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﻿ Sentencia 2010-00029 de marzo 9 de 2012
SENTENCIA 2010-00029 DE 09 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:VOTO EN BLANCO. EVOLUCIÓN NORMATIVA, EFECTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN EL SISTEMA POLÍTICO Y ELECTORAL COLOMBIANO. ES UNA OPCIÓN QUE LE PERMITE AL CIUDADANO EXPRESAR DE FORMA POSITIVA, CLARA Y CONTUNDENTE EL DESACUERDO CON LAS PROPUESTAS EN CONTIENDA EL VOTO EN BLANCO NO PUEDE SER EQUIPARADO CON LA ABSTENCIÓN LA ABSTENCION ES UNA ESTRATEGIA LEGÍTIMA PARA OPONERSE A LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL POR MEDIO DE REFERENDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL VOTO, CLASES DE VOTO, VOTO EN BLANCO, ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:486 DE JUNIO DE 2012, PG.1144
Sentencia 2010-00029 de marzo 9 de 2012
Rad. 11001-03-28-000-2010-00029-00 y 11001-03-28-000-2010-00034-00
Demandado: Representantes por Colombia al Parlamento Andino 2010-2014
Más adelante, dicha disposición sufrió una modificación sustancial, mediante la Ley 96 de 1985, que consagró expresamente que el voto ilegible y el voto en blanco eran diferentes y, de hecho, asignó a este último valor para efectos de obtener el cuociente electoral. Dispuso así la norma:
“El voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco. El voto en blanco se tendrá en cuenta para obtener el cuociente electoral. El voto ilegible es nulo”.
Posteriormente, con la expedición del Código Electoral —Decreto 2241 de 1986— se implementó el sistema de papeletas, el cual permitía depositarlas sin inscripción alguna, y, en ese caso, eran equivalentes al voto en blanco pero sin ningún valor jurídico.
Promulgada la Carta Política de 1991, que en su artículo 258 consagra el voto como un derecho y un deber ciudadano(12), el voto en blanco no fue considerado. Sin embargo, con la expedición de la Ley 84 de 1993, este fue definido en el artículo 14 como aquel que “en la tarjeta electoral señala la casilla correspondiente” pero le negaba cualquier tipo de efecto, al disponer que “[...] no se tendrá en cuenta para obtener el cuociente electoral”. Esa disposición y muchas otras de esa normativa fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-145 de 1994(13), en la que se consideró que la materia regulada tenía reserva de ley estatutaria y debía ser tramitada por dicho procedimiento y no mediante una ley ordinaria(14).
El anterior recuento permite advertir que el legislador no fue constante en cuanto a los efectos jurídicos del voto en blanco, porque en ocasiones le restó toda validez y en otros momentos lo consideró expresamente como un voto válido y, por tanto, con efectos en el sistema electoral vigente para la época, pues su contabilización impactaba directamente en el cuociente electoral. Lo que sí es claro es que este voto dejó de equipararse al nulo o a las tarjetas no marcadas.
Lo expuesto, permite afirmar que de la evolución normativa del voto en blanco, se observa que este ha tenido tres momentos diferentes: (i) el primero de ellos, en el que el voto en blanco carecía de cualquier tipo de efecto político, en la medida en que era equiparado a los votos nulos o a los no marcados; por demás, no era considerado ni en la papeleta ni en el tarjetón electoral; (ii) una segunda etapa, en la que adquirió un lugar específico en los tarjetones, de suerte que la ciudadanía podía expresamente hacer uso de esta modalidad de voto, algunas veces con un determinado efecto jurídico en la medida en que incidía directamente en el cuociente electoral, y en otras sin ningún alcance, pero, en todo caso, no equiparable ni a los votos nulos ni a los no marcados(17), es decir, un voto válido y (iii) actualmente como un voto válido con la posibilidad de invalidar las elecciones de cualquier cargo de elección popular, siempre y cuando obtenga una determinada mayoría, con la consecuente repetición de la respectiva elección por una sola vez.
De igual manera, esa corporación ha destacado el papel determinante que ocupa en la democracia contemporánea la protección de la libertad de los sufragantes, por lo cual el derecho al voto está revestido de atributos como su carácter secreto, y se otorga una incidencia política real al voto en blanco, por cuanto “en el sistema de participación política previsto en la Constitución, el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector”(18). Así, “como consecuencia de este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular”(19).
Para esta Sala es importante señalar que esa forma de disentimiento, abstención o inconformidad que representa el voto en blanco en nuestro sistema jurídico no lo es frente al sistema electoral sino frente a los candidatos o listas puestos a su disposición y entre los cuales se le pide al ciudadano escoger. El voto en blanco debe entenderse, en una democracia como la nuestra, como la manifestación expresa que hace el elector de disenso, rechazo o descontento frente a las opciones que le han sido presentadas o lo que estas pueden representar, v. gr. continuismo, corrupción, entre otros.
“... la admisión del voto en blanco pretendería atraer ciudadanos para que participen en el referendo, con el fin de que el umbral de participación mínima exigido por el artículo 378 superior sea sobrepasado. En efecto, como ya se señaló, para que una reforma sea aprobada, es necesario que haya votado la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. En tales condiciones, si se admitiera la casilla de voto en blanco, los estímulos a los votantes, previstos por la Ley 403 de 1997, se tornarían en un mecanismo para estimular que se sobrepase el umbral mínimo de participación requerido para la aprobación de las reformas constitucionales propuestas por el referendo, lo cual introduciría una discriminación frente a aquellos ciudadanos que han optado por la abstención, como un mecanismo para combatir la aprobación de esas reformas, precisamente buscando que ese umbral de participación no sea satisfecho.
Y es que la regulación del artículo 378 de la Carta confiere una eficacia específica a la abstención en los referendos constitucionales, puesto que es posible que una reforma obtenga una mayoría de votos afirmativos, pero no sea aprobada, por cuanto el total de los votos no sobrepasó el umbral de participación requerido.
Ahora bien, el Constituyente hubiera podido adoptar una fórmula que garantizara una participación mínima en el referendo, para legitimar democráticamente el pronunciamiento ciudadano, pero sin conferir eficacia jurídica a la abstención. Para ello hubiera podido establecer, como lo hacen otros ordenamientos, que los votos favorables al referendo no solo deben ser la mayoría de los votos depositados sino que esos votos positivos deben representar un determinado porcentaje del censo electoral, pues de esa manera se asegura una participación mínima, pero sin conferir efectos jurídicos a la abstención, ya que únicamente los votos favorables son tenidos en cuenta para determinar si el umbral de participación fue o no sobrepasado.
En tales circunstancias, al establecer como requisito de aprobación de un referendo un umbral mínimo de participación global, en vez de un porcentaje mínimo de votos favorables, la Constitución no solo confirió eficacia jurídica a la abstención sino que la convirtió en una estrategia legítima para oponerse, en ciertos contextos, a la aprobación de una determinada reforma constitucional por medio de referendo. No sería entonces razonable suponer que si la Carta le confiere efectos jurídicos a la abstención, de otro lado la propia Carta considere que esa alternativa política no amerita protección constitucional en este tipo de votaciones La Corte concluye entonces que en los referendos constitucionales, la abstención es una opción política legítima, que se encuentra reconocida por el Estado, y por ello no puede ser discriminada”.
Antes de absolver los anteriores interrogantes, la Sala considera pertinente señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011, al estudiar el proyecto de ley estatutaria que se convertiría en la Ley 1475 de 2011, juzgó contraria a la Constitución la disposición estatutaria que preceptuaba que debía repetirse, por una sola vez, las votaciones para elegir alcaldes, gobernadores, Presidente de la República en primera vuelta o miembros de las corporaciones públicas, cuando el voto en blanco obtuviese más votos que el candidato o lista que hubiere sacado la mayor votación. Esta disposición tenía como supuesto fáctico el mismo parámetro que los demandantes pretenden hacer valer en el caso bajo análisis. El Tribunal Constitucional constató que esta disposición contemplaba una regulación distinta en relación con la mayoría requerida para que el voto en blanco pudiera invalidar una elección, a aquella que señala el Acto Legislativo 1 de 2009, reformatorio del artículo 258 de la Constitución, y según la cual, la elección se debe repetir en el evento de que el voto en blanco constituya la mayoría “del total de votos válidos”. De esta manera, advirtió la Corte que “es claro que se trata de estándares muy distintos para la cuantificación de la mayoría que debe obtener el voto en blanco con poder invalidante. Mientras que la norma constitucional impone una mayoría absoluta, el proyecto de ley estatutaria reduce el presupuesto a una mayoría simple, en clara vulneración de la norma constitucional”.
En coherencia con otros apartes de esta reforma, el gobierno propone que al voto en blanco se exija una mayoría “simple” para tener plenos efectos. Esta propuesta, sería un paso importante en la consolidación de la expresión de la voluntad popular, toda vez que se convertiría en una sanción ciudadana, clara y directa, contra las formas de corrupción, uso indebido del principio de representación, e inconformismo generalizado frente a las opciones que le presenten”(21) (subrayado y negrillas fuera de texto).
Un ejemplo de este aserto son los distintos preceptos constitucionales que se refieren a una y otra mayoría en referencia a las votaciones que se deben surtir en los órganos colegiados, específicamente, los de elección popular. Así, la alusión a una mayoría absoluta tiene como parámetro la totalidad de los miembros de la respectiva corporación. Por su parte, la mayoría simple u ordinaria tiene otro parámetro, la mitad mas uno de los asistentes a la respectiva sesión(22).
i) Es cierto que el Constituyente derivado manifestó su interés de modificar el artículo 258 en cuanto a los requisitos para que el voto en blanco pudiera anular una elección, sin embargo, ese querer no quedó reflejado en la redacción del texto de la reforma, pues en realidad lo único que hizo fue eliminar el adjetivo “absoluto” sin introducir cambio alguno al parámetro a partir del cual esa nueva mayoría debería ser tomada, cuando lo que ha debido ser objeto de modificación era precisamente este elemento. En consecuencia, antes y después de la reforma de 2009, existe un mismo parámetro para determinar la mayoría que se requiere para la anulación de unas elecciones por el ejercicio del voto en blanco, y este no es otro que: el total de los votos válidos depositados en los respetivos comicios. Se trata así, de una mayoría simple que se mide respecto de la totalidad de los votos válidos. No de otra manera puede entenderse la disposición constitucional —artículo 258, parágrafo 1º—, pues de haberse querido consagrar una mayoría relativa del voto en blanco respecto de los candidatos y listas postulantes, el Constituyente derivado expresamente así lo habría dispuesto, como en su momento lo hizo el legislador en el proyecto de ley estatutaria a la que hemos hecho mención y declarado inconstitucional justamente por ser contrario al artículo 258 superior.
La interpretación de la norma constitucional que prohíja esta Sala busca hacer efectivo el principio de tutela efectiva de los derechos de las minorías que, como lo señala Paolo Biscaretti Di Ruffia, “suelen organizarse concretamente en una multiplicidad de partidos políticos [...] dando origen así a variados sistemas de pluripartidismo”(24). En este caso, la Sala busca privilegiar las votaciones que recibieron todos los partidos, grupos y movimientos que se presentaron a la contienda —14 en total— algunos de ellos, grupos minoritarios como el Movimiento Nacional Afrocolombiano —Afro—; la Alianza Social Afrocolombiana —ASA— y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, entre otros, que quedarían por fuera de la elección a repetirse por no alcanzar el umbral, pese a que hubo la intención de un electorado, minoritario sí, de apoyar su propuesta.
Partido de Integración Nacional - PIN 248.708 3,4%
Alianza Social Afrocolombiana - ASA 33.425 0,5%
Votos validos 7.359.009 100,0%
El total de los votos válidos registrados fue de 7.359.009. De dichos votos válidos, los votos por partidos o movimientos políticos alcanzaron la cantidad de 5.827.881, correspondiente al 79.2%, y el voto en blanco, por su parte, consiguió un total de 1.531.128 que corresponde al 20.8% del total de los votos válidos. De lo anterior, se colige que, si bien el porcentaje alcanzado por el voto en blanco es superior al obtenido por cada uno de los partidos, analizados en forma independiente, no es cierto que este haya alcanzado la mayoría requerida para que la votación deba repetirse, pues, como quedó expuesto, la regla de mayorías exigida por la Constitución Política —artículo 258, parágrafo 1º de la Constitución— para que el voto en blanco pueda tener la posibilidad de anular la elección, debe obtener la mitad más uno del total de votos válidos, en la medida en que el voto en blanco no es un candidato más, es una opción que requiere de una mayoría específica para dejar sin efectos una elección. El voto en blanco no compite con un candidato específico, lo hace contra todos y lo que ellos representan, razón por la que su fuerza se encauza a demostrar el repudio ciudadano contra todos ellos y no frente a uno en forma individual, el que obtuvo la mayoría.
Por lo anterior, la Sala considera que la Resolución 1509 de 6 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral “por medio de la cual se declara la elección de los representantes por Colombia al Parlamento Andino, período 2010-2014 y se deciden solicitudes con ocasión de las elecciones efectuadas el 14 de marzo de 2010, relacionadas con Parlamento Andino”, no violó, por ninguna de las circunstancias aducidas en la demanda, el contenido normativo del parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución Política (reformado por A.L. 1/2009), pues este ordena la repetición de las votaciones por una sola vez, cuando quiera que el voto en blanco obtenga, al menos, la mitad más uno de los votos válidos totales depositados en la respectiva elección, siendo pues, el parámetro respecto del cual se determine la mayoría, el total de los votos válidos, al tenor literal de la norma. Por esta razón, deben denegarse las pretensiones de la demanda.
(14) La sentencia indicó, en relación con la reserva de ley estatutaria para la reglamentación de materias electorales, lo siguiente: “La regulación de la ley estatutaria debe ser mucho más exhaustiva por las siguientes razones: 1) Porque es la propia Constitución la que ordena regular las funciones electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos esenciales de las mismas. 2) De otro lado, porque una definición restrictiva de la noción de funciones electorales haría perder su especificidad normativa al mandato constitucional del artículo 152 literal c), ya que las funciones electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de participación. 3) porque no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva de las funciones electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia -como sí sucede en el caso de los derechos fundamentales- puesto que las funciones electorales son un campo jurídico delimitado, y 4) porque esta concepción amplia de la reserva de ley estatutaria en materia de funciones electorales encuentra una sólida justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático”.
(21) Gaceta del Congreso 558 de 28 de agosto de 2008, pág. 8.
Por contraposición, la mayoría simple, si bien se alcanza igualmente con un mínimo de la mitad más uno, cuenta con otro estándar respecto del cual se configura. La mayoría simple, pues, no requiere que el cómputo se haga sobre todos los miembros de la corporación, sino solo en relación con los presentes, es decir, quienes, efectivamente, participen en la decisión sobre el asunto bajo consideración. Ejemplo de este tipo de mayoría, que también ha sido denominada mayoría ordinaria, se encuentra en el artículo 146 de la Constitución, en el que se establece como regla general para la toma de decisiones en el congreso una mayoría simple u ordinaria, en tanto se requiere “la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. Así mismo, para la elección del Presidente de la República, se exige una mayoría simple, pues se requiere “la mitad más uno de los votos” que sean depositados en las urnas.
(23) Cfr. Corte Constitucional sentencias, C-194 y T-569 de 2011; T-760 de 2008; T-726 de 2005; T-488 de 2010 y T-699 de 1996, entre otras.
(24) Paolo Biscaretti Di Ruffia “La introducción al derecho constitucional comparado. Las formas de Estado y las formas de gobierno”, Fondo de Cultura Económica. Reimpresión Colombiana 1997, pág. 122 y 123.

References: artículo 258
 artículo 14
 artículo 378
 artículo 378
 artículo 258
 artículo 258
 artículo 258
 Resolución 
 artículo 258
 artículo 152
 artículo 146