Source: http://thomsonreuterslatam.com/2016/10/24005/
Timestamp: 2019-06-16 05:22:59+00:00

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Thomson Reuters | Gas natural y gas propano. Nuevas tarifas
Resolución 212 – E/2016
Que en los fundamentos de la mencionada Resolución N° 28/2016, se tuvo en cuenta la distinción entre los distintos segmentos de la industria del gas natural, tal como fue contemplada por las Leyes Nros. 17.319 y 24.076: la producción, el transporte y la distribución de gas, y se señaló expresamente que, para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables, era necesario implementar un nuevo esquema de precio de gas natural en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (“PIST”), que tuviera por objeto tanto la incorporación de reservas, como el aumento en la producción doméstica de gas natural, y que permita lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda, conforme fueron concebidos originariamente en los términos del último párrafo del Artículo 83 de la Ley N° 24.076.
Que con fecha 18 de agosto de 2016, en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN confirmó parcialmente la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en cuanto a la nulidad de las Resoluciones Nros. 28/2016 y 31/2016 de este Ministerio, decisión que se circunscribió al colectivo de usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario examinado.
Que para ello, por medio de las citadas Resoluciones Nros. 152/2016 y 163/2016, se previó que para la realización de la audiencia pública debían disponerse mecanismos para la participación simultánea de usuarios e interesados correspondientes a cada una de las Áreas de Servicio comprendidas en las Licencias de Distribución de Gas de todo el país, indicándose que, a tal efecto, el ENARGAS debía habilitar sedes que cuenten con herramientas tecnológicas para su conexión con la sede dispuesta para dicha audiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las ciudades de Paraná, Provincia de ENTRE RÍOS; Córdoba, Provincia de CÓRDOBA; Mendoza, Provincia de MENDOZA; Neuquén, Provincia del NEUQUÉN; Ushuaia, Prov. de TIERRA DEL FUEGO; Rosario, Provincia de SANTA FE; Salta, Provincia de SALTA; Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA.
Que además indicó que el nivel de reducción de subsidios que este Ministerio propició en abril de 2016, recién se alcanzaría en abril de 2018, ya que, tras una readecuación en las tarifas en octubre de este año, que reduciría el subsidio que los hogares reciben en su tarifa de un promedio de 81% al 50%, se harían ajustes por porcentajes fijos en abril y octubre de cada año (teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente), hasta llegar a la eliminación de los subsidios en 2019. En el caso de la Patagonia, Malargüe y la Puna, que parten de precios inferiores al resto del páis, la reducción sería aún más gradual y terminaría recién en 2022.
Que por otra parte el informe de este Ministerio subrayó que, con las tarifas a aplicar en octubre de 2016, incluyendo los cargos correspondientes a precio de gas y tarifas de transporte y distribución –antes de impuestos–, el 56% de los usuarios residenciales de las categorías de menor consumo pagarían un promedio anual de $107 por mes, considerando un año de consumo promedio. Los usuarios residenciales de la categoría media de consumo, que son el 31% del total, pagarían un promedio anual de $371 por mes, mientras que el 13% que pertenece a la categoría más alta pagarían un promedio anual de $953 por mes.
Que con relación a la oferta y consumo de gas natural, el informe señaló que en 2015, el precio promedio pagado por los usuarios del sistema de suministro de gas –Industrias, Usinas, GNC, Usuarios Comerciales y Residenciales– fue de US$2,50 por millón de “BTU” (“British Thermal Units”, unidad de medida utilizada para el gas), mientras que el costo de ese gas fue de US$5,83 (y en 2016, de US$ 5,22). En cuanto a los usuarios residenciales, la tarifa promedio por el gas consumido fue de US$0,89, por lo que más de 80% de la tarifa fue subsidiado por el Estado.
Que en invierno, por el aumento de la demanda, se importa hasta un tercio del gas que se consume en el país. La capacidad de importación de gas natural y GNL está limitada en nuestro país por restricciones logísticas, razón por la cual en invierno las usinas e industrias deben reemplazar al gas natural con Gas Oil, a precios significativamente superiores y aun así queda demanda insatisfecha.
