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Timestamp: 2020-01-17 21:01:06+00:00

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Ley de Vivienda Protegida de Cantabria. (Ley 5/2014, de 26 de diciembre) - Normativa de Cantabria - Legislación - VLEX 600686271
Ley de Vivienda Protegida de Cantabria. (Ley 5/2014, de 26 de diciembre)
CAPÍTULO I. Régimen Jurídico de la vivienda protegida - arts. 1 a 11
CAPÍTULO II. La calificación de las viviendas protegidas - arts. 12 a 16
CAPÍTULO III. Promoción de las viviendas protegidas - arts. 17 a 19
CAPÍTULO IV. Acceso a las viviendas protegidas - arts. 20 a 26
CAPÍTULO V. Programación en materia de vivienda - arts. 27 a 30
CAPÍTULO VI. Viviendas protegidas propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria - arts. 31 a 36
SECCIÓN 1ª. Inspección en materia de vivienda protegida - arts. 37 a 42
SECCIÓN 2ª. Régimen sancionador - arts. 43 a 49
SECCIÓN 3ª. Infracciones y sanciones en materia de vivienda protegida - arts. 50 a 56
CAPÍTULO VIII. Emergencia habitacional - arts. 57 a 61
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Equivalencia de viviendas protegidas y viviendas de protección oficial de régimen especial
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Bienes y derechos adscritos. Inventario de bienes
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Competencias en materia de vivienda protegiday patrimonio regional del suelo
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Régimen de los alojamientos protegidos
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Informe preceptivo
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Convenios de colaboración y simplificación de trámites administrativos
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Precio máximo de venta y renta de las viviendas protegidas que se califiquen provisionalmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Precio de venta y renta de las viviendas calificadas antes de la entrada en vigor de la presente ley
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Módulo básico autonómico
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOPRIMERA. Ámbito territorial de precio máximo
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA. Requisitos económicosde los usuarios de las viviendas protegidas
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Preferencia en los procedimientos de adjudicaciónde viviendas de promoción pública entregadas mediante contratos de compraventa con pagoaplazado
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Incentivo a la transmisión de viviendas de protección oficial
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Adaptación a la presente ley de los modelos de viviendas protegidas o de protección pública previstas en el planeamiento urbanístico y territorial
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Valor del terreno acogido al ámbito de protección
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Efectos del régimen jurídico establecidopor la presente ley
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Condiciones de diseño y habitabilidad de las viviendas
Norma citada en: una sentencia, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 4 temas prácticos, 2 formularios
La Constitución Española consagra los principios rectores de la política social y económicaque deben inspirar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderespúblicos. Uno de dichos principios consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna yadecuada y ordena a los poderes públicos, que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho.
Directamente relacionado con la vivienda, cabe recordar que el artículo 24.3 del Estatuto deAutonomía de Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, atribuye lacompetencia exclusiva en materia de vivienda a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Desde la aprobación del Estatuto en la Comunidad Autónoma de Cantabria no se había establecido un marco legal de la vivienda protegida, por lo que el régimen jurídico aplicable a lavivienda protegida era el contenido en la normativa estatal anterior al Estatuto: fundamentalmente el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda; el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla aquél y el Decreto 2114/1968,de 24 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendasde Protección Oficial. Con posterioridad fueron aprobados diversos decretos que desarrollabanplanes estatales y autonómicos de vivienda.
La presente ley constituye un paso muy importante, no sólo por ser la primera Ley quese dicta en Cantabria sobre vivienda protegida sino, sobre todo, porque establece un marcojurídico abierto, que sienta las bases necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda,y que posibilita dar respuesta rápida a las necesidades sociales y a los cambios normativos oeconómicos que puedan producirse, favoreciendo que mediante su desarrollo puedan establecerse las políticas que atiendan a dichos cambios.
La Ley se estructura en siete capítulos, con cincuenta y seis artículos, doce disposicionesadicionales, cuatro disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y cuatro disposiciones finales, siendo sus aspectos más destacados los que se indican a continuación.
Antes de entrar en los aspectos destacados de la Ley debe hacerse una mención especial ala regulación del silencio administrativo en los distintos procedimientos que la Ley establece.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y suejercicio, dispone que en los procesos de autorización la regla general es el silencio positivo,aunque excluye los servicios sociales relativos a la vivienda social. El ámbito de aplicación dela presente ley es más amplio que el que abarcan los servicios sociales relacionados con lavivienda social, por ello, siguiendo los principios de la citada Ley 17/2009, se ha optado porel silencio positivo en los procedimientos en los que la resolución produce efectos que afectanal interesado y a la Administración Pública, y por el silencio negativo cuando los efectos dedichos procedimientos pueden afectar a la esfera jurídica o patrimonial de terceros, como sonlos potenciales demandantes o adquirentes de viviendas que tienen la condición de consumidores. La finalidad es proteger al ciudadano en el proceso de toma de decisión de compra oalquiler de vivienda protegida, para que reúna las condiciones de seguridad jurídica necesariasen un negocio jurídico tan importante para la esfera jurídico-patrimonial como es el que procura la vivienda familiar. Se entiende que en esos casos concurren razones de interés generalque justifican el silencio negativo, porque otorga seguridad jurídica a los adquirentes y a losarrendatarios de vivienda protegida.
El capítulo I regula el régimen jurídico de la vivienda protegida, quiénes pueden ser suspropietarios y sus usuarios, mantiene la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitualy permanente, y establece las causas que pueden justificar que la vivienda no sea ocupadatemporalmente.
La ley ha optado por una regulación abierta que permita una intervención rápida en aspectos tales como el precio y la superficie máximos de las viviendas, el precio de los terrenos o laduración del régimen de protección. Todos ellos son elementos sensibles a situaciones socioeconómicas y tienen gran incidencia en el mercado y las transmisiones inmobiliarias.
El capítulo I recoge además la posibilidad de que, en desarrollo de políticas de vivienda,se puedan proteger fórmulas intermedias entre la vivienda habitual y la colectiva. Se trata defórmulas novedosas que pretenden dar respuesta a necesidades singulares de colectivos merecedores de atención. La ley cita algunos, a modo de ejemplo: personas dependientes, de latercera edad, etc, dejando abierta la enumeración ante la posibilidad de que puedan emergerotros colectivos distintos también merecedores de protección.
El capítulo II regula la calificación de las viviendas protegidas, primer paso para que lasviviendas de una proyectada promoción tengan la cualidad de "viviendas protegidas".
En relación con el silencio negativo del procedimiento para otorgar la calificación de la vivienda como protegida, cabe señalar que la resolución de calificación conlleva bonificacionesfiscales en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Bienes Inmuebles, yreducciones en el arancel de notarios y registradores, por lo que afecta a la materia tributariaque está expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La calificación afecta al cumplimiento de deberes y cargasimpuestas para el desarrollo de los suelos por la legislación urbanística y a derechos de losconsumidores, en cuanto que otorga a las viviendas una naturaleza jurídica especial que llevaaparejado el cumplimiento de determinados requisitos por parte del adquirente, y al sometimiento a un régimen de obligaciones y limitaciones de uso.
Con la finalidad de proteger a los adquirentes de las viviendas se establecen dos medidas:la necesidad de autorización del cambio de titularidad de la calificación, y la posibilidad deoptar entre resolver el contrato o rehabilitar el procedimiento de calificación definitiva en loscasos en que ésta sea denegada.
Por último, la ley anuda la descalificación voluntaria de las viviendas a la existencia de razones de interés público y a las necesidades de política de la vivienda, limitando de esta formala potestad discrecional vigente hasta ahora en materia de descalificación de viviendas.
Una vez otorgada la calificación, la promoción de viviendas pasa a ser una promoción deviviendas protegidas. El capítulo III está dedicado a la regulación de la promoción de viviendas protegidas conservando la tradicional distinción entre viviendas de promoción pública yviviendas de promoción privada. Regula la responsabilidad administrativa del promotor (independiente de la civil) por la aparición de vicios o defectos que se manifiesten en los cinco añosdesde la calificación definitiva de la vivienda, recogiendo la tradicional protección administrativa del adquirente de la vivienda protegida, y otorga rango legal a las obligaciones de incluiren la publicidad la información de la naturaleza de vivienda protegida.
En primer lugar, se regula la adjudicación de viviendas protegidas y se consagran los principios de concurrencia y publicidad como principios rectores de los procesos de adjudicación,creándose a tales efectos el registro de demandantes de viviendas protegidas.
En segundo lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos a lospropietarios y usuarios de las viviendas protegidas, a los contratos y demás negocios jurídicosque se celebren sobre las viviendas protegidas, y a la entrega de cantidades a cuenta en lacompraventa de viviendas protegidas en construcción, se establecen procedimientos de autorización o visado con distintos regímenes de silencio, justificándose el silencio negativo del procedimiento de autorización de percepción de cantidades a cuenta en la protección de los derechos económicos de los adquirentes de vivienda. Con el fin de sistematizar toda la informaciónacerca de las viviendas protegidas, se crea el registro de viviendas protegidas de Cantabria.
Por último, se establece un derecho de adquisición preferente de la Comunidad Autónomasobre las viviendas protegidas mientras se mantenga su régimen de protección.
El capítulo V está dedicado a la programación en materia de vivienda, definiendo su objeto,las líneas maestras del procedimiento de elaboración del Plan de Vivienda de Cantabria y sucontenido mínimo.
El capítulo VI está destinado a las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma deCantabria poniendo de relieve el compromiso con los sectores sociales desfavorecidos, con laadopción de medidas tales como la creación de un parque público de vivienda en alquiler, y lasdirigidas a evitar la resolución del contrato y el indeseado desahucio, gracias a la posibilidad deevaluar la gravedad de los impagos y las circunstancias personales y familiares.
La inspección y el régimen sancionador en materia de vivienda protegida aparecen sistematizados en el capítulo VII. Su principio básico es la regulación de la actividad inspectora paragarantizar el cumplimiento de la normativa de vivienda, atribuyendo a los empleados públicosque las realicen la condición de agentes de la autoridad, y dotándolos de las competenciasnecesarias para conseguir tal fin. Se establece, asimismo, la exigencia legal del deber de información y colaboración con la inspección.
La ley regula además la competencia y el procedimiento en materia sancionadora, inspirados en los principios constitucionales de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. Lasinfracciones tipificadas corresponden a los incumplimientos de las normas que establecen deberes y prohibiciones y se clasifican en función de su gravedad en leves, graves y muy graves.En lo que se refiere a las sanciones se establece una cuantía acorde con la gravedad de los hechos, señalándose además medidas complementarias para reforzar la potestad sancionadora.
Entre dichas medidas cabe destacar la descalificación de las viviendas anteriores al RealDecreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, excepto en los casos en que estén emplazadas en unsuelo adquirido por expropiación forzosa. El precio de venta y renta de dichas viviendas fueliberalizado por el Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, que no modificó su régimen de protección de 50 años, por lo que las viviendas siguen afectadas al régimen jurídico de viviendasprotegidas a pesar de tener un precio de venta o renta libre.
No cabe olvidar que la ordenación territorial y urbana puede tener incidencia en la vivienda,por ello se establece un informe preceptivo en materia de vivienda en relación con los instrumentos de planeamiento.
También se recoge la posibilidad de celebrar convenios que permitan que algunos de lostrámites administrativos relacionados con la transmisión y disposición de viviendas protegidaspuedan realizarse por los notarios intervinientes, a solicitud de los interesados, con el objetode que los principios de colaboración y coordinación administrativa se traduzcan en una mayortransparencia, reducción de cargas administrativas, y seguridad jurídica para los ciudadanos.
Las disposiciones adicionales contienen además un bloque normativo autónomo, no necesitado de desarrollo, aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor de la ley, regulando aspectos como el módulo básico autonómico, el precio máximo de venta y renta de las viviendasprotegidas, los requisitos de los usuarios de las viviendas o los ámbitos territoriales.
La ley atiende a la situación actual de muchas familias y jóvenes que adquirieron una vivienda con el fin de iniciar un proyecto de vida para lo que asumieron hipotecas y cargas quela actual coyuntura económica de falta de empleo les impide atender, hasta el punto de quemuchos de ellos se han visto obligados a abandonar la vivienda por no poder asumir los gastosque conlleva y convivir con familiares. La venta de la vivienda con el fin de evitar gastos y hacer frente al pago de la hipoteca topa con la contracción del crédito que dificulta el acceso a lafinanciación a las personas que cumplen las condiciones económicas para acceder a este tipode viviendas. Con el fin de facilitar la venta de las viviendas, la disposición transitoria primerade la ley abre, durante un período de dos años, el abanico de posibles adquirentes.
El nuevo plan estatal, aprobado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, reorienta laspolíticas de vivienda hacia el alquiler y la rehabilitación y carece de un marco financiero deapoyo a la promoción y adquisición de las viviendas protegidas. Como consecuencia, ha desaparecido la regulación que se venía aplicando a las viviendas de protección oficial clasificándolas en función de las categorías subvencionables que establecía cada Plan: régimen especial,general, concertado, etc., por ello la disposición transitoria segunda establece los mecanismospara que los planeamientos que prevén la construcción de viviendas protegidas puedan desarrollarse sean cuales sean sus previsiones en relación con las viviendas protegidas. El sistemase completa con otra disposición transitoria para regular el valor del suelo.
La ley se completa con dos disposiciones derogatorias y cuatro disposiciones finales quehabilitan al Gobierno de Cantabria para regular las condiciones de diseño y habitabilidad delas viviendas de Cantabria, fijan el título competencial, y facultan al propio Gobierno para eldesarrollo de la ley y determinan su entrada en vigor.
CAPÍTULO I Régimen Jurídico de la vivienda protegida Artículos 1 a 11
La presente ley tiene por objeto fomentar el acceso a la vivienda en el ámbito territorial dela Comunidad Autónoma de Cantabria regulando el régimen jurídico, las actuaciones administrativas en materia de vivienda protegida y la emergencia habitacional.
ARtículo 1, modificado por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 2 Concepto de vivienda protegida.
Es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos y condiciones de uso, destino, precio y superficie establecidos por la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo,es calificada como tal por un acto administrativo dictado por el órgano competente en materiade vivienda.
Pueden ser además objeto de protección, en los términos que se establezcan por lasdisposiciones que desarrollen la presente ley:
Los terrenos y obras de urbanización necesarias para llevar a cabo la construcción de lasviviendas protegidas, los locales comerciales, garajes, anejos, trasteros y otros elementos dela vivienda.
Aquellos alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individualy la colectiva, como residencias de estudiantes, de deportistas, apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas de la tercera edad, personas dependientes u otros colectivoscuyas características lo hagan aconsejable.
A efectos de la presente ley, la denominación de vivienda protegida incluye también elresto de los elementos protegidos vinculados a ella.
ARTÍCULO 3 Propietarios y usuarios.
Podrán ser propietarios de las viviendas protegidas:
Las personas físicas que las adquieran mortis causa o que en el momento de su adquisición, inter vivos, reúnan las condiciones para ser usuarias de ellas.
Las Administraciones Públicas y cualesquiera organismos públicos y entidades de Derecho Público o Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública.
Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas, sin ánimo de lucro, inscritas en el registro de asociaciones de Cantabria, que desarrollen su actividad en ayuda a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial.
El resto de personas jurídicas privadas.
Únicamente las personas físicas podrán ser usuarias de las viviendas protegidas.
También podrán ser cesionarios, usufructuarios y arrendatarios los sujetos comprendidos en las letras b), c), d) y e) del apartado 1, para destinarlas al alojamiento de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial.
Artículo 3, modificado por la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 4 Requisitos de los usuarios de viviendas protegidas.
Los usuarios de las viviendas protegidas deberán cumplir además de los requisitos económicos y personales que se establezcan, los siguientes:
No ostentar la titularidad de un derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda.
Estar debidamente inscritos en el Registro de demandantes de viviendas protegidas de Cantabria.
Excepcionalmente podrán ser usuarios de las viviendas quienes no cumpliendo las condiciones establecidas en los apartados a) y b) anteriores, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Haber sido privados del derecho a usar la vivienda como consecuencia de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que se encuentren al corriente de pago de las pensiones alimenticias y compensatorias.
Que la vivienda esté sujeta a expediente de expropiación forzosa.
Que la vivienda esté afectada por actuaciones de emergencia o remodelaciones urbanas que hayan implicado la pérdida del uso de la vivienda.
Que se encuentren en situación de emergencia habitacional o en cualquier otra situación de vulnerabilidad que precise de tutela especial.
El Gobierno mediante decreto establecerá los requisitos económicos de los usuarios de las viviendas, niveles de renta y, en su caso, los coeficientes de ponderación.
El Gobierno mediante decreto podrá regular otras situaciones excepcionales que justifi- quen exonerar a los usuarios de las viviendas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1.a) y 1.b) de este artículo.
Las normas que establezcan los requisitos económicos de los usuarios de las viviendas podrán determinar la ponderación de los ingresos familiares aplicando coeficientes en función del número de miembros de la unidad familiar, la edad, existencia de personas con discapacidad en la misma y otros factores que se estimen oportunos, teniendo en cuenta criterios de progresividad en su determinación.
Artículo 4, modificado por la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 5 Destino y ocupación de las viviendas protegidas.
Las viviendas protegidas deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus propietarios o de los titulares de los negocios jurídicos que, habiendo sido autorizados, confi eren a su titular el derecho a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente.
La ocupación de las viviendas protegidas deberá efectuarse en el plazo de seis meses a contar desde su adquisición salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente la vivienda. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de notificación de la calificación definitiva cuando se trate de viviendas promovidas para uso propio.
Es domicilio habitual aquel que es ocupado de forma efectiva por sus usuarios. Se entenderá que existe habitualidad cuando la vivienda permanezca ocupada más de seis meses seguidos en el término de un año, salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente la vivienda.
Es domicilio permanente aquel que constituye la residencia de su usuario.
La vivienda no perderá el carácter de domicilio permanente por el hecho de que cualquier miembro de la familia o unidad de convivencia ejerza en ella una profesión u oficio, siempre que dicha actividad sea compatible con el uso residencial y se cumplan las condiciones y requisitos que se establezcan. El inicio del ejercicio de la actividad se comunicará en el plazo de un mes a la dirección general competente en materia de vivienda mediante una declaración responsable.
La declaración responsable a la que se refiere el apartado anterior no exime a la persona interesada de recabar los restantes permisos, licencias o autorizaciones contemplados en la normativa aplicable.
Las viviendas protegidas no pueden subarrendarse total o parcialmente, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 3, ni destinarse a segunda residencia o a otros usos incompatibles con la vivienda.
ARTÍCULO 6 Autorización para no ocupar temporalmente la vivienda.
El órgano competente en materia de vivienda podrá autorizar que una vivienda protegida no permanezca ocupada por un plazo máximo de dos años, por las siguientes causas debidamente acreditadas:
Motivos laborales o de estudios.
Enfermedad del legítimo ocupante de la vivienda que requiera ayuda para realizar los actos diarios de la vida cotidiana.
Enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad que requiera ayuda para realizar los actos diarios de la vida cotidiana.
Las causas que motiven la solicitud de autorización administrativa para no ocupar temporalmente una vivienda protegida deben concurrir en la persona que la solicite con posterioridad a la fecha en que se hubiera formalizado el contrato de compraventa o arrendamiento de la vivienda.
Las solicitudes para no ocupar temporalmente una vivienda protegida deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de autorización.
No podrá otorgarse una nueva autorización hasta transcurridos tres años desde el fin del plazo máximo de desocupación, incluido el período extraordinario de prórroga.
Por acuerdo del Gobierno podrán establecerse causas extraordinarias que justifiquen la autorización para no ocupar temporalmente la vivienda o periodos distintos a los establecidos en los apartados anteriores. El acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial de Cantabria?.
No será necesaria la autorización cuando el propietario de la vivienda ceda temporalmente el usufructo de ella a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para que pase a formar parte del parque público de vivienda.
Artículo 6, modificado por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 7 Precio de las viviendas protegidas.
Los precios de venta y renta de las viviendas protegidas y demás elementos que se declaren protegidos se fijarán y revisarán por acuerdo del Gobierno.
La sujeción a un precio o valoración máximos afecta a todos los elementos protegidosestén o no vinculados a la vivienda.
Siempre que la presente ley haga referencia al precio máximo de las viviendas, habrá deentenderse que la expresión se refiere también a la valoración máxima y al precio y valoraciónmáximos de todos los elementos protegidos.
Durante la vigencia del régimen de protección cualquier acto de disposición de viviendasprotegidas o de derecho sobre ellas estará sujeto a un precio máximo.
Cuando por su naturaleza, el acto de disposición carezca de precio, estará sujeto a unavaloración máxima.
Queda prohibida la percepción de sobreprecios, cantidades o primas de cualquier especie, superiores a los precios máximos, incluso por mejoras, obras o instalaciones complementarias distintas a las que figuren en el proyecto de obra de la referida vivienda. Esta prohibiciónse extiende al mobiliario que se integre o se sitúe en la vivienda.
Son nulas las cláusulas y disposiciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados. En estos casos, se entiende que la transmisión se ha efectuado por el preciomáximo permitido. Si el adquirente, arrendatario o cesionario abona cantidades superiores alprecio máximo tiene derecho a reclamar su devolución.
A los únicos efectos previstos por esta ley, el precio máximo no incluye los impuestos quegraven el negocio jurídico que se celebre.
ARTÍCULO 8 Módulo básico autonómico.
El módulo básico autonómico es la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útilque sirve de referencia para la determinación de los precios máximos.
El módulo básico autonómico se establece por acuerdo del Gobierno que podrá delimitarámbitos territoriales de precio máximo superior.
El acuerdo del Gobierno se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
ARTÍCULO 9 Valor de los terrenos en la promoción de viviendas protegidas.
El valor de los terrenos destinados a la promoción de vivienda protegida se determinarámediante decreto del Gobierno teniendo en cuenta el precio máximo de venta de las viviendasprotegidas y demás elementos protegidos y el coste de las obras de urbanización.
ARTÍCULO 10 Superficie.
La superficie útil máxima de las viviendas protegidas es de noventa metros cuadrados.Dicha superficie no incluye la del resto de los elementos protegidos vinculados a ellas.
A los efectos de determinar el precio máximo de venta, la superficie útil máxima de losgarajes será de veinticinco metros cuadrados y la de los trasteros de ocho metros cuadrados.
Mediante decreto podrán establecerse superficies de vivienda superiores a la señaladaen el apartado 1 de este artículo, cuando lo demanden las medidas de protección de colectivosespecialmente protegidos o el desarrollo y ejecución de programas específicos de viviendaprotegida.
ARTÍCULO 11 Duración del régimen de protección.
La duración del régimen de protección relativo al uso, conservación y aprovechamientode las viviendas protegidas será de treinta años a partir de la calificación definitiva como vivienda protegida, con las siguientes excepciones:
Cuando el suelo sobre el que se sustente la promoción haya sido adquirido por cualquiertítulo, oneroso o gratuito, de una Administración pública y la promoción o las viviendas no hayan obtenido subvenciones públicas, el régimen de protección durará veinte años.
Cuando el suelo sobre el que se sustente la promoción no haya sido adquirido por cualquier título, oneroso o gratuito, de una Administración pública y la promoción o las viviendasno hayan obtenido subvenciones públicas, el régimen de protección durará diez años.
Mediante decreto se podrán establecer períodos distintos de duración del régimen deprotección.
CAPÍTULO II La calificación de las viviendas protegidas Artículos 12 a 16
ARTÍCULO 12 Calificación de las viviendas protegidas.
La calificación es el acto administrativo por el que se declara que una vivienda o un grupode viviendas satisfacen los requisitos exigidos para las viviendas protegidas establecidos porla presente ley y sus disposiciones de desarrollo. La calificación se otorga a los únicos efectosde comprobar el cumplimiento de la normativa específica en materia de vivienda protegida.
El órgano competente en materia de vivienda habrá de dictar resolución expresa sobrela calificación provisional o definitiva, y notificarla a la persona interesada en el plazo máximode tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera entrado en un registro dela consejería con competencia en materia de vivienda. Transcurrido el mismo plazo sin que sehaya notificado resolución expresa, la solicitud de calificación se entenderá desestimada.
La calificación establecerá el régimen de uso de las viviendas protegidas. Las viviendasprotegidas pueden calificarse para uso propio, venta o arrendamiento con o sin opción de compra u otras formas que permitan la cesión de uso.
El cambio de uso establecido en la calificación requiere autorización de la consejeríacompetente en materia de vivienda. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para la modificación del uso establecido en la calificación.
La celebración de negocios jurídicos de los que se derive el cambio de titularidad de lacalificación de viviendas protegidas requiere la previa autorización de la consejería competenteen materia de vivienda.
Las autorizaciones a las que se refieren los dos apartados precedentes deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificadoresolución expresa, la solicitud de autorización se entenderá estimada.
ARTÍCULO 13 Calificación provisional.
La calificación provisional es la resolución administrativa que declara que una concreta promoción de viviendas tiene las características y cumple las condiciones exigibles, determinando,al menos, el número y tipo de viviendas y en su caso, los terrenos y obras de urbanización, loslocales comerciales, garajes, anejos, trasteros y otros elementos de la vivienda, el régimen deuso, el plazo de terminación de las obras y el precio máximo por metro cuadrado de superficieútil.
ARTÍCULO 14 Calificación definitiva.
La calificación definitiva es la resolución administrativa en virtud de la cual las viviendasquedan sometidas al régimen de viviendas protegidas.
Una vez otorgada la calificación definitiva no podrán ejecutarse obras que infrinjan lasordenanzas técnicas y normas constructivas exigidas para otorgar la calificación.
En la calificación definitiva constará el precio máximo de las viviendas protegidas.
La calificación definitiva se hará constar en el registro de la propiedad por nota marginalde la inscripción de la obra nueva, con expresión de sus circunstancias esenciales, especialmente el plazo de duración del régimen de protección.
Los notarios no podrán autorizar escrituras públicas que documenten la transmisión deviviendas protegidas con anterioridad al otorgamiento de la calificación definitiva.
No se podrán ocupar las viviendas ni contratar definitivamente los suministros de agua,gas o electricidad sin haber obtenido previamente la calificación definitiva.
ARTÍCULO 15 Denegación de la calificación definitiva.
La denegación de la calificación definitiva determinará que los adquirentes de las viviendas puedan optar entre:
Ejecutar la garantía otorgada conforme a la legislación sobre percepción de cantidadesanticipadas en la construcción y venta de viviendas.
Solicitar a la dirección general competente en materia de vivienda, en el plazo de tresmeses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a sufavor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta. Cuandola causa de denegación haya sido la falta de terminación de las obras o la existencia de deficiencias en la construcción, todos los adquirentes se comprometerán a terminar las obras o asubsanar las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva.
La solicitud de rehabilitación del procedimiento no supone renuncia a las acciones judiciales que pudieran corresponder a los adquirentes de las viviendas, ni eximen de la responsabilidad administrativa que deberá ser exigida en cualquiera de los casos.
ARTÍCULO 16 Descalificación de las viviendas protegidas.
Las viviendas protegidas solo pueden descalificarse, de oficio o a instancia de parte, por razones de interés público vinculadas a las necesidades de la política de vivienda apreciadas por el órgano competente.
La descalificación de las viviendas protegidas comportará el previo reintegro de las ayudas económicas percibidas y del importe de las exenciones y bonificaciones tributarias, incrementadas con los intereses legales procedentes.
El procedimiento de descalificación se resolverá en el plazo de tres meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud de descalificación se entenderá desestimada.
La resolución de descalificación será presentada en el Registro de la Propiedad para la cancelación de las notas marginales relativas al régimen de protección.
Las viviendas calificadas como viviendas protegidas de promoción pública no pueden ser objeto de descalificación.
Artículo 16, modificado por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
CAPÍTULO III Promoción de las viviendas protegidas Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 Promoción de viviendas protegidas.
Pueden ser promotores de viviendas protegidas las Administraciones públicas o sus entidades de Derecho público o privado vinculadas o dependientes de ellas y las personas físicas o jurídicas privadas que no se encuentren incursas en inhabilitación para promover viviendas protegidas.
Son de promoción pública aquellas viviendas que sean promovidas sin ánimo de lucro por una administración pública o por entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella.
Son de promoción privada las viviendas promovidas por una persona física o jurídica distinta de las señaladas en el apartado anterior.
La promoción de viviendas protegidas conlleva la obligación del promotor de ejecutar las obras que se ordenen por el órgano competente en materia de vivienda para la reparación de los vicios o defectos de la construcción que se manifiesten en los cinco años siguientes a la calificación definitiva, sin perjuicio de lo previsto en la legislación civil aplicable.
