Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/11001-03-25-000-2012-00301-00(1131-12).html
Timestamp: 2019-08-22 13:44:40+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [11001-03-25-000-2012-00301-00(1131-12)]
ACOSO LABORAL – Agresión verbal y persecución laboral / ACOSO LABORAL – Ley 1010 de 2006 / CAUSALES DE AGRAVACION DEL ACOSO LABORAL – Código disciplinario único / GRADUACION DE LA FALTA – Acoso laboral
Se demostró en sede administrativa que la demandante no solo vulneró disposiciones relacionadas con los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos, contenidas en la Ley 734 de 2002, sino que también desconoció lo previsto en la Ley 1010 de 2006, en tanto que con su proceder acosó laboralmente a sus subalternos. Cabe anotar que la última de las Leyes citadas, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, también resulta aplicable a la demandante, si se considera el contenido del artículo 6 ibídem: “SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: (…) -Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública (…)” El artículo 2 de la misma normativa, define al acoso laboral como “(…) toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia al mismo (…)”. Agrega la disposición en cita que ese comportamiento admite modalidades como el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 / LEY 1010 DE 2006
ACOSO LABORAL POR SERVIDOR PÚBLICO – Competencia para conocer de la falta disciplinaria
El artículo 12 ibídem preceptúa que cuando la víctima de acoso laboral es un servidor público, la competencia para conocer la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, según sea el caso. En el primer evento, el procedimiento a seguir es el previsto en la Ley 734 de 2002 (inciso 2 del artículo 13 de la Ley 1010 de 2006).
CADUCIDAD Y PRESCRIPCION – Diferencia / CADUCIDAD - Ejercicio del derecho de acción / PRESCRIPCION - Fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo / PROCESO DISCIPLINARIO – Prescripción
Analizados los argumentos de cada una de las partes en el sub-lite, la Sala precisa, en primer término, que el fenómeno jurídico de la caducidad difiere sustancialmente del de la prescripción. El primero hace referencia al término que tiene el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del derecho de acción; mientras que la prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva. Así lo ha considerado esta Corporación en sentencias como la proferida el 26 de enero de 2012, dentro del expediente No. 730012331000200700007-01. En materia disciplinaria la prescripción se traduce en el término que tiene la Procuraduría General de la Nación o la entidad que ejerce la potestad disciplinaria, según el caso, para investigar y decidir sobre la responsabilidad del servidor público, so pena de que se extinga la posibilidad del Estado de ejercer el ius puniendi.
ACOSO LABORAL – Conducta permanente en el tiempo / CADUCIDAD – Término / PRESCRIPCION – 5 años establecidos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 / CONDUCTA PERMANENTE EN EL TIEMPO – Se contabiliza desde cuando finalizó el acoso laboral
La acción disciplinaria no prescribió, porque la Procuraduría General de la Nación investigó, sancionó y resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión sancionatoria, dentro de los 5 años establecidos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, considerando que se trató de una conducta permanente en el tiempo, que siguió presentándose incluso con posterioridad a la iniciación del proceso disciplinario. A juicio de esta Sala, el término prescriptivo debe contarse desde el 3 de enero de 2011, día en el que la demandante cesó en el ejercicio de su cargo y, en consecuencia, finalizó el acoso laboral. Comoquiera que la decisión sancionatoria de segunda instancia fue proferida el 9 de septiembre de 2011 y notificada el 28 de los mismos mes y año (folio 150 c. ppal), tampoco operó en este caso la prescripción de la acción disciplinaria.
Actor: LUZ STELLA TRUJILLO CORTÉS
Decide la Sala en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. instaurada por la señora Luz Stella Trujillo Cortés contra la Nación - Procuraduría General de la Nación.
Pagarle los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir durante el tiempo en el que estuvo suspendida del cargo hasta el momento en el que presentó la renuncia al mismo.
Eliminar de su hoja de vida la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
Pagarle la liquidación de la condena mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y ajustarla con base en el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y darle aplicación a los artículos 176 y 177 ibídem.
Pagarle las costas y gastos del proceso, en la medida en que exceda el derecho de contradicción.
Cuando tuvieron lugar las conductas materia de investigación, se desempeñaba como Registradora de Instrumentos Públicos del Municipio de Calarcá (Quindío).
Debido a las quejas presentadas en su contra por varios funcionarios de la Oficina de Registro por presunto acoso laboral, y por remisión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Notariado y Registro, según acta de 7 de octubre de 2009; el 18 de enero de 2010 la Procuraduría Regional de Quindío dispuso la apertura de indagación preliminar, con el fin de establecer la veracidad de los hechos que fueron sometidos a su consideración.
