Source: https://www.scribd.com/doc/63225850/ley1474-2011
Timestamp: 2017-11-23 01:57:14+00:00

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D.O. 48.128, julio 12 de 2011
Nota: Desarrollada por el Decreto 2516 de 2011.
Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal. Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial. con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. compañero o compañera permanente. Artículo 6°. El Ministerio de Justicia y del Derecho. El numeral 2 del artículo 8° de la Ley 678 de 2001 quedará así: 2. segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas. el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces. dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo. Designación de responsable del control interno. actos de corrupción En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional. la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva .Artículo 5°. a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación o quien haga sus veces. Acción de repetición. no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente. Responsabilidad de los Revisores Fiscales. de concesión. los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo. quien será de libre nombramiento y remoción. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993. Artículo 8°. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990. durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo. suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge. que quedará así: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control. Artículo 7°. pariente hasta el segundo grado de consaguinidad. el cual quedará así: 5. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública. no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
así como a los Organismos de Control. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad. en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. o quien haga sus veces. Parágrafo 1º. de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. sin perjuicio de las demás obligaciones legales. Reportes del responsable de control interno. que quedará así: El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción. . contará con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad. designado por el Presidente de la República. un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad. los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Parágrafo 2º. so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. administrativos. judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. Para desempeñar el cargo de asesor. Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años. coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno. El auditor interno. La selección de dicho personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Este servidor público. Artículo 9°.entidad territorial.
deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año. entre otros. Una vez surtida la reducción anterior. deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad. Se prohíbe el uso de publicidad oficial. Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar. transparencia y objetividad. Artículo 10. logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión. en los años siguientes el rubro . de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. conforme a la fecha prevista en el presente artículo. nombre. Parágrafo 1°. deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. partidos políticos o candidatos. en la divulgación de los programas y políticas que realicen. extensión. los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de diciembre del 2011. en cuanto a contenido. permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo funcionario.Parágrafo transitorio. tamaño y medios de comunicación. Los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial. contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación. símbolo. Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales. a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado. o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales. tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o campaña. Presupuesto de publicidad. para la promoción de servidores públicos. imagen. o que hagan uso de su voz. Para ajustar el periodo de que trata el presente artículo. ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.
. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. esas instituciones en cuanto les sean aplicables adoptarán mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus representantes legales. Pero en todo caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación. Parágrafo 3°. Obligación y control. vínculo laboral y salario.correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el Índice de Precios al Consumidor. administradores y funcionarios. presupuesto previo y razonabilidad del gasto. estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes. 2. con los siguientes propósitos: a) Identificar adecuadamente a sus afiliados. directores. su actividad económica. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al presupuesto. Mecanismos de control. Parágrafo 2°. Artículo 11. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. b) Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan el sistema de seguridad social en salud. 1. planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud. orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud. Para los efectos del numeral anterior. relación costo beneficio.
A partir de la expedición de la presente ley. Parágrafo. sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. Artículo 12. d) Reportar de forma inmediata y suficiente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos. y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos. cualquier sobrecosto en la venta u ofrecimiento de medicamentos e insumos. Sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras y de atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4. f) Los demás que señale el Gobierno Nacional. Créase el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud que permita la identificación oportuna. la falsificación de medicamentos e insumos y el suministro de medicamentos vencidos. Invima. Adopción de procedimientos. e) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la Superintendencia Nacional de Salud cualquier información relevante cuando puedan presentarse eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de su competencia. el registro y seguimiento de estas conductas. Para efectos de implementar los mecanismos de control a que se refiere el numeral anterior. ninguna entidad prestadora del servicio de salud en cualquiera de sus modalidades.c) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos –CNPMD–. La Superintendencia Nacional de Salud definirá para sus sujetos vigilados. El Gobierno reglamentará la materia en un término no superior a tres meses. el . incluidas las cooperativas podrán hacer ningún tipo de donaciones a campañas políticas o actividades que no tenga relación con la prestación del servicio. 3.
Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública. salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley. Exclusión de beneficios en los delitos contra la Administración Pública relacionados con corrupción. Dicho sistema deberá incluir indicadores que permitan la identificación.conjunto de medidas preventivas para su control. judicial o administrativo. cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. El artículo 68 A del Código Penal quedará así: No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional. estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado. siempre que esta sea efectiva. tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. CAPÍTULO II Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada Artículo 13. así como los indicadores de alerta temprana y ejercerá sus funciones de inspección. utilización indebida de información privilegiada. . El no reporte de información a dicho sistema. será sancionado conforme al artículo 131 de la Ley 1438 de 2011. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2. los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos. vigilancia y control sobre la materia. prevención y reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. lavado de activos y soborno transnacional. ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal. ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad. 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 3.
en perjuicio de aquella. La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral. Artículo 15. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte. ofrezca o conceda a directivos. empleados o asesores de una sociedad. Corrupción privada. El inciso sexto del artículo 83 del Código Penal quedará así: 6. Con las mismas penas será castigado el directivo. por sí o por persona interpuesta. administradores. el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250A.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. asociación o fundación que. o recibidos a cualquier título de este.Artículo 14. el cual quedará así: El que directamente o por interpuesta persona prometa. Artículo 16. El artículo 247 del Código Penal tendrá unos numerales 5 y 6 del siguiente tenor: 5. solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado. Ampliación de términos de prescripción penal. incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1. en perjuicio de aquella. 6. reciba. empleado o asesor de una sociedad. Estafa sobre recursos públicos y en el Sistema de Seguridad Social Integral. . administrador. asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero.
000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. la pena será de seis (6) a diez (10) años. incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adiciónese un inciso al artículo 298 de la Ley 599 de 2000. empleado o asesor. En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio. que en beneficio propio o de un tercero. Utilización indebida de información privilegiada. el cual quedará así: El administrador de hecho o de derecho. disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. El artículo 258 del Código Penal quedará así: El que como empleado. o socio de cualquier sociedad constituida o en formación. directivo. con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. provecho mediante la negociación de determinada acción. con abuso de las funciones propias de su cargo. directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada. el cual quedará así: . Artículo 18.Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad. Administración desleal. valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores. Artículo 17. Especulación de medicamentos y dispositivos médicos. asesor. incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1. asociación o fundación. haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250B. para obtener para sí o para un tercero. siempre que dicha información no sea de conocimiento público. Artículo 19.
incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de hasta 1.La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1. administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico. En la misma pena incurrirá el concesionario. cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. Adiciónese un inciso al artículo 301 de la Ley 599 de 2000. Artículo 20. representante legal. que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación. incurrirá. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos. por esa sola conducta. ante la autoridad competente. Artículo 22. . en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000. Omisión de control en el sector de la salud. Artículo 21. el cual quedará así: El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud. quedará así: El concesionario. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 325B.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud.000 UVT. Evasión fiscal. cuando se trate de medicamento o dispositivo médico.020. administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo. el cual quedará así: La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1. representante legal. que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción.
Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399 A.Artículo 23. perdido o extraviado. reparare lo dañado. disminuir la pena hasta en una cuarta parte. o reintegrare lo apropiado. Peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral. cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral. Circunstancias de atenuación punitiva. hiciere cesar el mal uso. proporcionalmente. Artículo 26. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 403A. Artículo 24. Cuando el reintegro fuere parcial. cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral. o su valor actualizado con intereses la pena se disminuirá en la mitad. el cual quedará así: . el cual quedará así: Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agravarán de una tercera parte a la mitad. por sí o por tercera persona. corrigiere la aplicación oficial diferente. Artículo 25. la pena se disminuirá en una tercera parte. el juez deberá. el cual quedará así: La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad. El artículo 401 del Código Penal quedará así: Si antes de iniciarse la investigación. Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social. Fraude de subvenciones. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400 A. el agente.
incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410 A. Parágrafo. el cual quedará así: El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer. selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte. ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad. incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1. con el fin de obtener cualquier beneficio económico. Artículo 28. subasta pública. multa de doscientos (200) a mil (1. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 411 A. Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años. Acuerdos restrictivos de la competencia. incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.El que obtenga una subvención. Artículo 27. Tráfico de influencias de particular. un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años. . subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados. el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública.
