Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0017&language=ES
Timestamp: 2019-07-23 15:58:37+00:00

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INFORME sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible - A7-0017/2013
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sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible
Ponente: Raffaele Baldassarre
Richard Howitt, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (*)
– Vista la Resolución del Consejo de 3 de diciembre de 2001, relativa al seguimiento del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas(1),
– Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas(2),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete “Empresas responsables”» (COM(2011)0685),
– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2012, sobre el Libro Verde de la Comisión «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas»(3),
– Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible(4),
– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación(5),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»(6),
3 Opina que las empresas pueden contribuir al desarrollo de una economía social de mercado y a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, garantizando puestos de trabajo y facilitando así la recuperación económica;
DO C 86 de 10.4.2002, p. 3.
DO C 39 de 18.2.2003, p. 3.
DO C 187 E de 7.8.2003, p. 180.
DO C 67 E de 17.3.2004, p. 73.
DO C 301 E de 13.12.2007, p. 45.
DO C 229 de 31.7.2012, p. 77.
1. Observación preliminar: aspectos de procedimiento
La Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales decidieron establecer una estrecha cooperación con el objetivo de garantizar un enfoque coherente respecto de la posición del Parlamento sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas(1). En línea con el objetivo mencionado anteriormente y en pleno cumplimiento de las competencias y responsabilidades específicas, dichas comisiones decidieron elaborar dos informes de propia iniciativa sobre dos temas distintos, a los que se aplica el artículo 50 del Reglamento.
Las competencias exclusivas de cada comisión se han deducido a partir de tres palabras clave:
– personas (people): cuestiones sociales y empleo sostenible;
– beneficios (profit): comportamientos no especulativos y crecimiento sostenible;
– planeta (planet): acciones respetuosas del medio ambiente.
De acuerdo con estos criterios, la palabra «personas» es la base para identificar las competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, mientras que las competencias exclusivas de la Comisión de Asuntos Jurídicos se identifican con la palabra «beneficios». Los sectores identificados por la palabra «planeta» se dividen entre las dos comisiones en función de su relación con los «beneficios» o las «personas».
2. Introducción: la estrategia renovada de la UE sobre la RSE
Con la nueva estrategia, la Comisión propone una nueva definición(2) de la RSE, a saber, «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad(3)». De acuerdo con la nueva definición, las empresas deben aplicar un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica. El objetivo de dicho proceso debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.
Sobre la base de la nueva definición, la Comisión propone una serie de medidas específicas con el fin de mejorar aún más el impacto de las políticas de RSE, en línea con ocho sectores de intervención:
– mejora de la visibilidad de la RSE y difusión de buenas prácticas;
– mejora y seguimiento de la confianza en las empresas;
– mejora de los procesos de autorregulación y corregulación;
– mejora de la recompensa que supone la RSE en el mercado;
– mejora de la divulgación de información de carácter social y medioambiental por parte de las empresas;
– mayor integración de la RSE en la educación, la formación y la investigación;
– insistencia en la importancia de las políticas nacionales y subnacionales sobre RSE;
– mejora de la armonización de los enfoques europeo y mundial sobre RSE.
3. Posición del ponente sobre los aspectos de competencia exclusiva de la Comisión de Asuntos Jurídicos
3.1. Observaciones preliminares sobre la nueva definición y las características peculiares de la RSE
El creciente reconocimiento de la función «socialmente responsable» que desempeñan las empresas puede ser interpretado y considerado desde diversas perspectivas. Por un lado, el proceso de globalización y el surgimiento de los mercados «globales» favorecen el desarrollo de normas sociales y medioambientales por parte de las empresas(4) y, por otro, una sociedad civil cada vez más atenta e informada «reclama» un comportamiento más responsable por parte de las empresas(5). El doble impulso dado al desarrollo de la RSE en un sistema de gobernanza internacional, definido por algunos como posnacional(6), refleja la complementariedad de intereses entre las empresas y la sociedad en general, lo que requiere un enfoque más amplio y con visión de futuro sobre la cuestión, con el fin de aprovechar al máximo el potencial de la RSE.
A la vista de las anteriores consideraciones, el ponente está de acuerdo con la nueva definición propuesta por la Comisión, que neutraliza el contraste entre el enfoque voluntario y el enfoque obligatorio, que hasta ahora ha polarizado los debates sobre la RSE. De hecho, la variedad de ámbitos de aplicación, las numerosas estrategias utilizadas por las empresas y la diversidad de enfoques normativos demuestran que la RSE se desarrolla sobre la base de varios procesos. Por esta razón, el ponente considera que es necesario situar el debate sobre la RSE en un contexto más amplio que, conservando una orientación fundamentalmente voluntaria, permita el diálogo sobre las medidas reglamentarias, siempre que sea posible.
En consecuencia, el ponente rechaza toda aproximación a la RSE que implique la asunción, por parte de las empresas, de las funciones de las autoridades públicas en lo que respecta a la promoción, la aplicación y el seguimiento de las normas sociales y medioambientales. Por esta razón, el ponente está a favor de una orientación hacia la RSE impulsada principalmente por las propias empresas, de acuerdo a sus capacidades y necesidades, y con el apoyo adecuado de las autoridades públicas, con el fin de equilibrar los intereses de las empresas y la sociedad.
3.2. Reforzar el vínculo entre la RSE, la competitividad y los ciudadanos
Responsabilidad social de la empresa significa, ante todo, competitividad(7). Esto no quiere decir que toda intervención de la RSE refuerza automáticamente la ventaja competitiva de una empresa, sino que ciertas acciones pueden fortalecer a una empresa si permiten crear un valor compartido entre la empresa, sus accionistas y la sociedad en general(8).
A la luz de estas consideraciones, el ponente considera prioritario fortalecer el vínculo entre la RSE, la competitividad y los ciudadanos a través de una serie de acciones integrales encaminadas a fortalecer la reciprocidad entre las estrategias comerciales de las empresas y el contexto social en el que operan. A este respecto, el ponente subraya la importancia de apoyar soluciones innovadoras que permitan a las empresas hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales, tales como el transporte inteligente y los productos ecoeficientes.
Al mismo tiempo, y con el fin de aumentar la visibilidad de la RSE, por un lado, y la difusión de buenas prácticas, por otro, el ponente apoya la introducción de un reconocimiento europeo a las empresas y asociaciones en materia de RSE y la creación de plataformas multilaterales para la RSE. Con tal fin, el ponente está a favor de la iniciativa «Empresa 2020» de la red RSE Europa, que puede contribuir a fortalecer sustancialmente el vínculo entre RSE y competitividad.
3.3. Mejorar la transparencia y la eficacia de las políticas de RSE
El ponente apoya el objetivo general de mejorar la transparencia, los procesos de autorregulación y corregulación y la recompensa que supone la RSE en el mercado. Se trata, de hecho, de progresos esenciales para aumentar el nivel de confianza del público en las empresas y reducir la brecha entre las expectativas de los ciudadanos y lo que éstos perciben como comportamiento real de las empresas.
En estas circunstancias, el ponente considera esencial no perder de vista el carácter multidimensional de la RSE y el enfoque diferenciado de las empresas al respecto. Por esta razón, el ponente recomienda la adopción de criterios reguladores que permitan preservar la mayor flexibilidad de acción posible para las empresas que, en principio, impulsan el desarrollo de la RSE.
Las consideraciones anteriores se refieren, en particular, a la futura propuesta legislativa sobre la transparencia de la información social y medioambiental proporcionada por las empresas y el desarrollo de un código deontológico de autorregulación y corregulación destinado a mejorar la eficacia del proceso de RSE. En ambos casos, el ponente se opone a soluciones «universalistas», que no tengan en cuenta las especificidades de los mercados y los sectores en los que operan las empresas, lo que puede dar lugar a gastos administrativos y a una rigidez operativa ineficaz.
3.4. Reconocer y valorizar la participación de las PYME en la RSE
Las PYME pueden desempeñar un papel clave en la difusión de la RSE. Representan más del 90 % de las empresas europeas y, dada su proximidad con la región o ciudad en la que se desenvuelven, pueden facilitar la difusión de la RSE(9). Además, las PYME del mismo sector tienen la oportunidad de hacer frente a problemas sociales y medioambientales similares de forma colectiva, lo que limita los costes de la acción y permite aplicar mejoras a las que difícilmente podría llegar una sola PYME.
A pesar de la importancia de la función de las PYME en el ámbito del debate sobre la RSE, a nivel de las microempresas es lamentablemente claro que no están familiarizadas con el concepto de la RSE, que para ellas es a menudo un concepto «intangible», en el que difícilmente se pueden identificar si antes no han desarrollado una conciencia social real(10).
Existe otro problema relacionado con la percepción de los «costos» y no del potencial económico de la RSE. De hecho, dado que la RSE está vinculada a una inversión económica cuyos frutos no son inmediatamente tangibles, a menudo se la percibe como una especie de «carga» para las empresas que cuentan con recursos limitados. Esta «trampa mental» se justifica por el hecho de que muchas PYME no suelen ser conscientes de los beneficios que la RSE puede tener en sus resultados económicos y no son conscientes de las buenas prácticas que podrían aumentar estos beneficios(11).
Sobre la base de estas consideraciones, el ponente considera que el Parlamento debe hacer del objetivo de una mayor participación de las PYME en la RSE una prioridad política para los próximos años. Por esta razón, el ponente propone una serie de acciones destinadas a aumentar la participación de las PYME en la RSE:
– en primer lugar, es esencial que cada iniciativa, tanto obligatoria como voluntaria, no dé lugar a cargas administrativas o financieras para las PYME y esté en consonancia con el principio de «pensar primero a pequeña escala»;
– en cuanto al tipo de medidas que se han de adoptar, dichas medidas deben centrarse en el objetivo de difundir el conocimiento y el potencial de la RSE. Los temas deben abordarse de manera regular e interdisciplinaria y deben basarse en objetivos estratégicos explícitos;
– en particular, las autoridades públicas deberían promover la difusión de la RSE entre las PYME, apoyando el papel de las organizaciones intermediarias con el fin de facilitar la difusión de información y buenas prácticas;
– la Comisión, de manera complementaria a los gobiernos nacionales, debe hacer hincapié en sus capacidades de coordinación, recopilando casos y prácticas de aplicación de la RSE por parte de las PYME, con el fin de estimular el intercambio de buenas prácticas y favorecer la investigación académica sobre el tema, en particular sobre el impacto económico, social y medioambiental de la RSE a escala local y regional;
– por último, y a la vista de las características peculiares de las PYME, el ponente pide a la Comisión que ponga en marcha una amplia consulta con el fin de identificar y elaborar estrategias de RSE conformes a las necesidades de las PYME, incluidas medidas ad hoc para las microempresas.
En su momento, la Comisión había definido el concepto de la responsabilidad social de las empresas (RSE) como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». COM(2001)0366.
COM(2011)0681, p. 7.
Scherer, A./ Palazzo, G. (2008): Globalisation and Corporate Social Responsibility. En: Crane, A. y otros (2008): The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford, p. 413.
Di Pascale, Alessia (2010): La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea. Milano:Giuffre' editor, pp. Milano:Giuffre' editor, pp. 33-39.
Habermas, J. (2002): La costellazione postnazionale. Milano: Feltrinelli.
Martinuzzi, A. y otros (2010): Does Corporate Responsibility Pay Off? Exploring the Links between CSR and Competitiveness in Europe's Industrial Sectors. El estudio analiza los vínculos entre RSE y competitividad en tres sectores industriales: construcción, textil y químico.
Estos vínculos estrechos entre la empresa, los ciudadanos y la competitividad se explican recordando las palabras escritas por Michael E. Porter hace más de una década y que se pueden resumir de la siguiente manera: «Las empresas exitosas necesitan una sociedad sana y al mismo tiempo una sociedad sana necesita empresas exitosas». Michael Eugene Porter es uno de los principales sostenedores de la teoría de la estrategia empresarial.
Porter, M.E./Kramer, M.R. (2006): Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. En: Harvard Business Review, diciembre de 2006, pp. 78-93.
Comisión Europea - DG Empresa (2007): Opportunity and Responsibility. How to help more small business to integrate social and environmental issues into what they do.
Perrini (2006): SMEs and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective. In: Journal of Business Ethics, Vol. 67, 305-316. El artículo, basado en el caso de Italia, hace hincapié en la necesidad de un enfoque diferenciado de la RSE, que en el caso de las PYME debe basarse en el concepto de «capital social» y no en los principios tradicionales de la «teoría de los accionistas». Sobre el mismo tema, véase también: Morsing, M./Perrini, F. (2009): CSR in SMEs: do SMEs matter for the CSR agenda? En: Business Ethics, VOl. 18, Issue 1.
Véase MacGregor, S./Fontrodona, J. (2011): Strategic CSR for SMEs: paradox or possibility?. En: Universia Business Review.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (*) (15.1.2013)
sobre responsabilidad social de las empresas (RSE): comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible
Ponente de opinión (*): Richard Howitt
1. Subraya que la crisis económica mundial actual tuvo su origen en errores fundamentales en relación con la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y el planteamiento a corto plazo, y que la UE tiene el deber de velar por que todas las partes implicadas saquen las lecciones pertinentes; saluda la iniciativa de la Comisión de llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro sobre la confianza en las empresas; solicita que se celebre un amplio debate sobre los resultados en el que participen todas las partes interesadas; se muestra firmemente partidaria de la responsabilidad social de las empresas y considera que la responsabilidad social de las empresas si se aplica correctamente y si la practican todas las empresas y no solo las grandes empresas, puede contribuir en gran medida a restablecer la confianza perdida, necesaria para una recuperación económica sostenible, y considera que puede mitigar las consecuencias sociales de la crisis económica; señala que la asunción de una responsabilidad de las empresas frente a la sociedad, el medio ambiente y los trabajadores representa una situación de la que todos los participantes salen beneficiados y permite aumentar la confianza necesaria para el éxito económico; considera que la inclusión de la responsabilidad social de las empresas en una estrategia empresarial sostenible redunda en interés de las empresas y de la sociedad en su conjunto; subraya que muchas empresas (en particular PYME) son un modelo destacado en este terreno;
2. Considera que, si bien la corregulación y la autorregulación no pueden ser sustitutos de una regulación sectorial adecuada en aquellos ámbitos en que sea necesaria, por ejemplo en lo que se refiere a los requisitos sociales y medioambientales, las prácticas laborales y medioambientales, los derechos humanos, y todos los ámbitos cubiertos por la responsabilidad social de las empresas, considera que podría apoyar las iniciativas privadas existentes adoptadas voluntariamente en materia de responsabilidad social de las empresas estableciendo principios mínimos para garantizar la cohesión, la importancia relativa, la contribución de todas las partes interesadas y la transparencia, y facilitar la creación de agencias de calificación social y medioambiental especializadas en la responsabilidad social de las empresas; considera que toda forma de responsabilidad social de las empresas basada en la autorregulación y autoorganización del mercado debe incluir una disposición relativa a la «posibilidad de presentar recursos» en consonancia con el «tercer pilar» de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; considera, asimismo, que las administraciones públicas deben desempeñar funciones de apoyo creando las condiciones adecuadas para la cooperación en materia de responsabilidad social de las empresas y facilitando las herramientas e instrumentos adecuados, como, por ejemplo, un sistema de incentivos; considera que las actividades benéficas deben, en principio, tener carácter voluntario;
3. Considera vital que se adopten medidas para velar por que los servicios se presten de modo adecuado y que se respeten los principios de la competencia leal en el mercado único; sugiere, por consiguiente, que los criterios sociales, además de las cláusulas de la OIT, se tengan en cuenta en la adjudicación de contratos como condición indispensable, y con la máxima transparencia, a fin de garantizar el valor social beneficioso para la actividad de la responsabilidad social de las empresas; señala que esto también podría contribuir a la definición de una actividad en materia de responsabilidad social de las empresas más adecuada y efectiva en los ámbitos industriales;
4. Se opone a la noción de que las pequeñas empresas tengan un grado de responsabilidad menor que las grandes empresas simplemente porque no disponen de una infraestructura independiente en materia de responsabilidad social de las empresas; considera que, para tener en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas, deben establecerse umbrales razonables para contemplar las necesidades de las pequeñas empresas en las nuevas propuestas legislativas relacionadas con la responsabilidad social de las mismas que se puedan presentar en un futuro; solicita, no obstante, que la acción europea se base en la experiencia de Italia, basada en las cámaras de comercio regionales, y de Francia, centrada en sus cajas de ahorros (Iniciativa Cordé), reagrupando a las pequeñas empresas por localidad y por sector, para fomentar la sensibilización y la visibilidad de las pequeñas empresas;
5. Se felicita por la intención de la Comisión de lanzar una «comunidad basada en la práctica» en materia de responsabilidad social de las empresas y sus acciones sociales; considera que esa «comunidad práctica» debe ser un complemento del código de buenas prácticas en materia de corregulación y autorregulación de forma que permita que todas las partes interesadas puedan comprometerse en un proceso de aprendizaje colectivo con el fin de mejorar y reforzar la eficiencia y la responsabilidad de las iniciativas multipartitas;
6. Considera que la transparencia y la credibilidad de las iniciativas en materia de responsabilidad social de las empresas podría garantizarse mediante la introducción de unas normas mínimas; señala que, en cualquier caso, estas normas mínimas deben incluir la participación de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos, así como la de otras partes interesadas en cuanto al contenido, la aplicación y la supervisión, además de la participación de la cadena de valor y la supervisión independiente del cumplimiento de los compromisos impuestos con carácter voluntario;
7. Apoya la iniciativa de la Comisión de presentar una propuesta sobre la publicación de información no financiera por parte de las empresas, que permita a la UE animar a las empresas de la UE a que apliquen las Directrices de las Naciones Unidas en materia de economía y derechos humanos(1) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas; celebra que esta propuesta se base en una amplia consulta pública así como en una serie de talleres con las partes interesadas pertinentes; advierte de que el empleo de la expresión «no financiera» no debe ser motivo para confundir las verdaderas consecuencias para las empresas en el plano financiero a nivel social, medioambiental y de los derechos humanos; señala que las repercusiones de la actuación empresarial y del compromiso social también se pueden medir en términos monetarios; solicita que se formule una propuesta que sitúe los intereses de la UE en el centro de las numerosas iniciativas internacionales actuales relativas a la información obligatoria sobre la sostenibilidad por parte de las empresas y que responda plenamente al objetivo de elaborar informes integrados, tal como hace actualmente el Comité Internacional de Informes Integrados, que será la norma internacional antes de que concluya la década; subraya, no obstante, que cualquiera que sea la solución que se escoja no debe suponer cargas administrativas excesivas, en particular para las PYME; considera que las actividades de carácter benéfico de las empresas no deben suponer una carga burocrática ni costes que puedan poner en peligro sus compromisos de carácter voluntario; acoge con plena satisfacción el objetivo de hacer públicas las violaciones de los derechos humanos y las operaciones delictivas, y pide a los Estados que las sancionen con la mayor dureza posible;
8. Pide a la Comisión que, en el marco de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, aborde la cuestión de la publicidad engañosa en relación con las repercusiones medioambientales y sociales de las actividades de las empresas;
9. Considera la corrupción empresarial y la evasión de impuestos del modo más firme pero sostiene que la Comisión debe diferenciar más claramente entre (1) comportamiento benéfico; (2) comportamiento social de las empresas, y (3) acciones antisociales de las empresas como, por ejemplo, el trabajo infantil forzoso; condena en los términos más firmes la acción antisocial de las empresas y considera que debe ejercerse más presión sobre los países para que las normas internacionales se incorporen al Derecho nacional y para que se aplique esta legislación; rechaza, no obstante, las condenas generalizadas de las empresas basadas en prácticas desleales y en el incumplimiento de la legislación por parte de un número reducido de empresas; considera que, aunque las empresas tienen el deber de pronunciarse sobre asuntos de interés público, incluidos los derechos humanos, las actividades de presión que lleven a cabo deben ser totalmente transparentes y respetar plenamente los principios democráticos; destaca la importancia de ofrecer formación específica en materia de responsabilidad social de las empresas en las universidades y centros de enseñanza empresarial y de gestión;
10. Hace hincapié en que, a fin de garantizar la responsabilidad social de las empresas en toda la cadena de suministro, medir la huella de las empresas europeas en materia de sostenibilidad y combatir la evasión fiscal y los flujos ilícitos de fondos, es necesario un respeto pleno de los derechos humanos y una diligencia y transparencia adecuadas; pone de relieve que los debates parlamentarios en curso sobre el proyecto de ley de la UE para la transparencia extractiva para las industrias extractivas y de explotación maderera (2011/0307(COD)), la revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales y el proyecto de legislación anunciado sobre la información no financiera brindan oportunidades para mejorar la transparencia de las empresas en este sentido;
11. Destaca que la responsabilidad social no puede ser un mero instrumento de marketing, ya que la única manera de desarrollar plenamente la responsabilidad social de las empresas es mediante su integración en la estrategia global de la empresa y aplicarla y traducirla en una realidad en relación con las operaciones y la estrategia financiera cotidiana de la empresa; acogería con satisfacción la existencia de una relación entre una buena responsabilidad de las empresas y una buena gobernanza de las empresas; considera que la Comisión debería animar a las empresas a que la decisión en relación con la estrategia en materia de responsabilidad social de las empresas la adopte el consejo de administración; pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan códigos de gestión corporativa que reflejen la importancia de la responsabilidad de todas las partes presentes en la empresa y que establezcan un vínculo estrecho entre los resultados financieros de la empresa y sus resultados a nivel medioambiental, social y en materia de derechos humanos.
