Source: https://redlatam.org/es/country/brazil
Timestamp: 2019-02-18 03:05:33+00:00

Document:
El artículo 5º de la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, dispone que “Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos: LXXII se concederá "habeas data": a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; b) para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo (…). LXXVII son gratuitas las acciones de "habeas corpus" y "habeas data" y, en la forma de la ley, los actos necesarios al ejercicio de la ciudadanía.”
Por otro lado, el Código Penal brasileño establece crímenes contra la inviolabilidad del Ddmicilio (artículo 150), contra la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 151 y 152) y contra la inviolabilidad de los secretos (artículo 153). Por su parte, el Código Civil en su artículo 21 dispone que: “La vida privada de la persona natural es inviolable, y el juez, a requerimiento de un interesado, adoptará las providencias necesarias para impedir o hacer cesar acto contrario a esta norma”.
Luego, dos leyes generales se vinculan con privacidad, a saber: la Ley Nº 9.507 que Regula el Derecho de Acceso a la información y el Procedimiento del Habeas Data y la Ley Nº 12.965, de 23 de Abril de 2014, que establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de Internet en Brasil, también llamado “Marco Civil”. En esta última se señala expresamente un derecho a la privacidad de las comunicaciones como principio y lo norma específicamente en sus artículos 8 y 11.
Brasil pertenece a la OCDE en calidad de país en la categoría de adhesión y cooperación reforzada, pero aún no tiene la calidad de miembro pleno de la organización.
En cuanto a derechos de autor, en Brasil existe la Ley No 9.610 que altera, actualiza y unifica la legislación sobre derechos de autor, de 1998. La ley de derecho de autor brasileña no regula la bajada de contenidos de internet ni excepciones. No establece excepciones a, por ejemplo, copias transitorias o temporales que se ajusten a usos legítimos, ni tampoco un régimen de responsabilidad de los ISP.
Este país se encuentra en el puesto número 26 del Ranking de Consumers International. De acuerdo a este reporte, la ley brasileña data de 1998 y no ha sido actualizada. Es importante destacar que el capítulo sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor y que contiene provisiones sobre el acceso al conocimiento es considerado por muchos insuficiente, no conteniendo excepciones que, por ejemplo, apunten a la necesidad de preservar un trabajo que esté en proceso de deterioro.
El Marco Civil da Internet introduce una exención de responsabilidad para los proveedores de conexión a Internet y la aplicación de la doctrina de puerto seguro para otros proveedores de aplicaciones de Internet. El artículo 18 se refiere a la responsabilidad de los proveedores de conexión a Internet, y concede una excepción a esos servicios en materia de responsabilidad de intermediarios. Afirma que "el proveedor de conexión a Internet no estará sujeto a responsabilidad civil por los contenidos generados por terceros". El artículo 19, que aborda los proveedores de aplicaciones de Internet (con exclusión de los proveedores de conexión) establece que, "con el fin de garantizar la libertad de expresión y para evitar la censura, un proveedor de aplicaciones de Internet sólo estará sujeto a responsabilidad civil por los daños causados ​​en virtud de los contenidos generados por terceras partes si, después de la orden judicial específica, no toma acción, de acuerdo almarco y límites técnicos de sus servicios y dentro del plazo ordenado, para hacer que el contenido infractor no está disponible. " Para una interpretación literal de la ley, ni la exención de responsabilidad a los ICP ni la doctrina puerto seguro para los ISP se aplicaría a la responsabilidad penal.
Tras una tramitación de más de 10 años, el año 2012 se aprobó en Brasil la “ley Azeredo”, Nº 12.735. Esta ley incluyó en el Código Penal delitos relativos a la falsificación de tarjetas de crédito, estructuras policiales para combatir delitos informáticos, entre otros. Afortunadamente, la reacción de la sociedad civil y el largo debate del cual fue producto este cuerpo legal permitió que no contuviera grandes amenazas para el ejercicio de derechos en el entorno digital.
Además de dicha ley, la Cámara de Diputados aprobó otro cuerpo normativo que tipificó como delito el acceso no autorizado a información privada en internet, la Ley “Carolina Dieckmann”, Nº 12.737, bautizada así por una actriz brasileña cuyas fotos fueron divulgadas en internet.
En este ámbito, si bien la protección de la privacidad es un fin deseable, preocupa la tendencia a discutir leyes creadas a la medida de casos determinados, antes que partir de supuestos de interés público y de acuerdo con estándares internacionales.
En cuanto a neutralidad de la red, la Ley Nº12965 del 23 de abril de 2014, que establece un Marco Civil para Internet, establece una regla de neutralidad en la red en su artículo 9º.
The World Factbook: Brazil República Federativa del Brasil Artigos e Livros, CTS/FGV Texto de la Ley de Marco Civil Guía de seguridad para protestas
En Brasil hay varias amenazas y oportunidades para los derechos en el entorno digital. Dentro de las temáticas predominantes en este país se encuentra la propiedad intelectual, con la (hasta ahora) fallida reforma a la ley de derecho de autor, donde los gobiernos de los últimos años han diferido en cuanto a miradas respecto de lo que es y no es apropiado legislar en esta materia; así como también la implementación de varias reformas en cuanto a delitos informáticos, lo cual siempre resulta riesgoso para los derechos fundamentales en internet.
Oportunidades en la protección de datos personales
Un punto positivo lo conforma el proyecto para legislar sobre protección de datos personales, ya que, al igual que Bolivia, Brasil, siendo un país pionero en el acceso a los datos propios mediante una acción de Habeas Data reconocida constitucionalmente, se encuentra dentro del grupo de países que no cuenta con una ley específica en cuanto a este tema.
Lo anterior podría resultar extraño si se piensa en la gran actividad legislativa de este país, sobre todo en torno a lo que es iniciativas de ley que se relacionan con internet. Además, y no menos importante, la mayoría de los usuarios de internet de Latinoamérica se ubican en Brasil, por lo que es francamente preocupante que a estas alturas este país no cuente con una adecuada protección de los datos personales de las personas.
Este proyecto está siendo trabajado por el Ministerio de Justicia de Brasil y toma como modelo la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea y la Ley de Protección de Datos canadiense. La iniciativa ya fue sido sometida a discusión pública por varios meses, y garantiza una lista de derechos básicos de los ciudadanos en cuanto a sus datos personales.
Ley de derechos de autor: un proceso con muchos sobresaltos
Por otro lado, la reforma a la Ley de Derechos de Autor pasó de ser una gran oportunidad para actualizar la legislación brasileña en cuanto a propiedad intelectual a quedar estancada, ya que todo el proceso nunca dio origen a una real reforma. Su importancia radica en que corregiría las deficiencias de la ley para balancear los derechos tanto de autores como de consumidores. De acuerdo al proyecto de reforma, la ley permitiría la copia privada, la interoperabilidad y otras importantes limitaciones y excepciones.
Para entender el proceso de la reforma a la ley de derecho de autor brasileña es necesario también entender el contexto político. Durante el período 2003-2010, esto es, el mandato de Lula Da Silva y sus ministros de cultura Gilberto Gil y Juca Ferreira, se desarrolló una política nacional para la cultura y los derechos de autor. Así, el 14 de junio de 2010 ya se encontraba disponible el proyecto de ley que permitiría reformar la ley de derecho de autor brasileña, que databa de 1998.
Este proceso incluyó una consulta pública, teniéndose una segunda versión del proyecto elaborado luego de los aportes de la sociedad a fines de 2010, que fue remitida a la Oficina del Presidente. Sin embargo, a comienzos de 2011 asume Dilma Rouseff como presidenta de Brasil y Ana de Hollanda como ministra de cultura. Esto significó que la segunda versión del proyecto regresara al Ministerio de Cultura debido a la nueva administración.
En marzo de 2011, la Unión de Músicos Profesionales de Río de Janeiro, la Asociación Brasileña de Música Independiente (ABMI) y 130 músicos brasileños, compositores y artistas instaron al gobierno a encontrar una tercera vía para salir del estancamiento de la reforma de derechos de autor.
Todo este proceso dio origen a un descontento que fue expresado en una carta en abril de 2011: más de 2.000 académicos, artistas, productores, la comunidad de Internet y los activistas de la cultura escribieron a la presidenta Rousseff, mostrando el malestar con el cambio en la política cultural adoptada por la actual administración, y pidiendo una política cultural abierta, transparente y democrática.
Mientras los ministros Gil y Juca argumentaban que la actual legislación es obsoleta y que Internet permite compartir información sin tener que pagar necesariamente por el derecho del autor, Ana de Hollanda consideraba que el "copyright libre" debe tener límites para proteger a los autores. El texto enviado por la ministra después de diez meses de análisis en el Ministerio de Cultura fue criticado por el sector cultural mediante la reducción de la supervisión de instituciones como ECAD (Oficina encargada de la recaudación y distribución de derechos de autor), formado por nueve asociaciones que representan a los autores y artistas.
La sucesora de Ana de Hollanda, Marta Suplicy, en septiembre de 2012, reinició las discusiones sobre la reforma a la ley de derechos de autor, siendo esta la segunda vez que el proyecto volvía a su punto de partida en menos de dos años.
En cuanto a delitos informáticos, en este país se aprobó en noviembre de 2012 la “ley Azeredo”, tras una tramitación de más de 10 años. Esta ley terminó incluyendo en el Código Penal brasileño delitos relativos a la falsificación de tarjetas de crédito, estructuras policiales para combatir delito informáticos, y otros delitos como el de traición (favorecer a los enemigos del Estado). Afortunadamente, la reacción de la sociedad civil y el largo debate que tuvo esta Ley permitió que no contenga grandes amenazas para el ejercicio de derechos en internet.
Además de dicho proyecto, la Cámara de Diputados aprobó otra ley que tipifica como delito el acceso no autorizado a información privada en internet, en una Ley bautizada “Carolina Dieckmann”, por una actriz brasileña cuyas fotos fueron divulgadas en internet. Si bien la protección de la privacidad es un fin deseable, preocupa la tendencia de discutir leyes creadas a la medida de casos determinados, antes que partir de supuestos de interés público y de acuerdo con estándares internacionales.
Las anteriores leyes corresponden a la Ley No 12.737 de delitos informáticos, con la que se modificó el Código Penal en diciembre de 2012, y a la Ley No 12.735.
Sentencias judiciales afectan la libertad de expresión en Brasil
En relación con la jurisprudencia, existen numerosos casos donde los tribunales brasileños, dando preeminencia a derechos subjetivos como la honra, privacidad o reputación, han adoptado sentencias que afectan la libertad de expresión en dicho país, afectando además de manera desproporcionada a diversos intermediarios de internet.
Importante en este sentido es el caso de “Falha de São Paulo”. En septiembre de 2010, la página web satírica Falha de São Paulo fue borrada de la web por una orden judicial de los juzgados brasileños. La intención de la página era satirizar al periódico Folha de São Paulo (el mayor periódico de Brasil). Apenas había pasado un mes cuando la Folha de S. Paulo fue a los juzgados a pedir la censura del blog satírico. El periódico comenzó un juicio contra los creadores del blog, exigiendo una compensación económica por daños morales.
Docenas de blogs, periódicos y revistas salieron en defensa de la página web y de sus autores pidiendo libertad de expresión. La Folha es conocida por censurar sus críticas en la blogosfera y esta no es la primera vez que los blogueros brasileños se muestran unidos contra este tipo de prácticas.
En otro ámbito, el caso Mayara Petruso se refiere al de una estudiante de derecho que fue condenada por el Tribunal Federal de São Paulo por el delito de discriminación luego de hacer comentarios ofensivos en Twitter después de la victoria de Dilma Rousseff en las elecciones de 2010. La estudiante recibió una pena de un año, cinco meses y 15 días en la cárcel, sentencia que fue convertida al servicio comunitario y una multa. En el fallo se asegura que si bien la acusada no pudo prever el efecto que podía tener su mensaje, este hecho no excluye el dolo.
El caso de Marcelo Valle Silveira Mello trata sobre la sentencia del 6o Juzgado Criminal de Brasilia que absuelve al acusado Marcelo Valle Silveira Mello, acusado por la fiscalía de Brasilia por el delito de racismo en internet. El fallo concluye que si bien Marcelo se excedió en el uso de las palabras, no había dolo, y al no estar presente el dolo no se puede configurar el delito de racismo, por falta de elemento subjetivo en el tipo. Por lo tanto fue absuelto.
El caso Cicarelli ha pasado a ser emblemático. El año 2007 un video íntimo de la modelo brasileña Daniela Cicarelli fue subido a Youtube. Luego, ella junto a su pareja presentaron una demanda exigiendo la retirada del video y el pago de una indemnización por valor de 116.000 dólares por cada día que el archivo estuviera disponible. La retirada del video le fue concedida, pero evidentemente muchos usuarios volvieron a subir el video a Youtube. Ante esto, el juez del caso dictaminó el cierre de Youtube.
En este caso, la Justicia no definió su resolución con la suficiente especificidad para proteger los derechos de libertad de expresión, e impuso una obligación de retiro amplia a los ISP. Las órdenes judiciales de retiro excesivamente amplias, así como la implementación indiscriminada de estas órdenes por los ISP, han tenido graves consecuencias para la libertad de expresión.
Esta decisión alcanzó a millones de usuarios de Internet en Brasil al determinar el bloqueo total al sitio web. Aunque la nueva decisión aclaró que la determinación judicial no tenía ese sentido, dos empresas llegaron a bloquear el acceso al sitio web, atendiendo al que parecía, por los términos de la decisión, ser objeto del orden judicial.
En la práctica, en las acciones de indemnización en América Latina, y especialmente en Brasil, se nota que a menudo el titular del derecho ofendido demanda al proveedor de servicios que aloja el contenido. Esa práctica hace que el proveedor que opera un sitio web colaborativo viva en constante amenaza de acciones judiciales. Como medida para evitar nuevas acciones, es de suponerse que se amplíe la práctica de supervisión por parte del proveedor frente al contenido incorporado a su sitio web por los usuarios.
Finalmente, en septiembre de 2012, la justicia del Estado de Sao Paulo ordenó a Youtube quitar de su sitio web la película “La inocencia de los musulmanes” en el marco de un juicio iniciado por la Unión Nacional de Entidades Islámicas contra Google Brasil Internet Ltda.
Proyecto de ley que obliga a las empresas de internet a almacenar datos en Brasil
A comienzos de noviembre el gobierno presentó un proyecto de ley que obligaría a las empresas de internet que operan en el país a almacenar los datos de sus usuarios dentro de las fronteras brasileñas, en vista de evitar futuros intentos de espionaje por parte de Estados Unidos. El proyecto también insiste en la neutralidad de internet.
La propuesta es la respuesta política de la presidenta Dilma Rousseff a las denuncias de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense espió sus correos electrónicos y llamadas telefónicas, así como los de muchos brasileños más.34
Al cierre de este informe, esta iniciativa se estaría incorporando en el Marco Civil de Internet, mediante modificaciones a dicho proyecto de Ley.
Dilma Rousseff y el espionaje de la NSA estadounidense
A fines de septiembre, la presidenta de Brasil realizó un duro discurso contra Estados Unidos en el marco de la 68a Asamblea General de la ONU, afirmando que "quebró el derecho internacional" con sus programas de espionaje como PRISM, y afirmó que el gobierno de Barack Obama violó "los derechos humanos, la libertad civil y la soberanía" de Brasil. Su discurso encontró gran apoyo de parte de organizaciones internacionales que luchan por los derechos ciudadanos en la red.
Además, en su alocución, Dilma Rousseff propuso establecer una carta de derechos que gobierne el uso de internet y medidas que garanticen la protección efectiva de la información según cinco principios básicos:
Libertad de expresión, privacidad de la persona y respeto a los derechos humanos
Gobernabilidad abierta, multilateral y democrática
Universalidad que asegure el desarrollo social y humano y la construcción de sociedades inclusivas y no discriminatorias
Diversidad cultural, sin imposición de creencias, costumbres ni valores
Neutralidad de la red, guiada solo por criterios técnicos y éticos, que haga inadmisible su restricción por causas políticas, comerciales o religiosas
Asimismo, a principios de noviembre, Brasil y Alemania presentaron en Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, texto que será considerado primero por la Tercera Comisión de la Asamblea General y luego será discutido en el plenario del máximo órgano de debate de la ONU.
Este proyecto se encuentra claramente motivado por los recientes espionajes globales, y reafirma los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente el derecho de las personas a la privacidad y el de no ser sometidas a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida personal, familia, domicilio o correspondencia. También solicita el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la vigilancia estatal de las comunicaciones.
Países como Venezuela y Nicaragua ya han respaldado la propuesta.
Un nuevo marco para los derechos fundamentales en Internet
El 23 de abril de 2014, en el contexto de la reunión NetMundial, fue aprobada una ley pionera conocida como Marco Civil de Internet, que apunta a garantizar los derechos civiles para los usuarios de Internet de Brasil. El proyecto nació de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Centro para la Tecnología y la Sociedad de la Escuela de Derecho en la Fundación Getulio Vargas, y comenzó con un proceso colaborativo y abierto para su construcción. El proyecto protege el derecho a la privacidad de los usuarios, consagra el principio de neutralidad de la red y establece protecciones para la libertad de expresión en línea. La tramitación y aprobación de esta Ley constituye una gran oportunidad para el desarrollo de los derechos fundamentales en Brasil y en el mundo.
Instituto Brasileiro de Defensa do Consumidor
Mobilização, Empoderamento, Governança e Ativismo
Open Knowledge Brazil - Knowledge Network for Free
Intervozes - Colectivo de Comunicación Social Brasil
GP Cult
Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Brasil

References: artículo 5
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 9
 resolución