Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-abril-2016/
Timestamp: 2017-09-24 01:19:08+00:00

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En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general y una de interés contable publicadas desde el 01 hasta el 15 de abril de 2016.
1.- Oficializan modificaciones a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” y a la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”
Mediante Resolución 061-2016-EF/30 (02.04.2016) el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó las modificaciones a la NIC 12 y a la NIC 7.
La vigencia de las modificaciones a las NICs citadas será la establecida en cada una de ellas
2.- Aprobación de la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
Mediante Decreto Supremo 077-2016-EF (11.04.2016) se aprueba la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos la cual tiene por objetivo fomentar la participación del sector privado en las modalidades de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos para el desarrollo de proyectos que contribuyan al cierre de la brecha de infraestructura pública existente en el Perú, se mejore el alcance y la calidad de los servicios públicos, se dinamice la economía nacional y se genere empleo productivo incentivándose la competitividad del país.
La norma en mención se dicta en concordancia con el Decreto Legislativo 1224 “Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos”. Ello, bajo el marco del Acuerdo entre la República del Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ratificado por Decreto Supremo 004-2015-RE, y cuyo objetivo es establecer condiciones para una cooperación benéfica en un “Programa País” orientado a promover la adhesión a los instrumentos de la OCDE y la implementación de sus estándares y prácticas. En virtud del citado Acuerdo, el Estado Peruano adoptará, durante el lapso de duración del “Programa País”, un considerable número de instrumentos legales de la OCDE, incluyéndo la Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza Pública de las Asociaciones Público Privadas.
3.- Aprobación del Porcentaje de Participación del ISC para fines de la devolución del citado impuesto dispuesto por Ley 29518, Ley que establece medidas para promover la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros y carga.
Mediante Resolución de Superintendencia 101-2016/SUNAT (13.04.2016) se aprobó el porcentaje del ISC en el precio por galón del combustible a que hace referencia el inciso b) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo 145-2010-EF, Reglamento de la Ley 29518, siendo el siguiente:
Enero 2016 17.8
Febrero 2016 17.8
Marzo 2016 17.5
La norma en comento entra en vigor el 14.04.2016
I.- EMPRESAS CUYOS INGRESOS ANUALES O ACTIVOS TOTALES SEAN IGUALES O EXCEDAN LAS 3000 UIT NO ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR A LA SMV ESTADOS FINANCIEROS, CONFORME A NIIF, AUDITADOS
1.- Norma legal objeto de demanda de inconstitucionalidad
El artículo 5 de la Ley 29720, Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, establece lo siguiente:
“Las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de CONASEV (en la actualidad, Superintendencia de Mercado de Valores – SMV), cuyos ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan a 3000 UIT, deben presentar a dicha entidad sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas por un colegio de contadores públicos en el Perú, conforme a las normas internacionales de información financiera y sujetándose a las disposiciones y plazos que determine CONASEV. La UIT de referencia es la vigente el 1 de enero de cada ejercicio.
Los estados financieros presentados son de acceso al público
En caso de que CONASEV detecte que algunas de las sociedades o entidades a que se refiere el presente artículo no cumple con la obligación de presentar los referidos estados financieros anuales, puede, con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, imponerle la sanción administrativa de amonestación o multa no menor de 1 ni mayor de 25 UIT”
2.- Fundamentos del Tribunal Constitucional (TC) para la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma legal aludida
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC, ha declarado inconstitucional el artículo en mención. Fluyen de las razones (fundamentos) esbozadas por el TC lo siguiente:
-Las empresas obligadas por la norma (artículo 5 de la Ley 29720) han decidido no participar en el Mercado de Valores y por ende no tienen por qué someterse a las normas que lo regulen (al Mercado de Valores, se entiende), esto es, no han de estar sometidas a las potestades fiscalizadoras ni sancionadoras de la SMV, ni tampoco a la exigencia de la publicidad de sus estados financieros
-Al amparo del artículo 5 de la Ley 29720 se pretendía reconocer las potestades fiscalizadoras y sancionadoras de la SMV, así como la obligatoriedad de difundir información a terceros respecto de los estados financieros de las empresas (obligadas).
Lo anterior colisiona con el “derecho a la intimidad” de las empresas, toda vez que, acorde con la sentencia recaída en el Expediente 02838-2009-HD, los estados financieros se encuentran protegidos por el secreto bancario y la reserva tributaria, 2 atributos asociados al “derecho a la intimidad”. Siendo que, además, tanto el secreto bancario como la reserva tributaria son derechos cuya titularidad puede ser ejercida por las personas jurídicas. Ello, conforme al criterio jurisprudencial vertido en la sentencia recaída en el Expediente 04972-2006-PA/TC.
-El citado artículo 5 de la Ley 29720 perturba el derecho a la intimidad, conforme hemos adelantado, reflejándose ello en la exigencia de información que corresponde a su secreto bancario y/o reserva tributaria imposibilitando al titular de la información decidir qué aspectos que le conciernen pueden ser conocidos o no por terceros; sin que de por medio confluya algún otro derecho o interés legítimo que justifique la necesidad de la presentación de estados financieros a la SMV
3.- Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la norma legal
-En cuanto a los efectos de la sentencia constitucional bajo comentario cabe expresar que, de conformidad con el artículo 204 de la Constitución[1] debidamente concordado con lo estipulado en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional[2], el artículo 5 de la Ley 29720 queda derogado a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia que declara su inconstitucionalidad en el diario oficial El Peruano. Siendo ello así, al haberse publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) el día 14.04.2016, a partir del día 15.04.2016 deja de regir el artículo 5 de la Ley en mención.
De manera que, si se tiene en cuenta que del 1° al 30° de Junio del 2016 se había fijado la fecha de vencimiento para la presentación de estados financieros auditados conforme a NIIF (correspondiente al ejercicio 2015) ante la SMV, con la publicación de la STC aludida dicha presentación no resultará exigible.
[1] Artículo 204.- Sentencia del Tribunal Constitucional
[2] Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada
I.- ¿Qué porcentaje de detracción corresponde aplicar a los servicios de mantenimiento, pintado, reparación y acondicionamiento de edificios para oficinas públicas, penitenciarías y otros análogos?
Mediante INFORME 029-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT, recurriendo además al criterio del INEI, vertido en el Informe 03-2016-INEI-DNCE/DECEEE, concluyó como sigue:
Los servicios de mantenimiento, pintado, reparación y acondicionamiento de edificios para oficinas públicas, penitenciarías y otros análogos se encuentran sujetos al SPOT como contratos de construcción, siéndoles de aplicación el porcentaje de detracción del 4%.
I.- La notificación de una Orden de Pago al amparo del artículo 78, 3, de Código Tributario ¿Cuándo no resulta procedente?
Como se recodará, de acuerdo al artículo 78, 3), del Código Tributario (CT), una Orden de Pago (OP) puede ser girada por:
En el caso en controversia, SUNAT había girado una OP, al amparo del artículo 78, 3), del Código Tributario, por el período mayo 2014 con motivo del desconocimiento de una parte del saldo a favor del IR declarado por la empresa fiscalizada en su DJ Anual de 2013.
El Tribunal Fiscal, en la RTF N° 00392-5-2015 e invocando el principio de economía procesal declaró la nulidad de la OP girada, conforme al siguiente razonamiento:
-Al desconocer SUNAT el importe del saldo a favor del IR, declarado por la empresa en la respectiva DJ Anual de 2013, en virtud a una reliquidación efectuada por aquella (SUNAT), ello ha significado la disminución del saldo a favor (del IR) a aplicarse al período mayo 2014.
-En ese sentido, si bien es cierto la SUNAT puede realizar una reliquidación de los pagos a cuenta del IR (cuyo exceso importa el surgimiento del saldo a favor del IR), conforme al artículo 78, 3), del CT, no deja de ser menos cierto que esto sólo procede cuando se considera la información declarada por el deudor tributario en períodos anteriores.
Nota: De la lectura de la RTF 02256-4-2016 (19.03.2016), jurisprudencia de observancia obligatoria, fluyen los siguientes ejemplos ilustrativos sobre el alcance del artículo 78, 3, del CT, a saber:
Si conforme con lo declarado por el deudor tributario en el ejercicio precedente no existió impuesto calculado en dicho ejercicio (el precedente, se entiende), corresponderá aplicar a los ingresos netos mensuales del ejercicio siguiente el porcentaje del 1.5%, de manera que si se aplica un porcentaje distinto la Administración podrá girar una OP conforme a lo previsto en el artículo 78, 3, del CT.
