Source: https://www.observatoriobioetica.org/2018/10/28927/28927
Timestamp: 2019-06-24 08:58:20+00:00

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¿Cómo está regulada la eutanasia como delito en el código penal? | Observatorio de Bioética, UCV	La eutanasia. ¿Cómo está regulada como delito en el código penal?
El debate sobre la eutanasia está cobrando actualidad. Esa actualidad ha venido dada por su tramitación parlamentaria en la que se dan, fundamentalmente, dos posturas: aquella que propone convertirla en un derecho y aquella otra cuya pretensión es despenalizarla.
Tales finalidades son de todos conocidas. Pero, ¿somos conscientes de que es un delito, con la gravedad que esto conlleva? ¿Cómo está regulado, pues, en el Código Penal? ¿Existen figuras afines?
Esas preguntas de investigación son los motivos por los cuales el objeto del presente Informe lo vamos a acotar al aspecto jurídico penal: el análisis del artículo 143 del Código Penal.
De modo que el objetivo general que nos proponemos es conocer cómo está regulada la eutanasia como delito y distinguirla de figuras afines.
El método que emplearemos será el exegético, es decir, eminentemente jurídico-positivo
1. Artículo 143 del código penal
A tenor del artículo 143 del Código Penal:
El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.
2. Análisis de los elementos esenciales del tipo penal.
Antes de entrar a examinar cada delito regulado en el artículo objeto del presente Informe, analizaremos, por su importancia, dos elementos del tipo penal que nos parecen esenciales: el bien jurídico protegido y la petición del sujeto pasivo.
El artículo 143 se encuentra incardinado en el Título I (Del homicidio y sus formas), Libro II (Delitos y penas) del Código Penal, por lo que, como dice Tomás-Valiente (2000):
Puede afirmarse con claridad que el bien jurídico protegido por el Artículo 143 del Código Penal es, al igual que en los preceptos que le preceden, la vida humana independiente, con la particularidad de que la protección se concede en este caso en contra de la voluntad del titular. (p. 25)
Por su parte, Suárez-Mira (2006) redunda en la idea del bien jurídico protegido:
En puridad, el régimen establecido supone una excepción al conocido “principio de accesoriedad de la participación”, puesto que, si la propia muerte llevada a cabo por uno mismo es impune, en coherencia con dicho principio también habrían de serlo los actos llevados a cabo por terceros que contribuyen a dicha muerte. Sin embargo, la decisión legislativa es otra, dada la importancia del bien jurídico comprometido. (p. 70)
Es cierto, sin embargo, que existen autores (como De la Gándara Vallejo y Del Rosal Blasco, citados en Tomás-Valiente 2000, p. 26) que afirman que el bien jurídico protegido en el artículo 143 es la vida de otros sujetos, debido a que si se despenalizara la eutanasia y las otras conductas del artículo, habría una pendiente resbaladiza inevitable; pero más bien esta sería la consecuencia que el legislador quiere evitar, es decir, la ratio del precepto, no el bien jurídico que pretende proteger.
Es, pues, el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución Española) el que impide que un tercero induzca, coopere, ejecute o contribuya a la muerte de una persona, aunque ésta lo pida.
La aportación de Suárez-Mira es importantísima, ya que ayuda a aclarar la pregunta que nace de la comparación entre el suicidio y la eutanasia: si el suicidio está permitido (en la medida en que no está penado), ¿por qué la eutanasia está prohibida? Sencillamente, por la importancia del bien jurídico protegido, que no es otro que la vida humana.
Ahondando más en esta idea, hay que aclarar que no es lo mismo el hecho de que el suicidio no esté penado a que éste sea un derecho, que no lo es (el farragoso tema de la disponibilidad sobre la propia vida). Es cierto que la protección de la vida por el Derecho no es absoluta (en la medida en que una persona tiene un margen de libertad en la que el Derecho no entra, que es la teoría del agere licere), pero eso no significa que matarse a uno mismo sea un derecho, que no lo es, ni está reconocido como tal por nuestro Tribunal Constitucional (Fundamento Jurídico 7 de la Sentencia número 120/90, de 27 de junio).
De ahí que Muñoz Conde (2007) afirme:
La vida es objeto de protección en el ámbito penal incluso frente a la voluntad de su titular, que no tiene derecho a disponer sobre ella libremente y que, en consecuencia, no está legitimado para autorizar a los demás a que lo maten. (p. 64)
En nuestra opinión, pues, tiene razón Suárez-Mira (2006) al decir tajantemente:
Ello tiene como consecuencia que no puede hablarse de un “derecho” a la propia muerte ni, correlativamente, del “deber” de ejecutar una muerte a petición. (p. 73)
2.2. Petición del sujeto pasivo
La petición del sujeto pasivo es tenida en cuenta por el legislador, pero no como eximente (que no podría ocurrir, como acabamos de comprobar) sino como atenuante.
Por otro lado, la importancia de esa voluntad hace que tiene que ser el sujeto pasivo quien debe tener la última palabra. Es él quien toma la decisión, por lo que nada debe estar fuera de su dominio, al menos volitivo. Si no, nos encontraríamos ante otro delito distinto.
En este punto, no tiene sentido la clasificación que realiza Singer (1993, citado en Ansuátegui 1999, p. 33) al distinguir entre eutanasia voluntaria, involuntaria y no voluntaria: las dos últimas entrarían en el tipo penal del homicidio o del asesinato, según los casos. Como tampoco tendría sentido hablar de homicidio compasivo, por las mismas razones. E, incluso, incluir entre los supuestos eutanásicos las enfermedades psíquicas o incluir a menores de edad, ancianos, etc., ya que habría que llegar a la misma conclusión.
En efecto, como afirma Suárez-Mira (2006):
Esa muerte ha de ser querida por el propio titular del derecho a la vida a la que se pone fin y en condiciones de plena libertad de su voluntad, puesto que la contribución a la muerte de quien carece de la necesaria aptitud psíquica para tomar tan irreversible decisión (inimputable, menor, persona que expresa un consentimiento viciado) debe reputarse como un homicidio o incluso como un asesinato (hipótesis de autoría mediata en la que la víctima actuaría como instrumento de su propia muerte). (pp. 70-71)
3. Análisis exegético del artículo 143 del código penal
3.1. Inducción al suicidio. Artículo 143.1 código penal
La importancia de la voluntad incide, precisamente, en el número 1 del Artículo 143 del Código Penal, puesto que no es igualmente reprochable ayudar a suicidarse a quien quiere morir que convencer a alguien para que se suicide, cuando no tenía antes esa idea.
Por eso, Tomás-Valiente (2000) dice:
Lo que en este apartado se incrimina es la conducta consistente en hacer nacer en otra persona el deseo de poner fin a su vida, propósito suicida que no habría existido de no ser por la intervención del sujeto activo. (p. 57)
En efecto, como ratifica Suárez-Mira (2006, p. 71), “la conducta típica consiste en persuadir anímicamente a otro, que no había tomado tal decisión, para que se suicide”.
La inducción generadora de la sanción prevista consistirá, pues, en un hacer positivo con contenido intelectual final y con relevante eficacia, de modo que haga surgir en el destinatario la voluntad de quitarse la vida, idea que en ningún caso tenía ab initio. Esta es la razón por la cual no quepa la omisión.
Llama la atención el hecho de que “se induzca al suicidio de otro” y no en cambio como ocurría con anterioridad que “se induzca a otro… para que se suicide”. Es lo que tradicionalmente se ha venido en llamar inducción a la inducción e, incluso, inducción en cadena. Como dice la STS 5306/93, de 30 de junio, “la inducción directa quiere decir que se ejerza sobre persona determinada, aunque se admite que sea por medio de persona intermedia –en cadena- y para un delito determinado”.
De su parte, la pena que se impone es superior al número 2 del artículo, siendo su razón de ser el carácter especial de este delito, pues parece más grave persuadir o convencer a una persona que no tenía ninguna intención de quitarse la vida, de que se suicide, que ayudar a quien ya ha tomado la firme resolución de morir, para que, por ejemplo, pueda hacerlo mediante métodos indoloros o no violentos.
Por lo demás, en cuanto a las formas imperfectas de comisión, cabe no sólo la consumación, sino también la tentativa.
Los ejemplos más claros aparecen en el ámbito de las sectas de carácter destructivo.
3.2. Cooperación al suicidio. Artículo 143.2 Código Penal
La mala redacción del precepto suscita grandes problemas, que van desde la dificultad de deslindar cuándo nos encontramos con este delito y cuándo nos encontramos con otros muy parecidos a él (cosa que ocurre en su forma omisiva); hasta, incluso, encontrarnos con una conducta cooperadora impune.
