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Timestamp: 2019-05-22 07:01:31+00:00

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Contrato fijo – discontinuo: características, obligación de llamamiento por parte de la empresa, derechos de los trabajadores, despidos
La modalidad del contrato fijo discontinuo está regulada en el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas pueden hacer uso de este tipo de contratación cuando se trate un trabajo que, a causa de la discontinuidad de su actividad, no precisa la prestación de servicios todos los días. Además, ha de tratarse de tareas encuadradas dentro del carácter normal y permanente de la actividad empresarial. Los contratos fijos discontinuos obedecen a trabajos que deban desempeñarse de forma fija y periódica que se repite en fechas ciertas, bien, previstas ya en el propio contrato, o bien, aunque no haya certeza en las fechas, el trabajador está sujeto a llamamiento por parte de la empresa.
El contrato fijo discontinuo, como su nombre indica, es fijo pero implica periodos de inactividad y derecho al llamamiento cuando la produzca la reanudación de la actividad.
Este tipo de contrato debe formalizarse por escrito y ha de contener la duración estimada de la actividad, la jornada y distribución horaria, así como, la forma y orden de llamamiento según el convenio colectivo que sea de aplicación.
En ocasiones, para cubrir puestos que, por la esencia del trabajo, son de duración cierta y determinada en el tiempo, dentro de las tareas habituales de la empresa, se acude a otro tipo de contratos temporales tales como el eventual por circunstancias de la producción o el contrato de obra o servicio determinado. Este proceder no es correcto y perjudica al trabajador ya que el contrato fijo discontinuo es contrato fijo. Aunque se trabaje durante determinadas temporadas o campañas, siempre que estas sean cíclicas, el trabajador tiene derecho a ser llamado de nuevo por la empresa para el próximo ciclo productivo, por tanto proporciona estabilidad al trabajador.
Cuando finaliza la temporada por la que el trabajador ha sido llamado, la empresa hace entrega del finiquito, lo que no implica suspensión, ni extinción de la relación laboral, sino interrupción hasta la próxima temporada. Por tanto, la entrega de liquidación no conlleva exoneración de la obligación del empleador a llamar al trabajador cada vez que el trabajo vaya a reanudare. De no ser llamado, el trabajador deberá reclamar por despido.
Sin embargo, los contratos de obra o servicio y los eventuales obedecen a necesidades transitorias o excepcionales (respectivamente), son contratos temporales pero que una vez finalizados no reservan ningún derecho a un nuevo llamamiento.
¿Qué ocurre si el trabajador no acude tras el llamamiento?
Se entiende rescindido el contrato por dimisión del trabajador, salvo la acreditación de causa justificada o causa de fuerza mayor que haya impedido al trabajador acudir. En tal caso excepcional, el trabajador reserva su derecho a ser llamado la siguiente temporada también.
¿Cuándo se entiende que el trabajador está despedido?
Como hemos dicho, la falta de llamamiento del empleador implica despido. Sin embargo, no toda omisión de tal obligación necesariamente implica extinción de la relación laboral por voluntad de la empresa. Ejemplo de ello es la falta de llamamiento por reducción de consumo, poniendo en conocimiento de los trabajadores tal causa. Otro ejemplo sería cuando la empresa no procede al llamamiento de ninguno de los trabajadores fijos discontinuos porque el personal fijo de la plantilla puede asumir la producción o los servicios. En este supuesto no se efectúa llamamiento a ninguno de los fijos discontinuos durante esta campaña.
Por el contrario, cuando se ha iniciado la campaña y el trabajador no ha sido llamado o se haya reanudado la actividad cíclica sin llamamiento hay que reclamar por despido. Corresponde al trabajador probar la falta de llamamiento.
