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Timestamp: 2019-09-23 09:44:14+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1029 DE NOVIEMBRE 27 DE 2002
SENTENCIA C-1029 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:LÍMITE A LA ÓRBITA DE COMPETENCIA DEL PRESIDENTE PARA ORDENAR E INSTRUIR CONGELACIÓN DE NÓMINAS OFICIALES POR MEDIO DE DIRECTIVAS PRESIDENCIALES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "O LA CONGELACIÓN DE NÓMINA OFICIALES, DENTRO DE LA ÓRBITA DE SU COMPETENCIA" DEL NUMERAL 53 DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 734 DE 2002
TEMAS ESPECÍFICOS:NÓMINA ESTATAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Sentencia C-1029 de noviembre 27 de 2002
Sentencia C-1029 de 2002
Ref.: Expediente D-4001
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 53 (parcial).
La ciudadana Marcela Jiménez Arango, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 241 de la Constitución, demandó el numeral 53 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, por considerar que viola los artículos 150-5, 300-7, 305-5, 305-7, 305-13, 313-6, 313-8, 315-3, 315-7, 315-9 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional mediante auto del veintidós (22) de mayo de 2002 admitió la demanda en contra del numeral 53 del artículo 48 del Código Disciplinario Único
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de inconstitucionalidad de la expresión “o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia” consagrada en el numeral 53 del artículo 48 del Código Disciplinario Único.
(...) 53. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las directivas presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el manejo del orden público o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia (...)”.
La demandante solicita a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional la expresión “o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia“ que tipifica como falta gravísima el desacato a las órdenes e instrucciones contenidas en las directivas presidenciales tendientes a congelar la nómina oficial, ya que con ello se contraviene lo dispuesto por los artículos 150-5, 300-7, 305-5, 305-7, 305-13, 313-6, 313-8, 315-3, 315-7, 315-9 de la Constitución Política.
Manifiesta que la norma acusada infringe el numeral 5º del artículo 150 (1) de la Carta Política porque es al legislador a quien le compete conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales, entre las cuales se incluye lo relacionado con la nómina oficial, y que éstas, por su parte, tienen la atribución de “determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta” (2) . Puntualiza diciendo que “una directiva presidencial no puede reformar la Constitución Política” (3) y concluye que, tal y como está la norma, ésta puede “suspender el compromiso del legislador y de las asambleas departamentales en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, la de dictar normas que posibiliten el cumplimiento de sus cometidos” (4) .
(1) “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales (...)“.
(2) ART. 300.—Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas: (...) 7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta (...)”.
(4) Cfr. folio 19.
La actora señala que también se infringen los ordinales 5º, 7º y 13, del artículo 305 (5) de la Constitución Política, pues la norma “recorta la facultad constitucional del gobernador para administrar el respectivo departamento”. Explica que, en virtud de la norma acusada, el gobernador, al nombrar gerentes o directores de los establecimientos públicos, y de las empresas industriales o comerciales del departamento, puede, por decisión presidencial, incurrir en una falta disciplinaria gravísima, al cumplir su mandato como jefe de la administración seccional. En cuanto a la atribución de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias y fijar sus emolumentos, dice que ésta sólo puede limitarse “por la ley y las ordenanzas de las asambleas departamentales y en modo alguno se puede limitar tal facultad a través de una directiva presidencial” (6) . Dice también que, “en modo alguno una directiva presidencial puede limitar la facultad del gobernador de escoger a los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento”.
(5) “ART. 305.—Son atribuciones del gobernador: (...) 5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador. (...) 7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. (...) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley (...)”.
(6) Cfr. folio 21.
Señala la actora, que la norma acusada también infringe los numerales 6º y 8º del artículo 313 (7) de la Constitución, puesto que “(...) es función de los concejos municipales el nombramiento de algunos funcionarios así como establecer su escala de remuneración, luego mal puede una directiva presidencial coartar o limitar una facultad que deviene directamente de la Carta Magna (...)”.
(7) “ART. 313.—Corresponde a los concejos: (...) 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. (...) 8. Elegir personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine (...)”.
