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Figueroa Ge[1] Copy | Derecho laboral | Caso de ley
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Trabajo Zoraida Responsabilidad Civil
trabajo- erica MODIFICAnDOOOO.docx
Deber Proteccion Laboral Contractual
Irrenunciabilidad de derechos en materia laboral: su vinculación al tema de la predictibilidad
TESIS para optar el grado académico de Doctor en Derecho
AUTOR Edwin Vilmer Figueroa Gutarra
TITULO: IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL: SU VINCULACIÓN AL TEMA DE LA PREDICTIBILIDAD
1.2.1. Diagnóstico situacional
1.2.4. Justificación
1.2.5. Delimitación
1.5. Tipo de investigación
1.6. Diseño de Investigación
1.7. Universo, selección de la muestra, unidad de análisis
1.8. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Contrastación de
1.10. Ordenamiento y análisis de datos
1.11. Informe Final: Aportes de investigación a la doctrina, legislación,
1.14. Anexos
NOCIONES GENERALES SOBRE LA IRRENUNCIABILIDAD
2.1. Un enfoque filosófico previo desde la perspectiva de la Teoría General del
2.1.1. La definición de principios
2.1.2. Contexto de la interpretación jurídica
2.1.3. Necesidad de la interpretación jurídica
2.1.4. Problemas que enfrenta la interpretación
Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas
La motivación sustancialmente incongruente
2.2.1. Contexto previo
2.2.2. Autonomía privada
2.3.1. ¿Qué es el principio de irrenunciabilidad?
2.3.2. Caracteres de la renuncia de derechos
2.3.2.1. Debe ser expresada por el trabajador
2.3.2.2. Acto de disposición debe ser irrevocable y unilateral
2.3.2.3. Inaplicabilidad de la renuncia tácita o presunta
2.3.2.4. Reconocimiento del derecho en una norma imperativa
2.3.3. Legislación
2.3.4. Ámbito subjetivo
El principio de irrenunciabilidad y otros principios
2.4.1. Los principios constitucionales de la relación laboral
2.4.2 Diferencias con el principio de norma más favorable y de condición más
2.4.2.1. Con el principio de norma más favorable
Con el principio de condición más beneficiosa
Doctrinas teóricas abordadas en relación a la irrenunciabilidad
2.5.1. Teoría de la irrenunciabilidad de derechos
2.5.2. Teoría de la flexibilización laboral
2.5.3. Teoría de los derechos patrimoniales y de libre disposición renunciables
2.5.4. Teoría de derechos adquiridos y teoría de los hechos cumplidos
Las remuneraciones irrenunciables y las remuneraciones disponibles
3.1.1. Derechos establecidos en los Tratados y la Constitución
3.1.2. Los beneficios de origen legal
3.1.3. Los beneficios provenientes de convenio colectivo
3.1.4. Las remuneraciones determinadas por el contrato de trabajo
3.1.4.1. Modificación unilateral del contrato de trabajo. Habilitación del supuesto de
hostilidad equiparable al despido
La rebaja de categoría
Los beneficios provenientes de la consolidación o la costumbre
3.2. El principio de irrenunciabilidad de derechos en los procesos laborales 112
3.2.1. Conciliación
3.2.2. El desistimiento
LA CERIAJUS y la predictibilidad judicial
3.4.1.1. LA CERIAJUS y el reto de la reforma integral de la administración de justicia.
3.4.1.2. La plataforma de la CERIAJUS
3.4.1.3. Finalidad y plazo
3.4.1.4. Organización del trabajo de la CERIAJUS
3.4.1.5. Predictibilidad y normas
4.1. El principio de irrenunciabilidad de derechos en las Constituciones de 1979
4.2.1.1. STC 2906-2002-AA/TC, del 20 de enero de 2004, proceso de amparo
seguido por Mario Figueroa Ayala contra la Southern Peru Copper Corporation
4.2.1.2. STC 09-2004-AA/TC, proceso de amparo seguido por Roberto Castillo
Melgar contra Empresa Prestadora de Servicios EPS SEDAPAR
4.2.1.3. STC 0025-2007-PI/TC, Decano del Colegio Nacional de Profesores del
Perú contra el Congreso de la República
4.2.2. Jurisprudencia de la Corte Suprema
4.2.2.1. Casación 863-2002- Callao, sobre reintegro de beneficios sociales.
Sala Transitoria Social y Constitucional de la Corte Suprema
4.2.2.2. Casación 1781-2005- Lima. Primera Sala de Derecho Constitucional y Social
4.2.2.3. Casación 476-2005. Sala Transitoria Social y Constitucional de la
Corte Suprema Antecedentes Análisis de los fundamentos
5.1. En el sistema universal de los derechos humanos
5.2. A nivel constitucional latinoamericano
5.3. A nivel jurisprudencial
5.4. A nivel doctrinario
INVESTIGACIÓN Y LAS HIPÓTESIS DEL PROYECTO
6.1. Problemas planteados
6.3. Conclusiones de los argumentos desarrollados por cada hipótesis
El presente estudio Doctoral sobre la irrenunciabilidad de derechos laborales tiene por objeto efectuar un análisis integral, bajo una perspectiva filosófica, constitucional y laboral, de las diversas facetas que asume la disposición de los derechos laborales, partiendo del carácter protector que confiere el artículo 26 inciso 2 de la Constitución a los derechos del trabajador, reconocidos por la Carta Magna y la ley.
Abona al propósito de estudio del tema que la norma constitucional 1 carezca de precisión, y que en tal sentido, nos conduzca a problemas de interpretación jurídica. A este respecto, César Gonzáles Hunt 2 señala, con relación al artículo 26 inciso 2 de la Constitución, lo siguiente:
“Su interpretación literal puede llevar a entender, equivocadamente, que corresponde una aplicación restrictiva del mismo. En efecto, si los únicos derechos irrenunciables son los nacidos de la Constitución y de la ley, cabria entonces la renuncia de aquellos provenientes de normas convencionales. Así mismo, siendo irrenunciables los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, no podría siquiera renunciarse a los derechos disponibles reconocidos en estas disposiciones. Respecto al ámbito subjetivo del reconocimiento constitucional del principio, se aprecia que no se indica quiénes en la relación laboral están impedidos de renunciar a derechos indisponibles”.
1 Artículo 26° de la Constitución de 1993
(…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
2 GONZÁLES HUNT, César. “La reducción de la remuneración y el principio de irrenunciabilidad de derechos”. En “Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho peruano”. Libro homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez, 2004. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pág. 139.
Acota el mismo autor 3 :
“En cuanto al ámbito temporal, solo serían renunciables los derechos en cuanto se mantenga la relación laboral vigente, dado que la norma constitucional reconoce la aplicación del principio “en la relación laboral”. Con ello, sería posible formular renuncia antes de iniciarse la relación laboral y después de haberse extinguido ésta.”
A tenor de lo expuesto, se hace necesario efectuar y desarrollar una delimitación
previa vinculada al tema de la argumentación y motivación, a lo cual sumamos ciertos
criterios interpretativos que en Filosofía del Derecho nos van a ser de utilidad, a efectos de delimitar de mejor forma cómo debemos interpretar el tema de la irrenunciabilidad.
El debate en relación a la irrenunciabilidad de derechos, cobra vigencia inclusive
actual cuando en el contexto internacional ocurre una crisis económica de amplios efectos que viene afectando las economías a nivel mundial. EE.UU. afronta una crisis económica nunca antes vista, solo comparable a la Gran Depresión del año 1929 y hasta un rescate financiero de US$ 700 mil millones a diciembre de 2008, parece notoriamente insuficiente y no termina por reactivar la economía del país más poderoso de la Tierra. Muchos bancos de alcance intercontinental, otrora emblemáticos por su tamaño, prestigio y nivel de operaciones económicas, han quebrado ruidosamente. Los rescates económicos planificados por los gobiernos han significado, de la misma forma, la intervención directa del Estado en las crisis, supuesto que cambia la concepción de una economía de libre mercado irrestricta, en la cual el Estado solo mantenía una actitud de supervigilancia, para dar lugar a un escenario de franca intervención en actividades privadas.
3 GONZÁLES HUNT, César. Op. cit. Pág. 140.
En todo ese contexto, ¿cómo se mantienen los derechos laborales de los trabajadores de las empresas? A no dudarlo, estamos frente a un evidente retroceso de los derechos laborales adquiridos, de una flexibilización que ha de seguir reduciendo las relativas rigideces del mercado y que exige del Derecho del Trabajo una respuesta de cuál viene a ser el contexto de las relaciones laborales frente a dicho escenario complejo.
En el plano doctrinario laboral, en donde discutimos otra faceta de las crisis que afectan a los mercados, una primera interrogante a plantearnos es ¿cuáles derechos son irrenunciables y cuántos son dispositivos?, ¿cómo ha contribuido la jurisprudencia constitucional a ello?, ¿en qué medida se ha efectuado el aporte del Tribunal Constitucional y de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema a esclarecer el tema?
Resulta evidente que el examen de este tema en el ámbito constitucional y laboral va a diferir del esquema de la renunciabilidad en el Derecho Civil. En esta última disciplina va a primar el principio de autonomía de la voluntad. La premisa de estudio, en esta disciplina, va a ser que entre las partes se tiende a proyectar un equilibrio entre las mismas. Pauta distinta ocurre en sede laboral en la medida que asumimos que el carácter de la desigualdad que caracteriza a las partes en la relación laboral, determina la imposibilidad de lograr el equilibrio en la negociación empleador- trabajador.
Es así que resulta trascendental en este objeto de estudio la validez de los actos de disposición del trabajador en sus distintas modalidades y el nivel de taxatividad que emane de norma legal imperativa. En otro ámbito, al disponer de un derecho ¿a qué puede estar renunciando el trabajador? ¿A un derecho reconocido por la Constitución, la ley, el convenio colectivo, el contrato de trabajo o la costumbre? El
nivel del derecho al cual se renuncia será igualmente relevante para la determinar la eficacia de la validez del acto destinatario.
Resulta tarea obligada, asimismo, analizar la influencia de otros principios con relación al principio de irrenunciabilidad y cuál es la determinación sustantiva de los mismos en la no configuración de actos dispositivos, reservando por oposición el principio de autonomía de la voluntad que pretende, desde el Derecho Civil, conferir validez a los actos dispositivos en la relación de igualdad que tienda a caracterizar a las partes en tal área.
Procedemos luego a interiorizar nuestro estudio del principio de irrenunciabilidad a nivel constitucional, determinando los enfoques de las Constituciones de 1979 y 1993, para luego estudiar las remuneraciones irrenunciables y disponibles, dado que es en este rubro donde mayor relevancia cobra el aspecto de extensión de la irrenunciabilidad.
Por otro lado, hay necesidad de determinar cuáles son las manifestaciones sustanciales del principio de irrenunciabilidad, a nivel jurisprudencial, en el proceso laboral. De esta forma, procedemos a estudiar ejecutorias producidas en sede nacional, a nivel de Tribunal Constitucional así como de la Corte Suprema. De igual forma, hemos estimado necesario destacar algunos ítems referidos al Derecho Comparado, destacando cuál es la perspectiva de la aplicación de los derechos humanos en el sistema universal y cuál es el nivel trabajado de irrenunciabilidad de derechos en cuanto concierne a los principales Tratados Internacionales que privilegian una perspectiva global de irrenunciabilidad (léase, no restricción) de derechos, a efectos de concordar cuál es la evolución de este derecho en los ámbitos nacional e internacional. Incluimos algunas ejecutorias y criterios doctrinarios foráneos a fin de sumillar en perspectiva cómo ha desarrollado este principio en otros ordenamientos jurídicos.
