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Timestamp: 2019-10-15 04:47:31+00:00

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﻿ Sentencia T-857 de noviembre 27 de 2013
SENTENCIA T-857 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LOS RECLUSOS DE UN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO. LA CORTE CONSTITUCIONAL REITERÓ LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL ESTADO, DE PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD MÍNIMO, EFECTIVO, CONTINUO, EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A QUIENES SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DEL ESTATAL, PUES ESTOS SON SUJETOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD QUE MERECEN UNA GARANTÍA PRIORITARIA Y REFORZADA DE PARA LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA. ASÍ, EL HACINAMIENTO, LA INSALUBRIDAD Y LA PÉSIMA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS CÁRCELES AFECTAN LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS, CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA QUE DESCONOCEN EL FIN RESOCIALIZADOR DE ESTA. POR ELLO, EL JUEZ CONSTITUCIONAL UNA VEZ MÁS HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA HACER FRENTE AL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL QUE GENERA EL HACINAMIENTO CARCELARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, OBLIGACIONES DEL ESTADO, DERECHO A LA SALUD, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO, RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO, SALUBRIDAD DE LA CÁRCEL, HACINAMIENTO EN LA CÁRCEL, DERECHO A LA VIDA DIGNA
Sentencia T-857 de noviembre 27 de 2013
Ref.: Expediente T-3.989.437
Acción de tutela instaurada por González Ruiz Julio Cesar y otro en contra de la Dirección General del Inpec, la Dirección Regional del Inpec (Bogotá), la Dirección Regional del Inpec (Medellín), la Directora Inpec de Caucasia, municipio de Caucasia y EPS Caprecom.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido, en primera instancia, el 30 de mayo de 2013 por el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia Antioquia, dentro de la acción de tutela instaurada por los señores Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera en contra de la Dirección General del Inpec Bogotá, Dirección General del Inpec Medellín, la Directora del Inpec de Caucasia.
A continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro del expediente de la acción de tutela interpuesta por Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera en contra de la Dirección General del Inpec Bogotá, Dirección General del Inpec Medellín y la Directora del Inpec de Caucasia.
3.1. Dirección General del Inpec Bogotá(1).
Por otro lado, manifiesta que a partir de la expedición de la Ley 1122 de 2007, el Inpec no puede prestar servicio de salud a los internos a través de personal de planta como lo había previsto la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario—, sino a través de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En virtud del Decreto-Ley 4150 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, así mismo, el Decreto 2496 de 2012 en el artículo 2º dispuso que esa Unidad es la encargada de determinar la EPS a la cual se afilia la población reclusa; el artículo 6.2 ordena a la EPS respectiva prestar el servicio de salud a los internos teniendo en cuenta las áreas de sanidad de los establecimientos, los cuales según el artículo 7.1 deberán ser acondicionados por la USPC.
3.2. Dirección Regional del Inpec Medellín.
Luego de hacer referencia a la situación jurídica de los tutelantes, se centró en la instancia competente dentro del Inpec para explicar el caso concreto. Según la Dirección Regional del Inpec quien está llamado a responder es el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Caucasia-Antioquia, siendo obligación de este velar por las condiciones dignas de los reclusos del respectivo centro carcelario.
En cuanto a las celdas y el hacinamiento “se reitera que ello per se, no configura una transgresión a sus derechos fundamentales, pues esto sería apenas una característica de las condiciones de habitabilidad de una cárcel”.
Relacionado directamente con la tutela que se revisa, la Dirección Regional del Inpec se manifestó respecto de la atención en salud. Informó, que en cumplimiento de la ley toda la población carcelaria se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, siendo EPS-S Caprecom quien asumió dichos servicios a través de un contrato de aseguramiento con todas las cárceles del país. De esta forma se asegura la atención médica gratuita por medio del régimen subsidiado de salud, POS y en los casos No POS, será la aseguradora QBE S.A. la que asuma esta atención.
En cuanto al hacinamiento, explicó que no obra elemento de juicio “dirigido a demostrar una situación en particular que ameritara intervención urgente por parte del juez constitucional, es decir, que al libelo introductor no se adosó ninguna prueba que demostrara la vulneración de un derecho fundamental de alguno de los accionantes ni se demostró la existencia de un perjuicio con el carácter de irremediable”.
3.3. Directora del Inpec de Caucasia(2)
Manifestó que no existe una cárcel municipal que permita albergar personas privadas de libertad de manera preventiva en municipios como Nechí, Cáceres y Zaragoza por lo que en estos casos son remitidos a Caucasia sin que aporten al sostenimiento de quienes se encuentran detenidos preventivamente.
Reconoció que hay un problema de hacinamiento. El establecimiento cuenta “con una capacidad real para albergar hasta 63 reclusos, no obstante hospeda en la actualidad un total de 200 internos, de los cuales 106 cuentan con detención preventiva, cifra que desborda en gran medida la capacidad de este establecimiento”(3).
Respecto de la Salud de los internos, expresó que la EPS Caprecom es quien presta el servicio de salud. Hasta septiembre de 2012 como parte del contrato 092 de 2011 se contó con atención intramural por parte de un médico y un auxiliar de enfermería. Actualmente se debe trasladar a los internos que tengan algún padecimiento de salud al hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia, donde se les presta el servicio de salud. “De esta forma “no se satisface las necesidades que en esta materia demanda este establecimiento de reclusión... como tampoco se está cumpliendo con el examen médico de ingreso que ordena la ley”(4).
