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Timestamp: 2019-09-20 19:01:11+00:00

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Acuerdo y Sentencia 71/2010 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 71/10
"RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO LA AGENTE FISCAL MARIA SOLEDAD QUIÑONEZ ASTIGARRAGA EN LA CAUSA: "CLAUDIA ANALIA PERALTA MERCADO Y EDGAR A. RAMON OVANDO CASCO S/ HURTO AGRAVADO Y REDUCCION".
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días, del mes de Mayo del año dos mil diez, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y MIGUEL O. BAJAC, en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO LA AGENTE FISCAL MARIA SOLEDAD QUIÑONEZ ASTIGARRAGA EN LA CAUSA: "CLAUDIA ANALIA PERALTA MERCADO Y EDGAR A. RAMON OVANDO CASCO S/ HURTO AGRAVADO Y REDUCCION" a fin de resolver el Recurso interpuesto por la Agente Fiscal, Abog. MARIA SOLEDAD QUIÑONES contra el Acuerdo y Sentencia Nº 102 de fecha 25 de octubre de 2007 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital.
¿Es admisible el Recurso de Casación Interpuesto?
En su caso ¿resulta procedente?
A los efectos de determinar un orden para la exposición de las opiniones se realizó un sorteo que arrojo el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA Y BAJAC.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO BLANCO dijo: La representante del Ministerio Público, Abog. María Soledad Quiñonez interpone recurso extraordinario contra el Acuerdo y Sentencia Nº 102 de fecha 25 de octubre de 2007 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Terrera Sala de la Capital. En este sentido, el interlocutorio impugnado por la vía en estudio resolvió: "DECLARAR admisible el Recurso de Apelación Especial interpuesto en contra de la Nº 164 de fecho 07 de junio de 2007, dictada por los Magistrados DANIEL FELIX FERRO BERTOLLOTTO, en calidad de Presidente, y como miembros titulares GUSTAVO SANTANDER y MANUEL AGUIRRE... CONFIRMAR la sentencia recurrida, en todas sus partes, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución...."
Respecto a la impugnabilidad objetiva, la resolución recurrida emanada del Tribunal de Apelación, al confirmar la S.D N° 164 de fecha 07 de junio del 2007, que a su vez, hizo lugar a un incidente de nulidad de actuaciones, declarando el sobreseimiento definitivo de los Sres. Claudia Analia Peralta Mercado, y Edgar Alfredo Ramón Ovando, por lo que ésta tiene la potencialidad de cerrar irrevocablemente el procedimiento; por estas razones el objeto (Art. 477 del C.P.P.) se encuentra efectivamente cumplido.
Ahora bien, con relación a los requisitos del acto de interposición del recurso, el artículo 468 del Código Procesal Penal aplicable por imperio de lo dispuesto en el artículo 480 del mismo cuerpo legal, establece: "el Recurso (...) se interpondrá (...) en el término de diez días luego de notificada y por escrito fundado, en el que se expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo En concordancia con esta disposición el Art. 450 del C.P.P. dispone: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los puntos de resolución impugnados"
Examinado el escrito de interposición del casacionista se advierte que el mismo ha invocado el supuesto previsto en el Art. 478 específicamente el inciso 3) del Código de Formas. Exponiendo en su escrito de presentación las razones por la cuales a su criterio el auto atacado es manifiestamente infundado",. Por tanto, las condiciones de admisibilidad se hallan debidamente cumplidas. Debe estarse por la admisión del recurso. ES MI VOTO.
