Source: http://www.info7dias.com.ar/Noticia_C.aspx?id=23742
Timestamp: 2017-10-24 07:44:35+00:00

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La justicia revocó el fallo y Provincia quedó finalmente habilitada a los descuentos
El fallo fue dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que ya había suspendido la sentencia de primera instancia.
La justicia de La Plata revocó en las últimas horas el fallo de primera instancia que le prohibió al gobierno de María Eugenia Vidal aplicar descuentos por paros.
El fallo, que estaba suspendido desde mitad de mayo, fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo platense, según pudo saber Info7días.
El tribunal resolvió ahora sobre el fondo de la cuestión, revocó el fallo y habilitó al Ejecutivo a aplicar descuentos o a pagar incentivos.
El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fojas 304/309, el Tribunal resuelve plantear la siguiente
I. Viene a esta Alzada el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, contra la decisión de la juez de grado de fecha 23-03-17, por la que, en el marco de la denuncia de incumplimiento efectuada por la parte actora de la medida cautelar dictada el 15-03-17, se hacer saber que las acciones de la administración analizadas en la presente causa implican actos que alteran, restringen, limitan o afectan, la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual, deberán en delante de abstenerse de realizarlos (ver fs. 156/158, 234/235vta., 285/287vta. y 304/309).
Para resolver en tal sentido, la a quo considera, en primer término, que no corresponde ingresar en el análisis de lo afirmado por la DGCE respecto de su ajenidad al presente proceso por cuanto viene interviniendo mediante la representación ejercida por el Fiscal de Estado (arts. 155 CP, 1 dec. ley 7543/69 y 9 CPCA), a través de su sustituto en los términos del artículo 3° de su ley Orgánica (dec. ley citado), quien se ha presentado en múltiples ocasiones en este proceso y sus incidencias e, incluso, ha apelado la medida cautelar de marras de la cual fue debidamente notificado, así como también ha contestado el traslado conferido ahora acompañando a él un informe emitido por la misma autoridad según se ha dicho.
Asimismo, en segundo lugar, y a la hora de verificar si se está restringiendo, afectando, etc. la libertad del trabajador, advierte que ambas acciones de la Administración (abajo citadas) no pueden ser analizadas de manera aislada y descontextualizada pues, precisamente, es la situación que generan las dos en conjunto y en el contexto en el que lo hacen la que configure una limitación o alteración de esa libertad que se pretendió garantizar con la tutela otorgada; no obstante lo cual -aclara la iudex-, a pesar de la conclusión recién adelantada, no podrá hablarse aquí propiamente de un incumplimiento de la medida de autos toda vez que ellas fueron dadas a conocer de manera previa, o coetánea al menos, a su notificación.
Ello así, observa que, sin desconocer las citas de antecedentes de la representación fiscal en cuanto a la no afectación del derecho a huelga al realizarse descuentos, se puede advertir que en tales casos se trataba de devoluciones de descuentos realizados por huelgas que resultaban pretéritas al momento de la petición, y precisamente -destaca- esa es la diferente circunstancia que se valoró con especial mérito al resolverse la causa ATE (3958 del JUCA n°4), tan es así que, en la causa n° 43951 “UDOCBA” de este organismo, se concedió una medida cautelar que ordenaba que la abstención de realizar descuentos y, en caso de hacerse efectivos, se devuelvan (siendo este el supuesto ocurrido fue cumplido en fecha muy reciente), resolución del 17-XI-2016, en la cual se recordó la doctrina de la Suprema Corte citada por la Fiscalía de Estado aquí, y ello, entre otras razones, obedeció que como en autos el conflicto se encontraba en curso.
Señala que aun hecha la salvedad anterior y, a modo de hipótesis solamente, si bien de manera aislada se podría aceptar la posibilidad de descontar los días de paro en orden a la doctrina legal de marras, tal acción debe analizarse con su correlativa, también cuestionada aquí, de la gratificación implementada por el artículo 2 de la resolución conjunta 478 DGCE y 31 ME: “fijar un pago extraordinario por única vez de pesos un mil ($1000) en concepto de gratificación no remunerativa y no bonificable, para aquellos docentes que hayan concurrido a dictar clases los días en que se han llevado a cabo las medidas de fuerza anunciadas a partir del día 6 de marzo del corriente año” (vid. fs. 232 vta.).
Expresa que en relación con ambas acciones, analizadas en conjunto, resulta válido afirmar que poseen virtualidad suficiente para incidir en el espíritu del trabajador a la hora de tomar la decisión de realizar huelga por lo que entiende de su derecho (máxime cuando ella -refiere- no fue declarada ilegal).
Sostiene que, en efecto, siendo el descuento un disuasivo para considerar llevar adelante una medida de acción directa que considera eficaz para hacer oír su protesta respecto de un reclamo de naturaleza netamente alimentaria; del otro lado aparece, potenciando tal efecto disuasivo, un incentivo para no hacerlo (arg. art. 276 CCyC); ambas, aun cuando no haya sido la intención de la Administración, no tienen otro efecto de persuadir al docente de hacer, continuar, o extender su protesta.
De esta manera, considera que aun cuando hipotéticamente se considere que ambas disposiciones puedan resultar legítimas (en el sentido que no violan lo ordenado cautelarmente) según los argumentos vertidos en el informe de la DGCE y de la Fiscalía de Estado en su responde, una porque está avalada jurisprudencialmente y la segunda porque es una decisión de política salarial, juntas crean una situación que se opone al mandato cautelar dirigido a no afectar la libertad de los trabajadores; esto es así porque tal mandato no consiste en una simple declaración principista abstracta, sino que tuvo en mirar el efecto práctico de asegurar la igualdad de las partes negociadoras cada una con sus herramientas y, entre otra eficacia que ella pueda tener, comprende aquella que apunta a que la elección entre adherir a una huelga o no sea un dilema a resolver por cada individuo en su fuero interno de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia, sus principios y su escala de valores y no, contrariamente, se vea coaccionado por influencias, acciones, medidas, etc. externas con efecto persuasivo sobre su autonomía espiritual.
No sólo -agrega-, al operar así sobre la voluntad (conf. art. 276 CCyC) del trabajador, afectan su libertad sino, tangencialmente, resultan atentatorias del derecho a huelga (art. 39 CP).
II. El recurso resulta admisible (arts. 55, inc. 2º, ap. “b”, 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º y ccs., CPCA), razón por la que corresponde atender a sus fundamentos.
Los agravios de Fiscalía de Estado giran en torno a los siguientes tópicos: a) Condena cautelar respecto de la DGCyE, la que no ha sido demandada ni es parte en el pleito; b) Invalidación (suspensión) de los descuentos de huelga. Violación de la doctrina legal de la SCBA; y c) Coexistencia de los descuentos por huelga y la gratificación a los docentes que prestan servicios.
III. Considero que el recurso de apelación debe prosperar.
a) En efecto, en primer lugar, en cuanto a la devolución de las sumas pertinentes a los agentes estatales docentes en concepto de huelga, corresponde reproducir en la especie los fundamentos expuestos por este Tribunal en precedentes de análoga configuración (CCALP n° 19.254, “Timko”, res. del 18-10-16; n° 15.959, “Soliz”, res. del 28-08-14, reiterado en las causas n° 15.960, “Quiñones” res. del 4-9-14 y n° 15.961, “Morales”, res. del 11-9-14 y, más recientemente, n° 19.253, “Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma”, res. del 21-02-17).
Ello así, cabe recordar que la admisión de las medidas cautelares se encuentra supeditada a la demostración de la verosimilitud del derecho en que se funda el pedido de tutela, del peligro en la demora y en que la medida requerida no afectare gravemente el interés público (arts. 22, inc. 1º, aps. “a”, “b” y “c” y 25 del C.P.C.A.).
En ese marco, la requerida y otorgada en la especie con fecha 23/03/17 -en el marco de la denuncia de incumplimiento efectuada por la parte actora de la medida cautelar dictada el 15/03/17-, prima facie, no supera el examen favorable de los recaudos que hacen a su admisión (art. 22, inc. 1º, 25 y 77, C.P.C.A.; 230, C.P.C.C.), ello en tanto la cuestión a elucidar - evaluación de las cuestiones referidas a los descuentos de haberes efectuados a los actores, en función de las medidas de fuerza que dan cuenta los presentes actuados, y la devolución ordenada a través del mandato impuesto en la decisión judicial apelada-, implica adentrarse en la efectiva participación de aquéllos en tales medidas, su alcance y el marco normativo que regula dicho accionar, todo lo cual impone un examen más amplio, que excede el marco preliminar de esta etapa cautelar, pues exige mayor intensidad de debate y prueba.
En estas condiciones, no se advierten acreditados elementos de convicción suficientes para la configuración del “fumus boni iuris” a los fines del otorgamiento de la medida cautelar requerida (conf. CCALP causas N° 5079-M “Asociación Judicial Bonaerense c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo”, res. del 16-08-07; N° 6922 “Leibovich Selma (F.E.B.) s/Amparo-Legajo de Apelación”, res. del 24-06-08; N° 6555 “Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOC-BA) c/Dirección General de Cultura y Educación s/Amparo-Legajo de Apelación”, res. del 05-06-08; N° 8813 “FEB y SUTEBA C/Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/Amparo”, res. del 3-02-09; N° 10361 “Unión de Docentes de la Pcia. De Bs. As. c/Dirección General de Cultura y Educación s/Medida Cautelar Autónoma o Anticipada-Empl. Pco”, res. del 23-03-10, conf. SCBA, A. 71.065, “UDOCBA”, res. del 30/3/11; N° 13025 “Asociación Judicial Bonaerense s/Amparo-Legajo de apelación contra rechazo de Medida Cautelar”, res. del 28-06-12; N° 13.779, “Ramona”, res. del 6-02-13; entre otras).
Lo expuesto resulta suficiente para concluir, que la pretensión cautelar de la parte actora -inserta, como se dijo, en el marco de la denuncia de incumplimiento efectuada por la parte actora de la medida cautelar dictada el 15/03/17- no queda abastecida, al menos en esta etapa preliminar, de la evidencia necesaria que haga verosímil a su derecho (art. 22, inc. 1º, ap. “a”, CCA).
b) La ausencia del referido recaudo de la verosimilitud en el derecho, también se avizora en relación a la gratificación dispuesta por resolución conjunta n° 478/17 DGCyE y n° 31/17 ME, toda vez que no se advierte, en un análisis preliminar de la cuestión propia de esta etapa procesal, de qué manera se estaría vulnerando, a través de la misma, la posibilidad que tienen los actores de llevar o no adelante su derecho constitucional de huelga.
En efecto, no se visualiza, desde una pauta hermenéutica de razonabilidad, cómo puede afectar a este último derecho aquella medida, dado que, en puridad, tiene en miras otros fines distintos y constitucionalmente válidos, de gran preponderancia, como es el derecho a enseñar y aprender previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional y 35 de la Constitución Provincial, como así también en los diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN; ver, a guisa de ejemplo, art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), máxime teniéndose en cuenta la protección especial que otorga a los menores, en tal sentido, el referido espectro normativo (art. 75, inc. 22, CN; art. 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. 28, Convención sobre los Derechos del Niño; art. 36, inc. 2°, Const. Prov.).
Ello así, lejos de una medida “desleal” o “disuasiva” del derecho de huelga como lo exponen equivocadamente tanto la parte accionante como la juez de grado -respectivamente-, se observaría -prima facie- en la medida cuestionada por la parte actora -tal como surge de los propios considerandos, cfr. fs. 236/238- un premio y/o gratificación a aquellos docentes que concurren diaria e ininterrumpidamente a dar clases y coadyuvan, de esa manera, a la continuidad del servicio educativo público como pilar fundamental del Estado (ver fs. 238).
c) Consecuentemente, deviene innecesario referirse a las restantes exigencias (arts. 22, inc. 1º, aps. “b” y “c” y 25, CPCA), puesto que la traba de diligencias cautelares, conforme doctrina de esta Cámara, exige la concurrencia de todos sus requisitos de admisibilidad, aún en el marco del balance de intensidad entre ellos, sin que la falta de uno de ellos pueda ser suplida enteramente por los otros (causas CALP nº 432 “Melga”, res del 29-3-05; nº 1105 “Ferrari”, res. del 24-5-05; nº 1447 “El Timón”, res. del 9-6-05; nº 2332 “Di Martino”, res. del 20-10-05; y cfr. causas análogas CCALP n° 5079-M “Asociación Judicial Bonaerense”, res. del 16-08-07; n° 6922 “Leibovich”, res. del 24-06-08; n° 6555 “Unión de Docentes”, res. del 05-06-08; y n° 10361 “Unión de Docentes”, res. del 23-03-10; entre otras).
IV. Por las razones expresadas -que devienen suficientes para la estimación del recurso articulado, y tornan inoficioso analizar los restantes argumentos esbozados por la recurrente-, en tanto no resulta ajustada a derecho la resolución de grado, propongo corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fojas 304/309 y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto ha sido motivo de agravio, dejando sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen a fojas 285/287vta. (arts. 22, inc. 1°, ap. "a", 55, inc. 2º, ap. "b", 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º, 77 y ccs., C.P.C.A.; 230 y ccs. CPCC).
Coincido con el voto del Dr. Spacarotel y doy el mío en igual sentido, toda vez que, en cuanto respecta a la devolución de los descuentos por días no trabajados con motivo de adhesión a la huelga, la verosimilitud del derecho se encuentra seriamente desvirtuada en razón de pacífica jurisprudencia de los altos tribunales, tanto de la Nación (C.S.J.N, v. entre otros, Fallos: 243:84; 253:181; 256:305 y 307) como de la provincia (doctrina legal de la SCBA cit. en el primer voto), así también precedentes de esta Cámara (cit. en el primer voto).
En torno a la gratificación, igualmente considero prematuro expedirse al respecto, pues se trata de una medida cuyo análisis, aún para formar convicción provisoria de apariencia y no de certeza, reclama de mayor debate que el obtenido en esta etapa procesal, de modo que las consideraciones expuestas por el juez que abre el acuerdo respecto de las razones que se tuvieron en mira al implementarse ese mecanismo, no permiten su descalificación preliminar como resorte de la medida precautoria adoptada en la instancia de grado.
Adhiero a la solución que propician los magistrados que me preceden.
El caso revela una plataforma que se conforma con una pretensión principal de cesación de vía de hecho (fs. 23/36), luego ampliada hacia una acción anulatoria (fs.37) dirigida a la Disposición n° 86/17 de la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que decretara la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores de la educación y una legitimación procesal extendida a otras tres asociaciones sindicales (SADOP, AMET y UDA), además de las promotoras de la acción (FEB y SUTEBA).
Esa base litigiosa, que la resolución apelada amplía en atención al invocado agravamiento de la situación de las entidades demandantes que obtuvieran decisiones cautelares anteriores (conf. causa CCALP n° 20.221 y CCALP n° 20.220) y comprende actualmente también a las resoluciones n° 478/17 (DGCYE) y n° 31/17 (ME), muestra aristas de debate de imposible elucidación preliminar, pues como aquéllas mantiene su constitución a partir de una discusión abierta sobre la aplicación de la norma constitucional que reglamenta las variables de negociación y solución de conflictos colectivos que abarque a dependientes estatales (art. 39 inc. 4 CPBA), la imputación de incumplimiento relativa por el Estado Provincial, y la aplicación, para el sector docente, de las disposiciones de la ley 13.552, en su contraste con las contenidas en la ley 10.149 (art. 35).
Se agrega a ese núcleo de composición controversial la eventual consecuencia que podría derivar de la ausencia del organismo imparcial que enuncia la indicada cláusula constitucional (art. 39 inc. 4 CPBA cit.), tanto para garantizar el derecho de negociación de las condiciones laborales como para la sustanciación de los conflictos colectivos.
Y también se suman los alcances del diseño del ejercicio del derecho de huelga, como garantía constitucional que es, por las normas reglamentarias consignadas y su incidencia en las relaciones individuales de trabajo.
Frente a todo ello, las circunstancias que predica la providencia recurrida no agregan nuevos componentes que autoricen la ampliación de la medida cautelar, pues la base del conflicto permanece sin variantes y sin nuevos efectos jurídicos que justifiquen el replanteo que es materia de revisión en esta alzada.
Para más, ésta adolece de una carencia lógica que la invalida, en cuanto, no obstante desestimar la hipótesis de incumplimiento de la medida cautelar anterior (res. 15.03.17), le hace saber a la parte demandada que cuanto fuera relacionado como actos de la administración implica restringir la libertad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales en las negociaciones colectivas, ordenando se abstengan de realizarlos.
La sola lectura del segmento decisorio ilustra sobre una carencia que se traduce en la insistencia de una orden preventiva ya adoptada en el curso del contradictorio, que ofrecía las mismas falencias de verosimilitud que han sido expuestas en esta intervención.
La providencia impugnada es recurrente en una actitud declarativa imprecisa que no veo propia de la labor de la jurisdicción. Menos en el ciclo cautelar por el que transcurre el proceso.
Tampoco la aprecio con tributo cierto de garantía al eventual resultado de las acciones principales.
Por todo ello, debo concluir en la ausencia de buena apariencia en el derecho invocado y en la necesidad de progresar en la acción principal para elucidar las cuestiones controvertidas (conf. arts. 22, 23 y ccs. ley 12.008, t. seg. ley 13.101).
El pronunciamiento apelado padece de error de juzgamiento.
Bajo ese orden de fundamentos presto mi acuerdo al desenlace que propician los votos antecedentes.
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fojas 304/309 y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto ha sido motivo de agravio, dejando sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen a fojas 285/287vta., con costas en el orden causado (arts. 22, inc. 1°, ap. "a", 51, 55, inc. 2º, ap. "b", 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º, 77 y ccs., C.P.C.A.; 230 y ccs. CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, oficiándose por Secretaría.
Fdo. Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A. M. Milanta. Juez. Gustavo Daniel Spacarotel. Juez. Dra. Mónica M. Dragonetti. Secretaria.
REGISTRADO BAJO EL Nº 497 (I)

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 2
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 artículo 14
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