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Timestamp: 2018-09-23 17:04:16+00:00

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Ejemplar gratuito | Número 89 | Julio - Septiembre 2017 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla
Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justici Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Socia Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justici 14 Jornadas de Derecho del Trabajo Socia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia y Seguridad Justicia Social Justicia SocialSocial Justicia Social Justicia Social Justici Social Justicia Social Justicia Social Justicia Justicia Socia ArtículoSocial de 26 25 Entrevista Unai Justicia Social José Blas Fernández Justicia Social Justiciaa Social Justicia Social Justici Sordo, Secretario Social Justicia Social Justicia Social Justicia Justicia Socia ArtículoSocial de General de 32 Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justici José Manuel Barranco Comisiones Obreras Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Socia Artículo de Federico 44 Social Justicia Social Justici Justicia Social Justicia Social Justicia 40 Martínez-James Entrevista a Alejandro Social Justicia Justicia DíazSocial Moreno, DecanoSocial Justicia Social Justicia Socia Artículo de Margarita de la Facultad de 47 Social Justicia Social Justici Justicia Social Justicia Social Justicia Guerrero Ciencias del Trabajo de Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Socia la US Artículo de Fraternidad Justicia Social Justicia Social Justicia 49 Social Justicia Social Justici Muprespa Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Socia
Un foro profesional y académico de primer nivel Colegio Ofic ial de Graduados Sociales de Sevilla
Sevilla fue testigo los pasados días 21 y 22 de septiembre de la celebración de las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Organizadas por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, se desarrollaron en el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla en un gran ambiente de rigor profesional y académico donde los ponentes y asistentes dejaron constancia del peso del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la sociedad actual, así como el grado de especialización que debe alcanzarse, y por ende, mantenerse por parte de los profesionales dedicados a este área jurídica, que es la nuestra. Los Graduados Sociales de Sevilla estamos de enhorabuena al haber celebrado, en un momento clave de la historia de las relaciones laborales como el que vivimos, un evento de tal magnitud. Con gran entusiasmo acogía nuestra ciudad las jornadas, que son fruto del trabajo y dedicación de un grupo humano incansable, en donde el Derecho del Trabajo y Seguridad Social ha sido el eje fundamental sobre el que se fueron desarrollando las ponencias y los debates relacionados sobre estas. Es inevitable mencionar en estas líneas la oportunidad, que se ha brindado desde nuestro Colegio de Sevilla a todos los profesionales que componemos la Institución y al resto de Graduados Sociales de España, de actualizar determinados conceptos conforme a la tendencia jurisprudencial existente alimentando así la capacidad de respuesta respecto a determinadas situaciones que llevan algunos años planteándose desde la perspectiva de la dispar problemática que va surgiendo en las relaciones laborales. Situaciones destacadas y de actualidad como por ejemplo el análisis de los medios de prueba cuando hablamos de videograbaciones a los empleados de una empresa y el protocolo que debe adoptar la empresa para respetar los límites legales y jurisprudenciales, los criterios en el registro y distribución de la jornada de trabajo, y otros temas que no dejaron indiferente a ninguno de los asistentes.
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDA D SO CIA cgssevilla.c L om 21 y 22 septiem
Salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Unive rsida (C/ Enramadilla d de Sevilla , 18, Sevilla) Tel. 954415206 / 954412288 info@cgsse villa.com
Es de suma importancia hacer especial mención a la figura del Graduado Social como el operador jurídico por excelencia de las relaciones laborales actuales. Como venimos manifestando en anteriores números y aprovechando los temas tratados durante las ponencias y posteriores debates, es de suma importancia hacer especial mención a la figura del Graduado Social como el operador jurídico por excelencia de las relaciones laborales actuales puesto que el rol que desempeñamos no es de mero “apoyo” a otros operadores jurídicos, a pesar de lo que alguno pueda pensar, sino que tenemos el deber y la capacidad de llevar el peso de todas las operaciones relacionadas con/entre empresas y trabajadores. Nuestros despachos, a lo largo de los años y fruto del trabajo individual y colectivo, han ido adquiriendo capacidad ejecutoria, y sobre todo conocimiento, lo que ha validado al Graduado Social para ser definido como el profesional especializado de confianza con mayor prestigio en nuestra área.
Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Margarita Guerrero Ramos María Paez Pachón Gonzalo Soto Cano Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona José Antonio Ortiz Márquez Director: Rafael Hidalgo Romero.
Editorial 03 Consejo General de Graduados Sociales de España 05 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 09 Colegios de Graduados Sociales 10 Jornada de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 14 Vida Colegial 19
Artículo 25 José Blas Fernández
Entrevista 26 Unai Sordo
Movimiento Colegial 37 Entrevista 40 Alejandro Díaz Moreno
Número 89 Julio -Septiembre 2017
Marigarita Guerrero
Dr. José Adolfo Mares (FRATERNIDAD MUPRESPA)
Jurisprudencia 52 Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial
Ocio 57 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS
Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia 14 Jornadas de Derecho del Trabajo Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social y Seguridad Justicia Social Justicia SocialSocial Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Justicia Social ArtículoSocial de 26 25 Entrevista Unai Justicia Social José Blas Fernández Justicia Social Justiciaa Social Justicia Social Justicia Sordo, Secretario Social Justicia Social Justicia Social Justicia Justicia Social ArtículoSocial de General de 32 Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia José Manuel Barranco Comisiones Obreras Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Artículo de Federico 44 Social Justicia Social Justicia Justicia Social Justicia Social Justicia 40 Martínez-James Entrevista a Alejandro Social Justicia Justicia DíazSocial Moreno, DecanoSocial Justicia Social Justicia Social Artículo de Margarita de la Facultad de 47 Social Justicia Social Justicia Justicia Social Justicia Social Justicia Guerrero Ciencias delJusticia Trabajo de Social Justicia Social Social Justicia Social Justicia Social la US Artículo de Fraternidad Justicia Social Justicia Social Justicia 49 Social Justicia Social Justicia Muprespa Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social Justicia Social
Los graduados sociales en el Congreso de los Diputados
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en su ronda de comparecencias solicitó al Consejo General de Graduados Sociales la presencia de Javier San Martín Rodriguez como máximo representante de nuestro colectivo. El motivo de esta intervención no fue otro que escuchar las propuestas que los Graduados Sociales tienen en materia de Justicia, ayudando con ello a definir los objetivos y líneas de acción de una Estrategia Nacional de Justicia que guíe la reforma integral de la misma en todas sus dimensiones.
do (mediación y arbitraje) o complete su transformación digital. También se aludió a las dimensiones profesional y social; respecto a la primera con el fin de facilitar, incentivar y mejorar y cualificar el trabajo de los profesionales de la Justicia y con referencia a la segunda con el objeto de promover una Justicia para las personas, accesible y que proteja a los colectivos más vulnerables.
Tanto en su dimensión institucional, desde la perspectiva del refuerzo de la independencia judicial, el fomento de una Justicia abierta, transparente y que rinda cuentas, o la lucha contra la corrupción.
Por último, desde una dimensión de Seguridad Jurídica, al objeto de reforzar nuestro sistema jurídico-normativo como palanca de competitividad, certidumbre y confianza y como instrumento de colaboración y cooperación jurídica internacional, especialmente de una España comprometida con Europa y con el espacio jurídico iberoamericano.
Desde la dimensión de servicio público, de manera que se pueda facilitar una Justicia ágil y de calidad, más dotada, mejor organizada, con nuevas reglas procesales que reduzca la litigiosidad, fomente la cultura del acuer-
El presidente del Consejo General durante su intervención entre otras cuestiones resaltó la eficacia del sistema Lexnet, pues al igual que los Graduados Sociales con el Sistema Red fueron pioneros en su momento, hoy en
Consejo General de Graduados Sociales de España los Juzgados de lo Social numerosos Graduados Sociales día a día utilizan esta plataforma con resultados muy positivos, que, sin lugar a duda, suponen un ahorro de tiempo y costes. Otras de las cuestiones que subrayó es la necesidad de un mayor número de Jueces, pues denunció el colapso que se sufren en determinados Juzgados de lo Social. Asimismo también reclamó una mayor especialización de los mismos en materia laboral; la formulación de los recursos de Casación ante la Sala IV del Tribunal Supremo; la incorporación al sistema de la Asistencia Jurídica Gratuita y el desarrollo de la disposición adicional undécima de la Ley de Enjuiciamiento Civil 42/2015 de 5 de octubre por el que se determine la titulación exigible, la formación especializada y la evaluación a realizar para acceder a la profesión de Graduado Social tras la superación de un Máster de acceso a la misma que permitirá realizar los desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite a los Graduados Sociales operar en el sistema de Representación técnica Gratuita.
Festival del Lavoro en Turín su presencia avala la necesidad de que las Relaciones Laborales en Europa o en cualquier país del mundo deben estar gestionadas por profesionales altamente cualificados en estas importantes y sensibles materias. Fue un congreso muy completo donde nuestra delegación española encabezada por Javier San Martín y formada por los siguientes miembros de la Comisión Permanente, Ricardo Gabaldón, José Ramón Dámaso Artiles, Presidente del Colegio de Gran Canaria y Fuerteventura y José Esteban Sánchez Montoya, Presidente del Colegio de Granada, tuvieron un papel relevante y que servirá para poder valorar algunas cuestiones que se viven en ambos países pero con planteamientos diferentes, aspectos muy enriquecedores que sin lugar a dudas, son de interés para este Consejo General de Graduados Sociales de España. El Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro organizó durante tres intensos días en la ciudad de Turín la reunión por excelencia de los profesionales del Derecho del Trabajo de Italia. El presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España estuvo invitado a participar en la mesa del acto de inauguración del Festival del Lavoro que contó con la presencia de Giuliano Poletti, ministro del Lavoro y de otras importantes autoridades del País. Marina Calderone, presidenta del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro agradeció sinceramente la participación de los Graduados Sociales en este acto, pues
Graduados Sociales n.ยบ 89 โข 2017
El pasado 7 de septiembre se celebró una reunión en la sede del Ministerio de Justicia a la que asistieron la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez; y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín; con quienes se abordó los proyectos e iniciativas que están llevando a cabo para seguir avanzando en la reforma de la Justicia. En esta reunión Catalá puso de manifiesto el objetivo inaplazable de la modernización digital de la Administración de Justicia como uno de los proyectos estratégicos del Ministerio. El ministro destacó la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNET a pesar de los últimos ciberataques que el pasado 1 de septiembre sufrió la red Telefónica que le presta servicio. De hecho, recalcó, en los primeros cuatro días hábiles del mes de septiembre la presentación de demandas se ha incrementado un 51% respecto al mismo periodo de 2016 y la presentación de los escritos lo ha hecho en un 27%. En la reunión también se contó con la presencia de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés y del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón que manifestaron la intención del Ministerio de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema que utilizan 230.000 profesionales. Asimismo, por parte de la cúpula ministerial se expresó la voluntad de reforzar el diálogo institucional con los colectivos profesionales con reuniones mensuales de seguimiento del funcionamiento de las comunicaciones electrónicas que presidirá el secretario general de la Administración de Justicia.
Además, esta reunión sirvió para informar a la presidenta de la Abogacía que se está trabajando en el proyecto de adaptación del vigente Estatuto General de la Abogacía española a las sucesivas novedades normativas y jurisprudenciales que se han producido desde su aprobación en el año 2001. También se ha puesto sobre la mesa el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en cuyo texto se está trabajando con la Abogacía. El ministro informó que se está elaborando el borrador del anteproyecto de la ley que introducirá el catálogo de derechos y deberes del ciudadano y de los abogados. Asimismo informó que se han revisado los trabajos preparatorios para la redacción del borrador del anteproyecto de la reforma de la Ley de Tasas Judiciales que permitirá cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional. Sobre la asistencia jurídica gratuita, se señaló que se está abordando el nuevo proyecto de reglamento del servicio que supondrá, entre otros aspectos, la simplificación de la tramitación y la agilización del pago de la justicia gratuita, la constitución de una comisión consultiva y una regulación más amplia de los procedimientos transfronterizos. Además, está previsto modificar los requisitos de formación y especialización necesarios para la prestación de esta asistencia por parte de los profesionales. Otro de los temas que se está abordando en el ministerio es el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que supondrá la reforma de la ejecución civil y el refuerzo de la figura del procurador en la realización de actos en este orden jurisdiccional. Asimismo, el ministro abordó la modificación del actual sistema de acceso a la profesión de abogado, procurador y graduado social.
Los Graduados Sociales, en la apertura del Año Judicial en el TSJA El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, encabezó la delegación de los Graduados Sociales que asistió a la apertura del año judicial, celebrada el pasado 12 de septiembre en el patio de la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su presidente, Lorenzo del Río, realizó en su discurso una encendida llamada a la independencia de los jueces y destacó el trabajo y dedicación de los operadores jurídicos, graduados sociales, abogados y procuradores. Al acto acudió también la consejera Rosa Aguilar, por primera vez como responsable de Justicia. Durante el coctel posterior a la ceremonia solemne, José Blas Fernández y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Granada, José Esteban Sánchez Montoya, tuvieron ocasión de conversar con la consejera, abordando la situación de colapso de los juzgados de lo Social en Andalucía, con señalamientos incluso para dentro de tres años.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales alertó de la preocupante situación de la Justicia Social y reclamó la adopción de medidas urgentes ante la situación de colapso de los juzgados. Fernández puso de relieve los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los que se desprende que los juzgados de lo Social son los que presentan una mayor deficiencia de plazas judiciales, estando a la cabeza de asuntos por juzgados y a la cola en número de jueces.
Rosa Aguilar se comprometió a mantener en breve una reunión con la junta de gobierno de nuestro Consejo, con el objeto de conocer en detalle cuál es la situación.
El Colegio de Graduados Sociales de Almería celebró la séptima edición de su Curso de Verano El Colegio de Graduados Sociales de Almería, impartió su VII Edición del Curso de Verano el pasado día 7 de Julio en Vera en los salones del Hotel Valle del Este. Dicho curso trató sobre “Gestión Emocional en el Ámbito Laboral”, y estuvo a cargo de Emilio Calvo, Coach y Formador de Alto Impacto, director de la Academia de la Excelencia Personal, director del Instituto de Emprendimiento Positivo, vocal del Área de Formación en EMPREAN y director del Programa Activa Tu Cambio. Este encuentro estaba dirigido a colegiados y profesionales laboralistas.
y se cambian los estados emocionales; cómo nos influye nuestro mapa mental y cómo usarlo a nuestro favor. La presidenta del Colegio, Mª del Mar Ayala manifestó la intención de que este Curso de Verano tenga continuidad en los próximos años y se convierta en un lugar de debate y análisis relacionado con el mundo laboral y de la profesión.
Asistieron casi una treintena de colegiados, entre ellos compañeros de otras provincias como, Málaga, Granada y Sevilla y se trataron y debatieron temas como: por qué se toman las decisiones, cómo se forman y nos influyen
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta renueva su Junta de Gobierno El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha renovado la composición de su junta de gobierno tras la celebración, el pasado mes de julio, de la junta general de esta corporación profesional. En una ceremonia solemne celebrada en la sede colegial, han renovado sus cargos Francisca Aragón Torres, Manuel Fraga Núñez, Jesús Puente Álvarez y Manuel Rubio Orbello.
Vocales Ejercientes: Jesús Puente Álvarez, Manuel Rubio Orbello, Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo. Vocal Residente en Ceuta: Francisco Javier Casas Sánchez. Vocal delegada del Colegio en el Campo de Gibraltar: Elena Muñoz Manella.
La composición de la junta de gobierno es la siguiente: Presidente: José Blas Fernández Sánchez. Vicepresidente 1º: Luis Carrasco Quiñones. Vicepresidente 2º: Juan Carlos Cabrera Pascua. Secretario General: Manuel Carlos Raposo Lagóstena. Vicesecretaria: Francisca Aragón Torres. Tesorero: Juan José Álvarez Leiva. Interventor-Contador: Manuel Fraga Núñez.
Los Graduados Sociales de Cádiz nombran sus colegiados eméritos 2017 El secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia, Pedro Jesús Campoy López, y el magistrado-juez de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera, Lino Román Pérez, han sido nombrados con la distinción de “Colegiado Emérito” concedida por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, según acuerdo de su junta de gobierno. Ambos recibirán esta distinción con motivo de la fiesta patronal que esta corporación profesional celebrará en próximas fechas, durante un acto solemne que tendrá como marco el Salón Regio del Palacio de la Diputación Provincial. En la misma ceremonia será homenajeado Diario de Cádiz, distinguido como Colegiado de Honor con motivo de la celebración del 150 Aniversario de su fundación, y por los lazos de unión que desde hace cuatro décadas se mantienen con los profesionales de la Justicia Social. Esta distinción ya había sido aprobada en sesión de la junta general ordinaria del Colegio. En la misma junta general se acordó nombrar también Colegiado de Honor, Medalla del Colegio y Bastón de
mando de la Presidencia del Colegio a la Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José, Patrón de San Fernando. El presidente de esta corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez, destacó los méritos de los premiados: “Representan todos ellos, desde sus respectivas instituciones, administraciones y posición social, la importancia del continuo contacto con los graduados sociales, en su condición de operadores jurídicos”. Como es tradicional, en el mismo acto se llevará a cabo el juramento o promesa de los nuevos colegiados y se hará entrega de la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo en su categoría de oro a los graduados sociales que hayan cumplido 20 años de desempeño profesional como colegiados. La festividad de San José Artesano, patrón de los graduados sociales, será el marco en el que se reconocerán otras distinciones, como las medallas de oro, plata y bronce a los colegiados con más de 35, 25 y 15 años de trayectoria, respectivamente.
Vive Murillo en Sevilla de noviembre 2017 a diciembre 2018 Más información en www.murilloysevilla.org
Jura del presidente y cuatro vocales ejercientes de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Granada El pasado 21 de julio en el Salón de Plenos de la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, se celebró el Acto Solemne de Jura del presidente del Colegio de Graduados Sociales, Esteban Sánchez, así como de los miembros de Junta de Gobierno recién elegidos en las últimas elecciones: Alicia Rodríguez Hitos, Cristina Romero Martínez, Juan Carlos Aybar Pulido y Víctor Zarzo Rodríguez. Un acto de suma importancia y relevancia por la solemnidad del mismo que se celebró ante las más altas autoridades judiciales andaluzas: el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; el presidente de la Sala de lo Social, José Manuel González; el secretario de la Sala de Gobierno, Diego Medina; el vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Francisco
Rodríguez; el decano del Colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego; los vocales del Consejo Andaluz, Mª del Mar Ayala, Juan Fernández y Eduardo Ruiz; los magistrados de la Sala de lo Social, Beatriz Pérez, Jorge Ferrer, Fernando Oliet, Francisco Villar, Juan Carlos Terrón, Eloy López; la letrada de la Sala de lo Social, Laura Tapia; el delegado de Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; representantes de colegios profesionales, UPG, representantes de la UGR y Facultad de Ciencias del Trabajo, Inspección de Trabajo, Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales, compañeros Graduados Sociales, colaboradores del Colegio y demás asistentes; que con su presencia avalaron y respaldaron al colectivo de los graduados sociales granadinos.
XII Noviembre Cultural en Málaga El próximo 2 de noviembre el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla inaugura la XII edición de Noviembre Cultural. Una iniciativa pionera en nuestra profesión que ya ocupa un puesto destacado en el circuito cultural de la ciudad de Málaga. El ciclo cuenta con entrada libre y gratuita para todos los eventos, que van desde la poesía ilustrada, velada lírica, espectáculo de magia, historia, teatro, etc.
El Noviembre Cultural de los Graduados Sociales quiere dotar de contenido la máxima de nuestra profesión, Justicia Social, comenzando con la disposición a compartir con todos los que nos quieran visitar en estas fechas un espacio de encuentro, un lugar abierto, en definitiva, una fiesta cultural que permita relacionarnos todos con todos, independientemente de la actividad profesional de cada uno, o del ámbito social que le sea habitual.
Jornada de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla celebra con éxito sus Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Los pasados 21 y 22 de septiembre, se celebraron las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, que ha colaborado con el evento. Las jornadas han supuesto todo un éxito organizativo, profesional y académico, trayendo a Sevilla a los principales especialistas en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en España. El presidente del Colegio, Rafael Hidalgo ha mostrado su satisfacción porque se ha cumplido el objetivo de estas jornadas, que no era otro que generar un escenario de rigor académico y debate donde los profesionales tengan un espacio de encuentro y mejora de la profesión, abordando los cambios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los últimos años desde dos puntos de vista, jurídico y académico. El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo, destacó durante la inauguración “la necesidad de que Sevilla acogiera un evento de estas características con ponentes de primer nivel en el ámbito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social”. “Sevilla es una plaza muy reconocida en el campo del Derecho del Trabajo, que cuenta con dos facultades y una escuela universitaria y donde esta disciplina está muy consolidada y no podíamos permitir que nuestra ciudad no tuviera un encuentro así”, añadió Hidalgo.
Además del presidente de los Graduados Sociales de Sevilla, conformó la mesa inaugural Mª. del Milagro Martín López, decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla; Juan Manuel Flores Cordero, Delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla; Begoña Rodríguez Álvarez, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Francisco A. Rodríguez Nóvez, Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España; José Blas Fernández Sánchez, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; y Antonio Ojeda Avilés, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y Coordinador General Técnico de las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La jornada del jueves contaron con los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Vicente Sempere Navarro y José Manuel López y García de la Serrana. El primero habló sobre las nuevas tecnologías en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y el segundo ofreció una ponencia titulada “El poder de dirección frente al despido y la prueba en el procedimiento”. La segunda jornada, que tuvo lugar el viernes, comenzó con una mesa donde, desde un punto de vista jurídico y otro académico, se analizó el Sistema de Pensiones en el ordenamiento jurídico presente y futuro. Los partici-
pantes de esta mesa fueron la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Begoña Rodríguez Álvarez y el catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Madrid, Santos Miguel Ruesga Benito. A continuación, el magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez, ofreció una ponencia sobre la importancia del compliance penal, responsabilidad empresarial y profesional; y el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Huelva, Juan Gorelli Hernández disertó sobre el modelo de contratación y el sistema productivo español. Las Jornadas finalizaron en turno de tarde con dos mesas. En la primera se debatió sobre las medidas de flexibilidad empresarial y corrió a cargo de la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Carmen Pérez Sibón y del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides Vico. La segunda mesa abordó los retos de la profesión de Graduado Social, contando con la presencia del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares y el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, José Ramón Dámaso Artiles. Las Jornadas fueron clausuradas por el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz; el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo; y el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón. Este encuentro ha contado con el patrocinio de Antea Prevención, Banco Sabadell, Fabroker, Global Finanz, Grupo 2000, Monitor Informática y Quirón Prevención.
Muchas gracias Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el éxito de nuestras primeras Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Nuestro agradecimiento al elenco de ponentes de primer nivel, a las autoridades que han querido acompañarnos, a los colegiados de ésta y otras provincias, estu-
diantes y otros profesionales, que con su participación han hecho que estos días sean tan productivos humana y profesionalmente. Y, en especial, gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Gracias a todos, ahora solo queda ponerse a trabajar para organizar una segunda edición aún mejor que ésta.
Las jornadas en imágenes FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO
Ponencia Las nuevas tecnologías en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a cargo del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Vicente Sempere Navarro y moderada por Antonio Ojeda Avilés, coordinador general técnico de las Jornadas.
Ponencia El poder de Dirección frente al despido y la prueba en el procedimiento a cargo del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, José Manuel López y García de la Serrana y moderada por José Ramón Barrera Hurtado, vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
Ponencia Sistema de Pensiones en el ordenamiento jurídico presente y futuro a cargo de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJA, Begoña Rodríguez Álvarez y el catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Madrid, Santos Miguel Ruesga Benito. La mesa fue moderada por José Antonio Ortiz Márquez, vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
Jornada de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Ponencia Importancia del compliance penal, responsabilidad empresarial y profesional a cargo del magistradojuez del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez y moderada por Ana María Ruiz Girona, vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
Ponencia El modelo de contratación y sistema productivo español a cargo del catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Huelva, Juan Gorelli Hernández y moderada por Margarita Guerrero Ramos, vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
Ponencia Medidas de flexibilidad empresarial a cargo de la magistrada de la Sala de lo Social del TSJA, Carmen Pérez Sibón y el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides Vico. La mesa fue moderada por Venancio A. Castellano Ramírez, vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
Ponencia Retos de la Profesión de Graduado Social a cargo del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares y el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, José Dámaso Artiles. La mesa fue moderada por Vanesa García Crespo, vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
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El CGS presente en los IV Premio “Procuradora Ascensión García Ortiz” del Colegio de Procuradores de Sevilla
Los vicepresidentes del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera y Juan Antonio Montes estuvieron presentes junto a un gran número de autoridades, miembros del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, magistrados, jueces, fiscales, letrados y representantes del ámbito político y empresarial, en el acto de entrega del IV Premio “Procuradora Ascensión García Ortiz”, un galardón que otorga anualmente el Colegio de Procuradores de Sevilla a aquellas personas o instituciones que se hayan significado por una brillante trayectoria profesional y humana y que este año ha recaído en el ministro de Justicia, Juan Ignacio Zoido. Durante el acto, enmarcado en la tradicional Cena anual colegial con motivo de los actos por la celebración de
la patrona, la Virgen del Carmen, el premiado mostró su agradecimiento “por el honor que supone que hayáis pensado en mí para recibir este Premio que lleva el nombre de Ascensión García Ortiz”. De igual forma añadió que los procuradores “os caracterizáis por vuestra enorme vocación de servicio a los demás y por un elevado compromiso y por eso es justo que vuestra labor sea conocida y reconocida no ya sólo dentro del ámbito jurídico, sino también fuera del mismo” Para Zoido, todos esos valores profesionales y humanos los encarnaba a la perfección “vuestra querida compañera Ascensión García Ortiz, que sin duda era un ejemplo de todas esas virtudes que debe reunir un buen procurador, un buen jurista y también una buena persona. Porque todo eso era Ascen”. Durante el acto, la decana de los procuradores sevillanos Isabel Escartín afirmó que “este galardón nació perpetuando la memoria de nuestra amiga y compañera Ascen, y de su marido Alberto, que nos fueron arrebatados por sus principios, en reconocimiento a ellos, a sus familiares y amigos, con la admiración por los valores que encarnan y viven: respeto, solidaridad, compromiso social, libertad y Justicia
Homenaje de la Audiencia Provincial de Sevilla al Director General de la Guardia Civil El 17 de julio, se celebró un almuerzo organizado por la Audiencia Provincial de Sevilla en homenaje al magistrado José Manuel Holgado Merino, con motivo de su nombramiento como Director General de la Guardia Civil. Nuestro Colegio quiso estar presente en este acto y acudieron nuestros dos vicepresidentes, José Ramón Barrera y Juan Antonio Montes. A su vez, también acudieron al acto el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez; la fiscal jefe, María José Segarra; la secretaria general para la justicia de la Junta de Andalucia, Mercedes Fernandez; y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, entre otros magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y juristas que no quisieron perderse el acto en homenaje a quien ha sido durante diecisiete años magistrado en la Audien-
cia Provincial sevillana y que ahora desempeña el cargo de Director General de la Guardia Civil.
Inauguración de la nueva Oficina Integral de la Seguridad Social en Sanlúcar la Mayor El pasado 10 de julio la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, inauguró la nueva oficina integral de la Seguridad Social ubicada en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Bañez afirmó que la nueva oficina de Sanlúcar la Mayor, con 5.400 metros cuadrados y casi una treintena de trabajadores, se convertirá en un instrumento para dar una atención más cercana a los ciudadanos con un servicio eficaz, atento y de calidad. El acto de inauguración contó con la presencia del presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo y Juan Antonio Montes, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Aurora Lazo; y el director provincial del INSS, Camilo Hernández.
Visita de la Secretaria Coordinadora Provincial de los Juzgados de Sevilla el objetivo común de conseguir una Jurisdicción Social digna que ofrezca un buen servicio al ciudadano y que permita cumplir con los valores de la Justicia Social.
El pasado 27 de julio recibimos en sede colegial la visita de Felisa Panadero, nueva Secretaria Coordinadora Provincial de los Juzgados de Sevilla, que quiso conocer de primera mano la casa de los Graduados Sociales y las necesidades y requerimientos que tenemos como colectivo profesional. Por parte del Colegio la recibieron Rafael Hidalgo, Juan Antonio Montes, Juan José Guijarro y Juan Carlos Castro; presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, respectivamente. La visita que se realizó en un tono amable y cordial sirvió para estrechar los lazos que ya nos unen y reforzar
Dentro de los temas tratados en la reunión se puso sobre la mesa la situación de los juzgados, siendo la Jurisdicción Social la que se encuentra más colapsada junto a la penal y observando que las medidas que se implementaron con la creación de juzgados de refuerzo no han tenido los resultados deseados, pues sigue existiendo el “cuello de botella” cuando vuelven los asuntos de las ejecuciones a los juzgados. A su vez, Panadero propuso la celebración de una reunión entre todas las administraciones implicadas y operadores jurídicos, para que los asuntos en los que se ha presentado papeleta de conciliación se puedan resolver en los plazos legalmente previstos y de esta forma evitar la presentación de demandas ante los juzgados. Por su parte, el Colegio le abrió los brazos para colaborar como operadores jurídicos en todo lo que necesite para conseguir una mejora real de la Jurisdicción Social.
Con motivo de la incorporación de los nuevos colegiados a nuestra Corporación, el pasado 15 de septiembre se celebró su acto de bienvenida en la Sede Colegial. Durante el encuentro fueron informados de los actuales servicios del Colegio, hablaron de temas referentes a la profesión y les resolvieron las distintas dudas que plantearon.
En esta ocasión, estuvieron presentes el presidente, Rafael Hidalgo; los vicepresidentes José Ramón Barrera y Juan Antonio Montes y los vocales Anastasio León y Vanesa García. Los nuevos compañeros que acudieron fueron María Concepción Gómez, Elisa García, Lorena González, Fernando Francisco Mendoza, Eusebio Satisteban y María José Gutiérrez.
El 28 de julio se celebró en nuestra sede colegial una reunión con Ana Luz Jiménez, Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla para tratar los diferentes temas que afectan a nuestro colectivo. Al encuentro asistieron por parte del Colegio nuestro presidente Rafael Hidalgo, el vicepresidente, Juan Antonio Montes y Rocío Corona, miembro de la Comisión responsable de las gestiones ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Por un lado, se reclamó la igualdad de trato entre todos los colectivos usuarios de dicha Jefatura y se trasladaron
las diferentes incidencias que se le vienen planteando a los compañeros, en aras de encontrar una posible solución. Así se trató, por ejemplo, el asunto de las fechas de efecto de las transferencias de los vehículos, respecto a la fecha de entrada en registro de la solicitud. Por otro lado, también se le preguntó sobre el canal que tienen los gestores con su propia plataforma, a lo que Jiménez indicó que existen diferentes canales de envío. Para finalizar, también se habló de la sede electrónica y del desarrollo del procedimiento de representación y registro electrónico.
Visita del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla El 28 de septiembre recibimos la visita de Juan Casal Cansino, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, que cesa en su cargo y quiso despedirse de esta institución con la que tan estrecha relación institucional ha tenido durante los años en su puesto. Por parte de nuestra Junta de Gobierno estuvieron presentes: nuestro presidente Rafael Hidalgo; los vicepresidentes, José Ramón Barrera, Juan Antonio Montes y el tesorero, Juan Carlos Castro. Durante la reunión se repasó la evolución de las relaciones entre ambas instituciones, así como la disposición del Colegio por mantener las mismas con el nuevo Jefe de la Inspección. Al finalizar el encuentro, Casal firmó en el Libro de Honor del Colegio.
La Universidad Pablo de Olavide celebró el pasado 21 de septiembre el solemne acto de apertura oficial del nuevo curso 2017/2018, en el que contará con cerca de 12.000 alumnos y alumnas de grado y postgrado. En este nuevo curso, en el que se cumplen 20 años desde su creación, la UPO oferta 33 grados, 41 másteres universitarios, 9 doctorados y 95 programas de títulos propios. A la apertura del curso, que fue presidida por el rector Vicente Guzmán Fluja, asistieron el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano; la consejera de Educación, Sonia Gaya Sánchez; la presidenta del Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales Torrejón; y numerosas autoridades de la provincia. Por parte del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, asistió la vocal de Formación y Relaciones con las Universidades, Vanesa García. Tras la presentación de la memoria del curso pasado por parte del secretario general, José María Seco Martínez, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Santiago González Ortega, pronunció la lección inaugural “El derecho de huelga: un derecho fundamental acorralado”. Tras la lección inaugural, el rector Vicente Guzmán entregó los Premios Extraordinarios de Doctorado 2015/2016 a los doctores y doctoras de la UPO Rocío
Aguilar Caro, Raquel Araújo Legido, José Javier Brey Sánchez, Pilar Guadalupe Cruz Zúñiga, Teresa de los Ángeles Cueto Senra, Laura García Álvarez, Olga Luisa García Coca, Juan Garrido Maraver, Esperanza Macarena Hernández Salmerón, Elena Lucena Padrós, Laura Pérez Prieto, Mónica Santana Hernández, Elisa Isabel Alcocer Gómez, José Cruz Díaz, Huemac Escalona Lüttig, Vesna Vlaisavljevic, Manuel Carrasco Fernández y Leire Alejaldre Biel. Asimismo, se entregaron las Medallas al Mérito de la UPO concedidas en el último Consejo de Gobierno a José Ignacio López González, José Ángel Merino Ortega, Santiago Lago Aranda, Cristina Villalba Quesada, Josefa María Siria García, María Isabel Rodríguez y Teresa Domínguez Santos –en los dos últimos casos a título póstumo-, así como la Medalla de Honor a título póstumo al que fuera vicegerente económico de la UPO José Manuel Jiménez Cañete, del que el rector señaló: “Sin él, construir esta universidad, hubiese sido imposible”. A continuación, intervino el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y el rector, que pronunció el discurso de apertura, en el que destacó el servicio a la sociedad y la responsabilidad de mejorar como ambiciones de la Universidad Pablo de Olavide. Finalmente, el rector ha declaró inaugurado el curso 2017/2018 en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
José Blas Fernández Sánchez Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Nuestra sociedad posee en estos momentos más Facultades que nunca y más Universidades, las cuales entre públicas y privadas forman todo un marco de posibilidades para quienes quieran emprender unos estudios, lo que posibilita que la formación universitaria sea ejemplo para Europa y parte del mundo actual. Sin embargo, la entrada en la Universidad no es uniforme en su estructura vocacional, ya que todos no tienen la misma puntuación para conseguir entrar en la carrera que se desea, por lo que hoy se estudian muchas disciplinas y profesiones, en su conjunto, que no se conocen y lo que es peor, no tienen salida para luego encontrar un puesto de trabajo propio, tanto de sus conocimientos como del sentir vocacional de quienes desean ejercer una profesión en la sociedad civil. Para todo esto y corregir así las lagunas de este lapsus que no se enseña en la universidad, deberían contar con mayor participación de los Colegios Profesionales, Corporaciones de Derecho Público que viven a diario el cometido de sus miembros profesionales y desde donde se sabe y practica el ejercicio de una profesión colegiada, lo que conlleva que quienes se incorporen a un Colegio sepan de antemano a dónde van y qué es lo que les espera, cosa que no conocen mientras realizan los estudios universitarios, porque entre otras cuestiones no se les enseña ni se les dice a los futuros profesionales, por lo que cada vez se hace más necesario que exista un “cordón umbilical” entre Universidad y Colegio Profesional, como ya algunas vienen haciendo, pues un resultado de esta falta de “conexión” es crear “carreras de parados” y de pos-universitarios que no conocen a la profesión a la que se incorporan y fracasan estrepitosamente en ese mundo en el que se inician y lo que es peor, salen condenados a fracasar en la vida, culpándose de ese desconocimiento de la profesión que luego tienen que dejar y que estudiaron sin vocación y sin saber qué era esa carrera, sólo por matricularse y decir que estudian.
Por ello, los que somos profesionales de unos estudios que has hecho con vocación, exhortamos a todos los futuros universitarios que escojan una carrera que les guste y apasione, que sientan vocación por ella y que se sientan integrados en lo que van a ejercer al cabo de 4 ó 6 años de estudios universitarios. En resumen, preparar a estos alumnos con la asistencia permanente de charlas y encuentros de los Colegios, tanto en los cursos previos al comienzo de la etapa universitaria para una mejor elección de la carrera a estudiar, como posteriormente, en la Universidad y en las distintas facultades de cada ramo para informarles minuciosamente qué es lo que están estudiando y cómo se ejerce esa profesión que han escogido, para que así no exista fracaso y digo más, cada alumno antes de comenzar los estudios debe conocerse y saber si tiene vocación de lo que va a estudiar y que se informe de lo que quiere estudiar, acudiendo a los Colegios profesionales. Seguro que con ello, habrá menos fracaso pos-universitario.
Exhortamos a todos los futuros universitarios a que escojan una carrera que les guste y apasione, que sientan vocación por ella y que se sientan integrados en lo que van a ejercer al cabo de 4 ó 6 años de estudios universitarios. 25
El pasado 30 de junio, Unai Sordo era elegido como nuevo Secretario General de Comisiones Obreras en el XI Congreso Confederal del sindica-
to tras obtener el apoyo del 88,8% de los delegados. Nacido en Barakaldo en 1972, está diplomado como Graduado Social por La Universidad del País Vasco y trabajó en el sector de la industria de la madera antes de incorporarse a puesto de responsabilidad en el sindicato. En el año 2000 asumió la Secretaría de la Juventud de CCOO en Euskadi, cargo que compatibilizó con tareas de organización en Vizcaya, donde pasó a ser responsable territorial en 2004. En 2009 fue elegido Secretario General de CCOO del País Vasco, puesto que ha desempeñado hasta esta nueva designación.
El sistema de relaciones laborales es determinante del grado de desigualdad de una sociedad.
Enhorabuena por su nuevo cargo, ¿Qué ha significado este nombramiento? ¿Cómo valora los primeros meses en el mismo? Ha supuesto un orgullo enorme y a la vez una responsabilidad máxima. Estamos hablando de CCOO, la mayor organización social de España y un referente ineludible para entender la historia reciente de este país. Los primeros meses los valoro de forma positiva, con un trabajo intenso en recorrer el conjunto del país para relacionar de forma inmediata a la nueva dirección del sindicato con el activo sindical (delegadas/os en las empresas). También de establecer numerosas relaciones institucionales en el ámbito estatal (yo ejercía mi anterior responsabilidad en Euskadi). Y todo ello a la vez de abordar las cuestiones cotidianas, como el frustrado pacto salarial del verano, o el conflicto político de primer orden que está viviendo España relacionado con la situación en Catalunya. Meses intensos, muy ajetreados, pero a la vez muy sugerentes. Desde el gobierno hablan de una recuperación de puestos de trabajo después de estos años tan duros ¿Considera esta afirmación cierta? ¿Qué radiografía hace del mercado laboral español actual? El aumento del empleo sigue concentrado de manera principal, aunque no exclusiva, en sectores de bajo valor añadido (hostelería, comercio, construcción) que generan empleos inestables, donde la negociación colectiva está menos articulada y, por tanto, donde se pagan salarios bajos. Se observa un cambio en el modelo productivo a peor.
España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor y un peso reducido de la industria, lo que nos condena a un empleo precario de bajos salarios y con fluctuaciones estacionales. Lo más preocupante es que el Gobierno se encuentra a gusto con este modelo, llevándonos a cometer los mismos errores que en el pasado. La extendida temporalidad del nuevo empleo generado, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente, o salir de la pobreza, como evidencia la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016. Desde CCOO, ¿qué propuestas y cambios plantean para salir de esta situación? Si comparamos la evolución de los salarios reales y de la productividad, entre Suecia y España en los últimos veinte años encontramos que la productividad en Suecia se ha incrementado en más de un 40%, y los salarios reales cerca de un 50%, mientras que en España el aumento de la productividad ha sido inferior al 20% en ese mismo periodo, y el de los salarios reales no ha llegado al 10%. Suecia ha crecido más como consecuencia de un modelo de relaciones laborales que reparte el crecimiento de forma más equitativa entre capital y trabajo, que crea más empleo. Es imprescindible mejorar el poder de compra de los salarios, de forma que se impulse la demanda interna y, consecuentemente, la inversión productiva y el empleo. Para ello hay que reforzar el mermado poder de negociación de los sindicatos. No se trata solo de recuperar
Entrevista capacidad de negociación perdida, sino de afrontar una profunda modernización de las relaciones laborales que democratice la empresa, con el objetivo de incrementar la participación, y corresponsabilidad de los trabajadores en su gestión. En la negociación colectiva, en la disputa del salario, es donde se distribuye la mayor parte de la riqueza generada en una sociedad y es, por tanto, determinante su grado de igualdad o desigualdad. Las políticas públicas de redistribución de la renta son menos efectivas cuanto mayor es el grado de desigualdad en la distribución primaria de la renta. El sistema de relaciones laborales es determinante del grado de desigualdad de una sociedad. Los sistemas de relaciones laborales hay que entenderlos en sentido amplio, no solo la regulación jurídica de estas, sino también la fortaleza (no solo afiliativa, también en términos de hegemonía social del discurso del mundo del trabajo) de las organizaciones sindicales. Asimismo, es necesario apostar por una moderna política industrial que: 1) apueste por mejorar la capacidad de las empresas españolas para crear valores intangibles-emocionales en sus bienes y servicios; 2) incremente su poder de mercado en las cadenas globales de producción. Sin una adecuada política industrial, el “mantra” del fomento de la economía del conocimiento es una apuesta insuficiente para la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población en países medianos-pequeños como el nuestro. Un país con un elevado volumen de empresas capaces de crear bienes superiores, con una política industrial que facilite que esas empresas retengan su poder de mercado, y con unas relaciones laborales más democráticas y modernas, entrará en un círculo virtuoso que permitirá una mejora de las condiciones salariales del conjunto de sus trabajadores y de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por el contrario, la creciente especialización productiva de las empresas españolas en aquellas partes de los procesos que menos complejidad incorporan, que menos productividad añaden, está haciendo que estamos saliendo de la crisis asemejándonos cada vez más a los países emergentes y no al club de los países desarrollados, al que aún creemos pertenecer. Un país cuya estructura productiva se caracterice por un creciente peso de empresas precio-aceptantes posicionadas en mercados low cost, en los que el elemento determinante de la competitividad sea el precio y que estén caracterizadas por un modelo autoritario de relaciones laborales donde se haya cercenado gran parte de la capacidad negociadora de los trabajadores, en-
trará en un círculo vicioso en el que se incrementará extraordinariamente la cantidad de trabajadores, y ciudadanos, pobres. En 2017 ha habido un repunte de la siniestralidad laboral en España. ¿Qué medidas plantean para solucionar estos temas? Las estadísticas de accidentes de trabajo de los primeros cinco meses del año elevan el número de accidentes con baja registrados a 237.570 en el periodo eneromayo de 2017, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo son la causa del incremento de la siniestralidad que arrancó con la última reforma laboral. La evolución de la siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de España. La precariedad laboral y la desregulación de las relaciones laborales han demostrado la falta de solidez del sistema de prevención de riesgos laborales en España. Incrementar la capacidad de intervención sindical en la empresa sobre este tema es fundamental para frenar la creciente siniestralidad.