A su turno, los Ministros PUCHETA DE CORREA Y BAJAC ALBERTINI manifestaron que se adhieren al voto del MINISTRO BLANCO por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEDA, el ministro SINDULFO BLANCO, prosiguió diciendo: Que, la recurrente funda sus agravios en los siguientes argumentos: "...se puede afirmar que el mismo se encuentra manifiestamente infundado en razón de que la decisión arribada por el A-quem se encuentra carente de los motivos que debieron ser la base o sustento legal de la resolución... A pesar de haberse detectado la existencia de una acto defectuoso tanto el Tribunal de Mérito y que luego fuera confirmada por la Cámara de Apelación, sin embargo, ninguno de los dos órganos jurisdiccionales expusieron razonadamente en qué consistió el agravio ocasionado a los derechos constitucionales reconocidos al imputado por la falta de asistencia del Ministerio Público en la audiencia preliminar. Es más, el Tribunal de Mérito se ciñó en decir que ese incumplimiento formal quebrantó un principio concerniente a la representación del imputado. No obstante, no ha señalado en qué consistió tal vulneración... Efectivamente compartimos a cabalidad con los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia y por la Cámara de Apelación en el sentido de que la inasistencia del Ministerio Público en dicho acto procesal ha generado el incumplimiento de una forma procesal, la cual consistió en que el órgano requirente debe estar presente en la audiencia preliminar a los efectos preliminar a los efectos de exponer oralmente los argumentos que sustentan su hipótesis jurídico delictiva en contra del ciudadano que pretende sea juzgado en el juicio oral y público, para lo cual solicitará, de la misma manera, la elevación a dicho estado procesal, conforme lo dispone el artículo 55 del Código Procesal Penal... éste ejemplo demuestra la existencia de un acto defectuoso (incumplimiento de una forma procesal) Sin embargo, ésta omisión no ha generado ningún perjuicio al imputado, quien de todos modos tuvo posibilidad de contar con la asistencia de su defensa técnica...." proponiendo como solución jurídica, que se revoquen los apartados 2), 3) y 4) del Acuerdo y Sentencia N° 102 del 25 de octubre del 2007, y se reenvíen los autos a un nuevo Tribunal de Sentencia de conformidad a lo dispuesto 480 y 473 del C.P.P.
La Abogada Violeta González Valdez, en representación de la firma Importaciones San Luis S.R.L., contesto el traslado corridote, en los siguientes términos: "Esta representación en coincidencia con la recurrente, sostiene que el auto impugnado es manifiestamente infundado en tanto el Tribunal A-quem no ha expuesto el razonamiento lógico que permita inferir el camino intelectual seguido para arribar a la solución del caso, es decir, no ha motivado su resolución... lista querella concuerda plenamente con la Agente Fiscal en las afirmaciones precedentemente expuestas. Nos hallamos ante un acto defectuoso o inválido: la audiencia preliminar realizada sin la presencia del Agente Fiscal. Además de las disposiciones normativas contenidas en los arts. 14, 55 y 354 del C.P.P... Mi parte no ignora el principio de progresividad del proceso, en el que está inmerso el instituto de la preclusión. Pero también es claro que este concepto es inaplicable ante la nulidad, en especial cuando está en juego un derecho fundamental como lo es el derecho a la tutela judicial efectiva. La víctima es también un sujeto natural del procesal penal y las formas deben asegurar igualmente la vigencia de sus derechos..." Concluye solicitando se declare admisible, y se declare procedente el Recurso de Casación.
A su vez, se corrió traslado a la defensa, por el término de ley, y no lo ha contestado, tal como lo informa la Actuaría Judicial interviniente.
Pues bien, tenemos que la resolución atacada es el Acuerdo y Sentencia Nº 102 de fecha 25 de octubre del 2007, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Tercera Sala, y que resolvió confirmar la Sentencia Definitiva N° 164 de fecha 7 de junio de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia constituido por los Jueces, Daniel Ferro, Gustavo Santander y Manuel Aguirre. Estas sentencias han determinado hacer lugar al Incidente de Nulidad de Actuaciones planteada por el Abogado defensor de los Sres. Claudia Analia Peralta y Edgar Alfredo Ovando. El incidente se refiere a que al momento de la realización de la Audiencia Preliminar, no se encontraba presente representante alguno del Ministerio Público.
El estudio está dado en determinar si efectivamente la resolución impugnada de Segunda Instancia, es manifiestamente infundada ya que es en este motivo donde se centrarían los fundamentos del recurrente. En tal sentido, cabe resaltar que, por la vía de la Casación, se controla el cumplimiento de las formas procesales fundamentales, entre las cuales está, indudablemente la fundamentación de la sentencia.
En primer lugar cabe apuntar que constituye sentencia aquella decisión judicial solemne que pone fin al litigio resolviendo en forma definitiva. Por tal motivo, debe recoger exactamente los hechos del proceso, las alegaciones de las partes, las pruebas practicadas y las disposiciones legales aplicables; además debe ser clara y precisa y guardar congruencia con las peticiones formuladas en el acto del juicio y debe resolver respecto a ellas.
Pues bien, en este orden de ideas y atendiendo a los fundamentos elevados a categoría de causal de casación, debemos puntualizar que una sentencia manifiestamente infundada presupone una falta de motivación o fundamentación, ausencia de la exposición de los motivos que justifiquen la convicción del Juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho. No solo consiste en que el Juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, de acuerdo con el sistema impuesto por la Ley Procesal, esto es, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia.
Por ello, a fin de interpretar lo dispuesto en el inciso 3) del Art. 478 del Código Procesal Penal, que establece con causal de casación que la resolución judicial cuestionada sea manifiestamente infundada", es menester primeramente determinar el contenido del término fundamentar o motivar, para posteriormente concluir cuándo una resolución es manifiestamente infundada o insuficientemente fundada. Para el electo, antes que nada es necesario recurrir a la doctrina que al respecto señala: "La motivación de la sentencia es el conjunto de razonamiento de hecho y de derecho en los cuales el Juez apoya su decisión". (Oscar R. Pandolfi. Recurso de Casación Penal. Ed. La Roca - Bs. As. 2001 Pág. 419).
Por otro lado, es igualmente necesario atender lo prescripto por la normativa legal. Así se tiene lo dispuesto por el Art. 125 del citado cuerpo normativo, el cual dispone: "Las sentencias definitivas interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamenta de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hechos y de derecho en que se basan las decisiones..."
En reiterados fallos coincidentes y firmen se ha dejado sentado la imposibilidad de los Tribunales de Apelación de volver a examinar los hechos y las pruebas, esencialmente porque "el juicio propiamente dicho" se concreta en primera instancia en donde se materializa el control de la administración de justicia, vía juicio oral. La concreción de los principios de "inmediatez" y "concentración" en tal acto procesal culminante y las limitadas posibilidades que ofrecen los documentos, base fundamental de la atención del órgano de alzada -acta de juicio y sentencia propiamente dicha- hacen que los hechos y las pruebas queden definitivamente fijados según decisión del Tribunal de Sentencia.
Y es justamente son estos los principios en los cuales se basó el Tribunal de Sentencia, y el Tribunal de Apelaciones a analizar la sentencia definitiva que determino finalmente el sobreseimiento de los incoados. El fundamentos de la sentencia atacada se centra en que no se ha cumplido los requisitos para la formulación de la acusación, sumado a que la Agente Fiscal no ha comparecido a la Audiencia Preliminar, en la cual podía haber subsanado el error de no acompañar actuaciones y evidencias en la presentación del escrito de Acusación". Continua exponiendo los principios generales, y las normativas especificas que se han violado y que han desencadenado en la citada resolución.
Es decir, no solo se han analizado los extremos señalados en el recurso de apelación especial, sino que se hayan fundados en normativas vigentes. Es importante aclarar que en el presente caso, no solo el representante público dejo de asistir a un acto procesal, sino que con esta ausencia sé vulneran principios integrales de todo el sistema oral y público vigente. Se desvirtúa todo el sistema procesal que impera y por el cual se ha luchado en aras de la democracia.
Los artículos que se mencionan en el Acuerdo y Sentencia atacado, se refieren específicamente a los requisitos de la acusación fiscal, que no se han cumplido al momento de su presentación, pues solamente se ha cumplido con el plazo procesal, al presentarla por escrito. Pero los demás requisitos no se han cumplido, lo que tomaría el acto salvable o validable, de haberse presentado la representante del Ministerio Público con esos recaudos, y a dar cumplimiento al principio de bilateralidad, contradicción, oralidad, inmediatez, celeridad, igualdad procesal, entre otros, pero nuevamente "ausencia" significa la total adulteración del sistema, y la tentativa de salvar el error, leyendo la acusación, hace un retroceso al viejo sistema inquisitivo, lo que los órganos judiciales no pueden permitir. Es así que la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones, no sólo se haya fundada sino que también se haya ajustada a derecho.
Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos y con sustento legal en el art. 256 de la Constitución Nacional y los arts. 468, 478 inc. 3, 479, 480 del Código Procesal Penal, corresponde NO HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 102 de fecha 25 de octubre de 2007, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Capital. Es mi voto.
A su turno, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI, manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
SENTENCIA Nº 71
Asunción, 12 de Mayo de 2010.
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la;
2) NO HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Agente Fiscal, Abog. MARIA SOLEDAD QUIÑONEZ contra el Acuerdo y Sentencia Nº 102 de fecha 25 de octubre de 2007 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, conforme los fundamentos expuestos en el exordio de la presente sentencia.
3) REMITIR estos autos al órgano jurisdiccional contemplado, sus efectos.
4) ANOTAR, notificar y registrar.
Miguel Oscar Bajac Albertini.

References: resolución 
 artículo 468
 artículo 480
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución