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Timestamp: 2019-05-21 15:22:55+00:00

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El Bronco y sus tres vías de financiamiento ilegal detrás de su aspiración presidencial | El Juego de la Suprema Corte
La llegada del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” a la boleta de la elección presidencial se dio a pesar de que no logró reunir el número de apoyos ciudadanos requerido por la ley. Ahora, además, el INE ha develado una mancha más a esta controversial candidatura: el lunes 28 de mayo el Consejo General del Instituto resolvió tres procedimientos en materia de fiscalización en contra de Rodríguez Calderón, en los que se detalla el uso de recursos no permitidos durante la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano.
Estas investigaciones, cuya información es pública y se puede encontrar en la página Internet del INE, se concluyeron de forma expedita por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE y han permitido acreditar que el actual candidato a la presidencia de México financió la recolección de sus firmas de apoyo empleando esquemas de financiamiento expresamente prohibidos por la ley electoral, y en los que participaron de forma activa un importante número de empresas y personas físicas que sirvieron como testaferros para triangular recursos. A continuación se exponen los tres mecanismos de uso ilegal de recursos en los que incurrió Rodríguez Calderón y que el INE sancionó.
Utilización de servidores públicos para recabar apoyo ciudadano.
En la primera trama de financiamiento ilegal, se comprobó que Jaime Rodríguez Calderón utilizó a 656 servidores públicos del gobierno de Nuevo León para recabar apoyo ciudadano cuando aún fungía como gobernador del estado.1
El primer indicio que tuvo la autoridad sobre esta conducta provino de hechos denunciados en la prensa, específicamente en un reportaje del periodista Rafael Cabrera en el portal “Buzzfeed” (5 de diciembre 2017) y de la periodista Mirna Ramos en el periódico “El Norte” (29 y 31 de enero de 2018). En tales escritos se denunció la participación de funcionarios del estado en la recolección de firmas del entonces aspirante. La periodista Mirna Ramos reveló que después de recibir información a través del portal de transparencia del INE, pudo comprobar que había coincidencias entre los nombres de servidores públicos de distintas dependencias del gobierno de Nuevo León y la lista de auxiliares que recolectaban firmas en favor del entonces aspirante.
La UTF hizo lo propio: cruzó la base de datos del propio INE que contenía el total de auxiliares (35,667) que Rodríguez Calderón registró para recabar firmas en su apoyo con los nombres de los servidores públicos del gobierno del estado de Nuevo León. Encontró 428 casos de auxiliares-servidores públicos de 23 dependencias del gobierno que habían recabado apoyos ciudadanos en días y horas hábiles. Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE (UTCE) había concluido pesquisas derivadas de otro procedimiento2 sobre la misma conducta, lo que a la postre permitió a la UTF identificar a otros 228 servidores públicos3 de seis dependencias adicionales del gobierno que también recolectaron firmas de apoyo ciudadano en horarios y días hábiles.
De esta forma el INE logró acreditar fehacientemente a 656 servidores públicos del gobierno del estado que, en lugar de desempeñar funciones para las que fueron contratados, dedicaban tiempo de su jornada laboral a recabar apoyos ciudadanos en favor de su jefe, el entonces gobernador del estado, situación que está expresamente prohibida no sólo en la ley electoral sino en el artículo 134 de la Constitución.
Se determinó que el valor de las aportaciones en especie de los 656 servidores públicos ascendió a $2,624,000 pesos.4 La resolución aprobada concluyó en sancionar por estos hechos al Bronco con $377,072.55, así como enviar el expediente a la UTCE pues los hechos investigados ocurrieron cuando el Bronco fungía como gobernador de Nuevo León, lo que presume una violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 7, de la Constitución –el cual obliga a los servidores públicos aplicar con imparcialidad los recursos que tienen bajo su responsabilidad. Por último, se dio vista de este asunto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la participación de servidores públicos y posible coacción de éstos.
La multa impuesta al actual candidato presidencial puede parecer proporcionalmente menor a la gravedad de la falta que cometió; sin embargo, la ley electoral establece que, al tratarse de un aspirante, la sanción económica máxima que se le puede aplicar es de hasta cinco mil unidades de medida y actualización ($377,450).
Triangulación de recursos de origen prohibido.
La segunda parte de esta trama de financiamiento ilegal consiste en la triangulación de recursos empresariales para financiar las actividades de Jaime Rodríguez Calderón en su búsqueda de la candidatura presidencial por la vía independiente.5 Como resultado de esta investigación, se detectaron aportaciones por $4,494,250 que fueron trianguladas desde empresas mercantiles que, por ley, están impedidas para inyectar recursos económicos a la actividad política.
