Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-562-17.htm
Timestamp: 2019-06-16 11:30:48+00:00

Document:
T-562-17
Sentencia T-562/17
Este defecto tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”, por tanto, se configura cuando haya fallas sustanciales originadas en las deficiencias probatorias. La Corte ha indicado que ellas se pueden originar por omisión ya sea por la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido o por la falta de valoración de una prueba determinante. Por acción se pueden presentar por la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto.
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia
La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, consagró un régimen de transición pensional como garantía para las personas afiliadas al régimen de prima media que tenían una expectativa de lograr su pensión bajo las condiciones y requisitos previstos en las normas que fueron derogadas. Específicamente, su beneficio consiste en el mantenimiento de los requisitos de monto, edad y tiempo de cotización establecidos en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado.
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto se configuró defecto fáctico por indebida valoración probatoria en reconocimiento de pensión de vejez
Referencia: Expediente T-6.145.897
Bogotá, D.C., cuatro (4) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017)
1.1. El accionante, de 72 años, manifiesta que es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual le debe ser aplicado el Decreto 758 de 1990[2] en la verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión. Al respecto, explica que contaba con 40 años de edad al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[3] y con 750 semanas cotizadas al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
1.3. Presentó solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones el 11 de diciembre de 2014[4].
1.4. El 5 de enero de 2005, solicitó la corrección de la historia laboral con radicado 2005-44870 en relación con los periodos cotizados por los siguientes empleadores: Agrícola Palmaseca Ltda. (entre diciembre de 1973 y noviembre de 1990), Manuel Caicedo y Cía S en C (entre enero de 2010 y noviembre de 2011), Cremex Madriñan y Cía (entre mayo de 1978 y junio de 1978), y Tresnal Ltda. (entre enero de 1993 y diciembre de 1994)[5].
1.5. La pensión fue negada el 25 de mayo de 2015 mediante Resolución GNR núm. 152610[6], bajo el argumento de que a 31 de diciembre de 2014 el demandante no contaba con 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo que requería el Decreto 758 de 1990, debido a que su historia laboral solo acreditaba 989 semanas. Tampoco cumplía con las 1275 semanas que exige el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
1.6. El 12 de junio de 2015, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación[7], en el que sostuvo que acumuló 1068.95 semanas, pero Colpensiones no exigió el cobro coactivo a los empleadores que no realizaron sus cotizaciones en debida forma.
1.7. El 14 de septiembre de 2015[8], Colpensiones le manifestó al actor que había encontrado inconsistencias en la historia laboral, razón por la cual le concedió 15 días hábiles para allegar documentos que permitieran aclarar el ingreso y retiro de las relaciones laborales con: Orlando Montes Cruz, Rosario Bautista, Contigo CTA, Te Cuida CTA, Jhon Jairo Salazar Castro, Manuel Caicedo y Cía, Luis Orlando Giraldo Rincón. Explicó que de no remitir las pruebas pertinentes, en aplicación de la Circular 22 de 2015, el trámite pensional sería resuelto con los documentos obrantes en el expediente administrativo.
1.8. La negativa a otorgar la pensión fue confirmada por Colpensiones al resolver el recurso de reposición mediante la Resolución GNR 321321 del 19 de octubre de 2015[9]. Reiteró los argumentos del acto administrativo confirmado, agregó algunos días de cotización y sobre la falta de cotizaciones por mora del empleador sostuvo:
“En el historial de pagos se visualizan deudas presuntas generando intereses pendientes por pagar, debido a que el empleador ROSARIO BAUTISTA no efectuó pagos para los ciclos 199703, 199711 y 199712, razón por la cual y de acuerdo con la imputación de pagos que trata el Decreto 1818 1996 y 1406 de 1999, no contabiliza el total de días cotizados para los ciclos 199801 y 199802. Por otra parte tampoco se encontraron cotizaciones para los ciclos 199909, 199910 y 199912 con el aportante ORLANDO MONTES; por lo cual mediante radicado 2015_7243998 se envió al área correspondiente para realizar el cobro. Vale la pena que en cuanto al ciclo 199512 con el aportante Tresnal Ltda, no contabiliza los días debido a pagos inexactos de ciclos anteriores.”
Semanas reconocidas
Semanas reales
Tresnal LTDA
01/12/1995 – 31/12/1995
01/01/1998 – 31/01/1998
01/02/1998 – 28/02/1998
01/05/1999 – 30/09/1999
1.11. Al respecto, el actor destaca que dentro del proceso la entidad demandada “procedió a contestar la demanda aceptando la mayoría de los hechos expuestos en la demanda sin que hiciera pronunciamiento al allanamiento a la mora expuesta en dicha acción”[10].
1.12. El 14 de marzo de 2016 se realizó la primera audiencia de conciliación y trámite núm. 123 en la que se declaró fracasada la conciliación debido a que se trataba de materias no sujetas a conciliación, no se propusieron excepciones previas, se fijó el litigio[11] y se decretaron como pruebas las documentales aportadas por la parte demandante y por la parte demandada. Además, la jueza indicó que mediante auto núm. 120 de 28 de enero de 2016 se ordenó requerir a Colpensiones para que aportara el expediente administrativo completo y sin inconsistencias, sin obtener respuesta a la fecha. Enseguida, se realizó la segunda audiencia de trámite y juzgamiento núm. 0124, durante la cual se practicaron las pruebas documentales obrantes, se cerró el debate probatorio y se presentaron alegatos de conclusión por los apoderados de las partes.
i) En el minuto 6:50 se menciona como empleadores que presentaron mora en sus aportes a Tresnal LTDA, a Rosario Bautista y a Orlando Montes Cruz, sin sumar las 22.57 semanas laboradas.
Mediante oficio de 9 de febrero de 2017[12], la jueza sostuvo que se ceñiría a lo que se encontrara probado dentro del trámite de la acción de tutela. Además, remitió copia de las sentencias proferidas dentro del proceso laboral, así como el auto que aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.
En comunicación de 15 de febrero de 2017[13], el Coordinador del Grupo de Archivo General indicó que a la fecha no existía petición de certificación pendiente a nombre del accionante, razón por la cual solicitó desvincular de la acción de tutela a la entidad. Adjuntó certificaciones de información laboral y de factores salariales.
3.1. Demanda ordinaria laboral presentada por el actor en contra de Colpensiones[14], en la que figuran argumentos similares a los expuestos en la acción de tutela.
3.2. Resolución GNR núm. 152610 de 25 de mayo de 2015 proferida por Colpensiones que negó el reconocimiento de la pensión de vejez y su acta de notificación personal[15].
3.3. Recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución GNR núm. 152610 de 25 de mayo de 2015[16].
3.4. Resolución GNR núm. 321321 de 19 de octubre de 2015 que confirmó la Resolución GNR núm. 152610 y su acta de notificación personal[17].
3.5. Resolución VPB núm. 19432 de 27 de abril de 2016 se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución GNR 152610 de 2015[18].
3.6. Bono pensional y certificación de factores salariales emitido por el Ministerio de Defensa por el tiempo laborado como soldado entre el 1º septiembre de 1965 y el 10 de agosto de 1967[19].
3.7. Reporte de semanas emitido el 5 de marzo de 2015 por Colpensiones[20] en el que consta que el demandante ha acumulado 889 semanas en su vida laboral, sin tener en cuenta las laboradas para el Ejército Nacional.
3.8. Reporte de semanas emitido el 1° de agosto de 2017 por Colpensiones[21] en el que consta que el demandante ha acumulado 915.44 semanas en su vida laboral, de ellas 903,87 antes del 31 de diciembre de 2014, sin tener en cuenta las laboradas para el Ejército Nacional.
3.9. Cédula de ciudadanía[22].
3.10. Comunicación en la que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali solicita con los apremios de ley al representante legal de Colpensiones para que allegara la historia laboral completa y sin inconsistencias del actor, así como el expediente administrativo completo de estudio de la prestación[23].
3.11. Contestación de la demanda presentada por el apoderado judicial de Colpensiones en el proceso ordinario laboral[24].
3.12. Solicitud de bono pensional presentada ante el Ministerio de Defensa Nacional con fecha de 16 de noviembre de 2014[25].
3.13. Reporte de semanas cotizadas proferido por el entonces Instituto de Seguro Social para el periodo comprendido entre 1967 y 1994 con fecha de 12 de noviembre de 2008[26], en el que se evidencian 3400 días (485.71 semanas) de aportes para ese periodo.
3.14. Acta 066 de 14 de marzo de 2016 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali[27], en la que están consignadas: i) la primera audiencia de conciliación y trámite núm. 123; ii) la segunda audiencia de trámite y juzgamiento núm. 0124; y iii) la sentencia núm. 055.
3.15. Acta 096-2016 de 9 de junio de 2016 proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali[28] en la que consta la sentencia núm. 110, que desató el grado jurisdiccional de consulta.
3.16. Video de la primera audiencia de conciliación y trámite núm. 123 y la segunda audiencia de trámite y juzgamiento núm. 0124 a cargo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, realizadas el 14 de marzo de 2016[29].
3.17. Audio de la audiencia de lectura de la sentencia núm. 110 que desató el grado jurisdiccional de consulta, a cargo de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, realizada el 9 de junio de 2016[30].
3.18. Liquidación en costas y agencias en derecho realizada el 3 de agosto de 2016 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali[31].
3.19. Auto interlocutorio núm. 2506 de 3 de agosto de 2016 que aprueba la liquidación de costas del numeral anterior[32].
1.3. En providencia de 6 de febrero del año en curso, la Magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela y vinculó a la actuación al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, a Colpensiones, al Ministerio de Defensa Nacional, a Tresna Ltda., a Orlando Montes Cruz, a Rosario Bautista y las demás partes intervinientes en el proceso ordinario laboral. Concedió un término de un (1) día para que cada uno de ellos y el tribunal accionado se pronunciaran sobre la tutela, así como para allegar copia simple de las providencias objeto de la misma.
En sentencia de 15 de febrero de 2017[33], la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar el amparo, al estimar que el accionante no presentó el recurso extraordinario de casación. Consideró que se desconocía el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, al tratar de “soslayar los medios ordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le dispensa”.
La apoderada judicial del actor, en escrito remitido el 6 de marzo de 2017[34], sostuvo que la Sala no tuvo en cuenta que su poderdante es un anciano de 72 años, “que sufre las enfermedades propias de su edad, que está pasando necesidades económicas, que no cuenta con los recursos monetarios para instaurar un recurso extraordinario de casación y que la pensión de vejez que pretende está destinada a sufragar su mínimo vital (…)”. Explicó que su intención no es obtener un atajo arbitrario para omitir los medios ordinarios de defensa, sino que se protejan sus derechos fundamentales que se vieron afectados con la decisión del Tribunal, que no sumó las semanas cotizadas por el Ejército Nacional.
En fallo de 19 de abril de 2017[35], la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar la decisión impugnada. Expuso que el escrito de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante no interpuso recurso de casación en contra de la decisión bajo estudio, impidiendo su examen por el juez natural. Adicionalmente, sostuvo que la carencia de recursos económicos alegada como justificación para no presentar el citado recurso no es de recibo porque habría podido hacer uso del amparo de pobreza. En esa línea, indicó que el desconocimiento de la existencia de esa posibilidad no lo exime de responsabilidad.
Sostuvo que el razonamiento de la providencia objeto de amparo no resulta arbitrario, debido a que se fundó en “supuestos fácticos y probatorios coherentes, y además consultó las disposiciones legales y las reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto”[36].
1. Mediante auto de 25 de julio de 2017, el magistrado sustanciador dispuso solicitar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali enviar a esta Corporación el expediente núm. 76001-31-05-003-2016-0001100 correspondiente al proceso promovido por Gustavo Agudelo Galvis contra Colpensiones, con la finalidad de allegar al proceso de tutela elementos de juicio relevantes. Así mismo, solicitó a Colpensiones la historia laboral del accionante, en la que figuren los periodos en mora patronal que fueron tenidos en cuenta al momento de estudiar la prestación, especialmente los correspondientes a los empleadores Tresnal LTDA, Rosario Bautista y Orlando Montes, reseñados en la Resolución GNR 321321 de 19 de octubre de 2015.
Este tribunal ha señalado que los procesos judiciales ordinarios constituyen el primer escenario de garantía de los derechos fundamentales y de la vigencia de la Constitución Política[37], en virtud de la “omnipresencia” del texto superior en todas las áreas jurídicas[38]. Justamente, esa supremacía sumada a la obligación estatal de asegurar la vigencia de los derechos y deberes[39], la finalidad de la acción de tutela[40] y el compromiso internacional de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[41] constituyen el fundamento normativo para que se haya aceptado que el juez constitucional debe intervenir excepcionalmente cuando advierta la trasgresión de garantías constitucionales en las actuaciones judiciales[42].
