Source: https://leonsano.wordpress.com/2017/08/
Timestamp: 2019-03-27 00:20:38+00:00

Document:
agosto | 2017 | leonsano
LOS NIÑOS DE JUANA Y EL ICEBERG.El sistema judicial está oxidado y demuestra la indiferencia al maltrato infantil
de http://ELPAISSEMANAL.elpais.com/columna/rosa-montero-juana-rivas/?id_externo_rsoc=FB_CM
La mujer que huyó con sus pequeños para no entregarlos a su exmarido evidencia que el sistema judicial está oxidado y demuestra la indiferencia al maltrato infantil
NO SÉ QUÉ habrá pasado con el caso de Juana Rivas para cuando salga este artículo (ya saben que tarda quince días en imprimirse). Juana es esa mujer española que huyó con sus niños, de 3 y 11 años, para no tener que entregarlos a su exmarido, un italiano que se los iba a llevar a su país. Que conste que defiendo el derecho de paternidad de los hombres, y que para mí la relación que tienen con sus hijos es tan importante como la de las mujeres. Pero es que ese tipo tiene una sentencia firme por maltratar a Juana. Sé que este caso es tremendamente polémico y que los abogados se están tirando los trastos, es decir, las versiones, a la cabeza. Pero, insisto, él tiene una sentencia por maltrato. ¿Fue injusta? Puede, pero también es cierto que todos los culpables (de este y de otros delitos) suelen declararse inocentes. En cualquier caso, creo que en situaciones así hay que extremar la prudencia, y no ya por los derechos de la mujer o del hombre, sino por los pequeños. Son esos niños quienes deben ser defendidos por la ley ante el menor indicio de sospecha. Y me parece evidente que un maltratador (sea hombre o mujer) debe ser alejado de sus hijos. Según el Convenio de Estambul, el niño se considera víctima de la violencia de género con sólo haber sido testigo de esa violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona.
Sin embargo, un tribunal italiano le dio la patria potestad al padre y condenó a Juana por haberse fugado. Al parecer esta sentencia fue propiciada por la desidia de nuestro sistema judicial: he leído que nunca se llegó a enviar a los jueces italianos la condena por maltrato. En este país nos llenamos la boca hablando de la violencia de género, pero luego el sistema está oxidado, las medidas preventivas no funcionan y terminan pasando cosas como ésta. En lo que va de año, seis niños han sido asesinados por sus padres varones a causa de la violencia de género. Y desde 2013 hasta ahora van contabilizados 22 asesinatos de este tipo, con los que los hombres intentaron herir a las mujeres en lo que más les dolía. Eso es lo que Juana dice temer de su exmarido. Desde luego no resulta muy edificante incumplir una resolución judicial y desaparecer con tus niños, pero, si las cosas son como la madre dice, yo hubiera hecho exactamente igual que ella.
LA INDEFENSIÓN DE LOS HIJOS DE JUANA NO ES MÁS QUE LA PUNTA DE UN ATROZ ICEBERG, EL DEL MALTRATO DE LOS NIÑOS EN ESPAÑA, UN HORROR COTIDIANO AL QUE NADIE PARECE PRESTAR LA MENOR ATENCIÓN
Ahora bien, la indefensión de los hijos de Juana no es más que la punta de un atroz iceberg, el del maltrato de los niños en España, un horror cotidiano al que nadie parece prestar la menor atención. En 2016, tras el asesinato en Almería de un bebé de 45 días por su padre, la prestigiosa ONG Save the Children calificó de “intolerable” nuestro sistema de protección infantil: no sólo falla calamitosamente la prevención, sino que la mayoría de los casos de violencia contra los menores no se denuncian, y no existe un sistema de recogida de datos. Es decir, ni siquiera sabemos lo que sufren nuestros niños.
Esta falta de datos revela la incomprensible indiferencia, la repugnante incuria de nuestra sociedad ante la atrocidad del maltrato infantil. Desde 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está registrando los niños asesinados por sus padres varones dentro de la violencia de género. Pero ¿y todos los demás? ¿Y los asesinados por sus madres, por ejemplo? Que, por desgracia, hay bastantes, aunque son difíciles de rastrear, e incluso de googlear, porque, ya está dicho, no se recogen. Al parecer, la mayoría de los infanticidios cometidos por las madres son poco después del parto (quizá por presión social), pero hay otros casos exactamente iguales a los de la violencia de género, como esa mujer de 34 años que, el pasado mes de abril, ahorcó a su niña de 18 meses y luego se suicidó en Mallorca, porque su marido le había dicho que se iba a separar. El pobre hombre gritaba: “¡Has matado a mi niña, has matado a mi niña!”. Pues bien, ese crimen no ha entrado en ninguna estadística.
No es la primera vez que escribo de esto. No entiendo qué nos pasa, qué podredumbre anida en nuestro corazón para que sigamos sin tomar medidas nacionales para proteger a los pequeños. Que quede claro: el maltrato de niños no es un apéndice de la violencia de género, sino una tragedia monumental y mucho más compleja, una causa en sí misma que debemos combatir urgentemente. Eso aparte, y tal como hoy se ven las cosas en el momento en que redacto este artículo, #YoTambiénSoyJuana, desde luego.
Desprotección salvaje
de http://CTXT.ES/es/20170816/Politica/14465/Juana-Rivas-hijos-maltrato-indefension-Cristina-Fallaras.htm
Fotografía enviada por Juana Rivas a los medios.
MADRID | 16 DE AGOSTO DE 2017
Los tribunales españoles han dado la espalda de nuevo, y definitivamente, a Juana Rivas, la mujer que permanece escondida con sus hijos desde que la jueza le obligó a entregarlos a su padre –condenado anteriormente y denunciado actualmente por violencia de género–. En esta ocasión ha sido –por segunda vez– el Tribunal Constitucional, alegando “extemporaneidad”.
Esto quiere decir que a Juana Rivas no le queda ninguna posibilidad ya de acudir a la Justicia española. Y no porque los tribunales no crean que su pareja, Francesco Arcuri, no sea un maltratador, como se explica en este texto, sino por razones ajenas a la violencia de género.
De hecho, para explicar todo el tortuoso proceso de esta mujer, basta acudir a la carta que ella misma ha hecho pública esta semana. Allí se incluye el siguiente párrafo:
“¿Cómo puede ser que a mis hijos, españoles, en España, cuya ley entiende que son víctimas del maltrato y que por eso hay que protegerlos especialmente, se les condene a ser enviados sin demora con el maltratador a otro país? ¿Cómo puede ser, sin embargo, que la denuncia de maltrato de julio del año pasado, cuya resolución les habría protegido, todavía no se haya mandado en agosto de este año?”.
Las dos preguntas que plantea están en la base de los diversos desatinos que han llevado este caso adonde está hoy, con una madre y sus dos hijos huidos en busca y captura, y denunciada por secuestro.
Para empezar, resulta imprescindible tener en cuenta dos puntos:
El primero se encuentra en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su actualización de 2015, que considera a los hijos e hijas de una víctima también víctimas de violencia de género.
El segundo punto se encuentra en el Estatuto español de la víctima del delito. Su Artículo 17 –Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea– reza así:
“En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1 de la presente Ley”.
El 14 de diciembre de 2016, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, María del Carmen Siles, falla lo siguiente:
1º.- Se acuerda la inmediata restitución de los menores G. A. D. Arcuri Rivas y D. O. A. Arcuri Rivas ** al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia.
La restitución podrá verificarse mediante el regreso de los menores a Italia con la madre, la entrega de los menores al padre en el domicilio en el que padre reside en el plazo improrrogable de TRES DÍAS a contar desde la firmeza de la presente resolución o trasladándose el padre a España a estos efectos. En todo caso para la gestión práctica de ello se contará con la mediación de las autoridades centrales.
En caso de oposición, incumplimiento u obstaculización a la efectiva entrega de los menores se acordarán por este Juzgado las medidas coercitivas que sean necesarias para la entrega, incluido el auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el traslado efectivo y seguro de los menores.
O sea, que Juana Rivas debía entregar los hijos a su padre para que estos volvieran a Italia, con o sin ella.