Artículo 17, modificado por la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 18 Promotores para uso propio.
Son promotores de viviendas protegidas para uso propio las personas físicas individualmente consideradas o agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios ocualquier otra entidad cuyos estatutos determinen que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, conmedios propios o ajenos, la construcción de viviendas protegidas destinadas a satisfacer sunecesidad de vivienda o la de sus socios o partícipes.
ARTÍCULO 19 Publicidad de viviendas protegidas.
Los promotores de viviendas expondrán en la finca en que tenga lugar su construcción,en sitio visible desde la vía pública y durante todo el período en que se informe o publicite suconstrucción, su venta o su alquiler un cartel informativo de la sujeción de las viviendas alrégimen de viviendas protegidas, indicando, al menos, el número de calificación provisional odefinitiva.
En la publicidad de las viviendas protegidas en las que se pretenda la percepción decantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o durante el período de construcción, se hará constar la entidad garante y las bancarias en las que habrán de ingresarselas cantidades anticipadas en cuenta especial.
La publicidad para la venta o arrendamiento de las viviendas protegidas contendrá lainformación relativa a su naturaleza de viviendas protegidas y el número de calificación provisional o definitiva.
Los edificios de viviendas protegidas ostentarán en lugar visible y próximo al dintel de lapuerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica que identifique las viviendas comoprotegidas, e informe, al menos, del número de expediente de calificación definitiva, segúnmodelo aprobado por orden del consejero con competencia en materia de vivienda.
CAPÍTULO IV Acceso a las viviendas protegidas Artículos 20 a 26
ARTÍCULO 20 Adjudicación de viviendas protegidas.
La consejería con competencia en materia de vivienda podrá establecer los procedimientos necesarios para la adjudicación de las viviendas protegidas con el fin de garantizar que elacceso a las mismas sea a favor de aquellas personas que cumpliendo los requisitos exigidos,más lo necesiten.
Los procedimientos de adjudicación estarán presididos por los principios de concurrenciay publicidad.
Asimismo se podrán establecer los criterios de valoración necesarios para regular el acceso a las viviendas protegidas atendiendo a la situación socio-familiar.
En cada procedimiento de adjudicación podrán reservarse viviendas para ser adjudicadasa quienes formen parte de alguno de los colectivos de especial protección que reglamentariamente se determinen.
A los efectos anteriores, se crea el registro de demandantes de vivienda protegida deCantabria. Mediante decreto se regularán al menos su contenido y actualización, el órganoresponsable del registro y el acceso al mismo.
ARTÍCULO 21 La transmisión de la propiedad y del uso de las viviendas protegidas.
Las viviendas protegidas pueden ser objeto de compraventa, arrendamiento, o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan su ocupación o uso, en los términos previstos enla presente ley.
Los contratos de compraventa, arrendamiento o cualesquiera otros por los que se transmita la propiedad o el uso de las viviendas protegidas deberán formalizarse por escrito. Losdocumentos en los que se formalicen y las escrituras públicas que los recojan deberán contener las cláusulas que al efecto se establezcan por la consejería con competencia en materiade vivienda.
Los negocios jurídicos por los que se transmita la propiedad o el uso de las viviendas protegidas no podrán imponer la exigencia de adquisición de un anexo no vinculado a la viviendao de una superficie que no esté sujeta a la calificación.
Mediante decreto del Gobierno se regulará el registro de viviendas protegidas de Cantabria en el que constarán al menos la situación de ocupación y uso de las viviendas protegidas.
ARTÍCULO 22 Control de la transmisión y ocupación de viviendas protegidas.
Las escrituras públicas, los contratos privados de compraventa, arrendamiento o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan la ocupación o uso de las viviendas protegidas,deben someterse a la autorización o visado de la consejería con competencia en materia devivienda, en los términos y condiciones que establezcan sus disposiciones de desarrollo.
Los documentos a los que se refiere el apartado anterior una vez formalizados deberánser presentados ante la consejería con competencia en materia de vivienda en el plazo de unmes desde su celebración.
No podrán formalizarse en escritura pública los contratos privados de compraventa,arrendamiento o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan la ocupación efectiva ouso de las viviendas protegidas, que no hayan obtenido la autorización o el visado de la consejería con competencia en materia de vivienda.
Los registradores de la propiedad no podrán inscribir en el Registro de la Propiedad ninguna escritura pública que no haya obtenido la autorización o el visado referidos en el apartadoanterior.
El incumplimiento de estas normas se pondrá en conocimiento del colegio correspondiente y de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia a losefectos oportunos.
El órgano competente en materia de vivienda deberá resolver las solicitudes de autorización o visado y notificar a los interesados en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazosin que se haya notificado resolución expresa, ésta se entenderá favorable.
Serán nulos los negocios jurídicos que no hayan obtenido la autorización o visado de laconsejería con competencia en materia de vivienda.
ARTÍCULO 23 Percepción de cantidades anticipadas.
Los promotores o gestores de la promoción de viviendas protegidas que pretendan obtener de los adquirentes, adjudicatarios o cesionarios por cualquier título, entregas de dineroantes de iniciar la construcción o durante la misma, deberán solicitar la previa autorización delórgano competente en materia de vivienda.
La autorización habrá de otorgarse en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente en materia de vivienda. Transcurrido dicho plazosin que haya sido notificada la resolución, se entenderá denegada por silencio administrativo.
ARTÍCULO 24 Elevación a escritura pública.
La compraventa de viviendas protegidas de nueva construcción será elevada a escriturapública en el plazo máximo de tres meses desde el requerimiento de cualquiera de las partescontratantes. El promotor formulará el requerimiento para la firma de las escrituras en el plazode un mes desde la notificación de la calificación definitiva.
La obligación prevista en el apartado anterior no será exigible cuando quede acreditadoque están pendientes de resolver ante la jurisdicción ordinaria u organismos de arbitraje omediación, controversias entre las partes relacionadas con las obligaciones derivadas del contrato.
ARTÍCULO 25 Limitaciones y prohibiciones a la facultad de disposición sobre las viviendas yalojamientos protegidos.
Podrán establecerse limitaciones y prohibiciones a la facultad de disposición de las viviendas y alojamientos protegidos en las normas que establezcan medidas fomento, ayudas osubvenciones para su promoción o adquisición.
Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en los títulos que documenten lacompraventa, la adjudicación o la obra nueva en el supuesto de promoción individual para usopropio. Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en el registro de la propiedadmediante nota marginal.
ARTÍCULO 26 Derechos de adquisición preferente.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta un derecho de tanteo y retracto sobretodas las viviendas protegidas, en segundas y posteriores transmisiones, ejercitable mientrasse mantenga el régimen de protección.
El precio del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas no podráser superior al precio máximo legalmente aplicable.
Los titulares de viviendas protegidas deberán comunicar al órgano competente en materia de vivienda la decisión de transmitirlas, expresando el precio y forma de pago proyectados,las condiciones esenciales de la transmisión, los datos del interesado en la adquisición y elconsentimiento expreso de éste para que el órgano competente en materia de vivienda compruebe el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda.
El plazo del ejercicio del derecho de tanteo es de cuatro meses desde que el órganocompetente en materia de vivienda notifique al vendedor su intención de ejercitarlo y en todocaso en el plazo de seis meses desde que se solicite la autorización de transmisión o se tengaconocimiento fehaciente de la realización de la transmisión de la vivienda.
La Comunidad Autónoma de Cantabria puede ejercer el derecho de retracto siempre queno se hubiese comunicado la decisión de transmitir la vivienda, que se omitiera en ella algunode los requisitos exigidos por la legislación aplicable, o que el precio efectivo de la transmisiónde la vivienda sea inferior al comunicado.
El plazo del ejercicio del derecho de retracto es de cuatro meses desde que el órganocompetente en materia de vivienda tenga conocimiento fehaciente de la realización de latransmisión de la vivienda.
Corresponderá a la consejería competente en materia de vivienda el ejercicio de losderechos de adquisición preferente, que se atribuyen en esta ley a la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria sobre viviendas protegidas.
La competencia para la firma de los documentos, públicos o privados, que hayan deotorgarse en ejercicio de las anteriores facultades, se atribuye al consejero competente enmateria de vivienda.
El procedimiento de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será establecido porlas disposiciones que desarrollen la presente ley.
Artículo 26, apartado 5, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
CAPÍTULO V Programación en materia de vivienda Artículos 27 a 30
ARTÍCULO 27 Objeto de la programación pública de vivienda.
La programación pública en materia de vivienda tendrá por objeto crear las condicionesnecesarias para que todos los ciudadanos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sea en el medio urbano o en elmedio rural, especialmente los que más dificultades tengan para ello, contribuyendo a corregir los desequilibrios existentes en el mercado y ampliar la oferta de viviendas destinadas alarrendamiento.
ARTÍCULO 28 Competencias en la programación pública de vivienda.
ARTÍCULO 29 Procedimiento de elaboración del Plan.
Para la elaboración del Plan se recabarán los informes, estudios y consultas que se estimen convenientes.
En el procedimiento de elaboración del Plan se recabará la participación de los agenteseconómicos y sociales más representativos. Igualmente, será oída la asociación de municipiosde mayor implantación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como otras organizaciones cuyos fines guarden relación directa con el objeto del Plan.
ARTÍCULO 30 Contenido mínimo del Plan.
El Plan tendrá los siguientes contenidos mínimos:
Análisis y evolución del sector y, en su caso, resultados procedentes de los planes anteriores.
Objetivos y prioridades, así como su distribución territorial.
Definición de las distintas actuaciones públicas protegibles.
Previsión de financiación, modalidades de ayudas autonómicas así como gestión de lasayudas estatales.
Condiciones de acceso a las actuaciones protegidas recogidas en el Plan.
Medidas complementarias necesarias para alcanzar los objetivos fijados.
Periodo de aplicación del Plan y programación anual.
Medidas para el seguimiento, aplicación y evaluación del Plan.
En cumplimiento de las políticas de inclusión social, el Plan podrá establecer programasde actuación y líneas de colaboración con otras administraciones públicas o con entidades sinánimo de lucro que lleven a cabo actividades y programas de carácter social para que puedandisponer de viviendas y destinarlas a personas que requieran especial atención por sus circunstancias personales, económicas o sociales.
CAPÍTULO VI Viviendas protegidas propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria Artículos 31 a 36
ARTÍCULO 31 Obligatoriedad de seguros de daños.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá exigir a los usuarios porcualquier título de las viviendas de su propiedad, la formalización a su cargo de una pólizade seguro que cubra los desperfectos a la vivienda y a sus anejos, y los daños por lesiones ydeterioros que se puedan ocasionar.
ARTÍCULO 32 Resolución de contratos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá resolver los contratos,cualquiera que sea su naturaleza jurídica, sobre bienes integrantes del patrimonio en materiade vivienda protegida y suelo por las siguientes causas:
La falta de pago de las cantidades pactadas en los contratos o negocios jurídicos, asícomo de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otrasestablecidas en la legislación vigente.
El incumplimiento del destino de la vivienda a domicilio habitual y permanente o la ocupación de la misma por personas ajenas a la unidad familiar sin haber obtenido la preceptivaautorización administrativa.
El destino a un uso indebido o no autorizado.
ARTÍCULO 33 Procedimiento para declarar la resolución del contrato.
Una vez llegue a conocimiento de la consejería competente en materia de vivienda laexistencia de hechos que pudieran dar lugar a la resolución del contrato, ésta llevará a cabolas actuaciones previas necesarias para determinar la procedencia de inicio del procedimientopara declarar la resolución del contrato.
El acuerdo de inicio del procedimiento se notificará al titular del contrato para que en elplazo de quince días formule alegaciones. Si la causa de resolución fuese la falta de pago de lascantidades a las que viniera obligado en virtud del contrato, se le otorgará un plazo de un mespara que regularice la situación. En este caso, la notificación del acuerdo de inicio suspenderáel plazo para resolver el procedimiento por un tiempo igual al otorgado para la regularizacióndel pago.
En el procedimiento para la resolución del contrato se tendrán en cuenta la gravedad delimpago y las circunstancias personales y familiares del titular del contrato.
Se otorgará audiencia al interesado acerca de la propuesta de resolución que se dicte.
El vencimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento sin que se haya notificado su resolución determina la caducidad del mismo, que se declarará de oficio.
ARTÍCULO 34 Modificación del contrato.
Excepcionalmente, a petición de la persona interesada, en los casos de imposibilidad objetivamente acreditada de pago de las cantidades previstas en el contrato, se podrán concederaplazamientos y fraccionamientos conforme a las condiciones que reglamentariamente se determinen.
ARTÍCULO 35 Potestad de desahucio.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá ejercer la potestad dedesahucio administrativo frente a los ocupantes de los bienes integrantes del patrimonio enmateria de vivienda protegida y suelo cuyo contrato haya sido declarado resuelto, y frente alos ocupantes que carezcan de título legal para ello.
La resolución por la que se acuerde el ejercicio de la potestad de desahucio otorgará elplazo de un mes para proceder a la desocupación voluntaria y la entrega del bien. Dicho plazopodrá prorrogarse, excepcionalmente, por un mes más.
El ejercicio de la potestad de desahucio se llevará a cabo con las garantías establecidasen las normas procesales.
ARTÍCULO 36 Parque público de vivienda en alquiler.
La Comunidad Autónoma de Cantabria creará un parque público de vivienda destinado preferentemente al arrendamiento para personas con dificultades de acceso a una vivienda, a las que exigirá una renta en función de su nivel de ingresos. Dicho parque se constituirá:
Con las viviendas obtenidas en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, y como consecuencia de la resolución de contratos conforme a las disposiciones de esta ley.
Con las viviendas que pueda adquirir o promover la Comunidad Autónoma de Cantabria con esta finalidad.
Con las viviendas cuya titularidad o cuyo uso corresponda a la Comunidad Autónoma de Cantabria por cualquier causa y no tengan otro destino.
Con cualesquiera otras viviendas de titularidad pública o privada provenientes de acuerdos, contratos o convenios con particulares y entidades públicas o privadas que cedan el usufructo de ellas a la Comunidad Autónoma de Cantabria para que ésta las destine al arrendamiento.
Mediante orden del titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda podrán establecerse porcentajes de reserva de viviendas, integrantes del parque público, para la atención de colectivos en riesgo de exclusión social.
Artículo 36, modificado por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
CAPÍTULO VII Inspección y régimen sancionador en materia de vivienda protegida Artículos 37 a 56
SECCIÓN 1ª Inspección en materia de vivienda protegida Artículos 37 a 42
ARTÍCULO 37 Competencias y actividad inspectora.
El órgano competente en materia de vivienda desarrollará actividades de inspección delas viviendas protegidas existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria a los efectos deacreditar el cumplimiento de la normativa reguladora en esta materia, conforme a lo establecido en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
Los empleados públicos a los que se encomiende expresamente el ejercicio de las tareasde inspección tienen la condición de autoridad. Las actas formalizadas en el ejercicio de laactividad inspectora tendrán valor probatorio de los hechos que se reflejan en ellas, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses pudiesen señalar o aportar laspersonas interesadas.
Las administraciones públicas podrán otorgar determinadas facultades de vigilancia ycontrol a entidades públicas o privadas, estableciéndose las funciones a desarrollar, entre lasque figurará la obligación expresa de formular las correspondientes denuncias por las infracciones administrativas tipificadas por esta ley.
Los empleados de dichas entidades públicas o privadas deberán realizar las funcionesdebidamente acreditados.
ARTÍCULO 38 Funciones de los inspectores de vivienda.
Corresponde a los empleados públicos a los que se encomiende expresamente el ejerciciode las tareas de inspección el ejercicio de las siguientes funciones:
La investigación y comprobación del cumplimiento de lo previsto en la presente ley, susdisposiciones de desarrollo y, en general, de la normativa sobre vivienda protegida que resulteaplicable en la Comunidad Autónoma de Cantabria, practicando cuantas mediciones y pruebassean necesarias a tal fin.
ARTÍCULO 39 Actas de inspección.
En las actas de inspección habrán de incluirse, como mínimo, el lugar, fecha y hora dela inspección, la descripción detallada de las presuntas infracciones y las circunstancias en lasque se realizó su observación, la identidad del empleado o empleados públicos que participaron en la inspección y cualesquiera otras circunstancias fácticas que, a juicio del inspector,resulten relevantes, incluida, en su caso, la identificación de las personas presentes.
Podrán incluirse también, a criterio del inspector, la calificación jurídica provisional de lasposibles infracciones, con indicación del precepto presuntamente infringido y la propuesta demedidas provisionales o definitivas que fuesen convenientes para la protección de la legalidad.
El acta será firmada por las personas presentes. Si alguna de ellas se negara a firmar, sedejará constancia de ello en el acta.
Una copia del acta se entregará a la persona interesada.
ARTÍCULO 40 Obligación de información y colaboración de las Administraciones Públicas y delas personas físicas o jurídicas.
Las Administraciones públicas, las personas físicas y las personas jurídicas, públicas oprivadas, están obligadas a proporcionar a la consejería con competencia en materia de vivienda los datos, informes, antecedentes y justificantes que les fuesen solicitados para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y en su normativa dedesarrollo.
Las empresas o entes distribuidores, comercializadores o suministradores de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y telefonía están obligadas a facilitar a la consejería concompetencia en materia de vivienda los datos y antecedentes con trascendencia para comprobar la ocupación de las viviendas que recabe ésta.
Las empresas, sociedades y agencias dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles oa la gestión de arrendamientos están obligados a proporcionar los datos relativos a las condiciones de la transmisión, o del alquiler de las viviendas protegidas.
Las Administraciones municipales aportarán los datos relativos al empadronamiento, laresidencia, al certificado de convivencia, o cualquier otro que resulte necesario para la investigación de presuntas infracciones, así como para la indagación del grado de ocupación de lasviviendas en los respectivos términos municipales.
La información requerida será facilitada en el plazo máximo de un mes desde su solicitud.
Los ocupantes de las viviendas tienen el deber de colaboración con las funciones de losinspectores de vivienda, facilitando el acceso a la misma cuando la naturaleza de los hechosinvestigados lo haga imprescindible, y se cumplan los requisitos procesales exigibles.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá solicitar, cuando seanecesaria, la colaboración de las Fuerzas y Agentes de Seguridad.
ARTÍCULO 41 Obligación de comparecencia.
Las Administraciones públicas y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas estánobligadas a comparecer para deponer en actuaciones que se tramiten en el órgano competenteen materia de vivienda en aplicación de la legislación de viviendas protegidas en calidad dedenunciante, denunciado, expedientado, perito o testigo.
ARTÍCULO 42 Protección de Datos de carácter personal.
La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debeefectuar al órgano competente en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en esta ley,no requerirá el consentimiento del afectado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
SECCIÓN 2ª Régimen sancionador Artículos 43 a 49
ARTÍCULO 43 Competencias y procedimiento.
En el ámbito de la presente ley la potestad sancionadora corresponde al Gobierno deCantabria, que la ejercerá a través de los siguientes órganos:
El director general competente por razón de la materia, para iniciar los procedimientossancionadores con independencia de la tipificación de los hechos y para imponer las sancionesque se deriven de infracciones leves y graves.
