Source: http://deciomachado.blogspot.com.es/2013/07/
Timestamp: 2017-10-19 16:13:04+00:00

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Decio Machado: julio 2013
Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano y control social
Capítulo X del libro El correísmo al desnudo
Analista político, consultor internacional y especialista en comunicación, marketing político y gestión ambiental. Socio fundador del periódico español Diagonal y colaborador de varios medios de comunicación en Europa y América Latina.
“El problema de fondo relativo a los derechos es hoy no tanto el de justificarlos, sino el de protegerlos. No es un problema filosófico, sino político”
Introducción al concepto de autoritarismo
Desde la ciencia política se identifica al autoritarismo como una doctrina política que aboga por el principio del gobierno absoluto. El término califica a los estados que pretenden gestionar el poder político mediante mecanismos que se encuentran en contradicción con el concepto clásico de libertad.
El autoritarismo es definido entonces como una forma de gobierno caracterizado por su énfasis en la autoridad del Estado. Se da en sistemas controlados por legisladores electos, lo que suele permitir un cierto grado de libertad; y puede definirse como un comportamiento político en el que sobresale una persona o institución en el ejercicio de su autoridad. El autoritarismo se expresa entonces como el uso abusivo del poder, condición que implica que la autoridad sea frecuentemente confundida con el despotismo.
Históricamente, los regímenes autoritarios en América Latina se han caracterizado por ejercer determinados niveles de represión contra líderes sociales disidentes, todo ello bajo la lógica del control social, pero manteniendo -en términos generales- a la ciudadanía exenta de este tipo de prácticas, y pretendiendo respecto a esta estrictamente su alienamiento.
No se debe confundir entonces Estado autoritario con Estado totalitario, pues el segundo se caracteriza por ejercer fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de poderes en manos del Ejecutivo o partido de gobierno, el cual no permite la actuación de otros partidos.
Para autores como Friedrich y Brzezinski (1), la teoría propia del modelo totalitarista gira en torno a los esfuerzos del Régimen por remodelar y transformar a los seres humanos bajo su control a imagen de su ideología. Por ende, sostienen que la esencia del totalitarismo debe buscarse no solo en el control total que ese régimen ejerce sobre la vida diaria de sus ciudadanos; sino también sobre sus pensamientos y actitudes. Esto marca una diferencia sustancial respecto al autoritarismo, dado que este último engloba a aquellos sistemas políticos que a pesar de contar con un pluralismo limitado, sin una ideología “dura” y bien elaborada que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al conjunto de la sociedad, mantienen una mentalidad peculiar -justificación ideológica del Régimen-, en los que su líder ejerce el poder dentro de un límite formalmente mal definido (Morlino, 1995).
Gatopardismo del neopopulismo autoritario ecuatoriano
Partiremos del principio de aceptar como definición de populismo a “un estilo de hacer política sustentado en la movilización de las masas y el liderazgo carismático, que surge como parte de procesos de modernización social y política muy limitados” (Ibarra, 2004). En su versión actual, según Ernesto Laclau, el “pueblo” no opera en el populismo como un dato primario sino que es el fruto de una construcción. El populismo tiene más perfil político que económico, y tiene su origen en un conflicto real o imaginario sobre el que el líder carismático construye una retórica anti-élite que desafía al statu quo utilizando redes clientelares a fin de legitimar su liderazgo a través de los votos.
El populismo tiene como objetivo habitual, obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En este sentido, la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas posicionan beneficios limitados para la población, pero que lejos están de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país.
El discurso neopopulista del socialismo del siglo XXI en el Ecuador aparece como una “tercera vía” (2) superadora respecto a la resolución del tradicional conflicto existente entre el neoliberalismo y los sectores populares en resistencia. Su máximo líder plantea un modelo socialcapitalista en el cual la lucha de clases debe ser superada. La economía del Ecuador se viene dinamizando fruto del crecimiento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía y la modernización de las infraestructuras existentes en el país, lo que permite, por ejemplo, que las cien primeras empresas que operan en el mercado nacional obtengan 50% más de utilidades que en los gobiernos inmediatamente anteriores y el sistema financiero privado haya obtenido resultados aún mejores (tan solo el incremento en concepto de pago de Impuesto de la Renta de los grandes grupos económicos entre el ejercicio 2010 y 2011 -USD 650 millones y USD 798 millones respectivamente- es del 23,61%), todo ello en una economía hiperconcentrada que beneficia fundamentalmente a los grandes capitales, a la par que el presidente Rafael Correa mantiene un discurso de carácter confrontativo, populista y propagandístico con los sectores dominantes que siguen siendo los principales beneficiarios de su modelo económico. De forma paralela, a través de su máximo líder, la mal llamada “revolución ciudadana” posiciona su satisfacción, tras los comicios presidenciales de febrero de 2013, por la conformación de una “derecha ideológica” encabezada por el propietario de la segunda más grande institución financiera del país, mientras se indica que los principales enemigos del “proceso revolucionario” son: el ecologismo, el izquierdismo “infantil” y las organizaciones indígenas más referenciales de su tejido social (la CONAIE es el principal movimiento social existente en el Ecuador).
El uso y abuso de la propaganda oficial en beneficio del poder, se combina con un vehemente ataque a los medios de comunicación privados -los cuales responden a intereses de grupos políticos vinculados al conservadurismo declarado- acusándolos de prácticamente todos los males existentes en el país. Se establece una lógica política en la cual el líder máximo del proceso expresa violencia simbólica (destrozando diarios en espacios o foros públicos) o verbal (calificando a los trabajadores de los periódicos privados, entre otros adjetivos, como “sicarios de tinta”), mientras se construye el único “monopolio informativo” existente en el país bajo el auspicio del Gobierno. Esta aptitud choca con el derecho constitucional a expresar libremente las ideas en una sociedad que se considera aún democrática.
La sumisión de la razón a la voluntad y la acción pasó a ser referencial en el control social, buscando el adoctrinamiento de una base política a la que se le educa bajo un fuerte nacionalismo identitario y el discurso del victimismo político (periódicamente se denuncian operaciones desestabilizadoras como parte de una estrategia internacional contra el Gobierno ecuatoriano, sobre la cual a pesar de haber algo de verdad, hasta ahora nunca se han posicionado públicamente pruebas), y que pasó a calificar de mal ciudadano o antipatriota a todo aquel que expresa públicamente sus disidencias.
Orígenes del Derecho y el neoconstitucionalismo
Empezaré por indicar la obviedad de que todo proyecto político, jurídico, social o científico está integrado bajo un contexto, en un espacio y tiempo determinados que depende de la ideología dominante, lo que impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder. Incluso las “ciencias” están inmersas en dicha condición. Todo conocimiento conlleva y es producido por interés, por voluntad, voluntad de poder y de verdad (Aguilera y González, 2011).
En este sentido, el Derecho en Ecuador esta siendo construido y transformado por intereses de ciertas clases o grupos que se encuentran en un contexto determinado o que en un momento específico han sido capaces de producir “saber” por condiciones inherentes al poder. El Derecho se convirtió entonces en un campo social en el cual sus operadores configuran realidades sociales de acuerdo con sus propios términos y racionalidades (Bordieu, 1997), simplificando la complejidad social a un código básico que se reduce al binomio “legal/ilegal” (Luhmann, 2004).
Los discursos del saber (Foucault, 1970), en muchos casos, se despliegan mediante herramientas de poder, implementadas a través de la disciplina, vigilancia y control entramados en el corpus institucional, los cuales a su vez, justifican y reproducen sus prácticas de manera constante y en forma de subsistencia. Una vez que el sistema legal aborda determinada situación le aplica su “código operacional”, lo que tiene el efecto de limitar los hechos y la consideración de estos a su racionalidad legal (Teubner, 1997): las cosas pasan a una lógica binaria que se limita a definirlos como legales o ilegales. Es así que una movilización estudiantil como la protagonizada por los estudiantes del Central Técnico (detenidos los mayores de edad cinco días después del último triunfo electoral del presidente Correa) o un paro obrero (como el realizado por los trabajadores del Coca Codo Sinclair en la segunda quincena de noviembre de 2012 ante la explotación laboral al que fueron sometidos por la constructora concesionaria china), bajo este tipo de visión será apenas una acción legal o ilegal; una ocupación de tierras (como las protagonizadas por los ciudadanos desalojados entre 2011 y 2013 en el noroeste de Guayaquil) pasa a ser simplemente una acción, amparada o no, por el Código Civil; y una agresión física (como la protagonizada en abril del presente año por un embajador ecuatoriano sobre dos ciudadanas peruanas en Lima), estará amparada por la doctrina penal de la legítima defensa o no será procedente y por lo tanto sancionable. Esta lógica operacional del sistema legal excluirá cualquier otra forma de abordar estos hechos, con todas las implicaciones que esto conlleve.
Es entonces cuando interviene el “saber” como mecanismo donde se sustenta la justificación del método. Un clásico caso emblemático de este mecanismo es el sistema penitenciario: la prisión pasa de ser el resultado de los intereses de determinadas élites dominantes -las cuales inventaron el encierro para determinadas personas dominadas que “incomodaban” y “perjudicaban” sus intereses-, a tener a partir del siglo XIX mediante el positivismo jurídico y científico, un discurso de justificación social. El ejercicio del poder pasa entonces de tan solo reprimir y castigar, a convertirse también en “productor de verdad”. Por ello, el Derecho -orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado teóricamente en postulados de justicia- no es más que el resultado del enfrentamiento entre diferentes actores en conflicto de intereses, pues es desde ese conflicto desde donde mismamente nace.
Mediante la formalización a través del Derecho, las respuestas a los conflictos de poder han adquirido un aura de legitimidad y neutralidad, dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de los conflictos sociales. Este sería el caso de sentencias tan discutibles en esencia y forma como las protagonizadas en los últimos años por la justicia ecuatoriana: los 10 de Luluncoto, líderes sociales de Quimsacocha, los periodistas Calderón y Zurita por el libro Gran Hermano, 40 millones de dólares de sanción sobre periódico El Universo y el caso “Chucky Seven”, entre otros. Queda claro entonces, que el efecto de universalización es uno de los mecanismos aplicados por los más poderosos, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada de un orden social.
El poder en general, articula diversas formas diferentes para emerger y legitimarse, utilizando fórmulas más o menos explícitas, lo que abre un abanico que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física. En ese contexto, es el Derecho quien instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social y político.