3.4. Municipio de Caucasia(5)
Manifestó al despacho respecto a la contestación del Inpec Caucasia que es cierto que los municipios tienen obligaciones con el Inpec por los internos detenidos previamente o condenados por contravenciones, que no es cierto que de parte del municipio exista falta de compromiso para solucionar la crisis carcelaria y que no haya presupuestado siquiera los recursos para cumplir con la obligación, toda vez que el presupuesto de rentas y gastos aprobado por el Concejo Municipal para el pasado año, contempla una partida por diez millones de pesos ($10.000.000) para la celebración de un convenio interadministrativo. Este año se aprobó una partida similar, faltando que el Inpec determine el destino de esos recursos y la forma de ejecución. Qué en tanto, la alcaldía estaría atenta a la situación(6).
3.5. EPS Caprecom(7).
En contestación recibida el 7 de junio de 2013, es decir, posterior al fallo de primera instancia de treinta (30) de mayo de 2013, el Director Territorial de Caprecom Regional Antioquia, contestó, expresando que los internos del centro penitenciario, estaban cobijados por la afiliación del régimen subsidiado en el marco del contrato 92 de 2011 suscrito con el Inpec pero que expiró el 16 de julio de 2012 “consecuencia de ello, se dejaron de percibir los recursos que el Inpec aportaba para mantener los modelos de atención convenidos, sin que a la fecha se haya realizado un nuevo convenio”.
El treinta (30) de mayo de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia, profirió sentencia de única instancia concediendo el amparo de tutela al derecho fundamental a la vida digna de los internos del EPMSC de Caucasia, interpuesto por los ciudadanos Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera, para lo cual dio diversas órdenes al Inpec Caucasia en aras de buscar soluciones al problema de hacinamiento.
La sentencia de primera instancia consideró la necesidad de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los reclusos de forma mancomunada entre los distintos niveles del Inpec y el ente territorial competente. Para tal efecto acogió la propuesta planteada por la alcaldía de Caucasia consistente en “tomar en arrendamiento una casa aledaña donde funciona el Inpec Caucasia con el visto bueno del Inpec, siempre y cuando se adecue para que cumpla sus objetivos”(8).
En cuanto a la solicitud de los accionantes para que se designe a un médico y una enfermera permanente en el establecimiento carcelario, observó el despacho que “no se ha vulnerado el derecho a la salud de los internos... por cuanto no existe prueba de que se les haya negado la prestación de algún servicio de salud por parte de EPS Caprecom, como tampoco lo manifestaron en su escrito de tutela”(9).
• Acción de tutela de fecha mayo 15 de 2013(10)
• Contestación a la tutela de la Dirección Regional Noroeste de Medellín(11).
• Contestación a la tutela de la Dirección del Inpec de Caucasia(12).
• Oficio 508-EPMSC.CAU.OJU-058 de fecha 16 de mayo de 2013(13).
• Oficio 508-EPMSC.OJU.042 de fecha 30 de enero de 2013.
• Oficio 508-EPMSC.OJU.094 de fecha 16 de enero de 2013.
• Convenio de integración de servicios número 038-2012 celebrado entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y el Municipio de Caucasia - Antioquia(14).
• Contestación a la tutela de la Dirección General del Inpec(15).
6.1. En noviembre 1º de 2013, el despacho del magistrado sustanciador se comunicó telefónicamente con el señor José Nadin Arabia Abisaad, alcalde de Caucasia, al teléfono (574) 8391595, quien manifestó que se habían adelantado las gestiones necesarias para cumplir la orden de tutela emitida por el juzgado Penal del Circuito de Caucasia en el caso de la referencia. Manifestó igualmente, que no fue posible conseguir en alquiler un local para trasladar algunos presos tal como había ordenado el juez de tutela porque los distintos dueños de los inmuebles se oponían a dicha solución. Por tal motivo, decidieron junto con el EPMSC de Caucasia, realizar una ampliación dentro de la Cárcel de Caucasia que pudiera paliar los efectos del hacinamiento que allí se vive.
6.2. A tal efecto el alcalde de Caucasia, señor José Nadin Arabia Abisaad envió copia escaneada vía correo electrónico del Contrato de Obra Pública COPMC-013-2013 de fecha treinta (30) de julio de 2013 cuyo objeto era el “Mejoramiento de la Planta física del Centro Penitenciario del municipio de Caucasia-Departamento de Antioquia” el cual consta de 5 folios (obrante a fls. 10 a 14 del cdno. 1).
6.3. Igualmente el alcalde de Caucasia manifestó a este despacho que se celebró el Convenio de Integración de Servicios entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y el municipio de Caucasia Antioquia, mediante el cual el Municipio se obligó a asignar dentro del presupuesto municipal un rubro para contribuir al funcionamiento del Establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caucasia por una cuantía de veinte millones de pesos (20.000.000) de los cuales, siete (7) millones corresponden al pago de sobresueldo de los empleados del Establecimiento carcelario, trece (13) millones para dotación de elementos y recursos necesarios para los internos (implementos de aseo, colchonetas, almohadas, medicamentos básicos para primeros auxilios etc.).
6.4. El alcalde de Caucasia, señor José Nadin Arabia Abisaad envió copia escaneada vía correo electrónico del Convenio de Integración de Servicios entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y el Municipio de Caucasia Antioquia el cual consta en 2 folios (obrante a fls. 15 y 16 del cdno. 1).
6.5. En noviembre 1º de 2013, el despacho del Magistrado sustanciador se comunicó telefónicamente con la directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caucasia, la señora Yolanda Fonseca Beleño, al teléfono (574) 8399195, quien corroboró lo manifestado por el alcalde de Caucasia.
2.1. Los señores Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera instauraron acción de tutela en contra de la Dirección General del Inpec-Bogotá, dirección general del Inpec-Medellín, la Directora del Inpec-Caucasia por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud.
