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Timestamp: 2019-08-22 11:28:47+00:00

Document:
Videovigilancia en polígonos industriales
Ante la consulta realizada sobre la posibilidad de instalar un sistema de video vigilancia en un polígono industrial, la Secretaría General Técnica, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Unidad Central de Seguridad Privada), pone de manifiesto lo siguiente:
Los servicios de vigilancia en polígonos industriales están previstos en la normativa de seguridad privada como uno de los supuestos en los que los vigilantes de seguridad pueden ejercer sus funciones en el exterior de los edificios cuya vigilancia tienen asignada.
En principio, dichos servicios deberán ser solicitados de forma voluntaria por los usuarios y autorizados por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, cuando sus condiciones se ajusten a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y modificado parcialmente por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.
Sin embargo, cabe también la posibilidad de que dicho servicio haya sido impuesto en aplicación de las circunstancias previstas en el artículo 112 del Reglamento de Seguridad Privada, que dice lo siguiente:
“1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Interior (hoy Secretario de Estado de Seguridad) para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores Civiles (ahora Delegados del Gobierno), podrán exigir a la empresa o entidad que adopte, conjunta o separadamente, los servicios o sistemas de seguridad siguientes:
Establecimiento del servicio de vigilantes de seguridad con o sin armas a cargo de personal integrado en empresa de seguridad.
Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, que deberán ajustarse en su funcionamiento a lo establecido en los artículos 46, 48 y 49, y reunir los requisitos que se establecen en el apartado 6.2 del anexo del presente Reglamento; no pudiendo prestar servicios a terceros si las empresas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad”.
De lo anterior cabe deducir que, salvo que el establecimiento del servicio de vigilantes de seguridad con o sin armas le haya sido impuesta en virtud del mencionado artículo 112, el representante del polígono que haya realizado el contrato de vigilancia, podrá rescindir el mismo con la empresa que le presta el servicio, salvo que la Delegación del Gobierno correspondiente no lo estime pertinente en atención a las circunstancias previstas en el citado artículo.
En el caso objeto de consulta, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial solicita complementar -no sustituir- la vigilancia que tiene contratada por medio de vigilantes de seguridad con un sistema de video vigilancia, lo que permitiría tener un mayor control de todas las zonas del polígono.
Con relación a esta solicitud, esta Secretaría General Técnica formula las siguientes consideraciones:
1º Que las cámaras tengan como misión vigilar exclusivamente las zonas comunes del polígono, es decir, todas las vías comunes que lo circundan y atraviesan, en cuyo caso no existiría, a juicio de este Centro Directivo, inconveniente alguno en la realización de la mencionada instalación, ya que no contraviene ninguna de las normas de seguridad privada, siendo, además, práctica habitual en zonas de características similares.
2º Que las cámaras se instalen con la finalidad de vigilar la seguridad de cada una de las empresas que se encuentran ubicadas en el interior del mencionado polígono, en cuyo caso, se deberían considerar como parte del sistema de seguridad de cada una de ellas, y al centralizar su conexión en el propio polígono se estaría prestando un servicio a terceros por parte de una empresa de vigilancia no autorizada para tal actividad. En este caso, les sería de aplicación el artículo 39.1 del Reglamento de Seguridad Privada que, en su párrafo segundo, en la redacción dada por el Real Decreto 1123/2001, dice lo siguiente:
“ No obstante, la prestación a terceros de servicios de recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas”.
Por tanto, para poder prestar este tipo de servicio, les sería exigible que se constituyesen como empresa de seguridad autorizada para la actividad de centralización de alarmas, o bien solicitar autorización para constituirse como central de alarmas de uso propio, cumpliendo todos los requisitos previstos en el apartado d) del artículo 112 del Reglamento de Seguridad Privada, antes citado. En este caso, sólo podrían dar servicio de centralización de alarmas a las empresas ubicadas en el polígono y nunca a terceros.
En el primero de los casos, es decir, cuando la instalación se realice exclusivamente para la vigilancia de las zonas comunes, el local donde se encuentren los equipos de recepción de imágenes deberá estar atendido, en todo caso, por un vigilante de seguridad.
Por otro lado, respecto a la posible utilización de las imágenes grabadas, podría ser de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), pero debe tenerse en cuenta que para que esta norma sea aplicable a las imágenes grabadas mediante videocámaras, dichas imágenes –que pueden ser consideradas como “dato personal”- deben permitir la identificación de las personas que aparecen, y estar incorporadas en un fichero, tal y como se define en el artículo 3.b) de la mencionada Ley: “conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”. Por ello, el archivo de las imágenes que no sea objeto de una organización sistemática, con arreglo a criterios que permitan la búsqueda de las mismas a partir de los datos de una persona concreta, no será considerado fichero a los efectos de la citada Ley Orgánica y, por tanto, dicha norma no sería de aplicación.
Por el contrario, si dichas imágenes son incorporadas a un fichero (conjunto organizado de datos de carácter personal), sería de aplicación la LOPD y el tratamiento de tales datos requeriría el consentimiento inequívoco del afectado (salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa), siendo, además, de aplicación todo el régimen de garantías y prescripciones establecidas en la mencionada Ley Orgánica y en su normativa de desarrollo.
En cuanto a otras posibles responsabilidades, en el ámbito civil, mediante el uso de videocámaras se podría estar incurriendo en una intromisión ilegítima en el honor, la intimidad o la propia imagen, de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, por lo que las personas que se consideren agraviadas podrían ejercer las acciones civiles pertinentes ante ese orden jurisdiccional.
Desde el punto de vista penal, la utilización de las videograbaciones será punible si se cometen con las mismas los delitos tipificados en el artículo 197 del Código Penal – delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen- y existe denuncia de la persona agraviada, salvo que la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del mencionado Código Penal, en cuyo caso no sería necesaria la denuncia previa.
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References: artículo 80
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 39
 Real Decreto 
 artículo 112
 artículo 3
 artículo 197
 artículo 201