A su vez, todos los mecanismos de poder están acompañados de ideología. Las verdades (paradigma del saber) se transforman en función del Régimen, en los discursos en el que se hallan sumergidas. Las Leyes y el Derecho se reconfiguran según el sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología dominante, en función del momento histórico y sus circunstancias.
En ese contexto, el Estado constitucional se encuentra siempre en permanente transformación y sujetos a la presión de la política del movimiento (Viejo, 2009). Uno de los elementos referenciales en la actualidad de dicha transformación tiene que ver con los planteamientos discursivos que permiten la compresión de lo que significa Constitución, derechos fundamentales y normas de principios, entre otros.
En la actualidad, la masiva presencia de principios existentes en las constituciones latinoamericanas, especialmente en el llamado neoconstitucionalismo, exigen lógicas argumentativas, ya no solo basadas en la subsunción, sino también en la ponderación y en el juicio de proporcionalidad (Guastini, 2010).
El discurso de la ponderación y el principio de proporcionalidad son en la actualidad técnicas de interpretación (Carbonell, 2013) que deberían tener como finalidad tutelarlos de mejor manera, expandiendo todo lo posible su ámbito de protección. Es por ello que para los sectores más conservadores, estos principios generan de manera habitual rechazo y desagrado. En la práctica ecuatoriana, las sentencias anteriormente referenciadas manifiestan que dicho principio queda altamente cuestionado.
En el neoconstitucionalismo, el Estado incluso debería perder su rol histórico, pasando a ostentar como papel principal estar al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2007). Es decir, el Estado debería dejar de justificarse a sí mismo, para pasar a ejercer una mera función instrumental.
Quizás por ello, escarbando en la Constitución de Montecristi, no es gratuito afirmar que es el ámbito de los derechos es donde el texto es sin duda más generoso (Machado, 2012). Prácticamente el conjunto de los 86 primeros artículos de la Carta Magna ecuatoriana están dedicados a señalar los derechos -en materia de cultura, educación, ciencia, salud, alimentación, tecnología, ambiente, agua, naturaleza, seguridad o buen vivir- de los que gozarán individuos y grupos sociales.
No podemos olvidar a su vez, la indiscutible necesidad que tienen todos los sistemas políticos -independientemente de su modelo constitucional- de que sus ciudadanos crean en su sistema judicial, pues perder la fe en la justicia puede implicar dos cuestiones entre sí contrapuestas: un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismo incontrolable o las bases sobre las que poder comenzar a discutir coherentemente sobre la genealogía del poder con el fin de transformarlo.
Bajo estas premisas, tenemos dos líneas que se cruzan en el Ecuador: por un lado, una Constitución que apuesta por crear sujetos de derechos, algunos incluso innovadores como es el caso de la naturaleza; y por otro, una ciudadanía que apoyó la Consulta/ Referendo del 7 de mayo de 2011 propugnada por el Presidente de la República, en busca de una reforma del sistema judicial que permitiera hipotéticamente su correcto funcionamiento, con el fin de que el Estado realmente ejerza su principal rol: la protección de individuos y grupos, así como generar las condiciones posibles para el bienestar social.
Ambas circunstancias quedan hoy cuestionadas: ni la Constitución se cumple en su totalidad, están varios de sus mandatos violentados de forma permanente; ni la reforma judicial ha significado independencia y credibilidad en los procesos por parte de la población.
Ecuador: ¿Estado autoritario?
Max Horkheimer, uno de los principales exponentes de la Primera Teoría Crítica, entiende el Estado autoritario como un fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Es desde ese consenso ciudadano desde donde se legitima un Estado autoritario, y no a través del uso de la fuerza o el abuso del poder.
En el caso del Ecuador, desde la reinstauración de la democracia liberal y el “Estado de derecho burgués” (3), el sistema político nacional ha estado en crisis permanente, agudizándose esta con el paso del tiempo.
Tras la muerte de Jaime Roldós (primer presidente democrático tras el período de gobiernos militares que se dio entre 1972 y 1979) en un sospechoso accidente de aviación el 24 de mayo de 1981, le sucede su vicepresidente democratacristiano Osvaldo Hurtado, cuyo Gobierno se caracterizó por carecer de hoja de ruta en materia de política económica, la devaluación del sucre (moneda nacional de entonces), la deshonestidad de sus funcionarios de aduanas -cuyos puestos claves fueron repartidos entre determinados grupos de poder político-económicos-, ineficacia para el control del peculado y diversos escándalos de negociados como el caso de Isla Santay, importación de arroz con gorgojo, los sucesos de La Previsora o despilfarros en los contratos para la exploración de gas en el golfo de Guayaquil; en 1984 accede a la presidencia León Febres-Cordero, quien durante su mandato sufre varios intentos de golpes de Estado e incluso un breve secuestro, siendo duramente cuestionado por la represión y violación de derechos humanos ejercida durante su mandato, así como por sacrificar la economía nacional por atender el servicio de la deuda externa; en 1988 accede a Carondelet Rodrigo Borja, quien durante su gestión vivió un importante alzamiento social que le dio protagonismo al movimiento indígena, fruto de la continuidad en las políticas económicas que se habían puesto en marcha durante la legislatura de Hurtado y que alcanzaron su cenit con el gobierno de Febres-Cordero; en 1992 llega a la presidencia Sixto Durán Ballén, implementador de las políticas neoliberales en el país y el primero que comienza a reducir drásticamente al Estado (bajo el denominado Consenso de Washington se impusieron medidas económicas que integraron políticas de ajuste estructural, reformas estructurales del Estado, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio, amplias garantías jurídicas para las inversiones extranjeras y flexibilización laboral); en 1996 accede a la presidencia Abdalá Bucaram, pero su desastrosa gestión económica, sumada a sus frecuentes escándalos desembocó en protestas populares masivas y una huelga general, siendo destituido en febrero de 1997 por “incapacidad mental”, asumiendo su cargo Rosalía Arteaga durante apenas dos días, y posteriormente Fabián Alarcón -hasta entonces presidente del Legislativo-, quien dejó como herencia de su mandato la expansión de la pobreza, el crecimiento del desempleo y el deterioro de los salarios reales para los trabajadores; en 1999 es elegido como mandatario Jamil Mahuad, quien decretó un feriado bancario -la mitad del sistema financiero ecuatoriano colapsó y miles de ahorristas perdieron su dinero- y en enero del 2000 dolariza en país, eliminando todo tipo de soberanía monetaria, siendo en ese mismo mes derrocado por un alzamiento cívico-militar, asumiendo el Gobierno su vicepresidente Gustavo Noboa, quien realizó vagas promesas de justicia social y de lucha contra la corrupción, prosiguiendo con la campaña de privatizaciones y la continuidad de las políticas neoliberales en el país; el 2002 accede al Gobierno el ex coronel Lucio Gutiérrez, quien protagonizó un mandato saturado de acusaciones de nepotismo y degradando el aparato del Estado a un nivel de ineficiencia y corrupción equivalente al de determinados países africanos, lo que le llevará a no terminar su legislatura, escapando de forma rocambolesca por los tejados del palacio presidencial ante importantes movilizaciones sociales en la ciudad de Quito, siendo investido como sucesor su vicepresidente Alfredo Palacios, un personaje carente de carisma y liderazgo que mantuvo la ineficiencia administrativa existente en el país y demostró su incapacidad de llevar adelante la anhelada transformación política que la ciudadanía requería.
En resumen, desde la forzada sucesión de Jaime Roldós hasta la toma de posesión de Rafael Correa Delgado, el sillón presidencial no ha sido ocupado más que por presidentes de marcada mediocridad política que llevaron al país al caos económico, configurándose una institucionalidad de pronunciada corrupción y deslegitimación social. Esta situación determinó un escenario político donde ningún gobierno desde 1996 terminó su legislatura y donde los movimientos sociales asumieron un rol de importante protagonismo político en la presión, movilización social e incluso derrocamientos presidenciales.
Dicha situación conllevó que durante el proceso electoral que tuvo lugar en el segundo semestre de 2006, el actual mandatario ecuatoriano ganará las elecciones con un discurso articulado contra la “partidocracia” y un caduco sistema político carente de credibilidad y legitimación social entre la ciudadanía.
Volviendo a la teoría, otro elemento a tener en cuenta es que según Horkheimer y Adorno, el autoritarismo no tiene una sola cara, sino que puede adquirir diferentes formas y mimetizarse de acuerdo a como lo aconseje su estrategia para la consolidación del sistema capitalista (incluyendo en ello lo que Otto Rühle (4) definió como capitalismo de estado), situación que se dio en el Ecuador bajo la lógica de gatopardismo político que ha caracterizado al actual Gobierno (hacer que todo cambie para que en realidad no cambie nada).
El Estado autoritario unifica al conjunto de la sociedad, anteriormente dividida, bajo el criterio de lograr un concreto objetivo: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas que generaron la crisis. A partir de esa premisa, se justifica el recorte de libertades y derechos con la finalidad de combatir el “libertinaje” y la “inmoralidad” (términos acuñados por el régimen correísta para calificar el accionar de la prensa privada o de determinados movimientos sociales), enarbolando principios convertidos en valores supremos, como la autoridad, disciplina, Patria y orden.
Desde el plano ideológico, lo que se califica como aislado o atrasado, pasa a ser de antemano condenado. La transformación deducida en el rigor de una selección darwiniana (“miedo al provenir” que domina a “nostálgicos del pasado”, es decir, a los “ciudadanos más débiles”, aquellos que no se atreven a afrontar el “choque del futuro” y no pueden “asumir su tiempo”) pasa a estar “debidamente” fundamentada: el provenir se encuentra en el progreso “técnico”, en la apertura, en la movilidad, en la competencia, en la profesionalización y en la comunicación.
Esta es la parte del debate más importante de clarificar hacia aquellos que entienden que el correísmo es una política progresista de marcado carácter transformador. No reconocer los diferentes tipos de pensamiento conservador, el conservadurismo declarado y conservadurismo reconvertido o progresista (Bordieu y Boltanky, 2008) significa no entender el conflicto de clases y la lucha por una radical transformación sistémica y social. Es así que el pensamiento de la derecha más rancia, el conservadurismo declarado, tiene como centro el sentimiento de la declinación, la desesperanza y el miedo al porvenir, disposiciones que denuncia y combate la nueva burguesía (Beauvoir, 1955), el conservadurismo reconvertido. El pensamiento conservador más reaccionario pasa a ser confundido, en situaciones coyunturales, con posicionamientos indígenas y rurales, espacios los cuales pretenden ser liquidados por los nuevos planificadores -tecnócratas de la felicidad- que prestan una atención condescendiente e inquieta a estos excluidos mientras buscan eliminar las realidades a las que ellos aún se aferran. Mientras el conservadurismo declarado -lo que en Ecuador podría representar la ideología socialcristiana y su entorno- aboga por la perpetuación del pasado y condena cualquier proyecto innovador; la nueva burguesía solo habla de proyectos superadores de un pasado al que no debemos volver.
En una combinación aparentemente contradictoria, el conservadurismo progresista no es más que una fracción de la clase dominante que da como “ley subjetiva” lo que constituye la ley objetiva de su perpetuación, es decir, cambiar para conservar.
Una “nueva Patria” ya es de todos
Esta ha sido la lógica político-dialéctica en la que se ha desarrollado el correísmo. Así, el presidente Correa, vocero único del proceso político definido como Revolución Ciudadana, indica en la mayoría de sus discursos que se está construyendo la “Patria nueva”, superadora de la “patria vieja” donde dominaban unas cuantas élites y grupos de poder ilegítimos, acompañando dicho discurso con los impetuosos acordes de “Patria, Tierra sagrada...”, que gracias a las campañas presidenciales y el aparato de propaganda gubernamental, es asociada por el conjunto de los ciudadanos con su imagen y el color verdeflex que impregna su partido.
Los regímenes autoritarios han tenido siempre gran necesidad de altas dosis de política. Deben convencer a la opinión pública de que sus gobiernos son únicos e insustituibles, y que todos los que les precedieron fueron notablemente peores. Deben mantenerse en tensión preelectoral cada día, pues es en ese posicionamiento desde donde construyen su legitimidad social. La propaganda “oficialista” actúa de dos formas: por medio del exhibicionismo triunfalista de sus logros sociales y políticos; y por la intimidación disimulada o manifiesta a la crítica de los medios de comunicación no subordinados y a la acción de la disidencia política organizada. Todo ello con el abuso sin rubor del culto a la personalidad del líder y el uso de toda nueva tecnología posible.
Criminalización de la disidencia como doctrina de reeducación social
Desde los sucesos de Dayuma (diciembre de 2007), donde -según diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos- las Fuerzas Armadas actuaron de forma desproporcionada contra los moradores locales; y especialmente desde las primeras movilizaciones antimineras (2008 y sobre todo a partir de 2009) por parte de comunidades afectadas y el movimiento indígena en general, el Régimen pasó a acuñar los términos “garroteros” y “tirapiedras” (los mismos que han utilizado para definir las prácticas políticas del Movimiento Popular Democrático -MPD-) para calificar a cualquier activista social que se movilice contra sus políticas, especialmente la extractivista, amenazando sistemáticamente con la aplicación de todo el “peso” de la ley. Salve decir en este caso, que dicha ley es la legislación antiterrorista proveniente de la época de la dictadura militar, y que un informe presentado en diciembre de 2011 por la Defensoría del Pueblo del Ecuador señala textualmente: “En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano” (5).
Es así que el Código Penal, elaborado en tiempos de la dictadura militar, tipifica de la siguiente manera el delito de terrorismo y sabotaje: en su artículo 158, se indica que se reprime con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de mil a dos mil sucres a quienes destruyan o afecten servicios básicos, fábricas, centros comerciales, puertos, embalses, minas, vehículos, instalaciones de servicios básicos o espacios de producción con el propósito de producir alarma colectiva; mientras que el artículo 160.1 determina reclusión mayor de 4 a 8 años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres contra quienes “individualmente o formando asociaciones” cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos o de sus bienes, asaltando, violentando o destruyendo, allanando o invadiendo lugares, sustrayendo o apoderándose de bienes o valores secuestrados para demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir la libertad de presos; ocupando lugares públicos o levantando barricadas para enfrentar a la fuerza pública en reclamo de sus intenciones.
Es con este tipo de legislación con la cual se está criminalizando en la actualidad a la protesta social en Ecuador, y si bien es cierto que la figura del sabotaje y terrorismo siempre ha existido en la normativa penal ecuatoriana, también lo es que otros gobiernos anteriores al del presidente Correa no la aplicaron. La paradoja actual, es que aunque durante el proceso constituyente los movimientos sociales lograron posicionar la garantía de derechos como un requisito imprescindible para la transformación hacia formas más justas y al mismo tiempo armónicas con la naturaleza, también lo es que después de 2008 se han levantado procesos judiciales contra líderes y dirigentes sociales, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, periodistas, indígenas y campesinos, hasta un número estimado en torno a doscientas personas involucradas en procesos de judicialización por sus acciones de protesta, rechazo o movilización ante proyectos y políticas desarrollistas de alto impacto ambiental y social.
En el desarrollo de esta lógica, el Gobierno termina por dirigir una forma de construcción del individuo -reeducación y disciplinamiento- para su correcto desarrollo político, justificándose el Estado como guía debido a la inmadurez ciudadana. El tratamiento desde el poder hacia la disidencia, define el desarrollo de un germen interior que tiene todo Estado autoritario en su fase inicial: el monopolio de la violencia.
Es así que el nuevo Estado Moderno en conformación en el Ecuador, pasa a superar la lógica del contrato social (acuerdo hipotético realizado en el interior de una sociedad por el que se adquieren derechos y deberes del Estado y de sus ciudadanos), convirtiéndose estrictamente en un acuerdo entre grupos de intereses y el mismo Estado. El Derecho pasa a ser identificado con la moral en vigor (Newmann, 1944) perdiendo cualquier capacidad ética mínima, mientras la racionalidad es remplazada por una técnica de dominación que establece una noción autoritaria y organizativa de la sociedad. En la práctica, supone el fracaso del positivismo jurídico y del neoconstitucionalismo garantista.
Inviabilidad del derecho a la resistencia
La Asamblea Constituyente de Montecristi consagró directamente, y por primera vez en la Historia, el derecho a la resistencia, dándose así un estadio de superación sobre la Constitución de 1998, en la cual se reconocía en su artículo 188 el derecho a la objeción de conciencia.
La misma formulación del artículo 1 de la Constitución de Montecristi, donde se hace referencia a la llegada al “Estado Constitucional de derechos y justicia”, debería haber significado un cambio paradigmático de un modelo de Estado a otro nuevo, de cuya naturaleza exacta se necesita aun tomar conciencia a fin de posicionar el artículo 98 de la Carta Magna, donde se consagran dicho derecho a la resistencia.
La Constitución de Montecristi impone el sometimiento del Estado -de todos los poderes públicos- a los derechos. Su artículo 11 en su apartado 9 llega a indicar que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Y en su artículo 84 se reincide diciendo: “[...] en ningún caso, la reforma de la Constitución, la leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”. Quedando definido en el artículo 172 que: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley”.
A priori, la amplia formulación del artículo 98 de la Constitución de Montecristi se hace idónea para incorporar el conjunto de argumentos anteriormente explicitados: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
Es así que la invocación de derechos a la resistencia a nivel intrasistémico (actos ilegales, públicos o colectivos, no violentos y enfocados a transformar una ley injusta) con apoyo en los instrumentos procesales reconocidos por la propia Constitución, se convierte en el última herramienta posible que permita reducir la distancia entre lo prescrito formalmente y su concreta aplicación (Bobbio, 2008), con la finalidad de que los derechos por estar normativizados no queden en papel mojado y que el ejercicio del poder político y del Presidente de la República no genere injusticias o traicione lo que emana del primer artículo constitucional.
A pesar de que en su sentido moderno consolidado el derecho de (o a la) resistencia presupone una cultura jurídica y política que implica nociones distintas de poder, derecho y fuerza, subordinando el ejercicio del primero a un ideal de justicia que se refleja en el derecho y que puede ser invocado como última opción para rehabilitar la legitimidad de las instituciones políticas o fundar un nuevo orden legal (Franco y Tarzia, 2011). En el caso ecuatoriano, tal práctica no puede ser definida más que como un rotundo fracaso.
Ha sido el propio Presidente de la República, por acción y omisión, quien ha alentado a grupos económicos extranjeros, autoridades locales, empresarios nacionales y a la propia Fiscalía General del Estado, a proceder con las demandas contra los que vienen a ser considerados por la ideología dominante como desestabilizadores, enemigos del Régimen y del proceso de cambio en curso. Dicha situación conlleva reacciones como la de los padres de familia de estudiantes procesados tras la movilización del colegio Central Técnico de Quito, los cuales dirigieron al presidente Correa y no al juez de turno, una carta pidiendo disculpas por la actuación de sus hijos con el fin de evitar que estos fueran sancionados por la justicia.
La libertad de expresión, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “es un elemento sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada” (6). Por su parte, la libertad de pensamiento se enmarca en la facultad que tiene toda persona de desarrollar ideas, analizarlas, sintetizarlas, juzgarlas o en general considerarlas en el sentido que consideren adecuadas (Morales, 2012). Sin libertad de expresión no existirá la posibilidad de manifestar aquellas ideas a quien considere pertinente hacerlo.
Aunque la libertad de expresión sea un derecho de vital importancia para el sistema democrático, no consta ni debe constar de una protección absoluta, lo que tampoco quiere decir que deben imponerse filtros sumamente difíciles de superar para sancionar al quien hiciere un uso abusivo de este derecho. Hay que tipificar de forma que sea efectiva la tutela a quienes han sido lesionados en su reputación por el abuso de la libertad de expresión, pero a la par de no deteriorar las posibilidades de expresión e información, dado que la libertad de expresión forma parte de derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos y todas (Ferrajoli, 2009).
La aplicación de la justicia en esta materia está conllevando a que bajo el arcaico principio del dura lex sed lex (la ley es dura), se hallan dictaminando sentencias carentes del principio de proporcionalidad en las cuales se pretendió castigar severamente a medios y periodistas de investigación que habían sido denunciados por el mandatario en calidad de ciudadano. Dicha estrategia ha conllevado lo que se buscaba desde el punto de vista de las limitaciones en el accionar periodístico, autocensurándose medios y periodistas durante la fase de elaboración de la noticia, crónica o artículo de opinión.
Por su parte, con el debilitamiento de los movimientos sociales y otras herramientas de intervención ciudadana para incidir en las políticas públicas, la política pasa a entenderse de una forma grupalmente más restringida. Se desarrolla la “profesionalización de la política” (Kirchheimer, 1966), convirtiéndose en un campo de especialización donde solo tienen participación un cierto grupo de personas que manejan técnicas aplicas a la consecución de sus objetivos fundamentales: liderar y dirigir el actuar de las masas a través de estrategias de convencimiento y sugestión.
