Source: http://www.autismocoruna.org/preguntas-frecuentes/
Timestamp: 2019-07-21 06:44:11+00:00

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Preguntas frecuentes - Fundación Autismo Coruña
¿Qué es una Fundación Tutelar?
Son personas jurídicas que reúnen los requisitos establecidos por la legislación para ejercer la tutela sin ánimo de lucro, las cuales tienen como misión velar por que respeten los derechos y se cumplan las obligaciones de las personas con la capacidad jurídica modificada.
Las entidades tutelares son una alternativa al apoyo que pueden ofrecer los familiares, mediante el ejercicio de la tutela de una forma profesionalizada, cuando estos no pueden ejercer esta responsabilidad.
¿En qué me puede ayudar una Fundación tutelar?
Las Fundaciones Tutelares ofrecen diversos apoyos a las personas con diversidad funcional y a sus familias, como son:
Ejercicio tutelar: estas fundaciones se encargan de la tutela de las personas con diversidad funcional que tengan su capacidad de obrar modificada y que no dispongan de familiares que puedan ejercer esta responsabilidad.
Planificación del futuro: las fundaciones tutelares apoyan y asesoran a las familias de personas con diversidad funcional en la importante decisión de dejar planificado el futuro de sus hijos de forma que, si en algún momento su familia no se puede hacer cargo de su tutela, quede por escrito quién será el futuro tutor/a de la persona, cómo debe ejercer esta responsabilidad y bajo qué condiciones.
Información y asesoramiento social y judicial: las fundaciones también asesoran a las familias de personas con diversidad funcional sobre los recursos que en los entes privados y públicos ponen a su disposición.
Además, también se les asesora en temas de carácter jurídico y cómo se procede a realizar todos los trámites.
Un certificado de discapacidad es un documento oficial, emitido por la Administración Pública que reconoce las limitaciones en las actividades de la vida diaria que presenta la persona, y lo hace expresadas en porcentaje, los cuales pueden ser del 33%, del 65% y mayor o igual al 75%.
El reconocimiento oficial de la discapacidad tiene ventajas. Su propósito es compensar las dificultades sociales que la discapacidad implica. Proporciona acceso a derechos y a prestaciones de distinto tipo. El objetivo es equiparar oportunidades.
¿Es lo mismo que la valoración de dependencia?
NO es lo mismo la valoración de dependencia que la de discapacidad. Lógicamente, una persona a la que se le ha reconocido un determinado grado de dependencia también se le reconocerá un grado de discapacidad, pero son trámites independientes.
¿Es lo mismo discapacidad que incapacidad?
La discapacidad reconoce limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales.
La incapacitación, o modificación de la capacidad, es el proceso que, mediante una sentencia judicial, cuando la persona con diversidad funcional cumple los 18 años, reconoce que no tiene la capacidad para autogobernarse. La sentencia determina la extensión y los límites de la incapacidad, o modificación de la capacidad. Es importante entenderla en sentido positivo. Se plantea cuando a una persona le falta capacidad para ocuparse de sí misma y/o ocuparse de sus bienes. Es una medida de protección ante posibles situaciones de desamparo o indefensión de la persona. No tiene por qué ser definitiva. Si las causas que motivaron el procedimiento varían, podrá revisarse, incluso a petición de la misma persona con la capacidad modificada judicialmente.
¿Qué derechos otorga la Ley de Dependencia?
La ley de dependencia reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a determinados servicios y prestaciones. Para poder beneficiarse de esos derechos es necesario solicitar una valoración. Se puede presentar la solicitud en los servicios sociales municipales de los ayuntamientos.
Existen algunas prestaciones económicas públicas vinculadas a la discapacidad.
Pensión no contributiva por invalidez (CAIB): la pueden solicitar personas a partir de 18 años y con un 65% de discapacidad como mínimo.
Prestación familiar por hijo a cargo (Seguridad social): la pueden solicitar los padres o tutores de personas con discapacidad. A partir de los 18 años, se podrá solicitar sólo si la persona tiene reconocida una discapacidad superior al 65%.
Por capacidad jurídica se entiende la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, y coincide con el concepto de personalidad: toda persona, por el hecho del nacimiento con los requisitos previstos en el artículo 30 del Código Civil, tendrá capacidad jurídica.
Por el contrario, por capacidad de obrar se entiende la aptitud para el ejercicio de los derechos de los que se es titular, capacidad de obrar que no tiene toda persona, sino que dependerá de la situación personal de cada uno.
Partiendo de lo anterior, se podría definir la capacidad de obrar como la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos, de manera que ni toda persona tiene capacidad de obrar, ni todas aquellas que tienen dicha aptitud, la tienen en el mismo grado o intensidad, dependiendo de la edad, la nacionalidad, la modificación judicial de la capacidad o la vecindad civil.
Capacidad plena es el grado de capacidad más amplio o sin limitaciones que tiene la persona mayor de edad al cumplir los 18 años porque el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código (artículo 322 del Código Civil).
Capacidad restringida es el grado intermedio de la capacidad, y significa que se requiere de un complemento para determinados y específicos actos o negocios jurídicos denominado bien consentimiento, bien autorización o asentimiento. En este tipo de capacidad se encuentran tanto personas menores de edad emancipadas, personas declaradas pródigas judicialmente y personas con a capacidad modificada judicialmente. Esta última situación es el grado más especial de la capacidad de obrar, porque no tiene una extensión concreta y predeterminada, sino que dependerá de cada caso específico y habrá de fijarlo expresamente una sentencia. Quien vea modificada su capacidad por sentencia quedará bajo la representación legal bien del tutor o tutora (artículo 267 del Código Civil) o bien del padre y/o la madre, a los cuales se les prorrogará o rehabilitará la patria potestad (según el artículo 171 del Código Civil).
Incapacidad es el grado inferior, en donde la persona carece absolutamente de aptitud para el ejercicio de derechos subjetivos y deberes jurídicos y precisa de un o una representante legal que ejercite esos derechos y deberes de los cuales se es titular, llegándose a esta situación única y exclusivamente previa resolución judicial.
Cuando una persona carece por completo de capacidad de obrar en uno, alguno o todos los ámbitos de la vida, o bien, el déficit de capacidad de obrar en uno, varios o todos los ámbitos de la vida es tan marcado que no es suficiente ese mero complemento del que hablábamos antes, hay que suplir la capacidad de la que naturalmente carece para una adecuada protección de sus derechos, de modo que pueda actuar en la vida jurídica en igualdad de condiciones con las personas que, por naturaleza, tienen plena capacidad de obrar. Así pues, mediante la modificación de la capacidad jurídica se suple la deficiencia que la sitúa en inferioridad con respecto a las demás personas, dotándola de los medios e instrumentos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos. Para ello se valora en cada caso el estado de salud, las condiciones personales y el grado de afectación.
En definitiva, se trata de un proceso para otorgar una medida de protección y de asistencia para la toma de decisiones previstas por la ley en favor de una persona, siguiéndose así el denominado modelo de sustitución o apoyo en la toma de decisiones -tutor/a o curador/a-, necesario para la protección a esa persona.
Esta condición es revisable en el tiempo y ajustable a las necesidades de cada persona.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 es un instrumento internacional de derechos humanos generado por la Organización de Naciones Unidas. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. España la ratificó el 3 de diciembre de 2007 y está en vigor desde el 3 de mayo de 2008.
La Convención se basa en los principios de respeto, no discriminación, participación e inclusión plena en la sociedad, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer y respeto a la evolución de las facultades de los niños con discapacidad, así como el derecho a preservar su identidad. Del contenido de la Convención derivan una serie de obligaciones para los Estados Partes. Éstos se comprometerán a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad.
