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﻿ Sentencia 2011-1719 de agosto 20 de 2015
SENTENCIA 2011-01719 DE 20 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:EL PRINCIPIO DE CONFIANZA DEBE SER TENIDO EN CUENTA PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ESPECIAL DE SUJECIÓN. SE PRECISA QUE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA ES FACTOR DETERMINANTE A LA HORA DE MEDIR LA RESPONSABILIDAD DE UN FUNCIONARIO, PRINCIPALMENTE CUANDO ESTE SE ENCUENTRA EN CABEZA DE UN EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE DESEMPEÑAR DISTINTAS FUNCIONES. ENTRE OTROS ARGUMENTOS, SE ENCUENTRAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 142 DE LA LEY 734 DEL 2002, LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y SE REITERA LA RELACIÓN ESPECIAL DE SUJECIÓN, COMO CATEGORÍA DOGMÁTICA DE ORIGEN CONSTITUCIONAL, QUE IMPONE AL FUNCIONARIO OBLIGACIONES Y DEBERES REFORZADOS EN EL ÁMBITO DE UNA ÉTICA PÚBLICA, TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL ESTADO Y EN EL MARCO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SIN EMBARGO, SE RESALTA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO TAMBIÉN SE VE LIMITADA EN TANTO TIENE QUE DELEGAR DEBERES A SUS SUBALTERNOS, TAL ES EL CASO DEL JUEZ QUE DIRIGE SU DESPACHO JUDICIAL, QUIEN NO PUEDE ENCARGARSE DE PRIMERA MANO DE TODO EL SISTEMA QUE TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS FUNDAMENTALES, FINALIDAD DEL ESTADO, DEBERES DEL JUEZ, RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Sentencia 2011-1719 de agosto 20 de 2015
Rad.: 110011102000201101719 01
Aprobado en Sala 69 de la fecha.
Esta corporación tiene competencia para conocer y revisar en segunda instancia las sentencias sancionatorias impuestas a los jueces, entre otros funcionarios, según los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996. Competencia reafirmada por la Corte Constitucional al interpretar, mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, los artículos 14 a 19 del Acto Legislativo 2 de 2015.
Lo que se pretende, entonces, es que el funcionario en el cumplimiento de sus deberes debe realizarlos dentro de una ética del servicio público, con acatamiento a los principios constitucionales de “moralidad, eficacia y eficiencia [(2)]” entre otros, de allí que en el derecho disciplinario, la falta siempre supone la existencia de un deber que acatar, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta sancionatoria del Estado.
En ese orden, se deduce que el espacio desde el cual se legitima el reproche del Estado al servidor judicial, no es necesariamente el conocimiento y voluntad de este para lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que demuestren un cumplimiento parcial o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el desarrollo de la tarea de administrar justicia(3).
Con miras a solucionar el asunto sometido a decisión acorde al problema planteado, se hace imperioso señalar que en un régimen sancionatorio, la imposición del correctivo disciplinario debe estar revestida de la determinación cierta y concreta acerca de la materialidad del hecho y responsabilidad frente al comportamiento disciplinario —en sus aspectos objetivo y subjetivo— por cuanto bajo el presupuesto previsto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”, de allí que no basta para efectos de la reprochabilidad que la conducta típica atribuida al funcionario exista objetivamente, sino que se impone además analizar si esta se halla excluida de responsabilidad disciplinaria o bajo una causal objetiva para disponer la terminación del procedimiento, tal como se señaló anteriormente.
En desarrollo de los anteriores presupuestos, la Ley 734 de 2002 en su artículo 142 contiene la exigencia procesal al momento de emitirse sanción disciplinaria, determinando que “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado [(4)]”.
