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Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas. T�TULO VII.�Patrimonio empresarial de la Administraci�n General del Estado (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).
Vigencia desde 04 de Febrero de 2004. Esta revisi�n vigente desde 01 de Julio de 2012 hasta 01 de Enero de 2013
T�TULO VIIPatrimonio empresarial de la Administraci�n General del Estado
�mbito de aplicaci�n 1. Las disposiciones de este t�tulo ser�n de aplicaci�n a las siguientes entidades:
a) Las entidades p�blicas empresariales, a las que se refiere el cap�tulo III del t�tulo III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
b) Las entidades de Derecho p�blico vinculadas a la Administraci�n General del Estado o a sus organismos p�blicos cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.
c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aqu�llas en las que la participaci�n, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, integran el sector p�blico estatal, sea superior al 50 por ciento. Para la determinaci�n de este porcentaje, se sumar�n las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el sector p�blico estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.
d) Las sociedades mercantiles que, sin tener la naturaleza de sociedades mercantiles estatales, se encuentren en el supuesto previsto en el art�culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos.
N�mero 1 del art�culo 166 redactado por el apartado uno de la disposici�n final sexta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R�gimen Jur�dico del Sector P�blico (�B.O.E.� 2 octubre).
2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad an�nima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administraci�n General del Estado o de sus organismos p�blicos, se regir�n por el presente t�tulo y por el ordenamiento jur�dico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicaci�n la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contrataci�n.
3. A los efectos previstos en el presente t�tulo, formar�n parte del patrimonio empresarial de la Administraci�n General del Estado o de sus organismos p�blicos, las acciones, t�tulos, valores, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripci�n preferente, contratos financieros de opci�n, contratos de permuta financiera, cr�ditos participativos y otros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organizados que sean representativos de derechos para la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos, aunque su emisor no est� incluido entre las personas jur�dicas enunciadas en el apartado 1 del presente art�culo.
4. Tambi�n formar�n parte del patrimonio de la Administraci�n General del Estado los fondos propios, expresivos de la aportaci�n de capital del Estado, de las entidades p�blicas empresariales, que se registrar�n en la contabilidad patrimonial del Estado como el capital aportado para la constituci�n de estos organismos. Estos fondos generan a favor del Estado derechos de participaci�n en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidaci�n.
R�gimen patrimonial 1. Las entidades a que se refieren los p�rrafos a) y b) del apartado 1 del art�culo anterior ajustar�n la gesti�n de su patrimonio a esta ley. En lo no previsto en ella, se ajustar�n al Derecho privado, salvo en materia de bienes de dominio p�blico en que les ser�n de aplicaci�n las disposiciones reguladoras de estos bienes.
2. Las entidades a que se refieren los p�rrafos c) y d) del apartado 1 del art�culo anterior ajustar�n la gesti�n de su patrimonio al Derecho privado sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicaci�n.
Reestructuraci�n del sector p�blico empresarial 1. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo adoptado a propuesta del Ministro de Hacienda, podr� acordar la incorporaci�n de participaciones accionariales de titularidad de la Administraci�n General del Estado a entidades de derecho p�blico vinculadas a la Administraci�n General del Estado o a sociedades de las previstas en el art�culo 166.2 de esta ley cuya finalidad sea gestionar participaciones accionariales, o de �stas a aqu�lla. Igualmente, el Consejo de Ministros podr� acordar, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y del Ministro del departamento al que est�n adscritos o corresponda su tutela, la incorporaci�n de participaciones accionariales de titularidad de organismos p�blicos, entidades de derecho p�blico o de sociedades de las previstas en el art�culo 166.2 de esta ley a la Administraci�n General del Estado.
En todos estos casos, el acuerdo de Consejo de Ministros se adoptar� previo informe de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos.
La atribuci�n legal o reglamentaria para que el ejercicio de la titularidad del Estado sobre determinadas participaciones y las competencias inherentes a la misma correspondan a determinado �rgano o entidad, se entender� sustituida a favor de la entidad u �rgano que reciba tales participaciones. En los acuerdos que se adopten se podr�n prever los t�rminos y condiciones en que la entidad a la que se incorporan las sociedades se subroga en las relaciones jur�dicas, derechos y obligaciones que la entidad transmitente mantenga con tales sociedades.
2. A los efectos de lo dispuesto en el presente art�culo, la Administraci�n General del Estado, las entidades de derecho p�blico o las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley, adquirir�n el pleno dominio de las acciones recibidas desde la adopci�n del acuerdo correspondiente, cuya copia ser� t�tulo acreditativo de la nueva titularidad, ya sea a efectos del cambio de las anotaciones en cuenta y en acciones nominativas, como a efectos de cualquier otra actuaci�n administrativa, societaria y contable que sea preciso realizar. Las participaciones accionariales recibidas se registrar�n en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto contable que ten�an en el anterior titular a la fecha de dicho acuerdo, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan al final del ejercicio.
3. Las operaciones de cambio de titularidad y reordenaci�n interna en el sector p�blico estatal que se realicen en ejecuci�n de este art�culo no estar�n sujetas a la legislaci�n del mercado de valores ni al r�gimen de oferta p�blica de adquisici�n, y no dar�n lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisici�n preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre dichas participaciones otros accionistas de las sociedades cuyas participaciones sean transferidas o, en su caso, terceros a esas sociedades. Adicionalmente, la mera transferencia y reordenaci�n de participaciones societarias que se realice en aplicaci�n de esta norma no podr� ser entendida como causa de modificaci�n o de resoluci�n de las relaciones jur�dicas que mantengan tales sociedades.
4. Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecuci�n de este art�culo estar�n exentos de cualquier tributo estatal, incluidos tributos cedidos a las comunidades aut�nomas y recargos auton�micos sobre tributos estatales, o local, sin que en este �ltimo caso proceda la compensaci�n a que se refiere el primer p�rrafo del apartado 2 del art�culo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
5. Los aranceles de los Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecuci�n del presente art�culo se reducir�n en un 90 por ciento.
Competencias del Consejo de Ministros Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras espec�ficas someten determinadas actuaciones de gesti�n del sector p�blico empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros:
a) Determinar las directrices y estrategias de gesti�n del sector p�blico empresarial del Estado, en coherencia con la pol�tica econ�mica y la estabilidad presupuestaria.
b) Aprobar planes de reestructuraci�n del sector p�blico empresarial del Estado y ordenar la ejecuci�n de los mismos.
c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del �mbito de la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos p�blicos.
d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela.
e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley y sus modificaciones.
f) Autorizar la creaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n y extinci�n de sociedades mercantiles estatales, as� como los actos y negocios que impliquen la p�rdida o adquisici�n de esta condici�n por sociedades existentes. En el expediente de autorizaci�n deber� incluirse una memoria relativa a los efectos econ�micos previstos.
g) Autorizar los actos de adquisici�n o enajenaci�n de acciones que supongan la adquisici�n por una sociedad de las condiciones previstas en el art�culo 166.2 de esta ley o la p�rdida de las mismas.
h) Autorizar los actos de adquisici�n o enajenaci�n de acciones de las sociedades a que se refiere el p�rrafo d) del art�culo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunci�n de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado art�culo, o la p�rdida de las mismas.
i) Autorizar a las entidades a que se refiere el art�culo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripci�n de acuerdos, tales como pactos de sindicaci�n de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los t�tulos en sociedades mercantiles de com�n acuerdo con otros accionistas.
j) Autorizar los actos de adquisici�n por compra o enajenaci�n de acciones por la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos cuando el importe de la transacci�n supere los 10 millones de euros.
k) Autorizar las operaciones de adquisici�n o enajenaci�n de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.
Competencias del Ministerio de Hacienda 1. Corresponde al Ministro de Hacienda la fijaci�n de criterios para la gesti�n de los bienes y derechos del patrimonio empresarial de la Administraci�n General del Estado, de acuerdo con las pol�ticas sectoriales que, en su caso, adopte el Ministerio a que est�n vinculados o adscritos o al que corresponda la tutela de las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley, de conformidad con los principios de eficiencia econ�mica en la prosecuci�n del inter�s p�blico, as� como proponer al Consejo de Ministros el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el art�culo anterior.
2. El Ministerio de Hacienda ejercer�, en la forma que reglamentariamente se determine y sin perjuicio de las competencias en materia presupuestaria y de control financiero, la representaci�n de los intereses econ�micos generales de la Administraci�n General del Estado en las Entidades a que se refieren los p�rrafos a) y b) del art�culo 166.1 de esta ley, para la adecuada acomodaci�n de la gesti�n de los patrimonios p�blicos que les han sido atribuidos a las estrategias generales fijadas por el Gobierno y a los criterios definidos seg�n lo dispuesto en el apartado anterior de este art�culo.
3. El Ministro de Hacienda podr� dar instrucciones a quienes ostenten en la Junta General de las sociedades mercantiles la representaci�n de las acciones de titularidad de la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos sobre la aplicaci�n de las reservas disponibles o del resultado del ejercicio de las citadas sociedades cuando, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, sea posible dicha aplicaci�n.
4. Corresponde a la Direcci�n General del Patrimonio del Estado la tenencia y administraci�n de las acciones y participaciones sociales en las sociedades mercantiles en que participe la Administraci�n General del Estado, la formalizaci�n de los negocios de adquisici�n y enajenaci�n de las mismas, y la propuesta de actuaciones sobre los fondos propios de las entidades p�blicas que impliquen reducci�n o incremento del mismo como contrapartida a operaciones que supongan la escisi�n o fusi�n de actividades o bien la incorporaci�n de bienes al Patrimonio de la Administraci�n General del Estado o la aportaci�n de bienes de �sta a las citadas entidades p�blicas.
5. Corresponde a la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado el control de car�cter financiero de las entidades integradas en el sector p�blico empresarial, de conformidad con lo previsto en el art�culo 17 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Adquisici�n de t�tulos valores 1. La adquisici�n por la Administraci�n General del Estado de t�tulos representativos del capital de sociedades mercantiles, sea por suscripci�n o compra, as� como de futuros u opciones, cuyo activo subyacente est� constituido por acciones, se acordar� por el Ministro de Hacienda, previa autorizaci�n, en su caso, del Consejo de Ministros, en los supuestos que as� lo establezca esta ley u otras que resulten de aplicaci�n, con informe previo de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado.
2. Ser�n competentes para acordar la adquisici�n o suscripci�n de t�tulos representativos del capital de sociedades mercantiles por organismos p�blicos vinculados a la Administraci�n General del Estado o dependientes de ella sus directores o presidentes, previa autorizaci�n del Consejo de Ministros, cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el art�culo 169 de esta ley.
3. El acuerdo de adquisici�n por compra determinar� los procedimientos para fijar el importe de la misma seg�n los m�todos de valoraci�n com�nmente aceptados. Cuando los t�tulos o valores cuya adquisici�n se acuerde coticen en alg�n mercado secundario organizado, el precio de adquisici�n ser� el correspondiente de mercado en el momento y fecha de la operaci�n.
No obstante, en el supuesto que los servicios t�cnicos designados por el Director General del Patrimonio del Estado o por el presidente o director del organismo p�blico que efect�e la adquisici�n estimaran que el volumen de negociaci�n habitual de los t�tulos no garantiza la adecuada formaci�n de un precio de mercado podr�n proponer, motivadamente, la adquisici�n y determinaci�n del precio de los mismos por otro m�todo legalmente admisible de adquisici�n o valoraci�n.
Cuando la adquisici�n de t�tulos tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos por el Estado o sus organismos p�blicos la valoraci�n de estas participaciones exigir� la realizaci�n de la tasaci�n de los bienes inmuebles.
Constituci�n y disoluci�n de sociedades Las normas del art�culo anterior ser�n tambi�n de aplicaci�n a la constituci�n o, en los supuestos previstos en los n�meros 1.�, 3.�, 6.� y 7.� del apartado 1 del art�culo 260 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, a la disoluci�n de sociedades por la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos.
El �rgano competente para acordar la constituci�n o disoluci�n podr� autorizar la aportaci�n de bienes o derechos patrimoniales o determinar el destino del haber social de la sociedad cuya disoluci�n se acuerde.
Administraci�n de los t�tulos valores 1. Compete al Ministerio de Hacienda, a trav�s de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado, el ejercicio de los derechos que correspondan a la Administraci�n General del Estado como part�cipe directa de empresas mercantiles, tengan o no la condici�n de sociedades mercantiles estatales. Asimismo, corresponde a la Direcci�n General del Patrimonio del Estado la formalizaci�n, en nombre de la Administraci�n General del Estado, de las adquisiciones o enajenaciones de t�tulos representativos del capital.
2. El Ministerio de Hacienda, por medio de dicha Direcci�n General, podr� dar a los representantes del capital estatal en los consejos de administraci�n de dichas empresas las instrucciones que considere oportunas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a la titularidad de las acciones.
3. Los t�tulos o los resguardos de dep�sito correspondientes se custodiar�n en el Ministerio de Hacienda.
Competencia para la enajenaci�n de t�tulos representativos de capital 1. La enajenaci�n por la Administraci�n General del Estado de t�tulos representativos del capital de sociedades mercantiles se acordar� por el Ministro de Hacienda, previa autorizaci�n, en su caso, del Consejo de Ministros en los supuestos a que se refiere el art�culo 169 de esta ley.
2. Respecto de los t�tulos que sean propiedad de los organismos p�blicos vinculados a la Administraci�n General del Estado o dependientes de ella, ser�n competentes para acordar su enajenaci�n sus directores o presidentes, previa autorizaci�n del Consejo de Ministros o en los supuestos a que se refiere el art�culo 169 de esta ley.
Procedimiento para la enajenaci�n de t�tulos representativos de capital 1. La enajenaci�n de valores representativos del capital de sociedades mercantiles que sean de titularidad de la Administraci�n General del Estado o de sus organismos p�blicos se podr� realizar en mercados secundarios organizados, o fuera de los mismos, de conformidad con la legislaci�n vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jur�dicos.
2. Para llevar a cabo dicha enajenaci�n, los valores representativos de capital se podr�n vender por la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos, o se podr�n aportar o transmitir a una sociedad mercantil estatal o entidad p�blica empresarial cuyo objeto social comprenda la tenencia, administraci�n, adquisici�n y enajenaci�n de acciones y participaciones en entidades mercantiles. Tambi�n se podr� celebrar un convenio de gesti�n por el que se concreten los t�rminos en los que dicha sociedad estatal pueda proceder a la venta de valores por cuenta de la Administraci�n General del Estado o de organismos p�blicos. La instrumentaci�n jur�dica de la venta a terceros de los t�tulos se realizar� en t�rminos ordinarios del tr�fico privado, ya sea al contado o con precio aplazado cuando concurran garant�as suficientes para el aplazamiento.
3. En el supuesto de t�tulos o valores que coticen en mercados secundarios organizados, cuando el importe de los t�tulos que se pretende enajenar no puedan considerarse una aut�ntica inversi�n patrimonial ni represente una participaci�n relevante en el capital de la sociedad an�nima, la Direcci�n General del Patrimonio del Estado o el organismo p�blico titular de los mismos podr� enajenarlos mediante encargo a un intermediario financiero legalmente autorizado. En este supuesto, las comisiones u honorarios de la operaci�n se podr�n deducir del resultado bruto de la misma, ingres�ndose en el Tesoro el rendimiento neto de la enajenaci�n.
4. El importe de la enajenaci�n se determinar� seg�n los m�todos de valoraci�n com�nmente aceptados. Cuando los t�tulos o valores cuya enajenaci�n se acuerde coticen en alg�n mercado secundario organizado, el precio de enajenaci�n ser� el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operaci�n.
No obstante, en el supuesto que los servicios t�cnicos designados por el Director General del Patrimonio del Estado o por el presidente o director del organismo p�blico que efect�e la enajenaci�n estimaran que el volumen de negociaci�n habitual de los t�tulos no garantiza la adecuada formaci�n de un precio de mercado podr�n proponer, razonadamente, la enajenaci�n y determinaci�n del precio de los mismos por otro m�todo legalmente admisible de adquisici�n o valoraci�n.
5. Cuando los t�tulos y valores que se pretenda enajenar no coticen en mercados secundarios organizados, o en el supuesto previsto en el segundo p�rrafo del apartado 4 del presente art�culo, el �rgano competente para la autorizaci�n de la enajenaci�n determinar� el procedimiento de venta que, normalmente, se realizar� por concurso o por subasta. No obstante, el �rgano competente podr� acordar la adjudicaci�n directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisici�n preferente.
b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jur�dica de derecho p�blico o privado perteneciente al sector p�blico.
c) Cuando fuera declarada desierta una subasta o �sta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario. En este caso la venta directa deber� efectuarse en el plazo de un a�o desde la celebraci�n de la subasta, y sus condiciones no podr�n diferir de las publicitadas para la subasta o de aqu�llas en que se hubiese producido la adjudicaci�n.
d) Cuando la venta se realice a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en el art�culo 75 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, o cuando se realice a favor de otro u otros part�cipes en la sociedad. En este �ltimo caso los t�tulos deber�n ser ofrecidos a la sociedad que deber� distribuirlos entre los part�cipes interesados en la adquisici�n, en la parte proporcional que les corresponda de acuerdo con su participaci�n en el capital social.
El precio de la enajenaci�n se fijar� por el �rgano competente para autorizar la misma, sin que su cuant�a pueda ser inferior al importe que resulte de la valoraci�n efectuada por la Direcci�n General del Patrimonio del Estado o, en el supuesto previsto en el p�rrafo a), al que resulte del procedimiento establecido por los estatutos de la sociedad para la valoraci�n de los t�tulos.
6. Los valores que la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos transmitan o aporten a una sociedad estatal a los efectos previstos en el apartado 2 de este art�culo se registrar�n en la contabilidad de dicha sociedad estatal al valor neto contable que figure en las cuentas del transmitente, sin que sea de aplicaci�n lo establecido en el art�culo 38 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas.
CAP�TULO IIDisposiciones especiales para las sociedades a que se refiere el art�culo 166.2 de esta ley
Ministerio de tutela 1. Al autorizar la constituci�n de una sociedad de las previstas en el art�culo 166.2 de esta ley, el Consejo de Ministros podr� atribuir a un ministerio, cuyas competencias guarden una relaci�n espec�fica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.
2. En ausencia de esta atribuci�n expresa corresponder� �ntegramente al Ministerio de Hacienda el ejercicio de las facultades que esta ley otorga para la supervisi�n de la actividad de la sociedad.
Relaciones de la Administraci�n General del Estado con las sociedades a que se refiere el art�culo 166.2 de esta ley 1. Sin perjuicio de las competencias de control que corresponden a la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado, el ministerio de tutela ejercer� el control funcional y de eficacia de las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley y ser� el responsable de dar cuenta a las Cortes Generales de sus actuaciones, en el �mbito de su competencia.
2. El ministerio de tutela instruir� a la sociedad respecto a las l�neas de actuaci�n estrat�gica y establecer� las prioridades en la ejecuci�n de las mismas, y propondr� su incorporaci�n a los Presupuestos de Explotaci�n y Capital y Programas de Actuaci�n Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado, si se trata de sociedades cuyo capital corresponda �ntegramente a la Administraci�n General del Estado, o del organismo p�blico que sea titular de su capital.
3. La Direcci�n General del Patrimonio del Estado, en el caso de sociedades cuyo capital corresponda en su integridad a la Administraci�n General del Estado, o el organismo p�blico titular de su capital establecer�n los sistemas de control que permitan la adecuada supervisi�n financiera de estas sociedades.
4. Para aquellas sociedades en que sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuaci�n a medio plazo, el marco de relaciones con la Administraci�n General del Estado se establecer� preferentemente sobre la base de un convenio o contrato-programa de los regulados en el art�culo 91 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, a iniciativa del ministerio de tutela o de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado, en el caso de sociedades de la Administraci�n General del Estado, o del organismo p�blico que sea titular de su capital.
Instrucciones 1. En casos excepcionales, debidamente justificados, el Ministro al que corresponda su tutela podr� dar instrucciones a las sociedades previstas en el art�culo 166.2, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de inter�s p�blico su ejecuci�n.
2. Cuando las instrucciones que imparta el ministerio de tutela impliquen una variaci�n de los Presupuestos de Explotaci�n y Capital de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el �rgano de administraci�n no podr� iniciar la cumplimentaci�n de la instrucci�n sin contar con la autorizaci�n del �rgano competente para efectuar la modificaci�n correspondiente.
Responsabilidad Los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido instrucciones en los t�rminos previstos en el art�culo anterior actuar�n diligentemente para su ejecuci�n, y quedar�n exonerados de la responsabilidad prevista en el art�culo 133 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.
Administradores 1. El ministro al que corresponda la tutela de la sociedad propondr� al Ministro de Hacienda o al organismo p�blico representado en su Junta General, el nombramiento de un n�mero de administradores que represente como m�ximo, dentro del n�mero de consejeros que determinen los estatutos, la proporci�n que el Consejo de Ministros establezca cuando acuerde lo previsto en el art�culo 169.d) de esta ley.
2. Los administradores de las sociedades previstas en el art�culo 166.2 no se ver�n afectados por la prohibici�n establecida en el segundo inciso del art�culo 124 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas.
3. Las sociedades que, de acuerdo con la normativa aplicable est�n obligadas a someter sus cuentas a auditor�a, deber�n constituir una Comisi�n de Auditor�a y Control, dependiente del Consejo, con la composici�n y funciones que se determinen.
Presidente y Consejero Delegado 1. Los nombramientos del presidente del consejo de administraci�n y del consejero delegado o puesto equivalente que ejerza el m�ximo nivel ejecutivo de la sociedad se efectuar�n por el consejo de administraci�n, a propuesta del ministro de tutela.
N�mero 2 del art�culo 181 derogado por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci�n de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci�n General del Estado (�B.O.E.� 11 abril).Vigencia: 1 mayo 2006
Especialidades en las aportaciones no dinerarias En el caso de aportaciones no dinerarias efectuadas por la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos a las sociedades previstas en el art�culo 166.2 de esta ley, no ser� necesario el informe de expertos independientes previsto en el art�culo 38 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, que ser� sustituido por la tasaci�n prevista en el art�culo 114 de esta ley.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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