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Timestamp: 2020-06-01 20:11:29+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 859/07 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43533367
Sentencia de Constitucionalidad nº 859/07 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2007
Revision de la ley 1102 de 2006, por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo, hecho en dakar, senegal, el veintitres (23) de enero de dos mil cinco (2005). Examen de constitucionalidad del acuerdo y de su ley aprobatoria. La constitucionalidad en los aspectos formales y en su aspecto material. Constitucionalidad material del acuerdo para establecer la red global de desarrollo y de la ley 1102 de 2006. Exequibles
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO ''GDN''-Ajustado a la Constitución en su aspecto formal
La jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer que las mismas son medios que han existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos, y que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios también para asegurar la autonomía de esas entidades. En este contexto la institución de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, la Corte ha precisado que las inmunidades y privilegios conferidos a organismos o miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas. La Corte ha agregado que de no hacerse tal salvedad, ''[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios. Igualmente la jurisprudencia constitucional ha señalado que los instrumentos internacionales no pueden conferir inmunidades absolutas que impliquen la total renuncia del Estado a utilizar los mecanismos de control y represión que le sirven para conservar la soberanía en su propio territorio.
Revisión constitucional de la Ley 1102 de 2006 ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005)
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 7 de diciembre de 2006, fotocopia auténtica de la Ley 1102 de 2006 ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005).
A continuación se transcribe el texto de la Ley 1102 de 2006 ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005), publicada en el Diario Oficial, Año CXLII No 46674 del 6 de diciembre de 2006.
''LEY 1102 DE 2006
Visto el texto del ''Acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que a la letra dice:
El propósito de GDN es apoyar la investigación de alta calidad orientada a políticas en las ciencias sociales a fin de promover el desarrollo. Con este fin, GDN fomentará esfuerzos cooperativos entre instituciones de investigación socioeconómica, investigadores individuales, diseñadores de políticas y donantes que alienten la creación de capacidad y el funcionamiento en red, basados en la creencia de que la investigación de alta calidad y orientada hacia políticas acelera el desarrollo.
Para promover el propósito indicado en el párrafo 1 de este artículo, las funciones de GDN incluirán creación de capacidad, funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de donantes, alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de calidad y llevar a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas.
GDN será guiado en todas sus actividades y decisiones por las cláusulas de este Acuerdo y los siguientes principios de gestión:
(a) ''Global Development Network, I..'' significa Global Development Network, I.. (Red Global de Desarrollo), la organización antecesora sin fines de lucro creada como una sociedad sin acciones bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
(b) ''GDN'' significa Global Development Network (Red Global de Desarrollo), una organización internacional pública creada por este Acuerdo;
(c) ''Personal de GDN'' significa el P. y demás empleados de GDN;
(d) ''Oficiales de GDN'' significa los R.s de la Asamblea y los D. de la Junta Directiva;
(e) ''Partes de este Acuerdo'' significa los Estados y organizaciones internacionales públicas que han firmado, ratificado, aceptado, aprobado o accedido a este Acuerdo;
(f) ''Estados Partes''significa las partes del Acuerdo que son Estados.
(g) ''Organizaciones internacionales públicas'' significa cualquier organización internacional cuyos miembros son Estados, u otras organizaciones internacionales, o ambas.
(h) ''Comunidades de investigación regional'' significan las redes de investigación, las instituciones de investigación, investigadores individuales y otras personas, de cada una de las regiones listadas en el Anexo de este Acuerdo, que están comprometidas o interesadas en dar soporte de alta calidad, e investigación política orientada a las ciencias sociales; e
(i) ''Redes de investigación regional'' significan las redes de investigación regional listadas en el Anexo del Acuerdo, la lista debe ser revisada por la Junta de D. periódicamente.
La situación de GDN será la de una organización internacional pública.
GDN poseerá plena personalidad jurídica y disfrutará de aquellas capacidades que puedan ser necesarias para el cumplimiento de su propósito y el ejercicio de sus funciones. En particular, GDN tendrá la capacidad para:
GDN obtendrá los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus actividades a través de contribuciones voluntarias y donaciones de las Partes de este Acuerdo y otras personas, incluyendo gobiernos, fundaciones y corporaciones, y también de ingresos generados por sus inversiones o la venta de sus publicaciones u otros productos y servicios.
Las Partes de este Acuerdo no estarán bajo ninguna obligación de brindar apoyo financiero a GDN.
GDN es una red global de investigación que opera principalmente a través de redes de investigación regionales, y sus actividades estarán abiertas a la participación de las comunidades de investigación regionales. Ninguna organización o persona será excluida de participar de las actividades de GDN por motivo de raza, género, religión o cultura.
La estructura organizacional de GDN consistirá en una Asamblea, una Junta Directiva, un P. y todo otro personal que pueda ser considerado necesario.
Las siguientes personas serán elegibles para llegar a ser Partes de este Acuerdo:
Ninguna Parte será responsable, con motivo de su firma y ratificación de este Acuerdo o su adhesión a este Acuerdo, por acciones, deudas, pasivos u otras obligaciones de GDN.
La Asamblea consistirá en un R. designado por cada Parte de la forma que lo determine. Cada R. servirá hasta tanto se haga una nueva designación. La Asamblea elegirá entre sus R.s a un P. y a uno o más V..
La Asamblea tendrá la autoridad para:
El papel de supervisión general de la Asamblea, mencionado en el párrafo 4(i) de esta Sección, incluirá monitorear el avance de las actividades de GDN, evaluar sus necesidades de financiamiento de largo plazo, considerar su dirección y estrategia futuras, brindar orientación y recomendaciones para la consideración de la Junta Directiva, y aprobar los estados financieros anuales auditados de GDN.
La Asamblea se reunirá cada dos años, y podrá reunirse más frecuentemente si es necesario, ya sea por iniciativa de una mayoría de los R.s de la Asamblea o por invitación de la Junta Directiva. El quórum para cualquier reunión de la Asamblea será una mayoría de los R.s.
La Asamblea podrá adoptar aquella reglamentación que pueda ser necesaria o adecuada para la realización de sus reuniones.
Los R.s servirán como tales sin compensación de GDN.
Cada R. tendrá un voto. Excepto si se estipula otra cosa específicamente en este Acuerdo, las decisiones serán tomadas por una mayoría de los votos emitidos.
La Junta Directiva será responsable de dirigir las operaciones generales de GDN.
La Junta Directiva consistirá en no menos de dieciséis y no más de veinte D., que serán seleccionados en base a sus logros profesionales en el campo de las ciencias sociales y tomados de los siguientes grupos:
(a) De acuerdo con su autoridad bajo Sección 2, párrafo 4 (ii) de este Artículo, la Asamblea designará la primera Junta Directiva, que consistirá de los dieciocho miembros de la Junta Directiva de Global Development Network, I..
(b) Luego de la designación de la primera Junta Directiva por la Asamblea, la Junta Directiva podrá designar dos D. más, de acuerdo con los criterios de nominación y el proceso aprobados por la Asamblea de acuerdo con Sección 2, párrafo 4 (ii), de este artículo.
La Junta Directiva será responsable de la designación de las Juntas Directivas sucesoras y de llenar toda vacante que pueda surgir en la Junta Directiva, todo de acuerdo con los criterios de designación y el proceso aprobados por la Asamblea de acuerdo con la Sección 2, párrafo 4 (ii), de este Artículo.
Los D. serán designados para un período de tres años excepto que, con la idea de asegurar una transición gradual de su membresía, los períodos de los cargos de los D. de la primera Junta Directiva serán escalonados para prever que aproximadamente un tercio de los D. se retire cada año.
La Junta Directiva se reunirá con la frecuencia que los asuntos de GDN puedan requerir. La Junta Directiva designará un P. de la Junta y uno o más V.. El quórum para toda reunión de la Junta Directiva será una mayoría de los D..
La Junta Directiva podrá designar las comisiones que considere conveniente. La membresía en dichas comisiones no necesita estar limitada a los D..
La Junta Directiva adoptará el Estatuto y la reglamentación que sean necesarios o adecuados para llevar a cabo los asuntos de GDN.
Cada Director tendrá un voto. Salvo cuando se estipule específicamente lo contrario en este Acuerdo, las decisiones serán tomadas por la mayoría de los votos emitidos.
La Junta Directiva escogerá un P. que no será un R. o un Director. El P. podrá participar en reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, pero no votará en dichas reuniones.
El P. será el jefe del personal operativo de GDN y dirigirá, bajo la dirección de la Junta Directiva, los asuntos corrientes de GDN. Sujeto al control general de la Junta Directiva, él o ella será responsable de la organización, designación o despido de los oficiales y el personal.
El P. y el personal de GDN, durante el cumplimiento de sus cargos, se deben por entero a GDN y a ninguna otra autoridad. Cada R. de la Asamblea y cada Director de la Junta Directiva respetará el carácter internacional de este deber y se abstendrá de todo intento de influir en ninguno de ellos en el cumplimiento de sus deberes.
Al designar el personal de GDN, el P., sujeto a obtener las personas mejor calificadas y experimentadas, hará todos los esfuerzos por reclutar personal de forma de garantizarla diversidad y equilibrio de género geográfico y de las ciencias sociales.
La oficina central de GDN se establecerá en Nueva Delhi, India, a menos que la Asamblea, por recomendación de la Junta Directiva, decida reubicar la oficina central en otra parte.
GDN podrá establecer oficinas adicionales en otros lugares según lo requerido para apoyar sus programas y actividades.
Todos los R.s, D. y personal de GDN
GDN, sus bienes, propiedad, ingresos y sus operaciones y transacciones autorizadas por este Acuerdo, serán inmunes de toda tributación y de todo arancel aduanero. GDN será inmune también de responsabilidad por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel.
Excepto en el caso de ciudadanos locales, no se impondrá ningún impuesto a salarios, o con relación a salarios, y a emolumentos pagados por GDN al personal de GDN.
Este Acuerdo puede ser enmendado por la Asamblea por un voto de mayoría de tres cuartos de todos los R.s, siempre que:
GDN podrá ser disuelto por una mayoría de tres cuartas partes de todos los R.s de la Asamblea si se determina que GDN ya no cumple su propósito ni está ejerciendo sus funciones eficazmente. Notificación de dicha disolución, junto con una explicación completa de las razones por las cuales GDN ya no cumple su propósito ni está ejerciendo sus funciones, deberá enviarse a las Partes en este acuerdo al menos con ciento veinte días de antelación a la fecha establecida para la votación de la propuesta de disolución.
En caso de disolución, todos los bienes de GDN que resten luego del pago de sus obligaciones legales serán distribuidos a instituciones que tengan propósitos similares a los de GDN, según lo decidido por la Asamblea, con fundamento en la recomendación de la Junta Directiva.
Este Acuerdo estará abierto inicialmente para la firma de Estados y organizaciones internacionales públicas por un período de dos años contados a partir del 23 de enero de 2005. Los Estados y organizaciones internacionales públicas que no lo hayan firmado durante los primeros dos años, podrán, por invitación de la Asamblea formulada de conformidad con el Artículo V, Sección 2, parágrafo 4(iv), convertirse en Partes en este Acuerdo depositando un instrumento de adhesión.
El Gobierno de la República de India será el Depositario de este Acuerdo.
La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a este Acuerdo será realizada por las Partes de acuerdo con sus propias leyes, estatutos, reglamentaciones y procedimientos.
Al entrar en vigor este Acuerdo, GDN tomará todas las medidas necesarias para adquirir los derechos, obligaciones, concesiones, propiedad e intereses de Global Development Network, I..
Artículo 1o. Apruébase el ''ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO'', hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el ''ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO'', hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
A.C. BARRERA.
ARTÍCULO 1o. Apruébese el ''ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO'', hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a. de 1944, el ''ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO'', hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
M.C.A.C..''
Para efectos del presente estudio se ofició a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo y de Educación Nacional, así como a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, para que remitieran a esta Corporación los antecedentes del Acuerdo materia de revisión, como también el pronunciamiento respecto de la constitucionalidad del mismo. De igual manera se ordenó correr traslado al P. General de la Nación con el fin de que rindiera el concepto de rigor.
También se ofició a los S.s Generales del Senado de la República, de la Cámara de R.s y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de ambas Cámaras Legislativas, para que enviaran copia de las Gacetas del Congreso donde se publicó el proyecto que culminó con la expedición de la Ley y las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates constitucionales; así mismo, para que certificaran respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la que fue aprobado, el quórum y la votación obtenida finalmente.
La interviniente recuerda que el instrumento internacional sujeto a estudio fue suscrito el veintitrés (23) de enero de 2005 por el entonces Embajador Extraordinario y P. de la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Estados Unidos, doctor A.M.M., en virtud de los Plenos Poderes que le confiriera el señor P. doctor Á.U.V., el 20 de enero de 2005, de acuerdo con la facultad contenida en el artículo 189 numeral 2° de la Constitución Política.
Señala que el 21 de octubre de 2005, el P. de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva al citado instrumento y en el mismo acto, en cumplimiento de los trámites constitucionales, ordenó someter a consideración del Congreso de la República la aprobación del Acuerdo.
Indica que una vez impartida la aprobación ejecutiva, el Gobierno Nacional por intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores, C.B.I., presentó al Honorable Congreso de la Republica el proyecto de ley ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005).
Manifiesta que el proyecto fue radicado en la Comisión Segunda del Senado, como corresponde por disposición del artículo 154 de la Constitución Política, el 21 de octubre de 2005, y siguiendo lo establecido en el artículo 157 de la misma, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 900 del 14 de diciembre de 2005. Surtidos los trámites correspondientes, el Congreso expidió la Ley 1102 de 2006, aprobatoria del instrumento. Fue sancionada por el P. de la Republica el 6 de diciembre de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.474 del 6 de diciembre de 2006.
Considera que con la celebración y adopción de este Acuerdo por parte de Colombia se están desarrollando ''los principios constitucionales de promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional y de integración económica, social y política con las demás naciones''. De igual forma, este acuerdo está dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado ''como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como también facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica (artículo 2º de la Constitución Política)''.
Señala que en la actualidad el comercio electrónico toma cada vez más fuerza y es necesario que ''nuestro país entre a competir con otros países en vía de desarrollo, los cuales han asumido posiciones importantes en el mercado de la tecnología digital, mediante la cual gran parte de su economía depende de las transacciones que realizan por vía electrónica. De esta manera, tanto las personas naturales como las jurídicas de nuestro país se han inscrito y forman parte de este adelanto tecnológico y representan a nuestro país, muchas veces utilizando mecanismos digitales como la firma electrónica para celebrar negociaciones comerciales''.
Sostiene que como lo afirma ''el Acuerdo, el propósito de la Red Global de Desarrollo -GDN- es el de apoyar la investigación de alta calidad en beneficio de los Estados Parte y de esta manera compartir una amalgama de conocimientos consignados en cientos de equipos electrónicos todos unidos a esta Red y en contacto permanente, garantizando la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de Comunicación (artículo 20 de la C.P)''. Como fundamento de lo anterior cita la Sentencia C-831 de 2001.
En virtud del artículo 27 de la C.P., resalta que es un deber del Estado garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Deber que se cumple con la adopción del acuerdo para establecer la red global de desarrollo, toda vez que con éste se fomentan ''esfuerzos cooperativos entre instituciones de investigación socioeconómica, investigadores individuales encaminados a compartir conocimientos que ayuden a la capacitación de cualquiera que utilice esta Red en beneficio propio o colectivo orientado a las ciencias sociales, en concordancia con el Artículo 67 de la C.P., que consagra como derecho de la persona el de la educación el cual es un servicio públicos que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura''.
Finalmente, el acuerdo que se analiza se ajusta a lo dispuesto por la Carta Política en cuanto a los aspectos procedimentales. ''La Constitución Política Nacional, en su artículo 189.2 dispone que le corresponde al P. de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa dirigir las relaciones internacionales. En virtud de este postulado, el P. de la República dirigió el proceso de suscripción del "ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO".''
En este orden de ideas, señala que para Colombia es útil celebrar el acuerdo mediante el cual se crea ''la Red Global de Desarrollo, como una organización internacional pública, dotada de personalidad jurídica, con capacidad para administrar y disponer de sus propios recursos, para los fines primordiales de la investigación, determinando que "ninguna organización o persona será excluida de participar de sus actividades por motivo de raza, género, religión o cultura, por supuesto, que se está dotando con ello a la Comunidad Internacional del instrumento idóneo para su desarrollo y competitividad, con verdadero alcance a lo social, en cuanto constituye su multiplicador evolutivo''''.
De otra parte, sostiene que el acuerdo sometido a revisión cumple con las disposiciones del derecho internacional, las cuales se fundamentan en principios de confianza y buena fe los que deben estar contenidos en todos los acuerdos, ''bajo la certeza que éstos habrán de ser respetados, como así lo exige el principio de Pacta Sunt Servanda y las demás fuentes del derechos internacional como la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados, como máxima expresión de su materialización; para cuya comprensión es menester acudir al compendio normativo contenido en la convención de Viena.''
Señala que ''Colombia es miembro de la Comunidad Internacional y como tal, no puede ser ajena a los principios, facultades y obligaciones que constituyen el régimen jurídico bajo el cual se rigen las relaciones entre Estados; el que en últimas, conforma el Derecho Internacional vigente, cuyo origen no es nuevo, por cuanto éste se remonta en su esencia a la propia génesis de relación entre los Pueblos y cuyo desarrollo a través de sus diferentes estadios, evoluciona a partir del lus Gentium o Derecho de Gentes, de la instituciones Romanas, hasta el momento actual de globalización, en el que su aplicación en el ámbito del Derecho Público, se extiende como marco referente de las relaciones entre Estados y, bajo cuya política se desarrolla el Derecho Privado, que rige las actos y la solución de conflictos entre los individuos, confrontados a la colisión que pueda surgir frente al derecho interno de cada país''.
Mediante escrito del 7 de junio de 2007 la señora Ministra de Educación Nacional señala que ''Revisado el Acuerdo señalado en el asunto de la referencia, este Ministerio no tiene objeciones sobre la constitucionalidad del mismo'' .
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 4321 recibido en ésta Corporación el veintinueve (29) de mayo de 2007, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Convenio sometido a estudio así como la Ley aprobatoria del mismo, la Ley 1102 de 6 de diciembre de 2006, por las razones que a continuación se explican.
Recuerda que el instrumento internacional objeto de estudio fue suscrito en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005. Posteriormente, con la Aprobación Ejecutiva del 21 de octubre de 2005, el P. de la República dispuso someter el citado Acuerdo a la consideración del Congreso de la República, para los efectos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
Respecto del trámite de la Ley aprobatoria del Acuerdo referido, luego de hacer un completo recuento del mismo, señala que de conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, el proyecto de ley radicado con los números 198 de 2005 Senado y 305 de 2006 Cámara, cumplió cabalmente el trámite señalado en la Constitución para el efecto, de la misma manera que fue sancionado por el P. de la República y remitido a la Corte Constitucional dentro de los términos constitucionales.
En cuanto al contenido material de los textos que se revisan el señor P. afirma que el Acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo constituye un importante mecanismo para impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, lo cual está en consonancia con los postulados constitucionales consagrados en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución, que orientan la política exterior del Estado colombiano referentes a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional así como en el respeto de la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Destaca que el Acuerdo atiende la obligación constitucional del Estado de promover la integración en el campo de la investigación con las demás naciones, pues se presenta como una herramienta de integración entre naciones para encontrar mecanismos de cooperación con el fin de lograr mayores niveles de progreso social y económico.
El Acuerdo afianza el proceso de integración, toda vez que promueve la cooperación y ayuda en materia de investigación y acceso a información entre los Estados Partes, lo que resulta acorde con lo señalado en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución.
El Acuerdo se celebra con la finalidad de lograr, a través de una red de investigación multidisciplinaria un mayor desarrollo social, político y económico, frente a lo cual el Estado Colombiano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° Superior, debe implementar herramientas como ésta para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
En virtud de lo estipulado en el artículo VII del Acuerdo que se analiza, el tratamiento de inmunidad de los archivos, tributación e incautación de los bienes de la Red Global de Desarrollo no vulnera la Constitución Política, pues permite que por parte del Estado Colombiano se implementen las medidas necesarias en dicho sentido.
El Acuerdo establece en su artículo V que ninguna persona podrá ser excluida de participar de las actividades de la Red Global de Desarrollo por motivo de raza, género, religión o cultura. Precepto que está en completa concordancia con los postulados establecidos en los artículos 13, 19, 25, 43 y 53 de nuestra Carta Política, relativos al derecho a la igualdad, libertad de cultos y derecho al trabajo.
Finalmente, en cumplimiento con lo señalado en el artículo 9° de la Carta, el Acuerdo salvaguarda la soberanía nacional del Estado Colombiano, en la medida que su aplicación está sujeta al ordenamiento jurídico interno. De esta manera, el artículo XI estipula que las medidas adoptadas por las Partes para dar cumplimiento al Acuerdo, se llevarán a cabo con fundamento en la legislación interna vigente.''
Así las cosas concluye que '' al estudiar el Acuerdo tanto en su aspecto formal como material, este Despacho considera que se ajusta a los preceptos constitucionales porque, primero, se cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse en parte integrante del ordenamiento jurídico interno; y, segundo, el contenido del Acuerdo desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.''
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse en forma definitiva sobre la exequibilidad de la Ley 1102 de 2006 ''por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005).
El Acuerdo ''por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005), por el entonces Embajador Extraordinario y P. de la Embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos de América, doctor A.M.M., en virtud de los Plenos Poderes que le confiriera el señor P. doctor Á.U.V., el 20 de enero de 2005, de acuerdo con la facultad contenida en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política.
Por su parte, el P. de la República, doctor Á.U.V., impartió al Acuerdo la correspondiente aprobación ejecutiva, el veintiuno (21) de octubre de 2005 y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la República. Folios 17 y 18 del Expediente LAT-299.
Por lo anterior, de acuerdo con reiterada jurisprudencia Sentencia C-400 de 1998 M.P A.M.C. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-834 de 2001 M.P.M.G.M.C. y C-369 de 2002 M.P.E.M.L., C-401 de 2003 y C-533 de 2004 M.P.Á.T.G.. la suscripción del instrumento que se examina, cumple con lo dispuesto por el artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al P. de la República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de dicha facultad, la posibilidad de celebrar tratados o Acuerdos con otros Estados y con entidades de derecho internacional.
Con fundamento en las certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de R.s, así como en los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1102 de 2006, fue el siguiente:
2.1.2.1. El proyecto de ley junto con la exposición de motivos fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora C.B.I., y el Ministro de Hacienda, doctor A.C.B., el 21 de octubre de 2005, y fue radicado bajo el No. 198 de 2005 -Senado- y publicado en la Gaceta del Congreso No. 900 del 14 de diciembre de 2005. Ver Gaceta de Congreso N° 900, páginas 7 a la 13, folios 8 al 14, cuaderno de pruebas N°1.
2.1.2.2. Dicho proyecto con su correspondiente exposición de motivos fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado donde se surtió el primer debate siendo ponentes los senadores M.A.Y.P. y F.G.L.. La ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 113 del 11 de mayo de 2006 Ver Gaceta del Congreso N°113 de 2006, páginas 3 a la 5, folios 60 al 62, cuaderno de pruebas N°1.; y fue debatida y aprobada con un quórum deliberatorio y decisorio de doce (12) votos a favor y ninguno en contra de los trece (13) miembros que integran la Comisión, en sesión del treinta y uno (31) de mayo de 2006, según consta en el Acta N° 24 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 223 de 2006 del 28 de junio de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 223 de 2006, página 40, folio 52, cuaderno de pruebas N°4..
Ahora bien, según consta en el Acta No. 1 de la sesión ordinaria del diecisiete de (17) de mayo de 2006 publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del viernes 1° de septiembre de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 333, páginas 12, folio 13, cuaderno de pruebas N°4., y según certificación del veintidós (22) de marzo de 2007, expedida por el S. General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República Ver folio 1, Cuaderno de Pruebas N°4, dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del treinta y uno (31) de mayo de 2006 figuró el proyecto de ley 198 de 2005 -Senado-, ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo''.
En efecto, en la Gaceta No 333 de 2006, dentro del acta No 01 de la sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado del miercoles 17 de mayo de 2006, se anunció para primer debate el proyecto de ley bajo estudio, así: ''Hace uso de la palabra el S. General de la Comisión Segunda del Senado, doctor F.O.M.: La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la Sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados el Proyecto de ley número 171 de 2005, el Proyecto de ley número 121 de 2005, el Proyecto de ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005, y 219 de 2005 que fueron colocados en el Orden del Día para discusión del día de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo''. Es así como en la sesión ordinaria del miércoles 31 de mayo se debatió y aprobó el proyecto de Ley 198 Senado.
2.1.2.3. La Plenaria del Senado adelantó el segundo debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 180 del 9 de junio de 2006, Ver gaceta del Congreso N° 180 de 2006, páginas 8 a la 10, folios 29 al 31, cuaderno de pruebas N° 1. siendo ponentes los senadores M.A.Y.P. y F.G.L.. El proyecto fue aprobado en sesión ordinaria del día miércoles 14 de junio de 2007, con un quórum deliberatorio y decisorio de 99 honorables senadores de la República, de los 102 que conforman la plenaria de esta Corporación, se impartió la aprobación por unanimidad, así como aparece en el Acta No. 55 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 232 del miércoles 12 de julio de 2006, Ver gaceta del Congreso N° 232 de 2006, página 15, folio 16, cuaderno de pruebas N° 5. y según certificación del S. General del Senado de la República del dieciocho (18) de febrero de 2007 Ver Folios 1 y 2, Cuaderno de Pruebas N° 1..
Según consta en el Acta No. 54 de la sesión ordinaria del día 13 de junio de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 231 del 12 julio de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 231 del 12 julio de 2006, página 52, folio 77, cuaderno de pruebas N° 5., y según certificación del S. General del Senado de la República del veintidós (22) de marzo de 2007 Ver folio 1, Cuaderno de Pruebas N°5., dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del 14 de junio de 2007, figuró el proyecto de ley 198 de 2005 -Senado-, ''Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo''.
Nótese que en la Gaceta No 231 de 2006, dentro del acta No 54 de la sesión ordinaria de la Plenaria del Senado del martes 13 de junio, se anunció para segundo debate el proyecto de ley bajo estudio, así: ''Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Proyectos en segundo debate: Proyecto de ley número 198 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005''. Es así como en la sesión siguiente del miércoles 14 de junio de 2006, se debatió y decidió el proyecto de Ley 198 Senado.
2.1.2.4. Una vez radicado el proyecto de ley en la Cámara de R.s bajo el No. 305 de 2006 -Cámara-, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 319 del 25 de agosto de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 319 de 2006, páginas 4 y 5, folios 17 y 18, cuaderno de pruebas N°3., siendo ponente el R.G.G.A.. Dicho proyecto fue discutido y aprobado con la asistencia de dieciocho (18) R.s, en forma unánime, en sesión ordinaria del doce (12) de septiembre de 2006, según consta en el Acta No. 08 de la misma fecha de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, publicada en la Gaceta del Congreso No. 475 del 23 de octubre de 2006 Ver gaceta del Congreso N° 475 de 2006, páginas 28 y 29, folios 168 y 169, cuaderno de pruebas N° 2..
Ahora bien, según consta en el Acta No. 07 de la sesión ordinaria del día cinco (5) de septiembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No 474 de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 474 de 2006, página 28, folio 140, cuaderno de pruebas N° 2., dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del doce (12) de septiembre de 2006, figuró el proyecto de ley 305 de 2006 -Cámara- y 198 de 2005 -Senado-, ''por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo''.
En efecto, en la Gaceta No 474 de 2006, dentro del acta No 07 de la sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s del 5 de septiembre de 2006, se anunció para primer debate, en Cámara, el proyecto de ley bajo estudio, así : ''Anuncio de los proyectos de ley para la próxima Comisión. Hace uso de la palabra el P., honorable R.O.F.B.R.: I.luya los dos de hoy y lee el que había nuevo para tratar 3 proyectos de ley en la próxima sesión. Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora P.R.A.: Sí señor P.. (...) Proyecto de Ley número 305/2006 Cámara, 198/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para establecer la Red Global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005. Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora C.B.; Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor A.C.. (...) Hace uso de la palabra el P., O.F.B.R.: Muy bien. Se levanta la sesión y se convoca para dentro de 8 días. Muchas gracias. Se levanta la sesión''. Es así como en la sesión siguiente del martes 12 de septiembre de 2006, se debatió y decidió el proyecto de Ley 198 Senado y 305 Cámara.
2.1.2.5. La Plenaria de la Cámara de R.s adelantó el segundo debate del proyecto de ley, a partir de la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 467 del jueves 19 de octubre de 2006 Ver folio 1, Cuaderno de Pruebas N°4., siendo ponente el R.G.G.A.. Dicha ponencia fue discutida y aprobada en sesión plenaria del treinta y uno (31) de octubre de 2006, según consta en el Acta No. 22 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 607 del viernes 1 de diciembre de 2006 Ver Gaceta del Congreso N° 607, páginas 14 y 15, Cuaderno de Pruebas N°3., y según certificación expedida por el S. General de la Cámara de R.s del veintisiete (27) de febrero de 2006 Ver folios 1 y 3, Cuaderno de Pruebas N°3.
Según consta en el Acta No. 21 de la sesión ordinaria del veinticinco (25) de octubre de 2006 publicada en la Gaceta del Congreso No. 609 del lunes cuatro (4) diciembre de 2006 Ver gaceta del Congreso N° 609 de 2006, página 16, folio 75, Cuaderno de Pruebas N°3., y según certificación expedida por el S. General de la Cámara de R.s del veintisiete (27) de febrero de 2006 Ver folios 1 y 3, Cuaderno de Pruebas N° 3, dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del treinta y uno (31) de octubre de 2006, figuró el proyecto de ley 305 de 2006 -Cámara- y 198 de 2005 -Senado-, ''por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo''.
Nótese que en la Gaceta No 609 de 2006, dentro del acta No 21 de la sesión ordinaria de la Plenaria de la Cámara del miércoles 25 de octubre, se anunció para segundo debate, el proyecto de ley bajo estudio, así: ''Se anuncian los temas, proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la tarde: (...) Proyecto de ley número 305 de 2006 Cámara, 198 de 2005 Senado. (...) Señor P., han sido anunciados los temas que estarán en el Orden del Día del próximo martes a las tres de la tarde.'' Entre tanto, en la sesión ordinaria del martes 31 de octubre de 2006, se debatió y aprobó el proyecto de Ley 198 Senado y 305 Cámara.
2.1.2.6. El P. de la República doctor Á.U.V. sancionó la Ley aprobatoria del Acuerdo sub exámine, el seis (06) de diciembre del año 2006, bajo el No. 1102 y la remitió a esta Corporación, siendo recibida el día siete (7) de diciembre del año dos mil seis (2006), es decir, dentro del término previsto en artículo 241-10 de la Constitución Política para su revisión.
2.1.2.7. Teniendo presente el anterior recuento, la Corte constata que el trámite observado para la aprobación de la Ley sub examine, se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política. En efecto, el proyecto inició su trámite en el Senado de la República conforme lo ordena el último inciso del artículo 154 superior; cumplió con los requisitos a que alude el artículo 157 constitucional respecto de i) la publicación inicial del proyecto; ii) la aprobación en la Comisión II Constitucional Permanente y en la Plenaria de cada Cámara; y iii) la sanción por el Gobierno. Así mismo fueron presentados en las Comisiones Segundas Permanentes de cada Cámara los informes de ponencia que exige el artículo 160 superior, de la misma manera que fue respetado el plazo allí establecido que debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de ellas y la iniciación del debate en la otra Corporación. De la misma manera que se cumplió con el requisito señalado en el mismo artículo a partir de la aprobación del Acto legislativo No. 01 de 2003 en relación con el anuncio previo de que el proyecto sería sometido a votación. Siendo finalmente sancionada por el P. de la República, también dentro del término constitucional.
Descripción del contenido del Acuerdo que se revisa y de su Ley aprobatoria
2.2.1.1 El artículo introductorio del Acuerdo precisa que ''La Red Global de Desarrollo se crea como una organización internacional pública''.
Para lograr dicho propósito, las funciones de la red incluirán ''la creación de capacidad, funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de donantes, alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de calidad y llevar a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas''.
En el artículo II se señalan las definiciones que se deben tener en cuenta para los propósitos del Acuerdo. En el mismo se enumeran las definiciones de i) Global Development Network, I., ii) Red Global de Desarrollo, iii) Partes y Estados partes del acuerdo, iv) Personal y Oficiales de la red, v) Organizaciones internacionales públicas, vi) Comunidades de investigación regional y vii) Redes de investigación regional
El artículo III reitera que ''la situación o naturaleza jurídica'' de la Red será la de una organización internacional pública, al tiempo que la misma tiene plena personalidad jurídica y disfrutará de aquellas capacidades necesarias para el cumplimiento de su propósito y ejercicio de sus funciones. Por lo que tendrá capacidad para contratar, adquirir y disponer de propiedades muebles e inmuebles, emplear personal y asesores, iniciar y responder actos jurídicos, invertir el dinero y las propiedades y tomar las medidas necesarias para lograr su propósito.
Precisa además que la estructura organizacional de la Red estará conformada por una Asamblea, una Junta Directiva, y tendrá un P. cuyas funciones respectivas se detallan en dicho artículo.
El artículo IX establece que el Acuerdo puede ser enmendado por la Asamblea por un voto de mayoría de tres cuartos de todos los R.s, siempre que i) la Junta Directiva haya considerado y recomendado las enmiendas propuestas; y ii) una notificación de dicha enmienda, junto con su texto completo, haya sido enviada a todas las Partes del Acuerdo al menos con ciento veinte días de anticipación de la fecha establecida para un voto sobre la enmienda propuesta.
El artículo X prevé que la Red podrá ser disuelta por una mayoría de tres cuartas partes de todos los R.s de la Asamblea si se determina que GDN ya no cumple su propósito ni está ejerciendo sus funciones eficazmente.
Los artículos XI, XII y XIII tratan sobre la firma, entrada en vigor, y denuncia del Acuerdo. El artículo XIV regula la transición entre Global Development Network, I.. Organización privada que sirvió de antecedente a la nueva organización y la Red Global de Desarrollo.
Finalmente en el A.I. se enumeran las Regiones y Redes de Investigación Regionales vigentes al momento de la celebración del Acuerdo.
2.2.2. Constitucionalidad material del ''Acuerdo para establecer la red global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005) ''
Al respecto, no sobra recordar que en diversas providencias de esta Corporación, referidas particularmente a la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de cooperación técnica, científica y tecnológica Ver entre oras las sentencias C-186 de 1999. M.P.F.M.D., C-1439/00 M.P.M.V.S.M., C-303/01 M.P.M.G.M.C., C-862/01 y C-953/01 - M.P.M.J.C.E., C- /06 M.P.A.T.G.. , se ha señalado que Acuerdos o Convenios como el que se examina no contravienen el ordenamiento constitucional. Por el contrario, este tipo de acuerdos desarrollan el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art- 226 C.P.).
En el presente caso la Corte destaca que como se recuerda en la exposición de motivos de la ley aprobatoria del Acuerdo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social encuentran en el acceso a la información y en la investigación multidisciplinaria dos de sus más importantes pilares, lo que hace indispensable el fortalecimiento de los canales de cooperación educativa e informativa, a través de conductos ágiles y útiles que permitan a los pobladores acceder adecuadamente a mecanismos de fomento y desarrollo de la actividad investigativa. Desde esta perspectiva dado que la Red Global de Desarrollo está encargada de ''crear la capacidad para funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de donantes''; así como, ''alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de calidad y llevar a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas de desarrollo social'' y que el enfoque general es el de ''facilitar a los afiliados a la Red en los niveles nacional y regional el acceso a la información, para elevar la calidad de los análisis e investigaciones, y concretamente el acceso a bases de datos y a herramientas de intercambio, que respalden la calidad de los estudios y trabajos realizados, así como las decisiones tomadas por los diseñadores de política, con el fin de cerrar la brecha entre los que producen los datos, los investigadores y los dirigentes políticos'', es claro que el Acuerdo desarrolla los mandatos superiores referentes a la promoción de la investigación, la ciencia y el desarrollo, (arts 70 y 71 C.P.) y se enmarca dentro de los objetivos fijados por la Constitución para la celebración de este tipo de instrumentos.
2.2.2.2 Ahora bien, dada la importante gama de inmunidades y exenciones que el artículo VII del Acuerdo sub examine ''ARTÍCULO VII. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
reconoce a la Red, sus bienes, así como a sus oficiales y funcionarios, resulta pertinente detenerse en su contenido, alcance y compatibilidad con la Constitución.
Especialmente merecen análisis aquellos apartes en los que se señala que i) ''la propiedad y los bienes de la Red Global de Desarrollo, dondequiera se encuentren y a cargo de quienquiera se encuentren, serán inmunes de allanamiento, requisa, confiscación, expropiación o toda otra forma de incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa'' y que ''la propiedad y los bienes de la Red serán, adondequiera estén ubicados y a cargo de quienquiera estén, inmunes de toda forma de incautación, embargo o ejecución antes de la resolución del juicio final contra la Red''; así como que ii) Todos los R.s, D. y personal de la Red ''serán inmunes de acciones legales con relación a acciones realizadas por ellos en su capacidad oficial, excepto cuando la Red renuncie a esta inmunidad''; y que iii) ''La Red, sus bienes, propiedad, ingresos y sus operaciones y transacciones autorizadas por el Acuerdo, serán inmunes de toda tributación y de todo arancel aduanero''. Así mismo que ''la Red será inmune también de responsabilidad por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel''. Y que ''excepto en el caso de ciudadanos locales, no se impondrá ningún impuesto a salarios, o con relación a salarios, y a emolumentos pagados por la red a su personal''.
2.2.2.2.1 Al respecto es necesario advertir que la jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer que las mismas son medios ''que han existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos, y que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios también para asegurar la autonomía de esas entidades.'' Ver, entre otras, las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 y C-200 de 1997.. La Corte ha precisado en este contexto que la institución de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento jurídico Ver, entre otras, la sentencia C-254 /03 M.P.M.G.M.C.. .
Según la Corporación las inmunidades conferidas a los miembros de un organismo internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en disposiciones de derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional Ver entre otras las Sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-315 de 2004.- Cabe resaltar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-203de 1995 M.P. donde señaló "Las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9 de la Constitución Política. (...) No puede decirse que la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la igualdad (Artículo 13 C.P.), respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se encuentran justificadas. En el caso de los funcionarios y representantes de organismos internacionales, las normas especiales acordadas entre los estados miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas". Para ilustrarlo la Corte ha invocado las normas que integran la "Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas" - aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946-, y la "Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados" -aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947- respecto de los cuales concluyó que ''el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de `los principios de derecho internacional aceptados por Colombia' (C.P. artículo 9).''
Ahora bien, la Corte ha precisado que las inmunidades y privilegios conferidos a organismos o miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la ''defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas Sobre el particular se puede consultar la reiterada jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C- 442 de 1996..'' La Corte ha agregado que de no hacerse tal salvedad, ''[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios.'' Sentencia C-200 de 1999 donde la Corte revisó la exequibilidad de la Ley 464 de 1998 que aprobó el ''Convenio Internacional de las Maderas Tropicales'', suscrito en Ginebra en 1994. El artículo 17 numeral 3º ''La organización [Internacional de Maderas Tropicales] podrá concertar con uno o más países acuerdos, que habrán de ser aprobados por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.''
Igualmente la jurisprudencia constitucional ha señalado que los instrumentos internacionales no pueden conferir inmunidades absolutas que impliquen la total renuncia del Estado a utilizar los mecanismos de control y represión que le sirven para conservar la soberanía en su propio territorio. Por ello la Corte ha dicho que ''Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado'' Sentencia C-137 de 1996 M.P.E.C.M.
2.2.2.2.2. A partir de los anteriores presupuestos la Corte no observa contradicción entre el texto del Acuerdo y la Constitución, pues la concesión de exenciones, prerrogativas e inmunidades como las que se enuncian en el artículo séptimo sub examine, en materia de bienes, archivos, comunicaciones, tributación, personal, en cuanto en ninguno de sus apartes puede considerarse absoluta, se encuentra acorde con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, la Convención de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en anteriores oportunidades Sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 M.P.E.C.M., C-254 de 2003 M.P.M.G.M.C., C-1333 de 2000, C-315 de 2004 M.P.E.M.L., C-820/04 M.P.R.E.G. entre otras. .
Ahora bien, específicamente en cuanto a los apartes del artículo séptimo sub examine según los cuales i) ''la propiedad y los bienes de la Red Global de Desarrollo, dondequiera se encuentren y a cargo de quienquiera se encuentren, serán inmunes de allanamiento, requisa, confiscación, expropiación o toda otra forma de incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa'' que ''la propiedad y los bienes de la Red serán, adondequiera estén ubicados y a cargo de quienquiera estén, inmunes de toda forma de incautación, embargo o ejecución antes de la resolución del juicio final contra la red''; así como que ii) todos los R.s, D. y personal de la Red Global de Desarrollo ''serán inmunes de acciones legales con relación a acciones realizadas por ellos en su capacidad oficial, excepto cuando la red renuncie a esta inmunidad'', cabe preciar que aún en el caso en que pudiera considerarse que con los mismos se puede llegar a afectar el derecho al acceso a la justicia, ello no comporta que la Corte deba declarar su inexequibilidad.
Al respecto la Corte ha advertido de manera reiterada que en esos eventos la persona afectada puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art. 90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte ha acogido reiteradamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, C.P.J.M.C.B., Radicación número IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina:
Ver entre otras las sentencias C-254 de 2003 M.P.M.G.M.C. y C-315/04 M.P.E.M.L..
Al respecto no debe olvidarse que como lo han precisado tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado Ver entre otras las siguientes sentencias del Consejo de Estado: (i) Sentencia de Sala Plena N° IJ-002, del 8 de septiembre de 1998, C.P.D.S., en la que se revocó la decisión del Tribunal y declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores por las lesiones causada al señor P.G.T. en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre de 1991 al colisionar un vehículo de propiedad particular con uno de propiedad de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, conducido por el señor JOSE DE J.B. vinculado a la misión diplomática. (ii) Sentencia de la Sección Tercera N°13945, del 19 de octubre de 2000, C.P.J.M.C.B., en la que se revocó parcialmente la decisión del Tribunal y declaró responsables de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores por las lesiones causada al señor P.P.L. en el mismo accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre de 1991, por la imprudencia de un miembro de la Embajada de los Estados Unidos. (iii) Concepto N°1244 de la Sala de Consulta, C.P.A.T.J., en el cual se dio respuesta a los siguientes interrogantes propuestos por el Ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores: ''1. ¿Puede el Gobierno Nacional atender las reclamaciones diplomáticas de las Embajadas, Organismos Internacionales, C. y Agregadurías Diplomáticas que solicitan la restitución de los recursos depositados en los Bancos Andino y Pacífico, o tal medida viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta política?''.''2. ¿Puede el Gobierno Nacional atender las reclamaciones diplomáticas que solicitan la restitución de los recursos depositados en los bancos Andino y Pacífico por el personal diplomático y consular acreditado ante la Cancillería y que goza de privilegios e inmunidades de conformidad con los tratados internacionales, o tal medida viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política?''. ''3. ¿Si es posible atender tales reclamaciones, se puede restituir las sumas con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, subrogándose el Gobierno en las reclamaciones ante los bancos, que se surte de conformidad con el trámite previsto por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero?''.
como la de la Corte Constitucional ''ya que es el propio legislador el que trunca el derecho al acceso a la administración de justicia de los individuos que resultaren perjudicados por las acciones u omisiones del personal extranjero (...), no podría sostenerse con justicia que el Estado quede exonerado de toda responsabilidad por dichos actos'' Sentencia C-254 de 2003 M.P.M.G.M.C..
Así mismo ha advertido la Corte que ''En virtud de que es la propia ley la que limita el derecho a recibir la indemnización a través de los mecanismos procesales nacionales, si el daño sufrido por el particular es de aquellos que el mismo no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el accionar de los entes extranjeros. La imputabilidad del perjuicio en cabeza del Estado provendría entonces, no de la ejecución material del acto perjudicial, sino de la voluntad del legislador de impedir el resarcimiento por las vías judiciales ordinarias.'' Sentencia C-254 de 2003 M.P.M.G.M.C.
2.2.2.2.3 Ahora bien, en cuanto al aparte del artículo según el cual la Red, sus bienes, propiedad, ingresos y sus operaciones y transacciones autorizadas por el Acuerdo, serán inmunes de toda tributación y de todo arancel aduanero. Así mismo que la Red será inmune también de responsabilidad por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel. Y que excepto en el caso de ciudadanos locales, no se impondrá ningún impuesto a salarios, o con relación a salarios, y a emolumentos pagados por la red a su personal, lo que comportaría que incluso los impuestos de propiedad de las entidades territoriales están comprendidos en el presente caso, cabe recordar que la Corte se ha ocupado en anteriores oportunidades de la compatibilidad de dicha posibilidad frente al mandato del artículo 294 superior C.P. ARTÍCULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.
para concluir que la prohibición de las exenciones de los tributos territoriales, prevista en el referido artículo superior, no impide que los instrumentos internacionales confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones Sentencia C-315/04 M.P.E.M.L.A.V.M.J.C.E., M.G.M.C. y E.M.L. .
''25- La Corte considera necesario en esta oportunidad precisar su doctrina en la materia, la cual debe compatibilizar la protección constitucional de los recursos de las entidades territoriales, que es la razón de ser del artículo 294 superior, con las exenciones tributarias contenidas en ciertos tratados, que son un instrumento de fortalecimiento de las relaciones internacionales, y por ende cumplen un propósito constitucionalmente importante (CP art 226).
La Corte considera que esta rectificación y precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales. Con base en esa precisión jurisprudencial, la Corte encuentra que los artículos de la presente convención relativos a las exenciones se ajustan a la Carta y serán declarados exequibles'' Sentencia C-315/04 M.P.E.M.L.A.V.M.J.C.E., M.G.M.C. y E.M.L. .
2.2.2.2.4 A lo anterior cabe agregar que, según el propio artículo VII del Acuerdo sub examine, será a cada Estado Parte a quien corresponderá adoptar toda acción ''que sea necesaria en sus propios territorios con el propósito de implementar, en términos de su propia ley, los principios establecidos en este Artículo e informará a GDN acerca de las medidas detalladas que ha tomado.'' Es decir que será a cada Estado al que corresponderá señalar en el marco de su Legislación el alcance de las inmunidades enunciadas, previsión que se encuentra en plena armonía con los principios de soberanía y de autodeterminación (art. 9 C.P.) que rigen las relaciones internacionales de Colombia.
Como se advirtió, el contenido de la Ley 1102 de 2006 se limita a aprobar el ''Acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', a determinar que las obligaciones que del mismo dimanan para el Estado colombiano comenzarán a regir desde cuando se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo, y a señalar que la vigencia de la Ley comienza a regir a partir de su publicación, de modo que no existen reparos sobre la constitucionalidad de su contenido.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el ''Acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005)
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-859 DE 2007 DEL MAGISTRADO J.A. RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-I.umplimiento que configura vicio procedimental insubsanable (Salvamento de voto)
Revisión constitucional de la Ley 1102 de 2006, ''por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo'', hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005)

References: in fine

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 27
 Artículo 67
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 241
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 160
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 294
 ARTÍCULO 294
 artículo 317
 artículo 294