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julio, 2012 | Gestores de Riesgo y Morosidad
Los objetivos principales de la contabilidad de costes
23 julio, 2012 gestoresderiesgo	2 comentarios
Todo lo que se relaciona con el control y reducción de costes se ha vuelto prioritario para muchas empresas, las cuales cuentan con la contabilidad analítica, interna o de costes como una de las principales herramientas para mejorar su eficiencia. Si en el ámbito de la contabilidad financiera o externa no se explica cómo se llega al resultado final de la empresa, con la contabilidad de costes se trata de conocer cuál es el coste de cada área del proceso productivo, entendido éste como el conjunto de operaciones ordenadas que permiten transformar los inputs, entradas o factores en outputs, salidas o productos, así como el coste de cada producto considerado de un modo particular.
La contabilidad de costes se utiliza para calcular correctamente los distintos márgenes y resultados, tratando de explicar dónde se ha generado cada porción del resultado final y en qué cuantía. A pesar de que formalmente, la contabilidad financiera y la de costes se confeccionan de forma separada, puesto que poseen objetivos y características diferentes, siempre habrán de intercambiarse información. De este modo, la contabilidad de costes necesitará informaciones suministradas por la financiera para su desarrollo, mientras que la financiera precisará de los datos obtenidos por la interna para valorar correctamente los inventarios en almacén de la compañía.
En el caso de la contabilidad de costes no existe una normativa de referencia como ocurre con el Plan General de Contabilidad que regula la financiera, por lo que se habrá de diseñar un sistema de costes adecuado a la realidad empresarial, tratando de alejarse de ejercicios teóricos que no sirvan para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión. Si algo caracteriza a la contabilidad analítica es que ha de ser práctica. Los principales objetivos de esta modalidad de contabilidad se pueden resumir en los tres siguientes:
Proporcionar información para la planificación y el control interno. Los datos de la contabilidad interna permiten realizar presupuestos de costes en la empresa y analizar posteriormente las desviaciones producidas.
Valorar los almacenes de la empresa correctamente, principalmente los de existencias finales o “a cierre de ejercicio”.
Ayudar a la toma de decisiones en la gestión de la empresa, como pueden ser fijar los precios de los productos que se comercializan o abandonar una determinada línea de producción que no sea rentable para la empresa.
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19 julio, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Economic Risk 2012
El Mapa Global de Riesgos 2012 (Global Risks Map) del Foro Económico Mundial revela que hay cuatro grandes grupos de riesgo que juegan un papel importante y tienen fuertes conexiones entre ellos:
La fuerte disparidad de ingresos (económico)
Riesgo financiero sistémico (económica)
Imprevistas consecuencias negativas de la regulación (económica)
La extrema volatilidad en los precios de la energía y la agricultura (económico)
Las líneas más claras identifican aquellos los riesgos que tienen menos fuerza en las conexiones por parte de los encuestados. Las señales débiles son:
La vulnerabilidad a las tormentas geomagnéticas (medio ambiente)
La proliferación de los desechos orbitales (tecnológica)
Las consecuencias no intencionales de la nanotecnología (tecnología)
Las políticas antidrogas ineficaces (la sociedad)
La militarización del espacio (geopolítica)
Los riesgos que los encuestados identifican como de bajo impacto y la baja probabilidad muestran una significativa variación, sobre todo entre las distintas regiones.
Ver Informe de Riesgos Globales 2012 completo en www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf
Cinco diferencias entre sociedades anónimas y de responsabilidad limitada
Mario Cantalapiedra. Economista
Una de las principales dudas a la hora de montar una empresa es elegir adecuadamente la forma jurídica de la misma. En el caso de querer constituir una sociedad, resulta importante conocer las diferencias que existen entre opciones similares como las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada. Ambos tipos de sociedad, a pesar de compartir su carácter mercantil, la responsabilidad de los socios limitada al capital aportado o su constitución mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, también observan importantes diferencias entre las que se encuentran las siguientes:
El capital social mínimo de una anónima que marca la ley es de sesenta mil euros.
Por su parte, el capital mínimo de una limitada es de tres mil euros. Esta probablemente es la razón fundamental que lleva a que se constituyan muchas más sociedades de responsabilidad limitada que anónimas.
2. Acciones y participaciones sociales
El capital social de las anónimas está dividido en acciones que pueden ser nominativas o al portador. De un modo general se prevé su libre transmisibilidad, la cual puede ser limitada por los estatutos de la sociedad en el caso de que las acciones sean nominativas.
Las participaciones sociales en las que se divide el capital de las limitadas son siempre nominativas. La ley prevé una transmisibilidad restringida para las mismas.
3. Valoración de las aportaciones no dinerarias
En las anónimas las aportaciones no dinerarias al capital de la sociedad, por ejemplo un vehículo o un inmueble, necesitan de un informe elaborado por un experto independiente.
En las de responsabilidad limitada no es necesario tal informe. A cambio los fundadores, administradores, socios y aportantes, según el caso, responden solidariamente frente a la sociedad y a sus acreedores del valor de lo aportado.
4. Emisión de obligaciones
Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones u otros valores negociables que reconozcan o creen una deuda.
Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden emitir obligaciones ni otros valores negociables.
5. Reducción de capital obligatoria
En la sociedad anónima, la reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas disminuyen su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y transcurre un ejercicio social sin que se recupere dicho patrimonio neto.
La sociedad de responsabilidad limitada no está obligada en ese caso.
En base a estas diferencias resumidas y a otras que existen, se podría decir que las sociedades de responsabilidad limitada son más cerradas, tienen una mayor flexibilidad y unos menores costes para funcionar. Por su contra, presentan frente a las anónimas una serie de limitaciones que, dependiendo de la dimensión que pueda adquirir el negocio, será preciso valorar.
sociedades anónimassociedades limitadas
Análisis de Riesgos, Colaboradores, financiación, Mario Cantalapiedra (Economista)
Despejando dudas sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
17 julio, 2012 gestoresderiesgo	1 comentario
El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) tiene por objeto garantizar a los depositantes de las entidades de crédito y a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a las mismas, la recuperación de sus depósitos dinerarios y en valores hasta ciertos límites. Es un fondo que se nutre de las aportaciones de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito que se integran en él.
Por las conversaciones que he tenido con diversas personas últimamente, aun existen ciertas dudas sobre el montante que queda asegurado mediante este mecanismo. Pues bien, el FGD garantiza 100.000 euros por titular y entidad financiera para los depósitos que realicen las personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito que tenga como titulares a dos personas distintas, garantizará 100.000 euros a cada uno de ellos. Del mismo modo, para los inversores que hayan confiado a las entidades de crédito valores o instrumentos financieros, existe la misma garantía de 100.000 euros por titular del valor garantizado. Es importante señalar que esta garantía funciona de modo independiente y complementario a la que se prevé para los depósitos.
En el caso concreto de los depósitos, la garantía se satisfará a los depositantes dinerarios, ya sean personas físicas o jurídicas, cuando se haya dictado auto declarando el concurso de acreedores de la entidad de crédito correspondiente o cuando no habiéndose declarado dicho concurso, el Banco de España determine que la entidad de crédito afectada, por razones directamente derivadas de su situación financiera, se encuentra en la imposibilidad de restituir el dinero y no parezca tener perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato. Por el dinero depositado en la entidad de crédito que supere la garantía de los 100.000 euros, los titulares serán considerados acreedores ordinarios de la misma.
Todas las entidades de crédito españolas han de pertenecer con carácter obligatorio al FGD, salvo los establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con respecto a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operan en España, te recomiendo que confirmes con ellas su pertenencia o no al FGD español o a otro fondo distinto. Ante la duda, te recomiendo que acudas a consultar la web del FGD http://www.fgd.es donde puedes encontrar el listado completo y actualizado de las entidades adheridas.
Los principales ficheros de morosos y registros de morosidad de España
16 julio, 2012 gestoresderiesgo	4 comentarios
Los ficheros de morosos y registros de morosidad más importantes de España que recogen datos de personas físicas son el de Asnef Equifax y el de Badexcug. Asimismo, los ficheros de impagos relativos a las empresas (personas jurídicas) más importantes son el Registro de Aceptaciones Impagadas o RAI y Asnef Empresas.
El fichero ASNEF-EQUIFAX
Uno de los registros de solvencia patrimonial y morosidad más importantes es el fichero ASNEF-EQUIFAX, que es elaborado conjuntamente por ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación) y Equifax Ibérica SL, entidad con una larga tradición de servicio a las entidades de crédito desde su creación en 1967.
El fichero ASNEF contiene información sobre operaciones impagadas, tanto por personas físicas como jurídicas, aportada por el propio acreedor. La participación en este fichero se basa en el principio de reciprocidad, que consiste en beneficiarse de los datos ajenos aportando los propios. La información de Equifax Ibérica sobre solvencia patrimonial y crédito es utilizada a la hora de analizar operaciones de riesgo, así como en su seguimiento y reclasificación.
En el ASNEF aparecen deudas impagadas estén aceptadas o no, pero además de las contraídas con entidades financieras, también utilizan este fichero grandes compañías de servicios como son las compañías de telefonía o de electricidad.
Entre los 270 miembros asociados de ASNEF se encuentran cajas de ahorros y rurales, bancos, compañías de servicios, emisores de tarjetas de crédito, entidades financieras de todo tipo, empresas de telecomunicaciones, editoriales y compañías de energía. EQUIFAX recopila y actualiza diariamente los datos suministrados por estos 270 socios.
Los datos que aparecen en el fichero son los siguientes:
Resumen de la situación actual de operaciones impagadas (saldo total impagado, número de operaciones, etc.).
Detalle de cada una de las operaciones impagadas (importe, número de cuotas, tipo de entidad acreedora, etc.).
La permanencia del registro de un moroso en el fichero de ASNEF-EQUIFAX puede ser de hasta seis años si el deudor no abona nunca el impago.
El RAI es un fichero de titularidad privada que recoge los datos de los efectos de comercio aceptados con función de giro a cargo de personas jurídicas y que hayan resultado impagados al vencimiento. El responsable de la gestión del RAI es el CCI (Centro de Cooperación Interbancaria), organismo que se hizo cargo del registro cuando desapareció el Consejo Superior Bancario.
Hoy en día el RAI funciona, únicamente, para personas jurídicas, y no para personas físicas. Ésta ha sido una de las consecuencias prácticas de la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de 8 de febrero de 2005, a cuyo tenor se declaró como práctica restrictiva de la competencia las normas de gestión y funcionamiento por las que entonces se regía el RAI, intimándole para que cesara en su actividad. Y fue una de las consecuencias prácticas porque las nuevas normas presentadas por el CCI, a partir de dicha Resolución, excluían a las personas físicas.
Como consecuencia de esta Resolución el CCI adoptó dos decisiones. La primera de ellas, consistió en recurrir la precitada Resolución de 2005 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, dicho proceso contencioso ha concluido hace varios años, puesto que el 27 de septiembre de 2007 la Sentencia de la Audiencia Nacional confirmó íntegramente la Resolución de 8 de febrero de 2005 del TDC, habiéndose declarado firme dicha Sentencia por medio de Providencia de 12 de diciembre de 2007.
Por consiguiente en la actualidad el RAI está constituido por la información relativa a aquellos impagos, exclusivamente de personas jurídicas, de cuantía igual o superior a 300 euros, que se produzcan en documentos en los que conste la firma del deudor reconociendo la deuda (letras aceptadas, pagarés cambiarios, cheques de cuenta corriente y pagarés de cuenta corriente), que sean de uso en masa en el sistema bancario y que tengan fuerza ejecutiva. Asimismo, recoge los recibos que suplan a las letras de cambio en los que conste la aceptación del deudor con su firma y cumplan los restantes requisitos antes señalados, salvo el de fuerza cambiaria.
La información la aportan exclusivamente Bancos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito. Hay que hacer notar que es un registro en el que la comunicación del impago no la hace directamente el acreedor causal sino la entidad bancaria que ha gestionado el cobro o descuento del título cambiario. El plazo de permanencia de la información contenida en el RAI es, actualmente, de treinta meses. A través de este servicio se suministra información del RAI a los acreedores (personas físicas o jurídicas que puedan acreditar que tienen un crédito concedido o solicitado por una persona jurídica) y a las empresas de informes de solvencia.
