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Timestamp: 2018-08-15 20:17:18+00:00

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ACUERDO 1 DE 24 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:FIJA EL ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. DEROGA EL ACUERDO 6 DE 2012.
“Por el cual se fija el alcance de la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las controversias contra entidades públicas y se deroga el Acuerdo 6”.
(Nota: Véase Acuerdo 3 de 2017 artículo 5° de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
Que en virtud del parágrafo del artículo 5º de la Ley 1444 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, como una unidad administrativa especial, descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de justicia y del Derecho, estableciendo como unos de sus objetivos la prevención, defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa.
Que el Decreto-Ley 4085 de 2011 dispone que a dicha unidad le compete el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.
Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 4085 de 2011 determinó como intereses litigiosos de la Nación:
d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación;
Que el literal i) del numeral 3º del artículo 6º del Decreto 4085 de 2012 establece que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá como función asumir discrecionalmente, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial.
Que los artículos 610 y 613 de la Ley 1564 de 2012 contienen algunas disposiciones en relación con la función de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales.
Que el numeral 4º del artículo 10 del Decreto 4085 de 2011 le asigna al consejo directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la función de “definir los criterios conforme a los cuales la agencia debe participar con voz y voto ante los comités de conciliación de las entidades”.
Que el numeral 13 del artículo 10 del Decreto 4085 de 2011 le asigna al consejo directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la función de precisar los criterios para determinar los casos en los cuales la agencia intervendrá en los procesos judiciales, teniendo en cuenta la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial.
Que el consejo directivo de la agencia expidió el Acuerdo 6 de 2012 mediante el cual se fijaron las modalidades y los criterios de intervención de la entidad y, en especial se fijó como criterio base de intervención el que la cuantía de las pretensiones en el respectivo proceso judicial o en la reclamación, si se trata de conciliación extrajudicial, fuera mayor a veinte mil millones de pesos.
Que el mencionado criterio de carácter objetivo a la fecha implica la intervención de la agencia en cerca de 700 procesos judiciales, lo cual además de desbordar la capacidad de gestión de la agencia, no consulta necesariamente en todos los casos los objetivos estratégicos que fueron adoptados por la entidad dentro de su plataforma estratégica contenida en la Resolución 35 de 2013 y los planes de acción que la desarrollan, haciéndose inminente la necesidad de revisión de los criterios allí establecidos.
ART. 1º—De conformidad con los criterios establecidos en el literal i) del numeral 3º del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011, la dirección de defensa jurídica previa evaluación de los veinticinco procesos judiciales más cuantiosos que cursan en contra de entidades del estado del orden nacional, propondrá a la dirección general de la ANDJE los casos en los cuales se debe ejercer la representación judicial o actuar judicialmente como interviniente y designará los apoderados respectivos.
En aquellos casos en que no resulte procedente la representación judicial o la intervención, la dirección de defensa jurídica formulará recomendaciones a las entidades involucradas para una defensa judicial asertiva y eficiente, si a ello hubiere lugar.
PAR.—Periódicamente, una vez la dirección de defensa agote su labor de intervención en los términos previstos en este artículo, solicitará a la dirección de gestión de la Información actualizar la información respectiva para retomar los nuevos procesos que hayan ingresado al sistema y que cumplan con este criterio de intervención, en relación con el pasivo contingente de la Nación.
ART. 2º—Con fundamento en la información que remita la dirección de gestión de la información a la fecha de expedición de este acuerdo sobre las causas que son fuente del mayor número de procesos en contra de las diez (10) entidades de la administración pública del orden nacional que concentran el mayor número de procesos judiciales en contra del Estado, la dirección de defensa jurídica emitirá recomendaciones generales para fortalecer la estrategia de defensa frente a las causas identificadas que a su juicio ameriten dicha asesoría.
ART. 3º—(Modificado).* Los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional podrán solicitar a la dirección de defensa jurídica la revisión de la estrategia de defensa en los procesos judiciales que consideren de importancia estratégica para el Estado o para el respectivo sector al que pertenecen, mediante escrito debidamente sustentado.
La dirección de defensa jurídica a través de la instancia de selección que organizará para tal fin, en los términos del artículo 5º del presente acuerdo, identificará si la solicitud puede ser atendida por tratarse de un proceso complejo o recurrente, caso en el cual la dirección de defensa jurídica efectuará las recomendaciones a que haya lugar a partir de la información procesal que remita la respectiva entidad en las condiciones que así lo solicite la agencia.
La complejidad de un proceso se determinará a partir de la valoración de criterios como la cuantía de las pretensiones, el impacto patrimonial o fiscal de la demanda y la materia u objeto propios del proceso, en relación con el contingente judicial de la Nación.
La recurrencia se define en función del carácter reiterado de las causas de un litigio y se establecerá por el número de proceso similares o la reincidencia de los fundamentos fácticos o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo, en un número significativo de procesos judiciales en curso en relación con el sector al cual pertenece la entidad solicitante.
PAR.—La intervención de la ANDJE en los procesos judiciales de la entidad, a cualquier título, no exime del deber de la misma de atender y velar por la defensa de sus intereses litigiosos ni representa compromiso sobre los resultados del proceso. La agencia no está obligada a atender requerimiento alguno de intervención en un proceso judicial salvo que el mismo sea elegido por la instancia de selección.
*(Nota: Modificado por el Acuerdo 3 de 2017 artículo 1° de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
ART. 4º—(Modificado).* Tratándose de la conciliación extrajudicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de delegados de la dirección de defensa jurídica asistirá a los comités de conciliación de las entidades públicas del orden nacional, con voz y voto, cuando así lo determine la instancia de selección a que se refiere el artículo 5º del presente acuerdo previa remisión mensual por parte de la dirección de gestión de la información de las reclamaciones que en contra de entidades del orden nacional se radiquen en la agencia en los términos del artículo 613 del Código General del Proceso y previo cumplimiento por parte de dichas entidades de los requisitos y condiciones señalados por la dirección general mediante directiva.
La radicación en la ANDJE de copia de la reclamación contra la entidad pública del orden nacional no impone obligación alguna a la agencia de asistir a la audiencia de conciliación extrajudicial y solo en el evento en que la instancia de selección de la dirección de defensa así lo recomiende, el delegado designado asistirá al comité de conciliación de las entidades públicas del orden nacional involucradas en el asunto.
La posición que presente el delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante el comité de conciliación respectivo, será previamente consultada con la dirección de defensa y si es necesario con el consejo asesor.
*(Nota: Modificado por el Acuerdo 3 de 2017 artículo 2° de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
ART. 5º—(Modificado).* Instancia de selección de la dirección de defensa jurídica en procesos judiciales. Con fundamento en la facultad que le confieren el artículo 2º y el numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011, se establece una instancia de selección mediante la cual la ANDJE escogerá de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del presente acuerdo, los casos en los que efectuará recomendaciones a la estrategia de defensa jurídica de las entidades públicas del orden nacional involucradas.
La instancia de selección recomendará los casos en los que excepcionalmente la Agencia Nacional de Defensa jurídica intervendrá en cualquiera de las modalidades establecidas por el Decreto 4085 de 2011, esto es, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley (D. 4085/2011, art. 6º, num. 3º, lit. i)).
La instancia de selección estará conformada por funcionarios de la dirección de defensa jurídica y un asesor designado cada mes por la dirección general de manera rotativa y por sorteo. La dirección general establecerá, mediante directiva, el procedimiento de designación de los miembros de la instancia de selección y expedirá su reglamento.
La instancia de selección se reunirá mensualmente para estudiar la eventual selección de los asuntos cuyo examen haya sido solicitado de conformidad con el artículo 3º del presente acuerdo, y de las peticiones de conciliación prejudicial enviadas por la dirección de gestión de la información, con fundamento en la información que reposa en el sistema de información litigiosa de la Nación.
La dirección de defensa jurídica informará a través de la página web de la entidad los asuntos seleccionados dentro del rango que correspondió estudiar a la instancia de selección en el respectivo periodo.
PAR.—La instancia de selección tiene un carácter estrictamente operativo cuya finalidad es facilitar un procedimiento para efectos de materializar la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se trata de un canal para hacer efectivo el criterio de discrecionalidad que rige dicha intervención. En consecuencia, la selección o no de un asunto se regirá por los criterios previstos en el presente acuerdo y no podrá ser objeto de recurso alguno o reconsideración.
*(Nota: Modificado por el Acuerdo 3 de 2017 artículo 3° de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
ART. 6º—(Modificado).* Selección en conciliaciones extrajudiciales. La instancia de selección será la competente para definir los casos en los cuales la Agencia Nacional de Defensa intervendrá en los comités de conciliación y recomendará a la dirección de defensa la posición del delegado que asistirá con voz y voto al respectivo comité de conciliación de la entidad pública del orden nacional. El procedimiento ante la instancia será establecido por la dirección general mediante resolución.
*(Nota: Modificado por el Acuerdo 3 de 2017 artículo 4° de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
ART. 7º—De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011, la agencia podrá ejercer la representación judicial de las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder, previo el establecimiento por la dirección general de las condiciones mínimas que regirán dichos acuerdos. Igualmente, asistirá a sus comités de conciliación, con voz y sin voto, previo convenio de asesoría para tal fin.
ART. 8º—La agencia ejercerá la función de que trata el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, de acuerdo con el alcance y procedimiento que fije el Gobierno Nacional para prestar asesoría al proceso de defensa judicial de los municipios de 4, 5 y 6 categoría.
ART. 9º—En virtud de lo dispuesto en el literal i) del numeral 4º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011, es requisito indispensable para activar las competencias de selección discrecional de la agencia, que la información sobre los asuntos sometidos a su conocimiento conste de manera actualizada, completa y cierta en el sistema único de información litigiosa de la Nación.
ART. 10.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo 6 de 2012.
Dado en Bogotá, D.C., a 24 de mayo de 2013.

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 613
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 6