Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2017-08-22 11:18:32+00:00

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PROPUESTA: 2015
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¿Cumple su cometido la inscripción de los procesos arbitrales en los Registros Públicos?
Una de las modificaciones a la Ley de Arbitraje dispuesta en el Decreto Legislativo 1231 es aquella que obliga a que el Tribunal Arbitral ordene la anotación de la demanda o reconvención cuando el arbitraje verse sobre derechos inscribibles en los Registros Públicos, con el propósito, se entiende, de evitar la generación de acciones fraudulentas principalmente sobre los predios.
Sin embargo creemos que la disposición a la postre no cumple su cometido, toda vez que el que tiene inscrito su derecho en los Registros Públicos no se entera de la situación creada salvo, claro está, que por circunstancias ocasionales solicite una copia de la ficha registral de su predio, lo que no es común.
Me explico: si A es propietario legítimo de un predio inscrito, B y C pueden efectuar un proceso arbitral fraguado en el que se discuta la propiedad del predio a espaldas de A, el Tribunal Arbitral solicita la inscripción de la demanda, pero A no se entera. El arbitraje concluye, se inscribe el laudo y B formalmente resulta ahora nuevo propietario del predio quien inmediatamente lo vende a D adquiriente, supuestamente de buena fe quien inscribe su título.
Así las cosas, C iniciará un desalojo contra A quien pese a desconocer todo lo acaecido, no podrá mantener su propiedad por cuanto, de acuerdo a la normativa, el artículo 2014 del Código Civil, protege al adquiriente de buena fe, aunque se anule, rescinda o resuelva la transferencia a favor de B.
Como se advierte, A pierde la propiedad. Ante ello, ¿no sería mejor que al inscribir la demanda o reconvención los Registros Públicos notifiquen a quien figura como propietario la señalada circunstancia en la dirección del predio? La alerta registral así planteada sería de oficio. Con ello no habría posibilidad de estar al margen y el afectado podría hacer valer sus derechos de manera real.
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El último viernes nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, fue invitado a clausurar el II Congreso Nacional de Arbitraje organizado con singular éxito por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima en el emblemático auditorio José León Barandiarán de este gremio en Miraflores. El evento estuvo dedicado al análisis y las perspectivas del arbitraje en el Perú con especial énfasis en las últimas modificaciones de la Ley de Arbitraje dispuestas por el Decreto Legislativo 1231 y en la nueva Ley de Contrataciones del Estado que entrará en vigencia en cuanto se apruebe su respectivo Reglamento.
El cónclave se inauguró el jueves 19 con un panel integrado por Mario Castillo Freyre, Mariela Guerinoni Romero, Fernando Vidal Ramírez y Ricardo Rodríguez Ardiles. Al día siguiente Roger Vidal Ramos, Berenice Torrez, Eduardo Hurtado y Karina Zambrano expusieron sus experiencias y formularon algunas recomendaciones para el ejercicio de la función arbitral. Ricardo León Pastor, Alberto Montezuma Chirinos y Carlos Soto Coaguila hablaron sobre arbitraje comercial y de inversiones. Fabiola Paulet Monteagudo, Daniel Cuentas Pino, Rocío Cano Guerinoni y Rigoberto Zuñíga Maraví, a su turno, disertaron sobre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc.
Las modificaciones que ha traído la Ley 30225 y las introducidas en el Decreto Legislativo 1071 fueron abordadas por Franz Kundmüller Caminiti, Gonzalo García Calderón y nuestro editor que planteó sus objeciones al Registro Nacional de Árbitros creado por la nueva LCE que en su opinión, en todo caso, debería ser obligatorio para que de su lista sólo las entidades elijan a sus árbitros con el objeto de cautelar la debida defensa de los intereses del Estado que somos todos, tal como finalmente se había decidido en el Congreso de la República.
Respecto de la Ley de Arbitraje, Ricardo Gandolfo Cortés propuso que se elimine como causal de anulación del laudo la falta de motivación, la motivación aparente, insuficiente o cualquier artilugio similar destinado a judicializar, dilatar y encarecer el arbitraje y a abrirle las puertas al Poder Judicial para que se inmiscuya en el fondo de la materia en discusión.
Sobre anulación y ejecución del laudo hablaron, por su parte, los jueces invitados, Rolando Martel Chang, Miguel Ángel Rivera Gamboa y Ulises Yaya Zumaeta que, como siempre, lo hicieron muy bien.
Un último panel se dedicó al futuro del arbitraje en el que destacaron las presentaciones de Carla Flores Montoya, sub directora de la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y Carlos Castillo Rafael, coordinador del Programa de Arbitraje Popular, organizador del evento. Al final volvió a hacer uso de la palabra nuestro editor para contar la historia y algunas anécdotas sobre el proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado 26850 que él personalmente elaboró hace dieciocho años y que los asistentes siguieron con mucha atención, antes de dar por concluido el certamen.
En el Perú muchos profesionales se dedican de manera exclusiva al arbitraje y algunos de ellos sostienen que eso constituye una garantía pues minimiza las probabilidades de que aparezcan intereses en conflicto toda vez que ya no patrocinan a ningún cliente en ningún litigio. Esa opción no es posible en otras realidades en las que los árbitros tienen muy pocos casos al año. Algunos tienen un caso cada dos o tres años y existen varios que no tienen más de cinco a lo largo de toda su vida.
El arbitraje en el mundo está reservado para asuntos comerciales de particular significación o para resolver controversias vinculadas a inversiones en las que participan los propios Estados, de forma tal que el universo mismo de casos es bastante pequeño comparado con lo que sucede en el territorio nacional donde, desde 1998, todas los conflictos que se derivan de los contratos que suscriben las entidades públicas se dilucidan en la vía arbitral por expreso mandado de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que ha generalizado y democratizado este medio de solución de diferencias al punto que se arbitra en todo el país hasta en los municipios más pequeños o más alejados y por montos que varían desde los más modestos hasta los más elevados.
Es comprensible, por tanto, que el mercado mismo haya generado la especialización de diversos profesionales que se han encontrado en la necesidad de organizar oficinas para atender únicamente estos asuntos y eventualmente para celebrar allí las audiencias que sean necesarias. El mismo mercado ha creado una suerte de velada competencia por participar en un mayor número de arbitrajes al punto que hay árbitros que se ufanan de tener cerca de 500 arbitrajes en giro. ¿Cómo lo hacen?
En el afán de detener ese desenfreno en el que caen algunos la semana pasada se comentó sobre la práctica de un centro de arbitraje de no encargarle nuevos procesos a aquel árbitro que no termina los que tiene en cartera. Es una medida radical que incluso admite una variante en cuya aplicación un árbitro sólo puede tener un arbitraje en trámite y por lo tanto sólo se le puede encargar uno nuevo cuando haya acabado aquél.
Parece excesivo porque lo cierto es que un arbitraje no difiere mucho, en materia de carga procesal, de un juicio ordinario y así como los jueces pueden lidiar con un alto número de causas, los árbitros también podrían hacerlo aun cuando es pertinente reconocer que lo ideal es que no se atiborren de expedientes porque eso perjudica su rendimiento y lo que se quiere es que a través de este medio se solucionen las controversias de una manera rápida y eficaz.
Como la autorregulación no estaría funcionando hay quienes creen que ha llegado la hora de controlar ese exceso a través de las instituciones arbitrales que por cierto son libres de exigir lo que estimen pertinentes a sus árbitros y de establecer los procedimientos de designación que consideren más adecuados. (J.B.)
El miércoles 11 de noviembre de 1987, hace veintiocho años, apareció en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 208-87-EF con el que se aprobó el denominado Reglamento General de las Actividades de Consultoría sobre la base del Proyecto que se había difundido a través del mismo periódico el 18 de abril de 1986, oportunidad en que se solicitó que las personas interesadas presenten sus sugerencias con el objeto de perfeccionar su texto.
El ministerio de Economía y Finanzas recibió múltiples propuestas de diversas reparticiones de la administración pública y entidades del Estado así como de organizaciones gremiales, colegios profesionales, universidades, asociaciones, empresas del sector privado y público en general.
Yo, que por entonces tenía treinta años de edad y ya estaba especializado en contratación pública, fui el encargado de evaluar toda la documentación presentada y de decidir las modificaciones que se incorporaron en el REGAC, nombre abreviado que le puse. Cada cambio en el proyecto original exigía una revisión de todo el conjunto porque con frecuencia cualquier agregado incidía en las referencias que unos artículos hacían respecto de otros, con el agravante que en esa época no existían o no estaban aún desarrollados los sistemas informáticos de transmisión de datos de los que se dispone ahora.
El proyecto original fue elaborado por distinguidos profesionales agrupados en la antigua Asociación Peruana de Ingeniería de Consulta (APIC) que en virtud de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 10 de la Ley de Consultoría 23554 debió adecuar su estructura y rebautizarse como Asociación Peruana de Consultoría (APC), nombre que conserva hasta hoy.
La Ley se había promulgado en 1982 y ella misma había dispuesto que a los 120 días calendario de la instalación del Consejo Superior de Consultoría, que posteriormente denominé CONASUCO, se eleve al Poder Ejecutivo un proyecto de Reglamento. Tuvieron que pasar cinco años para que ese anhelo de la consultoría nacional se haga realidad y para que se apruebe el señalado REGAC que entró en vigencia de la mano de la Ley de Consultoría. Coincidentemente, quedaron sin efecto ambas normas después de más de diez años cuando entró en vigencia la Ley 26850, cuyo proyecto tuve el alto honor ya no de revisar sino de elaborarlo íntegramente. Pero esa es otra historia. Hoy toca celebrar la publicación del REGAC y homenajear a esos visionarios que lo idearon.
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La ejecución de los laudos arbitrales en las contrataciones del Estado
Es claro para todos que los laudos que se dicten en procedimientos arbitrales tienen carácter de cosa juzgada y su cumplimiento es inmediato. Esta característica legal alcanza a todos los laudos sin excepción y en particular en materia de contratación con el Estado esa también es una realidad, cuando menos formal. El efecto es que el Estado, llámese Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Municipales o Entidades del Sector Publico, también debe cumplir con los laudos, sin embargo existe una normatividad especial que debe tenerse en cuenta para el efecto y para la ejecución. Esta normatividad está recogida en el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 25784, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo 1067, publicado en el diario oficial El Peruano del 29 de agosto del 2008.
La citada norma establece que las sentencias con autoridad de cosa juzgada que ordenan el pago de una obligación de dar suma de dinero, serán atendidas por el pliego presupuestario donde se generó la deuda conforme al mandato y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. Lo que debe entenderse que su pago debe ser honrado según el procedimiento especial que crea. Si transcurren seis meses desde la notificación judicial sin haberse comenzado el pago u obligado al mismo de acuerdo con las leyes de presupuesto se inicia la ejecución forzada.
Los artículo 48 y 49 señalan que la entidad deberá pagar los intereses que genere el retraso en la ejecución de la sentencia y que son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias –léase laudos– que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento. Es decir que los operadores no pueden obstaculizar la ejecución de lo ordenado debiendo por el contrario procurar su cumplimiento inmediato. Estimo que es preciso tener en cuenta estos dispositivos, de cuya simple lectura se advierte el espíritu de ellos en el sentido de hacer evidente el deber de cumplir las obligaciones que contrae el Estado, como lo puede ser en el caso de los laudos, el mandato que exige el pago de una obligación dineraria. Hacer todo lo contrario es faltar al espíritu e intención de la Ley.
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La Dirección Técnico Normativa del OSCE ha emitido la Opinión 171-2015/DTN con la que absuelve la consulta formulada por un proveedor en relación a la aplicación del inciso k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, promulgada mediante Decreto Legislativo 1017.
En primer término se pregunta si está impedida de contratar con el Estado una empresa que tiene un socio común con otra que tiene un objeto social totalmente distinto y que está inhabilitada. El socio común es una tercera empresa que no está inhabilitada pero tiene el 94.9% de las acciones en las otras dos.
Según el inciso k) del artículo 10 de la LCE están impedidas de participar en los procesos de selección y de ser contratistas las personas jurídicas cuyos socios, titulares o representantes formen o hayan formado parte en los últimos doce meses de impuesta la sanción, de otras personas jurídicas sancionadas o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas, siempre que su participación, cuando corresponda, sea superior al cinco por ciento del capital o patrimonio, por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.
El documento subraya que la norma no hace ninguna diferencia en razón del objeto social de las personas jurídicas involucradas en un problema de impedimentos. Por ello, esa precisión resulta irrelevante. Lo que sí resulta relevante es que los accionistas o representantes de una persona jurídica sancionada no se encuentran impedidos de contratar con el Estado a título individual es decir como personas naturales. Eso es justamente lo que pretende corregir el Proyecto de Ley 4842/2015-CR presentado por los miembros de la Comisión Investigadora de Martín Belaunde Lossio (PROPUESTA 439).
De otro lado, se indica que cuando se configura el impedimento para la persona jurídica vinculada éste surte efectos durante el período de vigencia de la sanción impuesta al respectivo proveedor. El primer párrafo del artículo 248 del Reglamento precisa que la vigencia de las sanciones se suspende cuando así lo disponga una medida cautelar. Cuando ésta se cancela o se extingue, la sanción recupera su vigencia y continúa su curso por el periodo que faltaba, siempre que la resolución que la ordenó no haya sido revocada por mandato judicial firme.
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Este jueves 19 desde las 6 pm. y el viernes 20 desde las 11 am. se celebrará el II Congreso Nacional de Arbitraje que organizan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el Programa de Arbitraje Popular y el Colegio de Abogados de Lima cuyo Auditorio José León Barandiarán será la sede del evento se concentrará en analizar las perspectivas del arbitraje en el Perú.
El decano del CAL Mario Amoretti Pachas dará la bienvenida y el viceministro Ernesto Lechuga Pino inaugurará el cónclave en el que distinguidos catedráticos y árbitros expondrán sobre el tema propuesto, contarán sus experiencias y formularán algunas recomendaciones tanto para el arbitraje comercial como para el de inversiones, para fortalecer el arbitraje institucional y el ad hoc. También se abordarán las últimas modificaciones introducidas en la Ley de Arbitraje y en el sistema de contrataciones del Estado así como sobre la anulación y ejecución de laudos con la participación de destacados jueces para concluir con una panel sobre perspectivas del arbitraje en el Perú con especial énfasis en el arbitraje popular en el que participarán el Director de Arbitraje Administrativo del OSCE, José Luis Rojas Alcocer, Roberto Reynoso Peñaherrera, consultor del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Castillo Rafael, coordinador del Programa de Arbitraje Popular y nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés.
El ingreso es libre, previa inscripción en el Programa de Arbitraje Popular ubicado en Avenida Vargas Machuca 309 – 313, Miraflores, teléfono 255 7673, correo electrónico arbitra@minjus.gob.pe, o en la Dirección Académica y de Promoción Cultural del CAL ubicada en Avenida Santa Cruz 255, Miraflores, teléfonos 710 6624 y 710 6652, correo electrónico informesacademica@gmail.com.
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Nuevos vocales en el Tribunal de Contrataciones del Estado
Mediante la Resolución Suprema 048-2015-EF publicada en el diario oficial el martes 10 de noviembre se oficializó la designación de Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque como nuevos vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE. Ellos fueron elegidos por la Comisión Multsectorial de Evaluación y Selección según el informe presentado al ministro de Economía y Finanzas el pasado 23 de octubre, elaborado como consecuencia de la tercera convocatoria del respectivo concurso público que tuvo muy buena acogida.
PROPUESTA felicita a los nuevos vocales y les desea toda clase de éxitos en sus nuevas responsabilidades.
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El martes 10 y el miércoles 11 el auditorio de la Torre del Interbank ubicado en la Avenida Carlos Villarán 140, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, será escenario del II Seminario de Contratación Pública y Arbitraje que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y el Capítulo Peruano del Club Español de Arbitraje. El evento estará dedicado a analizar las últimas modificaciones introducidas en la Ley de Arbitraje y en el sistema de contrataciones con el Estado que administra el OSCE.
A las 3:30 pm del primer día inaugurarán el cónclave Carlos Soto Coaguila, presidente del IPA, Lourdes Flores Nano, miembro de su Consejo Consultivo, y Zelma Acosta-Rubio, gerente legal de Interbank. Acto seguido Mariana Llona Rosa, gerente de Gestión Pública de la Contraloría General de la República, presentará el Informe sobre Arbitrajes con el Estado preparado por esa institución. A continuación José Luis Rojas Alcocer, director de Arbitraje Administrativo del OSCE, disertará sobre las reformas que trae consigo la nueva Ley de Contrataciones del Estado. A las 5 pm un panel integrado por Carlos Fonseca Sarmiento, Juan Huamaní Chávez, Richard Martin Tirado, Alberto Montezuma Chirinos, Carlos Paitán Contreras y nuestro editor Ricardo Gandolfo Cortés harán sus comentarios sobre las señaladas modificaciones.
Luego de un intermedio, César Abanto Revilla, Alan Alarcón Canchari, María Ofelia Espinoza Berrios, José Luis Luna Campodónico y Antonio Sánchez Romero, expondrán sobre la experiencia de procuradores y organismos reguladores.
Al día siguiente, Enrique Ferrando Gamarra, Daniel Linares Prado, Katty Mendoza Murgado, Daniel Triveño Daza y Jorge Vega Soyer darán su opinión sobre los cambios en la Ley de Arbitraje. El presidente del Tribunal Registral, Raúl Delgado Nieto, hablará sobre la incidencia del Decreto Legislativo 1231 en su campo. Sobre el control judicial del laudo en los arbitrajes con el Estado disertarán los jueces Martín Alejandro Hurtado Reyes, Rolando Martel Chang, Miguel Ángel Rivera Gamboa, Julio Martín Wong Abad y Ulises Yaya Zumaeta.
A las 7:20 pm del martes expondrán sobre el control constitucional del laudo en los arbitrajes con el Estado Samuel Abad Yupanqui, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Lourdes Flores Nano y Carlos Soto Coaguila. Clausurará el seminario Juan Ramón Balcells Oliveros de Telefónica, institución patrocinadora.
Informes e inscripciones en el IPA: Avenida San Felipe 540, departamento 1503, Jesús María. Teléfonos 461 6530, 986 534 737.
El jueves 5 en la Sala Baquíjano y Carrillo del Colegio de Abogados de Lima el Estudio de Mario Castillo Freyre presentó el libro “La forma del convenio arbitral en la Ley de Arbitraje peruana de 2008 y los instrumentos internacionales vinculantes para el Perú” escrito por Irene Zegarra-Ballón Quintanilla, joven abogada, coordinadora del Proyecto de Arbitraje y Solución de Controversias en su alma mater, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.
La presentación estuvo a cargo del propio Mario Castillo Freyre quien compartió el panel con distinguidos profesionales como Roque Caivano, árbitro y académico argentino egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador, gerente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales y dinámico promotor de las competencias interuniversitarias de arbitraje. También estuvo Verónica Sandler, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa y miembro participante en la Reunión de Alto Nivel sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Organización de Estados Americanos.
Gran parte del conversatorio giró en torno de los alcances del artículo 13 de la Ley de Arbitraje promulgada mediante el Decreto Legislativo 1071 según el cual el convenio arbitral debe constar por escrito, pudiendo adoptar, de conformidad con el inciso 2, la forma de una cláusula incluida en el contrato o la forma de un acuerdo independiente, para acto seguido admitir, en el inciso 3, que “se entenderá que el convenio es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio.”
Esta última precisión permite que se inicie un proceso arbitral aun cuando no haya un expreso convenio suscrito para esos efectos lo que eventualmente también puede dejar abierta la posibilidad para que la parte vencida pueda posteriormente reclamar judicialmente la nulidad del laudo aduciendo justamente su inexistencia con mucha opción de conseguirlo.
Queda claro que, pese a los esfuerzos de la norma por rescatar un convenio aun en los casos en los que éste solo asoma, si no hay alguna forma de cláusula arbitral que no deje ninguna duda lo más recomendable es tratar de arribar a una y si no se logra, ir directamente al Poder Judicial, pues de lo contrario, al final se terminará allí después de perder tiempo y dinero.
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Mi homenaje a los visionarios que idearon el REGAC...
Aplicación del inciso k) del artículo 10 de la LCE...
La severa advertencia del arbitraje norteamericano...

References: artículo 2014
 artículo 10
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 248
 resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 10