Respecto de la competencia de los alcaldes, estima que también se infringen los numerales 3º, 7º y 10 del artículo 315 (8) pues “el alcalde municipal tiene funciones de nombramiento y remoción de funcionarios de la administración local para el correcto desempeño de sus funciones entre las cuales se encuentra la de nombramiento y remoción de algunos servidores públicos, luego mal puede una directiva presidencial limitarle tal facultad de nombramiento y remoción. Es decir, la Constitución otorga una facultad plena, absoluta y sin límite en el tiempo, esto es permanente, por tanto, tal función no se puede limitar por el Presidente de la República así su motivación sea muy loable” (9) .
(8) “ART. 315.—Son atribuciones del alcalde: (...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...) 7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. (...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto (...)”.
(9) Cfr. folio 23.
Finalmente concluye que “no es razonable ni lógico que se establezca como falta gravísima el cumplimiento de la Constitución Política y de la ley” (10) .
(10) Cfr. folio 23.
Estima la vista fiscal que el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, puede, mediante sus directivas presidenciales, congelar la nómina oficial de las entidades de la administración central pero no de las entidades territoriales. Precisa que el Presidente, como suprema autoridad administrativa, tiene en materia nominadora, y respecto de las plantas de personal, la atribución de nombrar y separar libremente a determinados funcionarios “y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución y la ley; [puede] crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central; suprimir o fusionar entidades y organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley y modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, conforme a los principios y reglas que defina la ley” (11) .
(11) Cfr. folios 71 y 72.
En concepto del Procurador, “indica lo anterior que las funciones que la Constitución Política asigna al Presidente de la República en materia de nómina, salvo la fijación del régimen salarial, tiene su exclusivo marco de acción en los organismos y entidades del orden nacional que integran la rama ejecutiva del poder público, y por tanto sólo respecto de tales entidades es constitucionalmente válido exigir la obediencia a las directivas presidenciales sobre congelación de la nómina oficial y sancionar su incumplimiento como falta disciplinaria, de allí que la norma censurada especifique en su parte final que la falta disciplinaria se configura cuando se incumplen las directivas presidenciales emitidas dentro de la órbita de su competencia, entendida ésta como la del Presidente de la República“ (12) .
(12) Cfr. folio 72.
“[En efecto,] el legislador únicamente consagra como falta disciplinaria el desconocimiento de las directivas emitidas por el Presidente de la República dentro del ámbito de su competencia, mas no el incumplimiento de órdenes que por carecer de la atribución para proferirlas no tienen carácter vinculante y, por tanto, sólo pueden constituir recomendaciones a las autoridades nominadoras, con fines macroeconómicos o para garantizar la preservación de la imparcialidad en los procesos electorales” (13) .
(13) Cfr. folio 74.
Estima la vista fiscal que la órbita de competencia del Presidente no alcanza la de las entidades territoriales, y que la conclusión de la actora desconoce la existencia de atribuciones y facultades propias de gobernadores y alcaldes como jefes de la administración seccional (C.P., art. 303) y de la administración local (C.P., art. 314), respectivamente. Así mismo, estima que “tampoco hace parte del ámbito de competencia del Presidente de la República la administración de personal y el manejo de la nómina de las otras ramas del poder público y entes autónomos e independientes como los de control .disciplinario y fiscal, la Comisión Nacional de Servicio Civil, entre otras, por cuanto ello es irreconciliable con la estructura del Estado adoptada en el artículo 113 superior” (14).
(14) Cfr. folio 75
Finalmente, concluye que “entendiendo que la falta disciplinaria se estructura frente al desconocimiento de las órdenes impartidas por el Presidente de la República dentro del ámbito de su competencia en materia de congelación de nómina, es claro que el artículo 48 numeral 53 de la Ley 734 de 2002 no contraria ninguna de las disposiciones señaladas en la demanda como violadas” (15) .
(15) Cfr. folio 75.
La demanda contra la expresión “o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia (...)” del numeral 53 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 plantea a la Corte el siguiente problema jurídico: ¿la norma que tipifica como falta gravísima el desacato de una directiva presidencial contentiva de una orden e instrucción de congelación de nóminas oficiales, desconoce la autonomía de las entidades territoriales?
