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Sentencia A.P. Madrid 359/2010, de 19 de mayo. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Extemporaneidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 359/2010, de 19 de mayo
Impugnación de resolución dictada por la DGRN: Resolución en respuesta a recurso presentado por Notario en relación a inscripción de escritura de subrogación de préstamo hipotecario. Extemporaneidad: Nulidad de la resolución por resultar extemporánea. Estimación del recurso.
SENTENCIA: 00359/2010
Rollo: RECURSO DE APELACION 405 /2009
D.ª MARIA JOSE ALFARO HOYS
En MADRID, a diecinueve de mayo de dos mil diez.
La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, los autos de JUICIO VERBAL 1129/2006 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 55 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante D. Juan Manuel, representado por el Procurador Sr. Lanchares Perlado y de otra, como apelados DIRECCION GENERAL REGISTROS Y NOTARIADO, representado por el Sr. Abogado del Estado, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y LA RIOJA (IBERCAJA), representado por la Procuradora Sra. Julia Corujo, D. Alejandro,(rebelde) y D. Argimiro (rebelde), sobre nulidad de resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Segundo.-Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 55 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 4 de diciembre de 2007, cuya parte dispositiva dice: "Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de D. Juan Manuel interesando la declaración de nulidad de la RDGRN de fecha ocho de junio de dos mil seis; todo ello condenando a la parte actora al pago de las costas causadas". Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de D. Juan Manuel, se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria. La representación procesal de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA y el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y EL NOTARIADO, se opusieron al mencionado recurso. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 5 de mayo de 2010, en que ha tenido lugar lo acordado.
Visto, siendo Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA JOSE ALFARO HOYS.
No se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.
Primero.-Por el Registrador de la Propiedad don Juan Manuel, con fecha 30 de octubre de 2006 se presentó demanda de juicio verbal contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 8 de junio de 2006. Según establece el artículo 328 de la L.H., fueron citados don Alejandro, Notario autorizante, la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), don Argimiro (prestatario) y la Abogacía del Estado en representación y defensa de la DGRN. Comparecieron contestando a la demanda como demandados la Abogacía del Estado e Ibercaja, encontrándose el Notario don Alejandro y don Argimiro en situación procesal de rebeldía.
La Resolución de la DGRN de fecha 8 de junio de 2006 se dictó como respuesta a un recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Coslada don Alejandro contra la calificación registral del Registrador de la Propiedad de Valdemoro don Juan Manuel por la que éste suspendía la inscripción de la Escritura realizada ante el citado Notario en la que éste autorizaba la subrogación de un préstamo hipotecario. La subrogación se calificó negativamente por el Registrador por no cumplir las exigencias establecidas en el artículo 2 in fine de la Ley 2/94 de 30 de marzo sobre subrogación y modificaciones de préstamos hipotecarios. La resolución de la DGRN estimó el recurso del Notario, revocando la calificación registral por entender que en la subrogación del préstamo hipotecario otorgado mediante Escritura de fecha 14 de enero de 2005 en la que era entidad acreedora subrogada Ibercaja y prestatario don Argimiro, se habían respetado los requisitos del artículo 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, por la que se regula la subrogación y la modificación de los Préstamos Hipotecarios.
En la demanda rectora de los presentes autos de juicio verbal, el Registrador de la Propiedad don Juan Manuel recurre la Resolución dictada por la DGRN en fecha 8 de junio de 2006 por dos cuestiones: En primer lugar, como cuestión formal, afirma que la resolución objeto de impugnación es nula, al haberse dictad fuera del plazo recogido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria; en segundo lugar, como cuestión de fondo, justifica que suspendió la inscripción de la Escritura de subrogación, tras calificarla negativamente, porque no se cumplían los requisitos establecidos para acreditar suficientemente el pago a la primera entidad acreedora (Cajamadrid), ya que en los documentos complementarios que se acompañan a la Escritura no hay noticia de que se haya efectuado la transferencia solutoria del artículo 2 de la Ley 2/ 1994.
El Juzgador de instancia, con fecha 4 de diciembre de 2007 dictó Sentencia en la que, tras citar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de fecha 16 de abril de 1990 y considerar aplicable las normas de procedimiento administrativo común de la Ley 30/92, desestimó la extemporaneidad de la resolución; entrando a resolver el fondo del asunto, desestimó la demanda, siendo el fallo del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de don Juan Manuel interesando la declaración de nulidad de la RDGRN de fecha ocho de junio de dos mil seis, todo ello condenando a la parte actora al pago de las costas causadas".
Contra la citada sentencia se alza el demandante Registrador de la Propiedad don Juan Manuel, solicitando que la Sala declare la nulidad de la resolución de la DRGN en función de su extemporaneidad por haberse dictado fuera de plazo; con carácter subsidiario, en cuanto al fondo del asunto, pide que se revoque la sentencia de instancia por los razonamientos que expone en su recurso, suplicando que se confirme la calificación negativa del Registrador con revocación de la resolución dictada por al DGRN. El Abogado del Estado en representación de la DGRN y la entidad Ibercaja se opusieron al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia.
Segundo.-Por la parte apelante se mantiene en esta alzada la alegación que aduce con carácter principal, relativa a la extemporaneidad de la resolución dictada por la DGRN en fecha 8 de junio de 2006, indicando que debe prosperar al haberse dictado después de transcurrir más de tres meses desde la interposición del recurso gubernativo, por lo que hay que entender, de conformidad con la redacción de los artículos 327 y 328 de la Ley Hipotecaria que se encontraban vigentes en el momento en que se suscitó el presente caso, que la calificación del Sr. Registrador es firme, al no haber interpuesto los interesados recurso judicial en el plazo de un año contado desde la fecha de interposición de su recurso gubernativo contra la desestimación presunta del mismo. En consecuencia, tras las argumentaciones que expone, entiende que la calificación registral y la resolución presunta han devenido firmes y en consecuencia procede confirmar la calificación negativa del Sr. Registrador de fecha 15 de marzo de 2005.
El artículo 327 de la Ley Hipotecaria que regula el recurso gubernativo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra una calificación negativa del Registrador, establece que la DGRN "deberá resolver y notificar el recurso interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional..."
A su vez, el artículo 328 de la L.H., en su redacción anterior a la modificación operada por la Ley 24/2005, de 19 de noviembre, de Reformas para el impulso de la productividad, dispone que "la demanda deberá interponerse en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución practicada al interesado o, tratándose de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de un año desde la fecha de interposición del recurso gubernativo...".
De lo actuado resulta que el recurso gubernativo interpuesto por el Sr. Notario de Coslada don Alejandro contra la calificación del Registrador de la Propiedad de Valdemoro don Juan Manuel (por la que éste último suspendía la inscripción de una escritura de subrogación de préstamo hipotecario), tuvo su entrada en la Dirección General del Registro y del Notariado en fecha 7 de abril de 2005. La DGRN dictó resolución expresa en fecha ocho de junio de 2006, es decir, un año y dos meses después de la interposición del recurso gubernativo.
Entiende la Sala que según establece el artículo 327 de la L.H., la DGRN debe resolver en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en la que el recurso tuvo su entrada, de suerte que si no lo hace "se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional". La falta de resolución en el plazo de tres meses provoca, por silencio, una resolución presunta desestimatoria del recurso interpuesto que puede ser recurrida ante los Tribunales en el plazo de un año desde que se interpuso el recurso gubernativo, tal como dispone el artículo 328 de la L.H.
En el caso de autos, como se ha indicado, el Sr. Notario interpuso el recurso ante la DGRN en fecha 7 de abril de 2005, y no habiendo resuelto el mismo la DGRN antes del día 7 de julio de 2005, ante este silencio se entendió desestimado el recurso por resolución presunta, por lo que en fecha 7 de abril de 2006 la calificación negativa emitida por el Sr. Registrador de la Propiedad don Juan Manuel devino firme al no haberse interpuesto en tal plazo demanda en vía jurisdiccional por los interesados contra la resolución desestimatoria presunta de la DGRN.
La resolución expresa que la DGRN emitió en fecha 8 de junio de 2006 es contraria al principio de seguridad jurídica, pues la calificación negativa del Registrador, que ya era firme, es revocada al estimarse el recurso del Sr. Notario fuera del plazo legal, lo que de ser práctica habitual de la DGRN provocaría evidentes situaciones de inseguridad jurídica e indefensión a los usuarios de los servicios notariales y registrales.
Por otro lado, estamos de acuerdo con las manifestaciones vertidas en la sentencia dictada en fecha 11 de diciembre por la Audiencia Provincial de Valencia, en el sentido de que el artículo 327 de la L.H., establece una norma específica en la materia con superiores consecuencias a las que, con carácter general, contempla la normativa administrativa, no procediendo acudir a normas supletorias del procedimiento general porque el artículo 327 contiene términos claros y concluyentes que han de ser aplicables por su mayor especialidad.
En definitiva, la resolución de los recursos por la DGRN fuera del plazo legal pueden provocar verdaderas situaciones de inseguridad jurídica por existir resoluciones expresas y presuntas contradictorias, por lo que entiende la Sala que la demanda debe ser estimada en cuanto a esta pretensión, de forma que al resultar extemporánea la Resolución dictada por la DGRN en fecha 8 de junio de 2006, al haber adquirido firmeza la resolución desestimatoria presunta por silencio administrativo, procede confirmar la calificación negativa expedida en fecha 15 de marzo de 2005 por el Sr. Registrador de la Propiedad, con revocación de la resolución dictada expresamente por la DGRN en fecha 8 de junio de 2006.
Al estimarse el recurso planteado en cuanto al primer aspecto, no es necesario entrar en ulteriores consideraciones.
Tercero.-Respecto de las costas causadas en la alzada, no procede su expresa imposición al acogerse el recurso planteado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC. En cuanto a las costas causadas en primera instancia, aun cuando se revoca la sentencia del Juzgado, al tratarse en el presente caso cuestiones de índole jurídica que plantean dificultad en la interpretación y suscitan por ello dudas de derecho relevantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 de la LEC., cada parte abonará las costas causadas a su instancia.
Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Registrador de la Propiedad don Juan Manuel contra la sentencia dictada en fecha 4 de diciembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número 55 de los de Madrid en los autos de juicio verbal seguidos al número 1129/06, por lo que debemos revocar y revocamos la referida resolución, en el sentido de dejar sin efecto la Resolución dictada por la Dirección General del Registro y del Notariado de fecha 8 de junio de 2006, al haberse dictado cuando ya existía resolución firme emanada de la propia DGRN por vía de silencio, que implicaba, a su vez, la desestimación del recurso planteado contra la calificación negativa emitida el día 15 de marzo de 2005 por el Registrador demandante, que debe entenderse mantenida. No se hace expresa imposición por las costas causadas en primera instancia. Tampoco por las producidas en esta alzada.

References: resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 328
 Resolución 
 artículo 2
in fine
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 artículo 327
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 327
 resolución 
 artículo 328
 resolución 
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 artículo 327
 resolución 
 resolución 
 artículo 328
 resolución 
 resolución 
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 artículo 327
 artículo 327
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 398
 artículo 394
 Resolución 
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