El Consejero competente por razón de la materia, para imponer las sanciones que sederiven de infracciones muy graves.
Cuando en el mismo procedimiento se contemplen diversas infracciones calificadas deforma distinta, el órgano competente para dictar resolución será el que la tenga para sancionarla más grave.
ARTÍCULO 44 Caducidad del procedimiento.
El vencimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento sancionador sin quese haya notificado su resolución determina la caducidad del mismo, que se declarará de oficio.
ARTÍCULO 45 Responsabilidad de las personas infractoras.
No se exigirá responsabilidad por la infracción tipificada en el artículo 52.d) cuando iniciadas o finalizadas las actuaciones el propietario ceda en usufructo la vivienda a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su integración en el parque público en alquiler, por un período no inferior a dos años, sin derecho a ninguna contraprestación. En este caso el propietario de la vivienda seguirá obligado al pago de los impuestos y gastos de comunidad inherentes a la misma, pero no al de los suministros. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria estará obligada a la formalización, a su cargo, de una póliza de seguro que cubra los desperfectos en la vivienda y sus anejos, así como los daños y deterioros que se puedan ocasionar en la misma durante el tiempo del usufructo.
Artículo 45, modificado por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 46 Reposición de la situación alterada.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador regulado en la presente ley serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición a suestado originario de la situación alterada.
Sin perjuicio de aplicar las sanciones procedentes, en las resoluciones de los procedimientos sancionadores podrá imponerse a los infractores la obligación de reintegrar a losadquirientes, arrendatarios o cesionarios de las viviendas las cantidades indebidamente percibidas, así como la realización de las obras de reparación y conservación que sean aplicables ylas necesarias para acomodar la edificación al proyecto aprobado.
ARTÍCULO 47 Concurrencia de infracciones.
Si de un mismo hecho derivan distintas infracciones cada una de ellas será objeto de lacorrespondiente sanción.
ARTÍCULO 48 Prescripción de las infracciones.
Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán por el transcurso de lossiguientes plazos: las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves alos cinco años.
Dicho plazo se contará desde el día en que fue cometida la infracción, y se interrumpirácon la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador al interesado.
Se entenderá cometida la infracción el día de finalización de la actividad, o el del últimoacto con el que la infracción esté plenamente consumada.
ARTÍCULO 49 Prescripción de las sanciones.
Las sanciones a que se refiere la presente ley prescribirán por el transcurso del plazo decuatro años desde que adquieran firmeza en vía administrativa.
La prescripción de las sanciones se interrumpirá en los términos previstos en la legislación básica estatal.
SECCIÓN 3ª Infracciones y sanciones en materia de vivienda protegida Artículos 50 a 56
ARTÍCULO 50 Concepto y clases de infracciones.
Son infracciones administrativas en materia de vivienda protegida las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley, sin perjuicio de las especificaciones que puedanefectuarse reglamentariamente, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente enmateria sancionadora.
ARTÍCULO 51 Infracciones leves.
La ocupación de las viviendas antes de su calificación definitiva.
El incumplimiento de la obligación de ocupar la vivienda en el plazo de seis meses a contar desde su adquisición en los términos establecidos por la presente ley.
El incumplimiento del deber de solicitar la autorización de desocupación temporal de lavivienda.
El incumplimiento del deber de presentar en el plazo establecido la declaración responsable del ejercicio de una profesión u oficio en la vivienda que sea compatible con su usoresidencial.
La formalización de contratos de suministros sin haber obtenido la calificación definitiva.
La omisión en las escrituras públicas, los contratos de compraventa, arrendamiento ocualesquiera otros documentos que formalicen la transmisión de la propiedad o del uso de lasviviendas protegidas de las cláusulas de contenido obligatorio.
No presentar las escrituras públicas, los contratos privados de compraventa, arrendamiento o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan la ocupación o uso de las viviendas protegidas en el órgano competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes desdesu celebración.
En las viviendas propiedad de las Administraciones públicas, el incumplimiento de laobligación de contratación y mantenimiento de un seguro cuando su contratación haya sidoestablecida por la administración.
La obstrucción por los ocupantes o titulares de la vivienda al desarrollo de las funcionesde inspección y control que practique la consejería con competencia en materia de viviendacuando éstas se lleven a cabo en la forma legalmente establecida.
La incomparecencia no justificada para deponer en actuaciones que se tramiten en laconsejería con competencias en materia de vivienda en aplicación de la legislación de viviendas protegidas en calidad de denunciante, expedientado, perito o testigo.
El incumplimiento de cualquier obligación impuesta por la presente ley y que no tenga lacalificación de infracción grave o muy grave.
Alterar, omitir u ocultar los datos y las declaraciones que han de aportar los promotoresy los particulares para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios y las condicionespersonales y familiares exigidos en los procedimientos establecidos en la presente ley.
El incumplimiento de las normas de publicidad de las viviendas protegidas establecidasen la presente ley.
La ocupación de viviendas protegidas sin autorización del órgano competente en materia de vivienda.
El incumplimiento de la obligación de destinar las viviendas protegidas a domicilio habitual y permanente en los términos establecidos por la presente ley.
El ejercicio de una profesión u oficio incompatible con el destino de la vivienda a usoresidencial o con incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos.
El subarriendo total o parcial de una vivienda protegida.
La percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas protegidas, que sobrepasen los precios y rentas máximas establecidasen la legislación aplicable.
La alteración no autorizada del régimen de uso de las viviendas protegidas establecidoen la calificación.
El incumplimiento de los requisitos exigibles para la concesión de la calificación definitivaque de lugar a la no obtención de la misma o a su rehabilitación por los adquirentes de lasviviendas.
La ejecución de obras después de obtenida la calificación definitiva que modifiquen el proyecto calificado administrativamente cuando no se ajuste a las ordenanzas técnicas y normasconstructivas que sean aplicables.
El acceso a las viviendas protegidas o la obtención indebida de la financiación para lapromoción o para adquisición de viviendas protegidas incumpliendo los requisitos y condiciones para su acceso.
La celebración de contratos privados de compraventa, arrendamiento o cualesquieraotros negocios jurídicos que permitan la ocupación o uso de las viviendas protegidas sin haberobtenido la previa autorización del órgano competente en materia de vivienda.
El incumplimiento de la obligación de otorgar escritura pública en el plazo máximo detres meses desde el requerimiento de cualquiera de las partes contratantes, una vez obtenidala calificación definitiva.
El incumplimiento de los deberes de comunicación establecidos en la presente ley queimpidan o dificulten el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
ñ) El incumplimiento de las obligaciones de información y colaboración establecidas en elartículo 40 de la presente ley.
ARTÍCULO 53 Infracciones muy graves.
La inexactitud en los documentos y certificados expedidos por los promotores o por ladirección facultativa de las obras.
La celebración de negocios jurídicos que tengan como consecuencia el cambio de titularidad de la calificación de viviendas protegidas sin haber obtenido la previa autorización delórgano competente en materia de vivienda.
El incumplimiento por los promotores de la obligación impuesta por la consejería concompetencia en materia de vivienda de ejecución de las obras necesarias para la reparaciónde los vicios o defectos de la construcción que se manifiesten en los cinco años siguientes a lacalificación definitiva.
La percepción por los promotores de viviendas protegidas durante el período de construcción de cantidades a cuenta del precio contraviniendo los requisitos establecidos por lapresente ley y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 54 Sanciones pecuniarias y su graduación.
Las infracciones leves con multa de 100 euros a 3.000 euros.
Las infracciones graves con multa de 3.001 euros a 15.000 euros.
Las infracciones muy graves con multa de 15.001 euros a 90.000 euros.
En la graduación de la sanción se tendrá especialmente en cuenta el daño producido, elenriquecimiento injusto obtenido, la existencia de intencionalidad o reiteración y la reincidencia por término de tres años en más de una infracción de la misma naturaleza cuando así hayasido declarada por resolución firme.
ARTÍCULO 55 Sanciones accesorias.
La imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves podrá darlugar en el mismo procedimiento, además de a las sanciones previstas en el artículo anterior,a la sanción de inhabilitación para participar en promociones de viviendas protegidas en laComunidad Autónoma de Cantabria durante el plazo máximo de tres años, para las infracciones graves y de cinco años para las muy graves. Si la inhabilitación recae sobre una personajurídica, podrán ser también inhabilitadas las personas físicas integrantes de sus órganos dedirección que hubieran autorizado o consentido la comisión de la infracción.
ARTÍCULO 56 Multas coercitivas.
Sin perjuicio de las posibles sanciones, se podrán imponer multas coercitivas para asegurar la eficacia de los actos administrativos frente al incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley.
El importe de las multas coercitivas será el del mínimo que la presente ley establecepara cada una de las infracciones en función de su calificación como leve, grave o muy grave,incrementándose en un 50 por ciento para la segunda multa coercitiva y en un 100 por cientopara la tercera y sucesivas.
Será competente para la imposición de multas coercitivas el titular de la dirección general competente en materia de vivienda.
CAPÍTULO VIII Emergencia habitacional Artículos 57 a 61
Capítulo VIII, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 57 Situaciones de emergencia Habitacional.
A los efectos de esta ley, se consideran en situación de emergencia habitacional las personas y unidades familiares que tengan su domicilio fiscal en Cantabria y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Sobreendeudadas de buena fe que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas y hayan sido lanzadas de su vivienda o se encuentran en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial.
Que estén habitando en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención.
Que hayan perdido su vivienda por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, tales como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente, o fenómenos naturales o metereológicos adversos.
La consideración en situación de emergencia habitacional exige que las personas o unidades familiares afectadas carezcan de otra vivienda en propiedad o que, teniéndola, no dispongan del uso y disfrute de ella.
