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Timestamp: 2017-07-26 12:36:26+00:00

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Críticas al proyecto de Letona sobre libertades comunicativas | Justicia Viva
Críticas al proyecto de Letona sobre libertades comunicativas
Por Informando Justicia - Abril 21, 2017 0 179 Compartir en Facebook
El nuevo proyecto de ley de la congresista Úrsula Letona Pereyra, titulado “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población”, vuelve a incurrir en vicios de inconstitucionalidad. A continuación un resumen de los principales cuestionamientos.
Según su artículo 1, busca “adoptar medidas destinadas a garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y de la sociedad civil, legítimamente representada”. En el segundo párrafo del artículo 1 recién se entiende cuál es la verdadera finalidad del proyecto: restringir la participación de personas procesadas y condenadas por delito de corrupción, en los medios de comunicación.
“Evitar la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como resultado de la interferencia de los actos de corrupción de titulares o terceros vinculados a los medios de comunicación, cautelando la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos”.
El artículo 2 está referido a la participación en los medios de comunicación de personas condenadas por delitos de corrupción.
Añade que “No podrán ser presidente o miembro del Directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación, las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”
El proyecto aún no ha demostrado que la restricción a la libertad de expresión e información sea idónea, necesaria y proporcional
No toda restricción a los derechos fundamentales es inconstitucional. De conformidad con el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, para que una restricción sea constitucional y legítima debe acreditarse que la restricción a un derecho es idónea, necesaria y proporcional. Es decir, que esta restricción está justificada en la medida en que intenta proteger bienes jurídicos constitucionales (derechos, principios y valores constitucionales) de mayor importancia y valor constitucional, cosa que no sucede en este caso.
Lo que el proyecto plantea es restringir, la participación en la dirección de medios de comunicación, de condenados por corrupción. Para que esta restricción sea legítima y constitucional deberá acreditar que supera el Test de Proporcionalidad. En este caso, la medida legislativa propuesta por Letona debe cumplir las exigencias del principio de proporcionalidad. La medida será válida sólo si representa una limitación o afectación idónea, necesaria y ponderada.
El análisis de idoneidad comprende el examen de si la medida es idónea para la protección de otros derechos y bienes constitucionales. Conforme al análisis de necesidad, la medida será constitucional sólo si no existe otra medida alternativa que no restrinja los derechos fundamentales. Por último, la medida será ponderada sólo si se demuestra que la intensidad de la afectación de estos derechos es menos gravosa en comparación con la intensidad de afectación que sufriría el derecho o bien constitucional que promueva la medida a implementarse; de lo contrario, si la intensidad de la afectación del derecho es más grave, entonces, la medida deberá ser prohibida y excluida su implementación.
Esto significa en primer lugar analizar el sub principio de idoneidad. En este caso, la finalidad del proyecto es la lucha contra la corrupción, el cual tiene cierta cobertura constitucional. Asimismo, hay que analizar la adecuación entre el medio establecido en este proyecto y la finalidad. En este caso, habría adecuación, pues el medio es idóneo para alcanzar la finalidad.
En relación con la necesidad, no se acredita la inexistencia de otra manera de conseguir lo mismo que no sea sacrificando una garantía de tanta importancia como es la libertad de expresión e información para los condenados por corrupción. En efecto, no ha demostrado que solo de esta manera se puede luchar contra la corrupción, y no ha acreditado la incidencia de este tipo de medidas en la lucha contra la corrupción. Es evidente que existen otras maneras, más efectivas, sin sacrificar tanto. Pero además, personajes vinculados y condenados a la corrupción no necesitan ocupar cargos claves en estos medios de comunicación para controlarlos e imponer su agenda y sus contenidos.
Finalmente, se debe hacer un análisis de las intensidades en las intervenciones de los derechos comprometidos, y compararlo con la intensidad en la satisfacción de los derechos optimizados. Es evidente que hay una elevada intensidad en la afectación de la libertad de expresión e información de los condenados por delito de corrupción. Y de otro lado, es claro que el grado de satisfacción del bien jurídico “lucha contra la corrupción” es bajo o medio, pues este tipo de medidas no tienen incidencia significativa en la lucha contra la corrupción. Por ello, consideramos que hay una intervención elevada en la libertad de expresión, y hay una baja satisfacción o concreción del bien jurídico “lucha contra la corrupción”.
En tal sentido, es inconstitucional, pues el proyecto no ha acreditado que no hay otra manera de conseguir lo mismo, que no sea sacrificando las libertades comunicativas, y porque, al ser elevada e intensa la afectación del derecho intervenido y baja la satisfacción del derecho que se busca optimizar, podemos concluir que estamos ante una restricción inconstitucional e ilegítima de las libertades de expresión y comunicación.
Este proyecto es incompatible con el artículo 13 de la CADH, que solo admite la censura en caso de crímenes de odio
El artículo 2.4 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son claros y precisos al prohibir todo tipo de censura. En este caso, estaríamos en los hechos ante la censura de los condenados por delitos de corrupción. El artículo 13.2 precisa que “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar”. La única manera de restringir las libertades comunicativas sería cuando acreditemos que estamos antes crímenes de odio, según el artículo 13.5 cuando señala que “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Este proyecto es incompatible con los principios de resocialización de la pena y de reinserción de los condenados en la sociedad, reconocido en el artículo 139.22 de la Constitución El artículo 139.22 de la Constitución Política es muy claro: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional […] El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Este proyecto no promueve la incorporación y la reinserción en la sociedad de las personas condenadas por delitos de corrupción, sino todo lo contrario.
Hay formas más efectivas e idóneas de luchar contra la corrupción No se trata de oponerse a la lucha contra la corrupción. La gran mayoría de peruanos estamos a favor de una verdadera lucha contra toda forma de corrupción, que tantos recursos económicos y morales ha cooptado.
Estamos en contra de medidas retóricas, que carecen de la mayor incidencia en la lucha contra la corrupción, al ser medidas ineficaces y carentes de idoneidad. Existe otro tipo de medidas más efectivas, que atacan al fondo del problema y que, sin embargo, no se adoptan. Por todas estas razones consideramos que este proyecto no debe ser aprobado.
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