Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0027_ES.html
Timestamp: 2020-02-18 10:13:01+00:00

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sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales
Ponente: Sylvie Goulard
– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la mejora del marco para la gobernanza económica y la estabilidad de la Unión, en especial en la zona del euro(1),
– Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor mundial: su papel en las organizaciones multilaterales(2),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la gobernanza económica mundial(3),
– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, sobre la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(4),
G. Considerando que el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Reglamento (CE) n.º 1049/2001(6), en virtud del cual los ciudadanos de la Unión tienen derecho de acceso a los documentos, debería aplicarse a las instituciones y los organismos de la Unión que participan en organizaciones y organismos internacionales;
- las relaciones con el público (por ejemplo en lo que se refiere al acceso público a los documentos, al diálogo abierto con las diferentes partes interesadas, a la elaboración obligatoria de registros de transparencia y a las normas que regulan la transparencia de las reuniones de los grupos de interés);
- las normas internas (por ejemplo en lo que se refiere a los recursos humanos basados en las competencias, a la buena gestión financiera y a la prevención de los conflictos de intereses);
 pide a la Comisión que se inspire en las mejores prácticas a nivel europeo y nacional para elaborar un código de conducta europeo de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, con el fin de orientar las actuaciones de los representantes de la Unión en las organizaciones y los organismos internacionales; pide que se asocie estrechamente al Parlamento en el proceso de elaboración;
 destaca, en particular, su preocupación por lo que se refiere al estatuto, a la financiación y al funcionamiento de las organizaciones y los organismos mencionados, a su interacción con las autoridades, las partes interesadas y la opinión pública, a su política de comunicación y al acceso a sus documentos; destaca la necesidad de garantizar el equilibrio justo de los diferentes intereses, incluidas las ONG dotadas de las competencias técnicas y los recursos financieros suficientes, con el fin de reforzar la voz de la sociedad civil;
 pide a las instituciones y agencias europeas, así como a los Estados miembros, que promuevan la rendición de cuentas de todos los representantes europeos ante órganos elegidos democráticamente;
 pide que se adopte un acuerdo interinstitucional dirigido a formalizar un «diálogo financiero» organizado a solicitud del Parlamento Europeo con el fin de elaborar directrices sobre la adopción y la coherencia de las posiciones europeas en la fase previa a las grandes negociaciones mundiales, de tal forma que se garantice que dichas posiciones se debatan y se den a conocer ex ante, que se asegure su seguimiento y que la Comisión informe periódicamente acerca de la aplicación de dichas directrices y del proceso de control correspondiente; propone que se recabe la participación de las instituciones europeas, de los Estados miembros y, cuando proceda, de los dirigentes de las organizaciones internacionales interesadas; considera que la periodicidad y el formato del diálogo (público o a puerta cerrada) dependen de las exigencias prácticas; estima que es también necesaria la participación activa de los Parlamentos nacionales a sus niveles respectivos, mediante el control de las posiciones adoptadas por los representantes de los Estados miembros interesados;
 Considera que estas directrices más detalladas podrían complementarse mediante resoluciones proactivas de orientación que adoptaría el Parlamento con una periodicidad adecuada y en las que expondría su opinión sobre la orientación general de las políticas;
 Constata que, para las cuestiones respecto de las cuales el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo, este diálogo serviría para definir el mandato de negociación, de forma que se unificaran las posiciones europeas en torno a las opciones legislativas adoptadas por mayoría y se evitaran las incoherencias con la legislación pendiente de adopción;
 Pide a los representantes europeos que, en las negociaciones internacionales, presten especial atención a la coherencia y la consistencia entre las normas y exigencias internacionales y la legislación adoptada por la Unión con carácter vinculantes, así como al nivel de cumplimiento de las mismas, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas a escala internacional;
 Pide que se mejore la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento Europeo mediante la racionalización del proceso de definición de las posiciones de la Unión en las reuniones del G-20 en ámbitos políticos relativos al empleo, la energía, el comercio, el desarrollo y la lucha contra la corrupción;
 Pide a los Estados miembros que cumplan sin demora las disposiciones relativas a la cooperación leal;
 Pide a los Estados miembros que acepten la representación de la unión bancaria en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por medio del Mecanismo Único de Supervisión;
 Pide a la Comisión que incluya en su programa de trabajo la dimensión exterior de la normativa económica y financiera —esto es, el trabajo previsto en las instituciones financieras internacionales—, y que, con el fin de reforzar la coherencia de las políticas internas, cree un grupo de trabajo sobre la gobernanza económica mundial y las instituciones financieras;
 Toma nota de la iniciativa de la Comisión de avanzar hacia una representación única de la zona del euro en el FMI; considera que este proceso debe llevarse a cabo sin perjuicio de una circunscripción única de la Unión Europea a largo plazo;
 Recuerda que, en virtud del Protocolo n.º 14 del Tratado, el Eurogrupo asume la responsabilidad de una coordinación más estrecha entre los Estados miembros de la zona del euro, y que su naturaleza es temporal e informal, a la espera de que el euro se convierta en la moneda de todos los Estados miembros de la Unión; considera que la transparencia y la rendición de cuentas del Eurogrupo es susceptible de mejora; aboga por que, en la línea del informe Thyssen de 20 de noviembre de 2012(8), que formula recomendaciones adicionales para la unión bancaria, económica, fiscal y política, debería encontrarse una solución más formal y duradera; recuerda que debe reforzarse la independencia del mandato del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y acompañarse de mecanismos sólidos de rendición de cuentas ante el Parlamento y el Consejo;
 Considera que, más allá del caso único del FMI, debería llevarse a cabo en los próximos años una racionalización progresiva de la representación de la Unión, en primer lugar reforzando la coordinación, y seguidamente —tras un proceso de evaluación— unificando los puestos; estima que la pertenencia a estos organismos y organizaciones debería asignarse con arreglo a las competencias respectivas de las instituciones de la Unión y las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), el Consejo/Eurogrupo y las autoridades nacionales; opina que, simultáneamente, la Unión debería esforzarse por mejorar el funcionamiento de dichos organismos y organizaciones con el fin de evolucionar desde el sistema de consenso hacia un sistema de votación por mayoría ponderada;
 Destaca que incumbe a la Comisión, al Consejo o, en su caso, el Eurogrupo reforzar la coordinación mediante reuniones preparatorias; considera que deberían crearse nuevos grupos de trabajo ad hoc del Consejo a semejanza del Comité Económico y Financiero (CEF), el Grupo de trabajo sobre asuntos relativos al FMI (SCIMF), el Grupo de trabajo del Eurogrupo (EWG) y el Comité de Política Económica (CPE);
 Aboga por una evaluación exhaustiva de los dos puestos asignados actualmente por separado a las presidencias del Consejo Europeo y de la Comisión en las reuniones del G-20, con miras a determinar en qué medida esa doble representación afecta a la credibilidad exterior de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la existencia del mercado único de servicios financieros; considera que, con miras a alentar la convergencia de los Estados miembros representados individualmente, es posible plantear varias mejoras que deberían contribuir a la consecución de una coordinación efectiva previa a las reuniones y promover la expresión de una voz europea sólida en las mismas;
 Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que promuevan la elaboración de una hoja de ruta hacia la creación de una organización financiera mundial basada en tratados internacionales, siguiendo las orientaciones propuestas en el informe de Larosière, dotada de amplias competencias de recomendación y negociación de normas mínimas vinculantes, de mecanismos multilaterales de solución de diferencias y, en su caso, de los dispositivos sancionadores correspondientes; considera que la experiencia adquirida —en particular, en el sector comercial por medio de la OMC— podría utilizarse para establecer los mecanismos multilaterales de solución de diferencias mencionados; destaca que la organización propuesta debería estar sujeta a las normas más estrictas de transparencia y rendición de cuentas;
 Opina que debe dotarse a la Comisión de un mandato expreso para que imprima un nuevo impulso al fomento del multilateralismo en materia de cooperación financiera, monetaria y reguladora a nivel internacional;
 Pide a la Comisión que garantice que todas las propuestas legislativas de la Unión en el ámbito financiero sean complementaria a las acciones emprendidas a nivel mundial;
¿Quién decide? ¿Quién establece las normas aplicables a las actividades del sector financiero? Ante los expertos y los intereses privados, ¿los Parlamentos y los gobiernos aún tienen la última palabra? ¿Cómo defienden la Unión Europea y la zona del euro sus intereses estratégicos? Las instituciones europeas y los gobiernos nacionales tienen dificultades para dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas simples y legítimas. El presente informe intenta contribuir a dar esa respuesta analizando la actuación de la Unión en el seno de unas diez organizaciones(9) de carácter político y/o técnico.
El informe parte de tres constataciones.
Como consecuencia de la libre circulación de capitales, la estabilidad del sistema financiero, decisiva para la inversión y el crecimiento, depende de la capacidad para concebir y hacer respetar reglas y normas de conducta a escala supranacional.
El cambio de escala indispensable no debe conducir a la dispersión de las responsabilidades en detrimento de la democracia. En particular, los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no pueden ser simplemente cámaras que se limiten a tomar conocimiento de las decisiones. Si bien es crucial contar con un análisis independiente de los intereses privados y del juego político, también es necesario reanudar el diálogo entre expertos y representantes electos, como demuestra un ejemplo reciente. En el marco de la evaluación de la aplicación de las normas de Basilea III (requisitos de capital para los bancos), ¿se puede pasas por alto el hecho de que en Europa son principalmente los bancos, y nos los mercados, los que financian las pymes? No obstante, estas particularidades repercuten significativamente en el crecimiento, de ahí la interpretación establecida por el legislador de la UE en los textos de la DRC IV(10).
Por último, la Unión y la zona del euro deben poder defender sus intereses estratégicos. No obstante, la representación europea en esas organizaciones es, como mínimo, incoherente. Es lamentable que se acepte esta situación cuando los retos para la estabilidad financiera —pero sobre todo para el crecimiento y el empleo— son enormes. Es necesario intentar avanzar de manera pragmática, teniendo presente que la Unión sigue siendo una potencia importante en el ámbito financiero, pero que su peso demográfico relativo está disminuyendo a escala mundial. La Unión podría contribuir positivamente al nacimiento de una cooperación multilateral más equilibrada en los ámbitos económico y financiero.
Fruto de un proceso histórico y reflejo de la complejidad del mundo financiero, la multiplicación de organismos mundiales en el ámbito de las finanzas, junto con su complejidad interna, dificulta la tarea de hacer una apreciación global.
Vela por la estabilidad del sistema monetario internacional, aportando, en su caso, asistencia técnica y financiera.
Elabora estudios destinados a promover el crecimiento económico. Su función en el ámbito de la fiscalidad es cada vez más importante.
Constituye un foro político informal que reúne a las 19 principales economías mundiales y a la Unión; su ámbito de actuación es general.
Desde la crisis financiera de 2009, el Consejo de Estabilidad Financiera vela, por cuenta del G-20, por una mejor coordinación de las reglamentaciones financieras internacionales.
Trabaja en pro de la convergencia de la supervisión de las actividades bancarias y elabora normas prudenciales que se aplican al sector (como los ratios de capital).
La Organización Internacional de Comisiones de Valores vela por la convergencia de las reglamentaciones de los valores mobiliarios con el fin de reforzar la eficacia y transparencia de los mercados.
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros fomenta una supervisión efectiva y eficaz a escala internacional del sector de los seguros; desde 2013 también está encargada de desarrollar normas relativas a los capitales internacionales para los aseguradores.
La Organización Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones tiene como objetivo elaborar normas y promover la cooperación internacional en el ámbito de las pensiones mediante el intercambio de buenas prácticas y, cada vez más, mediante normas.
La labor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad consiste en establecer un sistema armonizado de normas contables con el fin de facilitar información financiera útil a los inversores.
Algunas opciones fundamentales apenas se debaten. Como demuestra el ejemplo paradójico de las normas contables NIIF, elaboradas por un organismo global de Derecho estadounidense pero no reconocidas por los Estados Unidos, no parece que los organismos de Derecho privado hayan logrado siempre que impere el interés general. La lógica de los organismos públicos tampoco es siempre evidente: Cabe preguntarse sobre la oportunidad de que, precisamente cuando el legislador de la Unión acaba de aprobar un cuerpo normativo que regula los procesos de rescate y resolución en el sector bancario (Directiva sobre rescate y resolución / Mecanismo Único de Resolución), que incluye a muchos Estados miembros y al BCE, se ponga en marcha el proyecto global TLAC (capacidad total de absorción de pérdidas) con una lógica totalmente distinta. También cabe señalar con perplejidad que este organismo se ocupe de cuestiones relativas a los seguros, y en particular de la identificación de las aseguradoras de importancia «sistémica», cuando la supervisión del sector de los seguros por el BCE queda excluida por el Tratado.
La falta de transparencia también oculta grandes diferencias de alcance. Mientras que la OICV, por ejemplo, tiene una dimensión universal, otros organismos agrupan a un número mucho más limitado de países. Se trata de una cuestión de principio, pero también de fondo: la infrarrepresentación de África o Sudamérica, poco equitativa, puede hacer que se esquiven los problemas relacionados con las desigualdades o la financiación de los países con más necesidades.
El carácter consultivo o técnico de las recomendaciones formuladas por algunos organismos no puede justificar una cierta opacidad, ya que algunos actores económicos se someten a veces voluntariamente a recomendaciones para evitar que una agencia de calificación degrade su puntuación (bancos/requisitos de capital) o para aumentar sus posibilidades de encontrar financiación (empresas/normas contables).
No cabe duda de que una presentación más pedagógica de los retos y las opciones corresponde en primera instancia a los responsables políticos. No obstante, a un nivel más técnico, los interlocutores procedentes de los bancos centrales, la Comisión u otras autoridades europeas también deberían procurar interactuar de forma más sistemática con el público a través de los medios de comunicación y los entornos académicos o profesionales. Algunos de ellos lo hacen, otros no tanto.
La verificación del respeto de los compromisos asumidos (compliance) exige una atención especial. Es paradójico que se insista solemnemente en la importancia de la actuación mundial para la estabilidad y en organizar reuniones espectaculares de líderes mundiales (como el G-20) para luego contentarse con procedimientos de aplicación decepcionantes. ¿No habría que reaccionar ante este desfase, que agrava la pérdida de confianza del público, y concebir procesos más vinculantes?
En efecto, en su condición de foro privilegiado para el debate público en el seno del mercado interior de servicios financieros, el Parlamento Europeo puede prestar una contribución a tres niveles:
— por lo que se refiere a la legislación de la Unión adoptada por los 28 Estados miembros, otorgando un mandato de negociación vinculante dentro del respeto de las decisiones adoptadas por mayoría;
— en la fase previa a las grandes negociaciones mundiales (como las reuniones del G-20), orientando y dando a conocer la posición el punto de vista europeo;
— controlando el cumplimiento de los compromisos asumidos (compliance).
Los ciudadanos cuentan con que los responsables políticos expliquen en público las cuestiones que están negociando. La época de la diplomacia secreta ha pasado a la historia. La aceptación por la población de los compromisos asumidos a nivel mundial redunda en interés de los socios de la Unión. El hecho de que los negociadores europeos deban tener en cuenta a un Parlamento exigente no es necesariamente algo negativo, sino que, por lo contrario, puede reforzar su posición.
En la actualidad existen intercambios de puntos de vista entre la Comisión ECON del Parlamento y los responsables de algunos organismos mundiales, pero son demasiado rápidos y superficiales. El Parlamento debería esforzarse por organizar un diálogo más profundo y periódico.
3. La representación de la Unión / de la zona del euro
Es siempre difícil evaluar la influencia con una cierta precisión. Sin embargo, es evidente que la Unión actúa todavía por debajo de sus posibilidades. La representación de la Unión es tan polifacética que resulta imperceptible. La Comisión se ve a veces circunscrita a una función que no debería ser la suya, a saber, representar únicamente a los países menos poblados de la Unión Europea que no forman parte de esos organismos, y no a la Unión en su conjunto.
La dispersión europea es aún más lamentable si se tiene presente que, en algunas organizaciones (como la OCDE), los Estados miembros de la Unión aportan conjuntamente una gran parte del presupuesto. También deben analizarse el equilibrio geográfico y la equidad de la distribución de los puestos.
Las deficiencias de la representación de la Unión tienen repercusiones diferentes dependiendo de si las organizaciones desempeñan una función más bien consultiva (OCDE), gestionan situaciones de crisis (G-20/CEF) o elaboran normas técnicas.
Los foros globales no deben permitir a los gobiernos, los bancos centrales o los supervisores de los Estados miembros de la UE, minoritarios en el proceso legislativo de la Unión, buscar una especie de revancha contra los socios que les han situado en minoría. Esta actitud es contraria al principio de cooperación leal consagrado en los Tratados.
La Unión debe dotarse de mecanismos más eficaces para armonizar su discurso con la ambición de lograr una representación única, objetivo que, si bien no podrá hacerse realidad de un día para otro, debe seguir teniendo presente.
Una solución pragmática podría consistir en crear, ya en una primera fase, procedimientos más vinculantes de coordinación a través de un «diálogo financiero» entre los Estados miembros y las instituciones europeas.
Por lo que se refiere a la zona del euro, el artículo 138 del Tratado, que se menciona en el «Informe de los cinco presidentes»(11), aboga por el refuerzo de su representación externa; el objetivo debería consistir en su unificación por etapas. Desde que el FMI interviene en la zona del euro, y especialmente con el papel que ha desempeñado en Grecia, esta cuestión ha pasado a ser aún más pertinente.
La Unión podría ser todavía más ambiciosa. David Wright, secretario general de la OICV, ha planteado a título personal la idea de un marco institucional global, para el que probablemente se necesitará un tratado internacional, que, en caso de incumplimiento por parte de los Estados participantes, tenga poderes para garantizar la aplicación de sus recomendaciones, organizar procedimientos vinculantes de resolución de conflictos e imponer sanciones».(12)
Habida cuenta del carácter mundial de los flujos de capitales y de las profesiones del sector financiero, es ilusorio pretender regular las finanzas sin modificar la escala de la actuación pública.
Ante este reto, la Unión cuenta con varias bazas: ha creado un mercado interior de servicios financieros de dimensiones mundiales al que la Unión de los Mercados de Capitales infundirá próximamente un nuevo impulso. Posee centros financieros reconocidos, una junta encargada de prevenir los riesgos sistémicos (JERS) y tres autoridades que, en poco tiempo, han afianzado su existencia. El euro es una moneda mundial. Durante la crisis, la zona del euro se ha dotado de mecanismos de apoyo y de órganos de supervisión y resolución bancarias sin precedentes. Por otra parte, la Unión cuenta con una experiencia excepcional en el ámbito de la democracia supranacional y la supervisión del incumplimiento de los compromisos por parte de los Estados miembros. La exigencia de sus normas en materia de transparencia y de acceso a los documentos administrativos también podría servir como modelo para las organizaciones mundiales.
La importancia estratégica que reviste el sector financiero para el crecimiento y el empleo incita a rediseñar la cooperación mundial multilateral reforzando la influencia de la UE y de la zona del euro.
Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Miguel Urbán y Dimitris Papadimoulis
Si bien el informe incluye una serie de disposiciones positivas —por ejemplo, la necesidad de cooperación internacional en el ámbito de la regulación o la preocupación por la dispersión de las responsabilidades a expensas de la democracia como consecuencia de la coordinación a escala global—, se fundamenta en la idea de ampliar las competencias de una serie de organismos supranacionales, lo que redundará en un mayor distanciamiento del poder político con respecto a los ciudadanos, una evolución a la que nos oponemos firmemente.
Rechazamos sin ambages:
- Esta Unión Europea, que compromete tanto la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros como su soberanía nacional;
- La idea de que la revisión inter pares garantiza una mayor rendición de cuentas a los ciudadanos que el modelo tradicional de responsabilidad democrática formal basado en el concepto de «agente y principal»;
- El establecimiento de una representación de talla única que hable con una sola voz en nombre de todos los países de la Unión en el seno de las instituciones financieras internacionales;
- La imposición de un código de conducta que pretenda inhibir la actuación individual de los Estados miembros;
- La creación de una organización financiera mundial.
Defendemos firmemente que:
- No es posible consolidar la legitimidad democrática y la rendición de cuentas reforzando las imposiciones supranacionales;
- Los Estados miembros no deben declinar su propia representación en los foros internacionales;
- La cooperación internacional en materia de regulación debe basarse en la solidaridad entre los países y no en la defensa de los grandes intereses económicos y financieros.
1. Opina, teniendo en cuenta la naturaleza específica de la Unión como organismo supranacional, el elevado nivel de interdependencia que se da en la actualidad entre los países y el cambio en el equilibrio de poder, que la Unión debe desempeñar un papel más activo y destacado en el proceso de gobernanza económica mundial, mediante su adhesión a organismos internacionales; hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo reformas institucionales con miras a alcanzar una representación de la Unión coherente y una voz europea enérgica en las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales;
2. Opina que la Unión, como miembro de los foros internacionales, debe fomentar la reforma del proceso de gobernanza internacional y económica de acuerdo con sus principios tal y como prevén, en particular, los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE);
3. Pide a la Unión que se adhiera a los foros internacionales que regulan e influyen en la economía internacional; opina, sin embargo, que la Unión debe aclarar el estatuto jurídico de las decisiones tomadas por los organismos informales que dirigen la unión monetaria;
4. Subraya que la crisis económica y financiera iniciada en 2008 ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la gobernanza económica del mundo así como la necesidad de crear organismos supranacionales con capacidad de intervención y reglas de funcionamiento orientadas a lograr una mayor coordinación de las decisiones de políticas económicas nacionales;
5. Pide que se establezcan unos mecanismos de coordinación previa mejor estructurados y coherentes, a fin de elaborar y adoptar una posición común de la Unión Europea con miras a promover más eficazmente los mencionados objetivos y políticas de la Unión, por ejemplo, en los artículos 2, 3 y 6 del TUE y en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los foros económicos internacionales existentes, a la luz de la significativa interdependencia entre las economías mundiales dictada por la importancia del comercio internacional para la economía mundial;
6. Hace hincapié en que debería desarrollarse una estrategia concertada de la Unión en cada una de estas instituciones y organismos financieros, monetarios y regulatorios con el fin de que la Unión pueda establecer una posición coordinada y aumentar su influencia en el proceso de toma de decisiones;
7. Hace hincapié en la importancia de una voz europea unida en las instituciones y organismos internacionales y pide que la Comisión proponga un código de conducta europeo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, cuyo cometido sea guiar la acción de los representantes europeos en las organizaciones internacionales, e inspirándose en las mejores prácticas existentes; opina que, con el tiempo, todas las instituciones y organismos internacionales podrían tomar este código de conducta como ejemplo a la hora de crear sus propios códigos de conducta;
8. Recuerda que, dentro de las instituciones con representación tanto de la Unión como de los Estados miembros, debe respetarse plenamente el «principio de cooperación leal» previsto en el artículo 4, apartado 3, del TUE y que los Estados miembros «se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión»;
9. Aboga por que la Unión promueva un enfoque europeo unificado e integrador con el fin de garantizar que sus políticas y acciones sean coherentes, eficaces y continuadas y que se tengan en cuenta cuando se define una posición común los intereses y las aportaciones de los Estados miembros que no están representados en las mencionadas instituciones u organismos;
10. Opina que este enfoque europeo unificado e integrador podría lograrse mejor mediante la organización en el seno del Parlamento de un «diálogo financiero» formalizado y periódico que permita establecer orientaciones para la adopción de posiciones europeas antes de las grandes negociaciones mundiales y garantizar su difusión y seguimiento; opina que debe invitarse a las instituciones europeas, a los Estados miembros y, en su caso, a los dirigentes de las organizaciones internacionales interesadas a participar en este diálogo, cuya periodicidad y formato (público o a puerta cerrada) se fijarían con pragmatismo;
11. Opina que este diálogo serviría para definir el mandato de negociación para los ámbitos en los que el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo, unificando las posiciones europeas en torno a las opciones legislativas adoptadas por mayoría y evitando incoherencias con la legislación cuya adopción esté en curso;
12. Pide a la Unión que, a través de sus instituciones, cumpla plenamente con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y respete los límites infranqueables establecidos en la misma para la acción en todos los ámbitos, incluidas las medidas de índole económica que puedan tener grandes repercusiones sobre la vida de sus ciudadanos;
13. Recuerda que la Unión debe intentar ser miembro de pleno derecho en las instituciones económicas y financieras internacionales cuando aún no se le haya concedido y sea adecuado obtener dicho estatuto (por ejemplo, en el caso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)y del Fondo Monetario Internacional (FMI)); pide que las instituciones económicas y financieras internacionales lleven a cabo todas las modificaciones estatutarias necesarias para permitir la plena participación de la Unión;
14. Considera que, en el futuro, con el debido respeto al reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros y habida cuenta del progreso en la senda de la profundización de la unión económica y monetaria, debe garantizarse una representación exterior única de la Unión en el FMI y en otros foros económicos internacionales, con el fin de que la Unión pueda aprovechar plenamente su potencial, promover la realización de sus objetivos, proteger sus intereses y los de todos sus Estados miembros e incrementar su importancia y su influencia en el seno de la arquitectura económica y financiera global; opina que es imperativo que esta representación unificada comience con un avance hacia una representación única de la zona del euro en el FMI, sin perjuicio de crear, a largo plazo, una circunscripción única para la Unión;
15. hace hincapié en la necesidad de una reforma real de las políticas de la Unión, con el fin de evitar desajustes económicos y sociales entre los Estados miembros y permitir procesos de reestructuración de la deuda;
16. Lamenta la falta de responsabilidad democrática y transparencia en lo que respecta a los procesos de toma de decisiones de las instituciones y organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales y en la participación de la Unión en dichos procesos;
17. Opina que debe considerarse la posibilidad de crear un puesto único para las presidencias del Consejo y de la Comisión en las reuniones del G-20, dado que la existencia en la actualidad de un puesto doble debilita la credibilidad de la Unión en el exterior;
18. Subraya la necesidad de garantizar la plena transparencia, la responsabilidad democrática y la legitimidad de la participación de la Unión en las instituciones económicas y financieras existentes;
19. Hace hincapié en que los representantes de la Unión puedan ocupar la presidencia rotatoria del G-20;
20. Aboga por que la Unión establezca un sistema de transparencia plena para los representantes de los grupos de interés en el procedimiento de negociación entre las instituciones europeas y las instituciones internacionales mencionadas;
21. Considera que el Parlamento debe ser debida y periódicamente informado de las actividades y posiciones de la Unión en el seno de las instituciones económicas y financieras existentes; opina que el Parlamento debe tener derecho a expresar su opinión y desempeñar un papel de supervisión en relación con el trabajo de los representantes de la Unión en estas instituciones, con miras a asegurar la rendición de cuentas y reforzar la legitimidad democrática;
22. Pide que se establezcan grupos de trabajo interinstitucionales que se convoquen antes de las reuniones oficiales de las instituciones y organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales, y que den al Parlamento la oportunidad de expresar su opinión sobre los temas que se debatirán en las próximas reuniones; opina que debe crearse un mecanismo que tenga en cuenta la opinión del Parlamento en estas cuestiones;
23. Insiste en que el Parlamento debe tener acceso a los documentos pertinentes elaborados por las instituciones económicas y financieras, en que debe establecerse un adecuado mecanismo de información, abierto, periódico y eficiente, y en que los participantes en representación de la Unión deberían informar sistemáticamente al Parlamento sobre las decisiones adoptadas en estos foros;
24. Opina que la Unión debería desempeñar un papel más activo y destacado en la promoción de la reforma de las instituciones económicas y financieras internacionales a fin de que su funcionamiento sea más democrático, transparente y responsable, y, de este modo, acercarlas a los ciudadanos.
25. Reclama la conveniencia de que la Unión defienda en todos los foros económicos internacionales la coordinación y el fortalecimiento de la gobernanza económica del mundo, el modelo social europeo, la cooperación fiscal y la cultura de sostenibilidad de las empresas;
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0377.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0229.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0457.
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
El Banco de Pagos Internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen también competencias reguladoras; que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desempeña un papel importante en la gobernanza económica mundial; el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), el Grupo del Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), la Asociación Internacional de Desarrollo (AID), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) apoyan la financiación de la cooperación para el desarrollo.
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria».
El informe tiene un formato limitado y no pretende ser exhaustivo. Se ha optado deliberadamente por un ámbito limitado que corresponde a las competencias de la Comisión ECON, pero que permite abordar los problemas esenciales, en particular la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa estratégica de los intereses europeos. La ponente agradece la colaboración de los autores de los distintos estudios elaborados para este informe, disponibles en el sitio web del Parlamento Europeo en la sección Think Tank.
Reaction to the Opinion of the Basel Committee on CRD 4 (Capital Requirements Directive for Banks), comunicado de prensa de la Comisión ECON de 5.12.2014 [URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141205IPR82904/html/REACTION-TO-THE-OPINION-OF-THE-BASEL-COMMITTEE-ON-CRD-4]
Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, informe de Jean-Claude Juncker en estrecha colaboración con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz [URL: http://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_es]
Observaciones formuladas por David Wright, secretario general de la OICV, Consejo Atlántico, Washington D.C., 10 de diciembre de 2012 [URL: https://www.iosco.org/library/speeches/pdf/20121210-Wright-David.pdf]

References: artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 resolución 
 resolución 
 artículo 4

Resolución