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Timestamp: 2020-08-08 00:53:35+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 167, de 26/09/2012
cve: DSCD-10-CO-167
Año 2012 X Legislatura Núm. 167
- Sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000361) ... (Página2)
- Relativa a la pesca artesanal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000865) ... (Página6)
- Sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las heladas de febrero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000364) ... (Página10)
- Sobre reequilibrio en la cadena alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000433) ... (Página13)
- Relativa al sector cinegético. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000532) ... (Página17)
- De modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación a la autorización de vertidos de los entes locales. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000750) ... (Página22)
- Sobre desarrollo del medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000801) ... (Página26)
- SOBRE LA POTENCIACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000361).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión número 11 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el debate y votación de siete proposiciones no de ley. Antes de empezar el desarrollo de la sesión quería proponerles a todos ustedes un cambio en el orden del día. La iniciativa que figura como número 7, que es la relativa a la pesca artesanal, según me han propuesto diversos grupos parlamentarios, pasaría a debatirse como punto número 2. Las demás se debatirían en el mismo orden correlativo. Dado que se han presentado siete proposiciones no de ley, con un cálculo aproximado de los tiempos, las votaciones no van a tener lugar antes de las 16,00 horas, lo cual comunico a todos ustedes por si tienen que hacer alguna gestión en el intervalo. Al finalizar esta sesión tendrá lugar la Mesa y portavoces para fijar el orden del día de la próxima Comisión. Al mismo tiempo, se va a proceder a una declaración institucional que vamos a proponer a los miembros de la Comisión, pero en estos momentos no la tenemos a su disposición.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, sugeriría que las votaciones no se produjeran antes de las tres y media, en lugar de las cuatro de la tarde, porque las proposiciones no de ley pueden acelerarse.
El señor PRESIDENTE: Una hora y media para siete proposiciones.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Son casi dos horas.
El señor PRESIDENTE: Rectifico, las votaciones no van a tener lugar antes de las tres y media. Si partir de esta hora se han debatido las siete proposiciones se votarán en cualquier momento, en cuanto hayan finalizado. Antes de proceder con el primer punto, vamos a distribuir los tiempos. Los tiempos que se proponen, con la flexibilidad que caracteriza a esta Presidencia, son diez minutos para el grupo que propone la iniciativa y seis minutos, tanto para los grupos que presentan enmiendas, como para los que fijen posición. Hablo de tiempos máximos. A partir de ahí, señorías, ustedes pueden hacer lo que estimen más conveniente. En cuanto a la flexibilidad sí les rogaría que, con este margen de tiempo, se ajusten a lo previsto.
Vamos a pasar al debate del punto número 1 del orden del día que es sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Juan Bertomeu.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Voy a intentar ser más breve y reducir el tiempo que nos concede. De todos es conocida la importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que avalan la calidad de los alimentos. Son más de un millar los productos agrícolas o alimenticios registrados actualmente en la Unión Europea. Productos como el jamón, las pasas, el arroz, las frutas, los vinos, los moluscos, etcétera, que superan los ciento cincuenta elementos en nuestro país, están protegidos por este sistema, que da garantías al consumidor y promoción en toda Europa y en el resto de países del mundo, contribuyendo a mantener la renta agraria, es decir, la sostenibilidad del sector agrario español.
Por otra parte, el pasado día 13 del presente mes de septiembre la Eurocámara aprobó el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura que modifica la normativa que regula los esquemas de calidad de las producciones agroalimentarias de la Unión Europea. Esto obligará a utilizar el logotipo comunitario para los productos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, orientado a mejorar la visibilidad de las producciones europeas y aportando una mayor información al
consumidor sobre la procedencia de los productos alimenticios. Al mismo tiempo, se refuerza la protección de estos productos comunitarios de calidad frente a acuerdos bilaterales con terceros países, además de crear la base legal que permitirá la defensa del logotipo de la Unión Europea.
En España han transcurrido casi ochenta años desde el nacimiento de las denominaciones de origen, si bien ha sido durante los últimos 30 años cuando realmente se consolidan y principalmente a partir del Estatuto del Vino en 1970, que es cuando se da amparo y cobertura legal para protegerlas de otras producciones similares que no reúnan los requisitos para ser protegidas legalmente. Entre otros, tenemos un ejemplo con la denominación de origen calificada Rioja, que aporta el 23,4% del total del vino protegido, que con su apuesta en su día por la calidad ha logrado el mantenimiento de la actividad económica, generando empleo, afianzando el desarrollo rural y potenciando en clave turística el paisaje del viñedo, o con la denominación de origen de vinos de La Mancha, cuyas exportaciones han crecido durante el primer trimestre del año en un 11%. Así podríamos seguir dando detalles del trabajo que se está llevando a cabo por los diferentes consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que han conseguido, aparte de suministrar al mercado interior, estar presentes en más de 130 países como Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, etc. Además del amparo comunitario actual que protege todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que en la propuesta del reglamento de la Comisión para la nueva reforma de la PAC sobresale la prioridad de protección y ayuda por ser producción respetuosa con el medio ambiente y por colaborar a un desarrollo rural sostenible.
En la misma línea se manifestó el Grupo de Alto Nivel, GAN, sobre derechos de plantación de viñedo el pasado día 21 del presente mes, cuyos elementos de reflexión nos llevan a trasladar a los actores económicos -denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas- la gestión de sus superficies de plantación. Esto favorecerá una mejor organización, cooperación y gestión del sector, con la finalidad de hacer fructífero el valor añadido y de beneficiar colectivamente los resultados económicos.
España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que cuenta con mayor número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. No obstante, el objetivo no sería desarrollar un número ilimitado de denominaciones de origen, que nos llevaría a perder el valor y el reconocimiento, pero debemos continuar potenciándolas como medio legítimo de incrementar la producción protegida y de garantizar un consumo, con precios razonables, de estas producciones agroalimentarias. Estamos viendo una pronunciada caída de la renta agraria del 3,4%, lo que pone en peligro la viabilidad y sostenibilidad de las exportaciones agrarias, junto con el continuo y permanente abandono del sector, lo que aconseja explorar todas las posibilidades para alcanzar rentabilidades justas y para que, a través de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, se puede lograr este valor añadido.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley, que finalmente queda redactada de acuerdo con nuestra autoenmienda, instando al Gobierno a, en coordinación con las comunidades autónomas, prestar el apoyo institucional preciso que contribuya a potenciar y consolidar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas como elementos de referencia de las producciones agroalimentarias españolas.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado tres enmiendas. Una autoenmienda del propio grupo que ha presentado la iniciativa, señor Bertomeu, que ya la ha defendido; otra por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que defenderá don Marc Solsona, y, finalmente, otra por el Grupo Parlamentario Socialista, que defenderá el señor Sicilia.
Tiene la palabra, por un tiempo máximo de seis minutos, don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Tal como hemos comentado al diputado Bertomeu, hemos presentado una enmienda que simplemente -lo de simplemente es un decir- contempla que se pueda financiar y prestar el apoyo institucional y presupuestario preciso a las comunidades autónomas. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros entendemos que el presupuesto que debe destinar el ministerio se tiene que distribuir entre las comunidades autónomas, que son las competentes, y deben de ser estas las que lo distribuyan y gestionen para que este presupuesto se pueda sumar al que ya disponen para la promoción de las denominaciones de origen y de las IGP. Consideramos obvio que se debe traspasar el presupuesto a las comunidades autónomas y, de forma coordinada con el ministerio, realizar las acciones oportunas.
Si no se acepta esta modificación, no podremos votar a favor ni abstenernos, tendremos que votar en contra, porque lo que conseguiríamos si votáramos a favor de esta proposición sería que el Gobierno
central llevara a cabo actuaciones para las cuales no tiene competencia, porque las tenemos las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la defensa de su enmienda el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Como bien ha comentado ya el grupo proponente, hablar de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas es hablar de calidad, de una calidad diferenciada y excepcional. Una calidad que debe ser certificada y cuya certificación se ha convertido, ahora más que nunca, en un proceso necesario para que los productores, tanto agrícolas como ganaderos o pesqueros puedan competir en un mercado cada vez más globalizado y exigente. Por ello se hace necesario apoyar a los productores y a los comercializadores para que apuesten cada vez más por las producciones con calidad diferenciada y certificada. También es necesario establecer un marco normativo completo para la calidad comercial y regular los requisitos de control que deben cumplir todos los eslabones de la cadena alimentaria con el fin de dar mayores garantías y confianza a los consumidores. Unos consumidores que exigen cada vez mayores garantías de calidad en los alimentos, al mismo tiempo que demandan productos con características diferenciales y que se muestran cada vez más sensibilizados con la conservación del medio ambiente. Por otra parte, debemos tener en cuenta la posición desigual que tienen nuestros productores, que han de hacer frente a una distribución muy concentrada, que ha llegado incluso a romper uno de los principios más básicos del liberalismo, el principio de la oferta y la demanda, llegando a controlar por completo el mercado.
Señorías del Grupo Popular, en su proposición no de ley dicen textualmente: aunque por el número de denominaciones de origen y de IGP nuestro país está entre los primeros de la Unión, parece aconsejable continuar potenciando estas producciones. Cabe preguntarse: ¿Cómo?, ¿de qué manera? Porque con esta proposición no de ley lo único que podemos sacar en claro es que son buenas palabras. Un mero gesto, una declaración de intenciones que además se ha quedado, tras su autoenmienda, en un auténtico brindis al sol, que para nada da respuesta a las demandas de las organizaciones.
Hablaban en principio de apoyo con el presupuesto preciso. ¿Qué presupuesto, señorías del Grupo Popular? ¿El que ahora mismo tiene el ministerio para el programa de competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria? ¿Ese programa que, respecto al presupuesto del año anterior, ustedes han reducido y de manera considerable? Han reducido en un 80% el presupuesto para fomento de la industrialización agroalimentaria respecto al año anterior, de 11.750.000 lo han dejado en 2.312.000. ¿Ese es el apoyo presupuestario preciso del que hablan? Porque en el presupuesto que ahora mismo tiene el ministerio no lo hemos podido ver. Hablan de apoyo presupuestario preciso cuando han recortado los programas de ayuda para los operadores del sector agroalimentario, el de apoyo a las acciones específicas de las organizaciones interprofesionales, el de la agricultura ecológica, que es fundamental para esa mayor calidad que tienen estos productos. Han recortado un 62% respecto al presupuesto anterior para las comisiones de seguimiento, las organizaciones interprofesionales y los consejos reguladores. Han recortado un 62% en el presupuesto del año 2011 para los consejos reguladores, los de las denominaciones de origen de las que vienen a hablarnos aquí. ¿Ese es el apoyo preciso en materia presupuestaria? Incluso les parecía mucho pedirlo en una proposición no de ley, que se han autoenmendado para quitar cualquier referencia al término presupuesto, lo han eliminado. Se ve que les parecía una gran presión para el Gobierno que apareciera en la proposición apoyo presupuestario y sin duda han convertido su proposición no de ley en un auténtico brindis al sol.
Tienen dos oportunidades para demostrar que esto no es un brindis al sol. Una, cuando veamos el presupuesto para el ministerio dentro de unos días, y otra, que es apoyando la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley en la que pedimos que se mantenga el presupuesto que había en el año 2011 para estos programas que antes les comentaba. Ahí veremos ciertamente cuál es la voluntad que tiene el Grupo Popular de apoyar a estas denominaciones de origen y a las IGP. En lo que han dejado al final la proposición no de ley es en: mostrar el apoyo institucional. Una PNL, un punto en el orden del día, un debate en esta Comisión para terminar diciendo que hay que brindar apoyo institucional, para eso estamos debatiendo esta proposición no de ley. ¿Cómo va a ser ese apoyo institucional? Explíquenoslo. Va a ser una carta del ministro a las denominaciones de origen -apoyo institucional preciso-, a lo mejor con esto se exceden, provocan un déficit mayor en las arcas del Estado y el señor Montoro se enfada. Apoyo institucional preciso, en lugar de una carta del señor Montoro, va a ser una llamada del subsecretario o un email de la directora. ¿Qué es apoyo institucional preciso, señores del Grupo Popular? ¿Para eso presentan esta proposición no de ley? Es más, cabe preguntarse: ¿Es que las denominaciones de origen
no tienen ya el apoyo institucional del Gobierno que hay que venir aquí a plantearlo para que esta Comisión se lo exija al Gobierno? ¿No se dan cuenta en lo que han dejado finalmente su proposición no de ley?
Termino ya. Señores del Grupo Popular, esto no es lo que demandan las organizaciones. Lo que piden -y por eso también lo hemos introducido en la enmienda- es una normativa que resuelva los problemas del sector. El ministro viene anunciándolo desde hace ya algún tiempo, en marzo dijo que esa normativa estaría para julio o agosto -son notas de prensa del ministerio-, en julio y agosto nos dijo que estaría para septiembre, el 21 de septiembre nos dijo que previsiblemente esa normativa para la cadena alimentaria estaría para octubre. Eso es lo que necesita el sector, una normativa clara que dé garantías a las denominaciones de origen, que les dé seguridad jurídica de que se vela por sus intereses, que dé seguridad a los productores de que pueden seguir produciendo y que su producción y su trabajo sea valorado para que no sigan perdiendo rentas a través de unos precios que están desplomados. Eso es lo que necesita el sector y no un brindis al sol, que es en lo que han dejado esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición sobre esta proposición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra la señora Tapia, por un tiempo máximo de seis minutos.
La señora TAPIA OTAEGI: Señorías, la verdad es que no entendemos muy bien hasta dónde se quiere llegar en esta proposición no de ley porque excepto buenas palabras poca cosa más se observa. Es cierto que en todas las comunidades autónomas se está trabajando más y mejor para certificar todos los productos y en pro de la calidad de los mismos. En este caso -y también en nuestro caso- todo este análisis, toda esta certificación y todo lo demás es una competencia exclusiva. Llevamos mucho tiempo trabajando en pro del Eusko label, que es la certificación de calidad, y en denominaciones de origen, tanto en vino de Rioja, por ejemplo, como en Txakoli. No entiendo muy bien a qué viene esta proposición no de ley, que simplemente establece que va a realizar una serie de actuaciones, pero no nos dice cómo ni cuándo ni en qué lugar. Detrás de todo esto nuestro grupo intuye que intentan utilizar esa marca España, de la que hemos hablado en más de una ocasión, para englobar en ella todos estos productos. Si es eso lo que se pretende, desde luego, no estamos en absoluto de acuerdo y si no es eso, tampoco entendemos a qué viene, por lo que nuestra posición va a ser en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, por UPyD.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo brevemente, señor presidente, y por lo que he escuchado abundando en lo que se ha dicho ya en la Comisión. Creemos que hay que encontrar una forma inteligente de apoyar a nuestras bodegas y marcas. Hasta ahora es cierto que ha habido un problema de dispersión de marcas y de esfuerzo muy grande, además el márquetin del vino es especialmente complejo y está cambiando. Pediríamos que se devolviera esta proposición para que volviera con algo un poquito más sustancioso de lo que nos ha presentado hoy el Grupo Popular. Nos parece que esto es una forma de presentar una carta amable que quiere contentar a todo el mundo, pero que en realidad no consigue nada concreto. El asunto es más complejo y hay que prestarle un poquito más de atención. La idea de la denominación de origen es muy buena sobre el papel y reconocemos que funciona muy bien en muchos casos, especialmente en dos, en lo que tiene que ver con el Rioja y el Cava. Precisamente en el caso del vino, en el que se habla en esta proposición no de ley, tenemos un problema muy serio de dispersión de esfuerzos, y esto nos parece especialmente preocupante. Esto deviene siempre en un problema de despilfarro de recursos que hoy en día son escasísimos.
Hay dos modelos, el terroir, el modelo a la francesa, el modelo chateau, y el que creemos que está teniendo más éxito y que es más importante hoy en día el del varietal, conforme al modelo winery. Nos parece que habría que hablar también de estas dos posibilidades. No estamos en contra de las denominaciones de origen, pero tampoco estamos a favor de elaborar una ley sorpresiva que cambie la legislación ni dé un giro aventurero. Estamos a favor de hacer las cosas bien y de evaluar seriamente qué es lo que ha funcionado y lo que no. Hace falta un poquito más de reflexión y menos ganas de agradar a todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría al ponente, señor Bertomeu, que diga si acepta o no las enmiendas que han presentado los diversos grupos.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la propuesta no lleva ninguna aportación que enriquezca la proposición, por lo que no la vamos a aceptar. En cuanto a la propuesta del Grupo Socialista, que nos habla del presupuesto, la verdad es que saben que el presupuesto del Partido Popular es inferior, porque la disponibilidad económica que nos han dejado en herencia es muy mala. No podemos mantener una comparación de años anteriores, como se propone, se destinarán los recursos necesarios para cada propuesta y en cada momento, por lo que tampoco la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a sus señorías que cuando se pide a los grupos que digan si aceptan o no las enmiendas que simplemente contesten sí o no.
- RELATIVA A LA PESCA ARTESANAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000865).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día dejando claro que las dos enmiendas no son aceptadas por el grupo proponente y no se van a someter a votación. El siguiente punto del orden del día, que lo hemos cambiado, es el que figura como punto número 7, relativo a la pesca artesanal. Ha sido presentado por el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, tomo la palabra para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en materia de pesca artesanal. ¿Por qué entendemos necesario hacer esta defensa en este momento concreto? Como bien saben su señorías, la política pesquera común está inmersa desde hace ya algún tiempo en un profundo proceso de reforma. En este contexto, la pesca artesanal ha de ser defendida. Hay que hacerlo, en primer lugar, por su importante tamaño. Decimos en la iniciativa que la flota artesanal constituye en torno al 80 % de nuestra flota pesquera, pero este porcentaje solo incluye las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora y esta cifra es notablemente mayor si añadimos, como nosotros creemos que hay que hacer, aquellas que utilizan estas técnicas artesanales, aunque sean de mayor tamaño. Evidentemente, tan alto porcentaje de embarcaciones tiene una clara incidencia en el empleo, que es una vertiente muy importante. En segundo lugar, hay que defenderla porque la flota artesanal, así definida, es la más respetuosa con el medio ambiente, ya que no utiliza técnicas de arrastre que perjudican no solo a las especies sino también al medio marino en el que se desenvuelven, es menos dependiente del gasóleo y, por tanto, tiene un menor impacto negativo, como he dicho antes, en el medio ambiente. En tercer lugar, también hay que defenderla porque no es solo medioambientalmente sostenible sino que lo es, además, desde un punto de vista social. Un aspecto que destaco siempre que puedo es que la flota artesanal, la flota de bajura sustenta una concreta forma de vida que estructura y cohesiona territorialmente nuestra costa y que consideramos necesario preservar. Finalmente, hay que defenderla porque es una cuestión de justicia. La pesca a pequeña escala presenta algunas debilidades estructurales que la hacen más débil, menos competitiva en términos estrictamente económicos y por eso mismo se ha visto más afectada por la crisis económica.
Por todas estas razones, mi grupo parlamentario propone en esta iniciativa tres cuestiones fundamentales para llevar a cabo esa defensa de la pesca artesanal. En primer lugar, redefinir qué embarcaciones integran este concepto, tomando no solo como criterio su tamaño sino, sobre todo, las técnicas de pesca que se utilizan. Ya sé que el Gobierno de España viene trabajando en el marco de la política pesquera común en definir las embarcaciones que integran la flota artesanal como las que tienen menos de 15 metros de eslora frente a los 12 metros que establece la propuesta de la Comisión, pero ya he apuntado antes que no es solo una cuestión de tamaño sino también de técnica, de impacto ambiental, de tiempo de permanencia faenando. En segundo lugar, articular normas que regulen el etiquetado que permitan al consumidor conocer dónde y de qué forma fue capturado el pescado. Creo que este es un criterio determinante para un consumo informado y responsable. Soy consciente de que el Parlamento Europeo ha optado por no obligar a incluir en las etiquetas el origen del producto, pero, desde nuestro punto de vista, esto es un error. Cuanta más información, y no solo del origen sino también de la forma de pesca, mejor. En tercer lugar, conceder a la pesca artesanal el nivel de ayudas que les corresponde en función de su importancia, tanto cuantitativa como cualitativa. Entendemos que el futuro fondo europeo marítimo y de pesca deberá tener en cuenta la problemática y las necesidades propias de la pesca artesanal. Se trata de dejar clara la necesidad de ampliar las ayudas públicas a sectores hasta ahora
excluidos, como las mariscadoras o las rederas, porque de momento las ayudas se han centrado fundamentalmente en armadores y marineros, es decir, en el sector extractivo. La especificidad de la pesca artesanal no solo tiene que incidir en las ayudas sino que debería trasladarse a otros ámbitos como, por ejemplo, el relativo al reparto de las cuotas o derechos de pesca. Creo que es una cuestión, señorías, que al menos deberíamos estudiar.
En definitiva, se trata de reconocer -creo que en eso estaremos todos de acuerdo- que la pesca artesanal presenta notas específicas que justifican un tratamiento diferenciado; tratamiento que consideramos imprescindible para el futuro no solo de la pesca artesanal sino de la pesca en España y en Europa. Todo ello, sin olvidar, como dicho al principio de mi intervención, que estamos inmersos en el proceso de reforma de la política pesquera común y que es en este marco en el que hoy se mueve nuestra pesca y, por tanto, también la artesanal. Por eso mi grupo considera conveniente la creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión, como ya hemos solicitado, para que paralelamente a los estudios que se lleven a cabo y a los trabajos que se están desarrollando en las instituciones europeas y en el Gobierno de España, pudiéramos aportar ideas y soluciones debatidas y consensuadas por las fuerzas políticas de nuestro país para acompañar más tarde todo el trabajo de desarrollo e implementación que necesariamente van a tener que llevar a cabo las instituciones nacionales (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que se ha presentado a esta proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Nuestra enmienda a la propuesta consta de tres partes y me centraré en la primera, la que hace referencia al concepto de flota artesanal. Argumento la enmienda en el sentido de que en el Mediterráneo y en parte del Atlántico disponemos de unas flotas importantes que generan un gran número de puestos de trabajo, con una capacidad de captura cuyo valor da sentido a las diferentes cofradías y a los puertos donde están ubicadas. Casi la totalidad de las flotas de esos puertos tienen mareas de menos de veinticuatro horas, ejerciendo una presión, un esfuerzo efectivo sobre los caladeros no superior a las doce horas diarias, cinco días a la semana. Esta actividad en ningún caso se puede comparar a la pesca industrial. Va siendo hora de huir de los tópicos y de las generalizaciones injustas. Por su morfología, la plataforma pesquera mediterránea es muy escasa y difícil, lo que provoca una limitación en la pesca, dándose la paradoja de que en algún caladero frecuentado por cuatro o cinco barcos locales estos deben esperar hasta una hora haciendo cola para poder calar. La incidencia de la pesca artesanal sobre el fondo de la Costa Brava afecta a una infinitésima parte del mismo. El fondo marino, como la propia costa, como el litoral, es abrupto e impracticable casi en su totalidad.
¿Que necesitamos una flota de arrastre limitada en la potencia? Estamos de acuerdo ¿Que hasta hace unos pocos años no había control en cuanto a límites de distancia de la costa y fondo? También es cierto, pero ya es pasado. Hoy en día se controla la situación de cada barco al milímetro, así como el tiempo de permanencia en el mar con sistemas de control a distancia de efectividad absoluta; se controla el tamaño de las capturas y la dimensión de las redes. Las inspecciones son in situ, a bordo, en la lonja, en las carreteras y en los accesos a los mercados. La labor de los inspectores de la Unión Europea, del ministerio, de las autonomías y los controles de la Guardia Civil para garantizar la legalidad ejercen una presión casi agobiante, sin parangón en ningún otro sector, sea el primario, el secundario o el terciario. La pesca es de gran importancia para nuestros puertos, los de las pequeñas ciudades y los de los pueblos, casi siempre también turísticos. Amén de la generación de puestos de trabajo, directos e indirectos, suministra pescado de gran calidad a nuestros ciudadanos y son fuente de prestigio gastronómico, aprovisionando nuestros mercados y la industria turística. ¿Quién lo puede poner en duda? El sector turístico, que es tan importante, necesita de la pesca como referente de identidad, de autenticidad y prestigio.
Todos aquellos barcos que faenan menos de diez horas diarias cinco días a la semana deben mantenerse y para ello hace falta ampliar el concepto de pesca artesanal. Vuelvo a señalar que casi la totalidad de las cofradías de pescadores necesitan de la flota actual para su sostenibilidad económica. Con la estructura que tienen en este momento, las flotas generan una cantidad mínima de capturas para garantizar la concurrencia de compradores, lo que significa conseguir un precio de venta, un mercado legal no sumergido y la existencia de la pesca artesanal en su sentido clásico, que solo puede subsistir en el actual contexto en convivencia con las flotas.
La Unión Europea propone una definición de flota costera litoral en función de la eslora, hecho que no se ajusta a la realidad de la costa pesquera catalana, que entiendo que es la misma que la del resto de los puertos mediterráneos. La Unión Europea simplifica cómodamente, demasiado cómodamente, y divide en dos los tipos de pesca: altura y costera artesanal. La mayor parte de nuestra flota mediterránea no encuentra cabida en ninguno de estos dos grupos. Por tanto, reclamamos defender la realidad con un nuevo concepto que sustituya al artesanal por el más amplio de flota costera litoral, único camino para garantizar la sostenibilidad económica y social del sector. La posición del Govern de Catalunya responde a estos criterios y reclama de la Unión Europea que acepte la definición de flota pesquera artesanal para los barcos que reúnan las siguientes condiciones: que desde su puerto base operen en caladeros locales; que aglutinen el tejido social tradicional de las poblaciones costeras; estar gestionados por empresas familiares de un solo barco, en las que trabajan uno o diferentes miembros de la familia, de tradición generacional, sin excluir alguna pyme; realizar mareas diarias y, en su caso, un arrastre efectivo de no más de diez horas diarias, cinco días a la semana; faenar dentro de las 12 millas del mar territorial; no congelar ni procesar las capturas a bordo. Aclaramos que dentro del régimen de flota litoral o pesca artesanal se contempla la casi totalidad de la flota catalana y mediterránea, con excepción de las embarcaciones que se dedican a la pesca del atún, con artes de cerco, los palangres de superficie dedicados al atún rojo y a grandes pelágicos y el palangre de fondo, de permanencia en el mar de más de doce horas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Creo que ninguna persona de esta Comisión, y probablemente de esta Cámara, cuestiona la necesidad de proteger y apoyar a la pesca artesanal, de considerar que estamos hablando del principal motor económico de muchas pequeñas comunidades costeras de nuestro Estado. Por tanto, en este sentido, sé que tenemos unanimidad total sobre la conveniencia de que persista y se optimice la pesca artesanal como una cuestión claramente diferenciada dentro del sector pesquero.
Analizando la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda que hemos presentado para mejorar, a nuestro juicio, esa propuesta inicial, de la que hablaré a continuación, quiero decirles que en la exposición de motivos se valora de manera correcta la acción que está llevando a cabo el Gobierno, como también ha reconocido la propia portavoz socialista, intentando que la Unión Europea amplíe la realidad de esta flota artesanal a lo que es la realidad social. Creo que es justo que digamos que estamos intentando -lo está haciendo el Gobierno de forma muy clara y específica- ir más allá de la definición de pesca artesanal que ha aparecido reflejada en el reglamento de la reforma de la política pesquera común.
En la petición que nos formula el Grupo Socialista a través de esta proposición no de ley se hace restrictiva, a nuestro juicio, la posición del Gobierno, ya que está excluyendo de la consideración de artesanal a una flota, de la que acaba de hablar también la anterior portavoz, que faena fundamentalmente en el Mediterráneo, en el golfo de Cádiz, en el Cantábrico, en el litoral gallego, que está formada por pequeñas embarcaciones que aunque superen la eslora de los 15 metros es verdad que hacen una jornada menor de veinticuatro horas, que dan valor a todos estos productos en sus lonjas y en sus comarcas creando puestos de trabajo y que son, en todo caso, pequeñas flotas familiares o muchas veces particulares. Entiendo, y lo digo claramente, que no son los artes de pesca los que son más o menos respetuosos con el medio ambiente, dejemos de demonizar determinados artes de pesca. No nos hagamos la foto al lado de la comisaria Damanaki, que ha demonizado claramente algunas artes que utiliza nuestra flota pesquera artesanal española de estos lugares que he citado. Se lo digo con más claridad. Considerar respetuoso el medio ambiente según el arte con el que se faene o se pesque no se hace tanto por el arte como por la forma de realizar la actividad; es decir, cómo se regulan las tallas mínimas, cómo se respetan o no las vedas, cómo se utilizan o no esos artes en los fondos marinos, cuáles son sus características, así como el ejercicio de la actividad a bordo de los buques pesqueros, que también es importante. Insisto -y termino con esta parte de la argumentación-, no demonicemos determinados artes, que es la postura que ha defendido hasta ahora la Comisión y contra la cual el Gobierno español está presentando una dura batalla, para la que cada día tienen más aliados entre nuestros socios comunitarios, con el objetivo de poder convencer finalmente a la comisaria de que la definición va por otro lado.
