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Timestamp: 2019-01-21 06:06:21+00:00

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SENTENCIA SL8987-2014 DE 09 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:PLANES DE RETIRO COMPENSADO SON LÍCITOS. SE ESTABLECE QUE NADA IMPIDE A LOS EMPLEADORES, PÚBLICOS O PRIVADOS, PROPONER PLANES DE RETIRO A SUS TRABAJADORES POR RAZONES DE REESTRUCTURACIÓN, PUES ESTOS SON LÍCITOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EMPLEADO ESTÁ EN LIBERTAD DE ACEPTARLOS O NO. DE HECHO, LA DECISIÓN DE TERMINAR LA RELACIÓN LABORAL DE MUTUO CONSENSO PUEDE PROVENIR DEL EMPLEADOR O EL TRABAJADOR, SIN IMPORTAR LA CAUSA, YA QUE LO QUE SE DEBE VERIFICAR ES QUE EL CONSENTIMIENTO NO ESTÉ VICIADO POR ERROR, FUERZA O DOLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, CONVENCIÓN COLECTIVA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO
Sentencia SL8987 de julio 9 de 2014
Rad. 42918
Pretenden los actores recurrentes, a través del mismo apoderado, que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, anule o infirme en todas sus partes la pronunciada por el juzgado de primera instancia que absolvió de todas las pretensiones incoadas en su contra y declaró probada la excepción de prescripción frente a las pretensiones subsidiarias, para que se concedan las solicitudes de la demanda.
Con tal propósito formulan seis cargos que fueron objeto de réplica. Se estudiarán, en primer lugar, de forma conjunta, los cargos primero al cuarto, por valerse de normas y argumentos similares, además que se encausaron por la vía directa. Seguidamente, el cargo quinto que fue formulado por la vía indirecta en relación con el contenido de la conciliación celebrada por cada trabajador. Y por último, el sexto cargo.
Se acusa a la sentencia por violar directamente las siguientes disposiciones sustanciales: el artículo 58 Constitucional; los artículos 9º,15, 43 y 467 y ss. del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social; 1740 y 1741 del Código Civil; el literal b) del artículo 36 y el artículo 40 de la Ley 131 de 1992. Que las normas medio violadas fueron: artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Aclara la parte recurrente que el cargo se presenta por la vía directa, porque no se controvierte ningún aspecto fáctico, pues la divergencia, dice, es de puro derecho.
Se refiere a la consideración del ad quem sobre que el retiro de los actores fue voluntario, de donde el juez de alzada coligió que ninguno de los acuerdos conciliatorios habían violado los derechos adquiridos, como se había dicho en la apelación, toda vez que, según el tribunal, para la causación de la pensión, se necesitaba la concurrencia de los tres requisitos precisados, y que, al faltar el referente al retiro por causas ajenas a la voluntad del trabajador, no se había concretado el derecho pensional peticionado.
Los recurrentes disienten de la citada posición del ad quem, por considerar que viola directamente la intangibilidad del derecho adquirido, es decir, aquellos derechos que ya entraron a formar parte del patrimonio de cada trabajador, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, como lo dispone el artículo 58 Constitucional.
Sostiene la censura que los apoderados judiciales que representaron al banco, en cada una de las conciliaciones objeto del debate judicial, coincidieron en manifestar que la única causa de la terminación del contrato de trabajo de los demandantes, fue la reforma introducida por la Constitución de 1991 que modificó la estructura de esa entidad; que, igualmente, los trabajadores demandantes advirtieron expresamente ese mismo hecho y reclamaron la pensión convencional al momento de suscribir cada una de las actas de conciliación.
Para los impugnantes, las manifestaciones de las partes demuestran que la terminación de los contratos de los demandantes corresponden a la reforma introducida por la Constitución Política de 1991, lo que originó las razones y motivos para la reestructuración del Banco de la República, las cuales son consideradas de “utilidad pública” donde debe ceder el interés privado de los demandantes y por esas circunstancias dejó cerrada la posibilidad de discutirse esa situación en los estrados judiciales; determinación que debía ser acatada de plano, como en efecto lo hicieron tanto el banco como los trabajadores demandantes; conformándose esa modificación constitucional en la única causa de la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes, como se indicó anteriormente, porque así lo estimaron las partes en las correspondientes actas de conciliación.
Advierten que las modificaciones introducidas al Banco de la República las debía sufrir el mencionado banco, porque así se dispuso en el artículo 40 de la Ley 131 de 1992 que las reglamentó, con la orden al banco de que debía guardar el respeto a los derechos salariales y prestacionales (pensión convencional) de sus trabajadores cuando pudiesen resultar afectados por dichas modificaciones, al disponer lo siguiente:
“ART. 40.—Régimen salarial y prestacional. El régimen salarial y prestacional actualmente en vigor para los trabajadores y pensionados del banco no podrá desmejorarse como consecuencia de la aplicación de las normas de la presente ley”.
Consideran que complementa la teoría del derecho adquirido, para el sub judice, el literal b) del artículo 36 de la Ley 31 de 1992, cuando el mencionado literal conserva los derechos derivados de las “convenciones colectivas” de los trabajadores del Banco de la República, al disponer lo siguiente:
“b) Los demás trabajadores del banco continuarán sometidos al régimen laboral propio consagrado en esta ley, [en los estatutos del banco](1), en el reglamento interno de trabajo, en la convención colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social que no contradigan las normas especiales de la presente ley”.
Según los impugnantes, si los demandantes tenían el derecho adquirido sobre la pensión convencional de que trata el numeral 3º del artículo 8º de la Convención colectiva de trabajo de 1973, ratificado mediante el artículo 15 del texto unificado del régimen convencional de 1976 (derecho reclamado, del cual no se controvierte el contenido de las mencionadas convenciones colectivas, per se, sino que se refiere al derecho adquirido), tal como previamente lo reclamaron los demandantes en las actas correspondientes, no se puede pasar por alto solo por el hecho de haberse suscrito las actas con abiertas violaciones de las disposiciones antes indicadas y de contera violando flagrantemente el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social que prohíbe esas conciliaciones sobre derechos adquiridos.
Agrega que es aquí donde emerge con nitidez el derecho adquirido de los demandantes, el cual pasó inadvertido para las autoridades que tenían la obligación constitucional de analizarlo y defenderlo, vale decir, que los inspectores del trabajo autorizaron con sus firmas las actas correspondientes y no cumplieron a cabalidad el mandato del artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, que dispone lo siguiente: “... Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones”, norma que obligan a estos, quienes deben responder por sus omisiones, según los artículos 6º y 13 constitucionales.
Para la parte recurrente, cuando una norma constitucional modifica una entidad del Estado, como ocurrió con el Banco de la República, donde la modificación reestructuró la planta de personal y generó los retiros de los trabajadores sobrantes, sufre la seguridad jurídica, porque toca el principio de retroactividad de la ley de los funcionarios afectados, los cuales deben ser protegidos frente al tránsito legislativo, pues, las modificaciones legislativas no pueden cambiar en forma alguna los derechos adquiridos de las personas afectadas.
La tarea de aprobación de los acuerdos conciliatorios efectuados por los diferentes inspectores del trabajo realizada por encargo legal, no se limitaba a la simple firma del acta de conciliación, sostienen; consideran que ellos tienen, como propósito fundamental, examinar la legalidad y contenido de las mismas, confrontando las disposiciones sustanciales (C.C., art. 1741) y procedimentales (CPTS, arts. 20 y 78) para que no se vulneren derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores que suscribieron las actas, quienes, repiten, previamente han reclamado su derecho antes de la suscripción de las actas.
Dicho de otra forma, la tarea del funcionario está orientada a revisar y valorar las propuestas contenidas en el acta, determinando con su estudio si se cumplieron los requisitos de legalidad exigidos en la normatividad existente, o debieron rechazar las actas que estuvieren fuera de contexto legal, todo lo anterior para no lesionar derechos adquiridos de los trabajadores, agrega la censura.
Como consecuencia de todo lo antes dicho y por esa puntual reclamación de los demandantes, solicitan a esta Sala que realice el control de legalidad, porque, estiman, en el presente caso se vulneraron derechos adquiridos de los demandantes, quienes reclamaron previamente su derecho a la pensión convencional, a fin de que no se violen flagrantemente los artículos 53 y 58 constitucionales y 467 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.
La contraparte considera, en general, que el recurso no está llamado a prosperar, en razón a que, si los actores, desde la misma demanda, aceptaron expresamente haber conciliado lo referente al fenecimiento del vínculo laboral que los unía con el banco, y, como consta en cada una de las actas pertinentes, que lo hicieron de forma libre, era evidente que los retiros nunca se dieron por causas ajenas a la voluntad de los accionantes, de lo que resulta que las farragosas arremetidas de los impugnantes no dejaban de ser infructuosas argucias que carecían de la más mínima vocación de prosperidad.
Con relación a este específico cargo, anotó que al haberse dirigido por la senda de puro derecho, los recurrentes estaban en el imperioso deber de aceptar, sin debatirla, la intelección de las pruebas que realizó el tribunal, lo que, para este, significó que de las pruebas surgió que ellos no tenían el derecho a percibir la pensión reclamada, pues descartaban que el fenecimiento de la relación laboral de las partes hubiese sido originado por razones ajenas a la voluntad de los trabajadores, planteamiento que, conforme a la vía escogida para el embate, permanece incólume.
Se acusa a la sentencia, por violar directamente las siguientes disposiciones sustanciales: los artículos 1740, 1741 y 1746 del Código Civil, que debían ser aplicados por analogía según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social; los artículos 53 y 58 constitucionales.
Nuevamente la censura aclara que el cargo se presenta por la vía directa, porque no se controvierte ningún aspecto fáctico, pues la divergencia es de puro derecho.
Le enrostran al juez colegiado la violación directa de la ley, por falta de aplicación de la ley sustancial, es decir, afirman, por inaplicación de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil que establecen la nulidad sustancial de las actas, cuando falta al contrato alguno de los requisitos esenciales establecidos por el legislador; que, en el presente caso, brilla por su ausencia el requisito esencial exigido para la conciliación, correspondiente al mutuo acuerdo de las partes respecto del objeto de la conciliación, y, por lo tanto, el cargo no se refiere a los vicios del consentimiento, sino a la nulidad por objeto y causa ilícitos.
En el sub judice, sostienen los impugnantes, en cada una de las actas suscritas por ellos, existe discrepancia entre la voluntad declarada por cada uno de los trabajadores y la voluntad declarada del Banco de la República, respecto de la existencia del derecho adquirido a la pensión convencional solicitada en la demanda. Por esa falta de entendimiento entre las partes, se establece, en su criterio, que no han podido confluir entre ellos la voluntad para formar un acuerdo sobre ese aspecto.
En efecto, agregan, en las actas analizadas de cada uno de los trabajadores se solicitó la pensión, por considerar tener cumplidos los requisitos convencionales que reglamentan ese derecho adquirido y, por esa circunstancia, ellos expresamente solicitaron el reconocimiento de la mencionada pensión; al contrario, el banco demandado consideró que por existir un mutuo acuerdo para terminar el contrato de cada uno de los demandantes, devenía consecuencialmente la pérdida del derecho y que no era posible la aplicación de la convención reclamada. Es decir, para la censura, al existir divergencia sobre el objeto conciliado, no existió acuerdo de voluntades y, como consecuencia de esa falta de acuerdo, no existió acto jurídico válido, por carecer el contrato del acuerdo mutuo que deben tener las partes para que se pueda hablar de conciliación, según lo establecido en el artículo 1741 del Código Civil.
Dicho de otra forma, manifiestan, las actas de conciliación no alcanzaron a cumplir los requisitos de legalidad exigidos por la ley, en consecuencia, las actas son nulas de nulidad absoluta (art. 1740 y 174 del C.C. aplicables por analogía según lo dispone el artículo 19 del CSTS y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887) y sobre ellos deben darse las restituciones mutuas como lo ordena el artículo 1746 del Código Civil, también aplicable por analogía, tal como se solicitó en las pretensiones de la demanda.
Considera el replicante que las premisas fácticas adoptadas por el ad quem se conservan intactas en el ataque por la vía directa, por tanto, concluye, son suficientes para mantener incólume la decisión. Agrega que la aludida divergencia sobre el objeto conciliado se cae por su base con la simple lectura de las diferentes actas de conciliación allegadas al expediente y en las que consta que, durante las diligencias pertinentes y ante la petición de los trabajadores de que se les reconociera la pensión convencional o reglamentaria, el banco fue contundente en explicarles que ellos no tenían derecho a ella, porque el banco no los estaba retirando, sino que les ofreció un plan de retiro que no obligaba a nadie, pues su aceptación era a elección de cada trabajador, en cuyo evento el contrato terminaba por mutuo acuerdo.
Se acusa a la sentencia por violar directamente las siguientes disposiciones sustanciales: los artículos 1523, 1741 y 1746 del Código Civil; aplicados por analogía de que trata el artículo 8º de la Ley 153 de 1887; y los artículos 15, 19 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Y los artículos 48 y 53 constitucionales.
Reiteran la aclaración realizada en los dos cargos anteriores de que el cargo se presenta por la vía directa, porque no se controvierte ningún aspecto fáctico, dado que la divergencia es de puro derecho.
La censura le enrostra al ad quem la violación directa de la ley, por falta de aplicación, de los artículos 1523 y 1741 del Código Civil (aplicables por analogía), normas que, en su criterio, establecen la nulidad sustancial —por objeto o causa ilícita— por haberse conciliado la pensión convencional de que trata el numeral 3º del artículo 8º de la Convención colectiva de trabajo de 1973, derecho ratificado en el artículo 15 del texto unificado del régimen convencional de 1976; que no obstante existir la expresa prohibición legal para ello (artículo 15 del CSTS) y a pesar de que los trabajadores en cada una de las actas consideraron haber adquirido el derecho a la pensión reclamada con anterioridad a la conciliación, se realizaron la conciliaciones en contra de la prohibición legal.
Dicen no discutir en el presente cargo los vicios del consentimiento; que la mayoría de los tratadistas consideran que el objeto ilícito es aquel contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, asimilando al caso los motivos de ilicitud del objeto que señala el artículo 1523 de Código Civil.
Agregan que, en términos generales, todo acto que contravenga al derecho público padece de objeto ilícito. De este modo se debe aplicar al objeto de la conciliación el mismo criterio sobre la licitud de la causa, es decir, que el derecho no reconoce valor a los actos prohibidos por las leyes (art. 15 del CSTS) contrarios a las buenas costumbres o al orden público. Se entiende, afirman, por objeto ilícito el que versa sobre cosas incomerciables (venta de bienes embargados) o sobre derechos adquiridos por los trabajadores (conciliar derechos que han entrado en el patrimonio del trabajador), o sobre hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público (ceder la jurisdicción establecida en la ley).
Para los recurrentes, la nulidad reclamada en el presente caso es de aquellas denominadas absolutas por tener objeto y causa ilícita, contrarios a ley, la cual salta a la vista, porque en las actas de conciliación de cada uno de los demandantes se reclamó el derecho a la pensión convencional, ya que, según los trabajadores, ellos tenían adquirido ese derecho convencional antes de la suscripción de las actas y así se lo hicieron saber al inspector del trabajo. Manifestaciones que no fueron tenidas en cuenta por el mencionado funcionario, afirman, lo cual demuestra la violación del derecho adquirido.
El derecho reclamado, sostienen, es un derecho fundamental, imprescriptible e irrenunciable por tratarse de una pensión convencional o reglamentaria, y que, cuando el reclamo legal se impetra por los beneficiarios de esos derechos, se encuentran legitimados para hacerlo, o puede ser declarado de oficio por el juez, o solicitado por el ministerio público en interés de la moral o la ley, como lo establece el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, aplicable por analogía al presente proceso.
Debe tenerse en cuenta que la nulidad absoluta generada por objeto o causa ilícita, dice la censura, no puede sanearse (art. 1741 del C.C.), a pesar de que se considera saneable conforme al numeral 2º del artículo 2535 del Código Civil por prescripción extraordinaria. Que al enfrentar en un estudio de razonabilidad entre un derecho fundamental, como es la seguridad social (art. 48 Constitucional) con característica de irrenunciable, contra la norma antes indicada que establece una posible prescripción, el resultado de dicho análisis es adverso a la posibilidad de sanear la nulidad proveniente de ilicitud por objeto o causa ilícita, porque el derecho debatido es irrenunciable en virtud de la norma constitucional, la cual prevalece sobre la norma que determina la prescripción para esos derechos. Existe una excepción de constitucionalidad en el presente caso, señala el recurrente.
Reitera que una vez más se optó por la vía de derecho, por lo que se dejó en firme la inteligencia del acervo probatorio que realizó el juzgador de segunda instancia y que constituye el soporte válido de la providencia acusada. Y solicita, en aras de la brevedad, tener en cuenta los mismos argumentos de réplica presentados contra el cargo anterior, dado que la sustentación de estos cargos son similares.
Con relación a la imprescriptibilidad alegada por la censura estima que es contraria a los principios básicos de todo estado de derecho en materia de seguridad jurídica.
Acusan a la sentencia por violar directamente las siguientes disposiciones sustanciales: los artículos 1502, 1505, 1741, 1746 y 2142 del Código Civil; aplicados por analogía de que trata el artículo 8º de la Ley 153 de 1887; y los artículos 15 y 19, 43 y 467 - 480 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dicen, una vez más, que el cargo se presenta por la vía directa porque se no controvierte ningún aspecto fáctico. Que la divergencia es de puro derecho.
Refutan que el tribunal no les diera la razón a los actores al pretender hacer ver que, sin autorización legal, radicada en cabeza del presidente del sindicato, esto es sin su consentimiento, ellos hubiesen modificado el régimen convencional que obligaba al Banco de la República, pues el juzgador había considerado que lo sostenido por ellos se trataba de un enunciado sin sentido, toda vez que, con base en la autonomía de su voluntad, los trabajadores decidieron, en forma libre, voluntaria y sin ninguna presión, dar por terminados los contratos de trabajo de mutuo consentimiento, mediante la aceptación de la bonificación y, a título de conciliación, los montos liquidados, sin que, en ninguna de las actas de conciliación, los demandantes hubiesen modificado el régimen convencional vigente entre el Banco de la República en relación con los afiliados a la Asociación de Empleados del Banco de la República, Anebre.
Se refieren a la cláusula de la conciliación donde los trabajadores declararon a paz y salvo a la demandada “... por concepto de todo salario, prestación social, bonificación auxilios e indemnizaciones de toda clase, e inclusive toda clase de pensión sanción por despido injusto o por retiro por causas ajenas a mi voluntad quedando a salvo únicamente el eventual derecho a la mera expectativa de una pensión de jubilación, si esta se llegare a causar por el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo en el momento de dicha causación...”.
Para la censura, la cláusula transcrita se refiere a la renuncia de un derecho convencional que no lo podía declarar el trabajador sin autorización de Anebre, por ausencia de capacidad legal del trabajador para conciliar una pensión convencional, cuya representación solo podía ser asumida por el presidente del sindicato de base; dejando claramente establecido que los afiliados al sindicato carecían de la representación legal para intervenir en esos aspectos, es decir que la representación legal de esa agremiación solo la tiene, el presidente de Anebre.
Que las conciliaciones o transacciones individuales donde los trabajadores declinan derechos encaminados a extinguir un beneficio de origen convencional, cuando estos no tienen capacidad legal para ello, conllevan la ineficacia jurídica, en concepto reiterado de la Corte, por varias razones, entre las cuales se destaca:
“... Entre otras razones por la falta de capacidad del trabajador para la celebración de cualquier acto o contrato que tienda a modificar a las espaldas de la organización sindical las condiciones que regían de manera cierta es indiscutible los contratos de trabajo, menos cuando tales actos conducen a desmejorar la situación del trabajador en relación con lo que establece la convención colectiva que sigue en todo su vigor, mientras la justicia del trabajo no decida sobre la misma mediante la revisión, conforme a los artículos 14, 43 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. CSJ Cas. Laboral, Sent. ago. 23/88)”.
Agrega que esta jurisprudencia tiene fundamento legal en los artículos 633, 637, 639 y 640 del Código Civil y demás normas concordantes.
Así las cosas, concluyen, este requisito es elemento indispensable para la validez de las conciliaciones analizadas, toda vez que carecen del consentimiento emitido por el representante legal de “Anebre” para declinar, en favor de la demandada los derechos convencionales de sus afiliados, porque dichos trabajadores carecían de la capacidad legal para representar al ente sindical mencionado; pues, con su decisión, se modificaron, unilateralmente y en perjuicio propio, las convenciones colectivas pactadas con la organización sindical mencionada. Por lo tanto, en su criterio, cualquier renuncia a una prestación convencional que los demandantes hubieren efectuado en las actas analizadas, carece de eficacia jurídica frente a las disposiciones legales y jurisprudenciales mencionadas. Sostiene que de esta manera, igualmente, se viola el derecho adquirido de que trata el artículo 58 Constitucional y el artículo 48 ibídem que no es renunciable.
Para reforzar su posición, la censura trae a colación el concepto de un doctrinante, quien, según los impugnantes, en su obra “Derecho del Trabajo”, pág. 159, destaca el tema de la nulidad absoluta, cuando sostiene que:
“La conciliación puede rescindirse o anularse de la misma manera que las transacciones, y especialmente por falta de personería cuando las realiza un mandatario sin autorización suficiente.
Es de suponer que la conciliación puede violar derechos sustanciales, a pesar de que la presencia de un funcionario del Estado que la aprueba, permite inferir que esas violaciones serán excepcionales, aunque no imposibles. Cuando por error o impericia se apruebe una conciliación violatoria de derechos, esa conciliación es anulable” (se resalta).
Considera que el cargo no tiene posibilidad alguna de victoria, puesto que debe repetirse que los contratos de los actores terminaron por mutuo acuerdo, por tanto ningún derecho les asistía para deprecar el reconocimiento de la pensión convencional o reglamentaria, es decir ellos no renunciaron a derecho pensional alguno. Que, en consecuencia, resultaba un dislate garrafal acudir al rebuscado argumento de que para poder celebrar un acuerdo con el empleador se requería de la intervención del presidente del sindicato, ya que los extrabajadores estaban legalmente autorizados para aceptar por sí mismos la oferta del banco, sin quebrantar las estipulaciones convencionales o reglamentarias, por ser ellos mayores de edad con plenas facultades.
El Tribunal fundamentó su decisión absolutoria en lo siguiente:
• Que en arreglo a la convención colectiva correspondiente, para tener derecho a la pensión objeto de la litis, se debían cumplir los siguientes requisitos: 1) Que el trabajador haya prestado sus servicios de manera continua o discontinua por 10 años o más; 2) que haya observado buena conducta; y 3) que el retiro haya sido por causas ajenas a su voluntad.
• Que era claro que el último presupuesto no se encontraba satisfecho, toda vez que los contratos de trabajo de los actores finalizaron por mutuo acuerdo, tal y como quedó plasmado en cada una de las actas de conciliación suscritas entre los demandantes y el banco, según el numeral 1º de dichas actas.
• Que, como lo tiene enseñado la jurisprudencia laboral, la oferta constituye una forma libre y voluntaria de consentir la terminación del contrato de mutuo acuerdo, sin que pueda obviarse que el plan de retiro era una opción sujeta a ser aceptada por parte de los actores y que, si se acogieron a dicho plan, ellos decidieron voluntariamente terminar la relación laboral de mutuo acuerdo, mediante el recibo de una bonificación en la forma pactada como contraprestación, por tanto los trabajadores estuvieron en libertad de aceptarla o no, así como de aceptar o no la bonificación que les fue ofrecida.
• Que al haberse dado el retiro de cada uno de los demandantes en forma voluntaria, no se había consolidado el derecho a la pensión convencional pactada en la convención, de lo que se colige que ninguno de los acuerdos conciliatorios trasgredió derechos adquiridos, como lo argumentaron los apelantes.
• Que por lo anterior, no era el caso acceder a la pensión solicitada.
• Que la misma suerte debía correr la pretensión primera subsidiaria relacionada con la pensión del reglamento, pues esta también exigía que el retiro se diera por causas ajenas a la voluntad del trabajador.
• Que, según el contenido de las actas de conciliación en cuestión, su objeto fue la terminación de los contratos, el pago de una bonificación, la forma de cancelación de las pretensiones, sin que se hubiere conciliado la pensión convencional o la reglamentaria, deprecadas.
• Que le negaba la razón a los apelantes no porque la pensión solicitada hubiese sido conciliada, sino porque la terminación del vínculo laboral fue por mutuo acuerdo, por tanto no se había consolidado el citado derecho en cabeza de los demandantes.
• Que decir que los demandantes modificaron el régimen convencional sin el consentimiento del presidente del sindicato es un enunciado sin sentido, toda vez que ellos, con base en la autonomía de la voluntad, decidieron en forma libre terminar sus contratos de trabajo por mutuo consentimiento, sin que en ninguna de las actas los actores hubiesen modificado el régimen convencional vigente entre el banco y el sindicato.
• Que no se conciliaron derechos ciertos e indiscutibles, puesto que el objeto del acto fue la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por lo que, al momento de la celebración de dichos negocios jurídicos, en cabeza de los actores, no se había consolidado ningún derecho pensional convencional o reglamentario, pues el retiro fue voluntario, como había quedado ya visto.
• No accedió a examinar la validez de las actas de conciliación celebradas entre las partes, en razón a que, dada la fecha de su celebración había operado la prescripción de tres años establecida en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
• Rechazó la aplicación de la prescripción de 20 años consagrada en los artículos 1º y 2º de la Ley 50 de 1936, toda vez que, conforme al artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, en caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, se ha de preferir aquellas, y, para corroborar su posición, hizo suyas las consideraciones en ese sentido contenidas en la sentencia CSJ SL del 10 de marzo de 2000 Nº 12935.
La censura, al haber optado por la vía directa en estos cuatro cargos, dejó al margen de la discusión las premisas fácticas asentadas por el ad quem, máxime que, en todos ellos, siempre aclaró que la divergencia con la sentencia acusada era de puro derecho. En ese orden, para efectos de resolver los reparos de la parte impugnante, se tienen como premisas inamovibles en el presente estadio procesal, que, para la causación tanto de la pensión convencional o reglamentaria pretendida por los actores, se requiere que el vínculo laboral finalice por razones ajenas a la voluntad del trabajador, y que, en el caso del sub lite, todos los contratos terminaron por mutuo acuerdo como quedó consignado en las actas de conciliación respectivas.
La censura se duele de la sentencia porque, a su juicio, se desconocieron derechos adquiridos de los demandantes a la pensión de jubilación convencional que previamente habían dejado a salvo y reclamado a la accionada, tal y como consta en las actas de conciliación.
Dicho reparo no es apto para quebrantar el fallo acusado por la vía directa, en tanto que, para su estudio, se ha de confrontar la legalidad de la sentencia con la “reclamación de los demandantes” consignada en las actas de conciliación, pese a que como se sabe, la competencia de la Corte, en la senda del puro derecho optada, se circunscribe a confrontar la sentencia con la ley al margen de los medios probatorios que obren en el plenario.
Ello es así, porque el ataque enderezado por la vía directa supone la total conformidad del recurrente con los supuestos de hecho que halló probados el tribunal, por manera que (sic) la alegación de la censura debió fundamentarse en argumentaciones estrictamente jurídicas, mas no en las causas que dieron lugar a la terminación de los contratos de trabajo, la convención colectiva que consagra la pensión deprecada y la solicitud que sobre su reconocimiento dejaron consignada en las actas de conciliación, cada uno de los demandantes.
Sobre el particular, la Sala ha dicho en múltiples ocasiones que la demanda de casación exige un planteamiento y desarrollo lógicos, de modo que si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la errada valoración probatoria o falta de apreciación de los medios de prueba.
En este caso, la censura omite la argumentación jurídica para demostrar por qué los derechos a la pensión convencional reclamada tenían el carácter de adquiridos y en qué consistió el yerro de igual naturaleza que le endilga al sentenciador de segundo grado. Por el contrario, como ya se dijo, optó por apoyar su alegación en los contenidos del artículo 3º de la Convención colectiva de trabajo de 1973, en el artículo 15 del texto unificado de la (sic) régimen convencional de 1976, así como en las actas de conciliación suscritas por cada uno de los demandantes.
No obstante, si la Corte pasara por alto las falencias destacadas, la acusación es a todas luces inconducente en razón a que el fallo recurrido se soportó en argumentaciones que claramente ponen en evidencian (sic) que los reparos de la censura son infundados. Basta recordar que, al haber establecido la premisa fáctica de que los contratos de los actores terminaron por mutuo acuerdo de las partes, el ad quem fue reiterativo en sostener que las conciliaciones no violaron derechos adquiridos toda vez que, para la causación de la pensión reclamada, se requería la concurrencia de los tres presupuestos anotados y al faltar el atinente a la terminación del contrato por razones ajenas a la voluntad del trabajador, obviamente se trataba de una expectativa que no se había alcanzado a concretar.
De los argumentos de la censura relacionados con la vulneración de los derechos adquiridos de los actores, examinados dentro del contexto del historial del proceso que comprende la demanda, se desprende que ellos entienden que al haber antecedido al acogimiento del plan de retiro ofrecido por el banco a los trabajadores la reclamación de la pensión por tener más de 10 años de servicios y observado siempre buena conducta, como quedó registrado en las correspondientes actas de conciliación, con dicha reclamación aunada al cumplimiento de los dos restantes requisitos (tiempo de servicios y buena conducta), ellos consolidaron el derecho pensional en cuestión, sin que este resultase afectado con el acuerdo final de terminación del contrato por mutuo consentimiento al que llegaron, razonamiento que es errado pues trae consigo una premisa inexacta, porque la simple reclamación pensional antecedente del acuerdo no se equipara a la terminación del contrato de trabajo por razones ajenas a la voluntad del trabajador que es en últimas el requisito extrañado por el juez de apelaciones. El hecho de que, antes del acuerdo de terminación del contrato por mutuo consentimiento, los trabajadores hubiesen considerado y reclamado tener el derecho a la mencionada pensión, no significa que lo tuviesen; tampoco, según la demostración, fue el caso de que el banco, primero, les hubiese terminado unilateralmente el contrato y, luego, los hubiese llamado a conciliar la terminación del contrato; por tanto, de su argumento, no emerge con nitidez, como lo sostienen los impugnantes, el derecho adquirido de los demandantes a la pensión objeto de la controversia.
La censura insiste en que las actas de conciliación no alcanzaron a cumplir los requisitos de legalidad exigidos por la ley, en razón a que entre las partes intervinientes en la conciliación hubo divergencia sobre el objeto conciliado, por lo que, a su juicio, no se dio el acuerdo de voluntades y, en consecuencia, no existió acto jurídico válido, por carecer el contrato del acuerdo mutuo que deben tener las partes para que se pueda hablar de conciliación, según lo establece el artículo 1741, lo que lo lleva a recriminarle al ad quem que no hubiese aplicado esta norma.
Tampoco acierta la censura en la anterior objeción, como quiera que, aparte de que implica un examen del texto de la conciliación no viable en un cargo por la vía directa, el ad quem, según lo atrás visto, ni siquiera accedió a examinar la validez de las conciliaciones celebradas entre las partes por haber considerado que ya había operado la prescripción de tres años. Es decir que el juez de alzada no pudo incurrir en el yerro achacado, en tanto él negó la nulidad deprecada respecto a dichos actos por otras razones que justificaron el no estudio de legalidad de las actas de conciliación.
Lo antes dicho también sirve para negarle la razón a los recurrentes de cara a la acusación sobre la falta de aplicación de los artículos 1523 y 1741 del Código Civil, normas que establecen la nulidad sustancial, la cual fundaron en que las conciliaciones tuvieron objeto o causa ilícita, porque, según ellos, versaron sobre la pensión convencional a pesar de que los trabajadores en cada una de las actas consideraron haber adquirido el derecho a la pensión reclamada con anterioridad a la conciliación.
Con esta acusación, la censura desconoce que el ad quem, por considerar que había operado la prescripción de tres años, no realizó examen alguno sobre la nulidad de dichos actos. Además que la demostración parte del supuesto inexistente de la ocurrencia del derecho adquirido a la pensión convencional, contrario a las premisas fácticas soporte del fallo ya vistas.
Tampoco aciertan al acusar la sentencia de violar directamente la ley por la falta de consentimiento del presidente del sindicato en la renuncia de los demandantes al numeral 3º del artículo 8º de la Convención colectiva de trabajo de 1973, ratificado en el artículo 15 del régimen convencional de 1976, cuando estos, en las conciliaciones respectivas, en forma personal y directa declararon a paz y salvo al banco por todo concepto, inclusive por toda clase de pensión sanción por despido injusto o por retiro por causas ajenas a su voluntad. Para los recurrentes, esta renuncia versó sobre un derecho convencional que no se podía hacer sin autorización del presidente del sindicato.
Aparte de que tal reparo no fue apropiadamente formulado en tanto no se expresó el submotivo de la violación, tal acusación se afinca en el supuesto equivocado de que para que un trabajador pueda válidamente conciliar un derecho convencional, requiere de la autorización del presidente del sindicato, pues entiende que este es el único que tiene la representación legal del sindicato.
Con la citada posición, los impugnantes desconocen de un tajo la autonomía de la voluntad de cada trabajador frente a la disposición de sus derechos laborales, ya sean legales o convencionales, con las limitaciones que impone la ley, bien por su carácter proteccionista a la parte débil de la relación, consistente en la irrenunciabilidad a los derechos mínimos reconocidos en la ley, la garantía en general de los derechos adquiridos y la prohibición de tener objeto o causa ilícita, las cuales no serían del caso.
El ad quem consideró que tal exigencia alegada por los mismos trabajadores era un enunciado sin sentido toda vez que ellos, con base en la autonomía de su voluntad, decidieron en forma libre y sin ninguna presión dar por terminados los contratos de trabajo, sin que, por esto, en las actas de conciliación se hubiese modificado el régimen convencional vigente en el banco, lo cual comparte plenamente esta Sala, con la aclaración de que ni siquiera el presidente del sindicato tiene la representación para modificar las normas convencionales, como lo sugiere el argumento expresado por los actores en el recurso.
Se acusa a la sentencia, por violar indirectamente, en concepto de aplicación indebida, las siguientes disposiciones sustanciales: los numerales 1º y 2º del artículo 1502 del Código Civil respecto de los numerales 3º y 40 del mismo artículo 1502 y, además, los artículos 1524, 1740, 1741, 1742, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 y 1746 del Código Civil, aplicables por analogía en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social; los artículos 9º, 15, 43 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social; y los artículos 46, 53 y 58 constitucionales.
Manifiesta que en el sub lite se aplicaron indebidamente los numerales 1º y 2º del artículo 1502 del Código Civil y las restantes normas, por haberlas dejado de aplicar, siendo obligatoria su aplicación, todo como consecuencia de evidentes y manifiestos errores de hecho en la interpretación de las actas de conciliación que se describen más adelante.
Normas medio violadas, artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según la censura.
Los errores por indebida interpretación de las actas de conciliación de los demandantes, consistieron en:
• No dar por demostrado, estándolo, que los inspectores del trabajo que suscribieron las actas de los demandantes, no prestaron la “... debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de los derechos, de acuerdo con sus atribuciones”, que les impone el artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.
• No dar por demostrado, estándolo, que todos los demandantes, en forma expresa, solicitaron al inspector del trabajo, antes de suscribir sus correspondientes actas de conciliación, tener cumplidos en ese momento los requisitos de la pensión convencional y, como consecuencia de ello, el derecho adquirido, todo con anterioridad a la suscripción del acta.
• No dar por demostrado, estándolo, que todos los demandantes, en forma expresa, solicitaron al inspector del trabajo, en sus correspondientes actas de conciliación, el reconocimiento de la pensión convencional, cuando solicitaron “... por esta razón solicito se estudie la posibilidad de reconocerme dicho beneficio”. (Resaltado fuera del recurrente). (Página 2 de las actas), pero no fueron escuchados en sus solicitudes por los inspectores del trabajo que aprobaron dichas actas.
• No dar por demostrado, estándolo, que la verdadera causa de la terminación del vínculo contractual de los demandantes se encuentra expresada por las partes en litigio, en cada una de las actas de conciliación, en las cuales se indica que corresponde a las reformas introducidas por la Constitución Política de 1991 respecto del Banco de la República, por haberse circunscrito las funciones a las de “banca central”, suprimiéndole otras funciones que desarrollaba anteriormente y, como consecuencia de ese mandato constitucional, se dimensionó la planta de personal, por ello, debía la demandada terminar el vínculo laboral del personal sobrante.
• No dar por demostrado, estándolo, que se omitió la intención de los trabajadores demandantes que dejaron a salvo el derecho adquirido a la pensión convencional, como se aprecia del contenido de las actas de conciliación.
• No dar por demostrado, estándolo, que primó en las conciliaciones “la forma” violando la intención de las partes; en abierta contradicción al postulado del artículo 1618 del Código Civil, donde prima la intención de la partes a lo literal de las palabras.
• No dar por demostrado, estándolo, que las actas de conciliación carecen de identidad del objeto sobre el cual recaen las mismas, es decir, carecen del mismo elemento esencial y subjetivo de la conciliación, dicho de otra forma, por ausencia en la causa (o eficiencia) de las mismas, toda vez que los trabajadores consideraron a salvo el derecho a la pensión convencional y así lo solicitaron y, por el contrario, el banco demandado consideró que, con la terminación del contrato solo deviene automáticamente el mutuo acuerdo y la pérdida del derecho adquirido.
• No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes tienen un derecho adquirido (reclamado por ellos) que no es susceptible de ser conciliado ni modificado, por expresa disposición del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social que prohíben conciliar derechos ciertos e irrenunciables (derechos adquiridos art. 58 Constitucional).
Pruebas mal apreciadas por el Tribunal:
Las actas de conciliación de cada uno de los actores, folios 148 - 153, 178 - 183, 599 - 604, 227 al 232, 262 - 267, 291 - 296, y 325 a 330.
El error de hecho que se endilga al ad quem, dice la parte recurrente, se refiere a la interpretación errada de los diferentes contextos o cláusulas contenidas en las actas de conciliación suscrita por las partes, mediante las cuales se dieron por terminados los vínculos laborales a los demandantes; los errores consistieron en darle un valor que no contienen las mencionadas actas, modificando el verdadero contenido de las mismas, como dicen sustentarlo:
1. Todos los demandantes y la entidad demandada reconocen en cada una de las actas de conciliación analizadas que el Banco de la República fue reestructurado directamente por la Constitución Política de 1991 (arts. 371 a 373), al convertirlo en “banca central”, suprimiéndole funciones de banca comercial, las cuales fueron desplazadas a otras entidades o eliminadas en forma definitiva, lo que originó un sobredimensionamiento de la planta de personal, debiendo separar de la entidad a los trabajadores sobrantes, como efectivamente lo hizo el banco en mención, convirtiéndose ese mandato constitucional en la única causa de terminación del vínculo laboral, expresada por las partes en las mismas actas, lo que establece un hecho irrefutable.
Los trabajadores fueron conscientes de que el ofrecimiento del banco devenía del mandato constitucional de convertir a la demandada en una entidad diferente a la que prestaban el servicio y, por ello, reclamaron en las correspondientes actas el derecho adquirido a la pensión convencional, indicando, como causa del retiro, las reformas en la Constitución Política que reglamentaron al banco demandado, cuando en forma idéntica manifestaron:
“... Sin embargo, debo anotar que por no haber solicitado mi retiro del banco ni poder concretamente valorar los motivos que llevan al banco a reestructurar su nueva planta de personal, considero que dentro de la propuesta consistente en el pago de una favorable bonificación, no se encuentra el reconocimiento de una pensión jubilatoria por haber prestado mis servicios durante un espacio mayor a diez (10) años, habida consideración de que siempre he observado buena conducta y el origen de la propuesta precisamente radica en las reformas consagradas en la Constitución Política y en la ley para el Banco de la República. Por esta razón solicito se estudie la posibilidad de reconocerme dicho beneficio” (Subrayado y resaltado de los recurrentes). (Página 2 de las actas).
Refieren que confirma esa circunstancia legal, la manifestación del banco realizada por intermedio de sus apoderados judiciales, cuando indican como única causa de las conciliaciones, la misma expresada por los trabajadores, o sea la reforma introducida por la Constitución de 1991 a la entidad, como lo indicaron los apoderados judiciales del banco en las actas, así:
“La nueva Constitución Política introdujo reformas al Banco de la República, las cuales fueron desarrolladas por la Ley 31 de 1992 y el Decreto 2520 de 1993 por medio del cual se aprobaron sus estatutos, quedando las funciones de la entidad circunscritas a la de banca central. Algunas de las actividades que venía cumpliendo se han trasladado a otras instituciones, o bien se han suspendido, lo cual lógicamente incide en la futura estructura del banco de manera que se considera muy probable que su planta de personal hacia el futuro haya quedado sobredimensionada”.
Que ese puntual mandato constitucional no puede considerarse como autorización para menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores del Banco de la República, como lo pretende la entidad, al presentar el hecho como justificación para dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de trabajo de los demandantes, sin considerar la causa real de la terminación del contrato de trabajo y para no omitir la convención colectiva que reclaman los demandantes; es decir, sin respetar los derechos adquiridos sobre las pensiones convencionales que ya habían entrado en el patrimonio de los demandantes, por el simple hecho de modificar la estructura del Banco de la República.
Afirman que no es una coincidencia lo expresado por las partes respecto de la causa del retiro de ellos, sino que atiende a un hecho cierto e irrefutable, contenido en los artículos 371 - 373 constitucionales, que no fue advertido por el a quo ni por el ad quem, ni mucho menos por los inspectores del trabajo que suscribieron y autorizaron las correspondientes actas de conciliación.
La modificación constitucional anotada, añaden, corresponde a la circunstancia que determinó la causa real de las conciliaciones suscritas por los demandantes, donde se advierte que ella fue la única causa para terminar los contratos de trabajo de los demandantes, vale decir, que la causa de la terminación de los contratos se remonta en forma exclusiva a las reformas introducidas por la Constitución de 1991, antes indicadas.
Este es el punto central del debate judicial que fue no analizado (sic), alegan, pero que dicha circunstancia fue advertida y denunciada tanto por los demandantes como por la demandada y ha sido pasada por alto, ante los funcionarios que ejercen la función de control de legalidad del acta.
Insisten en que, al momento de la conciliación, los trabajadores demandantes ya tenían adquirido el derecho a la pensión convencional de que trata el numeral 32 del artículo 82 de la Convención colectiva de trabajo de 1973, ratificado mediante el artículo 15 del texto unificado del régimen convencional de 1976, por tener cumplidos con anterioridad a ella, los tres (3) requisitos exigidos por las convenciones mencionadas.
