Source: http://cefasa.com/2012/08/cefasa-presenta-investigacion-sobre-efectos-de-la-resolucion-12-07/
Timestamp: 2017-10-17 06:01:24+00:00

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CEFASA presenta investigación sobre efectos de la Resolución 12-07: Vidas Suspendidas | Cefasa.com
CEFASA presenta investigación sobre efectos de la Resolución 12-07: Vidas Suspendidas
El Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), presentó este miércoles 29 de agosto la investigación “Vidas Suspendidas”, que documenta los efectos emocionales que ha generado la Resolución 12-07 emitida por la Junta Central Electoral sobre los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana.
Desde el año 2007, la JCE ha aplicado una política de desnacionalización contra dominicanos/as, de padres extranjeros, que ya habían sido reconocidas como nacionales por el Estado Dominicano. La vida de estas personas ha cambiado radicalmente desde entonces; el país que les vio nacer, crecer, tener hijos/as, cantar el himno… ahora les tuerce el camino con disposiciones legales que les despojan de sus derechos adquiridos.
La investigación, realizada por Katerina Civolani, describe las consecuencias que la aplicación de dicha Resolución tiene en la vida cotidiana de los/as afectados/as. Más allá del tema legal y la paralización en su vida civil, este libro se esfuerza en mostrar cómo la Resolución 12-07 es capaz de generar efectos emocionales y económicos negativos, que alteran las relaciones interpersonales, familiares y el mismo desarrollo de las personas.
Durante la actividad, que fue realizada en los salones de CEFASA, se presentó también un video con testimonios de varios afectados por esta política de desnacionalización. “Yo entiendo que las leyes no son retroactivas: ¿cómo va a ser que después de 25 años me van a negar un documento que ya se me entregó una vez y que cumple todos los requisitos de la ley?”, dice en la grabación Alfredo Oguisten, afectado por la Resolución 12-07.
El trabajo presentado recomienda, entre otras cosas: 1) sustituir la Resolución 12-07 con una disposición que no encubra un proceso de discriminación, 2) exigir la formación de los oficiales de la JCD en materia de DDHH, 3) la entrega inmediata de cada uno de los documentos correspondientes, y 4) reconocimiento público de la JCE de las consecuencias del daño que ha causado.

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