Source: https://www.derechoecuador.com/el-debido-proceso-como-institucion
Timestamp: 2019-04-24 06:29:57+00:00

Document:
Derecho Ecuador - El Debido Proceso como Institución
Autor: Dr. Héctor Arcelio Mosquera
Debido Proceso: Institución del Estado Democrático y Pro Derechos Humanos
El debido proceso se ha consolidado como un derecho fundamental, tanto es así, que esta institución se la ha incorporado en los ordenamientos constitucionales democráticos, así como en los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, propiciando importantes interpretaciones jurisprudenciales de las Salas, Tribunales o Cortes Constitucionales, y en distintos tribunales internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia (La Haya, Holanda) o las Cortes Interamericana (San José, Costa Rica) y Europa (Estrasburgo, Francia) de Derechos Humanos.
Y si bien la expresión ?debido proceso? es la más extendida, también se utilizan las denominaciones: derecho a la defensa, derecho de vitalidad del proceso, principio de contradicción, garantía de justicia, proceso justo, proceso equitativo, principio de audiencia, ect., todas estas expresiones conllevan a la seguridad jurídica.
Derecho Hebreo: Primeros rasgos del Debido Proceso
Para eso debemos remitirnos previamente a los antecedentes históricos remotos, lo encontramos desde el derecho hebreo antiguo en donde se previó la existencia del SANEDRIN, junta de ancianos doctos en la ley que otorgaban audiencia antes de cualquier acción en contra de una persona, procedimiento que se conoce por los evangelios en el histórico proceso de Jesús de Nazareth.
En el derecho español existen algunos antecedentes, como los previstos en Las Siete Partidas (partida VII, titulo X, Ley X) de Alfonso X, en la que se prevé que nadie puede privar a otro de sus bienes si no existe una sentencia que así lo avale y fundada en derecho; así como en la NOVISIMA RECOPILACION de 1448 que prohibía cumplir cartas reales si éstas privaban a alguien de sus bienes sin haber sido oído previamente.
Sin embargo, la doctrina y casi todos los autores, coinciden que el antecedente directo de esta institución se encuentra en la Carta Magna inglesa del 15 de Julio de 1215, que dio origen a la defensa de los derechos de la persona humana, especialmente el de la libertad, y que se inició con el movimiento revolucionario en Inglaterra motivada por las demandas formuladas por los barones de Runnymede obligando al Rey Juan Sin Tierra a dictar dicha Constitución con el fin de reconocer a los nobles ciertos derechos feudales, entre ellos el establecido en la cláusula 39: ?Ningún hombre libre será arrestado, aprisionado, desposeído de su dependencia, libertad o libres usanzas, puesto fuera de la ley, exiliado, molestado en alguna manera, y nosotros no meteremos, ni haremos meter mano sobre él, sino en virtud de un juicio legal de sus iguales según la ley de la tierra. Así nace históricamente este derecho, como un reclamo de los súbditos para combatir las arbitrariedades de los poderosos.
La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
Posteriormente la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 previó esta garantía, cuestión que también refrendaron las Cartas Constitucionales de 1795 (art. 11) y de 1814, derivadas de la Declaración y que en el artículo 4to establece: Es igualmente garantizada la libertad individual, no pudiendo alguno ser puesto bajo acusación, ni arresto sino en los casos previstos por la ley y en la forma por ella designada?.
La V enmienda constitucional estadounidense de 1791
La constitución original estadounidense de 1787 no previó el derecho en estudio, siendo la V enmienda constitucional de 1791, donde se contempló el debido proceso (a nivel federal) previo a la privación de la vida, libertad o propiedad. En los Textos internacionales o regionales sobre derechos humanos se ha reconocido este derecho al debido proceso.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (aprobada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A (III)) que prevé en su Art. 10: ?Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal?.
También la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, artículo 18 (que habla sobre el derecho a la justicia), estipuló que ?Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos?.- Otro documento ejemplar se tiene en el convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950, artículo 6to, relativo al derecho a un ?proceso equitativo?, resultando interesante la interpretación progresiva que la corte de Estrasburgo ha realizado de dicho precepto, especialmente de lo que debe entenderse por PLAZO RAZONABLE, aceptando la responsabilidad de los Estados por demoras injustificadas.
