Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6041
Timestamp: 2020-03-30 08:10:26+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 74/2007
SENTENCIA 74/2007, de 16 de abril
ECLI:ES:TC:2007:74
En el recurso de amparo núm. 4124-2003, promovido por doña María Teresa López Móstoles, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Messa Teichman y asistida por la Abogada doña Patricia Gómez Santiago, contra la Sentencia de 10 de junio de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid y la Sentencia de 1 de abril de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han sido parte don José Vicente Calomarde Burgaleta, representado por el Procurador de los Tribunales don José Lledó Moreno y asistido por el Abogado don Bernabé Echevarría Mayo, y la entidad mercantil Perfumerías GAL, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don José Lledó Moreno y asistida por el Abogado don Alberto Sancho León. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el día 23 de junio de 2003, la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Messa Teichman, actuando en nombre y representación de doña María Teresa López Móstoles, presentó recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
a) La demandante de amparo presentó el día 27 de mayo de 2002 ante los Juzgados de lo Social de Madrid demanda de tutela de derechos fundamentales contra Perfumerías GAL, SA., contra don José Vicente Calomarde Burgaleta, Director Técnico de la empresa y superior directo de la demandante, y contra el Ministerio Fiscal. En la demanda alegaba la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 10, 14, 15, 17 y 18 CE, que le había producido daños psíquicos de estrés laboral por los que solicitaba una indemnización. Mediante otrosí interesaba la práctica de determinados medios de prueba.
b) La tramitación de la demanda correspondió al Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid que, por providencia de 31 de mayo de 2002, admitió a trámite la demanda, señaló fecha para el juicio y resolvió sobre la prueba propuesta. El procedimiento se sustanció con el núm. 459-2002, celebrándose el juicio en la fecha señalada, con práctica de amplia prueba testifical y documental.
c) Mediante Sentencia de 10 de julio de 2002 el Juzgado de lo Social estimó parcialmente la demanda, declarando que la conducta del demandado don José Vicente Calomarde Burgaleta había constituido un atentado a la integridad moral de la demandante, condenándole al pago de una indemnización de 25.000 € por daños morales, absolviéndole del resto de los pedimentos y absolviendo también a la codemandada Perfumerías GAL, S.A., de las pretensiones deducidas contra ella.
d) Entre otros, la Sentencia declara como hechos probados los siguientes:
- El 28 de diciembre de 2001 presenta la demandante expediente de invalidez y es reconocida por los facultativos del EVI[A1]. El informe de éstos indica la siguiente afectación: “Se encuentra en tratamiento en Salud Mental desde hace un año por un cuadro ansioso depresivo en relación con estrés laboral desde 5/00, con ánimo bajo, manifestaciones de ansiedad, sentimientos de minusvalía, dificultades de concentración, insomnio, pérdida de peso ... aunque los síntomas y el conflicto se remontan a tiempo atrás en relación con las conductas de su jefe, su agresividad, explosiones de ira, infravaloraciones ... que no parecen centrarse únicamente en la paciente sino en todo su entorno. Actualmente en este sentido ya tolera hablar del problema sin llorar, ha mejorado su ánimo pero persisten manifestaciones de ansiedad, cierto aislamiento, huye de lugares concurridos por inicio de crisis de pánico”. Como afecciones psíquicas se indica: “Aporta informe de psiquiatría en el que confirman persistencia de ansiedad, con dificultades de concentración”. Su juicio diagnóstico es: reacción depresiva en remisión y ansiedad generalizada. Y como posibilidades terapéuticas apuntan una posible mejoría de los síntomas anímicos, añadiendo que si tuviera que volver al mismo entorno laboral se agravaría.
e) Recurrida la Sentencia en suplicación por todas las partes, con fecha 1 de abril de 2003 dictó sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la Sentencia la Sala desestimó, en primer lugar, el recurso de la trabajadora, que pretendía que la empresa fuera también condenada, reiterando que no existía constancia de que el empleador conociera los hechos. Desestimó, igualmente, el recurso de la empresa, por carecer de interés la recurrente, ya que había sido absuelta. Y, por último, estimó el recurso del Sr. Calomarde, que alegaba infracción del art. 15 CE y de los arts. 1101 y 1903 del Código civil. En relación con este último recurso, la Sala razonó en su Sentencia lo siguiente: “No cabe duda de que su conducta es abiertamente reprochable, y la empresa que desconocía totalmente ese preceder, de haberlo sabido, cosa que ni el comité de empresa se lo había dicho, pese a que el marido de la actora, había formado parte del mismo, podía haber puesto fin a la conducta del actor, mediante la imposición de sanción o sanciones, que hubieren teóricamente podido llegar hasta el despido, ya que el despido disciplinario, considera como incumplimiento contractual, las ofensas verbales, o físicas, a las personas que trabajan en la empresa. Ese reproche, debió ser objeto de sanción por la empresa, y si no fue así, fue por falta de denuncia y de conocimiento, pero no es en sí mismo, esa conducta del recurrente, también trabajador como la actora, vulneradora del art. 15 de la Constitución, pues solo podría serlo la empresa, si denunciados y acreditados los hechos, no hubiere sanción, amparando así el proceder del recurrente, en todo caso, el hecho probado sexto, también acredita altibajos en las relaciones. Se absuelve pues al recurrente por no poder ser autor de violación del derecho fundamental alegado de derecho a la integridad física y mental, revocándose por tanto la sentencia”.
3. En su demanda de amparo la recurrente considera que las resoluciones recurridas han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con los arts. 14, 15, 18 y 24 CE. Para ello distingue la vulneración de derechos fundamentales atribuible al Sr. Calomarde de aquella que considera imputable a la empresa codemandada en el proceso.
4. Por providencia de 26 de abril de 2005, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimaran oportunas en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 16 de mayo de 2005 el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones en el trámite conferido, solicitando la admisión a trámite de la demanda de amparo.
6. La representación procesal de la demandante de amparo presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de mayo de 2005, reiterando su solicitud de admisión a trámite de la demanda.
7. Por providencia de 9 de junio de 2005, la Sala Segunda acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda. En dicha providencia se acordó igualmente, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 914-2003-5, así como remitir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos 459-2002, debiendo previamente emplazarse para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el indicado procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
8. Mediante escrito registrado el día 28 de julio de 2005 el Procurador de los Tribunales don José Lledó Moreno, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Perfumería GAL, S.A., solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento.
9. Mediante escrito registrado el día 29 de julio de 2005 el Procurador de los Tribunales don José Lledó Moreno, actuando en nombre y representación de don José V. Calomarde Burgaleta, solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento.
10. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de 22 de septiembre de 2005 se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don José Lledó Moreno, en nombre y representación de Perfumería GAL, S.A., y de don José V. Calomarde Burgaleta, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de las cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
11. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 7 de octubre de 2005, solicitando el otorgamiento del amparo.
12. Por escrito registrado el día 21 de octubre de 2005, la entidad mercantil Perfumerías GAL, S.A., presentó sus alegaciones, solicitando la desestimación del amparo.
13. Por escrito registrado el día 21 de octubre de 2005, don Vicente Calomarde Burgaleta presentó sus alegaciones, solicitando la desestimación del amparo.
14. Por providencia de 12 de abril de 2007 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
1. Debemos analizar en la presente demanda de amparo si, como sostiene la demandante, las Sentencias de 10 de junio de 2002, del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, y 1 de abril de 2003, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictadas en el procedimiento seguido por la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la actora contra los demandados Perfumerías GAL, S.A., y don José V. Calomarde Burgaleta, han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la igualdad ante la ley y a la prohibición de discriminación (art. 14 CE), a la protección de la integridad física y moral (art. 15 CE) y al honor (art. 18 CE).
2. Para abordar el análisis de las cuestiones planteadas en la presente demanda de amparo debemos comenzar por precisar su contenido.
3. Centrado, por tanto, el objeto de nuestro análisis en la determinación de si las resoluciones judiciales recurridas han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la integridad moral (art. 15 CE) de la demandante de amparo, y conforme a nuestra doctrina (SSTC 48/2002, de 25 de febrero, FJ2; 51/2003, de 17 de marzo, FJ3; 15/2006, de 16 de enero, FJ2; 265/2006, 11 de septiembre, FJ 4) ha de comenzarse por la alegada vulneración del derecho fundamental citado en primer lugar, por cuanto, en su caso, la estimación llevaría consigo la retroacción de actuaciones, haciendo innecesario entrar a conocer de la también alegada vulneración del art. 15 CE. Es preciso comenzar por recordar que, de conformidad con nuestra reiterada doctrina, el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva, en primer lugar, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho y que “el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3)”, que “conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000,de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6)” (STC 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 5).
4. La primera de las decisiones judiciales que la demandante de amparo considera vulneradora de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la integridad moral (art. 15 CE) es la decisión de absolver al Sr. Calomarde de las pretensiones deducidas en su contra en la demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por la demandante de amparo. Dicha absolución fue declarada por la Sentencia de 1 de abril de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, revocando en tal sentido el fallo de la Sentencia de 10 de junio de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, que había declarado que la conducta enjuiciada constituía un atentado a la integridad moral de la trabajadora y condenado a don José V. Calomarde Burgaleta, como autor responsable de la misma, a indemnizar por daños morales a aquélla en la cuantía de 25.000 €.
5. En los términos planteados no cabe sino apreciar que la Sentencia recurrida es manifiestamente irrazonable y carente de una auténtica fundamentación en Derecho. En efecto, no resulta razonable y es contradictorio considerar que el demandado Sr. Calomarde no puede ser autor de una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de la demandante cuando la propia resolución ha considerado acreditados los hechos descriptivos de la conducta del demandado y ha considerado, igualmente, que tal conducta habría podido ser considerada causa de despido de éste.
6. La demandante de amparo reprocha también la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la integridad moral (art. 15 CE) a la Sentencia de 10 de junio de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, por no haber declarado la responsabilidad de la empresa Perfumerías GAL, S.A., en los hechos imputados al Sr. Calomarde, en base a su falta de conocimiento sobre los mismos. A juicio de la demandante, la atribución de responsabilidad a la mercantil demandada no depende única y exclusivamente de que se determine si hubo conocimiento o no de la situación sino de la existencia de un deber de prevención que recae sobre la entidad demandada, con independencia y con anterioridad a que los empleados incurran o no en estos comportamientos vulneradores de los derechos fundamentales.
7. Declarada la vulneración por la Sentencia de 1 de abril de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo, para restablecerla en la integridad de su derecho será preciso anular dicha Sentencia y retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que por la Sala se dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho vulnerado, de manera que no se excluya la existencia de lesión del derecho fundamental de un trabajador por la circunstancia de que el autor de los hechos constitutivos de la misma, con independencia de que sea o no el único responsable, a su vez, trabajador de la empresa.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por doña María Teresa López Móstoles y, en su virtud:
2º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de 1 de abril de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso de suplicación núm. 914-2003 interpuesto contra la Sentencia de 10 de junio de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid (autos 459-2002), retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que por la Sala se dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico 7.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4124-2003
Promovido por doña María Teresa López Móstoles frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en grado de suplicación, desestimó su demanda contra Perfumerías Gal, S.A., y otro sobre indemnización por daños psíquicos de estrés laboral.
Se enjuician las Sentencias que absolvieron a una empresa por no ser conocedera del acoso que sufría una trabajadora por parte de sus compañeros y a un coimputado por ese mismo acoso.
Se otorga parcialmente el amparo solicitado y se anula la Sentencia que absolvía a un trabajador previamente condenado. Dicha Sentencia afirmaba que la conducta del trabajador, pese a ser "abiertamente reprochable", no podía ser considerada como una vulneración del derecho a la integridad moral de su compañera de trabajo, pues este tipo de ilícitos sólo pueden ser imputables a la empresa, y no a otro trabajador, sin explciar el porqué de esta imposibilidad. Se reitera que las lesiones de los derechos fundamentaels de los trabajadores pueden producirse tanto como consecuencia de actuaciones del empresario, cuanto superiores y mandos jerárquicos, como resultado del comportamiento de otors compañeros. Por el contrario, se considera suficientemente motivada y razonable la segunda de las resoluciones impugnadas, que exime de responsabilidad a la empresa, por no haber quedado probado que tuviera un ´mínimo conocimiento de los hechos, y por tanto, que existiera alguna responsabilidad a ella imputable.
La Sentencia es manifiestamente irrazonable y carente de una auténtica fundamentación en Derecho ya que no resulta razonable y es contradictorio considerar que el demandado no puede ser autor de una vulneración del derecho a la integridad física y moral de la demandante cuando la propia resolución ha considerado acreditada la conducta abiertamente reprochable del demandado [FJ 5].
El limitar la imputación de responsabilidad por la vulneración del derecho fundamental al trabajador autor de los hechos determinantes de tal vulneración y descartar la concurrencia de responsabilidad empresarial, por apreciar que no existía ningún indicio que permitiera estimar la existencia de un conocimiento de tales hechos por parte de la empresa, no conlleva vulneración del art. 24 CE [FJ 6].
El derecho a obtener una resolución fundada en Derecho es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, lo que implica, que la resolución ha de estar motivada y que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho que conlleva la garantía de que la decisión no sea arbitraria, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable y no incurra en un error patente (SSTC 147/1999, 262/2006) [FJ 3].
Artículo 1903, f. 6
Artículo 15, ff. 1 a 4, 6
Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, ff. 5, 7
Motivación de las sentenciasMotivación de las sentencias, Vulnerado, ff. 5, 6
Relaciones entre particularesRelaciones entre particulares, ff. 5, 7
Culpa in vigilandoCulpa in vigilando, f. 6
EmpresasEmpresas, f. 6
Responsabilidad civil subsidiariaResponsabilidad civil subsidiaria, f. 6
TrabajadoresTrabajadores, ff. 5, 6

References: resolución 
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 resolución 

Artículo 1903

Artículo 15