Visto el informe del Representante especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie: «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar», 21 de marzo de 2011.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (5.12.2012)
Ponente de opinión: Andrzej Grzyb
La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Celebra que la nueva definición establecida en la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, sobre la responsabilidad social de las empresas destaque el cumplimiento de la legislación en vigor y de los convenios colectivos como condición sine qua non para el desempeño de una actividad comercial responsable y especifique el marco necesario para la responsabilidad de las empresas con el llamamiento a que se aplique, «en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en las operaciones empresariales y la estrategia básica de las empresas»; reitera que la responsabilidad social de las empresas debe referirse también a su comportamiento en terceros países y respecto a estos;
2. Celebra los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros por alinear sus políticas con las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, revisadas en 2011, así como con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos(1) y pone de relieve que, sobre todo en el ámbito de la actividad empresarial global, estos esfuerzos aún no constituyen un compromiso completo para el cumplimiento de las normativas pertinentes en materia medioambiental, social y de derechos humanos, ni tampoco para su control;
3. Subraya la importancia de evaluar el cumplimiento de los requisitos en materia de responsabilidad social por parte de las empresas en toda la cadena de suministro; considera que es de vital importancia contar con indicadores efectivos y transparentes que permitan evaluar el impacto preciso de las actividades de las empresas desde una perspectiva sistémica;
4. Insiste en que cada uno de los 27 Estados miembros debe acelerar la revisión de sus planes de acción nacionales en materia de responsabilidad social de las empresas y el desarrollo de planes nacionales de aplicación de las directrices correspondientes de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que deberían finalizarse, a más tardar, en diciembre de 2013; considera que los Estados miembros deben garantizar que estos planes se elaboren con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH); pide a la UE que facilite el acceso a la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya se encuentran en ese proceso; alienta a los Estados miembros a inspirarse en las directrices contenidas en la norma ISO 26000, en la versión más reciente de las directrices de la Global Reporting Initiative y en las orientaciones preparadas por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;
5. Destaca que la responsabilidad social de las empresas en el territorio de la UE y en terceros países debe extenderse también a ámbitos como la organización del trabajo, la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la formación continua;
6. Pide mayor coherencia de las políticas a nivel de la UE, haciendo que las políticas y acuerdos sobre, entre otras materias, contratación pública, crédito a la exportación, buena gobernanza, competencia, desarrollo, comercio e inversión sean conformes con las normas internacionales en materia social, medioambiental y de derechos humanos establecidas en los correspondientes directrices y principios de la OCDE y las Naciones Unidas; pide, en este contexto, que se colabore con los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, siguiendo los consejos pertinentes de las INDH, como la presentación del Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la Comisión sobre los derechos humanos y la contratación; pide evaluaciones de impacto significativas y adecuadas de las propuestas legislativas para detectar posibles incoherencias con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, e insiste en la coordinación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a fin de evitar interpretaciones dispares e incoherentes de tales Principios Rectores; recuerda, reconociendo la importancia del marco de derechos humanos de las Naciones Unidas para la responsabilidad social de las empresas, la relevancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido su artículo 16, que garantiza el derecho fundamental a la libertad de empresa, que debe tenerse debidamente en cuenta y servir de referencia a la hora de apoyar las políticas de responsabilidad social de las empresas en la UE; subraya la importancia de equilibrar la libertad de empresa con otros derechos garantizados por la Carta, así como con los principios y directrices de responsabilidad social de las empresas reconocidos a escala internacional; acoge con satisfacción, en este contexto, los esfuerzos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para recopilar pruebas y conocimientos técnicos en relación con la existencia y la interpretación de la libertad de empresa;
7. Se compromete a seguir reiterando su expectativa de que las instituciones y los responsables de la UE, incluidos el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y los representantes especiales de la UE en cada país y región, se esfuercen por mejorar en todas las relaciones y acciones exteriores de la UE las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales antes de la celebración y durante la evaluación de acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio e inversión y al asignar la ayuda al desarrollo, y que garanticen el respeto de estos derechos;
8. Reconoce que las INDH que se han comprometido a respetar los Principios de París se encuentran en una buena posición para poner en práctica los Principios Rectores de las Naciones Unidas y facilitar, e incluso garantizar, el acceso a vías de recurso; pide a la UE y a sus Estados miembros que reconozcan a las INDH, junto a las empresas y los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, como socios clave en la promoción de la agenda en materia de derechos humanos y empresas, el desarrollo de vínculos entre empresas, Estados y sociedad civil y la promoción de normas y orientaciones reconocidas internacionalmente en materia social, medioambiental y de derechos humanos; solicita a los Estados miembros, en este contexto, que fortalezcan y, cuando resulte necesario, amplíen el mandato de las INDH para aumentar su eficacia o, cuando no exista una INDH que se haya comprometido a respetar los Principios de París, tomen medidas para crearla, y solicita a la UE que preste asistencia estratégica adecuada; se compromete a mantener un intercambio anual regular de puntos de vista con las INDH en el marco de la Comisión LIBE o la Subcomisión DROI, aprovechando la experiencia de los intercambios de puntos de vista organizados por esta subcomisión a propósito de la cumbre 2011 de defensores del pueblo de la UE y la Asociación Oriental, y a completar esos intercambios con seminarios específicos sobre los derechos humanos y las empresas;
9. Acoge con satisfacción la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo, el 14 de junio de 2012, de la Recomendación nº 202 relativa a los pisos nacionales de protección social; se compromete a incluir la cuestión de los derechos humanos y la responsabilidad social de las empresas en el orden del día de las próximas reuniones de la UE con terceros países, particularmente con aquellos con los que la UE mantiene relaciones especiales; pide la integración de la responsabilidad social de las empresas en las relaciones contractuales de la UE con terceros países y solicita que, de ser necesario, se traduzcan los Principios Rectores de las Naciones Unidas aprovechando las capacidades del PE o de otras instituciones de la UE;
10. Pide a la UE, y en especial a la Comisión, que garantice que los instrumentos financieros, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), consideren a las INDH que respetan los Principios de París como socios fundamentales para alcanzar sus objetivos, y que las apoye a la hora de aprovechar eficazmente su posición única y sus conocimientos técnicos en materia de derechos humanos para crear un espacio de diálogo entre las distintas partes interesadas, incluidas las autoridades públicas, la sociedad civil y las empresas, y que con este fin:
1) garantice que la cuestión de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos figure entre las prioridades de instrumentos financieros concretos en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020; y
2) desarrolle asistencia específica en el marco del IEDDH para la formación y el desarrollo de capacidades global en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos para las organizaciones de la sociedad civil, las INDH, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos;
11. Insiste en que, para garantizar que la aplicación de la nueva estrategia de la UE sobre responsabilidad social de las empresas promueva los intereses de la sociedad en toda su diversidad, el respeto de los derechos humanos y los esfuerzos hacia una recuperación y un progreso sostenibles e integradores, la orientación de la UE respecto de la divulgación de información no financiera (medioambiental, social, sobre gobernanza, etc.) por las empresas debe garantizar la transparencia, estableciendo un marco claro, inequívoco, común y predeterminado con referencia específica a los derechos humanos, que se ajuste plenamente a las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas y se base en indicadores objetivos referentes a: la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo cuestiones tales como la diferencia de salarios en función del género o la proporción de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad; los salarios de los jóvenes; la posibilidad de que los trabajadores se sindiquen y lleven a cabo negociaciones colectivas; las garantías efectivas de unas condiciones de seguridad en el lugar de trabajo; y la discapacidad;
12. Pide a la UE que dé solución a la insuficiencia de capacidad interna y conocimientos técnicos poniendo en marcha programas de formación significativos sobre derechos humanos y empresas en todas las instituciones y políticas de la UE;
13. Pide una vez más a la UE y a sus Estados miembros que mejoren la aplicación de la legislación vigente que incorpora aspectos en materia de responsabilidad social de las empresas y derechos humanos, y que conciban nuevas soluciones para lograr la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión y de terceros países, con el fin de luchar contra el dumping social;
14. Pide que se establezcan normas de diligencia debida respecto de los derechos humanos y la cadena de suministro a escala de la UE que, en particular, cumplan los requisitos establecidos en las orientaciones de la OCDE sobre diligencia debida y gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales de las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y se centren, entre otras cuestiones, en las zonas con importantes repercusiones potencialmente negativas o positivas para los derechos humanos, como las cadenas de suministro mundiales y locales, los minerales de las zonas en conflicto, la externalización, el acaparamiento de tierras y las regiones en que el Derecho laboral y la protección de los trabajadores sean insuficientes o las zonas de producción de productos peligrosos para el medio ambiente y la salud; acoge con satisfacción los programas ya puestos en marcha por la UE, y en particular los programas de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) en el ámbito forestal, y apoya iniciativas privadas como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);
15. Solicita que en las situaciones de vinculación de la UE o sus Estados miembros con empresas (por ejemplo, en el marco de la contratación pública, las empresas públicas, las empresas conjuntas, las garantías de créditos a la exportación y los proyectos a gran escala en terceros países), el respeto de las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas sea una prioridad reflejada en cláusulas específicas y con consecuencias para las empresas que violen de modo flagrante las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos; recomienda que la «Plataforma de la UE para la cooperación exterior y el desarrollo» prevista desempeñe una función en la determinación de las modalidades diseñadas para mejorar la calidad y la eficacia de la cooperación exterior de la UE, los mecanismos de combinación y los instrumentos financieros, así como en la promoción de la cooperación y la coordinación entre la UE, las instituciones financieras y otras partes interesadas en este ámbito;
16. Insiste en la importancia del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar» y considera que sus tres pilares, a saber, la responsabilidad del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más efectivo a reparaciones, deben respaldarse con medidas adecuadas que permitan su aplicación;
17. Subraya que, dado su peso en los intercambios comerciales internacionales, las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tienen un papel esencial en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo; reconoce que normalmente las quejas contra empresas de la UE que operan en el extranjero se resuelven mejor sobre el terreno; celebra los puntos de contacto nacionales de la OCDE, que son mecanismos de base estatal no jurídicos que pueden mediar en una amplia gama de conflictos en materia de empresas y derechos humanos; pide, no obstante, un mayor esfuerzo de las empresas para el desarrollo de mecanismos para tratar las quejas que cumplan los requisitos de efectividad establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas y la búsqueda en mayor medida de una orientación autorizada en los principios y directrices reconocidos a escala internacional, en particular las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;
18. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de modificar las disposiciones de Derecho internacional privado del Reglamento Bruselas I, y en especial la introducción del principio de «forum necessitatis»; destaca la necesidad de seguir desarrollando un acceso efectivo a vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de las operaciones empresariales fuera de la UE mediante modificaciones de los Reglamentos Bruselas I y Roma II; pide medidas eficaces para eliminar los obstáculos existentes al acceso a la justicia, como los gastos procesales excesivos, mediante iniciativas como el desarrollo de normas mínimas para el recurso colectivo y soluciones al problema de la «personalidad jurídica autónoma» de las empresas.
19. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o para actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;
20. Celebra la voluntad de la Comisión de abordar la cuestión de la responsabilidad social de las empresas en el contexto de la ampliación; lamenta, no obstante, la ausencia de un tratamiento concreto de esta cuestión en el marco de las negociaciones de adhesión con los países candidatos y que no se mencione la cuestión en la Comunicación de la Comisión de 10 de octubre de 2012 titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013» (COM(2012)0600);
21. Celebra la intención de la Comisión de trabajar para establecer campañas mundiales, directrices internacionales y medidas legislativas complementarias destinadas a garantizar que las empresas de la UE tengan un impacto positivo en las sociedades extranjeras; recuerda que el impacto positivo de las empresas en dichas sociedades extranjeras puede medirse, por ejemplo, con respecto al acceso de la población local a los recursos, a su soberanía alimentaria o al desarrollo endógeno de esas sociedades;
22. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» para la prevención de violaciones de los derechos humanos en las fases anteriores y posteriores del flujo de producción o comercialización.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 17º período de sesiones, 21 de marzo de 2011; Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie: «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (A/HRC/17/31) (en lo sucesivo, los «Principios Rectores de las Naciones Unidas»).
