Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221367.htm
Timestamp: 2019-03-21 20:01:31+00:00

Document:
201209-Sala Civil-1-367
Auto Supremo: 367/2012
Expediente: T-24-12-S
Partes: Ministerio Público c/Álvaro Waldemar de la Vega Aban (menor)
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Álvaro Waldemar De La Vega Aban de fs. 150 a 152 vlta., impugnando el Auto de Vista N° 77/2012, pronunciado por la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso Infraccional seguido por el Ministerio Público contra el menor Álvaro Waldemar De La Vega Aban, los antecedentes del proceso y:
Que, tramitada la causa mediante Juicio Oral el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Yacuiba en suplencia legal del Juzgado de Partido de Familia y del Menor, emitió la Sentencia de fecha 25 de abril de 2012 cursante de fojas 111 a 115 vlta, declarando Probada la acusación realizada por el Ministerio Público con contra de Álvaro Waldemar De La Vega Aban, imponiendo como medida Socio-Educativa contra el infractor la privación de liberta por el término máximo de 5 años computables desde la Ejecutoria de la Sentencia, sanción que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Oasis de la ciudad de Tarija al no existir otro centro especializado; también se dispuso informe periódicos cada seis meses sobre la conducta y el desarrollo observado por el menor en dicha institución, obligándole a la realización de actividades académicas por parte del adolescente así como un tratamiento profesional o terapéutico para elevar la autoestima del mismo, recomendado por los informes psico-sociales.
Recurrida la Sentencia mediante apelación por Álvaro Waldemar De La Vega Aban y por Verónica Angélica Farell Soruco encargada de la Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Dependiente del Gobierno Municipal Autónomo de Yacuiba, la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista N° 77/2012 de fecha 13 de junio de 2012, cursante de fojas 133 a 138 vlta, confirma en todas sus partes la Sentencia impugnada.
Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesta por parte de Álvaro Waldemar De La Vega Aban, que se analiza.
Acusó la violación del debido proceso, indicando que el art. 303 del Código Niña, Niño y Adolescente exige que el Ministerio Público debe informar al Juez de la iniciación de la investigación a un menor dentro de las 8 horas, en el caso el fiscal puso en conocimiento después de varios días.
De la misma forma indicó la ilegalidad de las actuaciones policiales violando lo normado por el art. 273 num. 2) del C.N.N. y A. que indica en la diligencias de Policía judicial deben estar dirigidas por el fiscal, hecho que no ocurrió en la causa.
Por otro lado acusó la violación al Principio de Credibilidad indicando que existe contradicciones en las declaraciones de los policías al igual que de la directora del colegio; acusó también la violación del Principio de Inimputabilidad al indicar que en la Sentencia se razona que el menor es culpable hecho que contraviene a la inimputabilidad de los menores; de la misma forma acusó la violación a la presunción de inocencia mencionando que el Juez se base en un aspecto percibido por el Juez en la conducta del adolescente y no sobre pruebas objetivas.
Continuo acusando la valoración de prueba prohibida mencionado que la sustancia controlada encontrada fue manipulada por la Directora del Colegio antes que llegara los miembros de la policía.
Indicó que nunca se probo que el adolescente estaría comercializando las sustancia controlada y que en ningún momento se demostró que el dinero con el cual fue encontrado correspondiera a la comercialización de las drogas, mas al contrario se ha evidenciado que era proveniente de la asistencia familiar que le pasa su padre, mencionando además que no existe capacidad intelectual suficiente para comercializar por su minoría de edad.
Que se habría vulnerado el principio del plazo legal de duración del proceso establecido en le art. 319 del C. N. N. y A. que indica que debe ser en un plazo máximo de 60 días y que el proceso ha durando mas de seis meses en un aproximado de 178 días si se cuenta la vacación judicial.
Peticiona finalmente solicita que se revise la Sentencia y los fundamentos expuestos y se Anule la misma por haber convalidado Defectos Absolutos por estar fundada en apreciaciones subjetivas que vulneran el Principio de Inocencia, indicando que la conducta no se adecua al tipo penal; también solicito que en su caso de case el Auto de Vista en atención a las normas constitucionales y procesales del Código de Procedimiento Penal y de conformidad al art. 413 del Procedimiento Penal solicita la anulación total de la Sentencia dictada por errónea aplicación de la ley y por las infracciones denunciadas.
Con los antecedentes revisados y verificados, para entrar en contexto debemos realizar precisiones que son importantes para establecer el cumplimiento o no de normas vigentes de protección al menor, siendo que esa es la condición del presunto infractor.
