Source: https://www.scribd.com/document/2402011/GARANTIAS-CONSTITUCIONALES-DEL
Timestamp: 2018-06-17 22:38:17+00:00

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Patricio Masbernat Muñoz (*) RESUMEN El presente informe aborda de manera crítica la construcción dogmática de la doctrina chilena de los tributaristas, relativa a los derechos y garantías de los contribuyentes. Plantea que dicha doctrina se encuentra anclada a categorías jurídicas propias de la mitad del siglo pasado, y reproduce el conocimiento anterior a la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Chile, y en el mejor de los casos se integran escasos elementos nuevos bajo un marco conceptual ya superado. De lo anterior, es que es necesario revisarla, a la luz de los avances del constitucionalismo nacional y comparado. Ello es fundamental para proteger debidamente los derechos del contribuyente, esto es, conforme al bloque de constitucionalidad. Para tales efectos, en los dos primeros capítulos se aborda la potestad tributaria y las garantías constitucionales del contribuyente en la doctrina nacional. En el Capítulo III, se explican los aspectos generales de la fiscalidad de la Comunidad Europea y las garantías del contribuyente en dicho ordenamiento jurídico. En el Capítulo IV se bosqueja una nueva visión de la sistemática de garantías del contribuyente, para lo cual se estudian aspectos de estado actual del constitucionalismo, a fin de reconstruir el sistema de fuentes del Derecho Tributario y sus reglas de interpretación. A continuación, se explica con un método concordante a dicha visión tanto las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del contribuyente como la Potestad Tributaria, subordinada a los derechos fundamentales. I . INTRODUCCIÓN La Constitución Política de la República de Chile (Constitución Política, en adelante), contiene un conjunto de normas que constituyen las bases de la fiscalidad, y que hacen referencia a los elementos esenciales que intervienen en ella, tales como aquellas normas que establecen el marco de desarrollo y ejecución de la Política Fiscal; la de creación de órganos estatales y la atribución de potestades; las que establecen las relaciones y solución de conflictos entre ellos; el reconocimiento de derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, etc. Todas ellas, pero especialmente este último tipo de normas, determinan las relaciones entre el contribuyente (ciudadano) y el Estado (dentro de un marco de Estado Social de Derecho). Este trabajo, precisamente, se refiere a estos últimos temas. Sin embargo, debido al hecho de que la Constitución Política ontológicamente constituye un todo y por tanto su interpretación debe ser efectuada en el marco de un corpus constitucional (Zúñiga 1991; 291), se hará referencia a los demás elementos que constituyen las bases constitucionales de la tributación, en la medida que sea necesario a fin lograr una completa exposición argumentativa. I.I.- La potestad tributaria del Estado La potestad ha sido definida como aquella situación de poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas o mediante la modificación del estado material de cosas existentes1. A su turno, las potestades públicas son poderes-deberes jurídicos conferidos por la Constitución y las leyes a diversos órganos del Estado, que ejercen sus diferentes funciones, razón por la cual se las conoce como potestad legislativa, potestad judicial, potestad contralora y potestad administrativa.
distingue principios materiales del ingreso público (generalidad. hace referencia a principio de igualdad (igualdad ante la ley y en la aplicación judicial de la ley) y no discriminación. Han indicado que la expresión Estado de Derecho10 encierra la idea de sometimiento del Estado y sus organismos al Derecho. distingue entre límites de la potestad tributaria (principio de legalidad como límite formal y principio de capacidad contributiva como límite material) y garantías materiales del contribuyente (generalidad. son los de capacidad económica y legalidad. justicia tributaria. principios de orden . el de justicia tributaria. También. límites a la potestad tributaria o garantías del contribuyente. en materia de estos principios supremos de la tributación. seguridad jurídica en sus aspectos de confiabilidad. El único autor que hemos visto hacer una distinción entre los principios de la tributación en el Derecho Comparado y los principios de la tributación en Chile. igualdad. el principio de justicia (formulado con los principios de igualdad. Casado (2002) expresa que los pilares fundamentales sobre los que se levanta el instituto jurídico del tributo en el campo constitucional. razonabilidad. por ejemplo. Albiñana (1992. certeza y no arbitrariedad en la interpretación de preceptos legales y poder judicial independiente). 65) distingue el principio del beneficio12. el principio de reserva de ley o principio de legalidad. proporcionalidad. Francisco José Carrera Reyes11. igualdad. Tanto es así. la Constitución sería la manifestación más permanente de esta autolimitación del poder estatal dentro de las fronteras nacionales. siguiendo doctrina europea. es el profesor Enrique Evans (1997). el principio de generalidad ("todos tienen el deber de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos"). el principio de la redistribución de la renta y del patrimonio. El destacado profesor argentino Héctor Villegas. que es frecuente ver que se hace referencia a los principios en Derecho Comparado. progresividad y no confiscatoriedad) de los principios formales (reserva de ley y principio de ingreso público). etc. por lo que el poder tributario va de la mano con la soberanía estatal. y los tratados internacionales constituirían el instrumento en que se da fe de esta autolimitación frente al exterior. por cierto. Dando alguna noticia del Derecho Comparado. proporcionalidad. y se los asimila a nuestro país sin mucho enfoque crítico. En este marco de ideas. podemos señalar que Benalcázar (2002) considera que los principios son el de igualdad. control jurisdiccional.Otros le denominan derechamente límites externos. no revisando con acuciosidad el hecho que pudieran no tener respaldo constitucional o tal vez pudieran tener un tratamiento constitucional distinto. generalidad. equidad. y se comprende con la existencia de la separación de los poderes consagrada constitucionalmente y el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales. territorios)13. han afirmado la existencia de una relación entre Estado de Derecho con el Poder Tributario. el principio de la capacidad económica (que es el soporte más valioso de la equidad en la distribución del impuesto). sectores. la tutela judicial efectiva (que es un concepto mucho más profundo que nuestra formal garantía del debido proceso). siendo el principio de reserva de ley y el de irretroactividad de la ley tributaria aplicaciones del derecho a la seguridad jurídica y un freno a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder público. progresividad y capacidad económica). el principio de progresividad. La doctrina tributaria nacional que recoge esta idea no lo considera un principio sino un marco general o presupuesto de actuación del Estado. el principio de la solidaridad (entre todos los ciudadanos. capacidad económica. considerados consecuencia de la soberanía de los otros Estados sobre un territorio determinado. generalidad. no confiscatoriedad. Algunos autores en Chile. La doctrina nacional es tributaria de la doctrina comparada. el principio de igualdad.
de unión aduanera y de mercado común.). medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente). dado su carácter normativo amplio y abierto. Ella requiere dar cuenta de una realidad social.) se ha hecho referencia de uno u otro modo a las ideas de competencia fiscal. de no privación de la libertad. la que esperamos bosquejar en futuras publicaciones. Y el desarrollo de dichos tratados. neutralidad. Y esa realidad económica de nuevas exigencias es la que debe ser asumida con sinceridad. En efecto. simplicidad o comprensibilidad. donde los contribuyentes que comparece al sistema tributario como un agente económico que elige entre diferentes "proveedores tributarios". los menores ingresos que la reforma produzca a algunas comunas. u otro semejante. facilitado ello por el gran desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información y los medios de transportes y comunicaciones. a través de los métodos de interpretación constitucional pertinentes. que en términos más amplios se relacionan con las bases de la tributación en la Constitución. asimismo. eligiendo aquel que le significa una menor presión fiscal de entre las distintas jurisdicciones fiscales que coexisten a nivel nacional e internacional. entre otros. de concretarse ésta. y que merece una respuesta mucho más completa que la expuesta. En materia internacional. Hoy. transparencia. política y económica a que se enfrentan los Estados en el marco de una economía globalizada. Algunos comentarios Todos los temas vistos. la globalización de los mercados (con la liberalización de los mercados de capitales. los pactos de libre comercio. la reforma a la Ley de Timbres y Estampillas. De lo anterior. en los debates legislativos suscitados con ocasión de los proyectos de ley de carácter tributario (tales como en la Ley de Rentas Municipales. etc. etc. En nuestro propio país (Chile).) lleva a considerar que la fiscalidad tiene un carácter internacional. de irretroactividad de las sanciones. II. que no necesariamente ha sido coincidente con el mantenimiento del orden en materia de financiamiento de los gastos públicos (en efecto. es que se presentan ejemplos como el de las reformas a la Ley de Rentas Municipales II. significará una necesaria redistribución de los fondos comunes municipales). precisamente se desarrollan sobre la base de entender la fiscalidad como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal.jurídico (de legalidad. de seguridad jurídica. que intenta reflejar la conexión del texto constitucional con la realidad político social. También hace referencia a principios de orden económico (como Neumark)14. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL CONTRIBUYENTE EN LA DOCTRINA NACIONAL . o como el método de la "interpretación constitucional mutativa". de control de la actividad administrativa. Casado (2002) explica el fenómeno señalando que las ideas básicas sobre las que se fundamenta la tributación se construyeron en un contexto social. y que daba cuenta de una muy estrecha relación entre el Estado y su contribuyente. I. accesibilidad de la ley. en dicho proyecto de ley. la reforma al impuesto a la renta de los trabajadores. el favorecimiento a la creación de empleo y crecimiento económico. sino también la armonización de la fiscalidad interna. político y económico muy diferente al existente hoy (y que históricamente se hunde en el origen mismo del constitucionalismo). sea directamente por el constituyente a través de una reforma constitucional. el desplazamiento internacional de los factores de producción y las bases imponibles. tales como el método "hermenéutico concretizador" teorizado fundamentalmente por Konrad Hesse por el cual la realidad debe ser incorporada a fin de determinar claramente lo que en principio no aparece con esta característica en la Constitución. o sea por la doctrina y los operadores jurídicos.IV. la apertura económica. implica la intervención no sólo de la estructura tributaria relacionada al comercio exterior (barreras arancelarias y exacciones de efecto equivalente. etc. la ley de plataforma financiera internacional.
sancionarlas y promulgarlas"). Lo anterior no debe ser confundido con la discusión relativa a si el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio o restringido. asimismo. el artículo 32 (que en su numeral 1 señala que son atribuciones especiales del Presidente de la República "concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. Al respecto. empleos. "cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley". "las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley". La doctrina comparada da cuenta del apotegma "nullum tributum sine lege" (o el viejo principio "no hay tributación sin representación" de los sublevados ingleses de la Gran Revolución y suscrito en La Carta Magna y el Bill of Rights) en la exigencia de una ley formal. préstamos. Se relaciona con el origen mismo del constitucionalismo. puede atreverse a dictar normas de carácter general cuyo contenido sea precisamente el reservado a la ley. Respecto de este tema. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República" (inciso final del artículo 62). En virtud de lo anterior. y la tributación es una limitación al derecho de propiedad16. y en nuestro país está fundada en el artículo 19 numeral 20 de la Constitución Política. señalan que es suficiente que la ley sólo establezca los aspectos esenciales de la regulación de los derechos o fijación de tributos (por ejemplo. suprimir. y no en su sentido material. 32 N°8. pues precisamente debe interpretarse de manera amplia la norma que establece . argumentando que hace uso de su potestad reglamentaria autónoma (derivada precisamente del numeral 8 de dicho artículo. emolumentos.II. estimo que el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio. a la autoridad administrativa le queda vedada la posibilidad de establecer tributos. que establece que le cabe "ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. Concordante con ello. en su numeral 22. y se consagra y regula principalmente en los artículos 19 N°20. Garantía de legalidad del tributo o de la carga impositiva Este principio constitucional se denomina también principio de reserva legal. más no formalmente. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes") o derivada de la aplicación de la ley. y en su numeral 14. fruto de las potestades constitucionales del Presidente de la República. que al fijar el estatuto constitucional de los tributos determina que la ley es el instrumento por el cual éstos se regularán. por el que le corresponde. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para (1) imponer. disminuir o rechazar los servicios. el artículo 60 dispone que sólo son materias de ley. En consecuencia. proporcionalidad o progresión". Asté señala que serían éstos los sujetos y hecho gravado). beneficios. Es decir. y determinar su forma. sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. Además la interpretación constitucional debe hacerse favor libertatis y no pro fiscus. Y la exigencia es precisamente que los tributos sólo pueden establecerse bajo la figura jurídica de una ley en su sentido formal. pues la Constitución Política en su artículo 26 es claro en disponer que la regulación o limitación (restricción) de derechos sólo puede hacerse por ley y en los casos que la misma Constitución Política lo autorice.I. Ésta es la más clásica de las garantías constitucionales del contribuyente. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados (articulo 62 inciso 2 Constitución Política). quienes defienden la segunda postura. establecer exenciones o modificar las existentes. una ley. "las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República". pudiendo quedar el resto de la regulación en manos de la potestad reglamentaria. "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar. establece en el numeral 1 del artículo 62 que "corresponderá. 60 N°14. Al respecto. 62 inciso 4 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile15. En lo pertinente. dicha norma reglamentaria sin embargo sería materialmente. establecida en el artículo 32 de la Constitución Política.
Según Zavala (2001. el principio de legalidad en materia tributaria desde sus inicios vinculó la fijación de tributos a la discusión y debate parlamentario a fin de evitar cualquier exceso del Poder Ejecutivo. Por otro lado. Figueroa. Para Aste con ello se garantiza la existencia de la libertad patrimonial y ausencia de la arbitrariedad (2002. por tanto. II. en virtud de la norma constitucional prohibitiva contenida en el artículo 61 inciso 2 de la Constitución Política. y a la misma jurisdicción. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución". a través de decretos con fuerza de ley. estimo que lo indudable es que mecanismo parlamentario concede mayor legitimidad. además de que debe interpretarse las normas constitucionales de manera armónica. previa delegación de facultades del Congreso. cual es que la doctrina estima precisamente que la tributación es una limitación al derecho de propiedad. Pero esto último no sólo es un problema que radica en el Parlamento o Ejecutivo. . No obstante tener en ello la razón. Garantía de igualdad de los tributos o de su igual reparto Dentro del gran principio de la igualdad constituye un derecho fundamental en cuanto todas las personas tienen igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley. es cuestionable la posibilidad de delegación. que se relacionan con el principio del debido proceso en cuanto establece que Fisco y Contribuyente se encuentran en la misma situación jurídica. podemos distinguir la igualdad ante la ley. y ello es otro argumento para considerar que no es posible la delegación. Sin embargo. que señala que en cuanto el principio de legalidad tributaria y el de igualdad tributaria son derechos constitucionales. lo que en materia tributaria se relaciona con el carácter general de los tributos (principio de generalidad. o mediante mandato legal para que. Pero no por ello es necesariamente correcta. el principio de reserva legal debe entenderse en sentido amplio.16). conforme a los derechos fundamentales y las normas del capítulo I de la Constitución Política17. Es decir. sino también en la Justicia Constitucional. comprendiendo. todo lo cual no se logra concretar sino muy parcialmente de acuerdo todos los días comprueban quienes se enfrenta a nuestro sistema del contencioso tributario) y la prohibición de las discriminaciones arbitrarias (lo que en la moderna doctrina. Al tratar esta garantía. que establece que es atribución especial del Presidente de la República "dictar. Ello se pierde también con la delegación legislativa.II. sistemática y finalista.). lo que otorga precisamente la legitimidad por el cual este mecanismo nació y pervive. se presenta el problema del establecimiento de tributos vía delegación legislativa. por ejemplo. y sometidos a la misma ley. la que establece todos los elementos que integran la obligación impositiva". pues parece ser demasiado categórico. etc.derechos y restrictivamente la que establece potestades (y las que limitan los derechos). como señala Asté "la mayor garantía para el contribuyente se logra cuando es la ley. Se dice además que no está prohibido. por estar comprometida de manera total este otro derecho fundamental. Y de ello se hace cargo el profesor Evans (1997). 17). principio de igualdad ante la ley tributaria. según entiendo). aun no recepcionada por los tributaristas. todos deben contribuir conforme su capacidad contributiva. consecuencia del concurso político de los distintos sectores representados en el parlamento. En nuestro caso. prorrogue incentivos fiscales. De este último aserto se puede disentir. se denomina interdicción de la arbitrariedad). igualdad ante la justicia o en la aplicación de la ley (que debe verse en el apartado dedicado a las garantías jurisdiccionales. los DFL. no considera Evans otro argumento en el mismo sentido. y es posible estimar que puede afectar menos la libertad patrimonial (la que siempre queda afectada al menos parcialmente por los tributos) y excluir con mayor probabilidad las arbitrariedades. conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Constitución Política. La afectación de la propiedad por los tributos. exige precisamente de una ley emanada de este órgano representativo de todos los sectores de la sociedad. Ésta además es la posición de prácticamente toda la doctrina nacional (Radovic.
20). ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. como fluye de lo dispuesto en el art. en modo alguno ser arbitrarias. y lo entiende como "aquel en virtud del cual el tributo sólo puede afectar a los sujetos que se encuentran en el supuesto de hecho que la ley ha previsto. y la igual repartición de las demás cargas públicas". que reiteramos son consustanciales a la igualdad. Este principio se extiende también al hecho de que el impuesto no pueda tener destinaciones especiales. que deben ir a las arcas generales de la nación23. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. el hecho gravado" (Zavala 2001. dado a que el legislador se ve en la necesidad de discriminar entre distintas situaciones. el principio de la no discriminación es relacional. Ahora bien. La igualdad y la generalidad Algunos autores se refieren a este principio como igualdad o generalidad tributaria. De ahí podemos deducir la génesis de la comprensión del principio democrático como eje fundamental de la estructura del Estado de Derecho en Chile19. Hay que destacar que algunos tributaristas consideran que este principio no sólo informa esta materia sino que es un pilar fundamental del Estado democrático. El constituyente refuerza la garantía de igualdad al inhibir a los órganos del Estado a realizar diferencias arbitrarias en la aplicación de las normas. dentro de los marcos que la misma ley señale. Estaría consagrado en cuanto la Constitución Política dispone "la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley.Estas garantías están consagradas constitucionalmente18. el de la igualdad y la no discriminación arbitraria. cualquiera que sea su naturaleza. Requiere tener un punto de comparación22. 19 N°2. La doctrina tributarista nacional expresa que este principio no se refiere a una igualdad en términos numéricos. por violación del art. u otro. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. queda constituida en esa calidad sin que pueda liberarse de su obligación. Pero todas las personas dentro de esa categoría están obligadas. implica que verificados los supuestos que prevé la ley para que una persona se constituya en deudora frente al Fisco. sino que se trata de asegurar el mismo tratamiento tributario a quienes se encuentran en análogas situaciones. Ello no obsta a la formación de categorías por parte del legislador a fin de distribuir la carga impositiva entre los contribuyentes de acuerdo a criterios tales como capacidad contributiva. Sin embargo. Asimismo.III. con relación a su poder contributivo o capacidad económica20 (de ahí que los impuestos proporcionales y progresivos sean constitucionales)21. con el fin de velar que las personas soporten un mismo tratamiento tributario. Como señala Casado (2002. estas diferencias.IV. origen de las rentas. La igualdad y la no discriminación arbitraria En este principio se conjugan dos términos que en apariencia son contradictorios. y en general la doctrina europea)." El principio de la generalidad señala la mayor parte de la doctrina. II. 19 N°22 de la Carta Fundamental.16). . ya que en el evento que lo sean adolecerían de inconstitucionalidad. esto es no se analiza individualmente sino en comparación. y " los tributos que se recauden. y que al menos entre los tributaristas revisados sólo hemos visto lo recoge Aste (2002. II. no pueden. y no pueden establecerse tributos a personas individuales. beneficio del contribuyente.
el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene. El respeto al derecho de propiedad.31. La doctrina nacional señala que dicha privación se explica y justifica por el fin social que el Estado debe cumplir por mandato de la Constitución Política. y se señala que "consiste en que la ley sea una disposición abstracta e impersonal. como límite a la potestad tributaria. que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa ahí prevista" (Radovic 1998. y constituye una mera tautología (expresa sólo que la ley debe aplicarse). carece de todo efecto garantístico. según la doctrina.V. la Constitución Política restringe el ejercicio de esta facultad en casos que signifiquen privación a este derecho en su esencia. no debe ser expropiatorio. se expresa. sólo a través de leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lara (2002) explica que su establecimiento no importa quebrantamiento de la garantía de igualdad tributaria. las que son adoptadas en razón de circunstancias de orden económico. para otros autores la generalidad es un principio autónomo de la tributación (Aste 2002. de modo tal que los impuestos los paguen todos aquellos que están en la situación objetiva contemplada en la ley" El profesor Atria24. Figueroa (1985. La ley tributaria debe tener aplicación respecto de todos los contribuyentes que se encuentren en la situación prevista por la ley. 185) explicando la garantía de la generalidad señala que "la ley tributaria ha de tener aplicación sobre todos los contribuyentes que se encuentren en las circunstancias contempladas por el legislador al establecer la regla de Derecho. exención a rentas más bajas) o de fomentar el desarrollo de regiones o actividades determinadas. II. esto es excesivo al punto de afectar el derecho de propiedad en su esencia. No obstante dichas consideraciones. y se fundamentan en circunstancias de orden económico. Principio de generalidad tributaria Algunos autores abordan la generalidad como un subprincipio de la igualdad ante la ley (Massone 1979.Este principio tiene una excepción. es decir. 24). Garantía del respeto a la propiedad privada Los tributos constituyen una limitación al derecho de propiedad. y se encuentra expresamente consagrado en la Constitución en los artículos 19 N° 22 y 62 la posibilidad de establecerlas. político y social apreciadas ellas por el legislador. la doctrina extranjera la explica de un modo muy distinto a como se la ha recepcionado e interpretado en Chile. 19 N° 26 de la Carta fundamental. las exenciones. social o político razonablemente arregladas por el órgano legislativo y con el propósito de lograr efectiva justicia social (por ejemplo. . De la manera como la doctrina nacional entiende el principio de generalidad. en los siguientes subprincipios: a) No confiscatoriedad del tributo. de modo tal que los tributos sean pagados por todos aquellos que se encuentren en la situación objetiva contemplada en la ley. Las exenciones constituyen una excepción a la generalidad e igualdad. Asimismo.VI. ello según el tenor expreso del art. 72). considera muy criticable esta forma de enfocar el principio de generalidad. No obstante que el Estado está facultado para imponer a las economías particulares gravámenes de naturaleza tributaria. II. Lara 2000). en cuanto a que su establecimiento corresponda a motivaciones que no sean discriminatorias. como ya se ha señalado25.
El fundamento positivo de lo anteriormente expuesto lo encontramos en los artículos 1 inc. También se ha dicho que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable. y de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y el derecho constitucionalmente consagrado de propiedad. d) Principio de conveniencia. cuando equivale a una parte sustancial del valor del capital. corresponde en primer término al legislador. . Hoy por hoy. se admite un control a posteriori de la constitucionalidad de la ley por la Corte Suprema. 4. Además la doctrina encuentra base legal en el Código Civil y la Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes. en virtud de los principios de Derecho Administrativo. es decir. etc. que considera los principios de: . debemos considerar que nuestro Derecho Administrativo y Constitucional es demasiado distinto a antaño. diferentes autores han planteado los siguientes: c) Respeto por los contratos leyes.Generalidad y tiene su manifestación en las exenciones. Una vez que la ley entra en vigencia. Estos contratos se tratarían sólo de contratos administrativos que. ya sea económica. No existe consenso acerca de lo que debe entenderse por "tributo confiscatorio". que son privilegios establecidos con una finalidad de conveniencia. Se señala que la calificación de si el tributo es o no excesivo. establecen derechos y obligaciones para las partes. 19 N° 24 en relación con el N° 26 de la Constitución Política. y Código Tributario28. La doctrina tributaria nacional le da a este tema el mismo tratamiento que al resto. esto es. Este subprincipio se fundamenta en la racionalidad y necesidad de certeza jurídica y según algunos en el derecho de propiedad. y el Estado debe respetarlos. en el Tribunal Constitucional y la doctrina hasta hoy. 28)26. Cabe señalar que sólo se han acuñado máximas de difícil determinación. sectorial. Asté 2002. el que se ve fortalecido por la prohibición que se impone a la potestad tributaria en el artículo 19 N° 20 inciso segundo. b) La Irretroactividad de la ley tributaria. renta o utilidad" (Radovic 1998. 82. siempre que exista requerimiento y cuestión de constitucionalidad. la que podrá (concurriendo las condiciones copulativas que establece el art.La confiscación es por esencia contraria al derecho de propiedad. tales como la que señala que un tributo es confiscatorio "en el caso que los tributos lleguen a ser tan significativos e impliquen privar a la persona de una parte significativa de esos bienes". Estimamos que las argumentaciones a favor de la figura que la doctrina llama contrato-ley hoy no tienen asidero constitucional ni en la moderna doctrina de Derecho Administrativo. En esta instancia se admite un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. pues sustrae del patrimonio de una persona derechos materiales o inmateriales sin su consentimiento y sin causa lícita. careciendo de toda supuesta potestad de modificación o revocación unilateral del mismo. 80 de la Constitución Política) declarar la inaplicabilidad de aquel precepto legal contrario a la Constitución. y se ha debatido el punto en nuestro actual esquema constitucional desde antes de que naciera (en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución). como cualquiera de éstos. lo que sucede cuando ocasiona un aniquilamiento del derecho de propiedad en su esencia o de cualquiera de sus atributos. En ocasiones incluso se ha discutido respecto si la confiscatoriedad se presenta en todo tributo o en sólo los impuestos directos27 (estimamos que esta es una distinción falsa que debilita la garantía constitucional). El principio de no confiscatoriedad es una consecuencia directa de la protección brindada al derecho de propiedad. 19 N° 20 inciso 2 ("en ningúncaso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos") y art. Fuera de los anteriores subprincipios. el que debe considerar las circunstancias de hecho que condicionan a las leyes tributarias. los enfoca de una manera propia a como se abordaba antes de la Constitución Política de 1980 y sin ninguna crítica ni aporte.
sino que deben hacerlo quienes tengan capacidad contributiva. y el derecho de optar a incrementar el patrimonio mediante el ejercicio de actividades lícitas." (Sentencias TC 219 y STC 280). Para Figueroa (1983). al tenor de la definición del Diccionario de la Lengua Española. generalidad y libertad económica. Equidad tributaria Zavala (2001. Por su parte. en términos de abierta falta de equidad. Se ha sostenido que la manifiesta desproporción o injusticia debe analizarse en consideración a la totalidad de la carga tributaria. esto es. en ningún caso. Conlleva. injustificables o irracionales y ellas se producen. cuando son descubiertas. El Tribunal Constitucional ha expresado. esto es. cuando son manifiestas. patentes. Para Rivera (2000). y rol de subsidiaridad del Estado (establecido en artículo 19 N°21 y artículo 1 de la Constitución Política). en cuanto éste no quiere decir que todos deben pagar tributos. y para él consiste en que "el tributo se va a establecer en atención al contexto social al cual se va a aplicar y de esta forma. sin embargo. De esta manera. la norma constitucional cuando manifiesta desproporción alude a la prohibición que los tributos alcancen una clara desigualdad e insiste en la necesidad de que sean proporcionales. como señala Rivera (2000) ésta puede expresarse. si claramente no existe debida correspondencia entre la base o precio real del producto y los impuestos que lo afectan. Para Evans (1997).VII. Estaría consagrado en la Constitución Política cuando dispone que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos". para que éste cumpla sus fines propios. en términos tales que los tributos constituyan una parte sustancial y determinante del precio final. . II. y en este sentido la progresividad del sistema tributario es básica. la manifiesta injusticia se expresa cuando es claro y patente que se ha distribuido la carga tributaria. es decir el principio fundamental del reparto justo de las cargas contributivas. la idea que exista una debida armonía entre la necesidad de colaborar al funcionamiento del Estado. sin razonabilidad y prudencia. la equidad se relaciona con el principio de no discriminación. e) Principio de capacidad contributiva o proporcionalidad. a manera de ejemplo. igualmente. considerándolo de gran trascendencia por su más cercana vinculación al ejercicio racional de la potestad tributaria.Libertad económica. debe ser ponderada en relación con la capacidad de pago del contribuyente. claras. el tributo puede establecerse con el fin de gravar desproporcionadamente a los sujetos que caen en el hecho gravado". además. Se relaciona con el principio de generalidad. la manifiesta injusticia dice relación al hecho que los tributos no se distribuyan en forma tal. Se ha afirmado que la equidad ha ido evolucionando a través de los principios de igualdad. La desproporción de un tributo. que exista una ecuación de equilibrio entre el hecho o renta gravada y la carga tributaria que soporta.16) llama a este principio de equidad o justicia tributaria. la equidad no es sino parte de la igualdad. beneficiando a unos y perjudicando a otros. que el constituyente no fijó un monto o rango para este tipo de gravámenes. como contrapartida al derecho a vivir en sociedad. que cada cual asuma lo que corresponde.. "pero sí señaló al legislador un límite conceptual que impide desproporciones. en conformidad con las leyes tributarias vigentes29.
especialmente.se relaciona con . y precisamente por ello no han sido recepcionados aún por las doctrinas tributaristas mayoritarias. quien lo explica distinguiendo la finalidad de los tributos. 64). a los agentes económicos a fin de que asuman conductas determinadas que logren el cumplimiento de definidas políticas económicas fijadas por la autoridad). La pregunta es si el tributo debe ser neutro o puede tener intencionalidad de política o planificación económica30. Para la doctrina nacional. Garantía de protección jurisdiccional. actividad o zona se podrá establecer sólo en virtud de una ley y siempre que no constituya una discriminación arbitraria. Esta garantía consiste en el derecho del contribuyente a que las diferentes controversias que puede mantener con el Fisco sean resueltas siempre por un tribunal idóneo e independiente . Esta vez.X. en el sentido de que el beneficio tributario para un sector. b) El trato relativo de las personas en distintas circunstancias. debe considerarse el límite constitucional del art. lo que opera a través del establecimiento de exenciones y créditos.18). Puede ser que tenga una finalidad estrictamente fiscal (obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del mercado) o de planificación indicativa (dando señales.IX. tiene razón Radovic (1998. reglamentos.) debe estructurarse en forma clara. quien lo ve como una fase evolutiva o mutación del principio de legalidad y en relación con la certeza jurídica. Explica Zavala que. 19 N°22. Señala esta autora que ingente cantidad de normas tributarias (compuestas por infinidad de leyes de alta complejidad. y entre quienes reciben distintos beneficios ha de fijarse en proporción al beneficio recibido) o en el principio de capacidad económica o contributiva (relacionada a la capacidad de pago de cada contribuyente). resoluciones. II. Neutralidad impositiva Este principio es sólo considerado por Zavala (2001. II. procurando que sean técnica y jurídicamente inteligibles. es decir. Transparencia impositiva y seguridad jurídica. ha de fundarse en el principio del beneficio (igual tratamiento tributario entre quienes reciben los mismos beneficios. 71) en vincular estrechamente el principio de equidad y el de capacidad contributiva. no obstante ello. pero con el tiempo ha ido aceptándose lo contrario. pues como dice Benalcázar (2002) todo tributo tiene su finalidad económica31. De lo anterior es que sea el único autor encontrado que se refiera a esta materia. Como vemos. oficios. etc. Pero podría tender a cambiar en el futuro. y tiene dos aspectos fundamentales: a) El tratamiento racional de las personas en iguales circunstancias. Cabe destacar que este principio (como el de la transparencia. Recurso a tribunal y debido proceso El principio de la protección jurisdiccional se traduce en la existencia de mecanismos de protección frente a la violación de las garantías constitucionales en las que pueda incurrir la autoridad. II. eficiencia económica etc.VIII. este principio es sólo considerado por Radovic (1998. incentivos o desincentivos. circulares.) tiene un alto contenido económico. la determinación del tributo. La respuesta en principio fue que debía ser neutro.Evans (1997) señala que la equidad se traduce en la determinación adecuada o racional de la carga tributaria.
es decir. 20 de la Constitución Política y el recurso de inaplicabilidad de la ley inconstitucional establecido en el art. existe una absoluta unanimidad por la doctrina de que se viola de manera flagrante esta garantía en los procedimientos legales de reclamaciones tributarias. el derecho a la defensa. II. El principio de certeza. que incluso delega sus funciones jurisdiccionales en funcionarios inferiores (cuyos fallos han sido frecuentemente objeto de acciones de nulidad de Derecho Público). es fundamental la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes. 222). 31 de julio de 1995. como señala Evans (1997.el principio de legalidad del tribunal. en Conosur 2000. etc. la bilateralidad de la audiencia. 264). 19). que la doctrina considera dentro de este apartado el recurso de protección de derechos constitucionales establecido en el art. Existe coincidencia que un derecho sin garantía eficaz es sólo "papel mojado". . que dan cuenta del hecho de que estos medios de garantías de derechos fundamentales no son suficientemente adecuados para concretar lo que los europeos llaman la tutela judicial efectiva de los derechos del contribuyente. II. I 1999. Finalmente cabe aclarar que la categoría dogmática nacional del debido proceso es escasamente garantística y extremadamente formalista. la fundamentación de los fallos. (y en Chile. En nuestro país. tiene su expresión primera en el principio de la legalidad. entre otros. consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política. el cual le ha tocado ver algunos casos con relación a leyes tributarias (en sentencias de fechas 6 de diciembre de 1994. no se hace efectivo o material. artículo 60 complementado por el artículo 62 inciso 2 y 9 de la misma. debe destacarse todos los problemas que han presentado en la práctica los recursos de protección y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (lo que puede observarse en Ugalde 1993.XI. No obstante. Principio de Certeza Constituye una garantía fundamental para el contribuyentes. y en el artículo "Análisis y Revisión del Recurso de Inaplicabilidad" del profesor Raúl Bertelsen Repetto).). que se traduce en el derecho al tribunal natural. el establecimiento de recursos ante un superior jerárquico igualmente independiente e imparcial (Verdugo et al. por lo que no puede compararse con la categoría garantística europea conocida como tutela judicial efectiva. no es considerada de manera manifiesta por la mayoría de la doctrina nacional. De lo anterior. el principal órgano a cargo de ello es el Tribunal Constitucional. 58). y con ello lograr la dictación de leyes respetuosas de los derechos constitucionales. Quien analice los fallos del Tribunal Constitucional podrá quedar muy insatisfecho con su actividad como órgano tutelar de los derechos fundamentales del contribuyente. también en la propiedad). la libre aportación de las pruebas y su examen. También la doctrina hace referencia al recurso de apelación frente a los fallos de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos (casi siempre contrarios a los contribuyentes) y la acción de nulidad de Derecho Público. ni han sido aplicados de manera adecuada por los Tribunales de Justicia chilenos. En Chile.y a través de un procedimiento racional y justo (Figueroa 1985. como lo explicita Ugalde (1999. 80 del mismo cuerpo normativo. El procedimiento racional y justo se debe traducir en uno que observe el trato igualitario ante la justicia. Garantía de control de constitucionalidad de la ley tributaria A fin de concretar el principio de supremacía constitucional. órgano jurisdiccional predeterminado por la ley independiente e imparcial . No obstante.XII. en los cuales el "juez competente" en primera instancia es el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos respectivo.
dando un elemento de carácter sistemático a la interpretación constitucional. lógicamente. En este sentido. Evans casi no entrega elementos nuevos en esta materia. la libertad de organización. 19 N° 26 de la Constitución Política. al orden público o a la seguridad nacional. no es menos cierto que el único autor que la explicita como una garantía con entidad específica es Evans (1997. Pero una idea interesante que agrega se refiere al hecho de que en la búsqueda de lo esencial de los derechos del contribuyente. respetando las normas legales que la regulen". y los fallos clásicos del tribunal Constitucional que se refieren a la esencia de los derechos (sentencias TC Roles N° 43 de 24-2-1987. Concordamos con Rivera (2000) en cuanto a que al Estado le está vedado afectar el contenido esencial del derecho a desarrollar actividades económicas como impedir su libre ejercicio. dicha garantía está comprendida en el art. Por ello. pues genera que en concreto sea el Estado. inversión y la de fijar sus políticas comerciales. reconoce el "derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. Evans se trata de un constitucionalista. pues la libertad a desarrollar libremente actividades económicas lleva consigo. Constitución Política. Con ello. El artículo 19. debe tenerse presente el marco general de disposiciones constitucionales que conforman el orden público económico. Rivera (2000) también considera que el libre ejercicio de una actividad económica y la no discriminación en materia económica como limitación a la potestad tributaria33. y el de control de la constitucionalidad de la ley tributaria32. consideramos parte consustancial de toda actividad económica. planteamos desacuerdo a los fallos que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. quizás por el hecho de que precisamente en el caso del Sr. y que tampoco significaron aporte alguno a la dogmática nacional. II. y no aquellos. regulando. Garantías del orden público económico Radovic (1998. inciso primero. II. entre las que cabe considerar. Sin embargo. 89) tiene la gracia de explicitar ciertos elementos que los tributaristas abordan como necesarios pero sólo de manera tangencial. Especialmente este último tema nos debe llamar la atención. N° 200 de 14-11-1994).Para que la máxima suprema de la certeza no sea menoscabada. las establecidas en los artículos 19 N° 21 y N° 22 de la Constitución Política. el derecho a optar por utilidades. que no se ve en la generalidad de la doctrina de los tributaristas. el margen de utilidad del industrial o comerciante.XIV. "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". el verdadero propietario de la actividad económica. poniendo el acento en la libertad económica y en el principio de subsidiariedad del Estado. Radovic no profundiza en ello y sólo incluye dentro de las garantías contenidas en este principio. . de esta manera. es inconstitucional cuando el Estado establece un sistema impositivo por el cual se apropia de un porcentaje significativo e irrazonable del precio final de venta. sus precios y posibles márgenes de beneficio. existe el principio de la tutela jurisdiccional ya explicado.XIII. Como es sabido. garantizando el numeral 22 de la misma disposición. cual es considerar que dentro de los principios que en Chile deben ordenar la legislación de contenido tributario se encuentran los principios constitucionales del orden público económico. N° 21. y no da otros mayores que los ampliamente conocidos por la doctrina. los cuales se refieren a las discusiones de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. asumiendo el riesgo de ganancia o pérdida. 97). Garantía de la esencia del derecho Si bien es cierto esta garantía de garantías es asumida con vehemencia por prácticamente toda la doctrina tributarista. contratación.
desde el punto de vista de la tributación. en el que se convino elaborar un Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas y se establecieron principios para el logro de una solución mínima en el ámbito de la imposición del ahorro36. se han dictado normas sobre cooperación entre las Administraciones Tributarias en materia de asistencia mutua para el intercambio de información y recaudación tributaria. la libre circulación de servicios. al margen de las constituciones nacionales. La unión económica de la Comunidad se basa en el desarrollo de cuatro libertades fundamentales.I. el proceso se está perfeccionando con los esfuerzos de armonización de la fiscalidad interna34. lo que implicó la existencia de un Derecho Financiero Comunitario. La fiscalidad se entiende. la libre circulación de mercaderías. se intervino la estructura tributaria relacionada al comercio exterior. según algunos. Importante es destacar la Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos de los estados miembros de fecha 6 de enero de 1998. la libre circulación de personas. LAS GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA III. cuales son. impuestos sobre sueldos y salarios. Además de ello. o sólo el ejercicio de las mismas. atribuidas a las Comunidades. y la adecuación de los monopolios comerciales de carácter comercial y los monopolios fiscales a fin de excluir todo tipo de discriminaciones entre los ciudadanos de la Comunidad. los derechos de aduana y gravámenes agrícolas. se han dictado directivas sobre prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. mediante la prohibición para los Estados miembros de establecer tributos aduaneros y exacciones de efecto equivalente a los tributos aduaneros. relativas a los ajustes fiscales en frontera y la prohibición de subvenciones encubiertas a las exportaciones.). se adoptan por las Comunidades diversas otras medidas fiscales. que "no se trata de competencias al margen sino derivadas de la Constitución. Además. Es decir. gravamen a la producción del carbón y el acero. que elaboró un Paquete de Medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa o lesiva a los intereses de la Comunidad en la Unión Europea. según otros a las Comunidades. en este marco. El desarrollo y progresiva profundización de la Unión Europea ha significado un especial desafío al constitucionalismo de esa región del mundo. y a que hoy. directivas de armonización fiscal y reglamentos aduaneros en cuanto establecen deberes formales y normas de procedimiento. 839) sostiene respecto de las competencias de las Comunidades. constituyen principios ordenadores de la fiscalidad intracomunitaria. etc. La fiscalidad de los países miembros debe adecuarse a un sistema que no atente en contra de las señaladas libertades. Posteriormente en el tiempo. el cuadro se completa con la prohibición en materia de ayuda estatal y la prohibición de discriminación fiscal en razón de nacionalidad. Además. es decir tributos internos que buscan la protección indirecta de la producción local35: medidas contra la discriminación y obligación de imposición en el país de destino. y son . El doctor Casado (2002. y la libre circulación de capitales y de pagos.III. Ello se debe a que las Comunidades Europeas nacen precisamente como uniones aduaneras.. como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal. se financian sobre la base de una serie de ingresos de origen fiscal (la participación comunitaria en el IVA de los Estados y los recursos basados en el producto nacional bruto PNB. y mediante la eliminación de medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente a ellas. Todos estos. en la Comunidad se establece la prohibición de cualquier barrera fiscal. modificación del sistema de impuestos indirectos al consumo en la Unión Europea introduciéndose el sistema del IVA.Aspectos generales de fiscalidad en la Comunidad Europea La Comunidad Europea desarrolló su mercado común sobre la base de eliminar las barreras aduaneras entre los Estados miembros y crear un tributo aduanero común frente a terceros países. etc. Además de las anteriores medidas. debido a que los Estados miembros han ido cediendo soberanías. especialmente en el ámbito de fiscalidad37.
