Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0345_ES.html
Timestamp: 2019-09-21 12:20:08+00:00

Document:
691k 108k
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo y que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,
– Vistos la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y su protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,
– Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990,
– Vistos los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH),
– Visto el informe de 22 de Julio de 2014 del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,
– Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros(4),
– Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(6),
– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(7),
– Vistos la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre servicios de comunicación audiovisual(10), y los resultados de la consulta pública de la Comisión Europea realizada entre julio y septiembre de 2015,
– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo(11),
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia (2015-2019),
– Vista la Declaración sobre el fomento de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación (Declaración de París),
– Vista la encuesta del Eurobarómetro titulada «Discriminación en la UE en 2015»,
– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158) y las Conclusiones del Consejo sobre la forma de garantizar el respeto del Estado de Derecho,
– Vista la «Lista de medidas de la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI»,
– Visto el informe de la Comisión de 2015 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea (SWD(2016)0054),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, titulada «Plan de Acción para la integración de los nacionales de terceros países» (COM(2016)0377),
– Vista la Estrategia Europa 2020, en concreto sus objetivos en materia de pobreza y exclusión social,
– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión» y su Recomendación sobre «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,
– Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016) (COM(2012)0286), en particular las disposiciones relativas a la financiación de la elaboración de unas directrices para los sistemas de protección del niño y el intercambio de mejores prácticas,
– Vista la Agenda Europea de Seguridad (COM(2015)0185),
– Vistas las conclusiones del coloquio anual sobre derechos fundamentales de 2015,
– Vistas sus Resoluciones sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, en particular la de 8 de septiembre de 2015 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014)(17),
– Vistas sus Resoluciones sobre migración, en particular la más reciente, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración(18),
– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial(22),
– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión(23),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(24),
– Visto el Manual de Derecho europeo relativo a los derechos de la infancia (2015) de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Child-friendly justice – Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States» («Justicia adaptada a la infancia: perspectivas y experiencias de los profesionales sobre la participación de los niños en los procedimientos judiciales de ámbito civil y penal en diez Estados miembros de la Unión») (2015),
– Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Violencia contra los niños con discapacidades: legislación, políticas y programas en la UE» (2015),
– Vistos la encuesta a las personas LGBT en la Unión (2013) de la Agencia de los Derechos Fundamentales, su informe titulado «Ser “trans” en la UE ­- Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT en la UE» (2014) y su documento específico sobre la situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales (2015),
– Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE»,
– Vista la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulada «Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2004-2015» («Antisemitismo - Visión general de los datos disponibles en la Unión Europea 2004-2015»),
– Visto el análisis jurídico comparativo de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales en la UE,
– Vistas las encuestas de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre las minorías y la discriminación y su encuesta sobre la población romaní,
– Visto el índice de igualdad de género elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2015 y su informe de 2015 titulado «Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review» («Conciliación de la vida laboral, familiar y privada en la Unión Europea: revisión de la política»),
– Visto el informe de situación de Europol, de 2016, sobre la trata de seres humanos en la UE,
– Vistos los estudios de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados «Working time and work-life balance in a life course perspective» («Tiempo de trabajo y equilibrio entre vida privada y vida laboral desde una perspectiva que considere toda la vida») (2013), «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» («El cuidado de niños y personas dependientes: repercusión en las carreras de los jóvenes trabajadores» (2013) y «Trabajo y asistencia: medidas de conciliación en tiempos de cambio demográfico» (2015),
– Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de mayo de 2015 titulado «Gender equality in employment and occupation - Directive 2006/54/EC: European Implementation Assessment» («La igualdad de género en el empleo y la ocupación - Directiva 2006/54/CE: evaluación europea de la aplicación»),
B. Considerando que la Unión Europea es una comunidad fundada en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías;
C. Considerando que el Estado de Derecho constituye la columna vertebral de la democracia liberal europea y es uno de los principios fundamentales de la Unión, que se derivan de las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros, y que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de los derechos fundamentales y las obligaciones establecidas en los Tratados y en el Derecho internacional;
D. Considerando que, al afrontar los retos actuales, la Unión y los Estados miembros deben defender y aplicar estos valores en todas las acciones que emprendan; que la manera cómo se aplica el Estado de Derecho a escala nacional desempeña un papel clave a la hora de garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros y sus sistemas jurídicos; que, de conformidad con el artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por la aplicación de los Tratados;
E. Considerando que las instituciones de la Unión han incoado ya procedimientos para solucionar el denominado «dilema de Copenhague»; que algunos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de revisar e integrar los instrumentos y procesos para garantizar la plena y correcta aplicación de los principios y los valores de los Tratados, así como de desarrollar un mecanismo efectivo para colmar las lagunas que aún persisten y garantizar el respeto de los principios y los valores de los Tratados en toda la Unión; que este mecanismo debe estar basado en pruebas, ser objetivo y no discriminatorio, implicar una evaluación en igualdad de condiciones, ser respetuoso con los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad, ser aplicable tanto a los Estados miembros como a las instituciones de la Unión, y estar basado en un enfoque gradual, incluyendo tanto una vertiente preventiva como una vertiente correctiva;
F. Considerando que la Unión Europea está comprometida con el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como con el derecho a la información y a la libertad de expresión, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el CEDH;
G. Considerando que la migración forma parte del presente y del futuro de la Unión y es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, ya que apela a las responsabilidades humanitarias internacionales de la Unión y sus Estados miembros, y que también representa una oportunidad por motivos demográficos, y que exige una solución con perspectiva de futuro, tanto desde el punto de vista de la gestión de crisis a corto y medio plazo como de las políticas a largo plazo en materia de integración e inclusión social;
H. Considerando que el derecho de asilo está garantizado en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra) de 1951 y del protocolo de 31 de enero de 1967, así como por la Carta;
K. Considerando que los actos terroristas constituyen una de las más graves violaciones de los derechos y las libertades fundamentales; que es necesario disponer de instrumentos adecuados para proteger a los ciudadanos y a los residentes en la Unión y dar una respuesta inequívoca y combatir este tipo de actos en el marco del Estado de Derecho;
L. Considerando que el asesinato de ocho periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015 representó un intento de ataque a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión artística en la Unión;
M. Considerando que es fundamental que en todas las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Unión se respeten los derechos fundamentales y las libertades civiles, a saber, el respeto de la vida privada y la vida familiar, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, la libertad de expresión y de información y la libertad de pensamiento, conciencia y religión; recuerda que es fundamental una supervisión democrática efectiva de las medidas de seguridad; que la seguridad de los ciudadanos europeos debe respetar sus derechos y sus libertades; que esos dos principios son, en efecto, las dos caras de la misma moneda;
N. Considerando que cualquier limitación a los derechos y las libertades reconocidos en la Carta está sujeta al principio de proporcionalidad y necesidad de conformidad con el artículo 52 de la Carta;
P. Considerando que la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, y en especial su artículo 15, apartado 1, establece que los Estados miembros no deberían imponer a los proveedores de servicios de transporte, almacenamiento y alojamiento, una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas;
Q. Considerando que, según la Comisión, en la Unión Europea 75 millones de personas son víctimas de actos delictivos cada año,
R. Considerando que la trata de seres humanos es un delito grave, con frecuencia enmarcado en la delincuencia organizada, que constituye un grave atentado contra la dignidad humana y representa una de las peores formas de vulneración de los derechos humanos, que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas y que está explícitamente prohibida por la Carta;
S. Considerando que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo su forma más extendida; que el 76 % de las víctimas registradas en la Unión son mujeres; que el 70 % de las víctimas de trata de seres humanos identificadas en la Unión son nacionales de la Unión;
V. Considerando que la discriminación, el racismo, la xenofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por odio provocados por el racismo, la xenofobia o por prejuicios contra la religión o las creencias, la edad, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género de una persona representan una amenaza para los valores clave de la Unión y sus Estados miembros; que se ha registrado un aumento de los discursos de incitación al odio entre las fuerzas políticas y de la xenofobia y otro tipo de prejuicios en importantes sectores de la población, incluido a través de internet; que la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia es fundamental para garantizar el respeto de los valores europeos de tolerancia, diversidad y respeto mutuo;
W. Considerando que las personas pueden estar expuestas a una discriminación múltiple e intersectorial; que las políticas que se dirigen a un tipo de discriminación deben prestar atención a la situación de grupos específicos que pueden ser víctimas de discriminación múltiple, entre otras razones, por motivos de edad, raza, religión, orientación sexual, género o discapacidad;
X. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de la Unión y que está prohibido cualquier tipo de discriminación por razones de género;
Y. Considerando que la violencia contra las mujeres supone una vulneración de los derechos fundamentales que afecta a todos los estratos de la sociedad, independientemente de la edad, el nivel de educación, los ingresos, la posición social o el país de procedencia o residencia; que la desigualdad de género y los estereotipos de género incrementan el riesgo de violencia y otras formas de explotación y obstaculizan la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;
AB. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son competencia de los Estados miembros; que, no obstante, la Unión puede contribuir al fomento de las mejores prácticas entre Estados miembros;
AC. Considerando que es necesario garantizar la igualdad de acceso a la atención sanitaria, incluida la salud sexual y reproductiva, con independencia de la situación económica o geográfica o la discapacidad de las mujeres;
AF. Considerando que el abuso sexual infantil en directo por internet ha dejado de ser una nueva tendencia para convertirse en una realidad consolidada; que los niños están expuestos a ser engañados en internet y captados con fines sexuales, algo que en los casos más graves puede derivar hacia la coacción sexual y otras formas de abuso, y que no se está haciendo lo suficiente para evitar el abuso sexual de menores mediante programas de educación, ni para reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros para combatir las redes de pedofilia;
AG. Considerando que el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales es particularmente importante, sobre todo cuando se trata de menores, que representan la parte más indefensa de la sociedad;
AH. Considerando que, en aplicación del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del principio del interés superior del niño, debe velarse por que, como norma general, no se retenga a niños no acompañados o separados de su familia, sino que se les coloque en un entorno seguro, proporcionándoles la protección, la atención sanitaria y la educación necesarias;
AI. Considerando que el respeto de los derechos de las personas que pertenecen a minorías es uno de los principios fundamentales de la Unión; que es necesario reforzar la protección efectiva de las minorías; que, frente al auge del populismo y del extremismo, debe promoverse la coexistencia y el respeto de las minorías; que las minorías contribuyen a la riqueza y la diversidad de Europa; que la crisis migratoria ha suscitado la desconfianza y un resurgir del odio hacia las minorías en Europa;
AJ. Considerando que en el informe de 2016 de la Agencia de los Derechos Fundamentales se concluía que la discriminación y el racismo contra la población romaní siguen siendo un problema para la integración efectiva de los gitanos; que, según la encuesta del Eurobarómetro sobre la discriminación en 2015, el origen étnico se considera el principal motivo de discriminación;
AK. Considerando que los miembros de la población romaní europea, individualmente o en conjunto, han de enfrentarse al racismo contra la población romaní, los prejuicios, el racismo, la intolerancia, la discriminación y la exclusión social en su vida cotidiana; que la segregación de los niños romaníes en la escolarización sigue siendo un problema persistente en la mayoría de los Estados miembros; que la discriminación de la población romaní en el mercado laboral le impide mejorar su capacidad para salir del círculo vicioso de la pobreza;
AL. Considerando que en los artículos 8, 9, 10, 19 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión se reconoce la importancia de los derechos sociales fundamentales, subrayando así que a estos derechos, y en particular a los derechos sindicales, al derecho de huelga, al derecho de asociación y al derecho de reunión, se les deben dar las mismas garantías que a los demás derechos fundamentales reconocidos por la Carta;
AN. Considerando que todos los Estados miembros están obligados a proteger a todas las personas, incluidas las personas LGBTI, contra todo tipo de discriminación y violencia; que debe condenarse la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género;
AO. Considerando que, de conformidad con la investigación sobre el terreno de la Agencia de los Derechos Fundamentales, las actitudes y los estereotipos sociales negativos imperantes representan un importante obstáculo para hacer frente a la discriminación y los delitos motivados por odio contra las personas LGBTI;
1. Insiste en que la dignidad humana es la base inviolable de todos los derechos fundamentales y no debe estar sujeta a ningún tipo de instrumentalización, y que debe respetarse y protegerse en todas las iniciativas de la Unión; pide que se conciencie a los ciudadanos de la Unión sobre la dignidad intrínseca a todas las personas, a fin de lograr una sociedad más humana y justa;
2. Condena toda forma de discriminación y violencia en la Unión contra todo ser humano, ya que constituye una violación directa de la dignidad humana;
3. Reitera su petición de que se respete la dignidad al final de la vida; destaca que la pena de muerte es contraria a los valores fundamentales de la Unión;
4. Destaca que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales tiene carácter obligatorio en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE; observa que de este modo se vería reforzada la protección de los derechos fundamentales en la Unión y espera que puedan vencerse lo antes posible los obstáculos jurídicos a esta adhesión;
5. Destaca que los derechos fundamentales son universales, indivisibles y siempre complementarios, y que se debe lograr un equilibrio justo entre los derechos de todas las personas en una sociedad rica y diversa; subraya que es importante garantizar que se hayan aplicado plenamente los principios contenidos en el artículo 2 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tanto en la legislación europea como en la nacional; pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción siempre que un Estado miembro incumpla la Carta a la hora de aplicar la legislación de la Unión;
6. Recuerda que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión debe contribuir a la protección de los derechos fundamentales; pide a las instituciones de la Unión que garanticen un alto nivel de protección de estos derechos en las relaciones exteriores, así como en las políticas interiores con repercusión en el exterior;
7. Observa que es esencial garantizar el pleno respeto de los valores europeos comunes recogidos en el artículo 2 del TUE, tanto en la legislación europea como en la nacional, así como en las políticas públicas y en su aplicación; opina que, para salvaguardar el Estado de Derecho, es necesario que todos los actores pertinentes a nivel nacional intensifiquen sus esfuerzos y lo refuercen; señala que un sistema judicial eficaz, independiente e imparcial es esencial para el Estado de Derecho;
8. Señala que el intercambio periódico con las instituciones de la Unión y entre los propios Estados miembros, sobre la base de criterios objetivos y evaluaciones contextuales, podría mitigar o prevenir problemas del Estado de Derecho en el futuro; reitera su llamamiento en pro del establecimiento de un pacto de la Unión en favor de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que debería consistir en un informe anual con recomendaciones específicas por país; considera que este informe se debería elaborar utilizando diferentes fuentes, incluidos informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales, el Consejo de Europa o las Naciones Unidas, y que debería incorporar instrumentos existentes y completarlos, por ejemplo el cuadro de indicadores de la justicia, y sustituir el mecanismo de cooperación y verificación para Rumanía y Bulgaria;
10. Recuerda que los derechos fundamentales deben formar parte de la evaluación de impacto de todas las propuestas legislativas;
11. Destaca que la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos y de sus familias, consagrada en los Tratados y garantizada por la Directiva sobre la libre circulación, es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos;
12. Reconoce que la neutralidad del Estado es fundamental para proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizando un trato equitativo para todas las religiones y creencias y la libertad para practicar la religión de elección y para cambiar de religión o creencia;
25. Observa con preocupación los incidente relacionados con vulneraciones de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados en las fronteras exteriores de la Unión, y reitera que todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos; destaca el derecho fundamental a solicitar asilo; insta a la Unión y a los Estados miembros a que destinen suficientes recursos a la creación de unas rutas seguras y legales para los solicitantes de asilo con vistas a acabar con el modelo de negocio de las redes de traficantes, así como para impedir que muchos de ellos se embarquen en rutas peligrosas; recuerda que salvar vidas es un acto de solidaridad para con las personas que se encuentran en peligro, pero también una obligación legal; pide a los Estados miembros y las instituciones de la Unión que respeten el Derecho internacional y de la Unión, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en las acciones de guardia de fronteras y los procedimientos de asilo; señala que las personas físicas o las ONG que ayudan realmente a las personas en apuros no deberían correr el peligro de ser castigadas por prestar dicha ayuda;
26. Acoge con agrado el hecho de que la propuesta recientemente adoptada mediante el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas prevea un mandato específico para que la agencia apoye las operaciones de búsqueda y salvamento, así como para que proteja las salvaguardias de los derechos fundamentales establecidas en dicho Reglamento; insta a los Estados miembros a que proporcionen formación adecuada a los profesionales del sector del asilo (como entrevistadores e intérpretes) para que identifiquen lo antes posible a los grupos vulnerables, y a que tramiten las solicitudes de asilo con arreglo a la Directiva relativa a los requisitos de asilo y la jurisprudencia del TJUE pertinente;
28. Insta a la Comisión a que proponga una revisión del Reglamento (CE) n.º 862/2007, de manera que se incluyan datos estadísticos desglosados por sexo sobre el funcionamiento de los centros de detención, con el fin de mejorar su comprensión de las necesidades específicas de los refugiados y los solicitantes de asilo y hacer frente a las mismas; pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen políticas integrales para acabar con todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, así como medidas específicas que garanticen que las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo estén protegidas y gocen de acceso a la justicia; destaca que las mujeres migrantes pueden enfrentarse a una doble discriminación en los centros de detención o acogida, y que necesitan tener acceso a suministros de higiene femenina y disfrutar de privacidad y asistencia sanitaria;
29. Manifiesta su preocupación por los informes que hacen referencia a casos de infiltración de la delincuencia organizada en la gestión de los fondos destinados a la acogida de migrantes, y pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis detallado del uso de tales fondos y garantice la investigación y la persecución de los abusos;
30. Pide a los Estados miembros que se abstengan de suscitar miedo y odio hacia los migrantes y solicitantes de asilo entre sus ciudadanos con fines políticos; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que lleven a cabo campañas positivas cuyo objeto sea ayudar a los ciudadanos para que aborden la integración de forma más adecuada;
32. Acoge con satisfacción las iniciativas y acciones principales de la Comisión para el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros y mediante las cuales se establece una respuesta eficaz de la Unión al terrorismo y a las amenazas a la seguridad en la Unión Europea, y apoya plenamente las medidas destinadas a allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad eficaz; insta a los Estados miembros a que cooperen plenamente unos con otros y a que mejoren el intercambio de información entre sí y con Europol y otras agencias pertinentes de la Unión; destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo; pide una evaluación de las medidas actuales para combatir el terrorismo;
33. Destaca que cualquier sistema de vigilancia masiva indiscriminada constituye una grave interferencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos; destaca que toda propuesta legislativa en los Estados miembros relacionada con las capacidades de vigilancia de los organismos de inteligencia debe respetar siempre la Carta y los principios de proporcionalidad y necesidad y, pese a reconocer la competencia exclusiva de los Estados miembros a este respecto, pide a la Comisión que controle atentamente la conformidad de estos actos legislativos con los Tratados, ya que podrían suscitar importantes cuestiones jurídicas;
34. Destaca que, cuando tomen medidas en una situación de emergencia, los Estados miembros deben cumplir siempre los Tratados y el CEDH; señala que toda excepción debe limitarse a lo estrictamente necesario para la situación y debe estar en consonancia con las obligaciones del Estado miembro en cuestión con arreglo a la legislación internacional;
35. Reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que velen por que sus legislaciones nacionales y sus mecanismos de control en el ámbito de los servicios de inteligencia respeten la Carta y el CEDH;
36. Pide que todas las agencias y cuerpos de seguridad, incluidos los de carácter local y regional, que trabajan en la prevención de la radicalización y el terrorismo participen en estos esfuerzos y que se vele por que reciban la formación y la información que necesitan para sus actividades; expresa su preocupación por la creciente hostilidad contra periodistas y medios de comunicación mostrada por movimientos políticos, religiosos y terroristas; insta a los Estados miembros a que garanticen una protección adecuada a los periodistas y a los medios de comunicación y a que lleven a cabo la acción necesaria contra los ataques a periodistas utilizando los medios legales de que disponen;
37. Hace hincapié en que el buen trato a las víctimas, incluidas las víctimas del terrorismo, es esencial para salvaguardar sus derechos fundamentales; pide en este sentido que se adopten políticas y mecanismos sólidos que cubran las necesidades individuales de las víctimas, incluida una evaluación detallada de la aplicación de la Directiva 2012/29/UE sobre las víctimas de delitos, que garantiza que todas las víctimas de delitos en la Unión gocen de un conjunto mínimo de derechos;
38. Opina que una política integral de prevención de la radicalización y del reclutamiento de ciudadanos de la Unión por organizaciones terroristas solo puede tener éxito si se acompaña de procesos proactivos de desradicalización en la esfera judicial, educación y medidas de integración y diálogo intercultural; hace hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias de inclusión e integración social que aborden también la discriminación que obstaculiza el acceso a la educación, el empleo y la vivienda;
39. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en sus esfuerzos por prevenir la radicalización y el extremismo violento, que deben centrarse en la promoción de los valores europeos, la tolerancia y la comunidad, sin ninguna estigmatización, y pide también a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos a este respecto;
40. Considera que la aplicación coherente de la legislación contra la discriminación es parte de una estrategia de prevención de la radicalización o de posibilitación de la desradicalización de quienes pertenecen a organizaciones extremistas; recuerda que la exclusión y la discriminación de comunidades religiosas en la Unión Europea podría crear un terreno fértil para que los individuos en situaciones vulnerables se unan a organizaciones extremistas que pueden ser de carácter violento;
44. Pide a los organismos de la Unión encargados del cumplimiento de la ley que redoblen sus esfuerzos dirigidos en concreto contra las redes delictivas de trata y los traficantes de personas y que cooperen con mayor intensidad entre sí, prestando especial atención a los delitos contra menores; insiste en la necesidad de formar a los distintos servicios que entran en contacto con las víctimas o víctimas potenciales de la trata de seres humanos, a fin de ayudarles a identificar mejor a esas personas y aportarles un apoyo adecuado, haciendo hincapié en la formación sobre el respeto de los derechos fundamentales, así como en las necesidades de las personas en una situación de especial vulnerabilidad;
45. Toma nota de que en el informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos se señala que las nuevas tecnologías permiten que los grupos de delincuencia organizada tengan acceso a un gran número de posibles víctimas a una escala sin precedentes, ya que llegan a muchas de las víctimas de esta trata, especialmente cuando esta es con fines de explotación sexual o laboral, a través de internet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para impedir y hacer frente al uso de las nuevas tecnologías como herramienta para captar personas, principalmente de mujeres y niñas, que serán víctimas de la trata de seres humanos;
46. Destaca que la vulnerabilidad de los niños hace de estos uno de los objetivos favoritos de los traficantes y que establecer y comprobar la identidad de los menores víctimas de la trata de seres humanos es un problema cada vez mayor; recuerda que algunos Estados miembros consideran que la trata de menores es una forma de explotación diferenciada, mientras que otros incluyen en el mismo grupo a las víctimas menores y los adultos, lo que obstaculiza la posibilidad de obtener una visión integral de la situación y definir cuáles son las mejores acciones de investigación a escala europea; pide por ello que haya instrumentos para ayudar a hacer un seguimiento de estos niños partiendo de una definición común de este tipo de delitos, así como medidas adecuadas y específicas que velen por los niños a lo largo del proceso;
48. Pide a los Estados miembros que se esfuercen igualmente por detectar, proteger y asistir a las víctimas de toda forma de explotación, integrando activamente a los interlocutores sociales, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil, y que garanticen el reconocimiento mutuo de las órdenes de protección de las víctimas en la Unión; pide a los Estados miembros que apliquen plena y correctamente la Directiva de la Unión contra la trata de seres humanos, en particular su artículo 8, en el que se pide que no se criminalice a las víctimas, y la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y anima a los Estados miembros y a las instituciones y agencias de la Unión a que refuercen su cooperación en materia de trata de seres humanos, incluido el intercambio de buenas prácticas, con el apoyo del coordinador de la Unión para la lucha contra la trata de seres humanos y en el marco de la red de ponentes nacionales de la Unión o mecanismos equivalentes en materia de trata de seres humanos;
49. Pide a la Unión y a todos los Estados miembros que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos; destaca que es menester apoyar tanto a los Estados miembros como a las agencias de la Unión pertinentes como Europol en sus esfuerzos para poder perseguir a quienes facilitan la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que aborden también en sus estrategias y planes de acción nacionales la parte de la demanda de la trata y la explotación de seres humanos;
52. Pide a la Unión y a los Estados miembros que reconozcan la trata de seres humanos con petición de un rescate mediante prácticas de tortura como una forma de trata de seres humanos; considera que los supervivientes, gravemente traumatizados, deben ser reconocidos como víctimas de una forma enjuiciable de trata de seres humanos y deben recibir protección, atención y apoyo(25);
54. Acoge con satisfacción los resultados del Coloquio 2015 sobre Derechos Fundamentales y el nombramiento de coordinadores para la lucha contra el odio antisemita y antiislámico; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que coordinen y refuercen las respuestas políticas para abordar el odio antisemita y antiislámico, incluida la aplicación inmediata de las medidas fundamentales identificadas en el coloquio;
55. Lamenta que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 siga todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible; anima a la Comisión a que realice progresos concretos en la agenda de la Unión en materia de lucha contra la discriminación;
57. Manifiesta su preocupación por la presencia cada vez más frecuente de discursos de incitación al odio en internet; recomienda a los Estados miembros que establezcan un procedimiento sencillo que permita a los ciudadanos señalar la presencia de contenidos de incitación al odio en línea; acoge con satisfacción el anuncio por parte de la Comisión de un código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en línea y aboga por la adhesión al mismo y a la continuación de los esfuerzos por reforzar la cooperación con el sector privado y con la sociedad civil; recuerda que las medidas adoptadas a este respecto no deben contradecir los principios fundamentales relacionados con la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa;
58. Muestra su preocupación por que las víctimas de delitos de incitación al odio no denuncian tales actos debido a la ausencia de protección adecuada y a la incapacidad de las autoridades para investigar tales casos y obtener condenas por delitos de incitación al odio en los Estados miembros; pide a los Estados miembros que elaboren y difundan instrumentos y mecanismos para la notificación de los delitos de intolerancia y de incitación al odio y velen por que, siempre que haya presunción de que se han cometido, se investiguen y juzguen debidamente de conformidad con el Derecho nacional y, cuando proceda, con la Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia, las obligaciones europeas e internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garantizando al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión y de información, así como la privacidad y la protección de datos;
59. Expresa su preocupación por el hecho de que varios Estados miembros no hayan transpuesto correctamente las disposiciones de la Decisión Marco 2008/913/JAI, e insta a los Estados miembros a que lo hagan y a que la apliquen plenamente, al igual que la Directiva 2012/29/UE relativa a las víctimas de delitos; pide a la Comisión que supervise la transposición de estos instrumentos y, en caso necesario, inicie procedimientos de infracción; observa que algunos Estados miembros han extendido la protección a las víctimas de discriminación basada en otros motivos, como la orientación sexual o la identidad de género, al aplicar la Decisión Marco; anima a la Comisión a que inicie un diálogo con aquellos Estados miembros cuya legislación no cubra motivos de discriminación y odio relacionados con la homofobia con el objetivo de cubrir los vacíos legislativos que aún persisten;
64. Lamenta que todavía no se haya alcanzado la igualdad de género, que en muchos ámbitos no se hayan producido mejoras, y que se sigan violando los derechos fundamentales de las mujeres; condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como la violencia doméstica, los asesinatos por honor, los matrimonios forzados, la trata de mujeres y la mutilación genital femenina; considera que estas prácticas no pueden justificarse nunca y deben criminalizare y castigarse, y que las autoridades nacionales y las de la Unión deben reforzar su cooperación, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas y mejorando la recogida y comparabilidad de los datos relativos a todas las formas de violencia cometidas contra las mujeres, incluida la discriminación múltiple; considera que todas las personas que viven en la Unión, independientemente de su cultura y tradición originales, deben respetar la ley y los derechos y la dignidad de las mujeres;
65. Lamenta que las mujeres y las niñas no disfruten de la misma protección contra la violencia en todos los Estados miembros; destaca que siguen siendo necesarios numerosos avances en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas; pide a la Unión que firme y ratifique el Convenio de Estambul una vez que la Comisión haya iniciado el procedimiento en marzo de 2016; recuerda a los Estados miembros que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no les exime de firmarlo, ratificarlo y aplicarlo, y les insta a hacerlo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen la legislación vigente y mantengan el problema de la violencia contra las mujeres en un lugar destacado de la agenda, pues la violencia de género es intolerable; reitera su petición a la Comisión de que presente una propuesta de acto jurídico que establezca medidas para promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas;
67. Destaca que para luchar eficazmente contra la violencia de género es necesario un cambio de actitud con respecto a las mujeres y las niñas; pide a los Estados miembros que hagan más por luchar contra los estereotipos de género que reproducen y potencian los roles de género en ámbitos críticos para su perpetuación; pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar el problema de los estereotipos de género en las escuelas; pide a los Estados miembros que proporcionen al personal policial y judicial y a los jueces la formación sobre sensibilidad y otros tipos de formación especializada que necesiten para tratar de forma adecuada el asunto de la violencia de género y poder evitar un mayor trauma y la revictimización durante los procedimientos penales; pide a los Estados miembros que proporcionen asistencia a las autoridades para identificar eficazmente las necesidades específicas de las víctimas de la violencia de género y ofrecerles servicios de protección especial en consonancia con lo establecido en la Directiva sobre los derechos de las víctimas de delitos;
68. Insta a los Estados miembros a que proporcionen a las víctimas de la violencia de género un número adecuado de refugios y servicios de apoyo dirigidos e integrados, incluido el apoyo y la asistencia para la superación del trauma; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las víctimas de la violencia de género de todas las maneras posibles;
69. Insta a los Estados miembros a que aborden la situación de las mujeres discapacitadas que son víctimas de violencia doméstica, ya que a menudo no pueden escapar de la relación de abuso;
70. Expresa su profunda preocupación por la práctica continuada de la mutilación genital, que constituye una grave forma de violencia contra las mujeres y las niñas; pide a los Estados miembros que aumenten la sensibilización de todos los agentes afectados y centren en la prevención sus políticas de lucha contra la mutilación genital femenina; pide además que los Estados miembros cooperen plenamente entre sí para mejorar la recogida de datos y la comprensión del fenómeno para optimizar los resultados de sus esfuerzos por proteger a las mujeres y las niñas frente a dichas mutilaciones;
71. Condena enérgicamente los frecuentes actos de acoso y violación en lugares públicos en la Unión y considera que todas las mujeres y niñas deben sentirse a salvo de cualquier forma de acoso sexual en cualquier lugar público; pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que estos actos se sancionan de forma adecuada, que sus autores son llevados ante la justicia y que las víctimas reciben protección; pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por garantizar la protección de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente vulnerables a la violencia en el camino del exilio;
72. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de género en el lugar de trabajo; lamenta que las mujeres sigan teniendo que hacer frente a condiciones laborales discriminatorias; destaca la baja representación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la ingeniería, en el mundo empresarial y en el proceso de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, y destaca que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una discriminación inadmisible; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para aumentar la representación de las mujeres en los ámbitos político y económico, que aumente la recogida de datos sobre la participación de la mujer y que aborde la desigualdad de género en los medios de comunicación fomentando el intercambio de buenas prácticas;
73. Recuerda, en este contexto, que la igualdad entre hombres y mujeres solo puede lograrse mediante una redistribución justa del trabajo remunerado y no remunerado; admite que la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas solo puede garantizarse mediante un mayor nivel de empoderamiento, representación e inclusión económicos, políticos y sociales; considera que en los últimos años han surgido movimientos contra la igualdad de género que cuestionan los logros conseguidos en los ámbitos de los derechos de la mujer y la igualdad de género;
74. Recuerda que la pobreza en la vejez es una preocupación especial en el caso de las mujeres, debido a la continua desigualdad salarial entre hombres y mujeres y a la desigualdad en las pensiones a que da lugar; pide a los Estados miembros que elaboren políticas adecuadas para apoyar a las mujeres mayores y eliminen las causas estructurales de las diferencias de género en la remuneración; subraya el papel crucial que desempeñan unos servicios públicos de alta calidad en la lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza femenina;
80. Pide a la Unión y a los Estados miembros que reconozcan el derecho fundamental al acceso universal a los cuidados sanitarios preventivos; insiste en el papel de la Unión en la sensibilización y el fomento de las mejores prácticas en este ámbito, incluso en el contexto de la Estrategia Sanitaria de la Unión, respetando siempre las competencias de los Estados miembros, habida cuenta de que la salud es un derecho humano fundamental esencial para el ejercicio de otros derechos humanos; recuerda a este respecto que la coherencia entre las políticas interior y exterior de la Unión en materia de derechos humanos es muy importante;
81. Reconoce que la negativa a proporcionar servicios sanitarios en materia sexual y reproductiva para salvar vidas, entre los que se encuentra la práctica de abortos seguros, constituye una violación grave de los derechos humanos;
82. Condena cualquier forma de gestación por sustitución de carácter comercial;
93. Considera que las políticas de integración deben centrarse de manera particular en los niños por ser estos los que tienden los puentes para la comprensión mutua de las sociedades y culturas;
94. Recuerda que, de acuerdo con el Informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos (2016), al menos un 15 % de las víctimas registradas eran menores, por lo que pide a los Estados miembros que tomen medidas inmediatas en respuesta al anuncio de Europol de que en la Unión han desaparecido durante 2015 al menos 10 000 niños refugiados y migrantes no acompañados; pide a los Estados miembros y las agencias europeas que refuercen la cooperación transfronteriza, el intercambio de información y las investigaciones conjuntas con el objetivo de combatir la trata de niños y la delincuencia transfronteriza organizada, el abuso sexual y otras formas de explotación y que protejan a los menores; pide a los Estados miembros y a las agencias europeas que agilicen la designación de tutores cualificados para los menores no acompañados y garanticen que siempre se tenga en cuenta el interés superior del niño; pide a los Estados miembros que registren e identifiquen a los menores de una forma adecuada para ellos y que garanticen que entren en los sistemas nacionales de protección a fin de evitar que puedan desaparecer; recomienda que se refuercen las herramientas existentes para los niños desaparecidos, incluidas las líneas de ayuda europeas para niños desaparecidos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan pleno uso de la experiencia de la Agencia de los Derechos Fundamentales cuando se trate de aumentar la protección de los niños y las personas vulnerables en la situación migratoria actual, especialmente en los puntos críticos; recuerda que los derechos y el interés superior del niño deben tenerse en cuenta y evaluarse en todas las políticas y medidas de la Unión, incluida la migración y el asilo;
95. Anima a los Estados miembros a que presten especial atención a los programas que se centran en evitar el abandono temprano de la escuela por los jóvenes y a que ensayen y compartan buenas prácticas en este ámbito;
96. Destaca el hecho de que minorías que llevan siglos conviviendo o compartiendo un espacio con las culturas mayoritarias en Europa siguen sufriendo discriminación en la Unión; opina que la solución a este problema radica en la necesidad de establecer normas mínimas para la protección de los derechos de las minorías, así como en educar sobre diversidad cultural y tolerancia, habida cuenta de que la conservación del patrimonio cultural europeo aporta un valor añadido a la diversidad;
97. Hace hincapié en que las comunidades minoritarias tienen necesidades específicas y en que debe promoverse su total igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural; destaca que es esencial que se respeten y promuevan los derechos y libertades fundamentales de las personas que pertenecen a minorías;
98. Expresa su preocupación por que estos grupos se encuentran con obstáculos al ejercicio de sus derechos a la propiedad, al acceso a la justicia y a otros servicios públicos, a la educación y los servicios sanitarios y sociales y a sus derechos culturales, que pueden verse restringidos; exhorta a los Estados miembros a que emprendan acciones para prevenir todo obstáculo administrativo o financiero que pueda menoscabar la diversidad lingüística a escala europea o nacional;
102. Anima a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen y apliquen sin más demora el Convenio-marco del Consejo de Europa para la protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los principios desarrollados en el marco de la OSCE;
103. Pide a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta la perspectiva de los derechos de las minorías, que garanticen el derecho a utilizar una lengua minoritaria y protejan la diversidad lingüística dentro de la Unión; pide a la Comisión Europea que refuerce su plan para promover la enseñanza y el uso de las lenguas regionales como posible forma de atajar la discriminación lingüística en la Unión;
104. Pide a la Unión que, dentro del pleno respeto del principio de subsidiariedad, aplique la Resolución 1985 (2014) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la situación y los derechos de las minorías nacionales en Europa; hace hincapié en que todos los números de teléfono de emergencia y de ayuda que estén en funcionamiento en los Estados miembros deben estar disponibles no solo en las lenguas oficiales del país, sino también en sus lenguas minoritarias y en las principales lenguas de la Unión mediante la transferencia de llamadas;
106. Subraya que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás, lo que incluye los derechos a la dignidad inalienable, a la salud y a la familia, a la vida independiente, a la autonomía y a la plena integración social, al acceso a la justicia, a bienes y servicios y a los derechos de voto y como consumidores, de conformidad con la CDPD; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que tomen medidas adecuadas para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer todos los derechos consagrados en los tratados y en la legislación de la Unión; señala que el apoyo que recibe el enfoque con respecto a la discapacidad basado en los derechos humanos sigue sin ser pleno, lo que provoca que las personas con discapacidad sigan estando discriminadas dentro de la Unión, e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos por adaptar sus marcos jurídicos a los requisitos de la CDPD y para integrar efectivamente a las personas con discapacidad en la sociedad;
107. Pide a los Estados miembros que adopten estrategias para proporcionar un acceso eficaz al mercado de trabajo a las personas con discapacidad; lamenta que los fondos de la Unión disponibles para la integración de las personas con discapacidad sigan sin utilizarse plenamente con este fin; pide a la Comisión que supervise de cerca la utilización de los fondos y tome medidas cuando sea necesario;
110. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que desarrollen servicios de apoyo para niños y niñas con discapacidad y sus familias en las comunidades locales, promover la desinstitucionalización y garantizar un sistema educativo que los integre;
111. Insta a los Estados miembros a que garanticen que el número de emergencia 112 sea plenamente accesible para las personas con discapacidad y a que se eleve el grado de difusión del número mediante campañas de concienciación;
112. Pide a la Unión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que intensifiquen la asignación de recursos económicos y humanos a los marcos de supervisión establecidos de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, de manera que puedan desempeñar sus funciones y garantizar su independencia velando por que en su composición y funcionamiento se tengan en cuenta los Principios de París relativos al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos;
118. Lamenta que la población romaní sigua sufriendo el racismo y una discriminación sistemática e institucional, y recuerda que la discriminación de los romaníes en el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, el acceso a la justicia o en cualquier otro ámbito es inaceptable y perjudicial para la sociedad europea; pide, por lo tanto, a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que, habida cuenta del informe de la Comisión sobre la aplicación del marco de la Unión para las estrategias nacionales de integración de la población romaní 2015, apliquen de manera plena y rápida sus propias estrategias nacionales con respecto a la población romaní, implanten medidas específicas para luchar contra la discriminación de la población romaní por motivos raciales de conformidad con lo previsto en la Directiva sobre igualdad racial y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como que combatan la hostilidad contra la población romaní de acuerdo con la Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia;
119. Recuerda la jurisprudencia del TJUE que establece que el principio de igualdad de trato contemplado en la Directiva 2000/43/CE protege a las personas que, aunque no sean miembros del grupo racial o étnico en cuestión, sufren un trato menos favorable o una desventaja particular por uno de estos motivos;
120. Pide a la Comisión que incorpore la supervisión de los casos de discriminación en todos los ámbitos, en particular en la educación, el empleo, la vivienda y la asistencia sanitaria, velando especialmente por que todos los programas se ejecuten de manera que se reduzcan las brechas existentes entre los romaníes y los no romaníes; pide, además, a la Comisión que tome medidas contra aquellos Estados miembros que promuevan o permitan la institucionalización de la discriminación y la segregación;
121. Condena la práctica de segregar a los niños romaníes en las escuelas, que tiene un efecto extremadamente negativo en las perspectivas de vida de estos niños; apoya la intervención de la Comisión para oponerse a esta práctica mediante procedimientos de infracción, y pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para eliminar la segregación escolar y presenten planes en favor de medidas de integración de los niños romaníes;
134. Recuerda que toda persona tiene derecho a su esfera privada y a la protección de los datos personales que le conciernen, lo que incluye el derecho de acceso a los datos recopilados relativos a ellos y el derecho a que dichos datos de rectifiquen; destaca el derecho de toda persona a decidir por sí misma sobre sus datos personales, en especial el derecho exclusivo a decidir sobre el uso y la difusión de sus datos personales; destaca que la Comisión y los Estados miembros deben aplicar medidas que permitan a cada ciudadano que se le remitan los contenidos que puedan atentar a su dignidad o reputación, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión y de información y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia pertinentes; señala que, cuando no existe un interés público concreto, toda persona tiene derecho a decidir qué datos hacer disponibles, derecho a eliminar datos personales y derecho al olvido de conformidad con la legislación nacional y de la Unión;
135. Manifiesta su preocupación por que los ciudadanos no estén suficientemente informados de sus derechos ni de las posibles vías jurídicas de recurso a su disposición; considera fundamental que se familiarice a los ciudadanos y sobre todo a los niños sobre la importancia de la protección de sus datos personales, incluida su protección en el ciberespacio, y sobre los posibles riesgos a los que están expuestos; insta a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en lo que se refiere a las competencias en los nuevos medios de comunicación y a que las incorporen como componente integral en los planes de estudios de las escuelas; pide a los Estados miembros que tomen medidas para luchar contra el acoso por internet, en particular cuando afecta a determinados grupos de niños;
Informe de situación de Europol sobre la trata de seres humanos en la UE (febrero de 2016).
OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (12.10.2016)

References: artículo 17
 artículo 52
 artículo 15
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 33