Al respecto corresponde establecer en principio, cuál la naturaleza jurídica de las infracciones atribuibles a adolescentes inimputables.
En ese contexto debemos precisar lo que se entiende por imputabilidad e inimputabilidad; entendiendo por el primero que, es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar sus actos a esa comprensión. Es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible en sus manos las consecuencias de su acto, para lo cual debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad, siendo éste un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. De manera que quien carece de estas capacidades, bien por no tener la aptitud de discernimiento y comprensión o la madurez suficiente (edad), no pueden ser responsables penalmente de sus actos, pues no tienen capacidad de entender y querer al momento de cometer algún acto punible, en consecuencia resultan inimputables.
En la mayoría de las legislaciones se sostiene que los menores de cierta edad, son inimputables, esto es que carecen de la facultad de comprender la norma y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.
En nuestro ordenamiento jurídico, conforme dispone el art. 5 del Código Penal, la ley penal se aplica a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 16 años; es decir, que son ellos (los mayores de 16 años) quienes por la edad son considerados como imputables; en cambio, los menores de esa edad son considerados inimputables; es decir, que respecto a ellos no es aplicable la ley penal.
Cuando se dice que los menores de 16 años son inimputables, se quiere decir que no son punibles, en otras palabras, que respecto de ellos el Estado no está habilitado para ejercer el derecho de persecución penal (ius puniendi). En consecuencia, la comisión de hechos previstos por la ley penal (infracciones) no le son reprochables penalmente, aunque con ello, no se desconoce el disvalor de su conducta y las consecuencias que en ámbito social pudieran generar.
En ese sentido, el art. 221 del Código Niño, Niña y Adolescente, considera como "infracción" y no como "delito" a la conducta tipificada en la ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social. El art. 222 del citado Código, establece que la responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos desde los 12 años hasta los 16 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales, siendo pasibles a las medidas socio-educativas señaladas en ese Código.
Teniendo en cuenta el carácter eminentemente protector de las disposiciones de la niñez y adolescencia, corresponde precisar que la conducta de los adolescentes inimputables que cometen un acto tipificado en leyes penales, debe ser tratado como infracción y no como un delito, debiendo darse en consecuencia esa interpretación a aquellas normas que, aunque utilicen inadecuadamente el término delito, sin embargo su significación es el de infracción.
De lo expuesto, se concluye que el adolescente comprendido entre 12 y 16 años es inimputable y respecto a él no es aplicable la ley penal.
Dentro del marco conceptual anterior, hay que considerar que el tratamiento jurídico de los adolescentes inimputables que gozan del reconocimiento de la dignidad y de todos los derechos que le son inherentes conforme establecen la Constitución Política del Estado, el Código del Niño, Niña y Adolescente y los Convenios Internacionales, debe sujetarse a normas especializadas, tomando en cuenta: 1) El carácter eminentemente protector y educativo del tratamiento de los adolescentes inimputables que cometen infracciones; 2) Que las infracciones cometidas por los adolescentes inimputables no corresponden al ámbito penal; 3) La especialidad de los tribunales competentes para conocer los casos infraccionales, especialidad que debe traducirse no solo en la competencia del juzgador, sino en las normas de procesamiento y de ejecución.
En ese sentido, corresponde analizar si en la sustanciación de la presente causa, el tratamiento jurídico del adolescente Alvaro Waldemar De La Vega Aban respondió a las condiciones precedentemente descritas, a fin de establecer la corrección o no de su procesamiento.
Con lo expuesto corresponde enfocarse al caso de autos, con el advertido que el menor presunto infractor a la fecha de la probable comisión de los hechos, contaba con la edad de quince años. De la revisión de antecedentes se evidencia errores inadmisibles, en que se incurrieron desde el inicio mismo del procesamiento del adolescente. En principio nos referimos a la investigación del hecho denunciado que se inicio a denuncia de la Directora del Colegio Gral. Manuel Belgrano a objeto de verificar una sustancia blanquecina, hecho suscitado el 18 de octubre de 2011 a horas 19:30; al día siguiente, en presencia de la madre del menor, de sus compañeros de colegio y la Directora de la U.E. Gral Manuel Belgrano, junto a la Encargada de la Defensoría de la Niñez de Yacuiba, a horas 10:00 am, se realizo el examen narco test de la sustancia blanquecina que se encontraba en el interior de 6 sobres de papel multicolor donde dio resultado positivo para cocaína y se procedió al secuestro de dicha sustancia controlada. En fecha 21 de octubre del mismo año, a horas 17:00 pm. prestaron su declaración los menores, en presencia del Dr. Alberto Castillo de la D.N.N.A. y del Dr. Rubén Rivera abogado defensor y a horas 17:30 se realizo el pesaje de la sustancia controlada la misma que asciende a un total de 02 gramos de cocaina en estado seco, luego se determino que el menor infractor Alvaro Waldemar De La Vega Aban fue plenamente identificado como "autor del delito penal de Tráfico de Sustancias Controladas", tipificado en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en virtud de ser él quien se encontraba en posesión de la sustancia controlada en su billetera junto a una "cantidad considerable de dinero" (Bs.400.-).
