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Timestamp: 2020-03-29 04:54:59+00:00

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﻿ Sentencia SL15271-2014 de octubre 29 de 2014
SENTENCIA SL15271-2014 DE 29 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:LA INDEXACIÓN PROCEDE SOBRE PENSIONES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA ES UN FENÓMENO QUE PUEDE AFECTAR A TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES POR IGUAL. EN ESE CONTEXTO, EXISTEN FUNDAMENTOS NORMATIVOS VÁLIDOS Y SUFICIENTES PARA DISPONER UN REMEDIO COMO LA INDEXACIÓN A PENSIONES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, POR LO QUE SE HA RECONOCIDO QUE DICHAS PENSIONES PRODUCEN EFECTOS EN VIGENCIA DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. ADEMÁS, EL DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL NO PUEDE SER RECONOCIDO EXCLUSIVAMENTE A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE PENSIONADOS, PORQUE UN TRATO DIFERENCIADO DE ESTA NATURALEZA SERÍA DISCRIMINATORIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, INDEXACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, FÓRMULA PARA LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Sentencia SL15271-2014 de octubre 29 de 2014
Rad.: 47131
SL15271-2014
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, pretende el recurrente que se case parcialmente la sentencia del ad quem,
(…) en cuanto en el ordenamiento segundo confirmó la primer grado, en las condenas diferentes a los intereses de mora, o sea en cuanto condenó al BCH a indexar la primera mesada pensional de los demandantes, a continuar cancelando los reajustes pensionales que se causen a futuro, a pagar las diferencias entre lo liquidado por el juzgado y lo cancelado a cada demandante y en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de prescripción; para que en sede de instancia revoque la del a quo en lo los (sic) ordenamientos primero a cuarto y por tanto absuelva totalmente a ni representada de las pretensiones de la demanda.
De manera subsidiaria pretende se case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto en el ordenamiento segundo confirmó la de primer grado en la condena diferentes a los intereses de mora, relacionado con la fórmula para establecer cada uno de los valores indexados, para que en sede de instancia modifique el ordenamiento primero de la sentencia del a quo, en el sentido de condenar a la demandada a indexar la primera mesada pensional aplicando la fórmula de indexación expuesta en sentencia CSJ SL, 20 nov. 2000, rad. 13336.
Como subsidiaria segunda solicitó también la casación parcial de la sentencia del ad quem, en lo referente a la indexación de la mesada pensional del actor Jaime Acevedo, para que en sede de instancia se modifique la sentencia del a quo en lo que respecta a la indexación del mismo demandante, y a continuación se aplique en forma correcta la fórmula de indexación del tribunal.
Con ese propósito formuló tres cargos que no fueron replicados por la parte demandante, los cuales se estudiarán por separados y en el mismo orden en que fueron esbozados, pues a pesar de que acusó de violación directa, en la modalidad de interpretación errónea, el mismo conjunto normativo, sus propósitos son disímiles, ya que el primero persigue derrotar totalmente la indexación de la primera mesada pensional, el segundo cambiar la fórmula de indexación que utilizó el tribunal y con ello alcanzar una disminución del valor de la primera mesada pensional, y el tercero disminuir el valor de la primera mesada pensional exclusivamente de uno de los demandantes.
Acusó la sentencia impugnada de violar en forma directa, en la modalidad de interpretación errónea, los “artículos 36 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, 48, 53 y 230 superior; 8º de la Ley 153 de 1987, 16 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 14 y 21 de la Ley 100/93, 1º de la Ley 4/76, 2º y 8º de la Ley 10/72, 1 de la ley 71/88, 1 y 4 del Decreto 1160/89, 1536 del Código Civil y a la infracción directa del artículo 1º del acto legislativo número 1 de 2005”.
Atacó la sentencia manifestando que es evidente que la posición jurisprudencial de esta Corte “coloca a las entidades obligadas a pagar pensiones en una situación de imposibilidad física y jurídica de contar con reservas para unas condenas que no pudieron preverse, porque el artículo 1º de la Ley 33/91 no las concibió, por la potísima razón que el mecanismo de reajuste que se está ordenando por los juzgadores como en el caso que nos ocupa, no es propio de un sistema de pensiones otorgadas por los empleadores”.
