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Timestamp: 2019-08-22 03:47:20+00:00

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24 octubre 2016 Tiempo de lectura:
El Real Decreto-ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, ha introducido en nuestro país el denominado “fresh start”.
La nueva ley significa la concesión de una nueva oportunidad al deudor insolvente mediante la condonación de deudas que no han podido ser satisfechas tras la liquidación de su patrimonio.
La finalidad de la segunda oportunidad española la encontramos en la Exposición de Motivos del RDL 1/2015: “Su objetivo no es otro que permitir […] que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.
La accesibilidad de la financiación sin control y la especulación inmobiliaria son los rasgos característicos de la crisis financiera española que ha provocado los problemas económicos que actualmente está padeciendo la población. El sobreendeudamiento y la insolvencia de la persona física no empresaria han sido asuntos en los que el legislador español no había hecho hincapié hasta que la crisis financiera azotó de manera más ardua nuestro país. A tal efecto, se legisló a través de Reales Decretos que se convalidaban mediante mayorías absolutas. Una de ellas, la Ley de segunda oportunidad, aprobada por la Ley 25/2015.
El tratamiento de la insolvencia de persona física es un asunto que desde hace tiempo se reclama, pero a la vez es un gran desconocido en nuestro país. La sociedad española, en particular, tiene un punto de vista de las situaciones de insolvencia con una connotación negativa y asociado a la incompetencia y frustración, cuando en sociedades como la americana aceptan el fracaso como un hecho natural en su economía, sin que ello implique una conducta irresponsable, temeraria o dolosa.
La principal consecuencia de las situaciones de insolvencia es que se ha de hacer frente a uno de los pilares fundamentales de nuestro Derecho patrimonial, el principio de responsabilidad patrimonial universal, regulado en el artículo 1911 del Código Civil, y consagra que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Este principio tiene trascendental importancia en el futuro económico de los deudores que no pueden pagar su deuda, con independencia de si se trata de consumidor, empresario individual (o autónomo) o de persona jurídica.
Concretamente, la Ley de la Segunda Oportunidad establece 2 procedimientos diferentes para, posteriormente, poder solicitar al juez que se le conceda la exoneración de deudas y, por tanto, no puedan exigirle el cobro de las mismas. Estos dos procedimientos son:
El “acuerdo extrajudicial de pagos”
Es un procedimiento extrajudicial basado en la mediación como medio de solución de controversias y poder llegar así a un acuerdo con la intervención de un mediador o un Notario. Se encuentra regulado en los artículos 231 y siguientes de la Ley 22/2003, Concursal e introducido por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para personas físicas y que, posteriormente, se amplía para personas físicas no empresarias mediante la modificación efectuada por el Real Decreto-ley 1/2015.
La solicitud de la persona física no empresaria debe presentarse ante el Notario de su domicilio para que se nombre un mediador concursal o bien, el propio Notario asuma las funciones de éste. Además, el deudor solicitante podrá decidir quién va a llevar a cabo la mediación en el acuerdo.
Uno de los efectos que se producen como consecuencia del inicio de este procedimiento es que se paralizan las ejecuciones que pudieran estar en curso y, además, las que pudieran presentarse.
El mediador concursal deberá de dirigir a los acreedores una propuesta de acuerdo y en el que deberá contener las siguientes medidas: a) esperas no superiores a 10 años; b) quitas y; c) cesión en pago o para pago de la totalidad o parte de sus créditos. Esta propuesta podrá ser modificada en la reunión que deberá realizarse con los acreedores, pero sin alterar las condiciones de pago.
Para llegar a un acuerdo deberán de superarse las mayorías reguladas en los artículo 238 de la Ley Concursal (para créditos sin garantía real o por la parte del crédito que exceda del valor de la garantía real) y la mayoría del artículo 238 bis de la Ley Concursal (para créditos con garantía real o por la parte del crédito que no exceda del valor de la garantía real).
Aprobado el acuerdo por las mayorías, éste se elevará en escritura pública y se cerrará el expediente que se inició con la solicitud del deudor.
El “concurso consecutivo”
En caso de que no se haya llegar a un acuerdo, éste se haya incumplido o bien, el mismo haya sido impugnado, el mediador concursal deberá instar el concurso consecutivo. Por tanto, es un procedimiento judicial que se abre directamente en fase de liquidación. El administrador concursal realiza las operaciones de liquidación del activo patrimonial del deudor bajo la supervisión judicial.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, serán competentes los Juzgados de Primera Instancia para el conocimiento del concurso de persona física natural.
Para el caso que, habiendo liquidado todo el patrimonio del deudor, no fuera suficiente para saldar la totalidad de deudas del concursado, el artículo 178 bis de la Ley Concursal permite al deudor solicitar la exoneración de deudas o, como el propio artículo llama, “el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”.
El “beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”
Tal y como expone la Exposición de Motivos “el sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio”. Por tanto, el deudor deberá cumplir con estos dos requisitos generales:
Que se liquide previamente su patrimonio:
Siempre deberá liquidarse el activo patrimonial para que el concurso pueda concluirse o bien, que con los bienes liquidados sea suficiente saldar las deudas. Por tanto, el deudor no deberá de disponer de patrimonio para que pueda concederse la exoneración de deudas.
Que sea un deudor de buena fe:
Están regulados en el artículo 178 bis de la Ley Concursal. Cabe destacar las siguientes ideas de este artículo:
Que el juez haya declarado el concurso como fortuito.
Que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos de tipo económico que se detallan en el propio precepto.
Que se hayan satisfecho los créditos contra la masa y los créditos privilegiados y, en caso de no haber realizado el acuerdo extrajudicial de pagos, haber pagado el 25 % de los créditos ordinarios.
En caso de no haber satisfecho los créditos anteriores, el deudor deberá cumplir con requisitos adicionales:Aceptar someterse a un plan de pagos durante 5 años, es decir, el pago de la totalidad de deuda que queda pendiente durante ese periodo.No haber rechazado una oferta de empleo.Aceptar la publicación de la concesión de la exoneración de deudas en el Registro Público Concursal por un periodo de 5 años.
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Milcontratos 08 noviembre 2016 Consumidores

References: artículo 1911
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 85
 artículo 178
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