Source: http://www.retoricafederal.com.ar/2018/03/pronunciamiento-de-la-abogada-maria-del.html
Timestamp: 2018-09-23 03:17:28+00:00

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Retórica Federal: Pronunciamiento de la abogada María del Carmen Molares por el derecho a la vida
Pronunciamiento de la abogada María del Carmen Molares por el derecho a la vida
Desde el año 1999 Argentina celebra el Día del Niño por Nacer. La elección de la fecha recayó en el 25 de marzo -según puntualiza el decreto que la instituyó- porque es la "fecha en que la Cristiandad celebra la Anunciación a la Virgen María" y se "conmemora el Aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae" de Su Santidad Juan Pablo II. No obstante, el mismo decreto aclara que "la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible" y que "el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana".
¡Qué expresión tan exacta y tan bella! "Niño por nacer" es una buena traducción de "nasciturus", en latín el participio futuro del verbo "nacer". Al que ha de nacer como fruto de la concepción humana lo llamamos niño; no simplemente feto, o embrión -nombres que también le caben en el lapso de su desarrollo intrauterino- sino niño.
Desde el instante de la concepción es un niño, cuya subjetividad jurídica debe ser reconocida y tutelada. La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que data de 1989, declara que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y en su preámbulo afirma que a causa de su falta de madurez física y mental necesita atenciones particulares, incluyendo la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
En su inicio, la vida de un ser humano se encuentra recogida, concentrada, en una pequeñísima célula, destinada a protagonizar un proceso diferenciado y autónomo de desarrollo biológico. El embrión es una realidad existente y viva, distinta de quienes lo han engendrado; puede ser identificado e individualizado como "otro" .-Más aún: es genéticamente igual al niño ya nacido, aunque la diferencia morfológica y orgánica sea impresionante. La persona humana, la obra más compleja y digna de todo el universo, se encuentra ya presente, idéntica a sí misma, en aquella única célula.
Hoy, es urgente defender los derechos de los niños. Ellos, por su naturaleza humana, tienen como derecho primero y fundamental el derecho a nacer, el derecho a la vida. Si eso se les niega, pierden todos los demás derechos. Si un niño indefenso e inocente es asesinado antes de nacer, sufre la más terrible e injusta de las discriminaciones. Con el aborto se le niega todo.
Si se rechaza esta verdad, evidente para la inteligencia que caracteriza a nuestra naturaleza humana, se construye una sociedad inhumana. Frente a la cultura de la vida, se elige la cultura de la muerte, por supuesto, no se utilizará la chocante palabra “asesinar a un niño”, se dirá a fin de engañar la propia conciencia y la ajena que solo que se trata de una “interrupción del embarazo”
Pero tampoco se puede aceptar la legalización del aborto por razones estrictamente jurídicas.- La Convención de los Derechos del Niño, incorporada con Jerarquía Constitucional, en el artículo 75 inc. 22, y por ello la voz del nasciturus, ya está expresada en el documento internacional y debe seguir teniendo eco en nuestra legislación.-
Recordemos que nuestro país aprobó la citada Convención por ley 23.849, formulando en esa instancia la declaración o reserva de que se entenderá “por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”.- Como los tratados y convenciones incorporados en la Constitución lo hacen en las condiciones de su vigencia, tal como son receptados por el orden jurídico nacional, tiene también jerarquía constitucional les Declaración.-
Asimismo y de considerarse las normas infraconstitucionales, como por el ejemplo el Código Civil y Comercial, en contundente al considerar que la vida humana comienza desde la concepción – en el artículo 19 y obviamente puede adquirir derechos ya en la época de la gestación.-
Concretamente y concluyendo la despenalización del aborto o convertirlo en legal ¿es compatible con nuestro sistema jurídico? Claramente no, porque el Derecho Constitucional lo prohíbe
Por ello, y visto los acontecimientos nacionales, que los legisladores intentan ingresar un proyecto de muerte, quienes primero deben pasar el escollo de salirse de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (con la aprobación de las dos terceras parte de la totalidad de los miembros), con lo cual se generaría un retroceso enorme como país, caso contrario, de sancionarse una norma que permita el aborto, estaríamos ante una norma inconstitucional y contraria al Derecho Natural
Hoy mas que nunca redoblamos los esfuerzos por promover la vida y acompañarla desde la concepción.
Como ciudadanía, también decimos: defendemos la Vida, toda Vida, pero especialmente la concebida en el seno materno y no queremos una ley que contradiga la propia naturaleza humana.- Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, defendámosla, caso contrario Dios y la Patria nos demanden por atropellar el primero de los Derechos, el Derecho a la Vida.-
Federal, 25 de marzo de 2018.-
Antecedente de una presentación judicial
PROMOVEMOS ACCIÓN DE AMPARO PROVISORIO-MEDIDA CAUTELAR
Los abajo firmantes, el Dr. Marcos Aníbal Rougès, abogado matriculado en la Justicia Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Libro 93, Folio71, quien actúa como parte, patrocinando a todos los presentando, asumiendo exclusivamente su persona ,todos los gastos costas y honorarios y constituyendo domicilio especial en el correspondiente al CUIT 20-11910308-9, a V.S. respetuosamente decimos:
Encontrándose con fecha fijada el tratamiento de una Ley relativa a la despenalización del Aborto, venimos a promover AMPARO COLECTIVO, tendiente a evitar que dicho tema sea objeto de tratamiento, ya que excede las facultades del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo, ya que tal tratamiento iría claramente en contra de una cláusula constitucional, según se desarrollará más abajo.-
Pedimos que se notifique al Estado Nacional en la persona de su Presidente, en el domicilio de calle Balcarce N° 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citándose asimismo al Congreso de la Nación Argentina para que en caso de entender que está pasivamente legitimado, se apersone a estar a Derecho y fije posición en la presente causa.-
II.- ACLARACIÓN PRELIMINAR
El Congreso no podría realizar un "profundo y demorado debate" para ver si trocamos la República por una Monarquía, o si adoptamos el régimen Unitario en lugar del Federal, por la sencilla razón de que está vedado a los organismos infraconstitucionales debatir tales cuestiones sin una previa o concomitante modificación de la Constitución Nacional, la cual obviamente solamente puede ser efectuada por una Convención Constituyente, y no por una Legislatura que no ha sido votada para ello.
No tendría sentido hacer una "encendida defensa" de las ventajas de la Monarquía o del régimen Unitario, ya que AÚN de aceptar la totalidad de los legisladores -una hipótesis extrema en la que solamente nos ponemos por razones dialécticas- las reales o supuestas ventajas de tales modificaciones, ni siquiera la unanimidad de ellos podría dictar una Ley en tal sentido sin una clarísima violación a la Constitución Nacional. Y más aún, aún cuando no es el caso, aclaramos también que inclusive una modificación de la Constitución podría resultar Inconvencional, si violara principios consagrados en Convenciones Internacionales.
Aclaramos que si bien todos los firmantes somos profundamente contrarios al aborto, el presente Amparo no se funda tanto en nuestras convicciones al respecto, sino en el irrestricto respeto a la Constitución Nacional, base misma del Estado de Derecho, y los argumentos dados podrían perfectamente ser refrendados inclusive por un abortista, ya que la presente Acción no se fundará tanto en la defensa de la postura pro-vida y anti-aborto, sino simplemente en la carencia de facultades de la Legislatura que ha sido convocada para el tratamiento.-
El Derecho Constitucional a que ni siquiera se trate el tema, es distinto del derecho que se pretende, por vía de debate, ya desconocer como inherente a las personas, y convertirlo en algo sujeto a decisión parlamentaria. Así, por ejemplo, si se decidiera que una Asamblea Constituyente efectuase un profundo y demorado debate", o un "concienzudo estudio" sobre si descuartizar a algunas personas. Por ejemplo, algún Proyecto de Ley que dijera que se disponga descuartizar a todos los jueces. No podría argumentarse con que el proyecto puede ser rechazado, ya que el solo tratamiento constituye una violación constitucional, y convertir en algo debatible a algo que está fuera de los límites decisorios de los Legisladores.-
Como es de público y notorio conocimiento, el Gobierno ha dado "vía libre" al tratamiento de un Proyecto de Ley de Legalización del Aborto. Es la noticia más leída, comentada y que mayor número de opiniones ha recibido en la última semana.-
De entre tantas noticias similares, citaremos la aparecida en el diario "El Cronista" del día 23 de Febrero del corriente, fecha que tomamos como comienzo de los plazos previstos en la Ley de Amparos, y que dice así:
Para Rosendo Fraga, el Gobierno busca aprovechar el enfrentamiento con Moyano para recuperar la iniciativaFraga: "Más que audacia, es una decisión realista de Macri"
Ahora bien, el Proyecto establece lo siguiente, según puede leerse en la página web http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/ el 30 de junio de 2016 se presentó (por sexta vez consecutiva) en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.-
Obviamente esto no es ninguna prevención. Una mujer que fue a abortar, no tendrá problema en firmar eso.-
2) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA
Sería una hipocresía sostener que solamente los no natos pueden reclamar ese derecho. Igualmente sería otra hipocresía sostener que solamente los padres de los no natos -que por hipótesis son quienes desean abortarlos- puedan reclamar tales derechos.-
Que estamos legitimados para presentar la presente acción, en virtud de lo normado por el artículo 43 de la Constitución Nacional:
“...Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley...”.
“En efecto, en materia de legitimación activa la jurisprudencia argentina ya sostenía antes de la reforma constitucional de 1994 que "en el campo de los ‘intereses difusos’ es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto" (CNCivil, Sala K, "Cartañá, Antonio y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", fallo del 28/2/91).
"Será menester dejar de lado -destacó un señero fallo de este Tribunal votado por el distinguido colega de Sala, doctor Schiffrin- el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una ‘tendencia nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva’, donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perjudicados" (CFed. La Plata, Sala III, "Giménez Domingo y otra c/ Estado Nacional, Ejército Argentino", fallo del 8/8/88).
Entonces, para demostrar la Legitimación Activa de los suscriptos, debemos recurrir a la interpretación constitucional de la Acción de Amparo efectuada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Halabi" (C.S.N., Fallos 332, págs. 111 y sstes.). Como es sabido, en dicha causa un letrado promovió Acción de Amparo con el fin de que se declare la Inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en cuanto a su juicio violaban los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, al autorizar la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet. No interesa aquí detallar las particularidades de dicha causa, sino lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la vía del Amparo intentada, en especial en los puntos 17), 19) y 21) del fallo Halabi antes mencionado, en lo referente a la Legitimación Activa:
21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. En razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugnación articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo que se lleva dicho, que el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda, por parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo derivado de la arraigada concepción individualista en materia de legitimación. El verdadero sustento de la proyección superadora de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar jurídico, como se ha expresado, reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional y, lejos de ser una construcción novedosa, aparece como una institución ya arraigada en el ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y consumidores y en lo atinente a daño ambiental, prevén expresamente soluciones de la índole referida…"
Asimismo, existe un argumento "a fortiori". Es sabido que en materia de protección del Medio Ambiente, la legitimación activa es amplísima. La Ley General del Ambiente N° 25.675, establece como regla que “...el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie...” (Art. 32, Ley 25.675). Así, se ha dicho sobre esta norma:
Desde el año 1994 con la incorporación en la Constitución Nacional de los derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva se establece, lisa y llanamente, que "en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente" podrán interponer acción de amparo "el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización" (art. 43 C.N.).
Así, la Ley General del Ambiente N° 25675, establece como regla que “...el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie...” (Art. 32, Ley 25675). Para que opere esta efectiva y concreta protección a través de la tutela judicial, no es necesario la existencia de norma específica al respecto para dar lugar a la legitimación en defensa del medioambiente (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II, 8 de julio de 2003, “Asociación de Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica ´18 de Octubre´ c. Aguas Argentinas SA, ETTOS, Pcia de Buenos Aires y Municipalidad de Quilmes”).
Pues bien, si la legitimación activa es amplísima para proteger a la Fauna y la Flora no humanas, obviamente también debe serlo para proteger a la "fauna" humana amenazada en forma inminente por el Proyecto de Ley precedentemente analizado. No podrían los bebés humanos por nacer estar menos protegidos que los bebés de caimanes, pumas, quirquinchos, guanacos y tantas otras especies menos trascendentales.-
Nos fundamos asimismo en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional que textualmente dice “23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
En efecto, Argentina en su adhesión a la Convención de Derechos del Niño fue más categórica que el resto de los países, y por eso en su adhesión declara expresamente que los derechos de los niños comienzan con la concepción. Eso aclara por qué otros países pueden tener legislaciones más permisivas. En Argentina no porque su declaración se incorpora a la Constitución. El alcance en Argentina de la Convención aludida es el que surge de su adhesión, y tiene jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Constitución. El mismo dice en lo pertinente que
"La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional..."
Hemos remarcado en negrita en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Sobre los Derechos del Niño, porque en estos dos casos en particular se hace referencia expresa al derecho a la vida desde la concepción, tal como será analizado seguidamente.-
a) CATEGÓRICA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
Destacamos en primer lugar que sobre estos temas, y en un todo en concordancia con lo expuesto precedentemente, ya se ha expedido la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo," CSJN, 5 de marzo de 2002, fallo que pese a su importancia, por razones que desconocemos aparentemente no figura transcripto en su colección oficial… Dice allí nuestro Superior Tribunal:
11) Que esta solución condice con el principio pro homine que informa todo el derecho de los derechos humanos. En tal sentido cabe recordar que las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como guía para la interpretación del Pacto de San José de CostaRica, en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales (conf. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y 2° de la ley 23.054), dispuso: "Los Estados...asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción" (O.C. - 2/82, 24 de septiembre de 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145).
15) Que cabe señalar que la Convención Americana (arts. 1.1 y 2) impone el deber para los estados partes de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que es "deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (O.C. 11/90, parágrafo 23). Asimismo, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 y323:4130)
Que el fallo en cuestión no haya sido publicado en los anales oficiales o haya sido "traspapelado" por motivos que desconocemos pero sospechamos, no quita nada de la contundencia del pronunciamiento de la Corte Suprema. Queda entonces claro que la postura de esta parte en cuanto a que el derecho a la vida de los bebés en gestación, goza de jerarquía constitucional, y ello ha sido reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Analicemos un poco más los textos constitucionales citados por la Corte Suprema:
Las "condiciones de su vigencia" en Argentina, que están protegidas en la Constitución, incluyen el reconocimiento de los derechos del niño (entre ellos a la vida) desde la concepción. La adhesión Argentina a dicha Convención dice literalmente así:
"Con relación al Artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción..."
Aún antes de la Reforma Constitucional del año 2.004, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto aludido, que contiene una suerte de "interpretación auténtica" del pensamiento del mentor de la Reforma Constitucional, el propio Presidente de la Nación, y dice:
"… Que como una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos, para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Entonces, en esta norma, se interpreta claramente que la Vida es un Derecho Constitucional, y que comienza con la Concepción. Y es por eso que luego se pone la Convención sobre los Derechos del Niño como norma constitucional en las condiciones de su vigencia.-
Entendido que según la Argentina los seres humanos son tales a partir de su Concepción, una Ley que permita el aborto resulta claramente violatorio de los demás Tratados previstos en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, ya que implica la más radical privación de todos ellos.-
En particular, posibilitar el aborto de los niños no natos implica por lo menos aceptar una tortura a seres humanos, y una discriminación fundada en cuestiones de edad.-
Siendo que para la Constitución Argentina el Derecho a la Vida de los no natos es un derecho intrínseco, resulta claro que no puede debatirse tal derecho sin reformar la Constitución Nacional.-
¿Podría válidamente someterse a decisión del Congreso descuartizar a todos los Jueces del país? ¿Podría decirse que ése es un "profundo y demorado debate", o que merece un "concienzudo estudio". Obviamente no.-
Partiendo en abstracto de la posibilidad razonable de que el recurrente pudiera tener razón y que tuviera un derecho a que sus derechos no sean debatidos, constituye una violación constitucional el mero hecho del debate. En estos casos, es evidente que la denegación de la violación de estas garantías permite el Amparo Constitucional, ya que con ella se llegará a una decisión, y lo que se quiere no es ni una ni otra, sino simplemente que sus derechos no sean sometidos a deliberación ni decisión.-
“La finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de NO SEGUIR SOMETIDO A PROCESO mediante la extinción de la acción penal" (C.S., "P.,O.R. y otros s/ Defraudación" del 11.11.97, P. 184. XXXIII. R.H., El Derecho del 07.04.98).
Igualmente, con relación a la Ley de "Punto Final", dijo la Excelentísima Corte que el sometimiento a proceso en estas condiciones implicaba una Sentencia Definitiva, ya que el derecho alegado era precisamente el de no ser sometido a proceso:
"Es admisible el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento contrario a la validez de las leyes federales 23.492 y 23.521 y al derecho de los imputados a no ser sometidos a proceso por los hechos investigados, máxime si el punto constitucional en cuestión no podrá ser revisado en la sentencia definitiva, pues EL DERECHO A NO SER SOMETIDO A PROCESO se extinguiría con el dictado de dicha sentencia que convertiría a los procesados en personas condenadas o absueltas" (S. 1767. XXXVIII.; Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de lalibertad, etc. (Poblete)- causa N° 17.768-. 14/06/2005, T. 328, P. 2056)
"Si se difiere todo pronunciamiento sobre la validez y alcance de los indultos dictados por el Poder Ejecutivo hasta el momento del dictado de la sentencia final se desnaturalizarían los fines perseguidos por dicha medida de EVITAR AL PROCESADO EL TENER QUE SOPORTAR EL ENJUICIAMIENTO (A. 6. XXIV.; Amaya, Mario Abel s/ presunto secuestro, apremios ilegales, malos tratos, vejaciones y tormentos seguidos de muerte - Causa N° 260/87 -. 06/04/1993. T. 316, P. 609)
Puede verse que lo común que tienen las tres Sentencias, es que se consideró que el someter a alguien a proceso en condiciones en que la Ley consideraba que no podían serlo, violaba lo que en el primer fallo es llamado como " NO SEGUIR SOMETIDO A PROCESO ", en el segundo como " EL DERECHO A NO SER SOMETIDO A PROCESO", y en el último como "EVITAR AL PROCESADO EL TENER QUE SOPORTAR EL ENJUICIAMIENTO". Lo común de todos estos fallos es el reconocimiento de que evitar el debate constituye un derecho autónomo y diferente al derecho -que obviamente también asiste a los bebés en gestación- a que se respete su vida. Aún la decisión favorable, con todo lo bueno que resultaría, sería consecuencia de un proceso que no debió ni debe empezar.-
La presente demanda se promueve dentro del plazo legal para ello, computado desde que se supo que el Poder Ejecutivo "habilitó el tratamiento" de este tema, conforme a las noticias acompañadas.-
Enseña Marcos Aníbal Rougès (justamente parte y patrocinante) en "Las Vendas de nuestra Falsa Themis", Ed. Belle Époque, año 2.011, págs. 369 y sstes., que
"… como tiene dicho la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar a los medios ordinarios de solución de las controversias (Fallos, 300: 1033), su exclusión por la existencia de otras vías judiciales no puede basarse en una apreciación puramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias” C.S.N., Fallos 299:358 y 417; Fallos 395:30.-
Néstor Sagüés, a quien ya hemos citado anteriormente, expone que “En su consecuencia, el inciso obliga al magistrado interviniente a realizar un cuidadoso análisis: se trata de averiguar, como requisito para admitir una acción de amparo, si los procedimientos regulares (sean judiciales o administrativos), resultan idóneos, suficientes, aptos o eficaces para atender al problema planteado. No basta, pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: Hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil (y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr “la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate …De todas maneras, es posible rastrear los siguientes criterios jurisprudenciales claves: “a) El amparo es viable, aún habiendo otros procedimientos legalmente previstos, cuando el empleo ordinario de éstos, según las características del problema, pudiera ocasionar un daño grave e irreparable; es decir, cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente una protección judicial, pero posterior a su ruina.
…No puede, a esta altura de los acontecimientos, entenderse que el amparo es una vía subsidiaria de la existencia de otros procesos administrativos o judiciales. Estos siempre existen y el sostenimiento de tal postura convierte en un instituto inoperante al amparo constitucional. No ha sido ésta la postura de la constituyente de 1.994…Por ello, el criterio de la Corte merece destacarse… Así, si se dan los presupuestos que exige la acción de amparo (vulneración de derechos o garantías reconocidos por la constitución, tratado o ley; por un acto u omisión; generando lesión en forma manifiestamente arbitraria o ilegal, actual o inminentemente) la misma será procedente, salvo que existan remedios procesales que aseguren más eficazmente la protección del derecho afectado"(ROUGÈS, Marcos A., Op. Cit., citando en nota a TORICELLI, Maximiliano, “Los alcances del artículo 43 párrafo 2º. La consolidación de la buena doctrina”, La Ley 2.001B, pág. 123 y sstes.)
Asimismo, se ofrece como prueba un Informe de la Cámara de Diputados a los fines de que informe si el 30 de junio de 2016, o en cualquier otra fecha, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y/u otro proyecto similar, indicando que su número de expediente sería el: 4161-D-2016 y que habría sido publicado por Trámite Parlamentario Nº 84.-
Por supuesto, todo lo expuesto anteriormente carecería de sentido, si durante la sustanciación del presente Amparo ya la Ley se hubiera dictado. ¿Cuántos bebés en gestación morirían en el ínterin? En este momento, ninguna embarazada puede alegar "derechos adquiridos" a abortar. ¿Qué pasará mientras tanto con todos los embarazos anteriores a la firmeza de la Sentencia estimatoria de la presente acción?
“Pero, ¿qué es el " periculum in damni "? Este concepto fue variando y evolucionando con el tiempo debido a la labor de la Jurisprudencia. Así en un primer momento se consideró perjuicio irreparable a aquel que no podía compensarse adecuadamente con una indemnización en dinero. Luego también se sostuvo que existe " periculum in damni " cuando la demora en el proceso hasta obtener la sentencia de mérito que otorgue la pretensión reclamada por el solicitante, empeora gravemente la situación del actor, compromete seriamente su situación en desmedro del mismo, y también cuando el bien jurídico que se pretende proteger, por la demora misma que lleva sustanciar todo el proceso de que se trate y llegar a la sentencia de mérito firme, no podrá mantenerse indemne, sin sufrir menoscabo, y por lo tanto para evitar que ello se produzca, habrá que tutelarlo de manera urgente, "ya, aquí y ahora", de lo contrario será demasiado tarde. Y por último, algún sector llegó también a admitir que se puede alegar un perjuicio irreparable que pueden sufrir los terceros, si no se despacha la Medida Cautelar Innovativa como una anticipo parcial de la tutela judicial de mérito, es decir, como una sentencia parcial anticipada, todo lo cual dependerá del análisis en cada caso concreto y de sus particularidades, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta y apreciado por el juez, conforme con las reglas de la sana crítica.
No fatigaré a V.S. con el casi interminable listado de autores que avalan la procedencia, siempre en casos excepcionales –tal como los de autos- de Medidas Cautelares en casos como el de autos. Citaré tan solo a Jorge W. Peyrano, por ser uno de los más sólidos y firmes promotores de este tipo de tutela jurisdiccional, que con una analogía extraída de la medicina aclara perfectamente el panorama:
"Un cierto tipo de diligencia innovativa apunta a formular un anticipo cautelar del juicio de mérito. Es decir que, formula un pronóstico (provisorio, por cierto) acerca de cuál será el desenlace de la causa y procede a conceder ahora lo mismo (o parte) que probablemente distribuirá más tarde la sentencia de mérito. De tal modo, se evita que el decurso del tiempo (inevitable para sustanciar la secuela de la causa) se transforme en el enemigo de una justicia entendida en términos bien reales y concretos.
Se dirá que no es lo mismo pronóstico que diagnóstico. Es cierto. Pero también lo es que, en la mayoría de los casos, coinciden uno y otro. Conviene, entonces, que se apliquen los remedios aconsejados por el pronóstico; máxime cuando el peligro es inminente y grave ("daño irreparable") y se cuenta con un eficaz antídoto (la contracautela) para el supuesto de que el específico aplicado no fuera el idóneo” (PEYRANO, Jorge W., "La Medida Cautelar Innovativa como anticipo de la sentencia de mérito, en Procedimiento Civil y Comercial", t. 3, p. 66, Ed. Juris, Rosario, 1994, cit. por PEYRANO, Jorge W. en "Jurisprudencia Anotada. La Palpitante actualidad de la Medida Cautelar Innovativa", de la Revista de Derecho Procesal, N° 5, Amparo. Hábeas Data. Hábeas Corpus II, ps. 319 y 321, Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, año 2000)
VII.- RESERVA DE RECURSO EXTRAORDINARIO
Fundamos esta Reserva en la circunstancia de que una tal inteligencia (o más bien, desinteligencia) implicaría la violación de las normas de los Tratados Internacionales antes mencionados, en especial Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño, y por ende también del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que les otorga jerarquía constitucional, conforme a lo analizado. Incluye esta reserva también a la eventual denegación de la Cautelar peticionada, porque la misma podría resultar equiparable a Definitiva.-
VIII.- PETITUM
4) Oportunamente, haciéndose lugar al Amparo promovido, se disponga dejar sin efecto la convocatoria de cualquier Sesión para el tratamiento del Proyecto de Ley aludido.-
Mat. 1771, L1 F, f1 237
C.S.N. L1 93, f1 71
Lavalle 532, S.M. de Tucumán

References: artículo 75
 artículo 19
e contrario
 artículo 43
in Fine
 Artículo 1
 artículo 75
 artículo 43