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Timestamp: 2020-04-10 19:07:34+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 125-4, de 13/05/2015
cve: BOCG-10-A-125-4
Núm. 125-4
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto aprobado por la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, tramitado con competencia legislativa plena, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Constitución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Comisión de Interior, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha aprobado con competencia legislativa plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Constitución, el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, con el siguiente texto:
La Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil, estableció un primer marco normativo de actuación para la protección civil, adaptado al entonces naciente Estado autonómico. La validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias sentencias que reconocieron al Estado su competencia, derivada del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y, por tanto, integrada en la seguridad pública, no sólo para responder frente a las emergencias en que concurra un interés nacional, movilizando los recursos a su alcance, sino también para procurar y salvaguardar una coordinación de los distintos servicios y recursos de protección civil integrándolos en "un diseño o modelo nacional mínimo". Esta ley ha sido complementada por numerosas disposiciones reglamentarias, algunas tan importantes como la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, o la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, al tiempo que se han elaborado diferentes Planes de Emergencias y Directrices Básicas de planificación sobre riesgos específicos.
Pero, sobre todo, se trata de arbitrar los presupuestos legales que permitan seguir elevando gradualmente el nivel de protección de la ciudadanía durante los años venideros. No está de más recordar que, en el momento en que empieza a construirse en nuestro país un sistema administrativo moderno, advertía Javier de Burgos que "el socorro de las calamidades... no debe abandonarse a la eventualidad de las inspiraciones generosas, sino someterse a la acción constante, regular y uniforme de la administración". Dos siglos después, es evidente que el Estado, al igual que los demás poderes públicos, está llamado a ofrecer a cualquier persona previsión y amparo ante las catástrofes de todo tipo, ya que en ello está en juego la vida, la integridad física, el disfrute normal de bienes y derechos y la defensa de los recursos naturales y culturales, cuya protección es una, si no la más importante, de las razones de ser del Estado mismo.
4. antes 2 (nuevo) Los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia y participen en los planes de protección civil.
Artículo 7 bis (antes artículo 6). Deber de colaboración.
Artículo 7 ter (antes artículo 7). Deber de cautela y autoprotección.
3 (nuevo) El Consejo Nacional aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento.
4 (antes 3.) El Consejo Nacional tendrá el carácter de Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
Los órganos competentes de la Administración General del Estado ejercerán la potestad sancionadora, de acuerdo con lo previsto en este título, cuando las conductas presuntamente constitutivas de infracción se realicen con ocasión de emergencias declaradas de interés nacional o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección y gestión corresponda a aquella.
c) El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 7 bis.7 (antes 6.7) de esta Ley, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.7 (antes 6.7), cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis. 8 (antes 6.8), cuando suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.8 (antes 6.8), cuando no suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
Disposición adicional sexta. Planes y programas con regulación sectorial
Disposición adicional novena. Competencia sancionadora en el ámbito municipal
Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2015.
El Presidente de la Comisión, Sebastián González Vázquez.-El Secretario de la Comisión, Federico Cabello de Alba Hernández.

References: artículo 97
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 7
 artículo 6

Artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 149