El 12 de mayo de 2010, el Procurador Regional del Quindío ordenó la apertura de la investigación disciplinaria y, el 19 de mayo siguiente, profirió Auto de formulación de cargos, en el cual señaló como disposiciones presuntamente violadas, las contenidas en los artículos 6, 122 y 209 de la Constitución Política; 2, 4, 7, 10 y 11 de la Ley 1010 de 2006 y, como fundamentos de la acción disciplinaria, citó los numerales 33 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 200.
A través de Auto de 17 de noviembre de 2010, la Procuraduría Regional del Quindío ordenó suspenderla provisionalmente por el término de 3 meses, sin derecho a remuneració, por ello se vio obligada a presentar la renuncia al cargo que desempeñaba a partir del 3 de enero de 2011.
Dentro del trámite de consulta de la medida de suspensión provisional, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió la Resolución sin número del 18 de enero de 2011, a través de la cual la revocó a partir de la fecha de su expedición.
El 13 de abril de 2011, la Procuraduría Regional del Quindío profirió la Resolución N° 0010 declarándola responsable de los cargos previamente formulados y sancionándola con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años.
Interpuesto el recurso de apelación en contra de la decisión anterior, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa la confirmó, mediante proveído del 9 de septiembre de 2011.
En la actuación disciplinaria hubo una clara vulneración al artículo 29 de la Constitución Política, porque la entidad demandada desconoció el artículo 163 del Código Disciplinario Único en relación con el contenido de la decisión de cargos.
La Procuraduría General de la Nación le violó el derecho a la defensa, toda vez que la “forma” del procedimiento general adoptado para la configuración del fallo de primera instancia, no permitió sustentar adecuadamente el recurso de apelación, porque se salió de los parámetros adoptados por esa Entidad mediante Resolución 191 de 2003, los cuales deben ser cumplidos por los funcionarios instructores y demás profesionales.
El proceso disciplinario que se adelantó en su contra no debió iniciarse, porque cuando se recibió la “denuncia” del Comité de la Superintendencia, ya había operado el fenómeno de la “caducidad”.
En el expediente administrativo no hubo plena prueba para atribuirle la más grave de las sanciones disciplinarias, es decir, no hubo proporcionalidad (artículo 18 de la Ley 734 de 2002).
La entidad demandada no respetó la ritualidad probatoria de acuerdo con lo establecido en los artículos 128 y siguientes de la Ley 734 de 2002; ni cumplió lo previsto en los artículos 89 y 90 (parágrafo) ibídem.
Se vulneró directamente el artículo 29 de la Constitución Política, “(…) ya que se pretermitieron las etapas antecedentes y consecuentes que integran el proceso disciplinario, permitiendo la recepción de medios probatorios en forma extemporánea, y que se presentaban como subsidiarios a los ya presentados, en la medida en que se adelantaban o precluían las etapas procesales, siendo éstos el fundamento final de las decisiones que se cuestionan en la presente demanda (…)”.
El último acto mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la sanción impuesta a la accionante fue notificado el 28 de septiembre de 2011, y adicionalmente, agotó el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría Delegada ante los Juzgados Administrativos en Armenia el 27 de diciembre de 2011.
De la Constitución Política, los artículos 29 y 209.
De la Ley 734 de 2002, los artículos 15, 18, 30,64, 73, 89, 90, 94, 128 y 163.
De la Ley 1010 de 2006, los artículos 12, 13 y 18.
La Resolución N° 191 de 2003, proferida por la Procuraduría General de la Nación.
TESTIMONIALES. ([La Procuraduría] relaciona y transcribe medios probatorios de tal naturaleza de OLGA MILENA GAITÁN, JOSE ALBERTO TABERA (…) e incluye en este aparte, sin que se respetaran las instancias procesales para tales actuaciones, y presentadas por quienes no fueron reconocidos como partes dentro del proceso disciplinario.
A folio 18 del fallo, [la Procuraduría] vuelve y trascribe medios probatorios de carácter TESTIMONIAL, por SEGUNDA VEZ, reciben declaraciones a JOSE ALBERTO TABERA (…).
En relación con éste último aspecto afirmó que en el fallo disciplinario de primera instancia la entidad demandada computó el término de “caducidad” desde la fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, modificando así su postura anterior –también errada-, según la cual, el plazo comenzaba a correr desde que la Procuraduría conoció la denuncia. De este modo, la entidad demandada desconoció que la ocurrencia de los hechos (presuntas conductas de acoso), son el punto de partida para contar el referido término.