Modifíquese el artículo 444 de la Ley 599 de 2000. en prisión de nueve (9) a quince (15) años. Enriquecimiento ilícito. multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50. o quien haya desempeñado funciones públicas. cualquier dinero. Soborno. Artículo 31.000) salarios. que quedará así: El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio. incremento patrimonial injustificado. obtenga. haya sido nombrada o elegida.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses. siempre que la conducta no constituya otro delito. incurrirá. incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.Artículo 29. sea dentro de un organismo público o de una empresa de servicio público. incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cien (100) a mil (1. El artículo 412 del Código Penal quedará así: El servidor público. directa o indirectamente. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo. Artículo 30. objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice. omita o retarde cualquier acto relacionado con una transacción económica o comercial. Parágrafo. Soborno trasnacional. administrativo o judicial en un país extranjero. se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo. así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero. en provecho de este o de un tercero. El artículo 433 del Código Penal quedará así: El que dé u ofrezca a un servidor público extranjero. para sí o para otro. que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. .
Artículo 33. Artículo 34. 405. 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. Medidas contra personas jurídicas. En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público. . Soborno en la actuación penal. 397. 406.Artículo 32. las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de aquellas. 250 numeral 3. 409. la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos (500) a dos mil (2. 413. 323.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando con el consentimiento de su representante legal o de alguno de sus administradores o con la tolerancia de los mismos. para que se abstenga de concurrir a declarar. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar. las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública. Modifíquese el artículo 444-A de la Ley 599 de 2000. incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2. o para que falte a la verdad. Los tipos penales de que tratan los artículos 246. que quedará así: El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo. o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público. o la calle total o parcialmente.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 411. directa o indirectamente. 412. 404. la sociedad haya participado en la comisión de un delito contra la Administración Pública o contra el patrimonio público. De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995. realizados por su representante legal o sus administradores. 408. Circunstancias de agravación punitiva. 410.
los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación. el agente encubierto. . (Sic. procederá la práctica de dicha prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición en el cual se hubiere rendido concepto favorable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 4º). cometa delitos contra la Administración Pública en coparticipación con la persona investigada. el cual quedará así: Parágrafo. Artículo 36. mientras que el indiciado o imputado responderá por el delito correspondiente. por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva. el cual quedará así: Los mecanismos contemplados en los artículos 241 y 242 podrán utilizarse cuando se verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la Administración Pública en una entidad pública. quedará exonerado de responsabilidad. por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva. Ampliación de términos para investigación. Cuando en investigaciones de corrupción. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. así mismo. La Ley 906 de 2004 tendrá un artículo 242 A. Operaciones encubiertas contra la corrupción. Pruebas anticipadas. será posible practicar como prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la de su familia por razón de los hechos que conoce. En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. el cual quedará así: Parágrafo 1º. en desarrollo de la operación.Artículo 35. El artículo 175 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo. Artículo 37. salvo que exista un verdadero acuerdo criminal ajeno a la operación encubierta. El artículo 284 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo cuarto.
En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Fabricación. artículo 411). cohecho por dar u ofrecer (C. artículo 409).P. tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal. artículo 410). Tráfico de Influencias (C. Fabricación. P. Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C. P. importación. artículo 433). o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos. P. P. incisos 1° y 3°).P. por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva. tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario. Soborno Transnacional (C. artículos 340 y 365). artículo 210). Receptación repetida. posesión y uso de armas químicas. cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. Concusión (C. Fabricación. Restricción de la detención domiciliaria. artículo 412). 8. numerales 7. Interés Indebido en la Celebración de Contratos (C. artículo 247). artículo 447. Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado. Violencia intrafamiliar (C. P. artículo 241. artículo 406). P. artículo 404). artículo 291). Artículo 39. Cohecho impropio (C. Enriquecimiento Ilícito (C. Hurto calificado (C. biológicas y nucleares (C.P. Aumento de términos respecto de las causales de libertad en investigaciones relacionadas con corrupción. P. artículo 188). 11. artículo 367). Acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C. Cohecho propio (C. Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el . artículo 397). artículo 229). continua (C. P. los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación. Artículo 38. P. tráfico. artículo 240).P. P. P. Hurto agravado (C.P. Tráfico de migrantes (C. El artículo 317 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo segundo. Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (C. 12 y 15). P. por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces. El parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Parágrafo 1º. Estafa agravada (C. artículo 366). P.La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de la República de conceder la extradición.P. artículo 407).P. P. el cual quedará así: Parágrafo 1º. artículo 405).
en relación con los procesos que son competencia de sus seccionales. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18. P. el cual quedará así: “18. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de parte u oficiosamente ejercerá el poder preferente jurisdiccional disciplinario. siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado. artículo 447.concierto para delinquir. Principio de oportunidad para los delitos de cohecho. Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en la audiencia de juzgamiento. Artículo 40. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal. acompañada de evidencia útil en el juicio. CAPÍTULO III Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción Artículo 41. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso. El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las condiciones anotadas. y sirva como testigo de cargo. Poder preferente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. Artículo 42. respetando el debido . receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales. inciso 2°)”.
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006. con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. igualmente podrá disponer el cambio de radicación de los mismos. convenio o contrato. Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 48 de la Ley 734 de 2002. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002. entre otras manifestaciones. Son faltas gravísimas las siguientes: 64. realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado. el cual quedará así: “Artículo 48. Artículo 43. acto administrativo. directa o indirectamente. custodian. cometer. por disposición legal. Sujetos disciplinables. así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado. en cualquier etapa.proceso y la doble instancia. de manera permanente o transitoria. Faltas Gravísimas. liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales. y a quienes administren recursos públicos u oficiales. Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia creará por medio de su reglamento interno las salas de decisión pertinentes”. también a quienes ejerzan funciones públicas. cada vez que ordene o señale conductas. Artículo 44. Se entiende que ejerce función pública aquel particular que. de rentas que . lo que se acreditará. quedará así: El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales. acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción”. Prohibición de represalias. en lo que tienen que ver con estas. que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales.
