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Timestamp: 2020-01-27 19:02:06+00:00

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La oralidad y el sistema de audiencias en el procedimiento penal – CIEJE
La oralidad y el sistema de audiencias en el procedimiento penal
October 15, 2019 Dutto, Giorgina Posted in Audiencias., Imparcialidad., Oralidad., Proceso penal., Publicidad.
Autora: Giorgina Dutto
Fecha de publicación: 15 Oct, 2019
Temas: Oralidad, Proceso penal, Audiencias, Publicidad, Imparcialidad
La publicidad de los actos de gobierno, nota característica de la forma republicana que, por manda constitucional, ha adoptado nuestra organización institucional fundamental, encuentra su concreción en la instancia penal pública por antonomasia: el debate. Término que, en su acepción y significado general rápidamente reconocible, remite a la idea de discusión, de posturas en pugna, de contrapunto de ideas.
De hecho, el legislador originario se reserva la expresa remisión a órdenes escritas para aquéllos actos que, pudiendo ser ejercidos por otros actores procesales, deben ser emitidos inexorablemente por el juez. De esta manera, se reduce el margen de discrecionalidad del funcionario a cargo de la diligencia, posibilitando al destinatario de la orden el acabado conocimiento de los alcances y límites de la autorización otorgada para la injerencia en la esfera de su intimidad.
Sin embargo, el proceso penal comprende distintas etapas e instancias previas a la concreción de ese momento central que es el juicio oral y público, cuya adecuación a aquélla manda fundamental también debe garantizarse.
Pero además, la misma Constitución Nacional demanda, como presupuesto básico para el ejercicio de la máxima violencia estatal ––encarnada en el poder punitivo––, que el órgano judicial que declare la necesidad de su imposición, sea distinto de aquél que la ha solicitado. Esta caracterización ha sido generalmente descripta con la figura del juez imparcial. Así, recurriendo nuevamente al significado generalmente asignado a los términos utilizados, podríamos pensar en este caso en alguien equidistante, ajeno al conflicto que se le presenta.
No obstante, esta calidad que debe revestir el juez, ha sido motivo de innumerables debates y construcciones teóricas con relación al modelo de organización judicial y procesal penal que podría garantizar el cumplimiento de estas características.
Por último, la Constitución Nacional establece, además, la representación y el gobierno del pueblo a través de sus representantes. Por lo tanto, se consagra el sistema democrático como forma de gobierno.
De modo tal que una legislación procesal penal informada por los preceptos constitucionales antes reseñados, debe generar las condiciones para que se concreten esos requisitos. Y es aquí donde la oralidad se presenta como la herramienta capaz de atravesar transversalmente el proceso penal en sus diferentes etapas, generando las mejores condiciones para que el sistema en su conjunto se acerque al proyecto establecido constitucionalmente.
¿Cuál es la calidad en la respuesta del sistema de justicia, cuando el receptor del mensaje no puede decodificar su significado sino con la ayuda de un intérprete experto en la materia? ¿Y cuando, en el caso de haber entendido algo o haber contado con la ayuda necesaria, no tiene certeza de cuál ha sido el razonamiento que llevó al juez a decidir de un determinado modo? Por no mencionar el descrédito que genera el hecho de dudar sobre quién ha sido, en realidad, la persona que adoptó la decisión que el juez suscribe.
El hecho de que el poder judicial, en la estructura institucional que rige en nuestro país, tenga un carácter netamente contramayoritario, no implica sustraer sus decisiones ––en tanto actos de gobierno–– de los lineamientos que proyecta la constitución para el ejercicio de la función pública. Así, aún preservando su rol de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los actos del Estado o de particulares que puedan afectarlos, es posible pensar en un ejercicio democrático de la función asignada, que transparente, de cara a las partes y la sociedad, el servicio público que se presta cotidianamente en la tarea de administrar justicia en casos penales.
La expropiación de la gestión de los conflictos individuales, deriva del “contrato social” que ha resuelto que el Estado sea el único legitimado para el ejercicio de la violencia. Esta idea, propia de los Estados modernos, es la que sirve de fundamento para la legitimación del sistema punitivo en una sociedad democrática. Sin embargo, el modo en que nuestro país ha elegido canalizar esa decisión social, a través de la consagración de sistemas penales de neto corte inquisitivo ––estructura que actualmente ha revertido la mayoría de las provincias argentinas––, implicó un desplazamiento de los protagonistas del conflicto, a punto tal de despersonalizarlo por completo.
En esta inteligencia, el trámite del expediente, con su lógica de idas y vueltas de papeles y escritos, ha sido el marco ideal para que este divorcio entre un caso concreto y su reproducción en la estructura judicial burocrática pudiera cristalizarse.
Por un lado, porque ha transformado en trámite todo lo que originalmente ha sido un problema entre seres humanos, que muchas veces sólo están en contacto con el Juzgado asignado al caso al momento de notificarse de las decisiones de relevancia, y que en la mayoría de los casos ni siquiera han visto a la persona encargada de dirimir el conflicto.
Y además, porque también respecto del juez existe una profunda despersonalización, en tanto la mayoría de las veces, la necesidad de tener un conocimiento de las vistas y dictámenes que se acumulan en la causa, hace imposible que una única persona conozca las particularidades de las posturas en pugna. Así, se fomenta la delegación de funciones netamente jurisdiccionales, de cuya necesidad terminan por convencerse el juez, las partes, y los funcionarios y empleados judiciales.
A ello debe agregarse que todas esas presentaciones, cargadas de ritualidades y tecnicismos, tornan imprescindible la participación de letrados, que cuenten con el saber requerido para “dialogar” con otros pares, en el mismo “idioma”.
Resulta evidente que la utilización de un lenguaje enrevesado, con términos que únicamente son conocidos por quienes tenemos vinculación con la práctica forense, ha configurado una jerga que excluye, por definición, a las personas ajenas a la gestión del caso, pero absolutamente involucradas con el caso mismo.
Esta característica en cuanto al uso del lenguaje, que bien podría resultar coincidente con la de otras ramas de la ciencia, parece desconocer ––o peor aún, desdeñar––, el hecho de que, a diferencia de otras disciplinas, la nuestra está orientada a dar una respuesta en conflictos concretos entre los ciudadanos. Recordemos que muchas de las personas a las que afectan directamente los pronunciamientos judiciales, no cuentan con el auxilio de un letrado por el propio diseño del sistema normativo ––por ejemplo, las víctimas, denunciantes o damnificados que no se han constituido en parte querellante––.
A diferencia de otros saberes, en los que la necesidad de describir o nombrar a sus objetos de estudio proviene de la necesidad inexorable de realizar abstracciones o efectuar categorizaciones, que terminan resultando ajenas e inabordables para quienes carecen de la formación específica en ese campo del conocimiento, en el caso del Derecho o la ciencia jurídica, esa característica se diluye. Ello, teniendo en cuenta que la tarea judicial se desarrolla siempre en torno a la interacción de las personas en su vida en sociedad, gestionando la conflictividad que de allí surge. De tal suerte, resulta improbable que no exista una manera de nombrar eso que ha de resolverse, sin recurrir a otra forma de lenguaje que no sea el que nos permite, precisamente, interactuar. De hecho, intuitivamente, resulta más sencillo pensar en un abordaje menos encriptado, sin desconocer los innumerables desafíos interpretativos y de comunicación que, de todas maneras, se derivan ya de la utilización misma del lenguaje ordinario.
Ahora bien, aún cuando se conceda que esta expresión en términos netamente jurídicos resulta a veces ineludible, a efectos de explicar y dar contenido a las múltiples figuras y ficciones que dan forma a las instituciones que configuran un sistema jurídico penal determinado, no se advierten las razones para sostener que ese mensaje no deba ser decodificado por el propio encargado de adoptar las decisiones judiciales, a efectos de garantizar una verdadera comunicación de la decisión adoptada.
Por otra parte, asumiendo que la exégesis judicial es una tarea sujeta a las apreciaciones subjetivas de la persona encargada de aplicar una norma a un caso concreto, la circunstancia de que deba llevar adelante esa tarea en audiencias orales y públicas, genera las condiciones óptimas para que las formas de expresión se adecúen al código de comunicación que comparten todos los participantes del acto. Así, la posibilidad de gestionar públicamente los conflictos penales, de acercar a la sociedad a las formas de producción de las decisiones judiciales, propicia un acercamiento entre el poder judicial y los ciudadanos, que pueden conocer en tiempo real la tarea que lleva adelante el juez, y las lógicas y razonamientos que la han convencido de llegar a una decisión concreta. Por supuesto que esos motivos pueden ser exteriorizados también en una resolución escrita, pero la celeridad y la confianza que genera ver a la persona encargada de decidir, adoptar una postura y explicarla en el momento, desplaza por completo a la siempre oculta tarea de redacción en los despachos.
En esta inteligencia, el sistema de audiencias para resolver la mayor parte de las incidencias que se presentan durante la tramitación de un caso penal, permite reproducir todas esas cualidades que acertadamente se pregonan respecto del debate oral y público ––inmediatez, inmediación, concentración, continuidad––, y que podrían robustecer la función judicial en el camino para llegar al momento central del proceso penal, o para decidir que no será necesario transitar esa instancia para conseguir la resolución del conflicto.
Sin embargo, es necesario detenernos en la importancia de asignar a ciertos cambios la importancia relativa que los mismos revisten, propiciando una absoluta conciencia en la regulación de las disposiciones que concretan las exigencias constitucionales señaladas al inicio de este trabajo, con independencia del nombre del modelo procesal que se instaura. Nuevamente, entonces, es necesario tener en cuenta que la inclusión de la oralidad en las diferentes etapas del proceso es una herramienta indispensable para la concreción plena del diseño procesal penal constitucional, pero debe atenderse especialmente a las condiciones de realización para que aquel cobre plena operatividad.
A modo de ejemplo, podemos destacar el actual Código Procesal Penal de la Nación, que luce un diseño absolutamente obsoleto pese a haber incorporado normativa y formalmente una instancia oral para el momento del debate.
Toda la regulación del juicio común ––definido por oposición a los juicios especiales––, que es mediante el cual se da trámite la mayor cantidad de casos que llegan a la instancia de juicio oral y público en la jurisdicción nacional, comienza con la denominada “citación a juicio” prevista en el art. 354. No obstante, lejos de ser un llamado a la audiencia de juicio propiamente dicha, se trata de una convocatoria para realizar distintos actos que afectan, de manera palmaria, la imparcialidad del tribunal de juicio y las reglas del sistema acusatorio, encontrándose aún muy lejos la fijación de audiencia de debate. Veamos:
“Art. 354: Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.
Integrado el tribunal, el vocal actuante o el Presidente del Tribunal, según corresponda, citará al Ministerio Público Fiscal, y a las otras partes a fin de que al término de diez (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes […].”
La norma prevé la “recepción del proceso”, que no es otra cosa que el expediente, con todas sus constancias y elementos, que el tribunal de juicio conocerá de antemano, pese a que se supone que la audiencia de juicio es el ámbito en el que se producirá válidamente la prueba en un caso penal. Pero además, el propio artículo prevé que en esta instancia se ofrezcan las pruebas para producir en juicio, y la admisión o rechazo de la misma queda a cargo del propio tribunal:
“Art. 356. – El presidente del tribunal ordenará la recepción oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas.
El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción.”
Por lo tanto, en absoluto desconocimiento de la manda constitucional de imparcialidad, se prevé que el tribunal analice la procedencia de la prueba sin una verdadera discusión entre las partes al respecto, previéndose incluso la posibilidad de que sea el propio órgano judicial el que, ante la falta de ofrecimiento de prueba de parte, disponga de oficio la recepción de la prueba que considere pertinente y útil. Esta facultad, francamente violatoria de las reglas más elementales de un proceso acusatorio, presupone una toma de postura muy concreta con relación al conflicto, además de suplir sin cortapisas la actividad de las partes.
En consonancia con ello, y sólo por citar los ejemplos más ilustrativos, se prevé incluso la posibilidad de que el Tribunal de juicio disponga, aún de oficio, la realización de la llamada instrucción suplementaria, lo que supone reanudar sin más la etapa de investigación, y todo ello ante el órgano que deberá llevar adelante la etapa de juicio. Y ya en la etapa del debate, donde las partes deberían desplegar sus teorías del caso, producir las pruebas oportunamente admitidas, y realizar el examen y contraexamen de testigos para generar la información en sustento de su postura, se establece sin cortapisas la posibilidad de que los jueces formulen preguntas de manera indiscriminada, y analicen la procedencia de los interrogatorios:
“Art. 389. Los jueces, y con la venia del presidente y en el momento en que éste considere oportuno, el fiscal, las otras partes y los defensores podrán formular preguntas a las partes, testigos, peritos e intérpretes.
El presidente rechazará toda pregunta inadmisible; su resolución podrá ser recurrida de inmediato ante el tribunal.”
Todas estas circunstancias configuran, sin dudas, una palmaria afectación de la imparcialidad en su faz objetiva, intolerables para la mayoría de las legislaciones provinciales, que han adecuado sus regímenes normativos a las exigencias de la Constitución Nacional.
Por lo demás, durante todo el capítulo destinado a la regulación del juicio, se verifican permanentes excepciones a la oralidad, que da cuenta del desdén respecto de la modalidad que la Constitución ha previsto para el juzgamiento de las personas sometidas a proceso. A modo de ejemplo, se prevé la protocolización e incorporación por lectura de la instrucción suplementaria que se hubiere practicado (art. 357); la lectura del requerimiento fiscal de juicio como acto al que da inicio el debate (art. 374); la incorporación por lectura de la declaración del imputado que se negare a declarar en juicio (art. 378) ––de flagrante violación, además, al derecho y estrategia de defensa––; la lectura de las declaraciones testimoniales recabadas durante la instrucción (art. 391).
Con relación a este tipo de modelos mixtos, se afirma normalmente que, muchos de estas afecciones se originan en la inexistencia de una etapa intermedia verdaderamente fuerte, con una profunda y definitiva discusión sobre la prueba a producirse en juicio de manera absolutamente previa a la remisión del caso a juicio. Sin embargo, aún en legislaciones con un diseño procesal de corte netamente acusatorio, la estructura formal evidencia que la verdadera esencia de la oralidad en la gestión de audiencias, está todavía lejos de receptarse en toda su dimensión.
En este sentido, la regulación de la etapa intermedia en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto, en el marco del cual se prevé la celebración de una audiencia, para que tenga lugar la discusión sobre las evidencias que se llevarán al debate y todas las cuestiones que deban dilucidarse antes de la remisión del caso para su paso a la siguiente etapa:
“Art. 210.- Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o Rechazo del juicio.
Ofrecida la prueba por la defensa, el/la Juez/a convocará a las partes a una audiencia dentro de los diez (10) días. Con las partes que concurran resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por todas ellas, previo escucharlas sobre su procedencia, improcedencia y/o inadmisibilidad. Solo podrá rechazar por auto aquellas que considere manifiestamente improcedentes o inconducentes y las que sean inadmisibles conforme las disposiciones de este Código. La decisión será irrecurrible, pero podrá ser invocada como fundamento del recurso de apelación contra la sentencia definitiva.
Concluido el acto, el/la Juez/a remitirá el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia; para que se designe el/la Juez/a que entenderá en el juicio. No se remitirá el legajo de investigación del/la Fiscal ni otras actuaciones que no sean aquellas que se acordó incorporar al debate y las actas labradas respecto de actos definitivos e irreproducibles.
En la audiencia se podrán interponer excepciones, formular acuerdo de avenimiento y solicitar y resolver la suspensión del proceso a prueba.
De lo actuado se dejará constancia en acta.”
El texto, de su simple lectura, da la pauta de que la previsión de la audiencia oral no garantiza por sí sola el cumplimiento de las finalidades que hemos enunciado.
En primer lugar, la audiencia no resulta obligatoria para las partes, previéndose la resolución con las partes que concurran. Ello supone, entonces, una nueva forma de relativizar la importancia de la discusión de etapa intermedia, puesto que muchas veces las partes, con sus propia lectura del caso, realiza ofrecimientos que el juez de garantías no puede resolver sin generar la discusión sobre la pertinencia de ciertos elementos para juicio, la forma en que se producirá su incorporación, la posible discusión sobre afectación de derechos fundamentales en el marco de la investigación, y un sinnúmero de alternativas que pueden presentarse al enfrentar al juez a la sensible decisión de depurar el caso para su remisión a juicio.
Por otra parte, la alusión al rechazo por auto de las pruebas que considere inadmisibles, resulta propia de un sistema escrito. Ello, sumado a lo antes descripto respecto de la concurrencia voluntaria de las partes, y a la falta de prescripciones concretas con relación a la decisión inmediata del juez, abre el camino a la resolución por escrito por parte de los jueces de garantía.
Ello, no obstante, es una característica que se verifica normalmente en aquellos sistemas de audiencias preliminares que no trabajan fuertemente ––desde el plano normativo y regulatorio de la actividad judicial–– sobre la obligatoriedad de que el pronunciamiento judicial se produzca oralmente, y en el mismo marco de la audiencia en cuestión. Por ello, así como se resalta la calidad de una decisión adoptada en esas condiciones, la pérdida de credibilidad institucional es innegable, cuando un juez conmina a las partes a exponer sus posturas en audiencia, con todo el despliegue de saber y el ejercicio de litigio que ello supone, para luego de oídas las posturas en pugna, retirarse a resolver por escrito en la privacidad de su juzgado.
Finalmente, la expresa indicación normativa de remisión al juez de juicio de las actuaciones que se acordó incorporar al debate, ha implicado un enorme dispendio jurisdiccional e interpretativo, dando lugar a que cada Magistrado y a su vez cada una de las instancias de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, analice y pretenda dar contenido a esta norma. Ello genera actualmente contiendas eternas entre los órganos judiciales por la sola conformación del legajo de juicio, corriendo absolutamente el eje del conflicto que se le pide a la justicia que dirima, y convirtiendo a la interpretación de esta norma en un caso en si mismo, en desmedro de una respuesta concluyente de cara a la sociedad.
Resulta evidente, entonces, que además de reformulaciones normativas que estructuren el sistema en función de esta manera de resolver los casos, la resolución en audiencias orales requiere un compromiso rotundo por parte del órgano judicial encargado de resolver sobre las cuestiones traídas a su conocimiento. Es que no cualquier juez está preparado para la demanda que supone esta forma de trabajo, o al menos no cualquiera que haya sido evaluado y designado conforme los requerimientos de otro tipo de sistema procesal. Y lo mismo puede predicarse del resto de los actores procesales ––fiscales, defensores, asesores, abogados litigantes––, que históricamente han sido entrenados para la retórica propia del sistema escrito.
En efecto, la necesidad de discutir en una única audiencia planteos que, de otra manera, serían canalizados en una presentación que alguien distinto del juez recibe, posteriormente es entregado a la contraparte para que un plazo generalmente no menor a tres días responda, y luego ––por regla, sin plazo perentorio para ello–– resueltos por un Juez después de escuchar a la persona de su equipo que conoce el caso, demanda un cambio total de paradigma de trabajo. En un supuesto de cualquier audiencia preliminar, la información dirimente para la resolución de esa incidencia proporcionada por las partes en la presencia misma del juez, quien escuchará el ida y vuelta que pudiera generarse, y deberá resolver en el momento lo que considere adecuado al caso, de acuerdo a su conocimiento jurídico previo sobre el punto debatido, y sin más elementos del caso concreto que aquellos que en el acto los litigantes han podido presentarle.
Por lo tanto, el mejor texto legal será en gran medida “desaprovechado” si los operadores del mismo no tienen el entrenamiento adecuado para hacer frente a las particularidades del trabajo en el marco de la plena oralidad, entendiéndola además como el instrumento capaz de generar las condiciones para la realización plena del principio acusatorio, con todas sus implicancias. La litigación, como disciplina actualmente en la oferta curricular de la mayoría de nuestras universidades, aparece como un saber necesario y legitimador, en tanto brinda las herramientas para extraer y canalizar la información en las diferentes etapas de un proceso penal adversarial.
Además, se requiere una amplia disponibilidad de agenda de todos los operadores judiciales, ya que un sistema de trabajo por audiencias demanda una permanente presencia física de varias personas, que deben congeniar sus horarios para que la resolución de la cuestión puntual a debatirse, no se prolongue en el tiempo por sucesivas reprogramaciones. Aquí, entonces, la cuestión reglamentaria juega un rol central, como así también la posibilidad de ceder la organización a Oficinas de Gestión de Audiencias, que reserven para sí todo el trabajo administrativo de la fijación y preparación de las audiencias, sustrayendo al juez y su equipo técnico de todas las cuestiones administrativas que rodean a la organización de la audiencia.
Por último, no puede perderse de vista las exigencias edilicias y de equipamiento que también demanda un sistema de resolución oral. En el primer caso, debe tenerse en cuenta que las salas de audiencias no serán utilizadas únicamente para las pocas oportunidades en las que haya juicio. En consecuencia, el número de espacios disponibles para la realización de las mismas debe multiplicarse exponencialmente, ya que la tarea cotidiana de los juzgados transcurrirá allí, y no en la intimidad de los despachos. Por otra parte, teniendo en cuenta que el abandono del sistema escrito demanda otro tipo de soporte para el registro las audiencias orales, las mismas serán grabadas o filmadas con sistemas de audio y video, plasmándose en actas únicamente las partes centrales de la audiencia celebrada. Ello debe garantizarse muy especialmente, no sólo para registro de la audiencia en sí, sino además para posibilitar la revisión de lo resuelto, ya que el sistema de recursos también debe inscribirse en la lógica de la oralidad para que estos postulados se realicen acabadamente.
Si la justicia penal argentina se dispone a enfrentar seriamente este cambio de paradigma en el método de resolución de casos, asumiendo la necesidad de superar los desafíos reseñados anteriormente, podrá sentar las bases para concretar el modelo de proceso y juzgamiento que demanda la Constitución, pero también la sociedad misma.
Ello, en esencia, porque la mejor forma de reproducir judicialmente un conflicto, es acercando al juez y a las partes, y permitiendo que éstas expresen y sostengan sus posturas con relación al mismo. Por supuesto que esta idea de acercamiento a través de las visiones que proponen los involucrados, abandona aquella demanda aún muy requerida de llegar a la “Verdad” con relación a lo ocurrido en un caso. Sin embargo, en función de la propia lógica de la expropiación del conflicto, es necesario que tanto las partes como la sociedad en su conjunto, valoren la trascendencia de la tarea que significa la reproducción de un conflicto en sede judicial, con sus propias lógicas de lo que pueda o no ser acreditado.
Las expresiones, voces y gestos, además de las versiones o teorías del caso, aportan siempre un conocimiento que el juez no obtendrá leyendo los papeles que ha redactado un abogado, que reproduce en lenguaje forense aquello que le ha sido dicho a su vez. Por otra parte, tanto como debería ocurrir en el debate, en cualquier audiencia oral es posible generar vívidamente la contradicción entre las posturas en pugna, las cuales serán presentadas y rebatidas ante el juez, a través de la producción en ese mismo acto de la prueba que será sustento de su tesis. Los datos y relatos, sometidos en tiempo real al testeo que supone el examen y contraexamen de testigos, y la incorporación de evidencias a través de sus dichos, genera información de extrema calidad para el órgano judicial llamado a resolver en el caso.
Cabe destacar, además, que el sistema de audiencias coloca al juez en un rol netamente jurisdiccional, sustrayéndolo de las actividades administrativas que muchas veces entorpecen el verdadero sentido de su tarea. Además, permite transparentar los procesos de razonamiento que han conducido a adoptar una decisión, y explicar en el momento a los interesados los lineamientos en los que la misma se funda. Reforzando este lugar protagónico del juez en la resolución de un caso, la lógica oral hace imposible la cita extensa y constante, que muchas veces encubre la falta real de un fundamento razonado por el propio juez de la causa. Y lo que es aún más saludable, impide la remisión sin más al voto de otro colega o a un precedente anterior para fundar una decisión personal en un caso.
El proceso por el cual alguien ha llegado a adoptar una decisión fundamental en la vida de otros, que además integran el conjunto de la sociedad, debe ser explicitada, con independencia de lo que un juez ha dicho ya en otro caso de similares características, precisamente por el carácter absolutamente singular de los conflictos que se ventilan en un conflicto con relevancia jurídico penal. En honor a la brevedad ––expresión que con regularidad se utiliza en nuestra tarea cotidiana––, no puede soslayarse la fundamentación de una decisión o la expresión de los motivos de han conducido a adoptarla, sin perjuicio de la posibilidad de dejar sentado cual es la opinión sobre casos análogos del juez llamado a decidir. De hecho, la publicidad de las decisiones judiciales ––la cual debe garantizarse más allá de la celebración de la audiencia––, favorece el conocimiento de las partes que permitirá incluso invocar, en el caso concreto, las particularidades que pueden apartar al juez de la postura adoptada en casos similares.
Finalmente, debe valorarse la posibilidad de resolver, en cuestión de horas, planteos que, de sustanciarse a través de vistas y resoluciones escritas, demandarían semanas o meses. Ello, multiplicado en las distintas audiencias preliminares que puede tener el trámite de un caso penal, permite reducir sensiblemente los tiempos totales de resolución de los mismos.
Por ello, el poder judicial debe echar mano a esta herramienta poderosa, con la que contamos todos los involucrados en la gestión pública de los conflictos, que puede ayudarnos a desandar ese camino que nos ha distanciado de la sociedad a la que debemos dar respuestas, recuperando la trascendencia de una concepción democrática del ejercicio del poder, en un sistema republicano de gobierno. Aún con su aparente simpleza, representa un enorme desafío. Pero vale la pena intentarlo.
Dutto, Giorgina
Abogada (UBA), Especialización en Administración de Justicia (UBA), Programa de Actualización en Litigación Penal (UBA), Secretaria del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 24. Autora de varias publicaciones.
Email: giorgina.dutto@gmail.com

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