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Timestamp: 2018-11-19 07:55:05+00:00

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TÍTULO I. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
CAPÍTULO II. SUELO URBANO.
CAPÍTULO III. SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO IV. SUELO URBANIZABLE.
CAPÍTULO I. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
CAPÍTULO II. PLANES PARCIALES.
CAPÍTULO III. PLANES ESPECIALES.
CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y SUBSIDIARIOS.
TÍTULO III. INSTRUMENTOS ESPECIALES.
CAPÍTULO I. PROYECTOS SUPRAMUNICIPALES.
Artículo 77. Declaración.
Artículo 78. Concurso para la ubicación.
Artículo 79. Contenido.
Artículo 80. Procedimiento de aprobación.
Artículo 81. Efectos.
CAPÍTULO II. CONVENIOS URBANÍSTICOS.
Artículo 83. Convenios sobre planeamiento.
Artículo 84. Convenios de gestión.
CAPÍTULO III. PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO.
Artículo 85. Constitución.
Artículo 86. Naturaleza jurídica.
Artículo 87. Bienes integrantes.
Artículo 88. Reservas de terrenos.
SECCIÓN II. OBJETO.
Artículo 89. Destino.
Artículo 90. Cesiones onerosas.
Artículo 91. Cesiones gratuitas.
Artículo 92. Cesiones entre Administraciones.
Artículo 93. Derecho de superficie.
TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.
CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS GENERALES.
Artículo 94. Finalidades.
Artículo 96. Presupuestos de ejecución.
Artículo 97. Proyectos de Urbanización.
Artículo 98. Proyectos de Obras Ordinarias.
Artículo 99. Unidades de ejecución.
CAPÍTULO II. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
Artículo 100. Definiciones.
Artículo 101. Aprovechamiento medio.
Artículo 102. Aprovechamiento en suelo urbano.
Artículo 103. Aprovechamiento en suelo urbanizable.
Artículo 104. Diferencias de aprovechamiento.
Artículo 105. Bienes de dominio público.
CAPÍTULO III. OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES.
SECCIÓN I. MODALIDADES.
Artículo 106. Definiciones.
Artículo 107. Sistemas generales.
Artículo 108. Dotaciones locales.
Artículo 109. Suelo urbano consolidado.
SECCIÓN II. OCUPACIÓN DIRECTA.
Artículo 111. Procedimiento.
Artículo 112. Indemnización.
CAPÍTULO IV. EXPROPIACIÓN FORZOSA.
Artículo 113. Supuestos expropiatorios.
Artículo 114. Función social de la propiedad.
Artículo 115. Deber de edificar.
Artículo 116. Superficies expropiables.
Artículo 117. Servidumbres.
Artículo 118. Prohibición de construcciones.
Artículo 119. Plazo.
TÍTULO V. SISTEMAS DE ACTUACIÓN.
Artículo 120. Modalidades.
Artículo 121. Elección.
Artículo 122. Reducción de cargas.
SECCIÓN II. REPARCELACIÓN.
Artículo 125. Contenido.
Artículo 126. Exclusiones.
Artículo 127. Reparcelación económica.
Artículo 128. Suspensión de licencias.
Artículo 131. Normalización de fincas
CAPÍTULO II. SISTEMAS DE ACTUACIÓN DIRECTA.
SECCIÓN I. SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN.
Artículo 132. Caracteres.
Artículo 133. Liberación.
Artículo 1 34. Parcelas resultantes.
SECCIÓN II. SISTEMA DE COOPERACIÓN.
Artículo 135. Caracteres.
Artículo 136. Gastos.
Artículo 137. Colaboración.
CAPÍTULO III. SISTEMAS DE ACTUACIÓN INDIRECTA.
SECCIÓN I. SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
Artículo 138. Caracteres.
Artículo 139. Estatutos y Bases.
Artículo 140. Incorporaciones y expropiaciones.
Artículo 141. Procedimiento conjunto.
Artículo 142. Junta de Compensación.
Artículo 143. Reparcelación.
Artículo 144. Transmisiones.
Artículo 145. Responsabilidad.
SECCIÓN II. SISTEMA DE EJECUCIÓN FORZOSA.
Artículo 146. Caracteres.
Artículo 147. Comisión Gestora.
Artículo 148. Reparcelación.
Artículo 149. Ocupaciones.
Artículo 150. Urbanización.
Artículo 151. Liquidación.
SECCIÓN III. SISTEMA DE CONCESIÓN DE OBRA URBANIZADORA.
Artículo 152. Caracteres.
Artículo 153. Adjudicación.
Artículo 154. Responsabilidad.
Artículo 155. Retribución.
Artículo 156. Ocupaciones.
TÍTULO VI. EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.
CAPÍTULO II. EDIFICACIÓN FORZOSA.
CAPÍTULO III. LICENCIAS.
CAPÍTULO IV. PARCELACIONES.
CAPÍTULO V. DEBER DE CONSERVACIÓN.
TÍTULO VII. DISCIPLINA URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I. INSPECCIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 193. Competencias.
Artículo 194. Facultades.
Artículo 195. Funciones.
Artículo 196. Obras y usos en curso de ejecución.
Artículo 197. Obras terminadas.
Artículo 198. Competencias autonómicas.
Artículo 199. Suspensión de licencias.
Artículo 200. Revisión.
Artículo 201. Suspensión de suministros.
Artículo 202. Sujeción a otros regímenes.
Artículo 203. Infracciones leves.
Artículo 204. Infracciones graves.
Artículo 205. Infracciones muy graves.
Artículo 206. Responsables.
Artículo 207. Graduación de sanciones.
Artículo 208. Obligaciones adicionales.
Artículo 209. Prescripción.
Artículo 210. Competencias.
TÍTULO VIII. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS.
CAPÍTULO I. ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 211. Pequeños municipios.
Artículo 212. Ausencia de Plan General.
Artículo 213. Plan General.
Artículo 214. Especialidades.
CAPÍTULO II. ZONA PERIFÉRICA.
Artículo 215. Construcciones en zona periférica.
Artículo 216. Requisitos de las construcciones.
Artículo 217. Conexión a redes
Artículo 218. Competencia.
Artículo 219. Cesión de viales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Suelo no urbanizable especial en municipios sin planeamiento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Unidad mínima de cultivo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cartografía.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Información pública y audiencia de interesados por iniciativa privada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Publicidad y publicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Adecuación de sanciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Adaptación y elaboración de Planes Generales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Instrumentos urbanísticos vigentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Régimen transitorio del suelo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Instrumentos urbanísticos en tramitación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Autorización de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Unidades mínimas de cultivo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Regularización de parcelaciones ilegales.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA. Derogaciones específicas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA. Cláusula general.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Normas reglamentarias del Estado aplicables como derecho supletorio.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado , todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículos 20.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
El origen directo de la presente Ley se encuentra en el reconocimiento de la plenitud de la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo, tras la declaración de inconstitucionalidad debida a falta de competencia del Estado, de buena parte de los preceptos del texto refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio), conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 marzo.
Tras la citada sentencia, se produjo una situación de cierta desorientación normativa. Vacío normativo no lo ha habido realmente, puesto que la declaración de inconstitucionalidad del Derecho supletorio contenido en el texto refundido de 1992 iba acompañada de la expresa cautela de recuperación de vigencia del Derecho supletorio anterior (texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril), coincidente en la casi totalidad de los casos, incluso en su literalidad con las normas anuladas por falta de competencia del Estado.
Dicho de otro modo: La realidad de la incompleta aplicación del texto refundido de 1992 en Aragón, junto con la ausencia de apremiantes necesidades de puesta en marcha del mismo han permitido pasar al resucitado texto de 1976 sin necesidad de volver a resucitar inmediatamente el de 1992, como han tenido que hacer otras Comunidades Autónomas. Aunque la situación no debe perpetuarse, siendo necesario establecer una legislación urbanística propia de la Comunidad Autónoma que resulte eficaz y completamente aplicada.
Por otra parte, la reciente aprobación por el Estado de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, completa el conjunto de las razones determinantes de la nueva legislación urbanística de la Comunidad Autónoma. En efecto, aunque el Estado carece de competencias directas en materia de urbanismo, dispone de atribuciones sobre cuestiones básicas que delimitan el alcance de la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas. Al haberse formalizado en la Ley estatal citada la nueva legislación básica que más directamente incide sobre el urbanismo, es preciso, pues, llevar a cabo las consecuentes adaptaciones del Derecho de la Comunidad Autónoma.
