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Timestamp: 2016-10-25 05:30:32+00:00

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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Sagunto, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Sagunto, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Sagunto, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Sagunto, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valencia Don Francisco Sapena Davó contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número uno de Sagunto, Don Enrique Calatayud LLobet, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.
El día 14 de junio de 2002 Don Francisco Sapena Davó, Notario de Valencia, autorizó una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario en la cual, Don J. B. B. y Don J.M. C. S. intervenían, en nombre y representación, como apoderados mancomunados de la entidad C de A. y M. de P. de M.
En dicha escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario se expresa, respecto de la representación alegada, que Don J.B.B. y Don J.M.C.S. ostentan dicha representación en virtud sendos poderes, que aseguran vigentes otorgados a su favor de la siguiente forma: «En cuanto al señor B.B. mediante escritura autorizada por Don Gerardo Muñoz de Dios, Notario de Madrid, el día 17 de febrero de 1998, con el número 938 de su protocolo, copia autorizada de la cual me exhibe, consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid habiendo causado la inscripción 435 en la hoja abierta para esta sociedad. Y en cuanto al señor C. S. mediante escritura autorizada por Don Gerardo Muñoz de Dios, Notario de Madrid, el día 27 de Abril de 1995, con el número 2.301 de su protocolo, copia autorizada de la cual me exhibe, consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid habiendo causado la inscripción 337 en la hoja abierta para esta sociedad». Asimismo se añade por el Notario lo siguiente: «Conforme a las facultades que resultan de los poderes referidos, copias autorizadas de los cuales me exhiben, y a la actuación conjunta y con carácter mancomunado de los apoderados comparecientes resultan, a mi juicio, facultades suficientes para esta escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.»
La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad número uno de Sagunto el día 26 de junio de 2002 y fue calificada negativamente con base en los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
«Registro de la Propiedad de Sagunto.
Previa calificación del precedente documento que se presentó el día veintiséis de junio de dos mil dos, y retirado se devuelve el día dieciocho de julio de dos mil dos, se suspende la inscripción del mismo, teniendo en cuenta los siguientes:
No se relaciona de forma somera pero suficiente las facultades del apoderado y por los siguientes:
Se infringe el art. 18 de la Ley Hipotecaria al hacer imposible la calificación de la capacidad del otorgante conforme a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril del presente año.
Sagunto a 18 de julio de 2002.El Registrador (firma ilegible), Enrique Calatayud LLobet.»
La citada calificación negativa, de fecha 18 de julio de 2002, fue notificada el mismo día, vía telefax, al Notario autorizante de la escritura
según reconoce éste. Mediante escrito con fecha 12 de agosto de 2002, que causó entrada en el referido Registro el día 14 del mismo mes, dicho Notario interpuso recurso gubernativo contra tal calificación, en el que alegó: Primero.Que el artículo 98 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 21/2001, de 27 de diciembre, es por si sólo suficientemente claro y atribuye al Notario el juicio sobre la capacidad jurídica de los representantes o apoderados que intervienen en los instrumentos públicos, como desde siempre le ha sido atribuida el juicio sobre la capacidad natural de los comparecientes. (En este sentido la Resolución de 12 de abril de 2002). Segundo.La correcta interpretación de la Resolución de 12 de abril de 2002 a la consulta vinculante sobre esta materia formulada por el Consejo General del Notariado, tras la doctrina establecida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en las recientes resoluciones de 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002. Las referidas resoluciones que son vinculantes para todos los Registros mientras no se anulen por los Tribunales y cuyos argumentos en su totalidad se tienen aquí por reproducidos-han dado solución a la cuestión práctica de cómo debe de constar en el instrumento público la «relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas» admitiendo que esto puede realizarlo el Notario, tal y como se ha hecho en la escritura calificada, identificando las facultades por remisión a la naturaleza del negocio instrumentado sin necesidad de transcribirlas o relacionarlas.
El Registrador de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 23 de agosto de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una novación modificativa de préstamo hipotecario.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en los argumentos señalados en el apartado tercero de los mismos.
En las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero, 8 de febrero, 17 de noviembre de 2003, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14,
15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004 y 10 de enero de 2005, entre otras, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
En efecto, no se trata sólo de que la calificación sea un acto de Administración en el sentido ya expuesto, al ser el Registrador un funcionario público que presta una función pública, sino que es el mismo Legislador el que, tras la modificación operada en la Ley Hipotecaria, ha entendido que a dicho funcionario se le debe exigir el mismo deber y extensión en la motivación que a cualquier otro órgano administrativo. El hecho de que la Ley Hipotecaria no utilice la expresión empleada en el artículo 54 de la Ley 30/1992 «Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», no obsta a que sea de aplicación dicho deber de motivación y con idéntica extensión, pues no otra es la interpretación adecuada que ha de darse a la expresión «...y la motivación jurídica de las mismas [causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de la inscripción], ordenada en hechos y fundamentos de derecho» que utiliza el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto-; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, 9 junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinado precepto legal y una resolución de esta Dirección General; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario que se otorga.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de poderes conferidos mediante escrituras públicas autorizadas por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y los datos de inscripción, respectivamente; así mismo se expresa que los apoderados aseveran la subsistencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999-, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título, en relación con la escritura de poder cuya copia autorizada se exhibe, lo siguiente: «Conforme a las facultades que resultan de los poderes referidos, copias autorizadas de los cuales me exhiben, y a la actuación conjunta y con carácter mancomunado de los apoderados comparecientes resultan, a mi juicio, facultades suficientes para esta escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario...».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 29 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de Sagunto número 1.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 98
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 artículo 98
 artículo 54
 artículo 19
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