Source: https://es.scribd.com/document/22572459/Cnm-Destituye-a-Jose-Dulanto-Santini
Timestamp: 2017-10-20 09:03:18+00:00

Document:
Cnm Destituye a Jose Dulanto Santini
Cargado por JOSE LOPEZ
N° 189 - 2009-PCNM P.
D N° 041-2008-CNM San Isidro, 31 de agosto de 2009
VISTO; El proceso disciplinario N° 041-2008-CNM seguido al doctor José Alejandro Dulanto Santini, por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Cañete y el pedido de destitución formulado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,
Primero .- Que, por Resolución N° 156-2008-PCNM, el Consejo Nacional de la Magistratura abrió proceso disciplinario al doctor José Alejandro Dulanto Santini, por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Cañete a mérito de la acumulación de dos pedidos de destitución cursados por el señor Presidente de la Corte Suprema, por oficios números 3678 y 5096-2008-SG-CS-PJ; Segundo.- Que, se imputa al doctor José Alejandro Dulanto Santini, los siguientes cargos: Respecto al primer pedido de destitución correspondiente al oficio N° 36782008-SG-CS-PJ: A) Haber emitido la Resolución de 24 de abril de 2006, y declarar fundada la medida cautelar presentada por Servicios de Entretenimiento, Dirección y Hostelería Internacional S.A.C (SEDHISAC) ordenando la suspensión de los efectos de diversos artículos de la Ley 27153 y su modificatoria, así como la Primera Disposición Final de la Ley 27796, no obstante la existencia de la Resolución N° 009-2001-AI/TC que confirmaba la constitucionalidad de la Ley 27153 y la Resolución N° 4227-2005-PA/TC que confirmó la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley N° 27796, que sustituyó el artículo 38 de la Ley N° 27153, infringiendo con dicho actuar el deber referido en el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que vulneró el artículo 6° del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. B) Haber admitido la demanda de amparo interpuesta por SEDHISAC, así como declarar fundadas las dos primeras solicitudes cautelares, no obstante carecer de competencia, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, infringiendo los deberes señalados en el artículo 184 incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C) Haberse parcializado con la parte demandante, puesto que habiendo revocado el superior jerárquico la primera medida cautelar dictada por el magistrado cuestionado el 10 de enero de 2006, al ser devuelta a su Juzgado no ofició comunicando de ello a la SUNAT y porque habiendo declarado la nulidad de todo lo actuado tanto en el expediente principal como en el cautelar no notificó aquello a Aduanas, ocasionando de esta manera que el demandante continúe en ejercicio de derechos que la ley le restringió y no dando cumplimiento a las mismas. D) Haber declarado nuevamente fundada dicha medida cautelar, por resolución de 19 de junio de 2006, no obstante haberse declarado incompetente para conocer el proceso principal y la medida cautelar N° 0032006, insistiendo en apartarse de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. E) Falta de motivación en la Resolución N° 5, de 7 de junio de 2006, por la que denegó a SUNAT la devolución de la mercadería indebidamente nacionalizada por SEDHISAC, infringiendo el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Respecto al segundo pedido de destitución correspondiente al oficio N° 50962008-SG-CS-PJ:
A) Haber admitido, en los expedientes judiciales 085-2006, 081-2006, 088-2006, 275-2006, 086-2006, 087-2006 y 082-2006, todos ellos correspondientes a demandas judiciales planteadas contra Telefónica del Perú S.A.A, en vía de proceso de ejecución, las respectivas demandas y ordenar la ejecución de un documento que no se encontraba dentro del catálogo de Títulos pasibles de ejecución, así como haber dispuesto el pago de sumas de dinero que no estaban expresamente contenidas en el documento que se pretendía ejecutar. Tercero.- Que, por escrito de 5 de diciembre de 2008, el doctor José Alejandro Dulanto Santini presenta su descargo alegando, respecto al primer cargo imputado que si bien es cierto que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es la máxima, también es verdad que los otros magistrados, en uso de la independencia que les confiere la Constitución Política del Estado, y la atribución del control difuso que informa la misma, pueden hacer interpretaciones; Cuarto.- Que, asimismo, el procesado señala que el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional no habla de vinculación, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 0092001-AI/TC y su aclaratoria de fecha 1° de marzo de 2001, no son vinculantes debiendo prevalecer la independencia de los jueces; Quinto.- Que, por otro lado el procesado señala que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de un comunicado de 4 de abril de 2006 estableció que la independencia de los jueces del Poder Judicial no estaba sujeta a las resoluciones del Tribunal Constitucional y bajo el amparo de dicha disposición emite la resolución por la cual piden su destitución; Sexto.- Que, el procesado considera que el Poder Judicial se contradice con la defensa efectuada por su Presidente en la causa N° 006-2006-PC/TC, proceso competencial, quien fundamentando el derecho del Poder Judicial a realizar actos propios y legales señala que “De conformidad con lo establecido en la Constitución, el Código Procesal Constitucional y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, en el presente caso no se configura el ilícito pues dichas resoluciones fueron emitidas en el marco de proceso judiciales en los cuales Mincetur pudo ejercer plenamente su derecho de defensa; y en todo caso aún en el supuesto de que algunos jueces hubiesen fallado en un sentido distinto a lo establecido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ello configuraría un error de juzgamiento, pasible de ser cuestionado a través de los
medios impugnatorios regulados en cada tipo de proceso y finalmente, que la independencia de los jueces en el ejercicio de su potestad jurisdiccional no sólo constituye una garantía de los ciudadanos, sino también un derecho que la Constitución le reconoce a cada magistrado (artículo 139 inciso 2), derecho que se pretende infringir”; Séptimo.- Que, el doctor Dulanto Santini alega que el Presidente del Poder Judicial en el citado proceso competencial ha señalado que en el caso que algunos jueces hubiesen fallado en un sentido distinto a lo establecido en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, configuraría un error de juzgamiento, pasible de ser cuestionado a través de los medios impugnatorios regulados en cada tipo de proceso, por lo que tanto en el expediente de Sunat y Mincetur como en el de Telefónica del Perú S.A.A, no se les impidió recurrir de las resoluciones para que sean revisadas por la instancia superior; Octavo.- Que, en lo que respecta al segundo cargo imputado, el procesado señala que asumió el caso por economía procesal, porque el Juez Civil tenía impedimento de conocer la causa; agregando que, el impedimento del Juez Civil fue aprobado por el superior jerárquico, esto es, la Sala Civil de la Corte Superior de Cañete; Noveno.- Que, respecto al tercer cargo imputado, el procesado manifiesta que el artículo 155 del Código Procesal Civil señala que a las partes se pone en conocimiento del contenido de las resoluciones judiciales mediante notificaciones, el oficio de conformidad con el artículo 148 del mismo Código se reserva para los funcionarios que no son parte del proceso, por lo que no tenía porque oficiar a Sunat bastando con la notificación que se hizo por secretaría; Décimo.- Que, asimismo, el procesado señala que no notificó a Adunas porque formaba parte de Sunat y al ser notificada ésta estaba notificando a aquella; Décimo Primero.- Que, en lo atinente al cuarto cargo imputado, el doctor Dulanto Santini alega que desde que se declaró incompetente hasta que asumió la competencia por abstención del Juzgado Civil de Cañete, durante todo ese tiempo, no emitió ninguna resolución en el proceso, menos medidas cautelares y cuando el Juez Especializado en lo Civil de Cañete se abstiene y dicha abstención es confirmada por la Sala Civil de Cañete, es que el expediente vuelve a su despacho; Décimo Segundo.- Que, en lo correspondiente al quinto cargo imputado, el doctor Dulanto Santini, señala que la OCMA ha reconocido en el décimo cuarto
considerando de la resolución por la cual pide al Presidente del Poder Judicial que proponga su destitución, que la resolución N° 5 la motivó en el segundo párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional y el artículo 613 del Código Procesal Civil; Décimo Tercero.- Que, también el procesado agrega que la Sala Civil de Cañete confirmó la resolución por la cual declaró improcedente la devolución de mercadería, por lo que si los demandados agotaron todos sus recursos impugnatorios en este extremo y no les dieron la razón, no pueden alegar afectación al debido proceso y menos falta de motivación; Décimo Cuarto.- Que, en lo concerniente al sexto cargo imputado, el procesado precisa que el artículo 76 de la Ley N° 26636 señala cuales son los títulos de ejecución y entre ellos se encuentran los actos de conciliación judicial o extrajudicial y los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos; agregando que, el acta de fecha 30 de marzo de 1985 de acuerdo a su punto 4° tiene los efectos de un convenio colectivo sobre revisión de remuneraciones y teniendo en cuenta que el artículo 70 de la Ley General de Relaciones Laborales de la actividad Privada, Decreto Ley N° 25593, señala que los acuerdos adoptados en conciliación o mediación, laudos arbitrales y resoluciones de la autoridad administrativo de trabajo, todos ellos, tienen la misma naturaleza y surten los mismos efectos que los convenios adoptados por negociación colectiva, dicha acta es un título de ejecución; Décimo Quinto.