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Timestamp: 2020-02-24 11:13:25+00:00

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Sentencia nº 21 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-05-2019 - Jurisprudencia - VLEX 825476053
Sentencia nº 21 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-05-2019
Consecuencia de la subversión del proceso en los administrados.
304860-21-15519-2019-2018-000024.html
Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ Expediente Nº AA10-L-2018-000024
Mediante oficio signado con el N° 0.232 de fecha 17 de enero de 2018 dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, se recibió en la Sala Plena del Máximo Tribunal el expediente contentivo de la solicitud de adopción a favor de la niña cuya identidad de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se omite, presentada por el INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES (IDENNA) y los ciudadanos CÉSAR KAAWAN KABBAN y JOSEFINA KARACHI ASSAFO, titulares de la cédula de identidad números V-10.845.482 y V-12.198.986 respectivamente.
Dicha remisión, se hizo a la Sala Plena a los fines de dirimir el conflicto de competencia surgido entre el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
En fecha 7 de junio de 2018 el Presidente del Alto Tribunal designó ponente al Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, a los fines del pronunciamiento correspondiente.
En fecha 27 de marzo de 2017 el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, se declaró incompetente por el territorio para tramitar la solicitud de adopción planteada a favor de la niña cuya identidad de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se omite, sobre la base de lo siguiente:
“…declara de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia para conocer la presente demanda de Régimen de Adopción, en razón del territorio, debido a que el solicitante ha señalado expresamente que el domicilio de la niña de marras se encuentra en el estado Lara. A tal efecto se señala como competente para conocer el asunto que nos ocupa al Juez del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y de Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara…”. (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 4 de de diciembre de 2017, declaró la falta de competencia funcional, planteó el conflicto de no conocer y, remitió el expediente a la Sala Plena, con fundamento en lo siguiente:
“…SEGUNDO: Entonces, la entrega directa a un tercero da lugar, a la instauración de una colocación familiar cuyos receptores podrían ser considerados en primer lugar para que se les coloque bajo sus cuidados y atenciones al infante, previo cumplimiento de estar inscritos en el programa de Colocación Familiar (…).
Habida cuenta de lo anterior, por cuanto la entrega de un niño a un tercero da lugar al trámite del procedimiento de colocación, éste es excluyente del trámite de adopción, es por ello y considerando que los solicitantes CÉSAR KAAWAN KABBAN y JOSEFINA KARACHI ASSAFO, ya identificados, están inscritos en el programa de adopción, el cual es excluyente del programa de colocación familiar no podrán optar por el referido trámite, por interpretación de la norma del artículo 400 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
De los argumentos anteriormente esgrimidos esta Juzgadora infiere que el trámite de la presente causa de adopción le correspondió al Juez Natural, es función que corresponde única y exclusivamente al tribunal que empezó a conocer dicha causa, asimismo la ejecución de los mismos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil se ordena remitir el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a fin de su distribución a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y que sea regulada la competencia en el presente asunto…”. (Resaltado del texto).
II DE LAS INCOMPETENCIAS Y DECLINATORIA DE COMPETENCIA DECLARADAS
De lo anteriormente expuesto, resulta claro que el conflicto de no conocer sometido a consideración de la Sala Plena se suscitó entre dos tribunales que tienen atribuida la competencia en la materia especial de protección de niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos territoriales, pues –se repite- se encuentran involucrados el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre la regulación oficiosa de la competencia planteada entre los precitados juzgados con competencia en la materia especial de protección de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, en cuanto al procedimiento de regulación de competencia, el mismo puede generarse como consecuencia de un conflicto de competencia surgido entre distintos Tribunales, o a solicitud de una de las partes ante el juez que se haya pronunciado sobre la competencia.
Así las cosas, como lo ha señalado reiteradamente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, cuando un tribunal declare su incompetencia por razón de la materia o del territorio y además, el tribunal al cual haya remitido las actuaciones para que le supla, se declare igualmente incompetente, lo único procedente en tales hipótesis es que el último de los referidos tribunales solicite de oficio la regulación de competencia.
Artículo 71.- La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior…” (Negrillas y subrayado de la Sala).
Del texto de los artículos antes transcritos se desprende, que en caso de que un juez se declare incompetente por la materia o por el territorio para conocer la demanda propuesta y luego remita a otro juez que declare igualmente su incompetencia, corresponderá entonces a la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, tomar la decisión sobre cuál tribunal resultará competente para conocer el caso concreto, salvo que los tribunales en conflicto tengan un juzgado superior común a ambos por la materia en la misma circunscripción judicial, supuesto en el cual le corresponderá a ese juzgado superior, conocer y dirimir el conflicto de competencia planteado, tal como lo indica el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito.
El referido artículo 71 del Código de Procedimiento Civil es claro al atribuirle a este Supremo Tribunal la competencia para conocer de las regulaciones planteadas, en situaciones como la descrita, es decir, aquellas en las cuales no exista un juzgado superior común a los tribunales en conflicto; no obstante, la norma no establece cuál de las Salas que lo integran es la llamada a resolverlas. En este sentido, se observa que, en materia de regulación de competencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 24, numeral 3, establece que:
‘Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos’.
Sobre el particular, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 53, de fecha 13 de julio de 2016 estableció lo siguiente:
“…Asimismo, es preciso señalar que la atribución de competencia a esta Sala Plena para dirimir conflictos de competencia que se produzcan entre órganos jurisdiccionales del país, se encuentra dispuesta en el artículo 24, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, de la cual se ordenó su reimpresión mediante Gaceta Oficial Nº 39.522, de fecha 1 de octubre de 2010, y que establece, textualmente, lo siguiente:
Ahora bien, del análisis del presente expediente se desprende, que el conflicto negativo de competencia bajo análisis, se ha planteado inicialmente entre el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Al ser dos tribunales en conflicto con competencia en lo civil, de la misma circunscripción judicial, luego de esta segunda declaratoria de incompetencia lo que procesalmente proseguía, era plantear oficiosamente la regulación de competencia y enviar el expediente a un Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial para que decidiese dicho recurso oficioso. En vez de ello, se envió, el expediente en franca violación del debido proceso de rango Constitucional y el derecho al juez natural al Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.
En tal sentido, esta Sala Plena debe resaltar la subversión procesal generada por el Juez Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual al proferir la segunda declinatoria de competencia, en vez de enviarlo al Juzgado Superior común a ambos Tribunales para que resolviera, lo envió a un tercer Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo, por considerarlo competente. (Subrayados y negrillas de la Sala).
Así las cosas, la Carta Política de 1999, al regular las competencias del Máximo Tribunal, específicamente en su artículo 266.7, estableció:
De igual forma, para esta Sala Plena la regulación oficiosa de la competencia, resulta de trascendental importancia, pues viene a dar cumplimiento a una garantía constitucional, de 1999, específicamente en lo relativo al debido proceso, cuando en su artículo 49.3 y 4, señala:
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales…” (Resaltado de la Sala).
La tutela jurisdiccional sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de las garantías que hagan posible la garantía del juez natural, bajo el principio constitucional del “Juez Predeterminado”, establecido en el artículo 6 del Convenio de Roma y en el Pacto de Nueva York de 1966, sobre derechos civiles y políticos (artículo 14), que desarrolla, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por norma jurídica; en segundo lugar, que esté investido de jurisdicción y competencia, correspondiéndole conocer de la pretensión que deduzca el actor, para que siga el andamiaje ordinario del proceso hasta su terminación y, por último, que la composición del tribunal está determinada por la ley.
En el sub iudice, a tenor de lo previsto en las normas jurídicas y la jurisprudencia supra citadas, resulta concluyente afirmar que la Sala Plena es incompetente para conocer la regulación oficiosa de la competencia planteada entre los precitados juzgados, pues como ya se dijo, ambos tribunales tienen competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, por lo que es evidente que el segundo juzgado que declaró su incompetencia (Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara), erró en el trámite legalmente previsto para regular situaciones como la planteada, toda vez que existe una Sala con competencia afín a la de ambos tribunales, supra identificados, cual es, la Sala de Casación Social; por lo que dicho tribunal de instancia debió remitir las actuaciones a dicha Sala de Casación.
Sobre la base de lo expuesto, es evidente que el segundo juzgado que declaró su incompetencia (Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara), erró en el trámite legalmente previsto para regular situaciones como la planteada, toda vez que existe una Sala con competencia afín a la de ambos tribunales, supra identificados, cual es, la Sala de Casación Social; por lo que dicho tribunal de primera instancia debió remitir las actuaciones a dicha Sala de Casación.
Es propicia la oportunidad, para señalar que tal situación de subversión procesal, genera degastes inútiles de la jurisdicción y, en consecuencia, retardo procesal que va en detrimento de los principios del debido proceso y de la justicia expedita, lo que hace que sean decisiones írritas que, lejos de resolver de manera eficaz y célere los asuntos que le son sometidos a su consideración causan daño a la jurisdicción y a los justiciables.
1.- Que NO ES COMPETENTE para resolver la regulación oficiosa de competencia surgida entre el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
2.- Que el órgano jurisdiccional competente para resolver el conflicto de competencia planteado es la SALA DE CASACIÓN SOCIAL. En consecuencia, se ordena la remisión del expediente a dicha Sala.
Publíquese, regístrese y comuníquese, remítase copia certificada de la decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los once días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO FANNY MÁRQUEZ CORDERO
sala penal del tribunal supremo de justicia

References: artículo 65
 artículo 65
 artículo 60
 artículo 400
 artículo 70

Artículo 71
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 266
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 75