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Timestamp: 2019-10-18 18:58:35+00:00

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Ir a la Gaceta del día Jueves 27 de septiembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-19/37052
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular las actividades relativas al drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
La autoridad y administración en materia de agua potable y saneamiento son los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal. Los gobiernos de los Estados, los municipios y el Distrito Federal garantizarán que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud, sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Se crea el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Entre sus atribuciones, se mencionan: fungir como autoridad técnico-normativa en materia de los servicios de agua potable y saneamiento; formular y proponer los criterios y lineamientos de carácter técnico-normativo que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios; conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con la prestación del servicio de agua potable y su gestión; substanciar el procedimiento de sanción establecido en la presente Ley; promover en el ámbito nacional el uso eficiente y conservación del recurso agua destinado al uso domestico y servicio público urbano; proponer a la Secretaría las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable y saneamiento, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, entre otras.
El Director General de dicho Instituto será nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, de una terna propuesta por el Consejo Directivo.
Señala que el Instituto elaborará un sistema de contabilidad regulatoria que posibilite el seguimiento del desarrollo económico-financiero en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de la Concesionaria como agente contaminante.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
El suscrito, SenadorFidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguienteIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, al tenor de la siguientes consideraciones:
El servicio de agua potable es un elemento fundamental para que desde el gobierno logremos garantizar otros derechos constitucionales tan importantes como la salud. No obstante en México este servicio continúa siendo un lujo y en algunos casos uno lejano, aún y cuando desde el ámbito internacional ya ha sido concebido como derecho humano, la propia ONU ya ha exhortado a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
El agua debe ser considerada un bien básico, sumamente escaso en la actualidad y necesario para la vida y la salud de las personas, a grado tal que su no satisfacción puede ocasionar exclusión de algún ser humano.
Según un estudio publicado por la organización Population Action International, es probable que hacia el año 2050 un cuarto de la población mundial viva en países que padecen escasez crónica o recurrente de agua dulce.
Así mismo, el mismo estudio señala que ya hay más de 430 millones de personas, o sea 8% de la población mundial, que residen en países afectados por una franca escasez.
Pero el agua es un recurso renovable si sabemos gestionarlo y no agotarlo, la escasez de agua se debe principalmente a una mala gestión y uso del recurso, por lo que esto es pudiéramos recuperarla sólo si se trabaja en ello, administrando con responsabilidad y eficiencia.
Hay que tener en cuenta que la disponibilidad de agua en México es de 475 km cúbicos, de los cuales 63 km cúbicos son mantos de agua subterránea, y los restantes 412km.3 (cúbicos) son agua superficial.
La carencia de agua potable, así como la falta de redes de alcantarillado provoca grandes dificultades sociales y por ende de carácter económico, por lo que considero al agua potable patrimonio natural común de la humanidad y como prerrequisito para el cumplimiento de los derechos humanos e incluso, dada su necesidad básica, como un derecho fundamental.
En nuestro país nueve millones de mexicanos, casi nueve por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y más de tres millones de viviendas en zonas rurales de México sin agua entubada, a pesar de recibir lluvias abundantes.
A pesar de la importancia que representa para nuestra supervivencia el cuidado del agua potable, existe actualmente el riesgo de que se presuponga su disponibilidad, un problema aún más grande que la carga de morbilidad de enfermedades como la ascariosis, la dracunculosis o la esquistosomiasis por reducir considerablemente la calidad y prestación de los servicios que garanticen acceso a fuentes de agua potable y a servicios de saneamiento básicos.
En cuanto a la calidad del agua, el Programa Hidráulico ya ha mencionado que la mayoría de los cuerpos de agua superficial del país reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, agrícola o pecuario, lo que ha ocasionado grados variables de contaminación que limitan el uso directo del agua.
Actualmente, solamente podemos garantizar que el treinta por ciento de las aguas servidas reciban algún tipo de tratamiento. Incluso la CONAGUA estima que el cincuenta y dos por ciento del total de los recursos hídricos superficiales está muy contaminado, mientras que el treinta y nueve está contaminado de forma moderada.
Así, al tomar en cuenta el gran impacto que la dotación de agua genera en la población, podemos asegurar que para la prestación del servicio de agua potable, primero debe determinarse su factibilidad o viabilidad, con base en un estudio de naturaleza técnica, es decir, con apoyo en conocimientos y estudios de carácter especializado, practicado por autoridades apropiadas.
Esta preocupante falta de saneamiento básico para el resto de los niveles internacionales, obstaculiza indirectamente factores sociales que beneficiarían el desarrollo personal de los ciudadanos, tan solo millones de escolares reducen cada año su capacidad de aprendizaje por parásitos intestinales.
El suministro de agua potable por lo tanto, se ha vuelto una prioridad para las ciudades como México. Las poblaciones que tuvieron un acelerado crecimiento demográfico a partir de los cincuenta requieren un remplazo de la infraestructura antigua de distribución.
Muchas personas en nuestras zonas rurales aún ven obligadas a utilizar instalaciones antihigiénicas, mantienen un gran riesgo de exposición a enfermedades relacionadas con la falta de higiene.
Hay que recordar que aún una parte relevante de la población no tiene acceso a algún tipo de instalación de saneamiento mejorada, incluso organismos internacionales ya han avisado sobre que 4 de cada 10 personas en todo el mundo no tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas.
Un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo logró descubrir que el ochenta y cinco por ciento de las enfermedades gastrointestinales que padecen los habitantes del país, se deben a que el agua que consumen está contaminada.
Las estadísticas mundiales sobre saneamiento no muestran un panorama mejor. En las regiones en desarrollo la cobertura media es del 50 por ciento: sólo una de cada dos personas tiene acceso a algún tipo de instalación de saneamiento mejorada.
La ONU declaró que las enfermedades "de los pobres" podrían reducirse radicalmente con: comida, agua potable y acceso médico, enfermedades como las diarreicas que anualmente provocan un millón de defunciones.
Por lo tanto conviene tomar en cuenta que es cierto que negar validez a la autorización de dotación del servicio de agua emitida ocasiona un perjuicio o molestia al beneficiario de la autorización, también lo es que reconocerla sin un marco apropiado podría tener como consecuencia que, para cumplir tal autorización, se restringiera el acceso de los vecinos al agua.
Determinar la validez de la autorización, sin la certeza de que tal servicio sea técnicamente factible, podría ocasionar un grave perjuicio a los vecinos y, en consecuencia, a la sociedad, al restringirles el acceso a un bien indispensable, como es el agua.
Por tanto, con apoyo en los principios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales recogen el postulado de optar por la medida que afecte menos intensamente, se estima que en el caso de que se haya autorizado la prestación del servicio de agua potable, sin cumplir previamente con requisitos legales apropiados, no resulta jurídicamente plausible aceptar la validez de una autorización así otorgada.
Los objetivos de nuestro partido siempre se han encaminado para confrontar y tomar las acciones necesarias para reducir significativamente la pobreza, la desigualdad, el hambre y las enfermedades. En distintas legislaturas nos hemos comprometido a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable hasta convertirlo a un derecho humano para todos.
La protección del agua, fuente importante de vida tiene como barrera fundamental, tres retos como son el mejorar los pocos logros difícilmente alcanzados anteriormente; impulsar de forma prioritaria y continua el servicio de agua potable y saneamiento a los miles de habitantes en el país y generalizar criterios especiales de los servicios de agua potable y saneamiento, como los sistemas de costos, tarifas y subsidios, tomando en cuenta su situación económica, social y ambiental de cada Estado.
En muchas partes del país, las acciones ejecutadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, encontraron buenos resultados, permitieron para 2008 una cobertura nacional de agua potable que bajo a diez millones el número de mexicanos que no cuentan con agua entubada en su vivienda, no obstante, para alcanzar la meta relativa al agua potable deben obtener acceso a fuentes de agua potable mejoradas y obtener acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y un marco legal básico para que cada Estado tenga los mismos objetivos nacionales.
Las cifras proporcionadas expresan en el sector desproporciones muy significativas, que de continuar efectuándose es posible que no se logre alcanzarse la meta relativa al saneamiento. Aunque se están realizando progresos, no estamos, a nivel mundial, en el camino de alcanzar resultados contundentes.
Además, el crecimiento poblacional y económico ejerce ahora una mayor presión sobre las reservas de agua, hasta el punto de que haya mayor demanda que el suministrado en algunas regiones del país.
Actualmente la competencia por este recurso es ya causa de conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, Estados e incluso en el ámbito transfronterizo.
Desde luego, algunas regiones han encontrado buenos resultados en el tema del agua potable y el saneamiento, pero, si continúa la tendencia actual, otras se han atrasado de manera significativa. Por ejemplo, en Guanajuato el gobierno ha tenido que advertir que las sequías, además de estar causando problemas en la producción agrícola de la entidad, ya pasó a afectar a la población con la falta de agua potable.
Además, el crecimiento de la población urbana en regiones áridas del norte de México, parece acercarse aceleradamente a los límites de la disponibilidad del recurso del agua potable.
En distintas regiones, el número de personas sin acceso a servicios mejorados de abastecimiento de agua potable en zonas rurales es alrededor de cinco veces mayor que el número de personas sin acceso en zonas urbanas, y el número de personas sin acceso a servicios de saneamiento mejorados es casi tres veces mayor que el número de personas sin acceso en zonas urbanas.
Será por lo tanto preciso ejercer medidas que nos ayuden a evitar el deterioro de las infraestructuras que hasta ahora se han conseguido mediante una organización institucional eficiente, una suficiente recuperación de costos, un manejo y mantenimiento eficientes, y la ausencia, en general, de gestión incorrectos.
Necesitamos mantener la ejecución de infraestructuras de agua potable y saneamiento para contribuir a romper el círculo de la pobreza, la falta de educación, la vivienda deficiente y la mala salud. Un nuevo marco deberá alcanzar acelerar los resultados y obtener beneficios en el suministro de servicios, la movilización de recursos, la planificación y el diseño, la construcción, y la administración.
Ahora bien, aun y cuando nuestro marco jurídico ha sido modificado para atender las nuevas necesidades sociales y la ampliación urbana, no han subsanado la necesidad de un marco regulatorio que sustente el fortalecimiento y la operación sostenible del subsector.
Existen leyes a nivel federal y estatal, pero hay una evidente ausencia de un marco regulatorio a nivel nacional, que genere herramientas que nos permitan realizar cambios ante las diferencias en los criterios para la prestación de los servicios entre los Municipios, incluso de un mismo Estado.
Esta falta de marco normativo general ha provocado restricciones en esquemas financieros y de participación pública y privada en la prestación de los servicios, lo que repercute negativamente en el ciudadano que requiere de los mismos.
Creo firmemente que un nuevo instrumento jurídico permitirá una Política Pública acorde con atribuciones y responsabilidades adecuadas para atender los servicios y sistemas de agua potable y saneamiento en beneficio de todos los mexicanos; este tema es urgente.
La presente Ley busca realizar el reto de alcanzar la meta relativa al acceso universal de agua potable y el saneamiento. Para lograr garantizar de manera apropiada dicho derecho, es preciso enfrentarse a grandes retos como son el hecho de que hay una diversidad de interpretaciones del marco jurídico vigente, en el caso de los organismos públicos, estatales o municipales no se tiene una regulación que adopte los conceptos actuales y en el asunto del control de la calidad del servicio las leyes estatales son vagas o evaden el tema.
Además, persiste la existencia de un enorme número de habitantes en nuestras zonas rurales sin acceso al saneamiento básico y el agua potable, que requiere no solamente de una intensa movilización de recursos sino de un nuevo marco que garantice niveles de servicio generales para todos los Estados.
Por lo anterior, es preciso perfeccionar el marco jurídico e institucional del subsector agua potable así como de los servicios de alcantarillado y saneamiento, sin dejar al margen la participación de los actores de la sociedad organizada del sector privado.
Confío en que esta sea la primera etapa para que comencemos a elaborar nuevos y mejores planes de acción en tema financiero y de servicios para ofrecer agua potable y saneamiento básico a los mexicanos, de forma viable y sostenible. Este esfuerzo lo debemos de priorizar por motivos humanitarios, pero también porque nos puede representar una reducción significativa a los costos de salud, ampliar la igualdad y el crecimiento económico y reducir la pobreza.
El espíritu del contenido vertido en el inciso c) de la fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al señalar que: "Los Municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales".
Esta Ley esta entonces en concordancia con dicho artículo y con el acuerdo presidencial respecto al agua potable y alcantarillado en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1980, por medio del cual se entregaron a los Gobiernos de los Estados o a los Ayuntamientos todos los sistemas de agua potable y alcantarillado que el Gobierno Federal administraba y operaba directamente.
Por lo tanto, en cumplimiento de la Constitución, promuevo esta Ley y propongo la creación de nuevos organismos para la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en cada uno de los Estados.
Ha sido una tarea difícil la que les ha tocado a los Municipios, pues han tenido que proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado a sus comunidades sin una regulación marco que guíe el funcionamiento de la misma.
Es evidente que lo anterior ha sido causa principal en el rezago existente en materia de infraestructura para el apropiado servicio de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales.
La instrumentación de la referida descentralización ha generado disparidad en la prestación y esquemas de los servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, provocando un acceso desigual de los ciudadanos a un servicio básico para su desarrollo.
Para mejorar la prestación de los servicios, se debiera contar con un marco jurídico que permita a los Municipios prestar servicios de uso o aprovechamiento del agua con motivo del acto permisionario del estado, para encontrar un verdadero beneficio a la población
De ahí la necesidad de que el ordenamiento propuesto incluya, además de un marco regulatorio, un conjunto de políticas consistentes y coherentes para el fomento del fortalecimiento de las capacidades de los organismos operadores y, a través de la implementación de marcos de planeación e inversión de largo plazo, para su operación sana y sostenible.
Sin embargo, seguimos respetando el principio vertido los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, acerca de que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones, es decir, las instauradas sobre la propiedad inmobiliaria o sobre la prestación de servicios públicos municipales.
Esta Ley considera el sistema francés para la formula de prestación de los servicios respetando la constitución mexicana para que le corresponda directamente a los municipios la facultad de decidir el tipo de gestión, verificar el cumplimiento de la normatividad específica a través de sus oficinas técnicas y administrativas y establecen las tarifas.
Pero, al mismo tiempo, utilizando el sistema del Reino Unido hemos establecido que los servicios sean subrogados por empresas privadas, el congreso podrá establecer las normas generales aplicables, además de que un Organismo Público independiente vigilará la aplicación de leyes y reglamentos.
El Gobierno central no intervendrá directamente en la gestión del servicio, sino que lo seguirá prestando a través de los municipios, podrá definir la política hídrica y controlar la utilización del recurso, así como las normas contables y principios financieros generales, obligatorios para los municipios.
