Source: http://contratapapopular.blogspot.com.ar/2010/10/
Timestamp: 2017-11-18 17:37:32+00:00

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Ser Aguila: octubre 2010
El más importante argumento de quienes se oponen al proyecto interpretativo de la ley de impunidad desde el FA, es el mismo que el de la oposición: desconoce dos pronunciamientos en los que la ciudadanía decidió mantener la ley de Caducidad. “El plebiscito es una decisión superior a cualquier ley”, dijo por ejemplo el senador Jorge Saravia.
Hay un principio popular que dice que no se puede comparar manzanas con zapallos, dado que son cosas diferentes. Y un plebiscito o un referéndum no son normas jurídicas (sino procedimientos de democracia directa), de manera que no se puede establecer una jerarquía en donde un plebiscito o un referéndum estén por encima de una ley. En todo caso, tal vez lo que se quiera decir es que la decisión del Cuerpo Electoral, es siempre superior a la decisión de cualquier otro órgano del Estado. De manera que las leyes que cuenten con el aval de este cuerpo son algo así como SUPERLEYES, o algo así. Per esto es falso, no es así. Estamos en el Uruguay y no en Metrópolis, y ni las “superleyes” ni los “superpoderes” existen. Daré algunos ejemplos para que quede claro a que me refiero:
TEMAS EN LOS QUE NI SIQUIERA PUEDE OPINAR
Algunas veces, es requerida la opinión del cuerpo electoral, contadísimas, y son muchas más las decisiones que se adoptan directamente por los demás órganos del Estado en sus diferentes formas.
El Cuerpo Electoral, actuando como órgano de gobierno, tiene algunos temas vedados, sobre los que no puede ni siquiera interponer el recuso de referéndum. Por ejemplo, con respecto a las leyes que establezcan tributos, o en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (por ejemplo el Presupuesto). Si fuera un órgano superior –como algunos sostienen- no sería posible lo que acabo de señalar. Me parece meridanamente claro. Si el cuerpo electoral fuera un “superpoder”, y las leyes que contaran con su apoyo fueran “superleyes”, no existiría la posibilidad que acabo de mencionar, que hubieran leyes que pudieran escapar a su intervención.
¿Esto significa que entonces el “superpoder” lo tiene el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa en algunos casos? No, tampoco, de ninguna manera es así. Porque a pesar de que en algunos temas su iniciativa es privativa, debe necesariamente pasar por el Parlamento para poder convertirse en ley. Pero fíjese señor lector al punto en que no es cierto que el cuerpo electoral es algo así como un superpoder. En los casos que acabo de mencionar, el cuerpo electoral ni siquiera puede interponer el recurso de referéndum (los gremios de la Educación, por ejemplo, no podrían salir a recoger firmas para convocar a referéndum contra la ley de presupuesto porque no se contemplan sus aspiraciones), pero sin embargo, sí tienen la posibilidad de hacer algo los ciudadanos en forma individual. ¿A qué me refiero?
El caso del IRPF es bien ilustrativo. La ley que creó el IRPF, es una ley que, por establecer tributos, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y por tanto el cuerpo electoral no puede tampoco interponer un recurso de referéndum contra esa ley. Sin embargo, los ciudadanos en forma individual sí pueden interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y fue justamente lo que sucedió. Ante esta situación, ante la avalancha de recursos contra le ley, el PE lo que hizo fue introducir un nuevo proyecto de ley que derogaba el IRPF para los jubilados, y creaba un nuevo impuesto, el IASS. Aquí tenemos un claro ejemplo en donde el cuerpo electoral, ese que algunos consideran casi un Dios, ni siquiera está habilitado para intervenir, mientras que sí pueden hacerlo los ciudadanos en forma individual.
Pero el caso de la propia ley de caducidad es también muy claro al respecto. Es una ley que fue votada por el Parlamento (Poder Legislativo) y además fue confirmada mediante un referéndum en el año 89 (en las condiciones que todos sabemos, pero lo fue). Y sin embargo, un tercer Poder –en este caso el Poder Judicial- puede decidir que esa ley no se aplica, por más que haya pasado por las instancias que mencionamos. Si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley para cada caso concreto (en teoría puede hacerlo para todos los casos), la ley no se aplica, transformándola en letra muerta. No he escuchado a nadie hasta ahora decir que la SCJ desconoce dos pronunciamientos populares a favor de la ley, y eso que se trata de un Poder integrado por apenas cinco miembros, y que no son electos por la ciudadanía. Mientras que sí se han levantado esos argumentos contra el Parlamento (órgano representativo del pueblo), que en definitiva establece exactamente lo mismo, lo hace en forma general para todos los casos y además establece que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Creemos que estos casos demuestran que no existen superleyes, y que mal puede una ley, por más que haya sido refrendada mediante referéndum, estar por encima de todo el ordenamiento jurídico. Ni siquiera la propia Constitución, como veremos más adelante-
Nuestro sistema Constitucional lo que establece es un sistema de contrapesos, mediante el cual ningún organismo está por encima de otro. El referéndum es uno de los mecanismos de participación que establece la Constitución para que los ciudadanos participen en las decisiones políticas (democracia directa), y esa carta magna no le otorga superpoderes, ni al Cuerpo Electoral ni a los demás poderes. Así como hay temas que al cuerpo electoral le son vedados, hay otros en los que su decisión es la única que vale, como por ejemplo para reformar la propia Constitución.
De acuerdo a nuestra Constitución, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes (art.4), y se complementa con el art.82, que dice que “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.” Y subrayamos esto por lo que vamos a decir más adelante.
Como hemos dicho otras veces, este artículo 82 no establece jerarquías en la forma de ejercer la soberanía. Ambas formas, la directa o la indirecta, son formas de expresión de la soberanía de la Nación, y hablamos más arriba sobre ello.
Como bien lo expresara el Dr. Carlos Urruty, ex presidente de la Corte Electoral, “en ningún caso la Constitución admite que el cuerpo electoral esté desligado de toda norma en cuanto a su propia actuación. Ello resulta de la parte final del artículo 82 citado (y que nosotros subrayamos), el cual expresa que, en todo caso, la soberanía ha de ejercerse conforme a las reglas expresadas en la Constitución”. Y este es el punto clave para entender la cuestión. Esa es la razón por la cual, a pesar de que una ley sea refrendada por el cuerpo electoral (que no hay que confundir con el pueblo, como también dice Urruty) puede no ser aplicada por una simple resolución de la Suprema Corte de Justicia. O puede ser derogada o anulada por el Parlamento, o interpretada como en este caso.
Porque la norma superior, es la Constitución, y no una ley, por más que esta haya sido convalidada por un plebiscito o un referéndum. De manera que cuando una ley es contraria a la Constitución, de nada vale que haya sido refrendada por el cuerpo electoral. Como bien lo expresara Urruty “No existe entidad, agrupamiento u órgano de gobierno, directo o representativo, dotado de un poder tal que le permita actuar por encima o al margen de la Constitución”. El cuerpo electoral es también un órgano de gobierno, y sus actos tendrán eficacia jurídica en la medida que se compadezcan con las formas fijadas por el derecho, ese es el punto neurálgico de la cuestión.
Leandro Grille dice en su nota “El Atajo”, en la revista Caras y Caretas: “…bajo ningún motivo, se puede recurrir a ningún artilugio para obviar lo que el pueblo soberano pronuncia.” Como vemos, sí hay motivos. Si lo que el cuerpo electoral refrenda, está al margen de la Constitución, hay mecanismos perfectamente válidos para recomponer ese entuerto. Como veremos más adelante, no es el único motivo.
Vemos entonces que por encima de todo está la Constitución, y que las leyes solo tienen validez en la medida que no contradigan a esa “ley madre”. Y vimos también que esto es así incluso aunque esas leyes hayan sido refrendadas mediante un referéndum, como sucedió en el caso de la ley de impunidad en el año 89. Si esa ley es inconstitucional, de nada vale su convalidación por el cuerpo electoral. Y lo que hace el proyecto interpretativo, es evitar que la declaración de inconstitucionalidad deba ser hecha para cada caso en particular (que es lo que viene haciendo la Suprema Corte de Justicia), y que sea reconocida para la generalidad de los casos.
