Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2017/acuerdos_y_sentencias/ays_219_17.php
Timestamp: 2018-09-25 19:02:56+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 219/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 219/17
EXPEDIENTE: “ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA C/ RES. N° 2 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2.015 Y OTRA DICTADA POR EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN” EXPTE. N° 553. FOLIO 232. AÑO 2.015.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días cuatro del mes de agosto del dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA c/ RES N° 2 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2.015 Y OTRA DICTADA POR EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN" a fin de resolver la cuestión suscitada en estos autos.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala resolvió plantear y votar la siguiente.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Arsenio Coronel Benítez, Gregorio Ramón Rolando Ojeda y María Celeste Jara Talavera.
Y el miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, magistrado ARSENIO CORONEL BENITEZ, dijo: Que, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince (fojas 39/44) se presentó ante este Tribunal de Cuentas la Señora ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA mediante su representante convencional, a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre del 2.015 dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Funda la demanda en los siguientes términos: En cumplimiento de precisas instrucciones recibidas de mi mandante, en su nombre y representación, promuevo demanda contencioso-administrativa contra la Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre de 2015, dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), que establece: “1) Dar por concluido el presente sumario administrativo ordenado por el CAH contra los funcionarios WILMA LORENA LOPEZ con C.I. N° 4.104.197, MARIA DE FATIMA VERA SAUCEDO con C.I. N° 3.862.704, ERNESTA VELAZQUEZ con C.I. N° 4.053.213 y RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ con C.I. N° 2.229.398...; 2) Declarar responsables a los sumariados WILMA LORENA LOPEZ con C.I. N° 4.104A97, MARIA DE FATIMA VERA SAUCEDO con C.I. N° 3.862.704, ERNESTA VELAZQUEZ con C.I. N° 4.053.213 y RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ con C.I. N° 2.229.398, por la comisión de faltas graves tipificadas en la Ley 1626/00 de la Función Publica articulo 68 incisos c) y e)...; 3) Aplicar a los funcionarios del CAH WILMA LORENA LOPEZ con C.I. N° 4.104.197, MARIA DE FATIMA VERA SAUCEDO con C.I. N° 3.862.704, la sanción conforme a lo establecido en el art. 69 inc. c) de la Ley N° 1626/00 de la Función Publica: Destitución o Despido con inhabilitación para ocupar cargos públicos por (5) cinco años; y 4) Aplicar a los funcionarios ERNESTA VELAZQUEZ con C.I. N° 4.053.213 y RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ con C.I. N° 2.229.398, la sanción conforme a lo establecido en el art. 69 inc. b) de la Ley No. 1626/00 de suspensión en el cargo sin goce de sueldo por (30) treinta días”. Antecedentes: Señores Miembros del Tribunal, mi mandante es funcionaría del CAH desde 01 de julio de 2010 (Res. N° 443 25/06/10) de nombramiento, con una irreprochable conducta y legajo sin cuestionamiento. Sin embargo, desde que asumió el gobierno nacional y en especial desde el mes de enero de 2014 sufrió innumerables persecuciones, presumiblemente porque no es del mismo signo político. Así, en el mes de junio del presente año se le fue abierto el presente sumario administrativo a todas luces ilegal, ilegitima y arbitraria, recayendo en el mismo una resolución de suspensión. Demás esta decirlo que el propio Presidente de la República se ufanaba que una vez que gane las elecciones el único requisito para trabajar en la función publica iba ser la idoneidad, en éste y muchos otros casos constituyo solo una promesa electoral. En efecto, el nuevo presidente y su consejo de administración del CAH, en una carrera desesperada de meter a sus correligionarios, realizó varios actos ilegales e ilegítimos, pero peor aún, inventos innumerables sumarios a varios funcionarios sin razón ni fundamento legal alguno. Si estos hechos fueren negados por la demandada, requeriremos testifícales de los afectados, para probar lo mencionado. V.E. concluye el sumario y califica “supuestamente” mi conducta como falta grave, sin embargo, me impone una sanción de suspensión. Por eso mi mandante confiada por la justicia, solicita que mediante esta demanda y sentencia se ponga freno a los abusos y arbitrariedades. Antecedente inmediato: La resolución recurrida tiene como antecedente inmediato la Resolución N° 05 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada en el Sumario Administrativo a cargo de la Jueza Instructora Abog. Rosana Carolina Soloaga. La resolución después de transcribir todo el proceso administrativo, concluye en un apartado titulado: Análisis y Valoración de las Pruebas. Y dice: A los efectos de iniciar el análisis jurídico de la cuestión sometida a consideración de este Juzgado, corresponde delimitar previamente las faltas atribuidas a los fúncionarios sumariados en virtud de la acusación presentada. Así, tenemos que la cabeza de proceso en autos se halla constituida por el informe de auditoria realizada al Centro de Atención de CAH de San Pedro del Ycuamandyyu, en base al cual se solicito el inicio de la diligencia sumarial. En cuanto a las faltas atribuidas a los funcionarios sumariados en virtud de dicho informe, estas consisten, de conformidad con los hechos relatados y las documentaciones aportadas por la actora en la inobservancia de reglas relativas al control documental y del cumplimiento de requisitos establecidos para la concesión de prestamos a sujetos beneficiarios, transgrediendo de esta manera disposiciones internas del Crédito Agrícola de Habilitación y la Ley 1626/00. Sigue más adelante, en este sentido cabe determinar las funciones que desempeñaban los sumariados... así que la Sra. Emesta Velásquez y otros son funcionarios del CAH de San Pedro del Ycuamandyyu, y se desempeñaban como Asesor al Cliente ex Supervisor Rural. Y termina resolviendo: “1) Tener por concluido el presente sumario administrativo ordenado por el CAH contra los funcionarios WILMA LOREXA LOPEZ con C.I. N° 4.104.197, MARIA DE FATIMA VERA SAUCEDO con C.I. N° 3.862.704, ERNESTA VELAZQUEZ con C.I. N° 4.053.213 y RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ con C.I. N° 2.229.398...; 6) Recomendar la aplicación a los funcionarios ERNESTA VELAZQUEZ con C.I. N° 4.053.213 y RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ con C.I. N° 2.229.398, la sanción conforme a lo establecido en el art. 69 inc. b) de la Ley No. 1626/00 de suspensión en el cargo sin goce de sueldo por (30) treinta días”. En consecuencia, podemos concluir, que el objeto del sumario fue: a) la inobservancia de reglas relativas al control documental; y b) trasgresión del cumplimiento de requisitos establecidos para la concesión de préstamos. Y concluye calificando la conducta de los sumariados incurso dentro del art. 68 inc. c) Incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus obligaciones y e) Incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones establecidas en la presente Ley N° 1626/00. V.E., el art. 77 de la Ley 1626/00, establece en forma expresa. “La resolución que recayese en el sumario administrativo será fundada y se pronunciará sobre la comprobación de los hechos investigado, la culpabilidad o inocencia del encausado y, en su caso, la sanción correspondiente, quedando la aplicación de la pena a cargo de la máxima autoridad...”. El principio rector para cualquier sumario que concluya en una sanción, es que se cumpla los principios constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio e igualdad de las partes. Por tanto, la resolución, además de ser legal y legitima, debe preceder de un proceso no sospechado de nulidad, pero por sobre todo de congruencia entre lo denunciado, investigado y la resolución (sanción). No cabe la menor duda, que la resolución del Juzgado del Sumario y la resolución del Consejo, están viciadas de nulidad, pues se investigan los hechos de inobservancia de reglas relativas al control documental y trasgresión del cumplimiento de requisitos establecidos para la concesión de préstamos, y se termina sancionando por incumplimiento de una orden del superior jerárquico e incumplimiento de las obligaciones o trasgresión de las prohibiciones establecidas en la ley. De igual modo, no debemos olvidar que tanto la doctrina y, la jurisprudencia en nuestro país, tiene por sentado que en todo acto administrativo siempre debe existir proporcionalidad y razonabilidad entre el hecho reprochable y la sanción impuesta, pues, de lo contrario, estaríamos aceptando una sanción desproporcionada, ilegal y arbitraria. La verdad del sumario S.S. la animadversión de la Juez Instructora y el Presidente y su Consejo, está a la vista. Imagínese V.S., no se está investigando hechos de corrupción, que haya causado daño patrimonial a la institución. Es más, leerá V.E. las dos resoluciones y no encontrará conductas o hechos gravísimos de corrupción. Por el contrario, con esta clase de proceso administrativo se alimenta la injusta y la impunidad. Existen en nuestro país cientos de funcionarios pillados infragantes en hechos gravísimos de corrupción (público y privado), pero que amparada en el principio de presunción de inocencia, aún sumariado administrativa y fiscalmente, imputado y hasta acusados, siguen percibiendo sueldo y manteniendo aún su estatus de funcionario público. Sin embargo, mediante un sumario espurio y arbitrario, se me suspende por 30 días, de seguro V.E. para usar como antecedentes en otro inmediato sumario por cualquier causa, pata conseguir mi destitución, que es la mecánica que utilizan estos funcionarios presionado por el poder político irracional. Lo que si quedo claro en el sumario, es que conforme al folio (4) del expediente Capitulo II ARQUEO DE FONDOS E INVENTARIO DE FORMULARIOS Y CHEQUERAS. ARQUEO DE FONDOS: a fin de determinar los fondos a ser arqueados se verificaron documentos de las gestiones operativas, consistentes en recuperaciones y sus respectivos depósitos del día 01 al 14 de julio, con un corte a las 14:00 horas, obteniéndose los siguientes resultados, conforme a documentos provistos por los funcionarios del CAH San Pedro del Ycuamandyyú. INGRESO: COBRANZAS: GS. 338.060.046. EGRESOS: DEPOSITOS: GS. 338.060.046. TOTAL FONDO SUJETO A ARQUEO Gs. 0. Igualmente, conforme obra en el expediente a folio 5 (cinco) en el Capítulo III, ENTREVISTAS A PRESTATARIOS EN SUS FINCAS... De las visitas realizadas pudimos evaluar cuanto sigue: a los efectos de constatar la veracidad de los datos obrantes en las carpetas de los prestatarios, hemos seleccionado carpetas al azar, de los cuales pudimos visitar a 68 prestatarios. Todos los prestatarios visitados con préstamos vencidos del presente periodo, manifestaron que recibieron la totalidad de su crédito, en cheque, para destinar a agricultura, ganadería o inversión, a fin de fortalecer sus producciones... Manifestaron reconocer la deuda y que desean honrar sus compromisos. Con estas propias manifestaciones de los interventores da por decaído toda acusación sobre mi cliente de no haber entregado la totalidad de los créditos aprobados por el Comité de Crédito. Es evidente la persecución que está sufriendo mi cliente Ernesta Velázquez Almada por una cuestión cromática de ideologías políticas distinta al actual gobierno dicho informe de comisión de trabajo realizados desde 14 al 18 de julio del 2014 en las oficinas del CAH San Pedro de Ycuamandyyú delatan axiomáticamente en el informe de trabajo a folio 10 en la parte de Recomendaciones a nivel de oficina central. Incluir o anexar al sumario administrativo abierto los casos encontrados en este informe a sus funcionarios del CAC de San Pedro de Ycuamandyu que incumplieron con sus funciones según las observaciones realizadas, a los funcionarios: Marcos Maldonado, Wilma Lorena López Eisenhut, Fátima Vera e incluir al funcionario Rubén Darío Ocampos. Además, de solicitar la cancelación de sus condicionamientos a otras instituciones de dichos funcionarios. V.E. me remito a fin no ser repetitivo, en el análisis de cado uno de los clientes, que quedaron bien claros en el considerando del sumario Administrativo. Ninguna de estas recomendaciones se tuvieron en cuenta en el sumario abierto el 3/10/2014 a mi cliente, obrando maliciosamente para ser sancionada y dejar precedente para el estratégico plan de persecución por parte de la Presidente Ing. Amanda León Alder fraccionando las faltas para que no se alegue la violación constitucional de ser juzgado 2 (dos) veces por el mismo hecho, amén de lo ya mencionado paso a relatar las incongruencias de la parte actora a lo que hace relación a las supuestas faltas cometidas por mi cliente. Es así que, el jefe es quien es el responsable de la cartera a su cargo. Tanto el señor Gregorio Giménez y después el señor Ever Ramírez fueron jefes del centro de atención ellos fueron los responsables directos del centro de atención, el primer mencionado, actualmente en otra oficina y el señor Ever renunció, razón suficiente para pensar quede o por algo renuncio. Por último, llama poderosamente la atención que el señor Gregorio Giménez estaba también en la Gerencia Zona Norte como uno de los Coordinadores después de ser Jefe del centro de atención él fue uno de los que firmaron por la resolución de crédito del señor Eladio Ramírez y de la señora Teófila Cano, también fue él el que realizo la firma electrónica fue único responsable de haber cargado la resolución de crédito mediante usuario único, exclusivo y secreto. Bajo ningún sentido se puede atribuir a mi mandante la responsabilidad de la caída de los créditos y mucho menos de la cartera, en eses entonces la caída de los créditos y de la cartera va iban a pique motivo por el cual la trasladaron a mi cliente al centro de atención de San Pedro so pretexto de que se detectaron irregularidades a mansalva en dicho centro quien era responsable del centro en ese entonces es la Ing. Cristina Sanabria quien corrió la misma suerte del señor Ever Ramírez al renunciar y el señor marcos Maldonado (expulsado), es irrefutable la colosal y voraz persecución de índole política y personal hacia mi mandante irrebatiblemente se gráfica las incongruencias e incoherencias entre la denuncia y la acusación que paso de las demás personas mencionadas en la denuncia? A que apunta el crédito agrícola? Al esclarecimiento de los hechos o la simple y llana intención de destituir pisoteando de manera grosera y alevosa la garantías constitucionales de la presunción de inocencia. Repito, estos son los argumentos reales, en contrapartida, a los esgrimidos en el sumario. Sin embargo, cuando V.E. acceda a los antecedentes administrativos del Crédito Agrícola de Habilitación y pueda analizar los motivos del sumario advertirá de la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones. De igual modo, no debemos olvidar que siempre debe existir proporcionalidad, y razonabilidad entre el hecho reprochable y la sanción impuesta, pues, de lo contrario, estaríamos aceptando una sanción desproporcionada para la infracción cometida, volviendo ilegal la misma sanción impuesta. En consecuencia, por las razones expuestas, ruego a V.E. que se sirva revocar las resoluciones cuestionadas.
Por proveído de fecha 05 de febrero del año 2.016, de fojas 44 vlto., este Tribunal de Cuentas tiene por iniciada la presente demanda contencioso administrativa.
Por providencia de fecha 25 de abril del año 2.016, de fojas 48 vlto., se ordena el traslado de la demanda a la adversa.
Posteriormente, en fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, de fojas 56/59, se presentó ante este Tribunal de Cuentas el representante convencional del Crédito Agrícola de Habilitación, Abogado Nestor Leon Franco, a contestar la demanda contencioso administrativa. Funda la contestación en los siguientes términos: Que, por el presente escrito vengo en tiempo y forma a contestar el traslado de demanda que me fuera corrida en fecha 09 de junio del 2.016, en base a las consideraciones de hechos y derechos que paso exponer: Antecedentes: Que, la presente demanda deviene como antecedentes del Sumario Administrativo Instruido a los Sres. Wilma Lorena López, María De Fátima Vera Saucedo, Emesta Velázquez Almada y Rubén Darío Ocampos Díaz, funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación, informe mediante, de la Auditoria Interna de la Institución. Por Resolución N° 02, Acta N°: 24 de fecha 28 de octubre de 2015, dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación resolvió suspender en el cargo sin goce de sueldo por el plazo de 30 días establecida en el art. 69 inc. “b” de la Ley 1626/00. De la Función Pública a la funcionaría ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA., con C.I. N° 4.053.213. De la contestación de la demanda: 1) Fundamentos procesales para el rechazo de la demanda: Antes de profundizar el sentido y la discusión procesal de la pretensión esbozada por la actora, transcribo en resumidas síntesis - el objeto y sus fundamentos. “OBJETO: CONTESTAR DEMANDA DE NULIDAD DE RESOLUCIÓN N° 2, ACTA N° 24 Dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habitación planteada por la Funcionaría ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA ante el Excmo. Tribunal de Cuentas, cuyo traslado fue conferido en fecha 09 de junio de 2016, a las que, en tiempo y forma, vengo a contestar, solicitártelo desde ya la confirmación de la Resolución recorrida. PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA: La Señora ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA, recurre ante el Tribunal de Cuentas contra la Res. N° 2 Acta N° 24/15, que Copiado dice: "Las faltas atribuidas a los funcionarios sumariados en virtud del informe de Auditoría Interna del (CAH), en inobservancia de las reglas relativas al control documental y del cumplimiento de requisitos establecidos para la concesión de préstamos a sujetos beneficiarios, transgrediendo de esta manera disposiciones internas del Crédito Agrícola de Habilitación, y la Ley 1626/00 sig...menciona el resultado del Sumario Administrativo, ordenado por el CAH., en consecuencia concluye que el objeto del sumario fue a) la inobservancia de reglas relativas al control documental: y b) trasgresión del cumplimiento de requisitos establecidos para la concesión de préstamos....sigue refiriendo... V.E., el art. 77 de la Ley 1626/00. establece en forma expresa “La resolución que recayese en el sumario administrativo será fundada y se pronunciara sobre la comprobación de los hechos investigado, la culpabilidad o inocencia del encausado y, en su caso, la sanción correspondiente, quedando la aplicación de la pena a cargo de la máxima autoridad...sig/... menciona también: no existen faltantes de ninguna clase, el sumario de referencia deviene como consecuencia de una persecución política termina solicitando la siguiente medida cautelar...sig/... V.S. ordene la suspensión de los efectos de la Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre de 2015, dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación, bajo responsabilidad personal de su mandante...en este caso; la funcionaría recurrente. Contestar demanda: Así planteada la cuestión cabe mencionar que la recurrente en el escrito de demanda revela un desconocimiento de su pretensión, pues ante el Tribunal de Cuentas y en una Acción contencioso administrativa plantean la nulidad de un acto administrativo. De esta imprecisión tampoco escapa el subtitulado de cosa demandada: Que, mi parte sostiene que; por ese simple hecho la demanda debe ser rechazada in limine por la profunda confusión imperante en la presentación, la sola redacción es atentatoria contra el Artículo 215 del Código Civil en su inciso c), pues no se designa con precisión lo que se demanda. Esta afirmación se sustenta en que la recurrente, a sabiendas de que litigan ante el Tribunal de Cuentas, competente en materia contencioso administrativa, recurren solicitando la Nulidad de la Restitución N°: 02, Acta N°: 24 de fecha 28 de octubre de 2015, es decir no existe designación precisa de lo que se demanda, pues por la vía de una demanda pretenden una nulidad sin recurrir por las vías (excepción o recurso). Que, en este orden de cosas necesariamente el Tribunal de Cuentas debe aplicar estrictamente el Artículo 216 del C.P.C. rechazando por ende la presente demanda. 2.2.) FUNDAMENTOS DE FONDO PARA EL RECHAZO DE LA ACCIÓN: QUE, niego categóricamente todos los argumentos de la adversa salvo aquellas que sean reconocidas expresamente por mi parte. Consecuente con lo expuesto; niego que la Resolución atacada, se haya emitido por la Institución a la que represento, en violación de normas jurídicas alguna, por así decirlo, teniendo en cuenta de que la actora, a través de su representante, obvió mencionarlo... dejando más que confusión, hasta si se quiere irresponsabilidad para sostener su pretensión. Que la Resolución recurrida, cuya confirmación solicito al Excmo. Tribunal., se sustenta en que la citada funcionaría del CAH., había cometido varias irregularidades, que a continuación paso a enumerar. Evidentemente esta denuncia (sumario administrativo y suspensión en el cargo por 30 días), tuvo su origen a través del informe del interventor del Centro de Atención del CAH, de San Pedro del Ycua Mandiyu. Ing. Agr. Carlos Adid Torres, fecha 24/09/2013 hasta el 11/10/2013. Arrojando la existencia de unas series de irregularidades cometidas por funcionarios del CAH., de dicho Centro de Atención, y que las mismas son atentatorias al Art. 68 de la Ley 1626/00. De la Función Pública incs. e) y k), en concordancia con el Art. 81 inc. “s” del Código Laboral, las que incursa como causa justificada de terminación laboral. “Los perjuicios materiales que ocasionen el trabajador intencionalmente, por negligencia, imprudencia o falta agrave, en los edificios, obras maquinarias, herramientas sig...etc. LAS DOCUMENTACIONES: Para el manejo administrativo de la Institución, se han habilitado diferentes documentos de uso cotidiano en los Centros de Atención del CAH. En ese sentido, uno de ellos es el documento de COBRANZA CAH 36, el cual acredita al prestatario el pago de su deuda: Este documento debe estar firmado por el funcionario habilitado para percibir cobro y llevar el sello de la Institución - con el propósito de clarificar estos conceptos, fueron habilitados manuales en la institución. CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS: Jefe del Centro de Atención: Como función general, el Jefe del Centro de Atención es responsable de la calidad de la cartera del CAC a su cargo; planifica en forma conjunta con los funcionarios a su cargo, las actividades a ser realizadas de forma mensual y semanal, controlando su ejecución en tiempo y forma conforme a los métodos y lineamientos establecidos por la Gerencia de Servicios Zonal, junto con la Dirección de Políticas Crediticias de la Gerencia de Servicios de la oficina central; Es responsable de la integridad y del contenido de los documentos y anexos a ¡as solicitudes de clientes; cumple con las normas y procedimientos establecidos en materia de concesión de créditos (Manual, Reglamento y protocolos de créditos del CAH) y otros servicios. En cuanto a las funciones específicas, integra el comité de créditos. Asesor al Cliente: Como función general es responsable de la integridad y del contenido de los documentos anexos a las solicitudes de clientes: Coordina con el Oficial Administrativo - Financiero; la circulación interna de expedientes relacionados a su sector, responsabilizándose del seguimiento hasta su finiquito respectivo; Cumple las normas y procedimientos establecidos en materia de concesión de créditos (Manual de los Servicios crediticios del CAH.- FUNCION ESPECIFICA: Debe calificar objetivamente a clientes potenciales a objeto de incorporarlos a los programas y proyectos institucionales conforme a los perfiles diseñados para el efecto.- Elaborara las solicitudes de crédito y registra la información proporcionada por el Cliente, en el formulario de solicitud de crédito en el Sistema de Cartera del CAH; Realiza la visita de finca a fin de interiorizarse de la situación del productor y condiciones de las unidades productivas y/o fincas. Estas funciones generales y específicas se encuentran determinadas y detalladas en el Manual de Funciones de la Institución, y solo se han citado algunas de ellas, sobre todo aquellas relativas a las irregularidades encontradas por el interventor. Resultado de la Intervención: Como resultado de la intervención realizada al CAC de San Pedro el Ycua Mandiyú, pudieron notarse las siguientes irregularidades. Custodia de las documentaciones: Se evidenciaron como faltas administrativas documentos de Cobranzas CAH 36 ya elaborados y sin archivar en las carpets de los clientes. En contravención a lo mencionado en el CAPITULO 5 - ITEM 5,8 (ARCHIVO) del Manual de Servicios Crediticios. Un desorden general en el manejo de las documentaciones del CAC, lo que imposibilita que la carpeta del cliente sea encontrada con rapidez, o inclusive que sean encontradas, - INTEGRIDAD/VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIONES: también se encontraron documentaciones de desembolso CAH 66 elaboradas, con desembolsos ya efectuados a clientes, cuyas resoluciones no tenían la firma de los integrantes del comité de Crédito de CAC- Centro de Atención al Cliente, cuyas resoluciones no tenían la firma de los integrantes del comité de Crédito del CAC, o bien, faltaban firmas. En las actas del Comité de Crédito no se registran disidencias y varias de las actas no tienen firmas de los integrantes del Comité. Los desembolsos registran la firma de WILMA LORENA LOPEZ -OFICIAL ADMINISTRATIVO. Y no tienen la firma del Jefe del Centro de Atención Sr. Ever Ramírez en contravención, a lo escrito en el MANUAL DE SERVICIOS CREDITICIOS, Capitulo -6, Item 6,1 (desembolso) y Capitulo 2 Item 2.2,3 (Normas de Funcionamiento del Comité de Créditos). Seleccionadas al azar, se encontraron capetas con las siguientes irregularidades: Sin formulario de inspección de finca: carpetas de prestatario VICTOR MANUEL LOPEZ FRANCO: CRISTIAN DAVID FERREIRA, LEOCADIO BENTO LOPEZ, CARMEN ESPINOLA. -Sin espécimen de firma: Carpetas de prestatarios VICTOR MANUEL LOPEZ FRANCO, LEOCADIO BENTO LOPEZ, CARMEN ESPINOLA, CRESCENCIA DOMINGUEZ ESPINOLA, GILBERTA CELEDONIA MARTINEZ. -Con espécimen de firma pero sin verificación de funcionario GABRIEL CABRERA FERREIRA, SINTIA RAQUEL SILVA BENITEZ. Se podría decir, cuando menos, que existió un nulo control primario de los documentos, e inclusive agregar más irregularidades como constancias de ocupación, INDERT sin firma del ocupante: CARMEN ESPINOLA, VICTOR MANUEL LOPEZ FRANCO, GREGORIA LOPEZ FRANCO, GILBERTA CELEDONIA MARTINEZ, en total contravención a lo dispuesto por la Resolución 27 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2,004, por el cual se Reglamenta el Art. 16 del CAPITULO V, del Reglamento General de Crédito., exclusiva responsabilidad de la actora.- (Encargada del Centro de Atención al Cliente - Supervisor Rural del CAH). Clientes afincados en zonas fuera del Centro de influencia del CAC de San Pedro del Ycuamandyyu, algunos clientes denunciaron que se están afincando en la zona de Rincón Compañía de Nueva Germania, el cual esta dentro del área de influencia del CAC de Santa Rosa, pero sin embargo le fueron concedido créditos por el CAC de San Pedro. Revisada sus carpetas, en las mimas no están los croquis de ubicación: ISABEL LOPEZ FRANCO, VICTOR MANUEL LOPEZ FRANCO, GILBERTA CELEDONIA MARTINEZ. Clientes que obtuvieron un segundo préstamo en MENOS DE 24 HORAS de haber cancelado el primero, sin elaboración del plan de trabajo, ni aprobación por parte del Comité de Crédito y Desembolso: GLORIA NOEMI DUARTE CABALLERO. Todas estas irregularidades se encuentran configuradas según el Art.. 68 inc. e) y k), pues revelan un incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones establecidas en la Ley 1,626/2,000, la cual en su Art. 57 inc. a) c) g), establece que son obligaciones del funcionario Público, sin perjuicio de lo que establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidad del Estado, las siguientes: realizar personalmente el Trabajo a su cargo en las condiciones del tiempo, forma, lugar y modalidad, que determinen las normas dictadas por la autoridad competente, c) prestar el servicio con eficiencia diligencia, urbanidad, corrección y disciplina y g) observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta honesta y leal en e! desempeño de su cargo, con preminencia del Interés público sobre el privado. Como si no fuera suficiente la mera inobservancia de las obligaciones dispuestas en la Ley No. 1626/2,000, y en el Manual de los Servicios Crediticios y Reglamento General de Crédito, también debe considerarse la conducta de los funcionarios ya citados, y en especial la recurrente, las mismas están contempladas como causa justificada de despido, de conformidad a lo dispuesto por el art. 81 inc. f) del Código Laboral: Los perjuicios materiales que ocasione el trabajador intencionalmente, por negligencia, imprudencia o falta grave, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados al trabajo. Que todas estas afirmaciones fueron arrimadas en su totalidad ante el Juzgado de Instrucción designado, quién en su S.D.N°05 de fecha 27 de octubre de 2015, antecedente inmediato de la Resolución N° 2 Acta N° 24 de fecha 28 de octubre de 2015. Dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación, resolución esta...recurrida ante VV.EE. Excmo. Tribunal de Cuentas. Consecuente con los argumentos esgrimidos por esta parte, cabe asimismo negar enfáticamente supuestas situaciones de discriminación (política etc), sin sustento alguno por la adversa, por ende el acto administrativo hoy atacado no se constituye en un abierto acto de discriminación, como lo afirma en forma obstinada y sin fundamento alguno el representante convencional de la adversa, amén de que la misma Ley respalde este tipo de principios de que las Instituciones puedan organizarse para estas finalidades, la que en derecho sería calamitoso. No es verdad... además que la actora haya sido desafectada por razones políticas de índole discriminatorias como afirman sus representantes, como son falaces los argumentos esgrimidos, en el sentido de sostener que esas fueron las razones fundamentales para su destitución, artilugio estas deducidas ante la orfandad jurídica de su demanda. Concluyendo: La funcionaría ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA., juntos a FATIMA VERA y RUBEN DARIO OCAMPOS se desempeñaban como Asesor del Cliente en el CAC de San Pedro del Ycuamandiyu, con ellos se inicia la solicitud de préstamos, ellos son los encargados de realizar la inspección de fincas, el lugar donde se van a ejecutar el préstamo y de recabar todas las documentaciones requeridas para acceder al crédito, además forman parte del Comité de Crédito, y dentro de las tareas regladas por el Manual de Administración de los Servicios Crediticios, su negligencia tuvo como consecuencia la caída del crédito otorgado...registrándose alto nivel de morosidad en todos los préstamos (falta de control y seguimiento), sin posibilidad de recuperación y por ende perdida económica a la Institución que represento, solicitando desde ya al Excmo. Tribunal, sea ampliada la Sanción, en el Sentido de que su conducta sea incursa dentro de las disposiciones del Art. 69 inc. “c” de la Ley 1626/00. En lo que hace a la ilegalidad y arbitrariedad supuesta del acto administrativo recurrido manifestada por la parte actora, conviene ilustrar que la autorización para obrar es conferida por la propia ley a la autoridad, en relación a ciertos hechos o circunstancias. El elemento fáctico es tan esencial al acto que es inconcebible, una norma jurídica no referida a hechos que constituyen su fundamento; como la autorización legal misma. Da mihi factum tibi ius, es imperativo tanto del juez como de la autoridad administrativa. La única diferencia por lo demás relativa, es que al juez se le dan hechos taxativamente determinados para que ejerza al respecto de ellos facultades generalmente regladas, cuyo ejemplo típico es el hecho delictual y su pena, en tanto que a la autoridad administrativa se le presentan hechos de la misma manera inexcusable o se le confía la estimación de las circunstancias para el ejercicio de sus facultades discrecionales. FRANCISCO HUMBERTO PICCONE, en su obra ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO dice: “Los actos administrativos emitidos en concordancia con los principios y reglas establecidos por el ORDENAMIENTO JURIDICO lleva ínsita la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la función administrativa y por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser alegada y probada en juicio". De lo que antecede resulta que los actos dictados por funcionarios competentes utilizando medios idóneos para el cumplimiento de la función llevan por si solas la PRESUNCION DE LEGITIMIDAD porque su título es regular, por tanto el acto administrativo atacado por la ERNESTA VELAZQUEZ se halla fundamentada en la Ley, en consecuencia el CONSEJO DIRECTIVO DEL CAH, actuó conforme a las facultades regladas en las normas jurídicas que rigen a la Institución, así como en la Ley 1626/00 de la Función Pública. Termina solicitando que luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala dicte Sentencia rechazando con costas la presente demanda.
Por proveído de fecha 08 de julio del año 2.016, de fojas 59 vlto., se tuvo por contestada la demanda en los términos del escrito obrante a fojas 56/59.
Por A.I. N° 1.036 de fecha 05 de octubre del 2.016, este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala se declara competente para entender en la presente litis y ordena la apertura de la causa a prueba por todo el término de ley.
Por proveído de fecha 09 de junio del año 2.017 se llamó Autos para Acuerdo y Sentencia.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, Magistrado ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, prosiguió diciendo:
Que, en primer lugar debemos hacer un breve esbozo de las particularidades que se exponen por medio de la presente demanda en el escrito inicial y su respectiva contestación; y en ese sentido, tenemos que la Señora Ernesta Velázquez Almada se presentó ante este Tribunal de Cuentas por medio de su representante convencional, a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 02, Acta N° 24 de fecha 28 de octubre del 2.015 dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habitación (CAH).
La mentada Resolución N° 02 resolvió lo siguiente: “...1°) Dar por concluido el presente sumario Administrativo ordenado por el Crédito Agrícola de Habitación contra los funcionarios... ...ERNESTA VELÁZQUEZ con C.I.C. N° 4.053.213... ...por la supuesta comisión de faltas graves-año 2015, tipificadas en la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública; 2°) Declarar responsables a los sumariados... ...ERNESTA VELÁZQUEZ con C.I.C. N° 4.053.213... ...por la comisión de faltas graves tipificadas en la Ley 1626/00 de la Función Pública artículo 68 incisos c) y e); ...4°) Aplicar a los funcionarios ERNESTA VELÁZQUEZ con C.I.C. N° 4.053.213... ...la sanción conforme a lo establecido en el Art. 69 inc. b) de la Ley N° 1626/00 de la Función Pública de suspensión en el cargo sin goce de sueldo por (30) treinta días; 5°) La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, deberá NOTIFICAR a los destinatarios de la presente resolución y a las instituciones en las que los mismos estén comisionados; y 6°) Comunicar a quienes corresponda y archivar”.
En la situación planteada estamos ante la imposición de una sanción consistente en la suspensión en el cargo sin goce de sueldo por el término de 30 días que le fuera imputada a la Señora Ernesta Velázquez Almada, en el marco del sumario administrativo instruido por la supuesta comisión de faltas graves previstas en la Ley N° 1.626/00 “De la Función Pública”. En esos términos, la cuestión debatida consiste en determinar si electo administrativo impugnado por ésta vía se encuentra ajustado a derecho.
A priori visualiza que la hoy demandante se desempeñaba como funcionaría del Crédito Agrícola de Habitación (CAH), nombrada mediante Resolución N° 443 de fecha 25 de junio del 2.010 conforme se desprende de autos.
En ese contexto de ideas, analizando el antecedente administrativo tenemos que el sumario instruido fue a raíz del Informe de Auditoria realizada al Centro de Atención al Cliente del Crédito Agrícola de Habitación (CAH) de San Pedro de Ycuamandyyu, en la cual se han detectados irregularidades administrativas en la gestión, análisis, aprobación y desembolso de créditos cedidos a varios prestatarios. Las irregularidades detectadas en la gestión de la Señora Ernesta Velázquez Almada tuvieron como consecuencia la caída del crédito otorgado, registrándose alto nivel de morosidad en todos los prestamos cedidos con su participación, sin ningún tipo de posibilidad de que la Institución los recupere.
Al respecto, la recurrente cumplía función en Atención de Usuarios y Potenciales Usuarios - tenía como labor coordinar con el Auxiliar Administrativo Financiero la circulación interna de expedientes relacionados al sector a su cargo, responsabilizándose del seguimiento hasta su finiquito. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en materia de concesión de créditos entre otras cosas establecidas en el Manual y Reglamento de Créditos del CAH, Resoluciones y Protocolos.
En prosecución del estudio y analizando las pretensiones de la accionante canalizadas por la presente acción contenciosa, es dable concluir que las mismas no reúnen los fundamentos mínimos requeridos para enervar la validez del acto administrativo que ataca. Pues de acuerdo al ítem procedimental trascripto, y siguiendo la fundamentación vertida por el Juez Instructor mediante la Resolución Definitiva N° 05/15 de fecha 27 de octubre del año 2.015, podemos afirmar sin temor a equívocos que no corresponde la revocatoria del acto administrativo impugnado.
Finalmente, de las constancias del sumario administrativo llevado a cabo en contra de la administrada que desembocó en la resolución dictada por la máxima autoridad del Crédito Agrícola de Habitación (CAH), que resolvió suspenderla por el término de 30 días sin goce de sueldo, debo denotar que la falta cometida por la accionante se halla plenamente demostrada.
En cuanto a la calificación de la falta en que ha incurrido la recurrente, observa que los actos administrativos impugnados la han incursado dentro de lo prescripto en la legislación pertinente. En lo tocante a esta cuestión, estima que la calificación realizada en la instancia administrativa por medio de la Resolución atacada se halla ajustada a derecho, lo cual significa que existe una adecuada correspondencia entre el hecho real y el tipo disciplinario aplicado. Acerca de la sanción de suspensión que le fuera impuesta a la administrada, es del parecer que el castigo aplicado resulta adecuado a la gravedad de la trasgresión.
Por otro lado, no cabe la menor duda que el sumario administrativo fue llevado a cabo conforme a las normas procesales establecidas, habiéndosele brindado a la recurrente suficientes oportunidades para el más amplio ejercicio del derecho a la defensa, como igualmente se le garantizó en todo momento el derecho a ofrecer, controlar e impugnar pruebas, por lo que las conclusiones del Juez Instructor (Resolución Definitiva N° 05/15) se ajusta estrictamente a derecho y descansa sobre la base de las reglas que hacen al justo y debido proceso; se ha respetado íntegramente las garantías y los derechos procesales de la afectada.
Finalmente, no ésta demás mencionar que esta Magistratura ha insistido en que el derecho disciplinario encuentra entonces su justificación constitucional en el logro de los objetivos constitucionales y legales de la función pública, en razón a que todos los servidores públicos deben propender al logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y al reglamento. De donde resulta que cualquier funcionario/a del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Siendo así, no cabe la menor duda que los actos administrativos impugnados en el presente juicio se ajustan plenamente a derecho y al Principio de Legalidad que rige el actuar de la administración demandada. Referente al tema, el ilustre Salvador Villagra Maffiodo sostiene “...El acto administrativo es regular y, por consiguiente valido, si se conforma con las normas reglamentarias, legales y constitucionales...” (Salvador Villagra Maffiodo - “Principios de Derecho Administrativo”, 4ta Edición, Pág. 59). Es decir, para que un acto administrativo sea válido debe contar con los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para su formación y existencia. Concurriendo todos los elementos, el acto administrativo es perfectamente válido. En ese mismo sentido, la doctrina sostiene que los caracteres del acto administrativo, ejecutoriedad, presunción de legitimidad y estabilidad, se presentan en el supuesto de que el acto sea perfecto, es decir que sea válido y eficaz. El acto administrativo es perfecto cuando tiene todos los elementos esenciales que lo constituyen y ha cumplido su ciclo de formación.
Por todo el fundamento expuesto anteriormente considera que la presente demanda contencioso administrativa debe ser rechazada, y en consecuencia, los actos administrativos impugnados, Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre del año 2.015 dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habitación (CAH) y la Resolución Definitiva N° 05/15 de fecha 27 de octubre del 2.015 dictada por el Juzgado de Instrucción Sumarial, deben ser confirmadas in totum en lo que respecta a la Señora ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa conforme a la teoría del “riesgo asumido” la cual establece que el litigante que asume una posición controversial, es quien debe cargar con las consecuencias ante el rechazo de su pretensión jurídica, esta aserción es la que prima en el Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
A su turno, los miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA y MARÍA CELESTE JARA TALA VERA, manifiestan que: se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante mi el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 04 de agosto del 2.017.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2) CONFIRMAR, en lo que respecta a la Señora ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA, Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre del año 2.015 dictada por el Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habitación (CAH) y la Resolución Definitiva N° 05/15 de fecha 27 de octubre del 2.015 dictada por el Juzgado de Instrucción Sumarial, deben ser confirmadas.
3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa.
4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
G. Ramón Rolando O. Miembro
DÓLAR 5810 5860
REAL 1370 1410

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 215
 Artículo 216
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 68
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución