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Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. TÍTULO VII. Organización (Vigente hasta el 01 de Julio de 2008).
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Vigente hasta el 01 de Julio de 2008).
Vigencia desde 01 de Enero de 2003. Esta revisión vigente desde 26 de Junio de 2008 hasta 01 de Julio de 2008
Título VIIOrganización
Administraciones competentes En el desarrollo de las actividades reguladas en la presente ley entenderán específicamente los órganos pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma y a las administraciones locales.
Capítulo IIÓrganos urbanísticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la letra m) del número 1 del apartado 9.º de la O [GALICIA] 6 marzo 2003 sobre delegación de competencias en el secretario general y en otros órganos de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda («D.O.G.» 12 marzo), se delega en el director general de Urbanismo el ejercicio de todas las demás competencias y funciones que en materia de ordenación, planificación y disciplina urbanística tenga atribuidas el conselleiro por la Ley 9/2002, y por el Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por Decreto 28/1999, de 21 de enero, excepto las de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico y las de propuesta al Consello de la Xunta de Galicia.
Órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma 1. Son órganos de la Comunidad Autónoma con competencia urbanística:
a) El Consello de la Xunta.
b) El conselleiro competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
c) El director general competente en materia de urbanismo.
d) La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
2. Son organismos públicos con competencias urbanísticas:
a) La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en materia de disciplina urbanística, adscrita a la consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
b) El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en materia de gestión urbanística.
3. Los órganos urbanísticos de la Xunta de Galicia podrán delegar el ejercicio de sus competencias en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y su presidente, y la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística 1. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística es un ente público de naturaleza consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios y plena autonomía en el cumplimiento de sus funciones, para el desarrollo en común por la Administración autonómica y los municipios que voluntariamente se integren en la misma de las funciones de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo y el desempeño de cuantas otras competencias le asignen sus estatutos.
g) Asumirá, de conformidad con sus estatutos, el ejercicio de la potestad sancionadora y de reposición de la legalidad en el ámbito de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según lo establecido en la legislación aplicable en materia de costas.
Letra g) del número 4 del artículo 226 introducida por el apartado 3.º de la Disposición Adicional 3.ª de la Ley [GALICIA] 6/2007, 11 mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia («D.O.G.» 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2007
8. El personal al servicio de la agencia estará integrado por funcionarios públicos.
Artículo 226 redactado por el apartado 1.º del artículo 7 de la Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia («D.O.G.» 31 diciembre).Vigencia: 20 enero 2005
Véase D [GALICIA] 51/2008, 6 marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística («D.O.G.» 27 marzo).
Véase D [GALICIA] 213/2007, 31 octubre, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística («D.O.G.» 16 noviembre).
Competencias 1. A los órganos de la Administración autonómica les corresponden la dirección de la política urbanística, el establecimiento de directrices de ordenación y la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, en los supuestos establecidos en la presente ley.
2. También les corresponde ejercer el control de legalidad sobre la actividad urbanística, la tutela de los intereses supramunicipales y actuar por subrogación en los supuestos previstos en la presente ley.
Capítulo IIIÓrganos urbanísticos en el ámbito local
Competencia de los municipios 1. La competencia urbanística de los municipios comprenderá todas las facultades que, siendo de índole local, no estuvieran expresamente atribuidas por la presente ley a otros organismos.
Específicamente, podrán constituir consorcios mediante convenio en el que podrán participar los órganos de la Administración autonómica, las diputaciones provinciales y los municipios, para el ejercicio en común de competencias urbanísticas, así como para la realización de obras o prestación de servicios públicos.
Sociedades urbanísticas 1. Las entidades locales y los consorcios a que se refiere el artículo anterior podrán constituir sociedades mercantiles de capital íntegramente público o mixtas, exigiéndose en este último caso que el capital público represente, al menos, el 51%.
Incumplimiento de obligaciones 1. Cuando una entidad local incumpliese gravemente las obligaciones que directamente le incumban por disposición de la presente ley o dejase de adoptar las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística, el conselleiro competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio le requerirá su cumplimiento con indicación de plazo, nunca inferior a un mes.
En el supuesto de inactividad o incumplimiento del requerimiento en el plazo indicado, la consellería podrá subrogarse en la correspondiente competencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
2. Si la Administración autonómica ejecuta subsidiariamente las competencias urbanísticas locales, con los requisitos y presupuestos establecidos en la legislación de régimen local, el Consello de la Xunta puede designar, para un plazo concreto, a un gerente, o bien puede transferir las atribuciones necesarias de la corporación municipal a la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, que ha de ejercerlas mediante una comisión especial en la cual ha de tener representación el ayuntamiento.
Competencia de las diputaciones provinciales 1. Las diputaciones provinciales deberán ejercer funciones de asistencia y cooperación con los municipios de la provincia, especialmente con los de menor capacidad económica y de gestión, para colaborar en el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas.
2. También podrán participar en funciones de gestión urbanística en colaboración con el resto de las administraciones con incidencia en el territorio de su provincia.
Capítulo IVJurado de Expropiación de Galicia
Véase D [GALICIA] 223/2005, 16 junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia («D.O.G.» 9 agosto).
Jurado de Expropiación de Galicia 1. El Jurado de Expropiación de Galicia es un órgano colegiado permanente de la Comunidad Autónoma de Galicia especializado en los procedimientos para la fijación del justiprecio en la expropiación forzosa, cuando la administración expropiante sea la Comunidad Autónoma o las entidades locales de su ámbito territorial. Estará adscrito a la consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, actuando en el cumplimiento de sus funciones con plena autonomía funcional y sin estar sometido a instrucciones jerárquicas.
2. La resolución del jurado se adoptará en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de entrada en el registro del expediente completo. De no adoptarse acuerdo en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las reclamaciones por silencio negativo. Sus acuerdos serán siempre motivados y fundamentados en lo que se refiere a los criterios de valoración seguidos para cada uno de los casos en concreto, de conformidad con las disposiciones legales que sean de aplicación. Los actos que dicte el jurado pondrán fin a la vía administrativa.
3. El jurado de expropiación se compone de los siguientes miembros:
- Un asesor jurídico, que deberá pertenecer a la escala de letrados de la Xunta de Galicia.
- Tres vocales pertenecientes al cuerpo facultativo superior al servicio de la Xunta de Galicia.
- Un vocal, a propuesta del conselleiro competente en materia de hacienda.
- Un técnico facultativo superior, del grupo A, a propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
- Un técnico competente en la materia, a propuesta del Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios.
- Tres profesionales libres colegiados competentes en la materia, en representación de los colegios profesionales, dependiendo de la naturaleza de los bienes o derechos objeto de la expropiación.
d) Secretario: un funcionario del cuerpo superior de administración de la Xunta de Galicia, con voz pero sin voto.Reglamentariamente se establecerá la organización, funcionamiento y régimen interior del jurado de expropiación.
Número 3 del artículo 232 redactado por el apartado 2.º del artículo 7 de la Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia («D.O.G.» 31 diciembre).Vigencia: 20 enero 2005
Número 4 del artículo 232 derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia («D.O.G.» 31 diciembre).Vigencia: 20 enero 2005

References: artículo 226

Artículo 226
 artículo 7
 resolución 
 artículo 232
 artículo 7
 artículo 232