En este análisis científico- jurisprudencial destaca un aspecto de suma relevancia, igualmente, y es el tema de la predictibilidad de las resoluciones en sede judicial. En apariencia, irrenunciabilidad y predictibilidad podrían parecer temas no afines. Sin embargo, existe una motivación sustancial para analizar el tema y ella reside en el hecho de que ejecutorias distintas sobre un mismo asunto, determinan una falta de certeza como condición esencial de todo ordenamiento jurídico, el cual apunta a un escenario de unidad, coherencia y plenitud, en términos de Norberto Bobbio, conforme pasaremos a desarrollar en nuestra Tesis.
En consecuencia, dicha ausencia de certeza es igualmente leída como falta de predictibilidad en los órganos de justicia, precisamente porque el esquema jurisprudencial desarrollado hasta hoy, a pesar de sus notorios avances por lograr uniformidad de criterios, sigue resultando aún complejo, dejando a cada decisor jurídico en libertad de asumir, bajo un marco discrecional amplio, su propia postura interpretativa. Mas esto último no es lo complejo pues el tema de la motivación salvaría una decisión particular. Lo sustancialmente complicado es que exista motivación diferente para un mismo caso o en su defecto, para casos muy similares, lo que se traduce, lo manifestamos con preocupación, en una falta de credibilidad para el sistema judicial y aún constitucional a nivel del propio supremo intérprete de la Constitución.
Este tema ha sido materia de preocupación en la CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia), en atención a que propiamente uno de los temas de trabajo de dicha Comisión apunta a lograr mayor predictibilidad de los decisores judiciales y para ello formula una serie de pautas a seguir. ¿Cuánto de las propuestas se ha logrado? Ello es parte de nuestro estudio.
Valga como precisión que siendo este análisis propiamente un estudio a nivel doctoral, en observancia del esquema científico riguroso que caracteriza una investigación de este tipo, procederemos a determinar en el curso de esta investigación descriptiva que efectuamos, la influencia de las variables y las hipótesis planteadas en nuestro proyecto de investigación, en la medida que el estudio doctoral exige al tiempo que un nivel de análisis filosófico de las posiciones que se plantean, también un nivel de rigurosidad científica.
En el sentido expresado, pretendemos demostrar en nuestra tesis principal de trabajo, a partir de un análisis de la realidad peruana en nuestro tema, que la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral se centra en un núcleo de derechos indisponibles, debajo de cuyo ámbito hay indisponibilidad y sobre el cual, sí existe renunciabilidad, a lo cual debe sumarse la valoración de taxatividad que emane de norma legal. A tal efecto, materializamos nuestra propuesta con una proyección normativa, a nivel de un anteproyecto de ley, a partir de las Conclusiones y Recomendaciones a las que arribamos. Con mayor propiedad, dicho anteproyecto es plasmado como propuesta de lege ferenda que aspira objetivamente a aportar para una mejor impartición de justicia, dada la falta de herramientas para un discernimiento claro en el campo de la irrenunciabilidad de derechos laborales. En tal sentido, nos persuadimos de que esta Tesis Doctoral cumple el objetivo exigido por la Unidad de Post-Grado de esta prestigiosa Universidad, cual es realizar aportes sustanciales y de envergadura para el Derecho nacional.
Tesis Doctoral se denomina:
“IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL: SU VINCULACIÓN AL TEMA DE LA PREDICTIBILIDAD”.
El problema de investigación es formulado en los siguientes términos:
¿Cuál es el alcance de la irrenunciabilidad de los derechos laborales a partir de la interpretación constitucional del artículo 26 inciso 2 de la Carta Magna de 1993, y a partir de dicha premisa, cómo conceptuar la aplicación de los derechos renunciables en materia laboral?
La inquietud personalísima de conocer el alcance de qué entendemos por derechos irrenunciables en materia laboral y cuáles son aquellos derechos que sí tienen una naturaleza de renunciabilidad, así como la intención de contribuir con un proyecto de alternativa legal a fin de esclarecer el tema de modo más técnico a través de pautas a sugerir en el modelo de actual
normatividad positiva en el Perú respecto a este tema, me conducen a desarrollar la presente Tesis Doctoral.
A su vez, resulta importante asociar esta inquietud de modo hermenéutico al
tema de la predictibilidad judicial, evaluando el contexto social y jurídico que significan los pronunciamientos de diversos órganos jurisdiccionales en relación al tema de la irrenunciabilidad, específicamente a raíz de fallos distintos del propio Tribunal Constitucional en procesos de amparo frente a pretensiones relativas a derechos renunciables como lo implica el tema de la rebaja de remuneración y si ésta involucra una renuncia de derechos o tiene la calidad de irrenunciable, habiéndose pronunciado el Tribunal en sentidos distintos. A esto se suma un análisis de razonabilidad de distintos fallos de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, a fin de determinar cómo se vienen resolviendo en sede constitucional, los rubros relacionados a nuestro tema de estudio.
Bajo esta pauta, el tema de la predictibilidad reviste suma importancia pues no sólo refleja una necesaria uniformidad de criterios, indispensable para el debido ejercicio jurisdiccional, sino que constituye un ancla de considerable bagaje para una mejor impartición de justicia.
A este diagnóstico situacional pretendemos añadir una perspectiva de análisis
constitucional, así como debemos sumar cuándo se produce la irrenunciabilidad y en cuáles niveles la misma es procedente, partiendo de la premisa principal de que hay irrenunciabilidad en el caso de Tratados Internacionales, normas constitucionales y la ley, al fijarse mínimos, sumado ello a la taxatividad como juicio de valor, regla impuesta por la Corte Suprema en la casación 476-2005. Respecto a los convenios colectivos, el contrato de trabajo y la costumbre, fijamos criterios de exclusión, sobre la premisa base
de que no se trata de normas de derecho absoluto, en la definición que veremos, más adelante, de de la Villa Gil 4 .
Las reglas de derecho, en general las normas jurídicas, pueden brindarnos una idea de subsunción, en la cual disponemos de una premisa normativa, premisas fácticas y una conclusión. He aquí lo que denominamos el silogismo jurídico. Sin embargo, al ser contrastadas las situaciones de hecho a resolver, con la realidad y las normas, aquellas enfrentan numerosísimas situaciones complejas.
Si partimos del análisis amplio del concepto de la autonomía de la voluntad, deberemos asumir que sí podríamos encontrarnos frente a derechos renunciables, pudiendo conferir naturaleza dispositiva a cualquier derecho, normas dispositivas según de la Villa Gil, en atención a que expresamos una voluntad y como tales, podemos renunciar irrestrictamente a cualquier derecho por encontrarnos en situación de igualdad. Sin embargo, esta pauta jugaría en contrario, en el mundo del Derecho del Trabajo, al correlato constitucional que representa el artículo 26 numeral 2 de nuestra Lex Legum, que prevé la irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la propia Constitución y la ley.
Nuestro objetivo entonces se orienta a poder brindar una posición doctoral filosófica, constitucional y laboral de cuándo se configuran los supuestos de irrenunciabilidad y por extensión, cuándo se deben producir supuestos de renunciabilidad procedentes, para cuyo efecto proponemos un anteproyecto de norma, a fin de que si el legislador la adopta, entonces desarrollará, como es su natural obligación, el contenido constitucional del artículo 26 inciso 2 de
4 DE LA VILLA GIL, Luis. “El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales”. En: Revista de Política Social. No. 70. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1970. Pág. 155.
nuestra Carta Magna, disposición supralegal que, como hemos señalado, aún supone muchos conflictos a nivel jurisprudencial por falta de desarrollo normativo del enunciado constitucional. Tal contexto justifica el desarrollo de la presente Tesis Doctoral.
Entendemos también, como supuesto de posición, y conforme hemos señalado supra, que la renunciabilidad podrá producirse en los niveles de normas legales dispositivas, convenio colectivo, contrato de trabajo y costumbre, considerando al respecto ciertas excepciones de rigor. A su vez, corresponde definamos que los principales problemas de irrenunciabilidad se configuran al enfocar los problemas de titularidad de los derechos renunciados, es decir, quién renuncia, así como la naturaleza del acto renunciable, debiendo precisar el desarrollo de esta Tesis si se trata de la ley, del convenio colectivo, del contrato de trabajo o de otros supuestos.
Parecería ser, y esa es una impresión muy inicial, que el artículo 26 inciso 2 de la Constitución fuera claro en su contenido. Sin embargo, la práctica jurisprudencial a nivel del Tribunal Constitucional y Salas Supremas, tal como hemos referido supra, no ha sido uniforme, precisamente por la ausencia de normas de desarrollo constitucional y Plenos Jurisdiccionales. De ahí que sea necesario que esta Investigación Doctoral, pretenda llenar los supuestos de vacío de la ley, planteando específicamente una fórmula de solución que para fines de este trabajo, constituye la posición formal del Doctorando a través de un anteproyecto de norma.
Es importante, en la normativa procedimental de elaboración de una Tesis Doctoral, abordar preguntas de investigación, a fin de que las mismas nos sirvan de barómetro de trabajo en el resto del estudio a efectuar.
Hemos creído prudente señalar las siguientes preguntas de investigación:
1. ¿En qué casos estamos frente a derechos irrenunciables en materia
laboral y cuál es el sustento de esa irrenunciabilidad?
2. ¿En cuáles casos estamos frente a derechos de naturaleza dispositiva
y por consiguiente, en los cuales el trabajador hace una renuncia válida de sus derechos laborales y que dicha renuncia no está afectada de nulidad y contravención a la ley?
3. ¿Cuáles son los criterios de campo a enmarcar para una identificación
técnica de los derechos irrenunciables?
4. ¿Cómo influye el tema de la predictibilidad de las decisiones judiciales
respecto a la definición de los derechos irrenunciables y renunciables en el campo laboral? ¿Es propiamente el Tribunal Constitucional un ente final para la definición de los derechos laborales o transforman sus sentencias contradictorias los esquemas de irrenunciabilidad?
Estas son las preguntas principales sobre las cuales vamos a monitorear nuestra investigación. Sin perjuicio de ello, debemos acotar algunas subpreguntas, dada la naturaleza del tema conflictivo, en los siguientes términos:
problemas de irrenunciabilidad de derechos?
¿Es lo mismo un derecho irrenunciable que un derecho indisponible?
3. ¿A qué llamamos normas de derecho necesario absoluto, de derecho necesario relativo y de derecho dispositivo?
4. ¿Cómo interviene la autonomía de la voluntad respecto de los derechos renunciables?
5. ¿Cuáles deben ser los caracteres de la renuncia de derechos que formula el trabajador para que se impute irrenunciabilidad y por consiguiente, ineficaz la disposición de derechos?
6. ¿En qué se diferencia el principio de irrenunciabilidad de derechos del principio de norma más favorable y del principio de la condición más beneficiosa?
7. ¿Cuáles son las principales teorías que enfocan el problema de la irrenunciabilidad y renunciabilidad de derechos?
8. ¿En qué medida son irrenunciables los derechos reconocidos en los Tratados internacionales, la Constitución y la ley?
9. Los derechos fundamentales emanados de la Constitución, ¿son absolutos?
10. ¿Cuál es el esquema de renunciabilidad a partir de las normas legales dispositivas?
11. ¿Por qué los convenios colectivos contienen derechos renunciables?
12. ¿De qué forma los derechos nacidos del contrato de trabajo y la costumbre son derechos disponibles?
13. Al disponer de un derecho ¿a qué puede estar renunciando el trabajador? ¿A un derecho reconocido por la Constitución, la ley, el convenio colectivo, el contrato de trabajo o la costumbre?
14. ¿Cuáles son las principales manifestaciones del principio de irrenunciabilidad en los procesos laborales?
15. ¿Cómo se ha manifestado el principio de irrenunciabilidad en las Constituciones de 1979 y 1993?
16. ¿Es la Carta Magna de 1993 menos garantista que la Constitución de 1979?
17. ¿En qué medida afecta al ordenamiento jurídico que no exista uniformidad en los pronunciamientos judiciales? 18. ¿En qué medida se ha efectuado el aporte del Tribunal Constitucional y de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema a esclarecer el tema de la irrenunciabilidad de derechos? 19. ¿Cuánto de las propuestas de la CERIAJUS se ha logrado en el tema de predictibilidad? 20. ¿Es necesario una ley que regule la irrenunciabilidad de derechos laborales?
Estas preguntas van a ser contestadas en el transcurso de la Tesis Doctoral, a medida que desarrollemos los capítulos respectivos.
La presente investigación es conducida en función a los siguientes objetivos:
Buscar la verdad en el tema de la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, buscando dejar más en claro cuáles son los criterios técnicos que nos conducen a establecer cuándo un derecho va a ser irrenunciable en materia laboral y cuándo no lo puede ser, y a título de qué implicancias técnicas esto va a ser objetivamente definido.
a) Determinar las situaciones que no configuran derechos irrenunciables y que por consiguiente, son derechos renunciables;
b) Delimitar un esquema de determinación procedimental de derechos irrenunciables y renunciables;
c) Hacer prospección en el tema de predictibilidad de las decisiones judiciales y poner de relieve la situación compleja que representa la falta de uniformidad de criterios en la decisión de conflictos judiciales;
d) Definir una propuesta regulatoria de la irrenunciabilidad de derechos laborales, que pueda significar un aporte técnico al complejo mundo del Derecho Laboral, una disciplina por excelencia conflictual por implicar la discusión continua de alcances patrimoniales;
e) Sumar una perspectiva filosófica y constitucional del problema, enriqueciendo los tópicos de una Investigación que se precia de pretender alcanzar nivel doctoral.
He realizado la búsqueda del tema en las bibliotecas, sección Tesis de Maestría y Doctorado en las Universidades Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Particular San Martín de Porres y no existe un proyecto similar con las características esquemáticas que exige el grado de Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, existen artículos doctrinarios elaborados por diversos autores europeos e iberoamericanos, cuyo aporte académico es relevante, pues problematizan también el tema de la presente Tesis Doctoral.
Justifico la elaboración del presente Proyecto de Investigación en el hecho de que corresponde se efectúe una contribución al quehacer jurídico a fin de definir mejor el alcance de la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral.
Debemos tener en cuenta que existen limitaciones de suyo a la libre negociación de derechos laborales, lo cual no sucede en materia civil, por cuanto instrumentos de alcance mayor como nuestra Lex Superior de 1993 así como sendos instrumentos internacionales, protegen la condición del trabajador y la base de un “ techo mínimo” de derechos que le asisten.
En suma, es conveniente llevar a cabo esta Investigación a fin de delimitar con más propiedad el tema de la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, panorama sobre el cual hoy en día se ciernen dudas respecto a la metodología de identificación de los derechos caracterizados por su indisponibilidad.
Los beneficios que se han de derivar de esta Investigación, grosso modo, son los siguientes.
a) Lograremos identificar de mejor modo los derechos irrenunciables en materia laboral;
b) Reconoceremos por exclusión, con relación a la premisa anterior, los derechos caracterizados por su renunciabilidad o disponibilidad;
c) Estableceremos una metodología de identificación de derechos irrenunciables;
d) Precisaremos la importancia que reviste que logremos una mejor predictibilidad de las resoluciones judiciales.
• Espacial: El espacio designado es el Perú en atención a que las sentencias materia de estudio- a cargo del Tribunal Constitucional y Salas Supremas- tiene alcance nacional.
• Temporal: 2002-2007. Este lapso resulta razonable en la medida que un período de análisis de un quinquenio incluye tendencias jurisprudenciales importantes. De la misma forma, por cuanto los fallos materia de análisis razonablemente han llevado un tiempo de tramitación en diversas instancias y a su vez, han conllevado, en forma previa, posiciones jurisprudenciales de órganos inferiores que igualmente reflejan una tendencia aplicativa del tema de la irrenunciabilidad.
• Cualitativa: Procesos tramitados con referencia a derechos irrenunciables en materia laboral. Aquí resulta importante identificar procesos en los cuales ha existido el conflicto de denominar o no irrenunciable un derecho de naturaleza laboral, habiendo sido éste el eje del conflicto.
• Cuantitativa: Un total de 6 expedientes representativos de decisiones en materia de irrenunciabilidad de derechos laborales: 3 expedientes a nivel del Tribunal Constitucional y 3 expedientes a nivel de las Salas Permanente y Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. El número de expedientes indicados constituye una muestra prudente que se condice con el objeto de investigación realizado.
Dada su naturaleza, este tema es desarrollado en el cuerpo de la Tesis Doctoral.
Debemos anotar, sin embargo, que en la elaboración del marco teórico hemos tenido en cuenta los antecedentes y referencias históricas. A su turno, en cuanto corresponde a la revisión de la literatura, hemos considerado las
fuentes primarias, secundarias y terciarias. De otro lado, hemos estructurado los fundamentos teóricos sobre los análisis de las bases teórico- científicas. En el marco conceptual ejecutado, hemos tenido presente el desarrollo de categorías y conceptos y hemos procedido a una adecuada definición de los términos.
1.4. Hipótesis, variables, indicadores
1.4.1. Formulación de las Hipótesis
Las hipótesis implican el planteamiento de nuestro problema y se caracterizan porque fijan antecedentes y consecuentes. Inicialmente describen una realidad, luego planteamos el problema y finalmente, constituyen una forma de respuesta al problema planteado.
Bajo esta premisa es correcto afirmar, como hace José Horna 5 , que “las hipótesis formuladas derivan de un problema que se plantea y de un marco teórico que se elabora. Una vez definidas las mismas, los objetivos se establecen y la investigación se justifica.”
En consecuencia, nuestras hipótesis van a ser formuladas teniendo en cuenta las directivas sobre Investigación Doctoral emitidas por la Unida de Post- Grado de la Universidad de San Marcos, en los términos que a continuación señalamos:
1.4.1.1. Hipótesis 1(H-1)
5 HORNA TORRES, José. Lecciones de Diseño de Investigación Doctoral. UNMSM. 25 de junio de 2004.
Ante el panorama legal de indefinición legislativa- jurisprudencial de los derechos irrenunciables en materia laboral, los casos en los que estamos frente a derechos irrenunciables en materia laboral son los siguientes:
• En los casos de obligaciones laborales cuyo mandato de otorgamiento proviene de tratados internacionales o normas constitucionales.
• En casos expresos en que la ley confiera a un derecho esta naturaleza. Es exigible que en forma taxativa se establezcan determinados derechos y beneficios sociales que tengan como fuente dicha relación.
El sustento de la irrenunciabilidad es el artículo 26 inciso 2 de la Constitución que señala: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: ( ) 2.- Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley (
• Tratados y convenios internacionales que fijan la naturaleza de derechos irrenunciables;
• Constitución Política de 1993 artículo 26 inciso 2;
• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalando derechos irrenunciables;
• Ejecutorias de las Salas Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema;
La hipótesis aquí conjetura que los derechos a proteger, vía irrenunciabilidad, son de rango constitucional (y supraconstitucional) y legal.
1.4.1.2. Hipótesis 2(H-2)
Frente a la concepción del principio de autonomía de la voluntad y de interpretación por exclusión del artículo 26 inciso 2 de la Constitución, los casos en los que estamos frente a derechos renunciables en materia laboral son los siguientes:
• En caso que la fuente de la remuneración sea una norma legal dispositiva.
• En caso de cláusula normativa de convenio colectivo.
• En caso de derechos vinculados al contrato de trabajo, salvo la afectación de sumas que signifiquen derechos menores a los taxativamente señalados por la Constitución y la ley.
• Por costumbre.
renunciables;
• Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto Supremo No. 003-
• Ley 9463, sobre reducción de remuneración;
empleador-
• Convenios colectivos de renuncia o rebaja de derechos.
La hipótesis en este caso proyecta la definición de categorías renunciables, las cuales son de rango infralegal (subordinadas a la ley).
1.4.1.3. Hipótesis 3(H-3)
Partiendo de la premisa de que es necesario diferenciar los derechos irrenunciables de los derechos renunciables en materia laboral, los criterios de campo a enmarcar para una identificación técnica de los derechos irrenunciables son los siguientes:
• Definir el contexto constitucional y legal de la irrenunciabilidad de derechos laborales;
• Analizar la titularidad de los derechos renunciados y la naturaleza del acto a renunciar;
• Hermenéutica de la Constitución de 1993;
• Sentencias del Tribunal Constitucional;
• Análisis de la normativa pertinente: Ley de Productividad y Competitividad Laboral y de Compensación por Tiempo de Servicios CTS.
La hipótesis en este ítem considera como cuestión procedimental, para la aplicación de la irrenunciabilidad, tener en cuenta el rango de la disposición a la que se renuncia o el acto-interpartes afectado de irrenunciabilidad.
1.4.1.4. Hipótesis 4(H-4)
Ante la disparidad de criterios jurisprudenciales para una mejor definición de los derechos irrenunciables en materia laboral, el tema de la predictibilidad de las decisiones judiciales involucra eliminar la inconsistencia de los fallos de las máximas instancias en aras de alcanzar una mayor uniformidad de las sentencias judiciales en materia de tutela.
• Jurisprudencia contradictoria del Tribunal Constitucional;
• Jurisprudencia no uniforme de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.
En esta hipótesis, destacamos cuán importante y necesaria es la unificación de criterios jurisprudenciales para una mejor aplicación de la irrenunciabilidad.
Corresponde señalar como fundamentos de las hipótesis los considerandos que a continuación exponemos.
En el Perú los procesos que han involucrado la definición de los derechos irrenunciables, no se han podido basar en una regulación legislativa bien definida y en ese sentido, no se ha objetivizado ningún criterio aún con carácter vinculante de cuándo estamos frente a casos de irrenunciabilidad y cuándo frente a casos renunciables, salvo la norma constitucional genérica – artículo 26 inciso 2- que señala que en toda relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. No
obstante ello, la casación 476-2005 de la Corte Suprema fija ya algunos esbozos introductorios de determinación de derechos irrenunciables, conforme veremos más adelante.
Frente a la discusión permanente y de campo que se genera en la práctica entre los estudiosos del Derecho respecto a cómo definir más técnicamente los criterios marco de la irrenunciabilidad y su contraparte, la renunciabilidad, esta Investigación Doctoral proyecta, a modo de lege ferenda, una sumilla de norma legal en relación a la irrenunciabilidad de derechos, en calidad de aporte a nuestra legislación positiva.
1.4.2. Variables e indicadores
Afirma sobre este concepto Hernández Sampieri 6 :”Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse (…) La variable es aplicada a un grupo de personas u objetos, los cuales adquieren diversos valores o manifestaciones respecto a la variable (…). La variable adquiere valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se le suele denominar “contructos o construcciones hipotéticas”.
Variables de Constatación
Las variables a desarrollar en esta Tesis Doctoral van a ser de constatación, es decir, de verificación respecto de los enunciados formulados en nuestras hipótesis.
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. “Metodología de la investigación”. McGraw Hill Interamericana. México, 2003. Pág. 144.
Variable de Constatación 1
La irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, desde la perspectiva constitucional, se configura a partir de la vigencia y validez de: a) Tratados Internacionales en los cuales el Perú es parte, así como; b) Del mandato que fluye del artículo 26 inciso 2 de la Constitución Política de 1993.
- Tratados internacionales:
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículos 29 y 30
- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Artículo 5
- Convención Americana sobre derechos humanos. Artículo 30
- Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Artículo 15
- Convenios No. 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 6
- Constitución de 1993, artículo 26 inciso 2, cuyo acatamiento se verifica en fallos judiciales que declaran derechos irrenunciables a nivel del Tribunal Constitucional y Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Se reconoce un mandato constitucional.
- Variable de Constatación 2
La renunciabilidad de derechos en materia laboral desde la perspectiva de voluntad de las partes se configura sobre la base de que un derecho laboral sea de carácter dispositivo.
Se configura, de la misma forma, sobre la verificación de la norma legal que establezca carácter dispositivo, así como a través de la constatación de los alcances de convenios colectivos, contratos de trabajo y la costumbre.
- Normas legales dispositivas.
- Acuerdos empleadores trabajadores a nivel de contratos individuales y convenios colectivos. - Estimación de la costumbre como supuesto de renunciabilidad de derechos laborales.
- Variable de Constatación 3
La identificación técnica de los derechos irrenunciables se define por los tests o valoraciones de constitucionalidad de una obligación laboral. De la misma forma, por interpretación de exclusión, los derechos provenientes de norma legal dispositiva (que faculta disponer), de convenio colectivo, del contrato de trabajo y de la costumbre, constituyen derechos renunciables.
- Análisis de la constitucionalidad de una obligación laboral;
- Análisis del carácter de titularidad de derecho renunciado;
- Análisis de la naturaleza del acto a renunciar;
- Análisis del carácter de libre disponibilidad de una obligación laboral.
- Variable de Constatación 4
La predictibilidad en los fallos judiciales es un objetivo en proceso. Nuestros tribunales de justicia, en las más altas instancias, emiten fallos contradictorios y ello crea desconcierto. No obstante esta situación, la casación 476-2005 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema significa un avance rescatable y de sumo interés, pues ordena la fijación de criterios de irrenunciabilidad en función de la naturaleza imperativa de la obligación legal laboral.
Constitucional y Corte Suprema.
Secuelas que genera el problema de la falta de definición positiva de derechos laborales irrenunciables y renunciables en materia laboral y su incidencia en la falta de predictibilidad:
- Dificultades de campo para jueces y abogados al no aplicar con propiedad
criterios de cuándo estamos frente a casos de derechos laborales irrenunciables y cuándo no lo estamos;
- Los estudiosos del Derecho apreciamos que no existiendo un panorama legal
claro respecto a la definición objetiva de los derechos laborales irrenunciables y renunciables, no resulta previsible asegurar cómo ha de pronunciarse en forma clara un Juez o Sala, o más aún el Tribunal Constitucional, al verificar la constitucionalidad de asuntos laborales en temas de irrenunciabilidad.
- En vista de la falta de una legislación poco clara en materia de
irrenunciabilidad de derechos y en ausencia de jurisprudencia vinculante y de
Plenos Jurisdiccionales en materia laboral, así como de sentencias concordadas del Tribunal Constitucional, la incidencia en el factor riesgo – país se expresa en una falta de seguridad jurídica.
- Una ausencia de predictibilidad de las resoluciones judiciales a nivel del Tribunal Constitucional, genera que los procesos de amparo en el tema específico de rebaja de remuneración, un tema directamente vinculado a los derechos irrenunciables en materia laboral, no sean previsibles en cuanto a resultados, por expresos pronunciamientos distintos del mismo Tribunal Constitucional.
Siguiendo a Hernández Sampieri 7 , corresponde desarrollar en este trabajo una investigación descriptivo-correlacional.
Es descriptiva porque se analiza situaciones jurídicas concretas generadas a partir de un conjunto de fallos expedidos entre los años 2002 y 2007 en el ámbito constitucional laboral por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
Es correlacional, porque la investigación procura determinar la relación entre dos o más variables y medir los efectos que éstas proyecten en el resultado final. A este efecto, Hernández Sampieri precisa que es correlacional en
7 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Op. cit. Pág. 117 a 126.
atención a que el propósito es “evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular) “
De esta forma, pretendemos relacionar las variables concurrentes en nuestro trabajo, apreciando que las mediciones en las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos, esto es, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
Dentro del mismo criterio correlacional expuesto, ha correspondido desarrollar en este trabajo una investigación cuantitativa en atención a que la misma nos ha ofrecido la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, así como que nos ha otorgado un punto de vista de conteo y magnitudes de los fenómenos desarrollados con relación a esta investigación. Este enfoque cuantitativo se ha fundamentado en un esquema deductivo y lógico, buscando formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas.
Hemos desarrollado, a su vez, una investigación cualitativa pues la misma le ha dado profundidad a los datos, produciendo una riqueza interpretativa, una contextualización del ambiente o entorno. El enfoque cualitativo, en este caso, se ha basado en un esquema inductivo y ha sido expansivo.
Consecuentemente, tenemos un modelo mixto pues los enfoques cuantitativo y cualitativo se han entremezclado durante todo el proceso de investigación.
La mezcla de ambos métodos ha potenciado el desarrollo del conocimiento, asumiendo un carácter empírico pues hemos recogido datos de los fenómenos estudiados.
El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación, y señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado.
El diseño que se aplicará en esta investigación es de tipo no experimental – transeccional correlacional.
Es no experimental o ex post-facto, pues se van a observar los hechos y las variables tal como ya existen en la realidad.
Igualmente alegamos que es no experimental, conforme a Hernández Sampieri 8 , porque “se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de una investigación en donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”
Esta investigación es igualmente transeccional – correlacional. Es transeccional porque la investigación recolecta datos de determinados momentos y porque su finalidad es describir variables, analizar su incidencia e interrelación en momentos dados. Es correlacional porque describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado.
Creemos de la misma forma que es posible afirmar que esta investigación igualmente es longitudinal de tendencia porque abarca un período de 5 años
8 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Op. cit. Pág. 267.
(2002- 2007), examinando distintos fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Analizamos cambios a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus relaciones)). La característica distintiva es que se trata de enfocar nuestra atención en los tipos de fallos emitidos en relación al tema de la irrenunciabilidad de derechos laborales.
La tarea aquí desarrollada, en suma, tiene por objeto ubicar, categorizar y proporcionar una visión de los fenómenos que ocurren en el ordenamiento jurídico peruano respecto a la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, uniendo esta observación al tema de la predictibilidad en las resoluciones judiciales, es decir, a de qué modo se expresan los fallos en los tribunales peruanos, destacando a este efecto cómo incide una ausencia de uniformidad en la emisión de resoluciones judiciales.
El procedimiento ha consistido en ubicar un grupo de fenómenos en unas variables o conceptos y desarrollar su correlación, estableciendo a estos efectos distintas variables de constatación.
Es pertinente señalar que en cuanto al método y técnicas de investigación, como estrategias asociadas al diseño de investigación, en el presente trabajo hemos empleado los métodos de análisis y síntesis, así como el método deductivo para trabajar la información teórica y doctrinaria. De igual forma, hemos utilizado los métodos dogmático, exegético y la hermenéutica jurídica para el estudio e interpretación de las decisiones supraconstitucionales, constitucionales y la legislación pertinente.
Diseño muestral: población y muestra
- Universo: sentencias expedidas en procesos de amparo e inconstitucionalidad, desde el año 2002.
- Tipo de muestra: Muestreo intencionado o razonado, por juicio u opinativo. La selección de la muestra se basa en la opinión del investigador, teniendo en cuenta que los elementos sean los más típicos o representativos.
- Unidad de Análisis: Procesos de amparo ventilados ante el Tribunal Constitucional y Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, años 2002 a
- Unidad de Muestreo: República del Perú
- La muestra está constituida por:
- 3 expedientes a nivel del Tribunal Constitucional y 3 expedientes a nivel de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en todos ellos buscándose tutela jurisdiccional efectiva respecto de la alegada afectación de derechos constitucionales vinculados a la irrenunciabilidad en materia laboral.
Precisado ello, estamos en condiciones de señalar que los factores a ser medidos en la investigación propuesta, son los criterios de análisis respecto a la interposición de los procesos referidos, las pretensiones formuladas y las decisiones del juzgador, concediendo o denegando los derechos demandados.
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Contrastación de
- Juntas bibliográficas
- Recopilación documental: La técnica de procesamiento de datos a aplicar es de fichas de recolección de datos así como de instrumentos de reunión documental, plasmados luego al texto de la Tesis, previa evaluación de su alcance. Las fichas son elaboradas conforme a las referencias e informaciones que interesan al desarrollo de la investigación.
1.9. Contrastación de hipótesis
Por su naturaleza conclusiva, esta parte es desarrollada in extenso en la parte final de nuestra Tesis, en atención a que procuramos, mediante la contrastación, demostrar que nuestras hipótesis han sido verificadas en la realidad del estudio desarrollado.
Sin perjuicio de ello, es pertinente poner de relieve que la contrastación de las hipótesis constituye una etapa trascendental en toda investigación, en atención a que las hipótesis o premisas de trabajo, provisionales en un inicio, han quedado verificadas en la investigación, es decir, las hipótesis han sido comprobadas.
Técnica de análisis de datos: Tratándose de un estudio cualitativo sobre los alcances de la irrenunciabilidad, los datos recopilados son sometidos a análisis lógico. Cada dato es observado unitariamente en su estructura y en su función, examinando en este aspecto su fin y su resultado. Culminado el análisis de los datos se continúa con la construcción científica.
Para ello habrá que seguir los siguientes pasos:
• Ordenar y comparar datos.
• Clasificar en grupos homogéneos.
• Ordenar los datos con criterio vertical y horizontal y determinar su estructura.
1.11. Informe Final: Aportes de investigación a la doctrina, legislación, anteproyecto de ley.
Es necesario informar que hemos efectuado una interpretación rigurosa de los resultados de la investigación, desarrollando inferencias correctas. A su vez, hemos aplicado adecuadamente el idioma así como los métodos y técnicas de investigación requeridas por el Proyecto, al tiempo que hemos desarrollado en esta fase la doctrina concurrente. También hemos reflejado aquí nítidamente el problema investigado, las hipótesis que sirvieron de referente, las variables e indicadores descubiertos, verificados, esclarecidos y medidos.