Que a continuación en uso de la palabra, el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, el Sr. Alejandro Nicola, expuso su posición sobre la matriz energética del país y la falta de energía, y en particular sobre la necesidad de contar con señales de precios adecuadas para superar la situación actual, especialmente para el desarrollo de producción no convencional, mencionando a este respecto las señales dadas por el denominado Plan Gas.
Que el representante de la Consultora G&G, Sr. Daniel Gerold destacó el crecimiento del consumo residencial de gas desde el año 2007 y la ausencia de suficiente capacidad para aumentar las importaciones de gas, con una producción de gas natural que no es suficiente en la Argentina, lo que redunda en cortes muy importantes y la sustitución del gas por otros combustibles en una cantidad que muy relevante. Señaló que desde el año 2009, los argentinos importamos 60 mil millones de dólares en productos energéticos, indicando que esto significa que literalmente nos quemamos en una hornalla o en una turbina eléctrica 60 mil millones de dólares, que no están en caminos, ni en yacimientos, ni en infraestructura, sino que se gastaron y no vuelven más, sin generar un solo impuesto localmente ni un empleo. Sostuvo que esto sucedió por la falta de precios adecuados y destacó el crecimiento de la producción a partir de los valores fijados por el denominado Plan Gas.
Que por su parte, el Sr. Martín Kaindl, en representación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, se refirió a la importancia del gas en el país, que permite tener una matriz limpia y de muy bajas emisiones de gases invernadero, a los nuevos desarrollos de reservorios de gas no convencional, el shale gas y el tight gas, con gran potencial en nuestro país, que permitirán resolver muchos de los problemas energéticos actuales y sustentar los desarrollos energéticos futuros; tras lo cual estimó que será necesaria una inversión de aproximadamente 20.000 millones de dólares por año, durante los próximos veinte años, para lograr ese objetivo.
Que en uso de la palabra el Sr. Daniel Rivadulla, por Distribuidora de Gas del Centro S.A. y por Distribuidora de Gas Cuyana S.A., tras manifestar aspectos específicos de la tarifa de distribución, se refirió a la tarifa social indicando que es de carácter inclusivo, tal como lo indican los siguientes valores: en el área de Centro, el 23 por ciento de los clientes, 156.631 familias, acceden a la tarifa social, frente al régimen de exceptuados -que era el equivalente anterior de la tarifa social-, al que solamente accedían 13.200 clientes; es decir que la cobertura de la tarifa social tuvo un incremento en Centro de 1.085 por ciento, mientras en Cuyo, el incremento en la cobertura de la tarifa social fue aún mayor, de un 3.700 por ciento. Se preguntó sobre cuáles son los verdaderos afectados de esta falta de actualización tarifaria y señaló que son aquellas viviendas que no pueden acceder al gas natural, precisando que en Córdoba, el 49 por ciento no puede acceder; en Catamarca, el 84 por ciento; en La Rioja, el 88 por ciento, en Mendoza, el 32; en San Luis, el 42; en San Juan, el 49 por ciento. Son usuarios que pagan valores muy superiores a las tarifas que se están proponiendo.
Que entre otros representantes de las empresas de distribución, expuso por Gasnor S.A., la Sra. Alicia Herrera, quien –al referirse a la tarifa social, indicó que los sectores más vulnerables son cubiertos por la tarifa social y que este beneficio se extendió de manera automática a 133.500 hogares de la zona a su cargo, alcanzando a un tercio de nuestros clientes. Destacó que los anteriores exceptuados no llegaban a 27.000.
Que sin embargo, respecto de la materia objeto de esta resolución, el Sr. Pablo Mulet, socio gerente de Mulet Construcciones Electromecánicas S.R.L., subdistribuidora de la provincia de San Juan, señaló que comparte que los subsidios actuales no se pueden mantener, pero deben evitarse las marchas y contramarchas, indicando la necesidad de trazar un sendero para el precio del gas natural que permita en un tiempo razonable terminar con estos subsidios.
Que con posterioridad expuso el Sr. Luis Cabrera, representando a Energía San Luis Sapem, quien sostuvo que si bien entiende necesario actualizar las tarifas ello debe hacerse de manera racional, gradual, justa, previsible y transparente, poniendo especial consideración en los sectores más vulnerables y en los sectores productivos de la República Argentina, no en forma abrupta ni poco transparente. Entendió necesario conocer el costo del gas en boca de pozo, así como también la razonabilidad de las ganancias y costos reales de las empresas productoras, transportistas y de distribución; así como terminar con la distorsión de precios entre la Capital Federal y el interior del país”.
Que el Sr. Juan José Cruces, de la Universidad Di Tella, observó que en Buenos Aires se paga menos que en los países vecinos por el gas: entre la cuarta y la sexta parte por metro cúbico de lo que se paga en los países vecinos, concluyó entonces que eso reflejaría el costo de producción, transporte y distribución y la rentabilidad razonable de las empresas que ahí operan. Señaló que en 1999 en el Área Metropolitana de Buenos Aires las familias destinaban 4,4 por ciento del presupuesto familiar a electricidad, gas y agua. En 2004 destinaban 2,3 por ciento. En la encuesta que se hizo en diciembre de este año para el nuevo Índice de Precios al Consumidor las familias destinaban 1,6 por ciento, o sea un tercio de lo que gastaban en 1999. Indicó que en 2014, según estudios realizados, el Estado Argentino subsidió 8.000 millones de dólares en gas y que eso fue más de 4 años de Asignación Universal por Hijo. Destacó que el costo que no se paga vía tarifas, se paga vía impuestos, inflación o más endeudamiento externo. Consideró incoherente lo expresado por diversos expositores de la audiencia en cuanto por un lado piden que el Estado le dé más cosas y por otro lado piden que le baje los impuestos. Propuso reducir precisamente lo que el Estado gasta en subsidiar a los que considera los más afortunados de la sociedad, que son los que tienen una conexión domiciliaria de gas.
Que el Sr. Rafael Flores, de ASAP, expresó que en 2005 se destinó a subsidiar la energía un monto de 1.157 millones de pesos; en 2015 ese monto superó los 138.000 millones de pesos. Indicó que para este año está previsto que se llegue a 200.000 millones de pesos, lo que representa una aumento de 170 veces en poco más de una década. Estimó que, descontando el efecto de la inflación, en toda la historia de la Argentina nunca hubo una partida presupuestaria que se haya incrementado de la forma en que lo han hecho estos subsidios, subrayando que el año pasado los subsidios a la energía representaron el 60 por ciento del déficit fiscal que tuvo la Argentina. Indicó que si a eso se le suman las transferencias de capital, es decir aquellas que se realizaron para financiar inversiones en el área energética, se llega a que el 67 por ciento del déficit fiscal está directamente relacionado con estas transferencias. Manifestó además que el año pasado la administración nacional gastó en subsidiar la energía 3,5 veces más que en el total de las universidades nacionales del país, 4 veces más que todo el gasto en seguridad, 5 veces más que en la Asignación Universal por Hijo y 6 veces más que el presupuesto de defensa. Concluyó que, si el presupuesto marca las prioridades que tenemos en materia de políticas públicas, cabe preguntarse cuál es el modelo de país al que aspiramos si queremos gastar más en subsidiar la energía que en educación, salud y cultura juntos. Remarcó que a diferencia de los subsidios al transporte -que también tienen un costo fiscal importante-, los subsidios energéticos no favorecen la distribución del ingreso, ejemplificando que del subsidio al gas de red, el 20 por ciento más rico de la población se queda con el 32,7 del subsidio mientras que el 20 por ciento más pobre se queda con el 8,6 por ciento, concluyendo que el sector más rico de la Argentina recibe 4 veces más subsidio que el sector más pobre. Destacó la necesidad de soluciones graduales y de la aplicación de la tarifa social.
Que a continuación el Sr. Jorge Puig, del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CEDLAS, sostuvo que la Argentina desde 2006 destina crecientemente cada vez más recursos a subsidiar los servicios públicos, casi 5 puntos del Producto y que el subsidio es claramente “pro-rico” ya que el 20 por ciento de la población se apropia de aproximadamente 36 por ciento de los recursos mientras que el 20 por ciento más pobre se lleva aproximadamente el 8 por ciento. Destacó la importancia de la tarifa social para la correcta focalización de los subsidios.