En un principio[43], la Corte empleó la teoría de las vías de hecho, según la cual las providencias judiciales que carecieran de fundamento objetivo y que fueran el producto de una actitud arbitraria y caprichosa podían ser objeto de amparo[44]. A partir de la sentencia C-590 de 2005, adoptó una nueva aproximación que permitía el control de aquellas actuaciones judiciales ilegítimas que afectaran derechos fundamentales, aunque no representaran una burda trasgresión de la Carta. Con el fin de respetar los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial, así como la seguridad jurídica, estableció que le correspondía al juez de tutela verificar el cumplimiento de condiciones generales de procedibilidad, que le permitirían adentrarse en el estudio del contenido de la providencia, a saber:
v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso;
Se debe destacar que “la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa”[45]. El juez de tutela no se convierte en el máximo intérprete del derecho ni puede suplantar al juez natural, simplemente ejerce la “vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”[46].
Este defecto tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”[47], por tanto, se configura cuando haya fallas sustanciales originadas en las deficiencias probatorias.
La Corte ha indicado que ellas se pueden originar por omisión ya sea por la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido o por la falta de valoración de una prueba determinante. Por acción se pueden presentar por la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto[48].
Específicamente, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura, entre otros, cuando el juez[49]:
Ahora bien, la intervención del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser de carácter “extremadamente reducido”, en virtud de los principios de autonomía judicial y del juez natural que impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio[50]. Justamente, la independencia judicial se mantiene con mayor valor y trascendencia en el campo de la valoración probatoria, por cuanto el juez de la causa es quien puede apreciar de manera más certera la evidencia obrante en un proceso[51].
Por tanto, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia[52], esto es, el error denunciado debe ser “ostensible, flagrante y manifiesto”[53], y debe tener “incidencia directa”, “transcendencia fundamental” o “repercusión sustancial” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta[54].
La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, consagró un régimen de transición pensional como garantía para las personas afiliadas al régimen de prima media que tenían una expectativa de lograr su pensión bajo las condiciones y requisitos previstos en las normas que fueron derogadas. Específicamente, su beneficio consiste en el mantenimiento de los requisitos de monto, edad y tiempo de cotización establecidos en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado[55].
La Corte ha explicado que los regímenes de transición “(i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”[56].
“Artículo 48. Parágrafo Transitorio 1. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
En el proceso ordinario objeto de cuestionamiento se decidió sobre el reconocimiento de la pensión de vejez a una persona que en la actualidad tiene 72 años de edad, razón por la cual una posible afectación al debido proceso podría conllevar la vulneración de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital[57]. Como ha indicado este Tribunal, la pensión de vejez es una prestación económica, resultado final de largos años de trabajo y fruto del ahorro forzoso, para enfrentar la pérdida de capacidad laboral derivada de la edad[58]. En ese sentido, la posible ocurrencia de un error en el conteo de las semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, podría afectar la subsistencia digna de una persona de la tercera edad, que debe ser objeto de especial protección constitucional, razón por la cual el presente debate reviste especial importancia constitucional.
Teniendo en cuenta que, según el Decreto 2552 de 2015, el salario mínimo legal mensual para el año 2016 fue de $689.455, la cuantía mínima para la procedencia del recurso de casación en ese año fue de $ 82.734.600. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, que fungió como juez de instancia en el proceso ordinario, indicó que a 29 de febrero de 2016 las mesadas adeudadas sumaban $13.451.458[59]. A ese monto se le tendrían que sumar las cuatro (4) mesadas de un salario mínimo legal vigente causadas hasta el momento en que fue proferida la sentencia objeto del amparo, esto es, el 9 de junio de 2016. La cuantía sería de $16.209.278 más los intereses moratorios, monto mucho menor al interés jurídico para recurrir en casación.
De un lado, la Resolución GNR núm. 152610 de 25 de mayo de 2015 estudió las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 2014, aceptando de manera tácita que el actor había cotizado las 750 semanas exigidas. Además, al realizar la suma de las semanas enunciadas en dicho acto administrativo hasta julio de 2005 se tiene que acumuló 844,71. Por su parte, la Resolución GNR núm. 321321 de 19 de octubre de 2015 indica de manera expresa que el accionante conservó el régimen de transición debido a que contaba con al menos 750 semanas y, después de sumar las cotizaciones, se tiene que aportó 848,85 para la fecha[60]. Lo mismo sucede con los reportes de semanas emitidos el 5 de marzo de 2015[61] y el 1° de agosto de 2017[62] por Colpensiones, en los cuales se observó que el actor reunía 844,63 y 823,43 para ese momento, respectivamente.