a través. se puede agregar que la armonización hoy trata de compaginar los objetivos de neutralidad fiscal y no discriminación con una acción marcadamente intervencionista orientada a garantizar el ejercicio efectivo de la libre movilidad de los factores de producción en el mercado interior y a la coordinación del empleo del tributo por los Estados miembros al servicio de sus respectivas políticas económicas nacionales y más tímidamente al manejo extrafiscal del impuesto en apoyo directamente de objetivos y políticas comunitarias. La existencia de recursos fiscales propios de la Comunidad evidencia que a la Comunidad Europea le han sido atribuidas determinadas competencias en esta materia pero sin que pueda hablarse de una competencia fiscal general de la comunidad. la exigencia de igualdad entre los ciudadanos comunitarios y la no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (sea en los impuestos o sea en las prácticas de la Administración Fiscal). expresa que históricamente. a la completa eliminación de las fronteras fiscales. capitales" (Casado 2002. aspira al buen funcionamiento de la unión aduanera. servicios. junto a principios y valores que las actuales constituciones normativas reconocen como límites al legislador. La armonización fiscal plasmada en la norma comunitaria. el proceso de integración en materia de fiscalidad dice relación con la destrucción de las barreras aduaneras entre los Estados miembros y la creación de un sistema común (que incluye diversos aspectos. Ello ha ido generando diversas exigencias a la fiscalidad. El tributo es concebido en el Tratado de la Comunidad Europea no como un mecanismo de financiación sino como un mecanismo que es preciso coordinar (vía armonización) y orientar en el interés del mercado común y al servicio de los intereses globales y sectoriales (extrafiscalidad) de la comunidad. esta vez. tales como la prohibición del establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. mercaderías. 857). los tratados imponen determinados límites. los tratados permiten a las Comunidades incidir en el ordenamiento tributario de los Estados miembros mediante actividades de armonización de las respectivas legislaciones". . El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. y al establecimiento de un mercado común en el que sea posible la libre circulación de personas. Esta corriente intenta definir qué incidencia tienen los derechos y principios constitucionales sobre la relación entre la Administración y el ciudadano contribuyente. advierte acerca del hecho de que las "figuras tributarias comunitarias" revelan la inadecuación de elaboraciones tributarias doctrinales sobre el instituto jurídico del tributo en el derecho interno. una tercera generación de Teorías de Derecho Financiero y Tributario postula la existencia de derechos públicos subjetivos independientes de la ley (y que actúan como limite a ésta). además del establecimiento de barreras comunes frente a terceros Estados). la prohibición del establecimiento de barreras paraarancelarias y de medidas de efecto equivalente. y articular dicha relación desde un punto de vista constitucional.de los siguientes tipos: potestad para establecer tributos propios. Derechos fundamentales del contribuyente Como se ha indicado. en un principio. El profesor de la Universidad de Cádiz don Adolfo Martín Jiménez (2001). Asimismo. de barreras fiscales. se intentó someter a Derecho a la Administración Tributaria sobre la base de categorías del Derecho Privado. en sus fallos hace un análisis no de la letra de la ley impugnada sino de los resultados económicos que se logran con la aplicación de ella. El problema de ambos caminos es que se lograba someter a Derecho a la Administración (Administración Financiera) y no al legislador. aparece como necesaria una armonización legislativa y uniformación de las prácticas administrativas a fin de evitar que se produzcan distorsiones en el libre tráfico y competencia. prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros. Junto a ello. Con el mayor desarrollo del Derecho Público durante el siglo XX. En tal sentido. el cual para efectos de lograr que se concreten los principios señalados. se intentó usar las categorías conceptuales de dicha rama jurídica. Para salvar dicho escollo.
se ha generado importante jurisprudencia con ocasión de la solución de diversos contenciosos relevantes para la fiscalidad. presentando una inserción en ellos. 825): a) Primacía sobre el Derecho Nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. y Casado 2001. Ello se produce. b) Eficacia directa de algunas de sus disposiciones. en Europa se ha extendido decididamente los criterios garantísticos de los derechos fundamentales hacia el contribuyente. que en nuestras latitudes aún parece ser. Cabe señalar que el Derecho Comunitario goza de las siguientes características (de acuerdo a Martín. Por otro lado. debido a que si bien las decisiones de los órganos de las Comunidades afectan a todos los ciudadanos de los Estados miembros. contenciosos por prohibición de establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. a través de mecanismos como la consulta como cuestión prejudicial que realizan los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros frente a una duda respecto de la incompatibilidad del Derecho Nacional y el Derecho Comunitario. contenciosos por violación del principio de proporcionalidad. c) Autonomía respecto de los Derechos nacionales de los Estados miembros. contenciosos por prohibición de establecimiento de barreras para-arancelarias y de medidas de efecto equivalente. En su seno. "el principio de legalidad . 832) porque las competencias de la Comunidad no están delimitadas por materias sino por fines. en muchas ocasiones. pero a su vez. se ha ido reconstruyendo la relación entre el ciudadano-contribuyente y el Estado (superando el antiguo nexo súbdito monarca. invocado y recogido en las normas legales y de la administración). debemos señalar que a diferencia de nuestro medio. contenciosos por infracción a la seguridad jurídica y confianza legítima. acciones y objetivos. tales como los contenciosos de no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (en lo referente a impuestos o a prácticas de la administración). Se ha señalado como un problema en su generación normativa el déficit democrático que las Comunidades presentan. a disminuir dicho déficit). ellos no participan directamente de la elección de dichos órganos (sólo el Parlamento Europeo ha venido. siguiendo el modelo de interpretación conforme la Constitución (Casado 2001. "un proceso de redefinición y ampliación con el ejercicio en la práctica de los poderes atribuidos en el tratado". como explica el profesor Casado (2001. Aquí precisamente se produce una contradicción con los principios tradicionales sobre los que se ha construido la fiscalidad. al decir de S. tanto en cuanto a la aplicación de las normas como a la "interpretación del Derecho interno conforme al Derecho Europeo". en parte. contenciosos de la devolución de ingresos fiscales indebidos por infracción del Derecho Comunitario. 115. Como lo ha afirmado el TJCE. contenciosos por responsabilidad extracontractual del Estado por violación del Derecho Comunitario. Muñoz Machado. Sobre esta base y el mayor desarrollo del constitucionalismo. lo que contribuye a que las competencias comunitarias experimenten. Ninguna norma interna puede obstaculizar su aplicación. 834) . Y este Derecho Supranacional que compone la normativa comunitaria (Derecho Originario de los tratados entre los Estados miembros y Derecho Derivado de los organismos comunitarios). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido papel principal en la construcción y respeto del acervo comunitario. etc.En tal sentido. con el tiempo los órganos de las Comunidades han ido expandiendo sus competencias a ámbitos o áreas no comprendidas en principio por el Derecho Originario o Fundacional. es precisamente cautelado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE).
surgió la duda respecto del cuidado o protección de los derechos fundamentales (consagrados en las Cartas Fundamentales) tan trabajosamente logrados después de siglos de evolución constitucional. Lo anterior. Sin embargo. Como señala Martín (125). ha actuado movido por dos criterios: la mayor progresividad (se buscan las formulaciones más juiciosas o mejor fundadas) y la funcionalidad (hay que tener en cuenta las peculiaridades del ordenamiento comunitario en el que el concreto derecho va a ser integrado). señala Martín (112). "también en el Derecho Comunitario existen garantías. 112). Explica el profesor Martín. g) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. los derechos fundamentales han de ser respetados en el marco de las instituciones de la Unión Europea tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y tal y como se resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho Comunitario que corresponde garantizar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La actuación de diversos Tribunales Constitucionales de los Estados miembros. constituido esencialmente por los derechos fundamentales. este es autónomo frente a los Derechos Nacionales de los Estados miembros. como este mismo lo ha entendido. aconstitucional (Martín. por parte de los organismos supranacionales. Este Tribunal ha reconocido que la protección de los derechos fundamentales es un principio esencial del ordenamiento jurídico comunitario (Martín 131). y dentro de los Estados miembros. presenta una independencia de los conceptos tributarios nacionales. e) Existencia de un órgano supranacional que monopoliza el control de legalidad de las normas comunitarias y la interpretación del Derecho Comunitario. al margen de las constituciones nacionales. 122) d) Responsabilidad de los Estados miembros por su incumplimiento. está llamado a decidir en materia de distribución de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad.presupuestaria no puede alegarse como justificación al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario. que "la metodología usada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para proteger los derechos. derechos y principios que limitan no sólo al legislador y el ejecutivo comunitarios sino también al legislador de los Estados miembros y sus Administraciones. no obstante que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no constituye actualmente normativa vinculante. especialmente de los de Alemania e Italia. al desarrollarse un Derecho Financiero Comunitario. la confrontación entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y los Tribunales Constitucionales nacionales como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales es de dominio público. En la jurisprudencia de los distintos Tribunales Constitucionales "existe un núcleo duro. que fallaron a favor de sus nacionales aún contra Derecho Comunitario sobre la base de la protección y reconocimiento de derechos que sus propias Cartas Fundamentales nacionales contenían. el TJCE es el máximo órgano en materia de garantía de derechos y principios fundamentales en la Comunidad. Ambos criterios motivan que la configuración de un derecho comunitario fundamental no tenga necesariamente que coincidir con la que se da a ese mismo derecho en el ámbito estrictamente nacional . sobre el que el Derecho Comunitario no puede imponerse" (Martín 130). ni los principios generales del Derecho Tributario de un Estado miembro pueden servir para defender la legislación nacional que vulnera el Derecho Comunitario" (Martín. f) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. presionaron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que considere los derechos fundamentales como límite al Derecho Comunitario38. Como se dijo.
precisamente. . Varios son los principios inspiradores del Derecho Europeo reflejados en la jurisprudencia comunitaria del TJCE. siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Derecho Comunitario. Estos derechos y principios fundamentales comunitarios tienen la misma fuerza y efectos que los consagrados en las Constituciones financieras nacionales son límites al poder del legislador y. la no discriminación en razón de nacionalidad. al interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos (aunque siempre se prestará especial atención a la jurisprudencia de este último)". Explican Villar y Herrera39 (1999. Dichos principios se explican como sigue: A. que supone que los medios elegidos no sean inútiles para alcanzar el fin al que sirve la norma o el ejercicio de la potestad. cuales son: la idoneidad. 9) que.. por la aplicación de los principios generales por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. un principio especifico de los contribuyentes. el de claridad en la determinación de los derechos y deberes. De ahí que la doctrina haya construido un sistema tentativo de derechos del contribuyente en el ámbito de la Unión Europea. ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. criterios de interpretación de la legislación comunitaria o nacional con la única diferencia de que su ámbito de aplicación excede el territorio de una nación y se imponen en toda la comunidad actuando a modo de Constitución financiera europea que despliega sus efectos con independencia de que el estándar de protección del contribuyente en la Constitución financiera nacional sea menos garantista que el comunitario". tales como el de proporcionalidad. En tal sentido. lo cual tenderá a homogeneizar los ordenamientos jurídicos involucrados. la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. sino las actuaciones desarrolladas por el legislador o el ejecutivo nacional en materia tributaria. el de confianza legítima. la doctrina ha señalado que se deben proteger los derechos fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales estatales y comunitarios. En tal sentido. además de las normas internas de diversa jerarquía de los Estados40.Proporcionalidad. a la vez. es otro órgano que tiene por función la protección de los derechos fundamentales. cual es el de equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos.por los Tribunales Constitucionales. "desde el Derecho Comunitario. Se ha articulado sobre la base de tres elementos íntimamente unidos. establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La idoneidad. se produce una influencia mutua entre los principios y derechos fundamentales comunitarios y las normas tributarias nacionales. Martín (159) señala que "en el Derecho Comunitario existe un catálogo de derechos y principios fundamentales que condicionan no sólo la intervención del legislador comunitario al elaborar las normas tributarias. en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos. y entre ellos están también los de los ciudadanos en cuanto contribuyentes. las normas aplicables a los contribuyentes deben ser idóneas para hacer posible el ejercicio de los derechos del contribuyente. Además. se ha configurado el derecho a no declarar contra sí mismo. por otra parte. se está creando una disciplina para el comportamiento de los órganos administrativos y se está produciendo de facto un acercamiento en el actuar de las Administraciones tributarias de los Estados miembros". En este cuadro. y las aplicaciones de ellas por los Tribunales Constitucionales nacionales y el TCJE. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa (con sede en Estrasburgo).
La proporcionalidad en sentido estricto. C. B.La necesidad. Ellas tienen su fundamento en un escaso estudio acerca de la materia. el principio de confianza legítima se determina en las situaciones individuales. El principio de efectividad exige que el sistema interno no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. F. que supone moderar los beneficios derivados de la medida. cuando lo "indebido" tiene por causa una infracción al derecho Comunitario El principio de equivalencia supone que la regulación interna no debe ser más desfavorable que la referente a los recursos de naturaleza interna. excepto cuando un interés público superior así lo exija. que implica la obligación de intervenir de la forma más moderada o menos gravosa posible (susceptible de alcanzar la finalidad perseguida con la misma eficacia) sobre el patrimonio jurídico del ciudadano. La jurisprudencia del TJCE ha entendido que mientras el principio de seguridad jurídica tiene un contenido objetivo al hacer referencia a un ordenamiento jurídico merecedor de confianza y estable.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. incluyendo las que se producen a través de deberes formales. D. cuando se trata de una infracción al Derecho Comunitario. E.. ha declarado aplicable al ámbito de las infracciones y sanciones administrativas (incluidas las tributarias)..No discriminación (directa o indirecta) en razón de nacionalidad (sea respecto de personas o productos). APORTES DEL CONSTITUCIONALISMO A LA DOCTRINA TRIBUTARISTA NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CONTRIBUYENTES IV.Equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos. las normas de Derecho de los Estado miembros sean formuladas de manera inequívoca para permitir que las personas interesadas conozcan sus derechos y obligaciones en forma clara y precisa y que los órganos jurisdiccionales nacionales aseguren su respeto. En virtud de este principio los particulares podrán acudir al juez nacional para que se declare inaplicable y se dejen sin efecto las normas confusas o de difícil interpretación. y en particular.Confianza legítima.. y prácticas de la Administración.. lo que impide a la Administración utilizar (para efectos penales) los datos obtenidos bajo coacción en el seno de un procedimiento inspector para sancionar a quien los haya suministrado. La autoridad administrativa infunde a los particulares confianza en la estabilidad de sus decisiones y no puede súbitamente adoptar una medida que contraríe tal confianza. sobre sus derechos fundamentales. que implica que los principios de seguridad jurídica y de protección a los particulares exigen que en los ámbitos abarcados por el Derecho Comunitario. por su parte. pero también a . IV.. y el sacrificio que implica para los derechos de los ciudadanos. Sería una concreción de la seguridad jurídica (certeza jurídica derivada de la actuación de la otra parte) y del principio de buena fe (cuando su ámbito se restringe a una determinada relación jurídica).Claridad en la determinación de los derechos y deberes. Es un principio específico del estatuto del contribuyente cuya aplicación por el TJCE ha sido especialmente intensa para garantizar la obtención de ingresos practicados indebidamente. reglamentos. Introducción Percibimos que la doctrina tributarista nacional actual relativa a las garantías del contribuyente presenta grandes falencias.I. el derecho a no declarar contra sí mismo.
