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Timestamp: 2017-03-29 12:35:12+00:00

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1_9788499853932 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
MEDIACIÓN ENTRE VÍCTIMA
Y AGRESOR EN LA VIOLENCIA
La mediación entre la víctima y el agresor
en el ámbito de la violencia de género:
Departamento de Derecho Penal de la
El Grupo de Profesores dedicado a la “Aproximación práctica a problemas de
Derecho penal” (código SEJ-351), adscrito al Departamento de Derecho Penal
de la Universidad de Granada, está dirigido por los Profs. Drs. D. José Miguel
Zugaldía Espinar y D. Esteban Pérez Alonso, y actualmente se compone de
11 miembros. En sus ya 13 años de andadura, ha llevado a cabo numerosos
proyectos de investigación, muchos de ellos en estrecha colaboración con
otros grupos de trabajo de carácter universitario. Entre dichos proyectos,
los más recientes han versado sobre aspectos de gran interés para nuestro
actual panorama científico-penal y político-criminal, como “El Derecho penal
ante el fenómeno de la inmigración” (2002-2005), “Constitución europea y
Derecho penal” (2005-2008) y “La protección jurídica del medio ambiente”
© PATRICIA ESQUINAS VALVERDE
I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 167 - 2
(Del cuento de Jacob y Wilhelm Grimm,
“En el amor y en el dolor”, 1840)
“Érase una vez un sastre muy pendenciero, al que su
esposa nunca lograba contentar. Hiciera ella lo que hiciera,
él siempre estaba descontento, gruñía, le reñía, la atacaba y
golpeaba. Llegando esto por fin a oídos de las autoridades,
arrestaron al sastre y lo ingresaron en prisión, a fin de que
se corrigiera. Allí estuvo un tiempo a pan y agua, pasado el
cual lo soltaron, haciéndole jurar que no volvería a pegar a
su mujer, sino que viviría en paz con ella, en el amor y en el
dolor, como correspondía entre esposos. Durante un tiempo
todo fue bien, luego volvió el sastre a sus antiguos modos,
huraño y peleón. Y como no le estaba permitido pegar a su
esposa, la agarraba de los cabellos y tiraba de ellos”.
1. INTRODUCCIÓN .........................................................................
a) Interés creciente en torno a la cuestión .................................
b) Contexto legislativo vigente ....................................................
c) Falta de certeza en la doctrina acerca de la conveniencia de
dicho método en el ámbito de la violencia de género .............
2. ¿MEDIACIÓN EN EL DELITO DE MALOS TRATOS O CONTRA
LA LIBERTAD SEXUAL DE LA MUJER? ARGUMENTOS A
FAVOR ...........................................................................................
a) El carácter discursivo de la mediación como forma de resolución
de conflictos puede resultar especialmente útil en delitos de
naturaleza relacional...............................................................
a´) La experiencia del Instituto catalán de Reinserción Social
con medidas de tratamiento del agresor ..........................
1. Proceso de ejecución de la medida: primeras fases ....
2. Inconveniente: carácter obligatorio de la medida ......
3. Inconveniente: naturaleza exclusivamente formativa
del curso .......................................................................
4. Inconveniente: ausencia de un elemento de control
ulterior .........................................................................
b´) Tratamientos anti-violencia en otros países ....................
c´) Índice de éxito de los programas anti-agresividad. Diferencias con un sistema de mediación entre el autor del
maltrato y su víctima ........................................................
b) Las “dinámicas emocionales” durante los encuentros de mediación pueden ayudar al agresor a reconocer su responsabilidad
c) La mediación reivindica o recupera socialmente a la víctima
y le permite expresar libremente su versión de los hechos ...
3. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA MEDIACIÓN AL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA SOBRE LA MUJER ..............................................
a) La mediación conlleva un riesgo para la integridad física de
los afectados, pues no puede, por sí sola, detener el ejercicio
de la violencia ..........................................................................
b) La mujer, debido a sus características peculiares, se expone
a ocupar una posición de inferioridad en el marco de las negociaciones ...............................................................................
c) La técnica de la mediación, procedente de otras tradiciones
jurídicas, puede resultar difícil de importar al Ordenamiento
jurídico-penal español .............................................................
d) Recurrir a la mediación supone la pérdida del efecto simbólico característico del Derecho penal: no satisface los fines de
prevención general ..................................................................
e) Un simple encuentro de mediación no es suficiente para modificar la conducta violenta del agresor..................................
f) La mediación es imposible en un contexto de desequilibrio de
poder entre la mujer maltratada y su agresor .......................
g) La Comunidad social de referencia de los afectados no siempre va a desempeñar un papel de reprobación y censura del
comportamiento violento del agresor .....................................