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (6.12.2012)
sobre la responsabilidad social de las empresas: comportamiento transparente y responsable de las empresas y crecimiento sostenible
Ponente de opinión: Catherine Grèze
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Señala que, debido a la heterogeneidad del concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) y al hecho de que distintas compañías han desarrollado diferentes normas en materia de contabilidad, auditoría y presentación de informes, resulta difícil comparar los niveles RSE; subraya que una reglamentación acordada a nivel internacional relativa a la RSE crearía un marco de confianza y equidad en las relaciones empresariales y reportaría una serie de beneficios, como la seguridad, la aplicabilidad progresiva, la universalidad y la responsabilización de las partes interesadas;
2. Coincide con la Comisión en que la RSE debe abarcar los derechos humanos, las prácticas laborales y de empleo, asuntos medioambientales (tales como la biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia de los recursos) y la lucha contra el soborno y la corrupción, y ello gracias a la buena gobernanza fiscal (concretamente, la transparencia, el intercambio de información y una competencia fiscal leal);
3. Recuerda que la RSE abarca un amplio abanico de normas sociales a las que apenas se presta atención al no haberse establecido indicadores que permitan medir los progresos en el ámbito social;
4. Destaca que las empresas que se comprometan con la RSE deberían ser fácilmente identificables por los inversores y los consumidores, ya que ello supondría un incentivo para los esfuerzos de dichas empresas;
5. Insiste en la necesidad de que la UE examine la posibilidad de introducir marcas o etiquetas adecuadas que se utilizarán junto con los nombres, o en los productos, de aquellas empresas que se hayan comprometido con la RSE, con objeto de facilitar su identificación;
6. Destaca que la RSE es el mejor instrumento para que las empresas demuestren su compromiso, solidaridad y responsabilidad frente a la sociedad, y que también resulta crucial para alcanzar el objetivo de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); acoge con satisfacción que la Comisión se haya comprometido a fomentar la RSE en total consonancia con las actuales directrices internacionales, en particular las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma de orientación ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; lamenta, no obstante, que todo lo relacionado con la RSE sea, mayoritariamente, de cumplimiento voluntario;
7. Lamenta la falta de información a las PYME sobre la existencia del pacto mundial por el cual determinadas empresas se comprometen a ceñir sus operaciones y estrategias a diez principios universalmente aceptados y que tienen que ver con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción;
8. Destaca que el pacto mundial de las Naciones Unidas y las normas ISO 26000 no están suficientemente adaptados a las PYME, lo que reduce el alcance de la RSE a nivel europeo;
9. Destaca la utilidad de estudiar, a nivel europeo y nacional, las modalidades de incentivación fiscal que podrían permitir fomentar la RSE ante un mayor número de empresas;
10. Hace hincapié en que, como compromiso meramente voluntario, la RSE puede resultar insuficiente para hacer frente a las externalidades provocadas por las operaciones de las multinacionales, como las violaciones de derechos humanos y la degradación ambiental; reitera su petición de que las empresas y los inversores extranjeros que operan en los países en desarrollo cumplan plenamente las obligaciones internacionales legalmente vinculantes sobre el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; pide que las políticas de RSE también incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y actividad sindicales o a su función representativa en materia de salud y seguridad;
11. Hace hincapié en que se ha de incitar a las empresas a aplicar acciones de RSE, y animar a aquellas que ya lo han hecho a perseguir sus objetivos; pide a la Comisión que considere incentivos, como una prioridad en la contratación pública de la UE, con el fin de hacer que la RSE sea vista por las empresas como una oportunidad y no como una amenaza;
12. Subraya que la RSE debe conllevar un compromiso claro con el respeto de los derechos, la protección y el bienestar de los trabajadores respecto a los indicadores de rendimiento y unas referencias claras para medir las mejoras, y que es necesario prever mecanismos de control y de responsabilización y aplicación efectivas objetivos, incluyentes y transparentes para abordar los casos de incumplimiento, incluido un procedimiento más abierto y claro para la presentación y el examen de quejas y para el inicio de investigaciones donde proceda;
13. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas para crear un marco de igualdad de condiciones; apunta, no obstante, que es preciso superar el enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica actualmente, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles, o para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; apoya sin reparos la propuesta legislativa para unos informes país por país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;
14. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas para desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo en los procesos utilizados por las empresas para adquirir materias primas;
15. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación y en el caso del suministro de bienes, trabajadores o servicios; que debería incluir disposiciones para extender la protección a los trabajadores migrantes, a los trabajadores de agencias y desplazados, y que debería basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas, y que deberían garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;
16. Considera que, a fin de tener un impacto real en la reducción de la pobreza, la agenda de la RSE también debería poner énfasis en las PYME, ya que sus efectos acumulativos sociales y medioambientales son significativos;
17. Considera que las empresas de la UE deben ser jurídicamente responsables y que se han de aplicar diferentes tipos de mecanismos de responsabilización y responsabilidad entre ellas y sus filiales y entidades que controlan en los países en desarrollo; también aplaude la labor de la sociedad civil de la UE comprometida activamente en la concienciación acerca de las violaciones cometidas por estas empresas en el extranjero;
18. Insiste en que los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los derechos humanos y laborales, incluidas las cometidas por empresas, responsabilizar a las empresas, proteger los derechos de libre asociación y negociación colectiva, y proporcionar a las víctimas acceso a la justicia; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para hacer operativo el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos;
19. Destaca que la mejora de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos contribuirá al logro de los objetivos de la UE en cuanto a cuestiones específicas de derechos humanos y normas laborales fundamentales; pide a la UE que luche en aras de un marco jurídico internacional claro sobre las responsabilidades y obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos;
20. Acoge con satisfacción el hecho de que el número de empresas que divulgan información sobre su rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (MSG) haya crecido significativamente en los últimos años; señala, sin embargo, que las empresas que informan todavía constituyen sólo una pequeña parte de la actividad comercial mundial; señala que, si bien la Directiva 2003/51/CE sobre modernización de cuentas de la UE(1) asegura un nivel mínimo de divulgación de indicadores clave de rendimiento tanto financiero como no financiero, no establece requisitos en relación con el tipo de indicadores que se han de incluir en los informes anuales; pide a la Comisión que investigue nuevas posibles medidas para fortalecer la divulgación de información MSG a nivel europeo;
21. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países para la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;
22. Destaca que la Inversión Socialmente Responsable (ISR) es parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones sobre inversiones; señala que, aunque en la actualidad no existe una definición universal de la ISR, esta combina generalmente los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre temas de gobernanza social, medioambiental, ética (SME) y empresarial;
23. Insta a la UE y a sus Estados miembros a desarrollar nuevas iniciativas políticas destinadas a concienciar y fortalecer el desarrollo de la ISR, por ejemplo considerando la formulación legal de unas normas mínimas de SRI, especialmente en el ámbito de las inversiones y los acuerdos comerciales de la UE con los países en desarrollo;
24. Toma nota de que la RSE es un mecanismo con el cual los empleadores pueden apoyar a sus trabajadores y a las comunidades locales en los países en desarrollo, y de que puede garantizar que los beneficios se repartan equitativamente para desarrollar una prosperidad económica y social sostenible y sacar a más gente de la pobreza, sobre todo en tiempos de crisis financiera; lamenta que los protocolos de intervención social en la actualidad sólo sean voluntarios, e insta a la Comisión a que los haga vinculantes;
25. Pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, la operación y supervisión de los procesos y las estructuras de RSE de las empresas, también mediante el desarrollo continuo de los conocimientos prácticos y de las cualificaciones de los trabajadores mediante la formación y el aprendizaje permanente, y el trabajo con los empleadores desde una perspectiva de verdadera asociación.
DO L 178 de 17.7.2003, p. 16.
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (15.1.2013)
Ponente: Bernd Lange
1. Observa con interés que la Comisión ha empezado a incluir referencias a la responsabilidad social de las empresas (RSE) en los acuerdos comerciales de la UE; opina que, a la vista del decisivo papel que desempeñan las empresas, sus filiales y sus cadenas de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de las empresas debe convertirse en parte integrante del capítulo sobre «Desarrollo sostenible» de los acuerdos comerciales de la UE; pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE en la política comercial;
2. Se compromete a seguir insistiendo en que las instituciones y los responsables de la UE, incluido el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, estén obligados a aplicar normas sociales, ecológicas y de derechos humanos a todas las relaciones y acciones exteriores de la UE;
3. Recalca que el fomento de la RSE es un objetivo que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y que, por consiguiente, la Unión debe garantizar que las políticas externas que ejecuta contribuyan al desarrollo sostenible y al desarrollo social de los países afectados;
4. Insta a la Comisión a que, al elaborar propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE, se base en las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, incluido el procedimiento de denuncia de la OCDE;
5. Felicita a todos los Estados miembros de la OCDE por su amplio trabajo sobre las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, publicadas el 25 de mayo de 2011, toma nota de que 44 gobiernos adherentes —que representan a todas las regiones del mundo y suponen el 85 % de la inversión extranjera directa— alientan a sus empresas a observar estas recomendaciones transcendentales para una gestión empresarial responsable en el país donde operen;
6. Coincide en que los imperativos actuales en materia de medio ambiente y cambio climático y el desarrollo de cadenas de producción mundiales exigen dar al concepto de RSE una cobertura más amplia que la que se pretendía cuando se concibió el concepto; considera necesario, por tanto, definir un concepto actualizado de RSE, en relación con los derechos laborales y los derechos humanos, las cuestiones de empleo, la protección del medio ambiente, las preocupaciones en materia de cambio climático y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal;
7. Pide que, a más tardar, el 1 de enero de 2014 se exija a todas las empresas europeas que operen en terceros países y empleen a más de 1 000 personas que apliquen las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales;
8. Pide a la Comisión que incluya una cláusula vinculante de RSE en todos los acuerdos bilaterales de comercio e inversión que firme la UE, sobre la base de los principios de la RSE definidos a nivel internacional —haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y una buena gobernanza, y prestando especial atención a los derechos humanos, el trabajo digno, las normas laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva y otras consideraciones sociales—, en particular la actualización de 2010 de las Líneas Directrices de la OCDE; opina que esta cláusula debe armonizar las normativas y conceptos existentes con el fin de garantizar la comparabilidad y equidad e incluir medidas para el seguimiento de dichos principios a escala de la UE y su aplicación, y que se deben establecer puntos de contacto nacionales a modo de foros para tratar las cuestiones planteadas en las Líneas Directrices de la OCDE, tales como el requisito relativo al seguimiento de las actividades de las empresas y sus filiales y cadenas de suministro, así como el relativo al respeto de la diligencia debida;
9. Pide a la Comisión que garantice que todas las empresas que operan en el mercado único, incluidas las empresas transnacionales cuyas filiales o cadenas de suministro están ubicadas en la UE, cumplan todas sus obligaciones legales a nivel tanto nacional como de la UE, a fin de garantizar una competencia leal y maximizar los beneficios para los consumidores de la UE; pide a la Comisión que fomente activamente la gestión empresarial responsable entre las empresas de la UE que operan en el extranjero, prestando especial atención a garantizar un estricto cumplimiento de todas sus obligaciones legales derivadas de su legislación nacional o de obligaciones legales bilaterales o internacionales a las que estén sujetas sus operaciones, sobre todo el cumplimiento de las normas y reglamentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente; propone, a tal fin, a la Comisión que se comprometa activamente con sus socios en los países en desarrollo y emergentes para intercambiar mejores prácticas y conocimientos sobre maneras y medios para mejorar el entorno empresarial y aumentar la concienciación sobre gestión responsable de las empresas;
10. Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;
11. Pide a la Comisión que introduzca un procedimiento más abierto y claro para la presentación y el examen de las denuncias por incumplimiento de los principios de la RSE, incluyendo mecanismos de ejecución, y que emprenda investigaciones cuando sea necesario;
12. Pide a la Comisión que inste a las empresas a aplicar la RSE; subraya la necesidad de apoyar y favorecer la difusión de dichas prácticas entre las PYME, limitando al máximo los correspondientes costes y trámites burocráticos;
13. Pide a la Comisión que incluya una cláusula de RSE en los acuerdos con las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial en lo referente a las acciones en favor del desarrollo;
14. Pide a la Comisión que utilice de forma más eficaz las medidas basadas en incentivos y que esté más atenta a la hora de supervisar y garantizar que las empresas transnacionales cuyas filiales o cadenas de suministro están ubicadas en países que participan en el SPG y el SPG+, independientemente de que tengan o no su domicilio social en la Unión Europea, así como los países implicados, a) cumplen sus obligaciones legales nacionales e internacionales en los ámbitos de los derechos humanos, las normativas sociales y laborales, y las reglamentaciones sobre el medio ambiente, b) muestran un compromiso genuino con los derechos, la protección y el bienestar de sus trabajadores y de los ciudadanos en general, c) respetan la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva, y d) abordan cualquier infracción de forma rápida y eficaz;
15. Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la OIT y la OCDE;
16. Recuerda que ya existe la posibilidad de litigios en los tribunales y de alternativas a los mismos para resolver controversias comerciales o reclamar una indemnización por externalidades negativas derivadas de una actividad empresarial irresponsable o ilegal; pide, en este sentido, a la Comisión que procure estimular la sensibilización tanto dentro de la comunidad empresarial como entre el público en general; recuerda que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ofrece servicios de resolución de conflictos a personas, empresas, Estados, instituciones estatales y organizaciones internacionales que buscan alternativas a los litigios en los tribunales que pueden contribuir a mejorar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia en caso de violación de las prácticas empresariales responsables con daños económicos, sociales y medioambientales en la UE o en el extranjero;
17. Pide que se lleve a cabo un control de las medidas restrictivas (sanciones, boicots, embargos), así como de los sistemas de licencias a escala de la UE para artículos de doble uso;
18. Pide que se establezcan mecanismos por los que los principios de la RSE deban ser respetados no solo por la empresa o contratista principal que se beneficie de un acuerdo comercial, sino también por cualquier subcontratista o cadena de suministro que pueda utilizar en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, asegurándose con ello la igualdad de condiciones basada en una retribución justa y unas condiciones de trabajo dignas, y garantizándose los derechos y libertades sindicales.
19. Pide a la Comisión que mejore su modelo de evaluación de impacto sobre la sostenibilidad con objeto de reflejar adecuadamente las implicaciones económicas, sociales, de derechos humanos y medioambientales —incluidos los objetivos en materia de atenuación del cambio climático— de las negociaciones comerciales; pide a la Comisión que lleve un seguimiento de los acuerdos comerciales con los países socios de la UE, realizando, antes y después de la firma de un acuerdo comercial, estudios de evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, tomándose en cuenta particularmente los sectores vulnerables;
20. Subraya que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse plenamente al Parlamento acerca de cómo se incorporan en las negociaciones, antes de celebrarse los acuerdos, los resultados de las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad de los mismos, y acerca de qué capítulos de dichos acuerdos se han modificado para evitar todo impacto negativo que hayan detectado las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad;
21. Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental, o de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la legislación, así como de apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la ley cometidas por las empresas;
22. Pide que se desarrollen unas normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas de tecnología de la UE que participan en la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o de modos que vayan en contra del interés de la UE en materia de seguridad;
23. Pide al SEAE que garantice que los funcionarios de la UE competentes en materia de comercio, si trabajan desde las embajadas de la UE, reciban con regularidad una formación sobre cuestiones relacionadas con la RSE, en particular respecto de la aplicación del Marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», y que las embajadas de la UE funcionen como puntos de contacto de la UE para denuncias relacionadas con empresas de la UE y sus filiales, dado que los puntos de contacto nacionales de la OCDE solo existen en países que se han adherido a la OCDE y por ello, en la práctica, no son accesibles para los empleados de dichas empresas en países no miembros de la OCDE;
24. Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para incorporar los derechos humanos al diseño;
25. Recalca que la sensibilización a nivel empresarial sobre la importancia de la RSE y las consecuencias del incumplimiento de la misma, como tarea de la Comisión Europea, debe ir acompañada por una concienciación y un desarrollo de capacidades adecuados a nivel de los gobiernos de los países de acogida, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los derechos y el acceso a la justicia en relación con la RSE;
26. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;
27. Subraya que los futuros tratados bilaterales de inversión que firme la UE han de garantizar un equilibrio justo entre la necesidad de proteger a los inversores y la necesidad de permitir la intervención del Estado, especialmente en lo que respecta a las normativas sociales, sanitarias y ambientales;
28. Toma nota de las medidas positivas adoptadas en el marco de la reforma en curso de la Directiva sobre la transparencia (2004/109/CE) y de la Directiva sobre las cuentas anuales y consolidadas (2003/51/CE) en relación con la cuestión de la RSE, al tiempo que se establece un equilibrio entre la legítima búsqueda de transparencia y responsabilidad de las empresas y la carga que supone la labor de información a cargo de las empresas; pide a la Comisión que garantice que las empresas que entran dentro del ámbito de las mencionadas Directivas están obligadas a informar regularmente de sus actividades de RSE, en consonancia con las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, al tiempo que prevé disposiciones especiales para las PYME con el fin de que la actividad de información sea factible desde el punto de vista financiero y administrativo;
29. Recalca que la dimensión de la RSE debe incorporarse a los acuerdos comerciales multilaterales, y pide, por ello, a la Comisión que apoye propuestas en ese sentido en los foros internacionales, en particular la OCDE y la OIT, así como en la OMC en el contexto posterior a Doha;
30. Pide que las futuras acciones en materia de RSE abarquen toda la cadena de creación de valor, desde la obtención de materias primas hasta el reciclado, pasando por el comercio;
31. Pide que las políticas en el ámbito de la RSE se incluyan en todos los niveles de los acuerdos comerciales con la UE, e incluyan disposiciones para ampliar la protección a trabajadores migrantes, temporales y desplazados;
32. Opina que la Comisión y los Estados miembros deben alentar a las empresas de la UE a tomar iniciativas para fomentar la RSE y a intercambiar buenas prácticas con sus socios en otros países;
33. Pide que las políticas en materia de RSE y los derechos fundamentales laborales y sindicales, como el derecho a la vida privada y la libertad de asociación, sean respetados por las empresas de la UE en todas sus actividades, ya sea dentro de la UE o en terceros países;
34. Pide una consulta y participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la supervisión de los procesos y estructuras de RSE de las empresas, y solicita que dichas organizaciones colaboren con los empresarios desde una perspectiva de verdadera asociación;
35. Pide un seguimiento mayor y más integrador y transparente de los principios de la RSE en la política comercial de la UE, con unos puntos de referencia claros para medir las mejoras a fin de fomentar la confianza en el sistema;
36. Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera; lamenta que actualmente los protocolos para la intervención social solo sean voluntarios, e insta a la Comisión a hacerlos vinculantes.
OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (19.12.2012)
sobre responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora
Ponente: Morten Løkkegaard
1. Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y la juventud mediante la responsabilidad social de las empresas (RSE);
2. Insta a la UE así como a los Estados miembros a que faciliten información concreta sobre la responsabilidad social de las empresas, y sobre educación y formación en esta materia, a fin de que las empresas aprovechen plenamente la RSE y puedan aplicarla en su cultura organizativa;
3. Insta a los Estados miembros a eximir del pago de impuestos a aquellas empresas que financian actividades de voluntariado e iniciativas sin ánimo de lucro;
4. Hace hincapié en la necesidad de contemplar la responsabilidad social de las empresas en el sistema educativo general a todos los niveles, así como de integrarla en las escuelas empresariales y en los programas de formación para directivos y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas;
5. Insta a los Estados miembros a que integren la responsabilidad social de las empresas en los programas de estudio pertinentes;
6. Subraya la importancia del vínculo entre las empresas y las escuelas que imparten educación secundaria superior, en particular a nivel de la educación superior, y destaca la función de la responsabilidad social de las empresas en la adquisición de experiencia práctica por parte de los estudiantes durante sus estudios, ya sea en forma de trabajo remunerado a tiempo parcial o de prácticas remuneradas en las empresas;
7. Alienta a las empresas a que proporcionen prácticas de calidad, con un fuerte componente de aprendizaje, que faciliten la transición entre la educación y el empleo, promuevan el desarrollo de aptitudes relevantes para el mercado laboral y fomenten la autonomía de los jóvenes;
8. Insta a las empresas a que, en el contexto del compromiso cívico, promuevan la creatividad y los proyectos culturales en sus políticas en materia de responsabilidad social de las empresas y a que fomenten el crecimiento sostenible y la creación de empleo;
9. Hace hincapié en la importancia de implicar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de responsabilidad social de las empresas y reconocer los resultados de las mismas;
10. Insta a las empresas, en colaboración con los interlocutores sociales, a procurar que sus empleados estén informados y formados y participen en los grandes retos sociales europeos, especialmente en el ámbito económico, social, medioambiental e internacional;
11. Insta a fomentar la institución del mecenazgo entre los empresarios;
12. Señala la importante contribución que puede prestar la responsabilidad social de las empresas con la creación de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, la formación y el fomento de comportamientos sociales, el compromiso cívico, la ética profesional y la integración social mediante una interacción de alto nivel con la sociedad, así como mediante actividades intergeneracionales, tales como las tutorías mutuas y la transferencia de conocimientos entre personas mayores y jóvenes; destaca, en particular, la contribución de la responsabilidad social de las empresas a la creación de oportunidades para los jóvenes y al desarrollo de sus cualificaciones;
13. Destaca la importancia de proteger los derechos humanos en las relaciones con terceros países;
14. Acoge con satisfacción el sistema de premio europeo para asociaciones sobre responsabilidad social de las empresas entre empresas y otras partes interesadas, incluidos los centros educativos y las organizaciones deportivas, como una medida importante para aumentar la visibilidad de la RSE;
15. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR), como parte del proceso de aplicación de la responsabilidad social de las empresas en las decisiones de inversión, combina los objetivos financieros y económicos de los inversores con consideraciones sociales, medioambientales, éticas, culturales y educativas;
16. Alienta a los Estados miembros y a la Unión a que tengan en cuenta en su programación de la responsabilidad social de las empresas que las pequeñas y medianas empresas de carácter cultural y creativo pueden tener importantes repercusiones en el cambio social y medioambiental al integrar consideraciones sociales y aportar soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, dando nuevos impulsos al mercado laboral;
17. Insta a emprender investigaciones sobre los motivos de la eficacia o ineficacia de las diversas estrategias aplicadas en el marco de la responsabilidad social de las empresas;
18. Insta a los Estados miembros a que apoyen y valoren el voluntariado entre los trabajadores, así como el voluntariado del mundo empresarial, también en el contexto de la responsabilidad social de las empresas, como se establece en la Resolución de 12 de junio de 2012 sobre el reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE; subraya que el voluntariado no puede afectar en manera alguna a las condiciones de remuneración y de trabajo de los trabajadores y que debe velarse por la complementariedad entre las actividades voluntarias y las remuneradas;
19. Opina que las empresas con un componente cultural o relacionadas con los medios de comunicación ostentan la responsabilidad social corporativa de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y considera que la autorregulación y la inspección profunda de paquetes («deep packet inspection») suponen el riesgo de externalizar y poner en manos del sector privado la aplicación de la legislación;
20. Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas periodísticas en pro de la transparencia en sus políticas de responsabilidad social de las empresas, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes.
Última actualización: 30 de enero de 2013 Aviso jurídico

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 Resolución