Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2014/128/6/
Timestamp: 2019-10-21 14:55:14+00:00

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Diario de Sesiones 128/2014, de fecha 11/6/2014 - Punto 6 - Parlamento de Canarias
DS 128/2014 (11/jun/2014)
Diario de Sesiones 128/2014, de fecha 11/6/2014 - Punto 6
8L/PL-0013 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, VIVIENDA, CULTURA Y DEPORTES, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2003, DE 30 DE ENERO, DE VIVIENDA DE CANARIAS Y DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Pasamos al siguiente punto del orden del día: dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes, sobre el proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Señorías, conforme a lo hablado en la Junta de Portavoces, se va a dar un turno amplio a los grupos parlamentarios que mantienen enmiendas. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Popular; contestará uno de los grupos en contra, el que lo considere, el Grupo Nacionalista o el Grupo Socialista, y, a continuación, pues, defenderá las enmiendas el Grupo Mixto y ocurrirá lo mismo en relación, en contra.
Por lo tanto, en esta primera intervención, para defender todas las enmiendas del Grupo Popular a este proyecto de ley, don Felipe, por tiempo de treinta minutos... Sí, por tiempo de treinta minutos, tiene usted la palabra.
El señor AFONSO EL JABER: Buenos días, señor presidente, señorías.
Terminado el plagio de la ley anterior, vamos al plagio de la ley que vamos a debatir ahora. De repente, el paraíso socialista, Andalucía, se ha convertido en la fuente de inspiración del nacionalismo canario y del socialismo canario, apañados vamos.
Pues bien, hemos visto en el debate de la ponencia dos tipos de posiciones: la del Gobierno, que defiende una ley ilegal y no exigible por los ciudadanos, y la del Grupo Popular, que defiende una ley legal y exigible por los ciudadanos y, por lo tanto, fuente de derechos.
El 25 de febrero debatimos en primera lectura esta ley. El dictamen que hoy hacemos no cambia ni una coma de lo que dijimos entonces: este dictamen solo añade más frustración a los miles de ciudadanos que aspiran a poder hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Hoy, como en febrero, esta ley no aporta ni una sola solución a los más de 37.000 ciudadanos que demandan una vivienda en Canarias. Es más, como veremos, empeora su situación desde el punto de vista de las cargas fiscales que se les quiere imponer (Abandona su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero. Ocupa la presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).
Señorías, la falta de recursos para pagar un crédito o el alquiler de una vivienda solo se resuelve con ayudas públicas o con viviendas públicas, y esta ley no garantiza ni lo primero ni lo segundo. Ni siquiera han querido recoger la obligación de la administración de hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante el cumplimiento de las obligaciones provenientes de la competencia exclusiva en materia de vivienda que tiene esta comunidad, especialmente para aquellas personas en riesgo de exclusión. Consecuentemente, no se garantiza el derecho a la vivienda, y el título de esta ley es pura falacia, puesto que no hay en la misma ni una medida efectiva para garantizar este derecho a los ciudadanos de Canarias y a las ciudadanas de Canarias.
Si los hechos demostraban, entonces, que el proyecto de ley era un paripé con el que el Gobierno de CC y PSOE quería tapar su fracaso en política de vivienda y su insensibilidad en la misma, una verdadera tomadura de pelo para aquellos que peor lo estaban pasando, el paso por ponencia y comisión ha acreditado que este proyecto es una pantalla para intentar tapar que el Gobierno de Canarias ni tiene ni quiere tener una política efectiva para amparar los derechos habitacionales de la población excluida de lo mismo.
La ley sigue siendo un calco de la aprobada por Andalucía, con el PSOE e Izquierda Unida; y con Navarra, aprobada por el PSOE con Bildu y fuerzas afines, o sea, el PSOE en un caso con Izquierda Unida, en otra con Bildu y aquí con Coalición Canaria. Lo vuelvo a decir porque creo que es gráfico hacer este tipo de análisis. Y, ojo, nosotros no los metemos en el mismo saco, como me dijeron en el debate inicial de febrero, no, nosotros lo sacamos del saco, vemos quiénes están en el saco apoyando este tipo de medidas con sus votos en los parlamentos autonómicos y cuáles son las ideologías que los amparan.
Estamos ante un proyecto de ley y un dictamen absolutamente inconstitucional, no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dice la Abogacía del Estado, lo dice el Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional ha suspendido las dos y cinco meses después las ha vuelto a suspender cautelarmente, y a estos análisis, a estos dictámenes y resoluciones, se suman las recomendaciones del Consejo Económico y Social y la salvedad de un nada sospechoso Consejo Consultivo de Canarias.
Por lo tanto, ¿cómo no va a recurrir una ley que es calcada de otras dos recurridas y suspendidas por el Tribunal Constitucional, cómo no se va a hacer eso, cómo no se va a recurrir? No es una opción discrecional, es una obligación, en coherencia con lo hecho hasta ahora y con las resoluciones, los dictámenes, los informes, etcétera. Ustedes están haciendo una ley a sabiendas de su ilegalidad, repito, están haciendo una ley a sabiendas de su ilegalidad. Y la llamada para que no se recurra es impropia de un Estado de Derecho, pero, claro, para ustedes esto es un círculo perfecto, una ley sin medidas concretas ni financiación, les recuerdo los 13 informes de la Dirección General de Presupuestos diciendo que ni había ni habrá dinero para la misma, concebida para tapar el fracaso de la política de vivienda que vemos aquí en todos los plenos de esta Cámara, anunciando soluciones de futuro, y finalmente un recurso de inconstitucionalidad que permita poder culpar a un tercero de la falta de soluciones. Una lamentable forma de ejercer las responsabilidades políticas.
Mire, -quería saludar a la consejera de Vivienda-, es la actitud hipócrita y farisea, la actitud hipócrita y farisea de hacer como que se preocupan, pero ni se preocupa ni se ocupa, el nauseabundo fariseísmo de lavarse de las manos ante los problemas de la gente por el no ejercicio de las competencias y responsabilidades que emanan de nuestro Estatuto de Autonomía. Yo sinceramente creía que ustedes iban a aprovechar el trámite de enmiendas para arreglar la ley, para hacerla legal, pues bien, ha hecho todo lo contrario, hoy va a aprobar esta ley, repito, a sabiendas de su ilegalidad, y lo sabe porque se lo han advertido el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado, el Consejo Consultivo de Canarias, el Consejo Económico y Social; se lo han advertido, es ilegal, y esto debería avergonzarles a ustedes y a cualquier demócrata. Fuera del Estado de Derecho nunca hay soluciones para los problemas de las personas, fuera del Estado de Derecho y de la Constitución solo existen problemas para las personas. Se podría decir que este proyecto era incorregible, enmienda a enmienda, puesto que es un castillo de naipes basado en dos ideas inconstitucionales, y que caídas estas cae toda la ley, la realidad es que era posible, solamente había que tener el valor político de intentarlo y ser consecuentes con nuestras competencias y consecuentes con lo que se espera de alguien que está en el servicio público.
La historia reciente demuestra que el constitucionalismo y el Estado de Derecho nunca es el problema sino todo lo contrario, es la solución, el constitucionalismo ha sido la solución a los mayores problemas que ha tenido la humanidad, la ola de populismo y demagogia que pretende recorrer Europa, que en cada sitio tiene su cara, caras distintas, ignora eso, que la Constitución, el Estado de Derecho, es la base del Estado del bienestar, solo bajo su democrático imperio hay paz, hay libertad y, por lo tanto, puede haber bienestar. No existe, por lo tanto, más desprestigio para una Cámara, para un Parlamento, que aprobar leyes manifiestamente ilegales, y además sabiéndolo, no puede haber más desprestigio para un Parlamento, y además con unas técnicas jurídicas dudosas, como las de esta ley, que lejos de abrir las puertas a las soluciones las cierra.
Este Parlamento sacrifica hoy su poco prestigio con esta ley. Nosotros hemos demostrado con nuestras enmiendas que existen soluciones dentro de la Constitución a los problemas de los ciudadanos, si la administración competente quiere afrontarlos y los prioriza, y a ustedes que tienen más de 30 escaños les decimos: "aprueben de nuestras medidas las que quieran, pero que esta sea exigible por los ciudadanos". Para ayudar a la gente a pagar sus viviendas no hace falta esta ley; para establecer líneas de ayuda y de subvenciones no hace falta esta ley; lo que hace falta es otra política. Ahora, si esto se pone en la ley, es para que sea imperativo, no tiene otro sentido, y, por lo tanto, exigible. Lo contrario solo genera frustración, más frustración. Y nosotros les decimos, por lo tanto, que aprueben lo que quieran de nuestras medidas pero hagan una ley que sea legal y exigible por los ciudadanos.
De la comunidad autónoma es la responsabilidad de hacer efectivo el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna y esta ley carece de medidas de estímulos reales que permitan garantizar tal derecho. Esta ley se basa en una falsa idea de que en Canarias no se oferta vivienda, que en Canarias hay un problema de oferta de viviendas, eso es falso, se lo insisto, se lo digo siempre que debatimos sobre eso, vayan por los barrios de nuestras ciudades, vayan por los municipios y verán carteles por todos lados de "se vende", "se alquila", entren en los portales inmobiliarios, un sinfín de casas que se venden, se alquilan y casi se regalan, siguiendo algunos carteles que hay por ahí; y al final se marchitan los carteles y ni se venden ni se alquilan las viviendas. Por lo tanto, ese no es el problema el problema es el contrario, ustedes han hecho un diagnóstico erróneo de la realidad, ustedes dicen: eso no pasa, pues miren salgan por las calles, recorran las ciudades y verán que sí pasa.
Los problemas de los canarios en materia de vivienda, por tanto, se pueden resumir en dos grupos: primero, el de aquellas personas que no tienen ingresos suficientes para pagarse una vivienda; y, segundo, el de aquellos que teniendo ingresos no tienen la financiación necesaria para poder afrontarlo. Ninguna de las medidas que contiene esta ley, ni una, da respuesta a esas necesidades y estos problemas se resuelven con líneas públicas de apoyo y optimizando las viviendas del parque público y el suelo disponible para lo que, repito, no hace falta ninguna ley.
Nosotros proponemos que se establezcan, que el Gobierno de Canarias de acuerdo al Estatuto de Autonomía tenga la obligación de establecer las necesidades habitacionales de las personas sin ingresos para ello de acuerdo a los baremos que se aprueben. Y nos oponemos a su cesión por no pagar el IBI, ustedes hacen leyes aquí aumentando los impuestos, no voy a entrar en ese debate porque no es el que corresponde, pero luego al que le toca dice: ese no lo voy a pagar, tengo que pagar el impuesto de bienes inmuebles, no lo pago, que lo pague todo el mundo menos el Gobierno de Canarias, y lo he intentado por dos lados: primero, diciendo en la ley que no lo pago, o sea, que usted me mantiene mi vivienda, que los ayuntamientos mantengan el patrimonio de la comunidad autónoma en una cantidad similar al IBI y, como no lo va hacer, pues lo pensamos y no pagamos. Eso es un fraude en derecho, la han retirado transitoriamente puesto que está en otra ley. Y, además, una segunda vía que he de decirle a los adjudicatarios de viviendas en régimen de arrendamiento, porque si es en régimen de propiedad no hace falta ni decirlo, en régimen de arrendamiento que le va a tocar pagar el IBI, o sea, hay personas que no pueden pagar un euro, que no pueden pagar cinco, que no pueden pagar diez y el Gobierno de Canarias les dice: no, va a pagar el IBI, la tasa de basura allí donde exista, los vados, etcétera. Eso, además de un imposible, es absolutamente inaceptable.
Nosotros hemos presentado una enmienda, podíamos haber presentado una enmienda diciendo: retire eso, nos hubieran dicho que no; o una enmienda que intente esquivar un poco eso de una forma más hábil y decimos que reglamentariamente se diga quién está exento de esto y que de forma genérica se entienda que están exentos todos aquellos que están eximidos o bonificados en el pago de la renta de forma genérica; lo primero no lo aceptaron, lo segundo que es lo importante lo rechazaron. Pues yo le pido que lo retiren hoy porque, además, va a ser imposible, será siendo obligado tributario a la comunidad autónoma y cómo a esas personas que ustedes les dicen que, bueno, que no paguen el alquiler, que no paguen un euro o dos, dicen: paguen ahora el IBI, paguen la basura ahí donde exista, paguen los vados; es un imposible. Yo le pido humildemente que lo retiren porque creo, repito, que además de imposible es absolutamente inaceptable.
Y, además, esto desmonta que ustedes hacen una ley para beneficiar a los que están peor. Con esta ley, desde luego, con estas medidas sobre el IBI, sobre los impuestos municipales, lo que demuestran es lo contrario de que les preocupan aquellos que están pasándolo peor, pues les ponen más obligaciones a aquellos que peor lo están pasando. Repito: afortunadamente la comunidad seguirá siendo el obligado tributario y lo demás será un imposible.
Además, el dictamen dice que los intereses de la fianza depositada en el Icavi, de la fianza de aquellas personas que arriendan su casa son para tres medidas: una, medida de fomento del alquiler; dos, expropiaciones; y, tres, rehabilitaciones. Y todo ello con poco más de 100.000 euros, porque si ustedes miran los presupuestos del Icavi, si miran los presupuestos del Icavi por todo tipo de concepto prevé ingresos financieros, intereses este año de 150.000 euros, por todos los conceptos, presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda.
Nosotros decimos: miren, el mantenimiento del patrimonio que lo mantenga el dueño del patrimonio -la comunidad autónoma-, y dejemos el resto para medidas de fomento que -repito- no hay en la ley y eso es lo que nosotros pedimos. Y pedimos la colaboración pública y privada, y con las corporaciones locales, ojo, colaboración con todo tipo de entidades, no solamente convenios con los bancos que también los promotores tienen viviendas vacías, también las pymes canarias han hecho viviendas y no se han ocupado, también hay muchos ciudadanos que tienen viviendas vacías, a ver si se van a alquilar unas sí y otras no. Pues bien, colaboraciones, repito, con cualquier tipo de entidad privada pero con medidas de fomento reales, eso de la intermediación como una foto no, eso no vale, eso no resuelve nada, la intermediación que resuelve es la comprometida, la que pone medidas, para lo demás pues no hace falta, lo demás, repito, solo son fotos, nosotros pedimos medidas de fomento reales que ahora citaré alguna, con ayuda para la renegociación de préstamos hipotecarios y para superar los impagos de crédito y alquileres por causa sobrevenida.
Pedimos también la asunción de todo tipo de responsabilidades por los administradores públicos. La actitud negligente de la consejera de Vivienda está tirando por la borda millones y millones de euros -bienvenida, señor consejera-, millones y millones de euros: viviendas, promociones, que hace dos años costaron nueve millones y medio de euros, vacías a día de hoy, y además deterioradas; promociones como La Camella, ejecutada hace un par de años con millones de euros, que es imposible que obtengan un permiso de primera ocupación puesto que el suelo no es ni siquiera un solar..., y como esos muchos ejemplos y nadie aquí asume responsabilidades de ningún tipo, de ninguna índole. Nosotros queremos que esta ley consagre esas responsabilidades.
Y creemos en los registros voluntarios de ofertas de titulares de préstamo hipotecario en riesgo de ejecución hipotecaria o desahucio derivados de contratos de arrendamiento.
Nosotros pensamos que hay que adelantarse a los problemas. Ustedes dicen: "aquellas personas que pierdan su vivienda, que los bancos se la adjudiquen, yo pongo un dinero para expropiársela tres años y mantener a las personas", a lo largo de tres años las personas se van y el banco se queda con la vivienda, o sea, se ha quedado con el dinero y la vivienda; nosotros decimos "paguémoslo antes", cuando vemos que alguien va a perder su vivienda, ese dinero que se iba a destinar a la expropiación temporal destinémoslo a ayudar a las personas y que, por lo tanto, la persona se quede con la casa, dicen "no, eso beneficia a los bancos, eso solo le quita presión a los bancos", por lo que a los bancos lo que los presiona es quedarse con la casa y con el dinero, según los argumentos que nos dan los grupos que apoyan al Gobierno. Desde luego, son argumentos que no se sostienen, y eso tanto en propiedad como en arrendamiento.
Por lo tanto, nosotros decimos que se pague con el dinero que usted tiene previsto, suponiendo que lo tenga porque -repito- hay tres informes que dicen lo contrario. Usted dice que se pague y que el banco se quede con la vivienda y, repito, nosotros decimos lo contrario, pero cuando esto no funcione proponemos que dé con la multitud de viviendas públicas vacías, que las busque, que las encuentre, pero no que les diga, como dice aquí, a los ayuntamientos que las busquen, no, que el Instituto Canario de Vivienda sepa dónde están sus viviendas. Yo creo que es lo primero a lo que se tienen que dedicar, dicen "no, vamos a ver qué viviendas tienen vacías los ciudadanos" y no sabemos ni las que tenemos nosotros vacías... Eso se llama hacer una medida imposible de cumplimiento porque no tiene usted los instrumentos para hacerlo.
Pues nosotros decimos de esas viviendas que se haga una bolsa de viviendas de emergencia para situaciones extraordinarias sobrevenidas, como son los desahucios, cuando no se han podido solucionar. Y también decimos que la existencia de un registro voluntario de oferta de inmuebles y demandantes de vivienda, como he citado antes, al objeto de ofrecer intermediación con medidas de fomento reales en el mercado de alquiler, que sea de más realización. Y entre las medidas de fomento que proponemos, en este mercado de difícil realización, que al final no se haría y, por lo tanto, no tendría sentido mantenerlo, nosotros decimos: "oiga, que aquellas viviendas de difícil realización que en este mercado se consideran casa estén exentas de pagar esas rentas en el tramo autonómico del IRPF". Porque no vale decir, como dicen todas leyes, "habrán medidas fiscales de estímulo", no, vamos a poner las medidas fiscales de estímulo, si no, se quedan en la tomadura de pelo de siempre. Y por si el Gobierno considera que esto es imposible, digo "bueno, que en la ley de presupuestos se ponderen estas medidas", pero hagámoslo al revés porque si no será lo de siempre -medidas fiscales y de no sé qué estímulo-, y ahí se queda tan bonito en los papeles para siempre. Pues no, nosotros venimos con medidas concretas.
Y que se cree un portal específico permanente donde todos estos titulares de créditos y alquileres puedan anticiparse a situaciones de exclusión, como hemos citado antes, y que cada una de esas viviendas públicas esté ahí en ese portal con las medidas de fomento que acompañan.
Se lo repetimos: dentro de la ley existen alternativas legales, si uno realmente quiere la puede aprobar, si uno lo que quiere es hacer un paripé, hacer como que se preocupa pero no preocuparse ni ocuparse para luego echarle la culpa a otro, pues, seguramente, no aprobará ninguna de estas medidas, que, repito, la que se apruebe debe ser exigible por los ciudadanos. Lo contrario solo genera la frustración. Y, además, el Gobierno dice que todas estas personas que tienen viviendas vacías son unos especuladores, que están esperando a que suba para venderla, pues estarán conmigo en que el mayor especulador de Canarias es el Gobierno de Canarias entonces, porque es el que tiene más viviendas vacías y el que tiene más solares sin edificar. Por lo tanto, si eso es especulación, el mayor especulador de Canarias es la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias que preside don Paulino Rivero, que los solares, por lo visto, los guarda en la caja fuerte.
Por tanto, pedimos la inmediata dedicación del parque público de viviendas a la función social para el que fue creado, y me dirá "¿y esto cómo se hace?", pues, mire, con gestión, no hace falta una ley, o sea, tiene viviendas, póngalas usted en el mercado. Esta mañana hace poco recibí una respuesta de las viviendas de promoción pública que están en proceso de adjudicación desde hace dos años, se sacaron hace dos años, la gente tenía veinte días para presentar la documentación, a mitad de enero, vamos por mitad del 2014 y no se han adjudicado. Y ahí siguen, y ahí siguen, millones de euros que podrían estar solucionando los problemas de la gente como los millones de La Camella, los millones de las viviendas de Gáldar o de El Doctoral, millones y millones de euros que estarían solucionando los problemas de miles y miles de personas. Para eso -repito- hay que poner al frente de la Consejería de Vivienda a un perfil de gestión. En la Consejería de Vivienda y de Políticas Sociales lo que hace falta son gestores que optimicen los recursos públicos de la manera más importante que ninguna otra consejería, en estos momentos de crisis, así debe ser.
Pedimos también la descentralización de la gestión en los cabildos. Entendemos que la política de vivienda debe ser una política de carácter insular, ni municipal ni autonómico. Los cabildos deben planificar la isla, deben prever dónde va a crecer la actividad económica, y allí o en su cercanía, en esas comarcas, hay que hacer las viviendas.
La ley también define el contenido del derecho a la propiedad sin tener competencias para ello, y fija responsabilidades sancionadoras, al margen del principio de culpabilidad, y basada en presunciones, o sea, le revisa su teléfono, sus llamadas telefónicas, donde las hace, dónde no las hace, su recibo del agua, su recibo de luz, y decide por presunción que ahí no vive nadie, y lo pongo en un registro público. Venga la policía a decir que como usted se vaya de vacaciones no se entere nada, y viene el Gobierno a ponerlo en un registro público. Y luego ya veré si es verdad o mentira. Y si no, usted demuestre, por ejemplo, que la utiliza para esparcimiento y ocio, que sus hijos van allí el fin de semana. Explíqueselo usted a un funcionario, explíquele su intimidad a un funcionario. Eso es lo que dice esta ley, y aboga por realizar expropiaciones que no prevé la legislación expropiatoria. En fin, la función social de la vivienda como causa motivadora de esta expropiación queda en entredicho cuando no se explica por qué se prefiere esta vía a la celebración de un contrato de alquiler, o a ayudar temporalmente a las familias a cumplir las obligaciones crediticias. Por lo tanto, ¿dónde está la motivación de esta expropiación? Que además no está prevista en la legislación, como ha dicho el Consejo de Estado, la Abogacía de Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo..., pero a ustedes les da lo mismo. Vamos a ver cómo salimos de los problemas políticos.
Y, además, dice que la persona que ocupe esa vivienda expropiada temporalmente pague hasta un 25 % de su renta, una persona que está en riesgo de exclusión, que se supone que por eso lo hace. Pues bien, lo de los inquilinos de las viviendas del Gobierno de Canarias es hasta el 12, ¿por qué aquí es más del doble, por qué? También esto atenta contra el principio de igualdad.
Y luego, ¿qué pasa con los desahucios que hace la administración de sus viviendas? ¿Esto lo paramos, o cada vez que sale en el periódico salgo en plan bueno diciendo que se pare, y si no sale en el periódico, que siga hacia adelante? No, esto debe estar reglamentado. Esto debe estar reglamentado. Y nosotros decimos: cuando alguien alegue que no puede pagarlo, que el expediente de desahucio se paralice hasta comprobar si esto es verdad. ¿Y qué dice el Gobierno? No lo quiero leer literalmente, porque si leo todo literalmente no termino nunca. Dice: "no, que cuando alguien sea desahuciado por la administración se avise a los servicios sociales para que averigüen si queda en exclusión social". O sea, cuando la administración dice: "cuando yo termine un desahucio de la administración, cuando la administración ponga a alguien en la puerta de la calle, que vaya a los servicios sociales, a ver si queda en riesgo de desahucio y que tomen medidas", yo supongo que tendrá que ser al revés: que antes de desahuciar una vivienda pública, que son para personas, obviamente, en situaciones difíciles y que no se pueden pagar, habrá que estudiar estas cosas. No, aquí no; aquí no queremos pagar el IBI; el que no nos pague, fuera, que vaya a los servicios sociales.
En fin, no existe -repito- medidas de fomento, son solamente discursos indeterminados que nada aportan a nuestro marco legal y siempre condicionado a disponibilidades presupuestarias, o sea, que no se establece ningún derecho.
Y dice: "El Registro público de vivienda deshabitada -del que hemos hablado- no tendrá sanciones para los particulares". ¿Cómo hay que entender que te pongan en un listado público, que pongan una equis en la puerta de tu casa, sino en una búsqueda coercitiva del repudio social que te obliga a alquilar? O sea, que usted no consigue alquilar su casa y el Gobierno lo que hace es ponerte en un listado público. Lamentable es que quien tanta ineficacia..., esto, además, no lo va a poder hacer el Instituto Canario de la Vivienda, porque no sabe, ni puede, ni tiene capacidad, porque -repito- no tiene capacidad para saber cuáles son sus viviendas vacías, ¡cómo va a saber lo que tienen los demás! Es un camino imposible. Y, además, que quien tanta ineficacia acreditada pretenda ejercer de gran hermano de la intimidad de los ciudadanos canarios, convirtiéndose en un asesor inmobiliario discrecional y a la fuerza..., y que, además, la privacidad e intimidad personal o familiar es violentada. Se podrá hurgar dónde realizan los ciudadanos sus comunicaciones telefónicas -que ya me dirán cómo lo van a hacer- o las informáticas -que ya me dirán cómo lo van a hacer-; dónde recibe el correo o cuál es el consumo de agua o luz sin su consentimiento ni conocimiento, y además dice que esto se podrá hacer incluso cuando no exista circunstancia no predefinida al tiempo de la solicitud de la información. O sea, lo pido, ¿por qué?, ya veremos. La arbitrariedad absoluta.
En fin, es difícil saber a qué se refiere este proyecto de ley cuando manifiesta que el deber de colaboración deberá ajustarse a la normativa de protección de datos, cuando en sí mismo es una vulneración permanente de esa normativa.
Llama también la atención la casi nula referencia de este proyecto de ley a la reforma impulsada por el Gobierno de la nación, a pesar de que en su preámbulo sí hay una referencia, y dice, literalmente, que el mismo habilita medidas extraordinarias para evitar el lanzamiento de miles de personas. Y es verdad: en torno a 8.000 personas no han perdido su vivienda debido a esta ley. Todo eso frente a la oposición de los que aquí no quieren hacer política de vivienda teniendo la competencia, la oposición del PSOE y Coalición Canaria, aquellos que en el año 2008 aprobaron la creación de los juzgados especiales para agilizar los desahucios, y que en el año 2009 hicieron la ley del desahucio exprés, aquí son los que dicen que quieren resolver los problemas, aquellos que tantas veces rechazaron reformar la legislación, en más de diez votaciones en el Congreso de los Diputados, para proteger más a los deudores hipotecarios.
Señorías, voy acabando. Es evidente que el 100 % de los problemas nadie lo va a resolver. Es evidente que lo que más resuelve problemas es el cambio de las circunstancias económicas, eso es una obviedad. En el 2004, España era una fábrica de oportunidades, una fábrica de igualdad de oportunidades. En el 2012, España era una fábrica de desigualdades. Los que estuvieron entre el 2004 y el 2012 nunca han pedido perdón por ello. Nosotros les aseguramos que, por muy dura que sea la inercia, por muy duro que sea el camino, pronto España volverá a ser de nuevo una fábrica de oportunidades.
No queremos una ley paripé para tapar la incompetencia y la falta de vocación, una ley farisea de hacer que me preocupo para lavarme las manos. Existe alternativa al servicio de la gente, hemos demostrado con esta ley que existen medidas alternativas al servicio de la gente. Nuestras enmiendas son una oportunidad a la esperanza. Creo, sinceramente -y no hablen ustedes de lo que no es-, que muchos del Grupo Mixto también son una oportunidad para la esperanza, y están al servicio de las personas, de aquellos que peor lo están pasando. Este Parlamento no puede dejar de mirar la calle. Esto no es simplemente..., no podemos seguir como si no pasara nada, preocupados por nuestros intereses partidistas. Tenemos que ejercer nuestras competencias, las responsabilidades por las mismas, es el precio que se paga por estar en un gobierno o por apoyar a un gobierno, y es el fin último de la política.
Ustedes, con esta ley, lo único que hacen es lavarse las manos y que otro sea luego el culpable. Nosotros les pedimos por última vez que reflexionen, que antepongan los intereses de las personas a las guerras partidistas, que elijan la que quieran de nuestras medidas, pero que sean legales, como son las nuestras, y que sea una ley legal y exigible. Fuera de la Constitución, no hay soluciones para nadie. Solo hay frío o calor en extremo, solo hay problemas. Es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho el camino para las soluciones.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene ahora la palabra por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista, por tiempo de veinte minutos...
Me corresponde a mí hacer el turno en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley.
Quisiera decir, en primer lugar, casi una obviedad, y es que estamos en el debate final del proyecto de ley, pero a veces parece confundirse, y quisiera que este asunto quedara meridianamente claro, porque la fase más importante en la elaboración de un proyecto de ley, sin duda, es la ponencia, porque en la ponencia se hace el estudio desde el punto de vista del contenido real del proyecto de ley, las enmiendas que se presentan al proyecto de ley por los distintos grupos, los fundamentos políticos y jurídicos que cada una de ellas tiene; los acuerdos y desacuerdos se concretan en función de los acercamientos que se puedan producir por los diferentes grupos parlamentarios, y, finalmente, tras ese informe que se ve en ponencia, se ratifican o no las posiciones hasta llegar a un momento final que es el del debate en Pleno.
Estamos ahora en ese debate. Lo digo porque habrán observado sus señorías que la presentación por parte del portavoz popular en este asunto de sus enmiendas, pues, prácticamente no está en la redacción, que no está como he estado yo en la ponencia. Poca idea pueden tener de forma real sobre el contenido de esas enmiendas, que tenía que haber presentado en la media hora, en la extensa media hora que para este debate tenía el portavoz popular.
Por el contrario, ha hecho una intervención general, creo que la ordenación de este debate está prevista para el final, y que ahora lo que correspondía era defender las enmiendas, e intentar con ello situarnos, digamos, en la última posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso, que no suelen ser de los más frecuentes porque el trabajo previo ha sido un trabajo intenso, el de la ponencia lo fue, y creo que a lo largo de todo el proceso con quienes hemos tenido más proximidad hemos estado haciendo propuestas de acercamiento, de transacciones, a usted muchas de ellas, en la ponencia se le aprobaron creo que seis-siete enmiendas, algunas con transaccionales, y, en fin, otras no porque responden a una filosofía muy diferente de afrontar este asunto.
Me preocupa, señorías, que quede la descalificación general como juicio en relación a este proyecto de ley, porque muchas de las cosas que ha señalado el portavoz popular, desde luego, son descalificaciones generales, forman parte de un proceso de enajenación de la responsabilidad que tiene en este asunto que tratamos de paliar el Gobierno de España, y, nosotros, la Comunidad Autónoma de Canarias trata de paliar, y lo hace siempre con algunas cosas que son chascarrillos habituales, buscando socios en los gobiernos de otras comunidades autónomas que representan un perfil, o un bajo perfil democrático, como puede ser Bildu en el caso de la Comunidad Foral de Navarra.
Pero, en fin, como eso no deja de ser, pues, típicos chascarrillos que ocurren en los partidos de Estado, a mí me gustaría intentar trasladarles a ustedes el porqué del no a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y en qué medida hemos trabajado en la ponencia y en la comisión a fin de mejorar el texto del proyecto de ley presentado y de hacerlo un proyecto de ley, o una ley, cuando esté en vigor, realmente viable para conseguir paliar esta situación, que es muy delicada.
En primer lugar, quisiera decir que hablar de la competencia en vivienda o exclusivamente de la competencia en vivienda serviría si no lo hiciera el portavoz popular sabiendo que la competencia en legislación civil e hipotecaria es del Estado. Y es del Estado porque así lo dice el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, y es el Estado el que, por tanto, debe procurar la primera defensa del deudor hipotecario. Aquí no se viene a hablar hoy de este asunto sin saber qué es lo que ha ocurrido, sin decir qué es lo que ha ocurrido, porque ¿qué ha ocurrido?, ¿es la comunidad canaria la que infló con sus políticas el mercado inmobiliario, esa burbuja inmobiliaria que estalla y que padecen los ciudadanos, las familias, que son lanzadas de su vivienda, algunas en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, de su primera vivienda, la responsable de esas políticas? ¿Es la comunidad la responsable de la legislación bancaria? ¿Es la comunidad la responsable de la legislación del suelo estatal, del año 97, que promovía o establecía como principio que todo el suelo fuera urbanizable por vocación? ¿Eso es la responsabilidad de la comunidad autónoma? ¿Quién gobernaba en el año 97 en España? En fin.
Pero ese no es el asunto. Lo que quisiera es responsabilizar a sus señorías de un tema que tiene desde el punto de vista de la política del Gobierno de Canarias, que se materializa a través de un proyecto de ley, y que nosotros en el Parlamento intentamos mejorar, es paliar una situación, paliarla, porque mire, no me gustaría desaprovechar la ocasión para decir que, a pesar de esa legislación hipotecaria, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ley del pasado año, por tanto. A pesar de eso, los datos que daba el Banco de España recientemente son de más desahucios pese a la nueva ley estatal, la banca se queda con 50.000 viviendas por impago, un alza del 11 % frente a 2012, de esas 50.000, que el número exacto es el 49.694, 38.961 son viviendas habituales. Son datos de toda España, porque el Banco de España no lo desagrega por comunidades, la información es del Banco de España, información oficial. Y lo que viene a decir el Banco de España o a alertar es que a pesar de eso, a pesar de esa legislación hipotecaria, todavía 38.000 familias son lanzadas de su primera vivienda.
¿Qué hace la comunidad autónoma? Podría decir: "mire, es que eso le corresponde a la Administración del Estado", sin duda alguna, eso es lo que usted ha venido a decir, cuando habla de que esta ley tiene que ser legal y, en fin, la comunidad autónoma puede hacer eso, o puede responsabilizarse, coadyuvar, paliar, empujar para que esta situación tenga una menor intensidad. Pero le voy a decir más, con esta ley o con cualquier otra ley que apruebe una comunidad autónoma, no va a dejar de tener su responsabilidad el Gobierno de España, es la responsabilidad del Gobierno de España, que cuenta, además, con mayoría absoluta en las dos cámaras, establecer medidas eficaces para evitar que esto suceda, por ejemplo, ¿por qué no se creó un fondo de garantía frente a la deuda hipotecaria en la ayuda a los bancos?, ¿por qué se han dado de forma incondicional más de 45.000 millones de euros a la banca sin establecer ninguna garantía, por ejemplo, para los pobres ciudadanos y ciudadanas que tienen que padecer este problema?, ¿por qué no se afrontan las responsabilidades y después se viene a criticar la acción pública de quienes quieren paliar, compensar, aliviar esta situación? Y encima nos viene con la amenaza del Tribunal Constitucional, probablemente la ejerzan, pero, mire, no se puede decir, no se puede subir a decir aquí lo que usted ha dicho en relación con la propia actuación del Tribunal Constitucional. Mire, el artículo 161.2 de la Constitución lo que dice es que si el presidente del Gobierno, cuando es el recurrente, invoca ese artículo, se produce la suspensión automática del texto recurrido, ¿o es que no lo sabemos ya por la Ley de Turismo que aprobamos el año pasado?, y esto es lo que ha ocurrido con la ley navarra y con la ley andaluza, todavía no ha habido un pronunciamiento, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre esas leyes, todavía no, ya veremos si es causa expropiante y suficiente, la que se ha aducido a la legislación andaluza y a la legislación navarra.
Y no nos duele en prendas decir que copiamos, en este caso, si para usted copiar, no lo sé, yo creo que esta ley, la nuestra, la que va a salir hoy, es una ley mejor por distintas razones, podríamos entrar a analizarlo y, en fin, pero por distintas razones creo que la hemos mejorado sustancialmente en ponencia, pero no solo por las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Nacionalista y Socialista, también por las aportaciones que ha realizado el Grupo Mixto, algunas incluidas y otras en trámite de inclusión, espero, en el día de hoy, e, incluso, algunas aportaciones que usted formulaba que no tenían que ver con la pretensión final o general que tiene usted con sus enmiendas, otras enmiendas que sí que mejoraban la modificación que hacemos a través de esta ley, de la Ley de Viviendas del año 2003.
Pero quisiera, a su vez, contestar algunas de las cosas que usted ha dicho acerca de hipócrita y farisea, desde luego, le ruego, don Felipe, que tenga usted moderación con los calificativos, porque existe un propósito real por parte del Gobierno y por parte de los grupos que apoyamos al Gobierno de que esto sea una ley que tenga utilidad. En muchas ocasiones se nos ha dicho: "es que se va a suspender", pero bueno, es que nosotros no somos los que recurrimos las leyes, lo que ha ocurrido es que alguno se dedicó a inflar el mercado inmobiliario para ganar y se pidieron préstamos fuera, se desequilibraron sus balances y las familias hoy se ven en una situación de paro frente a la imposibilidad material de pagar su hipoteca, y eso después de muchísima presión social, después de muchísima presión social que yo no comparto; por ejemplo, los escraches, no me parece una buena manera, pero después de muchísima presión social se produce la reacción del Gobierno de España y lanzan primero un decreto-ley que después convierten en ley cuando el problema, como se sabe, llevaba ya varios años, en fin, incubándose o produciéndose, el crecimiento mayor se produce y reaccionan con esta ley que, como digo, estos datos del Banco de España nos dicen que más de 38.000 familias han sido desahuciadas de su primera vivienda en 2013. Por tanto, ¿de quién es la hipocresía, señor Afonso: nuestra o del Partido Popular?, ¿o usted quiere ignorar la capacidad real del Gobierno de España para modificar la legislación hipotecaria civil?
Trámite de enmiendas para arreglar, pensábamos, decía el señor Afonso, que el trámite de enmiendas era para arreglar la ley, pues sí, en el trámite de enmiendas hemos hecho algunas enmiendas que creo que son positivas. Por ejemplo, habla usted de las viviendas vacías, claro, claro que tiene que hablar de las viviendas, hablamos de las viviendas vacías porque lo que se viene a hacer es intentar que no se siga especulando en el mercado bancario con las viviendas vacías, en el mercado bancario, ¿sabe usted por qué?, porque sucede lo siguiente: un banco tiene un activo, una vivienda, le pone en su activo, como activo le pone que vale 300.000 euros, quizás esa vivienda hoy en el mercado no valga más de 200.000 euros, por poner una cifra, pero el banco la tiene registrada en su balance como 300.000, y como no va a ir a pérdidas la mantiene en su balance como 300.000 y no tiene ningún interés en producir una venta a un menor precio, necesita tenerla como activo en su balance y, por tanto, lo que está ocurriendo es que se está especulando con eso, proscribe expresamente la Constitución, el artículo 47 que esto pueda suceder, aunque se refiere específicamente a la especulación de suelo, porque nunca se pensó, cuando se construyó la Constitución, que se iba a especular también con el vuelo, es decir, con la vivienda construida y lo que está ocurriendo es que hay un parque inmobiliario altísimo.
Y después usted habla de la vivienda de fin de semana y lo ridiculiza respecto de la electricidad, del teléfono y demás, pero si no estamos hablando de las viviendas propiedad de las personas físicas. Sabe usted, además, porque es miembro de la ponencia, que introdujimos expresamente una enmienda en donde le damos contenido al artículo haciéndole una presunción legal respecto de que la vivienda en general, su uso, sea el habitacional, de tal manera que el uso habitacional se presume por su fin, y lo que hacemos es decir las viviendas titularidad de personas físicas están destinadas al uso habitacional y, de forma general, al arrendamiento o venta por personas físicas, es presunción iuris et de iure, es decir, se presume que es así aunque no se buscan pruebas en contrario respecto de las viviendas de las que son titulares las personas físicas, y lo hemos introducido en enmiendas para garantizar que haya igualdad desde el punto de vista de que había una advertencia del Consultivo en relación a esta asunto, y digo "presumimos de que eso es así". No vamos a vigilar ese asunto, la titularidad de viviendas privadas, pero sí lo haremos cuando los titulares sean personas físicas, especialmente entidades bancarias. ¿Y es difícil de hacer?, ¡claro que es difícil de hacer! Muy difícil. Necesitamos mucha gente para hacer eso, pero creemos que son mecanismos que pueden ayudar a llegar a acuerdos porque después, además de eso, lo que hemos hecho es fortalecer la mediación como fórmula de resolución ante un eventual lanzamiento. Es decir, fortalecemos la mediación antes de que se produzca el lanzamiento de la familia se introduce una enmienda en la disposición adicional cuarta de los grupos Nacionalista y Socialista en la cual se establece la mediación previamente.
Y después decía usted algo sobre "por qué dos años, por qué usted expropia por dos años y no por tres años, mientras que la ley del Estado...", usted sabe perfectamente que la disposición adicional cuarta en los términos que la tenemos ahora redactada dice el número cero, que aparece nuevo, y será el número uno cuando se haga la corrección técnica: "Los deudores hipotecarios de viviendas, a quienes no resulten de aplicación las medidas contenidas en la legislación estatal de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, podrán acogerse a lo previsto en la presente disposición adicional", es decir, lo que hacemos es que le damos preferencia a la legislación estatal pero es que la legislación estatal está dejando un montón de gente fuera porque hay una serie de requisitos objetivos y subjetivos que no cumplen, y lo que hacemos es intentar acoger a aquellos que quedan fuera de esa legislación estatal. Y, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, fortaleciendo la mediación como fórmula de resolución del conflicto, y eso puede ser mediante una desplazamiento de la deuda hipotecaria a lo largo de los años o mediante un alquiler social; y, en segundo lugar, si no se produce es cuando procede lo que el Gobierno haya proyectado originariamente, que es la expropiación temporal forzosa, solo en ese supuesto. Y advertía el portavoz del Grupo Mixto en la ponencia la dificultad de este procedimiento porque las entidades bancarias iban a recurrir, y evidentemente lo que hemos hecho es fortalecer la mediación, intentar que esa sea una vía para resolución del conflicto, pero si usted no tiene forma de apretar a las entidades bancarias, por qué van a ceder. Al final, de lo que se trata es de intentar trasladar la idea de que más les interesa desplazar la deuda a lo largo de más tiempo y, por tanto, bajar la cuota hipotecaria que tiene un deudor o incluso llegar a un alquiler social porque puede mantener el bien, el activo lo mantiene con su valor inicial, porque seguro que en el mercado inmobiliario valdría mucho menos. Esta es la situación ahora.
Después ha hecho burla o mofa también con otro tema relativo a cuánto dinero hay para pagar esas expropiaciones, y se refería a 100.000 euros. Yo tengo una pregunta escrita aquí, que es la 6390, hecha por el diputado don Felipe Afonso El Jaber, y la respuesta del Gobierno es que de los datos obrantes en el módulo de la caja de depósito de sistema contable de esta Administración autonómica, los datos existentes a fecha 18 de febrero de 2014 dicen que son 16.649.357,33 euros. Esta es la respuesta que le daban a don Felipe (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).
En fin, quiero decir que hemos hecho esfuerzos por mejorar, estamos en la fase final, en el debate final, el propósito es que esta comunidad autónoma contribuya a evitar ese drama social que representan los lanzamientos por una deuda hipotecaria, un problema que no generó la comunidad canaria, ni los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Nosotros que estamos comprometidos con nuestro pueblo intentamos paliar la situación. La responsabilidad primera es del Gobierno de España, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, y, como dije en otro debate, asuman ustedes la suya.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
Vamos a ver. La vivienda es un derecho básico, es muy difícil conformar un proyecto de vida sin vivienda. Por eso, la Constitución y los estatutos consideran esto uno de los elementos básicos, un derecho consolidado en las sociedades occidentales, cada una con su cultura y sus tradiciones, pero no se puede proyectar la vida sin una vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. En algún lugar tiene uno que organizar sus espacios y su familia.
Este derecho está muy quebrado con la crisis económica, tan quebrado como otros, pero este ha adquirido una dimensión muy relevante. Muy relevante porque hemos visto, sentido, cómo miles y miles de familias pierden su única vivienda porque les sobrevino una situación económica y no han sido capaces de pagar la hipoteca y esto es también muy importante, o el alquiler, las dos cosas. Es más, en este momento de la crisis habitacional están equiparados los lanzamientos por hipoteca a los desahucios por alquiler. De manera que aquí tenemos un problema no solo de que te echen de tu casa por no poder pagar la hipoteca, por esta situación sobrevenida, sino la mitad del desastre está vinculado a otra modalidad, que es la del alquiler, los desahucios por el alquiler. Este escándalo, este drama social, lo ha llevado la gente de las plataformas a las calles, a los barrios, a los pueblos; y los parlamentos de allí y de aquí por detrás de las circunstancias, por detrás de los acontecimientos. Y, por lo tanto, el mérito, en gran medida, de la reacción, la poca reacción, de los poderes públicos en esta materia lo tienen los ciudadanos y lo tienen las plataformas antidesahucio que se han articulado en pueblos, ciudades y también en el archipiélago canario. Nosotros aquí trajimos este debate en el año 2011, recién iniciada esta legislatura, porque era una de las expresiones de la crisis. Por lo tanto, estamos ante un problema que nos ha sobrepasado, que hemos estado detrás de los acontecimientos, y la Administración General del Estado, competente en la legislación básica, en la civil, en la hipotecaria, pero las comunidades autónomas, responsables de la gestión de este derecho básico, de garantizar el derecho a la vivienda, ambas, han incumplido, ambas. La Administración General del Estado no ha sido diligente para responder a las necesidades de la modificación de las reglas, y las comunidades autónomas, unas más que otras, nosotros más que otros, hemos estado por detrás de nuestras obligaciones. Y eso es así, y así lo siente la gente, lo dicen las encuestas. Y, desgraciadamente, sostenemos desde nuestro grupo que esta ley si no se modifica de manera sustancial tampoco servirá para intervenir. Y esta debe ser nuestra preocupación. Este Parlamento debe legislar para resolver problemas, para encauzar problemas, para ayudar a la gente. Y este Parlamento lo hace tarde, muy tarde, en el séptimo año de la crisis, a pesar de que nuestra comunidad, de que en su Estatuto hay competencias exclusivas en materia de vivienda. Y lo hace forzado por las circunstancias y además yo creo que copiando, y copiar no es malo cuando es para mejorar, a mí no me preocupa nada sacar una idea positiva de Frankfurt, de Andalucía o de Agaete, no me preocupa nada, solo faltaba que todo lo que nosotros producimos sea de cosecha propia, no pasa nada por copiar, pero hay que copiar bien, y hay que copiar a tiempo, y hay que aprender de los errores de los demás. Y esta ley en gran medida es una respuesta a lo que otros territorios, buscando salidas a sus problemas, la de sus ciudadanos, hicieron, y estamos hablando de Andalucía. El Gobierno reacciona, y aquí me lo reconoció el presidente en una pregunta directa, en gran medida porque en Andalucía el Gobierno articula una ley justo de intervención, y la estrella de esa ley son las llamadas expropiaciones temporales. Se trataba la expropiación de uso, de que a los bancos que iban a lanzar a las familias por impago se les hace una expropiación con un expediente, en función de la situación de la familia, y se les expropia por un periodo de tiempo. A nosotros esto no nos parece mal, no nos chirría ni ideológicamente, ni creemos que sea una vulneración de la norma. Pero hay un pequeño problema, que es que lo que nosotros creamos no determina las cosas -pequeño problema-. Y es que la ley de Andalucía y la ley de Navarra en el ejercicio de la función de la Administración del Estado han sido recurridas, paralizadas, por parte del Tribunal Constitucional, y se han rectificado los autos de paralización una vez cumplidos los cinco meses. Es decir, que la eficacia de las expropiaciones temporales en estos momentos son cero. Y es seguro, porque no hay que ser un adivino, que a nosotros nos va a pasar lo mismo, porque lo hicieron en Andalucía, lo hicieron en Navarra y lo harán aquí. Y nosotros decimos que la ley debe mantener esa posición, y nosotros votamos a favor, pero decimos que, como sabemos que no va a tener ninguna eficacia, y las leyes están para resolver problemas a los ciudadanos, no para tirarse los trastos entre las administraciones, planteamos un plan B, una alternativa eficaz, concreta, que permite intervenir, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Y luego explico en qué consisten esas enmiendas.
Y la otra cosa que de paso está haciendo esta ley, y yo creo que mal, es revisar la política de vivienda. Porque la motivación es esta que yo he dicho, pero de paso se coge la Ley de Vivienda del año 2003 y se le dan unos retoques, de manera que aquí hay dos cosas: una, la modificación de la ley de vivienda, y otra, las medidas para parar los desahucios en parte, exactamente los hipotecarios, porque los de alquiler y los otros problemas no están.
Sobre el primer asunto, y a nosotros también nos parece bien, ante el fracaso de las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda -y esta mañana teníamos un ejemplo, con la Hipoteca Joven tenemos otro ejemplo, y así sucesivamente-, se dice: como estamos en crisis y no tenemos capacidad económica para hacer vivienda pública o de protección pública, pues, movilicemos el parque privado de viviendas vacías. Bueno. Se les podía haber ocurrido hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Y se mezcla este asunto con cómo hacemos política de vivienda para que la gente acceda, si no las promovemos desde el sector público porque dicen que no podemos, pues, movilizando las viviendas privadas.
Mi opinión es que las cosas que dice la norma, yo estoy también de acuerdo, me parece que van a ser poco eficaces no, van a ser de muy difícil eficacia. Va a ser muy difícil que las viviendas privadas de los bancos, de las inmobiliarias y de los particulares se pongan al servicio de la ciudadanía solo con esta ley. Nosotros no tenemos inconveniente en apoyar ese tema, pero creemos que no va a funcionar, porque lo que va a determinar el acceso a la vivienda es la capacidad de compra o de renta de la familia. Quien no tenga un crédito para comprar vivienda no lo hará, y quien no tenga renta para pagar un alquiler tampoco lo hará. Pero nosotros no tenemos inconveniente en ese tema, aunque nos parece poco eficaz. ¿Qué decimos nosotros? Primero, que, en relación al primer asunto, al de las viviendas, apoyamos sin problemas las medidas, yo creo que ineficaces -algunas bordean la Ley de Protección de Datos, otras dicen los expertos que pueden ser incluso inconstitucionales-, pero nosotros, políticamente, entendemos la motivación, lo que pretende, y lo apoyamos.
Y luego sobre las viviendas públicas hacemos una enmienda, la 76, que decimos: oiga, estamos en una crisis total y las viviendas públicas, las pocas viviendas públicas que se han adjudicado, en vez de hacerlo por el procedimiento tradicional de gente con derechos adquiridos y por sorteo, hagámoslo por situación de necesidad. Pero esto no se nos ocurrió a nosotros; lo dice el Consejo Económico y Social, y es el problema del Gobierno de Andalucía. El Gobierno de Andalucía casi salta por los aires por esta razón, porque la responsable de vivienda adjudicó viviendas en virtud de la necesidad de la familia y, digamos, se saltó el procedimiento tradicional. A nosotros nos parece que tiene mucho sentido en esta situación extrema que la adjudicación de las viviendas se haga en función de la situación de necesidad dada la gravedad de la crisis. Y es nuestra enmienda 76, que mantenemos viva. Hay enmiendas de la 83 a la 86 que luego transaremos, seguramente, porque lo hemos hablado. Pero la clave para nosotros, y por eso nosotros no vamos a decir un sí a esta ley -tampoco diremos no, nos vamos a abstener-, es la siguiente: mire, si las expropiaciones no las toca el Tribunal Constitucional serán de muy difícil gestión, de muy difícil gestión. Cada vivienda expropiada, un expediente de expropiación, y yo les pongo expedientes más facilitos, los de la PCI. ¡Año y pico! Y es más fácil adjudicar una PCI que expropiarle a un banco un bien. No va a funcionar, aunque el Tribunal Constitucional no la recurra. Pero no es que yo sea un desconfiado, es que no va a funcionar, no va a ser eficaz. ¿Cuántas expropiaciones? ¿300, 500, 1.000, 2.000 expropiaciones? Yo he hecho expropiaciones como gestor público de suelo para carreteras, para centros de salud, para hospitales, y tiene tela, ¿eh? ¡Tiene tela! Pues aquí hay una expropiación temporal para cientos, miles de viviendas si se diera la circunstancia.
Nosotros apoyamos el tema ideológico, políticamente, y queremos hacerlo jurídicamente, pero aunque no fuera recurrido, va a ser ineficaz. Y nosotros lo que decimos es: ¿de qué se trata aquí? ¡De resolverle los problemas a la gente! Y decimos: un programa de mediación de verdad, no una medida más: un programa, una ventanilla, un teléfono, una página, de forma que los ayuntamientos, que los ciudadanos, que los partidos políticos, que los diputados, digamos, cuando veamos una familia que la echan a la calle por no pagar el alquiler o por no pagar la hipoteca, que pueda llamar a un sitio donde pueda mediar de verdad. Y que el Gobierno pueda, con esa familia, sentarse con el arrendador, sentarse con el banco, y ver si es posible un acuerdo bajando el alquiler, y que eso sea un derecho y que esté reglado. Y si se arreglan, perfecto, estoy seguro de que el Gobierno arreglaría muchos acuerdos entre arrendadores e inquilinos, entre deudores y bancos, con la mediación, reglada, programada, con ventanilla, con teléfono, con página, anunciada, publicitada, que sepamos a quién dirigirnos. Hoy yo mando a la gente a las plataformas antidesahucios, yo mando a la gente que me viene a hablar de que el banco no le hace caso, a las plataformas antidesahucios, ¿y sabe lo que hacen las plataformas?, se van a la sucursal bancaria y le arman un follón, ¿y sabes qué pasa?, se suelen resolver.
Pues eso lo debiéramos hacer las administraciones públicas, pero cuando no sea posible el acuerdo, nosotros lo que decimos es un fondo de ayuda, dinerito, para que la gente que esté en situación de emergencia social y no pueda pagar el alquiler o no pueda pagar la hipoteca, cuando se den esas situaciones, con los mismos requisitos de la expropiación temporal, una ayuda de alquiler, los 250 euros de la expropiación temporal -que tiene tela- pues para una ayuda para el alquiler, con los mismos requisitos. Si usted tiene una casa por alquiler y no la puede pagar y lo ponen en la calle y después de la mediación no es posible, el Gobierno, si se dan las circunstancias de que esa familia esté en situación de emergencia social, pues le puede ayudar con 170 euros y la familia pone 43, y entonces en vez de una expropiación se hace un alquiler. En el caso de los particulares, sin duda, es el único camino, en el caso del sector privado, cabe la expropiación si esto saliera adelante. Pero esto es lo que nosotros proponemos, y sin esto nosotros sostenemos..., nosotros no presentamos enmienda a la totalidad, no lo hicimos, porque creemos en lo que objetivamente persigue la ley, y hemos hecho enmiendas para mejorarla, no para fastidiarla, para mejorarla, y si no hay un programa de ayudas no habrá capacidad de respuesta, y esta ley será una pelea Gobierno de España-Gobierno de Canarias, esta ley será cuatro titulares, pero no resolverá los problemas que es la razón de ser que justifica esta norma, no los va a resolver.
Sé que los grupos que apoyan al Gobierno nos aceptan desde la 77 a la 82, que está referida a los programas destinados a movilizar la vivienda privada, y yo creo que se mejoran, agradecemos esa enmienda, la que nos presentó la Fecam, pero nosotros creemos que el núcleo duro, porque han aceptado una cosa positiva, es decir, que no solamente el deudor hipotecario, el avalista, el pobre padre o madre que les dio el aval para que su hijo comprara la vivienda, y resulta que su hijo pierde la vivienda y ahora el banco le está ejecutando el aval, conozco gente en esta situación, y está la familia que hizo la hipoteca y los pobres padres igual de pobres con la ejecución del aval, esto lo han aceptado, el problema es que esto no servirá si no tienen una respuesta operativa, y la respuesta operativa, para nosotros, es el fondo de ayuda.
Dicen "no, no, es que si no los bancos se relajan", mire, los bancos no se relajan nunca, los bancos siempre defienden bien sus intereses, fíjese si los defienden bien, y además no tienen ningún temor ni a este Gobierno ni a este Parlamento, ni al español ni al europeo, han impuesto...
El señor PRESIDENTE: Dos minutos, don Román, por favor.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No puede ser que el argumento para no tener un fondo de ayuda operativo, fácil, rápido, eficaz, con capacidad de resolver problemas sea que si ponemos el fondo los bancos se hacen fuertes.
Los bancos son fuertes no, los bancos son los que mandan, a ver si se entera, son los que mandan, son los que han decidido la política europea y española, son los que se han llevado los cuartos de todos nosotros, son los bancos, ¿cómo vamos nosotros a intimidar a los bancos desde este Gobierno o desde este Parlamento? Oiga, a nosotros esa pelea, que nosotros la tenemos, se tiene que dar a otro nivel, ahora nuestro deber es resolver los problemas a las familias, a los que no pueden pagar el alquiler y a los que no pueden pagar la hipoteca, y solo lo podremos hacer si tenemos instrumentos mediadores profesionalizados, conocidos, rápidos, y que cuando no sea posible el acuerdo se produzca la intervención social, competencia exclusiva de esta comunidad. A ver si aprendemos que somos competentes en un montón de cosas, que el autogobierno no se prestigia si uno no es capaz de gestionar sus propias responsabilidades, que todo no es culpa de los demás, somos competentes exclusivos en vivienda y en protección social, y aquí la vivienda y la protección social se puede intervenir en parte, no modificaremos la legislación hipotecaria en este Parlamento por ahora, no modificaremos el Código Mercantil o el Código Civil, pero podemos intervenir, y es lo que decimos nosotros en nuestras propuestas concretas.
¿De dónde salen las perras? Del mismo sitio etéreo del que salen las de las expropiaciones. Porque el fondo de intereses por los depósitos de los alquileres está escasamente desarrollado en nuestra comunidad, no hay cultura, hay comunidades en las que está hiperdesarrollado, lo conozco en Madrid, porque tengo un chico que estudia ahí, y las fianzas las ponemos en la comunidad autónoma, y funcionan muy bien, y tienen un pastón, según me dice. Entonces, el planteamiento es, ese mismo fondo, suponiendo que ustedes no pongan dinero presupuestario, que parece que no lo quieren poner, pues ese mismo fondo que sirva para el fondo de ayudas, pero si ustedes no incorporan aquí un...
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Román Rodríguez.
Turno en contra a las enmiendas del Grupo Mixto, Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo.
Voy a intentar ceñirme a lo que corresponde que es, en muestra de respeto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, razonar el por qué le vamos a aceptar algunas, por qué le vamos a ofertar transaccionales en alguna otra y por qué le vamos a decir que no a otras. Ahora, me niego a aceptar y a creer que los bancos son los que mandan, a ver si nos enteramos, porque si no, nos marchamos de aquí y que vengan los directores de las sucursales bancarias y nos gobiernen a todos los canarios y gobiernen en la nación, yo por lo menos me voy a rebelar frente a eso, creo que usted también, lo que pasa es que hoy ha hecho aquí una afirmación muy dura.
Con respecto a la enmienda número 76, don Román, decirle que usted propone una novedad que es suprimir en la adjudicación al requisito previo de la inscripción en el registro público de demandantes de vivienda protegida, no lo explicó, y sí explicó la supresión del sorteo como modalidad de adjudicación. Y la postura es no, no se la vamos a aceptar, por lo siguiente: porque esto ya lo debatimos al tratar la Ley de medidas administrativas y fiscales del 2012 y tanto el Grupo Nacionalista como el Grupo Socialista introdujimos una enmienda en la que dijimos que el requisito previo de inscripción en el registro de demandantes era porque así trabajábamos la litigiosidad en los procesos de adjudicación al trámite de inscripción y no a las propias adjudicaciones, lo que permitía que más viviendas públicas estuvieran ocupadas y no a la espera de la resolución administración o judicial.
Y en cuanto al sorteo usted no lo ha entendido todavía bien, nosotros abogamos porque en situaciones de casi exclusión social, en situaciones en las que se ven muchas de las personas que efectivamente a través de las movilizaciones han removido la conciencia de todos los partidos políticos, se le dé al más necesitado. Ahora, lo que decimos y por eso sí defendemos el sorteo es que en situaciones análogas o en situaciones donde hay una misma baremación la única posibilidad que tiene el Gobierno, lo más justo, es el sorteo porque si dejamos al margen de discrecionalidad del Gobierno dos baremaciones iguales por qué se elige una y por qué se deja otra, lo más sencillo es el sorteo.
Con respecto a las enmiendas 77 a 82, don Román, usted me ha dicho que..., usted ya tiene el texto, yo le explico a la Cámara que la hemos transado y hemos recogido el espíritu, hemos ampliado lo que es la ley y, en resumen, las enmiendas de la 77 a la 82 lo que hacen es concretar las medidas de fomento para promover el uso de las viviendas deshabitadas y es verdad que en el texto original aparecen de manera muy genérica. Estamos de acuerdo en la necesidad de mayor concreción, no obstante queremos plantearle una enmienda transaccional, que es la que le acabamos de hacer y espero que usted la acepte. De forma sustantiva, sobre el fondo que plantean, solo hemos suprimido una cosa, don Román, que es la relación para establecer estímulos fiscales por innecesaria ya que el Gobierno ya puede plantearlo sin necesidad de esperar a un plan de vivienda o a medidas específicas. Y también hemos vinculado las posibles subvenciones a propietarios de vivienda, a que las mismas repercutan en la renta de alquiler mediante una minoración de las mismas.
Con respecto a la enmienda número 84, 85 y 86 en las que usted mandata al Gobierno a poner -son nuevos artículos, ¿eh?, no son enmiendas a ningún artículo-, a poner en marcha planes concretos para potenciar y fomentar el alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana, le decimos que no porque en cuanto al alquiler y la rehabilitación son completamente..., lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no?, después me referiré en mi último intervención a lo que yo creo que no debe faltar en este Parlamento que es el respeto a aquellos que intervenimos en ponencia y que intentamos dar lo mejor de nuestro ser y poner el mayor de los sentidos, todo el sentido común, en la redacción de las leyes, y muestro mi respeto para todos los que han trabajado en la ponencia, tanto al Partido Popular como al Grupo Mixto, como a mis compañeros del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista. Y en cuanto a la regeneración, al alquiler y a la rehabilitación, le digo por qué, porque ya está regulado en el artículo 43, en el 44, en el 61, en el 62, en el 76 o en el 97. Y en cuanto a la regeneración urbana, porque es verdad que queda muy bonito ponerlo en el texto, don Román -no sé si me está escuchando-, pero lo cierto es que usted sabe perfectamente que es una competencia estrictamente municipal, salvo que afecte a zonas turísticas de defensa u otras cuestiones de interés público supramunicipal y, desde luego, teniendo o pendiendo sobre nosotros la amenaza o la advertencia de un posible recurso de inconstitucionalidad lo que no podemos hacer es darle armas al Partido Popular para que se le ocurra recurrir ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto al artículo 87, don Román, aquí ha pasado una cosa porque claro que estamos de acuerdo en las medidas, que se deberían de desarrollar por tres vías: el asesoramiento a las familias afectadas, la intermediación para favorecer acuerdos, la intermediación para proponer soluciones. Esto es un artículo nuevo. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que es que usted nos la aceptó, nos aceptó una transaccional en la ponencia, nos la aceptó en comisión, pero por olvido no se hizo constar en la comisión, y yo espero que usted me la acepte hoy a no ser que usted me diga que no. ¿Sabe usted por qué?, porque recogíamos todo lo que usted pretendía. Incluso se la di en comisión en mano. Incluimos los arrendadores -se acuerda que estaban fuera del tema de los arrendamientos urbanos-, por tanto al incluir arrendadores incluimos el impago de la renta de alquiler, y, además, incluimos un apartado h) en nuestro artículo 57 -es una tema de técnica legislativa-: "el asesoramiento a las familias y personas en situación de amenaza de pérdida de su vivienda por ejecuciones hipotecarias o como consecuencia de impagos de las rentas de alquiler por incapacidad económica sobrevenida". Esa es la enmienda transaccional que yo le ofrezco hoy nuevamente. Usted me la había aceptado, espero que me la acepte hoy también. Y tiene el texto para poder dársela a la Mesa en el supuesto de que usted la acepte.
En la número 88, usted propone -habló antes mucho de esto-, propone que si no se llega a un acuerdo en la mediación se les pague las rentas de hipotecas o alquiler a las familias durante doce meses prorrogables. Mire, y yo se lo digo con todo el respeto del mundo, si usted cree que los bancos mandan y que son los que marcan la política, acceder a lo que usted me está pidiendo es darle más poder a los bancos. Porque si los bancos ya de antemano saben que en cualquier negociación o cualquier mediación con el Gobierno de Canarias, si no llegan a un acuerdo, el Gobierno de Canarias va a pagar doce meses y además prorrogables, ¿qué les estamos haciendo? Estamos haciéndoles un gran favor a los bancos. Estamos quitando el único mecanismo que tenemos para negociar con ellos, porque el mensaje que estamos dando es: "no se preocupen, si ustedes no llegan a un arreglo, bueno, tengo siempre al Gobierno de Canarias que me va a pagar", y yo creo que están completamente equivocados, se lo digo con todo el respeto del mundo.
La 89 y la 90. Hasta hoy mismo estábamos discutiendo el primer apartado de la enmienda número 89, le aceptamos la 89 y la 90, ¿por qué?, para que lo sepa la Cámara, porque extiende los beneficiarios de las expropiaciones de uso a los autónomos y a los avalistas, que es muy importante. Nosotros creíamos que ya estaba contemplado en el articulado porque cuando habla -aquí hay letrados- de personas afectadas por los procedimientos hipotecarios tanto lo es el deudor hipotecario como el avalista, pero, bueno, no nos importa, no nos importa, es una copia su enmienda, nosotros también hemos copiado lo bueno de Andalucía y es una copia su enmienda, porque así lo leí ayer, también de la ley andaluza.
Y me queda la 91 y la 92. Vamos a ver, en cuanto a la 91 también tiene usted el texto, seguramente me dirá que no, de una enmienda transaccional. ¿Qué hace?: extender los beneficiarios de las expropiaciones de uso a las familias cuyos ingresos no superen, usted dice el 4,5 del Iprem, frente al 3 del Iprem que plantea la ley. Nosotros le proponemos añadir un apartado d) que diga, dejando el límite en el 3, "pudiendo el Gobierno elevar este límite reglamentariamente". O sea, habilitamos al Gobierno -esta ley depende mucho de las disponibilidades presupuestarias- a que reglamentariamente siempre al alza pueda ir más del 3. Yo sé que existe una PNL donde hablamos del 4, y usted a lo mejor me va hablar de la PNL, pero es cierto que usted habla del 4,5 no del 4. Le mostramos toda nuestra voluntad desde el Grupo Nacionalista y desde el Grupo Socialista para intentar llegar a un acuerdo, y por eso le ofrezco esta enmienda transaccional. Ya reitero que las transaccionales 87 y 91, si ustedes no las aceptan yo las voy a proponer como enmiendas in voce en mi segunda intervención. No debería porque a lo mejor usted lo que debería de hacer es aceptármela. Pero, bien.
Y la 92. En la 92 sí me gustaría hacer, porque tengo tiempo y porque además en teoría, en teoría no, en la práctica, vamos a tener un segundo turno de cinco minutos. En su primer apartado en la enmienda 92 usted en su primer párrafo mandata al Gobierno a buscar una solución habitacional a las personas afectadas por un desahucio en el marco del plan de vivienda, y yo le doy nuestra opinión, que es que el plan de vivienda está para buscarnos solución habitacional a las personas que lo necesiten, independientemente del origen de su necesidad, por lo tanto, por redundante resulta completamente innecesario, según nuestra modesta opinión, y, por tanto, es no. Y en el segundo párrafo dice -de su enmienda, de la 92 y última-, dice que no se tenga en cuenta la inscripción de una persona en el registro de sentencias de impago de rentas de alquiler creado por la Ley 4/2013, que es la ley estatal. Mire, si usted se lee esa ley, la del Partido Popular, no del Partido Popular, es del Partido Popular, pero también de todos los que la votaron, verá que se crea solo a los efectos de consultar. Solamente a los efectos de consultar. No, es que antes hablaban por aquí de que si aquí se estaba orillando la Ley de Protección de Datos. Le voy a leer, fíjese usted, yo no estoy de acuerdo con que se haya creado en una ley estatal ese registro, porque ¿sabe lo que decíamos nosotros en el debate? Le voy a leer textualmente lo que dijimos en el debate en el Congreso de los Diputados, le decíamos al PP: "El remate de las listas negras es que no tengan pudor en señalar al deudor por alquiler, inhabilitándole para poder acceder por ningún medio al derecho al techo, pero no podamos conocer los nombres de los grandes defraudadores beneficiados por su amnistía fiscal".
¿Está usted de acuerdo conmigo, verdad? Qué curioso. Todo el mundo puede saber, alguien puede tener en este país un problema, que puede ser coyuntural, dejar de pagar, y resulta que va a un registro por impago de unas rentas. Y, sin embargo, los grandes defraudadores, los que se han, como decimos en canario coloquial, "mamado" el dinero que es de todos, nadie sabe quiénes son, porque no hay un registro de ellos. Se acogen a la amnistía fiscal.
Bien. Pues, esa es la explicación de porqué no le aceptamos esta enmienda, porque lo único que hace la ley estatal es consultar. Y yo creo que incluso viene hasta mal recordar ese nefasto episodio.
Este es el resumen de la postura que tenemos el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista con respecto a sus enmiendas. Ya sabe perfectamente, no sé si repetírselo, cuáles le hemos aceptado y qué ofertas transaccionales le hemos hecho también, y, bueno, de usted depende aceptarlas o no, solamente de usted, que es el presentante de las enmiendas, depende esta cuestión.
Efectivamente, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, turno de fijación de posiciones respecto a las enmiendas. En este caso, el turno es de menor a mayor. Estos son los grupos parlamentarios ahora. Ahora no se interviene para defensa de una enmienda sino para fijar la posición de cada grupo con respecto a las enmiendas, y a la ley por supuesto. De menor a mayor.
Ah, ¿que pidió palabra por...? Perdón, don Román. Don Román, perdón, es verdad, que me han advertido que tiene usted derecho, es verdad, antes de intervenir los grupos, a contestarles respecto, pero escuetamente, a las transaccionales. Perfecto.
En primer lugar, efectivamente, don Román Rodríguez, lo puede hacer desde aquí, desde el escaño o de la tribuna, fije posiciones respecto a las transaccionales para que toda la Cámara tenga conocimiento. Porque si no las acepta, no serían objeto de comentarios en las intervenciones de los portavoces. Por lo tanto, su tiempo no cuenta de momento.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No cuenta. Vale.
Pues, al señor portavoz del Grupo Socialista en nombre de los grupos que apoyan al Gobierno, agradecerle la disponibilidad y los avances que hemos producido en ponencia y en comisión.
En relación a la 76, se mantiene viva por nuestra parte para la votación porque no ha sido aceptada.
Aceptamos la transaccional de las 77, 78, 79, 80, 81 y 82, que son un paquete.
Mantenemos viva la 83, la 84, la 85, la 86, aunque hay una transaccional que creemos que mejora el texto originario, nosotros creemos que sigue siendo determinante el peso que nosotros le damos al programa de mediación como un programa específico, como un servicio específico, y no en medio de las políticas de vivienda, por lo tanto, no aceptamos la transaccional, aunque reconocemos que avanza mucho el texto. La 88, que para nosotros es la clave del tema, la mantenemos. La 87 y la 88 las mantenemos.
Y ahora nos iríamos directamente a la disposición adicional cuarta, las adicionales: nos aceptan la 89 y 90, mantenemos la del 4,5 % del Iprem, y mantenemos la 92 porque nosotros lo que queremos es resarcir el daño realizado a esos colectivos.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Don Román Rodríguez, Grupo Mixto.
Cierto, tiene derecho, sí. Disculpe, sí, sí. Ya, ya.
El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): Sí, señor presidente, salvo mejor criterio de la Presidencia y de la Mesa, para formular enmiendas in voce, creo que debo hacerlo ahora.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Sí, sí, sí.
El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): ...antes de que fije posición, y como el señor Rodríguez ha admitido que, si bien no alcanza plena satisfacción con la transaccional a la número 87, pero sí reconoce un gran avance, yo ahora planteo como enmienda in voce la transaccional que le acabo de hacer a la 87 que tienen ustedes; les he dejado, creo, el texto.
El señor PRESIDENTE: No sé si es necesario que lo lea.
El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): Sí, lo expliqué antes, que es en el tema de la intermediación, en la enmienda número 57 nuestra, del Grupo Nacionalista y Socialista, incorporar lo de arrendadores, incorporar "por el impago de una renta de alquiler", e incorporar el apartado h), que es un tema relativo al asesoramiento. Y también, como enmienda in voce, mantener, para que quede demostrado el interés de los grupos que apoyamos al Gobierno de que se habilite al Gobierno, valga la redundancia, para, siempre al alza y de forma reglamentaria, el tema del 3 % del Iprem, hago in voce la enmienda a la disposición adicional cuarta, al punto tercero, donde se añadiría, en el punto tercero, "pudiendo el Gobierno elevar ese límite reglamentariamente". Hago estas dos enmiendas in voce que dejo a la consideración del resto de partidos políticos.
El señor PRESIDENTE: Tiene cada grupo parlamentario, por favor, en un minuto. Las enmienda in voce saben que tienen que estar de acuerdo todos los grupos.
Grupo Mixto, de acuerdo; Grupo Socialista, evidentemente, de acuerdo; ¿Grupo Nacionalista?, de acuerdo; Grupo Popular, ¿don Felipe?, también. Bien.
Entonces, yo creo que ya, ahora sí, cabe ya la intervención de fijación de posición de los grupos parlamentarios.
GrupoMixto, don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, por fijar una posición, que lo hemos hecho en gran medida con este método de ver globalmente la ley, por lo tanto, como estamos hablando de política, hablemos de los bancos.
Yo no defiendo que los bancos manden, pero los bancos mandan. Fíjese si mandan que usted tiene un compañero, al que yo le tengo aprecio personal a pesar de que no esté de moda, que es el señor Zapatero, que se fue en mayo del 2010 a una reunión en Bruselas y vino con los papeles cambiados. Hizo todo lo contrario a lo que se había comprometido.
Aquí se reformó la Constitución por imposición de los poderes financieros internacionales. Aquí ha habido dos presidentes de dos Estados con tradición democrática, que son Grecia e Italia, por cierto, cunas de la civilización occidental, cuyos presidentes fueron designados a dedo. ¿Cómo que no mandan los bancos? El señor Rajoy ha dicho en las Cortes Generales, recién llegado, que su margen de maniobra era el que era. Desgraciadamente, los poderes financieros están influyendo en los parlamentos y en los gobiernos, y esa es una de las razones del desafecto y del alejamiento de la ciudadanía. Lo hemos dicho aquí, algunos hasta la saciedad, desde el principio de esta legislatura, que hemos hablado de esta crisis.
Por supuesto que mandan los bancos. Mandan, pero no debieran mandar. Por eso la gente no se cree, la soberanía ha pasado de los parlamentos a los cenáculos, y esa es una de las crisis de la democracia occidental, europea, española y canaria, y por eso hay gente que no se cree nada, cuando hay 108.000 millones para los bancos, ni una perra para las hipotecas; cuando hay decenas, endeudamientos brutales en el sector público y se dejan caer millones de empresas. Por supuesto que mandan los bancos, y nosotros estamos radicalmente en contra, y hemos denunciado todas las decisiones políticas que sabíamos que estaban sustentadas en las presiones de las transnacionales y de la banca internacional, las hemos denunciado todas, desde el cambio de tercio con el señor Zapatero en el año 2010 hasta la reforma constitucional, un montón de decisiones, los planes nacionales de reformas, etcétera, etcétera. Eso lo marcan los poderes fácticos y es una desgracia para la mayoría social y una desgracia para la propia democracia.
Dicho eso, señor Fajardo, a nosotros nos parece -insisto- que la ley llega tarde, que la ley hace un intento de movilizar las viviendas privadas frente a la ausencia de políticas públicas justamente por los recortes y el seguimiento de los recortes que ha hecho este Gobierno, que ha sacado nota alta en este proceso; y nosotros creemos que la voluntad que anima esas medidas es esencialmente positiva, pero nosotros estamos desgraciadamente convencidos de que va a ser poco eficaz. El Gobierno no tiene un registro de viviendas propias públicas y ahora pretende hacer un registro de viviendas privadas, y yo estoy de acuerdo, pero va a ser difícil no, va a hacer imposible. Veremos la operatividad. El tiempo pasa y pondrá las cosas en su lugar.
Y con respecto a la segunda cuestión, hay comunidades que están haciéndolo, lo del fondo de ayuda tampoco se nos ocurrió a nosotros. El fondo de ayudas hay comunidades españolas que están haciendo esto porque saben que puede ser eficaz; hay bancos que consideran la expropiación temporal una oportunidad para quitarse de encima inmuebles vacíos; hay inmobiliarias que dijeron que ellos también querían que las expropiaran, o sea, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Aquí lo importante no es eso, si el banco quiere o no quiere, lo importante es la familia. Aquí hay un conjunto de familias que están en la calle de su única vivienda porque no pagan el alquiler o porque no pueden pagar la hipoteca, y con esta ley, con esta medida, que nosotros apoyamos pero que nos parece ineficaz porque va a ser bloqueada, y si no fuera bloqueada será de difícil gestión, proponemos un fondo de ayuda. Eso no es verdad, eso es una afirmación gratuita. Es decir, no es verdad, es una afirmación que, en fin, que se puede hacer. Nosotros tenemos que responder a los problemas, y ahora lo veremos. Esto que se aprueba hoy entrará en el boletín mañana o pasado y vamos a ver cuántas ejecuciones hipotecarias, cuántas familias vamos a salvar con esta ley, ¿las vamos a ver?, será -escúcheme bien- ridículo en relación a los lanzamientos y a los desahucios. Y si me equivoco, mejor, y vendré aquí y lo reconoceré. Pero es que he seguido la casuística de Andalucía, he seguido la casuística de Navarra, y el impacto de estas medidas ha sido pequeñísimo en relación a la gravedad del problema. Y cuando se están haciendo cosas operativas es cuando se interviene directamente, cuando se media de forma profesional, rápida, antes de que se produzca el lanzamiento, antes de que se produzca el desahucio; muchas veces arreglando las partes y en otras ocasiones, cuando se dan las circunstancias, pues facilitando el alquiler y, si fuera posible, la expropiación temporal.
Sin esta medida creemos, honesta y sinceramente, que no vamos a ser eficaces. Y por eso, apoyando la filosofía, incluso el articulado, nos abstendremos en algunos de los artículos que creemos que nosotros mejoramos con esta propuesta, muchas de ellas adicionales, para expresar nuestro apoyo político a los objetos, a la filosofía de la ley, a muchas de sus medidas, pero nuestra incredulidad a que vaya a ser eficaz, que sirva para lo que debe estar una ley, no para el rifirrafe, no para conseguir un titular sino para resolver problemas.
Por lo tanto, en términos políticos, nosotros hacemos una extensión política a una norma que llega tarde, yo creo que llega mal, yo creo que aunque tiene buena voluntad no transformará lo importante, y es la realidad de miles de familias que siguen perdiendo sus viviendas por impago de alquiler o por impago de hipoteca, y desgraciadamente esta ley no lo va a reformar.
Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo.
El señor FAJARDO PALAREA: Yo no he dicho que los bancos no manden, lo que he dicho es que me niego a que los bancos manden y que usted dé por sentado que los bancos mandan, algunos, algunos... Es cierto, mire le voy a dar la razón, es cierto que yo no he visto al presidente del Gobierno sacarse una fotografía en las escalinatas de La Moncloa con los líderes de las plataformas de la marea verde, la marea blanca, las plataformas..., sino la he visto con los del IBEX 35, es cierto, es cierto.
Pero, mire, para empezar, voy a retomar lo que dije en mi primera intervención, aquí se ha tachado de nauseabundo el trabajo realizado, y yo sinceramente creo que no se debe hacer, está fuera de contexto. Porque, hombre, nauseabundo puede ser a lo mejor recortar en la dependencia y que haya mucha gente que quede fuera del sistema -recortar en sanidad, cerrar centros hospitalarios, recortar en educación, recortar...-, se hablaba de igualdad, si ahora tenemos, pero quién... ¿No se han estudiado el último informe del Consejo Económico Social a nivel nacional?, la mayor desigualdad, los mayores grados de desigualdad. ¿No vieron las cifras el otro día de Cáritas o de Cruz Roja, que han aumentado un 25 % las atenciones a personas que lo están pasando mal? Pero yo respeto el trabajo de todos que hemos hecho en ponencia, y por ese respeto lo voy a dejar aquí. Y he decir que en ponencia creo que hemos contribuido a mejorar bastante esta ley, ¿por qué?, porque hemos incorporado enmiendas para prohibir las cláusulas abusivas en los préstamos propiciados por la administración para la promoción pública y privada de viviendas, hemos suprimido la obligación de devolver las ayudas y beneficios fiscales recibidos en el supuesto de dación en pago o de acuerdo de las personas en riesgo de exclusión social, en los alquileres públicos hemos rebajado el máximo de renta familiar a abonar del 25 % al 20 %, hemos ampliado la posibilidad de fraccionamiento de deuda con la suspensión de pagos para que las familias recuperen liquidez, en los supuestos de lanzamiento hemos impuesto la obligación al Gobierno de adoptar las medidas necesarias para evitar que las familias no queden en situación de exclusión social, hemos creado un registro de viviendas deshabitadas. En definitiva, hemos reforzado la cobertura de una ley de por sí muy social.
Y, además, yo tengo que felicitar al Gobierno porque ha hecho por primera vez una cosa de la que usted y yo hablamos mucho cuando comparecemos aquí, señor Rodríguez, han trasladado por una vez el costo de la crisis de quienes las están padeciendo a quienes la generaron, y por eso le hablaba yo de que no hay que aflojar ni un punto con respecto a las medidas que obtenemos de negociación frente a los bancos.
Y es cierto que hemos bebido de Andalucía y de otros textos legales, pero aquí solamente quedaban dos caminos: o estar pasivos y no hacer absolutamente nada o intentar dar solución a esas vidas que se han truncado como consecuencia de lanzamientos y de desahucios porque una de las cosas peores que se puede encontrar una persona en esta vida es encontrarse sin un techo bajo el que cobijarse, sin tener un techo, sin tener una vivienda donde poder hacer una vida digna y por eso creo que hay que felicitar al Gobierno, por la valentía además, por la valentía de traer a este Parlamento un texto, digo, bajo la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad. Pero a los que se hayan reunido en un cenáculo para decir que nos van a recurrir esta al Tribunal Constitucional que tengan cuidado, que tengan cuidado porque léanse el recurso del Tribunal Constitucional. Veo, veo en una situación bastante incómoda a la Abogacía del Estado si va a recurrir esta ley porque entonces tendrá para recurrirla que desdecir todo lo que está diciendo el Gobierno a los españoles, o sea, que la economía va bien, que nos estamos recuperando y que fíjense ustedes si nos estamos recuperando que vamos a proceder ya de inmediato a devolver el dinero del rescate bancario, y les digo por qué digo esto, porque, mire, el problema sigue igual, el Poder Judicial revela que en 2013 hubo una media de 184 desahucios al día, la Defensora del Pueblo pide al Ejecutivo, la Defensora del Pueblo, que no es del Partido Socialista, más actuaciones en inmigración y en desahucios, y porque, como les decía antes, señor Rodríguez, ya que ha hablado usted del Tribunal Constitucional, ¿sabe en qué basó el Tribunal Constitucional el recurso frente a las leyes autonómicas que ha paralizado?
El señor FAJARDO PALAREA: ...(Sin micrófono.) ...en tres, mire, porque haría desaparecer la propiedad privada, no es el caso, porque provocaría el colapso de la economía española, y no es el caso, y porque pondría en peligro la reestructuración del sistema financiero, ¿y sabe con base en qué informe? En los informes del Banco de España del 2012. Por eso le digo que si estamos recuperándonos, si hay un cambio de ciclo, como nos dice el señor Rajoy todos los días, si hay un cambio de ciclo, si nos estamos recuperando, si tenemos tanto dinero que vamos a devolver, a ver cómo al abogado del Estado se le va a ocurrir decir en su recurso de inconstitucionalidad, en el supuesto de que lo interponga, que esto es lo contrario a lo que dice el Gobierno.
Señorías del Partido Popular, solamente un mensaje: si el resultado del recurso que ustedes dicen que van a presentar es suspensivo, no ganará el Gobierno de España y perderá el Gobierno de Canarias, ganarán los bancos y perderán los ciudadanos y ciudadanas, esa es la responsabilidad de ustedes, que no será compartida, desde luego, ni por el Grupo Nacionalista ni por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.
El señor RUANO LEÓN: Señor presidente. Señorías.
El portavoz del Grupo Mixto hacía una referencia en general a la crisis y a mí me gustaría también aprovechar la ocasión para hablar de ese asunto, que alguna reflexión ha merecido también en nuestro grupo, en nuestro portavoz y en mí personalmente. Decíamos que la crisis que arranca en 2008 va a producir cambios sustanciales en la acción política que ya son visibles. La responsabilidad de este Gobierno, del Gobierno de Canarias está en propiciar políticas de sostenibilidad de los servicios públicos y de defensa de nuestras especificidades en el marco español y europeo, decisiones de emergencia en un escenario muy restrictivo para la autonomía política y económica; no obstante, nada será igual tras la crisis: ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción en personas concretas que ejercen la política, ni la pérdida de niveles de renta en las clases medias, ni los indicadores de pobreza que se han elevado en paralelo a los intolerables índices de desempleo, ni la forma de hacer política, no serán iguales que antes de la crisis. Esta es la situación, señorías. Nosotros estamos en medio todavía de un proceso de cambio que ignoramos cuál va a ser su final, se atisban cuestiones positivas en la macroeconomía pero todavía el daño en la economía real es tan sustancial que es muy difícil establecer políticas compensatorias que permitan llevarnos a los niveles de paridad social que como ciudadanos europeos pretendemos tener. Esta es la situación.
¿Y qué podemos hacer nosotros en materia de política de vivienda frente a una crisis con un daño notorio en España, en el Estado español, con el estallido de la burbuja inmobiliaria? Pues podemos hacer lo que se está haciendo, lo que ha proyectado el Gobierno y lo que hemos mejorado en la tramitación de este proyecto de ley. La hemos mejorado sustancialmente, el señor Fajardo se refería a ello, creemos que se establecen alguna medidas, algunas decisiones normativas, que fortalecen su vínculo desde el punto de vista constitucional, y establecen también políticas sociales o acentúan quizás algunas políticas sociales que van a ser importantes en la gestión de este asunto.
Es verdad que hay dudas razonables, pero las dudas solo se resuelven con una sentencia del Tribunal Constitucional en torno al tema de los desahucios. La responsabilidad de este asunto, lo decía hace unos poquitos días, poquitos días, eleconomista.es -20 de mayo de 2014-: "La Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros -Adicae- ha defendido hoy que es urgente reabrir el debate hipotecario, reformar la legislación e implementar un procedimiento concursal específico para consumidores", un procedimiento concursal específico para consumidores, ¿quién lo puede hacer señorías? El Estado. El Gobierno de España es el que tiene la competencia para hacerlo. Es que no fueron los ciudadanos los actores de este proceso de degradación que impide que vivan en una vivienda digna, fue un montón de cosas: mercados financieros ajenos a las decisiones democráticas y, si quieren ustedes, pasividad en la brega por parte de quienes tenían la responsabilidad de establecer normas y no lo hicieron, normas en el ámbito de la Unión Europea, normas en el ámbito de la responsabilidad de las Cortes Generales, normas también ejecutivas... En fin, esta es la situación. ¿Qué se hace?, proyectar una medida en forma de ley que tiene un contenido, digamos, tres partes: la modificación que se hace de la Ley Canaria de Vivienda de 2003, con lo cual se pretende actualizar la legislación en esa materia y se introducen cuestiones muy importantes, como ya señaló el señor Fajardo, en torno al registro de viviendas, en torno al registro de viviendas vacía, en fin, muchas cosas de esa naturaleza; normas relativas a garantizar que las viviendas de las que son titulares las entidades jurídicas o propiamente los bancos se pongan en el mercado; y, en tercer lugar, garantizar que ante un eventual desahucio o lanzamiento de una familia pueden haber medidas paliativas, primero aplicando la legislación del Estado, que eso lo introducen las enmiendas; en segundo lugar, interviniendo mediante la mediación, intentando que haya un acuerdo que deslice la deuda hipotecaria a lo largo de los años y que, por tanto, el deudor pueda afrontarla; y, en tercer lugar, estableciendo un posible alquiler social. Y si no se produce ese acuerdo, entonces se va a la vía de la expropiación temporal de uso durante el tiempo que prevé el proyecto de ley.
Estamos, por tanto, en un marco normativo, señorías, que...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, don José Miguel.
... en un marco normativo, señorías, que mejora la situación, mejora la situación. La situación no la podemos resolver nosotros, que conste hoy, porque la responsabilidad sobre el régimen jurídico de la legislación civil, la legislación hipotecaria y la legislación bancaria es del Estado, en algunos casos con la necesaria autorización de la Comisión Europea, en lo que se refiere a temas de regulación bancaria. Pero siendo así, nosotros tenemos una capacidad limitada que es la que estamos ejerciendo hoy. Y lo importante es evitar que tantas y tantas familias sigan viéndose desalojadas de su vivienda y establecer garantías en el parque público de viviendas también para que solo se produzcan viviendas vacías del parque público en los supuestos que están en los procesos de adjudicación, y si no es esa la razón, el proceso de adjudicación, entonces la vivienda tiene que estar habitada, que para eso es una vivienda, para usarla y no para especular con ella.
En fin señorías, creo que...
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Felipe Afonso.
El señor AFONSO EL JABER: Presidente. Señorías.
En el 2004 España era una fábrica de igualdad de oportunidades, en el 2012 España era una fábrica de desigualdades, y estas son las consecuencias en materia de vivienda, lo que estamos hablando hoy, son las consecuencias en materia de vivienda de que España de 2004 a 2012 pasara de ser una fábrica de igualdad de oportunidades a ser una fábrica de desigualdades. Esas son las consecuencias en materia de vivienda.
Y en este Pleno hemos debatido y en todo el proceso de tramitación del proyecto de ley dos alternativas, básicamente. La suya, ilegal, inconstitucional y no exigible por los ciudadanos, no establece ningún derecho que un ciudadano pueda exigir. La nuestra, legal, constitucional y exigible por los ciudadanos, los ciudadanos pueden exigir ante los tribunales de justicia, puesto que establece el mandato de la comunidad autónoma de cumplir con el Estatuto de Autonomía.
¿Y por qué eligen ustedes una ilegal? Porque es un paripé, un simple paripé, para lavarse las manos ante su incompetencia y ante su no ejercicio de las competencias que le mandata el Estatuto de Autonomía, echándole luego a otro la culpa de la inconstitucionalidad de la misma, de la suspensión por el alto tribunal. Y eso no lo decimos nosotros, que podría ser sospechoso, lo dice la Abogacía del Estado, lo dice el Consejo de Estado, lo dice el Consejo Consultivo de Canarias que eligieron con sus votos exclusivos, lo dice el Consejo Económico y Social, lo dice todo el mundo. Solamente ustedes desean continuar por ese camino de la ilegalidad, que siempre es un mal camino, puesto que termina en la suspensión en un Tribunal Constitucional. Andalucía y Navarra fueron suspendidas de entrada sí, pero a los cinco meses, a los cinco meses, fue ya confirmada cautelarmente por el altísimo Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos ante un camino más que previsible.
Y nosotros decimos: ¿por qué no evitan ustedes la ejecución? Nosotros decimos: hay que ayudar a la gente, hay camino dentro de la Constitución para ayudar a la gente a pagar su hipoteca. No esperar que pierdan la casa, y entonces expropiamos la casa durante tres años y pagamos la casa allí. Y entonces el banco se queda con la ayuda y con la vivienda. Y nosotros decimos: no, con la vivienda se queda el ciudadano antes de que pierda la vivienda. El mismo dinero que usted va a destinar a esto, destínelo a esto otro. Y dicen ustedes: no, porque eso beneficia a los bancos. No, lo que beneficia es lo contrario. El único temor que puede tener el banco ante una ejecución es tener la casa vacía, pero ustedes le garantizan que se la van a ocupar durante tres años, y luego ya esperemos que el mercado inmobiliario esté mejor. Ese es el camino que ustedes eligen, que, además de ser peor para la gente, es contrario a nuestra Constitución. Y nosotros le decimos, en nuestro bloque alternativo que presentamos antes en una larga intervención de treinta minutos, y la fui explicando una a una, y por lo tanto no voy a volver a hacer ese ejercicio, nosotros presentamos un bloque alternativo y le decimos: de todas estas medidas posibles dentro de la Constitución elijan ustedes la que quieran, aprueben la que quieran, y que sea exigible por los ciudadanos. Y ustedes dicen que no.
Yo no sé cómo se debe calificar este lavarse las manos ante los problemas de la gente, no sé, quizá lo de nauseabundo pueda ser muy duro, no lo sé. Pero, desde luego, lavarse las manos ante los problemas de la gente diciendo "esta es la solución", sabiendo que esa no es la solución pero que me sirve a mí para hacer lo que ya han hecho hoy que es culpar a otros, que luego me recurra se podrá calificar moralmente de muchas maneras, para mí desde luego es un tema muy serio, muy serio, y por ello utilizo los calificativos que considero oportunos, y, si es así, lamento que sea así porque bien me gustaría que fuera de otra manera distinta.
Mire usted, yo vuelvo a insistir: existen muchas medidas dentro de la ley. Ustedes tienen las competencias exclusivas en materia de vivienda, ejérzanla, ejérzanla, establezcan medidas de ayuda a la gente para que no pierda su vivienda, a los inquilinos y a los que tienen un crédito. No esperen a que pierda la vivienda, para luego hacer la medida. No tiene ningún sentido, es que no tiene ninguna lógica, es que no es razonable. Eso solamente beneficia al que va a recibir la ayuda y la vivienda, y solamente perjudica a las personas. Por lo tanto, en fin, no hay manera de entenderlo.
Y les insisto: vivimos en un mundo difícil, en un mundo realmente complicado, creo que hoy más que nunca hay que hacer un llamamiento permanente a la responsabilidad. Todo se escucha, todo lo que se dice llega. Por lo tanto, hoy más que nunca hay que saber medir las palabras y hacer un ejercicio de responsabilidad. Y la responsabilidad...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Felipe.
El señor AFONSO EL JABER: ...no es jugar con el guardar y hacer guardar la Constitución. No. La responsabilidad es cumplirla. Porque -repito- fuera de la Constitución no hay derecho, fuera del constitucionalismo no hay derecho, no hay Estado del bienestar, solamente el constitucionalismo, la ley y el Estado de derecho pueden garantizar el Estado del bienestar. Y esa responsabilidad es la que tenemos que ejercer todos, los que estamos en la Oposición y también los que están gobernando, y si pudiera ser, incluso, más.
Les pido, les hago una última llamada para que reflexionen, para que acepten nuestras enmiendas. Hay un verdadero paquete de medidas, que son efectivas y útiles para las personas, para que las personas no pierdan su vivienda. Les hago una última llamada para que lo cumplan. Sé que no lo van a hacer, puesto que no lo han hecho desde que iniciamos este debate, pero hemos presentado un texto alternativo, que no ha sido fácil para los medios normales que tiene un grupo parlamentario, un texto alternativo amplio, comprometido y que, desde luego, garantiza el derecho de la gente a una vivienda digna y adecuada.
Señorías, vamos a proceder a la votación (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).
Vamos a ver si..., les ruego que atiendan, porque no es nada sencilla esta votación, ya verán por qué.
En primer lugar, la propuesta de votación es, como no puede ser de otra manera, votar todas las enmiendas de la ley, votarlas todas. Y luego, al final, el texto de la ley, votarlo todo conjuntamente, con las enmiendas aprobadas, que está consultado y es correcto reglamentariamente.
Pero a la hora de votar las enmiendas es lógico, a cada grupo se le ha pedido, se le pidió por parte de la Mesa, en su momento, que nos hiciera llegar las votaciones agrupadas o separadas. Entonces, el que una enmienda se vote agrupada o separada depende del propio grupo, y por eso yo les voy diciendo que estén atentos, porque hay grupos que han pedido votarlas, no de la manera que propone el grupo, sino de otra manera.
En concreto, primera votación que haríamos: el Grupo Popular pide votar de la 2 a la 10 conjuntamente, pero el Grupo Mixto ha presentado aquí que la 2, la 3 y la 4 las quiere separadas. Entonces, si el Grupo Popular está de acuerdo, daríamos satisfacción a todos, y votaríamos el bloque del Grupo Popular extrayendo las del Grupo Mixto, y las del Grupo Mixto después.
El Grupo Mixto me ha presentado aquí un escrito que dice que de la 2, la 3 y la 4 quiere, pide votación separada. Del Grupo Popular, no del Grupo Mixto, porque vamos a votar primero las del Grupo Popular, y luego pasaremos a las del Grupo Mixto. Pero el Grupo Popular ha dicho que de la 2 a la 10 las vota conjuntamente; entonces, don Fernando Figuereo, dígame cómo quieren que se voten sus enmiendas. Bueno, don Fernando Figuereo o quien corresponda, o don Felipe, porque estaba levantado don Felipe.
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.) En general, no nos vamos a oponer a ninguna votación por separado de las enmiendas que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entendido.
Entonces, vamos a votar las enmiendas, entiendo, don Román, ¿una a una o por separado?
Las tres conjuntamente. El Grupo Mixto ha pedido que se vote la 2, la 3 y la 4 del Grupo Popular, que no se voten en el bloque del Grupo Popular, entonces vamos a empezar por esas.
Enmiendas número 2, número 3 y número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Resultado: 54 presentes; 22 a favor, 32 en contra, ninguna abstención.
Quedan rechazadas la 2, la 3 y la 4.
Y ahora, por lo tanto, pues de la 5 a la 10, entiendo, don Felipe; váyanme corrigiendo, de la 5 a la 10, conjuntamente, del Grupo Parlamentario Popular.
Resultado: 54 presentes; 19 a favor, 35 en contra, ninguna abstención.
Ahora el Grupo Popular plantea otro bloque. Sí, queda por votar la 1 porque la exposición de motivos se vota al final.
Entonces, el otro bloque es de la 11 a la 27, pero el Grupo Mixto ha pedido votar la 22, del Grupo Parlamentario Popular, aparte. Entonces, vamos a votar la 22 y luego votamos el bloque, ¿de acuerdo? 22, del Grupo Parlamentario Popular.
54 presentes; 22 a favor, 32 en contra, ninguna abstención.
Entonces ahora se vota el bloque de la 11 a la 27 excepto la 22, que está votada, del Grupo Parlamentario Popular también.
53 presentes; 18 a favor, 35 en contra, ninguna abstención.
Bien. Seguimos con las del Grupo Parlamentario Popular, que aquí no se ha pedido por el Grupo Mixto ninguna. Bueno, de todas maneras, son la 29 y 30, el Grupo Parlamentario Popular pide votar la 29 y 30 conjuntamente.
53 presentes; 19 a favor, 34 en contra, ninguna abstención.
Quedan rechazadas la 29 y la 30.
Lo mismo, ahora vamos a la votación de la 32 y la 34, enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Resultado: 54 presentes, 19 a favor, 35 en contra, ninguna abstención.
Continuamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la 35 y 36.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la 39 a la 43.
Seguimos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la 44 y 45 (El señor Figuereo Force solicita la palabra).
Sí, sí, perdón. Dígame, dígame.
El señor PRESIDENTE: ¿35 y 36? Bueno, pues si hay dudas, las votamos.
No se han votado. Muy bien, disculpen.
¿La 40? No, la 40 no hemos llegado... Sí, esas son del Grupo Mixto.
No, íbamos a votar la 44 y 45, que no se llegaron a votar (Pausa).
¿Se pueden votar la 37, 38 y 40? Es que el guión que ustedes me han dado no coincide con el guión de la... No, es mejor ese, ¿no? Vale, el de la Cámara, me estoy guiando por el de los grupos, bien, ¿37, 38 y 40 se pueden, don Felipe, votar juntas, que la 40 tampoco se ha votado, efectivamente, porque no me aparece aquí?
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)
El señor PRESIDENTE: ¿Votamos todas las del Grupo Parlamentario Popular que quedan? (Rumores en la sala.)
Yo, el guion que tenía de la Cámara, el guión que ustedes me han dado... No, no. Sí.
El señor PRESIDENTE: No, pero eso no.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero eso, sí, bien.
Vamos a dejarlo, lo que se había dicho es que cada grupo proponía lo que se votaba y los demás lo pedían, entonces, yo tengo el escrito del Grupo Popular aquí. Mal entendido, aclarado.
Pues entonces, vamos a ver, atentos por si yo me equivoco, para que quede bien claro.
37, 38, 40, 44, 45 y todas las que vienen a continuación (Pausa).
Venga, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 y 75, efectivamente. ¿Están todos de acuerdo? Con esto se acabarían las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, ¿de acuerdo?
Bueno, pues todas las enmiendas que se han dicho, y que lógicamente están debidamente explicadas, del Grupo Parlamentario Popular.
Resultado de la votación: 54 presentes, 19 a favor, 35 en contra y ninguna abstención.
Entonces, yo votaría ahora, los portavoces me dirán, intentaría votar las transaccionales, ¿de acuerdo?, para sacarlas del grupo para cuando se voten las del Grupo Mixto. A ver si yo..., y después votaríamos la in voce, primero las transaccionales, don Román y don Manuel Fajardo que las había propuesto, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 que son transaccionales a las del Grupo Mixto, ¿de acuerdo?, ¿son esas, no? Bueno, pues no las repito han sido claras las enmiendas transaccionales. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes, 53 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.
Hay dos más, hay dos más transaccionales que yo no, efectivamente, no, discúlpenme que no las vi, 89 y 90, perdón... (Ante manifestaciones de los señores diputados desde sus escaños.) ¡Ah!, entonces las votamos después, esas las votamos después.
In voce estaba la 87, ¿y la adicional cuarta era?
El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): Eran dos, señor presidente, para la enmienda 87 del Grupo Mixto nosotros nos remitíamos a la enmienda número 57 añadiendo lo que usted tiene en la mesa, esa sería la primera in voce. Y la segunda es a la enmienda 91 del Grupo Mixto, in voce he hecho una que es a la disposición adicional cuarta donde en el apartado 3 en el número 3 se añade: "...pudiendo el Gobierno elevar este límite reglamentariamente", y este límite se refiere al Iprem, al 3 % al Iprem, nada más.
El señor PRESIDENTE: Bueno, ¿están todos los grupos de acuerdo en que se vote?, luego cada uno votará, cada grupo, pero que se vote así, cómo se ha dicho, la enmienda in voce fue acepada por unanimidad, se va a votar cómo ha dicho, cada quién votará a favor o en contra, que eso no limite..., al aceptar la enmienda in voce no se está aceptando la posición. Bien, pues vamos a votarla, la enmienda 87 con el texto alternativo de la 57, del Grupo Socialista entiendo que era además, y la adicional cuarta con el texto que añadió, vamos a votar esas dos enmiendas in voce que son alternativas a las del Grupo Mixto. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes, 50 a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones.
Vamos a votar ahora el resto de las enmiendas del Grupo Mixto. Aquí tengo un texto, don Román, si quiere lo repasamos para... No sirve, efectivamente, ese texto era para el Grupo Popular. El Grupo Popular, a ver si yo no me equivoco, don Felipe, con el texto que usted me ha presentado vamos a ver las que ustedes han pedido del Grupo Mixto votar aparte: la 76, ¿es cierto?, 76, para irlo teniendo en cuenta, la 77 y 78 también aparte, 89, 91 y 92, ¿ahora, todas esas las podemos votar juntas? Perdón, ¿la 92?, es que, cojan el micrófono porque yo de aquí no...
El señor PRESIDENTE: Sí, diga.
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): La 92 la puede unir a la 76.
El señor PRESIDENTE: La 92 unirla a cuál...
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): 76.
El señor PRESIDENTE: Si hay silencio se oye mejor se los aseguro.
¿Y las otras cómo, votamos una a una o...? Dígame usted cómo quiere votarlas. Tiene aquí media docena de enmiendas y las podemos votar todas o separadas.
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.) La disposición adicional cuarta pedimos que se ponga en un bloque de la 89 a la 91...
El señor PRESIDENTE: No, no...
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): De la 89 a 91.
El señor PRESIDENTE: 89 y 91...
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): En un bloque.
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): La 92 en otro bloque.
El señor AFONSO EL JABER (Desde su escaño): Y de la 76 a la 88, las que siguen, las que todavía no se han votado que sean otro bloque, y no creo que me quede ninguna más, ¿no?
El señor PRESIDENTE: Muy bien, no, no, efectivamente, a mí tampoco me...
Bien, aclarado vamos a votar, don Román, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha pedido votar separadas y por los bloques que han pedido, de manera que ahora es la 76, 77 y 78. ¿De acuerdo? Comienza la votación (Pausa).
53 presentes: 21 a favor, 32 en contra.
Ahora el otro bloque es la 89, 90 y 91. Exactamente. 89, 90 y 91, enmiendas del Grupo Mixto que... ¿Ya se votó? Sí, efectivamente hay que votar... Es cierto lo que dice pero hay que votarla (Ante comentarios efectuados desde los escaños), porque se ha admitido una que la sustituye pero esta enmienda del Grupo Mixto no se ha votado. No sé si me explico. Se votó una in voce o transaccional que sustituye pero, bueno, se produciría una contradicción o algo raro, pero hay que votarlas, ¿no?
Entonces, se vota 89, 90 y 91 del Grupo Mixto, a propuesta del Grupo Popular se votan separadas. Comienza la votación... Perdón...
(El señor Ruano León solicita intervenir.)
El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Señor presidente, la 89 y 90, la 89 y 90 el Grupo Socialista anunció, en nuestro nombre, en nombre de los dos grupos, que íbamos a votarlas favorablemente, si las mezcla con la 91 en los términos...
El señor PRESIDENTE: Bien. Correcto. Entendido.
El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Votarla de esa manera.
El señor PRESIDENTE: Entendido.
Yo estaba atendiendo a la propuesta del Grupo Popular y, efectivamente, no se pueden votar las tres juntas. Efectivamente.
Entonces votamos 89 y 90, ¿no? Bien. No, no, correcto. Estas cosas es mejor aclararlas. 89, 90, que ha pedido, en este caso, el Grupo Nacionalista votarlas separadas. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 52 presentes, 35 a favor, 17 en contra.
Y ahora la 91, del Grupo Mixto, votación separada a propuesta del Grupo Popular. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes, 3 a favor, 50 en contra, ninguna abstención.
A ver si recuperamos la... Ah, queda votar separadamente la enmienda del Grupo Mixto, que lo ha pedido el Grupo Popular, la 92, que pidió votación separada don Felipe Afonso. La 92 separada. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes, 3 a favor, 33 en contra y 17 abstenciones.
Están votadas las enmiendas del Grupo Mixto, entiendo, todas, las aceptadas, las in voce... Sí. Entonces ahora vamos a votar todo el texto de la ley con las enmiendas incorporadas, ¿de acuerdo?
Es cierto (Ante un comentario del señor vicepresidente primero, Cruz Hernández). Hay que votar la enmienda de la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular. Es cierto.
Entonces que quede claro, vamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que es la número 1 y que es a la exposición de motivos. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes, 18 a favor, 35 en contra, ninguna abstención.
Señorías, ahora sí, finalmente vamos a votar ya, todo junto, todo, el texto articulado de la ley con las enmiendas incorporadas, la exposición de motivos y el título de la ley, todo conjuntamente.
(El señor Rodríguez Rodríguez solicita intervenir.)
Sí, sí. Dígame, don Román, dígame.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Faltan la 83, 84, 85 y 86, no se han votado.
Y yo, ya estoy confundido, creo que la 87 y la 88 tampoco.
¿Sí? ¿Y la 88 también? (Ante comentario desde los escaños.)
Yo he votado siempre que sí a las nuestras, o sea que no me he equivocado seguro.
El señor PRESIDENTE: Don Román, tiene razón.
Entiendan, de todas maneras, entiendan, antes se lo pregunté, nadie me dijo nada.
No. Quien tenía que haber dicho no dijo nada.
Mire, vamos a poner las cosas en su sitio, quien tenía que hablar no era don Manuel Fajardo, ¿estamos? Entonces, pregunté, nadie dijo nada. Aquí me decían también que estaba todo votado. Bueno, menos mal que nos hemos dado cuenta.
Dígame, don Román, a ver si yo me equivoco, de la 83 a la 88. ¿De acuerdo?
Ah, sí, sí, la 87 está votada (Ante un comentario del señor vicepresidente segundo). 83, 84, 85, 86 y 88. ¿De acuerdo? Y no queda ninguna más. ¿Están todos conformes? Pues venga, a votar esas enmiendas del Grupo Mixto. Comienza la votación (Pausa).
53 presentes; 21 a favor, 32 en contra, ninguna abstención.
Pregunto, a criterio de la Presidencia, no quedan enmiendas que votar, ¿quedan enmiendas que votar? No. Entonces, vamos a votar el texto de la ley, la exposición de motivos y el título de la ley. Votación final a la Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias y Medidas para Garantizar el Derecho a la Vivienda.
(El señor presidente consulta con un letrado de la Cámara.)
Bien, vamos a cumplir con el Reglamento. Nos pasó igual que con la 91, la 87 había que haberla votado.
Es que se puso otro texto que se aprobó, pero la 87 no se ha votado. Vamos a votar esa enmienda para que no queden contradicciones.
Votación de la enmienda número 87, del Grupo Parlamentario Mixto, a la Modificación de la Ley de Vivienda. Comienza la votación (Pausa).
53 presentes; 2 a favor, 32 en contra, 19 abstenciones.
En este caso, que tampoco lo hemos utilizado, lo correcto es que el grupo la retire, en el momento de aprobar la enmienda el grupo la retira, y no tendríamos que..., pero, en fin, en una ley tan compleja como esta, pues, tampoco la habíamos votado, habíamos perdido la práctica todos.
Ahora sí, ya, incluso, bueno, ya lo han visto ustedes, los servicios de letrado de la Cámara... (La señora Hernández Jorge solicita la palabra.) Bien, doña Carmen.
La señora HERNÁNDEZ JORGE (Desde su escaño): Señor presidente.
Que por error, para corregirlo, sería un voto favorable hacia la enmienda 87.
El señor PRESIDENTE: Se le resta un voto en contra y se le pone a favor. Por error. Es lo que pide ella.
¿Se abstuvo? Se resta una a las abstenciones y se le pone a favor.
¿Hay más incidentes? Bueno, espero que...
Votación final, texto de la ley, exposición de motivos, título de la ley, de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 53 presentes; 31 a favor, 19 en contra, 3 abstenciones.
Queda aprobada la Modificación de la Ley de vivienda de canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
(El señor Barragán Cabrera solicita la palabra) José Miguel, sí, dilo.
Corregir mi votación en el sentido de que es afirmativa, a favor de la ley.
El señor PRESIDENTE: Sí, el señor Barragán también confundió el voto. Lo corrigen. Es a favor de la ley.
Estamos todos desfallecidos ya.
Siguiente punto del... Ay, sí, muy bien. Efectivamente, disculpe, señora consejera. La señora consejera me ha pedido la palabra para agradecerle a la Cámara los trabajos.
Doña Inés Rojas, ¿lo va a hacer desde el escaño? Tres minutos, por favor.
Sencillamente, aunque ha sido una ley compleja, como decía el presidente del Parlamento, compleja en su trámite, quiero decirles una cosa: yo he disfrutado hoy especialmente viendo a todos los grupos, a los miembros de la ponencia, cómo cuestionaban, discutían... Está claro que no tenemos la misma opinión ante las cosas, eso es absolutamente respetable, por eso estamos en democracia, para respetarnos las ideas distintas, pero sí quiero agradecer, poner muy en valor que el objetivo que pretende el Gobierno es declarar, como hemos hecho ya con esta ley, la función social de la vivienda y lograr que las leyes estén acordes a la sociedad que vivimos en todo momento, había que modificar nuestra ley de vivienda, y quiero trasladarle el agradecimiento en nombre del Gobierno, porque este Parlamento no solo se lo ha tomado muy en serio, lo ha trabajado de forma muy extensa y muy intensa, y creo que la ha mejorado, como bien se ha dicho, de forma importante, de tal manera que garantiza todavía más ese objetivo que pretendíamos. Por eso, gracias por mejorarla, y gracias por apoyarla, porque estamos mejorándole la vida a la gente.
8L/PL-0013 Sobre De modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

References: artículo 149
 artículo 161
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 87
 artículo 57