Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art46.cfm
Timestamp: 2017-03-24 14:06:47+00:00

Document:
Academy on Human Rights & Humanitarian Law - Repertorio
Artículo 1 - Artículo 2
Artículo 3 - Artículo 25
Artículo 27 - Artículo 31	Artículo 32	Artículo 33	Artículo 34 - Artículo 51
Artículo 52 - Artículo 69
Artículo 70 - Artículo 73	Artículo 74 - Artículo 75
Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario
Repertorio de Jurisprudencia del
La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997
46.0.1. general 46.1.1. ". . . que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicci�n interna, . . . ." 46.1.1.1. general 46.1.1.2. competencia de la Corte en relaci�n a la regla de agotamiento de recursos internos 46.1.1.3. renuncia del estado al previo agotamiento de los recursos internos 46.1.1.3.1. efectos de la renuncia
46.1.1.3.2. estoppel
46.1.1.3.3. oportunidad
46.1.1.4. carga de la prueba 46.1.1.5. relaci�n de la regla de agotamiento de recursos internos con el m�rito o decisi�n de fondo del asunto
46.1.1.6. ". . . conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. . . . ." 46.1.1.6.1. recurso adecuado 46.1.1.6.2. recurso eficaz 46.1.1.6.2.1. habeas corpus (recurso de exhibici�n personal o amparo) 46.1.2. regla de los seis (6) meses 46.1.3. "que la materia de la petici�n o comunicaci�n no est� pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. . ." 46.1.4. "que en el caso del art�culo 44 la petici�n contenga el nombre, la nacionalidad, la profesi�n, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petici�n. . . ." 46.2. excepciones a la regla del agotamiento de recursos internos 46.2.0.1. general 46.2.1. "no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados. . . ." 46.2.2. "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos. . . ." 46.2.2.1. en el contexto de pr�ctica o pol�tica para impedir utilizaci�n de recursos internos 46.2.2.2. indigencia 46.2.2.3. imposibilidad de obtener asistencia legal por temor generalizado de los abogados 46.2.3. "haya retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos."
1. Para que una petici�n o comunicaci�n presentada conforme a los art�culos 44 � 45 sea admitida por la Comisi�n, se requerir�:
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci�n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisi�n definitiva;
c. que la materia de la petici�n o comunicaci�n no est� pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
d. que en el caso del art�culo 44 la petici�n contenga el nombre, la nacionalidad, la profesi�n, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petici�n.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente art�culo no se aplicar�n cuando:
a. no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c. haya retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos.
46.0.1. general
15. La Corte, en su Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, claramente circunscribi� la cuesti�n en ese entonces, a una de simple "procedibilidad", "admisibilidad" o "competencia para conocer el caso "en su estado actual". En este sentido, muy ilustrativamente dijo: "la inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento..." (Ibid., p�rr. No. 28). Por cierto que �sta fue tambi�n la raz�n fundamental para que la Cortese reservara su conocimiento, como se dijo (Ibid., in fine).
16. La Corte consider� concretamente dos requisitos de procedibilidad de la petici�n, sobre los cuales se produjo la renuncia del Gobierno de Costa Rica: uno, de car�cter general: el requisito del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicci�n interna, impuesto por el art�culo 46.1.a) de la Convenci�n, tanto para ante la Comisi�n, directamente, como para ante la propia Corte, indirectamente, requisito que tuvo por renunciable en general (Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. No. 26); el otro, el requisito del agotamiento previo de los procedimientos previstos en los art�culos 48 a 50 de la Convenci�n -procedimientos ante la Comisi�n-, establecido por el art�culo 61.2 de la misma para acudir ante el Tribunal, que tuvo, en cambio, por necesario y, por ende, por irrenunciable (Ibid., p�rrs. Nos. 14, 20 y 25). S�lo que, al pronunciarse as� sobre este �ltimo y rechazar el caso por su incumplimiento, de modo expreso omiti� hacerlo formalmente sobre el primero, en vista de que, "como estamos en presencia de requisitos de admisibilidad de una queja o denuncia ante la Comisi�n, en principio corresponde a �sta pronunciarse en primer t�rmino"(Ibid., p�rr. No. 27).
17. Fue, pues, en relaci�n con el requisito necesario e irrenunciable del procedimiento previo ante la Comisi�n, que la Corte se reserv� el conocimiento del asunto, con lo cual estableci�, a mi juicio con toda claridad y acierto, una simple "subordinaci�n procesal", pero no una "subordinaci�n material" ante la Comisi�n. Dicho de otra manera: es evidente que la Corte, al reconocer la importancia general y la necesidad procesal del procedimiento ante la Comisi�n, tuvo en mente, s�, la imposibilidad de soslayarlo o renunciarlo en su totalidad, pero tambi�n, al mismo tiempo, dos principios impl�citos, pero inequ�vocos: uno, el de que esa necesidad procesal no convierte a la Comisi�n en un tribunal ni al procedimiento ante ella en una especie de "primera instancia" jurisdiccional; el otro, el de que la Comisi�n carece de potestades preclusivas de las jurisdiccionales de la Corte, que es el �nico tribunal del sistema de protecci�n de los derechos humanos consagrado en la Convenci�n. En este sentido, dijo por ejemplo "si posteriormente, en el debate judicial se plantea una controversia sobre si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad ante la Comisi�n, la Corte decidir�, acogiendo o no el criterio de la Comisi�n, que no le resulta vinculante del mismo modo que tampoco la vincula su informe final" (Ibid., p�rr. No. 27); lo cual no es otra cosa que afirmar el car�cter "plenario" y "�nico" de la jurisdicci�n del Tribunal.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 8 setiembre de 1983, p�rrs. 15 - 17.
38. En el segundo punto de la solicitud de opini�n consultiva, que se relaciona con las peticiones presentadas de acuerdo con el art�culo 44 de la Convenci�n, se pregunta si la Comisi�n despu�s de declarar inadmisible la petici�n de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 46 y 47, puede pronunciarse "en el mismo informe sobre el fondo".
39. Al respecto se debe precisar que si bien la Convenci�n no utiliza el vocablo "pronunciamiento" �ste puede ser considerado como el t�rmino gen�rico de otras expresiones: opiniones, conclusiones, recomendaciones, que la Comisi�n puede emitir en uso de sus facultades de conformidad con el art�culo 41. Asimismo no es exacto hablar de un "informe" sin el presupuesto de la admisibilidad, pues si la Comisi�n declara inadmisible un asunto no debe producirse, en los t�rminos de los art�culos 50 y 51, informe alguno (infra, p�rr. 48). La Corte entiende que la pregunta objeto de este an�lisis, se refiere al evento de que la Comisi�n formule opiniones, conclusiones o recomendaciones sobre el fondo en peticiones individuales, despu�s de declararlas inadmisibles.
40. La Convenci�n determina cu�les son los requisitos que debe reunir una petici�n o comunicaci�n para ser admitida por la Comisi�n (art�culo 46); igualmente determina los casos de inadmisibilidad (art�culo 47) la que, incluso, puede declararse despu�s de iniciado el tr�mite (art�culo 48.1.c). En cuanto a la forma en que la Comisi�n debe declarar la inadmisibilidad, la Corte ya se�al� que �sta exige un acto expreso, lo cual no es necesario para la admisi�n (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 40; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, p�rr. 45 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 43).
41. Los requisitos de admisibilidad tienen que ver, obviamente, con la certeza jur�dica tanto en el orden interno como en el internacional. Sin caer en un formalismo r�gido que desvirt�e el prop�sito y el objeto de la Convenci�n, es necesario para los Estados y para los �rganos de la Convenci�n cumplir con las disposiciones que regulan el procedimiento, pues en ellas descansa la seguridad jur�dica de las partes (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, p�rrs. 42 y 63). Ante la Comisi�n, un Estado denunciado de violar la Convenci�n puede en ejercicio de su derecho de defensa arg�ir cualesquiera de las disposiciones de los art�culos 46 y 47 y, de prosperar ante la Comisi�n ese argumento, que el tr�mite de la denuncia no contin�e y �sta se archive.
42. La admisibilidad de una petici�n o comunicaci�n es un presupuesto indispensable para el conocimiento del fondo de un asunto. La declaraci�n de inadmisibilidad de una petici�n o comunicaci�n impedir�, en consecuencia, llegar a un pronunciamiento sobre �l. En el sistema previsto por la Convenci�n para las comunicaciones individuales, a partir del momento en que la Comisi�n declara inadmisible el asunto, �sta carece de competencia para resolverlo.
43. Esta Corte ha dicho que "[e]s un principio com�nmente aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que �sta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades" (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, supra 41, p�rr. 42). Mas aqu� se trata de un caso que ha quedado cerrado y decidirlo luego ser�a equivalente a que la Comisi�n se pronunciara sin haber recibido comunicaci�n alguna.
44. La imposibilidad procesal, en las circunstancias antedichas, de que la Comisi�n se pronuncie sobre el fondo de las peticiones de que conozca en ejercicio de la atribuci�n que le asigna el art�culo 41.f de la Convenci�n, haciendo las recomendaciones pertinentes al Estado demandado, en modo alguno enerva el ejercicio por ella de las otras atribuciones que le confiere in extenso ese art�culo 41. En todo caso, el ejercicio de estas �ltimas, por ejemplo las contempladas en los literales b, c y g de dicha norma, ha de realizarse mediante acciones y procedimientos separados del r�gimen a que est� sometido el conocimiento de las peticiones o denuncias individuales que se sustancian con apego a los art�culos 44 al 51 de la Convenci�n y de ninguna manera puede usarse para referirse de forma encubierta al fondo de uno o varios casos individuales declarados inadmisibles.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, p�rrs. 38-44. 46.1.1. ". . . que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicci�n interna, . . . ."
46.1.1.1. general
17. En la demanda introducida ante esta Corte por el Gobierno est�n implicados, prima facie, dos aspectos del sistema de la Convenci�n. En primer lugar, la disposici�n del art�culo 61.2, seg�n la cual, para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos ante la Comisi�n. En segundo lugar, el art�culo 46.1.a) que establece, como requisito de admisibilidad ante la Comisi�n de una petici�n o comunicaci�n, la previa interposici�n y agotamiento de los recursos de jurisdicci�n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Ninguno de los dos extremos se ha cumplido en el presente asunto.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A (1984), Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 17.
56. La Corte considerar�, en primer t�rmino, los aspectos jur�dicos relevantes sobre la cuesti�n del agotamiento de los recursos de la jurisdicci�n interna y analizar� posteriormente su aplicaci�n al caso.
57. El art�culo 46.1.a) de la Convenci�n dispone que, para que una petici�n o comunicaci�n presentada a la Comisi�n conforme a los art�culos 44 o 45 resulte admisible, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci�n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.
58. En su inciso 2, el mismo art�culo dispone que este requisito no se aplicar� cuando
a) no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos.
59. En su sentencia de 26 de junio de 1987, la Corte decidi�, inter alia, que "el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el se�alamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad" (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 23, p�rr. 88).
60. La Corte no se extendi� m�s all� de la conclusi�n citada en el p�rrafo anterior al referirse al tema de la carga de la prueba. En esta oportunidad, la Corte considera conveniente precisar que si un Estado que alega el no agotamiento prueba la existencia de determinados recursos internos que deber�an haberse utilizado, corresponder� a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del art�culo 46.2. No se debe presumir con ligereza que un Estado Parte en la Convenci�n ha incumplido con su obligaci�n de proporcionar recursos internos eficaces.
61. La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema seg�n su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente v�lido en la jurisdicci�n internacional de los derechos humanos, por ser �sta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convenci�n Americana, Pre�mbulo).
62. Proporcionar tales recursos es un deber jur�dico de los Estados, como ya lo se�al� la Corte en su sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirm�:
La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que est�n presentes en la Convenci�n. En efecto, seg�n ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las v�ctimas de violaci�n de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligaci�n general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci�n a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci�n (art. 1). (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 23, p�rr. 91).
63. El art�culo 46.1.a) de la Convenci�n remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren s�lo a la existencia formal de tales recursos, sino tambi�n a que �stos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el art�culo 46.2.
64. Que sean adecuados significa que la funci�n de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea id�nea para proteger la situaci�n jur�dica infringida. En todos los ordenamientos internos existen m�ltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso espec�fico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. As� lo indica el principio de que la norma est� encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, como la presunci�n de muerte por desaparecimiento, cuya funci�n es la de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su c�nyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberaci�n si est� detenida.
65. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibici�n personal o h�beas corpus ser�a, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo est� legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad. Los otros recursos mencionados por el Gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una decisi�n dentro de un proceso ya incoado (como los de apelaci�n o casaci�n) o est�n destinados a servir para otros prop�sitos. Pero, si el recurso de exhibici�n personal exigiera, como lo afirm� el Gobierno, identificar el lugar de detenci�n y la autoridad respectiva, no ser�a adecuado para encontrar a una persona detenida clandestinamente por las autoridades del Estado, puesto que, en estos casos s�lo existe prueba referencial de la detenci�n y se ignora el paradero de la v�ctima.
66. Un recurso debe ser, adem�s, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibici�n personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente.
67. En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisi�n, el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra, por s� solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces, pues podr�a ocurrir, por ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado.
68. El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones f�tiles, o si se compruebala existencia de una pr�ctica o pol�tica ordenada o tolerada por el poder p�blico, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilizaci�n de los recursos internos que, normalmente, estar�an al alcance de los dem�s. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del art�culo 46.2 ser�an plenamente aplicables en estas situaciones y eximir�an de la necesidad de agotar recursos internos que, en la pr�ctica, no pueden alcanzar su objeto.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 56-68.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 59-70.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 80-88 y 90-93.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rr. 34.
84. La Corte ante todo debe reiterar que, si bien el agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad ante la Comisi�n, la determinaci�n de si tales recursos se han interpuesto y agotado o si se est� en presencia de una de las excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una cuesti�n relativa a la interpretaci�n o aplicaci�n de la Convenci�n que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte al tenor de lo dispuesto por el art�culo 62.1 de la Convenci�n (supra 29). La oportunidad en que la Corte deba pronunciarse sobre una alegaci�n relativa a los recursos internos depender� de las circunstancias propias de cada caso. Nada se opone, en principio, a que la Corte resuelva como excepci�n preliminar un desacuerdo entre las partes relativo al agotamiento de los recursos internos, en particular cuando tal excepci�n sea desestimada por la Corte o, por el contrario, que lo decida junto con el fondo. Por consiguiente, para decidir en el presente caso si la objeci�n formulada por el Gobierno en relaci�n con la falta de agotamiento de los recursos internos debe ser unida con la cuesti�n de fondo, la Corte deber� examinar las particularidades que reviste la materia, en los t�rminos concretos en que est� planteada.
85. El art�culo 46.1.a) de la Convenci�n indica que la admisibilidad de una petici�n introducida ante la Comisi�n seg�n el art�culo 44, est� sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci�n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos".
86. El art�culo 46.2 establece tres supuestos espec�ficos para la inaplicabilidad del requisito contenido en el art�culo 46.1.a), al disponer lo siguiente:
Las disposiciones de los incisos l.a) y l.b) del presente art�culo no se aplicar�n cuando:
87. No es necesario que la Corte resuelva en este caso la cuesti�n de saber si la enumeraci�n del art�culo 46.2 es taxativa o solamente ilustrativa. Sin embargo, la referencia a "los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos" indica, entre otras cosas, que esos principios no son relevantes solamente para determinar en qu� situaciones se exime del agotamiento de los recursos, sino tambi�n porque son elementos necesarios para el an�lisis que la Corte haga al interpretar y aplicar las reglas establecidas en el art�culo 46.1.a), por ejemplo, al tratar problemas relativos a la forma como debe probarse el no agotamiento de los recursos internos o a qui�n tiene la carga de la prueba o, incluso, qu� debe entenderse por "recursos internos". Fuera de la referencia a esos principios, la Convenci�n no establece reglas para la soluci�n de tales cuestiones y de otras an�logas.
88. De los principios de derecho internacional generalmente reconocidos resulta, en primer lugar, que se trata de una regla cuya invocaci�n puede ser renunciada en forma expresa o t�cita por el Estado que tiene derecho a invocarla, lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (v. Asunto de Viviana Gallardo y otras, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, No. G 101/81. Serie A, p�rr. 26). En segundo lugar, que la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podr� presumirse la renuncia t�cita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el se�alamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad.
89. Al aplicar los anteriores principios al presente caso, la Corte observa que el expediente evidencia:
a) que el Gobierno no interpuso la excepci�n en tiempo oportuno, cuando la Comisi�n inici� el conocimiento de la denuncia introducida ante ella; y
b) que al interponerla, lo hizo de manera confusa. As�, por ejemplo, en su nota del 18 de noviembre de 1983, se�al� que la jurisdicci�n interna no estaba agotada porque un recurso de exhibici�n personal estaba pendiente, mientras que en la audiencia sostuvo que el recurso de exhibici�n personal no agota los recursos internos. En otras oportunidades el Gobierno se refiri� a dichos recursos en forma muy general, sin precisar cu�les eran los remedios �tiles, seg�n el derecho interno, para resolver controversias como la que est� sometida a consideraci�n de la Corte. Tambi�n hay evidencia en el expediente de que el Gobierno respondi� a los requerimientos de informaci�n que le fueron dirigidos por la Comisi�n, incluso los relativos a los recursos internos, s�lo despu�s de largas demoras y que la informaci�n suministrada no respondi� siempre a las preguntas formuladas por la Comisi�n.
90. En circunstancias normales, la descrita conducta del Gobierno justificar�a la conclusi�n de que hace largo tiempo pas� el momento para pretender el rechazo de este caso con base en el no agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, la Corte no debe resolver sin tener en cuenta ciertas actuaciones procesales cumplidas por ambas partes. Por ejemplo, el Gobierno no hizo valer la excepci�n de los recursos internos en el momento en que recibi� la comunicaci�n formal de la petici�n introducida ante la Comisi�n, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondi� a la solicitud de informaci�n de la Comisi�n. La Comisi�n, por su parte, al recibir por primera vez la alegaci�n de que a�n no se hab�an agotado los recursos internos, lo que ocurri� en fecha posterior a la adopci�n de su resoluci�n 30/83, no s�lo omiti� se�alar al Gobierno que tal alegaci�n resultaba extempor�nea, sino que, por nota del 30 de mayo de 1984, le solicit� informaci�n sobre si "(a) la fecha se han agotado los recursos de la jurisdicci�n interna". En esas condiciones, y sin m�s evidencias que las contenidas en el expediente, la Corte considera que ser�a impropio rechazar in limine la excepci�n del Gobierno sin dar a ambas partes la oportunidad de sustanciar plenamente sus puntos de vista.
91. La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que est�n presentes en la Convenci�n. En efecto, seg�n ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las v�ctimas de violaci�n de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligaci�n general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci�n a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci�n (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no s�lo se est� alegando que el agraviado no est� obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se est� imputando al Estado involucrado una nueva violaci�n a las obligaciones contra�das por la Convenci�n. En tales circunstancias la cuesti�n de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo.
92. El Gobierno puntualiz� en la audiencia la naturaleza subsidiaria del r�gimen de protecci�n internacional de los derechos humanos consagrado en la Convenci�n respecto del derecho interno, como raz�n de la obligaci�n de agotar previamente los recursos dom�sticos.
93. La observaci�n del Gobierno es acertada. Pero debe tenerse tambi�n en cuenta que la fundamentaci�n de la protecci�n internacional de los derechos humanos radica en la necesidad de salvaguardar a la v�ctima del ejercicio arbitrario del poder p�blico. La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la v�ctima en estado de indefensi�n y explica la protecci�n internacional. Por ello, cuando quien denuncia una violaci�n de los derechos humanos aduce que no existen dichos recursos o que son ilusorios, la puesta en marcha de tal protecci�n puede no s�lo estar justificada sino ser urgente. En esos casos no solamente es aplicable el art�culo 37.3 del Reglamento de la Comisi�n, a prop�sito de la carga de la prueba, sino que la oportunidad para decidir sobre los recursos internos debe adecuarse a los fines del r�gimen de protecci�n internacional. De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuaci�n internacional en auxilio de la v�ctima indefensa. Esa es la raz�n por la cual el art�culo 46.2 establece excepciones a la exigibilidad de la utilizaci�n de los recursos internos como requisito para invocar la protecci�n internacional, precisamente en situaciones en las cuales, por diversas razones, dichos recursos no son efectivos. Naturalmente cuando el Estado opone, en tiempo oportuno, esta excepci�n, la misma debe ser considerada y resuelta, pero la relaci�n entre la apreciaci�n sobre la aplicabilidad de la regla y la necesidad de una acci�n internacional oportuna en ausencia de recursos internos efectivos, puede aconsejar frecuentemente la consideraci�n de las cuestiones relativas a aquella regla junto con el fondo de la materia planteada, para evitar que el tr�mite de una excepci�n preliminar demore innecesariamente el proceso.
94. Las consideraciones precedentes son pertinentes dentro del an�lisis del asunto planteado a la Corte, el cual ha sido presentado por la Comisi�n como un caso de desaparici�n forzada de personas dispuesta por el poder p�blico. Dondequiera que esta pr�ctica ha existido, ella ha sido posible precisamente por la inexistencia o ineficacia de los recursos internos para proteger los derechos esenciales de los perseguidos por las autoridades. En estos casos, dada la imbricaci�n del problema de los recursos internos con la violaci�n misma de derechos humanos, es evidente que la cuesti�n de su previo agotamiento debe ser considerada junto con la cuesti�n de fondo.
95. La Comisi�n ha planteado, adem�s, que la interposici�n de los recursos internos en este caso fue infructuosa y que, por a�adidura, en el tiempo en que ocurrieron los hechos estaban presentes las tres excepciones contempladas por la Convenci�n a la regla del previo agotamiento. El Gobierno sostiene, en cambio, que el sistema judicial interno ofrece mayores posibilidades. Esa diferencia conduce inevitablemente al tema de la efectividad de los recursos internos y del sistema judicial considerados en su conjunto, como mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos. En esa perspectiva, si la Corte acogiera la excepci�n opuesta por el Gobierno y declarara que quedan recursos internos efectivos por oponer, se estar�a adelantando sobre la cuesti�n de fondo, sin haber recibido las pruebas y argumentos que la Comisi�n ha ofrecido, as� como los que el Gobierno pudiere proponer. Si, en cambio, declarara que los recursos internos efectivos se han agotado o que no existieron, estar�a prejuzgando sobre el fondo en contra del Estado involucrado.
96. Por tanto, las cuestiones relativas al agotamiento y efectividad de los recursos internos aplicables al presente caso deben ser resueltas junto con las cuestiones de fondo.
97. El art�culo 45.1.1) del Reglamento dispone que "(l)a sentencia contendr�: 1) el pronunciamiento sobre las costas, si procede". La Corte reservar� su pronunciamiento sobre este punto para decidirlo con la cuesti�n de fondo.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 84-97.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 83-96.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 86-99.
Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, p�rr. 24.
89. . . . [E]l Gobierno aleg� en varias oportunidades que la exhumaci�n del cad�ver hallado en La Monta�ita ha debido solicitarse por los interesados ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa, encargado de las diligencias derivadas del hallazgo de varios cad�veres en el sitio mencionado. A este respecto, la Corte estima que la exhumaci�n realizada oportunamente podr�a haber sido una prueba importante pero no es un recurso que, conforme al art�culo 46.1.a) de la Convenci�n, permita garantizar los derechos humanos a una persona presuntamente desaparecida.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 89.
46.1.1.2. competencia de la Corte en relaci�n a la regla de agotamiento de recursos internos
28. Antes de entrar a considerar cada una de las excepciones, la Corte debe precisar el �mbito de la jurisdicci�n que posee con respecto al presente caso. La Comisi�n sostuvo en la audiencia que, como la Corte no es un tribunal de apelaci�n respecto de lo actuado por ella, tiene una jurisdicci�n limitada que le impide revisar todo cuanto se refiere al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de una petici�n dirigida a la Comisi�n, o de las normas procesales aplicables a las distintas etapas que deben cumplirse en el tr�mite de un caso ante ella.
29. Ese planteamiento no se adec�a a la Convenci�n, en cuyos t�rminos la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, est� facultada para decidir "sobre todos los casos relativos a la interpretaci�n o aplicaci�n de (la) Convenci�n" (art. 62.1). Son esas las atribuciones que aceptan los Estados que se someten a la jurisdicci�n obligatoria de la Corte. Los t�rminos amplios en que est� redactada la Convenci�n indican que la Corte ejerce una jurisdicci�n plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, para decidir si se ha producido una violaci�n a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convenci�n y para adoptar las disposiciones apropiadas derivadas de semejante situaci�n; pero lo es igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que est� envuelta la "interpretaci�n o aplicaci�n de (la) Convenci�n". En el ejercicio de esas atribuciones la Corte no est� vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisi�n, sino que est� habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciaci�n. Obviamente la Corte no act�a, con respecto a la Comisi�n, en un procedimiento de revisi�n, de apelaci�n u otro semejante. Su jurisdicci�n plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisi�n, resulta de su car�cter de �nico �rgano jurisdiccional de la materia. En este sentido, al tiempo que se asegura una m�s completa protecci�n judicial de los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n, se garantiza a los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas.
30. La Corte entiende que la interpretaci�n de todas las normas de la Convenci�n relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisi�n para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protecci�n internacional de los derechos humanos que constituye la raz�n misma de la existencia de la Convenci�n y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los t�rminos del tratado en el contexto de �stos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convenci�n Americana es la eficaz protecci�n de los derechos humanos. Por ello, la Convenci�n debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el r�gimen de protecci�n de los derechos humanos a cargo de la Comisi�n y de la Corte adquiera todo "su efecto �til". Es plenamente aplicable aqu� lo que ha dicho la Corte de La Haya.
Considerando que, en caso de duda, las cl�usulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus t�rminos, de manera que se permita a dichas cl�usulas desplegar su efecto �til (Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, p�g. 13).
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 28-30.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 33-35.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 31-33.
84. La Corte ante todo debe reiterar que, si bien el agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad ante la Comisi�n, la determinaci�n de si tales recursos se han interpuesto y agotado o si se est� en presencia de una de las excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una cuesti�n relativa a la interpretaci�n o aplicaci�n de la Convenci�n que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte al tenor de lo dispuesto por el art�culo 62.1 de la Convenci�n (supra 29).
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rr. 84.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rr. 83.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rr. 86.
. . . [M]e siento obligado a adjuntar este Voto Razonado para explicar y desarrollar las razones por las cuales estoy plenamente de acuerdo con el rechazo por la Corte de una de las excepciones preliminares en particular, a saber, la del no agotamiento de los recursos internos, y mi enfoque sobre la cuesti�n del no agotamiento con relaci�n al tema de la estructura interna del organismo jurisdiccional internacional (es decir, de la atribuci�n de competencias a la Comisi�n y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Deseo abordar la cuesti�n espec�fica de la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos invocada ante la Corte, en dos circunstancias: cuando no se la ha opuesto previamente ante la Comisi�n, como en el presente caso, y cuando se la ha invocado anteriormente ante la Comisi�n. En el primer caso, no se puede dudar de que el Gobierno demandado se encuentra impedido de levantar la objeci�n de no agotamiento al no haberla opuesto previamente ante la Comisi�n. La Corte, como se puede recordar, ha considerado la excepci�n de no agotamiento renunciable, a�n t�citamente, y ha estimado que la cuesti�n del cumplimiento o no de los requisitos de admisibilidad ante la Comisi�n (art�culos 46-47) se relaciona con la interpretaci�n o la aplicaci�n de la Convenci�n Americana y se encuentra, de esta manera, ratione materiae, dentro del �mbito de la competencia de la Corte. Sin embargo, como se trataba de un requisito de admisibilidad de una petici�n o comunicaci�n ante la Comisi�n, la Corte sostuvo en el "Asunto de Viviana Gallardo et al." (1981, 26-27) que incumb�a primero a la Comisi�n decidir sobre la materia, y que solamente despu�s de dicha decisi�n podr�a la Corte aceptar o rechazar la opini�n de la Comisi�n; como en aquel caso la cuesti�n no se hab�a tratado por la Comisi�n, la Corte decidi� que no pod�a en aquella etapa pronunciarse sobre una renuncia por el Gobierno del requisito del previo agotamiento de los recursos internos. De hecho, constituye un requisito de sentido com�n, de la administraci�n correcta de la justicia y de la estabilidad jur�dica, como lo revela el propio plan general de la Convenci�n Americana, que una objeci�n a la admisibilidad basada en el no agotamiento de los recursos internos se presente solamente in limine litis, en la medida en que lo permitan las circunstancias del caso. Si dicha objeci�n, que beneficia primariamente al Estado demandado, no se presenta por �ste en el momento oportuno, es decir, en el procedimiento sobre admisibilidad ante la Comisi�n, se presume que el Gobierno demandado ha renunciado, aun t�citamente, a dicha objeci�n. No hay nada que impida que el Gobierno demandado renuncie, en forma expresa o t�cita, al beneficio de la regla del agotamiento de los recursos internos, la cual pretende privilegiar su propio ordenamiento jur�dico interno. De ello resulta que si tal renuncia ha ocurrido en el procedimiento ante la Comisi�n, como en el presente caso, no se puede concebir que el Gobierno demandado pueda libremente retirar esa renuncia en el procedimiento subsecuente ante la Corte. Tal oportunidad "ampliada" e injustificada, reivindicada por el Gobierno demandado - de hecho una doble oportunidad -, para invocar una objeci�n que existe primariamente en su propio beneficio, parece militar en contra de los fundamentos del sistema de protecci�n internacional de los derechos humanos; parece que, al contrario, hay aqu� la posibilidad de, a un tiempo, equilibrar la balanza de la justicia en una forma equitativa en favor de las presuntas v�ctimas, y fortalecer la administraci�n correcta de la justicia y el mecanismo de protecci�n de la Convenci�n. El segundo caso, es decir, la reconsideraci�n por la Corte de la regla del agotamiento previamente invocada ante la Comisi�n, requiere de mayor reflexi�n. La Corte examin� esta cuesti�n en los tres casos hondure�os (Excepciones Preliminares, 1987) en los cuales la Corte no acept� el argumento de la Comisi�n de que la Corte no pod�a revisar todos los aspectos relativos a las reglas de admisibilidad de las peticiones o comunicaciones. La Corte consider� que la materia en cuesti�n se hallaba dentro de su competencia (contenciosa) en cuanto se relacionaba con la interpretaci�n o la aplicaci�n de la Convenci�n; luego decidi�, a su propio criterio, juntar la cuesti�n del no agotamiento al fondo, dada la estrecha relaci�n entre la cuesti�n de los recursos internos y la violaci�n propiamente dicha de los derechos humanos (casos: "Vel�squez Rodr�guez", 28, 84 y 94-96; "God�nez Cruz", 31, 86 y 96-98; "Fair�n Garbi y Sol�s Corrales", 33, 83 y 93-95). En dichos casos, parece que a la Corte le fue posible decidir de esa manera debido al hecho de que la propia Comisi�n de alg�n modo argument� que la materia del agotamiento de los recursos internos se vinculaba inseparablemente al fondo y deb�a decidirse juntamente con este �ltimo (casos: "Vel�squez Rodr�guez", 83; "God�nez Cruz", 85; "Fair�n Garbi y Sol�s Corrales", 82) La Corte justific� que, en el ejercicio de su jurisdicci�n contenciosa, era competente para decidir todas las materias relativas a la interpretaci�n o la aplicaci�n de la Convenci�n Americana, y que esas materias comprend�an tanto la determinaci�n de una violaci�n de los derechos garantizados y la adopci�n de medidas apropiadas como la interpretaci�n de reglas procesales y la verificaci�n de su cumplimiento. Al ejercer esos poderes, la Corte no se consideraba obligada o limitada por las decisiones previas de la Comisi�n; la Corte a�adi� que no actuaba como una corte de revisi�n o apelaci�n de las decisiones de la Comisi�n sobre la admisibilidad, sino que esos poderes derivaban de su naturaleza como �rgano judicial �nico en materias relativas a la Convenci�n, y adem�s aseguraban a los Estados Partes que aceptaran la jurisdicci�n de la Corte que las disposiciones de la Convenci�n se observar�an estrictamente (casos: "Vel�squez Rodr�guez", 29; "God�nez Cruz", 32; "Fair�n Garbi y Sol�s Corrales", 34). Al contrario de lo que podr�a suponerse, tal afirmaci�n tan celosa de la Corte de sus poderes tambi�n con relaci�n a los aspectos atinentes a la excepci�n preliminar a la admisibilidad basada en el no agotamiento de los recursos internos no siempre necesariamente asegura o conduce a una protecci�n mayor de los derechos humanos garantizados. En realidad, hay fuertes razones que militan en favor de asumir, sobre este punto en particular, una posici�n distinta, m�s conforme y conducente a la realizaci�n del objeto y prop�sito de la Convenci�n Americana, en lo que concierne al manejo de esta cuesti�n de procedimiento. Primeramente, bajo la Convenci�n Americana, los dos �rganos de supervisi�n, la Comisi�n y la Corte, tienen poderes definidos, aquel con la competencia de decidir sobre la admisibilidad de las peticiones o comunicaciones (art�culos 46-47), y �ste con la competencia (en casos contenciosos) de determinar si ha habido una violaci�n de la Convenci�n (art�culos 62.1 y 62.3). La cuesti�n preliminar (procesal) de admisibilidad es una e indivisible: as� como se consideran definitivas e inapelables las decisiones de la Comisi�n de inadmisibilidad de peticiones o comunicaciones, el rechazo por la Comisi�n de una objeci�n de no agotamiento de recursos internos deber�a asimismo considerarse definitiva y no susceptible de plantearse de nuevo por el Gobierno demandado en el procedimiento subsecuente ante la Corte. (Esto presupone naturalmente que las decisiones sobre la admisibilidad se basen en un examen cuidadoso y completo de los hechos de los casos por parte de la Comisi�n). Esta posici�n ayudar�a a disminuir la desigualdad factual de status entre las presuntas v�ctimas y los Gobiernos demandados en el procedimiento ante la Corte, y parecer�a cumplir con los requisitos de pura l�gica (dadas la unidad e indivisibilidad de jurisdicci�n) y del plan general de la Convenci�n (en virtud del cual un caso puede someterse a la Corte s�lo despu�s de ser primero examinado por la Comisi�n). Nunca hubo la intenci�n de que, en el mismo caso, se pudiera recurrir dos veces a la regla de los recursos internos, como objeci�n preliminar a la admisibilidad de peticiones o comunicaciones, es decir, de que el Gobierno demandado invocara o se aprovechara dos veces de dicha objeci�n, en los procedimientos primero ante la Comisi�n y luego ante la Corte. En segundo lugar, el proceder de otra manera equivaldr�a a cambiar el �nfasis, de la preocupaci�n principal en asegurar una protecci�n m�s eficaz de las v�ctimas de presuntas violaciones de derechos humanos hacia la preocupaci�n m�s circunscrita con la estructura interna apropiada del organismo jurisdiccional internacional. No deber�a pasar desapercibido que la regla de los recursos internos no se ocupa de la estructura interna del organismo jurisdiccional internacional, sino que su prop�sito es de naturaleza distinta: como una excepci�n preliminar, a presentarse in limine litis, su objeto es ofrecer al Estado una oportunidad en esa etapa de remediar la presunta violaci�n antes de que el �rgano internacional en cuesti�n pueda decidir sobre el m�rito de la denuncia. As� que no se trata de "restringir" los poderes de la Corte sobre el punto en cuesti�n, sino m�s bien de fortalecer el sistema de protecci�n como un todo, de una manera ben�fica para las presuntas v�ctimas, en la realizaci�n del objeto y prop�sito de los tratados sobre derechos humanos. En tercer lugar, en respaldo adicional a esta tesis, que la Corte asuma una competencia de revisi�n en cuestiones de admisibilidad como la regla de los recursos internos parecer�a atentar contra la igualdad procesal y crear una disparidad entre las partes. Aunque el reclamante hubiera ganado su caso ante la Comisi�n, estar�a rodeado de incertidumbres en cuanto al resultado del caso, y despu�s de un litigio prolongado la Corte podr�a denegarle una sentencia sobre el m�rito. Por qu� se le permitir�a al Gobierno demandado impugnar ante la Corte el rechazo por la Comisi�n de una objeci�n de no agotamiento, si a la presunta v�ctima no se le permitir�a impugnar ante la Corte el sostenimiento por la Comisi�n de una objeci�n de no agotamiento? Esto parece constituir una injusticia considerable, en detrimento de la presunta v�ctima. En cuarto lugar, habr�a adem�s raz�n para evitar una labor repetitiva y lenta de la Corte, no s�lo en el procedimiento sobre el fondo, sino tambi�n en el manejo de las pruebas: no ser�a, en absoluto, aconsejable, extender tal repetici�n regularmente tambi�n a cuestiones de admisibilidad, sin ning�n efecto tangible o real sobre la protecci�n de los derechos humanos. Las reglas de naturaleza procesal, tales como la regla de los recursos internos en el contexto espec�fico de la protecci�n de los derechos humanos, incorporada en el tratado sobre derechos humanos en cuesti�n para el prop�sito de seleccionar las reclamaciones, mal se podr�an equiparar con las normas sobre los propios derechos garantizados, la garant�a de la observancia de las cuales merece a�n m�s atraer la atenci�n de la Corte. Si se considerara que la Corte tuviera el poder de revisar las decisiones de la Comisi�n sobre admisibilidad, si ambos �rganos se pronunciaran sobre la objeci�n del no agotamiento, esto podr�a desafortunadamente abrir camino para decisiones divergentes o conflictivas de los dos �rganos sobre el punto en cuesti�n; tal resultado dif�cilmente parecer�a conducente al fortalecimiento del mecanismo internacional de protecci�n de los derechos humanos en cuesti�n. En el presente caso, la Corte correctamente dictamina que el Gobierno demandado est� claramente impedido de apoyarse en esta etapa en la excepci�n de no agotamiento en raz�n de su renuncia t�cita de aquella objeci�n, al no haberla interpuesto en el procedimiento sobre la admisibilidad de la petici�n o comunicaci�n ante la Comisi�n. A�n m�s, se puede argumentar que, aunque el Gobierno demandado haya interpuesto esa objeci�n en la etapa preliminar de admisibilidad y la Comisi�n la haya rechazado, el Gobierno ya no puede m�s apoyarse en esa objeci�n ante la Corte; dicha decisi�n de la Comisi�n se debe considerar definitiva en cuanto a la regla del agotamiento de los recursos internos. Esto le impedir�a a la Corte incluso considerar tal objeci�n, una vez que no ha sido interpuesta ante la Comisi�n, como en el presente caso, o, habiendo sido interpuesta, ha sido rechazada por la Comisi�n: simplemente no se podr�a apoyar en la objeci�n ante la Corte. Tal fundamento y nada m�s ser�a as� suficiente para rechazar esa objeci�n, en las dos circunstancias aqu� consideradas. Este enfoque, apropiadamente aplicado, adem�s disuadir�a a la Corte a no considerar juntar al fondo la materia del agotamiento, lo cual invariablemente perjudicar�a a las presuntas v�ctimas, o no tendr�a ning�n impacto concreto sobre la protecci�n de sus derechos, por las razones arriba expuestas. El rechazo por la Comisi�n de una excepci�n preliminar de no agotamiento es como tal indivisible, cubriendo las condiciones de aplicaci�n de la regla de los recursos internos bajo la Convenci�n, es decir, tanto la incidencia de la regla como sus excepciones. Esto parece conforme al rationale de la regla en el contexto de la protecci�n internacional de los derechos humanos. La especificidad o el car�cter especial de los tratados e instrumentos sobre derechos humanos, la naturaleza y la gravedad de ciertas violaciones de los derechos humanos y los imperativos de protecci�n de la persona humana enfatizan la necesidad de evitar consecuencias injustas y de asegurar con este prop�sito una aplicaci�n necesariamente distinta (m�s flexible y equitativa) de la regla de los recursos internos en el contexto espec�fico de la protecci�n internacional de los derechos humanos. Esto explica, en el presente dominio de protecci�n, la aplicaci�n de los principios de la buena fe y del estoppel en la salvaguardia del debido proceso legal y de los derechos de las presuntas v�ctimas, la distribuci�n de la carga de la prueba en cuanto al agotamiento de los recursos internos entre la presunta v�ctima y el Gobierno con una carga mayor sobre este �ltimo, las aclaraciones y mayor precisi�n en cuanto a la amplia gama de excepciones a la regla de los recursos internos. Esto viene a confirmar que los principios generalmente reconocidos del derecho internacional, mencionados en la formulaci�n de la regla de los recursos internos en los tratados e instrumentos de derechos humanos, experimentan necesariamente un cierto grado de adaptaci�n o ajuste cuando se encuentran incorporados en dichos tratados e instrumentos, dada la especificidad de �stos y el car�cter especial de su objeto y prop�sito �ltimos.
Voto razonado del Juez A. A. Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, p�rrs. 1-11.
Voto razonado del Juez A. A. Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, p�rrs.1- 17.
Voto razonado del Juez A. A. Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rrs. 1- 17.
46.1.1.3. renuncia del estado al previo agotamiento de los recursos internos
26. . . . [L]a circunstancia de que el Gobierno haya manifestado ante la Corte su decisi�n de renunciar al requisito del art�culo 46.1.a) de la Convenci�n, conduce a considerar los aspectos generales implicados en dicha renuncia. En este caso, seg�n los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la pr�ctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos est� concebida en inter�s del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un �rgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasi�n de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado as� como un medio de defensa y como tal, renunciable, aun de modo t�cito. Dicha renuncia, una vez producida, es irrevocable.(Eur. Court H.R., De Wilde, Ooms and Versyp Cases ("Vagrancy" Cases), judgment of 18th June 1971)
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 26.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rr. 88.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rr. 87.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, p�rr. 38.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, p�rr. 30.
Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de Enero de 1996, Serie C No. 24, p�rr. 40.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rr. 40.
27 . . . [C]omo el previo agotamiento de los recursos internos es un requisito para la admisibilidad de las denuncias ante la Comisi�n, la primera cuesti�n que se plantea es saber si la Corte puede pronunciarse, en el estado actual del procedimiento, sobre la aplicabilidad de esos principios al caso concreto, es decir, sobre el alcance de la renuncia del Gobierno a este medio de defensa. Siguiendo lo establecido a este respecto por la jurisprudencia internacional (ver "Vagrancy" Cases, supra), cabe destacar que la cuesti�n de saber si se han cumplido o no los requisitos de admisibilidad de una denuncia o queja ante la Comisi�n es un tema que concierne a la interpretaci�n o aplicaci�n de la Convenci�n, en concreto de sus art�culos 46 y 47, y, en consecuencia, ratione materiae, competencia de la Corte. Sin embargo, como estamos en presencia de requisitos de admisibilidad de una queja o denuncia ante la Comisi�n, en principio corresponde a �sta pronunciarse en primer t�rmino. Si posteriormente, en el debate judicial se plantea una controversia sobre si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad ante la Comisi�n, la Corte decidir�, acogiendo o no el criterio de la Comisi�n, que no le resulta vinculante del mismo modo que tampoco la vincula su informe final.
Por lo tanto, trat�ndose de una denuncia que aun no ha sido tramitada ante la Comisi�n, y de un caso que no puede ser conocido directamente por este tribunal, la Corte no se pronuncia, en el estado actual, sobre el alcance y valor de la renuncia del Gobierno a oponer el requisito de previo agotamiento de los recursos de la jurisdicci�n interna.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 27.
37. En lo que se refiere a requisitos concretos de admisibilidad del caso en su estado actual, valga sencillamente reiterar que la Corte, en su Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, pr�cticamente admiti� que estaban dados todos, salvo el que ahora tengo por ya cumplido, del procedimiento previo ante la Comisi�n. El otro requisito considerado por la Corte en aquella oportunidad, el del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicci�n interna, ya fue, como se dijo, valorado en el sentido de aceptar su renunciabilidad y, en consecuencia, la validez de la renuncia hecha por el Gobierno, al decir la Corte: "en este caso, seg�n los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la pr�ctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos est� concebida en inter�s del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un �rgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasi�n de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado as� como un medio de defensa y como tal, renunciable, aun de modo t�cito. Dicha renuncia, una vez producida, es irrevocable"(Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. No. 26).
38. Ciertamente, la Corte dijo tambi�n que "ese principio puede tener, como tal, particularidades en su aplicaci�n en cada caso"(Ibid., p�rr. No. 27), con lo cual no hizo sino establecer una prudente reserva, que comparto, respecto de ciertos casos y de ciertas violaciones que podr�an no quedar claramente configurados si no se han puesto en acci�n previamente los mecanismos de la jurisdicci�n interna. Un caso t�pico ser�a aquel en que la violaci�n alegada fuera precisamente una "denegaci�n de justicia", la cual no se configurar�a sino en virtud de la imposibilidad de obtener satisfacci�n a trav�s de esas v�as internas; otro podr�a ser, en determinadas circunstancias, la alegada violaci�n de derechos por parte de particulares, en que parece indispensable la denegaci�n de justicia para reconducir la al Estado. Pero no encuentro que haya en el caso presente ninguna raz�n excepcional para romper el principio de la renunciabilidad de las v�as internas y, en consecuencia, siendo �sta la �nica cuesti�n pendiente para resolver sobre la admisibilidad del mismo, me pronuncio definitivamente por reconocerla.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rrs. 37-38.
88. . . . [L]a excepci�n de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podr� presumirse la renuncia t�cita a valerse de la misma por parte del Estado interesado.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rr. 88. Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rr. 87.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rr. 90.
41.La Corte considera, asimismo, de acuerdo con los criterios citados anteriormente, que el Gobierno estaba obligado a invocar de manera expresa y oportuna la regla de no agotamiento de los recursos internos para oponerse v�lidamente a la admisibilidad de la denuncia ante la Comisi�n Interamericana, presentada el 16 de noviembre de 1990, sobre la desaparici�n del se�or Ernesto Rafael Castillo P�ez.
42. Si bien es verdad, que en los escritos presentados por el Gobierno ante la Comisi�n durante la tramitaci�n del asunto se se�alaron, entre otros datos, el desarrollo de los procesos de h�beas corpus y el de naturaleza penal relacionados con la desaparici�n del se�or Ernesto Rafael Castillo P�ez, sin embargo, �ste no opuso de manera clara en las primeras etapas del procedimiento ante la Comisi�n la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos, pues s�lo fue invocado de manera expresa tal hecho, en el informe preparado por el equipo de trabajo presentado por el Gobierno ante la Comisi�n el 3 de enero de 1995, en respuesta al informe 19/94 aprobado por la misma Comisi�n el 26 de septiembre de 1994, que sirvi� de apoyo a la demanda ante esta Corte.
43. De lo anterior se concluye que, al haber alegado el Gobierno extempor�neamente el no agotamiento de los recursos internos requerido por el art�culo 46.1.a) de la Convenci�n para evitar que fuere admitida la denuncia en favor del se�or Ernesto Rafael Castillo P�ez, se entiende que renunci� t�citamente a invocar dicha regla.
Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de Enero de 1996, Serie C No. 24, p�rrs. 41-43.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rrs. 41-43.
46.1.1.3.1. efectos de la renuncia
19. La competencia del Gobierno impone, por lo tanto, un examen de las consecuencias jur�dicas de esa renuncia. Porque si los requisitos establecidos por los art�culos 61.2 y 46.1.a) de la Convenci�n son renunciables por un Estado Parte, el presente caso ser�a admisible y lo contrario ocurrir�a si uno u otro no lo son.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 19.
31. Finalmente, tampoco consider� la Comisi�n las particulares consecuencias que podr�a tener sobre el fondo del asunto, la renuncia del Gobierno de Costa Rica al agotamiento previo de sus v�as internas, renuncia que, si es v�lida y procedente, sugiere por lo menos la necesidad de restar importancia a cualquier proceso que se haya realizado o se pueda realizar ante los tribunales costarricenses, dado que, por una parte, nada impide que ese proceso se lleve a cabo paralela y no previamente a los procedimientos internacionales, y que, por otra, ya no har�a ninguna falta, ni para comprobar los hechos, ni para establecer las consecuencias jur�dicas de los mismos, puesto que el Gobierno, al formular su renuncia, expresamente acept� que se ventilaran por primera vez y de modo inmediato ante las instancias internacionales. Ciertamente, como dijo la Comisi�n, "el sistema institucional de protecci�n de los derechos humanos establecido en la Convenci�n... opera, salvo las excepciones consagradas en la propia Convenci�n, en defecto del sistema jur�dico interno, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos" (Ibid., "Considerando" , p�rr. No. 5); pero esos mismos principios del Derecho Internacional han consagrado en forma ampl�sima la renunciabilidad del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicci�n interna, como ya lo se�al� la Corte en este mismo caso (Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. No. 26), y, si esa renuncia es admisible y procedente, cuando se produce ya no es posible sostener aquella "subsidiariedad" de principio de los medios de protecci�n internacional de los derechos, porque el propio Estado beneficiado de ella la ha abandonado.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 8 setiembre de 1983, p�rr. 31.
89. . . . [L]a Corte observa que el expediente evidencia:
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 89 y 90.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 88 y 89.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 91 y 92.
39. La Corte observa que el Gobierno no hizo valer ante la Comisi�n la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos - hecho que fue expresamente confirmado por el agente en la audiencia p�blica del 2 de diciembre de 1991 - lo que constituye una renuncia t�cita a la excepci�n. Adem�s el Gobierno tampoco se�al� a su debido tiempo los recursos internos que en su opini�n debieron agotarse y su efectividad.
40. Por consiguiente, la Corte considera extempor�neo que el Gobierno invoque ante el tribunal la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos que debi� plantear ante la Comisi�n y no lo hizo.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, p�rrs. 39-40.
28. El Gobierno sostiene en su escrito de excepciones preliminares y lo mantuvo en la audiencia del 6 de diciembre de 1991 que los recursos internos interpuestos por los recurrentes quedaron agotados cuando ellos fueron notificados de la resoluci�n del Tribunal de Garant�as Constitucionales mediante la publicaci�n correspondiente en el Diario Oficial, esto es, el 14 de enero de 1987. Agrega que seg�n la ley 23385, art�culo 46, que rige la actividad de este Tribunal, su fallo tiene por efecto agotar las instancias internas.
Esta afirmaci�n del Gobierno peruano no es compatible con lo que hab�a expresado antes a la Comisi�n mediante la nota de 29 de septiembre de 1989 (supra 18).
29. De lo expuesto surge, pues, que el Per� sostuvo el 29 de septiembre de 1989 que las instancias internas no se hab�an agotado en tanto que, un a�o despu�s, 24 de septiembre de 1990, ante la Comisi�n y ahora, ante la Corte, afirma lo contrario. Seg�n la pr�ctica internacional cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la regla de non concedit venire contra factum proprium.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, p�rrs. 28 y 29. 44. . . . [E]l agente de Per� dej� claro que solamente en una etapa posterior del proceso ante la Comisi�n, se indic� de manera expresa la cuesti�n del agotamiento de los recursos internos. En efecto, en los escritos anteriores (inclusive el de 3 de octubre de 1991) presentados ante la Comisi�n, s�lo se hab�a hecho alusi�n al desarrollo de los procesos mencionados, lo que en concepto de esta Corte es insuficiente para tener por interpuesta la excepci�n respectiva, ya que, como se ha dicho, puede ser renunciada expresa o t�citamente por el Gobierno en favor del cual existe; y habiendo sido renunciada t�citamente la excepci�n por el Gobierno, la Comisi�n no pod�a posteriormente tomarla en consideraci�n de oficio.
Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, p�rr. 44.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rr. 44.
50. El Gobierno plante� varias excepciones preliminares que fueron resueltas por la Corte en sentencia de 26 de junio de 1987 (supra 16-23). En esa sentencia la Corte orden� unir a la cuesti�n de fondo la excepci�n preliminar opuesta por Honduras, relativa al no agotamiento de los recursos internos y dio al Gobierno y a la Comisi�n una nueva oportunidad de "sustanciar plenamente sus puntos de vista" sobre el particular (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 23, p�rr. 90).
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 50.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 53. Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 75.
109. . . . [L]a Corte observa, en primer lugar, que el Gobierno no hizo valer la excepci�n de los recursos internos en el momento en que recibi� la comunicaci�n formal de la petici�n introducida ante la Comisi�n, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondi� a la solicitud de informaci�n de la Comisi�n. Este hecho, en s� mismo, bastar�a para rechazar la excepci�n, pues la regla del previo agotamiento es un requisito establecido en provecho del Estado, el cual puede renunciar a hacerlo valer, aun de modo t�cito, lo que ocurre inter alia cuando no se interpone oportunamente para fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 109.
. . Si la alegaci�n del Gobierno se refiere al agotamiento de recursos, la Corte ya ha resuelto anteriormente acumular esa excepci�n al fondo. Si, en cambio, se refiere a la admisibilidad, sea porque no hubo declaraci�n expresa o porque aquella se hizo impl�citamente junto con el fondo, la Corte reitera lo que ya dijo en otra oportunidad al manifestar que, .. el hecho de que la Comisi�n no haya efectuado una declaraci�n expresa de la admisibilidad de la petici�n presentada ante ella, no constituye en este caso un extremo capaz de impedir el normal desarrollo del procedimiento ante la Comisi�n y, por consiguiente, su consideraci�n por la Corte (arts. 46-51 y 61.2 de la Convenci�n). (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 41; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 46 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 44). 36. Es verdad que "[s]i la admisi�n no requiere un acto expreso y formal, la inadmisibilidad, en cambio, s� lo exige" (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 40; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 45 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 43). La Convenci�n determina cu�les son los requisitos que debe reunir una petici�n o comunicaci�n para ser admitida por la Comisi�n (art. 46); igualmente determina los casos de inadmisibilidad (art. 47). . . . Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 27 de enero de 1995, p�rrs. 35 y 36.
46.1.1.4. carga de la prueba
59. En su sentencia de 26 de junio de 1987, la Corte decidi�, inter alia, que "el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el se�alamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad" (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 23, p�rr.88).
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rrs. 59 y 60.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 62 y 63.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 83 y 84.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rr. 41.
73. Expres� la Comisi�n que, por la estructura del sistema internacional de protecci�n de los derechos humanos, la carga de la prueba en materia de recursos internos le corresponde al Gobierno. La excepci�n de la falta de agotamiento requiere la existencia de un recurso id�neo para remediar la violaci�n. Afirm� que la denuncia penal no es id�nea para encontrar al desaparecido sino para dirimir responsabilidades individuales.
. . . . 75. Aunque el Gobierno no discuti� que los recursos anteriores hubieran sido intentados, manifest� que la Comisi�n no debi� haber admitido la denuncia en este caso y menos someterla a conocimiento de la Corte, por no haberse agotado los recursos internos de que dispone la legislaci�n hondure�a, ya que no constan en el expediente resoluciones definitivas que demuestren lo contrario. Expres� que el primer recurso de h�beas corpus interpuesto fue declarado desierto porque no fue formalizado por la interesada; sobre el segundo y el tercero explic� que no se pueden interponer m�s recursos de exhibici�n personal cuando versen sobre la misma materia los mismos hechos y se fundamenten en las mismas disposiciones legales. En cuanto a las denuncias penales expres� el Gobierno que no se aportaron las pruebas del caso; que se ha hablado de presunciones pero que no se han aportado pruebas y que, por esa raz�n, ese juicio a�n contin�a abierto en los tribunales de Honduras en espera de que se se�alen espec�ficamente los culpables. Expres� que en una de ellas se dict� sobreseimiento por falta de prueba a favor de los denunciados que se presentaron al juzgado, salvo el General Alvarez Mart�nez por estar ausente del pa�s. Adem�s, agreg� el Gobierno, aun cuando haya sobreseimiento no est�n agotados los recursos, ya que se pueden interponer los extraordinarios de amparo, revisi�n y casaci�n, y en el caso concreto, no es aplicable a�n la prescripci�n, de manera que el juicio est� todav�a abierto.
. . . . 79. El Gobierno tuvo la oportunidad de presentar ante la Corte a sus propios testigos y de refutar las pruebas aportadas por la Comisi�n, pero no lo hizo. Si bien es cierto que los abogados del Gobierno rechazaron algunos de los puntos sustentados por la Comisi�n, no aportaron pruebas convincentes para sostener su rechazo. La Corte cit� a declarar a algunos de los militares mencionados en el curso del proceso, pero sus declaraciones no contienen elementos que desvirt�en el c�mulo de pruebas presentadas por la Comisi�n para demostrar que las autoridades judiciales y del Ministerio P�blico del pa�s no actuaron con la debida acuciosidad ante los alegatos de desapariciones. El presente es uno de aquellos casos en que se dio tal circunstancia.
80. En efecto, de los testimonios y de las dem�s pruebas aportadas y no desvirtuadas, se concluye que, si bien exist�an en Honduras, durante la �poca de que aqu� se habla, recursos legales que hubieran eventualmente permitido hallar a una persona detenida por las autoridades, tales recursos eran ineficaces, tanto porque la detenci�n era clandestina como porque, en la pr�ctica, tropezaban con formalismos que los hac�an inaplicables o porque las autoridades contra las cuales se dictaban llanamente los ignoraban o porque abogados y jueces ejecutores eran amenazados e intimidados por aqu�llas.
81. Al margen de si exist�a o no en Honduras entre 1981 y 1984, una pol�tica gubernamental que practicaba o toleraba la desaparici�n de determinadas personas, la Comisi�n ha demostrado que, aunque se intentaron recursos de exhibici�n personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramente formales. Las pruebas aportadas por la Comisi�n no fueron desvirtuadas y son suficientes para rechazar la excepci�n preliminar del Gobierno sobre inadmisibilidad de la demanda por el no agotamiento de los recursos internos.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 73, 75 y 79-81.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 76, 78 y 86-88.
88. . . . [E]l Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el se�alamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No.11, p�rr. 41.
46.1.1.5. relaci�n de la regla de agotamiento de recursos internos con el m�rito o decisi�n de fondo del asunto
94. [e]n estos casos, dada la imbricaci�n del problema de los recursos internos con la violaci�n misma de derechos humanos, es evidente que la cuesti�n de su previo agotamiento debe ser considerada junto con la cuesti�n de fondo.
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 94-96.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 93- 95.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 96-98.
29. En el presente caso, la demanda de la Comisi�n se refiere a la violaci�n, por parte de Nicaragua, de los art�culos 8 (Garant�as Judiciales), 25 (Protecci�n Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convenci�n, "como resultado de la renuencia del Poder Judicial de procesar y sancionar a los responsables y ordenar el pago por concepto de reparaci�n por los da�os causados" en raz�n de la muerte de Genie Lacayo. La Corte estima que los art�culos invocados por la Comisi�n tienen que ver con la administraci�n de justicia y est�n �ntimamente vinculados, como es natural, con los "recursos internos" cuyo no agotamiento alega Nicaragua.
30. En el expediente aparecen, por supuesto, argumentos de ambas partes sobre la materia y se han adjuntado copias de diligencias judiciales, todos los cuales demuestran que el tema del no agotamiento de los recursos internos se relaciona con la cuesti�n de fondo, porque tiene que ver con los recursos judiciales existentes en Nicaragua, su aplicabilidad y efectividad. Esta Corte dijo en otra oportunidad que
"[e]n estos casos, dada la imbricaci�n del problema de los recursos internos con la violaci�n misma de derechos humanos, es evidente que la cuesti�n de su previo agotamiento debe ser considerada junto con la cuesti�n de fondo. (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 94; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, p�rr. 93 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 96)"
31. En estas circunstancias y por las razones expuestas, la Corte acumular� esta excepci�n a la cuesti�n de fondo.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, p�rrs. 29-31.
42. La primera cuesti�n que debe examinarse en este asunto es la relativa al no agotamiento de los recursos internos alegada por el Gobierno como excepci�n preliminar, excepci�n que esta Corte decidi� en su sentencia de 27 de enero de 1995 que deb�a acumularse al fondo "porque tiene que ver con los recursos judiciales existentes en Nicaragua, su aplicabilidad y efectividad" (supra 22).
43. El Gobierno sostuvo que la Comisi�n no debi� admitir la denuncia cuando �sta se present� el 15 de febrero de 1991, ya que no se cumpl�a con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos de que habla el art�culo 46.1 de la Convenci�n, por estar en ese momento en curso el proceso penal iniciado con motivo de la muerte del joven Genie Lacayo. El Gobierno cit� en apoyo de su excepci�n los tr�mites ante las autoridades judiciales, penales, ordinarias y militares del Estado y sus m�ltiples incidencias. Afirm�, adem�s, que no se presentaba ninguna de las circunstancias mencionadas en el art�culo 46.2 de la Convenci�n que hayan impedido agotar los recursos, ni que haya habido retardo injustificado en la administraci�n de justicia.
44. A su vez, la Comisi�n solicit� que se rechazara esta excepci�n porque la parte que invoca el agotamiento de los recursos internos tiene el deber de identificarlos ante la Comisi�n de manera espec�fica y Nicaragua no lo hab�a hecho y que en su opini�n los recursos de jurisdicci�n interna s� estaban plenamente agotados.
45. Este Tribunal en su sentencia de excepciones preliminares consider� que
[e]n el presente caso, la demanda de la Comisi�n se refiere a la violaci�n, por parte de Nicaragua, de los art�culos 8 (Garant�as Judiciales), 25 (Protecci�n Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convenci�n, "como resultado de la renuencia del Poder Judicial de procesar y sancionar a los responsables y ordenar el pago por concepto de reparaci�n por los da�os causados" en raz�n de la muerte de Genie Lacayo. La Corte estima que los art�culos invocados por la Comisi�n tienen que ver con la administraci�n de justicia y est�n �ntimanente vinculados, como es natural, con los "recursos internos" cuyo no agotamiento alega Nicaragua (Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, supra 4, p�rr. 29).
46. Por otra parte, debe tomarse en consideraci�n que la Comisi�n excluy� de su demanda la violaci�n de los derechos a la vida y a la integridad personal del joven Genie Lacayo, ya que su muerte ocurri� con anterioridad al 19 de febrero de 1991, fecha de reconocimiento de la competencia de esta Corte por el Estado, de manera que el fondo de este asunto se reduce exclusivamente al examen de violaciones de car�cter procesal.
47. El agotamiento de recursos internos en un caso estrictamente procesal corresponde al fondo del asunto, que se refiere precisamente a la posible ineficacia del Poder Judicial de Nicaragua para resolver sobre la investigaci�n y la sanci�n, en su caso, de los responsables de la muerte del joven Genie Lacayo y a las reparaciones respectivas a sus familiares y por eso, con base en los elementos de convicci�n que obran en el expediente, esta Corte la desecha.
48. No obstante, la Comisi�n debe dar en todos los casos debida consideraci�n al art�culo 46.1.a de la Convenci�n que la obliga a tener en cuenta el previo agotamiento de los recursos internos como un requisito de admisibilidad que sirve, entre otras cosas, para determinar la oportunidad de la queja que ante ella se presenta (art. 47 de la Convenci�n), sujeto ese acto, como es obvio, llegado el caso, a la posterior revisi�n de la Corte que ser� la que, en �ltima instancia, decida al respecto.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, p�rrs. 42-48.
46.1.1.6. ". . . conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. . . . ."
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 87 , 88.
Corte I.D.H. Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 86 y 87.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 89 y 90.
46.1.1.6.1. recurso adecuado
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 63 y 64.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 66 y 67. Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 87 y 88.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No.17, p�rr. 63.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rr. 36.
46.1.1.6.2. recurso eficaz
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 66-68
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 69-71. Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No.6, p�rrs. 91-93.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 34-36.
46.1.1.6.2.1. habeas corpus (recurso de exhibici�n personal o amparo)
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 65.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 68.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 90.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No.17, p�rr. 64.
46.1.2. regla de los seis (6) meses
18. El Gobierno remiti� el 29 de septiembre de 1989 una comunicaci�n a la Comisi�n, en uno de cuyos pasajes afirma:
En lo que respecta [al caso] 10.078, [el] que, como es de dominio p�blico, se encuentra[.] en proceso judicial ante el Fuero Privativo Militar del Per� de conformidad a las leyes vigentes, se debe se�alar que no se ha agotado la jurisdicci�n interna del Estado, por lo que ser�a conveniente que la CIDH aguarde la culminaci�n de la misma antes de pronunciarse de manera definitiva sobre [el caso].
26. En cuanto a la primera excepci�n el Gobierno afirma que, seg�n el art�culo 46, inciso 1.b. de la Convenci�n Americana, uno de los requisitos para la admisi�n de una denuncia por la Comisi�n es que �sta sea formulada dentro de los seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisi�n definitiva de los tribunales internos. Si este requisito no se cumpliere, la Comisi�n carecer�a de competencia para intervenir en el caso.
27. En esta causa la denuncia fue presentada a la Comisi�n Interamericana el 1 de septiembre de 1987, seg�n el Gobierno peruano, y el 31 de agosto de ese a�o, de acuerdo con la memoria de la Comisi�n. Para la resoluci�n de este caso la diferencia de un d�a entre lo afirmado por las partes resulta jur�dicamente irrelevante, raz�n por la cual la Corte no estima necesario detenerse en esta circunstancia.
Se podr�a argumentar en este caso que el tr�mite ante el Fuero Privativo Militar no constituye verdaderamente un recurso o que ese Fuero no forma parte de los tribunales judiciales. Ninguna de estas afirmaciones ser�a aqu� relevante. Lo que importa, por el contrario, es que el Gobierno ha sostenido, en cuanto al agotamiento de los recursos, dos afirmaciones contradictorias acerca de su derecho interno e independientemente de la veracidad de cada una de ellas, esa contradicci�n afecta la situaci�n procesal de la parte contraria.
30. Esta contradicci�n se liga directamente con la inadmisibilidad de las peticiones una vez vencido el "plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisi�n definitiva" (art. 46.1.b. de la Convenci�n) sobre el agotamiento de los recursos internos.
En efecto, como ese plazo depende del agotamiento de los recursos, es el Gobierno el que debe arg�ir el vencimiento del plazo ante la Comisi�n. Pero aqu� vale, de nuevo, lo que ya la Corte afirm� sobre la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos:
De los principios de derecho internacional generalmente reconocidos resulta, en primer lugar, que se trata de una regla cuya invocaci�n puede ser renunciada en forma expresa o t�cita por el Estado que tiene derecho a invocarla, lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (v. Asunto de Viviana Gallardo y otras, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, No. G 101/81. Serie A, p�rr. 26). En segundo lugar, que la excepci�n de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podr� presumirse la renuncia t�cita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el se�alamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. serie C No. 1 p�rr. 88; Caso Fair�n Garbi Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2 p�rr. 87; y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3 p�rr. 90).
31. Por las razones expuestas el Per� est� impedido en este proceso de oponer la excepci�n de incompetencia fundada en el art�culo 46 inciso 1.b. de la Convenci�n.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, p�rrs. 18 y 26-31.
4. Que de acuerdo a la Convenci�n y al Estatuto de la Comisi�n, este plazo de seis meses no es de naturaleza procesal ya que la Convenci�n lo legisla en la parte relativa a II. Medios de la Protecci�n Cap�tulo VII. La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos Secci�n 3. Competencia, por ello este plazo, repito, se ha establecido para determinar la competencia de la Comisi�n, aspecto �ste que conforme al Pre�mbulo de la Convenci�n constituye objeto esencial del tratado, no susceptible de modificarse por los �rganos encargados de cumplirla, vale decir, por la Comisi�n y la Corte. . . . cuando la denuncia fue presentada, si fue el 1 de agosto de 1987, hab�an transcurrido m�s de seis meses de agotada la v�a interna, que es el plazo fijado en el inciso b del art�culo 46 de la Convenci�n Interamericana de Derechos Humanos, al regular la competencia de la Comisi�n. En consecuencia, el Gobierno del Per� estima que la Comisi�n debi�, motu propio (sic), haber declarado inadmisible la denuncia, de acuerdo con el art�culo 47 inciso a de la misma Convenci�n de Derechos Humanos, que establece que la Comisi�n proceder� de ese modo cuando:
"Falte alguno de los requisitos indicados en el art�culo 46".
Voto del Juez ad hoc, Dr. Jorge E. Orihuela Iberico, Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13.
46.1.3. "que la materia de la petici�n o comunicaci�n no est� pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. . . ."
46.1.4. "que en el caso del art�culo 44 la petici�n contenga el nombre, la nacionalidad, la profesi�n, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petici�n. . . ."
46.2. excepciones a la regla del agotamiento de recursos internos
46.2.0.1. general
Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 68.
Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 71.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 93.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rr. 34.
17. El art�culo 46.2.a se refiere a aquellas situaciones en las cuales la ley interna de un Estado Parte no contempla el debido proceso legal para proteger los derechos violados. El art�culo 46.2.b es aplicable en aquellos casos en los cuales s� existen los recursos de la jurisdicci�n interna pero su acceso se niega al individuo o se le impide agotarlos. Estas disposiciones se aplican, entonces, cuando los recursos internos no pueden ser agotados porque no est�n disponibles bien por una raz�n legal o bien por una situaci�n de hecho.
18. El art�culo 46.2 no hace ninguna referencia espec�fica a los indigentes, que son los sujetos de la primera pregunta, ni a las situaciones en las cuales un individuo no ha podido obtener representaci�n legal porque existe un temor generalizado de los abogados para d�rsela, que es el tema de la segunda pregunta.
19. Las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisi�n dependen entonces de determinar si el no agotamiento de los recursos internos, en las hip�tesis planteadas, cae dentro de una u otra de las excepciones a que se refiere el art�culo 46.2. Es decir, cu�ndo o bajo qu� circunstancias la indigencia de una persona o su imposibilidad de obtener representaci�n legal por raz�n del temor generalizado de los abogados, la excusan de dicho agotamiento.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 17-19.
46.2.1. "no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados. . . ."
46.2.2. "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos. . . ."
46.2.2.1. en el contexto de pr�ctica o pol�tica para impedir utilizaci�n de recursos internos 93. El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones f�tiles, o si se comprueba la existencia de una pr�ctica o pol�tica ordenada o tolerada por el poder p�blico, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilizaci�n de los recursos internos que, normalmente, estar�an al alcance de los dem�s. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del art�culo 46.2 ser�an plenamente aplicables en estas situaciones y eximir�an de la necesidad de agotar recursos internos que, en la pr�ctica, no pueden alcanzar su objeto.
. . . . 96. La Comisi�n, a su vez, manifest� que en Honduras hubo una pr�ctica de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no resultaron el medio id�neo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultado la aparici�n de las personas secuestradas.
. . . . 102. En efecto, de los testimonios y de las dem�s pruebas aportadas y no desvirtuadas, se concluye que, si bien exist�an en Honduras, durante la �poca de que aqu� se habla, recursos legales que hubieran eventualmente permitido hallar a una persona detenida por las autoridades, tales recursos eran ineficaces, tanto porque la detenci�n era clandestina como porque, en la pr�ctica, tropezaban con formalismos que los hac�an inaplicables o porque las autoridades contra las cuales se dictaban llanamente los ignoraban o porque abogados y jueces ejecutores eran amenazados e intimidados por aqu�llas.
. . . . 109. Dadas las especiales circunstancias de este caso, no es necesario determinar si se cumplieron tr�mites dirigidos a agotar los recursos de la jurisdicci�n hondure�a. En efecto, para resolver el punto planteado la Corte observa, en primer lugar, que el Gobierno no hizo valer la excepci�n de los recursos internos en el momento en que recibi� la comunicaci�n formal de la petici�n introducida ante la Comisi�n, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondi� a la solicitud de informaci�n de la Comisi�n. Este hecho, en s� mismo, bastar�a para rechazar la excepci�n, pues la regla del previo agotamiento es un requisito establecido en provecho del Estado, el cual puede renunciar a hacerlo valer, aun de modo t�cito, lo que ocurre inter alia cuando no se interpone oportunamente para fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia.
110. Por otra parte, debe tenerse presente que es norma de derecho internacional y correlativo l�gico de la obligaci�n de agotar los recursos internos, que dicha regla no se aplica cuando no hay recursos que agotar. Este principio tiene especial relevancia en el presente caso, a la luz de la reiterada declaraci�n oficial del Gobierno, en el sentido de que Francisco Fair�n Garbi y Yolanda Sol�s Corrales no se encontraban en territorio hondure�o, sea por no haber entrado nunca en �l, sea porque, pese a haberlo hecho, hab�an salido hacia Guatemala despu�s de un breve intervalo de mero tr�nsito. Las mencionadas declaraciones del Gobierno estaban revestidas de plena formalidad oficial y emanaban de autoridades del m�s alto nivel, como lo son la Secretar�a de Relaciones Exteriores de Honduras y la Embajada de ese pa�s en Costa Rica. A este respecto, la Corte observa que, cuando en un caso que ofrece las particularidades del presente, un gobierno afirma haber realizado una minuciosa investigaci�n, como resultado de la cual ha concluido que una persona cuya desaparici�n se alega no est� en su territorio ni se ha encontrado jam�s en poder de sus autoridades, puede considerarse que ha reconocido que no hay recursos internos que agotar.
Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 93, 96, 102, 109 y 110.
46.2.2.2. indigencia
20. Al contestar el tema de la indigencia, la Corte debe destacar que el hecho de que una persona sea indigente, por s� solo no significa que no tenga que agotar los recursos internos, puesto que la disposici�n del art�culo 46.1 es general. La terminolog�a del art�culo 46.2 indica que el indigente tendr� o no que agotar los recursos internos, seg�n si la ley o las circunstancias se lo permiten.
21. La Corte debe tener en cuenta, al realizar este an�lisis, las disposiciones de los art�culos 1.1, 24 y la parte pertinente del art�culo 8 de la Convenci�n, que se relacionan �ntimamente con el tema en cuesti�n y que dicen . . . .
22. La parte final del art�culo 1.1 proh�be al Estado discriminar por diversas razones, entre ellas la posici�n econ�mica. El sentido de la expresi�n discriminaci�n que menciona el art�culo 24 debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el art�culo 1.1. Si una persona que busca la protecci�n de la ley para hacer valer los derechos que la Convenci�n le garantiza, encuentra que su posici�n econ�mica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posici�n econ�mica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley.
23. La protecci�n de la ley la constituyen, b�sicamente, los recursos que �sta dispone para la protecci�n de los derechos garantizados por la Convenci�n, los cuales, a la luz de la obligaci�n positiva que el art�culo 1.1 contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 166; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 175).
24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garant�a de los derechos est� relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el art�culo 8 de la Convenci�n. Este art�culo distingue entre acusaci�n[es] penal [es] y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter. A�n cuando ordena que toda persona tiene derecho a ser o�da, con las debidas garant�as por un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos, unas garant�as m�nimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garant�as m�nimas. Al denominarlas m�nimas la Convenci�n presume que, en circunstancias espec�ficas, otras garant�as adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal.
25. Los literales d) y e) del art�culo 8.2 expresan que el inculpado tiene derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci�n y que si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg�n la legislaci�n interna. En estos t�rminos, un inculpado puede defenderse personalmente, aunque es necesario entender que �sto es v�lido solamente si la legislaci�n interna se lo permite. Cuando no quiere o no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de ser asistido por un defensor de su elecci�n. Pero en los casos en los cuales no se defiende a s� mismo o no nombra defensor dentro del plazo establecido por la ley, tiene el derecho de que el Estado le proporcione uno, que ser� remunerado o no seg�n lo establezca la legislaci�n interna. Es as� como a Convenci�n garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, sea gratuita, un indigente se ver�a discriminado por raz�n de su situaci�n econ�mica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente.
26. Hay que entender, por consiguiente, que el art�culo 8 exige asistencia legal solamente cuando �sta es necesaria para que se pueda hablar de debidas garant�as y que el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un indigente, no podr� arg�ir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado.
27. Aun en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse a s� mismo porque no puede pagar asistencia legal, podr�a presentarse una violaci�n del art�culo 8 de la Convenci�n si se puede probar que esa circunstancia afect� el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho art�culo.
28. En materias que conciernen con la determinaci�n de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter el art�culo 8 no especifica garant�as m�nimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garant�as se aplica tambi�n a esos �rdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho tambi�n al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe se�alar aqu� que las circunstancias de un procedimiento particular, su significaci�n, su car�cter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinaci�n de si la representaci�n legal es o no necesaria para el debido proceso.
29. Naturalmente que no es la ausencia de asistencia legal lo �nico que puede impedir que un indigente agote los recursos internos. Puede suceder, incluso, que el Estado provea asistencia legal gratuita, pero no los costos que sean necesarios para que el proceso sea el debido que ordena el art�culo 8. En estos casos tambi�n la excepci�n es aplicable. Aqu�, de nuevo, hay que tener presentes las circunstancias de cada caso y de cada sistema legal particular.
30. En su solicitud la Comisi�n indica que ha recibido ciertas peticiones en que la v�ctima alega no haber podido cumplir con el requisito de agotar los remedios previstos en las leyes nacionales al no poder costear servicios jur�dicos o, en algunos casos, el valor que debe abonarse por los tr�mites. Al aplicar el an�lisis precedente a los ejemplos que la Comisi�n propone, debe concluirse que si los servicios jur�dicos son necesarios por razones legales o de hecho para que un derecho garantizado por la Convenci�n sea reconocido y alguien no puede obtenerlos por raz�n de su indigencia, estar�a exento del requisito del previo agotamiento. Lo mismo es v�lido si nos referimos a los casos en los cuales hay que pagar alguna suma para realizar los tr�mites, es decir que, si para un indigente es imposible depositar tal pago, no tendr� que agotar tal procedimiento, a menos que el Estado provea mecanismos distintos.
31. La primera pregunta hecha a la Corte por la Comisi�n no es, desde luego, si la Convenci�n garantiza o no el derecho a asistencia legal como tal o en raz�n de la prohibici�n de discriminaci�n basada en la situaci�n econ�mica (art. 1.1). Se refiere m�s bien a preguntar si un indigente puede acudir directamente a la Comisi�n para obtener la protecci�n de un derecho garantizado, sin haber agotado primero los recursos internos. Visto lo expuesto, la respuesta a esta pregunta es que si un indigente requiere efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convenci�n y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos. Este es el sentido que tiene el art�culo 46.2, le�do a la luz de las disposiciones de los art�culos 1.1, 24 y 8.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 20-31.
37. La segunda parte de las preguntas formuladas se refiere a los criterios que la Comisi�n debe considerar al dar su dictamen sobre admisibilidad en los casos analizados.
38. Esos criterios no pueden ser otros que la consideraci�n de si la asistencia legal es necesaria para agotar los procedimientos y si tal asistencia estuvo disponible a la luz de las circunstancias de cada caso.
39. Es a la Comisi�n a la que corresponde esa apreciaci�n, sin perjuicio de que, respecto de lo actuado por ella antes de que el caso haya sido sometido a la Corte, �sta tiene la facultad de revisar in toto lo que aquella haya hecho y decidido (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 29; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No.2, p�rr.34 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No.3, p�rr. 32).
40. El agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad y la Comisi�n deber� tenerlo en cuenta en su momento y dar la oportunidad tanto al Estado como al reclamante de plantear sus respectivas excepciones sobre el particular.
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 37-40.
46.2.2.3. imposibilidad de obtener asistencia legal por temor generalizado de los abogados 32. La Corte entra ahora a resolver la segunda pregunta que se refiere al agotamiento de recursos en los casos en los cuales un individuo es incapaz de obtener la asistencia legal requerida, debido a un temor generalizado en los c�rculos jur�dicos de un determinado pa�s. La Comisi�n explica que, de acuerdo con lo expresado por algunos reclamantes, esta situaci�n ha surgido cuando prevalece un ambiente de temor y los abogados no aceptan casos cuando creen que ello pudiera hacer peligrar su propia vida y la de sus familiares.
33. En general los mismos principios b�sicos que tienen que ver con la primera pregunta ya contestada son aplicables a esta segunda. Vale decir, si una persona se ve impedida, por una raz�n como la planteada, de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convenci�n, no puede exig�rsele su agotamiento, sin perjuicio, naturalmente, de la obligaci�n del Estado de garantizarlos.
34. El art�culo 1 de la Convenci�n obliga a los Estados Partes no solamente a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicci�n. La Corte ya ha expresado que esta disposici�n contiene un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, tambi�n, que garantizar implica la obligaci�n del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obst�culos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convenci�n reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violaci�n del art�culo 1.1 de la Convenci�n. Como lo ha afirmado esta Corte
... cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones f�tiles, o si se comprueba la existencia de una pr�ctica o pol�tica ordenada o tolerada por el poder p�blico, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilizaci�n de los recursos internos que, normalmente, estar�an al alcance de los dem�s... el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del art�culo 46.2 ser�an plenamente aplicables en estas situaciones y eximir�an de la necesidad de agotar recursos internos que, en la pr�ctica, no pueden alcanzar su objeto (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 23, p�rr. 68; Caso God�nez Cruz, supra 23, p�rr. 71 y Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, p�rr. 93).
35. De todo lo anterior se desprende que cuando existe un miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una persona que lo requiere y �sta no puede, por consiguiente, obtenerla, la excepci�n del art�culo 46.2.b es plenamente aplicable y la persona queda relevada de agotar los recursos internos.
36. Considera la Corte que, en los casos planteados por la Comisi�n, son los factores expuestos los que hacen que los recursos sean adecuados y efectivos, como lo se�alan los principios generales del Derecho internacional aplicables como lo exige el art�culo 46.1, es decir, id�ne[os] para proteger la situaci�n jur�dica infringida y capac[es] de producir el resultado para el que [fueron] concebido[s] (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 23, p�rrs.64 y 66; Caso God�nez Cruz, supra 23, p�rrs.67 y 69 y Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, supra 34, p�rrs. 88 y 91).
Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 32-36.
46.2.3. "haya retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos."
[e]n estos casos, dada la imbricaci�n del problema de los recursos internos con la violaci�n misma de derechos humanos, es evidente que la cuesti�n de su previo agotamiento debe ser considerada junto con la cuesti�n de fondo. (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 94; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, p�rr. 93 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 96)

References: Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 25

Artículo 27
 Artículo 31
	Artículo 32
	Artículo 33
	Artículo 34
 Artículo 51

Artículo 52
 Artículo 69

Artículo 70
 Artículo 73
	Artículo 74
 Artículo 75
in fine