El modus operandí de esta triangulación al final resultó burdo: 20 empresas mercantiles realizaron depósitos en las cuentas de los simpatizantes de Jaime Rodríguez Calderón. El mismo día, o algunos días después,6 estas personas transfirieron los recursos a la cuenta bancaria de la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón. Las indagaciones permitieron acreditar que las personas físicas sólo fueron una pantalla para ocultar aportaciones que en realidad provenían de empresas mercantiles.
El origen de esta investigación fue una orden del Consejo General del INE en la resolución del informe de ingresos y gastos de la etapa de apoyo ciudadano,7 pues al analizar los estados de cuenta bancarios de algunos aportantes8 se identificó un patrón atípico, en específico en las aportaciones de Bruno Mauricio Mendoza (230 mil pesos), Edgar Alfaro Cruz Guerrero (230 mil pesos) y Tania Garza González (220 mil pesos).
En los estados de cuenta bancarios de estas personas se podía observar que, en días previos a que realizaran su aportación a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón, la empresa Comercializadora Zelcy S. A. de C. V., en los primeros dos casos, y la empresa Dyjoma S.A de C. V., en el tercero, inyectaron recursos por el mismo monto que el aportado a las cuentas de los supuestos simpatizantes.
Llama la atención que estas dos empresas presentan características propias de las denominadas “empresas fachada”,9 pues ambas fueron adquiridas en el año 2017 por la C. Tania Garza González por 50 mil pesos; aun así las declaraciones anuales indican que Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. tuvo ingresos por 159 millones de pesos y Dyjoma, S.A. de C.V. por 56 millones de pesos; sin embargo, el patrimonio reflejado en las declaraciones anuales no es congruente con estos ingresos. Además, el domicilio fiscal de ambas se ubica en un mismo bien inmueble, el cual a simple vista no cuenta con una infraestructura que corresponda a la magnitud de las operaciones.
Ante la presunción de financiamiento ilegal y con la intención de comprobar o descartar la triangulación de recursos de origen ilícito a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón, la UTF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de 82 simpatizantes cuyas aportaciones suman $15,709,250.00 y, después, requirió y cruzó la información de los estados de cuenta bancarios de las personas morales identificadas.
La investigación concluyó con la identificación de 23 aportantes (cuadro 1) que sirvieron como pantalla para intentar ocultar aportaciones que en realidad provenían de 20 empresas mercantiles. Se trata de una trama de financiamiento ilegal sistemático, pues todas las aportaciones tienen las siguientes características:
Los depósitos recibidos por parte de las empresas no corresponden a los flujos de efectivo que usualmente recibían los aportantes en sus cuentas bancarias.
El depósito de la empresa y la transferencia a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón se efectuaron con poco tiempo de diferencia.
El monto depositado es igual o similar al aportado a la asociación civil.
El origen del recurso provino de una cuenta bancaria cuyo titular es una persona moral.
No existe relación laboral o comercial entre el aportante (persona física) y la persona jurídica (empresa) que justifique la realización de los depósitos. De acuerdo con información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no existen comprobantes fiscales correspondientes a nómina o facturas que respalden los movimientos.
Los aportantes nunca afectaron su patrimonio ya que si bien se observó una salida de recursos de sus cuentas bancarias, lo cierto es que se confirmó que existió un previo fondeo días antes de llevar a cabo la aportación, de tal manera que en ningún momento se vieron disminuidos sus recursos; de ellos no fue el dinero que alimentó los ingresos de “El Bronco” como aspirante a candidato independiente.
Fuente: Elaboración propia con base en la resolución del INE del expediente INE/P-COF-UTF-64/2018.
Además de la evidente triangulación de recursos, resulta notable el hecho de que los cheques de la empresa “Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios” fueron depositados en la cuenta de Jaime Rodríguez Calderón cuando éste todavía era gobernador en funciones del estado de Nuevo León.10 Será también relevante para las investigaciones subsecuentes que realicen otras autoridades analizar el hecho que de acuerdo con el portal en línea de la revista “Reporte Índigo”,11 el dueño de la constructora Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. de C.V., es Humberto Torres Padilla, actual Secretario de Infraestructura del gobierno de Nuevo León y miembro del equipo de trabajo Jaime Rodríguez Calderón.
Ante esta triangulación ilegal de recursos, el Consejo General del INE determinó sancionar por esta conducta con $226,243.5312 y remitir el expediente al SAT, a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Nuevo León, a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, la FEPADE y a la UTCE del INE para que, eventualmente, se sancione a las personas morales que transfirieron recursos a Jaime Rodríguez Calderón por interpósita persona.
Frente a la sanción del INE, Rodríguez Calderón declaró que no incurrió en ninguna conducta irregular,13 pues el dinero que recibió provenía de los empresarios y no de las empresas. Sin embargo, la ley es clara: están prohibidas las aportaciones por sí o interpósita persona de empresas mercantiles. Adicionalmente, su dicho se desvirtúa con la investigación del INE: las personas que hicieron la aportación no eran empresarios ni trabajadores o proveedores de las empresas, eran personas morales que realizaron transferencias a la asociación civil del Bronco a través de ciudadanos que fueron utilizados como fachada, hecho que se corrobora porque no existe un solo comprobante del SAT que acredite una relación laboral o comercial entre ellos.
La investigación de esta trama de financiamiento ilegal aún no está cerrada del todo, pues el SAT y la CNBV aún no remiten a la UTF la totalidad de la información (estados de cuenta bancarios, facturas y declaraciones fiscales) de 59 aportantes, cuyo monto ingresado a la asociación civil “Viva la Independencia” de Rodríguez Calderón fue por once millones quince mil pesos.
Pago oculto a auxiliares con dinero ilegal
La tercera y última trama del financiamiento ilícito es por la expedición de tarjetas a través de las cuales tres personas morales inyectaron seis millones y medio de pesos como pago a los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón sin que los reportara como gastos al INE.
Este expediente14 tuvo como origen dos tarjetas bancarias Saldazo-Oxxo que fueron entregadas por reporteros del periódico “El Norte”, quienes trabajaron encubiertos en la campaña del entonces aspirante Jaime Rodríguez Calderón, con las que se les pagó su labor de recabar firmas de apoyo ciudadano para El Bronco.
Esas dos tarjetas permitieron identificar el contrato con el origen del dinero dispersado. Así se descubrió que tres empresas, Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V., Attar 2715 SC y Piserra Construcciones S.A. de C.V., financiaron la expedición de tarjetas en las cuales se inyectaron $6,521,179 como pago a auxiliares que recolectaron apoyos ciudadanos en favor del Bronco.
Después, con los estados de cuenta de las empresas proporcionados por la CNBV al INE, fue factible identificar depósitos a cuentas de 828 auxiliares adicionales y que recibieron traspasos de las tres personas morales antes referidas. El monto de las transferencias a las tarjetas de los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón suma $2.1 millones de pesos (cuadro 2). De nueva cuenta no se encontró evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI) emitidos por las personas morales a los auxiliares del Bronco, que justificaran una relación laboral. Además de las transferencias de estas tres personas morales a las tarjetas Saldazo-Oxxo, en sus estados de cuenta se detectó un patrón de transferencias que se replicaba no solamente en el caso de las cuentas de Citibanamex -que es el banco operador de estos plásticos- sino además en otras instituciones bancarias.
Cuadro 2. Dispersión de recursos de tres empresas a auxiliares de El Bronco a través de tarjetas Saldazo-Oxxo
ATTAR-BANORTE S.A.
GUTREN-BBVA Bancomer S.A.
PISERRA BBVA Bancomer S.A.
$2,168,267
Fuente: Resolución del INE expediente INE/P-COF-UTF-79/2018.
En el detalle de movimientos de los estados de cuenta de las personas morales, se advierten transacciones a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a cuentas destino de instituciones bancarias distintas a Citibanamex. En esos documentos se encuentran los nombres de las personas vinculadas a las cuentas que recibieron el dinero y coinciden con los nombres de auxiliares del entonces aspirante. A estos bancos se transfirieron en total 4.3 millones de pesos (Cuadro 3), por lo que el monto total pagado a auxiliares por empresas ascendió a $6,521,179 pesos.
Cuadro 3. Transferencias adicionales a auxiliares de El Bronco.
SPEI enviados a otras instituciones bancarias
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V.
Attar 2715 S.C.
Piserra Construcciones S.A. de C.V.
$4,352,912
La sanción para el otrora aspirante en este caso fue de $135,731.02;15 y, como en los casos previos, se enviará la investigación a la FEPADE y a la UTCE del INE para que, en su caso, se sancione a las personas morales que transfirieron recursos a los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón.
De las pesquisas del INE se sabe que el ahora candidato se benefició al recibir 3.6 millones de pesos al utilizar de forma ilegal recursos del gobierno del estado de Nuevo León -incluso en el periodo en que fue titular del mismo- y, además, que financió con 11 millones provenientes de empresas mercantiles la recolección de firmas. ¿Qué recibieron o recibirán las 23 empresas a cambio de los recursos que entregaron a Rodríguez Calderón? Precisamente para evitar este cuestionamiento, es que la ley electoral prohíbe que las personas morales ingresen recursos a las actividades políticas, pues al hacerlo rompen el principio de equidad de las contiendas electorales con el único objetivo de verse favorecidas económicamente. De ahí que aún falta investigar qué relación tienen con el gobierno del estado y si las operaciones que reportan son reales, pues algunas de las empresas tienen un comportamiento irregular que podría llevar a calificarlas como empresas fachada.
Dilucidar si estas actividades implican actos de corrupción o no, queda en mano de autoridades distintas al INE. No obstante, la gravedad de los hechos en los que incurrió el ahora candidato, hacen evidente un vació legal en las reglas de las contiendas, pues la normatividad no considera la pérdida de la candidatura para aquellos aspirantes a candidatos independientes o precandidatos a los que se les compruebe haber recibido recursos de origen ilícito -por ello dicho tema no se discutió en el Consejo General del INE-; de tal manera que se permite que un actor político al que se le han detectado conductas sistemáticas ilegales y un cúmulo nada despreciable de irregularidades pueda seguir contendiendo a la presidencia y sólo sea sancionado con 739 mil pesos, un ínfimo 5% del monto total involucrado de las conductas que cometió.
Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala. Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM y asesores del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
1 Procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF-16/2018.
2 Procedimiento identificado con el número de expediente UT/SCG/PE/SAGS/JL/NL/61/PEF/118/2018.
3 El procedimiento desahogado por la UTCE permitió identificar a 228 servidores públicos, no obstante, la UTF sólo contabilizó a 224 porque se tenía constancia escrita de 4 de ellos, que manifestaron haber prestado sus servicios de forma gratuita y desinteresada.
4 El Reglamento de Fiscalización del INE establece que el valor de las aportaciones no reportadas se determina en función del valor más alto registrado en la matriz de precios. En el caso de auxiliares en la etapa de apoyo ciudadano, el monto más alto pagado y registrado fue de $4,000 pesos, de tal forma que el valor total estimado de la aportación en especie al Bronco por sus auxiliares-servidores públicos fue de $2,608.00 (652 X $4,000).
5 Procedimiento identificado con el número INE/P-COF-UTF-64/2018.
6 En general los depósitos fueron realizados el mismo día o 4 días después.
7 En la resolución INE/CG275/2018 del 28 de marzo de 2018, el Consejo General del INE ordenó verificar el origen de las 162 aportaciones en efectivo efectuadas por 152 aportantes, cuya suma era de $17,592,250.00. No obstante, por criterios de relevancia y oportunidad, la UTF determinó verificar sólo a 82 aportantes que representan el 89% respecto de la totalidad de aportaciones en efectivo registradas por el aspirante ($15,709,250.00).
8 Los estados de cuenta bancarios de los aportantes fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud expresa de la UTF. El análisis de esta información forma parte de los procedimientos de fiscalización que realiza la UTF.
9 De conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, las denominadas “empresas fachada” son aquellas en las que se presume la inexistencia de las operaciones y en las que los contribuyentes no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para la producción y prestaciones de bienes y servicios.
10 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón desempeñó el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León hasta el 31 de diciembre de 2017, pues mediante Decreto número 352, el Congreso de ese estado le concedió licencia temporal para ausentarse del cargo, con efectos a partir del 01 de enero de 2018.
11 Información recopilada en el portal de internet de la revista “Reporte Índigo”.
12 La sanción de determinó considerando el monto máximo aplicable a aspirantes (5,000 UMAS) y la capacidad económica de Jaime Rodríguez Calderón, después de haberle aplicado la primera sanción.
13 “Yo saqué dinero de mi empresa para mi cuenta personal porque con mi empresa yo no puedo aportar: eso hicieron los dueños de las empresas y a partir de ser ya persona física aportaron a la campaña y eso es legal” declaraciones del candidato a la prensa después del foro “Recupera tu futuro, una propuesta de la juventud para México” el 28 de mayo de 2018.
14 Procedimiento identificado con el número INE/P-COF-UTF-79/2018: Este procedimiento fue una escisión del INE/Q-COF-UTF-16/2018, en el cual la UTF determinó ampliar el objeto de investigación y separar de dicho procedimiento, lo relativo a las dos tarjetas bancarias con las que presumiblemente se había pagado a auxiliares.
15 La sanción de determinó considerando el monto máximo aplicable a aspirantes (5,000 UMAS) y la capacidad económica de Jaime Rodríguez Calderón, después de haberle aplicado las dos sanciones previas.

References: artículo 134
 resolución 
 artículo 134
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 69