Manifestó que lo que “no se puede desconocer es que para aplicar la fórmula contenida en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100/93, era necesario que esa pensión fuera asumida por el sistema general de pensiones, dado que lo que se estaba facilitando era el ingreso a ese sistema, vale decir, esa fórmula no se previó para los casos en que la pensión la seguía asumiendo el empleador como en el caso bajo estudio”. Añadió que el caso concreto no se regula por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que no podía el tribunal tenerla en cuenta, y al hacerlo incurrió en el yerro enrostrado, al considerar que dicha norma disponía la actualización de la base de liquidación, también para los casos en que el obligado a la pensión era el empleador, “no obstante no darse el requisito de estar devengando durante un lapso inferior a 10 años al momento de adquirir el derecho a la pensión”, y afianza indicando que la Ley 33 de 1985 no ordena indexación alguna sino tener en cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicios.
Explicó que la indexación no tiene carácter general, sino que se aplica exclusivamente para los eventos de retardo en el pago de obligaciones; y cierra indicando que el espíritu del Acto Legislativo 1 de 2005 involucra dos nuevos criterios, el de la equidad y la sostenibilidad del sistema, por lo que hace un llamado a la Corte para que cambie el criterio mayoritario proclive a la indexación y vuelva a los razonamientos expresados en la Sentencia CSJ SL, 18 ago. 1999, rad. 11818.
El problema jurídico que se dibuja es este primer cargo orbita alrededor de si hay o no lugar a indexar el ingreso base de liquidación para determinar el valor de la primera pensional de los demandantes, teniendo en cuenta que se trata de una pensión de jubilación concedida en los términos de la Ley 33 de 1985, y a cargo del empleador demandado, cuyo reconocimiento se hizo efectivo en los años 1995 y 1997, cuando los demandantes cumplieron la edad mínima de pensión, después de retirarse del servicio entre 1978 y 1991.
Sobre el particular se pronunció la Sentencia CSJ SL736-2013, 16 oct. 2013, RAD. 47709, que incluyó el desarrollo del pensamiento de esta Corte en materia de indexación, en los siguientes términos:
Sobre el punto esta Sala de la Corte siempre ha tenido una preocupación especial por contar con un fundamento normativo que respalde la indexación de las pensiones, en aras de no legitimar procedimientos que puedan representar cargas ilegítimas para los empleadores o para las entidades pagadoras de las prestaciones. Por tales razones, ha tenido varias posiciones frente al tema, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
1. Desde la sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087, se unificó la jurisprudencia desarrollada hasta ese entonces por las antiguas secciones Primera y Segunda de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se concluyó básicamente: i) que la inflación generaba un fenómeno social problemático, en tanto ocasionaba pérdida del poder adquisitivo de la moneda; ii) que ante tal panorama debían adoptarse correctivos tales como la indexación, en aras de restaurar el equilibrio económico; iii) y que esas medidas encontraban su fundamento en principios generales del derecho como la “equidad” y la “justicia”, así como en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que “(…) ello no implica reconocer facultades judiciales extraordinarias que transformen al juez en legislador y que el principio de la equidad sea utilizado como excusa para apartarse del derecho positivo vigente, [pues] resulta importante no perder de vista los objetivos de la propia ley”. Ver también la sentencia del 31 de julio de 1991, Rad. 4180, entre otras.
Específicamente, en torno a las pensiones de jubilación, esta corporación, en sentencia del 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, explicó que era procedente la actualización del salario que servía de base para calcular el monto inicial de la mesada, teniendo en cuenta principios como la “justicia” y la “equidad”, así como el hecho notorio de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del trabajador, por el tiempo que transcurriese entre su retiro del servicio y el reconocimiento efectivo de la pensión. Descartó, de paso, que con dicho procedimiento se diera un incremento injustificado de las obligaciones a cargo del empleador; que ello implicara una sanción o una indemnización; o que se desconociera la autonomía de la voluntad de las partes que acordaran beneficios pensionales, pues, indicó, lo único que se intentaba resguardar era el ingreso real del trabajador ante fenómenos inflacionarios que lo impactaban.
Dijo esta corporación en esa oportunidad:
“Ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de reconocer la aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para ello razones de justicia y equidad o porque se produce el retardo en el cumplimiento de una obligación. Pero también, con un criterio más general, antes de la unificación de la Sala Laboral, la Sección Primera admitió la indexación de la primera mesada pensional en dos asuntos referentes a sendas pensiones proporcionales de jubilación.
“Pero es cierto también que el reconocimiento que ha hecho la Sala de la teoría de la revaluación judicial o indexación de los derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago en la cantidad en que se concreta el débito no tiene, al momento del pago, el mismo valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación. Así, en efecto, se expresó esta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de noviembre de 1991: ‘(…) El reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino (…) la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda’.
“De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en proporción a la pérdida de su poder adquisitivo.
“No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente los efectos negativos de la inflación, pues ciertamente, como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido en comparación con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la obligación pensional.
“Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial de esta corporación en punto al tema que se examina, es claro concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se examina (…)”.
Si bien es cierto en dicha sentencia no se produjo condena porque hubo de declararse la excepción de petición antes de tiempo, sí se anuló parcialmente el fallo acusado en cuanto absolvió por la corrección monetaria, admitiendo la operatividad de la indexación al momento de concretar el salario que se toma como base para calcular el valor inicial de la pensión.
En el segundo caso, en cambio, la extinguida Sección Primera sí produjo condena en concreto, basándose esencialmente en el pronunciamiento transcrito, (sentencias, de casación, del 8 de febrero de 1996 y de instancia, del 7 de marzo siguiente. Rad. 7996).
Se presenta ahora la oportunidad para que la Sala Plena exprese en su criterio unificado en punto al tema en referencia.
“Con apoyo en tal preceptiva (el art. 8º de la L. 153/887 y el 19 del CST, se aclara), la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, desde la referida sentencia del 18 de agosto de 1982, ha venido sosteniendo la posibilidad de aplicar a los créditos de origen laboral, la corrección o actualización de la moneda. El soporte de esta doctrina ha sido vario: los principios del derecho del trabajo, en cuanto criterios de valoración inmanentes a esta rama del derecho, portadora, por antonomasia, de una intención cautelar y defensora de los precarios intereses del trabajador, en consideración a que es un sujeto que normalmente no cuenta sino con su fuerza de trabajo para subsistir, enajenándola al empleador; la jurisprudencia, principalmente de la Sala Civil de esta corporación, que desde un tiempo un poco anterior, enfrentó el análisis de la incidencia de la inflación en las obligaciones diferidas de carácter civil; en los principios de equidad y justicia, comunes, a no dudarlo, a todas las ramas del derecho y en particular a la laboral; en la consagración positiva de la corrección monetaria, en variados campos de la actividad civil en nuestro país; en la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, así como también en la escasa producción doctrinaria nacional al respecto; en las normas reguladoras del pago, también indudablemente comunes al derecho ordinario y al del trabajo, en cuanto dicho monto de extinguir las obligaciones tiene que ver con todo tipo de estas, cualquiera sea su origen; y, en fin, en los principios del enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual, fundantes de la doctrina elaborada sobre el tema por la jurisprudencia civil, pero en ningún modo ajenos a los criterios estimativos del derecho laboral. Y, ahora, según los principios constitucionales atrás destacados es pertinente e imperativo tener en cuenta los lineamientos que el constituyente mismo estableció a este respecto y en la materia específica del derecho laboral, expectante de concretos y futuros desarrollos legislativos”.
Por ello, para resolver el tema bajo examen, siguen sirviendo como soporte de la decisión los destacados en el aparte de la sentencia transcrita del 13 de noviembre de 1991 y, fundamentalmente la orientación legal y doctrinal que impide el enriquecimiento sin causa. Que no otra cosa significaría el que se pudiera solucionar una deuda, respetando un monto nominal que dista enormemente —en el momento del pago— del valor real que tenía la deuda cuando fue contraída. Pues, en efecto, como se desprende del recuento de la actuación hecho en los antecedentes de este proveído, el trabajador demandante devengaba, cuando se retiró de la sociedad demandada, $6.407,00 mensuales, suma equivalente a 7,11 salarios mínimos mensuales (el salario mínimo más alto de 1974 era de $900,00 mensuales —D. 2680/73—); y esa misma cantidad en el momento de empezar a pagársele la pensión, o sea el 15 de marzo de 1987, ya representaba solamente el 31.24% del salario mínimo de entonces (de $20.509,80 mensuales —D. 3732/86—).
No es superfluo advertir, de otra parte, que el caso de autos muestra evidente similitud con los dos antecedentes referidos, puesto que la pensión cuya indexación aquí se debate, constituía un derecho cierto del actor, derivado de la conciliación que habían celebrado las partes, pendiente de que aquel cumpliera los 60 años de edad.
Recapitulando, entonces, se puede anotar que si bien en los no pocos pronunciamientos que ha hecho la Corte en Sala de Casación Laboral sobre el tema de la indexación, ha esgrimido como fundamento jurídico de la misma, en unos casos, razones de justicia y equidad consagradas en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en otros, una modalidad del daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz del retardo o mora del empleador en pagar un crédito laboral, estima la mayoría de la corporación que el asunto materia de controversia, por los motivos ya precisados, debe desatarse a la luz del primero de los planteamientos expuestos en sustento de la naturaleza jurídica de la revaluación judicial.
Igualmente hay que dejar en claro que la solución aquí adoptada en ningún momento implica desconocimiento de la autonomía de la voluntad plasmada en el acuerdo conciliatorio en el que se convino el pago de la pensión de jubilación a reajustarse y, por ende, la vulneración del efecto de cosa juzgada que al mismo le otorga el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo, porque, como también lo ha dicho la Corte, independientemente del criterio jurídico aducido para explicar la naturaleza jurídica de la indexación, ella no implica un incremento de la obligación original, no la hace más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a la notoria pérdida de su poder adquisitivo; dicho en otras palabras, aplicándose la revaluación a los $4.479 que se fijó sería el valor de la pensión cuando el demandante cumpliera 60 años de edad, o sea, el 15 de marzo de 1987 (cdno. 1a. y 2a. instancia, fl. 45), la cuantía que arroje tal operación, así numéricamente sea mayor, equivale para esa fecha al valor citado.
Así mismo, se impone puntualizar que lo que posibilita acoger la pretensión del actor es que las partes en la conciliación se hubiesen puesto de acuerdo en el derecho del trabajador a gozar de una pensión de jubilación cuando cumpliera 60 años de edad y fijar su cuantía, o sea, como se precisó anteriormente, en cabeza de este quedó radicado un derecho cierto e indiscutible, solo pendiente que cumpliera 60 años de edad”.
En punto a la fuente normativa que respaldaba la indexación, en la citada decisión se clarificó que si bien era cierto que los procedimientos de actualización que contempla la Ley 100 de 1993 no podían ser aplicados retroactivamente, sí era posible encontrar otros soportes jurídicos que la legitimaban plenamente en tratándose de pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Ejemplo de ello estaba en los “(…) principios de derecho laboral, de justicia y de equidad; la consagración positiva de la corrección monetaria en varios campos de la actividad civil en Colombia, como también en el derecho administrativo; su aceptación por la doctrina y jurisprudencia extranjeras; las normas reguladoras de pago; los principios del equilibrio contractual, (…)” que, valga decirlo, son anteriores a la vigencia de la Constitución Política de 1991.
Por otra parte, la orientación de la Corte se hacía extensiva a pensiones legales y extralegales y no se hacían diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación. Debido a ello, se analizaban pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y se disponía su indexación. (Ver, entre otras, las sentencias del 8 de febrero de 1996, Rad. 7996, 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, 11 de diciembre de 1996, Rad. 9083, 1 de abril de 1997, Rad. 9359, 10 de diciembre de 1998, Rad. 10939.)
2. Posteriormente, en la sentencia del 18 de agosto de 1999, Rad. 11818, la Corte modificó su jurisprudencia y, en lo fundamental, precisó que la indexación de las pensiones tenía un carácter claramente excepcional y, por lo mismo, debía ser consagrada expresamente por el legislador. Por tales razones, fijó las siguientes reglas: “(…) no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario (…)”; “(…) se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando esta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho”; “(…) no se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes “de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”, según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1536 ib.) (…)”; “(…) tampoco se revalorizan los derechos eventuales (…)”; “(…) mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de obligación”.
Bajo esta nueva postura, la indexación solo resultaba aceptable para las pensiones de jubilación que se regían por las previsiones de la Ley 100 de 1993, que la había contemplado expresamente, de manera que se negaba para las pensiones extralegales y para las que no encontraban un soporte claro en dicha norma. Luego, la Corte precisó su jurisprudencia en dirección a aceptar la indexación de las pensiones legales de jubilación, que si bien contaban con un tiempo de servicio anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se habían causado definitivamente en vigencia de esta norma (ver las sentencias del 16 de octubre de 2002, Rad. 18518 y del 25 de julio de 2005, Rad. 23913, entre muchas otras).
En su conjunto, esta orientación fue plasmada en sentencias como las del 9 de septiembre de 1999, Rad. 11782, 18 de noviembre de 1999, Rad. 12133, 13 de diciembre de 1999, Rad. 12997, 2 de febrero de 2000, Rad. 12553, 28 de agosto de 2001, Rad. 15710, 5 de noviembre de 2003, Rad. 21143 —pensión restringida de jubilación—, 30 de abril de 2004, Rad. 21575, 16 de noviembre de 2005, Rad. 24771, 10 de octubre de 2006, Rad. 27847 —pensión restringida de jubilación—, 9 de febrero de 2006, Rad. 27358 —pensiones legales del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo—, entre muchas otras.