En esta misma línea de evolución se tiene la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (firmada y proclamada por los presidentes del parlamento europeo, del consejo y de la comisión, en nombre de las instituciones, el 7 de diciembre del 2000 en Niza, Francia).
Convención Americana suscrita en San José de Costa Rica de 1969
En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se destaca la Convención Americana suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 8.1, relativo a las ?Garantías Judiciales?, establece que: ?Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter?.
Por último, en la Constitución de la República del Ecuador consagra como garantía constitucional el debido proceso y a una justicia sin dilaciones en los artículos 11 numeral 3, 75, 76, 77, 169 y 172.
Sin embargo, mucho se discute sobre la identificación respecto a la naturaleza de debido proceso, ya que si bien existe consenso que se trata de un derecho humano (como género). El debido proceso en sus inicios tuvo marcada condición de principio, pero hoy, no hay unanimidad respecto cuál es su carácter, esto es, que sea en sí mismo un derecho, una garantía (judicial) o derecho y garantía al mismo tiempo. Por ello, se prefiere denominar ?INSTITUCIÓN? para incluir allí todo cuanto sea posible y no tomar posición alguna hacia ningún sector.
Los doctrinarios, en este tema, indican que es tan complicado pero tan complicado, que el debido proceso se trata en un concepto jurídico indeterminado y conlleva a contestar que estamos en un terreno nada fácil.
Por ello, el debido proceso no es tipificar conductas (materia penal), fijar competencias o instrumentar religiosamente, las etapas del proceso, es algo más profundo que llega más allá de la médula de la sociedad o del pueblo soberano para hacer cumplir la ley sustancial como un todo a un individuo particular en su esencia íntima que le permita a éste, visualizar, sin asomo de duda el orden justo que todos, en diferentes discursos, pregonamos, la justicia y la libertad.
Ora, esa complejidad del debido proceso, no solo es dada desde su sistema de fuentes (tratados - constituciones - normas ordinarias), sino ?principalmente? porque está construido a su vez de otra serie de derechos y otras garantías que le son útiles, necesarios.
Sin ese conjunto de derechos y garantías, no podríamos hablar de debido proceso, sino, simplemente de ?proceso?. Porque somos partidarios, que en estos temas, hay o no debido proceso, nunca un proceso debido podrá ser semipleno o cuasi proceso; de allí la razón de que sea absoluto, según se deduce del texto constitucional.
Por eso es importante conocer con mayor exactitud o aproximación posible qué es el Debido Proceso y el Derecho de defensa no sólo en el proceso penal sino en cualquier proceso donde se discuta un derecho, un deber o una obligación, para ser conscientes que en todos ellos debe no solamente garantizarse sino respetarse el debido proceso y los demás contenidos que lo acompañan para hacer prevalecer la dignidad humana que es el baluarte verdadero de la libertad del hombre y mujeres y confrontar, sin dudas y radicalmente, las violaciones que se hagan por sutiles o mínimas que se nos presente.
De forma tal, que el proceso dejó de ser una garantía o mero instrumento para hacer valer otros derechos y demás garantías constitucionales, para convertirse en un verdadero derecho fundamental que se vale de ciertas garantías y otros derechos, encaminados a hacer cumplir la tutela judicial. Entonces, el debido proceso deja de ser una garantía siendo fundamento para si y para otros derechos que le son trasversales, porque a su vez se vale de otro conjunto de garantías y derechos que en suma, permitan su finalidad: la tutela efectiva de los derechos, que se traduce en la resolución de conflictos.
Es decir, el debido proceso sirve en lo interno como garantía por conducto del procedimiento (formas y mecanismos de acción), y en lo externo como derecho para hacer valer otros derechos fundamentales (libertad, propiedad, etc), pero también, otros derechos que les son propios como instituto (derecho de ser presumido inocente, derecho a ser oído, e
Dr. Héctor Arcelio Mosquera
Conjuez de la Corte Nacional de Justicia

References: artículo 4
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 6
 artículo 8
 resolución