Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00016-de-noviembre-2-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_008362b6d64a4dcfb2edaf5c23735477&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-14 03:31:03+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00016 DE NOVIEMBRE 2 DE 2016
SENTENCIA 2012-00016 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:JUECES SERÁN DESTITUIDOS DE SUS CARGOS POR NO DAR TRATAMIENTO CORTES A SUS SUBALTERNOS. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE DICHA FALTA SE CONFIGURA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL QUE FUE AJUSTADO CON EL ARTÍCULO 2° (DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL) Y EL ARTÍCULO 7° (CONDUCTAS QUE LO CONSTITUYEN) DE LA LEY 1010 DEL 2006. ESTA FALTA PUEDE CONFIGURARSE CUANDO EL JUEZ REGAÑA PÚBLICAMENTE Y DE FORMA GROSERA A SUS SUBORDINADOS POR LOS ERRORES QUE COMETÍAN SIN MEDIAR EXCUSA O EXPLICACIÓN DE POR MEDIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEBERES DEL JUEZ, JUEZ, DEBERES ESPECÍFICOS DEL JUEZ, SANCIONES AL JUEZ, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL JUEZ, LÍMITES DEL JUEZ, ÉTICA DEL JUEZ, DESTITUCIÓN DEL JUEZ, FALTAS DEL JUEZ
Sentencia 2012-00016 de noviembre 2 de 2016
Rad.: 170011102000201200016-01
Proyecto registrado el primero de noviembre de dos mil dieciséis
Aprobado según Acta (101) de la misma fecha.
Bogotá D.C., dos de noviembre de dos mil dieciséis
Esta Sala tiene competencia para conocer en apelación las providencias emitidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256(2) de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(3).
En este sentido, estipuló que “Los actualesmagistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”(4)(resaltado nuestro).
Ahora bien, sea lo primero aclarar, que el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, el cual se encuentra contenido en el título XII, del régimen de los funcionarios de la rama judicial, establece que “(…) Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código (…)”.
Del asunto en concreto: Se trata de resolver la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia el cual sancionó con destitución e inhabilidad general por doce (12) años a la doctora Constanza Quiroga Franco en su calidad de Jueza 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), por el incumplimiento injustificado de los deberes previstos en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 2º y literales b), c), d) y f) del artículo 7º de la Ley 1010 de 2006, calificada como gravísima a título de dolo.
De las faltas: Fueron atribuidas en primera instancia en las siguientes disposiciones normativas:
Del material probatorio obrante en el expediente se evidencia que la disciplinable ejerció conductas constitutivas de acoso laboral frente a Norberto Giraldo, Omaira Duque y Martha Cecilia Vargas Castaño quienes se desempeñaban en los cargos de citador y Secretarias del Juzgado Primero Promiscuo de Villamaría (Caldas)
Frente a los señores Norberto Giraldo y Omaira Duque se comprobó que públicamente los regañaba de una forma grosera, por los errores que cometían sin mediar excusa o explicación de por medio. Adicionalmente tal y como lo evidenció la primera instancia, en reiteradas ocasiones corregía los errores cometidos mediante autos en los que dejaba constancia dentro del expediente dejándolos a disposición de las partes del proceso. Hay que recalcar que frente al señor Giraldo, permanecía indicándole que lo iba a calificar negativamente, dejándolo con la situación de solicitar un nuevo empleo.
Ahora bien, en punto de la señora Martha Cecilia Vargas Castaño, quien radicó su queja con posterioridad a los dos iniciales denunciantes, manifestó en su escrito que la situación se tornó tensa luego de haber declarado en el disciplinario que se seguía contra la doctora Quiroga Franco, fue tal la situación que se vio compelida a radicar una queja ante el copaso, a fin de terminar con la situación.
Se hace énfasis en que la señora Vargas Castaño manifestó ante la primera instancia que los nuevos sujetos objeto de acoso laboral por parte de la disciplinable eran Edwin y Paula Andrea Beltrán, (sobre aquel hecho según lo consignó la primera instancia, se viene adelantando otra investigación disciplinaria).
Adicionalmente de la copia de su historia clínica, se evidenció problemas de ansiedad y estrés laboral, los cuales ameritaron tratamiento psicológico y psiquiátrico durante la mayor parte del 2013.
