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Timestamp: 2019-05-21 19:43:13+00:00

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Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada (BOCAIB de 14 de abril de 2016) Texto completo.
La Ley 5/2016 tiene por objeto regular la renta social garantizada de las Illes Balears como prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza.
La persistencia de la desocupación pone en peligro la protección económica de las personas sin trabajo en el momento que se agotan las prestaciones y los subsidios por paro. En este caso, el 30% del total de personas en situación de paro lo está desde hace más de un año y más del 25% hace dos años que no trabaja. Por otra parte, el 58,7% del total de personas demandantes de empleo no percibe ninguna prestación o subsidio por desempleo.
La Constitución establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones a fin de que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y, en consecuencia, para avanzar en la lucha para la erradicación real de la pobreza en que vive una parte muy importante de la población. El artículo de la Constitución Española al que se hace referencia es el artículo 9.2, que dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, modificado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero , de reforma, establece en el título III bajo la rúbrica de las competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la competencia exclusiva en acción y bienestar social, que incluye el desarrollo comunitario y la integración; el voluntariado social, los complementos de la seguridad social no contributiva; las políticas de protección y el apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales; las políticas de atención a personas dependientes, y las políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social. También se recoge en el artículo 30, apartado 16, como competencia exclusiva de la comunidad autónoma la protección social de la familia y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las instituciones propias de la comunidad autónoma de las Illes Balears, para cumplir las finalidades que les son propias y en el marco de las competencias que les atribuye este Estatuto, tienen que promover, como principios rectores de la política económica y social, el desarrollo sostenible encaminado al pleno empleo, la cohesión social y el progreso científico y técnico de manera que asegure a toda la ciudadanía el acceso a los servicios públicos y el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la protección social, el recreo y la cultura.
La Ley 4/2009, de 11 de junio , de servicios sociales de las Illes Balears, fija los objetivos de las políticas de servicios sociales en términos de:
La cartera de servicios garantizará la respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a las necesidades básicas de las personas beneficiarias de esta ley.
2. La accesibilidad a la información y a los recursos del sistema de los servicios sociales, sin que la carencia de recursos económicos ni las limitaciones físicas ni intelectuales de la persona puedan impedirlo.
Finalmente, se tiene que hacer mención a que los partidos políticos con representación parlamentaria junto con la Red para la Inclusión Social de las Illes Balears firmaron el Pacto para la Inclusión Social el mes de octubre de 2014. Uno de los principales objetivos de este marco de colaboración era impulsar y ejecutar un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de los colectivos más vulnerables de las Illes Balears.... Una de estas medidas es la de implementar progresivamente una renta social como prestación de derecho, que incluya los diferentes perfiles sociolaborales, que se adapte a las necesidades actuales y que esté dotada de manera adecuada.
La Unión Europea reconoce el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna en el apartado 3 del artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hace referencia a la seguridad social y a la ayuda social, cuando dispone que: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
Los antecedentes normativos de ámbito autonómico de esta renta social garantizada los podemos encontrar en el Decreto 117/2001, de 28 de septiembre , de regulación de la renta mínima de inserción, en qué se concibió la renta mínima de inserción (en adelante, RMI) como una prestación ligada a la inserción sociolaboral. La práctica constata que hay personas que difícilmente pueden acceder en condiciones normales al mercado laboral y menos en la coyuntura actual.
Con el objetivo de revisar y adecuar la normativa a las necesidades sociales detectadas surgidas a raíz de la actual coyuntura socioeconómica, en la que los nuevos perfiles de la exclusión en las Illes Balears no se adaptan al dispositivo básico de la RMI, que es la de la inserción laboral -ya que, de cada vez, estas personas se encuentran más alejadas del mercado de trabajo-, se quiere impulsar esta ley como un instrumento de protección social a la familia y de lucha contra la exclusión social.
La financiación de la renta social garantizada se tiene que hacer íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y la cuantía de la prestación es la misma que la de la renta mínima de inserción, prevista en el Decreto 117/2001, de 28 de septiembre , que se establece en el anexo de esta ley. Se prevé que este baremo se vaya actualizando anualmente por resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, que se tiene que publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Definición y naturaleza de la renta social garantizada
e) Es intransferible, de manera que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, no puede cederse totalmente ni parcialmente, no puede ser objeto de compensación o descuento -excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente en los términos previstos en esta ley-, ni ser objeto de retención o embargo, excepto en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que sea aplicable.
Definición de las personas destinatarias
Situaciones de necesidad para atender
Núcleo familiar, unidad familiar y hogar independiente
- Que tengan personas con discapacidad a su cargo.
- Que sean víctimas de violencia de género.
- Que se encuentren en proceso de separación, divorcio o con conflictos familiares que implican una separación inmediata del núcleo familiar.
- Que se encuentren en proceso de desahucio.
a) 30% de la cuantía básica por la primera persona integrante adicional.
b) 20% de la cuantía básica por la segunda persona integrante adicional.
c) 10% de la cuantía básica por cada una de las restantes personas integrantes del núcleo familiar, hasta el importe máximo previsto en el baremo de la prestación.
3. En ningún caso el cómputo total de la prestación básica y de las prestaciones complementarias puede ser superior al 125% del salario mínimo interprofesional.
4. El importe mínimo de la renta social garantizada es del 25% de la prestación básica, redondeándola a la centena superior.
5. El baremo de la prestación económica de la renta social garantizada, contenido en el anexo, se tiene que revalorizar anualmente, mediante resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de acuerdo con el porcentaje que a estos efectos se apruebe anualmente en la ley en que se aprueben los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Esta resolución se tiene que publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Cálculo del importe de la prestación económica
Financiación de la renta social garantizada
Normas generales, solicitud y procedimiento
Órgano competente en la gestión de la renta
Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes
Revisión y enmienda de la solicitud
2. No obstante lo anterior, cuando la resolución se dicte una vez haya transcurrido el plazo de 3 meses previsto por el artículo 15 anterior, y sea estimatoria, la prestación tiene efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente del cumplimiento del plazo mencionado.
Revisión del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones
Modificación de la prestación económica
4. Cuando la modificación derive de la incorporación de cualquiera de las personas destinatarias a un puesto de trabajo normalizado, los ingresos que se deriven se tienen que computar en un 50% a efectos del cálculo del importe de la prestación por un periodo de 6 meses desde la resolución que acuerde esta modificación y mientras dure el contrato de trabajo. Una vez transcurrido este periodo se tienen que descontar íntegramente.
Extinción de la renta social
Reintegro de la prestación
Comisión Técnica de la renta social garantizada
La Comisión Técnica de la renta social garantizada
b) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social, sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla, cuando de estas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de la prestación económica en una cuantía inferior o igual al 100% de la cuantía máxima de la renta social que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad familiar de las características de la persona infractora.
b) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social, sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla, cuando de estas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de la prestación económica en una cuantía superior al 100% de la cuantía máxima de la renta que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad familiar de las características de la persona infractora.
En todo aquello no previsto en esta ley, así como con respecto al procedimiento sancionador, se tiene que aplicar el título IX de la Ley 4/2009, de 11 de junio , de servicios sociales de las Illes Balears.
Implementación de la renta social garantizada
Reglas procedimentales aplicables hasta el desarrollo reglamentario
2. Siempre y cuando se haya implementado el sistema informático que lo haga posible, las solicitudes de renta social garantizada también se pueden presentar telemáticamente, a través del registro telemático de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, para lo cual hay que disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos por la comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con el establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, y normativa autonómica aplicable.
Inclusión de la renta social garantizada dentro de la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014
Se añade dentro del contenido de la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014, regulada por el Decreto 56/2011, de 20 de mayo , por el cual se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014, la prestación derivada de la renta social garantizada.
Esta ley entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

References: artículo 9
 artículo 30
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución