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© SERGIO POLITOFF LIFSCHITZ
MARÍA CECILIA RAMÍREZ G.
© EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE
Carmen 8, 4° piso, Santiago
Inscripción NQ
139.770, año 2004
Se terminó de imprimir esta segunda edición
de 1.100 ejemplares en el mes de junio de 2005
ISBN 956-10-1625-7
Diplomado en Ciencias Penales en las Universidades de Roma y Leipzig
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Talca
Profesor Titular y Extraordinario de Derecho Penal de la Universidad de Chile
Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Erasmus de Rotterdam
Doctory Magister en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad de Talca
Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona
Profesora de Derecho Penal de las Universidades Católica del Norte
y Nacional Andrés Bello
PENAL CHILENO
D E C H I L E
Al igual que sucediera con nuestras Lecciones de Derecho Penal Chile-
no, Parte General, la buena acogida del público a estas relativas a los
delitos en particular ha motivado la preparación de esta segunda
edición, en cuya preparación se ha tenido especialmente en cuenta
la evolución legislativa del pasado año y, particularmente, la entra-
da en vigencia de la nueva Ley Ns
20.000, de 16.02.2005, que nos
ha obligado a introducir importantes modificaciones al contenido
del Capítulo 22. Además, se han incorporado nuevas referencias ju-
risprudenciales y hemos procurado hacernos cargo de los trabajos
doctrinales a que hemos tenido acceso, ampliando así la base de
referencias que el lector interesado puede consultar para profun-
dizar los temas estudiados. Como siempre sucede en esta clase de
publicaciones, las premuras del tiempo no permitieron incorporar
todas las referencias que hubiésemos querido ni corregir todos los
errores que la obra contiene. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo
de corregir todos los que nuestros lectores y, especialmente, nues-
tros alumnos del curso de Derecho Penal del año 2004 de la Uni-
versidad de Talca nos han manifestado.
Los autores, marzo de 2005.
Estas Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, corresponden
a la continuación de nuestro texto homónimo dedicado a la parte
generaly, por tanto, comparte con él las mismas motivaciones y ob-
jetivos: responder a la necesidad de contar con un texto actualiza-
do que sirva a estudiantes, profesores, abogados y magistrados como
base para el estudio del derecho penal nacional, y sobre todo para
buscar las primeras respuestas a los problemas que la práctica judi-
cial ofrece día a día en la interpretación y aplicación de los tipos
penales en particular.
Y también, al igual que nuestras Lecciones relativas a la parte ge-
neral, este texto se basa en la experiencia práctica y los comenta-
rios recibidos de parte de nuestros estudiantes y de los colegas,
magistrados, fiscales del Ministerio Público y defensores que han
asistido a nuestras clases de pre y postgrado, realizadas utilizando
como textos de guía, primero, el monográfico Derecho Penal Chile-
no, Parte Especial, de los profesores POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA
ed. 1971; 2a
ed. 1993); y después, para los delitos allí no com-
prendidos, las Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, de los
profesores MATUS / RAMÍREZ (Ia
ed. 2001; 2a
ed. 2002).
Así, se busca facilitar al alumno el estudio de los grupos de de-
litos más importantes en la vida práctica y que, además, suelen ocu-
par la mayor parte de los programas de los cursos dedicados a la
parte especial del derecho penal; junto con el de procurar familia-
rizarlo en la aplicación de las categorías dogmáticas aprendidas en
el curso de la parte general y que, naturalmente, aquí correspon-
den a las expuestas en nuestras Lecciones sobre la materia. Y del mis-
mo modo que allí se advierte en su introducción, estimamos que esta
sistematización no es obstáculo para que quienes optan por una
diferente preferencia sistemática recompongan el orden y la deno-
minación de los problemas estudiados conforme a su propio esque-
ma de análisis.
Esta preocupación por los delitos de mayor ocurrencia justifi-
ca el dispar tratamiento que puede observarse en las materias es-
tudiadas, donde claramente ocupan la mayor parte del texto los
delitos contra la propiedad y contra las personas, que representan más
del 75% del ingreso criminal en las zonas donde se aplica actual-
mente la reforma procesal penal.* También por razones prácticas,
* Cfr. Andrés RITTER / Detlev ACHAMMER: Evaluación de la reforma procesal pe-
nal chilena, desde la perspectiva del sistema alemán, Santiago, 2003, p. 40, cuadro ¡SP 6.
Se debe tener presente que, por las reformas introducidas por la Ley Ns
19.806 a
17.105, la mayor parte de las faltas de alcoholes han dejado de pertenecer a la
jurisdicción criminal. Los datos actualizados del Boletín Estadístico del Ministe-
rio Público reafirman lo dicho, como puede apreciarse en el siguiente cuadro,
que los resume:
Ingresos de delitos en el Ministerio Público 2000-2004
Delitos contra la libertad e intimidad de las personas
Faltas ley de alcoholes
Delitos ley alcoholes
Delitos leyes especiales
se ha procurado dar un tratamiento más extenso que el sucinto uti-
lizado para la generalidad de los tipos penales que se estudian, a
algunas figuras delictivas nuevas o reformadas recientemente, res-
pecto de las cuales las fuentes de información de que puede dis-
poner el interesado son escasas.
Finalmente, quisiéramos agradecer una vez más la colaboración
de nuestro asistente, don Roberto Navarro D., y el apoyo que a este
proyecto han brindado la Universidad de Talca y la Editorial Jurí-
dica de Chile.
Ginebra / Talca / Santiago, abril de 2004
Actas Código Penal de la República de Chile y Actas de la Comisión Re-
dactora del Código Penal chileno, con un estudio preliminar por
Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Valparaíso, 1974.
ADPCP Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid.
Art. / Arts. Artículo / Artículos.
BAJO / PÉREZ Miguel Bajo Fernández / Pérez Manzano, Manual de Dere-
cho Penal, parte especial, Madrid, 1993.
BASCUÑÁN V., Abusos deshonestos Antonio Bascuñán Valdés, El delito de abu-
sos deshonestos, Santiago, 1961.
BUNSTER, Malversación Alvaro Bunster, La malversación de caudales públicos,
Santiago, 1948.
BUSTOS PE Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal, parte especial,
CA Corte de Apelaciones.
CARRARA, Programa Carrara Francesco, Programa de Derecho Criminal, tra-
ducción por José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, Bogo-
tá, 1956-1967 (9 tomos y un apéndice).
CC Código Civil.
CCo Código de Comercio.
Cfr. o cfr. Confrontar, en el mismo sentido.
CJM Código de Justicia Militar.
COT Código Orgánico de Tribunales.
CPC Código de Procedimiento Civil.
CPP 1906 Código de Procedimiento Penal.
CPP 2000 Código Procesal Penal.
CPR Constitución Política de la República de 1980.
CS Corte Suprema.
CURY Enrique Cury Urzúa, Derecho Penal. Parte General, 2a
Santiago, 1982 (2 tomos).
DFL Decreto con Fuerza de Ley.
DL Decreto Ley.
DO Diario Oficial.
DS Decreto Supremo.
ETCHEBERRY Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, 3a
edición, Santiago, 1998
(4 tomos).
ETCHEBERRY DPJ Alfredo Etcheberry, El Derecho Penal en laJurisprudencia,
Santiago, 1987 (4 tomos).
FERNANDEZ Pedro Javier Fernández, Código Penal de la República de Chile,
explicado y concordado, Santiago, 1899 (2 tomos).
FUENSALIDA Alejandro Fuensaiida, Concordancias y comentarios del Código
Penal chileno, Lima, 1883 (3 tomos).
GARRIDO MONIT Mario Garrido Montt, Derecho Penal, 4 tomos, Santiago,
GJ Gaceta Jurídica.
GUZMÁN DÁLBORA, Apreciación José Luis Guzmán Dálbora, Apreciación y re-
probación de la reforma de los delitos contra la honestidad en Chi-
le, en Anuario de la Fac. de Cs. Jurídicas de la Universidad de
Antofagasta (2000), pp. 138 ss.
GT Gaceta de los Tribunales.
HERNÁNDEZ Héctor Hernández Basualto, Las drogas ilegales en el derecho
penal chileno. Análisis crítico de dogmática y política criminal, Tesis
PUC, Santiago, 1992.
INCS. Incisos
LABATUT / ZENTENO Gustavo Labatut Glena / Julio Zenteno Vargas, De-
. recho Penal, 7a
edición, 2 tomos, Santiago, 1990-1996.
Lecciones PC Sergio Politoff L. / Jean Pierre Matus A. / Ma
Cecilia Ramí-
rez G., Lecciones de derecho penal chileno, parte general, Santia-
go, 2003.
loe. cit. lugar citado.
MATUS, Concurso Jean Pierre Matus A., Concurso (aparente) de leyes y concur-
so entre especies de un mismo género en el nuevo Código Penal es-
pañol de 1995. Aproximación histórica y analítica, Tesis doctoral,
MATUS, Tráfico Jean Pierre Matus A., El tráfico ilícito de estupefacientes, en sen-
tido amplio, como figura básica en la Ley 19.366, en POLITOFF /
MATUS, Tráfico, pp. 137 ss.
MATUS / RAMÍREZ Jean Pierre Matus A. / M- Cecilia Ramírez G., Leccio-
nes de derecho penal chileno, parte especial, 2a
ed., Talca, 2002.
MAYAUD Yves Mayaud, Code Penal, Paris, 2000.
MERA, Fraude Jorge Mera, Fraude civil y fraude penal. El delito de entrega frau-
dulenta, Santiago, 1986.
MERA, Hurto Jorge Mera, Hurto y Robo. Estudio dogmático y político-criminal,
MEZGER, Estudio Edmund Mezger, Libro de Estudio, t. II, 4a
ed. (1954), Trad.
de C. A. Finzi, Bs. Aires, s. / f.
MORALES, Acusación Marcos Morales Andrade, El delito de acusación o de-
nuncia calumniosa, Santiago, 1993.
MUÑOZ CONDE Francisco Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial, Va-
lencia, 1996, 10a
NAVARRO Roberto Navarro Dolmestch, Los delitos contra el honor. Aná-
lisis crítico de la sustentabilidad normativa de una concepción ju-
rídica del honor y de la necesidad de su protección penal,
Universidad de Talca, 2000.
NJW Neue Juristische Wochenschrift.
NOVOA Eduardo Novoa Monreal, Curso de Derecho Penal chileno. Par-
te General, 2a
edición, Santiago, 1960 (2 tomos).
Oo. Otra opinión, en sentido contrario.
op. cit. obra citada.
P. ej. por ejemplo
p. / pp. página / páginas.
PACHECO Joaquín Francisco Pacheco, El Código Penal concordado y co-
mentado. 5a
edición, Madrid, 1881.
POLITOFF, Apropiación Sergio Politoff L., El delito de apropiación indebida,
Santiago, 1957.
POLITOFF, Elementos Sergio Politoff L., Los elementos subjetivos del tipo legal,
Santiago, 1965.
POLITOFF, Actos preparatorios Sergio Politoff L., Los actos preparatorios del de-
lito. Tentativa y frustración. Estudio de dogmática penal y derecho
penal comparado, Santiago de Chile, 1999.
POLITOFF DP Sergio Politoff L., Derecho penal, tomo I, 2a
ed. actualizada,
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA: Sergio Politoff / Juan Bustos / Francis-
co Grisolía, Derecho Penal chileno. Parte Especial. Delitos contra
el individuo en sus condiciones físicas, 2a
edición, Santiago,
POLITOFF / MATUS, Tráfico Sergio Politoff L. / Jean Pierre Matus A. (eds.),
Tratamiento penal del tráfico ilícito de estupefacientes, Santiago,
POLITOFF / MATUS, Criminalidad Sergio Politoff L. / Jean Pierre Matus A.
(eds.), Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito de estupefa-
cientes, Santiago, 2000.
POLITOFF / ORTIZ / MATUS, Comentario Sergio Politoff/ Luis Ortiz (dirs.)
/ Jean Pierre Matus (ed.), Texto y comentario del Código Penal
chileno, Santiago, 2002.
QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado Antonio Quintano Ripollés, Tratado de la parte
especial del Derecho Penal, Madrid, 1965-1967.
QUINTERO / MORALES, Comentarios Gonzalo Quintero Olivares (Dir.) /
Fermín Morales Prats, Comentarios a la Parte Especial del Dere-
cho Penal, 2- ed., Navarra 1999.
RAMÍREZ G, Escuchas Mä
Cecilia Ramírez Guzmán, El delito de escuchas tele-
fónicas ilegales en el ordenamiento chileno, en POLITOFF / MA-
TUS, Criminalidad, 267 ss.
RCP Revista de Ciencias Penales, Santiago, Chile.
RDf Revista de Derecho yJurisprudencia y Gaceta de los Tribu-
RrVACOBA, Contrato Manuel de Rivacoba y Rivacoba, El delito de contrato si-
mulado, Santiago, 1992.
RODRÍGUEZ C O L L A O , Delitos sexuales Luis Rodríguez Collao, Delitos sexua-
les. De conformidad con las modificaciones introducidas por la Ley
N°-19.617 de 1999, Santiago, 2000.
S. Sentencia.
SCHÖNKE / SCHRÖDER Adolf Schönke / Horst Schröder, Strafgesetbuch.
Kommentar, 24. Auf, München, 1991 (a cargo de Lenckner,
Cramer, Eser y Stree; se cita al autor del comentario del res-
pectivo párrafo).
Se. Sesión de la Comisión Redactora del Código Penal chileno.
SCA Sentencia de Corte de Apelaciones de
SCS Sentencia de la Corte Suprema de
SERRANO Alfonso Serrano Gómez, Derecho Penal, Parte Especial, 4- edi-
ción, Madrid, 1999.
SS. Sentencias
sigts. siguientes.
StGB Strafgesetzbuch (Código Penal alemán).
TS Tribunal Supremo español.
VÁSQUEZ, Cheque Guillermo Vásquez M., Tratado sobre el Cheque, Santiago,
VIVANCO, Robo Jaime Vivanco, El delito de robo con homicidio, 2a
ed., Santia-
go, 2000.
EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
§ 1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA
LA VIDA. CLASIFICACIÓN GENERAL
El Código Penal contempla en el § 1 y en el § 2 del Título VIII del
L. II, dos grupos importantes de delitos contra la vida: los homici-
dios y el infanticidio. La prácticamente unánime doctrina nacional
señala, con razón, que dichos delitos protegen el bien jurídico vida
humana independiente, para diferenciarlos de los otros delitos con-
tra la vida humana, pero dependiente, que por razones históricas se
ubican en nuestro Código en el § 1 del Tít. VII del L. II: los delitos
de aborto;1
pero en ambos casos, se trata de vida humana en un sen-
tido biológico-fisiológico.2
La discusión acerca de si realmente las
figuras del delito de aborto han de incluirse entre los delitos con-
tra la vida o entre los contra el orden de las familias y la moralidad
pública, como reza el encabezado del Título del Código en que se
contienen, no sólo ha sido superada doctrinalmente, sino que pa-
rece tener poco asidero en el actual texto del art. 19 NQ
1 CPR, que
expresamente le reconoce al nasciturus el carácter ser humano vivo,
con la expresión "la ley protege la vida del que está por nacer".
Es quizás esta ordenación constitucional de valores, que distin-
gue entre el ser humano nacido libre e igual en derechos -esto es,
' La ubicación que la Comisión Redactora dio a estas figuras seguía el criterio
sistemático del CP Belga. En cuanto a la calificación del aborto como delito contra
la vida, cfr., por todos, ETCHEBERRY III, 17 s.
No se contempla, eso sí, la protección de la vida de partes autónomas de
seres humanos (como los órganos durante el período en que son separados an-
tes de trasplantarse a otra persona), sino de la del individuo de la especie, en tan-
to función vital integral, cfr. Cap. 3, § 2, B, a. 2. 1.
una persona puesta ya "en el mundo"-, del que está por nacer -una
persona sólo en potencia-, un reflejo de la diferente apreciación so-
cial de uno y otro, que ha desprendido del ámbito del homicidio la
muerte de los seres en gestación, atribuyéndole un carácter autó-
nomo, bajo la figura de los delitos de aborto, tendencia manifesta-
da con fuerza en los nuevos textos del CP español de 1995 y del
StGB alemán, donde figuran homicidio y aborto en capítulos sepa-
rados, uno tras el otro, sin entrar a configurar un capítulo único
que los reúna sistemáticamente.
Por otra parte, los procedimientos de fertilización artificial y de
prevención de embarazos no deseados, así como las diferentes va-
loraciones sociales existentes al respecto han llevado a una necesa-
ria delimitación de la protección penal de los seres humanos en
gestación y a plantearse seriamente las posibilidades de excepcio-
nes a la misma.
Pero también respecto de los seres humanos con vida indepen-
diente, el desarrollo de la medicina moderna, y particularmente
de la técnica de los trasplantes, ha llevado a considerar necesario
delimitar un momento a partir del cual puede autorizarse a reali-
zar una intervención que acarreará, necesariamente, el término de
la vida biológica del donante.
En este Capítulo y en el siguiente trataremos únicamente los
delitos que el Código concibe como de daño contra la vida, esto
es, que para su consumación se exija la muerte de un ser humano:
con vida independiente (persona) en los delitos de homicidio; con
vida dependiente (feto) en los de aborto. No obstante, no se con-
templan aquí todos los delitos respecto de los cuales dicho resulta-
do es relevante, y que la ley ha preferido configurar como formas
especialmente calificadas de otros delitos, i. e., secuestro y substrac-
ción de menores con homicidio (arts. 141 y 142), violación con homicidio
(art. 372 bis), robo con homicidio (art. 433 NQ
1) y aun los atentados
contra autoridades de las leyes 12.927 y 18.314, sobre Seguridad del
Estado y Conductas Terroristas, respectivamente. La razón es sen-
cilla: en todos ellos el legislador ha considerado que la muerte de
otro, con la gravedad que ello implica, no ha de valorarse aislada-
mente, sino en relación con la lesión a otro u otros bienes jurídicos
que aparecen también como objetos principales de protección en
dichas figuras. Tampoco se tratan en este lugar de ciertos delitos
de peligro común en que la redacción de la ley supone la produc-
ción de un resultado de muerte como calificante especial, así, en
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
la calificante general del art. 317 para los delitos contra la salud pú-
blica, en el delito de incendio y estragos con resultado de muerte
(art. 474), y también en el de envío de cartas explosivas (art. 403 bis).3
Hechas las precisiones anteriores, podemos clasificar los deli-
tos contra la vida humana de la siguiente manera:
1) Delitos contra la vida humana independiente.
1.1) Homicidio simple (art. 391 Ns
1.2) Homicidio calificado (art. 391 NB
1.3) Parricidio (art. 390).
1.4) Infanticidio (art. 394).
2) Delitos contra la vida humana dependiente.
2.1) Aborto causado por la propia mujer embarazada (art. 344).
2.2) Aborto causado por terceros (arts. 342 y 345 CP).
2.3) El mal llamado cuasidelito de aborto (art. 343).
§ 2. HOMICIDIO SIMPLE
Suele definirse el homicidio simple como una figura residual que
resultaría del cotejo de los arts. 390, 391 Ne
y 394 con el art. 391
CP, en los siguientes términos: el homicidio simple consiste en
matar a otro sin que concurran las condiciones especiales constitutivas del
parricidio, infanticidio u homicidio calificado.4
Sin embargo, esta definición, dando cuenta de un aspecto del
problema (que no se impondrá la pena del homicidio simple de
concurrir los requisitos de alguna de las figuras especiales de ho-
micidio calificado, parricidio, etc.), no concuerda con las solucio-
nes que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nacional
ofrecen a otros problemas que surgen en la práctica, como son la
posibilidad expresamente prevista en el art. Ia
CP de castigar por
En cuanto a la muerte en duelo, del art. 406 CP, ella no será tratada en este
texto, debido a la evidente anacronía de que, en general, padecen todas las fi-
guras relativas al duelo, que, como se señala en POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA,
259, "amenaza desde hace ya bastante tiempo a los contendientes con una de
las más temibles sanciones, la del ridículo".
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 43. Hay también otras definiciones pro-
puestas por la doctrina que, por incluir menciones puramente pleonásticas, ta-
les como agregar que la conducta sea injusta o que la destrucción de la vida
humana debe ser voluntaria, no serán objeto aquí de mayor análisis (cfr. POLI-
TOFF, Elementos, 85 ss.).
homicidio a quien objetivamente comete un parricidio, pero desco-
noce la relación que lo liga con el ofendido;5
o a quien, sin tener
objetivamente dicho vínculo, es cómplice del parricida.6
casos, la doctrina dominante afirma que al que yerra y al partícipe
se les impone la pena del homicidio simple.7
A nuestro juicio, la explicación sistemática a estas acertadas so-
luciones no es otra que admitir la calidad de figura básica del ho-
micidio simple, entendiéndolo únicamente como el delito
consistente en "matar a otro", frente al resto de los delitos que, por
las particulares circunstancias que los constituyen (parentesco, etc.),
han de concebirse como especies del mismo.8
Se. 116 Comisión Redactora CP, Actas, pp. 458 ss. Ver también el texto de
BUSTOS / CABALLERO: "Comentario al art. Ia
CP", en POLITOFF / ORTIZ / MATUS,
Comentario, 58 s., y GARRIDO MONTT III, 79.
Así, por lajurisprudencia dominante, cfr. ETCHEBERRY DPJ III, pp. 330 s.; y,
por la doctrina, CURY / MATUS: "Comentario preliminar a los arts. 14-17 CP", en
POLITOFF / ORTIZ / MATUS, Comentario, 234 s. No obstante, un importante sector
de la doctrina se manifiesta contra esta solución, como puede apreciarse en la
citada por POLITOFF / BUSTOS / GRJSOLÍA, pp. 92 ss., y actualmente, en el texto
de GARRIDO MONTT, III, p. 82, para quien el problema se resuelve únicamente
desde el punto de vista de la culpabilidad. Sin embargo, aun con este distinto fun-
damento, admite GARRIDO MONTT, op. y loe. cit., que, de no conocer el partícipe
la calidad de parientes del autor y la víctima, aquél debiera castigarse únicamen-
te por homicidio simple, solución que -con otros requisitos- se traduce también
en admitir en ciertos casos la imputación a título de homicidio simple para el par-
tícipe y a título de parricidio para el autor.
Por todos, aparte de los ya citados, POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 99, donde
se denomina al parricidio "tipo calificado por una circunstancia (el parentesco) in-
jertada en el tipo". Una solución similar, esto es, el resurgimiento de la figura básica
de homicidio simple, ofrecen estos autores para el problema del parricidio culposo
(p. 91), y para el de la participación en el homicidio calificado, cuando no concu-
rren en el partícipe los elementos subjetivos de las circunstancias calificantes (p. 126).
MATUS, Concurso, p. 232. Y es, en definitiva, el parecer de nuestra doctrina
mayoritaria, que afirma, particularmente respecto del parricidio, que éste sería un
delito especial impropio (cfr., por todos, POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 99; GARRIDO
MONTT III, 82). La expresión "en cualquier otro caso" del art. 391 NQ
por tanto, de una cláusula concursal que contempla la ley (en referencia al carácter
genérico o residual del homicidio simple), sin contenido típico. Nótese, además,
que de otorgársele contenido típico a dicha expresión, a éste habría también de
referirse el dolo, con los consiguientes problemas que ello traería a nivel de culpa-
bilidad: el que cree que está matando a un pariente del art. 390 CP que no es tal,
no cometería parricidio (objetivamente), pero tampoco homicidio simple (subjeti-
vamente), lo que nos llevaría a la absurda conclusión de la impunidad del hechor.
A esta misma conclusión había llegado, para supuestos similares en su texto legal,
la doctrina alemana. (Así, ya Günter WARDA: Grundfragen der strafrechtlichen Konku-
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL INDrVTDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
De este modo, cada vez que se comete un infanticidio, un parri-
cidio, etc., se cometerá también un homicidio simple, que por ser la
figura genérica no se aplicará en el caso que lo sea la especial (lex
specialis derogat generalis). Pero cuando por alguna razón -como en
los casos de error y participación recién expuestos- deban descartar-
se esas circunstancias particulares y la figura especial no sea aplica-
ble, resurgirá la posibilidad de aplicar al imputado la pena de la
figura básica, cuyos presupuestos típicos también se han dado en el
caso que se trata.9
A. TlPICIDAD
Aunque el sujeto activo del homicidio simple es indiferente, y pue-
de el delito, por tanto, ser cometido por cualquiera, ello es válido
únicamente para los delitos de acción, pues en los de omisión sólo
es posible su comisión por quienes ostenten un especial deber de
cuidado, esto es, quienes se encuentren en posición de garante.10
En cuanto al sujeto pasivo, que en esta clase de delitos se con-
funde con su objeto material, es más o menos claro que el "otro" a
que hace mención la ley excluye el castigo a este título del suicidio,
el que, al no estar tampoco sancionado en otra disposición, es im-
pune entre nosotros; aunque no lo es el auxilio al suicidio, castiga-
do como delito autónomo en el art. 393 CP.11
Como ya hemos señalado al referirnos al bien jurídico protegi-
do, este otro a que se refiere la ley es un ser humano con vida inde-
pendiente. Luego, ni los muertos ni los que están por nacer pueden
rrenzlehre, enJuS 1964, p. 90, afirmaba que "lo decisivo para saber si en un supuesto
de hecho legal se comprende otro, es sólo la comparación entre aquellos elemen-
tos que encarnan el contenido material de los respectivos tipos de delito", exclu-
yendo las llamadas "condiciones objetivas de punibilidad" y "las meras limitaciones
formales" que no inciden en la caracterización del supuesto de hecho correspon-
diente, como la expresión "sin ser asesino" del antiguo § 212 StGB).
MATUS, Concurso, pp. 219 ss.
Cfr. Lecciones PG, Capítulo 10, § 3, B, a.
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 53.
ser sujetos pasivos de este delito. Los primeros, por tratarse en tal
caso de un cadáver y no de otro ser humano,12
y los segundos, prote-
gidos a través de las figuras del aborto, cuya delimitación con el ho-
micidio radica en el carácter dependiente o independiente de la vida
a.l. Delimitación entre aborto y homicidio: el paso de la vida
humana dependiente a la vida de la persona en cuanto tal
El art. ls
CPR declara que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, atribuyéndoles el carácter de perso-
nas, sujetos de derechos, en su art. 19. Mientras ese hecho no se
produce, es "la vida del que está por nacer" lo que la propia CPR se-
ñala protege la ley. El que está por nacer es sujeto pasivo del aborto;
el nacido, del homicidio.
Aunque haciendo un juego con las disposiciones de los
arts. 74 CC y 494 CP, Raimundo DEL RÍO13
llegó a sostener a me-
diados del siglo pasado que podría existir alguna diferencia entre
el sujeto parido y el nacido, de modo que una criatura pudiera estar
parida, pero no nacida; esta doctrina -que llevaba a la creación de
zonas lacuniarias de protección penal-14
es rechazada por la doc-
trina absolutamente dominante en la actualidad, según la cual "na-
cimiento" y "parto" (expulsión de la criatura del vientre materno)
son términos sinónimos, y sólo debe atenderse a la existencia de
vida independiente de la madre para fijar el momento en que se
nace, esto es, a la existencia autónoma en la criatura de las funcio-
nes vitales de respiración y circulación sanguínea.15
Carece así de
En estos casos, se tratará de una tentativa absolutamente inidónea, pues nun-
ca será el caso que pueda darse muerte a un muerto, impune conforme a nues-
tro ordenamiento (cfr. POLITOFF / MATUS: "Comentario al art. T CP", en POLITOFF
/ ORTIZ / MATUS, Comentario, 78).
Raimundo DEL RÍO, Derecho Penal (1935), III, pp. 369 ss.
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 46.
Es la tesis que apareciera en la primera edición del Derecho Penal de Alfre-
do ETCHEBERRY (Santiago, 1964-5), t. III, pp. 30 ss. Su amplia recepción posterior
puede confrontarse, por todos, en GARRIDO MONTT III, 26. ETCHEBERRY impug-
na la interpretación del art. 74 del CC en cuanto por "separación completa" de
la madre hubiera que entender una "distancia espacial" entre los cuerpos de la
madre y del hijo. La recta interpretación del citado art. 74 debería hacerse a la
trascendencia el hecho de que al momento de darle muerte, esté
o no cortado el cordón umbilical que une a la criatura con la ma-
dre o de que ésta no haya sido completamente expulsada del vien-
tre materno,16
como una antigua y aislada jurisprudencia daba a
entender.17
Mucho menos se ha de considerar a estos efectos la via-
bilidad de la criatura nacida que, en tanto persona, es sujeto pasivo
del delito de homicidio,18
como lo es el moribundo hasta su expi-
ración natural.19
En definitiva: la muerte de la criatura humana dependiente es siem-
pre aborto y en el sentido del sistema penal vigente el parto termina cuando
hay vida humana independiente. A partir de dicho momento el sujeto pasi-
vo lo será de homicidio.20
a. 1.1. Excurso: vida humana y manipulación genética
Aunque actualmente no parecen estar del todo desarrolladas las
técnicas que permitan una clonación de seres humanos o la gesta-
luz del art. 55 del mismo Código, el cual define a la persona por la reunión de
dos requisitos: "la pertenencia a la especie humana y el tener la calidad de indivi-
duo", idea esta última que habría que referir a la autonomía de vida y, por ende,
a la existencia de las funciones circulatoria y respiratoria independientes de la
madre. A ello agregaba que, de aplicar en el plano penal el art. 74 CC, se llegaría
al absurdo de no poder castigar el aborto, pues el inc. 2Q
de dicha disposición
reputa no existida jamás a la criatura que muere en el vientre materno, o que
perece antes de estar completamente separada de la madre, o que no haya sobre-
vivido a la separación un momento siquiera.
En la doctrina chilena, FUENSALIDA III, 113 ss., pensó que la muerte de la
criatura durante el parto no constituía aborto, pero tampoco homicidio.
SCA Valparaíso, en GT 1935-11, 123-414, la que ya había sido rebatida en
un supuesto de hecho parecido por otra de 1973 de la SCA Santiago [RCP XXXII,
1973, p. 79] (en el primer caso se trataba de la muerte de una criatura durante el
parto; en el segundo, de la muerte de la criatura todavía unida al cordón umbili-
cal, pero ya expulsada del vientre materno).
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 49.
GARRIDO MONTT III, 22. En palabras de POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA,
49: "constituye igualmente homicidio dar muerte al moribundo, al enfermo de
un mal incurable o al condenado a muerte". No obstante, otra cuestión es juzgar
el tratamiento que ha de dársele al problema de la eutanasia, como veremos (Ca-
pítulo 1, § 2, B).
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 48.
ción de éstos en ambientes completamente artificiales,21
son eviden-
tes las posibilidades teóricas de dichas técnicas22
-cualesquiera que
sean el desconcierto y la explicable ansiedad y la reprobación que
semejantes perspectivas puedan suscitar en el plano de la ética so-
cial-, las que pondrían en entredicho el concepto, prácticamente
sin discusión, de la persona como individuo de la especie humana
(art. 55 CC). En efecto, por una parte, el ser clonado no es genética-
mente un individuo, sino una copia de otro; y por otra, del gestado
y nacido en ambientes artificiales no se puede decir que sea nacido
de mujer, concepto que ha identificado tradicionalmente a los miem-
bros de la especie humana, desde que se abandonara la distinción
entre monstrum -un ser de tal manera deforme que no tenía nada
de la especie humana (y, por tanto, no estaba sujeto a la protec-
ción penal del homicidio)- y monstruosum (ostentum), que se defi-
nía como aquel que siendo defectuoso y saliéndose desde ese punto
de vista del molde de la especie, tenía sin embargo cara de ser hu-
mano, y era sujeto pasivo de un homicidio.23
Habiéndose ya identificado buena parte del mapa genético de
la especie humana,24
este segundo problema carecería de impor-
Para un resumen histórico y conceptual, J.R. LACADENA (1998): "La clona-
ción humana", en Actas del 2° Congreso de bioética de América Latina y del Caribe, San-
ta Fe de Bogotá, pp. 138-165, y el Cap. 1 del informe del Comité de expertos sobre
bioética y clonación (1999): Informe sobre la clonación: en lasfronteras de la vida, Ins-
tituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud, Ediciones Doce Calles,
Madrid. Véase igualmente National Bioethics Advisory Commission (2000): Cien-
cia y aplicación de la clonación (parte del informe original de 1997 de la NBAC), en
Clones y clones. Hechos y fantasías sobre la clonación humana (M.C. Nussbaun y C.R.
Sunstein, eds.), Cátedra, Madrid, pp. 39-48.
Un artículo de divulgación sobre algunas modalidades de clonación y sus
posibilidades terapéuticas: I. WiLMUT (1999): "Clonación con fines médicos", en
Investigación y Ciencia 269: 24-29. Por lo mismo, la cuestión ha sido abordada le-
gislativamente en muchos países y, recientemente, se ha autorizado la clonación
de seres humanos en el Reino Unido. Ver, al respecto, la Memoria de Prueba del
alumno Cristian BARRIENTOS G. (Dir. Jean Pierre MATUS) : Delitos relativos a la ma-
nipulación genética en el derecho comparado y la situación de la legislación chilena actual
en torno al tema, Universidad de Talca, 2002.
Ver, con referencias bibliográficas, POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 49.
Sobre el estado de estas investigaciones, se puede consultar la información
proporcionada por el National Center for Biotechnology Information, y el Natio-
nal Institute of Health, Bethesda MD 20894, USA, en http: / / www.ncbi.nlm.nih.gov
/ SCIENCE96 / .
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL INDrVIDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
tanda, pues podemos admitir, conforme el estado actual de las cien-
cias biológicas, que son seres humanos los conformados a partir del
ADN correspondiente a los seres humanos, con independencia del
lugar donde se gestan, su nacionalidad, raza, etc.25
Más problemática sería, sin duda, la situación de los seres clo-
nados (a partir de una célula única de un donante), pues a pesar
de tener el mismo ADN del ser humano donante, no son indivi-
duos diferenciables genéticamente26
(y es ése el propósito de la clo-
nación no reproductiva, cuando se pretende, por ejemplo, crear
órganos para trasplantes que no produzcan rechazo). La respues-
ta a esta cuestión, que se deja aquí solamente planteada, habrá de
buscarse, sin duda, en la valoración social del desarrollo de las téc-
nicas de reproducción sin fecundación y del comportamiento de
esos seres en el seno de la comunidad, pues no es descartable la
posibilidad de que en dicha interrelación se cree una individuali-
dad social, que se estime preeminente sobre la genética.27
Sobre el particular, cfr. Francis FUKUYAMA: El fin del hombre, consecuencias de
la revolución biotecnológica, Trad. Paco Reina, Barcelona, 2002, p. 276. El texto com-
pleto permite una acabada visión del estado actual de la biotecnología y las im-
plicancias que para el concepto de ser humano y de la humanidad en general
podría tener la manipulación genética.
En palabras de nuestro Colegio Médico: "Por tratarse [la clonación unice-
lular] de una técnica que forma un número indefinido de individuos de genoti-
po idéntico, se suprime el carácter individual y único del ser humano. La base
biológica de la dignidad de la persona es su constitución genotípica única y ex-
clusiva, irrepetible e irreversible, que le permite tener su propia conciencia, sien-
do un ser en sí mismo, un fin y no un medio, un sujeto y no un objeto. Cada ser
humano es único en la historia de la especie y ciertamente es mucho más que
una ordenación de moléculas de ácido desoxirribonucleico. La diversidad gené-
tica de la humanidad es la clave del predominio y de la supervivencia de la espe-
cie humana en nuestro planeta". (Pronunciamiento del Colegio Médico de Chile,
adoptado en las Sesiones Ns
1 Extraordinaria del 19.03.97, y Ns
3 Ordinaria del 26.03.97
del Departamento de Etica delH. Consejo General).
La discusión pública al respecto ha sido intensa. Aparte del pronunciamien-
to de nuestro Colegio Médico, citado en la nota anterior, puede verse el del Comi-
té de Expertos sobre Bioética y Clonación (1999): Informe sobre clonación: en lasfronteras
de la vida, Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud, Ediciones Ca-
lles, Madrid, pp. 154-156. No obstante, al menos ya en la práctica privada norteame-
ricana la investigación sobre la base de clonación no reproductiva parece ser un
hecho, y es legalmente admitida en el Reino Unido, donde la Human Reproductive
CloningAct 2001, de 4 de diciembre de ese año, prohibe en su sección 1(1) única-
mente la implantación en una mujer de un embrión obtenido de manera diferente a laferti-
lización, pero no el desarrollo embrional clónico en otro ambiente.
a.2. Fin de la vida humana: la muerte
La persona sujeto pasivo del homicidio es un otro vivo, luego, la
protección penal termina con su muerte.
En términos naturales, todavía puede afirmarse que la vida dura
hasta el último aliento o latido del corazón, esto es, hasta la cesación
total e irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias.28
pero, queda todavía en pie la afirmación de COUSIÑO, quien advierte
que si se ignora en qué consiste la vida, mal puede explicarse su cesa-
ción, y agrega: "Únicamente queda el hecho irrebatible en pie: la rea-
lidad misma de la muerte como negación de la vida. De aquí el que
todos deben llegar a una misma definición, aunque ella carezca de
todo valor científico: la muerte es la cesación de la vida; tal como si defi-
niéramos el color negro como la ausencia de todo color".29
Conforme a la definición anterior, quien de un disparo hace es-
tallar el corazón de su víctima, le causa la muerte. Sin embargo, tam-
bién se la causaría el doctor que extrae el corazón sano de una
persona para implantarlo en otra. Esa es la cuestión ética yjurídica
que plantean los trasplantes de órganos, que, por definición, han de
ser saludables: extraer un corazón que late a un ser vivo es condu-
cirlo a la muerte biológica real, aunque con ello se salve la vida de
Otra opinión, en ETCHEBERRYIII, 28, para quien esta cesación total e irre-
versible no es la muerte, sino "un signo" de ella, que se produciría, a su enten-
der, y conforme al "estado actual del conocimiento científico", con "la destrucción
o lesión del tronco cerebral de tal modo que ya no pueda cumplir [sus] funciones,
[lo que] determina el término de toda actividad espontánea (aunque sea débil) de
la respiración y la circulación, que a partir de ese momento sólo pueden mante-
nerse de forma exclusivamente artificial merced a aparatos mecánicos". Sin em-
bargo, con lo mucho de verdad que hay en la opinión de ETCHEBERRY, ampliar el
ámbito de la muerte cerebral más allá del necesario para autorizar los trasplantes
de órganos, parece cerrar la puerta a la porfiada sobrevida de algunos pacientes,
como aparece de vez en cuando en las noticias de la prensa diaria (este es el caso
del llamado "segundo milagro" del Padre Hurtado, vid. "El Mercurio", 2 de abril
de 2004, p. A 1). Hay que distinguir, no obstante, el instante de la muerte del pro-
ceso que le sigue, que se manifiesta en los llamados signos cadavéricos, cuya apari-
ción carece de importancia en cuanto a la determinación del fin de la vida
humana, sirviendo más bien como señales posteriores de su comprobación (des-
hidratación; la acidificación de los humores y visceras; la rigidez cadavérica; la li-
videz cadavérica y la putrefacción cadavérica, signo último y evidente de la muerte.
Cfr. Alfredo VARGAS BAEZA, "Síntesis de diagnóstico de la muerte en Medicina Le-
gal", en RCPXXVII, 223 ss.).
COUSIÑO, Luis: Manual de Medicina Legal, t. II, 213.
otro. Para responder a esa difícil decisión,30
ya había sido admitida
entre nosotros la idea de la llamada muerte cerebral, como etapa en la
cual, siendo irreversible la cesación de las funciones cerebrales, re-
sultaba irrelevante para admitir el^m de la vida el hecho de que otros
órganos continuasen fisiológicamente vivos y saludables.31
Sin embar-
go, no fue hasta la dictación de la Ley Ns
19.451, de 10.04.1996, que
la materia ha sido regulada, introduciéndose una importante varia-
ción respecto al estado de la discusión anterior, al limitarse estricta-
mente un concepto de muerte (cerebral) únicamente para los efectos
de practicar un trasplante en los casos que ello haya sido autorizado
previamente (arts. 7Q
ss.).31a
De este modo, la ley parece inclinarse
por conceder que, para todo el resto de los casos y efectos, ha de
admitirse todavía el concepto biológico de muerte antes reseñado.32
En definitiva, podemos afirmar que, salvo la declaración de
muerte para los efectos de trasplantes de órganos, si se da muerte
a un ser mientras aliente la vida (humana), seguirá siendo sujeto
Que el Prof. Armando ROA, "LOS trasplantes de órganos y la ética", en RCP
XXVII, 220, resumía hace tres décadas de la siguiente forma "la muerte contra la
cual lucha la medicina desde el origen de los tiempos, se la desea ahora secreta-
mente a un sano, a fin de salvar a un enfermo".
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 52.
A esta conclusión no se opone el fallo de mayoría del Tribunal Constitu-
cional de 13.08.1995, rol N2
220, que estimó conforme a la Constitución la defi-
nición de muerte cerebral para los efectos de la Ley de Trasplantes, y que obiter
dictum, en su considerando 15s
da por sentado "que la abolición total e irreversi-
ble de todas las funciones encefálicas constituye la muerte real, definitiva, unívo-
ca e inequívoca del ser humano", contra el texto expreso de la disposición en
cuestión, limitada "para los efectos" de dicha ley. En efecto, una cosa es estimar
que es posible, atendidas las buenas razones que para ello existen, admitir la prác-
tica de los trasplantes en las condiciones fijadas por la ley (que incluso puede ver-
se como un supuesto de estado de necesidad especialmente regulado), y otra que
de ello se derive un nuevo concepto de muerte de aplicación general. Por lo mis-
mo, tampoco parece correcto el voto de minoría de ese fallo que estimó inconsti-
tucional la norma en cuestión, por atentar contra la igualdad ante las leyes, pues
la cuestión no está radicada en la existencia de ciertos derechos, sino en el caso
excepcional de su limitación por este particular estado de necesidad.
En contra de esta opinión, GARRIDO MONTT III, 30, afirma que esta situa-
ción legislativa "no autorizaría la conclusión de que el legislador... se ha inclinado
por la opción de vida orgánica (físico-biológica), en contraposición a la de vida iden-
tificada con la conciencia de la propia existencia y del mundo que nos rodea (vida
síquica)". Sin embargo, con esta afirmación no se responde a la clara delimitación
que la ley hace del concepto de "muerte cerebral", dejando, en cambio, un peli-
groso espacio para considerar como vidas no humanas las de quienes aún no han
formado esa conciencia, o que la han perdido por alguna enfermedad mental, etc.
pasivo de homicidio, por más que esa muerte sea la simple acele-
ración de un proceso desencadenado e inevitable.33
a.2.1. Excurso: la muerte para los efectos de la Ley sobre Trasplantes
Conforme el art. 11 de la Ley NQ
19.451, se entenderá, para los efectos
de la práctica de trasplantes, que se ha producido la muerte de un pa-
ciente: a) "cuando se ha producido la cesación total e irreversible de
todas las funciones encefálicas", y b) "exista certeza diagnóstica de la
causa del mal". Ambos supuestos deben acreditarse por medio de prue-
bas clínicas y serán certificados (de manera unánime e inequívoca) por
un equipo médico en que no participen los especialistas a cargo del
trasplante, y que al menos cuente con un neurólogo o neurocirujano.
Además, la ley especifica que los exámenes clínicos mínimos
que deben realizarse para certificar la cesación total e irreversible
de todas las funciones encefálicas de un paciente deben tender a
la comprobación de los siguientes signos:34
a) Ningún movimiento voluntario observado durante una hora;
b) Apnea luego de tres minutos de desconexión del ventilador;
c) Ausencia de reflejos troncoencefálicos.
b. La conducta homicida
El art. 391 Ns
2 contempla como tal únicamente el matar a otro, esto
es, quitarle la vida, en la definición también parca de la Real Aca-
demia Española. Nada se indica en el texto legal que limite los me-
dios -salvo que por el medio utilizado sea aplicable alguna figura
especial (como el homicidio calificado en caso del empleo de ve-
neno, etc.)- o las formas de la conducta.
Así, por una parte, es indiferente para la configuración del tipo pe-
nal la utilización de mediosfísicos y morales, incluyendo a la propia vícti-
ma, como sería en los supuestos de autoría mediata en que se induzca a
El Reglamento de la Ley NQ
19.451, DS 656 (Salud) de 17.12.1996, especi-
fica la naturaleza de los exámenes a practicar y las condiciones en que han de
hacerse, para excluir toda circunstancia que pueda restarles validez (como hipo-
termia e intoxicación con depresores), estableciendo requisitos adicionales en caso
de ser niños los pacientes cuya muerte se declara.
ésta a un suicidio35
o a realizar un acto imprudente que conlleve un "ac-
cidente" mortal con que el autor cuenta y controla.36
Más dudas han
suscitado el empleo de supercherías y otros artilugios destinados a cau-
sar impresiones en personas especialmente sensibles a ellas, aunque la
doctrina dominante tiende a admitir dichos medios, siempre que el au-
tor cuente con ellos y controle su producción y efectos, pues de otro
modo la conducta se encontraría fuera de lo objetivamente imputable.37
Así también es plenamente admisible el homicidio por omisión,
siempre que se cumplan los requisitos impuestos para esta clase de
delitos, a saber, producción y evitabilidad objetiva del resultado,
posición de garante y su asunción, y equivalencia de la omisión con
la acción típica, requisitos que por su carácter general a todo deli-
to de omisión impropia han sido explicados detalladamente en la
Parte General de estas Lecciones, a donde remitimos al lector.38
c. El resultado: la muerte del ofendido
La conducta homicida, cualesquiera que sean los medios empleados,
no es tal, sino tentativa o frustración, en su caso, en tanto ella no pro-
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 241, quienes señalan los casos de "subor-
dinación psicológica por razones sentimentales o por las perturbaciones psíqui-
cas de la víctima", aclarando que "si bien la ley castiga el auxilio al suicidio y no
la instigación al suicidio, es notorio que responderá como autor de homicidio el
inductor-autor mediato".
Cfr. Lecciones PG, Capítulo 15, § 2, B, a. 1. La cuestión acerca del homicidio
por vía indirecta, esto es, llevando a que otro sea el ejecutor de la muerte de la
víctima, debe también ser reconducida a la averiguación acerca de si estamos o
no ante un supuesto de autoría mediata.
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 62. Luego, la importancia del conocimiento
especial no puede, en esta clase de supuestos, ser dejada de lado para la imputa-
ción (ver el estado actual de la discusión al respecto en la dogmática alemana en
el Informe sobre las discusiones habidas entre los profesores Claus ROXIN, Günter
JAKOBS, Bernd SHÜNEMANN, Wolfgang FRISCH y Nichael KÖHLER en el Seminario
Sobre el estado de la teoría del delito, preparado por Jesús María SILVA SÁNCHEZ, pu-
blicado en el texto homónimo, Madrid, 2000, pp. 183-189).
Lecciones PG, Capítulo 10, § 3, B. Ver allí también nuestros comentarios críti-
cos a la reciente SCS 4.8.1998, en Revista de Derecho de la Universidad Finis Te-
rrae. Año III. NQ
3 (1999), con comentario de Miguel SOTO Piñeiro. Además, en
cuanto a la posición de garante, la jurisprudencia ha declarado que ésta se asume,
aunque tenga origen ilícito, en el caso de los doctores que practican un aborto ile-
gal y dejan morir a la paciente sin prestarle socorro oportuno ni llevarla a un servi-
cio de urgencia (SCA Santiago, 19.12.1988, en G/102, p. 68); y sobre el requisito
de la equivalencia, puede verse el caso de la SCA Valdivia 24.7.1986 (ÄD/LXXXIII,
243), donde se estimó como medio equivalente para la violación de la norma que
prohibe matar, el omitir ligar el cordón umbilical de un recién nacido.
duzca la muerte del ofendido, esto es, la cesación total e irreversible
de sus funciones vitales (respiratorias y circulatorias), en la forma que
antes hemos explicado. El problema de establecer esta relación de cau-
salidad entre la conducta homicida y la cesación de la vida de otro es
que, generalmente, ello no suele producirse instantáneamente.39
Conforme a la doctrina actualmente dominante, dicha vincu-
lación debe realizarse siguiendo los parámetros de la llamada im-
putación objetiva.40
Los casos problemáticos que frecuentemente se
citan son los siguientes:
el. Imputación objetiva en el delito de homicidio
c.1.1. Resultados extraordinarios (causas concomitantes o preexistentes)
El que simplemente empuja o golpea levemente a otro, quien cae
al suelo producto de su estado de embriaguez y muere días des-
pués por el TEC que le causa la caída, causa esa muerte, pero sólo
en el sentido de la conditio.41
Sin embargo, si aplicamos los criterios de la imputación objetiva,
podemos señalar que, si bien la conducta del autor no estaba per-
mitida, el riesgo que ella creó (de lesionar) no se materializó en el
resultado, sino que lo hizo otro completamente extraordinario. Di-
cho resultado, por su propio carácter de extraordinario e imprevi-
QUINTANO RlPOLLÉS, Tratado, 81.
Cfr. Lecciones PG, Capítulo 9, § 3, A, b. No obstante, sí se quiere, todavía es
posible recurrir a los tradicionales correctivos de la conditio, como la prohibición del
regreso y la supresión mental acumulativa, como puede verse en GARRIDO MONTT III,
40. No se utiliza aquí la denominación tradicional de homicidio concausal (LABATUT
/ ZENTENO II, 161), por ser ya doctrina asentada su impropiedad (POLITOFF /
BUSTOS / GRISOLIA, 63; GARRIDO MONTT III, 41) y llevar únicamente a la confu-
sión del estudiante.
Este es el presupuesto de hecho de la SCS 27.1.1998 (FM 470, 2587).
En un supuesto similar (en un arrebato de ira golpea a otro con una cuchara
de madera, golpe que deriva en un coágulo cerebral que causa la muerte del
ofendido, atendida su "debilidad capilar"), la SCA Santiago de 1964 (RDJLX1,
244) resolvió la cuestión erróneamente de acuerdo a la preterintención (POLI-
TOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 72; vid., además, Infra Capítulo 1, § 2, C, b. 3. En
cambio, no es extraordinario el resultado mortal de una herida corto punzante
en el corazón del ofendido (SCS 11.6.1997, ÄD/XCIV), ni el de una herida
en la región abdominal, aunque el suceso derive en una peritonitis (SCS
15.12.1952, fíD/XLIX, 314).
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA El. INDIVIDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
sible, y por tanto fuera del control del autor (quien, por lo mismo,
no puede quererlo ni evitarlo), no le es imputable objetivamente.42
Por lo mismo, tampoco es autora de un homicidio la amante
que da a su pareja una "pócima de amor" a base de productos ma-
rinos -inútil para el propósito, pero al mismo tiempo inocua para
cualquiera-, a la que el amado reacciona con un shock anafiláctico
a causa de su alergia al yodo, lo que le provoca la muerte. En este
caso, la conducta de la mujer ni siquiera es prohibida por la ley, ya
que el hecho corriente de hacer ingerir a otro un alimento es un
No obstante, es más o menos evidente que habríamos de juz-
gar de modo diferente la situación si, por ejemplo, la amante del
caso anterior conociese la alergia que padece su pareja -porque
ha recibido una notificación al respecto que éste desconoce-, o el
que rasguña tuviese noticia de la hemofilia de su víctima. En estos
casos, el saber especial del autor elimina el carácter extraordinario
del resultado y permite su imputación a título de homicidio, aun-
que la acción no aparezca a simple vista como "matadora" ni re-
presente, en términos generales, un "riesgo mortal".43
el.2. Intervención de terceros (y de la propia víctima)
En el conocido caso de la ambulancia que, por correr precipitada-
mente al hospital, termina incrustada en un poste, muriendo el pa-
ciente herido a bala que transportaba; la intervención de su
conductor excluye la imputación objetiva del resultado mortal a
quien disparó: aunque la conducta realizada se encontrase prohi-
bida y el riesgo puesto fuese ciertamente mortal, ese riesgo no se rea-
lizó en el resultado, sino otro muy diferente. De antiguo, éste es el
Así, haciendo hincapié en la imprevisibilidad del resultado, falla el ejemplo
propuesto la SCS 27.1.1998, en FM 470, p. 2587, aunque sin mencionar la teoría
de la imputación objetiva, pero llegando a similar resultado. El acusado fue úni-
camente condenado por lesiones simplemente graves del art. 397 Nu
Cfr. nota al pie Nu
37. La diferencia entre el conocimiento general y el sa-
ber especial es lo que permite rechazar la observación de JIMÉNEZ DE AsÚA, Tratado
de derecho penal, 3á
ed., t. III, Buenos Aires, 1962, pp. 449 ss., en orden a que un
medio destinado a causar una impresión a otro no es un medio homicida, pues
la ley castigaría el "matar", no el simple "aterrorizar". Lo cierto es que a quien
"aterroriza" por hacerle una broma no puede imputársele objetivamente la muerte
del asustadizo, a menos que conozca precisamente esa calidad de la víctima y la
utilice como medio para conseguir su objetivo criminal.
parecer de nuestra jurisprudencia respecto a los resultados morta-
les derivados de errores en las intervenciones quirúrgicas, no vin-
culados con las heridas que las provocan.44
Lo mismo vale para el supuesto, abordado por nuestra jurispru-
dencia, de quien, encontrándose herido, rehusa voluntariamente
la ayuda de sus agresores compañeros de juerga, y se deja desan-
grar a la vera del camino. El riesgo producido por la herida, no
necesariamente mortal, fue llevado a ese grado por una actuación
voluntaria de la víctima (impedir la asistencia oportuna), no im-
putable objetivamente a sus autores.45
el.3. Resultado retardado
Es un hecho de la experiencia diaria que a la conducta homicida no
le sigue necesariamente la muerte del ofendido y que ésta se puede
retardar, a pesar de los esfuerzos infructuosos practicados por terceros.
Pero si el riesgo no permitido puesto por la conducta del au-
tor era el que se realizó en el resultado, el transcurso del tiempo
entre esa puesta real en peligro y el resultado producido es irrele-
vante: se ha cometido un único delito de homicidio.46
B. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN: EJERCICIO LEGÍTIMO
DE UN DERECHO Y EUTANASIA
Antes hemos dicho que la protección de la vida humana a través
del delito de homicidio se extiende hasta el último aliento del pa-
ciente, así se trate de un enfermo terminal o agonizante.
Sin embargo, la reciente descriminalización de jure en los Paí-
ses Bajos, seguida luego en Bélgica, de la eutanasia activa -cuando
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 64 s.
El supuesto corresponde a la SCS 1982 (RDJUiXlX, 18). En cambio, si la
atención médica no se presta por decisión exclusiva del autor de las heridas, siendo
éste el único que podía procurarla, la no intervención del tercero no le quita el ca-
rácter homicida a la conducta del autor (SCS 26.3.1997, íM459, 153).
Así, SCS 1970 (ÄÖ/LXVTI, 129). En este caso, la muerte de la infortunada
víctima se produjo cinco días después de recibidas las heridas, por una peritoni-
tis generalizada causada por dichas heridas. Se estimó homicidio, correctamente
a nuestro juicio (Oo. ETCHEBERRY DPJ IV, 34), aunque mejores cuidados médicos
pudieron salvar a la víctima, ya que se estableció que "la herida de bala maliciosa
fue la causa o condición de la peritonitis".
se haya practicado en el marco de un tratamiento médico, respec-
to de determinados casos y con determinadas exigencias- ha dado
nuevo impulso a un complejo debate ético y jurídico que, con di-
versos alcances, se mantiene desde hace ya casi tres siglos.
Fue Francis Bacon, hombre de estado y filósofo inglés, en su
estudio The Advancement ofLearning (1605) (al que dio forma defi-
nitiva en su Augmentis Scientiarum, en 1623), quien, al referirse al
estado del conocimiento en su época y sus principales defectos,
empleó, por primera vez, el concepto de eutanasia (del griego: eu,
bien, y tanatos, muerte): "El oficio de médico no consiste únicamen-
te en restablecer la salud -escribía- sino también en aliviar los do-
lores y sufrimientos que acompañan a las enfermedades, y ello no
tan sólo en cuanto este alivio del dolor... contribuye y conduce a
la convalecencia, sino asimismo a fin de procurar al enfermo, cuan-
do no haya más esperanza, una muerte dulce y apacible, porque esta
eutanasia no es una parte menor de la felicidad.
Aunque, con su noción de "buena muerte", Bacon seguramente
sólo pensaba en hacer más llevadero el sufrimiento y "ayudar a los ago-
nizantes a abandonar este mundo con más dulzura y facilidad", en el
siglo XIX se generalizó la atribución de un nuevo sentido y alcance
para el concepto de eutanasia, que es el que atañe a las cuestiones del
ámbito del derecho penal: el acto de apresurar elproceso de la muerte del
que padece de una enfermedad incurable, mediante la aplicación o la omisión
de un tratamiento médico, con el propósito de ahorrar una muerte dolorosa al
paciente que reclama una muerte digna y sin sufrimiento.41
La pregunta acerca de si es admisible reconocer circunstancias
en que se pueda poner término a la vida de una persona a su ruego
y a quién podría atribuirse tal facultad ha sido materia de encendi-
das controversias en la doctrina, de que no está ausente la especial
cosmovisión de cada escritor, su credo religioso y su definición filosó-
fica, por comprender asuntos tales como el derecho a la autodeter-
minación, el destino del ser humano, el respeto de la vida como valor
Cabe señalar, de paso, que la palabra eutanasia, utilizada universalmente
con el sentido indicado, sigue siendo tabú en Alemania, a causa de las atrocida-
des cometidas en el período nacionalsocialista (la orden de Hitler de dar muerte
a incapacitados mentales y físicos, considerados "vidas sin valor", que significó la
muerte de decenas de miles de inocentes, adultos y niños, exterminados en cá-
maras de gas, en el marco de la así llamada "Operación Eutanasia"), por lo que se
prefiere emplear, en su reemplazo, la expresión "ayuda a morir" (Sterbehilfe).
fundamental y el derecho a una muerte en condiciones de dignidad.
A ello se agrega todavía la cuestión de política criminal: en qué me-
dida corresponde al Estado, a través del legislador, imponer y hacer
cumplir una regulación penal sobre la materia.48
Por otra parte, el desarrollo de la medicina moderna y de los
medios técnicos para prolongar la vida ha llevado a plantear una
solución al delicado problema del tratamiento penal que ha de dar-
se a las decisiones médicas relativas a la conexión y desconexión
de pacientes a dichos medios.
Dos son, pues, los grupos de casos que debemos abordar sepa-
radamente: aquellos en que la decisión médica se basa en la cons-
tatación de la inexistencia de un tratamiento terapéutico adecuado
para salvar la vida del paciente, y aquellos donde lo principal es la
voluntad de éste de poner término a su vida, aunque existan posibili-
dades de sobrevida. Y en ambas situaciones lo que está en cuestión es
una determinada forma de ejercer la medicina, esto es, se trata de
decidir en qué condiciones resulta legítimo el ejercicio de la profesión
médica {lex artis) y no sobre la tipicidad del hecho.49
a. El problema de las decisiones médicas respecto de los medios
de sobrevida artificial
Es generalmente admitido que, respecto de pacientes en estado ter-
minal, "salvo expresa voluntad del afectado, o de quienes pueden
manifestarla por él", "no importa una obligación inherente al tra-
tamiento médico" su conexión a medios artificiales de sobrevida,50
Que se trata, en efecto, de un asunto concerniente a la táctica política del
Estado y no solamente relativo al problema moral del respeto a la vida, lo revela el
hecho de que la pena de muerte (un asesinato disfrazado según se ha subrayado
por no pocos autores) ha sido cohonestada por escritores que, como WELZEL, pien-
san que el condenado por el juez conforme a la ley, "por su propia responsabilidad se
ha hecho merecedor de la muerte" (GesetzmäßigeJudentötungen'?, en NfW, XVII, 12, 523).