3. La Corte empezó a morigerar la anterior doctrina y aceptó la indexación de las pensiones legales causadas antes de la Ley 100 de 1993, pero en vigencia de la Constitución Política de 1991, como las que encontraban su fuente en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y las pensiones oficiales, básicamente, teniendo como fundamento las sentencias de la Corte Constitucional C-862 y 891A de 2006. En las sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452, se dijo al respecto:
“Pues bien, con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961, la Corte Constitucional orientó su tesis, contenida en la Sentencia C-067 de 1999, atinente al artículo 1º de la Ley 445 de 1998, de estimar razonable y justificado, como viable, que el legislador determinara unos reajustes e incrementos pensiónales, según los recursos disponibles para ellos, es decir, que había hallado factible una reglamentación pensional diferenciada. Pero reexaminado ese criterio por la citada corporación, que esta acepta, se impone como consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no se consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (L. 100/93); es decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los términos de las reseñadas sentencias C-862 y C-891 A, adoptar las pautas legales existentes, para asegurar la aludida indexación.
En esas condiciones, corresponde a esta Corte reconocer la actualización del salario base de liquidación de las pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución Política, porque este fue el fundamento jurídico que le sirvió a la sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación pensional.
Valga aclarar que si bien el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo regula la situación pensional de trabajadores privados, ello no es impedimento para que esta Sala traslade las motivaciones y consideraciones a este asunto, en que el actor fue un trabajador oficial, puesto que la argumentación para justificar aplicable la figura o actualización de la base salarial de las pensiones del sector público o privado es la misma. Así se afirma, porque la merma de la capacidad adquisitiva de dichas pensiones se pregona tanto del uno como del otro. De manera tal que frente a la universalidad de los principios consagrados en la Constitución Política, estos son aplicables a los dos sectores de pensionados, por virtud de la ley.
Ahora, debe recordarse que en el caso del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, la sentencia de exequibilidad señaló en su parte considerativa que a los beneficiarios de esa norma, se les debe ‘aplicar el mecanismo de actualización de la pensión sanción previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, esto es, el índice de precios al consumidor, respecto del salario base de liquidación y de los recursos que en el futuro atenderán el pago de la referida pensión’ (Sent. C-891 A); de modo que se evidencia que el parámetro que se tuvo en cuenta para igualar a los beneficiarios de aquella pensión legal en lo tocante a la actualización del IBL, fue el artículo 133 de la reseñada Ley 100 de 1993.
En ese sentido, la Sentencia C-862, sobre la constitucionalidad del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo tuvo como medida de la actualización del salario base de la jubilación legal la “variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por el Dane,” y en el componente motivo de esa decisión se aludió explícitamente a aquella normatividad, para adoptarla como pauta o patrón de la igualdad de sus beneficiarios, respecto a los que no lo son, y que, se dijo, tienen derecho a la referida actualización. Así se observa, por ejemplo en el aparte de la sentencia en el cual, después de aludir a los artículos 21 y 36 de la Ley 100, se expuso “En esa medida se considera que la indexación, al haber sido acogida por la legislación vigente para los restantes pensionados, es un mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en juego”.
Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452 y del 31 de julio de 2007, Rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional. La Corte Constitucional ha dicho, en ese sentido, que “(…) la tesis también expuesta en la jurisprudencia laboral y de acuerdo con la cual, en virtud de razones de justicia y equidad, debe disponerse la actualización de las prestaciones económicas, se ubica en el dirección trazada por la Constitución Política y, aun cuando está basada en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, es susceptible de reconducción a los términos previstos en la Carta, porque el artículo 230 superior señala que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
Y ello es así, entre otras, porque la indexación no se impone como una sanción o carga en contra del empleador obligado, que, en respeto del principio de legalidad, necesite de una consagración legal expresa, sino que, como lo había dicho la Sala en su primitiva jurisprudencia, en este caso “(…) el reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino (…) la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.
iii) En la Sentencia C-862 de 2006, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el numeral 1) del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el numeral 2) de la misma disposición, “(…) en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidos, IPC, certificado por el Dane”. De igual forma, en la Sentencia C-891A de 2006, declaró exequible la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “(…) en cuanto este siga produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC certificado por el Dane”.
“Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos —los pensionados— dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación” (negrillas fuera de texto).
Contrario a lo anterior, la expedición de esas normas “(…) demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrina jurisprudencial”. Sentencia del 5 de agosto de 1996, Rad. 8616.
La sentencia transcrita en extenso, aclara la necesidad de la indexación y su aplicación en el mundo de la seguridad social y de los derechos laborales, y precisa las fuentes normativas junto con los principios constitucionales que la inspiran.
Por ello el cargo no prospera.
Acusó la sentencia de segundo grado de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los “artículos 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 48, 53 y 230 superior; 1º y 11 del Decreto 1748/95, 8º de la Ley 153 de 1987, 16 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 14 y 21 de la Ley 100/93, 1º de la Ley 4/76, 2º y 8º de la Ley 10/72, 1º de la Ley 71/88, 1º y 4º del Decreto 1160/89, 1530, 1536 del Código Civil»
Desarrolló el cargo manifestando que la inconformidad con la sentencia del tribunal radica en que el ad quem ordenó la indexación de la primera mesada pensional con un criterio jurisprudencial que no viene al caso, por cuanto los demandantes se desvincularon de la entidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y por obvias razones después del 1º de abril de 1994 no devengaron salario alguno.
Apuntó que el tribunal erró al aplicar la fórmula de indexación adoptada en la Sentencia CSJ SL, 13 dic. 2007, Rad. 31222, a los demandantes que no devengaron salario alguno a cargo de la demandada después del 1º de abril de 1994, porque se retiraron del servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando el procedimiento que debió usar fue el contenido en la sentencia CSJ SL, 20 nov. 2000, Rad. 13336, reiterada en la Sentencia CSJ SL, 10 dic. 2004, Rad. 21690, por cuanto la fórmula que esta utiliza es la adecuada para actualizar “un salario promedio que no tuvo modificación con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”, ya que la anterior es para “actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios periódicos”.
Sobre el primero de los temas del cargo, acerca de que la inconformidad del recurrente con la sentencia de segunda instancia, obedeció a que se ordenó la indexación de la primera mesada pensional con un criterio jurisprudencial que en su sentir no viene al caso, por cuanto las desvinculaciones de los demandantes de la entidad sucedieron antes de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin embargo este punto ya resultó aclarado en el desarrollo de las consideraciones expuestas frente al primero de los cargos, por lo que no hay necesidad de volver sobre ello.
En cuanto al supuesto error en que incurrió el tribunal en la aplicación de la fórmula de indexación, cuando debió hacer uso de la que utiliza la Sentencia CSJ SL, 20 nov. 2000, Rad. 13336, tema sobre el cual, debe recordarse, que esta Sala se pronunció en Sentencia CSJ SL, 13 dic. 2007, Rad. 30602, en los siguientes términos:
Frente a la temática propuesta por el censor, esta Sala de la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones fijando parámetros y directrices para estructurar e implementar la fórmula que más se ajuste a estas eventualidades con características especiales, donde se respete el propósito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta llegar a aquella que el fallador de alzada aplicó al presente asunto que se traduce en: <Base salarial actualizada = S.B.C (salario base de cotización) que corresponde al promedio de lo percibido en el último año de servicios, multiplicado por los IPC del periodo a actualizar, multiplicado por el número de días de la respectiva anualidad y dividido por el tiempo total entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad>.
Mas sin embargo, bajo un nuevo examen del tema, estima la Sala que debe revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, ello para el contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias especiales antedichas, y bajo esta órbita modificar su criterio; no sin antes poner de presente, que la fórmula que ha venido utilizando en casos semejantes, al haber sido objeto de cuestionamiento a través de tutela, la Corte Constitucional, en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y no puede, por ese hecho, catalogarse como arbitraria”. (Sent. T-440 de 1 de junio de 2006); sin embargo, esa misma corporación, a través de la Sentencia de Tutela T-425 de 2007, siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido, decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, (…)” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos (…)”.
VA = IBL o valor actualizado.
Y precisamente el tribunal, para efectos de indexar la base salarial a partir del cual estableció la primera mesada pensional, hizo uso de la fórmula explicada en la citada sentencia.
Por ello, el cargo tampoco prospera.
Acusó la sentencia del ad quem, de violar directamente en la modalidad de interpretación errónea, los “artículos 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 48, 53 y 230 superior; 1º y 11 del Decreto 1748/95, 8º de la Ley 153 de 1987, 16 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 14 y 21 de la Ley 100/93, 1º de la Ley 4/76, 2º y 8º de la Ley 10/72, 1º de la Ley 71/88, 1º y 4º del Decreto 1160/89, 1530, 1536 del Código Civil”.
Denunció que el Tribunal, en relación con el caso del demandante Jaime Acevedo, al aplicar la respectiva fórmula de indexación de la primera mesada pensional, tomó unos valores de IPC tanto iniciales como finales que no corresponden a los índices de la última anualidad anterior a la fecha de retiro y a la fecha de reconocimiento pensional, como lo enseña la Sentencia CSJ SL., 13 dic. 2007, Rad. 31222, lo que produjo un resultado superior al que le correspondía al actor mencionado, así:
Liquidación del tribunal Liquidación del recurrente
Promedio salarial últimos año de servicios: $10.702,58 $10.702,58
IPC Inicial: 1.524138 1.353216
IPC Final: 59.858587 50.363774
IBL indexado: $420.397,35 $398.326,88
Tasa de remplazo: 75% 75%
1ra mesada pensional: $315.298,02 $298.745,86
Remató manifestando que:
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuestos por la Sentencia 31.222 de 13 de diciembre/07, tal y como allí se enseña, es evidente que la primera mesada pensional indexada del señor Jaime Acevedo asciende a la suma de $298.745,86 y no la cantidad de $315.298,02 que dispuso el Tribunal y menos aún a $323.608,72 que adujo el a quo (…) y que equivocadamente confirmó el Tribunal con el argumento consistente en que la misma era inferior a la suma de $315.298,02, cuando sin duda alguna es superior.
Las anteriores consideraciones, muestran con absoluta claridad, el yerro jurídico en que incurrió el Tribunal, que conducirían al quebranto del fallo recurrido y a que esa H. Sala, proceda de conformidad con el alcance subsidiario de la impugnación.
Sobre el tema también se pronunció la sentencia CSJ SL, 31 ene. 2012, Rad. 50934, en los siguientes términos:
Al desarrollar el ad quem la fórmula de indexación que corresponde según el lineamiento jurisprudencial en que se apoyó, obtuvo un ingreso base de liquidación pensional de $10.514.720.09 al que le aplicó el monto de 58.38% proporcional al tiempo trabajado que encontró procedente, obteniendo una primera mesada de $6.138.493.09.
En tal operación el fallador de la alzada se equivocó respecto a las pautas adoptadas para la aplicación de la fórmula que da efectividad al mecanismo de la actualización comentada, al no tener en cuenta que el IPC final correspondía al de la última anualidad de la fecha de la pensión restringida y que el IPC inicial era el de la última anualidad en la fecha de retiro de Valencia Arboleda, pues el ad quem optó porque el IPC final era el vigente a noviembre de 2005, fecha de cumplimiento de la edad para acceder a la pensión <23 noviembre 2005> y que el IPC inicial correspondía a la fecha de retiro del actor <17 de febrero 1986>, contrariando así el criterio jurisprudencial mayoritario al tema.
En ese orden, es indudable que el sentenciador de segundo grado incurrió en el desatino jurídico señalado por la acusación en torno al punto.
En el presente asunto, el ad quem, en relación con el demandante Jaime Acevedo Díaz utilizó los siguientes índices: VA = VH ($10.702,58) * IPC Final (59,858587) / IPC Inicial (1,524138) = $420.397,35 * 75% = $315.298.02, sin indicar a que fechas correspondían la variación de los IPC.
Con todo, como los IPC a aplicar deben corresponder a la anualidad anterior a la fecha de terminación del contrato, y de reconocimiento de la pensión, entonces si la fecha de terminación del contrato del citado demandante fue el 2 de abril de 1978, el IPC sería el del 31 de diciembre de 1977; y si la fecha de causación del derecho fue el 30 de octubre de 1995, el IPC sería el del 31 de diciembre de 1994.
El cuadro siguiente sería el correcto ajuste por indexación del ingreso base de liquidación del actor:
Ingreso base de liquidación Desde IPC inicial Dic. 1977 Hasta IPC final Dic. 2004 Vr. actual Tasa de reemplazo Vr. mesada
$10702,58 02/04/1978 1,287 30/10/1995 50,10450 $416664,66 75% $312498,50
El anterior valor es ligeramente inferior al establecido por el ad quem, y algo más bajo al que llegó el a quo, de donde se deduce que efectivamente el tribunal incurrió en un doble error, primero establecer como IPC unos valores que no corresponden a la anualidad anterior a las fechas de referencia, la de retiro y la de causación de la pensión, y segundo al asumir equivocadamente que el valor de la primera mesada a la que llegó, $315.298,02, era superior a la alcanzada por el a quo, $323.608,72.
Con todo la suma de $312.498,50, comoquiera que es inferior a la que obtuvo el a quo para el mismo demandante, hay lugar a la corrección solicitada.
Por lo anterior, prospera el cargo, y se casará en este punto la sentencia del ad quem.
