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Timestamp: 2020-07-11 02:47:32+00:00

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Chile Sistemas Políticos y Electorales Contemporaneos | Sistema de votación | Parlamento
Chile Sistemas Políticos y Electorales Contemporaneos
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Sistemas de Partidos Argentino
257075-346227-1-PB
Votos y Bancas. La representación proporcional en Tierra del Fuego
Coordinador de la colección Pedro Aguirre
Segunda edición, diciembre de 2001 © Instituto Federal Electoral Viaducto Tlalpan núm. 100, Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, México, D.F.
Coordinador de la colección: Pedro Aguirre
ISBN 968-7750-94-4
Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. Chile se terminó de imprimir en la ciudad de México durante el mes de diciembre de 2000. La edición consta de 5,000 ejemplares y estuvo al cuidado de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo XX es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los ochenta, apuntalaron a las grandes demo- cracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre todo, apoyado en la globalización de los medios de comunicación, dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático. El éxito de ese proceso de universalización de la democracia no implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre el autoritarismo, ni mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos. Los riesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las democracias exigen cada día más imaginación
SISTEMAS POLÍTICOS Y ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS: CHILE
y responsabilidad, más conocimientos y participación, más y mejor
formación de ciudadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y sólida cultura democrática. Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación de la democracia que la formación de una sociedad que conozca
y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al
mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus diversas organizaciones, de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de
propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la vida democrática. Una sociedad, pues, comprometida con la democracia
En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación de la cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con esta colección, el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información
y los elementos de análisis necesarios para el conocimiento de
los sistemas políticos y electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los procedimientos que rigen sus elecciones, y su sistema de partidos. Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las monografías contienen un anexo estadístico con datos generales de los países, los resultados electorales y la composición de los órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.
Para el estudio de los sistemas políticos y electorales contempo- ráneos se requiere del conocimiento previo de su definición como conceptos y de una explicación sobre su significado. En términos generales se puede decir que el fenómeno político y, en particular, su manifestación en cada comunidad constituye un proceso complejo mediante el cual se toman las decisiones imperativas que la rigen. Pero, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso?; ¿qué relación tienen entre sí?; ¿quiénes toman esas decisiones y con qué atribuciones?; ¿cómo se toman las decisiones imperativas?; ¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los sistemas políticos y electorales, y en cada caso su respuesta explica o trata de explicar la manera en la que una comunidad específica las ha resuelto o busca resolverlas. La noción de sistema político se refiere al conjunto de insti- tuciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los elementos o las partes que lo integran así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.
Para saber cuál es el sistema político de un país se debe considerar si éste tiene un orden constitucional que garantice derechos y libertades a las personas o si se trata de un régimen autoritario; si siendo un Estado constitucional de derecho su forma de gobierno es presidencial o parlamentaria; si sus procedimientos electorales responden al principio de elección por mayoría o al principio de elección proporcional; si existen pocos o muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, se puede decir que se conocen los elementos que conforman un determinado sistema político y las relaciones que dichos elementos guardan entre sí. A partir del sistema político, y conforme a la metodología sistémica, los sistemas electorales y de partidos pueden ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su estudio puede tener un mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político –con los principios constitucionales funda- mentales o con la forma de gobierno, por ejemplo– suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio. La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los par- tidos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas se traduce en representación política en un Parlamento. Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se puede hablar de un
sistema de partidos competitivo, de un sistema de partido hege- mónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características más relevantes. Como se ha señalado, la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos se ocupará de las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, hará referencia a países organizados bajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto?; ¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas dentro del constitucionalismo?; ¿cuáles son los distintos principios electorales para la integración de los órganos de representación popular en las democracias representativas? Con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para la mejor comprensión de cada uno de los sistemas políticos y electorales incluidos en este esfuerzo editorial, a continuación se tratará de dar respuesta en forma breve y sencilla a estos cuestionamientos a través de una serie de definiciones básicas. El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político, para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, y el control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad, para garantizar los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, de las personas frente al poder público. El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, gobierno del pueblo a través de sus representantes, cuestión que veremos
enseguida. Pero, en síntesis, el constitucionalismo democrático puede definirse hoy como un sistema político con división de poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de repre- sentación popular. Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos más importantes son el presidencial y el parlamentario, y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de ambos –es el caso del semipresidencialismo francés–, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos:
• El presidente es, a la vez, jefe de Estado y jefe de gobierno.
• La elección del presidente es directa o semidirecta (es el caso de Estados Unidos).
• El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario sino por el propio presidente.
• Los poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente separados.
• El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado).
• Los miembros del Parlamento son elegidos por el voto popular.
• El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento.
• Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados; por el contrario, se comparten.
En los dos sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se
convierte en representación política mediante un sistema electo- ral; cabe recordar, en este punto, que la noción de sistema electo- ral, en sentido estricto, se refiere a los principios y a los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para tra- ducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los princi- pios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pue- den describir de la siguiente manera:
• Se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o subrepresentación en el Parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.
• El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la elección se queda con toda la represen- tación, es decir, gana todo; por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado.
• Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción.
• Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativos posible de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad; por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenidos por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo
que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno (en el caso de un sistema parlamentario), resulte imposible; en este caso se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad. • Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial- poblacional en el que se realice la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados. • Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.
Antes de concluir es importante señalar que el carácter general de los contenidos de esta introducción sirve, como se apuntó, para ofrecer los elementos básicos que permitan una mejor comprensión de los sistemas políticos y electorales específicos que constituyen el objeto de la colección. En cada caso se tratarán en detalle las características y las modalidades de los distintos países considerados.
El Estado chileno ha adoptado como forma de gobierno una República democrática y representativa, con un orden constitucional escrito que garantiza derechos y libertades a las personas, y que regula la integración, atribuciones y facultades de los órganos de gobierno. El notable peso específico que tiene el presidente de la República da cuenta de que el chileno es un régimen presidencialista. Aunque la proclamación de la independencia de Chile se pro- dujo efectivamente en 1818, ya desde 1811 se habían comenzado a dar los pasos necesarios para romper con el dominio español. En esta época se resolvió que el Poder Ejecutivo estaría en manos de una junta de gobierno. Asimismo, se elaboró un reglamento que especificaba las funciones propias de cada órgano de la admi- nistración pública, el cual ha sido considerado por diversos tratadistas como el primer reglamento constitucional. El periodo que se extiende entre 1811 y 1818 estuvo definido por el papel protagónico de los hermanos Carrera que, tras un primer éxito en la expulsión de los realistas en 1811, fracasaron en 1813 frente a la expedición que trajo consigo la sustitución de José Miguel Carrera por Bernardo O’Higgins en la jefatura del ejército, por decisión de la Junta de Gobierno. Los enfrentamientos internos desembocaron en 1817 en el exilio de los Carrera y la primacía de O’Higgins, quien gobernó a partir de entonces y hasta 1823. Este gobierno se caracterizó por esta-
blecer las bases de las estructuras organizativas mínimas del nuevo Estado.
La mayoría de los acontecimientos que remiten al origen del constitucionalismo chileno, comienzan con las luchas posteriores
a la independencia en que se enfrascaron los conservadores
(pelucones) y los liberales (pipiolos) por el control del gobierno. Después de la renuncia de Bernardo O’Higgins un periodo de conflicto terminó con el triunfo de los pelucones en la batalla de Lircay. La Constitución de 1833 creó la figura fuerte del presi- dente, electo por un periodo de cinco años con la posibilidad de reelección, y también otorgó al Congreso el poder para aprobar el presupuesto. Los conservadores chilenos se basaron en la experiencia de 1830 cuando Diego Portales estableció un Estado centralista que operaba bajo el régimen de la ley como un ideal de gobierno todavía válido. Argumentaban que una presidencia y un Estado fuertemente consolidados no sólo continuaban los patrones culturales heredados de la monarquía española, sino que mantenían el régimen de los
terratenientes, de tal manera que prevenían el decaimiento de la autoridad y la intervención militar, que caracterizaba a muchos otros de los nuevos Estados latinoamericanos independientes. Otros, mantenían la postura de que el desarrollo del constitucionalismo civil se debía más a la presidencia de Manuel Bulnes (1841-1851), un renombrado héroe durante la guerra entre Chile y Perú en 1837, que a Portales. Bulnes redujo el tamaño del ejército y creó una guardia nacional civil como contrapeso. Al mismo tiempo fortaleció
la burocracia, de tal forma que se favoreció una efectiva adminis-
tración y lealtad hacia las instituciones del Estado. En suma, estaba dispuesto a trabajar con el Congreso aun cuando éste se oponía a sus planes; realizó cambios importantes en su gabinete para mantenerse
en contacto con la opinión de las clases altas de la sociedad. Aunque aún era muy popular, dejó el cargo de presidente de acuerdo con
el tiempo que marcaba la Constitución.
En los dos periodos presidenciales (1851-1861) del sucesor de Bulnes, Manuel Montt, los liberales emergieron, ahora con nueva fuerza, por la influencia de las ideas de la Europa liberal y de las revoluciones de 1848. Como en otros países latinoamericanos,
la disputa se enfocó en el centralismo contra el federalismo, y en las relaciones de la Iglesia con el Estado. Las tendencias federalistas de los liberales se reflejaron en la
oposición de los medianos terratenientes en el norte y, en el sur, en
la política dominante de los grandes terratenientes del valle central
alrededor de la capital, Santiago. Los acontecimientos rebeldes
contra Santiago, en 1851 y 1859, fueron detenidos por lo que en Chile se conoce como la República Oligárquica (1830-1861), que
a su vez dio paso a la República Liberal (1861-1891) cuando las
facciones de la élite se combinaron en el Congreso y la Presidencia para reformar el sistema, limitando el periodo presidencial a cinco años (1871) y aboliendo el requerimiento de propiedad para poder
votar (1874). Un pequeño grupo de clase media en expansión formó un foro de expresión política en 1861, llamado Partido Radical, que pretendía reducir la influencia de la Iglesia, promovía la educación pública y establecía el sufragio universal masculino. El control del Partido Conservador sobre las elecciones en las zonas rurales significaba que un gran número de terratenientes podía, por ello, mantener su dominio en lugar de restablecer una intervención militar para contrarrestar los efectos de la creciente participación popular. Los asuntos Iglesia-Estado tales como el
control de los cementerios y de la educación, continuaron dividiendo
a las clases políticas. Después de 1859 todos los grupos accedieron a
las elecciones de manera pacífica, en competencia limpia y honesta, en lugar del uso de la fuerza para resolver sus diferencias. La separación de liberales y conservadores se dio a raíz de la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra Perú y Bolivia. La victoria de Chile le dio áreas en el norte, pero, además, lo llevó a disputar las fronteras con Perú (que no fueron resueltas hasta 1929) y con Bolivia, sobre el que ganó acceso hacia el Pacífico (lo cual sigue siendo un asunto a tratar en la actualidad). La victoria incrementó de gran manera los beneficios por concepto de impuestos a las exportaciones, y produjo no sólo un periodo de prosperidad económica sino también el inicio de un problema de inflación que continuaría por casi un siglo. Cuando el presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891) comenzó a tomar medidas para detener la depreciación, impulsó
a los pequeños terratenientes y estableció un control sobre gran
parte de los depósitos de nitrato en manos inglesas. Esto ocasionó
un gran descontento y fuerte resistencia tanto de los grandes terratenientes como de los intereses extranjeros. Cuando el Con- greso se rehusó a aprobar su presupuesto, amenazó con gobernar solo, y comenzó una Guerra Civil en la que murieron 10,000 chilenos, incluyendo a Balmaceda, quien se suicidó después de que sus tropas fueron vencidas. El sistema constitucional chileno se transformó fundamentalmente como resultado de la Guerra Civil de 1891. Durante el periodo de
la República Parlamentaria (1891-1920) el poder pasó del presidente
al Congreso, y el núcleo de la tensión política se ubicó en las bases locales, que buscaban un lugar en el Congreso (con un total de 121 escaños entre 1891 y 1924). Los gobiernos nacionales sufrieron altibajos de acuerdo con las mayorías del Congreso, mientras que presidentes débiles ejercían el poder sobre gobiernos de coaliciones inestables. En la economía, las minas de nitrato, de carbón y cobre se expandieron, y la agitación obrera se incrementó. Los mineros comenzaron a organizarse –la masacre de 2,000 obreros de las minas del nitrato y sus familias en Iquique en 1907 formó parte de la memoria colectiva del movimiento laborista. Luis Emilio Recabarren, un líder obrero que fue electo para el Congreso en 1906, pero que no se le permitió tomar su escaño, en 1912 fundó el Partido Socialista de Trabajadores que se transformaría en el Partido Comunista en 1921. Por otro lado, la clase media creciente encontró su expresión política en el Partido Radical que, además de su enfoque tradicional en favor de la separación Iglesia-Estado, comenzó a adoptar programas para apoyar la legislación de bienestar social. La elección en 1920 trajo a la Presidencia a un nuevo líder popular, Arturo Alessandri Palma. Aunque los seguidores de Alessandri aseguraron la mayoría en las elecciones para el Congreso de 1924, éste se resistió a sus propuestas de legislación social y derechos laborales, mismas que fueron adoptadas solamente bajo la presión de jóvenes militares reformistas.
Alessandri dejó el país como protesta contra la intervención militar. Sin embargo, en 1925 regresó para presidir la redacción de la Constitución de ese mismo año, misma que permaneció en vigor hasta el golpe militar de 1973 y que permitía que el presi- dente fuera electo de manera directa para gobernar durante seis años, negándole la posibilidad de reelección. Los miembros del Congreso se elegían en otro momento, por periodos de cuatro años para la Cámara de Diputados y de ocho para el Senado. El Congreso estaba obligado a elegir entre los dos candidatos a la Presidencia que hubieran recibido mayor número de votos, en el caso de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta en la elec- ción popular. Los miembros del Congreso eran electos de acuerdo con un sistema de representación proporcional, lo que acentuaba la proliferación de partidos que ya había comenzado. La Iglesia y el Estado estaban separados y las garantías laborales y de bienestar social se incluyeron en la Constitución. Chile, entonces, estaba al frente de la mayoría de los países latinoamericanos en el estable- cimiento de un Estado de bienestar social. Después de una serie de gobiernos militares cortos, Chile regresó a los gobiernos civilmente electos en 1932. Uno de los gobiernos inestables durante ese periodo fue el que se denominó República Socialista, que duró 100 días, precisamente en ese año, y el cual estuvo dominado por militares. Intelectuales, estudiantes y militares se unieron para formar un nuevo partido de izquierda, el Partido Socialista de Chile, que se estableció formalmente en abril de 1933. En 1938, Pedro Aguirre Cerda, candidato de la coalición del Frente Popular de Radicales y Socialistas, con el apoyo de los comunistas, ganó las elecciones presidenciales. Se enfrentó a una mayoría legislativa hostil y la coalición duró solamente dos años. El Frente Popular logró asegurar la creación de algunas leyes de bienestar social pero su principal éxito fue el establecimiento de la Corporación de Fomento Chileno, que planteó las bases legales para una ingerencia mayor en la economía por parte del Estado. El periodo de 1938 a 1952 se caracterizó por el dominio del Partido Radical, el cual gobernó mediante coaliciones y políticas
vigorosas. Un factor relevante provino de la disolución de la alianza con el Partido Comunista en 1938 y la posterior proscripción de ese partido, de conformidad con la ley para la defensa de la democracia apoyada por los radicales en 1948. El Partido Comunista fue legalizado nuevamente en 1958. Un nuevo partido, el Demócrata Cristiano, formado por las sucesivas divisiones reformistas de los conservadores, sorprendió en las elecciones de 1958. Los demócratacristianos compartieron el voto centralista con los radicales, mientras que la Alianza de Izquierda de los socialistas y comunistas casi logró elegir a Salvador Allende como presidente. Allende fue desplazado por un margen relativamente pequeño por el hijo de Arturo Alessandri, Jorge Alessandri, candidato de los liberales y conservadores, quienes no presentaban diferencias significativas entre sí desde que se determinó la separación Iglesia-Estado en 1925. La elección de 1958 con sus divisiones entre izquierda, centro
y derecha, marcó el inicio de un problema recurrente en la política chilena: cómo lograr el apoyo de la mayoría para los presidentes
y partidos estando el electorado dividido en tres tercios. Cuando
parecía que las elecciones presidenciales de 1964 podrían brindar
a Salvador Allende la oportunidad de ganar la Presidencia, la
derecha apoyó al carismático candidato demócratacristiano Eduardo Frei, cuyo programa para una revolución en libertad se ofreció como una respuesta democrática al reto de la Revolución Cubana. Frei ganó la elección popular con la primera mayoría absoluta en la historia moderna de Chile: 55% frente a un 39% de Allende. Pero cuando comenzó a instrumentar su programa de reforma agraria, expandió la legislación social e incrementó los impuestos, la derecha le retiró su apoyo. Las reformas de Frei estaban respaldadas por Estados Unidos en tanto que coincidían con las metas y métodos de la Alianza para el Progreso, pero enfrentaban la oposición del Congreso chileno y fomentaron presiones inflacionarias, pues los demócratacristianos no controlaban ambas cámaras. Después de tres años, Frei se enfrentó con un Congreso cada vez más hostil. En 1969 aplacó una revuelta militar local, la primera desde la década de los años treinta.
De cara a las elecciones presidenciales de 1970, Chile vivió un proceso de transformación político-social: por un lado, asistió
a una reforma electoral que concluyó en la expedición de una
cédula electoral única y en la ampliación del sufragio a los mayores de 18 años y a los analfabetos; por otro lado, vivió un reacomodo de sus fuerzas políticas, aglutinándose una serie de partidos de
izquierda en una amplia alianza denominada Unidad Popular; se radicalizó la derecha y la Democracia Cristiana (DC), un partido reconocido como de centro, 1 tuvo cambios significativos. Asi- mismo, en el ámbito social se percibía una amplia expresión de desavenencia en torno a la gestión gubernamental debido a los resultados económicos, 2 lo que ocasionó una exacerbación de las
demandas sociales, estimulada por la movilización popular. Así, el espectro político de Chile en las elecciones presidenciales de 1970 se encontró claramente diferenciado en tres posturas: la izquierda (con la Unidad Popular y su candidato Salvador Allende),
el centro (con la Democracia Cristiana y su candidato Radomiro
Tomic) y la derecha (con el Partido Nacional y su candidato Jorge Alessandri). Los resultados electorales fueron los siguientes: La Unidad Popular obtuvo el 36.2%; la derecha logró el 34.9%, y la Democracia Cristiana, el 27.8% de los votos. 3 De esta forma, el cuatro de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la Presidencia de la República de Chile. El programa de la Unidad Popular se proponía “terminar el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”. 4 Esta estrategia fue matizada por el presidente Salvador Allende mediante su tesis de la vía chilena al socialismo, que aspiraba a la construcción del socialismo sin pasar por la dictadura del proleta-
1 Cfr. Edgardo, Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1998, cap. III, “El periodo 1964-1970”.
2 “La economía chilena continuó estancada entre 1968 y 1969, con tasas bajas de
el ingreso mínimo sufrió un descenso a fines de los años sesenta y la
inflación se mantuvo baja”. Enrique Cañas Kirby, Proceso político en Chile. 1973-1990, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1997, p. 46.