Sin embargo, no es el fallo en sí mismo lo más interesante de dicho escrito, sino un párrafo en el que la jueza admite que en el domicilio se vivía una situación de violencia de género del padre contra la madre. Este es:
“no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar; según se constata de la exploración realizada directa e inmediata del menor G.A.D y se ha realizado una prueba pericial psicológica para calibrar si se daba el supuesto de grave riesgo de un peligro físico o psíquico para el mismo, emitido por la Sra. Psicóloga de los Equipos Técnicos que prestan servicios para los Juzgados de Familia, experta profesional”.
Según se ha expuesto al principio de este artículo, se considera que los hijos de una víctima de violencia de género son ellos mismos víctimas también. Por lo tanto, en el momento en el que la jueza admite que en la familia la madre es maltratada, inmediatamente los hijos lo son, por lo que merecen protección inmediata según la Ley española de Protección del Menor.
La magistrada afirma que “no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores”, lo cual demuestra, según la asesora jurídica de Rivas, Francisca Granados, “un evidente desconocimiento del Derecho español”. Afirma la asesora que, de hecho, no se trata de un caso aislado, y que resulta habitual que los magistrados no conozcan las modificaciones operadas en nuestro ordenamiento jurídico en 2015. Lamenta que dichas reformas, “mediante las cuales los hijos son considerados también víctimas de la violencia de género y por consiguiente destinatarios del sistema protector establecido al efecto, aún no estén presentes en la mayoría de las resoluciones judiciales”.
La “experta profesional”
En cuanto a la “experta profesional” que realizó la prueba pericial, el problema no es solo que no estuviera colegiada, como exige la Ley en estos casos, sino que la jueza no contara con “el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados”, tal y como le obliga el art. 2.5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor. En efecto, a tenor de este artículo, la jueza no podía decidir una cuestión tan relevante como es la de enviar o no a Italia a unos hijos con su padre –hay constancia de que ha maltratado a la madre–, sin que un órgano formado por varios profesionales (colegiado y multidisciplinar) especializados en violencia de genero hubieran valorado a los menores.
En este caso, el órgano al que se refiere la Ley son las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Por el contrario, quien entrevista al hijo de Juana Rivas es una psicóloga del Juzgado de Primera Instancia, sin colegiar.
Más allá de dichas irregularidades, si tenemos en cuenta que el hijo de Juana Rivas es, de hecho y por Ley, víctima de violencia de género, parece extraño que se valore si dicha violencia le afecta o no. Y más para llegar a la conclusión de que “no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores”.
La violencia denunciada
El 9 de junio de 2016, hace ya más de un año, Juana Rivas se presentó ante el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, organismo con 25 años de experiencia en violencia de género. Llegó pidiendo amparo y ayuda contra los malos tratos que tanto ella y sus hijos sufrían a manos de su pareja, Francesco Arcuri. Francisca Granados, directora de dicha institución, explica que el equipo de asesoramiento le aconsejó denunciar el asunto, cosa que hicieron el 12 de julio de 2016.
En la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, Juana Rivas expuso, entre otras, las siguientes acusaciones:
“Que desde aproximadamente junio de 2013 cuando reanudó la convivencia en Italia con el denunciado ha sido amenazada, insultada, vejada y agredida por este”.
“Que el control sobre lo que hace es constante (…) incluso este control lo ejerce indirectamente a través de su hijo al que le pregunta con quién ha estado su madre”.
“Que son habituales los insultos como puta barata, bastarda, yo sé lo que has estado haciendo, pedazo de mierda, gorda, das asco, nadie va a querer estar contigo, etc”.
“Que cuando el denunciado no estaba conforme con lo que ella hacía se volvía agresivo y le gritaba apretándole fuertemente las muñecas y una noche le apretó fuertemente el cuello mientras le decía que la iba a matar, llegando a temer por su vida y en otra ocasión le dio una patada en el muslo provocándole una fuerte contusión y rotura del pantalón”.
Arcuri ya había sido condenado en mayo 2009 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada por un delito de lesiones contra Juana Rivas. Se le condenó a tres meses de prisión y un año y tres meses de alejamiento. La jueza admitía entonces como hecho probado que las lesiones que Arcuri había infligido a Juana Rivas habían necesitado atención médica.
Una semana después de que Rivas presentara su denuncia, el 20 de julio de 2016, Aurora Angulo González de Lara, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada, dictó un auto por el que declaraba “falta de jurisdicción de este órgano judicial para el conocimiento de los hechos denunciados”.
En este punto es donde entra la segunda pregunta de Rivas: “¿Cómo puede ser, sin embargo, que la denuncia de maltrato de julio del año pasado, cuya resolución les habría protegido, todavía no se haya mandado en agosto de este año?”. Y también el Artículo 17 del Estatuto español de la Víctima del Delito, el titulado Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Juana Rivas y su letrada, María Castillo, presentaron la denuncia por malos tratos el 12 de julio de 2016.
El Juzgado de Violencia contra la Mujer decidió que quedaba fuera de su jurisdicción el 20 de julio del mismo año.
El citado artículo 17 obliga a lo siguiente: En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al …
La palabra clave es “inmediatamente”, porque dicha denuncia sigue perdida, desde el 20 de julio de 2016, en algún lugar de la Administración española de Justicia.
Entre tanto se ha admitido la demanda de Francesco Arcuri por sustracción de los hijos, se ha dictado una sentencia por la que Juana debe entregárselos, se ha dictado orden de busca y captura de la madre y se ha requerido la actuación de las fuerzas de seguridad.
La demora en la tramitación de la denuncia llegó a tal punto, que en febrero de 2017 la Asesoría Jurídica del Centro de la Mujer de Maracena remitió un escrito de queja ante la Unidad contra la Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado. Aludían al Estatuto de la Víctima y su mandato de “remitir inmediatamente la denuncia” al país en el que se haya cometido el delito. La Fiscalía respondió en marzo apremiando al juzgado.
Y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en respuesta a dicho requerimiento, remitió la denuncia a la empresa Seprotec para que la tradujera al italiano.
El pasado 19 de julio, exactamente un año después de que la jueza rechazara ocuparse del caso, la abogada de Juana Rivas preguntó al Juzgado por la marcha de la traducción. Sin respuesta.
Por fin, el pasado 3 de agosto la jueza remitió la traducción de la denuncia, ya en italiano, al Ministerio de Justicia. Y supuestamente, allí sigue. *
“Lo que ha sufrido Juana es una desprotección salvaje”. Francisca Granados habla con vehemencia y un poso de rabia al otro lado del teléfono. Ella, como directora, y todo el equipo del Centro de la Mujer de Maracena, han acompañado a la denunciante en todo el proceso. “Lo primero que hizo ella fue ponerse en manos de un organismo especializado en violencia de género y denunciar, ella no tenía ánimo de secuestro, como ahora publican, venía atemorizada y enferma”.
Insiste en que Juana Rivas es víctima de violencia machista, porque el organismo que ella dirige, una entidad creada por la Administración pública a tal efecto, ha detectado el maltrato. Contra ella y contra sus hijos. Sin embargo, más allá de que todos los pasos parezcan estar en contra, lo que más le irrita es la ignorancia por parte de la Administración de Justicia: “Es intolerable que, a estas alturas, en 2017, todavía existan profesionales en los juzgados que desconozcan las reformas introducidas en la Ley en 2015”.
Mientras se lo estudian, casos como el de Juana resultan incomprensibles. No ya por la situación que están viviendo ella y sus hijos, sino porque parecen tener poca relación con la Justicia.
* Fe de errores. Según Europa Press, el Ministerio de Justicia envió la denuncia a Italia el pasado 10 de agosto.
** En la primera versión de este texto se daban los nombres de los menores completos.
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de http://m.ELDIARIO.ES/tribunaabierta/Juana-derecho-mujeres-desobediencia_6_674792538.html
Este artículo es una respuesta al texto escrito por Elisa Beni, titulado ‘Juana no está en mi casa’, publicado en este medio
11/08/2017 – 21:28h
de http://www.DIARIODELEON.ES/noticias/sociedad/reina-leonesa-encaro-maltrato_1182621.html
LEONESAS DE AYER Y HOY.
5La mujer que amó como un rey
La que iba a ser primera reina de León, la mujer que estrenó el trono en las Españas y posiblemente entre las monarquías europeas, Urraca, llegó al mundo en la capital del reino un día de San Juan. Era el 24 de junio de 1081 y en su destino no estaba escrito que iba a ser reina.
Tampoco formaba parte de los planes del reino. Así que lo tuvo todo en su contra. Alfonso I el Batallador, su segundo esposo, la «insultaba, pegaba, daba puñetazos y patadas», subraya el historiador Ricardo Chao Prieto, autor de Historia de los reyes de León, y la nobleza de su tiempo la presionó hasta lo indecible para que renunciara al trono.
Urraca no se doblegó. Su coraje y empeño la han convertido, en las crónicas medievales como la Historia Compostelana, «en un personaje negativo». Pero a los ojos de la sociedad del siglo XXI es considerada una mujer «valiente, que tuvo que ser muy echada para adelante y hacer frente a un mundo de hombres», precisa el historiador.
Como en aquellos tiempos la principal misión de las mujeres, particularmente las nobles, era casarse y tener descendencia a Urraca la comprometieron desde niña. Lo que hoy sería un matrimonio forzado, en el siglo XI era lo normal en las incipientes monarquías europeas. Así que su padre, Alfonso VI, y el conde palatino Guillermo I arreglaron el matrimonio entre Urraca de León y Raimundo de Borgoña cuando la leonesa tenía ocho años de edad.
Cuentan las crónicas que el matrimonio no se consumó hasta que Urraca no tuvo la edad, aunque no precisan cuál fue. Lo que se sabe es que dio a luz a su primera hija, Sancha, en el año 1102, cuando contaba 21 años. Alfonso, quien se convertirá en Alfonso VII, el Emperador, nacería tres años después. Sus días transcurrían según los cánones de la época y su padre les entregó a ella y su esposo el reino de Galicia mientras que a su hermana Teresa y el esposo, Enrique de Borgoña, le correspondió el condado Portucalense, que con el tiempo se convertiría en reino de Portugal. A los 26 años se queda viuda.
Pero lo que cambió realmente el rumbo de la vida de Urraca fue la muerte de la muerte de su hermanastro, Sancho, quien a pesar de ser descendiente ilegítimo de Alfonso VI, por ser hijo de su amante Zaida, era el llamado a sucederle.
El monarca se había casado cinco veces pero en busca de hijos varones sin lograrlo y con la muerte de Sancho no tuvo más remedio que designar a Urraca para futura de reina de León. Aunque lo primero que hicieron en la corte leonesa fue buscarle un nuevo marido, pues no concebían que una mujer reinara sin un hombre a su lado, cuenta Chao que Urraca I de León «confirmó el Fuero de León sin casarse», lo cual ya es un mérito para una mujer de aquel tiempo. Fue a la muerte de su padre, en 1109.
El matrimonio con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador, no le trajo nada bueno. A nivel personal y como esposa, Urraca fue víctima de todo tipo de vejaciones. Como reina, tuvo que soportar episodios tan duros como la rebelión de Santiago de Compostela donde acosada por una multitud «echaron al barro y se especula incluso con que fuera violada», apostilla Chao.
Tuvo que luchar contra su marido y también contra su hijo, Alfonso VII. Todos recelaban de ella y todos ansiaban su trono. Pero, al contrario que otras reinas, como Berenguela, nunca abdicó ni cedió a las presiones. «Eran misóginos en un mundo misógino, así que el problema no era otro que ser mujer», añade el historiador.
Durante su reinado, que se prolongó hasta 1126, «no paró quieta». Tan pronto estaba en Galicia como en Sahagún o Palencia. Aunque no sufrió muchos ataques musulmanes y consigue algunos avances en las posiciones, no le daban tregua. Su marido llegó a encerrarla en la fortaleza de Castellar en el año 1111 con el fin de arrebatarle el trono, con el apoyo de su cuñada Teresa de Portugal y del marido de ésta Enrique de Borgoña.
Una de las cláusulas del matrimonio desplazaba a su hijo del trono, pues los cónyuges se dieron potestad uno sobre el otro sobre sus respectivos reinos —lo que supone un antecedente, cuatro siglos antes, de la unión de Aragón y Castilla— y declaraban heredero al hipotético hijo varón que engendrarían. Así que pronto despertó los recelos de los nobles gallegos que apoyaban la sucesión de Alfonso Raimúndez. Contra estos ataques se refugió en el monasterio de Sahagún.
Urraca no tuvo ninguna descendencia con Alfonso, de quien se especula sobre su tendencia sexual, y a la muerte de la reina, ocurrida en Saldaña, Palencia, en 1126, cuando sólo tenía 45 años. Sus restos se trasladaron al Panteón de los Reyes de San Isidoro, con lo que se recuperó la tradición rota por su padre. Y su hijo Alfonso fue proclamado rey al llegar de Galicia.
http://www.eldiario.es/zonacritica/buscan-hombres-machismo_6_680041994.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/machismo-musica-mas-alla-regueton_1180426.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/pce-leon-muestra-apoyo-juana-rivas_1183169.html
Recientemente, este pasado martes 8 de Agosto ha fallecido nuestro querido “capitán de la Legalidad” Carlos Fernandez Ferreras. No era miembro de esta Asociación y a él no le agradaba que mucha gente le identificara como tal. Sin embargo el inspiraba nuestros principios porque él era “lo que diga la Legalidad”, ni más ni menos, y su actuación la marcaba este principio y no lo que buenamente decidan los Órganos de Gobierno de una Asociación. Peleó incansablemente como uno de nuestros mejores “capitanes de combate” y fuente inagotable jurídica con algunos de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación en un número cuantioso de recursos contencioso Administrativo e incluso actuaciones de carácter penal aún en curso, contra decisiones arbitrarias y caciquiles de la Diputación de León, obteniendo un porcentaje muy elevado de sentencias judiciales favorables. Ni tan siquiera la ilustre difunta le infundió nunca el menor miedo y únicamente ha podido terminar con él su frágil salud en los últimos tiempos. COMO LA DIPU NO PUDÓ CON ÉL , AL FINAL NO LE QUEDO OTRO REMEDIO QUE RECONOCER SUS ELEVADÍSIMOS MÉRITOS LARGAMENTE NINGUNEADOS Y RECIENTEMENTE HABÍA SIDO NOMBRADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS JEFE DEL SAM ( Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios) DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN. Curiosamente el día que la Sección de Mantenimiento de la Diputación terminaba de acondicionar el que sería su nuevo despacho, Carlos falleció.
Recuerdo el día que el entonces vicepresidente primero de la Diputación le preguntó a Carlos (en aquel momento ocupaba el puesto de Jefe de sección de la Unidad Técnica del SAM) por el estado de tramitación de un expediente en él que estaba interesado y Carlos bajó a su despacho con la Ley de Procedimiento Administrativo en mano y le dijo al vice apuntando con el dedo: “mire usted lo que pone aquí: Los expedientes se tramitarán por riguroso orden de entrada,………”. Me imagino la cara que pondría el político.
También recuerdo el día que el diputado Matías Llorente dijo en el pleno de Diputación refiriéndose a Carlos y sus otros 3 compañeros multirecurrentes “Señora diputada del SAM, con estos mimbres no se qué cestos piensa hacer usted”
Como todo el mundo, Carlos tenía sus luces y sus sombras y con el que suscribe, tuvo muchas coincidencias y también discrepancias.
Recientemente quien suscribe le había propuesto iniciar una nueva actuación de reclamación Contencioso Administrativa común , pero él me dijo que se encontraba muy agotado y que el ya no iba a iniciar ninguna actuación más, pues no le quedaban ya fuerzas. Era el presagio fatal de lo que ha sucedido el día 8.
Descansa en paz, querido Carlos.
Presidente A.L.S.

References: resolución 
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 Artículo 17
 artículo 5
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