Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-442-09.htm
Timestamp: 2019-02-22 20:37:20+00:00

Document:
C-442-09
Sentencia C- 442/09
DOCTRINA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS-Erradicación de las expresiones “menor” y “menores de edad”/LENGUAJE LEGAL-Uso adecuado contribuye al desarrollo conceptual, práctico y pedagógico de los derechos fundamentales/LENGUAJE LEGAL-Expresión “menores de dieciocho (18) años” refiere en mejor medida al umbral de minoría o mayoría de edad.
La doctrina sobre derechos fundamentales de los niños y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones “menor” y “menores de edad”, bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad de los sujetos que designa. De ahí que resaltada la importancia del uso adecuado del lenguaje como elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos fundamentales, considera que una expresión acorde con esta idea es la de “menores de dieciocho (18) años” que hace referencia al umbral que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los estados civiles de minoría y mayoría de edad
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, las ciudadanas Oneida Giraldo y Diana Teresa Sierra Gómez, interpusieron acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
Adicionalmente explican, en relación con el tercer cargo, que se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la configuración de la omisión legislativa relativa. En primer lugar, señalan que existen disposiciones jurídicas sobre las cuales se predica la inconstitucionalidad, y, se refieren a aquellas cuyo contenido normativo establece la responsabilidad de los medios de comunicación frente a los deberes para con los(as) menores de dieciocho (18) años (arts. 41-37 y 47 L.1098/06). En segundo lugar, el contenido normativo acusado se refiere a la responsabilidad de los medios, y a su turno la acusación se dirige a que en dicho tema los contenidos en cuestión no son claros en lo relativo a la responsabilidad de los medios escritos, y por otro lado omite la regulación de un procedimiento sancionatorio, según se refirió. En tercer lugar, afirman las actoras, las normas demandadas por omisión relativa, excluyen de sus consecuencias a aquellos casos que por ser asimilables deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico, en tanto “excluyen la participación activa del Estado, la sociedad y la familia, a la hora de hacer exigible el respeto por los derechos de la infancia y la adolescencia cuando haya un quebrantamiento por parte de un medio de comunicación escrito”. En cuarto lugar, consideran que la ausencia de regulación referida no obedece a una razón objetiva y suficiente. En quinto lugar, como consecuencia de lo anterior se genera una situación de desigualdad. En sexto lugar, la omisión constituye una elusión del deber constitucional del legislador de dictar las medidas necesarias para la garantía eficaz de los derechos de los(as) menores. Y en séptimo lugar, el silencio del legislador respecto de las sanciones y el procedimiento para su imposición, frente al incumplimiento de los deberes establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia en cabeza de los medios de comunicación, desconoce el principio constitucional de interés superior del(la) niño(a).
Como formula de reparación de la omisión legislativa explicada, las demandantes proponen a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad condicionada de los artículos 41-37 y 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia y posterior a esto, (…) la norma sea remitida al Presidente de la República para que reglamente la omisión respectiva”.
Concluye que este cargo no es claro, en tanto no se encuentran “las normas o principios omitidos por el legislador”, que permitan concluir la inconstitucionalidad de las disposiciones demandadas por el hecho de excluir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la posibilidad de sancionar a los medios por eventuales faltas contra menores de dieciocho (18) años.
En primer lugar, explicó que el artículo 18 debe ser considerado en su integridad, ya que su inciso segundo dice textualmente que el maltrato infantil es “toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres representantes legales o cualquier otra persona”. De esta manera no se puede leer aisladamente la frase acusada por las demandantes para concluir que sólo se protege el maltrato en mención originado en algunas personas y en otras no. Agrega que el aparte normativo en el que se centra la acusación tiene la intención de “reconocer una realidad del maltrato que especialmente realizan algunos sujetos, sin que pueda entenderse por eso que esa identificación especial, excluya a otros sujetos”.
En segundo lugar, expresa que los artículos 43 y 44 del nuevo Código, acusados porque supuestamente no vinculan a la prohibición de humillaciones y burlas contra los(as) menores de dieciocho (18) años, a los directivos y personal administrativo de los planteles educativos, deben igualmente ser objeto de una interpretación sistemática. De un lado, el artículo 45 del mismo Código, prohíbe a las directivas de los centros escolares la implementación de castigos y sanciones que lesionen la dignidad de los educandos. Además, los artículos demandados están en un acápite de la ley relativo a las obligaciones de la comunidad educativa, y el artículo 6° de la Ley 115 de 1994 establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares”.
Ahora bien, en cuanto al tercer cargo el Ministerio de Protección asevera que “el legislador al expedir la Ley 1098 de 2006, incurrió en una inconstitucionalidad por omisión, no por la literalidad de los artículos demandados que no dicen más que corresponde al Estado promover el cumplimiento de las responsabilidades que el Código señala a los medios de comunicación. (…) Estas competencias deben ejercerse conforme a la ley, entendiendo que mientras no exista una ley, le faltan medios al Estado para llevar a cabo la promoción que se le encarga. (…) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 53 numeral 7 de la Ley 1098 de 2006, con la expedición de esta ley se pasó de darle la competencia directa al ICBF, a otorgarle una competencia indirecta limitada a la participación en las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. De esta manera se perdió la eficacia de la promoción de la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a que se refiere el numeral 37 del artículo 41 demandado, todo en razón del mandato constitucional contenido en los artículos 6 y 28 de la Constitución Política de acuerdo con el cual los particulares (medios de comunicación) sólo son responsables por la violación de las conductas que están expresamente prohibidas y las sanciones correspondientes sólo serán aquellas que expresamente señale la ley.”
Por demás, añade, el artículo 45 del mismo Código de la Infancia y la Adolescencia, dispone la prohibición general de tratos, castigos o sanciones en contra de la divinidad de los educandos, e incluye de manera expresa como destinatarios de dicha prohibición a las directivas y al personal administrativo de los planteles educativos. Asimismo, hace referencia al artículo 6° de la Ley 115 de 1994, según el cual la comunidad educativa está conformada por “estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares”, por lo cual de las prohibiciones generales del Código a este respecto, no puede excluirse a los directivos y administrativos de las instituciones educativas.
De otro lado, considera que la regulación que el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia hizo de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía de los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años, omitió incluir un mecanismo que prestara eficacia al cumplimiento de las mencionadas responsabilidades. De ahí, que se haya perdido una importante herramienta jurídica, a partir de la cual el ICBF asumía de manera directa las situaciones de incumplimiento de los medios y los sancionaba si había lugar a ello. Pero ahora, “en el artículo 41 se determinan las conductas por parte del Estado, pero no se crean los instrumentos sancionatorios que pueda imponer el ICBF. (…) [Por lo que solicita] declarar la inconstitucionalidad de los artículos 41 numeral 37 y parágrafo del artículo 47, señalando al gobierno la procedencia de expedir un decreto reglamentario que establezca un conjunto de sanciones, autoridades competentes y trámite para adelantar procesos por la vulneración de las obligaciones legales por parte de los medios de comunicación”.
5.- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
En primer término, explicó que no existe competencia del ejecutivo ni de la Corte Constitucional para establecer sanciones y procedimientos en relación con el incumplimiento de los medios de los deberes legales, sino que dicha competencia está únicamente en cabeza del legislador. Añadió que este tipo de procedimientos sancionatorios se deben enmarcar dentro del principio constitucional de prohibición de censura. En este contexto, es menester considerar que los únicos controles a la libertad de expresión son los controles posteriores, frente a los cuales la jurisprudencia constitucional ha señalado que son competencia exclusiva del legislador y comportan una presunción de inconstitucionalidad. Para justificar los anterior, se hace referencia a la sentencia C-650 de 2003 en la que se sostuvo que “los medios de comunicación al ejercer libremente sus funciones democráticas no pueden ser sometidos a ninguna modalidad de control previo sino únicamente a responsabilidades posteriores al ejercicio de su libertad, siempre que la base de estas responsabilidades esté definida en la ley de manera clara, específica y precisa para garantizar un interés constitucional…”. Por ello, la solicitud de las demandantes no tiene cabida, pues estos procedimientos pueden estar contenidos sólo en leyes del Congreso, es decir no pueden regularse en reglamentos ni en sentencias.
Tampoco, continúa, resulta acertado aseverar que las proposiciones jurídicas acusadas omiten regular mecanismos para dar cuenta del incumplimiento de los medios de comunicación de sus deberes contemplados en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, pues el aparte final del parágrafo del artículo 47, establece que el ICBF podrá “hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios”. Lo anterior significa que el control posterior se traslada a las acciones judiciales pertinentes, luego “la omisión legislativa que alegan las demandantes es en realidad una remisión a las normas generales de responsabilidad civil y penal”.
Concluye igualmente, que el nuevo Código es más acorde con los principios constitucionales relativos a la prohibición de censura y principio de legalidad en materia sancionatoria, que el antiguo régimen normativo, en el cual un decreto reglamentario otorgaba la competencia al ICBF para sancionar a los medios de comunicación. Por último, indica que el “Código de la Infancia y la Adolescencia busca promover mecanismos de autorregulación entre los medios de comunicación. (…) Al respecto el inciso 3 del artículo 47 del Código dispone que los medios de comunicación deberán ´adoptar políticas para la difución de información sobre niños, niñas y adolescentes en la cuales se tenga presente el carácter prevalerte de sus derechos´”
Sobre lo último sostiene que “el estado, la Sociedad y la familia cuentan con diversos mecanismos según las características de la presunta violación, entre los cuales se encuentran la acción de tutela, las acciones civiles, las acciones penales y el derecho de rectificación”. En atención a esto, aduce que no se configura una omisión legislativa relativa, por lo cual las disposiciones demandadas con base en esta acusación deben ser declaradas exequibles.
En relación con el segundo cargo considera que se ha restringido la responsabilidad del trato digno en las comunidades escolares en cabeza de estudiantes y profesores, excluyendo injustificadamente no sólo a las directivas y al personal administrativo de los planteles educativos, sino a todo aquel que ingrese a las comunidades escolares. Agrega que “sin duda la especificación del precepto legal en relación con los sujetos agentes de la agresión obedece al hecho de que precisamente en él se alude al entorno del niño dentro del establecimiento educativo, en él sus compañeros y profesores son la mayor parte de personas que componen ese entorno. Sin embargo, omitió considerar el legislador que aún dentro del establecimiento educativo hay otras personas que se relacionan con el niño, que en esa medida son potenciales agresores, y que por consiguiente pueden estar bajo el control de la institución educativa, lo que le impone el deber de hacerlo si de aquéllos proviene alguna ofensa al niño. Exonerar al establecimiento educativo del deber de proteger al niño cuando el agente agresor es un individuo ajeno al cuerpo profesoral y al alumnado, pero ocurre dentro de las instalaciones del plantel en donde tiene el control, equivale a dejar al niño en una inaceptable desprotección que contraría el querer del constituyente.”
En relación con el tercer cargo, argumenta el interviniente que si bien el legislador omitió regular lo relativo a las multas contra los medios de comunicación, ello en sí mismo no es una razón suficiente para declarar su inconstitucionalidad por una omisión legislativa relativa. Explica que puede pensarse que con el antiguo Código del Menor, y así con el decreto que lo reglamentaba en relación con el incumplimiento de los deberes del mismo en cabeza de los medios de comunicación, se constituía un mayor efecto preventivo que ahora se limita a enfatizar la responsabilidad de los medios por la infracción que antes acarreaba multa. Sin embargo, es claro que la ley dejó únicamente la responsabilidad de los medios quizá por considerar que como en cualquier escenario, la obligación de responder, penal, disciplinaria y patrimonialmente por los actos indebidos tiene suficiente efecto disuasivo”.
En este orden se debe demostrar la mayor eficacia de la multa respecto del régimen general de responsabilidad, para poder concluir que era deber del legislador regular un procedimiento sancionatorio como el que existía respecto del antiguo Código. Como ello no es así, “no puede concluirse que la protección del niño querida por el constituyente haga inútil la aplicación de la responsabilidad y necesaria la previsión de la multa”. Con base en lo anterior las disposiciones que regulan la responsabilidad de los medios en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia deben ser declaradas exequibles.
En relación con el tercer cargo, señala que el nuevo Código mencionado mantiene intactas las competencias del “Defensor de Familia para accionar contra cualquiera que vulnere los derechos de los menores, frente al sistema jurisdiccional en representación de la sociedad o de los intereses personales de éstos y podrán hacerlo por las vías ordinarias o el mecanismo extraordinario de la tutela, e incluso una acción de grupo (Nos. 1 y 2, art. 82 C.I.A), y por otro lado se consagra una acción popular para que cualquiera pueda exigir de esas autoridades actuar de manera adecuada (art. 11 C.I.A). En consecuencia cualquier vulneración del interés de los menores que tenga repercusiones penales, será sometida a conocimiento del sistema penal, y de igual manera si es de alcance policivo, ético, o de responsabilidad civil extracontractual…”. De ahí, que no se pueda afirmar que existe una ausencia en la regulación de la responsabilidad y eventuales sanciones que le corresponderían a los medios de comunicación por incumplir sus deberes para con los(as) menores. Por ello concluye que no se configura omisión legislativa alguna.
En relación con el tercer cargo, el Procurador General asevera que no se configura una omisión legislativa relativa, por cuanto existen acciones y medidas cuyo sentido es sancionar a los medios de comunicación cuando éstos incumplen sus deberes derivados de la especial protección a los intereses y derechos de los niños y niñas. Refiere el Ministerio Público, que “contra los medios de comunicación cuando vulneran la integridad moral de los menores, expresamente el artículo 199 de la Ley 1098 determina los ´Beneficios y mecanismos sustitutivos´… Cabe señalar que dentro de los delitos contra la integridad moral se encuentra la injuria y la calumnia como tipos penales genéricos… [y] por tratarse de delitos contra la integridad de los menores, en su aplicación debe tenerse presente los agravantes penales contemplados en el artículo 200 del Código Penal.”
En segundo término, tal como lo manifiestan el ICBF, los Ministerios de Interior y Justicia y de la Protección Social, así como el Procurador General, de manera bastante clara, tanto el artículo 45 del mismo Código de la Infancia y la Adolescencia, así como el artículo 6° de la Ley 115 de 1994, deben concurrir al entendimiento de las normas que establecen los mencionados deberes especiales en el ámbito escolar. En relación con el artículo 45, se debe reconocer que la prohibición genérica de sanciones crueles, humillantes y degradantes en el contexto escolar en cabeza de directores y educadores, vincula expresamente al personal directivo. Y el artículo 6° de la Ley 115 de 1994 establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares”, por lo que la obligaciones para con los(as) menores de dieciocho (18) años en el contexto escolar deben entenderse en cabeza de quienes conforman la comunidad educativa. Por lo anterior concluyen que las normas relativas a este cargo deben ser declaradas exequibles.
Por otro lado, un interviniente[1] consideró que el segundo cargo debía prosperar, por cuanto las normas acusadas restringen la responsabilidad del trato digno en las comunidades escolares en cabeza de estudiantes y profesores, excluyendo injustificadamente no sólo a las directivas y al personal administrativo de los planteles educativos, sino a todo aquel que ingrese a las comunidades escolares. Explica que “exonerar al establecimiento educativo del deber de proteger al niño cuando el agente agresor es un individuo ajeno al cuerpo profesoral y al alumnado, pero ocurre dentro de las instalaciones del plantel en donde tiene el control, equivale a dejar al niño en una inaceptable desprotección que contraría el querer del constituyente.”
No obstante, antes de abordar el desarrollo de los puntos referidos, esta Sala Plena considera pertinente aclarar que la doctrina sobre derechos fundamentales de los niños y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones “menor” y “menores de edad”, bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad de los sujetos que designa. La Corte es consciente y ha resaltado la importancia del uso adecuado del lenguaje como elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos fundamentales[2], y por ello considera que una expresión acorde con esta idea es la de “menores de dieciocho (18) años”. Pues, a pesar de utilizar el vocablo “menor”, lo circunscribe a una utilización gramatical referida únicamente al umbral de edad [dieciocho (18) años] que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los estados civiles de minoría[3] y mayoría de edad; es decir, hace referencia a que una persona tiene menos años que dieciocho (18), y no a algún aspecto en el que se considera inferior. Por ello en esta sentencia utiliza la expresión “menores de dieciocho (18) años”.
Como refuerzo de lo anterior, vale destacar que el artículo 45 del mismo Código de la Infancia y la Adolescencia establece la prohibición genérica de sanciones crueles, humillantes y degradantes en el contexto escolar en cabeza de directores y educadores, es decir vincula expresamente al personal directivo. Por su lado, el artículo 6° de la Ley 115 de 1994 establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares”, por lo que las obligaciones para con los(as) menores de dieciocho (18) años en el contexto escolar deben entenderse en cabeza de quienes conforman la comunidad educativa. Para la Sala es claro que los contenidos normativos referidos deben contribuir al entendimiento y alcance real de las normas que establecen los mencionados deberes especiales en el ámbito escolar.
7.- Si bien los argumentos expuestos hasta el momento son suficientes para declarar que el primer y segundo cargos analizados en la presente providencia no tienen la vocación de prosperar, por lo cual las disposiciones objeto de los mismos deberán ser declaradas exequibles, no sobra recalcar la obligación constitucional de interpretar las normas relativas a los(as) menores de dieciocho (18) años a partir del principio constitucional de “interés superior del(a) menor”.
“de manera acorde con los convenios internacionales ratificados por Colombia, el constituyente de 1991, consagró expresamente un conjunto de garantías que buscan proteger de manera especial a los menores, que de manera general se condensan en los derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 superior, ´a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión´.
Por ello la Corte ha sostenido que “todos y cada uno de los derechos consagrados en favor de los niños revisten una connotación superior, por lo que tal y como lo estableció la Constitución Política en su artículo 44, la familia, la sociedad y el Estado deben concurrir en la asistencia y protección del niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, pudiendo cualquier persona exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.”[6]
“El interés superior del menor refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad. El interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal[7].
8.- Ha sostenido la Corte, que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que “no cobija a todas los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia”.[8] Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente, pues como lo ha señalado esta Corporación, sin deber no puede haber omisión[9]. Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera “otros supuestos análogos”[10] que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aún habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.
9.- Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución.”[13]
10.- De otro lado, la Corte ha declarado también, que no tiene competencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que “(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control[15], (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución[16]. Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del Legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad.”[17]
Tal como ocurre con los demás derechos constitucionales, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión, libertad de información o libertad de prensa); “por ello puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto”.[20] Así, según los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Constitución las limitaciones a las libertades de expresión, información y prensa, para ser acordes con los principios constitucionales, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: “(1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental.”[21]
El cuarto requisito, de cuya consideración se desprende el cumplimiento del quinto y sexto requisitos, se refiere a que las limitaciones deben ser posteriores (y no previas), y no pueden constituir censura. El contenido del artículo 13-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), dispone de manera expresa que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”. Esto, con una única excepción referida a la posibilidad de establecer normas legales que regulen el acceso de menores de dieciocho (18) años a espectáculos públicos “con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia” (num. 4 art. 13-2 de la CADH).
En este orden, se puede afirmar por último que los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia no constituyen censura, pues justamente en su parágrafo se establece una responsabilidad posterior por la violación de dichas abstenciones[26], por lo que se cumple con el principio según el cual la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”.
En apoyo de lo anterior cabe añadir, que la “manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explicita en los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción especifica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso – régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta[30]), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem.”[31] Por ello la especificidad y el grado de detalle son elementos esenciales de este tipo de regulaciones, razón por la cual resulta una labor propia de creación de derecho, que como se ha dicho compete al órgano que la Constitución creó para ello, y no a la Corte Constitucional como guardiana e intérprete autorizada de ella.
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones “por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario” contenidas en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones “de parte de los demás compañeros y de los profesores” contenidas en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones “de parte de los demás compañeros o profesores” contenidas en el numeral 5 del artículo 44 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
[2] Cr. Sentencia C-804 de 2006, en la que se declara la inexequibilidad entre otros, del uso de la palabra “hombre”, para referirse tanto a hombres como a mujeres.
[3] Cr. Sentencia C-534 de 2004, en la que se explica el estado civil de la minoría de edad. Fundamento jurídico número 10.
[5] En sentencia T-408 de 1995, se señalo al respecto lo siguiente: “El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de dieciocho (18) años de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. “Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la sicología, la sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión -, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. “La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor.”
[8] Cfr. Sentencia C-891A de 2006, fundamento jurídico No. 3.1.
[9] Cfr. Sentencia C-543 de 1996, fundamento jurídico No. 1.
[15] En la sentencia C-543 de 1996 sostuvo este Tribunal: “Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.
[16] Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo en la sentencia C-146 de 1998: “(…) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación.”
[17] Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Critério reiterado en sentencia C-831 de 2007
[18] En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el artículo 336 dispone que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.” En la Constitución de Portugal de 1976 el artículo 279 establece lo siguiente: De la inconstitucionalidad por omisión, Cuando la Constitución resulte incumplida por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales, el Consejo de la Revolución podrá recomendar a los órganos legislativos competentes que las dicten en un plazo razonable.” En el caso de Brasil se establece lo siguiente: “Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma Constitucional, se comunicará al Poder Competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de órgano administrativo, para que se haga en treinta días.”
[19] En otro caso reciente, en sentencia C-149 de 2009, la Corte analizó el asunto relativo a si los requisitos académicos para ostentar el cargo de defensor de familia, al exigir al aspirante uno de siete programas de postgrado, todos ellos relacionados con componentes curriculares de Derecho o de estudio de la Familia, excluyó injustificadamente otros programas de postgrado que estuviesen relacionados con las actividades propias del defensor de familia. Así pues, se encontró que en efecto se había excluido sin justificación constitucional alguna, otros programas académicos de esta índole cuyos componentes curriculares atendían a las funciones del defensor de familia. En este caso, el componente excluido de la regulación se refería a la posibilidad de relacionar las actividades del cargo en mención con la variedad de programas de postgrado para abogados en Colombia. Dicha deficiencia no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de la ausencia total en la regulación del requisito analizado, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa o una absoluta. Y, luego de sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de usurpar competencias, declaró pues la existencia de una omisión relativa e incluyó un criterio general consistente en que el requisito en cuestión se entendía satisfecho con uno de los siete programas aludidos en la norma o con algún otro relacionado directamente con las actividades específicas del cargo, y dejó que en la práctica otras autoridades determinaran cuáles serían concretamente estos programas directamente relacionados con el quehacer de los defensores de familia. La decisión tuvo un salvamento de voto cuyo sentido fue precisamente la imposibilidad de la Corte de llenar el vacío de esta manera, pues aquello que se dejó a otras autoridades, en práctica iba a ser determinado por autoridades administrativas, cuando su disposición implicaba reserva de ley.
[20] T-391 de 2007. Fundamento jurídico 4.5.1. Pese a esta posibilidad de limitación la sentencia T-391 de 2007, enfatizó “que toda limitación –a través de actos jurídicos de alcance particular o general, proferidos en ejercicio de la función legislativa, administrativa, jurisdiccional, de policía u otra cualquiera desempeñada por el Estado- de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones (libertad de expresión en sentido estricto, libertad de información o libertad de prensa) ha de presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa, como una invasión del derecho protegido.”
[23] La jurisprudencia ha recalcado lo siguiente: “Sobre estas finalidades, la Corte considera necesario efectuar cinco advertencias generales, antes de explicar su contenido individual. (a) En primer lugar, deben ser objeto de una interpretación restringida, para efectos de maximizar el ámbito de la libertad de expresión. (b) Segundo, se trata de una enumeración taxativa, por fuera de la cual no caben justificaciones o finalidades adicionales para limitar la libertad de expresión. (c) Tercero, en consonancia con el principio de legalidad, no es suficiente con invocarlas en forma abstracta para justificar una limitación determinada; debe demostrarse que, en cada caso particular, están dados los elementos para considerar que efectivamente está presente un interés público concreto, específico e imperioso que se encuadre dentro de esta enumeración de finalidades abstractas. En otras palabras, el interés público que se pretende materializar mediante una limitación a la libertad de expresión, debe ser enunciado en forma concreta y específica en cada caso, con referencia a las características propias del mismo, y no recurriendo a una simple formulación abstracta y vaga, que en sí misma equivaldría a una forma de cheque en blanco para lesionar la libertad constitucionalmente protegida. (d) La formulación concreta y específica del interés público que se persigue mediante la limitación, debe ser compatible con los principios esenciales de una sociedad democrática y del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1). (e) La referida formulación concreta y específica de las finalidades perseguidas con la limitación también debe ser compatible con el principio de la dignidad humana.” [T-391 de 2007]
[24] Mediante esta metodología se deberá: “(a) la finalidad invocada, como se indicó, debe puntualizarse para el caso particular de manera tal que se demuestre que, dentro de las circunstancias en las cuales se está realizando una expresión determinada, existe la necesidad imperiosa, apremiante, específica y concreta de preservar un derecho ajeno, un elemento previamente definido -de manera precisa y clara- del orden público, de la salud pública o de la moralidad pública. El adjetivo “necesario” no es sinónimo de “indispensable”, pero tampoco tiene la flexibilidad de expresiones como “admisible”, “ordinario”, “útil”, “razonable” o “deseable” – implica una necesidad social apremiante o imperiosa, más que simplemente útil, importante, legítima u oportuna. Además, se ha precisado que el margen con el que cuentan las autoridades para establecer la necesidad de una limitación a la libertad de prensa es más restringido que aquel con el que cuentan para determinar si es necesario establecer limitaciones a otros elementos de la libertad de expresión en sentido genérico, por la importancia de los medios de comunicación en la democracia. (b) la limitación concreta a adoptar debe estar permitida –en el sentido de no desconocer la prohibición de la censura (directa, indirecta o por consecuencia), que forma parte del ámbito de cobertura del artículo 20 Superior, y a la cual se hará referencia detallada posteriormente-; (c) la relación entre la limitación a adoptar, en tanto medio para alcanzar el fin que se persigue, y la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada para justificar la limitación, ha de ser no solo apta, apropiada o efectivamente conducente para el logro de dicha finalidad, sino cumplir un requisito más exigente. En efecto, la limitación que se pretende justificar para desvirtuar las presunciones anteriormente mencionadas, debe ser un medio (i) materialmente necesario –en el sentido de que no hay otro medio disponible para el logro de la finalidad perseguida en las circunstancias concretas-, y (ii) lo menos restrictivo posible del ejercicio de la libertad de expresión –por lo tanto, de existir un medio alternativo menos restrictivo para alcanzar la finalidad imperiosa, concreta y específica, la limitación de la libertad de expresión será contraria a este derecho fundamental y tenerse por violatoria de la libertad de expresión-; (d) la incidencia de la limitación sobre la libertad de expresión debe ser proporcionada, de tal forma que son inadmisibles las limitaciones excesivas. El requisito de proporcionalidad exige una particular atención por parte de las autoridades, tanto de aquella que adopta la limitación como de la que revisa su constitucionalidad. Esta proporcionalidad se determina, no solo evaluando si no existe una desproporción manifiesta entre la limitación y la finalidad que se busca, sino estableciendo en forma positiva que la relación entre ambos extremos –el fin buscado y el alcance de la limitación- logra un equilibrio adecuado. Entonces, la limitación que se pretende justificar ha de maximizar la armonización entre la finalidad buscada y el ejercicio de la libertad de expresión, de tal forma que el grado de incidencia sobre dicha libertad sea menor o igual al peso de la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada como justificación de la limitación sospechosa de dicha libertad. Al analizar si se logra en el caso concreto dicha armonización, son pertinentes criterios que permitan verificar si (1) se ha establecido un equilibrio entre todos los diferentes valores en conflicto, (2) que los promueve de manera simultánea, (3) armonizándolos concretamente dentro de las circunstancias del caso en particular, (4) sobre la base de una apreciación aceptable de los hechos relevantes vistos como un todo, partiendo del contexto en el cual tuvieron lugar tanto las expresiones como la limitación, y factores tales como el tipo específico de libertad de expresión que se está limitando, la naturaleza y severidad de las limitaciones adoptadas y su duración en el tiempo, así como las circunstancias particulares de las personas involucradas en el acto expresivo y cualquier elemento de interés público que esté presente dentro de las circunstancias generales de la expresión limitada, (5) prestando atención a los efectos que tendrá la limitación sobre el libre flujo de ideas, informaciones y expresiones en la sociedad, de manera que éste no sea desestimulado, en particular en lo atinente a asuntos de interés público, (6) asegurándose de que el impacto de la limitación es compatible con el funcionamiento de una sociedad democrática abierta y pluralista, y (7) verificando que la limitación no tiene un animus persecutorio o retaliatorio ni un impacto discriminatorio.” [T-391 de 2007]
[25] Estas abstenciones se refieren a: “ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”
[26] ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:
[27] Decreto-Ley 1900 de 1990 “Por medio del cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines”. (…) Artículo 52. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas al ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes: (…) 11. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones.”
[29] Ejemplos de ello son: el Acuerdo 004 del 13 de febrero de 2005, de la Comisión Nacional de Televisión que reguló “la obligación de señalizar la pertinencia de los contenidos en la parrilla de programación”. Esta regulación dispuso deberes concretos de las programadoras de televisión de señalizar el contenido de los programas y así mismo anunciar de manera clara si dichos contenidos son o no propios para menores de dieciocho (18) años. A su vez, el artículo 7° del Acuerdo dispone que el incumplimiento de los deberes de señalización dará lugar a sanciones, que se impondrán de conformidad con el procedimiento general del Código Contencioso Administrativo. También, de conformidad con el artículo 11 de la ley 335 de 1996, mediante el Acuerdo 001 del 18 de enero de 2007 la Comisión Nacional de Televisión reguló lo relativo a la emisión del espacio del Defensor del Televidente, y en su articulo 10° determinó las sanciones respectivas para quienes no cumplieran con las reglas de dicha emisión.
[30] [Cita del aparte transcrito] Ver Ramón Parada Vásquez, “Derecho Administrativo”, Tomo I, Marcial Pons, Madrid, 1996. Luis Morell Ocaña, “Curso de Derecho Administrativo, Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional”, Arandazi, Madrid, 1996.

References: artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 241
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 53
 artículo 41
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 199
 artículo 200
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 336
 artículo 279
 artículo 20
 ARTÍCULO 47
 Artículo 52
 artículo 7
 artículo 11