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Timestamp: 2019-04-24 13:46:42+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 415/14 de Corte Constitucional, 2 de Julio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 528313010
Actor: William David Gil Tovar
Demandado: Ley 100 de 1993, Articulo 151
Expediente: D-9760
Sentencia citada en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano W.D.G.T. solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 151 de la ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, demanda que fue admitida mediante auto del 6 de diciembre de 2013.
y se dictan otras disposiciones
2.1. El actor solicita declarar inexequible la disposición demandada porque vulnera los fines de justicia e igualdad consagrados en el preámbulo de la Constitución e igualmente desconoce que de acuerdo al artículo 1º ídem, Colombia es una República Unitaria, descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales. F. esta afirmación en los siguientes cargos:
Esta discriminación puede advertirse mediante un juicio de razonabilidad estricto, por tratarse de un tema relacionado con la seguridad social, que lleva a concluir que la norma vulnera los artículos 1, 13 y 123 de la Constitución Política, porque estableció una medida que no es legítima, importante e imperiosa, por cuanto la discriminación entre si se es servidor público del orden territorial o nacional está por fuera de la definición Constitucional de servidor público y de los principios de universalidad e igualdad de acceso que rige la seguridad social.
Este interviniente indica que la Corte Constitucional en la sentencia C-1067 de 2008 determinó que es válido contemplar tratos legales diferentes con el propósito de lograr objetivos constitucionalmente relevantes, siempre y cuando los tratos desiguales resulten proporcionados y razonables. En este contexto, el legislador podía establecer fechas distintas para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 para los servidores a nivel departamental y municipal y para los servidores nacionales. En este sentido explicó que  la regla general de la vigencia de la Ley 100 de 1993 era el 1º de abril de 1994 y frente al parágrafo del artículo demandado se pretende que este favoreció a los funcionarios del sector departamental y municipal al darles una fecha de vigencia 30 de junio de 1995, esta fecha que el legislador concibió para este grupo de personas no es desproporcionado en cuanto a las prebendas pensionales que puedan tener, toda vez que ellas traían regímenes especiales que debían ser protegidos.
Esta diferencia de trato se justifica, porque los funcionarios de los entes territoriales en ese momento aportaban a cajas de previsión que pertenecían a las mismas entidades territoriales, lo cual implicaba que estas tenían un tiempo para formalizarse dentro del nuevo sistema, lo que conllevo a darles un tiempo prudencial y razonable, para su adecuación al sistema o la liquidación de las mismas, este aspecto conllevó a que ellos tuvieran un tiempo para la entrada en vigencia de la norma aquí demandada, y bajo esa circunstancia se puede predicar que de acuerdo con la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, si hubo proporcionalidad y razonabilidad en la creación de tratos legales dispares[1].
Señala que la improcedencia del juicio de igualdad debido a la existencia de factores que impiden la comparación de los sujetos, tiene incidencia directa en el cargo por omisión legislativa, como quiera que uno de los presupuestos que sustenta el juicio por omisión legislativa es aquel según el cual la norma sobre la que se alega la omisión () excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tendrían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, cosa que no ocurre en el presente caso, porque el régimen prestacional de los servidores públicos del orden territorial y nacional no son asimilables y, por lo tanto, no deben estar contenidos en la misma norma.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte se inhiba frente al cargo por desconocimiento del artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. La referencia que hace el actor a la disposición constitucional en cita no hace parte del contenido inicial de la demanda y por ello tampoco fue objeto de análisis en el auto del 15 de julio de 2013 que inadmitió la demanda. Este planteamiento del actor surge en el escrito de corrección de la demanda como una razón más para admitirla, y a ella tampoco se hizo referencia en el auto del 24 de septiembre de 2013 proferido por la Sala Plena, en cual ordenó admitir la demanda interpuesta por el señor W.D.G.T., respecto del cargo por el posible desconocimiento del principio de igualdad por omisión legislativa relativa.
El ciudadano W.D.G.T. considera que el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, desconoce el principio de igualdad consagrado el artículo 13 de la Constitución Política porque establece que el Sistema General de Pensiones respecto de los servidores públicos de las entidades territoriales entrará en vigencia a más tardar el 30 de junio de 1995, a diferencia del inciso primero de la misma norma, conforme al cual, para los servidores públicos que prestan sus servicios en el orden nacional el Sistema entra a regir el 1 de abril de 1994.
Sistema General del Pensiones
El artículo 10° de la Ley 100 de 1993, establece que el objeto del Sistema General de Pensiones será el de garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.. La misma ley derogó los regímenes pensionales que existían antes de su expedición y consagró un régimen de transición previsto en su artículo 36, para acceder a la pensión de vejez.
ii) Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados y la constitución de reservas para asegurar el pago de futuros acreedores pensionales; su administración se encuentra a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) hoy COLPENSIONES-, quien a través del Estado garantiza el pago a los afiliados y beneficiarios. Sin embargo, es posible que transitoriamente sea administrado por cajas, fondos o entidades del sector público o privado, en virtud de lo previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes;
iv) El conjunto de cuentas individuales constituye un fondo de pensiones como patrimonio autónomo e independiente del de las sociedades administradoras sobre dicho fondo. Las entidades administradoras garantizan una rentabilidad mínima.
PARÁGRAFO.Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio (resaltado fuera del texto).
En la sentencia C- 596 de 1997 al examinar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación señaló que este artículo protege lo que tan solo son expectativas de derechos de ciertos trabajadores, y en cuanto a la aplicación favorable de dicho régimen de transición consideró que dicha labor le incumbe al J. en cada caso concreto, pues es imposible en el juicio de constitucionalidad confrontar una norma acusada de carácter genérico con las distintas disposiciones contempladas en los diferentes regímenes pensionales.
En relación con la vigencia del régimen de transición el parágrafo transitorio 4 del artículo 48 de la Constitución Política establece que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014", y concluye que los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".
Libertad de configuración legislativa de la vigencia de las leyes
En Colombia, la vigencia de la ley, por regla general, comienza a partir de su promulgación, no obstante, es al L. a quien corresponde decidir el momento en el que la ley ha de empezar a regir, el cual, puede establecer una fecha de vigencia diferente en ejercicio de su potestad legislativa, expidiendo una ley especial en la que regule en forma genérica este asunto o incluyendo en la misma un precepto donde expresamente se señale la fecha en que ésta comienza a regir.
La vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica, entendida esta como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor[11]. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos.
La potestad con que cuenta el legislador para determinar la fecha de entrada en vigencia de la ley, se encuentra limitada únicamente por los requerimientos del principio de publicidad, al que se hizo alusión en párrafos anteriores, cuya finalidad es evitar las denominadas leyes privadas o secretas, muy comunes en Colombia en alguna época. El deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación, es un mandato que obliga tanto al Congreso como al Presidente de la República, cuando ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea.
De lo hasta aquí expuesto, se derivan dos conclusiones: primero, que la competencia para fijar la entrada en vigencia de la ley no ha sido asignada al Gobierno y no puede colegirse de las funciones que se le atribuyen para objetar, sancionar y promulgar la ley; y segundo, que la entrada en vigencia de las normas se produce únicamente como resultado de una decisión tomada discrecionalmente por quien tiene la competencia para hacerlas, esto es, el mismo legislador (subrayado añadido).
En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.
resulta justificado limitar la potestad de configuración del legislador para fijar el momento de entrada en vigencia de una ley, de manera tal que una ley no puede entrar en regir antes de su publicación. En definitiva la promulgación de la ley es una exigencia constitucional expresamente señalada en los artículos 165 y 166 de la Carta de 1991, por lo tanto la omisión de esta etapa del procedimiento legislativo supone una vulneración de la Constitución, una de las formas en que se puede materializar tal infracción es cuando una disposición prevé la entrada en vigor de una ley antes de su publicación, porque esto supone que una ley comience a producir efectos jurídicos sin haber sido promulgada.
Esta corporación ha señalado que dada la ausencia de norma constitucional que regule el tema, la determinación acerca de la fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, teniendo en cuenta los análisis de conveniencia y oportunidad que en cuanto representante de la sociedad y de sus distintos intereses le corresponde realizar, frente a lo cual no resulta posible que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el sentido de su decisión. Dentro de esta autonomía, el legislador puede adoptar cualesquiera reglas de entrada en vigencia, desde que aquélla sea inmediata a la sanción o a la promulgación de la ley, hasta que comience varios meses o años después. También puede disponer una vigencia escalonada o fraccionada en el tiempo, para distintos capítulos de la norma o para preceptos específicos. A falta de de una precisa indicación del legislador que determine la entrada en vigencia de la ley dentro del texto de aquella, se aplican normas legales de carácter supletivo, conforme las cuales la observancia de la ley comienza pasados dos meses desde la fecha de la promulgación.
El derecho a la igualdad se predica, para su exigencia, de situaciones objetivas y no meramente formales. En otras palabras, el derecho mencionado debe valorarse a la luz de la identidad entre los iguales y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma jurídica no puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos iguales, aunque puede hacerlo si los supuestos son distintos. Esta manera de concebir el derecho a la igualdad, desde su visión material, evita que el mismo derecho sea observado desde una visión igualitarista y meramente formal. Situación anterior que sería contraria a la Constitución a la luz del artículo 13:  El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados
En resumen, para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo debe valorarse si el trato diferenciado proveniente de la norma en estudio es efectuado sobre situaciones similares o por el contrario si dicho trato distinto proviene de situaciones diversas. (No está en negrilla en el texto original.)
En reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional definió el derecho a la igualdad como un parámetro constitucional que consiste en la prerrogativa que tiene toda persona a gozar de un mismo trato y protección por parte de las autoridades, así como tener los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin que sea admisible cualquier tipo de discriminación. La aplicación de este derecho fundamental cuenta con una visión positiva y otra negativa: la primera, se traduce en la equivalencia de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentran en la idéntica posición frente a otras; y la segunda, en la divergencia de trato respecto de las que presenten características diferentes. Concluyó que, en principio, se debe brindar trato igual a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y, en consecuencia, dar trato divergente a quienes se encuentren en situaciones disparejas[15].
En este orden de ideas, se tiene que el trato diferenciado que en ocasiones puede otorgar la ley a dos situaciones diversas no constituye necesariamente una discriminación[17]. Sin embargo, las razones esgrimidas para adoptar tratos diferenciales deben ser razonables y la regulación diferencial proporcional y compatible con los demás derechos y principios constitucionales.
En sentencia C-241 de 2014, la Sala Plena estimó que no todo trato diferenciado per se es contradictorio, en la medida en que la norma puede conferir un tratamiento distinto a personas que aparentemente se encuentran en un mismo estadio de igualdad, pero que por razones ajenas a las previstas en la ley son desiguales. De igual modo, argumentó que la igualdad no descarta la posibilidad de que se administre un tratamiento diferente a sujetos y situaciones de facto que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique. Y reiteró lo antes dicho por la jurisprudencia de esta Corte en relación a que:
Se trata de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud de la cual la ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuando una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. En este caso se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables. Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga diferencias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. La igualdad de protección consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efectivamente, gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades (art. 13).
Esta dimensión del principio de igualdad, por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual. Es positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones objetivas relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el Estado adopte acciones para garantizar la igual protección. Para saber si esta dimensión del derecho a la igualdad ha sido violada es preciso constatar el grado efectivo de protección recibida a los derechos, libertades y oportunidades, y en caso de existir desigualdades, establecer si se han adoptado medidas para superar ese estado de cosas y cumplir así el mandato de la Carta Política. No basta con saber si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere determinar si la protección brindada por las leyes es igual para quienes necesitan la misma protección.[19]
PARÁGRAFO. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen.
Encuentra esta S. que al establecer el Legislador una entrada de la vigencia de la ley diferente y diferida para los servidores públicos de los entes territoriales, no está dejando por fuera del Sistema General de Pensiones a los servidores del nivel nacional por cuanto la fecha que los rige está señalada en el inciso 1° del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1° de abril de 1994.
Bien puede afirmarse que el Legislador excluyó a los servidores del orden nacional de la medida adoptada en el parágrafo demandado que propone para los servidores públicos del orden territorial la entrada de la vigencia del Sistema General de Pensiones el 30 de junio de 1995; sin embargo de ello no se deduce la configuración del trato diferencial censurable constitucionalmente por cuanto no se trata de casos asimilables. Si bien es cierto que el artículo 1° del Decreto 691 de 1994[24] incorpora al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los servidores públicos de orden nacional, departamental, municipal y distrital, no quiere decir que en materia pensional al momento de expedición de la Ley 100 de 1993 la situación normativa y jurídica de los servidores públicos del orden nacional fuera la misma que la de los del nivel territorial, en atención a las siguientes consideraciones:
El parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, exceptúo a los empleados de orden nacional y territorial del régimen contenido en la citada ley, siempre y cuando a la fecha de su promulgación -13 de febrero de 1985  hubieron cumplido 15 años de servicios de forma continua o discontinua, para los cuales se continuarían aplicando las disposiciones contenidas en la ley 6 de 1945, respecto de la edad de jubilación exigida a los empleados territoriales.
ARTICULO.146.-Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplidoo cumplan dentro de los dos años siguienteslos requisitos exigidos en dichas normas.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley[27].
La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de septiembre de 2007, radicación 31.203, se refirió a las razones para fijar la vigencia diferida del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos territoriales, al señalar que la voluntad explícita del legislador fue que el régimen de seguridad social integral y especialmente el sistema general de pensiones que forma parte del mismo no entrara en vigencia de manera simultánea para todos los sectores, sino que señaló un plan gradual, escalonado y progresivo, de modo que para un tipo especial de servidores debía empezar a regir con posterioridad a la fecha general.
La decisión judicial en cita también pone de presente que, al pretender el Legislador un cubrimiento universal, el cual implicaba mayores dificultades de todo orden, consideró prudente darles a las entidades territoriales un tiempo adicional para su articulación al sistema. Por lo anterior, el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 señaló que el sistema general de pensiones para los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determinara la respectiva autoridad gubernamental, con lo cual la ley facultó a las autoridades locales para que fijaran el momento a partir del cual empezaría a regir para sus trabajadores esta parte del régimen de seguridad social, con la salvedad que si no hacían tal señalamiento se entendería que su vigencia sería en la fecha atrás reseñada.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no puede perderse de vista, de otra parte, que el proceso de la seguridad social colombiana ha estado plagado de regímenes especiales que implican, la mayoría de las veces, condiciones más favorables, vistas en su conjunto, para los afiliados, de suerte que la comparación no puede hacerse prestación por prestación, pues de ser así, algunas de ellas, concebidas a favor de específicos destinatarios, terminaría beneficiando a otros, con lo que se alteran las bases del régimen especial, se desconoce la voluntad abstracta del legislador y se quebranta el principio de certeza y seguridad jurídicas.
[3] En esa oportunidad señalo que: Para el actor actualmente rigen en Colombia una ley marco -la 4 de 1992- que fija los criterios y objetivos a los que debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y una ley ordinaria -la 100 de 1993- que dispone que los servidores públicos deben afiliarse a los regímenes generales de pensiones y de seguridad social en salud y con esta afiliación acceden a las prestaciones económicas y médico asistenciales allí consagradas por lo que las normas acusadas de la ley 100 de 1993 que se refieren a los servidores públicos deben excluirse del ordenamiento pues están por fuera del marco constitucional. Esta actuación irregular del Congreso, a juicio del actor, conlleva también al desconocimiento de algunos derechos adquiridos por los servidores públicos en disposiciones preexistentes a la Ley 100 de 1993, reseñó la demanda.
[8] Dichos subsidios se reconocen a través de la figura pensional denominada garantía de pensión mínima, por virtud de la cual, el Estado complementa lo que haga falta para obtener el derecho a una pensión, cuando la edad y las semanas cotizadas del afiliado, así lo permitan.
[12]A.G., A.. Introducción a una Teoría General del Derecho. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986. P.. 107.
[14] Esta regla se reitera en la sentencia C-215 de 1999: [l]a potestad del legislador para establecer la fecha en que comienza la vigencia de la ley está limitada únicamente por los requerimientos del principio de publicidad, y de la otra, el deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación es un mandato imperativo para el Congreso y el Presidente de la República, cuando éste ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea. Bien puede ocurrir que una ley se promulgue y sólo produzca efectos algunos meses después, o que el legislador disponga la vigencia de la ley a partir de su sanción y su necesaria promulgación, en cuyo caso, una vez cumplida ésta, las normas respectivas comienzan a regir, es decir, tienen carácter de obligatorias.
[22] Decreto 691 de 1994: por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
[23] Decreto 691 de 1994: por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
[24] Artículo 1° del Decreto 691 de 1994: incorpora al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos de orden nacional, departamental, municipal y distrital, sobre los cuales recae el estudio de constitucionalidad:
PARÁGRAFO. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen.
[28] Estas condiciones llevaron igualmente a crear fondos territoriales de pensiones públicas, por cuanto las circunstancias para que entrara a operar el sistema a nivel territorial así lo exigían; es así como el Decreto 1296 de 1994 por el cual se establece el régimen de los fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas, en su artículo 2°, dispone:
Artículo 2º.-Creación.Autorízase la creación de fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas, que se denominarán "Fondos de Pensiones Territoriales", a más tardar el 30 de junio de 1995, en concordancia con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.
[29] Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
[30] Artículo 2° del Decreto 1296 de 1994, por el cual se establece el régimen de los fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº 1100102030002012-00739-00 de 13 de Junio de 2012
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 5 de Mayo de 2009

References: artículo 241
 artículo 151
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 279
 artículo 28
 artículo 151
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 151
 Artículo 1
 artículo 279
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 151
 Artículo 2