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Timestamp: 2019-05-21 17:06:51+00:00

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﻿ SENTENCIA 6577 DE AGOSTO 20 DE 2004
SENTENCIA 6577 DE 20 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL. SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS NUMERALES 5.1., 5.2., 5.3., 5.11. Y PARÁGRAFO Y 5.20 DEL ARTÍCULO 5 DE LA RESOLUCIÓN 1168 DE 31 DE OCTUBRE DE 1996 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:AERONÁUTICA CIVIL, CONTROL AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Sentencia 6577 de agosto 20 de 2004
Ref.: Expediente 6577
Actora: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Autoridades nacionales.
EXTRACTOS: «Se decide sobre las pretensiones formuladas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante Aeronáutica Civil) en acción pública de nulidad contra los artículos 3º, numeral 3.2; 4º; 5º, numerales 5.2, 5.3, 5.4 y parágrafo, 5.5 y parágrafos primero y segundo, 5.6 y parágrafo, 5.7 y parágrafo, 5.8 y parágrafo, 5.9 y parágrafo, 5.10 y parágrafo primero, 5.11 y parágrafo, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.19 y 5.20 de la Resolución 1168 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual el Ministerio del Medio Ambiente le otorgó licencia ambiental ordinaria para la ejecución de las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, localizado en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena (Bolívar), sujeta al cumplimiento de las medidas de manejo y control ambiental planteadas en el estudio de impacto ambiental y, además, a las obligaciones que allí se precisan; y contra los artículos 2º; 3º, 4º, 5º, 6º; y 7º de la Resolución 200 de 12 de marzo de 1997 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición modificando algunas de las obligaciones impuestas.
Los apartes demandados son los que figuran en negrillas:
RESOLUCIÓN NÚMERO 1168
Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones.
en ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 52 numeral 5º de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 y el Decreto 1753 de 1994 y,
ART. 1º—Otorgar a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil licencia ambiental ordinaria para la ejecución de las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el cual se localiza en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
ART. 3º—La licencia ambiental a que hacen referencia los artículos anteriores queda sujeta al cumplimiento por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de las medidas de manejo y control ambiental planteadas en el estudio de impacto ambiental y además de las siguientes obligaciones:
3.2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deberá reforestar con especies nativas de la zona un área de quince (15) hectáreas como mínimo, sobre los márgenes de la vía de acceso a construir y las áreas adyacentes a la plataforma oriental, para lo cual se concede un plazo de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución. Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá presentar previamente a este ministerio el correspondiente plan de reforestación en un plazo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, actividad que deberá contar con la participación de la comunidad aledaña al área de influencia.
ART. 4º—Imponer un plan de manejo ambiental a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para efectos de la operación integral del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, localizado en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.
ART. 5º—El plan de manejo ambiental al que hace referencia el artículo anterior queda sujeto al cumplimiento por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil del estudio ambiental presentado y a las siguientes obligaciones:
5.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil prohibirá la operación en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de aeronaves de primera y segunda generación a partir del 1º de enero del año 2000.
5.2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil prohibirá la operación de aeronaves de primera y segunda generación en los horarios nocturnos entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. Esta medida se hará efectiva seis (6) meses después de la ejecutoria de la presente providencia.
5.3. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá prohibir la realización de pruebas de motores en las instalaciones del aeropuerto Rafael Núñez. Solo en casos de emergencia se permitirá realizar esta actividad.
5.4. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para contribuir al saneamiento hídrico de Cartagena, deberá en un plazo no mayor de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, tener en operación un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar los efluentes generados en sus instalaciones y que actualmente son conectados al alcantarillado de Cartagena.
PAR.—Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar copia a este ministerio, de la solicitud de permiso de vertimientos, elevada ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) a fin de que se cumpla con la norma de vertimiento de alcantarillados, establecida en el Decreto 1594 de 1984.
5.5. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para mitigar las afectaciones ambientales generadas por los niveles de ruido originados por aeronaves en las operaciones de decolaje y aterrizaje sobre las comunidades de los barrios localizados sobre la margen izquierda del caño Juan Angola en el sector en el que se desvió su curso original, así como para mitigar el problema sanitario y de olores ofensivos generados por la contaminación en las aguas del Caño Juan Angola, deberá implementar barreras contra ruido tanto en la zona occidental del caño Juan Angola como en la zona oriental del mismo hacia la pista.
PAR.—La barrera en la zona occidental del caño deberá conformarse en la parte inferior por jarillón en tierra con una altura de dos (2) metros y sobre él conformar la barrera vegetal propuesta en el estudio de impacto ambiental, previendo que la altura total máxima incluyendo el jarillón no sobrepase los cuatro (4) metros como está previsto para no comprometer la seguridad aérea. Esta actividad deberá ser concertada con la comunidad dentro del plan de gestión social. Además se deberá prever la forma de acceso de la maquinaria que realizará el dragado permanente del caño Juan Angola en esta área.
5.6. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el manual de procedimiento de abatimiento del ruido, así como el diseño definitivo de la barrera completa para el abatimiento del ruido que se ubicará en el costado occidental del caño Juan Angola. Esta barrera complementará la que se ordena construir como medida inmediata de atenuación de los niveles de ruido.
PAR.—El diseño deberá especificar claramente los niveles de ruido que se espera abatir con su implementación, conforme a los criterios y manuales de la OACI, igualmente deberá ser plasmada en cartografía adecuada donde se indique los predios que serían intervenidos. La implementación del manual y la construcción de esta barrera, se iniciará previa aprobación del diseño por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Esta actividad deberá ser concertada con la comunidad afectada dentro del plan de gestión social.
5.7. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio de niveles de ruido con el fin de especificar y delimitar con mayor precisión las áreas y por ende la comunidad afectada por los niveles de ruido asociados con la operación del aeropuerto. Este estudio debe basarse en el modelo de simulación integrado de ruido, con y sin restricciones a las operaciones nocturnas, con y sin restricción en la operación de aeronaves de primera y segunda generación a partir del año 2000.
PAR.—Este estudio de niveles de ruido deberá plasmarse en cartografía adecuada proveniente de la oficina de planeación distrital de Cartagena, en la cual aparezca claramente la demarcación predial y de áreas comunes. Además en el programa de muestreos de campo para elaboración del estudio es importante la participación del servicio seccional de salud de Bolívar, debido a que esta entidad presentó una valoración que difiere en los niveles de ruido de acuerdo con sus análisis realizados.
5.8. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, presentar un censo predial, de acuerdo con los escenarios de niveles de ruido actual y con la implementación de las obras de mitigación o compensación planteadas. Este censo se deberá realizar identificando las unidades de vivienda, edificaciones de servicio social y comunitario sometidas a niveles de ruido superiores a los 65 db(A). La información deberá ser plasmada en cartografía predial adecuada.
PAR.—El censo de las viviendas que aun con la implementación de las obras de mitigación o compensación previstas sigan sometidas a niveles de ruido superiores a los permisibles, debe incluir como mínimo la siguiente información: tipo y calidad de edificación, forma de tenencia del inmueble, tiempo vivido en el lugar, uso del inmueble, ingresos económicos relacionados con el inmueble, grado de satisfacción de necesidades asociadas con la vivienda, tipo de familia, estatus familiar, edad, problemas más frecuentes de salud en la población, cohesión dentro de los vecinos y alternativa prevista de relocalización.
5.9. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar a este ministerio dentro del mismo plazo señalado en el numeral anterior, el diseño de las obras y medidas de mitigación o compensación adicionales, considerando la reubicación de viviendas o la implementación de las medidas físicas de control contra ruido a cada una de ellas, para aquellas zonas donde los niveles de ruido superen los permitidos por la legislación vigente aun con la implantación de todas las medidas de mitigación de ruido previstas. Estas medidas se establecerán con base en los resultados de verificación de la valoración de niveles de ruido y el censo predial.
PAR.—La implementación de estas medidas de mitigación adicionales se hará efectiva previa aprobación por parte de este ministerio. La implementación de las medidas adicionales de abatimiento de ruido deberá ser concertada con la comunidad afectada dentro del plan de gestión social.
5.10. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en coordinación con las autoridades distritales y ambientales regionales, deberá proceder a efectuar el dragado y rectificación del caño Juan Angola en el tramo correspondiente a la división de su cauce original, como mínimo en los últimos 450 metros, permitiendo el normal flujo y reflujo de sus aguas con la Ciénaga de la Virgen. Esta labor deberá incluir la apertura de la boca de salida del caño a la Ciénaga de la Virgen.
PAR. 1º—Para efectos de la ejecución del dragado, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar para aprobación de este ministerio en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el programa de dragado donde se especifique el método de dragado, teniendo en cuenta la presencia de la barrera contra ruido a implementar, como medida inmediata de abatimiento de los niveles de ruido, los sitios de disposición de sedimentos y las medidas de control de ingreso de sedimentos de la ciénaga.
5.11. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deberá proceder a reubicar los tanques de combustible de la Esso y la Texaco en el sitio propuesto en el estudio de impacto ambiental para lo cual se concede un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
PAR.—Para efectos de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá presentar para aprobación del ministerio, en un término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto, el diseño definitivo de estas instalaciones donde se detallen o especifiquen las obras y medidas para eventuales contingencias que eviten principalmente una posible contaminación de las aguas de la Ciénaga de la Virgen y los manglares anexos.
5.13. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá implementar en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un programa de reforestación y conservación del mangle y especies nativas de la región en toda la zona del aeropuerto límite con la Ciénaga de la Virgen. Para presentar este programa se concede un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de esta providencia, el cual debe contener especies a utilizar, densidad de siembra, suministro de material, tratamientos silviculturales, tipo de siembra, áreas a reforestar cartografiadas y georeferenciadas, incluyendo cronograma de ejecución, costos y convenios interinstitucionales, que se establezcan para tal fin, así como las estrategias a utilizar para vincular a la comunidad afectada por la operación del aeropuerto para que participe activamente.
5.14. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil una vez aprobado el programa de reforestación y efectuada la citada actividad deberá mantener y conservar las áreas reforestadas y las áreas del manglar.
5.15. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deberá presentar a este ministerio para la operación del aeropuerto Rafael Núñez en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, un programa de monitoreo que contemple una red de monitoreo que haga seguimiento a los indicadores ambientales calidad de aguas, calidad de aire y niveles de ruido en los alrededores del aeropuerto y que involucre las posibles afectaciones en la calidad de las aguas de la Ciénaga de la Virgen, en la salud de la población residente en las áreas aledañas al aeropuerto, los indicadores de calidad de aguas deben incluir entre otros DBO, S.S., grasas y aceites y coliformes fecales y totales; en calidad del aire HC, CO, y NOx. Esta información deberá indicar claramente los sitios de monitoreo de cada indicador, la frecuencia y la forma de reportar al ministerio en el informe de interventoría semestral, el balance o evolución en la calidad ambiental del área.
5.16. La red de monitoreo, en lo referente a aguas superficiales, aguas subterráneas, ruido y calidad de aire, deberá empezar a funcionar máximo seis (6) meses después de la ejecutoria de la presente resolución.
5.19. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá actualizar los costos del control ambiental para el proyecto como para la operación del aeropuerto, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos hechos en la presente providencia.
5.20. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deberá presentar a este ministerio en un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio de factibilidad para la construcción de un aeropuerto alterno al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el cual debe tener en cuenta los estudios hasta el momento realizados y deberá contemplar entre otros, criterios de desarrollo regional y nacional, que permitan solucionar de forma integral el déficit en la infraestructura de comunicación en varias localidades como Mompox, Magangué, Carmen de Bolívar, Villanueva, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, María La Baja, entre otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO 200
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.
El Ministerio del Medio Ambiente,
en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 y
ART. 2º—Modificar el numeral 5.4 del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996, el cual quedará así:
5.4. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para contribuir al saneamiento hídrico de Cartagena, deberá en un plazo no mayor de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, tener en operación un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar los efluentes generados en sus instalaciones, especialmente de los hangares, bodegas, lavados de aeronaves y vehículos y que son vertidos junto con las aguas lluvias a la Ciénaga de la Virgen.
ART. 3º—Modificar el numeral 5.5 y su parágrafo del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996, el cual quedará así:
5.5. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para mitigar las afectaciones ambientales generadas por los niveles de ruido originadas por aeronaves en las operaciones de decolaje y aterrizaje sobre las comunidades de los barrios localizados sobre la margen izquierda del caño Juan Angola en el sector en el que se desvió su curso original, así como para mitigar el problema sanitario y de olores ofensivos generados por la contaminación en las aguas del caño Juan Angola, deberá implementar como medida inmediata las barreras contra ruido en la zona del mismo caño hacia la pista.
PAR.—La barrera en la zona oriental del caño Juan Angola, deberá conformarse en la parte inferior por jarillón en tierra con una altura que no podrá ser inferior a 1.5 metros y sobre dicho jarillón, conformar la barrera vegetal, previendo que la altura total máxima incluyendo el jarillón no sobrepase los cuatro (4) metros como está previsto para no comprometer la seguridad del área. Esta actividad deberá ser concertada con la comunidad dentro del plan de gestión social, además se deberá prever la forma de acceso de la maquinaria que realizará el dragado permanente del caño Juan Angola en esta área. En un (1) mes se deberá presentar a este ministerio el diseño definitivo de esta barrera; así como deberá implementar además las correspondientes obras de contención de taludes que garanticen la estabilidad del jarillón y que su construcción no genere afectaciones sobre el caño Juan Angola.
ART. 4º—Modificar el numeral 5.7 y su parágrafo del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996, el cual quedará así:
5.7. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deberá presentar un plazo máximo de siete (7) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio de niveles de ruido con el fin de especificar y delimitar con mayor precisión las áreas y por ende la comunidad afectada por los niveles de ruido asociados con la operación del aeropuerto. Este estudio debe basarse en el modelo de simulación de ruido más actualizado para los diferentes escenarios de simulación de mitigación de ruido, a saber, con barrera y sin barrera de abatimiento de ruido, con y sin restricciones a las operaciones nocturnas, con o sin restricción en la operación de aeronaves de primera y segunda generación a partir del año 2000.
PAR.—Este estudio de niveles de ruido deberá plasmarse en cartografía adecuada proveniente de la oficina de planeación distrital de Cartagena, en la cual aparezca claramente la demarcación predial y de áreas comunes. Además en el programa de muestreos de campo para elaboración del estudio es importante la participación del secretario seccional de salud de Bolívar, con el objeto de confrontar la valoración de ruido presentada por dicho servicio seccional de salud y la presentada por la Aeronáutica Civil dentro del estudio de impacto ambiental.
ART. 5º—Modificar los numerales 5.13 y 5.14 del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996, los cuales quedarán así:
5.13. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deberá implementar en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un programa de protección y conservación del mangle y especies nativas de la región en toda la zona del aeropuerto límite con la Ciénaga de la Virgen. Para presentar este programa se concede un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, donde se incluya un cronograma de ejecución, costos y convenios interinstitucionales que se establezcan para tal fin, así como las estrategias a utilizar para vincular a la comunidad afectada por la operación del aeropuerto para que participe activamente.
5.14. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, una vez aprobado el programa de protección y conservación del manglar y especies nativas de la región, deberá proceder a su ejecución.
ART. 6º—Modificar los numerales 5.15 y 5.16 del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996, los cuales quedarán así:
5.15. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deberá presentar a este ministerio para la operación del Aeropuerto Rafael Núñez en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, un programa de monitoreo que contemple una red de monitoreo que haga seguimiento a los indicadores ambientales calidad de aguas, calidad de aire y niveles de ruido en los alrededores del aeropuerto y que involucren las posibles afectaciones en la calidad de las aguas de la Ciénaga de la Virgen, en la salud de la población residente en las áreas aledañas al aeropuerto; los indicadores de calidad de aguas deben incluir entre otros DBO, S.S., grasas y aceites y coliformes fecales y totales; en la calidad del aire HC, CO y NOx. Esta información deberá indicar claramente los sitios de monitoreo de cada indicador, la frecuencia y la forma de reportar al ministerio en el informe de interventoría semestral el balance o evolución de la calidad ambiental del área.
5.16. La red de monitoreo, en lo referente a aguas superficiales, ruido y calidad de aire, deberá empezar a funcionar máximo ocho (8) meses después de la ejecutoria de la presente providencia.
ART. 7º—Los demás términos y condiciones establecidas en la Resolución 1168 de 31 de octubre de 1996 emanada del Ministerio del Medio Ambiente continúan plenamente vigentes.
1. La procedencia de la acción de nulidad respecto de los actos de concesión de una licencia ambiental (L. 99/93, art. 73).
En el presente caso la acción de nulidad es procedente puesto el artículo 73 de la Ley 99 de 1993 la establece contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela una licencia ambiental.
El tenor literal de este precepto es como sigue:
“ART. 73.—De la conducencia de la acción de nulidad. La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”.
2. La derogación parcial de las resoluciones 1168 de 1996 y 200 de 1997, en virtud de la expedición del Decreto 2564 de 1999 y de la Resolución 574 de 22 de mayo de 2003.
Mediante el artículo 2º del Decreto 2564 de 23 de diciembre de 1999, el Gobierno Nacional derogó expresamente el numeral 5.1 del artículo 5º de la Resolución 1168 de 1996 y demás normas que le resultaren contrarias.
Mediante Resolución 574 de 22 de mayo de 2003 el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó parcialmente los artículos 3º, numeral 3.2, 5º numerales 5-3, 5-6, 5-9 y 5-19 y 6º de la Resolución 1168 de 1996; revocó los numerales 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18 y 5.20 de su artículo 5º y modificó el artículo 4º de la Resolución 200 de 1997.
Aun así, siguiendo los criterios jurisprudenciales que han orientado a la Sala (1) en los casos de derogación y decaimiento de los actos administrativos, es procedente hacer un análisis de fondo, sea estimatorio o desestimatorio de las pretensiones, mas no inhibitorio, en consideración a los efectos que pudieron haber producido los actos administrativos controvertidos en el lapso dentro del cual estuvieron vigentes y gozaron de presunción de legalidad.
3. El examen concreto de los cargos.
En lo esencial, las acusaciones controvierten la competencia del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto sometió la licencia ambiental para las obras de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez a la condición de que se cumplieran las obligaciones de restricción de la operación aérea, reforestación, saneamiento ambiental del caño Juan Angola y mitigación de la contaminación sonora. Estima la actora que al establecer dicha condición, el ministerio extralimitó sus atribuciones o invadió las competencias de otras autoridades, en particular las que en materia de regulación del servicio aeronáutico incumben a la Aeronáutica Civil.
Enseguida pasan a examinarse:
3.1. Cargos contra la obligación de reforestar con especies nativas un área de 15 hectáreas como mínimo sobre las márgenes de la vía de acceso por construir y las áreas adyacentes a la plataforma oriental (Res. 1168, art. 3º, num. 3-2).
Según el artículo 1º del Decreto 1753 de 1994 son medidas de mitigación las “obras o actividades encaminadas a atenuar o minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural”. Medidas de compensación son las “obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, regiones y localidades por los impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados”.
Cierto es que en concepto técnico 420 de 15 de junio de 1995 la dirección ambiental sectorial del Ministerio del Medio Ambiente señaló:
“Del reconocimiento efectuado se puede afirmar que la primera fase del plan maestro del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias tendrá un impacto reducido, si se tiene en cuenta que está ubicado en este sector desde 1957, que opera en una zona residencial altamente intervenida y que sus obras e impactos son de carácter puntual (sic), temporal y controlables”.
Y que en concepto técnico 531 de 4 de octubre de 1996 la dirección ambiental sectorial del Ministerio del Medio Ambiente expresó:
“Los impactos ambientales durante la construcción de la plataforma oriental y vía de acceso presentados en el estudio de impacto ambiental son de carácter secundario, de acuerdo con su magnitud y su carácter temporal. Considerando los dos sectores de vegetación analizada en el estudio, el área total del manglar asociado al área del proyecto que hay que intervenir es prácticamente ninguna, debido a que se plantea realizar cortes y solamente se involucran áreas con vegetación rastrera”.
Empero, tales conceptos no desvirtúan las razones expuestas por la dirección ambiental sectorial como fundamento de la obligación de reforestar, reiteradas en la Resolución 200 de 12 de marzo de 1997 al resolver el recurso de apelación, lo que demuestra que dicha medida no careció de motivación. Además no es cierto que las medidas de mitigación o compensación únicamente procedan cuando los impactos de la obra sean negativos. Basta con que la obra o actividad produzcan impactos sobre el entorno humano o natural o que estos no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados. En la citada resolución se lee:
“Reitera la dirección ambiental sectorial que el área a intervenir en el desarrollo del proyecto se estableció en 15 hectáreas, conforme se establece en la página 95 del estudio de impacto ambiental, área que en la actualidad está cubierta de vegetación arbustiva y rastrera.
Que en consecuencia, la ejecución del proyecto genera modificaciones notorias en el paisaje natural y lleva implícito el cambio en el uso y aprovechamiento del suelo, razón por la cual este ministerio, dentro de las condiciones y obligaciones para otorgar la licencia ambiental impuso al beneficiario de la misma, como medida de compensación, la implementación de un plan de manejo paisajístico y repoblación forestal en un área equivalente a la intervenida y que corresponde a 15 hectáreas.
Con respecto a la afirmación del recurrente que el proyecto no requiere la imposición de medidas de compensación, se debe aclarar que no es válida, por cuanto el área a ocupar para el emplazamiento de la infraestructura del proyecto está cubierta actualmente por vegetación y que, por ende, forma parte de un proceso de sucesión vegetal que a través del tiempo y de manera natural da origen a vegetación de mayor desarrollo que cumpliría una función ecológica.
Que por lo tanto, al autorizar el cambio en el uso del suelo, se elimina la evolución de este proceso natural y, por tanto, se hace indispensable fomentar el desarrollo de este ciclo natural en otras áreas, mediante la imposición de medidas de compensación.
3.2. La prohibición de operar aeronaves de primera y segunda generación en los horarios nocturnos entre las 9:00 p.m. y las 6 a.m. (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5-2).
Advierte la Sala que si bien es cierto que el parágrafo segundo del artículo 57 del Decreto 948 de 1995 faculta a las autoridades ambientales para establecer prohibiciones o restricciones a la operación nocturna de vuelos en aeropuertos internacionales, exige hacerlo en coordinación con las autoridades aeronáuticas. Así se infiere inequívocamente de su tenor literal, que es como sigue:
“ART. 57.—Ruido de aeropuertos. En las licencias ambientales que se otorguen para el establecimiento, construcción y operación de nuevos aeropuertos, la autoridad ambiental competente determinará normas para la prevención de la contaminación sonora relacionada con los siguientes aspectos:
a) Distancia de las zonas habitadas a las pistas de aterrizaje, carreteo y zonas de estacionamiento y de mantenimiento;
PAR. 1º—La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas de mitigación de ruido para aeropuertos existentes y normas de amortiguación del ruido eventual, cuando se prevean ampliaciones de sus instalaciones de operación aérea o incrementos de tráfico.
PAR. 2º—El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades aeronáuticas, podrá establecer prohibiciones o restricciones a la operación nocturna de vuelos en aeropuertos internacionales, que por su localización perturben la tranquilidad y reposo en zonas habitadas. Las demás autoridades ambientales competentes tendrán la misma facultad para los aeropuertos nacionales”.
Según el Diccionario de la Lengua Española “coordinar” significa “concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común”. El Ministerio del Medio Ambiente debió consultar la opinión de la UAEAC y buscar una concertación en torno a esta medida. Puesto que no lo hizo, fuerza es, entonces, concluir que no ejerció la referida atribución en coordinación con la UAEAC. Se impone, por tanto, anular la prohibición de operar aeronaves de primera y segunda generación en los horarios nocturnos entre las 9:00 p.m. y las 6: a.m.
3.3. La prohibición de operar aeronaves de primera y segunda generación a partir del 1º de enero del año 2000 (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5-1).
Las restricciones o prohibiciones que el parágrafo segundo del artículo 57 del Decreto 948 de 1995 faculta establecer a la autoridad ambiental para mitigar el ruido se circunscriben a la operación nocturna de vuelos internacionales. En ningún caso le permiten adoptar medidas prohibitivas en relación con la operación diurna de vuelos internacionales.
En esas condiciones la Sala considera que al establecer el Ministerio del Medio Ambiente esta prohibición absoluta que restringe la operación aérea ciertamente incurrió en extralimitación de funciones pues según los artículos 1782 del Código de Comercio, 47 de la Ley 105 de 1993, 3º, 5º numerales 2º, 3º y 5º del Decreto 2724 de 1993 la regulación de los aspectos técnicos del servicio aeronáutico es propia del reglamento aeronáutico, que compete expedir al director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Así lo dejó claramente definido esta corporación en sentencia de 6 de febrero de 1981, en la que acerca del ámbito de competencia del reglamento aeronáutico que compete dictar al director de ese departamento administrativo, señaló:
“En cuanto a la reglamentación técnica, para dictarla se les da competencia a los funcionarios administrativos de nivel medio, debido a las exigencias complejas de la administración en aspectos tan diversos, algunos de los cuales requieren decisiones que se escapan a los conocimientos del gobierno.
... Resulta incuestionable para la Sala que el reglamento aeronáutico ... debe ocuparse de regular los aspectos técnicos del servicio aeronáutico y esta conclusión está implícita en el numeral l) del artículo 3º de la Ley 3ª de 1977, que expresa que el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para el cumplimiento de su objeto tiene como función “dirigir, regular, coordinar y controlar las actividades de aeronáutica civil, privada o estatal, nacional o internacional, que se desarrollen en espacio sometido a la soberanía nacional” (2) .
Es claro, entonces, que el Ministerio del Medio Ambiente carece de competencia para prohibir la operación de aeronaves de primera y segunda generación, ya que esta materia es propia del reglamento aeronáutico que compete expedir al director de la UAEAE (sic) según los artículos 1782 del Código de Comercio, 47 de la Ley 105 de 1993, 3º y 5º, numerales 2º, 3º y 5º del Decreto 2724 de 1993. Se impone, por tanto, declarar su nulidad.
3.4. La prohibición de realizar pruebas de motores en las instalaciones del aeropuerto (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5.3).
A más de las razones expuestas, enteramente predicables de la prohibición en examen, le asiste razón a la actora al poner de presente que esta medida ya había sido adoptada con plena competencia legal por la UAEAC, mediante Circular de Información Aeronáutica A.C.I. 5 de agosto de 1995, que modificó las normas aeronáuticas relacionadas con el uso de la plataforma de pasajeros y carga del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena y estableció normas de abatimiento de ruido y protección en plataforma.
3.5. Obligación de presentar un estudio de factibilidad para la construcción de un aeropuerto alterno al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5.20).
No es del resorte de la autoridad ambiental el señalamiento de la necesidad o conveniencia de construir un aeropuerto alterno. Se anulará esta obligación pues su contenido es del todo ajeno a la materia ambiental que constituye el ámbito material de ejercicio válido de competencias del Ministerio del Medio Ambiente.
3.6. La obligación de efectuar el dragado y rectificación del caño Juan Angola en coordinación con las autoridades distritales y ambientales regionales (Res. 1168/96, num. 5.10).
La Sala comparte el razonamiento con que el Ministerio del Medio Ambiente resolvió el recurso de apelación confirmando esta medida, pues aun cuando es cierto que la contaminación del caño Juan Angola y los problemas de olores ofensivos allí existentes datan de tiempo atrás y no son atribuibles en forma exclusiva a las obras de ampliación del aeropuerto, también lo es que la desviación de su cauce original para ampliar la pista contribuyó a agravar el problema de contaminación ambiental.
Así lo estableció esta corporación en sentencia de 24 de agosto de 2001, al proteger en acción popular incoada por el personero distrital de Cartagena el derecho colectivo a un ambiente sano de los habitantes de los barrios Siete de Agosto y San Francisco, sectores de Loma Vidrio y Rincón Guapo, vulnerado como consecuencia de la exacerbación del problema de contaminación con aguas negras del caño Juan Angola a causa de la construcción del canal paralelo a la pista del aeropuerto y por la contaminación sonora causada por el ruido de los aviones que por los trabajos de ampliación, pasan más cerca de las viviendas.
A propósito de esta problemática en la sentencia en cita se consignó el siguiente análisis:
“La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil también ha contribuido a agravar el problema de la contaminación ambiental, debido a que al ejecutar las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Rafael Núñez afectó la conexión que existía entre el caño Juan Angola y la Ciénaga de la Virgen, impidiendo la oxigenación de las aguas.
Corrobora la anterior conclusión, el estudio realizado por la firma ECSAM Consultores Limitados, sobre “Impacto ambiental de la plataforma oriental y plan de manejo del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena”, en el cual consta que:
Con la construcción de la pista actual, hubo necesidad de desviar el curso natural del caño Juan Angola (sentido oriental) para permitir la realización de las obras, lo cual originó un nuevo canal con sentido sur, pero se dejó una obra para una comunicación pequeña pero activa de aguas.
Posteriormente, esta conexión fue clausurada por motivos de seguridad del aeropuerto luego de un atentado, con lo cual la comunicación de aguas solo quedó básicamente por el nuevo canal cuya longitud de desvío alcanza los 1.100 metros.
Y con fundamento en las pruebas allegadas concluyó:
“... De los hechos y pruebas examinados se aprecia que la solución para descontaminar el caño Juan Angola y el canal paralelo consiste en asegurar su interconexión con la ciénaga y el mar, y la supresión definitiva de los vertimientos de aguas servidas y desechos sólidos al cauce del caño y canal paralelo. Es indispensable que se realicen las obras de alcantarillado necesarias para eliminar de manera inmediata los vertimientos de aguas negras al caño Juan Angola y al canal paralelo a la pista del aeropuerto, efectuando las conexiones a que haya lugar y la reparación de las tuberías que están rotas; una vez cumplida esta primera etapa, debe precederse a la limpieza y dragado del caño y el canal, y finalmente, deben realizarse las obras necesarias para la interconexión eficiente del caño con la Ciénaga de la Virgen y el mar, para garantizar la oxigenación de sus aguas. Una vez corregida esta situación se debe adelantar una campaña de educación ambiental entre los habitantes del sector, por parte de las autoridades ambientales, a fin de que cesen en sus prácticas depredadoras del medio ambiente, sin perjuicio de que se ejerzan por parte de las autoridades competentes las funciones de policía.
Por lo anterior se ordenará que a partir de la notificación de esta providencia Acuacar S.A. inicie las obras necesarias para eliminar los vertimientos de aguas negras al caño Juan Angola y al canal paralelo a la pista del aeropuerto, repare las tuberías de alcantarillado que se encuentran rotas, instale los tramos en los sectores donde haga falta y realice las obras de dragado (distintas de las que corresponden a la Aeronáutica Civil) y demás que sean necesarias (relimpia) para mantener la interconexión del caño Juan Angola con la Ciénaga de la Virgen.
Se impondrá igualmente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que efectúe el dragado y rectificación del caño Juan Angola en la parte correspondiente a la desviación del cauce original y los 450 mts, que conectan con la Ciénaga la Virgen y se le prevendrá para que cumpla la obligación de efectuar un dragado anual tal como fue dispuesto por el Ministerio del Medio Ambiente” (3) .
Por tanto, se justifica que, en coordinación con las autoridades locales, Aerocivil deba efectuar las labores de rectificación y dragado periódico especialmente en los últimos 450 mts, como lo impuso la obligación recurrida. El cargo no prospera.
3.7. La obligación de implementar barreras contra ruido en la zona occidental del caño Juan Angola como en la zona oriental del mismo hacia la pista (Res. 200/97, art. 3º que modificó el num. 5.5, par. del art. 5º de la Res. 1168/96).
3.8. Las obligaciones de presentar el diseño de la barrera completa para el abatimiento del ruido en el costado occidental del caño Juan Angola; un estudio de los niveles de ruido y un manual de procedimiento de abatimiento del ruido (Res. 1168/96, art. 5º, nums. 5.6 y 5.7, modificados por el art. 3º de la Res. 200/97).
Para la Sala es claro que al establecer estas medidas el Ministerio del Medio Ambiente ejerció las competencias que en materia ambiental le corresponden conforme a la Ley 99 de 1993, pues indudablemente apuntan a mitigar los niveles de contaminación sonora y la afectación del derecho a un ambiente sano de los habitantes de los barrios contiguos al aeropuerto, cuya vulneración quedó comprobada plenamente en la ya citada sentencia de 24 de agosto de 2001 que a este respecto, sostuvo:
“Contaminación sonora. Afirma el demandante que la contaminación sonora es producida por el ruido de los aviones y señala como responsable a la Aeronáutica Civil, debido a que cuando ejecutó los trabajos de ampliación de la pista del aeropuerto Rafael Núñez, no construyó las barreras protectoras para aislar el ruido, según lo ordenó el Ministerio del Medio Ambiente en la Resolución 1168 de 1996, por medio de la cual le otorgó licencia ambiental para ejecutar dichas obras.
La citada resolución en su artículo 5º, numeral 5.5, dispuso:
“5.5. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para mitigar las afectaciones ambientales generadas por los niveles de ruido originados por aeronaves en las operaciones de decolaje y aterrizaje sobre las comunidades de los barrios localizados sobre la margen izquierda del caño Juan Angola en el sector en que se desvió su curso original, así como para mitigar el problema sanitario y de olores ofensivos generados por la contaminación de las aguas del caño Juan Angola deberá implementar barreras contra ruido tanto en la zona occidental del caño Juan Angola como en la zona oriental del mismo hacia la pista.
PAR.—La barrera en la zona occidental del caño deberá conformarse en la parte inferior por jarillón en tierra con una altura de 2 metros y sobre él conformar la barrera vegetal propuesta en el estudio de impacto ambiental, previendo que la altura total máxima, incluyendo el jarillón no sobrepase los 4 metros como está previsto para no comprometer la seguridad aérea. Esta actividad deberá ser concertada con la comunidad dentro del plan de gestión social. Además se deberá prever la forma de acceso de la maquinaria que realizará el dragado permanente del caño Juan Angola en esta área.
5.6. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el manual de procedimientos de abatimiento del ruido, así como el diseño definitivo de la barrera completa para el abatimiento del ruido que se ubicará en el costado occidental del caño Juan Angola. Esta barrera complementará la que se ordena construir como medida inmediata de atenuación de los niveles de ruido.
PAR.—El diseño deberá especificar claramente los niveles de ruido que se espera abatir con su implementación, conforme a los criterios y manuales de la OACI, igualmente deberá ser plasmada en cartografía adecuada donde se indique los predios que serían intervenidos. La implementación del manual y la construcción de esta barrera se iniciará previa aprobación del diseño por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Esta actividad deberá ser concertada con la comunidad afectada dentro del plan de gestión social”.
Así mismo, ordenó a la Aeronáutica Civil, que dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de dicha resolución, elaborara un estudio de impacto de ruido conforme a especificaciones que se detallan en la misma, y le ordenó que dentro del mismo plazo presentara el diseño de las obras y medidas de mitigación o compensación adicionales, considerando la reubicación de viviendas o la implementación de las medidas físicas de control contra ruido a cada una de ellas, para las zonas en donde los niveles de ruido superen los permitidos por la legislación vigente.
A su vez, el estudio realizado por ECSAM Consultores Limitada sobre “Impacto ambiental de la plataforma oriental y plan de manejo del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena” para la Aeronáutica Civil, contempla varias alternativas tendientes a mejorar progresivamente el abatimiento de los actuales niveles de ruido, en el sector más inmediato al sector sur de la pista, entre las que se encuentran las siguientes:
1. Reforestar el área entre la malla que separa la pista del caño Juan Angola.
2. Colocar temporalmente barreras artificiales metálicas, en madera o cualquier otro material cuya altura y dimensiones están en el estudio, mientras que las barreras vegetales propuestas alcanzan las alturas ideales para actuar como barreras de atenuación contra el ruido.
3. Conformación de un jarillón cuya altura alcanzaría los cuatro metros.
4. Compra de los predios de la primera manzana más próxima al caño Juan Angola, tal como se recomienda en normas internacionales cuando se presentan viviendas o instalaciones en las cercanías de los terminales aéreos.
Además de las mencionadas, el estudio contempla otras medidas complementarias que se relacionan con las aeronaves y que consisten en ir sacando de operación aquellas que corresponden a la primera generación, o implementar silenciadores u otros aditamentos en los motores o turbinas para reducir los niveles altos de ruido.
Así las cosas, observa la Sala que existen múltiples y variadas alternativas para dar solución a la problemática de contaminación sonora, que han debido ser implementadas por la Aeronáutica Civil, dentro de los términos establecidos en la Resolución 1168 de 1996, pero que esta entidad incumplió, con lo cual ha causado un grave problema de contaminación ambiental y sonora a los habitantes de los barrios San Francisco y Siete de Agosto, que es preciso hacer cesar de inmediato, ordenando a la entidad responsable de dicha contaminación que a partir de la notificación del presente fallo proceda a adquirir las viviendas que se encuentran más próximas a la pista y a colocar una barrera artificial de 4 metros de altura para proteger a los demás habitantes del sector de los ruidos producidos por el tráfico de las aeronaves.
El apoderado de la actora sostiene que de introducirse una barrera de las características señalas en el numeral 5.5 de la Resolución 1168, modificado por el artículo 3º de la Resolución 200, la obra quedaría dentro de la zona de seguridad del aeropuerto, lo que comprometería la seguridad de las operaciones aéreas y representaría una infracción a las reglas internacionales de seguridad contenidas en el capítulo 4º del anexo 14 volumen I de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), relacionadas con la aplicación de superficies limitadoras de obstáculos.
Ello, porque con tal medida la zona de seguridad disminuiría en 70 metros, ya que pasaría de 150 a 80 metros, con lo cual, además, se rebajaría la categoría del aeropuerto, pasando de la 4D a la 2D, es decir, que se restringiría la operación de las flotas de Avianca, Aerorepública, Intercontinental de Aviación y de las aerolíneas de turismo internacional.
La Sala no encuentra fundada esta objeción, pues la reubicación de las viviendas que se examina en el siguiente acápite, precisamente asegura que la dimensión de la zona de seguridad pueda mantenerse.
3.9. La obligación de presentar un censo predial identificando las unidades de vivienda y las edificaciones de servicio social y comunitario sometidas a niveles de ruido superiores a 65 dB así como un plan de reubicación (Res. 1168/96, art. 5º, nums. 5.8 y 5.9).
A más de las consideraciones consignadas en precedencia, a propósito de las obligaciones relacionadas con el levantamiento del censo predial para efectos de reubicar las viviendas sometidas a niveles de ruido superiores a los permitidos, la Sala pone de presente que la Aerocivil no puede excusar su responsabilidad alegando que los habitantes de las viviendas que sufren el riesgo o amenaza a la salubridad generada por la contaminación sonora en niveles superiores a los permitidos son responsables de su causación por tratarse de asentamientos ilegales, pues la violación de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, ni del deber de concurrir a contrarrestar las condiciones que exacerban su afectación, como ocurre en este caso al haberse incrementado los niveles de ruido por la mayor cercanía de las viviendas a la pista, como consecuencia de su ampliación. Cosa distinta es que también resulte inaceptable que deriven provecho de su proceder ilegal, y que las autoridades del distrito turístico deban concurrir ejerciendo las competencias para hacer realidad la solución de vivienda que posibilite su reubicación.
3.10. La obligación de tener en operación un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar los efluentes generados en las instalaciones del aeropuerto, específicamente de los hangares, bodegas, lavado de aeronaves y vehículos y que son vertidos junto con las aguas lluvias a la Ciénaga de la Virgen; y de presentar solicitud de permiso de vertimientos ante Cardique (Res. 1168, art. 5º, num. 5-4 y par. modificado por el art. 2º de la Res. 200/97).
En oficio SACSA-CG-398 de 23 de octubre de 1997 el concesionario del Aeropuerto Rafael Núñez certificó que en sus instalaciones no se realiza ninguna actividad de lavado de aeronaves, vehículos o de mantenimiento de aeronaves.
En el dictamen pericial consta lo siguiente:
“... Se pudo observar en los hangares ubicados en la margen izquierda entrando de la plataforma, que existen manchas de hidrocarburos. También se apreció un tanque de ACPM y un surtidor de combustible ubicado en los predios de la empresa Deprisa y también se deja como constancia que no se apreció lavado de aeronaves en el instante de la diligencia.
Por lo anterior, es evidente que en el momento en que ocurra una escorrentía producto de las aguas lluvias, esta agua se contaminará de hidrocarburos ya sea que estos sean producto de goteos o de descuido eventual en el mantenimiento u operación de cualquier equipo utilizado para la labor aeroportuaria.
Durante la inspección no se pudo observar cualquier tipo de medida de mitigación para tal fin, como trampas o sistema de tratamiento alguno” (4) .
La Sala encuentra acertada esta apreciación de los peritos, pese a los reparos planteados por el apoderado de la actora en su alegato de conclusión, pues si en gracia de discusión fuese cierto que se trató de una ligereza, ha debido objetarlo por error grave en la oportunidad procesal correspondiente.
La construcción de una trampa de grasas no desvirtúa la necesidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar las aguas lluvias con grasas y aceites antes de su vertimiento a la Ciénaga de la Virgen. Por tanto, no prospera el cargo en que se sustenta la nulidad del numeral 5.4 de la Resolución 1168. Se reitera que la circunstancia de que el estudio ambiental contemple la construcción de una trampa de grasas no descarta el cumplimiento de esta obligación.
En cambio, tiene razón la actora al sostener que carece de fundamento la obligación impuesta por el ministerio de presentar solicitud de permiso de vertimientos de residuos líquidos ante Cardique, pues en oficio 995 de 4 de octubre de 1996 esa entidad conceptuó que dicho permiso no se precisa, por tratarse de aguas residuales domésticas que se descargan al alcantarillado municipal. En dicho oficio se lee:
“... En lo que se refiere a los vertimientos de residuos líquidos del aeropuerto, no se requiere de permiso de vertimientos porque se trata de los residuos de las instalaciones que están conectadas al alcantarillado municipal así como también los residuos líquidos provenientes de los vuelos que se manejen con un punto de excretas y se encuentran conectados a las redes del alcantarillado del terminal.
El destino final de esta agua aquí recolectadas es la Ciénaga de la Virgen...”.
Se revocará el parágrafo del artículo 5º en cuanto la exigencia del permiso de vertimientos es a todas luces infundada.
3.11. Obligación de implementar un programa de reforestación y conservación del mangle y especies nativas de la región en toda la zona del aeropuerto límite con la Ciénaga de la Virgen; y de presentar un diseño definitivo de las instalaciones del aeropuerto donde se detallen las obras y medidas para eventuales contingencias que eviten una posible contaminación de las aguas en la Ciénaga de la Virgen y los manglares anexos (Res. 1168/96, art. 5º, nums. 5.13 y 5.14).
3.12. Obligación de presentar un programa de monitoreo que contemple una red que haga seguimiento a los indicadores ambientales de calidad de aguas, calidad de aire y niveles de ruido en los alrededores del aeropuerto y que involucre las posibles afectaciones en la calidad de las aguas de la Ciénaga de la Virgen y en la salud de la población residente en las áreas aledañas al aeropuerto, red que deberá empezar a funcionar máximo ocho meses después de la ejecutoría de la resolución (Res. 1168/96, art. 5º, nums. 5.15 y 5.16).
3.13. Obligación de actualizar los costos del control ambiental para el proyecto como para la operación del aeropuerto teniendo en cuenta los requerimientos de la resolución (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5.19).
Advierte la Sala que estas obligaciones resultan como consecuencia de las principales impuestas con miras a la preservación del medio ambiente, los ecosistemas y el paisaje. No halla la Sala fundamento alguno en las acusaciones que en contra de su establecimiento se formulan. Por el contrario, a su juicio constituyen cabal expresión de las competencias que le corresponde ejercer al Ministerio del Medio Ambiente conforme a la Ley 99 de 1993 para adoptar medidas preventivas tendientes a preservar el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje. Por lo demás, se advierte que la actora disiente de su conveniencia técnica o su viabilidad, argumentos que per se no evidencian su ilegalidad.
3.14. Obligación de presentar un plan de manejo ambiental para efectos de la operación integral del aeropuerto sujeto al cumplimiento del estudio ambiental presentado y de las obligaciones establecidas en el artículo 5º (Res. 1168/96, art. 4º).
Además de la consideración expuesta en precedencia, advierte la Sala que el deber de presentar un plan de manejo ambiental sujeto al estudio ambiental y al cumplimiento de las obligaciones cuya legalidad se controvierte, no desaparece por la declaración de nulidad que recaiga en algunas de tales obligaciones pues no existe un nexo causal que las haga dependientes; por el contrario, se trata de deberes cuya ejecución puede cumplirse en forma autónoma e independiente.
3.15. Obligación de reubicar los tanques de combustible de propiedad de la Esso y Texaco en el sitio propuesto en el estudio de impacto ambiental (Res. 1168/96, art. 5º, num. 5.11).
Tiene razón la actora al poner de presente que los tanques de combustible cumplen con las normas internacionales de seguridad como lo demuestran las pólizas vigentes, amén de no haberse demostrado que su reubicación se requiera por razones de seguridad o ambientales. A ello se suma que, aun si su reubicación se hubiese sustentado técnicamente, los gastos de traslado correrían de cuenta de las empresas Esso y Texaco, propietarias de los tanques.
1. DECLÁRASE LA NULIDAD de los numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.11 y parágrafo y 5.20 del artículo 5º de la Resolución 1168 de 31 de octubre de 1996, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).
La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 20 de agosto de 2004».
(1) Cfr., entre otras, las sentencias de 3 de agosto de 2000 (Exp. 5722) y de 30 de noviembre de 2000 (Exp. 5681), C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(2) C.P. Jacobo Pérez Escobar. Expediente 3175. Actor Jorge Vélez García.
(3) C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación AP-0006. Actor: Personería Distrital de Cartagena.
(4) Folio 311.

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