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Timestamp: 2018-12-17 07:49:48+00:00

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Sentencia nº 188/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 672767429
Número de Recurso: 2051/2014
Número de Resolución: 188/2017
CONCURSO ACREEDORES. CLÁUSULA DE IMPUTACIÓN DE PAGOS. INTERPRETACIÓN. El tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo consentido por las partes fue supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago convenidos a que, previamente, se comunicara en qué cuenta podía realizarse la transferencia. La consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del derecho, por renuncia, al cobro de los pagos afectados. Se estima el recurso extraordinario por infracción procesal.
En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2017
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 184/2014 de 18 de junio, dictada en grado de apelación por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de incidente concursal núm. 731/2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, sobre incumplimiento de convenio. El recurso fue interpuesto por Gymcol S.A., representada por el procurador D. Miguel Ángel Baena Jiménez y asistida por el letrado D. Carlos Salinas Adelantado. Es parte recurrida el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, representado por el Abogado del Estado.
- El Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, interpuso demanda incidental contra Gymcol S.A. en la que solicitaba su estimación por incumplimiento del convenio y la apertura de la fase de liquidación.
- La demanda fue presentada el 12 de junio de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia y fue registrada con el núm. 731/2012. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.
- Gymcol S.A., contestó a la demanda y solicitó su desestimación, con imposición de las costas causadas a la demandante.
- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, dictó sentencia núm. 255/2012 de fecha 17 de julio, en la que desestimó la demanda, absolvió a la entidad demandada de las pretensiones deducidas en su contra, declarando no haber lugar a la declaración de incumplimiento del convenio, sin pronunciarse en materia de costas procesales.
- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Gymcol S.A. El Abogado del Estado se opuso al recurso interpuesto de contrario.
- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el número de rollo 74/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 184/2014 en fecha 18 de junio, que desestimó el recurso, con imposición de costas al recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.
- El procurador D. Cesar Javier Gómez Martínez, en representación de Gymcol S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Único.- En base al art. 469.1.2º de la LEC, infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia: Violación del art. 218 LEC, por incongruencia ultra petitum
Primero.- Por interés casacional del art. 477.2.3º LEC. Sentencias del Tribunal Supremo que fundamentan el interés casacional: la prohibición del Juez de lo Mercantil de modificar el contenido del Convenio concursal aprobado por los acreedores y los límites de las sentencias interpretativas, ex art. 129 LC
Segundo.- Violación del art. 129.1 LC en relación con los arts. 100, 109, 128 y 131 LC
Tercero.- Violación del Art. 140 LC
Cuarto.- Violación del art. 1281.1 del Código Civil
- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 9 de septiembre de 2015, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.
- El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial presentó escrito de oposición al recurso.
- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.
- El supuesto de hecho y las cuestiones jurídicas objeto de este recurso coinciden con los del recurso 760/2014 interpuesto también por Gymcol, S.A. (en lo sucesivo, Gymcol), que fue resuelto por la sentencia 228/2016, de 8 de abril, y del recurso 1642/2014, que fue resuelto por la sentencia 3/2017, de 10 enero. Por tanto, la solución que debe darse a este recurso es la misma que la que se dio en dichas sentencias, por no encontrar razones que justifiquen modificar el criterio seguido en ella.
- El 24 de octubre de 2008, fue declarado el concurso voluntario de Gymcol, que se tramitó con una propuesta anticipada de convenio. El convenio fue aprobado judicialmente el 11 de diciembre de 2009, sin que se hubiera formulado oposición a su aprobación.
EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la sentencia que apruebe el Convenio.
- En el año 2012, después de que varios acreedores concursales (Banco Español de Crédito, S.A., Banco Popular Español, S.A., I.M.C.D. España Especialidades Químicas, S.A., Deutsche Bank, S.A.E. e Instalaciones Técnicas de Valencia, S.L., Brenntag Química, S.A.) hubieran promovido incidentes en el mismo sentido (que tras las sentencias de primera y segunda instancia, finalizaron con las sentencias de esta sala 228/2016, de 8 de abril, y 3/2017, de 10 de enero, a que se ha hecho referencia), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial instó la declaración de incumplimiento del convenio por el impago de su respectivo crédito, y la apertura de la fase de liquidación.
En el incidente concursal de resolución del convenio, la concursada, Gymcol, se opuso a esta pretensión porque no había existido ningún incumplimiento de las obligaciones novadas con el convenio, pues, en realidad, el crédito que se alegaba que había resultado impagado no había sido comunicado a tiempo, conforme a la cláusula 5.ª del convenio, y por ello se había producido el consiguiente efecto de renuncia previsto en dicha cláusula.
- El Juzgado Mercantil desestimó la petición de declaración de incumplimiento del convenio. Pero, al mismo tiempo, declaró:
[...] el deudor no puede disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos convencionalmente pactados con el colectivo acreedor [...] y judicialmente aprobados [...]. Y es que es claro que la no indicación por parte del acreedor de un eventual domicilio para pago no es mecanismo hábil de extinción de la obligación en nuestro Derecho [...] sin que desde luego la supuesta mora accipiendi que se denuncia al amparo de la estipulación quinta del convenio (cláusula por completo accesoria y residual y que no puede entenderse desde luego que viniere contemplada por el colectivo acreedor en el momento de emitir su adhesión al convenio, pues razonablemente en tal caso el sentido del voto bien hubiera podido ser diverso...
Por tal razón, en el fallo, además de acordar la desestimación de la pretendida declaración de incumplimiento del convenio, el juzgado añadió:
[...] teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia
- La concursada recurrió en apelación. La Audiencia Provincial desestimó el recurso, con la siguiente argumentación, que transcribía de la sentencia dictada en el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el otro incidente promovido con el mismo objeto:
- Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Los recursos, en contra de lo que pretende la recurrida, están correctamente formulados, por lo que son admisibles, como ya se acordó por la sala en el auto de admisión. No puede aceptarse que la recurrente carezca de gravamen. Lo impugnado por Gymcol es un pronunciamiento incluido en el fallo de la resolución, tal como se desprende de lo resuelto por esta sala en las sentencias 228/2016, de 8 de abril, y 3/2017, de 10 de enero, como se verá al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.
- El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el siguiente epígrafe:
Se articula en base al art. 469.1.2º LEC, infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. Violación del art. 218 LEC por incongruencia ultra petitum
- Como fundamento del motivo se alega que la promotora del incidente concursal había ejercitado la acción de incumplimiento del convenio, prevista en el art. 140 de la Ley Concursal, y la sentencia de primera instancia, excediéndose en lo que era objeto de enjuiciamiento, además de desestimar la demanda, incorpora al fallo, mediante una remisión a la fundamentación jurídica, una advertencia al deudor de que si no paga los créditos de los instantes en un mes desde la notificación de la sentencia, no podrá oponer la objeción planteada basada en el apartado 5 del convenio para justificar el impago, con vistas a una futura acción de resolución del convenio por incumplimiento.
Decisión de la sala. Existencia de la incongruencia denunciada
- Esta sala, en su sentencia Sentencias 173/2013, de 6 de marzo, declaró:
De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito
- En el caso objeto del recurso, la promotora del incidente había solicitado la declaración de incumplimiento del convenio y la apertura de la fase de liquidación, y el juzgado desestimó esta pretensión. Lo hizo por razones distintas a las invocadas por la concursada, que presuponen una interpretación del convenio, en concreto del apartado 5, distinta de la realizada por la concursada. Frente a la posición de la demandada concursada de que el crédito de la acreedora instante de la resolución del convenio se ha extinguido al no haber sido comunicada la cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos en el plazo previsto en el convenio, el juzgado entiende que ese crédito no está extinguido y se adeuda. De tal modo que si no se paga en un plazo de un mes, podría justificar una futura acción de resolución por incumplimiento del convenio. Y es, respecto de esta última apreciación, que incorpora a su decisión un pronunciamiento que excede de lo que era objeto de litigio.