En sintonía con esta “profesionalización” la política se transforma, adecuando al interviniente en política a criterios que tienen que ver con la obtención de cargos y posicionamientos en la estructura social del partido o del Estado, pues desde ahí ejerce su poder y se legitima sobre sus bases y el conjunto de la sociedad.
Se olvidan entonces los pensadores teóricos y legitimadores del oficialismo, que la movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa, pasando los actores sociales a ser estigmatizados por su crítica al Régimen y al nuevo pensamiento dominante. Se ignora también por parte del Estado, que la movilización social es en la práctica, la única forma efectiva de participación para múltiples sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores quedan sin mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían ya históricamente siendo excluidos.
Desde esa perspectiva, para un gobierno que se llama a sí mismo “revolucionario”, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en asuntos públicos (Machado, 2012).
Lejos de esta visión, el correísmo se caracteriza por el intento de control -mayoritariamente exitoso- sobre el conjunto de organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización y entendiendo a esta como un elemento de desestabilización política. Para tal fin el Estado llegó a estructurar todo un aparato político que tan solo desde las instituciones públicas dan trabajo a 250 burócratas en el Ministerio Coordinador de la Política; 2.800 burócratas más en la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación; y otros 2.500 burócratas en el Viceministerio de Gobernabilidad (perteneciente al Ministerio del Interior).
El objetivo central del proyecto político correísta pasa a ser el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, y suponiendo que tras los resultados electorales de febrero de 2013 se haya conseguido dicho monopolio, está lejos de construir una nueva hegemonía dado que se mantiene el mismo sistema de acumulación y matriz productiva heredada de la época neoliberal.
Pero además, el partido oficialista Alianza País se ha ido constituyendo ya no solo en una máquina electoral, sino también en una agencia de empleo y colocación para sus afiliados en las diversas estructuras del Estado (locales, regionales y del Gobierno central). La organización perdió su rol, si es que alguna vez lo tuvo, como espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En las dos convenciones nacionales desarrolladas por Alianza País desde su fundación (la primera en Guayaquil en noviembre de 2010 y la segunda en Quito, en el Estadio del Aucas, en noviembre de 2012) no se ha llevado a debate ni un solo documento interno programático, no han existido tendencias ni discusión política alguna. Como es normal, el modelo de Estado autoritario se replica en un modelo político-partidista piramidal donde el líder determina prácticamente todo.
Cargos públicos del oficialismo ecuatoriano, muchos de ellos sin trayectoria política previa y carente de cualquier tipo de ideología más allá del arribismo político, ocupan los principales puestos en las estructuras provinciales y nacionales de Alianza País, aspirando desde allí a convertirse en herederos del mandatario o personas de su máxima confianza, para emprender o mantenerse en una especie de carrera de ascenso político que recuerda a los manuales de business empresarial aplicados en las corporaciones transnacionales por yuppies y ejecutivos internacionales.
El actual estado de situación nos permite incluso entresacar determinadas similitudes -marcadas por las diferencias en el tiempo y en el modelo de Estado (totalitarismo vs autoritarismo)- de estética y forma entre el neopopulismo ecuatoriano y las características enumeradas por Emilio Gentile (7) en su clásico libro El culto del littorio, el cual constituye una travesía por el universo simbólico y litúrgico del fascismo, a significarse entre estos los siguientes: la creación de una religión de la patria; la refundación del país promovida bajo un apostolado de revolucionarios para la resurrección de la “nueva patria” (la “nueva Italia” en el caso fascista); el culto a los mártires y la utilización de simbologías histórico nacionales; la apelación a la fuerza de la fe en el líder; la ira destructiva contra los símbolos de otras ideologías; la retórica revolucionaria, socialista, de justicia e igualdad social; el concepto de la verdad única, lo cual permite emprender una “cruzada” contra los profanadores de la patria; una extensa parafernalia mediática que permite compensar las limitaciones retóricas e intelectuales del líder; la “conversión” de todos los ciudadanos a la doctrina oficial; una filiación al nacionalismo más fuerte que a la libertad; el pensamiento único alineado al partido gobernante; el monopolio de simbologías con el fin de reescribir la historia; el culto al líder con su correspondiente elevación a los altares junto a la patria; la utilización del calificativo “revolucionario” para todo; los intelectuales orgánicos en labores de transformación del mito en culto; la sacralización del Estado (definido en Italia como “arcángel mundano”); una estética del poder autoritaria, irónica y avasalladora que se convierte en estética de la vulgaridad y el mal gusto; la construcción de una rivalidad con la Iglesia católica por el control y la formación de conciencias; una retórica ampulosa y florida; cierta manía de protagonismo mundial por parte de su líder; un discurso de dialéctica elemental en el cual se usa un léxico fácil y referencias a lugares comunes; un sistema político altamente jerárquico basado en la voluntad del líder sobre un entorno de mediocres; la discriminación entre “buenos” y “malos” ciudadanos; la elevación de anónimos pequeños burgueses al templo de la “Historia” y que se consideraran artífices de esta; la presencia del máximo líder en lugares geográficos del país a los que nunca ningún presidente había llegado antes, proyectando ante el pueblo cierta sensación de cercanía al poder; el hiperpersonalismo de su máximo dirigente, emitiendo una imagen del líder rodeado de indignos que lejos estaban de poder igualarle y mucho menos reemplazarle; y, la cooptación al proyecto político de una mezcla oportunistas, pragmáticos y convencidos.
La conformación del Estado de Bienestar, entendido como un Régimen capitalista de intervención estatal destinado a asegurar la continuidad del ciclo económico y una cierta redistribución social de los recursos, se convierte en el principal mecanismo de “legitimación” y “control social” (Habermas, 1989) que pretende la anulación de todo tipo de alternativas emancipatorias desde una perspectiva social y económica.
Los criminalizados, enjuiciados y encarcelados desde el ámbito social son los cuestionadores de este modelo, los cuales en la mayoría de los casos, consideran que el tan manipulado término de “buen vivir” debería ser un elemento superador de las lógicas de desarrollo clásico que se siguen repitiendo en este Gobierno.
La carga de violencia y control social asociada al modelo neoextractivista y desarrollista que se implementa en el Ecuador (esta situación tiene carácter continental) se realiza de forma tan acelerada como acelerada es la imposición del modelo de Estado autoritario. Esta situación hace que cada vez más el derecho a la libertad de los pueblos, cuya primera representación escrita fue la palabra cuneiforme sumeria Ama-gi (8), se reafirme en su incoherencia con lo que fue el origen del mal llamado proceso de “revolución ciudadana”.
Igual que para Marcel Proust es imposible disociar la música o la literatura de los conjuntos arquitectónicos o de la vida micro social en los salones de la aristocracia; el capitalismo -también el posneoliberal desarrollista y neoextractivista-, no funciona únicamente en su esfera económica, actuando a su vez a través de un modo de control de la subjetivación, “cultura de equivalencia” (Guattari y Rolnik, 2005), lo que viene a significar que el control del poder del mercado va en paralelo al control del poder sobre la subjetividad.
Mientras en las lógicas de control sobre las disidencias se acentúa una práctica política que conlleva el recorte de libertades y la implementación del miedo (temor a la movilización reivindicativa, asociación con organizaciones criminalizadas o autocensura de periodistas y cronistas políticos), las mayorías lo aceptan, en su priorización por la mejor situación económica (según datos oficiales, la evolución de ingresos familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras que en 2012 ese porcentaje se elevó al 92,43% y se estima que en el presente año llegue al 103%).
Los derechos y libertades, que fueron factores vitales en los orígenes de la sociedad industrial se debilitan ahora, perdiendo racionalidad y su contenido tradicional. Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida (desde la perspectiva consumista y no desde su calidad), la disconformidad con el sistema aparece como socialmente inútil, y más aún si aparece con tangibles desventajas económicas (se pierde comodidad) y políticas (exposición al riesgo a ser reprimido) y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto (una sociedad en evolución desarrollista). En la fase actual de modernización del capitalismo ecuatoriano, la “sociedad libre” ya no puede ser definida en términos clásicos, requiere nuevos modos de realización, y corresponde al aparato de propaganda del gobierno ir definiéndoselos al conjunto de la población paulatinamente.
La libertad política no puede conceptualizarse como antes porque implicaría la liberación de las personas de una política sobre la que no ejercen ningún control efectivo. Lo mismo sucede con la libertad intelectual, dado que de lo contrario podría restaurarse el pensamiento individual cada vez más absorbido por la comunicación y el adoctrinamiento de masas.
Como fenómeno educacional, se refleja un proceso de conservadurismo en la sociedad ecuatoriana, donde se establece entre otros valores que todo lo que haga el líder es adecuado per se, dado que él es el que sabe lo que hay que hacer -aquello de “confíen en mí” expresado por el mandatario en el Referendo/Consulta del 7 de mayo de 2011 ante la insuficiencia argumental para justificar los cambios del texto constitucional-.
En la práctica, supone el debilitamiento del tejido social autónomo existente y un mayor control sobre una sociedad, que en general empieza a aceptar prescindir de los escasos canales existentes para su real expresión y el potencial de reivindicación que conlleve.
Siguiendo a Holloway, se exagera la “autonomía relativa” del Estado y de la política institucional como herramienta de cambio social. La ilusión de que el Estado puede impulsar por sí mismo un cambio radical en la sociedad conlleva el olvido respecto a que el Estado no es más que una forma de relación social enraizada en las relaciones sociales capitalistas separando a las personas del control de sus propias condiciones de producción y, por último, de sus propias vidas.
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“Tercera vía” es el nombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas y propuestas políticas que, en general, sugieren un sistema económico de economía mixta, y el centrismo o reformismo como ideología.
La doctrina burguesa jurídico-política consta de dos grandes apartados hoy: la doctrina del Estado de derecho y la doctrina de la separación de los tres poderes del Estado.
Otto Rühle, comunista de izquierda alemán que se unió al Partido Social Demócrata Alemán en 1900 y votó junto a Karl Liebknecht contra los créditos de guerra en el Reichstag en 1915 y fue un miembro de la Liga Espartaco hasta 1917.
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Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 sobre colegiación obligatoria de periodistas.
Emilio Gentile es un historiador italiano especializado en los temas de las religiones políticas, el totalitarismo y el fascismo.
Ama-gi es una palabra sumeria que expresa la manumisión de los esclavos. Traducida literalmente, significa “retorno a la madre” en la medida que los antiguos esclavos “retornaban a sus madres” cuando recobraban su libertad.
Publicado por Decio Machado en 13:44 1 comentario:
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 artículo 1
 artículo 98
 artículo 11
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