15. Modifíquese el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002. 51. 52. 50. Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva. 26. 14. El artículo 122 de la Ley 734 quedará así: Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado. 42. 56. del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función. por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió. parágrafo 4°. el cual quedará así: 11. 18. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos. . 28. 19. y 59. Artículo 45. 27. 3. El quejoso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo. 16. Responsabilidad del interventor por faltas gravísimas. Artículo 47. 40. El artículo 105 de la Ley 734 de 2002 tendrá un inciso segundo. Las consagradas en los numerales 2. 43. 34. 20. evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos. Notificaciones. Artículo 46. 55. Procedencia de la revocatoria directa. salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas. el cual quedará así: De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión.
caso en el cual proferirá la decisión correspondiente. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria. El inciso primero del artículo 130 de la Ley 734 quedará así: . El artículo 124 de la Ley 734 de 2002 quedará así: En los casos referidos por las disposiciones anteriores. Medios de prueba. procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación por parte del Procurador General de la Nación. Artículo 50. Artículo 49. de oficio o a petición del quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado. legales o reglamentarias en que deban fundarse. Causal de revocación de las decisiones disciplinarias.Parágrafo 1°. cuando lo considere necesario. expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria. los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales. los autos de archivo y el fallo absolutorio. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El plazo para proceder a la revocatoria será de tres (3) meses calendario. Artículo 48. los fallos sancionatorios. Competencia. Parágrafo. El artículo 123 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional. en este último evento cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Parágrafo 2°.
dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba. En cada caso. la peritación. sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma. . podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Prueba trasladada. Artículo 51. el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar. aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario. el testimonio. Artículo 52.Son medios de prueba la confesión. así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos. y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Los dos primeros incisos del artículo 156 de la Ley 734 quedarán así: El término de la investigación disciplinaria será de doce meses. contados a partir de la decisión de apertura. También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal. los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000. El artículo 135 de la Ley 734 quedará así: Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa. Término de la investigación disciplinaria. y los documentos. la inspección o visita especial.
o vencido el término de la investigación. Artículo 53. el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas. la investigación disciplinaria no podrá exceder de dieciocho meses. El inciso primero del artículo 168 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Vencido el término señalado en el artículo 166. cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. Traslado para alegatos de conclusión. el funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación notificable ordenará traslado común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión. El artículo 169 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario. el cual quedará así: Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos. En firme la providencia anterior. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte.En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas. declarará cerrada la investigación. mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición. Término probatorio. de acuerdo con los criterios de conducencia. la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Artículo 55. . Artículo 54. pertinencia y necesidad. el funcionario de conocimiento. Decisión de cierre de investigación. La Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 160 A.
mediante auto que debe notificarse personalmente. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2. en cualquier estado de la actuación. 48. El artículo 175 de la Ley 734 de 2002. 21. 46. 23. quedará así: El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos. 59 y 62 de esta ley. 35. En los eventos contemplados en los incisos anteriores. . 52. Término para fallar. 20. Procedimiento verbal. 22. el cual quedará así: El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión. 17. En todo caso. Artículo 58. 57. y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable. 47. Artículo 57. 58. 39. si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. 54. 33. 55.Artículo 56. La Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 169 A. 56. Aplicación del procedimiento verbal. cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. El artículo 177 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores. el funcionario competente. efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta. se citará a audiencia. 36. hasta antes de proferir pliego de cargos. 19. 18. 32. 4.
por el tiempo que estime indispensable. proceso verbal y citará a audiencia al posible En el auto que ordena adelantar proceso verbal. una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican. dentro del término improrrogable de tres (3) días. la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar. La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. el cargo o empleo desempeñado. La negativa a decretar y practicar pruebas. De la misma manera podrá proceder en aquellos eventos que no estén previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no procede recurso alguno. las cuales serán practicadas en la misma diligencia. por inconducentes. Todas las decisiones se notifican en estrados. podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas. Contra esta decisión no cabe ningún recurso. debe consignarse la identificación del funcionario cuestionado. De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado. Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordinario. cuando sea necesario y procedente. debe ser motivada. haciéndolas compatibles con las formas propias del proceso verbal. impertinentes o superfluas. . lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.ordenará adelantar responsable. a la que el investigado puede asistir solo o asistido de abogado. el cual será de mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. El director del proceso podrá ordenar un receso. Al inicio de la audiencia. para que las partes presenten los alegatos de conclusión.
una vez proferido y notificado el fallo en estrados. También podrá decretar de oficio las que estime necesarias para resolver el fondo del asunto. el ad quem las decretará y practicará. El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas. agotado lo cual se decidirá el mismo. Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia. el cual debe interponerse y sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso. el ad quem revocará la decisión y devolverá el proceso para que se tramite por el que sea designado. En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002 quedará así: El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas. Recursos. . para lo cual dispondrán de un término de traslado de dos (2) días. que es de un día. Las decisiones de segunda procedimiento escrito. debiendo garantizar el derecho de contradicción. a continuación. las nulidades y la recusación.Artículo 59. debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia. contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado. contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia. instancia se adoptarán conforme al De proceder la recusación. El director del proceso. las partes podrán presentar alegatos de conclusión. Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. Antes de proferir el fallo. el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación en estrados.
El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia. b) El Ministro del Interior y de Justicia. Acceso a la información. Este se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas. El artículo 182 de la Ley 734 de 2002 tendrá un inciso segundo. en cualquier momento. Artículo 60. integrada por: a) El Presidente de la República. informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas. La autoridad competente podrá requerir. cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria. CAPÍTULO V Organismos especiales para la lucha contra la corrupción Artículo 62. . CAPÍTULO IV Regulación del lobby o cabildeo Artículo 61. Conformación de la Comisión Nacional para la Moralización. el cual quedará así: El Procurador General de la Nación también podrá aplicar este procedimiento especial para los casos en que su competencia para disciplinar sea en única instancia. Créase la Comisión Nacional para la Moralización. Procedencia del procedimiento disciplinario especial ante el Procurador General de la Nación.
j) El Director del Programa Presidencial de Modernización. d) El Contralor General de la República. Artículo 63. Eficiencia. Presidencia de la Comisión. h) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Nacional para la Moralización tendrá las siguientes funciones: . f) El Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes. i) El Presidente del Consejo de Estado. Transparencia y Lucha contra la Corrupción.c) El Procurador General de la Nación. l) El Defensor del Pueblo. g) El Fiscal General de la Nación. Artículo 64. Funciones. La Presidencia de la Comisión Nacional para la Moralización corresponderá al Presidente de la República. k) El Consejero Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia. e) El Auditor General de la República.
eficiencia y transparencia obligatorios para la Administración Pública. g) Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia. e) Establecer los indicadores de eficacia. eficacia y economía de la gestión pública. f) Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la moralidad en la Administración Pública. i) Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y del control social sobre la gestión pública.a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la Ley 190 de 1995. la eficiencia. h) Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de eficiencia. d) Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley respecto de las personas políticamente expuestas. . c) Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción. la moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública. y los mecanismos de su divulgación. b) Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno.
Comisiones Regionales de Moralización. Cada departamento instalará una Comisión Regional de Moralización que estará encargada de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención. La asistencia a estas reuniones que se llevarán a cabo mensualmente es obligatoria e indelegable. su concurso para la construcción de un Estado n) Darse su propio Reglamento. los deberes y las responsabilidades en la función pública. Artículo 65. l) Mantener contacto e intercambio permanentes con entidades oficiales y privadas del país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción administrativa. el Gobernador y el Presidente de la Asamblea Departamental. la Contraloría General de la República.j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto tienen que ver con la moralidad administrativa. Otras entidades que pueden ser convocadas para ser parte de la Comisión Regional de Moralización. son: la Defensoría del Pueblo. . k) Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la ética y la moral públicas. los cuerpos especializados de policía técnica. La Comisión Regional estará conformada por los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación. la Fiscalía General de la Nación. las personerías municipales. m) Prestar todo transparente. Municipal y Distrital. el Consejo Seccional de la Judicatura y la Contraloría Departamental. investigación y sanción de la corrupción. cuando se considere necesario.
Designación de Comisionados. Conciencia y Culto). h) Un representante de Conferilec (Confederación Colombiana de Libertad Religiosa. La designación de los Comisionados Ciudadanos corresponde al Presidente de la República. quejas y denuncias. Conformación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. f) Un representante del Consejo Nacional de Planeación. d) Un representante de los Medios de Comunicación. la cual estará integrada por: a) Un representante de los Gremios Económicos.Con el fin de articular las Comisiones Regionales de Moralización con la ciudadanía organizada. g) Un representante de las Organizaciones Sindicales. e) Un representante de las Veedurías Ciudadanas. Artículo 66. deberá celebrarse entre ellos por lo menos una reunión trimestral para atender y responder sus peticiones. de ternas enviadas por cada sector. Artículo 67. inquietudes. c) Un representante de las Universidades. Créase la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. . El desempeño del cargo será por períodos fijos de cuatro (4) años y ejercerán sus funciones ad honórem. b) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción.
con el objeto de velar por la transparencia de las decisiones públicas. la democratización de la Administración Pública. . f) Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto impacto. planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción ejercerá las siguientes funciones: a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la Ley 190 de 1995. la política antitrámites. el cual deberá presentarse al menos una (1) vez cada año. el acceso a la información pública y la atención al ciudadano. e) Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para mejorar la gestión pública tales como la contratación pública.Artículo 68. evaluación y recomendaciones a las políticas. Funciones. b) Realizar un informe de seguimiento. h) Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública. c) Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los valores éticos y la lucha contra la corrupción. g) Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en esta ley para regular el cabildeo. d) Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos de intereses en el mismo.
La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción será designada por los representantes de que trata el artículo 78 de esta ley. así como su adecuada utilización. Eficiencia. Requisitos. Secretaría Técnica.i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los servidores públicos de los cuales tengan conocimiento. k) Velar por que la Administración Pública mantenga actualizado el inventario y propiedad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las diversas entidades. Este programa deberá apoyar las secretarías técnicas en lo operativo y lo administrativo. Ser ciudadano colombiano en ejercicio. en cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución. Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Artículo 70. . Artículo 69. No haber sido condenado por delito o contravención dolosos. Son requisitos para ser miembro de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. m) Darse su propio Reglamento. 2. los siguientes: 1. j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto hacen relación con la moralidad administrativa. La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización será ejercida por el Programa Presidencial de Modernización. l) Velar y proponer directrices para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 190 de 1995.
cultura de la probidad y transparencia. El Programa Presidencial de Modernización. Artículo 71. tendrá las siguientes funciones: a) Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra la corrupción. coordinar e implementar directrices.3. Eficiencia. Artículo 72. La Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Ciudadana deberán reunirse al menos trimestralmente y entregar a fin de año un informe de sus actividades y resultados. Funciones del Programa Presidencial de Modernización. c) Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. el cual será público y podrá ser consultado en la página de Internet de todas las entidades que conforman esta Comisión. participación ciudadana. ni tener vínculo contractual con el Estado. acceso a la información. No haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave o gravísima. b) Diseñar. enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 4. Transparencia y Lucha contra la Corrupción. rendición de cuentas. Reuniones de la Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Ciudadana. según los lineamientos del Presidente de la República. . Eficiencia. control social. d) Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder y órganos de control en el nivel nacional y territorial. o quien haga sus veces. mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional. No ostentar la calidad de servidor público.
e) Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus indicadores. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización. entre otras cosas. departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Programa Presidencial de Modernización. f) Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado para la lucha contra la corrupción. todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de . las medidas concretas para mitigar esos riesgos. Parágrafo. Eficiencia. g) Solicitar ante la entidad pública contratante la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de cualquier contrato estatal cuando existan serios motivos de juicio para inferir que durante el procedimiento precontractual se pudo haber presentado un delito o una falta disciplinaria grave. Cada entidad del orden nacional. las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. para diseñar políticas públicas. Eficiencia. Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. A partir de la vigencia de la presente ley. Dicha estrategia contemplará. el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad. Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. CAPÍTULO VI Políticas institucionales y pedagógicas Artículo 73. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos.
A partir del año siguiente. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional.enero de cada año. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. las estrategias. estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento. expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones. Parágrafo 2°. Las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. las metas. deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente. procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. los responsables. Política antitrámites. los proyectos. Artículo 75. . el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. Parágrafo. revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado. Parágrafo 1°. en el cual se especificarán los objetivos. así como las modificaciones a este o a su desagregación.
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. Transparencia y Lucha contra la Corrupción. y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas. con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. Artículo 77. y de los cuales tengan conocimiento. Eficiencia. así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. departamental. Oficina de Quejas. . Parágrafo. Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma. deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir. ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias. quejas y reclamos. El Programa Presidencial de Modernización. sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad. Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación pública. La oficina de quejas. Eficiencia. según el caso. sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno.Artículo 76. municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión. Publicación proyectos de inversión. sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. municipal o distrital. Sugerencias y Reclamos. todas las entidades del orden nacional. departamental. En toda entidad pública. tramitar y resolver las quejas. se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización.
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.Parágrafo. . Las empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. Artículo 78. c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública. ejecución. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación. e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. que quedará así: Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: a) Convocar a audiencias públicas. control y evaluación de la gestión pública. d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. Democratización de la Administración Pública.
El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las competencias ciudadanas. Divulgación de campañas institucionales de prevención de la corrupción. y la identidad y valoración de la diferencia. Pedagogía de las competencias ciudadanas. Los proveedores de los Servicios de Radiodifusión Sonora de carácter público o comunitario deberán prestar apoyo gratuito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en divulgación de proyectos y estrategias de comunicación social. Transparencia y Lucha contra la Corrupción y otras entidades de la Rama Ejecutiva con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión a cada entidad. para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y promover los derechos fundamentales de los Colombianos. las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. . así como a la Procuraduría General de la Nación. que dinamicen los mecanismos de integración social y comunitaria. Artículo 80. los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010. Artículo 79. Los establecimientos educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto Educativo Institucional. el Programa Presidencial de Modernización. estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica. la Contraloría General de la República. deberán prestar apoyo en los mismos términos y con el mismo objetivo. la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera los operadores públicos de sistemas de televisión.En todo caso. Eficiencia. en un tiempo no inferior a 30 minutos efectivos de emisión en cada semana. desde el ámbito de participación se orientará hacia la construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado de los bienes comunes. Específicamente. según lo consideren pertinente. bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional. Parágrafo. la participación y la responsabilidad democrática. lo cual deberá verse reflejado en actividades destinadas a todos los miembros de la comunidad educativa.
Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 (Sic, debe ser Ley 734 de 2002) quedará así:
sanciones y declaratorias de incumplimiento. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal. parcial o total. Continuidad de la interventoría. de alguna de las obligaciones a cargo del contratista. . y hacer efectiva la cláusula penal. la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. Artículo 86. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados. de los perjuicios que se ocasionen. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría. el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150. en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato. imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato. Parágrafo 4°. respecto del régimen sancionatorio. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal. sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. será responsable solidariamente con este. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento. cuantificando los perjuicios del mismo. Parágrafo. Imposición de multas.Parágrafo 3°. será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Artículo 85.
hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan.En la citación. fecha y hora para la realización de la audiencia. la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible. ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá. sanción o declaratoria de incumplimiento. presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación. En la misma se establecerá el lugar. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente. el jefe de la entidad o su delegado. podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte. o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada. al adoptar la decisión. se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa. aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. para que presenten sus descargos. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. En todo caso. c) Hecho lo precedente. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: . si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso. b) En desarrollo de la audiencia. d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia. el jefe de la entidad o su delegado. el garante será citado de la misma manera. enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes. Artículo 87. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros. acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Maduración de proyectos. mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público. sustentará y decidirá en la misma audiencia. y al garante.
en un término de seis (6) meses el IGAC o la entidad competente. Para estos efectos. la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social. quedando dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro. deberán elaborarse los estudios. en la misma oportunidad señalada en el inciso primero. . Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior. según corresponda. Para efectos de decretar su expropiación.IGAC o la entidad competente según el caso. 2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi . 3. procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria. o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa. económico y ambiental. y los pliegos de condiciones. realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a esta y al propietario y demás interesados acreditados. Previo a la apertura de un proceso de selección. el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente: 1. en los dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior. además de los motivos determinados en otras leyes vigentes. con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto.12. declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. diseños y proyectos requeridos. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra. Parágrafo 1°. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del proyecto.
Lo anterior. pagará dentro de los tres (3) meses siguientes. gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. En firme el avalúo. 10. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa. el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad res ponsable del proyecto y que. se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del Código Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad competente. las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de los inmuebles. 8. se procederá a realizar el registro del predio a nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público e interés social. acto con el cual quedará cancelada la obligación. 7. 9. . se expedirá un acto administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente.4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares. 5. teniendo en cuenta la localización. Al recibir el pago el particular. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación. como bien de uso público e interés social. las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar. 6. la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado. Efectuado el pago por mutuo acuerdo. sin perjuicio del derecho de las personas objeto de indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos el valor de las mismas en cada caso particular.
13. Artículo 88. dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. La oferta más favorable será aquella que. Modifíquese el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido: “2. la entidad responsable del proyecto y las autoridades locales competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para entrega del inmueble. en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o compensación que el pago de la misma se realizó. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar. 12. resulte ser la más ventajosa para la entidad. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no entreguen el inmueble dentro del término señalado. podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.11. Parágrafo 2°. El presente parágrafo también será aplicable para proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la presente ley. . Una vez efectuada la notificación. En los contratos de obra pública. el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Expedición de adendas. o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: . dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento. la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. de manera que los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales”. Artículo 89.En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos. por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección. Artículo 90. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos”. sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. ni siquiera para extender el término del mismo. El inciso 2° del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará así: “Cuando lo estime conveniente la entidad interesada. Adiciónese un parágrafo 6º en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor: “El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada. de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes. Parágrafo.
Parágrafo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. concesión. el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. con una o varias entidades estatales. de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años. así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes. salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. salud. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad. c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado. con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. .a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos. En los contratos de obra. con una o varias entidades estatales. b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal. Artículo 91. Anticipos. Parágrafo. o los que se realicen por licitación pública.
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado. prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos. que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. . Artículo 93. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología. sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado. nacional o internacional o en mercados regulados. sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%).Artículo 92. estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Contratos interadministrativos. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas. suministro. las Sociedades de Economía Mixta. Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Modifícase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas. Se exceptúan los contratos de obra. el cual quedará así: Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%). caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. el cual quedará así: c) Contratos interadministrativos. con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
en la cual se señalará el objeto a contratar. así como las condiciones técnicas exigidas. b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. Parágrafo 1°. con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. el cual quedará así: . mediante comunicación de aceptación de la oferta. se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado. siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. c) La entidad seleccionará. Parágrafo 2°. Las particularidades del procedimiento aquí previsto. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. Aplicación del Estatuto Contractual. Artículo 95. el presupuesto destinado para tal fin. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. por un término no inferior a un día hábil. ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio. la propuesta con el menor precio. se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicará una invitación. Modifíquese el inciso 2° del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
Régimen de Transición. El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal que crea esta ley cuando del análisis del dictamen del proceso auditor. la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley. salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. a la fecha en que entre a regir la presente ley. No se generarán inhabilidades ni incompatibilidades sobrevinientes por la aplicación de las normas contempladas en la presente ley respecto de los procesos contractuales que se encuentren en curso antes de su vigencia. Los procesos de contratación estatal en curso.En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993. se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. Artículo 96. continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación. de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control. Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal. En . CAPÍTULO VIII Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción SECCIÓN PRIMERA MODIFICACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SUBSECCIÓN I Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal Artículo 97.
profiriendo auto de apertura e imputación si se dan los presupuestos señalados en este artículo. 2.todos los demás casos se continuará aplicando el trámite previsto en la Ley 610 de 2000. El procedimiento verbal se someterá a las normas generales de responsabilidad fiscal previstas en la Ley 610 de 2000 y en especial por las disposiciones de la presente ley. de acuerdo con su capacidad operativa. Con el fin de tramitar de manera adecuada el proceso verbal de responsabilidad fiscal. En los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido auto de imputación a la entrada en vigencia de la presente ley. El proceso será aplicable al nivel central de la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. . se citará para audiencia de descargos y se tomarán las provisiones procesales necesarias para continuar por el trámite verbal. los órganos de control podrán redistribuir las funciones en las dependencias o grupos de trabajo existentes. podrán adecuar su trámite al procedimiento verbal en el momento de la formulación del auto de imputación. evento en el cual así se indicará en este acto administrativo. los órganos de control fiscal competentes podrán adecuar su trámite al procedimiento verbal en el momento de calificar su mérito. Parágrafo 3°. En las indagaciones preliminares que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley. Parágrafo 1°. de acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad. En los demás casos. los órganos de control fiscal competentes. A partir del 1° de enero de 2012 el proceso será aplicable a las Gerencias Departamentales de la Contraloría General y a las Contralorías Territoriales. tanto las indagaciones preliminares como los procesos de responsabilidad fiscal se continuarán adelantando hasta su terminación de conformidad con la Ley 610 de 2000. Régimen de Transición. Parágrafo 2°. El proceso verbal que se crea por esta ley se aplicará en el siguiente orden: 1.
el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante. a alguna de las sesiones de la audiencia. por el funcionario designado para la sustanciación y práctica de pruebas. Etapas del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal. fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos. El auto de apertura e imputación indicará el lugar. En dichas audiencias se podrán utilizar medios tecnológicos de comunicación como la videoconferencia y otros que permitan la interacción virtual remota entre las partes y los funcionarios investigadores. d) Una vez reconocida la personería jurídica del apoderado del presunto responsable fiscal.Artículo 98. aun sin la presencia del presunto responsable fiscal. el funcionario competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal. las audiencias se instalarán y serán válidas. a sus apoderados. Luego de surtida la notificación se citará a audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales. la primera denominada de Descargos y la segunda denominada de Decisión. por el funcionario del nivel directivo o ejecutivo competente o en ausencia de este. La audiencia de decisión será presidida por el funcionario competente para decidir. b) El proceso para establecer la responsabilidad fiscal se desarrollará en dos (2) audiencias públicas. su apoderado o del defensor de oficio o del garante o de quien este haya designado para que lo represente. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la citación para notificar personalmente esta providencia. o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante. cuando existan . El proceso verbal comprende las siguientes etapas: a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal. c) La audiencia de descargos será presidida en su orden. La ausencia injustificada del presunto responsable fiscal. También se instalarán y serán válidas las audiencias que se realicen sin la presencia del garante.
3. Presentar descargos a la imputación. Aportar y solicitar pruebas. 6. aceptar o denegar impedimentos. 4. Ejercer el derecho de defensa.solicitudes pendientes de decidir. Audiencia de descargos. Artículo 99. con todas las garantías procesales. Notificar medidas cautelares. . Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de un acuerdo de pago. implicará el desistimiento y archivo de la petición. En caso de inasistencia a la sesión en la que deba sustentarse un recurso. Interponer recurso de reposición. Decretar o denegar la práctica de pruebas. Declarar. 7. La audiencia de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan intervenir. 2. La Audiencia de Descargos deberá iniciarse en la fecha y hora determinada en el auto de apertura e imputación del proceso. y que se realicen las siguientes actuaciones: 1. Rendir versión libre. este se declarará desierto. 9. 8. 5.
las decretadas en la Audiencia de Descargos y practicadas dentro o fuera de la misma. o su apoderado previa citación. Decidir cualquier otra actuación conducente y pertinente. 11. no acude a la audiencia. la declarará abierta con la presencia de los profesionales técnicos de apoyo designados. Interponer y resolver nulidades. Formular recusaciones. se allanarán a las decisiones que en la misma se profieran. el presunto responsable fiscal y su apoderado.10. Artículo 100. Decidir acumulación de actuaciones. o a quien se haya designado para su representación. de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente. La audiencia de descargos se tramitará conforme a las siguientes reglas: a) El funcionario competente para presidir la audiencia. o el defensor de oficio y el garante. . c) Si el garante en su calidad de tercero civilmente responsable. si lo tuviere. se le designará un defensor de oficio. 14. En esta audiencia las partes tienen la facultad de controvertir las pruebas incorporadas al proceso en el auto de apertura e imputación. 12. Trámite de la audiencia de descargos. b) Si el presunto responsable fiscal no acude a la audiencia. Vincular nuevo presunto responsable. 13.
Cuando se denieguen pruebas. . y determinará también si surge una obligación de pagar una suma líquida de dinero por concepto de resarcimiento. si lo tuviere. o el defensor de oficio y el garante o a quien se haya designado para su representación. de la relación de causalidad entre la conducta del presunto responsable fiscal y el daño ocasionado. determinará si existen pruebas que conduzcan a la certeza de la existencia o no del daño al patrimonio público. alegatos de conclusión. señalando término. el presunto responsable fiscal o su apoderado. el cual se interpondrá. fecha y hora para su práctica. Artículo 101. pruebas. para tal efecto se ordenará la suspensión de la audiencia. de su cuantificación. La audiencia de decisión se tramitará conforme a las siguientes reglas: a) El funcionario competente para presidir la audiencia de decisión. de la individualización y actuación del gestor fiscal a título de dolo o culpa grave. se podrán disponer suspensiones o aplazamientos de audiencias por un término prudencial. sustentará y resolverá en la misma audiencia. los sujetos procesales podrán aportar y solicitar pruebas. f) La práctica de pruebas que no se pueda realizar en la misma audiencia será decretada por un término máximo de un (1) año. b) Se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que expongan sus alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron objeto de imputación. los profesionales técnicos de apoyo designados. Las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio serán practicadas o denegadas en la misma diligencia. procede el recurso de reposición. defensa. según el caso. Trámite de la audiencia de decisión. c) El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos.d) Cuando exista causa debidamente justificada. e) Solamente en el curso de la audiencia de descargos. señalándose el lugar. día y hora para su reanudación o continuación. lugar. la declarará abierta con la presencia del funcionario investigador fiscal.
apoderado de oficio o el tercero declarado civilmente responsable. la audiencia se podrá suspender por un término máximo de veinte (20) días. la que deniegue la práctica de pruebas y contra el auto que decrete medidas cautelares. con independencia de si el presunto responsable o su apoderado asisten o no a la misma. e) La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será indexada a la fecha de la decisión. El responsable fiscal. El recurso de reposición procede cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación. al cabo de los cuales la reanudará y se procederá a dictar el fallo correspondiente. Contra los actos que se profieran en el proceso verbal de responsabilidad fiscal. en este último caso el recurso se otorgará en el efecto devolutivo. Contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en audiencia proceden los recursos de reposición o apelación dependiendo de la cuantía determinada en el auto de apertura e imputación. y proferirá en la misma audiencia de manera motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal. caso en el cual lo sustentará dentro de los diez (10) días siguientes. el cual se notificará en estrados. sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la entidad afectada con los hechos y tendrá recurso de apelación cuando supere la suma señalada. Artículo 102. proceden los siguientes recursos: El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de negar la acumulación de actuaciones. deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición o apelación según fuere procedente. Recursos. El recurso de reposición en subsidio el recurso de apelación procede contra la decisión que resuelve las solicitudes de nulidad. La providencia final se entenderá notificada en estrados en la audiencia.d) Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará que el debate ha culminado. Para tal efecto. su defensor. .
en forma simultánea con el auto de apertura e imputación. se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio del Estado. sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución.Estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes. se podrá incrementar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de dicho valor y de un ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes. en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante la jurisdicción competente. Las medidas cautelares se ejecutarán antes de la notificación del auto que las decreta. límite que se tendrá en cuenta para cada uno de los presuntos responsables. Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor. Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado del daño al momento de su decreto. El auto que decrete medidas cautelares. En el auto de apertura e imputación. Cuando la medida cautelar recaiga sobre sumas líquidas de dinero. Artículo 104. Notificación de las decisiones. que deberá ser interpuesto. Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador. sustentado y resuelto en forma oral. en la audiencia en la que sea notificada la decisión. Las decisiones que se profieran en el curso del proceso verbal de responsabilidad fiscal. se notificarán en . Artículo 103. contados a partir del día siguiente a la sustentación del mismo. suficiente para amparar el pago del valor integral del daño estimado y probado por quien decretó la medida. bancaria o expedida por una compañía de seguros. siempre que exista previa constitución de garantía real. deberá ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles autores de los hechos que se están investigando y deberán expedirse de inmediato los requerimientos de información a las autoridades correspondientes. Medidas cautelares. se notificará en estrados una vez se encuentren debidamente registradas y contra él sólo procederá el recurso de reposición.
por estrados o por conducta concluyente. La notificación personal se efectuará en la forma prevista en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. se manifiesta respecto de la decisión. Dentro del expediente se incluirá un registro con la constancia de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella. se realizará mediante el envío de una comunicación. para lo cual se podrá utilizar los medios técnicos idóneos. para todos los efectos. se entenderán notificadas a los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento. en calidad de tercero civilmente responsable. se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se profirió la decisión. el auto de apertura e imputación y la providencia que resuelve los recursos de reposición o de apelación contra el fallo con responsabilidad fiscal. si a ello hubiere lugar. por aviso. En el mismo término se deberá hacer uso de los recursos. la exigencia legal se entiende cumplida. con los siguientes procedimientos: a) Se notificará personalmente al presunto responsable fiscal o a su apoderado o defensor de oficio. d) La vinculación del garante. cuando el sujeto procesal dándose por suficientemente enterado. b) Las decisiones que se adopten en audiencia. o cuando él mismo utiliza en tiempo los recursos procedentes. Cuando sea procedente . se encuentren o no presentes en la audiencia. c) Cuando no se hubiere realizado la notificación o esta fuera irregular. caso en el cual la notificación se realizará al día siguiente de haberse aceptado la justificación. y si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la misma ley. En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente.forma personal. según el caso.
para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Remisión a otras fuentes normativas. La práctica de pruebas en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años contados a partir del momento en que se notifique la providencia que las decreta. el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia. Artículo 105. En los aspectos no previstos en la presente ley. Notificaciones. Preclusividad de los plazos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.la desvinculación del garante se llevará a cabo en la misma forma en que se vincula. en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso verbal establecido en la presente ley. SUBSECCIÓN II Modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal Artículo 106. En el proceso verbal dicho término no podrá exceder de un año. Artículo 108. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado. Será obligación de la Auditoría General de la República incluir la constatación del cumplimiento . el servidor público competente de la Contraloría deberá decretar las pruebas a que haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Perentoriedad para el decreto de pruebas en la etapa de descargos. Los plazos previstos legalmente para la práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de investigación en los procesos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto carecerán de valor las pruebas practicadas por fuera de los mismos. se aplicarán las disposiciones de la Ley 610 de 2000. Artículo 107. Vencido el término para la presentación de los descargos después de la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal.
peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final. Procedencia de la cesación de la acción fiscal. testigos. En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Oportunidad y requisitos de la solicitud de nulidad. la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación. Artículo 109. Artículo 112. Instancias. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad. según el caso. . o convocarse a la celebración de una audiencia se citará oportunamente a las partes. que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión.de esta norma como parte de sus programas de auditoría y derivar las consecuencias por su desatención. Citaciones y notificaciones. Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el recurso de apelación. Cuando se deba notificar personalmente una decisión. Artículo 111. al garante. El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal. sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada. SUBSECCIÓN III Disposiciones comunes al procedimiento ordinario y al procedimiento verbal de responsabilidad fiscal Artículo 110.
y el garante en calidad de tercero civilmente responsable. el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el respectivo registro. Facultades de investigación de los organismos de control fiscal. producida por una gestión fiscal antieconómica. so pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario. el lugar. Las únicas causales de impedimento y recusación para los servidores públicos intervinientes en el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán las previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 2011. o el defensor de oficio. Parágrafo transitorio. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida. disminución. ineficaz. pérdida. Igualmente tendrán el deber de informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. e inoportuna y que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado. tendrán la obligación procesal de señalar la dirección. el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de comunicación. ineficiente. en el cual se recibirán las citaciones.El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere. perjuicio. Artículo 113. Cuando se haga un cambio de dirección. . Mientras entra en vigencia la Ley 1437 de 2011. Causales de impedimento y recusación. Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contarán con las siguientes facultades: a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el menoscabo. La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere. o deterioro de los bienes o recursos públicos. Artículo 114. las causales de impedimento y recusación serán las previstas para los jueces y magistrados en el Código Contencioso Administrativo. detrimento. la fecha y hora en donde se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación a la cual corresponde.
interventores y proveedores la exhibición y de los libros. colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación.b) Citar o requerir a los servidores públicos. Artículo 115. La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. Facultades especiales. efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público. contratistas. e) En general. el cual actuará dentro de cualquier proceso misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. determinado. interventores y en general a las personas que hayan participado. comprobantes y documentos de contabilidad. coadyuvado. la sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el ejercicio de sus funciones. determinado. Parágrafo 1°. la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. Parágrafo 2°. con miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos públicos. c) Exigir a los contratistas. comprobantes y documentos de contabilidad. coadyuvado. Los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal crearán un grupo especial de reacción inmediata con las facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000. En lo que a los particulares se refiere. colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. las contralorías también están facultadas para ordenar que los comerciantes exhiban los libros. interventores y en general a las personas que hayan participado. o atiendan requerimientos de información. . Estas potestades deben observar las garantías constitucionales previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. d) Ordenar a los contratistas.
Así mismo. si previamente y por escrito.Artículo 116. a través de medios como la audiencia o comunicación virtual. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción. la sanción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. . por el término que sea establecido por el funcionario competente. dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. En lo que a los particulares se refiere. diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario competente para adelantar el proceso. siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. Informe Técnico. Artículo 117. Así mismo. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor. podrán requerir a entidades públicas o particulares. La respectiva constancia será anexada al expediente. Utilización de medios tecnológicos. de acuerdo con la complejidad del mismo. la evacuación de audiencias. Las pruebas y diligencias serán recogidas y conservadas en medios técnicos. para que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Artículo 118. El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o particulares de rendir informes. Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o especialización. hubieren aceptado ser notificados de esta manera.
que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante. ambigua o confusa. d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos. Solidaridad. bienes o servicios. c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta. tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras.Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. Artículo 119. ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado. e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios. b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios. responderán solidariamente el . acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares. En los procesos de responsabilidad fiscal. de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas. prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales.
quien así lo solicitare deberá: 1. con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución. Presentar un informe previo y detallado en el cual sustente las razones que fundamentan la solicitud. Pólizas.ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista. y con las demás personas que concurran al hecho. hasta la recuperación del detrimento patrimonial. Las Contralorías Territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos. ejercer el control excepcional de las investigaciones que se estén adelantando por el ente de control fiscal del nivel territorial correspondiente. Artículo 122. . Control excepcional. Parágrafo. SECCIÓN SEGUNDA MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL Artículo 121. prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000. La solicitud debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Comisión Constitucional a la cual pertenece. Cuando a través de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso se solicite a la Contraloría General de la República. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable. Alianzas estratégicas. Si la solicitud fuere negada esta no podrá volver a presentarse hasta pasado un año de la misma. 2. Artículo 120.
promoverá en forma inmediata las acciones constitucionales y legales pertinentes y solicitará de las autoridades administrativas y judiciales competentes las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de un daño al patrimonio público. quienes le darán atención prioritaria a estas solicitudes. hallazgos. La Auditoría General de la República constatará la medición efectuada por las Contralorías de los beneficios generados por el ejercicio de su función. Los informes de auditoría definitivos producidos por las contralorías serán remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas. para lo cual tendrá en cuenta que se trate de acciones evidenciadas debidamente comprobadas. Artículo 125. Verificación de los beneficios del control fiscal. a través del Sistema Nacional de Control Fiscal . Regulación del proceso auditor.Artículo 123. Artículo 127. Efecto del control de legalidad. levantarán el inventario de los sistemas de información desarrollados o contratados hasta la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley por parte de las Contralorías territoriales para el ejercicio de su función fiscalizadora y propondrá una plataforma tecnológica unificada que procure la integración de los sistemas existentes y permita la incorporación de nuevos desarrollos previamente convenidos y concertados por los participantes de dicho sistema. En las citaciones que dichas entidades hagan a servidores públicos para debates sobre temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor deberá invitarse al respectivo contralor para que exponga los resultados de la auditoría.Sinacof. tendrá en cuenta la condición instrumental de las auditorías de regularidad respecto de las auditorías de desempeño. La regulación de la metodología del proceso auditor por parte de la Contraloría General de la República y de las demás contralorías. con miras a garantizar un ejercicio integral de la función auditora. La Contraloría General de la República. que correspondan al seguimiento de acciones establecidas en planes de mejoramiento o que sean producto de observaciones. Cuando en ejercicio del control de legalidad la Contraloría advierta el quebrantamiento del principio de legalidad. Artículo 124. pronunciamientos o advertencias efectuados por la Contraloría. que sean . Artículo 126. Sistemas de información. las Contralorías territoriales y la Auditoría General de la República. Articulación con el ejercicio del control político.
asignados en misión a la misma. Fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República. créanse dentro de la estructura de la Contraloría General de la República la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. quienes desarrollarán sus funciones con la finalidad de adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes. En la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. y tendrá como función principal la promoción e implementación de tratados. las comisiones constitucionales y legales. la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención. créanse once (11) cargos de Contralor delegado intersectoriales. acuerdos o convenios con entidades internacionales o nacionales para obtener el intercambio de información. La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso prestará asistencia técnica a las plenarias. mediante el suministro de información que no tenga carácter reservado. Investigación e Incautación de Bienes estará conformada por servidores públicos de la planta de personal de la entidad. pruebas y conocimientos por parte de personal experto o especializado que permita detectar bienes. el acompañamiento en el análisis. cuentas. Investigación e Incautación de Bienes. inversiones y otros activos de personas naturales o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de daños al patrimonio público para solicitar el decreto de medidas cautelares en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo o en las acciones de repetición. las bancadas parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativa y de control político. Artículo 128.cuantificables o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción. la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático. las cuales estarán adscritas al Despacho del Contralor General y serán dirigidas por un Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de las oficinas asesoras. evaluación y la elaboración de proyectos e informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y . La Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención.
cinco (5) cargos de profesional universitario grado 02 y tres (3) cargos asistenciales grado 04. Con la misma estructura. así como la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario. la custodia de los bienes y la confidencialidad e integridad de los datos manejados por la institución. El número de contralores provinciales a nivel nacional será de 75 y su distribución entre las gerencias departamentales y la distrital la efectuará el Contralor General de la República en atención al número de municipios. Para la vigilancia de los recursos públicos de la Nación administrados en forma desconcentrada en el nivel territorial o transferidos a las entidades territoriales y sobre los cuales la Contraloría General de la República ejerza control prevalente o concurrente. Para los efectos anteriores. de los bienes y de la información de la entidad. promoverá la celebración de convenios con entidades u organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de las personas. organícese para el Distrito Capital una gerencia distrital colegiada. La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático prestará apoyo profesional y técnico para la formulación y ejecución de las políticas y programas de seguridad de los servidores públicos. llevará el inventario y garantizará el uso adecuado y mantenimiento de los equipos de seguridad adquiridos o administrados por la Contraloría. de libre nombramiento y remoción. serán competentes para: a) Elaborar el componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos fijados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías delegadas. Las gerencias departamentales y Distrital colegiadas.presupuestales. conformadas por un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales. . créanse dentro de la planta global de la Contraloría General de la República dos cargos de director grado 03. organícense en cada departamento gerencias departamentales colegiadas. el monto de los recursos auditados y nivel de riesgo en las entidades vigiladas.
Parágrafo 2º. Los gastos que demande la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo serán atendidos con los recursos del presupuesto de la respectiva vigencia y para el año 2011 no implican una erogación adicional. Planeación estratégica en las contralorías territoriales. Para los efectos previstos en este artículo. SECCIÓN TERCERA MEDIDAS ESPECIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL Artículo 129. supervisores. contralores provinciales. asesores. . coordinadores. el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión.b) Configurar y trasladar los hallazgos fiscales. distrital o municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor. d) Determinar la procedencia de la iniciación de los responsabilidad fiscal y del decreto de medidas cautelares. Cada Contraloría departamental. La Contraloría General de la República efectuará los traslados necesarios. directores. c) Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor. procesos de e) Las demás que establezca el Contralor General de la República por resolución orgánica. los servidores públicos de la Contraloría General de la República que tengan la calidad o ejerzan la función de contralores delegados. Parágrafo 1º. profesionales o tecnólogos podrán hacer parte de los grupos o equipos de auditoría.
Artículo 130. f) Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas. c) Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la función de control fiscal.Sinacof. Metodología para el proceso auditor en el nivel territorial.La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las actividades que demanda la implantación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública y tendrá en cuenta los siguientes criterios orientadores para la definición de los proyectos referentes a su actividad misional: a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal. se encargará de su actualización y apoyará a dichas entidades en el proceso de capacitación en el . d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados. e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control posterior y el uso responsable de la función de advertencia. distritales y municipales una versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función de control fiscal en el nivel territorial de la metodología para el proceso auditor. con la participación de representantes de las Contralorías territoriales a través del Sistema Nacional de Control Fiscal . facilitará a las Contralorías Departamentales. La Contraloría General de la República. b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.
CAPÍTULO IX Oficinas de representación Artículo 131. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002.conocimiento y manejo de esta herramienta. El artículo 106 de la Ley 1438 de 2011. quedará así: . no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Parágrafo. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. Lo dispuesto en la presente ley también se aplicará a las oficinas de representación o a cualquier persona que gestione intereses de personas jurídicas que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. La Auditoría General de la República verificará el cumplimiento de este mandato legal. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. Artículo 133. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. Artículo 132. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación. quedará así: “La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”. Oficinas de representación.
empresas farmacéuticas productoras. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas. por parte de las Entidades Promotoras de Salud. Lo anterior. Parágrafo 2°. Las empresas o instituciones que incumplan con lo establecido en el presente artículo serán sancionadas con multas que van de 100 a 500 SMMLV. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias. El artículo 411 del Código Penal quedará con parágrafo que dirá: Parágrafo. Los miembros de corporaciones públicas no incurrirán en este delito cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal en favor de la comunidad o región. Instituciones Prestadoras de Salud. dispositivos y equipos. sin perjuicio de las normas disciplinarias vigentes”. serán investigados por las autoridades competentes. . Estas sanciones serán tenidas en cuenta al momento de evaluar procesos contractuales con el Estado y estarán a cargo de las entidades de Inspección. Los trabajadores de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud que reciban este tipo de prebendas y/o dádivas. Prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores en el sector de la salud. Parágrafo 1°. que no esté vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral formalmente establecida entre la institución y el trabajador de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. dádivas a trabajadores de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y trabajadores independientes. Vigilancia y Control con respecto a los sujetos vigilados por cada una de ellas. sean estas en dinero o en especie. Vigencia. multa que se duplicará en caso de reincidencia.“Artículo 106. comercializadoras u otros. Artículo 134. CAPÍTULO X Vigencia Artículo 135. insumos. de medicamentos. distribuidoras.
REPÚBLICA DE COLOMBIA . El Presidente de la honorable Cámara de Representantes. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro del Interior y de Justicia. C. Carlos Alberto Zuluaga Díaz. Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. Dada en Bogotá. D. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes. .GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. Emilio Ramón Otero Dajud. Armando Benedetti Villaneda. a 12 de julio de 2011.. El Secretario General del honorable Senado de la República.El Presidente del honorable Senado de la República.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público. Hernando José Gómez Restrepo. . El Ministro de la Protección Social. Mauricio Santa María Salamanca. El Director del Departamento Nacional de Planeación. Juan Carlos Echeverry Garzón. La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.Germán Vargas Lleras. Elizabeth Rodríguez Taylor.
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 artículo 8
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 Artículo 8
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 Artículo 7
 artículo 14
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 artículo 68
 Artículo 13
 artículo 131
 artículo 314
 Artículo 15
 artículo 83
 artículo 250
 Artículo 16
 artículo 247
 artículo 298
 artículo 258
 Artículo 18
 Artículo 17
 artículo 250
 Artículo 19
 artículo 301
 Artículo 20
 artículo 313
 Artículo 22
 artículo 325
 Artículo 21
 artículo 325
 artículo 399
 Artículo 26
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 resolución 
 Artículo 28
 artículo 411
 Artículo 27
 artículo 444
 Artículo 31
 artículo 412
 Artículo 30
 artículo 433

Artículo 33
 Artículo 34
 artículo 91
 artículo 444
 artículo 86
 Artículo 36
 artículo 242
 artículo 175
 Artículo 37
 artículo 284
 artículo 411
 artículo 409
 artículo 410
 artículo 433
 artículo 210
 artículo 412
 artículo 247
 artículo 447
 artículo 241
 artículo 406
 artículo 404
 artículo 291
 Artículo 39
 artículo 188
 artículo 367
 artículo 397
 artículo 229
 Artículo 38
 artículo 240
 artículo 317
 artículo 314
 artículo 366
 artículo 407
 artículo 405
 artículo 324
 artículo 447
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 artículo 48
 artículo 53
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 Artículo 44
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 artículo 122
 artículo 48
 Artículo 45
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 Artículo 46
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 Artículo 50
 Artículo 49
 Artículo 48
 artículo 123
 Artículo 51
 Artículo 52
 artículo 156
 artículo 135
 Artículo 53
 artículo 168
 artículo 166
 artículo 169
 Artículo 55
 Artículo 54
 artículo 160
 artículo 48
 artículo 175
 Artículo 58
 Artículo 57
 artículo 169
 artículo 177
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 artículo 7
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 artículo 63
 artículo 63
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 Artículo 88
 artículo 5
 Artículo 89
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 Artículo 94
 artículo 2
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