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Timestamp: 2018-08-18 18:08:32+00:00

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﻿ SENTENCIA 2016-00046 DE OCTUBRE 14 DE 2016
SENTENCIA 2016-00046 DE 14 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SÍ PUEDE NOMBRAR MAGISTRADOS PROVISIONALES PARA LA SALA DISCIPLINARIA. SE ACLARA QUE LA LEY POSIBILITÓ A ESA CORPORACIÓN EN PLENO PARA PROVEER DICHA VACANTE ABSOLUTA DE MANERA TRANSITORIA MIENTRAS SE CUMPLE LA DESIGNACIÓN BAJO EL SISTEMA QUE LA CONSTITUCIÓN PREVIÓ PARA EL EFECTO. A TAL CONCLUSIÓN LLEGÓ CON BASE EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 53 Y 132 DE LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEY 270 DE 1996), EN DONDE SE APRECIA QUE A LAS CORPORACIONES JUDICIALES, ENTRE ESTAS EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SE LES HA OTORGADO UNA AUTORIZACIÓN GENERAL PARA PROVEER DE MANERA TRANSITORIA Y EN PROVISIONALIDAD LOS CARGOS VACANTES QUE OCASIONE EL RETIRO DE UNO DE SUS MIEMBROS. ELLO DADAS LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE EL DESARROLLO DEL CORRESPONDIENTE PROCESO ELECTORAL, EN EL QUE, GENERALMENTE, PARTICIPAN DIVERSAS AUTORIDADES A EFECTOS DE LOGRAR LA ELECCIÓN POR EL MECANISMO CONSTITUCIONAL PREVISTO CON TAL FIN.
TEMAS ESPECÍFICOS:VACANCIA EN LOS EMPLEOS PÚBLICOS, MAGISTRADO, PROCESO ELECTORAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LEY DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia 2016-00046 de octubre 14 de 2016
Exp.: 11001-03-28-000-2016-00046-00
Actor: Rodrigo Alfredo Mariño Montoya
Demandados: Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
Bogotá D.C., catorce de octubre de dos mil dieciséis
Esta Sección es competente para conocer de la acción electoral, de conformidad con lo previsto por el numeral 4º del artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 de la esta corporación.
Conforme con la fijación del litigio, los aspectos a resolver son los que quedaron determinados en la audiencia inicial. De esta manera son dos los planteamientos que constituyen los aspectos frente a los que se pronunciará la Sala, relativos a si el acto de nombramiento del señor Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, contenido en la Resolución 12 del 22 de abril de 2016, es nulo por violación a las normas constitucionales y legales en las que debió fundarse, y que fueron reseñadas en acápite anterior, relativo a una presunta: i) falta de competencia para expedir el acto y ii) a la inexistencia de la entidad nominadora.
Dispuesto el marco de competencia de esta Sección a efectos de resolver los aspectos materia de debate, la Sala considera de relevancia para resolver las cuestiones del litigio, examinar el contexto fáctico en que se produjo el nombramiento acusado con el fin de resaltar situaciones concernientes con la decisión cuestionada y los antecedentes que le precedieron, así:
3.1 Del acto acusado.
Lo constituye la Resolución 12 del 22 de abril de 2016(7) adoptada por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura. En su artículo primero nombró en provisionalidad al doctor Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal en el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a partir de la fecha de su posesión y hasta cuando se provea en forma definitiva la vacante por el Congreso de la República.
Este nombramiento se fundó en las siguientes consideraciones:
i) que la magistrada María Mercedes López Mora renunció a partir del 2 de diciembre de 2015, al cargo de magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
ii) que a efectos de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia dispuso que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuaría ejerciendo sus funciones y atribuciones hasta que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial(8).
iii) que con fundamento en el auto del 15 de diciembre de 2015(9), se dispuso que la competencia de proveer en forma provisional las vacantes del Consejo Superior de la Judicatura le correspondían al Consejo Superior de la Judicatura en pleno,
iv) que en virtud de tal decisión se postuló y eligió al señor Rafael Alberto García Adarve,
v) que mediante auto del 31 de marzo de 2016 esta Sección decretó la suspensión provisional de los efectos del acto de nombramiento del señor García Adarve, a quien además le fue aceptada su renuncia a partir del 4 de abril de 2016 y
vi) que la Sala Plena nombró en provisionalidad en dicho cargo, según sesión del 19 de abril de 2016 a Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal.
De las circunstancias que informan esta decisión se encuentra probado en el expediente, los siguientes hechos:
• La aceptación de la renuncia presentada por la doctora María Mercedes López Mora al cargo de magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que ocupaba, según da cuenta Acta del Congreso Pleno del 1º de diciembre de 2015(10).
• La posesión del demandado(11), ocurrida el pasado 22 de abril ante el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
Establecidas las circunstancias fácticas que informaron el nombramiento en provisionalidad del demandado corresponde a esta Sala ocuparse de dar solución a los planteamientos de la demanda, no sin antes contextualizar para el momento de expedición de esta decisión, los siguientes eventos acaecidos en desarrollo de este trámite procesal:
1. Mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, publicado en el Diario Oficial 49.560 de 1º de julio de 2015, se adoptó la reforma denominada de equilibrio de poderes y reajuste institucional, que entró a regir desde esa fecha.
2. Entre las instituciones que fueron objeto de la reforma se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura, el cual se sometió a su eliminación a efectos de adoptar un nuevo modelo de gobierno y administración del Poder Judicial, a través del Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
3. Mediante la Sentencia C-285 del 1º de junio de 2016 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos referidos a la sustitución de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo de Gobierno(12) y se inhibió en lo correspondiente a la integración de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial(13).
4. Frente a la integración de esta Comisión el Presidente de la República mediante Decreto 1189 de 2016(14) reguló el proceso de convocatoria para efectos de integrar las ternas a su cargo y, lo propio hizo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Sentencia C-285 de 2016 al proferir el Acuerdo PSAA16-10548(15) de julio 27 de 2016 y completó las cuatro (4) ternas que le corresponde enviar al Congreso de la República.
Este recuento de lo acaecido desde la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, resulta necesario para que esta Sala aborde el asunto sometido a control que tiene por propósito resolver dos (2) cuestionamientos, uno relativo a la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para realizar el nombramiento y el otro, concerniente a la presunta inexistencia de esta entidad desde la expedición de la reforma constitucional.
Y es que la vacante provista de forma provisional que aquí se cuestiona tuvo como propósito designar de manera temporal y mientras el Congreso de la República así lo realiza, el nombramiento de un magistrado que integre la Sala Disciplinaria Judicial del Consejo Superior de la Judicatura ante la renuncia presentada y aceptada por su titular en el mes de diciembre de 2015.
Consecuentemente, debe señalarse que hubo un inicial nombramiento provisional para este mismo cargo que fue objeto de suspensión provisional mediante auto del 31 de marzo del presente año(16), pero ante la renuncia a dicho cargo y su aceptación, el demandado fue transitoriamente designado, en razón a que el Congreso aún no había elegido de manera definitiva.
Bajo este contexto procede la Sala a analizar las censuras que constituyen la fijación del litigio, así:
3.2.1 Falta de competencia de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura para realizar el nombramiento cuestionado.
Para resolver esta censura es preciso señalar que conforme lo invoca el acto acusado, al Consejo Superior de la Judicatura le compete entre otras funciones asignadas legalmente, la contenida en el inciso final del artículo 76(17) de la Ley 270 de 1996, relativa a que “El Consejo en Pleno cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley”, entre las que se encuentra la de proveer, de forma provisional, las vacantes que surjan con ocasión de las faltas que se presenten debido a la ausencia de los magistrados que la conforman(18).
El razonamiento del actor descansa precisamente en el desconocimiento del artículo 77 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 porque asegura que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene la competencia para nombrar a los magistrados de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria cuando se presenta una falta absoluta, que dice es la que se generó con la situación fáctica acaecida resultado de la aceptación de la renuncia de su titular.
Esta alegación resulta cierta y en eso no hay discusión, pues la provisión en propiedad de un cargo le corresponde directamente a su nominador, en este caso, al Congreso de la República; sin embargo, también es cierto que la ley posibilitó a esa corporación en pleno para proveer dicha vacante absoluta de manera transitoria mientras se cumple la designación bajo el sistema que la Constitución previó para el efecto.
A tal conclusión se llega porque la Ley Estatutaria de Administración de Justicia estableció como instrumento para garantía de la función judicial que tiene a su cargo, la posibilidad de proveer transitoriamente las vacantes absolutas al interior de las salas que integran el Consejo Superior de la Judicatura. Esta competencia se deriva de lo previsto en los artículos que a continuación se transcriben:
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes”.
De estas disposiciones se aprecia que a las corporaciones judiciales, entre estas, el Consejo Superior de la Judicatura, se les ha otorgado una autorización general para proveer de manera transitoria y en provisionalidad los cargos vacantes que ocasione el retiro de uno de sus miembros. Ello, dadas las eventualidades que pueden presentarse durante el desarrollo del correspondiente proceso electoral, en el que generalmente participan diversas autoridades a efectos de lograr la elección por el mecanismo constitucional previsto con tal fin.
Debe decirse que esta herramienta facilita la realización de los fines del Estado, pues la garantía de acceso a la administración judicial, constituye una función pública estatal de naturaleza esencial y fundamental del sistema democrático social de derecho. En este se debe garantizar que el ejercicio de la atribución judicial que promueve la resolución de los asuntos a su cargo se realice por las autoridades de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, y ello presume que, los cargos encargados de cumplir esta función, se encuentren provistos en todo tiempo, para el logro de tales propósitos.
De esta manera, no encuentra la Sala que el argumento del actor tenga vocación de prosperidad, pues de acuerdo con lo acreditado en el expediente se establece:
1. El nombramiento en provisionalidad se hizo por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, es decir se hizo en observancia de las normas que así lo prevén y además en acatamiento del auto del 15 de diciembre de 2015(19) que esta Sala profirió y en el que aclaró que esta competencia se predica del pleno de la corporación.
2. Se efectuó de manera transitoria, pues está sometida a una condición concerniente a que se realiza hasta “cuando se provea en forma definitiva la vacante por parte del h. Congreso de la República”, es decir, que de ninguna manera se abrogó la designación en propiedad.
3. No se probó que en el curso de este proceso el Congreso de la República hubiese efectuado la elección en propiedad, para proveer la vacante en dicha corporación.
4. De hecho lo que se advierte es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazará a la Sala Disciplinaria Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, se encuentra en período de provisión, pues de una parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ya completó las ternas que le corresponde enviar al Congreso para que elija a los miembros que la integraran y, el Gobierno nacional, por su parte ya efectuó la convocatoria para la composición de las restante ternas que tiene a su cargo.
Tal referencia es necesaria, porque en este caso, la provisión en propiedad del magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no se ha realizado desde que ocurrió la vacante por renuncia de su titular.
Así las cosas, queda claro que el nombramiento en provisionalidad del cargo aquí cuestionado se efectuó en observancia de las normas que fueron analizadas, y que autorizan a que las vacancias definitivas pueden ser satisfechas temporalmente a través de la figura del “nombramiento en provisionalidad”, mientras se cumplen con los pasos para efectuar el nombramiento en propiedad(20).
Bajo esas condiciones, queda desvirtuado el cargo presentado por el demandante.
3.2.2 Inexistencia de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la reforma constitucional adoptada por el Acto Legislativo 02 de 2015
Sobre el particular es de aclarar que el argumento del actor se sustenta en la presunta eliminación ipso facto del Consejo Superior con la entrada en vigencia del referido acto legislativo.
Frente al particular esta Sala hará algunas precisiones normativas previstas en el acto legislativo, que se echaron de menos por el actor, así:
En primer lugar es del caso señalar que si bien las reformas constitucionales se encuentran permitidas, el poder reformatorio de la norma superior se enmarca en un control que la Corte Constitucional ejerce para evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos a la luz de criterios competenciales, que tienen por fin determinar si fueron suprimidos o no elementos definitorios del ordenamiento superior, a efectos de establecer o descartar vicios de competencia, mediante un juicio de sustitución que permita darle validez jurídica normativa a las reformas que se emprendan y que descarten las existencia de cambios que involucren elementos esenciales o definitorios de la Constitución Política.
En este caso, se tiene, que las instituciones que integraban el Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa y Sala Jurisdiccional Disciplinaria) fueron objeto de reforma por el mencionado Acto Legislativo 02 de 2015, donde se determinó que en adelante las funciones a su cargo le correspondían al Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Comoquiera que la integración de estos órganos y su funcionamiento pendía de la necesidad de que se dictaran las normas que resolverían sobre el mecanismo para su designación o se realizaran los procedimientos fijados con tal fin, el Constituyente derivado contempló que mientras ello ocurriera se diera cumplimiento a las normas de carácter transitorio que posibilitaran su puesta en funcionamiento.
Respecto del Consejo de Gobierno Judicial baste señalar que el acuerdo por el cual se convocó a los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de la rama judicial para elegir su representante y conformar el Consejo de Gobierno(21), fue objeto de la medida cautelar de suspensión provisional mediante auto dictado por esta Sección el 25 de agosto de 2015 en el proceso de simple nulidad radicado bajo el Nº 11001032800020150001800 lo que implicó entre cosas, que los miembros de la Sala Administrativa continuaran en el ejercicio de sus funciones y que luego, con la expedición de la Sentencia C-285 de 2016 encontrará su deceso por encontrar la Corte Constitucional inexequible su creación(22).
En lo que respecta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hasta la fecha no existe pronunciamiento sobre su exequibilidad, lo que implica que respecto de esta se deba analizar lo contemplado en el parágrafo transitorio(23) del artículo 19 del mencionado acto legislativo, que sometió a que su entrada en operatividad se defiriera en el tiempo durante un año y, por tal motivo, las funciones a cargo de los magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura las cumplieran incluso hasta que los miembros de la referida comisión, se posesionaran.
Lo anterior, para explicar que no le asiste razón al demandante en cuanto a que el Consejo Superior de la Judicatura desapareció del ordenamiento jurídico por efecto de la promulgación y publicación del Acto Legislativo 2 de 2015, pues dado a que esta entidad constitucionalmente le corresponde el ejercicio de las funciones de administración de la rama judicial, respecto de la Sala Administrativa, y el examen de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados, en lo que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, como atribuciones principales de las conferidas por el artículo 256 Superior y aquellas otras legalmente asignadas por la Estatutaria de Administración de Justicia, encuentra sentido para esta Sala, que su integración a la estructura estatal se debía realizar gradualmente, y previo el cumplimiento y desarrollo normativo que se contempló con tal fin.
Esta razón constituye el aspecto fundante del rechazo del reproche de legalidad del actor frente al acto cuestionado, pues es evidente que la existencia y permanencia del Consejo Superior de la Judicatura estuvo supeditado a la puesta en marcha de las medidas normativas necesarias, las que en el caso de la Sala Administrativa, fueron examinadas constitucionalmente y encontradas contrarias a la norma superior.
Respecto de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se extendió su vigencia a un plazo mientras se da la puesta en marcha y la posesión de los miembros de la Comisión Disciplinaria Judicial.
Precisamente, respecto de esta última conclusión, la Corte Constitucional se pronunció mediante Auto 278 de 2015(24) en el que resolvió un conflicto de competencia y señaló que con ocasión de tales medidas transitorias se permitió la continuidad en el ejercicio de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, hasta tanto las mismas sean asumidas por los respectivos órganos llamados a reemplazarlo.
Esta conclusión es más que indicativa que en el acto legislativo se contempló la necesidad de que el Consejo Superior de la Judicatura continuara en ejercicio de sus funciones hasta tanto los órganos previstos por la reforma constitucional entraran efectivamente a ejercer y cumplir las funciones asignadas, lo que descarta de plano la inexistencia de la entidad a la que le aludió el actor para justificar su censura.