1º.- A través de su enditad bancaria: Hay que tener en cuenta que en el RAI lo metió la propia entidad bancaria del deudor, de donde procede el cheque o pagaré que entregó, o donde domicilió la letra de cambio o recibo. Por ello, tiene que acudir a su sucursal con el justificante de pago que tenga, o bien, los documentos de los efectos que haya recuperado (cheque, pagaré, letra de cambio o recibo), o bien, una carta liberatoria del acreedor. En la sucursal solicita que le den de baja en el RAI. En este caso la entidad bancaria le enviará la documentación e información necesaria al RAI para dar de baja los datos.
2º.- Por Propia Cuenta: En este caso puede acudir al propio RAI, con la ventaja de que recibirá una acreditación de las bajas. Ante el RAI tiene que presentar la misma documentación que ante la entidad: los documentos originales de los efectos, (cheque, pagaré, letra de cambio o efecto aceptado), o una carta liberatoria del acreedor. Deberá presentar la documentación original acompañándola con una copia que se quedará el RAI, menos en el caso de la carta liberatoria que ellos exigen quedarse con la original. Además deberá adjuntar copia de la tarjeta del CIF del acreedor, una carta solicitando el trámite de baja al RAI, una copia del CIF de su empresa, una copia de su DNI y de los poderes que ostenta en la empresa.
El FIM es el primer Fichero de Inquilinos Morosos que se elabora en España, y que está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. El FIM, que está abierto a los particulares desde el mes de julio de 2009, contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales en la gestión de arrendamientos. Contiene también toda la información procedente de sentencias judiciales por desahucio, convirtiéndose en la base de datos más amplia y completa sobre morosidad en arrendamientos en el territorio nacional. FIM es una herramienta de consulta muy útil para profesionales y particulares antes de alquilar un inmueble en España. La participación en este registro se basa en el principio de reciprocidad, que consiste en beneficiarse de los datos ajenos aportando los propios.
El fichero de ASNEF Empresas
Es un registro de información de impagados de Equifax Ibérica que contiene deudas empresariales que sean ciertas, vencidas, exigibles, con previo requerimiento de pago, procedentes de transacciones comerciales con empresas o personas físicas que actúen en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales. El acreedor, bajo el principio de Reciprocidad, podrá aportar y compartir la información de impagados de sus clientes para tomar decisiones de negocio más acertadas
El proceso para incluir a una sociedad en ASNEF Empresas no es complicado, aunque para poder llevarlo a cabo deben darse ciertas condiciones. Es decir, la empresa morosa tiene que cumplir algunos requisitos que están recogidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999:
A esto hay que añadir un plazo de espera antes de poder incluir a una empresa en ASNEF Empresas u otro registro de morosos. En concreto, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sólo se podrá incluir a una compañía en estos ficheros a partir del cuarto mes de impago.
En este sentido, la empresa debe ser notificada por escrito en un plazo de 30 días sobre su inclusión en ASNEF Empresas. El documento debe incluir el nombre de quien le ha metido en el registro de morosos y la cantidad por la cual lo ha incluido.
El CIRBE no es en sentido estricto un registro de morosidad aunque parte de la información que tiene se refiere a situaciones de mora bancaria. CIRBE es el acrónimo de Central de Información de Riesgos del Banco de España; es un servicio encargado de centralizar la información presentada por las entidades de crédito sobre los riesgos bancarios que presentan sus clientes y que recoge el historial crediticio de personas físicas y jurídicas en todas las entidades financieras que operan dentro del pais. Este servicio tiene dos funciones fundamentalmente:
Ayudar a las labores de supervisión del Banco de España dentro de su labor de control de riesgo global del sistema financiero.
Dar a las entidades un elemento adicional de valoración de riesgos a la hora de conceder un crédito a cualquier entidad solicitante.
Todos los riesgos que mantienen con sus clientes residentes en España que superen los 6.000 euros
Para los no residentes la obligación de declarar es a partir de 300.000 euros
Lod riesgos de avalistas por importe superiores a los 60.000 euros
Además las entidades financieras deben comunicar a la CIRBE las situaciones de morosidad de sus clientes y de las incidencias. Las entidades que declaran sus riesgos a la CIR del Banco de España reciben mensualmente la información agregada del riesgo contraído por las personas físicas y jurídicas para las que han hecho una declaración (los llamados titulares) es decir del total de créditos que sus clientes declarados mantienen con el conjunto de entidades financieras españolas.
