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Timestamp: 2019-01-17 04:52:07+00:00

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Acuerdo y Sentencia 52/2010 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 52/10
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores ANTONIO FRETES y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra la Sala en reemplazo del Doctor JOSÉ V, ALTAMIRANO AQUINO, ante mi, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "EDGARDO MOAZIR GÓMEZ ZAPUTOVICH Y OTRO S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTRO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Bettína Marcela Legal Balmaceda, por la defensa técnica del Sr. Edgardo Moazir Gómez Zaputovich.
A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: La Abogada Bettina Legal Balmaceda en representación del Sr. Edgardo Moazir Gómez Zaputovich, promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I.Nº 291 de fecha 18 de diciembre de 2007, dictado por al Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala de la Capital, en los autos previamente individualizados, por supuesta conculcación por parte de los juzgadores de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y 4, 5, 6, 9, 125, 353 y 359 del Código Procesal Penal.
Antes de iniciar el análisis propiamente dicho de la Acción de Inconstitucionalidad intentada, pongo de manifiesto cuanto en reiterados fallos de esta Corte se ha dicho, y esto es que la Sala Constitucional, no es una tercera vía de revisión de sentencias: por ello, la admisión de la "Acción" solo procede cuando la misma es promovida contra resoluciones judiciales y se funda en una manifiesta conculcación por parte de los "Iudex" de la exigencia dispuesta en el art. 256 de la Constitución Nacional, la que una vez, verificada y confirmada, generaría la nulidad de lo resuelto por los Juzgadores (art. 560 del C.P.C.). Demás está decir, que esta Sala no puede impugnar fallos por discrepancias con los criterios jurídicos y legales sostenidos por los juzgadores, sólo es hábil para verificar la razonable aplicación del derecho a la casuística sometida a resolución por el órgano jurisdiccional competente."-
El caso sometido a estudio debe ser observado "constitucionalmente", dentro de los presupuestos legales establecidos por la norma facultativa para esta Sala Constitucional, proponiendo la misma y, en tal sentido, un control de los actos jurisdiccionales desde los alcances constitucionales y no por medio de la revisión de los mismos, como lo sería en el caso de los controles jurisdiccionales de tercera Instancia.
La accionante alega como fundamento de su pretensión la "escasa o nula fundamentación" del fallo impugnado y la inculcación de normas constitucionales y legales referidas al debido proceso y la defensa en juicio. En cuanto a la falta de fundamentación sostiene que la sola trascripción de las actuaciones procesales no constituye una verdadera fundamentación. Asimismo, arguye que el Tribunal de Apelación al declarar inadmisible el recurso de apelación general deducido por su parte ha restringido y lesionado el derecho que tiene su representado de acceder a la justicia a través de la vía recursiva.
Siguiendo el trámite procesal de la acción intentada se corrió vista al Fiscal General del Estado, que por medio del Dictamen N° 1817 de fecha 3 de diciembre de 2008, ha recomendado a esta Sala Constitucional rechazar la inconstitucionalidad planteada por no advertirse violación de principios, derechos ni garantías constitucionales.
Considero que la presente Acción de Inconstitucionalidad promovida, debe ser rechazada
A efectos de una mejor ilustración conviene mencionar que la impugnante, en la oportunidad procesal pertinente, planteó recurso de apelación general contra los numerales 3 (que rechazó el incidente de nulidad de acusación) y 4 (rechazó el Incidente de exclusión probatoria) del A.I. Nº 1487 de fecha 28 de septiembre de 2007, dictado por el Juez Penal de Garantía N° 6, abogado Pedro Mayor Martínez, en cuya consecuencia recayó la resolución de la Cámara -hoy impugnada- que dispuso declarar inadmisible el Recurso de Apelación General interpuesto por la representante convencional del acusado EDGARDO MOAZIR GÓMEZ ZAPUTOVICH, abogada Bettina Marcela Legal Balmaceda. Como fundamento del fallo impugnado el órgano de alzada sostuvo que en el caso en estudio se impone la declaración de inadmisibilidad del recurso planteado en virtud a la disposición de irrecurribilidad del auto de apertura a juicio contenido en el artículo 461 in fine del Código Procesal Penal.-
Ahora bien, cabe precisar que en la resolución impugnada ante esta Sala Constitucional (A.I. N° 291 de fecha 18 de diciembre de 2007), el Tribunal de Apelación arribó a la solución jurídica de inadmisibilidad, en razón a que el fallo del juzgador primario que la origino se refiere al llamado AUTO DE APERTURA A JUICIO. En este sentido es clara la disposición contenida en el art. 461 in fine del Código Procesal Penal, que dispone: "No será recurrible el auto de apertura a juicio".
Al decir del Fiscal General del Estado "El Tribunal de alzada, verificó los presupuestos de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, y ame te expresa mención normativa de irrecurribilidad del auto de apertura a juicio, así lo declaró". En estas condiciones la impugnante no puede sostener válidamente sus pretensiones, sobre todo cuando el órgano de alzada esgrimió puntualmente las razones que sustentan su decisión de declarar inadmisible el recurso planteado, por lo que el fallo impugnado no adolece de la pretendida falta de fundamentación y mucho menos se han conculcado las reglas del debido proceso ni la defensa en juicio, habida cuenta que la actuación del Aquem se efectuó dentro del marco legal que la rige.
Por tanto, verificadas las constancias de autos y las argumentaciones sostenidas por el accionante, no encuentro méritos suficientes ni reales que ameriten una intervención bajo te tutela del control de constitucionalidad a los actos jurisdiccionales objetos de cuestionamientos en la presente acción.
En este sentido numerosos fallos emanados de esta instancia, han sostenido que la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto precautelar los principios, derechos y garantías contenidos en la norma fundamental, y esto no implica revisión de sentencias, si las mismas han sido generadas dentro de los mandatos legales del debido proceso y las facultades discrecionales que te ley otorga a los Jueces, lo que verificadamente se ha dado en el presente caso.
Conviene traer a colación el criterio de esta Sala Constitucional en relación al punto especifico -declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra el auto interiocutorio que resuelve ordenar la apertura a juicio oral y público-, que refiere "La presente acción de inconstitucionalidad no puede prosperar. El análisis a ser efectuado versará exclusivamente sobre la sujeción o no del fallo impugnado a las normas y principios establecidos en nuestra Carta Magna, sin ánimo desde luego, de constituir una indebida tercera instancia, a todas luces improcedente... el accionante podrá disentir con el fallo, pero ello no lo torna arbitrario, ni constituye un agravio a normas y principios elevados en nuestro sistema positivo a rango constitucional. Por el contrario, al declararse la apertura del juicio oral y publico para los acusados individualizados en líneas precedentes, los mismos tendrán la oportunidad de plantear todas y cada una de las cuestiones que hagan al ejercicio irrestricto del derecho a la defensa, en el marco de los principios rectores del proceso penal como son la oralidad, publicidad, Inmediatez, contradicción, economía y concentración. Así tas cosas, la resolución que nos ocupa fue dictada dentro de los parámetros que las leyes imponen, no contiene lesiones de normas o principios constitucionales que reparar, tampoco presenta vicios de arbitrariedad. (A. y S. Nº 863 del 26 de septiembre de 2008. Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Juan Ignacio Edwards y otros s/Alteración de datos y otros. N° 1029, Año 2007).
Asimismo ratifico mi postura asumida en el fallo previamente individualizado, referente a la inapelabilidad del auto de apertura a juicio oral, expresando: "Resulta un absurdo, considerar lo inconsiderable, es decir la inapelabilidad del Auto de Apertura a Juicio Oral... cabe recordar a los jueces que el art. 356 del Código Procesal Penal dispone que las "Resoluciones" deben ser dictadas por el Juez Penal de Garantías, luego de finalizada la audiencia preliminar. En ningún momento expresa, que todas las cuestiones deben resolverse en un mismo "Auto", y esto es importante remarcar, sobre todo cuando podrían afectarse derechos irrenunciables tanto de la victima, el acusador público o el imputado, los que pueden y deben ser revisados por instancias recursivas superiores. También es importante remarcar que la junción del Juez Penal de Garantías es controlar el proceso y velar por las garantías de la etapa procesal en la que intervienen (preparatoria-intermedia). Entonces, los Jueces Penales de Garantías, deben resolver en "auto fundado " las excepciones e incidentes que pudieran afectar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, u otras elementales garantías del proceso penal, y por separado dictar el "auto de elevación a juicio oral y público", resultando éste último inapelable. Mientras se sigan dictando en un mismo auto, todas las cuestiones, seguirá cerrándose la vía recursiva derivada de la etapa intermedia, ya que efectivamente y manifiestamente el "auto que declare la apertura del Juicio Oral y Público" es irrecurrible.
Por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el Dictamen del Ministerio Público, opino que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Imponiendo las costas al accionante. Es mi voto.
Asunción, 02 de marzo de 2.010.
RECHAZAR la presente acción de inconstitucionalidad.
IMPONER las costas al accionante.
Héctor F. Escobar Díaz – Secretario

References: resolución 
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 artículo 461
in fine
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