Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/encuentros/luis-martin-rebollo-resuelve-tus-dudas-el-2-de-noviembre-sobre-la-reforma-del-procedimiento-administrativo-y-thomson-reuters-te-regala-un-dossier-sobre-este-nuevo-marco-normativo
Timestamp: 2018-09-23 08:43:25+00:00

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Luis Martín Rebollo ha resuelto tus dudas sobre la reforma del Procedimiento Administrativo
23 de septiembre de 2018 | 10:43
¿Introduce la nueva ley alguna modificación sustantiva en relación con el concepto de interesado en un procedimiento administrativo?
No, las previsiones de los nuevos artículos 3 a 5 de la Ley 39/2015 son prácticamente iguales a las de los antiguos arts. 30 a 34 de la derogada Ley 30/1992. Las únicas diferencias son de matiz. Por ejemplo, añadir en el nuevo art. 3 que los grupos y uniones sin personalidad tienen capacidad de obrar “cuando la ley así lo declare expresamente”. Pero el concepto de interesado, que es lo importante porque de él se derivan los derechos que contempla el art. 53, no varía. El nuevo art. 4 dice lo mismo que el viejo art. 31 de la ley 30/1992.
La única novedad reseñable es la regulación de la representación y apoderamiento para el caso del procedimiento electrónico donde se imponían algunas precisiones que contempla ahora el art. 6.
Para la intervención en el procedimiento administrativo de los interesados, ¿se requiere identificación o firma?
La nueva Ley, en el Capítulo Segundo del Título Primero (arts. 9 a 12) se refiere a la identificación y firma de los interesados. Son previsiones pensadas en su mayoría para el procedimiento electrónico, para identificar a los intervinientes en él, porque ahí existen algunas peculiaridades que hay que abordar. Pero va de suyo que los intervinientes en un procedimiento deben identificarse y firmar los escritos que presenten. Así, por ejemplo y con carácter general, el art. 66, al regular las solicitudes (las instancias) que inician un procedimiento dice que dichas solicitudes deberán contener, al menos, la identificación del interesado y la firma del solicitante “o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio”. Lo mismo para interponer un recurso administrativo. Pero eso no es nada nuevo. Es lo que decía antes el art. 70 de la Ley 30/1992. Lo único nuevo, repito, son las eventuales peculiaridades de identificación del interesado por medios electrónicos (en particular, arts. 9.2 y 10,2).
Ángel Manuel Torres Ferradás
¿Cuál es el plazo de caducidad del procedimiento sancionador?
El plazo de caducidad del procedimiento sancionador no viene determinado en la Ley 39/2015 con carácter general, como tampoco el concreto plazo del silencio en todos los procedimientos. Lo que la Ley establece es una pauta o criterio genérico: el de que la Administración está obligada a resolver en plazo todo tipo de procedimientos, ya sean iniciados a instancia de parte, ya de oficio (art. 21.1). En el primer caso la falta de resolución en plazo conduce al silencio administrativo. En el segundo, a la caducidad. Para saber el plazo o momento en que ambas circunstancias se producen la Ley remite a lo que disponga en cada caso a legislación sectorial (estableciendo el tope de 6 meses si es una norma reglamentaria la que fija el plazo máximo) y, en su ausencia, establece un plazo residual (art. 21.3). Así que la caducidad dependerá de lo que al respecto establezca la normativa sectorial que regule cada ámbito. Sólo en su ausencia habría que dar entrada al plazo residual de tres meses, que, en tal caso, muy probablemente produciría una caducidad que podríamos llamar “irreal” o “ficticia” porque es casi seguro que entonces no habría transcurrido el plazo de prescripción de la infracción (art. 30.1 de la Ley 40/2015) y, en consecuencia, nada impediría la apertura de un nuevo procedimiento sancionador, como deja ahora expresamente claro el art. 95.3 de la Ley 39/2015. Lo normal será, como digo, que los plazos de caducidad establecidos en la legislación sectorial sean amplios, como sucede, por ejemplo, en un supuesto muy común que a todos nos afecta: el de las sanciones de tráfico. En ese caso, en efecto, el vigente art. 112.3 del texto Refundido de la Ley de Seguridad Vial establece un plazo de caducidad del procedimiento sancionador de un año.
¿Están las autoridades portuarias afectadas por lo dispuesto en el art.103.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?
La Disposición adicional 12ª de la Ley se refiere, justamente, a las Autoridades Portuarias. Según dicha Disposición la Autoridades Portuarias “se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley”. La Ley 40/2015 es, por tanto, legislación supletoria. A mi juicio, el uso de la abreviatura E.P.E. es una cuestión del todo marginal. Nada impide que se ponga porque la legislación de aplicación prioritaria no dice nada al respecto.
Inocencio Sánchez Real
¿Qué fue antes el huevo o la gallina? No en serio, ¿en qué nos hará mejores y más ágiles esta nueva reforma del procedimiento administrativo en España? Gracias.
Pues la verdad es que no lo sé. El único o casi único aspecto de la Ley que puede agilizar la actuación administrativa es la apuesta por la generalización de la gestión electrónica, lo que se suele llamar la administración electrónica (con minúscula, porque no hay ningún sujeto público electrónico). Pero, de un lado, la completa aplicación de esos aspectos se demora al año 2018 (Disposición Final 7ª) y, de otro, todo eso depende de cuestiones que escapan al Derecho como la disposición de medios, su generalización y la interoperatividad de todos los sistemas, etc.
En todo caso, su pregunta trasciende el ámbito de esta Ley que probablemente no era tan necesaria como se ha pretendido y cuyas novedades son más bien escasas. Y es que la eficacia administrativa a la que apela también el art. 103 de la Constitución, con frecuencia depende de cuestiones sólo indirectamente se relacionan con el Derecho. Porque ese objetivo depende, sí, del sistema normativo pero también y sobre todo de los medios materiales y humanos, del sistema de selección de los empleados públicos, de sus retribuciones, del clima de trabajo y, en general, de un conjunto de valores asumidos por todos que llamamos cultura. Cultura jurídica, pero también, sin más, cultura a secas.
Con la reforma y el nuevo contenido del artículo 2 de la Ley 39/2015 y en relación a los artículos 14 y siguientes, tendrá una Mutua de Accidentes de Trabajo la obligación de relacionarse con personas físicas y jurídicas por medios telemáticos (portal web, nube, ...)? Me estoy refiriendo a la tramitación telemática de solicitudes de pago de prestaciones de la seguridad social, p. ej.
Su pregunta, más allá del concreto supuesto al que se refiere, plantea una cuestión de sumo interés: el del ámbito subjetivo de la Ley 39/2015 (art. 2). Según dicho precepto, la nueva Ley se aplica a las entidades privadas “vinculadas” o “dependientes” de las Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas. Si el concepto de dependencia parece apuntar a una dependencia casi orgánica de un ente público (en definitiva, a las sociedades de ente público) lo qué sea una entidad “vinculada” a la Administración supone algo más sutil y es, quizá, más discutible. Pero desde una perspectiva o interpretación amplia de ese precepto, ciertamente las Mutuas podrían considerarse incluidas en el ámbito subjetivo de la norma en la medida en que según el vigente Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social, de 2015, las citadas Mutuas “forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad”. Sucede, sin embargo, que la Disposición Adicional 1ª de la Ley 39/2015 excluye de su aplicación directa a los procedimientos de gestión de la Seguridad Social, que se rigen por su normativa específica. Esa normativa, a la que hay que estar también en relación con las Mutuas, es actualmente el citado Texto Refundido de 2015 en cuyos artículos 130 a 132 se contempla expresamente la regulación de la tramitación electrónica de los procedimientos en materia de prestaciones en términos que, hoy por hoy, no son imperativos con carácter general.
En suma, cabe concluir que los procedimientos de gestión de seguridad social de las Mutuas se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015. Y a mi juicio, como digo, la legislación específica, de prioritaria aplicación, no confiere actualmente a los ciudadanos el derecho a relacionarse telemáticamente con las Mutuas, ni obliga a éstas, por tanto, a relacionarse con ellos por medios electrónicos. Aunque nada impida, claro está, y aun sea aconsejable, que facultativamente se generalice el uso de dichos medios.
Sergio Barres Alfonso
¿Cambia el nuevo marco el régimen sobre el sentido de los silencios administrativos?
Apenas nada. El único cambio es un inciso del párrafo segundo del apartado 1 del art. 24 que paso a explicarle. Como sabe, el régimen jurídico del silencio administrativo en vía de petición supuso, ya en la normativa anterior, un cambio muy significativo puesto que, frente a lo que sucedía antiguamente, se impuso como regla general el carácter positivo del silencio, esto es, que si la Administración no contesta en plazo a las solicitudes de los ciudadanos ese silencio tiene efectos estimatorios. Esa regla tenía varias excepciones que se reproducen y reiteran en la nueva Ley. Así, quedan exceptuados del silencio positivo y tienen efecto desestimatorio los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de Derecho europeo. Y también en los casos del ejercicio del derecho de petición, en aquellos otros procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público y los casos de falta de respuesta a las solicitudes indemnizatorias en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Eso era ya así antes y se mantiene ahora igual. Lo que es nuevo es el inciso: que “impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente”. Esto es, el silencio será también negativo en aquellos supuestos de solicitudes que “impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente”. Es la única novedad. Cierto que puede tener importantes consecuencias porque esa simple afirmación es excesivamente genérica e indeterminada y puede dar lugar a una interpretación expansiva y, con ella, suponer un alto grado de inseguridad, que es lo que debería evitarse.
Todo lo demás es sustancialmente igual.
Gustavo José Fernández
¿Qué actos administrativos son los que tienen establecidos los plazos por horas?
La regulación del cómputo de los plazos señalados por horas en el art. 30 de la Ley de Procedimiento de 2015 es, en efecto, una novedad. Pero hasta ahora, al menos, es un supuesto ciertamente excepcional. Se me ocurren como ejemplos aislados la previsión del plazo de 24 horas para recurrir acuerdos de las Juntas electorales (art. 21.2 de la Ley Electoral), las 72 horas de que habla la Ley reguladora del derecho de reunión de 1983 para resolver y notificar la prohibición o propuesta de modificación de una manifestación, las 24 horas a que alude la Ley 8/2003, de sanidad animal, para comunicar enfermedades de declaración obligatoria…Pero son, como digo, supuestos marginales. La previsión de la nueva Ley procedimental parece, pues, una previsión de futuro, para cuando se puedan contemplar más plazos por horas al hilo o con ocasión de las facilidades que proporciona la gestión electrónica. En ese ámbito son hábiles todas las horas de todos los días hábiles y eso puede tener consecuencias, por ejemplo, para determinar la prioridad en el tiempo de la presentación de una oferta y aspectos parecidos. Pero hoy por hoy todavía no es una realidad que haya que considerar con carácter general.
Esther Agueros
Si los ciudadanos no están obligados a relacionarse con la Administración electrónicamente, y las notificaciones son electrónicas, ¿cómo se darán por notificados con la implementación del no papel?
A los ciudadanos que no estén obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos se les notificarán los actos administrativos por el medio tradicional, es decir, en papel (y normalmente en su domicilio), como expresamente prevé el artículo 42 de la Ley. Ahora bien, que la notificación deba practicarse en papel no significa que el expediente no deba documentarse en formato electrónico, según dispone ahora el artículo 70. Precisamente por tener que ser digital el documento de cualquier resolución, el mismo artículo 42.1 exige que las notificaciones que se practiquen en papel deben ser puestas a disposición del interesado “en la sede electrónica” de la Administración de que se trate para que éste pueda acceder a su contenido “de forma voluntaria”. Y ello, como digo, incluso en el caso de que se deba notificar en papel a quienes no estén obligados a relacionarse telemáticamente con la Administración. De manera que son dos cosas distintas perfectamente compatibles: documento electrónico y notificación en papel, sin perjuicio de que en este caso, además, se ponga la citada notificación a disposición del interesado en la sede electrónica (y en dicho formato) para que acceda así a ella de forma voluntaria.
¿Qué problemas podrían plantear las notificaciones electrónicas en cuanto al cómputo de plazo de posibles recursos, a los interesados que no están obligados a comunicarse con la Administración por vía telemática? Muchas gracias por su atención. Respetuosamente.
Es una pregunta que ya he contestado con anterioridad. Si no hay obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración la notificación será por el medio tradicional, esto es, en papel y habitualmente en el domicilio del interesado, como indica el art. 42. Y ese será el momento en el que comienza el plazo para recurrir porque ese el momento a partir del cual comienza la eficacia del acto (art. 39). como también he indicado antes, la Ley prevé también (art. 42.1) que las notificaciones practicadas en papel se pongan asimismo a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración actuante para que, si aquél quiere, de forma voluntaria, pueda acceder también de esa forma al contenido de la notificación. Si el interesado voluntariamente accede y se da por notificado (algo que con alguna pregunta similar le pedirá el sistema) se podría entender notificado y empezarían a contar los plazos de modo similar a lo que sucede con las notificaciones defectuosas, que producen efectos desde que el interesado realiza actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la notificación. Pero insisto, en los supuestos en que no haya obligación de relacionarse telemáticamente, es posibilidad es algo voluntario. Si no, el plazo comienza como siempre: desde la notificación en papel.
Emilian Revenco
¿Qué plazo existe para reclamar perjuicios al Estado por no haber traspuesto una directiva comunitaria? ¿Desde cuándo computaría? Gracias.
El plazo no cambia. Será el plazo que con carácter general se tiene para reclamar cualquier indemnización en cualquier supuesto de responsabilidad, esto es, el plazo de un año a contar desde que se produzca el daño. Es lo que dice el art. 67 de la Ley 39/2015 cuando habla de que el plazo prescribe “al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo”. El daño se ve, se constata que es imputable a la inactividad administrativa. Pues bien, será desde entonces desde donde hay que empezar a computar el plazo. Se podrían quizá buscar supuestos alambicados en los que el daño haya empezado antes y el plazo se ampliara en el sentido de que fuera al cabo de un año del plazo máximo para trasponer o no desde el daño mismo. Pero son supuestos de laboratorio. Lo normal es que se constate un daño, que se pueda probar que es imputable, como digo, a la inactividad. Y el plazo será desde la manifestación del efecto lesivo.
Hola buenos días, me gustaría saber si la copia auténtica la expide el propio órgano competente, es decir de donde sale la Resolución, por ejemplo, o cualquier otro Órgano, que tras las comprobaciones necesarias, las pueda expedir?
La previsión de los documentos electrónicos facilita sin duda la expedición de copias. El art. 27 de la ley 39/2015 dice que cada Administración determinará “los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados”. Es decir, no necesariamente el órgano que emitió la resolución. Dichas copias, así expedidas, se considerarán auténticas y, como sigue diciendo el citado artículo, tendrán validez en las restantes Administraciones. La norma insiste en la misma idea al decir que las diferentes Administraciones “podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada”. Es de suponer que esos funcionarios habilitados serán aquellos a los que se refiere el artículo 12, cuando en él se habla de la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Ahí precisamente se podrán presentar solicitudes y conseguir la “obtención de copias auténticas”. Lo que viene facilitado, como digo, porque los documentos electrónicos tendrán algún código seguro de autenticación y no será preciso, por tanto, el cotejo físico con el documento original que obra en el órgano que dictó la resolución.
Vanessa Romera Martín

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 70
 artículo 42
 artículo 12