Al respecto dicen que debe destacarse que el “derecho convencional”, es considerado por la honorable Corte Constitucional, de rango Constitucional para que las autoridades no se aparten de dicha preceptiva, a fin de respetar los derechos adquiridos por los trabajadores, como cuando la Corte Constitucional analizó un caso similar, Sentencia C-314 de 2004.
Que por otra parte, refieren los recurrentes, no se tuvo en cuenta la intención de los trabajadores en las actas de conciliación, la cual es clara, no admite interpretaciones, como se aprecia en las diferentes actas, donde los demandantes solicitaron expresamente el derecho a la pensión convencional; lo cual corresponde a otro hecho irrefutable anotado en las actas de conciliación que no admite interpretación. Al contrario, no se puede afirmar lo mismo respecto de la intención de la patronal, así utilice un discurso donde pretende plantear su buena fe, pero del contenido expresado en las actas, se aprecia con nitidez evidente, la argucia utilizada en contra de los trabajadores, como se desprende del paz y salvo redactado por la patronal, donde se otorga el finiquito a su favor, incluyendo la pensión por retiro por causa ajenas a la voluntad del trabajador que es el derecho que se reclama.
Aclaran que, en los eventos analizados en el sub judice, debe imperar la facultad de interpretar los contratos en la forma establecida en el artículo 1618 del Código Civil, donde debe prevalecer “... la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras” a fin de desentrañar el sentido, propósito y el alcance de las declaraciones de voluntad, a fin de determinar, mediante la interpretación judicial, los efectos reales del contrato. Que, como lo ha expuesto reiteradamente la jurisprudencia, el criterio normativo que debe guiar al juzgador y estar encaminado a la efectividad de la voluntad, la intención prevalece sobre las palabras, cuando hay conflicto entre estas y aquella (C.C. arts. 1127 y 1618), y la “aplicación práctica que hayan hecho ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra” es luz que guía la interpretación de las cláusulas de un contrato.
Agregan que, para efectos de la interpretación de las conciliaciones mencionadas, los artículos 53, 58 y 228 constitucionales aclaran este aspecto cuando indican que: “no son las formas sino la realidad” lo que “prevalece para efectos del claro entendimiento de los actos jurídicos”. Que la sentencia que se enrostra al tribunal no dijo nada al respecto de los derechos adquiridos, simplemente y sin explicación alguna, omitió este aspecto.
De lo anterior, deducen que no se podía dar por conciliadas las pensiones convencionales reclamadas, por el simple hecho de haber firmado los extrabajadores un paz y salvo a favor de la demandada en la forma como se hizo, pues la jurisprudencia tiene asentado que la conciliación sobre el derecho pensional a cargo de la empresa debe hacerse claramente.
Sobre el paz y salvo producido en esa forma, consideran que fue relativo y no absoluto, porque el finiquito desbordó el ámbito del negocio jurídico objeto de la conciliación, toda vez que dicha acta no versó en forma alguna, sobre la pensión convencional ni reglamentaria, por lo tanto, ese derecho podía ser reclamado por los trabajadores.
Concluyen que las actas de conciliación analizadas no contemplan conciliación alguna sobre las pensiones convencionales o reglamentarias, como lo pretende resaltar la demandada, al señalar como válido el finiquito o paz y salvo aludido.
Para ellos, emerge del contenido de dichas actas, el esguince utilizado por el Banco de la República para darle una apariencia de licitud a un derecho que no fue conciliado, ni negociado con la oferta hecha a los trabajadores en el plan de retiro voluntario.
Que a los errores anotados anteriormente en las actas de conciliación, afirman, se adiciona la falta de identidad o existencia del objeto sobre el cual recaen las mismas, es decir, carecen del mismo elemento subjetivo en la conciliación que no fueron advertidos por los inspectores de trabajo que suscribieron las conciliaciones analizadas; dicho de otra forma, por ausencia en la causa (eficiencia) o naturaleza sustancial del acuerdo conciliatorio, toda vez que los trabajadores consideraron a salvo su derecho a la pensión convencional y así lo solicitaron y, el banco demandado, al contrario, considera que, con la terminación del contrato, deviene el mutuo acuerdo y, como consecuencia de ello, no tienen los demandantes derecho a la pensión convencional; a pesar de tener estos el derecho adquirido con anterioridad a la suscripción del acta de conciliación.
Lo anterior quiere decir, sostienen, que, tanto para el a quo como para el ad quem, prima lo escrito en las actas de conciliación, que estas tienen más valor que la intención expresada por los demandantes en las mismas y sin importar los derechos adquiridos de estos. Así las cosas, prima para el tribunal el hecho de suscribir el acta de conciliación, sin importar el derecho irrenunciable a la pensión convencional, o si dicho acto fue realizado contra prohibición constitucional (art. 53 C) o legal (art. 15 CSTS).
Que, si se hubiere tenido en cuenta por el a quo o por el ad quem la causa real de la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes, la sentencia habría sido diferente, toda vez que se habría concedido la pensión convencional reclamada, o, en su defecto, la nulidad del acta reclamada en la pretensión subsidiaria.
Se opone a la prosperidad del cargo, no solo por razones de técnica, sino también por estimar que, según las actas, el banco no optó por el despido unilateral, sino que escogió la senda de la oferta de retiro generosamente retribuida. Lo cual en nada incide en la eficacia de las conciliaciones.
Antes de resolver, es necesario reiterar que, de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de la ley 16 de 1969 que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho esta corporación, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, como resultado de la comparación objetiva entre los medios de prueba calificados y las inferencias fácticas del juzgador. Además que, por regla general, la impugnación se ha de hacer de cara a la sentencia de segunda instancia, salvo que se trate de la casación per saltum que no es el caso.
En tal contexto, revisará la Corte, los errores fácticos endilgados de cara a la sentencia del ad quem y las pruebas cuya errónea apreciación se acusa, con el fin de verificar si la sentencia vulneró o no el ordenamiento legal.
En cuanto al error de hecho que consiste, según el recurrente, en que se encuentra debidamente comprobado que los inspectores de trabajo ante quienes se surtió la conciliación y la avalaron, no prestaron la “… debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de los derechos, de acuerdo con sus atribuciones”, que les impone el artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social”, advierte la Sala que revisadas objetivamente las actas de conciliación, no se observa que el tribunal se hubiese equivocado al concluir, con base en ellas, que los demandantes finalizaron su relación laboral con el banco por mutuo acuerdo; así se asentó en cada acta, más exactamente en el punto 1º pactado; acuerdo este que no vulnera derecho alguno, pues, justamente, el literal b) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social prevé el mutuo consentimiento como un modo terminación del contrato de trabajo. De tal manera, que no hubo omisión de parte de los inspectores de trabajo cuando le dieron su aprobación y menos que el ad quem la hubiese ignorado.
Por demás, observa la Sala que la demostración de la supuesta errada valoración de las respectivas actas de conciliación se remite solamente a la parte de los antecedentes del acuerdo conciliatorio, donde cada uno de los participantes dejó sentadas sus posiciones en torno a la reestructuración sufrida por el banco que provocó el sobredimensionamiento de la planta de personal y la expectativa de los trabajadores de adquirir la pensión por tener más de 10 años de servicio y haber observado buena conducta; pero omite mencionar que, según el mismo texto del acta, frente a la petición de los trabajadores de la pensión, el banco la negó y, en su lugar, hizo el ofrecimiento de un plan general de retiro, con la aclaración de que no era obligatorio, que fue sometido a elección de cada trabajador, quien podía acogerlo o no, con la precisión de que la aceptación del plan no implicaba de manera alguna un despido injusto, pues de aceptarse el plan, el contrato terminaría de mutuo acuerdo. Que igualmente el banco les hizo saber que la mera expectativa de la pensión mencionada se compensaba con las sumas de dinero de la bonificación ofrecida que, para su cálculo, se adicionaron no solo la supuesta indemnización legal, sino la convencional de despido, por lo que no se había incluido, dentro de la oferta del plan de retiro, el otorgamiento de la pensión reclamada, por lo que les reiteró que era absolutamente voluntario para cada trabajador acogerse o no a dicho plan y terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Propuesta que fue aceptada por cada trabajador, y, consecuencialmente, declaró a paz y salvo al empleador por varios conceptos, entre ellos “… toda clase de pensión sanción por despido injusto o por retiro por causas ajenas a mi voluntad...”.
Lo anterior indica que si bien es cierto que las partes tenían posiciones diferentes al inicio de la diligencia, también lo es que al final se logró un acuerdo entre las partes relacionado con la terminación del contrato de trabajo que fue registrado en las actas, pues cada trabajador aceptó el plan de retiro y, con ello, dio su consentimiento para ponerle fin a la relación laboral vigente hasta ese momento.
Por tanto, no es cierto que el contrato de trabajo de los actores hubiese terminado por la reestructuración del banco, como lo afirman los recurrentes, sino que, al haber aceptado el plan de retiro voluntario ofrecido por el empleador, ellos dieron su consentimiento para finalizar el vínculo.
Se reitera que, conforme a las citadas actas, que los contratos de los actores terminaron por mutuo consentimiento con la aceptación del plan de retiro voluntario por parte de ellos, lo que de contera negó cualquier posibilidad de causar la pensión objeto de reclamo, en tanto que la aceptación del acuerdo excluía de inmediato el requisito consistente en que la terminación del vínculo fuera por razones ajenas a la voluntad del trabajador; dicho de otro modo, no es posible que el trabajador hubiese aceptado el plan de retiro voluntario y se diga que el contrato de trabajo finalizó por razones ajenas a su voluntad, para efectos de configurar los requisitos de la pensión, como infundadamente lo alegan los recurrentes.
Menos se podría entender del texto de las citadas actas que los actores se acogieron al plan de retiro voluntario, pero que su intención fue la de beneficiarse de la pensión con 10 años de servicio, porque, en la misma diligencia, expresamente se dejó en claro que, para tener derecho a esta pensión, el contrato debía terminar por razones ajenas a su voluntad y que la disposición contentiva de la pensión no podía aplicarse al caso, toda vez que el banco no estaba retirando al trabajador, sino que simplemente ofreció un plan de retiro que no era obligatorio.
De lo anterior se sigue que la parte recurrente no pudo estructurar su acusación de forma tal que condujera a dar por establecido, contrario a lo resuelto por el ad quem, que la terminación de los contratos de trabajo de los actores se originó en el despido sin justa causa o en razones ajenas a su voluntad. Propósito que, conforme al contenido de las mencionadas actas de conciliación, era imposible ante la contundencia de lo allí plasmado, pues todos los trabajadores ahora recurrentes, esa vez manifestaron:
“Reitero mi completa conformidad con lo expresado conjuntamente con el apoderado del banco. Por consiguiente acepto en forma libre, voluntaria y sin ningún tipo de presión que mi contrato de trabajo termine (...) por mutuo consentimiento (...).
Igualmente declaro que con el presente acuerdo conciliatorio queda zanjada cualquier diferencia respecto de los hechos que han quedado expuestos y que pudieran presentarse contra el Banco de la República (...).
Igualmente manifiesto que (...) declaro a paz y salvo al Banco de la República por concepto de todo, salario, prestación social, (...) e inclusive toda clase de pensión sanción por retiro injusto o por retiro por causas ajenas a mi voluntad, quedando a salvo únicamente el eventual derecho a la mera expectativa de una pensión de jubilación, si esta se llega a causar por los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en el régimen pensional legal y aplicable al momento de dicha causación, frente a quien legalmente estuviere obligado al reconocimiento” (resalta la Sala).
En este orden de ideas, a juicio de la Corte, no erró el juez de apelaciones, porque, del análisis de las anteriores probanzas, se evidenció que los actores inequívocamente aceptaron libre y voluntariamente dar por terminado el contrato de trabajo por muto acuerdo conciliado, elevado a conciliación, de modo que los actores no acreditaron la totalidad de los requisitos exigidos en el acuerdo convencional, para ser beneficiarios de la pensión deprecada y, en consecuencia, con la conciliación no se afectaron derechos ciertos e indiscutibles.
Al margen que el presente estudio se hace dentro de un cargo por la vía indirecta, para redundar en lo expuesto, necesario resulta destacar, como también lo hizo el tribunal, que, reiterada y pacíficamente, esta corporación ha señalado que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores, públicos o privados, proponer planes de retiro a sus trabajadores por razones de reestructuración, pues tales propuestas son lícitas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o no. Así lo asentó en un caso adelantado contra el aquí demandado, donde se debatió un problema semejante al presente, sentencia del 27 de sept. de 2001 Nº 39040:
En efecto, en sentencia del 3 de mayo de 2005 expediente 23381, reiterada en decisiones del 14 de julio de la misma anualidad y 1º de junio de 2006 con Radicados 25499 y 26830, del 12 de agosto de 2009 y 4 de mayo de 2010 Radicación 36687 y 38435 respectivamente, y más recientemente, en Fallos del 5 de abril y 3 de mayo de 2011, Expedientes 37706 y 37752 y 39045, entre otros, la Sala Laboral de la Corte ha replicado lo siguiente:
“(...) Recientemente se pronunció la Sala sobre la validez de los acuerdos conciliatorios y más concretamente, con respecto a los celebrados por el Banco Central Hipotecario, en las mismas circunstancias que alega ahora el recurrente, en donde se dijo lo siguiente:
‘Así mismo, se tiene que en los ordenamientos legales que rigen en el país, para los trabajadores particulares y oficiales, se establece como modos de terminación de los contratos de trabajo el mutuo consentimiento, sin que en los mismos se consagre restricción alguna a esta facultad de las partes (art. 61del CSTS y 47 del Dec. 2147de 1945). Es evidente entonces que la decisión de poner fin a la relación laboral de mutuo consenso puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, no importando la causa que la motive puesto que la única exigencia de esa potestad de las partes es la relativa a que su consentimiento no esté viciado por el error, fuerza o dolo.
No demuestra, por tanto, la acusación que el sentenciador de segundo grado se haya equivocado al concluir que la conciliación que suscribieron las demandantes para finalizar su relación laboral con el banco no fuera libre y voluntaria, de manera que en estas condiciones no se da el supuesto de la disposición extralegal que contempla la pensión reclamada por las demandantes, para que se consolidara en cabeza de ellas tal derecho, esto es, el de haber sido retiradas por causas independientes a su voluntad, no obstante que observaron buena conducta. En estas condiciones no aparecen erradas las apreciaciones de la decisión recurrida en cuanto a que las accionantes solamente tuvieron una mera expectativa’ (sentencia 19 de abril de 2005 Rad. 23292)”.
Por tanto nada impide que los empleadores promuevan planes de retiro compensado, lo cual no puede calificarse como inválido, tal y como lo adoctrinó esta corporación en sentencia del 4 de abril de 2006 Rad. 26071, al decir:
(...) No sobra recordar lo que de antaño y de manera pacífica ha enseñado la Corte en el sentido de que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores promover planes de retiro compensados, ni ofrecer a sus trabajadores sumas de dinero a título bonificación, por ejemplo por reestructuración, sin que ello, por sí solo, constituya un mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas distintas, que de igual manera pueden ser aprobadas o desestimadas por este, por lo que no es dable calificar ni unas ni otras de presiones indebidas por parte de quien las expresa, pues debe entenderse que dichas ofertas son un medio idóneo, legal y muchas veces conveniente de rescindir los contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones de trabajo”.
De lo anterior se sigue que no queda otra alternativa para la Sala que rechazar el cargo.
XVIII. Sexto cargo
Se acusa a la sentencia, por violar directamente en concepto de aplicación indebida las siguientes disposiciones sustanciales: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respecto del artículo 10 de la Ley 50 de 1936 que modificó el artículo 2532 del Código Civil, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; el artículo 1º de la Ley 791 de 2002; el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, y los artículos 1740, 1741 y 2535 del Código Civil.
Reiteran que el cargo se presenta por la vía directa porque no controvierte ningún aspecto fáctico. La divergencia es de puro derecho.
Le reprochan tanto al a quo como al ad quem la aplicación a un proceso laboral que analiza la nulidad por objeto ilícito las disposiciones que regulan la prescripción laboral de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin entrar a considerar que corresponde a una nulidad absoluta regulada por el Código Civil.
Sostienen que los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social fueron aplicados por los señores jueces de instancia, a sabiendas de que estos regulan únicamente la prescripción para reclamar prestaciones dejadas de pagar, o para declarar la extinción de las mismas, en los cuales se establece un término de prescripción de tres (3) años que se cuentan desde el momento en que la prestación se hizo exigible.
La nulidad absoluta por objeto ilícito, estiman, no busca el pago de prestaciones laborales como lo indican los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que lo que realmente busca esa figura jurídica es la declaratoria de la nulidad del acto o contrato, como lo establecen los artículos 1741 a 1756 del Código Civil, porque dicha figura lesiona el orden público al realizar hechos prohibidos expresamente por la ley.
Para ellos, las dos figuras hacen relación a la prescripción, pero no manejan la misma dialéctica, pues, al aplicarse la prescripción corta de tres años que predican tanto el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social como el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, choca con el supuesto de nulidad absoluta —por objeto ilícito—, cuyas nulidades absolutas se encuentran reguladas en forma precisa por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 que modificó el artículo 2532 del Código Civil, que dispone:
“Redúcese a veinte años el término de todas las prescripciones treintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas, la extintiva de censos, etc.” (Resaltado del recurrente).
Sobre este aspecto, afirman, debe recordarse que el artículo 1º de la Ley 791 de 2002 disminuyó la prescripción de las nulidades absolutas a un término de 10 años.
Que las actas de conciliación objeto de la presente demanda fueron suscritas aproximadamente hace doce años al momento de la interrupción de la prescripción, bajo la vigencia de la Ley 50 de 1936 para una prescripción de 20 años. Si el prescribiente quisiera aplicar la prescripción de 10 años de que trata el artículo 1º de la Ley 791 de 2002, tendrían que contarse el término de diez (10) años a partir del momento de la expedición de la mencionada ley; porque las leyes rigen hacia el futuro y no son retroactivas. Ese criterio está claramente determinado por el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, donde se establece lo siguiente:
Concluyen que es perfectamente claro que tanto el a quo como el ad quem aplicaron indebidamente el término de prescripción corta de que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para una nulidad por objeto ilícito, cuando en realidad debieron aplicar al presente caso los artículos 1742 y 2532 del Código Civil o, si lo pidiese el Banco de la República, se podría aplicar el artículo 10 del Decreto 792 de 2002, pero sujeto a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887; por la situación descrita anteriormente.
Por último, sostienen que el derecho reclamado es un derecho fundamental, imprescriptible e irrenunciable por tratarse de una pensión convencional, y si se tiene en cuenta que en el test de razonabilidad entre un derecho fundamental como es la seguridad social (art. 48 Constitucional) que es irrenunciable, frente al inciso 2º del artículo 2535 del Código Civil. que establece una posible prescripción, el resultado de dicho análisis es adverso a la posibilidad de sanear la nulidad proveniente de ilicitud por —objeto o causa ilícita— porque como se indicó anteriormente ese derecho es irrenunciable en virtud de la norma constitucional que prevalece sobre la prescripción que determina la norma antes indicada. Existe una excepción de constitucionalidad.
Estima que es evidente que las argumentaciones presentadas en el cargo para desvirtuar la ocurrencia de la prescripción son infructuosas, pues, para refutarlas, basta con traer a colación la Sentencia 12935 de 2000 de esta Sala que fue acogida por el ad quem, cuyos pasajes pertinentes trascribió el replicante.
Se itera que, por regla general, la impugnación se ha de hacer de cara a la sentencia de segunda instancia, salvo que se trate de la casación per saltum que no es el caso.
Por tanto, solo se responderán los reparos dirigidos contra la sentencia del tribunal, para lo cual, respecto a la aplicación de las normas civiles frente al cómputo del término prescriptivo de la pretensión de nulidad de la conciliación, en vez de las laborales, que proponen los impugnantes, basta, para su rechazo, con reiterar una vez más lo dicho por esta Sala en la sentencia que citó el juez de alzada y que la censura ignoró por completo. Corte Suprema de Justicia 10 de mar. de 2000 Nº 12935.
Y si bien es cierto que el Tribunal hizo referencia a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se limitó a señalar que en ellos se establece que en materia laboral la prescripción es de tres años, lo que corresponde a lo que con toda claridad surge del tenor literal de tales preceptos legales, por lo que no es dable endilgarle una equivocada hermenéutica.
Sin embargo, no huelga anotar que la prescripción de las acciones correspondientes a los derechos regulados en el Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social y en las demás normas laborales que no establezcan casos de prescripción especiales, es de tres años, y se gobierna por lo establecido en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de modo que, salvo aquellos casos en los que exista un vacío legal, que no es el presente, no es posible acudir a lo dispuesto en las normas del Código Civil, puesto que el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social expresamente establece que “en caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquellas”.
Conviene recordar que en la sentencia del 19 de febrero de 1997 (Rad. 8202) se explicó que “...la Corte no analiza la prescripción desde la perspectiva que se formuló una pretensión exclusiva para obtener la declaratoria de nulidad de un acto jurídico del demandante, como es la declaración de voluntad de este de acogerse a la Ley 50 de 1990 en cuanto al auxilio de cesantía, pues de ser así las normas a tener en cuenta, por falta de regulación en los códigos laborales sobre este punto específico, serían las del Código Civil, concretamente las contenidas en sus artículos 1502, 1513,1740 y 1750, lo que a la postre podría dar lugar a llegar a deducciones incompatibles con disposiciones del trabajo, como por ejemplo: que el término para pedir la rescisión sería de cuatro años...”(se resalta).
Asimismo debe anotarse que en la sentencia de 19 de febrero de 1997 realmente no se precisó que prescribiera en cuatro años la acción para alegar la nulidad por vicio del consentimiento del acto por el cual el trabajador manifiesta su voluntad de acogerse al régimen de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, ya que allí en verdad se reiteró el criterio de que el término de prescripción de las acciones correspondientes a los derechos de índole laboral era, como regla general, el previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Es cierto que en dicho fallo se hizo una tangencial referencia a los artículos 1502, 1513, 1740 y 1750 del Código Civil para plantear de manera puramente hipotética que si lo pretendido fuera exclusivamente la declaratoria de nulidad del acto jurídico era dable pensar que la prescripción en tal caso debía contarse de acuerdo con las reglas que al respecto trae el Código Civil; sin embargo se asentó que la aplicación de esas normas “a la postre podría dar lugar a llegar a deducciones incompatibles con disposiciones del trabajo”, anticipando de esta manera que la remisión a normas diferentes a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y 181 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para contabilizar la prescripción se mostraba incompatible con estas expresas disposiciones sobre la materia.
Por ello, aun cuando teóricamente cabría pensar en la posibilidad de diferenciar entre el acto de declaración de voluntad del trabajador cuando manifiesta su intención de acogerse al régimen de liquidación del auxilio de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990 de todos los efectos de orden estrictamente laboral que de allí puedan derivarse, es lo cierto que por ser inherentes a dicha declaración los efectos legalmente previstos no cabe discernir entre el acto de acogerse al nuevo régimen y los derechos y obligaciones que tanto para el trabajador, el empleador y el respectivo fondo de administración de cesantías resulta.
Y aparte de las dificultades de orden práctico que se ocasionarían de regirse la prescripción de la acción para rescindir la declaración de voluntad de acogerse al nuevo régimen de liquidación de esa prestación social por un término que podría ser de cuatro años o de veinte años, según se trate de un vicio que genere una nulidad relativa o absoluta del acto, al aplicar el Código Civil para solucionar el caso se estaría desconociendo el imperativo mandato del artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual preceptúa que “en caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquellas”.
Se rectifica en esta forma el criterio expresado en la sentencia de 27 de enero de 2000 (Rad. 12766).
Por otra parte, respecto a la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales como la seguridad social que defiende la censura en la demostración del cargo, cumple precisar que, en el argumento, se confunde la prescripción de la pensión convencional con la prescripción de la pretensión de nulidad del acta de conciliación que fue la declarada por el ad quem; pues, conforme a lo atrás reseñado, en síntesis, el ad quem negó la pensión convencional por no haberse completado, en el caso de los demandantes, el requisito consistente en la terminación del contrato por razones ajenas a la voluntad del trabajador, más en momento alguno declaró su prescripción. Por tanto, se rechaza también este argumento.
Por todo lo anterior, tampoco prospera esta acusación.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente en razón a que hubo réplica y que la impugnación no prosperó.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 2 de julio de 2009, en el proceso que instauraron Roger Tulio Urueña Lara, Guillermo Enrique Nieto Quevedo, Jaime Santodomingo Romero Luna, Martha Lucía Fonseca Vélez, María del Carmen Franco, Luz Marina Villa Osorio y Carlos Armando Fajardo Tovar, contra el Banco De La República.
(1) Aparte entre corchetes declarado exequible con la Sentencia C-521 de 1994.

References: artículo 58
 artículo 36
 artículo 40
 artículo 58
 artículo 40
 artículo 36
 artículo 8
 artículo 15
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 artículo 9
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 artículo 19
 artículo 1741
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 artículo 8
 artículo 1746
 artículo 8
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 artículo 15
 artículo 1523
 artículo 2
 artículo 2535
 artículo 8
 artículo 58
 artículo 48
 artículo 20
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 artículo 15
 artículo 1741
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 artículo 1502
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 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1502
 artículo 9
 artículo 1618
 artículo 15
 artículo 82
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 artículo 9
 artículo 61
 artículo 10
 artículo 2532
 artículo 2
 artículo 1742
 artículo 1
 artículo 41
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 artículo 19
 artículo 1
 artículo 2532
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 artículo 2535
 artículo 20
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