Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/11/17/se-ordena-al-afip-reactivar-el-cuit-de-un-contribuyente-con-fundamento-en-los-principios-de-legalidad-defensa-en-juicio-y-tutela-judicial-efectiva/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2020-08-06 01:48:55+00:00

Document:
Se ordena a la AFIP reactivar el CUIT de un contribuyente con fundamento en los principios de legalidad, defensa en juicio y tutela judicial efectiva. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Estación del Óvalo S.R.L. c/ AFIP s/ amparo ley 16.986
Cita: MJ-JU-M-95105-AR | MJJ95105 | MJJ95105
1.-Corresponde revocar la sentencia de grado, admitir la acción de amparo y ordenar a la AFIP que proceda a reactivar el CUIT que había cancelado sin comunicar al contribuyente el fundamento de esa sanción, pues su conducta vulneró el principio de legalidad que se trasluce en el derecho de defensa en juicio y, además, debe tenerse en cuenta que las amplias facultades con las que cuenta la demandada en cuanto a perseguir el cobro de tributos y verificar a los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o previsionales debe llevarlas a cabo bajo un manto de razonabilidad y acorde a derecho.
2.-Teniendo en cuenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos canceló el CUIT de un contribuyente sin que ello le fuese comunicado en sede administrativa debe ser condenada a reactivarlo, en tanto esa sanción adolece de notoria irrazonabilidad y vulnera la tutela jurisdiccional, principio que los magistrados deben asegurar a los justiciables, como asimismo el acceso irrestricto a la justicia y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial que lo involucre.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 01 días del mes de octubre de dos mil quince, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “ESTACION DEL OVALO S.R.L. c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986”. Expediente 91/2015, proveniente del Juzgado Federal de Dolores. El orden de votación es el siguiente: Dr. Jorge Ferro, Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Alejandro O. Tazza.
I.- Que arriban estos autos a la Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 146/150vta., por Andrés Cifuni, en su carácter de Socio Gerente de “Estación del Ovalo SRL” con el patrocinio letrado del Dr.
Leandro Daniel Granatelli, contra el auto de fs. 141/145 por medio de la cual el Sr. Juez a quo decidió rechazar la acción de amparo incoada, con costas.
Sostiene el recurrente que las motivaciones esgrimidas en la resolución en crisis se compadecen con los argumentos vertidos en el informe circunstanciado de la accionada, lo que lleva a pensar que la orfandad de tratamiento y de los procedimientos que la AFIP debe abordar a los fines de tomar la decisión de no considerarse a la demandante la real explotadora y beneficiaria de la actividad comercial declarada, es decir si inactivación de la CUIT ha sido la única causal expuesta en las actas vinculadas a la clausura.Dice que solo se consideró la acción de la AFIP en cuanto decidir la inactivación de la CUIT, Nota 1/15, sin indicación precisa de norma, y motivación que sustente el acto administrativo.
Agrega, que el Fisco expresa al a quo que se comprobó que no existen hechos imponibles que se verifiquen a su respecto en torno a la actividad declarada, resultando procedente desconocer su calidad de contribuyente y que de allí derivan las consecuencias y la inactivación de la CUIT; que esta inactividad no le impide a los contribuyentes presentar sus declaraciones juradas ni abonar el saldo que de ellas resultase, por lo que concluye que la AFIP reconoce como contribuyente a la amparista, lo que entiende da por tierra la procedencia de la sanción del art. 40 inc. g) de la ley 11.683.
También afirma que las razones que llevaron a la inactivación de la CUIT son contradictorias, que no se motivó el acto administrativo, que sólo dice que no resulta ser el real explotador y beneficiario de la actividad comercial declarada, pero que no se indica quien sería ni por que se llegó a esa conclusión, lo que entiende se contradice con lo constatado al día siguiente por los inspectores al momento de clausurar, dónde dicen que se constituyen en el domicilio del contribuyente “Estación del Ovalo SRL”, dedicado a la venta de combustible y maxiquiosco.
Luego menciona otra cuestión relativa a la fundamentación del Juez en el rechazo de la acción de amparo promovida y que “-radica en que se debió impugnar el acto administrativo de inactivación de la CUIT -trámite específicoante el Director General y una vez agotada la resolución administrativa revistiera carácter de definitiva y agotada la instancia administrativa podría haber impugnado judicialmente haciendo uso del art. 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos-” (sic fs. 147vta.), dice que ello es violatorio de los derechos constitucionales y que el art.43 dispone una acción expedita y rápida siempre que no exista otro medo judicial más idóneo y que de esperar el contribuyente una resolución del Director General, éste tiene 60 días para dictarla, lo que entiende cercena su derecho a trabajar, comerciar y ejercer la industria lícita y afecta derecho de propiedad.
Posteriormente, se refiere de la innecesaridad del agotamiento de la vía administrativa, diciendo que es ineludible para aquellos casos en que el administrado pueda tener la posibilidad de revertir el acto. Enfatiza en que el acto administrativo de inactivación de la CUIT carece de sustento jurídico y no remite a normativa alguna y que se trata de una pena, siendo la única vía posible que le permitiera lograr una cautelar. Agrega, que la aplicación del art. 74 del DR “.dispuesto por el informe circunstanciado de la AFIP y a-quo, atento al INFORMALISMO que debe imperar en el derecho administrativo, podría decirse que se ha utilizado en la audiencia del art. 75 de la ley 11.683 en ocasión de asistir a la audiencia de la causa nº 88/2015 ante el mismo Juzgado Federal-” y que “-dicho procedimiento exigido en la sentencia no es un procedimiento específico para el tratamiento de la activación de la CUIT, es sólo un procedimiento residual, ya que no hay un procedimiento ni obligatorio, ni instaurado en relación a la activación o inactivación de la CUIT-” (sic fs. 148vta. y 149), sosteniendo que pretender enmarcar un procedimiento con plazos tan holgados tornaría ilusorio el derecho del accionante y que jamás se podría recomponerse el daño causado. En cuanto a la verosimilitud en el derecho cita un Fallo “Lunatti” de la CSJN y que en el caso de marras no hubo constitución en mora, ni investigación, inspección, requerimientos ni intervenciones, sólo la Nota 1/2015.Cita jurisprudencia.
Por último, alega que la activación de la CUIT no impide que el Fisco realice los procedimientos regulares y reglados que ostenta, sancionar al contribuyente, para lo cual debe constituir en mora y permitir que se ejerza el derecho de defensa del contribuyente, por lo cual solicita se proceda a otorgar la medida cautelar de activación de la CUIT y que ulteriormente se acoja la instauración de la acción con costas.
Corrido el pertinente traslado de ley la accionada no efectúa una réplica de los agravios (fs. 151), finalmente, radicadas las actuaciones ante esta Alzada, quedan las presentes en condiciones de ser resueltas (ver fs. 153).
II.- Entrando a examinar la cuestión propuesta, dimana que el Socio Gerente de la firma Estación del Ovalo S.R.L. interpone la presente acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra la AFIPDGI con el fin de que: a) Se deje sin efecto la clausura preventiva dispuesta por el Fisco, por entender que no se dan los supuestos que emergen del art. 40 inc. d) de la Ley 11.683, considerando que la misma resulta ilegal e inconstitucional; b) Solicita se ordene al Organismo Fiscal la inmediata activación de la CUIT, por entender que dicho acto administrativo fue dado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, lo que considera que vulnera sus derechos y garantías constitucionales (ver fs. 50 y vta.).
Dicho esto, primeramente debe examinarse si el amparo resulta ser la vía idónea para efectuar esta clase de reclamos. Para ello, debo recordar, que el actual texto del artículo 43 de la C.N., dispone:”Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución-“.
Que la Ley 16.986, tutela derechos reconocidos en la Constitución en tanto los mismos sean vulnerados arbitraria o ilegalmente y no exista otra vía adecuada para su protección. Se ha creado, al respecto, un proceso de naturaleza excepcional y sumarísimo, a fin de ser utilizado en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de un procedimiento apto, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales.
En esta tesitura, esta acción es de excepción y reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pudiera afectar derechos constitucionales, máxime que su apertura requiera circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta y la demostración, por añadidura, que el daño concreto y grave ocasionado solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esta acción urgente y expeditiva.
Es por ello que debo ser cauto con referencia a la existencia de otras vías, ya que de aplicar sin más la regla, resultaría harto fácil (y a la vez, farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y/o administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse es si tales caminos efectivamente son útiles para lograr “la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate”.
Resulta oportuno citar a la Dra. Díaz:”Siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía de amparo a fin de que los procedimientos ordinarios no tornen abstracta o tardía, la efectividad de las garantías constitucionales-“.
En esa inteligencia, debe valorarse también, que en actos emanados de la Administración Pública, corresponde guardar especial cuidado al analizar la arbitrariedad y/o ilegalidad, toda vez que rige respecto de ellos una presunción en tormo a su validez, siendo que su misión debe tener siempre el cumplimiento de los fines del Estado y en última instancia, al bien común.
Por otro lado, tengo presente que el Sr. Juez a quo consideró que dos de las cuestiones planteadas en autos devenían en abstracto: así, en cuanto a la medida cautelar que “-toda vez que su tratamiento coincide temporalmente con el dictado de sentencia definitiva, teniendo en cuenta que la naturaleza y finalidad de este instituto consiste en impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende pierda su eficacia durante el tiempo que dure el proceso hasta la sentencia definitiva, su tratamiento deviene abstracto-“; por otro lado tampoco entendió que corresponde abordar las cuestiones vinculadas a la clausura preventiva “-toda vez que a la fecha esta ha sido levantada y fue materia de debate en las actuaciones penales 88/2015, en oportunidad de llevarse adelante la audiencia prevista en el artículo 75 de la ley 11.683 y en las resoluciones posteriores-“, por lo que solamente analizó “-si existe un actuar arbitrario en la inactivación de la CUIT del contribuyente-” (ver fs. 143 y 143vta.).
En tal sentido, tengo presente que la Corte, reiteradamente, ha señalado que las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (Fallos:301:947; 306:1160; entre otros), lo que también va de la mano con la doctrina sentada por dicho Tribunal en cuanto a que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos 296:445; 297:333; 311:340; 322:270; 329:3373; 331:2077, entre muchos otros), consecuentemente, habré de avocarme al tratamiento de los agravios referentes a la inactivación de la CUIT de la contribuyente accionante.
Que en caso bajo estudio la CUIT del contribuyente ha sido cancelada por el Organismo Fiscal, circunstancia que esta fuera de discusión, lo que ha ocurrido mediante Nota Nº 1/2015 (DT PINA), obrante a fs. 47, notificada mediante cédula obrante a fs. 48.
En el mismo, el Sr. Juez Administrativo, dice que la Administración ha comprobado que el contribuyente no resulta ser el real explotador y beneficiario de la actividad comercial declarada, cobijándose bajo los artículos 2º (realidad económica) y 5º (obligados) de la Ley 11.683, por lo cual habiéndose comprobado que no existen hechos imponibles que se verifican a su respecto en torno a la actividad declarada, desconoce su calidad de contribuyente y de las consecuencias jurídicas del art. 11º del citado texto legal, referente a las declaraciones juradas; concluyendo que el desconocimiento de la calidad de contribuyente, conlleva a la inactivación de la CUIT, haciéndole saber las vías recursivas posibles (art. 74 DR Nº 1397/1979) y que dicha Nota se efectúa en uso de las facultades previstas en los arts. 9 y 10 del Dec. Nº 618/1997 (AFIP), art. 3º del DR Nº 1397/79 y Ley 11.683, sin hacer mención a ninguna otra normativa.
Asimismo, tengo en cuenta que el Sr.Juez de Primera instancia examinó la cuestión de la inactivación de la CUIT observando que la AFIP “-actuó en la esfera de sus atribuciones y ha existido una voluntad expresa y motivada de la administración en ejercicio de la actividad reglada en virtud que dicha inactivación se impuso porque la administración comprobó que “Estación del Óvalo S.R.L. no resulta ser el real explotador y beneficiario de la actividad comercial declarada”-” (sic fs. 144), que el actor no ha demostrado la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del ente recaudador, atento que ha recurrido a una interpretación literal del art. 35 inc. f) de la ley 11683 y el art. 40 inc. d) y que si no está de acuerdo con lo allí dispuesto “-debe dirigirse nuevamente a dicho ente a regularizar su situación (lo que a la fecha no ha hecho conforme a las constancias de autos y persiste en su petición de amparo) y en su caso interponer los recursos administrativos y judiciales que dicha ley prevé-” (sic. fs. 144vta.) y que no se demostró interés del amparista en normalizar su situación ante la AFIP como para ordenar la restitución de la CUIT ni ocurrió a la vía recursiva dispuesta por el art. 74 de la ley 11.683.
Ahora bien, de la prueba aportada por el Fisco en oportunidad de presentar los informes del art. 4º de la Ley 26.854 y 8ª de la Ley 16.986 (esto es el “Cuerpo de Investigación”), se desprende a fs. 65 que “-Conforme surge de nuestras bases de datos, desde Diciembre de 2013 la Estación de Servicios “SAN ANDRES” es explotada por la contribuyente ESTACIÓN DEL OVALO SRL.
(CUIT.: 33-71432678-9)-” y que “-desde que inició actividades la precitada contribuyente presentó las correspondientes DD.JJ de IVA, Impuesto a las Ganancias y SUSS-” (sic).
Luego de ello, analiza la capacidad patrimonial y financiera de la sociedad objeto de autos y la capacidad contributiva “-de los accionistas y responsables de la sociedad-” (sic fs.66), advierte que se halla integrada por dos sujetos (Andrés y Florencia CIFUNI, quienes serían hermanos) de los cuales analiza sus antecedentes tributarios, patrimoniales, laborales y financieros, concluyendo que son inexistentes. Luego, proceden los representantes del Fisco a analizar los antecedentes de las firmas que se han desempeñado como titulares de la “Estación de Servicios San Andrés”, concluyen que “-el real empresario detrás de la operatoria que allí tiene lugar es el padre de Andrés y Florencia, es decir, Rogelio Abel CIFUNI. Lo hizo antiguamente asociado a la madre de los chicos- en PETROVAL SRL y, más recientemente, asociado a terceros en una firma denominada HERCI SA-” (sic fs. 67) y que dicho matrimonio integraría otras dos sociedades como ser AFLONCAR SA y Transporte San Andrés S.A., teniendo la primera de ellas la CUIT inactiva conforme las previsiones de la RG 3358 (Procedimiento para la cancelación de la inscripción de la C.U.I.T.).
Seguidamente, infiere la División Jurídica que la intención de evitar el pago de tributos “-puede haber constituido “el móvil” que condujo a los responsables de ESTACIÓN DEL OVALO SRL. a recurrir a la interposición de personas físicas insolventes con el claro objeto de reducir la carga tributaria-” (sic fs. 68), fundando su postura en otro pronunciamiento de esa Dirección Regional en situaciones similares, sosteniendo que “-el desconocimiento de la calidad de contribuyente a determinada persona -tanto de existencia física como de existencia ideal- acarrearía como consecuencia necesaria la cancelación provisoria o definitiva de su inscripción como tal-e inactivación de la Clave Única de Identificación Tributaria-” (sic fs. 68/69). Y que si a posteriori de esta situación se constatara que el local comercial de la empresa continúa operando con la CUIT inactiva, efectuando ventas, se circunstanciaran hechos con encuadre en el art. 40 de la Ley 11.683 y podrá clausurarse preventivamente en los términos del art. 35 inc.f) en caso de “grave perjuicio fiscal”.
De lo hasta aquí analizado, tengo presente que en ningún momento se comunicó al contribuyente bajo que normativa se cancelaba la CUIT, simplemente se hizo alusión en la mencionada Nota Nº 1/2015 (DT PINA) a los arts. 9 y 10 del Dec. Nº 618/1997 (AFIP).
En tal sentido, tengo en cuenta que la cancelación de la CUIT reviste un carácter meramente sancionatorio, por lo que, conforme los cánones que rigen el Derecho Penal, cabe aplicar el principio de legalidad imperante en dicha materia, es decir aquel que reza “nullum crimen nulla poena sine lege”, lo que en definitiva se trasluce en el derecho de defensa, habida cuenta de que sólo sabiendo cual es la imputación que se le formula al contribuyente y bajo que normativa se encuadra este podrá ejercer adecuadamente su defensa en juicio.
Por otro lado, si bien dicha nota fue dictada conforme las funciones y facultades de dirección y de Juez Administrativo que el DR 618/97 otorga a las autoridades del Organismo Fiscal y que del del mismo Decreto, en su art. 7º se desprende ?en lo que aquí interesa? que el Administrador Federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la AFIP a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración, entre las que podrá dictar normas obligatorias en relación a los siguientes puntos:1) Inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables; 2) Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo-, 4) Forma y plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de liquidación administrativa de gravámenes; 5) Modos, plazos y formas extrínsecas de su percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y multas; 6) Creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información; en el caso bajo estudio no se ha individualizado de manera específica la causal que impulsó al Organismo Recaudador a adoptar tal medida.
También tengo en cuenta, que la Resolución General 3358 de la AFIP-DGI faculta a disponer la cancelación de la C.U.I.T. de las sociedades comerciales regularmente constituidas y de los contratos de colaboración empresaria, que reúnan las condiciones previstas en dicha Resolución general (art. 1º), debiendo evaluarse periódicamente teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de inscripción ante la Administración y el cumplimiento dado a la obligación de presentar las respectivas declaraciones juradas (art. 3º) y una vez practicada dicha evaluación, se procederá a la cancelación de la C.U.I.T. de los contribuyentes con fecha de inscripción previa al 1° de enero del año inmediato anterior a la fecha del proceso de evaluación (para el primer proceso: antes del 1° de enero de 2011), que: a) A la fecha de evaluación no registren altas en impuestos y/o regímenes, o b) no hubieren presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1° de enero del año inmediato anterior a la citada fecha de evaluación, o c) habiendo presentado declaraciones juradas en dicho lapso, no hayan declarado: 1. ventas en el impuesto al valor agregado, 2. ventas/ingresos en el impuesto a las ganancias, 3. empleados, y 4. trabajadores activos en “Mi Simplificación” (art.4º), pero reitero, al menos de las constancias de autos no surge encuadramiento en causal alguna de la previstas en esta norma.
A mayor abundamiento, respecto de la aplicación de esta Resolución General, se ha originado una corriente jurisprudencial al respecto. Así, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, en los autos “FDM Management SRL c/ EN – AFIP – DGI – RG 3358/12 s/ amparo ley 16.986” (de fecha 20/2/2014 y citado por el amparista), se dijo que bajo el prisma del art 19 de la Constitución Nacional, es decir del principio de legalidad, y en “-materia de derechos individuales, como son los implicados en el caso bajo examen, pueden ser limitados o restringidos por ley formal del Congreso de la Nación de conformidad con lo que dispone el art. 14 del texto constitucional (Fallos: 324:4048), de tal modo que el Estado Nacional se encuentra en estos aspectos sujeto al principio de legalidad y, en lo que al caso interesa, ello impone la sumisión de las normas reglamentarias a la ley que habilita su dictado (art. 31 de la Constitución Nacional y Fallos: 307:1083). En este orden de razonamiento, ha de reconocerse que la reglamentación que se dicte debe ajustarse a los principios rectores y derechos consagrados en la norma de habilitación, ya que lo contrario importaría vulnerar los derechos reconocidos en aquella norma de superior jerarquía, desvirtuando el principio de razonabilidad de la reglamentación que surge de art. 28 de la Constitución Nacional y proscribe la alteración y restricción indebida a los derechos acordados, por el ejercicio de la función reglamentaria, pues en definitiva los reglamentos deben preservar el contenido, alcances y finalidad de las prerrogativas legalmente acordadas (Fallos: 318:1707)-” (sic).
En tal sentido, y conforme se dijo en el citado precedente “-del texto expreso o literal de la norma -primera fuente de interpretación normativa, según la Corte, Fallos:330:3160 y 330:4988, entre otros-, sólo surgen facultades para regular lo relativo a la forma y modo en que los contribuyentes y demás sujetos tributarios deben inscribirse en los distintos registros que lleve la AFIP, tal como sucede, por otra parte, con las disposiciones adoptadas para conformar el Sistema Registral, pero en modo alguno surge que también cuente con la potestad para cancelar o dar de baja la CUIT. Esto último es así, aun cuando es bien sabido que junto con las atribuciones expresas los órganos y entes administrativos también cuentan con otras implícitas, que derivan de lo expreso, o incluso las convenientes para realizar las primeras, porque, en el caso, no se trata de ninguna de estas situaciones-“.
En dicho norte, entiendo que es de tal gravedad la medida adoptada por el Fisco respecto de la empresa peticionante que “-significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente o responsable que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad, no sólo en relación con el organismo fiscal sino también con los demás sujetos que se vincule tanto en el aspecto comercial como específicamente fiscal-” por lo que es tal su gravedad “-en cuanto a sus consecuencias y efectos, aquélla no puede surgir implícitamente de las competencias expresas y admitirla sería contravenir el principio que impone que la restricción de derechos se realice por ley (arts. 19 de la Constitución Nacional y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)-” (CFACAF, “FDM Management SRL” ya citado).
También cuadra tener en cuenta, que recurrido dicho fallo, el mismo ha sido dejado firme por la CSJN, en fecha 20/08/2014, al entender que el recurso extraordinario resultó inadmisible.
En similar sentido al procurado por la Sala IV de la referida Cámara Contencioso, se ha pronunciado la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III en autos “Ortopedia y Cirugía La Plata S.R.L. c. A.F.I.P.s/ amparo” (de fecha 18/09/2014), donde se dijo ?acertadamente a mi criterio? que dicho accionar arbitrario, afecta el derecho de la parte actora al debido proceso adjetivo, derecho a ser oída y a una decisión fundada conforme lo establecido por el art.
1ero inc. f) de dicha Ley de Procedimiento Administrativo y que “-La sanción de una conducta desvalorizada del contribuyente, por el principio de tipicidad, debe encontrarse prevista en la normativa vigente como una sanción, pero nunca arribarse a ella mediante el artilugio de generar consecuencias accesorias que no son otra cosa que sanciones, aunque no tipificadas como tales. La resolución general 3358 se aparta del principio liminar del derecho penal, es decir que no basta con la comprobación de la situación objetiva para calificar un ilícito sino que se requiere la concurrencia del aspecto subjetivo (imputabilidad de la responsabilidad). Resulta violatoria del “Debido proceso Legal”, del “Debido Proceso Adjetivo”, del “principio de inocencia” y del de “reserva de ley”, como así también atenta contra el “principio de razonabilidad” (artículos 18 y 28 CN; arts. 1 cc. y ss. de la Ley 19.549)-“.
En esta línea argumental, claro está que la AFIP cuenta con amplias facultades para perseguir el cobro de tributos, verificar a los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o previsionales, ello en virtud del Dec.
618/97, dichas facultades deben llevarse bajo un manto de razonabilidad y acorde a derecho y si bien los tribunales no deciden, en general, la conformidad o disconformidad de las leyes o decretos con la Constitución, sino que, dejando a salvo la independencia y autoridad de los otros poderes, resuelven si en un caso concreto y definido, los preceptos legales o reglamentarios se ajustan o no a los principios constitucionales (CSJN in re “Gutiérrez, Manuel c/Provincia de San Juan”, año 1939, T. 183, P.319) por lo que, en el marco de esta acción de amparo, entiendo carente de fundamento la sanción impuesta por el Fisco al contribuyente hoy recurrente.
Consecuentemente, conforme lo expuesto, propongo al Acuerdo, declarar procedente la presente acción de amparo, hacer lugar al recurso impetrado contra el resolutorio de fs. 141/145 y revocar la sentencia apelada, ordenando a la AFIPDGI a reactivar la CUIT de la empresa Estación del Ovalo S.R.L., con costas a la perdidosa (arts. 14 de la ley 16.986).
Tal es mi voto.- El Dr. Jiménez dijo:
Que he de adherir a la propuesta del Dr. Jorge Ferro, aunque me permitiré adunar al mismo, las siguientes consideraciones adicionales que hacen al específico sentido de mi voto: – Diré, en primer lugar, que aun existiendo en Autos una vía administrativa a la que el peticionante pudo haber recurrido, lo cierto es que luego de operada la reforma constitucional de 1994, esta condición se encuentra eliminada, suministrando en consecuencia el Art. 43 C.N. al ciudadano, “(-) un acceso directo (facultativo) al amparo, cuando no existan trámites jurisdiccionales que soporten idénticas cuestiones planteadas (Cfr. Gozaíni, Osvaldo “Derecho Procesal Constitucional/Amparo” Edit. Rubinzall-Culzoni, pág. 315).- Debe recordarse aquí que vigente la reforma constitucional e 1994, es dable interpretar, como a su tiempo lo hizo Germán Bidart Campos (Cfr.De su autoría “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino” EDIAR, 1995, T º VI), que “(-) la referencia constitucional al medio judicial más idóneo – omitiéndose allí aludir a la voz “vías administrativas” – no implica en modo alguno obturar la procedencia del proceso de amparo por el solo hecho de que existan procedimientos administrativos en curo, o simplemente que ellos existan y no se hubiesen utilizado”.- Es que claramente, y como lo fundamentaré seguido en el presente supuesto, el desplazamiento del proceso de amparo no puede darse “en abstracto”, sino que ello depende de la evaluación en cada caso concreto que efectúa el tribunal interviniente al resolver el planteo que se le somete.- Así las cosas la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afianzado la tesis de que es posible plantear el amparo, aunque se hubiere iniciado un trámite administrativo (no agotado, entonces) si al promotor del amparo la consecución de ése trámite le irroga un agravio de insuficiente reparación ulterior (Cfr. CSJN, 28/02/84, “TSS” 1984-743; íd CSJN, 03/03/88 “LL” 1990-A-581).-
Y la cuestión central a ser aquí develada involucra el supuesto de la cancelación del CUIT del contribuyente amparista por parte de AFIP/DGI mediante Nota N º 1/2015 (DT PINA) que obra agregada a fs.46 de Autos, sin que ello le fuese comunicado al contribuyente en sede administrativa, y en clara violación a esenciales reglas del debido proceso, que hacen particularmente al derecho de defensa en juicio de los ciudadanos.- Al coincidir con el Magistrado que me antecede en el voto, en que el acto de cancelación de CUIT reviste carácter sancionatorio, y significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente, o responsable, lo que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad, y por ello concuerdo además con el Magistrado Ferro en cuanto señala que la AFIP cuenta con facultades bastantes para perseguir el cobro de tributos, lo que representa un fin loable para la marcha de nuestra sociedad democrática, pero tales facultades deben ejercerse conforme a derecho y en forma razonable, con lo que la sanción impuesta al amparista en el presente caso, adolece de notoria irrazonabilidad y lesiona el derecho a la tutela jurisdiccional, que le asiste a todo habitante de la República también en sede administrativa, que ha sido concebido desde tiempos inmemoriales como “(-) la posibilidad de acceso a un proceso no desnaturalizado que pueda cumplir con su misión de satisfacer las pretensiones que allí se formulen” (Cfr Cross& Harris “Precedent in English Law” Edit.
Clarendon Law Series, 4 ª Ed., Oxford Press, 1991).- Lo expuesto implica entonces, rescatar y recrear el concepto de que los Magistrados debemos asegurar a los justiciables la tutela judicial continua y efectiva, como asimismo el acceso irrestricto a la justicia y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos, en todo procedimiento administrativo o judicial que lo involucre- Finalmente, y sin olvidar que el régimen específico regulatorio de la Acción de Amparo en e l orden federal se encuentra efectivamente normado por el Art.14 de la Ley 16.986, cabe enfatizar que de todos modos, esta normativa particular no se aleja de la regla general de imposición de costas al vencido.- En consecuencia, cabe resaltar que en el proceso de amparo rige el principio objetivo de la derrota, que se expresa a partir de las dos siguientes manifestaciones posibles: a) el vencimiento en la pretensión constitucional, que demuestra la instauración de un vencido que habrá de ser condenado en costas y b) la cuestión abstracta, que toma cuerpo con el cumplimiento del acto al tiempo de tener que ofrecer el informe circunstanciado, originando con ese acto la no distribución de gastos causídicos. Ha señalado la mejor doctrina, que “(-) en éste último supuesto, las costas deben entenderse imputadas en el orden causado” (Cfr. Gozaíni, Osvaldo “Derecho Procesal Constitucional/Amparo” Edit. RubinzallCulzoni, pág. 511).- Es en este contexto que no puedo tan siquiera interpretar que AFIP/DGI hubiese podido obrar con una convicción de que su accionar lo fuese conforme a derecho. Bien se indicó en éste sentido que “(-) si tenemos en cuenta que la actuación con derecho otorga la verdadera dimensión de la objetividad en materia de costas, puede colegirse que no basta la mera creencia subjetiva del litigante, en orden a la razonabilidad de su pretensión, para eximirlo de costas. El punto de partida nace de circunstancias concretas, puesto que todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial, es porque cree que le asiste razón para peticionar como lo hace” (Cfr. Gozaíni, Osvaldo, Cit., pág.510, el resaltado me pertenece).- Es por los argumentos antes expuestos, que acompañaré el voto del Dr.
Ferro, y también propongo al Acuerdo: 1) HACER LUGAR al recurso impetrado en contra de la sentencia obrante a fs.141/45, DISPONIENDO SU REVOCACIÓN y en consecuencia, ORDENANDO a la AFIP/GI para que dentro del plazo de CINCO DIAS de quedar firme la presente, proceda a disponer lo conducente para REACTIVAR el CUIT de la empresa ESTACIÓN DEL ÓVALO SRL, 2) con IMPOSICIÓN DE COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS a la perdidosa(Art. 14 de la Ley 16.986).- Tal es el sentido de mi voto.- El Dr. Tazza dijo:
Adhiero a la solución del caso que proponen mis colegas preopinantes, por compartir los fundamentos expresados en sus votos.
Mar del Plata, 01 de octubre de 2015.
Estos autos caratulados: “ESTACION DEL OVALO S.R.L. c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986”. Expediente 91/2015, proveniente del Juzgado Federal de Dolores y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE:
Declarar procedente la presente acción de amparo, hacer lugar al recurso impetrado contra el resolutorio de fs. 141/145 y revocar la sentencia apelada, ordenando a la AFIP-DGI a reactivar la CUIT de la empresa Estación del Ovalo S.R.L., con costas a la perdidosa (arts. 14 de la ley 16.986).
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 artículo 43
 artículo 75
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