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Timestamp: 2014-07-31 01:16:36+00:00

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Función de los jueces cautelares Con relación a este último aspecto, es preciso señalar que el sistema procesal penal a instituido a los jueces cautelares, los mismos que son los llamados a ejercer el control jurisdiccional dentro de la etapa de la investigación en un proceso penal, y precisamente, les corresponde a ellos, de manera inmediata, proteger los derechos y garantías constitucionales de quienes estuvieran sujetos a investigación o contra quienes hubiera recaído la imputación; en este caso, específicamente, sobre la protección que deba operarse por la presunta vulneración al derecho a la libertad física de las personas, producida al margen de los casos y formas establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley, o que tal afectación al derecho a la libertad no hubiera emanado por escrito de autoridad competente.
Sentencia Moduladora
Presentación directa de la acción de amparo constitucional para impugnar la indebida interpretación de la legalidad ordinaria, la errónea valoración probatoria, omisión valorativa o falta de fundamentación en las resoluciones pronunciadas por los Fiscales, no siendo necesario impugnarlas ante el juez cautelar, autoridad que sólo ejercer el control jurisdiccional sobre aspectos de procedimiento Supuestos fácticos
En una acción de amparo constitucional el accionante sostuvo que las autoridades fiscales demandadas vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso por cuanto, la fiscal de materia emitió resolución de sobreseimiento pese a existir una excepción previa de falta de acción pendiente de resolución en apelación, sin una adecuada fundamentación, y el Fiscal Departamental ratificó dicho sobreseimiento cometiendo los mismo errores. El Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la concesión en parte de la tutela, pronunciándose, además, sobre la posibilidad de cuestionar, de manera directa, a través de la acción de amparo constitucional, las resoluciones pronunciadas por los fiscales.
FJ III.5.1. “…conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 cuando se alega equivocada interpretación o utilización de la ley, “1) Que la valoración se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras); o 2) Cuando la Resolución que determine una sanción haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (SC 2764/2010-R de 10 de diciembre), falta de fundamentación o la no resolución cabal de todos los aspectos impugnados corresponde el planteamiento directo de la acción de amparo constitucional sin que pueda exigirse a la parte procesal activar el control jurisdiccional respectivo como sucede en el presente caso.
FJ III.1.“Corresponde precisar el entendimiento de la SC 2074/2010-R, en el sentido de que el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación”.
Contextualización de línea
La SC 2074/2010-R estableció que las resoluciones pronunciadas por el Fiscal de Distrito podían ser impugnadas ante el Juez cautelar ante posibles lesiones a derechos fundamentales y garantías constitucionales que no impliquen cuestionamiento de fondo a las facultades privativas de los fiscales y, en el caso concreto se alegó que el juez cautelar se negó a ejercer el control de la resolución fiscal sin diferenciar si se trataban de cuestiones de fondo o de aspectos vinculados a la lesión de derechos y garantías, sin señalar, empero, si la impugnación del caso concreto era de fondo o de forma.
La SC P 245/2012, modula la anterior Sentencia constitucional, al diferenciar en qué casos se puede impugnar las resoluciones fiscales ante el juez cautelar y aquellos supuestos en los que se puede presentar de manera directa la acción de amparo constitucional.

References: resolución 
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