Ahora bien como uno de los aspectos a valorar en esta instancia tiene que ver con los testimonios practicados por la primera instancia, esta Superioridad para mayor entendimiento del asunto procede a establecer quienes rindieron testimonio:
Nº Testimonio Condición del testigo
1. Jaime Aníbal Bartolo Bañol Secretario del Juzgado hasta el 28 de noviembre de 2011.
2. Mercedes Quintero Gutiérrez Escribiente del despacho de autos entre el 18 de octubre de 2011y el 18 de enero de 2012
3. Ronery Yally Bartolo Flórez Citador del Juzgado entre el 1º de diciembre de 2011 y el 9 de febrero de 2012
4. Luz Esperanza Batancur Muñoz Jueza 2º Promiscuo Municipal de Villamaría Caldas)
5. Ana Rosa Duque de Roncancio Secretaria del Juzgado dos años antes del 2013.
6. Francisco Javier Montoya Secretario del Juzgado del 1º al 31 de marzo de 2012.
7. Lina Marcela Zuluaga Beltrán Secretaria actual del Juzgado
8. Dora Alicia Burgos Litigante del Juzgado
9. José Fernando Chavarriaga Montoya Litigante ante el Juzgado
10. Luz Marina Arias Ospina Litigante
11. Nohora Elena Arango Patió Litigante
12. Francy Elena Marín Jaramillo Litigante
13. Omaira Quintero Ramírez Escribiente actual del despacho
14. Mercedes Quintero Gutiérrez Escribiente de octubre de 201 a enero de 2012
Ahora bien, aduce el apelante que no se tuvo en cuenta los testimonios de Lina Marcela Zuluaga Beltrán, Francisco Javier Montoya Acevedo, Jaime Aníbal Bartholo, Ronny Bartolo Flórez, Omaira Quintero Ramírez, Mercedes Quintero Gutiérrez exempleados y empleados del Juzgado y de abogados litigantes Dora Alicia Burgos, José Fernando Chavarriaga Montoya, Luz Marina Arias Ospina, Nohora Elena Arango Patiño, Francy Elena Marín Jaramillo.
De entrada, en lo que tiene que ver con los testimonios de los litigantes, Dora Alicia Burgos, José Fernando Chavarriaga Montoya, Luz Marina Arias Ospina, Nohora Elena Arango Patiño, Francy Elena Marín Jaramillo, esta Sala encuentra que no aportan mayor información respecto de las conductas a investigar, si bien referencian que al momento de acudir al despacho eran atendidos de forma diligente y cortés, lo cierto es que sus apreciaciones son muy escasas respecto de los detalles que sucedían al interior del despacho.
Claramente lo anterior se justifica porque la atención de profesionales del derecho dentro de un Juzgado puede ser una diligencia que tome unos minutos nada más, por ello no se extraña esta Superioridad que ninguno de ellos hubiese notado el trato de la Juez respecto de sus subalternos.
En relación con el testimonio de Marcela Zuluaga Beltrán, Francisco Javier Montoya Acevedo, Omaira Quintero Ramírez, Mercedes Quintero Gutiérrez, es claro que los mismos se deben valorar bajo la óptica de un testimonio que no es imparcial pues los mismos son empleados actuales de la disciplinable, así mismo es de advertir que en su mayoría aceptaron que el trato con la disciplinable es largo duro, no obstante todos ellos descalificaron las competencias laborales de los quejosos. Situación que hace pensar a esta Colegiatura que su dicho no ofrece la certeza que aduce el apelante.
Ahora bien, mención especial merece la declaración del señor Jaime Aníbal Bartholo, quien en una primera ocasión, tal y como lo referenció la primera instancia, evidenció que la disciplinable hizo frecuentes amonestaciones verbales por el mal desempeño de su trabajo casi a diario, en la mayoría de los casos fueron reclamaciones duras, con gritos y manoteos, otras veces de manera “burlona pero amistosa” pero la mayoría de las veces fueron duras. Norberto siempre enmendaba sus errores” (fl. 711).
Por demás, existe el testimonio de la doctora Luz Esperanza Betancur, Jueza 2º Promiscuo Municipal de Villamaría quien refirió que en varias oportunidades recibió quejas de parte de particulares quienes acudían a ese despacho y presenciaban el maltrato por parte de la encartada la primera instancia lo referenció de la siguiente manera: “por comentarios de abogados litigantes, comentarios de algunos usuarios y exempleados de dicho juzgado se señalan signos de un trato altanero déspota y desconsiderado con sus subalternos quienes han manifestado sentirse maltratados delante del usuario lo que le da muy mala imagen al usuario del servicio de justicia”(fl. 802)
En cuanto al argumento según el cual la versión libre de la disciplinable es prueba demostrativa de su buen desempeñó funcional y de lo injustificado de la queja. Esta Superioridad encuentra que la misma es una afirmación que no tiene respaldo probatorio alguno pues de las pruebas documentales y de los testimonios de cargo se evidencia que las conductas constitutivas de maltrato se evidenciaron. Entonces no resulta atendible que la versión libre tenga la entidad jurídica necesaria para derribar todo el acervo probatorio que se encuentra en contra de la funcionaria denunciada.
