Source: https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzMDM2NDdTK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBECvG_0UAAAA=WKE
Timestamp: 2020-04-07 02:31:31+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 148/2018 de 15 Mar. 2018, Rec. 1518/2017
S TS 15/3/2018
- Documentos visitados -Multas impuestas por la AEPD en aplicación del RGPD: motiv...«Un nuevo tiempo para los derechos de Propiedad Intelectua...S APPO 20/9/2016El evento pionero que da la palabra a los profesionales de...El Foro Económico Mundial presenta un libro blanco para el...S TS 21/12/2018Blanqueo de capitales. Absolución de dos familiares del na...S JS 19/9/2019En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir?. Sent...El Pleno del TC declara nulo el artículo de la LEC que imp...
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 148/2018 de 15 Mar. 2018, Rec. 1518/2017
Nº de Sentencia: 148/2018
Nº de Recurso: 1518/2017
LA LEY 10391/2018
HIPOTECA. Nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye al prestatario el pago de todos los gastos e impuestos. Consecuencias de la nulidad en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados. Remisión a la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El sujeto pasivo del impuesto es el prestatario que ha de abonar la cuota variable del impuesto en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta. Respecto a la cuota fija por el timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz, cuyo pago corresponde al prestatario, y el de las copias autorizadas, en que habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
El Juzgado de Primera Instancia apreció la falta de legitimación activa del demandante respecto a una de las entidades financieras demandadas y estimó la demanda respecto a la otra declarando la nulidad de la cláusula de gastos del préstamo hipotecario, pero no dio lugar a la reclamación de devolución de cantidades. La AP Asturias estimó en parte el recurso de apelación del demandante y declaró nulas las condiciones generales impugnadas, salvo la relativa a los tributos. El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación interpuesto por el demandante y casa en parte la sentencia recurrida estableciendo a quién corresponde el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Esta sala ha visto constituida en pleno, el recurso de casación interpuesto por D. Darío, representado por la procuradora D.ª Ana Belén Pérez Martínez bajo la dirección letrada de D. Celestino García Carreño, contra la sentencia núm. 63/2017, de 17 de febrero, dictada por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, en el recurso de apelación núm. 8/2017 (LA LEY 26844/2017), dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 113/2016 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Avilés, sobre condiciones generales de la contratación en contratos con consumidores. Han sido parte recurridas Banco Sabadell S.A., representado por el procurador D. Miguel Torres Álvarez y bajo la dirección letrada de D. Antonio Reija Doval; y Caixabank S.A., representada por el procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter y bajo la dirección letrada de D. Jesús Riesco Milla.
1.- La procuradora D.ª Nuria Arnáiz Llana, en nombre y representación de D. Darío, interpuso demanda de juicio ordinario contra Banco Sabadell S.A y contra Caixabank S.A en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:
«1º) Se declare el carácter abusivo, y en consecuencia la nulidad, de las siguientes estipulaciones, teniéndose por no puestas y extrañándolas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, conforme a los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta demanda.
»2º) Que se condene a Banco Sabadell, S.A., por aplicación del artículo 1.303 del C. Civil (LA LEY 1/1889), a la devolución de las cantidades que hubiera percibido de la provisión de fondos efectuada por los gastos de constitución del préstamo con garantía hipotecaria que se deriven de las estipulaciones citadas, como consecuencia de la aplicación de dichas estipulaciones que se declaren nulas, más el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia que se dicte en su caso.
» 3º) Que se condene a Caixabank, S.A., por aplicación del artículo del artículo 1.303 del C. Civil (LA LEY 1/1889), a la devolución de las cantidades que hubiera percibido de la provisión de fondos efectuada por los gastos de constitución del préstamo que se deriven de los aranceles notariales y registrales, gastos de tramitación y de los tributos que hayan podido devengarse, más el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia que se dicte en su caso.
Todo ello con imposición expresa de las costas causadas».
2.- La demanda fue presentada el 7 de marzo de 2016 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés, fue registrada con el n.º. 113/2016. Una vez admitida a trámite, se emplazó a las partes demandadas.
3.- El procurador D. José Luís López González, en representación de Banco Sabadell S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.
4.- El procurador D. Ignacio Sánchez Avelló, en representación de Caixabank S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación íntegra de la demanda y la condena en costas a la parte actora.
5.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés, dictó sentencia de fecha 7 de noviembre de 2016, con la siguiente parte dispositiva:
«Que ESTIMANDO la excepción de Falta de Legitimación Activa, invocada por la entidad BANCO SABADELL, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. López González y
ESTIMANDO EN PARTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Arnaiz Llana, en nombre y representación de DON DARÍO, sobre acción de nulidad contractual, frente a la entidad BANCO SABADELL, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. López González, y a la entidad CAIXABANK, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Sánchez Avello, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la cláusula tercera, relativa a gastos de constitución de hipoteca, contenida en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, concertado por el demandante con la entidad CAIXABANK, S.A., en fecha de 21 de abril de 2006, ABSOLVIENDO a CAIXABANK, S.A., del resto de peticiones deducidas en su contra en el suplico de la demanda y ABSOLVIENDO a la entidad BANCO SABADELL, S.A., de las peticiones deducidas en su contra en el suplico de la demanda.
Cada parte abonará las costas ocasionadas a su instancia y las comunes por la mitad, a excepción de las ocasionadas a Banco Sabadell, S.A., que se imponen a la actora».
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Darío e impugnada por la representación de Caixabank S.A.
2.- La resolución de estos recursos correspondió a la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que lo tramitó con el número de rollo 8/2017 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 17 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva dispone:
«Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Don Darío y desestimar la impugnación formulada por Caixabank, S.A. contra la sentencia dictada en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA, acordando en su lugar lo siguiente:
»La estimación parcial de la demanda formulada por dicho recurrente frente a Banco Sabadell, S.A. declarando nulas las condiciones segunda, tercera y sexta de la estipulación quinta, con excepción de los impuestos, del contrato de préstamo de 13-6-2.013 al que se refiere la demanda.
1.- La procuradora D.ª Nuria Arnaiz Llana, en representación de D. Darío, interpuso recurso de casación.
«Al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 LEC (LA LEY 58/2000), por presentar interés casacional, se denuncia la infracción del artículo 89.3 letra c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU), al vulnerar la sentencia recurrida, la doctrina recogida en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 705/2015 de 23 de diciembre del 2015, recurso 2658/2013 (LA LEY 204975/2015), que considera como abusiva la estipulación que impone al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario».
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó providencia de fecha 11 de octubre en la que se acordó dar tratamiento preferente al presente recurso, a la vista de la materia sobre la que versa y la litigiosidad que se está generando.
3.- Con fecha 29 de noviembre de 2017 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Darío contra la sentencia dictada, el día 17 de febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª), en el rollo de apelación n.º 8/2017 (LA LEY 26844/2017), dimanante del juicio ordinario nº 113/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Avilés».
4.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición, lo que hicieron mediante la presentación de los correspondientes escritos.
5.- Por providencia de 22 de enero de 2018 se nombró ponente al que lo es en este trámite, y se acordó resolver el recurso por el Pleno de la Sala, señalándose para votación y fallo el 28 de febrero de 2018, en que ha tenido lugar. No intervino el magistrado D. Eduardo Baena Ruiz, por tener concedida licencia.
1.- El 13 de junio de 2013 se concertó escritura de préstamo con garantía hipotecaria entre Banco de Sabadell S.A., como prestamista, y como prestatarios Dña. Noemí, D. Darío, Dña. Delia, D. Mario y D. Ernesto. En su estipulación quinta, denominada gastos del prestatario, y en lo que aquí interesa, se hizo constar que eran de su cargo los correspondientes a los de tasación del inmueble, aranceles notariales, registrales e impuestos relativos a la constitución, modificación y cancelación de la hipoteca, gastos de tramitación de la escritura ante el Registro y los derivados de reclamación extrajudicial.
Además, se facultaba al banco para cobrar directamente, con cargo a las cuentas abiertas a los prestatarios, los gastos e impuestos mencionados. Dichos conceptos se concretaron en las siguientes cantidades: 516,42 € de notaría; 105,46 € de registro de la propiedad; 794,93 € de impuestos; y 260 € honorarios de tramitación. Tales cantidades fueron abonadas por Dña. Noemí.
2.- Por escritura pública de 21 de abril de 2006, Dña. Noemí, por sí y en representación de D. Darío, adquirió de Promociones Rivero Cueto, S.A. una vivienda sita en término municipal de Villaviciosa, subrogándose en la hipoteca que el vendedor tenía constituida sobre tal vivienda con la entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (actualmente, Caixabank S.A.), presente en dicho acto notarial. En la estipulación tercera de dicha escritura, y conforme a lo estipulado en su día en la escritura de préstamo inicial, se señaló que los gastos e impuestos derivados del otorgamiento, excepto el de plusvalía, serían a cargo de la parte adquirente. Tales gastos, abonados por Darío, ascendieron a: 765,43 € de notaría; 198,24 € de registro de la propiedad; 966 € de impuestos; y 150,80 € de honorarios de tramitación.
3.- D. Darío interpuso una demanda de juicio ordinario contra las mencionadas entidades prestamistas, en la que solicitó la declaración de nulidad de las respectivas cláusulas de atribución a los prestatarios del pago de los gastos e impuestos, y que se las condenara a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, con sus intereses legales.
1.- El Sr. Darío interpuso un recurso de casación, basado en un único motivo, por el cauce del art. 477.2.3º LEC (LA LEY 58/2000), en el que denuncia la infracción del art. 89.3 c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGCU). Cita como infringida la sentencia de esta sala 705/2015, de 23 de diciembre (LA LEY 204975/2015).
1.- Aunque en el recurso se cita como infringido el art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY 11922/2007), ha de tenerse en cuenta que en la fecha en que se firmó uno de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria a los que se ciñe este recurso de casación (21 de abril de 2006) no estaba todavía vigente dicho Texto Refundido, sino que regía la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 1734/1984) (en adelante LGCU).
2.- No obstante, al tratarse de un texto refundido, el art. 89.3 c) no fue realmente una norma de nuevo cuño, sino que fue reflejo de la refundición o reajuste de una norma previa. Por ello, a estos efectos, en función de la indicada fecha del contrato, deberemos tener en cuenta lo previsto en el art. 10 bis LGCU (LA LEY 1734/1984), en la redacción conferida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1988, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC (LA LEY 1490/1998)), que se remitía a la Disposición Adicional Primera de la propia LGCU (LA LEY 1734/1984), en la que se contenía un listado de cláusulas abusivas, entre las cuales, la 22 [«La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación)»], es equivalente al actual art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY 11922/2007).
1.- La sentencia de esta sala 550/2000, de 1 de junio, trató la abusividad de la imposición al consumidor de los gastos generados por la constitución de una hipoteca para la financiación de adquisición de una vivienda, con apoyo en el art. 10.1 c), apdo. 11 LGCU (LA LEY 1734/1984) (en su redacción original, que era igual al apartado 22 de la Disposición Adicional Primera antes citado), pero no se refirió a los tributos que gravan la operación, sino a los gastos bancarios, notariales y registrales derivados de la preparación de la titulación que, por su naturaleza, correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, obtención de hipotecas para financiar su construcción o su división y, cancelación).
3.- Por último, la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre (LA LEY 204975/2015), que se invoca en el recurso, no se pronunció sobre el resultado concreto de la atribución de gastos (en sentido amplio) entre las partes de un contrato de préstamo hipotecario, sino que, en el control realizado en el marco de una acción colectiva en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, declaró abusivo que se imputaran indiscriminadamente al consumidor todos los gastos e impuestos derivados de la operación.
1.- Decíamos en la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre (LA LEY 204975/2015), en lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario, que el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (LA LEY 3423/1993) (LITPAJD) dispone que estará obligado al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en la «constitución de derechos reales», aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c); y en la «constitución de préstamos de cualquier naturaleza», el obligado será el prestatario (letra d). Por otro lado, el art. 15.1 LITPAJD (LA LEY 3423/1993) señala que la «constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo», tributaran exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo.
De tal manera que, dijimos en la mencionada sentencia, la entidad prestamista no queda siempre y en todo caso al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la expedición de las copias, actas y testimonios que interese. Por lo que una cláusula que cargue indiscriminadamente el pago de todos los tributos al prestatario, sin distinción o salvedad alguna, puede ser abusiva, por aplicación analógica del art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY 11922/2007), que en los contratos de compraventa de viviendas considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario; dado que los préstamos sirven para financiar esa operación principal que es la adquisición de la vivienda.
2.- Respecto del hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales consistente en la constitución del préstamo hipotecario (art. 7.1.B LITPAJD (LA LEY 3423/1993)), ya hemos visto que el art. 8 LITPAJD (LA LEY 3423/1993), a efectos de la determinación del sujeto pasivo, contiene dos reglas que, en apariencia, pueden resultar contradictorias. Así el apartado c) dispone que «en la constitución de derechos reales» es sujeto pasivo del impuesto aquél a cuyo favor se realice el acto; y el apartado d) prevé que, «en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza», lo será el prestatario. De manera que si atendemos exclusivamente a la garantía (la hipoteca), el sujeto pasivo sería la entidad acreedora hipotecaria, puesto que la garantía se constituye a su favor; mientras que, si atendemos exclusivamente al préstamo, el sujeto pasivo sería el prestatario (el cliente consumidor). Sin embargo, dicha aparente antinomia queda aclarada por el art. 15.1 de la misma Ley, que dispone: «La constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo».
3.- La jurisprudencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de este Tribunal Supremo ha interpretado tales preceptos en el sentido de que, tanto en préstamos como en créditos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario (sentencias de 19 de noviembre de 2001 [RC 2196/1996 (LA LEY 1851/2002)]; 20 de enero de 2004 [RC 158/2002 (LA LEY 11595/2004)]; 14 de mayo de 2004 [RC 4075/1999 (LA LEY 13851/2004)]; 20 de enero de 2006 [RC 693/2001 (LA LEY 10905/2006)]; 27 de marzo de 2006 [RC 1839/2001 (LA LEY 27573/2006)]; 20 de junio de 2006 [RC 2794/2001 (LA LEY 92274/2006)]; 31 de octubre de 2006 [RC 4593/2001 (LA LEY 138644/2006)]; 6 de mayo de 2015 [RC 3018/2013 (LA LEY 59414/2015)]; y 22 de noviembre de 2017 [RC 3142/2016 (LA LEY 167300/2017)]). En tales resoluciones se indica que la unidad del hecho imponible en torno al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible sea el prestatario, de conformidad con lo establecido en el art. 8 d), en relación con el 15.1, LITPAJD (LA LEY 3423/1993).
4.- Asimismo, frente a alguna duda de constitucionalidad que se ha manifestado doctrinalmente, debemos traer a colación dos resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se resuelven sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto del art. 29 LITPAJD (LA LEY 3423/1993), en relación con los arts. 8.d) y 15.1 del mismo texto refundido, y con el 68 del Reglamento del Impuesto, por si pudieran ser contrarios a los arts. 14 (LA LEY 2500/1978), 31.1 (LA LEY 2500/1978) y 47 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978). Se trata de los autos 24/2005 de 18 de enero, y 223/2005, de 24 de mayo. En la primera de tales resoluciones se dice:
«[...]es una opción de política legislativa válida desde el punto de vista constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de "actos jurídicos documentados" lo sea el mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico principal (en el impuesto sobre el valor añadido o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), tanto cuando se trata de préstamos con constitución de garantías (aunque la operación haya sido declarada exenta en ambos impuestos), como cuando se trata de constitución de garantías en aseguramiento de una deuda previamente contraída, pues en ambos supuestos se configura como obligado tributario de aquella modalidad impositiva a la persona que se beneficia del negocio jurídico principal: en el primer caso, el prestatario (el deudor real); en el segundo supuesto, el acreedor real (el prestamista)».
5.- En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados por la documentación del acto -préstamo con garantía hipotecaria- en escritura pública (arts. 27.3 (LA LEY 3423/1993) y 28 LITPAJD (LA LEY 3423/1993) y 66.3 y 67 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (LA LEY 2326/1995), por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -en adelante, el Reglamento-), tiene dos modalidades:
El art. 29 LITPAJD (LA LEY 3423/1993), al referirse al pago del impuesto por los documentos notariales, dice:
Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, corresponde el abono del impuesto al prestatario. Salvo en aquellos casos en que pudiera existir un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales. Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre (LA LEY 3053/1989), por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la hipoteca-, es razonable distribuir por mitad el pago del impuesto (solución que, respecto de los gastos notariales y registrales, apunta la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016).
7.- Por último, y puesto que en la cláusula litigiosa se hace mención expresa a los tributos que graven la cancelación de la hipoteca, debe tenerse en cuenta que el art. 45 B.18 LITPAJD (LA LEY 3423/1993) declara exentas las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase en cuanto al gravamen gradual de la modalidad «Actos Jurídicos Documentados» que grava los documentos notariales.
2.- Cuestión distinta es que, una vez declarada la abusividad de la cláusula y su subsiguiente nulidad (art. 8.2 LCGC (LA LEY 1490/1998) y 83 TRLGCU (LA LEY 11922/2007)), haya que decidir cómo ha de distribuirse entre las partes el pago de los gastos e impuestos derivados del contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Pero eso no afecta a la nulidad en sí, por abusiva, de la estipulación contractual examinada, sino a las consecuencias de dicha nulidad.
Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto. La determinación de quién es el sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, que no puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993), sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores.
1.- Al haberse estimado en parte el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, según previene el art. 398.2 LEC. (LA LEY 58/2000)
2.- Procede acordar también la devolución del depósito constituido, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ (LA LEY 1694/1985).
1.º- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por D. Darío contra la sentencia n.º. 63/2017, de 17 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5.ª, en el recurso de apelación núm. 8/2017 (LA LEY 26844/2017).

References: artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 89
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución