Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl16281-2017-53675-de-septiembre-27-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_d92a17b3a8504920a8800d5b6c43fb1b&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 14:31:57+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SL16281-2017/53675 DE SEPTIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA SL16281-2017 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:RENUNCIA DEL CONTRATO LABORAL DEBE PRECISAR CAUSA LEGAL Y FUNDAMENTO FÁCTICO. SE PRECISÓ Y CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO LA PARTE QUE TERMINA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO DEBE MANIFESTAR A LA OTRA, EN EL MOMENTO DE LA EXTINCIÓN, LA CAUSAL O MOTIVO DE ESA DETERMINACIÓN. POSTERIORMENTE NO PUEDEN ALEGARSE VÁLIDAMENTE CAUSALES O MOTIVOS DISTINTOS. DE IGUAL FORMA, LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-594 DEL 2017 ESTABLECIÓ QUE CUANDO LA NORMA SEÑALA QUE LA PARTE DEBE INDICAR LA CAUSAL O MOTIVO QUE FUNDAMENTA LA DECISIÓN DE TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO NO BASTA CON INVOCAR GENÉRICAMENTE UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS POR LA LEY LABORAL PARA TAL EFECTO, SINO QUE ES NECESARIO PRECISAR LOS HECHOS ESPECÍFICOS QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN, YA QUE EL SENTIDO DE LA NORMA ES PERMITIR QUE LA OTRA PARTE CONOZCA LAS RAZONES DE LA FINALIZACIÓN UNILATERAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CLASES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN VERBAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia SL16281-2017/53675 de septiembre 27 de 2017
SL16281-2017
Rad. 53675
Solicitó el recurrente casar la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 30 de abril de 2010.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló dos cargos que no fueron replicados y que se estudiarán y resolverán conjuntamente porque, aunque se presentaron por vías diferentes, denuncian la misma norma, se valen de una argumentación común que se complementa, persiguen idéntico fin, y la solución a impartir es igual para ambos.
Acusó la sentencia de ser violatoria por la vía directa y falta de aplicación (infracción directa) del parágrafo del artículo 62 del CST, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
En la demostración del cargo, adujo que el Tribunal ignoró lo prescrito en la norma citada, que dispone: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la casual o motivo de esa determinación, posteriormente no pueden alegarse causales o motivos distintos”.
Manifestó que el demandante presentó el 11 de noviembre de 2005, ante su superior jerárquico Alberto Matíz Pereira, una comunicación avisando su decisión de renunciar a partir de la fecha y sin expresar ninguna razón, distinta a su propia y voluntaria decisión, circunstancia por la que el Tribunal ha debido considerar esa comunicación como la única renuncia presentada por el demandante, “[…] ya que cualquier otra comunicación carecería de valor legal por desconocer lo señalado en el parágrafo del art. 62 del C.S.T. modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965”.
Agregó que, si el Tribunal no hubiera ignorado la norma, habría absuelto a la demandada, porque en la comunicación de la renuncia no se manifiestan causales que pudieran generar un despido indirecto y el consecuencial pago de una indemnización.
Textualmente lo planteó así: “La sentencia acusada viola por la vía indirecta y aplicación indebida el parágrafo del artículo 62 del C.S.T. subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, violación en que incurrió el sentenciador a causa de los errores evidentes de hecho que puntualizare (sic) a continuación originados en la falta de apreciación de unas pruebas y la apreciación errónea de otras”. Atribuyó esa violación legal a los siguientes errores evidentes de hecho:
1. No dar por demostrado estándolo, que no existió la figura del despido indirecto en la comunicación dirigida con fecha 11 de noviembre de 2005 al señor Alberto Matíz Pereira Gerente de Asistencia Técnica, de la Compañía Colombiana Automotriz S.A. por parte del señor Oscar Leonardo de Jesus (sic) Molina Ramirez (sic), dicha comunicación contenía única y exclusivamente la decisión voluntaria del señor Molina para terminar el contrato de trabajo con la empleadora.
2. Dar por demostrado sin estarlo, que existió la figura del despido indirecto en la terminación del contrato de trabajo del señor Oscar Leonardo de Jesus (sic) Molina Ramirez (sic) con la Compañía Colombiana Automotriz S.A., cuando la renuncia fue pura y simple tal como consta en el documento de 11 de noviembre de 2005.
Señaló como prueba no apreciada la documental de folio 12 y de fecha 11 de noviembre de 2005, dirigida por el demandante al señor Alberto Matíz Pereira, gerente de asistencia técnica, comunicándole su decisión de presentar renuncia a partir de la fecha y como prueba apreciada erróneamente, la comunicación de fecha 16 de noviembre de 2005, visible a folio 13, dirigida por el demandante al señor Nelson Acero, director de postventa, dándole respuesta a la solicitud verbal que le formuló para reconsiderar la presentación de su renuncia y expresando algunos motivos por los cuales se retiraba de la Compañía, “[…] pero que modifican sustancialmente su primera comunicación de fecha 11 de noviembre de 2005, en donde manifestó su deseo de renunciar a la empresa en forma pura y simple”.
En la demostración del cargo, aseguró que el Tribunal no apreció la comunicación de folio 12 del expediente, pues de haberlo hecho habría llegado a la conclusión de que no existió un despido indirecto, sino que la decisión del demandante, de terminar su contrato de trabajo con la demandada, fue voluntaria, pura y simple, por lo que debió aplicar el parágrafo del artículo 62 del CST, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en el cual se señala claramente que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación, pues posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.
Aseguró, finalmente, que cuando el Tribunal apreció la documental de folio 13, fechada el 16 de noviembre de 2005, se equivocó probatoriamente, porque esa comunicación no modificó, sino por el contrario, ratificó la decisión libre y voluntaria del demandante de renunciar y, en esa medida, carece de valor legal y jurídico para crear un despido indirecto al desconocer el contenido del parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pues “[…] de ninguna manera, esa comunicación y los motivos expresados en ella pueden modificar la decisión primigenia del señor Oscar Leonardo de Jesus (sic) Molina Ramirez (sic) de terminar el contrato de trabajo en forma voluntaria, pura y simple sin argumentación que pudiera crear un despido indirecto”.
El tema a dilucidar por la Sala, se concreta en establecer si el Tribunal incurrió en las violaciones legales denunciadas, esto es, si dejó de aplicar o aplicó indebidamente el parágrafo del artículo 62 del CST, modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
La citada norma dispone: “Parágrafo. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”.
Previamente a resolver este asunto, la Sala estima necesario recordar que sobre el citado parágrafo se pronunció la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-594 de 1997, en la cual se declaró su exequibilidad. Dijo esa Corporación:
7- Según el demandante, el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo viola el debido proceso pues la terminación del contrato de trabajo equivale a una sanción, por lo cual el trabajador tiene derecho a conocer con precisión los hechos que fundamentan la decisión del patrono, y no simplemente que este invoque genéricamente una causal legal para despedirlo. Por el contrario, según la Vista Fiscal la norma es constitucional pues ordena a quien termina unilateralmente el contrato señalar en forma expresa las causales o motivos que justifican su conducta, sin que pueda aducir nuevas razones posteriormente, con lo cual la parte afectada tiene la posibilidad de conocer, previo a cualquier debate judicial, las causales de terminación, con el fin de eventualmente entrar a desvirtuarlas, sin que pueda ser sorprendido dentro del proceso con hechos o motivos para él desconocidos.
