Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5398
Timestamp: 2020-01-21 02:32:41+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 138/2005
SENTENCIA 138/2005, de 26 de mayo
ECLI:ES:TC:2005:138
1. El 6 de marzo de 1996 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Juzgado de Primera Instancia núm. 17, de los de Madrid, al que se acompaña, junto al testimonio de actuaciones seguidas bajo el núm. 877/93, el Auto del Juzgado de 26 de febrero de 1996, por el que plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo primero del art. 136 del Código civil (en adelante, CC), denunciando su posible contradicción con los derechos a la igualdad en la Ley, a una tutela judicial efectiva sin indefensión y al mandato de investigar la paternidad que dimana de los arts. 14, 24.1 y 39.2 CE.
2. La cuestión surge de la demanda formulada el 25 de octubre de 1993 por don Modesto M.S. contra su mujer doña María de las Nieves M.C., sobre impugnación de la paternidad matrimonial del menor David M.M., nacido el 18 de abril de 1992, que ha dado lugar a los autos núm. 877/93 del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid.
3. Concluso el procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid acordó, mediante providencia de 29 de enero de 1996, oír a las partes y al Ministerio Fiscal (ex art. 35.2 LOTC) para que formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 136 CC "respecto de los artículos 24 y 39 de la Constitución, en cuanto viene a establecer el plazo de caducidad de un año de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, estableciendo como dies a quo el de la fecha de inscripción de la filiación en el Registro Civil, con total independencia del hecho de que el progenitor hubiere tenido conocimiento con posterioridad de la verdad material de la procreación".
4. El Auto de planteamiento de la cuestión se fundamenta en las consideraciones siguientes:
a) La primera de las cuestiones que inequívocamente debe resolverse en el proceso a quo es la relativa a la excepción de caducidad de la acción aducida por la parte demandada, pues en caso de ser estimada no sería necesario entrar en la cuestión de fondo planteada. Para ello debe partirse del párrafo primero del art. 136 CC, a cuyo tenor "El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento".
b) La duda sobre la constitucionalidad del art. 136, párrafo primero, del Código civil no radica en que establezca un plazo anual de caducidad de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, lo que considera razonable, sino en que determine como dies a quo para el cómputo de dicho plazo la fecha de inscripción registral (siempre que el marido conozca el nacimiento), sin tener en cuenta el posible hecho de que el marido haya podido tener conocimiento de que no es el progenitor en un tiempo posterior a la fecha de inscripción registral, transcurrido el mencionado plazo de caducidad de la acción.
c) El Auto de planteamiento comparte las conclusiones a las que llega la precitada Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El párrafo primero del art. 136 CC contradice, en primer término, los arts. 24.1 y 39.2 CE, por las razones siguientes:
5. Mediante providencia de 12 de marzo de 1996, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid respecto del párrafo primero del art. 136 CC, por su posible contradicción con los arts. 14, 24.1 y 39.2 CE. Asimismo ordenó dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con lo establecido por el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes; al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo improrrogable de quince días, pudieran personarse en este proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes. Finalmente resolvió publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
6. En el "Boletín Oficial del Estado" núm. 73, de 25 de marzo de 1996, se hizo pública la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 929/96. Por escrito registrado en este Tribunal el 26 de marzo de 1996, la Presidencia del Congreso de los Diputados comunicó que, aunque no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar. El mismo día 26 de marzo tuvo entrada el acuerdo de la Presidencia del Senado de personación en el procedimiento y de ofrecimiento de colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Por escrito registrado el 27 de marzo de 1996, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, formula alegaciones y pide que se desestime la cuestión de inconstitucionalidad. Comienza el Abogado del Estado por delimitar el objeto de la cuestión, precisando que no es la inscripción en el Registro Civil el único dato que el precepto cuestionado toma en consideración para establecer el dies a quo de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, ya que el plazo comienza a correr desde que el marido tiene conocimiento del nacimiento del hijo.
Como hemos señalado, el principio de libre investigación de la paternidad ha de compatibilizarse necesariamente con exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) al concurrir derechos e intereses legítimos dignos de protección que derivan de las relacionales paterno-filiales que refleja el Registro Civil. Por ello el establecimiento de un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, además de presentar una conexión evidente con el reconocimiento tácito (tacens consentit si contradicendo impedire poterat), tiende a preservar un valor o principio constitucional, como es el de la seguridad jurídica en las relaciones familiares y la estabilidad del estado civil de las personas, así como a proteger a los intereses de los hijos (art. 39.1 y 2 CE). Así lo impone la primacía del interés de los menores que recoge el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, recordando los principios inspiradores de instrumentos internacionales en los que España es parte, a los que resulta obligado remitirse con arreglo a lo dispuesto en el art. 39.4 CE, especialmente a la Convención de derechos del niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, o también, en el marco de la Unión Europea, la Carta europea de los derechos del niño, aprobada por Resolución A 3- 0172/92, del Parlamento Europeo y el art. 24 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el 7 de diciembre de 2001 y cuyo contenido (aun sin fuerza jurídica vinculante) se ha incorporado al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (título II). En el mismo sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que no vulnera el art. 14 (prohibición de discriminación), en relación con los arts. 6 y 8 (derecho a un proceso equitativo y derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio europeo de derechos humanos, la institución de plazos para entablar una acción de investigación de la paternidad, institución que se justifica por el deseo de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses del niño (STEDH de 28 de noviembre de 1984, caso Rasmussen c. Dinamarca, § 41).
5. Todavía debemos examinar una cuestión más, cual es si resulta posible una interpretación secundum constitutionem del precepto que impidiera apreciar su inconstitucionalidad, tal y como con carácter subsidiario proponen el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ciertamente en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pueden encontrarse resoluciones (SSTS de 30 de enero de 1993, 23 de marzo de 2001, 3 de diciembre de 2002 y 15 de septiembre de 2003) que, aunque coexistentes con otras de signo contrario (así, las SSTS de 22 de diciembre de 1993, 20 de junio de 1996, 10 de febrero de 1997, 21 de julio de 2000, 30 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003), han entendido que la acción de impugnación de la paternidad matrimonial establecida en el art. 136 CC puede ejercitarse desde que el padre registral conoce no serlo biológicamente, invocando tales resoluciones el espíritu y finalidad que han de inspirar la aplicación de las normas -art. 3.1 CC- y considerando que una interpretación rigurosa del precepto, aisladamente considerado, incurriría en contradicción con el art. 39 CE y generaría un efecto de indefensión vedado por el art. 24 CE, debiéndose evitar el éxito de una actuación fraudulenta vedada por el art. 6.4 CC.
6. Por último no cabe concluir esta Sentencia sin precisar el contenido y alcance de nuestro fallo. Ha de declarar este fallo, desde luego, la inconstitucionalidad del precepto enjuiciado pero, como ya dijimos en la STC 45/1989, de 20 de febrero (FJ 11), no siempre es necesaria la vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad; así ocurre cuando "la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en determinación textual alguna de éste, sino en su omisión" (en el mismo sentido, las SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 7; 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22; y 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 13).
1. Voto particular que formula el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez respecto del fallo y de algunos extremos de la fundamentación jurídica de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 929/96 al que se adhiere el Magistrado don Javier Delgado Barrio.
B) La acción de reclamación de la filiación no matrimonial en caso de que falte la posesión de estado corresponde al hijo durante toda su vida (art. 133, párrafo primero CC).
C) La impugnación de la maternidad o de la paternidad queda por el contrario considerablemente limitada:
a) Si es el hijo quien impugna ha de distinguirse si su filiación es matrimonial o extramatrimonial.
b) Si los impugnantes son quienes en principio aparecen como padre o madre, o sus herederos, han de distinguirse los siguientes supuestos:
2. Voto particular que formula el Magistrado don Eugenio Gay Montalvo respecto de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 929/96.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 148 ] 22/06/2005 Amendment 1
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 929-1996
Date of the decision 26/05/2005
Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid en relación con el párrafo primero del artículo 136 del Código civil.
La imposición al marido de una paternidad legal que, sin responder a la realidad biológica, no ha sido consentida conscientemente, sino impuesta por una presunción legal resulta incompatible con el mandato constitucional de posibilitar la investigación de la paternidad y, por extensión, con la dignidad de la persona, así como con el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso a la jurisdicción (ATC 276/1996) [FJ 4].
La acción de impugnación de la paternidad matrimonial del art. 136 CC descansa sobre presupuestos diferentes que las acciones de impugnación contempladas en los arts. 138 y 141 CC, lo que justifica que el legislador haya establecido un diferente dies a quo para el cómputo del plazo de las mismas [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad en la Ley [FJ 3].
El precepto cuestionado, en cuanto dispone que el ejercicio de la accióerá hacerse en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil y añade que, «sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento», no permite entender, sin forzar el sentido propio del enunciado, que el cómputo del plazo no empiece a correr por causas distintas de la única que se explicita [FJ 5].
No siempre es necesaria la vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad; así ocurre cuando la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en determinación textual alguna de éste, sino en su omisión (SSTC 222/1992, 96/1996, 235/1999) [FJ 6].
La inconstitucionalidad apreciada exige que sea el legislador el que trace de forma precisa, en aras de la seguridad jurídica el dies a quo del plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial prevista en el art. 136 CC, dentro de cánones respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 55/1996) [FJ 6].
Si bien el órgano judicial no puede cuestionar otros preceptos legales distintos de aquellos que sometió a la consideración de las partes, no cabe exigir esa misma rigidez en lo relativo a la identificación de las normas constitucionales que se estiman infringidas, si éstas han sido objeto de las alegaciones de las partes (SSTC 21/1985, 153/1986) [FJ 2].
Artículo 136 párrafo 1 (redactado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo) (declara inconstitucional)
Artículo 108, VP I
Artículo 113, f. 3, VP I
Artículo 115, f. 3
Artículo 116, ff. 3, 4
Artículos 121 a 126, f. 3
Artículo 127, f. 4
Artículo 131 párrafo 1, VP I
Artículo 132 párrafo 1, VP I
Artículo 133, VP I, VP II
Artículo 133 párrafo 1, VP I
Artículo 136, ff. 3 a 5, VP I, VP II
Artículo 136 párrafo 1 (redactado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo), ff. 1, 2, VP I
Artículo 138, f. 3, VP I
Artículo 140 párrafos 1, 2, VP I
Artículo 141, ff. 2, 3, VP I
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 4, 5, VP I, VP II
Artículo 10.1, f. 4, VP I, VP II
Artículo 10.2, VP II
Artículo 14 (igualdad en la aplicación de la ley), ff. 2, 3
Artículo 24, ff. 2, 5, VP II
Artículo 24.1, ff. 1, 2, 4, 5, VP I, VP II
Artículo 39, ff. 2, 5, VP II
Artículo 39.1, f. 4, VP I, VP II
Artículo 39.2, ff. 1, 2, 4, VP I, VP II
Artículo 39.3, VP II
Artículo 39.4, f. 4, VP II
Libro I, título V, f. 4
Artículo 767.1, f. 4
Artículo 24, f. 4, VP II
Título II, f. 4, VP II
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 1984 (Rasmussen c. Dinamarca)
§ 41, f. 4, VP II
Contenido absoluto de los derechos fundamentalesContenido absoluto de los derechos fundamentales, f. 4, VP I, VP II
Cuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, f. 6, VP I
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, f. 4, VP I
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, Vulnerado, f. 4, VP II
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, ff. 4, 6
Derechos de configuración legalDerechos de configuración legal, f. 4, VP I
Identificación de los preceptos constitucionalesIdentificación de los preceptos constitucionales, f. 2
Inconstitucionalidad por omisiónInconstitucionalidad por omisión, f. 6, VP I
Dignidad de la personaDignidad de la persona, f. 4, VP I, VP II
FiliaciónFiliación, f. 4, VP II
Impugnación de la filiación matrimonialImpugnación de la filiación matrimonial, ff. 3, 5, 6, VP I, VP II
Interpretación conforme con la ConstituciónInterpretación conforme con la Constitución, Límites, f. 5
Investigación de la paternidadInvestigación de la paternidad, Finalidad, f. 4, VP I, VP II
Caducidad de la acciónCaducidad de la acción, ff. 4, 6
Plazo de caducidad de accionesPlazo de caducidad de acciones, f. 4, VP II
Presunciones legalesPresunciones legales, f. 4, VP II

References: Resolución 
 artículo 136

Artículo 136

Artículo 108

Artículo 113

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 127

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 133

Artículo 136

Artículo 136

Artículo 138

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 767

Artículo 24