Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=52&id_a=1760&sub_pa=AP
Timestamp: 2019-09-22 10:12:41+00:00

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La Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue ratificada por España sin formular ninguna reserva en el año 1990, ha implicado el reconocimiento de derechos a los niños y niñas y la obligación del Estado de su protección. Esta Convención debe incorporarse al ordenamiento jurídico en su integridad y debe ser ap licada por los poderes públicos.
4 La investigación, además, debería tener como finalidad el análisis de la normativa de ap licación, como es la que regula el acceso a los archivos y registros y la que regula la inscripción de nacimiento, especialmente la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 y las Instrucciones de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de 2004 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, para valorar si son necesarias nuevas previsiones normativas que garanticen el derecho a la identidad y el derecho al conocimiento de los orígenes biológicos y pondere adecuadamente la colisión con otros derechos.
II.4. El Tribunal Supremo ha analizado la naturaleza de dos prestaciones finalistas, como son una beca para estudios y una subvención para la compra de vivienda habitual, y ha determinado que no deben computarse como renta del trabajador que recibe el subsidio. Son las sentencias de 16 de noviembre de 2010 y de 19 de abril de 2002, respectivamente, cuyos fundamentos creemos que son ap licables tanto a la PCV como a la RGI. Además, hay que añadir que la naturaleza de esta última prestación tiene gran similitud con la de la asignación por hijo a cargo –que está expresamente excluida del cómputo de ingresos para el subsidio– ya que ambas tienen la finalidad de atender la subsistencia, en un caso, del hijo o hija y, en otro, de la familia.
Estas personas son nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea por lo que puedan ejercer los derechos reconocidos, en concreto en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. En España es de ap licación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (RD 240/2007).
La Unión Europea ha previsto que se desarrollen medidas para la inclusión social de las personas gitanas de origen comunitario. Así mismo, ha destinado recursos para que las distintas administraciones públicas y agentes sociales puedan cumplir los objetivos establecidos en los instrumentos ap robados a los que nos hemos referido en este documento.
La entrada en un domicilio requiere del consentimiento del titular aunque sea una infravivienda, es decir una chabola o una furgoneta o similar, salvo en el caso de que exista flagrante delito, o bien requiere de resolución judicial que autorice el desalojo. La injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar en los casos previstos por la ley. Además se debe comunicar a las personas, prever alternativas de alojamiento, y desarrollarse de una manera respetuosa, entre otras cuestiones a tener en cuenta. El desalojo no puede ser la única medida que se ap lique por los poderes públicos sino el respeto a los derechos humanos, y especialmente el derecho a tener una vida digna. Las administraciones públicas vascas deben cumplir los compromisos asumidos por ser miembro de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, por lo que son de ap licación los convenios, tratados y pactos que les obligan a proteger los derechos humanos, a actuar con proporcionalidad y a promover políticas de inclusión social.
Esta práctica común por parte de los servicios de protección de menores encuentra su fundamento en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cuyo artículo 21 dispone lo siguiente: "Los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario están obligados a poner en conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia de protección de las personas menores de edad, o cuando sea necesario del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de malos tratos o una situación de desprotección o riesgo infantil, ap ortando los datos que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones, así como colaborando con las citadas administraciones para evitar y resolver tales situaciones".
Sin embargo, ap reciamos datos que llevan a pensar que tales cesiones pudieran estar produciéndose sin las debidas garantías. Para que estas garantías existan no basta con disponer de una previsión legal que ampare la cesión de datos, es necesario que cada supuesto esté debidamente justificado en todos aquellos aspectos que la protección de datos demanda.
El Ararteko, además, ha llevado a cabo diversas actuaciones referidas al padrón municipal, tanto en el curso de las quejas individuales como en actuaciones de oficio y en el seguimiento de otras recomendaciones que afectan a la inscripción en el padrón; también ha ap oyado un trabajo de investigación que se centraba en esta materia.
La inscripción en el padrón es un instrumento importante para la inclusión social de las personas sin hogar. En el año 2008, el Parlamento Europeo ap robó una declaración sobre el problema de las personas sin hogar, en la que pide a los países de la UE un acuerdo europeo para poner fin al sinhogarismo de la calle en el año 2015 y pide a la Comisión Europea que ponga en marcha diversas actuaciones.