Además de los supuestos previstos en el apartado 1, el Gobierno mediante Decreto podrá regular otras situaciones de emergencia habitacional.
Artículo 57, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 58 Fondo de Emergencia Habitacional.
La Comunidad Autónoma de Cantabria se dotará de un Fondo de Emergencia Habitacional con cargo a sus Presupuestos Generales con objeto de establecer mecanismos destinados a resolver las situaciones de emergencia habitacional que se pudieran producir en Cantabria.
Artículo 58, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 59 Medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional.
Para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional se establecerán medidas con cargo al Fondo de Emergencia Habitacional que podrán consistir en:
La creación, dotación y mantenimiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional de ámbito autonómico, destinada a intermediar en la búsqueda de soluciones para las familias en situación de emergencia habitacional.
La concesión de ayudas para personas, familias o unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional en Cantabria.
La promoción, adquisición, gestión y mantenimiento de las viviendas que integren el parque público de viviendas en alquiler.
Artículo 59, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 60 Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia de Habitacional será dependiente de la Consejería competente en materia de vivienda y se conforma como un servicio gratuito de información, asesoramiento y soporte a las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios o de la renta de alquiler que han perdido o están en riesgo de perder su vivienda habitual por este motivo, así como a las que se encuentren o se puedan encontrar en situación de emergencia habitacional.
Son objetivos de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional los siguientes:
Plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria.
Negociar medidas que faciliten que las personas afectadas puedan conservar la propiedad o el uso de la vivienda.
Evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago facilitando, en su caso, la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de la vivienda habitual y su arrendamiento al usuario mediante el pago de un alquiler social.
Orientar, asesorar y dar soporte en la tramitación de las ayudas previstas en el artículo siguiente.
Artículo 60, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 61 Ayudas en situación de emergencia habitacional.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá ayudas directas de carácter urgente para personas, familias o unidades de convivencia para paliar situaciones de emergencia habitacional que tendrán las siguientes características:
Las bases reguladoras de las subvenciones se establecerán mediante Orden aprobada por el Consejero competente en materia de vivienda.
Se concederán de forma directa.
El procedimiento para su concesión será el de tramitación de urgencia.
Serán compatibles con otras subvenciones o ayudas siempre que el importe total no supere el coste de la actividad subvencionada. Cuando la suma de todas las ayudas o subvenciones supere el coste de la actividad subvencionada, la ayuda de emergencia habitacional será complementaria y su importe se minorará hasta llegar al coste total de la actividad subvencionada.
Las bases reguladoras podrán exceptuar a los beneficiarios, del cumplimiento de las letras b), e), g) y h) del apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 61, añadido por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación que se califiquen a partir de la entrada en vigor de la presente ley, cuando los adquirentes sean unidades familiares cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, calculados y ponderados de acuerdo a lo establecido por la Disposición Adicional Duodécima y cumplan los requisitos para ser usuarios de las viviendas exigidos en el artículo 4, serán calificadas además del tipo «régimen especial» siempre que el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,5 veces el módulo básico autonómico y se adquieran para ser destinadas a domicilio habitual y permanente de sus propietarios.
Los anejos de las viviendas a las que se refiere el apartado anterior tendrán un precio máximo del 60 por ciento del precio máximo por metro cuadrado de superficie útil correspondiente a las viviendas.
Disposición Adicional Primera, modificada por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Se consideran adscritos a la consejería con competencias en materia de vivienda parael cumplimiento de los fines de la política de vivienda aquellas fincas del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria que integren el patrimonio regional del suelo y las viviendasprotegidas, locales de negocio y demás edificaciones complementarias protegidas, propiedadde la Comunidad Autónoma de Cantabria, respecto a las cuales ejercerá su administración,gestión y conservación.
La consejería con competencias en materia de vivienda llevará un inventario de losbienes que integren el patrimonio regional del suelo y de las viviendas protegidas, locales denegocio, edificaciones complementarias y otros inmuebles que tenga adscritos.
El inventario previsto en el apartado anterior se integrará en el inventario general de laAdministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Competencias en materia de vivienda protegiday patrimonio regional del suelo
Corresponde a la consejería con competencia en materia de vivienda, respecto a los bienesy derechos adscritos de acuerdo a la disposición adicional anterior, las competencias que lanormativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma atribuye, con carácter general, a la consejería competente en materia de patrimonio.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley dejarán de estar sometidas a los beneficiosy limitaciones de las viviendas de protección oficial las viviendas de protección oficial de promoción privada, siempre que no se encuentren situadas en terrenos obtenidos por expropiación forzosa, que estén acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto-ley 31/1978, de 31 deoctubre, que a partir de la fecha citada serán consideradas viviendas libres a todos los efectos.
La presente ley será de aplicación a los alojamientos protegidos en todo aquello que noresulte incompatible con la naturaleza de estos.
Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a la competencia en materia de vivienda la administración que otorgue laaprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del instrumento de planeamiento a la consejería competente en materia de vivienda, para su informevinculante.
El informe será notificado en el plazo de tres meses, transcurrido el cual sin haberserecibido se considerará favorable.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrá suscribir conveniosde colaboración con el Colegio Notarial de Cantabria con el fin de conseguir mayor seguridadjurídica, agilidad y rapidez en las transmisiones de viviendas protegidas, facilitando a los interesados que lo deseen la simplificación de los trámites administrativos.
Los convenios podrán establecer la forma telemática o técnica y los protocolos o procedimientos para que el notario, a solicitud del interesado solicite y obtenga del órgano competente en materia de vivienda, las autorizaciones necesarias para adquirir o transmitir viviendasprotegidas, información, certificados o informes acerca de las limitaciones a las que puedaestar sujeta la vivienda protegida o cumplimentar trámites necesarios para la transmisión dela vivienda protegida.
Asimismo, los convenios podrán establecer los protocolos y procedimientos para que elnotario, a solicitud del interesado, remita a la Administración de la Comunidad Autónoma deCantabria las copias electrónicas de las escrituras públicas de negocios jurídicos que tenganpor objeto una vivienda protegida.
En tanto el Gobierno dicte el acuerdo al que se refieren los artículos 7 y 8 de la presente ley,los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas que se califiquen provisionalmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley se fijará con arreglo a las siguientesreglas:
El precio máximo de venta de las viviendas protegidas es el resultado de multiplicar susuperficie útil por el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil es el resultado de multiplicar el módulo básico autonómico por el coeficiente de 1,6 y por el coeficiente multiplicadorque, en su caso, pudiera corresponder por ubicarse la vivienda en ámbitos territoriales deprecio superior.
El importe anual máximo de las rentas de las viviendas protegidas será el 5 por ciento del precio máximo de venta en la fecha de la formalización del contrato de arrendamiento.
Los elementos como anejos, garajes o traseros, tendrán un precio máximo por metrocuadrado de superficie útil del 60 por ciento del precio máximo de venta o renta que corresponda al metro cuadrado útil de vivienda.
El precio por metro cuadrado de superficie útil de venta y renta de las viviendas quehubiesen obtenido calificación provisional con anterioridad a la entrada en vigor de la presenteley permanecerá invariable hasta su calificación definitiva.
El precio máximo de venta y renta establecido en la calificación definitiva se mantendráinalterado hasta pasado un año desde su resolución de concesión.
El precio máximo de renta, una vez transcurrido el plazo de un año desde la resoluciónde concesión de la calificación definitiva, se actualizará de la siguiente forma:
El importe anual máximo de las rentas de las viviendas calificadas definitivamente deacuerdo a programas que no sean específicos de arrendamiento será del 5 por ciento del valormáximo de venta de la vivienda y sus anejos en el momento de la fecha de la formalizacióndel contrato de arrendamiento, excepto las viviendas de protección pública de régimen autonómico que será del 4 por ciento.
El importe anual máximo de las rentas de las viviendas calificadas definitivamente deacuerdo a programas específicos de arrendamiento será el establecido por la normativa específica de acuerdo a las que fueron calificadas.
El precio máximo de venta, una vez transcurrido el plazo de un año desde la resoluciónde la calificación definitiva, se actualizará de la siguiente forma:
El precio máximo por superficie útil de las viviendas antes denominadas de protecciónpública o protección oficial de régimen especial o de precio especial y las viviendas de promoción pública será el resultado de multiplicar el modulo básico autonómico por un coeficiente de1,5. Los anejos tendrán un precio máximo del 60 por ciento del precio por metro cuadrado desuperficie útil de las viviendas protegidas.
El precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas antes denominadas como de protección pública o protección oficial de régimen general o precio general seráel resultado de multiplicar el modulo básico autonómico por un coeficiente de 1,6. Los anejosvinculados tendrán un precio máximo del 60 por ciento del precio por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas.
El precio máximo por superficie útil de las viviendas antes denominadas como de protección pública de precio concertado y las viviendas de protección oficial de régimen concertado y el de las viviendas de protección pública de régimen autonómico de Cantabria, será elresultado de multiplicar el modulo básico autonómico por un coeficiente de 2,184. Los anejosvinculados tendrán un precio máximo del 60 por ciento del precio por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas.
El precio máximo de venta de las viviendas y anejos situados en ámbito territorial deprecio superior se podrá incrementar hasta el 15 por ciento. A estos efectos se mantienenvigentes las áreas territoriales de precio máximo superior existentes a la entrada en vigor dela presente ley.
Mediante acuerdo del Gobierno se podrán modificar los precios de venta y renta establecidos en la presente disposición.
En tanto el Gobierno determine el módulo básico aplicable, se fija su importe en 758 eurospor metro cuadrado de superficie útil.
A efectos de establecer los precios de segundas y posteriores transmisiones de viviendas yanejos los términos módulo, módulo ponderado, precio básico nacional y análogos se entenderán referidos al módulo básico autonómico.
En tanto el Gobierno no delimite los ámbitos territoriales a los que se refiere el artículo 8,a los efectos de determinar el precio máximo aplicable a las viviendas que obtengan calificación provisional a partir de la entrada en vigor de la ley, todos los municipios de la ComunidadAutónoma de Cantabria constituyen un único ámbito territorial, en el cual el precio máximo seincrementa un 15 por ciento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA Requisitos económicosde los usuarios de las viviendas protegidas
Se partirá de la cuantía de la base imponible general y de ahorro, obtenida de acuerdo ala normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondiente ala declaración presentada por cada uno de los miembros de la unidad familiar correspondienteal último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la adquisición de la vivienda.
La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante elperiodo al que se refieran los ingresos evaluados.
El número de veces el IPREM obtenido conforme a las reglas anteriores se ponderará deacuerdo a los siguientes coeficientes en función del número de miembros de la unidad familiar:
Sólo podrán ser usuarios de los viviendas protegidas del tipo "régimen especial" las personas físicas cuyos ingresos familiares no superen 2,5 veces el IPREM calculado conforme a lasreglas del apartado anterior y ponderado de acuerdo a los siguientes coeficientes:
Se consideran colectivos preferentes a efectos del acceso a las viviendas protegidas lasvíctimas del terrorismo, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las personas que por circunstancias sobrevenidas han visto reducidos sensiblemente sus ingresos y como consecuencia de ello han perdidosu vivienda en un procedimiento hipotecario, judicial o extrajudicial. Cuando forme parte dela unidad familiar alguna persona que pertenezca a algún colectivo preferente contará doble alos efectos de determinar el número de miembros de la unidad familiar.
El Gobierno, mediante decreto, podrá establecer otros requisitos económicos y modificarlos niveles de ingresos y los coeficientes señalados en los apartados anteriores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA Preferencia en los procedimientos de adjudicaciónde viviendas de promoción pública entregadas mediante contratos de compraventa con pagoaplazado
Excepcionalmente, no será necesaria la tramitación del procedimiento de selección deadjudicatarios de viviendas protegidas previsto en el artículo 20.2 de la presente Ley en elcaso de unidades familiares que, en virtud de acuerdo privado con los adjudicatarios de unavivienda protegida de promoción pública entregada originalmente mediante contrato de compraventa con pago aplazado, vengan residiendo en lugar de dichos adjudicatarios de manerapacífica e ininterrumpida. Estas unidades familiares tendrán derecho preferente a optar, previoexpediente de resolución el contrato de compraventa con sus iniciales adjudicatarios, a la adquisición de estas viviendas, bajo la condición de que se subroguen en la obligación de abonarel precio que conste pendiente de pago según el contrato de compraventa inicial.
Serán requisitos imprescindibles para que los poseedores de estas viviendas puedan acogerse a lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición adicional, que hayan resididode forma habitual y permanente en la vivienda; que lo hayan hecho de forma ininterrumpida,al menos, desde el 30 de diciembre de 2014; y que hayan cumplido de forma acreditada antela Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria con las obligaciones económicas yformales que la regulación de las viviendas de promoción pública atribuye a los adjudicatarios.
Disposición adicional decimotercera, añadida por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
Durante cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los propietariosde las viviendas, que hayan obtenido calificación definitiva con anterioridad a la entrada envigor de la presente ley y que hayan sido clasificadas como régimen especial para venta, podrán transmitirlas a personas físicas cuyos ingresos familiares no superen 3,5 veces el IPREMcalculados de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional decimosegunda apartado 1.
Durante cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los propietariosde las viviendas, que hayan obtenido calificación definitiva con anterioridad a la entrada envigor de la presente ley y que hayan sido calificadas para venta como régimen general podrántransmitirlas a personas físicas propietarias de otra vivienda.
Los promotores, las sociedades de gestión de activos y las entidades con ánimo de lucro que deseen acogerse a los incentivos establecidos en esta disposición podrán optar entreminorar el precio de venta de las viviendas y anejos en un porcentaje de al menos el 10 porciento del precio máximo legal o el reintegro de las subvenciones autonómicas otorgadas parala promoción de las viviendas.
Los propietarios de las viviendas, promotores, las sociedades de gestión de activos y lasentidades con ánimo de lucro que se acojan al presente incentivo están obligados al previoreintegro de las subvenciones percibidas cuya financiación haya sido efectuada por la Administración del Estado a través de los mecanismos legalmente previstos en los distintos Planes deVivienda, conforme al régimen jurídico previsto en ellos.
Las viviendas a las que se refiere esta disposición seguirán sometidas al régimen jurídicode viviendas protegidas, y en todo caso, deberán ser destinadas a domicilio habitual y permanente de sus propietarios o usuarios.
Disposición Transitoria Primera, apartados 1 y 2, modificados por la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas.
En los municipios cuyo planeamiento urbanístico a la entrada en vigor de la presente ley establezca algún régimen anterior de viviendas protegidas, el Ayuntamiento podrá optar entre:
Asimilar los tipos de viviendas protegidas previstas en el planeamiento urbanístico al de viviendas protegidas de la presente ley, en cuyo caso se aplicará a esas viviendas el régimen jurídico previsto en la misma.
Mantener las condiciones de desarrollo establecidas en el planeamiento urbanístico con arreglo a los tipos de vivienda previstos en el mismo.
En el caso de que el Ayuntamiento opte por lo previsto en el párrafo a) anterior, deberá establecer los nuevos coeficientes de ponderación en todos los sectores que contengan la obligatoriedad de realizar viviendas protegidas, siempre que no tengan aprobados definitivamente los instrumentos de equidistribución necesarios para su desarrollo.
En el caso de no realizar la opción prevista en el párrafo a) del apartado 1 anterior, el régimen jurídico aplicable a las viviendas protegidas que se promuevan será el previsto en la presente ley, excepto en lo que se refiere al precio máximo de venta de las viviendas de cada uno de los regímenes y a los ingresos familiares de los adquirentes de viviendas, que será el señalado en la normativa reguladora de los distintos regímenes vigentes en el momento de la aprobación del planeamiento urbanístico, salvo los ingresos familiares de los adquirentes de viviendas de régimen especial que no podrán exceder de 2,5 veces el IPREM.
Cuando de conformidad con el apartado 1.b) el planeamiento mantenga las condiciones de desarrollo, la Consejería competente en materia de vivienda calificará las viviendas como viviendas protegidas del tipo que corresponda, motivándolo con base en esta disposición. En este caso se hará constar en la calificación provisional y en la calificación definitiva que el otorgamiento de la calificación lo es a los solos efectos de determinar el tipo de viviendas protegidas y que en ningún caso genera derecho a solicitar las subvenciones que pudieron estar establecidas en las normas del Plan que regulaba dicho tipo de viviendas.
Disposición Transitoria Segunda, modificada por la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
En tanto el Gobierno no determine el valor de los terrenos en la promoción de viviendasprotegidas, serán de aplicación las siguientes reglas: a) El valor de los terrenos acogidos al ámbito de protección, sumado al importe total de lasobras de urbanización, no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicarel precio máximo de venta del metro cuadrado de superficie útil, en el momento de la calificación provisional, por la superficie útil de las viviendas y demás elementos protegidos. b) Cuando existan locales comerciales y, en su caso, anejos no vinculados, la cifra obtenidaen el apartado anterior podrá incrementarse con el importe que resulte de multiplicar por dosel precio máximo de venta por metro cuadrado de las viviendas protegidas multiplicado porlos metros cuadrados de la superficie útil de los referidos locales comerciales y anejos no vinculados. c) Cuando el adquirente de los terrenos sea una administración pública o una empresaperteneciente al sector público institucional participada íntegramente por una administración pública, el valor de los terrenos, sumado al importe total de las obras de urbanización, podráexceder el porcentaje del 15 por ciento de las cifras señaladas en los apartados anteriores,previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de vivienda.
Disposición transitoria tercera, modificada por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Efectos del régimen jurídico establecidopor la presente ley
El régimen de descalificación previsto en el artículo 16, las normas sobre acceso a las viviendas protegidas del capítulo IV, las normas que regulan las prerrogativas sobre las viviendas protegidas propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria del capítulo VI y las normassobre inspección y régimen sancionador del capítulo VII son de aplicación a todas las viviendasprotegidas, cualquiera que sea su denominación y la fecha de su calificación.
Queda derogado el Decreto 34/1998, de 17 de abril, de actividad patrimonial en materia depromoción pública de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.
Se autoriza al Gobierno para que teniendo en cuenta la legislación estatal de aplicación yen ejercicio de la competencia exclusiva en materia de vivienda, regule mediante decreto lascondiciones de diseño y habitabilidad de las viviendas libres y protegidas de la ComunidadAutónoma de Cantabria.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía deCantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria la competencia exclusiva en materia de vivienda
Palacio del Gobierno de Cantabria, 26 de diciembre de 2014.
104/2016 FORU AGINDUA, apirilaren 1ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, araubide orokorra ezartzen duena nekazaritza, ingurumen eta klimaren laguntzak (10. neurria) eta nekazaritza ekologikoarena (11. neurria) eman, kudeatu eta kontrolatzeko Nafarroako Foru Komunitatean. Laguntza horiek Nafarroako Foru Komunitateko Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean daude.

References: artículo 24
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARtículo 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

Artículo 3

ARTÍCULO 4

Artículo 4

ARTÍCULO 5
 artículo 3

ARTÍCULO 6
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Artículo 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

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ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12
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ARTÍCULO 13
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ARTÍCULO 16
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Artículo 16

ARTÍCULO 17

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ARTÍCULO 34

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ARTÍCULO 36
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Artículo 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

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