Los accionantes se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Caucasia conviviendo en situación de hacinamiento y viendo mermada la atención en salud dentro del establecimiento penitenciario al no contar con un médico ni con auxiliar de enfermería a pesar de que hay un espacio habilitado para ello y hasta el mes de septiembre de 2012 habían gozado de este servicio en cumplimiento del modelo de atención en Salud que se había acordado conforme al contrato 92 de 2011 entre Inpec y Caprecom(16).
2.2. Con fundamento en lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si se han vulnerado los derechos a la vida digna y la salud de los accionantes al tener que vivir en difíciles condiciones derivadas de la situación de hacinamiento y de los problemas de infraestructura carcelaria así como la mengua de la calidad de atención sanitaria al no contar con asistencia médica intramural de la cual venían gozando hasta septiembre de 2012.
3. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación especial de sujeción con el Estado que determina su alcance.
3.1. La Corte Constitucional, al estudiar las condiciones de reclusión de los internos en la Cárcel Modelo de Bogotá, D.C. y Nacional de Bellavista de Medellín, en especial las condiciones de hacinamiento, declaró mediante Sentencia T-153 de 1998 que la situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país configuraba un estado de cosas inconstitucional, principalmente debido a la situación de indignidad en la cual se encontraban los internos. El fin perseguido con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional estaba dirigido a buscar un remedio al problema carcelario y penitenciario del país que lamentablemente aún genera violaciones generales y sistemáticas de los derechos fundamentales, en tanto afecta una multitud de personas en estado de reclusión y tiene origen en un problema de naturaleza estructural que para solucionarse exige la acción mancomunada de distintas entidades.
“Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario” (...).
3.3. Se estimó en esta providencia, previa diligencia de inspección judicial, que las condiciones de las dos cárceles bajo examen “son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”.
En dicho fallo, esta corporación reiteró que si bien algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertas son suspendidos o restringidos desde el momento en que estos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de las personas presas, más aún si se tiene en cuenta que la población reclusa se halla en una relación de especial sujeción con el Estado.
3.5. Así, por ejemplo, ha dicho esta Corte que los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular(17).
3.6. Por esas razones, la jurisprudencia constitucional(18) ha enfatizado que los derechos fundamentales de los internos pueden describirse en tres grupos: “(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de estos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(19).
3.8. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre la persona interna y el Estado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos(20) este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales con el objeto de garantizar a los personas en estado de reclusión las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad.
3.9. Al respecto, este órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha establecido que —de conformidad con la Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano el 28 de 1973 y que entró en vigor el 18 de julio de 1978— toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal(21). Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de la posición especial de garante con respecto a dichas personas, y dado que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre estas(22).
3.10. Igualmente, se ha sostenido que todas las obligaciones que surgen para el Estado como consecuencia de ejercicio del legítimo del poder punitivo deben estar guiadas por el respeto del principio de dignidad humana, pues es el pilar fundamental que debe guiar las relaciones entre las autoridades penitenciarias y los internos(23) y, además, es una norma de jus cogens, es decir, norma imperativa de derecho internacional obligatoria para todos los Estados y de inmediato cumplimiento reconocida en múltiples instrumentos internacionales.
3.11. Verbigratia, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dispone que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos(24) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(25), establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3.12. En el seno de Naciones Unidas también se han producido, además de los tratados internacionales sobre los derechos de los reclusos, algunas normas de soft law(26) que describen las condiciones de internamiento que deben ser garantizadas por las autoridades penitenciarias para la plena efectividad de los derechos de las personas privadas de la libertad. Entre ellas, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos(27) que, como lo veremos, han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad especial para los funcionarios judiciales; el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión(28) y los principios básicos para el tratamiento de los reclusos(29).
3.14. Así por ejemplo, en el caso Potter v. Nueva Zelandia(30) el Comité consideró que mantener a una persona privada de la libertad en condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas Mínimas constituye una violación del artículo 10 del PIDCP, es decir, se debe considerar un trato inhumano que atenta contra la dignidad del recluso(31).
3.15. Por su parte, en el caso Mukong v. Camerún(32) el Comité insistió en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no puede depender enteramente del presupuesto estatal, y resaltó la importancia de las reglas mínimas en la definición de las condiciones materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del principio de dignidad humana(33). En este caso consideró que excepcionalmente las condiciones materiales de detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7º del PIDCP(34), en los casos en que éstas son agravadas por otros abusos debiéndose considerar un “trato excepcionalmente duro y degradante”(35).
3.16. Esta última posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador(36) en el cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad y otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y degradante en los términos de la Convención.
3.17. El anterior contexto internacional, llevó a que esta corporación asumiera desde el año de 1998 la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. “Por esta razón, la Corte Constitucional está llamada a actuar en ocasiones como la presente, llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas por parte de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas”(37).
3.18. Ahora bien, en esta misma línea, la Constitución Política establece dentro de su contenido sistemático que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico, el artículo 1º del texto Superior consagra una República de Colombia “fundada en el respeto de la dignidad humana”. Así, la dignidad humana constituye un pilar fundamental y un elemento determinante en el Estado social de derecho y en la democracia constitucional que trasciende del ámbito meramente filosófico para convalidarse en nuestro ordenamiento positivo como una norma fundante de carácter vinculante para todas autoridades.
3.19. Como quiera que, además, el artículo 5º constitucional reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona; los sujetos recluidos en centros penitenciarios y carcelarios conservan intacta e intocable su dignidad humana.
“La jurisprudencia de este tribunal ha sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la libertad. En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano; la función y finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se encuentran purgando una pena cuentan con las garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en busca de la protección de los mismos. Por esta razón, los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto, implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del Estado colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución”(38).
