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Timestamp: 2018-01-19 13:22:51+00:00

Document:
Tema Derecho a la libertad de tránsito EXP. N.º 5970-2005-PHC/TC
Resolución N. º 05970-2005-HC/TC CONO NORTE DE LIMA
Caso Pedro Emiliano Huayhuas Ccopa PEDRO EMILIANO
SumillaSe precisa que, a excepción de los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público.
HUAYHUAS CCOPA
En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Emiliano Huayhuas Ccopa contra la resolución de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 63, su fecha 14 de julio de 2005, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 10 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los señores Roger Molina Blas, María Elena Carhuachín Benites y Jacinta Fernández Granda, a fin de que se ordene el retiro de los puestos que obstaculizan el libre tránsito hacia su propiedad. Alega que los demandados se encuentran en posesión de la vía pública mediante “puestos” en los cuales expenden diversos productos, los mismos que obstaculizan el ingreso a su propiedad.
Con fecha 13 de junio de 2005, el Juez del Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima ordenó la realización de la investigación sumaria de hábeas corpus. Para tal efecto dispuso que se reciba la declaración indagatoria del demandante y de los demandados; estos últimos hicieron caso omiso no obstante ser debidamente notificados tal como se aprecia de autos (fojas 14 a 16). Con fecha 13 de junio de 2005 se recibió la declaración indagatoria del demandante, Pedro Emiliano Huayhuas Ccopa (fojas 29), quien manifiesta que si bien los demandados no le impiden transitar por el jirón Gregorio VII, cuadra tres, cada uno de ellos tiene un “puesto” instalado frente al portón de su propiedad; y que ello impide que le dé uso como playa de estacionamiento, para lo cual cuenta con la autorización de la Municipalidad respectiva y paga sus arbitrios respectivos, pese a lo cual no puede usar dicho bien inmueble.
Con fecha 13 de junio de 2005, el Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Condevilla (fojas 27), declaró infundada la demanda, argumentando que el derecho fundamental a la libertad de tránsito del demandante no ha sido vulnerado por cuanto, del propio contenido de la demanda y de la declaración del recurrente, se aprecia que el motivo de la interposición de la demanda de hábeas corpus obedece a la necesidad del actor de utilizar el terreno adquirido con fines comerciales, lo cual no tiene nada que ver con la afectación directa del derecho fundamental invocado.
Con fecha 14 de julio de 2005, la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima ( fojas 63), revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, aduciendo que la demanda de hábeas corpus ha sido promovida porque la Municipalidad de San Martín de Porres no efectuó el retiro oportuno de los “puestos” mencionados, por lo que la pretensión del demandante está vinculada con la expectativa de desarrollar una actividad económica y con la dilación del trámite administrativo. En tal sentido, añade, que el motivo de la demanda no está vinculado directamente con un acto u omisión que amenace o vulnere el derecho a la libertad de tránsito.
1. En anterior pronunciamiento (Exp. N.° 2663-2003-HC/TC), este Tribunal ha establecido que el hábeas corpus restringido “(...) se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se la limita en menor grado’. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.”. Entonces, siendo que el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino los casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito.
2. La Constitución en su artículo 2º, inciso 11 (también el artículo 25º, inciso 6 del Código Procesal Constitucional) reconoce el derecho de todas las personas “(...) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. Esta disposición constitucional procura reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio del Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o sea que suponga simplemente salida o egreso del país.
3. El derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse, sin impedimentos, en las vías públicas. No obstante, como ha establecido este Colegiado (Exp. N.º 4453-2004HC/TC), si bien la libertad de tránsito suele manifestarse en el desplazamiento de la persona a través de autopistas, avenidas, calles, veredas, plazas o vías con similar característica, ello no significa que dentro de espacios semiabiertos e, incluso, ámbitos de carácter particular, no puedan darse manifestaciones vinculadas al ejercicio de este derecho.
Límites al derecho a la libertad de tránsito
4. Por otro lado, por mandato expreso de la propia Constitución, el derecho a la libertad de tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su ejercicio (Exp. N.º 2876-2005-PHC/TC). Dichas restricciones, por de pronto, pueden ser de dos clases: explícitas o implícitas. Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente).
5. El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso del que tal juzgador tiene conocimiento. No es, pues, que el derecho se restrinja por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales.
