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Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. TÍTULO III. DE LA TESORERÍA Y DE LOS AVALES (Vigente hasta el 15 de Abril de 2012).
Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Vigente hasta el 15 de Abril de 2012).
Vigencia desde 29 de Junio de 2005. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2012 hasta 15 de Abril de 2012
TÍTULO IIIDE LA TESORERÍA Y DE LOS AVALES
CAPÍTULO IDE LA TESORERÍA
Tesorería de la Comunidad Autónoma 1. Constituyen la Tesorería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas.
Funciones de la Tesorería General Son funciones encomendadas a la Tesorería General, como órgano directivo competente en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma, las siguientes:
a) Recaudar los derechos de la Comunidad Autónoma, pagar sus obligaciones y custodiar sus fondos.
e) Realizar las demás funciones que se decidan o se relacionen con las anteriormente enumeradas.
f) Asumir las relaciones con los organismos competentes de la Administración del Estado, referidas al ámbito monetario de las transferencias de dotaciones de los servicios transferidos.
Servicio de caja 1. La Tesorería General podrá situar sus fondos en el Banco de España y en las entidades de crédito legalmente autorizadas para operar en España.
Situación de los fondos 1. Todos los fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas se situarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma y podrán estar contablemente diferenciados entre sí.
Los fondos de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma podrán estar situados en la Tesorería de la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, el cual asimismo determinará las condiciones de gestión de los citados fondos. En las mismas condiciones también podrán situarse en la Tesorería de la Comunidad Autónoma aquellos fondos que, en particular y de manera expresa, soliciten las empresas públicas u otras entidades.
Los fondos a que se refiere el párrafo anterior no formarán parte de las disponibilidades de la Tesorería de la Comunidad Autónoma por operaciones presupuestarias, y se contabilizarán en cuentas extrapresupuestarias en las condiciones que se determinen por el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se considere conveniente por razón de las operaciones o del lugar en que éstas deban efectuarse, las empresas públicas podrán abrir cuentas en cualquiera de las entidades de crédito legalmente autorizadas para operar en España de acuerdo con la legislación aplicable, previa autorización de la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
Véase O [BALEARES] 8 noviembre 2005, por la que se establecen normas para la gestión de la tesorería de las entidades autónomas y empresas públicas dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 10 noviembre).
Instrumentos de pago e ingreso 1. Los ingresos a favor de la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma y en las entidades de crédito colaboradoras o autorizadas para ello, mediante efectivo, giros, transferencias, cheques o cualquier otro instrumento de pago, bancario o no, reglamentariamente establecido.
2. La Tesorería General podrá, asimismo, pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de dar preferencia al sistema de pago mediante transferencia en las cuentas abiertas en las entidades de crédito para los respectivos perceptores.
Régimen general 1. Las garantías constituidas por la Comunidad Autónoma deberán revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería, que será autorizado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
2. Los avales prestados a cargo de la Tesorería de la Comunidad Autónoma devengarán a favor de la misma la comisión que para cada operación determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
3. Los avales deberán documentarse en la forma que reglamentariamente se determine y serán firmados por el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
4. La Tesorería de la Comunidad Autónoma responderá de las obligaciones garantizadas y, en su caso, de los intereses correspondientes, sólo cuando se acredite el incumplimiento voluntario por parte de su deudor principal. Asimismo, sólo podrá renunciarse al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830 del Código Civil cuando el beneficiario del aval sea una Corporación local, una entidad autónoma o empresa pública dependiente de la Comunidad Autónoma, una fundación del sector público autonómico, o un consorcio sometido al ordenamiento autonómico.
Operaciones susceptibles de ser avaladas 1. La Comunidad Autónoma podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las entidades crediticias legalmente establecidas a las Corporaciones locales, a las entidades autónomas y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, a las fundaciones del sector público autonómico, o a los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico. El aval podrá extenderse al importe total de la operación de crédito o limitarse a una parte de dicha operación teniendo en cuenta, especialmente, el grado de participación de la Comunidad Autónoma en la entidad avalada. Asimismo, la Comunidad Autónoma podrá prestar un segundo aval sobre los avales concedidos por sociedades de garantía recíproca a favor de empresas privadas o grupos de empresas, cuando tales empresas sean socios-partícipes de aquellas sociedades y, además, se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los créditos a avalar tengan como única finalidad financiar operaciones de reconversión, reestructuración o creación de empresas.
b) Que un plan de viabilidad demuestre, a juicio del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, las posibilidades de la inversión.
2. La Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios de reafianzamiento con sociedades de garantía recíproca los socios partícipes de las que sean pequeñas y medianas empresas que realicen la actividad principal y estén domiciliadas en el territorio de las Islas Baleares. El Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, establecerá reglamentariamente las condiciones de estos convenios, cuya eficacia quedará condicionada a la existencia y la suficiencia de los créditos que, en su caso, sean necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones que se deriven. En todo caso, la cuantía reafianzada no podrá exceder, individualmente, el 75% de la garantía concedida por la sociedad de garantía recíproca para cada operación, ni tampoco, en conjunto, el 2% de la cifra total de los créditos iniciales para gastos de los presupuestos de cada año, sin que la cuantía mencionada compute a efectos del importe total de los avales a que se refiere el artículo 76 siguiente.
Apartado 2 del artículo 75 redactado por la disposición final primera del D Ley [BALEARES] 5/2011, 29 agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares («B.O.I.B.» 30 agosto).Vigencia: 31 agosto 2011
A partir de: 15 abril 2012
Apartado 2 del artículo 75 del Decreto Legislativo 1/2005, 24 junio, redactado por la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 2/2012, 4 abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa («B.O.I.B.» 14 abril).
Importe máximo La Ley de Presupuestos Generales fijará el importe total de los avales que haya de prestar en cada ejercicio la Comunidad Autónoma, directamente o a través de sus entidades o empresas públicas, así como el límite máximo que, con respecto al importe total autorizado, pueda alcanzar individualmente cada aval.
Normas procedimentales 1. La Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos tramitará el correspondiente expediente para acordar la procedencia del aval. La autorización corresponderá al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos o al órgano en quien expresamente delegue.
2. La Intervención General controlará mediante procedimientos de auditoría las actuaciones financiadas con créditos avalados por la Comunidad Autónoma.
3. Sin perjuicio de la información que, con carácter periódico y a tenor de los preceptos de esta Ley, deba remitirse al Parlamento, esta institución será inmediatamente informada de aquellos avales que, por concurso de la empresa avalada, deba responder la Comunidad Autónoma o sus entidades autónomas o empresas públicas.
Concesión de avales por entidades autónomas Las entidades autónomas, con el informe favorable de la consejería de adscripción y con la autorización previa del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, pueden prestar avales dentro del límite máximo que fije a tal efecto la Ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para cada ejercicio. En todo caso, tendrán que dar cuenta a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos de cada uno de los avales que concedan.
Asimismo, la Administración de la comunidad autónoma puede conceder un segundo aval sobre los avales que, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, concedan las entidades autónomas. En estos casos, y a los efectos del importe máximo que se fije en la Ley de presupuestos generales en los términos previstos en el artículo 76 de la presente ley, sólo ha de computarse el aval concedido por la entidad autónoma.
Artículo 78 redactado por el número 3 de la disposición final segunda de la Ley [BALEARES] 9/2008, 19 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2009 («B.O.I.B.» 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2009

References: artículo 1830
 artículo 76
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 76

Artículo 78