La reforma entonces ha resultado en un modelo híbrido “Franco-Inglés” en lo que se refiere a la descentralización de la responsabilidad de los servicios y la creación de un órgano regulado estatal.
Se dará a los gobiernos estatales la autoridad para regular la prestación de los servicios de agua y saneamiento, a través del Instituto, se promueve el ajuste a las leyes estatales de agua y saneamiento para adoptar las normas y reglas Federales relativas a la regulación y se subraya la responsabilidad directa de los municipios en el suministro de los servicios de agua y saneamiento, de acuerdo con le marco jurídico modificado.
Es una nueva propuesta que crea las condiciones necesarias para cumplir con la obligación que el Estado tiene para garantizar sistemáticamente el acceso al agua potable, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginadas.
Cabe resaltar que el presente proyecto de Ley recoge propuestas no solo de la sociedad civil y de los municipios, sino que toma a consideración reformas presentadas en distintas legislaturas, con el objeto de establecer criterios claros para la concepción y estructuración de los organismos operadores, su sistema financiero y la definición de las condiciones que debe cumplir la prestación de los servicios, su verificación y regulación.
Por lo antes motivado propongo incluir los conceptos de aquellos términos cuya definición es importante para evitar ambigüedad en cuanto a su interpretación, además de constituirse simultáneamente como criterios generalizados para todo el territorio nacional y como base para las legislaciones estatales.
Así mismo, el presente proyecto en ningún sentido pretende suprimir funciones de autoridades federales existentes, pues como se ha mencionado, los alcances del proyecto radican exclusivamente en la creación de directrices y criterios nacionales en el subsector agua potable, hoy carente de una regulación de alcance nacional, estableciendo un marco uniforme para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, principalmente en sus aspectos de eficiencia y sostenibilidad.
Bajo interpretación constitucional, las leyes federales pueden establecer normatividad que pueda generar un mismo modelo de prestación de servicios, lo que no podemos hacer y ciertamente en esta Ley no se limita la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional.
Lo anterior quiere decir que estamos estableciendo un marco general en lo que respecta a la forma en como los municipios ya trabajan y estableciendo criterios de calidad, no establecemos exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones.
Lo que si estoy ingiriendo para regularcriterios y rangos de consumo en volumen y tiempo es para edificios de dominio público federal, estatal, municipal o del gobierno del Distrito Federal, basado en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto del pago de derechos por la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, no opera la referida exención constitucional de privilegio a los municipios, por el simple hecho de que son inmuebles de dominio público, sea de la Federación, de un Estado o de un Municipio.
Establezco pauta al cobro de un derecho no por injerencia central, sino porque el servicio de agua potable no se fija en relación con el costo que el Estado genera por su prestación, pues incide en un satisfactor, que además de ser indispensable para la vida humana, es limitado y finito.
Su correcta prestación no depende de la voluntad de la autoridad administrativa, pues la Corte ha establecido que está supeditado al agotamiento o alteración de las capas freáticas, a las condiciones climatológicas, a la captación de lluvias y demás aspectos que inciden en la obtención de ese recurso natural, por lo que se justifica que para determinar el pago de la contribución se atienda, entre otros aspectos, a las posibilidades de que un Instituto Centralizado incida de manera coadyuvaría a los Estados respecto a este tema.
Cabe resaltar que una parte importante de la Ley concibe el derecho de acceso al agua, con carácter fundamental e inalienable del ser humano, garantizándose el hecho de ser proporcionada de una manera continua y en condiciones salubres. Este derecho, que ampara la necesidad de garantizar el acceso de cada habitante a un volumen de agua que le permita satisfacer sus necesidades de consumo e higiene, implica por otra parte facultar a la autoridad para establecer los mecanismos que garanticen la recuperación de costos y el uso eficiente en los usos suntuarios y productivos del recurso abastecido por los organismos operadores.
De igual forma se reconoce la necesidad de que la prestación de los servicios se realice por conducto de un organismo operador, buscando la autonomía financiera que refleje y garantice su propia sostenibilidad, toda vez que en muchas de las ocasiones, la prestación de los servicios representa para los municipios un carga económica y política, pues no se cuenta con el apoyo suficiente de los otros ámbitos de gobierno para fomentar el desarrollo de los sistemas de agua potable y saneamiento, asociado al hecho de las dificultades que prevalecen en varias de las entidades federativas para ajustar a la realidad social el costo de los servicios.
En cualquier caso, se prevé formular y ejercer las acciones necesarias para fomentar la sostenibilidad de los organismos operadores, mediante la contabilidad regulatoria y un sistema financiero que sirva de vínculo para conseguir su autosuficiencia.
Ante la necesidad de contar con un ente cuya función principal sea simplemente normar el subsector agua potable, instituyendo lineamientos y bases para unificar la prestación de los servicios del propio subsector así como de sus servicios inherentes de alcantarillado y saneamiento, respetando en todo momento la autonomía con la que cuentan los Municipios, el Distrito Federal y los Estados.
De igual forma la creación del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento (INAPyS), como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fungirá como ente técnico-normativo en el subsector agua potable y saneamiento a nivel nacional.
Con este planteamiento, se solventa la limitación actual en la atención por parte de la autoridad federal al desarrollo del subsector, otorgándole una intervención importante en la conformación de un marco regulatorio integral, así como favoreciendo la creación y ejecución de una política publica nacional que armonice las políticas estatales y municipales en el manejo de los recursos hídricos.
Ante la evidente falta de un rumbo estratégico que obtenga como resultado la gestión del recurso agua potable y la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de alcantarillado y saneamiento, es necesario establecer aquellos aspectos que deberán ser considerados para la propuesta, formulación, emisión, ejecución y promoción de las políticas, planes y programas a nivel federal, trazando de esta forma lineamientos congruentes para los gobiernos estatales, que unifiquen y orienten la gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento.
Se menciona también las condiciones mínimas bajo las cuales las entidades responsables prestarán los servicios, así como las obligaciones de los usuarios y el instrumento jurídico que regirá las relaciones entre ambos.
Establece las disposiciones relativas a las formas mediante las cuales se podrá prestar el servicio público de agua potable: organismo descentralizado, convenio de coordinación o asociación, concesión privada o bien directamente en coordinación con el Instituto. Además se señalarán las bases generales bajo las cuales deben funcionar los organismos.
La participación de la iniciativa privada no se dará nunca como una aportación social y gratuita de la misma, sino en la búsqueda de un legítimo beneficio a la luz de garantías de certeza jurídica en las inversiones a largo plazo. La participación de la iniciativa privada puede aportar servicios de costo menor, una vez que la inversión de capital se dé en condiciones que minimicen el factor de riesgo derivado de la necesidad de garantizar la recuperación y utilidad legítima de las mismas.
Se propone un capítulo que dispone el instrumento contable, administrativo, financiero y de gestión, que coadyuvará en el control del desempeño de los organismos operadores, como sistema de unificación de criterios para la disminución de asimetrías.
Señala las generalidades para el crecimiento y preparación permanente y suficiente de los recursos humanos necesarios para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Considerando la mejora la eficiencia de los sistemas y el tiempo de respuesta ante ciertos eventos que pueden derivarse de la introducción de cambios tecnológicos, el presente apartado considera al personal avocado a la parte operativa de los sistemas, con el fin de que se mantenga en continúa capacitación e impulse al organismo operador a ser eficiente y competitivo en la prestación de los servicios.
Como primer paso se debe privilegiar la captación de la tecnología existente para impulsar la adopción de instrumentos de vanguardia adecuadas a la realidad y expectativas del entorno de nuestro país. Evidentemente debe haber una participación importante de la Federación, en el sentido de impulsar en materia de agua potable la investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo su implementación en los organismos operadores.
Con base en esta propuesta materia de derechos humanos, todas las personas gozarán de la garantía individual reconocida en la mencionada Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al servicio de agua potable y saneamiento.
Habrá una mejora en relación con el derecho de la persona a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Estamos considerando como partes elementales del desarrollo humano, la accesibilidad en el acceso al agua potable, buscando el mayor beneficio para el hombre y la mujer.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente Decreto por el que se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, conforme al siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se promulga la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, para quedar como sigue:
LEY GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Objeto y Conceptos
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III, inciso a) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agua potable y saneamiento, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular las actividades relativas al drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Artículo 2. Las disposiciones que establece esta Ley son aplicables a todas las lagunas, ríos y sus afluentes directos o indirectos nacionales, sean superficiales o del subsuelo.
I. Agua Potable:Agua salubre de consumo humano, que no provoca efectos nocivos a la salud, que reúne los requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y que debe ser físicamente accesible y suficiente para asegurar el pleno desarrollo y salud del individuo.
II. Agua Residual: agua de composición variada resultante de cualquier uso primario por el cual haya sufrido degradación de su potabilidad;
III. Agua Tratada: agua residual resultante de haber sido sometida a procesos de tratamiento para remover total o parcialmente sus cargas contaminantes;
IV. Alcantarillado: red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y conducir las aguas residuales y/o pluviales a su destino final;
V. Concesión de los Servicios: título mediante el cual el Distrito Federal, las Entidades Federativas o los Municipios, otorgan el derecho para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de forma total o parcial a un Organismo Operador, bajo las condicionantes y características que contempla la presente Ley, las leyes estatales y los ordenamientos municipales;
VI. Descarga: la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales al alcantarillado para su disposición final;
VII. Indicadores de Gestión: parámetros de medición elegidos como variables relevantes que permiten reflejar suficientemente una realidad, referidos a un momento o a un intervalo temporal determinado y que pretenden informar sobre aspectos de administración, producción, planificación, técnicos, financieros y demás conceptos, concernientes a una o varias organizaciones que presten servicios de agua potable y saneamiento;
VIII. Instituto: el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento;
IX. Ley de Aguas: la Ley de Aguas Nacionales;
X. Ley: la Ley de Agua Potable y Saneamiento;
XI. Organismo Operador: toda dependencia, organismo, institución pública o persona jurídica, que en los términos de los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la presente Ley, tenga la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo en forma parcial o integral, la administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación y eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales, dentro de los límites de su circunscripción territorial a través de cualquier sistema o método, a más de un predio, cualquiera que sea la fuente de abastecimiento;
XII. Organismo Operador Público: entidad de gobierno cualquiera que sea la figura legal que adopte, creada por el Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios para la operación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento;
XIII. Organismo Operador Privado: persona jurídica constituida legalmente, para operar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a más de un predio mediante una concesión de los servicios, a través de cualquier sistema o método, en una determinada circunscripción territorial;
XIV. Regulación: es la actividad que ejerce el Órgano Regulador Estatal para permitir que se mantenga un ordenamiento y control de los servicios que prestan los organismos operadores, eliminando en lo posible las asimetrías generadas para evitar cualquier fenómeno de concentración que contraríe al interés público de los servicios de agua potable y saneamiento
XV. Saneamiento: las medidas y acciones necesarias para recolectar, conducir, tratar total o parcialmente las aguas residuales y su descarga, así como su disposición final, y en general, las acciones necesarias para preservar y mejorar la calidad del agua;
XVI. Secretaría: la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XVII. Sistema de Agua Potable y Saneamiento: conjunto de acciones, instalaciones, equipos y obras de infraestructura necesarios para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, así como tratamiento de aguas, reúso, alejamiento y disposición final;
XVIII. Sistema Nacional de Información de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: comprenderá el acervo documental, así como la compilación y procesamiento de datos generados por Organismos Operadores, Instituto, entidades públicas federales y demás entidades involucradas en el subsector, sobre indicadores de gestión, así como de la información de aguas superficiales y subterráneas,
XIX. Cuota: Estructura de precios autorizada en las Leyes de Ingresos correspondientes que permite determinar la contraprestación a cubrir por los servicios de agua potable y saneamiento;
XX. Servicio Público Urbano: utilización de los servicios de agua potable y saneamiento para el abasto a centros de población y asentamientos humanos a través de un Organismo Operador, y
XXI. Captación: Obra destinada a obtener un cierto volumen de agua de una formación acuífera concreta, para satisfacer el consumo humano;
Artículo 4. Para los casos no previstos en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposicionesen la materia de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y la Ley de Aguas Nacionales.
Marco Regulador General de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Artículo 5. La autoridad y administración en materia de agua potable y saneamiento son los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal.
Artículo 6. Los gobiernos de los Estados, los municipios y el Distrito Federal garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud, sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Artículo 7. Los servicios de agua potable y saneamiento que suministre el organismo responsable, se destinará prioritariamente para el uso personal, doméstico, el servicio público urbano e Industrial antes de otorgarlo para cualquier otro.
Artículo 8. Los servicios se prestarán de manera equitativa y solidaria, siendo físicamente accesibles de forma domiciliaria y considerando las características demográficas de cada lugar, la necesidad de los servicios y los problemas urbanos.
Artículo 9. Los Municipios y el Distrito Federal podrán solicitar al Ejecutivo Federal decretar la expropiación por causa de utilidad pública a los bienes de propiedad privada, en beneficio de los organismos operadores, para la construcción y establecimiento de los sistemas de agua potable.
El monto de la indemnización correspondiente deberá ser cubierto por el Organismo Operador con cargo a los fondos de que disponga, provenientes de la recaudación del servicio.
Artículo 10. Los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento a que se refiere esta ley, deberán pagar los derechos aplicables que establezca cada Municipio, así como dentro de los plazos que se fijen.
Artículo 11. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, se declara de utilidad pública:
I. La planeación, estudio, construcción, ejecución, rehabilitación, administración y recuperación de las obras y servicios necesarios para la operación del sistema de Agua Potable y Saneamiento.
II. La adquisición y la utilización o aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado establecido o por establecer.
III. La regulación, captación, conducción, almacenamiento, potabilización y distribución de agua, así como la prevención y control de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la colección, desalojo y el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de lodos que se localicen dentro de las Entidades Federativas.
IV. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del y que no sean de jurisdicción federal.
V. La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado.
Artículo 12. Los servicios de agua potable y saneamiento deberán comprender todas las actividades inherentes, derivadas o relativas a:
I. Captación, extracción, conducción y distribución del agua potable;
II. Gestión de las aguas residuales, desde su recolección, conducción y el tratamiento de efluentes y de sus subproductos; en general la explotación, uso y aprovechamiento de aguas residuales crudas y tratadas; la conducción y alejamiento sanitario de las aguas tratadas hasta su descarga en un cuerpo receptor de propiedad nacional.
III. Garantizar que los servicios se presten de forma permanente, regular, continua y uniforme;
IV. Estructurar niveles tarifarios que garanticen la sostenibilidad de los organismos operadores, y
V. Establecer principios de contabilidad que garanticen la transparencia, congruencia y compatibilidad en el ejercicio de los recursos del subsector agua potable y saneamiento.
Artículo 13. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal:
I. Presentará políticas públicas, programas y proyectos para la conservación de los recursos hídricos, que garanticen su disponibilidad para los servicios de agua potable, su abasto a la población y la continuidad del servicio;
II. Adoptar las medidas necesarias para el establecimiento y cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales en materia de agua potable y saneamiento;
III. Garantizar la organización y modernización del subsector de agua potable y saneamiento acorde con las necesidades del país, sin afectar las facultades de los gobiernos de los estados y de los municipios en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones;
IV. Suplir las facultades de planeación, construcción y mejorar los sistemas de agua potable, en los casos en que los gobiernos de los estados y de los municipios declaren estar impedidos para subsanar dichas actividades, para garantizar la calidad y acceso del agua para consumo humano a toda la población;
V. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, en los términos establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales;
VI. Emitir el Reglamento de la presente Ley, y
VII. Las demás atribuciones que le señale la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Artículo 14. Para efectos de la presente Ley, el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con las siguientes facultades:
I. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de los servicios de agua potable y saneamiento, que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización;
II. Proponer al Ejecutivo Federal políticas públicas que fomenten la cultura del cuidado del agua, con el objetivo de proteger el recurso y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;
III. Expedir el Reglamento Interior del Instituto;
IV. Instrumentar las políticas públicas, estrategias, programas y proyectos aprobados por el Ejecutivo Federal, y
V. Las demás que la presente Ley señale y demás normas en materia hídrica que le asignen específicamente las disposiciones legales.
Artículo 15. Para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica, se contará con Organismos Operadores con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de garantizar su sostenibilidad.
Del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento
Artículo 16. Se crea el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Artículo 17. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
I. Fungir como autoridad técnico-normativa en materia de los servicios de agua potable y saneamiento;
II. Formular y proponer los criterios y lineamientos de carácter técnico-normativo que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios;
III. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con la prestación del servicio de agua potable y su gestión;
IV. Substanciar el procedimiento de sanción establecido en la presente Ley;
V. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente y conservación del recurso agua destinado al uso domestico y servicio público urbano;
VI. Proponer a la Secretaría las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable y saneamiento, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización;
VII. Proveer a las Entidades Federativas y municipios de los instrumentos analíticos y metodologías que apoyen la determinación del valor del agua y de los costos de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;
VIII. Integrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en la integración del Sistema Nacional de Información del Agua;
IX. Ejercer los mecanismos para la aplicación de recursos de apoyo o incentivos a los servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo al Sistema de Evaluación e Información que considere el desempeño propio de los organismos operadores, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
X. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia,
XI. Coadyuvar con los gobiernos estatales y municipios en el establecimiento de los criterios especiales de los servicios de agua potable y saneamiento, los sistemas de costos, tarifas y subsidios, tomando en cuenta su situación económica, social y ambiental de cada región, para garantizar la sostenibilidad y eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;;
XII. Promover los procesos de certificación a toda persona jurídica constituida legalmente como Organismo Operador, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y
XIII. Las demás que la presente Ley u otros ordenamientos señalen.
Artículo 18. Las oficinas centrales del Instituto tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 19. Para el estudio, programación, ejecución y despacho de sus asuntos, el Instituto se integrará por un órgano colegiado que será un Consejo Directivo, y un Director General.
Artículo 20. Los integrantes del Consejo Directivo contarán con voz y voto, el cual estará conformado por los siguientes:
I. Los titulares de las Secretarías:
A) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien presidirá el Consejo Directivo;
B) De Desarrollo Social;
II. El titular de la Comisión Nacional del Agua;
III. Tres representantes del Instituto; y,
IV. Tres miembros de la Asociación que agrupe el mayor número de organismos operadores del país.
Artículo 21. El Director General del Instituto será nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, de una terna propuesta por el Consejo Directivo. Para ser Director General se requiere, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, haberse desempeñado en forma destacada en su profesión, gozar de buena reputación.
Artículo 22. El Director General del Instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, deberá:
I. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.
III. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los programas, disposiciones de carácter general y acuerdosque tome el Consejo Directivo del Instituto;
IV. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
V. Nombrar al personal del Instituto;
VI. Someter al Senado de la República el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;
VII. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio al Instituto;
VIII.Suscribir los acuerdos, convenios o contratos que celebre el Instituto;
IX. Las demás atribuciones que le señale la presente Ley, el Reglamento Interior del Instituto, y el Consejo Directivo de acuerdo a sus facultades.
Artículo 23. La política en materia de agua potable y saneamiento de los Estados y del Distrito Federal estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal y del Jefe de Gobierno respectivamente, quienes la ejercerán por conducto del Instituto.
Operación y Regulación de la prestación de los servicios
Artículo 24. La consolidación de la planeación de los servicios de agua potable y saneamiento tendrá carácter prioritario y formará parte integrante del Programa Nacional Hídrico que apruebe el Ejecutivo Federal, en conjunción con las políticas y estrategias que señale el Instituto.
Artículo 25. Al Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios le corresponderá la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento dentro del ámbito de su competencia, incluyendo las comunidades rurales.
Artículo 26. El Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios prestará los servicios que tiene encomendados directamente, a través de su propio personal e instalaciones o indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares previamente certificados por el Instituto, para que se encarguen de impartir los servicios de agua potable y saneamiento, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto.
Artículo 27. Los Municipios y el Distrito Federal podrán solicitar la asignación de los aprovechamientos de aguas nacionales que hubieren sido otorgadas mediante título de concesión por la Comisión Nacional del Agua y que estén utilizándose para uso doméstico o servicio público urbano con el fin de abastecer a usuarios sin derechos propios de explotación de aguas nacionales en las zonas urbanas o rurales del Municipio en cuestión.
La propuesta, formulación, ejecución y promoción de las estrategias y políticas que orienten el desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento comprenderá:
I. Las que tengan por objeto fomentar el uso eficiente y razonado del agua potable y su saneamiento respectivo;
II. Los subprogramas específicos, regionales, estatales y sectoriales que permitan atender problemas de escasez o contaminación del agua;
III. Las acciones que propongan la planeación y solución integral del abastecimiento del agua potable y su saneamiento por los organismos operadores, así como la sostenibilidad técnica y financiera de estos últimos;
IV. Aquellas que promuevan mecanismos de mejoramiento en la eficiencia y conservación del agua potable así como el saneamiento de la misma;
V. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica sobre la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento;
VI. Las acciones, proyectos y subprogramas que procuren el seguimiento, diagnóstico, evaluación, adecuación y desarrollo integral sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento;
VII. Las políticas y fijación de normas mínimas que tiendan a garantizar la eficacia del saneamiento, de acuerdo con las circunstancias particulares de zonas de los Municipios y del Distrito Federal, según corresponda;
VIII. Los mecanismos y medidas que incentiven e impulsen al desarrollo, mejoramiento, expansión y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;
IX. La planeación, promoción, estímulo y en su caso, ejecución de las acciones para el tratamiento de las aguas residuales y manejo de lodos, así como las que sean necesarias para la prevención y control de la contaminación del agua;
X. Mecanismos financieros que permitan la creación de un sistema integral y equitativo que eficiente la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, a nivel estatal y municipal, y
XI. La formulación y ejecución de programas y acciones para la mejor administración y reutilización y recirculación de las aguas.
Artículo 28. Los Municipios, el Distrito Federal deberán brindar a todos los habitantes en forma permanente, regular, continua y uniforme, el acceso al agua potable para satisfacer su pleno desarrollo y salud.
Artículo 29. El servicio de agua potable se hará llegar a los domicilios de los usuarios, medido en la forma y mediante los instrumentos que sean instalados para tal fin de acuerdo a la normatividad emitida por la autoridad competente.