No es acertado afirmar, como lo hizo la demandada, que en la acción disciplinaria solo cabe la figura de prescripción. Ésta está prevista en la Ley 734 de 2002 mientras que la caducidad se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, que resulta también aplicable a este caso, y que no trae excepciones para su aplicación.
También se presentó “intemporalidad” de los hechos denunciados, ya que dentro del proceso disciplinario -desde el auto de cargos y hasta la etapa probatoria- no se definió la época en la que ocurrieron. Con todo, los testigos de la defensa declararon sobre unas conductas que no tienen la connotación de los cargos imputados a la disciplinada, y no se refirieron a la fecha de los hechos, remitiendo las presuntas conductas investigadas “a varios años atrás”.
El Comité de la Superintendencia de Notariado y Registro formuló denuncia en mandato legal.
En tres oportunidades llamaron a declarar a las víctimas del acoso, actuación que no es común en los procesos disciplinarios.
Durante toda la actuación administrativa las supuestas víctimas “sin solución de continuidad”, presentaron documentos - pruebas en su contra, los cuales fueron admitidos y sirvieron de soporte a la decisión. Para allegar pruebas y documentos es necesario tener la calidad de parte procesal y “si bien la jurisprudencia ha tenido a quejosos como en el caso concreto como víctimas, estas no fueron declaradas como tal dentro del proceso, tal como lo exigen los procedimientos que debe seguir el instructor de un proceso disciplinario”
La omisión procesal de reconocerle la calidad de víctimas no le permite al operador disciplinario tener como pruebas legalmente decretadas las allegadas por éstos, y menos valorarlas para declarar la existencia del presunto acoso laboral y la consecuente sanción disciplinaria
No resultan ajustadas a la verdad las afirmaciones contenidas en el folio 51 del fallo de primera instancia, que revelan la intensión de querer presentar la conducta de la disciplinada, como continua o de tracto sucesivo; ya que la “desprevenida denuncia” que uno de los quejosos presentó por agresión física, fue desistida por la misma “denunciante”, ante las peculiares exigencias que pretendía, no acordes con la supuesta agresión.
Dentro de la oportunidad legal el apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda mediante escrit en el que se opuso a las pretensiones formuladas por la accionante, con los siguientes argumentos:
La señora Trujillo Cortés, contó con una defensa técnica, tuvo la oportunidad de controvertir los hechos, presentar sus argumentos y apelar la decisión, circunstancias que demuestran que hubo un debido proceso.
En ese orden, no violó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que el término de prescripción de 5 años se cuenta desde el día de la consumación de la falta -si es instantánea-, o desde la realización del último acto -si se trata de una conducta de carácter permanente-. En el sub-lite se advierte que los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá radicaron la queja el 14 de agosto de 2009 y, como la falta endilgada a la accionante fue de carácter permanente, en este caso no prescribió la acción disciplinaria.
No hubo abuso de la función pública por parte del Comité de Convivencia Laboral de la Superintendencia ni de la Procuraduría General de la Nación, porque el primero tan sólo agotó una etapa del procedimiento ordenada en la Ley 1010 de 2006 -que regula el acoso laboral-, y posteriormente se surtió el proceso disciplinario ante la segunda de las entidades mencionadas.
Alegatos de la Procuraduría General de la Nació.-
Reiteró en su integridad los argumentos que expuso en el escrito de contestación a la demanda, e insistió en que se opone a las pretensiones porque los actos que cuestiona la señora Luz Stella Trujillo Cortés fueron expedidos con estricta sujeción a la Constitución y a la Ley.
Alegatos presentados por la señora Trujillo Cortés, en nombre propi.
Alegatos presentados por el apoderado de la demandant.
La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto mediante escrit en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
En relación con el caso concreto, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación a través de la Regional de Quindío y de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, le determinó y precisó –previa conciliación interna, prevista en la Ley 1010 de 2006-, la específica conducta de acoso laboral contra sus compañeros, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Municipio de Calarcá. La entidad demandada le tipificó la conducta conforme a lo previsto en el Código Disciplinario Único, sin necesidad de acudir a aquella normativa (Ley 1010 de 2006), porque el trámite ya se había agotado, el supuesto de hecho la hacía incurso en falta disciplinaria por tal comportamiento, sin que haya logrado explicar satisfactoriamente una verdadera causa de exculpación.
Resolución N° 0010 de 13 de abril de 2011, proferida en primera instancia por el Procurador Regional del Quindío, a través de la cual sancionó a la señora Luz Stella Trujillo Cortés con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años.
Fallo disciplinario de segunda instancia, de 9 de septiembre de 2011, expedido por el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa que confirmó la decisión anterior.
Así lo ha precisado reiteradamente la Subsección
y en ese sentido también se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 11 de diciembre de 201
al referirse “al alcance del control de legalidad de los actos administrativos disciplinarios”.
De acuerdo con la constancia de vinculación laboral, expedida por el Coordinador del Grupo Administración del Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, la señora Luz Stella Trujillo Cortés se desempeñó en el cargo de Registrador Seccional, código 2173, grado 16, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Calarcá (Quindío); desde el 30 de agosto de 2002 hasta el 3 de enero de 2011, día en el que presentó su renuncia (folio 443 c. 4).
Mediante escrito de 14 de agosto de 2009, los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá (Quindío), presentaron ante el Superintendente de Notariado y Registro una queja por acoso laboral, psicológico y verbal contra la demandante (folios 48 a 50 c. 2).
La señora Luz Stella Trujillo Cortés, quien ocupa el cargo de Registradora de Instrumentos Púbicos del Municipio de Calarcá, viene acosando laboral, verbal y psicológicamente a los funcionarios que están a su cargo, situación que se agrava día tras día.
El trato verbal con el que la señora Trujillo se dirige a los funcionarios es de: mongólicos, brutos, ignorantes, trogloditas, empíricos, vocabulario este (sic) que utiliza directamente con cada uno cuando se va a dirigir a alguien por cualquier motivo, a parte (sic) de ello escuchamos cuando desde su oficina nos lanza improperios tales como: HP, mal paridos, perros, etc. (…)”
En el expediente obra copia de un Informe de Gestión en Salud Ocupacional, denominado “Análisis de Puesto de Trabajo”, elaborado por una Psicóloga de la Compañía de Seguros Positiva S.A. en el mes de agosto de 2009. Allí se analizó la situación de uno de los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Calarcá y se concluyó (folios 13 a 28 c. 2):
El 11 de septiembre de 2009, el Presidente Nacional del Sindicato de Servidores Públicos de la Administración Pública (SINDIPÚBLICA), radicó un escrito ante el Secretario General de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo asunto es “ENÉRGICA PROTESTA y queja posible (sic) acoso laboral de la Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Calarcá, Quindío, contra funcionarios de esas dependencias”. (Negrillas de la Sala).
Ha recibido reiteradamente llamadas de distintas personas, tanto particulares como funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá -quienes solicitan reserva de su identidad-, en las que informan sobre el trato descortés, agresivo y con lenguaje desconsiderado, por parte de la señora Luz Stella Trujillo quien, según el dicho de los subalternos, los somete a presión y “amedrantamiento”, con conductas de hostigamiento, insultos, agravios personales y limitación abusiva de derechos fundamentales como la salud, entre otros.
En consecuencia, solicitó la iniciación del procedimiento establecido en la Ley 1010 de 2006 (de acoso laboral) y en la Resolución N° 3233 de mayo de 2006 proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro; que se programe con carácter urgente, una visita a la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Calarcá, con la presencia de un delegado del Sindicato, “ (…) a efectos de garantizar que se escuche a las partes, sin detrimento de sus derechos y muchos menos bajo la presión del temor reverencial, que afecta a esos humildes trabajadores ante la presencia de funcionarios del nivel central, de suerte que no se vean coartados en sus libertades personales (…)”; y que se tomen medidas inmediatas como el traslado temporal o la eventual suspensión de la señora Trujillo Cortés, tendientes a evitar la continuidad de las conductas y las posibles retaliaciones ante las quejas de los subalternos.
A folios 30 a 41 del cuaderno N° 2 del expediente, se encuentra el Acta N° 011 de 2009, correspondiente a la diligencia de conciliación llevada a cabo ante el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral de la Superintendencia de Notariado y Registro, a la que asistieron la señora Luz Stella Trujillo Cortés, y los funcionarios de la Oficina de Registro de Calarcá (Quindío).
La señora Luz Stella Trujillo Cortés afirmó que “(…) el trato de la palabra mongólico, no es ultrajante, troglodita es una persona que se come todo lo que se da; empírico son las personas que no han estudiado y por tanto no ve por qué no se puede expresar con estas palabras. L apalabra (sic) perros nunca ha estado en mi léxico (…). Como Buena paisa digo mucho Hijueputa y Malparido e incluso huevón; agrego eso si no lo dijeron, pues es muy de la Región. (…) tengo que manifestar que desde el día en que me posesioné y hasta el 31 de octubre de 2008, esta oficina era un caos respecto a la documentación archivada, por hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía del año pasado, opté por cambiar de funciones al funcionario que venía realizando esa labor y le asigné a otro funcionario obteniendo unos resultados excelentes (…)”
Los funcionarios que trabajan en la Oficina de Registro e instrumentos Públicos expresaron lo siguiente:
La señora Olga Milena Gaitán Triana, Secretaria de la Dependencia, sostuvo que la versión de la señora Luz Stella Trujillo no es cierta, pues su comportamiento afecta tanto el entorno laboral como la calidad del trabajo. Manifestó que está “enferma de los nervios” y le duele la forma como los “pisotea”. Llega a su casa a llorar y “toma la berraquera (sic) para venir al otro día”.