Por otro lado, en su escrito también adujo que en su larga trayectoria en defensa de los servidores públicos perseguidos por sus subalternos, dentro del trámite de investigaciones disciplinarias ha descubierto que “quienes acuden a quejas por acoso laboral son servidores que temen calificaciones malas o eventuales retiros del servicio que desean que no se les exija que se le tema para que no se les pida más allá de lo que sus debilidades y deficiencias les dé”. Apreciación que no se compadece con lo probado al interior del proceso, en efecto no deja de ser palmario que la misma resulta una apreciación personal del impugnante resultado de su opinión al respecto, pero que en ningún momento encuentra respaldo probatorio.
Finalmente, afirmó que la disciplinable es una persona franca y afable que infunde respeto, no obstante cuando sus empleados, de forma perezosa y desinteresada realizaban el trabajo, ejercía su potestad disciplinaria de conformidad con los preceptos del artículo 51 de la Ley 734 de 2002, es decir, preservando el orden interno mediante llamados de atención sin necesidad de acudir a los procedimientos disciplinarios formales. Lo anterior no es óbice ni justificación para que la funcionaria pueda maltratar en su honra y dignidad a las personas empleadas en su despacho. Es claro que la potestad de dirigir el Juzgado está en cabeza del titular del Juzgado sin embargo, las pruebas documentales (correcciones que hacía sobre el trabajo de los demás, en varias ocasiones injustificadamente) los testimonios practicados (que dan cuenta de unos regaños bastante fuertes) demuestran que dicha potestad se desbordaba y pasaba al campo del insulto y del maltrato.
Es claro que la disciplinable incurrió en la falta endilgada y por lo tanto desatendidos los argumentos defensivos expuestos en su apelación, la Sala encuentra estructurado el estadio de tipicidad de la conducta objeto de análisis.
De la ilicitud sustancial: Conforme a lo consagrado en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, por ende, es el estadio o estructura de la falta donde se analizan los argumentos de justificación expuestos como defensa, en aras de valorar lo antijurídico o no del comportamiento y su tal ilicitud es de naturaleza sustancial frente a los deberes funcionales, excepto cuando el tipo disciplinario es conglobado que obliga a analizar las justificaciones en la misma tipicidad, lo cual no ocurre en el presente caso. Es pertinente traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional, que al respecto indica:(5)
“(…) En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.
Quiere decir entonces, que al quedar demostrado el incumplimiento de la normatividad aplicable para el caso, con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional, en tanto no fallo el proceso ejecutivo varias veces citado, bien puede afirmarse que no se trató de un desconocimiento formal de ese deber, se trata de una infracción sustancial del mismo, porque atentó contra el buen funcionamiento del Estado y dilató la resolución del asunto cuando la norma legal era de imperativo cumplimiento.
De la calificación de la falta y la culpabilidad. Tal como lo hizo la primera instancia en la formulación de los cargos, ésta se mantendrá en la connotación de gravísima y en la modalidad de culpabilidad dolosa.
Es cierto y demostrado que la gravedad de la falta está dada en el desconocimiento deliberado de las normas reguladoras del caso, el sometimiento al imperio de la Ley le está instituido por el mismo artículo 230 de la Constitución Política, es decir, se torna grave que un funcionario judicial se aparte de las reglas constitucionales y legales que imponen adelantar las actuaciones correspondientes.
De la misma manera, tal y como lo manifestó la primera instancia, la falta se imputó a título de dolo conforme se evidenció la intención de la togada en ejercer las acciones de maltrato y acoso laboral, las cuales fueron descritas en párrafos precedentes.
De la dosimetría de la sanción: Siendo ésta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, ilícita y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, en el artículo 44(6), pues en forma taxativa, previó que para las faltas gravísimas dolosas procede la suspensión en el ejercicio del cargo.
De otra parte, dentro de los límites para imponer la inhabilidad, se estableció en el artículo 46 ibídem, que no puede ser inferior diez años ni superior a 20 años, entonces, se confirmará la sanción impuesta por el A quo, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a la legalidad, pues el quantúm de inhabilidad se aviene con el modo de ocurrencia de la conducta, comprobándose la dilación en iniciar el respectivo trámite incidental.
1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(7), por medio de la cual sancionó con destitución e inhabilidad general por doce (12) años a la doctora Constanza Quiroga Franco en su calidad de Jueza 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), por el incumplimiento injustificado de los deberes previstos en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 2º y literales b), c), d) y f) del artículo 7º de la Ley 1010 de 2006.
(2) “ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: … 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
(3) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura
(4) Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(5) Sentencia C-948 de 2002. Corte Constitucional de Colombia, M.P. Álvaro Tafur Galvis
(6) “ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones (…)
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas (…)
(7) Con ponencia del Magistrado Miguel Ángel Barrera Núñez integrando Sala con el Magistrado José Ricardo Romero Camargo.

References: ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 7
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 51
 artículo 5
 resolución 
 artículo 230
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 153
 artículo 2
 artículo 7