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Timestamp: 2020-04-08 03:24:33+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 507, de 27/07/2015
Sesión extraordinaria celebrada el lunes, 27 de julio de 2015
Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. 621/000139 Derecho civil; cooperación judicial GOBIERNO
PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL. 621/000139 GOBIERNO
﻿El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señorías, buenos días.
En primer lugar, vamos a aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de junio de 2015, salvo alguna objeción en contra. ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
En segundo lugar, vamos a proceder a la aprobación, con competencia legislativa delegada, del Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
A este proyecto de ley se han presentado treinta y dos enmiendas. No obstante, la ponencia se ha reunido antes de iniciar la sesión y ha acordado un texto determinado. Las enmiendas presentadas, por orden de menor a mayor, son las siguientes: 1 a 8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 17 a 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; y las números 9 a 16, del Grupo Parlamentario Socialista.
Antes de entrar en la defensa de las enmiendas, tengo que decirles que se ha suscitado una pequeña polémica acerca de si se votaban o no las enmiendas en una comisión con competencia legislativa plena. La sugerencia técnica es que no se voten, pero difícilmente se sustituye la función del Pleno si no se votan las enmiendas, ya que no quedan claras las posturas de los grupos respecto a si aprueban o no una enmienda, mientras que de la otra manera queda constancia. Todos los grupos hemos decidido interpretar ampliamente este capítulo del Reglamento, por lo que se someterán a votación las enmiendas en el momento procesal oportuno.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya para la defensa de las enmiendas 1 a 8, por tiempo de diez minutos.
Señorías, el presente Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil pretende regular el régimen legal común de asistencia jurídica internacional y el exequator, profundizando en la cooperación jurídica internacional y estableciendo un régimen legal común de asistencia judicial, llenando con ello un supuesto vacío legal existente; en cualquier caso, su pretensión es aportar seguridad y certidumbre en esta área.
Creemos pertinente el presente proyecto de ley no solo porque la disposición final vigésima de la Ley de enjuiciamiento civil, Ley 1/2000, lo mandataba, sino por la necesidad de disponer de un texto que armonice las diferentes normas que regulan esta materia con el objetivo, como he señalado antes, de aportar seguridad jurídica y certidumbre.
En una sociedad cada vez más globalizada donde las relaciones entre los privados, ya sean personales o comerciales, son cada vez más abundantes —cada vez lo serán más—, y con ellas los litigios y, por tanto, la importancia del derecho internacional privado, resultaba llamativo que el reconocimiento y la homologación, así como la ejecución de sentencias extranjeras, estuviesen regulados por los artículos 951 a 954 de la LEC de 1881, hasta ahora vigentes; es precisamente la única norma que este proyecto de ley deroga de manera expresa.
El proyecto de ley admite de entrada, en su preámbulo, su carácter subsidiario, al tener presentes los numerosos tratados internacionales en vigor, así como la cada vez más abundante legislación comunitaria, especialmente la de aquellos instrumentos que, como los reglamentos, son de aplicación directa. Cabe hablar, por ejemplo, del Reglamento 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia internacional y de responsabilidad parental, o de otro más reciente, el Reglamento 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entró en vigor con carácter general a principios de este año.
Por tanto, no tenemos objeciones de fondo al proyecto de ley que estamos analizando. Ello no quiere decir que no pensemos que sea mejorable; pensamos que lo es. Por ello, hemos presentado un conjunto de enmiendas que creemos que mejoran el texto y cubren, además, algunas de las salvedades que señalan los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como las derivadas de la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo. Son en total ocho enmiendas, cuyo contenido les paso a detallar de forma muy resumida.
La enmienda número 1 propone la sustitución del redactado del actual artículo 11 y la número 2 la adición de un nuevo apartado 3 en el artículo 25. Ambas enmiendas tienen relación con el idioma, a fin de posibilitar que el destinatario pueda rechazar un documento si no conoce la lengua en la que está redactado. Así se recomienda en los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
La enmienda número 3 propone modificar el apartado 2 del artículo 27, haciendo intervenir al Ministerio de Justicia, además de al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ya que creemos que con ello se incrementa la seguridad jurídica.
La enmienda número 4 propone la adición de un nuevo aparatado 5 en el artículo 33, permitiendo al registrador, bajo su responsabilidad, la inscripción de documentos extranjeros en determinadas circunstancias, que se precisan en el redactado de la enmienda mencionada.
La enmienda número 5 propone modificar el apartado 5 del artículo 35. Creemos que la enmienda contribuye a clarificar los costes de los elementos probatorios, especialmente en los casos de asistencia jurídica gratuita. No basta con excluir su admisión por parte de la Administración porque, aunque la disposición adicional tercera de esta ley asegura que esta ley tendrá un coste cero, todos sabemos que esa es una obsesión presente en todos los textos, especialmente en esta última etapa del final de la legislatura, de difícil aplicación.
La enmienda número 6 propone la sustitución del actual redactado del artículo 56 con el objetivo de diferenciar si los documentos provienen de un país de la Unión Europea o de un tercero, tal y como prevé la sentencia del Tribunal Supremo 5354/2012, ya que en el redactado actual no se precisa.
La enmienda número 7 propone modificar el apartado 2 del artículo 59. El motivo es que pensamos que deben mantenerse los principios básicos del procedimiento registral español tal y como acertadamente recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Y, por último, nuestra enmienda número 8 propone la supresión de la disposición adicional tercera, a la que me referí antes. Recurrir de manera constante a la introducción de enunciados en los proyectos de ley para decir que las medidas en él contenidas —y cito textualmente— «no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal» es, sinceramente, un brindis al sol, y así lo ponen de manifiesto distintos informes; sin más medios no se puede atender al incremento de las demandas por parte de la autoridad central ni ejercer las nuevas competencias que esta norma también le atribuye. La no dotación de medios acabará provocando retrasos injustificados en la tramitación de los asuntos y, por tanto, la lesión de facto del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.
Pensamos que todas estas enmiendas son razonables y mejoran y clarifican el texto objeto de debate, y por ello deberían merecer la consideración de la mayoría.
Para la defensa de las enmiendas 17 a 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra su portavoz, la señora Rieradevall.
Mi grupo ha presentado dieciséis enmiendas, once de modificación y cinco de adición, que dividiré en tres bloques para su exposición.
El primer bloque, enmiendas 17 a 25 y las números 29 y 30, tiene como objetivo poder incluir, como agentes en la notificación, a los profesionales jurídicos que en la actualidad tienen ya encomendada la función de notificación al Estado español: los procuradores. Consideramos conveniente que no queden al margen. En la medida en que los procuradores de los tribunales se consideran cooperadores de la justicia, según el título II del Libro VII de la Ley de enjuiciamiento civil, consideramos conveniente que se incluyan como habilitados en el establecimiento de comunicaciones judiciales, más teniendo en cuenta que el propio artículo 543 de la misma LEC les reconoce la facultad exclusiva de representación, así como la facultad de realizar actos de comunicación. El sentido de nuestras enmiendas es precisamente este, que los procuradores de los tribunales puedan también tener funciones de notificación en el marco de esta nueva ley. Consideramos que son operadores jurídicos que pasan gran parte de la jornada en los juzgados y, por lo tanto, son pieza esencial en ellos. Su trabajo en relación con las notificaciones podría coadyuvar en la agilidad de estas; como actores importantes a la hora de realizar bien ese trabajo —han acreditado su buena praxis profesional a lo largo de muchos años—, no se les debería excluir.
El segundo bloque de enmiendas, números 26 a 28, versa sobre el artículo 18: gastos, costas y asistencia jurídica gratuita. Las enmiendas de este bloque constituyen básicamente mejoras técnicas y pretenden propiciar la posibilidad de que una parte de la provisión de fondos se derive a otros profesionales intervinientes en caso de que sea necesario. Se propone, asimismo, añadir un apartado 4 al artículo 18 para que, de acuerdo con el vigente artículo 241 de la Ley de enjuiciamiento civil, se especifique que los gastos incurridos en el procedimiento con la intervención de los profesionales correspondientes formen parte de las costas procesales en el caso de que existiere condena para alguna de las partes.
Por lo que al tercer bloque de enmiendas se refiere, planteamos la enmienda 31, de modificación al apartado 2 del artículo 25. Proponemos que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española, en lugar de hacer mención a una traducción al español cuando se dispone que si la comunicación proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en España los documentos deberán ir acompañados de una traducción al español o, en su caso, a la lengua oficial propia de la comunidad autónoma de que se trate, se haga constar una traducción al castellano.
Finalmente, la enmienda número 32 pretende modificar el primer párrafo de la disposición final cuarta, de modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado. La enmienda se presenta en coherencia con el artículo 25 de este proyecto de ley y de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española, ya que es necesario mencionar las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
Esperamos, pues, que las enmiendas presentadas que mejoran el texto puedan ser aceptadas y votadas favorablemente por el resto de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas 9 a 16, tiene la palabra el senador Sen.
El Grupo Socialista ha presentado un total de ocho enmiendas enumeradas, como ha indicado el presidente, de la 9 a la 16. De igual manera que hemos venido haciendo desde el inicio de la legislatura, con la presentación de estas enmiendas nuestro grupo pretende mejorar el texto que ahora debatimos enriqueciendo la calidad de los diferentes artículos a los que se refieren las enmiendas y solicitando, en el caso de esta Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, la supresión de la disposición adicional tercera.
En la enmienda número 9, de sustitución, se propone la sustitución de la redacción del artículo 11, relativo al idioma. Se presenta en coherencia con las previsiones del artículo 25, que admite que los documentos pueden ser realizados en una lengua que el destinatario entienda, por lo que creemos que debería también tenerse en cuenta en las solicitudes esta posibilidad, aunque se dirija dicha petición entre Estados o tribunales.
La enmienda número 10, de adición, introduce un nuevo apartado 3 al artículo 25. Consideramos que es necesario establecer cautelas para el supuesto en que el destinatario no conozca la lengua en que está redactado el documento y, además, permitir que se rechace tal comunicación. Dicha previsión, después de leer atentamente los diferentes informes que se adjuntan a la ley, es demandada por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial, siendo procedente exigir a la autoridad extranjera requirente que indique las razones que han llevado a concluir que el destinatario entiende una determinada lengua.
Formulamos la enmienda número 11, de modificación al apartado 2 del artículo 27, porque somos conscientes de que, aunque parezca que requerir la intervención del Ministerio de Justicia incrementa los trámites, la propuesta aumenta la seguridad jurídica, ya que aunque las comunicaciones en estos casos se hagan por vía diplomática, la autoridad central es quien tiene la experiencia en materia de cooperación jurídica internacional.
Con la enmienda número 12, relativa al artículo 33, se solicita la incorporación al texto de un nuevo apartado 5. Esta propuesta viene a complementar las previsiones del párrafo tercero del artículo 36 del Reglamento Hipotecario, que permite al registrador, bajo su responsabilidad, inscribir documentos extranjeros prescindiendo de determinados medios de prueba si conociere suficientemente la legislación extranjera de que se trate, debiendo hacerlo constar en el asiento correspondiente.
En la enmienda número 13 se formula una modificación al apartado 5 del artículo 35 porque entendemos que resulta imprescindible determinar quién debe asumir los costes y no solamente, como hace el proyecto, excluir que los asuma la autoridad central, para, de este modo, concluir lo que luego se propone en la disposición adicional tercera: que esta ley tendrá coste cero, como viene siendo habitual en los proyectos presentados por este Gobierno; algo que también han indicado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
La enmienda número 14 se formula al artículo 56 y es de modificación. Es imprescindible conocer con exactitud si los documentos provienen de un país de la Unión Europea o de un tercero, ya que tal y como se desprende del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo 5354/2012, la redacción recogida en el proyecto podría ser contraria a los tratados. Por ello resulta adecuada la inclusión expresa de los notarios, porque añade seguridad jurídica al texto, hecho que también se indica en el informe redactado por el Consejo General del Poder Judicial.
En la enmienda número 15 se solicita la modificación del apartado 2 del artículo 59, donde volvemos a recoger lo indicado también por el Consejo General del Poder Judicial, siendo conscientes de que deben mantenerse los principios básicos del procedimiento registral español, por lo que atribuir alguna consecuencia a la imposibilidad de notificación al eventual perjudicado no garantiza en absoluto la seguridad jurídica que la inscripción promueve.
En la última enmienda, la número 16, solicitamos la supresión de la disposición adicional tercera. Se justifica esta disposición en la memoria de impacto económico, cuando se afirma que los medios existentes en la actualidad son suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas en el proyecto y que, por tanto, no comportará gasto adicional alguno. Lo aquí indicado, señorías, está muy lejos de la realidad. El Consejo General del Poder Judicial advierte que, si no se dota de medios materiales y personales a la autoridad central para atender el incremento de la demanda y las nuevas competencias que se le atribuye, como atender, por ejemplo, a las solicitudes de información de derecho español, existe riesgo de no poder cumplir la función, y advierte de un más que probable colapso administrativo; advertencia que también indica el informe del Consejo Fiscal al recoger que el riesgo de que las funciones asumidas, unidas a la amplitud de deberes derivados del cumplimiento de la normativa europea, no pueden ser atendidas por los escasos recursos humanos con los que cuenta la Subdirección General de Cooperación, la cual ya ha sido objeto de quejas a nivel internacional por retrasos injustificados en la tramitación de diferentes asuntos, los cuales dejan, como podrán entender, a nuestro país en un muy mal lugar, siendo procedente que se dote de personal y de recursos adecuados que corrijan esta situación.
Finalizo aquí mi intervención, solicitándoles a la senadora Torres y al señor Pintado que, más allá de la disculpa a la que siempre se recurre y a la que se hace referencia en la mayor parte de los proyectos de ley sobre la no aceptación de las enmiendas poniendo siempre al ministerio por delante, en este caso sí las tengan en cuenta con el único fin de recoger en este proyecto de ley las mejoras técnicas que plantea el Grupo Socialista en el Senado.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Torres.
La senadora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de entrar en la valoración de las enmiendas presentadas por los grupos, es preciso señalar que estamos ante un proyecto de ley que resulta tremendamente necesario. Y lo es a fin de facilitar fluidez al tráfico judicial internacional, cada vez más presente en nuestras relaciones y cada vez más complejo, pero, sobre todo, resulta necesario para establecer una regulación moderna que aporte seguridad jurídica, eficacia y certidumbre al ámbito de la cooperación jurídica e internacional, dando herramientas a quienes tienen por función administrar justicia, ya que las reglas convencionales y europeas, ya sean tratados multilaterales, bilaterales o los reglamentos de la Unión Europea, no cubren todas las materias ni se aplican respecto a Estados terceros. Resulta necesario un proyecto de ley basado en principios de jerarquía y primacía del derecho de la Unión Europea y de la especialidad, y por ello esta ley se aplica en defecto de tratados y normas de la Unión Europea y, supletoriamente, respecto a normas sectoriales específicas partiendo de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad. Y es que estamos ante un proyecto de ley, en definitiva, cuyo espíritu reside en fortalecer, en el plano internacional, el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, con independencia de la mayor o menor colaboración de otros Estados.
Entrando ya en el turno en contra, voy a mostrar la posición de mi grupo respecto a las treinta y dos enmiendas presentadas a este proyecto de ley por parte de los diferentes grupos. Las enmiendas 1 a 8 presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa coinciden exactamente y por el mismo orden con la serie 9 a 16 del Grupo Socialista, por lo que contestaré conjuntamente a ambos grupos.
Cada grupo presenta tres enmiendas al título I, sobre régimen general de la cooperación jurídica internacional, particularmente a los artículos 11, 25 y 27. Con las enmiendas referidas al artículo 25, que trata del idioma en los actos de notificación y traslado de documentos judiciales, pretenden añadir un nuevo apartado para los supuestos en los que el destinatario no conozca la lengua en la que está redactado el documento, permitiendo así que se rechace tal comunicación, además de exigir motivación expresa cuando los documentos vayan traducidos en una lengua distinta de la oficial y que el destinatario entienda. No admitimos estas enmiendas por cuanto no se determina el contenido de la apelada motivación expresa. Además, si se pretende proteger al destinatario que no entienda la comunicación acogiéndose al rechazo del documento, cabe decir que el proyecto de ley no lo impide.
Las enmiendas formuladas al artículo 27, referido a los emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados extranjeros, pretenden añadir la presencia del Ministerio de Justicia para así dotar, según la justificación de sus enmiendas, de una mayor seguridad jurídica. Rechazamos estas enmiendas puesto que en un contexto de reducción de cargas y tiempos de espera, como corresponde al espíritu de este proyecto de ley, no encaja incluir la intervención de otro ministerio más por cuanto ello no garantiza mayor seguridad jurídica.
En cuanto al título II, referido a la prueba del derecho extranjero, formulan una enmienda a su único artículo, el artículo 33, con el fin de incluir algunas previsiones referidas en el reglamento hipotecario. El Grupo Parlamentario Popular se opone a estas enmiendas por cuanto apelan a la aplicación de una normativa especial, como es el caso del reglamento hipotecario, que, al amparo de la disposición adicional primera y el artículo 2 del presente proyecto, tendría carácter subsidiario puesto que solo se aplica en defecto de norma especial, como he dicho al inicio de mi exposición. Quiero destacar, además —también lo señala así el informe del Consejo General del Poder Judicial—, que la regulación contenida en este artículo, particularmente en su apartado 3, incide sobre uno de los aspectos más controvertidos del sistema de delegación y prueba de derecho extranjero. La previsión contemplada en este proyecto es una novedad necesaria por cuanto facilita la tarea a quienes administran justicia y fortalece la tutela judicial efectiva, y es que hasta ahora no se concretaba qué había que hacer en los casos en los que el derecho extranjero no hubiera podido probarse, primando así la aplicación del término lex fori, que es la tradicional regla de nuestro sistema y la mayoritaria en los sistemas de derecho internacional privado de nuestro entorno, adecuándose también a la jurisprudencia constitucional.
Las enmiendas referidas al artículo 35, dentro del título III, referida a la información de derecho extranjero y, particularmente, las solicitudes, no procede por cuanto la actual redacción ya fue objeto de enmienda transaccional en el Congreso.
Para acabar con las enmiendas presentadas por estos grupos, me referiré a las referidas al título V, de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos y extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en registros públicos. Rechazamos las enmiendas que presentan al artículo 56, referido a la ejecución de documentos públicos y extranjeros, por cuanto este proyecto no puede ser contrario a los tratados, ya que se aplican en defecto de los mismos.
También plantean enmiendas al artículo 59, referido a la inscripción de resoluciones judiciales y extranjeras, manifestándose contrarios a la suspensión de la inscripción. En este sentido, quiero señalar que el texto del artículo 59 va orientado a reforzar la seguridad jurídica en la materia abordada, y así se demuestra, por ejemplo, con esa mención expresa al artículo 46 del proyecto, referido a las causas de denegación de reconocimiento, del que merece la pena destacar los preceptos contenidos en el apartado b), que hace referencia a la infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes y, a continuación, se dispone que, si se trata de una decisión dictada en rebeldía, se entenderá que se han conculcado los derechos de defensa del demandado si la interposición de la demanda no se notificó de forma regular y con tiempo suficiente. Como señala también el informe del Consejo General del Poder Judicial en este punto, la norma es más estricta que la contenida en los reglamentos de la Unión Europea, que no exigen una estricta regularidad formal de la notificación; ello es pertinente habida cuenta que se trata de una disposición que se aplicará cuando no rija ni reglamento europeo ni convenio internacional. Además, y volviendo al artículo 59, el mismo ofrece una solución al reconocimiento incidental distinto de lo previsto en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. En definitiva, se valora positivamente que este proyecto de ley introduzca mejoras en la ejecución y en la inscripción de los documentos extranjeros en los registros, y es que el elemento esencial de la seguridad jurídica es la inscripción en los registros públicos españoles de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos extranjeros particularmente, por cuanto el ámbito extrajudicial representa la normalidad de las relaciones jurídicas, económicas y familiares.
Las enmiendas presentadas por el Grupo CiU, las números 17 a 32, se formulan en su gran mayoría al título 1, capítulo I, sobre el régimen general de la cooperación jurídica internacional. Particularmente se refieren a los artículos 4 —corresponde al título preliminar—, 7, 9, 12, 15, 16 y 21 a 22, aún del capítulo II, y son enmiendas que pretenden involucrar la figura del procurador en la regulación de la cooperación jurídica internacional.
Vaya por delante que una vez más me congratulo por el reconocimiento del valor de la figura del procurador en todo procedimiento judicial, porque lo tiene. En ese sentido, el Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil que actualmente se está tramitando en esta Cámara considera al procurador mucho más que un representante procesal de los litigantes. Así, el procurador se convertirá en un colaborador de la Administración de Justicia en los actos de comunicación, ya se trate de citaciones, notificaciones, requerimientos o emplazamientos. Y los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios, de forma que puedan garantizarse el envío o la recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
Ese firme compromiso y respeto a la figura del procurador también se determina a través del mantenimiento de la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. Y es que la mejora de la Administración de Justicia orquestada por el Gobierno del Partido Popular hacia una justicia más próxima, más accesible y más moderna pasa también por reforzar la figura del procurador, si bien la regulación prevista en este proyecto se basa en muchas ocasiones en estándares internacionales y con previsiones ad hoc. En convenios internacionales no se aplica, por tanto, este proyecto de ley. Es el caso de la previsión de las comunicaciones judiciales directas, que viene contemplada en la Conferencia de La Haya a través de los principios emergentes allí elaborados, así como en los artículos 11.6, 11.7, 15 y 55 c), del Reglamento 2201/2003, y 8, 9 y 31, del Convenio de 19 de octubre de 1996, que hace referencia a ese intercambio de opiniones, a esa comunicación judicial directa, en definitiva. Por esta razón, que cabe aplicar al resto de enmiendas relativas a la figura del procurador, son rechazadas.
En cuanto a las enmiendas 26, 27 y 28, todas ellas referidas al artículo 18, que versa sobre los gastos, costas y asistencia jurídica gratuita, consideramos que es buena la redacción del actual artículo 18 respecto del tema del pago de los gastos. Y en otros casos se proponen elementos que pertenecen más bien a la Ley de enjuiciamiento civil que a este proyecto de ley.
Al capítulo II, de los actos de notificación y traslado de documentos judiciales, se han presentado enmiendas, una de ellas ya analizada, y otra, al artículo 25. Finalmente, se ha presentado una enmienda a la disposición final cuarta. Al no incidir en el aumento de la seguridad jurídica o en la simplicidad procedimental, dichas enmiendas son rechazadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torres.
Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay ningún senador.
Por tanto, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Jokin Bildarratz.
Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, pero queremos hacer una reflexión general sobre este proyecto de ley. Primero, y como no puede ser de otra manera, me quiero referir al modus operandi de la ponencia. Evidentemente, tendremos que reflexionar sobre el sentido de las ponencias, que no duran ni quince segundos y que, a fin de cuentas, consisten únicamente en la lectura por el letrado de la no aprobación de ninguna de las enmiendas o de los textos propuestos por los grupos de la oposición.
Entrando ya en materia, esta es una ley de carácter eminentemente técnico, pero entiendo que nuestro papel en esta Cámara es otro, es el político, y en ese sentido quiero hacer dos reflexiones sobre lo que supone este proyecto de ley. La primera es que estamos viviendo un apasionante proceso de integración europeo en el que día a día se está produciendo un importante avance de lo que algunos llamamos el desarrollo de la soberanía compartida, una soberanía compartida tanto por la Administración del Gobierno central como por los gobiernos autonómicos, si bien es cierto —sus señorías me lo habrán oído decir muchas veces— que esta soberanía compartida debería merecer también otro respeto institucional del Gobierno central con respecto a los gobiernos autonómicos. Pero no es el tema que hoy nos ocupa. Únicamente he querido subrayar esa idea de soberanía compartida que estamos viviendo día a día en este proceso de integración europeo, o lo que se ha dado en llamar la atribución de competencias que se produce día a día en favor de la Unión Europea.
La segunda reflexión es que estamos asistiendo a la necesidad internacional de una actuación conjunta, de una actuación coordinada, en lo que unos han llamado globalización —hoy también ha salido este concepto— y otros, como los filósofos Daniel Innerarity o el difunto Ulrich Beck, una sociedad de riesgos globales, donde esas soberanías compartidas son necesarias para gestionar el día de día de comunidades cada vez más amplias.
Por esos dos motivos —y me ciño ya al proyecto de ley del que estamos hablando—, entendemos que la cooperación jurídica internacional en materia civil es un instrumento básico a la hora de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero, evidentemente, no solo el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, sino continuas acciones u otros proyectos de ley que debatimos en esta comisión y en el Pleno del Senado son elementos que muchas veces cuestionan lo que hoy se dice querer subrayar: el concepto de tutela judicial efectiva.
El proyecto da cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final vigésima de la Ley de enjuiciamiento civil, del año 2000, que preveía lo siguiente —y leo textualmente—: En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de su entrada en vigor el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil. Es decir, señorías, ha costado quince años traer a esta Cámara este proyecto de ley; quince años de retraso en algo que el grupo proponente valora de una manera tan positiva; quince años para proponer una serie de normas que desarrollen la normativa supraestatal existente, que, como saben, es desarrollo del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correspondiente a la cooperación judicial en materia civil.
Uno de los objetivos del proyecto consiste —como se ha comentado— en que los jueces de distintos países puedan mantener una comunicación directa entre sí, con una idea que considero muy importante: reducir la burocracia y los tiempos. Y digo que es muy importante, porque, viendo la situación que existe en el Estado español, algo se debería poder hacer para reducir esa burocracia, esos tiempos en la justicia en general. Y esta coordinación posibilitará que se visualice la realidad de la justicia en el Estado español con respecto a otra serie de realidades europeas e internacionales.
En cuanto a las treinta y dos enmiendas presentadas, seremos sensibles prácticamente a todas ellas. Creemos que los grupos que las han propuesto han realizado un ejercicio plausible y, aunque entendemos que no todas las enmiendas vayan a aceptarse, algunas mejoran, evidentemente, este proyecto de ley. Por tanto, como he dicho al inicio de mi intervención, este es un texto técnico, las enmiendas son técnicas, y al menos algunas de ellas no deberían tener mayor problema para darse por buenas.
Se han empleado una y otra vez conceptos como los de modernización, eficacia, coordinación…, conceptos con los que creo que todos los aquí presentes vamos a estar de acuerdo. Pero seguro que también vamos a estar de acuerdo en que esa modernización, esa eficacia, etcétera, no se consigue únicamente con la aprobación de proyectos de ley sin tener en cuenta las enmiendas que presentan el resto de grupos, sino también con más recursos, con más presupuesto, con más dotaciones, si de verdad se quiere mejorar la calidad de la justicia, dar una mayor justicia al ciudadano, más rápida, menos burocrática… Por tanto, aunque se esté más o menos de acuerdo con el texto, creo que este nace mal, que nace con el espíritu de dar forma únicamente a un requerimiento supraestatal, pero en el que no se cree, porque, como digo, no se dota de más recursos, no se dota de mayor presupuesto para que verdaderamente pueda ser más eficaz y se puedan lograr los objetivos de los que todos hemos hablado aquí.
Sin más, agradezco a la Presidencia que me haya dado la palabra.
Siguiendo con el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra su portavoz, el senador Montilla.
Voy a intervenir de manera muy breve, porque, como se ha puesto de relieve en las intervenciones de los portavoces parlamentarios en defensa de las enmiendas, no existen objeciones globales a este proyecto de ley. Por eso se ha presentado un reducido número de enmiendas e incluso algunos grupos no han presentado ninguna. Creo que eso habría tenido que facilitar que algunas de estas enmiendas pudieran ser asumidas —no digo que todas, porque ya se sabe que eso difícilmente ocurre en cualquiera de los escenarios—, que hubiera habido una mínima receptividad, porque algunas enmiendas seguramente son discutibles pero otras lo son mucho menos. Y, por supuesto, hay argumentos en contra de estas enmiendas que pueden tener más peso y otros que, francamente, son mucho más débiles. Y esto denota algo que ha señalado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco al inicio de su intervención: la nula receptividad de la mayoría con respecto a los grupos de la oposición, en una ley que llega al final de la legislatura, aunque una disposición de la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000 preveía su tramitación a los seis meses de su entrada en vigor. Por otro lado, es cierto que el derecho internacional privado ha cambiado en estos quince años de manera sustancial, no solo por los tratados bilaterales y multilaterales que ha firmado España, sino también, y de manera muy especial, por la amplia legislación comunitaria que ha habido, e incluso algunos reglamentos se han sustituido por otros. En ese ámbito habrá también un trabajo continuado de las instituciones comunitarias, sin ningún género de dudas, y no será el último reglamento el que recientemente ha entrado en vigor.
En resumen, por las características de la ley, por la no existencia de vetos y tener tan pocas enmiendas, y por el carácter no urgente —francamente, no lo es si se ha tardado tanto tiempo en hacerlo y se han sucedido gobiernos de diferente color—, repito que si en alguna ley se hubieran podido aceptar enmiendas habría sido en esta. La verdad es que no se entiende que a lo largo de la legislatura haya habido esa poca receptividad por parte del Partido Popular, especialmente en esta Cámara más que en el Congreso, para poder consensuar algunas cosas con la oposición y que al final de la legislatura esa poca receptividad todavía sea más patente. Es lo que estamos viendo en todas las comisiones, en comisiones con competencia legislativa plena, que, por cierto, no han funcionado en toda la legislatura y están funcionando en estos meses de verano. Y nos parece muy bien; por supuesto, no ponemos en cuestión la legalidad, pero sí que casualmente eso se haga cuando faltan pocos meses para que finalice la legislatura y, además, con el ánimo de conseguir pura y simplemente la aprobación de un paquete importante de leyes, incluyendo los presupuestos, pero con nula receptividad —insisto— respecto del consenso, el diálogo y el posibilitar eso de lo que siempre han hablado algunos responsables importantes, los principales responsables de esta Cámara, miembros del Partido Popular. En esta, que era la Cámara de enfriamiento, que tenía que posibilitar el diálogo y la mejora de los textos, nos limitamos pura y simplemente a cumplir el trámite para que puedan salir lo antes posible en el Boletín Oficial del Estado.
Lamentamos esta situación, que hoy se pone de relieve una vez más en esta comisión y en este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención, senador Montilla.
Hoy debatimos este proyecto de ley, cuyo objetivo es, como ya han dicho los portavoces que me han precedido, dar cumplimiento a un mandato contenido en la disposición final vigésima de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, de hecho pendiente desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el año 1985.
Consideramos positivo dotarnos finalmente de una regulación moderna sobre la cooperación jurídica internacional en materia civil que llene el vacío interno derivado de la ausencia en el Estado español de un régimen legal común en este sector, aplicable tanto a los actos de comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales como a la práctica y obtención de pruebas, con la idea de que un régimen general de cooperación jurídica internacional debe diseñarse como un medio efectivo para facilitar la tarea de los órganos jurisdiccionales en su función de administrar justicia, permitiendo, eso sí, la efectividad en el plano internacional de la tutela judicial efectiva.
Aun así, lamentamos que no se haya aceptado ninguna de las dieciséis enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario. Lamentamos esta falta de cintura, esta ausencia de flexibilidad, de receptividad del grupo mayoritario, tal como se ha comentado. Lamentamos también que se den argumentos para rechazar estas enmiendas, tales como que no se incrementa la seguridad jurídica o que el artículo que se pretende enmendar está bien redactado como está. Una vez más, nos encontramos ante un texto legal de calado técnico que en principio no tendría que tener ningún problema desde el punto de vista político para la aceptación de las enmiendas, la mayoría de las cuales buscan fundamentalmente la mejora técnica del texto. E inexplicablemente chocamos con el rechazo de todas y cada una de ellas.
Esta es la postura intransigente del grupo que da apoyo al Gobierno, y vamos a abstenernos en la votación de este proyecto de ley.
Junto al concepto de desafíos y riesgos globales, que ha introducido nuestro colega y amigo Jokin Bildarratz Sorron, citando a Ulrich Beck, siempre me gusta subrayar el concepto de crisis, que en griego clásico quiere decir oportunidad. Estamos ante momentos de oportunidad por la magnitud de los desafíos y los riesgos globales, de ahí que me parezca muy oportuna la expresión que ha empleado la señora portavoz del Grupo Popular: dar eficacia y dar certidumbre. Vamos al concepto de dar eficacia y dar certidumbre.
Yo preguntaría a cualquiera de los senadores aquí presentes, sea cual fuere el grupo al que están adscritos, si en su fuero interno —no digo en su fuero externo—, después de haber escuchado las intervenciones de los portavoces, les parece que algunas de las sugerencias de estos son insensatas, irracionales o sin fundamento alguno. A mí me han parecido intervenciones muy razonables, muy sensatas, que se han motivado, exteriorizado y razonado. Y precisamente eso es lo que significa motivación.
Uno de los argumentos esgrimidos para no aceptar algunas de las enmiendas, por ejemplo, las relativas al artículo 25 del texto, es que no se explicita la motivación. Pero la motivación ya está explicitada en la —todavía vigente— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y administraciones públicas y procedimiento administrativo común. En su artículo 54 establece lo que es la motivación, que consiste en exteriorizar, explicar, razonar, justificar una decisión, por qué se adopta una decisión, los porqués, las bases racionales. ¿Y qué se pretende con eso? Por un lado, que los tribunales de justicia lo puedan controlar para ver si la determinación ha sido racional, y, por otro, que también lo pueda conocer la ciudadanía. Me parece que ese concepto está claro y que no es menester volver a explicarlo en el texto.
Y más razonable me parece, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, lo del Ministerio de Justicia. En términos generales, no tener que dirigirse a un ministerio por ahorro de gasto público podría tener una apariencia inicial de razonabilidad, pero piénsese que esta sugerencia no se hace por el capricho de dudar de la eficacia de los servidores públicos que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino porque en general la comunicación de los 5496 jueces que hay en España con el Ministerio de Justicia es fácil, directa, muy accesible. Es lo que hacen de manera regular y es una forma de unificar la comunicación posterior. Al fin y al cabo, solo se trata de dar a un botón para que telemáticamente lo comuniquen a dos ministerios. Insisto en que es una manera de unificar. Piénsese también que eso es lo que planteaba el Grupo Socialista con respecto a la Ley de Eurojust, con la existencia de esa autoridad central que nosotros residenciamos en el fiscal general del Estado.
Comprendo las dudas sobre las enmiendas relativas al artículo 33, dada la situación en que se encuentra la función de los registradores en la ley hipotecaria. Repito que comprendo que todavía tengan ese problema conceptual.
No me parece muy razonable que se argumente respecto de un artículo que, como ya se transaccionó —valga el palabro— en el Congreso, aquí no hace falta que lo toquemos. Yo parto de la base de aquello que decía Machado sobre que nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. Yo no creo que los diputados y las diputadas de pequeñitos se cayeran en la marmita de la sabiduría y la divinidad y que, por tanto, como ya poseen toda la sabiduría y la divinidad y tienen todos los conocimientos cualquier cosa que toquen no es susceptible de mejora. Muy al contrario, creo en la legitimación de ejercicio del Senado. Y no son esas fotos que sacan en algunos periódicos, cuando nos estamos desplazando de una Cámara a otra. Esa es la parte crítica respecto al falseo del trabajo en el Senado. Por cierto, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y decir, señor presidente, que el no interrumpir la sesión al mediodía para comer me parece un profundo error. Creo que debería haber una obligación; el que está trabajando en su despacho está trabajando, pero el que no esté trabajando en su despacho, que esté presente en el Pleno. Me parece razonable. Yo me he visto en la situación de discutir el Código Penal de España en un hemiciclo vacío, solo con el ponente. Cierro este paréntesis, porque es un comentario de tipo personal y una sugerencia que hago al presidente, ejerciendo libérrimamente mi libertad de pensamiento y de expresión.
¿Cuál es la legitimación de ejercicio respecto del Senado? Que aquí mejoramos las cosas. Hablaba el presidente Montilla de Cámara de enfriamiento. Pues claro; y es que al no estar aquí los primeros espadas de cada uno de los partidos hay un grado de consenso, y se pueden ver desde el punto de vista estadístico el conjunto de textos que se han enmendado a lo largo de todas las legislaturas y se han mandado. Ha habido un montón de enmiendas. ¿Por qué razón? Porque esta Cámara enfría. Quiero recordar aquella anécdota de Washington con Jefferson, cuando Jefferson le decía a Washington: ¿cómo explica la existencia del Senado? Pidieron un café, llamaron a votar, volvieron, y el café estaba más frío. Y así Washington le explicaba a Jefferson: Esta es la función del Senado, enfriar las cosas; y que te puedas tomar ahora el café sin quemarte. Pues esto es lo mismo. Aquí enfriamos las cosas y pueden generarse dinámicas muchísimo más consensuadas, que es lo que justifica el sueldo de todos los presentes y todos los ausentes: ser útiles a los españoles que nos han elegido para estar aquí.
La legitimación de ejercicio del Senado en mi opinión es mejorar aquello que es susceptible de mejora. Lo que no sea susceptible de mejora dejémoslo, porque está bien, pero lo que es susceptible de mejora me parece que puede serlo. Por ejemplo, ¿es susceptible de mejora lo que hemos planteado en relación con el artículo 35, apartado 5? A mí me parece que sí, que es susceptible de mejora. ¿Por qué razón? Porque se deja claro que para quien tiene el beneficio de justicia gratuita no corre a su cargo el coste de la prueba. Y es verdad que el Gobierno ha mandado un texto al Congreso, la Ley de asistencia jurídica gratuita, que no se va a tramitar. ¿Por qué? En España hemos pasado de 8 euros por persona en justicia gratuita a 0,80 céntimos de euro, luego es necesario plantearnos que sí hace falta. Pero es que ya no solo estamos hablando de la asistencia jurídica gratuita aquí, es que se plantea para pleitos que no tienen que ver con el territorio español. En relación con esa asistencia jurídica gratuita internacional les llamo a ustedes la atención sobre la página 3 de la exposición de motivos del texto, que dice: El marco objetivo de la presente ley debe ser limitado. Bien, debe ser limitado porque así lo quiere el legislador, porque hay otros textos en los que se meten asuntos que no tienen nada que ver con la materia. Por ejemplo, en el proyecto de ley sobre archivos y bibliotecas hay una materia sobre la fecundación in vitro, y ya me dirán ustedes qué tendrá que ver la fecundación in vitro con los archivos y bibliotecas. Sin embargo, como digo, se ha metido y no tiene ninguna relación. Pues bien, ¿por qué razón la asistencia jurídica gratuita internacional no se ha abordado aquí, cuando hablamos de cooperación jurídica internacional en materia civil? Nos parece que esto es razonable y sensato. Esto, en relación con la enmienda 13, y rogaría acuse de recibo de este razonamiento que he planteado en nombre del Grupo Socialista.
En cuanto a la enmienda 14, mi compañero Nicanor y el presidente Montilla ya han explicado el contenido de la sentencia 5354/2012. ¿Por qué razón? Porque si se trata de dar certidumbre con este texto, ¿creen que antes de la entrada en vigor de este texto, que será veinte días después de su publicación, no había cooperación jurídica internacional? Sí, la había. ¿Y había comunicación directa entre los jueces? Sí, la había. Y había una red judicial internacional, y había magistrados de enlace, y había Eurojust, etcétera. ¿Qué plantea la sentencia 5354/2012 del Tribunal Supremo? Plantea distinguir entre países de la Unión Europea y países terceros. ¿Por qué? ¿Es un asunto caprichoso que plantea el Tribunal Supremo? No. Se plantea porque los veintiocho países de la Unión Europea tienen unos estándares jurídicos que podemos llamar comunes porque son valores jurídicos conquistados en términos jurídicos, son valores civilizatorios consolidados a lo largo de décadas. Hay un lenguaje común, hay unos estándares jurídicos y hay un grado de exigibilidad común entre los veintiocho países de la Unión Europea. E incluso hay un esfuerzo intensísimo, no ya de esos veintiocho, sino de los integrantes del Consejo de Europa, de los cuarenta y siete países que trabajan en democracia parlamentaria, Estado de derecho y derechos humanos. Y si a pesar de eso hay un esfuerzo por establecer estándares comunes, cuando hablamos en general de países que no son de la Unión Europea aunque estén en el Consejo de Europa o del conjunto del mundo los estándares son muy distintos. Por eso es muy importante que el Tribunal Supremo establezca que hay que distinguir entre países de la Unión Europea y otros países. Yo les podría trasladar algunas experiencias de ejercicio directo de esta materia con países africanos —no están en la Unión ni en el Consejo de Europa—, como algunas antiguas colonias francesas o algunas antiguas colonias inglesas. Y les aseguro que hay que distinguirlo, porque lo único que se exige en materia de cooperación jurídica internacional es que siempre se respeten dos cosas: el ordenamiento jurídico de ese país tercero y la independencia judicial de ese país tercero, porque proclamamos esos dos valores aunque cuestionemos en nuestro fuero interno la realidad del ordenamiento jurídico y la realidad de esa independencia judicial. Nos parece que esa realidad es incuestionable, máxime cuando hay países de cultura jurídica del sistema jurídico continental y de cultura jurídica del sistema jurídico anglosajón que tienen criterios distintos, valores distintos, concepciones de la ley distintas, del presente distinto, etcétera. Por eso esta propuesta no me parece absolutamente irracional.
En cuanto a la enmienda 16, se presenta a la disposición adicional tercera —la recuerdo, porque el Régimen Económico Fiscal canario se contempla en la disposición adicional tercera de la Constitución Española—. Se dice que esto no tendrá coste alguno. Miren, la estructura del Gobierno de España en el ámbito del Ministerio de Justicia, en lo que es la Subdirección General de Cooperación Internacional, se tiene que ampliar, porque concepto de soberanía nacional hace veinte años no era el mismo que en la actualidad. Si lo que se está buscando es que los jueces se puedan comunicar entre sí directamente, sin pasar por el medio de ningún Gobierno de ninguna naturaleza, sino comunicarse directamente, ese espacio intermedio en el que el Ministerio de Justicia pueda jugar esa labor de autoridad central a mí me parece muy relevante. Don Nicanor ya ha puesto de manifiesto algunas quejas existentes a este respecto, porque no es lo mismo cuando se plantea intensificar este trabajo que cuando, por el contrario, se deja de lado.
Las enmiendas que han presentado los grupos nos parecen absolutamente razonables, y por eso queremos que se acuse recibo, si no de las enmiendas, al menos de los argumentos utilizados en su defensa.
¿Qué es lo más relevante, según mi criterio, de este texto?
¿Hasta ahora ha habido cooperación jurídica internacional? Sí. ¿Qué supone este texto? Supone una mayor concreción y sirve para tapar agujeros o excusas para que no haya una cooperación jurídica internacional más directa. Creo que este texto coadyuva a eso. Podría ser mejor y tenemos la oportunidad —y retomo el comienzo de mi exposición—, de ahí el sentido de nuestras exposiciones. Pero el apartado que me parece más interesante es que, haya o no haya reciprocidad, se tiene que aplicar este texto; haya o no haya regulación, se tiene que aplicar este texto. Por tanto, todo el esfuerzo que hacen parte de los 5496 jueces, a veces voluntariamente para proteger intereses generales o intereses de las partes, cada día tendrá menos cobertura, excusa de tipo alguno para cumplir cabalmente con sus obligaciones.
Vuelvo a subrayar la importancia, señor presidente —sé que esto es predicar en el desierto—, de que se escuchen las sugerencias que se hacen. Después de ocho años de experiencia, sé que un montón de textos han sido aprobados por todos excepto por un grupo; doy fe de esta experiencia porque muchos de ellos los lleve directamente yo. Insisto, fueron aprobados por todos los grupos menos por uno. No me gustaría acabar esta legislatura con la experiencia absolutamente contraria: que todos tienen un criterio, menos un grupo. En general, los textos que son aprobados con un grado de consenso más amplio siempre tienen mayor perdurabilidad en el tiempo y son más eficaces. De ahí mi insistencia en que acepten las enmiendas o se acuse recibo a los argumentos esgrimidos esta mañana.
Nada más, señor presidente. De nuevo le agradezco, como siempre he hecho, excepto en una ocasión, como le consta, su generosidad para que los senadores se puedan explicar con generosidad y no con tacañería.
Tomamos nota de su intervención y de las vivencias de Jefferson y Washington, que han sido muy interesantes, así como del número exacto de jueces y magistrados en España: 5496.
Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente. Y gracias también a todos los portavoces que han intervenido en el debate de este Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Creo que hoy hemos asistido a lo que es una tónica reiterada, y no solo en esta comisión sino en otras, respecto al debate de fondo sobre la aplicación del Reglamento del Senado. Esta mañana he tenido la ocasión de leer en la prensa que parece ser que, por enésima vez, estamos a punto de conseguir un acuerdo en la Cámara sobre la reforma del Reglamento del Senado. Ahora bien, los que tenemos experiencia porque hemos estado en otras Cámaras parlamentarias sabemos que no solo se trata de reformar el reglamento, sino de la interpretación y de la práctica habitual que se haga de él. Entiendo que las ponencias y la práctica habitual del Senado no permiten tener un debate en profundidad en el que se puedan exponer argumentos en contra o a favor de las distintas tesituras. Pero al mismo tiempo, y me refiero a alguno de los argumentos que ha utilizado el señor Díaz Tejera en cuanto a la aplicación de criterios de sensatez y motivación, esto no quiere decir que la crítica del grupo que da soporte al Gobierno haya de ir en sentido contrario, si bien usted también podrá reconocer que las propuestas que hacen el Gobierno y este grupo parlamentario tampoco están exentas de sensatez y motivación, que nos llevan a tener un Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, que es el caso que hoy nos ocupa, que da respuesta a los ciudadanos.
En cuanto a la soberanía compartida, el señor Bildarratz decía que asumía unos riesgos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el señor Díaz Tejera en relación a que los riesgos derivados de la globalización suponían también oportunidades; son riesgos que siempre tendrán que estar, de acuerdo a lo que usted denominaba soberanía compartida, en el objetivo común de un servicio a los ciudadanos cada vez eficaz, más eficiente y más garantista. En definitiva, para eso estamos en la Cámara: para prestar ese servicio a través de la aprobación de leyes, con la reducción de la burocracia, de los tiempos, etcétera. También decía usted, y el propio texto lo recoge de alguna forma, que vamos a poner negro sobre blanco el tema de la comparación de la aplicación de la justicia en España y en el ámbito internacional.
Entrando en el proyecto —luego haré alguna manifestación sobre el procedimiento—, tengo que decir que es una oportunidad que nos dan las Cortes Generales, a través del proyecto que presentó el Gobierno de la nación, para modificar un texto que, como ustedes han recordado, lleva nada más y nada menos que quince años de retraso, desde el punto de vista del compromiso del año 2000, que busca dotar a España de una regulación jurídica en el ámbito de la cooperación internacional más acorde con la actualidad.
Este proyecto de ley, relativo a materia civil y mercantil, es complejo, y no solo por el contenido del texto propuesto; un texto amplio en el que se regulan diversos ámbitos, en el que se habla del principio de subsidiariedad como uno de los principios garantistas en la Unión Europea. Y, como ha dicho el señor Díaz Tejera, tiene que haber una separación clara en cuanto a la aplicación de nuestro derecho en el ámbito internacional en relación con los Estados miembros de la Unión Europea, donde hay una multitud de transposiciones, directivas, normativas y reglamentos que son de obligado cumplimiento para nuestro país y en relación a terceros países. Ustedes saben que en el ámbito mercantil la normativa aplicable, según nuestra legislación, es mucha; hay cientos de convenios y multitud de instrumentos en el ámbito internacional, desde la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de Aduanas hasta la Conferencia de la Haya, a la que también se han referido. Quiero resaltar —es una cuestión importante que llama mucho la atención cuando se estudia derecho internacional y comercio internacional— que España es el país del mundo que más convenios internacionales tiene firmados; es decir, hemos adoptado todas las cuestiones que han ido saliendo. En ese sentido, me parece que es una oportunidad, como refleja el texto en su exposición de motivos, para ser valedores y protagonistas de los cambios que durante los próximos años se van a ir introduciendo. De hecho, la normativa internacional en esta materia cambia continuamente. Ahora mismo está en fase de revisión el Código de Comercio para adecuarlo a las nuevas nomenclaturas, pues recientemente han variado. Pero detrás de toda esta normativa aparece una litigiosidad más notable. Cabe recordar que el año pasado nuestro país tuvo por primera vez una balanza comercial positiva en el exterior. Esto quiere decir que nuestras relaciones en el ámbito comercial con terceros países, no solo con la Unión Europea, sin duda lo más importante, han tenido un crecimiento exponencial tremendo.
Decía el señor Díaz Tejera que una dificultad añadida es la interpretación de las instituciones, de las normativas y de otros tipos de derecho de otros países. De hecho, los artículos 12 y 14 hablan de la posible interpretación por parte de nuestros jueces en la aplicación de ese derecho en otros países para que sea similar y no se pierdan las garantías de esos procesos.
Tengo que decir también —se ha recordado por los portavoces— que esta ley actúa en un ámbito limitado, no aborda algunas materias sectoriales que tienen una regulación más específica. Hasta la fecha, sabemos que la propia Ley del Consejo General del Poder Judicial establece una regulación específica en materia de relaciones de cooperación jurídica internacional, que en algunos ámbitos, según el propio informe del Consejo General del Poder Judicial, puede resultar ambigua y en otros puede dar lugar a distintas interpretaciones. La regulación que contempla la ley en esta materia puede despejar estas posibilidades, que realmente se dan.
Nuestro grupo entiende que ganamos en seguridad, flexibilidad y rapidez en la resolución de las demandas judiciales. Cabe destacar la figura de la conexidad y del exequátur, al que se ha hecho referencia, desde el punto de vista de la aceptación o no de los procesos. Destacable es también en materia de litispendencia, un aspecto fundamental para evitar que haya sentencias contradictorias al incoar procesos judiciales distintos en los dos países de referencia entre la demanda y el demandado. Por su parte, nos parece una experiencia novedosa la coordinación entre los diversos órganos judiciales y la adecuación institucional jurídica foránea de la que hablábamos antes, desde el punto de vista de lo que es la seguridad jurídica, que nos parece fundamental.
En cualquier caso, señorías, con esta ley el Gobierno y esta Cámara pretenden, en definitiva, asegurar la protección de los derechos. Se trata de primar en un sentido claro el derecho de los ciudadanos sobre otras cuestiones, incluido, como se ha hecho aquí referencia por parte de todos los portavoces, el derecho a la tutela judicial efectiva y también el acceso a la gratuidad de la justicia en el ámbito de la cooperación internacional; aunque el señor Díaz Tejera ha hecho una manifestación en sentido contrario, la aplicación del derecho lo pone claramente de manifiesto.
No compartimos la aseveración hecha por el portavoz del Grupo Socialista en relación con la aplicación del principio de reciprocidad. El propio texto fija y marca claramente cuándo ese principio de reciprocidad no se va a aplicar: si existe una clara posición manifiesta por parte de los órganos judiciales o jurisdiccionales de ese país en contra de la aplicación de ese principio o cuando por ley se impida esa reciprocidad entre los distintos países. Nosotros entendemos que los ciudadanos de nuestro país tienen que tener las suficientes garantías, y en ese sentido nos parece que está bien reseñada y reflejada su aplicación.
Quiero terminar, señor presidente, haciendo referencia a algo que ya he dicho al inicio de la intervención. El hecho de que al final de una legislatura estemos hablando y exista la posibilidad de alcanzar un mayor o menor consenso es bueno pues estoy convencido —soy un clarísimo convencido, después de toda mi experiencia legislativa— de que el trámite de las leyes en las Cámaras enriquece los proyectos sí o sí; y enriquece los proyectos no necesariamente por definición, sino porque los distintos puntos de vista de los distintos parlamentarios, que a su vez trae colación de sus propias posiciones ideológicas y de su propia experiencia, marca una impronta. Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el senador Díaz Tejera: las leyes que más consenso han adquirido en la tramitación parlamentaria suelen ser aquellas leyes que más tiempo se mantienen en el tiempo. En este sentido, hago una defensa de este proyecto de ley en el que claramente no existe una visualización ideológica por parte de los redactores del proyecto ni de aquellos grupos parlamentarios que han presentado distintas enmiendas.
Termino haciendo una referencia a lo que decía el señor Montilla sobre el papel de esta Cámara en cuanto a enfriar los textos. Estoy totalmente de acuerdo en que se produce un enfriamiento del texto que viene del Congreso de los Diputados, donde parece que hay un mayor fervor ideológico a la hora de la defensa de posiciones. El Senado siempre se ha entendido como una Cámara de reflexión y de tranquilidad a la hora de aportar todas aquellas cuestiones que son fruto de la experiencia de las personas que estamos aquí o de la experiencia que nos transmiten desde el exterior.
Me parece que una de las cuestiones que de cara al futuro —lógicamente pensando ya en la próxima legislatura— nos tendríamos que plantear todos es que la reforma del Reglamento no solamente conllevara la reforma implícita de un articulado determinado sino también de una visión. Es decir, ¿qué es lo que quieren las fuerzas políticas que represente el Senado? Y, sobre todo, ¿qué es lo que quieren los ciudadanos del Senado? Debemos saber explicárselo, transmitirles que aquí se trabaja. Han de saber que es una Cámara garantista, una Cámara que acopla y aporta decisiones muy importantes para el conjunto de todos los ciudadanos, y a buen seguro que se evitarán debates estériles —a ello ha hecho referencia algún portavoz— en cuanto a la tramitación llevada a cabo y el trabajo de sus señorías en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pintado Barbanoj.
Como hemos avisado al principio, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.
Empezamos, siguiendo el orden cardinal, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos las enmiendas 1, 2 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 15.
Votamos las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 7 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos las enmiendas 9, 10 y 16.
Votamos, a continuación, del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas 11, 12, 13, 14 y 15.
Votamos por bloques las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
En primer lugar, votamos las enmiendas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 22.
El segundo bloque corresponde a las enmiendas 25 y 31.
El tercer bloque está constituido por las enmiendas 26 y 28
Por último, votamos la enmienda 32 de Convergència i d’Unió.
Señorías, ahora vamos a votar el texto propuesto por la ponencia en su informe que, tal y como ha arrojado la votación, no ha sufrido alteración alguna.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 9.
Señorías, de acuerdo con el Reglamento en lo que atañe a una comisión como esta, con competencia legislativa delegada, y dado el resultado de la votación, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.

References: artículo 11
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 24
 artículo 543
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 241
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 56
 artículo 59
e contrario
 artículo 59
 artículo 46
 artículo 59
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 25
 artículo 81
 artículo 25
 artículo 54
 artículo 33
 artículo 35
 resolución