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Timestamp: 2020-04-01 21:28:07+00:00

Document:
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid (Decreto 245/2000, de 16 de noviembre) - Normativa de Madrid - Legislación - VLEX 70378606
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Procedimientos iniciados con anterioridad
CAPÍTULO II. Iniciación - arts. 5 a 8
CAPÍTULO III. Instrucción - arts. 9 a 12
CAPÍTULO IV. Finalización - arts. 13 a 15
CAPÍTULO V. Procedimiento simplicado - arts. 16 y 17
Norma citada en: 330 sentencias, 7 artículos doctrinales, 40 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Decreto 245/2000, de 16 de noviembre aplicado por Decreto 121/2001, de 19 julio, publicado en BOCM el 3 de agosto de 2001.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.1 de la citada Ley, que permite el establecimiento por vía reglamentaria del procedimiento sancionador, y con la habilitación conferida por la Ley 7/1993, de 22 de junio (LCM 1993, 159) , al Consejo de Gobierno para adecuar los procedimientos administrativos autonómicos, mediante Decreto 77/1993, de 26 de agosto (LCM 1993, 218) , se aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, potestad reconocida a ésta por el artículo 36.1 c) de su Estatuto de Autonomía (LCM 1983,316) .
En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Economía y Empleo, a propuesta del Consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de noviembre de 2000, dispongo:
Parte Expositiva, párrafo 8º corregido por Parte Dispositiva del Acuerdo de 14 diciembre 2000, publicado en BOCM el 22 de enero de 2001.
Los procedimientos sancionadores, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento se aprueba por el presente Decreto, iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento en que se hubiera adoptado al correspondiente acuerdo de iniciación.
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El ejercicio por la Administración de la Comunidad de Madrid de su potestad sancionadora se ajustará al procedimiento establecido en el presente Reglamento en defecto total o parcial de procedimientos específicos para ámbitos sectoriales determinados.
Este Reglamento será de aplicación supletoria por las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid para aquellas materias cuya competencia normativa corresponda a ésta, en defecto total o parcial de procedimientos sancionadores específicos previstos en los ordenamientos sectoriales o en las ordenanzas locales.
Las disposiciones del presente Reglamento no son de aplicación al ejercicio por la Administración de la Comunidad de Madrid de su potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio y a quienes estén vinculados a ella por una relación contractual.
A los efectos de este Reglamento, se entienden incluidas en la Administración de la Comunidad de Madrid las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la misma, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ARTÍCULO 2 Relación con el orden jurisdiccional penal.
Si, una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para iniciarlo estimara que existe identidad de sujeto, hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
En tal supuesto, así como cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
Una vez recaída resolución judicial firme, el órgano competente acordará, según proceda, la continuación del procedimiento o el archivo de las actuaciones.
Durante el tiempo en que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador por los motivos señalados en este artículo, se entenderán interrumpidos tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del propio procedimiento.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración respecto a los procedimientos sancionadores que sustancie.
ARTÍCULO 3 Información Reservada.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, el órgano competente podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la necesidad o no de iniciar dicho procedimiento.
La duración del citado período informativo será la estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos señalados.
Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad sancionadora por la administracion publica de la...
LLEI 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es crea l'Institut Català del Voluntariat.

References: artículo 134
 artículo 36
 artículo 2

ARTÍCULO 2
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 3