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Timestamp: 2017-12-11 13:34:23+00:00

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No. 17 Comunicado 24 de marzo de 2010
PROCESO D-7865 - SENTENCIA C-228/10
1. CONTROL PREVIO A LA INTEGRACION EMPRESARIAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA, NO ES INCOMPATIBLE CON LA LIBERTAD DE EMPRESA
§ Normas demandadas
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 9º, 11, 12, 13 y 22 de la Ley 1340 de 2009, “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos estudiados en esta sentencia, las expresiones “órdenes e instrucciones que imparta” y “el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones”, contenidas en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
En el presente caso, le correspondió a la Corte Constitucional definir (i) si el control de operaciones de integración empresarial es incompatible con la libertad de empresa, la libre competencia y los principios de buena fe y proporcionalidad; (ii) si afecta la reserva de ley en la definición de los parámetros que habilitan el control de integraciones empresariales; y (iii) si se desconoce el principio de legalidad tributaria con el establecimiento de un ingreso fiscal denominado contribución de seguimiento.
El análisis de la Corte comienza por reafirmar la libertad de empresa (art. 333 C.P.) como una garantía constitucional compleja, que tiene por objeto garantizar que los individuos y las empresas tengan la posibilidad de constituirse como factores de producción de bienes y servicios, para luego ofrecerlos en el mercado en condiciones de igualdad de acceso y participación. Indicó que estas facultades, en cualquier caso, deben acompasarse con la protección de bienes constitucionalmente valiosos, en tanto se relacionan con el interés general. Es por ello que la Carta Política reconoce al Estado la potestad de intervenir en el mercado (art. 334 C.P.) con el fin de adelantar distintas tareas de control, promoción y prevención, dirigidas a la consecución del goce efectivo de los derechos que el mercado interfiere y que la misma Constitución ha definido tanto en su parte dogmática como orgánica.
En el caso concreto, los artículos 9º, 11, 12 y 13 de la Ley 1340 de 2009 regulan el procedimiento para el control de integraciones de empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor. En primer término, se establece un deber de información a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones proyectadas a la fusión, consolidación, adquisición de control o cualquier forma jurídica de integración, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones establecidas en la ley. A partir de allí, la Superintendencia ejerce una serie de atribuciones relacionadas con el control de las operaciones proyectadas, el establecimiento de condiciones de integraciones empresariales, con el fin de identificar y aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que produciría la integración, al igual que implementar los remedios de carácter estructural con respecto a dicha integración. En particular, el artículo 12 establece una limitación a la autoridad de competencia para objetar un proyecto de integración empresarial cuando se pruebe la excepción de eficiencia, la cual se estructura cuando los interesados demuestran dentro del proceso respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de reconocido valor técnico, que los efectos benéficos de la operación para los consumidores, exceden el posible impacto negativo sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros medios. En todo caso, según las normas acusadas, esto debe ir acompañado del compromiso de que los efectos benéficos serán trasladados a los consumidores y la autoridad puede exigir el otorgamiento de garantías que respalden la seriedad de los compromisos adquiridos y dado el caso y previa la correspondiente investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio ordene la reversión de la operación de integración empresarial cuando determine que comportaba una indebida restricción de la libre competencia
Para la Corte, estos preceptos cumplen con una finalidad que no sólo resulta acorde con la Constitución, sino que se deriva de las normas superiores que regulan el grado de intervención del Estado en la economía. De igual modo, no se evidencia que las normas acusadas se muestren manifiestamente innecesarias ni claramente desproporcionadas. En efecto, el control administrativo de determinadas operaciones de integración que resulten especialmente relevantes para la estructura del mercado, se muestra como una herramienta idónea y pertinente para cumplir con las finalidades estatales relativas al mantenimiento de mercados competitivos. Además, la naturaleza misma de las disposiciones demandadas reconoce la posibilidad de que se efectúen integraciones empresariales, incluso aquellas que por su extensión configuran posición de dominio, sólo que las somete al control administrativo a fin de impedir que se tornen incompatibles con la libertad de empresa. Este control responde a parámetros objetivos que consultan la manera en que está conformado el mercado y el grado de participación del conglomerado o nuevo tipo societario resultante de la integración empresarial. De ahí que no incida en el núcleo esencial del derecho limitado, esto es, la libertad económica y, por el contrario, constituya un instrumento necesario para asegurar la vigencia de ese derecho constitucional.
Por otra parte, la Corte observó que los artículos 9º y 11 de la Ley 134 de 2009 asignan a la Superintendencia de Industria y Comercio, la facultad para definir los montos y condiciones en que se acepta, objeta o acepta con condiciones una operación de integración empresarial, al mismo tiempo que los apartes demandados del artículo 25 de la misma ley, prescriben la imposición de sanciones cuando se incumplan dichas condiciones. A su juicio, si bien la intervención del Estado en la economía es un asunto sometido a la reserva de ley (art. 150-22 C.P.), no puede perderse de vista que en el ejercicio de esa potestad concurren tanto el poder legislativo como el ejecutivo, representado por las autoridades de inspección, vigilancia y control de los mercados. De esta manera, le corresponde al Congreso determinar los aspectos esenciales de la intervención económica, pudiendo adscribir a dichas autoridades la facultad de definir aspectos técnicos y puntuales, cuya determinación asegure el cumplimiento de las finalidades constitucionales de la intervención. En este caso, la ley estableció los aspectos esenciales del control que efectúa la autoridad de competencia de las integraciones empresariales y la Superintendencia define cuestiones técnicas del mismo, a partir de fórmulas flexibles y actualizables. Así mismo, no puede perderse de vista que dicho control no constituye en sí mismo una sanción, sino que es una herramienta constitucionalmente legítima de intervención estatal. Cosa distinta es la posibilidad de establecer conductas sancionables a partir de proposiciones normativas amplias y genéricas, susceptibles de concretarse por la autoridad que ejerce la potestad de control, en desarrollo de lo que se ha denominado como derecho administrativo sancionador. La Corte advirtió que en estos supuestos, el legislador define los aspectos esenciales de la irregularidad, pues indica la conducta reprochable –incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio o del deber de informar una operación de integración empresarial- la naturaleza de la sanción y los parámetros para definir el quantum de la misma y remite al reglamento la definición del contenido concreto de las conductas objeto de sanción como sucede en el presente caso. Por tanto, no prospera el cargo por desconocimiento de la reserva de ley.
Por último, la Corte estableció que la contribución de seguimiento prevista en el artículo 22 de la Ley 134 de 2009, constituye una contribución parafiscal a cargo de cada empresa sometida a seguimiento, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de asegurar la competencia efectiva, a través del control previo. Los elementos del tributo están contenidos en la norma acusada, el cual resulta proporcional al beneficio obtenido, pues la norma establece que el monto de la tarifa es una variable dependiente de, entre otros aspectos, los activos corrientes del año fiscal anterior de las empresas sometidas a seguimiento durante ese período. Por eso, entre mayores ingresos, mayor será el monto de la contribución. Adicionalmente, el artículo 22 es explícito en determinar los distintos criterios de valoración económica que debe tener en cuenta la Superintendencia para fijar la tarifa. Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 338 de la Constitución, la norma resulta exequible, por el cargo analizado.
PROCESO D-7831 - SENTENCIA C-229/10
M.P. María Victoria Callle Correa
2. DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD O ERROR. Cosa juzgada
ARTÍCULO 260-10[1]. SANCIONES RELATIVAS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y A LA DECLARACIÓN INFORMATIVA. Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:
1. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> El uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, respecto de las cuales se suministró la información de manera extemporánea, presente errores, no corresponda a lo solicitado o no permita verificar la aplicación de los precios de transferencia, sin que exceda de la suma de 28.000 UVT.
En los casos en que no sea posible establecer la base, la sanción por extemporaneidad o por inconsistencias de la documentación comprobatoria será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, se aplicará el medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma de 28.000 UVT.
2. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> El uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, respecto de las cuales no se suministró la información, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT y el desconocimiento de los costos y deducciones, originados en operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, respecto de las cuales no se suministró la información.
<Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Cuando no sea posible establecer la base, la sanción será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, se aplicará el medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.
1. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> El uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en la presentación de la declaración, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.
3. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Cuando los contribuyentes corrijan la declaración informativa a que se refiere este artículo deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.
<Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Las anteriores inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, sin que exceda de 39.000 UVT.
4. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Cuando no se presente la declaración informativa dentro del término establecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, se aplicará una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.
<Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Cuando no sea posible establecer la base, la sanción será del diez por ciento (10%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la últ ima declaración presentada. Si no existieren ingresos, se aplicará el diez por ciento (10%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma de $39.000 UVT.
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-815 de 2009.
La Corte constató que en la sentencia C-815 de 2009, se pronunció sobre la cuestión planteada en el presente proceso, declarando exequibles, por los cargos analizados, los apartes demandados del artículo 260.10, literal b) del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 46 de la Ley 863 de 2003 y los artículos 50 y 51 de la Ley 1111 de 2006. Como esta Corporación circunscribió los efectos del fallo a los cargos analizados en esa oportunidad y por tanto se está ante una cosa juzgada relativa, para que opere el fenómeno de la cosa juzgada debe existir coincidencia entre los cargos planteados en la demanda y los ya resueltos por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia.
La Corporación observó que, en efecto, existe una coincidencia entre los cargos analizados en la sentencia C-815 de 2009 y los planteados en el asunto bajo examen por los demandantes. En esta oportunidad, al igual que entonces, el análisis de la Corte se refirió a los numerales 1 y 2, el inciso primero del numeral 3º y los incisos primero y cuarto del numeral 4º del literal b) del artículo 260.10 del Estatuto Tributario, por considerarlos contrarios a los artículos 13, 34, 95.9 y 363 de la Constitución. Para los demandantes, la norma cuestionada era inconstitucional por establecer sanciones por el retardo o el error en la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia que no respetaban el principio de lesividad ni el de proporcionalidad de la sanción, ni valoraban las consecuencias que para la administración tributaria se generaban o pudiera generarse por el desconocimiento o la atención indebida de los deberes de información que contempla la normatividad de precios de transferencia.
En la sentencia C-815/09, la Corte encontró que el medio más adecuado para sancionar al contribuyente por ese tipo de infracciones es la imposición de multas, que en materia tributaria resultan ser eficaces para evitar el incumplimiento del deber de declarar, al desestimular y castigar la realización de estas conductas. Así mismo, determinó que dichas sanciones respetan los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad, como también el criterio de progresividad, puesto que “aunque los porcentajes a aplicar sobre las bases sean los mismos, se encuentran acordes con la capacidad contributiva de quienes el deber de presentar la declaración informativa al estar relacionados con el valor de las operaciones realizadas y el patrimonio de cada contribuyente”.
Teniendo en cuenta que en el asunto bajo revisión, existe identidad de norma demandada, de cargos y de problema jurídico con los examinados en la sentencia C-815 de 2009, la Corte Constitucional dispuso estar a lo resuelto en dicha sentencia.
[1] Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo 46. Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006, a partir del año gravable 2007

References: artículo 25
 artículo 12
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 338

ARTÍCULO 260
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
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 artículo 51
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 artículo 260
 artículo 46
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 artículo 46
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