3.21. Al respecto, resulta útil traer a colación lo preceptuado en el artículo 5º de la Ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, el cual instituye el respeto de la dignidad humana en los establecimientos carcelarios como contenido y principio rector de todo el sistema penitenciario y carcelario, así:
“ART. 5º—Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”. (resaltado fuera de texto)
3.22. En consecuencia, le corresponderá a las entidades estatales correspondientes, entiéndase Gobierno Nacional —Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec—, evitar la continua vulneración de derechos fundamentales de los reclusos, como quiera que el Estado termina siendo responsable de proporcionar las condiciones básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un establecimiento carcelario, más cuando la dignidad humana como derecho de los reclusos se mantiene intocable y no puede ser sujeta a limitaciones de ningún orden o circunstancia.
“(...). La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los reclusos(39)”.
3.23. La Corte Interamericana de Derechos Humanos como máxima intérprete de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano de protección, ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y el deber de prevención que el Estado está obligado a garantizar en favor de las personas privadas de libertad(40).
i) “el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal(41); asimismo, “obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios”(42);
ii) “la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición(43);
iii) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia(44);
iv) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente(45);
v) la atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario(46) y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
vi) la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios(47), las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
vii) las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancia(48);
viii) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural oartificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene(49);
ix) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad(50);
x) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano(51), y
xi) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales(52), la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibida(53).
3.24. Visto el anterior panorama es indiscutible que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la normatividad nacional(54) que regulan las condiciones de internamiento de los reclusos no son más que una respuesta a este marco de regulación internacional y a la realidad nacional vigente que deja al descubierto la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles colombianas debido a la manifiesta sobrepoblación y las delicadas condiciones de salubridad que tienen que sufrir los internos.
3.25. Puede concluirse parcialmente entonces, que se han consolidado ciertos deberes positivos en cabeza del Estado colombiano conforme a los cuales, en los establecimientos de reclusión, siempre deberá prevalecer el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos que han sido reconocidos de forma universal(55). Por esta razón, “toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”(56). Esta es la causa que motiva también la idea de que toda persona privada de la libertad deberá tener derecho a “recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto de los derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos”(57).
3.26. La Corte Constitucional también ha sido enfática en que esas relaciones deben sustentar unos principios constitucionales que autoricen el sometimiento jurídico, especial y estricto del administrado. En el caso de las personas privadas de la libertad, la disposición de una estructura administrativa para implementar centros de reclusión penal, tiene como fin garantizar la posibilidad de que el Estado aplique penas privativas de la libertad (C.N. art. 28). A su turno, dichas penas tienen una “función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”(58), en tal sentido, las amplias potestades reconocidas a favor del Estado en el marco de las relaciones de sujeción, encuentran justificación en cuanto puedan ser consideradas mecanismos idóneos para alcanzar la resocialización de los responsables penales. Sobre el particular ha afirmado esta corporación:
“(...). la restricción a los derechos fundamentales de los reclusos, derivada del ejercicio de las facultades de las autoridades carcelarias, solo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. Si bien estas facultades son de naturaleza discrecional, encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad (C.P., artículos 1º, 2º, 123 y 209) y, por tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad(59)”. (subrayas fuera del texto original)
3.28. En este mismo sentido, la Observación General 21 al artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado a solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso”.
Pues bien, esta idea de resocialización como principio constitucional que debe sustentar tales relaciones se opone no solo a la imposición de penas que conlleven tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, sino también a todas las condiciones de cumplimiento de la pena que sean desocializadoras. En este sentido, este Tribunal ha entendido que “el Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización”(60).
3.29. En conclusión, ésta especial relación de sujeción resulta ser determinante del nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e, igualmente, acentúa las obligaciones de la administración pues le impone un deber positivo de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales que no permiten limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se encuentran los reclusos(61).
4. El derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios. Reiteración jurisprudencial.
4.1. En este acápite, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre el carácter fundamental del derecho a la salud y el alcance de las obligaciones estatales para asegurar el acceso de la población interna en establecimientos carcelarios a los servicios que requieren para el goce efectivo del derecho(62).
4.2. A partir de la Sentencia T-760 de 2008(63), se ha construido un consenso en la jurisprudencia constitucional sobre el carácter fundamental autónomo del derecho a la salud el cual se basa en su importancia para la realización de la dignidad humana, las relaciones de interdependencia que mantiene con otros derechos fundamentales y su atribución universal a todas las personas(64).
4.3. Siguiendo la Sentencia T-016 de 2007(65), agregó la Corte en la decisión citada, que la fundamentalidad de un derecho y la posibilidad de perseguir su eficacia por vía judicial o justiciabilidad son asuntos independientes aunque relacionados y precisó que la tutela es procedente para reclamar un servicio de salud (i) cuando está incluido en los planes de salud diseñados por los órganos legislativo y administrativo (POS, en el régimen contributivo, y POS-S en el subsidiado); o (ii) cuando, a pesar de no haber sido incorporado en esos listados, la persona lo “requiere con necesidad”, expresión que debe ser entendida en el sentido estipulado por la Corte en esa oportunidad, como se explica:
Un servicio se “requiere” si (i) de este depende que el paciente pueda disfrutar del “más alto nivel posible de salud”(66) según (ii) el criterio de su médico tratante, (iii) siempre que no exista en el respectivo plan obligatorio de salud un servicio (medicamento, tratamiento o prestación) que tenga la misma eficacia que el inicialmente prescrito(67). La prestación se requiere “con necesidad” si (iv) la persona no tiene capacidad económica para sufragarla.
4.4.1. En ese sentido, la Corte ha sostenido que la relación de especial sujeción constituye “un vínculo en el que, de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión”(68).
Durante el período en que se mantiene esa relación, la persona enfrenta la restricción de ciertos derechos, con el propósito de “garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como por ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la pena”, en tanto que “el Estado es responsable de la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos. Por ello, está obligado a brindarles las condiciones necesarias para una vida digna, particularmente, en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, la asignación de un lugar para su habitación y el disfrute de servicios públicos, entre otros”(69).
Así mismo, en armonía con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la corporación ha expresado en algunos fallos recientes que el Estado tiene dos tipos de obligaciones derivadas de la especial sujeción frente a los internos, así(70):
“[L]a administración asume dos obligaciones frente a los retenidos: “1. de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2. de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar”(71). Y ello es así debido a que, en términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, “así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos”(72).
Existe finalmente todo un plexo de derechos no susceptibles de suspensión ni restricciones constitucionalmente legítimas. Frente a esos derechos, recae sobre el Estado la obligación de garantizarlos, respetarlos y protegerlos de manera plena e integral(73).
“[P]or la salud del interno debe velar el sistema carcelario a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud. || Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por supuesto, es de su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal sometido a su vigilancia”(74).
4. Recientemente, el Decreto 1141 de 1º de abril de 2009, en desarrollo del artículo 14, literal m) de la Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”, estableció la obligación estatal de afiliar a las personas privadas de la libertad al régimen subsidiado de seguridad social en salud. Esa decisión corresponde a la concreción del deber estatal de asegurar la universalidad del sistema de seguridad social en salud como lo había expresado la Corte Constitucional desde la Sentencia T-233 de 2001. Sin embargo, es importante recalcar que la existencia de la afiliación a las EPS-S que determine el Estado no puede dar lugar a que se presenten barreras administrativas para la prestación del servicio entre las autoridades penitenciarias y el Inpec(75).
4.6. De la jurisprudencia constitucional se desprende entonces que las personas recluidas en centros carcelarios tienen derecho a acceder a los servicios de salud que requieran sin enfrentar barreras administrativas y sin que se les exija demostrar falta de capacidad económica, pues esta se infiere directamente de la especial sujeción y la suspensión y restricción de sus derechos fundamentales. En ese marco, la Corte ha amparado diversas facetas del derecho como el derecho al diagnóstico, la continuidad en la prestación del servicio; y, en términos generales, el derecho a acceder a los servicios que requieran para alcanzar el nivel máximo posible de salud en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad(76).
4.8. En este sentido, el principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión(77), establece la obligación de ofrecer un examen médico apropiado al momento del ingreso en el lugar de detención o prisión en los siguientes términos:
Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”.
4.9. Por su parte, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos(78), establecen un estándar mínimo de servicios médicos con que deben contar los establecimientos penitenciarios. Tales reglas establecen que:
22. 1. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2. Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3. Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.
23. 1. En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2. Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
25. 1. El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2. El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.
26. 1. El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2. El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones”.
ART. 61.—Examen de ingreso. Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad.
ART. 62.—Fijación de penitenciaria y evaluación de ingreso. Cuando sobre el sindicado recaiga sentencia condenatoria, el juez, con la correspondiente copia de dicha sentencia lo pondrá a disposición del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
4.13. La situación de hacinamiento, las condiciones de insalubridad y en especial la precaria atención en salud que se vive al interior de los establecimientos carcelarios deberán ser consideradas como condiciones del cumplimiento de la pena desocializadoras, pues vulneran la dignidad humana e impidenbrindarle a todos las personas en situación de reclusión los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio o trabajo).
6.1. Los accionantes, privados de la libertad en el EPMSC de Caucasia alegan que no cuentan con condiciones apropiadas para su reclusión, viéndose particularmente afectados por la situación de hacinamiento y viendo mermada la atención en salud dentro del establecimiento penitenciario al no contar con un médico ni con auxiliar de enfermería a pesar de que hay un espacio habilitado para ello y de que hasta el mes de septiembre de 2012 habían gozado de este servicio en cumplimiento del modelo de atención en Salud que se había acordado conforme al contrato 092 de 2011 entre Inpec y Caprecom(79). Igualmente de las pruebas aportadas se evidencia que no se está llevando a cabo el examen médico de ingreso que ordena la ley. Estas circunstancias llevaron a los ciudadanos Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera a incoar acción de tutela procurando la protección de sus derechos a la vida digna y a la salud en contra de la Dirección General del Inpec Bogotá, Dirección General del Inpec Medellín, la Directora del Inpec de Caucasia.
6.2. (i) Resulta evidente para Sala la situación de hacinamiento que afecta al EPMSC de Caucasia por cuanto queda patente tanto en la demanda de los accionantes como en el escrito de contestación de tutela del establecimiento carcelario que lo confirmó. Reconoce la directora de la institución penal que si bien la infraestructura está diseñada para albergar 63 reclusos, en el momento de la contestación de la tutela se encontraban 200 internos(80) cifra que en enero de este año 2013 bajo a 175 personas(81). La cifra de personas recluidas triplica el número de las que la institución penal puede soportar en condiciones normales, esto sin duda es una situación de hacinamiento que afecta las condiciones de vida de los internos.
6.3. Ahora bien, las medidas tomadas por el juez de tutela en primera instancia si bien pueden ser acertadas desde el punto de vista de paliar los efectos nocivos que el hacinamiento conlleva, no resultan suficientes para contrarrestar la vulneración de derechos, en particular a la vida en condiciones dignas. La orden que se dio por el juez de tutela consistió en la búsqueda de “un arrendamiento de un local donde puedan ser recluidos algunos internos con el fin de combatir el problema de hacinamiento”. Sin embargo, dicha orden no pudo ser llevada a cabo según manifestaron a este despacho tanto el alcalde de Caucasia, como la directora del EPMSC de Caucasia(82). Ante estas circunstancias, el acuerdo al que llegaron consistió en hacer un Convenio de integración de servicios en el cual el municipio de Caucasia se obligó a asignar un rubro dentro del presupuesto para contribuir con el funcionamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Caucasia(83).
6.5. Por lo tanto, considera esta Sala de revisión, que la medida adoptada por el juez de tutela, esto es, trasladar a algunos de los presos a un inmueble tomado en alquiler, es una medida posible que deberá ser cumplida, salvo que la administración encuentre otra manera que (i) asegure el goce efectivo de los derechos tutelados y (ii) no imponga cargas, limitaciones o restricciones adicionales sobre estos u otros derechos tutelados. De no poderse hacer en el plazo razonable considerado en esta providencia, puede ser modificado al menos un mes antes que venza el término a solicitud de la administración carcelaria, (i) justificando su petición y (ii) proponiendo un nuevo plazo razonable, para asegurar el goce efectivo de derechos de aplicación inmediata. En este sentido, también se hace necesario que el EPMSC de Caucasia, continúe en la búsqueda de acuerdos con los demás municipios que se sirven de la institución penitenciaria para que al igual que lo ha hecho con el municipio de Caucasia, busque el apoyo económico que por obligación tienen los entes territoriales que no cuentan con cárceles para que contribuyan con el funcionamiento de aquella(84) de forma tal que los recursos puedan ser utilizados para la mengua de los efectos negativos que el hacinamiento tiene.
6.7. En el presente caso, la Sala advierte que la prestación del servicio de salud ha desmejorado ostensiblemente frente a la atención de la que venían gozando cuando contaban con un médico y una enfermera en el establecimiento carcelario en el marco de un modelo que se había establecido entre Caprecom y el Inpec mediante un acuerdo que finalizó en septiembre de 2012 y que no se renovó. Esta circunstancia, tal como obra en el expediente y ha sido reconocido por la directora del establecimiento, implica una afectación en la atención a los internos por cuanto al no existir personal médico de planta ante cualquier manifestación de enfermedad por parte de los internos, estos deben ser trasladados directamente al hospital, sin una previa comprobación de su estado de gravedad y que ante la escases de personal que confirman las autoridades de la institución penitenciaria las remisiones se hacen difíciles sino es que impiden su remisión a tiempo, atendiendo las circunstancias de seguridad en que deben ser hechas. No se debe dejar de lado la evidente situación de hacinamiento del establecimiento carcelario demandado, la cual implica por una parte una situación de salubridad per se bastante compleja que propicia problemas de salud. Por otra, que la circunstancia de hacinamiento en donde la capacidad de la institución carcelaria se encuentra triplicada implica una carga de efectividad para el Estado en la garantía del derecho a la salud de los internos que se puede ver cumplida con la prestación intramuros de servicios de salud básicos más aun teniendo en cuenta que los internos venían gozado de esa posibilidad.
6.15. Para afrontar órdenes como las que se imparten en esta providencia, se hace necesario tener en consideración que es necesario que se adelanten una serie de acciones que van más allá de la órbita de las entidades vinculadas. En el presente, caso para proteger los derechos fundamentales solicitados, la Corte tiene que dar una orden de las que la jurisprudencia ha denominado complejas(85), es decir que para hacerse efectiva necesita el concurso de autoridades que no son exclusivamente a quienes se ha vinculado en el trámite de acción de tutela. Igualmente, en este caso la orden que imparte el juez de tutela no es más que la reiteración de competencias que son innatas a la persona que van dirigidas: ordenación y apropiación dentro del presupuesto. Así, se ordenará al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad, EPMSC), de Caucasia para que en la siguiente vigencia presupuestal desde la notificación de la presente providencia se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.
6.17. Por las razones expuestas, la Corte confirmará parcialmente la sentencia proferida, el 30 de mayo de 2013, por la el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia, en cuanto protegió el derecho fundamental a la vida digna de los señores Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera, pero la modificará en cuanto concederá la protección el derecho a la salud de los internos para lo cual dispondrá las órdenes que se mencionan en los apartados anteriores.
1. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia, mediante la cual se tuteló el derecho fundamental a la vida digna de los internos del EPMSC de Caucasia interpuesto por los ciudadanos Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera en contra de la Dirección General del Inpec Bogotá, Dirección General del Inpec Medellín, la Directora del Inpec de Caucasia. Y REVOCARLA en la parte que negó la tutela del derecho a la salud y en su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental a la salud de los accionantes en los términos expresados en la presente sentencia.
2. ORDENAR al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (EPMSC) de Caucasia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC por intermedio de sus directores:
3. ORDENAR al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad, EPMSC, de Caucasia que en la siguiente vigencia presupuestal desde la notificación de la presente providencia se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.
4. ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Caucasia Antioquia, que verifique el cumplimiento de esta providencia y envíe copia de las actuaciones adelantadas a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva, ausente en comisión—Maria Victoria Calle Correa.
(1) Ver folios del 95 al 97.
(2) Ver folios 45 a 48.
(3) Ver folio 46.
(4) Ver folio 47.
(5) Vinculada al proceso mediante auto del 22 de mayo de 2013 [fl. 57].
(6) Anexa copia de certificado de disponibilidad presupuestal CDP 500 de fecha 6 de mayo de 2013, en el que se informa que el presupuesto. También anexa copia de un Convenio de Integración de servicios 38 2012 de 2012, celebrado entre el Inpec y el municipio de Caucasia.
(7) Vinculada al proceso mediante auto del 22 de mayo de 2013 [fl. 57].
(8) Ver folio 114.
(9) Ver folio 117.
(10) Ver folios del 1 al 3.
(11) Ver folios del 10 al 44.
(12) Ver folios del 45 al 49.
(13) Ver folio 49.
(14) Ver folios 63 a 67.
(15) Ver folios 95 a 97.1.
(16) Ver folio 47.
(21) Ver artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. (...) “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
(30) El Comité de Derechos Humanos conoció el caso de Herbert Thomas Potter, ciudadano neozelandés que se encontraba preso en la cárcel de Mount Eden (Auckland y denunciaba haber sido sometido a malos tratos dentro del establecimiento, pues se le impedía acceder a tratamientos médicos que requería
(32) El Comité de Derechos Humanos conoció el caso de Albert W. Mukong, fuerte opositor del sistema de gobierno del partido único establecido en Camerún, quien fue detenido y sometido a tratos crueles e inhumanos. El Sr. Mukong aduce que fue encerrado con otros 25 o 30 detenidos en una celda de aproximadamente 25 m2, desprovista de servicios sanitarios y que las autoridades penitenciarias se negaron a alimentarlo por varios días y que después de dos semanas de detención en tales condiciones, contrajo una infección en el pecho (bronquitis.
(33) “En cuanto a las condiciones de detención en general, el comité hace notar que, cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate, deben observarse ciertas reglas mínimas. De conformidad con la reglas 10, 12, 17, 19 y 20 que figuran en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (..., todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. Caso Mukong v. Camerún (1994, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
(36) Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Fondo.
(37) Ver Sentencia T-153 de 1998, párrafo 51.
(38) Ver Sentencia T-133 de 2006.
(39) Ver Sentencia T-596 de 1992.
(40) Cfr. ONU, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; ONU, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988; ONU, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990. Ver también: ONU, Observación General Nº 21 del Comité de Derechos Humanos. 10 de abril de 1992. A/47/40/(SUPP, Sustituye la Observación General Nº 9, Trato humano de las personas privadas de libertad (art. 10): 44 período de sesiones 1992, y CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Adoptados durante el 131 Período de Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
(41) Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Nº 114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C Nº 236, párr. 85.
(42) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C Nº 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C Nº 218, párr. 204.
(43) Cfr. Artículo 5.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61, párr. 263, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C Nº 152, párr. 200.
(44) Cfr. Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
(45) Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 209.
(46) Cfr. Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C Nº 160, supra párr. 301.
(47) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia, supra nota 62, párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
(48) Cfr. Caso Loayza Tamayo, supra nota 14, párr. 58, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
(49) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia, supra nota 62, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
(50) Cfr. Caso López Álvarez, supra nota 65 y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 319.
(51) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia, supra nota 62, párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
(52) Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C Nº 123, párr. 70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes, Considerando 14.
(53) Cfr. Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de Febem. Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, Considerando 13, y Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1º de septiembre de 2011, Considerando 21.
(54) Ver Código Penitenciario y Carcelario (L. 65/93 y Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91) los cuales imponen deberes especiales a cargo de las autoridades carcelarias y penitenciarias.
(55) Artículo 3º del Código Penitenciario y Carcelario. Esta misma postura ha sido asumida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en numerosas sentencias que han analizado supuestos de vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
(56) Artículo 3º del Código de Procedimiento Penal.
(57) Artículo 408 del Código de Procedimiento Penal.
(58) Artículo 9º de la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y Carcelario y artículo 12 Código Penal Colombia.
(59) Ver la Sentencia T-706 de 1996.
(60) Ver la Sentencia C-261 de 1996.
(61) Ver la Sentencia T-881 de 2002.
(62) Esta corporación asumió esa perspectiva desde las primeras decisiones adoptadas en la materia (T-473 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, T-535 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-583 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Tomando en cuenta el desarrollo que ha presentado la jurisprudencia constitucional desde entonces en materia de salud, especialmente a partir del fallo T-760 de 2008, la Sala basará esta reiteración en las recientes sentencias T-185 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-804 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-825 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y T-377 de 2012, M.P. María Victoria Calle Corra.
(64) En el fallo, la Corte siguió los criterios de fundamentalidad o fundamentabilidad propuestos en la Sentencia T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(65) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(66) Concepto que fue adoptado por la Corte a partir de la definición del derecho propuesta por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General Nº 14.
(67) La carga de la prueba sobre la existencia de sustitutos adecuados corresponde a las EPS y a las demás entidades encargadas de la prestación del servicio (no al paciente, y sólo puede establecerse mediante criterios científicos.
(68) Ver Sentencia T-615 de 2008.
(69) Ver, entre otras, las sentencias T-185 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-190 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-804 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-825 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(71) Ver Sentencia de 30 de marzo de 2000, Radicado: 13543 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
(72) T-185 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(73) Estas consideraciones han sido ampliamente reiteradas por la Corte Constitucional. Ver, entre otras, las sentencias T-638 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1168 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-744 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-185 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Consideraciones semejantes se encuentran en algunos de los primeros pronunciamientos de la Corte Constitucional, tales como la Sentencia T-424 de 1992 Fabio Morón Díaz, en la que se consideró: “...el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la Ley o en la Sentencia. Esto sucede, en primer lugar, con la libertad y además con derechos tales como los políticos, el de reunión, locomoción etc., en tanto que otros derechos no se ven especialmente afectados y se conservan en su plenitud; piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad, en la libertad de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por aquellos que deben soportar limitaciones, las más de las veces previstas en la Constitución o en la Ley, tal como acontece con la conmoción oral, escrita o telefónica que, previos los requisitos del caso resulta restringida. Además, de la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación, la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen deberes a cargo del Estado”.
(74) Sentencia T-535 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(75) Cita de la T-825 de 2010 “En este mismo sentido, en la Sentencia T- 233 e 2001 se indicó que “los presos tienen derecho a ser afiliados a la seguridad social en salud, por lo que es necesario que el gobierno o el Legislador regulen un sistema especial para los reclusos, de tal forma que se les garantice una permanente y oportuna prestación de servicios médicos”.|| Posteriormente, el Congreso de la Republica, mediante la ley 1122 de 2007, dispuso que “la población reclusa del país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para que esta población reciba adecuadamente sus servicios”. (lit. M, art. 14, Ley 1122 de 2007. || Atendiendo al llamado realizado por esta Corporación y a lo preceptuado por el órgano legislativo, el gobierno nacional expidió el Decreto 1141 de 1 de abril de 2009, “por el cual se reglamenta la afiliación de la población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. || En este decreto, se estableció lo siguiente: “Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto regla mentar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que se encuentra en establecimientos de reclusión, en prisión y detención domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica, y de la población reclusa, a cargo de las entidades territoriales, en establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y municipal. || ART. 2º—Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se realizará al régimen subsidiado mediante subsidio total, a través de una entidad promotora de salud del régimen subsidiado de naturaleza pública del orden nacional”.
(76) Es amplio el número de pronunciamientos en los cuales la corporación ha abordado problemas jurídicos relacionados con el derecho a la salud de personas internas en centros carcelarios. A manera de ilustración, y dado que la jurisprudencia es uniforme en la materia, se reseñan algunos de los casos iniciales así como ciertas sentencia recientes: así, en la Sentencia T-473 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte protegió el derecho a la salud de una persona interna que afirmaba haber sufrido una lesión en uno de sus ojos que le afectaba su visión; señalaba el actor que, si bien se le habían suministrado medicamentos, no se había autorizado la cirugía prescrita por su médico tratante. La parte accionada argumentó que no se había programado ni realizado la cirugía debido a que la viabilidad de la cirugía debía determinarse mediante una ecografía ocular, examen que tampoco se había llevado a cabo. Tras recalcar la relación del derecho a la salud con las condiciones de dignidad de los internos, la Sala ordenó la práctica de los exámenes médicos requeridos para determinar la viabilidad de la cirugía. En el fallo T-535 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo la Corte analizó un caso relacionado con la situación de salud de un paciente que, como consecuencia de una cirugía, presentaba parálisis facial. La Corporación concedió el amparo y resaltó el alcance de las obligaciones estatales frente a la salud de los internos: “Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. (...) || Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por supuesto, es de su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad carcelarias, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal sometido a su vigilancia. || En el campo de la salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de someterse a unas reglas generales y predeterminadas, indispensables por razones de organización y seguridad.|| Empero, lo anterior no puede significar que se diluya o haga menos exigente la responsabilidad a cargo del Inpec y de los establecimientos de reclusión, o que pueda el sistema desentenderse de la obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en igualdad de condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. (...) || El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una modalidad de tortura”.; en la Sentencia T-185 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. El peticionario alegaba que había recibido un balazo en una mano y no había sido remitido a cita con especialista, argumentando dificultades económicas. La Sala concedió el amparo y ratificó su jurisprudencia sobre las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud de la población reclusa en centros penitenciarios, así: “uno de los contenidos obligacionales de la prestación de los servicios de salud que corresponde al Estado brindar a todas las personas, hace referencia a que este servicio sea proporcionado en forma adecuada, oportuna y suficiente, de allí que la alusión a la ausencia de recursos económicos o la realización de trámites administrativos como trabas para la satisfacción del derecho a la salud, constituyen, en principio, una vulneración al compromiso adquirido que implica la previsión de todos los elementos técnicos, administrativos y económicos para su satisfacción [T-285 de 2000].|| Y la ausencia de trámites administrativos para cumplir con dicha obligación no constituye una razón suficiente para exonerar su cumplimiento, justamente porque se trata de la garantía de un derecho fundamental, razón de la estructura Estatal, y una carga que el acreedor de este derecho no tiene porqué soportar”., de manera que se ordenó al establecimiento penitenciario accionado remitir al peticionario a cita con especialista en ortopedia. En las sentencias T-346 de 2006 y T-963 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, este Tribunal protegió el derecho al diagnóstico de personas internas ordenando la práctica de una ecografía abdominal ya recetada pero no autorizada, en el primer caso; y un chequeo oftalmológico necesario para determinar la naturaleza de los problemas de visión que aquejaban al peticionario, en el segundo. La Corporación también ha analizado la procedencia de traslados por motivos de salud, aspecto que será analizado más adelante, en el cuerpo de la sentencia. En la Sentencia T-825 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corporación ordenó a un establecimiento penitenciario ubicar a una persona que estuvo recluida en el establecimiento penitenciario accionado y se hallaba en libertad para determinar si era viable aún la práctica de la cirugía maxilofacial que le había sido prescrita después de haber sufrido una agresión por parte de otro interno. La Sala Novena sentenció que la penitenciaría debía responder por la prestación aunque la persona ya estuviera libre con base en (i) la obligación estatal de proteger la integridad física de los internos; y (ii) la jurisprudencia constitucional sobre el principio de continuidad, ya acogida en normas reglamentarias como el Decreto 1141 de 2009.
(77) Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
(78) Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
(79) Ver folio 47.
(80) Ver folio 46.
(81) Ver folio 52.
(82) Ver folio 9 del cuaderno 1.
(83) Ver Folios 15 y 16 del cuaderno 1.
(84) Conforme los artículos 17 18 y 19 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
(85) Ver al respecto sobre las órdenes de tutela complejas y las órdenes simples Sentencia C-288 de 2012.

References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 14
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 resolución 
 Artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
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 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 408
 Artículo 9
 artículo 12
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