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Timestamp: 2016-10-28 17:24:15+00:00

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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número uno de Gandía, don Enrique Colomer Sancho, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 10 de abril de 2002 don Joaquín Sapena Davó, Notario de Valencia, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, en cuyo otorgamiento la entidad, B. B. V. A., S. A., estaba representada por don M. C. M. G. y doña D. P. P.
En dicha escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca se expresa por el Notario, respecto de la citada representación, que don M. C. M. G. y doña D. P. P., intervienen, como apoderados, en nombre y representación de la entidad B.B.V.A., S. A. y que deriva la representación que ostentan «... de poder bastante, que aseguran vigente, otorgado a su favor por don José Maldonado Ramos, Consejero Secretario General de la Mercantil B.B.V.A., S. A., ante el Notario de Bilbao, don José Ignacio Uranga
Otaegui, el día 28 de enero de 2000, bajo el número 339 de su protocolo, copias autorizadas parciales del cual, que causaron la inscripción 1.037 en la hoja de la sociedad, me exhiben y de las mismas resultan, a mi juicio, facultades suficientes para esta carta de pago y cancelación de hipoteca...».
La citada escritura fue presentada el 24 de mayo de 2002 en el Registro de la Propiedad número uno de Gandía, causó el asiento 1957 del Diario 109, y fue objeto de la siguiente calificación (sin que, por lo demás, aluda el Registrador en este expediente a circunstancia alguna que justifique el hecho de que haya transcurrido con exceso el plazo de quince días establecido por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para calificar):
En relación al documento de fecha 10 de abril de 2002 del Notario de Valencia don/doña Joaquín Sapena Davo, número de protocolo/expedien te 2002/00679 presentado por A.P.F. el día 18 de junio de 2002 a las 11.15 horas, con el número entrada 9750/02, asiento 1957 del Diario 109, pongo en su conocimiento que, he acordado con fecha 11 de junio su calificación negativa ya que para su inscripción/anotación, es necesario:
Que se haga la relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas que en unión de la reseña identificativa del documento mediante el que se acredite la representación y de la valoración notarial de la suficiencia, requiere la Resolución de fecha de 12 de abril de 2002 por la que se resuelve la consulta vinculante formulada por el CGN, como particulares bastantes para que el Registrador califique la capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir
(Fundamentos de derecho 5 párrafo sexto y 8, párrafo segundo). Gandía a 3 de julio de 2002.El Registrador. (Firma ilegible)».
En dicho recurso enviado por vía postal el día 1 de agosto, que entró en el Registro número uno de Gandía el 2 de agosto de 2002, alegó lo siguiente: 1.º Que el artículo 98 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 21/2001 de 27 de diciembre es por si sólo suficientemente claro y atribuye al Notario el juicio sobre la capacidad jurídica de los representantes o apoderados que intervienen en los instrumentos públicos, como desde siempre le ha sido atribuida el juicio sobre la capacidad natural de los comparecientes. (En este sentido la Resolución de 12 de abril de 2002); 2.° La correcta interpretación de la Resolución de 12 de abril de 2002 a la consulta vinculante sobre esta materia formulada por el Consejo General del Notariado, tras la doctrina establecida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en las recientes resoluciones de 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002. Las referidas resoluciones que son vinculantes para todos los Registros mientras no se anulen por los Tribunales y cuyos argumentos en su totalidad se tienen aquí por reproducidos han dado solución a la cuestión práctica de cómo debe de constar en el instrumento público la «relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas» admitiendo que esto puede realizarlo el Notario, tal y como se ha hecho en la escritura calificada, identificando las facultades por remisión a la naturaleza del negocio instrumentado sin necesidad de transcribirlas o relacionarlas.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª
y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una carta de pago y cancelación de hipoteca.
La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus argumentos es el de la calificación. La Ley Hipotecaria, al igual que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no permite que se pueda motivar la calificación o el acto administrativo en un momento ulterior; al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como puede ser el informe que pre ceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación y, por mantenerla, eleva el expediente a esta Dirección General.
En consecuencia, la motivación es necesaria para el debido conocimiento de los interesados y para la posible defensa de sus derechos; y la misma debe darse con la amplitud necesaria para tal fin, pues sólo expresando las razones que justifiquen la decisión, es como puede el interesado alegar después cuanto le convenga para su defensa. De otro modo, se abandonaría a dicho interesado en la manifiesta indefensión que está proscrita por el artículo 24.1 de la Constitución, también extensivo a las resoluciones administrativas (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 14 noviembre 1986, 4 noviembre 1988 y 20 de enero de 1998, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional número 36/1982, de 16 de junio). Es asimismo conocido que la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio decidendi» que la ha determinado (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998 y de 28 de mayo de 2003); por ello, el Tribunal Supremo ha admitido como medio suficiente de motivación la remisión que el acto administrativo hace al expediente administrativo, cuando en el mismo obren los informes o dictámenes sobre los que se asienta el acto, y siempre que tales informes sean conocidos por el interesado cuando se le notifica el acto (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca que se otorga.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de poderes conferidos, mediante escritura pública autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha de los poderes, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil; así mismo, se expresa que los apoderados aseveran la vigencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa, en relación con las copias autorizadas que de la escritura de poder se exhiben, que de las mismas resultan, a su juicio, «... facultades suficientes para esta carta de pago y cancelación de hipoteca.».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de Gandía número 1.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 98
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 24
 Resolución 
 resolución