I.- La probanza de la prestación del servicio gravado con IGV para fines del ejercicio del derecho al crédito fiscal.
Nota: La causa fue resuelta considerando la Ley del IGV aprobada por el Decreto Legislativo 775. Empero compartimos el presente fallo de la Corte Suprema por cuanto el razonamiento esbozado resulta atendible.
Un contribuyente adquirió diversos vehículos (los otrora modelo TICO) habiéndosele entregado las respectivas facturas (de compra) las cuales consignaban el IGV respectivo (que habría de otorgarle crédito fiscal). El contribuyente no tuvo éxito ni en la instancia administrativa ni en las 2 instancias judiciales por lo que interpuso el respectivo recurso de casación.
La Corte Suprema, en la Sentencia de Casación 1431-2012 Lima (30.12.2015), compartiendo el criterio de la 2da instancia (judicial), señaló que el administrado (contribuyente), a pesar de sostener que los vehículos adquiridos fueron destinados a prestar servicios de taxi[1] no cumplió con presentar comprobante de pago alguno por dicho servicio de taxi, vale decir que, el administrado no acreditó que los vehículos adquiridos hayan prestado el servicio de taxi, por lo cual no dio cumplimiento a la exigencia del artículo 18, apartado b), de la Ley del IGV
[1] Durante los ejercicios materia de fiscalización se consideraba que el servicio de taxi se encontraba gravado con el IGV. Con posterioridad, mediante Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Fiscal de fecha 23.10.1997 se estableció que el servicio de transporte de pasajeros prestado por empresas de taxi constituye un servicio de naturaleza pública (y por ende, exonerado del IGV en virtud del numeral 2 del Apéndice II de la Ley del IGV).
I.- CONGRESO APRUEBA DICTAMEN DE PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EL RETIRO DEL 95.5% DE FONDOS DE AFP
El 14 de abril último el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá a los afiliados a las AFP, que a partir de los 65 años de edad puedan elegir retirar hasta el 95.5% de sus fondos. Las principales disposiciones de la ley que será promulgada en los próximos días son los siguientes:
El afiliado a la AFP, a los 65 años podrá elegir entre percibir una pensión o solicitar la entrega de hasta el 95.5% de su fondo.
El dictamen aprobado prorroga el régimen de jubilación anticipada para desempleados, crado por Ley 29426 hasta el 31 de diciembre de 2018.
El afiliado a la AFP podrá utilizar el 25% de su cuenta individual de capitalización como garantía para la cuota inicial de un crédito hipotecario para la compra de una primera vivienda.
De igual modo, el dictamen aprobado también dispone que el afiliado a la AFP con enfermedad terminal pueda acceder a una jubilación anticipada (sin necesariamente cumplir con los requisitos establecidos por Ley 29426) y, de no tener beneficiarios, que pueda acceder a la devolución del 50% de su fondo.
II.- REGLAS DE COMPENSACIÓN POR PERMISOS LABORALES OTORGADOS A TRABAJADORES POR COMICIOS ELECTORALES DEL 10 DE ABRIL
Mediante Decreto Supremo N° 004-2016-TR, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ejecutivo otorgó facilidades a miembros de mesa y electores en el marco de las Elecciones Generales 2016,
Este dispositivo legal previó tres supuestos aplicables al sector público y privado. El primero de ellos precisa brindar el 11 de abril como día libre, de naturaleza compensable, para los miembros de mesa que desempeñen de manera efectiva el cargo durante las Elecciones Generales 2016. Se dispone que durante dicho proceso electoral del 10 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, otorgaría a cada miembro de mesa un certificado de participación, el cual debiera ser presentado a su empleador al momento de reintegrarse a sus labores.
El segundo supuesto se refiere a las facilidades para ejercer el derecho a voto para los trabajadores que presten servicios en los ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, quienes no laborarán los días viernes 8, sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de abril del presente año, siempre y cuando acrediten haber ejercido su derecho de voto. En este caso, también deberá compensarse las horas no trabajadas.
El tercer supuesto precisa la tolerancia en la jornada de trabajo para aquellos votantes que deberán laborar el 10 de abril. Ellos tienen derecho a periodos de tolerancia en el ingreso a su centro de trabajo.
III.- MINTRA APRUEBA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJDORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Mediante Resolución Ministerial Nº 052-2016-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), aprobó el “Protocolo de actuacion frente a la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajdores víctimas de violencia”.
Dicho instrumento tiene como finalidad orientar las acciones y procedimientos a seguir por los órgans de línea y programas del Ministerio de Trabajo y Pmoción del Empleo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a efectos que, en el marco de sus responsabilidades y competencias, brinden una respuesta oportuna, eficaz y eficiente a las trabajadoras y trabajadores víctimas de violencia.
IV.- SUNAFIL APRUEBA DIRECTIVA DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO
Mediante Resolución Nº 038-2016-SUNAFIL, publicada el 01 de abril de 2016, SUNAFIL aprobó el Protocolo de Actuación en Materia de Trabajo Forsozo.
El fin de dicho protocolo es contar con una herramientoa jurídica que permita a los inspectores de trabajo efectuar su labor inspectiva en materia de tabajo forzoso de manera adecuada y en cumplimiento del ordenamiento jurídico en dicha materia.
V.- REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA: APROBACIÓN DE DIRECTIVA
Mediante Resolución Nº 039-2016-SUNAFIL, publicada el 03 de abril del 2016, SUNAFIL aprobó la Directiva 001-2016-SUNAFIL/INII denominada “Reglas Generales para el ejercicio de la función inspectiva” que consolida en un solo cuerpo normativo todas las reglas generales y aspectos comunes de la actuación inspectiva en la etapa de diligencias previas al procedimiento sancionador.
VI.- EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SPP PARA LOS AFILIADOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE JUBILADOS: APLICACIÓN DE REGLAS A NUEVOS SUJETOS
Mediante Circular AFP-153-2016, publicada el 02 de abril del 2016 se modificó la Circular AFP-125-2012 que establece las reglas para la exoneración del pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones para los afiliados que tuvieren la condición de jubilados, bajo lo dispuesto en el art. 87 del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
– Al cumplir 70 años de edad o 20 años en cualquier categoría, lo que ocurra primero.
– Por exceder el límite de permanencia en la situación de disponibilidad.
– Por renunciar a la nacionalidad peruana.
– A su solicitud, en forma escrita.
I.- PARALIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL POR HUELGA NO SUSPENDE PLAZO DE CADUCIDAD PARA INTERPONER DEMANDA LABORAL
La Corte Suprema mediante Sentencia de Casación Nº 691-2014-Lima, sentó el criterio por el cual en caso de huelga de los trabajadores del Poder Judicial, no se suspende el plazo de caducidad para interponer una demanda laboral, precisando que vencido dicho plazo deberá presentarse la demanda una vez levantada la medida de huelga.
Precisa la Corte Suprema que la caducidad constituye un medio de extinción de la pretensión procesal por el transcurso del tiempo y como tal extingue el derecho y la acción correspondiente. A nivel laboral, se establece que el plazo de caducidad para demandar un despido arbitrario es de treinta días hábiles. No obstante, la paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial motivada por una huelga no suspende dicho plazo por todos los días de paro, lo cual obliga a la parte cuyo plazo ya había vencido en el transcurso de ese período a presentar su recurso una vez levantada la medida de huelga.
II.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL POR REDUCCIÓN INJUSTIFICADA DE REMUNERACIÓN
La Corte Suprema mediante Sentencia de Casación Nº 7204-2014-Arequipa, sentó el criterio por el cual se debe reconocer una indemnización por daños y perjuicios a cargo del empleador que injustificadamente redujo la remuneración a un trabajador.
En efecto, dicho fallo establece que disminuir la remuneración al trabajador puede generarle angustias y frustración, afectando sus sentimientos y emociones (daño moral), pudiendo también ocasionar daño al proyecto de vida. En el caso concreto la Corte Suprema consideró que la reducción injustificada de su remuneración produjo un grave perjuicio al trabajador, en tanto este demostró que no pudo continuar estudiando su carrera profesional al cual accedió en tanto contaba con un puesto permanente y la expectativa de poder asumirlo económicamente en función a la remuneración que percibía.