En sede de instancia, se procede a realizar los cálculos para establecer la mesada pensional a partir del año 2004 y hasta el presente año, a favor del demandante Jaime Acevedo Díaz y a cargo de la parte demandada:
Fechas Valor Pensión actualizada Diferencia mesada Nº de pagos Valor diferencias
30-oct-95 31-dic-95 $8.026,94 $312.498,50 Prescripción
1-ene-96 31-dic-96 $9.588,98 $373.310,70 Prescripción
1-ene-97 31-dic-97 $11.663,08 $454.057,81 Prescripción
1-ene-98 31-dic-98 $13.725,11 $534.335,23 Prescripción
1-ene-99 31-dic-99 $16.017,21 $623.569,21 Prescripción
1-ene-00 31-dic-00 $17.495,59 $681.124,65 Prescripción
1-ene-01 31-dic-01 $19.026,46 $740.723,06 Prescripción
1-ene-02 31-dic-02 $20.481,98 $797.388,37 Prescripción
1-ene-03 31-dic-03 $21.913,67 $853.125,82 Prescripción
16-may-14 31-dic-04 $23.335,87 $908.493,68 $885.157,81 9,50 $8.408.999,24
1-ene-05 31-dic-05 $24.619,34 $958.460,84 $933.841,49 14 $13.073.780,93
1-ene-06 31-dic-06 $25.813,38 $1.004.946,19 $979.132,81 14 $13.707.859,30
1-ene-07 31-dic-07 $26.969,82 $1.049.967,78 $1.022.997,96 14 $14.321.971,40
1-ene-08 31-dic-08 $28.504,40 $1.109.710,94 $1.081.206,54 14 $15.136.891,57
1-ene-09 31-dic-09 $30.690,69 $1.194.825,77 $1.164.135,08 14 $16.297.891,15
1-ene-10 31-dic-10 $31.304,50 $1.218.722,29 $1.187.417,78 14 $16.623.848,98
1-ene-11 31-dic-11 $32.296,86 $1.257.355,79 $1.225.058,93 14 $17.150.824,99
1-ene-12 31-dic-12 $33.501,53 $1.304.255,16 $1.270.753,63 14 $17.790.550,76
1-ene-13 31-dic-13 $34.317,89 $1.336.037,12 $1.301.719,22 14 $18.224.069,13
1-ene-14 30-sep-14 $34.983,66 $1.361.956,24 $1.326.972,58 10 $13.269.725,76
Total $164.006.413,20
Conforme a lo anterior, el valor de la mesada pensional actualizada del actor para el año 2004 asciende a la suma de $908.493,68, y para el presente año a $1.361.956,24, y el retroactivo por la diferencia entre la mesada reconocida por la accionada y la mesada actualizada, entre mayo de 2004 y septiembre de 2014 corresponde a la suma de $164.006.413,20.
Por ello se modificará el numeral primero de la sentencia del a quo, en el sentido de precisar que la pensión a cancelar a favor del Sr. Jaime Acevedo Díaz, y a cargo de la parte demandada, entre el mes de mayo de 2004 y el año 2014 asciende a los siguientes montos mensuales:
Año Vr. de la pensión
2004 908.493,68
2005 958.460,84
2006 1.004.946,19
2007 1.049.967,78
2008 1.109.710,94
2009 1.194.825,77
2010 1.218.722,29
2011 1.257.355,79
2012 1.304.255,16
2013 1.336.037,12
2014 1.361.956,24
Por lo que se condenará a la demandada a pagar al demandante a título de retroactivo pensional la suma de $164.006.413,20 causado entre mayo de 2004 y septiembre de 2014.
Sin costas en el recurso extraordinario, por salir avante en forma parcial el mismo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le promovió María Alcira Bonilla, María José Beatriz Helena Bustos de Gómez, y Jaime Acevedo Diaz al Banco Central Hipotecario BCH en liquidación en lo que tiene que ver con la determinación del monto de la indexación de la primera mesada pensional y de las consecuentes mesadas causadas posteriormente a favor del Sr. Jaime Acevedo Díaz y a cargo de la demandada.
En sede de instancia, SE MODIFICA el numeral primero de la sentencia del a quo, en el sentido de precisar que la primera mesada pensional ascendió a la suma de $312.498.50 por lo que se condenará a la demandada a cancelar a favor del Sr. Jaime Acevedo Díaz, entre el mes de mayo de 2004 y el mes de septiembre de 2014 los siguientes montos mensuales:
Así mismo se condena a la demandada a pagar al demandante a título de retroactivo pensional la suma de $164.006.413,20 causado entre mayo de 2004 y septiembre de 2014 y a las que se causen en el futuro.

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