Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2016/12/
Timestamp: 2018-02-20 03:47:27+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: diciembre 2016
Hay evidencia para iniciar juicio oral contra Zapata, dice ministra
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, afirmó ayer que hay pruebas suficientes para ingresar a la etapa de juicio oral en contra de Gabriela Zapata y otros acusados por el caso de uso de oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Fiscalía presentó en julio pasado la acusación formal.
"Creemos que hay suficientes elementos de prueba en el cuaderno de investigación para poder entrar ya a una etapa de juicio (...). Lo que estamos esperando en todo caso en la próxima gestión es que avance el juicio oral”, declaró la ministra Valdivia.
Además de Zapata están acusados por este caso: Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, quien está, además, con detención preventiva desde hace 10 meses en el penal de Obrajes; Jimmy Morales, quien era encargado de archivos de dicha entidad, y Wálter Zuleta, quien fue declarado en rebeldía, entre otros.
Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Cesación denegada
El miércoles se desarrolló una audiencia de cesación de detención preventiva de la exgerente comercial de la china CAMC. No obstante, los miembros del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer determinaron rechazar la solicitud del cese de la medida.
La defensa de Zapata presentó un contrato de trabajo en la venta de autopartes y un certificado de buena conducta del centro de reclusión. Al culminar la audiencia, la acusada no quiso responder a ninguna pregunta de la prensa.
Denunciante Lenny Valdivia, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
A juicio Ayer, Valdivia indicó que hay suficientes pruebas para entrar al juicio oral.
Los acusados Gabriela Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales, entre otros.
Delitos Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.
Entrevista: Eduardo León exabogado Caso Zapata 'Es vulgar el actuar de la justicia'
Apunto de cumplir ocho meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro (La Paz) el próximo 12 de enero, sin juicio y menos con acusación formal en su contra, Eduardo León, abogado y exdefensor de Gabriela Zapata, en contacto con El Día, señaló implacable, que seguirá defendiendo su honor y por ello confiesa que no es perseguido sino un preso político. En tanto su esposa, Graciela Mendoza, alista maletas para viajar a Estados Unidos y reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
P. A casi ocho meses de estar detenido ¿cómo se encuentra?
E.L.: Me encuentro recuperando mi salud, tengo recaídas ocasionales porque la enfermedad de base, que es gastritis, no fue completamente tratada debido a la forma en que se interrumpió el tratamiento para trasladarme por la fuerza al penal de San Pedro, donde llevo detenido siete meses
P. ¿Y el proceso cuánto avanzó?
E.L.: A la fecha, pese a haberse superado los plazos procesales no se ha presentado acusación alguna en mi contra. Hemos tomado conocimiento que la Fiscalía, mediante chicanas y artimañas que se usaban en la antigüedad, recién presentó imputación contra Gabriela Zapata, los abogados Zuleta (Wálter) y Sánchez Peña (William), además contra la secretaria de Zuleta. Estos se encuentran prófugos y bajo protección y hasta que se tramite la notificación de estas imputaciones pasarán unos meses más. La Fiscalía no hizo ni hace nada por capturar a los prófugos y ha tenido una conducta complaciente con ellos, que no es de extrañar, porque el actuar de los fiscales es de militante de base y no de un fiscal.
P. ¿Cómo cataloga el actuar de la justicia en su caso?
E.L.: Yo catalogo de vulgar la manera cómo las autoridades atropellan los plazos legales y cuando saben que van a perder o que no tienen un caso, acuden al chantaje. Ellos quieren que los ciudadanos se sometan al procedimiento abreviado creyendo que con ello han logrado establecer la verdad material de los hechos. Por eso es que el actuar de la Fiscalía se resume en ilegal y burda.
P. ¿Qué derechos se han violentado en su contra?
E.L.: Los derechos que se me han violado son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído antes de que se dicte sentencia. Además, se me ha sometido a tortura física y psicológica, se ha violado mi derecho al trabajo, se me ha dado un trato indigno, me han condenado a una muerte civil. Con todo ello, se atentó a mi derecho a la vida y la salud, así como se ha violado mi derecho a la dignidad humana.
P. Su caso cómo califica ¿una acción política o judicial?
E.L.: Es un caso exclusivamente político que no tiene razón jurídica alguna, ya que de atreverse a ir a un juicio llevaremos al estrado a ministros, diputados, senadores y a los propios dignatarios de Estado. Tenemos una estrategia legal apegada a la verdad y honestidad. Frente a una sindicación política y vulgar, está la verdad. Haremos valer en toda instancia legal, nacional e internacional.
P. ¿Sigue en la posición de perseguido político?
E.L.: Yo ya no soy un perseguido político, soy un preso político, porque el gobierno ordenó a empleados del sistema judicial bajarse los pantalones ante sus jefes políticos y han fornicado con el poder político de la manera más deshonesta.
P. ¿Por qué su familia acudirá ante la OEA?
E.L.: Porque en Bolivia no hay justicia alguna y por ello estamos agotando una y varias veces los recursos internos que nos habilita acudir a vías internacionales. Ya tenemos una demanda ante la CIDH, que está pendiente de una resolución. Ahora estamos acudiendo a la OEA, invocando la carta democrática de dicho organismo. Hemos denunciado estos atropellos a embajadas de América y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También a la Iglesia católica y a personalidades influyentes de opinión pública.
P. Como abogado ¿cómo se siente sobre el accionar de sus colegas, hoy fiscales y jueces?
E.L.: Decepcionado, avergonzado y apenado porque esta gente demuestra que son capaces de matar a sus padres por ir a la fiesta de los huerfanitos. Por un empleo pueden destruir familias y el honor de ciudadanos honestos. Pero ellos deben saber que llegará un día en que deberán dar cuenta de sus actos ante la justicia y jamás podrán mirar a los ojos a sus hijos para dar una explicación de sus actos, por lo menos en este caso.
P. ¿Este es el peor momento para su familia?
E.L.: Mi familia está afectada por esta situación, pero fortalecida. Sabemos que soy inocente; que no hice nada en absoluto y eso nos da más fuerza. Muchos me dicen ya no hables, no digas nada, las cosas serán peor. Pero quiero ser muy claro: yo estoy luchando ahora por mi honor y voy a dejar un nombre a mis hijas. Prefiero morir aquí, prefiero un pelotón de fusilamiento a aceptar algo que no hice.
La Fiscalía rechazó en dos oportunidades las denuncias que presentaron la Alcaldía de El Alto y el Ministerio de Transparencia contra el exalcalde Édgar Patana, por el video en el que se lo observa recibiendo un “paquete” entregado por Fanor Nava.
La información fue proporcionada a Erbol por la abogada de Patana, Valquiria Lira, quien, además, sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.
La grabación salió a luz en febrero de 2015 y corresponde a la época en que Nava era alcalde de El Alto y Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR).
La Alcaldía de El Alto y el Ministerio denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.
El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal, Dorian Jiménez, emitió el año pasado la resolución 61/2015, que rechaza las denuncias con el argumento de que no hay suficientes elementos de convicción.
“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado hubiera recibido ‘dinero’, ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que sólo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.
No obstante, Jiménez en su resolución reconoce que no se hizo el peritaje al video.
El Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.
Luego de ello, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, que también rechaza las denuncias. Esta vez, sí se consideró un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico.
ABOGADA: “ES VIDEO ILEGAL”
El fiscal Amílcar Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios, pero el acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el Fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.
Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video —Nava— no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el Fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.
La abogada Lira dijo que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. “Es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.
Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social.
Se posterga el proceso por el caso de las barcazas chinas
El viceministro de Defensa, Luis Fernando Aramayo, informó de que el proceso de recuperación de las 16 barcazas chinas y dos empujadores se ha postergado para 2017, debido a las moras procesales que genera la parte demandante con el objetivo de retrasar el fallo del Tribunal de Asuntos Marítimos de Qingdao (China) para consolidar el derecho sobre estos bienes.
"El problema es que somos dos partes, nosotros y los contrarios, entonces ahí dilatan la situación", indicó Aramayo.
Las barcazas y los empujadores debían ser entregados a fines de 2010; la Empresa Naviera Boliviana pagó casi $us 30 millones por ellas. Las embarcaciones siguen embargadas en un astillero chino/ANF
Gabriela Zapata se presentó hoy ante un juzgado anticorrupción en La Paz, donde se realiza su audiencia de cesación de detención. La exnovia del presidente Evo Morales está detenida preventivamente desde febrero pasado, acusada de varios delitos.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, como es de costumbre, la mujer llegó a instalaciones judiciales; incluso se impidió el paso de periodistas a la sala. La exgerente de la empresa China CAMC se presentó con dos abogados.
Uno de los juristas que la representa acusó a los representantes legales del Gobierno de dilatar el proceso, debido a que aún no inició el juicio en más de 10 meses desde que fue detenida. Existen varios procesos abiertos en su contra, uno por la presentación de un menor como si fuera hijo del primer mandatario.
Zapata es acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, ventajas ilegítimas y uso de bienes del Estado, tras descubrirse que hacía negociados desde oficinas gubernamentales.
El Tribunal de Sentencia I Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer suspendió el jueves la audiencia de cesación a la detención preventiva de Gabriela Zapata, porque faltaba resolver una resolución de apelación, informaron fuentes institucionales.
"Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones", informó el fiscal, Daniel Ayala.
Explicó que se comunicó a la autoridad jurisdiccional que existe una resolución de apelación que presentó la defensa de Zapata y remarcó que mientras no se resuelva ese incidente no se puede vulnerar los alcances de la Sentencia Constitucional 486/2026.
"Esta sentencia constitucional tiene que ver con su pertenencia con relación a una apelación que planteo la señora Zapata", insistió.
Por su parte, Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata negó esa situación e informó que insistirá con la solicitud de cesación de la detención preventiva de su cliente.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” exigen información clara sobre las cuentas que se manejaron en el anterior Fondo de Desarrollo Indígenas Originario Campesino (Fondioc) porque aún no se conoce el informe final de la liquidación de la entidad estatal.
El representante campesino, Heriberto Llanque informó sobre el pronunciamiento de las 20 provincias de La Paz, cuyos representantes exigen un informe detallado del manejo económico que se hizo en proyectos que el sistema de riego, agrícolas, ganaderas y otros debieron beneficiar a los campesinos y no estar en la corrupción.
“Lo que queremos es tener las cuentas claras en el Fondioc, porque no vamos a permitir que se quiera tapar el daño económico al Estado”, afirmó Llanque.
Aseguró que desconocen de los proyectos del Fondioc en favor del departamento de La Paz, los cuales debieron potenciar del desarrollo del departamento, trabajo que no se puede evidenciar porque no hay sistemas de riego o semillas para cultivos alternativos u otros proyectos.
En ese marco, el dirigente pidió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informar sobre la liquidación final del Fondioc, porque la entidad estatal depende de esta Cartera de Estado y que “no es clara” la información para los indígenas.
Los trabajadores campesinos también requieren tener información actual y precisa sobre el trabajo que realiza el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y qué comunidades específicamente se benefician con la ejecución de proyectos.
“Otro punto importante que requerimos saber es el manejo que se dará al nuevo FDI, porque los pobladores no queremos que pase lo mismo que con el Fondioc, la corrupción y que no se beneficien las comunidades campesinas”, afirmó Llanque.
En noviembre, el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara Alta, senador Oscar Ortiz, protestó por el informe del director del FDI, Eugenio Rojas, porque no brindó un informe claro sobre el manejo de la entidad.
“Me quedo inconforme con el informe de Eugenio Rojas, porque lo que quiero saber es el informe final de la liquidación del Fondioc, pero agotaremos los recursos que sean necesarios para conseguir esos documentos”, señaló.
En esa oportunidad, Rojas detalló que de los 1099 proyectos manejados de 2013 al 2015 con un desembolso de 728 millones de bolivianos, 200 son evaluados para definir si continúan o no por lo cual 899 proyectos siguen paralizados por el proceso de auditoría.
Uno de los escándalos de corrupción que data desde 2014 y aún no se esclarece son los supuestos manejos irregulares en varios proyectos del Fondioc. Según informe de la Contraloría General del Estado, hubo un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos, dinero mal manejado por dirigentes de distintos sectores campesinos.
También se conoció un informe preliminar de la liquidadora del Fondioc, Larisa Fuentes, el cual revela el presunto daño económico que asciende a 102 millones de bolivianos y que se recuperaron 20 millones de bolivianos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) postergó hasta el 16 de enero del próximo año la audiencia de medidas cautelares contra el líder opositor de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, debido a la enfermedad de uno de los coprocesados, informó ese partido político.
El proceso se sustancia contra Doria Medina y otros ochos ciudadanos, sindicados por la Fiscalía General del Estado de haber dirigido un crédito estatal a una entidad privada por 22 millones de dólares, otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia a través de un convenio bilateral.
La audiencia fue instalada el pasado miércoles en la ciudad de Sucre, donde los incidentes planteados por los acusados postergaron una determinación de dos magistradas sobre la solicitud de la Fiscalía de enviar en detención preventiva a Doria Medina la cárcel de San Pedro.
Para la Fiscalía, Doria Medina ocasionó un daño económico al Estado al disponer que una entidad privada como Fundapro, canalice el crédito a pequeños productores para la formación de capitales en áreas productivas.
Sin embargo, el principal acusado desvirtuó esa teoría señalando que ese dinero fue devuelto por los beneficiarios y que además, se logró una condonación de 300 millones de dólares de parte de los Estados Unidos en favor de Bolivia.
Doria Medina sostuvo que tanto el juicio por el caso Focas como el de Papeles de Panamá que impulsa la Vicepresidencia, son una pérdida de tiempo para el país y aconsejó concentrar esfuerzos en proyectos sobre la crisis del agua y la crisis económica.
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