3 Manuel Alcántara Sáez, Sistemas políticos de América Latina, Ed. Tecnos, Madrid, España, 1989, p. 67.
4 Programa Básico de la Unidad Popular aprobado el 17 de diciembre de 1969, en Edgardo Boeninger, op. cit., p. 151.
riado, en el marco de la democracia y el pluralismo; es decir, edificar el socialismo mediante el principio de que a la legalidad capitalista le seguiría la legalidad socialista. Contempló transformar las insti- tuciones a través de la modificación de normas legales, táctica que otorgaba una enorme relevancia a la actuación del Congreso. Es de señalarse que Salvador Allende no ejerció de manera cabal la Presidencia, pues la Unidad Popular estableció un Comité Político encargado de coordinar las acciones del gobierno, del presidente de la República y de los partidos políticos que la inte- graban. Ello, indudablemente, acotó el espacio de acción de Allende. Asimismo, el gobierno de la Unidad Popular se enfrentó a un Congreso que le era adverso 5 y que, por ende, lo obstaculizó en sus pretensiones reformistas. En términos económicos, la gestión de la Unidad Popular fue inconstante e inestable. Si bien inició con buenos números, terminó con un estancamiento de las principales áreas productivas. Se pretendía que la propiedad social fuera teniendo un carácter dominante, mediante el sometimiento del área privada y mixta a las condiciones de funcionamiento que pudieran determinarse desde el ámbito de propiedad social, la cual se organizó en torno de cuatro sectores principales: 6
1) La gran minería, que representaba un elemento de gran importancia para la economía chilena. Por ello, el gobierno concentró sus esfuerzos en este sector y logró la aprobación de una reforma para su nacionalización. El resultado fue el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos y el desánimo de la inversión extranjera. 2) La reforma agraria, que significaba un factor de gran enraizamiento en el ánimo popular para lograr un apoyo potencialmente amplio para el gobierno. Sin embargo, se vio
5 En las elecciones parlamentarias de 1969 la izquierda fue minoría: derecha (Partido Nacional), 20.8%; centro (Partido Demócrata Cristiano y Partido Radical), 44.7%; izquierda (Partido Comunista y Partido Socialista), 29.4% de los votos. Fuente: Atilio Boron, “La evolución del régimen electoral chileno y sus efectos en la representación de intereses populares: el caso de Chile”, en Revista Latinoamericana de Ciencias Políticas, núm. 3, FLACSO, México, 1971, p. 430.
6 Cfr. Edgardo Boeninger, op. cit., pp. 173-178.
reducida a un mero reparto de tierras, a veces con ocupaciones ilegales, por omisión de aspectos referidos a la regulación y a la revisión de las condiciones de trabajo en el campo. 3) La banca, uno de los pilares fundamentales de la economía chilena, que el gobierno de la Unidad Popular utilizó como sustento primordial de la economía nacional. Así, a pesar de múltiples protestas, la banca pasó a manos del gobierno en el curso del año de 1971. 4) La industria y el comercio. Este fue, sin duda, uno de los sectores que más controversias causó durante el gobierno de la Unidad Popular: la frenética resistencia –apoyada por el Partido Nacional, primero, y por la Democracia Cristiana (DC), después– de las empresas a la expropiación guberna- mental y a la utilización de los llamados “resquicios legales” 7 para apresurar las expropiaciones, así como la preparación de conflictos al interior de las empresas para justificar su nacionalización, fueron los elementos que configuraron los enfrentamientos y el posterior resentimiento del sector em- presarial contra el gobierno de Salvador Allende.
No obstante, la estrategia económica de la Unidad Popular fue un rotundo fracaso, los indicadores macroeconómicos así lo ejemplifican. 8 Al mismo tiempo, la política socialista del gobierno de la Unidad Popular y las evidentes divergencias al interior de la coalición de izquierda generaron una serie de conflictos y enfrentamientos del gobierno encabezado por Salvador Allende con las demás instituciones del país, así como con la sociedad en general. Ello significó un duro golpe a la legitimidad popular del gobierno, a pesar del triunfo electoral obtenido por parte de la izquierda en los comicios municipales de 1971 y en los parlamen- tarios de 1973. 9 Así, el gobierno de la Unión Popular entró en
7 Fue un instrumento del gobierno consistente en hurgar, utilizar y adecuar disposicio- nes legales antiguas (sobre todo de la República Socialista de 1932) para “legalizar” las expropiaciones.
8 Véanse los indicadores económicos en Enrique Cañas Kirby, op. cit., p. 49.
9 En dichas elecciones, la izquierda triunfó: en 1971, la UP obtuvo un total de 48.6% de los votos; en 1973, la derecha obtuvo el 21.1%, el centro, 32.1% y la izquierda 34.6% de los votos emitidos. Fuente: Atilio Boron, op. cit.
una fase de sistemáticos enfrentamientos contra diversos grupos, sectores y hasta instituciones del Estado chileno. Con la derecha política, el gobierno de Salvador Allende sostuvo relaciones generalmente ásperas, de enfrentamiento constante, cuyo punto álgido fue la creación del movimiento de ultraderecha “Patria y libertad”, impulsado por el Partido Nacional y casi explícitamente comprometido con el derrocamiento de Allende, que se dedicó a atacar al gobierno mediante la obstaculización de las alianzas con la DC, la realización de una campaña de desprestigio y el apoyo a los gremios de comerciantes, transportistas y bancarios para llevar a cabo un paro laboral conocido como el “paro de octubre”. Por su parte, las relaciones entre el gobierno de la Unidad Popular y el sector empresarial chileno fueron difíciles, de frecuente encono debido al constante atropello a los intereses de dicha clase por parte del gobierno, que alcanzaron el nivel de disputas legales, debates ideológicos, discursos públicos y campañas públicas de desprestigio. También la relación con el Congreso fue constantemente difícil, llegando incluso a tener un enfrentamiento explícito 10 con lo que se generó una guerra de “campañas de desprestigio” entre ambas partes: el gobierno calificó al Parlamento de ser “un mero bastión de las fuerzas reaccionarias” y éste, a su vez, denunció “la ilegitimidad del Ejecutivo en razón del atropello sistemático a la Constitución
y la ley”. 11 El resultado fue la erosión de la confianza institucional en ambos poderes. No fueron mejores sus relaciones con el Poder Judicial. La pugna se originó en la negativa del gobierno para acatar en 1972 la orden de devolver a sus propietarios varias industrias expropiadas. Tal diferencia degeneró en una contienda de descalificaciones por ambas partes. Asimismo, las relaciones entre el gobierno de la Unidad Popular
y el exterior, sobre todo con Estados Unidos, se caracterizaron por las discrepancias y el enfrentamiento continuo. Por un lado,
10 En marzo de 1973, el gobierno ordenó a la Contraloría la requisición de 43 empresas, por lo que el Congreso respondió rechazando los vetos del presidente y le envió a éste un texto para que lo promulgara o llamara a plebiscito, lo que significaba para el gobierno renunciar a su idea de propiedad social mediante la encumbración de las tres áreas de propiedad.
11 Cfr. Eduardo Boeninger, op. cit., cap. IV, “El gobierno de la Unidad Popular: 1970-1973”.
Estados Unidos temía que con Chile se diera una “segunda Cuba en América Latina” y, por ello, su estrategia se centró en apoyar a la oposición y procurar la desestabilización del gobierno. 12 Cuando el país del norte no pudo evitar la nacionalización de las minas de cobre ni lograr que Chile pagara alguna compensación a las compañías expropiadas, el deterioro de la relación llegó a su límite. Por otra parte, la Unidad Popular no logró el apoyo que esperaba del bloque socialista, encabezado por la Union Soviética, cuyo gobierno no tuvo la voluntad ni la confianza en el socialismo de Chile como para invertir recursos a gran escala en este país, pues el proyecto le pareció inviable. Las fuerzas armadas, posterior fiel de la balanza, se constituyó en un grupo de poder trascendental en el desarrollo político de Chile: inicialmente neutral, se convirtió, gracias a diversos procesos políticos, en el principal agente de cambio de régimen. Durante ese periodo (1970-1973), diversos grupos y sectores (partidos políticos, empresarios, Parlamento, Poder Judicial) tomaron posiciones respecto a “la vía chilena al socialismo”, actitud que no era anunciada públicamente por el sector castrense, aunque su acción posterior sería determinante. La coyuntura política –propicia para el golpe militar– se estructuró con base en diversas situaciones. En primer lugar, cabe destacar que, en el marco internacional, Estados Unidos llevó a cabo un activo programa de perfeccionamiento profesional y de concientización anticomunista a los militares latinoamericanos, factor que indudablemente permeó en la conciencia castrense chilena, debilitando su doctrina de profesionalismo apolítico. En segundo lugar, las confrontaciones en la arena política tuvieron su eco en el ejército: la derecha se acercó a los militares mediante una táctica de “fraternidad institucional” 13 que el movimiento “Patria y libertad” aprovechó para crear vínculos discretos con los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. En tercer lugar,
12 Las acciones del gobierno estadounidense se centraron en apoyar financieramente a instituciones y acciones opositoras (medios de comunicación, campañas electorales, paros laborales), así como el cese de créditos al país sudamericano.
13 En dicha táctica, la derecha destacaba de los militares “su rol de sostenedores de la legalidad y el orden público, honrando su tradición victoriosa”. Cfr. Eduardo Boeninger, op. cit., cap. IV, “El gobierno de la Unidad Popular: 1970-1973”.
la politización del sector castrense comenzó a tomar forma cuando,
en 1972, después del “paro de octubre”, Salvador Allende llamó
a las fuerzas armadas a presidir el gabinete, encargándoles sobre
todo la política contingente. Finalmente, los militares comenzaron
a tomar parte en la conflictiva situación política al manifestarse
en contra del gobierno por los “resquicios legales”, las tomas de tierra y los decretos de insistencia, instrumentos a los que el gobierno de la Unidad Popular no estaba dispuesto a renunciar. 14 El 29 de junio de 1972 inició la desobediencia militar con la sublevación de un regimiento de tanques en contra de los altos mandos y del gobierno. Aunque fue sofocada, la historia la reconoce –con el nombre del “tancazo”– como el punto de partida de un
proceso que culminaría con el derrocamiento armado del gobierno de la Unidad Popular. Posteriormente, las fuerzas armadas actuaron en contra de los “cordones industriales”, comandos populares y demás organizaciones de la Unidad Popular 15 mediante la aplicación de la Ley de Control de Armas, realizando allanamientos masivos a lo largo del país. Asimismo, y como ejemplo del clima de tensión
e inestabilidad que imperaba, el movimiento “Patria y libertad”
orquestó una serie de actos de sabotaje para extremar el ambiente de violencia y temor. 16 Por otra parte, al interior de las fuerzas armadas se gestaba una lucha por el control del mando, pues era necesario que, para dar el golpe de Estado, estuvieran de acuerdo todos los altos mandos; era indispensable que salieran los coman-
dantes leales al presidente Allende. 17 Es notable que el sustento político-legal para la intervención militar fue proporcionado por la Cámara de Diputados el 22 de
14 Ante las muestras de inconformidad, el comandante en jefe del ejército, leal al presidente Allende, General Carlos Prats, se reunió a puerta cerrada con 800 oficiales en un regi- miento santiaguino para llamarlos a respetar al gobierno constitucional. El resultado fue un retumbante coro de tosidos reprobatorios. Desde ese momento, la lealtad al gobierno quedó limitada a los altos mandos de la fuerza armada. Cfr. Eduardo Boeninger, op. cit.
15 Los “cordones industriales” eran organismos de la clase obrera para la vigilancia, autodefensa, presión y apoyo para la ampliación del área social. Los comandos populares eran órganos de poder popular (capas más pobres de la ciudad y del campo) de alcance local. Ambos instrumentos fueron promovidos por la ultraizquierda (abanderada por el Partido Comunista) para generar un poder dual. Cfr. Eduardo Boeninger, op. cit., cap. IV.
17 Entre agosto y septiembre de 1973, renunciaron a su cargo los generales Ruiz Danyau (Comandante en jefe de las fuerzas armadas), Prats (comandante en jefe del ejército)
agosto de 1973 al adoptar, con votos de los partidos Nacional y Demócrata Cristiano, un acuerdo que acusa al gobierno de haberse empeñado en conquistar el poder total y que “ha hecho de las violaciones de la Constitución y la Ley un sistema permanente de
conducta (
ha amparado la creación de poderes paralelos
ilegítimos (
con todo lo cual ha destruido elementos esenciales
de la institucionalidad y del Estado de derecho”. 18 Así, el 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas chilenas irrumpieron el orden constitucional y derrocaron al gobierno de la Unidad Popular, mediante el arresto y confinamiento de casi la totalidad de sus dirigentes (o su forzado asilo en embajadas), para implantar un régimen militar. Luego de la ruptura del orden democrático, el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno integrada por los cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas (ejército, armada, fuerza aérea y carabineros). La presidencia de dicha Junta –que originalmente debía ser rotativa– recayó en el general Augusto Pinochet por pertenecer a la institución más antigua del país, es decir, el ejército. Posteriormente, gracias a maniobras estratégicas de Pinochet, 19 se elaboró el “Estatuto de la Junta” 20 que entregó al presidente la titularidad permanente del Poder Ejecutivo con el nombramiento de Jefe Supremo de la Nación, 21 reservando a la Junta Militar el ejercicio del Poder Legislativo. En materia económica, la gestión militar tomó la determina- ción de otorgar prioridad al saneamiento de las finanzas públicas reduciendo el déficit fiscal. Sus ideas primordiales fueron “esta- bilizar” y “desestatizar” la protección a la propiedad privada y el estímulo a la iniciativa empresarial, devolviendo a sus dueños las
y Montero (comandante en jefe de la marina) –todos ellos leales al presidente Allende– y son sustituidos por los generales Leigh, Pinochet y Merino, respectivamente, quienes junto a otros oficiales navales parecen haber sido los impulsores y líderes del golpe militar. Cfr. Eduardo Boeninger, op. cit., cap. IV.
18 Eduardo Boeninger, op. cit., p. 214.
19 Entre ellas, crear órganos técnicos de apoyo a la Junta (del que emanaron propuestas dirigidas a consagrar el poder del primer –y posteriormente único– presidente de la Junta Militar) controlados por personal del ejército de la entera confianza de Pinochet.
20 Decreto Legislativo 527, del 27 de junio de 1974.
21 El 17 de diciembre de 1974 se promulgó el Decreto Legislativo 806, que de nuevo lo investía con el título tradicional de presidente de la República.
empresas intervenidas por el Estado 22 y liberando la economía de los controles de precios. Asimismo, la tasa de interés libre, la reprivatización de la banca y la liberación del mercado de capitales fueron reimplantados. En el ámbito laboral, las políticas económicas del gobierno de Augusto Pinochet generaron la atomización sindical con todo y su anulada capacidad de negociación, la facilidad de despido, y una aplastante reducción del salario real. En términos políticos, el periodo gubernamental de Pinochet (1973-1989) puede ser analizado mediante tres elementos tras- cendentales: la represión, la promulgación de la Constitución de 1980 y los partidos políticos. Cabe destacar la creación (para ejercer control sobre el territorio) en 1974 de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) 23 que era una institución encargada de intimidar, reprimir y eliminar a los opositores del gobierno militar, lo que generó un clima de pánico en el seno de la sociedad chilena. 24 En el ámbito legal, el gobierno militar designó una Comisión de Estudios Constitucionales y, a partir de 1976, se fue materializando la derogación progresiva de la Constitución de 1925 mediante la dictaminación de sucesivas Actas Constitucionales. De esta forma, el 5 de abril de 1978, el general Augusto Pinochet anunció que una nueva Constitución sería sometida a plebiscito en 1980. La promulgación de esta Constitución 25 sirvió como fundamento, a pesar de las severas críticas emitidas por la oposición, para el mantenimiento del general Pinochet en la Presidencia de la Repú- blica, al menos hasta 1988, año en que sus disposiciones transitorias
22 En 1973, el Estado controlaba más de 400 empresas y bancos; en 1980, sólo 45 empresas seguían perteneciendo al sector público.
23 Creada mediante el Decreto Legislativo 806 del 17 de diciembre de 1974. Fue sustituida en 1977 por la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
24 El caso más sonado de represión fue el asesinato del general Prats (antiguo comandante en jefe del ejército y leal a Allende) presumiblemente por maniobras de la DINA. Asimismo, el asesinato de Orlando Letelier, el atentado contra Bernardo Leighton y Carlos Altamirano, el exterminio de las cúpulas del MIR, PS y PC, el exilio de destacados democratacristianos y defensores de los derechos humanos, la relegación a lugares remotos y el uso continuo de la tortura son claros ejemplos de la manera en que se ejerció el poder durante esa época. Fuente: Edgardo Boeninger, op. cit., cap. VI. El gobierno de las fuerzas armadas.
25 Algunos de los artículos de esa Constitución son los siguientes: el artículo 5 otorgaba un lugar institucional para que las fuerzas armadas compartieran el ejercicio de la soberanía con el resto de los poderes del Estado a través del Consejo de Seguridad Nacional; el
preveían un plebiscito para determinar la continuidad del presidente en funciones. Por su parte, los partidos políticos vivieron, durante el gobierno pinochetista, un periodo de difícil sobrevivencia que comenzó cuan- do la Junta Militar de Gobierno declaró disueltos a los partidos de la Unidad Popular, decretó el receso de los demás partidos e incineró sus registros electorales. 26 La derecha fue el sector político que menos dificultades tuvo pues, a pesar de que la disolución de los partidos políticos también le afectó, el acercamiento y subordina- ción de dirigentes de ese sector a los designios del gobierno militar no le generó grandes contrariedades de subsistencia. La Democracia Cristiana –el centro político– adoptó una actitud inicial de com- prensión hacia el gobierno de la Junta Militar, llegando incluso a participar técnicamente en cargos públicos. No obstante, esta pri- mera posición fue derivando hasta llegar a una franca oposición y crítica mediante la realización de movimientos de análisis y resis- tencia y de grupos de convergencia, lo que favoreció su acerca- miento con otras fuerzas políticas, principalmente con la izquierda. Los otrora miembros de la Unidad Popular –la izquierda política– vivieron un proceso de resistencia y de recomposición estratégica (que incluyó la reflexión, la autocrítica y la revaloración de la democracia frente a la utopía de las transformaciones radicales), lograron sortear los obstáculos y revitalizar sus espacios de acción e influencia. 27 La situación económico-social del país y el constan- te acoso recibido, fueron factores que favorecieron la convergencia de partidos políticos (sobre todo de centro e izquierda) que
artículo 96 determinaba la posibilidad de citar al presidente de la República, al Congreso y al Tribunal Constitucional para responder al Consejo de Seguridad Nacional; los artículos 90 al 94 le conferían a las fuerzas armadas la misión de garantizar el orden institucional de la República; asimismo, se asignaban al presidente de la República las atribuciones de legislar por un año sobre casi todas las materias que fueran de dominio exclusivo de la ley, disolver la Cámara por una vez en el curso de su legislatura y designar una parte de los senadores. Véase Enrique Cañas Kirby, op. cit., cap. II. “La estructuración del autoritarismo en Chile y la sobrevivencia de la política: 1973-1982”.
26 En 1977 el general Augusto Pinochet señaló durante un discurso en cadena nacional que los partidos políticos serían “corrientes de opinión y no grupos que busquen detentar el poder, y que en el nuevo orden jurídico los partidos políticos tradicionales no tienen cabida”. Edgardo Boeninger, op. cit., p. 269.
27 El proceso de reorganización de la izquierda chilena es quizás uno de los más llamativos dentro de la historia política contemporánea: recién desintegrada la UP, la mayoría de
abanderaron las causas de los derechos humanos, libertades públicas
y demandas por la democracia. De cara al plebiscito de 1988, el sistema político chileno comenzó a “flexibilizarse” debido a las presiones de una sociedad civil más participativa y de un sistema internacional más atento, e inició un proceso de reacomodo de los actores políticos. En 1985
se promulgó la Ley sobre el Tribunal Calificador de las Elecciones; en 1986, la Ley sobre el Sistema de Inscripción Electoral y Servicio Electoral; en 1987, la Ley de Partidos Políticos; en 1988 y 1989, las leyes sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Todas estas normas favorecieron la conformación de un marco equitativo para
la realización del plebiscito. Además, en 1985 el Tribunal Consti-
tucional falló en contra de la propuesta gubernamental sobre el lapso de duración del Tribunal Calificador de las Elecciones, haciendo obligatoria su vigencia al momento de celebrarse el plebiscito presidencial. La convergencia de fuerzas opositoras cristalizó en la organización que después se presentaría en las elecciones presidenciales como Concertación de Partidos por la Democracia. El 5 de octubre de 1988 el plebiscito rechazó al gobierno militar con un 54.7% de los votos. 28 De esta forma, el sistema político chileno se preparaba para celebrar elecciones presidenciales. A pesar de la tenaz resistencia de Augusto Pinochet, los militares debieron escoger a un candidato diferente al dictador, selección que recayó en el otrora ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi. Se presentó también la candidatura –en un principio independiente y posteriormente abanderada por el Partido Liberal– de un banquero llamado Francisco Javier Errázuriz. La Concertación de Partidos por la Democracia apoyó la candidatura de Patricio Aylwin (presidente de la Democracia Cristiana e impulsor de la primera coalición partidaria). El 14 de
los partidos que la integraron (con excepción del Partido Comunista) vivieron un proceso de ajuste ideológico –conocido como renovación socialista– asumiendo una postura de autocrítica frente a la experiencia de la UP y debatiendo de fondo la relación entre socialismo y democracia. Así, los partidos políticos de izquierda entraron en un amplio proceso de reacomodos, desagregaciones, rupturas y coaliciones que finalmente llevaron a la formación, a finales de los años ochenta, del Partido Político por la Democracia (PPD) y del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). 28 Enrique Cañas Kirby, op. cit., p. 254.
diciembre de 1989 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias (38 escaños para el Senado y 120 para la Cámara de Diputados), en las cuales la coalición de partidos políticos opositores resultó triunfante. El 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin asumió la Presidencia de la República, teniendo frente a sí tres grandes retos: 1) edificar una estabilidad democrática –producto de un consenso nacional– que permitiera la construcción de instituciones pertinentes; 2) reconstruir y solidificar –mediante el respeto irrestricto a los derechos humanos– el ejercicio de la ciudadanía, y 3) establecer una economía eficaz que proporcionara equilibrio y seguridad a todo el país. En términos generales, los analistas comparten la idea de que los avances de Aylwin se centraron en los siguientes puntos: respeto a las libertades, vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos, política de verdad y reparación respecto de las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, el aisla- miento político del pinochetismo y la inviabilidad de una regresión autoritaria. 29 Se considera también que el ámbito de mayor éxito gubernamental se ubica en el terreno económico, en donde hubo crecimiento del PIB, disminución de la inflación, descenso de la tasa de desempleo y recuperación del poder adquisitivo. 30 No obstante, tales avances no fueron acompañados con reformas institucionales que erosionaran los terrenos autoritarios –conservados de la dictadura militar– y, al mismo tiempo, solidificaran el proceso de reinstauración democrática. Por ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefe, los límites de los poderes públicos para determinar libremente el presupuesto de las fuerzas armadas y las excesivas atribuciones de la justicia militar en diversas causas de índole civil, presentaban trabas institucionales al ejercicio pleno del poder civil. Las fuerzas armadas
29 Manuel Antonio Garretón, “El segundo gobierno democrático en Chile: ¿De la transición y consolidación a la profundización democrática?”, en Revista Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, año LVIII, núm. 1, enero-marzo de 1996, pp. 121-132.
30 Véase Ligia García, Eugenio Rivera y Juan Enrique Vega, “Chile: posibilidades y riesgos de una integración activa en el mercado mundial”, en Müller-Plantenberg et al., Cambio de rumbo en el Cono Sur: crisis y oportunidades, Editorial Nueva Sociedad, Santiago de Chile, 1994.
siguieron considerándose un poder independiente y atribuyéndose funciones de garantes de la seguridad nacional, factores que señalaban una evidente desconfianza hacia el poder civil. En diciembre de 1993 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias. Los candidatos presidenciales fueron: Arturo Alessandri, postulado por la coalición de derecha Unión por el Progreso, integrada por la Unión Democrática Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y la Unión de Centro-Centro (UCC); Eduardo Frei Ruiz-Tagle, abanderado de la Concertación de Par- tidos por la Democracia, conformada principalmente por los Partidos Democráta Cristiano (DC), Socialista (PS) y por la Democracia (PPD), además de otros partidos minoritarios, como el Radical (PR); 31 el sacerdote Pizarro (del Partido Comunista y de otros grupos de izquierda); Reitze (representante de los Verdes-humanistas); Maxneef (candidato representante de agru- paciones e independientes de corte alternativista), y Piñera (un ex ministro de Pinochet de derecha independiente). Con el 57.99% de los votos ganó Eduardo Frei, seguido por un 24.41% de la Unión por el Progreso. Los contendientes restantes no lograron obtener más de seis puntos porcentuales cada uno. 32 El porcentaje de votación recibido por la Concertación de Partidos por la Democracia es el más alto en toda la historia de las elecciones presidenciales en Chile y refleja la alta evaluación que la ciudadanía tuvo del gobierno del demócrata-cristiano Patricio Aylwin. De igual forma, los resultados señalan la conformación de un bipartidismo en la realidad política. La segunda gestión gubernamental de la Concertación de Partidos por la Democracia ha sido identificada principalmente como un periodo de recesión económica y mantenimiento demo- crático. Los tropiezos económicos obligaron al gobierno a tomar medidas de reajuste, que tuvieron la consecuencia directa de amedrentar al sector productivo, por lo que el desempleo alcanzó niveles históricos. En materia política, el sexenio de Eduardo Frei
31 La candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por la Concertación de Partidos por la Democracia, tuvo que ser antecedida por un proceso de elecciones internas, en el cual derrotó a Ricardo Lagos –impulsado por el ala izquierda de dicha coalición.
32 Véase Manuel Antonio Garretón, op. cit.
no tuvo transformaciones institucionales de fondo que lograran erradicar los “enclaves autoritarios”. 33 Para las elecciones de 1999 las fuerzas políticas comenzaron
a definir a sus abanderados a la Presidencia de la República:
Joaquín Lavín Infante por la Alianza por Chile (UDI-RN), Gladys Marín por el Partido Comunista/Izquierda Chilena; Tomás Hirsch, por el Partido Humanista; Arturo Frei Bolívar, candidato inde- pendiente apoyado por la Unión de Centro-Centro Progresista; Sara Larraín, apoyada por un sector ecologista, y Ricardo Lagos Escobar, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia (PDC, PS, PPD, PRSD ), la coalición gobernante. 34 Los apretados resultados de la elección obligaron a realizar una segunda vuelta entre los dos principales candidatos a la Presidencia: Joaquín Lavín Infante y Ricardo Lagos Escobar. El 16 de enero de 2000 fue electo presidente de la República Ricardo Lagos Escobar con el 51.31% de la votación. Asumió su cargo el 11 de marzo de 2000 con el reto de consolidar la democracia en Chile.
Chile presenta como forma de gobierno un régimen presidencialista en el que las funciones de jefe de Estado y de gobierno recaen en
el presidente de la República, quien ejerce durante seis años y no
puede ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. La elección
del Ejecutivo puede ser a una o a dos vueltas. La primera se celebra noventa días antes de la conclusión de la administración en turno,
y para resultar electo el candidato triunfador requiere de mayoría
absoluta. Si ninguno de los contendientes alcanza este porcentaje, se convoca a una segunda vuelta, en la que únicamente participan
33 “Enclaves autoritarios” es un concepto que los analistas sobre el sistema político chileno utilizan para nombrar a los residuos cultural e institucionales que aún permanecen dentro del régimen; tales enclaves son originarios del periodo dictatorial del general Augusto Pinochet.
34 Para ser elegido, Ricardo Lagos (que fue postulado por los partidos PS-PPD-PRSD) tuvo que vencer a Andrés Zaldívar (que era apoyado por el PDC) en unas elecciones primarias realizadas el 30 de mayo de 1999. Lagos, ex ministro de Educación y de Obras Públicas, venció al candidato de Democracia Cristiana con un 71.3% de los votos contra un 28.7%.
los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en la primera. Este resultado será definitivo. Cuando el presidente de la República no puede ejercer su cargo por impedimento temporal, la legislación chilena establece que un ministro del gabinete ejercerá las funciones del Ejecutivo con carácter de vicepresidente de la República. En su relación con el Poder Legislativo, el presidente ejerce ciertas atribuciones especiales. Además de participar en el pro- cedimiento legislativo mediante la presentación de iniciativas y de sancionar y publicar todo proyecto de ley, puede convocar a plebiscito para consultar a la ciudadanía acerca de proyectos de reformas constitucionales cuando haya desacuerdo o discrepancia entre el Congreso y el Ejecutivo. Adicionalmente, designa a dos senadores: estos nombramientos recaen en un ex rector de universidad que haya desempeñado el cargo por un periodo de dos años continuos, y en un ex ministro de Estado que haya ejercido el cargo por más de dos años consecutivos en periodos presidenciales anteriores. El presidente también nombra y remueve a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores, así como a los embajadores, ministros diplomáticos y representantes o delegados ante organismos internacionales. Otros nombramientos que le corresponden son los del contralor general de la República, con acuerdo del Senado; de los magistrados de los tribunales superiores
de justicia y de los jueces letrados, a propuesta de la Corte Suprema
y de las cortes de apelaciones, respectivamente, así como a un
miembro del Tribunal Constitucional. Otra atribución que vale la pena destacar es la designación y remoción de los comandantes en jefe del ejército, la armada, la fuerza aérea y al general director de carabineros. Controla incluso los nombramientos, ascensos y
retiros de los demás oficiales militares. Para la conducción del gobierno y la administración del Estado, el presidente cuenta con un gabinete de ministros, con cierto orden de precedencia. Para ser nombrado ministro se requiere, además de los requisitos generales para el ingreso a la administración pública, ser chileno
y haber cumplido 21 años de edad.
La Contraloría General de la República es un organismo público autónomo que ejerce el control sobre la legalidad de los actos de la administración pública, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos
y servicios gubernamentales; examina y juzga las cuentas de las
personas que tienen a su cargo bienes en esas entidades y lleva la contabilidad general de la nación. El titular de la Contraloría
General de la República es designado por el presidente de la República con acuerdo del Senado, es inamovible de su cargo y dimite al cumplir 75 años de edad.
4. Consejo de Seguridad Nacional
Existe un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el presidente de la República e integrado por los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, por el comandante en jefe de las fuerzas armadas
y por el contralor general de la República. En él participan también como miembros los ministros encargados del gobierno interior,
de las relaciones exteriores, de la defensa nacional y de la economía
y las finanzas del país. Como su secretario actúa el jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional. Sus funciones son asesorar al pre- sidente en cualquier materia vinculada a la seguridad nacional, manifestar su opinión frente a los hechos, actos o materias que a su juicio comprometan las bases institucionales o la seguridad nacional, ya sea al presidente, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional. Asimismo, debe recabar tanto de las autoridades como de los funcionarios, todos los antecedentes relacionados con la seguridad, tanto exterior como interior, del país.
5. Congreso Nacional
El Congreso Nacional chileno es bicameral; está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, quienes concurren en la
formulación de las leyes. La legislación chilena contempla la reelección parlamentaria, de tal suerte que los legisladores pueden repetir en sus cargos. La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros electos mediante votación directa en distritos electorales, y se renueva totalmente cada cuatro años. Para ser electo diputado se requiere ser ciudadano chileno, tener 21 años cumplidos, haber cursado la enseñanza media o equivalente y residir en su distrito electoral durante los dos años anteriores al día de la elección. La composición del Senado es más compleja, ya que cuenta con miembros electos mediante el voto popular y otros designados por diversas instancias. Los primeros se eligen en votación directa en circunscripciones senatoriales. Para ello, siete de las trece regiones del país son consideradas como una circunscripción, mientras que las seis restantes se dividen en dos circunscripciones cada una. Las 19 circunscripciones eligen dos senadores cada una, quienes permanecen en el cargo durante ocho años. El Senado se renueva por mitades cada cuatro años. Por su parte, los senadores designados deben haber desempeñado el cargo anterior durante dos años continuos, con excepción de los ex presidentes, quienes deben haber permanecido seis años, y son senadores por derecho propio de carácter vitalicio. Dos ex ministros de la Corte Suprema, electos por ésta en votaciones sucesivas, permanecen en sus cargos durante ocho años, así como el resto que se detalla a continuación: un ex contralor general de la República elegido también por la Corte Suprema, un ex comandante en jefe del ejército, uno de la armada, otro de la fuerza aérea y un ex general director de carabineros elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional; un ex rector de universi- dad estatal o reconocida por el Estado, y un ex ministro de Estado que haya ejercido el cargo en periodos presidenciales anteriores, designados por el presidente. La designación de estos senadores se efectúa cada ocho años, una vez realizada la elección en las circunscripciones. Para ser electo senador se requiere ser ciuda- dano con derecho a sufragio, con dos años de residencia en la región respectiva, haber cursado la enseñanza media y tener 40 años cumplidos al día de la elección.
La Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas tales como fiscalizar los actos de gobierno y declarar si proceden o no las acusaciones que sus miembros formulen en contra del presidente de la República, así como contra funcionarios públicos de primer nivel. Corresponde al Senado resolver como jurado de sentencia sobre las solicitudes de juicio contra funcionarios públicos y declarar cuando un impedimento físico o mental inhabilite para el ejercicio de sus funciones al presidente de la República, así como aceptar o rechazar la dimisión del presidente, previa opinión del Tribunal Constitucional. El Congreso, en conjunto, tiene atri- buciones para ratificar los tratados internacionales y pronunciarse respecto del estado de sitio. El periodo ordinario de sesiones del Congreso va del 21 de mayo al 18 de septiembre de cada año, pero el presidente o alguna de las cámaras pueden convocar a un periodo extraordinario. Las iniciativas de reforma constitucional pueden provenir del presidente de la República o de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional. Para que un proyecto sea aprobado se requiere el voto de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. En el caso de que la reforma se refiera a las bases de la institucionalidad, a los derechos y deberes constitucionales, al Tribunal Constitucional, a las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública o al Consejo de Seguridad Nacional, es indispensable la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras. Si el presidente rechaza un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y éste insiste en su aprobación, el Ejecutivo debe promulgarlo a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
6. El plebiscito
La convocatoria a plebiscito debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que las cámaras insistan en la aprobación de una ley. El decreto de convocatoria debe incluir el proyecto de ley aprobado por el Congreso en pleno y vetado totalmente por el presidente o los aspectos del proyecto en los cuales el Congreso haya insistido. En el último caso, cada una de las cuestiones en
desacuerdo deberá ser votada por separado en el plebiscito. El texto del proyecto aprobado por la ciudadanía debe ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución.
El Poder Judicial Federal se deposita en la Corte Suprema de Justicia
y en los demás tribunales establecidos por las leyes. Los ministros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente, quien los elige de entre cinco personas propuestas por la misma Corte, una de las cuales debe ser el ministro más antiguo de la Corte de Apelaciones. Los otros cuatro nombres se deciden en atención a los méritos de los candidatos y pueden incluir personas ajenas
a la administración de justicia. Asimismo, el Ejecutivo designa a
los ministros y fiscales de otras cortes. Todos los jueces, salvo el presidente de la Corte Suprema, cesan en su encargo al cumplir
75 años. Pueden también ser destituidos por incapacidad superviniente, por sentencia condenatoria o por renuncia.
8. Tribunal Constitucional
Este Tribunal está facultado por el capítulo VI de la Constitución para ejercer funciones tales como “el control y la interpretación de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpretan algún precepto constitucional”. Resuelve las cuestiones que se suscitan durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. También soluciona las diferencias que se presentan acerca de la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley o las controversias por conflicto de leyes, así como las relacionadas con la convocatoria a un plebiscito. En el caso de que el presidente no promulgue un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras y, en cambio, promulgue un texto diferente del que constitucionalmente corresponde o dicte un de-
creto inconstitucional, el Tribunal interviene para su resolución. También se encarga de declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los hechos. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República, la declaración requiere el acuerdo del Senado. En caso de que el presidente dimita o resulte inhabilitado o impedido para el ejercicio de su encargo, el Tribunal informa al Senado acerca de las causas que lo fundan. Asimismo, resuelve acerca de las inhabilidades en el caso de los ministros de Estado o parlamentarios. Contra sus resoluciones no procede ningún recurso, aunque puede rectificar si considera que ha incurrido en algún errror. Está conformado por siete miembros: tres ministros de la Corte Suprema, un abogado que haya pertenecido a ésta durante tres años conse- cutivos, designado por el Ejecutivo; dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional y otro que haya sido integrante de la Corte Suprema por tres años consecutivos, elegido por el Senado. Permanecen ocho años en el cargo, se renuevan por parcialidades cada cuatro años y son inamovibles.
9. Gobiernos locales
Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en trece regiones, 19 circunscripciones y 51 provincias, que a su vez se dividen en comunas para efectos de la administración local. Cada gobierno regional está constituido por un intendente, nombrado por el presidente de la República, y un consejo regional. El intendente preside el consejo regional y le corresponde la coordinación, supervisión y fiscalización de los servicios públicos que operan en la región. El consejo regional es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador en el ámbito de su competencia, encargado de hacer efectiva la partici- pación ciudadana. En cada provincia existe una gobernación, órgano territo- rialmente desconcentrado del intendente, a cargo de un gobernador nombrado y removido libremente por el presidente de la República,
quien ejerce, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la vigilancia de los servicios públicos en la provincia. Los gobernadores pueden designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o varias localidades. La administración de cada comuna o agrupación de comunas reside en una municipalidad constituida por un alcalde, autoridad máxima, y por un concejo. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en
el progreso económico, social y cultural de la nación. Los concejales
municipales son electos por sufragio universal, por un periodo de cuatro años, aunque pueden ser reelectos. Este concejo ejerce funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Además, existe un consejo económico y social comunal de carácter consultivo. Para ser intendente, gobernador o miembro del consejo regional
o concejal se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y residir en la región por lo menos los dos años anteriores a su de- signación o elección. Cabe señalar que estos requisitos se pueden ver modificados de acuerdo con la legislación local.
A lo largo de su historia política Chile ha experimentado diversas
formas para elegir a sus representantes populares y transformar los votos en escaños. Sin embargo, puede observarse la preferen- cia constante por los sistemas proporcionales. El sistema actual conserva, aunque no en forma pura, rasgos y características de este tipo. La ley orgánica que lo regula establece las modalidades de los procesos electorales y plebiscitarios, y garantiza la plena igualdad entre los miembros de los partidos políticos y los ciuda-
danos independientes, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los comicios. La Constitución prevé expresamente los casos de convocatoria para las elecciones de funcionarios públicos y para plebiscitos, ga- rantiza el pluralismo político y sanciona a los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos
o conductas no respeten los principios básicos del régimen demo-
crático y constitucional. En las votaciones populares el sufragio es personal, igualitario, secreto y obligatorio para los ciudadanos. Son ciudadanos quienes hayan cumplido 18 años de edad, con derecho de sufragio y de postularse para un cargo de elección popular. Los partidos políticos deben registrar a sus militantes en el
Servicio Electoral del Estado, el cual guarda la debida reserva de confidencialidad. Sin embargo, las estructuras partidistas tienen acceso a esta información cuando la necesitan. El financiamiento
a los partidos políticos se restringe a recursos provenientes de
fuentes nacionales. La fiscalización sobre sus ingresos y egresos
es un ejercicio público realizado por el Estado, lo que otorga trans-
parencia y claridad al sistema electoral.
