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Timestamp: 2019-10-17 03:01:59+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 716, de 23/02/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 716
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 50
celebrada el miércoles, 23 de febrero de 2011
- De la diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre opinión del Gobierno acerca de los reproches del comisario europeo de Medio Ambiente por la improvisada política del agua en España. (Número de expediente 181/000713.) ...
- Del diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre situación de la ejecución del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ourense. (Número de expediente 181/001305.) ... (Página 7)
- Del diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas para alinear el precio de los fertilizantes nitrogenados de primavera a la bajada del precio del petróleo. (Número de expediente 181/001433.) ... (Página 8)
- Del diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para que la Confederación Hidrográfica del Duero realice las obras necesarias y urgentes para evitar los constantes desbordamientos de los ríos, que afectan al territorio gallego de esa confederación y que causan daños a las propiedades de los ayuntamientos y vecinos de la zona. (Número de expediente 181/002261.) ... (Página 8)
- Del diputado don Joaquín María García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre razones para no haber publicado la orden ministerial por la que se prorroga el contrato homologado tipo del sector lácteo. (Número de expediente 181/002018.) ... (Página 11)
- Del diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fecha prevista para que pueda entrar en servicio la estación depuradora de aguas residuales en la ciudad de El Ferrol (A Coruña). (Número de expediente 181/002521.) ...
- Del diputado don Carlos Javier Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre motivos por los que el Gobierno no cumple el calendario de los nuevos procesos de planificación hidrológica de Cuenca. (Número de expediente 181/002314.) ... (Página 14)
- De la diputada doña Celinda Sánchez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre previsiones del inicio y de los plazos de la obra del desvío del arroyo de Villalobón en la ciudad de Palencia.
(Número de expediente 181/002357.) ... (Página 17)
De la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:
- Opinión del Gobierno acerca de la existencia de sobradas razones para que el proceso de compra de Puleva por la multinacional francesa Lactalis sea sometido al Tribunal de Defensa de la Competencia. (Número de expediente 181/002494.) ... (Página 19)
- Previsiones acerca de dar cumplimiento a la resolución sobre el sector lácteo aprobada en el Congreso de los Diputados en el marco del debate de política general del año 2010. (Número de expediente 181/003063.) ...
- Valoración del informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre "Competencia y sector agroalimentario", en el que parece recelarse de los contratos en la industria láctea. (Número de expediente 181/003065.) ...
- Posición del Gobierno en relación a la propuesta de la UE de avanzar en el diseño de mercados de futuros para el sector lácteo. (Número de expediente 181/003172.) ... (Página 19)
- Motivos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para decidir el derribo de la presa del río Covadonga, situada en el núcleo de La Riera, en Cangas de Onís, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071292). (Número de expediente 181/002561.) ...
- Acondicionamiento del río Trubia y la presa de El Machón en Trubia, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/91607). (Número de expediente 181/003220.) ... (Página 23)
- De la diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conclusiones del encuentro entre el secretario de Estado de Medio Rural y Agua español con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, en el marco de la X Conferencia iberoamericana de ministros de Agricultura. (Número de expediente 181/003015.) ... (Página 24)
Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en sustitución de la diputada doña María del Carmen Guerra Guerra, sobre:
- Subvenciones concedidas a los ayuntamientos y cabildos insulares de Canarias para las obras de reparación o restitución de equipamientos públicos afectados por los incendios que asolaron las islas en el verano de 2007, así como cuantía de las mismas. (Número de expediente 181/002881.) ... (Página 25)
- Indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrarias o ganaderas afectadas por los incendios que asolaron Canarias en el verano de 2007, así como cuantía de las mismas. (Número de expediente 181/002882.) ...
- Alcance de los beneficios fiscales previstos a raíz de los incendios que asolaron Canarias en el verano de 2007, así como número de personas beneficiadas. (Número de expediente 181/002883.) ... (Página 25)
- Reducciones fiscales especiales para actividades agrarias practicadas con motivo de los incendios en Canarias del verano del 2007, así como número de explotaciones beneficiadas. (Número de expediente 181/002884.) ... (Página 25)
- Medidas laborales y de seguridad social aplicadas por motivo de los incendios que arrasaron Canarias en el verano de 2007 y número de empleados y empresas beneficiadas en supuestos establecidos en el artículo 6º del Real Decreto-Ley 7/2007, de 3 de agosto. (Número de expediente 181/002885.) ... (Página 25)
- Ayudas por daños personales y cuantía de las mismas, así como destinadas a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y de servicios por los incendios acontecidos en Canarias en el verano de 2007. (Número de expediente 181/002886.) ... (Página 25)
- Personas beneficiadas de las ayudas excepcionales en materia de vivienda tras los incendios en Canarias durante el verano de 2007. (Número de expediente 181/002887.) ... (Página 25)
- Efectos reales que han representado las líneas preferenciales de crédito habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial a causa de los incendios que asolaron Canarias en el verano de 2007. (Número de expediente 181/002888.) ... (Página 25)
- Corporaciones locales canarias que se han acogido al ingreso de subvenciones por daños en infraestructuras, equipamientos y red viaria tras los incendios que asolaron Canarias en el verano de 2007. (Número de expediente 181/002889.) ... (Página 26)
- Actuaciones de restauración forestal y medioambiental en Canarias en las que ha participado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a raíz de los incendios acontecidos en el verano de 2007. (Número de expediente 181/002890.) ... (Página 26)
- Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre inversiones realizadas por Acuamed en los últimos años en la provincia de Almería, así como las previsiones para el año 2011. (Número de expediente 181/003183.) ... (Página 28)
Se abre la sesión a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS REPROCHES DEL COMISARIO EUROPEO DE MEDIO AMBIENTE POR LA IMPROVISADA POLÍTICA DEL AGUA EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/000713.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Para contestar a las preguntas que se van a formular, nos acompaña, por parte del Gobierno, el secretario de Estado, señor Puxeu.
Iniciamos el orden del día con la primera pregunta, que formula la señora De Lara Carbó, sobre la opinión del Gobierno acerca de los reproches del comisario europeo de Medio Ambiente por la improvisada política del agua en España. Recuerdo que hay quince minutos; siete minutos y medio por quien formula la pregunta, para distribuirlos en dos turnos, y otros siete minutos y medio por parte del Gobierno para contestar a la pregunta. Señora diputada, tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Efectivamente, la pregunta que ha leído sobre la opinión del Gobierno acerca de los reproches del comisario europeo de Medio
Ambiente por la improvisada política de agua en España tiene fecha de 27 de octubre del año 2008; han pasado dos años y medio, pero, curiosamente, la pregunta tiene plena vigencia. En aquel momento la formulé porque el comisario europeo, respondiendo a una pregunta parlamentaria -estoy hablando del año 2008-, consideró que en España había una improvisada política de agua que obligaba a recurrir a soluciones apresuradas ante problemas de carestía, en lugar de hacerlo planificadamente y con antelación. Creo que en aquel momento el comisario europeo tenía toda la razón, porque hacía escasos cuatro años, cuando el Gobierno socialista ganó las elecciones, la primera norma que estableció fue la derogación del trasvase del Ebro del Plan hidrológico nacional. Seguramente las señorías que estaban en aquella legislatura recuerdan, y usted, señor secretario de Estado, seguro que también, que cuando se derogó el trasvase del Ebro se presentó el famoso programa Agua, que prometía a los españoles, sobre todo a los de Levante y el sureste español, más agua, más barata y en menos tiempo. Se nos presentaron como nuevas una serie de actuaciones que estaban todas incluidas en el anexo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional y la única novedad que aportaba el programa Agua era una serie de desaladoras adicionales esparcidas por el arco mediterráneo.
Desde que ustedes derogaron el trasvase del Ebro han transcurrido cerca de ocho años y, si hacemos un recuento de lo que hay, tenemos que decir que se ha perdido el tiempo. Hoy podríamos decir lo mismo que en el año 2008 dijo el comisario europeo de Medio Ambiente cuando apercibió a España por la errática política de agua: no hay una política planificada de agua. En febrero del año 2011, a un año escaso de finalizar la legislatura, queremos preguntar al señor secretario de Estado por el balance que nos hace del programa Agua y sobre las desaladoras que hay por el Mediterráneo. Las preguntas que queríamos plantearle, señor secretario de Estado son las siguientes. ¿Por qué las escasas desaladoras del programa Agua que están funcionando -y no me refiero a las que estaban incluidas en el Plan hidrológico y que había iniciado el Partido Popular, sino a las adicionales contempladas en el programa Agua- están funcionando por debajo de su capacidad? También quería preguntar al señor secretario de Estado si cuando hicieron la planificación de las desaladoras que debían sustituir al trasvase del Ebro tuvieron en cuenta -no usted, porque no estaba en el cargo, pero sí su Gobierno, que es del mismo signo político- que no había líneas de transporte eléctrico para proveer a estas desaladoras de la electricidad y la energía necesarias para su funcionamiento. Espero a sus respuestas para concluir mi turno.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): En un día señalado para este país y para esta Cámara, es un placer estar una vez más aquí con ustedes.
Su pregunta no está desfasada, porque el debate del agua en España es un debate absolutamente vigente y lo va a ser durante muchos años, por suerte. España es un país mediterráneo con unas demandas muy claras y crecientes para su desarrollo social, económico y ambiental, y necesita una gestión eficiente de un recurso escaso como es el agua, que es lo que estamos intentando hacer entre todos, pero muy especialmente el Gobierno.
Como usted sabrá, el comisario Stavros Dimas, cuando hizo esas críticas a las que usted se refiere -dijo que la política era improvisada y llevaba a adoptar soluciones apresuradas ante situaciones graves de sequía, no de carestía, como he interpretado de sus palabras- se refería a un episodio muy concreto, que era la falta de agua para Barcelona y el área metropolitana. El comisario Stavros Dimas ya no está en su responsabilidad, como usted sabe perfectamente; le ha sustituido el comisario Poto?cnik. Con el comisario Poto?cnik, con su director general, Karl Falkenberg, y con sus equipos hay una relación continuada de trabajo, como no puede ser de otra manera, para optimizar las políticas europeas, que son las nuestras: la puesta al día y trasposición de directivas y la utilización de fondos y recursos europeos, que nos son necesarios junto con los recursos que dimanan de nuestros presupuestos para gestionar el agua en España. No hay ninguna discrepancia entre las políticas de agua europeas, las españolas y las autonómicas, porque todas son políticas nuestras, que afectan a los ciudadanos y tienden a mejorar nuestra vida, nuestra capacidad de crecimiento, y a cubrir las necesidades actuales y futuras de nuestro país. Por tanto, sí es cierto que ante un episodio determinado hubo unas declaraciones desafortunadas de un comisario que, insisto, ya no está, pero también es cierto que hay mucha gestión y en este final de legislatura podemos ver -y lo veremos en las preguntas de esta tarde- que la política de aguas, que es una política comunitaria y española, una política de este Gobierno, con una capacidad de inversión en estos momentos limitada por un escenario económico complejo en esta y en otras áreas, ha hecho posible que no falte el suministro y que se puedan atender las demandas de la sociedad.
Nuestra primera obligación es que no falte agua para el consumo, para el desarrollo económico, para la agricultura y también para atender una demanda importante, que es la demanda social en los aspectos ecológicos.
Para ello se está trabajando con una política de inversiones muy clara, que podemos desgranar durante esta tarde y también en otras comisiones específicas -lo hemos hecho- para poner en valor las actuaciones. Me parece maniqueo que digamos que algunas de las plantas desaladoras, que son parte de la solución para la zona de más demanda y más frágil en cuanto a los recursos, que es el arco mediterráneo, estén utilizándose a bajo rendimiento, porque hemos pasado un ciclo de sequía muy duro, un ciclo que en estos
momentos está tocando a su fin en el Mediterráneo, y llevamos muchos meses sin llover. Acabaremos esta legislatura con cerca de 700 hectómetros de capacidad instalada de desalación, que en provincias como Almería, en áreas metropolitanas como Barcelona, en Murcia, en Alicante y en menor medida en Valencia y en Castellón van a dar respuesta en función de las necesidades que se generen. Sí, la van a dar, a pesar de que algunas administraciones pongan trabas en algunos elementos como pueden ser la captación, el vertido o la instalación de la línea eléctrica. Esas cuestiones también se han ido resolviendo. Hay infraestructuras complementarias, como la que ya hemos terminado, la actuación del Júcar-Vinalopó, en la que ya estamos procediendo al llenado de la Balsa de San Diego, que es la parte final, y otras infraestructuras tendentes a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, que es lo que al fin y al cabo preocupa al Gobierno y al grupo que le da apoyo en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Para un segundo turno, señora De Lara, tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Ya ha quedado demostrado -el secretario de Estado ha intentado explicarlo- qué es lo que preocupa al Gobierno, pero a nosotros, aparte de la gestión usted dice que están haciendo y que no pongo en duda, nos preocupan los resultados, porque el balance que hacemos de los siete años es malo.
Decía usted que la declaración puntual del comisario de Medio Ambiente se había debido a un episodio puntual de falta de agua en las cuencas internas de Cataluña. Le quiero aclarar que este no era un episodio puntual. En aquel momento se iba a hacer un trasvase del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, pero le voy a decir dos cosas. En primer lugar, el trasvase estaba contemplado, porque el trasvase del Ebro contemplaba un trasvase de 170 hectómetros cúbicos a las cuencas internas de Cataluña, porque había un déficit estructural de agua. Por consiguiente aquello estaba estructurado, estaba programado y ustedes lo derogaron, pero luego quisieron hacer un trasvase sin preparación y el comisario europeo lo puso en entredicho. Al final se hizo la desaladora de El Prat, la desaladora más grande de Europa, desaladora más grande de Europa que está funcionando a un rendimiento mínimo. En estos momentos ustedes han decidido que la desaladora funciona cuando el agua embalsada está por encima de un porcentaje y en este momento está por encima de él.
Habría que preguntarse si la inversión que hicieron para los resultados que se obtienen fue necesaria o no.
Decía usted que en estas cosas no hay que hacer demagogia y, por supuesto, no queremos que hacerla. Le voy a preguntar a usted algunas cosas para las que desearía una respuesta, pero no que me hable de la gestión en general, sino que me dé respuestas concretas. Recientemente, en febrero de 2010, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea reprochó a España su retraso en la aprobación de los planes de cuenca.
Usted sabe que los planes de cuenca debían estar aprobados en 2009, pero estamos en 2011 y no están aprobados. ¿Podría usted decirnos a qué se debe?
Segunda pregunta. ¿Puede usted indicarnos si es cierto que en el borrador o en el plan de cuenca del Segura se especifica que la desalación no es la solución adecuada para resolver el déficit estructural de la cuenca del Segura? ¿Es cierto o no es cierto? En caso de que sea cierto, qué pena de ocho años que se han perdido para la cuenca del Segura, señor secretario de Estado.
Tercera pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que no hay líneas de transporte de energía suficientes para abastecer a las desaladoras del alto Mediterráneo? Simplemente me gustaría saber si usted considera que es cierto o no y, en caso de que sea cierto, cómo no se ha previsto.
¿Está usted de acuerdo con el coste energético de las desaladoras, coste energético que produce emisiones de CO2, emisiones de CO2 que tenemos que sufragar todos los españoles a través de la compra de derechos de emisión que se hace a través del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Medio Ambiente? También nos gustaría saber qué opinión le merece que Acuamed se enfrente a un importante desfase patrimonial y que la planta desaladora tenga escasa rentabilidad. Me gustaría que me indicara si es cierto o no que el agua de las desaladoras sencillamente no se vende porque su precio no resulta asequible ni para los regantes ni para los consumidores.
Usted presentó hace pocos meses un documento sobre un gran pacto del agua del Partido Socialista, y la nueva ministra, Rosa Aguilar, en unas declaraciones a la prensa, cuando le preguntaron sobre trasvases, desalación o gestión de la demanda, dijo que no había que politizar la política de agua -valga la redundancia- y que consideraba que los trasvases y la desalación eran complementarios. Curiosamente, esto es lo que había defendido siempre el Partido Popular, porque, hablando de desaladoras, quiero hacer hincapié en que en el Plan hidrológico nacional estaban previstas desaladoras, actuaciones puntuales en zonas costeras para el abastecimiento y, por supuesto, desalación en las islas, claro que sí, pero no la desalación para la agricultura ni la desalación tal como la habían propuesto ustedes. Luego, cuando se preguntó a la ministra de Medio Ambiente actual si quería propiciar un gran pacto estatal sobre el agua, respondió que por supuesto quería un gran pacto del agua, porque el Partido Popular siempre había jugado con la política del agua. Quiero decirle hoy aquí, señor secretario de Estado, que en este momento desconocemos cuál es su política de agua -este es realmente un tema importante- y no sabemos cómo van a solucionar ustedes los problemas del agua en España.
La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, termine por favor.
La señora DE LARA CARBÓ: Sí, señora presidenta, termino en seguida.
Estamos en una época lluviosa, pero queríamos saber cuál es la política que va a seguir haciendo el Partido Socialista en este escaso año que le queda de legislatura.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, tiene la palabra por dos minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): En dos minutos es bastante difícil. Voy a empezar por el final. Sí hay política de agua, lo saben los ciudadanos, la estamos haciendo pública, la estamos debatiendo en los planes de cuenca. No hay ningún problema con la Comisión. Es cierto que hay unos plazos, es cierto que hay una reiteración por parte de la Comisión Europea y por parte del Gobierno de la nación en esforzarnos en el debate público, plural, abierto. Hoy mismo, en la sede del ministerio, ha habido una jornada sobre planificación para avanzar en los planes de cuenca, pero no es menos cierto que hay un bloqueo político en algunas demarcaciones, un bloqueo perfectamente conocido por todos los ciudadanos, porque es publicado por la prensa local y de ámbito nacional todos los días. Por tanto, es cierto que se está adelantando, en lo que queda de legislatura se acabarán todos los trabajos de planificación y exposición pública, y es cierto que hay dos o tres demarcaciones en las que hay un debate muy enconado y donde falta básicamente un gran acuerdo entre los dos partidos mayoritarios.
Así lo ofreció la ministra Aguilar y así lo recogió el portavoz, el señor Floriano, en una comparecencia en la que yo estaba presente. Habrá que resolver ese tema. La Comisión Europea lo sabe. Es complejo. España tiene más de veinticinco cuencas, más de veinticinco planes. Hay otros países de la Unión Europea que con un solo plan y sin problemas de agua no tienen ningún problema.
En un afán de síntesis, en dos minutos -insisto, señora presidenta, no creo que sea el formato, porque hay muchas preguntas-, le diré, señoría, que de los 700 hectómetros de desalación, que son imprescindibles para la planificación, especialmente en las cuencas mediterráneas y en el arco mediterráneo, por las necesidades de población, de regadíos y de todo tipo de usos, para no sobreexplotar los acuíferos en estas zonas, que están gravemente dañados, durante esta legislatura hemos puesto 325 hectómetros en servicio y 310 en final de ejecución, más los que ya estaban. No me haga usted que le explique en medio minuto el problema del porqué de la derogación de la actuación en el Delta del Ebro, porque hay otra pregunta en la que hablaremos de caudales ecológicos y planificación. El punto más frágil de todo el ecosistema del Ebro, desde Cantabria hasta la desembocadura, es el Delta del Ebro y por eso se hacían otras políticas de sustitución. Esas políticas en un momento determinado no estaban concluidas: la gran desaladora del Plan del Llobregat, el aprovechamiento y la mejora del sistema Ter-Llobregat y de las cuencas internas de Cataluña y, por supuesto, un uso mucho más eficiente en un área urbana y periurbana de cerca de 7 millones de habitantes, desde Tarragona hasta toda la metrópoli de Barcelona. Por tanto, sí había soluciones técnicas, sí había soluciones de inversión, sí hay soluciones para afrontar situaciones de escasez como aquellas. Hubo un acuerdo muy mayoritario para tomar una decisión puntual en un momento determinado condicionado a que hubiese un cambio. Ese cambio se produjo y se empezó a ver -las noticias de cómo crecía el nivel del agua en los pantanos de Sau y Susqueda eran públicas- y, al ver cómo se iba tapando el campanario de Sau, en un decreto que aprobaron, aprobaron su derogación. Por tanto, se han implementado otras soluciones, pero esa solución de erosionar el punto más frágil del ecosistema del Ebro, que era el Delta, ha quedado a beneficio de inventario, ha quedado superado por otras infraestructuras. También se encargó desde la propia Cámara, a instancias del Grupo de Convergència i Unió, un estudio sobre el Ródano.
Se llevó a cabo y se hizo público y se descartó como alternativa, y los que están gestionando el agua, que son los concesionarios, están utilizando en función de sus necesidades un recurso u otro.
Acabo, señora presidenta. Ha hecho usted referencia a una de las cuencas más deficitarias, la del Segura. ¿Cómo puede decir que la desalación no tiene que ver en el mix de usos del Segura? Por supuesto, como tiene que ver el mantenimiento de aportaciones desde otras cuencas, como tiene que ver la conexión del Júcar-Vinalopó o el Alacantí en toda una malla de soluciones en la que ninguna por sí sola es única y unívoca, pero todas configuran una política de abastecimientos y de costes. Los gestores deben trabajar en este sentido y en este sentido estamos trabajando.
No voy a abusar de la benevolencia de la Presidencia. Son muchas las preguntas que nos quedan. Estoy dispuesto, señora presidenta, cuando ustedes lo crean oportuno, a hablar más a fondo de qué es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, que al fin y al cabo es dar respuesta a las necesidades de este país. Insisto, estamos en un momento complicado, en el que hay que priorizar las inversiones, pero no dejaremos de atender a la garantía de suministro y al Plan de calidad de las aguas, para mejorar las masas de agua y todos los sistemas de depuración y potabilización, cumpliendo con nuestras obligaciones. Además trabajaremos para acabar con un proceso complejo, largo y muy participativo en el que las posturas están muy enconadas y en el que la suma de las demandas genera muchas más necesidades que el propio recurso en todas las demarcaciones. Ese debate, que tiene que ser abierto, plural y a veces duro, tiene que confluir en una nueva planificación que sustituya a la actual y que, por supuesto, la Unión Europea tiene que validar. Este es el esquema de trabajo. No hay
problemas. Si en un momento determinado hubo problemas para el suministro de energía en alguna planta desaladora se ha resuelto. Sigue habiendo problemas de ámbito ambiental, algunas trabas a algunas plantas que están en construcción, incluso en un estado muy avanzado, pero la voluntad de las comunidades autónomas y de las autoridades ambientales de las mismas no es entorpecer sino ser lo más garantistas posible. Entiendo que es eso, que no es mala fe. A lo mejor después de mayo algunas de esas trabas que se están poniendo para la puesta en marcha de alguna desaladora, por ejemplo, la de Torrevieja, se resuelvan. A lo mejor alguien está esperando a mayo para que llueva.
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE OURENSE. (Número de expediente 181/001305.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta que aparece en el punto segundo del orden del día: Situación de la ejecución del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ourense, que formula el señor Delgado Arce. Señor diputado, tiene la palabra.
El señor DELGADO ARCE: Señor secretario de Estado, la estación depuradora del aguas residuales de Ourense comenzó a funcionar en el año 1995; siete años después obtenía la licencia municipal de actividad, que fue recurrida por vecinos de las proximidades de la depuradora. Finalmente, después de varios procesos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló esa licencia y hubo que elaborar un nuevo estudio de alternativas para definir una ubicación. Se encargó en el año 2007 y fue el 24 de julio de 2008 cuando se desveló el resultado y se dio a conocer por el alcalde de la ciudad y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que la nueva EDAR estaría ubicada en Reza, a 250 metros aguas abajo de la actual estación depuradora y se desveló que costaría en torno a los 60 millones de euros. El mismo año, el 7 de septiembre, el alcalde de la ciudad estimó que la nueva depuradora entraría en funcionamiento a finales de este año 2011 y el 27 de noviembre de 2008, el presidente de la Confederación Hidrográfica manifestó que su previsión era que las obras se licitarían en 2009 y comenzaría en 2010, adelantando que se prologarían durante unos tres años. La evolución administrativa de ese proyecto fue hacia delante, hasta que el Boletín Oficial del Estado de julio de 2009 publicaba la adjudicación del contrato de redacción del anteproyecto. Parece ser que el anteproyecto ha sido elaborado y que el 2 de junio de 2010 la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil dictó una resolución por la que sometía a información pública el anteproyecto y la relación de bienes y derechos afectados. Después de este momento administrativo que le acabo de relatar, todas las informaciones que hemos recibido nos han llegado a través de los medios de comunicación y de una reciente comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el Senado, pero todavía no se ha desvelado lo que todos estamos esperando, que no es otra cosa que saber cuándo se va a licitar el proyecto de esta estación depuradora, cuándo van a comenzar las obras y durante cuánto tiempo se estima que va a prolongarse su construcción. Lo que es un hecho cierto es que los plazos están claramente vencidos y como la depuración de las aguas no es un tema menor, máxime cuando hay procedimientos judiciales que instan a la que hoy está funcionando a que deje de hacerlo, mis preguntas son claras: ¿Nos puede informar sobre esta situación y, en concreto, sobre lo que le acabo de preguntar?
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, tiene la palabra para contestar a la pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Como ustedes habrán podido comprobar, don Celso Delgado conoce perfectamente cuál es la situación que ha llevado a la necesidad de construir una nueva estación depuradora en Ourense, situación que proviene de una EDAR del año 1995, que estaba dimensionada para una población todavía equivalente a la actual -la nueva se va a promover para 180.000 habitantes estimados, por lo que se aprovecha para hacerla más ampliada- y de las quejas vecinales y los litigios que acaban con una serie de actuaciones que llevan a sustituir la actual estación depuradora, que -como conoce perfectamente el señor diputado- estará funcionado normalmente hasta la finalización de la construcción de la nueva estación. Digo esto porque en otras zonas tenemos situaciones mucho más conflictivas. En este caso está funcionado de una manera normal. Esto no es óbice para que incrementemos la presión e incluso busquemos soluciones más rápidas. En este sentido estamos trabajado todas las administraciones, también la Xunta de Galicia, en esta y en las demás estaciones depuradoras de las grandes ciudades y tenemos un plan de inversiones muy definido para hacer frente a estas sustituciones.
En este caso, el problema ambiental, el problema de quejas vecinales llevó a estudiar más de una treintena -creo que 36- posibilidades de ubicación.
Al final se optó por mejorar la tecnología con desodorización, tratamiento de fangos, etcétera, y buscar una ubicación muy próxima a la actual, que ahorrara movimiento de tierras, distribución en planta, condiciones de vertidos y todos los condicionantes técnicos y auxiliares.
En Ourense hemos trabajado mucho en temas de abastecimiento y sabemos la complicación de la ciudad y de sus barrios para buscar emplazamientos que cambiasen mucho todo el sistema. La opción es la que los técnicos y el sentido
común indican que debemos llevar a cabo. Queda un trámite final de declaración de impacto ambiental. Está dentro de las discusiones de la programación de utilización de Fondos Feder y de fondos propios de la Xunta. La propuesta de cofinanciación son 45 millones de euros de Fondos Feder y 34 millones de la Xunta. Estamos buscando el acuerdo, pero insisto, no se trata de una actuación singular, sino de una actuación global con otras depuradoras. Hemos afrontado, como ustedes saben, operaciones muy complejas, como la depuradora de Vigo, y nuestra intención es cerrar este convenio sobre la base del acuerdo e intentar que durante este año se resuelva, la declaración de impacto ambiental de la nueva ubicación -inmediatamente- y la licitación. Estamos en esos plazos para poder llevar a cabo la obra, cumpliendo las sentencias y manteniendo algo que es necesario para la ciudad, la sustitución de la actual depuradora por una nueva que no genere molestias y dé solución a una población estimada de 180.000 habitantes. Insisto en esto porque en algunos casos -agradezco que usted no lo haya planteado hoy- nos dicen: Ustedes no están invirtiendo en Ourense. Hombre, sí. Hemos invertido; no en la depuradora, porque hemos tenido estos problemas, pero hemos mantenido un nivel de implicación muy fuerte en inversiones en suministro de agua potable y en otras actuaciones que usted conoce. Insisto, la programación de fondos y la voluntad de llevarlo a cabo y hacerlo de la forma más diligente posible está ahí. Ahora bien, ha sido una cuestión compleja.
La señora PRESIDENTA: En turno de réplica, señor diputado, tiene la palabra.
El señor DELGADO ARCE: Gracias por su respuesta, aunque nos parece insuficiente que la única referencia sea que en este año creen que se emitirá la declaración de impacto y que en este año se puede licitar. Me gustaría, si fuera posible, que me concretase más. ¿Cuándo cree usted que podrán licitarse las obras? ¿En qué fecha cree que van a comenzar?, porque las demoras en función de los compromisos que ustedes asumieron y que libremente nos ofrecieron a todos, como les cité antes, planteaban unos escenarios bien diferentes.
Me gustaría también apuntarle, con independencia de otras actuaciones que su ministerio ha hecho en la ciudad y en la provincia, que no son objeto de esta pregunta, que en este proyecto, valorado por ustedes en 66 millones de euros, las inejecuciones presupuestarias han sido notables.
He hecho un cuidadoso seguimiento de preguntas por escrito a esta proyecto desde hace varios años y le debo decir que en 2008 no se ejecutó ni un solo euro de los 3,8 millones que habían presupuestado; en 2009 tenían ustedes presupuestados 8 millones y por una respuesta parlamentaria que me dieron por escrito sé que dejaron sin gastar prácticamente 7,5 millones; en 2010 tenían ustedes presupuestados 4.750.000 euros y según una respuesta escrita de hace pocos días solo gastaron en el anteproyecto 10.763 euros, y este año hay nuevamente 4 millones de euros presupuestados y no sabemos si se van a consumir o no.
Pero este no es un hecho indiferente, que los presupuestos se consignen por ustedes, que no por la oposición, y que se queden sin gastar. Estoy preocupado. Espero que me quite esta preocupación por si puede quedar fuera de programación de Fondos Feder como consecuencia de estos retrasos que se están produciendo. Recuerdo que esta es una depuradora de interés general, distinta de la depuradora de Vigo, que tiene otras características. Por tanto, la responsabilidad del ministerio aquí es indudable. Termino mi pregunta agradeciéndole las respuestas y trasladándole una preocupación: En la medida de lo posible, aceleren los trámites y que comiencen rápidamente estas obras.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Coincido con usted. Saben ustedes, señorías, que acostumbro a dar los datos más concretos posibles. En cuanto a la declaración de impacto ambiental, mis noticias son que se va a producir de forma muy breve, inmediatamente. También es cierto que la licitación debe generarse a partir de los créditos que existen por los Fondos Feder que usted acaba de enumerar. La reserva de cofinanciación esta intacta. Por tanto, no tenemos ningún problema y no se ha hecho ninguna reprogramación, en absoluto. La voluntad es avanzar durante este ejercicio para dar una solución definitiva. Le mantendremos informado de cuáles son los plazos y de los avances que se vayan produciendo.
Quiero reiterar que no ha habido ninguna dilación y, por supuesto, el primer interesado en no tener ningún problema de inejecución es el ministerio. Por tanto, vamos a velar para que esto se ejecute de la forma más rápida posible.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA ALINEAR EL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS DE PRIMAVERA A LA BAJADA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO. (Número de expediente 181/001433.)
La señora PRESIDENTA: La pregunta número 3 ha sido retirada.
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO PARA QUE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO REALICE LAS OBRAS NECESARIAS Y URGENTES PARA EVITAR LOS CONSTANTES DESBORDAMIENTOS DE LOS RÍOS, QUE AFECTAN AL TERRITORIO GALLEGO DE ESA CONFEDERACIÓN Y QUE CAUSAN DAÑOS A LAS PROPIEDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y VECINOS DE LA ZONA. (Número de expediente 181/002261.)
La señora PRESIDENTA: Como la pregunta que aparece en el punto tercero del orden del día ha sido retirada, la que aparece en el punto quinto, que también formula el señor Delgado Arce, pasa al punto tercero. La pregunta es la siguiente: Actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para que la Confederación Hidrográfica del Duero realice las obras necesarias y urgentes para evitar los constantes desbordamientos de los ríos que afectan al territorio gallego de esa confederación y que causan daños a las propiedades de los ayuntamientos y vecinos de la zona.
Tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: La Confederación Hidrográfica del Duero controla una pequeña parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, en concreto de la provincia de Ourense. Los ríos Támega, Bubal y otros cauces menores afectan a los términos municipales de Laza, Verín. Oímbra, Castrelo do Val, Mezquita, Monterrei, Cualedro, Vilardevós y A Gudiña. La Confederación Hidrográfica del Duero viene realizando, como es su obligación, actuaciones en esta área territorial para prevenir avenidas, para realizar obras de regeneración hidrológica forestal y de adecuación medioambiental de cauces y márgenes. De esto tenemos noticias y vemos partidas en los presupuestos. Si nos dejamos llevar por la información mediática de las actuaciones, da la sensación de que se hace mucho, pero si analizamos los contenidos y los resultados nos damos cuenta de que algunas de estas realizaciones se demoran en exceso en el tiempo y no producen los efectos deseados o esperados. Se proyectan actuaciones para prevenir avenidas y estas se siguen produciendo; se garantiza que las soluciones tienen un carácter de estabilidad y de permanencia y los hechos acreditan lo contrario.
Para no ser excesivamente prolijo, me atendré a dos lugares concretos. En el año 2009 la Confederación Hidrográfica del Duero decía que con cargo al Plan español para el estímulo de la economía y el empleo se iban a realizar unas actuaciones para prevenir las avenidas de los ríos Támega, Bubal y Rubín a su paso por Ourense. Estas actuaciones comenzaron a ejecutarse y el presidente de la Confederación Hidrógráfica del Duero manifestaba el 9 de enero de 2010 que la confederación garantizaba la protección de Vilaza contra los desbordamientos del Bubal. Esto se decía, repito, en enero de 2010, después de que buena parte de la alameda de esa localidad estuviera anegada durante casi dos semanas por las inundaciones. La cuestión que suscito hoy viene motivada porque -por eso lo hemos traído a esta Comisión- poco tiempo después, en diciembre del pasado año, con ocasión de las lluvias y del deshielo, por las importantes nevadas que hemos tenido, se produjeron nuevamente desbordamientos de los ríos Limia, Bubal y Támega, causando daños en viviendas, en locales comerciales y en propiedades municipales. Me refiero a dos lugares concretos. Monterrei es un municipio en el que la confederación ha hecho restauración hidrológica y ambiental, concretamente en la localidad de Vilaza. El proyecto fue realizado por técnicos de la confederación que no tuvieron en cuenta en ningún momento, según me dice el señor alcalde, las observaciones que se le hicieron desde el ayuntamiento sobre cómo abordar la solución de estos problemas.
La obra perseguía resolver el problema de las riadas de este núcleo, pero lo que se ha conseguido -y los hechos lo acreditan- es justamente el efecto contrario. Se ha ejecutado un muro a lo largo del cauce del río Bubal que lejos de impedir las crecidas lo que impide es el retorno de las aguas a su cauce, alargando el tiempo de las inundaciones.
Unas obras contratadas por valor de 377.637 euros, que la anterior ministra del ramo inauguró en el mes de agosto, que se decía que eran definitivas, han ocasionado nuevas inundaciones en el mes de diciembre.
Lo que hago hoy aquí es decirle que estos hechos se están produciendo, lo constatan los medios de comunicación y los conocen los técnicos de la confederación. Lo preocupante es que se producen después de que se ha dicho que la solución que se ejecuta es definitiva para garantizarlo. Ya sé que los medios de la naturaleza son difíciles de controlar y de reprimir, pero también me dicen las personas que habitan allí que el río acumula materiales de importancia, que las márgenes no están en condiciones y que hay que seguir actuando de una manera más eficaz. Por eso le traslado esta inquietud.
En el mes de diciembre -hace poco tiempo- se produjeron inundaciones en la localidad de Oímbra, por la que pasa el río Támega, así como en las de San Cibrao y Rabal, y se nos participa por los responsables municipales que el cauce está muy obstruido por la arena y las márgenes llenas de maleza, lo que exige unas tareas de limpieza, y usted me contestará ahora que le consta que se han ejecutado. Si se han ejecutado no han dado resultado, lo que significa o que no se ha invertido el presupuesto adecuado o que ha fallado la forma de ejecutarlo. Yo sé que usted es sensible a estos problemas. Repito que la naturaleza tiene sus procedimientos pero la prevención de las riadas y las avenidas es posible si se hace bien y si se gastan los presupuestos adecuados.
Quiero recordarle que en una reciente respuesta parlamentaria a la pregunta sobre el presupuesto que la confederación destinaba a esta zona en el año 2008, se nos dijo que se habían dejado sin gastar casi dos millones de euros de los 2.700.000 euros consignados para esta actuación, lo cual revela que las restricciones presupuestarias
en fase de ejecución se han dejado sentir. Por todo ello, le traslado esta inquietud y le pido explicaciones.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Puxeu para contestar a la pregunta formulada.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señoría, le tengo que decir, como en la anterior pregunta que me ha planteado sobre la estación depuradora de Ourense, que usted conoce bien las actuaciones, el problema, el territorio y nosotros también. Creo que estamos en la misma onda de intentar resolver esos problemas.
En su intervención ha faltado algún matiz, por ejemplo, que muchas de las zonas afectadas son zonas inundables y están construidas. Habrá que buscar soluciones y en ello estamos. Esto debo defenderlo porque en este momento algunas comunidades autónomas plantean elementos como la transferencia del río Duero, que es un río muy importante para toda la planificación en España, con todo el respeto a nuestro marco constitucional y al Estatuto de Castilla y León. Uno de los argumentos es: no solo el 1,43 por ciento del territorio afecta a la provincia de Ourense sino que para esa provincia es muy importante -y si no que se lo pregunten a los vecinos del Támega, del Bubal, del Rubín y a los de Monterrei-, sobre todo cuando decimos que de ese 1,43 por ciento por ciento el territorio se ha llevado una parte importante, casi el 30 por ciento de las actuaciones del PlanE, del Plan de estímulo a la economía.
¿Por qué? Porque hubo una serie de actuaciones que pudieron realizarse en esas cuencas y porque había una demanda y una necesidad urgente.
Nivel de ejecución presupuestaria. Cuando planificamos actuaciones que tienen que ver con las infraestructuras hidráulicas, con los problemas que subyacen en la propia redacción de proyectos, impactos ambientales, etcétera, es muy difícil afinar, pero el nivel de ejecución, como usted ha dicho, supera el 50 por ciento en este caso y, por supuesto, se hace con la máxima celeridad, pero más cuando son actuaciones que tienen que ver con la seguridad o con la calidad de vida de los ciudadanos ribereños. Por tanto, sí se han hecho inversiones -las que usted ha detallado-, sí se han llevado a cabo, sí ha habido acuerdo con los ayuntamientos para realizar estas actuaciones, pero no es menos cierto que estamos hablando, por suerte, de un entorno vivo, dinámico, que necesita de correcciones y actuaciones de forma complementaria.
Las actuaciones que se llevaron a cabo, especialmente en Monterrei, estaban consensuadas con representantes del ayuntamiento y a pesar de ello después del episodio del desbordamiento hubo quejas. Esto había quedado como una actuación de riberas y como unas defensas, pero en un momento determinado el río recupera sus espacios e inunda una parte que eran parques y huertas -creo que había un parque infantil o alguna instalación deportiva, incluso algún establecimiento tipo bar-; el río recuperó y la escollera que se había colocado, el muro de defensa, actuó de forma contraria y le costó desaguar. Todo eso es cierto y son actuaciones que desde el consenso se deben ir recuperando y mejorando. En eso estamos, especialmente en esa zona inundable.
Todas esas actuaciones, que son complejas, necesitan una continuidad en la relación, necesitan una proximidad. Hemos exigido que esa proximidad, esa relación entre los ayuntamientos, las asociaciones, la confederación sea muy dinámica y se lleve a cabo. Se ha implicado a las empresas, incluso en algunos casos con medios propios, como puede ser Tracsa o empresas con obras por administración, llevándolo al máximo nivel de eficacia y eficiencia con unos recursos que son limitados, pero que deben mantener ese nivel de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Me comprometo, como no puede ser de otra manera, señoría, a continuar con este nivel de actuaciones y a seguir con las programaciones para dar solución a las necesidades de esos ciudadanos que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Duero, en la provincia de Ourense, especialmente en lo que se refiere a estos tres ríos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Delgado en turno de réplica.
El señor DELGADO ARCE: Tomo nota de su compromiso de más proximidad, más cercanía para abordar estos problemas. Le pido que revisen estas actuaciones con el Ayuntamiento de Monterrei, estos problemas de retirada de materiales, esta continuación del colector de drenaje hasta un punto de evacuación más favorable y que lo hagan, si es posible, consensuándolo con los que conocen perfectamente los problemas, que son los responsables municipales.
Solamente quiero hacer una precisión. Cuando hablaba antes de la ejecución me refería a que de 2.700.000 euros quedaron sin gastar dos millones.
Hubo una inejecución superior al 50 por ciento, situada en torno al 70 por ciento, que espero y deseo que no se vuelva a dar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Puxeu.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): No vamos a entrar en una guerra de datos, porque todos sabemos la importancia de las inversiones, y más en un momento de necesaria austeridad. La Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas, las sociedades de aguas tienen un nivel de presupuestos para la provincia de Ourense de más de treinta millones de euros, que es una partida muy importante para el territorio y, por tanto, vamos a mantener ese nivel de inversión. Algunas de estas inversiones se verán incrementadas en el momento en que podamos empezar obras como la estación depuradora
de la propia ciudad de Ourense o algunas partidas de obras como las de abastecimientos y mejoras.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN MARÍA GARCÍA DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RAZONES PARA NO HABER PUBLICADO LA ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE PRORROGA EL CONTRATO HOMOLOGADO TIPO DEL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 181/002018.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta que figura en el punto cuarto del orden del día, sobre razones para no haber publicado la orden ministerial por la que se prorroga el contrato homologado tipo del sector lácteo. La formulará el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor Puxeu, entenderá que esta pregunta, que está fecha en octubre de 2009, no se la puedo hacer en los términos en los que figura en el orden del día y comprenderé perfectamente que usted me conteste a lo que pueda. Simplemente trataré de actualizar la pregunta, puesto que esa orden fue publicada pocos meses después de haberse presentado esta pregunta.
Cuestión distinta sería entrar a valorar la orden, si dio el resultado apetecible para el Gobierno o no lo dio. Le adelanto que la valoración que hace mi grupo parlamentario es negativa, por cuanto de los más de seis millones de toneladas de cuota que tenemos asignadas en España poco más de novecientas mil toneladas se acogieron a esta fórmula de contratos homologados, lo que representa aproximadamente un 25 por ciento del total. Resulta palmario -permítame que me exprese de esta forma tan clara- que la anterior responsable del ministerio, la señora Espinosa, no quería -y así se puso de manifiesto en reiteradas ocasiones- impulsar este tema de los contratos obligatorios, el abandono de los contratos homologados, mediante legislación alguna. Tuvimos muchos debates aquí y compañeros como el señor Llorens y otros diputados de mi grupo tuvieron ocasión de preguntar por esta situación, pero es que el propio sector también lo transmitía. Es en ese momento, cuando mi grupo parlamentario -y así fue defendido brillantemente por el señor Llorens, portavoz de mi grupo en esta materia- presenta una proposición de ley para que se pueda conseguir que estos contratos sean obligatorios para cualquier compraventa de leche, para favorecer la contratación colectiva a través de las organizaciones de productores y también para potenciar la actuación de la interprofesional láctea, solo a partir de ese momento, digo, es cuando hay un cambio de rumbo y se empieza a hablar de un real decreto. La nueva ministra, la que desde hace pocos meses ostenta la responsabilidad -usted ya estaba en el anterior equipo y, por tanto, conoce muy bien todo lo que le estoy diciendo-, se compromete y anuncia que habrá un real decreto a partir del 1 de abril para regular estos aspectos. Ante este panorama -le adelanto que lo veo difícil- le pregunto si realmente piensan mantener ese compromiso anunciado por la ministra Aguilar de que el 1 de abril habrá un real decreto publicado para regular este aspecto. Podría añadir una coletilla a esta pregunta o, si lo prefiere, podría ser una segunda pregunta. ¿Cómo va a actuar el Ministerio, el Gobierno para suplir la ausencia de un régimen sancionador? Quiero recordar, aquí y ahora, que en esa proposición de ley presentada por nuestro grupo parlamentario -a la que me he referido anteriormente- sí se contemplaba un régimen sancionador. Se ha perdido mucho tiempo -además de los seis años anteriores de este Gobierno en los que no se legisló nada en esta materia- por no haber aceptado esta proposición de ley; entre otras cosas, hemos perdido la oportunidad de tener ahora mismo a disposición del sector un régimen sancionador para regularlo. Quisiera saber, si es posible, qué piensan hacer para suplir la ausencia de ese régimen sancionador.
Finalmente, para que no me diga que abuso mucho del cambio de pregunta, quisiera saber qué medidas piensan tomar para asegurar que ese sistema, en el supuesto de que a partir del 1 de abril tengamos publicado ese real decreto, no se implante de la forma traumática que todo el sector teme en este momento. Todos estos reales decretos requieren una adaptación y si esto va a entrar en vigor el 1 de abril, repito, qué tiene previsto el Gobierno para que esta nueva legislación no tenga un aterrizaje traumático.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Si me lo permite la presidenta, haré lo mismo que el señor García Díez, es decir, cambia la pregunta y cambia la respuesta para contextualizarla en la situación actual y no retrotraernos a octubre de 2009.
Es cierto que en aquellos momentos el mercado de la leche líquida en toda Europa pasaba por una difícil situación, después de un escenario de crecimientos de precios por déficits de oferta en el mercado mundial, con caídas de precios, caídas de rentas de los productores y graves perturbaciones. La Unión Europea, a instancias de una serie de países, entre ellos España, paralelo a estas iniciativas que se adoptaban en las Cortes Españolas, creó un grupo de trabajo, algo que es previo, de alto nivel para acabar concluyendo una serie de recomendaciones, algunas de las cuales acabarían siendo introducidas en reformas de reglamentos de la política comunitaria. Esos trabajos se alargaron en el tiempo y en paralelo en España se constataba la necesidad de que hubiera un régimen contractual, que había dado sus resultados -muy especialmente, y usted, señor García Díez, lo
conoce, en Galicia, en Asturias- por nivel de concentración de número de contratos, de cooperativas, de industrias con una base de productores muy fidelizada que habían mejorado en este esquema, lo que nos ha dado la posibilidad de avanzar en la propuesta de un decreto para el inicio de campaña, en esa fecha del 1 de abril que dio la ministra, que es el inicio de la nueva campaña láctea. Las conclusiones del grupo de alto nivel, algunas de ellas todavía no plasmadas en reglamentos comunitarios, nos lo pueden permitir, y en eso estamos trabajando. Sobre el real decreto, le puedo adelantar que la Comisión Nacional de la Competencia ya ha emitido su dictamen, vamos a remitirlo al Consejo de Estado de forma inmediata y a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y va a pasar los trámites que deben permitir su promulgación en el Boletín Oficial del Estado para ese inicio de campaña.
Habla del periodo transitorio. Estamos convencidos de que en un momento de cierta recuperación de precios en origen, durante esta campaña que iniciamos el 1 de abril este esquema estará en rodaje. ¿Por qué? Porque tiene algunos elementos novedosos. Usted hablaba de la parte sancionadora. Para mí es muy importante, pero lo es más la parte de concentración de oferta. Aparecen nuevas figuras, como la organización de productores o la capacidad que ya tenían las cooperativas para poder contratar y dibujar un escenario contractual en el que se incluyan elementos tan complicados en el respeto a nuestras normas de competencia como es la configuración de calidades y precios. Si ese nuevo esquema coincide además con un episodio de precios estables y con una recuperación de las rentas de los ganaderos, esa puesta en práctica debe ser posible y debe ser más fácil. El refuerzo de las interprofesiones dentro de esta posibilidad y de la concentración de oferta a través de organizaciones de productores también va a facilitar esa posibilidad.
Me felicito y reconozco el trabajo previo que se ha hecho en esta Comisión y en la Cámara para forzar una relación contractual documentada y estable, que se acaben promulgando normas comunitarias, y que mediante ese decreto se puedan realizar esas mejoras sustantivas para los ganaderos del sector de leche que han pasado dos años muy complicados en cuanto a precios percibidos, que ahora coincide, además, con un escenario de encarecimiento de costes de producción. Estamos trabajando para cumplir esos plazos. Ya he dicho que uno de los elementos complejos era el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que se emitió ayer.
Por tanto, estamos en plazo para el inicio de campaña.
La señora PRESIDENTA: En turno de réplica tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Al hilo de sus últimas palabras, señor Puxeu, como me ha parecido entender que fue ayer cuando se emitió este informe de la Comisión Nacional de la Competencia, me atrevo a pedirle que profundice en el mismo, porque, según las informaciones que mi grupo maneja, podría estar ahí la clave de la cuestión. Las informaciones que nos llegan sobre este retraso que se estaba produciendo son que hay o había -usted lo aclarará ahora- una falta de entendimiento o de sintonía entre su ministerio y la Comisión Nacional de la Competencia. Según esas mismas informaciones parece que esta comisión sigue erre que erre, en sus trece, en la línea de evitar que se produzcan acuerdos entre productores e industrias, no solo en el sector lácteo sino en cualquier otro producto agrario en origen, sin que parezca que venza el ministerio en este pulso entre el ministerio y la Comisión Nacional de la Competencia. Es curioso que la Comisión Nacional de la Competencia no muestre -esta es una apreciación de mi grupo que yo le traslado- el mismo celo con la gran distribución para evitar las bajadas de precios de marcas blancas, de ventas a pérdidas de los productos-reclamo, leche, aceite, etcétera. La pregunta y el tiempo dan para lo que dan y no me voy a perder por ahí.
Le preguntaba en la primera parte por un tema que me parece que ha quedado sin contestar, y no sé si querrá hacerlo ahora al hilo de esta cuestión del informe de la Comisión Nacional de la Competencia emitido ayer. Le voy a poner un ejemplo para que entienda a qué me refería cuando le preguntaba qué medidas tenían pensado aplicar para que la implantación del real decreto se hiciera de forma no traumática. Para mí es un aterrizaje forzoso que el 1 de abril las industrias lleguen a un ganadero y con el decreto en la mano le digan: O firmas o mañana no te puedo recoger la leche porque la ley me lo impide. Quisiera saber qué medidas han pensado adoptar para evitar ese aterrizaje forzoso, ese impacto tan traumático. Me refiero a que en esta etapa inicial tiene que haber un acuerdo firme de la interprofesional láctea para implantar este sistema sin sobresaltos y eso debe implicar un precio -entre comillas- base -quizá la Comisión Nacional de la Competencia esté obcecada en no permitir un precio base, llámesele como se le llame- y un sistema de actualización de precios. Creo que hasta ahora -quizá usted diga lo contrario- ahí es donde veíamos las dificultades de la Comisión Nacional de la Competencia. Otros países con una buena legislación en estas cuestiones, como es la legislación francesa, han vadeado este asunto. Es curioso, pero incluso la legislación europea es menos intransigente con los acuerdos en origen que la Comisión Nacional de la Competencia, por lo menos hasta ahora, porque no sé si a partir de ayer esto ha cambiado.
Me gustaría que me aclarara estas dos cuestiones: si ha cambiado en algo el escenario este informe de la Comisión Nacional de la Competencia o si sigue estando ahí, como decimos en mi tierra, el atranco para el avance de estas negociaciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Vamos a ver si puedo concretar, brevemente, alguna de las cuestiones.
En cuanto al régimen sancionador, en el borrador de real decreto que todos ustedes conocen -porque ha salido a información pública-, el artículo 20 recoge las posibilidades y la norma. Hablaba del aterrizaje. Coincido con usted en que entrar a un régimen contractual generalizado va a comportar dificultades en la negociación, especialmente entre los más débiles o entre los que no estén en circuitos tradicionales o no estén estructurados. Por supuesto que la propia interprofesión ha tenido esta misma preocupación y hay que darle cobertura en ese régimen transitorio.
Debe ser la propia interprofesión, en este caso la patronal de la industria láctea, la que, de común acuerdo con los productores, debe buscar sistemas que flexibilicen esta posición.
En cuanto al tercer tema, que es el que a usted le preocupa, le diré que a mí también, porque si hay políticas que hayan construido Europa, políticas comunes, la primera es la política agraria común, pero también en defensa de los consumidores y de los ciudadanos están las políticas de competencia; por tanto, hay políticas muy garantistas y muy válidas, como las políticas antimonopolios, anti trust, etcétera. Quizá de todos los expedientes que incoan o inician visualizamos más, especialmente en esta comisión, los que tocan al sector agrario-producción y por eso tenemos un cierto sesgo. Debo decirle que nada más lejos de la voluntad de la comisión -ellos deberían contestar-, porque lo que buscan -lo sabemos por nuestro contactos con la propia comisión- es tener un elemento de referencia o en la legislación nacional, compatible con la comunitaria, o en la legislación comunitaria. Si se han producido avances -y creo que van a hacerlo público en breve en el informe sobre este real decreto- ha sido porque ha habido un movimiento en la legislación comunitaria. Al recoger una parte importante de las recomendaciones del grupo de alto nivel del sector lácteo en cuanto a modificaciones reglamentarias, la Comisión Nacional de la Competencia dice: ahí ya no tengo ningún problema. Algunas de las cuestiones -ustedes lo verán- quedarán condicionadas a que esas intenciones del grupo de alto nivel y del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reflejen en reglamentos. Si ustedes ponen esto en un reglamento, yo no tengo ningún problema. Lo que se refiere a la capacidad de negociación y los términos contractuales, es lo que de alguna manera ha quedado resuelto en este informe. En segundo lugar, la obligación de formalizar los contratos per se tampoco se pone en cuestión. Estos son dos elementos muy importantes para nosotros en los que el decreto no plantearía problemas.
Nos hemos preocupado, como usted, de ver qué pasa con otros países. En unos países tenemos la casuística de algunas interprofesiones muy potentes, como es el caso de la francesa, que han resuelto muchos de estos problemas en el ámbito interprofesional; en otros países, la concentración está en manos de cooperativas que pueden contratar y fijar precios, condiciones de entrega, etcétera, porque no perturban la legislación comunitaria de la competencia, lo que les da mayor capacidad en la estrategia de configuración de una política de precios y de actuaciones en el mercado -como es el caso de Dinamarca o de los Países Bajos en el mercado de los quesos, por ejemplo- mucho más efectiva que la nuestra, que es muy atomizada a nivel de productores, a nivel de ganaderos y a nivel de industria. Por tanto, vamos a intentar que la nueva posibilidad contractual de organizaciones de productores que figure en el decreto supla ese déficit histórico que la ganadería de vacuno de leche española tenía. Esa es la línea en la que estamos trabajando. Si el Consejo de Estado se compromete a hacerlo con celeridad y todo va bien, a inicios de campaña podríamos estar en el inicio de funcionamiento del real decreto.
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA QUE PUEDA ENTRAR EN SERVICIO LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE EL FERROL (A CORUÑA). (Número de expediente 181/002521.)
La señora PRESIDENTA: Como la pregunta que aparece en el punto quinto del orden del día ya ha sido formulada, vamos a tratar la que aparece en el punto noveno: Fecha prevista para que pueda entrar en servicio la estación depuradora de aguas residuales en la ciudad de El Ferrol (A Coruña). La formula el señor Fernández de Mesa. Tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta, por alterar el orden del día para tratar esta pregunta.
Señor secretario de Estado, la estación depuradora de aguas residuales de El Ferrol, que viene en presupuestos desde el año 2002, ha ido sufriendo retrasos; no voy a entrar en este momento en cuáles han sido. Al final, lo que estaba previsto, que el colector general entrara en funcionamiento en el año 2012, se retrasa para el año 2014. Lo que me interesa en este momento, a la vista de las declaraciones que se realizan hoy en algunos medios de comunicación, en las que el propio alcalde dice que el Gobierno licitará el colector general en las próximas semanas, y teniendo en cuenta que ha habido problemas con la culminación del emisario submarino y del cruce e impulsión de A Malata o la estación de bombeo de A Cabana, me interesaría saber, señor secretario
de Estado, primero, cuándo tienen previsto realizar esta licitación que aparece hoy en los medios de comunicación: A Gándara-A Malata, que supone del orden de los 25 millones de euros, según aparece en los medios; Xuvia-A Gándara, que también está prevista, y la definitiva Neda-Xuvia, que carece de presupuesto en este momento y no sabemos ni siquiera cuándo prevé el Gobierno que pueda iniciarse. En definitiva, señor secretario de Estado, qué previsiones tiene el Gobierno, si puede avanzarnos algo -aunque la pregunta sea de hace un año-, para que pueda ponerse en funcionamiento definitivo la estación depuradora de aguas residuales de El Ferrol.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señor Fernández de Mesa, la pregunta tiene un año y usted y yo, el alcalde de El Ferrol y los ciudadanos estamos preocupados por ello desde hace más de un año. Es cierto que los primeros interesados somos el ministerio y este secretario de Estado, porque las obras más importantes están concluidas, pero nos hemos quedado con algunos problemas, que usted acaba de identificar, que han ido retrasando la puesta en marcha de todo el sistema de la nueva EDAR. Por tanto, con una inversión superior a los 108 millones de euros, los primeros interesados, insisto, somos nosotros, al servicio de los ciudadanos de El Ferrol. En este momento lo prioritario para concluir las obras es el acondicionamiento de los dos ramales, de los dos interceptores. El primero, el de A Malata-Gándara, con un presupuesto de unos 17 millones de euros -que es el que supongo que aparece en la prensa, aunque no he tenido oportunidad de verla-, está pendiente de la apertura del presupuesto de este año, que como usted bien conoce está a punto; en cuanto se abra el presupuesto, podremos proceder a licitar. El segundo, el interceptor general de la margen derecha, el de A Gándara-Cadaval -voy a ser absolutamente claro-, me encantaría licitarlo también durante este ejercicio, pero -voy a ser prudente- se hará en función de la disponibilidad presupuestaria y de cómo evolucionen las circunstancias presupuestarias. La intención es licitar uno en cuanto se produzca la apertura del presupuesto y el segundo durante este año 2011.
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, en turno de réplica, tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: La entrada en funcionamiento de la obra es algo vital para la ría de El Ferrol, que baña los ayuntamientos de El Ferrol, Fene, Narón, Mugardos y Ares, curiosamente ninguno de ellos gobernado por el Partido Popular. Por tanto, soy consciente de que tanto desde su partido, el partido de los alcaldes de esta zona, como desde el propio Gobierno y desde la oposición hay un interés cierto en que se termine de una vez una obra que se inicia y se presupuesta por primera vez en el año 2002. Conozco también las dificultades técnicas que han tenido tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia en muchas de las instalaciones que se han querido realizar. La buena voluntad que tenemos unos y otros, la voluntad política de hacer las inversiones y de que se liciten estas obras es algo que usted ha puesto de manifiesto en este momento y que yo estoy convencido de que es así. Lo único que le pido es que la licitación de estos tres tramos que quedan, el de A Gándara-A Malata -que efectivamente es al que se refiere esta mañana la prensa-, el de Xuvia-A Gándara y el de Neda-Xuvia, que son importantísimos, sea realidad lo antes posible. La culminación de esta obra mejorará sin duda alguna los servicios de toda una comarca y de una ría que están demandando este proyecto desde hace muchísimos años, un proyecto que lleva en presupuesto desde el año 2002 y que el retraso que sufren los presupuestos de este año, como consecuencia de la situación económica general de España y de la crisis que existe, hará que se alargue hasta 2014.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): El tercer tramo, el de Cadaval-Xuvia, que es el de menor importe y el de menor plazo de ejecución ni se lo he comentado. Vamos a intentar tener los tres para poner en funcionamiento todo el sistema y conseguir una calidad de las aguas en toda la ría como se merece.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO CUMPLE EL CALENDARIO DE LOS NUEVOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE CUENCA. (Número de expediente 181/002314.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto sexto del orden del día: Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no cumple el calendario de los nuevos procesos de planificación hidrológica de cuenca. Tiene la palabra el señor Floriano Corrales.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor secretario de Estado, comparto con usted que la solución a un problema de agua como el que tenemos planteado no puede venir solo de un elemento, sino de un entramado de elementos que contribuya a evitar los problemas de falta de agua en determinados momentos del año y en determinadas zonas de nuestro país. La duda que me planteo, cuando hablamos de planificación
hidrológica y analizamos las políticas posibles, es si en circunstancias parecidas a las del último periodo de sequía las obras realizadas darían una solución a la falta de agua en esas zonas y en esos momentos del año en nuestro país o, si se quiere, si habría una solución para tener más agua, de más calidad y más barata. Tengo la impresión de que no habría más agua y. si la hubiera, no sería de más calidad y, desde luego, no sería más barata para el consumo humano ni haría más competitiva nuestra agricultura, sino todo lo contrario, le haría perder grados de competitividad importantes, porque el coste del agua sería tan elevado que haría encarecer la producción. Con todo y con eso, entiendo que tiene que haber aportes de otras soluciones, entre las cuales se encuentran las desaladoras. Los planes de cuenca son un instrumento, un medio, y después de esa reflexión que le hacía de entrada, mi pregunta es por qué el ministerio no ha finalizado aún la revisión de los planes hidrológicos de cuenca.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señor Floriano, coincidimos en que el formato de una pregunta nos da poco margen para poder entrar en profundidad en algo que a usted y a mí nos preocupa y apasiona, que es la planificación del agua en España. Es cierto que hay un plazo de cumplimiento de directiva y no se ha cumplido.
Antes, en otra pregunta, he dicho que la planificación en España es infinitamente más compleja que en muchos otros países. La realidad es que hay más de veinticinco planes de demarcación. Todas las fuerzas políticas tienen la voluntad de entrar en un debate serio para encontrar soluciones a medio y largo plazo para situaciones de sequía, situaciones extremas que estamos acostumbrados a sufrir, en escenarios de crecimiento de la demanda, con ejes de consumo como una agricultura dinámica enfocada a la exportación, un sector agrario y agroalimentario gran consumidor, pero también en situaciones de crecimiento urbanístico como las que se han vivido en las últimas décadas en nuestro país. Coincidimos en que en una estructura dinámica de demanda no se puede gestionar la política de agua en España en función de la demanda, es algo mucho más complejo.
Hasta ahora tenemos unos planes de cuenca que son válidos, que están vigentes, pero que estaban planificados en otra época, en otra situación.
El esfuerzo que debemos hacer y que la Unión Europea y todos los ciudadanos comprenden es un esfuerzo a medio y largo plazo. Por eso es imprescindible que el consenso y el trabajo conjunto estén presentes, a pesar de que la suma de las discrepancias y las demandas legítimas de todos los colectivos, colectivos de usuarios, colectivos ambientales y organizaciones no gubernamentales, acaben creando situaciones que son muy difíciles de conciliar. Esa es la obligación en la que debemos estar trabajando y creo que lo vamos a conseguir; no lo va a conseguir el ministerio, lo va a conseguir toda la sociedad. Como decía antes también, hay algunas demarcaciones en las que los intereses puntuales hacen muy difícil llegar a acuerdos y menos -lo digo claramente- en un periodo próximo a un momento electoral territorial, pero no debemos renunciar a ello. El esquema de temas importantes, la identificación de las necesidades, la mejora de la calidad de las masas de agua, la recuperación de los sistemas sobreexplotados y la imprescindible atención a las demandas en cantidad, calidad y precio ha de ser nuestra obligación. Esto solo puede salir de múltiples esfuerzos de diálogo y de consenso. Ese ejercicio que se está produciendo -solo la demarcación del Ebro lleva más de 400 reuniones con grupos y colectivos diferentes contrastadas- nos va a llevar a aproximarnos a una posición no unánime, pero sí muy mayoritaria, sobre qué es lo que debemos definir en política de agua en el medio y en el largo plazo. Bruselas así lo entiende.
Hemos dicho más de una vez -creo que ustedes coinciden con nosotros y los responsables del grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Socialista, lo han hecho público también- que en lo que queda de legislatura se puede y se debe hacer este esfuerzo para llegar a casi la totalidad de la planificación y de la exposición pública, porque lo necesita el país, porque lo demandan todos los ciudadanos. En esa vía, conciliando los intereses ambientales, los intereses económicos y los intereses sociales, podemos acabar dibujando esta posición. El esfuerzo inversor que hemos puesto encima de la mesa y podemos seguir discutiendo -regulación, desalación; infraestructuras importantes y necesarias, como el trasvase del Ebro, actuaciones en Cantabria, en Santander, el Júcar-Vinalopó, inversión en calidad de las aguas, actuaciones en depuración, en potabilización, en garantía de suministro- lo hemos visto durante la sesión de control de esta tarde y en estas preguntas. Ha sido un esfuerzo de los últimos años, pero hace más fácil resolver los problemas en el medio y en el largo plazo. La concienciación ciudadana en cuanto al precio, los costes, la recuperación, la mejor utilización de un recurso escaso como el agua también es importante. Todo ello en conjunto hace posible que el esquema de planificación pueda ir avanzando con esos consensos. ¿Hasta dónde? Hasta la totalidad. ¿Por qué debemos llegar a la totalidad? Porque el escenario de planificación de políticas de agua desde ahora hasta 2020 puede quedar definido durante estos próximos años y debemos hacerlo, anticipándonos a las nuevas demandas y a los cambios que se generen por cuestiones externas, como el cambio climático o los regímenes hidráulicos complejos en un país mediterráneo como el nuestro.
Estamos en esa vía, con la política de la ministra Aguilar, pero es una vía que de alguna manera ya se había enfocado antes con la ministra Espinosa y con la ministra Narbona. En la Comisión siempre ha habido una predisposición -con usted la ha habido- a seguir
trabajando en estos asuntos de la forma más abierta y plural posible.
También debemos entender las posturas maximalistas, que las hay en el debate del agua, y conciliarlas con la necesidad de planificación, pero nuestro objetivo fundamental es tener una planificación a medio y largo plazo, consensuada, pactada en los territorios, pactada con los sectores y que fije una línea de inversión razonable, que dé respuesta a las demandas de los ciudadanos y que se pueda atender con los futuros presupuestos del Estado. Creo que en ese sentido vamos a llegar a acuerdos en el medio o largo plazo. Circunstancias puntuales, como las que acontecen en un periodo electoral en el ámbito territorial, dificultan los avances, pero eso no nos debe hacer perder el objetivo de tener una buena planificación y unos buenos planes de demarcación que sustituyan a los actuales planes de cuenca y den respuesta a las necesidades que nos hemos fijado.
La señora PRESIDENTA: Señor Floriano Corrales, tiene la palabra en turno de réplica.
El señor FLORIANO CORRALES: Créame, señor Puxeu, no es nada fácil venir a exigir el cumplimiento de un plazo al que están obligados por la Unión Europea. Si quiere que se lo diga de otra forma, tan fácil es reclamarles un plazo a ustedes como para ustedes es apelar al diálogo y al consenso, porque podemos estar hablando del diálogo y del consenso, pero han pasado siete años desde que decíamos que íbamos a tener agua, y esto no se resuelve en dos días, como usted bien sabe. Lo único que deseo, como puede entender, es que el próximo Gobierno se encuentre con una oposición que no haga de las cuestiones que se vayan cerrando bandera para romperlas y que esa oposición colabore en esa apelación suya al diálogo.
La directora general del Agua -como no está aquí se lo digo a usted, que es el secretario de Estado-, a principios del mes de septiembre, hacía unas declaraciones públicas en las que hacía referencia a que todo estaba prácticamente finalizado si todo funcionaba como tenía que funcionar.
Algo no ha debido funcionar bien, porque esto no está en su sitio. Sabe usted que la Comisión Europea ha enviado a nuestro país un dictamen motivado para que cumpla con la legislación comunitaria en materia de agua y me preocupa porque esta es la antesala de una posible apelación a la justicia y espero que no suceda. Una información periodística del mes de septiembre, que me gustaría que usted me confirmara, dice que el Ministerio de Medio Ambiente planea duplicar el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez y Toledo y del Ebro en la desembocadura. Es información periodística y me gustaría que me lo confirmara.
Señor Puxeu, tenemos un conflicto territorial importante en materia de agua, incluso se ha pedido su intervención, con las aguas internas de Cataluña, como consecuencia de los planes de cuenca: la planificación global que se ha hecho en Cataluña, lo que Aragón entiende que es una invasión, la apelación a su intervención para que esto se resuelva. Tengo la impresión de que el problema que ahí reside no tiene un carácter electoral. Lo mismo puede decirse, sin que haya conflicto con otras comunidades autónomas, de los retrasos en el Miño, el Sil, el Júcar y otras cuencas. Se seguirá apelando al diálogo, pero esto tenía que haber estado terminado en diciembre de 2009 y estamos a principios de 2011 y no está hecho. Entenderá usted que mi obligación es exigirle a usted la responsabilidad por lo incumplido, sobre todo por lo que puede suponer de descrédito de nuestro país ante la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, tiene la palabra muy brevemente si desea cerrar este turno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Apelo a su benevolencia, porque me quedan ocho segundos. Voy a ser telegráfico.
Le agradezco el tono. Usted sabe perfectamente que estamos para resolver los problemas, pero también la Unión Europea. Es cierto que hay apercibimientos y toques de atención y que debemos cumplir, pero estamos cumpliendo.
Usted ha hecho referencia a las declaraciones de la directora general del Agua. Es cierto. En septiembre el esquema de temas importantes y los trabajos técnicos de prácticamente todas las demarcaciones estaban concluidos. En este momento, el Consejo Nacional del Agua, que está convocado para este mes de marzo, puede dar por avanzados, si hay voluntad, muchos esquemas de temas importantes y procesos de exposición pública. Le diría que más del 60 por ciento del territorio español podría estar ya dentro de esos procesos de exposición pública. Son dos o tres demarcaciones las que seguirán teniendo algunos problemas. En la cantidad de documentación que se genera, en el propio esquema de temas importantes y en lo que se recoge en la planificación aparecen maximalismos y notas a veces antagónicas que deberán conciliarse después del proceso de exposición pública y deberán concluir en un plan que sea razonado y razonable. En ningún caso he utilizado la palabra unanimidad; he buscado la expresión máximo consenso para dibujar cuáles son esas necesidades.
Sabemos de lo que estamos hablando y podemos hacerlo en otro tipo de comparecencia más en profundidad.
Nuestra voluntad es tener en cuenta las nuevas necesidades. Como he dicho antes, la planificación que tenemos en vigor es una planificación de demanda, pero hoy la planificación es mucho más compleja, porque tenemos que atender otras demandas, también las ambientales. No se pueden hacer apriorismos voluntaristas, como el de duplicar el caudal ambiental, aunque sean documentos recogidos por las confederaciones hidrográficas, porque son aportaciones de distintos actores, si no tenemos más recursos.
Hay que hacer una gestión prudente. En el caso del Ebro, por ejemplo,
usted ha citado por dos veces el dossier que se refiere a las cuencas internas de Cataluña, en los aspectos de injerencia e inclusión en el ámbito de competencia estatal. Ahí no hay más interpretación que la constitucional y así lo hemos dicho en todos los foros. En cualquier caso, respecto al caudal ecológico del Delta del Ebro, todos los escenarios que se están manejando, vista la regresión y la invasión de cuña salina, son de incremento del caudal ecológico del que se ha venido hablando. Pero para conseguir esa posibilidad, todas las obras de modernización de regadíos, regulación y regeneración son imprescindibles, si no, no hay posibilidades. El caudal ecológico en un punto determinado del Tajo y la conciliación de unos niveles de masa de agua en cabecera tienen que hacerse compatibles con toda la planificación. Por tanto, es un escenario muy complejo en el que contamos con la mejor tecnología y los mejores equipos, con bastante buena voluntad y con algunos elementos de distorsión, como el debate puntual territorial. Con todo ello tendremos que trabajar para concluir una buena planificación para el futuro y en eso estaremos.
No le voy a hacer la broma fácil de que me encantaría tener en la próxima legislatura una oposición como esta, porque usted se lo puede tomar a broma y yo me lo tomaría al pie de la letra. Me encantaría. No nos llevamos mal, usted en la oposición y yo en el Gobierno.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL INICIO Y DE LOS PLAZOS DE LA OBRA DEL DESVÍO DEL ARROYO DE VILLALOBÓN EN LA CIUDAD DE PALENCIA.
(Número de expediente 181/002357.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto séptimo del orden del día. Para formular la pregunta sobre previsiones del inicio y de los plazos de la obra del desvío del arroyo de Villalobón en la ciudad de Palencia, tiene la palabra la señora Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señor secretario de Estado, voy a preguntarle por una obra que tiene un título, que es arroyo de Villalobón, pero para hablar del agua y del arroyo tengo que hablar del tren. Sabemos que el desarrollo de las líneas de alta velocidad supone una oportunidad de crecimiento y desarrollo incuestionable allá por donde pasa. En mi ciudad, que es Palencia, tenemos ahora la línea de alta velocidad, pero esperamos poder tener pronto ese AVE que parece ser que va a llegar dentro de unas fechas a León. No obstante, esas líneas exigen nuevas infraestructuras, y en el caso de Palencia, exige también la desaparición de la barrera del ferrocarril que divide en dos la ciudad. Llevamos veinticinco años buscando soluciones al respecto, soluciones que se dieron a elegir entre tres. Después de mucho meditar, el ayuntamiento eligió una que podía ser problemática por lo que estamos hablando, que era el soterramiento de dichas vías. Independientemente de las características económicas de ese soterramiento, que son para otro foro, y de los recortes presupuestarios en su ministerio, hay algo que nos trae hoy aquí y que es muy importante, y es que no puede haber soterramiento si no hay desvío del arroyo. Para realizar esa obra que tanto desea Palencia es imprescindible desviar el cauce de ese arroyo, que actualmente atraviesa la trama ferroviaria del sur de la zona a soterrar, y eso es un problema, y parece que no es poco, debe ser un problema enorme para que a día de hoy no sepamos nada respecto a este tema. Son ya muchos años de espera. Existe un protocolo firmado el 25 de marzo de 2008, en el que están implicadas todas las administraciones -Fomento, Medio Ambiente, ADIF, Renfe, Junta de Castilla y León y el ayuntamiento-; existe el proyecto de Palencia Sociedad Alta Velocidad para la integración del ferrocarril en la ciudad y hay reducciones presupuestarias. Le digo esto, señor Puxeu, porque en los Presupuestos Generales del Estado aparece esta obra para solo un ejercicio, el ejercicio 2010. Usted me va a decir que no tiene nada que ver, que aunque no haya anualidades el ministerio lo contempla, pero el papel oficial solo pone en el año 2010. La realidad es que a día de hoy, y esto es lo que me produce una preocupación mayor, no existe más que una resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia, con fecha 31 de mayo de 2010, pero no está el impacto ambiental sobre las actuaciones en el arroyo de Villalobón. Aquí -se lo leo- dice: Las administraciones firmantes son conscientes del problema que supone para la ciudad de Palencia el riesgo de inundaciones provocadas por las avenidas del arroyo de Villalobón y su afección al proyecto ferroviario. Este problema se debe resolver con anterioridad o simultáneamente, pero nunca puede haber uno sin el otro.
Este es el quid de la cuestión. El Boletín Oficial del Estado del mes de junio de 2010 dice que el estudio de impacto ambiental no contempla las actuaciones sobre el arroyo que serán realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Es decir, sí contempla el tema de la DIA sobre el soterramiento del ferrocarril, pero no sobre el arroyo de Villalobón.
A la vista de esto, me gustaría que me dijera cuáles son las previsiones de su ministerio en cuanto al inicio y los plazos para la obra del desvío de ese arroyo en Palencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Usted ha explicado perfectamente cuál es la situación del proyecto que ha impulsado ya la economía, la calidad de vida y
la conexión con Valladolid, con Segovia y con Madrid de la alta velocidad en Palencia y su continuidad hacia León y hacia el norte. Estamos hablando de una obra de muchísima envergadura. Usted ha hecho referencia al protocolo de colaboración firmado por la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento en marzo de 2008, por un importe de 346 millones de euros, con actualizaciones. El presupuesto estimado para el proyecto que se está estudiando de soterramiento y desvío del arroyo de Villalobón supera los 70 millones de euros. Como usted bien sabe, el propio convenio -usted lo ha citado- no define exactamente cuál es el impacto presupuestario, por eso ha hecho bien en señalar que no teníamos una partida específica en los presupuestos. Lo que dice claramente el protocolo es que se acometerá esa actuación. Los estudios los lleva a cabo, por supuesto, el Ministerio de Fomento; según la cláusula séptima del acuerdo el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lleva la supervisión y aprobación de proyectos y autorizaciones preceptivas y la Administración General del Estado, en cuanto a financiación, definirá cuál es la participación del ministerio sobre las cuantías y anualidades que se establezcan. Ese es el protocolo, por eso no hay una consignación presupuestaria. En ningún caso hemos dejado de ser conscientes de que es una obra fundamental para poder llevar a cabo toda la infraestructura.
La señora PRESIDENTA: En turno de réplica tiene la palabra la señora Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señor secretario de Estado, le doy las gracias, pero no me ha contestado. Lo que quiero es que me diga cuál es el inicio de todo este follón. Le voy a decir por qué. El Gobierno anuncia que no habrá soterramiento mientras haya riesgo de inundaciones producidas por el arroyo de Villalobón. El soterramiento será de 2 kilómetros 740 metros tras el cambio del curso del arroyo que se desbordó en 1997, que es lo que hace que todos nos tentemos la ropa con este tema.
Tengo aquí, por ejemplo, la comparecencia del secretario general del Mar del año 2009, en la que dice que no corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la elaboración del proyecto para el desvío del arroyo de Villalobón a su paso por Palencia, sino tan solo la supervisión y que, por tanto, allá el Ministerio de Fomento. En una contestación del día 3 de agosto de 2010 me dicen: En el protocolo de colaboración entre las administraciones mencionadas se acuerda que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino supervisará y aprobará los proyectos que se realicen para la regularización del desvío del arroyo de Villalobón, entre los que figura proyecto constructivo del encauzamiento exterior del arroyo de Villalobón. Esto me está produciendo una gran preocupación. Se lo digo de verdad. Llevo muchos años en política -creo que usted también- y siempre he pensado que tenemos que tener credibilidad, porque la credibilidad es importante para que los ciudadanos confíen en nosotros. Este tema, como el del soterramiento, no puede utilizarse por parte del Gobierno solamente en campañas electorales. ¿Por qué? Porque estamos levantando falsas expectativas. Por eso le digo hoy que para tener tranquilidad, para que yo pueda recobrar la credibilidad y trasladársela a los palentinos, a los que represento en esta Cámara, junto con otros dos compañeros, quiero que usted me diga algo a lo que poder agarrarme. Lo último, lo que ha hecho que nos quedemos totalmente sorprendidos ha sido que se ha dicho: Esto es para el soterramiento, pero en lo del arroyo de Villalobón que haga la DIA el ministerio correspondiente. Le estoy hablando de junio de 2010. Aquí hay algo que no concuerda y que no me parece serio. Estamos hablando de un presupuesto...
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, por favor, vaya finalizando.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Abuso de su amabilidad.
La señora PRESIDENTA: Muy brevemente, porque todavía tenemos muchas preguntas en el orden del día.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Termino, señora presidenta.
Usted mismo ha reconocido que el importe de esta obra son 346 millones de euros. Este importe es del año 2008 y sabemos que cuando esto quiera comenzar se habrá disparado la cuantía. Me parece que, aunque no quiera mojarse y darme una fecha, esta es una decisión política de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Le pido que me conteste -puesto que puedo hacer otra pregunta y tardar otros doce meses en tener una respuesta-, que me diga exactamente qué pasa con el arroyo de Villalobón para saber qué va a pasar con el tema de la integración del ferrocarril en Palencia que, en definitiva, en estos momentos es lo más importante que puede pasar en la ciudad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Puxeu para cerrar su turno en esta pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO E MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señora Sánchez, no le diré que estoy tan preocupado como usted, porque usted es palentina, pero yo tengo muy buenos amigos en esa ciudad, que siempre me ha acogido con mucho cariño, y conozco la problemática que me está planteando. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, ruego un poco de silencio porque la estenotipista no puede escuchar al orador.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): He concretado y he actualizado cifras. El protocolo que se firmó dejaba claro -y no hay ninguna contradicción entre lo que le contestó el secretario general del Mar y otras respuestas- que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino tiene la supervisión y la aprobación de los proyectos y autorizaciones preceptivas para esta parte de la obra. La definición de la financiación está en función de las cuantías que se establezcan en el momento en que se licite. Como usted ha dicho, no soy partidario de diferir respuestas ni de dejar espacio para la ambigüedad y por eso, para contestarle a la pregunta de cómo está en este momento la cuestión, le tengo que decir que es cierto que la evaluación de riesgos nos hizo plantear y acometer el tramo no de cuatro kilómetros sino el de trece, desde Villajimena hasta el río Carrión. Usted sabe que esto ha requerido un proyecto que ha redactado el Ministerio de Fomento, que es quien está acometiendo las obras de más envergadura, las del ferrocarril, que se ha terminado en diciembre de 2010. No puede tener una evaluación ambiental previa porque el informe se ha terminado en diciembre de 2010.
En este momento, la Dirección General del Agua y la confederación hidrográfica están emitiendo el informe de viabilidad de ese proyecto y la licitación por el organismo que corresponda se producirá una vez concluido este trámite. No hay ninguna excusa; no estoy dejando de concretar. Repito que el proyecto redactado por Fomento se concluyó en diciembre de 2010 y en este momento la Dirección General del Agua y la confederación están realizando el informe de viabilidad posterior.
Hablaremos de euros, en una situación complicada, en el momento en que vayamos a plantear la licitación. Ahí sí me remito al protocolo otra vez, porque la licitación y las partidas presupuestarias necesarias se producirán en los términos del protocolo. No estoy ocultando ninguna información ni a usted ni a los palentinos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXISTENCIA DE SOBRADAS RAZONES PARA QUE EL PROCESO DE COMPRA DE PULEVA POR LA MULTINACIONAL FRANCESA LACTALIS SEA SOMETIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
(Número de expediente 181/002494.)
La señora PRESIDENTA: La pregunta número 8 del orden del día ha sido retirada.
- DE LA DIPUTADA DOÑA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE:
- PREVISIONES ACERCA DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN SOBRE EL SECTOR LÁCTEO APROBADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN EL MARCO DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL DEL AÑO 2010. (Número de expediente 181/003063.)
- VALORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA SOBRE "COMPETENCIA Y SECTOR AGROALIMENTARIO" EN EL QUE PARECE RECELARSE DE LOS CONTRATOS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA. (Número de expediente 181/003065.)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE LA UE DE AVANZAR EN EL DISEÑO DE MERCADOS DE FUTUROS PARA EL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 181/003172.)
La señora PRESIDENTA: La señora Fernández Davila acumulará las preguntas que aparecen en los puntos números 22, 23 y 24, todas relacionadas con el sector lácteo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario de Estado, la razón por la que hemos hecho estas tres preguntas, que están relacionadas con la misma cuestión, con el sector lácteo, es porque estamos realmente preocupados por este asunto, y usted ya conoce nuestra posición al respecto.
En el marco del debate de política general, celebrado en el mes de julio, se aprobó una resolución -que inicialmente fue presentada por el BNG pero que después contó con una transacción que hizo posible su aprobación por unanimidad de todos los grupos- en la que se instaba al Gobierno a continuar impulsando las relaciones contractuales entre el sector productivo y la industria, con objeto de fomentar los contratos formales, por escrito y por adelantado, que rijan las entregas de leche cruda, que contemple los volúmenes, los precios y la duración del contrato. En la misma resolución se emplazaba al Ejecutivo a trasladar la regulación de los contratos en el sector lácteo al ámbito de la Unión Europea a fin de que se proponga para su aplicación general en los países miembros, realizando las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para que se desarrollen las conclusiones adoptadas en el grupo de alto nivel de expertos del sector lácteo, aprovechando que en estos momentos está discutiéndose incluso la reforma de la política agraria común.
Precisamente -de ahí viene también la preocupación de la que le hablaba inicialmente-, en el mes de junio, unos días antes de aprobarse esta resolución, la Comisión Nacional de la Competencia trasladó a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso un informe sobre
competencia y sector agroalimentario que por su ambigüedad ha dado lugar a interpretaciones que, desde nuestro punto de vista, no son positivas ni para el sector agroganadero ni para la economía del Estado ni para los consumidores. La Comisión Nacional de la Competencia considera -así se decía en aquel escrito- que el actual marco de interrelación entre las normas de competencia y las que regulan el sector agroalimentario -que parte de la aplicabilidad general de aquellas a este sector- debe seguir constituyendo la base jurídica sobre la cual se vertebre el futuro funcionamiento de la producción agraria.
Es verdad, señor secretario de Estado, que estamos hablando del tema lácteo y no debe olvidarse que es un producto de primera necesidad en la alimentación humana, sobre todo en culturas como la nuestra o en la europea en general. Por tanto, desde nuestro punto de vista, debe ser responsabilidad de las administraciones garantizar que llegue al consumidor en las mejores condiciones sanitarias, pero también con el precio adecuado. Dada la situación del sector, resulta urgente impulsar las políticas que dicha resolución contempla, y me refiero a la que aprobamos en el marco del debate de política general al que hacía referencia anteriormente, por eso preguntamos al señor secretario de Estado, por un lado, sobre el cumplimiento de dicha resolución y, por otro lado, por la valoración que desde el Gobierno se hace del informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Dado que a estas alturas aún no está aprobado el decreto que el Gobierno anunció en diferentes ocasiones y en distintos foros que estaría preparado en el mes de enero de 2011, que regularía los contratos entre ganaderos e industria, nos preocupa que lo que esté imposibilitando esa aprobación sea lo que se recogía en este informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Nos gustaría saber en qué situación se encuentra esta cuestión, y de ahí las preguntas, aunque evidentemente la pregunta la hicimos con anterioridad a que surgiera esta última preocupación, puesto que estamos en febrero y el decreto aún no ha sido aprobado. Las últimas noticias que tenemos son que el Gobierno aún está en negociaciones con las comunidades autónomas y con las organizaciones de productores. No sé si se ha avanzado o no.
La pregunta número 24 se refiere a la posición del Gobierno en relación con la propuesta de la UE de avanzar en el diseño de mercados de futuros para el sector. Hemos visto la propuesta presentada por la Comisión Europea de Agricultura en la que se recogen como alternativas en la reforma o modificación de la política común de pesca cuestiones como la de avanzar en el diseño de mercados de futuros. El análisis que hacemos es que no sería positivo ni para el sector lechero ni en general para el sector agrario. Las continuas oscilaciones de productos agrarios en los mercados han evidenciado que el desarrollo de mercados de futuros, con el papel que pueden jugar en estos mercados los fondos especulativos -que es algo que hemos planteado en otras ocasiones-, pueden provocar acusadas oscilaciones en los precios, incluso pueden dificultar el abastecimiento alimentario a la población. Consideramos que la regulación del mercado de la leche y los productos lácteos no debe pasar por una mayor liberalización y apertura sino por recuperar el papel de la intervención pública, como hemos defendido en otras ocasiones. De alguna manera, esto que estamos diciendo entra en la pregunta anterior en la que hemos manifestado nuestra preocupación por el tema del decreto que regule los contratos.
Señor secretario de Estado, estas tres preguntas son prácticamente una interpelación, y recuerdo que usted una vez me dijo algo así, porque era muy extenso lo que le planteaba, pero como esta vez son tres preguntas está más justificada la intervención. Espero su respuesta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señora diputada, prácticamente es una interpelación.
Nos viene bien retrotraernos a la fecha en la que usted planteó las preguntas; a usted le ha venido bien en el relato y a mí también para contestarle con el máximo nivel de información posible. A partir de una caída de precios en origen y de la caída de rentas de los productores de vacuno de leche, provocada por los altos precios y la falta de abastecimiento de leche en los mercados mundiales, se generó esa situación de crisis. En el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito español, junto con los sectores y con la interprofesión, se tomaron una serie de decisiones y se abrió proceso de negociación en el que ustedes han participado, tanto la Comisión como a nivel individual, especialmente los diputados y diputadas de las zonas de producción de leche líquida. Se han generado una serie de movimientos. En un momento determinado lo más importante era la recuperación de la renta de los productores, la garantía, por supuesto, de recogidas y la mejora de la posibilidad contractual. No fueron ajenos -y usted ha hecho referencia a la parte final de la pregunta- algunos movimientos empresariales de concentración, de operaciones de compra, de venta que generaron más dificultades al sector. En un primer momento, la posibilidad de fomentar los contratos y reforzar la interprofesión fue -ahora ya podemos decirlo- una buena opción que tuvo buenos resultados a nivel de concentración, de contratos realizados y de recuperación también -vamos a decirlo claramente- de capacidad de interlocución del sector ganadero de vacuno de leche.
También sirvió para sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la producción de leche en Europa, concretamente en España y en algunas zonas productoras, especialmente en la cornisa cantábrica y en Galicia, por los precios de venta al público, etcétera. Esto llevó a que en el
debate de política general del año 2010 se aprobase una resolución sobre el sector lácteo.
Saben perfectamente que al mismo tiempo esa sensibilidad se trasladó al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y se explicitó la necesidad de concretar en un grupo de alto nivel del sector lácteo una serie de medidas tendentes a recuperar el mercado europeo y la renta de los agricultores, de los ganaderos de vacuno de leche. Ese grupo de trabajo se anticipó en un momento determinado -cuestión muy importante- a los trabajos de la reforma de la política agraria común, dejando claro que la capacidad de negociación de los productores, la concentración de la oferta, de la distribución para productos homogéneos, como era el caso de la leche, especialmente de la leche líquida, y de algunos quesos, provocaba distorsiones a las que teníamos que dar alguna respuesta. Esa respuesta se dio en una serie de conclusiones -algunas de ellas ya implementadas en el ordenamiento europeo, en directivas y reglamentos, y otras pendientes de publicación, pero ya muy avanzadas- que pasaban por la legitimación de la capacidad contractual, por la legitimación de la capacidad de interlocución de las interprofesiones y por las figuras de las organizaciones de productores para intentar llegar a tener una capacidad de negociación y sustituir en algunos países, en algunas economías, lo que en otros tenían ya constituido de forma muy potente, como era el caso de las interprofesiones o de las cooperativas lecheras.
Nos hemos referido a ello en una pregunta anterior.
Ese trabajo del grupo de alto nivel del sector lácteo tuvo sus resultados y por ello, en cumplimiento de la resolución y de la voluntad expresada por la ministra, hemos planteado un real decreto para adelantar a España en esas expectativas. Ese real decreto ha pasado ya el trámite -al que usted se refería- de consulta preceptiva por las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, también ha pasado -lo he dicho esta misma tarde- el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que hace una serie de observaciones, entre otras, que nos ciñamos al ordenamiento comunitario en términos de concentración, contratación y regulación; prácticamente está a punto de ser enviado al Consejo de Estado y, si no hay grandes objeciones, podrá estar aprobado por el Gobierno en el inicio de la próxima campaña láctea en el mes de abril para tener, como decía un diputado de esta misma Comisión esta tarde, un periodo de adecuación durante toda esta campaña y, por suerte, en un escenario de precios que se han ido estabilizando en una tendencia alcista y no en una situación tan dramática como la había en el momento en que usted planteó estas preguntas. El real decreto estará redactado en los términos que ustedes conocen, con toda la tramitación en funcionamiento y podrá ser aprobado de inmediato. ¿Creemos que ese reconocimiento contractual a las organizaciones de productores, ese reforzamiento de la interprofesión va a actuar como un bálsamo de Fierabrás para resolver todos los problemas del sector lácteo? No, pero sí va a ayudar a mejorar la capacidad de interlocución, a mejorar la estructura y a mantener la capacidad del propio sector para el futuro inmediato.
Con eso no nos damos por satisfechos, y aprovecho la última parte de su tercera pregunta-interpelación en cuanto a instrumentos de gestión de mercado. Más que hablar de mercados de futuros, que en un producto como este, en que solo podríamos hacer referencia probablemente a productos como la leche en polvo, la mantequilla en otras épocas o a algunos stocks de queso, podríamos hablar de qué necesitamos en la nueva política agraria común como instrumentos de gestión de mercado. Es en ese entorno donde debemos definir -y le agradezco su colaboración y la de la Comisión- qué medidas necesitamos y demandamos para todos los sectores, pero también para el del vacuno de leche, en cuanto a instrumentos de gestión de mercado, en paralelo a los mecanismos de apoyo a las rentas que dimanen de las políticas de apoyos del primer y del segundo pilar de la PAC. Hasta ahora ha habido políticas de apoyo a las rentas, y esperamos tener un nivel de apoyo a la actividad ganadera, especialmente a la extensiva, a la vinculada al territorio en el entorno rural, en el del segundo pilar de la PAC, pero también, en el primer pilar de la PAC, hay que tener medidas e instrumentos de gestión de mercado que puedan permitir al sector ganadero -hoy nos referimos especialmente al sector del vacuno de leche- poder afrontar situaciones de volatilidad de precios o de crisis como las que se han venido produciendo en estos tres escenarios que hemos podido analizar en estas preguntas-interpelación, porque en dos años y medio han pasado por tres situaciones muy complicadas.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, le quedan treinta y nueve segundos y el señor Puxeu nos debe cincuenta y ocho segundos. Por favor, les rogaría que cerraran el turno de réplica a la mayor brevedad posible.
Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario de Estado, le agradezco la información, que ha sido abundante y aclaratoria, pero nos gustaría que nos explicase mejor la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia en relación con el decreto, porque usted dice que ya ha dictaminado, pero aparte de la consideración que hace en relación con el ajuste a las normativas europeas no nos ha informado sobre si mantiene alguna posición contraria a la aprobación del mismo. Nos gustaría conocer esa posición, entre otras cosas, porque en algún momento incluso se habló de que podría ser necesario modificar la Ley de Defensa la Competencia. El Gobierno habló de esta posibilidad de modificación legislativa. Esto nos parece muy importante, como le dije en mi intervención, puesto que es un producto de primera necesidad, no solamente en la cadena alimentaria sino en el sector agroganadero.
Quizá quedan otras cuestiones, porque todo debate invita a seguir preguntando, pero como se acaba el tiempo ya tendremos otra oportunidad de debatirlas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Siento haberme pasado de tiempo, pero es que este tema nos apasiona a la señora Fernández Davila y a mí.
Concretando el aspecto de la nota sobre el proyecto de real decreto, tengo que decir que la Comisión Nacional de la Competencia nos ratifica que no hay objeciones de fondo, aunque lo que sí hace es recordarnos que en cualquier caso debemos referirnos a las normas europeas, de las que nos estamos dotando. Por supuesto especifica que el umbral de las agrupaciones de productores no debe exceder del 33 por ciento que ya recoge el propio decreto; se da facultad de supervisión a la comisión y no plantea problemas en la suscripción de los contratos, que era la parte nuclear del debate. No hay problemas para la realización de los contratos. Pide la capacidad de supervisión y no exceder del 33 por ciento la capacidad de concentración por parte de las organizaciones de productores.
- DEL DIPUTADO DON JAIME REINARES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MOTIVOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO PARA DECIDIR EL DERRIBO DE LA PRESA DEL RÍO COVADONGA, SITUADA EN EL NÚCLEO DE LA RIERA, EN CANGAS DE ONÍS (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071292).
(Número de expediente 181/002561.)
La señora PRESIDENTA: A la pregunta que aparece en el punto 10 del orden del día se le acumula la que aparece en el punto 26.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: Perdone, señora presidenta.
Lo que he pedido ha sido poder hacer la última pregunta a continuación de la número 10.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que no se acumulan.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: Voy a ser muy breve, señora presidenta. Va a recuperar usted el tiempo que han sobrepasado los anteriores.
La señora PRESIDENTA: Supongo que el resto de los diputados que formulen preguntas no tendrán inconveniente. ¿Es así? (Asentimiento.)
Pasamos al punto décimo del orden del día, sobre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Tiene la palabra el señor Reinares.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a mis compañeros.
En el mes de diciembre de 2009 -esta pregunta data de enero de 2010- surge la noticia de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico propone el derribo de la presa del río Covadonga en Cangas de Onís, en Asturias.
Nadie se lo ha pedido ni tampoco exponen los motivos de tal derribo.
Surge un movimiento vecinal que rechaza totalmente tal decisión, pues entienden que no hay nada que lo justifique y manifiestan que la medida que adopta la confederación hidrográfica tal vez sea un capricho, pero no se sabe de quién. Llevan decenas y decenas de años con esta infraestructura hidráulica y manifiestan también los vecinos que esa presa de La Riera, en el río Covadonga, es un bien protegido desde hace muchos años y no encuentran sentido a la demolición que pretende hacer la confederación hidrográfica. También manifiestan que este bien protegido -y es algo muy de la cultura de esos asturianos-, esta estructura singular es la zona donde desde hace decenas y decenas de años se viene observando cómo suben los salmones y las truchas que remontan el río; un hecho muy singular -como dije antes-, de gran atractivo y de gran valor turístico.
Por eso le pregunto: ¿Cuáles son los motivos y las razones que tiene la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para decidir el derribo de la presa del río Covadonga, situada en el núcleo de La Riera, en Cangas de Onís?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señoría, algunas veces las dilaciones en el tiempo tienen sus ventajas.
La pregunta que usted formuló hace más de un año hoy se la puedo responder con toda rotundidad. Esa fuerte oposición vecinal ha concluido con la decisión de no demoler y de facilitar el paso de los peces, la escala de peces. Podría acabar aquí, pero debo decirle, para que quede en el "Diario de Sesiones" y nadie piense que alguien ha tomado decisiones estrafalarias o estrambóticas, que recuperar el estado natural de los ríos, demoler infraestructuras con concesiones ya caducadas o no utilizadas y regenerar los ríos son objetivos de la política de aguas y del Plan de calidad de las aguas. Esto se sitúa en ese contexto. Esa concesión -como usted bien ha reconocido- ya no existía; esa utilización no existía y, en este caso, gracias a la oposición vecinal y también al sentido común -el tramo urbano del río en este punto concreto hace prever que en el núcleo de la riera se forme una lámina de agua-, eliminar los obstáculos y mejorar el paso de peces se
consideró la mejor actuación para el entorno, acompañada, si podemos, de alguna mejora en las riberas. Por tanto, con la ventaja de un año de tiempo, puedo decirle que la alternativa que se ha tomado es la no demolición y la reconstrucción de la escala de peces.
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, tiene la palabra.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: Me alegra que me conteste esto, porque si se destruyera la presa, el nivel del río bajaría, lo que conllevaría el riesgo de que los cimientos de las viviendas que existen en las inmediaciones, que llevan años construidas, quedasen totalmente al descubierto y ello posiblemente originaría la ruina de los edificios. Yo no soy técnico para determinar los daños que supondría la eliminación de esta presa, pero creo que hay que admitir las apreciaciones de los vecinos. Por todo ello, les pido aquí -y espero que así sea- que hagan caso a los vecinos, que llevan muchos años viviendo allí sin problemas, y dejen las cosas como están, salvo que se justifique técnicamente, que parece ser que no se hizo. Les pido que hagan caso a los lugareños. Nadie mejor que ellos sabe lo que les conviene, porque -como digo- llevan años y años conviviendo con la presa y estoy seguro de que son los que mejor saben lo que les conviene debido a su experiencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Les hemos hecho caso.
- DEL DIPUTADO DON JAIME REINARES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO TRUBIA Y LA PRESA DE EL MACHÓN EN TRUBIA, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/91607). (Número de expediente 181/003220.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta que aparece en el punto 26 del orden del día, sobre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Señor diputado, tiene la palabra.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: Esta es una pregunta que data del 14 de octubre de 2010 y parece que el problema del que trata está prácticamente solucionado. Espero que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acometa de forma urgente -este es el caso contrario- las obras necesarias e imprescindibles del proyecto de demolición de la presa de El Machón, en Trubia, sobre la base de un acuerdo ya establecido con el Ayuntamiento de Oviedo. Yo formo parte del Ayuntamiento de Oviedo y en la última junta de Gobierno, celebrada el pasado 3 febrero, hemos prestado conformidad a la propuesta de la confederación y ya se han puesto a disposición todos los terrenos necesarios para su ejecución. Esas obras urgentes, que forman parte del proyecto total y definitivo, son muy necesarias, pues en próximas fechas -supongo que usted conoce aquella zona-, como consecuencia de las lluvias y del deshielo de su cuenca, el río Trubia tendrá un gran caudal que podría afectar a la seguridad de los bloques de los edificios colindantes con dicho río. Quiero resaltar que ese acuerdo institucional alcanzado con la confederación hidrográfica y el ayuntamiento de Oviedo -si bien tal vez tengamos que discutir, señor secretario de Estado, el porcentaje que nos proponen para pagar el costo de dicho proyecto- es una prueba de buen entendimiento entre las instituciones que agradecerán los ciudadanos. Finalizo reiterándole la urgencia en acometer esas obras iniciales urgentes, para evitar los problemas que se nos pueden plantear en breves fechas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señor Reinares, en este caso permítame que sea un poco más explícito y me alargue más en la respuesta que en el caso anterior, en el que he sido muy contundente. Le he explicado que nuestra intención en los aprovechamientos, en los saltos y en los obstáculos de los ríos, especialmente en ríos como el Trubia y otros ríos de montaña y de las cuencas del norte, es intentar ir a la mínima afectación y al máximo retorno a su estado natural. En este caso, había un aprovechamiento que estaba obsoleto, la central eléctrica que explotaba el Ministerio de Defensa, el ejército, y unas edificaciones que tampoco tenían utilización. La decisión que se ha tomado -usted la conoce- es aprovechar una parte de financiación en obras de emergencia, para lo que usted decía, para actuar en forma rápida, y una financiación ordinaria en el convenio entre el ministerio y Ayuntamiento de Oviedo. En cuanto a la financiación, en un momento como el actual, en el que nadie anda demasiado sobrado de presupuesto, la propuesta del convenio es 70 por ciento ministerio y 30 por ciento ayuntamiento. Esa es la parte de actuación ordinaria. La de emergencia sería asumida totalmente por el ministerio. No le sumo las dos para decir que nosotros tenemos más financiación, pero la de emergencia sería cien por cien por nuestra parte.
¿Qué planteamos hacer, como usted dice, de forma inminente? La demolición parcial de la presa hasta el labio de evacuación, la reconstrucción de la escala de salmones, la protección de la humedad de los muros en viviendas y barrios colindantes, la eliminación de unas edificaciones colindantes con la presa que ya no tienen ningún tipo de uso y la regeneración del paseo fluvial en el entorno. Son actuaciones que deben resolver el problema
del impacto y de la obstrucción de la propia infraestructura y la recuperación ambiental y paisajística en un entorno urbano. Esta es la idea y esta es la vía de financiación, insisto, una parte, como obra de emergencia, ya presupuestada y de ejecución inmediata, y otra parte con ese nivel de convenio de financiación. Por tanto la actuación va a ser inmediata.
El señor REINARES FERNÁNDEZ: Se lo agradezco, pero vuelvo a reiterar que si ustedes andan mal, calculen cómo andamos los ayuntamientos. Espero que recapaciten, porque el 70 por ciento que van a poner ustedes van a ser fondos europeos, no los va a poner el Ministerio de Medio Ambiente. Si ustedes estiran un poco el tema, pueden acometer perfectamente la totalidad de la obra, el cien por cien, y no gravar a los ciudadanos ovetenses con todo esto. Confío en que esto salga adelante y posiblemente solicite a su portavoz, Hugo Morán, que me apoye en esta situación, para que salgamos de este impasse. Le agradezco mucho que nos diga que se van a acometer las obras de forma inmediata, porque el tema de la financiación, Hugo Morán y yo ya lo arreglaremos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA ESPAÑOL CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE ARGENTINA, EN EL MARCO DE LA X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE AGRICULTURA. (Número de expediente 181/003015.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, se formulará la pregunta que aparece en el punto 21 del orden del día. Señora Quintanilla, tiene la palabra.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor secretario de Estado, el pasado mes de junio y dentro del marco de la X Conferencia iberoamericana de ministros de Agricultura, celebrada en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, usted, en su calidad de secretario de Estado, mantuvo un encuentro bilateral con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, don Julián Andrés Domínguez. En el transcurso de dicho encuentro, según dice la nota de prensa que emitió el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se trataron temas de interés común, se profundizó en las relaciones entre ambos gobiernos y se debatió acerca del incremento de la cooperación entre los sectores importadores y exportadores de productos agroalimentarios de ambos países. Como bien digo, así lo señalaba esa nota de prensa difundida por el propio ministerio. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.) Aparte de esa brevísima nota de prensa emitida por el ministerio, que tan solo recoge dos frases que he reproducido de forma literal anteriormente, no ha habido transparencia ni ningún tipo de información sobre los temas concretos que se abordaron en dicho encuentro, en el que usted representaba al Gobierno de España ante el Gobierno de Argentina. Tampoco se ha sabido si en esa reunión a dos bandas dentro de la X Conferencia iberoamericana de ministros de Agricultura se llegó a algún acuerdo concreto que fuera beneficioso para los agricultores, ganaderos y pescadores españoles y para la industria agroalimentaria española en general o si, por el contrario, podrían verse perjudicados por las negociaciones. Por eso, señor secretario de Estado, señor Puxeu, dígame: ¿A qué acuerdos se llegó? Dígame: ¿En qué benefician a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y a nuestra pesca? Dígame: ¿Vamos a conseguir que nuestra industria agroalimentaria lidere indiscutiblemente la exportación en el comercio de los países sudamericanos y en concreto en Argentina?
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señora Quintanilla, le voy a decir, por supuesto, porque es mi obligación y porque es un placer contestarla.
El objeto de mi visita a Río de la Plata -y eso normalmente no lo recogen las notas de prensa, pero sí los documentos de trabajo- era preparar, en un encuentro de ministros de Agricultura iberoamericanos, los dosieres previos a la cumbre de jefes de Estado que iba a celebrarse en Mar del Plata. Ese fue el objetivo de mi visita y el que deben recoger los teletipos o al menos recogen las actas. Estuvimos trabajando en los dosieres que concretaban la conferencia. Eran básicamente dosieres que me consta que a usted le preocupan muchísimo. Básicamente eran: desarrollo rural, formación y cooperación internacional en el ámbito del desarrollo rural y agricultura. Le voy a enumerar sucintamente cuáles eran los ejes del trabajo que realizamos durante esas horas en Mar del Plata, porque recuerdo que fue un viaje de más horas de avión que de reunión: mejorar las condiciones de vida del medio rural; diseñar políticas y programas de inclusión social de la población rural, especialmente de la más desfavorecida; revalorizar procesos productivos, contemplando las heterogeneidades locales y los saberes ancestrales, para poblaciones indígenas y autóctonas; programas de formación en relación entre educación agropecuaria formal y no formal; articulación entre universidades, centros de investigación, escuelas técnicas y los actores del mundo rural; regionalización de la formación de las universidades y otros sistemas de capacitación; apoyo al diálogo rural iberoamericano, especialmente entre
educación, agricultura, territorios rurales y desarrollo inclusivo para poblaciones marginadas; fortalecer la integración de los conocimientos y el programa de maestría para las Américas, especialmente la maestría en enseñanza agropecuaria, que era uno de los programas estrella; recibir las conclusiones y recomendaciones de los foros técnicos, especialmente para la educación y agricultura en desarrollo inclusivo, y, como coincidió con dos hechos luctuosos, dos catástrofes naturales, como fueron la crisis de Haití y el terremoto de Chile, tomar medidas de solidaridad con estos países y tomar una serie de decisiones para que en el año 2012 se pudiera hacer una conferencia iberoamericana de ministros de Agricultura. Ese era el paquete fundamental.
En los contactos bilaterales no solo tuve ocasión de relacionarme con los miembros de las demás delegaciones, sino que tuve un contacto importante por primera vez, si no recuerdo mal, con el ministro de Agricultura de Argentina, porque hasta ahora dependía de la Secretaría de Economía. En esa primera reunión bilateral preparamos una serie de cuestiones, anticipándonos a algo que se veía venir: la crisis de falta de materias primas. Estuvimos analizando el mercado mundial, especialmente en el hemisferio sur -cómo iban las cosechas y cuáles eran sus proyecciones en el mercado de granos y soja-, y estuvimos viendo cuáles eran sus pretensiones para el acceso al mercado europeo y las nuestras, con una serie de barreras comerciales que se estaban generando para la importación de productos agroalimentarios españoles, especialmente productos transformados. Esa fue la agenda de trabajo parcial. Le informo con total transparencia de lo que estuvimos realizando durante esas pocas horas en Mar del Plata.
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señora Quintanilla, tiene la palabra.
La señora QUINTANILLA BARBA: Doy por contestada la pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor secretario de Estado, ¿tiene alguna puntualización que hacer? (Pausa.) Parece que ninguna.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, SOBRE:
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS INSULARES DE CANARIAS PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS QUE ASOLARON LAS ISLAS EN EL VERANO DE 2007, ASÍ COMO CUANTÍA DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/002881.)
- INDEMNIZACIONES A LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS O GANADERAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS QUE ASOLARON CANARIAS EN EL VERANO DE 2007, ASÍ COMO CUANTÍA DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/002882.)
- ALCANCE DE LOS BENEFICIOS FISCALES PREVISTOS A RAÍZ DE LOS INCENDIOS QUE ASOLARON CANARIAS EN EL VERANO DE 2007, ASÍ COMO NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002883.)
- REDUCCIONES FISCALES ESPECIALES PARA ACTIVIDADES AGRARIAS PRACTICADAS CON MOTIVO DE LOS INCENDIOS EN CANARIAS DEL VERANO DEL 2007, ASÍ COMO NÚMERO DE EXPLOTACIONES BENEFICIADAS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002884.)
- MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL APLICADAS POR MOTIVO DE LOS INCENDIOS QUE ARRASARON CANARIAS EN EL VERANO DE 2007 Y NÚMERO DE EMPLEADOS Y EMPRESAS BENEFICIADAS EN SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 6.º DEL REAL DECRETO-LEY 7/2007, DE 3 DE AGOSTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002885.)
- AYUDAS POR DAÑOS PERSONALES Y CUANTÍA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, MERCANTILES, AGRARIOS Y DE SERVICIOS POR LOS INCENDIOS ACONTECIDOS EN CANARIAS EN EL VERANO DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002886.)
- PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS AYUDAS EXCEPCIONALES EN MATERIA DE VIVIENDA TRAS LOS INCENDIOS EN CANARIAS DURANTE EL VERANO DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002887.)
- EFECTOS REALES QUE HAN REPRESENTADO LAS LÍNEAS PREFERENCIALES DE CRÉDITO HABILITADAS POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL A CAUSA DE LOS INCENDIOS QUE ASOLARON CANARIAS EN EL VERANO DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002888.)
- CORPORACIONES LOCALES CANARIAS QUE SE HAN ACOGIDO AL INGRESO DE SUBVENCIONES POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y RED VIARIA TRAS LOS INCENDIOS QUE ASOLARON CANARIAS EN EL VERANO DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002889.)
- ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN CANARIAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO A RAÍZ DE LOS INCENDIOS ACONTECIDOS EN EL VERANO DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002890.)
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al siguiente punto del orden del día, referido a las preguntas que figuran en el orden del día con los números 11 a 20, ambas incluidas, en relación con los incendios forestales en Canarias y que va a plantear de forma conjunta al señor secretario de Estado el diputado señor Mariscal. Tiene la palabra.
El señor MARISCAL ANAYA: Señor secretario de Estado, las preguntas a las que hace mención el presidente están relacionadas con las subvenciones concedidas a los ayuntamientos y al Cabildo de Gran Canaria para las obras de reparación o restitución de equipamientos públicos; las indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrarias o ganaderas; el alcance de los beneficios fiscales; las reducciones fiscales especiales para actividades agrarias; las medidas laborales y de Seguridad Social aplicadas con motivo del incendio y el número de empleados y empresas beneficiados; las ayudas por daños personales y cuantía de las mismas; personas beneficiadas por las ayudas excepcionales en materia de vivienda; efectos reales que han presentado las líneas preferenciales de crédito habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial, así como las corporaciones que han sido beneficiadas, además de las actuaciones de restauración forestal y medioambiental emprendidas en la zona. Estas preguntas han sido firmadas por mi compañera Carmen Guerra, que no ha podido estar hoy en esta Comisión, motivo por el que las voy a defender yo. La verdad es que las formulamos en su día muy a nuestro pesar, porque son consecuencia de dos cosas: por una parte, de la inexistencia de una política efectiva, correcta y hábil en defensa del patrimonio forestal en el caso de Gran Canaria y, en segundo lugar, de la no reposición material efectiva y positiva de los bienes destruidos a raíz del incendio.
Los hechos son por todos conocidos. El incendio se inició el 27 de julio de 2007, afectando al Parque Natural de Ojeda, Inagua y Pajonales, y sus consecuencias fueron gravísimas, como todo el mundo conoce. Se desalojó a más de 5.000 grancanarios, cinco espacios naturales se vieron afectados de forma notable por el fuego, se produjeron daños en 635 explotaciones agrícolas y ganaderas, las presas del Cabildo de Gran Canaria bajaron hasta un 68 por ciento de su capacidad -con la grave situación de abastecimiento a la que esto conduce-, se incendiaron antiguos caseríos, se perdieron innumerables cabezas de ganado caprino y ovino y además se destruyeron 300.000 metros lineales de tuberías de conducción de agua para el riego. En total, se destruyeron alrededor de 19.000 hectáreas, 8.000 de las cuales eran masa forestal -según la Fundación Forestal, alrededor de un tercio de la masa forestal de la isla de Gran Canaria-, además de desaparecer alrededor de 100 viviendas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) A raíz de este incendio, a los pocos días, el 1 de agosto, el señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, se movilizó hacia la isla de Gran Canaria para hacerse la foto subsiguiente y con ello intentar demostrarnos su enorme interés por ayudar a paliar los resultados de este incendio. Nos dijo a todos los grancanarios que el decreto que pensaba firmar era un decreto amplio, que contemplaría todos los daños causados, todos los supuestos y que la ley contemplaría bonificaciones fiscales, ayudas a quienes hubiesen perdido su empleo y fondos para recuperar las infraestructuras dañadas y para las personas que habían perdido sus viviendas. Hasta el momento, las únicas que han cumplido han sido las administraciones canarias; de la Administración General del Estado poco sabemos. Ese Real Decreto 7/2007, de 3 agosto, por el que se establecieron medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, contemplaba un máximo de un 50 por ciento del valor de los daños producidos en el caso de las viviendas, haciendo oídos sordos no solamente a la sociedad grancanaria, sino también a todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias -Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular- y a todos los miembros de la Corporación Insular del Cabildo de Gran Canaria, en la que también están presentes Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular. Además, en ese decreto se contemplaba que la tasación en cuanto a viviendas fuera ratificada por el órgano competente de la comunidad autónoma. El Gobierno, tras las numerosas solicitudes de ayuda para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, denegó innumerables de ellas. Se presentaron 224 solicitudes y se denegaron 148, llegándose incluso a la falta de sensibilidad, puesto que hubo solicitudes de ayuda que fueron denegadas aludiendo al silencio administrativo. Tras estas tretas, trampas y enredos, lo que se pretendía era reducir el valor de los daños ocasionados y aumentar, tras una no efectiva ni eficaz reparación de daños, el drama que los grancanarios sufrimos durante esos días, motivo por el cual este grupo parlamentario le pregunta y le pide que, por favor, nos haga saber
cuáles son las medidas que desde el ministerio se han llevado a cabo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Señoría, un episodio de incendios forestales siempre es una catástrofe y un drama, un drama en los aspectos ambientales, pero también en los aspectos patrimoniales de la naturaleza, y cuando coincide con daños personales o afección a viviendas de particulares o a infraestructuras, la situación es más compleja. La respuesta de este Gobierno ha sido siempre una respuesta seria, valiente y eficaz. La presencia de cargos públicos ante una catástrofe, como en este caso, el propio presidente del Gobierno, debe interpretarse como lo que es: una muestra de solidaridad con los afectados y de responsabilidad cívica. Hablar de trampas, tretas y enredos en este caso me parece especialmente inapropiado, por no decir algo más grave. Debo decirle que cuando un incendio se produce en un paraje protegido, en un parque nacional, en un entorno complejo como es el de Canarias -hay otros diputados en esta Comisión que se lo pueden corroborar-, es de una especial significación y una especial magnitud por la dificultad de regeneración. A pesar de que tengamos especies que son capaces de soportar altísimas temperaturas y de regenerarse, no podríamos entender esos ecosistemas sin la vegetación necesaria y con el hábitat en condiciones. El esfuerzo que hacen la Administración General del Estado, los cabildos y la Administración autonómica en prevención y extinción es muy superior al de otros territorios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecosistema, el de las islas, que lo demanda y lo necesita. Por tanto, no hay ninguna sobreactuación, ningún elemento de teatro o atrezo ante una crisis, y de crisis estamos hablando cuando hablamos de un incendio. El Real Decreto 7/2007 y los decretos que se llevaron a cabo en el año 2009 han intentado por todos los medios dar respuesta a las necesidades generadas por esa circunstancia. Ha hecho usted referencia específica a uno que no funcionó, las ayudas a la vivienda de 2007, pero sí se recogieron en 2009 y siguen abiertas. Le puedo dejar a la presidenta toda la documentación. Pido disculpas porque, por el trámite parlamentario de preguntas, no haya podido usted tener respuesta escrita.
Con el tiempo que tenemos, no le puedo hacer un repaso de todas las líneas que se abrieron. Algunas se abrieron con gran aceptación y otras con menor aceptación, pero se abrieron, para financiación, para exenciones del IBI, para regeneración de infraestructuras y para tantas y tantas cuestiones como las que usted ha planteado en la serie de preguntas que ahora estamos contestando. Insisto, le dejo la respuesta por escrito para que vea todos y cada uno de los elementos que usted preguntó en su momento por escrito y permítame que en esta intervención le diga que los medios humanos, los medios materiales y la capacidad de respuesta por parte de las administraciones públicas nunca serán suficientes para el que ha sufrido la catástrofe del incendio, pero el esfuerzo que ha hecho la Administración General del Estado y el esfuerzo que han hecho la comunidad autónoma y los cabildos ha ido más allá de sus posibilidades, porque si algo son las administraciones en este caso es especialmente sensibles ante este tipo de eventualidades.
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, ¿quiere intervenir en turno de réplica?
El señor MARISCAL ANAYA: Sí, señora presidenta.
Señor Puxeu, ya le he dicho que quienes han cumplido han sido el Cabildo de Gran Canaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, pero el que está respondiendo es usted, que es el secretario de Estado. Dice usted que las administraciones públicas canarias han cumplido, pero eso ya se lo he dicho yo, y además me dice que me va a dar las respuestas por escrito con posterioridad. Evidentemente, si hemos tenido que llegar a este trámite ha sido porque el Gobierno no ha respondido a tiempo a las preguntas formuladas por mi compañera, diputada por la provincia de Las Palmas.
Usted defiende una actitud seria por parte del Gobierno. Le voy a dar una muestra de seriedad. La Delegación del Gobierno en Canarias no contaba hasta hace bien poco ni con medios ni con la información necesaria para los afectados. Tal es así que contamos con innumerables cartas de afectados dirigidas a la Delegación del Gobierno y con un caso realmente dramático: un año y ocho meses después del incendio la Delegación del Gobierno no sabía cuáles eran los criterios que se tenían que tener a la hora de dar las ayudas. Esto resulta inexplicable. Usted habla de valentía. Pues ya tiene un reto ante sí: traslade a la Administración General del Estado lo que ha propuesto el Cabildo de Gran Canaria y lo que su partido político ha defendido allí y, por un procedimiento urgente y exhaustivo de revisión de todas las solicitudes de ayudas económicas para la rehabilitación, reparación y reconstrucción de las viviendas de los damnificados, utilice las cuantías que las periciales de los órganos competentes de las comunidades autónomas marcan y no las que establece el consorcio de seguros.
Por último, la ineficiencia en este caso llega a tal extremo que en el reparto de ayudas, según la valoración que estableció el peritaje oficial que el juzgado de instrucción encargó, ya existe un desfase de alrededor de 150.000 euros. Por tanto hay deberes y le pedimos que por favor se ponga manos a la obra. Menos efecto anuncio, menos anunciar resultados y más trabajar, porque esa falta de capacidad, esa falta de vinculación con los intereses de los grancanarios ha generado una enorme frustración en aquellos que han sido afectados
por este incendio. Vuelvo a remarcar aquello con lo que empecé esta intervención: Esta intervención se hace muy a pesar del interés del Partido Popular, que es -imagino que como el suyo- la defensa del bien público, en este caso, tanto de la masa forestal como de las personas implicadas.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, si desea hacer alguna puntualización.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): Recuerdo perfectamente el episodio de ese incendio, en unas circunstancias bastante conflictivas, donde tuvimos que activar desde la presencia de la UME hasta el envío de una brigada de intervención especializada desde Zaragoza; recuerdo de memoria el esfuerzo ingente que se hizo, la satisfacción de no tener pérdidas de vidas humanas, aunque sí hubiera daños materiales. Al repasar la documentación he visto claramente que estamos hablando -veo que con mucha vehemencia- de las discrepancias entre las valoraciones; en los temas que pueden discutirse en el ámbito administrativo cuando llegan al ámbito personal hay que poner especial atención. Me consta, y lo trasladaré a la Delegación del Gobierno para que sea especialmente sensible.
No le he hablado de las diez o doce líneas que están funcionando, le he hablado de la que tuvo problemas, que es la de la vivienda, pero que con el decreto de 2009 está abierta y, por tanto, causa de revisión todavía.
Le hablaré de algunas. Los daños en infraestructuras se atendieron de forma inmediata por un importe de 371.000 euros. Se llevó a cabo el cobro de los seguros de las parcelas agrarias, aseguradas tanto por Enesa como por Agroseguro. Solo una entidad local pidió una ayuda de compensación ante el Ministerio de Economía y Hacienda para beneficios fiscales, que fue el municipio de El Tanque, y se le concedió. Se puso en marcha la estimación de beneficiarios potenciales de las explotaciones agrarias para deducciones fiscales. Todas estas medidas por las que ha preguntado se las he enviado por escrito. Insisto en que no conozco exactamente el trámite o por qué no llegaron, pero hoy se las facilito.
De todas formas, creo que la discusión que interesa a los ciudadanos no es esta sino ver si realmente hay capacidad y voluntad de dar respuestas.
Usted me dirá: Las setenta y cuatro ayudas para vivienda de particulares se quedaron cortas. Si hay posibilidad de revisión y de recurso, revísense y recúrranse. Si se han utilizado los criterios de tasación adecuados o no adecuados, véanse. En este momento yo no le puedo decir nada más. Solo le puedo decir que se ha puesto en marcha todo lo que estaba previsto en el decreto y lo que no estaba previsto en el decreto se amplió. No quiero polemizar. Solo quiero decir que nuestro objetivo es que estos incendios no se produzcan, que las labores de prevención funcionen, que tengamos los medios de extinción suficientes y que en ningún caso tengamos que hacer frente a este tipo de contingencias. Los créditos del ICO por importe de casi un millón de euros ahí están; se han utilizado. Son muchas las cosas que se han puesto en marcha.
Insisto en que no es nuestra intención enumerar una retahíla de lo que se ha hecho ni entrar en la discusión de lo que se puede mejorar. Nuestra intención es actuar en la prevención, defender el patrimonio y actuar de forma eficiente para prevenir los daños.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INVERSIONES REALIZADAS POR ACUAMED EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA, ASÍ COMO LAS PREVISIONES PARA EL AÑO 2011. (Número de expediente 181/003183.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última pregunta sobre inversiones y previsiones de inversión de Acuamed en Almería.
Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor secretario de Estado, como usted sabe, en el año 2004 el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero decidió suspender, paralizar y anular el trasvase del Ebro, que iba a aportar a la provincia de Almería 110 hectómetros cúbicos y presentó su alternativa basada exclusivamente en la desalación. En Almería se iban a construir cinco desaladoras para sustituir la aportación del trasvase del Ebro, lo que, según ustedes, iba a traer más agua, más barata y en menos tiempo. Para eso se creó una empresa pública que se llama Acuamed y que existe en la actualidad.
La presupuestación que ha hecho esta empresa pública -se la voy a desgranar año tras año- ha sido la siguiente. En el año 2005, Acuamed presupuestó para obras en la provincia de Almería 49 millones de euros; la ejecución real, según los datos del propio Gobierno, fue de 3 millones de euros, es decir, un 6 por ciento. En el año 2006, 41 millones de euros de inversión; según los datos de la empresa remitidos al Congreso la inversión real fue de 5 millones. En el año 2007 se pasó a 97 millones de euros de presupuestación y la inversión fue de 40 millones de euros. En el año 2008, se presupuestaron 216 millones de euros y la inversión fue de 49 millones. En el año 2009 ustedes presupuestaron 241 millones de euros y la inversión real fue de 65 millones de euros. Es decir, entre 2005 y 2009, ambos incluidos, ustedes presupuestaron 650 millones de euros, en términos nominativos, no reales. El Congreso aprobó esas cifras presupuestarias y, sin embargo, la ejecución real fue de solo 164 millones de euros; es decir, en el conjunto de esos años, casi 500 millones de euros menos en obras de infraestructura en la provincia de Almería. No contentos con esto, para el año 2010 presupuestaron 176 nuevos millones de euros. En la documentación que ustedes nos aportaron en el mes de
octubre para el debate de los presupuestos para el año 2011, decían que de estos 176 nuevos millones de euros solo se iban a invertir 123 millones y de ellos 55 millones correspondía a la compra de una desaladora, que no estaban contemplados en los 176 millones que habían presupuestado originalmente y que no se han gastado, porque no han comprado la desaladora de Rambla Morales.
Señor secretario de Estado, ustedes tienen la nefasta, por no decirlo de otra forma, costumbre de engañar al Congreso de los Diputados, de engañar a su Gobierno continuamente, de mandar aquí presupuestos que saben que nunca se ejecutan. Yo no sé si eso les sirve a ustedes para engordar las cifras de inversión y hacer ruedas de prensa en provincias, incluso la ministra de Medio Ambiente, para decir que aumenta la inversión. Año tras año la realidad ha sido la que yo le he descrito, y esto ya empieza a ser un insulto, no le voy a decir que sea una tomadura de pelo, pero sí al menos un engaño. Entiendo que un año se puede errar en la presupuestación, que hay causas para que quizá dos años no se cumplan los presupuestos, que puede haber motivos para que el tercer año uno no alcance lo presupuestado, incluso que el cuarto año haya sucedido algún acontecimiento internacional que nos impida ajustarnos a lo presupuestado, pero hacer esto año tras año, de forma reiterada, es un cachondeo. Lo lamentable es que nadie haya dimitido todavía ni haya dicho nada ni se haya asustado y que además tengan el desparpajo de remitir estas cifras a los diputados de su partido a los que al llegar a su provincia dejan ustedes -perdóneme la expresión- con el trasero al aire.
Cuando llega esto de las inversiones para el año que viene, los periodistas se carcajean, porque empiezan a decir: Cuénteme usted si se han gastado lo del año pasado.
Esto, que yo lo trato con este talante mío, incluso de forma jocosa, es una grave tragedia para una provincia como Almería, en la que desde que ustedes están en el Gobierno ni hay más agua ni es más barata ni ha llegado en menos tiempo. En siete años han sido incapaces de producir un solo hectómetro cúbico nuevo ni de incrementar la capacidad de agua en la provincia más desertizada de España. Llevan siete años para inaugurar una desaladora que tenía un plazo de ejecución de veinticuatro meses. En ese tiempo ni tan siquiera la han conectado a la red, porque la desaladora del Bajo Almanzora todavía no tiene ni conexión a la red, y por eso no han podido inaugurarla; repito que llevan siete años en el Gobierno.
Llevan novecientos millones de euros presupuestados, sin computar lo presupuestado para el año que viene, aunque esta vez han tenido la prudencia de decir que son solo cien. No sé cuánto se van a gastar, pero el papel lo aguanta todo. Lo lamentable es que estos son los papeles que ustedes remiten al Congreso de los Diputados, que es lo que aprueba el Partido Socialista en los Presupuestos Generales del Estado y que ustedes, sin dar explicación alguna, se lo saltan a la torera, por no decir algo peor, que ya es suficiente (Varios señores diputados: ¡Dilo, dilo!), porque a estas horas, y siendo la última pregunta, sus compañeros de partido se alterarían aún más.
Solo quiero preguntarle a qué se debe todo esto; por qué siguen ustedes tomando el pelo a la gente; por qué hacen estas cosas con los documentos presupuestarios y si van a decir algo de verdad o si van a cumplir alguna vez. No le voy a pedir que lleguen al 50 por ciento de los presupuestos, pero a ver si algún año llegan al 40 por ciento, porque les ponen a ustedes un cuatro y con eso a lo mejor pueden pasar al curso siguiente.
Desde luego, no creo que en Almería vayan a tener mucho éxito ni en las próximas ni en las siguientes elecciones.
La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, ha agotado sus dos turnos en uno, pero supongo que ya contaría con ello.
El señor Puxeu cierra el último turno en esta pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA (Puxeu Rocamora): No voy a agotar mi capacidad de asombro, porque el señor Hernando conoce perfectamente cuál es la estructura y funcionamiento de las sociedades públicas del agua, especialmente Acuamed, porque sabe exactamente cuál es su régimen de gestión, sabe que las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para estas sociedades se nutren básicamente del capítulo 8, ampliaciones de capital, para llevar a cabo una serie de inversiones, de esta en este caso concreto, en todo el arco mediterráneo, desde las obras de descontaminación del embalse de Flix, en el río Ebro hasta actuaciones en la provincia de Málaga. Sabe que las sociedades estatales no operan bajo el mismo régimen presupuestario, que operan con absoluta transparencia, con todos los controles de auditoría interna y externa, como no puede ser de otra manera, por tanto, sin ninguna opacidad, yo diría que incluso están más controladas que cualquier otro tipo de organismo autónomo o administración pública, y sabe que el presupuesto anual es una referencia sobre las intenciones de ejecución y no más allá del plan de actuaciones puede referirse la distribución territorial de esos presupuestos, que pueden ser alterados claramente por razones de la dinámica de tramitación de los propios proyectos.
Señorías, ha dicho que las actuaciones de la Administración General del Estado y de las sociedades de aguas en particular, de Acuamed en Almería, no son acordes con las necesidades y con las demandas de una agricultura intensiva ni con las crecientes demandas en cuanto a posibilidades, que lo fiamos todo a una única alternativa que es la desalación, cuando sabe perfectamente que tiene aportaciones desde el acueducto Tajo-Segura a la infraestructura del Negratín-Almanzora. (El señor Hernando Fraile: Lo hicimos nosotros.) Sí, pero usted lo ha obviado. Sabe perfectamente que las instalaciones de desalación han incrementado la oferta y que los niveles
de inversión hasta este momento han superado los 623 millones por parte de Acuamed, inversión real realizada, y se las puedo detallar todas, una a una; sabe que la previsión de este ejercicio son cien millones, lo que significa que estaríamos en 723 millones, muy lejos de sus doscientos, que no sé de dónde los sacaba. No quiero entrar en ese detalle, aunque podemos hacerlo obra a obra y lo vamos a hacer. Cuando usted me dice que no nos hemos dedicado a inaugurar le tengo que contestar que nosotros nos dedicamos a trabajar, a hacer, a ejecutar. La desaladora del Bajo Almanzora la he visto como mínimo seis veces. (El señor Hernando Fraile: ¿Cuánto produce?) La no compra de Rambla Morales. Hay un compromiso que, como sabe, está ahí. Estamos en negociaciones y hemos hecho una valoración para llegar a un acuerdo con la entidad financiera y con los regantes para ponerla a disposición de la sociedad y de los regantes, por supuesto. Nuestros acuerdos están ahí y están vigentes. Nuestros acuerdos con la Sociedad de Gestión de Aguas de Almería están ahí y las infraestructuras, una detrás de otra, han ido dando respuesta a las necesidades de la provincia de Almería a unos precios razonables, en unas condiciones de calidad de agua más que razonables y en ningún momento ha faltado ni un hectómetro para poder seguir manteniendo una de las mejores fuentes de riqueza de nuestro país, que es la capacidad de exportación de frutas y hortalizas que se producen en los invernaderos de la zona de Almería. Pero hemos ido más lejos, hemos ido al desierto de Tabernas y a estudiar incluso opciones complicadísimas para muy pocas hectáreas en posiciones muy determinadas; hemos conectado con el campo de Lorca y con muchas infraestructuras y hemos dado las soluciones que han hecho falta.
Insisto en que no se ha despilfarrado ni un solo euro en la propia gestión y en que hay absoluta transparencia en las actuaciones de Acuamed y del ministerio en la provincia de Almería.
La señora PRESIDENTA: Señor Puxeu, gracias por su presencia una vez más ante esta Comisión. Sabemos que cada vez que la Comisión se lo solicita está a nuestra disposición.

References: resolución 
 artículo 6
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 real decreto 
 artículo 20
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 6
 Real Decreto 
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