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Timestamp: 2019-08-20 18:06:22+00:00

Document:
Competencia de la Justicia Provincial
EXPTE. N° P- 25.598/09 - “Inhibitoria en autos N° 15.687/07, de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 49”
Mendoza, 26 de Junio de 2009
I) A fs. 29 de autos comparece el Sr. Salvador Antonio Vidal, con el patrocinio del Dr. Carlos De Casas, e interpone formalmente Recurso de Apelación por ante el A Quo, en contra del auto dictado por el titular del Quinto Juzgado de Garantías, obrante a fs. 27/28, por el cual se rechaza la inhibición planteada por la defensa técnica del presentante.
II- Concedido el recurso impetrado (fs. 30) y elevados los autos a este Tribunal (fs. 36), durante el término de emplazamiento establecido en el Art. 468 del Código Procesal Penal, el apelante presentó informe sobre el fundamento de sus pretensiones (fs. 32/35), dando cumplimiento así a lo normado por el Art. 471 del cuerpo legal referido, pasando los autos a resolver.
III- Peticiona el recurrente la revocación del auto denegatorio de la inhibición planteada y se ordene librar exhorto inhibitorio al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49, Secretaria N° 169 en autos N° 15.687/07, estableciendo la competencia de la Justicia Penal de Mendoza para entender en la investigación por la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica de Instrumento Público (Art. 293 C.P), que se atribuye a Salvador Vidal.
Se agravia en tal sentido, refiriendo a que el Sr. Juez de Instrucción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha formulado imputación contra el quejoso en carácter de cómplice de quienes utilizaron los instrumentos falsos, no sentando ningún nexo de participación entre los Sres. Terranova y los funcionarios que habrían falsificado los instrumentos utilizados por los mismos, tal como resulta ser el caso de Vidal. Así, puede inferirse de lo actuado en esos obrados, que el delito enrostrado al recurrente es independiente de aquellos otros atribuidos a los restantes encartados, a los que se les inculpa el uso de esos documentos, expresando que, si se quisiera mantener una única jurisdicción debería haberse sostenido algún tipo de convergencia intencional o asociación relativa a la empresa delictiva que se reprocha, las que hubieran servido de base para dar sentido a la conexidad y así justificar la intervención del Juzgado de Capital Federal.
Establece, tras transcribir textualmente una parte del contenido del auto de procesamiento dictado por el Juzgado con quien se plantea el conflicto, por el cual se lo procesa en calidad de autor de una falsificación instrumental, que la conexidad sostenida por el Sr. Juez de Garantías es inexistente, ya que se lo persigue como autor por un hecho acaecido en Mendoza, sobre un papel público de un organismo de Mendoza y elaborado por un funcionario de Mendoza.
Finalmente, se expide refiriendo a que el Sr. Juez en su resolución elabora una teoría propia, incluyendo imputaciones que no existen y modificando así el meollo de la cuestión a decidir, estableciendo un concurso de delitos imaginario que no es el atribuido en las actuaciones de Buenos Aires a Vidal, donde simplemente se le imputa la autoría material de una falsedad.
IV-Remitidos los autos a la Fiscalía de Cámara de Apelaciones en lo Criminal a los efectos de la notificación del recurso interpuesto, y a los fines del ejercicio de las facultades por ley otorgadas, emitió dictamen la titular del Ministerio Público en esta instancia, (fs. 38/39), considerando que no corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, toda vez que conforme surge de la trascripción parcial efectuada por el mismo apelante del auto de procesamiento dictada en la jurisdicción cuestionada, surge una complicidad con los imputados Terranova que fue lo que motivó la entrega del certificado falso.
Funda su postura refiriendo a que en el caso estaríamos ante un supuesto de conexidad objetiva, ya que dicho instrumento falso fue presentado en el marco de la licitación cuestionada y fue determinante para la evaluación de los antecedentes de la sociedad en relación a los servicios prestados en otras ciudades, por lo que es un solo órgano el que debe intervenir en la investigación de todos los hechos.
V- Expuestos los agravios expresados por la defensa, y previo a ingresar en el análisis de los mismos, traídos a conocimiento y resolución de este Tribunal, corresponde aludir a la resolución atacada.
A fs. 27/28 corre agregado auto del Quinto Juzgado de Garantías, por el cual se rechaza el planteo de inhibición incoado por la defensa técnica del imputado Salvador Vidal.
En los considerandos de su resolución, expresa el magistrado, tras efectuar un detalle de las constancias agregadas a autos N° 15.687/2007, que si bien es cierto que el delito se consuma cuando el documento público queda perfeccionado, no se debe omitir la especial circunstancia en que se valoró el contenido del mismo, es decir, integrando una de las condiciones de la licitación.
Por ello, es que establece el Sr. Juez, que la conducta de quien expidió el certificado debe valorarse dentro de las reglas de concurso de delitos, toda vez que se trata de una pluralidad de acciones que responden a un plan y conforman una única conducta no susceptible de ser escindida, concluyendo que las conductas investigadas encuadrarían en un concurso ideal ante las figuras penales de falsedad ideológica y fraude a la administración pública, ya que la primera pudo ser el medio comisivo de la segunda, citando diversa doctrina en apoyo a su postura.
VI- Señalados los agravios vertidos por el recurrente y efectuadas las consideraciones pertinentes, corresponde entrar de lleno en el análisis del caso traído a conocimiento.
Adelantando la resolución adoptada, entiende el suscripto que le asiste razón al recurrente, ello, sobre la base de las siguientes consideraciones:
a- En principio, cabe destacar que la determinación del juez competente para intervenir en la tramitación y resolución de una causa, es un tema fundamental, toda vez que se encuentra en una íntima vinculación con el principio de Juez Natural, el cual mantiene jerarquía constitucional al encontrarse consagrado por el Art. 18 de nuestra Carta Magna, siendo asimismo reconocido expresamente por el Art. 3 del Código Procesal Penal y mediante los diversos Tratados Internacionales incorporados a nuestra Ley Suprema (art. 14 PIDHCP, art. 8 CADH).
En tal inteligencia, la correcta determinación de la competencia territorial en cada caso, aparece como trascendental a los fines de garantizar el principio aludido, adoptando a tal efecto las diversas legislaciones procesales parámetros similares para tal efecto, siguiendo los lineamientos establecidos en tal sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dicho “Por imperativo constitucional, a los efectos de determinar la jurisdicción territorial debe tenerse en cuenta, prioritariamente, el lugar en el cual se consumó el delito, lo que no debe confundirse con el lugar donde se produzcan los efectos extratípicos del hecho ilícito” (CSJN, Fallos, 310-2156) .
Así, nuestro Código adjetivo establece como regla principal en el Art. 54 “Será competente el Tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar en donde cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquél en donde comenzó a ejecutarse”. De igual manera se expide el Código Procesal Penal de la Nación en el art. 37, por lo que debemos centrar el análisis en cuál es el delito endilgado, y así determinar cuál es el lugar de su comisión y consecuentemente, la autoridad judicial competente para intervenir.
En efecto, nos encontramos frente a una investigación dirigida a esclarecer, en el punto que nos convoca, la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica de Instrumento Público (Art. 293 Código Penal), atribuible a Salvador Antonio Vidal, por cuanto el mismo, en su calidad de Subsecretario General de la Intendencia de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, suscribió un certificado en fecha 15 de Marzo de 2006 cuyo contenido se reputa ideológicamente falso, el cual habría sido utilizado posteriormente por la firma Publicidad Sarmiento S.A ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de acreditar que dicha firma había dado cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones contraídas con el Municipio referido, en el marco del proceso licitatorio por el cual la empresa mencionada resultó adjudicataria de la concesión del servicio de la Unidad Funcional Territorial N° 1.
Estos hechos junto a las irregularidades que se desarrollaron en la licitación, las que constituirían prima facie, hechos ilícitos, dieron lugar a las actuaciones N° 15.687/2007, de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo interinamente del Dr. Luis Rodríguez.
Determinados los hechos investigados, y sin necesidad de entrar en consideración acerca del contenido del certificado reputado falso ideológicamente, toda vez que ello deberá ser objeto de investigación ante la autoridad competente, que es lo que aquí se intenta dilucidar, debemos destacar que los mismos han sido, en lo que atañe a Vidal, correctamente encuadrados dentro del tipo penal previsto por el art. 293 del Código Penal.
No existiendo discusión acerca de la calidad de público del instrumento investigado, toda vez que ha sido expedido por un funcionario público con competencia para otorgarlo, en el marco de sus funciones y cumpliendo los requisitos que le dan autenticidad oficial, la discusión debe residir en la distinción a efectuarse entre el delito de falsedad ideológica de documento público y el delito de uso de ese documento público que adolece de la falsedad, los que deben ser escindidos, toda vez que constituyen hechos materiales distintos y cuya autoría puede y es atribuida a personas diferentes, siendo el primero de estos ilícitos el que aquí nos interesa.
En efecto, a Vidal se le reprocha haber confeccionado un instrumento cuyo contenido no era verídico, en su calidad de funcionario de la comuna de Capital, pero no haber utilizado el mismo; conducta que es atribuida a Eduardo y Orlando Terranova, y que solo puede ser cometida por quien no fue autor de la falsedad ideológica, siendo tipificadas ambas figuras por nuestra ley de fondo como ilícitos independientes y distintos.
Así, restringiendo la temática en estudio a la consumación del delito de Falsedad ideológica, que sólo puede darse respecto de instrumentos públicos, debemos considerar que constituyendo dichos documentos una presunción iuris tantum de veracidad que permite oponerlos erga omnes, la consumación del ilícito se produce con la mera realización del documento, sin necesidad de que se haga uso del mismo, ya que esta sola circunstancia viabiliza la posible producción de perjuicio, elemento requerido legalmente y que provoca por sí una lesión a la fe pública de la que el documento es portador, siendo esta la opinión coincidente de la doctrina y jurisprudencia.
En este sentido, los Dres. Oscar Estrella y Roberto Godoy Lemos en la Obra “Código Penal. Parte Especial. De los Delitos en Particular”, Ed. Hammurabi, Tomo III, pp. 753, son claros al expresar “por recaer la falsedad ideológica en documentos públicos, el delito se consuma con el perfeccionamiento del documento, desde el momento en que es autorizado por el funcionario público, siendo innecesaria su utilización”.
De forma coincidente, el Dr. Carlos Creus en la Obra “Falsificación de documentos en general”, Ed. Astrea, 2° edición actualizada, pp. 145, sienta “El delito se consuma cuando el documento público queda perfeccionado como tal, con todos los signos de autenticidad que las leyes y reglamentos requieren (firmas, sellos, etc.), aunque no se hayan realizado todavía los actos necesarios para oponer la prueba por él constituida a terceros (v. gr., inscripciones registrables), pues ya desde aquel momento nace la posibilidad de perjuicio. Esta es doctrina común”.
En el caso de marras, el lugar de comisión y de consumación es coincidente, quedando claramente determinado que fue en la Ciudad de Mendoza donde se ejecutó y consumó el hecho, es decir, donde se expidió el certificado cuyo contenido presuntamente adolece de una falsedad, siendo, como ya se estableciera, el uso del documento, previsto por el Art. 296 del C.P, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un delito ulterior que se puede escindir en este caso del aquí evaluado y contemplado por el Art. 293 de la ley material.
Debemos considerar que no sólo la producción material del documento viciado fue efectuada en Mendoza, por un funcionario de la Provincia con funciones en el municipio de Capital, sino también que su realización fue tendiente a servir de prueba de hechos acaecidos en esta Provincia.
En apoyo a la postura expuesta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo en el precedente “Ranieri, Roberto José” en dictamen coincidente con el Sr. Procurador General de la Nación, que “Es doctrina de V.E que resulta competente, para entender en la causa donde se investiga la falsificación de un documento público, el magistrado con jurisdicción en el lugar donde se confeccionó el documento” (C-1150-XXXIV).
b- Siendo la expuesta la postura de este Tribunal en lo que atañe al delito de Falsedad Ideológica (Art. 293 C.P) imputado a Salvador Vidal y la autoridad judicial competente para intervenir en su investigación, cabe efectuar las consideraciones pertinentes acerca de porqué no existe en el caso concreto conexidad entre el ilícito referido y los atribuidos a los coimputados en autos N°15.687/2007, base de los fundamentos utilizados por el Sr. Juez de Garantías para resolver en el sentido ya tratado y por la Sra. Fiscal de Cámara de Apelaciones para dictaminar con igual criterio.
El titular del Quinto Juzgado de Garantías yerra al crear en su resolución un concurso ideal entre la falsedad ideológica y el fraude a la administración pública, ya que en las actuaciones de trámite por ante la Justicia Nacional, se procesa en fecha 24 de Abril de 2009 a los titulares de Publicidad Sarmiento S.A por la comisión del delito de Uso de documento público falsificado (Art. 296 C.P) y a Salvador Vidal e Isabel Salas (por hechos similares) por el delito de Falsedad Ideológica (Art. 293 C.P), y no por el mentado fraude al erario público, no surgiendo entonces qué parámetros adoptó el Sr. Juez para arribar a dicho concurso, dando lugar a una defraudación agravada que evidentemente es ajena a la investigación desarrollada en los autos referidos y cuya existencia sería razonadamente discutible en virtud de que de los hechos objeto del expediente N° 15.687/07 no surge el posible perjuicio a las arcas estatales.
Igualmente, puede inferirse que el Sr. Juez, como se estableciera, ha confundido la falsedad atribuida a Vidal con el uso del documento atribuido a los responsables de Publicidad Sarmiento S.A, en el que a Vidal no se le imputa ningún tipo de intervención, creando el supuesto concurso ideal de delitos al que aludiera precedentemente con un fraude a la administración pública que parece haber sido dejado de lado por el Juez requerido de inhibitoria.
Reflejo de esta equivocada aserción es la propia doctrina y jurisprudencia citada por el magistrado (fs. 28 y vta.), la cual trata el concurso existente en algunos casos entre el uso del instrumento público falsificado y el delito de defraudación, siendo que en el caso, reiteramos, el ilícito endilgado a Vidal es la Falsificación en sí (Art. 293 C.P) y no el uso del documento (Art. 296), figuras que no pueden ni deben ser confundidas, ya que el legislador previó la mismas como tipos penales independientes. Solo entran en confusión cuando es el mismos autor el que ejecutó ambos hechos, debiendo ser resuelta mediante las reglas del concurso aparente de leyes, circunstancia que no se da en este caso, ya que es doctrina reiterada la que concluye en que castigar la falsificación y el uso en una misma persona, es una clara violación del principio ne bis in idem.
Confirmando los lineamientos ut supra sentados, surge de la Obra “La Competencia Penal según Jurisprudencia de la Corte”, Albrech- Amadeo, Ed. Depalma, pp. 84, “La investigación de la falsificación de un instrumento público resulta escindible de la causa que se instruye por la defraudación, o su tentativa, mediante uso de aquél” (30/4/91, Mock, Griselda Mabel, “Fallos”, 314-374; ídem 25/10/71, Arturi, “Fallos”, 281-92).
Es que si el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 49, quien resulta ser hasta ahora el Juez actuante, hubiese considerado que se daban los requisitos de ley para la procedencia del instituto del concurso ideal, así lo habría calificado, pero al no ser ello así debemos atenernos a los hechos tal como han sido fijados y correspondientemente calificados. De esta forma, se advierte como el Sr. Juez de Garantías se ha extralimitado al dar por conformado un concurso delictual que daría lugar a una competencia por conexión, sobre el cual funda su decisión, que no respeta la base fáctica de las actuaciones principales.
Asimismo, y para el caso que aún se siga poniendo en tela de juicio la inexistencia de conexidad objetiva, debemos considerar que la misma reviste un carácter excepcional y cuyas reglas no deben aplicarse cuando impliquen una alteración sustancial de las reglas de competencia. Es esta la postura adoptada por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El máximo Tribunal en la obra citada en el párrafo precedente, pp. 71, establece respecto de la competencia por conexión “Cualquiera que sea el vínculo final que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en donde aparecen cometidos, en tanto la distribución de competencias judiciales entre las Provincias y la Nación, materia regida por la Constitución Nacional en los arts. 102 (hoy art. 118) y 67 inc. 11 (hoy art. 75 inc. 12), escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad, que sólo pueden invocarse en conflictos en que participen únicamente jueces nacionales (19/10/89, Salazar, “Fallos”, 312-1942; ídem, 12/10/90, Cheddad, “Fallos”, 313-970; ídem, 24/3/88, Cha “Fallos” 311-333; ídem, 10/5/88, Zambón, “Fallos”, 311-695; ídem, 26/5/71, Sergi v. Marcón de Perera, “Fallso”, 279-363, ídem, 6/3/86, Aventín Fallos, 308-227; ídem, 30/4/91, Mock, “Fallos” 314-374).
Por lo expuesto, entiendo que es la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, quien ya tomó intervención en las actuaciones mediante el dictamen obrante a fs. 23/24, la autoridad competente para intervenir en la investigación de los hechos referidos, ya que fue aquí donde se consumó el presunto ilícito endilgado a Vidal, resultando conveniente además ya que es en la Provincia de Mendoza donde se encuentran las pruebas y donde se deberán realizar las medidas probatorias pertinentes, facilitándose así la defensa y eficacia del proceso, ello, sin perjuicio de la investigación que se efectúe ante la autoridad correspondiente por el uso del supuesto certificado falso, el cual se consumó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por las consideraciones establecidas precedentemente,
I- HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Salvador Antonio Vidal y en su consecuencia, REVOCAR en todas sus partes el auto emitido por el Sr. Juez titular del Quinto Juzgado de Garantías a fs. 27/28.
II- DECLARAR COMPETENTE a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, de esta Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, para intervenir en la tramitación de la causa exclusivamente en lo que respecta al imputado Salvador Vidal y el hecho que se le atribuye al mismo.
III- REMÍTASE LAS ACTUACIONES a fin de que por intermedio del Quinto Juzgado de Garantías se libre el correspondiente exhorto inhibitorio en autos N° 15.687/07 en relación exclusivamente al delito de Falsedad Ideológica de Documento Público (Art. 293 C.P) imputado a Salvador Vidal, dirigido al Sr. Juez, Dr. Luis Osvaldo Rodríguez, a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49, Secretaria N° 169, debiendo remitir las piezas pertinentes, todo ello, de conformidad con lo normado por los arts. 62 y concordantes del Código Procesal Penal de la provincia (Ley 6730) y los arts. 45 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

References: resolución 
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