Se verifica entonces que la posibilidad del trabajador de obtener una indemnización por daños y perjuicios por daño moral, depende, fundamentalmente, por la eficacia de las pruebas que se logre actuar en el proceso. Por su parte, por parte de la parte empleadora, la posibilidad de evitar el pago de una indemnización por daño moral pasa por demostrar que la reducción de la remuneración del trabajador se encuentra debidamente justificado.
III.- CONDICIÓN RESOLUTORIA ESTABLECIDA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO (A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO): PROCEDENCIA
La Corte Suprema mediante sentencia de casación Nº Cas.11608-2014-Lima, publicada el 30 de marzo del 2016 sentó el criterio por el cual en el contrato de trabajo, cualquiera sea su naturaleza (plazo determinado o indeterminado), cabe la inclusión de una condición resolutoria. Sin embargo, en tanto dicha condición constituye un elemento accidental de todo acto jurídico, debe ser expresamente pactada. Si en un contrato de trabajo no se pactó la condición resolutoria de manera expresa, ésta no puede surtir efecto alguno. En ese sentido, si el empleador extingue la relación invocando el cumplimiento de la condición resolutoria, se configurará un supuesto de despido incausado.
IV.- PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA MADRE TRABAJADORA FRENTE AL TRASLADO INJUSTIFICADO
La Corte Suprema, mediante Sentencia de Casación Nº Cas. 2456-2014-Lima publicada el 30 de marzo del 2016 señaló que el traslado de la trabajadora a otra sede (otra provincia) resultaba ilegal en la medida que sus derechos constitucionales como madre (primeriza y lactante), así como los de su menor hijo, habían sido afectados. Precisó que si bien había firmado un documento en el que establecía la posibilidad de ser trasladada geográficamente, dicho acuerdo no podía imponerse frente a la protección a la mujer trabajadora y al niño dentro del marco constitucional. Precisó que las acciones a favor de las mujeres gestantes y lactantes no se limitan exclusivamente a la garantía del no despido. Dicha garantía también está orientada a preservar el ejercicio de las funciones productivas de aquéllas y que no sean excluidas injustamente del ámbito laboral.
Añade la Corte Suprema que el marco constitucional debe considerarse como una limitante al ius variandi en razón a los fines que pretende alcanzar. Por tanto, la variación de las condiciones laborales de una trabajadora gestante o lactante que vulneren o amenacen sus derechos constitucionales deben ser proscrita.
Ello no implica que todo traslado de una trabajadora gestante o lacatante sea una infracción constitucional. El empleador debe demostrar la justificación y necesidad de dicho traslado.
V.- SUNAFIL: SANCIÓN ADMINISTRATIVA (MULTA) POR HOSTILIZACIÓN LABORAL
Mediante Acta de Infracción 174-2015, SUNAFIL impuso multa por 5 UIT a importante cadena farmacéutica tras comprobar actos de hostilización laboral por parte de su químico titular en perjuicio de un trabajador (vendedor).
En efecto, el trabajador hostilizado venía quejándose ante los superiores de su empleadora, respecto de una secuela de actos que le generaban malestar y hostigamiento de parte de la Químico titular, quien le endilgaba una conducta deshonesta en desmedro de la empresa farmacéutica, responsabilizándolo por la desaparición de mercancía sin proceso ni denuncia de por medio y cambiándolo de lugar de trabajo sin expresión de causa alguna
El trabajador en vista de no obtener resultados positivos por parte de su empleadora, a fin que cesen los actos de hostilidad, solicitó la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Se verifica claramente que el acto de hostilización denunciado por el trabajador no proviene por parte de representantes de la misma empresa, sino de un empleado más de la misma con cierta calificación especial. La sanción impuesta en este caso se verifica por la inacción de la empresa empleadora al no disponer internamente la investigación correspondiente y ordenar el cese de los actos de hostilización.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 204
 artículo 81
 artículo 5
 artículo 5
 Artículo 204
 Artículo 81
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 18
 Resolución 
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