Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321083.html
Timestamp: 2019-03-19 03:50:37+00:00

Document:
as201321083
Auto Supremo: 83/2013
Expediente: LP- 152-12-A
Partes: Armando Cortez Cuba c/ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 199 a 203 interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez a nombre del Alcalde Luis Antonio Revilla Herrero, contra el Auto de Vista de fecha 11 de septiembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Mejor Derecho Propietario y Acción Negatoria seguido por Armando Cortez Cuba contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la concesión de fs. 209, los antecedentes del proceso, y:
El Juez octavo de partido en lo Civil y Comercial dicta Auto de fecha 8 de marzo de 2012, que declara la perención de instancia, Resolución de fondo que es recurrida de apelación por Armando Cortez Cuba y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de fecha 11 de septiembre de 2012, cursante de fs. 189 a 190 que anula obrados hasta fs. 56 inclusive; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que merece el presente análisis.
El recurso propone los siguientes puntos de consideración:
Que, el Auto de Vista excedió los límites de la revisión prevista en el art. 17-I de la Ley No. 025 de 24 de junio de 2010, por cuanto no podía anularse los actuados ya que el Proceso Civil se mueve a instancia de parte, y mal podía aplicarse la regla del art. 337 del Código de Procedimiento Civil porque existió una observación previa.
Se acusa vulneración al art. 17-III de la Ley No. 025, ya que no existe en antecedentes invocación de nulidad de obrados de ninguno de los sujetos procesales.
Expresa que existe violación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Auto de Vista extralimito sus facultades y otorgó más allá de lo solicitado en el memorial de apelación.
Indica incumplimiento a la formas del proceso, al desconocer la etapa preclusiva de los actos procesales y pretender retrotraer de manera forzada la sustanciación de las excepciones previas. Además señala que se pretende obligar a los sujetos procesales y al Juez de Primera Instancia tramitar excepciones previas, cuando en rigor se debió confirmar la perención.
Finalmente pide la remisión al Tribunal Supremo de Justicia para que emita Auto supremo que disponga la nulidad de obrados hasta fs. 187 y ordenar la emisión de nuevo Auto de Vista con arreglo a las consideraciones expuestas.
Por los antecedentes procesales de los cuales ha emergido el presente recurso, que versa sobre la nulidad procesal dictaminada por el Tribunal Ad quem, es necesario realizar las siguientes consideraciones normativas y conceptuales para la problemática planteada:
Empezamos señalando que, demanera general, proceso es un conjunto sistematizado de actos concatenados entre sí, que se desenvuelven progresivamente con el objeto de llegar a una Sentencia. Al efecto, la ley procesal configura toda una arquitectura de proceso, detallando patrones de los actos a desarrollarse que servirán de modelo en un proceso dado, por lo que, a priori la ley concibe un presupuesto válido de actos procesales ejecutados de manera regular produciendo el efecto requerido que permite llegar a Sentencia.
El incumplimiento de algún requisito, forma o procedimiento en el acto procesal, dispuesto por el modelo legal, genera un vicio que no siempre es la misma en cada caso susceptible de obtener una sanción procesal diversa, entre los que se encuentra la nulidad procesal, que conforme la Sentencia Constitucional No. 1644/2004-R señala que “…la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.”
Argumentando en relación a la nulidad de oficio, podemos indicar que, la procedencia hasta antes de la Ley Nº 025 del Organo Judicial estuvo marcada por la atribución del art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada que exigía la obligación a los Jueces y Tribunales de Alzada y casación, de revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, a objeto de verificar si los Jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, donde la sanción pertinente siempre era la nulidad de obrados; por lo cuál ésta tarea asignada por ley, si bien guardo las formas establecidas en proceso, empero en muchos casos fue pretexto para emprender nulidades inconsistentes, soslayando derechos inherentes a las partes y contraviniendo los principios procesales al tema.
Con la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, y la vigencia de la Ley No. 025 del Órgano Judicial, los Tribunales y Jueces no tienen la misma facultad señalada en el art. 15 de la Ley 1455, por cuanto restringe esta tarea fiscalizadora y limita su autoridad sancionatoria.
El art. 17 par. I) de la Ley No. 025 del Organo Judicial señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, al efecto, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado. La normativa no nos otorga condiciones fijas en las ocasiones en que el Juez tenga la facultad u obligación de proceder con nulidades de oficio, por las circunstancias procesales y legales en cada caso, sin embargo, que un Juez o Tribunal advierta una anomalía en el procedimiento no significa que esté facultado para declarar la nulidad aun sin solicitud de parte, sino más bien, obliga al juzgador partir de presupuestos legales, principios constitucionales y la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, y por éste Tribunal Supremo de Justicia, para tomar decisiones que atañen al proceso.
Por lo que en función a ello, no podemos negar que nos encontramos en un escenario distinto al de la Ley Nº 1455, por lo que es menester partir del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión como es la nulidad procesal, en tal razón es necesario que los Jueces o Tribunales de Alzada o casación, que procedan con la revisión procesal de oficio, en principio deberán tomar en cuenta que la revisión de los actos, formas y procedimientos deben ser congruentes con la Resolución por el cuál han abierto su competencia, entonces, el Juez o Tribunal superior debe limitarse a la revisión en lo pertinente a la concatenación de actos procesales que permitieron conocer dicha causa, observando la línea de actuados que ameritó el recurso, siendo amplia en los casos de apelación a Sentencia y casación y restringida en las demás impugnaciones.
Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.
En el caso de Autos, el Tribunal Ad quem procedió con anular obrados hasta fs. 56, por evidenciar que el Juez de instancia no procedió con la admisión y trámite de las excepciones planteadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuando la causa fue radicada en esa instancia para la Resolución de una apelación respecto a una declaratoria de perención de instancia, lo cuál amerito la casación por parte del ente edilicio.
Un primer punto de análisis, es la actividad revisora del Tribunal Ad quem, a éste entendido, podemos señalar que es evidente la permisión que otorga el art. 17 parágrafo I de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, para la revisión de oficio del proceso radicado en esa instancia; sin embargo se debe observar que esa revisión no es amplia respecto a todos los actos que contiene el Proceso, pues se estaría perdiendo la objetividad del asunto por el cuál fue abierto su competencia, en la medida que cuestiones accesorias no pueden sobreponerse al objeto principal de la apelación, más aun teniendo en cuenta que cuando se declaro la perención de instancia, no se tenía trabada la relación procesal, por lo cuál era subsanable el error de procedimiento- de las excepciones por el Juez A quo; por lo que sólo le era pertinente la revisión de actos que concurrieron a la impugnación misma; por otro lado, la omisión atendida por el Ad quem, no ameritaba una indefensión objetiva de la institución edil, pues se contaba con los medios procesales para atender esa deficiencia procedimental y resguardar el Proceso, ya que la admisión y trámite de las excepciones, para ese momento procesal, no eran determinantes.
A éste parecer el Tribunal de Alzada excedió el límite de su poder revisor y sancionador que le otorga el art. 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, anulando obrados hasta fs. 56, sin la observancia del art. 251 parágrafos I y II del Código de Procedimiento Civil y los principios que rigen las nulidades procesales.
Asimismo, sobre la supuesta vulneración de los parágrafos II y III del art. 17 de la Ley No. 025 del Organo Judicial y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, no resulta viable éste reclamo por cuanto la actividad anulatoria desarrollada por el Tribunal Ad quem fue en merito a su tarea de revisión asistida por el art. 17 parágrafo I de la Ley Nº 025, y no fue atendiendo reclamo de las partes que confluyen en el Proceso.
Por lo expuesto éste Tribunal de casación, emite Resolución en la manera determinada por los arts. 271 num. 3) y 275 del adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 par. I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fs. 189 a 190, de fecha 11 de septiembre de 2012, debiendo el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, dictar nueva Resolución dentro el marco establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil respecto a la apelación deducida contra el Auto definitivo.

References: Resolución 
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