ETCHEBERRY III, 32.
GARRIDO MONTT, III, p. 30. El art. 23, inc, 4S
del Código de Ética del Cole-
gio Médico permite incluso "ante la comprobación de muerte cerebral", "suspen-
der todo tratamiento terapéutico". Nótese que esta excepción no se vincula con la
muerte cerebral definida para la práctica de trasplantes (cfr. supra Capítulo 1, § 2,
A, a. 2. 1.), sino únicamente con una limitación, conforme a la lex artis, de las obli-
gaciones que asume, como garante, el médico tratante y que, por tanto, permite
lajustificación del término de un tratamiento ante un eventual proceso por homi-
cidio en comisión por omisión.
práctica que responde al mandato ético del art. 23 inc 32
del Có-
digo de Etica del Colegio Médico de Chile, según el cual "ante la
inminencia de una muerte inevitable, es lícito que al médico, en
conciencia, tome la decisión de no aplicar tratamientos que pro-
curen únicamente una prolongación precaria y penosa de la exis-
tencia". Con razón, se admite entre nosotros que aunque esta
decisión -que responde a la idea de eutanasia pasiva- importe la
desconexión de los medios de mantenimiento artificial de la vida,
no podrá castigarse al médico que la practica como homicida, en-
tendemos aquí, por realizarse tales actos conforme a la lex artis.51
Del mismo modo, el inc. 2S
del mencionado art. 23 del Código
de Etica del Colegio Médico de Chile estima conforme a la lex artis la
llamada eutanasia indirecta, esto es, la aceleración de la muerte del pa-
ciente a consecuencia de la administración de fármacos cuando no
siendo posible con un tratamiento terapéutico la curación del pade-
cimiento, sí lo es al menos el de sus penosos y dolorosos efectos, dis-
poniendo al efecto que "el médico procurará siempre aliviar el
sufrimiento o el dolor del paciente, aunque con ello haya riesgo de
abreviar la vida", posibilitando así al paciente el acceso, conforme al
nuevo inc. Ia
del art. 23 del Código de Ética del Colegio Médico de
Chile, el "derecho" a una "muerte digna".52
ETCHEBERRY III, 40 s., GARRIDO MONTT III, 30, llegan a la misma conclu-
sión, pero afirmando que faltaría la tipicidad del hecho, argumento que nosotros
rechazamos. Este consenso también existe en el derecho comparado, donde se
afirma incluso no ya la licitud de la eutanasia pasiva, sino su obligatoriedad, cuando
el paciente se haya pronunciado claramente en el sentido de que no se prolon-
gue su vida, si los sufrimientos son ineluctables y el deceso es previsible a corto
término. Así lo establece, por ejemplo, expresamente la antes citada ley danesa y
lo ha declarado así el Tribunal Supremo alemán. Se proscribe, así, la obstinación
encarnizada del médico por postergar lo más posible el momento de la muerte
(p. ej., tratando eventuales complicaciones que sobrevengan o recurriendo a la
cirugía) al precio de sufrimientos del paciente cuya agonía ha comenzado. La ad-
misión de la renuncia al tratamiento en tales casos tiene su fundamento en el de-
recho de autodeterminación de las personas, que se garantiza en la mayor parte de
las Constituciones modernas y que se extiende (como lo ha reconocido el Tribu-
nal Supremo alemán, en las sentencias referidas) también al paciente incapaz de
expresar su disenso, cuando puede inferirse su voluntad presunta.
Situación que ETCHEBERRY III, 40, considera plenamente justificada. En Dina-
marca, la Ley sobre ejercicio de la profesión de médko dispone expresamente que "...el médi-
co puede dar analgésicos, calmantes o productos análogos que sean necesarios para
aliviar al paciente, aunque tal acción pueda conducir a que se acelere el momento de la muerte'.
A falta de disposición legal, en otros países, la mayoría de los escritores y de losjueces
llamados a pronunciarse en tales casos parecen dar preferencia a una muerte digna,
Más delicada es la situación en que debe decidirse entre varias
personas con posibilidades de sobrevida, quién de ellos ha de be-
neficiarse con la momentánea ayuda de aparatos de sobrevivencia
artificial, siempre escasos ante situaciones de emergencia (piénse-
se en catástrofes naturales o accidentes de tránsito masivos). La
cuestión debiera resolverse, a nuestro juicio, atendiendo a los cri-
terios de proporcionalidad y subsidiariedad subyacentes en todas
las causales de justificación, de donde resulta que siempre ha de
preferirse salvar una vida que ninguna, por lo que la decisión en-
tre uno y otro paciente sólo es justificable cuando existe una prog-
nosis rayana en la certeza acerca de las posibilidades de sobrevida
del beneficiado, y siempre que la utilización de ese escaso recurso
vital sea el único medio disponible para dicha sobrevida.53
b. El problema de la eutanasia activa
Diferente es la situación en que no se trata de omitir un tratamiento
en principio inútil o de aliviar los sufrimientos de un paciente en
estado terminal, sino de abreviar la vida de quien, teniendo aún
amplias perspectivas de sobrevivencia, no puede, sin embargo, lle-
var dicha sobrevivencia dignamente (se piense en el parapléjico ata-
sin sufrimientos y conforme a la voluntad del paciente, por sobre la perspectiva de una
prolongación de la vida durante un corto período, al precio de atroces sufrimientos
(aunque exista una opinión minoritaria que quiere atribuir un efecto de elevación mo-
ral a la decisión de soportar el dolor en la fase postrera de la vida). Ésta es la gran
reforma que se ha operado en el Código de Etica del Colegio Médico de Chile de
2004, donde, como se señala arriba en el texto, no sólo se reconoce el "derecho a
morir dignamente" (art. 23 inc. Ia
), sino también se ha eliminado del texto corres-
pondiente a su anteriormente vigente art. 28 (cfr. la edición anterior de estas Lec-
ciones PE, p. 35 s.), la necesidad, en casos de pronóstico de muerte inevitable, de no
"interrumpir los medios mínimos habituales para mantener la vida", entendiendo
que tales medios no son tratamientos "proporcionales a los resultados que se pue-
da esperar de ellos", si sólo sirven como una "prolongación precaria y penosa de la
existencia" y no ofrecen verdaderas posibilidades de recuperación del paciente.
Tales criterios se reflejan, de cierta medida, en la disposición contenida en
el inc. 1Q
del art. 23 del Código de Etica del Colegio Médico de Chile, según el
cual "los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deben ser proporcionales a
los resultados que se pueden esperar de ellos". Sobre los criterios de justificación
en general, cfr., Lecciones PG, Capítulo 11. Cfr. también ETCHEBERRYIII, 29, quien
llega a una solución similar.
do a su camilla de por vida, o en el enfermo de un cáncer que le
produce insufribles dolores y padecimientos en su tratamiento, aun-
que su diagnóstico no sea el de una muerte segura, etc.).
El tratamiento penal de quien, en tales circunstancias, ayuda acti-
vamente a morir a otro a instancia de éste se previo en algunos códigos
a fines del siglo XIX y en el curso del siglo XX, como una hipótesis
atenuada o privilegiada de homicidio: así, el § 216 del Código alemán y
el artículo 293 del Código holandés, en idénticos términos, castigan
con una pena menor que la prevista para el homicidio al que da muer-
te a otro "en razón de la petición expresa y seria de éste". El Código
italiano (art. 579) considera una forma atenuada de homicidio el he-
cho del que "causa la muerte de una persona con su consentimien-
to". Más restringido en su fundamento de "homicidio por piedad", el
Código noruego fija una pena moderada, con un mínimo bajo, para
la causación de la muerte de una persona que padece de una enfer-
medad incurable "con el solo propósito de poner término a sus sufri-
mientos". El Código español de 1995 requiere, para la aplicación de
una figura atenuada de homicidio, el propósito del hechor de poner
fin a los padecimientos de quien se halla en trance de muerte y la sú-
plica en tal sentido de la víctima. El art. 143.4 castiga, en efecto, con
una pena "inferior en uno o dos grados" a las previstas en los otros
números de ese artículo (relativo a la inducción o el auxilio al suici-
dio) al que "causare o cooperare activamente con actos necesarios y
directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívo-
ca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad gra-
ve que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves
padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
Sin embargo, al redactarse nuestro Código, y enfrentada la Co-
misión Redactora ante el texto del Código Penal español que le ser-
vía de modelo, fue el parecer de ésta suprimir la norma que regulaba
la muerte consentida (inc. 2S
del art. 409 CP español de 1848-1850),
con el argumento de que si alguien ayuda a morir a otro "hasta el
punto de ejecutar él mismo la muerte", tal hecho "indudablemente
constituye un verdadero homicidio y debe ser castigado como tal".54
Actas, Sesión 79, pp. 399 ss. Y así también la SCA Santiago 22.6.1979 (GJ
26, 24), donde quien disparó a ruego del que murió fue condenado por homici-
dio, con el argumento de que el ofendido "carecía legítimamente del derecho de
disponer de su propia vida", rechazando la solicitud de la defensa en orden a ca-
lificar el hecho como auxilio al suicidio.
Con todo, si bien las normas modernas sobre deontología médi-
ca ponen el derecho de autodeterminación del paciente en primer plano y,
como ya hemos visto, parecen coincidir en que pertenece al deber
del facultativo de ayudar a morir dignamente la posibilidad de reali-
zar conductas u omisiones correspondientes a la eutanasia indirecta y
a la eutanasia pasiva, existe un criterio predominante, expresado en
los sistemas legales de la mayoría de los países, en el sentido de man-
tener la ilicitud penal de la eutanasia activa, es decir, la administración
deliberada de substanciales letales con la intención de provocar la muer-
te, a petición del enfermo que desea morir, por decisión del cuerpo
médico. Mientras respecto de las dos primeras hipótesis puede ob-
servarse una creciente aceptación social, existen marcadas diferencias
de opinión acerca de la existencia o no de un orden normativo (de
origen ético o religioso), fundado en una "imagen del hombre", que
impediría la legitimación de la acción de poner fin a la vida del pa-
ciente en trance de muerte, accediendo a su petición. La ética médi-
ca tradicional, cuyo origen está en el juramento de Hipócrates que
prestan los médicos, negaría formalmente -se afirma- la posibilidad
de dar a sabiendas "una droga mortal". A ello se suelen agregar con-
sideraciones acerca de los posibles errores de diagnóstico que pudie-
ran conducir a un abuso de la legislación permisiva. Del debate
substancial en torno a esos conceptos no corresponde ocuparse aquí.