La sentencia del juzgado no se limita a estimar o desestimar la petición de que se declare el incumplimiento del convenio y se abra la liquidación, sino que, a la vista de la objeción formulada por la concursada, introduce un pronunciamiento que contiene la declaración de que el crédito cuyo incumplimiento alegó el demandante, se adeuda, y concede un plazo de gracia de un mes para su pago, con la expresa advertencia de que su impago podría motivar la declaración de incumplimiento del convenio y su consiguiente resolución.
El Juzgado, y luego la Audiencia al confirmar la sentencia de primera instancia, se exceden en su enjuiciamiento de lo que era la cuestión litigiosa. El tribunal de apelación, y antes el de primera instancia, sobre la base del incumplimiento alegado por el acreedor demandante y la objeción formulada por la concursada, podía haber estimado o desestimado la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio y se abriera la liquidación. Pero no podía, sin incurrir en incongruencia, desestimar momentáneamente la resolución del convenio y conceder un plazo de gracia de un mes para que el deudor hiciera el pago con la advertencia de que, de no hacerlo así, podría volver a pedirse la resolución del convenio basado en aquel mismo impago.
- En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto al amparo del motivo 2º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regla 7.ª del apartado 1 de la disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación».
- No se discuten los hechos relevantes aducidos en la demanda para justificar la resolución del convenio y en la contestación para oponerse a la resolución. La concursada no niega que el impago que se denuncia se haya producido y el demandante no niega que en el plazo de tres meses desde la aprobación del convenio no comunicó la cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos que le correspondían en cumplimiento del convenio.
Lo que se discute es la validez de la cláusula 5.ª del convenio, transcrita en el apartado 2 del fundamento primero de esta sentencia, y su interpretación.
- Si la concursada niega que subsista el crédito que se dice impagado por el acreedor que solicitó la resolución del convenio, porque no fue comunicada la cuenta en la que debía realizarse la transferencia de pago en el tiempo y en la forma «convenidos», el tribunal debe interpretar la cláusula para constatar si procedía tener por renunciados esos créditos.
Conforme al art. 129.1 de la Ley Concursal, al resolver los motivos de oposición a la aprobación del convenio aceptado, el tribunal puede interpretar el convenio cuando, como afirma el precepto, «sea necesario para resolver sobre la oposición formulada». Pero esta previsión normativa, específica por la singularidad de la exigencia legal de la aprobación judicial y el previo trámite de oposición, no excluye que, como ocurre con cualquier otro contrato o negocio jurídico, el tribunal pueda interpretarlo cuando sea necesario para resolver una pretensión relativa al incumplimiento de lo pactado y sobre las consecuencias de dicho incumplimiento.
- El convenio alcanzado en el concurso de acreedores de Gymcol, junto al contenido propio previsto en el art. 100 Ley Concursal, estableció un pacto, el quinto, relativo a la ejecución de los pagos convenidos, que preveía que los pagos se hicieran por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor indicara. Para ello se imponía a los acreedores la carga de comunicar, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la aprobación del convenio, en qué cuenta corriente querían que se hiciera el pago de sus créditos. Y se establecía que de no realizarse esta comunicación en este plazo, se entendería que ese acreedor renunciaba automáticamente y sin necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago. No a los siguientes, siempre y cuando se realizará la comunicación dentro de los tres primeros meses del periodo de pago correspondiente.
Expresamente se pactaba que no debía considerarse incumplido el convenio por el impago de las cantidades debidas, cuando era consecuencia de la falta de comunicación en el plazo indicado de los datos de la cuenta corriente en qué realizar los pagos.
El tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo consentido por las partes que prestaron su aceptación, cuyos efectos se extienden al resto de los acreedores como consecuencia de la aprobación judicial, fue supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago convenidos a que, previamente, en un plazo de tres meses siguientes a la aprobación del convenio, en el caso del primer pago, y respecto del resto, al comienzo de cada periodo posterior, se comunicara en qué cuenta podía realizarse la transferencia. La consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del derecho, por renuncia, al cobro de los pagos afectados.
- Si estuviéramos fuera del ámbito concursal, no siendo ilícito lo convenido, afectaría a las partes que prestaron su consentimiento libre y no viciado. Pero en el ámbito concursal, surge la duda de si el control judicial al tiempo de la aprobación del convenio, por la que se extenderán los efectos del convenio a todos los acreedores afectados conforme a lo previsto en el art. 134 de la Ley Concursal, permitiría aminorar el rigor de los efectos del incumplimiento de esa carga de comunicación.
Es muy significativo que, en el art. 131.1 de la Ley Concursal, el control judicial para la aprobación del convenio no se ciñe a la resolución de las posibles oposiciones, sino que, además, incluye un control de oficio por el juez:
El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración
En nuestro caso, ni los acreedores ni el juez, de oficio, advirtieron que el convenio fuera contrario a las normas legales sobre su contenido del art. 100 de la Ley Concursal. De hecho, propiamente, el problema planteado aquí no afecta al alcance de la novación de los créditos propuesta y aceptada. La cuestión se sitúa en otro plano: si pueden pactarse formas de realizar los pagos y, al hilo de ello, si puede imponerse a los acreedores la carga de comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus respectivos créditos, y si el incumplimiento de este deber puede conllevar la pérdida del derecho al cobro del correspondiente fraccionamiento de pago.
Esta previsión convencional, que no afecta propiamente al contenido del convenio concursal, sino a la forma de hacerse el pago, no incumple los límites que respecto del contenido recoge el art. 100 de la Ley Concursal. Tampoco advertimos que infrinja normas de carácter imperativo, que, conforme a la doctrina contenida en nuestra sentencia 50/2013, de 19 de febrero, permitan tenerla por no puesta y aplicar la norma imperativa.
- En consecuencia, si la cláusula quinta del convenio es válida y no infringe ninguna norma imperativa que impida su aplicación, debe desenvolver todos sus efectos. Entre ellos que, respecto del primer pago, los acreedores que no comunicaron la cuenta en la que debían hacerse las correspondientes transferencias de pago, dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la aprobación del convenio, se entendería que habían renunciado a ese primer pago. De tal forma que, en ese caso, su falta de pago no podía considerarse un incumplimiento del convenio a los efectos del art. 140 de la Ley Concursal, y por ello debían desestimarse la pretensión de la demandante que solicitó la resolución del convenio.
- La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial imposición. Como la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal ha impedido que se resolviera el de casación, tampoco hacemos expresa condena de las costas ocasionadas por este último.
- Al estimarse el recurso de apelación, no hacemos expresa condena en costas en dicho recurso, conforme al art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y al desestimarse la pretensión formulada en la demanda, la declaración de incumplimiento del convenio y la apertura de la fase de liquidación, procede imponer a la demandante las costas de primera instancia, conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Procédase a la devolución de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª , apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Gymcol, S.A., contra la sentencia núm. 184/2014, de 18 de junio, dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, en el recurso de apelación núm. 74/2014. 2.º- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Gymcol, S.A. contra la sentencia 255/2012, de 17 de julio, del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, cuya parte dispositiva confirmamos respecto de la desestimación de la demanda de resolución del convenio y de la absolución de la demandada Gymcol, S.A. de la pretensión contra ella ejercitada, y modificamos en cuanto que acordamos la supresión de la remisión al último párrafo del fundamento jurídico segundo, e imponemos las costas de primera instancia a la demandante. 3.º- No hacer expresa condena de las costas ocasionadas por los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

References: e contrario
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