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Timestamp: 2020-06-07 02:45:22+00:00

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﻿ AUTO 23390 DE MAYO 4 DE 2005
AUTO 23390 DE 04 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA DECIDIR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN. VIGENCIA INMEDIATA Y EN TODO EL PAÍS DE LA LEY 937 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENA, EXTINCIÓN DE LA PENA, VIGENCIA DE LA LEY
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:403 DE JULIO DE 2005, PG.972
Auto 23390 de mayo 4 de 2005
COMPETENCIA PARA DECIDIR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
VIGENCIA INMEDIATA Y EN TODO EL PAÍS DE LA LEY 937 DE 2004
Radicación: 23.390
La Sala resuelve la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, despachos que rehusan a llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de la sanción penal.
1. “Entre los días 19 y 30 de octubre de 1997, un grupo de más de 150 hombres armados, que vestían uniformes camuflados y portaban radiosde comunicaciones, incursionó en veredas del municipio de Ituango en las que a su paso, mediante impactos de armas de fuego, ocasionó las muertes de varios labriegos”.
“Mediante, algunas pesquisas se estableció que la incursión fue perpetrada por grupos de autodefensas que dirigen Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, alias “El Mono Mancuso”, y que en la incursión armada actuaron en calidad de comandantes Alexander Mercado Fonseca, alias “Cobra” y Francisco Villalba Hernández” (1) .
2. Adelantadas a cabalidad las fases de instrucción y de la causa, mediante sentencia del 22 de abril de 2003, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia declaró la nulidad con relación a Alexander Mercado Fonseca; condenó a Francisco Enrique Villalba Hernández a la pena principal de 33 años más 4 meses de prisión; y condenó a Carlos Castaño Gil y a Salvatore Mancuso Gómez, a 40 años de prisión cada uno; todos por homicidio agravado, hurto calificado y concierto para delinquir.
3. Los defensores de los condenados interpusieron el recurso de apelación, pero no lo sustentaron, así que el juez de conocimiento declaró desierta la impugnación, con auto del 28 de mayo de 2003.
4. Ejecutoriada la sentencia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia envió las copias “para lo de su competencia” al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín (reparto), pero el conocimiento no fue asumido al gestarse la presente colisión.
1. Por auto del 8 de febrero de 2005, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, a quien correspondió el asunto por reparto, se abstuvo de asumir el conocimiento, invocando para el efecto el artículo 1º de la Ley 937 del 30 de diciembre de 2004, que adicionó un parágrafo al artículo 38 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004)
Transcribió el texto de la Ley 937 de 2004, que se compone de sólo dos artículos:
“ART. 1º—El artículo 38 de la Ley 906 de 2004, tendrá un parágrafo segundo del siguiente tenor:
PAR. 2º—Los jueces penales del circuito y penales municipales conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia.
ART. 2º—La presente ley rige a partir de su promulgación, se aplicará para los procesos que a la fecha de la misma no hayan sido remitidos a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Entiende el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín sobre aquella ley, que “su filosofía es que los procesos se mantengan en el juez de conocimiento mientras corre el término de prescripción, pues no tendría sentido que los procesos se continúen remitiendo a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, para que éstos, una vez haya transcurrido el término de prescripción los devuelvan al juzgado fallador, para que dicho juzgado resuelva sobre la prescripción de la sanción penal”.
De otro lado, como en virtud de la sentencia condenatoria no existen personas privadas de la libertad, sino con órdenes de captura vigentes, el mencionado juez de ejecución de penas y medidas de seguridad sostiene que el funcionario que emitió el fallo debe conservar el expediente “en espera que el sentenciado sea capturado o en su defecto para decretar la prescripción de la consecuencia jurídica”.
Por tanto, devolvió el expediente al juez de conocimiento, a quien propuso colisión negativa.
2. Por su parte, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en auto del 17 de febrero de 2005, se aparta del criterio del anterior, toda vez que por disposición legal no pueden aplicarse las normas del Código de Procedimiento Penal “acusatorio”, Ley 906 de 2004 en el departamento de Antioquia, donde sólo iniciará a regir a partir de 2006; y menos, dice, sería factible aplicar aisladamente uno sólo de sus artículos.
Así, aceptó la colisión negativa de competencias y remitió el expediente a la Corte para que fuera dirimida.
1. Corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como lo estipula el numeral 4º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre juzgados de dos o más distritos judiciales, cuando los funcionarios en controversia sustentan en debida forma sus razones, como lo prevé el artículo 95 ibídem.
2. Un análisis minucioso del tema motivo de controversia permite concluir que es equivocada la postura del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, según la cual, la Ley 937 de 2004 genera como consecuencia que, de no existir persona capturada, el juez que profiere la sentencia condenatoria debe conservar el expediente hasta que prescriba la sanción impuesta.
La tesis que postula el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es impracticable, porque comportaría que, pese a la ejecutoria de la sentencia, todo acto de vigilancia del cumplimiento de la sanción sea llevado a cabo por el funcionario de conocimiento, lo cual desnaturaliza por completo la función de ejecución de penas y medidas de seguridad.
No se requiere imprescindiblemente que el condenado se encuentre privado de la libertad para que respecto de él se realicen actos inherentes a la vigilancia del cumplimiento de la sanción impuesta. Así, si el contumaz ejerce actos de postulación, de cualquier naturaleza, por ejemplo, reclamando la redosificación de la pena por favorabilidad, es al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad a quien corresponde decidir al respecto.
No es correcto pensar que el juez que produjo la sentencia condenatoria conserve el expediente desde la ejecutoria del fallo hasta que ocurra el fenómeno prescriptivo de la sanción penal, por el sólo hecho de no existir persona privada de la libertad, pues la ausencia de detenido no enerva ni impide la función de ejecución de penas y medidas de seguridad, radicad por la ley en cabeza de los jueces de esta especialidad.
3. El artículo 38 de la Ley 906 de 2004, que adoptó el Código de Procedimiento Penal para el “sistema acusatorio”, establece la competencia del los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. El numeral 8º de ese precepto les confiere competencia para decidir “de la extinción de la sanción penal”.
La Ley 937 del 30 de diciembre de 2004 (2) “por la cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 906 de 2004”, contiene sólo dos artículos con el siguiente texto:
Como quiera que la redacción de la Ley 937 de 2004 al parecer ofrece lecturas desde distintas ópticas, acudir a la historia de la misma, contenida básicamente en la exposición de motivos y en las ponencias para debate en el Congreso de la República, contribuye a esclarecer el problema que plantea la colisión.
A partir del estudio de los antecedentes legislativos y con una hermenéutica sistemática, haciendo énfasis en la función judicial de ejecución de penas y medidas de seguridad, se arriba al siguiente aserto, fundamento para dirimir la colisión:
El parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, introducido por la Ley 937 del mismo año, implica que los jueces penales del circuito y los jueces penales municipales son competentespara decretar la prescripción de la sanción penal, únicamente en los casos donde ya hubiese ocurrido ese fenómeno, pero el proceso aún no se hubiere remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
En otras palabras, si el juez que profiere la sentencia condenatoria, más adelante detecta que ya ocurrió el fenómeno prescriptivo de La sanción penal, deberá decretarla, en lugar de enviar el expediente al juzgado de ejecución de penas y medias de seguridad. En los demás casos, vale decir, si la prescripción de la sanción penal no ha acaecido, una vez el fallo alcance firmeza, el asunto debe ser remitido por razón de competencia al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien decidirá todo lo concerniente a la vigilancia del cumplimiento de la sentencia, incluida, por supuesto la prescripción de la sanción penal cuando a ello hubiere lugar.
Se advierte que el artículo 2º de la Ley 937 indica con precisión que lo dispuesto en el artículo 1º de la misma se aplica a los procesos que no se hubiesen remitido al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues si el juez de esta especialidad ya tiene el expediente, cuando ocurra la prescripción deberá declararla, en lugar de regresar el proceso al juez que emitió la sentencia para que éste la declare. Esta observación parece demasiado obvia, mas sin embargo no sobra, pues la cabal comprensión del asunto evitará la proliferación de colisiones innecesarias.
Lo anterior, con independencia de que existan o no personas detenidas, porque la privación física de la libertad no es presupuesto condicionante del ejercicio de la función de ejecución de penas y medidas de seguridad, discernida por la ley a los jueces de esa especialidad.
A continuación, la reseña de los antecedentes:
3.1. La Ley 937 de 2004 tiene origen en la iniciativa legislativa del Consejo Superior de la Judicatura, como un mecanismo de descongestión destinado a preparar los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, para la implementación de la “gestión virtual” en dichos despachos, con el apoyo de los sistemas computacionales.
En la exposición de motivos suscrita por la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, presidenta de dicha corporación, al radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República, documento publicado en le Gaceta del Congreso Nº 394 del 29 de julio de 2004, página 18, se expresa lo siguiente:
“La Ley 270 de 1996 (3) ,otorga a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura la facultad de regular los trámites judiciales y administrativos que adelanten los despachos judiciales, en los aspectos no previstos en la ley. El numeral 4º del artículo 79 del CPP (4) , le asigna al juez de ejecución de penas la función de decretar la extinción de la sanción penal por prescripción; por su parte, el nuevo Código de Procedimiento Penal, mantiene esta facultad en cabeza de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad (5) , razón por la cual, en el caso de Bogotá, los 150 jueces falladores envían los respectivos procesos, para tal efecto, generando congestión.
Teniendo en cuenta que la facultad reguladora de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no permite modificar normas legales, se requiere entonces, tramitar un proyecto de ley de descongestión que asigne a los jueces penales de conocimiento, la facultad de declarar la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos que a la fecha de su expedición, no hayan sido remitidos a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad (...).
Su propósito, esencial consiste en introducir la gestión virtual de la actividad procesal en los citados despachos y en sus centros de servicios administrativos o secretarías, a partir de un documento denominado ficha técnica (...).
Para garantizar la adecuada administración de justicia se impone una medida legal que permita la evacuación ágil y oportuna de los procesos en estado prescripción aludida” (se destaca).
Se entiende sin dificultad que la normatividad propuesta pretendía que a los jueces penales de conocimiento se asignara la facultad de declarar prescrita la sanción penal, cuando el proceso ya estuviere “en estado de prescripción”, que no se hubiere decretado todavía, para evitar de ese modo que los expedientes se enviaran al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sólo para tal declaratoria.
3.2. En la ponencia para primer debate, el doctor Héctor Helí Rojas Jiménez, senador ponente, acotó:
“1. Los argumentos de la exposición de motivos presentada por el Consejo Superior de la Judicatura merecen nuestro respaldo, pues resulta evidente que el nuevo Código de Procedimiento Penal al señalar la competencia de los jueces penales del circuito y municipales no trató eficazmente el tema de la prescripción en lo que se refiere a las facultades de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, ni previó la conveniencia de mecanismos ágiles y oportunos para la evacuación de aquellos procesos en los que de hecho ya ha ocurrido tal fenómeno extintivo de la acción (sic), penal (se destaca).
2. La implementación del sistema penal acusatorio que empezará a regir el 1º de enero de 2005, debe armonizar la facultad de los jueces de ejecución de penas y medias de seguridad que tienen la potestad para reconocerla extinción de la acción penal (sic) por prescripción con la idea de que el nuevo sistema no comience a operar con una grave congestión (Gaceta del Congreso Nº 664 de nov. 2/2004, pág. 28) (6) .
En el primer párrafo de la última transcripción se observa con meridiana claridad que el proyecto buscaba que los jueces de conocimiento fueran facultados para declarar prescrita la sanción penal, sólo en aquellos procesos “en los que de hecho ya ha ocurrido tal fenómeno extintivo” de la sanción penal.
4. El segundo párrafo de la última transcripción agrega una bondad adicional al proyecto (convertido en la L. 937/2004), consistente en procurar que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad comiencen a operar sin grave congestión en el “sistema acusatorio”, aunque la iniciativa legislativa del Consejo Superior de la Judicatura fue motivada en la necesidad de descongestionar esos despachos, pero con el objetivo de alistarlos para la implementación de un sistema técnico de gestión virtual.
Esta motivación en particular y el argumento del Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, según el cual el Código de Procedimiento Penal para el “sistema acusatorio” —Ley 906 de 2004— no se aplica aún en ese departamento, ni en los distritos donde el legislador previó una aplicabilidad diferida en el tiempo, conduce ineludiblemente a un problema jurídico distinto, planteado en el siguiente interrogante que es necesario resolver:
¿El parágrafo 2º del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, Ley 900 de 2004, introducido por la Ley 937 del mismo año, ya es aplicable en todo el país, o, por el contrario, la aplicabilidad de ese parágrafo quedó restringida, escalonada y paulatina para los mismos distritos judiciales donde haya empezado o empiece a funcionar el nuevo sistema de procedimiento penal?
En criterio de la Sala de Casación Penal, por una excepción concebida en la voluntad del legislador, el parágrafo 2º del artículo 38 delCódigo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, introducido por la Ley 937 del mismo año, es aplicable en todo el país, a partir de su promulgación (7) , sin consideración a la aplicabilidad restringida, escalonada y paulatina del nuevo sistema de procedimiento penal.
Dicha afirmación se respalda con los siguientes argumentos:
4.1. La Sala de Casación Penal, en el auto del 30 de marzo de 2005 (M.P. Dra. Marina Pulido de Barón. Rad. 23353), dejó en claro que por mandato del artículo 5º del Acto Legislativo 03 de 2002, que modificó la Constitución Política para introducir el sistema acusatorio, temporalmente en Colombia rigen dos códigos de procedimiento penal, la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, cada cual con el ámbito de aplicación que contempla su normatividad.
En aquella decisión la Sala indicó:
“En síntesis, tanto el constituyente secundario como el legislador ordinario, previeron la coexistencia, al menos temporal, de dos leyes que regulan la misma materia: la 600 de 2000, a cuyo amparo deben rituarse y terminarse todos los procesos penales que se sigan por delitos cometidos hasta el 31 de diciembre de 2004 y la Ley 906 de 2004 aplicable para conductas punibles sucedidas e partir del 1º de enero de 2005, con sujeción a la aplicación gradual progresiva del sistema en todo el territorio nacional, previsión última apenas entendible en razón de los requerimientos logísticos que demanda la implementación del nuevo sistema de procesamiento penal”.
4.2. Siendo, como acaba de anotarse un hecho indiscutible la gradualidad, en la implementación y aplicación del nuevo sistema de procesamiento penal, tal realidad no es incompatible con la posibilidad de aplicar, excepcionalmente de manera inmediata y en todo el país algunas de las disposiciones que la Ley 906 de 2004 contempla; como aquellas que por voluntad del legislador tienen desde ya ese alcance para satisfacer lasnecesidades del régimen de implementación, como los artículos 531 (descongestión) y 532 (ajustes de plantas de personal).
4.3. Es claro entonces, que en su facultad de configuración el legislador podía y puede prever que un precepto de la Ley 906 de 2004 sea de aplicación inmediata en todo el país, de acuerdo con los fines que persiga.
De ese modo, para lograr los objetivos de evitar mayor congestión en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, facilitar la adopción de un sistema técnico de gestión y de cara al nuevo régimen de enjuiciamiento penal, a través de la Ley 937 de 2004, el legislador introdujo un segundo parágrafo al artículo 38 de la Ley 906 del mismo año, con el expreso mandato de que empezara a regir a partir de la fecha de su promulgación.
La vigencia inmediata y en todo el país de la Ley 937 de 2004, dispuesta en su artículo 2º, no conspira contra la gradualidad del “sistema acusatorio”, sino que, por el contrario, allana el camino para que los jueces de ejecución, de penas y medidas de seguridad con menos carga laboral, se pongan a tono con las exigencias de agilidad que el nuevo sistema implica.
4.4. Recuérdese que en la exposición de motivos suscrita por la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura se alude a la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en los dos códigos de procedimiento penal, tanto en el Decreto 2700 de 1991, como en la Ley 906 de 2004, y luego expone la necesidad de descongestionar aquellos despachos.
Con mejor técnica legislativa en la Ley 937 de 2004 se hubiera introducido el parágrafo de la controversia tanto al artículo 79 del Decreto 2700 de 1991(sic) (*) , como el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, ambos preceptos relativos a la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y la discusión no tendría lugar.
(*) En estos párrafos la providencia debió citar la Ley 600 de 2000 en lugar del Decreto 2700 de 1991 (N. del D.).
Así, se evidencia una vez más que la pretensión del Consejo Superior de la Judicatura, acogida por el legislador, consiste en descongestionar esos despachos judiciales, respecto de los procesos por delitos cometidos antes del 1º de enero de 2005, cuya vigilancia del cumplimiento de la sanción impuesta se cumple con arreglo al Decreto 2700 de 1991, y también respecto de los cometidos con posterioridad, otorgando en todo caso la facultad de declarar prescrita la sanción a los jueces de conocimiento, cuando tal fenómeno ya hubiese ocurrido, para evitar la remisión de los procesos a los jueces de ejecución de penas y medida de seguridad.
Ahora bien,como la Ley 937 de 2004, sólo modificó la Ley 906 del mismo añoy no así el Decreto 2700 de 1991, los objetivos propuestos por el Consejo Superior de la Judicatura y por el legislador, no podrían cumplirse si desde ya la Ley 937 no pudiese aplicarse en todo el territorio nacional.
4.5. Además, la Ley 937 de 2004 (dic. 30) es posterior a la Ley 906 de 2004 (ago. 31), de suerte que si subsiste alguna discusión respecto de la vigencia y aplicabilidad inmediata y en todo el territorio nacional de la primera, tal aparente contradicción se soluciona como lo prevé la Ley 153 de 1887:
“ART. 1º—Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes.
ART. 2º—La ley posterior prevalece sobre la ley anterior”.
5. En síntesis, en acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, introducido por la Ley 397 del mismo año, corresponde a los jueces penales del circuito y a los jueces penales municipales de todo el territorio nacional, declarar la prescripción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia, donde el fenómeno prescriptivo ya hubiese ocurrido.
En los demás casos, es decir, si la prescripción de la sanción todavía no se ha producido, corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, exista o no persona privada de la libertad, a partir de la firmeza del fallo, ejercer a plenitud las funciones que les confieren el Decreto 2700 de 1991 y/o la Ley 906 de 2004 en los distritos judiciales en los cuales esta fuere aplicable según la gradualidad que el mismo Código de Procedimiento Penal contempla.
6. El caso materia de estudio, la vigilancia cabal del cumplimiento de la ejecución de la pena corresponde al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, debido a que lejos está de ocurrir la prescripción de la sanción impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante sentencia del 22 de abril de 2003, a Francisco Enrique Villalba Hernández, Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y concierto para delinquir, a penas superiores a los treinta años de prisión.
7. En el anterior sentido se resolverá la colisión. Por tanto el expediente se remitirá al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
Copia de este auto se enviará al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, para su conocimiento.
1. DECLARAR que la competencia para vigilar el cumplimiento de la ejecución de la pena en el presente asunto radica en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, despacho al que se remitirá el expediente.
2. Enviar copia del presente auto al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, para su información.
Magistrados: Marina Pulido de Barón—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Sigifredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.
(1) Sentencia de primera instancia del 22 de abril de 2003.
(2) Publicada en el Diario Oficial 45.778 del 31 de diciembre de 2004.
(3) Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.
(4) Se refiere al Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
(5)Se refiere al numeral 8º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004.
(6) A iguales argumentos acudió el senador ponente para segundo debate. Gaceta del Congreso Nº 739 del 23 de noviembre de 2004, pág. 18.
(7) Ley 937 de 2004, publicada en el Diario Oficinal Nº 45.778 del 31 de diciembre de 2004.

References: artículo 1
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 75
 artículo 95
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 79
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 2
 artículo 79
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38