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Timestamp: 2019-10-22 17:31:09+00:00

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﻿ Sentencia 1994-02680 de enero 26 de 2011
SENTENCIA 1994-02680 DE 26 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL EN CASOS DE DAÑO POR CONDUCCIÓN DE ENERGÍA. NO SE TRATA, DE UN RÉGIMEN DE FALLA DEL SERVICIO PROBADA, NI DE FALLA PRESUNTA, EN EL QUE EL ESTADO PODRÍA EXONERARSE DEMOSTRANDO QUE ACTUÓ EN FORMA PRUDENTE Y DILIGENTE, AL ACTOR LE BASTARÁ PROBAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE ÉSTE Y EL HECHO DE LA ADMINISTRACIÓN, REALIZADO EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RIESGOSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENERGÍA ELÉCTRICA, NEXO DE CAUSALIDAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CULPA DE LA VÍCTIMA, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL
Sentencia 1994-02680 de enero 26 de 2011
Rad.: 76001-23-31-000-1994-02680-01(18940)
Actor: Carlos Arnulfo Minda Castillo y otros
Ref.: Acción de reparación directa – Apelación sentencia
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la sociedad llamada en garantía contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 1999, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Declárese a las Empresas Municipales de Cali - Emcali E.I.C.E., administrativamente responsable de los perjuicios causados a los actores, con la muerte de Maribel Rocío Puerta Berrío, ocurrida el 17 de mayo de 1994 en la Vereda Alto de los Mangos, Corregimiento de Villa Carmelo, Municipio de Santiago de Cali.
“2. Como consecuencia de lo anterior, condénase a la Emcali a pagar a los actores las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:
a. Para Mercedes Puerta Berrío el equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro puro, al precio que tenga este metal a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
b. Para Lina María Puerta Berrío y Katherine Puerta Berrío, el equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro puro, para cada una, al precio que tenga este metal a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Menores de edad que se encuentran al cuidado de la señora Mercedes Puerta Berrío.
c. Para el señor Carlos Arnulfo Minda Castillo, el equivalente en pesos a Mil (1.000) gramos de oro puro, al precio que tenga este material a la fecha de ejecutoria de este fallo.
d. Para Amparo Puerta el equivalente en pesos a seiscientos (600) gramos de oro puro, al precio que tenga este material a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
“3. Los interesados allegarán junto con la cuenta de cobro el certificado que expida el Banco de la República, sobre el precio del gramo de oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
“4. Las sumas de dinero aquí reconocidas devengarán intereses de mora desde la fecha de ejecutoria de este fallo.
“5. Condénese a la sociedad Aseguradora Colseguros S.A., a restituir a las Empresas Municipales de Cali Emcali E.I.C.E., las sumas de dinero que esta entidad debe pagar por concepto de este proceso acumulado, hasta el monto del valor asegurado y disponible en las pólizas aludidas en la parte motiva de esta providencia.
“6. Niéganse las demás pretensiones de las demandas.” (fls. 308 a 309 cdno. ppal.).
El presente proceso corresponde a los expedientes radicados con los Nº 21071 y 22680, cuya acumulación dispuso el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 14 de febrero de 1997 (fl. 231cdno. 1).
Expediente 21071.
El 27 de febrero de 1995, los señores Carlos Arnulfo Minda Castillo, Mercedes Puerta Berrío, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus nietas menores Lina María y Katherine Puerta Berrío; Libia y Hugo Puerta; Adriana Puerta Berrío; Raúl Iriarte Puerta; Carlos Olmedo Puerta y Leonardo Fabio Luengas Puerta, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra las Empresas Municipales de Cali Emcali E.I.C.E. E.S.P. (en adelante Emcali), con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, en hechos ocurridos el 17 de mayo de 1994, en la vereda Alto de los Mangos, Municipio de Cali.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de daño moral, la suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro(1)para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma que resultare probada en el proceso y, en la modalidad de daño emergente, la cantidad de $ 150.000 para todos los actores.
Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron, los siguientes:
“El día 17 de mayo de 1994, en la vereda Alto de los Mangos, corregimiento de Villa Carmelo, Santiago de Cali, la señora Maribel Rocío Puerta Berrío (…), cuando se aprestaba a lavar la loza en el patio de su residencia, una cuerda de alta tensión que formaba parte de las redes conductoras de energía eléctrica que pasaba por encima de la humilde vivienda se reventó precipitándose a tierra y haciendo contacto con la humanidad de Maribel Rocío P., causándole en su cuerpo destrozos y la mutilación de una de sus manos, así como su fallecimiento en el acto.
“Personal de Emcali a eso de las diez y media de la mañana cortaron el servicio de energía y empataron nuevamente el cable reventado y manifestaron que se trataba de un accidente provocado por un rayo; en el mismo sitio en varias ocasiones los cables de energía de alta tensión se habían reventado a consecuencia de la fatiga del material y a la falta de mantenimiento que las Empresas Municipales de Cali le da a las redes de conducción de energía eléctrica del sector” (fls. 2 a 3 cdno. 1).
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 22 de marzo de 1995, decisión que se notificó en debida forma (fl. 55, 57 cdno. 1).
En los mismos términos, el 21 de mayo de 1996, fue presentada la demanda dentro del expediente 22680, en el cual son demandantes los señores Fabián Hernán, Efraín Alberto y Mauricio Luengas Puerta; Amparo, Lina María y Catherine Puerta. La demanda fue admitida por auto del 2 de julio de 1996 y notificada en debida forma (fls. 31, 33 cdno 2).
1.2. La contestación de las demandas.
La entidad pública demandada contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensiones; como razones de su defensa manifestó que en el presente asunto no se encontraba comprometida la responsabilidad de Emcali, toda vez que el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó se produjo como consecuencia de un “caso fortuito”, comoquiera que “nadie puede obligar a Emcali a lo imposible, esto es detectar con anterioridad un daño o desperfecto en las cuerdas de alta tensión”, lo anterior sumado al hecho de la “irresponsabilidad de las propias víctimas”, quienes habitan en terrenos que por su misma ubicación representan un grave peligro para la integridad de su vida, así pues, señaló que “si la víctima hubiera habitado en una vivienda con las mínimas medidas de seguridad, construcción, medidas sanitarias e higiénicas, difícilmente se hubiese presentado la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío por este accidente” (fls. 72 a 78 C. 1 y 52 a 59 C. 2).
1.3. El llamamiento en garantía.
En el mismo escrito de contestación de la demanda, la entidad llamó en garantía a la aseguradora Colseguros S.A., con fundamento en la póliza de seguro número 66372-5, llamamiento que fue admitido por el Tribunal a quo mediante auto del 22 de septiembre de 1995 (fls. 123 cdno. 1).
En la contestación, la mencionada sociedad manifestó que en el evento en el cual se declare la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, la Compañía Aseguradora solo estaría obligada a cancelar la indemnización correspondiente, siempre y cuando se demuestre que el hecho dañoso demandado se produjo como consecuencia de una fuerza mayor o caso fortuito, pero que si el mismo fue ocasionado por el descuido e ineficiencia de EMCALI, no estaría llamada a responder (fls. 149 a 151 cdno. 1).
1.4. Alegatos de conclusión en primera instancia.
Vencido el período probatorio, previsto en providencia del 6 de mayo de 1996 y fracasada la audiencia de conciliación, el Tribunal de primera instancia corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, el 10 de diciembre de 1998 (fls. 153, 264 cdno. 1).
La parte demandante señaló que del material probatorio aportado al proceso se podía determinar con claridad la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada, a título de riesgo excepcional, por la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, toda vez que dicho hecho dañoso se produjo como consecuencia del deterioro de una cuerda de energía eléctrica que se desprendió, precipitándose en su humanidad; sostuvo, además, que no eran ciertas las afirmaciones de la demandada en el sentido de señalar que la referida cuerda de energía eléctrica se habría reventado por el impacto de un rayo, pues se determinó con certeza que el día de los hechos era un día soleado, no había llovido, ni tampoco se presentaron descargas eléctricas (fls. 268 a 275 cdno. ppal.).
A su turno, Emcali reiteró los argumentos expuestos con la contestación de la demanda e insistió en que el hecho luctuoso demandado “ocurrió más por la irresponsabilidad de la comunidad al haber levantado sus viviendas en un sitio de alta peligrosidad para sus vidas por el paso de cuerdas de alta tensión sin protecciones especiales, que por culpabilidad de Emcali o por la falta de conocimiento de este hecho, como es el tender cuerdas de alta tensión sin precauciones, una vez habitado el sector” (fls. 89 a 91 cdno. 1).
Dentro de la respectiva oportunidad procesal, la sociedad llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 275 cdno. 1).
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 16 de diciembre de 1999, oportunidad en la cual declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada en los términos transcritos al inicio de esta sentencia.
Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal de primera instancia puso de presente que de conformidad con el acervo probatorio recaudado en el proceso había lugar a concluir acerca de la responsabilidad de las Empresas Municipales de Cali Emcali respecto del daño por cuya indemnización se reclama, esto es la muerte de la señora Maribel Puerta Berrío, toda vez que se probó que una cuerda de alta tensión —cuya propiedad, mantenimiento, inspección y vigilancia se encuentra radicada en la demandada—, se desprendió y cayó sobre su cuerpo, con las nefastas consecuencias ya conocidas.
Asimismo, el Tribunal a quo, en relación con las afirmaciones de la demandada encaminadas a sostener que el desprendimiento de la cuerda de alta tensión se debió a la presencia de tormentas eléctricas sobre el sector, manifestó que no había prueba alguna en el expediente respecto de esas circunstancias, así como tampoco algún otro elemento de convicción que acredite la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad, por el contrario, si estaba probado que el cableado que pasaba por el sector se encontraba deteriorado y que en anteriores ocasiones se había desprendido y había causado daños a animales y objetos; no obstante la entidad demandada “lo que hacía era simplemente volverlas a unir y solamente después de ocurrido el lamentable hecho que dio lugar a este proceso, fue que hizo un trabajo de reforma importante a las redes del sector” (fls. 277 a 308 cdno. ppal.).
Contra la anterior sentencia, tanto la parte demandada como la sociedad llamada en garantía interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido por esta Corporación mediante proveído de fecha 13 de octubre de 2000 (fl. 323 cdno. ppal.).
En la sustentación, la entidad demandada insistió en que la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío se produjo como consecuencia exclusiva de un hecho fortuito, el cual resultó imprevisible para la entidad demandada; enfatizó también en el hecho de que “[s]i la víctima hubiese habitado una vivienda con todas las medidas legales no hubiese sucedido el accidente”.
Agregó, por último, que varios de los demandantes a quienes les fueron reconocidos perjuicios en la sentencia impugnada no aportaron la prueba idónea del parentesco (registros civiles de nacimiento) que los ligara con la occisa (fls. 313 a 314 cdno. ppal.).
A su turno, la sociedad llamada en garantía puso de presente que comoquiera que el fundamento que tuvo en cuenta el Tribunal de primera instancia para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada respecto del hecho dañoso demandado fue la falla del servicio en que incurrió Emcali, debido a la falta de mantenimiento de las redes eléctricas en el sector del accidente, dicha circunstancia por sí sola basta para determinar que la Compañía Aseguradora no está obligada al pago de la indemnización reconocida en el fallo impugnado, puesto que “la ineficiencia el descuido del tomador no pueden ser asegurable”. (fls. 310 a 311 cdno. ppal.).
1.7. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.
El 10 de noviembre del 2000 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, término durante el cual tanto las partes como la sociedad llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 325, 326 cdno. ppal.).
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la sociedad llamada en garantía contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de diciembre de 1999, mediante la cual se condenó a la entidad pública demandada al pago de las cantidades de dinero relacionadas al inicio de esta sentencia.
Dados los supuestos fácticos descritos, resulta necesario precisar el contenido y alcance de los parámetros con arreglo a los cuales el Estado debe responder frente a casos como el presente, marco en el cual se le atribuye el daño causado por la conducción de redes eléctricas.
Al respecto, esta Sala considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001(2), en el cual se señaló:
“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...(3).
Sobre el particular, la doctrina especializada en el tema(4) ha precisado:
“La doctrina del riesgo creado puede ser sintetizada de esta manera: quien se sirve de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan. La teoría que analizamos pone especial atención en el hecho de que alguien ‘cree un riesgo’, ‘lo conozca o lo domine’; quien realiza esta actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, sin prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable (...).
“Por nuestra parte, pensamos que la correcta formulación de la teoría del riesgo debe ser realizada sobre la base del llamado ‘riesgo creado’, es decir, en su formulación más amplia y genérica.
Esta Sala en otra oportunidad y con ocasión de un debate sobre la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje manifestó lo siguiente:
“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(5).
Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional mantiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida en que este comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(6). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la inexistencia de nexo causal por la ocurrencia de una causa extraña(7).
En este caso, la entidad demandada alegó como eximentes de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima y el caso fortuito; respecto de este último debe precisarse que debido a que el hecho dañoso demandado se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad riesgosa (conducción de redes eléctricas), quien realiza este tipo de actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, puesto que los mismos son inherentes al ejercicio de dicha actividad, sin que se requiera prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable, toda vez que —bueno es reiterarlo—, bajo este régimen de responsabilidad objetiva (riesgo excepcional), la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o por el hecho exclusivo y determinante de la víctima, por manera que la causal eximente de responsabilidad consistente en el caso fortuito alegado por la entidad demandada, se torna abiertamente improcedente.
Ahora bien, en lo que atañe al hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone probar que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para la administración. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(8).
El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(9).
“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresisitible (sic)”(10).
Así, la Sala, en numerosas sentencias, ha reconocido la imprevisibilidad e irresistibilidad del suceso invocado por la entidad demandada como elementos de la eximente de responsabilidad, en la modalidad del hecho exclusivo de la víctima(11), circunstancias que deberán examinarse en cada caso concreto.
2.2. El asunto sometido a examen.
Las pruebas allegadas al plenario, para fundamentar los hechos y pretensiones formuladas, son las siguientes:
— Registro civil de defunción de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, el cual indica que su muerte se produjo el 17 de mayo de 1994, en el municipio de Cali, a causa de “[i]ncineración severa de tejidos en tórax” (fl. 8, cdno. 1).
— A folios 6 a 7 del cuaderno 2 obra copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Maribel Rocío Puerta Berrío, practicada por la Fiscalía 115 de Cali, en la cual se dejó constancia que su muerte se produjo el día 17 de mayo de 1994, en el corregimiento Villa Carmelo, vereda Alto Los Mangos; en dicho documento se consignó, entre otras, la siguiente información:
“Heridas y huellas de violencia: Revisado cuidadosamente el cuerpo sin vida se observa que presenta incineración completa de tórax y abdomen, presenta mutilación e incineración de miembros superiores a nivel del tercio medio de ambos antebrazos. Presenta quemaduras de 1er grado en el rostro, se sustrae cable de alta tensión el cual se encontraba incrustado en el tórax de la occisa. —Antecedentes y circunstancias del hecho y de la muerte: Sobre las circunstancias de la muerte ocurrió en el corregimiento de Villa Carmelo vereda Palo de Mangos—. En momentos en que la occisa se encontraba hoy 17 de mayo de 1994 a eso de las 7:30 de la mañana, lavando unos platos en el patio de su casa, donde se desprendió un cable del alumbrado de alta tensión y pegó en el cuerpo de la occisa calcinado completamente el tórax y abdomen de la misma” (negrillas adicionales).
— A folio 26 del cuaderno 2 obra copia auténtica de la necropsia médico legal practicada a la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali, en la cual se señaló:
1. Incineración severa en tórax por electrocución.
2. Amputación de miembros superiores por electrocución.
3. Quemaduras de segundo y tercer grado en abdomen, cuello y parte del tórax del 30%.
4. Electrocución accidental con alto voltaje.
Modo de muerte: Accidental (electrocución)” (se resalta).
Así pues, una vez establecida la existencia del hecho dañoso, concretado en la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser confirmada o revocada.
Para establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se reunieron los siguientes medios de prueba:
— A folio 24 del cuaderno 5, se encuentra el “Formulario para la declaración de siniestro”, elaborado por la unidad de servicios generales de Emcali, en el cual se dejó señalada la siguiente información:
“Fecha del accidente: Cali, mayo 17 de 1994.
Dirección del afectado: La Sirena, Alto de Los Mangos.
Lugar del Accidente: Residencia.
Descripción del accidente: Línea de alta tensión se reventó encima del lavadero del inmueble en momento en que la señora Maribel se encontraba lavando.
Lesionados: Maribel Puerta Berrío.
Posibles causas del accidente: Descarga atmosférica (rayo) cayó sobre la línea averiando un aislador y debilitando la línea que se rompió.
Diligencia que se adelantó: Visita al terreno y reparación de la línea” (negrillas de la Sala).
— A folio 6 del cuaderno 5, obra oficio 138 del 27 de febrero de 1998, suscrito por el jefe del departamento de telecontrol de Emcali, a través del cual se informó:
“1. Las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE, es propietaria de las redes eléctricas que dan servicio de energía a la vereda Los Mangos del municipio de Cali (Valle).
“2. Estas redes fueron diseñadas y construidas por Emcali hace aproximadamente más de 20 años para dar servicio a las minas de Archicaya ubicadas por el sector de Cantaclaro, es de anotar que en ese entonces no existía ninguna construcción debajo del trazado de la línea, por ser zona rural deshabitada.
“3. Igualmente su construcción y diseño se realizó siguiendo las normas de diseño y construcción de la empresa, las cuales cumplen con lo exigido por el Código Eléctrico Nacional, y dentro de los cuales se especifica la distancia mínima que debe mantenerse entre los tendidos de redes eléctricas y las edificaciones según el nivel de tensión.
“El día 17 de mayo de 1994, a las 9:46 se procede con la apertura urgente del circuito Lleras (que alimenta al sector mencionado adelante), al recibirse información a través de la central de bomberos que en la vereda Los Mangos a Villa Carmelo hay una persona accidentada, se envió a la pareja de atención de daños conformada por los señores Armando Monroy y César Díaz al sitio a verificar tal información. A las 11:10 es normalizado el circuito previa reparación de línea primaria rota, en ese sector se confirmó que en el sitio falleció la señora Maribel Luengas electrocutada a causa de la rotura de una línea que fue reparada”.
— A folio 74 del cuaderno 2, se encuentra el Oficio 161 de 28 de agosto de 1998, suscrito por el departamento de operación de las Empresas Municipales de Cali, en dicho documento se manifestó:
“De acuerdo con la visita efectuada el día 27 de agosto de 1996 al sector Los Mangos parte alta zona rural de la Buitrera, se verificó que actualmente las líneas de distribución de energía en dicho sector son de propiedad de las Empresas Municipales de Cali y es la encargada de prestar el servicio de energía a los clientes en dicho sector: además de realizar el mantenimiento a las redes en media y baja tensión.
Las Empresas Municipales de Cali a través de la gerencia de energía realiza los respectivos mantenimientos a los diferentes circuitos de distribución de acuerdo a la programación general y a las prácticas normales establecidas con tal fin, realizando revisión del estado de todos los equipos y elementos instalados sobre estos. También se ejecuta un programa de mantenimiento preventivo al sistema de distribución una vez analizadas las causas de fallas y eventos reportados sobre estos”.
— Declaración rendida en este proceso por el señor Carlos Julio Cuéllar Villamarín, quien al ser interrogado en relación con los hechos narrados en la demanda y como consecuencia de los cuales perdió la vida Maribel Rocío Puerta Berrío, manifestó:
“Me enteré del accidente aproximadamente a las 9:00 de la mañana e inmediatamente me desplacé al sitio de los hechos y encontré a la señora tendida en el piso y con lesiones ocasionadas por la línea de energía, lo que le produjo la muerte. La señora estaba cerca al lavadero de la casa exactamente debajo del tendido de las líneas primarias que alimentan al sector, como Jefe de la Sección de daños tuve que levantar el respectivo informe, hice un análisis de la causa de la ruptura de la línea lo cual me llevó a la conclusión de que esta había sido debilitada por una descarga atmosférica o rayo ocasionando su ruptura posterior” (fls. 3 a 5, cdno. 5).
— A folios 3 a 5 del cuaderno 3, obra la declaración rendida en este proceso por el señor Jesús Evert Tosse Aztaiza, de la cual resulta ilustrativo destacar los siguientes apartes:
“Yo estuve en la casa después del accidente, cuando subimos con los bomberos yo los iba guiando porque ellos no conocían, cuando llegué vi que una cuerda estaba sobre el cuerpo de la finada Maribel, sobre el tórax, tenía una ollita en la mano, al pie del lavadero, ella estaba en el suelo boca arriba, estaba totalmente destrozada la parte del tórax, ya no tenía ninguna vida pues así se veía. Estaba con humo en el cuerpo y se le veían ampollas como en los bracitos, ella estaba vestida con una blusa y una falda. (...) Preguntado: Sirva decirnos cómo era el tiempo del día en que fallecieron Maribel Rocío Puerta Berrío, es decir si había llovido o no. Contestó: Estaba seco no había llovido es día, el día anterior había caído una llovizna. (...) Preguntado: Díganos porque (sic) sitio pasaban las cuerdas de alta tensión, la cual una de ellas ocasionó la muerte de la señora Maribel Puerta. Contestó: Pasaban por la parte de atrás de la casa, es todo”.
— Copia auténtica de la providencia proferida el 23 de noviembre de 1994, por la Fiscalía 51 de la ciudad de Cali, a través de la cual se decidió “Inhibirse de iniciar la instrucción” en las presentes diligencias denunciadas por oficio (central de radio de policía metropolitana)”; los argumentos que sirvieron a la instancia en comento para adoptar dicha decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes:
“De la prueba recopilada hasta el momento se tiene que en el caso en comento, o sea en la muerte de la señora Maribel Puerta Berrío, no hubo mano actora que la causara, todo se debió al desprendimiento o ruptura de una cuerda de alta tensión del alumbrado público”.
“Se tiene que nos encontramos ante un caso fortuito, se da la casualidad que en el preciso momento en que la señora se encontraba en el lavadero, precisamente debajo de la cuerda, esta se soltó y cayó sobre su cuerpo causándole la muerte de inmediato”.
“Conforme a lo anterior la acción penal no podría iniciarse por cuanto estamos en presencia de una muerte accidental y es así que la medida a aplicar es proferir decisión inhibitoria conforme a lo establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal” (fl. 48 a 50, cdno. 2).
— A folios 72 a 93 se encuentra copia auténtica de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual 66372-5, suscrita entre la entidad demandada Emcali y la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., con una vigencia comprendida entre los días 15 de enero de 1994 y 15 de enero de 1995 y un valor de asegurabilidad equivalente a $ 80.000.000 por evento.
2.3. Conclusiones probatorias.
De conformidad con lo probado en el presente proceso, en el caso concreto se encuentra que en la mañana del día 17 de mayo de 1994, mientras se encontraba en su casa de habitación realizando actividades propias del hogar, la señora Maribel Rocío Puerta Berrío murió como consecuencia de una electrocución, causada por el desprendimiento de una cuerda de alta tensión cuya propiedad era de la entidad pública demandada.
Ahora bien, en relación con la imputación del daño antijurídico endilgado por la parte actora en cabeza de las Empresas Municipales de Cali Emcali, resulta necesario efectuar algunas precisiones a efectos de determinar si en el caso sub lite el daño o detrimento se produjo como la concreción o materialización del riesgo excepcional, traducido en la actividad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por parte de la entidad demandada.
Sobre el particular, debe señalarse que la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica es en sí misma una actividad lícita del Estado, a través de la cual somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Sección(12).
En el caso sub examine, la parte actora pretende derivar responsabilidad de la entidad demandada, pues —en su criterio—, la concreción del daño se debió a una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, quien no estaba obligada a soportar el daño, comoquiera que ese riesgo que se materializó rompió con las cargas públicas a que se encuentra sometida cualquier persona; adicionalmente, según la demanda, la entidad demandada incurrió en una falla del servicio por no efectuar un correcto mantenimiento de las redes de energía eléctrica que se encontraban en mal estado.
En ese orden de ideas, forzoso resulta concluir que el hecho dañoso es imputable al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla esa actividad, esto es las Empresas Municipales de Cali Emcali, pues —bueno es reiterarlo—, el riesgo que genera la transmisión y comercialización de energía que en determinados eventos puede llegar a causar un daño que la persona no se encontraba obligada a soportar (como en efecto ocurrió en el sub lite), en tanto se somete a la persona a un riesgo excepcional.
En conclusión, en el caso concreto el deber de reparación se radica en cabeza de la entidad demandada y, consecuencialmente, en la llamada en garantía, en la medida en que el daño se produjo a causa de la concreción del riesgo que implica la generación y el transporte de energía por las Empresas Municipales de Cali Emcali, sin que sea admisible esgrimir y/o aceptar como eximente de responsabilidad la causal consistente en el caso fortuito.
Por otro lado, como se aprecia, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala ninguna de las entidades vinculadas al proceso (demandada y llamada en garantía), demostró que el hecho se debiera a la culpa exclusiva de la víctima; por el contrario, las pruebas allegadas conducen a afirmar que el daño tuvo origen en la estructura —es decir en las redes eléctricas—, esto es en la actividad que por sí misma es riesgosa, toda vez que se trata del flujo de energía eléctrica de grandes voltajes.
A lo anterior debe agregarse que no resultan admisibles para la Sala los fundamentos en los cuales se apoyó la entidad demandada para sustentar la mencionada excepción, pues se limitó a manifestar que “[s]i la víctima hubiese habitado una vivienda con todas las medidas legales no hubiese sucedido el accidente”, así pues, resulta contrario a la lógica y al mero sentido común que el hecho de no contar con recursos económicos suficientes para adquirir una vivienda en óptimas condiciones y/o con mínimos estándares de seguridad, pudiere esgrimirse como argumento para soportar la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de la víctima; tal posición supondría radicar en cabeza de la víctima del daño un deber de irrealizable cumplimiento, lo que volvería excepcional la indemnización con fundamento en los regímenes objetivos, por cuanto en la totalidad de esas hipótesis se volvería imposible configurar la imputación por el hecho exclusivo de la víctima.
En ese contexto, para la Sala se impone confirmar la providencia apelada, por cuanto —se insiste—, la conducción de energía es una actividad peligrosa y, por consiguiente, cualquier tipo de daño que se produzca a partir de la misma debe ser indemnizado con base en la teoría del riesgo excepcional.
Así las cosas, comoquiera que el daño es imputable a la entidad pública demandada, se procederá a confirmar su responsabilidad, a título de riesgo excepcional, por los hechos objeto de esta demanda, motivo por el cual se confirmará el pago de los perjuicios causados a los demandantes y, de manera consecuencial, se confirmará la decisión de condenar a la empresa llamada en garantía a reintegrar, hasta el límite del valor asegurado, las sumas que la primera tenga la obligación de cancelar por la condena impuesta; en efecto, dado que el objeto del recurso de apelación formulado por la llamada en garantía estaba encaminado a alegar una falla del servicio de Emcali y la presente decisión deriva responsabilidad a dicha entidad, a título de riesgo excepcional, queda entonces sin fundamento el argumento esgrimido, pues el régimen de responsabilidad que sirve de fundamento al presente fallo, excluye la culpa de la administración.
2.4. Los perjuicios reconocidos por el tribunal a quo fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso(13) y, además, fueron debidamente establecidos por el tribunal de primera instancia, pues debe recordarse que, con la simple acreditación de la relación de parentesco, se presume que los familiares de la víctima directa sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío en las circunstancias acreditadas. Así pues, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(14), y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio solicitado.
Por lo anterior, la Sala se limitará a modificar la sentencia del tribunal en cuanto la condena impuesta lo fue en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues debe recordarse que de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980; para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(15).
Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerla
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 16 de diciembre de 1999, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:
“1) Declárese a las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP, administrativamente responsable por los perjuicios causados a los actores con ocasión de la muerte de la señora Maribel Rocío Puerta Berrío, ocurrida el 17 de mayo de 1994, en la Vereda Alto de los Mangos, Corregimiento de Villa Carmelo, Municipio de Santiago de Cali.
2) Como consecuencia de lo anterior, condénase a Emcali EICE ESP, a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios morales las sumas de dinero que se expresan a continuación, a favor de las siguientes personas:
Mercedes Puerta Berrío (madre) 100 smmlv
Lina María Puerta Berrío (hija) 100 smmlv
Katherine Puerta Berrío (hija) 100 smmlv
Carlos Arnulfo Minda Castillo 100 smlmv
Amparo Puerta (hermana) 100 smlmv
3) Condénese a la sociedad Aseguradora Colseguros S.A., a restituir a las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP, las sumas de dinero que esa entidad debe pagar por concepto de la condena impuesta en este proceso acumulado, hasta el monto del valor asegurado y disponible en las pólizas aludidas en la parte motiva de esta providencia.
4) Niéganse las demás pretensiones de las demandas”.
Cópiese, notifíquese, y cúmplase
(1) Suma equivalente en pesos a $ 10’943.300, la cual resulta superior a la legalmente exigida para tramitar el proceso en dos instancias, comoquiera que a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 27 de febrero de 1995, la cuantía establecida para esos efectos era de $ 9’610.000.oo (Decreto 597 de 1988).
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, Exp. 12.696, C.P. Alier Hernández Enríquez. Posición jurisprudencial reiterada en sentencias del 23 de abril del 2008, Exp. 16.235 y del 28 de abril del 2010, Exp. 18.646, entre otras.
(3) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, Exp. 10.024.
(4) Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, págs. 38 y 43.
(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, Exp. 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de mayo de 2007. Exp. 16.898 M.P. Enrique Gil Botero.
(7) Sin perjuicio de lo anterior, esto es de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por la creación de un riesgo excepcional, resulta necesario precisar que el juez puede, en todos los casos, ejercer una labor de control de la acción administrativa del Estado, por manera que si las pruebas evidencian una falla del servicio que revele el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada, bien por acción o por omisión, no hay duda de que esta debe ser declarada.
Al respecto resulta pertinente señalar que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, en el sentido de determinar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “... debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”.
Es que las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. En ese sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 2008, Exp. 16.235 y del 23 de abril de 2009, Exp. 17.187, entre muchas otras.
(8) Luis Josserand, Derecho Civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.
(9) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.
(10) Ob. cit. pág. 318.
(11) En similares condiciones se ha pronunciado la Sala al evaluar el hecho del tercero; así en sentencia del 29 de agosto de 1996, Exp. 9616, C.P: Carlos Betancur: “En el sub lite, haya ido o no en contravía la máquina de la entidad demandada, el accidente se habría producido porque el peatón fue lanzado por un tercero identificado hacia la, en ese momento, exclusiva zona de tránsito de la máquina barredora. No cabe duda de la situación imprevista e invencible en que se vio el conductor del aparato que además iba a baja velocidad, lo que confirma lo sorpresivo de la caída de la víctima, tanto que aquel no pudo hacer maniobra alguna para evitar atraparla”. En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145.
(12) Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 15 de marzo de 2001, Exp. 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y el 31 de mayo de 2007. Exp. 16.898 M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras.
(13) Toda vez que a folios 7 a 14 del cuaderno 1 y 24 a 31 del cuaderno 3, se encuentran originales y copias auténticas de los respectivos registros civiles de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, así como prueba testimonial respecto de la calidad de compañero permanente de la víctima, señor Carlos Arnulfo Minda Castilo, pruebas suficientes para tener por acreditada la relación de parentesco existente entre la occisa y las mencionadas personas.
(14) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exps. 13.232-15.646. M.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.

References: artículo 90
 artículo 327
 artículo 42
 artículo 106
 artículo 55
 artículo 2