En este sentido, de cara a los anteriores requisitos son dos los presupuestos para proferir fallo sancionatorio: i) certeza sobre la existencia de la falta y ii) certeza sobre la responsabilidad del investigado. El primer presupuesto deviene del convencimiento que debe tener el fallador sobre la existencia del hecho investigado, vulnerador del ordenamiento jurídico, representado en el presupuesto fáctico vertido en el pliego de cargos; en cuanto al segundo, emerge frente al convencimiento de la responsabilidad del disciplinable respecto de la falta atribuida, modulada con los elementos integradores del comportamiento disciplinario —en punto de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad— o porque en su defecto surja a su favor una causal de exclusión de la responsabilidad.
Problema jurídico. El quid del asunto se concreta en establecer si la doctora L.T. XXXX, en condición de Juez XX Civil Municipal de Bogotá, incumplió los deberes funcionales por notificar el mandamiento de pago, emitido dentro del proceso ejecutivo 2007-Ŗ6 por aviso y no por el emplazamiento a que se refiere el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
Solución. Según la primera instancia, la doctora L.T. XXXX incumplió con el deber contemplado en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, en armonía con los artículos 315-4 y 318 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que no aplicó al proceso ejecutivo lo ordenado por la norma última citada que prescribe el emplazamiento de la parte demandada para notificarle el mandamiento de pago.
Por su parte, la juez disciplinada consideró que no existió falta disciplinaria, porque la notificación a los demandados se realizó por aviso dado que la la (sic) empresa de mensajería certificó que estos residían en el sitio al cual se les envió la notificación.
Para la Sala, revisado el material probatorio arrimado a la encuesta, contrario a lo expuesto por la seccional, la conducta investigada no puede ser objeto de reproche disciplinario.
Prima facie debe resaltarse que las normas cuyo desconocimiento se atribuye a la doctora L.T. XXXX señalan la forma en que se debe realizar la notificación personal para los autos admisorios de la demanda o el mandamiento ejecutivo, verbi gratia, el artículo 315, en su numeral cuarto, señala que:
“Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone el artículo 318”.
Y el canon 318, indica los casos en que procede el emplazamiento para las personas que deben ser notificadas personalmente:
“1. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado.
3. En los casos del numeral 4º del artículo 315”.
En torno a esa situación, la disciplinada indicó que la notificación se realizó por aviso, con fundamento en el numeral 3º del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, ya que la certificación de la empresa de mensajería indicaba que las personas “no se encontraban”, norma que en su tenor literal expresa:
“Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320” (resaltado fuera de texto).
Ahora, la dinámica judicial de los despachos judiciales enseña que las funciones se encuentran divididas entre la secretaría y el despacho como tal. Este se encarga de emitir las decisiones, mientras que aquella tiene como función la notificación de los autos y su ejecución, no otra cosa se infiere de la diversas normas del Código de Procedimiento Civil, entre ellas, el artículo en cita, cuando advierte que el “secretario” practicará la notificación sin necesidad de orden del juez; así mismo, los artículos 106 a 108, 111, 112, 115-2, 5 y 7-, 117-4 y 5-, 120-3, 124, 128, 129, 133, 1155, 159, 224, 226, 290, 303, 315, 318, 320, 324, 328, 344, 349, 356, 359, 378 y 393.
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad de las notificaciones en los despachos judiciales es de los secretarios, sin que en algunos casos precisen de la orden del juez, situación que en el caso concreto no era la excepción, por lo tanto, no puede trasladarse a la funcionaria disciplinada la responsabilidad de su empleado en quien confía que realice su labor de acuerdo con su leal saber y entender.
En la eventualidad que la conducta de la juez hubiese sido la de ordenar la notificación, tampoco es comportamiento irregular, puesto que la certificación expedida por la empresa de mensajería “Logística y Mensajería”-“Notificaciones judiciales correo certificado y especializado”, claramente indica que tanto la señora Idali León González como Gabriel Amaya Medrano —demandados en el proceso ejecutivo—, si residían en la respectiva dirección “pero no se encontraba”.
