Source: http://documentadesdeabajo.org/informe-H-obligaciones-03-durante-la-emergencia.html
Timestamp: 2018-12-10 16:03:54+00:00

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Una vez acaece el fenómeno natural las autoridades deben mitigar sus efectos desastrosos desplegando todas las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de las personas con inmediatez y eficacia. Su actuación debe realizarse de conformidad con los marcos normativos qué debieron adoptarse con antelación a la emergencia.
El criterio inmediato de actuación durante la emergencia es el socorro de la población que debe tener una perspectiva de no discriminación centrada en la dignidad de la población damnificada. Esto implica considerar a los damnificados como sujetos con derecho a ser informados y a decidir sobre la situación en la que se encuentran y no únicamente como sujetos a ser rescatados por las autoridades. El enfoque de los Estados para atender a las personas damnificadas debe basarse en una perspectiva de derechos humanos45, que permita cubrir las necesidades de la población afectada “con arreglo a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad, y sobre la base de la no discriminación, teniendo en cuenta las necesidades de los especialmente vulnerables”46.
La garantía de los derechos, el hacer por parte del Estado, debe ser desplegado con inmediatez y urgencia en todo momento de esta etapa. Como se señaló en el acápite anterior, las autoridades debieron desplegar acciones para que en el momento de la emergencia puedan actuar de forma efectiva y así salvaguardar los derechos de la población afectada.
La emergencia se caracteriza por ser un momento dramático en el cual debe actuarse con urgencia, pero también con diligencia. Por ello es muy conveniente que la actuación de las autoridades esté acotada y regulada. En este sentido, a mayor urgencia, más reglas debe haber, ya que las personas y la garantía de sus derechos están en gran peligro. Para maximizar su protección, es necesario que el Estado cuente con protocolos detallados de actuación en cada una de las actividades que llevará a cabo en la emergencia. Además, en el caso extremo en el que sea imperioso restringir un derecho, la restricción debe evaluarse conforme a criterios estrictos de un fin legítimo y cumplir con los criterios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto47.
La situación en la que se encuentran las personas afectadas por un fenómeno natural con efectos catastróficos hace necesaria y obligatoria la aplicación de los estándares más protectores del derecho internacional y nacional para protegerles. Aunado a lo anterior, el derecho internacional relativo a las personas desplazadas resulta de suma importancia y obligatorio para esta etapa ya que éste incluye la protección de personas desplazadas por desastres. Entre estas obligaciones se encuentran la asistencia humanitaria de emergencia, la garantía del mínimo esencial de los derechos, entre otras.
El DIH prevé el socorro de la población civil en caso de conflictos armados (internacionales y no internacionales) que se encuentra orientada por el principio de humanidad y que puede ser empleado como un parámetro para la asistencia de las personas que se ven afectadas en caso de desastres.
Aunado a lo anterior, es importante que las autoridades, con base en el principio pro persona, también retomen los criterios y protocolos relativos a la búsqueda de personas desaparecidas que tienen un amplio desarrollo y pueden ser útiles en caso de un desastre. En particular, las cuestiones sobre cadena de custodia, protocolos de búsqueda y procedimientos para la localización de personas.
2.1.1. Obligación de garantía
La obligación de garantía implica necesariamente una conducta positiva (de acción) por parte de las autoridades, para el cumplimiento de cualquier derecho. De acuerdo con la Corte IDH, la obligación de garantizar no se agota con la existencia de un marco normativo dirigido a cumplirla, sino que además todas las autoridades del Estado deben desplegar conductas que aseguren la existencia real de un eficaz, libre y pleno ejercicio de los derechos humanos48.
La garantía de los derechos tiene dos componentes importantes. Por un lado, esta obligación tiene una parte macro que implica la existencia de un aparato estatal adecuado que asegure el cumplimiento de los derechos. Este componente de la garantía se encuentra relacionada con la prevención, puesto que para poder cumplir con los derechos, al momento de la emergencia es necesario que el Estado previamente cuente con los mecanismos adecuados para que cualquier derecho pueda realizarse49, como ya fue mencionado en la obligación de prevención. Por ejemplo, para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal si una persona se encuentra atrapada bajo un edificio, el Estado debió haber creado previamente un equipo especializado en búsqueda y rescate, tal y como se recomienda en la sección 3.2.1.
El segundo componente de la obligación se refiere a una cuestión más inmediata que compromete al Estado incluso ante la falta de planeación o políticas públicas a enfrentar la situación específica y urgente que pone en peligro cualquier derecho minimizando el riesgo de vulneración. Siguiendo con el ejemplo de personas atrapadas en un edificio, incluso si el Estado no contaba con un protocolo detallado para búsqueda y rescate, las autoridades deben realizar todo lo posible para salvaguardar la vida de las personas. En esta situación, es importante entender que aunque el Estado salve a las personas en el momento de la emergencia, puede violar la obligación de garantía por no contar con los protocolos o mecanismos de búsqueda y rescate antes de la misma.
Atendiendo a los dos puntos, el Estado, en primer lugar, debe contar con un mecanismo institucional organizado y con protocolos específicos antes de la emergencia para salvaguardar todos los derechos y evitar una reacción desordenada frente al desastre como sucedió el 19 de septiembre. En un segundo momento, el Estado debe garantizar de todas las formas posibles que no se vulneren los derechos de las personas, incluso si no existen mecanismos previos.
Es importante destacar lo señalado por la Corte IDH respecto de la garantía del derecho a la vida. La Corte afirma que la protección del derecho es necesariamente el requisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos50. En este sentido, el Estado tiene el deber de realizar todas las acciones posibles para salvaguardar la vida de todas las personas que puedan estar en peligro durante la emergencia.
Por último vale la pena recalcar las obligaciones de garantía del Estado relacionada con las personas desaparecidas. Existen múltiples tratados internacionales en la materia, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de los cuales se han desarrollado múltiples estándares y directrices de cómo buscar personas desaparecidas. En ese sentido, es fundamental que se retomen para la búsqueda de personas durante la emergencia.
2.1.2. Obligación de atención humanitaria inmediata y derecho internacional de los desplazamientos internos
La ocurrencia cada vez más frecuente de desastres sociales asociados a fenómenos naturales ha llevado a que el enfoque de atención humanitaria, en un inicio dedicado a las víctimas de conflictos armados, haya acercado su atención a las personas afectadas por desastres en los que media la ocurrencia de un fenómeno natural.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos definen a los desplazados internos como:
“(…) Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”51.
Como es posible observar, la definición internacional de las personas desplazadas internamente contempla a aquellas cuyo motivo de abandono forzado del hogar o lugar de residencia habitual derivó de la ocurrencia de una catástrofe bien sea natural o provocada por el ser humano. Los Principios rectores sobre desplazamientos internos han sido empleados como criterio interpretativo en decisiones de la Corte IDH y, cuando mínimo, deben ser tenidos en cuenta como un criterio orientador del Estado mexicano al momento de plantear sus políticas de atención humanitaria y reconstrucción. Lo anterior ya que en ellos se explica la forma en que deben actuar los Estados frente a fenómenos de esta magnitud. En los siguientes acápites se detallarán las obligaciones y actuaciones específicas que deben ser desplegadas.
Particularmente, en materia de atención humanitaria, la sección IV de los Principios rectores establece que la asistencia se debe prestar con arreglo a los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna. Asimismo, señala que “la obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales”52. La asistencia humanitaria en el momento de la emergencia debe atender las necesidades básicas requeridas para sobrevivir en condiciones dignas como el abastecimiento de agua, el saneamiento, condiciones adecuadas de higiene, alimentación, refugios de emergencia y atención en materia de salud.
2.1.3. Obligación de garantía del mínimo esencial y no interrupción de servicios fundamentales
El Estado tiene la obligación de asegurar la satisfacción de, por los menos, los niveles esenciales en cada uno de los derechos53. En este sentido, incluso en los momentos de emergencia, el Estado debe usar todos los medios posibles para proporcionar los mínimos básicos para la subsistencia de las personas, dependiendo del derecho del que se trate. Por ejemplo, sobre el derecho a alimentación, el Comité DESC ha establecido que el nivel mínimo es estar protegido contra el hambre; sobre el derecho al agua ha señalado que el mínimo a garantizar es el acceso a la cantidad de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades54.
Los mínimos esenciales permiten identificar los límites infranqueables para la restricción de derechos, es decir, ayuda a determinar cuándo el Estado no puede restringir un derecho bajo ninguna circunstancia. El límite para las acciones del Estado son los mínimos esenciales de cada derecho y la supervivencia digna de las personas.
La Suprema Corte de Justicia ha señalado que las autoridades fallan en la protección de los derechos humanos, cuando por alguna circunstancia el contenido esencial “queda sometido a limitaciones que impiden su ejercicio, lo dificultan más allá de lo razonable, o bien, lo despojan de una necesaria protección”55.
Los servicios fundamentales tienen una relación estrecha con los derechos económicos sociales y culturales. Estos servicios permiten proporcionar los bienes jurídicos protegidos por los DESCA como agua, electricidad o transporte. En este sentido, el Estado debe garantizar la no interrupción de los servicios o buscar la forma en que estos pueden ser provistos, pues de lo contrario se encontraría incumpliendo con su obligación de garantía al mínimo esencial.
2.2. Acciones específicas que debe desplegar el Estado, obstáculos existentes y recomendaciones para su superación
2.2.1. Búsqueda y rescate
El Manual del Sistema Nacional de Protección Civil señala que la búsqueda y rescate se refieren a la localización de personas extraviadas o perdidas y a la acción de salvar o salvaguardar a la población que se ubique en zonas catalogadas de alto riesgo. La obligación de las autoridades respecto de búsqueda y rescate incluye, además de la salvaguarda de la vida e integridad de las personas a través de acciones de búsqueda en edificios derrumbados, la identificación de personas fallecidas y desaparecidas, el trato digno a los restos mortales de las que se encontraron y la recuperación de objetos personales. Estas obligaciones son fundamentales pues son clave para garantizar el derecho a la vida, integridad y dignidad de las personas.
Aunque se contempla que los sistemas de protección civil a nivel estatal participarán en las actividades de búsqueda y rescate, estos únicamente se encargan de ser coordinadores de grupos especializados y voluntarios de la sociedad civil56. En ese sentido, el enfoque y exigencia de derechos debe concentrarse en la capacitación a nivel estatal de funcionarios de la administración pública en todos los lugares del país para que participen de las actividades de búsqueda y rescate pues, actualmente, a nivel federal, la Marina y las Fuerzas Armadas son las encargadas de la búsqueda y rescate de personas57.
Las Fuerzas Armadas actúan conforme al Plan DN-III, plan de auxilio a la población civil, que indica los lineamientos bajo los cuales actuarán el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas en casos de emergencia por el acaecimiento de un desastre58. Una de las fases del DN-III contempla la búsqueda y rescate. El problema radica en que no es posible saber nada más del mencionado plan dado que ha sido considerado como información reservada por tratarse de seguridad nacional. Debido a lo anterior, es imposible saber cómo actuarán las Fuerzas Armadas en casos de desastre.
Respecto de la Marina, si bien el “Plan Marina de auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre” es público, en él no se encuentran lineamientos específicos de la forma en que se llevarán a cabo las labores de búsqueda y rescate.
Esta situación genera un problema de poca transparencia, pues la falta de publicidad de los lineamientos de actuación de las Fuerzas Armadas impiden que la sociedad pueda saber cómo se realizan las actividades de búsqueda y rescate. Lo anterior va en contra del derecho a la información, impide que la gente pueda exigir una mejor actuación del Estado y alimenta la desconfianza por parte de la población hacia las autoridades. Si no es posible saber cuáles son los lineamientos bajo los cuales actúan, las personas no pueden estar seguras de si las autoridades están desempeñando sus funciones de forma adecuada y no arbitraria. Por ello, es exigible transparentar los lineamientos mencionados.
Por otro lado, resulta problemática la insistencia del Estado mexicano en desplegar fuerzas militares para actividades que podrían encontrarse a cargo de autoridades civiles. Como ha sido señalado por la Corte IDH, el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, relacionado con abatir al enemigo59, hace peligroso e inadecuado que éstas participen en tareas de seguridad pública que incluyen actividades de protección civil. Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana ha afirmado que en el continente americano, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna por lo general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos60. En particular, la participación de las Fuerzas Armadas en México resulta preocupante por la recurrencia de violaciones a derechos humanos y condenas recibidas en contra de ellas en casos resueltos por la Corte IDH como Rosendo Radilla Pacheco; Inés Fernández Ortega;Valentina Rosendo Cantú; y Cabrera García y Montiel Flores. En razón de lo anterior debería replantearse la participación de las Fuerzas Armadas en el marco de la protección civil.
Es posible que las Fuerzas Armadas sean las únicas con el entrenamiento necesario para afrontar ciertas cuestiones respecto de la emergencia como el rescate urgente de población en una zona de desastre. El Estado debe especificar detalladamente cuáles son. Si no es necesario, siempre debe optarse por la participación de autoridades civiles para minimizar la posibilidad de violaciones a derechos humanos.
Una forma en la que el Estado puede articular la transparencia y rendición de cuentas durante esta etapa es garantizar la participación efectiva y coordinada de la sociedad civil con experiencia en búsqueda y rescate. Hay casos, como el de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, en los que la sociedad civil tiene una experiencia y capacidad mayor a las del mismo Estado para actuar durante la emergencia. Además, se puede proporcionar entrenamiento a civiles para garantizar que existan suficientes rescatistas durante la emergencia. Lo cual también ayuda a la rendición de cuentas.
Otra forma de incluir a la sociedad civil y transparentar los procesos de búsqueda y rescate es que exista la posibilidad de capacitación a civiles como rescatistas para el momento de la emergencia, lo cual podría ser realizado a través del CENAPRED. Una vez que las personas reciban su certificado de capacitación se debería construir un padrón de rescatistas de la sociedad civil, estatales y municipales, para que sean llamados en el momento de la emergencia. El padrón debe ser accesible y contener la información de cuántos rescatistas hay en cada municipio. Además, el padrón municipal de rescatistas debe tener una perspectiva diferenciada para los municipios que, de acuerdo con los atlas de riesgo, estén en mayor vulnerabilidad frente a desastres. Para lograrlo se debe crear un protocolo de coordinación entre las Fuerzas Armadas, encargadas legalmente de la búsqueda y rescate, y la sociedad civil capacitada, como los Topos.
Otro mecanismo indispensable para la transparencia y rendición de cuentas es la publicidad y difusión que deben dar las autoridades de las listas con información de las personas desaparecidas y rescatadas. La información puede ser publicitada a través del vocero de la emergencia, posición que será explicada a detalle más adelante.
Es importante señalar que existen mecanismos internacionales, en específico el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas que se especializa en la certificación de grupos de búsqueda y rescate urbanos los cuales podrían ayudar a la profesionalización y mejoría de dichas actividades. México se encuentra en proceso de certificación y este mecanismo ha identificado falencias de las autoridades de protección civil como la insuficiencia para la respuesta a nivel nacional, la poca profesionalización y la falta de coordinación. En este sentido, el Estado mexicano ya cuenta con una ruta para seguir y mejorar sus estándares de búsqueda y rescate61.
No obstante la necesidad de certificaciones externas, las autoridades en la elaboración de protocolos de actuación deben incluir los siguientes criterios:
Restringir el uso de las Fuerzas Armadas a las funciones estrictamente necesarias en búsqueda y rescate y las restantes que sean asumidas por funcionarios públicos.
Las actividades de búsqueda y rescate deben ser desplegadas de forma intensa por al menos 96 horas. Si bien, no hay una fuente oficial con horas exactas, de acuerdo con criterios técnicos sobre estructuras62, en esta cantidad de horas aún existe una probabilidad fuerte de encontrar a personas con vida. No obstante, si hay cualquier indicio de que una persona pueda seguir con vida, el criterio de las horas debe ser inobservado y las autoridades encargadas deben continuar el rescate.
Promover la participación coordinada en la búsqueda y rescate de personas.
Publicitar protocolos de búsqueda y rescate de personas, incluyendo en ellos tiempos de búsqueda, autoridades competentes, etc.
Aunado a lo anterior, respecto de la identificación de personas desaparecidas, fallecidas y recuperación de restos mortales, el Estado debe elaborar protocolos de identificación y de cadena de custodia para la preservación de cuerpos evitando cualquier daño y resguardar las pruebas. En los protocolos como mínimo se deben contemplar los siguientes lineamientos:
Realizar ejercicios de censo para determinar el número, edad, sexo, género, pertenencia a un pueblo o comunidad indígena y religión de las personas que han fallecido o salido con vida en el desastre.
Preguntar a las familias información básica y datos precisos de sus personas desaparecidas conforme a los protocolos existentes en la materia63 para tener la mayor cantidad de datos e incorporarlos a la recopilación y gestión adecuada en el proceso de identificación.
Garantizar que los cuerpos estén numerados, sean fotografiados, y que se identifiquen y registren detalles de los fallecidos antes de los entierros en masa u otras formas de disposición de los restos.
Utilizar pertenencias y documentos de las personas fallecidas, métodos de identificación humana forense que se basan en comparar datos ante-mortem (AMD) de la persona fallecida con los datos post-mortem (PMD) obtenidos de los restos (por ejemplo, huellas dactilares, expedientes dentales, trazos médicos únicos, características físicas generales, ADN, etc.)64.
Tratar los restos mortales de acuerdo con las creencias específicas de la persona fallecida y sus familiares.
En el proceso de rescate y revisión de los edificios las autoridades se encontrarán con objetos personales de las personas que perdieron sus hogares. Los objetos resultan de la mayor relevancia porque estos—en especial los documentos de identidad y ciertas prendas—pueden facilitar la búsqueda de personas desaparecidas o fallecidas. Asimismo, en virtud de sus derechos las personas deben tener la posibilidad de recuperar sus objetos antes de que comiencen los trabajos de reforzamiento o demolición de los inmuebles.
Como se expone en el capítulo 3, durante el ejercicio de documentación se registró una inconformidad importante por parte de las familias afectadas respecto de la falta de resguardo y custodia de los bienes que permanecían en medio de los escombros, así como en edificios dañados que debían ser demolidos o reforzados. Aunque la pérdida de objetos personales y bienes muebles pudo ser el simple resultado del colapso inmediato de los inmuebles y en ese sentido inevitable, en muchos casos se registró la inadecuada conducta de las autoridades las cuales no contaban con protocolos claros de actuación.
En este sentido, es vital que se realicen protocolos para que haya autoridades competentes que recuperen todos los objetos posibles y éstos sean salvaguardados en un lugar confiable para que las personas posteriormente puedan recuperarlos. El lugar donde se resguardan los bienes debe ser seguro y su ubicación tiene que ser cercana al domicilio de las personas. Además, la ubicación debe ser difundida ampliamente para que las personas accedan con facilidad a la misma.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, bajo el Programa de Reconstrucción se incluyó una ruta de recuperación de bienes a través de los Bomberos y/o personas de Protección Civil o la Delegación Benito Juárez a través de las autoridades de protección civil de la delegación pero continúan siendo esfuerzos fragmentados. Es importante garantizar que haya protocolos de recuperación de bienes en todas las entidades federativas.
Búsqueda y rescate de personas desaparecidas durante el desastre Fuerzas Armadas y Marina Elaborar y transparentar de protocolos de actuación conforme a los criterios señalados. Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México
Artículo 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Manual del Sistema Nacional de Protección Civil
Buscar y resguardar los objetos personales de las personas afectadas Grupos especializados de protección civil a nivel estatal o Cuerpo de Bomberos Elaborar y transparentar de protocolos de actuación conforme a los criterios señalados Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Determinar detalladamente las autoridades competentes Manual del Sistema Nacional de Protección Civil
Identificar a las personas fallecidas Servicio Médico Forense de cada entidad federativa Elaborar y transparentar de protocolos de actuación conforme a los criterios señalados Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica del Poder Judicial de cada entidad o Ley Orgánica de la Fiscalía o Procuraduría de cada entidad
2.2.2. Ininterrupción o restablecimiento de servicios fundamentales
La Ley General de Protección Civil señala que las autoridades de todos los niveles deben ejecutar medidas de seguridad dentro de su competencia para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad65. De acuerdo con el Manual del Sistema Nacional de Protección Civil esta función está orientada a atender los daños causados por el desastre a los “bienes de la colectividad, de importancia decisiva para su sostén y desarrollo” y reorganizar los servicios ofreciendo alternativas.
Dichos servicios son fundamentales para poder garantizar derechos económicos, sociales y culturales y en general, las condiciones de una vida digna para todas las personas que se encuentran en la zona del desastre. Con base en la importancia de la garantía de estos derechos, el Estado debe crear protocolos que prevengan la interrupción de cualquiera de los servicios fundamentales. En estos protocolos deben prever, en caso de que el servicio no pueda ser provisto de forma cotidiana, una alternativa para brindarlo. Un ejemplo en el caso de agua es que si este servicio se detiene, se debe contar con pipas que garanticen las cantidades adecuadas de agua para todas las personas, así como sistema de transporte para distribuirlas.
De ahí que el Estado debe hacer todo a su alcance para lograr la prestación de los servicios fundamentales de manera ininterrumpida. En caso de que sea imposible, se deben desplegar todas las acciones para restablecer su funcionamiento lo más pronto posible.
Dentro de los servicios fundamentales, el Manual del Sistema Nacional de Protección Civil incluye lo relativo a vías de comunicación, agua, energía eléctrica, el abasto de alimentos, ropa y medicamentos, telecomunicaciones, servicios médicos y combustibles66.
La coordinación de estas actividades recae en la Secretaría de Gobernación y es operada a través de distintas dependencias a nivel federal dependiendo del servicio del que se trate. Por ejemplo, especto a transporte y carreteras, la encargada es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Energía es la obligada a recuperar la energía.
Cada dependencia debe contar con un protocolo de actuación en caso de emergencia para evitar la interrupción o un protocolo para garantizar el restablecimiento de cada uno de los servicios; en estos debe existir una descripción detallada de las acciones a realizar por cada autoridad involucrada. Aunado a lo anterior, estos protocolos deben tener una perspectiva de derechos humanos donde se tenga identificado el mínimo vital de cada derecho y se incluya el derecho de las personas a estar informadas de las actuaciones de las autoridades. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y transportes cuenta con una Guía para la Atención de Emergencias en Carreteras y Puentes en la que se detallan las etapas de participación.
Otro punto fundamental a tener en cuenta en la elaboración de protocolos es que se le proporcione atención prioritaria a zonas geográficas con poblaciones de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad donde existan problemas con servicios fundamentales.
Por último, el Estado debe garantizar que los servicios fundamentales suministrados en el momento de la emergencia deben ser gratuitos. Una forma para facilitar lo anterior es que las autoridades hagan convenios con el sector privado para que estos provean de bienes básicos de forma ininterrumpida y gratuita durante la emergencia.
Garantizar la ininterrupción o recuperación pronta de servicios fundamentales Sistemas Estatales de Protección Civil y Sistemas Municipales de Protección Civil, en coadyuvancia con las autoridades federales del ramo Elaboración de protocolos con medidas de prevención para evitar el cese de servicio fundamentales y las alternativas en caso de no poder evitar la interrupción. Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales
Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil
Identificar redes de abasto privado cerca de zonas afectadas Secretaría de Economía Realizar convenios con el sector privado para proporcionar bienes de forma gratuita. Manual de Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
2.2.3.	Atención humanitaria de emergencia
El ACNUR define como ayuda humanitaria a aquella asistencia que se brinda a la población víctima de desplazamiento de sus hogares para garantizar el acceso a servicios básicos como alimentación, atención médica, agua o refugio67.
Si bien en la legislación nacional no se encuentra indicada literalmente la atención humanitaria, tanto en el Reglamento de la Ley General de Protección Civil como en el Manual de Operación del Sistema Nacional de Protección Civil se habla de aprovisionamiento, que es la “acción orientada a suministrar víveres, agua, medicamentos, material de abrigo y otros elementos necesarios para la población afectada y aquella localizada en refugios temporales”68. Es posible notar que existe una amplia coincidencia entre lo señalado por ACNUR como atención humanitaria y lo que la legislación nacional contempla como aprovisionamiento. En conclusión, desde una perspectiva de derechos humanos, el aprovisionamiento debe ser entendido como ayuda humanitaria y ha cumplir con todos los estándares internacionales asociados a esta.
Aunado a lo anterior, como se señaló previamente, la Comisión de Derecho Internacional sostiene que la ayuda humanitaria debe ser brindada sin discriminación, es decir tomando en cuenta las desigualdades estructurales en las que viven grupos en situación de vulnerabilidad y que puedan verse agravadas durante la emergencia. En ese sentido, el Estado debe atender prioritariamente a zonas geográficas con poblaciones de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad y a la población que lo necesite como mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, etc.
De acuerdo con el mencionado Manual, las autoridades estatales, a través de las autoridades de protección civil, son las encargadas en un primer momento de proveer a la población afectada de los insumos correspondientes. En caso de que no sea suficiente, y una vez declarada la Declaratoria de emergencia, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil dota de los recursos necesarios a la entidad federativa para el aprovisionamiento de insumos y, en ese momento, los gobiernos estatales son los encargados de la distribución.
Para proveer de ayuda humanitaria cumpliendo los estándares de derechos humanos, las autoridades deben crear protocolos de actuación indicando las autoridades encargadas de cada uno de los rubros de ayuda humanitaria y del establecimiento de albergues y campamentos establecidos por la sociedad civil. Estos protocolos deben contener las siguientes directrices:
Garantizar que los alimentos, agua, saneamiento, alojamiento, servicios de salud y otros servicios cumplan con estándares mínimos, de forma gratuita y sean proveídos en condiciones dignas
Establecer mecanismos para la reducción y sanción de actos de violencia sexual en los albergue y campamentos.
Garantizar la presencia de autoridades de organismos de derechos humanos en todos los albergues y campamentos.
Informar de forma clara y accesible sobre los horarios, frecuencia, condiciones y cantidad de alimentos que habrán de suministrarse.
Garantizar que los alimentos distribuidos cumplan con normas nutricionales y tomen en cuenta la cultura de la población.
Garantizar la provisión de un mínimo vital de agua gratuita, cuyo fin es prevenir la deshidratación y el consumo doméstico: cocina y necesidades personales e higiénicas para una vida digna.
Dotar de atención médica y psicológica gratuita a las personas afectadas.
Incluir servicios especializados para personas heridas, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o personas con VIH/SIDA. Tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres y niñas respecto de salud sexual y reproductiva.
Respecto del acondicionamiento de refugios temporales, la Ley General de Protección Civil señala que un refugio temporal es “la instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre”69. De acuerdo con el Manual, la autoridad encargada de instalar, organizar y aprovisionar los refugios son los gobiernos estatales.
El lugar básico donde el Estado debe proveer de ayuda humanitaria son los albergues, campamentos, guardias y centros de acopio, pues es dónde se concentran muchas de las personas afectadas. Además, debe publicitar los lugares y la ayuda que se está proporcionando de forma amplia para que todas las personas puedan acceder a la misma. Aunado a lo anterior, los albergues y campamentos son espacios adecuados para que las autoridades repartan manuales de derechos y así las personas puedan exigir una mejor actuación del Estado.
Como fue expuesto en el capítulo de albergues y campamentos, el Estado falló gravemente en proveer de ayuda humanitaria en campamentos organizados por la sociedad civil, particularmente en delegaciones periféricas, lugares a los que debe prestar mayor atención en vista de sus obligaciones de revertir situaciones de desigualdad.
Existirán casos en los que las personas no quieran acudir a los albergues oficiales, muy probablemente porque se encuentran alejados de sus viviendas o no cuentan con condiciones dignas. En este sentido, las autoridades responsables deben ubicar los albergues en lugares cercanos a las viviendas afectadas para promover que las personas acudan a ellos. No obstante, puede ser que las personas continúen negándose a ir, en estos casos, el Estado sigue estando obligado a proporcionar ayuda humanitaria y debe acudir al lugar donde se encuentren esas personas.
Los albergues y campamentos son los primeros lugares a los que puede llegar una persona damnificada en el momento de la emergencia. No obstante, existen casos como el de los terremotos en los que la reconstrucción de sus viviendas puede alargarse en el tiempo y el establecimiento de albergues y campamentos ciudadanos no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar opciones de vivienda temporal a la población damnificada. . En este sentido, el Estado debe tener un plan de refugio de largo aliento en mejores condiciones que las que puede brindar en los albergues creados en la inmediatez deben cumplir con los estándares de vivienda. Los albergues y campamentos son el lugar adecuado para publicitar ampliamente la información de dónde podrán vivir las personas afectadas de forma digna en tanto se reconstruye su vivienda.
Si bien es favorable que se encuentren determinadas las obligaciones de cada autoridad sobre atención humanitaria, las características, condiciones y formas en las que se debe proveer la misma no se encuentran en la legislación nacional. Lo anterior es de suma relevancia puesto que todas las actuaciones de las autoridades deben guiarse por el respeto y garantía de los derechos humanos. En específico, es importante que todos los servicios y bienes que provea el Estado cumplan con las siguientes características70.
Disponibilidad. Significa que los bienes y servicios deben estar disponibles en suficiente calidad y cantidad.
Accesibilidad. Se refiere que los bienes sean garantizados sin discriminación, físicamente accesibles y conocidos por quienes los usarán.
Aceptabilidad. Tiene como premisa que lo proporcionado por el Estado respete la cultura de las personas, minorías, pueblos, comunidades y tome en cuenta sexo, género y edad.
