Source: http://www.aboutflowmeters.com/69f/derecho-y-justicia-comunitaria
Timestamp: 2019-02-17 00:34:26+00:00

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Aymara/qullana, sociólogo, investigador/ consultor en cosmovisión, paradigmas de vida , tecnologías andinas y temas indígenas, docente de la maestría en Agruco, Asesor principal de la Fundación Qullana Suma Qama?a, Comunidad Pacha-kuti, Responsable de Gestión Cultural del GMEA
“jiwasan chiqa yanakasaja, qamawin qamasanakaja; pachamaman-apu-achachilanakan, qhutamaman ajayupankaskiwa, Tiwanaku, Machupijchu Qusqhu qalanakan k’ili-iluta pirqata, qulqachataskiwa… inach markachirinaka u?japxitan saskiwa” (memoria comunitaria andina, compilada por Yampara)
LEXICO JURIDICO Espa?ol – Aymara
Jhonny Coa Huanca: w88 tren di dong www.aboutflowmeters.com
Jach’a Suyu Pakajaqi lo define de la siguiente manera: “Es la cédula social de la cultura aymara. Circunscritas a un territorio geográfico, con leyes, religión, y gobierno propio; relaciones entre sí por un idioma común (lengua aymara), unidos por los lazos de parentesco, por recíproco espíritu de cooperación mutua practicados desde los albores de la humanidad, mediante varios sistemas como el ayni, mink’a y otros”
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Mauricio Ochoa Urioste: para w88 tren di dong www.aboutflowmeters.com
El Tribunal Constitucional de Bolivia (TC), incorporado en la reforma constitucional del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ?tuvo desde sus inicios el propósito encubierto de proteger los intereses de ciertas fuerzas políticas y grupos de poder económico?
El TC fue dise?ado como una jurisdicción especial independiente de todo órgano de la administración pública, con el supuesto propósito de ser el “guardián de la Constitución”, frente a actos u omisiones de cualquier poder público que sean inconstitucionales. Para medir el verdadero poder del TC sólo bastaría recordar que según el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado.
El ex Consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez, denunció a Martha Rojas, Martha I?iguez y José Antonio Rivera de haber sido designados miembros del TC por influencia directa del político Carlos Sánchez Berzaín. Asimismo, muchos constitucionalistas criticaron la creación de este supra – poder. Entre ellos, Víctor Hugo Escobar Herbas, en su libro “Justicia Ordinaria Versus Justicia Constitucional”, editado en junio de 2004, advierte que el TC, por la vía de los recursos de nulidad y de amparo constitucional, ha supeditado a la Corte Suprema de Justicia, ha fracturado los principios de unidad jurisdiccional y de jerarquía y se ha convertido en súper poder incontrolable.
Una cuestión que todavía se debate en la doctrina constitucional contemporánea es si el TC tiene la legitimidad de ser un “legislador negativo” con facultades para derogar disposiciones legales, subordinando así al propio Parlamento, que además de ser elegido mediante sufragio universal, ostentaría la representación del pueblo según la norma constitucional.
El artículo 60 del Código de ética para el ejercicio de la Abogacía prescribe que “constituye una grave transgresión a la ética profesional concertar el ejercicio de funciones, la formación de consorcios con magistrados o jueces para obtener ventajas personales”.
Juan Carlos Urenda Diaz, fundador del Movimiento Nación Camba de Liberación – reconocido por muchos como el ideólogo de las autonomías departamentales en Bolivia – es asesor legal y político del Comité Cívico de Santa Cruz. Urenda es además Past Presidente y actual miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC). Otros miembros de esta asociación son, entre otros, José Antonio Rivera Santivá?ez, ex diputado nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC); Jorge Asbún Rojas, actual Presidente la ABEC, abogado ligado a la multinacional Transredes S.A. y a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Actualmente el equipo de asesores legales del Comité Cívico de Santa Cruz está integrado – además de Urenda y Asbún – por el Past Presidente del TC, Willman Durán Ribera, y el también ex magistrado del TC y ex diputado nacional, René Baldivieso Guzmán. Este equipo de juristas, bajo el emblema de las “autonomías departamentales” tiene el principal propósito de dise?ar conjuntamente las estrategias legales para la implementación de un régimen interno que privilegie a los grupos de poder económico en la nueva Constitución boliviana. Los vínculos estrechos entre estos abogados y el TC, son la principal razón que explica porqué el Comité Cívico de Santa Cruz y las fuerzas parlamentarias de la derecha que son minoritarias en el Congreso Nacional – Poder Democrático Social (PODEMOS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) – acuden a éste todas las veces que no logran sus resultados esperados en el órgano legislativo o el órgano constituyente.
El mejor ejemplo de los favores del TC a las fuerzas parlamentarias de la derecha – PODEMOS, MNR y UN – se expresó en la Sentencia Constitucional (SC) 066/2005 que declaró inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral e instó al Parlamento sancionar una nueva ley de distribución de esca?os conforme al artículo 60 VI. de la Constitución Política del Estado (CPE). Gerardo Rosado, diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), junto con otros parlamentarios de la derecha – y con la colaboración del equipo de asesores del Comité Cívico de Santa Cruz – demandaron la inconstitucionalidad del artículo 88 del Código Electoral. Una clara motivación de esta demanda era, que una vez declarada procedente, a contrapelo se apruebe en el Parlamento un antiguo proyecto de ley de distribución de esca?os ampliamente favorable a los departamentos del oriente boliviano – donde la derecha obtuvo una mayoritaria representación política los últimos a?os – pese a que por el principio de preclusión normado en el art. 3 inc. f) del Código Electoral “las etapas del proceso electoral no se repetirán ni se revisarán”.