Cabe señalar, sin embargo, que entre los abundantes partidarios de
legitimar, en casos extremos, la eutanasia activa practicada por el mé-
dico, a ruego del paciente, se conviene en que no todas las socieda-
des estarían suficientemente maduras para aceptar tal liberalización.
b.l. Excurso: La legalización de la eutanasia en los Países Bajos
Con la dictación de la "Ley sobre comprobación de la procedencia de dar
muerte a ruego y de auxilio al suicidio y reforma del Código Penal y
de la Ley sobre Inhumaciones", de 12 de abril del año 2001 (en
adelante: WTL),55
se exime de responsabilidad penal al médico que,
'" Wet toetsing van levensbeéindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging, Stb. 2001, 194. Por la rela-
ción estrecha que existe entre la eutanasia activa y el suicidio asistido, el legislador
holandés optó por hacer aplicable la eximente de responsabilidad criminal tanto
respecto del tipo delictivo del artículo 293 CP, relativo al homicidio a ruego de la
víctima, como del previsto en el artículo 294 CP sobre auxilio al suicidio. Por lo mis-
mo, volveremos sobre esta cuestión al tratar más adelante el auxilio al suicidio, que
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL INDP/IDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
en el marco de su relación de tratamiento de un paciente, pone fin a la
vida de éste o le presta ayuda para hacerlo por sí mismo, siempre
que se cumplan determinadas exigencias de esmero en la comproba-
ción de los criterios estrictos para su procedencia, previstos en la mis-
ma ley, tanto en el sentido de que se trata de un enfermo sin
esperanza de curación y que sufre de modo insoportable, cuanto
en la existencia de un expreso y bien meditado deseo de morir.56
Según se lee en los materiales de la discusión parlamentaria del
proyecto de ley, el punto de partida de la WTL no puede enten-
derse como una simple aceptación del derecho de autodeterminación
de las personas para decidir el término de su vida. Ello por dos ra-
zones: "en primer término, rige la impunidad únicamente para el
médico que se someta a las normas y a la ética de su profesión y
que se sujete, además, a los criterios estrictos establecidos para que
sea imposible que se ponga fin a la vida del paciente sin una solici-
tud voluntaria y bien meditada de éste. En segundo lugar, la regu-
lación legal no establece en caso alguno el deber de colaborar a la
muerte deseada. De manera que, no puede hablarse de un dere-
cho a imponer la voluntad de morir".57
Es notorio que la nueva legislación en los Países Bajos (imita-
da luego en Bélgica) vino a superar una importante fricción en-
en nuestro Código se sanciona de manera especial en su art. 393 (v. Capítulo 4, § 2).
Por el momento, baste señalar que ha sido por esta vía donde algunos Estados, aun
rechazando la eutanasia activa, han admitido excepciones al castigo penal de quien
colabora en la muerte digna de quien no desea más vivir.
Con arreglo a la WTL, la eximente aplicable exige que concurran los re-
quisitos previstos en el artículo 2 de esa Ley y que, en conformidad al artículo 7
de la Ley sobre Inhumaciones, se haga la comunicación respectiva al médico fo-
rense de la comuna. Cada una de las exigencias de esmero, del artículo 2 de la
WTL, son "la expresión legal de los criterios que había desarrollado la jurispru-
dencia para concluir en la impunidad" (J. R. Blad y P. C. Borgert, Beschikbaarste-
lling van zelfdodingsmiddekn, DD 32 (2002), 5, p. 449). Tales requisitos consisten,
en síntesis, en que el médico haya logrado el convencimiento de que se trataba
de una petición libre y bien meditada, que existía un sufrimiento insoportable y
sin esperanzas del paciente, que el médico haya informado al paciente acerca de
la situación en que se hallaba y sus perspectivas, que médico y paciente hayan lle-
gado a la conclusión, en conjunto, que en la situación en que el paciente se en-
contraba no había razonablemente otra solución que ofrecer, que el médico
hubiera consultado a lo menos a otro médico independiente que haya visto al
paciente y dado su opinión por escrito y, por último, que la acción de dar muer-
te o de auxilio al suicidio se haya ejecutado con el debido cuidado médico.
Kammerstukken II, 1999-2000, 26.691, Ns
6, p. 17.
tre la opinión dominante en la sociedad holandesa acerca de la
eutanasia (expresada en las numerosas encuestas de opinión, co-
misiones de estudio, criterios asumidos mayoritariamente por los
partidos políticos) y las disposiciones vigentes en el Código Pe-
nal. Tal punto de vista dominante se podía inferir asimismo de
una jurisprudencia constante que, en los casos extremos a que
ahora se refiere la WTL, reconocía la eximente de estado de necesi-
dad o daba lugar al sobreseimiento en virtud del principio de opor-
tunidad, previsto en el Código de Procedimiento Penal, si aparecía
que el médico había procedido con el requerido esmero y en con-
formidad a su lex artis.5H
El derecho holandés sobre la eutanasia, al igual que cualquier
asunto de un sistema legal extranjero, es inseparable de las ideas y
criterios predominantes en la respectiva sociedad acerca de los lí-
mites de la responsabilidad del Estado en la tutela de los derechos
de sus ciudadanos. Sin embargo, sus criterios no pueden conside-
rarse sólo en el marco de otra cultura social y jurídica, sino como
uno de los diversos paradigmas que el derecho de nuestro tiempo
ofrece para las opciones que las graves preguntas éticas en torno a
la muerte a ruego plantea para el sistema penal. Pero la respuesta
no puede ser ya, como lo demuestra la intensa discusión en el de-
recho comparado, la sola negación del problema.59
Desde 1996 estaba ya vigente una reglamentación aprobada por el Parla-
mento relativa a las inhumaciones, que permitía al Ministerio Público sobreseer
las causas por homicidio o auxilio al suicidio, si se trataba de interrupción de la
vida realizada a petición del enfermo, a condición que la correspondiente comi-
sión regional, integrada por un médico, un jurista y un especialista en cuestiones
éticas, concluía que el médico que tomó la decisión había actuado con el necesa-
rio rigor. Para ello la comisión debía comprobar que: a) el paciente había formu-
lado su petición libremente, de manera madura y reflexiva; b) los sufrimientos
del paciente eran insoportables y sin perspectivas de mejoramiento, según el con-
cepto médico predominante en ese momento; c) el médico había consultado a
lo menos a otro médico independiente; y d) la interrupción de la vida se había
practicado con todo el rigor médico requerido.
Incluso en Alemania, con sus limitaciones históricas (vid. nota 47), el tema
es ahora materia de discusión académica, como puede verse en el texto de Claus
ROXIN, "Zur Strafrechtlichen Beurteilung des Sterbenilfe", en Rev. Electrónica de
Ciencia Penal, Criminología, Ns
1 (1999), 01-10.
PRIMERA PARTE: DELITOS CONTRA EL INDPVIDUO EN SUS CONDICIONES FÍSICAS
C. CULPABILIDAD EN EL HOMICIDIO
Como señala acertadamente GARRIDO MONTT, hoy en día, salvo la
determinación del contenido del dolo homicida, las restantes cues-
tiones relativas al mismo (si se admite o no el dolo eventual), la cul-
pa, la preterintención y el error de tipo no ofrecen "particulares
alternativas en materia de homicidio", atendido su desarrollo y ex-
plicación en los estudios de parte general, a los que nos remitimos.60
Sin embargo, al igual que con los problemas de imputación ob-
jetiva, abordaremos aquí resumidamente, junto al problema del
contenido del dolo homicida, las principales cuestiones que sue-
len presentarse en los textos de estudio sobre esta materia.
a. El contenido del dolo homicida
La discusión acerca del contenido del dolo homicida fue introdu-
cida entre nosotros por un famoso artículo del profesor Eduardo
NOVOA M., quien sostuviera en aquella oportunidad que la ley chi-
lena no exigía un dolo de matar o animus necandi, sino sólo bastaba
con la intención genérica e indeterminada de herir, golpear o mal-
tratar, atribuyéndose a esa intención todos los resultados de tales
actos, previstos e imprevistos.61
Las fundadas críticas a esta postura,
que elimina de raíz la diferencia entre homicidio y lesiones a nivel
subjetivo, transformando a todas estas figuras prácticamente en de-
litos calificados por el resultado, llevaron al propio NOVOA a rectificar-
la,62
a pesar de su éxito en lajurisprudencia de nuestros tribunales.63
No obstante, la discusión a este respecto puede considerarse de
carácter histórico, atendida la unánime postura actual de los auto-
res y el reconocimiento por parte de nuestra jurisprudencia de las
GARRIDO MONTT, III, 43. Otra era la opinión que se sostenía todavía en
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLIA, 70. Sobre las respuestas generales a las preguntas
planteadas, cfr. Lecciones PG, Capítulo 12.
Eduardo NOVOA, "El delito de homicidio y la intención de matar", en RCP
VIII, 183 ss.
NOVOA I, 555.
Tanto las críticas a estas consecuencias del planteamiento de NOVOA, así
como la abundante jurisprudencia que lo adoptó, a pesar de las críticas, pueden
verse en POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, pp. 70-71.
categorías dogmáticas de dolo directo y dolo eventual.™ De este modo,
por una parte, al admitirse que también actúa dolosamente (con dolo
eventual) quien se representa el resultado mortal, pero realiza su con-
ducta con indeferencia hacia su producción,65
aparece como inne-
cesaria la apreciación de un supuesto dolo específico de matar (animus
necandi) f6
y por otra, se excluye la noción de dolo genérico, pues ante
la prueba de que el resultado mortal no era siquiera representable,
no cabe atribuir al autor dolo eventual y mucho menos directo.
Del mismo modo, la existencia del dolo homicida sin la exigen-
cia de un animus específico, permite entender que en él se puedan
comprender tanto el resultado lesivo para la vida como las lesio-
nes, heridas y daños en general a la salud que, como consecuencia
necesaria de la conducta homicida, podrían sobrevenir.67
b. El error en el homicidio
b.l. Error en el curso causal. El problema del dolo de Weber
Aunque es claro y admitido que un error inesencial en el curso cau-
sal no excluye la punibilidad a título de homicidio, la discusión en-
tre nosotros persiste en torno a qué ha de entenderse por inesencial
Por los autores, cfr. GARRIDO MONTT III, 43, ETCHEBERRY III, 45, POLITOFF
/ BUSTOS / GRISOLÍA, 72. Por la jurisprudencia, admitiendo la categoría de dolo
directo, la SCA San Miguel 3.6.1992 (fíD/LXXXIX, 156); y en cuanto al dolo even-
tual, ya se admitía en la SCA Santiago 20.4.1970 (RDJ XXIX, 75), donde se consi-
deró doloso el actuar de quien empuja a otro (ebrio y al borde de un río caudaloso
como el Maipo), por haber aceptado un resultado que se representó como posi-
ble, y ahora también en la SCA Santiago 1998 (G/222, 157), en la que la prueba
de que se hiere reiteradamente el cuerpo de la víctima sin discriminar "donde se
asesta el golpe, ni la profundidad de la lesión que se ocasiona", pareció suficien-
te al tribunal para apreciar el dolo eventual.
SCS 21.4.1998 (G/214, 126).
Exigido por alguna jurisprudencia antigua para excluir de este delito re-
sultados extraordinarios, como en el supuesto de quien lanza una pequeña silla de
niño a su pareja en una disputa conyugal, a causa de lo cual ésta fallece por trau-
matismo encéfalo craneano (SCA Santiago 9.9.1963, RDJUÍ, 412). Asimilándolo
al dolo directo, en LABATUT / ZENTENO II, 160 parece admitirse el animus necandi,
aunque sólo sea para diferenciar el homicidio doloso del preterintencional.
Comprensión que se refleja en el tratamiento del problema del concurso
entre homicidio frustrado y lesiones, corno veremos más adelante, Capítulo 1,
§2, D, a. 1.
o irrelevante para estos efectos, particularmente en el supuesto del
llamado dolo de Weber, esto es, de la realización de un acto poste-
rior a la conducta homicida, generalmente de ocultamiento de la
misma, en la creencia de haber dado muerte a la víctima, la que sólo
fallece producto de ese acto de encubrimiento.68
GARRIDO M O N T T afirma que en tales casos debe distinguirse
entre el supuesto en el cual "el sujeto desde el principio de la co-
misión del delito pretende realizar la segunda actividad" (que de-
nomina dolus generalis), de aquel en que esta segunda conducta sólo
es decidida una vez realizada la primera objetivamente fallida, pero
que erróneamente se cree consumada, admitiendo sólo en este úl-
timo caso la solución consistente en juzgar cada hecho conforme
a su propia subjetividad (homicidio dolosofrustrado en concurso real con
homicidio culposo consumado); en tanto que, para el caso de dolus ge-
neralis, habría que admitir un error no esencial en el curso causal,
pues "el dolo inherente a la actividad delictiva comprende o abar-
ca el acto posterior que provoca la muerte".69
Sin embargo, esta solución parece estar basada en la idea de
un dolo antecedens atribuible a todo evento al autor, lo que no nos
resulta convincente, pues la segunda conducta, si realmente es un
hecho independiente de la primera, ha de juzgarse por sí misma y
no por lo que sería un deseo anterior.
De nuevo la cuestión debiera resolverse no por la vía de admi-
tir un dudoso dolus generalis, sino por la del dolo eventual, cuando
corresponda: quien, como podría ser en la mayor parte de los ca-
sos prácticos, se representa la posibilidad de la sobrevivencia de su
víctima y decide enterrarla de todos modos, responderá por el ho-
micidio doloso consumado y no por un hecho culposo.70
Lecciones PG, Capítulo 12, § 2, A, b. 2.
GARRIDO MONTT III, 45.
Nuestra jurisprudencia ha tenido oportunidad de ocuparse de un caso si-
milar: un sujeto hiere con un arma punzante a otro y lanza su cuerpo agonizante
a un canal, con la ayuda de unos compinches. Puesto que el informe tanatológi-
co reveló que las heridas producidas por el arma punzante eran mortales de ne-
cesidad, la Corte de Apelaciones de Santiago no admitió que el segundo acto fuera
diferenciable del primero, y condenó a su autor por homicidio. Sin embargo, a
los compinches que le ayudaron a lanzar al canal el cuerpo todavía con vida de la
infortunada víctima, los castigó únicamente por encubrimiento, ya que la creían
muerta (SCA Santiago 8.9.1997, GJ 207, 139). La solución parece correcta, si se
admite que, en verdad, el primer acto no había fracasado, sino simplemente se
nada indica en la causa la presencia de un dolo eventual, la solu-
ción debiera ser eljuzgamiento del hecho secundario separadamen-
te del primero.
b.2. El error en la persona: el objecto y la aberratio ictus
Conforme se señaló en la Parte General de estas Lecciones, noso-
tros entendemos que el texto del inc. 3a
del art. Ia
del CP -que im-
pone la pena del delito que se comete "aunque el mal recaiga en
una persona distinta de la que se propuso ofender"-, hace referen-
cia únicamente a la identidad de la víctima del delito, y no a los ca-
sos de aberratio ictus o error en el golpe.11
No obstante, parte importante de nuestra doctrina y la jurispru-
dencia mayoritaria estiman que, "atendido el tenor del texto y la
finalidad que subyace en él", ha de comprenderse en él tanto el
error en la identidad de la persona como el error en el golpe, conside-
rando éste como un simple error accidental.12
A nuestro juicio, de nuevo la cuestión ha de resolverse recu-
rriendo a la distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual,
esto es, al hecho de si el autor, representándose el resultado mor-
tal en una persona diferente de la que se propone ofender, ha ac-
tualizado en su conducta su intención de no herirla o, por el
contrario, ha actuado respecto de este resultado de manera indife-
rente. Así, si se dispara con precisión un arma de fuego y el disparo
se desvía materialmente por una causa completamente fuera de
control del agente (la interposición de la propia víctima, por ejem-
plo), la muerte de quien no era el destinatario del disparo a lo más
puede atribuirse a culpa del agente. Pero si con un arma de repe-
había retardado su efecto (la muerte de la víctima), de donde el lanzarla al agua
(y en realidad cualquier acto sobre su cuerpo), sería irrelevante para alterar el
curso causal desencadenado por la conducta homicida inicial.
Lecciones PG, Capítulo 12, § 2, A, b. 1.
La cita textual es de GARRIDO MONTT III, 46. Una abundante jurispruden-
cia en este mismo sentido puede verse en ETCHEBERRY DPJ IV, 311 ss., y en la más
reciente SCA Pedro Aguirre Cerda, 19.11.1986 (G/77, 48). En este caso, el dispa-
ro con un arma de fuego fue desviado materialmente de su curso, por lo que im-
pactó en una persona distinta de la que iba dirigido.
tición se disparan varios tiros contra una persona que se encuen-
tra rodeada de otras, y es alguna de estas otras la que muere, no
hay culpa en el autor, sino dolo, al menos eventual y hasta es posible
que de consecuencias necesarias (lo que es, de todos modos, irrele-
vante para la pena); y por tanto, tampoco hay un solo delito de homi-
cidio consumado, sino un concurso entre la tentativa de homicidio
del destinatario primigenio de los disparos y el homicidio consu-
mado de la infortunada víctima.73
b.3. El homicidio preterintencional
La antigua discusión acerca de cómo habría de sancionarse a quien,
queriendo lesionar a otro, causaba, no obstante, con esas lesiones
una muerte no querida, pero previsible, puede considerarse ya su-
perada en la doctrina nacional.74
En efecto, es absolutamente dominante entre nosotros la tesis
de que en tales circunstancias, probada la falta de dolo homicida
-"prueba de suyo difícil"-,75
no puede atribuirse al autor el homi-
cidio a título doloso, sino a lo más culposo, si el resultado era pre-
visible.76
Además, puesto que en tales supuestos un mismo hecho
Esta es también la solución que ha de darse al caso del envenenamiento in-
discriminado: el padre que pone veneno en el alimento de toda la familia "sólo"
para matar a su cónyuge parece que actúa con total indiferencia respecto de la
muerte o lesiones que sufra el resto de los familiares al consumir el alimento en-
venenado (SCS 10.10.1967, RDJhXW, 289).
Lecciones PG, Capítulo 12, § 2, B, a. 1. Una completa exposición acerca de
los términos de la discusión en el siglo pasado, puede verse en POLITOFF / BUS-
TOS / GRISOLÍA, 72 ss. Sin embargo, a veces apreciar la diferencia no es del todo
tan fácil, como allí se señala, al citar una SCA Santiago 1964 (RDJLXl, 244), donde
se resolvió de acuerdo a la preterintención una situación dirimente del vínculo
de causalidad: se condenó al reo que golpeó con un cucharón en la cabeza a su
conviviente, que murió debido a la fragilidad de sus vasos sanguíneos, como au-
tor del delito doloso de lesiones y del delito culposo de homicidio. Puede apre-
ciarse, además, que la situación difiere sólo en parte del problema de los resultados
extraordinarios antes visto. (Ver supra Capítulo I, § 2, A, c. 1. 1.), aunque aquí no
juegan ningún papel los conocimientos especiales del autor, sino sólo se atiende a la
previsibilidad general del resultado mortal con los medios empleados para causar
las lesiones buscadas por el autor.
LABATUT / ZENTENO II, 163.
Cfr., por todos, GARRIDO MONTT III, 48. Naturalmente, si el resultado es
absolutamente imprevisible, el suceso mortal no debe ser imputado al autor, ni aun a
título culposo. Distinta es la situación de la SCS 31.3.1982 (RDJLXXIX, 18), don-
constituiría dos o más delitos (las lesiones dolosas más la muerte cul-
posa), se ha estimado que debe castigarse al autor según la regla
del art. 75 CP.77
De nuevo, la cuestión de fondo que aquí se debatió era el con-
tenido del dolo homicida -y particularmente del ámbito del dolo even-
tual-, y del de lesionar. La solución dominante es la correcta, pues
si bien quien quiere la muerte de otro ha de querer necesariamente
las lesiones producidas para ello; quien quiere solamente lesionar
a otro, no ha de querer en modo alguno su muerte y tampoco, re-
presentándose dicha posibilidad, ha de actuar con indiferencia ha-
cia su consumación.
Sin embargo, en la práctica, la diferenciación no siempre es fá-
cil, pues si estamos ante un supuesto de homicidio culposo o doloso,
particularmente con dolo eventual, es una cuestión que el tribunal
debe apreciar atendiendo preferentemente a los hechos objetivos
probados en la causa: "los medios empleados para la comisión del
delito, la región del cuerpo en que se infirió la lesión, las relacio-
nes existentes entre el ofensor y la víctima, las amenazas o mani-
festaciones hechas por el culpable; si el homicidio se realizó con
arma de fuego, la clase y el calibre del arma, la dirección y la dis-
tancia a que se hizo el disparo, etc.".78
Así, se ha señalado reciente-
mente por nuestros tribunales que, si dos sujetos en estado de
ebriedad se trenzan a golpes de puño y uno de ellos cae y muere
de se estimó únicamente lesiones en un caso en que un sujeto golpeó a otro con
una botella en la cabeza, trasladándolo posteriormente a su domicilio, donde fa-
lleció producto de la anemia causada. Sin embargo, lleva razón NÚÑEZ San Mar-
tín, a pesar de la sentencia de nuestro máximo tribunal, en cuanto es discutible
que alguien que hiere con una botella de vidrio en la cabeza a otro, al menos no
se represente la posibilidad de un resultado mortal (Alvaro NÚÑEZ SAN MARTÍN:
Análisis jurisprudencial del delito de homicidio (1960-1999), Memoria de Prueba diri-
gida por el profesor Jean Pierre MATUS, Universidad de Talca, 2002, p. 40).
Así, ya en POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 76 s., y en la jurisprudencia re-
ciente, la SCA Pedro Aguirre Cerda 12.07.1984 (GJ 48, 113); y la SCA Santiago
22.12.1981 (ÄD/LXXVHI, 271).
LABATUT / ZENTENO II, 160. Así, la SCS 24.06.1997 (i¡M 463, 896), declara
que, por el arma empleada, el número y profundidad de las heridas causadas, la
mayor parte de las cuales afectaron los órganos vitales de la víctima, no cabe sino
admitir dolo en el autor; y la SCA Talca 26.04.65 (FM 77, 61), que son indicadores
del ánimo homicida circunstancias tales como el empleo de un arma de fuego a
dos o tres pasos de la víctima, previamente golpeada por el propio autor.
producto del golpe en la cabeza que sufre al golpearse contra el
suelo, la ocasión y el medio empleado demuestran que no hubo
dolo homicida, pero sí que era previsible un resultado mortal.79
Por otra parte, aun admitiendo que teóricamente la solución
correcta en tales casos es aplicar la regla del art. 75 al concurso en-
tre lesiones dolosas y el homicidio consumado, ello no siempre es
posible en la práctica, conforme al mérito de los hechos probados
en la causa, por la incertidumbre acerca de la naturaleza de las le-
siones provocadas, ya que, atendida ésta, las variaciones penológi-
cas pueden ser importantes. Este problema probatorio debe
resolverse como tal, y no en atención al tiempo que media entre
las lesiones y la muerte -como propone ETCHEBERRY-,80
ni tampo-
co omitiendo el castigo por las lesiones, como hace alguna juris-
prudencia al castigar únicamente por el cuasidelito de homicidio
producido,81
salvo que por su insignificancia clínica, éstas puedan ser
absorbidas por la pena del homicidio culposo consumado.82
D. ITER CRIMJNISY CONCURSOS
Nadie duda de que si se intenta matar a otro y, por una causa in-
dependiente a la voluntad del agente, el resultado no se produce,
la conducta ha de quedar en grado de frustración y no será posible
el castigo a título de delito consumado. Lo mismo vale para el caso
de quien da comienzo a la ejecución del delito, pero no ha com-
pletado todos los actos de ejecución necesarios: su delito está ten-
tado. La discusión radica aquí en determinar cuándo se ha puesto todo
™ SCA Pedro Aguirre Cerda 24.6.1981 (ÄD/LXXVIII, 186). El mismo razo-
namiento se emplea en SCA Santiago 23.9.1993: "La circunstancia que el reo gol-
peó a su víctima con pies y manos, sin arma alguna, permite suponer que la
intención del reo era proporcionar un castigo físico a su víctima, pero tuvo con-
secuencias más graves a las previstas por el autor".
ETCHEBERRY III, 51. Sin embargo, como señalan POLITOFF / BUSTOS / GRI-
SOLÍA, 78, "Lo cierto es que en un sentido naturalístico no hay diferencia alguna
entre una y otra situación. La distancia temporal nada añade a la dilucidación
del asunto: si las lesiones se frustran por la verificación de la muerte, tanto están
frustradas en uno como en otro caso. Por otra parte, si nos estamos al hecho de
la muerte, las lesiones nunca fueron menos graves".
Así, SCA San Miguel, 8.10.1993 (RDJXC, 258).
POLITOFF / BUSTOS / GRISOLÍA, 78, nota 102.
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