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Timestamp: 2020-08-12 21:34:54+00:00

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Sentencia nº 7 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Septiembre de 2000. - Jurisprudencia - VLEX 360667234
En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.G.V., J.L.V. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 6 de septiembre del 2000, años 157º de la Independencia y 138º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Gaseosas Puerto Plata, S.A., compañía organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la calle P.C.N. 2, sector Padre Las Casas, Puerto Plata, debidamente representada por su administrador, M.A.C., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-0968658-4, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 9 de noviembre de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. A.A.G., por sí y el Dr. R.A.C.C., abogados de los recurridos, H.M., R.A.. G. y J.E.J.M.;
Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 7 de diciembre de 1999, suscrito por los Licdos. G.F.S. y L.A.A., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0914374-3 y 002-0004059-0, respectivamente, abogados de la recurrente, Gaseosas Puerto Plata, S.A., mediante el cual se propone el medio que se indica más adelante;
Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de enero del 2000, suscrito por el Dr. R.A.C.C. y la Licda. A.A.G., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0064860-9 y 037-0020742-0, respectivamente, abogados de los recurridos, H.M., R.A.. G. y J.E.J.M.;
Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 22 de agosto del 2000, que acoge la inhibición presentada por el Dr. J.A.S., Juez de esta Corte, que contiene el dispositivo siguiente: "Unico: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. J.A.S., Juez de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata";
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los recurridos contra la recurrente, el Juzgado a-quo dictó, el 7 de mayo de 1999, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Declarar, como en efecto declara buena y válida la demanda laboral interpuesta por los señores Hipólito Mercado, R.A.G.F. y E.M., en nulidad de desahucio, pago de los salarios dejados de recibir y reintegro de los trabajadores miembros del comité gestor del sindicato de trabajadores de la compañía Gaseosas Puerto Plata, S.A., con constitución en parte civil, en contra de la compañía Gaseosa Puerto Plata, S.A., por estar de acuerdo con las reglas que rigen la materia; Segundo: Rechazar, como en efecto rechaza, la demanda interpuesta por la parte demandante, por no probarle al tribunal, al imperio de la ley sus pretensiones; Tercero: Condenar, como en efecto condena, a los señores H.M., R.A.G.F. y J.E.J.M., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del doctor C.J.J.M. y la licenciada A.A. delR.S."; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Declarar, como al efecto declara, regular y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, acoger, como al efecto acoge, el recurso de apelación incoado por los señores H.M., R.A.G. y J.E.J.M., contra la sentencia laboral No. 44, del 7 de mayo de 1999, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, en tal virtud, se revoca la indicada decisión ? y, en consecuencia: a) Se declaran nulos los desahucios ejercidos por la empresa Gaseosa Puerto Plata, S.A., contra los recurrentes H.M., R.A.G. y J.E.J.M.; b) Se condena la empresa Gaseosa Puerto Plata, S.A., al pago de los salarios caídos desde el día 13 de febrero de 1998 y hasta la fecha de su reintegro; c) Se condena a la empresa recurrida a pagar a favor de cada trabajador recurrente, la suma de RD$10,000.00, como reparación de los daños y perjuicios; d) Se ordena la devolución de los valores recibidos por los recurrentes otorgados por la recurrida por concepto de desahucio; y Tercero: Se condena a la empresa Gaseosa Puerto Plata, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Dr. R.A.C.C. y la Licda. A.A.G., abogados que afirman estar avanzándolas en su totalidad";
Considerando, que la recurrente presenta el medio de casación siguiente: Falsa e incorrecta interpretación del artículo 393, párrafo 4to. del Código de Trabajo, relativo al momento en que comienza a surtir efecto el fuero sindical. Violación al derecho de defensa de la recurrente, al decidir que los recurridos estaban protegidos por el fuero sindical sin haber hecho contradictorios los documentos que probaran tal aserto;
Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que de acuerdo al párrafo 4to. del artículo 393 del Código de Trabajo, el fuero sindical comienza con la notificación al empleador y al departamento de trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, no dando inicio si la comunicación se hace a una sola de ellas; que al no haberse demostrado que los recurridos comunicaran el fuero a las autoridades de trabajo, éste no había comenzado en el momento en que el empleador ejerció su derecho al desahucio; que al dictar su sentencia sin ponderar que la recurrente no había sido puesta en condiciones de defenderse en forma debida, puesto que en ningún momento se hizo contradictoria la notificación del fuero sindical a la autoridad local de trabajo de Puerto Plata, se le violó su derecho de defensa;
Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que en el expediente figuran depositadas varias copias fotostáticas de las declaraciones juradas números 13-98, 14-98, 15-98, 16-98, 17-98 y 18-98, vertidas a la licenciada M.G.A., notario público de los del número para el municipio de Puerto Plata; que los señores que a continuación se indican eran clientes en calidad de propietarios y/o encargados de establecimientos comerciales quienes dicen haber comprado a los recurrentes el día 12 de febrero de 1998, a saber: 1º- Acto número 13-98 contentivo de la declaración jurada vertida por el señor N.R., de generales que se consignan en el indicado acto, quien expresó a la notario público y en presencia de los testigos que figuran al pie del presente considerando, lo siguiente: "Que el señor H.M. trabajó el jueves 12 de febrero de 1998 y que lo recuerdo porque el lunes 9 el colmado M. compró tres medios litros y el jueves 12 no compró porque tenía muchos refrescos, y que él tiene un colmado en Los Limones, en la calle 7 y ese jueves 12 le compró un huacal para su colmado"; 2º- Acto número 14-98, declaración del señor L.R.E., donde expresa: "?Que el señor H. (sic) Mercado trabajó (sic) el jueves 12 de febrero de 1998, lo recuerda porque ese día él compró al camión de la pepsi una caja de aguas y una caja de Big Leager"; 3º- Acto número 15-98, declaración del señor T.A., quien señaló: "Que el señor H. (sic) Mercado trabajó el jueves 12 de febrero de 1998, estaba de vacaciones y el día 12 no se lo habían dado libre, y le dijo que había formado un sindicato, era jueves 12 y él no sabía como iban (sic) a reaccionar en la empresa; y que ese día le compró dos cajas de medio litro y una funda de agua"; 4º- Acto número 16-98, declaración de la señora G.M.V., por medio del cual expresa: "Que en fecha doce (12) de febrero del 1998, le compró un huacal de refresco a la Pepsi Cola para el colmado Genara y en ese día lo despachó el señor R.A.G., que le servía de ayudante al chofer J.E."; 5º- Acto número 17-98, declaración jurada del señor T.M.V.F., quien declaró: "Que en fecha doce (12) de febrero del 1998, le compró para el colmado R., tres huacales de refrescos a la Pepsi Cola y en ese día lo despachó (sic) el señor R.A.G., que le servía de ayudante al chofer J.E."; y por último, el Acto número 18-98, que recoge las declaraciones del señor M.M., quien señaló: "Que el señor R.A.G. trabajó el día 12 de febrero de 1998 en la mañana y volvió en la tarde al colmado M. para traerle un Big Leager que faltó en la compra, junto con el chofer de la Pepsi Cola J.E."; que estas declaraciones fueron vertidas en presencia de los señores V.C. y A.I., cuyas generales constan en los actos; que el representante de la empresa, señor M.C., en su comparecencia personal ante esta Corte, expresó: que los trabajadores recurrentes no fueron desahuciados a la misma hora; sin embargo, las comunicaciones contentivas del desahucio, dirigidas a los recurrentes y firmadas por estos últimos, fueron recibidas por la representación local de trabajo de Puerto Plata el día 10 de febrero de 1998, a las 9:00 horas de la mañana; que del acuse de recibido se colige: que, ciertamente, los trabajadores no recibieron esas comunicaciones el día 10 de febrero de 1998, toda vez que si fueron desahuciados en horas distintas del día 10 de febrero de 1998 no era posible que estas comunicaciones fueran recibidas por los trabajadores antes de las 9:00 de la mañana, hora en que fueron depositadas en el Departamento de Trabajo; que en el hipotético caso que a los trabajadores recurrentes se les haya hecho entrega de la comunicación que ponía término a los contratos de trabajo el día 10 de febrero de 1998, éste no surtió efecto alguno, habida cuenta de que continuaron laborando los días 10, 11 y 12 de febrero de 1998 para la empresa recurrida, independientemente de la labor que desempeñaran, ya que el empleador puede válidamente, hacer uso del jus variandi; que, sin embargo, en el caso de la especie estos continuaron realizando la misma labor, uno como vendedor y el otro como ayudante en otro vehículo; que estas aseveraciones fueron reconocidas por el señor M.C. en su comparecencia al tribunal de primer grado como ante esta Corte y confirmadas por los clientes de la empresa recurrida a través de las distintas declaraciones juradas que figuran en el expediente; que en relación al señor J.E.M., el representante de la empresa no negó que éste prestara servicio los días 10 y 11 de febrero de 1998; que además, no negó haber pagado el salario a los recurrentes los días 10, 11 y 12 de febrero de 1998, y, que estos últimos tenían que asistir a prestar servicio a la empresa esos días; que el representante de la empresa expresó ? que comunicó el desahucio a los trabajadores el día 10 de febrero de 1998, que éstos laboraron los días siguientes en la verificación de facturas, que podían hacer ventas, cobros en las visitas que realizaban a los clientes y que el supervisor los acompañaba por si se presentaba algún problema; que estas declaraciones demuestran que los contratos de trabajo no finalizaron el día 10, sino el 12 a las 6 P.M., a las 9 P.M. y el día 13 de febrero de 1998, fechas, que dejaron de prestar servicio los trabajadores; que esta Corte, después de haber ponderado minuciosamente las declaraciones y documentos que obran en el expediente, y en su soberana apreciación de los hechos, ha determinado que en el caso de la especie los trabajadores recurrentes notificaron a la empresa recurrida el comité gestor del sindicato de la empresa Gaseosa Puerto Plata, S.A., el día 12 de febrero de 1998, a las 2:00 P.M., y que los señores H.M., R.A.G. y J.E.M. fueron desahuciados después de haber notificado a la empresa la constitución del comité gestor del sindicato; que la empresa recurrida, a través del señor M.C., ejerció actividad anti sindical en contra de los recurrentes, frustrando así un derecho consagrado en la Ley No. 16-92, así como en nuestra Carta Magna en su artículo 8, numeral 11, letra a), y el Convenio 87 de la O.I.T.";
Considerando, que de acuerdo al artículo 392 del Código de Trabajo "no producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical", mientras que el ordinal 4to. del artículo 393 del mismo código dispone que la duración del fuero comienza con la notificación que se haga al empleador, al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones;
Considerando, que siendo el fuero sindical una protección establecida en favor de los trabajadores que realizan actividades sindicales, ya fuere como miembros de un comité gestor, de una comisión negociadora o de una directiva sindical, para evitar la pérdida de sus empleos por su condición como tales, debe tomarse en cuenta, en primer término, para que esa protección opere, el conocimiento que de esa circunstancia tenga el empleador, sin que ello implique que se libere al trabajador que pretende gozar de la misma, de su obligación de hacer la notificación a las autoridades del trabajo;
Considerando, que tras ponderar las pruebas aportadas, la Corte a-qua dio por establecido que a los recurridos se les informó la decisión de la recurrente de poner término a los contratos de trabajo, después que éstos habían notificado tanto al empleador, como a las autoridades de trabajo, la constitución del comité gestor del sindicato, deducción hecha del análisis de los documentos depositados en el expediente y de las propias declaraciones del representante de la empresa, expuestas en la comparecencia personal de las partes, las que a juicio de la Corte a-qua, les permitieron determinar que después de transcurrir la fecha en que los trabajadores fueron supuestamente desahuciados, éstos prestaron sus servicios personales a la recurrente y que los mismos mantuvieron su condición de trabajadores después de haber realizado las referidas notificaciones;
Considerando, que por igual, del estudio de los documentos que integran el expediente se advierte que los documentos probatorios de que los recurridos notificaron la formación del comité gestor, a la recurrente y a la representación local de trabajo de Puerto Plata, fueron depositados en tiempo oportuno, lo que dio oportunidad a la recurrente a hacer mención de los mismos en su escrito de defensa, lo que evidencia que cuando dicho escrito fue elaborado ya los indicados documentos estaban depositados en la Corte a-qua; que por demás la recurrente no discutió ante el Tribunal a-quo el momento en que dichos documentos fueron depositados, por lo que está imposibilitado de presentar esa discusión ante esta Corte de Casación;
Considerando, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Gaseosas Puerto Plata, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 9 de noviembre de 1999, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del Dr. R.A.C.C. y de la Licda. A.A.G., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

References: resolución 
 artículo 393
 artículo 393
 artículo 8
 artículo 392
 artículo 393