Una entidad bancaria también puede pedir información concreta de un titular si éste le solicita una operación de riesgo (p.ej., la concesión de un crédito) o figura como obligado al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación se le haya solicitado a la entidad. De esta forma un banco puede conocer con mucha exactitud el endeudamiento de una empresa o de un particular, de los créditos y préstamos vigentes, los importes pendientes de reembolso, de las situaciones crediticias en demora y de los impagos. Asimismo cualquier persona física o jurídica puede solicitar los datos declarados en la CIR del Banco de España a su nombre.
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9 julio, 2012 gestoresderiesgo	1 comentario
Las obligaciones de pago pueden generar el pago de intereses; éstos pueden ser:
a) intereses convencionales que son los pactados por las partes y que retribuyen económicamente al acreedor por el tiempo en que se ha encontrado privado de la posesión de la cantidad. Los intereses se pactan en función a la cuantía y duración de la obligación. Los intereses derivan del capital, por lo que la obligación de pagar intereses es accesoria dependiente de la principal.
b) intereses moratorios que son los que resarcen al deudor por el retraso en el pago de la deuda y son la indemnización de los perjuicios producidos por el cumplimiento tardío del moroso.
c) intereses punitivos (o intereses judiciales) son aquellos que se imponen como consecuencia de un procedimiento judicial de condena de pago de una cantidad líquida, se calculan incrementando 2 puntos el interés legal del dinero (4%+2% = 6% en 2012)
También cohabitan diversos tipos de interés de demora en función a que tipo de deuda impagada se deben aplicar. Los más importantes son:
Interés legal del dinero es el que se establece en la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado 4% (2012)
Interés de demora fijado por la ley 3/2004, de 29 de diciembre = 8% (2012)
Interés de demora de deudas tributarias = 5% (2012)
Intereses por impago de pagarés, cheques y letras cambio (6% en 2012)
Los distintos tipos de intereses de demora
Como se desprende del apartado anterior en España coexisten en este momento diversos tipos de interés legal y de interés moratorio. A continuación vamos a revisar los más utilizados.
El tipo de interés legal del dinero
Contrariamente a lo mucha gente piensa, el tipo de interés legal no viene establecido por el Banco de España sino por norma jurídico-positiva. El artículo 1.108 del Código Civil establecía que el interés legal era el que se aplicaba como indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora y no se hubiera pactado uno determinado.
El tipo de interés legal se fijó en el Código Civil, de 24 de julio de 1889, en el 6% y, posteriormente, por Ley de 2 de agosto de 1899, en el 5%, la Ley de 7 de octubre de 1939 lo redujo hasta el 4% manteniéndose en ese nivel hasta lo dispuesto por la Ley 24/1984, de 29 de junio, de Modificación del tipo de interés legal, que establece en su artículo primero: “el interés legal se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Desde aquella disposición, todas las Leyes de Presupuestos Generales han señalado el tipo de interés aplicable, siguiendo la tendencia de los mercados financieros, pudiendo revisar de acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley 65/1997, el tipo fijado, en consonancia con la evolución de los tipos de interés de la deuda pública.
Evolución del tipo de interés legal a lo largo de los últimos años
1996 9,00 por 100
1997 7,50 por 100
1998 5,50 por 100
1999 4,25 por 100
2000 4,25 por 100
2001 5,50 por 100
2002 4,25 por 100
2003 4,25 por 100
2004 3,75 por 100
2005 4,00 por 100
2006 4,00 por 100
2007 5,00 por 100
2008 5.50 por 100
2009 5.50 por 100
2010 4,00 por 100
2011 4,00 por 100
2012 4,00 por 100
El interés moratorio fijado por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre: Interés de demora en su Artículo 7.
La “Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales” (siguiendo las directrices marcadas por la Directiva 2000/35/CE de la UE) determina que si el deudor no paga el día del vencimiento automáticamente deberá pagar el interés de demora fijado en el contrato y en su defecto el interés moratorio fijado por la ley (Artículo 7. Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Interés de demora).
No hace falta contrato previo, aviso o intimación por parte del acreedor para el devengo del interés legal de demora. Consiguientemente no será necesario incluir en el contrato la obligación de pagar intereses de demora, ni hacer ningún requerimiento de pago o intimación al deudor, ni siquiera será necesario comunicarle que ha incurrido en mora. La idea es que el moroso pague elevados intereses moratorios disuasorios y compensaciones por los gastos de cobro. El interés de mora aplicable al deudor (a falta de uno expresamente pactado en un contrato entre las partes) corresponderá a la suma del tipo de interés de refinanciación del Banco Central Europeo más al menos 7 puntos porcentuales.
Puede observarse pues, que el artículo 7 de la Ley 3/2004 determina un tipo de interés legal de demora; no obstante hay que tener en cuenta que este tipo de interés tiene carácter subsidiario y sólo resultará aplicable en los casos en que las partes no hayan pactado un tipo de interés específico en el contrato ya que, al igual de lo que sucede con la determinación del aplazamiento de pago, los legisladores han querido nuevamente primar la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, pero dejando la posibilidad de que el tipo de interés moratorio fijado en el contrato sea ulteriormente reconducido por los tribunales dentro de la facultad moderadora de éstos, si el tipo de interés contractualmente establecido fuera considerado como una cláusula abusiva en perjuicio del acreedor.
Así las cosas, el tipo de interés legal de demora que aparece en el apartado número 2 del artículo 7 sólo se aplica en defecto de pacto del tipo de interés fijado en el número 1; este apartado indica que el tipo de interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato.
El nuevo tipo de interés legal de demora será el resultado de sumar siete puntos porcentuales (+7%) al tipo establecido por el Banco Central Europeo para sus principales operaciones de financiación (e.g. durante el año 2012 es del 8%).
No obstante en España son todavía una minoría los acreedores que reclaman los intereses de demora determinados por la LLCM puesto que según un informe presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) solamente el 12% de las empresas españolas exige siempre a sus deudores el pago de los intereses de demora y un 12% los solicita a menudo; pero el 46% de las empresas no reclama nunca interés moratorio y el 26% restante casi nunca. En consecuencia el 72% de las empresas españolas no suelen percibir intereses de mora en caso de impago de las facturas.
El Ministerio de Economía y Competitividad mantiene al 8% el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad (anteriormente el Ministerio de Economía y Hacienda), establece mediante resolución el tipo legal de interés de demora a aplicar durante los semestres naturales.. Para el primer semestre natural de 2012 quedó fijado en el 8 % y el Ministerio de Economía y Competitividad mantiene la misma tasa para el segundo trimestre.
Evolución del interés de demora de la LLCM hasta el año 2012
Tipo de interés de demora a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales,
Año Periodo por semestres naturales %
Año 2006 Primer semestre 9,25 por 100
Año 2006 Segundo semestre 9,83 por 100
Año 2007 Primer semestre 10,58 por 100
Año 2007 Segundo semestre 11,07 por 100
Año 2008 Primer semestre 11,20 por 100
Año 2008 Segundo semestre 11,07 por 100
Año 2009 Primer semestre 9,50 por 100
Año 2009 Segundo semestre 8,0 por 100
Año 2010 Primer semestre 8,0 por 100
Año 2010 Segundo semestre 8,0 por 100
Año 2011 Primer semestre 8,0 por 100
Año 2011 Segundo semestre 8,25 por 100
Año 2012 Primer semestre 8,0 por 100
Año 2012 Segundo semestre 8,0 por 100
Tipo de interés aplicable al deudor en caso de demanda judicial marcado por la Ley de Enjuiciamiento Civil
El tipo de interés que debe pagar el demandado es el que se aplica en casos de ejecución de sentencia que condene al pago de cantidad líquida. El art. 921 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, de 3 de febrero de 1881, establecía “Si la sentencia condenara al pago de cantidad líquida y determinada… serán considerados como cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada, cuando se haya fijado en la sentencia el tanto por ciento o tipo, y el tiempo por el que deban abonarse”. La Ley 77/1980, de 26 de diciembre, creó el art. 921 bis, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, determinando que el tipo a aplicar en estos casos sería el tipo de interés básico o de redescuento fijado por el Banco de España incrementado en dos puntos.
Este artículo 921 bis fue sustituido por una nueva redacción del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que establece: «cuando la sentencia condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o disposición especial».
Finalmente el artículo 576 de la nueva Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero, mantiene el interés anual calculado como el tipo de interés legal más dos puntos, salvo pacto de las partes o disposición especial de la Ley.
