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Timestamp: 2017-12-17 06:06:35+00:00

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mayo 2017 - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
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La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces desarrolla de este modo el acuerdo alcanzado el pasado 23 de marzo en el que se decidió instar a los presidentes de estos tribunales que propusiesen como medida de apoyo a aquel juzgado o tribunal que padeciera un excepcional retraso o en el que existiera acumulación de asuntos la adscripción obligatoria, la denominada “comisión de servicios” de otros jueces y magistrados titulares de órganos que tuviesen escasa carga de trabajo, previsto en el artículo 216. bis. 1.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entre los criterios técnicos necesarios para hacer esta solicitud, el CGPJ ha aprobado que puede ser retribuida si la carga total que asume el comisionado –sumada la del órgano del que es titular y la que va a asumir en el órgano que va a reforzar– supera el mínimo que determine la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente apunta que esta medida de apoyo es un “reequilibrio y redistribución” del esfuerzo que realizan todos los miembros de la carrera judicial. Recuerda asimismo que la adscripción obligatoria es una “posibilidad, entre otras, de las que se dispone” .
“No es, por tanto, una medida imperativa, sino una medida más, a valorar por los presidentes antes de hacer sus propuestas”, afirma el CGPJ en su comunicado. No obstante, el presidente del TSJ en cuestión deberá valorar cuántos elementos y requisitos legales condicionan la necesidad de adoptar esta medida y el interés prevalente y la concurrencia de circunstancias de toda índole que afecten o puedan afectar al juez a comisionar, según los criterios marcados.
Por último, la Comisión Permanente cree que, “a priori, resultan más idóneos que la posibilidad de adscripción obligatoria de los jueces de menores con menor carga de trabajo serán “más idóneos” desempeñarlas en órganos de la jurisdicción penal y no lo serán para hacerlo en órganos de la jurisdicción civil, o para realizar tareas excepcionales de este último orden, como la asunción de las procesos por cláusulas suelo, etc.
El Supremo falla a favor de los centros andaluces de educación diferenciada y reconoce el derecho al concierto
Sostiene que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo”
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a los nueve centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía, fallando a su favor y reconociendo su derecho a concierto tras desestimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) –extensiva a los otros colegios en esta situación, cuyos fallos irán dándose a conocer en los próximos días– de anular, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, la resolución autonómica que denegaba el convenio al colegio de Sevilla ‘Altair’ a partir del curso 2014-15.
En la resolución denegatoria original, la Junta estimaba que ‘Altair’ infringía el artículo 14 de la Constitución en cuanto a la discriminación por razón de sexo, la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Convención de la Unesco y la ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Frente a ello, declara el Supremo que el artículo 84.3 de la LOE, en su redacción dada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) –de cuya constitucionalidad no se duda–, es “plenamente conforme” con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y con las normas internacionales, entendiendo que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo” y que la enseñanza mixta “es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo”.
UN VOTO PARTICULAR SOBRE UN FALLO “PREMATURO”
Igualmente, el TS zanja la cuestión interpretativa sobre la Convención de la Unesco: “resulta plenamente conforme con el artículo 2 de la Convención de la Unesco que las facilidades equivalentes de acceso de ambos sexos a la enseñanza deban ser proporcionadas, bien por los sistemas educativos o por los establecimientos, sin que resulte exigible que sean los centros los que deban ofrecer tales condiciones de acceso equivalentes para ambos sexos”.
Respecto a la suspensión del procedimiento, “adoptarlas sin existir duda de constitucionalidad produciría un perjuicio al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, en particular de la recurrente, ya que supondría perpetuar una situación que le priva del acceso a unos fondos públicos para el mantenimiento de centros educativos, sin base legal”.
Este punto, de hecho, ha propiciado un voto particular de una de las magistradas de la sala, que considera que la sentencia tiene un carácter “prematuro”, pues estima, entre otros extremos, que debió suspenderse la votación y fallo del recurso de casación hasta que fuera resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta contra diversos preceptos de la LOMCE.
“ENORME SATISFACCIÓN” DE CECE
El caso, cuyo fallo ha sido el primero del Tribunal Supremo que se pronuncia sobre la LOMCE y su legalidad, por lo que sienta doctrina sobre el asunto, ha sido gestionado por el gabinete jurídico de CECE Andalucía, patronal que agrupa a más de 400 empresas educativas de todos los niveles, enseñanzas y titularidades y que ha manifestado su “enorme satisfacción” por la resolución.
De esta manera, CECE-A espera la “pronta” restitución en sus derechos a centros, familias, profesorado y toda la comunidad educativa de estos centros, ya que las sentencias desestiman los argumentos empleados por la administración para denegar los conciertos, “declarando que el contenido de esas denegaciones no son conformes al ordenamiento jurídico”. “Es un deber de toda administración pública derogar aquellos actos cuyo contenido ha sido declarado antijurídico por parte de los Tribunales”, agregan.
Asefiget considera “insuficiente” la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía municipal.
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) considera “insuficiente” la sentencia del Tribunal Constitucional en la que establece que la venta de un inmueble que produzca pérdidas no tenga que tributar por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Según señala, se trata de un impuesto “injusto y confiscatorio” que produce una doble tributación -IRPF e IIVTNU- conculcando el artículo 31 de la Constitución en cuanto a la capacidad económica de los obligados tributarios.
En concreto, se refiere a la fórmula utilizada para el cálculo del impuesto, ya que actualmente no se está calculando el incremento de valor por el tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión, sino por los años que transcurrirán desde la transmisión. Por ello, propone que la base imponible se establezca en base a la operativa que se establece en la Ley 35/2006 de IRPF, tomando los valores reales, tanto del momento de la transmisión, como del momento de la adquisición, siendo la base imponible la proporción sobre el total, del valor del terreno del último recibo del Impuesto sobre Inmuebles, aplicando unos tipos impositivos “justos y proporcionados”.
El CGPJ y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno suscriben un protocolo de colaboración.
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Esther Arizmendi, han firmado un protocolo mediante el que ambas instituciones colaborarán en diversas áreas de actividad con el objetivo común de profundizar en el conocimiento y la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El texto del protocolo prevé la celebración de acciones formativas, cursos, talleres, ciclos, conferencias y foros de debate sobre la Ley de Transparencia dirigidos a los miembros de la judicatura, en los que colaborará el personal del CTBG. Además, miembros del CGPJ prestarán colaboración en las acciones formativas organizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno destinadas a los empleados públicos, en particular, y a los ciudadanos en general.
El Constitucional anula el impuesto de plusvalía si la venta tiene pérdidas.
Madrid, 17 May. (Tribunal Constitucional)
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado tres artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al considerar que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.
El Constitucional reitera la doctrina establecida por el tribunal en otras sentencias, referidas al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava, en cuyas resoluciones llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es admisible siempre y uando aquellos respeten el principio de capacidad económica.

References: artículo 216
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 84
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 31