Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-42419-de-enero-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_db22e9f3c73701f8e0430a01015101f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 06:22:52+00:00

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CONTENIDO:PENSIÓN DE VEJEZ DE ORIGEN CONVENCIONAL – MORA. CUANDO UNA PENSIÓN DE VEJEZ ES RECONOCIDA POR ORIGEN CONVENCIONAL, ES IMPROCEDENTE IMPONER CONDENA POR INTERESES MORATORIOS, DADO QUE, LOS INTERESES DE MORA SOLO PROCEDEN EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES ESTABLECIDAS LEGALMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO, CONVENCIÓN COLECTIVA, PENSIÓN DE VEJEZ, MESADA PENSIONAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO
EXTRACTOS: «V. Primer cargo
“Acuso la sentencia (....) por la causal primera (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como violación de normas fin; y los artículos 27, 28 y 30 del Código Civil como violación de normas medio”.
En la demostración del cargo, en resumen asevera, que la postura interpretativa del tribunal en torno a la inaplicación de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las pensiones de origen convencional, es ilegal e inconstitucional porque arbitrariamente vulnera el derecho de igualdad.
Refiere luego, con exactitud, las mesadas pensionales que no les fueron canceladas oportunamente a los recurrentes, con fin de indicar que así se les causaron graves daños y perjuicios a ellos y a sus familiares.
Trascribe parcialmente el multicitado artículo 141 y afirma que su claro tenor “ha caído en un oscurantismo y confusión de interpretación de tipo legal”, que debe dilucidarse “dentro de un sano y equilibrado ejercicio de hermenéutica jurídica”, conforme a las reglas básicas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 del Código Civil que también trascribe.
Indica que se actúa de manera arbitraria si se encasilla la interpretación de la norma “tan solo al tenor literal”, porque de esa manera se deja de consultar su espíritu que incluso debe buscarse en “el compendio de otras normas legales o constitucionales que nos ayuden a aclarar su significado, como sería el caso de los artículos 13, 46 y 53 de la Constitución Nacional”.
Acusa que la interpretación del ad quem según la cual el artículo 141 ibídem aplica a partir del 1º de abril de 1994, únicamente para las pensiones otorgadas bajo el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, mas no a las pensiones convencionales, “rompe con la filosofía jurídica y social por la cual fue diseñada (...) pues su finalidad específica es proteger a todos los pensionados de los graves perjuicios que se les ocasionan por la tardanza arbitraria e irresponsable en que incurren las empresas o las entidades de seguridad social en el pago de las mesadas pensionales (...)”.
Apoya su discurrir en la Sentencia C-601 de 2000 y agrega que la acusada avala “que los intereses moratorios (...) solo es un derecho monopolizado para un grupo privilegiado de pensionados estatuidos por la Ley 100 de 1993”, que deja por fuera a quienes se pensionaron antes de su expedición o con fundamento en acuerdos convencionales, interpretación que insiste, es arbitraria, discriminatoria y contraria a la jurisprudencia constitucional.
Continúa con su largo discurrir, para repetir lo dicho por el tribunal, insistir en su errada hermenéutica y concluir, que así queda demostrada la violación directa de la ley en la modalidad de errónea interpretación, que implica el quiebre de la sentencia acusada y el pago de los intereses moratorios demandados.
Pues bien, la fundamentación de la sentencia acusada es suficiente para dar al traste con la acusación, toda vez que el discurrir jurídico del colegiado se exhibe bajo una inteligencia razonable que acompasa en un todo con la hermenéutica que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia le ha impreso al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en múltiples providencias en las que ha dejado sentado que en casos como el sub judicie, en los que la pensión reconocida a los actores es de origen convencional, es improcedente imponer la condena por los intereses moratorios, dado que este precepto estipula que se causan únicamente “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley” (resalta la Sala).
Al sustentar el cargo manifiesta que “el tribunal advirtiendo equívocamente falencias probatorias que le impidieron liquidar la correspondientes indemnización moratoria demandada”, negó las pretensiones encaminadas a su reconocimiento y pago, y considera que así “se advierten graves falencias y ostensible errores de hecho en relación con las pruebas documentales allegadas al expediente, las cuales no le permitieron concluir que al analizar el diverso acervo probatorio de manera ‘integrada, conjunta y armónica’”, sí se acreditó que los pagos fueron efectuados por la extinta empresa de servicios públicos de Buenaventura, al tiempo que agrega que si existía suficiente “lucidez y claridad con la relación laboral que los demandantes tuvieron” con dicha empresa y “no con el municipio”.
Agrega que también había claridad en relación con la fecha de causación de los derechos reclamados, porque fueron causados durante la vigencia del contrato de trabajo. Por manera que “al momento de la terminación de la relación laboral (...) al menos a partir de esa fecha había suficiente prueba desde que (sic) fecha se podía (sic) hacer las operaciones aritméticas pertinentes para condenar por la indemnización moratoria”, lo que en consecuencia le hubiera llevado a advertir la ‘mala fe’ en que incurrió el ente demandado al proceder al pago tardío de las diversas acreencias laborales, en el me (sic) de julio 31 y agosto 5 del año 2002”.
— No dar por demostrado estandolo (sic) que al haber quedado establecida la fecha de exigibilidad conforme a las certificaciones de pago de acreencias laborales (...) y la fecha de pago tardío de las obligaciones adeudadas, siendo posible el conteo de los días de mora, (...) el ente demandado se hizo acreedor de la correspondiente indemnización moratoria por no haber justificado razón ‘atendible y excusable’ que hubiera permitido desvirtuar la presunción de ‘mala fe’”.
Luego de trascribir parcialmente la sentencia (fl. 338), señala que lo dicho por el tribunal “no refleja con exactitud lo que realmente las pruebas documentales están indicando, porque al apreciar correctamente dichos medios probatorios, en armonía, y conjuntamente con las otras documentales (...) inapreciadas (...) si se puede establecer la fecha de exigibilidad de las obligaciones”, porque las EPM de Buenaventura, “por su dificulta (sic) presupuestal, hacía pagos parciales o abonos a los ex trabajadores demandantes por tal razón los valores adeudados nunca van a tener relación o conexión, como también las fechas de su efectiva cancelación es clara, precisa y exacta, y no es que lo diga el Acta 2 del 26 de diciembre de 1997, también lo corrobora y lo demuestra (sic) las certificaciones” de folios 90 a 94, 171 a 175, 224 a 225 y 268 a 269.
Indica que la documental de folio 242 certifica que el ex trabajador demandante prestó sus servicios a las empresas municipales por espacio de 4 años, 10 meses y 7 días y que su contrato de trabajó terminó el 31 de diciembre de 1997.
Al referirse a las pruebas dejadas de apreciar, aduce que en el Acta 2 del 26 de diciembre de 1997, suscrita por las EPM de Buenaventura (fls. 121 a 125) consta que se reconoce a favor de los trabajadores valores adeudados por concepto de dotaciones e indemnizaciones “y otros rublos (sic) laborales causados”; que en las probanzas de folios 225 y 269, se discriminan individualmente los valores sufragados y “que para la fecha de cancelación de la (sic) acreencias laborales se le estaba adeudando al ex trabajador saldo por los siguientes valores ($ 1.161.083 y 640.000)”.
Afirma que al folio 86-reglón 82 del expediente, obra prueba de la relación de pagos que el municipio demandado, en virtud de la Ley 550 de 1999 efectuó a favor del demandante en cuantía de $ 4.515.124 y que ese valor corresponde con la documental de folios 225 y 269 que relacionan los conceptos objeto de pago.
Continúa la censura con extensos galimatías para afirmar que lo anterior, “es suficiente para determinar al menos el día desde cuando comenzaron a hacerse exigibles las obligaciones laborales por este concepto, puesto que en definitiva lo que se discute en el cargo, no es en si el reconocimiento y cuantificación de la indemnización y la dotación canceladas, sino desde cuando periódica y progresivamente comenzaron hacerse exigibles para efectos de poder determinar efectivamente ‘el conteo de los días en mora”.
“(...) la relación insoluta de la deuda por Indemnización y dotación se dio por cuantía de ($ 1.161.083 y 640.000) correspondiente a saldo cancelado y adeudado a la terminación del contrato de trabajo el día 31 de diciembre de 1.997, teniéndose entonces, que la fecha de exigibilidad de las obligaciones laborales por este concepto comenzó a partir del 1º de enero de 1998”.
Quedó dicho al historiar los antecedentes, en lo que estrictamente a este cargo corresponde, que en la demanda los accionantes solicitaron la indemnización moratoria consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, “por cada día de retardo que actualmente se debe y que se generaron como consecuencia de horas extras de los años 1993, 1994 y 1995, a partir del 1º de enero de 19994 (sic) , auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones y otros conceptos laborales adeudados, correspondientes a prestaciones sociales (cesantías) año 1997 (...)”.
Sin embargo en sede de casación, lo pedido en el alcance de la impugnación es sustancialmente diferente, dado que se concreta en “la indemnización moratoria a razón de ($ 13.227.08) diarios por la indemnización reconocida y la dotación que se le estuvo adeudando, liquidada a partir del 1º de enero de 1998, hasta el día 31 de julio del año 2002, o subsidiariamente liquidada a partir de los (90) días siguientes de terminado el contrato de trabajo el 31 de diciembre de 1997, hasta el 31 de julio de 2002”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de diciembre de 2008, en el proceso ordinario que adelantaron Pedro Rentería Angulo, Nicomedes Caicedo y otros, en contra del municipio de Buenaventura.

References: artículo 141
 artículo 141
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