- Que, asimismo, el procesado manifiesta que los procesos de ejecución también versan sobre obligaciones de dar suma de dinero no expresamente indicadas en el título, siempre que se puedan liquidar; agregando que, al no haberse ejecutado los mismos, no existe agravio ni perjuicio para Telefónica del Perú S.A.A.; Décimo Sexto.- Que, respecto al primer cargo imputado, de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que a mérito de la solicitud cautelar presentada por Servicios de Entretenimiento, Distracción y Hostelería Internacional S.A.C - Sedhisac, con fecha 10 de abril de 2006, en el proceso cautelar N° 2006-003-0-0805-JM-CI-1, el doctor Dulanto Santini, por resolución de 24 de abril de 2006, declaró fundada dicha medida cautelar y ordenó la suspensión para la recurrente de los efectos de los artículos 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 45, 46, 47 de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, modificada por la Ley N° 27796 y la Primera Disposición Final de la misma;
Décimo Séptimo.- Que, por Resolución de 29 de enero de 2002, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de febrero de 2002, aclarada el 1° de marzo del mismo año, que versaba sobre el pedido de inconstitucionalidad de los artículos 5,6,7,10, literales b y c, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, literal d, 29, 31, literal a, 32, literales a y b, 38, 39, 41.2, Primera y Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 27153, ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquina tragamonedas, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda e inconstitucionales los artículos 38.1, 39, Segunda y Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 27153 e infundada en lo demás que contiene, de lo que se colige que los demás artículos al no ser declarados inconstitucionales su constitucionalidad fue confirmada siendo por lo tanto compatibles con la Constitución; Décimo Octavo.- Que, el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, por lo que el Tribunal Constitucional es el órgano que se encarga de vigilar que la Constitución, en cuanto norma jerárquicamente superior no sea contradicha por otra de inferior jerarquía; Décimo Noveno.- Que, el doctor Luis Castillo Córdova, en su obra “ El Precedente Judicial y El Precedente Constitucional” ha señalado que “ … Con la demanda de inconstitucionalidad que se presenta en el seno del Tribunal Constitucional, se solicita a éste que examine en abstracto la constitucionalidad de una norma con rango de ley. Este Tribunal puede resolver declarando la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, o por el contrario, puede declarar y confirmar su constitucionalidad. Si el referido Tribunal Constitucional… declara lo segundo, el precepto cuestionado queda confirmado en su constitucionalidad, de modo que ninguna autoridad ni ningún particular podrá dejar de aplicarlo en cualquier caso futuro”; Vigésimo.- Que, en ese sentido en lo que respecta a los jueces, el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala que “ Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”, de tal manera que los jueces no pueden aplicar el control difuso para inaplicar una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional; Vigésimo Primero.- Que, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, los jueces gozan de independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional; sin embargo, el artículo 146 inciso
1° de la misma, señala que los jueces están sometidos a la Constitución y la ley, de tal manera que la vulneración a estos límites genera responsabilidad; Vigésimo Segundo.- Que, en ese sentido el doctor Dulanto Santini al emitir la resolución de 24 de abril de 2006, y ordenar la suspensión de los efectos de los artículos 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 45, 46, 47 de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, modificada por Ley N° 27796 y la Primera Disposición Final de la misma contravino lo dispuesto por la sentencia N° 0092001-AI/TC, vulnerando el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, excediendo por lo tanto los límites de su independencia, y, con ello inobservando el artículo 184 inciso 1° de la Constitución Política del Perú; Vigésimo Tercero.