Bajo estas consideraciones, se tiene que tampoco le asiste razón frente a esta censura, lo que impone al no existir más aspectos por resolver, negar la pretensión de nulidad de este medio de control.
Así las cosas, a juicio de la Sección, y habiéndose resuelto el litigio en los términos planteados, el nombramiento en provisionalidad del magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se ajustó a las normas constitucionales y legales que lo fundan, por tanto, la demanda no está llamada a prosperar.
Así, no hay lugar a declarar la nulidad del acto de nombramiento del Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, contenido en la Resolución 12 del 22 de abril de 2016.
1. NEGAR la pretensión de nulidad electoral presentada por el actor Rodrigo Alfredo Mariño Montoya, atendiendo a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
4. ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme la presente decisión.
7 Visible a los folios 9 y 10 del expediente.
8 En la resolución se menciona que esta es la tesis es ratificada por la Corte Constitucional en los auto 278 del 9 de julio de 2015 y 372 de agosto de 2015. 9 Proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
9 Proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
10 Obra a los folios 131 vto. y 132 del expediente.
11 11 Obra al folio 27 del expediente.
12 Tales decisiones se concretan en la parte resolutiva de la siguiente manera: “Primero. Declarar inexequible el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º del artículo 254 de la Constitución, en relación con la cual la Corte se inhibe de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el artículo 254 de la Carta Política quedará así: “Artículo 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado”. Segundo. Declarar inexequible el artículo 16, así como los incisos 2º y 6º del artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015. Tercero. Declarar inexequible el artículo 17 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión “o a los Consejos seccionales, según el caso”, como de los numerales 3º y 6º del artículo 256 de la Constitución, en relación con lo cual la Corte se inhibe de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Cuarto. Declarar inexequible el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015, con excepción de los siguientes pronunciamientos: Se declara exequible el literal f), del numeral 1º, salvo en lo referente a la expresión “También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996”, que se declara inexequible. Se declara exequible el literal g), del numeral 1º, en su totalidad. En relación con la expresión “La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, prevista en el numeral 6º, por las razones expuestas en esta providencia, la Corte se inhibe de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Quinto. Declarar inexequibles las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la rama judicial contenidas en los artículos 8º, 11 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. En consecuencia, declarar que en las disposiciones constitucionales a las que tales artículos aluden, la expresión ‘Consejo de Gobierno Judicial’ se sustituye por ‘Consejo Superior de la Judicatura’, y se suprime la expresión ‘y adelantada por la gerencia de la rama judicial’”.
13 Tal decisión se adoptó en el numeral sexto de la referida sentencia, que dispuso: “Sexto. Inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos presentados contra el artículo 19 y el inciso 1º del artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015, por ineptitud sustantiva de la demanda, salvo en la derogatoria tácita del artículo 257 de la Constitución Política, la cual se declara inexequible”.
14 “Por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015, ‘por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República’, en relación con el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República”.
15 Se puede consultar en la siguiente dirección web file:///C:/Users/A_X2S503/Downloads/PSAA16-10548.pdf
16 Adoptado en el proceso que se encuentra en curso bajo el Nº de Radicado 1100103-28-000-2016-00038-00, en el que funge como demandante: Tania Inés Jaimes Martínez y Demandados: María Rocío Cortés Vargas, Martha Patricia Zea Ramos, Adolfo León Castillo Arbeláez y Rafael Alberto García Adarve.
17 Artículo 76. De las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas: 1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años así: Uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y tres por el Consejo de Estado; y, 2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno.
18 Así lo dispone el artículo 77, que prevé lo siguiente: “Requisitos. Para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los Magistrados de las mismas corporaciones postulantes.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no son reelegibles
19 Dictado por la Sección Quinta al resolver la medida cautelar en el proceso radicado bajo el Nº 11001-03-28-000-2015-00046-00, en el que fungió como Actor: Manuel Yasser Páez Ramírez y otros en contra de Martha Patricia Zea Ramos - Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En esta providencia se reiteró la tesis contenida en la sentencia del 24 de julio de 2008, radicación 11001-03-28-000-2007-00060-00. Dte: Luis Alejandro Sánchez Romero. CP. Susana Buitrago Valencia.
20 Esta conclusión fue adoptada por la Sala en el fallo del 25 de agosto de 2016, dictado en el Expediente Nº 11001-03-28-000-2016-00037-00, Demandante: Claudia Milena Castellanos Avendaño. Demandados: Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee, exmagistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y constituye la reiteración de esta posición.
21 Asimismo se encuentran en trámite los procesos de nulidad electoral que se siguen contra el Acuerdo Nº 11 de 2 de septiembre de 2015, que contiene la elección de los Representante de los Jueces y Magistrados la rama judicial y el Acuerdo Nº 009 de 2015 del Consejo de Gobierno Judicial “Por el cual se declaran elegidos los tres (3) miembros de dedicación exclusiva para conformar el Consejo de Gobierno Judicial”, actos que fueron suspendidos provisionalmente por esta Sección en decisiones proferidas en los expedientes 110010328000201500026-00 y 11001032800020150048-00.
22 En orden a tal declaratoria de inexequibilidad el auto del 28 de julio de 2016, dictado en el proceso 11001032800020150001800, señaló: “Es claro, entonces, que esa entidad de fugaz creación, tanto en su versión definitiva como en su primera implementación, ya no se encuentra en el ámbito jurídico, al haber sido declarada inexequible y, en atención a que lo expulsado del ordenamiento jurídico fue su propio acto de creación y de desarrollo de implementación, su existencia quedará tan solo como un hecho histórico dentro de la normativa constitucional, en tanto perdió su fundamento de derecho, de esencia y de existencia, como lo es el acto de creación (artículo 91 literal b) CPACA). No existiendo entonces el órgano o la autoridad creada por el propio Acto Legislativo debido a su contrariedad con la Constitución Política, aunado a que el Primer Consejo de Gobierno Judicial nunca se conformó ni ejerció funciones, tampoco se materializó como entidad que efectivamente asumiera las competencias constitucionales asignadas en forma transitoria y, ante la declaratoria de inexequibilidad, lo cierto es que la norma transitoria de creación, no está llamada a tener efectos, y menos los actos generales demandados por ser regulatorios de la elección de dos de los miembros de una entidad que ya no existe y no está produciendo efecto alguno por cuanto los representantes de los jueces y magistrados y empleados que harían parte del ente transitorio no fue posible que se materializara”. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
23 “PAR. TRANS. 1º—Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura serán transformadas en comisiones seccionales de disciplina judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad”.
24 Mediante Auto 278 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó el alcance del Acto Legislativo 02 de 2015, especialmente, frente a la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer sobre conflictos de competencia suscitados entre distintas jurisdicciones. En dicho auto, la Sala indicó que las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 02 de 2015, al Capítulo 7 del Título VIII de la Constitución Política, se estructuraron de la siguiente forma: en primer lugar, el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria fue asignado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19); en segundo lugar, los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones serán resueltos por la Corte Constitucional (artículo 14); y, en tercer lugar, según los dispuesto por el artículo 19, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las cinco Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales “no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Igualmente, la Sala sostuvo que el Acto Legislativo 02 de 2015 dispuso unas medidas transitorias con el fin de permitir la continuidad en el ejercicio de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, hasta tanto las mismas sean asumidas por los respectivos órganos llamados a reemplazarlo. Entre estas medidas, destacó la dispuesta por el artículo 19, el cual fijó el término de un (1) año, contado a partir de la expedición del acto legislativo, para adelantar la elección de los Magistrados que harán parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y además, en el transcurso de este lapso, los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura “ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

References: artículo 149
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 76
 artículo 77
 resolución 
 artículo 19
 artículo 256
 Resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 254
 artículo 254
 artículo 16
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 256
 artículo 18
 artículo 85
 artículo 19
 artículo 26
 artículo 257
 Artículo 76
 artículo 77
 artículo 19
 artículo 19