Por tanto, la posición de la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior de Cali según la cual el actor no había acreditado 750 semanas de cotización para el 25 de julio de 2005, en desconocimiento de los actos administrativos emitidos por la entidad demandada en el proceso ordinario, supuso la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. De manera específica, este se dio cuando la accionada decidió “separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido” y dio “por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso”[63].
5.2.4. Ahora bien, a pesar de que en la acción de tutela no se hicieron cuestionamientos sobre el hecho de que el demandante cumpliera con el requisito de acumular 1000 semanas para acceder a la pensión de vejez, la Sala estima pertinente recordar que esta Corporación ha establecido la inoponibilidad de la mora patronal de cara al reconocimiento y pago de la pensión de vejez[64]. Se reitera que ni la falta de pago de los aportes a pensión por parte de los empleadores ni la negligencia en el uso de las herramientas de cobro por parte de Colpensiones pueden servir de argumento para no computar en favor del peticionario los ciclos de cotizaciones correspondientes.
Por ello, para la Sala no resulta de recibo el argumento expuesto por Colpensiones en la Resolución GNR 321321 de 2015, de conformidad con el cual no se contabilizaban algunos ciclos de los empleadores Rosario Bautista, Orlando Montes y Tresnal Ltda, porque existían deudas que generaban intereses o porque se habían efectuado pagos inexactos y porque dichos periodos no afectarían el sentido material del estudio prestacional. Al respecto, se recuerda que este Tribunal ha llamado la atención sobre la importancia de que las peticiones pensionales se resuelvan con la mayor diligencia y cuidado, constatando la veracidad de la información consignada en las historias laborales y verificando dichos datos, cuando el interesado solicite su corrección o actualización[65].
5.2.6. En todo caso, a partir del reporte remitido por Colpensiones en sede de revisión con fecha de 1° de agosto de 2017, se advierte que el actor realizó cotizaciones por más de 1000 semanas hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en que terminaba la extensión del beneficio de régimen de transición, a saber[66]:
Ingeniería Civil Ltda.
Agrícola Palmaseca
Cremex Madriñan y cía.
Jorge Arbeláez G y cía.
1/02/1981
Giraldo Rincón Fabio Cesar
Trans Especiales Ltda
1/02/1995
Orlando Giraldo Rincón
Jhon Jairo Salazar Castro
1/02/1997
Orlando Montes Cruz
Cooperativa CTA Te Cuida
Contigo CTA
Manuel Caicedo y cía
Corservic
Gustavo Agudelo Galviz
Transcali SAS
Intergroup Intelligent SAS
Total de semanas reconocidas
1003,87
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2017 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la providencia emitida el 15 de febrero del mismo año por la Sala Laboral de la misma Corporación, en la que negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso de Gustavo Agudelo Galvis.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 9 de junio de 2016 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad que había reconocido la pensión de vejez al actor, en el proceso ordinario laboral adelantado en contra de Colpensiones.
Tercero.- ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, o a la que haga sus veces, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta que el actor sí reunió las 750 semanas que el Acto Legislativo 01 de 2005 exigía para la conservación del régimen de transición, así como las consideraciones expuestas en los apartes 5.2.2. y 5.2.3. de la presente providencia.
Cuarto.- ORDENAR que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] El presente capítulo resume la narración hecha por el actor, así como otros elementos fácticos y jurídicos observados en el expediente, los cuales se consideran relevantes para comprender el caso.
[2] “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”.
[3] Manifiesta que nació el 03 de febrero de 1945.
[4] Radicado núm. 2014_10328832.
[5] En comunicación del mismo día, núm. BZ2015_44870-0013678, Colpensiones manifestó que el proceso de corrección podría tomarse hasta 60 días hábiles, puesto que era necesario un procedimiento operativo especial orientado a la corrección definitiva, con la colaboración del solicitante.
[6] La Resolución GNR núm. 152610 fue notificada al demandante el 2 de junio de 2015.
[7] Radicado núm. 2015_5289889.
[8] Radicado núm. BZ2015_ 5289889-2504023.
[9] La Resolución GNR núm. 321321 fue notificada al demandante el 19 de noviembre de 2015.
[10] Cuad. 1, fl. 3.
[11] El litigio se fijó en los siguientes términos “Establecer si el señor Gustavo Agudelo Galvis, tiene o no derecho, a que se le reconozca por parte de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, la pensión de vejez, e intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y costas y agencias en derechos”.
[12] Cuad. 2, fls. 62.
[13] Cuad. 2, fls. 73-77.
[14] Cuad. 1, fls. 13-22.
[15] Cuad. 1, fls. 23-25.
[16] Cuad. 1, fls. 26-29.
[17] Cuad. 1, fls. 30-34.
[18] Cuad. 3, fls. 104-106.
[19] Cuad. 1, fls. 36-39, 68-70 y cuad. 2, fls. 75-77. Obran en el expediente certificados de factores salariales núm. CERT14 AG-3425-31 y CERT 2017-793, así como certificados de información laboral núm. 67759-31 de 2014 y 79866 de 10 de febrero de 2017.
[20] Cuad. 1, fls. 40-42.
[21] Cuad. 3, fls. 97-99.
[22] Cuad. 1, fls. 43.
[23] Cuad. 1, fl. 51
[24] Cuad. 1, fls. 57-64
[25] Cuad. 1, fls. 71-72.
[26] Cuad. 1, fls. 73-77.
[27] Cuad. 1, fls. 83-89 y cuad. 2, fls. 48-49.
[28] Cuad. 2, fls. 55-59 y 67-69.
[29] Cuad. 1, fls. 88.
[30] Cuad. 1, fls. 88.
[31] Cuad. 2, fls. 66.
[32] Cuad. 2, fls. 67.
[33] Sentencia con radicación núm. 46040. Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[34] Según certificación de Servicios Postales Nacionales S.A. 472 el telegrama de notificación del fallo fue entregado el 1º de marzo de 2017 (Cuad. 2, fls. 113-116.), razón por la cual fue concedida su impugnación.
[35] Sentencia con radicación núm. 91259. Magistrado José Luis Barceló Camacho.
[36] Cuad. 3, fl. 16.
[37] Sentencia SU-917 de 2010.
[39] Constitución Política, artículo 2.
[40] Constitución Política, artículo 86.
[41] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25.
[42] Sentencia SU-768 de 2014.
[43] Se debe aclarar que el Decreto Estatutario 2591 de 1991 en sus artículos 11 y 40 consagraba el término y la competencia para tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de providencias judiciales. No obstante, tales normas fueron declaradas inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, dejando claro que solo procedería la tutela ante “actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable”.
[44] Sentencias T-79 de 1993 y T-518 de 1995, entre otras.
[45] Sentencia C-590 de 2005.
[47] Sentencia T-567 de 1998.
[48] Sentencias T-704 de 2012, T-247 y T-582 de 2016, entre otras.
[49] Sentencia T-781 de 2011.
[50] Sentencia T-704 de 2012.
[51] Sentencias T-055 de 1997 y T-590 de 2009.
[52] Sentencia T-060 de 2012.
[53] Sentencias T-009, T-064, T-067, T-217, T-456 y T-505 de 2010 y T-014 de 2011.
[54] Sentencias T-009 y T-067 de 2010 y T-466 de 2012.
[55] El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que “[l]a edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”.
[56] Sentencia C-663 de 2007.
[57] Sentencia T-149 de 2012.
[58] Sentencia C-107 de 2002 y T-398 de 2013.
[59] Cuad. 1, fls. 83-89 y cuad. 2, fls. 48-49.
[60] La resolución VPB núm. 19432 de 27 de abril de 2016, que fue allegada en sede de revisión pero no fue objeto de pronunciamiento y análisis en el proceso ordinario laboral, confirma que el actor conservó el régimen de transición.
[61] Cuad. 1, fls. 40-42.
[62] Cuad. 3, fls. 97-99.
[63] Considerando 3.1. de esta providencia.
[64] Ver, entre otras, las sentencias T-940 de 2013, T-526 y T-945 de 2014, T-483 de 2015, y T-079, T-321 y T-399 de 2016.
[65] Ver, entre otras, las sentencias T-040 de 2014 y T-079 de 2016.
[66] Cuad. 3, fls. 97-99.

References: artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 33
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 36
 resolución