1. Incorporar aquellas prácticas que interpreten la normativa de ap licación en el sentido más favorable a los intereses de las personas.
3. Prever la solicitud por escrito con un modelo que contenga los datos que la hoja padronal (el nombre, ap ellidos, sexo, lugar de nacimiento, nivel de estudios y número de DNI, NIE o pasaporte, así como los voluntarios, como es el teléfono). Además, esta solicitud normalizada debe posibilitar la fecha de inscripción (que es la de solicitud) en el padrón y la manifestación de las circunstancias específicas que concurran en la persona solicitante, tales como: manifestación de su residencia efectiva para los casos en los que no tenga título para ocupar la vivienda, o que no cumpla las condiciones de una vivienda o cualquier otra circunstancia que sea necesario señalar que afecte a la inscripción en el padrón.
5. Establecer el trámite de audiencia en cualquiera de los supuestos previstos en el ordenamiento jurídico (alta, modificación, baja), con especial referencia a la baja en el padrón de habitantes por ap licación de la caducidad en los supuestos que afectan a las personas extranjeras.
Es aceptado mayoritariamente, y la normativa y políticas públicas así lo suscriben, el objetivo fundamentalmente educativo de la práctica deportiva en estas edades. Va más allá del ap rendizaje y el desarrollo de la destreza y/o competencias técnicas en una determinada disciplina deportiva para contribuir a la educación integral de los chicos y chicas, adentrándose en la educación en valores positivos para un desarrollo personal y social saludable.
Que las administraciones públicas vascas competentes, cada una en aquello que la ordenación jurídica y administrativa le obligue y/o permita, definan las conductas más ap ropiadas para el adecuado desarrollo de la práctica deportiva educativa con niños, niñas y adolescentes, y sancionen las que resulten contrarias al contenido educativo que ésta ha de tener prioritariamente, mediante un régimen disciplinario de ap licación en todos los momentos, espacios y contextos en que tenga lugar.
Por otro lado, la detención constituye una de las actuaciones policiales con mayor incidencia en los derechos fundamentales, lo que motiva que sea objeto constante de nuestra atención. Nos ha parecido conveniente ap rovechar la recomendación para seguir ahondando en su sistema de garantías, particularmente en aquellos aspectos en los que hemos detectado insuficiencias.
Nuestro análisis se ha circunscrito a los cuerpos policiales dependientes de las administraciones públicas vascas (Ertzaintza y policías locales), sobre los que se proyecta nuestro control, y a los ámbitos en los que de modo recurrente detectamos que nuestras recomendaciones no se cumplen. En cada uno de esos ámbitos hemos tenido en cuenta las recomendaciones citadas y las que otros organismos de garantía de derechos humanos han efectuado, así como las normas y la jurisprudencia que entendemos de ap licación. Partiendo de ello, hemos identificado los problemas que estamos encontrando, proponiendo medidas para solucionarlos.
Nos hemos fijado especialmente en algunos derechos que la Constitución reconoce a la persona detenida, como el de ser informada de modo inmediato y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, el de no ser obligada a declarar y el de la asistencia letrada. Hemos analizado, igualmente, el registro corporal, la comunicación al Juzgado de la detención, el registro de las actuaciones, el establecimiento de pautas sobre horarios de comidas y sobre los lugares donde se realizan las diligencias y los sistemas de videograbación, que son los aspectos en los que hemos ap reciado algunas insuficiencias.
La preservación de su intimidad es asimismo fundamento de las quejas de ciudadanos y ciudadanas que, por otros motivos, han de acreditar ante la Administración las consecuencias económicas y personales de su separación o divorcio. Piden que, en vez de tener que presentar para ello la correspondiente resolución judicial en su integridad, baste a estos efectos con ap ortar su parte dispositiva.
Al actuar así, la Administración busca proteger al menor cuyos datos obran en su poder, de manera que éstos sólo sean conocidos por quien ostenta su representación legal. Lo cierto sin embargo es que, cuando los padres del menor no están separados, las directrices que comentamos no les exigen acreditar, a tales efectos, otra cosa que la filiación del menor. Es sólo en caso de separación cuando, además, se les obliga a ap ortar la resolución judicial o documento notarial que especifique las medidas relativas a la prole, La lógica que se desprende de esta exigencia es doble: por una parte, la de que la separación de una persona con hijos a su cargo es considerada, en sí misma, indicio suficiente para entender que pudiera estar incursa en causa legal de privación de la patria potestad, lo que justificaría asegurarse de que no es así por medio de cautelas que, no mediando separación, no se entienden necesarias; por otra, que dicho indicio se ve reforzado si, además, la custodia de sus hijos e hijas ha sido encomendada al otro progenitor.
9. Consecuencias de la ap licación de la suspensión del derecho a las prestaciones sociales y de las vías empleadas para ello. Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda
Consecuencias de la ap licación de la suspensión del derecho a las prestaciones sociales y de las vías empleadas para ello. Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.
Debido al considerable incremento del número de quejas relativas a la suspensión irregular de prestaciones sociales, el Ararteko ha publicado una recomendación general al respecto. Las quejas que dan origen a esta recomendación, vienen motivadas por cuatro razones, a saber: la no ap licación de la medida de la suspensión cautelar ante la existencia de meros indicios, que no pruebas, de incumplimiento de obligaciones o pérdida de requisitos; la necesidad de realizar una nueva solicitud de la prestación suspendida en ap licación de una extinción de facto al margen de las causas tasadas por la normativa; la falta de motivación de las resoluciones de suspensión; y, finalmente, aspecto de la recomendación dirigido en especial a la Diputación Foral de Álava, la inaplicación de las normas de procedimiento en relación con la reclamación de cantidades percibidas indebidamente.
En opinión del Ararteko, en muchas ocasiones se procede a adoptar la medida de la suspensión ante la presencia de simples indicios de incumplimiento por parte de las personas perceptoras, sin dar ocasión a las mismas a presentar alegaciones (artículos 53 y ss. del Decreto 147/2010 y 31 y ss. del Decreto 2/2010); se trata de casos para los que la normativa vigente prevé la ap licación de una suspensión cautelar (que tiene una duración máxima de tres meses, con derecho a reembolso de las cantidades no percibidas en caso de demostrarse que no había motivos para adoptar la medida, artículos 48 del Decreto 147/2010 y 28 del Decreto 2/2010), y que por tanto no tiene las graves consecuencias de la suspensión firme (que dura hasta 18 meses, sin derecho al reembolso de las cantidades no percibidas, artículos 45 del Decreto 147/2010 y 26 del Decreto 2/2010).
Que ante la existencia de indicios de pérdida de requisitos o incumplimiento de obligaciones para la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos o la Prestación Complementaria de Vivienda, se ap lique con carácter general la suspensión cautelar del pago en vez de la suspensión del derecho a la prestación, pues esta última responde a situaciones en las que existen pruebas concluyentes de que se ha incurrido en alguna causa de suspensión por parte de la persona perceptora.
Que en el caso de constatar el cobro de cantidades indebidas, no se ap lique de forma automática el máximo descuento del 30% sobre las prestaciones futuras previsto por la ley, sino que se atienda a las circunstancias particulares de la unidad de convivencia afectada, tal y como establecen los artículos 57.5 del Decreto 147/2010 y 35.4 del Decreto 2/2010.
A la vista de las consideraciones anteriores, el Ararteko estimó conveniente abrir un expediente de oficio para recabar información y contrastar con diversas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, su actuación y parecer sobre este particular. Así, se solicitó información sobre el particular a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, además del Ayuntamiento de Barakaldo, por las quejas ap arecidas en prensa y, finalmente, la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL.
El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se ap rueba el Reglamento General de Circulación para la ap licación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ap robado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RGC), se refiere en los artículos 4 y 5 a la regulación ap licable a los resaltos en los pasos de peatones, determinando que no se considerarán obstáculos en las calzadas cuando aquellos cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento.
En este marco, la Orden 3053/2008, de 23 de septiembre, del Ministerio de Fomento, ap rueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras del Estado (BOE nº 261, de 29 de octubre de 2008). El propio Ministerio de Fomento ha considerado que la Orden extiende su ámbito de ap licación exclusivamente a las carreteras del Estado, si bien nada impide ap licarla en el ámbito de otras redes viarias si así lo establecen las administraciones responsables de dichas infraestructuras.
Ahora bien, para aquellas administraciones que no dispongan de normas propias ni hayan asumido como propias las previstas por otras administraciones, a modo de cláusula de cierre del ordenamiento jurídico ap licable, no puede descartarse la ap licación supletoria de la Orden del FOM.
Desde la institución, les aconsejamos que soliciten el ap lazamiento y fraccionamiento de su pago, pues suele ser más liviano abonarlo de esta forma que no hacerle frente, por carencia de medios, y que la deuda entre en fase de cobro en vía de ap remio.
Como quiera que la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se ap rueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco no impide que las Juntas Generales puedan establecer nuevas exenciones en este impuesto, proponemos la siguiente:
En los últimos años esta institución se ha ocupado en varias ocasiones de los problemas que suscita la participación en asuntos relaciones con el urbanismo, el medio ambiente. Las dificultades para participar en los procesos iniciados, la falta de una respuesta formal o las deficiencias en la motivación han sido algunos de los supuestos analizados por esta institución. Por otro lado han sido varias las asociaciones que nos muestran su preocupación por el escaso valor que se asigna a sus ap ortaciones. Algunas administraciones públicas, lejos de considerar a las asociaciones o grupos en defensa de los intereses colectivos como partes interesadas para mejorar la toma de decisiones, manifiestan una total desconfianza hacia ellas. Las materias a las que afectan estas reclamaciones son, fundamentalmente, las relativas al medioambiente o al urbanismo y, en menor medida, a asuntos de ámbito local.
Nuestro ordenamiento jurídico ha introducido la participación ambiental con base en diferentes instrumentos jurídicos internacionales que han ido asentando una suerte de Democracia ambiental basada en tres pilares básicos; información, participación y acceso a la justicia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y desarrollo ap robó en 1992 la Declaración de Río y el Convenio de Aarhus han sentando las bases de un sistema mundial de protección ambiental basado en un modelo de desarrollo sostenible.
• Ordenanzas municipales. Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán promover la ap robación de reglamentos que regulen la participación ciudadana, en especial, la medioambiental. Para ello tanto el Gobierno Vasco, como las Diputaciones Forales y la Asociación de Municipios Vascos Eudel promoverán la asistencia técnica necesaria y la redacción de ordenanzas tipo.
Este estudio está edificado sobre la base de los principios reconocidos en el Derecho internacional, que es parte del ordenamiento jurídico ap licable. La integración del Derecho internacional en el ordenamiento jurídico deriva tanto de la misma Constitución (artículos 96.1 y 10.2) como de los tratados internacionales (Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969). Así ha sido reconocida también por el Tribunal Constitucional y por órganos internacionales en el ámbito de los derechos humanos.
El poder de los derechos humanos no se mide por la internacionalización de sus normas, sino por el nivel de interiorización de estas y su ap licación por los poderes públicos a nivel local y estatal. Tanto desde los marcos jurídicos interno e internacional, como en base al principio de buena administración y al compromiso con los derechos humanos, las administraciones públicas han de guiarse por el Derecho internacional de los derechos humanos en el marco de sus respectivas competencias.
El Ararteko tuvo conocimiento de algunas de las políticas públicas ap licadas en el País Vasco en relación con las víctimas del franquismo a través de una consulta abierta a todos los Ayuntamientos de Euskadi, las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco (Dirección de Derechos Humanos). También mantuvieron conversaciones telefónicas y por correo electrónico con personal de las Juntas Generales y responsables de varios Ayuntamientos. El proceso completo duró ap roximadamente cuatro meses (octubre de 2011 – enero de 2012).
Del examen de los planes y programas ap licados por las administraciones públicas, el Ararteko identificó estos cinco patrones en las políticas públicas:
• Se abstuvieran de ap licar la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía frente a crímenes contra los derechos humanos.
• Reconocieran que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional ap licable.
• La ap robación de declaraciones políticas y la realización de actos públicos de reconocimiento a las víctimas.

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto