Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/orellana-medel-683246385
Timestamp: 2019-12-06 03:21:49+00:00

Document:
Causa nº 2911/2017 (Apelación). Resolución nº 304889 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 683246385
Rol de Ingreso: 2911/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 4733-2016 - C.A. de Rancagua
Santiago, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
A los escritos folios N°33.683-2017 y 33.685-2017: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento séptimo, que se elimina.
Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 98, le encomienda a la Contraloría General de la República el control de legalidad de los actos de la Administración, de las Municipalidades y de los demás organismos y servicios que señalen las leyes. Esta función se consagra normativamente tanto en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, como en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 52 establece que “en el ejercicio de sus funciones de control de legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control”.
Por su parte, el artículo 156 de la Ley N° 18.883, regula el derecho de los funcionarios municipales a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos regulados en ese mismo cuerpo normativo.
Que de lo expuesto fluye que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, emitió el Oficio N° 1012, el que por un lado, observa el decreto a través del cual la Municipalidad de Mostazal aplicó la medida disciplinaria de destitución a la recurrente y además, mediante él, se atiende el reclamo de ilegalidad presentado por la afectada, examinando la legalidad del sumario administrativo. Enseguida, emitió el Dictamen N° 81.292, que rechaza la solicitud de reconsideración deducida por el municipio, ordenando el cumplimiento del primitivo informe jurídico.
Que los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen fuerza obligatoria para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336, y en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695.
Que conforme a lo expuesto, resulta que el actuar de la autoridad recurrida, constituye un acto ilegal y arbitrario porque siendo obligatorio y vinculante para el ente edilicio el Dictamen N° 81.292, éste no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el mismo, actuación que afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pues representa una discriminación a la recurrente respecto de cualquier otro funcionario municipal sancionado producto de un sumario administrativo sustanciado con estricto apego a la ley.
Que en virtud de lo razonado corresponde acoger la acción deducida, solo en cuanto se ordenará a la recurrida dar inmediato cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría General de la República.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta...

References: Resolución 
 artículo 98
 artículo 52
 artículo 156
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 20