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Timestamp: 2020-03-29 17:53:44+00:00

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Rechazo a las tasas para el acceso a la sanidad pública por parte de las personas inmigrantes en situación irregular - Málaga Acoge
Ambas entidades rechazan la medida que, aunque ya prevista en el Real Decreto Ley 16/2012, no fue hasta el pasado sábado cuando se han concretado las cuotas de entre 60 y 157€ mensuales.
Tras la publicación el pasado sábado del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, “por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.” entra en vigor la obligatoriedad de la Contraprestación económica a abonar por parte de las personas inmigrantes en situación para acceder a la Sanidad Pública en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que están aplicando en su literalidad el Real Decreto Ley 16/2012.
Sobre este aspecto Andalucía Acoge y la APDH-A exigen una vez más la derogación inmediata del citado Real Decreto Ley que condena a las personas en situación irregular al abono de entre 720 y 1.884€ al año para poder acceder a la Sanidad pública; cantidad a todas luces desproporcionada y que provocará que un importante número de ellas quede excluida de la atención primaria con todo lo que ello supone.
Reconocimiento a las Comunidades Autónomas que – como en el caso de Andalucía- no están aplicando esta medida.
Andalucía Acoge y la APDH-A reconocen y aplauden la apuesta política que están realizando Comunidades Autónomas que como Andalucía, Aragón, Canarias, Euskadi, Catalunya o Asturias no están aplicando este Real Decreto Ley, dentro del marco de sus competencias, solicitando al resto de Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado que pongan en marcha iniciativas en las que garantice la atención sanitaria de todas las personas que residen en las mismas de forma que prime la ciudadanía efectiva de estas personas por encima de la situación administrativa.
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