¿Cuál es la definición que nosotros estamos apoyando y por la que hemos presentado esta enmienda? Se está hablando de la propuesta española que amplía ese concepto de flota artesanal al que me estaba refiriendo para que comprenda todas las embarcaciones menores de 15 metros y, además, todas aquellas
que realicen sus trabajos en un periodo de permanencia en la mar menor de veinticuatro horas. Esta es una propuesta consensuada con todo el sector pesquero español y con todas las comunidades autónomas con competencias en materia pesquera. Por tanto, creemos que es la mejor opción frente a la postura de la Comisión. De ahí la presentación de nuestra enmienda que modifica, evidentemente, el planteamiento que se recoge en la PNL que estamos debatiendo.
Antes de empezar esta sesión hablaba con la portavoz del Grupo Socialista para intentar acercar nuestras posturas entre la posición inicial y la enmienda que presenta nuestro grupo, y le decía que la definición no puede ser ambigua; no podemos decir que sea respetuosa con el medio ambiente, porque la Comisión Europea ha dicho claramente cuáles son los requisitos que está dispuesta a aceptar para modificar la definición de pesca artesanal que ya está en el reglamento comunitario, que son tres: que la definición que se proponga sea objetiva -no lo es si nos quedamos en esas ambigüedades-; que sea aplicable a todos los Estados miembros y que permita un correcto seguimiento de la flota que sea beneficiaria de ayudas por pertenecer a flota artesanal. Señorías, el resultado es que la propuesta de reglamento de la reforma de la política pesquera común, que vio la luz hace unos años, en la etapa del Gobierno anterior, no recoge ninguna de las condiciones o consideraciones particulares que para esta flota se habían propuesto; por eso considero muy positivos los pasos que se han dado en estos últimos tiempos. Quisiera que tengan claro en la Comisión que con esta propuesta, que estamos intentando mejorar mediante la presentación de la enmienda, el Parlamento nacional, el Congreso de los Diputados está en la línea de la defensa de la flota artesanal que está haciendo el Gobierno español.
Por falta de tiempo, aunque son tres los puntos que contiene la enmienda, no me detengo en los otros dos, que también son importantes. Si después de las conversaciones mantenidas la proponente acepta la enmienda o una transacción podremos dar lectura al texto final.
El señor PRESIDENTE: Lo vamos a ver ahora mismo.
Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Nuestra comunidad autónoma está absolutamente de acuerdo en definir bien qué es la pesca artesanal; no lo podemos obviar. Sin embargo, me gustaría hacer referencia a un acuerdo al que se llegó en el mes de mayo en el Senado en el que se hablaba de todos estos aspectos. En el documento de la Comisión se trataban hasta veintiocho puntos y fue suscrito por todos los grupos parlamentarios allí presentes. En nuestro caso, queremos decir que evidentemente la pesca artesanal ha de hacer referencia no solo al tamaño de las embarcaciones, que creemos que hay que ampliarlo un poco, sino expresamente al tipo de arte de pesca que se utiliza, porque eso es lo que consideramos que marca la diferencia entre lo que es pesca artesanal y lo que no lo es.
No he entendido muy bien si el portavoz del Grupo Popular hacía referencia -perdóneme, quizá no le haya escuchado con suficiente atención- a embarcaciones menores de 15 metros y veinticuatro horas. Las dos cosas son excluyentes para una pesca muy importante para nosotros como es la de los túnidos con cebo vivo, con anzuelo, ya que estas embarcaciones no vuelven en veinticuatro horas y sin embargo no se puede decir otra cosa más que es pesca artesanal. Creo que el acuerdo que se adoptó en la Comisión del Senado recoge más adecuadamente este aspecto. Reitero que nuestra postura fue favorable a aquel documento y creemos que todos aquellos aspectos en los que ha incidido la señora Rumí están recogidos en el mismo. Si eso es lo que el Senado ha hecho llegar a ministro para que sea trasladado a la Comisión Europea, no deberíamos suscribir nada que difiera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervendré muy brevemente, simplemente para decir que apoyamos la propuesta del Grupo Socialista que recoge casi por completo la gran mayoría de cosas que dijimos en su día al ministro en una de sus comparecencias. Nos parece muy oportuno delimitar artes, no solamente eslora o tonelaje de barco, y también un etiquetado. Echamos en falta, eso sí, un par de cosas que nos hubiera gustado ver en esta proposición, que es todo lo que tiene que ver con el relevo generacional y con la profesionalización y la formación, que entendemos que está relacionado y que, a su vez, también lo está con el desarrollo rural, que precisamente se sustancia y concreta en asuntos como prestar atención a este tipo de cosas.
El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En reiteradas ocasiones mi grupo parlamentario ha apostado decididamente por la defensa de la pesca artesanal. De hecho, a nuestro entender, desde las administraciones y con recursos públicos es el sector que se debería apoyar, porque el mismo ha acusado reiteradamente tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea de abandono, no se sienten representados, a pesar de que el 80 % de los puestos de trabajo en pesca está hoy en el sector artesanal.
Aunque compartimos esta propuesta -no sé cómo quedará si hay alguna transacción, porque en ese caso nuestro voto puede variar-, quiero decir que la principal amenaza de la pesca artesanal es la sobrepesca que existe en nuestro país. De hecho, las mayores exigencias de protección de nuestros caladeros, de establecer reservas marinas, del rendimiento máximo sostenible, se realizan desde el sector de la pesca artesanal. En cambio, cuando hablamos de todas estas cosas los grupos parlamentarios no suelen apostar por estas vías, cuando son fundamentales para que sobreviva la pesca artesanal.
La otra cuestión que hay que poner encima de la mesa es que en todas las intervenciones se ha dicho que se apoyaba la pesca artesanal, pero cada uno la ha definido como le ha venido bien y según sus intereses. El propio sector define lo que es la pesca artesanal. En primer lugar, dicen que es aquella que cuida el medio ambiente, pero también pone más cosas. Hablan de artes de pesca y de artes de pesca pasivos, lo que, por tanto, excluye cualquier tipo de arrastre. Aquí se han querido incluir otras modalidades de pesca, pero -no sé si habrá algún tipo de acuerdo para entrar en indefiniciones, aunque el representante del Grupo Popular hablaba de concretar, porque las ambigüedades parecen muy bien cuando conviene- los arrastres no son pesca sostenible ni artesanal. Los propios pescadores exigen que no se les utilice para defender los intereses de otros colectivos que no forman parte del sector de la pesca artesanal. Tal como están los caladeros, tal como están nuestros océanos y nuestros mares, creo que es el momento de que apostemos decididamente por la pesca artesanal y no nos hagamos trampas cuando hablamos de ello. Los artes de pesca sostenibles no son aquellos que destrozan nuestro suelo marino. Lo que necesitamos es que este sector, que es el que ocupa más puestos de trabajo en este país, sea apoyado firmemente y no solo por una iniciativa aislada de defensa de la pesca artesanal sino que hay que hacerlo diariamente, siempre que hablamos de pesca, aunque esto no suele ser así.
Si la iniciativa se queda tal cual, en los términos en los que está presentada, votaremos a favor. Si no es así, entraríamos en un ámbito que no podemos compartir.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Tengo que decir que cualquier iniciativa es mejorable y efectivamente esta se podría haber mejorado mucho más. El espíritu de esta proposición no de ley es el que se ha dejado patente. Ya hay un acuerdo en el Senado y queda bastante clara la posición consensuada por todos los grupos, pero nos parecía interesante que en el Congreso se produjera una iniciativa y, por tanto, un debate sobre este tema.
La enmienda de Convergència i Unió relativa al arrastre no la podemos aceptar, porque esa palabra -y aquí sí que hay un concreción muy clara- no entra en lo que se considera pesca artesanal. No se trata tanto de la eslora ni de los metros como de la técnica, que en el arte de pesca es fundamental. Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en la que estamos trabajando, permítame, señor presidente, que espere hasta el final. Es verdad que si no aparecen una serie de cuestiones que están en nuestra proposición no la podremos aceptar, porque no queremos ambigüedad en cuanto a lo que he expuesto en mi intervención. Repito que nuestra iniciativa puede ser mejorable, pero no queremos que haya confusiones. El Grupo Socialista apuesta por la pesca artesanal, tal y como la considera este colectivo, que es lo que nos ha trasladado.
El señor PRESIDENTE: Si llegan a ese punto de encuentro, les ruego que antes de proceder a las votaciones hagan llegar esa transacción a la Mesa.
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS EN EL SECTOR AGRARIO OCASIONADOS POR LAS HELADAS DE FEBRERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000364).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura en segundo lugar, proposición no de ley sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las heladas de febrero, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Soy consciente de que esta iniciativa se discute después de mucho tiempo, ya que se presentó en el mes de febrero, justamente cuando hubo unas heladas muy fuertes en el País Valenciano. Hemos decidido mantener la proposición por dos motivos. En primer lugar, porque lo que pide esta PNL es que en el Decreto 25/2012 se establezca un sistema de ayudas similar a las del Real Decreto 1/2005. Por tanto, votar a favor de esta iniciativa sería votar para que los agricultores afectados por las heladas del mes del febrero también fueran beneficiarios de las ayudas de este decreto. En segundo lugar, porque me lo ha pedido expresamente mucha gente, sobre todo, los jornaleros de la naranja, ya que es un sector que se está hundiendo. Se están perdiendo muchos jornales de los collidors, de personal de almacén, de camioneros, cosa que no pasó en las otras crisis y ahora sí. Esto se debe fundamentalmente a los bajos precios, lo que se pone de manifiesto en una noticia que aparecía este invierno, que decía que a un agricultor de Alcira por 38.000 kilos de naranjas se le pagaron 328 euros, es decir, aproximadamente 1 céntimo por kilo de naranja. Si producir un kilo de naranjas cuesta entre 18 y 24 céntimos de euro, este señor perdió como mínimo 17 céntimos de euros por cada uno de esos 38.000 kilos. En las últimas liquidaciones que se están haciendo, el precio oscila entre 1 y 4 céntimos. Si a esto le sumamos que los impagos a los agricultores valencianos están rondando aproximadamente el 20 % y añadimos a las heladas, comprenderán ustedes que la situación del campo valenciano, sobre en el sector de la citricultura, es absolutamente catastrófico. Decidimos mantener esta proposición no de ley para que de alguna manera sus señorías tuvieran conciencia de cuál es el problema que está teniendo el campo valenciano.
Lo que reclamamos es que si van a ser beneficiarios de las ayudas los agricultores que han sufrido el pedrisco, así como los agricultores, industrias y poblaciones que han sufrido los incendios de los pasados meses, que también... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baldoví, por favor. Les ruego, señorías, que mantengan el silencio en lo posible, porque no son percibidos por quienes están tomando nota. Por favor, tengan un cierto respeto.
Señor Baldoví, puede continuar.
El señor BALDOVÍ RODA: La pretensión de esta PNL de Compromís es justamente que sus señorías tomen conciencia de la situación y que cuando llegue la tramitación del Real Decreto 25/2012, como proyecto de ley urgente, se incluyan en él los damnificados valencianos por las heladas de 2012 y se incluyan también los incendios que tuvimos desgraciadamente ayer que se remitieron de forma tardía. Eso es justamente lo que les pedimos.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Algún grupo desea fijar posición?
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, quiero decir que apoyaremos la propuesta que trae aquí el señor Baldoví. Sin embargo, nos gustaría hacer varios apuntes al respecto y también hablar de lo que él ha estado diciendo, que está un poco apartado de lo que pretende la proposición no de ley. Todo lo que tiene que ver con el precio tiene que ver además con una propuesta sobre la cadena alimentaria que nos gustará discutir en siguiente lugar.
Vamos a apoyar la iniciativa, pero la vamos a apoyar con reparos, partiendo de una idea inicial con la que estamos de acuerdo, pero que creemos que se despliega de una forma poco rigurosa. La apoyamos en realidad pensando en los agricultores casi tanto o más que atendiendo a lo que en realidad dice la propuesta. Creemos que se deben compensar los daños por heladas, pero la propuesta nos parece técnicamente deficiente. Me explico. En primer lugar, los daños reales no son la pérdida de la cosecha, sino la pérdida de la renta que suponga el porcentaje de cosecha multiplicado por el índice del precio incrementado normalmente, justamente porque hay cosecha corta. En segundo lugar, se debe comprobar y vigilar, ya que estamos hablando de dinero público, que haya un daño físico efectivo. La propuesta llega a hablar a veces de cosecha dañada en el mercado. Si hay helada, el producto no puede estar en el mercado, a veces porque se daña comercialmente, lo cual nos lleva a otro tema, que es el del desperdicio de alimentos, que tratamos en otra ocasión separadamente y sobre el cual hemos hecho una propuesta que creemos bastante completa. En tercer lugar, nos parece que se meten en el mismo saco cuestiones
impositivas correspondientes a distintas administraciones y se hace tal retahíla de compensaciones que se pueden crear incentivos perversos. Ojo con pasarse con la búsqueda desenfrenada de votos. No puede salir a cuenta que hiele; esto lo saben los agricultores, cuya inteligencia nos parece que merece un poquito más de respecto. Lo de eliminar incluso cuotas enteras entra en ese campo de excesos a los que nos estamos refiriendo ahora, por no insistir en la dificultad de gestión y debido control al involucrar, como he dicho antes, a administraciones diferentes.
Hechas estas advertencias, que espero que sean tenidas en cuenta, si es posible, por Compromís y, especialmente, por el Gobierno, apoyaríamos esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, el señor Solsona, por Convergència i Unió.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Utilizaré este turno para dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. El contenido de la misma, como ha dicho su portavoz, es un poco extemporáneo debido a los hechos actuales. Lo que se pide es lo mismo que se reclama en el Real Decreto-ley 25/2012, que se va a tramitar como proyecto de ley. Por tanto, si hay voluntad, hay margen para intentar entre todos no solo aprobar esta proposición sino incorporarla o modificarla en el proyecto de ley surgido del Real Decreto 25/2012. Así lo haremos nosotros. Le daremos nuestro apoyo y por tanto nos pondremos al lado de la gente y del proponente de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa, como lo hemos hecho ya en otros ámbitos. Solamente queremos fundamentar este apoyo, en principio, porque la realidad escrita fue así, tal cual el proponente la ha planteado. No ha habido ayudas, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2005, cuando también hubo heladas y el Gobierno dictó el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar esos años. En aquella ocasión también hubo ayudas por parte del Consell de la Generalitat Valenciana; en esta ocasión no. Luego, hay un precedente. En aquel momento se ayudó y las medidas que se adoptaron fueron muy bien valoradas por el sector; en este caso no ha habido ninguna reacción. Eso es especialmente grave en el campo valenciano, porque la situación es muy mala para sus agricultores. Como efecto de esta mala situación, en el año 2010, la Comunidad Valenciana tuvo el dudoso honor de convertirse en la región española con más superficie agraria abandonada, un total de 13.140 hectáreas, lo que arroja ya un balance de 130.000 hectáreas de campo que han dejado de cultivarse. Esto agrava aún más la situación. Por otra parte, Agroseguro valoró los daños en aproximadamente 60 millones de euros. No estamos hablando de estimaciones parciales o de relativismos, como antes he escuchado al representante de UPyD, ni estamos tampoco -no en nuestro caso sino en el del proponente- interpretando la voluntad de los agricultores. Lo que hace el proponente es recoger fielmente la solicitud que en su momento cursaron las organizaciones profesionales agrarias, que motivó toda una serie de debates a partir de mociones en los municipios valencianos. Esto no es sino la transmisión fiel y directa de las reivindicaciones de las organizaciones de agricultores valencianos. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores-Asaja, hasta La Unió, todas van en esa dirección y han pedido justamente lo que plantea la proposición.
Para terminar, el debate del Decreto 25/2012, que se va a tramitar como proyecto de ley, como aquí se ha dicho, es la ocasión para encajar estas heladas, como en su momento encajamos también el pedrisco que afectó a Lleida. Esa sería la cuestión. Lo que no sé es si el proponente quiere llegar a esa transacción, esto es, que se recoja en este ámbito y no en otro decreto especial, como se plantea aquí. Lo ha dicho él mismo, pero no sé si eso lo quiere explicitar en una redacción que nos permita coincidir a todos los demás. En cualquier caso, vamos a apoyar la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Esta Mesa no tiene constancia de que se haya presentado ninguna enmienda. En todo caso, corresponde al señor Baldoví responderle.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ernesto Aguiar, para fijar posición.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Señorías, las medidas contenidas en la proposición no de ley que nos presentan, implican actuaciones en distintas áreas, como el establecimiento de sistemas de ayudas para paliar daños por las heladas, el establecimiento de mecanismos de control de la inspección, la condonación del pago de cuotas de la Seguridad Social, créditos bonificados al 100%, reducción total de los módulos fiscales para el IRPF o la exención de los impuestos sobre bienes inmuebles rústicos. Es
decir, se plantean una serie de medidas, pero sin especificar en ninguna de ellas cuáles son las actuaciones concretas a realizar, sin efectuar una valoración del gasto a incurrir en cada una de las líneas de actuación señaladas, sin indicar el origen de la correspondiente financiación del gasto y sin tener en cuenta que los daños causados por las heladas pueden ser cubiertos por las correspondientes pólizas de seguros suscritas por los agricultores y ganaderos.
Señorías, las adversidades climatológicas son fenómenos que afectan a todas las producciones agrícolas en mayor o en menor medida y, según los sucesos del daño climatológico, ante esta eventualidad, la Administración General del Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprueba todos los años el Plan anual de seguros agrarios combinados, que cubre la gran mayoría de producciones agrícolas y ganaderas ante los posibles daños de las mismas. En el año 2012 concretamente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Enesa, tiene presupuestados 274 millones de euros para subvencionar la contratación de los seguros agrarios en toda España, lo puede dar una idea de los grandes esfuerzos que realiza la Administración pública para asegurar la renta de los agricultores y ganaderos. Si bien compartimos la preocupación de los agricultores valencianos por los efectos de las heladas, la concesión de estas ayudas estatales por parte de la Administración del Estado se debe limitar a casos en los que los daños sean especialmente graves y afecten a un gran número de comunidades autónomas o a una superficie relativamente importante del territorio nacional, tal y como ocurrió en el decreto que se ha nombrado y que ha sido motivo de debate como consecuencia de las heladas del año 2005. En estos casos es cuando el Gobierno adopta normas legislativas de urgencia, por las que se establecen ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por la adversidad meteorológica, entre las cuales se incluyen medidas que afectan a otros ministerios, como pueden ser las que propone el señor Baldoví: la exención del impuesto sobre bienes inmuebles rústicos, la condonación de pagos de cuotas a la Seguridad Social o la creación de líneas de préstamos bonificados del Instituto de Crédito Oficial.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que se adoptan esas normas legislativas de urgencia, no consideramos necesaria la aprobación de ayudas similares a las establecidas en el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, en relación con las heladas de febrero de 2012, puesto que se estima que las medidas necesarias se implementan adecuadamente mediante los mecanismos ordinarios establecidos al respecto. En este sentido debo señalarle, que, al objeto de reparar los daños causados por las catástrofes naturales, vienen aprobándose reales decretos-leyes. Por ello se considera que las medidas que en su caso puedan plantearse en relación con los municipios de la Comunidad Valenciana o de otras zonas de España afectadas por las heladas registradas en los años 2011 y 2012 deben reconducirse, de entenderse procedentes, al ámbito de las iniciativas que dan lugar a la posterior aprobación de los comentados reales decretos-leyes. Como ya se ha hecho mención a lo largo de esta Comisión, el pasado jueves 20 de septiembre se aprobó el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se establecen medidas urgentes por daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, y que también se aprobó su trámite como proyecto de ley. Es ahí donde, como han dicho otros intervinientes, les sugiero que presenten a modo de enmiendas las medidas que plantea usted en esta proposición no de ley, a la que anuncio el voto desfavorable de mi grupo parlamentario, dejando abierto el debate de estas medidas para la tramitación del proyecto de ley.
- SOBRE REEQUILIBRIO EN LA CADENA ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000433).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre reequilibrio en la cadena alimentaria. Su autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el Plan estratégico de cooperativismo agroalimentario español, nacido como consecuencia del Libro Blanco del cooperativismo, marca las líneas de actuación necesarias para modernizar el cooperativismo agroalimentario. Ese plan fue objeto de una PNL aprobada por unanimidad en esta Cámara, pero no se ha hecho nada en concreto.
Los ejes estratégicos para el cooperativismo del Libro Blanco de la agricultura, que recoge a su vez otros documentos estratégicos consensuados política y socialmente, son cuatro: mentalización empresarial de dirigentes y directivos, redimensionamiento estructural, mejora de la competitividad y comunicación y difusión. Añadiríamos tres cosas que creemos que merecen especial consideración y que no solamente afectan a empresas de tipo cooperativo: la internacionalización, el desarrollo de la biotecnología y, en
general, I+D+i agroalimentaria y los nuevos modelos de financiación y de intercooperación en I+D+i. Nos parece que a todo esto es transversal, por no decir que a efectos prácticos parece previo a todos estos objetivos, el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, que solo se podrá afrontar seria y duraderamente con un mayor poder de negociación proporcionado por compañías más fuertes, generalmente fruto de proyectos supraautonómicos, los cuales deberán ser preferiblemente atendidos desde una ventanilla única en el ministerio. Hemos de ser conscientes de que estamos no ante un problema coyuntural, sino ante un problema estructural, provocado fundamentalmente por el grave desequilibrio de la cadena agroalimentaria como consecuencia de multitud de factores, entre los que destacamos dos: en primer lugar, la concentración de la demanda final, gran distribución, y la atomización de la oferta, ya sea a nivel de productor o a nivel de industria de transformación alimentaria; en segundo lugar, la concentración de la oferta de insumos en manos de pocas y grandes suministradoras que actúan a nivel de oligopolio.
Según los últimos datos, señorías, el top 5 de la industria agroalimentaria ha reducido su facturación un 1,65 %, mientras que los cinco grandes de la gran distribución han crecido un 3,4 % y han mantenido en un 60,2 su cuota de mercado frente al 21 % de las doce cooperativas mejor dimensionadas. De hecho, la atomización existente en la producción agraria también es extensible a la industria transformadora. Los diez grandes de la agroindustria han multiplicado por 4,2 su facturación en los últimos veinte años; los diez de la gran distribución lo han hecho por 112. Las instituciones de la Unión Europea han aprobado recientemente diversos informes que ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha medidas que reequilibren las relaciones en la cadena agroalimentaria. Todavía no se ha alcanzado un grado de concentración de oferta ni de integración cooperativa que les haya permitido reducir sus gastos estructurales y defender una posición negociadora en la cadena, acorde con el grado de integración de sus proveedores y clientes.
En definitiva, señorías, debemos ser conscientes de que en España la cadena agroalimentaria presenta una grave asimetría que debemos corregir entre todos, pues la destrucción de tejido productor en lugar de su evolución nos haría más dependientes al perder como sociedad potencial competitivo. UPyD considera necesario poner en marcha políticas y desarrollar instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora. Los proyectos empresariales que concentrarían la oferta en un ámbito supraautonómico deben contar con el apoyo de las distintas administraciones públicas, un apoyo que ha de ser decidido, animoso, a la altura de sus necesidades y del papel que pueden desempeñar en el mercado. Necesitamos un enfoque estatal revitalizado, porque las estrategias que están desarrollando los agricultores y las empresas agroalimentarias más dinámicas son estrategias orientadas al mercado, alejadas de visiones localistas hoy desfasadas y, en consecuencia, necesitan crecer integrándose con otras empresas que con frecuencia están fuera de su región de origen. Esto es problemático para todas, pero especialmente para las cooperativas. Consecuentemente, necesitamos fomentar la concentración de la oferta en origen. El Estado, ministerio y consejerías autonómicas, ha de concentrar todos sus esfuerzos en reorganizar sus políticas, que en ocasiones han tenido el efecto de promover el minifundismo empresarial, urgiendo especialmente la potenciación de grupos comercializadores de base, pero preferiblemente con dimensión supraautonómica, algo que hoy en día solo contaría con trabas administrativas territoriales y hasta desconfianza institucional. Un diagnóstico ampliamente compartido en el sector es que los recursos tendrían un uso optimizado si se orientaran de modo preferencial a los proyectos con mejor potencial de aprovechamiento. Tal situación debe ser corregida de forma urgente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe liderar a los Gobiernos autonómicos para la puesta en marcha de una política de Estado para este sector. En este contexto, los grupos supraautonómicos de mayor dimensión deben ser prioritarios. El único instrumento que tenemos en la actualidad para el impulso a la constitución de grupos cooperativos de carácter supraautonómico es una orden ministerial de integración cooperativa, enmarcada dentro de la normativa de ayudas de Estado y, por consecuencia, limitada a 400.000 euros por beneficiario y para un periodo de tres años. Además, en la situación de crisis actual es de suponer que esta línea está claramente condicionada por las disponibilidades presupuestarias estatales. Por otra parte, existe mucha más flexibilidad y disponibilidad en los programas de desarrollo rural, ya que hay cofinanciación europea y no existen las limitaciones en cuantía impuestas a las ayudas del Estado, pero existe un problema añadido. Hasta el último programa de desarrollo rural 2007-2013, la estructura del reparto financiero y el peso específico de cada eje era elaborado por el Gobierno central, adaptando las comunidades autónomas sus medidas dentro de ese programa de desarrollo rural sobre la base de sus necesidades específicas. Sorprendentemente, en lo que muchos vieron como una abdicación más por parte del Gobierno de España respecto de sus
responsabilidades, a partir del programa de desarrollo rural 2007-2013 esta estructura se invierte y son entonces las comunidades autónomas las que elaboran la estructura de sus programas de desarrollo rural y el ministerio las suma para presentarlas a la Unión Europea, dejando los proyectos supraautonómicos en el limbo administrativo. Nuestras empresas han llegado a solicitar a la Unión Europea la coexistencia de un plan nacional con los programas regionales. Todos los grupos de esta Cámara estarán de acuerdo en que no es un problema que deba resolverse en Bruselas, sino en el Estado miembro; esa es la respuesta que nuestras empresas han recibido de las instituciones europeas. Debería preocupar a esta Cámara que se haya llegado a un punto en el que nuestras empresas más dinámicas, aquellas con mejor potencial competitivo, hayan recurrido al ámbito europeo ante la situación actual de descoordinación de funciones entre las administraciones regionales y la falta de una ventanilla a la que acudir para sus trámites en el Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Para defender sus enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, comenzaré mi intervención reconociendo una máxima, una máxima además que conocemos bastante bien las personas que procedemos del ámbito rural, y es que las empresas cooperativas son elementos de cohesión social y territorial y en muchas ocasiones el principal motor económico y social en las zonas rurales. Es de justicia reconocer también que la industria agroalimentaria española en los primeros años de la crisis ha sabido responder a las nuevas circunstancias, resistiendo mucho mejor que otros sectores y mejor que el resto de la industria. Sin embargo, la situación económica general ha repercutido en la industria alimentaria y ha provocado una retracción en el consumo, lo que ha derivado en una mayor presión en los precios. Así, en 2010 se registra por primera vez una caída del consumo en cantidad, tanto en el hogar, un 1 %, como fuera de él, un 3,1 %. En 2011, la situación de los mercados y del consumo ha seguido siendo muy complicada, y los datos del mes de octubre ponían de manifiesto una reducción del 1,8 % en volumen y del 0,9 % en valor.
Frente a esta situación, este sector reclama un conjunto de medidas para su reactivación y para mantener su contribución a la creación de tejido social y económico de calidad y al desarrollo sostenible del medio rural. Como recordarán sus señorías, durante el mandato del Gobierno Socialista se consiguió dar un impulso al Plan estratégico del cooperativismo agroalimentario español, aprobado por las cooperativas agrarias, que permitió, entre otras cosas, la celebración de un nuevo convenio-marco, en diciembre de 2007. Posteriormente, en enero de 2008, se firmaron cinco convenios específicos de colaboración, cuyo objetivo era mejorar la competitividad y la modernización de las cooperativas. No obstante, a pesar de los logros que se obtuvieron, uno de los grandes retos de futuro que se plantean a las cooperativas es la necesidad de superar el fuerte localismo de las cooperativas españolas, más orientadas a las necesidades de los socios que a las de mercado. Es por ello fundamental impulsar su competitividad tanto en el ámbito europeo como en el nacional. De ahí que en nuestra enmienda pidamos que se remita ya a esta Cámara el programa plurianual de integración cooperativa y que incluya la modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, donde se regule la figura de entidad asociativa prioritaria. En los momentos actuales es imprescindible que desde el Gobierno se lleven a cabo de verdad actuaciones en apoyo a las cooperativas, como son las medidas de fomento cooperativo, encaminadas a favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta, para poder impulsar la integración de cooperativas de primer y segundo grado u otras organizaciones con dimensiones y capacidades crecientes, tanto en sus fases de producción, como de industrialización y comercialización. El papel que juegan las cooperativas en el entorno laboral es fundamental, pero debemos ayudarlas, y por eso es tan importante actualizar y eliminar determinados límites o trabas que hoy en día dificultan la ampliación de las actividades de la cooperativa y, por tanto, su desarrollo empresarial.
Señorías, voy a concluir ya. Simplemente quiero recordar que el ministro Cañete, desde que llegó al Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones, dentro y fuera de esta Cámara, que va a traer la ley de la cadena alimentaria. Esperamos que ese anuncio se haga ya realidad y se traiga cuanto antes dicha ley; la espera el sector y, por supuesto, la espera también nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha presentado también una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra doña Olga Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que, tal y como se señala en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, la cadena alimentaria evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación, que derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales, que son contrarias a la competencia, distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad en todo el sector agroalimentario. Esta afirmación está avalada por informes tanto de instituciones nacionales como de instituciones europeas.
Para hacer frente a esta situación que afecta a la cadena alimentaria, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha marcado una prioridad, que es impulsar una nueva ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se trata de un proyecto mucho más ambicioso que el presentado por el Gobierno anterior. En su comparecencia del 1 de febrero de 2012 en esta Cámara, el ministro de Agricultura se comprometió a disponer de una cadena de valor en la que sus eslabones más débiles, que son especialmente los productores, vean reforzada su posición y obtengan el beneficio que corresponde a su grado de participación en la generación de este valor. Para ello, se elaborará un plan para el reequilibrio de la cadena alimentaria y, dentro de ese plan, es fundamental el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Desde un principio, el Ministerio de Agricultura está trabajando en coordinación con otros departamentos ministeriales y, por supuesto, con representantes del sector agroalimentario para la elaboración de este anteproyecto de ley, lo que ha permitido que exista ya un texto muy avanzado, con una estructura prácticamente definida en la que se contemplan todas las materias que han de tratarse necesariamente en dicha ley. Una vez consensuada con todos los agentes sociales y departamentos implicados, se procederá a su aprobación para su posterior tramitación parlamentaria. Repito, una vez consensuada, que es el momento en el que se encuentra el anteproyecto de ley.
Los objetivos fundamentales de este anteproyecto de medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria son los siguientes: aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario, mejorar la vertebración y funcionamiento de la cadena alimentaria, conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, fortalecer el sector productor a través de la potenciación de las actividades de organizaciones interprofesionales agroalimentarias, mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la industria y la transformación alimentaria y contribuir a la garantía de los derechos del consumidor mediante la mejora de la información sobre alimentos y su calidad. Para cumplir estos objetivos, el anteproyecto propone introducir una mayor seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre operadores, estableciendo una serie de obligaciones y prohibiciones relativas a la contratación y a las prácticas comerciales. Asimismo, es necesario reforzar los mecanismos de control existentes para detectar y evitar posibles prácticas abusivas que perjudican al equilibrio y a la transparencia que debe regir las relaciones comerciales. En este ámbito, se regula la autorregulación mediante la incentivación de códigos de buenas prácticas, que habrán de contener mecanismos eficaces de control de los incumplimientos que puedan derivar de los mismos. También se pretende dar una nueva configuración al Observatorio de precios de los alimentos, para que pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las posibles disfunciones que se detecten. Finalmente, se abordan las investigaciones necesarias para dotar de mayor eficacia a las organizaciones interprofesionales agrarias y se refuerza la figura de los contratos-tipo alimentarios.
Al Grupo Parlamentario Popular le consta que en la elaboración de este anteproyecto se han tenido en cuenta las experiencias de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como los debates y conclusiones habidos en el seno de las instituciones comunitarias y nacionales sobre la necesidad de lograr un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y la garantía de una competencia justa y de un adecuado nivel de precios tanto para productores como para consumidores. Es por ello que hemos presentado una enmienda en la que nos gustaría contar con el apoyo del grupo proponente. Queremos decirles que el ministerio tiene un objetivo muy ambicioso y que el ministro está profundamente empeñado en regular profundamente la cadena alimentaria, desde el productor hasta el panel de la distribución.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestra intervención va a ser inversamente proporcional a la extensión de la PNL y a su exposición de motivos, larga y extensa, y en la cual he de comentar, antes de decir que votaré en contra, que compartimos parte de la argumentación, sobre todo cuando se dice que se deben
crear cooperativas de mayor dimensión que a veces pueden comprender a más de una comunidad autónoma. Con esta PNL nos pasa como con la primera que invade el marco competencial, porque este tema es competencia de las comunidades autónomas. Cuando se plantea que el ministerio debe de destinar recursos directamente, nosotros no podemos votar a favor ni abstenernos. Esta es nuestra línea política. El ministerio tiene que llevar a cabo acciones para coordinar medidas e instrumentos que las comunidades autónomas ya ponemos actualmente a disposición de las cooperativas y, en todo caso, definir conjuntamente cuáles son las gestiones para dar apoyo de una forma más coordinada. El ministro en varias comparecencias e incluso en la nota de prensa de las 66 propuestas para esta legislatura ya contempla temas de concentración, de dimensión de explotaciones agrarias y de relaciones interprofesionales. Hay diferentes cosas como el propósito prioritario -pero no urgente por lo que se ve, porque aún no está sobre la mesa- de la ley de la cadena alimentaria. A nuestro grupo le preocupa que cuando se dice que será más ambicioso del que se había aprobado antes, esperemos que la ambición sea de manera positiva para mejorar toda la ley de la cadena alimentaria y no para intentar recuperar competencias que no son del ministerio. Nuestro posicionamiento será en contra.
El señor PRESIDENTE: Para posicionarse sobre las enmiendas tiene la palabra el proponente, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Únicamente aceptaremos la enmienda de adición que nos ha presentado el Grupo Socialista.
- RELATIVA AL SECTOR CINEGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000532).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley relativa al sector cinegético. Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Hoy el Grupo Parlamentario Popular vuelve a someter a criterio de la Cámara una iniciativa sobre el sector cinegético que, tal y como se concluyó en un seminario celebrado en Toledo en plena campaña electoral, resulta ser lo que ya veníamos reclamando desde hace muchos años y es que sea un subsector de primer nivel dentro del sector primario español. Esta es una magnífica ocasión para que la Comisión de Agricultura, por iniciativa de mi grupo parlamentario, reitere una vez más su compromiso con este sector tan importante en el medio rural español y también para mandar un mensaje de esperanza y de trabajo futuro a todo el mundo de la caza en España, señalándoles que el Grupo Parlamentario Popular -ellos lo saben perfectamente y yo personalmente estoy a su entera disposición- está en comunicación permanente para conocer sus problemas y aportar las debidas soluciones.
Entrando en el desarrollo de la iniciativa, quería hacer un planteamiento muy vinculado con la economía que obliga a que hoy la Comisión haga una reflexión sobre la situación real en la que se encuentra nuestro país. Se puede afirmar de una forma bastante prudente que el producto interior bruto de España en los últimos años ha perdido el 10 % o un poco más de su capacidad de crecimiento, de generar riqueza y empleo. Ello ha dado lugar a un aumento del desempleo y, como consecuencia de ello, a una caída del consumo, a un aumento del gasto y a una disminución de los ingresos públicos, lo que conduce a un aumento del déficit y a unas dificultades importantes de financiación. En resumen, todo el mundo hoy es plenamente consciente de que España está en una situación económica difícil. Estamos en un momento de recesión y el primer problema que tiene el Gobierno es generar empleo y facilitar el crecimiento económico. Si bien es cierto -mi grupo así lo comprende- que es necesario, tal y como la vicepresidenta económica del Gobierno ha señalado en el hemiciclo en alguna ocasión, gastar menos y mejor, no es menos cierto que a los que tenemos responsabilidades de Gobierno -y el grupo que sostiene al Gobierno las tiene- nos corresponde animar y apoyar cualquier actividad que sea capaz de generar riqueza y empleo y, por su crecimiento, conseguir que esa merma que se ha producido por efecto de la voladura del sector del ladrillo pueda ser complementada por un incremento de actividad en otros sectores de los que existen en nuestro país y uno de esos sectores es el sector cinegético.
¿Por qué entiendo que el sector cinegético tiene un amplio recorrido, y así lo pensamos en el Grupo Parlamentario Popular? Porque, utilizando una terminología que la Comisión conoce y maneja mucho mejor que yo, el sector cinegético, en mi modesta opinión, es un producto primor en el conjunto de los
productos que se obtienen en el medio rural español. ¿Por qué? Porque la actividad de caza en España, por los factores que ahora voy a repasar, se encuentra en situación de ventaja comparativa en cuanto a la oferta de otros países del continente europeo. Por tanto, ese factor de diferenciación es el que hay que aprovechar.
¿Por qué digo que es un producto primor? Porque en nuestro país existe una muy antigua y variada tradición de modalidades de caza. Nuestro país tiene un patrimonio natural enormemente rico, tanto en espacios como en especies, hasta el punto de que existe una gran cantidad de piezas cazables. Nuestro país, respecto a otros países del entorno europeo, es uno de los que tiene mayores superficies concentradas de terreno cinegético y además su climatología es mucho más favorable para la práctica de actividad al aire libre que otros países que le pueden hacer competencia. Para colmo -en beneficio de esta actividad- nuestro país tiene una magnífica red de infraestructuras y de hospedajes y además tiene un grandioso patrimonio cultural que se puede añadir a todo el paquete de oferta, por lo que es un sector que tiene una gran potencialidad.
La iniciativa trae causa de un seminario que, impulsado por mí, se desarrolló hace ya muchos años en la fundación de mi partido y en aquel entonces -creo que era hace más de diez años- aproximábamos que la caza pudiera estar generando un volumen de producto interior bruto, de renta, en torno a 3.000 millones de euros al año, lo cual es una cifra que no es nada desdeñable. Además de esta realidad del peso económico que tiene el sector cinegético en el mundo rural, hay que reconocer que -ya esto es recurrente y en cada debate que he tenido en la Cámara lo he manejado así- la caza tiene un firme compromiso con la conservación. Es muy claro que si no hay espacios no hay especies y si no hay especies no hay caza. Los cazadores somos -soy cazador- los primeros interesados en la conservación y el mantenimiento del medio natural. También es muy claro señalar que la actividad de cazar forma parte de la propia historia de España, de las tradiciones de nuestro país, y que nuestros ciudadanos son grandes apoyos para la acción de cazar, no solamente la población del medio urbano, sino que es casi mayoritaria la participación de la población rural. Aporto un dato que ya he manejado otras veces: en el conjunto de todo el territorio nacional puede haber más de un millón de licencias de escopeta, lo que implica que la Federación Española de Caza tiene federadas aproximadamente 500.000 personas, lo que quiere decir que hay un colectivo social muy importante que hace de esta actividad lúdica una actividad de esparcimiento absolutamente legal y legítima y que tiene más aportaciones positivas que negativas.
En estas condiciones el mandato que recoge la iniciativa pretende que el Gobierno sea sensible con este planteamiento. Los nuevos participantes en el debate se pueden imaginar que el grupo que apoya al Gobierno no presenta una iniciativa si no tiene su bendición, lo que quiere decir que el Gobierno y nosotros estamos en plena sintonía. Además del mandato general de contribuir a la actividad, al apoyo y al ánimo de los agentes económicos para el desarrollo de esta actividad -logrando su impulso y fomentando su actividad-, desde hace años hemos venido defendiendo una serie de actividades que eran fundamentales, como despejar la inseguridad en el sector. Existen dos factores de inseguridad que han sido resueltos en parte por la acción del Grupo Popular en su momento. Uno eran los accidentes ocasionados por especies cinegéticas, y ya modificamos dos veces la Ley de Seguridad Vial para resolver este factor de inseguridad, y otro era el furtivismo, y también la enmienda respecto al furtivismo que hoy figura en el Código Penal fue presentada por el grupo parlamentario de entonces. En 1999 también defendimos la necesidad de intentar homogeneizar, dentro de lo posible, la legislación dispersa que existía en el ámbito de las comunidades autónomas en relación con esta materia, porque creemos que, cuantos más parámetros comunes haya, más fácil es practicar la actividad. En 1999 -y en la misma sesión de la Comisión- tuve el honor de defender una iniciativa, que fue apoyada en aquella legislatura -y recuerdo que estábamos en mayoría relativa-, para que, en colaboración con las comunidades autónomas, se trabajara por un procedimiento para simplificar el acceso a las licencias de caza, facilitando la caza en distintas partes del territorio nacional.
Esto que he comentado es una parte de los asuntos más importantes que existen en relación con la caza. Una vez más quiero señalar que nos parece muy interesante apoyar la actividad. Espero que los grupos que participan en el debate respalden la idea inicial del Grupo Parlamentario Popular. He incorporado las enmiendas que han presentado otros grupos en la Cámara en la enmienda transaccional que voy a pasar a la Mesa ahora y que ya conocen los grupos. La aportación que hacía Convergència i Unió...
El señor ALONSO NÚÑEZ: Si la acepto lo diré yo.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No entiendo.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, no abran un debate cruzado. (El señor Alonso Núñez pronuncia palabras que no se perciben).
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Déjame continuar el debate y luego comentas lo que creas, porque aquí el que acepta las enmiendas es el dueño de la iniciativa que soy yo. Ajústate al Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que presten atención a las indicaciones de esta Presidencia.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Es que me ha interrumpido y usted no le ha llamado al orden.
En mi turno de aceptación de enmiendas, que lo uno a la exposición de motivos para simplificar el trámite, incorporo la aportación que hace Convergència i Unió, como no podía ser de otra forma, para que todo este esfuerzo del Gobierno central para animar y apoyar la actividad de cazar se haga en colaboración con las comunidades autónomas. En relación a la muy digna enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, a pesar de las manifestaciones de su portavoz, que conoce perfectamente que coincidimos en su preocupación -como he señalado en mi primera intervención- en relación con los accidentes de caza y en la necesidad de facilitar la práctica con una posible licencia supraautonómica, mi grupo parlamentario ha ofrecido una transaccional que conocen los grupos y que, si la Comisión está dispuesta a tramitarla, mi grupo, como autor de la iniciativa, estaría dispuesto a que esa enmienda transaccional sustituyera al texto que hemos sometido al criterio de la Comisión y que hemos presentado en el registro. A mí, como autor, me corresponde decir si el texto que se somete a votación es el de la enmienda transaccional. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Al finalizar la defensa de las enmiendas, a quien le corresponde aceptarlas o no es al grupo proponente.
Tienen la palabra los proponentes de las enmiendas a esta iniciativa. En primer lugar, para su defensa tiene la palabra don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Ahora mismo estamos un poco atónitos por la situación, porque dábamos por sentado que ustedes habían hablado y lo habían pactado. La enmienda tiene su razón -como ya hemos hecho tres veces en esta Comisión - en garantizar el marco competencial de las comunidades autónomas, por lo que ni que sea obvio ni que se le suponga queremos que conste en el texto que se tiene que hacer conjuntamente con el ente competente, en este caso con la Generalitat.
A partir de aquí, si se consensúa la transaccional estaremos a favor y, en el caso de que no sea así y se tenga que votar en sus términos, si se acepta nuestra enmienda, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En nombre del Grupo Socialista voy a fijar la posición en relación con esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular y defenderé la enmienda que he presentado en nombre de mi grupo. Hay una coincidencia absoluta de todos los grupos, por lo menos los que hemos hablado hasta este momento, de que la caza, además de un deporte, es un sector de gran transcendencia económica y social en nuestro país. Es una actividad que genera riqueza, puestos de trabajo y además los crea en el medio rural, donde en muchos casos es difícil buscar actividad.
Por otra parte, estamos hablando de la caza, que en este momento hace que España sea la primera potencia europea en actividad cinegética. Esto debe ser -y de hecho lo es- para los socialistas una muestra de orgullo nacional en el sentido de mantener un liderazgo en esta materia en toda Europa. Existen en España en torno a 900.000 cazadores que ejercen esta actividad en las distintas comunidades autónomas; casi 28.000 cotos de caza; están acotadas casi 35 millones de hectáreas y, en definitiva, estamos hablando de la generación de un flujo económico que, con distintos modelos de cálculo, lo que genera la caza en el medio rural está situado entre 3, 4 o 5.000 millones de euros. Se cazan en España nada más y nada menos que 15 millones de piezas de caza menor y más de 300.000 de caza mayor.
Tengo que catalogar la iniciativa que nos trae el Grupo Popular de sorpresiva por el contenido. En el fondo, señor De Luis, hemos participado en algunos foros, conozco su compromiso con la caza y con el sector, pero tiene que aceptar que esperaba un poquito más de usted a la hora de presentar una iniciativa a favor de la caza, sobre todo habiéndole escuchado en su participación en distintos foros políticos y
cinegéticos manifestar el compromiso con la caza. Porque traer una proposición no de ley que establece que se adopten medidas de impulso y fomento del sector cinegético y punto (Rumores),...
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Está hablando el portavoz socialista y tengo que levantarme para poder verle y escucharle.
El señor ALONSO NÚÑEZ: ... sin decir ni qué medidas ni qué prioridades ni qué pretende hacer el Grupo Popular en este momento que tiene una mayoría absoluta abrumadora en la Cámara. Esto simple y llanamente supone, señor De Luis, una cierta decepción. Tuve oportunidad de leer algunas manifestaciones de su persona, por ejemplo, últimamente en la participación de una jornada que organizó la Federación Española de Caza en junio del año pasado y el titular de aquellas jornadas -está en todos los medios- dice: los cazadores reciben el apoyo del Partido Popular y de Convergència i Unió -participó también el señor Jané- para revisar la normativa de accidentes causados por la fauna cinegética. Esto era en junio del año pasado con el Partido Popular en la oposición y ahora el Partido Popular está en el Gobierno. Si ustedes, en las previas de las elecciones van a un foro, en el que estaban todas las federaciones de caza, y se comprometen a revisar la normativa en relación con los accidentes causados por la fauna cinegética, es decir, la actual redacción de la Ley de Tráfico, señor De Luis, creo que usted pierde una magnífica oportunidad en esta PNL de no decirle al Gobierno que presente, en el plazo que usted considere oportuno, tres, cinco o seis meses, la modificación de dicha ley, porque existe consenso. Es más, el Ministerio de Medio Ambiente anterior ya en la comisión de caza, en la que participan las federaciones, adoptó el acuerdo y remitió al Ministerio del Interior la propuesta de todos -administración ambiental, cinegética y sector- que suponía esa modificación. De ahí que nuestra enmienda vaya en el sentido de decirle al Gobierno qué es lo que queremos que haga a favor de la caza, porque el sector está pidiendo en este momento varias cosas.
En primer lugar, que se cambie la Ley de Tráfico, y le propongo, señor De Luis, que se lo digamos al Gobierno. No le he puesto fecha, pero usted lo debería aceptar, aunque sea simplemente por su compromiso personal con las federaciones y los cazadores de España en esa reunión que se celebró en junio del año pasado. Hay otros temas que preocupan al sector de la caza. Dadas las transferencias que se han realizado en esta materia a las comunidades autónomas, le preocupa el exceso de legislación y la falta de coordinación suficiente en el desarrollo de la actividad. El sector está pidiendo que haya una mayor coordinación en las órdenes de veda y que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para elaborar la legislación que permita el establecimiento de una licencia supraautonómica. El sector está pidiendo -y esto es una necesidad unánime, llámese consejo de caza- que se asegure un mecanismo de participación y de interlocución con los gestores de la caza, con todos los interlocutores que tienen que ver con este tema, es decir, que tengan un foro. No estamos hablando de crear un organismo que cueste dinero, sino que haya un foro de interlocución. Estando de acuerdo con la parte primera de su proposición no de ley, porque cómo no vamos a estar de acuerdo en que se impulse y se fomente el sector cinegético -esto en mi tierra se dice: esto es un aleluya-, no explicita nada, señor De Luis. ¿Qué va a hacer el Gobierno con esto? ¿Va a hacer algo en concreto? ¿Va a impulsar y fomentar el sector cinegético con el fin de contribuir al desarrollo económico?
En mi enmienda le propongo que, aceptando el planteamiento general, intentemos concretarlo y dicha concreción, desde nuestro punto de vista, supone que la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso inste al Gobierno a desarrollar o modificar la legislación. No estamos pidiendo ningún gasto, lo que estamos pidiendo no cuesta nada: que se cree el consejo nacional de la caza, un órgano de participación de la caza; que se modifique la Ley de Seguridad Vial en relación con la responsabilidad en los accidentes de tráfico por especies cinegéticas y que se desarrolle la legislación en relación con el establecimiento de una licencia de caza supraautonómica para uso en todo el territorio nacional. Hay más temas que preocupan en la caza, ahí están las conclusiones del congreso de caza que se celebró precisamente en mi circunscripción, en Toledo, el año pasado. Le pido que desde el Gobierno se asuman las conclusiones de un congreso en el que participaron todos los interlocutores que tienen que ver con la caza. Esta es nuestra propuesta.
El Grupo Popular nos propone una transaccional a través del señor De Luis, y se lo agradezco. Es una transaccional que usted propone, pero que no acepto. No puedo aceptarla por su redacción, porque es igual de inconcreta. Nos dice: seguir trabajando. Si en esto se lleva trabajando años, lo que quiere el sector es que se especifique la modificación de la ley, la creación de un órgano de interlocución y el establecimiento de una licencia supraautonómica. Usted, que es el proponente, tiene que presentar la
transacción, pero si acepta nuestra enmienda encantado y, si no, el Grupo Socialista redactará una proposición no de ley con estas peticiones que conocemos que tiene el sector e intentaremos que este tema vuelva a la Comisión con una redacción concreta que trate de comprometer al Gobierno en el desarrollo de este tipo de iniciativas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre este asunto? (Pausa). Por UPyD, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente, señor presidente.
Tengo que decirle al Grupo Popular que a veces es complicado votar en contra de cosas que son meras declaraciones de voluntades, como las que nos presentan hoy. Si me lo permiten, es como una carta a los Reyes Magos, que no dice nada concreto. Es complicado votar contra cosas como esta, pero realmente creemos que, por responsabilidad -y porque nos importa el tema-, necesitamos hacerlo y por esa razón votaremos en contra.
Nos da la sensación de que ustedes presentan esto intentando satisfacer a algún grupo de presión, como por ejemplo a las asociaciones de propietarios de fincas o algo parecido, porque no se especifica ninguna acción. Nosotros, igual que el Partido Popular -y como dice Miss Universo-, deseamos la paz en el mundo, pero a la hora de presentar una proposición deberíamos articular un poquito cuáles son las propuestas que debemos hacer para llevarla a cabo. Nos parece que este es un terreno importante, la caza es vital económicamente en varias provincias de España, por ejemplo en Ciudad Real. Es una cuestión que aporta un gran valor paisajístico, porque fija población en zonas bastante despobladas; crea mucha actividad indirecta en otras industrias; atrae un turismo de un alto nivel -y además lo atrae en temporadas alternativas a las típicas del veraneo en el pueblo o en las casas rurales- y estimula la conservación en áreas que pueden llegar a estar en un estado muy salvaje. Nos parece que la normativa actual ya previene algunos de los daños y de los peligros que hay ahí, como todo lo que tiene que ver con el plomo, pero hemos de seguir vigilantes porque sigue habiendo algún que otro -si se me permite la palabra- salvaje que puede ver alimañas donde solamente hay equilibrio natural. Por esas razones, porque esto nos importa, nos parece que es un bien a cuidar y una actividad económicamente importante, nos vemos obligados, como he dicho antes, por responsabilidad, a votar en contra de la propuesta del Grupo Popular, pero animarles a que la vuelvan a presentar, si no es apoyada aquí, y si es posible que en la próxima ocasión la trabajen un poquito más.
El señor PRESIDENTE: Don Teófilo de Luis, ahora se trata de saber si acepta o no las enmiendas.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Conozco el trámite perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Me deja hablar.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Respecto a la enmienda...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, simplemente se trata de que, si deciden acordar una transaccional, faciliten a esta Mesa el texto firmado por todas las partes que la acuerden, y, si no, usted, que es el dueño de la iniciativa, decide cuáles son las enmiendas que acepta.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Esta proposición será decepcionante en su contenido, pero, como el presidente ha señalado, el grupo que ha traído a debate la caza hoy a la Cámara es el Grupo Parlamentario Popular. Siento que ningún otro grupo presente haya tenido la idea de traer este debate a la Cámara. Nuestro compromiso con la caza es tan firme como lleva siendo, señor Cantó, desde el año 1996. Usted es nuevo en esta legislatura, pero los archivos de la Cámara están ahí y simplemente arranque el ordenador, busque caza y verá la cantidad de trabajo que se ha hecho aquí en apoyo de la caza. Se lo sugiero de buen rollo: mire usted los antecedentes antes de hacer juicios de valor.
En segundo lugar, ofrezco la enmienda transaccional en los términos que conoce el portavoz del Grupo Socialista. Si el portavoz del Grupo Socialista no la admite me gustaría que, vía in voce, se incorporara al texto original el concepto de colaboración con las comunidades autónomas, que propone el portavoz de Convergència i Unió. Si es posible y si nadie se opone, lo incorporo.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, no nos podemos liar tanto. Si acepta la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, la incorpora y a partir de ahí se puede construir una transaccional con el Grupo Socialista, que la tienen que entregar a esta Mesa antes del comienzo de las votaciones.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Entregaré una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en los términos en los que se incorpora al texto el concepto que se propone. Si el Grupo Socialista se quiere unir, lo unimos, si no, se queda fuera y votaremos dicha transaccional.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Quiero manifestar que el Grupo Socialista no va a aceptar, lógicamente, la tramitación de una enmienda transaccional que incorpora las propuestas del Grupo Socialista de forma distinta a como están planteadas. Si el Grupo Popular quiere aceptar la enmienda de CiU está en su derecho, pero no hay transaccional con la propuesta del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda muy claro para esta Presidencia y para todo el mundo.
- DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE LOS ENTES LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000750).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación a la autorización de vertidos de los entes locales.
El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, el tema que traemos en esta proposición no de ley -que también está incorporado como enmienda presentada por nuestro grupo a las enmiendas parciales al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente- hace referencia al saneamiento de las aguas residuales urbanas, concentrado muy específicamente en municipios pequeños, y a las exigencias de responsabilidad en vía penal a que son requeridos los alcaldes de estos municipios que no tienen depuradora de aguas por no tener partida económica para su instalación y que desde hace muchos años realizan vertidos al medio. En ningún caso, y queremos remarcar esto, queremos dejar de perseguir los vertidos que provoquen daños a los ecosistemas, incluso contaminaciones a los acuíferos, pero pensamos que la situación en la que se encuentran estos alcaldes merece nuestra atención.
Señorías, todos los Estados miembros de la Unión Europea deben cumplir la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el Decreto-ley sobre las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. Estas disposiciones sometían la construcción de estas instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales a unos calendarios de ejecución que ya se agotaron a finales del año 2005. No obstante, los objetivos ambientales, el buen estado de las masas de agua establecidas por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, se deberán alcanzar en el año 2015, lo que nos faculta para reprogramar las obras derivadas de los correspondientes planes y programas desarrollados para el cumplimiento de las disposiciones referidas. Sin embargo, las necesidades presupuestarias para la ejecución de dichos planes, como todos sabemos, son enormes y ello ha provocado unos importantes retrasos en su ejecución. Mi voluntad no es polemizar con partidos que hayan tenido responsabilidades de Gobierno sino defender a los representantes legales de los pequeños municipios ya muy castigados por otros temas. Estos retrasos podrán ser objeto de sanciones por la Unión Europea, pero ante la actual coyuntura económica resultará inevitable pensar que no se podrá hacer otra cosa distinta, que los retrasos irán en aumento y los incumplimientos, lejos de desaparecer, se multiplicarán.
Independientemente de estos incumplimientos de calendarios, la cuestión central del tema es, si cabe, más agobiante y viene derivada del riesgo en vía penal, por la falta de ejecución de las obras correspondientes a estas instalaciones de depuración, que amenaza a todos los cargos, a todos los alcaldes con responsabilidades en la materia desde el momento en que la Ley de Bases de Régimen Local sitúa en la administración local la responsabilidad del ciclo integral del agua. Esta situación ha
provocado, al menos en Cataluña, señorías, que la fiscalía y los órganos judiciales penales hayan incoado diligencias para determinar posibles responsabilidades penales de los cargos locales electos por delito ecológico al verter desde siempre las aguas residuales urbanas sin ser tratadas y sin la autorización correspondiente. No cabe ninguna duda de que estas actuaciones de la fiscalía y de los órganos judiciales -no se puede entender de otra manera, espero- no conocen diferencias entre territorios y, por tanto, seguramente afectarán otros municipios pequeños del resto del Estado español.