Y si bien en el extremo inferior derecho de esa certificación que en fotocopia se otea en el cuaderno anexo(5), se observa un pequeño desprendible que dice lo contrario: “no reside” y “se trasladaron”, no es el operador disciplinario el que debe inclinarse por una u otra interpretación, es decir, no prima la de este, pues se trata de un asunto de debate procesal propio de otra jurisdicción, al punto que la negativa de la nulidad es decisión apelable, por lo tanto, sería el juez civil del circuito el que se pronunciara (sic) y no este operador disciplinario, quien únicamente tiene a la vista un documento probatorio aparentemente contradictorio.
Inconsistencia documental que redunda en favor de la señora Juez XX Civil Municipal que coadyuvada por su personal de confianza al interior del despacho, como es el secretario del mismo, le certifique que le pone a la mesa una notificación legalmente llevada a efecto.
Es inexigible entonces por parte del operador disciplinario que el juez de la causa tenga que corroborar o confrontar las certificaciones que los subalternos hacen en cada proceso porque se sacrificarían principios de la administración de justicia como los de prontitud y celeridad; el reparto de tareas entre empleados del despacho es inherente y consustancial a la función judicial.
En ese orden de ideas, no puede desconocerse lo que la jurisprudencia ha dado en llamar el principio de confianza, según el cual el juez espera que las actuaciones de sus empleados se cumplan de buena fe y dentro del marco legal.
Sobre el tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado:
“Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esta implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición naturalmente de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida”(6).
El profesor Jakobs, también señaló que a fin de mantener el equilibrio y el respeto por la norma, en un sistema social, se encuentran definidos los roles que debe cumplir cada persona y para lograrlo, hace alusión al principio de confianza, que “hace referencia a los contactos sociales y al alcance de las expectativas funcionales del rol en cada individuo, como miembro de una organización o comunidad determinada de riesgos. Por la división de los roles, el sistema permite la división del trabajo. En este orden de ideas, quien porta determinado rol, no puede desconfiar normativamente de los demás, o, al menos, el orden jurídico no puede exigírselo. Cuando esta confianza, advertida por el sistema y sus estructuras, permite la creación de un resultado disvalioso, no podrá este último imputarse o atribuirse a quien confió en la vigencia de la norma. La norma no puede prescribir, además del cumplimiento de las expectativas sociales, que los integrantes del sistema respondamos por el incumplimiento de roles ajenos (…)”(7).
Principio de confianza que guarda armonía con lo establecido en el artículo 13 del Código Disciplinario Único, cuando dispone:
“En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”.
En ese orden de ideas, ha de aceptarse que si las labores del despacho judicial se encuentran divididas, la jueza como directora del mismo no puede de ninguna manera asumir directamente todas las labores, pues para eso tiene a su disposición al secretario y demás empleados de la Secretaría, con quienes mantiene una relación de confianza.
En ese orden de ideas, la decisión de la Sala no puede ser otra diferente a la de absolver a la funcionaria, pues no se observa actuar doloso de su parte, y menos culposo, cuando se advierte que cumplió con su deber y bajo la confianza de que el secretario actuó conforme con la normatividad aplicable al caso concreto.
1. Revocar la sentencia del 12 de junio del año que discurre y, en su lugar, se ABSUELVE a la doctora L.T. XXXX, en calidad de Juez XX Civil Municipal de Bogotá, de los cargos irrogados en la presente investigación.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-181 y 948 de 2002; C-252 de 2003.
4 Principio armonizado en el artículo 20 Ibídem, “Interpretación de la ley disciplinaria. En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen”.
5 Folios 48 y 50.
6 Sentencia de única instancia, 21 de marzo de 2002, radicado 14.124, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
7 Jakobs, Günther. La Imputación objetiva en derecho penal. Ángel Editor: México, D.F.; 2001.

References: artículo 13
 artículo 142
 artículo 318
 artículo 153
 artículo 315
 artículo 318
 artículo 315
 artículo 315
 artículo 320
 artículo 13
 artículo 20