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Timestamp: 2020-06-06 20:36:05+00:00

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CNM rechaza pedido de destitución de juez acusado de tramitar medida cautelar sin ser competente | LP
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Se desestimó el pedido de destitución a Alexander Rioja Bermúdez y se recomendó al Poder Judicial imponer una sanción menor
Mediante Resolución 377-2017-PCNM, el Consejo Nacional de la Magistratura culminó el proceso disciplinario seguido contra el magistrado Alexander Rioja Bermúdez, desestimando el pedido de destitución solicitado por su actuación como juez del Primer Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto; luego de que fuera denunciado por cometer dos faltas en el ejercicio de sus funciones.
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Se imputaba al referido magistrado: a) Admitir a trámite una medida cautelar derivada de un proceso de amparo, seguido contra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a favor de quien no estaba legitimado y sin tener competencia por materia o territorio y; b) Admitir a trámite un proceso de amparo sin tener competencia por razón de territorio y conceder una medida cautelar innovativa, sin justificar el cumplimiento de los requisitos legales previstos en el Código Procesal Constitucional.
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A continuación, transcribimos el análisis de las imputaciones correspondientes.
12. Que, la infracción administrativa imputada en el presente extremo guarda relación con el trámite de la solicitud cautelar presentada por la ciudadana Marilin Esther Manihuari Murayari en el Expediente N° 01240-2011-4-1903-JR-CI-01, derivado del proceso principal seguido contra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, sobre acción de amparo, siendo el petitorio cautelar que se ordenara la inscripción de la suspensión de los efectos jurídicos y registrales del Asiento Registral N° A00023 – pág. 29 de la PartidaRegistral N° 11359434 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; concediendo el investigado por Resolución N° 01 de fecha 25 de octubre de 2011 la medida cautelar de no innovar a favor de la solicitante en los términos requeridos;}
13. Que, para admitir a trámite la medida cautelar no se habría tenido en consideración que la presunta afectación a los derechos constitucionales invocados por la solicitante se efectuó en la ciudad de Lima, toda vez que de la solicitud cautelar fluía que el procedimiento cuestionado en la acción de amparo respecto a la Comunidad Campesina de Pachacamac – Lima, se desarrolló en la ciudad de Lima;
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16. Si bien procedió de dicha manera, aparece probado en autos que posteriormente, esto es, a través de la Resolución N° 10 de fecha 27 de marzo de 2012, el investigado declaró fundada la oposición a la medida cautelar formulada por la parte litisconsorte Arenera la Molina S.A., al considerar que el requisito de la verosimilitud del derecho invocado había quedado desvirtuado, por lo que el concesorio cautelar no tendría sustento alguno, dejándose sin efecto la medida cautelar concedida precedentemente; situación objetiva que determina que declaró su incompetencia respecto al proceso judicial objeto de análisis, y que en el presente caso no se ejecutó acto alguno en perjuicio de los demandados;
20. En el proceso cautelar se tiene por cierto que don Wilfredo Raúl Mendoza Yataco solicitó al Juzgado Especializado en lo Civil de Loreto medida cautelar dentro del proceso judicial a efectos de que se suspendieran los efectos derivados de la Resolución N° 9 del 15 de abril de 2011 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de Lima en el proceso de desalojo por ocupación precaria seguido contra el recurrente; y, como consecuencia del amparo de dicha pretensión se suspendieran los efectos de la sentencia contenida en la Resolución N° 62 del 12 de octubre de 2010 expedida por el Juez del 31 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en el proceso sobre desalojo, que declaró fundada la demanda interpuesta por Inmobiliaria León Rodríguez SAC, en contra del solicitante y otra, y ordenó a los demandados que cumplieran con desocupar el inmueble materia de litis sito: Jr. Paruro N° 1028 y 1030 Lima;
21. Ante ello el investigado por Resolución N° 01 de fecha 25 de noviembre de 2011 concedió medida cautelar innovativa a favor del solicitante, dispuso la suspensión de la ejecución expedida en el Expediente N° 56797- 2008 sobre desalojo por ocupante precario en contra del recurrente y asimismo oficiar al Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima para su cumplimiento. La Inmobiliaria León Rodríguez SAC, formuló oposición contra el concesorio cautelar, acto en el cual alegó que el pedido cautelar no se encontraba dentro de los supuestos del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, al haber desaparecido la presunta afectación al derecho de defensa y propiedad alegada por el solicitante;
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22. Posteriormente, a través de la Resolución N° 09 de fecha 15 de junio de 2012, el Juez Supernumerario Cesar Augusto Millones Ángeles declaró fundada la oposición a la medida cautelar formulada por citada Inmobiliaria; dejando sin efecto la medida cautelar innovativa concedida por Resolución N° 01;
23. Que, el proceso principal estuvo dirigido contra los jueces superiores de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el petitorio de la demanda consistió en que se declarara “La nulidad y consecuentemente la inmediata inaplicación y suspensión para el accionante de la totalidad de los efectos derivados de la Resolución N° 09 del 15 de abril de 2011, expedida por la referida Sala Superior en el proceso de desalojo por ocupación precaria seguido por Inmobiliaria León Rodríguez SAC., contra el demandante (Exp. N° 56797-2008)”, el mismo que fue admitido a trámite por el investigado mediante Resolución N° 02 de fecha 10 de agosto de 2011. Posteriormente, el Juez Supernumerario Cesar Augusto Millones Ángeles por Resolución N° 10 de fecha 15 de junio de 2012 declaró fundada la excepción de incompetencia propuesta por Inmobiliaria León Rodríguez SAC, declarando nulo todo lo actuado y dejando a salvo el derecho del afectado para que lo hiciera valer ante el juez competente;
24. Del análisis y evaluación de los hechos se advierte que para admitir a trámite la demanda de amparo el investigado no tuvo en consideración que la presunta afectación a los derechos constitucionales invocados por el accionante se efectuaron en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta la ubicación del inmueble materia de litis, sito en el Jr. Paruro N° 1028 y 1030 Lima, conforme fluía del propio tenor de la demanda y medios probatorios adjuntados.
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