3. Los alcances de la expresión acusada.
En la Ley 734 de 2002, nuevo Código Disciplinario Único, el legislador se ocupa en el título único del libro II, de “la descripción de las faltas disciplinarias en particular”, las cuales ha clasificado en leves, graves y gravísimas. Las faltas gravísimas, a diferencia de las leves y graves, han sido específicamente tipificadas en el artículo 48 de la ley en cuestión.
En cuanto al cumplimiento de órdenes e instrucciones, observa la Corte que, en virtud de los numerales 1º y 7º del artículo 34 (16) , es deber de todo servidor público cumplir “las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”, así como “las disposiciones que los superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones“ y que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 (17) de la misma ley, el “incumplimiento de los deberes“ puede constituir una falta leve o grave, según los criterios que para ello establece la propia ley.
(16) “ART. 34.—Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código (...).
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes”.
(17) “ART. 50.—Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.
Por su parte, y de acuerdo al numeral 53 del artículo 48 —la norma acusada— constituye una falta gravísima el desacato de una directiva presidencial que ordene e instruya sobre: (i) la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario; (ii) el manejo del orden público o (iii) la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia.
En cuanto a la expresión demandada, la decisión de congelación de nóminas oficiales, es una determinación encaminada a impedir que se realicen movimientos dentro de la planta de personal de una entidad pública. Así, al congelar la nómina, quien detente la potestad nominadora en la entidad no podrá realizar nombramientos ni efectuar remociones del personal a su cargo (18) . Con ello se busca tanto impedir que en tiempo de elecciones, a través de la oferta y remoción de personal en cargos públicos se manipule a los ciudadanos como controlar el gasto público dentro de políticas de austeridad, entre otros fines.
(18) La decisión de congelación de nómina oficial es diferente de la decisión de suspender la provisión de empleos públicos, la cual sí permite la remoción de servidores públicos.
Ahora bien, la expresión acusada finaliza mediante la expresión, “dentro de la órbita de su competencia”. Siendo así, cabe preguntarse a quién está referida la expresión órbita de “su competencia“.
La actora considera que ésta alude a la órbita de competencia del destinatario de la directiva presidencial y, a partir de esta premisa, funda su cargo. La Corte no comparte esta hermenéutica por varias razones. Primero, porque una interpretación gramatical indica que la expresión “su competencia“ refiere al sujeto que, según la norma acusada, imparte la directiva, es decir, el Presidente de la República. Segundo, porque una interpretación sistemática y teleológica conduce a la misma conclusión: el Presidente puede impartir directivas en ejercicio de sus competencias, no de las atribuidas a otros órganos. Para la Corte, entonces, la norma acusada se refiere a la directiva presidencial expedida dentro de la órbita de competencia del propio Presidente de la República.
“Según lo dispone el artículo 188 de la Constitución Política, el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa (C.P., art. 115), le corresponde el ejercicio de diversas funciones en cada una de sus calidades. Así, como jefe de Estado le concierne la dirección de las relaciones internacionales, la seguridad exterior de la República, la declaratoria de guerra con permiso del Senado de la República o, sin su autorización para repeler una agresión extranjera, defiende la independencia y honra de la Nación, la inviolabilidad del territorio, entre muchas otras. Igualmente dentro de sus funciones como jefe de gobierno, que conforma con los ministros y jefes de departamento administrativo en cada caso, le corresponde dirigir la fuerza pública y, como comandante supremo de las fuerzas armadas de la República disponer de ella; conserva en todo el territorio el orden público y lo reestablece cuando fuere turbado, declara el estado de conmoción y de emergencia cuando proviene de hechos perturbadores del orden económico social. Así mismo, como suprema autoridad administrativa cuenta con la facultad constitucional de nombrar y separar libremente a sus ministros y jefes de departamento administrativo, así como a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y, en general tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes; funciones todas estas que se encuentran consagradas en el artículo 189 del estatuto fundamental” (19) .
(19) C-1172 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra (A.V. Manuel José Cepeda Espinosa).
En este orden de ideas, la expresión de la norma acusada está supeditando la falta gravísima a que el desacato ocurra respecto de una orden e instrucción dada por el Presidente de la República, actuando como suprema autoridad administrativa. Es decir que, la órbita de competencia de una directiva presidencial, no comprende a todos los servidores públicos, sino sólo a aquellos servidores públicos para quienes el Presidente de la República constituye, dentro de la administración, la autoridad superior (20) .
(20) De esta relación de subordinación limitada, en cuanto al universo de los servidores públicos, dan cuenta los encabezados remisorios de las directivas presidenciales que como la reciente Directiva Presidencial 13, del 15 de octubre de 2002, señalan, por ejemplo: “Para: Ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores de unidades administrativas especiales y directores, gerentes o presidentes de entidades descentralizadas de la rama ejecutiva del orden nacional. De: Presidente de la República (...)”.
Tanto los diputados de las asambleas departamentales y el gobernador en el orden departamental, así como los concejales y los alcaldes en los órdenes municipal y distrital, son elegidos por los ciudadanos y no son nombrados ni separados libremente por el Presidente de la República (21) . En razón a su investidura de origen popular, respecto de tales servidores públicos, el Presidente no actúa como superior administrativo. En consecuencia, diputados, concejales, gobernadores y alcaldes están excluidos de la órbita de competencia administrativa del Presidente de la República (22) , a pesar de que gobernadores y alcaldes puedan, en ciertos ámbitos de gobierno —como la conservación del orden público— actuar como agentes suyos (C.P., arts. 303 y 315, num. 2º) (23) .
(21) Artículo 260 de la Constitución, salvo las excepciones que, en los siguientes términos consagran el artículo 304: “El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores (...)“ y el inciso segundo del artículo 314: “El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes (...)”.
(22) En este sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 620 de diciembre de 1986, manifestó: “El Presidente de la República es el jefe de la administración, es cierto, pero sus actos se encuentran circunscritos al marco legal y constitucional, de suerte que las directivas y órdenes que emita serán obedecidas por sus subalternos y agentes, si con ellas no se cercenan las facultades que a éstos les otorga la ley”.
(23) Ver las sentencias de la Corte Constitucional, C-179 de 1994, C-295 de 1996 y T-1631 de 2000. En esta última se manifestó que, en los casos en los que el alcalde actúa como un agente del Presidente o del gobernador, como ocurre con relación al orden público: “(...) en este ámbito, se mantiene una relación jerárquica entre alcaldes, gobernadores y Presidente. Ahora bien, la jerarquía es una relación de supremacía de los funcionarios superiores, respecto de los inferiores, y de subordinación de éstos con aquéllos (...)“.
4. La norma acusada no viola la autonomía de las entidades territoriales.
Sobre la autonomía territorial, la Constitución Política señala en su artículo 287 que: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales”. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que:
“La Constitución de 1991 define al Estado colombiano como una “República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales“ (C.P., art. 1º). En este sentido, la unidad de la República no puede confundirse con el predominio absoluto del poder central sobre la autonomía territorial. La definición constitucional requiere una interpretación de la “unidad como el todo que necesariamente se integra por las partes y no la unidad como un bloque“.
La autonomía territorial emana del principio democrático, entre otras razones, porque las autoridades territoriales se constituyen a partir del voto directo y universal de las comunidades. En este sentido la descentralización y la autonomía guardan estrecha relación con el principio de eficiencia de la administración pública (...)“.
La autonomía, al ser gubernamental y administrativa, se refiere no sólo a la facultad de dirección política sino también a la potestad de gestión de sus propios recursos. Sin embargo, esta facultad debe ejercerse conforme a la Constitución y la ley, como lo define el artículo 287 (...).
El núcleo esencial de la autonomía territorial se deriva de la posibilidad de gestionar sus propios intereses, entendida como la facultad de constituir sus propias formas de gobierno, de administración local“ (24) .
(24) Corte Constitucional. Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Trivino.
4.1. Inexistencia de violación de las competencias de las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales.
4.2. Inexistencia de violación de las competencias conferidas por la Constitución a los gobernadores y alcaldes como jefes de la administración del departamento, el municipio o el distrito.
Ahora, si bien es cierto que el gobernador tiene también la calidad de agente del Presidente de la República, como ya se anotó, la Constitución precisó las áreas específicas dentro de las cuales cumple esta función y dentro de éstas no se encuentra el nombramiento de los servidores de la administración departamental puesto que tal facultad pertenece al ámbito de competencia de la autonomía departamental (C.P., art. 303). Igual ocurre con el alcalde, quien sólo en ámbitos precisos actúa como agente del gobernador o del Presidente (C.P., art. 315, num. 2º).
Ahora bien, la Constitución también atribuye al gobernador las facultades de (i) “nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas (le tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador“ y (ii) de “escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes secciónales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento de acuerdo con la ley” (C.P., art. 305, nums. 5º y 13). Así, en estos dos casos el gobernador decide autónomamente sobre la selección de servidores públicos del departamento o que deban desempeñar sus funciones al interior del mismo.
No obstante, existe una diferencia entre las dos facultades citadas porque la segunda, establecida en el numeral 13 del artículo 305, refiere a gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional, no del orden departamental. La autonomía territorial garantiza el ejercicio de la facultad del gobernador consistente en escoger un nombre de la terna, pero no comprende la conformación misma de ésta, puesto que ello es atribución del “jefe nacional respectivo“ del cual el Presidente de la República es su superior administrativo (25) . Dicho “jefe nacional” puede legítimamente ser destinatario de la directiva presidencial de congelación de nómina y debe acatar las órdenes e instrucciones que al respecto imparta el Presidente de la República. De tal manera que éste no podrá enviar la terna correspondiente si el Presidente le ha ordenado no hacerlo, y, en caso de que la envíe, podría incurrir en la falta gravísima descrita en la norma parcialmente acusada.
(25) La Corte Constitucional ya subrayó el carácter especial de los jefes de estas seccionales puesto que si bien su nombramiento no corresponde libremente a la autoridad nacional ésta sí puede removerle sin restricción procedimental alguna. La Sentencia C-295 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, al respecto dijo: “No es exagerado reconocer que la Constitución afianzó y consolidó la descentralización y autonomía de las entidades territoriales pues éstas no sólo tienen el derecho de gobernarse por sus propias autoridades y designarlas, sino la de escoger a los agentes regionales de los establecimientos públicos nacionales en el departamento (art. 305-13) lo cual revela la forma de participar en la designación de quien va a cumplir programas o tareas complementarias a las que se adelanten por el departamento Con ello se armonizan las acciones regionales con las que en el orden nacional llevan a cabo los referidos establecimientos. Llama la atención la circunstancia de que el artículo 305-13 de la Constitución no guarda armonía con la disposición antes citada, en el sentido de que crea una categoría especial de funcionarios, pues no son de carrera ni de libre nombramiento por el nominador, porque su designación obedece a una operación compleja, como se explica más adelante, en la cual su escogencia la hace el gobernador, pero el nombramiento lo realiza el director, gerente o presidente del establecimiento público respectivo. Pese a la perplejidad que produce en el interprete la referida disposición, dada la circunstancia anotada, hay que entender que en su sabiduría el constituyente quiso, al emplear la fórmula que ella contiene, establecer una norma de excepción en la cual convergiera el principio unitario con el de la descentralización administrativa (...). El nombramiento de un director regional de establecimiento público no es libre, por parte del director, gerente o presidente del establecimiento, aun cuando sí le compete su postulación, a través de las ternas que se le presentan al gobernador, y su nombramiento. Pero se advierte que la remoción de los directores regionales por el director general sí es libre.
Lo dicho anteriormente respecto de la autonomía del gobernador es aplicable al alcalde cuando hace ejercicio de su atribución de “nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes“ que establece el numeral 3º del artículo 315 superior. La autonomía propia al jefe de la administración local excluye al alcalde de la órbita de competencia del Presidente, en cuanto a sus decisiones de congelación de nóminas oficiales. Así, la Corte encuentra que tampoco hay violación a lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 315 de la Carta Política.
Por último, la Corte advierte que lo resuelto en este fallo sólo hará tránsito a cosa juzgada relativa al cargo de autonomía territorial analizado.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “o la congelación de nóminas oficiales dentro de la órbita de su competencia“ del numeral 53 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

References: ARTÍCULO 48
 artículo 48
 artículo 241
 artículo 48
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 artículo 48
 artículo 150
 artículo 305
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 113
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 34
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 188
 artículo 189
 Artículo 260
 artículo 304
 artículo 314
 artículo 287
 artículo 287
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 315
 artículo 315
 artículo 48