Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-f-t-2-146922
Timestamp: 2019-04-25 02:03:34+00:00

Document:
STC 188/1999, 25 de Octubre de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 146922
Número de Recurso: 70/1995
RA 70/95. Promovido por don Carlos F. T. frente al Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha que confirmó la sanción de un fin de semana de aislamiento en celda que le fue impuesta por sacar de prisión una carta de forma antirreglamentaria. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva: sanción que supone la previa intervención de la correspondencia, que fue adoptada prescindiendo de las garantías reglamentarias.
Sentencia citada en: 124 sentencias, 12 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 70/95, promovido por donCarlos F. T. , representado por la Procuradora de los Tribunales doña Marta López Barreda y asistida de la Letrada doña Begoña Lalana Alonso, contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha de 20 de diciembre de 1994, recaído en el expediente núm. 4.319/94, que desestimó el recurso de queja interpuesto contra el Auto pronunciado por el mismo Juzgado el 21 de octubre de 1994, desestimatorio, a su vez, del recurso formulado contra el Acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Ocaña II, que impuso al recurrente una sanción de un fin de semana de aislamiento en celda (expediente disciplinario núm. 299/94) por la comisión de una falta grave. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha actuado como Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
El 10 de enero de 1995 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito firmado por don Carlos F. T. en el que, a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, manifestó su deseo de interponer recurso de amparo contra la sanción referida.
Por providencia de 19 de enero de 1995 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó dirigirse al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha a fin de que informase sobre la resolución recaída en el recurso de reforma interpuesto por el anterior compareciente contra la sanción impuesta por el Centro Penitenciario Ocaña II el 20 de septiembre de 1994. Mediante oficio de 20 de febrero siguiente el citado Juzgado envió copia de los Autos de 21 de octubre y 20 de diciembre de 1994 recaídos en el expediente núm. 4.319/94 seguidos en dicho Juzgado a instancias del solicitante.
El 2 de marzo de 1995 la Sección dictó providencia en la que otorgó al remitente del anterior escrito, en virtud de lo dispuesto en el art. 50.5 LOTC, un plazo de diez días para que compareciese por medio de Procurador de Madrid con poder al efecto y asistido de Letrado, o bien para que pidiese la designación de uno y otro por el turno de oficio si carecía de medios para sufragar los honorarios de los indicados profesionales. Dicho requerimiento fue contestado en un escrito de fecha 3 de abril de 1995 por el cual solicitaba el interesado el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio para que lo defendiesen y representasen en el recurso de amparo que quería interponer; en virtud de nueva providencia, de 8 de mayo siguiente, la Sección acordó oficiar al Consejo General de la Abogacía y al Colegio de Procuradores de Madrid para que procediesen a la designación de los que por turno correspondiese.
El nombramiento recayó en la Procuradora Sra. López Barreda y en la Letrada doña María Begoña Lalana Alonso, a las cuales, en providencia de 15 de junio de 1995, se las tuvo por designadas en el turno de oficio y se les concedió un plazo de veinte días para que formalizasen la demanda de amparo o, en su caso, se excusase la Letrada de la defensa.
El día 14 de julio de 1995 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal la demanda de amparo, la cual encuentra su fundamento, en síntesis, en los siguientes hechos:
El recurrente se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Ocaña II cuando, el 20 de septiembre de 1994, le fue impuesta una sanción por falta grave consistente en que el 17 de agosto de dicho año "sacó una carta de prisión a prisión de forma antirreglamentaria". El actor (dice la demanda) fue sancionado pese a no existir constancia de que el mismo tuviese intervenidas sus comunicaciones, de que dicha limitación (en su caso) derivase del fallo condenatorio de la Sentencia, ni de que la Junta de Régimen o el Director del Centro hubiesen acordado, por razones de urgencia, la intervención de la correspondencia de aquél.
Recurrida la sanción anterior ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha, por éste se dictó, el 21 de octubre de 1994, un Auto que desestimó el recurso argumentando que los hechos se desarrollaron en la forma relatada en el expediente, los cuales no habían sido desvirtuados por la alegación del recurrente. A lo cual se añadía que dichos hechos constituían la falta por la que aquél fue sancionado y que la sanción impuesta se encontraba dentro de los límites establecidos por los arts. 111 y 113 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 120/1981, de 8 de mayo (en lo sucesivo R.P. de 1981).
Interpuesto recurso de reforma, el recurrente alegó en él que desconocía la forma en la cual debía remitir la carta enviada (abierta y cursada a través del Centro Penitenciario); que la correspondencia postal debía estar protegida por el secreto, puesto que sus comunicaciones no estaban intervenidas ni se encontraba incomunicado por orden judicial; y que el art. 98.5 del R.P. de 1981, contradecía los principios de rango normativo de normas superiores de naturaleza constitucional y legal. El Juzgado, en otro Auto de 20 de diciembre de 1994, desestimó el recurso en virtud de un fundamento jurídico único en el que se expresaba que
La demanda de amparo considera infringidos los arts. 18.3, 25 y 24.1 C.E. Se dice en ella que el derecho al secreto de las comunicaciones que consagra el art. 18.3 C.E., en conexión con el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales y con el art. 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de proteger el secreto de la correspondencia impide cualquier injerencia en el ejercicio de tal derecho. Los presos no podrán ser privados de más derechos que aquellos que resulten expresamente limitados por el contenido del fallo, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria (art. 25.2 C.E.), y ésta, a su vez, posibilita el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, salvo los incompatibles con el objeto de la detención (art. 3.1 L.O.G.P.), consagrando a su vez el art. 51.1 L.O.G.P. el derecho de los internos a comunicarse periódicamente con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria de forma oral o escrita, sin más limitaciones que las derivadas de la resolución judicial, que en este caso no se dan, y de las previstas en el núm. 5 del mismo artículo, que precisan resolución motivada del Director del Establecimiento penitenciario. Todo ello habrá de ser notificado al interno y comunicado a la Autoridad judicial. El art. 98 R.P. de 1981 tampoco prevé que la correspondencia haya de estar abierta, si bien contiene algunas disposiciones sobre cuya constitucionalidad plantea dudas el recurrente.
Por providencia de 18 de septiembre de 1995 la Sección acordó reclamar del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha certificación o copia adverada del expediente núm. 4319/94, y de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Ocaña II certificación o copia adverada del expediente disciplinario núm. 299/94, incoado contra el actual demandante de amparo.
Recibida la documentación requerida, a través de una nueva providencia de 11 de diciembre de 1995 la Sección acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales procedentes, las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC], a cuyo efecto se les dio vista de las actuaciones recibidas.
El 3 de enero de 1996 se registraron en este Tribunal las alegaciones de la parte demandante. En ellas se señala que, al no tener el recurrente de amparo intervenidas sus comunicaciones, había de entenderse que el Centro Penitenciario y las resoluciones judiciales que confirmaron la sanción impuesta vulneraron el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia que establece el art. 18.3 C.E. Una cosa es que la correspondencia remitida de prisión a prisión deba de ser controlada por motivos de seguridad, y otra que la reserva de aquélla sea violada, puesto que el secreto de las comunicaciones está garantizado para todas las personas, incluidos los sujetos a privación de libertad en Centros Penitenciarios. A estos efectos el art. 98 R.P. de 1981 se contradice con la Ley Orgánica General Penitenciaria al establecer un registro del correo expedido por los internos, pero en ningún caso prevé que la correspondencia haya de estar abierta. Por todo ello insiste en que debe estimarse la demanda de amparo y dejarse sin efecto la sanción impuesta.
El Fiscal, en sus alegaciones registradas el día 15 de enero siguiente, argumenta que, tanto el acuerdo administrativo sancionador, como las resoluciones judiciales que lo confirmaron, carecen de motivación que justifique suficientemente la sanción. La incardinación de los hechos en el art. 109. f) R.P. de 1981 es difícil de comprender, dada la distinta finalidad y materia a que se refiere aquél en relación con los hechos sancionados, que no se compadece tampoco con lo que establece el art. 51 L.O.G.P., teniendo en cuenta que las limitaciones al secreto de las comunicaciones escritas sólo pueden estar justificadas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del Establecimiento. Las resoluciones tampoco hacen mención de lo que dispone el art. 98 R.P. de 1981 y, en el caso de los Autos judiciales, ni siquiera citan el precepto por virtud del cual es sancionado el recurrente, refiriéndose por error al número de expediente en lugar de al del artículo.
Mediante providencia de 21 de febrero de 1996 la Sección decidió admitir a trámite la demanda de amparo y dar traslado de la misma y de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentasen las alegaciones que estimaran pertinentes conforme al art. 52.1 LOTC. Por providencia de la misma fecha acordó formar la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión y concedió un plazo común de tres días al recurrente y al Fiscal para que alegasen lo pertinente sobre dicha suspensión; cumplido lo cual, mediante Auto de 11 de marzo de 1996, acordó suspender los efectos que pudieran derivarse de la sanción disciplinaria de un fin de semana de aislamiento que se impuso al recurrente el 20 de septiembre de 1994 en el expediente disciplinario núm. 299/94 por el Centro Penitenciario de Ocaña II, y que fue confirmada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha en sus Autos de 21 de octubre y 21 de diciembre de 1994.
En escrito registrado en este Tribunal el 14 de marzo de 1996 la representación del recurrente solicitó la sustitución del trámite de alegaciones por la celebración de vista oral.
El Ministerio Fiscal, por su parte, a través de un escrito registrado el día 18 siguiente, argumenta que nos encontramos en este caso ante un recurso de amparo de carácter mixto, por cuanto no sólo se impugnan las resoluciones judiciales sino también el acuerdo administrativo sancionador. Dicho esto entra a analizar las distintas vulneraciones alegadas en el recurso, comenzando por la vulneración del art. 25.1 C.E. (principio de legalidad) producida al haberse cumplido la sanción antes de haber adquirido firmeza, para extender su consideración al hecho de que, de haberse cumplido efectivamente la sanción impuesta, podría vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva dado el carácter sancionador de la resolución.
Por providencia de 25 de marzo de 1996 la Sección acordó denegar la solicitud de vista efectuada por la defensa del recurrente y dar un nuevo plazo de diez días a ésta para que formulase las alegaciones que estimara pertinentes. Al mismo tiempo, conforme a lo solicitado por el Fiscal, ordenó que se recabase del Centro Penitenciario de Bonxe certificación acreditativa del momento en el que fue ejecutada la sanción impuesta al actor el día 30 de octubre de 1994 en el Centro de Ocaña II.
En cumplimiento de lo anterior presentó el recurrente sus alegaciones por escrito el 11 de abril de 1996, en las que ratifica los hechos y fundamentos de su demanda al tiempo que manifiesta compartir las alegaciones realizadas por el Ministerio Público. Solicita, asimismo, que se eleve al Pleno de este Tribunal cuestión de constitucionalidad respecto del art. 98.5 R.P. de 1981 y que se reclame de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el cese de las instrucciones dadas para proceder a la apertura de la correspondencia que se remitan los internos de los distintos Centros Penitenciarios.
El Centro Penitenciario del Bonxe, por su parte, aportó certificación acreditativa de la fecha en que fue ejecutada la sanción sometida a este recurso de amparo.
A la vista de la anterior documentación, la Sección, en providencia de 29 de abril de 1996, concedió un nuevo plazo de diez días a las partes para que, si así interesaba a su derecho, pudiesen completar sus alegaciones.
La defensa del recurrente volvió a pedir que se sustituyese dicho trámite por la celebración de una vista oral, lo que fue denegado por este Tribunal mediante nueva providencia del día 23 de mayo siguiente. El 24 de junio de 1996 dicha defensa presentó escrito de alegaciones, en el que insiste en que el demandante no tenía intervenidas sus comunicaciones escritas, no obstante lo cual fue sancionado por remitir la correspondencia por correo ordinario a otro Centro Penitenciario, y que el Centro de Ocaña II retuvo la correspondencia, la abrió e incoó el expediente disciplinario traído a este recurso de amparo. Todo esto conculcó el derecho del art. 18.3 C.E.
El Ministerio Fiscal, en sus alegaciones registradas el 20 de mayo de 1996, además de dar por reproducidas las anteriores, indica que la ejecución de la sanción (según consta de la certificación remitida) durante los días 7 y 8 de enero de 1995, después de que se dictase el Auto de 20 de diciembre de 1994 que puso fin a la vía judicial, impide sostener la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por esta causa.
Por providencia de 21 de octubre de 1999 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
El recurrente, cuando se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Ocaña II, remitió una carta a otro preso ingresado en la Prisión de Segovia. Este último Centro Penitenciario, al recibir la misiva y observar su lugar de procedencia, la devolvió a la Dirección del Centro Penitenciario en que se encontraba el remitente. Después de intervenir la carta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 98.5 del Reglamento Penitenciario de 1981, el Centro incoó contra el solicitante de amparo expediente disciplinario que concluyó con sanción de un fin de semana de aislamiento en celda por la comisión de una falta grave consistente en "sacar una carta de prisión a prisión en forma no reglamentaria", hecho que la Junta de Régimen consideró incluida en el art. 109 f) R.P. de 1981.
Antes de entrar en el análisis de las vulneraciones que conforman el núcleo de este recurso de amparo (las de los arts. 18.3, 25.2 y 24.1 C.E.) es preciso descartar la lesión que, ya ab initio, y según resulta del examen de los datos que obran en las actuaciones pedidas a instancias del Fiscal, se refiere al art. 25.1 C.E., consistente, según dice la demanda, en que la sanción impuesta al actor fue ejecutada por el Centro Penitenciario antes de que se dictase la resolución judicial que resolvía el recurso de reforma. Tal y como señalan las alegaciones del Ministerio Público, dicha resolución recayó el 20 de diciembre de 1994; la misma cerraba la vía judicial, pues no cabía recurso ordinario contra ella, y la sanción fue ejecutada el 7 y 8 de enero de 1995, o, lo que es lo mismo, con posterioridad a la firmeza del Auto judicial que confirmaba aquélla. De aquí que no haya tenido lugar la vulneración del art. 25.1 denunciada.
Tampoco puede ser atendida la demanda respecto de la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.). Por una parte, esta supuesta lesión no fue invocada ante los órganos judiciales presuntamente causantes de la dilación, requisito exigido por la jurisprudencia de este Tribunal para dar oportunidad al órgano judicial de remediar la pretendida dilación (entre otras SSTC 145/1995, 136/1997 y 140/1998). Por otra, la duración del procedimiento, desde el día 20 de septiembre de 1994, en que fue impuesta la sanción, hasta el 20 de diciembre de 1994, en que se dictó el Auto que puso fin a la vía judicial, no puede conceptuarse como excesiva o fuera del plazo razonable al que se refieren la jurisprudencia de este Tribunal y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Entrando ya en el examen de la pretendida lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ha de tenerse presente que la demanda sostiene esta infracción sobre dos bases esenciales: 1º) la de que los Autos judiciales dictados en el caso carecen de motivación sobre las razones que les permiten confirmar la sanción impuesta; y 2º) la de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no tuvo en cuenta que se estaba sancionando a una persona por ejercer un derecho constitucional, cual es el del art. 18.3 C.E. Así pues las resoluciones impugnadas carecerían, en general, de motivación y, en particular, de la necesaria ponderación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones garantizado constitucionalmente.
"Que de la detenida lectura del expediente, se deduce que los hechos se desarrollaron en la forma que en el apartado anterior se relata `que el 17 de agosto de 1994, el internoCarlos F. T. socó (sic) una carta de prisión a prisión de forma antirreglamentaria¿, sin que la resultancia de los mismos haya sido desvirtuada por la alegación del recurrente; y hechos que constituyen la falta por la que se sanciona al interno, y apareciendo que la pena impuesta está dentro de los límites establecidos por los arts. 111 y 113 del Reglamento Penitenciario y es adecuada a la infracción cometida, procede confirmarla en su integridad".
Respecto de la alegación relativa a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), debe advertirse que, pese a que la sanción se impuso al demandante de amparo por sacar una carta de prisión a prisión en forma no reglamentaria, el tenor literal de la norma que establece la obligación incumplida por el interno (art. 98.5 R.P. de 1981: "En todo caso, la correspondencia entre los internos de distintos Establecimientos se cursará a través de la Dirección y será intervenida"), unido a las propias alegaciones efectuadas por el recurrente en los escritos dirigidos a este Tribunal, permiten concluir que la carta que aquél remitió desde el Centro Penitenciario de Ocaña II al de Segovia, y que fue devuelta al Centro de origen, fue efectivamente intervenida antes de incoarse el expediente sancionador en su contra. Por ello ha de examinarse ahora si aquella intervención de la correspondencia es lesiva del derecho fundamental que reconoce el art. 18.3 C.E.
El art. 51 L.O.G.P. reconoce el derecho de los reclusos a las comunicaciones y diferencia varias modalidades en el ejercicio de tal derecho, según se trate de comunicaciones genéricas, con el abogado defensor o procurador que represente al recluso, o de otras específicas, con profesionales acreditados, asistentes sociales, sacerdotes o ministros de una religión. En el caso aquí analizado la carta remitida al recluso de Segovia ha de englobarse en el primer grupo, es decir, como una forma de comunicación escrita "en su propia lengua, con familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos Internacionales e instituciones de cooperación penitenciaria", en palabras del citado art. 51.1 L.O.G.P. Estas comunicaciones están autorizadas, salvo los supuestos de incomunicación judicial. Además de esta última limitación (incomunicación judicial), que aquí no consta que exista, tales comunicaciones pueden ser restringidas "por razones de seguridad, de interés del tratamiento y de buen orden del Establecimiento" (art. 51.1 párrafo 2º L.O.G.P.). Asimismo el art. 51.5 L.O.G.P. permite que las comunicaciones sean "suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del Establecimiento, dando cuenta a la Autoridad judicial".
Examinada la regulación constitucional y normativa de la materia, estamos ya en condiciones de indagar en el caso si la intervención de las comunicaciones acordada se ha ejercido o no en el marco de aquélla. En tal sentido, las resoluciones administrativas sancionadoras a las que el recurrente imputa la lesión del derecho reconocido en el art. 18.3 C.E. encuentran su fundamento en el art. 98.5 R.P. de 1981. Éste dice, como hemos visto, que "en todo caso, la correspondencia entre los internos de los distintos Establecimientos se cursará a través de la Dirección y será intervenida".
Ahora bien, el hecho de que razones de seguridad y buen orden del Establecimiento penitenciario autoricen una intervención de la correspondencia que se remitan personas internas en distintos Centros, según la redacción del R.P. de 1981, no significa que dicha intervención sea automática ni que pueda prescindirse para su práctica de las formas y de las garantías que ordena la norma 4ª del art. 98 del texto reglamentario. Por exigencias de este último precepto la intervención ha de ser ordenada motivadamente por la Junta de Régimen o por la Dirección, ha de notificarse al interno y comunicarse al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Finalmente hay que dejar constancia de que no puede accederse a la pretensión del recurrente de que el precepto contenido en el art. 98.5 R.P. de 1981 sea declarado contrario a la Constitución, puesto que las disposiciones de rango reglamentario (excepto las contenidas en los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales, o en los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas) no son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, a tenor de lo establecido en el art. 27.2 LOTC. que circunscribe el marco referencial de ésta a los Tratados Internacionales, a las Leyes Orgánicas y a las demás Leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de Ley.
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por donCarlos F. T. y, en consecuencia:
Declarar que se han vulnerado los derechos de donCarlos F. T. al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva.
Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, anular el Acuerdo de 20 de septiembre de 1994 de la Dirección del Centro Penitenciario de Ocaña II, así como los Autos de 21 de octubre de 1994 y de 20 de diciembre de 1994 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-La Mancha recaídos en el expediente núm. 4319/94.
Desestimar las restantes peticiones deducidas en el recurso.

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 Real Decreto 
 resolución 
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 resolución 
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