Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/075/015.html
Timestamp: 2017-11-23 00:07:15+00:00

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BOC - 2005/075. Lunes 18 de Abril de 2005 - 1319
BOC Nº 075. Lunes 18 de Abril de 2005 - 1319
1319 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de abril de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Domingo Ramos Acosta interesado en el expediente nº 746/03-U.
No habiéndose podido notificar a D. Domingo Ramos Acosta en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 746/03-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
Primero.- Notificar a D. Domingo Ramos Acosta la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 709, de fecha 3 de marzo de 2005, recaída en el expediente con referencia 746/03-U, y que dice textualmente:
"POR LA QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR
Vistos los datos obrantes en esta Agencia, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes
1.- En el lugar denominado "Huerta Bicho", en el término municipal de Tacoronte, en suelo clasificado como Rústico, se han venido ejecutando obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura aproximadamente de 100 m2 de superficie, promovidas por D. Domingo Ramos Acosta, sin contar con las autorizaciones pertinentes (preceptiva calificación territorial previa a la licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, actuación que es presuntamente constitutiva de una infracción grave a la referida ley.
2.- Con fecha 5 de septiembre de 2003, por Resolución nº 1277 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 10 de diciembre de 2003, se acordó la suspensión y precinto de las obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.
3.- Con fecha 9 de febrero de 2004 se efectuó el precinto de las obras, habiéndose llevado a efecto con fechas 6 de abril de 2004 y 26 de octubre de 2004 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.
Con fecha 21 de enero de 2005 se valoraron las obras al 75% de su estado constructivo en la cantidad de treinta y seis mil setecientos cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (36.745,80 euros).
I.- Esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
III.- De conformidad con el artículo 179 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto, y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
a) Incoar expediente sancionador a D. Domingo Ramos Acosta en calidad de promotor de las obras objeto del presente procedimiento como presunto responsable de una infracción urbanística al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
b) Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. Concepción Zamorín Fernández y a Dña. Ana Isabel González Hernández, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
d) Advertir al interesado, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquél podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
e) Advertir al interesado que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución, no se hubiera procedido a instar la legalización de las mencionadas obras o a ajustar las obras a los títulos habilitantes, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará la imposición de hasta doce multas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras en su caso y, como mínimo de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros).
f) Advertir al interesado que en los supuestos contemplados en el fundamento de derecho III, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182 si procede a la demolición por si mismo en los términos que disponga la Administración tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%), de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiere satisfecho.
A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la citada Ley 30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento de Tacoronte."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2005.- El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

References: Resolución 
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 202
 artículo 203
 artículo 179
 artículo 29
 artículo 16
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 182
 Resolución 
 Resolución