Adaptabilidad. Implica que los bienes y servicios se proporcionen de manera flexible para adaptarse a las necesidades y la distintas etapas de la emergencia.
Dignidad. Quiere decir que las personas encargadas de proveer los servicios deben tratar a las personas afectadas con respeto y sin malos tratos físicos o mentales.
Seguridad. Implica que las personas deben sentirse fuera de peligro físico en los lugares en los que se encuentren temporalmente y el Estado debe establecer medidas de seguridad en especial donde haya mayor concentración de población en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad
Habitabilidad. Se refiere a que el lugar donde se encuentren debe protegerles del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de enfermedad.
Calidad. Significa que toda la ayuda que se entregue debe cumplir con estándares adecuados. Por ejemplo, los alimentos deben estar frescos y en buen estado o la ropa para abrigo debe ser adecuada para el clima y estar en buenas condiciones.
Gratuidad de la ayuda humanitaria. Es necesaria y obligatoria en el momento de la emergencia.
Voluntariedad. Se refiere a que las personas deben recibir ayuda humanitaria únicamente si lo desean. Es decir, ir a albergues oficiales únicamente si quieren, pudiendo organizar su propio campamento, o recibir abrigo o alimentos si es su voluntad.
Cercanía quiere decir que la ayuda humanitaria y el establecimiento de albergues deben ser provistos cerca de la vivienda de las personas. En este sentido, los albergues deben ser establecidos en lugares estratégicos que faciliten la llegada de las personas afectadas y les permitan continuar su vida cotidiana.
No discriminación implica que toda la ayuda humanitaria debe ser entregada a todas las personas y atendiendo a las características especiales de grupos en situación de vulnerabilidad.
Aunado a lo anterior, los albergues deben ser establecidos los más cerca posible al barrio o colonia en la que vivían las y los afectados y publicitar fuertemente su ubicación a través de todos los medios de comunicación. En ellos y en los campamentos no oficiales (establecidos por personas que no quieren alejarse de su domicilio) el Estado debe garantizar lo siguiente:
Contar con instalaciones de agua potable y saneamiento, lo cual incluye bombas de agua, baños y servicios de aseo. Además deben ser accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores; seguros para mujeres, niñas y niños.
La libre circulación dentro y fuera de los albergues permitiendo que las personas entren y salgan cuando deseen.
Brindar actividades de esparcimiento y recreación en los albergues.
Creación de estancias infantiles en cada albergue donde haya personal capacitado para su atención.
Brindar servicios profesionales de salud, tanto física como psicológica, y atención jurídica.
Evitar la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Marina en los albergues. En caso de necesitar seguridad, se debe optar por fuerzas de seguridad civil.
En caso de ser necesarios, crear áreas especiales para mujeres solas o con niñas o niños para garantizar su seguridad.
Garantizar que integrantes de pueblos y comunidades indígenas no sean separados.
Garantizar presencia de autoridades que verifiquen el cumplimiento de los derechos de las personas, como las comisiones de derechos humanos estatales o la nacional.
Como fue expuesto extensamente en el capítulo relativo a las condiciones de los albergues y campamentos, las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad no fueron cumplidas por el Estado mexicano. Los cierres prematuros de albergues demuestran que hubo damnificados con necesidades de vivienda temporal que no contaron con una alternativa disponible. Asimismo, en las encuestas realizadas se manifestó que los albergues no eran accesibles para personas que llegaron de otros estados a la CDMX, que no se encontraban adaptados para la protección necesaria de adultos mayores, mujeres y niños, y que no se contemplaron las condiciones de aceptabilidad requeridas por comunidades indígenas residentes en la CDMX como, por ejemplo, la comunidad Otomí. Además, se dejó relucir que la ayuda humanitaria no fue brindada gratuitamente en todos los casos.
Dotar de ayuda humanitaria en albergues y campamentos a la población afectada sin discriminación y con atención especial a población en situación de vulnerabilidad Entidades federativas Establecer protocolos de actuación indicando las autoridades encargadas de brindar ayuda humanitaria conforme a los criterios señalados previamente. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil
Instalar y atender refugios temporales cercanos a las viviendas de las personas Entidades federativas y municipios Establecer protocolos de actuación indicando las autoridades encargadas del establecimiento de albergues incluyendo las condiciones y servicios que se deben proveer, respetando los lineamientos señalados previamente. Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 75 de la Ley General de Protección Civil
Establecer protocolos de actuación de las autoridades que proveerán de ayuda humanitaria a campamentos ciudadanos, respetando los lineamientos señalados previamente.
Aprovisionar de medicamentos para la población afectada Entidades federativas y municipios con ayuda de la Secretaría de Salud Garantizar que haya medicamentos disponibles en todo momento tanto en albergues oficiales como en campamentos ciudadanos Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Proporcionar atención médica y psicológica gratuita de manera universal disponible las 24 horas Servicios estatales de salud Garantizar que los servicios de atención se encuentren disponibles en todo momento tanto en albergues oficiales como en campamentos ciudadanos Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Lineamientos para la Seguridad en Salud
Verificar condiciones del agua y realizar acciones de saneamiento básico Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Contar con instalaciones accesibles de agua potable y saneamiento en los albergues, incluyendo bombas de agua, baños y servicios de aseo. Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.2.4. Seguridad jurídica y dictaminación de edificios
Como se resaltó en el capítulo sobre afectaciones, uno de los mayores problemas tras el sismo del 19S fue la ausencia de dictámenes oportunos o la poca confiabilidad de la multiplicidad de dictámenes como fue documentado en San Gregorio, Xochimilco. Lo anterior puede estar relacionado con que, al momento de ocurrencia del sismo, no existía una regulación detallada sobre el tema a nivel de protección civil federal. Debido a lo anterior, la habitabilidad de los inmuebles se encontraba fuertemente cuestionada los días posteriores al sismo.
Resulta problemático que la legislación a nivel federal contemple de forma muy general la evaluación de daños. El Manual del Sistema Nacional de Protección Civil señala que la evaluación de daños se refiere a la revisión y cuantificación de daños ocasionados por el fenómeno perturbador sobre las personas y sus bienes71. La amplitud de la definición hace que sea difícil identificar a la autoridad encargada para realizar los dictámenes dependiendo de la entidad federativa en la que ocurre el desastre.
Según la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, en la Ciudad de México existe un Instituto para la Seguridad de las Construcciones que se encarga de hacer dictámenes estructurales a través de los Directores Responsables de Obra y/o los Corresponsables de Seguridad Estructural que deben hacerse lo más pronto posible. Empero esto no necesariamente se replica en todas las entidades federativas. Es fundamental que existan instituciones de este carácter en cada entidad federativa. De lo contrario, las personas se encuentran en una incertidumbre total de la situación de su inmueble. En razón de lo anterior se debe crear o fortalecer un institución a nivel estatal que se encargue de la realización de dictámenes técnicos confiables.
Aunado a lo anterior y como se ha señalado reiteradamente, la mera existencia de una institución no basta para asegurar el cumplimiento de derechos. En este sentido, debe contemplarse que las personas dentro de las instituciones que realicen los dictámenes estructurales estén capacitadas técnicamente, actúen con protocolos en un tiempo razonable y con criterios públicos. Además, es necesario que cuando las autoridades acudan a realizar los dictámenes correspondientes actúen de forma transparente con las personas afectadas, les expliquen el estado de su inmueble y las implicaciones técnicas que tienen los daños para que las y los afectados puedan confiar en el dictamen realizado.
Respecto de los dictámenes para inmuebles, considerando el deber de la autoridad de garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas y la especial urgencia que existe en una emergencia, estos deben ser proporcionados de forma gratuita y con prontitud por las autoridades sin importar la zona en que habiten las personas, dando prioridad, es decir yendo primero con las personas en situación de pobreza que no puedan pagar por un dictamen privado. Para garantizar la elaboración de dictámenes confiables se debe incluir en la legislación como derecho de las personas la realización de evaluaciones de habitabilidad y de dictámenes a sus viviendas
Aun cuando es entendible que por la urgencia de salvaguardar la vida en un primer momento se realicen evaluaciones que se concentren en la habitabilidad o no de un inmueble y, posteriormente, se realicen dictámenes técnicos más detenidos, respecto de estos últimos se debe procurar que sean oportunos, mediante un proceso unificado y público. Debido a que podrán existir dos tipos de evaluaciones sobre los inmuebles, las autoridades deben crear protocolos para la realización de cada uno de ellos y explicar claramente las diferencias entre las evaluaciones de habitabilidad y los dictámenes técnicos. Además, es necesario explicar en detalle las consecuencias jurídicas de cada uno de los exámenes en manuales ciudadanos donde se distingan las diferencias entre las evaluaciones de habitabilidad y los dictámenes técnicos.
Para una mejor transparencia también resulta necesario crear protocolos de actuación para las autoridades donde se marque punto por punto los pasos a seguir para la realización de los distintos tipos de dictámenes.
La multiplicidad de dictámenes contradictorios fue una situación recurrente que se reportó por las personas encuestadas durante el ejercicio de documentación; lo anterior incrementa los niveles de incertidumbre e impide que los damnificados tengan una idea clara de cómo deben proceder respecto de su inmueble.
Es fundamental que los dictámenes sean públicos y de fácil acceso a la población para que, en caso de problemas respecto de la evaluación del inmueble, las personas damnificadas puedan contar con documentos que respalden los dictámenes realizados por las autoridades. Esto, además, puede ayudar a las personas interesadas en comprar o rentar un inmueble para tener seguridad de las condiciones del mismo. En este sentido, se deberían incluir los dictámenes sobre la estructura de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad para que puedan ser revisados por cualquier persona.
Por ejemplo, como se observa en el capítulo relativo a Xochimilco, uno de los problemas más recurrentes en el pueblo de San Gregorio fue la discordancia de los dictámenes y las acciones adelantadas por las autoridades. Inmuebles que habían sido calificados con daños reparables fueron demolidos aceleradamente sin la existencia de planes claros de reconstrucción y sin contar con información suficiente sobre las condiciones de seguridad de la reconstrucción.
Evaluación de daños en infraestructura Sistemas Estatales de Protección Civil Crear o fortalecer una institución a nivel estatal encargada de la revisión Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Realización de dictámenes de edificios dañados Sistemas Estatales de Protección Civil o Seguridad para las Construcciones Crear o fortalecer una institución a nivel estatal encargada de la elaboración de dictámenes Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Incluir en la legislación el derecho a un dictamen Reglamento de Construcciones a nivel estatal o municipal
Publicitar y facilitar el acceso a los dictámenes e incluirlos en el Registro Público de la Propiedad
Crear protocolos de actuación sobre los puntos a seguir para realizar un dictamen
Crear manuales ciudadanos donde se expliquen las diferencias entre dictámenes y sus consecuencias jurídicas
2.2.5. Información veraz y oportuna
El Manual del Sistema Nacional de Protección Civil señala que las autoridades estatales y municipales deben designar un vocero oficial para informar a la población sobre la emergencia, evaluación de daños, acciones de atención, establecer el servicio de consulta e información para la localización de personas y difundir información sobre refugios temporales, servicios médicos, ayuda humanitaria, entre otras72.
Como es posible apreciar en el Manual del Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades ya tienen una obligación clara respecto de la información que deben proporcionar en el momento de la emergencia e incluso un procedimiento para realizarlo. Sin embargo, la dispersión de la información fue una de las mayores problemáticas durante la emergencia del 19 de septiembre donde las autoridades tenían información incompleta o carecían totalmente de ella. La sociedad civil fue fundamental para remediar la mala actuación de las autoridades.
El Manual contempla voceros tanto a los sistemas estatales como municipales de protección civil. Sin embargo, ante el caos que puede haber en un momento de emergencia, se debe concentrar la información en un vocero principal para facilitar la obtención de información para las personas afectadas. Este vocero debería contar con personas delegadas en cada uno de los municipios para obtener información completa. Esta oficina podría encargarse de la elaboración de cartillas de derechos para el momento de la emergencia.
Para garantizar que las personas puedan saber quien será el vocero, se deben publicitar los datos de la persona encargada de la vocería para que ésta pueda ser identificada con facilidad, incluso previo a la emergencia. El o la encargada debe contar con capacidades comunicativas para compartir la información de forma digna y con empatía.
Además, es importante que las autoridades se acerquen a la ciudadanía para identificar e informar a los núcleos organizados de sociedad civil, como asociaciones de vecinos, para que éstos divulguen la información importante referente a la emergencia en su colonias y barrios.
Por lo tanto, es preciso operacionalizar el sistema frente a un desastre. Así, la información compartida por el o la vocera debe cumplir con los siguientes estándares de información:
Veraz; es decir, que las autoridades se hayan encargado de verificar la pertinencia y fiabilidad de la información.
Oportuna; tomando en cuenta la urgencia y necesidad de información y las características de la emergencia, las autoridades deben actualizar de forma constante la información que tengan.
Accesible; es fundamental que las autoridades tomen en cuenta las características múltiples de la población afectada pues no todos obtienen información de la misma forma. En este sentido, se debe usar todos los medios de comunicación posibles como televisión, radio, radios comunitarias redes sociales e incluso vistas a zonas rurales para que se llegue a toda la población afectada.
Permanente; si bien la información debe ser actualizada constantemente, esto no quiere decir que la información previa debe ser borrada. Las autoridades deben conservar y tener una historia de toda la información que se proporcionó durante el momento de la emergencia.
Aunado a lo anterior, es fundamental un enfoque diferenciado en la difusión para que las autoridades den prioridad a la información sobre ayuda humanitaria (albergues, alimentación, servicios médicos, etcétera) para personas en situación de vulnerabilidad económica.
Designar al vocero oficial para informar a la población sobre la emergencia, evaluación de daños y acciones de atención Sistemas Estatales de Protección Civil Crear una oficina de vocería a nivel estatal con un vocero único con personas delegadas en cada municipio Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Publicitar la identidad del vocero único antes de la emergencia
Establecer un servicio de consulta e información para la localización de personas Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil Difundir la información sobre personas desaparecidas a través de la persona vocera designada Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Identificar e informar a los núcleos organizados de sociedad civil para que divulguen información.
Difundir información sobre refugios temporales, servicios médicos, aprovisionamiento, puesto de mando, entre otros, a través del vocero oficial. Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil Identificar e informar a los núcleos organizados de sociedad civil para que divulguen información. Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
45. De acuerdo con el Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU para la adopción de un documento internacional sobre la Protección de Personas ante Desastre, así como los sucesivos informes presentados por el Relator Especial encargado de esta tarea desde el 2007. La CDI nombró un Relator encargado de adoptar un documento sobre la material. Los informes presentados por este pueden ser consultados en: http://legal.un.org/ilc/summaries/6_3.shtml
46. Artículo 7 del Proyecto de la CDI sobre Protección de las Personas en Caso de desastre, Aprobados por el Comité de Redacción en primera lectura Doc. A/CN.4/L.831, 15 de mayo de 2014.
47. SCJN. Tesis 2013156. 1a. CCLXIII/2016 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Pág. 915.
48. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1., párr. 91
49. Serrano, S y Vázquez, D. 2013. Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, México, CDHDF, p. 21
50. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.
51. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.
52. Ibídem. Principios 24 y 25. En el mismo sentido, véase el artículo 7 del Proyecto de la CDI sobre Protección de las Personas en Caso de desastre. Doc. A/CN.4/L.831, 15 de mayo de 2014.
53. Comité DESC, Observación General Nº 3 (1990). La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto).
54. Comité DESC, Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2002/11
55. SCJN, Tesis aislada: 2a. XCII/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 842
56. Manual de organización de la secretaría de protección civil del distrito federal p. 107.
57. Cfr. Ley Orgánica de la Armada de México Art 2 Fr. V; Manual de Operación del Sistema Nacional de Protección Civil p. 70.
58. Cfr. Cienfuegos Salgado, David (2011). Las fuerzas armadas y la protección civil: El Plan DN-III en Protección civil. Régimen jurídico de la protección civil en México. México, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”.
59. Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 76.
60. Comisión IDH. Situación de los derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15. 31 diciembre 2015, párr. 92.
61. INSARAG, (2015) Mecanismos de Acreditación USAR en México. https://www.insarag.org/images/stories/05_a_Acreditacin_USAR_1.pdf
62. Morales Tamayo, José et al. (2015) Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, Guadalajara, Grupo Tragsa - CEIS Guadalajara p. 250
63. Ver el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de la PGR.
64. Personas en Situaciones de Desastres Naturales, Bern, Proyecto de Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno, p. 28
65. Ley General de Protección Civil. Art. 73
66. Manual del Sistema Nacional de Protección Civil pp. 72-73
67. Cfr. UNHCR ACNUR https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/ayuda-humanitaria-la-unica-forma-de-sobrevivir-para-millones-de-personas
68. Manual del Sistema Nacional de Protección Civil p. 76
69. Ley General de Protección Civil. Art. 2 Fr. XLVII.
70. Cfr. Comité DESC. Observación general Nº 4 (1991). El derecho a una vivienda adecuada (E/1992/23); Comité DESC. Observación general Nº 6 (1995) Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores. E/C.12/GC/24; Comité DESC. Observación general Nº 12 (1999). El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) (E/C.12/1999/5); Comité DESC. Observación general Nº 13 (1999). El derecho a la educación (artículo 13) E/C.12/GC/24; Comité DESC. Observación general Nº 14 (2000) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), E/C.12/2000/4.
71. Manual del Sistema Nacional de Protección Civil p. 66
72. Manual del Sistema Nacional de Protección Civil, p. 78.

References: Artículo 2

Artículo 4
 Artículo 1

Artículo 21
 Artículo 1
 Artículo 1

Artículo 11
 Artículo 1

Artículo 26
 Artículo 1

Artículo 75
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 2