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Timestamp: 2019-07-20 02:52:58+00:00

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Sentencia de Tutela nº 388/15 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580644394
ACCESO A LA SEGUNDA INSTANCIA. ARTICULO 27 DE LA LEY ESTATUTARIA DE JUSTICIA. Se presenta la acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, para solicitar que se ampare el derecho fundamentales al debido proceso y la garantía a la doble instancia los cuales se consideran vulnerados por la entidad, en cuanto dispuso no conceder el recurso de apelación formulado contra la decisión que calificó el mérito de la investigación adelantada en contra del actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se recuerdan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los mismos en el caso concreto. Igualmente, se analiza el tema del estatus jurídico de la segunda instancia, sus limitaciones y la regulación del acceso contemplada en el artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia. Por último, se hace una referencia sucinta sobre la potestad del delegado. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo solicitado, por considerar que el proceso penal seguido en contra del accionante no había concluido y que se encontraba en etapa de instrucción. Así mismo, porque el mecanismo de tutela no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales, por lo que se deben agotar los instrumentos de defensa establecidos
La S. Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados G.E.M.M., G.S.O.D. y J.I.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
En la revisión del fallo de tutela, proferido el 5 de septiembre de 2012, por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo impetrado en la acción de tutela promovida por B.M.V., mediante apoderado, contra la F.ía General de la Nación.
El ciudadano B.M.V., a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la F.ía General de la Nación, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, los cuales, según afirma, son vulnerados por aquella entidad, en cuanto dispuso no conceder el recurso de apelación formulado contra la decisión que calificó el mérito de la investigación que se le sigue por el delito de cohecho por dar u ofrecer, proferida por el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia.
B.M.V. presentó, el 25 de julio de 2012, acción de tutela en contra de la F.ía General de la Nación, en búsqueda de la protección efectiva de su derecho al debido proceso, particularmente, por el derecho a tener doble instancia penal, de conformidad con los siguientes hechos:
· La F.ía General de la Nación inició investigación penal en su contra como presunto responsable del delito de Cohecho por Dar u Ofrecer, en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
· En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Acto Legislativo 06 de 2011[1], la F. General de la Nación delegó su investigación a la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia.
· El 6 de marzo de 2012, la citada autoridad delegada profirió resolución de acusación frente a otros sindicados, pero, en el caso del señor M.V., considerando que su conducta no se adecuaba a los supuestos típicos del punible mencionado, declaró la nulidad parcial de lo actuado al estimar que la conducta podría enmarcarse en el tipo penal de tráfico de influencias, delito que no fue imputado en el curso de la diligencia de su indagatoria, siendo procedente reiniciar la instrucción y, ampliar la indagatoria respecto del investigado.
· El 16 de marzo de 2012, el apoderado del afectado, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, por considerar que la normatividad aplicable a su defendido era la contenida en la Ley 906 de 2004 y, no como lo consideró el F., para quien lo aplicable era lo dispuesto en la Ley 600 de 2000. Igualmente cuestionó la nulidad oficiosamente declarada, pues, en su lugar, se imponía la resolución de preclusión de la investigación.
· El recurso fue resuelto mediante resolución del 2 de mayo de 2012, en la cual, el F. Sexto D.egado, confirmó, en todas sus partes, la resolución impugnada y, negó la concesión del recurso de apelación, por considerarlo improcedente, dado que en materia de delegación los actos del delegatario están sometidos al mismo régimen del delegante conforme con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y, si la providencia hubiese sido proferida por el F. General de la Nación, al tratarse de una actuación de única instancia, solo tendría lugar el recurso de reposición.
· El actor presentó el recurso de queja contra esa decisión, el cual fue resuelto negativamente el 14 de mayo de 2012 por el F. General de la Nación, quien reiteró los argumentos del F. Sexto D.egado respecto del asunto.
El señor B.M.V., mediante apoderado, pretende que le sea protegido su derecho fundamental al debido proceso y, se le ampare la garantía a la doble instancia, para que como consecuencia de ello, (i) se dejen sin efectos las decisiones del 2 y del 14 de mayo de 2012, proferidas por la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia y la F.ía General de la Nación y, respectivamente; y (ii) se ordene a la autoridad accionada que conceda el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente contra la resolución del 6 de marzo de 2012 (radicado 11897-6).
Previa exposición de los antecedentes, sustentó su petición en que se han configurado las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistentes en la violación directa de la Constitución y el defecto procedimental absoluto, por desconocerse la garantía de la doble instancia en las actuaciones jurisdiccionales adelantadas por la F.ía General de la Nación. Estima que acorde con el artículo 31 de la Carta, “(…) toda providencia judicial en materia penal podrá ser apelada (…)”, salvo las excepciones legales. Cita en su favor algunos apartes de lo que considera la doctrina nacional más respetada.
Manifestó que el F. General de la Nación “ignoró flagrantemente una disposición que hace parte del bloque de constitucionalidad; a saber: el artículo 27 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de Justicia (…)”, precepto que garantiza la doble instancia contra las providencias interlocutorias proferidas por el F.D.. Recordó que este mandato hace parte del bloque de constitucionalidad según la sentencia C-740 de 2003, norma que (…) amplió el alcance del derecho a la doble instancia previsto en el artículo 29 Superior. En consecuencia, afirmó que toda resolución interlocutoria adoptada por un fiscal delegado puede ser objeto del recurso de apelación.
Adicionalmente, explica que no concurren estas circunstancias, toda vez que se echa de menos la norma de rango legal o constitucional que limite la garantía de doble instancia durante la etapa de investigación de los aforados a los que hace referencia el artículo 235 Constitucional, conforme a la modificación introducida por el acto legislativo 06 de 2011; es decir, no existe disposición que establezca que la investigación de aforados debe adelantarse en única instancia, para los casos en que el ejercicio de la acción penal ha sido delegado por el F. General de la Nación a un funcionario de inferior jerarquía. Advierte que cuando es el F. General quien decide, resulta imposible la alzada, pero, en el caso de F.D., resulta factible la impugnación ante el Despacho del F. General de la Nación.
· Resolución del 6 de marzo de 2012, proferida por la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia (folios 16 al 154).
· Resolución del 2 de mayo de 2012, proferida por la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia (folios 175 al 252).
· Resolución del 14 de mayo de 2012, proferida por la F.ía General de la Nación (folios 266 al 269).
Mediante auto del 27 de agosto de 2012, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y corrió traslado a las autoridades accionadas para que se pronunciaran acerca de los supuestos de hecho que motivaron la solicitud de amparo.
4.1. F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia
Mediante oficio del 29 de agosto de 2012[2], el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que en el caso concreto, no procedía el recurso de apelación incoado por el defensor del doctor B.M.V. contra la resolución de marzo 6 de 2012, por tratarse de un proceso de única instancia contra un aforado constitucional, susceptible únicamente del recurso de reposición contra las decisiones que allí se adopten ya sea por el F. General o por el F. ante la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de la delegación a él conferida.
Aportó como prueba documental: Resoluciones del 6 de marzo y del 2 de mayo de 2012, proferidas por la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia y Resolución del 14 de mayo de 2012, proferida por la F.ía General de la Nación (en 226 folios, cuaderno aparte).
4.2. F.ía General de la Nación
Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2012, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por considerar que el proceso penal no ha concluido y se encuentra en etapa de instrucción, que el mecanismo de tutela no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales y, por ende, se deben agotar los instrumentos de defensa establecidos. Al respecto, el cuerpo colegiado explicó:
Esta S. de Revisión concluyó que era necesario recaudar algunas pruebas, con el fin de esclarecer los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela de la referencia y allegar al proceso elementos de juicio relevantes para adoptar la decisión que corresponde.
PRIMERO.- A través de la Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR a la F.ía General de la Nación, para que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación de este Auto, le informe a la S. Cuarta de Revisión, lo siguiente:
· Relación de las actuaciones y estado actual de la investigación, con Radicado #UI 11897-6 (035), contra B.M.V., a cargo del F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia.
· Estado actual de otras investigaciones en curso contra B.M.V., si las hubiere.
· Oficio No. 16000-043-01-2302 del 22 de marzo de 2013, firmado por el F. Sexto D.egada ante la Corte Suprema de Justicia (envío por fax, a folios 11 al 18 y, su original, obra a folios 23 y 28 del cuaderno principal) en el que informó sobre las actuaciones adelantadas contra B.M.V., en el radicado 11897-6, actualmente proceso número 13403, y allegó copia de las mismas (constan en 929 folios, en siete (7) cuadernos de pruebas ) que sucintamente se reseñan así:
- 23 de febrero de 2005: auto inhibitorio proferido por la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra Y.M.P..
- 10 de abril de 2008: la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia revoca el auto inhibitorio y reanuda la investigación en contra de Y.M.P..
- 29 abril 2008: Director Nacional de F.ías remite al Jefe de la Unidad de F.ía D.egada ante la Corte Suprema de Justicia información sobre los hechos denunciados por Y.M.P..
- 8 de mayo de 2008: la Corte Suprema de Justicia, al resolver la situación jurídica de Y.M.P., ordenó remitir copia de lo actuado dentro del proceso contra la exparlamentaria para que se investigara la comisión de posibles conductas delictivas.
- 9 de mayo de 2008: el F. General de la Nación se declaró impedido para avocar conocimiento de la diligencias, impedimento aceptado por la Corte Suprema de Justicia, asignándosele el conocimiento al V. General de la Nación, respecto de S.P. De la Vega, únicamente.
- 1º de julio de 2008: advirtiendo lo anterior, el F. General de la Nación reiteró su impedimento para avocar conocimiento de las diligencias, respecto de D.P.B., A.V.E. y B.M.V..
- 23 de junio de 2008: V. General de la Nación profirió resolución de apertura de instrucción y se ordena escuchar en indagatoria a S.P. De la Vega (practicada junio 24 de 2008 y ampliada octubre 16 de 2008).
- 19 de agosto de 2008: V. General de la Nación profirió resolución de apertura de instrucción respecto de D.P.B., A.V.E. y B.M.V..
- 3 de septiembre de 2008: D.P.B. es escuchado en diligencia de indagatoria, ampliada el 8 de septiembre de 2008.
- 11 de septiembre de 2008: A.V.E. y B.M.V. son escuchados en diligencia de indagatoria.
- 18 de junio de 2009: se dispuso el cierre parcial de investigación respecto de S.P. De la Vega. Ministerio Público interpuso recurso de reposición, posteriormente, desistió de su trámite.
- 8 de noviembre de 2010: se dispuso el cierre de instrucción respecto de D.P.B., A.V.E. y B.M.V.. Resolución impugnada y confirmada el 7 de enero de 2011.
- 23 de agosto de 2011: la F. General de la Nación, por falta de competencia del funcionario que la emitió, declaró la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la resolución del 8 de noviembre de 2010, por la cual se dispuso el cierre de instrucción respecto de D.P.B., A.V.E. y B.M.V..
- 31 de agosto de 2011: Encontrándose en firme la anterior resolución, B.M.V. solicitó la nulidad de las resoluciones del 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2010, por las cuales el V. General de la Nación negó la práctica de unas pruebas y decidió no reponer dicha determinación, en atención a la falta de competencia del funcionario judicial quien las adoptó.
- 12 de septiembre de 2011: F. General de la Nación niega la solicitud de nulidad y decreta el cierre de investigación respecto de B.M.V.. Decisión impugnada y confirmada el 23 de noviembre de 2011.
- Resolución 0203 del 7 de febrero de 2012: F. General de la Nación delegó en el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia las funciones de investigación y acusación del proceso 11897, entre otros.
- 6 de marzo de 2012: F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad parcial de lo actuado a partir, inclusive, de la resolución del 12 de septiembre de 2011, por la cual se decretó el cierre de investigación respecto de B.M.V.. Dispuso la ruptura de la unidad procesal y compulsa copias para continuar la actuación en lo relacionado con B.M.V..
- 2 de mayo de 2012: el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó la decisión y no concedió el recurso de apelación, interpuesto por D.P.B. y B.M.V..
- 10 de mayo de 2012, el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia, niega por improcedente el recurso de reposición interpuesto por A.V.E. contra la resolución del 2 de mayo de 2012.
- 14 de mayo de 2012: El F. General de la Nación, resuelve el recurso de queja interpuesto por B.M.V. y decide no conceder la apelación interpuesta.
- 22 de junio de 2012: el F. General de la Nación (e) delegó en el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia las funciones de investigación y acusación del proceso 13403, entre otros, correspondiente a la investigación contra B.M.V..
- 25 junio de 2012: el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de las diligencias y ordenó ampliar la diligencia de indagatoria de B.M.V., la cual se realizó el 31 de agosto de 2012, por el delito de tráfico de influencias.
- 26 de febrero de 2013: el F. General de la Nación reasignó a la F.ía Octava D.egada ante la Corte Suprema de Justicia las funciones de investigación y acusación del proceso 13403, entre otros, correspondiente a la investigación contra B.M.V..
Asimismo, el fiscal delegado manifiesta que al momento del envío de esta documentación, el expediente se encontraba en proceso de entrega de la F.ía Sexta a la F.ía Octava.
· Oficio No. 16000-043-01-2491 del 21 de marzo de 2013, suscrito por la secretaria administrativa de la F.ía General de la Nación (a folios 19 y 20 del cuaderno principal) en el que informó el resultado de la consulta realizada en los sistemas misionales SIJUF y SPOA, en los siguientes términos:
1. Radicado 11897, sindicado S.P. DE LA VEGA y otros, el cual se encuentra inactivo por haber quedado ejecutoriada la resolución de acusación el 24 de mayo de 2012 y remitido a la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia con Oficio 4706 de mayo 29 de 2012.
2. Radicado 13403, sindicado B.M.V. que se originó de la ruptura procesal del radicado 11897, actualmente al despacho de la F.ía 8 D.egada ante la Corte Suprema de Justicia.
3. C 110016000102200900122 de la F.ía 2 D.egada ante la Corte Suprema de Justicia, actualmente en juicio en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
A folios 82 y 83 del Cuaderno de Pruebas, obra copia de la resolución 0203 de febrero 7 de 2012, por medio de la cual, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución, modificado por el artículo 3 del acto legislativo 6 de 2011, la F. General de la Nación delega en el F. 6º de la Unidad de F.ía D.egada ante la Corte Suprema de Justicia, la investigación y acusación de los hechos materia de varias diligencias, entre ellas, las radicadas con el número 11897, relacionadas con el asunto de esta actuación de tutela. Igualmente, en cuaderno separado (que consta de 226 folios) reposa copia de otras actuaciones ya descritas en estos antecedentes.
PRIMERO.- A través de la Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR a la F.ía General de la Nación, para que, en el término de dos (2) días contados a partir de la comunicación de este auto, le informe a la S. Cuarta de Revisión sobre el estado actual de la investigación identificada con el número 13403, contra B.M.V..
El 25 de junio de 2015, la Secretaría General de esta corporación informó al despacho del magistrado ponente que recibió el Oficio No. 4445 del 23 de junio de 2015, firmado por la F. Octava D.egada ante la Corte Suprema de Justicia, en el que informó lo siguiente:
1. La investigación radicada bajo el número 13403, seguida en contra del ciudadano B.M.V., se tramita bajo el sistema procesal de la Ley 600 de 2000, a cargo de la F.ía Octava D.egada ante la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, remitió copia de las actuaciones registradas en el sistema de información SIJUF de la F.ía General de la Nación, así como del informe secretarial del paso al despacho para calificar.
El 19 de febrero de 2014, la Secretaría General de esta Corporación informó al Despacho del magistrado ponente que recibió memorial del apoderado de B.M.V., en el cual expuso los que a su juicio son los elementos más relevantes, del amparo solicitado. En síntesis, dijo el memorialista:
· Antes de la expedición del acto legislativo 06 de 2011, quienes ostentaban la calidad de aforados constitucionales, solo podían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del F. General de la Nación, únicamente, por ende, era inviable la apelación.
· En consecuencia, cuando el F. General delega la investigación de un aforado constitucional, (…) desaparecen las razones por la cuales anteriormente no le era dado a los aforados constitucionales apelar las providencias interlocutorias (…); por dos razones: (i) existencia de un funcionario de superior jerarquía (F. General) y (ii) desaparece el fundamento constitucional que permitía establecer la excepción de doble instancia, pues el aforado ya no está siendo investigado por el funcionario de mayor jerarquía.
· En el caso concreto, pese a que la investigación del actor estaba siendo surtida por la F.ía Sexta D.egada ante la Corte Suprema de Justicia (por delegación de la F.ía General de la Nación), el recurso de apelación fue inadmitido y desestimado, vulnerado así su derecho fundamental al debido proceso penal (garantía de doble instancia penal). Para el apoderado de M.V., no existe norma que establezca que los procesos de los aforados son de única instancia y, con ello se está generando una excepción discriminatoria.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta S., para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto del 24 de octubre de 2012, proferido por la S. de Selección Nº 10.
Corresponde en esta ocasión, a la S. Cuarta de Revisión, establecer si razón le asiste a la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando mediante sentencia del 5 de septiembre de 2012, negó el amparo contra la resolución de mayo 14 de 2012, proferida por el F. General de la Nación. Decisión esta última, a través de la cual se denegó la concesión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor B.M.V. contra la resolución de marzo 6 de 2012, solicitud que había sido resuelta desfavorablemente por el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia por resolución de mayo 2 de 2012; vulnerándose con ello, en el sentir del solicitante, el derecho fundamental al debido proceso del sindicado al no concederle el derecho a acceder a la segunda instancia, establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, implicando de contera la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 e, incurriendo la decisión cuestionada, tanto en un defecto procedimental absoluto, como en una violación directa de la Constitución.
Con miras a resolver el problema jurídico, la S. de Revisión recordará los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, verificará su cumplimiento en el caso concreto. Seguidamente se aludirá a los requisitos especiales cuyo cumplimiento obliga al amparo deprecado. Para verificar si estos últimos tienen lugar, la S., (i) considerará el estatus jurídico de la segunda instancia y algunas de sus limitaciones (ii) la regulación del acceso a la segunda instancia en el artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia y, (iii) se referirá, de manera sucinta, a la potestad del delegado; para finalmente dilucidar el problema jurídico en el caso concreto.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa, al que puede acudir cualquier persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados. En esta oportunidad, el señor B.M.V. actuó en defensa de sus derechos, a través de apoderado, razón por la que se encuentra legitimado. La F.ía General de la Nación se encuentra legitimada como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita.
Con todo, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido el carácter excepcional y restrictivo de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones con carácter judicial, naturaleza atribuible a la aquí cuestionada en la medida en que orgánicamente la F.ía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial (Art. 249 -inc.3º- constitucional) pues, con ello se comprometen los principios constitucionales de los que se desprenden, el respeto por la cosa juzgada, la preservación de la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía judicial, y el sometimiento de los conflictos a las competencias ordinarias de estos[3].
Es por ello que ya en una decantada jurisprudencia construida desde la sentencia C- 543 de 1992, se han sentado las premisas que permiten examinar en cada caso concreto[7] la viabilidad del amparo frente a providencias, criterios que han de tener en cuenta los operadores jurídicos cuando se acuda a ellos en busca de protección frente a decisiones judiciales que en el sentir del respectivo afectado, resulten lesivas de sus derechos fundamentales. Así pues, resultado de una labor de sistematización sobre la materia, en las sentencias SU-813 de 2007[8] y SU-811 de 2009[9], la S. Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados en la sentencia C-590 de 2005[10], distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
La Relevancia constitucional del asunto bajo examen
Para la S. de Revisión, el ataque dirigido contra el pronunciamiento de la F.ía General de la Nación que denegó el recurso de apelación contra la resolución del 6 de marzo de 2012, implica la denegación de un derecho constitucional que prime facie tiene la connotación de derecho fundamental. Adicionalmente, la presunta afectación de un derecho con tal estatus, comporta una posible transgresión tanto del carácter normativo de la Carta (artículo 4), como de la exigencia de realización efectiva de los derechos (artículo 2) y de la primacía de los derechos inalienables (artículo 5). Por ende, está plenamente acreditada la relevancia constitucional del asunto objeto de revisión.
Por lo que atañe a las vías procesales con las que cuenta el afectado para lograr la concesión de un recurso que le permita acceder a la segunda instancia, para que se revise por el Superior J. delF.S.D., lo resuelto en la providencia de marzo 6 de 2012 y, se modifique lo decidido en la resolución de mayo 2 de la misma anualidad, encuentra la S. de Revisión que a través de su apoderado, se solicitó tramitar al recurso de apelación, pedimento que no tuvo éxito frente al citado F.D.. En esa situación, se acudió en recurso de queja ante el Despacho del F. General de la Nación, resultando igualmente infructuosa la gestión.
Así pues, se observa que el afectado agotó las posibilidades existentes para lograr el otorgamiento de una instancia superior al F.S.D., con miras a inspeccionar nuevamente los pedimentos elevados ante el citado funcionario investigador. En respuesta a sus requerimientos, se le manifestó que dada su condición de aforado y, por tratarse de un proceso de única instancia, no tenía cabida la pretendida apelación.
En esa medida, valora esta S., se cumple la exigencia de agotamiento de los mecanismos ordinarios, encaminados a proteger lo que el sindicado estima como su derecho fundamental a obtener en el caso concreto, un medio de impugnación ante una segunda instancia.
Por lo que concierne a la inmediatez, se advierte que la demanda de tutela fue presentada el 24 de julio de 2012, para cuestionar una decisión que fue proferida el 14 de mayo de 2012. Teniendo en cuenta que debieron surtirse las notificaciones, pues sin tales actos la decisión cuestionada no habría surtido efectos, observa la S. que los dos meses y 10 diez días transcurridos desde la expedición de la providencia y el requerimiento de protección, resultan razonables, con lo cual, entiende la S. se cumple el requisito en estimación .
En cuanto al efecto que la posible falencia procesal denunciada, pudiera tener en el proveído atacado, entiende la S. de Revisión que la imposibilidad de acceder a una segunda instancia, tiene como consecuencia la firmeza del acto cuestionado, lo que impide al afectado buscar la modificación de aquello que halló como inaceptable o desfavorable, en la resolución del F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia. En suma, se trata de la imposibilidad de contar con la oportunidad de discutir la decisión tomada.
Para la S., esta exigencia se encuentra plenamente atendida dado que tal como se describió en los antecedentes y, en el apartado que reseña la demanda de tutela, está suficientemente claro que la resolución emanada del Despacho del F. General de la Nación, por medio de la cual se negó la apelación de la decisión proferida por el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de marzo de 2012, en el sentir del afectado, resulta violatoria de su derecho al debido proceso y más específicamente del acceso a una segunda instancia.
Tal como se colige de todo lo dicho, no se trata de un requerimiento de protección contra un pronunciamiento de tutela, sino de una solicitud de amparo frente a una decisión proferida por el F. General de la Nación.
Por lo que tiene que ver con los requisitos especiales de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, esta S. rememorando la jurisprudencia sobre el tema, in extenso los ha citado, así[11]:
Precisado lo anterior, corresponde a la S. Cuarta de Revisión determinar si se ha configurado alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, previamente la S. Cuarta de Revisión caracterizará brevemente y, de acuerdo con las acusaciones elevadas por el apoderado del peticionario, el defecto procedimental absoluto y la violación directa de la Constitución.
Con fundamento en lo expuesto, la S. de Revisión procederá al análisis del caso concreto, previa consideración de algunos supuestos ya anunciados y necesarios para tal cometido.
ARTICULO 27. DOBLE INSTANCIA. Se garantiza la doble instancia en las actuaciones jurisdiccionales que adelante la F.ía General de la Nación. En tal virtud, contra las providencias interlocutorias que profiera el fiscal delegado que dirija la investigación proceden los recursos de apelación y de hecho.
Cuando esté pendiente el trámite y resolución de un recurso de reposición o de apelación, el F. General de la Nación no podrá asumir directamente la investigación mientras se resuelva el recurso, sin perjuicio de que pueda designar otro fiscal de primera instancia que continúe la investigación.
En otras ocasiones y por expreso mandato constitucional el principio de la doble instancia ha cedido frente a otros preceptos de rango constitucional, tal aconteció en la sentencia C- 411 de 1997, cuando al ser cuestionada la expresión única instancia, contenida en las competencias de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Constitucional, se decantó por la exequibilidad del enunciado legal respectivo y dijo:
La estimación de la doble instancia como principio también encuentra expresiones doctrinales, así por ejemplo, H.D.E. lo menciona como principio de las dos instancias y lo deduce de los principios de impugnación y contradicción, en virtud de los cuales, (…) la doctrina y la legislación universales han establecido la organización jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que todo proceso, como regla general, sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los interesados lo requieren oportunamente (…)[34]
El entendimiento de la doble instancia como garantía también ha encontrado eco en esta Corporación, así por ejemplo, en la sentencia C-792 de 2014, al analizarse el derecho a la impugnación, la mayoría de la S., trazó la siguiente diferencia respecto de la segunda instancia:
El entendimiento de la segunda instancia como garantía parece asimilarse a una suerte de mecanismo de protección de otros derechos, suele ser una compresión usual, la cual, se evidencia cuando se desestiman los reclamos a acceder a una segunda instancia por considerar que no se están quebrantando otros derechos como el debido proceso o, el acceso a la administración de justicia. Una muestra de este entendimiento se observa en la sentencia C-863 de 2008, en la cual se juzgaba la constitucionalidad de un enunciado legal que atribuye a los jueces civiles municipales en única instancia, el conocimiento de un tipo de controversias en materia de derechos de autor; en esa oportunidad justificando la exequibilidad, dijo la S.:
Si bien la tajante distinción entre el derecho a la impugnación y la doble instancia, intentada en el obiter dicta[39] de la sentencia C-792 de 2014, citado párrafos atrás, podría ser revisada más minuciosamente, en esta ocasión, la S. de Revisión se contrae a poner de presente que se trata de otra lectura de la doble instancia, la cual, será retomada en algún sentido, posteriormente. Por lo pronto, cabe anotar que tal apreciación entendería algunas disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como fundamento del derecho a la impugnación y no de la garantía de la doble instancia. Entre dichos preceptos se destacan el numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual a tenor literal reza:
D. mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que al consagrar las garantías judiciales en el artículo 8, se dispuso en el literal h) del numeral 2 lo siguiente:
Con todo, no podría la S. de Revisión olvidar la connotación que como derecho también se le ha atribuido a la segunda instancia. En dicha perspectiva, puede ubicarse lo considerado en la sentencia C- 254A de 2012, en la cual el Pleno de la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 1 Ley 144 de 1994, que le asigna en única instancia la competencia en materia de pérdida de investidura al Consejo de Estado. En la referida providencia, la Corte se decantó por la exequibilidad del precepto, fundándose, en una conclusión obtenida de la línea jurisprudencial sobre el tema y cuyo tenor fue el siguiente:
(…) el accionante formula el cargo de inconstitucionalidad con sustento en la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, por cuanto estima que la falta de precisión legal acerca de quién deberá conocer de la apelación de la providencia inhibitoria que dicten los fiscales delegados ante la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha permitido que esos funcionarios, por carecer de superior jerárquico, sólo admitan el recurso de reposición ante el fiscal ponente que profirió dicha resolución, desconociendo la voluntad misma del legislador de que exista una doble instancia para tal providencia.(…)
(…) Con base en lo anterior, debe concluirse que no configura un desconocimiento del ordenamiento constitucional, en lo que toca con los derechos al debido proceso y defensa, que las resoluciones inhibitorias proferidas por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad de investigar, calificar y acusar a algunos servidores públicos con fuero legal[42], cuyo juzgamiento corresponda a esa alta Corporación en única instancia, sean susceptibles, exclusivamente, del recurso de reposición, como igualmente, lo señalaron en sus intervenciones tanto el F. General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Viceprocurador General de la Nación.
Se insiste en que, la imposibilidad de que exista impugnación respecto de la resolución inhibitoria dictada por esos funcionarios en procesos de única instancia, en el entendido de que se trata de una decisión interlocutoria, radica en el hecho de que no cuentan con un superior jerárquico que las revise, pues “la función que cumplen los fiscales delegados ante la Corte son las propias que le asigna la Constitución Política al F. General (art. 251), sólo que las desarrollan en su nombre y por delegación”[43].
Así pues, ninguna duda cabe del eventual carácter de derecho fundamental que revela la segunda instancia. Pero, en tratándose de procesos de única instancia, no cabe predicar tal tipo de derecho y, acorde con la jurisprudencia inmediatamente referida, nada hay de irregular cuando en las actuaciones de la F.ía, en los citados procesos de única instancia, cuenta el afectado únicamente con el recurso de reposición.
Podría adelantarse también como conclusión parcial que las diversas posiciones que se le asignan en el ordenamiento jurídico a la doble instancia, derivan de una distinta perspectiva, bien, tanto del constituyente, como del legislador, como del juez. En este sentido, resulta ilustrativa la explicación del tratadista J.M., quien al aludir a los problemas que implica la inclusión o exclusión de la doble instancia en los textos constitucionales, ha precisado que se advierten dos puntos de vista, uno, desde la perspectiva del justiciable, según el cual, se trata de la concesión de un recurso procesal que ampara la persona y, así ha sido entendido por los instrumentos internacionales[44]. Encuentra la S. de Revisión que en esta medida, la segunda instancia fungiría bien como derecho, en cabeza del condenado o, más genéricamente del inconforme con una decisión, o bien como una garantía del derecho de defensa y del derecho al debido proceso.
Desde la óptica de la administración de justicia, la segunda instancia es una posibilidad de lograr (…) una buena administración de justicia, ya que no mira, fundamentalmente, al interés de los justiciables, sino que se refiere a la organización del Estado, de su labor judicial, para obtener decisiones más favorables (…)[45]. Encuentra la S. de Revisión que esta decisión político constitucional, como la denomina el doctrinante referido, concibe la segunda instancia, como una garantía en pro de la administración de justicia.
Por su parte, la estimación como garantía de un correcto funcionamiento de la administración de justicia se soporta en elecciones de tipo legislativo, es así como por ejemplo, el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, al fijar las competencias de la S. de Casación Penal establece:
Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
Para la S. Cuarta de Revisión, son, en el caso concreto, la finalidad para la que haya sido establecida y, la función que desempeñe, las que permiten definir el estatus jurídico de la segunda instancia. Resulta suficientemente claro que la doble instancia puede operar como principio, garantía o derecho. No queda ninguna duda de su condición de derecho, pues, cuando el ordenamiento jurídico le confiere a una persona la potestad o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una providencia judicial, ante el superior jerárquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder. Tampoco puede desconocerse que la doble instancia puede salvaguardar bienes más caros al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la credibilidad y confianza de la administración de justicia, con lo cual, se pone de manifiesto su papel de garantía. Finalmente, su calidad de principio que orienta la lectura las disposiciones procesales y, en particular las disposiciones de orden sancionatorio, ha sido consolidada por la doctrina y la jurisprudencia.
Cabría concluir en este punto que las diversas posiciones de la doble instancia devienen complementarias. En favor de esta valoración, resultan paradigmáticas las palabras del profesor R.L. cuando se refería a un asunto similar, en relación con otro derecho en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (…) La coexistencia de un derecho individual de la libertad y una garantía institucional se produce porque el uso de ese derecho, además de satisfacer un interés individual, sirve de instrumento para la satisfacción de una necesidad colectiva (…)[46].
Establecida la posibilidad de comprender la doble instancia como derecho, procede la S. a recordar algunas de las limitaciones que bien el constituyente o, el legislador, han establecido respecto de tal prerrogativa. La premisa sobre la cual se edifica la presencia de restricciones a la posibilidad de acceder a la segunda instancia, es que al igual que otros derechos, aquel no es absoluto. No son pocos los pronunciamientos de esta Corporación, en los cuales, se ha advertido esta situación; así por ejemplo, el aparte transcrito de la sentencia C-411 de 1997 lo señala expresamente. De igual modo la sentencia C-040 de 2002 sentó:
Con todo, la S. ha estimado que las restricciones que comporta el fuero, entre las cuales, está la imposibilidad de acceder a una segunda instancia; encuentra su compensación en situaciones favorables al correspondiente investigado. Respecto de tales aspectos positivos, inicialmente sentó la jurisprudencia:
En sede de unificación, la Corte Constitucional ha destacado como bondad adicional de la condición de aforado, la autonomía e independencia que en mayor grado, se pueden predicar de los altos juzgadores de quien no cuenta con acceso a la segunda instancia. Ha explicado la S. Plena:
De otra parte, el acceso a la segunda instancia, no implica per se todos los beneficios que para el investigado, en principio, se puedan predicar de aquella. J.M. quien ha sido particularmente crítico con el principio de la doble conforme, pone en evidencia que en no pocas ocasiones la segunda instancia no está concebida únicamente en favor del derecho de defensa del justiciable[53], tal acontece cuando ésta se instituye como garantía del correcto funcionamiento de la administración de justicia y, la segunda instancia puede ser activada por otros sujetos como las víctimas o el Ministerio Público, con lo cual, puede precisamente afectar al justiciable. En Colombia, esta situación tiene lugar dada la posibilidad de apelar que tienen las víctimas[54], el Ministerio Público[55] o la F.ía[56]. Ciertamente, la posibilidad de recurrir en los casos inmediatamente referidos, implica beneficios, pues, se favorecen los derechos de las víctimas y, se contempla una medida en guarda del interés general, en defensa del ordenamiento jurídico y, encaminada también a una correcta administración de justicia.
Podrían aducirse otras razones que pusiesen en tela de juicio el uso de la doble conforme, así por ejemplo, el citado M. recrea algunos reparos formulados contra aquella, cabría pensar si es un prejuicio asumir la mayor idoneidad de quienes configuran el Tribunal Superior que surte la segunda instancia, igualmente, cabría observar si el juzgador de segunda instancia conserva las mismas posibilidades de acierto o desacierto del primer fallador, teniendo en cuenta que se halla a una mayor distancia temporal de los elementos probatorios que estuvieron más próximos al decisor de primera[57].
i. En ese contexto, el Pleno de la Corte ha considerado que nada hay de irregular cuando en las actuaciones de la F.ía, en los referidos procesos de única instancia, cuenta el afectado únicamente con el recurso de reposición.
Agotado el objeto de este apartado y atendiendo el plan propuesto, procede la S. Cuarta de Revisión a considerar la situación de la segunda instancia en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En cuanto a la pertenencia de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al bloque de constitucionalidad en sentido lato, resulta oportuno precisar que tal adscripción es circunstancial. Así por ejemplo, en la sentencia C-400 de 2013, esta Corporación al estudiar la constitucionalidad de un precepto de la ley 1437 de 2011 que rige el medio de control de la nulidad por inconstitucionalidad, estimó que tal regulación no podía ser limitada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Expuso la S. en el asunto citado:
Una sentencia de particular interés en este caso, dado que en ella funda en mucho su pretensión el apoderado del señor M.V., es la sentencia C- 740 de 2003. Respecto de esta providencia se manifestó en el escrito de tutela y, aludiendo específicamente al artículo 27 (…) el suscrito afirma categóricamente que la disposición señalada hace parte del bloque de constitucionalidad y, por ende, integra la Carta como parámetro de control de constitucionalidad de las leyes y, con mayor razón, de las providencias judiciales, por la potísima razón que así lo reconoció expresamente la H. Corte Constitucional en sentencia C- 740 de 2003 (Negrillas del apoderado). Ciertamente, en la referida providencia se tuvo en cuenta el citado artículo 27 al estudiar la constitucionalidad del artículo 14 de la ley 793 de 2002, en uno de cuyos apartes se preceptuaba “Ninguna decisión adoptada por el fiscal es susceptible de recursos”, respecto de ese punto, se dijo en el fallo:
Seguidamente, resulta oportuno valorar el segundo asunto planteado en el párrafo introductorio de este apartado, cual es, si la estipulación de la doble instancia en el mandato a examinar, comporta alguna variación en la regulación de los procesos de única instancia de los aforados por la Constitución en materia penal. Para la S. de Revisión el asunto se resuelve atendiendo el imperativo contenido en el artículo 4 de la Carta. Claro resulta que la condición foral de Altos Dignatarios del Estado en materia penal fue fijada por el constituyente. Los ordinales 2, 3 y 4 del artículo 234 de la Constitución Política, atribuyeron al máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, el juzgamiento de tales funcionarios y dada su ubicación en la estructura de la Justicia Ordinaria, es de suyo evidente que al adelantar los juicios contras los aforados, solo puede hacerlo en única instancia. Así pues, no puede un mandato estatutario modificar lo dispuesto por el Constituyente. Una comprensión diversa conduce a inaplicar el artículo 4 de la carta y, por ende, desvirtuar el carácter de la Constitución como norma de normas.
No resulta aceptable el entendimiento, según el cual, lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, respecto de la garantía de la doble instancia, en las actuaciones jurisdiccionales de la F.ía General de la Nación, significa que, aún en las actuaciones única instancia “contra las providencias interlocutorias que profiera el F. D.egado que dirija la investigación (…)” proceda el recurso de apelación habilitando una segunda instancia. Una estimación de esta naturaleza implicaría concebir esa garantía como absoluta, entendimiento que no cabe predicar del mencionado artículo 27, pues, cuando fue objeto de juzgamiento en el control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, tras destacarse la importancia y bondades de la segunda instancia, se advirtió:
(…) Los asuntos que se ventilan ante la F.ía General de la Nación no son, ni pueden ser, ajenos al principio en mención, aunque, claro está, no se trata de un precepto que deba aplicarse en términos absolutos a todas las materias de índole penal, pues la misma Constitución delega en el legislador la facultad de establecer cuáles materias serán decididas en única instancia (…) (Sentencia C-037 de 1996) (Negrillas fuera de texto)
Para la S. Cuarta de Revisión, lo dispuesto en el artículo 31 Superior que da lugar a excepciones de la doble instancia y, lo contemplado en el enunciado legal de la ley estatutaria de la administración de Justicia, deber ser interpretado de tal modo que los enunciados armonicen. No se trata de vaciar de significado el texto legal, pero, su comprensión, con miras a su aplicación no puede ignorar el valor normativo de la Constitución. Resulta pertinente en este sentido, recordar lo dicho por el pleno de la Corte a propósito de las disposiciones que pueden hacer parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Observó la Corporación al respecto:
En relación con el principio de legalidad, ha afirmado con razón el profesor E.D. que “a todos incumbe ciertamente el estado de Derecho (…) pero (…) a quien en última y más decisoria instancia se dirige el estado de Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles en cuanto tales a actuaciones en todo momento concordes con las normas jurídicas, con el imperio de la ley, con el principio de legalidad, en el más estricto sometimiento a dicho marco institucional y constitucional (…)” [62]. Se trata entonces de la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, postulado recordado por esta Corporación en la sentencia SU-339 de 2011.
Uno de los factores capitales que permite determinar el respeto de los poderes públicos, a lo que disponen la Constitución y la ley, es la distribución de competencias. La asignación de competencias vista desde otra perspectiva, es también expresión del principio de división del trabajo y, se orienta, entre otras finalidades, al mejor logro de los cometidos fijados en el ordenamiento. Sobre la noción de competencia, ha precisado S.P. que no se trata de un (…) objeto o cosa, sino de una circunstancia o calidad estrictamente subjetiva (…) o, más exactamente aún, la titularidad de una serie de potestades públicas ejercitables respecto de unas materias, servicios o fines públicos determinados: no se tiene, pues competencia; se es competente (…)[63] (resaltado del original).
El reajuste de la distribución competencial, se explica por razones de oportunidad, conveniencia o, mejora en la función[64]. Para la S. de Revisión, imperativos de orden constitucional pesan en esa tarea de reajuste, tanto es así que la necesidad de realizar efectivamente los derechos, tal como lo dispone el artículo 2 de la Carta o, el acatamiento de mandatos como la eficacia, la economía o, la celeridad en el cumplimiento de las funciones, acorde con lo preceptuado en el artículo 209 Superior[65]; operan como motivos que justifican lo que la doctrina ha denominado las traslaciones competenciales[66].
Entre las diversas técnicas de traslación competencial, esta S. aludirá a la delegación por ser relevante para la resolución del asunto revisado[67]. La doctrina citada la ha definido como la traslación por un ente u órgano superior a otro de nivel inferior del ejercicio de una competencia, reteniendo el delegante la titularidad de la misma”[68]. Esta Corporación ha definido el concepto de delegación en diversas ocasiones, entre ellas, en la sentencia C- 382 de 2000, en la que se ha afirmado:
Entre las varias formas de delegación, se tiene la denominada delegación interorgánica, la cual, se puede presentar en sentido lineal y descendente entre (…) órganos vinculados entre sí por una relación jerárquica (…)[70]. Es probablemente la más usada y, son ejemplos de ello en el caso colombiano, por virtud de lo dispuesto en inciso 1° del artículo 277 de la Carta, la potestad que ostenta el Procurador General de la Nación o, conforme con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 251 Superior, la facultad conferida al F. General de la Nación.
4. El órgano que confiere la D.egación puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.[71]
Importante en esta caracterización resulta destacar lo que se transfiere, en este caso, las funciones que cumple el delegante. Como consecuencia de dicha transmisión de atribuciones, se tiene que el delegatario, esto es, quien recibe el traspaso competencial, se encuentra a partir de la delegación con dos clases de competencias perfectamente distinguibles, de un lado, aquellas de las cuales era titular antes de la delegación y, de otro, las que recibe en virtud de la delegación. En este sentido, encuentra la S. Cuarta de Revisión que un elemento determinante para trazar la diferencia entre los dos tipos de competencias, es el segmento del ordenamiento jurídico que le atribuye cada uno de los dos tipos de funciones. Así por ejemplo en tratándose de un P.D., a quien se le han delegado funciones, sus atribuciones, en esa circunstancia, son las establecidas, según lo pertinente, en el capítulo I del título VI del Decreto 262 de 2000 y aquellas que le delegue el Procurador General de la Nación; en ese caso, la norma citada será la fuente del grupo de competencias para las cuales es competente y, las disposiciones que le confieren atribuciones al Procurador General, serán el fundamento de las competencias delegadas. Igual situación se podría predicar de funcionarios como el F. General de la Nación. La anotada duplicidad de funciones del delegado y, a propósito de la Procuraduría General de la Nación, fue advertida por esta Corporación en la sentencia C- 429 de 2001. En suma, siguiendo lo valorado en la sentencia C- 873 de 2003, se puede afirmar que, no se modifica el esquema de competencias, lo que varía es el funcionario que las ejerce.
La Corte Constitucional, en sede de tutela, ha aplicado el principio según el cual, no se puede transferir la competencia que no se tiene. En la sentencia T-024 de 1996, el Juez de Revisión en esa oportunidad, hubo de resolver un caso en el cual una persona, entre otros reparos, manifestaba que se le había vulnerado el debido proceso, pues, un funcionario delegado, al proferir una decisión, negó la concesión del recurso de apelación contra la misma, por estimar que el régimen de los recursos, en ese caso concreto, dado que actuaba como delegado era el propio del delegante. Dijo en esa ocasión la S.:
(…) En virtud de la D.egación, las funciones delegadas, conservan su naturaleza y régimen originario. Es decir que la función se tiene por cumplida por quien ha hecho la delegación (…)
Con los presupuestos sentados, corresponde ahora a la S. revisar si la decisión adoptada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando mediante sentencia del 5 de septiembre de 2012, negó el amparo contra la resolución de mayo 14 de 2012, proferida por el F. General de la Nación, se aviene con lo dispuesto en los mandatos Superiores.
Para tal efecto, debe la S. establecer si la negación del derecho a recurrir en apelación, contenida en la citada resolución del F. General de la Nación, la cual a su vez confirmó la resolución de mayo 2 de 2012 que también había denegado la concesión del mismo recurso; se ajusta a la Constitución o, si tal circunstancia, vulnera el derecho fundamental al debido proceso del sindicado, en particular, el derecho a acceder a la segunda instancia, establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, implicando, además, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 e, incurriendo la decisión atacada, tanto en un defecto procedimental absoluto, como en una violación directa de la Constitución.
Para la S., resulta cierto que el acceso a la segunda instancia, cuando se predica como prerrogativa o facultad de una persona, es en términos generales un derecho fundamental. Sin embargo, en el caso de algunos sujetos sometidos a actuaciones judiciales, no tiene tal calidad, pues, dada la regulación de una específica clase de proceso, la segunda instancia no tiene cabida. Tal acontece cuando el juicio respectivo es de única instancia.
En el caso concreto, por mandato del numeral 4 del artículo 235 de la Constitución, los juicios a surtirse contra el señor B.M. en su condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, deben adelantarse por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, se trata de actuaciones de única instancia, pues, se está en presencia de una persona en condición de aforado.
Así pues, el señor B.M. al tener la calidad de aforado dentro del proceso que dio lugar a la resolución del F. General de la Nación aquí cuestionada, no tiene un derecho a contar con una segunda instancia, de lo cual, se colige que ante la ausencia de tal derecho, no resulta posible predicar la calidad de fundamental de aquello que no se tiene. En suma, si no se tiene derecho, menos aún se tiene derecho fundamental.
Para el Juez de Revisión, carece de consistencia la argumentación expuesta por el apoderado del inconforme, cuando invoca aisladamente en su favor lo contemplado en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues, dicho precepto tal como quedó referido en el apartado 7 de la parte motiva de esta providencia, debe ser leído de manera armónica con otros mandatos del ordenamiento y, en particular, con lo que dispone la Constitución. Encuentra la S. que la comprensión del citado artículo 27 legal ha de hacerse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 Constitucional, en ese entendido, no resulta posible sostener que en los procedimientos de única instancia establecidos por el constituyente, quepa sin más un derecho a acceder a la segunda instancia para cuestionar las providencias interlocutorias del F. D.egado, en este caso, la decisión del F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia. Para la S. de Revisión, excepcionar el derecho a la segunda instancia consagrado en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, armoniza tal mandato con las excepciones autorizadas por el constituyente a la segunda instancia en el artículo 31 de la Carta.
No resulta de recibo, aducir que la preceptiva estatutaria se hace aplicable sin más, por pertenecer al bloque de constitucionalidad en sentido lato. En primer lugar, tal como se dijo en el citado apartado 7, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, puede pertenecer al bloque de constitucionalidad circunstancialmente. En segundo lugar, no todos los mandatos contenidos en las leyes estatutarias tienen rango estatutario. En tercer lugar, dado su rango infraconstitucional el alcance de un mandato contenido en Ley Estatutaria no da pie para desconocer lo mandado por la Constitución, en este caso, la existencia de una condición de aforado y la procedencia de un juicio de única instancia. Aceptar el razonamiento propuesto por el apoderado del señor M.V., es tanto como aceptar que la Ley prevalece sobre la Constitución.
Para la S., acorde con lo considerado en el acápite 6 de la parte motiva de esta decisión, la situación foral del señor M. lo priva del derecho al acceso a la segunda instancia en el caso que suscita el reparo de su apoderado, pero, en compensación, cuenta en su favor con las bondades del fuero, cuales son, según la jurisprudencia mencionada en su momento, la celeridad en la averiguación, la investigación y juzgamiento por los órganos ubicados en el vértice de las jerarquías de las entidades respectivas y, la reducción de la posibilidad de interferencias y presiones indebidas dada la mayor posibilidad de esas entidades para protegerse de lo que pudieran ser censurables intromisiones.
Para la S., no cabe aducir mínimamente el quebrantamiento del artículo 31 de la Carta, si se tiene en cuenta que el recurso reclamado se encamina a cuestionar una decisión en la etapa de investigación y, no a impugnar una sentencia condenatoria, propia esta de la etapa del juicio; caso en el cual las vías de los recursos extraordinarios le permitirían realizar el imperativo constitucional.
Entiende la S. de Revisión que la competencia ejercida por el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia, en la actuación surtida contra el señor M.V., fue la competencia delegada por el F. General de la Nación y, en esa medida, se aplican las reglas recordadas por esta S. en el apartado inmediatamente anterior. Esto es, no podía el F. D.egado ejercer una atribución que no le había sido conferida por el F. General, en el caso concreto, permitir el curso de una segunda instancia en un proceso de única instancia.
Lo afirmado se explica porque el F. General no podía transferirle a su F.D. más competencias de las que como F. General posee. Teniendo en cuenta que para el F. General de la Nación la investigación de aforados constitucionales se adelanta en única instancia, mal podía pretenderse que el F.D., quien para el caso en estudio, funge como F. General; adelantase la averiguación como si se tratase de un proceso con dos instancias.
Así pues, el régimen jurídico a aplicar por el D.egado en el caso sub examine, es el de la única instancia y, en esa medida no caben los recursos propios de la doble instancia. Admitir, como lo pretende el defensor del señor M., la viabilidad de las dos instancias, es prohijar la quiebra del principio de legalidad, pues, si fuese el F. General quien hubiese tomado la decisión no cabría segunda instancia y, su F. D.egado en este caso tiene la competencia del titular, con lo cual, la concesión de recursos propios de la doble instancia carece de fundamento normativo.
Lo pedido por el apoderado del señor M. en realidad, es un cambio de competencias, pues, de concederse el recurso de apelación, solo podría tener lugar sobre la base de las atribuciones de las que es titular y, no delegado, el F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia. Resulta suficientemente claro que la delegación, no es sinónimo de la remisión por competencia.
Estima la S. de Revisión que las razones aducidas en esta decisión, son consonantes con el hilo argumentativo propuesto, para un caso similar por la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en sentencia de 29 de noviembre de 2012 proferida dentro del radicado No. 39156, al pronunciarse sobre una situación en la cual:
(…) El F. Sexto D.egado ante la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de apelación con base en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, según el cual los actos del delegatario están sometidos a las normas aplicables a los de la autoridad delegante, de modo que, en asuntos penales de aforados constitucionales, dicha impugnación no es viable por cuanto el delegatario es la máxima autoridad en su estructura, decisión que a la postre fue respaldada por el actual F. General de la Nación al negar el recurso de queja presentado por el doctor DIEGO PALACIO.(…)
(…) el defensor del mencionado acusado sustentó esta nulidad por violación al debido proceso, por haberse negado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación, pese a haberse dictado por un funcionario -F. D.egado ante la Corte- que cuenta con un superior jerárquico, desconociéndose con ello lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 600 de 2000, que prevé la existencia de F.es encargados de resolver el recurso de alzada al interior de la F.ía General de la Nación.
Dicha tesis parte de un supuesto equivocado, como es dar por sentado que el acto de delegación de las funciones constitucionales que el F. General tiene asignadas en el artículo 251, numeral1º, no solo cambia la competencia, sino el procedimiento aplicable.
Nada de ello es así. Cuando el F. General delega en un F.D. ante la Corte la función de investigar y acusar a un funcionario con fuero constitucional, lo único que ocurre es que aquél debe ejercer, en las mismas condiciones y con igual responsabilidad, las funciones de las que es detentador el F. General, pero no por ello se convierte al interior del proceso su inferior funcional, ni el procedimiento pasa de ser única instancia -que por ese motivo no tiene recurso de apelación- a uno de primera instancia.
Esa situación ni siquiera ocurre con los asuntos de los aforados legales, respecto de los cuales conocen los F.es D.egados ante la Corte, porque su procedimiento también es de única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118-2 de la Ley 600 de 2000 y 32-9 de la Ley 906 de 2004; luego no es cierto que por el hecho de que conozca un funcionario de inferior jerarquía a la del F. General surja automáticamente el derecho al recurso de apelación.
Adicional a lo anterior, el argumento del defensor igualmente se apoya en una conclusión falsa, esto es, que como el delegatario es un inferior jerárquico del F. General, éste podría conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por aquél, lo cual es un imposible lógico y jurídico, en la medida en que ello equivaldría a hacer la ficción de que el delegante, para esos efectos, haga las veces de superior funcional de quien ha ejercido la competencia que él mismo le delegó, lo cual además supone desconocer que se trata de un procedimiento de única instancia, como ya se dijo.
S. pues la S. de Revisión los motivos aducidos por el órgano supremo de la jurisdicción ordinaria y rechaza las razones invocadas por el apoderado del señor M.V.. Tal como se dice en la providencia en cita y, como se advirtió en el apartado 8 de la parte motiva de esta decisión, la delegación no cambia el procedimiento, por ende, tampoco cambia el régimen de los medios de impugnación, en este caso, al no transformar un proceso de única instancia en un proceso de doble instancia.
Atender lo pedido en el amparo, implicaría sacrificar la Supremacía de la Constitución y el principio de legalidad, en aras de lo que pudiese ser la caprichosa conveniencia so pretexto de preservar derechos fundamentales inexistentes. Entiende la S. el malestar que puede suscitar un escueto pronunciamiento que deniegue un recurso, pero, lo que pudiera ser la falta de riqueza argumentativa de un proveído no lo descalifica si contiene la motivación suficiente que funde un decisión. Esto es, lo rácano de una providencia, en tanto este justificado lo resuelto, no da lugar al amparo.
Concluye la S., que no tuvo lugar una violación directa de la Constitución y, tampoco se puede predicar un defecto procedimental absoluto, pues, la normatividad que el apoderado pretendía se le aplicara a su defendido en este caso la contenida en la ley 906 de 2004, se orientaba a lograr a acceder a una segunda instancia, lo cual, tal como ha quedado expresamente sentado, es manifiestamente inconstitucional.
En esa medida, se impone confirmar la sentencia del 5 de septiembre de 2012, proferida por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la cual se denegó el amparo impetrado en la acción de tutela promovida por en favor del señor B.M.V. contra la F.ía General de la Nación.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia del 5 de septiembre de 2012, proferida por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo impetrado en la acción de tutela promovida por B.M.V. contra la F.ía General de la Nación.
[1] M. de los artículos 235 y 251 de la Carta política, en el sentido de introducir la facultad que tiene el F. General de la Nación de delegar las funciones de investigación y acusación de aforados constitucionales en el V. y en los F.es D.egados ante la Corte.
[3] Sentencia T-233 de 2007 (MP Marco G.M.C..
[4] Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010 (MP G.E.M.M..
[5] Consultar, entre otras, la Sentencia T-608 de 1998 (MP V.N.M..
[6] Sobre el particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009 (MP R.E.G., T-280 de 2009, T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (MP G.E.M.M..
[7] Sobre el tema se pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de 2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de 2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009; T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (MP G.E.M.M..
[8] MP J.A.R..
[9] MP N.P.P..
[10] MP J.C.T..
[11] Sentencia T-217 de 2010 y T-419 de 2011 (MP G.M.M..
[12] Extracto de la Sentencia T-323 de 2014 (MP L.E.V.S..
[23] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP M.V.S.M.) y T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett). También la sentencia T-047 de 2005 (MP Clara I.V.H.. En estos casos, si bien el juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[24] Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP M.V.S.M.); T-522 de 2001 (MP M.J.C.E.); T-047 de 2005 (MP Clara I.V.H.. En la sentencia T-522 de 2001 (MP M.J.C.E., la Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
[25] Cfr. Sentencia T-319 A / 2012 (MP L.E.V.S..
[26] Dice la Corte en la Sentencia C – 590 de 2002 M.P J.C.T., que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[28]Sentencias T-765 de 1998 (MP J.G.H.G.) y T-001 de 1999 (MP J.G.H.. Los derechos de aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la C.P, que establece que los derechos de aplicación inmediata son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad, al buen nombre, la honra, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de conciencia, de cultos, expresión, de petición, a la libertad de escoger profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre circulación, al debido proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en materia penal, a la inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de reunión, de asociación y los derechos políticos.
[29] Ver entre otras, las sentencia T – 199 de 2005 (MP M.G.M.C.); T-590 de 2009 (MP L.E.V.S.) y T-809 de 2010 (MP J.C.H.P..
[30] En la Sentencia T – 522 de 2001 (MP M.J.C.E., se dijo que la solicitud debía ser expresa.
[32] Corte Constitucional, sentencias T-555 de 2009 (MP L.E.V.S., T-1028 de 2010 (MP H.A.S.P., T-111 de 2011 (MP L.E.V.S.) y T-178 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[34] D.E.H., C. de derecho procesal. Teoría general del proceso. Tomo I, duodécima edición, Ed. DIKE, Medellín, 1987, p. 55.
[35] Sentencia C – 345 de 1993 (MP Dr. A.M.C., cita del texto original.
[36] Sentencia C-900 de 2003 (MP J.A.R., cita del texto original.
[37] Sentencia C-243 de 1996 (MP V.N.M., cita del texto original.
[38] Esta expresión es empleada por el Profesor R.L. al explicar el concepto de derechos fundamentales como garantías institucionales, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español.
[42]La Corte Constitucional, en la sentencia C-472/94 (MP V.N.M., declaró inexequible la expresión "o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia", contenida en el numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, que permitía a éstos investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios que gozaran de fuero constitucional. Sin embargo, en dicha providencia se advirtió que "el fiscal general de la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de hacerlo" (cita del texto original).
[43] Corte Suprema de Justicia, Auto del 14 de diciembre de 1992, radicación 4083, MP R.C.R.. (cita del texto original).
[44] M.J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Editores del Puerto, 2ª ed, 3ª reimp. Buenos Aires, 2004, p. 794
[46] R.L.F., “Los derechos fundamentales. Introducción” en La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, V.I., 3ª. Ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 996.
[52] Cfr. O.G., A., “La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: análisis del artículo 102 de la Constitución española”, ed. Civitas, Madrid, 1996, págs. 56 y 57. (cita del texto original)
[53] M., J. op cit. I..
[56] En lo concerniente a la F.ía, el numeral 13 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004 establece:
ARTÍCULO 114. ATRIBUCIONES. La F.ía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:
[57] M. op cit p.p. 709- 803.
[62] D.E., “Estado de Derecho y legitimidad democrática” en Estado, justicia, derechos D.E., y Colomer (Eds.), Alianza editorial, Madrid, 2002, p. 83.
[63] S.P.J.A., Principios de Derecho Administrativo General Vol. I, primera edición, ed. I., Madrid, 2004, p. 446.
[64] S.P.J.A., Principios (…) p. 450.
[66] Sobre estas técnicas de traslado de competencias puede consultarse a S.P., op. Cit. pp. 450 y ss. Igualmente, puede revisarse O.Á.L., “Teoría de la organización administrativa” en Parejo Alfonso y otros, Manual de Derecho Administrativo, 3ª. Ed., A. derecho, Barcelona, 1994, pp. 190-192.
[68] S.P. op. Cit. p. 451.
[70] S.P. op. Cit. p. 453.
[72] Cfr. G.V., P.D., Droit Administratif. Presses Universitaires de France, París, 1982. (Cita del texto original).
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 15 de Agosto de 2006

References: artículo 27
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 31
 artículo 27
 artículo 29
 resolución 
 artículo 235
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 251
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 27
 artículo 86
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 1
 resolución 
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 234
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 209
 resolución 
 artículo 277
 artículo 251
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 235
 resolución 
 artículo 27
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 artículo 31
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 12
 resolución 
 artículo 117
 artículo 251
 artículo 118
 artículo 85
 artículo 17
 artículo 121
 artículo 102
 artículo 114

ARTÍCULO 114