Si comparamos la evolución de los salarios reales y de la productividad, entre Suecia y España en los últimos veinte años encontramos que la productividad en Suecia se ha incrementado en más de un 40%, y los salarios reales cerca de un 50%, mientras que en España el aumento de la productividad ha sido inferior al 20% en ese mismo periodo, y el de los salarios reales no ha llegado al 10%. Graduados Sociales n.º 89 • 2017
Entrevista problema derivado de un modelo productivo, crecientemente basado en el low cost, que está expulsando del mercado laboral español a miles de trabajadores cualificados que solo encuentran fuera de nuestra fronteras un empleo que recompense salarialmente su esfuerzo formativo; y 3) también tenemos un problema de demanda. Como ya me he referido, la historia económica de los países desarrollados nos dice que cuando el poder de negociación de los trabajadores ha sido mayor y, consecuentemente, los salarios han tenido un mayor peso en la economía y la riqueza se ha distribuido de forma más equitativa, los efectos en el crecimiento económico han sido evidentes: se ha registrado un mayor crecimiento económico, se ha incrementado en mayor medida la inversión productiva y se ha creado más empleo y de más calidad. ¿Cree que existe cierta desafección de la población con los sindicatos? ¿Si es así, qué deben hacer éstos para mejorar su imagen social? Hemos tenido tres tipos de problemas: 1) por un lado los relacionados con la crisis económica y desestructuración de parte del mercado del trabajo, que han tenido efectos negativos directos en la evolución de la afiliación; 2) los derivados de nuestra falta de agilidad orgánica para entender esas transformaciones; y 3) por otro lado, los relacionados con la agresión ideológica que hemos sufrido desde la derecha para justificar los recortes de derechos laborales y la reducción de la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores. No son problemas aislados y tampoco las soluciones deben serlo. Se trata de activar todas las fuerzas latentes en el sindicalismo consiguiendo que interactúen entre sí, prestando especial atención a aquellas que han sido más descuidadas o atacadas o que ofrecen especial relevancia en la actualidad. Entre ellas se señalan el reforzamiento de la afiliación y la capacidad de interlocución, la recuperación del talante ético y del carácter solidario de las reivindicaciones, el aprovechamiento de la capacidad movilizadora equilibrando lo institucional con lo social, y la apertura a coaliciones con otros movimientos. En CCOO pusimos en marcha un proceso de reflexión interna, repensar el sindicato, que ha puesto el foco en nuestra propia organización, con objeto de identificar nuestras debilidades, sus causas y sus efectos, así como la crisis de representación que hemos sufrido. Ello nos ha permitido poner en valor las fortalezas del sindicato y poner en marcha estrategias de empoderamiento que están empezando a tener resultados positivos evidentes, en términos de afiliación y de recuperación de
la hegemonía cultural del mundo del trabajo, también en sociedades cada vez más complejas. CCOO está afrontando los cambios productivos mediante una rearticulación de nuestra acción sindical, y de nuestra estructura organizativa. El objetivo es ser capaces de cubrir un universo laboral mucho más amplio, segmentado y diverso, fruto tanto de la creciente complejidad de nuestras sociedades como de la externalización productiva y dispersión geográfica de los procesos de creación de valor. Usted es Graduado Social, ¿Cómo definiría la importancia del Graduado Social como garante de la Justicia Social? Me parece que es necesario poner en valor todas aquellas profesiones jurídicas que intervienen en materia sociolaboral en un momento en el que hay una evidente tendencia a debilitar el propio derecho laboral. La hegemonía liberal ha penetrado en conceptos que parecían básicos, como el carácter tuitivo del derecho del trabajo, para abrir paso a una visión mercantil de la relación laboral y toda su complejidad. El Graduado Social, incorporando elementos formativos en materia laboral pero también económica y sociológica, aporta una visión multidisciplinar como corresponde a una institución social que debiera ser la regulación de la relación laboral. ¿Cómo valora la situación de la Jurisdicción Social en España? La situación de la jurisdicción social en España es pésima, porque en muchísimos Juzgados de lo Social se tarda mucho tiempo en señalar los juicios, con lo cual la justicia es tardía. En muchos Juzgados de lo Social se
Las relaciones entre los sindicatos y los colegios profesionales tienen un amplio recorrido para desarrollarse, respetando cada organización sus distintos campos de actuación. Graduados Sociales n.º 89 • 2017
Entrevista bién se ha mejorado en relación con el funcionamiento de estos órganos y de la actuación de la Fundación SIMA en materia de conflictos colectivos o de controversias colectivas de todo tipo. Sin embargo, todavía existe una excesiva judicialización de nuestras relaciones laborales y a ello han contribuido poderosamente las reformas laborales del Partido Popular, que han supuesto un incremento de reclamaciones individuales y colectivas derivadas del despido colectivo, de descuelgue colectivo, de reducciones salariales y de pérdida progresiva de derechos laborales y sociales. ¿Cómo deben ser las relaciones entre sindicatos y colegios profesionales? ¿Qué proyectos deberían abordar juntos para mejorar las condiciones del trabajo en España?
tarda más tiempo en señalar el juicio oral que sus homólogos Juzgados Civiles, lo que resulta una situación paradójica en una jurisdicción que siempre ha tenido la impronta de la celeridad y de la inmediatez, puesto que debe enjuiciar la existencia o no de derechos subjetivos y salariales de trabajadores y de beneficiarios de Seguridad Social. Por ello hay que recuperar la celeridad en los señalamientos de juicios orales, sobre todo en materia de despidos. En consecuencia, la situación actual es sencillamente insostenible y debe aumentarse la dotación de jueces de lo Social y de personal y de los medios materiales que hagan falta para recuperar la celeridad en los señalamientos de juicio oral. Los juicios laborales responden a necesidades alimenticias y de prestaciones cuyo cobro por parte de los trabajadores y de beneficiarios de la Seguridad Social no puede dilatarse, como en la actualidad está ocurriendo. ¿Entiende que están siendo eficaces los sistemas de mediación en las relaciones laborales? Los sistemas de mediación no están resultando suficientemente eficaces en materia de relaciones laborales. Es cierto que se ha mejorado en los últimos años a través de organismos autonómicos de mediación arbitraje y conciliación en asuntos individuales y tam-
Las relaciones entre los sindicatos y los colegios profesionales tienen un amplio recorrido para desarrollarse, respetando cada organización sus distintos campos de actuación, puesto que los sindicatos se dedican a la defensa de intereses propios de los trabajadores, según la feliz formulación del art. 7 de la Constitución española, y los colegios profesionales se dedican a la defensa y vigilancia del correcto funcionamiento de los profesionales que realizan actividades de prestación de servicios para ciudadanos en general y empresas. En consecuencia, podrían explorarse fórmulas de colaboración, de forma que se desarrollen espacios conjuntos de reflexión y propuesta sobre cuestiones laborales que a ambos incumben.
Todavía existe una excesiva judicialización de nuestras relaciones laborales y a ello han contribuido poderosamente las reformas laborales del Partido Popular. 31
L.A.J. del Juzgado Penal número 10 de Málaga. Master en P.R.L. Técnico Superior en P.R.L. (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Las cooperativas de trabajo asociado La cooperativa de trabajo asociado, tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. El 118 de la Ley estatal de 1.987, señalaba que "son cooperativas de trabajo asociado las que asocian a personas naturales, con capacidad legal y física para desarrollar la actividad cooperativizada de prestación de su trabajo y tienen por objeto proporcionar a los socios puestos de trabajo para producir en común bienes y servicios para terceros", en similares términos se expresa el art. 80 de la Ley estatal de Cooperativas, Ley 27/1999 de 16 de julio). Evidencia la simple lectura de estos preceptos que la prestación de servicios a terceros es la razón de ser de estas entidades y que tal actividad está reconocida y amparada por la Ley que incluso la promociona. Entre los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores por cuenta ajena existen factores diferenciales que justifican distinto tratamiento legal en orden a la protección de sus ingresos y el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Socios de la cooperativa de trabajo asociado Este tipo de cooperativa podrá contar, además de con los socios trabajadores, con socios colaboradores. Podrán ser socios trabajadores: 1. Los trabajadores que legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. 2. Los extranjeros respetando lo previsto en la legislación específica sobre la prestación de su trabajo en España. 3. Aquellos que no hayan perdido su condición de socio trabajador (la pérdida de esta condición provocará
el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa). Los socios trabajadores son personas físicas que desembolsan una cantidad mínima obligatoria fijada en los estatutos y que, adicionalmente, realizan una prestación laboral para la cooperativa, desarrollando de este modo la actividad cooperativizada. La relación del socio de la Cooperativa de trabajo asociado, no puede encuadrarse en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni como relación especial de trabajo, y de ahí que no pueda asumirse la tesis de su plena laboralidad, si bien sin desconocer su carácter societario, incorpora esta asociación para trabajar, un esquema organizado dotado de cierta jerarquización y de ahí que no se inspire sólo en la legislación civil la organización, sino también en la laboral, y en relación con los conflictos producidos que en el área de la relación de trabajo se haya de acudir supletoriamente al Estatuto de los Trabajadores. Tal singularidad, la de ser socio y no trabajador, o mejor, socio-trabajador, es la que acarrea, que desde antiguo el TS, haya entendido que en relación con los actos previos al proceso laboral no rigiera la LPL sino las previsiones contenidas en la Ley de Cooperativas que prevén un procedimiento específico cooperativo previo al proceso excluyente del de la LPL. Remuneración de los socios trabajadores Los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa denominados anticipos societarios, según su participación en la actividad cooperativizada. Estos anticipos no tendrán, en ningún caso, la consideración de salario.
Artículo La relación obligacional tiene carácter societario, debiendo descartarse todo atisbo acerca de que estemos en presencia de una relación laboral, ni siquiera como concurrente con la societaria o de naturaleza híbrida, porque en otro caso no habría tenido necesidad el legislador de dejar claro que las percepciones periódicas de los socios trabajadores "no tienen la consideración de salario", sino que son anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa. Los conflictos no basados en la prestación de trabajo o en sus efectos, ni comprometidos sus derechos en cuanto aportante de trabajo y que puedan surgir entre cualquier clase de socio y la cooperativa de trabajo estarán sometidos al orden civil, la competencia para conocer de la reclamación efectuado por el socio trabajador en relación con el reembolso de las aportaciones realizadas no es del orden social, sino del civil, el diferente tratamiento a estos efectos está justificado por la doble condición que el trabajador tiene en la Cooperativa, de carácter mixto, ya que por un lado existe una relación societaria y al mismo tiempo se presta una actividad de trabajo (STS 20/11/2006). Al quedar claramente descartada la naturaleza laboral de la relación existente entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, habrá de llegarse, necesariamente, a la conclusión en el sentido de que cuando el cese o la expulsión de uno de estos socios, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral. Responsabilidad La responsabilidad de los miembros de una cooperativa se limita a la participación En todo caso no será de aplicación a las Cooperativas de Trabajo Asociado, ni a las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra, ni a los socios trabajadores que las integran, las normas sobre cotización y prestaciones del Fondo de Garantía Salarial en el capital social, se haya desembolsado o no. Admisión de nuevos socios En las cooperativas de trabajo asociado, de encontrarse recogido en los Estatutos, la admisión, de un nuevo socio lo será en periodo de prueba. Con las siguientes características: 1. No excederá de seis meses. 2. Será fijado por el Consejo Rector. 3. Podrá ampliarse hasta dieciocho meses, para aquellos puestos de trabajo que fije el Consejo Rector.
4. Derechos y obligaciones durante el período de prueba. Serán los mismos que los socios con las siguientes peculiaridades: a) Podrán resolver la relación por libre decisión unilateral, facultad que también se reconoce al Consejo Rector. b) No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad. c) No podrán votar, en la Asamblea General, punto alguno que les afecte personal y directamente. d) No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de ingreso. e) No les alcanzará la imputación de pérdidas que se produzcan en la cooperativa durante el período de prueba, ni tendrán derecho al retorno cooperativo. Acceso de los trabajadores asalariados a socios Los Estatutos podrán fijar el procedimiento por el que los trabajadores asalariados puedan acceder a la condición de socios. En las cooperativas que rebasen el límite de trabajo asalariado establecido, el trabajador con contrato de trabajo por tiempo indefinido y con más de dos años de antigüedad, deberá ser admitido como socio trabajador si lo solicita en los seis meses siguientes desde que pudo ejercitar tal derecho, sin necesidad de superar el período de prueba cooperativa y reúne los demás requisitos estatutarios. En las sociedades cooperativas, sólo los trabajadores asalariados en los que no concurra la cualidad de socio cooperativista están legitimados para ser electores y/o elegibles en los procesos electorales para la designación de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Periodo de prueba Si los estatutos lo establecen la admisión de un nuevo socio se produce en situación de prueba, pudiendo éste ser reducido o suprimido de mutuo acuerdo. La duración mínima en este supuesto se aleja de lo establecido con carácter general en el Art. 14 ET, imponiéndose una duración máxima de 6 meses aumentables hasta 18 para trabajos cuyo desempeño exigen determinadas condiciones especiales. Los socios trabajadores, durante el período en que se encuentren en situación de prueba, tendrán los derechos y obligaciones derivados de su condición de socios. Durante el período de prueba, la relación puede ser resuelta unilateralmente por el consejo rector o por el
Artículo propio socio trabajador y deben integrarse en el mismo Régimen de Seguridad Social que los socios, de suerte que si la cooperativa optó en sus Estatutos acogerse al RETA, en ese mismo régimen de Seguridad Social deben estar integrados los socios aspirantes. Transmisión de la condición de socio El problema para la transmisión de las participaciones radica en la relación mixta que ostentan los socios trabajadores, en la que la prestación personalísima laboral se ve ligada a la transmisión inter vivos o mortis causa. Las aportaciones podrán transmitirse: a) Por actos inter vivos, únicamente a otros socios de la cooperativa ya quienes adquieran tal cualidad dentro de los tres meses siguientes a la transmisión que, en este caso, queda condicionada al cumplimiento de dicho requisito. b) Por sucesión mortis causa, a los causa-habientes si fueran socios y así lo soliciten, o si no lo fueran, previa admisión como tales realizada de conformidad con lo dispuesto para la admisión de nuevos socios, que habrá de solicitarse en el plazo de seis meses desde el fallecimiento. En otro caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación social. Régimen de la Seguridad Social 1.- Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, previa opción de la cooperativa, serán dados de alta, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como trabajadores autónomos de la Seguridad Social, en el Régimen general o especial que, por razón de la actividad de aquéllas, corresponda. La opción previa de la cooperativa de trabajo asociado deberá alcanzar a todos los socios trabajadores de la misma y ejercitarse en sus estatutos. 2.- Una vez producida la opción a que se refiere el apartado anterior, únicamente podrá modificarse por el procedimiento y con los requisitos siguientes: -La nueva opción deberá realizarse mediante la correspondiente modificación de los estatutos de la cooperativa. -La nueva opción deberá afectar asimismo a todos los socios trabajadores de la cooperativa. -Será preciso que haya transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que se ejercitó la opción anterior. 3.- Cuando la cooperativa de trabajo asociado haya optado por la asimilación de sus socios trabajadores a trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen especial correspondiente a la actividad de la misma, la
cooperativa responderá solidariamente de la obligación de cotización de aquéllos. 4.- Una vez efectuada la opción, los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda a la actividad de la cooperativa, siéndoles de aplicación en su integridad las normas reguladoras del correspondiente Régimen respecto de la inscripción, en su caso, así como en orden a la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, en iguales términos y condiciones que los aplicables al común de los colectivos que formen parte del campo de aplicación de dicho Régimen. En todo caso, la iniciación en la prestación de trabajo personal del socio trabajador de la cooperativa será la que determine el nacimiento de las relaciones de afiliación y alta conforme a las normas del Régimen de la Seguridad Social en el que tales socios queden encuadrados. Cuestiones contenciosas entre la cooperativa y sus socios Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores, por su condición de tales, se resolverán aplicando, con carácter preferente: 1. La Ley General de Cooperativas de carácter estatal es de aplicación supletoria a la normativa de las Comunidades Autónomas que cuentan con regulación sobre esta materia, lo que determina que en defecto de otra regulación, hayan de aplicarse los preceptos establecidos en la misma sobre los trámites previos al proceso judicial a seguir por el socio-trabajador que impugna su expulsión. La especial naturaleza de las sociedades cooperativas justifica la existencia de una regulación del procedimiento diferenciado del ordinario, para la impugnación de las decisiones o acuerdos de expulsión de miembro societario, que una vez agotada la vía interna en la cooperativa mediante reclamación ante la Asamblea General es innecesario el acto de conciliación ante el correspondiente organismo de mediación, arbitraje y conciliación, por lo que el intento de conciliación ante
La cooperativa de trabajo asociado, tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo. Graduados Sociales n.º 89 • 2017
Artículo el mismo no puede suspender el plazo de caducidad de la acción. 2. Los Estatutos. 3. El Reglamento de régimen interno. 4. Los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa. 5. Los principios cooperativos. 6. Jurisdicción del Orden Social. El planteamiento de cualquier demanda por parte de un socio exigirá el agotamiento de la vía cooperativa previa, durante la cual quedará en suspenso el cómputo de plazos de prescripción o caducidad para el ejercicio de acciones. El plazo para interponer demanda frente al acuerdo de expulsión es el de 20 días hábiles desde que el acuerdo adquiere el carácter de ejecutivo, al ser ratificado por la Asamblea General. El socio trabajador de un cooperativa de trabajo asociado asume un estatus jurídico mixto, por cuanto al mismo tiempo, es socio de la cooperativa y presta su actividad de trabajo, con lo que es titular de dos relaciones jurídicas y solo una de ellas es de carácter laboral, debiendo plantearse, ante el orden social de la jurisdicción los conflictos derivados de la naturaleza laboral de la relación entre el socio y la cooperativa. Para el enjuiciamiento de la legalidad de la contratación que, con terceros, realice la cooperativa de la prestación de servicios de sus socios, ha de tenerse en cuenta, de manera primordial, que son los socios que la integran los que trabajan y son ellos los que recibirán los resultados prósperos o adversos de la entidad. No existirá así el ilícito enriquecimiento a favor del prestamista que se produce en los casos de cesión ilegal de trabajadores. Ello no excluye la posibilidad de que pueda existir una situación de ilegalidad, si la norma se utiliza con ánimo de defraudar, pero el enjuiciamiento de estas situaciones exigirá una acreditación rigurosa de la existencia de tal actuación en fraude de Ley, lo que ocurrirá cuando la relación entre la arrendataria y los trabajadores de la cooperativa puedan subsumirse en las previsiones del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores. Lícita contrata de obras y servicios, frente a ilegal cesión temporal de trabajadores. STS de 12 de diciembre de 1.997, "existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de este en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial". Cierto es que, en empresas de actividad simple esta puesta a disposición de organización de elementos personales y materiales queda reducida a mínimas aportaciones, como ocurre en las empresas de limpieza y vigilancia, aceptándose que, por las características de la actividad,
la organización puesta al servicio de la empresa comitente ha de ser necesariamente de la máxima simpleza. Con matices diferenciales en esos elementos de hecho, podría darse una situación de prestamismo prohibido si hubiera una explotación de mano de obra mediante la apropiación de parte de los beneficios por un tercero que nada aporte a la realización del servicio. Pero tal proceder no puede presumirse en una cooperativa de trabajo asociado en la que los resultados de la explotación han de recaer necesariamente sobre los socios. Así la sentencia de 16 de febrero de 1989 estableció que la cesión puede tener lugar "aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta" y la sentencia de 19 de enero de 1994 establece que, aunque se ha acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización "no se ha puesto en juego", limitándose su actividad al "suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo" a la empresa arrendataria. El mismo criterio se reitera en la sentencia de 12 de diciembre de 1997. La actuación empresarial en el marco de la contrata, es, por tanto, un elemento clave de calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión de que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. Esto es lo que sucedió en el caso de los locutorios telefónicos o “call center” de acuerdo con el criterio aplicado por las sentencias de 17 de julio de 1993 y 15 de noviembre de 1993, que llegaron a la conclusión de que, aunque el titular de la concesión del locutorio desempeñase funciones de dirección y organización del trabajo, lo hacía completamente al margen de una organización empresarial propia, pues tanto las instalaciones, como los medios de producción y las relaciones comerciales con los clientes quedaban en el ámbito de la principal hasta el punto de que, incluso, la relación del contratista encargado del locutorio con aquélla se ha calificado como laboral (sentencias de 31 de octubre de 1996, 19 de noviembre de 1996 y 20 de julio de 1999). Hay que hacer también referencia a la sentencia de 17 de diciembre de 2.001, que negó la existencia de cesión de trabajadores en un supuesto en el que los socios trabajadores de una cooperativa prestaban servicios para una empresa alimentaria en los propios locales de ésta, utilizando sus instalaciones y con intervención en el desarrollo de la actividad de los mandos de la principal. Pero, aparte de que la contratista tenía arrendado el local o zona que utilizaba en la principal, es importante subrayar que la sentencia citada considera que con "esos elementos de hecho, podría darse una situación de prestamismo prohibido si hubiera una explotación de mano de obra mediante la apropiación de parte de los beneficios por un tercero que nada aporte a la realización del servicio".
Movimiento Colegial Incidencias colegiales Julio - Agosto 2017 ALTAS EJERCIENTE LIBRE
Colegiado: 1898
Colegiado: 1900
Antonia José Moreno Verdugo
Mª José Gutiérrez Pineda
C/ Alcalde Antonio Rueda, 127
C/ San José 98, Local
955 918 162
955 343 189
Colegiado: 1902
Colegiado: 1903
María Consolación Benítez Baez
Lino Pérez Fernández
C/ Husillo Real 48
C/ Pino Central 38
955 819 466
620 623 432
Francisco De Aquino Durán
María Dolores Carrillo Aranda
Juan Miguel Colomer Niessen NO EJERCIENTE A EJERCIENTE
Colegiado: 1851
Ana Rodríguez Ramos Domicilio profesional:
C/ Mairena, 59, 4º
670 733 222
Movimiento Colegial EJERCIENTE A NO EJERCIENTE
Aurora María Cárdenas Cubino
Rocío Fernández Labado
“La característica principal de nuestro Plan de Estudios es la multidisciplinariedad, en la que radica buena parte de su fortaleza”. como ordinaria, uno de nuestros principales objetivos es consolidar todas las mejoras que en los últimos años se han logrado para la Facultad, tanto en el orden académico como en el institucional. Partimos de una situación de crecimiento de la Facultad que ha sido realmente espectacular en los últimos ocho años, lo que la ha colocado en una posición sumamente relevante en el panorama de los centros propios de la Universidad de Sevilla. Evidentemente, el crecimiento no puede mantener siempre el mismo ritmo ya que los pasos son más costosos, pero también serán más firmes y las huellas imborrables. Se abre ante el nuevo equipo un escenario que va a exigir de nosotros un intenso trabajo que tendrá como referencias el fomento de la investigación, la perseverancia en la notoriedad y visibilidad de la facultad, la faceta institucional y de relaciones externas y con las realidades sociales de la ciudad y la CCAA y la constante preocupación por la calidad de la docencia. Temas como la implementación de un doctorado en Ciencias del Trabajo, el reconocimiento de los graduados en RRLL y RRHH y su tipificación a efectos de la oferta pública de empleo y el desarrollo del futuro máster profesionalizante constituyen algunos de los aspectos que en el futuro más próximo deben ser objeto de especial tratamiento. ¿Qué se ha conseguido en estos años en la Facultad de Ciencias del Trabajo y hacia donde debe ir la institución? Como decía con anterioridad, son muchos los logros conseguidos en los últimos años. Se ha puesto en marcha el Grado en RRLL y RRHH y se han diseñado y se imparten tres másteres diversos que conforman una atractiva oferta formativa. Todas estas titulaciones se han acreditado con excelentes resultados y obtenido informe favorable de la ANECA. Por otro lado, se ha colocado la titulación dentro del mapa de titulaciones de la Universidad de Sevilla, dotándola de notoriedad y se han fortalecido e incrementado las relaciones con el Colegio Oficial de Graduados Sociales, así como con sindicatos y otras organizaciones sociales relevantes. Siguiendo el camino ya trazado, la Facultad debe reforzar estos aspectos y seguir incrementando su participa-
ción institucional en todos los ámbitos, tanto académicos como sociales, teniendo como objetivo consolidarse entre las primeras Facultades de Ciencias del Trabajo del país tanto en capacidad y calidad docente como en el fomento de la investigación. ¿Cuáles son las principales fortalezas del plan de estudios de la Facultad? La característica principal de nuestro Plan de Estudios es la multidisciplinariedad, en la que radica buena parte de su fortaleza. La visión de conjunto, el examen de los problemas socio-laborales desde prismas diferentes y con métodos diversos y el enfoque humano de las relaciones laborales y el estudio integral de los recursos humanos constituyen datos que ponen de relieve el valor intrínseco del Plan de Estudios. Cabe destacar la necesidad de cursar, con carácter obligatorio, prácticas en empresas que dotan a los alumnos de competencias y actitudes que las simples enseñanzas teóricas no generan por sí mismas, constituyendo un complemento adecuado para proporcionar una formación integral. Desde el punto de vista nacional y autonómico ¿cómo se encuentra el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos? ¿Qué se debe conseguir para lograr su total legitimación y equiparación con otros grados que permita el acceso, por ejemplo, al sistema de clasificación de profesiones para acceder a la función pública? La realidad del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos es muy dispar a lo largo del territorio nacional. Debo decir, no sin cierto orgullo, que la CCAA en la que la implantación de este Grado goza de mayor aceptación es, sin duda, la CCAA andaluza, contando con las Facultades con mayor número de alumnos de toda España. No obstante, la valoración que los estudios en Relaciones Laborales y Recursos Humanos reciben en general puede decirse que más que aceptable, extremo éste que se pone de relieve en múltiples ocasiones por los egresados a quienes se pregunta por su satisfacción con el Grado. En particular, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Entrevista Artículo Universidad de Sevilla viene ocupando sistemáticamente un puesto entre las tres primeras en el ranking estatal de Facultades y Escuelas que imparten dicho Grado, lo que nos coloca en una situación privilegiada a nivel nacional y autonómico. Por otro lado, a nivel legislativo la equiparación por la que me preguntas es absoluta en lo que se refiere al carácter, naturaleza y valor del título del Grado en RRLL y RRHH. Cuestión distinta es el de la visibilidad, es decir, la percepción que tiene la sociedad de la existencia de profesionales cualificados capaces para desarrollar las materias que les son propias. En el ámbito empresarial creo sinceramente que cada vez más se va teniendo noticia de la existencia de nuestros egresados y de lo que son capaces de aportar. Quizás sea este uno de los aspectos en los que la existencia de unas prácticas obligatorias ha demostrado su valor añadido para los estudios que impartimos.
La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla viene ocupando sistemáticamente un puesto entre las tres primeras en el ranking estatal de Facultades y Escuelas que imparten dicho Grado, lo que nos coloca en una situación privilegiada a nivel nacional y autonómico.
Sin embargo, y tienes razón, tenemos un enorme déficit en la medida en que nuestros egresados son los grandes desconocidos para la Administración, de manera que parecen no existir en la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía siendo preteridos en no pocas convocatorias de puestos de trabajo para los que, sin duda alguna, están perfectamente preparados.
Es este un tema complejo. Desde el punto de vista legislativo parece que todo indica que, en un futuro, será necesario configurar un máster profesionalizante que será preceptivo para el acceso a la profesión o, cuanto menos, para el ejercicio de la actividad propia del Graduado Social ante los tribunales.
¿En qué estado se encuentra el máster profesionalizante de acceso a la profesión?
Sin embargo, la configuración y fisionomía del máster plantea ciertas dificultades derivadas de la necesidad de atender distintas sensibilidades.
Entrevista Artículo Creo que, en este caso, el consenso es absolutamente necesario y la actuación unívoca y en una misma dirección tanto de las Facultades de Ciencias del Trabajo como del Colegio de Graduados es imprescindible para culminar la tarea con éxito. No obstante, a las ya de por sí importantes dificultades que suponen armonizar los intereses existentes a las que me refería con anterioridad, habría que añadir la actual situación política que conlleva una cierta parálisis en el desarrollo de ciertas políticas que, en este caso, se ha reflejado en lo costoso del proceso. ¿Cómo ve la figura del precolegiado que ha instaurado el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla?
Banco de Sabadell, S.A. Pl. Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20.093, folio 1, hoja B-1561., NIF A08000143. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización. Documento publicitario. Fecha de emisión: Noviembre 2017
Creo que es una novedosa forma de acercar el Colegio a sus futuros miembros y de hacerles partícipes desde la época de formación. Representa la voluntad del Colegio de hacerse visible desde el primer momento y se traduce en una manera de generar vocación. Como situación transitoria previa a la colegiación es anticipar la posibilidad de que nuestros alumnos comiencen a disfrutar de las ventajas y servicios que el Colegio les puede ofrecer.
Esta facultad y el Colegio mantienen unos lazos de colaboración muy estrechos. ¿Cómo definiría esta relación? ¿qué se hace conjuntamente hasta ahora y que se tiene planeado realizar? Es una constante desde hace años la bondad de las relaciones existentes entre el Colegio Oficial de Graduados Sociales y la Facultad de Ciencias del Trabajo. Son muchos los campos y actividades en que se colabora estrechamente y en los que, de manera recíproca, ambas instituciones fomentan la participación de sus respectivos miembros en las diversas actividades promocionadas por cada una de ellas. A modo de ejemplo, además de la precolegiación a la que acabo de referirme y que se incardina en este ámbito, cabe destacar el Curso de Gestión de Nóminas y Salarios que se viene reiterando año tras año con enorme éxito y resulta demostrativo de lo fecunda de nuestra colaboración o las múltiples jornadas que se viene realizando también en estrecha colaboración entre el colegio y la facultad. Me gustaría concluir haciendo votos porque durante el tiempo en que permanezca en las tareas de representación de la Facultad de Ciencias del Trabajo estas relaciones sigan permaneciendo en semejante nivel de confianza y entendimiento como el que ahora preside las mismas.
de tu cuota de colegiado máximo 50 €/anuales.*
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Graduados Sociales n.º 89 • 2017 sabadellprofessional.com
Federico Martínez-James García Graduado Social Colegiado nº 702
Tras comentarlo con muchos compañeros (operadores jurídicos) habituales de la Jurisdicción Social, y tras horas de conversaciones en los pasillos y ascensores, creo oportuno proceder a redactar estas líneas de absoluto rechazo a la situación que estamos viviendo los que nos dedicamos a esta jurisdicción tan maravillosa, pero lamentablemente, cada vez más desesperante. Y voy a escribirlo como me sale, sin pararme a corregir, sin pensarlo, porque creo que la indignación se debe apreciar y debe traspasar de la lectura a la acción. Hay que hacer algo, y se ha debido actuar hace años. Empezamos por el abandono y dejadez que la Administración dedica a la obligada Conciliación Previa en el CMAC. Nos han mandado donde menos comunicaciones hay en comparación con lo que era República Argentina, aquí sólo hay un autobús o dos, no lo tengo claro. Pero ni metro ni paradas de taxis cercanas, y las dificultades de aparcamiento son enormes. República Argentina tenía taxis, metro, autobuses, carril bici, aparcamientos públicos … Si hablamos de las fechas de los señalamientos, podemos decir que se citan a las partes incluso a más de 2 meses …. Y si el trabajador decide interponer él mismo su demanda (lo ampara así la Ley) no tiene conocimiento de que tiene 15 días para celebrarse la conciliación, y si transcurre ese plazo sin la celebración de la conciliación aparece el mecanismo fatídico de la caducidad … Señalan tan tarde que nos vemos obligados a dejar presentadas las demandas en el Juzgado de lo Social, con la tarea que eso supone para estos Juzgados ya colapsados de por sí. Para que todo funcione perfectamente en el CMAC hay disponibles 7 despachos ... y a veces ni la mitad (impresionante el esfuerzo de esos letrados y el personal técnico de apoyo). Tendrían que organizar cenas homenajes a los que trabajan en el CMAC cada tres meses para agradecerles lo que soportan.
Y para entrar en el Edificio (será inteligente como lo son todos los edificios ahora), tienes que soportar una larga fila de personas que quieren acceder a las instalaciones y hay que presentar el DNI, o la papeleta de conciliación, pero la fila te la tragas, ya vayas en hora o llegues tarde porque no has podido aparcar … Los profesionales a la fila que para eso están. En los edificios de los Juzgados te identificas ante la Guardia Civil como profesional, y entras. Aquí en el CMAC todos son facilidades. Y cuando hemos acabado con el CMAC, hay que poner demanda ante el Juzgado de lo Social … Aquí presentas la demanda y te olvidas hasta del nombre del cliente, en algunos casos pasan meses hasta que te notifican algún Decreto o Diligencia de Ordenación, y si tienes suerte te toca un Juzgado que te señala juicio para un año, y dos, dependiendo del asunto, pero todos tenemos señalamientos ya para el 2020 ... ¿acaso estoy exagerando?. ¿Cómo permite la Administración que a un señor que le han denegado una ayuda, una pensión, o la empresa le adeuda seis o siete nóminas, se señale juicio a tres años? ¿por qué seguimos soportando este retraso desde 2012 que comenzó esta debacle de la calidad de la Justicia? ¿Es Justicia concederle la pensión a un señor que tras tres años de pleitos ya le han embargado el piso? ¿puede un Recurso de Suplicación tardar en elevarse a la Sala más de un año? Podemos poner decenas de ejemplos, y todos los que nos dedicamos a esto los tenemos en nuestros despachos, pero todavía no he visto propuestas efectivas de soluciones al colapso judicial. Esto se llama COLAPSO, y se viene produciendo desde hace años, y ya basta, ya está bien, tenemos que dar solución al ciudadano, al justiciable, pues una Justicia que se retrasa de forma tan alarmante causa más daño que el que se pretende corregir con la demanda.
Artículo Creo oportuno proceder a redactar estas líneas de absoluto rechazo a la situación que estamos viviendo los que nos dedicamos a esta jurisdicción. Y voy a escribirlo como me sale, sin pararme a corregir, sin pensarlo, porque creo que la indignación se debe apreciar y debe traspasar de la lectura a la acción. Hay que hacer algo, y se ha debido actuar hace años. Y si la solución adoptada son los Juzgados de Refuerzo, lo siento, pero todos los operadores rezamos para que no nos repartan al Social de Refuerzo, pues los retrasos en el Decreto de admisión de demanda y señalamiento a juicio son enormes ... no ha sido solución. Como no se aprecian, al menos yo no lo aprecio, soluciones radicales (no pueden ser ya de otro modo), sólo nos queda agradecer a los jueces que celebran tantos juicios a la semana, que ponen Sentencias de noche y los fines de semana, los Letrados de la Administración de Justicia que tramitan con celeridad todo aquello que se pueda acelerar, concilian lo inconciliable, los funcionarios que se tiene que hacer cargo de sus asuntos y los de los compañeros que están de baja (hasta que no pasan 3 meses no son sustituidos) ... y qué decir de todos los profesionales compañeros que intentan arreglar los asuntos antes que litigar indefinidamente. Pero lo que faltan son medios, más personal, más Juzgados, más funcionarios ... hay que decirlo alto y claro, hay que INVERTIR en la Justicia, porque hoy es tan solo un monstruo administrativo que ha acabado devorándose a sí mismo y que no ofrece las soluciones que necesita el ciudadano. Para facilitar la tarea de los Juzgados, aparece LexNet, el llamado papel cero. Desde enero de 2016 nos impusieron una plataforma en la que, o entrábamos y adecuábamos los equipos (otra inversión de nuestros bolsillos), o no íbamos a recibir las notificaciones .... reunión
urgente en los colegios, certificados digitales, nuevos carnets, nuevos programas, el Java, y resultó que desconozco cuánto dinero (dineral) costó todo esto, pero en este 2017 nos han obligado a emigrar a otro LexNet que nada tiene que ver con el que nos impusieron en 2016 .... qué barbaridad !!!! otro desatino más. Y yo no he visto que nadie ofrezca una explicación coherente de estos cambios, y tampoco conozco los gastos que todo esto ha causado. Y si hablamos de los fallos técnicos y los agujeros de seguridad .... Dejando el mundo virtual, analicemos la sede física de nuestro Edificio NOGA. Empezando por lo maravilloso de unos ascensores lentísimos, estrechos, que marcan sobrepeso cada vez que entro (ditasea), continuando con unas escaleras estrechas de difícil acceso por una puerta de la anchura de un piso de Los Remedios, que el día que haya que evacuar el edificio ... No puede haber instalaciones más incómodas, además de sufrir la separación de las sedes judiciales, el Prado, VIAPOL, NOGA ... Cuando consigues que se vaya a celebrar tu juicio, hay tantos señalamientos para el mismo día, que si tu juicio es de los últimos ya puedes ir avisando al Telepizza porque la hora de entrada y salida de la Sala son imposibles de controlar, y si tienes más de un juicio señalado, vete pidiendo cita en cardiología (siempre me acuerdo de mis compañeros del INSS, FOGASA, SPEE y Sindicatos que celebran al día tantos juicios multiplicándose de Sala en Sala ... qué mérito !!!). Si tienes que esperar para el juicio, por ejemplo en los Refuerzos de la planta 7ª, no pretendas sentarte en una de las pocas sillas que hay distribuidas, porque casi seguro acabas sentado en la escalera, y si es en la planta 5ª puedes que tengas la suerte de las pocas sillas que hay en la puerta del Social 4, pero en la planta 6ª no te sientes, no puedes, no hay sillas. Finalizo como empecé, manifestando que esto lo he escrito del tirón, después de tanto tiempo comprobando como se está desprestigiando esta jurisdicción, carente de medios, llena de esfuerzos de profesionales y funcionarios decepcionados, colapsada y sin inversiones, arrinconados en las esquinas de los años para obtener una respuesta judicial, desesperados por su lentitud ... que son hechos notorios y conocidos por todos los que tenemos la suerte de dedicarnos a esto, pero he visto pocas protestas. Agachamos la cabeza, subimos los hombros y nos sometemos a esta situación lamentable ... La sociedad en la que vivimos aprovecha para manifestarse y elevar la voz contra grandes injusticias (por ejemplo que corra peligro de desaparición un club de fútbol), pero no lucha por el derecho constitucional a la tutela judicial con eficacia y medios apropiados, eso no. Hay que decir que el orden social no está impartiendo Justicia Social, se hace lo que se puede. Y seguimos esperando alguna solución ...
Antea Prevenciรณn patrocina las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla
Margarita Guerrero Ramos Graduado Social Colegiada nº 627
El derecho de acceso a la justicia en el nuevo curso judicial
El Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado el MANUAL SOBRE EL DERECHO EUROPEO RELATIVO AL ACCESO A LA JUSTICIA que según su prólogo es el quinto volumen de una serie de manuales sobre el Derecho europeo elaborados conjuntamente por las organizaciones. Los manuales anteriores trataban sobre el Derecho europeo contra la discriminación, el Derecho europeo de asilo, fronteras e inmigración, el Derecho europeo sobre protección de datos y el Derecho europeo sobre los derechos de la infancia. Ahora que empezamos nuevo curso judicial, conviene resaltar el concepto importantísimo del denominado “derecho de acceso a la justicia”, tal como indica el Consejo de Europa y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y compartido por todos los operadores jurídicos, abarca la idea que el acceso a la justicia no es solo un derecho, sino también una herramienta de capacitación y empoderamiento fundamental para que otros derechos se puedan hacer realidad Las normas europeas sobre derechos fundamentales que introducen el término “derecho de acceso a la justicia” podemos concretarlas en: - Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 47 (derecho a la tutela judicial efectiva) - Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 51 (ámbito de aplicación) - Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 52, apdo. 3 (alcance e interpretación de los derechos y principios)
- Tratado de la Unión Europea (TUE), artículo 4, apdo. 3 - TUE, artículo 19 - CEDH, artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) - CEDH, artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) - CEDH, artículo 35 (criterios de admisibilidad) - CEDH, artículo 46 (fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias) De ellas se deduce que el concepto de acceso a la justicia obliga a los Estados a garantizar a todas las personas el acudir a los órganos jurisdiccionales para interponer una demanda si se han visto vulnerado sus derechos. Por tanto, es un derecho que también permite a las personas hacer valer otros derechos. Abarca o comprende varios derechos humanos fundamentales: - El derecho a un proceso equitativo según el art. 6 del CEDH y art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales: de la UE. - El derecho a un recurso efectivo según el artículo 13 del CEDH y el art. 47 de la Carta. Los retrasos en los procesos judiciales suponen una limitación del derecho al acceso a la justicia, la duración de los procesos judiciales al amparo del art. 47 de CEDH como derecho a la tutela judicial efectiva y al amparo del art. 41 de CEDH como derecho a una buena administración, en relación con el art. 6 de CEDH apartado 1 en referencia al derecho a un proceso equitativo, han
Dr. José Adolfo Mares Santos
Director Médico de FraternidadMuprespa en Sevilla.
Análisis médico del concepto de “agravamiento de lesiones previas” en los procesos de accidente de trabajo
El artículo 115.2f del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social afirma: “Tendrán la consideración de accidentes de trabajo (…) las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente”. Como tal, el párrafo anterior podemos verlo reflejado en múltiples sentencias de los Juzgados de Lo Social en sus distintos estamentos, incluyendo el Tribunal Supremo, existiendo jurisprudencia respecto al anterior enunciado. Vaya por delante de mi opinión sanitaria que el reconocimiento por parte de una Mutua de un accidente de trabajo por entender que existe un agravamiento de lesiones es una decisión muy compleja, donde evidentemente hay que tener en cuenta la patología, el mecanismo de producción, la intensidad de dicho mecanismo, y otros elementos médicos, pero todo ello hay que encajarlo en la legislación actual, y con ello poder llegar a esa decisión final sobre la laboralidad o no de un proceso. Dicho esto, y dado que en este artículo únicamente se trata de hacer un análisis médico de este concepto, vamos a centrarnos en esta parte y en esta perspectiva sanitaria. En el día a día de los médicos que llevamos a cabo tareas asistenciales, existen múltiples puntos negros (o al menos de “escasa visibilidad”) que convierten la afirmación inicial expuesta en este artículo en un auténtico quebradero de cabeza en un gran porcentaje de los casos que son atendidos en nuestras Mutuas.