Sentencias constitucionales y comunicados de prensa ?Cuáles tienen efectos legales y cuáles no?
En efecto, el TC a través de la SC 114/2003 de 5 de diciembre declaró constitucional el DS. 24806 por el cual se aprobaron los contratos de riesgo compartido, mediante los cuales YPFB, en representación del Estado, otorgó a las empresas trasnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, sin previa autorización ni aprobación del Congreso, tal como lo prescribe el art. 59 num. 5) de la Constitución vigente (3). El 7 de abril de 2005 – momento en el que ya era manifiesto el interés popular de nacionalizar la industria petrolera – el TC a través de un comunicado de prensa manifestó que la SC 114/2005 “(no) relevó al Poder Legislativo de la atribución quinta del artículo 59 de la Constitución”.
Ahora bien, para evitar cualquier sospecha sobre la legalidad de los contratos, el TC expresó en varias oportunidades que sus decisiones previenen para el futuro, es decir, tienen efectos hacia delante, pro futuro, pues están revestidos del carácter ex nunc (“desde ahora”, por su traducción literal). De esta manera se quería decir, en otras palabras, que todo lo suscrito hasta la fecha no era precisamente ilegal; pese a que los contratos celebrados con las multinacionales mediante disposiciones legales inconstitucionales, y más precisamente su ejecución, pasaron por alto la atribución quinta del artículo 59 de la Constitución.
Pero la culminación de esta protección a las empresas multinacionales y otros grupos de poder económico viene acompa?ada de la SC. 31/2006 que declara constitucionales las leyes 1132, 1593, 1594, 1586, 1535, 1897 y 2360 que ratifican Convenios y Tratados Bilaterales de Inversiones (BIT’s, por su sigla en inglés) que someten al Estado boliviano al arbitraje internacional – entre ellos al CIADI, dependiente del Banco Mundial – en caso de controversias entre los inversores y el Estado boliviano. Dada la gravedad del caso, el TC no la dio a conocer a la opinión pública, como habitualmente lo hace, con otros fallos relevantes.
Así, las multinacionales petroleras no sólo tendrían una “coraza legal” y a sus “emisarios congresales” para salvaguardar sus intereses; sino además “la sartén por el mango” para golpear al Estado boliviano en caso de que éste intente una auténtica nacionalización de la industria petrolera, y de otros sectores de la economía.
Propuesta del Tribunal Constitucional a la Asamblea Constituyente. ?Independencia o corporativización de la justicia constitucional?
Ningún país del mundo tiene esta forma corporativa de proposición de ternas para la elección de magistrados de un TC. Además, es de conocimiento público que en el país algunos colegios profesionales de abogados tienen relación estrecha con partidos políticos que incluso financian sus campa?as; lo mismo sucede en las facultades de derecho de algunas universidades del país.
Lo más interesante de esta propuesta es, sin embargo, que este Consejo Nacional de Selección sería formado por “Academias de derecho constitucional”. Según se conoce, la única Academia de derecho constitucional en Bolivia es la ABEC – integrada como se dijo, por abogados del Comité Cívico de Santa Cruz, ex magistrados del TC y abogados de multinacionales -. ?Quiere con ello el TC que sus camaradas sean elegidos magistrados de este órgano?
Debido a la evidente politización del TC – sumado a muchos fallos deplorables que fueron considerados ilegales por reconocidos jurisconsultos (4) – la modificación en la modalidad de su elección y facultades, e incluso la eliminación de esta jurisdicción especial, son asuntos de capital importancia en el debate de la nueva Constitución. Esto último no debería extra?ar a nadie, toda vez que la mayoría de los países iberoamericanos – entre ellos, Argentina, Brasil y México – no cuentan con un Tribunal Constitucional, y el control de constitucionalidad se ejerce por su máxima Corte de Justicia: Corte Suprema de Justicia Argentina, Supremo Tribunal Federal Brasile?o, Suprema Corte de Justicia Mexicana.
2. En teoría, uno de los principios elementales por el que se debería regir cualquier tribunal de justicia en un Estado social y democrático de derecho, es el de la imparcialidad. Montesquieu decía que los jueces en su actividad de administración de justicia son, simplemente “la bouche qui prononce les paroles de la loi […], le pouvoir de juger en quelque sorte est nul” (la boca que pronuncia las palabras de la ley… el poder de juzgar de otra manera es nulo).
– SC. 66/2005: Declara inconstitucional el art. 88 del Código Electoral e insta al Congreso Nacional una redistribución de esca?os, para favorecer a las fuerzas políticas de la derecha.
Mauricio Ochoa Urioste: Abogado, investigador de la ciencia jurídica y escritor independiente. Candidato al título de doctor en derecho de la Universitat de València – Espa?a.
Soy estudiante del Post-Grado “Maestria” “Magistter” DESARROLLO ESTRATEGICO en la Universudad Bolivariana de Venezuela (UBV), y quiero desarrollar mi proyecto de invesrogacion sobre Leyes Latinoamericanas, que NO necesariamente deriven del Imperio Romano traido a America e impuesto por los colonizadors espa?oles, portugueses, franceses y de otras nacionalidades quienes encontraron en esta zona civilizaciones que aun no habian desarrollado armas modernas mas halla del arco y la flecha y ademas desconocian el caballo NECESITO CONOCER EL SISTEMA LEGAL Y DE DERECHO DE LAS POBLACIONES AUTOCTONAS DE LA HOY LLAMADA AMERICA NECESITO AYUDA EN CUESTION
w88 tren di dongLarrakia Nation Aboriginal Australia

References: artículo 60
 artículo 88
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 artículo 59
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