6. El segundo supuesto, mucho más explicable, y obvio, desde que el derecho de locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, supone que quien, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la Ley de Extranjería. La justificación de ello se sustenta en que si bien los derechos fundamentales son reconocidos universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, puede hacer distingos entre quienes forman parte del mismo (del Estado) y aquellos otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, no es que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en el territorio o no poseen la nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de obligatorio cumplimiento a efectos de viabilizar el goce de dichos atributos. Supuesto similar ocurre en el ámbito de loa derechos políticos, donde el Estado se reserva el reconocimiento y la obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente de los nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad.
7. El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente justificada. Como resulta evidente, por razones de sanidad también puede ser restringido el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o grave enfermedad que se detecte en determinada zona o sector del territorio del país. En tales circunstancias, la restricción del derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar.
8. Un cuarto supuesto explícito, aunque este último de naturaleza extraordinaria, se relaciona con las situaciones excepcionales que la misma norma constitucional contempla bajo la forma de estados de emergencia o de sitio y que suelen encontrarse asociados a causas de extrema necesidad o grave alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que es posible limitar en cierta medida el ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales es el derecho de tránsito o de locomoción. En dicho contexto, lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los que propende el régimen excepcional, para cuyo efecto ha de estarse a lo determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad.
9. Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su delimitación, aunque no por ello carecen de base constitucional. Se trata, en tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer.
10. Del mismo modo como se ha procedido en anterior oportunidad (Exp. N.º 3482-2005-HC/TC), conviene precisar que en el hábeas corpus restringido, si bien no se origina en una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar resulte un asunto de mera constatación empírica. Por el contrario, en estos casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle lo que se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta. Ello por el imperativo de tutelar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)
11. Según consta en el acta de constatación de fecha 13 de junio de 2005 (fojas 19), los “puestos” de los demandados obstaculizan totalmente el ingreso a la propiedad del demandante. “El 301 de la Calle Gregrorio VII está ocupada por puestos de venta de diferentes productos, no hay forma de poder ingresar por esa dirección ni se puede transitar en todo el frontis de la mencionada dirección que está ocupada por puestos comerciales”; lo cual ha sido también señalado oportunamente por el demandante en su declaración de fecha 13 de junio de 2005 (de fojas 25). A mayor abundamiento, el demandante ha aportado vistas fotográficas (de fojas 73 a 75) en las cuales se aprecia que los “puestos” de los demandados están ubicados de tal forma que impiden completamente el ingreso a la propiedad del demandante.
13. En ese sentido, las vías de tránsito público sirven no sólo para permitir el desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de autodeterminación de la persona o el ejercicio de otros derechos fundamentales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.); y como tales, se constituyen en un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de objetivos personales. Sin embargo, siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, puede ser, en determinadas circunstancias, objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); pero cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes jurídicos.
14. En el caso concreto, esa justificación no existe; más aún, los demandados no cuentan con la autorización respectiva de la Municipalidad Distrital del Rímac y se ha ordenado el retiro de la vía pública de los comerciantes informales que se ubican en la cuadra 3 del jirón Gregorio VII, según dispone la Resolución Gerencial N.º 018-2005-GPDEL/MDSMP, de fecha 18 de enero de 2005 (de fojas 20). Ahora, si bien es cierto que los demandados, personal y físicamente, no restringen la libertad de tránsito del demandante, también lo es que, a través de sus “puestos”, le impiden al demandante desplazarse libremente, esto es, entrar y salir, sin impedimentos, de su propiedad. Y es que el derecho a la libertad de tránsito se vulnera no sólo cuando una persona, por sí misma, impide el libre desplazamiento a otra, sino también cuando coloca, injustificadamente, obstáculos materiales que restringen el ejercicio del derecho al libre tránsito. Por ello, el hábeas corpus restringido, como reconoce la doctrina (Sagüés, Néstor Pedro. Derecho procesal constitucional. Hábeas Corpus. Vol. 4. Buenos Aires:Astrea, 2.ª edición actualizada y ampliada, 1988, p. 207), también tutela aquellos supuestos en los cuales se impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio.
1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos.
2. Disponer que don Roger Molina Blas, doña María Elena Carhuachín Benites y doña Jacinta Fernández Granda se abstengan de impedir, a través de sus “puestos” de venta ambulatoria, el libre ingreso y salida del demandante de su propiedad.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 137
 Resolución