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Timestamp: 2019-12-11 16:06:02+00:00

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Registro Oficial. 12 de MAYO del 2006 Suplemento
0003-2005-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad planteada por el señor Marcelo Cordero Altamirano y otros.
0010-2005-RS Dispónese que el Concejo Provincial adopte la resolución respectiva dentro de los diez días siguientes a la notificación.
0012-2005-RS Revócase la resolución de expropiación impugnada, por el señor Luis Felipe Alvarez Castillo.
0029-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el babeas corpus a favor de María Luzmila Cabezas Andrade.
0037-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que concede el amparo constitucional solicitado por el economista Jorge Alfredo Eguiguren Riofrío.
0040-2005-HC Confírmase la resolución del Alcalde de Esmeradas (E) que declara no procede el pedido de libertad de Linner Sandoval Rodríguez
0048-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito que niega el recurso de hábeas corpus planteado por Juan Pablo Jácome Morales..
0055-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por Milton Armando Suárez, por improcedente.
0068-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por Lilia Margota Jiménez Vergara, por improcedente.
0097-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese amparo constitucional propuesto por la señora Dula Emperatriz Jumbo Montesdeoca.
0115-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por Washington Diego Mora Padilla y otra..
0127-05-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional planteado por Gonzalo Oswaldo López Cruz
0140-2005-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y niégase por improcedente el amparo constitucional propuesto por Nelson Hornero Tapia, Secretario General del Comité de Empresa de los Trabajadores del Ingenio Azucarero del Norte, IANCEM.
0149-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Duodécimo de Guayaquil, que da por desistido el amparo constitucional propuesto por el tecnólogo médico Rolando Isohar Mora Noboa.
0150-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Hugo Mac Arthurt Vaca Mosquera.
0171-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la doctora Sara Mercedes Yépez Guillen.
0183-2005-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional planteado por Ángel Francisco Vera y otros.
0841-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el economista Luis Aníbal Jurado.
004-2006-AI Revócase la sentencia del Juez Primero de lo Civil del Carchi y dispónese que el Prefecto, representante legal del Gobierno Provincial del Carchi, entregue la información requerida por el señor Byron Miguel Lombana.
0016-2006-HC Confírmase la resolución pronunciada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito que niega el recurso de hábeas corpus planteado por la doctora Raquel Sánchez..
0639-2004-RA Niégase la acción de amparo propuesta por el señor Gonzalo Edmundo Alvarez Moya, por improcedente.
0974-2004-RA Niégase la acción de amparo presentada por el señor Ramiro Fernando Jaramillo Villafuerte, por improcedente.
1033-2004-RA Niégase la acción de amparo presentada por el señor Henry Carmena Rivas, por improcedente.
1039-2004-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese el amparo solicitado por la señora Dolores Romelia Arévalo González.
1060-2004-RA Confírmase la decisión del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado por Julio Abel Oviedo Valdivieso y otra.
1080-2004-RA Niégase la acción de amparo presentada por el ingeniero comercial Jorge Santiago Estupiñán Flores..
0003-2005-AI Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el recurso solicitado por Miguel Ángel Rugel Sono..
0033-2005-RA Niégase la acción de amparo presentada por el señor Freddy Jhonny Lucio Quevedo, por improcedente.
0042-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E), que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Edgar Wilson Flores Gonza.
074-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Segundo de lo Penal de El Oro, que acepta el amparo constitucional propuesto por la señora Dalis Teresa Galarza Orellana..
0091-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional solicitado por la señora Marina Elizabeth Riofrío Valverde..
0116-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia e inadmítese el amparo constitucional propuesto por el doctor Guillermo Hernán Gamboa Acurio..
0220-2005-RAConfírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Gloria Emperatriz Jiménez
0222-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por la señora Janet Mercedes Tinizaray Pinzón.
0230-05-RA Revócase la resolución del Juez Primero de lo Civil de Napo y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por Marilín Andrónica Cerda López
0284-2005 Niegase la acción de amparo presentada por la arquitecta Felisa Mendoza y otros, por improcedente.
- Cantón Urdaneta: Que regula el servicio de cementera.
- Cantón Urdaneta: Que regula el arrendamiento de maquinaria.
Quito, 12\n de abril de 2006.-
No. 0003-2005-AA
En el caso signado con el N° 0003-2005-AA,\n acumulado al caso No. 009-2005-AA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n el 1 de marzo de 2005, en el que los señores Marcelo Cordero\n Altamirano y Héctor Eduardo Chuinta, con el informe de\n procedibilidad del Defensor del Pueblo, al amparo de lo que disponen\n los artículos 276 numeral dos y 277 numeral quinto de\n la Constitución Política del Estado; 12 y 62 de\n la Ley del Control Constitucional; y, 8 de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo, demandan la inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en la Resolución adoptada\n por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el 9 de diciembre\n de 1999; y, los actos de ejecución y las Acciones de Personal\n constantes en la demanda.