“Mi esposo me dice por qué llora y mis niños lo mismo y debido al ambiente me irrito muy fácilmente con ellos y yo no sabía que en el léxico el decirle mongólicos es normal para ella. A mi casi no me rinde el trabajo, pues se expresa diciendo vaya y mire que hace el descerebrado de Freddy que está haciendo. Todo el tiempo se expresa mal de nosotros y dice que ella hace todo el trabajo, pues nosotros no tenemos mente ni sentimientos para nada.
El señor Freddy Arles Díaz López, quien atiende la Caja, sostuvo:
“Yo me he desempeñado en forma excelente y he sido calificado con mil puntos. Mi tiempo de trabajo son 32 años de servicio (…), de acuerdo con mi capacidad la Doctora Yolanda Domínguez, anterior Registradora, me puso a Calificar Documentos pero cuando llegó la Doctora Trujillo me dijo que como no soy Abogado y una persona tan bruta, con cerebro tan chiquito no puede calificar documentos. Siempre he sido una persona muy ignorante para ella. (…) un día me equivoqué y eso para Ella fue terrible, me trató muy mal y me humilló como quiso. Luego me dijo que yo no podía seguir corrigiendo porque yo estaba robando a la Superintendencia y que me iba a denunciar y que se preguntaba cómo saqué dos hijos profesionales, con qué plata. Ese día me trató de ladrón y me hizo imputaciones deshonrosas, por lo cual yo mandé llamar al Secretario de la Notaría Segunda para que atestiguara si me estaba dando dinero por el error que yo cometí, pues fue el que solicitó la corrección. Siempre el trato de ella para conmigo es así. Hoy en día la Doctora Luz Stella solicitó un estudio a la Psicóloga de la ARP Positiva, solamente la pidió Ella para mí. (…) la Psicóloga manifestó que no entendía por qué le pidió que evaluara el comportamiento con el usuario, pero por solicitud de la Registradora lo hizo. Yo atiendo muy bien al usuario y ella me dice que soy un regalado. Por el tiempo que llevo en la Oficina, la gente siempre pide que yo le atienda, pues sólo atiende al que sea Abogado y yo si atiendo a todo el mundo, profesionales, o a la clase de usuario que sea. Yo con todo y lo empírico atiendo en debida forma al usuario, al que en oportunidades le dice que tengan cuidado conmigo porque soy muy ladrón a lo que he dicho por qué no me denuncia”.
La Señora Cecilia Gutiérrez Escobar, quien se desempeña en la cafetería de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, expresó que ha sido la más perseguida por la señora Luz Stella Trujillo Cortés “(…) de pronto por ser la más débil pues me mantenía por allá arrumada y sólo me veía detrás de una escoba (…)”.
La señora Martha Liliana Agudelo González, quien se desempeña como auxiliar administrativo, manifestó que aunque inicialmente no tuvo inconvenientes con la Registradora, con posterioridad empezó a tener problemas con ella a causa de haberse solidarizado con Cecilia, la señora de los tintos, a quien constantemente está humillando. Indicó:
Aunque el trato que recibe de la señora Trujillo Cortés no es tan denigrante, en comparación con el que reciben sus compañeros, manifestó que no tiene ánimo conciliatorio.
El señor José Alberto Tabera afirmó que se sintieron rechazados desde que llegó la Registradora. Él atendía público y la señora Trujillo Cortés “(…) siempre se imagina que yo estoy haciendo negocios o hablando cosas de la oficina. Si recibo alguna llamada, interroga a la gente de qué se trata o si atiendo usuarios se va a preguntarles para qué me necesitan, lo cual es muy estresante” no se puede equivocar porque si lo hace se forma un problema, tal como ocurrió con la devolución de una escritura, hecho por el que le inició proceso disciplinario y penal; de los cuales fue absuelto.
El 7 de octubre de 2009, el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral de la Superintendencia de Notariado y Registro se pronunció frente a las quejas presentadas contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés, declarando que se tipifican las conductas propias de acoso laboral, de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006. Adicionalmente, resolvió dar traslado de la situación a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, en los términos del inciso 2 del artículo 12 ibídem. Lo anterior quedó consignado en el Acta de Decisión visible a folios 3 a 12 del cuaderno N° 2 del expediente.
En consecuencia, mediante Oficio GATH-4374 de 7 de octubre de 2009, el Secretario General de la Superintendencia de Notariado y Registro le remitió al Señor Procurador General de la Nación los soportes que acreditan que ante esa Dependencia se llevó a cabo el procedimiento preventivo establecido en la Ley 1010 de 2006, que regula el acoso laboral (folios 1 y 2 c. 2).
A través de Oficio GATH – 5388 de 29 de diciembre de 2009, el Secretario General de la Superintendencia de Notariado y Registro le solicitó al Señor Procurador General de la Nación su intervención, ante el presunto acoso laboral en el que incurrió la señora Luz Stella Trujillo Cortés, al efecto, remitió nuevamente los soportes correspondientes (folio 59 c. 2).
El 18 de enero de 2010, la Procuraduría Regional del Quindío abrió indagación preliminar contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés, con el fin de verificar la información suministrada, la ocurrencia de los hechos, la existencia de la posible falta disciplinaria, y de alguna causal de exclusión de responsabilidad (folios 51 y 52 c.2).
El 12 de mayo de 2010 el Procurador Regional del Quindío abrió investigación en contra de la demandante al encontrar acreditados los requisitos previstos por el artículo 152 de la Ley 734 de 2002. En esa oportunidad resolvió la solicitud de caducidad formulada por el apoderado de la encartada, quien sostuvo que ya habían pasado seis meses desde la ocurrencia de los hechos.
Al respecto, el citado funcionario consideró que si bien se trata de una conducta que viene realizándose desde la posesión de la disciplinada como Registradora de Instrumentos Públicos de Calarcá, la queja fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro sólo hasta el 14 de agosto de 2009, y por ello, el término establecido en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006 se debe contar a partir de esa fecha. Adicionalmente, se trata de una conducta continuada en el tiempo y al proceso disciplinario resulta aplicable lo previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, que establece un término prescriptivo de 5 años (folios 263 a 267 c. 3).
Mediante providencia del 19 de octubre de 2010, el Procurador Regional del Quindío formuló pliego de cargos en contra de la señora Luz Stella Trujillo Cortés a quien le atribuyó: i) la extralimitación en el ejercicio de sus funciones al utilizar -en el trato con sus subalternos- términos que atentan contra la dignidad de la condición humana, al igual que la descalificación de su trabajo, y ii) el presunto abuso del cargo, al no permitir que sus colaboradores ejercieran sus derechos, impidiéndoles “disfrutar del descanso del medio día para tomar el alimento de almuerzo”, cumplir las citas médicas y tomar más de dos tintos en la mañana; lo cual se traduce en una discriminación laboral.
Como disposiciones vulneradas por la señora Trujillo Cortés, citó los artículos 6, 122 y 209 de la Constitución Política; 33 (numerales 2, 6 y 7), 34 (numerales 1, 2 y 6), y 35 (numerales 1 y 6) de la Ley 734 de 2002; y 2 (numerales 1 ,2 y 3), 4, 7 (literales b, c, y m), y 10 de la Ley 1010 de 2006 (folios 2 a 51, c. ppal).
Por decisión de 17 de noviembre de 2010 el Procurador Regional del Quindío suspendió previsionalmente del cargo a la señora Trujillo Cortés, sin derecho a remuneración. El citado funcionario consideró, de un lado, que la permanencia de la investigada en el servicio público posibilitaba la reiteración de la falta; y de otro, estimó que la situación se estaba agravando porque del maltrato verbal, la procesada pasó a la agresión física contra una de sus subalternas (folios 497 a 502 c.4).
Consultada la anterior providencia, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa la revocó mediante acto de 18 de enero de 2011. A su juicio, resultaba innecesario mantener la medida por la existencia de un hecho superado: a la disciplinada le fue aceptada la renuncia al cargo a partir del 3 de enero de 2011, de manera que desaparecieron los supuestos fácticos y legales que sustentaban la suspensión provisional (folios 65 a 70 c. ppal).
El apoderado de la investigada radicó un escrito solicitando la nulidad de los testimonios practicados por el Despacho el 9 de diciembre de 2010, porque las declaraciones fueron rendidas sin que estuviese la procesada ni su defensor -éste último había renunciado-. (folios 58 a 60 c. ppal).
El 20 de enero de 2011, el Procurador Regional del Quindío decretó la nulidad tanto de las citadas testimoniales, como del Auto que había dispuesto el traslado para los alegatos de conclusión (folios 61 a 63 c. ppal). Lo anterior, a efectos de garantizarle todos los derechos a la disciplinada pues el mandatario judicial que la venía asistiendo presentó la renuncia al poder.
A través de Resolución N° 0010 de 13 de abril de 2011, el Procurador Regional del Quindío sancionó en primera instancia a la señora Luz Stella Trujillo Cortés con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años, al encontrarla responsable de la falta gravísima dolosa que previamente le había imputado (folio 71 a 134 c. ppal).
Las pruebas recaudadas demuestran que la señora Trujillo Cortés incurrió en acoso por maltrato y persecución laboral, y que tanto ella como su apoderado han denunciado reiteradamente a los quejosos, desconociendo así lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, que prohíbe la retaliación.
El apoderado de la sancionada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. Al efecto, señaló que la forma del procedimiento adoptado para la configuración del fallo, no le permitía ejercer una eficiente sustentación del recurso, pues “el formato” se salió de los parámetros establecidos por la Procuraduría General de la Nación para la redacción de los fallos. Insistió en que la acción caducó y que el fallador de instancia confundió los fenómenos de caducidad y prescripción. Adujo que no hubo una adecuada valoración probatoria y que, pese a lo extenso de la decisión, la Procuraduría no logró precisar cuáles fueron las conductas demostradas que tipifican el acoso laboral (folios 734 a 746 c. 5).
A través de proveído del 9 de septiembre de 2011, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa resolvió el recurso de apelación y confirmó la sanción impuesta a la accionante (folios 135 a 148 c. ppal).
La señora Trujillo Cortés incurrió en conductas de acoso laboral en los términos de los artículos 2 y 7 de la Ley 1010 de 2006, al emplear con sus subalternos palabras ultrajantes y soeces de manera pública y reiterada, con el ánimo de infundirles miedo, intimidación, terror y angustia, lo cual generó perjuicio laboral y desmotivación en el trabajo.
El “formato de fallo” adoptado por la Procuraduría General de la Nación, corresponde a un aspecto puramente formal que no tiene la capacidad para estructurar una nulidad. Si bien existen algunas guías orientadas a facilitar la labor del servidor público, éstas no son de carácter obligatorio, porque lo importante es que cada providencia contenga los requisitos mínimos previstos en la Ley 734 de 2002.
Normativa aplicable al sub-lite.
En consideración a la fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria, a la demandante le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002, sin las modificaciones que introdujo la Ley 1474 de 201
Está acreditado en el plenario que la señora Trujillo Cortés fue sancionada con fundamento en el artículo 23 del Código Disciplinario Único, según el cual “constituye falta disciplinaria, y por tanto da lugar a la acción, e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículos 28 del presente ordenamiento”.
A su turno, el artículo 4 ibídem prevé las causales de agravación del acoso laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único para la graduación de las faltas.De otro lado, el artículo 9 de la Ley en coment
, establece unas medidas preventivas que permiten a la víctima de acoso laboral poner la situación en conocimiento del Inspector de Trabajo, los Inspectores Municipales de Policía, los Personeros Municipales o la Defensoría del Pueblo, a prevención; mediante denuncia escrita en la que se detallen los hechos y a la que se acompañe prueba sumaria de los mismos. Tales medidas incluyen también la solicitud a una institución de conciliación autorizada, con el fin de que amigablemente se supere la situación.
Adicionalmente, el artículo 10, regula el tratamiento sancionatorio del acoso laboral y señala que cuando éste proviene de un funcionario del Estado, debe ser sancionado como falta disciplinaria gravísima en los términos del Código Disciplinario Único. El tenor literal de esa disposición es el siguiente:
Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.
Analizados los argumentos de cada una de las partes en el sub-lite, la Sala precisa, en primer término, que el fenómeno jurídico de la caducidad difiere sustancialmente del de la prescripción.
El primero hace referencia al término que tiene el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del derecho de acción; mientras que la prescripció
es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva. Así lo ha considerado esta Corporación en sentencias como la proferida el 26 de enero de 2012, dentro del expediente No. 730012331000200700007-0.
En efecto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 prevé que “la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto (…).
En ese orden y de acuerdo con la jurisprudencia vigente sobre la materi, dentro del plazo de 5 años la Procuraduría General de la Nación o la entidad respectiva, debe adelantar, concluir el proceso respectivo con decisión de mérito, y resolver los recursos que se interpongan contra la decisión. El vencimiento de ese lapso implica para el Estado la pérdida de la potestad de imponer sanciones.
En el sub-lite está demostrado que desde el 14 de agosto de 2009 las víctimas del acoso laboral radicaron quejas contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés ante el Superintendente de Notariado y Registro. Se acreditó igualmente que las mismas se referían al maltrato verbal y psicológico que recibían constantemente por parte de la aquí demandante.
De otro lado, se probó que el comportamiento de la señora Luz Stella Trujillo Cortés, con el que agredió a los funcionarios de la Dependencia que dirigía, era reiterado y permanente, y se estaba presentando cuando las víctimas formularon sus reclamos, los cuales condujeron a la audiencia de conciliación entre las partes y, ante el fracaso de ésta, a la apertura del proceso disciplinario.
El contenido del Auto de Formulación de Cargos.
Analizado el Auto de Formulación de Cargos proferido el 19 de octubre de 2010 por el Procurador Regional del Quindío, encuentra la Sala que el mismo cumple con todos los requisitos establecidos en la disposición citada, en tanto que el funcionario investigador describió y determinó la conducta investigada; indicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; precisó las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación; concretó la modalidad de la conducta (gravísima a título de dolo); señaló el cargo desempeñado por la procesada; analizó las pruebas que fundamentaron los cargos endilgados; expuso los criterios para determinar la gravedad de la falta; estableció la forma de la culpabilidad; y tuvo en cuenta los argumentos de la defensa.
Con todo, la demandante no precisó cuál es el defecto que a su juicio vicia la legalidad del auto de formulación de cargos, y con ello incumplió el deber procesal que le asiste a todo demandante de estructurar razonadamente los argumentos que sustentan la causal de nulidad que invoca.-
La forma adoptada para proferir el fallo. Presunta vulneración al derecho a la defensa.
La señora Luz Stella Trujillo Cortés, cuestiona el “formato” que escogió la entidad demandada en la providencia que declaró su responsabilidad disciplinaria. Al efecto, adujo que el mismo es farragoso, extenso, repetitivo, y no le permitió visualizar las razones de la sanción, ni sustentar adecuadamente el recurso de apelación.
Llama la atención que el cargo que se analiza también fue expuesto por la señora Trujillo Cortés en sede administrativa, cuando interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, y fue resuelto acertadamente por la demandada al expresar que los formatos son apenas “guías” o directrices que facilitan la labor de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, sin que deban seguirse ciegamente, pues lo importante es que las decisiones cumplan con los requisitos legales y sean respetuosas del derecho al debido proceso, como en efecto ocurrió en el presente caso.
De otro lado, advierte la Subsección que lejos de fundamentar seria y razonadamente alguna de las causales de nulidad de los actos administrativos establecidas en el artículo 84 del C.C.A., los argumentos de la accionante que cuestionan el “formato” empleado en el fallo, son más bien superficiales y no son suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a las decisiones sancionatorias.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación encontró acreditado que el proceder de la señora Trujillo Cortés fue doloso, porque dadas sus calidades profesionales ella era consciente de su actuar y “(…) nunca midió las consecuencias que con su actitud activa estaba generando en el grupo de trabajo” pese a que su alta experiencia con el Estado y las funciones propias del cargo, le permitían comprender la responsabilidad que tenía en el trato con el personal que estaba a su disposición, y con los usuarios.
Prevé el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que el servidor público que cometa una falta gravísima con dolo o culpa gravísima, debe ser sancionado con destitución e inhabilidad general. Ésta última puede oscilar entre 10 y 20 años en los términos del artículo 46 ibídem.
Errores en el recaudo y la valoración probatoria.
La señora Trujillo Cortés señaló, además, que la entidad demandada tuvo en cuenta las pruebas practicadas en la diligencia de 9 de diciembre de 2010, la cual fue declarada nula.
Revisado el expediente y en particular el contenido de las decisiones sancionatorias, la Sala encuentra que tal afirmación no es cierta, porque las testimoniales anuladas -que obran a folios 546 y siguientes del cuaderno N° 4 del expediente-, se practicaron nuevamente en diligencia del 25 de febrero de 2011 con el lleno de los requisitos legales y con plena observancia de las garantías procesales (folios 638 y ss del cuaderno N° 5); y fueron posteriormente valoradas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El ente de control también consideró los medios de convicción favorables a la defensa, los cuales no lograron demostrar la ausencia de responsabilidad, sin que se haya acreditado que el análisis probatorio estuvo de algún modo parcializado o soslayado.
En cuanto a la pretensión de la demandante, relativa a la condena en costas, se observa que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que la entidad accionada no observó una conducta temeraria ni negligente en el transcurso del proceso, como tampoco deslealtad con la parte accionante, que pudiera ameritar la imposición de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativ.
NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la señora Luz Stella Trujillo Cortés contra la Procuraduría General de la Nación, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

References: artículo 6
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 85
 artículo 178
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 163
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 30

Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 152
 artículo 18
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 30
 artículo 84
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 171