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Timestamp: 2019-10-23 00:24:58+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00169 de junio 13 de 2013
SENTENCIA 2007-00169 DE 13 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:EXPEDICIÓN EN FORMA IRREGULAR DE ACTO ADMINISTRATIVO -FALTA DE MOTIVACIÓN. CUANDO LA CONSTITUCIÓN O LA LEY MANDAN QUE CIERTOS ACTOS SE DICTEN EN FORMA MOTIVADA Y QUE ESA MOTIVACIÓN CONSTE, AL MENOS EN FORMA SUMARIA, EN EL TEXTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SE ESTÁ CONDICIONANDO LA FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EL MODO DE EXPEDIRSE. SI LA ADMINISTRACIÓN DESATIENDE ESOS MANDATOS NORMATIVOS, INCURRE EN VICIO DE EXPEDICIÓN IRREGULAR Y, POR TANTO, SE CONFIGURA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACTO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2007-00169 de junio 13 de 2013
Rad.: 250002327000200700169 01
Demandante: Constructora Los Hayuelos S.A.
Asunto: Impuesto predial unificado año gravable 2005
Bogotá, D.C. trece de junio de dos mil trece.
Controvierte la demandante Constructora Los Hayuelos S.A., ahora apelante, la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda por cuanto considera que desconoce el precedente jurisprudencial, sentencia del 18 de marzo de 2010 Expediente 16971,(18) que tiene relación directa con el proceso; insiste en la ausencia de explicación en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión para modificar el destino del predio y la tarifa del impuesto declarado, así como para imponer sanción por inexactitud.
Así mismo, considera que se debe declarar la nulidad del proceso por irregularidades en la firma del acto administrativo de determinación y afirma que el Distrito Capital se enriquece injustificadamente con la modificación realizada a la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005.
En el caso se discute la legalidad del acto administrativo mediante el cual la Administración Tributaria Distrital modificó la declaración del impuesto predial unificado, presentada por la demandante, por el año gravable 2005, en relación con el predio ubicado en la calle 29 Nº 80-25 de la ciudad de Bogotá D.C.
En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo(19).
Ahora bien, en el presente caso, observa la Sala que:
El Acuerdo Distrital 807 de 1993, adicionado por el Decreto Distrital 362 de 2002, establece:
En ese contexto, el propósito del requerimiento especial en el procedimiento administrativo de determinación del impuesto es incluir todos los aspectos que pretende modificar la administración, para el efecto debe explicar las razones en que se sustenta y la cuantificación del impuesto, preservando y garantizando el derecho de defensa de los contribuyentes.
El requerimiento especial debe estar motivado, al menos en forma sumaria.
La Sala observa, en el expediente,(20) el requerimiento especial RE -2006EE183307 del 14 de junio de 2006, en el cual se lee lo siguiente:
“Propietario y/o declarante
Apellidos y nombres o razón social Tipo de documento Número de identificación
Constructora Los Hayuelos S.A.
800.082.726
Por medio del cual se profiere requerimiento especial proponiendo modificar la liquidación privada del impuesto predial unificado presentada por el (los) contribuyente (s) arriba mencionado (s), y de acuerdo con la información reportada en la declaración que se describe a continuación:
AAA0167NYOM
AC 22 83 85(21)
2005101010003175531
1. El(los) contribuyente(s) arriba mencionado(s), presentó(arón) la(s) declaración(es) antes relacionada(s), por el impuesto predial unificado, cumpliendo así con la obligación formal de declarar.
2. Que se realizaron los cruces de información establecidos en el protocolo de cruces para la detección de inexactos por la(s) vigencia(s) 2005.
3. Que mediante los cruces anotados se compararon las bases gravables denunciadas y las tarifas aplicadas con los avalúos y tarifas correspondientes a las características de los predios para las vigencias en mención.
4. Como resultado de lo anterior se detectó que el(los) contribuyente(s) en su(s) declaración(es) correspondiente(s) al(los) periodo(s) arriba mencionado(s), no dio(dieron) cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 (parámetro mínimo de base gravable) y/o Acuerdo 105 de 2003 compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 (tarifas aplicables).
5. Que en los cruces masivos de información descritos en el numeral 2º no se detectaron correcciones a las declaraciones iniciales presentadas por el(los) contribuyente(s) relacionado(s).
6. Que como consecuencia de lo anterior este despacho procede, mediante el presente acto, a proferir requerimiento especial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Distrital 807 de diciembre de 1993, actualizado por el Decreto Distrital 362 de 2002.
La Subdirección de Impuestos a la Propiedad, con base en los argumentos expuestos y establecida la inexactitud contenida en la(s) liquidación(es) privada(s), propone modificar la(s) declaración(es) del impuesto predial unificado para el(los) predio(s) y vigencia(s) ya relacionada(s) de la siguiente manera:
Dirección del predio: AC 22 83 85
Vigencia: 2005
Causal de inexactitud:
1. El contribuyente declaró como base gravable un valor inferior al avalúo catastral vigente al momento de la causación del impuesto y/o
2. En su declaración tributaria el contribuyente registró como destino 61, tarifa .006 cuando de acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la normativa legal vigente y/o lo informado en la declaración tributaria le corresponde el destino 67, tarifa 0.33.
Según lo anterior, advierte la Sala que la Administración Distrital en el requerimiento especial señaló las razones o fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaron a expedirlo.
Es así como se señala que como resultado de los cruces de información se detectó que la contribuyente en su declaración correspondiente al periodo 2005, no dio cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, en lo relacionado con el parámetro mínimo de la base gravable y/o en el Acuerdo 105 de 2003, compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002, en cuanto a las tarifas aplicables.
Las normas citadas, artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, disponen en su orden lo siguiente:
“ART. 1º—A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.
ART. 5º—Los propietarios o poseedores de predios a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral deberán determinar como base gravable mínima el valor que establezca anualmente la administración distrital, conforme a parámetros técnicos por área, uso y estrato. Una vez se le establezca el avalúo catastral declararán de acuerdo con los parámetros generales de la presente ley.
En el entendido que la expresión “administración distrital” allí contenida hace referencia al Concejo Distrital como organismo administrativo de representación popular.
PAR.—Lo establecido en el presente artículo no impide al propietario o poseedor del predio para que autoavalúe por un valor superior a la base gravable mínima aquí señalada”.
Acertó la administración al decir que la contribuyente no cumplió lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, ya que estas disposiciones establecen que la base gravable mínima del impuesto predial unificado, para cada año, será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, autoavalúo que no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.
En cuanto a la tarifa, se aludió al artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 que indica que deberá aplicarse la determinada, en el 33% para los predios urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados con área superior a 100 M2.
Idéntica situación observa la Sala en la Resolución DDI-017193 del 3 de mayo de 2007 que contiene la liquidación oficial de revisión 2007EE80670, visible en los folios 40 a 50; en dicho acto se precisan las razones por la cuales se modificó la declaración tributaria, pues allí se expresa que con base en la información suministrada por el Catastro Distrital, se verificaron las características físicas y económicas del inmueble, las que corresponden a un área del terreno de 45.437,70 M2 y un área construida de 1.396,30 M2; así mismo, que el destino catastral es el 23, comercial y que el avalúo catastral es de $ 13.605.060.000.
Se afirmo que, de acuerdo con esa información catastral, el inmueble tiene la categoría de predio no edificado pues su construcción tiene un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del terreno, de conformidad con el artículo primero, numeral 8º parágrafo 2º literal b del Acuerdo 105 de 2003.
Frente a lo manifestado por el contribuyente, relacionado con el derecho que tiene a no liquidar más del doble del impuesto liquidado el año anterior, indicó la Administración Distrital que “se tiene como excepción a la norma contemplada en el artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002, para la aplicación del límite del impuesto a pagar, la prevista para los predios urbanizables no urbanizados y para los urbanizados no edificados, entendidos como tales conforme con las definiciones vigentes y aplicables para el año gravable 2005 previstas en el Acuerdo 105 de 2003”.
De acuerdo con lo anterior, se satisface la exigencia legal y general de motivación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión, y prueba de ello es que la actora pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción, pues sabía a qué se refería la modificación propuesta, y determinada, a la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005.
Precisado lo anterior, la Sala pasa a examinar los demás cargos planteados en el recurso de apelación, relacionados con la determinación del impuesto predial unificado del año gravable 2005.
El impuesto predial unificado fue establecido en el Distrito Capital de Bogotá por el Decreto 352 de 2002. La autorización legal para su creación y los elementos del tributo están determinados en la Ley 44 de 1990 y en el Decreto-Ley 1421 de 1993.
Es un gravamen que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Bogotá, se genera por la existencia un predio ubicado dentro de su jurisdicción(22) y se causa el 1º de enero del respectivo año gravable(23).
La base gravable del impuesto está conformada por el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente y debe corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de la causación del impuesto. En todo caso, se faculta a los contribuyentes para que determinen una base imponible en una cuantía superior a este valor,(24) o pueden solicitar a las autoridades catastrales que revisen el avalúo catastral que consta en las bases de datos de esas autoridades(25).
La tarifa del impuesto en el Distrito Capital fue establecida entre el 1 y el 33 por mil, de conformidad con el artículo 25 de Decreto 352 de 2002. El Acuerdo 105 de 2003, en su artículo 2º, dispuso unas tarifas de acuerdo con las categorías de bienes rurales, suburbanos y urbanos, y, entre estos últimos: residenciales, industriales, comerciales, entidades del sector financiero, empresas industriales y comerciales del Estado, cívico institucional y urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados.
En el caso sub examine la actora ataca el acto administrativo que le determinó el impuesto predial unificado por el año 2005, en el cual se invoca, como sustento jurídico, entre otras disposiciones, el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo Distrital 105 de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá.
La norma citada establece:
b. Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% al área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno (...)” (resalta la Sala).
La Sala, en sentencia del 18 de marzo de 2010,(26) anuló el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, decisión que incide en el presente proceso.
Dijo la corporación en esa oportunidad:
“(...) los parágrafos primero de los artículos 4º y 5º del Acuerdo 39 de 1993 fueron anulados, en síntesis, porque violaron el principio de legalidad tributaria al establecer una discriminación porcentual para predios urbanizados no edificados que no estaba prevista legalmente. A juicio de la Sección, la administración del tributo y la graduación de las tarifas diferenciales y progresivas en el impuesto predial deben operar con sujeción a los presupuestos de la Ley 44 de 1990 y normas concordantes y, por el contrario, las disposiciones acusadas desvirtuaban estos presupuestos, no solo por su interpretación sistemática sino por la evidente implicación sobre la determinación del hecho imponible, la base gravable y la tarifa. Además, porque las normas legales que regulan el impuesto predial se refieren a terrenos “urbanizados no edificados”, concepto suficientemente claro para rechazar cualquier hipótesis de construcción o edificación, pues esa expresión debía entenderse en su sentido natural y obvio ya que el legislador no distinguió.
En efecto, los artículos 338, 313 y demás normas citadas de la Constitución Política, así como la Ley 44 de 1990 y el Decreto-Ley 1421 de 1993 se encuentran actualmente vigentes y constituyen el marco constitucional y legal de la potestad tributaria municipal en materia del impuesto predial, de manera que las consideraciones expuestas en aquella oportunidad siguen siendo válidas para considerar que el Concejo de Bogotá en las disposiciones acusadas violó el principio de legalidad tributaria y, por ende, reprodujo en esencia unas normas anuladas.
Y en segundo lugar, el principio de ordenamiento territorial al que se ha hecho referencia no es aspecto novedoso frente a las disposiciones que fueron anuladas por la jurisdicción. En esa oportunidad el Distrito adujo, en defensa de los parágrafos censurados, razones de equidad y de progresividad, sobre lo cual el Consejo de Estado consideró que si bien los predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados tenían tarifas más gravosas, en todo caso, la graduación de las tarifas diferenciales y progresivas se debía hacer con sujeción a ley. Que la discriminación porcentual hacía más gravoso el tipo impositivo al crearse una subespecie de los predios (los parcialmente edificados) a los cuales se les aplicaba la tarifa de los no edificados, que aparte de ser un contrasentido, dificultaba la determinación de la base gravable. Finalmente dijo el Consejo de Estado que aparte de que la tarifa para esta clase de predios era extraordinariamente gravosa (33 por mil), el contribuyente perdería el beneficio de la limitación del incremento del tributo, contemplado por el numeral 2º, parte final, del artículo 155 del Decreto 1421 de 1993 según el cual:
2. El contribuyente liquidará el impuesto con base en el autoavalúo y las tarifas vigentes. Lo hará en el formulario que para el efecto adopte la administración tributaria distrital. Si el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una suma igual al cien por ciento (100%) del predial del año anterior. La limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en el inmueble ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados” (resalta la Sala).
Por esta razón, la Sala encuentra demostrado el cargo de reproducción de acto anulado y procederá a anular la disposición acusada, previa revocatoria del numeral primero de la sentencia apelada.
En los antecedentes del requerimiento especial, transcrito al analizar el cargo de falta de motivación, se observa que la modificación de la declaración se sustenta en lo siguiente: “En su declaración tributaria el contribuyente registró como destino 61, tarifa .006 cuando de acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la normativa legal vigente y/o lo informado en la declaración tributaria le corresponde el destino 67, tarifa 0.33”.
El anterior razonamiento se reprodujo en la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007(27) en la que se expresó que “De acuerdo con la información catastral, se tiene el inmueble en la categoría de predios “no edificados”, pues su construcción tiene un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del mismo, de conformidad con el artículo primero, numeral 8º parágrafo 2º literal b del Acuerdo 105 de 2003, el cual se aplica para las vigencias 2004 y siguientes”.
Según el criterio expuesto, no pueden tenerse en cuenta para definir como predio no edificado, para efectos del impuesto predial unificado, los parámetros establecidos en la norma anulada, esto es, los referidos a aquellos cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del precio del terreno.
En estas circunstancias se hacen extensivos los efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, de la Sentencia 16971 del 18 de marzo de 2010, mencionada, toda vez que para la fecha en que dicha providencia anuló el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, con fundamento en el cual la Administración Distrital profirió el acto administrativo que se demanda, las situaciones producidas al amparo del acto declarado nulo no estaban consolidadas, porque estaban pendientes de decisión definitiva en la jurisdicción contenciosa.
Así lo precisó la Sala en la sentencia del 30 de junio de 2011, en la que dijo:
Los efectos de un fallo de nulidad de un acto de carácter general son ex nunc, es decir, hacia el futuro, respecto de las situaciones jurídicas consolidadas. En cuanto a las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir aquellas que se debatían ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el efecto es inmediato, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso es inaplicable porque fue declarada nula.
(...)”(28).
Por lo tanto, se declarará la nulidad de la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007, y la firmeza de la declaración del impuesto predial unificado correspondiente al año gravable 2005, por el inmueble ubicado en la calle 29 Nº 80-25 de la ciudad de Bogotá D.C., en la que liquidó un saldo a pagar de $ 39.706.000.
Por otro lado, afirma la actora que para presentar la solicitud de desistimiento de la demanda, en los términos del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, pagó, el 10 de diciembre de 2009 la suma de $ 404.497.000, por concepto del 100% del mayor impuesto predial unificado discutido por el año 2005, por lo que solicitó, el 30 de mayo de 2011, después de la presentación de los alegatos de conclusión de segunda instancia, la devolución de la suma antes mencionada con los intereses a que haya lugar.
Como la decisión de la Sala será la de anular el acto administrativo que modificó la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005, en razón a lo expuesto en la sentencia del 12 de mayo de 2010, expediente 16971, se ordenará la devolución de la suma de $ 404.497.000, que fue pagada por la actora para presentar la solicitud de desistimiento de la demanda.
En relación con la naturaleza del pago realizado por la actora, el artículo 2313 del Código Civil, define:
“Pago de lo no debido. Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.
Por su parte, el artículo 21 del Decreto 1000 de 1997, dispone:
“Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente decreto. La administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.
De conformidad con las anteriores disposiciones la actora tiene derecho a solicitar la devolución de los pagos que hizo a favor de la Dirección Distrital de Impuestos, con el fin de acogerse a la conciliación, establecida en el artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-333 del 12 de mayo de 2010, ya que dicho pago corresponde a un pago de lo no debido.
La Sala con el propósito de resarcir la pérdida del poder adquisitivo del dinero considera que, previas las compensaciones a que haya lugar, como lo ordena el artículo 855 del estatuto tributario, se deben reconocer los intereses legales del 6%, de que trata el artículo 1617 del Código Civil, desde la fecha del pago de la suma de $ 404.497.000 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
La tarifa de los intereses legales del 6% es la prevista en el artículo 2232 del Código Civil y la fórmula que se deberá aplicar para su liquidación es la siguiente:
Donde Vh corresponde al saldo crédito a devolver y N es el periodo de liquidación.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, relevándose de examinar los demás cargos de la demanda.
REVÓCÁSE la sentencia del 17 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Constructora Los Hayuelos S.A. contra la Dirección Distrital de Impuestos.
1. ANULÁSE la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007, por medio de la cual la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos determinó el valor del impuesto predial unificado por el año gravable 2005 a la sociedad Constructora los Hayuelos S.A.
2. Como restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005, presentada por la actora.
3. ORDÉNASE a la entidad demandada devolver la suma de $ 404.497.000, junto con los intereses legales liquidados en la forma expuesta en la parte considerativa de la presente providencia.
4. RECONÓCESE personería a la abogada Carmen Rosa González Mayorga como apoderada de la Dirección Distrital de Impuestos, en los términos del poder que aparece en el folio 408.
(18) C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(19) Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C.P. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(20) Folios 23 a 24.
(21) Anterior nomenclatura, actualmente corresponde a la calle 29 Nº 80-25 de Bogotá según certificado del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Radicación 206492 del 22 de febrero de 2006. Folio 37.
(22) Artículo 14 del Decreto 352 de 2002.
(23) Artículo 15 del Decreto 352 de 2002.
(24) Artículo 20 del Decreto 352 de 2002.
(25) “Decreto 3496 de 1983, artículo 30. Revisión de los avalúos. El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo en la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral.
ART. 33.—Recursos de reposición y apelación en la revisión. Contra la resolución que desata la solicitud de revisión proceden los recursos de reposición y apelación; el de reposición, ante el mismo funcionario que pronunció la providencia, y el de apelación, ante el inmediato superior; en ambos casos con el objeto de que se aclare, modifique o revoque.
(26) Expediente 16971. Actor: Camacol y otros, C.P. Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.
(27) Folios 40 a 50.
(28) Expediente 250002327000200700146 01 (17451) C.P. Doctor William Giraldo Giraldo.

References: artículo 25
 artículo 97
 artículo 25
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 155
 artículo 1
 artículo 77
 artículo 2313
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 77
 artículo 855
 artículo 1617
 artículo 2232
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 20
 artículo 30
 resolución