8- La Corte considera que para poder determinar si el cargo del actor es válido, es necesario comenzar por precisar el alcance de la obligación que impone la norma demandada, la cual ordena a aquel que termine unilateralmente un contrato de trabajo señalar a la otra parte, “en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación”, ya que “posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”. El actor entiende que la norma simplemente obliga a la parte que da por terminado el contrato a señalar en abstracto una causa legal de terminación del contrato. Sin embargo, la Corte no comparte esa interpretación, pues esta disposición debe ser interpretada conforme al principio de buena fe (CP art. 83) y de acuerdo a su propia finalidad, que es precisamente permitir que la parte conozca con precisión cuáles son las razones por las cuales la otra parte ha decidido unilateralmente dar por terminado el contrato, invocando una justa causa. En ese orden de ideas, se entiende que cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente. En efecto, según esa Corporación, esa norma obliga a expresar “la causa o motivo de la ruptura, a fin de que la parte que termina unilateralmente el contrato no pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos extraños que no adujo”. Por ello esa misma Corporación ha considerado que para que se entienda cumplida esa obligación “lo que importa es que la parte afectada se entere del hecho justificante”, por lo cual ha precisado al respecto:
En el presente caso y no obstante haberse presentado por vías diferentes, los dos cargos planteados por el censor imponen a esta Sala, para resolver el asunto sometido a su consideración, la necesidad de confrontar las comunicaciones fechadas el 11 y el 16 de noviembre de 2005, visibles a folios 12 a 16 del expediente, mediante las cuales el demandante presentó renuncia al cargo que desempeñaba en la empresa demandada, para establecer si se cumplió con la obligación de manifestar, “en el momento de la extinción del vínculo”, la causal o motivo de la terminación unilateral del contrato.
Observa la Sala, que efectivamente en la comunicación calendada el 11 de noviembre de 2005, el demandante presentó una renuncia simple, pues no adujo ninguna causal o motivo que lo llevara a tomar esa decisión. En cambio, en la comunicación del 16 de noviembre de 2005, el demandante expresó los motivos que lo impulsaban a terminar unilateralmente su contrato de trabajo, esto es, su renuncia fue motivada en el hecho del maltrato constante que recibía del señor Nelson Acero, gerente de postventa de la compañía.
Las mencionadas comunicaciones, recibidas por la empresa en las mismas fechas en que fueron calendadas, sin duda, permiten concluir que el demandante cumplió con la obligación de manifestar, “en el momento de la extinción” el motivo de su decisión. Ello, por cuanto es evidente que el demandante, aún después de presentar su “renuncia simple” el 11 de noviembre de 2005, continuó prestando normalmente el servicio a la demandada, dado que esta no la aceptó ni desplegó acción alguna que implicara la terminación del contrato.
Lo anterior se ratifica con la comunicación del folio 17 del expediente, fechada el 17 de noviembre de 2005, esto es, después de radicada la “renuncia motivada” del 16 de noviembre de 2005. Significa lo anterior, que la empresa demandada aceptó la renuncia presentada por el demandante, en la forma como se planteó por él antes de la “extinción del vínculo”, a pesar de que la aceptación de la renuncia se haya referido expresamente a la carta primigenia.
No es cierto, como lo sostiene la censura, que el Tribunal dejó de apreciar la carta de renuncia obrante a folio 12 del expediente, pues sobre esa particular prueba manifestó: “Al respecto, obra a folio 12 una primera carta de renuncia presentada por el demandante, en la que no expresó sus motivos, y una posterior calendada cinco días después, dirigida a Nelson Acero, en la que le manifestó: …”.
Tampoco es cierto que haya apreciado erróneamente la comunicación de folio 13, que en realidad está contenida en los folios 13 a 16, pues del debate probatorio lo que concluyó fue, precisamente, que el demandante acreditó la justa causa expresada en esa comunicación, que era la prevista en el numeral 2º del literal b) del artículo 62 del CST.
Como la censura orientó su acusación, exclusivamente, a lo que consideró un incumplimiento del parágrafo del artículo 62 del CST, modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que como quedó explicado, no aconteció en el presente asunto, nada puede estudiar esta Sala sobre la justa causa que encontró probada el Tribunal, quedando incólumes pie los pilares de la sentencia recurrida.
De esa forma, los cargos no prosperan y permanecen incólumes las presunciones de legalidad y de acierto de la sentencia acusada.
Sin costas en el recurso, porque a pesar de no salir avante, no se presentó réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Oscar Leonardo de Jesús Molina Ramírez contra la Compañía Colombiana Automotriz S.A.

References: ARTÍCULO 62
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 7