La Constitución contempla un periodo presidencial de seis años y prohíbe la reelección para el periodo inmediato siguiente. El presidente puede ser electo si obtiene mayoría absoluta en primera vuelta, o bien, se recurre a una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos, si ninguno obtiene más de la mitad de los sufragios válidos emitidos.
A partir de las reformas constitucionales y legales de 1989
para la integración del Congreso Nacional en ambas cámaras, el territorio nacional se divide en circunscripciones (19 para la elección
del Senado y 60 para la Cámara de Diputados) y se eligen dos legisladores por circunscripción. Los partidos políticos postulan listas de dos candidatos para cada una de las circunscripciones, y el elector, con un voto para cada Cámara, elige entre las listas de todos los partidos. Las dos listas que obtengan el mayor número de votos alcanzan los escaños de la circunscripción, resultando electos los candidatos de cada lista con más votos. Si una de las listas consigue más del doble de los votos obtenidos por la lista que le sigue –en número de votos– obtiene los dos escaños. Por
este mecanismo es posible que se distorsione la relación entre el número de votos y el de escaños obtenidos, pues la segunda mayoría puede alcanzar la mitad de los escaños sin igualar el porcentaje de sufragios. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los mi- nistros de Estado, los intendentes, gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos regionales ni a concejales; los miembros del Consejo del Banco Central; los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras; los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones
y de los tribunales electorales regionales; el contralor general de la República; las personas que desempeñan un cargo directivo
de naturaleza gremial o vecinal; las personas físicas y los gerentes
o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen
contratos con el Estado, tampoco el fiscal nacional, los fiscales regionales ni los fiscales adjuntos del Ministerio Público.
El Tribunal Calificador de Elecciones es el responsable del
escrutinio general y de la calificación de las elecciones de presi-
dente de la República, diputados y senadores, así como de los
plebiscitos, y resuelve las controversias que se generen. Está cons- tituido por tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema electos por ésta en votaciones sucesivas y secretas por mayoría absoluta, un abogado electo por la Corte Suprema y un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que haya ejercido el cargo por un lapso de tres años, elegido por sorteo. Los miembros de este tribunal permanecen en funciones durante cuatro años. Por su parte, los tribunales electorales regionales se encargan de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de carácter gremial y municipal y de resolver las reclamaciones al respecto. Están constituidos por un ministro de la Corte de Apela- ciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones, entre las personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de la Corte de Apelaciones por un plazo de tres años. Los miembros de estos tribunales duran cuatro años en funciones. Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
Según la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, publicada el 23 de marzo de 1987, los partidos políticos son asociaciones voluntarias dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Asimismo, la ley señala como actividades propias de los parti- dos políticos “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual, y con el objeto de poner en práctica los principios y postulados de sus programas, podrán participar en los procesos elec- torales y plebiscitarios en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva”. 35 Se establece también que los partidos políticos existirán como tales cuando:
se hubieren constituido legalmente en a lo menos ocho de las regiones en
que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que
estas últimas fueren geográficamente contiguas (
) los partidos políticos
quedarán legalmente constituidos una vez practicada su inscripción en el
Registro de Partidos Políticos y gozarán de personalidad jurídica desde la
fecha de esa inscripción (
zadores (
Para constituir un partido político, sus organi-
deberán ser a lo menos cien ciudadanos inscritos en los Registros
Electorales y que no pertenezcan a otro partido existente o en formación
35 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, artículo 2.
será necesario que se afilie al partido un número de ciudadanos inscritos
en los Registros Electorales equivalente, a lo menos, al 0.5% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose. 36
Para la disolución de los partidos políticos se definen las siguientes causas, 37 por acuerdo de los afiliados; por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en una elección de diputados, en cada una de por lo menos ocho regiones, o en cada una de por lo menos tres regiones contiguas, en su caso; por fusión con otro partido; por haber disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su constitución, en cada una de por lo menos ocho regiones o en cada una de por lo menos tres regiones contiguas, en su caso; por no haber constituido, dentro del plazo de seis meses contado desde la inscripción del partido, los organismos internos que la ley les señala; 38 por exceso en sus actuaciones de las funciones que les son propias, por tener ingresos extranjeros así como por sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional al partido político. El sistema de partidos políticos en Chile ha sido tradicional- mente heterogéneo, con partidos representativos de las tres coor- denadas del espectro político: la derecha, el centro y la izquierda, llegando incluso cada una –como ya se asentó– a estar al frente del gobierno durante diferentes etapas. Esta pluralidad ha sido, sin lugar a dudas, un factor que, por un lado, ha favorecido la instauración y propagación de rasgos democráticos y, por otro, ha sido prueba fehaciente del ambiente democrático que ha imperado en el sistema político chileno. No obstante, la historia moderna de la democracia en Chile tiene una grieta generada por la intromisión de las fuerzas armadas en el gobierno y la instauración de una dictadura militar con tintes autoritarios que disolvió los partidos políticos.
36 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Ibíd., artículos 3, 4, 5 y 6.
37 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Ibíd., artículo 42.
38 Son una Directiva Central, un Consejo General, Consejos Regionales y un Tribunal Supremo. Véase la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, artículo 23.
A partir del golpe de Estado de 1973, el gobierno militar declaró que los partidos políticos eran inapropiados, conside- rando fuera de la ley a los grupos que apoyaban el gobierno de Allende, y los forzó a permanecer en un receso indefinido. En 1977, después del descubrimiento de un complot subversivo de los demócratacristianos, disolvió formalmente a todos los parti- dos existentes y les confiscó sus bienes. En el principio de los años ochenta, mientras que la oposición al régimen de Pinochet se cristalizaba, las formaciones tradicionales resurgían. Aunque eran consideradas ilegales en su mayoría, eran toleradas por el gobierno con ciertos límites sobreentendidos. Un número fluc- tuante de coaliciones emergió, y en marzo de 1987 se aprobó la legislación que permitía una vez más el registro de la mayoría de los grupos, salvo los de extrema izquierda. De esta forma, en vísperas de la celebración del plebiscito que definiría la continuidad del gobierno de las fuerzas armadas, la oposición se vio favorecida con el establecimiento de un marco normativo de competencia política equitativa gracias a la promulgación de la Ley sobre el Tribunal Calificador de las Elec- ciones (1985), la Ley sobre el Sistema de Inscripción Electoral y Servicio Electoral (1986), la Ley de Partidos Políticos (1987) y la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios (1988). Luego de la decisión plebiscitaria de poner fin al gobierno militar y reiniciar una nueva etapa democrática con la realización de elecciones presidenciales, los partidos políticos chilenos en- traron en un proceso de reorganización interna y reacomodo 39 en el escenario político, que concluyó con la formación de una alianza de partidos de centro e izquierda, llamada Concentración de Partidos por la Democracia, que ha llevado al poder a los últimos tres presidentes de la República, y con un fortalecimiento de la derecha (agrupada mayoritariamente en la Unión Demócrata Independiente, UDI, y el Partido Renovación Nacional, RN). Así, Chile presenta actualmente un sistema con tintes bipartidistas en términos electorales (puesto que son estas dos las
39 Enmarcado en un proceso de adecuación ideológica en favor de los principios y valo- res democráticos.
fuerzas políticas de mayor presencia) y pluripartidista en términos fácticos, pues el espectro partidario institucionaliza otras formas de expresión: Partido Comunista, Humanista, Unión de Centro-Centro.
De entre la multiplicidad de partidos que existen en Chile destacan los siguientes:
Concertación de Partidos por la Democracia (CPD)
Esta coalición se originó en la multipartidaria contra Pinochet formada en 1983 que, meses más tarde, tomó el nombre de Alianza Democrática (AD). En 1987, el núcleo de la Democracia Cristiana del AD apoyó un partido único de oposición al régimen que incluiría las formaciones de centro-derecha y moderadas de izquierda, mientras que excluía a los grupos que tendían a usar la violencia. El resultado fue la formación de la CPD, que ha apoyado exitosamente la candidatura de Aylwin Azócar para la Presidencia
en 1989, de Frei Ruiz-Tagle en 1993 y la de Ricardo Lagos Escobar en
El Partido Demócrata Cristiano, fundado en 1957, es el partido más fuerte de Chile, aunque ha estado dividido en tres diferentes facciones (identificadas respectivamente con la derecha, el centro
y la izquierda). Su base social es amplia e inserta en diferentes
clases sociales, con una importante participación del sector obrero. Participó por primera vez en las elecciones parlamentarias de 1961. En 1988 integró, con otros grupos políticos, la “Concertación de
partidos por el No”, con Patricio Aylwin a la cabeza. Entre sus dirigentes están Enrique Krauss, Adolfo Zaldívar y Rafael Moreno.
Partido Socialista de Chile (PS o PSCh)
Creado en 1933, unificaba una serie de grupos socialistas que no formaban parte del Partido Comunista. A pesar de ser conocido como un partido abierto y de amplitud ideológica, su historia se caracteriza por las divisiones internas y escisiones. En 1989, durante la dirigencia de Clodomiro Almeida Medina, volvió a ser un factor de unificación de grupos dispersos. Posteriormente, Jorge Arrate Mac Niven sucedió a Almeida como presidente, dejando el puesto a Ricardo Núñez Muñoz en 1991. Entre sus líderes destacan a Camilo Escalona, Germán Correa e Isabel Allende Bussi.
Este partido fue organizado en 1987 por un grupo de disidentes moderados del Partido Socialista, con la presidencia de Ricardo Lagos Escobar sucedido por Eric Schnake en 1990. El PPD y el PS formaron un pacto para las elecciones municipales de junio de 1992 y lanzaron a Lagos Escobar para la Presidencia en 1993. En general, el partido se considera como un espacio de convergencia para las tendencias socialista democrática y liberal progresista. De entre sus dirigentes cabe mencionar a Jorge Schaulsohn Brodsky, Sergio Bitar Chacra y Guido Girardi.
El más antiguo de los partidos existentes, el Partido Radical (PR) fue creado en 1863 como una fuerza de centro que llegó a ser domi- nante entre los años treinta y sesenta. De hecho, de 1938 a 1952 todos los presidentes de la República fueron de este partido. Sin embargo, tras el régimen militar y debido a los resultados poco favorables obtenidos en las elecciones de 1993, perdió su fuerza tradicional. En un esfuerzo por restituir su imagen, el partido se alió en 1994 con el Partido Social Demócrata, que había sido fundado como moderado de centro-izquierda en 1973. Desde los
años setenta, tanto con su antigua como con su nueva denomina- ción, está afiliado a la Internacional Socialista. Entre sus dirigentes figuran Anselmo Sule Candia, Luis Escobar Cerda, Mario Loguercio Flores, Sergio Morales Morales y Ricardo Navarrete Betanzo.
Unión por el Progreso de Chile (UPC)
Se organizó antes de las elecciones de 1993 como una coalición de los grupos dirigentes de derecha. Entre sus líderes están Arturo Alessandri Besa (candidato presidencial de 1993) y Andrés Allamand Zavala.
Conocido usualmente como PRN o Parena, se formó en 1987 como una coalición del Movimiento Unión Nacional (MUN), dirigido por Andrés Allamand, el Frente Nacional de Trabajo, dirigido por Sergio Onofre Jarpa Reyes, y por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), liderado por Jaime Guzmán. Fue el primer partido en registrarse oficialmente desde el golpe militar de 1973. Su tendencia es la defensa de la economía de mercado, se identifica con la clase media y media alta, y ha contribuido en el proceso de reorganización de la centro-derecha chilena. Posteriormente se unió al UDI (en el llamado pacto “Democracia y progreso”, actualmente “Unión por Chile”) para contender en las elecciones parlamentarias de 1989, 1993 y 1997 y las municipales de 1992 y 1996. Entre sus líderes figuran Ricardo Rivadeneira, Alberto Cardemil, Miguel Luis Amunátegui y Alberto Naudon.
Fue fundada en 1983 a partir de dos organizaciones, el Frente Juvenil y Nueva Democracia. Se califica a sí mismo como “gremia- lista” y es identificado como el partido más cercano a la tradición
del régimen militar pinochetista. Se unió a la formación del Parena, pero se separó del liderazgo de la coalición en 1988 después de la expulsión de su fundador, Jaime Guzmán Errázuriz. Anteriormente, Guzmán, asesor legal del general Pinochet, que participó en la redacción de la Constitución de 1980, había organizado en su apoyo la campaña “UDI por el sí”. Fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en abril de 1991. Entre sus dirigentes están Jovino Novoa Vásquez, Hernán Büchi Buc, Hernán Chadwick, Pablo Longueira Montes, Carlos Bombal, Eugenio Cantuarias y Joaquín Lavín.
Unión de Centro-Centro Progresista (UCCP)
Se creó en 1989 con el nombre de Unión de Centro-Centro con el fin de presentar la candidatura del empresario Francisco Javier Errázuriz a la Presidencia. Se le identifica como de tendencia populista y ha ido ganando, por oposición a los partidos tradicionales, porcentajes considerables en las elecciones. En 1997 generó una alianza con candidatos independientes llamada “Chile 2000”, pero no logró mantener su registro como partido político. Por ello, se fusionó con la Unión de Centro Liberal. Sus dirigentes actuales son Ángela Vivanco y Carlos del Campo.
Movimiento Izquierda Democrática Allendista (MIDA)
Fue fundado en diciembre de 1991 con el Partido Comunista de Chile (PCCh) como su componente esencial. Su principal líder es Andrés Pascal Allende, sobrino de Salvador Allende, quien había dirigido el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR, orga- nización cuasi-guerrillera formada por elementos del PCCh durante los años sesenta) antes de regresar secretamente del exilio en 1986. El MIDA aseguró un 6.6% de votos en las elecciones municipales de 1992, y participó en 1993 en la contienda presidencial, postulando a Andrés Pascal Allende. El partido Fuerza Amplia de Izquierda, dirigido por Eugenio Pizarro, el partido Movimiento Pueblo
Socialista, dirigido por Eduardo Gutiérrez, y el Movimiento de Recuperación Socialista, dirigido por Mario Palestro, también son miembros del MIDA.
Fue fundado en 1922 y participó en el gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973. Fue proscrito durante la era de Pinochet, junto con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, reconocido general- mente como su ala militar. En enero de 1990 el partido renunció a su política de rebelión popular armada y aseguró el reconocimiento legal en octubre. Diez meses después su presidente, Volodia Teitelboim, declaró que el marxismo-leninismo era una fórmula estrecha y que la dictadura del proletariado era reduccionista. Entre sus líderes destacan Gladys Marín, Volodia Teitelboim, Juan Andrés Lagos y Jorge Insunza.
ANEXO ESTADÍSTICO*
736,902.9 km 2 , excluido el territorio chileno antártico.
12 regiones, la Región Metropolitana de Santiago y 51 provincias.
Población (1997):
14,583,000 habitantes.
Densidad (1997):
habitantes por km 2 .
Distribución poblacional por sexo (1997):
Al nacer: 1 hombre por mujer; menores de 15 años:
hombres por mujer; 15-64 años: 0.99 hombres por
mujer; mayores de 65 años: 0.71 hombres por mujer. Total de la población: 0.97 hombres por mujer.
Distribución de población por edades (1997):
0-14 años, 28%; 15-64 años, 65%; 65 años en adelante,
* Fuente: www.segob.cl/seg_esp/fconocer.htm
Tasa anual de natalidad
17.53 nacimientos por cada 1,000 habitantes.
Tasa anual de mortalidad
defunciones por cada 1,000 habitantes.
Mortalidad infantil (1997):
14.0 muertes por cada 1,000 niños vivos.
Total de población, 74.73 años; hombres, 71.8 años; mujeres, 77.8 años.
Fertilidad (1995):
hijos por mujer.
Proyección demográfica:
15,086,000 habitantes para el año 2000; 16,480,000 habitantes para el año 2010.
Blancos y blancos amerindios 95%; amerindios 3%; otros 2%.
Religión (1992):
Católicos, 89%; protestantes, judíos, 11%.
Total de la población, 95.2%; hombres, 95.4%; muje- res, 95%.
Peso chileno (505 pesos = S 1 EUA, abril de 2000).
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (1999):
Desempleo (1999):
Inflación (1999):
Exportaciones (1999):
15,615.6 millones de dólares.
Importaciones (1999):
13,951.2 millones de dólares.
Saldo comercial (1999):
1,664.4 millones de dólares.
Principales socios comer- ciales (1999):
Estados Unidos, 20.2%; Japón, 9.1%; Argentina, 8.9%; Brasil, 5.4%; Reino Unido, 4.1%; Alemania, 3.9%.
Principales inversionistas extranjeros (1994-1999):
Estados Unidos, 31.0%; España, 20.3%; Canadá, 13.9%; Reino Unido, 5.3%; Sudáfrica, 3.4%.
Principales productos ex- portados (1999):
Cobre, 37.7 %; fruta fresca, 7.1%; forestales y muebles de madera, 5.8%; celulosa cruda y blanqueada, 4.9%; harina de pescado, 1.7%.
República democrática y representativa.
1980, enmendada en 1989 con 54 reformas.
Presidente electo directamente para un periodo de seis años, no reelegible para un periodo inmediato.
Senado con 48 miembros, diez de ellos designados por periodos de ocho años y 38 electos por periodos de la misma duración (se renuevan 19 cada cuatro años); Cámara de Diputados integrada por 120 miembros electos cada cuatro años.
Corte Suprema de Justicia con 17 magistrados, 17 cortes de apelaciones y juzgados.
Día de Independencia y fiesta nacional:
Principales organismos internacionales en los cuales participa:
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Grupo de los Once (G-II), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), Organización de los Estados Americano (OEA), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Conformación partidista de la Cámara de Diputados 1997
Concertación de Partidos por la Democracia:* 70 escaños
Centro-Centro:
Derecha:**
* Concertación de Partidos por la Democracia: Demócrata Cristiano, 39; por la Democracia, 16; Socialista, 11, Radical Social Demócrata, 4. ** Coalición de Derecha: Renovación Nacional, 23; Unión Democrática Independiente, 17; Independiente, 9.
Conformación partidista del Senado 1997
Concertación de Partidos por la Democracia:* 11 escaños
* Concertación de Partidos por la Democracia:
Demócrata Cristiano, 10; Socialista, 1. ** Coalición de Derecha: Renovación Nacional, 2; Unión Democrática Independiente, 3; Independiente, 4.
Pedro Aguirre Cerda 1938. Juan A. Ríos 1942. Gabriel González V. 1946. Carlos Ibáñez 1952. Jorge Alessandri Rodríguez 1958. Eduardo Frei 1964. Salvador Allende 1970. Junta Militar 1973. Augusto Pinochet 1979. Patricio Aylwin 1990. Eduardo Frei 1994. Ricardo Lagos 2000.
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Alcántara Sáez, Manuel, Sistemas políticos en América Latina, Tecnos, Madrid, 1989.
Almanaque mundial, Televisa, México, 1998.
Boeninger, Edgardo, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1998.
Boron, Atilio, “La evolución del régimen electoral chileno y sus efectos en la representación de intereses populares: el caso de Chile”, en Revista Latinoamericana de ciencias políticas, núm. 3, FLACSO, México, 1971.
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Gaspar Tapia, Gabriel, La transición en América Latina, Centro de Investigación y Acción Social, A.C., UAM-Iztapalapa, México, 1ª edición, 1991.
Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones.
Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Lujambio, Alonso, “Presidentes y Congresos: Estados Unidos, la experiencia latinoamericana y el futuro mexicano”, en Foro Internacional, núm. 133, El Colegio de México, México.
Nohlen, Dieter, Sistemas electorales en América Latina, UNAM, México, 1993.
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http://www.irela.org/es/p_politicos/parte_1/chl.asp.
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References: artículo 5

artículo 96
 artículo 119
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 23