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Timestamp: 2020-04-09 22:36:52+00:00

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Ley del Bosque Modelo de Puerto Rico (Ley Núm. 182 de 3 de Noviembre de 2014) - - Códigos - Legislacion - VLEX 633104089
Ley del Bosque Modelo de Puerto Rico (Ley Núm. 182 de 3 de Noviembre de 2014)
Artículo 1. — Título. (12 L.P.R.A. § 218 nota)
Artículo 2. — Definiciones. (12 L.P.R.A. § 218)
Artículo 3. — Declaración de Política Pública. (12 L.P.R.A. § 218a)
Artículo 4. — Descripción Física del Bosque Modelo de Puerto Rico. (12 L.P.R.A. § 218b)
Artículo 5. — Mesa Multisectorial del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219)
Artículo 6. — Facultades de la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219a)
Artículo 7. — Creación de la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico. (12 L.P.R.A. § 219b)
Artículo 8. — Objetivos, Deberes y Responsabilidades de la Oficina del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219c)
Artículo 9. — Poderes, Derechos y Facultades de la Oficina del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219d)
Artículo 10. — Composición, Nombramiento y Funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Oficina del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219e)
Artículo 11. — Responsabilidades de la Junta de Gobierno de la Oficina del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219f)
Artículo 12. — Exenciones. (12 L.P.R.A. § 219g)
Artículo 13. — Fondos y desembolsos. (12 L.P.R.A. § 219h)
Artículo 14. — Sistema de Contabilidad. (12 L.P.R.A. § 219i)
Artículo 15. — Deudas y Obligaciones. (12 L.P.R.A. § 219j)
Artículo 16. — Inmunidad y Límite de Responsabilidad Civil. (12 L.P.R.A. § 219k)
Artículo 17. — Coordinación Conjunta entre la Oficina del Bosque Modelo y la Mesa Multisectorial. (12 L.P.R.A. § 219l)
Artículo 18. — Colaboración con los Gobiernos Municipales. (12 L.P.R.A. § 219m)
Artículo 19. — Asignación Presupuestaria y Creación del Fondo de Financiamiento para el Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219n)
Artículo 20. — Informes de Progreso Anual. (12 L.P.R.A. § 219o)
Artículo 21. — Austeridad Fiscal. (12 L.P.R.A. § 219p)
Artículo 22. — Creación del Fideicomiso del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219q)
Artículo 23. — Objetivos, Deberes y Responsabilidades del Fideicomiso del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219r)
Artículo 24. — Designación del Fideicomisario. (12 L.P.R.A. § 219s)
Artículo 25. — Junta de Fiduciarios del Fideicomiso del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219t)
Artículo 26. — Derechos, Poderes, Facultades y Funciones de la Junta de Fiduciarios. (12 L.P.R.A. § 219u)
Artículo 27. — Poderes del Fideicomiso. (12 L.P.R.A. § 219v)
Artículo 28. — Responsabilidad Civil. (12 L.P.R.A. § 219w)
Artículo 29. — Fondos del Fideicomiso e Inversión. (12 L.P.R.A. § 219x)
Artículo 30. — Informes. (12 L.P.R.A. § 219y)
Artículo 31. — Exenciones. (12 L.P.R.A. § 219z)
Artículo 32. — Reglamento del Fideicomiso del Bosque Modelo. (12 L.P.R.A. § 219aa)
Artículo 33. — Colaboración con la Oficina del Bosque Modelo, la Mesa Multisectorial y demás Deberes de Agencias Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (12 L.P.R.A. § 219bb)
Artículo 34. — Cláusula de Separabilidad. (12 L.P.R.A. § 218 nota)
Artículo 35. — Vigencia.
La zona del Caribe está reconocida como uno de los lugares del mundo que alberga gran biodiversidad. Sin embargo, nuestra Isla cuenta con aproximadamente entre ocho (8) a nueve (9) por ciento de su superficie protegida por ley, mientras que el ochenta (80) por ciento de las tierras de alto valor ecológico están en manos privadas. Las áreas de densa cobertura forestal son particularmente críticas, sobre todo para la producción del agua que abastece a sobre dos millones (2,000,000) de personas, potencian la agricultura y el desarrollo industrial, y sirven como rutas de recarga de valiosos acuíferos. Muchos de nuestros bosques, así como las cabeceras de las cuencas hidrográficas, están en la zona montañosa, la cual, luego del abandono de su principal actividad económica -la agricultura-, experimenta altas tasas de desempleo y dependencia de programas de asistencia gubernamental. De igual forma, el desarrollo urbano mal planificado ha consumido áreas sustanciales de alto valor agrícola. En los últimos sesenta (60) años, se han perdido más de uno punto nueve (1.9) millones de cuerdas de valor agrícola. Esta realidad se agrava con la poca prioridad que históricamente se le ha asignado a la zona al no proveer los recursos apropiados para su desarrollo sin comprometer los servicios ambientales y agrícolas que provee esta infraestructura verde al País.
La presente legislación busca atender esta realidad de una forma integrada, promoviendo el desarrollo sustentable en una amplia región agrícola y forestal del País, por medio de la concertación estratégica y coordinada de programas comunitarios y privados con iniciativas gubernamentales. La creación de nuevos incentivos e iniciativas de educación y capacitación en actividades turísticas, culturales, agrícolas, agroindustriales, educativas, comerciales y de manejo de recursos naturales, entre otras, buscan promover la conservación ecológica, a la vez que se generan empleos y contribuyen a la seguridad alimentaria. Además, se establecen nuevos paradigmas sobre la protección de nuestros recursos naturales, convirtiendo a los ciudadanos en eje principal de la protección de su entorno natural, del que se reconoce como parte y el cual se desea proteger y desarrollar de forma sustentable. La presente Ley promueve formas más efectivas y eficientes de utilizar los recursos públicos para conservación del ambiente y la promoción del desarrollo sustentable, al hacerlos disponibles a la gestión colaborativa de organismos multisectoriales, comprometidos con la política pública que aquí se establece. Esta visión de sustentabilidad, pretende esencialmente “avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad. No busca frenar el progreso ni volver a estados primitivos. Todo lo contrario. Busca precisamente fomentar un progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio…” . Esto se propone en una región extensa que incluye áreas representativas de casi todos los ecosistemas de Puerto Rico. Esta legislación reconoce la continuidad de áreas con valor agrícola y natural, cubierta boscosa, corredores ecológicos y cuerpos de agua de gran valor para la subsistencia y desarrollo sustentable de Puerto Rico. En ese mismo paisaje ubican también asentamientos urbanos y rurales, zonas arqueológicas y áreas de interés turístico, comercial e industrial que representan importantes recursos a conservar o desarrollar mediante los trabajos del Bosque Modelo.
La conservación de nuestros recursos naturales goza de rango constitucional. La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que será política pública “la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, impuso al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”) la responsabilidad de velar por la conservación de los recursos naturales de la Isla y el desarrollo y aprovechamiento de los mismos. Esto incluye la administración y manejo de áreas naturales protegidas (bosques, reservas y refugios) y la protección de la flora y fauna en peligro de extinción, entre otras.
La política pública forestal de Puerto Rico se promulgó mediante la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Bosques de Puerto Rico”. Esta Ley reconoce que los bosques son un recurso natural único, una “herencia esencial”, por los múltiples bienes y servicios que proveen, entre ellos, la conservación del suelo, el agua, la flora y fauna; productos madereros; recreación al aire libre; y una fuente de empleo. Dicha Ley establece como política pública la conservación, protección y expansión de los bosques “para lograr su pleno aprovechamiento y disfrute por esta generación, así como legado para las generaciones futuras”. De igual modo, establece que los productos y beneficios forestales serán usados completa y eficientemente, a fin de prolongar su utilidad y que las tierras forestales estatales de mayor valor sean designadas como Bosques Estatales; y declara que será responsabilidad del Estado desarrollar y establecer las medidas necesarias de conservación forestal y estimular la iniciativa privada hacia tales fines. Finalmente, la Ley dispone que los dueños o cesionarios de tierras forestales privadas deben contribuir, dentro del límite de sus posibilidades, a mantener y conservar los bosques, evitando que los mismos sean destruidos o eliminados innecesariamente o que sean destinados a un uso menos indispensable que el de bosques. Para estos fines, se adoptó el mecanismo de “Bosque Auxiliar”, por medio del cual los dueños de los terrenos forestales privados pueden recibir exenciones contributivas sobre la propiedad y cualquier ingreso proveniente de la venta de productos forestales al adoptar planes de manejo y conservación. De forma análoga, la Ley 183-2001, conocida como “Ley de Servidumbres de Conservación”, ofrece exenciones contributivas a dueños de terrenos que establezcan servidumbres a perpetuidad para conservación de sus terrenos.
La conservación y protección de los terrenos forestales en el interior montañoso de Puerto Rico están reconocidas como de gran importancia por amplios sectores del País. Tras el esfuerzo de un movimiento social en contra de la explotación minera a “cielo abierto” en esa región, en el año 1996 se designó al Bosque del Pueblo en Adjuntas con un modelo de co-manejo entre el DRNA y Casa Pueblo de Adjuntas (“Casa Pueblo”). La designación del Bosque del Pueblo pautó las bases para la designación de nuevas unidades forestales en Puerto Rico en un momento en el cual solo el cuatro (4) por ciento de nuestras tierras de alto valor ecológico estaban protegidas por ley. El acuerdo de co-manejo para este Bosque también sentó un precedente con la colaboración entre el DRNA y otras agencias públicas y...
Ley Núm. 69 de 24 de junio de 2014, para enmendar el Artículo 3.012 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como 'Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991', a los fines de establecer una escala de sueldos para la posición de alcalde, ordenar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a establecer la reglamentación uniforme necesaria en cuanto a la evaluación, determinación y adjudicación, de cualquier aumento de sueldo sobre el sueldo base; establecer que cualquier cambio para aumentar el sueldo de un alcalde no tendrá efecto durante el término o cuatrienio en que sea aprobado y establecer cuándo podrá ser efectivo el aumento y en qué presupuesto se hará constar; establecer los requisitos para considerar un aumento de sueldo para la posición de alcalde; disponer la aplicación prospectiva de estas disposiciones; establecer prohibición de aprobar revisión de sueldo dos meses antes y dos meses después a la celebración de las elecciones generales de ...

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 Artículo 3