Que por el Sindicato de Trabajadores del Gas, hizo uso de la palabra el Sr. Rubén Bassi; por la Asociación del Personal Jerárquico de Gas del Estado, expuso el Sr. Rubén José Ruiz; por la Federación de Trabajadores de la Energía hizo uso de la palabra el Sr. Gabriel Martínez; el Sr. Julio Leonardo Tarifa, expuso por el Sindicato Personal Jerárquico y Profesional y Gas Privado Neuquén, Río Negro y La Pampa; el Sr. Bilanski representó a la Asociación Civil de Jóvenes Empresarios y Profesionales del Norte Grande y del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; el Sindicato de Prensa de Buenos Aires fue representado por el Sr. Rubén Schofrin; el Sr. Claudio Dellecarbonara, por el Sindicato de Trabajadores del Subte; la Sra. Nathalia González Seligra, por SUTEBA, de La Matanza; Sra. Ileana Celotto, por la Asociación Gremial Docente de la UBA; el Sr. Catena de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y el sindicato docente; y el Sr. Guillermo Pereyra, por Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Que en este segmento, hicieron uso de la palabra el Sr. Federico Massó, la Sra. Myriam Bregman, Sr. Néstor Pitrola, Sr. Pablo S. López, Sra. Victoria Sosa Capurro, la Sra. Magdalena Odarda, el Sr. Federico Pinedo, Sr. Luis Carlos Petcoff Naidenoff, la Sra. Liliana Schwindt, el Sr. Fernando Solanas, el Sr. Gustavo Arrieta, la Sra. María Raverta, Sr. Axel Kicillof, la Sra. Laura Machado, la Sra. Silvia Horne, el Sr. Juan Carlos Giordano, la Sra. Araceli Ferreyra, el Sr. Martín Maquieyra y el Sr. Eduardo Amadeo.
Que en esta sección expusierion: Sr. Alberto Calsiano por la Unión Industrial Argentina; el Sr. Guillermo Franke, por la Federación Empresaria Hotelero-Gastronómica de la Argentina; el Sr. Aldo Javier Barone, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de General Alvarado; el Sr. Hugo De Barba por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche; el Sr. Armando Caputo, por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias; el señor Fernando Romain, por la Cámara de Expendedores de GNC; el Sr. Gabriel Bornoroni, por la Federación de Expendedores de Combustible y Afines del Centro de la República, de Córdoba; el Sr. Damián Labastié, en nombre de ACIGRA; el Sr. Julio Fracchia, por la Cámara Argentina de GNC, desde Mendoza; el Sr. Ernesto Chediak; el Sr. Nicolás Diana, en representación de la Universidad de José Clemente Paz; el Sr. Horacio Cajide, por la Cámara de Unión de Fiambrerías, Almacenes, Autoservicios Minoristas y Afines; el Sr. Daniel Ricci, por la Federación de Docentes Universitarios; el Sr. Ignacio Martín de Jáuregui, por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; el Sr. Raúl Zavalía Lagos por la Fundación Pro Vivienda Social; el Sr. Emilio Etchegorry, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos; el Sr. Carlos Gold, de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; el Sr. Jerónimo Rossi, por ACUBA la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos; el Sr. Octavio D’Ascanio por AMENA, desde Mendoza; el Sr. Santiago Pinto, de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos y el Sr. Eduardo Awad, director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Que los representantes del sector de la industria del GNC, manifestaron su malestar por la especial carga impositiva del sector que, sostienen, hace insostenible la actividad generando malestar de los sectores sociales medios y bajos. Solicitan, entre otras cosas, la reducción del precio del gas en boca de pozo para ese sector.