No obstante, hay que tener en cuenta otra posibilidad. En ocasiones, si al finalizar la campaña el empleador ha manifestado de forma clara e inequívoca que no va a proceder al llamamiento para la próxima campaña, entonces el plazo de 20 días para iniciar procedimiento por despido empieza a computar desde tal comunicación y no desde la falta de llamamiento, como en los demás casos.
A efectos de antigüedad, se tiene en cuenta el tiempo real de servicios. Los periodos de inactividad no computan. Y aunque la calificación formal de contrato no sea la de fijo discontinuo, pero sustancialmente sí lo sea, igual la antigüedad contara desde el inicio de la relación laboral, que no podrá computarse por los periodos anteriores a mayo de 1995.
Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento laboral, no dude en contactar con nosotros.
Abogado Experto en Incapacidades Laborales y Negligencias Médicas en Zaragoza - Vicente Javier Saiz Marco - Telf. 876 702 767 y 673 235 484
Publicado en Abogados en Zaragoza Capital
- Vicente Javier Saiz Marco es Abogado ejerciente desde el Año 1.996, colegiado en los Colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares.
- Letrado Especializado en Derecho Sanitario y derecho del trabajo centrando básicamente su actividad profesional en Procesos de Incapacidad laboral y Negligencias Medicas.
- Tramita demandas de Incapacidad Permanente en nombre de trabajadores con secuelas incapacitantes derivadas de cualquier patología/enfermedad y con especial dedicación a secuelas ocasionadas por Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Cronica y Sensibilidad Quimica Multiple
- Es letrado asesor de Asociaciones de enfermos
- Puedes llamar al Teléfono 876702767 y 673235484
- Tiene abierto despacho en Zaragoza en Avenida Maria Zambrano nº 31, planta nº 15 Torre Oeste y atiende consultas presenciales Previa Petición de Cita. Tambien tiene despacho abierto en Madrid en Calle Embajadores 206 bis 1ºB.
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- Dedicación Preferente a Procesos de Incapacidad Laboral y Negligencias Medicas.
El TSJ de Madrid desestima recurso presentado por el INSS y confirma la Sentencia del Juzgado de lo Social que reconoce Incapacidad Permanente Total a trabajadora afecta de Miocardiopatía no compactada, Fatiga crónica, Fatiga visual y neurocognitiva
La trabajadora padece unas lesiones que han sido objetivadas por el Equipo de valoración de Incapacidades siendo las mismas Miocardiopatía no compactada, ablación extrasistólica, Hernia discal cervical C5- C6 intervenida, Fatiga crónica, Fatiga visual y neurocognitiva, Dolor generalizado y Síndrome Seco. El padecimiento de estas patologías supone unas limitaciones orgánicas y funcionales que se reflejan en fatigabilidad fácil, necesidad de descanso desproporcionado a la actividad física realizada, junto a ciertos déficits cognitivos, no específicos, de tipo prefrontal en las pruebas neuropsicológicas.
La profesión habitual de la trabajadora es la de Farmacéutica.
Como consecuencia de estas secuelas impeditivas para realizar una actividad laboral, la demandante solicitó las prestaciones de incapacidad permanente. El INSS denegó dicha pretensión considerando que las lesiones padecidas por la trabajadora no revisten de suficiente trascendencia y gravedad como para ser constitutivas de Incapacidad Permanente. No estando de acuerdo con tal resolución, la trabajadora presentó escrito de Reclamación previa que tampoco fue estimado por el INSS. Agotada la vía administrativa, tiene lugar el inicio de la vía judicial interponiendo demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid.
Celebrado el juicio, se dicta sentencia estimando la pretensión de la trabajadora, dictaminando que esta no está en situación de realizar las funciones propias de su profesión habitual de farmacéutica al padecer una fatiga crónica que se presenta incluso con esfuerzos leves y necesidad de descanso desproporcionado a la actividad física realizada aunque esta sea escasa, también presenta déficit de atención que le impediría la correcta y segura atención de los clientes en la facturación de recetas, recepción de pedidos, colocación de medicamentos y otros productos, etc. en la farmacia.
El INSS presenta recurso de suplicación con la pretensión de que los magistrados estimasen a la trabajadora no afecta de incapacidad permanente.
La Sala del Tribunal Superior de Justicia considera que los déficit cognitivos en que repercuten sus dolencias son suficientes para colegir no le permiten desarrollar su profesión de farmacéutica con la debida eficacia y rendimiento, toda vez que precisa de un descanso desproporcionado a la actividad física realizada, aun siendo escasa, y por otra parte no está en condiciones de prestar la correcta y segura atención a los de los clientes en la facturación de recetas, recepción de pedidos, colocación de medicamentos y otros productos.
En definitiva, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la Sentencia del Juzgado de lo Social que estima la pretensión de la trabajadora declarándola afecta de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de farmacéutica.
Para acceder al texto de la Sentencia del Juzgado de lo Social pinche aquí
Para acceder al texto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pinche aquí
<<Caso Real nº 11 Caso Real nº 13>>
La Audiencia Provincial de Madrid determina que el complemento de la pensión de Gran Invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario es inembargable
Dictada orden de embargo contra el pensionista mediante Decreto, este presenta escrito solicitando la nulidad del embargo del complemento de gran invalidez e insta que se proceda a recalcular las cantidades a embargar de acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que dice lo siguiente:
“Artículo 607 Embargo de sueldos y pensiones:
3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.”
El ejecutado, declarado en situación de Gran Invalidez cobra una pensión de 1.333,56 euros y un complemento de 660,10 euros.
El Juzgado de Primera Instancia de Madrid declara la validez del Decreto que ordena el embargo de la prestación de Gran Invalidez del pensionista más el complemento que percibe para sufragar la ayuda de una tercera persona. El pensionista no estando de acuerdo interpone recurso de apelación contra dicha decisión.
La Audiencia Provincial estima la pretensión del pensionista basándose en los siguientes motivos.
Según el art. 605.4ºy siguientes de la LEC, los bienes inembargables por disposición legal, en general, son alimentos, combustible y otros que resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. Con carácter general son inembargables el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. La legislación vigente determina que si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Y efectivamente, en este caso, se ha acumulado la prestación de Gran Invalidez y el complemento de la misma, restando la cuantía del salario mínimo interprofesional, privando así al pensionista de una necesidad vital y una ayuda indispensable para desarrollar su vida de una forma digna.
Además hay que tener en cuenta que el art.139 de la Ley General de Seguridad Social establece que la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión vitalicia y si el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. Por tanto, la cantidad que se percibe en concepto de complemento no tiene la cualidad de pensión, sino de complemento de la misma. Dicho complemento está destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda, esto es, a una finalidad concreta, determinada y básica; de ahí que resulte imprescindible para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. Se trata de impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida económica del pensionista y ponga en peligro su subsistencia personal y la de su familia.
En virtud de lo expuesto, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han estimado el recurso interpuesto por el pensionista, resolviendo que el complemento de la prestación de Gran Invalidez no es susceptible de embargo.
Para acceder al texto del Auto pinche aquí
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso interpuesto por el INSS en el que impugnaba Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid que reconoce Incapacidad Permanente Absoluta a trabajador que padece la Enfermedad de Crohn
En 2005 el Juzgado de lo Social de Madrid dictó sentencia reconociendo el derecho de percibir prestación de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) a trabajador, de profesión Peón Planteador, que padece de Enfermedad de Crohn con afectación colónica ilíaca, Glomerulometritis focal IgA hialinosis focal, Afectación articular tanto sobre articulaciones axiales como periféricas y Leucocitosis crónica. Todas estas patologías dieron lugar a la invalidez arriba citada.
Iniciado expediente en materia de Revisión del Grado de dicha incapacidad, en 2012 el INSS resuelve declarar al trabajador en situación de Incapacidad Permanente Total (IPT) para su profesión habitual, al haber experimentado mejoría de sus lesiones. El trabajador, al no estar conforme con dicha resolución interpuso reclamación previa, que fue desestimada, por lo que inició los trámites judiciales oponiéndose a la resolución denegatoria a través de demanda con la pretensión de mantener la prestación de Incapacidad Permanente en grado de Absoluta.
Examinados y valorados los informes médicos, el Juzgado de lo Social determina mantener la Calificación de Incapacidad Absoluta del demandante y estimar su pretensión, basándose en los siguientes datos:
- Informe médico pericial que contiene las siguientes reflexiones médico- legales:
Diarrea crónica con sangre y moco, con una media de 10 deposiciones diarias secundario a enfermedad de Cronh pancolónica e ileal.
Incontinencia del esfínter anal
Dolores articulares crónicos
Hipertensión arterial de difícil control
Nefropatía mesangial
Osteoporosis con fracturas vertebrales, secundarias al uso crónico de corticoides
A pesar de haberse sometido a todos los posibles tratamientos, el demandante no ha logrado una remisión de los síntomas en ningún momento. Siendo cada vez peor su situación clínica tanto digestiva, como renal y articular desde el momento del diagnóstico hasta el momento actual. No siendo esperable una mejoría si no aparecen terapéuticas nuevas.
Las enfermedades sufridas le obligan a un intenso régimen de visitas hospitalarias y la realización de diversas pruebas diagnósticas.
El estado clínico del demandante le impide la realización de cualquier actividad laboral. Dicha incapacidad viene condicionada por la intensa astenia, la incontinencia de esfínteres que le obliga al uso de pañal y a necesitar una limpieza posterior a la deposición incontrolada, a la diarrea crónica y al mal control de la tensión arterial que le obliga a la no realización de esfuerzos ni estrés emocional.
- Este Juzgado determina mantener los mismos argumentos jurídicos que la Sentencia que reconoció la IPA al demandante en el sentido en el que el trabajador no puede realizar profesión o actividad laboral alguna, dado que su situación clínica le requiere una permanente predisposición para utilizar los aseos y constante limpieza física que le permita llevar una vida digna acorde a su patología.
Frente a dicha sentencia estimatoria y favorable para el trabajador, el INSS interpone recurso alegando una mejoría de la afectación articular con balance muscular y articular normal considerando que el demandante está limitado para tareas de requerimientos físicos intensos…podría ser en moderados, según informe del Servicio de Nefrología; y según el Informe del Servicio de Digestivo no hay afectación ponderal ni digestiva activa actual. Concluye afirmando que el trabajador no está incapacitado para toda profesión u oficio.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reitera doctrina jurisprudencial y manifiesta que no basta con que el cuadro clínico que dio lugar a la declaración de invalidez haya mejorado, sino también que tal mejoría sea relevante de modo que las limitaciones funcionales hayan desaparecido o sean tan mínimas que la incidencia laboral resulte muy inferior a la previa, de manera que su capacidad pase a ser mayor o plena. De esta forma, no podrá modificarse el grado de invalidez reconocido si se mantienen las mismas circunstancias que motivaron el reconocimiento inicial, debiendo acreditar la entidad gestora que la situación ha variado por mejoría.
En este supuesto concreto y enjuiciado resulta difícil alcanzar la conclusión de mejoría afirmada por la Entidad Gestora, en tanto que ninguna revisión fáctica se postula en su escrito.
En conclusión, las lesiones que el trabajador padece evidencian que tales dolencias dieron lugar a la declaración inicial de Incapacidad Permanente Absoluta y que no han desaparecido, sino que subsisten en la forma ya descrita, de manera que no puede en modo alguno hablarse de mejoría a los efectos pretendidos por el INSS, debiendo confirmar la sentencia impugnada, plenamente ajustada a derecho, desestimar el recurso interpuesto por el INSS, resolviendo mantener la calificación de Incapacidad Permanente Absoluta del trabajador.
Texto de Sentencia estimatoria de IPA del Juzgado de lo Social de Madrid
Texto de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestima recurso del INSS
<<Caso Real nº 16 Caso Real nº 18>>
Incremento del 20% de la prestación reconocida por Incapacidad Permanente Total para las personas mayores de 55 años
Aquellos trabajadores que tengan reconocida la prestación de Incapacidad Permanente Total (IPT) podrán solicitar un incremento del 20% de su pensión cuando cumplan los requisitos legales establecidos en las siguientes normas, que serán de aplicación según el régimen en virtud del cual los trabajadores hayan obtenido el derecho a dicha prestación.
En virtud del artículo 139.2 del RDL 1/1994 de 20 de junio y el artículo 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, tienen derecho a incremento de la pensión por incapacidad permanente total los trabajadores declarados en dicha situación a partir del primero de julio de 1972, siendo competente, a estos efectos, el mismo Organismo que reconozca o hubiere reconocido la pensión. Dicho incremento consistirá en un 20 por 100 de la base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión.
El requisito de edad exigido será como mínimo de 55 años.
El incremento quedará en suspenso durante el periodo en que el trabajador obtenga un empleo.
En definitiva, los trabajadores que estén percibiendo una prestación por IPT, reconocida con anterioridad a 1 de junio de 1972, y hayan cumplido 55 años, podrán solicitar un incremento del 20% de dicha prestación siempre y cuando no estén compaginando la percepción de la pensión con un empleo.
En este supuesto es de aplicación el artículo 28.2 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre que establece lo siguiente:
“2. Las prestaciones derivadas de las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente, invalidez, vejez, muerte y supervivencia y protección a la familia, se otorgarán con la misma amplitud, términos y condiciones que en el Régimen General, salvo en lo que específicamente se regula en el presente Decreto y disposiciones de aplicación y desarrollo.”
Lo que nos viene a reflejar este artículo, es que el incremento del 20% de la prestación por IPT es de aplicación también a las personas provenientes del Régimen Especial de Empleados de Hogar en las mismas condiciones que en el Régimen General.
Según establece el artículo 58 del Decreto 3772/1972 de 23 de diciembre los trabajadores por cuenta propia a quienes se les reconozca la prestación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, tendrán derecho a un incremento del 20 por ciento de la base reguladora que se tenga en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, cuando se acrediten los siguientes requisitos:
- Que el pensionista tenga una edad igual o superior a los 55 años.
- Que el pensionista no ejerza una actividad retribuida por cuenta ajena o por cuenta propia que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.
- Que el pensionista no ostente la titularidad de una explotación agraria o marítimo-pesquera, o de un establecimiento mercantil o industrial como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.
En definitiva, este precepto nos indica que siempre y cuando el trabajador tenga reconocida una prestación por IPT, haya cumplido los 55 años de edad, no esté trabajando por cuenta propia, ni por cuenta ajena, y no sea titular de una explotación agraria o marítimo pesqueras, ni propietario, arrendatario o usufructuario de establecimiento mercantil o industrial, podrá solicitar el incremento del 20% de su prestación.
Al Régimen Especial Trabajadores Autónomos son de aplicación los mismos requisitos que en el del Régimen Especial Agrario.
En conclusión, todas las personas que hayan cumplido 55 años y estén percibiendo una prestación por IPT podrán solicitar un incremento del 20% de la misma que será incompatible con el desempeño de una actividad laboral.
Estás Aquí: Casos reales que estiman la prestacion por incapacidad permanente en sentencia judicial Caso real 25.- I. P. Parcial a médico experta en Ginecología afecta de Neuropatía de nervio pudendo, Sindrome ansioso depresivo, FM y otras patologías asociadas Mostrando articulos por etiqueta: abogado laboralista

References: artículo 15
 artículo 607
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 58