Source: https://accounting.arpa.es/medidas-laborales-introducidas-en-el-real-decreto-ley-8-2020/
Timestamp: 2020-04-08 01:46:07+00:00

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Medidas laborales introducidas en el Real Decreto-Ley 8/2020. - ARPA Accounting
A través del contenido de su artículo 5 se plasma normativamente lo que, hasta ahora, era una recomendación del Gobierno y deja, por tanto, de ser necesario el acuerdo con el trabajador para la implantación de esta modalidad de trabajo.
Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.
Exista una ausencia en la actividad de cuidado de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su prevención o con la evitación de su transmisión.
El citado derecho se configura como un derecho individual para cada progenitor debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente cuando sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la empresa. La norma insta a la empresa y persona trabajadora a hacer lo posible por llegar a un acuerdo. Por tanto, si bien se configura como un derecho, la norma exige justificación, razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse en cuenta las necesidades organizativas de las empresas.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las siguientes situaciones, cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario:
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años.
La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este apartado tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Esta prestación se reconoce aun cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización necesaria para la prestación de cese de actividad (12 meses), siendo su cuantía del 70% de la base mínima de cotización del régimen especial de autónomos.
En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias de fuerza mayor, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
Respecto de la tramitación de esta tipología de ERTE se establece, para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, al procedimiento establecido en el RD 42/1996 salvo en lo relativo al plazo para la resolución de la Autoridad Laboral y al informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La lectura de este precepto genera dudas interpretativas sobre la concurrencia de causa directa en aquellos casos no contemplados expresamente en el artículo, dependiendo la autorización de las suspensiones o reducciones solicitadas, de la interpretación que del mismo realice la Autoridad Laboral.
La no constatación por la Autoridad Laboral de la existencia de fuerza mayor no impide la posterior tramitación de un ERTE temporal por causas productivas relacionadas con el COVID-19, si bien este no tendrá efectos retroactivos.
Igualmente, como se señalaba anteriormente el artículo 23 del Real Decreto Ley respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales se remite al establecido en el RD 42/1996 con las especialidades del periodo de consulta e informe de la inspección de trabajo.
Debe advertirse que, este artículo, contempla especialidades únicamente para aquellas situaciones en las que, aun produciéndose un descenso de la actividad por motivos relacionados con el COVID-19, no se considera que exista una causa directa. Por tanto, un ERTE por causas productivas sin relación con el COVID (difícilmente imaginable en estos momentos), seguiría la tramitación general prevista en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en el real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.
CAPÍTULO III. Medidas específicas para los socios trabajadores cooperativistas.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a la que nos hemos referido anteriormente, siempre que reúnan los requisitos establecidos.
Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada tanto en los casos de fuerza mayor como por causa económica, técnica, organizativa y de producción en que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado referente a las “Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor”.
Podrán acogerse a las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo señaladas anteriormente, aquellas personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
Las medidas recogidas en este capítulo II del real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
Para terminar, entre las disposiciones adicionales que incorpora el real decreto cabe destacar las siguientes cuestiones:
Y, además, el Gobierno establece las siguientes limitaciones a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo:
No se les aplicarán las especialidades previstas para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en el real decreto serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.
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References: artículo 5
 resolución 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 47
 Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
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