Pero además, hay otros motivos que deberían tranquilizar a Leandro Grille y a todo aquel que piense que mediante esta ley interpretativa se está desconociendo la voluntad popular. Si admitimos como válido lo que señalamos más arriba (que las decisiones del cuerpo electoral no se transforman en superleyes ni este órgano es un superpoder), menos aún podemos admitir que cualquier decisión del cuerpo electoral esté por encima de los tratados internacionales, porque éstos sí que están por encima de todo en la escala jerárquica. Son normas jurídicas que están por encima incluso de la Constitución, y contra las cuales no vale tampoco aducir la superioridad de haber sido convalidadas por medio de un referéndum.
Hay un solo caso en el que la decisión del cuerpo electoral mediante plebiscito es privativa, y sólo su decisión es valedera: cuando se reforma la Constitución. La iniciativa de reforma puede provenir de otros ámbitos, pero la última palabra siempre la tendrá el cuerpo electoral, quien por mayoría absoluta dirá SI, o NO a la reforma. Cuando algún desnorteado menciona el Plebiscito del 80, y dice que ni siquiera la dictadura se atrevió a desconocer la voluntad popular, está obviando nada menos que este hecho. Hay una Constitución vigente, y su sustitución o reforma necesariamente requiere la aprobación del soberano. No así las leyes. Pero además, esto tampoco es tan radical y definitivamente así; ni siquiera en el caso de la Constitución podemos afirmar que la expresión soberana del pueblo es definitiva. Y pondré un ejemplo.
Supongamos que finalmente se cumple con el Programa del FA y se instala una Asamblea Constituyente. Y supongamos que esta Asamblea elabora una nueva Constitución, en la que en uno de sus artículos se estampa lo siguiente: “La tortura es un método válido a utilizar por la policía para obtener información relevante de los reclusos”. El proyecto es sometido a plebiscito y resulta aprobado. ¿Alguien puede pensar que la voluntad popular debe ser respetada en este caso? Claro que no, porque ese artículo violaría todos los tratados y convenciones internacionales suscritas por el país, y por lo tanto sería inválido, y habría que removerlo de nuestra Constitución. Por más que haya sido aprobado mediante Plebiscito.
La disposición del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, es absolutamente clara cuando establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, disposición que está ratificada por la jurisprudencia.
En efecto, los tratados internacionales tienen su origen en la voluntad soberana de cada pueblo, y que está expresada en la Constitución, y precisamente en ella reside los fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales. En virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados mediante los cuales se autolimitan. Después, no pueden desconocer esas obligaciones, insistimos, libremente contraídas.
Un principio universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe. Este principio está reiterado por la jurisprudencia internacional, la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo, su artículo 2.2 y la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados; también por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre derecho de los tratados.
Pero además, están las que se denominan normas de “ius cogens”, que hace referencia a normas imperativas de derecho, en contraposición a las dispositivas de derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario.
Entre esas normas de ius cogens, están la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que varias normas de protección de los derechos fundamentales revisten del carácter de ius cogens, como por ejemplo el acceso a la justicia, llamado por esa Corte derecho al derecho. La prohibición de la tortura está también entre estos derechos, así como la noción de crímenes contra la humanidad.
Estas son normas que también están por encima de cualquier ley interna de nuestro país, incluso si fue aprobada mediante un referéndum.
De manera que no somos habitantes de Metrópolis (ciudad donde reina Superman), y no existen acá “superpoderes” ni “superleyes”. Somos Uruguay, nos regimos por la Constitución y debemos ser sumamente respetuosos de los convenios internacionales que suscribimos, y por sobre todo, de los derechos humanos.
Hemos leído con atención un reciente artículo del compañero Enrique Pintado, sobre la profunda reflexión que se inició en el Frente Amplio, y nos parece interesante hacer algunos comentarios al respecto.
“Es necesario propiciar el surgimiento de una nueva utopía que ilusione, convoque y nos aleje de esa tentación autodestructiva, que es el ejercicio del poder por el poder mismo”, dice Pintado. Coincidimos plenamente con la segunda parte de la frase; el ejercicio del poder por el poder mismo es una tentación que no solo destruye a quien lo practica, sino que por añadidura tira por la borda el proyecto colectivo. Porque esta fuerza política denominada Frente Amplio no nació simplemente para acceder al gobierno y desde allí administrar el país mejor de lo que lo hacían los partidos tradicionales, sino (como surge de las Bases Programáticas aprobadas en el 71): “Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno”.
Otra cosa es la primera parte de la frase, en cuanto a la necesidad de propiciar el surgimiento de una nueva utopía que ilusione y convoque. Es que la continuidad de una realidad social de desigualdades colectivas, basadas en estructuras de dominación política y económica, nos hacen dudar de que las viejas utopías de la izquierda puedan dejarse de lado así como así. Como dice Frei Betto: “El capitalismo, que está en vigor hace ya 200 años, ha fracasado para la mayoría de la población mundial. Hoy somos 6 mil millones de habitantes. Según el Banco Mundial, 2.800 millones sobreviven con menos de 2 dólares por día, y 1.200 millones con menos de un dólar por día. La globalización de la miseria no es mayor gracias al socialismo chino, que, a pesar de sus errores, asegura alimentación, salud y educación a 1.200 millones de personas”. De manera que no vemos la necesidad de una nueva utopía cuando el mundo continúa igual o peor que hace un par de siglos. Salvo que se crea que la lucha por la emancipación social ya no ilusiona ni convoca; que la militancia por una América Latina Unida y solidaria ya no ilusiona ni convoca; que la idea de justicia social es ya una reivindicación perimida y que no convoca ni ilusiona a nadie; que hacer una opción por los pobres y oprimidos es algo demodé y que no convoca ni ilusiona a absolutamente nadie. Y una anotación al margen: Una cosa es una nueva utopía y muy otra es el cinismo nihilista del cambio de banderas.
Y como la utopía nada tiene que ver con el discurso político que responde simplemente a la lógica electoral, sino que implica una propuesta de cambio radical, que imagina el futuro, que propone una mejor vida y mayor felicidad a la comunidad en su conjunto, implica también una transformación de las cabezas, un cambio cultural. Eso es lo que proponía el FA cuando fue fundado, y no hay razones para no seguir creyendo y peleando por ese futuro. El propio Pintado lo dice más adelante: “…promover un cambio cultural, político y social a largo plazo”.
Creemos firmemente en la unidad en la diversidad, cimiento del Frente Amplio, y creemos que ella es producto de un trabajo permanente, constante y trabajoso, en el que hay que poner todos los días el esfuerzo de todos.
Pintado dice que “La unidad en la diversidad…colide con la existencia de un pensamiento único en la izquierda uruguaya. Aún así, tampoco es cierto que en el Frente coexistan tantas diferencias ideológicas como sectores políticos que lo integran. Respetando la identidad e historia de cada uno, pensamos que debería promoverse la existencia de agrupamientos representativas de esos matices”.
Pero la propuesta de Pintado nos suena a la conformación de “bloques”, cuestión con la que no estamos de acuerdo. Nos parecen bien las alianzas surgidas en base a una coherencia política e ideológica, pero no nos gustan las polarizaciones internas ni los escenarios artificiales de competencia interna. La única polarización válida y real debería ser entre nuestro proyecto de izquierda, democrático, nacional y popular, y el proyecto conservador de la derecha neoliberal.
La existencia de una menor cantidad de grupos en el Frente Amplio (cuestión que muchos señalan como negativa) puede ser algo deseable, pero difícilmente pueda ser inducido como en algún momento sucedió con el deporte en nuestro país. No se trata de equipos de fútbol sino de agrupamientos políticos.
Pintado manifiesta que hay que “escuchar a la ciudadanía y repensar formas y estilos de relacionamiento con la sociedad. Coordinando esfuerzos para llegar especialmente a los jóvenes, trabajadores, capas medias…”. Y estamos de acuerdo, aunque tal vez no haya que repensar, sino volver a las formas de relacionamiento que teníamos antes de ser gobierno. Pero, de todas formas, no parece una buena forma de acercarse a esos sectores llegando a la gala del SODRE en medio de un paro general. Tampoco parece una buena forma prometer rebajas de impuestos a los productores rurales (sectores que han resultado los más enriquecidos en los últimos años) y relativizar la idea de aumentar el monto mínimo no imponible del IRPF (que afecta fundamentalmente a las capas medias).
Y ni que hablar del acercamiento a los jóvenes. Todos somos contestes en destacar que a los jóvenes puede no vérseles en un montón de circunstancias, pero que las marchas de los 20 de Mayo por verdad y justicia tienen una característica distintiva: la presencia de una enorme cantidad de jóvenes. También existe una gran coincidencia en cuanto a como afectó a los jóvenes el fracaso en el plebiscito por la anulación de la ley de impunidad. Y en este sentido, no parece ser una buena forma de relacionamiento ni un “especial esfuerzo” por llegar a los jóvenes la actitud vacilante que ha tenido nuestro Frente Amplio en este tema. La ley debió ser anulada en nuestro primer gobierno, y como muchos dentro del FA no estaban dispuestos a hacerlo, las organizaciones sociales tuvieron que salir a recolectar las firmas para que hubiera plebiscito. Tuvieron que pasar dos Congresos y tuvieron que estar las firmas prácticamente juntadas para que el FA se decidiera a un tibio apoyo. A pesar de ello, no todos se jugaron por el SI en octubre, y ahora algunos defeccionan a la hora de votar contra la ley de impunidad en el Parlamento. Esta seguramente no es una buena forma de acercarse a la vieja base social y política del FA, pero ni que hablar que es una buena forma de repeler a los jóvenes, porque como dice un sociólogo argentino: “Los jóvenes siempre han sido las aguas más claras en los ríos puros-impuros de la condición humana”
El traspié electoral del FA tiene su costado positivo; tenemos que rescatar que la discusión política se viene dando a varios niveles, y que como buen resultado de este ejercicio intelectual, los boletines, páginas Web, redes, periódicos y otros medios de comunicación de la izquierda, se han transformado en foros de interesantes análisis con respecto a lo que fue nuestro primer gobierno, su relación con la fuerza política y social que es su sustento, etc. Lo que nos ubica ante el hecho positivo de que se va recomponiendo, en el terreno de la izquierda, la capacidad de teorizar y con ello recuperar para las fuerzas del cambio lo que nunca debió perderse: el pensamiento crítico y autocrítico. No importa cuan certeros, coherentes y lógicos sean estos análisis –ello dependerá entre otras cosas de qué método se utilice como herramienta de estudio y de cuan conectado esté cada uno con la realidad- lo importante es que haya discusión e intercambio fraterno, porque de esa discusión surgirá la síntesis que nos conduzca por el mejor camino.
Analizando los procesos de cambios multiformes en América Latina, las tesis de nuestro Partido señalan que “La característica común, es que estos nuevos procesos no cuentan con el factor subjetivo suficientemente desarrollado como para asegurar los cambios y su profundización. Sobre esta debilidad opera el imperialismo buscando cooptar o cortar los procesos en curso”.
Conocer el grado de desarrollo del “factor subjetivo” -que no es otra cosa que conocer el estado de nuestra propia condición, de nuestra capacidad real para constituirnos en una fuerza capaz de disputarle el poder a la clase dominante- es lo que nos permite dilucidar teóricamente en que estado nos encontramos y lo que podemos llegar a ser bajo determinadas condiciones objetivas, en una perspectiva de largo alcance. Es lo que nos permite de alguna manera darle una perspectiva a la lucha y un objetivo a la conquista del poder. Porque una cosa es clara, hasta que el capitalismo no sea derrocado por la clase obrera, éste siempre encontrará salida incluso a la crisis más profunda. El destino de la sociedad no se decide mecánicamente por el juego de las fuerzas económicas, sino por la lucha de clases, en la cual, la organización, la conciencia y la dirección juegan un papel decisivo.
LO SUBJETIVO SE DESARROLLA
En la dialéctica de la revolución, que consiste en la relación que se establece entre las condiciones objetivas y las subjetivas, es absolutamente indispensable promover el desarrollo de estas últimas, rompiendo la “normalidad” de las conductas que se desarrollan en la sociedad, que generalmente se siente cómoda en medio de la más inmovilizante alienación (“tinellización”), y que le teme a su propia liberación. No es suficiente con que las condiciones objetivas favorezcan la posibilidad (e indiquen la necesidad) de una verdadera revolución social. Sin factor subjetivo, sin hombre, sin mujer, sin el ser humano consciente, no hay cambios profundos. Y para ello es necesario desarrollar la discusión, y fundamentalmente, cuando se está en el gobierno, la crítica y la autocrítica. Porque de otra manera, lo que generamos son meros espectadores, cuando lo que necesitamos es una ciudadanía activa y consciente, que no solo considere necesarios los cambios sino que se comprometa con ellos y que participe en la concreción de los mismos.
No se trata de practicar una autoflagelación pública ni de un acto de contrición. En el caso uruguayo se trata de ver con espíritu crítico los pasos de la mayor y más importante organización política del país, y que nada menos se encuentra ejerciendo el gobierno por segunda vez en la historia.
Es bien interesante leer lo que dice Fidel sobre la crítica y la autocrítica a Ignacio Ramonet en la entrevista que éste le hiciera en el 2006 y que fuera publicada bajo el nombre de “Fidel Castro – Biografía a dos voces”. Allí el líder cubano se opone a la idea de que la crítica pública pueda ser utilizada por el enemigo. Nos dice Fidel: "Nosotros confiábamos en la crítica y en la autocrítica, sí. Pero eso casi se ha fosilizado. Ese método, tal como se estaba utilizando, ya prácticamente no servía. Porque las críticas suelen ser en el seno de un grupito; nunca se acude a la crítica más amplia, la crítica en un teatro por ejemplo, con cientos o miles de personas. Hay que ir a la crítica y a la autocrítica en el aula, en núcleo y después fuera del núcleo, en el municipio, y en el país. No tengo miedo de asumir las responsabilidades que haya que asumir. No podemos andar con blandenguería. Que me ataquen, que me critiquen. Sí, muchos deben estar un poco doliditos... Debemos atrevernos, debemos tener el valor de decir las verdades. No importa lo que digan los bandidos de afuera y los cables que vengan mañana o pasado comentando con ironía... Los que ríen último, ríen mejor.
Silvio Rodríguez ha dicho: “Del Che siempre me agradó la intransigencia con el acomodamiento y con el oportunismo. Para mí su legado esencial, como Homo sapiens, es su sentido autocrítico”. En el 43 aniversario de su asesinato, es bueno recordar su palabra.
En “el socialismo y el hombre en Cuba”, el Che se refiere en un pasaje a la relación entre el gobierno y el pueblo: “…la masa realiza con entusiasmo y disciplina sin iguales las tareas que el gobierno fija, ya sean de índole económica, cultural, de defensa, deportiva, etc. La iniciativa parte en general de Fidel o del alto mando de la Revolución y es explicada al pueblo que la toma como suya. Sin embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de rectificar”. Es decir, el Che nos habla de la relación permanente que debe existir entre gobierno y pueblo, esa ida y vuelta que permite percibir constantemente si vamos en el rumbo correcto, y corregir lo que sea necesario corregir.
Y también es autocrítico con la forma en que el gobierno revolucionario intenta resolver esas contradicciones entre lo que resuelve y lo que el pueblo percibe o piensa: “Es evidente que el mecanismo no basta para asegurar una sucesión de medidas sensatas y que falta una conexión más estructurada con la masa. Debemos mejorarla durante el curso de los próximos años pero, en el caso de las iniciativas surgidas en los estratos superiores del Gobierno utilizamos por ahora el método casi intuitivo de auscultar las reacciones generales frente a los problemas planteados”. Y en otro artículo (Lo que aprendimos y lo que enseñamos), anterior al triunfo de la revolución, explica que esa relación entre dirigentes y masa no es una actitud demagógica sino una necesidad. “No significa esto el uso de tácticas demagógicas como expresión de habilidad política; no investigamos el sentimiento de las masas como una simple curiosidad científica, respondemos a su llamado, porque nosotros, vanguardia combativa de los obreros y campesinos que derraman su sangre en las sierras y llanos de Cuba, no somos elementos aislados de la masa popular, somos parte misma del pueblo. Nuestra función directiva no nos aísla, nos obliga”.