a simple vista. en el tratamiento de los derechos del constituyente. unión aduanera o integración). tal como las últimas décadas lo han estado haciendo el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional (además como nosotros vemos en nuestro medio que lo han hecho recientemente el Derecho Penal y Procesal). Entendemos que este es el primer aspecto importante que debería considerar la doctrina tributarista nacional cuando trata el Derecho Constitucional Tributario. su tratamiento es sumamente somero y meramente expositivo de aquellas escasas normas de directa connotación económica o procesal que inciden en materia tributaria. los Decretos Leyes. cual es la falta de innovación en materias fundamentales y el apego a estructuras de mediados del siglo pasado. Después de este punto. es que estimamos que lo primero que se debe reconstruir es precisamente el sistema de fuentes del Derecho usado por el Derecho Tributario. reconstruyendo la categoría dogmática de la potestad tributaria y sus limitaciones conforme a la naturaleza.y tratados de libre comercio. De lo anterior. Las fuentes del Derecho Tributario La doctrina tributarista nacional tiene un tratamiento respecto de las fuentes semejante a la línea general con que aborda los temas. Con ello ya haremos mucho. Sin embargo. Ugalde (1993). siendo algunas de ellas a lo menos de dudosa constitucionalidad y otras de abierta inconstitucionalidad (como. como fuente del Derecho Tributario. En consecuencia. La carencia. la ley.un atraso en la recepción de modernas doctrinas constitucionalistas. porque comenzaremos a reestructurar las categorías básicas usadas en esa rama del Derecho. pero sí constituye la base de aquel. IV. Para la doctrina nacional. las fuentes supremas o supraconstitucionales (Nogueira 1997. los Decretos con Fuerza de Ley. viene la difícil tarea de recomprender el Estado desde el punto de vista del Derecho Tributario. es inconcebible. 17)41 como fuente directa del Derecho Tributario. los Reglamentos. podremos dar un segundo paso cual es la necesaria reconstrucción conceptual señalada. los tratados internacionales en materia de tributación (especialmente los referidos a evitar la doble tributación los más citados . por cuanto con el enfoque crítico de lo existente y sobre la base de los elementos recogidos. las fuentes del Derecho Tributario. Ello es inconcebible frente al texto constitucional y frente a la doctrina comparada42. Otro avance significativo estaría constituido por la revisión del enfoque interpretativo de las normas de incidencia tributaria. precisamente porque está referido a las normas y principios constitucionales que inciden en el Derecho Tributario. es el caso de los DFL). Decretos e Instrucciones. Obviamente no es esto último el sentido de este informe. funciones y fines del Estado. Hemos señalado que la doctrina en general no plantea dudas de este sistema de fuentes. la jurisprudencia de los Tribunales y del Servicio de Impuestos Internos y la doctrina de los autores. y si tiene una intención . y más específicamente.II. son la Constitución Política. considera los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes. Estimamos que sólo a partir de este punto podremos llegar a reconstruir las categorías que la doctrina tributarista a desarrollado de la estructura garantística del contribuyente. se deduce precisamente que debiera abordarlo con los criterios del Derecho Constitucional. la doctrina tributarista nacional no considera salvo dicha excepción. por ejemplo. Sólo un autor encontrado. De lo anterior.
94). En efecto. sin embargo no lo está haciendo en toda su extensión y profundidad. De lo anterior que el Doctor Nogueira (1997. configuran el sentido y alcance de los derechos constitucionales. los derechos de los contribuyentes). sea que estén contenidos en la Constitución Política o sea que estén contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes (y. constituye un límite al ejercicio de la soberanía). lo que debiera significar un mayor respeto de Tribunales de Justicia y de la Administración del Estado a los derechos de los contribuyentes. pese a los problemas de ejercicio práctico que ha tenido. principios y valores materialmente constitucionales" (Nogueira 1997. Sin embargo ello no es así.garantística (como debiera ser). y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes son parte de la Constitución. en lo pertinente. desde la perspectiva de aquellas doctrinas de los constitucionalistas que lideran dicha corriente. fuera de los demás efectos que puede traer el hecho de que Chile sea reconocido como un país donde no se respetan los derechos humanos de una forma plena (y. 86). y lo mismo todo el bloque constitucional. o un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. que vincula de manera inmediata y tiene eficacia directa. lleva al establecimiento de la doctrina del bloque de constitucionalidad (que es un parámetro de control de la constitucionalidad). Ello significa que nuestro país puede ser objeto de responsabilidad internacional por incumplimiento a sus compromisos internacionales. la generalidad de los tributaristas nacionales (entendiendo por tales a los juristas o autores que se dedican a cultivar la ciencia del Derecho Tributario) abordan esta materia de manera sumamente tradicional y superficial y a un nivel propio de cursos propedéuticos de Derecho. pudiendo invocarse formalmente a través de un recurso de amparo. nacionales o internacionales. cabe recordar que los mecanismos de control de la constitucionalidad no son tan sólo los que la doctrina tributarista nacional ha detectado. Nos recuerda el profesor Nogueira que por lo anterior los jueces y los llamados a aplicar el Derecho "deben tomar la norma constitucional como premisa de su decisión". Respecto de la Constitución Política. en materia de derechos esenciales o derechos humanos. ha provocado una conciencia respecto de la aplicabilidad directa e inmediata de la Constitución. la existencia de normas que estando fuera de la Constitución Política son de carácter constitucional. En efecto. entre otros". podemos ver una Justicia Constitucional Nacional. Lo grave de lo anterior es que Chile ha suscrito instrumentos internacionales sobre derechos humanos. existen otros. además. tampoco se menciona de manera explícita y unánime que ella es una fuente directa de derechos. sino la contenida en todo el bloque de constitucionalidad. la Corte Suprema de Justicia y la . con independencia de la localización normativa de sus enunciados. Al respecto debemos considerar también el principio de autoejecutabilidad de los tratados sobre derechos humanos (Nogueira 1997. que puede definirse como "el conjunto normativo que contiene disposiciones. 87) señale con gran precisión que "los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Pero de lo que no ha existido conciencia es que la norma directamente aplicable no es sólo la Constitución. son para el Derecho chileno un conjunto homogéneo y unitario de derechos que deben ser respetados por todos los órganos del Estado y cautelados por todos los órganos jurisdiccionales competentes. Al respecto. y se ha obligado a respetarlos frente a la comunidad internacional y. La consideración de lo señalado. conformado por el Tribunal Constitucional. En efecto. De acuerdo a esta perspectiva. fuera del hecho de que en general no han integrado elementos de la moderna dogmática. uno de protección. Tan sólo el recurso de protección. los derechos esenciales. y que la interpretación de las normas tributarias debe realizarse conforme con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. es más urgente habida cuenta de la existencia de la supremacía constitucional y de la vinculación directa (conforme al artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política) a todos los órganos del Estado (y a todos los habitantes de la República) a los derechos fundamentales o derechos humanos.
IV. el Sistema Regional establecido en virtud del Pacto de Costa Rica y el Sistema Internacional dependiente de las Naciones Unidas. d) También implica la sujeción a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de su aplicación. lógico. "que se creen o modifiquen obligaciones a través de la interpretación analógica") y cuantía de la obligación y la prevalencia de la sustancia sobre las formas (a fin de interpretar la ley atendiendo a su finalidad principalmente económica). y. es que en esta materia la literatura consultada no contiene en general un tratamiento que integre elementos novedosos acerca de la materia. no se ha integrado prácticamente ningún concepto de la moderna doctrina constitucional. constituye una instancia de protección subsidiaria de los derechos fundamentales que opera frente a la ineficacia de la jurisdicción nacional de proteger efectivamente los derechos de las personas (luego de los Tribunales Constitucional y los Tribunales nacionales integrantes del Poder Judicial). La justicia constitucional internacional. de incidir las normas tributarias. directamente en derechos fundamentales. No obstante. incluyendo sus criterios de interpretación. El profesor Aste (2002. válidas conforme a la Constitución Política. en Chile. nunca pueden significar un obstáculo para la aplicación de dichos tratados internacionales. Sólo pueden dejar de aplicarse en los casos que lo permitan las normas especiales de Derecho Internacional. Al respecto. que es aquella constituida en el ámbito internacional o supranacional para la protección de los derechos humanos que forman parte del Sistema al cual está integrado. como hemos visto. pero también una Justicia Constitucional Internacional. . según dice este autor. el juez tributario en primera instancia y la Corte de Apelaciones en Segunda instancia y finalmente el legislador en normas interpretativas.Contraloría General de la República. cabe hacer las siguientes consideraciones: a) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados y vigentes siempre se aplican de acuerdo a los principios de ius cogens Pacta Sunt Servanda y Bonna Fide. c) La sujeción del Estado suscriptor a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos implica la sujeción al derecho derivado de ellos. Continuando con su enfoque conservador. e) El tema de los derechos humanos es una cuestión de jurisdicción compartida o concurrente entre la interna de cada Estado y la Internacional. En nuestro caso. son el Director de Impuestos Internos. La interpretación de las normas tributarias Un primer elemento que podemos destacar. histórico y sistemático). doctrina tributarista nacional hace únicamente referencia a la interpretación de la ley tributaria. a partir de los elementos clásicos (gramatical.III. La doctrina tributarista nacional hace la tradicional distinción entre interpretación doctrinal e interpretación por vía de autoridad. y jamás podrán dejar de aplicarse justificándose en una imposibilidad jurídica interna u obstáculo interno de cualquier clase. Se señala que la interpretación por vía de autoridad puede ser legal o auténtica y administrativa y judicial. Los entes más importantes en esta labor de interpretación de ley tributaria. 54) agrega algunas reglas adicionalmente: la reserva legal en cuanto a la existencia (a fin de impedir. b) Las normas jurídicas nacionales. Ello porque la Constitución Política no es condición de validez de dichos Tratados sino de su aplicabilidad. pues el Estado se haría objeto de responsabilidad internacional.
Si se aplicaran dichos criterios. La fórmula política en la interpretación constitucional43 Pablo Lucas Verdú sostiene que "en el ámbito de la legislación constitucional existe siempre un interés político. el funcionamiento de sus órganos y los principios de la convivencia política". que es de raigambre iusprivatista (Zúñiga 1992. Por ejemplo. Ello. Sin embargo. La interpretación en materia tributaria. además. al bloque de constitucionalidad. el cual es una superación de nuestra formal manera de entender en principio de debido proceso. en los Estados de Europa y en la Unión Europea. es que las normas tributarias deben interpretarse conforme a la Constitución. 288). a una ideología política. Hay apoyo en texto constitucional. Ello es así en nuestro sistema constitucional. Y. IV. 212). cabe hacer presente que la doctrina ha agregado en materia tributaria un quinto elemento.I.Ahora bien. Toda norma constitucional hace referencia en distinto grado. su intención o espíritu. se imponen modalidades particulares diversas a la hermenéutica general. el de las consideraciones económicas que implica su interpretación (otros la llaman interpretación económica). o bien. La mayor parte de recursos de protección (nuestro contencioso constitucional por excelencia) se declara inadmisible por cuestiones formales. debemos entonces abordar la interpretación constitucional. es decir. En tal sentido. la estructura del Estado. tomando como criterio de interpretación los derechos fundamentales de la persona humana. Esta naturaleza especial de la hermenéutica y de la interpretación constitucional deriva de la definición misma de su objeto. se afirma. y ello debe considerarse como un parámetro de protección por el principio de progresividad y expansibilidad de los derechos fundamentales y de "integralidad maximizadora del sistema". a criterios de organización y estructura social"44. es atentatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. conforme a una fórmula política. tal como se da en el Estado contemporáneo. conforme al bloque de constitucionalidad. La doctrina está contestes en sostener que la sistemática de la hermenéutica general es aplicable en el ámbito del Derecho Constitucional. Y mucho más podríamos decir de la actividad normativa y de las prácticas de la Administración Tributaria. el antiformalismo se estima como un criterio universalmente reconocido cuando nos enfrentamos al contencioso constitucional de protección de los derechos fundamentales.en la especialidad como ente recaudador de impuestos. y el criterio de la concordancia práctica de optimización de los bienes constitucionalmente protegidos. probablemente muchas normas incluso de rango legal no pasarían el examen de constitucionalidad. también cabe el uso de los criterios de interpretación in dubio pro libertatis y favor libertatis (Canosa 1988. mucha tela se puede cortar en materia de prácticas judiciales. Pero lo que no se ha señalado por doctrina tributarista nacional. que tengan por finalidad poner un acento en el aspecto financiero del derecho tributario o -si se trata de la Administración Tributaria. ya que la norma jurídica constitucional es "un mandato de carácter fundamental que regula. .III. y dada la naturaleza especial de su objeto. Interpretación constitucional Si la interpretación de las normas tributarias nos remiten a la Constitución. Asimismo. No obstante ello. ya que las normas constitucionales (del Derecho Constitucional formal o material) mienten contenidos que se refieren al problema básico de organización de la convivencia política de un pueblo. estas consideraciones económicas deben emplearse dentro de los métodos comunes de interpretación y como una forma de comprender mejor el sentido de la ley tributaria. debe realizarse en conformidad a métodos especiales.
fijados por el constituyente cuyo cumplimiento se encomienda al legislador del futuro. como dice García (1992). Conviene advertir que en constitucionalismo moderno anda con cuidado por estos caminos. tienen una cualidad que les permite adaptarse. acomodándose a las situaciones presentes. y constituyen su techo ideológico o telos). flexible. elástica. Se pueden encontrara además las normas programáticas. progresiva y evolutiva. sin violación de sus normas. afirmaciones políticas (que dan cuenta de las ideologías o valores socialmente dominantes cristalizados en la Carta Fundamental. esta interpretación intenta extraer el fundamento último de las normas. a los cambios sociales. no goza de autosuficiencia. Las normas programáticas ponen de manifiesto la dinamicidad de la Constitución con relación a la estructura social y realidad política. La fórmula política debe estar presente en la tarea de interpretación constitucional y adquiere toda su vitalidad en las particulares interpretaciones de los principios constitucionales. La fórmula política no se explicita exclusivamente en ideologías. La concreción de esta fórmula política en las sociedades contemporáneas es la democracia pluralista occidental y el Estado Social de Derecho (Zúñiga. examina los debates parlamentarios. esto es. fija el significado exacto de las palabras. jurídicamente organizada en una estructura social". y en gran medida en ello reside la legitimidad del texto constitucional. Así lo ha entendido también nuestro Tribunal Constitucional (en fallo del año 1985) cuando consideró elementos sociales. y no sólo jurídicos . que son las expresiones de ciertos objetivos políticos o valores superiores. en general difícilmente reformable. sino que es necesario considerar la organización política y la estructura social. Para Canosa. Entre ellas se encuentran las normas inmediatamente aplicables. En su contenido la Constitución define una fórmula política que es la expresión ideológica. también. debido a que ello puede petrificar la Constitución sobre la base de la presunta imposición valórica sin considerar una interpretación dinámica. El magistrado español Rubio Llorente (citado en Canosa. políticos. las que compete determinar al legislador coyuntural. importantes para su aplicación y sus efectos jurídicos. que abarque todo el Derecho Constitucional. no es un documento hermético y perfecto. La interpretación finalista también entronca con la interpretación en torno a los valores y principios constitucionales. específicamente cuando cristaliza en un Estado Social de Derecho. El Derecho Constitucional tiene un contenido ideológico explícito y su interpretación debe considerar la realidad social y la política espacio-temporal del Estado. y realiza las operaciones necesarias para establecer el sentido de la norma constitucional como parte componente de un ordenamiento que apunta a una finalidad concreta". las cuales. 104) señala que el fin o espíritu de la norma constitucional española radica en su apertura a diferentes interpretaciones. las definiciones constitucionales. La interpretación finalista o teleológica Pablos Lucas Verdú (citado por García). y teológica. señala que no hay interpretación histórica de las normas constitucionales.La Constitución se define como el "conjunto normativo-institucional básico. La Constitución. Zúñiga señala que es un componente central en la hermenéutica e interpretación constitucional definir y establecer las diversas categorías de normas fundamentales. ambas. sino una sola interpretación constitucional que analiza los precedentes históricos. De lo que se trata precisamente de que regule la convivencia social y política en todo instante. otra gramatical y otra lógico-sistemática. regulador de la organización y ejercicio del poder del Estado y garantizador de los derechos y libertades de los individuos y sus grupos. constituye el vértice del ordenamiento jurídico. no presentan mayores problemas en su interpretación y aplicación. 289). Existen en la Constitución. Las normas de la Constitución tienen un carácter esencialmente dinámico. que de cuenta de los reales sentimientos del titular del poder constituyente en un momento presente.
emergentes de la realidad fáctica. que. Entre los muchos argumentos que se han esgrimido contra dicho recurso interpretativo. constituye una posibilidad de interpretación teleológica y conforme a valores y principios absolutamente incuestionable. nos da García (1992). y por estar de acuerdo a nuestro texto constitucional. por ejemplo.Asimismo. El elemento histórico en parte de nuestra doctrina constitucionalista Todo esto entronca. recurriendo a cierto tipo de interpretaciones basadas en la reconstrucción histórica. precisamente. su respeto y garantía. por lo cual debe usarse normas de hermenéutica para . ya hemos visto que la interpretación constitucional debe considerar la fórmula política. por estar conforme al concepto mismo de Constitución. Esta crítica intenta dar cuenta del debate que se presenta en la exposición de dos teorías contrapuestas (Zúñiga. con el hecho de que los comisionados fueron seleccionados por las autoridades del gobierno de facto de la época y que representan solamente los valores e ideologías de un sector minoritario de la nación de acuerdo a como la historia se ha encargado de demostrar. desde dicho punto de vista. Se ha afirmado que la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución no forma parte del Constituyente. Menos aún puede considerarse ello en el estado actual del desarrollo del constitucionalismo. Se ha afirmado que lo predica el constitucionalismo respecto del elemento histórico en la interpretación excluye la consideración de este tipo de instancias. tales como el recurso a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC). Se ha dicho que lo esencial es la falta de legitimidad democrática que tuvo en su origen la Constitución chilena (superado con la legitimación plebiscitaria del año 1989). Además se señala por la doctrina que el elemento histórico busca precisamente la reconstrucción histórica de la opinión o voluntad del constituyente originario. en el caso chileno. Pero la interpretación atendiendo a valores y principios de la Constitución podrá ser criticable. a lo menos de acuerdo como ha sido utilizado en nuestra doctrina. 2001). por adoptar lo esencial del constitucionalismo actual. afirma que la interpretación de la Constitución requiere a menudo ir a datos y valoraciones extraconstitucionales. el principio de dignidad esencial y la limitación del poder público. que citando al jurista argentino Pedro Sagüés. asesora de los órganos que detentaban el poder constituyente. con el análisis necesario que debe hacerse a ciertas interpretaciones basadas en reconstrucciones históricas muy criticadas. sin embargo. de la conciencia colectiva y de requerimientos contemporáneos del bien común. Estimo. Se señala que el atrincheramiento en las opiniones de los miembros del CENC manifiesta la pretensión de algunas personas de petrificar el contenido valórico y la interpretación de los principios plasmados en la Constitución. en el caso de que por esa vía se pretenda cristalizar constitucionalmente una (o unas) determinada ideología excluyendo otras presentes en la sociedad (o emergentes en ella). podemos señalar los siguientes. y contienen un sistema material de valores cerrado. por lo que cuando en ella se emite una opinión no puede señalarse que representa al constituyente o que conforma la opinión del constituyente ("las actas no fueron objeto del plebiscito que aprobó la actual Constitución"). estimar a los derechos humanos. Para una postura o teoría. en que se consideran cerrados los debates sobre la base de lo que los comisionados dijeron. Otros elementos en tal orden. que era sólo una Comisión de Estudios. las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstractos valores a los cuales se accede a través de un análisis objetivo de las mismas.
la voluntad constituyente transcrita en ella. en un ejercicio casi escolástico45. una de las causas que explican la pobreza notable de la moderna doctrina constitucional pues ha producido un efecto esterilizante. que obedeció a principios que el constituyente originario nunca tuvo en consideración46 (y que los comisionados de la CENC tampoco debatieron al respecto) y que precisamente con ella se recoge una serie de principios de Derecho Comparado en materia de derechos fundamentales totalmente novedosos en nuestro medio. IV. cada vez más. Creo entender. y por ende. Coincido. no se petrifican y se usan elásticamente. formalista y literalista. las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstracto un sistema material de valores abierto a los cuales se accede a través de un análisis crítico. pero en cuanto ellas expresen opiniones interpretativas plausibles y convincentes.II. quien señala que "interpretar es actualizar la Constitución. y que ha sido ampliamente superado por la moderna doctrina de interpretación constitucional comparada. que es precisamente donde nuestro trabajo se centra. con el profesor Canosa. 101) expresa que el originalismo subjetiviza sin remedio la interpretación y destruye cualquier aplicación seria del elemento sistemático. es fundamental considerar la Reforma Constitucional de 1989. y que la doctrina y jurisprudencia del amplio campo del Derecho Económico y Tributario nacionales apenas ha tomado en consideración. . Por otro lado. Se expresa que debe tenerse presente que la CENC da cuenta del estado de la cuestión (cualquiera ésta sea) hacia mediados de la década del 70. Asimismo. es decir. podemos volver sobre la interpretación constitucional de las garantías del contribuyente. por ello sería contradictorio buscar las soluciones a nuestros problemas normativos en el tiempo pasado. El ejercicio crítico es más propio de un sistema democrático representativo. en materia de dogmática constitucional.III. permitiendo que se den diferentes lecturas a la Constitución Política de acuerdo a quien esté ejerciendo el poder político en un sistema democrático de partidos. es retrógrado. al decir del doctor Fernando Atria (1997). Las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del contribuyente Señalado lo anterior. y en este caso. Atria expresa que las Actas de la CENC no deben ser olvidadas. y de un punto de vista más jurídico (que hemos visto es sólo uno más dentro de los que deben considerarse en la interpretación constitucional). asumiendo una actitud de extrema reverencia hacia la doctrina emanada de tal órgano. La constante cita y reverencia a la CENC es. los valores son algo contingente. De ahí que los comisionados. Esta crítica es determinante en lo que entendemos por Constitución Económica. Se ha dicho además que este recurso usado por gran parte de nuestra doctrina constitucional (generalmente no haciendo reparos críticos alguno al método). se señala que este tipo de interpretación constitucional de carácter originalista. El doctor Canosa (1998. que es preponderante. no previeron ni pudieron prever todas las actuales circunstancias producto de las tres décadas de cambios muy acelerados por lo cual sus opiniones se muestran como piezas de museo. en lo personal. ideas y hechos que les dieron lugar quedan.descubrir esos valores. ancladas en un tiempo pretérito" (1988. ofreciéndose en su reemplazo largas y tediosas citas textuales de las opiniones de los comisionados. la determinación del contenido de esos valores se produce a través de un intercambio de ideas entre los actores políticos de la sociedad. La constitución y la voluntad se objetivizan mientras que las opiniones. gira sobre la base exclusiva de las disquisiciones llevadas a cabo al interior de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. que dichas opiniones deben concurrir en competencia con las demás opiniones de la doctrina constitucional. por lo cual responde a un estadio del desarrollo socioeconómico y político muy distinto del que actualmente el país vive. la posibilidad de reconstruir racionalmente el contenido del Capítulo Tercero es abandonado. 103). Señala que al concedérsele fuerza de Constitución. Para la otra Teoría.
al referirse a las garantías de interpretación. Ello en virtud de la fuerza expansiva de los derechos (Nogueira 1997. constituyendo un status jurídico que se objetiviza operando como elemento del ordenamiento jurídico. en el campo de los derechos (ejercicio de libertades y derechos) frente a las regulaciones de la autoridad (ejercicio de potestades) las normas garantizadoras de derechos deben interpretarse en sentido amplio. 99). . etc. 141). Todas las normas del ordenamiento jurídico (que incluyen por cierto las integrantes del Derecho Tributario) deben interpretarse conforme a la Constitución Política y al Derecho Humanitario. deben interpretarse conforme al bloque de constitucionalidad (la Constitución Política. Lo grave es que no se manejan en la materia categorías de universal aceptación en el constitucionalismo comparado actual. conforme a la teoría de los derechos implícitos48. Por ejemplo. al igual que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes (en virtud del principio de autoejecutabilidad). finalista. desde las contenidas en la Constitución Política hasta la última instrucción de la Administración. dinámica. los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. dentro de los autores estudiados tan sólo Evans (1997) hace referencia a una interpretación sistemática de normas constitucionales de carácter tributario. pues los derechos humanos constituyen el parámetro principal de interpretación de todas las normas que lo componen. que las normas constitucionales deben tener una interpretación sistemática. como límite para los efectos de su protección (perspectiva negativa) y como principio ordenador del orden estatal y social. armónica47. por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma garantice el derecho no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional de los derechos humanos integrada al Derecho interno (Nogueira 1997. 194). las define como aquellos mecanismos destinados a garantizar que la interpretación de los derechos se haga para favorecer su ejercicio y disfrute. por conformar precisamente el bloque de constitucionalidad de que hemos hablado.). además. que en materia de interpretación judicial existen varias posiciones. y que conforme al principio de progresividad lleva a aplicar siempre la disposición más favorable a los derechos de las personas. Se explicita. En tal perspectiva. es conveniente traer a colación las observaciones del profesor Nogueira (1997. que debe buscarse su efecto útil. que los derechos esenciales son siempre anteriores y superiores al Estado. y éstos. la jurisprudencia de los órganos encargados de aplicar el derecho humanitario. aplicando la fuente y solución que mejor proteja los derechos (Nogueira 1997. Las normas del bloque de constitucionalidad pueden aplicarse de manera directa. que. 146). de acuerdo al principio de la "integralidad maximizadora del sistema". tales como la denominada in dubio contra Fiscum y la in dubio pro Fiscum. antiformalista. y que sólo algunos se han escriturado. Que. que la ley y las normas constitucionales deben interpretarse conforme a los derechos fundamentales. además. y las normas que las reglan o limitan deben interpretarse de manera restrictiva (lo mismo que las potestades públicas). debe tener presente el intérprete que la dignidad de la persona humana es el valor básico que fundamenta los derechos humanos. En tal sentido. y que debe ser considerado como un derecho esencial. Y constituye una obligación por parte de todos los órganos del Estado el respeto y la promoción de los derechos esenciales establecidos en el bloque de constitucionalidad. el Derecho derivado.Como hemos visto. Y considerando. no se habla de que la interpretación de la ley debe hacerse conforme a la Constitución. favor libertatis o pro-cives.
Cabe recordar que además de existir unas reglas modernas de hermenéutica constitucionales. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. algunas son doctrinarias y jurisprudenciales (que en este caso son vinculantes según se ha indicado). tales como el principio de subsidiariedad del estado. se encuentran en su capítulo I y III. Entre estas últimas. IV. subordinada a los derechos fundamentales Además de las fuentes y de la interpretación de las normas. principio de bien común. Ella se encuentra a través de la doctrina que atraviesa toda la Constitución Política. Las normas constitucionales principales. señalamos. grupos o persona. . suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Un nuevo enfoque de la Potestad Tributaria. obviamente. en materia económica y tributaria. no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. c) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Ellas. derechos y libertades. al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma. y d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. sin embargo. de acuerdo con esta Convención. Todo ello por cuanto en definitiva al final de lo que parece estar hablándose es de concepciones éticas a la base. Explica con lucidez Rivera (2000) que los requerimientos formulados ante el Tribunal Constitucional han generado una polémica sobre los límites de la potestad tributaria y de la misión o función del Estado. Artículo 30 ALCANCE DE LAS RESTRICCIONES Las restricciones permitidas. no se ha traducido en investigaciones profundas en nuestro medio. deben ser consideradas por los operadores jurídicos y autoridades de los Estados suscriptores. principio de la promoción de la persona por el Estado. sus fines. y como tal se relaciona con su concepción constitucional. en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 29 se señalan las normas de interpretación en los siguientes términos: Artículo 29 NORMAS DE INTERPRETACIÓN Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes. debe reestructurarse la idea del Estado y su función y potestades y la idea de las personas humanas. Pero esta polémica. existen otras reglas de interpretación que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos. principio de servicialidad del Estado. y otras están expresadas normativamente a través de disposiciones contenidas en los mismos tratados. La potestad tributaria es una potestad del Estado. de ahí que una correcta técnica hermenéutica es fundamental para desentrañarla correctamente.IV. Por ejemplo. que dan cuenta de diversos principios básicos.
Podemos postular la existencia de un sistema de garantías y derechos fundamentales. de responsabilidad de los gobernantes y de los agentes del Estado En segundo término. de una manera armónica. de vinculación directa de la Constitución (y el bloque constitucional). . es característica general de todos los derechos el que otorgan tanto una facultad a las personas como que constituyen un status jurídico. El esquema propuesto por el profesor Nogueira (1997) y otros aportes del constitucionalismo actual.principio de la limitación de la soberanía por los derechos humanos. La interpretación de normas constitucionales de contenido económico debe hacerse conforme a las demás de mismo contenido (llamada Constitución Económica u Orden Público Económico). El principio del Estado de Derecho que comprende a su vez los principios de limitación del poder al Derecho. la garantía del quórum agravado con que debe actuar el legislador y la garantía de rigidez de reformas constitucionales especialmente referidas a los Capítulos 1 y 3 de la Constitución Política. en primer término distinguimos las garantías genéricas de los derechos fundamentales. la garantía de la prohibición al legislador delegado de regular los derechos constitucionalmente reconocidos (art. de supremacía constitucional. 19 N° 26) y su no afectación. Pero dichos principios no sólo constituyen limitaciones al actuar del Estado. y dentro de esta perspectiva cabe entonces bosquejar una estructura conceptual del sistema garantístico del contribuyente sobre nuevas bases. y de acuerdo a los criterios ya señalados. las garantías de interpretación de normas constitucionales. irrenunciables y socialmente necesarias y fundamentales IV. Dentro del sistema. Las primeras son las que se encuentran en el grupo compuesto por las garantías normativas. en los que cabe comprender el principio democrático y republicano y el principio del Estado de Derecho. pues se objetivizan operando como elementos del ordenamiento jurídico (Nogueira 1997. sino que además y principalmente principios ordenadores y motivadores de su actuar. sistemática. Aquí se encuentran la garantía de reserva de ley de la regulación de los derechos fundamentales (arts. que para el contribuyente se traducen en la libre iniciativa. lo que trata básicamente la Constitución Política es de resguardar los derechos y las garantías. En tercer lugar. 5 inc. de legalidad. Aquí se incluyen las normas de hermenéutica señaladas más arriba. 2). principio de sujeción plena y absoluta del Esado al Derecho. En efecto. la garantía de la vinculación de los poderes públicos constituidos a los derechos fundamentales (arts. limitando la actividad del Estado a sus funciones esenciales. la garantía del contenido esencial de los derechos51 (art. que dicen relación con principios constitucionales. 61 inc.V. Nueva visión de la sistemática de garantías del constituyente Finalmente. 19 N° 26 y 60 N° 2)50.49 Sólo sobre dichas bases el Estado podrá ejercer su potestad tributaria. distinguimos las garantías específicas de los derechos fundamentales. 132). pueden ser un punto de partida. 19 N° 26). 2. 5 y 8). de control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración. 41 N°° 1. finalista y antiformalista. la garantía de limitación excepcional de determinados derechos (art. En tal perspectiva. referidos a los medios de protección jurídica de derechos fundamentales. 6. etc.
En sexto lugar. integrando todos los elementos de la moderna dogmática constitucional de acuerdo hemos planteado. será este resultado el que controlará todo lo avanzado. recurso de amparo económico. César. Curso de Código Tributario. acción de nulidad de derecho público. El Derecho Tributario debe dar cuenta del impacto que significa el gran desarrollo que el Derecho Constitucional ha experimentado en materia de garantías constitucionales y derechos fundamentales. no han sido suficientes para cambiar esta situación. Éstas dicen relación con un conjunto de acciones cautelares de los derechos fundamentales (recurso de protección. Albiñana García-Quintana. las garantías procesales o jurisdiccionales. Aste. En quinto lugar. Christian. finalmente. esto es. acciones contencioso administrativas. Aste 2002. Luego. . reestructurar el sistema de Fuentes del Derecho Tributario. garantías internacionales de protección de los derechos fundamentales).En cuarto lugar. 1992. desde el principio. y con ello se debe revisar y volver a ordenar y acomodar las piezas de todo el sistema tributario. 2002. Santiago de Chile. las garantías de control y fiscalización de la actividad de los órganos del Estado. El camino debe comenzar por la base. y los requerimientos del Tribunal Constitucional. modificar las reglas usadas en materia de interpretación constitucional en materia tributaria. más aún considerando que no tenemos en nuestro medio sino escasísimas obras de análisis jurisprudencial. acción de nulidad de Derecho Público. debido al retraso que presenta la doctrina nacional no obstante las reformas de nuestro sistema constitucional y los avances del constitucionalismo nacional y comparado en las últimas décadas. Y todos se han de considerar al momento de abordar el tema de las bases constitucionales de la tributación. por último. que comprenden todos los derechos del catálogo del bloque de constitucionalidad. en razón precisamente de que cualquiera de ellos se puede alegar frente al ejercicio de la potestad tributaria. los derechos y garantías del contribuyente. recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pero. y realizar una construcción conceptual sobre nuevas bases de la Potestad Tributaria y la Obligación Tributaria. en razón de que los derechos esenciales de la persona humana y el principio de dignidad esencial constituyen la piedra angular de todo nuestro Derecho. construir un nuevo sistema de garantías del contribuyente. La constitucionalización del Derecho Tributario. Y. BIBLIOGRAFIA Libros Albiñana 1992. Madrid. Sistema tributario español y comparado. Editorial de Aste Ltda. CONCLUSIONES La tarea de construcción dogmática relacionada con las garantías del contribuyente es una cuestión que se torna necesaria y urgente. Tecnos. y secundariamente a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. a través del recurso de protección principalmente.
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y se relaciona con el beneficio obtenido por el contribuyente. en cuanto los impuestos establecidos en virtud de la potestad tributaria deban ser suficientes para financiar el gasto público sin necesidad de recurrir a más impuestos u otras fuentes de financiamiento estatal. y a corto plazo. Buenos Aires. no vemos por qué no los cambie en el Derecho Tributario. Madrid 1988. 14 Albiñana también hace referencia a principios de orden económico. Derecho Fiscal. la justicia (del que derivan los principios de igualdad. Buenos Aires. generalidad. De ellos derivan los principios de orden económico (evitar dirigismo. por lo cual es fundamental que se graven las actividades de manera diversificada. el impuesto debe mantener la mínima intervención en la esfera privada y no perturbar el ejercicio de las libertades económicas. Vol. 6 Se considera muchas veces aún sin decirlo que la tributación se construye sobre la base del poder de la administración y no de la libre disposición de sus bienes por parte de los ciudadanos. factibilidad. González Navarro (Derecho Administrativo Español. Depalma. Suficiencia. en su extensa obra citada: a) Un fin ético. J. Editorial Melo S. volumen I. Colección Textos Jurídicos Universitarios. cuyas características son las siguientes. b) Tres fines económicos. caracterizándolos de la siguiente forma: a) La imposición no debe practicar intervenciones parciales y sistemáticas que perturben o beneficien la constitución o el funcionamiento de una parte de determinados sectores de la vida económica. c) El impuesto debe evitar cualquier consecuencia involuntaria que perjudique la competencia y debe suprimir o atenuar las imperfecciones de ésta.F. citado por Aste (2002. Y de este modo. y redistribución). Antonio. Rafael. d) El sistema tributario debe estructurarse de tal forma que los ingresos tributarios permitan la cobertura duradera de los gastos (principio de suficiencia). Está claro que en la mayor parte de la historia ello ha sido así y que el paradigma sigue enfatizando la posición de la Administración y el cumplimiento de sus fines (con un eufemismo. facilitar el desarrollo). 13 Que en Chile tiene expresión constitucional solamente en los fondos comunes municipales y regionales. flexibilidad activa y pasiva.1) eficacia de la asignación de los recurso. a los presupuestos fiscales y a la estabilización y crecimiento.2) estabilidad económica. 13) 3 4 Rodríguez Lobato. Editorial Eunsa. 10 El Estado de Derecho es una forma de Estado. Editorial Centros de Estudios Ramón Arces. por la fiscalización de dichos tributos. 87 a 103. Flexibilidad en cuanto a que el sistema debe adaptarse a cambios coyunturales que experimente la economía. asegurando siempre recursos al Estado. las obligaciones accesorias establecidas por la administración. comodidad). Administrativo y Fiscal.A. tener sometido el poder ejecutivo a la ley. I. tener reservadas exclusivamente a las leyes emanadas del poder legislativo las materias relativas a los derechos de las personas. Pamplona. e) En caso necesario. Derecho Financiero y Teoría de los Ingresos Públicos. podemos afirmar que el fantasma del el monarca absoluto continúa estando presente. pero que se modula con su capacidad económica. proporcionalidad o gravamen sobre la capacidad de pago. México D.A.3) desarrollo económico. b. b. como explica Enrique Fuentes Quintana. 12 El principio del beneficio se aplica primordialmente a la exacción de las tasas y de las contribuciones especiales. Del mismo modo como el desarrollo de la protección internacional y nacional de los derechos humanos ha cambiado muchos paradigmas en el Derecho. 9 Simplicidad en el sentido que sea fácil para el contribuyente conocer los tributos que lo gravan por haber realizado las conductas de hecho precisadas por la ley. 2 Edición. dado que debe ser realmente útil (y. I. continuidad. minimizar intervención tributaria. Berlini. Vol.1 Santamaría Pastor. pp. 1986 5 Bielsa. 7 Zavala (2001. Fundamentos del Derecho Administrativo. economicidad. Constitucional. Compendio de Derecho Público.. p. se comience a construir precisamente su dogmática a partir del ciudadano y no de la autoridad. debe avaluarse de acuerdo a su costo real). pp. 266-267. 19. c) Un objetivo operativo: la eficacia técnico tributaria (que comprende principios de congruencia y sistematización. tener reconocidos y protegidos constitucionalmente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 15) 8 Cabe hacer presente que Neumark distingue. aún dentro de nuestras mentes). según F. b. 2 Editorial Depalma. transparencia. 1987): tener establecida constitucionalmente la separación de poderes. citado en Figueroa 1985. el sistema tributario debe suministrar los ingresos necesarios para cubrir nuevos gastos .. 1965. adaptabilidad. evitar distorsiones a la competencia) y de procesos económicos (suficiencia. Raúl. b) Subordinados a los principios de justicia. 879. como el profesor Casado señala. Principios de Derecho Tributario. 11 Manual de Derecho Financiero.
14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. podrá decretar pagos no autorizados por ley. El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. sancionarlas y promulgarlas. pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Sin embargo. Art.° Dictar. Art. 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Art. dentro de los marcos que la misma ley señale.° Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. y la igual repartición de las demás cargas públicas. g) El sistema tributario debe estructurarse de forma que contribuya a amortiguar automáticamente las fluctuaciones de la actividad económica (principio de flexibilidad pasiva o de contribución automática de los impuestos a la estabilidad). f) La política tributaria debe estar en condiciones de regular la política coyuntural variando la estructura o los procedimientos tributarios (principio de flexibilidad activa). Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro.° Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas. 2. ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. 15 Las normas señaladas se reproducen a continuación. previa delegación de facultades del Congreso. Los tributos que se recauden. cualquiera que sea su naturaleza. Sólo son materias de ley: 1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales.° Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados. h) El sistema tributario debe orientarse. 3. Art. La Constitución asegura a todas las personas: 20. 2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. 61. para no obstaculizar el desarrollo y ejercer una influencia positiva en las fuerzas que lo condicionan. Asimismo. de agresión exterior.° Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. 8. 32. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. 60. 22. El Presidente de la República.° La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. y culpables del delito de malversación de caudales públicos. sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. . 19. tanto en su totalidad cuanto en los elementos que integran su estructura. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. de conmoción interna. con la firma de todos los Ministros de Estado. de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley.de carácter permanente o de carácter único y extraordinario (principio de capacidad de adaptación).
o de las empresas del Estado. 17) .Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. de las entidades semifiscales. 16 Aste (2002. reducir o modificar obligaciones. sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. del Congreso Nacional. y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60. vigencia y efectos. autónomas. conceder o aumentar remuneraciones. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. "Art.° Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. emolumentos.° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales. como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean.° Fijar. La ley que otorgue la referida autorización las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones. pensiones. autónomos. empleos. las elecciones ni al plebiscito. 62. beneficios. 2. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado. Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. en su caso. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar. de los gobiernos regionales o de las municipalidades. y determinar su forma. jubilaciones. Corresponderá. disminuir o rechazar los servicios. o con la administración financiera o presupuestaria del Estado. restricciones y formalidades que se estimen convenientes. aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. la ciudadanía. atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial. modificar. intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. proporcionalidad o progresión. establecer exenciones o modificar las existentes. suprimir. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República". 5. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. 4. incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. asimismo. semifiscales.° Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. montepíos. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 1. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado. tanto del sector público como del sector privado. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización.° Imponer. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación. a las mismas normas que rigen para la ley. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley. de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados. sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento. y condonar. 3. préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío. préstamos. rentas y cualquiera otra clase de emolumentos. debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. y 6.° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella.
o bien del trabajo. en sentencia Rol N° 282. o los consumos.17 Disiento con el Tribunal Constitucional en esta materia.V. en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario.A. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. orden. Dicho Tribunal. (por ej. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida..° La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. sostuvo que "la ley sólo debe contener los elementos esenciales de la materia que regula. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos. 19 Ello lo deduce el propio profesor Atria (1997) del encabezamiento de art. al resolver un requerimiento formulado por diputados que impugnaban la posibilidad del Presidente de la República de modificar aranceles por mero decreto supremo. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. 19 de la Constitución Política.V. o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. o sea las que provienen de los bienes que posea el contribuyente.° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 19. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Art. Esta concordancia. Sólo en virtud de una ley.A. como el I. 3. sin que ella pueda excluir la potestad reglamentaria que la Constitución confiere al Presidente de la República.° La igualdad ante la ley. exportaciones exentas de I. actividad o zona geográfica. no siempre es en términos económicos o pecuniarios. o sea de su actividad.)..". tales como las rentas.. sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. origen de la rentas (las rentas pueden tener su origen en el capital.V. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir. en el marco de la ALADI. 22. la cual está dada por la apreciación de los signos exteriores de riqueza que hace el Legislador. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. que dice que ella "asegura a todas las personas". por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La Constitución asegura a todas las personas: 2. en materia de impuestos indirectos.. la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. 18 Las normas pertinentes se reproducen a continuación. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. de fuentes chilenas o extranjeras. beneficio de los contribuyentes (se busca que cada uno aporte al Estado en concordancia con los beneficios que percibe del mismo Estado a través de los servicios que éstemantiene). En el mismo sentido Aste (2002) . las siguientes: capacidad contributiva (se busca que cada persona pague impuestos en relación directa a su capacidad económica. se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector. seguridad). este derecho se regirá. y siempre que no signifique tal discriminación. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. paz. sin embargo. 20 Lara (2000) explica como fuentes del distingo señalado. estos criterios no son posibles de aplicar). . La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. importaciones afectas a I. por ej.A. sea dependiente o independiente. tipo de actividad que las produce u origina.
22 Además de ello. igualdad y capacidad económica concretan la idea de generalidad. pues estimamos no constituye una garantía. ya que operan con efecto retroactivo cuando eximen el hecho de la pena o aplican una menos rigurosa. el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene.584. contribuyan en igual medida. es indudable que la ley que así lo disponga es inconstitucional" (Fallos del Mes. por su parte. tipificados por la ley) y un aspecto subjetivo (las personas que los realizan y contribuyen en función de su capacidad económica). la tasa de los intereses moratorios. 25 El español Francisco José Carrera Reyes señala que el principio de generalidad se expresa diciendo que todos deben contribuir de igual manera si tienen igual capacidad económica. se aplica a todos y para todos los que se encuentran en la hipótesis que constituye el hecho generador del tributo. 214 y ss. Este principio indica que a distintos niveles de titularidad o disponibilidad de la riqueza corresponde una tributación distinta (progresividad). pues en definitiva hace referencia simplemente al cumplimiento de la ley a que están obligados aquellos que se encuentran en la situación descrita por ella. 43) le llama a ésta la "versión débil" de la igualdad en la doctrina. debiera ser abordada entre las bases constitucionales de la tributación. la jurisprudencia la ha aplicado frente a los casos en que se alega violación al derecho a la igualdad. . reconoció tener competencia también respecto de los impuestos indirectos (STC 219). salvo ley interpretativa. A dicha versión que llama débil. es general. opone la versión fuerte. y a niveles de riqueza iguales pero cualitativamente diferenciados. precisamente. En Ley Tabacos II (STC 280). que expresaría el verdadero sentido que tiene la igualdad relativa. Ramón Valdés Acosta. Sino que tiene un fundamento fiscal financiero. entiende por confiscación en materia tributaria no el "quitar una cosa". al expresar que con respecto de éstos esta condición pasa a transformarse en una cuestión de hecho. corresponde también una diversa tributación. para desechar la demanda. argumentando con el constitucionalista español Joaquín García Murillo que "sólo la diferencia en los hechos de las personas. por su parte. 27 Se ha discutido ante el Tribunal Constitucional si el control de constitucionalidad se ejerce únicamente respecto de los impuestos directos o si se comprenden también los indirectos. Sin embargo. debe adecuarse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Spisso (1991.. actos o negocios. Atria. 23 Estimo que esta disposición da cuenta de una limitación a la potestad tributaria. La Corte Suprema ha sostenido. no discrimina arbitrariamente. 24 Atria (1997. las normas sobre sanciones e infracciones. se trata de una directiva al juez dentro del proceso de adjudicación. el control de constitucionalidad de estos tributos indirectos. 1996). pues repugna a la más elemental razonabilidad que todos los ciudadanos. y que explica señalando que "la ley debe tratar igual a todos aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones". que "si se dicta una norma legal que establece tributos que empobrecen al contribuyente o le cercenan sus ingresos en términos confiscatorios. de distintas condiciones económicas. sino que "establecer una obligación pecuniaria que no corresponde a una causa legítima conforme con el ordenamiento constitucional". sin la debida compensación. (Instituciones de Derecho Tributario. en donde las condiciones tienen un contenido fáctico mas no jurídico. 29 Para Francisco José Carrera Reyes. puesto que de acuerdo a la ley. del 11 de mayo de 1994. Y si bien esta norma se trata por la doctrina nacional dentro de las garantías de contribuyente. Si bien el Tribunal Constitucional manifestó en Ley Tabacos I que esencialmente reúnen el carácter de impuestos confiscatorios o expropiatorios los que por su monto afectan el patrimonio o la renta de una persona. considerablemente. como toda ley. el principio de capacidad económica hace referencia a la titularidad o disponibilidad de la riqueza (el cual es un término más adecuado que el de capacidad contributiva. pero a la luz de sus argumentaciones debilitó. entonces. 251) considera que la confiscatoriedad se configura cuando se prueba la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado. siendo el concepto de desproporcionalidad mucho más relativo. Buenos Aires. el Tribunal reiteró su jurisprudencia anterior. el trato desigual a que una persona es sometida requiere que sea constitucionalmente relevante y que dicha discriminación no tenga justificación constitucional objetiva y suficiente (Casado. 28 La ley tributaria rige.21 Establecido el tributo. pp. N° 426. En el mejor de los casos. y como da cuenta el Dr. La ley tributaria. Con ello. por regla general. hacia el futuro. 2002). o incluso exonerársele. Considerando Undécimo). y en el peor de los casos es una mera tautología. pueden ser razón suficiente para discriminar entre ellas". Véase al respecto el voto de minoría de la Ministro Luz Bulnes. Sentencia de la Corte Suprema Rol N° 19. la tasa con que se pagan es la vigente a la fecha que se paga la deuda a que acceden. con el riesgo de provocar nefastos desequilibrios sociales. los actos o las situaciones. y en tal sentido carece de todo efecto garantístico. 26 La doctrina ha entendido la confiscatoriedad en sentidos diversos. la cual es una calificación hecha por el legislador). Este principio tiene un aspecto objetivo (los hechos.
la Ley 1/1998. provocar desviaciones de los factores productivos a sectores que se consideran más convenientes (sobre imposición a los latifundios y exoneración a las industrias nacionales o nuevas). especialmente de Alemania. el Tribunal Constitucional alemán afirmó su poder para controlar la constitucionalidad de los actos comunitarios por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental "en tanto" o existiera en la Comunidad una protección de los derechos fundamentales equivalente a la que existe en la Constitución alemana. Aunque sea supranacional. el Tribunal Constitucional indicó que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica es de fundamental importancia para los individuos. Es difícil. 38 El hecho de que exista una organización supranacional que ejerzan importantes potestades públicas no puede implicar la privación al ciudadano de los derechos fundamentales. 35 Se afirma que la supresión de obstáculos a la circulación de personas. pronto a publicarse. pues permite desarrollar tanto el espíritu de iniciativa como la subjetividad creadora de cada una de las personas (STC 226). por ejemplo. 31 Señala que todo tributo tiene su finalidad económica. con el objeto de suprimir cualesquiera distorsiones o discriminaciones de origen fiscal que pudieran producirse entre los mismos y que dificulten. . Valladolid. Entre los buenos trabajos podemos citar a Atria (1997). está en esta posición.30 La neutralidad hace referencia. mercaderías. El Derecho a la Honra. él mismo abordaría tal función. 39 Este cuadro relativo a los derechos y garantías del contribuyente en la Unión Europea está construido sobre la base del artículo citado en la Bibliografía como Villar y Herrera (1999). frente a otras bases fiscales más móviles. ajenos a las necesidades fiscales. el Derecho Comunitario no tiene fundamento al margen de las Constituciones estatales. 34 La armonización fiscal comunitaria puede definirse como "el proceso de aproximación que con carácter progresivo e irreversible es llevado a cabo por la comunidad respecto de los sistemas fiscales de los Estados que la componen. Estudio sobre la protección de las garantías en jurisdicción civil.en la decisión de desarrollar una actividad económica en el mercado interno o en el país extranjero. 40 Por ejemplo. En la construcción europea del Mercado Único. Con posterioridad. o la de provocar determinados efectos en el campo económico o social. 69. Humberto Nogueira. capitales y el establecimiento de políticas comunes de transporte. de Derechos y Garantías del Contribuyente (BOE 27 de febrero de 1998). las que admiten sólo la transferencia de poderes limitados y tasados. 1997. por ejemplo. de 26 de febrero. redistribuir la riqueza (impuestos progresivos a la renta y al capital) o prohibir o limitar de hecho consumos que se consideran inconvenientes (impuestos a las bebidas o al tabaco). servicios. a fin de que el factor tributario no represente un elemento que incida -o al menos no de un modo relevante. señalando "que sujetar una actividad a una regulación significa establecer la forma o normas conforme con las cuales debe realizarse. 835). 37 Casado (2002. han hecho necesaria la implantación de medidas dirigidas a suprimir en tales ámbitos los obstáculos resultantes de los sistemas fiscales de cada Estado miembro. 32 Conviene advertir que las palabras de la doctrina constituyen sólo actos de fe que no siempre (y a veces sólo escasamente) se concretan en fallos judiciales. Señala dicho autor que el Derecho Comunitario se fundamenta y tiene su fuente de validez formal en las Constituciones internas de los estados específicos. Martín (126) recuerda que en la sentencia conocida como Solange I. el advenimiento de un verdadero mercado común que se reconoce como el objetivo último de la CE. pero en caso alguno puede ser que bajo el pretexto de regular se llegue a impedir el ejercicio de una actividad" (STC 146). impedir que se produzcan pérdidas de ingresos fiscales e impulsar el desarrollo de estructuras fiscales más favorables para el empleo. y los Tribunales Constitucionales. N° 21. el proceso de integración Fiscal adquiere un carácter fundamental como instrumento necesario para su consecución" María Teresa Mata Sierra. en otras palabras. han dado cuenta de que si el TJCE no ejerce la función conservadora de dichos derechos en el ámbito de las Comunidades. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. por otro lado tener conclusiones definitivas. 1996. en alguna medida. empleo. se ha dicho que se precisa una actuación coordinada en el plano europeo. proteger la industria nacional (derechos aduaneros). La armonización fiscal en la Comunidad Europea. Lex Nova. CPU. invirtiendo la tendencia de hacer recaer la presión fiscal cada vez más sobre el trabajo. estimular el ahorro y las inversiones (incentivos). para reducir las distorsiones en el mercado único. pues en Chile se han hecho muy pocos estudios críticos de buen nivel acerca de la jurisprudencia (fuera del área del Derecho Penal). 33 El Tribunal Constitucional interpretó el artículo 19. sea la de obtener ingresos. medio ambiente. a que la variable tributaria involucrada en las operaciones económicas constituya un elemento neutro en las decisiones de los agentes económicos. 36 Al respecto. a Alex Carocca.
Sin embargo. Editorial Tecnos S. etc.. por ejemplo. la edición monográfica de la Revista Jurídica Ius et Praxis. 1986. El doctor Nogueira además señala como ejemplos. a fin de salvaguardar los intereses económicos dan cuenta de ello. 148). propender al fortalecimiento de ésta. El uso por los particulares y empresas en cuanto agentes económicos de los mecanismos que ofrece el sistema de protección de derechos fundamentales de Europa. Citado por Zúñiga (1991). 18). la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales.1988. y el artículo de don Humberto Nogueira publicado en la misma revista del año 2 de 2000. 45 Puede producirse una tiranía de los valores por quienes aplican de manera privilegiada la CP (los tribunales. Otras son el régimen republicano democrático. y la importancia de los diferentes órganos jurisdiccionales del contexto europeos. Centro de Estudios Constitucionales. 44 Curso de Derecho Político. 2 de 1997. ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que choque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. Tomo II. para tales efectos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. 48 Que el mismo profesor Nogueira explica señalando que "los derechos implícitos nos permiten considerar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal para ser derecho esencial. son del suscrito. 42 Martín (118) señala que uno de los temas de moda en España es la aplicación de los derechos fundamentales o la determinación de su incidencia en el ámbito tributario. 46 Revísese. los que tienen legitimidad burocrática o instrumental. cuya modificación produce la transformación del régimen vigente que asegura la constitución material (Nogueira 1997. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. señalando que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes. el principio del pluralismo político. Aquí está toda la línea de objeción democrática a la Justicia Constitucional). para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. y no tienen legitimidad democrática). con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.A. y si hubiera errores. promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Madrid. Madrid. referida a la recopilación de artículos de los más destacados iuspublicistas chilenos acerca de Constitución y Tratados Internacionales. dar protección a la población y a la familia. humano o fundamental" (1997. 21). En esto la doctrina constitucional nacional está de acuerdo (por ejemplo. Artículo 1. . el principio del ejercicio de la soberanía por el pueblo. 49 Las normas pertinentes se reproducen a continuación. Art. También se puede consultar la interesante obra del actual Vicedecano de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. 43 Para la construcción de este apartado se extracta el planteamiento del Doctor Zúñiga (1992). al parecer en la doctrina jurídica nacional continúa primando la visión equivocada que vincula los derechos humanos exclusivamente a los casos de violación a los derechos civiles y políticos en su sentido más restringido. Chile es una república democrática. doctor Raúl Canosa Usera. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.41 Las fuentes supremas o supraconstitucionales son aquellas que constituyen un límite a la acción del poder constituyente derivado o instituido y los principios establecidos por el constituyente originario. los que constituyen un límite de carácter irreversible a la soberanía. ver Evans I 1999. 4. Interpretación constitucional y fórmula política. por lo que se advierte que los aciertos que en ella puede haber son del citado profesor. "Las Constituciones de América Latina y los Tratados de Derechos Humanos" 47 García nos da una definición de interpretación armónica.
y sólo se pueden limitar por ley expresa y específica en los casos que la propia CPE lo autorice. Art. 5. por las autoridades que esta Constitución establece. de manera tal que deja de ser reconocible". también. Art. La soberanía reside esencialmente en la Nación. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 6. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. y "que se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes.Art. 51 El Tribunal Constitucional (24 de noviembre de 1987) señaló que "un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial. 7. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. institución o grupo. lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de su tutela jurídica". otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. garantizados por esta Constitución. 50 Sólo se pueden regular o complementar los derechos fundamentales por ley previa y expresa y específica. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y. Ninguna magistratura. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona. . Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
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 artículo 1
 artículo 7
 artículo 60
 artículo 62
e contrario
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 5
in dubio
in dubio
in dubio
 Artículo 30
 artículo 29
 Artículo 29
 artículo 60
 artículo 19
 Artículo 1