Por otra parte, conviene transcribir los artículos 27, 28 y 29, todos ellos del Código Penal.
Artículo 27: Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.
Artículo 28: Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se había efectuado.
Artículo 29: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
El problema radica, pues, en la expresión “necesaria”: será necesaria la aportación de aquél que interviene en el proceso de ejecución del delito (no antes) suministrando una ayuda operativamente insustituible para el autor principal y que deja en manos del cooperador la posibilidad de abortar el plan trazado.
Sin embargo, hemos de precisar que ni doctrinal ni jurisprudencialmente hay ni claridad ni unanimidad en el tema, por lo que los límites entre cooperador necesario y mero cooperador siguen difusos.
De modo que, como dice Suárez-Mira (2006, p. 74), “la cooperación al suicidio de otro lo es únicamente con actos necesarios, pues sino lo fueren, la conducta sería impune”; de manera que, como pone de manifiesto Tomás-Valiente (2000, p. 70), “los actos constitutivos de mera complicidad quedan excluidos del ámbito de acción del precepto”.
Entendemos que esa es la razón por la que se habla de “suicidio asistido”, “suicidio meramente asistido”, o “suicidio médicamente asistido”. Y es por esta vía por la que se pretende su impunidad; cuando, como se ve, esta figura (o su terminología) no existe actualmente en nuestro Derecho.
Por otro lado, es punible tanto la consumación como la tentativa, y tanto la comisión como la omisión, aunque en este caso, como indica Suárez-Mira (2006):
Es preciso que el omitente se halle en posición de garante (artículo 11 CP), pues, en caso contrario, nos hallaríamos ante una simple omisión del deber de socorro del artículo 195 CP. Así, estaríamos ante la figura del artículo 143.2 CP en el caso de no impedir el acceso de un depresivo –sujeto a nuestro cuidado- a la pistola con la que pone fin a su existencia, pero nos hallaríamos ante la figura del artículo 195 CP sino evitamos, pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni ajeno, que se arroje al vacío un transeúnte con quien nos topamos en un viaducto. De todas formas hay que señalar que en este punto la doctrina no es unánime, pues para algunos autores sólo caben las modalidades comitivas. (p. 72)
Como ejemplos pueden citarse proporcionar el veneno al suicida, o el arma con el que se va a disparar; no cerrar la espita del gas que va a utilizar para asfixiarse,…
3.3. Suicidio-ejecución u homicidio-suicidio. Artículo 143.3 Código Penal
Esta modalidad es la más próxima al homicidio común porque, de hecho, es el cooperador quien materialmente ejecuta la muerte del suicida. No obstante, se diferencia del homicidio en que la víctima consiente en una muerte que ha sido solicitada por él.
Así pues, la cooperación que ahora da entidad al hecho típico desborda el carácter de “necesaria” que se exigía en el número 2 del artículo, cobrando virtualidad a través de su carácter ejecutivo que se traduce en la realización de la muerte del sujeto que desea dejar de vivir. La voluntad suicida es elemento base en este delito, ya que el partícipe lo que hace es ejecutar la voluntad de otro.
Por otra parte, se considera necesaria la puntualización de que el acto ejecutivo se presta al sujeto impedido que desea dejar de vivir, pero que no está posibilitado de realizar su voluntad.
En todo caso, hay una gran polémica tanto en lo relativo a estas puntualizaciones (¿quién es realmente el autor de este delito?) como en relación con la modalidad omisiva: no obstante, Suárez-Mira (2006, p. 72) pone el ejemplo de no reemplazar, quien se halla en posición de garante, la agotada bombona de oxígeno del enfermo que depende de ella, a petición de éste. La tentativa, sin embargo, es evidentemente admisible y, por ende, punible.
3.4. Eutanasia. Artículo 143.4 Código Penal
De la lectura del artículo, se deduce claramente los elementos del tipo penal, los cuales son:
“El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, (…)”.
La conducta típica generadora del hecho objeto de sanción en este apartado se manifiesta a través de un comportamiento que puede adoptar la forma de “causar”, o la de “cooperar activamente” en la muerte de la persona.
Con el primer término se apunta la posibilidad de la intervención ejecutiva en la producción del desenlace fatal; mientras que con el segundo se describe una intervención que sin llegar al estadio de ejecución supone una operativa decisiva en el acto de favorecer la muerte del enfermo.
Tanto una como otra forma se manifiestan a través de un proceder activo, por lo que la precisión en este sentido y el silencio en cuanto a la posibilidad de comportamiento omisivo, debe implicar la impunidad de las modalidades de eutanasia pasiva.
Así pues, no tipifica comportamientos indirectos y omisivos y sí, en cambio, modalidades directas y activas. Viéndolo con más detenimiento:
Eutanasia activa directa no consentida
El hecho en cuestión merecerá la imputación penal en base a los artículos 138 o 139 del Código Penal, relativos al homicidio y al asesinato, respectivamente.
La estricta tutela del bien jurídico en juego, obliga a su protección frente a la conducta del tercero que, por propia iniciativa y sin tener presente el deseo o no del enfermo, decide acabar con una situación a la que bajo su punto de vista, considera que debe poner fin.
La presencia de móviles humanitarios, piadosos o altruistas en la ejecución del hecho podrá operar a los efectos de provocar una disminución de culpabilidad en la actuación del sujeto (artículo 21.3ª Código Penal).
Eutanasia activa indirecta
Se mantiene impune, dado que el artículo 143.4 del Código Penal fija la necesidad de que los actos realizados sean activos y directamente encaminados a producir la muerte.
En la hipótesis que ahora nos ocupa, nos encontramos con que la aplicación de medios terapéuticos que eliminan el sufrimiento a la vez que implican un acortamiento de la vida del paciente, no persigue como objetivo poner término a la existencia de aquél, sino que actuando en todo momento bajo el más estricto criterio de la lex artis, se pretende eliminar un sufrimiento inhumano que conlleva como efecto colateral un acortamiento de la agonía.
Esta modalidad consiste en dejar de suministrar o de aplicar al enfermo los medios terapéuticos establecidos en el tratamiento de la dolencia ya en su fase terminal. Si media la voluntad del enfermo terminal, hay que estar por la atipicidad del hecho, pues este implica la realización activa del comportamiento. Si no media, hay discrepancias doctrinales, aunque no es lo mismo matar que dejar morir en paz.
“(…), por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, (…).
El precepto exige la petición de la víctima, pues de no darse ésta nos hallaríamos ante un verdadero homicidio o asesinato.
Dada la relevancia de tal petición, el Ordenamiento Jurídico la rodea de una serie de cautelas para tratar de garantizar que la solicitud devenga indubitable.
Así, la demanda que se lleva a cabo ha de ser expresa (puede adoptar la forma oral, escrita, etcétera), en el sentido de clara y explícita, no debiendo quedar duda alguna acerca de la veracidad y firmeza de la petición, rechazándose aquel conocimiento de voluntad que se adquiere a través de sobreentendidos, presunciones o por interpretaciones más o menos circunstanciales.
También debe ser cierta, término que a nivel de nuestra Jurisprudencia no tiene antecedentes acerca de su valoración, pero que bajo el punto de vista de la mayoría, sino toda, la doctrina, abarca aquella manifestación formal y muy reflexionada.
Por último, ha de ser inequívoca, de modo que no admita dudas sobre su contenido, ni se preste a aclaraciones ulteriores de ninguna clase.
“(…), en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, (…)”.
El tipo de injusto que estamos examinando tiene como base aplicativa la existencia de una situación vital de la víctima que consiste en el sufrimiento de una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.
Existen dudas en la doctrina acerca de la forma de valorar la gravedad de la enfermedad y de concretar quién deba hacerlo.
Tampoco queda claro si esa conducción necesaria hacia la muerte ha de ser más o menos dilatada en el tiempo, o si es admisible que los padecimientos intermitentes que pueda sufrir la persona sean considerados permanentes.
Como tampoco está resuelta la cuestión de la consideración que deban merecer los padecimientos de índole psíquica ni si la dificultad en soportarlos debe medirse con criterios generales o si debe ser el propio enfermo quien lo juzgue. En este sentido, hay una corriente doctrinal, encabezada por Tomás-Valiente, en la que sólo quedarían incluidos en este ámbito típico cuando derivasen de una enfermedad física, pero nunca si vinieran motivados por una dolencia psicológica o mental, ya que en este último caso, impediría el cumplimiento de los requisitos relativos a la voluntad de la víctima.
PENAS ATRIBUIDAS:
“(…), será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.
Satisfechos los requisitos que acaban de ser examinados, el precepto ordena la reducción de las penas en uno o dos grados respecto de las asignadas en los apartados anteriores a las conductas correspondientes.
Esto requiere conocer las reglas generales para la aplicación de las penas, lo que, en el caso que nos ocupa, está regulado en el artículo 70 del Código Penal. Así, y siguiendo las ideas reflejadas en la redacción de dicho precepto, el proceso para llegar a la conclusión de las penas que, en su caso se impusieran, es el siguiente:
Se parte de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate.
Cooperación necesaria: 2 años a 5 años. Con lo cual, 2 años.
Cooperación-ejecución: 6 años a 10 años. Ergo, 6 años.
Deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, que sería el límite mínimo de la pena:
Cooperación necesaria: 1 año (un grado); 6 meses (dos grados).
Cooperación-ejecución: 3 años (un grado); 1 años y 6 meses (dos grados).
El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer (que en este caso es de privación de libertad):
Cooperación necesaria: 1 año, 11 meses y 29 días.
Cooperación-ejecución: 5 años, 11 meses y 29 días.
Gráficamente, podría considerarse del siguiente modo:
UN GRADO DOS GRADOS LÍMITE MÁXIMO
C. N. 1 año 6 meses 1 a., 11 m. y 29 d.
C.-E. 3 años 1 año y medio 5 a., 11 m. y 29 d.
Nadie duda de la mala redacción del artículo 143.4 del Código Penal español, pero es la que tenemos actualmente.
La primera consecuencia de ello es que al utilizar la conjunción disyuntiva “o” en lugar de la copulativa “y”, hace que la proximidad de la muerte no sea la única condición sine quae non de la eutanasia; lo cual crea, a su vez, confusiones respecto a tipos penales afines: cooperación, homicidio, asesinato, omisión del deber de socorro.
Se condenan conductas positivas y directas. Hubiera sido preferible condenar tanto la eutanasia activa como la pasiva.
El sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso sin formación, no necesariamente un profesional sanitario (quien, además, está formado para curar, no para acabar directa ni voluntariamente con la vida de alguien), lo cual es un error importante: ¿cómo saber la cantidad de medicamento a administrar para evitar una muerte indolora? ¿Cómo saber el método para administrarlo con la finalidad de evitar la misma situación?
La voluntad es nuclear: si no se cuenta con ella, estamos ante un homicidio o un asesinato, según los casos.
La pena (muy atenuada) aplicada al delito de eutanasia, según la situación, puede llegar hasta dos años, con lo que el sujeto activo puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena.
En cualquier caso, la eutanasia es un delito.
En cuanto a la cooperación, ya hemos adelantado que el adverbio “necesaria” no ha sido una elección muy feliz.
Paralelamente, el suicidio asistido no existe en nuestro Derecho, por lo que, de regularse, habría que crearlo como novedad.
La disponibilidad de la propia vida no ha encontrado eco en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por último, en nuestro Derecho apenas hay jurisprudencia relativa al delito de eutanasia.
Ansuátegui Roig, F. J. (coordinador). (1999). Problemas de la eutanasia. Editorial Dykinson: Madrid.
Código Penal. (1998). Editorial del Consejo Superior de Abogados de la Comunidad Valenciana: Valencia.
Constitución Española. (1978). Editorial Tecnos, S. A.: Madrid.
Jurisprudencia. Base de datos del Ilustre colegio de Abogados de Valencia. Recuperado de: www.icav.es
Muñoz conde, F. (2007). Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Tirant lo Blanch: Valencia.
Tomás-Valiente Lanuza, C. (2000). La cooperación al suicidio y la eutanasia en el nuevo código penal (artículo 143). Editorial Tirant lo Blanch: Valencia.
Suárez-Mira Rodríguez, C., et al. (2006). Manual de Derecho Penal. Tomo II. Parte Especial. Editorial Civitas: Navarra.
Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia.
Observatorio de Bioética.
EutanasiaEutanasia: Regulación Legal
Canadá registra 6.749 personas eutanasiadas en los últimos años
Las eutanasias disminuyen en Holanda por primera vez en una década
Suicidio asistido: el suicidio de una sociedad
Eutanasia Eutanasia: Regulación Legal

References: artículo 143
 Artículo 143
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 artículo 143
 Artículo 143
 artículo 143
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 Artículo 143
 Artículo 143
 resolución 
 Artículo 143

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 195
 artículo 143
 artículo 195
 Artículo 143
 Artículo 143
 artículo 143
 artículo 70
 artículo 143