Que en el Registro Oficial No. 359 de 13 de julio de 1998,\n se promulgó la Ley Orgánica de Aduanas, en cuya\n disposición transitoria quinta, se establece: "Una\n vez constituida la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ésta\n se integrará preferentemente con los actuales funcionarios\n y empleados de la Dirección Nacional de Aduanas, previo\n un proceso de selección a cargo de una firma privada especializada\n en la materia, en el que se considerará entre otros aspectos,\n la formación académica, cursos de capacitación,\n honorabilidad y experiencia. Este personal y el que se incorpore\n adicionalmente deberá reunir los requisitos pertinentes\n y no haber recibido la indemnización que es mencionada\n a continuación".
Que fundamentada en esta norma, la CAE, por intermedio de\n su Directorio, realizó un proceso de selección\n de carácter psicotécnico y contrató, sin\n sujetarse a la Ley de Contratación Pública, a la\n empresa privada "Caridad Arosemena y Asociados".
\n Que debido a este proceso de selección, la CAE mediante\n Resolución de 9 de diciembre de 1999, conforme al artículo\n 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, vigente\n a esa fecha, mediante Acciones de Personal fueron removidos de\n sus cargos que venían desempeñando en la Dirección\n Nacional de Aduanas, sin permitirles el legítimo derecho\n a la defensa, ni considerar la experiencia en materia de aduanas.\n
Que varios empleados de la CAE presentaron acciones de amparo\n constitucional, por haberse vulnerado sus derechos protegidos.\n
\n Que los recurrentes presentaron acción de amparo constitucional\n en contra del Gerente General de la CAE, el que fue conocido\n por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, caso No. 148-2000-RA,\n siendo inadmitido.
Que corrigiendo los errores formales de la acción de\n amparo, presentaron una nueva acción de amparo constitucional,\n a la que correspondió el No. 0626-2003-RA, el que también\n fue inadmitido.
Que el Directorio de la CAE al adoptar la Resolución\n de 9 de diciembre de 1999, violentó los artículos\n 23 numerales 3, 17, 26 y 27; 24 numerales 10 y 13; 119; y, 124\n de la Constitución Política del Estado.
Que en las varias decisiones del Tribunal Constitucional,\n se ha considerado que el negar a los servidores públicos\n de la CAE, el derecho al trabajo que constitucionalmente les\n corresponde y disminuir el monto de las indemnizaciones a que\n tienen derecho, se atenta a sus derechos civiles, para lo cual\n analizó el contrato celebrado entre la Gerencia General\n de la CAE y la Compañía Caridad Arosemena y Asociados,\n de prestación de servicios de evaluación de personal,\n que en su cláusula tercera establece el objeto, que dice\n relación a la evaluación psicotécnica de\n personal, información sobre la inteligencia y características\n de la personalidad de los avaluados, para posteriormente realizar\n comparaciones respecto de sus cargos, sus responsabilidades y\n requisitos, determinando si el grado de cumplimiento permitirá\n asumir los retos y responsabilidades de cada posición,\n objeto que difiere de las consideraciones determinadas en la\n Quinta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica\n de Aduanas y la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n vigente al tiempo del acto administrativo impugnado.
Que el Directorio de la CAE, en aplicación de los pronunciamientos\n de las Salas del Tribunal Constitucional, en las diferentes acciones\n de amparo presentadas, debió reincorporarlos a la institución.\n
Que al amparo de las normas constitucionales y legales citadas,\n solicitan se declare la inconstitucionalidad del acto administrativo\n impugnado.
Mediante providencia de 3 de marzo de 2005, las 13h15, la\n Comisión de Recepción y Calificación del\n Tribunal Constitucional admite la demanda a trámite.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional, luego del sorteo\n correspondiente, mediante providencia de 23 de marzo de 2005,\n avoca conocimiento de la causa y corre traslado con el contenido\n de la demanda al Gerente General de la CAE y al Procurador General\n del Estado.
La Comisión de Recepción y Calificación\n del Tribunal Constitucional, en providencia de 4 de abril de\n 2005, las 12h00, de conformidad con lo establecido por el artículo\n 55 del Reglamento de Trámite de Expedientes, dispone la\n acumulación del caso No. 0009-2005-AA al No. 0003-2005-AA.
El Director Nacional de Patrocinio del Estado, en su contestación\n manifiesta que los recurrentes presentaron, sin éxito,\n la acción de amparo constitucional No. 0626-2003-RA, resuelta\n el 27 de noviembre de 2003, y con el argumento de que la jurisprudencia\n del Tribunal Constitucional determina que el acto administrativo\n contenido en la resolución de 9 de diciembre de 1999,\n debe impugnarse mediante demanda de inconstitucionalidad, vuelven\n a presentar una nueva acción.
Que los recurrentes solicitan se declare la inconstitucionalidad\n de las acciones de personal, sin identificar las mismas, confundiendo\n el efecto de la inconstitucionalidad con el de revocatoria de\n los actos administrativos impugnados.
Que se pretende cuestionar, seis años después\n de ejecutado, el contrato de selección firmado por la\n CAE con una consultora de personal, sobre cuya base se los desvinculó\n de la institución.
Que en conformidad con lo señalado en los artículos\n 119 y 278 de la Constitución Política de la República,\n el Tribunal Constitucional no podría decretar, con efecto\n retroactivo, la inconstitucionalidad de la resolución\n del Directorio de la CAE, del 9 de diciembre de 1999, ni ordenar\n la revocatoria de los actos administrativos impugnados y no identificados;\n y, peor poner en duda el contrato con la compañía\n consultora de personal.
\n El Gerente General de la CAE, (E), expresa que el Directorio\n de la CAE en la sesión de 9 de diciembre de 1999, no adoptó\n ninguna Resolución a la que hacen referencia los actores,\n sino que se limitó a apoyar la gestión del Gerente\n General de la CAE, en el proceso de racionalización de\n personal realizada con fundamento en la Disposición Quinta\n Transitoria de la Ley Orgánica de Aduanas.
Que una vez concluido el proceso de racionalización\n de personal, la Gerencia General de la CAE, en aplicación\n a lo dispuesto en la disposición transitoria citada y\n en uso de la atribución que le confiere el artículo\n 111.-I.- Administrativas de la L.O.A, procedió a expedir\n el acto administrativo contenido en las Acciones de Personal,\n por las que se los desvinculaba laboralmente de la Institución,\n por no haber sido seleccionados para integrar la CAE.
Que la demanda que hoy se la plantea con el argumento de inconstitucionalidad,\n fue presentada en dos ocasiones anteriores, entre otros, por\n los mismos actores, como acto ilegítimo de autoridad pública,\n mediante recursos de amparo constitucional, causas Nos. 148-2000-RA,\n inadmitida por la Primera Sala del Tribunal Constitucional; y,\n No. 0626-2003-RA, que también fue inadmitido y desechado.\n
Que la revocatoria del acto expedido por la Gerencia General\n de la CAE, contenido en las acciones de personal, es improcedente,\n por lo que solicitó se deseche por improcedente la demanda\n de inconstitucionalidad planteada.
En el caso No. 0009-2005-AA, los señores Mónica\n Mejía Narváez, Bolívar Efrén Alarcón\n Alarcón, Juana Josefina Cevallos Quintana y Rosa Alicia\n Ordoñez Ordóñez García, con el informe\n de procedibilidad del Defensor del Pueblo, al amparo de los artículos\n 276 numeral 2 y 277.5 de la Constitución de la República;\n 12 y 62 de la Ley de Control Constitucional y 8 de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo, presentan demanda de inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en la Resolución adoptada\n por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el 9 de diciembre\n de 1999 y consecuentemente los actos de ejecución y las\n Acciones de Personal.
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los\n artículos 276, número 2, de la Constitución,\n 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;
SEGUNDO.- La peticionaria se encuentra legitimada para interponer\n esta acción constitucional, de conformidad con los artículos\n 277, número 5, de la Constitución y 23, letra e,\n de la Ley del Control Constitucional, al contar con el informe\n de procedencia del Defensor del Pueblo, que corre a fojas 23\n a 25 del proceso;
TERCERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los\n artículos 276, número 2, de la Constitución,\n 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;
CUARTO.- Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez;
QUINTO.- En esta demanda, se impugna la Resolución\n de 9 de diciembre de 1999, adoptada por el Directorio de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, y las correspondientes acciones de personal\n dictadas en contra de los demandantes, por las cuales se procedió\n a removerles de sus funciones en la Dirección Nacional\n de Aduanas. Efectivamente consta del expediente el oficio por\n el cual se informa que en aplicación a lo dispuesto en\n la Ley Orgánica de Aduanas, teniendo como base el proceso\n de selección efectuado por una firma especializada en\n la materia contratada para el efecto, no han sido seleccionados\n para integrar la CAE, por lo que se ha resuelto las remociones\n de sus cargos mediante las acciones de personal correspondientes;\n y se comunica además que la liquidación de sus\n haberes ha sido practicada de conformidad a las disposiciones\n legales vigentes.
SEXTO.- La Ley Orgánica de Aduanas, expedida mediante\n Ley No 99 por el Plenario de las Comisiones Legislativas del\n Congreso Nacional, publicada en el R. O. No. 359 de 13 de julio\n de 1998, en la Disposición Transitoria Quinta, señaló:\n "Una vez constituida la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n ésta se integrará preferentemente con los actuales\n funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Aduanas,\n previo un proceso de selección a cargo de una firma privada\n especializada en la materia, en el que se considerará\n entre otros aspectos, la formación académica, cursos\n de capacitación, honorabilidad y experiencia. Este personal\n y el que se incorpore adicionalmente deberá reunir los\n requisitos pertinentes y no haber recibido la indemnización\n que se menciona a continuación". Disposición\n que por tener el carácter de transitoria, tuvo su vigencia\n y eficacia mientras se adecuaban condiciones para constituir\n orgánicamente a la Corporación Aduanera Nacional,\n y cuya permanencia se agotó con su cumplimiento, esto\n es, una vez que la firma privada especializada en la materia,\n completó sus estudios y estableció los parámetros\n previstos en la Transitoria Quinta. Y tan es así que,\n en las Reformas a la Ley Orgánica de Aduanas de mayo y\n noviembre del 2003, se incorporan nuevas disposiciones transitorias,\n confiriendo facultades al Directorio de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana para que supervise la ejecución de\n reestructuración integral técnica y administrativa\n de la CAE hasta el 31 de diciembre del 2003.
SEPTIMO.- En el caso, la Resolución de 9 de diciembre\n de 1999, adoptada por el Directorio de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, y las correspondientes acciones de personal,\n tienen como sustento la Disposición Transitoria Quinta\n de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el R. O. 359\n de 13 de julio de 1998; la que como hemos señalado dejo\n de tener vigencia; por tanto, la pretensión de que se\n declare la inconstitucionalidad de la referida Resolución\n entraña la impugnación de la Transitoria Quinta,\n que tuvo en el pasado el carácter de acto normativo y\n de efectos generales. Debiendo precisar que el Tribunal Constitucional\n en esta clase de procesos ejerce control de constitucionalidad\n de actos administrativos, el que tiene un objeto específico:\n fiscalizar la regularidad constitucional de los actos administrativos.
OCTAVO.- La Constitución es un todo orgánico\n y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado\n de tal manera que exista entre ellas la debida correspondencia\n y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier\n interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia\n a algunos de sus preceptos. De este modo, la acción de\n inconstitucionalidad de acto administrativo no se encuentra prevista\n en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos\n estatuidos en la misma Carta Primera o en el ordenamiento jurídico.\n En este sentido, y como ya se ha señalado en este fallo,\n la acción de inconstitucionalidad de acto administrativo\n no tiene por finalidad determinar la legalidad de los actos impugnados,\n pues para ello se prevén los recursos contencioso administrativos\n (subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación,\n según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso - Administrativa) No corresponde, entonces, al Tribunal\n Constitucional ni al objeto de la acción de inconstitucionalidad\n de acto administrativo determinar si un órgano del poder\n público la CAE ha ejercido las facultades que le confiere\n la ley,
NOVENO.- La demandante, se limita a citar textualmente una\n serie de artículos constitucionales en que basa la demanda\n de inconstitucionalidad, debiendo puntualizar que no basta simplemente\n con enunciar o enumerar artículos constitucionales sino\n que es menester fundamentar y motivar de qué manera y\n en qué circunstancias esos preceptos son violados, de\n modo directo, por el acto administrativo que se impugna (no de\n modo indirecto, por supuesta violación de la legalidad),\n lo que, en el caso, no ocurre.
Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional,
1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada\n por el señor Marcelo Cordero Altamirano, Héctor\n Eduardo Chuinta y Mónica Mejía Narváez en\n su calidad de Procuradora Común, todos ellos accionantes\n de las causas acumuladas signadas con los números 0003-2005-AA\n y 0009-2005-AA, interpuestas en contra de los señores\n Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n y Procurador General del Estado;
2.- Disponer que esta resolución se publique en el\n Registro Oficial.- Notifíquese."
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los doce días del mes de abril de dos mil seis.- LO\n CERTIFICO.-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 3 de mayo del 2006.- f.) Secretaria de la\n Sala.
CAUSA No. 0003-2005-AA (ACUMULADA LA CAUSA No. 0009-2005-AA)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Quito, 25 de abril\n del 2006.- Vistos: En el caso signado con el No 009-05-AA que\n acumula al 0003-05-AA, el escrito presentado el 18 de abril del\n 2006, que contiene el pedido formulado por los señores\n Marcelo Cordero, Héctor Chuinta y Monica Mejía\n para que se aclare y amplíe la Resolución de 12\n de abril del 2006, adoptada por esta Sala, agréguese al\n expediente. En lo relativo a que esta Resolución siendo\n de temática similar a otra resuelta en otra Sala del Tribunal\n es distinta en cuanto a que la anterior se la concede, y en esta,\n con argumentos totalmente distintos se la desecha, cabe precisar\n que este aspecto no merece aclaración alguna para la comprensión\n de la Resolución emitida en el caso, en razón de\n que el Tribunal como máximo Órgano de Control de\n la Constitucionalidad fundamenta su actividad en reglas, principios\n y métodos de interpretación doctrinariamente establecidos\n en la aplicación de la normativa constitucional. Finalmente,\n cabe puntualizar que en cuanto al pedido de aclaración\n y ampliación se considera: 1.- De conformidad con el Art.\n 14 de la Ley del Control Constitucional, sobre las Resoluciones\n del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno.- 2.- De modo\n general, en la doctrina se establece que la ampliación\n tendrá lugar si la sentencia no resolviere todos los asuntos\n sometidos a la decisión del órgano competente y\n la aclaración si el fallo fuere oscuro; 3.- La Resolución\n materia de este pedido es suficientemente clara y el fallo se\n refiere a los asuntos que fueron objeto de la causa. Por lo expuesto,\n se desecha el pedido de aclaración y ampliación\n solicitado.- Archívese el proceso.- Notifíquese.-\n
LO CERTIFICO.- Quito, D. M., 26 de abril del 2006.
Quito, 26\n de abril de 2006.-
No. 0010-2005-RS
El arquitecto Gabino de la A. Escalante, en su calidad de\n Concejal Principal del cantón Playas de la provincia del\n Guayas, presenta la siguiente Queja:
\n Que el 20 de octubre del 2002, por decisión popular fue\n elegido Concejal Principal del cantón Playas. Que ha sido\n hostigado, amenazado de muerte y que se ha impedido por todos\n los medios su ingreso a la sesión inaugural, para bajo\n este pretexto proceder a su destitución. Que el 28 de\n noviembre del 2002, realizó ante el Notario del cantón\n Playas su declaración patrimonial bajo juramento y el\n 29 de noviembre del 2002, presentó la misma al Presidente\n del Tribunal Supremo Electoral. Que mediante diligencia notarial\n presentó al Alcalde del cantón Playas, el 14 de\n enero del 2003, los documentos habilitantes para la calificación\n como Concejal. Que para la exhibición de los documentos\n referidos, adjuntó el escrito suscrito por varios Concejales,\n en el que se solicita se los convoque a una sesión extraordinaria,\n amparados en el Art. 118 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, a fin de que se de cumplimiento a las actividades\n de la Sesión inaugural concernientes a la elección\n de Vicepresidente y de la conformación de la Comisión\n de Mesa, Excusa y Calificaciones y que insisten se de cumplimiento\n a este mandato establecido en la Ley. Que el Alcalde mediante\n convocatoria DA/DSG General Villamil Playas, de 14 de enero del\n 2003, le convoca a la sesión ordinaria del Concejo Cantonal\n para el día 15 de enero del 2003, a las 17H00. Que en\n el mismo día de la sesión inaugural el Alcalde\n de Playas no permitió que se elija al Vicepresidente y\n a los Miembros de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones,\n al tenor de la disposición contenida en el Art.118 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que violentando\n toda disposición legal formó un Concejo al margen\n de la Ley, convocando a ciudadanos que no ostentan la calidad\n de Concejales, como es el caso de la señora Narcisa de\n la A. Que a la fecha de la convocatoria, el Alcalde ya había\n conformado Comisiones Permanentes. Que mediante oficio sin número\n de 16 de enero del 2003, el Secretario Municipal de la Municipalidad\n del cantón Playas, respaldado por diligencia notarial,\n le notificó con la Resolución adoptada por el Concejo\n Municipal de Playas, que en su parte pertinente dice: "...en\n sesión ordinaria celebrada el 15 de enero del 2003, acogiendo\n el dictamen de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones,\n Resolvió: Declarar Vacante el cargo y funciones de Concejal\n del cantón Playas al señor Arq. Gabino Rogelio\n de la A. Escalante, por haber incurrido en la prohibición\n prescrita en el Art. 122 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador,...", disposición\n referente a la obligatoriedad de los funcionarios elegidos por\n votación popular, de presentar al inicio de su gestión\n una Declaración Patrimonial Juramentada. Que dicha resolución\n fue tomada con la sola presencia de tres Concejales. Que presentó\n dentro del término legal el recurso de apelación,\n como consta de la diligencia notarial de 18 de enero del 2003,\n al tenor de la disposición contenida en el Art. 60 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el mismo\n que no ha sido despachado ni se ha remitido el expediente al\n Superior, conforme manda la Ley. Que no se le ha vuelto a convocar\n a las sesiones del Concejo, pese a haber presentado la apelación\n oportunamente. Que el Alcalde del cantón Playas, tenía\n la obligación de remitir por Secretaría el original\n del expediente al Prefecto de la provincia del Guayas, como lo\n señala la disposición contenida en el Art. 61 inciso\n primero de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,\n lo que no se ha dado cumplimiento. Que el 24 de marzo del 2003,\n compareció ante el Prefecto de la provincia del Guayas\n y pidió se solicite el expediente al Alcalde del cantón\n Playas, a fin de que se resuelva el recurso de apelación\n interpuesto. Que las dos entidades han violentado todos los términos\n y plazos previstos en el artículo 61 y siguientes de la\n Ley Orgánica de Régimen Municipal, Arts. 328 del\n Código de Procedimiento Civil y 30 de la Ley Orgánica\n de Régimen Provincial, cuanto más que no se han\n proveído las peticiones y no se ha notificado a las partes\n intervinientes y tampoco se ha conocido y resuelto respecto del\n recurso de apelación interpuesto. Que la omisión\n injustificada de las autoridades, es arbitraria y violenta sus\n derechos y garantías constitucionales. Que fundamentado\n en los artículos 276 numeral 7 de la Constitución\n Política de la República, 53 del Reglamento de\n Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional y\n 62 inciso segundo de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal presenta su queja en contra del Prefecto de la provincia\n del Guayas y del Procurador Síndico Provincial del Guayas.\n
PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el caso de conformidad con el artículo 276, numeral 7,\n de la Constitución Política del Estado y 52 del\n Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.
SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa por lo\n que se declara su validez.
TERCERO.- En el caso, el peticionario Concejal electo del\n cantón Playas pone en conocimiento de este Tribunal que\n el Concejo Cantonal declaró vacante su cargo por supuestamente\n haber infringido el Art. 122 de la Constitución Política,\n esto es, por no haber presentado su declaración juramentada\n de bienes, cuando según afirma desde la sesión\n inaugural se negaron a recibir sus escritos y peticiones; y que\n frente a esta situación propuso dentro del termino correspondiente\n el recurso de apelación de la resolución ilegalmente\n adoptada, sin que el Alcalde ni el Prefecto Provincial, pese\n a su insistencia hayan dado trámite alguno.
CUARTO.- Visto así el asunto, de conformidad con lo\n estipulado en el Art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal que manda: "Con la réplica y sin más\n trámite, la entidad ante quien se apeló dictará\n su resolución dentro del plazo de quince días y\n la hará notificar dentro de las próximas veinticuatro\n horas. De no dictarse la resolución o no hacérsela\n conocer dentro de los plazos señalados, se podrá,\n al vencimiento de los mismos, presentar la correspondiente queja\n ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el que\n dispondrá que el Consejo Provincial adopte la resolución\n respectiva, dentro de los diez días siguientes a la notificación.\n La omisión en el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal\n Constitucional constituirá personal y pecuniariamente\n responsables al Prefecto y a los Consejeros Provinciales que\n fueren culpables de la falta de resolución".
En mérito de lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional dispone que los demandados, dentro de los diez\n días siguientes a la notificación de este auto\n y, bajo prevenciones legales, tramiten y resuelvan el recurso\n presentado.- Notifíquese.-
Lo certifico.- Quito D.M., 26 de abril de 2006.-
TRIBUNAL CONSTITCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original. Quito a, 5 de mayo del 2006.- f.) Secretaria de la\n Sala.
Quito D.\n M., 26 de abril de 2006.-
No. 0012-2005-RS
El señor Luis Felipe Álvarez Castillo, presenta\n recurso de apelación de la Resolución adoptada\n por el Concejo Municipal del cantón Tulcán, dictada\n el 22 de marzo del 2005.
Que la Resolución de 22 de marzo del 2005, mediante\n la cual el Concejo Municipal del cantón Tulcán\n resuelve "por unanimidad aprobar el informe jurídico\n presentado por el doctor Edgar Jiménez y, por tanto, ratificarse\n en la resolución tomada en sesión del Consejo del\n día lunes 14 de marzo del 2005 sobre la declaratoria de\n utilidad pública con fines de expropiación y dictar\n el acuerdo de ocupación urgente del inmueble del señor\n Luis Felipe Alvarez Castillo, ubicado en el sector Florida Baja,\n de la Parroquia El Carmen, Cantón Tulcán, Provincia\n del Carchi, con un área de 37.444 m2, destinado para ser\n adjudicado a la Asociación de Vivienda de Pequeños\n Comerciantes "24 de Abril", al igual que la adoptada\n el 14 de marzo del 2005, violentan el artículo 24 numeral\n 13 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador, por cuanto no se observa en las mismas, ningún\n antecedente de hecho y derecho que justifique la declaratoria\n de utilidad pública del inmueble de su propiedad. Que\n estas decisiones no contienen una parte expositiva, ni considerativa\n que las justifiquen, tornando en nulos los fallos administrativos\n emitidos por el Concejo. Que el Procurador Síndico en\n su informe, que sirvió de sustento para emitir la resolución\n de declaratoria de utilidad pública del bien, se ha limitado\n a enunciar disposiciones legales relacionadas con la facultad\n que la Ley Orgánica de Régimen Municipal confiere\n al Concejo. Que se debió establecer la pertinencia de\n la aplicación de la facultad que tiene el Concejo para\n declarar de utilidad pública un bien. Que el segundo informe\n del Procurador Síndico de 21 de marzo del 2005, contenido\n en el oficio No. 040-DJGMT, no emite pronunciamiento alguno a\n las observaciones que realizó respecto de la resolución\n de declaratoria de utilidad pública, las que las realizó\n dentro del término de tres días que dispone el\n inciso tercero del artículo 253 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal. Que el funcionario sin respetar\n los términos de ley y sin que se haya ejecutoriado la\n resolución impugnada, emite el segundo informe, en el\n que simplemente indica el procedimiento administrativo que se\n ha seguido, transgrediendo los derechos al debido proceso, a\n la legítima defensa y de motivación de las resoluciones,\n previstas en la Constitución de la República. Que\n se pretende conculcar el derecho y respeto a la propiedad privada,\n garantizado en el artículo 30 de la Carta Política.\n Que los 37.442 m2 del bien inmueble que le pertenece y del que\n se pretende despojarlo, va a ser adjudicado a una Asociación\n de Vivienda de Pequeños Comerciantes, lo que no justifica\n los requerimientos exigidos por la ley, ya que no se explica\n en qué medida tal adjudicación constituye utilidad\n pública o interés social. Que sobre el particular\n el Tribunal Contencioso Administrativo ha emitido su pronunciamiento\n en el sentido de que no puede decretarse un bien de utilidad\n pública, por el simple arbitrio, interés económico\n o liberalidad de las entidades del sector público a quienes\n se otorga esta facultad. Que el bien que se pretende expropiar\n no solamente es de su propiedad sino de su cónyuge, quien\n también ve afectado su derecho a la propiedad previsto\n en el artículo 23 de la Constitución y que al no\n haber sido notificada con ningún tipo de acto administrativo,\n no ha podido ejercer su defensa, lo que le causaría graves\n daños y se estaría transgrediendo el artículo\n 34 de la Constitución, al conculcarle a su cónyuge\n el derecho de administrar sus bienes. Que al ser privada de su\n derecho a la defensa se violenta el artículo 24 numeral\n 10 de la Carta Política. Que por lo expuesto interpone\n recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional,\n respecto de la Resolución de declaratoria de utilidad\n pública del bien de su propiedad y de la Resolución\n de ratificación adoptada en sesión realizada el\n 21 de marzo del 2005. Que considera no procedente la apelación\n ante el Consejo Provincial del Carchi inicialmente solicitada,\n por lo que pide se deje sin efecto la misma.
El Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Municipal\n de Tulcán manifiestan que en varias oportunidades han\n recibido peticiones por parte de la Asociación de Vivienda\n de Pequeños Comerciantes de la parroquia El Carmelo, en\n el sentido de que se impulse un plan de vivienda popular, contemplado\n en los artículos 326, 327.1, 328 y 329 de la Ley de Régimen\n Municipal, en los años 2002, 2003 y 2004. Que en el año\n 2005, se incluyó una partida presupuestaria para este\n fin, buscando acercamientos con el señor Luis Felipe Alvarez\n Castillo para promover una venta voluntaria, sin tener una respuesta\n positiva al respecto. Que la Dirección de Planificación\n Urbana, mediante oficio No. 023-DPUGMT de 5 de febrero del 2004,\n expresa su criterio favorable respecto del proyecto a ejecutarse\n en el inmueble objeto de expropiación. Que el 7 de marzo\n del 2005, la Dirección Financiera extiende la certificación\n de fondos, de la que se desprende que existe la partida presupuestaria\n y la disponibilidad de fondos para indemnizar al afectado en\n el proceso expropiatorio, dando cumplimiento a lo previsto en\n el artículo 58 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control. Que la Dirección Nacional de Avalúos\n y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en\n oficio 000730-SOT-DINAC-2004 del 20 de julio del 2004, detalla\n que el valor del inmueble afectado es de 21.157,70 dólares,\n valor que deberá pagar la Municipalidad del afectado.\n Que esta Dirección, con oficio No. 031-DJGMT de 10 de\n marzo del 2005, pone en conocimiento de la Alcaldía el\n criterio legal del trámite de expropiación del\n inmueble de propiedad del señor Luis Álvarez Castillo,\n para la implantación del plan de vivienda popular de la\n Asociación de Vivienda de Pequeños Comerciantes\n "24 de Abril" de la Parroquia El Carmelo, Cantón\n Tulcán, Provincia del Carchi. Que el Concejo está\n facultado para declarar de utilidad pública con fines\n de expropiación el inmueble del señor Álvarez,\n de conformidad con los artículos 64 numeral 11 y 251 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Que el Concejo\n Municipal de Tulcán en sesión ordinaria de 14 de\n marzo del 2005, resolvió declarar de utilidad pública\n de interés social, dictar el acuerdo de ocupación\n urgente del inmueble del señor Luis Felipe Álvarez\n Castillo, ubicado en el sector la Florida Baja, de la parroquia\n El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi,\n con un área de 37.444 m2, destinado para la implantación\n de un programa de Vivienda Popular y su posterior legalización\n y adjudicación a la Asociación de Vivienda de Pequeños\n Comerciantes "24 de Abril". Que en sesión ordinaria\n de 21 de marzo del 2005, el Concejo Municipal de Tulcán\n resolvió ratificarse en la resolución tomada en\n sesión de Concejo de 14 de marzo del 2005. Que se le notifica\n al señor Luis Felipe Alvarez Castillo, mediante oficio\n 035-DJGMT de 16 de marzo del 2005, la Resolución del Concejo\n Municipal del 14 de marzo del 2005. Que el 18 de marzo del 2005,\n el señor Alvarez envía oficio sin número\n a la Alcaldía, en el que manifiesta que la resolución\n de expropiación adolece de errores que nulitan el acto,\n por ser violatorio a principios constitucionales y legales y\n que en caso de que se ratifique la misma, se tome este escrito\n como oposición a la declaratoria y apela ante el Consejo\n Provincial del Carchi, de conformidad con el artículo\n 138 (hoy 134) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.\n Que la Dirección Jurídica, en oficio No. 062-SJMT\n de 18 de abril del 2005, emite criterio jurídico sobre\n la apelación de la Resolución del Concejo y considera\n que debe darse paso al pedido del señor Alvarez y se sugiere\n aplicar lo que establece el artículo 328 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, autorizando a los representantes\n legales a aplicar la norma antes descrita como forma de pago\n y dar aplicación a lo pertinente respecto de la expropiación\n para la implantación de vivienda popular por parte de\n la Municipalidad de Tulcán. Que la Dirección Jurídica,\n mediante oficio No. 040-DJGMT, informa a la Alcaldía que\n el procedimiento administrativo que ha seguido la Municipalidad\n es válido y legal, pues se han adjuntado al proceso todos\n los informes que deben emitir las distintas dependencias municipales.\n Que el 21 de marzo del 2005, el señor Alvarez solicita\n a la Alcaldía se pronuncie sobre las observaciones formuladas,\n se deje insubsistente la Resolución del Concejo Municipal\n de 14 de marzo del 2005 y se le conceda audiencia para ser escuchado\n en Comisión General. Que la Dirección Jurídica\n mediante oficio No. 057-DJMT, de 14 de abril del 2005, emite\n el criterio sobre estos pedidos, expresando que el Gobierno Municipal\n de Tulcán, en uso de las atribuciones legales establecidas\n en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ha procedido\n a realizar todo el trámite legal para la declaratoria\n de utilidad pública con fines de expropiación y\n dictar el acuerdo de ocupación urgente del inmueble, por\n lo que no hay nulidad de forma ni de fondo; que a la fecha que\n presentó el escrito el señor Alvarez, el Concejo\n Municipal ya había procedido a ratificarse en la Resolución,\n por lo que no procede la reconsideración o insubsistencia\n de la resolución tomada por el Concejo Municipal. Que\n en este escrito en forma tácita el señor Alvarez\n renuncia a la petición hecha el 18 de marzo del 2005 y\n que de las consideraciones propuestas por el referido ciudadano,\n la más relevante es la que tiene que ver con el precio\n que propone se le reconozca, el mismo que asciende a 45.000 dólares.\n Que alegan litis pendencia, por cuanto hay una solicitud expresa\n ante el Concejo Municipal para que resuelva en sede administrativa\n este conflicto de intereses. Que el Gobierno Municipal de Tulcán\n ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales\n vigentes en el país. Que el señor Luis Felipe Álvarez\n Castillo debe agotar la vía administrativa, como lo disponen\n los numerales 46 y 47 del artículo 64 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal. Alegan violación del trámite.\n Que en virtud de la función social de la propiedad las\n facultades de goce y disposición de los bienes de dominio\n privado pueden ser restringidas o pueden imponerse cargas u obligaciones\n a la propiedad, tanto negativas como positivas (Ley de Régimen\n Municipal, artículos 326 y siguientes). Que el Municipio\n de Tulcán ha procedido a dar el debido proceso y ha presentado\n en forma motivada la declaratoria de utilidad pública\n con fines de expropiación, por lo que alega expresamente\n no haber violentado los artículos 23 numeral 27, 24 numerales\n 10 y 13, 30, 33 y 34 de la Constitución Política\n del Ecuador. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo\n 2 literal a) de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia,\n solicitan se inhiba de conocer el presente recurso, pues se debió\n haber interpuesto la acción de inconstitucionalidad. Por\n lo expuesto solicitan se deseche el recurso planteado.
Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente\n y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se\n hacen las siguientes:
PRIMERA.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el caso de conformidad con el artículo 276, numeral 7,\n de la Constitución Política del Estado y 52 del\n Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa por lo\n que se declara su validez.
TERCERA.- Que, el acto impugnado es el de expropiación\n por causa de utilidad pública de parte del predio del\n accionante, resolución de 22 de marzo de 2005, dictada\n por el Concejo Municipal del Cantón Tulcán.
CUARTA.- Que, el Concejo Municipal es competente para dictar\n resoluciones de expropiación de conformidad a lo establecido\n en los artículos 239 y siguientes de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, así como con lo establecido\n en los artículos 326 y siguientes del mencionado cuerpo\n legal.
QUINTA.- Que, La Constitución consagra el derecho a\n la propiedad fundamentalmente en los artículos 23, numeral\n 23, y 30. El numeral 23 del artículo 23 de la Constitución\n señala que se reconoce el derecho a la propiedad en los\n términos que señala la ley; en tanto que, el artículo\n 30 de la Constitución establece que el Estado reconoce\n y garantiza el derecho a la propiedad en tanto cumpla con su\n función social. Por lo cual, la propiedad desde el punto\n de vista de la Constitución no constituye un derecho absoluto,\n sino que esta sujeta a cumplir con su función social,\n pues, debe resaltarse la dignidad humana, y la contribución\n que los bienes privados deben hacer a ésta. La función\n social de la propiedad si bien no se opone a la propiedad individual,\n plantea una coordinación de intereses en la cual, en caso\n de conflicto prevalece el interés social.
Desde esta óptica, en razón de la función\n social de la propiedad se establecen limitaciones al dominio,\n pudiendo incluso privarse a un particular de su derecho a la\n propiedad privada por medio de la expropiación. La Constitución\n en su artículo 33 establece que se puede expropiar para\n fines de orden social. El artículo 239 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal establece la potestad expropiatoria\n de los municipios por causa de utilidad pública o de interés\n social. La causa de interés social manifiesta la función\n redistributiva del Estado, promoviendo la mejora de las personas\n y de las clases que se encuentran en situación desventajosa.
Ahora bien, la propiedad privada es un derecho fundamental\n por lo que la Constitución prohíbe la confiscación\n y señala condiciones estrictas para que la Administración,\n por lo cual, ésta debe someterse estrictame

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 artículo 61
 artículo 276
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 artículo 24
 artículo 253
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 artículo 30
 artículo 23
 artículo 24
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 artículo 58
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 Resolución 
 artículo 328
 Resolución 
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 artículo 64
 Resolución 
 artículo 276
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 resolución 
 artículo 23
 artículo 33
 artículo 239