Que en cumplimiento de la normativa previamente reseñada, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial de un aviso, que dio cuenta respecto de la referida audiencia pública N° 83 del registro del ENARGAS, de: a) objeto: tratamiento de precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte o gas en boca de pozo y las tarifas transitorias de transporte y distribución; b) fechas en que se sesionó: tuvo lugar los días 16 de septiembre de 2016, de 9:20 horas hasta 22.47 horas; 17 de septiembre de 2016, desde 9:10 horas hasta 24:20 horas y 18 de septiembre de 2016 desde las 9:21 horas hasta las 10.45 horas; c) funcionarios presentes: en los términos de la Resolución MINEM Nº 177-E/16, presidieron la Audiencia el Dr. Juan Manuel Carassale y el Ing. Andrés Chambouleyron y atento a la designación efectuada por Resolución ENARGAS N° I-4012/16; en los términos establecidos en la misma, presidieron la Audiencia, en representación del ENARGAS, en forma conjunta o alternada, los doctores Claudio Oscar De La Fuente y Marcela Paula Valdez; e) fueron llamadas a exponer 430 personas; f) lugar donde se encuentra a disposición el expediente: el expediente ENARGAS N° 30059 se encuentra a disposición en la Sede Central del ENARGAS, sita en Suipacha 636, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) plazos y modalidad de publicidad de la resolución final: en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el informe final descripto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto Nº 1172/2003 y en el Artículo 21 de la Resolución ENARGAS N° 3158/2005, Anexo I, Capítulo 3, las Autoridades correspondientes emitirán su resolución final y dispondrán su publicación en el Boletín Oficial.
Que respecto de las manifestaciones vinculadas a la magnitud del costo de operación calculada por la Fundación Bariloche en base a la información financiera presentada por YPF S.A. a la SEC (Securities and Exchange Commission), cabe apuntar que la cifra presentada de US$ 1,9 / MMBTU, implica la elaboración de una serie de supuestos hipotéticos; entre ellos, supuso alocar el costo informado, que es tanto para petróleo como para gas natural, entre ambos productos.
Que con el fin de considerar adecuadamente la capacidad de pago de los usuarios que se encuentren en una situación económica y social vulnerable, se han dispuesto –a través de la Tarifa Social- subsidios específicos en favor de usuarios y grupos de usuarios que requieren de la prestación regulada de manera indispensable, y que carecen de ingresos personales (o familiares) suficientes o se encuentran en dificultades particulares (vgr. discapacidad) para afrontar el pago del costo regulado que corresponde se aplique al tipo de servicio que deben recibir.
Que desde la concepción del sistema actual del sector gasífero, particularmente a partir de la Ley 24.076, de 1992, todos los precios del mercado de gas en boca de pozo, incluidos los de la producción local, se encuentran denominados en dólares. Que en el tránsito hacia valores de mercado de los precios de gas en PIST, tal como lo prevé la Ley 24.076, se realizan estimaciones utilizando el valor de referencia del dólar estadounidense, todo lo cual no obsta que, de producirse un variaciones bruscas del tipo de cambio, tales circunstancias sean contempladas en oportunidad de realizarse los ajustes de los precios previstos en el sendero de reducción gradual de subsidios, para cada semestre, a los efectos de garantizar los derechos de los usuarios.
Precios de Gas Natural en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE para volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren gas natural a través de la prestataria del servicio de distribución de GAS NATURAL por redes Camuzzi Gas del Sur S.A. o que pertenezcan a la provincia de La Pampa o a la Región Puna.
Precios de Gas Natural en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE para los volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren Gas Natural a través de la prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes Camuzzi Gas del Sur S.A. o que bien pertenezcan a la provincia de La Pampa o a la Región Puna, y que registren un ahorro en su consumo igual o superior al QUINCE POR CIENTO (15%) con respecto al mismo período del año anterior.
NOTA: El Anexo III (IF-2016-01827245-APN-MEM) que integra esta Resolución no se publica. El mismo podrá ser consultado en el Ministerio de Energía y Minería sito en Hipólito Yrigoyen 250, C.A.B.A.
Etiquetado con → audiencia publica • COMERCIALIZACION.DE.GAS.NATURAL • DISTRIBUCION.DE.GAS • GAS • gas natural • precio • servicio público • tarifa • Tarifa Diferencial • TRANSPORTE.DE.GAS • usuario

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 Artículo 83
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 Artículo 36
 Artículo 21
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