Toda esta investigación empezó desde el 18 de octubre de 2011 y el día 21 de octubre del mismo año; se estableció que el menor Alvaro Waldemar De La Vega Aban era el autor de delito penal de Tráfico de Sustancias Controladas y por memorial de fecha 28 de octubre de 2001 recién se informó al Juez de la Niñez y Adolescencia, luego de 10 días desde la denuncia presentada por la directora y 7 días desde que se determino al infractor; hecho que contraviene a lo establecido por el art. 303 del Código Niño, Niña y Adolescente.
Si bien en aplicación de los arts. 303 y 307 del Código Niño, Niña y Adolescente reconoce que es labor del Fiscal de la Niñez y Adolescencia; una vez recibida la denuncia o información fehaciente sobre la comisión de una infracción, imprimir con la debida celeridad la investigación correspondiente, empero la misma en ningún caso puede exceder de siete días, salvo en caso de excepcional complejidad, en cuyo caso el Fiscal o el querellante solicitaran al juez la ampliación del plazo, el mismo que no podrá exceder de 7 días, debiendo realizarse con la debida celeridad la investigación, en consecuencia dentro de ese término finalizar la investigación fiscal en alguna de las formas previstas por el art. 310 del Código Niño, Niña y Adolescente.
En el caso de autos, al margen de la indebida "imputación penal", la acusación como acto conclusivo de la investigación, se presentó fuera del plazo previsto en el art. 307 del Código Niño, Niña y Adolescente y a través de dicho actuado el Ministerio Público formalizó acusación por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en contra de Alvaro Waldemar De La Vega Aban. Llama la atención de este Tribunal, una vez más, la inadecuada aplicación de los términos penales en contra del adolescente inimputable, lo que evidencia que en los actos realizados por el Ministerio Público se aplicó respecto al supuesto infractor, la ley penal, sin tomar en cuenta una vez más su consideración de inimputable. Lo referido, se hace más evidente cuando de la lectura de la acusación se evidencia que el Ministerio Público presentó dicho acto en aplicación de los arts. 301 inc. 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, corroborando la aplicación indebida de las leyes penales (sustantiva y adjetiva) en relación a un adolescente inimputable; cuando lo correcto era proceder conforme prevé el art. 303 y sgtes del Código Niño, Niña y Adolescente.
De la misma forma, llama la atención en Sentencia que el Juez A quo al fundamentar su resolución, realiza aplicando fríamente la ley penal y no así lo dispuesto en el Código Niño, Niña y Adolescente que en su art. 317, que nos enseña que el Juez en el momento de dictar resolución tiene que observar "1. La respuesta que se dé a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y necesidades del adolescente y a la gravedad de la infracción. En todo caso se considerará preferentemente el interés superior del adolescente; 2. Las Restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible; 3. Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por este Código y siempre que no haya otra medida mas adecuada por aplicarse", artículo que no ha sido aplicado por el Juez A quo quien se limito a sancionar al menor con la pena máxima que impone el Código Niño, Niña y Adolescente como si fuese la comisión de una infracción de mayor relevancia y trascendencia, aspecto ciertamente que contraviene a la posición proteccionista que se debe tener al conocer estos tipos de infracciones que son cometidos por adolescentes, quienes necesitan de la protección no solo de las instituciones sociales encargadas de proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes, sino de parte de toda la sociedad quienes somos los llamados a encaminar las conductas infracciónales que se presenta en nuestra juventud, por otro lado el juez A quo al indicar que "...el adolescente no contaba con incapacidad psicológica o física que le convierta en una persona inimputable, en la materia en concreto al momento del hecho, ser menor de 15 años de edad tiene capacidad de culpabilidad", fundamento que, ciertamente contraviene al concepto de inimputabilidad que hemos desarrollado líneas arriba y que daña el espíritu mismo del Código Niño, Niña y Adolescente, como ley protectora y sancionadora de los adolescentes.
Por otro lado, en estricta sujeción a lo normado en el art. 319 del Código Niño, Niña y Adolescente que a la letra indica "El plazo máximo e improrrogable para la conclusión del proceso será de treinta días, estando el adolescente interno privado de su libertad y gozando de libertad será de sesenta días", en la litis el adolescente Alvaro Waldemar De La Vega Aban, se encontraba en libertad, dicho aspecto limitaba al ministerio público y al juez A quo a realizar el proceso en el plazo máximo de sesenta días y de la revisión de obrados, la acusación fue interpuesta por el Fiscal el 18 de noviembre de 2011 y la Sentencia que puso fin al proceso fue del 25 de abril del año 2012, luego de trascurridos 5 meses y 7 días, aspecto que vulnera lo establecido en el mencionado artículo.
Finalmente se encuentra el hecho que el adolescente Alvaro Waldemar De La Vega Aban sea quien de manera directa interponga el recurso de apelación, al igual que el recurso de casación en procura de su defensa, aspecto que llama la atención, en virtud a que debió nombrarse tutor Ad litem, quien represente en todo el proceso y en todas sus instancias al menor y no dejarsele sólo y desprotegido legalmente, luego de ser dictada la sentencia; por otro lado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras instituciones Estatales, son las encargadas de velar sobre el interés superior del niño, niña y adolescente aspecto que en la tramitación del proceso no fueron parte esencial en la defensa de los derechos del infractor, solamente se limitaron a presentar memorial de apelación que cursa de fs. 120 a 122 en contra de la referida Sentencia y luego que el Tribunal de alzada dictamino el Auto de Vista, no presentaron recurso alguno, dejando en completa indefensión al adolescente infractor.
Sensiblemente las afectaciones al debido proceso se hicieron evidentes, en la tramitación de la presente causa, vulnerando totalmente lo estipulado y lo dispuesto en el Código Niño, Niña y Adolescente y la Constitución Política del Estado Plurinacional que en su art. 23 parágrafo II, indica "Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad."
Estas infracciones que fueron reclamadas como defectos absolutos ciertamente atentan al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del adolescente inimputable, aspecto que el Tribunal de alzada, ante el planteamiento de la apelación y remisión de antecedentes en Ad quem, tenía el deber ineludible de verificar los mismos y establecer si se había cumplido la normativa legal correspondiente en tratándose de infracciones que interesan al orden público y vician de nulidad del proceso en total perjuicio de un menor de edad inimputable, empero el Tribunal Ad quem lejos de efectuar ese control jurisdiccional para enmendar y subsanar el procedimiento, no obstante de verificar que en el caso se debió aplicar obligatoriamente el procedimiento previsto por la Ley Nº 2026 y no limitarse a confirmar una Sentencia realmente injusta y fuera del contexto de lo establecido en el art. 317 del Código Niño, Niña y Adolescente, consolidando así las graves infracciones que se cometieron desde el inicio mismo de la investigación, haciendo tortuoso el caso y sensiblemente contrario a los derechos y garantías de un menor inimputable.
Concluyendo, se indica que desde la inadecuada imputación penal, la realización de juicio, la dictación de la Sentencia, la aplicación de la pena, la concesión del recurso de apelación y la emisión del Auto de Vista, no se adecuaron a las previsiones especiales de procesamiento contempladas en el Código Niño, Niña y Adolescente, por el contrario la tramitación de la causa, al margen de esas normas, lesionó el derecho a la integridad y dignidad del adolescente infractor, lesiones que no pueden ser convalidadas por este Tribunal Supremo de Justicia, que en resguardo de la protección integral del adolescente inimputable, debe disponer la nulidad de todo lo obrado, a fin de que el proceso se sustancie en resguardo de los derechos del supuesto infractor.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fecha agosto del 2012 y en aplicación de lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,ANULA obrados hasta el decreto de fecha 23 de noviembre de 2011, de fs. 19 vlta y se dispone que el juez, atendiendo lo dispuesto en el presente Auto Supremo, ordene que el Ministerio Público adecue su acusación conforme a derecho.
No siendo excusable el error, se impone multa de dos días de haber, tanto para el A quo como para el Tribunal de Alzada, al efecto comuníquese la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera.

References: Resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 42
 artículo 252
 resolución