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Timestamp: 2020-07-11 18:00:00+00:00

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Potestad Jurisdiccional: Jurisprudencia
Potestad Jurisdiccional: Jurisprudencia. Aprende de forma fácil a distinguir entre la jurisprudencia de tribunales y la jurisprudencia científica (doctrina).
Acerca de la potestad jurisdiccional
Doctrina de tratadistas, ciencia jurídica o jurisprudencia científica
Jurisprudencia de los tribunales, principios y normas emanados de los tribunales
Acerca de la potestad jurisdiccional.
La potestad jurisdiccional corresponde a los Tribunales de Justicia. Los jueces, lo hemos visto ya, de un modo exclusivo están facultados para conocer de los procesos, tallarlos y hacer cumplir sus propias decisiones.
Los fallos de los Tribunales de Justicia conforman lo que se llama la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia.
La jurisprudencia es un término que evoca más de una acepción en Derecho.
Se habla de jurisprudencia, por ejemplo, para significar simplemente: 1) “el conocimiento del Derecho”; otros la utilizan como 2) “ciencia del Derecho, teoría del orden jurídico positivo o doctrina jurídica”; también sirve para designar 3) “el conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los Tribunales de Justicia para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”; otra se refiere a ella para señalar que ésta 4) “corresponde a las normas jurídicas emanadas de sentencias pronunciadas por los Tribunales de Justicia”, en fin, algunos prefieren la expresión de 5) “costumbre jurisprudencial”.
Nosotros estudiaremos, principalmente, dos alcances de esta expresión, el segundo, es decir, el que se refiere a la jurisprudencia científica o doctrina de tratadistas o ciencia jurídica, y la tercera, que es el sentido en el que empleamos normalmente la palabra jurisprudencia, como conjunto de principios emanados de los fallos uniformes de los Tribunales de Justicia.
Doctrina de tratadistas, ciencia jurídica o jurisprudencia científica.
En términos generales, se define la doctrina o jurisprudencia científica como la ciencia del Derecho elaborada por los jurisconsultos o expertos en Derecho.
Según don Máximo Pacheco, la doctrina “son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho, con un propósito meramente teórico de sistematizar sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas, señalando reglas de aplicación”.
En el Derecho Romano, durante el Imperio de Tiberio (siglo V a.C.), los juristas más eminentes contaban con la autorización del emperador para emitir dictámenes que eran obligatorios para los jueces. Con la ley de citas se restringió la labor jurisprudencial, pues sólo a cinco grandes autores se les estaba permitido emitir responso, estos jurisconsultos fueron: Papiniano, Ulpiano, Modestino, Paulo, y Gallo.
Durante los siglos XI y XIV surge una modalidad de la doctrina jurídica que se conoce como la época de los Glosadores. Su nombre hasta hoy se encuentra relacionado con los comentarios que se realizan al margen de los códigos.
En la Baja Edad Media, Alfonso X, El Sabio, con su ordenamiento de Alcalá, establece una estructura jerárquica de las fuentes formales del Derecho. Así, la doctrina queda reducida a la un rol secundario, pues lo primero que hay que consultar es la ley y no al jurista.
Durante la codificación y, principalmente, en el Código de Napoleón, se pretendió elaborar un texto basado estrictamente en la razón y que solucionaba todos los problemas de los hombres.
Funciones de la doctrina.
1°. Función de análisis de la ley.
Comenta, explica e interpreta la ley, determinando su verdadero sentido y alcance.
2°. Función de síntesis de las sentencias judiciales.
Las agrupa, las compara y las critica comparativamente, de manera de ir deduciendo ciertos principios generales que serán aplicados en un futuro.
3°. Función o labor científica.
Donde estudia de manera sistemática y ordenada los principios generales del Derecho.
Doctrina en Chile.
La doctrina, no podemos negarlo, constituye una fuente importante del Derecho. En Chile no se le reconoce como fuente de conocimiento formal.
La mayor parte la considera como fuente material, porque la opinión de los juristas influye en el contenido y la producción de las normas jurídicas, pero deberíamos decir, en términos generales, que constituye fuente formal del Derecho. Se ha dicho, y con razón, que no obliga la opinión de los especialistas, no tiene fuerza obligatoria ni para la comunidad ni para los jueces; sólo constituye una recomendación cuya validez dependerá del peso académico que tenga quien la emite.
Jurisprudencia de los tribunales, principios y normas emanados de los tribunales.
Etimológicamente hablando, jurisprudencia viene del latín juris, prudentia, que puede ser definido como el arte o la sabiduría en materia de Derecho. De hecho, en Roma se le llamó jurisprudentes a los jurisconsultos creadores del Derecho.
Tratar de la jurisprudencia como función de los tribunales significa abordarla, tal como se hiciera respecto de la doctrina, como fuente del Derecho. Desde ese punto de vista, se puede decir que la función jurisprudencial presenta dos aspectos: primeramente, encontramos la jurisprudencia como el conjunto de principios emanados de los fallos uniformes de los Tribunales de Justicia, y, en segundo lugar, como norma jurídica particular, es decir, como fuente creadora de normas jurídicas.
El juez, al ejercer la función jurisdiccional y por mandato constitucional, tiene la obligación de conocer lo juzgado y de hacer cumplir lo fallado. Porque este juez no puede excusarse de ejercer su magistratura por falta de ley que resuelva el caso o por existencia de dos o más leyes que lo hagan; su labor se reduce, en general, a interpretar la norma más adecuada para la resolución del conflicto sometido a su decisión.
Evidentemente que en esta labor se puede ver ayudado de lo que ha sido fallado anteriormente por otros jueces en materias similares, a fin de encontrar un principio o una línea directriz de resoluciones análogas en un mismo sentido. Es en este contexto que hablamos de la jurisprudencia como el conjunto de principios emanados de los fallos uniformes de los Tribunales de Justicia.
En efecto, cuando los tribunales de superior jerarquía, resuelven varios casos semejantes, aplicando las mismas disposiciones legales en un idéntico sentido, van surgiendo ciertos principios y criterios rectores en la aplicación de la ley, pues, al momento de aplicar la ley se resuelve siempre de la misma manera.
Un poco de historia, según don M. Pacheco.
En las épocas primitivas, el Derecho era consuetudinario y la aplicación de sus normas estaba entregada a los jueces, con lo cual la jurisprudencia tenía rango de fuente del Derecho.
En la Edad Media, las sentencias de los jueces constituían una fuente jurídica importante, creando a veces las normas jurídicas y acogiendo otras los antiguos usos y costumbres.
La Revolución francesa miró con recelo a la jurisprudencia, por el peligro que podría suponer para la preeminencia legislativa.
Sistema anglosajón y el sistema continental europeo.
Modernamente, en los países anglosajones, donde el Derecho no está codificado, el juez no es considerado como un intérprete de la ley, sino como la autoridad que crea el Derecho. Las sentencias, al menos de los Tribunales superiores de justicia, constituyen un precedente que en lo futuro obliga al mismo Tribunal y a los Tribunales inferiores. Por ello, el Derecho inglés es esencialmente un Derecho Judicial.
En los países de Derecho codificado, la importancia de la jurisprudencia es menor, pues en ellos, a pesar de existir un Tribunal Supremo de Casación, esto no garantiza la uniformidad, porque los tribunales inferiores no están obligados a seguir fallando los nuevos casos obedeciendo al criterio fijado por la Corte de Casación.
En el Derecho anglosajón, la jurisprudencia es fuente formal porque el juez se transforma en una autoridad que va creando Derecho. Ls el juez el que va creando el Derecho, de esta manera el juez está en la obligación de seguir fallando de la misma manera; aquí, el fallo es vinculante para el juez.
Si el juez deja de respetar las formas de fallar atenta contra el derecho consuetudinario, la costumbre jurisprudencial, que allá se le llama Common law, para oponerla a la ley escrita o Civil law. Lo que dice el juez es una norma como lo es la ley para los sistemas codificados. La jurisprudencia es fuente formal del Derecho en esos sistemas jurídicos.
Artículo 3°, inc. 2°, del Código civil: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.
La Corte Suprema (tribunal de mayor jerarquía) puede ir sentando ciertos criterios, pero no obliga a los tribunales inferiores a ir aplicando estos criterios. Aunque en la práctica, la gran mayoría respeta estos precedentes dejados.
Jurisprudencia como norma jurídica particular.
La encontramos fundamentalmente, cuando el juez está aplicando la ley.
En aplicación del principio de inexcusabilidad del juez, que ya hemos visto que tiene rango constitucional y también legal, al reiterarlo el artículo 10, inciso 2°, del Código Orgánico de Tribunales, el juez al elaborar su sentencia, va transformando su decisión en norma jurídica, en esc caso, su decisión es fuente del Derecho, pero sólo obliga a las partes que hayan intervenido en ese juicio, según lo prescribe el artículo 3° del Código civil.
Para responder tenemos que hacer una distinción:
1°. Si concebimos la jurisprudencia en su acepción de conjunto de principios emanados de los tribunales superiores de justicia, dependerá del sistema de derecho en que se aplique. Así, va a constituir fuente formal, con fuerza vinculante para el juez, en los sistemas no codificados, como el de la common law; mientras que sólo constituirá una fuente material, sin valor vinculante para el juez, en los sistemas herederos del Derecho Romano germánico, como el nuestro.
2°. Si concebimos la jurisprudencia como norma jurídica particular, claramente ella es fuente formal del Derecho, en Chile y en todas partes, pero sólo obliga a las partes intervinientes en el litigio judicial.
Resolución judicial y la cosa juzgada.
Resolución judicial es un concepto genérico, que conlleva variadas especies de actos jurídicos procesales cuyos extremos se encuentran en la sentencia de término, por un lado, y en un decreto, providencia o proveído, por el otro.
Estudiaremos sólo la última resolución judicial, la más importante, la sentencia judicial, aquella que pone término al juicio resolviendo la cuestión debatida.
Concepto de sentencia judicial.
Puede definirse como "el acto del órgano jurisdiccional que pronunciándose sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes contendientes, con el derecho objetivo, da satisfacción a la pretensión que guarde dicha conformidad”.
Esta definición puede ser comparada con la definición legal, la contenida en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), que señala que la sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”.
Veremos más adelante que la sentencia definitiva produce dos efectos fundamentales: el desasimiento y la cosa juzgada.
La sentencia definitiva, según el artículo 170 del C.P.C., debe adecuarse a una forma (los requisitos formales básicos para toda resolución se encuentran en el artículo 169: "Toda resolución de cualquier clase, deberá expresar en letras, la fecha o fechas y el lugar en que se expide la sentencia y la firma del o de los jueces que la dictaron”) y a un contenido de fondo legal mínimo, sin el cual la sentencia es susceptible de ser anulada por la vía del recurso de casación en la forma que conoce la Corte Suprema.
Partes de la sentencia.
Tradicionalmente, la sentencia judicial suele seccionarse en tres partes:
1°. La parte expositiva.
La parte expositiva es aquella parte de la sentencia definitiva en la que el juez debe, fundamentalmente, relatar los hechos y fundamentos de las pretensiones y defensas de las partes. Esta parte demuestra el conocimiento completo del juez de los hechos que está resolviendo.
Regularmente y es un gran defecto de nuestros jueces de primera instancia principalmente, aunque se ven casos en los magistrados de las Cortes de Apelaciones y Suprema, se suele confundir parte expositiva de la sentencia con transcripción completa de todos, o los principales, actos procesales de parte, es decir, en un juicio ordinario, demanda, contestación, réplica y dúplica.
Este actuar muy común se aparta del significado de la parte expositiva. Ciertamente, hay partes dentro de la sentencia que deben ser fieles transcripciones de las pretensiones y defensas de las partes, como la individualización de ellas y el petitorio de la demanda y la contestación (fija el marco de la litis), y en su caso la réplica y duplica, pero en lo demás se trata simplemente de un resumen de los hechos de la causa, de la enunciación de que se recibió la causa a prueba y que se citó a las partes para oír sentencia.
El artículo 170 del C.P.C. en sus tres primeros números contiene la descripción de esta parte de la sentencia:
1° La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio, es lo que se llama “la individualización de las partes”.
2° La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos.
3° Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado.
2°. La parte considerativa.
Como su nombre lo indica, esta parte debe contener las consideraciones de hecho y de derecho de las que el juez se sirve para dictar sentencia. “Considerando que” significa que el juez está en pleno proceso intermedio entre “el conocimiento de la controversia” y “la resolución de la misma”. Así, el juez comenzará, no necesariamente, pero sí por lógica, determinando los hechos del juicio que resultan probados por no existir controversia entre las partes; los que resultan probados por los medios de prueba aportados por las partes y la valoración legal de esos medios de prueba. Luego de probados los hechos, enuncia las leyes que aplicará en la resolución del asunto.
Así, el artículo 170 del C.P.C. se refiere a la parte considerativa en los números 4° y 5°:
4° Las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
5° La enunciación de las leyes o, en su defecto, de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.
3°. La parte resolutiva.
La parte resolutiva, generalmente, es la más corta de la sentencia, pero la más difícil. Lila contiene la decisión del asunto controvertido, terminará por regla general con “se hace lugar a la demanda” o “se niega lugar a la demanda” o expresiones similares, como “se acoge la acción deducida”, etc. Contendrá en su caso la condenación en costas de la parte vencida, salvo que haya habido motivo legítimo para litigar.
El artículo 170 del C.P.C. en su número 6° se refiere a ella:
6° La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.
Comparación entre la ley y la sentencia.
La ley es abstracta y general, y la sentencia es particular, y para el caso concreto.
Ambas emanan del poder público.
Ambas tienen fuerza obligatoria (en ambos casos, su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza socialmente organizada).
La ley emana del Poder Legislativo y la sentencia emana del Poder Judicial.
La ley busca satisfacer los intereses de carácter general. En cambio, la sentencia busca resolver una necesidad de carácter particular.
La ley tiene efecto general, en cambio, la sentencia tiene un efecto particular, son más bien relativas (sólo afectan a las partes involucradas).
Así lo establece el artículo 311 inc. 2°, del Código civil: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Se trata de una sentencia que declara la veracidad o falsedad.
Hay contadas excepciones de este principio general del efecto relativo de las sentencias, por ejemplo, en los juicios de reconocimiento de paternidad, el hecho que se declare que una persona es hijo de otra persona produce efectos no sólo al padre y al hijo en disputa, sino a todas las personas que están vinculadas por parentesco, que se verán obligadas en sus efectos por la sentencia declarativa. Normalmente, todas las acciones de familia producen este efecto llamado erga omnes.
La ley, salvo contadas excepciones, no es sino fruto de un acto de autoridad del legislador, que detentando una parte de soberanía popular ha sido encargado por la comunidad para dictar las leyes. Las sentencias son el producto de un acto de las partes, que han solicitado el pronunciamiento del tribunal para solucionar un conflicto determinado.
La ley rige situaciones hipotéticas que no han sucedido, rige para el futuro, en cambio, la sentencia soluciona algo que ya sucedió, soluciona un conflicto pasado o presente.
La ley puede ser dejada sin efecto en cualquier momento. En cambio, la sentencia, una vez firme y ejecutoriada, no puede dejarse sin efecto.
Cuando hablamos de sentencia firme o ejecutoriada, inevitable es que nos adentremos en el estudio de la cosa juzgada. La sentencia se entiende firme, desde que han transcurrido todos los plazos para interponer recursos sin que éstos se hayan interpuesto o hasta que haya quedado fallado el último de los recursos interpuestos.
A partir de este momento, la sentencia no puede ser modificada por el propio juez.

References: resolución 

Artículo 3
 artículo 10
 artículo 3

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 158
 artículo 170
 resolución 
 artículo 169
 resolución 
 artículo 170
 resolución 
 resolución 
 artículo 170
 artículo 170
 resolución 
 artículo 311