Source: https://segurquetomba.wordpress.com/2009/08/18/de-competencias-de-salubridad-mortuoria-e-indecencia-politica-el-debate-de-la-propuesta-de-reforma-de-la-propuesta-de-ley-del-senador-sampol-i-per-del-grupo-mixto-el-11-de-marzo-de-2009/
Timestamp: 2017-05-26 18:45:44+00:00

Document:
De competencias autonómicas de sanidad mortuoria e indecencia política: el debate de la propuesta de reforma de la ley de la memoria del Senador Sampol i Mas del Grupo Mixto el 11 de Marzo de 2009 | En el pais de los niños perdidos
« “Reivindicación del odio” de Diego Arcos Barcelona
16 de Julio de 2009, Case of Karimov and others v. Russia: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera la calificación de la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos como trato “cruel e inhumano” a los familiares por parte del Estado »
De competencias autonómicas de sanidad mortuoria e indecencia política: el debate de la propuesta de reforma de la ley de la memoria del Senador Sampol i Mas del Grupo Mixto el 11 de Marzo de 2009
18 agosto 2009 por emigro “(…) Apelo a su humanidad, señorías, a su compasión. Localizar las fosas, excavarlas, identificar los restos, exhumarlos, trasladarlos a los cementerios que decidan los familiares para que estos los entierren dignamente no puede dejarse en manos de los familiares, personas muy mayores, o de las asociaciones que los representan cuando estas existen (…)”
Senador Sampol i Mas.
Año 2009 IX Legislatura Núm. 32
Sesión del Pleno celebrada el miércoles,
11 de marzo de 2009 págs 1442 y ss.
— PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) (Número de expediente 622/000007).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos al punto sexto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Esta iniciativa es del Grupo Parlamentario Mixto, y por tanto, para su exposición tiene la palabra el senador Sampol.
Señorías, la Ley 52/2007, de la memoria histórica, de 26 de diciembre, lleva poco más de un año de vigencia. Su tramitación provocó uno de los debates más intensos que hemos conocido, no solo a nivel parlamentario, sino también mediático y social. ¿A qué viene entonces esta proposición de modificación tan temprana?, ¿acaso pretenden con ello reabrir un debate que llegó a ser virulento?
El pasado mes de noviembre asistí a una concentración convocada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca ante la Audiencia de Palma, en protesta por la resolución de la Audiencia Nacional que, a instancias de la Fiscalía, anuló las diligencias del juez Garzón por las que se ordenaba la exhumación de los restos en determinadas fosas comunes, dos de ellas situadas en Mallorca.
Entre los asistentes se encontraba un buen número de familiares de personas desaparecidas y asesinadas al principio de la guerra civil hace más de setenta años.
Señorías, ver sollozar a personas mayores, octogenarias, les aseguro que parte el alma. Lloraban porque el tribunal había resuelto que las exhumaciones de los cuerpos de sus familiares no eran urgentes ni necesarias. Yo me pregunto: ¿cómo puede ser que una persona sensata, inteligente, imparcial y justa considere que el hecho de recuperar el cuerpo de un desaparecido y retornarlo a su familia es una actuación no urgente? ¿Cómo puede decir esta persona que recuperar los restos de alguien que fue secuestrado y asesinado hace setenta años puede causar perjuicios irreversibles de difícil reparación, como sostuvo el fiscal?
Días después de aquella concentración presenté esta proposición.
La Ley de memoria histórica dice: Es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos, políticos, ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias.
Esto dice la ley, y pregunto: ¿qué particular forma de honrar es aquella que en la práctica condena a los asesinados y a sus familias a padecer la ignominia de un indigno entierro en una fosa común? ¿Qué grado de crueldad se necesita para negar a los familiares de gente inocente recuperar sus cuerpos y enterrarlos dignamente?
Durante los meses que duró la tramitación de la Ley de memoria histórica, tuvimos ocasión de seguir muchísimos debates entre partidarios y detractores de ella. Debates enconados, en ocasiones crispados, pero en todos ellos hasta el más encarnizado detractor de la ley reconocía el derecho de los familiares a encontrar los cuerpos de los desaparecidos y enterrarlos dignamente. Reconocían este derecho para, eso sí, a continuación decir que ya existen instrumentos legales y que no era necesaria esta ley. Pues bien, ni con la Ley de memoria histórica, ni siquiera con una orden de un magistrado de la Audiencia Nacional ha sido posible exhumar de manera generalizada los cuerpos de los desaparecidos porque estas exhumaciones no son urgentes ni necesarias setenta años después.
De todas las disposiciones, de todos los derechos que regula la Ley de memoria histórica -reparaciones, indemnizaciones económicas, símbolos-, el más anhelado, con diferencia, era la posibilidad de recuperar los restos y enterrarlos dignamente. Se habló mucho de que esta ley reabría heridas, como si el tiempo transcurrido pudiera cerrar la herida abierta en una familia a la que de una manera violenta se le secuestró un familiar, se le asesinó y se le enterró como a un animal. Les aseguro que los descendientes de las víctimas no han dejado de pensar en ello ni un día de su vida. De pronto, después de treinta años de democracia, llega de nuevo al poder el PSOE y tramita una ley que rehabilitará la memoria de su familiar, y no solo esto, sino que hace posible la identificación y recuperación de su cuerpo, y miles de personas recobran la ilusión y acuden a homenajes populares; y miles de personas se hacen las pruebas de ADN para poder identificar a su antepasado, hasta que un juez y un fiscal les echan sal en la herida y les dicen que aunque les quedan pocos años de vida, intentar recuperar los restos de sus seres queridos no es urgente ni necesario.
Apelo a su humanidad, señorías, a su compasión. Localizar las fosas, excavarlas, identificar los restos, exhumarlos, trasladarlos a los cementerios que decidan los familiares para que estos los entierren dignamente no puede dejarse en manos de los familiares, personas muy mayores, o de las asociaciones que los representan cuando estas existen. Unos trabajos tan complejos que requieren la coordinación entre distintas administraciones, que precisan de la intervención de profesionales cualificados y de sistemas de identificación científicos son responsabilidad del Gobierno del Estado.
La Administración del Estado no puede limitarse a colaborar con los interesados y, en todo caso, subvencionar parte del coste de todo un proceso tan complejo. Y, precisamente, en esto consiste la modificación de la Ley de memoria histórica que proponemos, en descargar sobre la Administración del Estado la responsabilidad de todo el proceso de localización, identificación y exhumación de los restos de las personas asesinadas como consecuencia de la guerra civil, cuando así lo soliciten los familiares de las víctimas.
Si los crímenes se cometieron por el Estado o bajo su amparo, corresponde al Estado su reparación, aunque hayan transcurrido más de setenta años y aunque se haya sustituido una dictadura militar por un Estado de derecho; precisamente por ello, por hacer honor al Estado de derecho, este no puede abdicar de su responsabilidad.
Para ello, proponemos la modificación de los cuatro artículos, del 11 al 14, que regulan estas titulaciones, de tal manera que corresponda al Gobierno la elaboración de un plan de trabajo de indagación, localización e identificación, la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure, bajo la dirección del Gobierno, la colaboración de todas las administraciones públicas competentes en la práctica de las exhumaciones, las tareas de prospección encaminadas a la localización de los restos de la víctimas, la aprobación de un procedimiento y de las condiciones en que los descendientes de las víctimas puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes y, finalmente, la ocupación temporal de los terrenos de titularidad privada, en su caso, y la indemnización a sus propietarios cuando en aquellos se hallen enterrados restos de víctimas.
Para la elaboración de estos planes de trabajo, se establece un período no superior a los tres meses y, para el inicio de las tareas, un período no superior a los seis meses; plazos suficientes ya que la sociedad civil ha realizado un trabajo previo muy exhaustivo de localización de estas fosas.
Señorías, el tiempo apremia. Posiblemente, cada día que pasa desaparece algún descendiente de las víctimas de la guerra civil, y muere sin haber conseguido aquello que ha anhelado durante toda su vida. A los que siguen con vida no les podemos devolver sus seres queridos pero, en algunos casos, les podemos devolver sus restos, para que los recuerden con honor y puedan morir en paz.
¿Algún senador desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias.
Me hubiera gustado que, en el caso de que algún grupo parlamentario fuese a votar en contra, hubiese defendido su postura en el turno correspondiente o que, al menos, me hiciera un gesto para saber el sentido de su voto, porque estos debates sobre suposiciones en relación con la postura de otros grupos realmente son algo surrealistas.
En todo caso, por si alguien tiene pensado votar en contra, les diré que esta situación tiene un aspecto positivo y es que, después de escuchar mis argumentos, no le quedarán ganas.
Los contrarios a esta modificación me dirán que la ley ya prevé mecanismos, posiblemente. Posiblemente se han exhumado algunas fosas; en Baleares, ninguna. Las personas interesadas son muy mayores, las asociaciones han hecho un trabajo magnífico, pero un trabajo más de historiador, y no tienen capacidad jurídica para hacer un trabajo tan complejo.
El artículo 11 de la ley establece que las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten los trabajos de indagación, localización, etcétera. Entonces, ¿qué administraciones? Este es un término vago, ¿Ayuntamientos, administración de Justicia, cabildos y consejos -los consells insulars en nuestro caso tienen las competencias en patrimonio-, comunidades autónomas, Administración del Estado? ¿Se dan cuenta de la complejidad de un procedimiento para personas tan mayores? Por otra parte, ¿qué quiere decir facilitar a los interesados? ¿No decir que no? ¿Jugar un papel activo? ¿Simplemente autorizar? Admitirán que el término es confuso.
La ley prosigue: la Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo. Quince meses después de la aprobación de la ley, ¿dónde están los planes de trabajo? ¿Qué decreto regula las subvenciones? ¿Cómo se prevé que unas obras tan complejas no sean mucho más costosas de lo presupuestado inicialmente? ¿Quién correrá a cargo de este desfase? ¿Los familiares? ¿No llevan ya suficiente carga?
Por su parte, el artículo 12 establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones públicas, elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure… ¿Dónde está este protocolo? La ley continúa: El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que comprenda todo el territorio del Estado. ¿Dónde están estos mapas, dónde está el procedimiento?
El artículo 13 establece: Las administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas. De nuevo las administraciones competentes, en plural. ¿Los ayuntamientos tienen que elaborar un plan? ¿Lo tiene que elaborar Patrimonio, Justicia, el Gobierno central, los Gobiernos autonómicos? ¿Quién tiene que elaborar estos planes? Pero eso sí, la Audiencia Nacional dice que estas exhumaciones no son urgentes ni necesarias y ha paralizado la apertura de algunas fosas y Justicia es administración, la administración de Justicia es Estado, las administraciones públicas. Pues bien, Justicia no ha colaborado. A continuación se establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos puedan recuperar los restos enterrados en las fosas. ¿Alguna administración pública, local, autonómica, estatal, de justicia, ha establecido el procedimiento y las condiciones? ¿No se dan cuenta de que esta ley ha creado un galimatías burocrático que hace imposible su ejecución? Nuestra propuesta responsabilizando a la Administración central simplifica los procedimientos. Crea una especie de ventanilla única donde tramitar estos procedimientos tan complejos. De lo contrario, con la ley actual, únicamente una gran asesoría jurídica puede realizar un proyecto tan complejo.
Por último, el artículo 14, cuya modificación también se propone, establece que en los casos en que una fosa esté en terrenos de titularidad privada, sólo los descendientes deberán solicitar el consentimiento de los titulares de los terrenos sobre los que se hallen estos restos. Si no obtuviere el consentimiento, deberá acudir otra vez a las administraciones públicas -no se sabe cuáles-, que podrán solicitar la ocupación temporal. Eso sí, la indemnización que establecerán las administraciones públicas correrá a cargo de los ocupantes. Es decir, que un familiar que consigue saber que los restos de su antepasado se encuentran en una finca privada ha de pedir permiso; si se lo deniegan, ha de acudir a la Administración y correr además con los gastos de la indemnización que esta establece. ¿De verdad consideran que es humano hacer pasar por este vía crucis a los descendientes?
En definitiva, señorías, esta Ley de memoria histórica no ha resultado un instrumento adecuado para cumplir los objetivos que dice perseguir, por lo menos en lo que respecta a la exhumación e identificación de los restos de desaparecidos. Deja toda la responsabilidad en manos de los familiares o de las asociaciones, eso sí, constituidas para tal fin antes de junio de 2004; no pueden organizarse ahora para estos fines.
Sinceramente, a la vista de los resultados, para el Gobierno esta ley no ha sido un instrumento de recuperación de la memoria histórica; simplemente, ha sido un instrumento para acallar las demandas de una sociedad que se movilizó el año pasado a través de miles de actos de homenaje a personas represaliadas. La ley provocó un gran debate en vísperas de unas elecciones generales, debate que, hasta ahora, ha resultado engañoso para una gran mayoría social partidaria de rehabilitar el nombre y de hacer justicia con las víctimas del franquismo. Y por lo que respecta a la recuperación de los restos, ha sido un auténtico bluf o una gran operación de marketing.
Señorías -me dirijo especialmente a los representantes del Grupo Socialista-, no pueden dejar el trabajo a medias; no pueden despertar tantas ilusiones para después frustrarlas. Es más, no pueden jugar con los sentimientos de personas tan vulnerables y que han sufrido tanto a lo largo de toda su vida. Si no dan solución a este problema, no diré que han reabierto las heridas de muchas personas, porque estas heridas nunca estuvieron cerradas, pero habrán hurgado en ellas, las habrán hecho más profundas. No se puede defraudar a una persona que, a sus ochenta años, piensa que por fin podrá recuperar los restos de sus familias y enterrarlos dignamente para, al final, decirle que esto no es urgente ni necesario.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
Señorías, asistimos hoy al debate sobre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el senador Sampol, que pretende la modificación parcial de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Conviene recordar -como ya se ha puesto de manifiesto- que esta ley fue aprobada durante los últimos compases de la pasada legislatura, tras una larga y nada simple tramitación parlamentaria y que, finalmente, contó con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, por considerar que, aunque el texto resultante no lo es todo, ni lo abarca todo, ni lo puede todo, sí era sustancialmente distinto al presentado inicialmente por el Gobierno. Considerábamos que, durante su paso por la Cámara Baja, había experimentado una importantísima transformación, que se había hecho mucho y, sobre todo, sosteníamos que este texto legal marcaba la pauta para poder hacer mucho más.
Dijimos entonces, por boca de nuestra senadora Etxegoyen, que estábamos ante una ley oportuna, útil, necesaria y relevante, que dignifica el Estado de Derecho, y que precisamente por eso no podía quedar relegada al cajón de los asuntos pendientes de la legislatura. Fundamentalmente por ello, y porque éramos conscientes de la transcendencia de nuestros votos, dimos el sí a la ley, aun compartiendo no pocas de las argumentaciones sostenidas entonces por el senador Bofill en la defensa del veto que presentó en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.
Ahora, un año después de su entrada en vigor, el senador Sampol nos trae a esta Cámara una proposición de ley que tiene por objeto la modificación de una parte muy concreta de la norma vigente, la que tiene que ver con las personas fallecidas por actos de violencia consecuencia de la guerra civil y, más exactamente, con la localización e identificación de las víctimas, contemplada en los artículos 11, 12, 13 y 14.
Y hablando de víctimas, señorías, aprovecho la ocasión para rendir un recuerdo sentido a las víctimas del 11-M de 2004.
La pretensión última de esta iniciativa del senador Sampol no es otra que la de facilitar la labor de localización de las fosas comunes, la identificación de los restos y su posible exhumación, dada su complejidad y la imposibilidad de realizarla por los familiares, como los hechos han puesto de manifiesto. Se trata, sobre esa base, de que las administraciones públicas no reduzcan su papel al de meros colaboradores de los particulares sino que asuman directamente una responsabilidad, que no debe considerarse por ellos ajena.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no puede por menos que felicitar al senador Sampol por haber presentado una iniciativa que nos parece necesaria, vista la insuficiencia de la ley en este sentido.
Fíjense, señorías, en que, en el debate habido en la Cámara en diciembre de 2007, y que terminó con la aprobación de la ley, nuestra senadora Etxegoyen, a la que anteriormente ya he aludido, decía lo siguiente, y cito textualmente: En esta ley queda establecida por primera vez la obligación de las administraciones públicas, empezando por el Estado, de impulsar la búsqueda de los restos e intervenir en la exhumación de las víctimas de la guerra civil y los represaliados de la dictadura que permanecen enterrados en cunetas y fosas sin nombre. Porque hasta la fecha han sido los particulares, los descendientes y familiares de los ejecutados y desaparecidos, las asociaciones que los representan y el buen hacer de contados funcionarios de ayuntamientos y tribunales quienes han venido llevando a cabo, con no pocas dificultades, y en ocasiones con el más absoluto desamparo y sorteando siempre todo tipo de críticas, una tarea que solo a la Administración, que a todos nos representa, corresponde. Por primera vez -culminaba su disertación la senadora Etxegoyen- esta gente tiene el aval de una ley.
Esta era nuestra creencia y este era nuestro deseo; pero, como bien se dice en la parte expositiva de la proposición de ley, los acontecimientos posteriores han puesto de manifiesto que los instrumentos y medidas legales establecidos resultan cuando menos insuficientes.
En consecuencia, y en coherencia con nuestra posición como grupo, tenemos que decir sí, un sí con mayúsculas, a esta iniciativa, un sí a su toma en consideración, porque participamos plenamente de la filosofía y motivos que la inspiran, con independencia -y lo dejo muy claro- de los términos concretos en que se plasma la modificación de los mencionados artículos 11, 12, 13 y 14, que tiempo habría de debatirlos, ajustarlos o completarlos durante la posterior tramitación parlamentaria, si hoy la proposición obtiene -como, por otra parte, ya hemos manifestado que nos gustaría- el apoyo de esta Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
Aún recuerdo el debate de la ley que hoy se quiere modificar en esta Cámara, a la que se presentaron dos vetos. Fue un debate muy profundo y vivo. De entrada, nuestro grupo tenía reticencias cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso, aunque durante su tramitación en aquella Cámara llegamos a un amplio acuerdo con el Grupo Socialista y pudimos introducir muchas de las enmiendas que habíamos planteado. Eso llevó a que, partiendo de una posición inicial fría, durante la tramitación en el Congreso alcanzáramos -repito- un alto consenso sobre el proyecto de ley -posteriormente convertido en ley-. Y cuando llegó al Senado mantuvimos algunas enmiendas, pero básicamente nos reafirmamos en el acuerdo que habíamos alcanzado con el Grupo Parlamentario Socialista, en el bien entendido de que este era un asunto delicado, que para algunos era poco y para otros
era demasiado, y que buscar el término medio no era fácil. Estos son temas muy complicados con los que se tocan muchas sensibilidades, temas muy íntimos, como ya dije en mi discurso en su día. Insisto: para algunos sigue siendo poco y para otros es demasiado; y se ha encontrado un término medio. En cualquier caso, mi grupo firmó un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, dio trámite a la ley, la votó favorablemente, y hoy se nos propone una modificación que en su día se presentó como enmienda.
Yo puedo comprender algunas de las cosas que dice el señor Sampol, aunque tampoco sería justo que nos quedáramos solo con su intervención, porque puede parecer que nadie ha podido beneficiarse de la ley aprobada, y tampoco es eso: muchas familias se han visto reparadas y han tenido satisfacción con su aprobación. En otros casos es posible que no haya sido así, que es lo que usted ha dicho, pero tampoco sería justo que quedara la sensación de que la ley no ha servido para nada, porque ha servido para reparar a muchísima gente.
Nuestra posición sería volver al principio. Si hay que releer la ley aprobada en su día y si hay que ampliar o modificar algunos de sus aspectos, nosotros no nos vamos a oponer, pero que sea por consenso. Los que la aprobamos podríamos dialogar y llegar a la conclusión de que es bueno modificar la ley, pero nos parecería poco honesto por nuestra parte, con el acuerdo político que alcanzamos en su día, votar ahora algo distinto a lo que votamos cuando se aprobó.
Por tanto -insisto- yo no le quito razón al señor Sampol en su intervención. Si hace este discurso sobre la base de experiencias personales, seguro que en su intimidad está convencido de que es necesario modificar la ley. Si eso es así, creo que lo sensato -repito- sería intentar llegar a un consenso entre los grupos parlamentarios que en su día la aprobamos y ver si es oportuno o no modificarla. Pero me consta que el consenso no está hoy encima de la mesa. No creo que usted tenga, señoría, el aval de los grupos que aprobaron la ley y del grupo mayoritario para tirar para adelante. Y yo preferiría que si hemos de hacerlo, lo hagamos por consenso.
Así pues, nos vamos a oponer a su iniciativa por esa razón: por no votar hoy lo contrario de lo que votamos cuando se aprobó la ley. Creo que los pactos hay que conservarlos, que hay que mantenerlos en el tiempo, y si hay que modificarlos, a lo que no me cierro porque en ocasiones es necesario actualizar un acuerdo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo pero no con una iniciativa que no concite la mayoría de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Señorías, no puedo decir que haya sido una sorpresa la presentación de esta proposición de ley, porque el señor Sampol es un senador siempre activo y sugestivo. Pero sí ha sido una cierta sorpresa que se presente la reforma de una ley de diciembre de 2007, una ley que levantó una gran polémica, que ha levantado movimientos importantes de saneamiento de heridas históricas; y eso con un año de vigencia.
Yo creo que los juicios no se pueden hacer tan pronto. Usted me puede decir: La ley era insuficiente, y yo había presentado enmiendas que no se aceptaron. Muy bien. También puede decir que hay una nueva composición de las Cámaras. Muy bien. Y que puede que se haya generado una nueva mayoría o que una nueva coyuntura hace fundamental considerar este elemento. No sé si el senador Sampol ha tenido la idea de que hay una nueva mayoría y una nueva coyuntura histórica. No sé si mi análisis es correcto o no, pero, en todo caso, no es la mía. Y en el caso de que yo tuviera la misma preocupación que usted ha manifestado en la tribuna y que lo que yo presentara tuviera conexión con la preocupación manifestada en la tribuna, seguramente modificaría el planteamiento.
Por lo tanto, mi sorpresa no es porque lo haya hecho, sino porque no se haya manifestado en el texto de la proposición un procedimiento que permita mejorar la ley y que permita que sea mejorada porque tiene el consenso, previamente configurado, de aquellos que habían llegado al consenso anteriormente para hacer esta ley, una ley que para que sea aceptada por toda la sociedad también necesita tiempo; tiempo en la ejecución y tiempo para la aceptación. Recuerden que no es una ley que saliera por unanimidad -y estoy hablando desde el realismo de quien se considera que es un representante político que intenta llegar a decisiones que sean las mejores para la gente de mi país.
Hoy hemos escuchado sus motivaciones -yo las desconocía-, y en ellas había un problema concreto -que yo conocía-; La solución la sabía antes. Ahora le he encontrado un sentido, pero me parece que no resuelve su preocupación. Simplificar los procedimientos no es la forma de que estos se resuelvan. Ni se trata tan solo de una ventanilla única. Usted dice: Eso, que lo haga un sujeto único. Punto. Muy bien, esa es su solución. La solución siempre es lo más sencillo, pero a veces lo más sencillo no es lo más justo ni lo más eficaz; a veces simplemente es una salida cuando uno no tiene condiciones para formular una propuesta que pueda ser más efectiva.
Yo estoy en desacuerdo total con la filosofía de su propuesta, que es de lo que le voy a hablar. Porque usted ha hecho una propuesta -no sabía el problema, y ya veo que no tiene conexión con su problema-, que creo que es mala. Usted ha introducido una novedad de fondo, con la que yo estoy en desacuerdo: usted acaba reduciendo hasta que hay un solo sujeto en España, que es el Gobierno. Se han acabado las administraciones públicas, desaparecen todas: las comunidades autónomas, los ayuntamientos… Dice usted: Que haga un plan de trabajo, que elabore un protocolo por vía de decreto -supongo que querrá decir que es un decreto-, un protocolo de actuación científica y multidisciplinar -esto es lo que usted pide-, y que
asegure, bajo su dirección -es decir, pone a todos los poderes de España bajo la dirección del Gobierno-, la colaboración institucional. Bajo su dirección y sus órdenes.
Pues no estoy de acuerdo, porque eso es algo que se opone a mi filosofía y a mi idea de cómo se debe funcionar y cómo debemos vivir en España. Tenemos un sistema institucional que es, si quieren, el de la España plural, el de la España autonómica, el de la España compuestas -me da igual, cada uno lo puede decir como quiera-. Y este es el sistema. Y para abordar estos problemas importantes, por la sensibilidad que usted ha expresado aquí, ha de tenerlo en cuenta. Simplemente no puede resolver los problemas de España sobre la base de decir: que mande el Gobierno de España sobre todo. No. Principalmente, porque existe un reparto de competencias que no se está discutiendo ahora, que ya está hecho, que ya existe. Cada uno tiene sus competencias. Pero usted nos propone que mediante la reforma de una ley, que acaba dándole el poder al Gobierno a través de un decreto, se pase por encima del reparto de competencias existentes. Por eso no estamos de acuerdo.
El Grupo Parlamentario de la Entesa es unánime en el desacuerdo sobre su propuesta. Un partido de los que lo componen mantendrá una posición distinta en el voto, como la mantuvo en su momento y como la mantiene en su razonamiento. Cree que es una oportunidad para volver a tratar todos los temas de la memoria histórica. Pero la diferencia con la propuesta que hace usted es total. Los demás creemos que hubo un pacto, un acuerdo más amplio que el de un partido y que el de un gobierno, y que hubiéramos querido que fuera general de toda la Cámara para que ese asunto pasara de ser un asunto de polémica a un asunto de superación conjunta.
Por eso, personalmente creo que su propuesta, motivada con una firmeza digna de elogio por la sensibilidad que expresa, no coincide con una fórmula para resolver el problema que plantea. No creo que confundir la Administración del Estado con las administraciones que existen en España lo permita. En todo caso, el Gobierno nunca va a actuar ni puede actuar en un Estado de derecho sin la sujeción a las decisiones judiciales cuando afecte a los derechos de las personas. Simplemente, no puede hacerlo; no ya por la Constitución, no puede hacerlo por las ideas básicas de lo que es un Estado de derecho.
Pienso que la ley actual debe tener, como todas las leyes, un período de estabilidad y de aplicación, en el cual los ciudadanos -los activos y los pasivos, pero sobre todo los activos- tienen que hacer lo posible para que las leyes se apliquen. Las leyes están hechas para aplicarse, y eso quiere decir tiempo. ¿Que hay cosas que no funcionan? Sí, seguramente, pero esta ley permite un desarrollo normativo para su ejecución, como se ha hecho hasta ahora, y no creo que sea necesaria su modificación. Si usted tiene una propuesta de modificación mejor, la hablamos; pero si es esta, pienso que no es mejor que lo que hay ahora. En todo caso, hay temas que no están destinados a ser reabiertos en cada momento por todo el mundo. Deben solucionarse los problemas. De acuerdo. Debe hacerse, si es posible, por unanimidad. Yo soy de esa posición. Pero no deben manosearse, expresarse vivamente para luego no resolverlos. Eso es lo peor que les puede pasar a estos problemas.
Usted dice que eso es lo que han hecho. Es su opinión. Yo también le digo que no manosee los problemas. Si tiene una fórmula, encuentre la mayoría política para que esa fórmula pueda pasar, pero no mezcle los sentimientos que expresa -y que podemos compartir, no muchos, sino seguramente todos- con una fórmula para resolverlos que no tiene entrada en la concepción constitucional que tenemos y que además, en mi opinión, es contraria a los derechos de la Generalitat, de los ayuntamientos de Cataluña y seguramente también del Poder Judicial.
Las leyes están hechas para ser estables, si es posible. En todo caso, cuando las discutimos, está bien discutir para fijar posición. Y eso no puede hacerse ni debe hacerse cada día, pero se pueden discutir cuando hay propuestas y estas tienen la expectativa, la posibilidad de encontrar mayorías suficientes. Si no, como decía Juan Ramón: No la toquéis más, que así es la rosa. Cada uno debe luchar por los derechos hasta el final de las vías jurídicas abiertas de acuerdo con la ley. Si encontramos una forma de mejorar la ley, mejorémosla, pero no hablemos simplemente sobre el tema para pensar que el acuerdo posible está al final; partamos de una base suficiente como para que el acuerdo final sea posible. Y para eso se debe partir del acuerdo suficiente, no acabado, pero no de la exposición abierta de la ley existente. Esta ley existe, va a seguir existiendo, y los poderes públicos, las administraciones públicas tienen la obligación de aplicarla; y los ciudadanos el derecho de pedir, de exigir a las administraciones por la vía adecuada que se aplique.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere poner de relieve que el Gobierno de España sí está comprometido en el desarrollo íntegro y la aplicación de esta ley. En concreto, el Gobierno de España es consciente de la necesidad de dar respuesta a aquellos españoles que todavía ignoran hoy el paradero de sus familiares víctimas de la guerra civil y de la dictadura o a aquellos que no han podido darles sepultura con la dignidad que se merecen.
Señor Sampol, esa es una deuda pendiente que la democracia tiene con muchos ciudadanos, y el Gobierno ya está desarrollando los instrumentos que la ley permite para saldarla. Con esta premisa, el Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar esta iniciativa, porque los objetivos que se persiguen con ella ya se están alcanzando con la vigente regulación de la ley. Por lo tanto, consideramos que su modificación es innecesaria.
Señor Sampol, el día 19 de diciembre de 2008 el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo para la creación de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. El Gobierno ha creado este órgano específico, dependiente del Ministerio de Justicia, como punto de referencia para facilitar a los particulares la información necesaria en el ejercicio de sus derechos. Y se le han atribuido expresamente las competencias a las que usted ha aludido. Le corresponde la elaboración del mapa integrado de los lugares de inhumación, así como del protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional. Este protocolo, cuya elaboración se encuentra en fase muy avanzada, tiene como finalidad fijar el procedimiento y los requerimientos técnicos, materiales y humanos para proceder a la realización de las exhumaciones. Así, el Gobierno asegura que dichas exhumaciones se realicen con suficientes garantías para preservar los restos y de manera uniforme en todo el territorio nacional. Además, este protocolo se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la ley, en colaboración con todas las administraciones públicas, y su borrador ha sido sometido a audiencia de las principales asociaciones interesadas en la recuperación de la memoria histórica.
Asimismo, quiero decirle que se está elaborando un mapa que integre los mapas elaborados por las administraciones públicas de los territorios donde se localicen los restos de las víctimas. En este mapa se integrarán cuestiones como la información de los terrenos donde se localicen los restos, los datos necesarios para su identificación geográfica, si se han efectuado o no las inhumaciones y los resultados de estas.
Señor Sampol, como ha recordado el senador Molas, el contenido de la proposición de ley reproduce las enmiendas presentadas por usted en la VIII Legislatura al proyecto que ahora es la Ley 52/2007, enmiendas que fueron rechazadas. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista va a argumentar su voto en contra de la mejor manera posible, analizando cada una de las modificaciones propuestas.
En primer lugar, la modificación del artículo 11 hace desaparecer el papel que pudieran desempeñar los descendientes de las víctimas y las ayudas destinadas a estos. Señor Sampol, ha preguntado usted sobre dónde están las ayudas. Pues bien, debo recordarle que el Ministerio de la Presidencia ha destinado la cantidad total de 9.924.985 euros a subvenciones de proyectos y actividades relacionados con las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Además, con respecto a este artículo 11, con su propuesta hace que recaigan exclusivamente en el Estado las tareas de investigación, de indagación, de localización e identificación. Se cierra, por tanto, la actividad que puedan desempeñar otras administraciones, como la autonómica o la local, que tantos frutos han dado hasta el presente, por no mencionar la actividad realizada por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Además, se desconocen las competencias que puedan tener las administraciones en el ámbito de las exhumaciones, como ocurre con la competencia de sanidad mortuoria, que es ejercida por las comunidades autónomas, o con los cementerios y servicios funerarios, competencia de las entidades locales.
Con respecto a la modificación del artículo 12, me gustaría decir que se añade la facultad de dirección que corresponde al Gobierno para la práctica de las exhumaciones. En este punto debo remitirme a todo lo dicho anteriormente en cuanto al desconocimiento de las competencias que corresponden a las administraciones y a las actividades ejercidas por las asociaciones. Una previsión como esta cercenaría sus facultades de acción y atribuiría de forma arbitraria una competencia al Estado que no le corresponde. Pero, además, la propuesta tiene otra consecuencia negativa: hacer desaparecer el resto de las previsiones del precepto vigente, como son la elaboración de los mapas de localización y las cautelas recogidas para la preservación de los terrenos donde se localicen las víctimas. Estas omisiones supondrían la desaparición de instrumentos, que se juzgan muy necesarios, para el despliegue de los efectos que prevé la ley.
En cuanto a la modificación del artículo 13, por lo que se refiere al primer apartado vuelve a desconocer de las competencias de otras administraciones, y respecto del segundo, de las labores valiosísimas desarrolladas por las entidades que actúan en representación de los familiares, a los que excluye de las tareas de recuperación de los restos. Además, desaparece el apartado tercero, que establece dos requisitos fundamentales: primero, la necesaria autorización administrativa para proceder a las exhumaciones, desconociendo de este modo el marco competencial local, y segundo, la autorización de los familiares de las víctimas para proceder a la exhumación. Eso denota una falta de sensibilidad hacia estos que podría generar graves consecuencias, ya que se olvida de que la ley se proyecta en gran medida para dar satisfacción a dichos familiares.
Respecto de la modificación del apartado 3 del artículo 14, además de no mencionar las asociaciones de familiares, con los efectos de los que he hablado anteriormente, traslada de las administraciones públicas a la Administración del Estado el coste de la indemnización que se derive en caso de una ocupación temporal de los terrenos. Esta previsión supone una incongruencia con la normativa de expropiación forzosa, ya que se habilita a las administraciones para autorizar ocupaciones temporales, pero estas no son las responsables del pago de la indemnización, sino que lo es la Administración del Estado que pudiera ser ajena al procedimiento expropiatorio.
Termino ya. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar esta iniciativa porque entiende que es innecesaria. Porque los objetivos que se persiguen con ella se están alcanzando ya con la vigente regulación. Entiende también que es limitativa respecto del texto vigente. Porque la proposición atribuye al Estado muchas de las actuaciones que ya recoge la Ley 52/2007 y desconoce las competencias que corresponden y se han ejercido hasta la fecha por las administraciones territoriales, así como las importantes actuaciones realizadas por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
También consideramos que es menos garantista porque no tiene en cuenta la voluntad de los familiares de las víctimas, olvidando que es una ley que se ocupa de las víctimas, de sus familiares, y que al tiempo que instaura y amplía derechos reconoce a cada persona que así lo desee el derecho a conocer y a recuperar su memoria personal y familiar, todo ello salvaguardando siempre el respeto a la voluntad de las familias.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo en este turno de portavoces en nombre de mi grupo parlamentario para expresar nuestra opinión acerca de esta proposición de ley, que estimamos innecesaria. Exactamente, en suma, lo mismo que dijimos de la ley que trata de modificar y que es conocida por la opinión pública como ley de memoria histórica. Además, esta proposición de ley, en nuestra opinión, no solo no completa ni perfecciona aquella ley, ya vigente, sino que complica y dificulta su aplicación. Decía el senador Sampol que la simplifica, pero no es así como lo vemos nosotros. En todo caso, esa es nuestra opinión.
Todavía no hace un año y medio que se aprobó aquella ley en esta Cámara, ya en el tramo final de la pasada legislatura, por lo que no tendría ningún sentido que reprodujéramos ahora aquellos debates que tanto impacto tuvieron en la opinión pública y que, desgraciadamente, produjeron un efecto divisivo en la sociedad. Manifestamos entonces cuáles eran las razones para oponernos a aquella ley, que calificamos, además de innecesaria, de jurídicamente irrelevante y engañosa. Y estos mismos adjetivos, quizás con algunos matices, podríamos aplicarlos a la proposición de ley que hoy nos ocupa.
En aquella ley, a la que hubo incluso que cambiar de nombre, porque lo de memoria histórica era un sinsentido ya que la memoria siempre es la de cada persona, veíamos una apenas disimulada voluntad de promover las tesis de lo que se ha llamado el revisionismo democrático, un intento de revisar, de criticar a fondo la gran empresa histórica de la transición, desvalorizándola, tratando de superar el supuesto pacto del olvido en que se habría basado según los revisionistas. Pero aquellos debates nos sirvieron para ratificar nuestra valoración positiva de la transición y de su encarnación jurídica, que es la Constitución de 1978. Nunca hemos aceptado que el sistema político que hunde ahí sus raíces tenga ningún déficit de legitimidad ni que la democracia que diseñaba fuera de baja calidad, como mantienen los revisionistas, ni que hubiera que mirar nostálgicamente a un régimen pasado y fracasado.
En aquellas intervenciones explicamos nuestro punto de vista, y en este momento no vale la pena volver sobre aquello. Pero quiero recordar y subrayar que con contundencia valoramos y apoyamos el justo reconocimiento que merecen las víctimas de aquella larga etapa y, en concreto, quien hoy les habla, intervino para aludir, y cito literalmente: al imprescriptible derecho a buscar los restos de los fallecidos y darles digna sepultura que tienen, sin ninguna duda, sus familiares, si así lo desean.
Señorías, este derecho a una digna sepultura es uno de los fundamentos de nuestra civilización. Bastaría que recordáramos la inmortal escena de la Antígona de Sófocles, escrita en el siglo V antes de nuestra era, en la que la heroína de la tragedia se enfrenta a costa de su vida con el tirano Creonte, porque contra sus decretos había dado digna sepultura a su hermano, víctima de la opresión de aquel.
Ya en nuestro tiempo, y después de una etapa de olvido y descuido, hemos aprendido a sensibilizarnos y solidarizarnos con las víctimas de esa plaga que nos aflige, que es el terrorismo. Y es muy oportuno recordar esa obligación y ese compromiso en este día en que se cumple el quinto aniversario del atentado terrorista más brutal y mortífero que ha sufrido nuestra democracia.
Desde aquí quiero dedicar un recuerdo y un homenaje a todas las víctimas de aquella barbarie, a quienes fallecieron, a los heridos y a todos sus familiares y allegados, y con ellos a cuantos han sufrido en su persona o en la de sus próximos el zarpazo salvaje de la violencia terrorista.
Nos duelen estas víctimas todavía tan próximas, pero nos duelen también aquellas otras más lejanas. Casi todas las familias españolas, también seguramente las de muchos de los que nos sentamos en este hemiciclo, tenemos parientes que fueron víctimas de uno u otro bando y a veces de los dos. ¡Cómo no vamos a sentirnos obligados con quienes en una etapa terrible de nuestra historia murieron víctimas del odio y de la represión por sus ideas o sus creencias!
Por todo ello, en aquellos debates también dijimos que el Partido Popular había ofrecido siempre su apoyo, y lo seguirá ofreciendo, para llevar adelante cuantas iniciativas puedan resarcir a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, y cito literalmente: en la convicción de que no debería existir ningún español, ninguno, que pudiera verse desatendido de sus derechos como consecuencia del pasado. Lo dijimos entonces y esa seguirá siendo nuestra posición en todo lo referente a la reparación de las víctimas.
¿Por qué entonces nos opusimos a aquella ley, incluidos los artículos que hoy se trata de reformar? Como explicamos en su momento, subrayamos que desde hace treinta años las Cortes Generales y los Gobiernos de distinto signo que se han sucedido han promulgado una veintena larga de disposiciones de diverso rango enfocadas a evitar que cualquiera de las víctimas de aquella terrible etapa pudiera sentirse preterida o menoscabada injustamente en sus pretensiones de hallar en nuestro Estado de derecho las vías adecuadas para hacer efectivas sus justas reivindicaciones.
Y en la justificación de las enmiendas de supresión a los artículos que hoy se trata de modificar, nos referimos además a la resolución de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del 20 de noviembre de 2002, aprobada por unanimidad precisamente a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, y aludíamos también a la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que aborda y resuel-
ve muchas de las otras cuestiones de las que se ocupa la ley que ahora se trata de modificar.
Esta proposición de ley que hoy llega a este Pleno, además de innecesaria, en nuestra opinión, está mal planteada. Basta con comprobar que utiliza como punto de partida dos párrafos de la exposición de motivos de la Ley de 2007 que empiezan con las siguientes frases: el primero: quedan aun iniciativas para adoptar, etcétera, y, el segundo: es la hora así de que la democracia española…
Señores proponentes, senador Sampol, aunque estas frases utilizan el tiempo verbal presente no se refieren al momento actual, como parece deducirse de la exposición de motivos que antecede a esta proposición de ley, sino que aluden al momento que se vivía cuando se redactó aquel otro proyecto de ley. Dicho de otro modo, según la norma que quieren ahora ustedes modificar y según estimaba el gobierno proponente, quedaban iniciativas por adoptar pero si quedaban, una vez aprobada aquella ley, entendemos que no quedan, al menos, iniciativas como la que hoy consideramos, y la hora a la que se refiere aquella exposición de motivos no es la hora de hoy sino la de hace año y medio.
Nuestro punto de vista no puede ser más claro: esta proposición de ley conlleva las mismas lacras que denunciamos en aquella ley; lo innecesario no deja de serlo porque se le adorne o se maquille.
Tampoco nos parece adecuada la alusión que se hace a la reciente paralización de la exhumación de determinadas fosas comunes ordenadas por el juez Garzón, porque precisamente esa paralización, determinada por la autoridad judicial competente, se basó en el inadecuado planteamiento de la iniciativa por parte de ese discutido juez y en su patente falta de competencia para acometer aquella empresa y abrir el correspondiente sumario; todo lo cual, por cierto, produjo en la opinión pública más estupefacción y sorpresa que respeto.
Nos merece el máximo respeto la principal motivación del proponente, el senador Sampol, y se lo digo con la máxima sinceridad; por ejemplo -no voy a leerlo todo-: dotar de instrumentos legales a los familiares, etcétera. Lo compartimos, así lo dicen, y nos parece una pretensión justa; pero, en nuestra opinión, y como ya hemos dicho, hay suficientes instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para atender a ese objetivo y a esos anhelos, y no son necesarias nuevas normas.
No voy a hacer un análisis jurídico de los artículos que se pretenden renovar -el senador Molas lo ha hecho muy bien, y comparto en buena medida sus apreciaciones-, pero, en todo caso, se dejaba en manos de los familiares las decisiones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas violentamente en aquella etapa, según la ley que ahora se trata de modificar, y ahora los proponentes parecen que quieren estatalizar una cuestión tan íntima, tan familiar, como es la de las exhumaciones.
¿Por qué vamos a escamotear a los particulares una capacidad de iniciativa que nadie puede suplir? Sabemos perfectamente, porque los medios de comunicación se han hecho eco de ello, que si unas familias desean, en uso de su derecho, buscar o exhumar los restos de sus familiares, hay otras -algunas de ellas muy señaladas- que prefieren no hacerlo por razones diversas que, en todo caso, sólo nos atañe respetar. Aparte de ello, el plan de trabajo que se obliga al Gobierno a poner en marcha, supone seguramente la creación de nuevas burocracias y de nuevas cargas financieras que nos parece absolutamente inadecuado plantear en estos momentos.
Por todas estas razones, sumariamente expuestas, no podemos dar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley que, basada en una evidente buena voluntad que reconocemos, nos parece innecesaria, como ya hemos advertido a lo largo de esta intervención.
Señorías, a continuación, finalizada la votación de este punto del orden del día, seguiremos con el siguiente proyecto de ley, que tiene un veto, que votaremos.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley que acabamos de debatir, a los efectos de su toma en consideración.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 254; a favor, 11; en contra, 233; abstenciones, 10.
Publicado en Documentos de interés | Etiquetado "ley" de la memoria histórica, Cortes Generales de España, debate, Desaparecidos, Senador Sampol i Mas | Siset, que no veus l'estaca

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 resolución