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Timestamp: 2013-12-09 12:20:24+00:00

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Recursos Teológicos - La conciencia religiosa de Colombia en di�logo - Tesis
2 LA CONCIENCIA RELIGIOSA Y DE CULTOS ENCAMINADA DENTRO DE UN ESTADO LAICO NO CONFESIONAL En el capítulo anterior se examinó de manera sucinta el desarrollado de la Libertad Religiosa y de Cultos a través de los diferentes períodos histórico-legales. En cada época la conciencia religiosa se encontró en estado de indefección frente a la fuerza confesional de la Iglesia católico-romana. La hegemonía católica se manifestó en sus comienzos como un derecho consuetudinario adquirido a través de la conquista española, se afirmó con violencia en etapas posteriores y finalmente se legalizó por medio de normas constitucionales hasta lograr mantenerse como religión oficial protegida y beneficiada por el Estado en detrimento de las confesiones restantes. A partir de la Constitución de 1991, la situación se reorientó. El Estado colocó una plataforma social y jurídica apropiada para generar situaciones de igualdad religiosa, pero que lo eximen de compromisos confesionales. Es una nueva dirección en la consolidación del principio de neutralidad religiosa igualitaria, es la transformación de un Estado Confesional a un Estado Laico. La transición de un Estado Confesional para un Estado Laico, no es un proceso fácil y mucho menos para tomarlo a la ligera por parte del cristianismo protestantes en Colombia, hasta llegar al punto de dejar en manos de ese mismo Estado la completa visión y guía de los nuevos parámetros que interpretarán el quehacer religioso del país. Colombia se ha mantenido como estado confesional desde 1887 hasta 1991, al hablar de confesional, no se hace referencia a lo teocéntrico solamente, sino también a lo católico-romano. Para el Estado este proceso transitivo genera un esfuerzo jurídico: en primera instancia inspeccionar el contrato celebrado con la Santa Sede a partir de Julio de 1973 en relación con la Constitución de 1886 y en segunda instancia el Concordato con la Santa Sede de 1973 en relación con la Constitución de 1991. Para los nacionales dichos procesos implica apropiarse de las leyes por medio un proceso de solicitudes respetuosas ante los organismos jurisdiccionales cada vez que sus derechos fundamentales sean vulnerados.
En este segundo capítulo, se estudiará el proceso jurídico que la Corte Constitucional desarrolló para darle a la iglesia católico-romana un puesto igualitario frente a las demás confesiones religiosas, y con ello consolida al Estado Colombiano como un Estado Laico No Confesional. 2.1 ESTADO Y SANTA SEDE A PARTIR DEL CONCORDATO DE JULIO 20 DE 1974 EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE 1886.
2.1.1 AFIRMACIONES LEGALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL CONCORDATO Después de la sentencia de la Corte Constitucional en torno al Concordato, el Estado confesional ha venido siendo sepultado para restablecer el Estado laico. La propia Corte Constitucional, mediante sentencias, se ha encargado de darle nacimiento a la vida jurídica del Estado Laico. Examinando la Sentencia C-088/94, en uno de sus apartes se encuentra lo siguiente: “…La Carta de 1991 superó el anterior esquema normativo y valorativo de rango constitucional, prevalente durante buena parte de la historia del constitucionalismo colombiano, caracterizado por el reconocimiento de la ‘confesionalidad católica de la nación colombiana’, y adoptó, como opción jurídico-política, el principio básico de organización y regulación de estas libertades públicas, como la fórmula del Estado de libertad religiosa, que se traduce en este tipo de declaraciones y afirmaciones de evidente consecuencia normativa”.[26]
Además agrega según el artículo 2 de la ley 133/94: “…En relación con el inciso que establece que el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos, es preciso señalar que ello significa que el Estado no profesa ninguna religión, tal como lo consagra el inciso primero del artículo, y que su única interpretación válida es la de que todas las creencias de las personas son respetadas por el Estado, cualquiera sea el sentido en que se expresen o manifiesten, y que el hecho de que no sea indiferente ante los distintos sentimientos religiosos se refiere a que pueden existir relaciones de cooperación con todas las iglesias y confesiones religiosas por la trascendencia inherente a ellas mismas, siempre que tales relaciones se desarrollen dentro de la igualdad garantizada por el estatuto superior”[27].
Para la Corte Constitucional, es claro entonces, que el constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 – que consagraba un Estado con Libertad Religiosa, pero con una orientación confesional preferente con la Iglesia Católica - y estableció un Estado Laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una Separación entre el Estado y las iglesias, y por la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al ordenamiento jurídico estatal. Por otra parte, la Corte Constitucional reconoce que la Carta Magna de 1991 introduce una diferencia fundamental en el tratamiento de la Libertad Religiosa y de Cultos con la Constitución de 1886, al haber desaparecido el preámbulo de la Carta: consolida la igualdad de religiones, cultos e iglesias de manera plena. Como contrapartida se estableció un laicismo de Estado, que a la vez le otorgó una función arbitral frente a las confesiones religiosas existentes y plena independencia frente a todos los credos.
Según sentencia C-568 del 9 de diciembre de 1993, con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, se expresa que la Carta Política de 1991:
“Protege las expresiones religiosas minoritarias, consagrando la libertad en su artículo 19, en el más absoluto plano de igualdad, y no consagrando de manera expresa ninguno de los límites a que se refería la Constitución de 1886, para la libertad de cultos en la moral cristiana y en las leyes, lo que resulta compatible con el espíritu pluralista y la ecuación igualitaria del nuevo texto superior. La amplitud de las normas, en la materia, deja claro que la autonomía en esta órbita de las creencias, comprende las expresiones de los ateos, de los grupos religiosos heterodoxos, o de las asociaciones que, al margen de las religiones, se dedican al perfeccionamiento del hombre individual y socialmente considerado”. [28] La Corte Constitucional concluye en primera instancia que:
“En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano hay una separación entre el Estado y las iglesias, porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”.[29]
El constituyente Diego Uribe Vargas, en su informe-ponencia, manifestó, según la revista “Gaceta Constitucional” lo siguiente:
“Dentro del nuevo ordenamiento constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras ‘todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley’, expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos”. [30] Después de haber examinado algunas sentencias de la Corte Constitucional que afirman legalmente este paso, mediante la jurisprudencia y la doctrina, se puede colegir que ha nacido a la vida jurídica el estado laico colombiano con un marco legal y teórico que le permite dar pasos iniciales para un proceso real y concreto: un estado que da las mismas oportunidades económicas, políticas, sociales y legales a todas las confesiones religiosas para poder moverse dentro de la sociedad colombiana.
Una muestra clara de este paso se encuentra en la Sentencia No. c- 027 de febrero 5 de 1993 la cual hace referencia al tratado internacional de la Convención de Viena. Este tratado concedía a la Iglesia Católica Romana unos privilegios que vulneraban los derechos de las otras confesiones religiosas que subsisten en Colombia. La Corte Constitucional reconociendo la inexequibilidad de tal tratado, hace un estudio exhaustivo del Convenio Internacional con la Santa Sede Romana y reconoce dónde están los artículos que necesitan ser reformados o abolidos.
La sentencia comienza expresando lo siguiente:
“Un tratado internacional pese a sus características especiales que está sujeto al control constitucional de la Corte, aún después de perfeccionado el tratado, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad. Nuestra Constitución no reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política, mientras viole los postulados fundamentales que estructuran la organización jurídica, política e ideológica del Estado colombiano. Ese es el punto de partida: que tanto la Carta de 1991 como el derecho internacional público se identifican en el propósito último de garantizar de manera concreta y efectiva el respeto y la protección a los derechos humanos. Nuestro país en estos últimos 11 años ha vivido en una situación de tránsito constitucional, por lo tanto, la gran tarea ha sido la adaptación de sus normas nacionales e internacionales a las nuevas exigencias constitucionales. Dentro de esta tarea es que la Corte juzga el Concordato, porque el tratado 20 de 1974, con más razón tiene que subordinarse a la Constitución”[31].
2.1.2 REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL CORCORDATO
Teniendo presente que la Ley 20 de 1974 ya fue examinada por la Corte Suprema de Justicia frente a la Carta de 1886 y fue hallada exequible (Sentencia No. 11 del 12 de febrero de 1987 Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz), se observa que esto no impidió que la Corte Constitucional llevara a cabo un examen posterior de esta ley frente a la Constitución de 1991. Los diversos aspectos en donde se presentan divergencias del Concordato con la Constitución Nacional de 1991 fueron examinados según los siguientes parámetros: diversidad étnica, diversidad cultural y libertad de cultos, efectos civiles del matrimonio católico, separación de cuerpos, prohibición de auxilios, violación del principio de igualdad, trato preferencial de religión católica, circunscripción eclesiástica, atención espiritual al personal militar, fuero eclesiástico, colaboración entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica, exención tributaria a la propiedad eclesiástica, contribuciones a las misiones.
2.1.3 SUSTENTACION DE LA CORTE PARA REVISAR EL CONCORDATO
La Corte Constitucional, teniendo en cuenta la demanda de inexequibilidad del Concordato y su ley aprobatoria en Sentencia C- 027 de febrero 5 de 1993 sustenta que la Carta Política de 1991 tiene mecanismos de control constitucional de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias y puede apelar a las leyes internacionales para manifestar su voluntad de dar por terminado el acuerdo. Una de estas leyes es la Convención de Viena en sus artículos 27 y 46 que dicen:
''... Si el derecho internacional permite aun la voluntaria terminación de un tratado, ¿por qué no ha de consentir en la posibilidad de que el Estado que se ha visto vulnerado en su derecho interno, suscite el conflicto en orden a su solución, por medio de un procedimiento jurídico internacional, cuando el propio derecho internacional contempla este caso como expresa excepción al principio general de obligatoriedad de los tratados, y cuando prevé mecanismos que en presencia del hecho exceptivo, permiten garantizar la estabilidad y la seguridad de las relaciones internacionales, cuyo presupuesto de base es precisamente la regularidad y validez del vínculo que las expresa? Salvo tratándose de los tratados ratificados sobre derechos humanos, nuestra Carta no reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política. Por tanto, salvo en el caso mencionado, el Estatuto Supremo no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un tratado que aun perfeccionado viola los postulados fundamentales que estructuran la organización jurídico-política e ideológica del Estado colombiano''
Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual quiere decir que el objeto de la atención del Estado es la persona humana, para reconocerle y respetarle su dignidad. Esta nueva óptica pone al Estado al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de éste. Como derechos fundamentales de la persona se señalan explícitamente los siguientes: derecho a la vida (Art.11), prohibición de tratos inhumanos y de trata de seres humanos (Art.17), igualdad ante la ley (Art. 13), personalidad jurídica (Art. 14 ), intimidad, desarrollo de la personalidad (Art.15), libertad de conciencia (Art. 18), libertad de cultos (Art. 19), libertad de expresión (Art. 20 ), honra (Art. 21), la paz (Art. 22), derecho de petición (Art. 23 ), derecho de circulación (Art. 24 ), derecho al trabajo (Art. ), libertad de profesión (Art. ), libertad de cátedra (Art. 27), libertad personal (Art. 28 ), debido proceso (Art.29 ), habeas corpus Art. 30 ), doble instancia (Art. 31 ), libertad de declaración (Art. 33 ), penas prohibidas (Art. ), prohibición de la extradición (Art. ), derecho de reunión (Art.3 7), derecho de asociación (Art. 38 ), asociación sindical (Art. 39), derechos políticos (Art. 40), instrucción constitucional, cívica y derecho a la educación (Art. 41). La intención del Constituyente, es que no existan tratados internacionales ni sus leyes aprobatorias inexequibles, por esta razón examina la Ley 20 de 1974 por la cual se aprueba El Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973, a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos con el fin de verificar si se ajustan o no a ellos.
2.1.4 SANCIÓN FINAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Tomando cada aspecto sujeto a deliberación de la Corte Constitucional, se resume que fueron sancionados así:
Diversidad étnica, diversidad cultural y libertad de cultos: la nueva Carta está a favor de la etnia indígena, la libertad de cultos, y con ello permite a toda persona libertad de su religión.
Efectos civiles del Matrimonio Católico: todo lo concerniente al divorcio de los matrimonios es del fuero del Estado, quien es el autorizado para distribuir la competencia. Serán entonces competencia acordada en el Tribunal Superior.
Separación de cuerpos: la cuestión de la separación de cuerpos queda bajo el amparo del Estado, la competencia para conocer de ella se radica obviamente en los jueces señalados en la ley civil.
Prohibición de auxilios: constitucionalmente se prohibió el auxilio a las entidades de derecho privado, como son los centros educativos de la Iglesia Católica o de cualquier otra fe religiosa. Todas las confesiones religiosas debidamente reconocidas como tales por el Estado colombiano, pueden celebrar a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, con recursos de los respectivos presupuestos, contratos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo y según la reglamentación de la materia por el Gobierno Nacional.
Violación del principio de igualdad: el trato preferencial para los hijos de familias católicas, desconoce el principio de igualdad en que la Constitución coloca a todas las religiones.
Trato preferencial a la Religión Católica: el trato preferencial a la religión católica por parte del Estado para llevar su credo a las zonas paupérrimas, desconoce que todas las confesiones religiosas han de estar en situación de igualdad frente al Estado, como lo pregona el ordenamiento Superior. Creación de la circunscripción eclesiástica: la inconstitucionalidad surge en la parte que confiere al Gobierno la facultad de hacer recomendaciones sobre la creación de las circunscripciones eclesiásticas.
Atención espiritual al personal militar: el Concordato está limitando el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión que tienen los militares en servicio activo de las fuerzas armadas y de paso, está determinando una discriminación frente a las demás creencias e iglesias que existen en Colombia. Por ello, cualquier confesión religiosa puede presentar sus oficios religiosos y pastorales a la población castrense que voluntariamente quiera recibirlos y el Estado en igualdad de condiciones se puede comprometer al respecto con todas las religiones.
Fuero Eclesiástico: al Estado le corresponde en ejercicio de su potestad política establecer los sistemas procesales de juzgamiento y carcelario de las personas residentes en su territorio, lo mismo que los fueros para las personas que por sus condiciones especiales de investidura así lo ameriten. El establecimiento de normas especiales de procedimiento penal para el juzgamiento de clérigos y religiosos instituye un tratamiento preferencial frente a los demás procesados. No existe fundamento constitucional que ampare la inmunidad a favor de los obispos y similares por asuntos penales. La Iglesia como institución social y pastoral, se sustrae así a la soberanía del Estado y por ello, es inconstitucional el texto concordatario, igualmente, podemos ver que se establece una competencia exclusiva a la cual entonces también tendrían derecho a acceder los altos miembros de las demás iglesias existentes en el país. Fuera de que quedarían sustraídas esas personas eclesiásticas de la jurisdicción del Estado, siendo que a ésta deben estar sometidos todos los residentes del país.
Colaboración entre la Jurisdicción Civil y la Jurisdicción Eclesiástica: La independencia entre la jurisdicción civil y eclesiástica, no excluye la colaboración armoniosa y respeto mutuo entre las diferentes confesiones religiosas y el Estado, debiendo eso sí, precisarse que la colaboración pregonada en dicho artículo ha de referirse a la ejecución de los efectos civiles en los casos previstos en la Carta Política, esto es, los que tienen los matrimonios religiosos y las sentencias de nulidad de estos matrimonios.
Exención Tributaria a la propiedad eclesiástica: El artículo no dice exactamente de cuáles tributos quedan exentos los bienes inmuebles en él citados, lo que conduce a pensar que si se tratare de gravámenes de propiedad de los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, regiones y provincias, no operaría el régimen de exención de que trata el artículo 24. Al tenor del artículo 294 de la Constitución Nacional, a través de una ley no se puede conceder este tipo de beneficios cuando los tributos corresponden a las entidades territoriales. La norma constitucional consagra la libertad religiosa que otorga el derecho de los fieles de las distintas religiones a recibir los ministerios y ritos de ellas (art. 19 C.N.), lo cual se hará en los edificios dedicados al culto. El art. 19 de la Constitución Nacional es de alcance nacional. La exención se extiende a las distintas entidades y congregaciones destinadas a fines de orden espiritual y pastoral. Estos inmuebles tendrán derecho a la exención tributaria en los términos del artículo, más con el propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos todas las confesiones religiosas, siempre que reúnan los requisitos.
Contribuciones a las misiones: La parte pertinente del artículo 24 que dice: “Será reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones”, es inconstitucional porque fue hallada opuesta a la Carta Política la institución de las misiones en las zonas indígenas y marginadas.
2.5 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LOS ARTICULOS DE LA LEY 20 DE 1974 QUE APRUEBA LOS TEXTOS DEL CONCORDATO
Texto Original del Concordato
Observación de la Corte
Texto final del Concordato
ARTÍCULO I. El Estado, en atención al tradicional sentimiento católico de la Nación colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo de la comunidad nacional.
El Estado garantiza a la Iglesia Católica y quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano.
Los propósitos así concebidos y reconocidos de ser ella instrumento del bienestar, adelanto y progreso de la comunidad, corresponden a los mismos fines del Estado plasmados en diversos textos de la Carta. Esta declaración no impide que otras confesiones religiosas, si así lo convinieren con el Estado colombiano, también manifiesten que se ponen al servicio de esta comunidad, como elemento dispensador de bienandanza, ventura y progreso, pues, es obligación del Estado garantizar el goce de los derechos religiosos a quienes pertenezcan a ella, como se reconoce en dicho texto también respecto de las demás confesiones. Constitucional
(Exequible)
El Estado garantiza a la Iglesia Católica y quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano. ARTÍCULO II. La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes.
La Iglesia conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes, lo que equivale a decir que el Estado colombiano reconoce a la Iglesia Católica su órbita eclesiástica, diferente a la civil y política que es propia del Estado.
(Exequibles)
ARTÍCULO II. La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes. ARTÍCULO III. La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, pero será respetada por las autoridades de la República.
El pluralismo político y religioso instaurado en la Carta de 1991 permite la coexistencia de ordenamientos, entre ellos, unos religiosos, de las distintas confesiones, incluida la católica, y otros políticos (del Estado). Una manifestación entonces de la libertad religiosa (art. 19 C.N.) es la de aceptar la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica, como una realidad viviente y hecho sociológico e indiscutible del pueblo colombiano, mas dentro del marco espiritual y pastoral que le es propio. Es decir reconoce la existencia de estas potestades religiosas.
ARTÍCULO III. La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, pero será respetada por las autoridades de la República.
ARTÍCULO VI. El Estado y la Iglesia colaborarán en la pronta y eficaz promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas susceptibles de un régimen canónico especial. Una comisión permanente integrada por funcionarios designados por el gobierno nacional y prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, reglamentada de común acuerdo, programará y vigilará el desarrollo progresivo de los planes que se adopten. Las funciones de la comisión permanente serán ejercidas sin perjuicio de la autoridad propia de planeación del Estado y sin que la Iglesia tenga a su cargo actividades ajenas a su naturaleza y misión.
Digna es de loar la tarea tesonera, efectiva y los grandes y especiales esfuerzos que ha cumplido la Iglesia Católica en las regiones marginadas del país, entre las que se encuentra la población indígena, a las cuales en armonía con el Estado ha colaborado en los fines que a éste le corresponden llevándoles cultura, educación, bienestar y desarrollo. Mas sucede que la Constitución de 1991 ofrece nuevas concepciones sociopolíticas de la etnia colombiana que lleva a nuevos planteamientos sobre el tratamiento que ella ha de darse, sustrayendo a los indígenas de la marginalidad legal y constitucional en que se encontraban, para reconocerles su identidad étnica, política, social, cultural y religiosa. Frente entonces a ordenamientos tan categóricos de la nueva Carta en pro de la etnia indígena, no se ajusta a esos postulados el artículo VI sub-examine, el cual además, cuando prescribe que la misma sea susceptible de un régimen canónico especial, no se aviene al derecho a la libertad de cultos, que le permite a toda persona la profesión libre de sus religión y coloca todas la confesiones religiosas en pie de libertad ante la ley (art.19) para realizar esta labor en igualdad de condiciones incluyendo a la Iglesia Católica.
(Inexequible)
ARTÍCULO VII. El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del acta al correspondiente funcionario del Estado, quien deberá inscribirla en el registro civil.
Respecto al vínculo, precisamente por la independencia de las jurisdicciones, mas no de la plena autonomía de la eclesiástica, no le es dable al Estado entrar a regularlos cuando se trate de matrimonios religiosos, pero sí le es permitido en lo que hace a los efectos civiles del mismo.
Los efectos civiles del matrimonio se contraen a lo siguiente:
1. Las obligaciones reciprocas entre los esposos a saber: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda (art. 113 C.C.).
2. El régimen de bienes de la sociedad conyugal.
3. La legitimidad de la prole.
4. El estado civil de casados.
La libertad de los miembros de la comunidad de contraer matrimonio según los ritos de sus religiones, encuentra respaldo en el artículo 19 de la Carta que garantiza a toda persona el derecho a profesar libremente su religión, y correlativamente a todas las confesiones religiosas de ejercer libremente su apostolado.
ARTÍCULO VII. El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del acta al correspondiente funcionario del Estado, quien deberá inscribirla en el registro civil. ARTÍCULO VIII. Las causas relativas a la nulidad o la disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede Apostólica. Las decisiones y sentencias de éstas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforma al derecho canónico, serán trasmitidas al tribunal superior del distrito judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil.
En lo que concierne a las nulidades deferidas al conocimiento de la potestad católica y que consisten en las sanciones legales que se hacen recaer a través de sentencias de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la sede apostólica, sobre el matrimonio celebrado con omisión de las exigencias de validez, esta Corporación encuentra que la norma se ajusta a la Constitución Nacional.
Respecto de los efectos civiles de las sentencias eclesiásticas en materia de nulidad del matrimonio católico, valga anotar que ellos se confían en el artículo VIII a la potestad civil, luego está de acuerdo con la Carta. En cuanto hace a las causas de disolución del vínculo de matrimonios católicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, el artículo VIII del Concordato defiere su competencia a los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la sede apostólica. Habrá pues de analizarse esta norma a la luz de la Constitución de 1991.
Declarar EXEQUIBLE el artículo VIII del artículo 1º de la ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice: ‘…o la disolución del vínculo…incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado’ y además el aparte del inciso 2º, que dice: ‘…al tribunal superior del distrito judicial territorialmente competente’ y serán competentes en este caso los jueces que determine la ley civil. Lo anterior, precisando que la cesación de los efectos civiles del artículo 42 de la Constitución, no rompe el vínculo matrimonial eclesiástico.
ARTÍCULO VIII. Las causas relativas a la nulidad de los matrimonios canónicos, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede Apostólica. Las decisiones y sentencias de éstas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforma al derecho canónico, serán trasmitidas al el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil.
ARTÍCULO IX. Las altas partes contratantes convienen en que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios sean tramitadas por los jueces del Estado, en primera instancia ante el tribunal superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de uno de los cónyuges la causa respectiva se suspenderá en primera instancia y por una sola vez, durante treinta días, para dar lugar a la acción conciliadora y pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del tribunal para adoptar las medidas precautelativas que estime convenientes.
Vencido el plazo, el respectivo tribunal reanudará el trámite correspondiente.
Previene el artículo 42 inciso 9° de la Carta que las causas de separación de los matrimonios se rigen por la ley civil.
Del mismo modo el artículo IX del Concordato reviene que las contenciones sobre separación de cuerpos son de competencia de los jueces del Estado. Quedando entonces la cuestión de la separación de cuerpos bajo el amparo del Estado, la competencia para conocer de ella se radica obviamente en los jueces señalados en la ley civil.
ARTÍCULO X. (1) El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado.
(2) La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos. El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros será objeto de reglamentación posterior.
El fin que persigue el Estado en aspectos como el de la educación, coincide en gran manera con el de la Iglesia Católica. La instrucción a la niñez y a la juventud de la que se ocupa la Religión Católica resulta ser uno de los grandes objetivos perseguidos por la organización estatal ya que se trata de la formación de los futuros ciudadanos que han de regir los destinos de la Nación.
Esta Corporación considera que hay autonomía para establecer y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casa de formación de religiosos, la autonomía se entiende referida en cuanto a la oportunidad que tienen las personas, naturales o jurídicas como la Iglesia para fundar establecimientos educativos, autonomía que no excluye al Estado para que éste en ejercicio de su potestad soberana y porque la educación es un servicio público ejerza en toda su extensión la vigilancia y control.
ARTÍCULO X: (1) El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado.
(2) La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos. El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros será objeto de reglamentación posterior. ARTÍCULO XI. A fin de hacer más viable el derecho que tienen las familias de escoger libremente centros de educación para sus hijos, el Estado contribuirá equitativamente, con fondos del presupuesto nacional, al sostenimiento de planteles católicos.
Ha de decirse que la prohibición antes comentada que introdujo el artículo 355 inciso 1° constitucional no es óbice para que la religión católica en igualdad de condiciones con otras confesiones religiosas debidamente reconocidas como tales por el Estado colombiano, pueda celebrar con éste, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, con recursos de los respectivos presupuestos, contratos “con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de desarrollo y según la reglamentación de la materia por el Gobierno Nacional” (art. 355 inc. 2°).
ARTÍCULO XII. En desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos reciban educación religiosa acorde con su fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de este derecho, corresponde a la competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza. La autoridad civil tendrá en cuenta los certificados de idoneidad para enseñar la religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica.
Observa esta Corporación que frente a la Constitución de 1991 este artículo IX deviene inexequible. Ha de advertirse que con la declaratoria de inexequibilidad de esta norma concordataria, esta Corte no está afirmando que los hijos de familias católicas no reciban la educación religiosa que les corresponde como tales. Dentro de la reglamentación legal que habrá de expedirse al efecto, a la Iglesia Católica habrá de dársele el espacio religioso en los establecimientos del Estado, lo mismo que a las demás religiones, dejando en todo caso en libertad a los estudiantes que no quieran recibir instrucción religiosa alguna, con lo cual se conseguiría colocar en el mismo plano de igualdad a todas las confesiones pues se satisfaría el interés religioso de los estudiantes según sus propias creencias y no se obligaría a nadie a recibir cátedra religiosa.
ARTÍCULO XIII. Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados en el gobierno nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VI.
Se advierte a simple vista la inconstitucionalidad de la norma porque estatuye un trato preferencial a la religión católica por parte del Estado para llevar su credo a las zonas paupérrimas, pues, como se ha hecho ver en párrafos precedente, todas las confesiones religiosas han de estar en situación de igualdad frente al Estado, como lo pregona el ordenamiento Superior. Inconstitucional
ARTÍCULO XIV. El derecho de nombrar arzobispos y obispos corresponde exclusivamente al Romano Pontífice. La Santa Sede, antes de proceder al nombramiento de un arzobispo u obispo residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer en ciudadano colombiano, comunicará al presidente de la República el nombre de la persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o político. Se entenderá que ellas no existen si no las manifiesta dentro de treinta días. Estas gestiones se adelantarán por ambas partes con la mayor diligencia y reserva.
El artículo citado manifiesta que el derecho de nombrar arzobispos y obispos corresponde exclusivamente al Romano pontífice, se está haciendo uso de esa potestad intrínseca que tiene la Iglesia para darse su propia organización y por ende, nombrar a las personas que crean son las más capaces para representar con entereza y dignidad los postulados de la fe Católica, apostólica y Romana. Ello debe ser así, porque cualquiera otra manera de darse su organización y constituir su dirección y control interno con injerencia de personas extrañas a sus intereses, lejos de propiciar resultados óptimos en su función evangelizadora, traería malestar y fisuras dentro de la organización eclesiástica.
Con todo, la deferencia que se otorga al Estado, a través del Presidente de la República para objetar los nombramientos por razones civiles o políticas, pugna con el principio de igualdad constitucional que debe existir entre todas las religiones, además de la injerencia que en materias eclesiásticas se le otorga al Gobierno.
Declarar EXEQUIBLE el artículo XIV del artículo 1º de la ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice: ‘…La Santa Sede, antes de proceder al nombramiento de un arzobispo u obispo residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer en ciudadano colombiano, comunicará al presidente de la República el nombre de la persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o político. Se entenderá que ellas no existen si no las manifiesta dentro de treinta días. Estas gestiones se adelantarán por ambas partes con la mayor diligencia y reserva’.
ARTÍCULO XIV. El derecho de nombrar arzobispos y obispos corresponde exclusivamente al Romano Pontífice. ARTÍCULO XV. La Santa Sede podrá erigir circunscripciones eclesiásticas y modificar los límites de las existentes, cuando lo creyere oportuno, para el mejor desempeño de la misión de la Iglesia. Con tal finalidad informará previamente al gobierno, acogiendo las indicaciones justas y convenientes que de él reciba.
La autonomía de la Iglesia, también se predica en este artículo, cuando el instrumento jurídico internacional le reconoce la competencia que tiene para crear las circunscripciones eclesiásticas o modificar las existentes de conformidad con su leal saber y entender.
Como persona de derecho capaz, la Iglesia como se ha dicho, debe darse su propia organización, por lo que ella se fina su propia dirección, planifica su labor pastoral, tiene sus propios órganos de control y ejecuta sus planes en cumplimiento de las tareas que a cada dependencia se la ha asignado, todo ello sin interferir en las materias que por su naturaleza no son de su incumbencia.
Mas la inconstitucionalidad surge en la última parte del artículo XV que confiere al Gobierno la facultad de hacer recomendaciones sobre la creación de las circunscripciones eclesiásticas, por las mismas razones señaladas al examinar el artículo XIV anterior.
Declarar EXEQUIBLE el artículo XV del artículo 1º de la ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice: ‘…Con tal finalidad informará previamente al gobierno, acogiendo las indicaciones justas y convenientes que de él reciba’.
ARTÍCULO XV. La Santa Sede podrá erigir circunscripciones eclesiásticas y modificar los límites de las existentes, cuando lo creyere oportuno, para el mejor desempeño de la misión de la Iglesia. ARTÍCULO XVI. La Santa Sede conviene en elevar con la mayor celeridad posible las jurisdicciones misionales a la categoría de diócesis, a medida que el desarrollo de las regiones resulta armónico con las exigencias pastorales diocesanas.
En el examen de constitucionalidad que se hizo de los artículos VI y XIII del Concordato, la Corporación los halló contrarios a la Carta. Por el primero se establecía la colaboración entre el Estado y la Iglesia para promover las condiciones humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas susceptibles de un régimen canónico especial. Y por el artículo XIII tal colaboración en dichas regiones se contraía a la educación oficial. Todo ello se cumplía a través de misiones que enviaba la Iglesia Católica a esas regiones hipos suficientes y que se radicaban en ellas para cumplir sus tareas.
Entonces la declaratoria de inexequibilidad de los artículos VI y XIII entraña a su vez la del artículo XVI, por sustracción de materia, puesto que éste precisamente se refiere a las misiones, halladas contrarias a la Carta.
ARTÍCULO XVII. La atención espiritual y pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas se ejercerá por medio de la Vicaría Castrense, según normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el gobierno.
Considera esta Corporación que el Concordato está limitando el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión que tienen los militares en servicio activo de las fuerzas armadas y de paso, está determinando una discriminación frente a las demás creencias e iglesias que existen en Colombia. Es contradictorio que mientras el artículo 68 de la Carta en su inciso cuarto expresa que “en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”, en el artículo comentado los militantes de las fuerzas armadas deben recibir la asistencia espiritual de la Iglesia Católica.
ARTÍCULO XVIII. Los clérigos y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio militar.
La norma antes que violar el artículo 216 de la Constitución Nacional, encuentra en él su asidero, ya que su inciso 3° dispone que la Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar. En este caso, es la ley 20 de 1974, la que determina la exención y las condiciones de la misma. Este tratamiento especial y para preservar el principio de igualdad de las religiones, ha de extenderse a las demás confesiones religiosas organizadas respecto de sus ministros y clérigos, los cuales deberán acreditar debidamente su calidad de tales.
ARTÍCULO XVIII. Los clérigos y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio militar. ARTÍCULO XIX. Continuarán deferidas a los tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas, como también los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesiástico, sancionados por las leyes de la República. Se exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede Apostólica.
Sin embargo se observa que no existe fundamento constitucional que ampare esa especie de inmunidad a favor de los obispos y similares por asuntos penales, estableciéndose una competencia exclusiva a la cual entonces también tendrían derecho a acceder los altos miembros de las demás iglesias existentes en el país. Fuera de que quedarían sustraídas esas personas eclesiásticas de la jurisdicción del Estado, siendo que a ésta deben estar sometidos todos los residentes del país.
Esta Corporación precisa que debe declararse inconstitucional la parte de este artículo que dice “Se exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede Apostólica.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice: ‘…Se exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede Apostólica’
ARTÍCULO XIX. Continuarán deferidas a los tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas, como también los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesiástico, sancionados por las leyes de la República. ARTÍCULO XX. En caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia, sin intervención de jurado, los jueces superiores y quienes los reemplacen, y en segunda, los tribunales superiores. Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes, pero si fueren condenados en última instancia, se les aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de la penas.
El establecimiento de normas especiales de procedimiento penal para el juzgamiento de clérigos y religiosos instituye un tratamiento preferencial frente a los demás procesados. La Iglesia como institución Social y Pastoral, se sustrae así a la soberanía del Estado y por ello, es inconstitucional el texto concordatario. Es al Estado a quien corresponde en ejercicio de su potestad política establecer los sistemas procesales de juzgamiento y carcelario de las personas residentes en su territorio, lo mismo que los fueros para las personas que por sus condiciones especiales de investidura así lo ameriten.
ARTÍCULO XXI. Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del Estado, si fuere necesario, prestarán su colaboración en la ejecución de las providencias de los tribunales eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podrían ser lesionadas por ejecución incompleta o fallida de tales providencias.
Como no se da el concepto de violación constitucional de la norma concordataria. Para esta corporación que la independencia entre la jurisdicción civil y eclesiástica, no excluye la colaboración armoniosa y respeto mutuo entre la Iglesia y el Estado, precisando que la colaboración pregonada en dicho artículo ha de referirse a la ejecución de los efectos civiles en los casos previstos en la Carta Política, esto es, los que tienen los matrimonios religiosos y las sentencias de nulidad de estos matrimonios (art. 42).
ARTÍCULO XXII. El ejercicio ilegítimo de jurisdicción o funciones eclesiásticas por quienes carecen de misión canónica para desempeñarlas, oficialmente comunicado por la autoridad eclesiástica al competente funcionario del Estado, será considerado por éste como usurpación de funciones públicas.
En primer lugar no es de competencia de la Iglesia Católica tipificar e imponer penas o conductas no establecidas como tales por la ley penal colombiana y de otra parte pretender darle vigencias a la analogía en materia penal, contraviene abiertamente los principios que rigen la misma.
ARTÍCULO XXIII. La Iglesia Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislación colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertenecientes a las demás personas naturales y jurídicas.
El artículo XXIII, establece el libre manejo de la propiedad de bienes muebles e inmuebles por parte de la Iglesia Católica y esto debe ser así porque como persona jurídica, es sujeto con capacidad plena para adquirir derecho y contraer obligaciones, actuaciones que al tenor del artículo comentado, deben sujetarse en toda su extensión a los parámetros existentes sobre la materia en la legislación colombiana.
Se observa como lo dice el artículo XXIII que la Iglesia y las demás personas jurídicas tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles, ordenamiento que está en todo conforme con el artículo 73 del Código Civil. El artículo XXIII está en un todo de acuerdo y es por lo tanto constitucional.
ARTÍCULO XXIV. Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios. Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato, tales como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia, se regirán en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás instituciones de la misma naturaleza.
De conformidad con el inciso primero del artículo 363 de la Constitución Nacional, el cual dispone que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, se puede sostener que el régimen tributario aplicado a las personas en Colombia, no tiene que idéntico. El criterio que tiene que ver con la potencia de acción constante y de creciente identidad y desarrollo, es decir, la eficiencia y la progresividad, difiere según juicios de equidad, como acaece en el caso de la iglesia católica, la cual en unión con el Estado y para justificar la exención tributaria a los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, argumenta que esas propiedades han sido construidas se conservan con aportes de los fieles, los mismos que tributan al Estado, por consiguiente, si hubiera impuestos por esos inmuebles los fieles tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para sus templos y demás bienes referidos, lo que es contrario a la equidad. La exención se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral.
Artículo XXV. El Estado reconoce el derecho de la Iglesia a recabar libremente de los fieles contribuciones para el culto divino, la sustentación de sus ministros y otros fines propios de su misión.
Las contribuciones que establece la disposición XXV de la norma concordataria, en ningún momento son obligatorias para los feligreses o seguidores de la Iglesia Católica, sino todo lo contrario, ellas se caracterizan por su voluntariedad y de conformidad con el poder de disposición que al respecto quiera hacer cada persona en particular. Cada fiel en su fuero interno, es libre para adoptar la decisión de aportar o dar contribuciones a la Iglesia, para el sostenimiento del culto divino y si no lo hace, no hay lugar a constreñimiento ni castigo porque esta norma en ningún momento es coercitiva, sino como se dijo anteriormente, amplia y liberal en el sentido gramatical y filosófico de la palabra.
ARTÍCULO XXVI. Las altas partes contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 1953. En consecuencia, reglamentarán su cuantía en forma que permita atender debidamente aquellas obligaciones. Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones. El Estado concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla.
Este precepto en relación con las obligaciones contractuales adquiridas en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 1953, estima esta Corporación, es constitucional porque lo allí consignado se adecua a lo ordenado en el artículo 58 de la Constitución Nacional cuando expresa: “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales no pueden ser desconocidas ni vulnerados por leyes posteriores...” Existiendo entonces títulos contractuales internacionales que respaldan tales obligaciones, es de rigor reconocerlas.
La parte pertinente del artículo XXVI que dice: “Será reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones”, es inconstitucional porque fue hallada opuesta a ala Carta Política la institución de las misiones en las zonas indígenas y marginadas, según lo explicado precedentemente.
Declarar EXEQUIBLE el artículo XXVI del artículo 1º de la ley 20 de 1974, salvo el aparte que dice: ‘…Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones’.
ARTÍCULO XXVI. Las altas partes contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 1953. En consecuencia, reglamentarán su cuantía en forma que permita atender debidamente aquellas obligaciones. El Estado concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla. ARTÍCULO XXVII. El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público. En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de lo católicos.
La Carta Política de 1991 en su artículo 49 previene que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicio públicos a cargo del Estado”. Quiere esto decir que los cementerios por más que pertenezcan a dueños particulares – que puede ser la Iglesia Católica o cualquier otra religión – por la función que cumplen prestan un servicio público y por ello han de estar al acceso de la comunidad, sin distinciones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, obviamente sufragando los deudos los derechos correspondientes. Aceptar lo contrario, sería además, atentar contra la dignidad humana- prolíficamente protegida en la Constitución – porque habiendo llegado la persona al final de su vida, aspira como mínimo a un entierro digno, que lo tiene en los sitios reservados a tal fin, como son los cementerios. Piénsese en un lugar apartado del país en el que exista un solo cementerio y se le niegue a alguien su inhumación en él.
ARTÍCULO XXVII. El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público. En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de lo católicos.
ARTÍCULO XXVIII. En defensa y promoción del patrimonio cultural Colombiano, la Iglesia y el Estado colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, que incluirá monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor histórico o estético sean dignos de conjunta atención para conservarse, restaurarse y exponerse con fines de educación social.
El artículo del Concordato encuentra pleno respaldo en el artículo 7o. De la Constitución Nacional cuando expresa que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural colombiana” y el artículo 8o. del mismo estatuto cuando prescribe que “es obligación del Estado y de la personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” y el artículo 72, cuando precisa que “el patrimonio cultural de la Nación esta bajo la protección del Estado”. Luego, en este orden de ideas, ha de manifestarse que bienvenida sea la colaboración de la Iglesia.
ARTÍCULO XXIX. En la ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato como en sus reglamentaciones y para resolver amistosamente eventuales dificultades relativas a su interpretación y aplicación, las altas partes contratantes procederán de común acuerdo.
Nota esta Corporación que este artículo es abierto, porque en su texto se dice que “en la ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato, como en sus reglamentaciones”, quiere significar este precepto que el convenio no se ha agotado en cuanto a la producción de normas, y que por tanto, éstas se pueden ir expidiendo de conformidad con la voluntad de las partes contratantes. Nada obsta entonces para que entre ellos, faciliten las medidas que lo hagan expedito en su cumplimiento. Obviamente que las determinaciones que llegaren a tomar en virtud de ello, habrán de ajustarse también a la Constitución y así ha de considerarse que suceda.
ARTÍCULO XXX. El presente Concordato, salvo lo acordado en el artículo XXVI, deja sin vigor y efecto el que las altas partes contratantes firmaron en Roma el 31 de diciembre de 1887, aprobado por la ley 35de 1888, y los siguientes acuerdos: la Convención adicional al Concordato, firmada en Roma el 20 de Julio de 1892, aprobada por la ley 64 de 1892; los acuerdos derivados del canje de notas números 27643 del 27 de febrero de 1924, dirigida por el Secretario de Estado de su Santidad al ministro extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y la respuesta de este del 10 de junio de 1924, que dieron origen a la ley 54 de 1924, y la Convención sobre Misiones, firmada en Bogotá el 29 de enero de 1953.
Se aduce que el artículo es inconstitucional, pues es la prueba del sostenimiento económico del Estado en la actividad de la religión Católica y Romana, y la prueba de la discriminación, puesto que viola el numeral 2do. Del artículo 28 de la Constitución.
Observa la Corte que a través de esta disposición se dejan sin vigencia las normas anteriores concordatarias, situación ajustada a derecho que no desconoce precepto constitucional alguno.
ARTÍCULO XXXI. El presente Concordato se firma en doble ejemplar y en lenguas española e italiana, cuyos textos serán igualmente auténticos y harán fe.
Respecto a este artículo y al siguiente, no se dan razones para declararse su inconstitucionalidad.
Supone el texto que el tratado se ha firmado en dos ejemplares y en lenguas españolas e italiana.
ARTÍCULO XXXII. Este Concordato entrará en vigor en la fecha del canje de las respectivas ratificaciones de las altas partes contratantes.
En fe de lo cual, los suscritos plenipotenciarios firman este Concordato, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, a los doce días de julio de mil novecientos setenta y tres”.
Reafirma que el Concordato entra en vigencia en la fecha del canje de las respectivas ratificaciones de las partes, requisito formal que de acuerdo con el derecho internacional debe cumplirse para que las normas supranacionales tengan plena vigencia operativa.
2.6 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 20/74 QUE APRUEBA EL PROTOCOLO FINAL.
En su protocolo final, en el acto de la firma del Concordato suscrito en la fecha entre la República de Colombia y la Santa Sede, la Corte Constitucional sigue examinando y llega a las siguientes conclusiones:
“1. De acuerdo con la legislación vigente en el Estado colombiano, la inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el registro civil al tiempo de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de los cónyuges o de quien tenga un interés legítimo en dicho matrimonio. Con tal fin será suficiente la presentación de una copia auténtica de la respectiva partida eclesiástica. La muerte de uno de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción.
2. Los efectos civiles del matrimonio canónico debidamente inscrito en el registro civil regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio”.
Observa esta Corte que estas previsiones no ofrecen reparo de constitucionalidad y todavía más, cuando la disposición correspondiente fue declarada exequible. Declarar EXEQUIBLE el Protocolo Final del Concordato en relación con el artículo VII del artículo 1º. De la Ley 20 de 1974.
“La República de Colombia reconoce la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica en cuanto se refiere a los aspectos canónicos del privilegio de la fe. Por lo que se refiere a los efectos civiles correspondientes se tendrá en cuenta lo dispuesto por la jurisprudencia y la legislación civil colombiana, de manera que sean respetados tanto los derechos adquiridos por los cónyuges como los derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal”.
Habiéndose decretado la inexequibilidad del artículo del artículo XIII del Concordato, en cuanto a atribuir la competencia de las causas de disolución de los matrimonios canónicos a la potestad católica, habrá también la correspondiente norma del Protocolo seguir la misma suerte de inconstitucionalidad.
Declarar INEXEQUIBLE el Protocolo Final del Concordato en relación con el artículo VIII del artículo 1o. De la Ley 20 de 1974.
“La determinación que hace este artículo de que las causas de separación del matrimonio canónico serán dirimidas ante el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no impedirá que, en el futuro, el Estado colombiano pueda establecer una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas entidades...”.
Esta Corporación halló contrario a la Carta el artículo IX y como la norma del Protocolo Final la desarrolla en materia de competencias, por sustracción de materia también será declarada inexequible.
Se observa que los artículos 2º. Y 3º. de la Ley 20 de 1974, no fueron demandados.
Declarar INEXEQUIBLE el Protocolo Final del Concordato en relación con el artículo IX del artículo 1o. De la Ley 20 de 1974.
Después de una revisión de artículo por artículo se puede concluir que esta sentencia y su fallo abre una puerta para que la Iglesia Protestante en Colombia se mueva con más flexibilidad y mayor claridad dentro de la vida nacional. En esta agenda sencilla se muestra como este Concordato le daba forma al Estado Colombiano como un Estado Confesional y concedía a la vez privilegios que no eran permitidos a las otras confesiones religiosas.
2.2 ESTADO Y SANTA SEDE A PARTIR DEL CONCORDATO DE JULIO 20 DE 1974 EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Después de la exploración de los artículos del Concordato de Julio 20 de 1974 y de la derogación de algunos artículos, la Corte Constitucional aprobó deberes especiales del Estado colombiano para con la Iglesia Católica, donde se compromete a garantizar el pleno goce de sus derechos religiosos en los siguientes aspectos:
Garantizar la libertad de conformar su propio gobierno y administrar sus propias leyes con la correspondiente independencia de las leyes civiles del país. Le permite leyes religiosas con autoridad espiritual y jurisdicción eclesiástica.
Garantizar que las autoridades de la República respetarán la Legislación Canónica como ente jurídico independiente de la ley y autoridad civil.
Conceder personería jurídica propia a la Iglesia Católica, a sus diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas que la conformen, acreditada con una certificación de existencia económica.
Conceder el liderazgo de todas las actividades de público beneficio del país como lo son la educación, la enseñanza, la promoción social y cualquier actividad que promocione el desarrollo de la persona humana.
Incorporar en las actividades estatales a la Iglesia Católica a través de la creación de una comisión permanente integrada por funcionarios del Gobierno Nacional y prelados elegidos por la Conferencia Episcopal para colaborar en el desarrollo de condiciones humanas y sociales para los indígenas y para la población residente en zonas marginadas.
La Iglesia Católica tiene la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles.
Las propiedades eclesiásticas como edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios no serán gravadas con impuestos.
Tener la garantía estatal de libertad y autonomía para la fundación, organización y dirección de centros educativos en cualquier nivel y rama de enseñanza, incluyendo el establecimiento, organización y dirección de facultades, institutos, seminarios y casas destinados a la ciencia eclesiástica y la formación religiosa.
Tener el reconocimiento estatal de los estudios y títulos otorgados por dichos centros.
Tener la contribución estatal para el sostenimiento de estos planteles católicos con fondos del presupuesto nacional.
Tener la celebración de contratos con el Gobierno Nacional para el desarrollo de programas oficiales de educación en zonas marginadas.
La enseñanza y formación religiosa de los colegios oficiales o del Estado (primaria y secundaria) será Magisterio de la Iglesia Católica.
La suministración de programas y aprobación de textos de enseñanza religiosa para los planteles educativos oficiales corresponde a la autoridad eclesiástica católica.
Los certificados de idoneidad para enseñar religión expedida por la autoridad eclesiástica católica, serán tenidos en cuenta por la autoridad civil.
Los institutos y departamentos de ciencias religiosas en los niveles de educación superior serán propiciados por el Estado.
El reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de plenos efectos civiles de las normas canónicas con respecto al matrimonio católico.
La competencia de los tribunales eclesiásticos y congregacionales de la Sede Apostólica con respecto a la nulidad y disolución de los matrimonios canónicos.
Los procesos penales contra obispos y quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiásticos son competencia de la Sede Apostólica.
Los procesos penales contra clérigos y religiosos, aunque serán sancionados por las leyes de la República, gozarán de las siguientes oportunidades: sus juicios no serán públicos, al ser detenidos o arrestados (antes y durante el proceso) no serán recluidos en cárceles comunes.
El ejercicio legítimo de las funciones eclesiásticas es considerado como función pública. Sus representantes son considerados como funcionarios del Estado.
El derecho a recoger con libertad de entre sus fieles, contribuciones y ofrendas para el culto divino, para el sostenimiento de sus ministros y cualquier fin propio de su misión.
El derecho a poseer y administrar sus propios cementerios para la inhumación de sus fieles católicos.
El derecho a colaborar con el Estado en la defensa y promoción del patrimonio cultural colombiano con respecto al inventario del arte religioso nacional (monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas). La Santa Sede tiene el derecho de nombrar arzobispos y obispos a través del Pontífice Romano, con la correspondiente comunicación oficial al Gobierno Nacional.
La Santa Sede podrá crear nuevas circunscripciones eclesiásticas con sus respectivos límites de existencia con previa información al Estado Colombiano.
La Santa Sede podrá elevar las jurisdicciones misionales a categorías de diócesis.
Los clérigos y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles con sus ministerios y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio militar (Artículo 18 del Concordato de 1973).
Tener la atención espiritual y pastoral de los miembros de las fuerzas armadas.
Consideración de la Iglesia Católica como un elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional.
Lo expuesto anteriormente demuestra que este espacio jurídico-religioso es inexacto. Esta apreciación proviene de la exploración arriba descrita, en donde el Estado Colombiano, muy a pesar de haber abierto sus puertas al pluralismo religioso y de tener apertura para que todas las confesiones religiosas de nuestro país comiencen a buscar su lugar en la escena de la vida nacional, ha elaborado su agenda con la inclusión de relaciones preferenciales con la Iglesia Católica. Dichas inclusiones son producto de una larga trayectoria histórica de relacionamiento con el Estado, es cierto, y esta consolidación histórica no se puede desconocer, sin embargo, se necesita igualmente una escena que propicie la estabilidad de todas las creencias.
En el siguiente capítulo se analizará el proceso que ha implicado para los nacionales el apropiarse de las leyes por medio de solicitudes respetuosas ante los organismos jurisdiccionales cada vez que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, partiendo de un estudio de las sentencias y sanciones que los diferentes organismos judiciales y legislativos del Estado Colombiano han emitido cuando la Iglesia Protestante y otras confesiones religiosas han hecho uso de este espacio jurídico. [26] Sentencia C-088/94, del 3 de marzo de 1994. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz. La ley 133 es estatutaria. [27] Sentencia C-088/94, del 3 de marzo de 1994. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz. La ley 133 es estatutaria. Artículo 2 de la ley 133/94
[28] Sentencia C-568/93, del 9 de diciembre de 1993, con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz. En su sentencia T-403/92, del 3 de junio de 1992, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional sostuvo: “Los antecedentes de esta decisión del constituyente en torno a la religión acreditan el tránsito de un Estado confesional a un Estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas”.
[29] Sentencia C-350/94, del 4 de agosto de 1994. Acción de inconstitucionalidad contra las leyes 33 de 1927 y 1º de 1952. Demandantes: Carlos Alberto Jáuregui, Didyme-Dome y Jorge Iván Cuervo Restrepo. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[30] Gaceta Constitucional número 82, pág. 10.
[31] Sentencia no. c- 027 de febrero 5 de 1993: tratado internacional / control de constitucionalidad del Concordato del 74 con el Estado Colombiano.
[32] CAMARGO, Pedro Pablo. El Estado Laico en Colombia. Primera Edición. Bogotá: Librería Jurídica Wilches. 1995. P. 141-157
1 Citada por SUAREZ PERTIERRO, Gustavo: La objeción de conciencia al servicio militar en España, en "Anuario de Derechos Humanos", Instituto de Derechos Humanos, Madrid, 1990. Pág. 251.

References: artículo 2
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 294
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 355
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 216
 artículo 1
 artículo 73
 artículo 363
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 72
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 2