En la oportunidad de establecer esa normativa urbanística propia de la Comunidad Autónoma, no conviene olvidar una importante cultura jurídico-urbanística que sería necio orillar por el mero prurito de presentar una Ley enteramente novedosa. Pero sería igualmente inadecuado ignorar relevantes y prácticas aportaciones, ya ensayadas en alguna Comunidad Autónoma, que bien pudieran resultar útiles en ocasiones en la nuestra. Por ello, esta Ley trata de cohonestar tradición y modernidad la cultura jurídico-urbanística heredada y los nuevos avances técnicos en la materia. Así, al perfeccionamiento técnico de instrumentos tradicionales y a su adaptación a las necesidades de la Comunidad Autónoma se une la introducción en nuestro ordenamiento autonómico de algunas nuevas técnicas urbanísticas, con importantes correcciones y adaptaciones a la realidad aragonesa, especialmente en lo que respecta a la ejecución del planeamiento. Se profundiza con ello en la consolidada filosofía de nuestra legislación, que viene concibiendo el urbanismo como una función pública, consistente fundamentalmente en planificar el uso constructivo del territorio, ejecutar las obras públicas de urbanización o rehabilitación, intervenir en el mercado del suelo y garantizar la correcta realización y conservación de las construcciones.
En estas manifestaciones de aseguramiento de las raíces de la tradicional legislación urbanística no debe verse una suerte de inmovilismo normativo. Entiéndase bien el planteamiento de la Ley: Conservar lo que no sea preciso innovar.
Las innovaciones pueden provenir, en primer término de la experiencia aplicativa del Derecho urbanístico, que aconseja suprimir aquellas técnicas que no parecen aplicables en nuestra Comunidad Autónoma, salvo recurriendo al establecimiento de pesados aparatos burocráticos o configurando hábiles fórmulas de eludir la sustancia de los contenidos legales formalmente ejecutados. En otras ocasiones, las innovaciones constituyen exigencias derivadas de la reforma de la legislación del Estado. Por último, la Comunidad Autónoma ejerce también, a través de esta Ley, sus propias opciones urbanísticas, desarrollando una serie de instrumentos que tratan de asegurar el control y dirección públicos de los procesos de ejecución del planeamiento en términos compatibles con la más amplia participación del sector privado, en garantía de la libre competencia.
El objeto de la Ley no es -no debe ser- la realización de actividad urbanística, sino la regulación de ésta. La Ley adopta las grandes opciones institucionales, proporciona los instrumentos, las técnicas y los medios para que la Administración pueda poner en práctica el modelo urbanístico que se ajuste a las directrices políticas establecidas por el Gobierno, en el ámbito autonómico, o por el Ayuntamiento Pleno, en los municipios.
Quizá ésta sea la primera pauta original de la Ley: Configurarse a sí misma como norma jurídica con auténtica vocación de permanencia. En tal sentido, viene siendo frecuente, y no sólo en relación con el urbanismo, que el legislador pretenda inmiscuirse en las tareas ejecutivas, rebasando la esfera que para su actuación delimita el principio de la división de los poderes. Algunos legisladores, quizá por su mayor implicación en las cuestiones aplicativas del Derecho, pretenden no ya controlar al correspondiente ejecutivo, sino sustituirle directamente. Pues bien, en todos los sectores es necesario ir configurando las responsabilidades respectivas. En materia urbanística, esto significa que el modelo de ciudad de cada experiencia, con sus características tradicionales y sus pautas de crecimiento, debe ser cuestión propia de la política ejecutiva: el legislador no ha de tomar decisiones particulares, limitando su esencial tarea a la configuración del marco normativo para el desenvolvimiento de la actividad urbanística.
El anterior planteamiento requiere una especial introducción o consolidación, precisamente, con respecto a la legislación urbanística. En efecto, buena parte de los defectos y los problemas de esta legislación, en los términos de nuestra experiencia, tienen que ver con la obsesión por poner en práctica modelos urbanísticos a través de la norma jurídica, modelos que, por su propia naturaleza, responden a las necesidades de concretas experiencias ciudadanas, con lo cual resultan difícilmente transportables para la solución de otro tipo de problemas.
Tal planteamiento es hoy posible una vez que la terminología y el sistema competencial establecidos en la Constitución han ayudado a deslindar los campos de las funciones públicas de ordenación del territorio y de urbanismo El urbanismo es actuación vertebrada por el tejido ciudadano: Por su conservación en el suelo urbano, por su formación en el suelo urbanizable, por su evitación en el suelo no urbanizable. Cuando en alguna ocasión se critica el empleo legislativo de la denominación de suelo no urbanizable resaltando su carácter negativo, quizá no se toma en consideración la necesaria limitación funcional a la que obedece la expresión. El urbanismo, entendido esencialmente como ordenación interna del fenómeno urbano, se completa con la ordenación del territorio, que regula, ante todo, el sistema de ciudades, sus comunicaciones y equilibrios, sus ausencias y sus límites.
La Ley potencia el planeamiento urbanístico municipal, sobre todo a través del Plan General de Ordenación Urbana, que se constituye en la única figura de planeamiento general admitida. Ahora bien, para posibilitar su utilización en todos los casos, se han establecido contenidos diferenciados del plan general, atendiendo a la envergadura de los municipios. Habida cuenta de la gran dispersión del mapa municipal aragonés, se ha distinguido a los pequeños municipios, de menos de 500 habitantes, y, parcialmente, también a los de menos de 2.000 habitantes, previendo un contenido más ligero del correspondiente plan general.
Ahora bien, en el ámbito adecuado para e! desenvolvimiento de la iniciativa privada, la Ley introduce diversos mecanismos que tienden a fomentarla. Así, la iniciativa privada conforma un apartado especial en los procedimientos de aprobación de los Planes Parciales y de los estudios de detalle, que se configuran como procedimientos tipo, con las necesarias adaptaciones, para otros instrumentos urbanísticos (planes especiales, proyectos de delimitación del suelo urbano, proyectos de urbanización, proyectos de reparcelación). La sustitución de a actividad estrictamente administrativa por la iniciativa privada para los trámites de información y audiencia públicas puede ser, en tal sentido, un mecanismo que agilice la tramitación burocrática de los instrumentos urbanísticos.
La promoción de la iniciativa privada en materia de urbanismo ha sido eje vertebrador de las últimas reformas de la legislación del Estado. No obstante, la traducción práctica de esa premisa requiere no sólo atemperar los intereses privados con los públicos confiados a las diversas Administraciones Públicas implicadas en el urbanismo: también es preciso compaginar entre sí los diferentes intereses particulares afectados.
La Ley pretende asegurar un alto grado de pluralismo en la promoción territorial, objetivo que sirve para vertebrar distintas previsiones normativas en materia de clasificación del suelo, aprovechamiento urbanístico, instrumentos de ejecución del planeamiento y sistemas de actuación
La ejecución del planeamiento habrá de plantearse, normalmente, a través de proyectos de urbanización, aunque la Ley regula también otros instrumentos que pueden flexibilizar mucho la práctica de la gestión urbanística sin mengua de las garantías que el interés público exige. En primer lugar, se regulan los proyectos de obras ordinarias, exigiendo la aprobación de sus características generales por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública. En segundo término, los proyectos supramunicipales sirven de válvula de escape para la realización de actividades industriales, de servicios y edificatorias que reúnan ciertas características, así como para legitimar obras públicas sectoriales Por fin, la regulación de los convenios urbanísticos entre Administraciones y con particulares ha de contribuir a colmar un conocido vacío de la práctica urbanística, introduciendo pautas de adecuada flexibilización de ésta.
La Ley amplía notablemente los sistemas de actuación, configurándolos directamente como formas de gestión de una actividad pública, la actividad urbanizadora. Se pone fin, así, en la Comunidad Autónoma, a la anterior distinción entre sistemas públicos y privados, complicada por la posibilidad de gestión de los primeros mediante formas directas o indirectas, de manera que terminaba dándose la posibilidad de sistemas públicos de gestión privada. En la Ley aragonesa, la urbanización es siempre una función pública, que se gestiona directamente por la Administración, en los sistemas de expropiación y cooperación, o indirectamente, por un urbanizador, propietario o no -aunque éste goza de una amplia preferencia en el caso de que decida ejecutar por si mismo la urbanización-, mediante los sistemas de compensación, ejecución forzosa o concesión de obra urbanizadora.
