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Timestamp: 2019-09-23 08:58:24+00:00

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Acuerdo y Sentencia 673/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 673/10
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veintiocho del mes de Diciembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA PUCHETA DE CORREA y VICTOR MANUEL NUÑEZ, quien integra la Sala ante la vacancia dejada por el Doctor WILDO RIENZI GALEANO, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO ESTEBAN CHÁVEZ EN REPRESENTACIÓN DE ANASTACIO MIERES BURGOS, EN LA CAUSA ANASTACIO MIERES BURGOS Y OTROS S/ SECUESTRO Y OTROS". EXPTE. N° 799, FOLIO 255", a fin de resolver el recurso planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 69 del 13 de agosto de 2007, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal de Asunción, Tercera Sala.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia resolvió plantear las siguientes.
¿Es admisible el recurso extraordinario de casación presentado?
A los efectos de determinar el orden para la emisión de las opiniones, se realizó un sorteo que arrojó el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA PUCHETA DE CORREA y VICTOR MANUEL NUÑEZ.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO DIJO: recurrió en casación el abogado Esteban Chávez, por la defensa técnica del condenado ANASTASIO MIERES BURGOS, el cual por Sentencia Definitiva N° 417, del 01 de diciembre de 2006 del Tribunal Colegiado de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, María Luz Martínez y Víctor Medina, fue condenado a la pena privativa de libertad de veinte y cinco años, más la imposición de diez años de medida de seguridad, por la comisión de los hechos punibles de secuestro, privación de libertad, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal, de los que resultó víctima principal CECILIA CUBAS GUSINSKY. La sentencia fue apelada, pero por Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 13 de agosto de 2007, el Tribunal de Apelación en lo Criminal de Asunción, Tercera Sala, integrado por los jueces Natividad Meza, Agustín Lovera y José Waldir Servín, confirmó la decisión adoptada en torno al encausado.
En fecha 05 de septiembre de 2007, el abogado recurrente planteó recurso extraordinario de casación, según escrito que rola a foja 247 y sgtes. Como petición concreta, solicitó que por vía de la decisión directa, la Corte absuelva de culpa y pena al imputado, decretando su inmediata libertad. Su recurso fue motivado en los incisos Io y 3o del artículo 478 del Código Procesal Penal (CPP), que estipulan como motivos de la casación, una sentencia de condena a pena privativa de libertad mayor a diez años, donde se alegue inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; y, que dicha sentencia sea manifiestamente infundada.
Dentro del ámbito de admisibilidad, corresponde valorar las condiciones objetivas y subjetivas de impugnabilidad. En ese tren, el inciso Io del artículo 478 indica que procede el recurso "cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional". A su vez, el inciso 3o refiere que el recurso es procedente "cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados". Otro precepto a ser tenido en cuenta es el del artículo 477 del CPP, que india la deducción del recurso sólo "contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".-
En el caso traído a examen, el recurso fue interpuesto por la defensa técnica, contra un fallo que evidentemente pone fin al proceso al haber confirmado en alzada la condena impuesta en juicio. La impugnación fue presentada dentro del plazo de diez días. En cuanto a los motivos especificados por el recurrente, se observa que en cuanto al inciso Io, el abogado citó las supuestas normativas constitucionales, sin que haya abundado en el necesario análisis sobre cómo la supuesta vulneración altera dicho orden constitucional. Antes bien, se centró en la perspectiva de atacar la sentencia del juicio, cuando sabido es que el recurso de casación va dirigido contra el fallo del Tribunal de Alzada, desconociéndose en este aspecto, su parecer sobre cómo el órgano de apelación habría legitimado o no reparado un error de tal entidad. Por lo demás, en cuando a la supuesta falta de fundamentación del fallo, la exposición argumental tiende a ofrecer un panorama autosuficiente de sus agravios, en cuanto a ese ítem específico. Por consiguiente, corresponde disponer la admisibilidad del recurso únicamente en lo que hace relación al inciso 3o del artículo 478 del CPP, quedando desechado el primer inciso por insalvable deficiencia de orden formal. ES MI VOTO.
A SUS TURNOS, los Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA y VICTOR MANUEL NUÑEZ manifestaron su adhesión al voto precedente por sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO PROSIGUIÓ DICIENDO: el nudo argumental de la defensa se centra en los siguientes aspectos: a) la supuesta ilegalidad del testimonio del funcionario del Ministerio Público Alfredo Zárate; b) la violación del principio de congruencia; y c) la inconstitucionalidad del artículo 400 del CPP. Refiere el recurrente que el testimonio de Alfredo Zárate se hizo en violación del artículo 17 inciso 9 de la Constitución, y que el Tribunal de Apelación sólo confirmó las razones del Tribunal de Sentencia para avalar este punto, sin esbozar razones propias. Expuso que el trabajo del Ministerio Público debió vincularse al proceso por la vía de los hechos nuevos. En cuanto al principio de congruencia, argumentó que los hechos atribuidos a su representado en la acusación y el auto de elevación a juicio oral, no fueron los mismos que sustentaron la condena del Tribunal de Sentencia. Por último, señaló que el artículo 400 del CPP era inconstitucional, por habilitar a los tribunales la posibilidad de variar la calificación jurídica de la conducta de los enjuiciados.
Del recurso interpuesto, se corrió traslado por providencia de fecha 06 de febrero de 2009, a la querella adhesiva y a la Fiscalía General del Estado (foja 292). Por la Querella adhesiva, contestó la abogada Silvia Teme González Navero, en los términos de su escrito de fojas 305 y siguientes, solicitando que el recurso sea rechazado, disponiendo a su vez la Corte la confirmación del fallo atacado. En su exposición, señaló que la Defensa pretendía, indebidamente, un nuevo debate oral de la causa valiéndose de un análisis sesgado del fallo recurrido. Por el Ministerio Publico, contestó la Fiscal Adjunta, Soledad Machuca Vidal, a tenor de su Dictamen N° 928 del 26 de junio de 2009 (ver fojas 373 y sgtes). El Dictamen de referencia dio acabadas razones para rechazar el recurso, por su improcedencia. Explicó, en lo principal, que la prueba del Ministerio Público (testimonio del funcionario Alfredo Zárate) fue introducido por las vías legales correspondientes para su efecto, según la libertad probatoria que rige para el proceso, pues la información que el mismo mencionó ante el Tribunal de mérito no consistió en hechos nuevos. Refirió que el testigo no brindó ninguna circunstancia fáctica desconocida para las partes del proceso. Además, reforzó la idea en cuanto a que "su trabajo evidentemente - según se observa-, y lo sostuvo el Tribunal de alzada, fue graficar y reducir las comunicaciones que se encontraban plasmadas en los distintos registros de llamadas remitidos por la telefonía móvil y fija, las cuales siempre estuvieron a disposición de todas las partes. Bs más, con la utilización de esas documentaciones, los representantes de la defensa han podido llevar a cabo el contra examen al testigo en oportunidad de producirse su declaración en la audiencia del debate".
Como aspecto preliminar a aclarar, a partir de las posturas reproducidas, es que contrariamente a lo sustentado por el Recurrente, no existió por parte del Tribunal de Apelación tema o aspecto sobre el cual haya dejado de pronunciarse, dentro del ámbito de su competencia y en referencia al thema decidendum de la apelación, con lo cual lo único que queda por descartar es una mala aplicación del derecho.
Y dentro de esta tónica, surge el cuestionamiento al testimonio brindado por el funcionario de la Fiscalía Alfredo Zárate. Coincide el agravio con los vertidos por otros encausados, dentro de este mismo proceso, en sendos recursos de casación. En todos ellos, la postura de la Corte fue uniforme al señalar que la inclusión del referido informe no ha vulnerado disposición jurídica o constitucional, partiendo de la base de que tampoco la diligencia mencionada pudo haber consistido en hechos nuevos. Precisamente, lo que gráfico el informe fue el detalle del cruzamiento de las comunicaciones telefónicas entre los involucrados en los hechos punibles juzgados, sin que por ello se haya accedido por ejemplo, al contenido de tales comunicaciones, lo que sí es resguardado dentro de las áreas de inviolabilidad de las comunicaciones. Y para colectar informes de ese tipo, el Ministerio Público se halla facultado a ello según habilitación de los artículos 228 y 316 del CPP, sin necesidad de munirse de orden jurisdiccional previa. De todo ello dio respuesta satisfactoria el Tribunal de Apelación. Y como señaló la Fiscal Adjunta, en su momento los involucrados tuvieron posibilidad de realizar el control y el contra examen correspondientes, dentro del debate del juicio oral.
Con respecto a la supuesta vulneración del principio del congruencia, quedó asimismo suficientemente debatido, incluso con el parecer de esta Sala Penal, que dentro de esta causa cada uno de los encausados tuvo conocimiento, desde el principio, de los hechos atribuidos a sus personas: No debe perderse de vista en este aspecto la naturaleza o el modus operandi del grupo delictivo, dentro del cual, para la concreción del fin perseguido, se atentó diversos bienes jurídicamente protegidos, revelador a su vez de la existencia de una pluralidad de conductas y comportamientos típicamente relevantes. Como bien lo señaló la Fiscal Adjunta, "los casos de secuestro implican la existencia de una diversidad de actividades realizadas por cada uno de los componentes del grupo que tuvieron a su cargo la realización de dichos ilícitos; tales como ser: seguimiento de la víctima, alquiler de casas, vehículos, etc.".- Todas estas hipótesis y variables de la causa fueron tenidas en cuenta, y debidamente acreditadas y constatadas, por los órganos jurisdiccionales, sin que se haya conculcado algún precepto jurídico que tenga que ver con el ejercicio de la defensa en juicio. Los hechos por los que se procesó a Anastasio Mieres son los mismos que sustentaron su condena. Más que similitud en las calificaciones jurídicas, lo penalmente relevante es la congruencia o identidad de hechos. En lo que tiene que ver a la supuesta inconstitucionalidad del artículo 400 del CPP, discusión de este tenor debe intentarse por la vía y los medios correspondientes. Corresponde en consecuencia, rechazar el recurso, por su notoria improcedencia, con costas a la parte vencida, de conformidad al artículo 261 del CPP. ES MI VOTO.
A SUS TURNOS, LOS DOCTORES ALICIA PUCHETA DE CORREA y VICTOR MANUEL NUÑEZ, manifestaron su adhesión al voto precedente por sus mismos fundamentos:
Con Lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. El todo ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
SENTENCIA N°: 673/10.-
Asunción, 28 de Diciembre de 2010.-
DECLARAR ADMISIBLE, para su estudio y resolución, al recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Esteban Chávez, en representación de ANASTACIO MIERES BURGOS, en la causa "ANASTASIO MIERES BURGOS y otros s/ SECUESTRO y otros".-
NO HACER LUGAR, por improcedente, al recurso extraordinario de casación interpuesto por la Defensa técnica de ANASTACIO MIERES; y en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 13 de agosto de 2007, del Tribunal de Apelación en lo Penal, de la Tercera Sala, de Asunción.
IMPONER, las costas a la perdidosa.
Víctor Manuel Núñez.
Karinna Penoni de Bellassai.

References: artículo 478
 artículo 478
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 400
 artículo 17
 artículo 400
 artículo 400
 artículo 261