También debemos señalar que este trabajo de carácter activo- discursivo, ha cumplido con los parámetros de la investigación científica en consideración a que hemos realizado la interpretación de los datos obtenidos, procesados y tabulados, utilizando a este efecto un planteamiento del problema planteado, las formulaciones de hipótesis y se han usado las variables de constatación. Estas variables han servido como elementos de juicio para destacar el contenido del presente Informe.
Recursos Utilizados. Cronograma de trabajo
Recursos: Humano, Técnico, Material, Presupuesto
En el tema de recursos humanos, el suscrito ha desarrollado en su integridad la labor principal de investigación, delegando en terceros el acceso a algunas fuentes complementarias de investigación, sea recopilando alguna fuente extraordinaria o bien teniendo acceso a determinada orientación técnica de la legislación positiva.
Los recursos técnicos y materiales se identifican por el acceso directo a distintas bibliotecas, material obtenido por consultas a terceros especialistas y acceso a internet.
Varía en función de los recursos humanos y materiales requeridos. Sin embargo, a continuación presentamos un presupuesto referencial de la investigación a realizar
S/. 10.00/hora
S/. 4,000.0
S/. 0.10/página
S/. 40.00/ promedio libro y revista
S/. 1,200.0
Gasolina y traslados
3 tomos anillados
tomos empastados
S/. 325.0
Derechos de grado y pago de derechos varios
S/. 5,000.0
S/. 12,985.0
Fecha tentativa de sustentación: hacia el mes de agosto de 2009.
Definición de hipótesis,
Tabulación y codificación
investigación al Asesor
10 actividades y 24 meses
Los tres temas que anteceden son desarrollados en el cuerpo de la Tesis.
2.1. Un enfoque filosófico previo desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho
Una Tesis Doctoral exige, en nuestra opinión, una idea previa sobre la determinación de las implicancias trascendentes de los conceptos con los cuales vamos a trabajar. Asumir el estudio del principio de irrenunciabilidad exige delimitemos dos cuestiones:
una primera referida a qué es un principio y una complementaria, vinculada a que, al resolver conflictos, realizamos interpretación. Ambos conceptos tienen una relación muy estrecha en la Teoría General del Derecho en función a su condición de metacriterios cuya naturaleza abstracta constituye de suyo una necesaria base para poder discurrir con algunas ideas previas en el complejo mundo del análisis filosófico del Derecho, extremo al cual se debe en forma natural esta Tesis Doctoral. Bajo este razonamiento, la definición de los principios nos va a permitir ubicarnos en el tema materia de análisis pues nos va a permitir definir con respecto a cuál criterio marco trabaja la irrenunciabilidad, esto es, ¿se impone como norma y por tanto tiene una estructura silogística determinada? ¿O funciona con mayor criterio como principio y cuál es en dicho caso su naturaleza obligacional? En suma, cuando invocamos irrenunciabilidad de un derecho laboral, ¿es que acaso deseamos plantear una mandato al legislador o pretendemos que el mismo positivice los principios en la ley? En este último caso, si el principio se materializa en la ley como tal, ¿deja de ser principio para convertirse en norma? En realidad, para comprender mejor esta idea necesitamos algunos esbozos filosóficos a los cuales se orientará esta parte de la Tesis Doctoral.
Resulta relevante que al pretender una delimitación del principio de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, nos preguntemos antes qué entendemos por principio, más aún cuando los principios no son estrictamente leyes, sino el espíritu o la esencia de la ley. Los principios son líneas directrices, verdades anteriores y superiores a la norma legal. Como muy bien decía Carnelutti 9 “los principios se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol está dentro del vino, representan el espíritu y la esencia de la ley”. Es el mensaje escrito o como muy bien se dice “se encuentra entre líneas”. Por esa razón, el Código Civil en su Título Preliminar dispone que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del Derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.”(art. VIII).
Carlos Bernal Pulido 10 define con acierto una proposición respecto a los principios y afirma:
“Los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción determinados. Los principios son mandatos de optimización (…)/ (A su vez) los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico. La ponderación es la manera de aplicar los
9 CARNELUTTI, Francesco. “Sistema de Derecho Procesal Civil, Edit. Uteha Argentina, pág. 132.
10 BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2do nivel. Pág. 87.
principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”
Prosigue el mismo autor:
“Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “
Por la ley de la ponderación, según Bernal Pulido 11 , asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy 12 , citado por Bernal Pulido, refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: Leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso.
11 BERNAL PULIDO, Carlos. Op. cit. Pág. 87.
12 ALEXY, Robert. “Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios”. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2002. Pág. 95.
Bajo una mirada al Derecho peruano, podemos afirmar con Juan Espinoza, Espinoza 13 que:
“El término principio proviene de la expresión latina “principium”, que equivale a fundamento o inicio. En el ámbito filosófico se afirma que “es un punto de partida, de inicio, de idea fundamental rectora” 14 . Otros observan que viene de la voz griega “arché”, que desde tiempos remotos era motivo de una incesante angustia existencial de los filósofos griegos, que pretendían determinar su esencia. 15 ”
El principio de irrenunciabilidad, en orden a nuestro tema y en concordancia con las ideas vertidas, tiene, prima facie, la naturaleza de un mandato de optimización. Va a constituir una propuesta del legislador constitucional para que en las relaciones laborales prime el criterio marco de que el trabajador no puede renunciar a cierto nivel de derechos contenidos en la Constitución y la ley. Y como garantía de ello, no sola obra el mandato taxativo del artículo 26 inciso 2 de la Constitución sino un conjunto de valores y directrices que fluyen de la misma Carta Magna bajo esa característica de “moralidad básica”a la que se refiere Peces Barba 16 cuando hace referencia a los presupuestos éticos que comprende un derecho fundamental. En efecto, concordamos plenamente con el autor cuando se refiere a la “relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral” 17 . Un principio, a juicio nuestro, implica mucho de un mandato moral, en el sentido del
13 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Pontificia Universidad Católica. Fondo Editorial,
2005. Pág. 399.
14 ROSENTAL, M.M. y P.F. Iudin. Diccionario filosófico. Rosario: Universo, 1973. Pág. 374.
15 FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. 5ta edición. Tomo II. Buenos Aires, Sudamericana,
1965. pág. 480.
16 PECES. BARBA, Gregorio. “Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General”. Madrid. Universidad
Boletín Oficial del Estado, 1999. pág. 37
17 PECES. BARBA, Gregorio. Op cit. Pág. 37
imperativo categórico kantiano, es decir, no tiene la fuerza coercitiva de la norma como tal, la cual se reviste del principio de legalidad y adquiere fuerza coercitiva. El principio, sin embargo, asume la forma de un mandato de optimización, es decir, insta a su cumplimiento pero para un fin de optimizar el contenido de un derecho fundamental, en el caso que nos ocupa, el derecho al trabajo.
Y no dejemos de lado la interrogante que puede estar surgiendo a raíz de lo afirmado supra: ¿es acaso lo mismo un principio que un derecho fundamental? ¿Gozan de la misma estructura? No son lo mismo aunque su cercanía conceptual es evidente. La estructura de un principio básicamente está contenida en el concepto de un mandato de optimización. A su turno, un derecho fundamental va a expresar tanto una moralidad básica como una juricidad básica, en la definición de Peces- Barba antes acotada. Pero a su vez, un derecho fundamental tiene una estructura definida, conforme señala Carlos Bernal Pulido 18 al indicar: “todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho fundamental”.
Una definición apropiada sobre esta estructura nos la brinda, jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional 19 , al señalar:
“De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho fundamental. Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho fundamental, son las
18 BERNAL PULIDO, Carlos. “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pág. 76
19 STC 01417-2005-PA/TC. F.J. 23 y 24. Caso Anicama Hernández.
exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad.”
Cuando debemos resolver un conflicto laboral, vinculado al tema que fuere, sea en sede constitucional u ordinaria, necesitamos asumir una posición argumentativa lógica de la solución que vamos a adoptar, para luego sostener una posición a favor del derecho que alegamos. Acto seguido, tiene lugar la interpretación de la norma y de los hechos concurrentes, elementos que nos permiten acercarnos a la solución del problema. Finalmente, la motivación constituye un eje final del razonamiento en tanto cada argumento e interpretación alegada, deberá ser desarrollada a través de la motivación misma. Respecto de lo expuesto, la actividad interpretativa merece unas líneas de reflexión previas en atención a que, al resolver problemas de irrenunciabilidad, de suyo aplicamos interpretación jurídica.
En el sentido de la reflexión aludida, ¿es la interpretación jurídica un arte o una ciencia? Desde que Mario Bunge 20 estableció conceptualmente la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas, quedó cuando menos afianzado en perspectiva que las ciencias formales demuestran o prueban, en tanto que las ciencias fácticas verifican, confirmando o no, hipótesis que en la mayoría de casos son provisionales. La lógica y la matemática, como ciencias formales, no se ocupan de los hechos sino tratan de entes ideales. Sus objetos son formas. Son, por tanto, ciencias deductivas; las ciencias fácticas, a su turno, se refieren a recursos y procesos. El conocimiento fáctico, de esta forma, es esencialmente probable.
20 BUNGE, Mario. “La ciencia, su método y su filosofía”. Ediciones Arco Iris. Pág. 3
A tenor de lo expuesto, podemos esbozar que el Derecho es esencialmente una ciencia fáctica. Su campo de acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas, representadas por las relaciones entre seres humanos. El Derecho regula declarando intereses, unas veces, y otras, imponiendo conductas en forma restitutoria o resarcitoria. Y a través de las decisiones judiciales se expresa la fuerza coercitiva del Derecho, en la medida que, muchas veces, impone conductas a las partes involucradas en un conflicto de intereses.
Ubiquémonos en la etapa interpretativa. Si establecemos que el Derecho no es una ciencia formal, sino fáctica, y que no trata de entes ideales ni sus objetos son formas, entonces ¿Representa el Derecho una ciencia o un arte? Para Marcial Rubio 21 , “la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia”, dado que los criterios de interpretación son elementos generales que pueden aparecer en diversos métodos y los métodos combinan estos criterios de diversas maneras.
Acota, en el mismo planteamiento, que:
“En el fondo, nadie ha desarrollado una teoría integral y sistematizada de la interpretación jurídica (…) y la teoría de la interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente admitidas, con unidad metodológica y con capacidad de predecir un resultado dadas determinadas condiciones. Es decir, la teoría de la interpretación no constituye, propiamente hablando, una ciencia”.
Por consiguiente, no existen reglas fijas, inferimos, para emitir una decisión. ¿Es entonces la tarea que desarrolla el juez, al elaborar una decisión, un arte, en razón de ausencia de reglas científicas dada la condición de ciencia fáctica del Derecho? Nos inclinamos por coincidir parcialmente con Marcial Rubio, en atención a que resulta cierto que las reglas de interpretación no resultan uniformes en todos los casos y que no existe una solución científica para resolver problemas de derecho, al igual que en la lógica y las matemáticas. Sin embargo, desde la aparición de las primeras teorías de la argumentación jurídica en los años 50 del siglo pasado 22 (Viehweg, Perelman, Toulmin, en una primera etapa, y MacCormick, Alexy y Atienza, en una segunda
21 RUBIO CORREA, Marcial. “La interpretación jurídica” en “El sistema jurídico. Introducción al Derecho”. Módulo de Razonamiento Jurídico. Academia de la Magistratura AMAG. Programa de Formación de Aspirantes 1997. Pág. 175.
22 ATIENZA, Manuel. “Las Razones del Derecho”. Palestra Editores. Lima 2004. Pág. 13.
etapa de teorías estándar de la argumentación jurídica), el esfuerzo ha sido sostenido por proveer a los decisores racionales de diversas herramientas para argumentar e interpretar los conflictos jurídicos. Bajo esta pauta, se han constituido, paulatinamente, elementos propositivos de resolución de conflictos que los propios jueces han ido adoptando sobre la premisa de cumplir un mandato constitucional: el deber de motivar, estatuido por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución del Estado.
Ahora bien, ¿por qué interpretar? Martínez y Fernández 23 , esbozan una respuesta que puede ayudarnos a ubicarnos en el problema:
“ Muchos conceptos jurídicos no están definidos en la ley;
Las leyes solo contienen principios y líneas generales de regulación;
3) El lenguaje de las normas no puede ser sometido a una lógica matematizante
que conduzca a resultados indiscutibles; 4) El principio “ in claris non fit interpretatio” hoy es rechazado tanto en el ámbito doctrinal como en el judicial;
Si el texto contradice la finalidad de la institución, será preciso interpretarlo.”
La regla, en su expresión logística, va a expresar una premisa mayor (la norma), una premisa menor (un supuesto de hecho) y una conclusión (la consecuencia jurídica
23 MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y FERNANDEZ SUÁREZ, Jesús. “Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica”. En “La interpretación jurídica” Módulo de Razonamiento Jurídico Academia de la Magistratura. 999. Compilación de Ricardo León Pastor. Pág. 55
aplicable). No obstante esta precisión, ¿qué sucede cuando estamos ante conflictos complejos cuya solución no es encontrada en las reglas? En dichos casos, debemos acudir a los principios y las analogías, que constituyen métodos de autointegración del derecho, o bien a la doctrina nacional o extranjera, que constituyen una herramienta de heterointegración.
En forma concurrente, nos referimos también a los criterios de interpretación, propiamente proposiciones de solución de los problemas, los cuales igualmente no resultan definitivos. Rafael Asis de Roig 24 grafica mejor esta posición al apuntar algunas cuestiones relativas a los mismos e indica:
“Se trata de criterios orientativos.(…) y si se analizan estos criterios, podremos observar que no son claros y, además, deben ser interpretados, problema que se complica al no existir regla alguna que nos indique cuándo debe prevalecer un criterio sobre el otro. En este sentido, se ha llegado a señalar la imposibilidad de jerarquizarlos, constatando además que todo criterio es reversible en su contrario”.
El Tribunal Constitucional, en reciente sentencia 25 , en el caso Giuliana Llamoja, ha
24 ASIS DE ROIG, Rafael. “Jueces y normas. La Decisión Judicial desde el Ordenamiento”. Marcial Pons; Madrid, 1995. Pág. 177.
25 STC EXP. N. ° 00728-2008-PHC/TC. LIMA. Caso Giuliana Llamoja Hilares
desarrollado el tema de la motivación, precisando las situaciones contrarias a una debida motivación. Casuísticamente, el Tribunal ha clasificado supuestos inidóneos de motivación, los cuales tienen relación directa con un ejercicio insuficiente de interpretación. Veamos esos escenarios contradictorios con una debida motivación:
2.1.4.1. Inexistencia de motivación o motivación aparente
2.1.4.2. Falta de motivación interna del razonamiento
El Tribunal Constitucional precisa que esta digresión 26 “se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.”
26 STC 00728-2008-PHC/TC. F.J. 7b
El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica una ausencia de conexión entre la premisa y la constatación fáctica o jurídica que le corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del Tribunal en la forma siguiente 27 :
2.1.4.4. La motivación insuficiente
27 STC 00728-2008-PHC/TC F.J. 7c
2.1.4.5. La motivación sustancialmente incongruente
La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se trasunta en
incongruencia omisiva. En esencia, el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de decidir la pretensión puesta en su conocimiento, no omita, altere
o se exceda en la definición de las peticiones incoadas.
El objeto de graficar estas anomalías de la motivación, si así lo podemos expresar, reside en que creemos prudente realizar un diagnóstico de cuáles problemas enfrentamos al interpretar y decidir.
Resolver problemas vinculados al principio de irrenunciabilidad, en consecuencia, va
a exigirnos precisamente evitar estos problemas de motivación que no solo aluden a
los jueces, sino a todos los estudiosos del Derecho que efectuamos constante interpretación de los conflictos jurídicos. De ahí la importancia de evitar escenarios contradictorios a una buena argumentación.
2.2. Referencias históricas
¿Cómo surge la irrenunciabilidad de derechos? Los conflictos sociales de los siglos XIX y XX, entre ellos guerras, conquistas, transformaciones, y revoluciones ideológicas, entre otros fenómenos, implicaron el arraigo de la posición y la necesidad de que el legislador dictara una normatividad imperativa en cuanto a derechos, en clara oposición a la concepción individualista que predominó en los siglos que nos anteceden. El nuevo planteamiento consistió en que el trabajador no pudiera renunciar a los derechos, beneficios y prerrogativas consagradas por ley, dejándose a un lado el régimen individualista del dejar- hacer y dejar-pasar (laissez faire et laissez passer).
El resultado fue una intervención activa y permanente del Estado para proteger al trabajador. Y de gendarme y policía, el Estado pasa a ser un riguroso emisor de normas para garantizar derechos y prerrogativas a favor del trabajador. Dicho esquema proteccionista afianzado a lo largo de décadas, sin embargo, hace crisis particularmente en Europa, a raíz de la crisis económica producto del cese de la bonanza económica de los años sesenta y el recurrente inicio de la flexibilización de derechos laborales.
Las tendencias de flexibilización y desregulación de derechos laborales propiamente implicaron la supresión de ciertas instituciones laborales específicas así como normas antes arraigadas y establecidas en protección del trabajador. La flexibilización significó, a su vez, la adaptación de normas a circunstancias distintas, e hizo que derechos laborales antes estimados irrenunciables, se vieran precisados a reubicarse en el escenario de las relaciones laborales.
Jorge Toyama 28 , al desarrollar un estudio acucioso del principio de irrenunciabilidad de derechos, refiere dos expresiones muy gráficas respecto al desandamiaje de los derechos laborales y refiere el concepto de “huída del Derecho del Trabajo”, una expresión de Rodríguez Piñero a propósito del proceso de deslaborización y transformaciones ocurridas en las últimas décadas, en tanto que señala otra expresión ilustrativa de Plá Rodríguez, y alude que “ el Derecho del Trabajo está cambiando de sitio”, una reflexión que de suyo tiene mucho que ver con el esquema de la flexibilización de derechos laborales.
Conforme señala el mismo Toyama 29 :
“se aprecia en el Derecho Laboral un proceso de deslaborización en las relaciones contractuales por una serie de motivos concurrentes, un reconocimiento a la voluntad constitutiva de las partes en la determinación de sus relaciones jurídicas y una progresiva sustitución de normas imperativas mínimas heterónomas por otras dispositivas a título individual o colectivo. Estas modificaciones pueden estar erosionando las bases mismas de las relaciones laborales clásicas, de tal modo que, se dice, se impone la necesidad de una “readecuación” del enfoque de prestación subordinada y remunerada de servicios en régimen de ajenidad que tradicionalmente se enseñaba en las aulas universitarias.”
Frente a estos contextos, consecuentemente, el legislador constitucional recurre a la
de principios a efectos de que frente a estas tendencias de flexibilización,
28 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales: normativa, jurisprudencia y realidad” IUS ET VERITAS. Año XI N° 22. Junio 2001. Pág. 164. Obras referidas por el autor: RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel “La voluntad de las partes en la calificación del contrato de trabajo:
en Relaciones Laborales” N° 18 Madrid 1996 pp. 3 y ss. Y PLA RODRÍGUEZ, Américo “Personas protegidas, asegurados y beneficiarios”. En AA.VV Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. AIBRTSS y ANAM, México 1997 Pág. 648.
29 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. Cit. Pág. 164.
se constituyan “techos mínimos” en el ordenamiento jurídico y tal es el rol que le compete al principio de irrenunciabilidad, el cual en su expresión normativa actual, se halla plasmado en el artículo 26 inciso 2 de la Constitución vigente, conforme supra hemos indicado.
Factualmente nos encontramos hoy, entonces, entre un margen irrenunciable que es necesario difundir a nivel normativo positivo vía desarrollo legislativo del artículo 26 inciso 2 de nuestra Lex Legum. Por otro lado, el embate de la denominada modernidad que acarrea la flexibilización, nos pone en la disyuntiva de determinar cuál institución laboral cedería el paso para hacer más competitivo un Estado. El enfoque científico adquiere entonces relevancia en función a que el planteamiento descriptivo de esta Tesis Doctoral, nos va a permitir recoger evidencias de la realidad y contrastarlas con nuestras hipótesis de investigación, discriminando en su momento las variables que van a caracterizar los fenómenos investigados.
Aquí corresponde efectuar un enfoque interpretativo de los supuestos de renunciabilidad desde la posición inicial de la teoría de la autonomía de la voluntad, que rigió este aspecto de las relaciones laborales mucho tiempo desde el Derecho Civil.
Toyama 30 señala:
“La autonomía privada es una facultad de autorregulación de la cual gozan los sujetos privados, la misma que se constituye en uno los ejes centrales de toda estructura jurídica. Modernamente, no puede concebirse en sistema jurídico
30 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. Cit. Pág. 165.
donde las personas se encuentren impedidas de celebrar o no negocios
relaciones sociales, del propio sistema laboral, etc.”
El acierto de la reflexión es relevante. El Derecho Civil, conforme a nuestra segunda hipótesis de trabajo respecto a los derechos renunciables, resulta amplio con relación a los derechos dispositivos. Los sujetos privados, al gozar de autonomía plena, tienen entera libertad contractual para disponer de sus derechos, figura inversa en el Derecho del Trabajo, caracterizado por un límite constitucional- legal respecto a la disponibilidad de derechos.
Acota Toyama 31 :
“De otro lado, es clásica la distinción dual acerca del contenido de la autonomía privada. De la Puente y Lavalle 32 lo expresa de la siguiente manera: “la autonomía privada tiene un doble contenido: en primer lugar, la libertad de contratar (…) que es la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata, sabiendo que con ello se crean derechos y obligaciones; y en segundo lugar, la libertad contractual, llamada también más propiamente, libertad de configuración interna, que es la de determinar el contenido del contrato. A nivel constitucional, se reconoce expresamente ambas manifestaciones. En efecto, el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución de 1993 señala que “Toda persona tiene derecho: (…) A contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden público”. Así, en esta genérica disposición constitucional se reconoce tanto la libertad de contratar como la libertad contractual.”
31 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. Cit. Pág. 165.
32 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. “El contrato en general”. (primera parte, tomo I). Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992. Pág. 10.
La distinción entre libertad contractual y libertad de contratar tiene arraigo constitucional. Parte de un concepto de igualdad entre las partes para decidir los contenidos de contratación entre las mismas. Sin perjuicio de ello, la doctrina constitucional, en este rubro, también ha evolucionado notablemente y en una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional 33 , se ha pronunciado, desde una perspectiva de control de los derechos fundamentales, expresando lo siguiente:
“17. Por otro lado, como sucede con otros derechos fundamentales, la libertad contractual también se encuentra sujeta a límites. Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a los límites de la libertad de contratación en anteriores oportunidades. En efecto, ha precisado que “Así las cosas, el orden público al que hace alusión el artículo 2º, inciso 14, de la Constitución hace explícita la carga institucional de todo derecho fundamental que da lugar a que la libertad de contratación no pueda ser apreciada como una isla oponible a costa de la desprotección de otros derechos fundamentales. Por ello, en criterio de este Tribunal, en un Estado social y democrático de derecho (artículo 43º de la Constitución), el orden público y el bien común se encuentran instituidos en el propio contenido protegido del derecho fundamental a la libre contratación, actuando sobre él, cuando menos, en una doble perspectiva: prohibitiva y promotora. Prohibitiva en el sentido de que, como quedó dicho, ningún pacto contractual puede oponerse al contenido protegido de otros derechos fundamentales. Y promotora en cuanto cabe que el Estado exija a la persona la celebración de determinados contratos, siempre que, de un lado, no se afecte el contenido esencial del derecho a la libertad de contratación y, de otro, se tenga por objeto conceder debida protección a otros derechos fundamentales” (STC 2736-2004-AA, fundamento 11).”
33 STC 03866-2006-PA/TC caso Faustino Meza Gutiérrez
Acota el Tribunal en la misma sentencia:
“Igualmente, se ha expresado que“Dicho vínculo –fruto de la concertación de voluntades– debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público”. (STC 0008- 2003-AI, ya citada).Dentro de esos límites no está ausente una serie de circunstancias bajo las cuales se efectúa la contratación. A este conocimiento de ciertos hechos fácticos se suma que los contratos también se suscriben asumiendo una serie de “hechos jurídicos”; es decir, la creación, validez y eficacia de los contratos se sujeta a lo establecido en el ordenamiento. Aunque parezca demasiado obvio, la libertad de contratar, así como cualquier otra libertad, se encuentra circunscrita a las potencialidades o posibilidades de cada persona, en un tiempo y lugar dado.”
La autonomía de la voluntad, entonces, y a tenor de lo anteriormente afirmado, es objeto de limitación constitucional, a pesar de la concepción liberal y de libre disponibilidad que enuncia el Código Civil. Dicha libertad se va a caracterizar por ser objeto de un control determinado a nivel constitucional.
En lo que respecta a la normativa civil actual, corresponde tener en consideración a las fórmulas preceptivas de los artículos “140 (aplicable para los actos jurídicos en general), 1351(aplicable para los contratos en relación a la libertad de contratar: creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas”; y 1354(enunciado que consagra la libertad contractual) del Código Civil 34 , los cuales fijan los supuestos base de la autonomía de la voluntad.
34 Artículo 140 del Código Civil
Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales
Las referidas disposiciones se aplican supletoriamente a las relaciones laborales, es decir, a falta de disposición laboral expresa, en atención al artículo IX 35 del Título Preliminar del Código Civil)
En relación a los límites a la autonomía privada, Toyama 36 señala que:
“Por la autonomía privada, las personas pueden disponer de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico sin que exista transgresión alguna a normas de orden público. En el Derecho Civil, la mayoría de los derechos son disponibles por las personas al permitirlo así las normas que reconocen tales derechos. El límite a la autonomía privada no está planteado en la capacidad de disposición de derechos sino en el ejercicio de derechos, a tal punto que,
1.- Agente capaz. 2.- Objeto física y jurídicamente posible. 3.- Fin lícito. 4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Artículo 1354 del Código Civil
35 Artículo IX Título Preliminar del Código Civil
36 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. Cit. Pág. 165.
para autores como Diez Picasso 37 , el problema principal de la autonomía privada es un “problema de límites”. Sin duda, todo derecho tiene siempre límites, siendo éstos inherentes a aquéllos. No hay derecho que no tenga límites y que pueda ser utilizado de manera irrestricta. Por ello, el ejercicio de la autonomía privada debe ser tal que no colisione con normas de carácter imperativo o, como señala la doctrina, de orden público- el mismo que solo se puede determinar en cada caso-. Uno de los límites del Derecho Laboral a la autonomía privada es el principio de irrenunciabilidad.”
La enunciación de límites reviste actualidad, de la misma forma y como señalamos al inicio de esta Tesis, al desarrollar la perspectiva de análisis constitucional de la irrenunciabilidad de derechos laborales. La autonomía privada, en consecuencia, observa dos límites sustanciales en su aplicación:
1) A través de los límites propios, objetivos y naturales que surgen a partir del propio Derecho del Trabajo; y; 2) Como consecuencia directa de la actividad control que ejerce el Derecho Constitucional a través de las sentencias del supremo intérprete de la Constitución.
Gonzáles Hunt 38 , a este respecto, indica:
“La autonomía de la voluntad (…) tiene en el Derecho del Trabajo un límite de mayor contenido que la genérica salvaguardia a la renuncia a los derechos inherentes a la persona, contenidos en el artículo 5 del Código Civil: “El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana, son irrenunciables y no pueden ser objeto
37 DIEZ PICASSO, Luis. El concepto de autonomía
Derecho Civil 8: Contratos materiales de enseñanza. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991.
BARRETO, Percy.
En FORNO, Hugo y
38 GONZALES HUNT, César. Op cit. Pág. 136
de cesión”. Ciertamente, la distinta conceptualización del nivel de equiparidad entre las partes contratantes que distingue a ambos derechos, explica por qué para el Derecho del Trabajo el campo del principio de irrenunciabilidad se extiende más allá de la imperatividad de determinadas normas que consagran derechos y del carácter público de numerosas disposiciones reguladoras de las relaciones laborales.”
Conviene llamar la atención respecto a la salvaguardia genérica que enuncia Gonzáles Hunt, al referirse inclusive a un nivel base que dentro del Derecho Civil tiene relación con el derecho a la vida y derechos conexos, supuesto que nos habilita a concluir que no hay derechos totalmente disponibles en el Derecho Civil. Esto nos debe hacer concluir que no resulta tan cierta, entonces, la premisa de una existencia irrestricta de derechos disponibles en el Derecho Civil, supuesto que constituiría la diferencia con el Derecho Laboral. Bajo esta pauta, existen derechos mínimos, como el derecho a la vida, cuya naturaleza no resulta disponible y ello reviste una connotación de indisponibilidad que es importante tener en cuenta para fines de este estudio doctoral.
2.3. Noción jurídica
Resulta necesario esbozar algunas ideas centrales con relación a la noción del principio de irrenunciabilidad, ello a fin de delimitar el campo de las hipótesis de trabajo en esta Tesis Doctoral. Bajo esta pauta, la referida delimitación va a contribuir, con los conceptos doctrinarios aludidos, a reforzar la probanza de nuestra tesis central, la cual apunta a una identificación de los
De la Villa Gil 39 proporciona una de las definiciones más clásicas e indica:
“El principio de irrenunciabilidad puede ser definido como la imposibilidad que tiene el trabajador para abandonar unilateral e irrevocablemente un derecho contenido en una norma imperativa”.
El mismo autor 40 le confiere otra dimensión
servir de referencia a lo largo de esta Tesis Doctoral:
y enuncia a una idea que nos va
“ En la doctrina española es usual la diferencia entre normas de derecho necesario absoluto, normas de derecho necesario relativo y normas de derecho dispositivo; de las primeras, surgen derechos indisponibles, en cualquier sentido, hacia arriba o hacia abajo, de las segundas, nacen derechos indisponibles hacia abajo, pero disponibles hacia arriba; de las últimas, finalmente, derivan derechos disponibles en un todo. Ante esta panorámica (…) los derechos a los que el trabajador no puede renunciar individual y válidamente son los nacidos de las normas de derecho necesario absoluto o de normas de derecho necesario relativo, salvo aquellos que, originados por éstas, se sitúan por encima de los mínimos imperativamente garantizados. “
El concepto antes aludido nos ubica ordenadamente respecto a cuál es la incidencia de los derechos indisponibles del trabajador. Para nuestro fin,
39 DE LA VILLA GIL, Luis. Op. cit. Pág. 7
40 DE LA VILLA GIL, Luis. Op cit. Pág. 8.
derecho irrenunciable es sinónimo de derecho indisponible. Al aludir nuestra hipótesis de trabajo a que los derechos irrenunciables provienen del enunciado constitucional previsto por el artículo 26 inciso 2 de nuestra Carta Magna, queremos introducir gráficamente una idea a través de la cual en una escala de 3 niveles, el nivel 2 pudiera representar el límite de los derechos indisponibles. Si nos encontráramos en el nivel 3, de los derechos disponibles, podemos objetivamente disponer hacia abajo y llegar al nivel 2 que representa el límite abstracto de la irrenunciabilidad. El nivel 1 significa un grado de infracción del principio de irrenunciabilidad en atención a que ha incurrido en la disposición de derechos indisponibles. Por lo tanto, será un acto cuya eficacia no deberá prosperar por manifiesta infracción del enunciado constitucional de irrenunciabilidad.
El maestro Plá Rodríguez 41 refiere, en relación a la noción de irrenunciabilidad: “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho Laboral en beneficio propio” y define como renuncia 42 : “a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace abandono de un derecho a su favor”.
Fernández López 43 refiere: “Uno de los mecanismos más clásicos para garantizar la vinculabilidad y la aplicación de las normas laborales es el que tiende a impedir que el trabajador, en el contrato individual, las deje sin efecto, mediante la renuncia a las condiciones mínimas de trabajo que las normas le aseguran.”
41 PLA RODRIGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1978. Pág. 118.
42 Ibidem. Pág. 118
43 FERNANDEZ LOPEZ, M.F. GARRIDO PEREZ, E, GONZALES BIEDNA, E., RODRIGUEZ RAMOS, MJ, SANTANA GOMEZ, A. “Temas de Derecho del Trabajo”. Editorial Centro de Estudios Ramón Cáceres. 1994. Pág. 93.
En la misma línea de conceptos aludidos, afirma Neves Mujica 44 :
“Un derecho puede nacer de una norma dispositiva o imperativa. En el primer caso, su titular puede decidir libremente sobre él. El acto que contenga esta decisión será de disposición. En el segundo caso, el titular del derecho no puede abandonarlo por su voluntad. Si lo hace, su acto será de renuncia. Mientras la disposición es válida, la renuncia, no. El Derecho del Trabajo está lleno de normas mínimas (imperativas hacia abajo y dispositivas hacia arriba), por tanto, los derechos reconocidos a los trabajadores son indisponibles para éstos respecto de su parte imperativa pero no de la dispositiva.”
Jorge Toyama 45 refiere:
“Resulta necesario apreciar la aplicación de los principios laborales. Uno de los principios más relevantes del Derecho Laboral es el principio de irrenunciabilidad de derechos que denota un rasgo esencial e inequívoco de la protección del Derecho Laboral a los trabajadores, en tanto supone la carencia de efectos de los actos de disposición de derechos contenidos en normas mínimas.”
Víctor Ferro Delgado 46 señala, por otro lado, lo siguiente.
44 NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho del Trabajo”. Ara Editores. Lima, 1997. Pág. 102.
45 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Normativa, jurisprudencia y realidad.” Revista IUS ET VERITAS. Año XI. No. 22. Junio 2001. Pág. 164.
46 FERRO DELGADO, Víctor. “El principio de irrenunciabilidad en la interpretación constitucional”. En “Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho peruano”. Libro homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez, 2004. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pág. 111.
“El principio de irrenunciabilidad constituye un elemento central de la protección que el ordenamiento laboral confiere al trabajador, toda vez que carecería de eficacia que la legislación reconociera un conjunto de beneficios destinados a atenuar la condición de desigualdad entre el empleador y el trabajador, y simultáneamente se reconociese a éste la capacidad para renunciar o disponer de tales derechos. Es claro que en razón de su mayor poder de negociación, el empleador podría imponer como requisito para la obtención del empleo o para alcanzar mejoras en el mismo, que el trabajador se prive voluntariamente de los derechos consagrados por la ley o el convenio colectivo. Por ello la conceptualización sobre la existencia de que ciertos derechos laborales deben necesariamente ser salvaguardados, constituye la base de su indisponibilidad e irrenunciabilidad.”
Añadimos a estas primeras impresiones la opinión que brinda César Gonzáles Hunt 47 , quien señala:
“El trabajador no puede desprenderse de determinados derechos y beneficios- que por su condición de indisponibles, por su carácter imperativo o por encerrar noción de orden público- resultan irrenunciables. Y, en caso así lo hiciere, tal privación de derechos será reputada como nula de pleno derecho e ineficaz. Repárese en que se trata de un acto voluntario y definitivo del trabajador de disposición de un derecho cierto de carácter imperativo, siendo indiferente al derecho si éste se exterioriza a través de declaración unilateral, un acto bilateral o cualesquiera otra forma. Por ello, supuestos como la ausencia del otorgamiento de un derecho por decisión unilateral del empleador o la sucesión normativa en clave desmejorativa, no configuran un supuesto que haga posible la aplicación del principio de irrenunciabilidad,
47 GONZALES HUNT, César. Op. cit. Pág. 135.
Gómez Valdéz 48 refiere:
“La irrenunciabilidad de los derechos constituye un principio general del Derecho del Trabajo y se le asocia con la protección del más débil de la relación laboral, puesto que la ajenidad del trabajo impone una subordinación jurídica, en nombre de la cual es posible obtener situaciones desfavorables para el trabajador. Pero se da también, por el mismo carácter consensual del contrato de trabajo, que se hace más tangible en caso de crisis económicas estructurales, donde la secuela principal se advierte en el desempleo en todas sus variables; por lo tanto, es mucho más razonable, en estos embates, que el Derecho del Trabajo acuda en ayuda del trabajador, justificándose su presencia, nunca como ahora, para hacer necesario este principio; puesto que, de no ser así, los contratantes, que por su naturaleza son disímiles, uno de ellos- el más fuerte- podría aprovechar tal situación para menoscabar los derechos de su contraparte tanto en lo fundamental como en lo procesal.”
Las definiciones antes aludidas nos permiten identificar las nociones esenciales del principio de irrenunciabilidad. El diseño de investigación no experimental y transeccional- correlacional que realizamos en esta Tesis, nos permite, en consecuencia, apreciar en la realidad diversas variables de constatación y sus respectivos indicadores, entre ellos, las valoraciones de constitucionalidad de las obligaciones laborales para su identificación técnica como derechos irrenunciables, conforme a nuestra tercera variable de constatación.
jurisprudencial y comparado. “. Editorial San Marcos. Lima, 2006. Pág. 70
El principio de irrenunciabilidad de derechos, para ser aplicado, necesita ser contrastado con el acto de renuncia del trabajador. Vale decir, no funcionará la aplicación del principio de irrenunciabilidad en tanto no se produzca una condición previa habilitante que es la configuración de la renuncia. ¿Cómo debe expresarse esa renuncia?
La renuncia, de acuerdo a Ojeda Avilés 49 , “es una especie de la disposición que supone todo acto de desprendimiento de nuestro patrimonio de un bien, mediante enajenación, gravamen y renuncia”.
Los caracteres de la renuncia, sujeta a irrenunciabilidad, son los siguientes:
La renuncia debe consistir en un acto de manifestación de voluntad del propio trabajador y no del empleador. ¿Y por qué no de éste último?
Señala Jorge Toyama 50 :
“En nuestra opinión, teniendo en cuenta que el principio de irrenunciabilidad se origina en la desigualdad entre las partes laborales y la necesidad de proteger al trabajador, está reservado únicamente para los actos de disposición de derechos de este último. En el caso propuesto, si el empleador
49 OJEDA AVILÉS, Antonio. “La renuncia de derechos del trabajador”. Madrid. IEP, 1971. Pág. 30.
50 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. cit. Pág. 166.
renuncia a sus facultades de dirección, podría “deslaborizarse” la relación laboral y encontrarnos ante un vínculo posiblemente de carácter civil, pero no nos encontramos ante un caso referido al principio de irrenunciabilidad”.
A juicio nuestro, es importante reiterar que el acto de disposición debe corresponder al trabajador, dada su condición de titularidad del derecho laboral. ¿Qué sucede si dispone del derecho la organización sindical? Creemos que no hay aplicación del principio de irrenunciabilidad. La entidad sindical goza de la legitimación necesaria mínima si el trabajador es sindicalizado. Constituye excepción a esta situación que el sindicato pudiera eventualmente disponer de derechos irrenunciables. En vía de ejemplo, el sindicato no podría pactar que los trabajadores pudieran percibir, a cambio de un beneficio de condiciones de trabajo, una suma menor a la remuneración mínima vital.
Siguiendo a de la Villa Gil, Toyama 51 señala:
“La renuncia de derechos del trabajador debe ser irrevocable, esto es, incondicional y definitiva. Nos explicamos. El acto de renuncia del trabajador puede ser temporal—renuncia a la percepción del beneficio por un mes-, lo trascendente es que el solo acto del trabajador suponga la disposición incondicional de ese derecho.”
Acota Toyama 52 , en relación al carácter de unilateralidad:
51 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. cit. Pág. 166.
52 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. cit. Pág. 166.
“(…) Es el trabajador quien prescinde de un derecho: el acto- claro y contundente- no normativo del trabajador que dispone de un derecho previsto en una norma imperativa (…). Lo relevante es que se trate de un acto de disposición del trabajador a un derecho que puede encontrase en un acto unilateral o bilateral.”
La definitividad de la disposición es una nota relevante del acto de renuncia. Una condicionalidad de temporalidad desvirtuaría el acto de disposición porque entenderíamos, que si hubiera condición temporal de suspensión de un derecho, entonces concluido el período de exclusión de percepción de un derecho, ya no hay irrenunciabilidad.
Siguiendo a de la Villa, Toyama 53 señala:
“No constituyen supuestos de renuncia el no ejercicio de un derecho por el transcurso del tiempo ni la renuncia tácita o presunta. Debe tratarse, pues, de un acto expreso y claro del trabajador que disponga de un derecho.”
La alusión resulta objetiva respecto a la validez del acto del trabajador. De no concurrir la condición de validez, no hay configuración del supuesto de renuncia y en tal caso, no deviene aplicable la irrenunciabilidad. De existir vicios de la voluntad 54 - error dolo, violencia, intimidación- tales circunstancias
53 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. cit. Pág. 167.
54 Artículo 221 del Código Civil
determinan la anulabilidad del acto jurídico, y bajo otros supuestos la nulidad del mismo, mas no supondrán la necesaria condición habilitante de determinación de un supuesto de renuncia.
Precisa Toyama 55 :
“Bastará la existencia del derecho para que el acto de disposición del trabajador pueda calificar como irrenunciable, sin que se requiera que el trabajador cuente con los requisitos previstos en la normatividad para el goce efectivo del referido derecho. (…). Así, antes, durante y después de la relación laboral rige el principio de irrenunciabilidad”.
Hubiera podido configurar algún tipo de duda que no funcione la irrenunciabilidad si el derecho es de anterior data al contrato de trabajo. La reflexión a la que llegamos es obtenida por descarte en la siguiente forma: la naturaleza del derecho irrenunciable existe independientemente de la entrada en vigencia del contrato de trabajo. Su naturaleza trascendente hace que el derecho sea irrenunciable en todas las facetas de la relación laboral; ergo, ya existe la irrenunciabilidad en el nivel de derechos indisponibles, antes de que las partes acuerden las condiciones contractuales de trabajo.
1. Por incapacidad relativa del agente.
2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.
3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero.
55 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Op. cit. Pág. 167.
Hemos de considerar las siguientes herramientas que justifican el marco regulatorio de la irrenunciabilidad:
• A nivel constitucional
La Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 26 inciso 2, el cual señala: “En la
relación laboral se respetan los siguientes principios: ( los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”
2. Carácter irrenunciable de
Aún cuando como supra hemos ya reseñado que la fórmula constitucional no es precisa, conviene dejemos en claro que constituye propuesta de esta Tesis Doctoral el desarrollo infraconstitucional de la irrenunciabilidad de derechos, vía un anteproyecto de ley.
• Ley 9463, del 17 de diciembre de 1941, la cual fija la factibilidad de la reducción de remuneraciones aceptadas por servicios ya prestados, no debiéndose perjudicar los derechos adquiridos.
Resulta pertinente aquí definir los conceptos de irrenunciabilidad y renunciabilidad, y hacer un examen de las categorías conceptuales de los sujetos que pueden renunciar: el trabajador o su organización sindical, los caracteres del acto materia de renuncia, esto es, si la renuncia involucra derechos vinculados y tratados internacionales, derechos reconocidos a nivel constitucional si se trata de leyes, de un lado, cuidando de establecer
conceptualmente las debidas excepciones a considerar, y de otro lado, si se trata de leyes que facultan aspectos dispositivos, de convenios colectivos, de contratos de trabajo o de costumbres, definiendo a su vez conceptualmente las excepciones a dichos rubros.
2.4. El principio de irrenunciabilidad y otros principios
Definido qué entendemos por principio, es pertinente pretender describir cómo interactúan los principios laborales desde una visión del Derecho Constitucional.
A este efecto, una definición razonable del concepto de principios laborales no la brinda el Tribunal Constitucional 56 cuando señala:
“Son aquellas reglas que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, y que sirven de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativa.”
Resulta importante observar, respecto a lo afirmado, que la inspiración directa o indirecta no involucra un criterio de discrecionalidad total o libre albedrío del decisor. Por el contrario, en un Estado neoconstitucional como el de hoy, en la definición de Prieto Sanchís 57 , en el cual los rasgos más sobresalientes son: “más principios que reglas, más ponderación que subsunción, (…) y la coexistencia de una constelación plural de valores, (…)”, existen, a nuestro juicio, medios racionales que exigen a los decisores, mucho más a los jueces que resuelven conflictos laborales, que a su vez

References: artículo 26
 artículo 26
 Artículo 26
de lege ferenda
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
de lege ferenda
 artículo 26
 Artículo 5
 Artículo 30
 Artículo 15
 Artículo 6
 artículo 26
 artículo 26
 resolución 
 artículo 139
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 140

Artículo 1354
 artículo 5
 artículo 26
 Artículo 221
 Artículo 26