 1274
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 100
 artículo 1323
 artículo 1404

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