Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-s-1990-143295
Timestamp: 2019-04-25 01:57:45+00:00

Document:
STC 124/2000, 16 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143295
Número de Recurso: 126/1996
RA 126/96. Promovido por Tajares, S.A., respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda relativa a liquidaciones en concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego del ejercicio de 1990. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia por error): Sentencia que resuelve una cuestión distinta a la planteada en el contencioso.
Sentencia citada en: 2529 sentencias, 13 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 126/96, promovido por la mercantil Tajares, S.A., bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto y asistida por el Letrado don José Antonio Jiménez-Alfaro, contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de noviembre de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo 1222/93, por la que se desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo de 15 de marzo de 1993 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, desestimatorio de la reclamación económico-administrativa instada contra la confirmación presunta de declaraciones-liquidaciones en concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego, ejercicio 1990. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el día 11 de enero de 1996 el Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la entidad mercantil Tajares, S.A., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la que se ha hecho mérito en el encabezamiento.
Tajares, S.A., solicitó de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Hacienda de Madrid la rectificación de las declaraciones-liquidaciones, en concepto de gravamen complementario de la Tasa de Juego para el ejercicio 1990, correspondientes a nueve máquinas recreativas tipo "B" de su titularidad, presentadas en aplicación de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria. La cuota tributaria a pagar en cada una de las referidas autoliquidaciones era de 233.250 pesetas.
Contra la confirmación presunta de las declaraciones-liquidaciones citadas la recurrente instó reclamación económico-administrativa, entre otros motivos, por la presunta contradicción del gravamen complementario de la tasa de juego establecido en el art. 38.2.2 de la citada Ley 5/1990 con los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), capacidad económica (art. 31.1 CE), no confiscatoriedad (art. 31.1 CE), igualdad (art. 14 CE) y libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE). Dicha reclamación fue desestimada por Acuerdo de 15 de marzo de 1993 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.
Frente al citado Acuerdo la demandante de amparo instó recurso contencioso-administrativo con fundamento en que las autoliquidaciones del gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, así como los acuerdos administrativos que las confirmaron no eran conformes a Derecho, al haber sido presentadas aquéllas y adoptados éstos con fundamento en una norma, el citado art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, contraria a diversos preceptos constitucionales (los arts. 1.1, 9.3, 14, 31.1, 33, 38, 40.1 y 130.1 CE), razón por la cual se interesaba al mismo tiempo de la Sala el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto.
El mencionado recurso fue desestimado mediante Sentencia de 16 de noviembre de 1995 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la cual el Tribunal expuso sucintamente las razones por las que la tasa fiscal sobre el juego correspondiente a las máquinas recreativas tipo "B", regulada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, no infringía los principios constitucionales de igualdad, progresividad, prohibición de confiscatoriedad, capacidad económica y libertad de empresa.
La recurrente solicita el amparo con fundamento en que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuestionada habría vulnerado el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y obtener la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, se cause indefensión (art. 24.1 CE).
A tenor de la demanda, el principio de tutela judicial efectiva habría sido vulnerado "al ser incongruente la resolución recurrida por estar resolviendo una cuestión diferente de la planteada en el escrito de demanda". En efecto, mientras que en la formulación del recurso contencioso-administrativo la recurrente en amparo impugnaba diversas autoliquidaciones del gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar presentadas en aplicación del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, al considerar que dicho precepto vulneraba varios principios constitucionales (entre ellos el de seguridad jurídica), razón por la cual interesaba del órgano judicial al mismo tiempo el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto legal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid habría desestimado el recurso al considerar, erróneamente, que la demanda se había planteado contra la tasa de juego, observando, además, que, en el supuesto de haberse impugnado el gravamen complementario, la Sala (tal y como hizo en otros pronunciamientos) hubiera tomado una decisión distinta. Teniendo en cuenta que la demanda no es sólo la petición que se produce sino también su razón o causa petendi (se afirma, en esta línea, en la demanda de amparo), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es "manifiestamente divergente" con el interés deducido por la sociedad recurrente, "toda vez que impugnado un precepto contenido en la Ley 5/1990, de 29 de junio, se ha obtenido una resolución que declara la legalidad de un precepto contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, al tiempo que declara que, en caso de haberse impugnado aquél, la Sala hubiera adoptado la resolución que esta parte reclamaba", fundamentación ésta que, implicando la existencia de una notable incongruencia, vulnera el principio de tutela judicial efectiva.
Además, siempre a juicio de la demandante, la sentencia impugnada habría infringido los principios de igualdad y seguridad jurídica al modificar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin motivación alguna, el criterio adoptado en Resoluciones anteriores (se citan 17 Autos) en las que, en casos sustancialmente iguales, se decidió plantear la cuestión de inconstitucionalidad solicitada.
Por providencia de 29 de marzo de 1996 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo presentada por el Procurador don José Luis Pinto Marabotto en nombre y representación de Tajares, S.A. Asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó en dicho proveído requerir atentamente al Tribunal Económico-Administrativo de la Región de Madrid y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que, en el plazo máximo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, respectivamente, al expediente tramitado como reclamación núm. 1239/91 y al recurso contencioso-administrativo núm. 1222/93; debiendo previamente emplazarse para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto el recurrente en amparo.
Por providencia de 22 de julio de 1996 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, conforme determina el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes.
El recurrente formuló sus alegaciones mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el 10 de septiembre de 1998 en el que da por reproducidos íntegramente los argumentos empleados en el escrito de interposición del recurso de amparo.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 8 de agosto de 1998, en el que suplica se dicte Sentencia denegatoria del amparo pretendido. Tras precisar que la entidad recurrente fundamenta la existencia de indefensión, incongruencia respecto de lo pedido y vulneración del art. 14 CE en que la Sala a quo no planteó, como en otros casos idénticos, cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 38.2 de la Ley 5/1990, que regula el gravamen complementario de la tasa de juego, pone de manifiesto que la sentencia recurrida parte en su fundamento jurídico segundo de que el supuesto enjuiciado no es idéntico al que llevó a la propia Sala a plantear determinadas cuestiones de inconstitucionalidad. Y, aunque la entidad recurrente entiende que se ha ignorado que lo que efectivamente se impugna es la aplicación del gravamen complementario en 1990, la propia demanda de amparo oscurece esta pretensión al expresar en el antecedente de hecho segundo que, a través del precedente procedimiento contencioso-administrativo, "se impugnaba el número 2 del art. 38.dos de la Ley 5/1990, de 28 de junio, que creaba un gravamen complementario de la tasa de juego para el ejercicio 1990 y, como consecuencia de la acumulación, la posible repercusión del mismo en la tasa del juego para el ejercicio 1991 y ejercicio subsiguientes". Es evidente (afirma la representación del Estado) que ni el procedimiento contencioso-administrativo ni el recurso de amparo son instrumentos para la impugnación de normas legales.
El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el 23 de septiembre de 1996, en el que se interesa se dicte por este Tribunal sentencia otorgando el amparo, "por cuanto resulta del proceso la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva, de la solicitante de amparo".
Por providencia de fecha 11 de mayo de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 1995, que desestima el recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad Tajares, S.A., contra el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 15 de marzo de 1993, resolución esta última que desestimó la reclamación instada por la demandante de amparo contra las confirmaciones presuntas de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Hacienda de Madrid de nueve solicitudes de rectificación de las declaraciones-liquidaciones presentadas en concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar. Las citadas declaraciones fueron presentadas en aplicación del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria.
Fijados así los términos de la controversia, con carácter previo a la resolución del tema de fondo debe excluirse cualquier pronunciamiento sobre la denunciada vulneración del art. 9.3 CE, precepto no protegible a través de la vía de amparo [arts. 53.2 CE, 41.1 y 50.1 b) LOTC]. Limitado así el recurso a la infracción de los arts. 14 y 24.1 CE, siguiendo el orden de la demanda de amparo, procede examinar en primer lugar las quejas relativas a la presunta contradicción de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 1995 con el derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales establecido en el último de los preceptos constitucionales citados, contradicción que, como se ha señalado, se habría producido al resolver el órgano judicial una cuestión diferente a la planteada en el escrito mediante el que se formuló la demanda contencioso-administrativa.
Centrado así el debate es preciso destacar, con la STC 15/1999, de 22 de febrero (FJ 2; en el mismo sentido, SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 111/1997, de 3 de junio, FJ 2; y 136/1998, de 29 de junio, FJ 2), que, conforme ha declarado reiteradamente este Tribunal: "el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesiva del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal (SSTC 177/1985, 191/1987, 88/1992, 369/1993, 172/1994, 311/1994, 111/1997, 220/1997)". "El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes-- y objetivos --causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.". "Hemos distinguido dos tipos de incongruencia: de una parte, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (SSTC 91/1995, 56/1996, 58/1996, 85/1996, 26/1997).". "Y, de otra parte, la denominada incongruencia extra petitum, que se da cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción (SSTC 154/1991, 172/1994, 116/1995, 60/1996 y 98/1996, entre otras)". "En algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, concurriendo la que, en ocasiones, se ha llamado incongruencia por error, denominación adoptada en la STC 28/1987 y seguida por las SSTC 369/1993, 111/1997, 136/1998, que define un supuesto en el que por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta".
Pues bien, del análisis de las actuaciones se desprende claramente que en el caso enjuiciado se ha producido un supuesto de los que hemos denominado de "incongruencia por error", al haber sustanciado y decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como consecuencia de un manifiesto error fáctico, un pleito muy distinto al que había planteado la recurrente.
En efecto, que el objeto de la impugnación de la demandante de amparo no era otro que el gravamen complementario de la tasa fiscal del juego y la norma reguladora del mismo se deduce claramente, en primer lugar, del Acuerdo de 15 de marzo de 1993 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, en cuyo encabezamiento se especifica que la reclamación se interpone "contra las confirmaciones presuntas de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Hacienda de Madrid de 9 solicitudes de rectificación de las declaraciones-liquidaciones presentadas en aplicación de la Ley 5/90 del gravamen complementario de la tasa del juego, correspondiente a 9 máquinas recreativas tipo `B¿"; y, en segundo lugar, del escrito de formalización de la demanda contencioso-administrativa, concretamente, de los hechos primero, segundo y quinto (en los que se alude expresamente al citado gravamen), así como de los fundamentos jurídicos primero y cuarto, fundamento este último en el que, bajo la rúbrica "El acto administrativo impugnado", se especifica que la demanda se interpone frente a las "autoliquidaciones realizadas por el concepto de gravamen complementario de la Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, ejercicio de 1990, creado por el artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria".
En primer lugar, la Sentencia impugnada señala en el encabezamiento que el recurso contencioso-administrativo se insta contra la mencionada resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, "interpuesta contra las confirmaciones presuntas de 9 solicitudes de rectificación de las declaraciones liquidaciones practicadas por el concepto tasas de juego".
Lo mismo indica el fundamento de derecho 1: "Se impugna en el presente recurso [se dice] la resolución del TEAR de Madrid por la que desestimó la reclamación económico-administrativa deducida contra la confirmación de las autoliquidaciones efectuadas por la actora, y consiguiente desestimación de su petición de ingresos indebidos, por la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente a las máquinas recreativas tipo B y con referencia al ejercicio de 1990".
El Tribunal vuelve a incurrir en el mismo error sobre el objeto del litigio cuando destaca en el mismo fundamento de derecho 1 que "el argumento de la demanda en contra del tributo liquidado se centra en la inconstitucionalidad del precepto legal que los regula, es decir, del Presupuesto General del Estado para 1991", Ley de presupuestos en cuyo artículo 77 sólo se hace referencia a las tasas de juego, no al gravamen complementario sobre ellas.
Por lo que respecta a la alegada vulneración del principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley es evidente que, como señala el Ministerio Fiscal, ésta es una cuestión que tiene que ver con el fondo de la resolución que en este proceso se anula, por lo que no resulta procedente anticipar ningún pronunciamiento sobre ella hasta tanto el órgano judicial se haya pronunciado expresamente sobre la pretensión formulada ante él.
Declarar que la Sentencia de 16 de noviembre de 1995 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la citada Sentencia y retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior a su pronunciamiento para que el Tribunal resuelva congruentemente con la pretensión ejercitada.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 resolución