- Que, en igual sentido el Tribunal Constitucional en el expediente N° 4227-2005-PA/TC confirmó la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley N° 27796, que sustituye al artículo 38 de la Ley N° 27153, entre otros, y declaró proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las normas, determinando que dicha sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada y constituye precedente vinculante, ordenando a todos los poderes públicos y, en particular, a las Cortes Judiciales del país, bajo responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por dicho Tribunal en materia del impuesto a la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas; Vigésimo Cuarto.- Que, el procesado tenía pleno conocimiento de dichas sentencias del Tribunal Constitucional, no sólo por la publicidad, sino porque además tanto la Sunat como la Procuradora Pública Ad Hoc para los procesos judiciales relacionados con los casinos de juegos y máquinas tragamonedas, en sus respectivas contestaciones de demandas de 6 de febrero y 7 de abril de 2006, respectivamente, pusieron en conocimiento del magistrado dichas sentencias, no obstante lo cual, dicho magistrado el 24 de abril del 2006, emitió la resolución cuestionada, evidenciándose que la vulneración de dichas sentencias vinculantes se debe a una intensión de favorecer indebidamente al demandante, hechos todos estos que ameritan la sanción de destitución; Vigésimo Quinto.- Que, lo expuesto por el procesado en su descargo, respecto al comunicado emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 4 de abril de 2006, y lo manifestado por el Presidente del Poder Judicial en el proceso competencial, no enerva lo dispuesto por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, norma legal de obligatorio cumplimiento;
Vigésimo Sexto.- Que, respecto al segundo cargo imputado, de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que por Resolución N° 01, de 6 de enero de 2006, el doctor Dulanto Santini admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por Sedhisac contra la Dirección Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –Mincetur y; por resoluciones de fechas 10 de enero y 24 de abril de 2006, declaró fundadas las medidas cautelares solicitadas por el demandante; Vigésimo Séptimo.- Que, el artículo 51 del Código Procesal Constitucional señala que “ Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el Juez Civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción…”; Vigésimo Octavo.- Que, no obstante que dicha demanda fue dirigida al despacho del procesado y que el doctor Dulanto Santini en dicha resolución señaló “ 1) Que, se advierte de la presente demanda que la misma es suscrita por el abogado Gustavo Félix Yactayo Cama. 2) Que en situaciones similares, el Juez Especializado en lo Civil de Cañete, Jacinto Yactayo Cama, se ha declarado impedido de conocer demandas interpuestas, aduciendo tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con dicho letrado, decisión que en todos los casos ha sido aprobada por el órgano Jurisdiccional Superior, por lo que en aplicación al principio de economía procesal, la presente demanda debe ser conocida en este Juzgado”, sin embargo, el competente para conocerla era el Juez Civil de Cañete tal como lo señala el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, aplicable supletoriamente a dicho proceso, por lo que de oficio debió declararse incompetente y remitirla al magistrado correspondiente; Vigésimo Noveno.- Que, asimismo, no obstante que el procesado por resolución de 23 de mayo de 2006, emitida en el cuaderno principal, se declaró incompetente material para conocer la demanda de amparo y nulo todo lo actuado y por resolución de la misma fecha, también se declaró la nulidad de todo lo actuado en la medida cautelar, ello no lo excluye de responsabilidad, puesto que siguió conociendo la causa y concedió las medidas cautelares a fin que la demandante pudiera importar los bienes relacionados a juegos de azar y apuestas sin ser fiscalizados por Sunat; Trigésimo.- Que, el doctor Dulanto Santini, en su condición de Juez del Juzgado Mixto de Cañete carecía de competencia por razón de la materia determinada por ley para admitir la demanda de amparo y declarar fundadas las dos primeras solicitudes cautelares infringiendo con su actuar el artículo 51
del Código Procesal Constitucional, así como los deberes señalados en el artículo 184 incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que amerita la imposición de la sanción de destitución; Trigésimo Primero.- Que, respecto al tercer cargo imputado, de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que por resolución de 21 de marzo de 2006, la Sala Civil de Cañete revocó la Resolución N° 01, de 10 de enero de 2006, que declaraba fundada la primera solicitud cautelar innovativa solicitada por Servicios de Entretenimiento, Distracción y Hostelería Internacional S.A.C y reformándola la declaró improcedente, disponiendo entre otro, se remita copia certificada de la misma al Juzgado del procesado; Trigésimo Segundo.- Que, por oficio de 11 de abril de 2006, la Sala Civil de Cañete remitió al Juzgado del procesado copia certificada de la resolución de 21 de marzo de 2006; sin embargo, el doctor Dulanto Santini no cumplió con poner inmediatamente en conocimiento dicha resolución a Sunat, no obstante que con la revocada se permitía que la demandante pudiera importar los bienes relacionados a juegos de azar y apuestas sin ser fiscalizados por Sunat; Trigésimo Tercero.- Que, asimismo, tampoco ordenó se notificara dicha resolución revocatoria a Aduanas, lo que dio lugar a que la medida cautelar revocada mantuviera su vigencia, situación que favorecía a la demandante; Trigésimo Cuarto.- Que, se ha acreditado que el procesado se ha parcializado con la parte demandante, puesto que habiendo revocado el superior jerárquico la primera medida cautelar dictada por el magistrado cuestionado el 10 de enero de 2006, al ser devuelta a su Juzgado no comunicó inmediatamente dicha resolución a Sunat y Aduanas, ocasionando de esta manera que el demandante continúe en el ejercicio de derechos que la ley le restringió y no dando cumplimiento a las mismas, todo lo cual amerita se le imponga la sanción de destitución; Trigésimo Quinto.- Que, en lo concerniente al cuarto cargo imputado, se tiene que el procesado nuevamente por resolución de 19 de junio de 2006, declaró fundada la medida cautelar solicitada por Sedhisac, y ordenó la suspensión para la recurrente de los efectos de los artículos 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 45, 46, 47 de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, modificada por Ley N° 27796 y la Primera Disposición Final de la misma, contraviniendo nuevamente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el
expediente N° 009-2001-AI/TC, contravención que ha sido expuesta en el primer cargo imputado; Trigésimo Sexto.- Que, en ese sentido tenemos que por Resolución 01, de 6 de enero de 2006, el doctor Dulanto Santini admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por Sedhisac y por resolución de 10 de enero de 2006, declara fundada la medida cautelar innovativa solicitada por aquella, resolución que al ser posteriormente revocada por la Sala Civil de Cañete, la declaró improcedente; Trigésimo Séptimo.- Que, por escrito de 10 de abril de 2006, la demandante nuevamente volvió a solicitar dicha medida, la que por resolución de 24 de abril de 2006, fue consentida por el procesado, no obstante que antes de su expedición, tanto la Sunat como la Procuradora Pública pusieron en conocimiento del procesado que el Tribunal Constitucional en el expediente N° 009-2001-AI/TC había confirmado la constitucionalidad de los artículos que el doctor Dulanto Santini suspendió su aplicación y por resolución de 23 de mayo de 2006, el doctor Dulanto Santini se declaró incompetente; Trigésimo Octavo.- Que, el Juez Civil de Cañete se abstuvo de conocer la causa, y por tercera vez el procesado volvió a declarar fundada dicha medida cautelar apartándose nuevamente de la citada resolución emitida por el Tribunal Constitucional quedando acreditada su grave inconducta funcional vulnerando el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como el deber impuesto en el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que también se justifica imponer la sanción de destitución; Trigésimo Noveno.- Que, en lo atinente al quinto cargo imputado de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que por escrito de 25 de mayo de 2006, la Sunat solicita al procesado se ordene a Sedhisac la devolución de la mercadería indebidamente nacionalizada, ya que por resolución de 23 de mayo de 2006, el mismo se declaró incompetente para conocer el proceso, y nulo todo lo actuado, siendo que por resolución de 7 de junio de 2006, el doctor Dulanto Santini declaró improcedente su pedido, basándose en los artículos 15 segundo párrafo del Código Procesal Constitucional y 613 del Código Procesal Civil; sin embargo, dicha fundamentación jurídica no guarda relación con el petitorio, el cual tiene que ver con los efectos de las resoluciones que en virtud de la resolución N° 17, de 23 de mayo de 2006, fueron declaradas nulas, por lo que existe falta de motivación por incongruencia entre el petitorio y los fundamentos de la resolución que declara la improcedencia, vulnerando con
este actuar el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que amerita también la sanción de destitución; Cuadragésimo.- Que, por lo expuesto se ha acreditado que el doctor Dulanto Santini admitió la demanda de amparo interpuesta por Sedhisac y declaró fundadas las dos primeras medidas cautelares, no obstante carecer de competencia, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, aunado este hecho a la sintomática vulneración del artículo VI del Título Preliminar del citado Código, puesto que por resolución de 24 de abril de 2006, concedió la medida cautelar solicitada por Sedhisac y por resolución de 19 de junio del mismo año, nuevamente volvió a conceder la medida cautelar sin tener en cuenta la resoluciones números 009-2001-AI/TC y 42272005-PA/TC emitidas por el Tribunal Constitucional; asimismo, se ha acreditado la ausencia de comunicación a Sunat y Aduanas respecto a que el superior jerárquico le había revocado la primera medida cautelar que dictara ocasionando que la demandante continúe ejerciendo derechos que la ley le restringió y finalmente por resolución, de 7 de junio de 2006, declaró improcedente el pedido de Sunat respecto a la devolución de la mercadería indebidamente nacionalizada de Sedhisac utilizando fundamentos jurídicos que no guardaban relación con el petitorio, por lo que se crea convicción de que el magistrado investigado, ha vulnerado el principio de motivación e independencia –imparcialidad y debido proceso, consagrados en el artículo 139 incisos 2, 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, con infracción del artículo 184 incisos 1° y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; Cuadragésimo Primero.- Que, en lo que respecta al cargo imputado en el segundo pedido de destitución, cabe señalar que de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que los expedientes judiciales números 085-2006, 081-2006, 088-2006, 275-2006, 086-2006, 087-2006 y 082-2006 corresponden a demandas judiciales planteadas contra la Empresa Telefónica del Perú S.A.A, en vía de proceso de ejecución en los que se pretendía “… El estricto cumplimiento del Acta de Conciliación Extrajudicial-Acta de Compromiso de fecha 30 de marzo de 1995, la misma que conjuntamente con el Convenio de Homologación de Condiciones de Trabajo y de Remuneraciones los mismos que se encuentran en forma expresa contenidas en el Texto Unico Ordenado de los Convenios Colectivos de fecha catorce de junio de mil novecientos noventiseis, … debiéndose pagar la suma de …, por concepto de
homologación de sueldo y/o reajuste de remuneraciones de pactos colectivos, mas intereses legales, costas y costos”; Cuadragésimo Segundo.- Que, en ese sentido se demandaba la ejecución a título de conciliación extrajudicial del Acta de Homologación de condiciones de trabajo y de remuneración, específicamente del acuerdo contenido en el punto 4° por el que las partes convienen en “ Homologar las remuneraciones de los trabajadores de Entel con las que perciben los trabajadores provenientes de CPT, mediante un proceso de incremento de remuneraciones a los trabajadores provenientes de Entel que concluirá el 30 de noviembre de 1997”, plazo de vencimiento que los demandantes consideran que ha transcurrido en exceso, por lo que en virtud de dicha Acta y de la liquidación que contiene la operación aritmética que se traduce en prestación líquida es que solicitan la expedición de mandato ejecutivo a fin que la empresa demandada cumpla con pagarles lo que les corresponde por ley; Cuadragésimo Tercero.- Que, el artículo 76 de la Ley Procesal de Trabajo señala que son títulos de ejecución las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial o extrajudicial, las resoluciones administrativas firmes y los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos; Cuadragésimo Cuarto.- Que, en el caso de actas de conciliación, el artículo 102 de la citada Ley señala que la conciliación es de dos clases: privada y administrativa, la primera de ellas es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, debiendo, para su validez, ser homologada por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, la segunda es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador, encontrándose a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible; Cuadragésimo Quinto.- Que, por lo expuesto el acta cuya ejecución se pretendía no cumplía con las características citadas en el considerando precedente, puesto que para que la misma sea considerada como un título de ejecución, como un Acta de Conciliación Extrajudicial debió ser homologada por un pronunciamiento de una Sala Laboral, por lo que dicha Acta no constituía en esencia una Acta de Conciliación que pudiera ejecutarse judicialmente; Cuadragésimo Sexto.- Que, asimismo, en el expediente N° 082-2006, la Sala Civil de Cañete revocó la resolución emitida por el procesado que admitió a trámite la demanda y reformándola la declaró improcedente aduciendo, entre
otras cosas, que dicha Acta para que sea considerada como un Acta de Conciliación Extrajudicial tiene que ser homologada por una Sala Laboral; Cuadragésimo Séptimo.- Que, asimismo, es menester señalar que los procesos de ejecución se ciñen necesariamente de manera supletoria a lo normado por el artículo 689 del Código Procesal Civil, en el sentido que la obligación contenida en el título debe ser cierta, expresa y exigible, y en el caso de tratarse de una obligación de dar suma de dinero, esta debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética, criterio que se condice con la naturaleza del proceso de ejecución en el que no existe etapa probatoria puesto que lo que se quiere es el cumplimiento de una obligación cuyas características deben desprenderse de manera indubitable del texto mismo del título, puesto que de conformidad con el último párrafo del artículo 77 de la Ley Procesal de Trabajo “el demandado sólo puede oponerse si acredita con prueba documental el cumplimiento de la obligación”; Cuadragésimo Octavo.- Que, en ese sentido, cabe señalar que, el compromiso que se pretendía ejecutar era el de homologar remuneraciones a los trabajadores provenientes de la ex Entel Perú con los provenientes de la CPT, siendo la única forma de verificar su cumplimiento, determinar en principio si en efecto al demandante le asistía este derecho, así como si en el plazo pactado la empresa había incumplido total o parcialmente con lo acordado y finalmente si los montos de los petitorios (que en todos los casos provenían de liquidaciones de parte) en efecto correspondían a lo adeudado por Telefónica del Perú, todo lo que no puede discutirse en un proceso de ejecución; Cuadragésimo Noveno.- Que, asimismo, a mayor abundamiento, de conformidad con las planillas de los demandantes correspondientes a los expedientes números 275, 088 y 085-2006, ninguno de ellos laboraba en la ciudad de Cañete, sino los dos primeros en Lima y el tercero en Ica, incluso la Sala Civil de Cañete al conocer en grado de apelación los procesos de ejecución números 86-2006 y 87-2006 ha declarado fundada la excepción de falta de competencia, al determinar en estos casos, no sólo que no habían laborado en Cañete, sino que tampoco tenían domicilio real en esta ciudad sino, de acuerdo a sus documentos de identidad, domiciliaban en Ucayali; sin embargo, dichas demandas fueron admitidas por el procesado y ordenó el pago de las sumas solicitadas; Quincuagésimo.- Que, se ha acreditado que el doctor Dulanto Santini ha admitido, en los expedientes judiciales 085-2006, 081-2006, 088-2006, 275-
2006, 086-2006, 087-2006 y 082-2006, todos ellos correspondientes a demandas judiciales planteadas contra Telefónica del Perú S.A.A, en vía de proceso de ejecución, las respectivas demandas y ordenó la ejecución de un documento que no se encontraba dentro del catálogo de Títulos pasibles de ejecución, y dispuso el pago de sumas de dinero que no estaban expresamente contenidas en el documento que se pretendía ejecutar, con lo cual se crea convicción que el magistrado investigado, ha vulnerado los principios de independencia e imparcialidad, así como el debido proceso consagrado en el artículo 184 incisos 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; Quincuagésimo Primero.- Que, el Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en Sesiones de Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004, establece en su artículo 2 que “El Juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas; asimismo, el artículo 3 de dicho Código establece que “El Juez debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza pública en el Poder Judicial”; Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que hay motivos suficientes para aplicar en este caso la sanción de destitución, por lo que en uso de las facultades previstas por los artículos 154 inciso 3 de la Constitución Política, 31 numeral 2, 32 y 34 de la Ley 26397, y 35 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo y estando a lo acordado por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión de 21 de mayo de 2009; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Dar por concluido el proceso disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en consecuencia, destituir al doctor José Alejandro Dulanto Santini, por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Cañete.
Artículo Segundo.- Disponer la cancelación del título de Juez Mixto. Artículo Tercero.- Disponer la inscripción de la medida a que se contrae el artículo primero de la presente resolución en el registro personal del magistrado destituido, debiéndose asimismo cursar oficio al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora Fiscal de la Nación, y publicarse la presente resolución, una vez que quede consentida o ejecutoriada. Regístrese y comuníquese
CARLOS MANSILLA GARDELLA
EDWIN VEGAS GALLO
MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ
EFRAIN ANAYA CARDENAS
EDMUNDO PELAEZ BARDALES
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 artículo 102
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 artículo 77
 artículo 184
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 artículo 2
 artículo 3
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