Artículo 30. El cobro por la prestación de los servicios será conforme a la periodicidad que se determine por cada Municipio o el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, a través de los Organismos Operadores.
Artículo 31. Las descargas de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado se realizarán con la calidad requerida por el cuerpo receptor correspondiente, o en su caso se deberá cubrir en forma oportuna y suficiente las cuotas que para tal efecto se establezcan por el servicio de saneamiento.
Dichas descargas se realizarán conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y en su caso atendiendo a las disposiciones particulares emitidas por las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios en sus respectivas competencias territoriales.
Cuando no se cumpla la obligación de conectarse a la red de alcantarillado, independientemente de imponerse las sanciones que procedan, se dará aviso a la Secretaría de Salubridad para que exija el cumplimiento de las demás normas relacionadas con la materia.
Artículo 32. Los usuarios que soliciten los servicios de agua potable y saneamiento deberán celebrar un contrato de adhesión con el Organismo Operador correspondiente de cada Municipio o del Distrito Federal, mediante el cual se brindará certeza jurídica en la prestación de dichos servicios.
Artículo 33. Los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente afectas a dichos servicios, se prestarán y realizarán por los Municipios o el Distrito Federal, preferentemente por conducto de sus organismos operadores.
Artículo 34. Estarán obligados a contratar los servicios de agua potable y saneamiento, aquellas personas que al no contar con servicios propios requieran los servicios de agua potable así como de su saneamiento, y que bajo cualquier título sean propietarios o poseedores de:
I. Predios destinados para uso habitacional y se encuentren habitados transitoria o permanentemente, o
II. Predios destinados a giros mercantiles, industriales, servicios o de cualquier otra actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable o residuales tratadas así como de los servicios de saneamiento.
Artículo 35. Los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento tendrán la obligación de cubrir oportunamente el precio de los servicios domiciliarios que serán autorizados por la autoridad competente, de conformidad con las cuotas que para el efecto sean autorizadas.
Artículo 36. El Organismo Operador correspondiente a cada Municipio o al Distrito Federal, determinarán los términos y condiciones del contrato de adhesión, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, de las leyes estatales y demás normatividad aplicable.
Artículo 37. Los Organismos Operadores podrán restringir o suspender, según el caso, la prestación de los servicios de agua potable:
I. En caso fortuito o fuerza mayor;
II. Incumplimiento del contrato de adhesión;
III. Vencimiento del certificado emitido por el Instituto, y
IV. A solicitud expresa del usuario.
De los Organismos Operadores
Artículo 38. Los Organismos Operadores serán las entidades descentralizadas públicas o privadas con personalidad jurídica y patrimonio propio, creadas por las autoridades competentes para otorgar los servicios de agua potable y saneamiento, en cuyos instrumentos de creación deberán contener, cualquiera que sea su naturaleza jurídica las declaraciones siguientes:
I. Un periodo de vigencia suficiente, que garantice la recuperación de inversiones del Organismo Operador y su sostenibilidad económica en beneficio de sus usuarios.
II. Condiciones de operación;
III. Causas de revocación o disolución;
IV. Causas de reivindicación de la infraestructura para la prestación de los servicios;
V. Obligaciones;
VI. Garantía de la responsabilidad patrimonial, civil, laboral, penal, por medio de mecanismos que para tal efecto se aprueben;
VII. Delimitación del área geográfica en donde prestarán los servicios públicos; y,
VIII. Infracciones y sanciones.
Artículo 39. La regulación estatal y las leyes en la materia garantizarán igualdad de condiciones entre los organismos operadores en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a la población, sin distinción de la naturaleza jurídica de estos.
Artículo 40. El otorgamiento de la concesión de los servicios a los Organismos Operadores por parte de las autoridades competentes, se realizará conforme a la normatividad vigente de las Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, en su defecto, a lo establecido en este capítulo.
Artículo 41. El título de concesión de los servicios otorgado por las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios, deberá contener al menos lo siguiente:
I. El certificado vigente emitido por el Instituto
II. objeto y sus fundamentos jurídicos;
III. La descripción del concesionario;
IV. Los derechos y obligaciones del concesionario y del concedente;
V. Las garantías que otorgue el concesionario;
VI. Las contraprestaciones que deban cubrirse al concedente;
VII. Las bases de indemnización que el concedente otorgue al concesionario en caso de revocación por causas no imputables a éste;
VIII. El período de vigencia, que garantice la recuperación de inversiones del Organismo Operador y su sostenibilidad económica en beneficio de sus usuarios;
IX. La descripción de los servicios, bienes, obras e instalaciones que se concesionan, así como las obligaciones de rehabilitación, mantenimiento, ampliación, mejoramiento, productividad y aprovechamiento de los mismos;
X. El señalamiento del área geográfica donde el concesionario deba prestar los servicios públicos;
XI. Las metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y comerciales, así como sus respectivas penalizaciones en caso de incumplimiento;
XII. Los mecanismos mediante los cuales se cumplirán los programas de construcción, expansión y modernización de los sistemas, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y
XII. Las causas de extinción, revocación o reivindicación.
Artículo 42. La certificación tiene como objetivo primordial el reconocer oficialmente, los procesos, sistemas, conocimientos y habilidades, requeridas para el ejercicio de las funciones de los organismos operadores de una manera competitiva, dirigidas a actualizar el subsector de agua potable, conforme a los lineamientos de la presente Ley. El Instituto promoverá los procesos de certificación, los cuales podrán realizarse por organismos acreditados.
Artículo 43. El Instituto promoverá la certificación de los organismos operadores en los siguientes aspectos:
I. Incremento de manera considerable de sus volúmenes en el tratamiento de sus aguas residuales y la aplicación de medidas para su reutilización;
II. Proyectos o programas de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de la administración y gestión del agua potable;
III. Capacitación a personal directivo, administrativo, técnico y operativo; y,
IV. Mejora en los servicios y atención al usuario.
Artículo 44. Los Organismos Operadores establecerán políticas y mecanismos que aseguren que los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento establecidos en la presente Ley, se destinen conforme a su instrumento de creación, exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas y a ampliar la infraestructura hidráulica correspondiente.
Artículo 45. Los Organismos Operadores elaborarán los estudios necesarios que motiven, fundamenten y permitan al Sistema de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento el establecimiento de tarifas apropiadas, conforme a la regulación vigente, para el cobro justo de los servicios, que reflejen una prestación de forma eficiente y oportuna.
Artículo 46. En caso de conflicto entre organismos operadores de uno o más estados, el Instituto podrá fungir como autoridad conciliadora, siempre y cuando los organismos operadores acepten someterse a dicho procedimiento.
Artículo 47. Los Organismos Operadores serán sujetos de evaluación de su eficiencia física y comercial, su infraestructura y equipamiento como medio que conlleve a una óptima prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme al proceso de calificación que determinen la procedencia para la aplicación de recursos, estímulos e incentivos.
Artículo 48. Cuando los propietarios o poseedores de lugares en que se debiera establecer el servicio público de agua potable, independientemente de que se impongan las sanciones que procedan, el Organismo Operador instalará la toma en los casos del servicio de agua potable y su costo lo cargará al propietario o poseedor.
Artículo 49. Las Entidades Federativas, por conducto del Instituto, realizarán con base en los indicadores de gestión la valoración a los organismos operadores, con el objeto de verificar eficiencias, tanto técnicas como financieras, cuyo resultado se hará llegar oportunamente al Instituto, para efecto de que este aporte elementos de juicio e información que sirva de soporte para establecer por parte del Estado y la Federación la asignación de incentivos, apoyos y demás recursos autorizados que deriven de los programas federales y estatales.
Artículo 50. Los Organismos Operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, proporcionarán la información necesaria y documentación derivada de los indicadores de gestión, solicitada por el Instituto, a fin de realizar la revisión y evaluación de sus eficiencias tanto técnicas como financieras.
Artículo 51. Los Organismos Operadores de los servicios de agua potable y saneamiento serán susceptibles de evaluación, por parte del Instituto, de conformidad a los rubros siguientes:
I. Servicio y atención eficiente al usuario;
II. Confiabilidad de los servicios de agua potable en presión del suministro y continuidad;
III. Desempeño de las áreas técnicas y operativas;
IV. Cobertura de agua potable, alcantarillado y cloración;
V. Porcentajes de agua tratada, residual, potabilizada;
VI. Funcionamiento adecuado del servicio de alcantarillado ante eventualidades;
VII. Producción y facturación;
VIII. Facturación y recaudación;
IX. Padrón de usuarios, cartera vencida y sistema comercial, y
X. Los demás necesarios para estimar y comparar la competitividad y eficiencia.
De los Organismos Operadores Públicos
Artículo 52. Los Organismos Operadores Públicos, son aquellos creados por acuerdo del Ayuntamiento correspondiente o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de conformidad con la legislación aplicable, como organismos públicos descentralizados o como sociedades anónimas bajo el régimen de empresas de participación municipal.
Artículo 53. Los Municipios o el Distrito Federal, podrán asociarse con la iniciativa privada o con el sector social, en la figura de un Organismo Operador mixto que permita la inversión privada, conservando aquellos en todo momento la participación mayoritaria con el fin de proteger el interés público.
Artículo 54. Los Organismos Operadores Públicos se regirán conforme al acuerdo del Ayuntamiento o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las disposiciones legales o instrumentos jurídicos que determinen su creación o en su caso su modificación, así como lo dispuesto por la presente Ley y las demás disposiciones que de ella emanen.
Artículo 55. Los Organismos Operadores Públicos tendrán a su cargo las funciones que el instrumento de creación establezca, señalando adicionalmente:
I. El tiempo mínimo indispensable para llevar a cabo las acciones de planeación de los servicios de agua potable y saneamiento de largo plazo, para que las Entidades Federativas y al Distrito Federal, respectivamente en su ámbito de competencia, generen, apoyen, fomenten y supervisen el desarrollo de planes municipales y locales, así como para que den seguimiento y actualización a través de los cambios administrativos de los gobiernos locales.;
II. La planeación y programación en el ámbito de su competencia de la prestación de los servicios conforme a los lineamientos previstos en los planes de los distintos órdenes de gobierno, y
III. El pago oportuno de las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos que establezca la legislación aplicable.
Artículo 56. Los Organismos Operadores Públicos tendrán la facultad del cobro por los servicios de agua potable y saneamiento, así como demás cargos inherentes a la prestación de los servicios.
De los Organismos Operadores Privados
Artículo 57. El Ayuntamiento o el Distrito Federal, o en su caso los Estados, podrán autorizar mediante concesión, la participación del sector privado, conformándolo como un Organismo Operador para la prestación de los siguientes servicios:
I. Extracción, conducción, potabilización, suministro, medición, facturación, cobro y distribución o transporte de agua potable o por cualquier otro medio idóneo que garantice su potabilidad, y;
II. El saneamiento de aguas residuales.
Artículo 58. El Ayuntamiento o el Distrito Federal, o el Estado en su caso, según corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán concesionar total o parcialmente los servicios que refiere el artículo anterior, bajo los términos que establezcan las leyes y normatividad aplicable en cada Municipio, Entidad Federativa o Distrito Federal respecto a la concesión de los servicios, atendiendo en todo momento a asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, modernización de los sistemas y demás circunstancias pertinentes.
Previamente al otorgamiento de la concesión de los servicios, los Municipios o el Distrito Federal, según sea el caso, deberán ordenar la realización de estudios de diagnóstico integral y planeación estratégica de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que determinen la factibilidad social, técnica y financiera para su otorgamiento.
Artículo 59. Podrán operar bajo el régimen de concesión como Organismo Operador Privado, conforme a lo previsto en el artículo anterior de la presente Ley para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, en forma independiente, las personas morales siguientes:
I. Desarrollos habitacionales;
II. Comités u organizaciones de colonos;
III. Comités rurales de agua potable;
IV. Desarrollos industriales, turísticos y campestres; y,
V. Otros sujetos con actividades inherentes al subsector agua potable.
En estos casos la operación de la prestación de los servicios, se sujetará a las normas establecidas en esta Ley, su reglamento, la normatividad local, así como las demás disposiciones aplicables.
Artículo 60. Una vez otorgada la concesión de los servicios y en tanto se formalicen los nuevos contratos de adhesión con los usuarios, en su caso, seguirán vigentes los celebrados con el Organismo Operador anterior. Los nuevos contratos de adhesión se ajustarán a lo dispuesto por la presente Ley así como a la regulación del municipio del que se trate, o en su caso de la Entidad Federativa correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 61. El Instituto elaborará un sistema de contabilidad regulatoria que posibilite el seguimiento del desarrollo económico-financiero en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de la Concesionaria como agente contaminante.
En tal sentido el Instituto coadyuvará con los gobiernos de los estados y municipios para asegurar la calidad de los servicios, la protección de los intereses de la comunidad, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión.
Artículo 62. Los principios de contabilidad regulatoria que integre y publique el Instituto, deberán ser adoptados por los organismos que provean los servicios de agua potable y saneamiento, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los mismos y tendrán como objetivo transparentar la información generada por los organismos, crear un sistema de información que establezca los criterios mínimos indispensables requeridos siendo estos, entre otros, los catálogos de cuentas, la forma de presentación y elaboración y periodicidad, para que dichos principios de contabilidad atiendan las necesidades normativas, regulatorias y en su caso concurrentes de cada Municipio, el Distrito Federal, el Instituto y cualquier autoridad fiscal o hacendaria competente.
Artículo 63. Los principios de contabilidad regulatoria establecerán un sistema que permita reflejar el desempeño técnico, operativo, comercial, y de evaluación de las decisiones económico-financieras, respecto a los servicios de agua potable y saneamiento.
Artículo 64. Los principios de contabilidad regulatoria tendrán los objetivos siguientes:
I. Homologar la información existente para los organismos operadores;
II. Disponer de información de costos de manera confiable, oportuna y de calidad en forma permanente;
III. Conocer los costos de administración, operación, rehabilitación, mantenimiento, creación de infraestructura para ampliaciones, mejoramiento e inversión de los activos utilizados en la prestación de los servicios por parte de los organismos operadores;
IV. Conocer la demanda de los servicios;
V. Generar una base de datos nacional de información sistemática para los organismos operadores de los servicios de agua potable y saneamiento;
VI. Poder establecer índices de gestiones compatibles y significativas;
VII. Establecer sistemas, criterios o rangos de subsidios, por zonas de servicio que atiendan a la población con alto índice de marginalidad.
VIII. Implementar medios de control para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones en el ámbito contable-financiero; y,
IX. Evaluar los estados financieros del Organismo Operador.
Artículo 65. Los principios de contabilidad regulatoria estarán compuestos por:
I. Políticas, procesos y manuales;
II. Sistemas informáticos;
III. Indicadores de gestión;
IV. Auditorias y certificaciones, y
V. Instrumentos contables, económico financieros e índices, que contribuyan a establecer los principios de contabilidad regulatoria, entre otros.
Artículo 66. Para efecto de integrar los principios de contabilidad regulatoria de los servicios, se atenderán a las siguientes directrices:
I. Contabilizar los costos de gasto corriente por tipo de servicio;
II. Efectuar una clasificación de los costos de infraestructura;
III. Definición de criterios sobre el contenido de las cuentas contables;
IV. Análisis de los costos operativos y los activos;
V. Control de compras y contrataciones;
VI. Análisis en la planeación de inversiones;
VII. Estudio de la estabilidad económica financiera del país y de la población; y,
VIII. Las demás necesarias para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
De los Sistemas Tarifarios
Artículo 67. El sistema tarifario se constituye por cuotas exigidas individualmente a cada usuario que retribuyen su incorporación a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Dichas cuotas deberán reflejar el costo real de los servicios, incluyendo el margen de sostenibilidad del Organismo Operador.
Artículo 68. El sistema tarifario será uniforme para la misma modalidad de prestación según el área servida.
Artículo 69. Los Municipios, o en su caso el Distrito Federal, establecerán las cuotas, con base en la información que establezca el Instituto; para cubrir el costo real de la prestación de los servicios, tomando en consideración lo siguiente:
I. Indexación de cuotas;
II. Cuotas de conexión por obras de ampliación para la incorporación al sistema de agua potable y saneamiento, que deberán de ser cubiertos por los nuevos usuarios, mediante aportaciones únicas cuyo importe será el costo marginal de la demanda máxima;
III. La parte correspondiente a los derechos de explotación y vertido, y
IV. El costo de operación, administración, depreciación de activos fijos y constitución de un fondo de reserva para rehabilitación, mantenimiento, ampliación o mejoramiento del servicio público.
Las metodologías o fórmulas que sean diseñadas por el Instituto, establecerán los elementos para el cálculo de las cuotas, mismas que podrán contemplarse en los reglamentos o disposiciones de observancia general, que al efecto emitan los Municipios o el Distrito Federal, respectivamente en su ámbito de competencia.
Artículo 70. Las cuotas podrán ser ajustadas de acuerdo a las condiciones imperantes en el territorio de su aplicación, que permitan la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento; para lo cual se emitirán por parte del Instituto criterios de cálculo para su ajuste.
Artículo 71. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el consumo de agua potable efectuado en edificios de dominio público federal, estatal, municipal o del gobierno del Distrito Federal, utilizados para una función pública serán reguladas por criterios y rangos de consumo en volumen y tiempo, propuestos por el Instituto para la aprobación del Gobierno del Distrito Federal o el Municipio respectivo de acuerdo a la naturaleza del servicio que otorguen.
Artículo 72. La falta de pago de la contraprestación por los servicios de agua potable y saneamiento, obliga al usuario a cubrir recargos conforme a la tasa que se señala en las leyes fiscales vigentes en cada Estado.
Los organismos operadores podrán suspender temporalmente dichos servicios, cuando así se establezca en una cláusula contractual que esté asentada en el acuerdo de adhesión celebrada entre el Organismo Operador y el usuario.
Artículo 73. Con el fin de asegurar el manejo sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y el desarrollo de sus sistemas, se fortalecerá la capacitación del personal tanto operativo como técnico de todas las áreas de los organismos operadores.
Artículo 74. El Instituto en coordinación con las Entidades Federativas, Distrito Federal y los Municipios y con apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Centros de investigación y demás Instituciones nacionales e internacionales en el ramo de investigación, garantizará el desarrollo y difusión de tecnologías e investigación científica en el subsector de agua potable y saneamiento.
Artículo 75. El Instituto esta obligado a fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica y tecnológica, enfocadas a las actividades y funciones propias de los organismos operadores, además de propiciar la concurrencia de recursos para lograr los objetivos mencionados.
Artículo 76. El Instituto promoverá la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el uso y aprovechamiento del agua potable y sus servicios inherentes, que garanticen su prestación con calidad y eficiencia adecuada para la población, realizándose mediante las actividades siguientes:
I. La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el uso y aprovechamiento del agua potable;
II. La orientación y coordinación con instituciones de educación superior en la ejecución de programas de investigación, desarrollo tecnológico, consultoría especializada, información técnica, formación y capacitación en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
III. La elaboración de proyectos de normas sobre calidad del agua y en la acreditación de laboratorios;
IV. El desarrollo de tecnología relacionada con estrategias para el manejo del agua orientado a evitar al máximo las descargas de agua contaminada a los cauces de los ríos y los mares;
V. Aplicación de tecnología a geohidrología, sistemas de información geográfica, agua subterránea y superficial, climatológica, cartografía y cualquier otra ciencia involucrada con el elemento agua, y
VI. Las demás necesarias para la consolidación de los servicios.
De las Sanciones y los Medios de Impugnación
Artículo 77. Corresponde al Instituto directamente o por conducto de los Organismos Operadores, la facultad de investigar si se han cometido infracciones a esta Ley, hacer la declaración correspondiente e imponer las sanciones procedentes, emitir la declaración correspondiente e imponer las sanciones procedentes, mediante el procedimiento que para tal efecto se establezca en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 78. Para la imposición de cualquier sanción se brindará al infractor su derecho de audiencia, en los términos del procedimiento que para tal efecto se contemple en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 79. Contra las resoluciones que impongan sanciones conforme a la presente Ley, podrán impugnarse mediante el procedimiento contencioso administrativo federal de acuerdo a la legislación aplicable.
Artículo 80. Para efectos del proceso de evaluación, se consideran infracciones por los organismos operadores, los supuestos siguientes:
I. Incumplimiento en las condiciones del tratamiento, la potabilidad y los parámetros mínimos aceptables en las redes de distribución, en materia de las aguas servidas;
II. Incumplimiento de normas de calidad de los servicios;
III. No observar los lineamientos, criterios, metodologías o normas emitidas por el Instituto.
IV. Omitir la aplicación de los sistemas de información y contabilidad, contenidos en la presente de Ley.
V. Interrupciones injustificadas en la prestación de los servicios;
VI. Incumplimiento del régimen tarifario establecido;
VII. Negarse a proporcionar injustificadamente información al Instituto;
VIII. Obstaculizar o impedir la práctica de verificaciones ordenadas por el Instituto;
IX. Ejercer el gasto de incentivos, estímulos y demás recursos de esta naturaleza en acciones diversas a aquellas que fueron destinadas;
X. No atender las denuncias y reclamos ciudadanos en relación con los servicios cuando sean procedentes;
XI. No cumplir con las obligaciones de conservación, reparación y mantenimiento de los sistemas destinados a la prestación de los servicios; y,
XII. Incumplir las obligaciones que les impone la presente Ley y demás normas aplicables.
Lo dispuesto en el presente artículo, se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las demás leyes federales y locales aplicables de la materia.
Artículo 81. Contra las resoluciones y actos de las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, procederá el recurso de conformidad, el cual únicamente podrá hacerse valer por los directamente afectados por tales actos o resoluciones.
Artículo 82. Las inconformidades por revisión se interpondrán ante el Director General del Instituto y serán resueltas por dicho funcionario.
La tramitación de los recursos de inconformidad se sujetará a las normas establecidas en el Reglamento Interior.
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- El Reglamento de la presente Ley se emitirá dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.
Artículo Cuarto.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor.
Artículo Quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que contravengan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.
De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se creaba la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.

References: Artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 4

Artículo 1
 artículo 115

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
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Artículo 22
 artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 115

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82