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Timestamp: 2019-09-18 08:01:54+00:00

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STC 64/2001, 17 de Marzo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 132214
STC 64/2001, 17 de Marzo de 2001
Ponente: Magistrado don Julio González Campos
Número de Recurso: 3805/1998
RA 3805/98. Promovido por don Julián S.I. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de secuestro y de malversación de caudales públicos en la causa seguida por el secuestro de don Segundo M.S. Supuesta vulneración de los derechos al juez imparcial, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva, y a un proceso con todas las garantías: filtración periodística del fallo; apreciación sobre la no prescripción del delito fundada en Derecho; atenuante por colaboración con la justicia; aforamiento de Diputados y derecho al recurso penal. Voto particular.
Sentencia citada en: 436 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 3805/98 promovido por don Julián S.I., representado por el Procurador de los Tribunales don Jesús Álvaro Stampa Casas y asistido por el Abogado don José María Stampa, contra la Sentencia 2/1998 de 27 de julio, del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aclarada por Auto de 8 de septiembre de 1998. Han intervenido el Ministerio Fiscal; el Abogado del Estado; don Rafael V.F., representado por el Procurador don Tomás Alonso Ballesteros, y los Letrados don Manuel Cobo del Rosal y don Felipe González Márquez; y don Miguel L.A., don Antonino A.P., don José Luis E.E., doña María Begoña A.A., don Miguel Ángel P.A.S., representados por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu y el Letrado don Pedro María Landa Fernández. Ha sido Ponente don Julio González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.
En escrito registrado en este Tribunal el 14 de agosto de 1998, el Procurador de los Tribunales don Jesús Álvaro Stampa Casas, en nombre y representación de don Julián S.I., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia 2/1998 de 27 de julio del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en la causa especial núm. 2530/95, aclarada por Auto de 8 de septiembre de 1998, que le condenó como autor de los delitos de secuestro (art. 164 en relación con el art. 167 CP 1995) y de malversación de caudales públicos en grado de cooperador necesario (art. 432.1 CP 1995), en concurso medial y sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de diez años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta. El recurrente alega la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal y del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE), tanto en relación con la aplicación de las reglas de la prescripción como debido a la no acomodación de la pena a sus circunstancias personales.
Los hechos y circunstancias procesales más relevantes para la resolución del presente recurso de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
En los hechos declarados probados de la Sentencia 2/1998 de 27 de julio impugnada, consta que el 4 de diciembre de 1983 fue detenido contra su voluntad en el sur de Francia el ciudadano español don Segundo M.S., quien fue trasladado a una cabaña situada en Cantabria, donde permaneció hasta que fue liberado el 14 de diciembre de ese año. Dicha detención fue realizada por error, al pretender secuestrar a un miembro de la banda terrorista ETA, con la intención de negociar la liberación de policías españoles detenidos en Francia. Se declara probado que este hecho fue ideado por los Sres. S., A., P. y A., y que el Sr. S. obtuvo autorización y financiación para el mismo de los Sres. V. y B., también condenados en la misma causa, y que en el momento de los hechos eran, respectivamente, Director General de la Seguridad del Estado y Ministro del Interior.
Incoado el sumario 1/88 en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional por una pluralidad de hechos atribuidos a los denominados "Grupos Antiterroristas de Liberación", se presentó querella el 23 de abril de 1988 en calidad de acusación popular por don José Alberto Cruz Bravo y 103 personas más contra don José A.F., don Michel Domínguez Martínez "y contra cualesquiera otras personas que en el curso de la investigación aparezcan como partícipes de la organización GAL", por distintos hechos entre los cuales aparece el secuestro de don Segundo M.S.. La querella fue admitida a trámite por Auto de 13 de mayo de 1988 y se acordó el desglose y tramitación separada en procedimiento designado como sumario 17/89. Tras distintas vicisitudes procesales, el día 16 de diciembre de 1994, don José A.F. y don Michel D.M., funcionarios del Cuerpo de Policía, y también condenados en la misma causa, declararon rectificando sus declaraciones anteriores, autoinculpándose por el secuestro de don Segundo M.S. e implicando en el mismo al demandante de amparo.
Al implicarse en los hechos al Sr. B., Diputado del Congreso, se solicitó el suplicatorio al Congreso para su procesamiento, lo que, tras ser obtenido, condujo al conocimiento de la causa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tramitada como causa especial 2530/95, en el curso de la cual se dictó la Sentencia 2/1998 de 27 de julio. Los días 22 y 27 de julio de 1998, el diario "El País" publicó sendos artículos sobre la causa, el contenido de las deliberaciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del previsible fallo de la misma.
El recurrente alega la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal y del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE) tanto en relación con la aplicación de las reglas de la prescripción como debido a la no acomodación de la pena a sus circunstancias personales:
En cuanto al contenido del derecho al doble grado de jurisdicción, se sostiene, en primer término, que su sentido y función reside en el reconocimiento de la falibilidad humana, de manera que la posibilidad de que las partes puedan solicitar que la Sentencia dictada sea modificada por un órgano superior, pretende evitar los errores en que pueden incurrir los jueces en la aplicación e interpretación de la ley. Se afirma, en segundo término, que se trata de una garantía no sólo reconocida en el marco del art. 24.2 CE, sino configurada en el art. 2.1 del Protocolo 7 CEDH y en el art. 14.5 PIDCP, que constituyen convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (art. 96 CE), y que, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.2 CE, han de tenerse en cuenta en la interpretación de las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales. En tercer lugar, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional (SSTC 42/1982, 76/1982, 37/1988, 33/1989, 113/1992), se razona que este derecho implica la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la Ley, de modo que este derecho constituye un límite infranqueable a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de recursos.
En cuanto a la lesión producida, se aduce que ésta se ocasionó al aceptar la Sala Segunda del Tribunal Supremo la competencia para conocer de la causa especial 2530/95 una vez que el Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional estimó la existencia de indicios de criminalidad en don José B., al ser éste Diputado, y, por tanto, tener la condición de aforado. De forma que, solicitado y obtenido el suplicatorio del Sr. B., la instrucción y enjuiciamiento de los hechos tuvo lugar en el Tribunal Supremo y en única instancia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 750 y ss. LECrim en relación con los arts. 57 LOPJ y 71.3 CE, para todos los imputados aunque no reunieran la condición de aforados, sin posibilidad de interponer recurso de casación (art. 847 LECrim) ni cualquier otro con la excepción del de revisión (art. 954 LECrim). Se afirma que la aplicación de estas normas ha constituido un obstáculo infranqueable para que los demandantes de amparo obtuvieran la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos y una lesión efectiva, real e irreparable del contenido esencial del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal. Los demandantes instan al Tribunal Constitucional para que analice si la solución procesal que deriva de las citadas normas, con la consiguiente limitación de sus derechos, es constitucionalmente legítima por responder a fines que la Constitución ampara y si dicho límite resulta razonable y proporcionado a dichos fines, teniendo en cuenta las normas citadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En apoyo de una respuesta negativa a esta cuestión sostienen los demandantes de amparo que, si bien el privilegio del fuero equilibra la inexistencia de una doble instancia al dotar a los Senadores y Diputados que a él se acogen de las máximas garantías, debe ser matizado en los casos en que el enjuiciamiento de todos los encausados se confía directamente al Tribunal Supremo con independencia de la condición o no de aforados de todo ellos, en cuyo caso debería revertir la competencia funcional de segundo grado procesal al propio Tribunal Constitucional, "según tiene declarada su numerosa y constante jurisprudencia en esta materia (SSTC 51/1985, 30/1986, 33/1989, 55/1990 y 166/1993)".
Respecto del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial, se sostiene que se trata no sólo de un derecho reconocido en el marco del derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, sino en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se afirma que, días antes de que la Sentencia fuera redactada y notificada a las partes, se produjo una filtración al diario "El País", por Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre el contenido de las deliberaciones de la misma y su previsible fallo. Dicha filtración habría generado un debate político, social y periodístico nacional que pudo haber influido en las penas impuestas originando causas objetivas que afectan a la apariencia de objetividad e imparcialidad exigida al Tribunal juzgador, y lesionándose, así, el derecho a la celebración de un proceso público con todas las garantías ante un Tribunal independiente e imparcial.
La lesión del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE) se habría ocasionado al aplicar las normas del Código Penal relativas a la interrupción de la prescripción de forma extensiva y contraria al reo. Dicha interpretación consistió en entender que, a los efectos de la interrupción del plazo de prescripción del art. 132.2 CP 1995, el procedimiento se habría dirigido contra "el culpable" cuando se admitió la querella de la acusación popular encabezada por don José Alberto C.B., el 13 de mayo de 1988.
Se aduce una nueva lesión del derecho a la legalidad penal al no haberse operado la individualización de la pena, pues al recurrente se le impuso la misma pena que a los Sres. B. y V. cuando su intervención en el proceso fue distinta, pues el recurrente colaboró con la justicia, y dicha colaboración debería haber producido, al menos, una atenuación de la pena, de conformidad con la legislación penal aplicable.
Por providencia de 12 de noviembre de 1998, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no excediere de diez días, se emplazare a quienes fueron parte en la causa especial 2530/95, con la excepción del recurrente de amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional, si lo estimaren procedente.
Por providencia de 12 de noviembre de 1998 se acordó la apertura de la pieza separada de suspensión, en la que, tras efectuarse las alegaciones de las partes, se dictó por la Sala Segunda el Auto de 26 de noviembre de 1998 que denegó la suspensión de la ejecución de la Sentencia solicitada. La representación procesal de don Julián S. interpuso recurso contra dicho Auto, que fue desestimado en Auto de la Sala Segunda de 16 de diciembre de 1998. En escrito registrado en este Tribunal el 24 de diciembre, volvió a instar la suspensión de la resolución judicial al serle concedido un indulto parcial por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1998. Tras la apertura de un nuevo trámite de alegaciones, la Sala Segunda dictó el Auto de 29 de diciembre de 1998 acordando la suspensión de la resolución judicial respecto de la pena privativa de libertad impuesta y manteniendo el resto de los pronunciamientos del Auto de 26 de noviembre de 1998.
Las representaciones de quienes habían sido parte en la causa 2530/95 se personaron en el presente procedimiento de amparo: el Abogado del Estado por escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre; la representación de don Segundo M.S. en escrito registrado en este Tribunal el 30 de noviembre de 1998; la representación de don Rafael V.F. en escrito registrado en este Tribunal el 26 de noviembre de 1998, quien, además, con cita de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Castillo Algar c. España, alega la contaminación sufrida por siete de los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al haber conocido del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de procesamiento de 23 de enero de 1996, y haber formado parte con posterioridad del Pleno de la Sala de lo Penal que juzgó la causa 2530/95; la representación procesal de la acusación particular que encabeza don Miguel L.A., en escrito registrado en este Tribunal el 2 de diciembre de 1998; la representación procesal de la acusación popular que encabeza don José Alberto C.B. en escrito registrado en este Tribunal el 30 de noviembre de 1998.
La Sala Segunda, en providencia de 14 de enero de 1999, acordó tener por recibidos los escritos reseñados en el número anterior y tener por personados al Abogado del Estado y a los Procuradores que figuran en los mismos en nombre y representación de don Segundo M.S. y don Rafael V.F.. Asimismo, se tuvo por personado al Sr. D.A. en nombre y representación de don Miguel L.A., don Antonino A.P., don José Luis E.E., doña María Begoña A.A., don Miguel Ángel P.A.S., doña Begoña G., doña Claudia S., doña Elena B., doña Felisa C. y doña María B., debiendo acreditar en el plazo de diez días su representación en escritura original de poder notarial, y respecto e los cinco últimos, deberán acreditar, en el mismo plazo, su condición de parte en el proceso judicial antecedente, al no figurar en el folio sexto de la Sentencia del Tribunal Supremo. Igualmente, se tuvo por personada a la Sra. R.P. en nombre de don José Alberto C.B. y otros, debiendo presentar, en el plazo de diez días, una relación numerada de todos y cada uno de sus representados, sin que pueda obviarse el presente requerimiento con mera referencia de las escrituras aportadas en el recurso núm. 3837/98. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, se concedió plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, dentro de dicho término, formulasen las alegaciones que estimaren pertinentes, con vista de las actuaciones correspondientes a la causa especial 2530/95, que, debido a su volumen, se les pondrían de manifiesto en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a cuyo fin se dirigió atenta comunicación a dicha Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 26 de enero de 1999, la representación procesal de don Julián S. en su nombre dio por reproducido íntegramente el recurso de amparo.
Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de enero de 1999, la representación de la acusación popular encabezada por don José Alberto C.B., manifestó su protesta por no habérsele dado la audiencia prevista en el art. 56.2 LOTC en la pieza de suspensión, así como su voluntad de ser tenida por desistida en el presente recurso de amparo.
Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de enero de 1999, la representación procesal de don Segundo M.S., en su nombre, manifestó su voluntad de ser apartado del presente procedimiento.
Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de enero de 1999, la representación procesal de don Miguel L., don Antonio A., don José Luis E., doña María Begoña A. y don Miguel Ángel P.A., acompañó copia del poder requerido manifestando que el original se había aportado en el recurso de amparo núm. 3835/98. Asimismo, se señaló que, dado que la Sentencia del Tribunal Supremo sólo se refiere a las cinco personas mencionadas, la personación se efectúa tan sólo en su nombre.
Por providencia de 8 de febrero de 1999, la Sala Segunda acordó tener por decaída a la Procuradora Sra. Rodriguez Pérez, en su derecho a personarse en nombre de don José Alberto C.B. y otras personas al no haber dado cumplimiento al requerimiento hecho en providencia de 14 de enero y al Procurador Sr. Dorremochea en su derecho a personarse en nombre y representación de los que no constan como parte en el folio sexto de la Sentencia del Tribunal Supremo ¿doña Begoña G., doña Claudia S., doña Elena B., doña Felisa C. y doña María B.¿, al no haber acreditado su condición de parte, conforme se le había requerido en la citada providencia. Finalmente, se acordó conceder plazo de diez días a la Procuradora Sra. Martín Cantón para que acreditase que don Segundo M.S. se ratificaba en su escrito de 25 de enero, o aportase poder especial para desistir.
Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de febrero, la representación procesal de don Segundo M.S. manifestó que solicitado a éste poder especial para desistir le envió carta manuscrita en la que ratifica su voluntad de apartarse del presente procedimiento de amparo. En providencia de 8 de marzo de 1999, la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por decaído a don Segundo M.S. en las presentes actuaciones.
En escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 1999, cumplimentando el trámite de alegaciones el Abogado del Estado interesó la desestimación íntegra de la demanda de amparo:
En relación con la pretensión de lesión del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal, sostiene que, si bien este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las consecuencias procesales del régimen especial de competencia funcional para Diputados y Senadores previsto en el art. 71.3 CE, ha de tenerse en cuenta que no existen precedentes directos del caso examinado, pues en el recurso de amparo objeto de consideración la vulneración se alega por personas no aforadas. A pesar de ello, fundamenta el Abogado del Estado la desestimación de la pretensión en tres órdenes de razones:
A todo ello añade, en segundo término, que ha de tenerse en cuenta que el fuero de los Diputados y Senadores se conecta con las prerrogativas parlamentarias que son imprescriptibles e irrenunciables, por cuanto se trata de garantías jurídicamente vinculadas a la satisfacción de un interés institucional y permanente del Ordenamiento (SSTC 51/1985 y 92/1985). De manera que siendo aforado uno de los acusados, era competente el Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de los hechos. La única infracción constitucional posible sería la del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley en caso de que el enjuiciamiento de los hechos imputados al recurrente, no aforado, carecieran de conexión con los imputados al aforado. Sin embargo, tampoco considera que se haya producido dicha lesión, pues el Tribunal Supremo realizó una interpretación muy estricta del criterio de la conexión de los hechos enjuiciados respecto de los encausados, coherente con el carácter excepcional de la competencia del Tribunal Supremo, sin acoger, en consecuencia, el criterio amplio que implicaría entender conectados todos los hechos realizados por o atribuidos al colectivo. Por ello, en la medida en que el Diputado Sr. B. solo aparecía implicado en la causa respecto del secuestro de Segundo M.S., la pertenencia a banda armada y la malversación de caudales públicos en su financiación, el Tribunal Supremo excluyó del enjuiciamiento aquellos hechos que carecían de conexión con éstos. El Abogado del Estado, tras reproducir literalmente los argumentos del Auto del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1997, dictado en aplicación del Auto de apertura del juicio oral que delimitó la causa, concluye que no se habría producido ninguna vulneración dado que la interpretación del Tribunal Supremo habría sido proporcionada y coherente con la naturaleza del aforamiento.
Respecto de la alegación de lesión del derecho a un juez imparcial sostiene que, sin perjuicio de que no se acredita la filtración denunciada, ni consta que ninguna resolución se haya dictado sobre su existencia, no existe la mínima relación entre este hecho y el derecho al proceso debido. De otra parte, se entiende que carece del más mínimo fundamento probatorio afirmar que la filtración hubiera influido en el órgano judicial provocando un cambio de criterio de algo inicialmente acordado, como consecuencia de la difusión de las deliberaciones de la Sala del Tribunal Supremo. Finalmente, afirma que es de todo punto inaceptable e "incluso temerario", sostener que el debate social y político que la filtración pudo producir haya originado la mínima merma en la independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo.
En relación con la posible vulneración del derecho a la legalidad penal, el Abogado del Estado, tras negar relevancia a la cuestión en el seno del art. 9.3 CE, dado que no contiene un derecho amparable, sostiene que, de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, apreciar o rechazar la prescripción del delito es cuestión de mera legalidad que sólo adquiere relevancia constitucional en casos de error patente o aplicación arbitraria. De otra parte, con cita de la doctrina constitucional sobre la posible vulneración del derecho a la legalidad sancionadora cuando la subsunción de hechos es ajena a todo significado posible de la norma aplicada o cuando la interpretación de ésta resulta irrazonable y contraria a su orientación material, o a las pautas axiológicas que derivan de la Constitución o que se aceptan en la comunidad jurídica, se razona a partir de este canon sobre la conformidad al mismo de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre las normas relativas a la prescripción. Así, en general se entiende que el Tribunal Supremo ha efectuado una de las posibles interpretaciones tanto legal como constitucionalmente, sin rebasar los límites que la sujeción a la ley y la seguridad jurídica imponen, de modo que el recurrente sólo expresarían en este punto su disenso respecto de la interpretación realizada.
En relación con la vulneración del derecho a la legalidad penal que el recurrente atribuye a la pena impuesta, sin tener en cuenta su colaboración con la justicia, sostiene el Abogado del Estado, en primer término, que se trata, en principio, de una cuestión de legalidad ordinaria que sólo adquiere relevancia constitucional si se hubiera realizado una interpretación arbitraria o irrazonable. En segundo término, se afirma que el recurrente no solicitó en el procedimiento penal previo la aplicación de ninguna atenuante, de modo que si no fue expresamente solicitada no puede imputarse a la Sentencia ninguna vulneración de derecho fundamental alguno. En tercer lugar, señala el Abogado del Estado que en distintos fundamentos de la Sentencia constan elementos sobre la gravedad de la responsabilidad del Sr. S.; así, ser responsable político de los acusados, haber asumido el plan de sus subordinados y proponérselo a los Sres. B. y V., así como obtener de ellos autorización y financiación. Por último, afirma que existen dudas de que el Sr. S. haya colaborado con la justicia, ya que, de un lado, estuvo negando los hechos hasta julio de 1995, después de su procesamiento, y, de otro, modificó en el juicio oral sus declaraciones hechas en aquella fecha, negando su intervención en la realización o difusión del comunicado remitido a la Cruz Roja.
Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de febrero de 1999, el Ministerio Fiscal, en trámite de alegaciones, interesó la desestimación íntegra de la demanda:
Respecto del derecho a la doble instancia, sostiene, con cita de la jurisprudencia de este Tribunal, que el art. 14.5 PIDCP no es bastante para crear recursos inexistentes, que no cabe recurso de casación por prohibirlo explícitamente el art. 847 LECrim, y que el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo en única instancia se debe a haber utilizado el fuero privilegiado. Por último, se afirma que esta solución se refuerza por el reconocimiento en el art. 2.2 del Protocolo 7 CEDH de una excepción al derecho a la doble instancia en estos casos.
En relación con la pretensión de lesión del derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial se afirma que ninguna infracción se ha ocasionado, pues, incluso en el hipotético caso, negado por el periódico, de que la filtración de la noticia se debiera a algún Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ninguna influencia tuvo en la decisión y sólo daría lugar a la incoación de un expediente disciplinario.
Por último, entiende el Ministerio Fiscal que ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o a la legalidad penal se ha producido al aplicar las reglas de la prescripción. En primer término, por cuanto este Tribunal tiene declarado que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria; en segundo lugar, porque el derecho a la legalidad penal sólo se refiere a la tipificación de los hechos y sanciones y no a una cuestión esencialmente procesal como la prescripción, que, además, presupone un hecho típico previo; por último, se sostiene que la aplicación de las reglas de la prescripción en este caso esta razonada razonablemente sin aparentes contradicciones, de modo que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la ley.
Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de febrero de 1999, la representación de la acusación popular encabezada por don Miguel L. interesó igualmente la desestimación de la demanda:
Respecto de la queja relativa a la lesión del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal, se argumenta, en primer término, que la propia demanda recoge las circunstancias para que el fuero de un parlamentario atraiga la competencia hacia ese Tribunal y la compensación que supone que sea el más alto Tribunal el que juzgue respecto del hecho de que no haya recursos ordinarios contra la Sentencia que éste dicte. De otra parte, se sostiene que la demanda no perfila con claridad la solución, pues aunque indica que quizás debería haberse juzgado de forma separada aforados y no aforados, esta posibilidad contradiría otras normas legales. Pareciera, entonces, que la demanda pretende que se resuelva una posible contradicción entre derechos constitucionales derivada de la aplicación de normas legales. Por último, se alega que la legislación europea admite como excepción al derecho a la doble instancia el supuesto en el que el Tribunal juzgador sea el máximo Tribunal de un Estado miembro.
En relación con la falta de imparcialidad del Tribunal se afirma que en la demanda no se explica la relación entre la eventual filtración y la pérdida de imparcialidad y que, en todo caso, no se ve conexión entre ambas cuestiones.
Finalmente respecto de las vulneraciones aducidas al aplicar las reglas de la prescripción se sostiene, en primer término, que este Tribunal tiene declarado que constituye una cuestión de legalidad ordinaria que sólo adquiere relevancia constitucional en casos de error patente en el cómputo del plazo, o cuando incurre en arbitrariedad la interpretación de la normativa. De manera que en el caso no se puede sostener que el Tribunal Supremo haya incurrido en error patente, ni en arbitrariedad, pues la solución se fundamenta de forma razonable. En consecuencia, la demanda sólo manifestaría una disensión respecto de la interpretación y aplicación de una cuestión de estricta legalidad ordinaria, que no es competencia de este Tribunal.
Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de abril de 1999, don Jesús Iglesias Pérez, Procurador de los Tribunales solicitó que se diera por personado en la presente causa en nombre del recurrente y en sustitución de don Jesús Álvaro Stampa Casas, por haber causado baja en el ejercicio de la profesión. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda se le tuvo por personado, con la condición de que acreditara su representación mediante escritura de poder original en el plazo de diez días.
El Pleno, por providencia de 28 de febrero de 2001, de conformidad con lo establecido en el art. 222 LOPJ, en relación con el art. 80 LOTC, aceptó la abstención del Magistrado Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera para conocer de los recursos de amparo núms. 3805/98, 3836/98, 3860/98 y 3862/98, por aplicación del apartado 2 del art. 219 LOPJ, y acordó mantener la aceptada, en su día, en los recursos de amparo procedentes de la Sala Primera núms. 3721/98, 3827/98, 3835/98, y 3865/98.
El día 16 de marzo de 2001, una vez iniciada la deliberación del Pleno y en el transcurso de la misma, el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende presentó un escrito dirigido al Presidente del Tribunal, del siguiente tenor: "Que desempeñó el cargo de Presidente de la Audiencia Nacional entre 1977 y 1986, durante cuyo período tuvo ocasión de conocer por razón del cargo a varios de quienes hoy piden amparo y entre junio de 1991 y junio de 1992 volvió a ocupar ese mismo puesto, teniendo allí como subordinado al Juez Central de Instrucción nº 5 don Baltasar Garzón Real, cuya actuación como instructor es objeto directo de impugnación en los recursos arriba mencionados. Las relaciones funcionales antedichas con las personas implicadas en estos asuntos puede empañar la imagen de imparcialidad sin sombra alguna que en cualquier sociedad democrática debe adornar a los jueces como su `segunda piel¿ y ello cualquiera que pudiera ser el sentido de mis opiniones y de mi voto. Por ello, y consciente también del valor paradigmático y testimonial del gesto, me veo en el deber de abstenerme de participar en la deliberación y votación de la Sentencia que pondrá fin a este recurso de amparo nº 3805/98 interpuesto por el señor S. y solicito del Pleno que apruebe dicha abstención, teniéndome por separado del conocimiento del mismo". El Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados que lo componen, acordó no dar lugar a la abstención solicitada.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia 2/1998, de 27 de julio, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en la causa especial núm. 2530/95, que condenó al recurrente como autor de los delitos de secuestro (art. 164 en relación con el art. 167 CP 1995) y de malversación de caudales públicos en grado de cooperador necesario (art. 432.1 CP 1995), en concurso medial y sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de diez años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta. El recurrente alega la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal, dado que el conocimiento de la causa por el Tribunal Supremo le impidió someter a revisión el fallo condenatorio y la condena; aduce, también, la lesión del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), pues la filtración de las deliberaciones de la Sala pudo influir en las penas impuestas; por último, se argumenta la infracción del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE), tanto en relación con la aplicación de las reglas de la prescripción como debido a la falta de adaptación del quantum de pena a las circunstancias personales del recurrente. A todas las pretensiones se oponen el Abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y la acusación particular interesando la desestimación íntegra de la demanda.
Alega el demandante que durante los días 22 y 28 de julio de 1998, uno o varios miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo filtraron a los medios de comunicación el contenido de sus deliberaciones y votaciones secretas, producidas en el Pleno de dicha Sala con posterioridad a la celebración del juicio oral. Mediante dicha filtración se adelantó parcialmente la sentencia condenatoria cuando, al parecer, la resolución no había sido aún redactada ni notificada. Esta utilización de los medios de comunicación para revelar deliberaciones secretas supone, en opinión del actor, además de una vulneración del art. 233 LOPJ, una infracción penal, y generó un debate social y periodístico sobre la conveniencia de las penas a imponer, que pudo haber influido finalmente en las penas realmente impuestas y generado causas objetivas que afectan a la apariencia de imparcialidad exigible al Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con lesión del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE.
De lo anterior se desprende que, con fundamento en la vulneración del art. 24.2 CE, la demanda de amparo pone en duda la imparcialidad del órgano de enjuiciamiento, valiéndose para ello de la afirmación de que al menos uno de los Magistrados que componían la Sala que dictó la Sentencia ha sido el autor de la filtración del fallo de la misma y de parte del contenido de las deliberaciones a los medios de comunicación antes de que la resolución fuese notificada a las partes. Pues bien, aunque se estimase acreditado, lo que no es el caso, que uno o varios de los Magistrados integrantes de la Sala sentenciadora hubieran sido los autores de las filtraciones publicadas, lo cierto es que el sólo dato de que éstas se hubieran producido no repercute negativamente, menoscabándola, en la imparcialidad del Tribunal.
Por lo demás, y como decíamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 8, la protección frente a declaraciones en los medios de comunicación acerca de procesos en curso y frente a juicios paralelos tiene su razón de ser en que éstos, no sólo pueden influir en el prestigio de los Tribunales sino, muy especialmente, en que pueden llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de aquéllos, ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo pueden influir en la decisión que deben adoptar los Jueces. Cuando efectivamente se da tal circunstancia, el derecho a un proceso con todas las garantías puede quedar conculcado, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida haya tenido un efecto concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los valores implicados, basta la probabilidad fundada de que tal influencia haya tenido lugar (STEDH, de 29 de agosto de 1997, caso Worm, allí citada).
En efecto, hemos declarado que, "en palabras muy ilustrativas de la Sentencia del TEDH de 10 de junio de 1996, dictada en el caso Pullar (párrafo 32): El principio según el cual se debe presumir que un Tribunal está exento de prejuicio o de parcialidad refleja un elemento importante de la preeminencia del Derecho, a saber: que el veredicto de un Tribunal es definitivo y con fuerza obligatoria, a no ser que sea revocado por una jurisdicción superior por vicios de procedimiento o de fondo. Este principio debe aplicarse de la misma forma a todas las clases de Tribunales. Incluso si en determinados casos ... puede resultar difícil aportar pruebas que permitan desvirtuar la presunción, pues el requisito de la imparcialidad objetiva supone, conviene recordarlo, una importante garantía adicional" (STC 136/1999, FJ 9).
Afirma el recurrente en su demanda que la condena impugnada ha vulnerado el art. 25.1 CE, en cuanto proclama el derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones, al no haber declarado extinguida por prescripción la responsabilidad criminal que se le imputaba, constitutiva, según se ha declarado, de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de detención ilegal sometida a condición, pese a "haberse cumplido con creces" el plazo establecido en la ley. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que el delito imputado no había prescrito conforme a las previsiones del CP 1973 ni tampoco conforme a las del CP 1995 pues, acaecidos los hechos delictivos en diciembre de 1983, el plazo de prescripción del delito (de quince años), conforme a los arts. 113, 114 y 481.1 CP 1973, se vio interrumpido por la presentación y admisión a trámite, en marzo y abril de 1988 (poco más de cuatro años después), de una querella criminal por los hechos enjuiciados que se dirigió expresamente contra dos de los coacusados (Sres. A. y Domínguez) y también contra "cualesquiera otras personas que en el curso de la investigación aparecieran como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)". Considera el recurrente arbitrario afirmar que la prescripción de los delitos por los que se le ha condenado quedó interrumpida en los primeros meses de 1988 con motivo de la presentación (el 23 de marzo) y admisión a trámite (el 13 de abril) de una querella criminal por los hechos enjuiciados dirigida contra dos de los coacusados (Sres. A. y D.), e innominadamente contra cualesquiera otros que hubieran participado en los mismos (FJ 28 de la Sentencia impugnada). En su opinión, dicho razonamiento no sólo pugna con la propia jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sino que se basa en una distinción entre "delitos ordinarios" y "delitos cometidos por una colectividad" que carece de todo apoyo legal en los arts. 114 CP 1973 y 132.2 CP 1995; de forma que si en los primeros es precisa alguna forma de identificación individual de los culpables, para entender dirigido contra ellos el procedimiento, y con ello interrumpido el plazo de prescripción, en la segunda clase de delitos, a la que pertenecería el que le ha sido imputado, se exceptúa esta regla y se da por satisfecha la exigencia normativa que considera interrumpida la prescripción desde que el procedimiento se dirige contra esa colectividad, aunque no sea posible aún la determinación concreta de los responsables criminales ni otra determinación a través de la cual pudiera llegar a identificárseles individualmente.
Se aduce también en la demanda la lesión del art. 25.1 CE, al considerar que incurrió la Sala sentenciadora en una interpretación extensiva y analógica del art. 113 CP 1973 cuando consideró que al delito definido en el art. 481.1 CP 1973 (cuya pena señalada viene integrada por el grado máximo de la de prisión mayor y los grados mínimo y medio de la reclusión menor, es decir, abarca un período de diez años y un día hasta diecisiete años y cuatro meses), le correspondía el mismo plazo de prescripción ¿quince años¿ que a aquellos otros a los que la Ley señala la pena de reclusión menor. El análisis de ambas quejas que, con cita del art. 25.1 de la Constitución, denuncian su condena al cumplimiento de graves penas privativas de libertad y de derechos en un caso no previsto por la ley, exige realizar algunas consideraciones previas sobre el contenido de los derechos fundamentales alegados y su relación con la institución penal de la prescripción.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la resolución impugnada (FJ 28), ha justificado la desestimación de la prescripción en el hecho de haberse dirigido el procedimiento contra el recurrente antes de que transcurriera el tiempo previsto en la ley. Para el Tribunal Supremo la prescripción quedó interrumpida por la interposición (el 23 de marzo de 1988) y posterior admisión a trámite (el 13 de abril del mismo año) de una querella criminal formulada por un grupo de ciudadanos que se constituyeron en acusación. Dicha querella, en cuanto a su objeto, se refería a la actuación del autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), y concretamente al secuestro del Sr. M.S. y a la supuesta utilización de fondos públicos para su financiación; y subjetivamente se dirigió contra dos de los acusados (Sres. A. y D.) y contra "cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o responsables de instituciones, que en el curso de la investigación aparezcan como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)".
Utilizando una argumentación no exenta de confusión, considera el recurrente que la resolución condenatoria que impugna habría lesionado el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) al imponerle la misma pena que a los recurrentes Sres. B. y V., a pesar de su distinta actitud a lo largo del proceso. En su opinión, la postura desarrollada por él durante el desarrollo de las actuaciones procesales, de autoinculpación e incriminación de otros responsables, habría debido de ser "premiada" por el Tribunal mediante la imposición de una pena menor que a los otros responsables políticos del secuestro. Aunque la cobertura argumental de la queja arranca de la falta de individualización de la pena, la lectura de las alegaciones permite concluir que lo que realmente funda la misma es la cuantía de la condena impuesta al demandante en comparación con la de los Sres. B. y V. para concluir que la suya debería haber sido inferior. Aduce para ello que su colaboración con la justicia debió de dar lugar a la apreciación de una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal con la consiguiente minoración de la pena impuesta. Al no hacerlo así, la sentencia del Tribunal Supremo habría vulnerado el derecho fundamental aludido.
La queja no puede ser acogida. En efecto, la primera garantía que contiene el principio de legalidad es la garantía formal, cuyo significado estriba en que únicamente cabe imponer una condena por un hecho cuando existe una norma jurídica con un determinado rango (lex scripta), que prevé que tal hecho es punible y que si se realiza le corresponderá una determinada pena, pero siempre que dicha norma jurídica exista con carácter previo a la conducta que es objeto de la condena (lex praevia). En definitiva, existe una reserva de ley para definir delitos y para amenazarlos con penas, quedando así acotadas las fuentes del Derecho en materia penal. Ahora bien, la garantía formal que significa el imperio de la ley no basta para asegurar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los propios actos ni para garantizar que nadie pueda ser castigado por un hecho no contemplado por la ley (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5, y 120/1996, de 8 de julio, FJ 8), pues cabe la posibilidad de que, bien el legislador, bien el juzgador, desconozcan el sentido de garantía de la ley penal. Por ello los Jueces y Tribunales (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3, y 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) están sometidos al principio de tipicidad, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5, 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, 156/1996, de 14 de octubre, FJ 1, 137/1997, de 21 de julio, FJ 6) y, por otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, FJ 5, 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; AATC 3/1993, de 11 de enero, FJ 1, 72/1993, de 1 de marzo), es decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan.
Nada de lo anterior se suscita en la demanda de amparo para justificar la lesión del principio de legalidad que se sostiene. El recurrente no argumenta haber sido condenado por una ley no vigente en el momento de perpetración del delito ni que la pena impuesta no se corresponda con la prevista en la norma o que exceda del grado correspondiente a su participación o consumación del delito o con las circunstancias modificativas de la responsabilidad presentes en el caso. Únicamente sostiene un déficit de individualización en comparación con otros condenados en la misma Sentencia, en quienes no concurriría la circunstancia de haber colaborado en el descubrimiento del delito y la averiguación de sus partícipes que, estima, sí se dan en él. Con ello desplaza la queja a la perspectiva de la motivación de la resolución judicial condenatoria (art. 24.1 CE) en el caso de que coincidamos, como el recurrente sostiene, en que el órgano judicial ha omitido toda justificación sobre la individualización de la pena (supuesto que ya contempló este Tribunal en la STC 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6, y en el ATC 204/1996, de 16 de diciembre, a título de ejemplo).
Como ha quedado expuesto detalladamente en el antecedente 3 a), el recurrente alega la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal que constituiría una de las garantías inherentes al derecho al proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE, así como en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 2.1. del Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH), que han de tenerse en cuenta en la interpretación de las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE). Razona el recurrente, en primer término, que este derecho, que implica la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la Ley, constituye un límite infranqueable a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de recursos en el orden penal. De modo que, habiendo tenido lugar el enjuiciamiento de los hechos en el Tribunal Supremo en instancia única, se le habría lesionado de forma efectiva, real e irreparable el contenido esencial del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal. Dicha lesión, según se alega, derivaría de la aplicación de la legislación procesal que no permite interponer recurso en los casos en los que el Tribunal Supremo conoce en única instancia.
Precisada así la queja, es procedente recordar, en primer término, que este Tribunal ha declarado que el derecho a someter el fallo condenatorio y la pena ante un Tribunal superior, si bien no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución, integra el derecho al proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE (SSTC 42/1982, de 5 de junio, FJ 3; 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5; 60/1985, de 6 de mayo, FJ 2; 140/1985, de 21 de octubre, FJ 2; 30/1986, de 20 de febrero, FJ 2; 190/1994, de 20 de junio, FJ 2; 133/2000, de 16 de mayo, FJ 3). De otra parte, ha de señalarse también que el art. 71.3 CE establece que en las causas contra Senadores y Diputados será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por último, ha de tenerse en cuenta que en la concreción del contenido del derecho constitucional al doble grado de jurisdicción le ha correspondido un importante papel al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en atención al mandato del art. 10.2 CE, como se aprecia en la decisión primeramente mencionada, ya que el art. 14.5 de dicho Pacto dispone que "toda persona declarada culpable de un delito tiene el derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo previsto en la ley".
Como acabamos de señalar, el reconocimiento del derecho aquí considerado no puede obviar que el art. 71.3 CE establece que en las causas contra Senadores y Diputados será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma que, como declaramos en la STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 6, "la Sala Segunda del Tribunal Supremo es, respecto de las acciones penales dirigidas contra Diputados y Senadores, `el Juez ordinario predeterminado por la Ley¿ a que se refiere el art. 24.2 CE, esto es, aquél constituido con arreglo a las normas procesales de competencia preestablecidas, en este caso, por la Constitución misma en su art. 71.3". Pues, como también sostuvimos en dicha Sentencia, "la finalidad cuya salvaguarda se persigue mediante la constitucionalización de la prerrogativa de aforamiento especial de Diputados y Senadores ... [reside en proteger] la propia independencia y sosiego, tanto del órgano legislativo como del jurisdiccional, frente a potenciales presiones externas o las que pudiese ejercer el propio encausado por razón del cargo político e institucional que desempeña. La prerrogativa de aforamiento actúa, de este modo, como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial, o, dicho de otro modo, el aforamiento preserva un cierto equilibrio entre los poderes y, al propio tiempo, la resistencia más eficaz frente a la eventual trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento".
Ahora bien, en el examen de la pretensión del recurrente se ha de tener en cuenta que el fuero constitucionalizado en el art. 71.3 CE no es directamente aplicable al demandante de amparo, ya que carece de la condición de Diputado o Senador. El enjuiciamiento del recurrente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se sustenta en las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el enjuiciamiento conjunto en un único procedimiento de los delitos conexos (arts. 17.1, 272.3, 300). El aforamiento especial de uno de los encausados ha tenido como consecuencia, en aplicación de dichas normas legales, que el recurrente viera modificado el órgano competente con carácter general por razón de la materia, que era la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y se restringiera, como consecuencia de su enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo, su derecho a someter la declaración de culpabilidad y la pena ante un Tribunal superior.
La legitimidad constitucional de esta restricción del derecho al doble grado de jurisdicción en los casos de no aforados requiere la ponderación específica de los derechos e intereses en juego a la que nos acabamos de referir. Dicha ponderación ha de efectuarse primeramente por el legislador y después por los Tribunales penales teniendo en cuenta que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. 847 ¿redactada conforme a la Ley 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, Disposición final segunda, núm. 16¿ ya no prohíbe expresamente el recurso de casación en estos casos.
"en los asuntos complejos, relativos a actividades múltiples de un mismo grupo o grupos más o menos coordinados entre sí, como pudo ocurrir con la actuación de los llamados GAL, si se utilizara un criterio amplio en cuanto al concepto de delitos conexos, podríamos llegar a incluir dentro del mismo procedimiento una pluralidad de hechos posiblemente delictivos de tal magnitud que fuera prácticamente imposible manejar el correcto funcionamiento procesal de la causa penal por sus desmesuradas proporciones. Para evitar esto es necesario que adoptemos respecto de la conexión (que obligaría a incluir en un solo proceso el conocimiento de los diferentes delitos unidos entre sí por determinados elementos ¿arts. 17, 18 y 300 LECr¿) un criterio estricto y riguroso, lo que, por otro lado, es asimismo una exigencia derivada del carácter excepcional que el T.S. tiene como órgano judicial cuando conoce de la instrucción y enjuiciamiento de determinadas causas penales que se siguen contra determinadas personas, a las que se refiere el art. 57-2º LOPJ.
Conforme a este criterio restrictivo ..., como la razón de ser de nuestra competencia en la presente causa se encuentra en que aparece procesado en la misma el Excmo. Sr. D. José B. P., Diputado del Congreso, y éste sólo está implicado en los hechos relativos al secuestro de Segundo M., a su integración en el grupo de quienes llevaron a cabo dicho secuestro y al uso de los fondos públicos que para dicha acción se utilizaron, entendemos que este procedimiento sólo habrá de referirse a los delitos que pudieran haberse cometidos por tales hechos, excluyendo aquellos otros que, referidos también en el citado auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 en el sumario 1/1988, nada tiene que ver con el mencionado secuestro".
Voto particular que formula el Magistrado don Tomás S. Vives Antón a la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3805/98.
Trataré de exponer brevemente el fundamento de mi disidencia, no sin antes dejar constancia de que tal vez teniendo en cuenta el Dictamen de 11 de agosto de 2000 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (caso Gómez Vázquez c. España), la mayoría ha efectuado un importante cambio en la que venía siendo nuestra doctrina tradicional al respecto y que el cambio efectuado constituye, en mi opinión, un progreso. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho fundamental analizado, lo juzgo insuficiente: en mi opinión debiera haberse optado por una perspectiva más radical, que hubiera conducido a apreciar la vulneración alegada.
Para determinar el alcance del amparo que, en mi opinión, procedería haber otorgado, es preciso partir de la idea de que no se ha apreciado por este Tribunal vulneración alguna de la Constitución en la Sentencia impugnada. Parece, pues, en principio, que dicha Sentencia no puede anularse como consecuencia del otorgamiento del amparo. Ni siquiera puede ser declarada nula su firmeza: la Sentencia deviene firme por el hecho de que no cabe recurso contra ella, hecho que no cabe negar por más que se estime vulnerador del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal. La vulneración reside aquí, como en el caso examinado en el FJ 5 de la STC 49/1999, en la insuficiencia del Ordenamiento. Estamos, pues, ante una vulneración "autónoma e independiente de cualquier otra: la insuficiencia de la Ley que sólo el legislador puede remediar y que constituye, por sí sola, una vulneración del derecho fundamental". La estimación de tal vulneración, decíamos entonces, "de modo semejante a lo que sucedía en el supuesto examinado en la STC 67/1998, no implica por sí misma, necesariamente, la ilegitimidad constitucional de la actuación de los órganos jurisdiccionales ... (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de julio de 1988, caso Schenk, FJ 1, A, y caso Valenzuela, FJ 1)".
STC 195/2009, 28 de Septiembre de 2009
SAP Valladolid 17/2008, 28 de Enero de 2008
STSJ Islas Baleares 40/2008, 16 de Enero de 2008
SAP Málaga 921/2004, 21 de Diciembre de 2004
STSJ Comunidad de Madrid 1251/2010, 1 de Julio de 2010

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