La actuación en vía penal viene propiciada por dos causas. En primer lugar, por la falta de correspondencia entre la legislación de aguas y la de tratamiento de las aguas residuales. La falta de correspondencia entre estos dos cuerpos normativos deriva de que mientras la legislación de tratamiento de las aguas residuales establece unos calendarios, como hemos dicho, para dotar a las aglomeraciones urbanas de los correspondientes sistemas colectores y de las instalaciones de tratamiento, el texto refundido de la Ley de Aguas exige siempre la autorización del vertido, que además debe especificar las instalaciones de depuración necesarias. En segundo lugar, por las competencias que la legislación de régimen local reconoce a los entes locales en materia de aguas. En el ámbito competencial de los entes locales, que la actuación penal vaya también dirigida hacia cargos electos del mundo local resulta de las previsiones de las normativas estatal y autonómica. La normativa estatal, reguladora de bases del régimen local, relaciona una serie de materias respecto de las cuales las legislaciones estatal y autonómica deben reservar a los entes locales un ámbito de actuación; establece el carácter de servicio mínimo y obligatorio del alcantarillado en todos los municipios y la protección del medio ambiente y deja a los entes locales la depuración de las aguas. Estas previsiones de la normativa de régimen local se completan con las resultantes de la normativa de sanidad, que le atribuye el control sanitario del medio ambiente, que incluye el saneamiento de las aguas residuales, y de la normativa de aguas, que atribuye a los entes locales la autorización de los vertidos al alcantarillado y a las redes de colectores que gestionan y somete a autorización previa los vertidos al medio de los entes locales y de los núcleos de población aislados. Esta red de normativas es lo que hace que estos alcaldes sean llevados ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Por estas razones, Convergència i Unió insta al Gobierno a modificar el texto refundido de la Ley de Aguas con el objetivo de establecer que los límites de vertido señalados en las autorizaciones otorgadas a los entes locales sean exigibles a partir del momento en que se hayan construido y entren en funcionamiento las instalaciones de saneamiento de las aguas residuales necesarias para el cumplimiento de los objetivos ambientales, de conformidad con lo establecido en la planificación hidrológica. En definitiva, señorías, se trata de diferir la exigencia de la autorización a la entrada en funcionamiento de las instalaciones necesarias, lo que haría que nuestros alcaldes de pequeños municipios no tuviesen que responder ante la fiscalía por carecer de instalaciones para cuya realización no tienen recursos. Hablando con diferentes grupos sobre su posición, he descubierto que seguramente la complejidad legal del problema hace que parezca que está solucionado, pero este entresijo de problemáticas legales hace que la fiscalía encuentre un motivo para llevar a nuestros alcaldes de pequeños municipios ante la justicia.
Solicito su apoyo para esta proposición no de ley y en caso de que no puedan hacerlo ahora les pido que trabajen para que se admita la enmienda que tenemos presentada al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, entramos en el turno de fijación de posiciones.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo para decir que rechazamos la propuesta de Convergència i Unió porque no nos queda clara ni la oportunidad ni la intención ni siquiera el lenguaje, que nos parece confuso e impreciso. En principio, los vertidos han de ser hechos con responsabilidad y con respeto. La norma que los regule ha de ser clara y en la Europa comunitaria hay una legislación precisa. Esto nos lleva rechazar la pretensión del Grupo de Convergència i Unió por motivos sanitarios, que para nosotros son una prioridad, de respeto al medio ambiente y hasta por motivos de legalidad y conformidad con la legislación europea en la materia.
Dado que el Real Decreto-ley 11/1995 marcaba unos plazos para su ejecución de: a) Antes del 1 de enero de 2001 para poblaciones de más de 15.000 habitantes-equivalentes; b) Antes del 1 de enero de 2006 para poblaciones entre 10.000 y 15.000 habitantes, y que además en el primer caso se podía solicitar a la Unión Europea excepcionalmente y por problemas técnicos una ampliación de plazo hasta 2005, la pregunta que quiero hacer al portavoz del Convergència i Unió es la siguiente. ¿Qué han
hecho los entes locales hasta entonces? Han pasado algunos años. ¿Tienen problemas en que se aplique la ley en Cataluña, ustedes que han estimulado en varios puntos que no se aplique? ¿Han acostumbrado a alguien a que no se aplique esa ley? ¿En qué se ha gastado el dinero que se podría haber utilizado para esto? Esto es lo que nos gustaría saber.
Hay otra cuestión... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cantó.
Señores diputados, les ruego que tomen asiento, que escuchen al orador y que si tienen algo que comentar salgan de la sala. Respeten a quien está hablando en estos momentos.
Otra cuestión es que en la proposición no se pone ningún plazo temporal, no hay fecha para la ejecución de las obras necesarias, que ya deberían estar hechas, lo que viene a significar, de hecho, una moratoria indefinida en la descontaminación de los vertidos, que quedará a la discrecionalidad de los entes locales. Eso para nosotros sería el colmo de la arbitrariedad, y los poderes públicos del Estado están precisamente para combatir ese tipo de arbitrariedades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: La verdad es que el tema que plantea Convergència i Unió es complicado y hace falta adentrarse en él. Creo que la mayor virtud que tiene esta proposición no de ley es justamente la de obligarnos a reflexionar sobre la depuración de aguas y sobre todo el desbarajuste competencial que existe en torno a ella. Es tremendo ver que quien tiene la competencia no tiene ninguna capacidad para decidir nada. Aquí hay una competencia local, pero por incapacidad de recursos la gestionan entidades que son las que van a facilitar la depuración, que no cumplen, que curiosamente cobran un canon al que tiene la competencia, canon que pagamos también los ciudadanos, y que finalmente eso que es para financiar la depuración no se sabe en qué se gasta; desde luego en depuración, visto el paisaje, no, porque está todo por hacer. Este es el problema que se plantea. Incluso me consta que parte de esos cánones muchas veces van a cosas que no tienen nada que ver con lo que es la evacuación, el tratamiento y la depuración de aguas; esa financiación se está utilizando para otras cosas. Hace falta que situemos claramente las competencias en cada nivel de la Administración. Pero hay un problema, que es el que plantea Convergència i Unió. Con todo ese desbarajuste de incumplimientos, cuando se ha pasado el plazo para cumplir la Directiva Europea del Agua, lo que me da miedo es que en la justificación de la proposición viene a decir que no se ha cumplido ni se va a cumplir, en el sentido de que no hay fecha, no hay horizonte temporal. Con lo que nos quedamos, como he dicho, es con que no se va a cumplir. Si tuviéramos una fecha diríamos: puede que se cumpla, pero de momento no se ha cumplido y no hay una gran esperanza de que se haga, porque en el propio cuerpo de la proposición se habla de que hay problemas económicos que impiden su cumplimiento.
¿Quién acaba perdiendo? ¿Quién carga con la responsabilidad? El alcalde o la alcaldesa. Queremos apoyar esta iniciativa, porque lo que no tiene sentido es que pierda el más débil, al que le han quitado la competencia porque le han forzado a integrarse en una red. En teoría, la concurrencia es voluntaria y, sin embargo, a través de estas agencias de saneamiento los municipios están obligados a formar parte de ella. Al final, si no se cumple, es el alcalde el que tiene que pagar el pato. Entiendo la preocupación, pero creo que la virtud de la proposición es poner de manifiesto este gran berenjenal, este desbarajuste que existe en torno a la depuración de aguas, el incumplimiento de los compromisos con la Unión Europea y con los propios planes de saneamiento. No sé si habría que hacerlo mediante esta fórmula, pero sería fundamental que se pusiera orden en todo esto. Más allá de que nos parece que esta proposición no de ley no arregla nada, aunque puede aliviar la presión, eso sí, sobre los alcaldes que, en parte, son los que se la están jugando con un problema que no es de ellos o del que no son los responsables, el motivo por el que la apoyamos es porque nos da la posibilidad de tratar este tema y poner un poco de orden en la cuestión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, me dirijo a ustedes para fijar la posición de mi grupo ante esta proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, referente a la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en relación a la autorización de vertidos de los entes locales.
Entendemos la preocupación de las señorías de Convergència i Unió por el medio ambiente y la calidad de nuestras aguas, como lo demuestra el hecho de que hayan presentado esta PNL con la que pretenden que se puedan autorizar los vertidos de aguas residuales de los entes locales hasta que estos finalicen y tengan en funcionamiento las instalaciones necesarias para que sus aguas residuales cumplan los objetivos medioambientales establecidos en la planificación hidrológica. Entendemos su preocupación pero no la compartimos, ya que según establece el texto refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 100.1, queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico, salvo que cuenten con la previa autorización administrativa. Los objetivos medioambientales están regulados en el artículo 92. a) del texto refundido de la Ley de Aguas, que en el caso del dominio público hidráulico son: prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general. Los límites de emisión para las autorizaciones de vertido de los entes locales quedan regulados en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En esta norma se establecen, entre otros, los plazos para dotar a aglomeraciones urbanas de sistemas colectores y de instalaciones de depuración, diferentes según se trate el vertido de zona normal o sensible.
Actualmente han vencido todos los plazos del real decreto-ley, siendo el último de ellos el 1 de enero de 2006, por lo que todas las aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Serrano.
Señorías, vuelvan a sus asientos porque no dejan escuchar la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Si tienen algo que comentar, por favor, abandonen la sala.
El señor SERRANO CALURANO: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes-equivalentes deben contar al menos con un tratamiento secundario y cumplir los límites de emisiones del anexo 1 del real decreto. Hoy, solo seis años y medio después de haber vencido los plazos, Convergència i Unió nos pide que dilatemos aún más en el tiempo la ejecución de las instalaciones de depuración de los entes locales, después de que todas ellas han contado con el apoyo del Gobierno central para su ejecución y teniendo en cuenta que la Administración debe ser ejemplarizante en sus funciones para así poder exigírselas a los particulares. El actual Gobierno está llevando a cabo la finalización de la depuración de 23 grandes núcleos, como se nos pide en uno de los expedientes sancionadores remitidos por la Unión Europea. Por tanto, es necesaria la construcción de las instalaciones de depuración de los entes locales para dar cumplimiento tanto al texto refundido de la Ley de Aguas, principalmente en cuanto a la necesidad de contar con una autorización de vertido que imponga unos límites de emisión al mismo, como al Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, principalmente en cuanto a la necesidad de contar con una instalación de depuración con al menos un tratamiento secundario que cumpla determinados límites de emisión. Esto impide que se pueda diferir el cumplimiento de los límites de vertido establecidos en las autorizaciones otorgadas a los entes locales a partir del momento en que entren en funcionamiento las instalaciones de saneamiento de las aguas residuales, ya que no solo no se alcanzarían los objetivos ambientales del medio receptor sino que se incumpliría la normativa específica que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas, tanto estatal como comunitaria, lo que nos acarrearía una sanción por parte de la Unión Europea, que en la coyuntura económica en la que nos encontramos es lo menos interesante.
El artículo 100.3 del texto refundido de la Ley de Aguas determina que cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen. De esta forma, en el caso de los entes locales cuyas instalaciones de saneamiento tengan prevista su ejecución y financiación en el plan de saneamiento correspondiente, se podrá otorgar una autorización de vertido con un programa de reducción de la contaminación que permita esta adecuación en el momento en que se finalicen las obras. Para ello, sería necesario que la instalación esté prevista dentro del plan de saneamiento; que cuente con un plazo concreto y reducido de finalización de las obras;
que el titular presente la descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido; que el titular presente una descripción de las medidas que se vayan a adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de ejecución de las obras y que el titular aporte un proyecto suscrito por un técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o, en su defecto, mención expresa de que la instalación está incluida en un plan de saneamiento. En este último caso, deberá quedar recogido en el correspondiente plan que la inclusión de las instalaciones en el mismo podrá sustituir a la presentación del proyecto suscrito por técnico competente contemplada en el artículo 246.2.e) del Reglamento del dominio público hidráulico, a los efectos de obtener la autorización de vertido. Es aquí donde caen sus argumentos, señorías de Convergència i Unió, ya que con estas prescripciones se pueden llevar a cabo sus peticiones sin tener que abordar ninguna proposición no de ley, ya que la Ley de Aguas las contempla.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular considera que debe votar en contra de esta proposición no de ley (Aplausos).
- SOBRE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000801).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, sobre desarrollo del medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En nombre del Grupo Socialista defiendo la proposición no de ley que tiene como destino las actuaciones públicas del Estado, de las comunidades autónomas en el medio rural. El medio rural en España constituye el 90% del territorio, agrupa al 20 % de la población, pudiendo llegar al 35 % si consideramos lo que denominamos zonas periurbanas, incluye la inmensa mayoría de los recursos naturales de nuestro país, gran parte de los culturales y, además, desarrolla importantes actividades que tienen que ver con la industria agroalimentaria. Si en España hay más de 8.000 municipios, 8.112 concretamente, 7.891 son rurales, lo que nos demuestra la necesidad de que cualquier Gobierno sensible con el medio ambiente y con el medio rural priorice actuaciones para favorecer este medio.
El Grupo Socialista ha creído necesario presentar esta proposición no de ley al comprobar cómo el Partido Popular, actualmente en el Gobierno, ha abandonado a su suerte a los ciudadanos que viven en el medio rural, así como el conjunto de políticas que tienen como destino favorecer la igualdad de condiciones de vida de los habitantes del medio urbano y de los del medio rural. Cuando digo que el Gobierno del Partido Popular ha abandonado al medio rural no me refiero solo a este tema concreto de la aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural que hoy vamos a plantear sino a que vemos con gran preocupación cómo, sin ningún rubor, está procediendo a cerrar escuelas en el medio rural, a cerrar consultorios médicos, a cerrar instalaciones para favorecer el desarrollo económico y social de los habitantes de estas zonas; ha suprimido vías de transporte, ha liquidado cualquier proyecto que tenga que ver con la introducción de nuevas tecnologías, etcétera. En definitiva, si el Partido Popular continúa con estas políticas, nos da la sensación de que el proceso de abandono del medio rural se va a incrementar en los próximos años, aumentando así el vaciamiento de población que ha habido en los últimos decenios.
Presentamos esta iniciativa en un año -este en el que nos encontramos- en el que se ha batido un récord histórico en materia de incendios. Ya se han quemado más de 200.000 hectáreas y hemos podido comprobar cómo en los grandes incendios que ha habido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, así como en otras, han ardido sin ningún límite miles y miles de hectáreas de estas zonas abandonadas en cuanto a su desarrollo económico y social. Creemos que hay que seguir priorizando las actuaciones en el medio rural, que no sea solo un lugar para el esparcimiento y disfrute de la gente que vive en las zonas urbanas sino que hay que desarrollarlo y debe ser un medio de vida atractivo para las personas que viven en estos pueblos. Debemos potenciar, por supuesto, las actividades agrarias, la agricultura, la ganadería, la industria, la forestación; debemos fomentar la diversificación del medio con el turismo, con la industria agroalimentaria, con las industrias de proximidad y, en cualquier caso, debemos asegurar un compromiso de todas las administraciones para igualar las condiciones de vida en el medio rural. A ese objetivo de igualación de condiciones de vida, de desarrollo del medio rural, obedecía la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, que fue aprobada en la pasada legislatura. El Gobierno socialista, con el apoyo de algunos grupos parlamentarios de esta Cámara, pero no con el del Grupo Popular, aprobó esta ley como una política de Estado. Con ella pretendíamos, y así hemos intentado hacerlo mientras hemos estado en el
Gobierno, dedicar recursos económicos de la Administración General del Estado al medio rural que, junto con los que aporten las comunidades autónomas y con los fondos procedentes de la Unión Europea, puedan conseguir un desarrollo armónico de estas zonas.
Reconocemos que la ejecución de la ley ha sido complicada, que se estableció un procedimiento de trabajo muy participativo, muy complejo, que limitó de alguna manera la aplicación inmediata de la misma. La puesta en marcha de la ley coincidió con los primeros años de la crisis económica pero, en cualquier caso, consideramos que los principios que la inspiran están vigentes. Aunque el Gobierno del Partido Popular ha criticado abiertamente la ley -seguramente hoy escucharemos a su portavoz criticarla- no la ha derogado, está vigente. Por tanto, el Grupo Socialista quiere proponer que el Gobierno, en los plazos razonables, asegure la aplicación de la ley, el cumplimiento de sus principios y, lo que es más importante, que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional.
La Ley de desarrollo sostenible del medio rural se aplica en España en función de un programa de desarrollo rural sostenible que está aprobado, que se confeccionó con el acuerdo de 16 comunidades autónomas, con las que se firmaron los correspondientes convenios de aplicación, y en función de los planes de zona -se hicieron más de 160 planes- elaborados y aprobados por las comunidades autónomas con la participación de los interlocutores y agentes sociales de la zona. Pero el problema que existe, y de ahí la proposición no de ley, es que en este momento hay dos comunidades autónomas que tienen formalizados los convenios con el Gobierno, que son la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se firmó en la pasada legislatura, y la Comunidad Autónoma de Galicia, con la que, curiosamente, no sabemos si porque próximamente se celebrarán elecciones, el Gobierno actual, crítico con la ley, ha firmado el convenio de aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, negándose a firmar el resto de convenios. En cualquier caso, sea cual sea el motivo, la realidad es que La Rioja y Galicia tienen convenios de aplicación, tienen garantizada para los próximos cinco años la financiación del Estado de los fondos del desarrollo rural sostenible, cuando el resto de comunidades autónomas en este momento están a verlas venir.
La proposición no de ley que someto a su consideración pretende instar al Gobierno a que en este año 2012 se complete el proceso de rúbricas de los convenios definitivos de colaboración con las comunidades autónomas, iniciados con La Rioja y Galicia, para asegurar la aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural en todo el Estado español. Pretendemos asegurar, por otra parte, el mantenimiento de las dotaciones presupuestarias básicas para la aplicación de la Ley de desarrollo sostenible durante los próximos cinco años, de acuerdo con lo que el Gobierno considere oportuno incluir en los presupuestos, porque no nos parece serio que manteniendo vigente la ley, no habiéndola derogado, como se ha hecho con otras leyes, no habiéndola modificado, no traigan una presupuestación y no digan cómo hay que aplicar la ley en el resto de comunidades autónomas, eso sí, excepto en Galicia y en La Rioja. También pedimos, por una parte, que se establezca un calendario de aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y, por otra, que el Gobierno asegure su aplicación en los más de cien planes piloto que tiene suscritos en este momento, con la implicación de los agentes locales. Lo que estamos pidiendo es un tema de justicia con el medio rural, pero también de igualdad de trato de unas comunidades a otras que hasta este momento, desgraciadamente, el Gobierno no ha cumplido. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que moderen sus entusiasmos. (Rumores).
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Las zonas rurales españolas y catalanas, aún con la aplicación de diferentes políticas comunitarias, no han cesado de perder peso dentro de la estructura económica global del país en los últimos años. El envejecimiento, la masculinización, una renta per cápita inferior que en las zonas urbanas o las tasas de empleo por debajo de la media son los motivos que impulsan al abandono de este sector tan necesario para garantizar el equilibrio territorial y la alimentación de un país. En este contexto y ante la necesidad de complementar esas importantes políticas comunitarias, surgió la Ley 45/2007, que contemplaba por primera vez una acción pública multisectorial integrada en el ámbito de las zonas rurales, pretendiendo cubrir el retraso existente respecto al resto de las zonas rurales de la Unión Europea. Pese a todo lo anterior, debido a dificultades técnicas y presupuestarias, la aplicación de la Ley 45/2007 ha sido paralizada, por lo que el voto de Convergència i Unió a esta proposición será favorable.
Con todo, hemos presentado una enmienda, porque, aprovechando esta oportunidad, creemos importante hacer constar la clara necesidad de introducir elementos de simplificación y agilidad, tanto jurídicos como administrativos, en el proceso de implementación de la ley que nos ocupa, si prosperase la presente PNL, a fin de hacer de la Administración publica una herramienta más eficiente para el ciudadano. Expuesto nuestro posicionamiento y defendida nuestra enmienda, que esperamos que el grupo proponente acepte, volvemos a anunciar nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy a explicar rápidamente nuestro voto en contra de la proposición no de ley que trae hoy aquí el Grupo Socialista.
Hoy mismo, hace un rato, presentábamos una PNL que hablaba de proyectos supraautonómicos y que va justo en dirección contraria a lo que propone hoy el Grupo Socialista. Por eso la rechazamos. Creemos que este es el debate que deberíamos estar teniendo sobre el medio rural. En ella hablábamos de lo absurdo de lo que pasó durante la legislatura del Partido Socialista, en la que se terminó creando una especie de puzzle, una especie de monstruo de Frankenstein en el que todo el tema competencial empezó a complicar realmente las cosas en cuanto a incendios, en cuanto a comarcas compartidas, en cuanto a parques nacionales, en cuanto a comunicaciones rurales, en cuanto a aprovechamiento de las aguas y otros recursos naturales, en cuanto a tratamientos preventivos de plagas en animales o en plantas, en cuanto a promoción de actividades, en cuanto a marcas de origen con calidad, en cuanto a promoción exterior de productos, en cuanto a dimensionamiento de proyectos de desarrollo económico competitivo, etcétera. La lista de lo que hemos perdido por causa de las políticas del Partido Socialista en esta materia, hasta el punto de renunciar a tener un plan propio, un presupuesto nacional propio y una oficina propia para atender proyectos supraautonómicos, es demasiado extensa para leerla entera aquí. Antes hablábamos del tema cinegético. Ni siquiera tenemos un reconocimiento entre regiones de los permisos de caza. Esto es un símbolo de uno de los problemas que en el medio rural -y esto es muy importante- está sufriendo nuestro país. Esta no es la solución que tiene el problema y por tanto votaremos en sentido negativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y voy a explicar por qué. El motivo de la publicación de esta ley en el año 2007 fue exclusivamente tapar un fracaso del anterior presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, en las negociaciones del programa de desarrollo rural 2007-2013, a través del programa de desarrollo rural del Feader europeo, donde este señor cosechó una derrota de 500 millones de euros para nuestro país. Para tapar este fracaso de su negociación en la Unión Europea, el mago de las ocurrencias, el señor Zapatero (Rumores), hace en España una ley, la Ley 45/2007, una ley que es un brindis al sol total y absolutamente. El señor Zapatero habla en un primer momento de 500 millones de euros para dotarla financieramente. Es una ley que no se puede aplicar ni en Alicia en el país de las maravillas, es decir, todos ganan más y todo el mundo va a ir mejor; buena voluntad que nosotros compartimos, pero difícil de aplicar con la ley que ustedes hicieron. Es una ley compleja, muy difícil de aplicar. En aquel entonces, en esta ley intervenían once ministerios. En esta ley, el sistema de gobernanza es -valga la redundancia- ingobernable. Es una ley que se hizo cuando el señor Rodríguez Zapatero tenía prohibido mencionar la palabra crisis en este país -me alegro de que el señor portavoz del Grupo Socialista la mencione ahora, porque en aquel entonces, en el año 2007, estaba prohibido hablar de crisis- y se hizo con la caja llena. Sinceramente, me preocupa la mala memoria que tiene el Grupo Socialista. Dice que ha habido abandono del mundo rural y nos piden que en nueve meses, en los nueve meses que llevamos en el Gobierno, hagamos lo que ellos no han sido capaces de hacer en los ocho años que estuvieron en el Gobierno. El Gobierno no tiene competencias en las comunidades autónomas y falta usted la verdad cuando dice que se están cerrando colegios debido a la aplicación de esta ley. Nos parece muy fuerte, señor Alonso. La ley se aprueba en el año 2007 y a día de hoy de las dieciséis comunidades autónomas que dijeron que iban a participar en ella solamente seis tienen aprobados sus planes de zona. Imagínense ustedes la complejidad que tiene para ponerse en marcha. De las dieciséis comunidades autónomas, solamente dos, La Rioja y Galicia, tienen firmados convenios de
desarrollo con el ministerio, y no por motivos políticos, señor Alonso, sino porque Galicia y La Rioja son las dos únicas comunidades autónomas, por cierto gobernadas por Partido Popular, que cumplen el déficit de estabilidad presupuestaria de este país. (Rumores.-Aplausos). Por eso, señor Alonso, son las dos únicas comunidades autónomas que han firmado esos convenios. (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, un momento.
Ruego a todos los diputados que moderen su entusiasmo. Lo importante es que escuchemos los argumentos de los distintos portavoces.
Señor Serrano, continúe.
El señor SERRANO CALURANO: Como decía, el señor Alonso pide más dinero, más dinero para una ley que no se puede poner en marcha porque ninguna de las comunidades autónomas restantes cumplen el objetivo de déficit presupuestario, que es el 1,5 %, como establece la ley. Señor Alonso, lamento mucho su error.
La voluntad del Partido Socialista de poner en marcha esta ley era absolutamente nula. Esta era una ley de cara a la galería, para tapar el fracaso su ex presidente -que imagino que estará contando nubes, que es lo que mejor le va- en el programa de desarrollo rural 2007-2013. Esa es la verdad. (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: No faltes al respeto). Miren, señorías, el primer programa de desarrollo rural 2007-2013... (Continúan las protestas).
¿Me permiten continuar? Señor presidente. (El señor Zarrías Arévalo: Sí, está contando millones).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor vicepresidente, los miembros de la Mesa no podemos intervenir.
El señor SERRANO CALURANO: Es a lo que decía él que se iba a dedicar. (Un señor diputado: Ellos cuentan millones de parados.-Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: De todas formas, señor Serrano, le ruego que vaya agotando su tiempo y se vaya centrando en la cuestión.
El señor SERRANO CALURANO: No creo que esté agotando el tiempo, señor presidente.
La ley se aprueba en el año 2007 y fíjense ustedes la voluntad que tenía el Partido Socialista de ponerla en marcha que el real decreto- ley que regula el primer programa de desarrollo rural en nuestro país se aprueba tres años después. Fíjense ustedes la voluntad que tenían de poner en marcha esta ley. Dicen que van a poner 500 millones de euros, pero al final, en el primer programa de desarrollo rural, en 2010, ponen ustedes 181, y en 2011 rebajan a 164, es decir, no ha habido ninguna voluntad de poner en marcha esta ley, que saben ustedes que no se adapta al medio rural, que no sirve en absoluto y que en este momento es inaplicable.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a modificar esta ley, va a modificar el programa de desarrollo rural sostenible para adaptarlo a la realidad de nuestro país, para adaptarlo a la realidad del entorno rural y para potenciarlo. No nos olvidemos, señor Alonso, que en el medio rural lo que hay son agricultores y ganaderos. Basta ya de política de la farolita. No hace falta más política de la farolita. Hace falta más dinero, hace falta más desarrollo rural, hace falta más creación de riqueza en las zonas rurales, pero no haciendo política de la farolita sino haciendo política de desarrollo rural de verdad. Por tanto, como he dicho anteriormente, anuncio el voto en contra del Grupo Popular a esta proposición no de ley. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a interrumpir la sesión por breves momentos para ordenar las votaciones. Serán no más de cinco minutos. (Pausa).
Hemos necesitado muy pocos minutos para ordenar las votaciones. Espero que con la colaboración de todos ustedes -porque además todo el mundo tiene que coger sus viajes de regreso- podamos también despachar estas votaciones en breve espacio de tiempo.
Esta Presidencia ha tenido un olvido. En el último punto que se ha debatido, sobre el desarrollo del medio rural, que ha defendido el portavoz del Grupo Socialista, no le he dado la oportunidad de aclarar si aceptaba o no la enmienda presentada por Convergència i Unió, cosa que hago a continuación.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Comunico a la Mesa y a los diputados que aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y por tanto incorporamos un punto 5 a la resolución.
El señor PRESIDENTE: Les anticipo que vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley objeto de este orden del día y a continuación les vamos a leer desde la Mesa una declaración institucional, por si procede su aceptación por todos los diputados presentes aquí. Finalmente, está convocada Mesa y portavoces para decidir sobre el próximo orden del día. (El señor Pérez Lapazarán pide la palabra).
Señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, habida cuenta de que hemos hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de que hay algunos portavoces que no conocen la declaración, propondría que la tratásemos en Mesa y portavoces y se sometiese a votación en la próxima sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Alonso?
El señor ALONSO NÚÑEZ: Efectivamente, señor presidente, hemos oído campanas sobre una posible declaración institucional pero no la hemos leído. Por tanto, sugiero que la veamos en Mesa y portavoces y, si todos estamos de acuerdo, se vote en la próxima reunión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Pensaba leerla para el conocimiento de todas sus señorías, pero no hay inconveniente.
Vamos a proceder a la votación. Les ruego que estén atentos, que se mantengan en silencio dentro de lo posible y faciliten el trabajo de esta Presidencia.
Votamos el primer punto del orden del día, sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha aceptado las enmiendas presentadas por Convergència i Unió y por el Grupo Socialista. Por tanto, se vota en sus propios términos con la autoenmienda incorporada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 5; abstenciones, 13.
Pasamos a la votación del punto número 2 del orden del día: Proposición no de ley sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las heladas de febrero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Compromís, señor Baldoví. No se han presentado enmiendas. Por tanto, se vota en sus propios términos.
Votamos el punto 3 del orden del día: Proposición no de ley, presentada por Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reequilibrio en la cadena alimentaria. El grupo proponente ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, se vota la iniciativa de UPyD con la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27.
Votamos el punto número 4: Proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al sector cinegético. Antes de las votaciones, se ha presentado a esta Mesa un texto transaccional entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Convergència i Unió, firmado por sus dos portavoces. Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados, considerando la importancia de la actividad cinegética en el conjunto del sector primario español, insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, adopte medidas de impulso y fomento del sector cinegético, a fin de contribuir al desarrollo económico y a la creación de empleo estable en el medio rural, así como a la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad. Este es el texto que se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 2; abstenciones, 1.
Vamos a proceder a la votación de la iniciativa que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, respecto al texto refundido de la Ley de Aguas. Se vota en sus propios términos, porque no se han presentado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 1.
El siguiente punto del orden del día hace referencia al desarrollo del medio rural. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista incorpora un enmienda presentada por Convergència i Unió.
Por último, señoras y señores diputados, votamos la proposición no de ley relativa a la pesca artesanal. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos puesto que han sido rechazadas las enmiendas que se han presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada la sesión.
Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
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 artículo 100
 artículo 92
 artículo 100
 artículo 246