Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020529.htm
Timestamp: 2020-03-30 09:17:14+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 29 Mayo 2002
Normalidad suprema
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 29 Mayo 2002
La suerte de Otegi
CARLOS DÁVILA ABC 29 Mayo 2002
Editorial El Mundo 29 Mayo 2002
Aleix Vidal-Quadras La Razón 29 Mayo 2002
TONIA ETXARRI El Correo 29 Mayo 2002
La huelga general del felipismo judicial
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 29 Mayo 2002
Aznar se pregunta cómo explicar la decisión del Supremo a una víctima de ETA
RUBEN AMON. CARMEN GURRUCHAGA El Mundo 29 Mayo 2002
Detenido en Mondragón el director de auditoría de Caja Laboral por su presunta colaboración con ETA
AGENCIAS SAN SEBASTIAN El Correo 29 Mayo 2002
La oposición dice que la AVL está politizada porque no se opone al requisito lingüístico
Raquel P. Ejerique - Valencia.- La Razón 29 Mayo 2002
Es normal que en un Tribunal, por muy Supremo que sea o precisamente porque lo es, cuyo magistrado estrella es un defraudador fiscal contumaz, un sujeto que después de haberse descubierto que engaña a Hacienda desde hace más de una década y cobra de dos Estados uno en quiebra, pero al que exprime sirviendo teóricamente al otro, pero a su manera , tres jueces se nieguen a aplicar la ley vigente para perseguir los delitos de terrorismo establecidos por el Código Penal. Es lógico que en una Sala donde ejerce ese juez que se atrevió a jibarizar el caso Filesa, el de financiación ilícita de un partido político, el PSOE, que lo ha promovido desde las alcantarillas del peronismo en Argentina hasta las alturas del Supremo en España, ese juez no vaciló en echar de la carrera judicial al juez Liaño por interpretar que tenía intención de prevaricar en un caso que ni siquiera llegó a instruir sobre la financiación presuntamente irregular de los negocios de Polanco, haya jueces que se atrevan a declarar paladinamente en una sentencia que se niegan a aplicar las leyes votadas por el Poder Legislativo.Es normal que un Tribunal donde no se ha querido juzgar a un ex presidente del Gobierno por su relación con los crímenes de los GAL (sí a sus ministros y de ahí para abajo) y donde hasta se le ha evitado la declaración pública como testigo en ese asunto para no «estigmatizarlo» ante sus votantes (doctrina del juez estrella, fulminador de Liaño, perdonador de Filesa, de Polanco y de sí mismo), tres jueces o más hagan lo que les dé la gana, diga lo que diga la ley y contra la ley. Normal.
Es normal que un grupo de jueces agrupados en función de su ideología izquierdista, identificados medularmente con el partido político que los promociona y con el grupo mediático que los legitima, llegue a rebelarse contra el Gobierno de la nación para no cumplir el decreto de indulto de ese juez en el que quisieron escarmentar a cuantos discutan su poder. Y es normal que quienes no dudan en negar las más elementales funciones del Ejecutivo, como el indulto, hagan ahora otro tanto con el Legislativo en asunto tan grave como es la persecución legal del terrorismo, a la que ellos se niegan pese a reconocer que la ley vigente así lo impone.Y es que ellos son la ley y prefieren la jurisprudencia dictada años atrás por otros magistrados de su misma cuerda, aunque ya no sea ley. Porque lo propio de este poder dentro del Poder Judicial, de estos jueces de la izquierda pro domo sua, no es aplicar la ley sino interpretarla hasta que coincida con lo que ellos consideran Justicia, que es, simplemente, lo que les conviene. La ley es en sus manos sólo barro para moldear la criatura jurídico política que en cada caso les conviene. El felipismo, muerto en las urnas, declara la guerra al Ejecutivo y al Legislativo, su Poder Judicial le sigue y sus jueces se proclaman ley fuera de la ley. Normal, sí. Pero incompatible con la democracia. Como el terrorismo.
Por CARLOS DÁVILA ABC 29 Mayo 2002
Otegi tiene suerte en la España que tanto odia. Cinco causas judiciales, cinco, le han sido favorables hasta ahora. La última, promovida nada menos que por la Fiscalía General de Estado, le ha dado el «placet» para que en el futuro siga ovacionando a ETA, la banda que -¿lo recuerdan los jueces del Supremo?- ha asesinado en España a casi novecientas personas.
Un artilugio legal discutible en opinión de muchísimos juristas, ha permitido al trío del Supremo, con el «progresista», ¡cómo no!, Perfecto Andrés Ibáñez de ponente, distinguir entre «terrorismo» y «apología del terrorismo», y eso dedicado a un personaje que estuvo en ETA, que guarda íntimas relaciones con los criminales, y que en un cierto momento de su actividad en ese inhumano ejército de asesinos se permitió el gran lujo de llevar sus ideas al cañón de la pistola, y si no que se lo pregunten al diputado Gabriel Cisneros Laborda.
Otegi odia a España y se aprovecha miserablemente de ella. De ella, de su estupidez, de esta democracia blanda siempre con complejo -¿hasta cuándo?- de legitimidad, y de unos jueces que, me da la gana escribirlo así, se la cogen con papel de fumar a la hora de condenar a personajes como este repugnante sujeto al que ha amparado el Supremo. Pero estos tres jueces melindrosos no son la excepción; forman parte de una serie de magistrados garantistas que o no colaboran como debe ser en la lucha de la sociedad entera contra el terror o, más personalmente, sienten algún pavor a sentirse vigilados, como por ejemplo su colega de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por los matarifes de la banda. Acatar la resolución del Supremo no es sinónimo de aguantarse con el bodrio en cuestión.«Se acata porque no hay otro remedio; ¿quién ha dicho que la martingala legal de estos jueces no sea discutible?.
Ahora queda para el fiscal un recurso en súplica -nunca mejor aplicado el término- para que los magistrados caigan en la cuenta de lo que han hecho, lo que no parece probable. Los legos más que suplicar debemos implorar; implorar a estos valerosos ejecutivos de la Justicia para que se avengan a reconsiderar una decisión que causa estupor al sentido común, y que posee un fondo muy preocupante porque, en efecto, con autos como el que ha protegido a Otegi. La Ley de Partidos Políticos tiene escaso porvenir, de lo cual Otegi, ETA y también el PNV, se alegrarán en el alma.
El Supremo ha archivado la querella de la Fiscalía General del Estado contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, que dio vivas a ETA (bien que con una fórmula sinuosa) en un mitin celebrado en Francia. La resolución no discute que la expresión empleada (Gora Euskadi Ta Askatasuna, denominación de la organización ETA) pueda incurrir en un delito de apología del terrorismo, pero entiende que no es propiamente un acto de terrorismo, por lo que no entraría entre los delitos sobre los que tiene jurisdicción la justicia española cuando se cometan en otro Estado. La argumentación tiene lógica jurídica, aunque implica aplicar un criterio discutible.
Para que el argumento cuadre es necesario salvar la objeción de que el delito de apología, reformado en diciembre de 2000, figura en una sección del Código Penal titulada 'De los delitos de terrorismo'. Es defendible el criterio que considera delitos de terrorismo a todos los hechos incluidos en esa sección del Código Penal. Pero no puede rechazarse con carácter absoluto el principio que conduce a la Sala de lo Penal a diferenciar entre actos de terrorismo y el 'enaltecimiento o justificación' de los mismos (el código dice: 'De los delitos comprendidos entre los artículos 571 y 577'). El Supremo se ha atenido a esta segunda interpretación para deducir que la expresión empleada por Otegi en un mitin de San Juan de Luz (Francia) no constituye un delito de terrorismo estricto, por lo que resuelve que no puede considerársele comprendido entre los supuestos excepcionales de jurisdicción sobre delitos cometidos fuera de España.
El archivo se justifica, por tanto, por esa circunstancia geográfica y no porque la Sala cuestione el carácter delictivo de la expresión. Es evidente que no es lo mismo gritar 'viva Euskadi independiente', por ejemplo, que 'viva ETA'. Porque ETA se dedica a matar y extorsionar, luego enaltecer a esa organización equivale a justificar el asesinato y supone una ofensa adicional a las víctimas: no hay diferencia entre gritar 'viva ETA' y 'ETA, mátalos'. Y en ambos casos se trata de un delito, según el Código Penal vigente.
Dilucidar si se trata de un delito estricto de terrorismo, perseguible de oficio al margen del lugar en el que se haya cometido, o de apología del terrorismo es algo que corresponde a los jueces. Carece de sentido, por ello, que el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia se escandalicen por la resolución y pongan en duda la determinación de algunos jueces en la lucha contra el terrorismo. No se trata de una exculpación, aunque el tribunal haya resuelto que el delito no reviste la gravedad exigible para asumir la competencia de juzgarlo al haberse cometido en otro país.
Cuando Arnaldo Otegi lanzó un inequívoco viva a Eta el pasado 31 de marzo en San Juan de Luz, al otro lado de la frontera, sabía muy bien lo que hacía. En primer lugar, la frase Gora Euskadi ta Askatasuna admite una interpretación obvia, la de la manifestación de adhesión y apoyo a una banda criminal, pero en estrictos términos semánticos también se puede escuchar como una llamada a la libertad del País Vasco, lo que obviamente no exige sanción penal. Por tanto, la primera barrera de protección jurídica en caso de ser objeto de una querella se la proporcionaba la ambivalencia del grito en cuestión. ¿Apología del terrorismo o eslogan patriótico? Todos los que estaban presentes fueron conscientes de que la intención de Otegi era la de jalear a un grupo de asesinos para animarles a seguir matando, incluso los magistrados del Tribunal Supremo que han archivado la iniciativa del fiscal lo saben, pero en un Estado de Derecho y en una sala de justicia no basta la certeza fuera de duda de que un hecho se ha producido, hay que probarlo asimismo sin dejar resquicio ni escapatoria.
El segundo blindaje legal de la repugnante invocación estribaba en haber sido lanzada fuera del territorio nacional, con lo que la acusación debía ser obligadamente de terrorismo y no de apología del mismo. Ahora bien, tal como señala fríamente el Supremo, la exaltación verbal del terrorismo no es en sí terrorismo, ya que de lo contrario se produciría una cadena interminable de apologías sucesivas carente de lógica en el marco de la ley. Y así, en aplicación estricta del ordenamiento vigente, el responsable máximo de la filial institucional de Eta ha escapado impune a su reprobable actuación. Este tipo de incidentes revela un aspecto de la personalidad de los militantes del ultranacionalismo vasco violento que merece ser comprendido en toda su dimensión. No se trata solamente de su profunda degradación moral al considerar que la política puede hacerse con bombas, no hay que limitarse a contemplar la irracionalidad demente de una doctrina que denuncia la tiranía en uno de los contextos más democráticos y garantistas del planeta, no hemos de horrorizarnos únicamente con la vesania de gentes capaces de mutilar, torturar y aniquilar a niños, mujeres y jubilados; debemos captar más allá.
Incluso la acción más inhumana puede ser perpetrada con diferentes grados de crueldad y en esta voluntad deliberada de mofarse de la sociedad a la que somete a vejación continua, en este deseo demoníaco de reírse de las víctimas, en este placer sádico de añadir el escarnio a la carnicería, emerge con siniestra luz la verdadera naturaleza del llamado Movimiento Nacional Vasco de Liberación. Nos ha tocado en negra suerte enfrentarnos a uno de los peores fenómenos de ejercicio del mal que ha conocido la historia de la humanidad. Sea bienvenida la Ley de Partidos y cuanto antes se aplique, mejor.
Visto lo visto, no se comprende que Batasuna quiera separarse de España y de Francia cuando Arnaldo Otegi, por ejemplo, puede beneficiarse de las leyes del país vecino, tan centralizador y jacobino, cuando quiere jalear a ETA y quedarse tan tranquilo. Son las ventajas jurídicas que tiene ir a desahogarse a orillas del Adour porque, en este caso, como el territorio es francés a todos los efectos, el portavoz de Batasuna se ha salvado de pasar un trago judicial.
La cuestión es bastante sencilla, a pesar del revuelo que se ha organizado. Pero cuando la opinión pública y algunos de los partidos democráticos no entienden la resolución de los tribunales (otra cosa es que la compartan o no) tiene el mismo efecto que la receta de un médico que, por mucho que se empeñe el farmacéutico en releer la ilegible caligrafía, no logra descifrarla. Algo similar ha ocurrido con la resolución del Tribunal Supremo, por parte del ponente Perfecto Andrés, con fama de puntilloso y perfeccionista, que se ha hecho un lío a la hora de explicar la apología de la apología .
Para empezar, hay que situar el problema: Otegi actuó en Francia. Hay que considerar, además, de qué se juzga, quién juzga. Si Otegi fuera un ciudadano francés, en base al Convenio Europeo de extradición sobre terrorismo, reformado en Schengen, podría ser procesado en España, con la aplicación del Código Penal . (Las denuncias de apología de terrorismo contra Batasuna, sin embargo, casi nunca han prosperado). Pero se trata de un ciudadano español (a efectos de esa justicia que le beneficia), que se ha desahogado en Francia, hay que aplicar las leyes francesas. Y Francia se rige por el Convenio Europeo de represión del terrorismo que no contempla el delito de apología.
Hay que reconocer, pues, que el Supremo, no es que haya malinterpretado la ley, es que no puede interpretar las normas del país vecino y, por lo tanto, su resolución, jurídicamente, es coherente. Otra cosa es que el PP aproveche cualquier expresión susceptible de delito, aunque luego sea difícil de encauzar en el campo judicial. Seguramente se hablará de ello en el foro convocado por Ibarretxe aunque no esté en el orden del día, porque el lehendakari no tiene inconveniente en acotar el diálogo. Mayor Oreja querrá que conste en acta su disposición a ilegalizar Batasuna. López se mostrará a favor de la reforma de la Ley de Partidos y pedirá la creación de otra mesa con agentes educativos y culturales porque, después de la experiencia de estos dos meses, se ha demostrado que se dialoga más en los foros en los que no está Batasuna que en el Parlamento. Balza pedirá la ampliación de la Ertzaintza.
Teniendo en cuenta que en Llodio y Pasaia ya han aprobado la moción de Eudel y los alcaldes de Batasuna siguen en su sitio, tal como predijeron los nacionalistas mientras la oposición entendía otra cosa, lo mejor será que los acuerdos del viernes queden por escrito. No vaya a ser que luego cada partido cuente la feria a su manera.
Son demasiadas coincidencias. Son muchas semejanzas. Son obvias las concomitancias. A nadie se le ocultan las directrices. Y seguramente sólo este Gobierno envanecido, atontado y casi idiotizado por la mayoría absoluta puede llegar a creer que no tienen nada que ver la rebelión de ciertos sectores judiciales contra el indulto de Liaño, el cierre de filas a favor de los tres jueces de la Sala Cuarta de la Audiencia en el caso del “narco volador” y, ahora, la rebelión abierta, descarada, de una sala segunda del Supremo típicamente progresista –con Perfecto Andrés Ibáñez, el amigo perfecto de los Auger, Pradera y demás selecta compañía– contra la nueva legislación antiterrorista, que está en las antípodas de la política anti-PP, anti consenso y de vuelta al pacto con el PNV promovida por González y Polanco y cuya primera víctima fue Redondo Terreros.
En realidad, el felipismo judicial está en huelga general política desde hace bastante tiempo. Todo el caso Liaño, desde su inicua condena hasta su resistido indulto, ha sido una rebelión en toda regla, bien que sorda o no siempre clara, contra el Gobierno de Aznar. Pero es ahora, después de que el PSOE haya roto la baraja y se haya lanzado detrás de los sindicatos a una huelga general que es política de cabo a rabo, cuando cobra toda su importancia la trinchera judicial que el Gobierno creyó desmantelada o desactivada con el Pacto para la Justicia. No lo está. Y más bien parece que del mismo modo que una parte del PSOE vota en el Congreso la Ley de Partidos para ilegalizar al brazo político de ETA, otra parte del PSOE, el núcleo duro felipista, está dispuesto a boicotear esa misma Ley de Partidos. En resumen, que la izquierda, siguiendo su línea tradicional, está dispuesta a combinar las formas de lucha dentro y fuera de la Ley para llegar al poder. Quizás porque, como dice el himno de Sendero Luminoso, izquierda entre las izquierdas, “salvo el poder, todo es ilusión”. O porque, en realidad, el felipismo no ha abandonado nunca del todo el poder. El Gobierno, sí. El Poder, jamás.
Acebes: «No caben interpretaciones, dar vivas a los terroristas es un delito de terrorismo» Sólo el PNV alaba al Alto Tribunal por «hilar muy fino» al desestimar la querella contra Otegi
ROMA / MADRID. El presidente del Gobierno, José María Aznar, que asistió ayer en Roma a la cumbre conciliatoria de Rusia y la OTAN, no pudo evitar comentar la sentencia del Supremo que considera un delito de opinión los vivas de Otegi a ETA. «¿Cómo le explico yo a una víctima del terrorismo que ese comportamiento no es apología del terrorismo sino un delito de opinión?», se preguntó.
Aznar manifestó su «respeto a la decisión de la Justicia, aunque no la pueda compartir». «Espero que tengamos más fortuna en la difícil lucha contra el terrorismo con la comprensión de todos», añadió. Aznar, que inicialmente había rechazado pronunciarse sobre la resolución, aclaró que sus críticas «no implican ningún reproche al comportamiento de la Justicia en el frente terrorista».De hecho, consideró «extraordinariamente positivo» el modo en que el poder judicial reacciona en los asuntos de ETA.
En términos parecidos habló Angel Acebes, quien quiso dejar claro que el Código Penal dice sin lugar a dudas que «dar vivas a una organización terrorista, es terrorismo». «No es un problema de interpretación: está, y está adecuadamente».
El titular de Justicia e impulsor de la reforma del Código Penal para las penas de terrorismo en el año 2000, también destacó que sus comentarios están hechos «desde el respeto y el acatamiento a las resoluciones judiciales».
Esta afirmación no fue obstáculo para manifestar que, en un Estado de Derecho cada uno de los tres poderes tiene su propia responsabilidad.En este caso concreto, recordó que «el Ejecutivo ha cumplido con la suya, al tomar la iniciativa y presentar las reformas del Código Penal, y el Legislativo, también, al haberlas aprobado».
Acebes aseguró que no considera la sentencia del Supremo sea un revés político para él. Por el contrario, aseguró que en las mismas circunstancias, volvería a plantear la iniciativa para reformar el Código Penal, porque para él es un error considerar que sólo es terrorista quien está en un comando operativo que pone la bomba o dispara. «Quien lo financia, quien le proporciona miembros o con su actitud genera terror o miedo» es terrorista, «como recogió el Código Penal», indicó. «A mí me parece que también son terroristas aquellos que rinden homenajes, que dan vivas, que reparten en sus actos las banderas y las amenazas de terroristas, que tienen en su partido político cientos de miembros de los comandos operativos», añadió.
Finalmente, negó que esta resolución tenga relación alguna con la Ley de Partidos. Además, la sentencia del Supremo le sirvió para justificar la necesidad de esta norma «porque esta sentencia demuestra que el Código Penal no es suficiente para ilegalizar una formación política». Por eso, el Gobierno del PP confía más «en la vía democrática administrativa» que es la que dictamina si un partido, en su práctica política, se ajusta al comportamiento democrático de un Estado de Derecho.
Por contra, el Ejecutivo de Vitoria formado por PNV, EA e IU dijo «coincidir» con la resolución del Tribunal Supremo según expuso ayer su portavoz, Josu Jon Imaz, quien explicó que demuestra algo que «ha venido manteniendo el Gobierno vasco, que la exaltación de un delito no es equivalente a la comisión de ese delito».En su opinión, terroristas son «aquellos que practican la violencia, los que asesinan, extorsionan, amenazan».
El portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, opinó que el Supremo «ha hilado muy fino» para distinguir que «una cosa es el delito de opinión y otra cosa el delito de terrorismo».«Si el Supremo ha dicho que la apología del terrorismo no es delito de terrorismo, pues bien dicho está», añadió.
Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, reconoció que la decisión le había dado «rabia». Agregó: «Los magistrados deberían dejar de ser tan divinos y ser más humanos, y estar más con la sociedad española porque estamos de ETA hasta el moño, deseosos de acabar con ellos».
Subrayó que ésta es una tarea para la que son necesarias «todas las manos, incluso la de esos tres magistrados que probablemente estén tan protegidos por escoltas como estamos los demás».
El arrestado es Ignacio María Mallagaray Cortázar y se le relaciona con el entramado financiero de la banda terrorista
La Policía ha detenido este mediodía en la localidad guipuzcoana de Mondragón al director del departamento de auditoría interna de la Caja Laboral Popular, entidad financiera del Grupo Mondragón Corporación Cooperativa, Ignacio María Mallagaray Cortázar, por su presunta relación con el entramado financiero de ETA.
La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, es continuación de la realizada el pasado mes de abril, en la que se establecía la utilización de la red de herriko tabernas de Batasuna como parte del sistema financiero al servicio de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN, informó el Ministerio del Interior.
En esa ocasión, la Policía detuvo a once personas en el País Vasco y Navarra, miembros de Batasuna y de otras organizaciones del conglomerado de ETA, a las que se acusó de integración en banda armada y, más concretamente, en sus entramados de financiación.
En la operación de hoy los agentes practicaron cuatro registros: uno en las instalaciones de la sede central de la Caja Laboral Popular en Arrasate-Mondragón, otros dos en la sede común de la herriko taberna "Izar Gorri Kultur Alkartea" y de la sociedad anónima "Askalde" de Mallabia (Vizcaya), así como en el domicilio del dirigente de la entidad financiera, ubicado también en esta localidad.
Al parecer, según fuentes jurídicas, Mallagaray presidía la citada herriko taberna y su misión era sobre todo informar a clientes de la Caja Laboral de que algún juzgado había ordenado investigar sus cuentas, por lo que les aconsejaba que retiraran el dinero u otra opción para evitar el control.
Gestiones para ETA
Interior matizó que el detenido podría haber utilizado su cargo como máximo responsable de la auditoría interna de la Caja Laboral, departamento desde el que se gestionan los diversos requerimientos que la autoridad judicial dirige a dicha entidad y que tienen relación con ETA-KAS-EKIN, para alertar a los implicados del interés judicial y policial sobre sus personas o bienes.
Además, establecía los mecanismos precisos para tratar de hacer ineficaz cualquier acción legal contra los mismos, como cancelación de cuentas o utilización de personas interpuestas. En los registros practicados se han intervenido diversos soportes documentales e informáticos para su posterior estudio y análisis.
El pasado mes de abril, la Policía asestó un duro golpe al entramado financiero de ETA, que, según las investigaciones, blanqueó dinero procedente del cobro del impuesto revolucionario y de los rescates por secuestros en empresas que creó en el exterior.
Entre los once detenidos en esa ocasión figuraban Jon Gorrotxategi, considerado el tesorero de Batasuna; Joseba Mikel Garmedia Albarracín, miembro de la Comisión Ejecutiva de Udalbiltza; y Rufino Echeverría Arbelaiz, histórico miembro de la Mesa Nacional de HB, promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen, que supuso un salto cualitativo en la estrategia de ETA-KAS-EKIN, y detenido en 1981 por supuesta pertenencia a ETA.
La Universidad de Valencia sí recurrirá la exclusión de Filología Catalana de esta norma
La reunión del pleno de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) para pronunciarse sobre el requisito lingüístico duró siete horas. Faltó un voto para exigir al Consell que incluya Filología Catalana como acreditación suficiente para eximir de un examen de valenciano y hubo marcadas ausencias de académicos. La reacción de la oposición ha sido inmediata: PSPV y EU criticaron la «influencia del Consell» en la Academia y la «politización» de esta institución lingüística.Por su parte, la presidenta de la AVL declaró en la COPE que «aunque hubo tensión el ambiente es bueno».
La oposición ha mudado su discurso y opinión sobre la Academia Valenciana de la Lengua. Si la semana pasada PSPV y Esquerra Unida celebraban la «autonomía» de la institución, que recomendó al Consell abstenerse de consultas sobre palabras ¬en relación a la lista de palabras «genuinas» que elevó el conseller de Cultura a los académicos¬ ayer el tono de las opiniones fue bien distinto.
El portavoz del PSPV en las Cortes, Ximo Puig, pidió al Gobierno que «deje de influir políticamente en la AVL». El portavoz adjunto de Cultura de Esquerra Unida en las Cortes, Ramón Cardona, afirmó que la institución «reproduce a pequeña escala el conflicto lingüístico creado por el PP porque su composición obedece a criterios políticos».
El objeto de la discordia ha sido la reunión del pleno de la Academia del lunes. En ella se iba a tomar posición sobre el polémico decreto del requisito lingüístico aprobado por el Consell, una norma que establece la obligatoriedad de conocer el valenciano para poder presentarse a la función pública y que excluye la licenciatura de Filología Catalana como acreditación suficiente.
La reunión de la Academia duró siete horas, fue reñida y acabó sin que los académicos exigieran al Consell la inclusión de esta titulación -única reconocida por el Ministerio-. Por un estrecho margen, a falta de un voto (hubo diez a favor, se necesitaban once) y con la marcada ausencia de muchos de los miembros (por enfermedad, indisposición o por no asistencia en vez de 21 miembros había 14), quedó en el tintero la petición, reclamada por la universidad, partidos de la oposición y sindicatos.
La presidenta de la AVL, Ascensión Figueres, declaró en la COPE que «el ambiente en la Academia es bueno, no estamos a bofetadas». Reconoció que hubo tensión y disgusto y que no se pudo llegar a un consenso «y no pasa nada».
Por otro lado, la Universidad de Valencia ¬que imparte Filología Catalana¬ decidió actuar por su cuenta y al día siguiente del pleno de la AVL la Junta de Gobierno decidió pedir un dictamen jurídico para interponer los recursos de reposición como previo a un contencioso administrativo. Tal y como señaló el rector, Francisco Tomás, se van a coordinar con la Universidad de Alicante «para una posterior actuación legal conjunta».
Además se reabrió ayer la polémica entre Emma Iranzo, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el PSPV, que en la reunión le pidió que rectificara «por poner en contra del requisito a algunos alcaldes» castellano hablantes.
Esta replicó que «muchos alcaldes socialistas piden en privado que no se apoye el requisito».

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