Source: http://catedrajudicial.blogspot.com/2017/
Timestamp: 2017-06-29 14:21:30+00:00

Document:
catedrajudicial: 2017
alumnos del curso Derechos Humanos, de la Maestría en Derecho Constitucional,
de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.
9, 10, 11, 23, 24 y 25 de junio de 2017
alumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, del curso de Derecho
6 y 7 de mayo - 3 y 4 de junio de 2017
del Curso Teoría General de las Obligaciones, de la Maestría en Derecho Civil y
Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco:
Cuzco, 12,
13, 14, 26, 27 y 28 de mayo de 2017.
El Hábeas Corpus es un proceso constitucional
cuya finalidad es el restablecimiento del ejercicio del derecho a la libertad
cuando éste es vulnerado, vale decir, cuando se está ante: 1) una detención arbitraria; 2)
un exceso del plazo constitucional de detención por comisión flagrante de
delito (24 horas); de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y
cometidos por organizaciones criminales (15 días) y, 3) una vulneración del plazo estrictamente necesario de detención,
el mismo que ahora será particularmente oponible ante la inacción de la
investigación, dentro período máximo de detención legítima, al haberse
consignado en el texto del literal f, del numeral 24, del artículo 2 de la
Constitución, por la modificación introducida mediante la Ley N° 30558. (publicada
en el diario oficial, el 09 mayo 2017).
Para comprender lo que es el plazo
estrictamente necesario, debemos estar conscientes que los plazos de 24 hrs., y
15 días, son plazos constitucionalmente establecidos como máximos, es dentro de
ellos que tiene lugar el primero; dentro de dichos límites temporales se debe
cumplir el plazo estrictamente necesario, por quienes efectúan la detención.
El Tribunal Constitucional (TC) expresó: “A mayor abundamiento, el plazo establecido
actúa solamente como un plazo máximo y de carácter absoluto, pero no impide que
puedan calificarse como arbitrarias aquellas privaciones de la libertad que,
aún sin rebasar dicho plazo, sobrepasan el plazo estrictamente necesario o
límite máximo para realizar determinadas actuaciones o diligencias. En tales
casos, opera una restricción a la libertad personal que la norma constitucional
no permite. Un claro ejemplo de ello es la prolongación injustificada de la
privación de la libertad personal en aquellos casos en que se requiere
solamente de actuaciones de mero trámite, o que las diligencias ya han
culminado, o que de manera injustificada no se han realizado en su debida
oportunidad, esperando efectuarlas ad portas de vencerse o incluso ya vencido
el plazo preestablecidos.” (Exp. N° 06423-2007-PHC/TC. F. 8)
Definiendo el plazo estrictamente necesario,
podemos afirmar que es, dentro de los plazos máximos de detención, aquél que
debe emplearse para tipificar en forma adecuada el delito cometido, reunir los
medios probatorios que demuestren la existencia de un caso penal y presentarlo ante
el Juez Penal competente. El TC estipula: “Como
es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención
a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias
necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinas
pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros.”
Delineando el contorno del plazo
estrictamente necesario podemos decir: i)
el plazo de detención, sea el de 24 hrs., o el de 15 días, tiene como término
inicial la detención en sí, de modo que no es válido postergar o diferir el
inicio de las actuaciones necesarias para sustentar el caso a horas o días
posteriores del plazo máximo; ii) lo
que determina el plazo estrictamente necesario es la complejidad del caso
objeto de investigación; iii) en
ningún caso las actuaciones necesarias para sustentar el caso deben
desarrollarse, de ordinario, consumiendo el plazo máximo de detención. En
consecuencia, si el inicio de las investigaciones se posterga de manera
injustificada, si el caso no es complejo,
y si la investigación concluye antes del límite del plazo o se pretende
extenderla hasta el vencimiento del plazo de manera innecesaria, cabrá la
posibilidad de presentar una demanda de hábeas corpus, para restablecer el
ejercicio del derecho a ser investigado en el plazo estrictamente necesario y
ser conducido al Juez Penal competente.
Sin embargo, cabe una precisión y es la
siguiente, el segundo párrafo del literal f, del inciso 24, del artículo 2 de
la Constitución, que trata del plazo máximo de detención de 15 días para los
casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje y organizaciones
criminales, establece que, de la detención en estos casos, las autoridades
policiales “Deben dar cuenta al
Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido
dicho término.” Entonces, si el detenido está sometido a una
investigación policial, bajo la dirección del Ministerio Público en los
supuestos expuestos, y de la misma se da cuenta al Juez – como manda la
Constitución – “quien puede asumir
jurisdicción antes de vencido dicho término.”, sin duda alguna no cabrá acudir
a otro Juez Penal para presentar un hábeas corpus, sino al que fue comunicado
de la detención para que éste efectúe el control del plazo de detención
estrictamente necesario, con lo cual ya no estamos ante la amplitud de la
competencia del Juez Penal para conocer un hábeas corpus (cf. Código Procesal
Constitucional. Artículo 28), sino que éste tendrá que interponerse ante el
Juez del que se anotició de la detención. Sería saludable otorgar el mismo
tratamiento para las detenciones en flagrancia.
Somos conscientes que los responsables de la
detención, es decir, la Policía Nacional del Perú (PNP) en un primer momento, y
luego el Ministerio Público (MP), son potencialmente infractores del plazo
estrictamente necesario de detención y eventualmente afrontarán demandas de
hábeas corpus que por la duración de dichos procesos muchas veces podríamos
estar ante una sustracción de la materia, ex ante proceso o ex post proceso,
conforme al segundo párrafo del artículo 1, e inciso 5, del artículo 5 del
Código Procesal Constitucional, sin embargo, en el primer caso podrían emitirse
sentencias pedagógicas que, precisamente por ser tales, establezcan de modo
intenso y particular algunas características del plazo estrictamente necesario
que deban cumplir la PNP y el MP sin olvidar que ésta entidad,
constitucionalmente, de acuerdo al artículo 159.4 de la Constitución, conduce “desde
su inicio la investigación del delito” teniendo como colaborador de tal misión
a la PNP.
En ese sentido, la responsabilidad de velar
por el cumplimiento de los plazos máximos de detención y el plazo estrictamente
necesario dentro de ellos, recae en forma directa en el MP. El proceso de
hábeas corpus será siempre viable para oponer, a la detención y su extensión innecesaria
en el tiempo, el respeto del plazo de detención estrictamente necesario, ante
el Juez Penal competente para conocer el caso a quien por mandato
constitucional se le debe dar cuenta de la detención.
En un Estado Constitucional de Derecho, la
libertad es un derecho sagrado, cuando sea restringido con una detención
constitucionalmente tolerada, no sólo deben respetarse los plazos máximos de detención,
sino – además – el plazo estrictamente necesario, para lo cual el esfuerzo
personal y profesional de la PNP, bajo la dirección y responsabilidad del MP
deben optimizarse al máximo para conducir al detenido ante el Juez competente
quien, finalmente, determinará la situación procesal del detenido. Publicado por
plazo de detención,
plazo estrictamente necesario de detención,
“48 horas, organizaciones criminales y el plazo estrictamente necesario.”
Uno de los derechos constitucionales más
importantes, el más importante para el desarrollo de una sociedad, es el
derecho a la libertad. Nuestra Constitución reconoce tal derecho, el artículo 2
expresa: “Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad (…). En
(…) “f.
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por
detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de
las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención
preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días
naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir
jurisdicción antes de vencido dicho término.” (texto original)
El dispositivo constitucional trascrito nos
permite afirmar que así como la Constitución consagra el derecho a la libertad
de las personas, también lo limita cuando sobre éstas pesa un mandato judicial
o son detenidas por la Policía, por efecto de la comisión flagrante de un
delito, supuesto éste en el que dicha detención, para la investigación y
presentación del caso – si hubiese mérito para ello – ante el Juez Penal
correspondiente, es por un plazo máximo de 24 horas, cuyo término inicial es la
hora de la detención material. Este plazo no es de aplicación cuando el delito
instruido es de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyos
casos el plazo máximo es de 15 días.
El texto constitucional que reseñamos ha sido
modificado por el siguiente: “f. Nadie
puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las
autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más
del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones
y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado
correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el
plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de
drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos,
las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los
presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben
dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción
antes de vencido dicho término.” (Texto modificado por el el
Artículo Único de la Ley N° 30558, publicada en el diario oficial, el 09 mayo
Son tres los temas a analizar luego de la modificación
constitucional: a) la ampliación del
plazo de detención en caso de flagrancia, de 24 horas a 48 horas; b) la inclusión, dentro del plazo
máximo de detención de 15 días, de los delitos cometidos por organizaciones
criminales y, c) la incorporación
del concepto del plazo estrictamente necesario.
plazo de detención de 24 horas en caso de flagrancia, rigió desde 1980, con la
promulgación de la Constitución de 1979, por más de 15 años; la brevedad de
este plazo se justifica en función directa de la pronta necesidad e importancia
de conducir a una persona detenida, ante el Juez para que determine su
situación procesal. Desde nuestro punto de vista la ampliación no está
justificada, a menos que se pueda alegar que para preparar el caso la
infraestructura y el personal es cada vez menor, frente a la incidencia de
comisión de delitos en flagrancia, pero si ello es así, entonces a futuro el
plazo de 48 horas será también insuficiente, cuando lo correcto era dejar el
plazo tal cual y redoblar los esfuerzos para cumplirlo y si en algún momento
era necesario un plazo mayor, dejarlos para la calificación posterior en
función del principio de razonabilidad. Es conocido aquél caso en que un grupo
de 50 personas más o menos, ingresaron un día a un domicilio y cometieron
varios delitos contra el patrimonio, era materialmente imposible poner a
disposición del Juez Penal a ese grupo de personas, dentro del plazo de 24
hrs., pero sí conducirlas en un plazo estrictamente necesario, dadas las circunstancias
de perpetración flagrante del delito por ese número de personas. Ahora tendremos casos que podrían ser llevados
al Juez dentro de las 24 horas, pero como los operadores saben que ahora tienen
uno de 48 horas, las primeras 24 horas se tornarán en pasivas, pues está en
nuestra cultura el hacer las cosas a última hora.
el nivel de delincuencia actual, así como la forma de como ésta se comete y que
cada vez es más compleja, está plenamente justificado el comprender dentro del
plazo máximo de detención aquellos delitos cometidos por organizaciones
criminales, pues el nivel de investigación debe ser lo suficientemente prolija
para poder presentar el caso al Juez Penal.
plazo estrictamente necesario fue establecido en un precedente vinculante
(valor normativo) por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 06423-2007-PHC/TC - Puno), razón por
la que no era necesaria su incorporación al texto constitucional, pero como
quiera que se hizo, no existe reparo para ello y, en gran medida, está bien que
se haya hecho. ¿Qué es el plazo de detención estrictamente necesario? Responder
esta pregunta implica asumir que los plazos de detención de 48 hrs., y de 15
días son plazos máximos de detención, para afirmar que dentro de los mismos y
durante su desarrollo debe realizarse el trabajo de investigación y de
preparación de la presentación del caso ante el Juez, de parte del Ministerio
Público (Cf. Artículo 159 de la Constitución, incisos 4 y 5), empleando para
ello el tiempo necesario, estricto y necesario, desde el inicio de la detención,
en función de los hechos. Si razonablemente el caso amerita sólo 24 horas de
investigación, o menos, éste plazo debe agotarse de modo inmediato dentro de
las primeras 24 horas de detención, y no en las segundas 24 horas de detención,
por ejemplo, lo propio sucederá dentro del plazo máximo de 15 días, si la
investigación solo demanda, por ejemplo y en función del caso, 5 o 10 días. En
todo caso, el plazo estrictamente necesario es oponible por la defensa del detenido
ante la cultura de dejar el hacer las cosas a última hora y que tal omisión
agravie la libertad de las personas y el derecho que éstas tengan de ser
conducidos ante el Juez competente de modo inmediato, pues constitucionalmente
éste es el único que puede validar una detención u ordenarla, respectivamente.
Comentario final nos motiva el texto de la
disposición constitucional, tanto el original como el modificado, cuando
expresa, en el marco de la detención en caso de flagrancia: “en todo caso, el detenido debe ser puesto a
disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y
ocho horas o en el término de la distancia.”, en el sentido que es un error
equipara el plazo de 48 horas con el del término de la distancia, pues éste
plazo (el de la distancia) es el plazo ordinario y, en todo caso, el mismo que
no puede tener como alternativo el plazo del término de la distancia, pues éste
plazo es uno que, en función de circunstancias geográficas y de distancia, se
adiciona o agrega al ordinario. Esta parte del dispositivo, entonces, debe ser
interpretado concluyendo que la norma es la siguiente “en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado
correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, más el
término de la distancia, cuando corresponda.”
Este artículo no agota el tema, en un próximo
artículo, y dentro del plazo estrictamente necesario, escribiremos sobre el
proceso de hábeas corpus ante la vulneración del derecho, ahora constitucional,
a la investigación en un plazo estrictamente necesario, dentro de los plazos
máximos de detención. Publicado por
Los alumnos del curso Teoría General del Contrato, de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.
Con los alumnos...
Cusco, 10, 11, 12, 25, 26 y 27 de febrero de 2017
(Casación N°
3949-2015-La Libertad)
Sala de Audiencias de la Segunda Sala
Invitación cátedra
contratación de Locación de Servicios, de Servicios No Personales y CAS”
Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral)
las que varias entidades del Estado no se legitiman ante la comunidad, es por
la tradición que pesa sobre su burocracia, a la que se considera como
incompetente. Una de las formas de revertir dicha situación es emplear a
personas capacitadas y eficientes, contratándolas mediante concurso público,
para así también legitimarlas en su función.
Al Estado muchas veces
se ingresa por efecto de decisiones políticas y administrativas, que no
garantizan elecciónde los mejores y, otras veces – en la mayoría de los casos
de un tiempo a esta parte – mediante procesos judiciales que no hacen sino
reponer a aquél personal contratado sin ningún criterio técnico, y también mediante
convenios individuales o colectivos celebrados contra la ley, con el único afán
de evitar el concurso público. Para
establecer una relación contractual, a tiempo indeterminado con el Estado, en
el marco de la legislación laboral pública, el empleado
debe ingresar por concurso público, esto por voluntad de la Constitución quien
reservó para la ley establecer los ingresos a la denominada carrera
administrativa. En efecto, el artículo 40 de la Constitución estipula: “La ley regula el ingreso a la carrera
públicos.”, en armonía con esta disposición constitucional, la Ley N° 28175
(Ley Marco del Empleo Público); el D. Leg. N° 276 (Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Estado) y, la Ley N° 30057 (Ley del
Servicio Civil) establecen como común denominador que al empleo público
permanente se ingresa por concurso público, lógicamente a un puesto de trabajo
no solo presupuestado, sino también vacante.
el marco de la legislación laboral privada(léase D. Leg.
N° 728), si antes hubo alguna duda o permisibilidad al respecto, desde que está
vigente la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Exp. N° 05057-2013-PA/TC
– Junín. Rosalía Beatriz HuatucoHuatuco, también se ingresa por concurso
público, lógicamente a un puesto de trabajo no solo presupuestado, sino también
vacante. Es importante dejar establecido que dicha sentencia del Tribunal
Constitucional es un precedente vinculante, es decir, una norma y, por tanto
vinculante para todos. El fundamento 15 de la indicada sentencia es concluyente
“(…) cabe establecer que cuando los artículos 4 y
77 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, sean aplicados en el ámbito de la
Administración Pública, deberán ser interpretados en el sentido de que el
ingreso de nuevo personal o la “reincorporación” por mandato judicial, con una
relación laboral de naturaleza indeterminada, en una entidad del Estado, para
ocupar una plaza comprendida dentro del PAP o CAP, o del instrumento interno de
gestión que haga sus veces, podrá efectuarse siempre que previamente la persona
haya ganado un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y
vacante de duración indeterminada.”
Lo que estableció el
Tribunal Constitucional, cuando el Estado es empleador en el marco de la
legislación laboral privada, es que no existe posibilidad de establecer una
relación laboral a tiempo indeterminado, ni de que un contrato temporal sujeto
a modalidad se desnaturalice, pues a un puesto público del Estado se ingresa
siempre y cuando, además de estar presupuestado y vacante, medie un concurso
Entonces no cabe que el
Estado, cuando es empleador en el marco de la legislación laboral privada
(léase D. Leg. N° 728) celebre un contrato de trabajo a tiempo indeterminado
sin que previamente haya establecido un proceso de concurso público, para
cubrir un puesto de trabajo que esté presupuestado y vacante. No cabe tampoco
que un contrato de trabajo temporal sujeto a modalidad, celebrado al amparo de
dicha norma, sea desnaturalizado.
Esto último implica que
un trabajador que labora para una entidad estatal, cuyo régimen laboral sea el
privado, pueda pretender – teniendo su vínculo laboral vigente – en sede
judicial se declare la desnaturalización de su contrato; ni tampoco, luego de
haber concluido su contrato de trabajo temporal sujeto a modalidad, pretenda su
reposición, afirmando la desnaturalización de su contratación temporal. En este
último supuesto el Tribunal Constitucional estableció que el ex trabajador sólo
tiene derecho a una indemnización.
Un buen ejemplo de una
legislación común a entidades públicas como privadas, es la actual Ley
Universitaria que también contempla que para ser docente ordinario (con
contrato a tiempo indeterminado) el docente debe ingresar por concurso público,
permitiendo dicha ley la contratación temporal de docencia universitaria, sin
posibilidad alguna de que esta contratación se desnaturalice.
representantes, cuando es empleador en el marco de la legislación laboral
privada no pueden, por tanto, celebrar convenios individuales o colectivos en
virtud de los que trabajadores contratados temporalmente pasen a ser
contratados a tiempo indeterminado, sencillamente porque estarán infringiendo
un precedente vinculante del Tribunal Constitucional que por ser tal es una
expresión normativa que vincula no sólo a todos, de acuerdo al artículo 38 de
la Constitución, sino con más énfasis a quienes son autoridades y funcionarios
públicos, como lo estipula el artículo 45 de la misma Constitución.
Ya es tiempo de cumplir
la Constitución; la Ley Marco del Empleo Público; la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Estado; la Ley N° 30057 (Ley del Servicio
Civil) y el precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Un poco más de
respeto por los que ingresaron al servicio del Estado por concurso, pues si se
ingresa por un proceso judicial (lo que ya no es posible) o un convenio
individual o colectivo (contra ley) ¿cuál es el incentivo o el mérito de
ingresar por concurso público?
“COMENTARIOS AL IX
CASATORIO CIVIL”
“NACIMIENTO, VIDA Y
MUERTE DEL AMPARO LABORAL”

References: artículo 2
 artículo 2
 Artículo 28
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 159
 artículo 2
 Artículo 159
 artículo 40
 artículo 38
 artículo 45