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Timestamp: 2019-05-26 17:42:46+00:00

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Abogado especialista delito contra la hacienda pública
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Abogado especialista delito contra hacienda publica
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Los delitos contra la hacienda pública constituyen uno de los más genuinos ejemplos de delitos económicos con el que se trata de proteger no sólo el erario público sino también a toda la política económica y social con incidencia sobre el ahorro, la inversión, la distribución de la renta nacional, entre otros bienes jurídicos. (Delito contable). (Delito fiscal). (Fraude fiscal).
El Código Penal de 1995 ha respetado la reforma de la Ley Orgánica 6/1995, aun- que contiene algunas novedades. La principal es la incorporación del fraude comuni- tario, otras residen en el nuevo sistema de penas y meras alteraciones formales. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
Se distinguen las siguientes modalidades de delitos contra la hacienda pública: 1) delito de defraudación tributaria; 2) delito de fraude de subvenciones; 3) delito contable y 4) delitos de fraudes comunitarios.
A) Delito de defraudación tributaria
El bien jurídico inmediatamente protegido es el patrimonio de la Hacienda públi- ca, concretado en la recaudación tributaria. Ello no significa desconocer la existencia de un bien jurídico mediato o inmaterial, que es el bien jurídico representado por las funciones que el tributo está llamado a cumplir.
En esta materia,la única novedad de la Ley 6/1995,de 29 de junio,es haber incluido a la Hacienda foral como un nuevo sujeto pasivo específico del delito, incorporación que se justificó en el debate parlamentario por la circunstancia de que se trata de una Hacienda que no puede identificarse con la habitualmente denominada «local» y que tiene una singularidad especial en determinadas Comunidades Autónomas. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
Viene descrita en el artículo 305.1 del Código Penal que castiga con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo, al que por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresa- do de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
El delito se puede cometer por acción u omisión, es decir tanto cuando se hace una incorrecta declaración como cuando se omite la declaración a Hacienda, dispo- niendo el párrafo segundo del citado artículo 305.1 que la mera presentación de de- claraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Con la reforma de 1995 la cuantía exigida para cometer el delito pasó de cinco a quince millones de pesetas y con la nueva redacción operada por la Ley Orgánica 15/2003, se requieren 120.000 euros, cuantía que mantiene la Ley Orgánica 7/2012. Si la cuantía defraudada es menor, podrá constituir infracción administrativa pero nunca delito.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la po- sibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
El artículo 305 bis prevé agravaciones castigando con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defrauda- ción se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídi- ca interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.
A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 305. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pér- dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a go- zar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
A los efectos de determinar la cuantía de 120.000 euros, si se trata de tributos, re- tenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad de Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social 120.000 euros. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
En el apartado 6o del artículo 305 del Código Penal se prevé un tipo atenuado al disponer que los Jueces yTribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados,siempre que,antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la iden- tificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
c) Regularización tributaria
Dispone el apartado 4o del artículo 305 CP que se considerará regularizada la si- tuación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investi- gación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regulariza- ción o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administra- ción autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen ac- tuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resulta- rán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instru- mentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regulariza- ción, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
d) Prejudicialidad penal. Ejecución de la multa y responsabilidad civil. Auxilio a los jueces de los servicios de la Administración Tributaria. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
El apartado 5o del artículo 305 CP determina que cuando la Administración Tribu- taria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramita- ción ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tri- butaria.Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irrepara- bles o de muy difícil reparación. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).
Por su parte el apartado 7o del artículo 305 CP dispone que en los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento admi- nistrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley. (Abogado especialista delito contra hacienda publica).

References: artículo 305
 artículo 305
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