Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2018/01/newsletter-laboral-numero-11.html
Timestamp: 2018-08-17 04:57:25+00:00

Document:
Jurisdicción Social: Newsletter laboral número 11
Newsletter laboral número 11
NÚMERO: 11 FECHA: 13/01/2018
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE (2015/2139(INI))(2018/C 011/02) ir al texto
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que representan obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas (2015/2111(INI)) ir al texto
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016 (2015/3035(RSP)) (2018/C 011/10) ir al texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual (COM(2014)0186 — C7-0110/2014 — 2014/0108(COD)) ir al texto
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de enero de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo ir al texto
DECRETO FORAL 1/2018, de 10 de enero, por el que se instituye el Premio Berdinna a la igualdad entre mujeres y hombres. ir al texto
STC 136/2017, de 27 de noviembre.
Resumen: Tutela judicial efectiva: vulneración: las resoluciones judiciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente por declarar la procedencia de la extinción de su relación laboral con el Ayuntamiento de Parla (Madrid), sin entrar a pronunciarse, como motivo de nulidad de dicha extinción, sobre la incompetencia del órgano administrativo que acordó la amortización de plazas, que ya había sido consideraba nula en vía judicial respecto de otros trabajadores afectado por ese proceso de amortización.
(i) el ahora demandante de amparo cumplió con la carga procesal que le correspondía de alegar en todas y cada una de las instancias judiciales este concreto motivo de nulidad de la extinción de la relación laboral fundamentado en la incompetencia de la Junta de Gobierno para acordar la amortización de plazas de trabajo; y
(ii) el órgano judicial de casación, si bien excluyó esta cuestión del debate sobre la necesidad de la unificación con el argumento de que no había sido la concreta causa de nulidad estimada en la suplicación, sin embargo, una vez que retoma para su plena resolución el debate planteado en suplicación, en que sí había sido controvertida esta concreta cuestión de la competencia de la Junta de Gobierno, deja ese motivo de nulidad imprejuzgado y (a) no aporta ninguna respuesta de fondo sobre el particular ni (b) tampoco expone ninguna razón justificativa de por qué en el marco de la resolución de ese concreto debate planteado en la suplicación no podía pronunciarse sobre ese aspecto fundamental de la pretensión de nulidad sustentada por el demandante de amparo.
Reitera doctrina: STC 147/2016, de 19 noviembre
COMPETENCIAS SOBRE SANIDAD
STC 140/2017, de 30 de noviembre
Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad
Ponente Alfredo Montoya Melgar
Resumen: Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra. La ley en cuestión «introduce diferencias en las condiciones de aportación de los usuarios y, por tanto, en las condiciones de financiación de los medicamentos fijadas en la normativa básica estatal, que no se corresponden con los criterios que determina la norma básica estatal, lo que determinar que, al igual que se hiciera en la STC 134/2017, FJ 6; la declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los preceptos e incisos de la Ley Foral 18/2012 que contradicen la normativa básica estatal, en concreto:
– El apartado b) i. – El apartado b) vi.
STS 8/11/2017
Roj: STS 4678/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4678
Recurso: 134/2017
Resolución: 867/2017
Resumen: despido colectivo: acuerdo en período de consultas y despido ajustado a derecho: Documentación en período de consultas: se desestima la nulidad por esa razón por considerar innecesaria e intrascendente la prueba documental de cuya ausencia se queja el recurso, y de la que pretende derivar la extrema consecuencia de que sea declarado nulo el acuerdo alcanzado por una amplia mayoría de la representación sindical.
Criterios de selección de los afectados: la recurrente los considera demasiado genéricos: se desestima el motivo, pues en el caso de autos los criterios de selección resultan ser los mismos que ya fueron utilizados en los despidos colectivos de 2013 y 2015, siendo que el primero de ellos fue judicialmente impugnado por CGT, sin cuestionar este aspecto, y el segundo acabó en acuerdo ante la Sala de la Audiencia Nacional, sin afectar tampoco a los criterios de selección. Lo que pone de manifiesto que el sindicato demandante va contra sus propios actos, al impugnar en este caso los mismos criterios de selección que dio por buenos en dos anteriores despidos colectivos de la misma empresa, sobre los que no había objetado reparo alguno, y sin que conste una modificación de las circunstancias sobre las que opera la actuación empresarial que pudiere justificar de alguna forma en este momento la tacha de ilegalidad que entonces no se opuso.
Incongruencia extra petita: no se estima. Cuando la actora desiste de la pretensión inicialmente formulada para que se calificase el despido como no ajustado a derecho, lo que se produce en realidad es la ausencia de la oposición de los demandantes a dicha calificación.