Y en su discurso al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Central de las Villas decía: “…hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino; hay que bajar al pueblo, hay que vibrar con el pueblo”.
Este año, nuestro Partido cumple su 90 aniversario (lo celebramos mañana en el Palacio Peñarol) y también se cumplirán 55 años de aquel XVI Congreso que elaborara una teoría de la revolución uruguaya y que fuera guía para la acción de los comunistas hasta hoy. Son noventa años de lucha por la defensa de los derechos de la clase obrera y el pueblo uruguayo. Y son 55 años de lucha por la unidad de la clase obrera, por la unidad de la izquierda, conformando la fuerza de los cambios. Por eso se romperán los dientes aquellos que hacen lo imposible por romper esa unidad, sobre la base de un constante ataque a nuestro Partido, porque nuestro Partido nació para la revolución, para llevar a cabo cambios en serio, y para ello tiene una teoría, una estrategia de acumulación y de trabajo unitario en todos los ámbitos, en el social, en el sindical y en el político. Nuestra teoría y nuestra práctica han demostrado sus aciertos y también sus errores (que nunca negamos). La unidad de la clase obrera en una central única (ejemplo en el mundo) no es un fruto exclusivo del trabajo de nuestro Partido, pero seguramente nadie podrá negar el esfuerzo denodado de los comunistas para llegar a eso. Y lo mismo en el plano político, en la construcción difícil y trabajosa de la unidad de la izquierda hasta la conformación del Frente Amplio y en la lucha para llegar al gobierno con nuestra fuerza política para desde allí dar nuevas batallas por cambios profundos en beneficio de los más humildes.
NO FUE FACIL NI LO SERÁ
Los 90 años nos encuentran en otras luchas, que sin embargo forman parte del mismo proyecto, del mismo destino que intentamos ayudar a construir. Y si lo hecho hasta ahora no fue fácil (tuvo costos enormes para el pueblo uruguayo en su conjunto y para los comunistas en particular), el presente tampoco es un lecho de rosas sobre el que acostarse a descansar. Las tareas son otras, pero exigen un trabajo organizado y una elaboración constante de propuestas. Porque hay que gobernar -y hacerlo de la mejor forma- y hay que ayudar a llevar a cabo lo que como Frente Amplio prometimos, que es la forma de que el pueblo nos respete, gobierne con nosotros y nos lleve a un nuevo período que nos permita seguir profundizando y a avanzando en democracia.
Pero si bien todos comprendemos que no es fácil ni lo será nunca, porque como bien ha dicho el compañero Gonzalo Perera “la izquierda jamás se propuso nada fácil, sino el desafío más terriblemente difícil en la historia de la humanidad: una sociedad libre y justa”, deberíamos ver el costado bueno de la situación. Si uno se hiciera la pregunta acerca de qué es lo que se necesita para llevar a cabo ese terrible desafío al que se refiere Gonzalo, seguramente diría: una fuerza política y social amplia y fuerte, un programa de cambios, un pueblo dispuesto a acompañar y a participar en esos cambios, una clase obrera organizada e independiente, y como paso fundamental lograr el gobierno, para poder plantearse en determinado momento acceder al poder real. Seguramente esto es una gran simplificación, porque sabemos que no estamos teniendo en cuenta factores importantísimos como la lucha de clases, y la inserción internacional, con la incidencia del imperialismo etc. Pero téngase en cuenta también que no estamos hablando del socialismo (se ha transformado en una muletilla a mano de todos quienes pretenden criticar nuestras posiciones, acusarnos de querer implantar ya el socialismo), sino de cambios en sentido progresista, como los que están en el programa del Frente Amplio, ni más ni menos.
Tenemos entonces los instrumentos necesarios para llevar adelante cambios en profundidad. Hemos superado lo peor de la crisis, el país ha crecido y sigue creciendo a ritmos espectaculares, en un entorno regional favorable, con precios de nuestros productos a niveles extraordinarios. Tenemos un programa de cambios consistente, que además cuenta con el apoyo del movimiento organizado de los trabajadores. No tenemos excusas para profundizar en lo que hay que profundizar. El programa del FA para los próximos cinco años tiene metas más ambiciosas, porque establece que nuestro gobierno “profundizará todas las reformas implementadas, abordará los objetivos que quedaron inconclusos y generará las bases para un desarrollo sostenido”.
Uno de esos objetivos que quedaron inconclusos, es el de la distribución de la riqueza. Y para cumplir con ese objetivo, es clave y condición sine qua non una intervención activa del Estado, salvo que se piense que será el “mercado” el encargado de llevar a cabo esa redistribución. El programa del FA lo expresa claramente: “Una estrategia de desarrollo implica un rol activo del Estado. El abstencionismo de los gobiernos pasados no logró más que sumirnos en una crisis tras otra, en que el aparato productivo no se especializara, que la inversión no creciera, que el desempleo se elevara a las nubes, que la pobreza y la marginalidad crecieran. El primer gobierno del Frente Amplio demostró que esa tendencia puede cambiarse y en el segundo gobierno profundizará los cambios”. Y ni que hablar que para cumplir con ese objetivo prioritario de distribuir mejor la riqueza, el papel del Estado es central. El programa del FA lo expone de esta manera: “Una mejora en la distribución del ingreso requiere de la regulación del Estado para mejorar los niveles de empleo productivo y para enfrentar la concentración de la propiedad de los medios de producción, de una mejor distribución de los aumentos de la productividad para los trabajadores, de un adecuado gasto social para atender los problemas de nutrición, salud, educación, vivienda y seguridad social”.
De manera que no se comprende mucho las expresiones de nuestro presidente, el compañero Pepe Mujica, en la revista Veja del Brasil. Allí Mujica discrepó con desarrollar una visión "estatizadora de la economía", pues a su entender, "se trata de una receta perfecta para desarrollar una burocracia opresora". Consideró además que la forma correcta de actuar como gobierno sería la del "equilibrio fiscal, mantener una economía austera y no jugar con la inflación", manifestando que "son factores que ya no pueden estar en discusión ni por la izquierda ni por la derecha o el centro."
Tampoco se entienden algunas expresiones como las del compañero Astori, que comparte la inquietud de la oposición sobre la carga tributaria en la producción nacional y que es un objetivo del gobierno su disminución. En cuanto al IRPF, dijo que “no se descarta elevar el monto mínimo, si bien no es una meta del gobierno, si la situación fiscal lo permite…” Y no se entiende demasiado porque eso va en el sentido contrario de una redistribución de la riqueza y en el sentido contrario de lo que dice el Programa del FA. En nuestro programa afirmamos que “Se impulsarán políticas específicas para seguir revirtiendo el proceso de concentración de la riqueza en términos de ingresos y recursos productivos”. Y la pregunta que se nos ocurre es como vamos a revertir ese proceso, si reducimos los impuestos que pagan los que están en la cima de la escala social (que ya fueron enormemente beneficiados por nuestro gobierno anterior, al punto de que aumentó la brecha entre ricos y pobres, y el decil más rico tiene 17 veces más ingresos que el decil más pobre) y no lo hacemos con los que ganan menos.
Compartimos sí las expresiones del compañero Mujica (en la misma revista Veja) en cuanto a que "el crecimiento económico es una condición sine qua non para la distribución de la riqueza" y su advertencia inmediata: "el problema es que ese crecimiento no siempre lleva a la reducción de la pobreza o de la desigualdad de renta", que deben ser las metas principales de "un buen gobierno".
El problema es que con algunos planteos, la distribución de la riqueza llegará cuando muchos ya se hayan cansado de esperarla. Una imagen utilizada por Gonzalo Perera es muy gráfica: “Una pregunta interesante, es ver por que va tan mal la socialdemocracia europea. Y la respuesta quizás sea: el ritmo al que crece la acumulación de capital de los multimillonarios es el de una Ferrari y el del crecimiento de la redistribución gradualista es el de una bicicleta pinchada”.

References: artículo 72
 artículo 82
 artículo 82
 resolución 
 artículo 27
 artículo 2