Y el motivo básico, a mi modo de ver, es que en pocas situaciones existe una discrepancia de criterio tan relevante entre los conceptos médicos y los conceptos jurídicos y la legislación vigente. Evidentemente, como sanitario que soy, en estas líneas únicamente puedo intentar aclarar y analizar alguno de los criterios médicos que intentamos aplicar en la calificación de procesos que reciben atención médica y que podrían, en algún modo, ser considerados como un agravamiento de una patología previa. El primer gran problema viene determinado porque en la salud de un trabajador no existen las líneas divisorias: la salud es un todo y con una evolución continua, con sus altibajos, con sus lesiones, con sus enfermedades, … Y, evidentemente, son múltiples los factores que influyen sobre ese todo, de forma que intentar argumentar una causa exclusiva para una lesión o enfermedad determinada es, en la gran mayoría de casos, una auténtica utopía. Las distintas sentencias judiciales que nos llegan nos complican un poco más nuestra intención de calificar correctamente determinados procesos. Por ejemplo, en muchos casos consideran que se puede agravar una patología que hasta el momento de su diagnóstico era silente. A los médicos nos cuesta un tanto calificar estos procesos: ¿cómo puedo decir que se ha agravado una patología que previamente no estaba diagnosticada? En la gran mayoría de casos no tendríamos que hablar de un agravamiento, sino de la primera presentación sintomática de una patología que está siguiendo su curso evolutivo habitual. Pongamos algún ejemplo sencillo para entender el razonamiento: una persona
tiene la gripe, que es una infección vírica, y en un momento dado comienza a presentar dolores, estornudos, mucosidad, … ¿Significa esta situación que su gripe se está agravando? En este ejemplo probablemente no haya mucha discusión, pero la realidad nos enfrenta a otros casos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Pongamos otro ejemplo habitual: un trabajador se agacha para coger un peso y sufre una crisis de lumbociática, que tras los estudios pertinentes parece originada por la existencia de una hernia discal. ¿Qué es lo que debe considerar el médico en este caso? La hernia de disco lumbar es una patología muy habitual y que en la gran mayoría de casos tiene un origen degenerativo por deshidratación del disco intervertebral. Esto hace que pierda sus propiedades mecánicas. Muchas hernias son absolutamente silentes (seguro que muchos de los lectores de este artículo tienen una hernia discal lumbar y lo desconocen por ausencia de sintomatología), pero las que se hacen sintomáticas lo hacen, lógicamente, en un momento determinado. ¿Debemos considerar esta presentación sintomática como un agravamiento? ¿No podemos establecer cierta analogía con ese primer estornudo de una gripe? Múltiples sentencias de los Juzgados de lo Social razonan que, si un trabajador no ha recibido asistencias sanitarias previas por esa patología diagnosticada cuando hemos valorado al paciente en su primera fase sintomática de un proceso crónico, se debe considerar el proceso como un agravamiento. Médicamente vuelve a ser difícil entenderlo, porque probablemente los estudios complementarios del trabajador son exactamente iguales que si se hubieran realizado días antes, cuando no tenía una fase aguda de dolor. Identificar el concepto de patología previa con la obligatoriedad de haber recibido atenciones médicas previas por ella no supone una relación directa ni exacta. La estadística médica publica que en España entre el 70 y el 85% de la población general sufre algún episodio de dolor agudo de espalda en su vida (el porcentaje se incrementa aún más si hablamos de la población activa). No obstante, muchos de estos episodios, autolimitados en el tiempo y con tratamientos basados en el reposo y en una medicación que no precisa receta médica, no
reciben atención médica en los distintos servicios de salud, por lo que no quedan reflejados como tal en el historial médico del trabajador. Pero ello no supone que no hayan existido. Para intentar que se comprendan las dificultades que se nos plantean a los médicos en estas situaciones, voy a utilizar un nuevo ejemplo traumatológico, dado que en mi desempeño habitual son los casos más habituales. Está plenamente descrito en la literatura médica el concepto de colapso de la muñeca. Tratando de simplificarlo, diremos que es una nefasta evolución de los huesos del carpo tras una lesión de los mismos que en su momento pasó desapercibida o fue insuficientemente tratada. Eso inicia un proceso de “desajuste” entre los múltiples huesos del carpo hasta que llegan a una situación desastrosa. ¿Y cuál es el problema de este proceso? Que la evolución puede ser totalmente asintomática hasta que empiece a generar un dolor en la muñeca al cabo de una media de … 20 años. Cuando el paciente acude para contarnos que le duele la muñeca cuando ha cogido una maleta, el problema lo tenemos servido (no tanto médico, porque el tratamiento que hay que realizar está claro, sino en la calificación administrativa de la lesión) Porque ese es otro de los grandes problemas con el que nos enfrentamos los médicos asistenciales. Textualmente el artículo 115.2f del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social afirma: “…que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente”. La interpretación literal de este artículo nos dejaría mucho más clara la actuación a los médicos, dado que debería existir una lesión aguda relacionada con el accidente. Afortunadamente, hoy en día disponemos de múltiples pruebas complementarias, tanto de imagen como funcionales, que nos permiten diagnosticar con una notable fiabilidad si las lesiones existentes son agudas o crónicas. Es decir, en muchos casos podríamos (y de hecho lo hacemos) diferenciar las lesiones crónicas preexistentes de la lesión nueva que se ha producido, con lo que quedaría claro y meridiano el agravamiento de las lesiones previas. Pongamos un nuevo ejemplo en este sentido: una persona con un diagnóstico de artrosis lumbar con osteoporosis vertebral, en tratamiento médico de esa enfer-
Artículo medad, cogiendo un peso nota incremento del dolor lumbar habitual. En los estudios radiográficos vemos varios aplastamientos vertebrales, situación habitual evolutiva en este tipo de pacientes. Para estos casos, existen pruebas complementarias que nos permitirían saber si el esfuerzo realizado ha generado alguna nueva lesión. Pruebas como la Resonancia Magnética y la Gammagrafía Ósea nos dan total garantía en la filiación cronológica de determinadas lesiones. En cambio, también nos llegan muchas veces resoluciones judiciales de agravamiento de lesiones previas en pacientes que no tienen absolutamente ninguna lesión nueva. Existe cierta tendencia judicial a considerar que la aparición de síntomas que el trabajador no tenía o no refería previamente supone una evidencia clara de que su enfermedad se ha agravado. Esto, médicamente hablando, es claramente un error de concepto: un síntoma es la descripción totalmente subjetiva que hace un paciente de una sensación o percepción que no le resulta habitual y que considera como anómala. En esta categoría se engloban síntomas tan habituales como mareos, dolor, náuseas, somnolencia, apatía, cansancio, … Por contraposición, los signos son los datos objetivos que puede objetivar el médico evaluador (fiebre, inflamación, enrojecimiento) Cuando en un proceso determinado se considera que se ha agravado la patología previa porque ahora el paciente tiene dolor, o ahora tiene mareos, …, sin que el médico que está estudiando el proceso pueda concluir en sus estudios y exploraciones la existencia de ninguna lesión aguda nueva, estamos considerando un agravamiento de lesiones previas en base a una interpretación subjetiva del trabajador y que probablemente, desde el punto de vista médico, se corresponde con una presentación sintomática de su patología de base y no con una agudización de la enfermedad. En ningún caso pretendo decir que la sintomatología que cuenta el paciente no sea real. En este sentido, los médicos laborales nos vemos obligados a establecer una relación entre los síntomas que tiene el trabajador y la entidad de las lesiones que padece. Ocasionalmente puede ocurrir que no consigamos averiguar o localizar una causa médica para la sintomatología que nos cuenta un paciente (por ejemplo, un dolor de cabeza en que todos los estudios realizados arrojan un resultado normal). Esto únicamente significa que la medicina aún debe progresar bastante porque hay múltiples cosas que aún no entendemos. No obstante, la situación más habitual es identificar las lesiones, agudas o crónicas, que generan la sintomatología referida por el trabajador y los signos que puede evaluar el médico: en el caso de existencia de lesiones agudas sobrepuestas a lesiones crónicas del trabajador, el concepto de agravamiento de lesiones previas se encuentra en su esencia;
en cambio, serán todos aquellos procesos en que únicamente documentamos lesiones crónicas sin existencia de ninguna lesión actual los que nos supondrán un auténtico quebradero de cabeza. Nos cuesta explicarle a un paciente que con un diagnóstico de artrosis lumbar es normal que tenga un episodio de dolor lumbar cuando se ha agachado para coger algo (pero que eso no significa que se haya agravado su situación previa), nos cuesta explicarle a otro paciente que tiene una lesión crónica de su ligamento cruzado anterior de la rodilla que es normal que cuando hace un giro le falle la rodilla (pero que eso no significa que su ligamento roto se rompa más), nos cuesta explicarle al paciente con el colapso de muñeca y que se rompió el escafoides cuando era un chaval que el dolor que tiene ahora en su muñeca es la historia natural de su patología, independientemente de que coja o no coja maletas,… Incluso nos cuesta explicar a ese paciente que acude por tener una hemoptisis (expectoración de sangre con los golpes de tos) y cuyo diagnóstico puede ser una tuberculosis o un cáncer de pulmón entre otras posibilidades, que ese golpe que se dio en el pecho con la mesa del trabajo no ha agravado su patología de base, aunque antes nunca hubiera tenido esa expectoración sanguinolenta. Para trabar un poquito más el tema, únicamente faltaba salpimentar el caldo de cultivo. Y ese aliño viene dado básicamente por los múltiples intereses secundarios que puedan existir: la ausencia de períodos de carencia para obtener prestaciones de incapacidad en los accidentes de trabajo, las indemnizaciones de aseguradoras privadas en procesos derivados de accidentes de tráfico o accidentes laborales, temporalidad de contratos en ausencia de prestaciones por desempleo, … El I.N.S.S. establece que la determinación inicial de la contingencia de un proceso que puede ser laboral se realiza por parte de I.N.S.S., la Mutua o la empresa colaboradora en la gestión que tenga encomendada la cobertura de las contingencias profesionales. Así pues, y como es nuestro cometido, los médicos que trabajamos en el mundo laboral, y básicamente en la Mutuas de Accidentes de Trabajo, día a día procedemos a calificar, siguiendo nuestro criterio médico, los diferentes procesos que acuden para recibir atención médica: los accidentes claros, los que no lo son, los que no están claros, los accidentes in itinere, los accidentes en misión, … y los agravamientos de patología previa. Y a partir de esa primera decisión y calificación utilizando criterios médicos, se abre toda una vía administrativa ante los diferentes criterios posibles que todos ustedes conocen mejor que yo. Pero espero que este artículo les dé, al menos, una visión diferente y sanitaria de esos casos y su complejidad.
DESPIDO DISCIPLINARIO TSJ Castilla y León (Burgos) Sala de lo Social, 07/06/2017, nº 373/2017, rec. 336/2017 Fumar en los baños de la empresa puede ser causa de despido Se declara procedente el despido de un trabajador por fumar en las instalaciones de la empresa, conducta calificada como falta muy grave en el convenio colectivo, y por insultar a un compañero que le reprendió. El trabajador, haciendo caso omiso de las advertencias y señales recordando la prohibición de fumar en el centro de trabajo, acudía habitualmente al baño a fumar. En una de esas ocasiones, el trabajador fue reprendido por uno de sus compañeros a lo que el trabajador le mandó callar y le llamó "negro de mierda" diciéndole que se fuese a su país. Según el TSJ Castilla y León, basta que exista alguna de las causas previstas legal o contractualmente para que el empleador pueda despedir al trabajador. No obstante, el Juez ha de realizar un juicio de valor sobre la gra-
vedad y culpabilidad de las faltas alegadas y para ello, debe examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de las faltas que se recogen en la ley o en el convenio. Si los incumplimientos no encajan en los supuestos tipificados como falta muy grave, debe declarar la improcedencia del despido por haber sido calificada la falta inadecuadamente por el empresario. En el caso analizado, las acciones se encuadran en la indisciplina o desobediencia y la transgresión de la buena fe enumeradas por el ET art.54.1 como causas de despido. Además, de la literalidad del convenio se desprende que está prohibido fumar en todas las instalaciones de la empresa, entendiendo como tales, entre otras, los baños. Por otro lado, se acredita la existencia de una ofensa verbal discriminatoria por razón de raza. Estando las dos conductas tipificadas como faltas muy graves en el convenio colectivo, la sanción de despido es adecuada a los hechos cometidos. Por ello, el TSJ Castilla y León desestima el recurso y, confirmando la sentencia de instancia, declara la procedencia del despido disciplinario.
DIMISIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP TSJ Madrid Sala de lo Social, 08/06/2017, nº 421/2017, rec. 273/2017 El TSJ Madrid declara la validez de la dimisión presentada a través de la aplicación WhatsApp, cuando los mensajes
intercambiados son lo suficientemente claros e ilustrativos de no querer continuar con su actividad laboral. La trabajadora venía prestando sus servicios para la Comunidad de Madrid como personal laboral en una residencia de mayores. El 25-11-2015 pasa a situación de IT que finaliza el 19-2-2016, con la denegación por el INSS de la IP solicitada por no tener las lesiones la entidad
Jurisprudencia El TSJ Asturias tampoco aprecia la existencia de discriminación indirecta ya que la decisión patronal constituye un medio idóneo, proporcionado y necesario para satisfacer una finalidad legítima cual es la de cumplir los protocolos en materia de higiene alimentaria impuestos por la empresa certificadora de calidad. Tampoco puede acogerse la alegación de quebrantamiento de la buena fe contractual por la imposición de la sanción teniendo en cuenta la previa actitud de tolerancia empresarial. La obligación del uso de la ropa de
trabajo ha regido siempre en la empresa y está recogida en el manual de acogida de la empresa. Fue la advertencia por parte del certificador de calidad, de su incumplimiento y de las consecuencias que ello podría acarrear las que motivaron el cambio de la anterior postura de laxitud y flexibilidad. Además, las trabajadoras fueron debidamente informadas por sus superiores jerárquicos del abandono de la anterior actitud tolerante y de la inexcusable necesidad de cumplir escrupulosamente las normas de higiene alimentaria.
CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Tribunal Supremo Sala 4ª, 19/07/2017, nº 649/2017, rec. 3559/2015 El salario diario regulador que se tiene en cuenta para calcular la indemnización por despido consiste en el cociente que resulte de dividir la retribución global por 365 días (o 366 si el año es bisiesto), y no por 360 días. El contrato de la trabajadora se extinguió mediante despido objetivo que fue declarado procedente. El TSJ Cataluña, revocando la sentencia de instancia, declara el despido improcedente y fija la cuantía de la indemnización, para el caso en que la empresa no opte por la readmisión, en 131.171 euros. La empresa recurre en casación para la unificación al considerar que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho porque, al calcular el salario diario regulador para fijar la indemnización, no tiene en cuenta los 365 días. La cuestión que se plantea es determinar el parámetro
salarial sobre el que se ha de calcular la indemnización por despido improcedente. La sentencia recurrida efectúa el cálculo acudiendo al salario diario multiplicado por meses de 30 días y, por tanto, implica un salario anual de 360 días. Por el contrario, la aportada de contraste, TS 27-10-05, EDJ 207399, parte de un salario que tiene en cuenta los 365 días del año. La cuestión ha sido ya resuelta reiteradamente por el TS. Los parámetros que establece el art.56.1 ET para cuantificar la indemnización que corresponde son el salario diario y el tiempo de prestación de servicios. El salario, no puede sino consistir en el cociente que resulte de dividir la retribución global por los 365 días que al año corresponden (o 366 si el año es bisiesto), y no por 360 días que responde al criterio artificial de atender a que las mensualidades tienen 30 días (12 meses x 30 días) en lugar del promedio real de 30,42 días (365 días/12 meses). Por ello, aplicando su criterio reiterado, el TS estima parcialmente el recurso y fija la indemnización en 129.376,50 €.
FALTA DE ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PARA MINIMIZAR RIESGO LABORAL: SANCIÓN IMPROCEDENTE TSJ Andalucía (Sevilla) Sala de lo Contencioso-Administrativo, 06/02/2017, nº 145/2017, rec. 248/2015 La empresa no incumple las normas en materia de seguridad y salud por no adaptar el puesto de trabajo de una embarazada que sufre un aborto a las 8 semanas de gestación, cuando el informe del servicio de prevención refleja la existencia de riesgos para el embarazo, pero fija como fecha para la adaptación del puesto de trabajo en
las 18 semanas de gestación. Por ello, se anula la sanción de multa impuesta a la empresa. La trabajadora embarazada sufre un aborto a las 8 semanas de gestación. Como consecuencia, la empresa es sancionada con multa de 40.986 € por no adaptar el puesto de trabajo a una trabajadora embarazada, cuando así lo establecía la evaluación de riesgos y el servicio de prevención, incurriendo así en la infracción muy grave de “no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia” (RDLeg 5/2000 art.13.1). El Juzgado de lo contencioso-adminis-
Jurisprudencia trativo anula la sanción en sentencia que es recurrida ante el TSJ Andalucía (Sevilla). La sanción se impone por no adaptar el puesto de trabajo de la embarazada, a lo establecido por la evaluación de riesgos y el servicio de prevención. Pero del expediente administrativo resulta que existen dos informes del servicio de prevención. El primero de ellos, de 9-2-2010, declara a la trabajadora apta con limitaciones y recomienda, desde el punto de vista preventivo y a criterio médico, iniciar la adopción de medidas encaminadas a proteger la situación de embarazo y evitar la situación de riesgo, mediante la adaptación de las condiciones de trabajo y/o cambio en el tiempo de trabajo desempeñado por la trabajadora, teniendo en cuenta las limitaciones que el mismo informe indica. Entre las limitaciones, el informe menciona que no puede trabajar de forma prolongada de rodillas o en cuclillas, ni manipular cargas o realizar esfuerzos físicos a partir de las 18 semanas. El segundo informe, de 12-2-2012, señala que no se observa a la fecha de su emisión que la trabajadora esté expuesta a condiciones en su puesto de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o la del feto. No obstante, señala
el 12-4-2012 como fecha a partir de la cual la trabajadora debería desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Para el TSJ Andalucía (Sevilla) de los informes no cabe concluir de forma clara y determinante que la empresa incumpliera normas en materia de seguridad y salud de los trabajadores. A su juicio, no cabe duda de que el criterio médico al que se remite el primer informe es el que se establece en el segundo informe de forma más específica y concreta cuando fija el 12-4-2010 como fecha a partir de la cual debería llevarse a efecto el cambio a otro puesto de trabajo o función compatible con su estado. Ha de tenerse en cuenta que cuando se produjo el aborto la mujer estaba en su 8ª semana de gestación; esto es, 10 semanas antes de la fecha tope para desempeñar funciones compatibles con su estado (12/04/2010). No se puede reprochar a la empresa, por lo tanto, responsabilidad infractora alguna por seguir el criterio médico del segundo informe, que no contradecía, sino que completaba y concretaba el primero. Por ello, el TSJ desestima el recurso y confirma íntegramente la resolución recurrida.
CRITERIO PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE LA TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL: TSJ Galicia Sala de lo Social, 10/07/2017, rec. 1822/2017 Se analizan dos recientes sentencias dictadas por diferentes Tribunales Superiores de Justicia en materia de graduación de sanciones de despido. Las sentencias analizan la calificación de los hechos y la valoración de las conductas tipificadas en el ET art.54.2 como causas que justifican la sanción de despido. La sentencia analiza el supuesto de una teleoperadora que fue despedida por la empresa de telemarketing, que realiza trabajos de mercadotecnia para Jazztel, por faltas graves calificadas como fraude y engaño para cerrar las ventas. El despido se produjo tras comprobar los hechos mediante la monitorización de las llamadas y realizar un meeting grupal en el departamento para resolver dudas acerca del procedimiento del circuito de infracciones y de las situaciones de fraude para esclarecer las pautas indicadas por el cliente para evitar infracciones. La trabajadora presenta demanda que la sentencia de instancia estima declarando el despido improcedente. La empresa recurre en suplicación. Para el TSJ Galicia no puede calificarse como fraude la conducta de la trabajadora ya que, tras los hechos, la empresa tuvo que explicar al personal las conductas que entiende por tal empleando como ejemplo las grabaciones de la trabajadora para mostrarlo. No impide esta
consideración el hecho de que los trabajadores recibieran un curso sobre la campaña de fidelización de Jazztel porque, aun en el caso de que los contenidos recogidos en la programación del curso se dieran realmente, es posible que no fueran explicados con suficiente claridad o comprendidos por el personal, ya que fue necesaria una reunión posterior para clarificarlos. Además, con arreglo a la doctrina jurisprudencial respecto de la calificación de los hechos y la valoración de las conductas en materia de despido, las infracciones tipificadas en el ET art.54.2 como causas que justifican la sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente. Por ello, se exige un análisis individualizado de cada conducta tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues solo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción. Para el TSJ Galicia, la conducta de la trabajadora en absoluto sería acreedora de una sanción muy grave porque no se aprecia la concurrencia de voluntad ni de una imprudencia grave a la hora de contratar con los clientes. No hay transgresión de la buena fe contractual ya que es difícil infringirla cuando las normas son tan oscuras y difusas que exigen una explicación adicional a través de una reunión, tras la realización de un curso que teóricamente habría clarificado aquellas. Por ello, el TSJ desestima el recurso.
Jurisprudencia INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES: Tribunal Supremo Sala 1ª, 18/07/2017, nº 455/2017, rec. 1589/2014 Los administradores sociales responden solidariamente de las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución de la sociedad. A efectos de determinar si la deuda es anterior o posterior a la concurrencia de la causa de disolución de la sociedad, debe tenerse en cuenta que la indemnización por despido nace una vez que este es declarado judicialmente improcedente no optando la empresa por la readmisión. Una sociedad está participada por dos cónyuges casados en régimen de separación de bienes. Cada uno de ellos participa del 50% de la sociedad. Uno de ellos es administrador y el otro apoderado general interviniendo en la gestión de la sociedad con plena autonomía. La empresa incurre en causa de disolución por haber quedado reducido su patrimonio a una cifra inferior a la mitad del capital social, y procede al despido de todos sus trabajadores que se declaran nulos por la jurisdicción social. Tras la readmisión, vuelven a ser declarados nulos declarando el derecho de los trabajadores a la correspondiente indemnización. Ante la insolvencia de la empresa, los trabajadores perciben su indemnización del FOGASA con las limitaciones cuantitativas correspondientes. En cuanto que consideran que la deuda indemnizatoria es posterior a la causa de disolución de la sociedad, los trabajadores interponen demanda de indemnización por daño y por deudas ante la jurisdicción civil, reclamando la parte de la indemnización no percibida del FOGASA, y solicitando la condena solidaria de ambos administradores sociales (uno como administrador de derecho y otro como administrador de hecho).
Tanto el juzgado de primera instancia como la AP estiman la demanda y condenan solidariamente a los administradores de la empresa. Los administradores consideran que la obligación de indemnizar surge desde el instante en que se produce la contratación laboral, es decir se trata de una deuda nacida anteriormente que se cuantifica con posterioridad, por lo que al no tratarse de deudas posteriores no pueden dar lugar a la responsabilidad objetiva. Interponen recurso de casación ante el TS. La cuestión por debatir consiste en determinar, a efectos de la responsabilidad de los administradores, cuando se entiende nacida la deuda por las indemnizaciones por despido, y si a estos efectos, se asimilan a las deudas comerciales ordinarias. El TS, confirmando las sentencias condenatorias de instancia, señala que la indemnización por despido no nace con el contrato de trabajo, pues la contraprestación a la prestación de los servicios laborales es el salario (ET art.26) no la indemnización por despido. Esta únicamente nace cuando el despido es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión (ET art.56). En supuesto enjuiciado, el nacimiento de la obligación de indemnizar tuvo lugar cuando la sociedad estaba ya en causa legal de disolución. Asimismo, el TS considera que el hecho de que las deudas no sean comerciales, sino laborales, no supone ningún impedimento para la condena solidaria de los administradores sociales, puesto que la LSC art.367 no exige que las deudas sean comerciales, sino que se refiere a las deudas de la sociedad en general. Por ello, se desestima el recurso de casación confirmando la sentencia de instancia.
Ocio LIBROS ANDALUCÍA EN LA MÚSICA. EXPRESIÓN DE COMUNIDAD, CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD. Este trabajo nos introduce en las diferentes culturas musicales que se dan en la región, en variedad de épocas y en diferentes contextos, para desvelar qué tipo de identidad se expresa en la música que se hace en Andalucía o sobre Andalucía Son múltiples y diversas las manifestaciones musicales que se dan en Andalucía pero a todas les une un denominador común, el mestizaje. Son fruto de tradiciones construidas históricamente, mantenidas socialmente y aplicadas individualmente. Aunque a priori pueda resultar contradictorio, es precisamente este mestizaje lo que las dota de personalidad. Los diferentes géneros y estilos musicales adquieren en Andalucía carácter propio. Este volumen de la Colección Imagen, coordinado por los profesores de la Universidad de Huelva, Francisco José García Gallardo y Herminia Arredondo Pérez, pretende acercarnos a las formas en que la cultura andaluza se ve y se ha construido a sí misma a través de la música y a cómo se interpreta y representa “lo andaluz” más allá de nuestras fronteras, desde la perspectiva del outsider. De la música de las catedrales e iglesias andaluzas en la Edad Media, hasta la música cofrade del siglo XX, el libro nos acerca a las músicas europeas que imaginaban lo andaluz en la ópera; a la copla, la popular canción española o canción andaluza recreada en el siglo XXI; a músicas internacionales como el rock y en particular al localizado en Andalucía; a singulares manifestaciones como el carnaval de Cádiz… Estilos locales que han devenido en géneros regionales, nacionales e incluso transnacionales como el flamenco. Francisco José García Gallardo y Herminia Arredondo Pérez (Coords.) Colección IMAGEN DE ANDALUCÍA EDITA: CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
EXPOSICIÓN MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA - COMISARIO: BENITO NAVARRETE Del 5 de diciembre de 2017 al 8 de abril de 2018. Espacio: Convento de Santa Clara (c/ Becas s/n, Sevilla) Tarifas: Tarifa General: 12,00€; Sevillanos: Gratis; Tarifa Reducida y Grupos: 25% de descuesto sobre la tarifa general. La exposición ‘MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA’, uno de los grandes proyectos del Año Murillo, tendrá entrada gratuita para los sevillanos y residentes en la ciudad. Comisariada por el profesor Benito Navarrete, uno de los mayores expertos en su obra, se celebrará en el Convento de Santa Clara del 6 de diciembre de 2017 al 14 de abril de 2018. Bartolomé Esteban Murillo ha sido una de las personalidades artísticas que mayor influencia y proyección ha tenido en el arte andaluz desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el XIX. Su sombra se proyectó largamente como ejemplo de pintor que había conseguido definir y codificar un estilo artístico que cobraba fortuna y reconciliaba por igual a las élites y al pueblo. Esta exposición pretende estudiar la estela de sus imágenes como auténticas supervivencias a lo largo del tiempo, intentando ver el destino de sus modelos como si fueran síntomas anacrónicos que sobreviven a lo largo de la historia hasta el romanticismo. Para ello, se reunirán un total de 62 obras entre las que podrán verse algunas de las pinturas más originales del artista, cuya latencia es un testimonio del poder de sus imágenes y de la atracción de su gusto y estética en la pintura, escultura y fotografía. Más información: http://www.murilloysevilla.org/exposiciones/murillo-y-su-estela-en-sevilla/
Música / Teatro LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2017 Lugar: Teatro Lope de Vega Horario: 20:30
Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que las cartas que envió a los seres amados se convierten en el hilo conductor. Lorca, la correspondencia personal obra de Juan Carlos Rubio a cargo de Histrión Teatro, nos muestra a un Lorca desdoblado en hombre y mujer, con esa dualidad que siempre le acompañó. Dos actores serán los vehículos perfectos para esta narración, en ese bucle de teatro dentro del teatro que Federico acarició tantas veces, una realidad que nace y se multiplica para que al final llevarnos a un mismo lugar.
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References: Artículo 25
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 51
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 artículo 4
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 artículo 13
 artículo 35
 artículo 46
 artículo 13
 artículo 115
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 resolución