La Convención de Naciones Unidas ha desplegado sus efectos en la jurisprudencia española, revisándose el concepto de incapacidad y señalando el Tribunal Supremo español la importancia de que la figura de la tutela se emplee como un complemento y no como un sustituto de la capacidad del sujeto, debiendo individualizar los casos para poder adoptar la medida que sea más favorable conforme a la manera en que cada sujeto se vea afectado. Además, señala la importancia de que las personas afectadas por una sentencia de modificación de capacidad puedan ejercer el derecho al voto siempre que su situación se lo permita.
¿Por qué motivos y quién puede solicitar la modificación de la capacidad jurídica?
Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma, según establece el artículo 200 del Código Civil, por lo cual cualquier persona en esas circunstancias puede, y debe, ser objeto de modificación de capacidad para poder dotarla de los apoyos oportunos y concretos que pueda precisar.
¿Quién puede solicitar la modificación de capacidad jurídica de otra persona?
De acuerdo con artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
La persona presuntamente incapaz.
Quien sea cónyuge o persona en una situación de hecho asimilable.
Descendientes, como hijo/a o nieto/a.
Ascendientes, como padre, madre o abuelo/a.
Hermanos o hermanas.
Y, en caso de que estas personas no efectúen la petición, puede pedirlo cualquier persona al Ministerio Fiscal para que éste actúe.
La tutela es aquella institución de derecho de familia cuya finalidad es la de proteger bien la persona, bien el patrimonio, bien ambas cosas, de una persona menor de edad o incapacitada o con la capacidad modificada judicialmente. Se ejerce bajo control y supervisión judicial. Y afecta a:
Personas menores de edad no emancipadas que no estén bajo la patria potestad o que se hallen en situación de desamparo.
Personas con sentencia de modificación de capacidad, cuando la sentencia lo haya establecido así.
Personas sujetas a patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
¿Qué es la pretutela?
La pretutela es el compromiso de futuro que la Fundación Tutelar adquiere con la persona con diversidad funcional y su familia, para que cuando falte el apoyo familiar la persona no se quede en situación de desamparo y el nuevo escenario le sea más cercano y conocido.
También se considera pretutela aquellos compromisos adquiridos con la persona con diversidad funcional en una situación grave de desamparo cuya demanda viene dada por los Centros de Servicios Sociales o entidades de atención directa.
El defensor judicial es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria.
Su cometido es representar, o en su caso, asistir a la persona con capacidad modificada o en proceso judicial de valoración de la capacidad en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el/la tutor/a o el/la curador/a.
¿Quién es designado tutor/a o curador/a?
La constitución de la tutela es siempre y en todo caso judicial, esto es, será la autoridad judicial competente quien determinará y nombrará al/a la tutor/a o curador/a, dándole igualmente posesión de su cargo, supervisando y controlando sus actuaciones.
Conforme establece el Código Civil, para el nombramiento se preferirá:
Al designado por la propia persona con diversidad funcional.
Al cónyuge que conviva con el tutelado/a.
A la persona o personas designadas por los padres en su testamento.
El juzgado tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia a la persona. En tal caso, debe justificar su decisión motivando por qué ésta es la mejor opción para la persona a la que se refiere. Y existen causas de inhabilidad para poder ser tutor/a.
La diferencia fundamental entre la tutela y la curatela radica, en términos coloquiales, en que la primera sustituye a la capacidad de la persona incapacitada (el/la tutor/a “firma” en sustitución de la persona sujeta a tutela), mientras la segunda complementa la capacidad limitada de la persona con capacidad limitada (el/curador/a “firma” junto con la persona sujeta a curatela en aquellos ámbitos fijados por la sentencia).
¿Se podría asignar una tutela compartida?
SI; los padres, por ejemplo, pueden prever varios tutores o curadores en su testamento (familiares, personas de confianza o entidades tutelares), pero siempre sujetos a la decisión final del juzgado.
¿Cuáles son las responsabilidades derivadas de la tutela o curatela?
Proteger los intereses de la persona y velar por su bienestar, teniendo en cuenta sus deseos, sus necesidades y sus circunstancias económicas personales, cuidando de que se promueva su autonomía personal y tenga una calidad de vida digna, así como por la buena administración de sus bienes.
Fomentar la confianza y las aptitudes de las personas con diversidad funcional, de modo que puedan ejercer su capacidad jurídica con menos ayuda en el presente o en el futuro.
Dando cuenta al juez de la forma en que se ejercitan tales apoyos y de la situación y necesidades de la persona a la que estos se refieren.
Y debe tenerse en cuenta en todo caso, que ante todo el artículo 268 del Código Civil dispone que: “Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica. Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de la autoridad”.
¿Existe algún control del buen hacer del tutor?
SI; La tutela o curatela se ejercen bajo la supervisión del juez y del Ministerio Fiscal que velan para que el/la tutor/a o el/la curador/a no adopten decisiones que no se ajusten a las necesidades de la persona o la perjudiquen.
El tutor/a o curador/A tiene la obligación legal de:
Informar al juez al menos una vez al año sobre los apoyos que ha prestado a la persona y sobre la situación y necesidades de esta, tanto en su esfera personal como patrimonial, para que el juez pueda comprobar que todas las decisiones tomadas han sido en beneficio exclusivo de la propia persona con diversidad funcional.
Informar y pedir autorizaciones al juez para determinados actos de mayor trascendencia, como vender una casa, firmar una hipoteca, hacer un gasto muy alto, cambiar de residencia y otros varios.
Antes del ejercicio de la tutela, el pariente de la persona finalmente tutelada que, conociendo su situación, no hubiese promovido la tutela o la pusiese en conocimiento, será responsable de todos los daños y perjuicios causados, en aplicación del art. 229 del Código Civil.
Durante el ejercicio de la tutela, el/la tutor/a deberá mantener informada a la autoridad judicial competente anualmente sobre la situación de la persona sujeta a tutela y rendirle cuentas anuales de su administración (artículo 269 del Código Civil), sin perjuicio de que, además, tanto el juzgado como el Ministerio fiscal puedan exigirle en cualquier momento dicha rendición de cuentas.
Producida la extinción de la tutela, se lleva a cabo la rendición de cuentas, y de la misma pudiera derivarse una responsabilidad del/de la tutor/a por daños y perjuicios causados a la persona sujeta a tutela, y en todo caso, tiene la responsabilidad por mora en el pago del saldo deudor resultante de las cuentas.
¿El tutor/a o curador/a cobra por su servicio?
NO; a no ser que el juez dictamine lo contrario.
¿El tutor/a o curador/a heredaría los bienes de su tutelado?
NO; únicamente los heredaría en el caso de que así lo especificasen sus progenitores en su testamento o la persona con diversidad funcional, si tuviera la capacidad jurídica para poder realizar este documento.
¿Una persona tutelada puede heredar?
SI; pero la persona con capacidad jurídica modificada puede necesitar el apoyo de su tutor/a o curador/a para valorar y aceptar o rechazar la herencia, con autorización judicial.
¿Cuál es la diferencia entre prorrogación de la patria postestad y la tutela o curatela?
La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades de los padres hacia sus hijos, que deben ejercer siempre en beneficio de éstos. En el art. 201 del Código Civil se establece la posibilidad de una incapacitación preventiva de las personas menores de edad cuando se prevea que la incapacidad continuará después de la mayoría de edad. De esta forma, la patria potestad de los padres queda prorrogada cuando ese/a hijo/a alcanzan la mayoría de edad, y no hay tutor/a o curador/a, sino padre y/o madre con la patria potestad prorrogada. Esa patria potestad se ejerce con arreglo a lo que disponga la resolución de modificación de capacidad y, subsidiariamente, ateniéndose a las reglas que rigen las relaciones paternofiliales.
A diferencia de la tutela, no exige rendición de cuentas periódica o final al juzgado o Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que, como con cualquier persona, se puede poner en conocimiento cualquier circunstancia que suponga riesgo o directamente un daño para la persona sujeta a patria potestad rehabilitada, para que se adopten las medidas de protección oportunas.

References: artículo 30
 artículo 171
 resolución 
 artículo 200
 artículo 757
 artículo 268
 resolución