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Timestamp: 2019-07-23 16:02:00+00:00

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C-674 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020047425CC-SENTENCIAC674200802/07/2008CC-SENTENCIA_C_674__2008_02/07/2008200474252008Sentencia C-674/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración HUELGA -Su declaratoria como función de la Asamblea General La asamblea general expresa la voluntad general del sindicato y la declaratoria de huelga es una de las funciones más importantes de la organización, por lo que el legislador … se ajustó a los preceptos de la Constitución que regulan el derecho de asociación sindical, a los principios democráticos que rigen la estructura y el funcionamiento de los sindicatos, y al ejercicio legítimo del derecho de huelga y, por lo tanto, no se violaron los artículos 39 y 55 de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. CAUCION PARA GARANTIZAR CORRECTO MANEJO DE FONDOS PERTENECIENTES A SINDICATO -Exigencia a tesorero /CAUCION PARA GARANTIZAR CORRECTO MANEJO DE FONDOS PERTENECIENTES A SINDICATO -Cuantía la establece asamblea general DEPOSITO DE REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS- Requisito con fines de publicidad/ DEPOSITO DE REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS- No es trámite de control previo administrativo DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL- Alcance El núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, lo integran las siguientes atribuciones: i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan; ii) La facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislado; iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) La garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) El derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; y vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical. DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL- Mecanismos de protección/ DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-No es absoluto/ DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-Limitaciones no pueden anular o desnaturalizar su núcleo esencial Tanto de las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad como del artículo 39 de la Constitución se deduce que la protección del derecho a la libertad sindical mediante la consagración de garantías que van desde la no injerencia de las autoridades y de los particulares en ámbitos de autonomía del sindicato, hasta la exigencia de participación efectiva y directa de todos los afiliados en las decisiones trascendentales de la vida sindical que implican la posibilidad legal de limitar esta garantías. El hecho de que la Constitución proteja la libertad sindical no significa que sea imposible establecer restricciones para reducir el alcance de la protección, pues es claro que este derecho puede ser limitado mientras no se haga imposible su ejercicio, se anule o desnaturalice su núcleo esencial. SINDICATO- Principios democráticos constituyen límite razonable y necesario a su autonomía estatutaria y decisoria/ DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL- Restricciones legales son válidas si se dirigen a concretar principios democráticos Los principios democráticos a la libertad, dignidad, igualdad, pluralismo, participación, representación, primacía de la voluntad mayoritaria, respeto por la minoría, prohibición de la arbitrariedad e imparcialidad, entre otros, se proyectan de manera obligatoria en la organización sindical y constituyen un límite razonable y necesario a la autonomía estatutaria y decisoria de los sindicatos. De ahí que, únicamente resultan válidas constitucionalmente las restricciones legales del derecho a la libertad sindical cuando se dirigen a concretar los principios democráticos y, por lo tanto, a exigir la eficacia normativa de la democracia en los sindicatos, en tanto y cuanto se trata de particulares a quienes el constituyente reconoció enorme relevancia para el Estado Social de Derecho y un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad democrática. ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Manifestación por excelencia de la democracia en la organización/ ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Justificación de atribuciones exclusivas La asamblea general es el máximo órgano de las organizaciones sindicales porque agrupa a todos sus afiliados y es el escenario propicio para expresar las ideas que se consideran pertinentes y necesarias para defender los intereses y aspiraciones comunes. Es, entonces, la asamblea la manifestación por excelencia de la democracia en el sindicato. En este sentido, cuando la ley dispone que corresponde exclusivamente a la asamblea del sindicato el cumplimiento de unas funciones y, por lo tanto, excluye la posibilidad de delegarlas a otros de sus órganos, no solamente busca obtener un consenso mayoritario en relación con aspectos fundamentales para el futuro de la organización sindical, sino también garantizar la transparencia en la toma de decisiones porque evita la concentración y el ejercicio arbitrario del poder. De ahí que se justifica entregar a la asamblea, en forma exclusiva, la facultad de adoptar decisiones fundamentales para el futuro de la organización sindical, pues de esta manera se impide que pueda delegar medidas trascendentales a otros órganos que, por su propia naturaleza y lógica de la gestión sindical, no tienen la misma representatividad que la que expresa la unión máxima de sus afiliados. ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Reunión cada seis meses/ ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Validez constitucional de que por ley se disponga un número mínimo de reuniones al año/ AUTONOMIA SINDICAL- No se desconoce por fijación de un mínimo de reuniones de la Asamblea General Si se tiene en cuenta que la asamblea es el órgano máximo de la organización sindical, es lógico inferir que, en aplicación del principio democrático a la participación, la ley puede exigir que los estatutos de la misma permitan la mayor participación posible de sus miembros, por lo que es válido que la ley hubiere limitado la autonomía del sindicato y hubiere regulado el número mínimo de reuniones al año, pues la ley confiere la facultad para determinar un número superior en sus estatutos. De ahí que, esa disposición no desconoce la autonomía sindical para regular el número de reuniones de la asamblea porque, a pesar de que señala un mínimo anual, le deja un margen de libertad importante para que los estatutos señalen más convocatorias al año. En consecuencia, es válido constitucionalmente que la ley hubiere dispuesto que la asamblea general del sindicato se reúna por lo menos cada seis meses. QUORUM DELIBERATORIO EN ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Previsión de la regla de la mayoría absoluta constituye manifestación de aplicación de principios democráticos/ QUORUM DELIBERATORIO EN ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATO- Requisito para el normal funcionamiento y organización de los sindicatos Una manifestación directa y clara de la aplicación de los principios democráticos en el seno de las organizaciones privadas con relevancia social es la aplicación de la mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones importantes para el futuro de la colectividad. L a mayoría que representa la mitad más uno de los afiliados es la más adecuada para preservar los principios democráticos en el sindicato, con mayor razón si se tiene claro que el quórum deliberatorio es un requisito mínimo indispensable para el normal funcionamiento y organización de los sindicatos. Referencia: expedientes D-7138 y D-7140 (acumulados)
Martha Sofía Cabana | Ramón Arellano BarriosCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemandas de inconstitucionalidad contra los artículos 370, 376, 385, 386 y 387 del Código Sustantivo del Trabajo.D7138Identificadores20020047426true55833Versión original20047426Identificadores
Norma demandada: Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 370, 376, 385, 386 y 387 del Código Sustantivo del Trabajo.
SentenciaC-674/08
La asamblea general expresa la voluntad general del sindicato y la declaratoria de huelga es una de las funciones más importantes de la organización, por lo queel legislador … se ajustó a los preceptos de la Constitución que regulan el derecho de asociación sindical, a los principios democráticos que rigen la estructura y el funcionamiento de los sindicatos, y al ejercicio legítimo del derecho de huelga y, por lo tanto, no se violaron los artículos 39 y 55 de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T.
DEPOSITO DEREFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-Requisito con fines de publicidad/DEPOSITO DEREFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-No es trámite de control previo administrativo
DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-Mecanismosde protección/DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-No es absoluto/DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-Limitaciones no pueden anular o desnaturalizar su núcleo esencial
La asamblea general es el máximo órgano de las organizaciones sindicales porque agrupa a todos sus afiliados y es el escenario propicio para expresar las ideas que se consideran pertinentes y necesarias para defender los intereses y aspiraciones comunes. Es, entonces, la asamblea la manifestación por excelencia de la democracia en el sindicato.En este sentido, cuando la ley dispone que corresponde exclusivamente a la asamblea del sindicato el cumplimiento de unas funciones y, por lo tanto, excluye la posibilidad de delegarlas a otros de sus órganos, no solamente busca obtener un consenso mayoritario en relación con aspectos fundamentales para el futuro de la organización sindical, sino también garantizar la transparencia en la toma de decisiones porque evita la concentración y el ejercicio arbitrario del poder. De ahí que se justifica entregar a la asamblea, en forma exclusiva, la facultad de adoptar decisiones fundamentales para el futuro de la organización sindical, pues de esta manera se impide que pueda delegar medidas trascendentales a otros órganos que, por su propia naturaleza y lógica de la gestión sindical, no tienen la misma representatividad que la que expresa la unión máxima de sus afiliados.
"ARTICULO 370. VALIDEZ DE LA MODIFICACION. Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
ARTICULO 387. REPRESENTACION DE LOS SOCIOS EN LA ASAMBLEA. Cuando por la naturaleza misma de las actividades o profesión de los afiliados, o por la distribución geográfica o el excesivo número de ellos, resulte impracticable lo dispuesto en el artículo anterior, pueden admitirse en los estatutos otros sistemas que garanticen la representación de los afiliados en la asamblea."
2.Las demandas
De igual forma, la demanda sostiene que la norma acusada vulnera el artículo 3 del Convenio 87 de la O.I.T., según el cual las organizaciones de trabajadores tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos en forma autónoma y libre de injerencia de terceros y del Estado, por lo que ordena que "Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal". Contrario a ello, al condicionar la validez de las reformas de los estatutos del sindicato al depósito en el Ministerio del Trabajo, es evidente que la norma acusada constituye una injerencia indebida de las autoridades públicas en el funcionamiento de la organización sindical, más aún cuando su función no sólo tiene fines de registro y publicidad frente a terceros, sino también es un requisito para materializar las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Con base en lo anterior, concluyó que "el parlamento se extralimitó en ejercicio de su poder legislativo, en cuantoestablece una prefiguración en la forma interna de los organismos, en otros términos, establece un formato en el cual se deben mover los sindicatos para determinar su figura interna", lo cual resulta irrazonable si se tiene en cuenta que la Constitución y los Tratados Internacionales consagran que corresponde a los mismos sindicatos determinar su forma de organización interna.
Finalmente, los actores aclaran que tampoco podría sostenerse que la intervención del Estado en la estructura interna del sindicato sea un instrumento para exigir el desarrollo los principios democráticos, en tanto que la asamblea general puede señalar pautas para conseguir el desarrollo de los mismos, por lo que constituye una "decisión del sindicato mismo determinar la forma que considere más adecuada para su organización interna, atendiendo a otros criterios como son el número de afiliados, el lugar de estos, la misma estructura de la o las empresas en que se encuentran sus afiliados". En consecuencia, únicamente corresponde a los sindicalizados organizar el sindicato y hacer efectivos los principios democráticos, pues debe considerarse a la "asamblea general como una forma democrática y razonable del ejercicio de la democracia".
Para el actor, el artículo 39 de la Constitución consagra como garantía fundamental para la constitución y permanencia de las asociaciones sindicales la autonomía y la no injerencia del Estado en la creación y gestión administrativa y financiera de los sindicatos. Ahora, el hecho de que la Carta imponga el sometimiento de estas asociaciones al orden legal y a los principios democráticos, no significa que el legislador puede regular en forma arbitraria esas limitaciones, pues como lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia C-201 de 2001, "el marco regulatorio expedido por el legislador debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de tales organizaciones".
A juicio del demandante, el artículo 386 del Código Sustantivo del Trabajo vulnera el núcleo esencial de la libertad sindical, puesto que impone un quórum decisorio específico sin el cual ninguna decisión será válida. De hecho, la Constitución otorga libertad de organización sindical, con lo cual debía permitirse que el sindicato escoja el sistema que considera pertinente para la toma de decisiones y las funciones de la Asamblea General. Agrega que la limitación no es razonable, puesto que no es "necesaria, mínima, indispensable y proporcionada a la finalidad que se persigue", en los términos de la Sentencia C-797 de 2000.
3.Intervenciones
Respecto del artículo 370 del Estatuto del Trabajo solicita que la Corte declare la inexequibilidad de la expresión "Ninguna modificación de los Estatutos tiene validez" y la exequibilidad de la expresión "ni comenzará a regir, mientras no se efectúe el depósito por parte de la organización sindical", en el entendido de que hace referencia a la oponibilidad de los estatutos a terceros. Ello, por cuanto, a su juicio, el principio de la no injerencia de las autoridades públicas en las organizaciones sindicales a que hacen referencia los artículos 39 de la Carta Política y el Convenio 87 de la O.I.T, se traduce en que la organización sindical, que ya cuenta con un reconocimiento jurídico del Estado, puede modificar sus propios Estatutos sin que pueda condicionarse su validez al registro en el Ministerio de Trabajo. Por este motivo, desde el momento en que la reforma sea aprobada, ésta deber tener plenos efectos entre los miembros de la organización. En este mismo orden de ideas, sólo un juez de la República y no una autoridad administrativa debe ser el competente para analizar la legalidad de una reforma estatutaria.
No obstante lo anterior, el interviniente señala que no puede sostenerse lo mismo frente a la oponibilidad de las reformas a terceros. En efecto, según su criterio, para ese efecto, es razonable que la ley exija el registro de la reforma estatutaria ante el Ministerio de la Protección Social. Es por ello que la expresión "ni comenzará a regir, mientras no se efectúe el depósito por parte de la organización sindical", debe condicionarse en el entendido que el registro es necesario sólo para la oponibilidad de la reforma frente a terceros.
En cuanto al artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, el interviniente señala que la expresión "exclusiva" debe declararse inexequible, puesto que resulta contrario al derecho a la autonomía sindical que se imponga que las decisiones que ahí se señalan sean tomadas únicamente por la Asamblea General, como quiera que resulta una injerencia arbitraria del Estado porque le quita a los estatutos la posibilidad de adoptar su propia organización interna. El actor recuerda que este artículo ya ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, en Sentencias C-271 de 1999 y C-797 de 2000.
Iguales consideraciones presenta para solicitar la inexequibilidad del artículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo y de la expresión "que no será inferior a la mitad más uno (1) de los afiliados; además, solamente se computarán los votos de los socios presentes", contenida en el artículo 386 de esa misma normativa.
Finalmente, respecto del artículo 387 resalta que la expresión "Cuando por la naturaleza misma de las actividades o profesión de los afiliados, o por la distribución geográfica o el excesivo número de ellos, resulte impracticable lo dispuesto en el artículo anterior" desconoce el Convenio 87 de la O.I.T, al inmiscuirse en asuntos de la libertad de organización de los sindicatos. De igual manera, dijo que los Convenios 087 y 098 sobre Libertad Sindical hacen parte del derecho internacional imperativo, que los pueblos y Estados consideran obligatorios y que no pueden ser modificados por los ordenamientos internos de cada Estado. En consecuencia, hacen parte del bloque de constitucionalidad, tal y como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2005.
De la misma manera, considera que la consagración de la obligación de reunión semestral de la Asamblea General, contenida en el artículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo, busca una mayor democratización de las actividades sindicales, y que éstas no sean convocadas solamente por decisión unilateral de la Junta Directiva o del Presidente. Así, afirma que "el peligro que se corre es que al no consagrarse también un mínimo respecto a la periocidad de las reuniones de la Asamblea, es que en determinadas condiciones el grueso de los afiliados sindicales puede verse excluido de cualquier posibilidad de deliberación y decisión". En consecuencia, considera razonable que la ley fije un mínimo de asistencia de todos los sindicalizados para la toma de decisiones de su organización, pues "son aspectos de alguna manera adjetivos que en nada conculcan los temas privativos de la autonomía sindical"
Para el interviniente, el principio de no injerencia en la actividades de las organizaciones sindicales consagrado en el Convenio 87 de la O.I.T., no debe interpretarse como el deber de absoluta inactividad del Estado o "inacción forzada de las autoridades" frente al desarrollo de las mismas, puesto que, incluso, sólo en ciertos casos excepcionales, la ausencia total de intervención del Estado es la única vía para preservar la autonomía sindical. De hecho, recuerda que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. ha señalado que el Estado puede imponer requisitos formales a los sindicatos.
En relación con el artículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo, el ciudadano manifiesta que aunque la primera lectura el Convenio 87 de la O.I.T. permitiría concluir que se prohíbe cualquier intervención de las autoridades, su interpretación detallada muestra que las limitaciones vedadas son solamente aquellas que limiten el derecho o entorpezcan el ejercicio legal del sindicato. De hecho, en el Informe 27, Caso No. 159 del Comité de Libertad Sindical, se aclara que "una legislación que reglamenta minuciosamente los procedimientos electorales internos (…), es incompatible con las garantías reconocidas a los sindicatos por el Convenio núm. 87 (…) sin embargo, de una manera general, las leyes que reglamentan la frecuencia de las elecciones (…) no ponen en tela de juicio los principio". Por ello, el ciudadano concluye que la norma impugnada está acorde con el Convenio 87 de la O.I.T.
En cuanto a la validez del artículo 386 del Estatuto del Trabajo, el interviniente concluye que debe ser declarado exequible en el entendido que "la mayoría allí prevista se exigirá solamente cuando en el orden del día se traten asuntos que afecten la existencia misma del sindicato o su estructura". Lo anterior, porque, a su juicio, el Estado no puede imponer una mayoría absoluta como regla de actuación válida en la Asamblea General, de lo contrario podría desconocerse la autonomía sindical. Para sustentar su conclusión, citó el Informe del Comité de Libertad Sindical en el caso 179, en el cual se lee que "cuando se trata de asuntos básicos que se refieren a la existencia y estructura de un sindicato y a los derechos esenciales de sus miembros, la reglamentación legal de las mayorías que deben adoptar las decisiones respectivas no implica una intervención de las autoridades contraria al Convenio"
De la misma manera, solicita se declare la constitucionalidad condicionada del artículo 387 y se "permita a las organizaciones de trabajadores identificar otras situaciones en razón de las cuales pueda admitirse otros sistemas que garanticen la representación de los afiliados a la Asamblea", por cuanto a pesar de que se ajusta plenamente al Convenio 87 de la O.I.T. el hecho de que se admita que la organización sindical puede establecer otros sistemas para garantizar la representación de los trabajadores, sí resulta contrario al instrumento internacional que se les impida identificar otras razones válidas adicionales en cuyos casos se aplicarían los "otros sistemas", puesto que "ello equivale a vaciar de contenido la libertad sindical".
4.Concepto del Ministerio Público
2. En primer lugar, la Sala encuentra que en sentencia C-271 de 1999, esta Corporación resolvió declarar "EXEQUIBLESla expresión "la votación de la huelga en los casos de la ley y", contenida en el inciso primero del artículo 376 del C.S.T., asi como la locución "optar por la declaratoria de huelga o", que hace parte del parágrafo de la misma disposición"
En esa oportunidad, esta Corporación concluyó que si se tiene en cuenta que la asamblea general expresa la voluntad general del sindicato y la declaratoria de huelga es una de las funciones más importantes de la organización, "el legislador … se ajustó a los preceptos de la Constitución que regulan el derecho de asociación sindical, a los principios democráticos que rigen la estructura y el funcionamiento de los sindicatos, y al ejercicio legítimo del derecho de huelga" y, por lo tanto, no se violaron los artículos 39 y 55 de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T.
3. Igualmente, en sentencia C-797 de 2000, la Corte resolvió declarar "EXEQUIBLE la expresión 'la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos" contenida en el art. 376 del C.S.T. y EXEQUIBLE en forma condicionada, como se expresa en la consideración 3.2.3, la expresión "la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual mas alto", del mismo artículo". Y, de otra parte, decidió "DeclararINEXEQUIBLE el parágrafo del art. 376 del C.S.T".
Para adoptar esas decisiones, la Corte consideró que, a partir de la interpretación del artículo 39 de la Constitución y el Convenio 87 de la O.I.T., i) es razonable que la ley exija una caución al tesorero de los sindicatos y que su cuantía sea determinada por la asamblea porque de esa manera se garantiza el adecuado y correcto manejo del patrimonio de dichas organizaciones; ii) es válido constitucionalmente que la ley hubiere conferido a la asamblea la facultad para asignar los sueldos a los empleados del sindicato, "pues como órgano supremo de la administración es normal que tenga [esa] competencia",con la que se busca evitar que se tomen decisiones arbitrarias; iii) "es irracional,en la forma como esta concebida, la norma del mismo art. 376, según la cual, la asamblea debe aprobar "todo gasto mayor de un equivalente a 10 veces el salario mínimo mas alto", porque ello puede atentar contra la eficacia y la eficiencia administrativas, en la medida en que dado lo ínfimo de dicha cuantía será necesario reunir frecuentemente a la asamblea general, cuando se requiera realizar asi sea en forma urgente un gasto que supere la aludida cifra, con los consiguientes inconvenientes para el buen funcionamiento administrativo. En tales circunstancias, con el fin de superar los problemas que pueden derivarse de la aplicación estricta de la referida norma, la Corte la declarará exequible bajo el entendido de que corresponde a la asamblea la aprobación de todo gasto que supere la cuantía mencionada, siempre que no este contemplado en el presupuesto"; iv) el parágrafo del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo es contrario a la Constitución porque "corresponde a las organizaciones sindicales en forma autónoma definir lo relativo a la representación".
4. Eso muestra que, mediante sentencias definitivas previas, esta Corporación confrontó varios apartes contenidos en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo con los artículos 39 de la Constitución y 3º del Convenio 87 de la O.I.T., expresiones normativas que nuevamente se acusan infringidas porque hacen parte del artículo ahora impugnado, por lo que es evidente que respecto de las expresiones "la determinación de la cuantía de la caución del tesorero", "la asignación de los sueldos", "la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual mas alto" y "la votación de la huelga en los casos de la ley y", del artículo 376, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que impide un nuevo pronunciamiento de fondo, por lo que la Sala se estará a lo resuelto en las sentencias C-271 de 1999 y C-797 de 2000.
5. De otra parte, en reciente oportunidad, esta Corporación estudió la constitucionalidad del artículo 370 del Estatuto del Trabajo, que es la norma ahora demandada y, mediante sentencia C-465 del 15 de mayo de 2008, resolvió declarar su exequibilidad, por el cargo analizado, "en el entendido de que le depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma".
Demanda en debida forma y principiopro actione
Especialmente, en cuanto a este último requisito, la Corte ha explicado que el cargo de inconstitucionalidad"no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que éstas sean 'claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[1]. Así, el cargo es claro cuando se presentan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. Los motivos de impugnación son ciertos cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existente[2], y no sobre una deducida por el actor, o implícita[3]. Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, pues "el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales' que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan"[4].
En efecto, el artículo 39 superior consagra los principios generales de libertad para la creación y permanencia de las asociaciones sindicales y el de autonomía de los sindicatos en su organización, composición, estructura, pluralismo, gestión administrativa y financiera. Esta autonomía se concreta en formas precisas de libertad, tales como las señaladas en el artículo 3º del Convenio 087 de la O.I.T., según el cual las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen autonomía para "redactar sus estatutos y reglamentos administrativos", los derechos a "elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración", y a organizar sus "actividades y el de formular su programa de acción". Para proteger esos derechos, el instrumento internacional reafirma la garantía de autonomía del sindicato y la prohibición del Estado de interferir arbitrariamente en las decisiones sindicales por cuanto "las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".
12. Como se aprecia en el artículo 39 superior, el Constituyente limitó la libertad sindical, al señalar que "la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos". En el mismo sentido, al interior de la Organización Internacional del Trabajo se ha entendido que la garantía de libertad sindical no es absoluta, pues el artículo 8º del Convenio 87 dispone que "Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, los mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad"… de todas maneras aclara que "la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio".
Igualmente, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a asociarse con otras para fundar sindicatos, afiliarse a ellos y proteger sus intereses. Y, el numeral 2º de esa disposición declara que el ejercicio de ese derecho "sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".
a) el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y Desarrollo de la libertad sindical mediante el control de la O.I.T.No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
c) el derecho de los sindicatos afuncionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país" (negrillas fuera del texto original)
vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical."[15]
17. En este sentido, el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T.[22] ha declarado que "un movimiento sindical realmente libre e independiente sólo puede desarrollarse dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales" [23] (párrafo 35) y que "las únicas limitaciones a los derechos enunciados en el artículo 3 del Convenio No. 87 que eventualmente se podrían admitir deberían circunscribirse a asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento sindical" (párrafo 452). En este mismo sentido, el Comité dijo que "los principios enunciados en el artículo 3º del Convenio No. 87 no impiden el control de la actividad interna de un sindicato si esta viola disposiciones legales o estatutos. Pero es importante que el control de las actividades internas de un sindicato y la adaptación de medidas de suspensión o disolución queden en manos de las autoridades judiciales, no solo para garantizar un proceso imparcial y objetivo y para asegurar los derechos de defensa (que solo puede ser garantizado plenamente por un proceso judicial normal), sino también para evitar el peligro de que las medidas adoptadas por las autoridades administrativas parezcan arbitrarias" (párrafo 453).
De hecho, la Corte ha dicho, por ejemplo, que "la igualdad, la pluralidad y la participación se destacan entre los principios democráticos a los cuales debe sujetarse la estructura y el funcionamiento de los sindicatos"[24]. Igualmente, señaló que, en aras de hacer efectiva la aplicación del principio democrático en las organizaciones sindicales, era indispensable aplicar el principio de primacía de la voluntad de la mayoría[25] y que la participación de todos los miembros del sindicato interesados en la toma de una decisión, "es tal vez el más importante de los 'principios democráticos"[26]. Ciertamente, de los contenidos importantes del derecho de asociación sindical en el seno de una sociedad democrática se encuentra el derecho de los afiliados a participar en la toma de decisiones trascendentales de la organización y a que su voto tenga la validez de disidencia o de construcción de la mayoría para que, de manera directa o por intermedio de sus representantes, se ejecuten las actividades dirigidas a defender los intereses comunes, por lo que es natural que los representantes sindicales sólo puedan expresar la voluntad colectiva y no la individual que apenas lo identifica como afiliado.
20. En cuanto alartículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene que los demandantes lo consideran contrario a los artículos 39 de la Constitución y 3º del Convenio 87 de la O.I.T., puesto que, a su juicio, la ley desconoce la autonomía estatutaria del sindicato para determinar las funciones de la asamblea general y cuáles de ellas pueden o no ser delegadas a otros órganos del sindicato. Como el cargo formulado es bastante concreto, la Sala se limitará a analizar si la ley violó la autonomía sindical, contenida en las disposiciones que se consideran infringidas, al señalar actuaciones que únicamente corresponden a la asamblea del sindicato y no puede delegarse a otros órganos del mismo.
23. Respecto delartículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo impugnado, la Sala encuentra que es válido constitucionalmente que la ley hubiere dispuesto que la asamblea general del sindicato debe reunirse por lo menos cada seis meses, por las siguientes razones:
24. En cuanto alos artículos 386 y 387 del Estatuto del Trabajo, según los cuales, la asamblea general del sindicato debe deliberar con un quórum que no podrá ser inferior a la mitad más uno de los afiliados, para lo cual sólo se computarán los votos de los socios presentes y, en caso de que esa regla resulte impracticable, se admite que los estatutos determinen otros sistemas que garanticen la representación de los afiliados en la asamblea.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-465 de 2008, por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cargo analizado, "en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma".
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-271 de 1999 y C-797 de 2000, por medio de las cuales la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las expresiones "la votación de la huelga en los casos de la ley y" , "la determinación de la cuantía de la caución del tesorero", "la asignación de los sueldos" y "la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual mas alto", contenidas en el artículo 376 del Código Sustantivo del trabajo.
Estarse a lo resuelto (Sentencia C-465 de 2008 ) Artículo 370 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible con la excepción ... (salvo los apartes ya fallados en la sentencia C-271 de 1999 y C-797 de 2000 ) Artículo 376 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible por los cargos analizados Artículo 385 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible por los cargos analizados Artículo 386 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible por los cargos analizados Artículo 387 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Estarse a lo resuelto ... Artículo 370 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Estarse a lo resuelto ... (las expresiones ) Artículo 376 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible (expresión ) Artículo 376 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible Artículo 385 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible Artículo 386 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible Artículo 387 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
DEPOSITO DEREFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-Requisito con fines de acopio de información y expedición de certificaciones sobre su contenido/REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-Efectos (Aclaración de voto)
La Corteconsidera que la publicación en el Diario Oficial debe entenderse cumplida a partir del pago de los derechos correspondientes, como se aplica para otras publicaciones en dicho medio, particularmente en materia de contratación estatal.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto al presente fallo, mediante el cual se decide en el ordinal primero, estarse a lo resuelto en la sentencia C-465 de 2008, "por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cargo analizado, "en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma".

References: artículo 39
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 386
 artículo 370
 artículo 376
 artículo 385
 artículo 386
 artículo 387
 artículo 385
 artículo 385
 artículo 386
 artículo 387
 artículo 376
 artículo 39
 artículo 376
 artículo 376
 artículo 376
 artículo 370
 artículo 39
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 370
 artículo 376
 Artículo 370
 Artículo 376
 Artículo 385
 Artículo 386
 Artículo 387
 Artículo 370
 Artículo 376
 Artículo 376
 Artículo 385
 Artículo 386
 Artículo 387
 artículo 370