Igualmente hay que tener en cuenta que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil indica en el Artículo 576 los Intereses de la mora procesal.
Por tanto el artículo 576 de la nueva Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero, fija el interés anual calculado como el tipo de interés legal más dos puntos, salvo pacto de las partes o disposición especial de la Ley. La paradoja se da en que un deudor no demandado al que se reclama el interés de demora del art. 7 de la LLCM devenga en el 2012 un tipo del 8%, pero si se interpone una demanda judicial, la tasa de interés que reconoce el tribunal es de sólo el 6% (El interés legal del dinero queda establecido en el 4% + 2 puntos porcentuales = 6%).
El interés de demora en caso de impago de títulos cambiarios
En cuanto a los intereses moratorios relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio, recordemos que vienen recogidos en diversos artículos de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque y que veremos a continuación.
En relación a la Letra de Cambio y al Pagaré impagados el artículo 58 dicta que:
Los réditos de la cantidad anterior devengados desde la fecha de vencimiento de la letra, calculados al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
Por consiguiente se da la paradoja que si un acreedor reclama una factura impagada como hemos visto anteriormente, hoy en día puede exigir al moroso un interés de mora del 8% en aplicación del Artículo 7de Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En cambio si exigen el tipo de interés moratorio del artículo 58 de la LCCH la tasa resultante es de 4%+2% = 6%. Es totalmente incoherente y absurdo que un acreedor que posea un documento cambiario tenga derecho a percibir menos intereses que el que no está en posesión de un título valor.
En relación al cheque el Artículo 149 establece que:
Cuando la acción se ejercite contra el librador que hubiere emitido el cheque sin tener provisión de fondos en poder del librado, el 10 por ciento del importe no cubierto del cheque y la indemnización de los daños y perjuicios a que se refiere el último párrafo del artículo 108.
Vale la pena decir que la cláusula penal del 10 por ciento en caso de devolución de un cheque por falta de fondos en la entidad librada opera de forma automática, mientras que la indemnización de daños y perjuicios requiere la pertinente prueba de los mismos como carga de quien los reclame. Consecuentemente en caso de cheque impagado, al acreedor le conviene más acogerse a su derecho de reclamar los intereses moratorios e indemnizaciones fijadas en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
Los intereses de demora de las deudas con Hacienda están regulados en el artículo 26.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria o LGT. Este artículo 26 dicta que:
1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
Asimismo el apartado 2 del artículo 26 establece que eEl interés de demora se exigirá, entre otros, en varios supuestos entre los que se cuentas estos dos:
Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.
Los intereses se determinarán según el tipo vigente durante dicho período. Los tipos de interés de demora de los últimos ejercicios han sido:
Año 2009: 7%
Año 2011: 5%
Año 2012: 5%
Análisis de Riesgos, Colaboradores
9 julio, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Normalmente, el deterioro de la capacidad de pago de un cliente se produce de forma gradual y genera señales de alerta que hay que saber interpretar. El problema es que esta información puede aparecer de múltiples fuentes de información, pero no siempre las tenemos localizadas y hacemos un adecuado seguimiento de ellas.
Tener poca información genera riesgos innecesarios, pero tener demasiada o mal estructurada solo lleva a la “infoxicación” (intoxicación de información) y puede producir riegos igualmente importantes. Por ese motivo es conveniente apoyarse en herramientas de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) que nos permitan tener una visión más global de nuestra cartera de clientes. En un contexto como el actual, ser capaces de identificar la información relevante, en el momento que la necesitamos, es clave para la toma de decisiones de negocio adecuadas.
La información interna es rica y actualizada y además no tiene coste, pero debemos gestionar su falta de estructuración y la subjetividad que arrastra.
La información externa ayudará a valorar el contexto en el que se encuentra la empresa, pero no tiene estructura ni es fácil de tratar de forma sistemática.
La información pública suele ser muy rica y objetiva, pero aparece de forma muy dispersa y es difícil de aprovechar si no es tratada previamente.
Sólo una adecuada combinación de las distintas fuentes de información evitará que nos “infoxiquemos” y podamos tomar decisiones basadas en la información más completa y actualizada.
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References: Resolución 
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 Artículo 7
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 artículo 921
 artículo 576
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 artículo 58
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 Artículo 149
 artículo 108
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