STS 15/11/2017
Roj: STS 4690/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4690
No de Recurso: 3245/2016
No de Resolución: 897/2017
Resumen: Enfermedad profesional: responsabilidad de INSS y MATEP en proporción del tiempo de exposición al riesgo. La regla general que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante, sin embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias. Y como en este caso, durante el periodo anterior al 1 de enero de 2008 el trabajador estuvo sometido a los elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional, estando en ese lapso el riesgo asegurado en el INSS, y con posterioridad a esa fecha siguió sometido a la exposición a dichos riesgos -periodo en el que la contingencia estaba asegurada en Mutualia- la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos.
Reitera doctrina: SSTS4 de julio de 2017 [rcud 913/2016 ] y 10 de julio de 2017 [rcud 1652/2016 ]
STEDH 09/01/18. Caso Nicholas c. Chypre
Resumen: Derecho a un proceso justo: el demandante alega que el Tribunal Supremo no fue imparcial cuando resolvió sobre el recurso que había interpuesto frente a su despido por la compañía Cyprus Airways LTd, que tuvo lugar cuando él era piloto pasante.
En 1998, el Sr. Nicholas interpuso una acción por despido improcedente frente a la compañía aérea, que fue rechazada, tanto por el tribunal de distrito como por el Tribunal Supremo. El Sr. Nicholas alegó que con posterioridad tuvo conocimiento que uno de los hijos de los jueces que había deliberado sobre el caso en cuestión estaba casado con la hija del socio gerente del gabinete de abogados que representó a la compañía aérea y que los esposos trabajaban ambos en dicho gabinete.
El TEDH aprecia vulneración del derecho a un proceso justo (derecho a un juez imparcial)
STEDH 09/01/2018. Caso López Ribalta y otras c. España
Resumen: Vídeo vigilancia en el lugar de trabajo: la vídeo vigilancia secreta de cajeras en un supermercado español vulnera el derecho a la vida privada. El TEDH tiene en cuenta, para llegar a tal conclusión, las SSTC 186/00, 29/13, y 39/16.
El asunto trata sobre vídeo vigilancia oculta de empleados de una cadena española de supermercados, medida que tuvo por finalidad arrojar luz sobre las sospechas de hurto. Las cuatro demandantes fueron despedidas, fundamentalmente, en base a las grabaciones de vídeo que según ellas se obtuvieron vulnerando su derecho a la vida privada. Los tribunales españoles admitieron como prueba las grabaciones y confirmaron las decisiones de despido.
Las demandantes: Isabel López Ribalda, María Ángeles Gancedo Giménez, María Del Carmen Ramos Busquets, Pilar Saborido Apresa et Carmen Isabel Pozo Barroso, son cinco españolas residentes en Sant Celoni y Sant Pere de Villamajor, en España.
En junio de 2009, las demandantes estaban empleadas como cajeras en MERCADONA SA, una cadena familiar de supermercados. La vídeo vigilancia se puso en marcha por su empresario, que quería arrojar luz sobre una sospechas de hurto, después de que el directo de la tienda había denunciado incoherencias entre el nivel de los stocks y las cifras cotidianas de ventas.
El empresario instaló cámaras visibles y cámaras ocultas. La empresa informó a los trabajadores/as de la instalación de las cámaras visibles, pero no les dijo nada sobre la presencia de cámaras ocultas.
Por tanto, los trabajadores/as no supieron nunca que eran filmados. Todos los trabajadore/s sospechosos de hurto fueron convocados a entrevistas individuales en las que se les mostraron los vídeos. Las cámaras habían filmado a las demandantes mientras ayudaban a los clientes y a las compañeras a robar artículos y a robarlos ellas mismas.
Las demandantes reconocieron haber tomado parte en los hurtos y fueron despedidas por razones disciplinarias.
Tres de las cinco demandantes firmaron un acuerdo por el cual reconocían su participación en los hurtos y renunciaban a accionar por despido ante los tribunales laborales mientras que la empresa, por su parte, se comprometió a no promover la iniciación de un proceso penal en contra de ellas.
Las dos otras demandantes no firmaron el acuerdo. Todas las demandante terminaron por ejercitar acciones, pero sus despidos fueron confirmados en primera instancias por los juzgado de lo social y después en apelación (suplicación) por el Tribunal Superior de Justicia. Los Tribunales admitieron las grabaciones de vídeo como pruebas, considerando que habían sido lícitamente obtenidas
Para empezar, el TEDH constata que el gobierno español alega que el Estado no es responsable en este caso, dado que los actos litigiosos fueron cometidos por una empresa privada. El TEDH recuerda, sin embargo, que los países están, en virtud del CEDH, vinculados por la obligación positiva de tomar medidas dirigidas a asegurar el respeto de la vida privada y, por tanto, el TEDH debe indagar si el Estado ha ponderado de forma equilibrada los derechos de las trabajadoras y los del empresario.
El Derecho Español impone informar claramente a las personas sobre el almacenamiento y tratamiento de datos personales, pero las trabajadoras demandantes no han sido debidamente informadas. Los Tribunales españoles han decidido que esa omisión estaba justificada por la existencia de sospechas razonables de hurto y por la ausencia de otro medio que hubiera permitido proteger suficientemente los derechos del empresario sin afectar tanto el derecho de las demandantes.
El TEDH destaca que ella mismo ha concluido que no hubo violación del art.8 CEDH en el caso Köpke c. Allemagne, que trataba igualmente de vídeo vigilancia oculta de una trabajadora. Sin embargo, en ese caso, el derecho interno no contiene en absoluto una disposición clara sobre la cuestión y la vídeo vigilancia había sido limitada.
En el presente caso, todos los trabajadores han sido vigilados/as durante semanas durante toda su jornada de trabajo. El TEDH no comparte el criterio de los Tribunales españoles en cuanto a la proporcionalidad de la medida. Considera que la vigilancia no está prevista en el derecho español, en particular en lo que atañe a la notificación, y que habría sido posible proteger, al menos en cierta medida, los derechos del empresario acudiendo a otros medios menos intrusivos.
En conclusión: el TEDH concluye que la vídeo vigilancia llevada a cabo por el empresario, que se desarrolló durante un período prolongado, no cumplió con las exigencias previstas en el art.5 de la LOPD 15/1999, en particular, con la obligación de informar, previa, explícita y precisamente, sin ambigüedades, a los interesados sobre la exigencia y características particulares de un sistema de captación de datos personales. El TEDH considera que los derechos del empresario podrían haberse satisfecho, al menos en cierto grado, por otros medios, concretamente informando previamente a las demandantes, incluso de una forma general, de la instalación de un sistema de vídeo vigilancia y proporcionándoles la información prevista en la LOPD (art.5)
El TEDH examina si la utilización de las grabaciones de vídeo obtenidas con violación del CEDH ha comprometido el derecho a un proceso justo.
El TEDH tampoco se opone a la conclusión de los tribunales españoles de que podían utilizarse los acuerdos firmados por las demandantes tercera, cuarta y quinta como prueba, incluso si la firma de tales acuerdos se obtuvo después de que las demandantes hubieran visto las grabaciones de vídeo. Los Tribunales españoles examinaron la validez de tales acuerdos y las recurrentes tuvieron amplias oportunidades para contrarestarlos. En general, el TEDH, no haya ningún motivo para apreciar la vulneración del derecho a un juicio justo.
También rechaza el TEDH, por manifiestamente infundada, la denuncia planteada por la primera demandante, consistente en que hubo falta de motivación y no se entraron a considerar las particularidades del caso.
SATISFACCIÓN JUSTA (ART.41)
El TEDH resuelve por 4 a e que España debe indemnizar a cada demandante con 4000 euros por daños morales. Por otro lado, acuerda por unanimidad que España debe indemnizar con 500 euros a la primera demandante por las costas y gastos y 568,86 euros al resto de demandantes.
Voto particular de la Juez Poláčková a la que se adhiere el Juez Dedov.
STEDH 09/01/2018. Caso Catalán c. Rumanía.
Resumen: Libertad de expresión: el TEDH considera por unanimidad que no ha habido violación del art.10 (Libertad de expresión).
El caso trata sobre el despido de un funcionario (Sr. Catalan); que trabajaba para el Consejo nacional para los estudios de los Archivos de seguridad (CNSAS), por haber revelado información para la publicación de un artículo que denunciaba que un líder religioso había colaborado con la Securitate (la policía política durante el régimen comunista).
La ley 187/99 había conferido al CNSAS el papel de informar al público de la colaboración con la Securitate pero la la organización aún no había establecido su posición oficial sobre el problema. El Sr. Catalán impugnó su despido , pero los tribunales nacionales consideraron que había infringido su deber de sigilo como funcionario público.
El TEDH considera que en relación con los deberes y responsabilidades de los funcionarios y teniendo en cuenta la ponderación de los varios intereses en conflico,, la injerencia en la libertad de expresión del Sr. Catalan ha perseguido dos finalidades legítimas: prevenir la revelación de información confidencial y proteger los derechos de terceros.; y necesarias en una sociedad democrática.
El TEDH considera, en particular que el Sr. Catalan era un funcionario, y como tal, sujeto al deber de sigilo en su puesto, por lo que habría de haber mostrado un mayor cuidado y moderación en sus manifestaciones. El TEDH también explica que el deber de sigilo no podría negarse por el interés público en materias relativas a la aplicación de la Ley 187/99 o para el acceso a archivos de la Securitate. En caso contrario, el riesgo de maniuplación de la opinión pública en base a un pequeño número de documentos extraidos de un archivo añadía más peso al deber de lealtad hacia la CNSAS, cuyo papel y función era nutrir al público con información fiable y creíble. Por tanto, considera el TEDH que el despido fue ajustado a derecho.
Más de un millón de jóvenes se han inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil ir al texto
Publicado por JpD Comisión Social en 13:57

References: Resolución 

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