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BOC - 2006/104. Miércoles 31 de Mayo de 2006 - 715
2006/104. Miércoles 31 de Mayo de 2006
BOC Nº 104. Miércoles 31 de Mayo de 2006 - 715
715 - DECRETO 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.
El Sistema de Planeamiento se ha configurado legalmente como una pieza esencial del ordenamiento urbanístico canario, atribuyéndosele no sólo un carácter legitimador del ejercicio de las potestades de las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial con relevancia sobre el territorio, así como de todo acto de transformación del territorio o uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, sino también un carácter instrumental para coordinar las distintas competencias e intereses que confluyen en esta materia como integrantes de un único y común interés general.
Pero el Sistema de Planeamiento, para ser efectivo y poder materializarse, requiere, precisamente por su trascendencia y complejidad, completar la regulación legal con normas de tramitación y aprobación que, en cada instrumento de ordenación, satisfagan las necesarias garantías jurídicas de todo procedimiento administrativo, teniendo en cuenta las peculiaridades que derivan de la legislación que se pretende desarrollar.
El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en su Disposición Final Primera, ordena al Gobierno regular aquellas materias contenidas en el citado Texto Refundido, para las cuales se prevea su desarrollo reglamentario, así como dictar las normas reglamentarias necesarias en materia de planeamiento, gestión y disciplina.
En desarrollo de dicho precepto, el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, pretende, mediante una estructura simple de sólo tres Títulos, un lenguaje sencillo aunque necesariamente técnico, y un total de 89 artículos, facilitar la labor de las distintas Administraciones que intervienen en los procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación, otorgando mayor seguridad jurídica a la intervención de los distintos operadores, y dotando de la máxima transparencia y publicidad a la actuación administrativa y sus decisiones.
Así, con carácter general para la totalidad de instrumentos de ordenación que integran el Sistema de Planeamiento, el Título Preliminar (artículos 1 a 10), establece unos principios comunes a todo el Sistema, que tienen por objeto recordar y resaltar los criterios de eficiencia y celeridad procedimental, los deberes de cooperación interadministrativa y lealtad institucional, y los derechos de información y participación ciudadana, que, especialmente, deben estar presentes en esta materia.
El Título Primero (artículos 11 a 60), regula los actos y trámites comunes a la totalidad de los instrumentos que conforman el Sistema de Planeamiento, incorporando sobre el procedimiento tradicionalmente aplicado hasta ahora en virtud de la legislación urbanística estatal, todas aquellas precisiones y mejoras que la práctica administrativa habitual ha ido definiendo como más adecuadas y eficaces para la consecución de los objetivos generales perseguidos, así como distintos criterios y determinaciones que se han consolidado a través de una abundante doctrina jurisprudencial.
Por último, el Título Segundo (artículos 61 a 89) regula las determinaciones específicas de cada instrumento de planeamiento y completa las normas de procedimiento, incidiendo fundamentalmente en la determinación de plazos y en las competencias de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos, articulando, en concreto, los supuestos de subrogación por inactividad de la Administración obligada a impulsar la planificación en cada caso.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2006,
Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias en los términos que figuran en el anexo de este Decreto.
Primera.- Procedimientos de planeamiento iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento anexo se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de su aprobación inicial, cumplimentándose no obstante los trámites y garantías de información pública, consulta e informe, conforme a lo dispuesto en el adjunto Reglamento, así como, en los supuestos señalados en la Disposición Transitoria siguiente, el procedimiento de evaluación ambiental.
Segunda.- Evaluación de planes cuyo procedimiento de aprobación se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento.
1. La obligación de someter los planes al procedimiento de Evaluación Ambiental se aplicará a los instrumentos de ordenación cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004.
2. La citada obligación se aplicará también a los planes cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y cuya aprobación, ya sea con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su remisión al Parlamento de Canarias, se produzca con posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que el órgano ambiental decida, caso a caso y de forma motivada, que ello es inviable. En tal supuesto, se informará al público de la decisión adoptada.
3. A los efectos previstos en esta Disposición Transitoria, se entenderá por el primer acto preparatorio formal el documento oficial de una Administración Pública competente que manifieste la intención de promover la elaboración del contenido del plan y movilice para ello recursos económicos y/o técnicos que hagan posible su presentación para aprobación.
4. La aplicación del procedimiento de evaluación ambiental en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 precedentes, podrá realizarse, cuando así lo determine el órgano ambiental, atendiendo al estado de tramitación del procedimiento de planeamiento en el que la evaluación debe insertarse, sin necesidad de retrotraer las actuaciones llevadas a cabo, debiendo, en todo caso, realizar dicha evaluación antes de la aprobación definitiva del plan.
Tercera.- Cómputo de plazos de caducidad en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento.
Para el cómputo de los plazos máximos de tramitación, a los solos efectos de la caducidad de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento anexo, cualquiera que sea el estado de tramitación del correspondiente procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 2, apartado 1, y concordantes de la citada norma, se tomará la fecha de su entrada en vigor.
Cuarta.- Procedimiento de exoneración del trámite de Avance.
Los Planes Generales de Ordenación Municipal que a la entrada en vigor de esta norma estén en proceso de adaptarse o se hubieran adaptado de forma básica o de forma plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se adaptarán a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, sin necesidad del previo trámite de Avance, siempre que se den los siguientes requisitos:
a) Debe emitirse informe técnico y jurídico de los servicios administrativos municipales correspondientes acreditativos de que el modelo territorial del Plan de Ordenación adaptado al Texto Refundido no resulta variado de forma sustancial por el que resulta de la propuesta de adaptación a la Ley 19/2003, así como que, de conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril, se dan los requisitos para no someter el procedimiento de planeamiento al proceso de evaluación ambiental al que se refiere el artículo 7 de dicha Ley estatal.
b) Con dichos informes y a la vista de copia completa del documento de planeamiento propuesto, los servicios técnicos y jurídicos del correspondiente Cabildo Insular valorarán la adecuación del documento al Plan Insular vigente o, en caso de suspensión de la tramitación del planeamiento municipal, al Plan Insular en tramitación, y la no necesidad de modificar el modelo territorial municipal de forma sustancial para tal adecuación. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción en el Cabildo Insular del documento técnico de planeamiento completo y de los informes municipales, y comunicarse tanto al Ayuntamiento solicitante como a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Transcurrido dicho plazo sin emitir informe, se entenderá que el mismo es favorable.
c) Simultáneamente al trámite anterior, el Ayuntamiento remitirá el documento técnico de planeamiento general en el que se han de tener en cuenta los criterios del anexo II de la citada Ley 9/2006, y los informes municipales emitidos, adjuntando copia sellada de la petición de informe al Cabildo Insular correspondiente, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias para que, en el plazo máximo de dos meses, emita informe sobre la innecesariedad de tramitar Avance, y, en su caso, sobre el sometimiento del Plan al proceso de evaluación ambiental. Transcurrido dicho plazo sin emitir informe, se entenderá que el mismo es favorable.
d) La Memoria del documento de planeamiento general en que resulte acreditada la innecesariedad de tramitar Avance, contendrá un apartado específico en el que se justificará el cumplimiento de los trámites señalados en los apartados precedentes.
Quinta.- Documentación necesaria para admitir a trámite los Proyectos de Actuación Territorial.
En tanto no se regule en el correspondiente Reglamento, las solicitudes de los Proyectos de Actuación Territorial deberán ir acompañados, para su admisibilidad, de la siguiente documentación:
a) Un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten:
1) El interés general de la dotación, equipamiento, o actividad industrial o turística pretendida, su viabilidad territorial y ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente en el municipio e isla.
2) La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad con la ordenación territorial y urbanística.
3) La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.
4) La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y urbanizable.
b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, debiendo contener infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán constar no sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también, en su caso, las necesarias para garantizar la accesibilidad y la conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de servicio de las infraestructuras preexistentes.
c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados.
d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo conforme a la normativa de evaluación de impacto ambiental que le sea aplicable.
e) Cualquier otro requisito que expresamente se establezca por el planeamiento territorial o en el planeamiento general municipal.
Sexta.- Documentación necesaria para admitir a trámite las Calificaciones Territoriales.
En tanto no se regule en el correspondiente Reglamento, la solicitud de Calificación Territorial deberá ir acompañada, para su admisibilidad, de la siguiente documentación:
a) Acreditación de la identidad del promotor y de la representación que ostente en su caso.
b) Acreditación de la titularidad de los terrenos o derecho subjetivo sobre los mismos suficiente para la realización de la obra o usos proyectados.
c) Memoria descriptiva de la actuación a realizar, donde se justifique la viabilidad y características de la actuación pretendida y, en su caso, del impacto en el entorno.
d) Descripción técnica acompañada de la documentación gráfica suficiente como mínimo de Anteproyecto y en todo caso, plano de situación, y planos de planta y alzados, de la situación actual y de la actuación proyectada.
e) Fotografías del lugar y su entorno, desde varias orientaciones, donde se aprecie la inserción de la actuación en el paisaje.
f) El Estudio Ambiental que sea preciso conforme a la normativa de evaluación de impacto ambiental.
g) Cualquier otro requisito que expresamente se establezca por el planeamiento territorial o en el planeamiento general municipal.
Séptima.- Documentación exigible para admitir a trámite al resto de los instrumentos de ordenación del Sistema de Planeamiento.
En tanto no se regule en el correspondiente Reglamento, la documentación necesaria para admitir a trámite los restantes instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias se regirá supletoriamente por la normativa contenida en el Reglamento de Planeamiento estatal, aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, exigiéndose a los Planes Insulares de Ordenación y a los Planes Territoriales de Ordenación, los mismos documentos mínimos requeridos a los Planes Generales de Ordenación Urbana.
Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones legales de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento anexo.
Primera.- Se faculta al Consejero competente en materia de ordenación territorial para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el Reglamento aprobado por el presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2006.
DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS
Es objeto del presente Reglamento la regulación de los procedimientos por los que se aprueben los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística en la Comunidad Autónoma Canaria, así como sus revisiones o modificaciones.
Artículo 2.- Plazos de tramitación.
1. Salvo para el caso de las Directrices de Ordenación, cuyos plazos de tramitación serán fijados por el Gobierno de Canarias, el plazo máximo para tramitar los procedimientos por los que se aprueben los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, sus revisiones o modificaciones, son los siguientes:
a) Planes Insulares de Ordenación, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes Generales de Ordenación: dos años.
b) Planes Territoriales de Ordenación y Planes Especiales de los Paisajes Protegidos: dieciocho meses.
c) Planes urbanísticos de desarrollo: seis meses.
d) Proyectos de Actuación Territorial: cuatro meses.
e) Calificaciones Territoriales, seis o cuatro meses según haya de someterse el expediente a información pública o no.
f) Restantes instrumentos: un año.
2. En los planes de iniciativa pública que se tramiten y aprueben por la misma Administración, el transcurso de los señalados plazos sin que se haya producido la aprobación definitiva determinará la caducidad del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 49 de este Reglamento. En los planes de iniciativa privada se aplicará lo dispuesto respecto al silencio administrativo en el artículo 48 de este Reglamento.
3. En los procedimientos de iniciativa pública de carácter bifásico, en los que la Administración que tramite y la que apruebe definitivamente sean distintas, los plazos de caducidad establecidos en el número anterior, obligarán a la Administración competente para formular y tramitar, la cual, en dicho plazo, debe presentar el documento completo y debidamente diligenciado ante la competente para aprobar definitivamente.
4. Cuando la aprobación definitiva corresponda a otra Administración diferente de la que tramita, el órgano competente deberá resolver la aprobación definitiva en el plazo de tres meses desde la recepción de la documentación completa, salvo que en este Reglamento se establezca otro plazo, entendiéndose, en otro caso, denegada por silencio administrativo, excepto los casos de silencio positivo previstos legalmente.
5. El silencio administrativo, en el sentido positivo o negativo establecido legalmente, operará siempre respecto de los instrumentos de planeamiento que sean de iniciativa particular y, en los supuestos de aprobación bifásica, respecto del documento formulado por la Administración que tramita. En los supuestos en los que, siendo un instrumento de ordenación de iniciativa pública, coincida la Administración que tramita y la que aprueba definitivamente, sólo cabrá aplicar la caducidad del procedimiento.
Artículo 3.- Deber de cooperación interadministrativa.
1. Las Administraciones públicas canarias que ostenten competencias de ordenación de recursos naturales, territorial o urbanística, o promuevan actuaciones que tengan incidencia territorial, se regirán por el principio de cooperación interadministrativa para alcanzar la coordinación de las diversas actuaciones sobre el territorio, y a tales efectos se prestarán cooperación y asistencia activa para el eficaz ejercicio de sus competencias, lo que comporta los deberes siguientes:
a) Facilitar a las otras Administraciones la información que pudiera precisar sobre la actividad que desarrollen en base a sus propias competencias y que puedan afectar a las de aquéllas.
b) Armonizar el ejercicio de las competencias propias con las de las demás Administraciones públicas.
2. De igual manera, las Administraciones públicas canarias deberán coordinarse con la Administración del Estado cuando afecte a sus competencias sectoriales y con la Unión Europea, e incluso, cuando proceda, concertar sus actuaciones para garantizar la eficacia de los instrumentos en que se formalicen las normas de ordenación.
Artículo 4.- Actuaciones sujetas a cooperación interadministrativa.
1. La ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística y las demás actuaciones con relevancia territorial promovidas por las Administraciones públicas canarias se llevarán a cabo con sujeción al deber de cooperación interadministrativa, y a tales efectos deberá cumplirse preceptivamente el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas, incluso en situaciones de urgencia, y en todo caso en los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
2. El trámite de consulta se llevará a cabo conforme se determina en el artículo 33 del presente Reglamento. Se exceptúan aquellos procedimientos que tengan por objeto instrumentos que constituyan desarrollo o ejecución de otros en los que previamente se haya cumplimentado el trámite de consulta, siempre que no impliquen afectaciones adicionales relevantes.
Artículo 5.- Participación ciudadana.
1. Las administraciones actuantes deben fomentar y en todo caso asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.
2. La participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación regulados en este Reglamento, en cuanto cauce para colaborar en la toma de decisiones que puedan afectar a su calidad de vida, y oportunidad para las administraciones públicas de aprovechar las ideas y conocimiento local de los afectados, debe sustentarse en la realización efectiva de las siguientes condiciones:
a) Fomento de la participación. Las administraciones actuantes deberán recabar criterios y sugerencias de la ciudadanía, desde las fases previas de la formulación de los instrumentos de ordenación, y durante todo su proceso, incidiendo en la importancia de la participación como vía para la expresión democrática de demandas sociales y medio para la obtención conjunta de soluciones de interés general. A tales efectos, previamente al inicio de la formulación y durante su transcurso, las administraciones que lleven a cabo un procedimiento con incidencia territorial y urbanística deberán fomentar la colaboración y participación pública permanente, a través de los medios señalados, o de los que disponga, realizando incluso, si fuera necesario, campañas publicitarias específicas.
b) Concertación y consenso. En la integración y armonización de cuantos intereses afecten de forma relevante al territorio, con subordinación en todo caso de los privados a los públicos, las Administraciones actuantes procurarán buscar vías de concertación con objeto de alcanzar acuerdos consensuados respecto a las determinaciones que les afecten, y en especial:
1) Convocar a representantes de los vecinos o entidades representativas, o a los propios afectados, si fuera posible, cuando se presente un número significativo de alegaciones que expresen una apreciable oposición a alguna de las determinaciones previstas para explicar y debatir los aspectos más discutibles de la ordenación propuesta, y analizar alternativas razonables.
2) Cuando la importancia de una determinada decisión así lo aconseje, la Administración actuante podrá encargar la realización de encuestas o estudios de opinión con el fin de valorar adecuadamente el grado de aceptación o rechazo de determinadas alternativas, o las preferencias entre diferentes propuestas.
3) De igual manera, de estimarlo necesario, podrán convocarse concursos de alternativas para que puedan presentarse y defenderse aquellas opciones que, dentro de unos parámetros de costos y respetando los requisitos y objetivos pretendidos, resuelvan los problemas planteados del modo más satisfactorio, den lugar a menores impactos ambientales, o supongan inferiores costes económicos o sociales.
3. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos de aprobación de los instrumentos de ordenación en los períodos de participación pública, como trámite a que se somete el documento de Avance, e información pública, trámite al que se someten los documentos tras la aprobación inicial. Este derecho comprende:
a) El derecho a obtener información suficiente y clara respecto a la ordenación prevista por el instrumento en exposición pública, incluyendo la posibilidad de examinar directamente toda la documentación y recibir copias, a su costa, sea en soporte papel o digital, de la misma.
b) El de presentar alegaciones, con las sugerencias, alternativas o propuestas que estime oportunas con objeto de mejorar la ordenación o de salvaguardar sus derechos o intereses legítimos.
c) El derecho a recibir una respuesta razonada respecto a dichas alegaciones, cuando así se solicite, del modo previsto en este Reglamento.
4. Con objeto de facilitar la participación ciudadana, las administraciones públicas, conforme a los medios de que dispongan y dentro del marco normativo de aplicación, proporcionarán a los particulares la posibilidad de ejercer sus derechos a través de medios electrónicos, telemáticos e informáticos.
5. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad mediante el ejercicio de la acción pública ante los órganos administrativos y judiciales.
Artículo 6.- Publicidad de los instrumentos de ordenación.
1. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como los procedimientos que los desarrollen y ejecuten, tienen carácter público. Las administraciones públicas actuantes garantizarán que unos y otros sean conocidos suficientemente por los ciudadanos afectados y facilitarán su accesibilidad y comprensión, poniendo a su disposición los medios de atención a consultas que contribuyan a tal fin.
2. Con idéntica finalidad se promoverá el acceso y estudio de la documentación relativa a los instrumentos, tanto en trámite como en vigor, facilitando la adquisición, a costa del solicitante, de copias en formatos digitales, o el acceso a sitios o portales oficiales donde se pueda visualizar, descargar o imprimir la documentación vertida. La disponibilidad de la información ofrecida desde los sitios o portales oficiales no sustituirá en ningún caso a la publicación, notificaciones y acceso directo a la documentación con los requisitos formales establecidos en este Reglamento.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística del Gobierno de Canarias, a través de los correspondientes convenios de colaboración, impulsará y coordinará con Ayuntamientos y Cabildos la homogeneización y desarrollo de las técnicas señaladas, con las garantías y requisitos de seguridad indispensables, pudiendo asimismo acordarse que pueda accederse a la documentación de los instrumentos de ordenación, tanto en vigor como en trámite, a través de la página o portal oficial de dicha Consejería, o de la del Consejo Cartográfico de Canarias, cuando la Administración actuante no disponga de dicha posibilidad.
Artículo 7.- Derecho a la información.
1. Las administraciones públicas canarias garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la información de los particulares, facilitando el acceso a toda la información disponible en cualquier tipo de soporte material, referida a los instrumentos de ordenación, gestión y ejecución del planeamiento, tanto en vigor como en trámite.
2. El derecho de acceso a la información comprende, sin obligación de acreditar un interés determinado:
a) El derecho a ser informado del estado de la tramitación de los procedimientos que afecten a los instrumentos de ordenación y ejecución del planeamiento.
b) El derecho a consultar directa y materialmente la totalidad de la documentación de los instrumentos en vigor, y a obtener copias, a costa del solicitante, de la misma. A tales efectos, las Administraciones públicas deberán disponer de un ejemplar completo y diligenciado de cada uno de los instrumentos de planeamiento vigentes en su ámbito territorial destinado exclusivamente a su examen por los ciudadanos.
c) El derecho a obtener toda la información urbanística disponible relativa a una parcela o área determinada, con arreglo a los siguientes requisitos:
1) Deberá ser solicitada al Ayuntamiento competente territorialmente, ante el Registro municipal que corresponda, identificando claramente la parcela o área territorial y las circunstancias que se desean conocer.
2) Deberá señalarse si se solicita certificación del contenido del instrumento de ordenación o ejecución del planeamiento, simple informe, o fotocopia compulsada de la documentación obrante en el instrumento o expediente de aprobación.
3) La información municipal deberá facilitarse en el plazo máximo de un mes.
4) La exacción de tasas por la expedición de la información deberá haber sido previamente establecida conforme a la normativa aplicable.
Artículo 8.- Plazos.
1. En los procedimientos administrativos regulados por el presente Reglamento no se podrá acordar el acortamiento de los plazos establecidos para el ejercicio del derecho de participación ciudadana, ni siquiera en caso de aplicarse al procedimiento el trámite de urgencia.
2. La ampliación de los plazos señalados podrá acordarse por una sola vez, en un máximo del total de su duración, mientras esté todavía vigente el plazo inicial de referencia.
3. Los plazos que dependan de la publicación de un determinado acto se contarán desde el día siguiente al de su publicación. Cuando se realice oficialmente en varios o diferentes medios de difusión pública, su finalización se contará a partir de la fecha del último boletín o diario donde fuere publicado.
4. Los plazos para evacuar las consultas o emitir los informes previstos en el presente Reglamento se computarán a partir de la recepción del escrito de remisión, junto con la documentación necesaria, por el órgano competente para contestar o informar, suspendiéndose el transcurso de dichos plazos en tanto no se solventen las deficiencias de documentación cuya subsanación haya sido requerida. Por los mismos motivos se suspenderán los plazos para resolver la aprobación definitiva.
5. No será de aplicación la suspensión señalada en el apartado anterior cuando la documentación esté disponible en un sitio o portal oficial y se pueda visualizar, descargar e imprimir por la Administración Pública cuyo informe se solicita, en cuyo caso contará el plazo desde que se reciba el escrito donde se haga constar dicha posibilidad.
Artículo 9.- Notificaciones.
Las notificaciones personales a los interesados se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación de procedimiento común.
Artículo 10.- Publicación de anuncios.
1. Los actos que se dicten en el curso de los procedimientos regulados en el presente Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias cuando se trate de instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio, y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística, y en ambos casos, en, al menos, uno de los diarios locales de mayor difusión, salvo que el ámbito del instrumento sea el de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso deberá ser un diario de cada una de las provincias.
2. La publicación de anuncios en los Boletines Oficiales y diarios por los que se dé cuenta de un determinado trámite en los procedimientos que regula este Reglamento deberá contener expresamente la denominación del instrumento de ordenación de que se trate e identificar de forma clara y precisa su objeto y área territorial de ordenación.
3. En caso de que lo publicado sea la apertura del trámite de participación pública o de información pública, deberán precisarse los datos del lugar y horario donde pueda consultarse la documentación del instrumento expuesto, además de indicarse la posibilidad de presentar sugerencias o alegaciones por parte de los ciudadanos. En su caso, se señalará el sitio o portal oficial donde esté disponible la documentación, escrita y gráfica, del instrumento de ordenación expuesto para su visualización, descarga o impresión.
4. En los procesos de modificación y, en su caso, revisión parcial de los instrumentos de ordenación, no se admitirá la identificación de la alteración por la simple referencia numérica al ordinal de las tramitadas por la Administración Pública actuante, debiendo contener el anuncio los datos de identificación señalados en los apartados 2 y 3 anteriores.
DE LA TRAMITACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DE ORDENACIÓN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRAMITACIÓN
Actuaciones Preparatorias e Iniciales
Artículo 11.- Estudios y actuaciones previas.
1. Las Administraciones Públicas competentes para formular cualquier instrumento de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística, podrán elaborar estudios previos, con objeto de recabar una mayor información que facilite la toma de decisiones para la posterior formulación del instrumento.
2. Los estudios previos podrán remitirse a las distintas Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del territorio, hayan de participar en posteriores fases de la tramitación, al efecto de que conozcan sus resultados e incorporen, si lo estiman oportuno, estudios particulares, proyectos o propuestas previas. Asimismo podrán someterse a la consideración de organizaciones profesionales y colectivos sociales que, por razón de la materia, estén en disposición de elaborar informes, realizar aportaciones o transmitir información relativa al contenido del instrumento.
3. Asimismo podrá solicitarse la colaboración ciudadana mediante el correspondiente anuncio público, estableciendo un período para recibir sugerencias, propuestas y observaciones sobre los aspectos que deberían recogerse en el instrumento a elaborar, principales problemas a resolver y criterios para abordarlos.
4. De la misma manera, las Administraciones públicas, o los particulares interesados en la formulación de un instrumento de ordenación de iniciativa privada, podrán solicitar a los distintos organismos públicos, información, criterios y demás consideraciones de legalidad y oportunidad que debería contener el instrumento que se pretende tramitar con respecto a la materia de su competencia.
Artículo 12.- Inicio del procedimiento.
1. Los procedimientos de formulación, revisión o modificación de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística podrán iniciarse de oficio o, cuando esté legalmente previsto, a instancia de parte. La instancia de parte, cuando proceda, o el acuerdo de inicio, cuando se actúe de oficio, será el primer documento del expediente administrativo a que dé lugar el procedimiento.
2. El acuerdo de inicio del procedimiento determinará, como mínimo, el cronograma de plazos, así como el Departamento o Servicio al que se encomienda la instrucción e impulso del correspondiente expediente administrativo. Los plazos de caducidad se computarán a partir de la fecha del acuerdo de inicio. Los plazos para la aplicación del silencio administrativo, cuando proceda, se computarán a partir de la solicitud o instancia de parte, sin perjuicio de las excepciones contempladas en este Reglamento.
3. A partir del inicio podrá acordarse, de estimarse oportuno para el buen fin de la ordenación prevista, la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias, y de la tramitación del planeamiento de desarrollo, o de aquellos instrumentos que resulten o deban resultar jerárquicamente dependientes del que se pretenda formular, revisar o modificar, y de los instrumentos de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente, conforme se establece en la Sección 2ª de este Capítulo.
Artículo 13.- Deber de colaboración.
1. Acordada la iniciación del procedimiento, las Administraciones públicas, las entidades de Derecho público, los concesionarios de servicios públicos y, en general, los ciudadanos que pudieran ofrecerla, están obligados a facilitar la información necesaria, incluso documental, para la elaboración del correspondiente instrumento de ordenación.
2. Realizada por la Administración actuante la petición expresa de información, se dispondrá de un plazo mínimo de veinte días para prestar la colaboración requerida.
3. Para la elaboración de los instrumentos de ordenación, la Administración Pública podrá efectuar inspecciones y, excepcionalmente, ocupaciones temporales de fincas conforme a la legislación sobre expropiación forzosa.
Artículo 14.- Comisión de Seguimiento.
1. La Administración que promueva la formulación de un instrumento de ordenación deberá invitar a las otras Administraciones territoriales o con competencias materiales afectadas, a participar en una Comisión de Seguimiento. Ésta tendrá el carácter de órgano voluntario interadministrativo de cooperación de carácter temporal, con objeto de coordinar previamente la propuesta que se incorpore al Avance, o en su caso, a la aprobación inicial, y de propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación.
4. Estas Comisiones se regirán en su funcionamiento por lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados, en cuanto pueda serles de aplicación, salvo en lo referente al sistema de adopción de acuerdos que, por tratarse de un órgano de coordinación interadministrativa se adoptarán preferentemente por unanimidad, dejando constancia de las discrepancias cuando tal acuerdo no pueda alcanzarse, todo ello sin perjuicio de las normas de funcionamiento interno que la propia Comisión decida darse. Las actas que se elaboren de cada reunión de la Comisión de Seguimiento se incorporarán, debidamente foliadas e indexadas, como documento anexo al expediente administrativo.
Artículo 15.- Suspensión facultativa de licencias.
1. Desde la adopción del acuerdo o resolución a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento, la Administración actuante podrá acordar, para toda el área de ordenación o para áreas territoriales concretas, la suspensión del otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición, o para usos determinados.
2. A estos efectos no se entienden incluidas en el apartado anterior las obras de mera conservación y las de reforma o rehabilitación que no supongan restitución de lo construido, aumento de volumen, ni, tratándose de establecimientos alojativos turísticos, aumento del número de plazas alojativas. Se exceptúan, en todo caso, las obras justificadas por motivos urgentes de seguridad.
3. El acuerdo de suspensión de los procesos de otorgamiento de licencias a que se refiere este artículo deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Expresar el instrumento de ordenación cuya prevista formulación, revisión o modificación da lugar a la medida de suspensión adoptada.
b) Determinar el plazo de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de este Reglamento.
c) Determinar las áreas expresamente delimitadas, o usos concretos, y el tipo de actuaciones a las que afecte la medida de suspensión.
d) Recursos que proceden contra la suspensión.
4. El acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, en el de la Provincia en su caso, y en uno o dos diarios, según lo establecido en el artículo 10.1 de este Reglamento, y surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.
5. El acuerdo de suspensión se comunicará de forma fehaciente al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, cuando no sea la Administración actuante, antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda, a fin de que procedan a resolver sobre la interrupción del proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad.
6. Los Ayuntamientos, tras el correspondiente informe técnico y jurídico de sus servicios administrativos, comunicarán a los peticionarios de licencias afectados la aplicación de la suspensión, los motivos que la justifican y los recursos que procedan contra dicho acuerdo. En el supuesto previsto en el apartado 5 anterior, las resoluciones municipales serán, además, comunicadas a la Administración que dictó el acuerdo de suspensión.
Artículo 16.- Suspensión automática de licencias.
1. El acuerdo o resolución de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística determinará, por sí solo y desde el momento de su publicación, la suspensión automática del otorgamiento de licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
2. El acuerdo de aprobación inicial al que se refiere el apartado anterior, cuando no sea adoptado por el órgano competente municipal, deberá ser notificado de forma fehaciente al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda.
3. A partir de la publicación de la aprobación inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor, aplicándose lo establecido en el apartado 6 del artículo 15.
Artículo 17.- Plazos máximos de suspensión de licencias.
1. El plazo máximo de suspensión de licencias no podrá exceder, en ningún caso, de dos años desde la publicación del primer acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
2. El plazo máximo de la suspensión facultativa regulada en el artículo 15 de este Reglamento, será de un año, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo de suspensión en el Boletín Oficial de Canarias. Si durante la vigencia de dicho plazo se produjera la publicación del acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para aquellas áreas afectadas por determinaciones que impliquen cambios en el régimen vigente, hasta un máximo de dos años desde el día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo de suspensión facultativa.
3. Si la publicación del acuerdo de aprobación inicial se realizara con posterioridad al vencimiento del plazo de suspensión facultativa, la suspensión automática se extenderá durante el tiempo que falte para completar el plazo máximo de dos años.
4. Si no hubiere hecho uso de la potestad de suspensión facultativa de licencias, el plazo de la suspensión de licencias derivado de la aprobación inicial será, como máximo, de dos años.
5. Transcurrido el plazo máximo total de suspensión no será posible acordar nuevas suspensiones para tramitar los mismos instrumentos de ordenación con idéntica finalidad, en el área territorial afectada por la anterior, hasta que transcurran tres años, contados a partir del día siguiente a la fecha final de los efectos de la suspensión. No se entenderán como idéntica finalidad la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación distinto al que motivó la anterior suspensión, ni cuando la nueva suspensión se derive de la preceptiva adaptación del instrumento de ordenación a nuevas determinaciones legales o al planeamiento de rango superior.
Artículo 18.- Levantamiento de la suspensión.
1. La suspensión podrá alzarse por acuerdo expreso del mismo órgano que la dispuso, con efectos desde la publicación de tal acuerdo.
2. El alzamiento de la suspensión se producirá de forma automática en los siguientes supuestos:
a) Con la publicación del acuerdo de aprobación inicial en todas aquellas áreas y determinaciones vigentes que no resulten alteradas en dicha aprobación.
b) Con la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, o la caducidad del procedimiento.
c) Por el transcurso de los plazos máximos de suspensión, o la eventual anulación, en vía administrativa o judicial, de los actos administrativos por los cuales se produjo la suspensión.
3. Una vez levantada la suspensión, el otorgamiento de licencias habrá de resolverse con arreglo al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su resolución, siempre que éstas no se hubieran adquirido por silencio positivo.
Artículo 19.- Indemnizaciones y devoluciones derivadas de la suspensión de licencias.
1. Si una vez levantada la suspensión, la licencia solicitada fuese denegada, se aplicará el siguiente régimen de indemnizaciones y devoluciones:
a) El solicitante de la licencia cuyo otorgamiento hubiere sido suspendido y con posterioridad denegado por no ajustarse al nuevo régimen vigente, tendrá derecho a ser indemnizado por el importe del coste de los proyectos, o de la parte de los mismos que hubiere de ser rectificada.
b) También tendrá derecho a la devolución de la tasa municipal por licencia de obras, e impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y, en su caso, del canon contemplado en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que hubiese sido satisfecho por el mismo.
c) Es condición indispensable para tener derecho a la indemnización y devolución señaladas en las letras a) y b) anteriores que el proyecto para el que se solicitó licencia se ajuste a la ordenación en vigor en el momento de la solicitud. En otro caso sólo habrá derecho a la devolución del canon y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
2. El derecho a exigir las indemnizaciones, en el plazo máximo de un año, o las devoluciones que procedan, se podrá ejercer desde el día siguiente a la notificación de la denegación de la licencia solicitada o, en su caso, desde que la misma sea firme y definitiva.
3. La obligada a indemnizar por los conceptos señalados en la letra a) del apartado 1 anterior será la Administración Pública que adoptó el acuerdo o resolución de suspensión de licencias.
Artículo 20.- Suspensión de la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación.
1. Desde la adopción del acuerdo o resolución a que se refiere el artículo 12.1 de este Reglamento, o en la aprobación inicial, la Administración Pública competente para esta última, podrá acordar la suspensión de los procesos de tramitación del planeamiento de desarrollo, o de aquellos que, siendo de ámbito igual o inferior, resulten jerárquicamente dependientes del que se pretende formular, revisar o modificar, y, consecuentemente, de sus instrumentos de ejecución material y jurídica. La suspensión, que será susceptible de recurso administrativo, requerirá pronunciamiento expreso con identificación del tipo de plan, usos y suelos o áreas suspendidas.
2. La suspensión, que siempre será expresa, deberá publicarse en el modo previsto en el artículo 10 de este Reglamento y comunicarse a las Administraciones públicas afectadas, y, en su caso, a los promotores particulares afectados. Cuando la Administración que adopta el acuerdo desconozca los datos de identidad y domicilio de los particulares interesados, lo pondrá en conocimiento de la Administración Pública afectada para que, de tener tales datos, comunique a los interesados el acuerdo de suspensión.
3. La aprobación inicial no podrá conllevar en ningún caso la suspensión tácita de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento.
Artículo 21.- Plazos máximos de suspensión de la tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación.
1. El plazo máximo de suspensión será de dos años.
2. La aprobación definitiva, el acuerdo expreso o, en su caso, la caducidad del procedimiento, supondrá el levantamiento automático de tal medida. La suspensión cautelar, entendida como la opcional previa a la aprobación inicial, no podrá ser superior, de adoptarse, a la mitad del plazo admitido como máximo.
3. La suspensión no podrá ser acordada de nuevo, por el mismo motivo y para el mismo instrumento de ordenación, hasta transcurridos tres años, contados desde el alzamiento de la última suspensión acordada. No se entenderá que concurre el mismo motivo cuando la nueva suspensión se derive de la preceptiva adaptación del instrumento de ordenación a nuevas determinaciones legales o al planeamiento de rango superior.
Artículo 22.- Indemnizaciones y devoluciones derivadas de la suspensión de la tramitación de instrumentos de ordenación.
1. En el plazo máximo de un mes a partir del levantamiento de la suspensión, la Administración competente para la aprobación inicial o definitiva, según la fase en que se encuentren los instrumentos de iniciativa privada cuya tramitación haya sido suspendida, deberá resolver acerca de su compatibilidad con el régimen vigente, continuando el procedimiento, o, en su caso, denegando su continuación, con archivo del expediente, o, si se encontrase en fase final del procedimiento, denegando su aprobación definitiva, previa audiencia en todo caso del interesado, que tendrá la posibilidad de instar la continuidad de la tramitación adaptando el instrumento a las nuevas determinaciones.
2. En caso de denegación de la aprobación definitiva o de la continuación del procedimiento, los promotores tendrán derecho a ser indemnizados, en su caso, por los gastos devengados en la elaboración del instrumento cuya aprobación haya sido denegada, o de la parte de los mismos que hubiere de ser rectificada, y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales que hubieren sido satisfechos. No habrá derecho a dicha devolución si el instrumento propuesto contraviniera la legislación y planeamiento vigentes en el momento de su presentación.
3. El derecho a exigir las indemnizaciones, en el plazo máximo de un año, o las devoluciones que procedan, se podrá ejercer desde el día siguiente a la notificación de la denegación de la aprobación o tramitación solicitada, o en su caso desde que la misma sea firme y definitiva.
4. La obligada a indemnizar por los conceptos señalados en el apartado 2 anterior, será la Administración Pública que adoptó el acuerdo o resolución de suspensión.
Artículo 23.- Suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación.
1. El Gobierno de Canarias podrá suspender la vigencia de cualquier instrumento de ordenación con objeto de proceder a la alteración de su contenido mediante revisión o modificación. La suspensión podrá afectar, de forma parcial o integral, tanto al contenido normativo del instrumento de ordenación como a un área territorial concreta.
2. El acuerdo referido en el número anterior, debidamente motivado, se adoptará a propuesta del Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación territorial, y a iniciativa, en su caso, de los Cabildos Insulares o de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competentes en razón de la materia, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y previa audiencia del municipio o municipios afectados y, en su caso, del Cabildo Insular.
3. El plazo para el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y el trámite de audiencia de los Ayuntamientos y Cabildos afectados, tendrán una duración de veinte días, salvo que se declare la urgencia al incoarse el expediente de suspensión, en cuyo caso se reducirán los plazos a la mitad.
4. El acuerdo de suspensión establecerá, en coherencia con las razones de interés público que motiven la adopción de esta medida excepcional, la normativa aplicable transitoriamente en sustitución de la suspendida que, en todo caso, debe garantizar los objetivos inmediatos contemplados en el acuerdo o resolución de suspensión, y su plazo de vigencia, debiendo publicarse conforme se establece en el artículo 10 de este Reglamento.
5. Cuando se pretenda la implantación inmediata de usos, actividades o edificaciones de claro interés supralocal, la normativa provisional adoptada legitimará su ejecución o materialización, sin perjuicio de que, en un plazo no superior a seis meses, el planeamiento suspendido sea modificado o revisado para incorporar tal normativa a sus propias determinaciones.
Artículo 24.- Evaluación ambiental de Planes.
1. Serán objeto de evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la formulación, revisión o modificación sustancial, de la totalidad de los Planes que integran el Sistema de Planeamiento de Canarias.
2. El órgano ambiental podrá, previa consulta a las Administraciones públicas afectadas, excluir del procedimiento de evaluación ambiental a los planes, cuando, no teniendo efectos significativos en el medio ambiente, se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial.
b) Tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor.
c) Desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a tal procedimiento de evaluación.
3. La decisión podrá adoptarse caso por caso, especificando tipos de planes o combinando ambos métodos. En todo caso, la decisión se hará pública en el Boletín Oficial de Canarias, con indicación de los motivos en que se fundamente.
Artículo 25.- Órgano ambiental.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias actuará como órgano ambiental de los planes de ordenación de los recursos naturales, territoriales, urbanísticos o sectoriales con relevancia sobre el territorio, promovidos por las Administraciones Públicas canarias o por los particulares, en ejecución de legislación autonómica.
Artículo 26.- Determinación del alcance del informe de sostenibilidad ambiental.
1. Con carácter previo al proceso de evaluación ambiental y al objeto de elaborar el informe de sostenibilidad, el promotor del plan, recabará del órgano ambiental la determinación de la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación de dicho informe, acompañando para ello la evaluación estimada sobre:
a) Los objetivos del plan.
b) El alcance y contenido del plan, de las propuestas y de sus alternativas.
c) El desarrollo previsible del plan.
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables.
2. El órgano ambiental, o el órgano en quien delegue, tras identificar y consultar por plazo de 30 días a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, comunicará al promotor la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad mediante un documento de referencia que incluirá, además, los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso, así como la identificación de las Administraciones públicas afectadas y del público interesado.
3. El plazo máximo para comunicar el documento de referencia será de dos meses desde la recepción de la documentación referida en el apartado 1 anterior, pudiendo suspenderse el plazo, por una sola vez, para requerir al promotor la ampliación o aclaración de la documentación remitida. Será igualmente notificado a cuantos hayan participado en el trámite de consulta.
4. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias pondrá a disposición pública el documento de referencia, la relación de las administraciones públicas afectadas y el público interesado identificado.
5. El informe de sostenibilidad ambiental se elaborará por el promotor con arreglo a los criterios contenidos en el documento de referencia.
6. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias podrá aprobar un documento de referencia para cada tipo de instrumento de planeamiento urbanístico, territorial y de recursos naturales, de acuerdo con el procedimiento y el contenido que se especifica en los apartados precedentes. Dicho documento tipo será tenido en cuenta por el promotor para elaborar el informe de sostenibilidad ambiental, respecto de aquella clase de planeamiento para la que exista documento tipo aprobado. En este caso, no será necesario cumplimentar el trámite previo al proceso de evaluación ambiental regulado en este artículo.
7. Los acuerdos aprobatorios de los documentos de referencia tendrán la consideración de actos de trámite.
Artículo 27.- Procedimiento de evaluación ambiental.
Se aplicará a los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias, el siguiente procedimiento:
1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:
a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en los artículos 28 y 33 de este Reglamento.
b) Si no se contempla la fase de Avance, los requisitos documentales y de procedimiento indicados deberán realizarse con carácter previo a la aprobación inicial.
c) Agotados los trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá un único acuerdo que constará de dos apartados. El primero, aprobará, en su caso y con las modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del promotor, la Memoria Ambiental definitiva y, el segundo, informará las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas, en cumplimiento del artículo 11 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
d) La Memoria Ambiental que se apruebe contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse al documento de planeamiento que se someta a aprobación inicial y, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2 de este artículo, se mantendrá y tendrá en cuenta al acordarse la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.
e) El acuerdo del órgano ambiental podrá adoptar cualquiera de los siguientes pronunciamientos:
I. Aprobar la Memoria Ambiental en los mismos términos en que fue propuesta.
II. Aprobar la Memoria Ambiental condicionada a que se incorporen correcciones o modificaciones debidamente motivadas en el propio acuerdo. No podrá aprobarse definitivamente el instrumento de planeamiento mientras no conste fehacientemente la corrección ordenada.
III. Suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el promotor subsane contenidos informativos y documentales o realice trámites omitidos o defectuosos, igualmente motivados. En este supuesto, el órgano ambiental devolverá la documentación completa al órgano sustantivo.
2. Si el documento de planeamiento, a lo largo de su tramitación, introdujera modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio ambiente, el órgano promotor estará obligado a la modificación del informe de sostenibilidad elaborado y a proponer la corrección de la Memoria Ambiental aprobada, sometiéndola nuevamente a la consideración del órgano ambiental según el siguiente procedimiento:
a) El órgano promotor, antes de la aprobación definitiva, remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, como órgano ambiental, el documento de planeamiento, incluyendo informe de sostenibilidad elaborado, y propuesta de modificación de la Memoria Ambiental aprobada como definitiva por el órgano ambiental.
b) En los procedimientos en los que no sea competencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias emitir informe urbanístico ni resolver la aprobación definitiva del Plan, ésta deberá aprobar la Memoria Ambiental corregida y notificar dicho acuerdo en el plazo máximo de dos meses, desde la recepción de la documentación completa.
c) Si, además, correspondiese a la Comisión emitir informe sobre aspectos territoriales o urbanísticos, el acuerdo adoptará la forma señalada en el apartado 1.c) precedente. El transcurso del plazo de dos meses sin notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria Ambiental en los mismos términos en que resultó propuesta, sin perjuicio de los efectos que el transcurso de dicho plazo suponga respecto del informe urbanístico.
d) En los procedimientos que corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la aprobación definitiva del Plan, se adoptará, igualmente, acuerdo único diferenciando un apartado para la aprobación de la modificación de la Memoria Ambiental y otro para la resolución de la aprobación definitiva del plan en cuestión, dentro del plazo conferido para la aprobación definitiva.
3. Los acuerdos adoptados por el órgano ambiental en relación a la Memoria Ambiental tendrán, en todo caso, la consideración de actos de trámite.
Artículo 28.- Avance de los instrumentos de ordenación.
1. El Avance de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística constituye el documento informativo básico para exponer y evaluar las diferentes alternativas de ordenación planteadas a partir de los datos y criterios generales para un concreto territorio.
2. El Avance, en cuanto documento interno de carácter preparatorio, no tiene carácter vinculante, pudiendo la Administración actuante recoger su contenido, en todo o en parte, o adoptar cualquier otra alternativa, expresamente motivada, en la adopción del modelo de ordenación definitivo. Los actos administrativos relativos al Avance no son recurribles, y las sugerencias que se presenten en la fase de participación pública no dan lugar a la condición de interesado, ni derecho a una respuesta razonada, sin perjuicio de su obligada incorporación al correspondiente expediente administrativo en unión de los informes administrativos que las valoren.
3. Será preceptiva la elaboración y publicación de Avance en los procedimientos de aprobación y revisión general de los siguientes instrumentos de ordenación:
a) Directrices de Ordenación.
b) Planes Insulares de Ordenación.
c) Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales.
d) Planes Especiales de los Paisajes Protegidos.
e) Planes Territoriales de Ordenación.
f) Planes Generales de Ordenación.
g) Cualquier otro plan jerárquicamente dependiente de los anteriores cuando así lo establezca cualquiera de éstos.
4. En las revisiones parciales de los mismos, sólo será exigible el Avance cuando afecten a sus determinaciones ambientales básicas, tengan por objeto la reclasificación de suelo rústico, o la nueva implantación de sistemas generales de cualquier nivel, o de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal.
5. La elaboración del Avance será potestativa en los restantes procedimientos.
6. Cuando los trabajos de elaboración del instrumento de ordenación hayan alcanzado un suficiente grado de desarrollo para permitir la formulación de criterios generales y objetivos, el órgano administrativo que acordó su formulación resolverá exponerlo al público por el plazo mínimo de 45 días y máximo de tres meses, mediante la publicación del correspondiente anuncio de participación pública en el Boletín Oficial y diarios que corresponda. Serán aplicables a la exposición pública de la documentación del Avance los requisitos contenidos en el artículo 31 de este Reglamento.
7. Simultáneamente, el Avance se someterá a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las determinaciones del instrumento en trámite.
8. Cumplidos los trámites anteriores, el órgano actuante, a la vista de las sugerencias y propuestas formuladas, de los informes de los servicios administrativos, técnicos y jurídicos, y oído el parecer de la Comisión de Seguimiento, establecerá los objetivos, criterios, y parámetros conforme a los cuales deba elaborarse el instrumento que se someta a la aprobación inicial.
Artículo 29.- Aprobación inicial.
1. Ultimada la redacción del documento, se emitirán los informes técnicos y jurídicos correspondientes por los servicios administrativos de la Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento de los requisitos de carácter documental, procedimental y sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el instrumento de ordenación a aprobación inicial del órgano competente.
2. El acuerdo o resolución de aprobación inicial señalará, en su caso, las áreas afectadas por la suspensión de licencias, así como, cuando proceda, la suspensión expresa de la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación, conforme se establece en este Reglamento.
3. Asimismo se acordará el sometimiento del expediente administrativo y del documento aprobado inicialmente a los trámites de información pública, de consulta a las Administraciones públicas, y de audiencia a los interesados cuando proceda, publicándose los anuncios de la forma prescrita.
4. El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de trámite no es susceptible de impugnación autónoma, salvo por vicios de nulidad radical o cuando tal acuerdo sea denegatorio y en los demás supuestos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 30.- Información pública.
1. Durante el período de información pública cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación sometido a dicho trámite.
2. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga la condición de interesado, sin perjuicio del derecho a obtener una respuesta motivada de la Administración actuante en los términos previstos en el artículo 38 de este Reglamento, que podrá ser común para todas las que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
3. El plazo mínimo de la información pública será de un mes y el máximo de dos. Cuando el período de información pública coincida, en la mitad o más de su duración con el mes de agosto, el plazo establecido en el anuncio será obligatoriamente de dos meses.
4. Si fuere preceptiva su evaluación ambiental, junto a la documentación del instrumento se someterá a información pública el Estudio Ambiental.
Artículo 31.- Requisitos de la exposición al público.
1. La exposición al público de la documentación deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán habilitarse, siempre que sea posible, dependencias destinadas exclusivamente al examen de la documentación. Se procurará la presencia de personal técnico, en función del concreto instrumento de ordenación de que se trate, para proporcionar la información o aclaraciones que precisen los ciudadanos.
b) Las dependencias donde se lleve a cabo la exposición pública deberán estar abiertas todos los días hábiles del plazo correspondiente y durante el horario oficial del centro.
c) En dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias copias autenticadas del completo expediente administrativo y de la totalidad de los documentos, escritos y gráficos, del instrumento de ordenación en los términos en que fue aprobado por el órgano administrativo competente, así como el índice de los mismos.
d) Todos los planos y documentos que se expongan durante el período de información pública, deberán diligenciarse por el Secretario o funcionario habilitado al efecto. En esta diligencia deberá constar, como mínimo, el órgano que aprobó el instrumento y la fecha de su aprobación. Tal diligencia dará fe de que la documentación diligenciada corresponde con la que fue objeto de aprobación.
e) Deberá exponerse, debidamente rubricado por quien haya diligenciado, el índice indicativo del número e identificación de los textos escritos y gráficos que se someten a información pública, señalándose, expresamente, el número de folios de que se compone cada volumen escrito, así como el número total de planos.
2. Asimismo, durante el período de información pública, la Administración Pública responsable de la tramitación del instrumento de ordenación podrá:
a) Facilitar una copia autenticada de la totalidad de los documentos a un servicio de reprografía, propio o externo, que permita a los ciudadanos obtener, a su costa, copia de la documentación expuesta. Podrá facilitarse también la obtención de copias en formato digital.
b) Disponer en la mayor medida posible los medios electrónicos, telemáticos e informáticos que permitan el acceso personal a la documentación sometida a información pública de manera que pueda ser visualizada, descargada e impresa por los particulares en el sitio o portal oficial de la Administración actuante, o en su caso de la Consejería competente en materia de ordenación territorial, si así se ha establecido mediante convenio de colaboración, conforme se contempla en el artículo 6.3 de este Reglamento, arbitrando las medidas precisas que garanticen la exactitud e integridad de la información vertida.
Artículo 32.- Garantías de autenticidad e integridad.
1. Cualquier ciudadano tendrá derecho a hacer constar por escrito la ausencia en los locales destinados a la exposición pública de cualquiera de los documentos escritos o gráficos indicados en el índice. De dicho escrito se dará copia sellada al ciudadano que la hubiese instado, incorporándose el original al expediente administrativo.
2. Constatada la veracidad de la denuncia, se procederá a su corrección inmediata, y en todo caso al siguiente día hábil a contar desde su entrada en el Registro oficial de la Administración en la que se exponga al público el documento de planeamiento. El funcionario responsable emitirá diligencia indicativa del lugar, fecha y hora en que se subsane la omisión documental denunciada, y se incorporará al expediente administrativo del que traiga causa.
3. Transcurrido el siguiente día hábil desde la presentación de la denuncia sin que haya sido corregida la deficiencia, podrá denunciarse el hecho ante el Alcalde, Presidente de Cabildo o Consejero responsable, según corresponda, con objeto de que se proceda a su corrección inmediata.
4. Finalizado el trámite de información pública, se certificará por funcionario autorizado el número de alegaciones presentadas, con indicación de la identidad del alegante, fecha de presentación y número de registro otorgado, acompañando como anexo el índice al que se refiere el artículo 31, apartado 1.e) de este Reglamento. Se certificará, igualmente, cualquiera de las incidencias referidas en los tres primeros apartados de este artículo.
Artículo 33.- El trámite de consulta y el trámite de informe.
1. La cooperación interadministrativa se concretará en el cumplimiento del trámite de consulta, de carácter preceptivo incluso en procedimientos de urgencia, a las Administraciones territoriales y sectoriales afectadas, que se desarrollará de acuerdo a lo previsto en los apartados siguientes:
a) La Administración actuante consultará a las Administraciones públicas que, por razón de la materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus competencias y en los supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer, de manera suficiente y motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada. En todo caso, cuando no sea la Administración actuante, deberá consultarse al Cabildo Insular correspondiente y a los Ayuntamientos cuyos términos municipales resultaren afectados.
b) La consulta deberá precisar los extremos acerca de los cuales se solicita el parecer de la consultada, citándose el precepto que lo exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlo.
c) Deberá acompañarse la documentación necesaria, en soporte papel o en formato digital.
d) En el plazo de un mes, salvo las excepciones establecidas en este Reglamento o en la legislación específica, la consultada podrá manifestar sus criterios en relación con el contenido de la actuación objeto del informe.
e) Los instrumentos o proyectos que constituyan desarrollo o ejecución de otros previos en cuyo procedimiento de aprobación se haya cumplido dicho trámite, no requerirán nuevo trámite de consulta siempre que no impliquen afecciones relevantes adicionales a las resultantes del instrumento o proyecto desarrollado o ejecutado.
2. El trámite de consulta se simultaneará, cuando exista fase de Avance, con el trámite de participación pública, y, cuando el Avance no sea preceptivo, con el trámite de información pública.
3. La incomparecencia en este trámite no suspenderá la continuación del procedimiento.
4. La contestación de la consultada se referirá a aquellos aspectos que sean relevantes para los intereses públicos cuya gestión le esté encomendada por razón de su competencia específica, concretando en su caso las discrepancias sobre las determinaciones previstas, de forma que se precise su sentido, que podrá ser:
a) Favorable, cuando concluya que el documento examinado se ajusta a criterios de legalidad y oportunidad en el marco de sus competencias.
b) Condicionado, cuando se considere que adolece de algún defecto subsanable de legalidad u oportunidad. En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias, o alcanzado el acuerdo a que se refiere el apartado siguiente, se entenderá emitida en sentido favorable.
c) Desfavorable, cuando se considere que los defectos de legalidad u oportunidad no son subsanables.
5. Las consultas que sean desfavorables o condicionadas no impedirán, sin perjuicio del procedimiento de resolución de conflictos regulado en el artículo siguiente, la continuación del procedimiento. Cuando la objeción ponga de manifiesto una posición de carácter vinculante, derivada de la legislación sectorial, no podrá aprobarse el documento en todo aquello que afecte a tales competencias.
6. La consulta deberá repetirse si en la tramitación posterior del procedimiento se introducen modificaciones que supongan cambios sustanciales en el documento consultado.
7. Cuando coincida, por determinación de normativa sectorial, la fase de consulta con una determinada Administración con la petición de informe preceptivo a la misma, la solicitud de este último hará innecesaria la de la consulta.
8. Los informes que no se emitan dentro del plazo conferido podrán no ser tenidos en cuenta por la Administración competente para adoptar la aprobación definitiva, salvo cuando los mismos adviertan de cuestiones de legalidad, en cuyo caso deberá pronunciarse expresamente sobre tales aspectos.
9. La falta de emisión de informes correctamente solicitados, incluso de los que tengan carácter preceptivo y vinculante, no impedirán la continuación del procedimiento.
10. Cuando no tenga establecido otro momento procedimental, los informes se recabarán simultáneamente con el trámite de información pública y por igual plazo.
Artículo 34.- Procedimiento potestativo de resolución de conflictos.
1. Cuando la consulta emitida no sea favorable o revele discrepancias en el ejercicio de competencias concurrentes, la Administración actuante podrá convocar a las consultadas a la celebración de reuniones, con el objetivo de armonizar sus respectivos intereses. El proceso de concertación debe completarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la finalización del plazo otorgado para la emisión de las consultas. La convocatoria, formalmente comunicada, suspende los plazos establecidos en este Reglamento para tramitar y resolver, que se reanudarán, bien en el momento en que se llegue a un acuerdo, bien por el transcurso del señalado plazo de dos meses.
2. De las reuniones se levantará un acta sucinta que recoja al menos los puntos tratados, las posiciones de los distintos organismos participantes, y las conclusiones alcanzadas, debiéndose incorporar al expediente.
3. Cuando la resolución de discrepancias hubiere concluido con acuerdo, se entenderá que las consultas han sido emitidas en sentido favorable en los términos consignados en la correspondiente acta.
4. De persistir las discrepancias, transcurrido el plazo máximo de dos meses señalado en el apartado 1 anterior, se levantará un acta final en la que se consigne la conclusión sin acuerdo de la consulta. Deberá fijar con detalle los puntos de desacuerdo, con expresión de las razones por los que no haya podido conseguirse una ponderación compatible de los intereses públicos.
5. La Administración actuante, a la vista del acta, resolverá motivadamente sobre los puntos de discrepancia, notificándose a las Administraciones implicadas. Esta resolución no es susceptible de recurso, si bien la impugnación ulterior del acto que ponga fin al procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento en cuestión, podrá basarse en los motivos consignados en la misma.
Artículo 35.- Audiencia a los interesados.
1. En los procedimientos de iniciativa privada relativos a los planes urbanísticos de desarrollo, en las Calificaciones Territoriales, y en los Proyectos de Actuación Territorial, la Administración actuante, mediante notificación personal, dará audiencia a los interesados a efectos de que durante el mismo período de información pública puedan examinar la documentación y presentar alegaciones.
2. Tienen la consideración de interesados los titulares de bienes o derechos que resulten incluidos en el área sujeta a ordenación por alguno de los instrumentos de planeamiento señalados en el apartado anterior, y los colindantes inmediatos, según se desprenda de los datos catastrales o registrales.
Artículo 36.- Omisión de trámites esenciales.
La omisión absoluta de los trámites de participación pública, de información pública, de consulta, de informes, o de audiencia a los interesados cuando corresponda, en cuanto sean preceptivos y, por tanto, esenciales al procedimiento, conllevará la nulidad de pleno derecho de los actos y trámites posteriores al momento en que se produjo la omisión. El cumplimiento defectuoso de dichos trámites, cuando el defecto implique indefensión o impida alcanzar los fines previstos con el mismo, podrá suponer la anulabilidad de los actos resolutorios posteriores.
Artículo 37.- Estudio de los informes y alegaciones.
1. Culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a informe de los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante propuesta, recomendarán la confirmación o modificación de las determinaciones del instrumento de ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, y señalarán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o no una alteración sustancial del documento aprobado inicialmente.
3. Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter sustancial de las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del documento, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, debiendo repetir los trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de las determinaciones afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos en este Reglamento. Tal acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como aprobatorio de las correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En tanto no se culmine el nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no podrá continuarse la tramitación del documento.
4. Si las modificaciones no son sustanciales, basta la simple notificación de las mismas a los afectados directamente por ellas, con indicación expresa de su carácter meramente informativo en los términos indicados en el artículo 38.2 de este reglamento.
Artículo 38.- Respuesta razonada a las alegaciones.
1. El órgano competente de la Administración actuante dará respuesta razonada a las alegaciones presentadas por los particulares, que podrá ser conjunta para aquellas que planteen cuestiones sustancialmente análogas.
2. Tales respuestas, cuando no se contengan en el acuerdo de aprobación definitiva, podrán ser notificadas señalando que constituyen propuestas de estimación o desestimación que no condicionan la competencia del órgano que apruebe definitivamente, y, en cuanto actos de trámite, no son actos susceptibles de impugnación autónoma.
3. El acuerdo de aprobación definitiva será notificado a quienes hayan presentado alegaciones en el período de información pública adjuntando la propuesta de estimación o desestimación que haya asumido el órgano competente de tal aprobación.
Artículo 39.- Aprobación y remisión del instrumento de ordenación aprobado.
1. La Administración Pública actuante, a la vista de la propuesta de sus servicios administrativos y, en su caso, de la documentación corregida, acordará la aprobación del documento, que tendrá el carácter de definitiva cuando coincida con la misma que aprobó inicialmente, y el de provisional cuando la competente para la aprobación definitiva sea distinta.
2. El expediente y todos los documentos que integran el instrumento de ordenación sobre el que hubiere recaído la aprobación, sea provisional o definitiva, deberán ser diligenciados, por el Secretario de la entidad o funcionario autorizado.
3. Cuando se haya acordado la aprobación provisional, el expediente completo se remitirá, en número no inferior a tres ejemplares debidamente ordenados, foliados e indexados, a la Administración competente para la aprobación definitiva, acompañado de los correspondientes documentos técnicos diligenciados, foliados e indexados. El número de ejemplares se incrementará en uno más por cada informe sectorial que deba recabar preceptivamente el órgano que aprueba definitivamente.
Artículo 40.- Subsanación de deficiencias.
1. Recibida la documentación, los servicios administrativos del órgano competente para la aprobación definitiva informarán, dentro de los veinte días siguientes a la recepción, si el documento remitido se encuentra formalmente completo y adecuado en cuanto a su formato y contenido, y si el procedimiento ha sido ajustado a Derecho.
2. De existir algún incumplimiento en los trámites, documentación o formato exigido, se requerirá por el órgano competente a la Administración remitente para que en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, proceda a subsanar las deficiencias apreciadas, salvo que la subsanación requiera, por razones de legalidad, un plazo superior, con devolución del expediente, en su caso.
3. Desde que se comunique el requerimiento para subsanar, quedará en suspenso el cómputo del plazo para resolver la aprobación definitiva del instrumento de ordenación, que no se alzará hasta que se cumplimente completamente el requerimiento formulado.
4. El órgano competente para aprobar definitivamente acordará la devolución a la Administración de procedencia de los expedientes iniciados de oficio en los que, en el momento de remisión de los mismos, se hubiera producido la caducidad del procedimiento.
Artículo 41.- Análisis de legalidad.
1. Si no se apreciaran deficiencias de trámite o documentación, o, en su caso, una vez subsanadas las mismas, se emitirá informe técnico y jurídico acerca de las siguientes cuestiones:
a) Adecuación de las determinaciones del instrumento de ordenación a la normativa legal y reglamentaria aplicable.
b) Adecuación de las determinaciones a las de los instrumentos territoriales de rango superior.
c) Adecuación de las determinaciones del instrumento de ordenación a las políticas de ámbito territorial superior que estén siendo desarrolladas por la correspondiente Administración.
2. Las objeciones de legalidad deberán ser examinadas por el órgano que aprueba definitivamente siempre que las mismas sean conocidas por aquel antes de la adopción del acuerdo.
3. En todo caso, el documento sujeto a aprobación no podrá contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por parte de otras Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin que éstas hayan prestado expresamente su conformidad.
Artículo 42.- Tipos de resoluciones.
El órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de ordenación podrá adoptar alguno de los siguientes acuerdos o resoluciones:
a) Aprobación definitiva en los términos en que viniera formulado.
b) Aprobación definitiva íntegra con publicación condicionada.
c) Aprobación definitiva parcial.
d) Suspensión motivada de la aprobación definitiva.
e) Desestimación motivada de la aprobación definitiva.
Artículo 43.- Aprobación definitiva en los términos que viniera formulado.
La Administración competente aprobará definitivamente el instrumento de ordenación en los mismos términos en que se haya formulado cuando el instrumento examinado cumpla con las cuestiones de legalidad a que hace referencia el artículo 41.1 de este Reglamento.
Artículo 44.- Aprobación definitiva íntegra con publicación condicionada.
1. Procederá la aprobación definitiva con publicación condicionada cuando, con respecto a las cuestiones de legalidad consignadas en el artículo 41.1 de este Reglamento, se aprecien deficiencias de escasa importancia, consistentes en errores materiales, de representación gráfica, de hecho o aritméticos, cuya subsanación no exija una nueva aprobación provisional.
2. Para la subsanación de las deficiencias se aplicará el siguiente régimen:
a) Se indicarán expresamente las deficiencias detectadas y los términos de su subsanación, pudiendo encomendarse a otro órgano la facultad de comprobar que la subsanación se ha efectuado correctamente. Dicho acuerdo será comunicado, en su caso, a la Administración que aprobó provisionalmente, confiriéndole un plazo máximo para presentar la documentación corregida y diligenciada, donde se dé fe de que se ha procedido a la subsanación conforme a los términos establecidos.
b) Subsanadas efectivamente las deficiencias, se extenderá diligencia de aprobación definitiva por funcionario habilitado para ello, procediéndose, al mismo tiempo, a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
c) Transcurrido el plazo máximo conferido sin que se hubieren subsanado las deficiencias, el órgano que haya aprobado definitivamente podrá realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias.
3. No podrán publicarse los acuerdos o resoluciones de aprobación definitiva condicionada, ni la documentación con eficacia normativa que se integra en el instrumento de ordenación, si no se acompaña a la solicitud de publicación la copia de la resolución favorable del órgano competente para verificar el cabal cumplimiento del condicionado.
Artículo 45.- Aprobación definitiva parcial.
1. Podrá adoptarse acuerdo o resolución de aprobación definitiva parcial, siempre que la parte que no resulte aprobada no afecte al modelo territorial adoptado, ni incidan en la coherencia de la totalidad del documento.
2. En todo caso, sólo podrá adoptarse este tipo de acuerdo o resolución cuando se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de alguno de los siguientes instrumentos de ordenación: Plan Insular de Ordenación, Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, y Plan General de Ordenación municipal.
b) Que la aprobación, y posterior entrada en vigor, de una parte del instrumento, y la suspensión de la aprobación de otra, no ponga en cuestión la coherencia y eficacia ulterior del instrumento de ordenación en su conjunto.
c) Que la suspensión se refiera a áreas territoriales o conjuntos normativos perfectamente distinguibles sin que por remisiones o referencias cruzadas puedan verse afectados otras áreas o conjuntos normativos que hayan sido aprobados.
d) Que, por el número e intensidad de las determinaciones afectadas de suspensión, resulte más gravosa y genere mayor inseguridad jurídica la adecuación del instrumento para su publicación, que tramitar conjuntamente el documento en su totalidad.
3. El acuerdo íntegro y la normativa aprobada, se publicarán del modo previsto en este Reglamento, con las siguientes especificaciones:
a) Deberán hacerse constar expresamente las determinaciones que han sido objeto de aprobación definitiva y las áreas territoriales a los que afectan las mismas.
b) En la documentación con eficacia normativa que se publique deberán distinguirse sin posibilidad de confusión las determinaciones que hayan sido objeto de aprobación definitiva de aquéllas que hayan sido objeto de suspensión.
4. En el acuerdo o resolución se establecerá el plazo máximo para la tramitación del procedimiento respecto de la parte del instrumento de ordenación cuya aprobación quede suspendida, que, en todo caso, no será superior a seis meses. El órgano que apruebe definitivamente podrá, además, realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias.
5. En supuestos de modificaciones o revisiones parciales de planeamiento, cuando se pretendan introducir en un mismo procedimiento varias alteraciones del planeamiento vigente, independientes entre sí, cabrá aprobar definitivamente y de forma parcial el documento de modificación o revisión respecto de las determinaciones que sean acordes a la legalidad, denegando aquella alteración que vulnere el ordenamiento y no resulte posible adoptar acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva.
Artículo 46.- Suspensión motivada de la aprobación definitiva.
Se resolverá motivadamente la suspensión íntegra de la aprobación definitiva cuando las objeciones planteadas por los servicios administrativos, técnicos y jurídicos, por los informes preceptivos, o por el propio órgano competente para la aprobación definitiva, siendo susceptibles de ser subsanadas, adviertan la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la mayor parte del instrumento de ordenación. A tal efecto, respecto del planeamiento general se entenderá que resulta afectada la mayor parte del instrumento cuando no puedan ser aprobadas en su totalidad las determinaciones de aplicación a dos de las tres clases de suelo.
b) Que la subsanación de las deficiencias supongan una modificación de tal carácter y entidad respecto de la ordenación aprobada inicialmente, de ser la misma Administración, o provisionalmente en otro caso, que impliquen una alteración notable del modelo territorial adoptado o incida en la coherencia de la totalidad del documento.
El acuerdo establecerá un plazo para subsanar las deficiencias que, en todo caso, no será superior a seis meses. Transcurrido dicho plazo, el órgano que apruebe definitivamente podrá optar por realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias, o, previa audiencia del promotor, acordar la caducidad del procedimiento y el archivo definitivo de las actuaciones.
Artículo 47.- Desestimación motivada de la aprobación definitiva.
Podrá adoptarse acuerdo o resolución motivada de desestimación o denegación íntegra de la aprobación definitiva cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la mayor parte del instrumento de ordenación, sin que las mismas puedan ser subsanadas.
b) Que el documento presentado no cumpla con los mínimos requisitos formales y documentales, o bien presente incumplimientos de normativa superior aplicable, que aconseje la elaboración de un nuevo instrumento y su tramitación desde el inicio.
Artículo 48.- Silencio administrativo.
1. La aprobación definitiva tanto de los planes de iniciativa privada como de los de iniciativa pública, cuando en este último caso sea distinto de la Administración que formula el plan, deberá resolver en el plazo previsto al efecto para cada instrumento de ordenación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya adoptado resolución expresa, se entenderá denegada la aprobación definitiva, salvo los Planes Parciales de Ordenación y los Estudios de Detalle, ambos de iniciativa privada, en los que operará el silencio positivo que se regirá por lo establecido en el apartado siguiente.
2. No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo, de conformidad con el artículo 42.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, cuando se contravenga el Ordenamiento Jurídico y, en concreto:
a) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle no contiene los documentos establecidos por los preceptos que le sean directamente aplicables.
b) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle no contiene las determinaciones establecidas por los preceptos que le sean directamente aplicables.
c) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle contiene determinaciones contrarias a la Ley o a planes de superior jerarquía.
d) Si la aprobación del Plan Parcial o Estudio de Detalle está sometida a requisitos especiales, establecidos legal o reglamentariamente, cuando dichos requisitos no han sido satisfechos.
Artículo 49.- Caducidad.
1. En los procedimientos iniciados de oficio el transcurso del plazo máximo establecido para aprobar definitivamente el instrumento de ordenación o, en su caso, para remitir el documento a la Administración competente para su aprobación definitiva, producirá la caducidad del procedimiento con archivo del expediente y, en su caso, el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de licencias, o de la tramitación de los instrumentos de ordenación.
2. A efectos de caducidad, el plazo máximo establecido para tramitar los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación comenzará a contarse desde la fecha del acuerdo en que se decida la formulación, revisión o modificación del instrumento a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento.
3. Si la remisión del expediente completo por la Administración actuante a la competente para la aprobación definitiva fuese tardía, se procederá a la devolución del mismo en los términos previstos en el artículo 40.4 de este Reglamento.
4. Si el expediente se recibiese dentro del último mes de plazo y contuviese deficiencias documentales o formales que no exijan repetir trámites de participación ciudadana o información pública, se requerirá a la Administración remitente para que en el plazo máximo de veinte días subsane tales deficiencias formales y documentales. Transcurrido dicho plazo o su ampliación, admisible en diez días y por una sola vez, sin que se subsanen tales deficiencias, se producirá la caducidad y procederá la devolución del expediente.
5. En el supuesto previsto en el apartado anterior, cuándo las deficiencias apreciadas obliguen a repetir la participación ciudadana o la información pública, se producirá la caducidad, sin posibilidad de subsanar el trámite omitido, y procederá la devolución del expediente.
Artículo 50.- Publicación de la aprobación definitiva.
1. La Administración Pública que apruebe definitivamente deberá publicar en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo íntegro de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación.
2. Para su publicación se deberá acreditar la previa remisión al Consejo Cartográfico de Canarias de un ejemplar íntegro del documento aprobado, debidamente diligenciado o certificado, preferentemente en formato digital del instrumento de ordenación aprobado.
3. Cuando el documento aprobado definitivamente no contenga normativa, bastará la publicación del acuerdo en el citado Boletín para su entrada en vigor.
Artículo 51.- Entrada en vigor.
1. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio entrarán en vigor con la íntegra publicación de su normativa en el Boletín Oficial de Canarias, que se acompañara como anexo del acuerdo de aprobación definitiva.
2. Los instrumentos de ordenación urbanística, previa publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, entrarán en vigor a los 15 días hábiles de la publicación de la correspondiente normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Artículo 52.- Vigencia de los instrumentos de ordenación.
Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística tendrán vigencia indefinida, con los efectos previstos en el artículo 44.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Artículo 53.- Recursos contra el acuerdo de aprobación definitiva.
1. Son recurribles en vía administrativa los actos por los que se deniegue la aprobación definitiva, total o parcialmente, de los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias.
2. No son recurribles en vía administrativa los actos por los que se aprueben definitivamente los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias.
3. Los recursos contra los demás actos se regirán por la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, con las especialidades previstas en el artículo 248 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias respecto al recurso de reposición.
Artículo 54.- Alteración de los instrumentos de ordenación.
1. Con objeto de adecuar las previsiones de los distintos instrumentos de ordenación a la evolución de los factores económicos, sociales y culturales, o, en su caso, en cumplimiento del deber jurídico de adaptación a un nuevo marco normativo, las Administraciones públicas competentes para su formulación promoverán la alteración de su contenido mediante su revisión o modificación.
2. En el procedimiento de alteración, la Administración actuante no vendrá condicionada por determinaciones establecidas en el instrumento sometido a revisión o modificación, ni por posibles derechos consolidados por tales determinaciones, sin perjuicio, en su caso, de las indemnizaciones que pudieran proceder con arreglo a la Ley. Será, no obstante, requisito necesario acreditar, en la Memoria del correspondiente instrumento de ordenación, la fecha de publicación y entrada en vigor del documento que se pretende alterar.
3. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido para su aprobación en este Reglamento, con las especialidades establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 55.- Iniciativa para formular la alteración de los instrumentos de ordenación.
1. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación territorial serán promovidas por las mismas Administraciones públicas competentes para la formulación. La alteración de los Proyectos de Actuación Territorial y de las Calificaciones Territoriales de iniciativa privada, así como el planeamiento urbanístico de desarrollo podrá promoverse por los particulares.
2. Salvo en el caso de las Directrices, cualquier persona, individual o colectivamente, podrá solicitar la modificación puntual de los instrumentos de ordenación, acompañando a su propuesta los documentos escritos y cartográficos que estime conveniente para la mejor explicación y justificación de la iniciativa. De admitirse a trámite, la modificación puntual será impulsada de oficio con arreglo al procedimiento establecido, dándose cuenta al solicitante.
3. En el planeamiento urbanístico de desarrollo de iniciativa privada se reconoce expresamente el derecho a su tramitación, sin que ello suponga su necesaria aprobación definitiva, salvo que la modificación o revisión propuesta sean ilegales por contravenir el Ordenamiento Jurídico de aplicación en el momento de la solicitud, en cuyo caso el órgano competente denegará de forma motivada la aprobación inicial.
4. El derecho a la tramitación no operará cuando pretenda instarse una vez transcurridos los plazos establecidos para ejercer tal iniciativa en el propio instrumento de planeamiento o, en su defecto, por el reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, siempre que tal incumplimiento sea imputable al promotor, o cuando se publique acuerdo de suspensión del procedimiento de tramitación y aprobación del planeamiento en cuestión.
5. Cuando concurran razones de urgencia o de excepcional interés público, el Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá establecer el deber de proceder a la revisión o modificación del planeamiento que corresponda en los términos previstos en el artículo 23 de este reglamento.
Artículo 56.- Revisión de los instrumentos de ordenación.
1. La revisión de los instrumentos de ordenación se podrá llevar a cabo por la concurrencia de alguno de los siguientes motivos:
a) El cumplimiento de las condiciones o plazos de revisión previstos por el propio instrumento de ordenación.
b) La modificación de la categoría del suelo urbanizable diferido sin previo agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable sectorizado cuando se realice antes de los plazos de revisión fijados en el propio Plan.
c) Cuando se varíe el modelo territorial establecido.
d) Cuando se afecte a los elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura urbanística vigente.
e) La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando se trate de Planes Generales. No se considerará revisión el cambio de clasificación de suelos urbanizables sectorizados a suelos urbanos no consolidados y viceversa, siempre que mantengan las mismas superficies y localizaciones, sin alteración de su delimitación, ni la afección de zonas verdes o espacios libres públicos, salvo que se pretenda su supresión, total o parcial, o su traslado a una localización distinta del área de actuación.
f) Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos, salvo pequeños ajustes no significativos y justificados de suelos urbanos clasificados.
g) Cuando haya de adaptarse a las determinaciones establecidas por un instrumento de rango superior o por una norma legal o reglamentaria, y tal adaptación conlleve la necesaria reconsideración del modelo o de las determinaciones estructurales, sin perjuicio del resultado final de la revisión.
2. La revisión de los instrumentos de ordenación podrá ser parcial, en los supuestos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 57.- Revisión parcial de los instrumentos de ordenación.
1. Procederá la revisión parcial cuando, concurriendo alguno de los supuestos consignados en el número 1 del artículo anterior, la alteración alcance sólo a una parte de la ordenación o áreas determinadas del municipio, y no implique por sí misma, ni sumada a revisiones parciales anteriores o simultáneas, una reconsideración del modelo territorial establecido, o la variación de una parte significativa de los parámetros esenciales de la ordenación estructural.
2. La revisión parcial no requerirá la tramitación de Avance, salvo en los supuestos señalados en el artículo 28.4 de este reglamento.
Artículo 58.- Modificación de los instrumentos de ordenación.
1. Toda variación del contenido de los instrumentos de ordenación que no sea susceptible de considerarse revisión, requerirá la tramitación de modificación.
2. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de respetarse las siguientes reglas:
a) Si el procedimiento se inicia antes de que haya transcurrido el plazo de un año, a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación del instrumento de ordenación objeto de alteración, o de su última revisión, no podrá alterarse la clasificación del suelo, ni la calificación del suelo destinado a dotaciones. A tales efectos, no se considerarán las modificaciones y revisiones parciales que entren en vigor dentro del referido año si no afectan a la misma determinación que se pretende modificar. Tampoco se aplicará el límite señalado cuando el objeto de la modificación sea dar cumplimiento, y sólo para este fin, a ejecución de sentencia firme.
b) Una vez expirado el plazo fijado para la revisión de un instrumento de ordenación, no podrá iniciarse ningún procedimiento de modificación, salvo los motivados por ejecución de sentencia firme.
3. La modificación no requerirá, en ningún caso, de la fase de Avance.
Artículo 59.- Modificaciones ordinarias y cualificadas de los instrumentos de ordenación.
1. Son supuestos de modificación cualificada, los siguientes:
a) Las que afecten a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en el instrumento de ordenación cuya alteración se pretenda. Para su aprobación se exigirá el mantenimiento de, al menos, la misma superficie y unas condiciones topográficas y de accesibilidad al uso público similares o que, en su caso, mejoren a las que sustituyan. Se entenderá que existe afección cuando se alteren la forma, superficie o localización de las superficies existentes, salvo cuando tales cambios se produzcan exclusivamente por anexión de nuevos espacios libres o zonas verdes públicas a las ya existentes. También existirá afección cuando se pretenda alterar su régimen de uso y dominio público.
b) Las que incrementen el volumen edificable establecido por el planeamiento. Siempre que conlleven un potencial aumento del número de habitantes o plazas alojativas, se incrementará el sistema general de espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza alojativa adicional. Si el aumento de densidad resultase significativo, además, el aumento proporcionado de los sistemas locales y equipamientos que puedan ser procedentes para mantener, en todo caso, las reservas y estándares mínimos establecidos por la normativa y el planeamiento.
2. Las restantes modificaciones serán consideradas como no cualificadas u ordinarias.
Artículo 60.- Subrogación en la revisión o modificación de los instrumentos de ordenación.
1. La alteración de los instrumentos de ordenación cuando así venga previsto en un instrumento de ordenación de rango superior, en una norma legal o reglamentaria, o, en su caso, por Decreto del Gobierno de la Comunidad Autónoma, deberá realizarse dentro de los plazos fijados en el propio instrumento, norma o Decreto.
2. El transcurso del plazo fijado sin que se hubiera cumplimentado por la Administración obligada, habilitará a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio para proceder a la adaptación, en sustitución de la Administración correspondiente, cuando se trate de adaptaciones a las Directrices de Ordenación, al planeamiento territorial o al de ordenación de los recursos naturales.
3. Cuando se trate de la adaptación del planeamiento urbanístico a Planes Insulares de Ordenación o a cualquier Plan Territorial de Ordenación que desarrolle el Plan Insular en materias que competan a los Cabildos Insulares, el transcurso de los plazos de adaptación habilitará a los Cabildos Insulares para proceder a la adaptación.
4. El procedimiento de alteración del planeamiento para su adaptación por subrogación exigirá, con carácter previo, audiencia expresa, por plazo mínimo de quince días, de la Administración competente originariamente. Tras la adopción del acuerdo de subrogación, la Administración inicialmente obligada no podrá tramitar procedimiento alguno de alteración del planeamiento en tanto no se culmine la adaptación o transcurran los plazos de caducidad del procedimiento establecidos en este reglamento.
TRAMITACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Y DEL TERRITORIO
Artículo 61.- Iniciativa.
1. La iniciativa para la elaboración de las Directrices de Ordenación corresponderá al Gobierno de Canarias, a propuesta de:
a) La Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio, cuando las Directrices de Ordenación afecten a la competencia de dos o más Consejerías y, en todo caso, para las de carácter general.
b) La Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente por razón de la materia en los restantes casos.
2. El acuerdo de iniciación del procedimiento fijará los objetivos, plazos y criterios para la elaboración de las Directrices. Asimismo, podrá incluir la medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación, así como la suspensión de la tramitación de los instrumentos de ordenación, y/o la suspensión de licencias, en la forma prevista en este Reglamento.
Artículo 62.- Tramitación.
El Consejero del Gobierno de Canarias que hubiera propuesto la iniciativa, impulsará el expediente y cumplimentará los siguientes trámites:
a) Cuando los trabajos de redacción hayan alcanzado un grado suficiente de concreción someterá el avance de las Directrices de Ordenación a participación ciudadana y, simultáneamente, a consulta con las administraciones públicas afectadas.
b) Previo estudio de las alegaciones y propuestas, elevará al Gobierno un texto de Directrices para su consideración y aprobación inicial si procede.
c) Acordada la aprobación inicial, el texto será sometido, a su vez, a información pública y a un nuevo trámite de consulta de las administraciones públicas, y como resultado de este proceso participativo se procederá a la elaboración de un texto final provisional de las Directrices.
d) El texto final provisional se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias por el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá favorable si no es emitido en plazo.
e) El Gobierno remitirá al Parlamento el texto final provisional para su debate conforme al procedimiento establecido para los programas del Gobierno en el Reglamento de la Cámara.
f) Recibidas las resoluciones aprobadas por el Parlamento, y teniendo en cuenta el contenido de las mismas, el Gobierno elaborará y aprobará el texto final de las Directrices, asegurando la congruencia del conjunto.
g) El Gobierno remitirá al Parlamento un Proyecto de Ley de artículo único, que tendrá como anexo el texto final de las Directrices de Ordenación, para su trámite parlamentario.
Artículo 63.- Competencia.
1. Corresponde a los Cabildos Insulares la iniciativa para la formulación de los Planes Insulares de Ordenación, así como su aprobación inicial y provisional, sin perjuicio de la subrogación regulada en el artículo 66 de este Reglamento.
2. La aprobación definitiva corresponderá, salvo en el supuesto de modificación indicado en el apartado siguiente, al Gobierno de Canarias, a propuesta de las Consejerías competentes en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
3. La aprobación definitiva de la modificación de determinaciones establecidas con el carácter de Normas Directivas, que no afecten a las áreas aptas para usos turísticos y estratégicos, o de Recomendaciones, corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, a propuesta del Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente.
Artículo 64.- Tramitación.
1. Junto con la fase de Avance, salvo que no proceda, se instará el trámite de consulta, al menos, de las siguientes Administraciones Públicas:
a) Departamentos ministeriales de la Administración del Estado que ostenten competencias sectoriales en relación con el contenido del Plan.
b) Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de ordenación del territorio, de medio ambiente, y de las restantes competencias sectoriales que puedan verse afectadas.
c) Todos los Ayuntamientos de la isla.
2. El Órgano Insular competente acordará la aprobación inicial del documento y su sometimiento a los trámites de información pública, y de nueva consulta a los Ayuntamientos y Departamentos del Gobierno y, sólo cuando sea necesario, de los Departamentos ministeriales. El plazo para evacuar estos trámites será de dos meses. Los informes que sean preceptivos se recabarán simultáneamente, salvo determinación legal en otro sentido, y por igual plazo, en esta fase.
3. Adoptado el acuerdo de aprobación provisional, se remitirá el expediente y la documentación completa, debidamente diligenciada, a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, sometiéndose a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que se entenderá favorable si no es emitido en plazo. Evacuado el informe, expreso o tácito, el Consejero competente en materia de ordenación del territorio y el de medio ambiente, si fueran titulares diferentes, propondrán al Gobierno la resolución definitiva del Plan.
Artículo 65.- Plazos.
1. El plazo para evacuar el trámite de participación pública y el de consulta simultánea será de tres meses. Los informes, cuando fueren preceptivos, se regirán por su propia normativa y, en su defecto, deberán evacuarse en el plazo de un mes.
2. El plazo para evacuar el trámite de información pública y los de informe y de nueva consulta simultánea será de dos meses. Este plazo podrá reducirse a un mes en los procedimientos de modificación y, cuando no requiera Avance, en los de revisión parcial, salvo que por Ley sectorial este asignado otro plazo superior de emisión de informe.
3. El plazo máximo para adoptar acuerdo de aprobación provisional y remitir al órgano que aprueba definitivamente, será de 24 meses desde el inicio del procedimiento.
4. El plazo máximo para emisión de informe por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias será de tres meses desde el día siguiente a la completa y correcta presentación del documento en el registro de la Consejería competente en materia de ordenación territorial.
5. El plazo máximo para la adopción de acuerdo sobre la aprobación definitiva será de seis meses, contado desde el día siguiente a su presentación en el citado registro. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte acuerdo se entenderá denegado por silencio administrativo.
Artículo 66.- Subrogación.
En caso de inactividad del Cabildo Insular correspondiente en la formulación del Plan Insular de Ordenación, podrá procederse a la subrogación por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, conforme a las siguientes reglas:
a) El Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia ordenación del territorio requerirá al Presidente del Cabildo Insular para que resuelva iniciar la formulación del Plan, otorgándole a tal efecto un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses. El requerimiento no podrá ser efectuado dentro de los últimos doce meses de legislatura.
b) Transcurrido el plazo otorgado sin que se haya adoptado la decisión requerida, el Consejero requirente, en sustitución y por cuenta de la Corporación Insular, podrá iniciar el procedimiento, comunicándolo a la Corporación Insular y a la totalidad de los Ayuntamientos de la isla. La Orden departamental por la que se acuerde la subrogación se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.
c) La comunicación del acuerdo de subrogación al Cabildo Insular supondrá la imposibilidad de formular o alterar el Plan Insular de Ordenación mientras no culmine el procedimiento subrogado, siendo nulas las actuaciones que en tal sentido se adopten por el órgano sustituido. El plazo máximo de tramitación y resolución por la Administración autonómica no será superior a 18 meses. El transcurso del citado plazo sin adopción de acuerdo expreso determinará la caducidad del procedimiento en los términos regulados en este Reglamento.
d) La aprobación inicial y provisional del Plan Insular corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y no será preceptiva la emisión de informe previo a su sometimiento al Gobierno. El resto de los trámites se llevarán a cabo conforme se dispone en el artículo 64 de este Reglamento, salvo que será consultado, además, el propio Cabildo Insular.
Artículo 67.- Formulación, tramitación y aprobación.
1. La formulación de los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos corresponde a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de medio ambiente.
2. Los Patronatos Insulares de Espacios Naturales Protegidos, los Cabildos Insulares, el órgano consorcial o gerencial de las Áreas de Gestión Integrada y los Ayuntamientos, en los Espacios Naturales Protegidos sobre los que ejerzan sus competencias, podrán proponer la formulación o alteración de cualquier instrumento de ordenación del Espacio Natural, mediante solicitud acompañada de certificación del acuerdo adoptado por su órgano rector y de un documento base. Cuando la iniciativa sea del Cabildo Insular, se acompañará, además, un informe del correspondiente Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos, que en todo caso deberá ser oído en el trámite de consulta.
3. La tramitación se llevará a cabo conforme se establece en el Título I del presente Reglamento, con la salvedad de que en la tramitación de los Planes Rectores de Uso y Gestión, el plazo para evacuar los informes y las consultas será de dos meses.
4. Se dará trámite de consulta en la fase de Avance, cuando sea preceptiva, y en la fase de información pública, en todo caso, a los Ayuntamientos y Cabildos territorialmente competentes, así como al correspondiente Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos, al Consejo Insular de Aguas y a los Departamentos del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación territorial y de agricultura y ganadería.
5. No será necesario acuerdo de aprobación provisional, correspondiendo la aprobación definitiva a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en el plazo máximo de dos años, cuando se trate de Planes Rectores de Uso y Gestión; de dieciocho meses, cuando se trate de Planes Especiales de los Paisajes Protegidos; y un año, cuando se trate de cualquiera de los restantes instrumentos de ordenación, desde el inicio del procedimiento.
Planes Territoriales de Ordenación
Artículo 68.- Competencia y tramitación.
1. La iniciativa para la formulación de los Planes Territoriales Parciales de Ordenación corresponderá a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación territorial y urbanística, cuando así se asigne expresamente en el Plan Insular, y, en el resto de los casos, al Cabildo Insular.
2. Los Planes Territoriales Especiales de Ordenación, a la Administración competente por razón de la materia, en función del objeto de la ordenación. En caso de inactividad por la Administración autonómica competente, podrán ser formulados por el correspondiente Cabildo Insular, siempre que, transcurridos los plazos establecidos en el Plan Insular para formular, la Presidencia del Cabildo comunique tal intención a la Administración obligada. El transcurso de dos meses desde la efectiva comunicación sin recibir respuesta, facultará al Cabildo Insular para sustituir a la Administración obligada. En supuestos de sustitución, los informes emitidos preceptivamente antes de la aprobación inicial y de la definitiva por la Administración sustituida tendrán carácter vinculante respecto de las determinaciones de su competencia por razón de la materia. Cuando la formulación corresponda a los Cabildos Insulares, en caso de inactividad se aplicarán las reglas de subrogación establecidas en el artículo 60 de este Reglamento.
3. La tramitación se llevará a cabo conforme se establece en el Título I del presente Reglamento, correspondiendo el impulso del procedimiento a la Administración que haya formulado, con la salvedad de que el plazo del trámite de consulta e informe será, como mínimo, de dos meses.
4. Si las determinaciones del plan afectasen a un Espacio Natural Protegido, se requerirá informe del órgano encargado de su gestión. Cuando no estuviese constituido el órgano de gestión, el informe de compatibilidad deberá ser emitido por el correspondiente Cabildo Insular.
5. La aprobación definitiva de los Planes Territoriales de Ordenación corresponderá a:
a) Los Planes Territoriales Parciales, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
b) Los Planes Territoriales Especiales que desarrollen determinaciones del Plan Insular de Ordenación, al Cabildo Insular correspondiente.
c) Los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular que desarrollen Directrices de Ordenación, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
d) Los Planes Territoriales Especiales cuyo ámbito territorial sea inferior al insular y que no desarrollen determinaciones del correspondiente Plan Insular de Ordenación, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
e) Cualquier otro Plan Territorial Especial que no se halle comprendido en los supuestos de las letras b), c) y d) anteriores, al Gobierno de Canarias, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y a propuesta del Consejero competente por razón de la materia.
Proyectos de Actuación Territorial
Artículo 69.- Iniciación.
1. El procedimiento por el que se tramite la aprobación de un Proyecto de Actuación Territorial podrá iniciarse a instancia de cualquier Administración Pública, instándose ante la Consejería del Gobierno competente en materia de ordenación territorial, o a solicitud de un particular. En este último caso, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el área de ordenación del Proyecto, o de afectar a varios, en cualquiera de ellos, que será el que impulse el expediente, sin perjuicio de la intervención de los restantes mediante la emisión de informes en la fase correspondiente. El Ayuntamiento o la Consejería competente en materia de ordenación territorial tendrán, en tales supuestos, la condición de administraciones instructoras del procedimiento.
2. De existir deficiencias en la documentación, dentro de los diez días siguientes a la presentación, se requerirá al interesado o a la Administración promotora su subsanación en el plazo máximo diez días, con advertencia de tenerlo por desistido, sin que pueda iniciarse el cómputo del plazo para resolver.
3. Cuando, siendo de iniciativa particular, afectase a varios Ayuntamientos, aquél en que se presente la petición comunicará tal circunstancia a los restantes ayuntamientos afectados dentro de los cinco días siguientes a la presentación del documento o, en su caso, de la subsanación presentada, acompañando copia del documento aportado por el solicitante, al objeto de que en un plazo máximo de diez días manifiesten sí, conforme a su planeamiento, existen causas legales que impidan admitir a trámite la solicitud. Tal trámite será preceptivo también en aquellos suelos sobre los que existan conflictos no resueltos sobre la delimitación del término municipal.
4. Si el Ayuntamiento que instruye, o algún otro de los afectados, manifiesta de forma motivada razones de legalidad, o de oportunidad y conveniencia suficientemente justificadas basadas en el modelo territorial, la política urbanística de la Corporación o en causas socioeconómicas, que impidan admitir a trámite el Proyecto de Actuación Territorial solicitado, se procederá, sin más actuaciones, a dictar resolución de inadmisión de la solicitud, ordenando el archivo de las actuaciones.
5. El Ayuntamiento, si se tratase de una actuación de iniciativa privada, una vez admitida a trámite, solicitará informes previos de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias responsable de la ordenación territorial y urbanística, y de la competente por razón de la materia, en este último caso, especialmente respecto al interés general de la implantación y su compatibilidad con los objetivos de política sectorial aplicables. De este último informe se remitirá, por el Departamento que lo emita, copia a la Consejería competente en materia de ordenación territorial para su sometimiento, junto al que le corresponde emitir, al Gobierno. Tales informes deberán emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose favorables a la actuación pretendida en caso contrario. La recepción, ante el órgano competente, de la petición de tales informes suspenderá el cómputo de los plazos de resolución.
6. Si fuese de iniciativa pública, la Consejería competente en materia de ordenación territorial instará informe del o de los Ayuntamientos en los que se pretenda actuar así como de la Consejería competente por razón de la materia, por igual plazo y con el mismo efecto que en el supuesto de iniciativa privada.
7. Emitidos los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería competente en materia de ordenación territorial elevará el expediente al Gobierno de Canarias, con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de interés general de la actividad proyectada. La referida solicitud y remisión del expediente a la Secretaría General Técnica mantendrá suspendido el plazo para resolver, cuyo cómputo se reanudará cuando se comunique en legal forma a la Administración instructora la resolución adoptada por el Gobierno.
Artículo 70.- Contenido de la declaración de interés general.
1. Cuando el Proyecto de Actuación Territorial tenga por objeto la implantación de actividades turísticas, el Gobierno procederá, con carácter previo a la declaración de interés general, a su comunicación al Parlamento de Canarias para su debate conforme a las previsiones de su Reglamento, manteniéndose la suspensión de la tramitación del procedimiento.
2. Si el Gobierno de Canarias declarara el interés general del Proyecto de Actuación Territorial solicitado, el acuerdo deberá incluir en su contenido un pronunciamiento expreso sobre, al menos, las siguientes cuestiones:
a) La necesidad de la implantación en suelo rústico de la actividad proyectada.
b) La compatibilidad de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.
c) El establecimiento de las condiciones que se estimen necesarias para la aprobación de la actividad proyectada.
3. El Gobierno de Canarias podrá acordar, junto con la declaración de interés general, el aumento de la garantía a prestar por el promotor privado ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los terrenos, al veinte por ciento del coste total de las obras a realizar cuando el Proyecto tenga por objeto la implantación de actividades clasificadas o sometidas a Autorización Ambiental Integrada; cuando los gastos de restauración paisajística supongan un porcentaje elevado del total del presupuesto de la obra, o por cualquier otro motivo debidamente justificado.
4. La declaración de interés general en los procedimientos de iniciativa pública podrá conllevar, cuando el propio acuerdo de declaración lo justifique expresamente, la incoación y simultánea tramitación del procedimiento de suspensión de los instrumentos de planeamiento, y con los mismos efectos, prevista en el artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
5. Si la resolución del Gobierno fuere negativa a la declaración de interés general, la Administración instructora procederá, sin más trámite, a denegar la tramitación del Proyecto de Actuación Territorial con archivo del expediente.
Artículo 71.- Tramitación.
1. Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para dictar resolución.
2. En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, el Ayuntamiento actuante aprobará, además, mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la consideración de posibles alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria. Dicho concurso no será exigible cuando el Proyecto tenga por objeto la rehabilitación, modificación o ampliación de edificaciones o instalaciones ya implantadas, aunque se hallen fuera de ordenación.
3. Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y colindantes del suelo afectado.
4. Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las siguientes Administraciones:
a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.
b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un Espacio Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la actividad a legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de dicho Espacio.
c) Al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se hará constar al menos los siguientes aspectos:
1) Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.
2) La categorización del suelo y los usos permitidos.
3) Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.
4) Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.
5. Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.
Artículo 72.- Aprobación definitiva.
1. La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por la Administración instructora. En el supuesto regulado en el artículo 70.4 de este reglamento, el acuerdo de la Comisión, requerirá la previa suspensión del planeamiento en vigor, conforme al procedimiento previsto en el artículo 23 de este reglamento.
2. De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:
a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos presentados en competencia al concurso público.
b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de ella se deriva.
c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del Proyecto.
d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las siguientes reglas:
1) Si se trata de una actuación pública de implantación de dotaciones o equipamientos, se realizará preferentemente mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
2) Si el Proyecto es de iniciativa privada y el concurso referido en el artículo 71.2 anterior tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor inicial, la resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución del mismo, conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del citado Texto Refundido y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
3) Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del reiterado Texto Refundido y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.
3. El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará en la forma prescrita en el artículo 10 de este Reglamento.
4. La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la correspondiente licencia municipal.
5. La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la solicitud.
Artículo 73.- Caducidad.
1. La eficacia del Proyecto de Actuación Territorial y el derecho al aprovechamiento urbanístico derivado del mismo caducarán en los siguientes supuestos:
a) De forma automática, por el transcurso de un año desde su otorgamiento sin haberse solicitado la preceptiva licencia municipal o autorización sectorial pertinente. La Administración competente denegará, sin más trámite, la licencia o la autorización sectorial que se inste al amparo de Proyecto de Actuación Territorial caducado, entendiéndose su otorgamiento, en todo caso, nulo de conformidad con el artículo 170.4 del Texto Refundido.
b) Por no iniciar o no terminar las obras precisas para la ejecución dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia, o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta.
c) Por el transcurso del plazo señalado en la aprobación definitiva y, en su caso, de la prórroga que se haya concedido.
2. La caducidad, salvo en el supuesto del apartado a) del número anterior, habrá de ser declarada expresamente por el órgano que haya otorgado la aprobación definitiva y publicada en debida forma, con los siguientes efectos:
a) El promotor deberá reponer los terrenos al estado que tuvieren antes del inicio de la actuación y perderá, en su caso, la garantía constituida.
b) Los titulares de los terrenos que hubieren sido objeto de expropiación para la ejecución de la actuación podrán ejercitar el derecho de reversión.
c) El terreno recuperará la clasificación y calificación vigente al inicio del procedimiento del Proyecto de Actuación Territorial, suprimiéndose cualquier aprovechamiento urbanístico que mediante tal instrumento se hubiera atribuido a los terrenos.
Artículo 74.- Fase municipal.
1. Se iniciará el procedimiento de Calificación Territorial mediante solicitud formulada por titular de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, presentada en el Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice el proyecto de edificación o uso que se solicita. Si afecta a más de un municipio, la solicitud podrá dirigirse a cualquiera de los Ayuntamientos. En este último caso, será de aplicación la regulación contenida en el apartado 3 del artículo 69 de este Reglamento.
2. El Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la documentación podrá requerir al promotor para que subsane las omisiones o deficiencias de la documentación con advertencia de tenerlo por desistido.
3. Si el otorgamiento de licencias o la tramitación de instrumentos de ordenación en el ámbito territorial afectado por la Calificación Territorial se encuentra suspendida, de conformidad con lo previsto en este Reglamento, el Ayuntamiento resolverá la suspensión del procedimiento, comunicándolo al promotor de la forma prevista.
4. En otro caso, una vez cumplimentada la documentación y, en el plazo máximo de un mes, el Ayuntamiento emitirá informe que, junto con la documentación presentada por el promotor, se remitirá al Cabildo Insular correspondiente. Si la actuación afectara a más de un municipio, el Cabildo Insular solicitará informe al resto de los Ayuntamientos.
5. El informe municipal hará referencia a los siguientes extremos:
a) Clase y categoría del suelo, así como adecuación de las actuaciones previstas a la normativa urbanística aplicable.
b) En el supuesto de que la actuación afecte a construcciones ya existentes, la indicación de si se encuentran o no en situación de fuera de ordenación.
c) Incidencia del proyecto en elementos del patrimonio cultural inventariado o catalogado.
d) El sentido del informe.
6. Si en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la presentación ante el Ayuntamiento, o desde que se subsanaren las deficiencias u omisiones, no se hubiere emitido informe y remitido el expediente al Cabildo Insular correspondiente, se entenderá que el mismo es favorable y podrá el promotor instar directamente la solicitud ante el Cabildo Insular.
Artículo 75.- Fase insular.
1. Recibido el expediente por el Cabildo Insular, en los quince días siguientes a la recepción de la documentación, podrá requerir al promotor para que subsane las omisiones o deficiencias de la documentación con advertencia de tenerlo por desistido.
2. Si la documentación fuese adecuada o, en su caso, desde que se aporte la subsanación, se procederá a consultar a las Administraciones que correspondan en función de la actuación de que se trate, por el plazo de un mes, sin perjuicio de la solicitud de los informes que legalmente procedan. Serán en todo caso preceptivas las consultas a las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competentes en materia de ordenación territorial, de medio ambiente y de agricultura y ganadería.
3. Simultáneamente y por el mismo plazo de tiempo se someterá el expediente a información pública en los siguientes casos:
a) Naves o almacenes agrícolas.
b) Estanques y balsas con capacidad superior a quinientos metros cúbicos.
c) Granjas o criaderos de animales.
d) Actividades extractivas.
e) Apertura de nuevos caminos, carreteras o accesos rodados y nueva pavimentación de los existentes.
f) Estaciones de servicio en carreteras.
g) Vertederos de residuos inertes.
h) Plantas de transferencia.
i) Puntos limpios.
j) Desaladoras, desalinizadoras y potabilizadoras.
k) Aerogeneradores aislados o integrados en parques eólicos e instalaciones energéticas extensivas como parques solares u otros.
l) Infraestructuras de transporte de energía eléctrica.
m) Instalaciones de telecomunicaciones, tales como antenas y repetidores.
n) Plantas de compostaje.
o) Las contempladas en los apartados a), b) y c) del artículo 67.5 del Texto Refundido.
p) En todo caso, cuando sea así preceptivo por estar el proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental, o por tratarse de Actividades Clasificadas.
4. La resolución de la Calificación Territorial se adoptará en el plazo máximo de seis meses, si el expediente requiere información pública, o, en otro caso, cuatro meses a partir de la entrada de la documentación en el registro del Cabildo Insular correspondiente, o desde la subsanación de las deficiencias de la documentación aportada, transcurrido el cual se entenderá desestimada.
5. El acuerdo o resolución sobre la aprobación definitiva, que contemplará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las letras c), d) y, en su caso, e), del artículo 25 del Texto Refundido, integrará la Declaración de Impacto Ambiental en los supuestos en los que la misma sea exigible de acuerdo a la legislación aplicable.
6. El acuerdo o resolución sobre la aprobación definitiva deberá ser notificado al promotor y caducará en los mismos casos y plazos previstos en el artículo 73 de este Reglamento.
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Normas Técnicas del Planeamiento
Urbanístico e Instrucciones Técnicas
Artículo 76.- Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico.
Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico se tramitarán por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, a la que corresponderá su aprobación inicial. Junto a la información pública, se someterá a consulta de los Cabildos insulares y Ayuntamientos y de las organizaciones sociales, empresariales, sindicales y profesionales más vinculadas a la materia. Agotados dichos trámites, se elevará al Gobierno para su aprobación por Decreto, previo informe por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Artículo 77.- Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico.
Las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico se tramitarán por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, a la que corresponderá su aprobación inicial y definitiva. Junto a la información pública, se someterá a consulta de los Cabildos insulares y Ayuntamientos y de las organizaciones sociales, empresariales, sindicales y profesionales más vinculadas a la materia. Agotados dichos trámites, se procederá a su aprobación definitiva por el Consejero competente en materia de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Artículo 78.- Procedimiento de aprobación.
1. Corresponde al Ayuntamiento la formulación del Plan General de Ordenación, sin perjuicio de los supuestos de tramitación por subrogación.
2. La formulación de los Planes Generales de Ordenación se llevará a cabo, conforme se establece en el Título Primero de este Reglamento, con las especialidades que se establecen en este artículo.
3. La fase de Avance, se expondrá al público en la forma prescrita, y se someterá a consulta, al menos, de las siguientes Administraciones públicas:
a) Los departamentos ministeriales de la Administración del Estado que ostenten competencias sectoriales. La consulta podrá realizarse a través de la Delegación del Gobierno.
b) Las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean competentes en materia de ordenación del territorio, en medio ambiente y aquellas que puedan tener competencias sectoriales en virtud de su legislación específica.
c) El Cabildo Insular deberá pronunciarse sobre la acomodación del Avance a las previsiones del Plan Insular de Ordenación así como respecto al resto de las competencias sectoriales que ejerce.
d) En los supuestos de ordenación de suelos colindantes con otros municipios o de actividades susceptibles de incidir en ellos, a los Ayuntamientos limítrofes.
4. Cuando el Cabildo Insular se pronuncie desfavorablemente, deberá especificar los aspectos en que la ordenación prevista difiere de las determinaciones del Plan Insular con objeto de que se proceda a las correcciones que sean precisas antes de la aprobación inicial, sin perjuicio de que se pueda llevar a cabo el procedimiento de resolución de discrepancias señalado en este Reglamento.
5. Acordada la aprobación inicial, el Plan General de Ordenación se someterá a información pública y simultáneamente, cuando se alterasen sustancialmente las determinaciones que les pudiesen afectar, se repetirá la consulta a las Administraciones ya consultadas y que posteriormente no tuvieran que informar o resolver definitivamente.
6. Acordada la aprobación provisional, se remitirá la documentación a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que recabará los informes administrativos correspondientes, en especial, el del Cabildo Insular que, de no emitirse en el plazo de tres meses se entenderá favorable.
7. Cuando se detecte que el documento no se acomoda al Plan Insular, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias requerirá del Ayuntamiento la necesaria adecuación del Plan, con suspensión del plazo para resolver.
8. La petición de informes sectoriales preceptivos establecidos por la legislación estatal determinará la suspensión de los plazos establecidos para que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias apruebe definitivamente.
9. Cuando la aprobación definitiva corresponda al propio Ayuntamiento, tras el trámite de información pública se remitirá el expediente completo y la documentación del Plan a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y al Cabildo Insular correspondiente para informe, que deberá emitirse en el plazo de tres meses desde la recepción de la documentación completa, entendiéndose favorable en caso contrario.
Artículo 79.- Aprobación definitiva.
La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación corresponderá:
a) Al propio Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando se trate de modificaciones limitadas a la ordenación urbanística pormenorizada.
b) A la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en todos los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular correspondiente respecto a su acomodación a las prescripciones del Plan Insular de Ordenación. Cuando este informe sea negativo, será tenido en cuenta por la citada Comisión para requerir del Ayuntamiento la adaptación del Plan en trámite antes de ser aprobado.
Artículo 80.- Plazos.
1. En los procedimientos de formulación o revisión de los Planes Generales de Ordenación, el plazo para evacuar los trámites de consulta e informe será de tres meses. En las modificaciones puntuales, los plazos se limitarán a uno y dos meses, según se trate de consulta o informe, respectivamente.
2. El plazo máximo para la adopción de acuerdo sobre la aprobación definitiva será de cuatro meses, contado desde el día siguiente a la remisión del expediente completo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte el referido acuerdo se entenderá que el Plan General ha sido denegado por silencio administrativo.
Artículo 81.- Subrogación.
1. En caso de inactividad del Ayuntamiento correspondiente en la formulación del Plan General de Ordenación, o de sus obligadas alteraciones, podrá procederse a la subrogación conforme a las siguientes reglas:
a) El Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación del territorio requerirá al Alcalde del Ayuntamiento obligado para que resuelva el inicio del procedimiento, otorgándole a tal efecto un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses. El requerimiento no podrá ser efectuado dentro de los últimos doce meses de legislatura.
b) Transcurrido el plazo otorgado sin que se haya adoptado la decisión de inicio del procedimiento, el Consejero requirente, en sustitución y por cuenta de la Corporación municipal, podrá iniciar el procedimiento por subrogación, comunicándolo a la Administración municipal e insular y publicándolo en el Boletín Oficial de Canarias.
c) La comunicación del acuerdo de subrogación al Ayuntamiento correspondiente supondrá la imposibilidad de tramitar cualquier procedimiento de formulación o alteración del Plan General mientras no culmine el procedimiento iniciado por la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo nulas las actuaciones que en tal sentido se adopten por aquél. El plazo máximo de tramitación y resolución por la Administración autonómica no será superior a 18 meses. El transcurso del citado plazo sin adopción de acuerdo expreso determinará la caducidad del procedimiento en los términos regulados en este Reglamento.
2. La aprobación inicial y provisional del Plan General corresponderá al Consejero competente en materia de ordenación del territorio y la definitiva a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. El resto de los trámites se llevarán a cabo conforme se dispone en el artículo 78 de este Reglamento, salvo que será consultado, además, el propio Ayuntamiento y, en su caso, no será necesario informe de dicha Comisión.
Artículo 82.- Actualización del Plan Operativo.
La actualización del Plan Operativo, cuando éste forme parte del Plan General, se tramitará periódicamente al menos cada cuatro años. Para su aprobación se seguirán el procedimiento y plazos establecidos para la tramitación de los Planes Parciales de Ordenación.
Artículo 83.- Procedimiento.
1. Los Planes Parciales de Ordenación, que podrá desarrollar Plan General y Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, podrán ser formulados por cualquier Administración Pública o por los particulares que tengan un interés legítimo.
2. La tramitación, aprobación inicial y definitiva de los Planes Parciales de Ordenación corresponde, cualquiera que sea el Plan objeto de desarrollo, al órgano del Ayuntamiento que tenga asignada dicha competencia.
3. En su tramitación deberá cumplirse el trámite de información pública, y el de audiencia a los interesados cuando proceda. Con carácter previo a la aprobación definitiva, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, se solicitará informe no vinculante al Cabildo Insular correspondiente, y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud ante el órgano competente.
4. Deberán recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de competencias sectoriales reguladas por su legislación específica.
5. En los Planes Parciales de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.
6. Los Planes Parciales de Ordenación deberán ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.
7. Cuando se trate de Planes Parciales de iniciativa particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en el artículo 48.2 de este Reglamento, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación en el registro municipal correspondiente. El transcurso del plazo máximo respecto de los instrumentos formulados y tramitados como propios por la Administración municipal supondrá la caducidad del procedimiento.
Planes Especiales de Ordenación
1. Los Planes Especiales de Ordenación podrán ser formulados por cualquier Administración Pública o por los particulares que tengan un interés legítimo, y podrán desarrollar Planes Generales de Ordenación, Planes Territoriales de Ordenación o Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos.
2. Deberán recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de competencias sectoriales reguladas por su legislación específica.
3. La aprobación inicial y definitiva de los Planes Especiales de Ordenación corresponde al Ayuntamiento. Cuando la ordenación que se pretenda afecte a más de un término municipal, deberá tramitarse mediante Plan Territorial Especial de Ordenación.
4. Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de su solicitud.
5. Serán de aplicación las reglas contenidas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 83 de este Reglamento.
Artículo 85.- Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos.
La formulación, revisión o modificación de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas o Sitios Históricos, así como de los Catálogos de Protección que contengan los mismos, cuando se tramiten independientemente, se regirán en cuanto a su contenido y documentación por lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, siguiendo el procedimiento dispuesto en el presente Reglamento, con las siguientes especificaciones:
a) La aprobación definitiva requerirá informe favorable del Cabildo Insular correspondiente, oída la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, cuyo contenido será vinculante para el Ayuntamiento en todo lo relativo a la protección de los bienes patrimoniales comprendidos en su área territorial.
b) Asimismo se solicitará informe a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que versará fundamentalmente sobre las cuestiones propiamente urbanísticas contempladas en el Plan, sin perjuicio de emitir su opinión sobre el resto de sus determinaciones si se estima oportuno para la mejor protección de los bienes culturales en cuestión.
c) Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si transcurridos tres meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, no hubieren sido notificados a la Administración solicitante.
Artículo 86.- Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos. Subrogación en el procedimiento de aprobación.
1. En caso de inactividad municipal en la formulación, modificación o revisión de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos en los plazos en que esté jurídicamente obligado por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, por las Directrices de Ordenación, o cualquier otro instrumento de ordenación que así lo disponga, el Cabildo Insular, en cuanto Administración competente en materia de protección y conservación del patrimonio histórico, podrá proceder a la subrogación conforme a las siguientes reglas:
a) El Presidente del Cabildo Insular requerirá al Alcalde del Ayuntamiento obligado, para que resuelva el inicio de la formulación del Plan, otorgándole a tal efecto un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses. Este requerimiento no podrá ser efectuado dentro de los doce últimos meses de legislatura.
b) Transcurrido el plazo otorgado sin que se haya adoptado la decisión requerida, el Cabildo requirente, en sustitución y por cuenta de la Corporación municipal, podrá iniciar el procedimiento por subrogación, comunicándolo al Ayuntamiento y publicándolo en el Boletín Oficial de Canarias.
c) La comunicación del acuerdo de subrogación impedirá al Ayuntamiento correspondiente la tramitación de la formulación o de cualquier alteración del planeamiento que incida en tales Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos mientras no culmine el procedimiento iniciado por el Cabildo Insular, siendo nulas las actuaciones que en tal sentido se adopten por aquél. El plazo máximo de tramitación y resolución por la Administración insular no será superior a seis meses.
2. La aprobación inicial y la definitiva del Plan Especial de Protección corresponderá al Cabildo insular, previos informes, por plazo de un mes, del propio Ayuntamiento, de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Artículo 87.- Procedimiento.
1. Los Estudios de Detalle podrán ser formulados por la Administración Pública o por los particulares que tengan un interés legítimo.
2. Su aprobación inicial y definitiva corresponde al Ayuntamiento, debiendo cumplirse el trámite de información pública y, cuando proceda, la simultánea audiencia a los interesados. Una copia debidamente diligenciada del documento aprobado definitivamente será debidamente notificada, con carácter previo a su publicación, a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio.
3. Serán de aplicación las reglas contenidas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 83 de este Reglamento.
Artículo 88.- Procedimiento de Aprobación.
1. Cuando el Catálogo se tramite como parte de otro instrumento de ordenación se aplicarán las previsiones establecidas para dicho instrumento de ordenación.
2. Los Catálogos elaborados como instrumentos de ordenación autónomos cuya área de ordenación no sea superior a un término municipal se tramitarán en la forma establecida para los Planes Parciales de Ordenación.
3. Para la incorporación de nuevos bienes a los Catálogos ya aprobados, o la modificación de su régimen de protección, se seguirá el mismo procedimiento que para su elaboración.
4. Cuando se elaboren como documentos autónomos Catálogos cuya área de ordenación sea superior a un término municipal se aplicarán en su tramitación y aprobación las previsiones establecidas para los Planes Territoriales Especiales, con las especialidades previstas en el artículo 84 de este Reglamento.
5. Será de aplicación a la formulación o alteración de los Catálogos, las previsiones contenidas en el artículo 86 de este Reglamento respecto a la subrogación en caso de inactividad.
de Edificación y Urbanización
Artículo 89.- Aprobación.
Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización se aprobarán y modificarán de acuerdo con lo dispuesto la legislación de régimen local. El acuerdo o resolución municipal de aprobación, acompañado del texto íntegro de las Ordenanzas debidamente diligenciado, deberá comunicarse, con carácter previo a su publicación, al Cabildo Insular correspondiente y a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio.

References: artículo 2
 artículo 7
 Real Decreto 

Artículo 2
 artículo 49
 artículo 48

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 33

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 resolución 
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 10

Artículo 16
 resolución 
 artículo 15

Artículo 17
 artículo 15

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 62
 resolución 

Artículo 20
 resolución 
 artículo 12
 artículo 10

Artículo 21

Artículo 22
 resolución 

Artículo 23
 resolución 
 artículo 10

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 11
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Artículo 28
 artículo 31

Artículo 29
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Artículo 30
 artículo 38

Artículo 31
 artículo 6

Artículo 32
 artículo 31

Artículo 33
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Artículo 34
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 resolución 
 resolución 

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 38

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 41

Artículo 44
 artículo 41
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Artículo 45
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 resolución 
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Artículo 46

Artículo 47
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Artículo 48
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 artículo 42

Artículo 49
 artículo 12
 artículo 40

Artículo 50

Artículo 51
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Artículo 53
 artículo 248

Artículo 54

Artículo 55
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Artículo 56

Artículo 57
 artículo 28

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
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Artículo 64
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Artículo 65

Artículo 66
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 artículo 64

Artículo 67

Artículo 68
 artículo 60

Artículo 69
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Artículo 70
 artículo 47
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Artículo 71
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Artículo 72
 artículo 70
 artículo 23
 artículo 62
 artículo 145
 artículo 71
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 artículo 107
 artículo 10

Artículo 73
 artículo 170

Artículo 74
 artículo 69

Artículo 75
 artículo 67
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 artículo 25
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Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
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Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81
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 artículo 78

Artículo 82

Artículo 83
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 artículo 48
 resolución 
 artículo 83

Artículo 85

Artículo 86
 resolución 

Artículo 87
 artículo 83

Artículo 88
 artículo 84
 artículo 86

Artículo 89
 resolución