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Timestamp: 2017-12-14 20:46:38+00:00

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Sentencia T.S.J. Asturias 1445/2008, de 6 de junio
Agresión física y verbal a una compañera de trabajo. Sanción de 43 días de suspensión de empleo y sueldo. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la teoría gradualista y proporcional del derecho a sancionar.
Primero.-Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictó sentencia de fecha seis de julio de dos mil siete por la que se desestimaba la demanda.
Segundo.-En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:
1º. La actora, prestó sus servicios por orden y a cuenta de la empresa demandada, en virtud de contrato de trabajo para la Formación y a tiempo completo, con una antigüedad referida al 1 de julio de 2006, con la categoría profesional de alumno- trabajador de albañilería, rigiendo la relación laboral el Convenio Colectivo de FUCOMI, percibiendo un salario bruto mensual de 855,90 euros, sin inclusión de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias.
La demandante no ostenta, ni ha ostentado cargo representativo o sindical.
2º. El día 23 de abril de 2007, la actora escupió en la nuca a su compañera de trabajo Dª Alicia, y comentó: "que asco".
3º.-En fecha 9 de mayo de 2007, la actora recibió comunicación por parte de la empresa demandada, por la que se le notifica la apertura de expediente sancionador, que trae causa de la denuncia presentada por una alumna-trabajadora del Taller de Empleo "L´ará", donde presta servicios la demandante, por una posible falta calificada como muy grave.
La actora no formuló alegaciones en el trámite conferido en el expediente.
4º.-En fecha 15 de mayo de 2007, la empresa entrega a la demandante resolución sancionadora, por la cual se resuelve sancionar a la misma por una falta muy grave, con una sanción de 43 días de suspensión de empleo y sueldo a cumplir del 16 de mayo al 27 de junio de 2007, ambos inclusive.
5º.-La actora ha sido anteriormente sancionada por otra falta grave (falta de respecto a la misma compañera).
6º.-Presentó papeleta de conciliación ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación el 18 de mayo de 2007, celebrándose el preceptivo acto conciliatorio el siguiente día 28, con el resultado de sin avenencia, e interpuso escrito de demanda en este Juzgado el 1 de junio de 2007 .
Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandante, siendo impugnado de contrario.
Primero.-La sentencia de instancia, desestimando la demanda formulada por la actora, declaró la procedencia de la sanción impuesta por la comisión de una falta muy grave.
Frente a esta resolución articula la demandante un único motivo de suplicación en el que, con amparo formal en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia infracción de los artículos 58 del Estatuto de los Trabajadores y 22.c).4 del Convenio Colectivo de FUCOMI, al entender que no se ha atendido en la resolución impugnada a la regla que obliga al empresario a acreditar los hechos imputados en la carta de sanción y, en todo caso, al estimar que los hechos deberían haberse encuadrado dentro de una falta leve o, en su caso, grave, pero en ningún caso como ofensa verbal o física.
De acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, el enjuiciamiento de los incumplimientos laborales debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción, aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso, y, como declaran las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1987, l8 de julio de 1988 y 31 de octubre de l988, tratándose de la imputación de ofensas verbales o físicas entre compañeros de trabajo, se ha de analizar, tanto a efectos exculpatorios como agravatorios las circunstancias del caso concreto, han de ponderarse de forma particularizada todos los aspectos subjetivos y objetivos concurrentes, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias coetáneas que definen la relación laboral como una relación continuada en el tiempo, de tal manera que hechos idénticos pueden ser tratados de forma distinta según las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes en el mismo, ya que "las infracciones que tipifica el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, para erigirse en causa que justifique la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes, lo que excluye su aplicación bajo nuevos criterios objetivos, exigiéndose análisis individualizados de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como los de su autor, ya que solo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción"; doctrina que no solamente es aplicable a los despidos sino, en general, a todo procedimiento sancionados a tenor lo previsto en los artículos 9.3, 14 y 24.1 de la Constitución y 3 y 48.2 del Estatuto de los Trabajadores .
Segundo.-La aplicación de esta doctrina jurisprudencial conduce a confirmar la sanción impuesta. En este sentido debe afirmarse que la conducta de la actora es reprochable y merecedora de la misma, pues la imputación que se realiza, de acuerdo con el incombatido relato fáctico de instancia, en el que se recoge la reiteración de dicha conducta (ordinal 5º), tiene su encuadre, en cuanto constitutiva de una ofensa física, en el artículo 22.c).4 del Convenio Colectivo y alcanza la gravedad y culpabilidad necesarias para ser calificada como una conducta muy grave pues, por su propia significación, se configura como una trasgresión de los deberes que deben presidir la convivencia entre las personas al atentar y ser contraria a los más elementales usos sociales que demandan el respeto a la dignidad de las personas, máxime si nos hallamos en un ambiente laboral en el que el artículo 4.2.e) del Estatuto de los Trabajadores establece la interdicción del maltrato de obra o el uso de expresiones injuriantes realizadas en desprestigio y menoscabo de la dignidad de los compañeros de trabajo.
No estamos, por tanto, ante una falta de respecto o una conducta incorrecta, como se argumenta en el recurso, respecto del que pueda establecerse una adecuada corrección aplicando una sanción inferior, sino ante una agresión física y verbal a una compañera de trabajo, que la sentencia de instancia declaró probada, tras un minucioso estudio de la prueba practicada, formando el Juzgador su convicción acerca de la realidad de los malos tratos, sin que en la producción de tales hechos concurra ninguna circunstancia atenuante.
Nos encontramos, por tanto, ante una conducta encuadrable en el apartado c) del número 2 del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, pues jurídicamente no puede ser valorada de otra manera sino como un incumplimiento grave y culpable, merecedor de la calificación de infracción muy grave, de conformidad con la doctrina sustentada por el Tribunal Supremo sobre la teoría gradualista y proporcional del derecho a sancionar, que se acaba de invocar, pues, una vez ponderados los diversos aspectos, objetivos y subjetivos, presentes en el caso, se aprecia como una calificación proporcionada a un comportamiento injusto e injustificado, como carente de todo fundamento, que quebrantó las mas elementales normas de convivencia en una colectividad laboral.
Finalmente debe tenerse en cuenta que, acreditada la existencia de un incumplimiento contractual de la trabajadora, que se califica técnica y legalmente como muy graves, tal como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1993, "corresponde al empresario aplicar la sanción que estime conveniente", de tal manera que "... si ésta coincide con la descripción de las muy graves habrá de declarar que la calificación empresarial es adecuada y no debe rectificar la sanción impuesta, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, corresponde al empresario la facultad de imponer la sanción que estime apropiada, dentro del margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y sanciones". En el presente caso se impone la sanción de 43 días de suspensión de empleo y sueldo, y una vez que se acepta la calificación de la infracción como muy grave, no cabe imponer un correctivo distinto pues es facultad de la empresa, dentro de los limites normativos establecidos, elegir la sanción que estime más apropiada, sin que el órgano jurisdiccional puede corregir tal decisión e imponer un correctivo distinto.
Procede, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de instancia y el rechazo del recurso.
Por cuanto antecede;
Desestimar el recurso de suplicación formulado por María Inmaculada frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Mieres en los autos seguidos a su instancia contra la empresa FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS (FUCOMI), sobre sanción, confirmando la resolución recurrida.

References: resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 191
 resolución 
 artículo 54
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 54
 artículo 58
 resolución