La utilización directa de los conceptos permite comprender mejor el alcance de las potestades administrativas. Urbanizar es una función pública, gestionada con mayor o menor colaboración privada: pero, al mismo tiempo, urbanizar genera una serie de obligaciones que incumben al propietario del suelo. No son términos incompatibles. Corresponde a la Administración la decisión de urbanizar y la responsabilidad de su gestión, a costa de quien tiene el deber de sufragar la obra urbanizadora y, en su caso, de ejecutarla, salvo que estos deberes se supriman mediante la expropiación forzosa. El propietario puede urbanizar por sí mismo, asumiendo el coste de la actuación, o pagar dicho coste a la Administración o a quien actúe como urbanizador en lugar de la misma. Lo que la Ley trata de impedir en todo caso es que se encuentre en situación de impedir el desarrollo urbano cuando éste sea considerado necesario por la Administración: En tal caso, si el propietario no actúa, podrá hacerlo la propia Administración o un tercero, el urbanizador, como gestor de la obra urbanizadora.
El establecimiento de ese deber del propietario resulta esencial para comprender el proceso de urbanización. El propietario no ha de configurarse como institución enfrentada al empresario de cara al desarrollo de la urbanización. Las teorizaciones doctrinales que pretenden disociar, incluso en términos constitucionales, propiedad y empresa, llevan a consecuencias difícilmente admisibles. En efecto, el propietario al que no correspondiera el deber de urbanizar se convertiría en un especulador legal y, paralelamente, el empresario que pudiera imponer la urbanización al propietario pasaría a ser un usurpador legal. La necesaria compaginación de los diversos intereses constitucionalmente protegidos debe llevar al establecimiento de fórmulas que impidan el enfrentamiento entre los mismos. En tal sentido, por una parte, no hay ningún impedimento constitucional en configurar obligaciones positivas de los propietarios: por otra parte, tampoco hay ningún inconveniente en prever mecanismos de fomento empresarial para que la urbanización se lleve en todo caso a la práctica Así, se ha procurado configurar el sistema de concesión de obra urbanizadora de manera que permita combinar la protección de ambas esferas de intereses privados, dentro del respeto al carácter público de la urbanización.
Propiedad y empresa son términos complementarios en la práctica urbanística. El propietario, de este modo, tiene un derecho preferente a afrontar la acción urbanizadora que justifica la posibilidad que la Ley le otorga de subrogarse en la condición de urbanizador, asumiendo íntegramente su posición jurídica. A su vez, el empresario no propietario podrá intervenir como urbanizador cuando la Administración considere adecuada la ejecución de una actuación urbanizadora y los propietarios no deseen ejecutarla por sí mismos. Así, la propiedad del suelo otorga a su titular, frente a otros particulares, el derecho preferente a ejecutar la urbanización, ni tiempo que comporta, en todo caso, el deber de sufragar su coste. En cualquier caso, queda plenamente garantizado el carácter de función pública de la acción urbanizadora.
Conforme al segundo aspecto, la Ley lleva a sus últimas consecuencias el reconocimiento de un límite al deber de conservación de las edificaciones, ligando mecanismos subvencionales a la regulación de las órdenes de ejecución y las declaraciones de ruina. La declaración de ruina de las edificaciones va a poder, así, insertarse en el mismo procedimiento de las órdenes de ejecución, que concretan el alcance del deber de conservación del propietario. Por una parte, se dan importantes facultades al Ayuntamiento para colaborar con el propietario en el mantenimiento de las edificaciones: por otra, se establece la situación de ruina como el limite de colaboración exigible al propietario. Para asegurar la prevalencia del interés público, sin embargo, se permite que el Ayuntamiento altere el estado de ruina, asumiendo las obras que excedan de la obligación del propietario
También se ha procurado clarificar al máximo los mecanismos de disciplina urbanística. Esta aparece reforzada por la regulación de la inspección urbanística, sin la cual carecen de viabilidad práctica tanto las medidas de protección de la legalidad urbanística como el régimen sancionador. Las mayores novedades, en e primer aspecto, se refieren a la clara identificación del ámbito propio de la competencia municipal, sin prever injerencias de otras Administraciones Públicas, que cabría considerar contrarias al principio constitucional de la autonomía municipal. En la materia sancionadora, se ha procurado perfilar los tipos de las diferentes infracciones y las sanciones pertinentes, cuyas cuantías pecuniarias expresa directamente la Ley, sin perjuicio de asegurar la privación de todo beneficio ilícito.

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Artículo 211

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Artículo 213

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Artículo 215

Artículo 216

Artículo 217

Artículo 218

Artículo 219
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