4. PROPUESTAS PARA UN POSIBLE MODELO DE MEDIACIÓN
APLICADO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO ............................
a) Precaución nº 1: equilibrar la posición de la mujer respecto
de su (ex)pareja masculina. Proceso de “fortalecimiento” o
de “adquisición de poder” (“empowerment”) por parte de la
víctima......................................................................................
b) Precaución nº 2: equilibrar la posición del agresor respecto
de la víctima; asegurar sus garantías procesales durante el
proceso de mediación ...............................................................
c) Precaución nº 3: preservar la seguridad de la víctima a través
de medidas aplicadas antes, durante y después de los encuentros ...........................................................................................
d) Precaución nº 4: a efectos de iniciar un proceso de mediación,
el agresor debe previamente haber reconocido su implicación
en los hechos ............................................................................
e) Propuesta final: Elaborar un modelo mixto entre las formas
de intervención de la Justicia tradicional y de la Justicia
restauradora en este ámbito ...................................................
5. CONCLUSIONES .........................................................................
a) ¿Cuáles son los resultados que pueden obtenerse a largo plazo
de la mediación? ......................................................................
b) Ventajas político-criminales de una eventual aplicación del
modelo restaurador a los casos de violencia de género: favorecer la autonomía y la emancipación social genuina de la
mujer. Cómo debe configurarse un programa de intervención
adecuado a este objetivo ..........................................................
c) Conclusión final .......................................................................
a) Interés creciente en torno a la cuestión
En la actualidad, cualquier profesional dedicado a la teoría o a
la práctica del Derecho Penal en España puede albergar una noción
aproximada acerca de en qué consiste un programa de mediación,
conciliación y/o reparación entre el autor y la víctima de una infracción penal. La experiencia de otros estados occidentales, así como la
que ya han recabado diversas iniciativas desarrolladas en algunas
de nuestras Comunidades Autónomas, proporcionan una cantidad
considerable de información sobre las características de dichas figuras
jurídicas, sus requisitos y necesarios fundamentos dogmáticos. En este
sentido, puede definirse la mediación como, en esencia, “la tramitación
no contenciosa de un conflicto con la ayuda de un tercero neutral sin
capacidad de decisión, a través de la cual debe buscarse una solución
adecuada para ambas partes”1. Asimismo, algún otro autor destaca
su carácter de “intermediación extra-judicial”, en la que imperan los
principios de voluntariedad en la participación de los implicados y de
autonomía de éstos2.
Sin embargo, por lo que afecta al ámbito estricto de las previsiones
legales, lo cierto es que el Ordenamiento penal y procesal español aún
se centra esencialmente, en cuanto a criterio general aplicable a todos
Vid. SIEVERS, Nadia, Mediation als alternative Konfliktlösungsmöglichkeit
auch in Deutschland? Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel
der argentinischen Mediación previa, Peter Lang Verlag, 2001, págs. 29 y
Así opina JANKE, Der Täter-Opfer-Ausgleich im Strafverfahren, 2004, pág.
24, según el que también el modelo alemán de la compensación entre el
autor y la víctima (Täter-Opfer-Ausgleich), al menos en su formulación clásica, se encuadraría en el ámbito de la mediación. Y a su vez, se considera esa compensación como „un procedimiento para tramitar infracciones
penales, en el cual, sobre todo, se soluciona un conflicto entre el autor y
la víctima acentuando especialmente los factores personales en un contacto comunicativo”; o también, como “un proceso de conciliación objetivo
con una prestación material, inmaterial y/o simbólica”: con este tenor, vid.
SCHMITZ-GARDE, Täter-Opfer-Ausgleich, Wiedergutmachung und Strafe
im Strafrecht, 2006, pág. 9.
los delitos, en la mera atenuante de reparación del daño prevista en el
art. 20.5° del Código Penal. Y ésta consta de efectos muy limitados, por
lo que respecta a la modulación de la pena aplicable, en comparación
con los que ofrecen otros métodos implantados en los sistemas legales
de nuestro entorno3.
Pero, como paso previo al análisis de esos modelos en principio más
avanzados, cabe preguntarse hasta qué punto admiten nuestra mentalidad nacional, la jurídica y la profana, así como la fenomenología
criminal que nos es característica, la adopción de semejantes puntos
de vista y procedimientos de resolución de las causas penales, a los que
puede hacerse también una referencia genérica a través del concepto
de “Justicia Restauradora” (Restorative Justice)4. Y en nuestro actual
contexto social y político, caracterizado por el Derecho penal “del enemigo” terrorista, el incremento constante de la penas, el “carnet por
puntos” y los tipos “de peligro presunto”, parece como mínimo arriesgado proponer un sistema de mediación entre la víctima y el agresor
como forma alternativa de terminación del procedimiento penal, en
lugar de limitarse a la sentencia condenatoria y la pena “al uso”. Más
temeraria e insolente aún se antoja dicha sugerencia si, además, se
relaciona con un ámbito de la criminalidad tan sensible como el de la
violencia de género y doméstica5, para el que no se admite otra respuesta
jurídica que el castigo inmediato de sus responsables.
Vid. GARRO CARRERA, Enara, Reparación del daño e individualización
de la pena. Derecho comparado y regulación española (art. 21.5 del Código
Penal), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, pág. 400,
llevando a cabo la autora un detenido estudio de las regulaciones alemana,
austríaca y española en la materia.
Para una descripción amplia de este nuevo paradigma puede leerse ESQUINAS VALVERDE, Patricia, “La mediación entre la víctima y el agresor
como forma alternativa de resolución del conflicto en el sistema judicial
penal de adultos: ¿una posibilidad también viable en España?”, en Revista
Penal, nº 18, julio de 2006, Edit. Praxis, Barcelona, págs. 55 a 101.
A este respecto, asumimos la definición legal de “violencia de género” según
la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra
la violencia de género —preferida doctrinalmente a la de “violencia familiar” o “violencia doméstica”, éstas ambas referentes al entorno familiar,
íntimo, privado, en el que tendrían lugar esas agresiones sobre la mujer—.
Aquélla puede explicarse, pues, como “la violencia que se dirige sobre las
mujeres por el hecho mismo de serlo”, o bien, como “una manifestación de la
hombres sobre las mujeres”. De esta forma, nos acogemos al concepto más
MEDIACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y AGRESOR EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Y sin embargo, basta con acudir a los estudios de determinados
académicos extranjeros, cualquiera de los muchos que se han ocupado
de las nuevas alternativas a la pena y al sistema penal convencional,
para descubrir que fuera de nuestras fronteras se tiene en cuenta muy
seriamente esa posibilidad (consistente, esencialmente, en encuentros
amplio y, atendiendo a cierto sector doctrinal, también el único adecuado
y exacto en relación a lo que verdaderamente suponen esas conductas de
agresión contra la mujer —en las que, en realidad, muchas veces pensamos
también, aunque sea de forma errónea, cuando nos referimos a “violencia
doméstica”—. De hecho, aunque en el transcurso de este trabajo en ocasiones se yuxtaponen y en otras se usan indistintamente ambos términos, lo
cierto es que, en general, en la presente investigación tendremos en cuenta
aquella violencia empleada contra la mujer por quien es o ha sido compañero sentimental, pareja o esposo de la víctima. De ese modo, tal violencia
de género que el hombre ejerce, aunque basada en el mero hecho de ser
la agredida mujer, coincidiría aquí, en cuanto al contexto espacial en que
se produce, con la que hasta ahora se ha venido denominando “violencia
doméstica”, por más que esta última pueda afectar, asimismo, a otros miembros del núcleo familiar (vg. ancianos, niños…), en cuyo caso ya no estaríamos en el marco de dicha “violencia de género”. Baste decir, con MAQUEDA
ABREU, María Luisa, “La violencia de género: entre el concepto jurídico y la
realidad social”, en la Revista Artículo 14. Una perspectiva de género, editada por el Instituto de la Mujer, nº 21, mayo de 2006, págs. 4 a 11 (5), que,
si bien “el medio familiar es propicio al ejercicio de relaciones de dominio
propias de la violencia de género”, así como lo es “la pareja”, ni uno ni otro
marco “agotan las posibilidades de realización de esa clase de violencia”, de
manera que puede concluirse que “no es lo mismo violencia de género y violencia doméstica, porque una apunta a la mujer y la otra a la familia como
sujetos de referencia”. Así, según indica LAURENZO COPELLO, Patricia,
“La violencia de género en la Ley integral. Valoración político-criminal”, en
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07-08 (2005), págs.
08:1 a 08:23 (08:3 y 4), cuando se habla de “violencia doméstica”, refiriendo
ésta a un círculo de sujetos pasivos más amplio que el propio colectivo de
las mujeres, se alude a una forma de agresividad cuyas causas residen en la
naturaleza de las relaciones familiares, cuyas características de subordinación y dependencia favorecen una posición de dominio de ciertos miembros
del grupo familiar sobre otros, indefensos frente a ésos. De ahí que resulte,
en definitiva, muy inapropiado identificar ambas modalidades de violencia,
pues aunque emparentadas, constituyen dos fenómenos diferentes, debidos
a causas distintas y necesitados de respuestas penales autónomas. Y ello
aunque en la práctica, como también reconoce LAURENZO, sea en ese escenario doméstico donde más frecuentemente se manifieste dicho tipo de
violencia contra la mujer, porque es allí donde mayor intensidad adquieren
las relaciones entre el hombre y ella.
entre la víctima y el agresor con la participación de un mediador, o
de las instancias oficiales, juez o fiscal) como modalidad adicional de
solución del delito incluso en relación a los supuestos de maltrato.
Pero, no obstante, tal entusiasmo por parte de los teóricos apenas ha
llegado en algunos —muy pocos— países a traducirse efectivamente
en inversiones económicas para este tipo de métodos dentro del marco
de la justicia penal; y desde luego, en ninguno de ellos se han dedicado
fondos públicos a un posible programa “restaurador” en relación con la
violencia de género; ello pese al creciente apoyo que las instituciones
políticas (por ejemplo, las Naciones Unidas en su Congreso de Viena
de 2000, para la prevención del crimen y el tratamiento de los infractores) y los propios ciudadanos occidentales prestan a dichos modelos
de Justicia restauradora.
BRAITHWAITE y STRANG han analizado las razones por las que
hasta ahora no se habría puesto en práctica dicha opción, entendiendo
que ello se debería, de un lado, a una cierta prudencia, fundamentada
en los especiales riesgos que, según discuten los expertos, supondría
tal iniciativa político-criminal, y de otro, a la falta de coraje por parte de aquellos sectores científicos e instituciones que han de decidir
acerca de esas políticas6. De hecho, según otras fuentes, las propias
feministas habrían confiado excesivamente en la capacidad represiva
de la ley penal “tradicional” con vistas a hacer frente al fenómeno de la
violencia masculina contra la mujer, llegando a depender totalmente de
A juicio en cambio de BAZEMORE, Gordon/EARLE, Twila Hugley, “Balance
in the Response to Family Violence: Challenging Restorative Principles”, en
Restorative Justice and Family Violence, VVAA. (edit. por BRAITHWAITE,
John/STRANG, Heather), Cambridge, 2002, págs. 153 a 177 (154 y 155),
siendo ellos coautores con BRAITHWAITE y STRANG, como se observa,
de este mismo volumen, las causas de ese escaso desarrollo de los métodos
restauradores en el ámbito de la violencia doméstica serían, en primer lugar, una generalizada falsa representación de lo que en realidad suponen
el “proyecto” y “el punto de vista” restauradores; y en segundo lugar, el
hecho de que, percibiéndose una presunta falta de adecuación de tales técnicas restauradoras al marco de la violencia doméstica, erróneamente se
atribuye ésta a los principios y conceptos restauradores, cuando lo que en
realidad no se adapta a ese tipo de violencia son los programas o métodos
concretos en la forma en que hasta ahora se han venido aplicando, como
la mediación o las conferencias familiares. Por consiguiente, desde luego
todavía cabe la posibilidad de adaptar adecuadamente dichos principios (a
saber, reparación del daño, atención específica a las necesidades e intereses
de los afectados, etc.) a las peculiaridades de la violencia de género.
dichas normas en sus planteamientos. Y sin embargo, tampoco los tipos
penales introducidos a instancias de tal presión político-ideológica han
demostrado ser especialmente eficaces a la hora de propiciar cambios
sociales y de fundar un clima de mayor seguridad, así como de otorgar
a las afectadas más capacidad y poder7.
En cualquier caso, admitiendo que cada vez es mayor el impulso
que en las legislaciones y en los foros teóricos se está otorgando a esas
nuevas técnicas restauradoras, BRAITHWAITE y STRANG consideran
una “cuestión de conciencia” el deber de determinar si con tales políticas
restrictivas se está en realidad privando a las víctimas de malos tratos
de un medio plausible y eficaz de hacer frente a estas agresiones, así
como de abordar sus causas y consecuencias. Para dichos autores, ello
no significa que no se deba evitar una excesiva precipitación a la hora
de llevar a cabo innovaciones, así como también se debe ser consciente en todo momento de dónde acaban las competencias y el margen
de actuación de la doctrina, cuando se trata de un contexto en el que
está tan en juego la vida de las personas. Pero de cualquier forma, se
dice, nos encontramos ante lo que sería una evaluación, un test para
la valentía profesional de los académicos y su apertura ante nuevas
pruebas, al término del cual podría finalmente ponerse de manifiesto
que nos hemos equivocado o que hemos sido unos ingenuos8. Pues
bien, personalmente asumo de buen grado este mismo riesgo en la
investigación que ahora comienza.
En ese sentido, incluso entre los penalistas españoles empieza a
extenderse el argumento de que, frente al vigente predominio de las
medidas represivas y de restricción de derechos en relación con los
maltratadores, resultará necesario combinar las mismas con otras
nuevas de carácter asistencial9. En efecto, por medio de éstas, los ser-
Vid. DALY, Kathleen/STUBBS, Julie, “Feminist engagement with restorative justice”, en Theoretical Criminology, 2006, págs. 9 a 28 (14).
Vid. BRAITHWAITE, John/STRANG, Heather, “Restorative Justice and Family Violence”, en Restorative Justice and Family Violence, cit., págs. 1 a 22
(1 a 4): hablan de la “obligación de los penalistas de estar abiertos a que
la Justicia restauradora tenga algo que ofrecer en el marco de la violencia
doméstica que los tribunales no puedan ofrecer”. Por lo tanto, aunque se
declaran inseguros acerca de la respuesta a esta pregunta, sí defienden sin
ninguna duda, como un “imperativo moral”, la necesidad de seguir planteándola.
Vid. CUELLO CONTRERAS, Joaquín/CARDENAL MURILLO, Alfonso,
“Bien jurídico y técnica legal de la protección penal de la mujer y otras
vicios sociales de la comunidad podrían intervenir en los problemas de
comunicación intrafamiliares lo antes posible, evitando así la escalada
de violencia que frecuentemente se produce en ese ámbito. Tal será,
se dice, la mejor prevención para dichas conductas, pudiendo incluso
sustituir en el futuro, y de manera más eficaz, a las técnicas puramente
penales y policiales.
Además, puede sostenerse que actualmente despunta una corriente ideológica penal favorable a extender el campo de aplicación de la
reparación y compensación a efectos de responder jurídicamente a los
actos delictivos, en general. Y a este respecto, se entiende que en casos
de grave afectación a la dignidad y a la integridad moral y psíquica
del perjudicado, como son los de violencia de género, la forma de compensar ese daño habrá de manifestar también una intensa dimensión
psicológica capaz de contrarrestar, siquiera en grado mínimo, dicho
perjuicio igualmente afectivo. Por consiguiente, no parece suficiente
la indemnización económica y material, sino que también podría ser
recomendable, en principio, como forma de resarcimiento, que el maltratador se sometiera a escuchar el relato de su víctima, recibiera el
reproche generalizado de la comunidad asistente a las reuniones, reconociera públicamente su responsabilidad y, eventualmente, accediera
a participar en una terapia para superar sus tendencias violentas. Y
de esta forma combinada quedaría compensado más adecuadamente el
desvalor de acción y de resultado propio de la conducta de maltrato10.
En definitiva, como jurista y académica con una perspectiva universal y con pretensiones de que la ciencia del Derecho progrese, y
no sólo en sentido ascendente respecto de sus penas, no puedo dejar
de preguntarme cuáles serán exactamente los motivos de esa fascinación descrita hacia los modelos restauradores. En efecto, aunque
resultan numerosas las opiniones que rechazan totalmente un posible sometimiento de los casos de violencia de género a tales métodos,
también son muchas las que, incluso reconociendo las objeciones que
ello plantea, defienden su aplicación en esos casos, de tal modo que el
víctimas de la violencia doméstica”, en Estudios Penales en Homenaje al
Profesor Cobo del Rosal, Editorial Dykinson, Madrid, 2005, págs. 251 a 271
Por lo que afecta al concepto y contenido del desvalor de acción y de resultado, consúltese, por ejemplo, PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, en
Manual de Parte General, VVAA (dirig. por ZUGALDÍA ESPINAR, José
Miguel), Edit. Tirant lo blanch, 2ª ed., Valencia, 2004, págs. 387 a 390.
debate está abierto, y cada vez se discute con mayor intensidad sobre
dicha cuestión11. Así, cabe plantearse hasta qué punto es la sociedad
española tan diversa de la que puebla otros países occidentales para
que, en nuestro caso, resulte a priori impensable, a juicio de algunos y
en especial del propio legislador, recurrir a esta otra forma de resolver
el problema penal.
b) Contexto legislativo vigente
En efecto, no parece que la legislación hasta ahora adoptada en
España en materia de lucha contra la violencia familiar y de género
se haya orientado precisamente en la línea defendida por la Justicia
restauradora: muy al contrario, las leyes y planes de actuación integral elaborados por los distintos gobiernos de los últimos diez o doce
años, desde el Código penal de 1995, se han decantado sin reservas por
incrementar el conjunto de medidas de carácter represivo desde un
principio elegidas para abordar este problema. Así, ninguna referencia
se realiza a la posibilidad de que las instituciones públicas fomenten,
dentro de sus modelos de intervención sobre los casos de violencia, por
ejemplo, un acercamiento entre víctima y agresor bajo la supervisión
del órgano judicial o fiscal. En cambio, se insiste en extender el margen
de aplicación de criterios como el del alejamiento del agresor, la inmediata interrupción de la convivencia con la víctima o la prohibición de
residencia de aquél en lugares cercanos al domicilio familiar.
Así, la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del
Código Penal de 1995 en materia de protección a las víctimas de malos
tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llevó a cabo una reforma en esta última (introducción del art. 544 bis) al objeto de permitir
la aplicación, como medida cautelar, del distanciamiento físico entre
el agresor y la víctima con carácter inmediato a la iniciación del procedimiento, entre las primeras diligencias. Asimismo, se estableció a
través de esta Ley 14/1999 la posibilidad de impedir, durante la celebración del juicio oral, toda confrontación visual entre la víctima, o
los testigos menores de edad, y el acusado de malos tratos (empleando
Acerca de esta evolución y del creciente optimismo que puede percibirse
respecto a las posibilidades aplicativas de los nuevos métodos, véase, como
ya se ha indicado, BRAITHWAITE, J./STRANG, H., “Restorative Justice…”,
págs. 1 a 4.
a estos efectos medios audiovisuales, prohibiendo los careos, etc.). La
propia Exposición de Motivos de la Ley consideró dicha medida como
un aspecto altamente novedoso, capaz de aminorar sensiblemente
las consecuencias que sobre la víctima y los testigos menores de edad
podría tener el desarrollo del proceso12.
A su vez, el II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004,
acordado por el Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2001, señala
como uno de sus objetivos principales el de “mejorar la legislación y
el procedimiento legal” por medio de, entre otras estrategias, “una
penalización más contundente del comportamiento de los agresores”.
Asimismo, dentro de los elementos que este Plan pretendía reformar
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mencionaban los apartados 4°
y 5° de las “Medidas Legislativas y Procedimentales”, a la sazón, la
posibilidad de que los Juzgados de Guardia adoptaran de forma provisionalísima, en casos de separación y divorcio, la separación de hecho
de la víctima respecto del agresor; o bien, que los Fiscales pudieran
decidir cautelarmente la salida inmediata por parte del agresor del
domicilio conyugal (medidas que se añadían a las ya existentes en relación con el alejamiento y la prohibición de residencia). Finalmente,
la reciente Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha ampliado de nuevo
el ámbito de aplicación de dichos mecanismos por parte de los órganos
judiciales, permitiendo que cualquiera de los instrumentos legales
disponibles para la protección de la víctima (es decir, la prohibición de
residencia para el agresor, la de acudir a determinado lugar, etc.) se
utilicen igualmente desde el principio de la ejecución de la sentencia o
durante dicho período, de tal forma que, como indica la Exposición de
Motivos de la Ley, pueda preservarse la seguridad de la víctima más
allá de la terminación del proceso penal.
Pero sobre todo, por lo que afecta al tema objeto de estudio, esta
citada Ley Orgánica de Protección Integral ha prohibido expresamente
que se aplique el sistema de la mediación en relación con cualquiera
de las infracciones, de naturaleza penal o civil, sobre las que conocerán
los nuevos Juzgados de Violencia sobre la mujer (véase el art. 44 LO
Sobre este aspecto, véase igualmente lo indicado por RUBIALES BÉJAR,
Esther Evelia, “Penas y medidas cautelares para la protección de la víctima
en los delitos asociados de violencia doméstica”, en Estudios Penales sobre
violencia doméstica, VVAA (coord. por MORILLAS CUEVA, Lorenzo), Madrid,
2001, págs. 411 a 447 (419).
1/2004, que a su vez introduce, con este tenor, el art. 87 ter —apartado
5— en la LO 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial). Y ni que decir tiene,
por último, que todas esas normas mencionadas han redundado en
una exacerbación del marco punitivo de los delitos de malos tratos y
en una extensión del alcance de sus tipos penales.
Por otro lado, la declaración de las Naciones Unidas sobre “Estrategias para la lucha contra la violencia doméstica” de 1997, a través
del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios con sede en
Viena, también limitaba en gran medida el empleo de la mediación
en este campo delictivo, al negar expresamente que la misma debiera
ser utilizada excepto en casos de menor gravedad y asegurando el
apoyo de la víctima por parte de sus familiares y allegados, ya que
bajo tales manifestaciones de violencia se escondería en todo caso un
desequilibrio de poder que excluiría una posición equitativa o igualitaria de la víctima respecto de su agresor. A su vez, el último Informe
del Secretario General de las Naciones Unidas relativo a la violencia
de género, de 6 de julio de 2006, titulado “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer”, omite realizar mención
alguna, ya sea de signo positivo o negativo, en torno a la posibilidad
de aplicar mecanismos de Justicia Restauradora, mediación, etc., a
dichos supuestos de agresión contra la mujer en el ámbito doméstico.
La única referencia en un sentido parecido alude a la reparación del
daño causado a la víctima, como cuestión vinculada, al menos en ciertar forma al planteamiento de las técnicas restauradoras; si bien, a
este respecto se está pensando preferentemente en la obligación por
parte del propio Estado de indemnizar dichos perjuicios. Así, indica
el subapartado 3° del apartado C (“Medidas encaminadas a hacer
frente a la violencia contra la mujer”) que, entre otros recursos, estas
víctimas disponen del derecho a “la reparación de los daños sufridos;
la restitución; la compensación; la satisfacción; la rehabilitación, y
garantías de no repetición y prevención”13.
En ese mismo informe del Secretario General de la ONU se menciona una
declaración emitida por el llamado Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de acuerdo con la cual, en casos de violencia
de género, “la indemnización debe ser proporcional al daño físico y mental
sufrido y a la gravedad de las violaciones de los derechos de la mujer”. De
igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al hilo de
la causa Maria da Penha Maia Fernandes contra Brasil, recomendó que
Esta situación de lege lata habría de convencernos, en fin, acerca de
la inidoneidad en el actual contexto socio-jurídico español de cualquier
tendencia a instaurar técnicas de conciliación entre las partes con
carácter general. Es evidente que las características con las que hasta
ahora se produce el fenómeno criminal de la violencia de género en
nuestro país convierten para muchos en inviable y descabellada la utilización del mecanismo de la mediación en relación con tales supuestos.
Sin embargo, resulta notorio que el sistema penal tradicional tampoco
responde en total medida a las expectativas de dichas afectadas, ni les
ofrece las suficientes garantías frente a potenciales agresiones. Por el
contrario, en cualquier caso, el de la Justicia Restauradora constituye
todavía un movimiento joven, sin que haya transcurrido aún el tiempo
necesario para comprobar su auténtico grado de eficacia.
c) Falta de certeza en la doctrina acerca de la conveniencia de dicho método en el ámbito de la violencia
De todas formas, en la actualidad aún se duda irremediablemente
en torno a la validez del método de la mediación a efectos de resolver
los casos de violencia de género, incluso sólo algunos de ellos14. Tal
cuestión, tanto de naturaleza teórica como de lógicas consecuencias
prácticas, no resulta pacífica ni siquiera entre los defensores del paradigma restaurador: por ejemplo, para las integrantes de la ideología
feminista. Así, no concurre en este sector académico un punto de vista
unánime acerca de las ventajas que una aplicación de los sistemas
restauradores habría de ofrecer en orden a reparar el sufrimiento experimentado por la mujer como perjudicada por conductas delictivas15.
se asignara a la víctima de violencia doméstica una “adecuada reparación
simbólica y material” por las agresiones sufridas a manos de su marido.
Vid., por todos, BAZEMORE, G./EARLE, T.H., “Balance in the Response…”,
cit., pág. 153: a ese respecto no ayuda, al parecer, una cierta proliferación en
este campo de programas restauradores poco armonizados, así como tampoco la existencia de intereses fuertemente contrapuestos por parte de los
distintos entes del sistema implicados (comunidad, Estado, asociaciones de
apoyo a la mujer, etc.).
Vid. DALY, K./STUBBS, J., “Feminist engagement…”, cit., págs. 14, 15 y 17,
reconociendo que “no están seguras de que la Justicia restauradora, tal y
como normalmente se lleva a la práctica, sea capaz de responder de forma
efectiva a dichas agresiones”. Igualmente, GRILLO, Trina, “Mediation als
En este sentido, puede considerarse que existen dos sectores diversos
de opinión, fundamentalmente —pese a que la mayoría de los especialistas parte de una base común de cierta crítica y desconfianza ante
la eventual aplicación de la mediación a la violencia doméstica y de
género—: en primer lugar, aquellos autores que descartan con carácter
definitivo la implantación de similares técnicas en este ámbito de la
delincuencia, sosteniendo que resultan defectuosas y potencialmente
peligrosas para las víctimas —en definitiva, se indica, siempre van
a aparecer casos en los que no sea posible afrontar con la suficiente
seguridad el desequilibrio de poder fundado en el género que subyace
a tales agresiones—; y, por otro lado, los que, aunque también perciben
los riesgos, proponen soluciones a los mismos, así como parámetros que
dichos métodos restauradores deberían satisfacer antes de poder ser
utilizados con éxito en la lucha contra ese tipo de criminalidad16.
A su vez, idéntica controversia se detecta entre las propias afectadas
por la violencia: así, de acuerdo con los estudios de campo realizados
por NANCARROW entre mujeres australianas víctimas de maltrato familiar, tanto aborígenes como de raza blanca, la mayoría de las
entrevistadas en ambos grupos aceptaba la posibilidad de emplear
procedimientos restauradores bajo determinadas circunstancias, y
en relación con ciertos supuestos de violencia de género (en especial,
cuando las agresiones no resulten muy graves, o bien, según otras de
las posturas, cuando la violencia se desarrolle en un contexto familiar
más amplio que simplemente el de la pareja hombre-mujer), así como,
con mayor seguridad, si tales métodos restauradores —y sobre todo
algunos de ellos, que son considerados más apropiados o inocuos— se
Alternative? Risiken der Mediationsverfahren für Frauen”, revista Streit,
2001, cuaderno 4, pág. 140, se refiere a la disparidad de opiniones que a
este respecto se aprecia dentro del gremio de los mediadores en cuestiones
familiares. Un desconcierto similar reflejan BAZEMORE, G./EARLE, T.H.,
“Balance in the Response…”, cit., págs. 153, 154 y 156: sobre un telón de
fondo de “precavido optimismo”, con el que algunos teóricos han recibido
la intervención de la Justicia restauradora en este marco, mezclado con un
sentimiento de confusión y un clima general de pesimismo y escepticismo,
a esos métodos sólo se les ha abierto “una pequeña puerta” en este ámbito
de la violencia doméstica, y únicamente en algunos lugares del mundo.
Vid. CAMERON, Angela, “Stopping the violence. Canadian feminist debates
on restorative justice and intimate violence”, en Theoretical Criminology
2006, págs. 49 a 66 (58).
emplearan en combinación con el proceso judicial convencional17. Sin
embargo, existe una considerable disparidad entre uno y otro colectivo de mujeres, aborígenes y blancas, en cuanto a la confianza que
las mismas depositan en que los programas restauradores consigan
realmente detener la violencia, enviar un mensaje certero a la sociedad
acerca de la gravedad de estos delitos y hacer que los culpables sean
conscientes de su responsabilidad. Así, mientras que las primeras,
mujeres indígenas, creen en la efectividad de la Justicia restauradora,
las de raza blanca niegan que estos sistemas consigan cumplir dichos
objetivos, atribuyendo una mayor eficiencia en ese sentido a la Justicia
tradicional. Y en concreto, éstas excluirían de modo radical que en tal
ámbito se aplicara el método específico de la mediación entre autor y
víctima. Al parecer, semejante recelo se fundaría en las experiencias
negativas que algunas de las encuestadas habrían tenido, de forma directa o indirecta (es decir, a través del testimonio de terceras personas),
con programas de mediación en el marco del Derecho de familia u otros
sectores jurídicos. Y al mismo tiempo, a propósito de dicha disparidad
de opiniones, jugaría un papel esencial una cierta animadversión de
la población indígena hacia la legislación del hombre blanco, que habitualmente ha servido para esclavizarla, prefiriendo desde luego las
formas de resolución del conflicto más flexibles, informales y de raíz
comunitaria (como las de la Justicia restauradora).
A su vez, analizando sistemas jurídicos concretos, también en un
modelo siempre influyente como es el alemán, donde ya se han puesto
en marcha ciertos programas específicos de compensación y conciliación
con la víctima para supuestos de maltrato familiar, por ejemplo en Ham-
Vid. NANCARROW, Heather, “In search of justice for domestic and family
violence”, en Theoretical Criminology, 2006, págs. 87 a 106 (96 y 97). A este
mismo aspecto, acerca de la necesidad de que las técnicas restauradoras
se apoyen en la intervención protectora del Estado, se refieren BAZEMORE, G./EARLE, T.H., “Balance in the Response..”, cit., pág. 164, citando una
investigación de la prestigiosa autora COKER, según la cual, en las comunidades aborígenes de Australia, donde las mujeres presentan un riesgo
45% superior de sufrir abusos que la mujer blanca —dentro de familias
en las que, de hecho, con frecuencia todavía se tiene miedo de la policía—,
los abogados de esas víctimas habitualmente se enfrentan a la cuestión,
puramente práctica, de si aquellos métodos de resolución de conflictos de
base comunitaria (dirigidos por la Comunidad aborigen) estarán en efecto
limitando el acceso de las mujeres a la protección por parte del Estado, que
“muchas veces puede salvar vidas”.
burgo (entre otros aspectos, con el aval ideológico del mismo Tribunal
Supremo o Bundesgerichtshof, que no ha descartado a priori la opción
de emplear dicho método en delitos sexuales y violentos)18, ha surgido un
contundente rechazo de tales iniciativas por parte de la Comisión penal
de la Asociación de Juristas Alemanes (Deutscher Juristenbund)19.
En definitiva, dicha falta absoluta de evidencia científica a propósito de la viabilidad de la mediación para casos de maltrato, así como
para temas penales en general, se atribuye obviamente a la escasa
investigación empírica hasta la fecha realizada. Por el momento, los
estudios experimentales en el extranjero se han centrado en el colectivo
de agresores menores de edad en delitos violentos y contra la propiedad, pero, por regla general, no en supuestos de violencia familiar ni
sexual, y nunca de violencia de pareja. De ese modo, si bien se sabe
qué ocurre cuando estos últimos casos son resueltos por la jurisdicción
penal, se desconoce, salvo por muy contados estudios20, lo que acontece
Sentencia del BGH de 19 de diciembre de 2002, con referencia BGHSt 48,
págs. 142 y ss. en el repertorio de jurisprudencia Heymann.
Sobre ello informa MERSCHER, Frank, Die Verzahnung von Straf- und
Zivilrecht im Kampf gegen häusliche Gewalt, Peter Lang Verlag, Frankfurt
am Main, 2004, págs. 222 y 223. En Australia, asimismo, según relatan
BRAITHWAITE, J./STRANG, H., “Restorative Justice…”, págs. 1 y 2, mientras que algunos sectores dentro de la policía se manifestaron en 1994 partidarios de implantar un sistema de Justicia restauradora para casos de
violencia doméstica, tras haber llevado a cabo alguna que otra experiencia
exitosa en este terreno, el Fiscal General del Estado, en cambio, con el apoyo, entre otros, de los citados autores, se opuso terminantemente a dicha
posibilidad. BRAITHWAITE y STRANG admiten que en ese momento necesitaban obtener el beneplácito de las asociaciones locales de mujeres (a
las que seguramente tampoco hubiera agradado aquella opción), y que, si
bien esencialmente no dudaban de que fuera posible “rediseñar” o adaptar
la mediación a las especiales necesidades de esos casos de violencia, evitando eventuales riesgos, no considerabar sin embargo, que les correspondiera
a ellos esa misión.
En todo caso, BRAITHWAITE, J./STRANG, H., “Restorative Justice…”,
pág.. 3, aportan referencias muy alentadoras sobre determinados estudios
correspondientes al año 2000, basados en programas restauradores en los
que sobre todo o también se abordaron casos de violencia De ellos resulta un
índice de reducción de la reincidencia muy significativo en comparación con
el arrojado por las causas sometidas a los órganos judiciales. En efecto, una
de las iniciativas, dirigida a menores de edad (programa RISE en EEUU)
demostró un porcentaje de recaídas por parte de los agresores 25 puntos
más bajo que el de los supuestos resueltos por la jurisdicción convencional.
1_9788499853932

References: resolución

 resolución 
 resolución 
 Artículo 14
de lege lata
 resolución 
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