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Timestamp: 2017-07-21 18:04:29+00:00

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LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADORInspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres ymujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia,progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos desde los albores de la vidarepublicana, proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en elreconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, invoca la protección deDios, y en ejercicio de su soberanía, establece en esta Constitución las normas fundamentales queamparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsanel desarrollo económico y social. TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALESArt. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático,pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo,responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través delos órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución.El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano esel idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para lospueblos indígenas, en los términos que fija la ley.La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.Art. 2.- El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la Real Audiencia deQuito con las modificaciones introducidas por los tratados válidos, las islas adyacentes, elArchipiélago de Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio suprayacente respectivo.La capital es Quito.Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. 3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción.Art. 4.- El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional: 1. Proclama la paz, la cooperación como sistema de convivencia y la igualdad jurídica de los estados. 2. Condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los conflictos, y desconoce el despojo bélico como fuente de derecho. 2.
3. Declara que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y promueve la solución de las controversias por métodos jurídicos y pacíficos. 4. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el fortalecimiento de sus organismos. 5. Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana. 6. Rechaza toda forma de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o segregación, reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas opresivos.Art. 5.- El Ecuador podrá formar asociaciones con uno o más estados para la promoción y defensade los intereses nacionales y comunitarios. TÍTULO II DE LOS HABITANTES Capítulo 1 De los ecuatorianosArt. 6.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en estaconstitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la ley.Art. 7.- Son ecuatorianos por nacimiento: 1. Los nacidos en el Ecuador. 2. Los nacidos en el extranjero 3. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que esté al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier causa, si no manifiestan su voluntad contraria. 4. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos. 5. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que con sujeción a la ley, manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos, entre los dieciocho y veintiún años de edad, no obstante residir en el extranjero.Art. 8.- Son ecuatorianos por naturalización: 1. Quienes obtengan la ciudadanía ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país. 2. Quienes obtengan carta de naturalización. 3. Quienes, mientras sean menores de edad, son adoptados en calidad de hijos por ecuatoriano. Conservan la ciudadanía ecuatoriana si no expresan voluntad contraria al llegar a su mayoría de edad. 4. Quienes nacen en el exterior, de padres extranjeros que se naturalicen en el Ecuador, mientras aquellos sean menores de edad. Al llegar a los dieciocho años conservarán la ciudadanía ecuatoriana si no hicieren expresa renuncia de ella. 5. Los habitantes de territorio extranjero en las zonas de frontera, que acrediten pertenecer al mismo pueblo ancestral ecuatoriano, con sujeción a los convenios y tratados internacionales, y que manifiesten su voluntad expresa de ser ecuatorianos.Art. 9.- La ciudadanía no se pierde por el matrimonio o su disolución.Art. 10.- Quienes adquieran la ciudadanía ecuatoriana conforme al principio de reciprocidad, a lostratados que se hayan celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla, podrán mantener laciudadanía o nacionalidad de origen.Art. 11.- Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución, continuaráen goce de ella. 3.
Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país, podránmantener la ciudadanía ecuatoriana.El Estado procurará proteger a los ecuatorianos que se encuentren en el extranjero.Art. 12.- La ciudadanía ecuatoriana se perderá por cancelación de la carta de naturalización y serecuperará conforme a la ley. Capítulo 2 De los extranjerosArt. 13.- Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con laslimitaciones establecidas en la Constitución y la ley.Art. 14.- Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales ojurídicas extranjeras, llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Si talescontratos fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a unajurisdicción extraña, salvo el caso de convenios internacionales.Art. 15.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir, a ningún título, confines de explotación económica, tierras o concesiones en zonas de seguridad nacional. TÍTULO III DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES Capítulo 1 Principios generalesArt. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanosque garantiza esta Constitución.Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficazejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en lasdeclaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, medianteplanes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos.Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentosinternacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez,tribunal o autoridad.En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que másfavorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos noestablecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos.No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechosestablecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar elreconocimiento de tales derechos.Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.Art. 19.- Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentosinternacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que sonnecesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados aindemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestacióndeficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeñode sus cargos. 4.
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva laresponsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmentedeclarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios yempleados, será establecida por los jueces competentes.Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada por efecto de recurso derevisión, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, será rehabilitada eindemnizada por el Estado, de acuerdo con la ley.Art. 22.- El Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial, por inadecuadaadministración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente o sudetención arbitraria, y por los supuestos de violación de las normas establecidas en el Art. 24. ElEstado tendrá derecho de repetición contra el juez o funcionario responsable. Capítulo 2 De los derechos civilesArt. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentosinternacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. 2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad. Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad. 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 4. La libertad. Todas las personas nacen libres. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 5. El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica. 5.
10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión. 11. La libertad de conciencia; la libertad de religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en privado. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás. 12. La inviolabilidad de domicilio. Nadie podrá ingresar en él ni realizar inspecciones o registros sin la autorización de la persona que lo habita o sin orden judicial, en los casos y forma que establece la ley. 13. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Esta sólo podrá se r retenida, abierta y examinada en los casos previstos en la ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. El mismo principio se observará con respecto a cualquier otro tipo o forma de comunicación. 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia. Los ecuatorianos gozarán de libertad para entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los extranjeros, se estará a lo dispuesto en la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por juez competente, de acuerdo con la ley. 15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado. 16. La libertad de empresa, con sujeción a la ley. 17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso. 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley. 19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos. 20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 21. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En ningún caso se podrá utilizar la información personal de terceros sobre sus creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer necesidades de atención médica. 22. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 23. El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley. 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley. 25. El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. 26. La seguridad jurídica. 27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sinmenoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o lajurisprudencia: 1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 2. En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción; y en caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable al encausado. 3. Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado. 4. Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio. También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será sancionado quien haya detenido a una persona, con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad competente. 6.
5. Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aun con fines de investigación, por el Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la asistencia de un abogado defensor particular o nombrado por el Estado, en caso de que el interesado no pueda designar a su propio defensor. Cualquier diligencia judicial, preprocesal o administrativa que no cumpla con este precepto, carecerá de eficacia probatoria. 6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado. 7. Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada. 8. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente. 9. Nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni compelido a declarar en contra de sí mismo, en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de quienes resulten víctimas de un delito o las de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas, además, podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 10. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos. 11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto. 12. Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra. 13. Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente. 14. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna. 15. En cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos estarán obligados a comparecer ante el juez y a responder al interrogatorio respectivo, y las partes tendrán derecho de acceso a los documentos relacionados con tal procedimiento. 16. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. 17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus d erechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales ser á sancionado por la ley.Art. 25.- En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetaráa las leyes del Ecuador. Capitulo 3 De los derechos políticosArt. 26.- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentarproyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución,de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a losdignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. 7.
Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley.Los extranjeros no gozarán de estos derechos.Art. 27.- El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los que sepan leery escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años. Tendránderecho a voto los ecuatorianos que haya n cumplido dieciocho años de edad y se hallen en el gocede los derechos políticos.Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este derecho. Los ecuatorianosdomiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y Vicepresidente de la República, en el lugar desu registro o empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho.Art. 28.- El goce de los derechos políticos se suspenderá por las razones siguientes: 1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, salvo el caso de contravención. 3. En los demás casos determinados por la ley.Art. 29.- Los ecuatorianos perseguidos por delitos políticos tendrán derecho a solicitar asilo y loejercerán de conformidad con la ley y los convenios internacionales. El Ecuador reconoce a losextranjeros el derecho de asilo. Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales Sección primera De la propiedadArt. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituyeun derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberáprocurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a losbeneficios de la riqueza y el desarrollo.Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y deconformidad con los convenios y tratados vigentes.Art. 31.- El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, pormedio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidadde las empresas que corresponda a los trabajadores, será pagado en dinero o en acciones oparticipaciones, de conformidad con la ley. Ésta establecerá los resguardos necesarios para que lasutilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia.Art. 32.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, lasmunicipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, deconformidad con la ley.El Estado estimulará los programas de vivienda de interés social.Art. 33.- Para fines de orden social determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante elprocedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales, podrán expropiar, previa justavaloración, pago e indemnización, los bien es que pertenezcan al sector privado. Se prohíbe todaconfiscación.Art. 34.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres enel acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para laadministración de la sociedad conyugal y de la propiedad. Sección segunda Del trabajo 8.
Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el queasegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justaque cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales: 1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. 2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios. 8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley. 9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del trabajo. Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo. 10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes. 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. 13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y tr abajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación , tramitación y resolución de los conflictos. 14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 9.
participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que representen los servicios de orden social.Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdadde derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor.Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramientode sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en elcaso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal,la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todotipo de discriminación laboral contra la mujer.El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarleequitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en desventaja económica. Sereconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no remunerado. Sección tercera De la familiaArt. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad ygarantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta seconstituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidadesde sus integrantes.Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefasde hogar.El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad dederechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.Art. 38.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonialcon otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones ycircunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen lasfamilias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal depaternidad, y a la sociedad conyugal.Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. E Estado garantizará el lderecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantenery educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que coadyuven alejercicio de este derecho.Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley,y con las limitaciones de ésta. Se garantizarán los derechos de testar y de heredar.Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en elejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará elcumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin considerarantecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos derechos.Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documentode identidad no se hará referencia a ella.Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entremujeres y hombres, a través de un organismo especializado que funcionará en la forma quedetermine la ley, incorporará el enfoque de género en plan es y programas, y brindará asistenciatécnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Sección cuarta De la saludArt. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio deldesarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, elfomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 10.
permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad,universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los serviciospúblicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo senegará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados.El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria ynutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de lasociedad y la colaboración de los medios de comunicación social.Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará elfuncionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de lasmedicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avancecientífico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las entidadespúblicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada,desconcentrada y participativa.Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud provendrá deaportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas queocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes queseñale la ley.La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en queaumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No habrá reduccionespresupuestarias en esta materia. Sección quinta De los grupos vulnerablesArt. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada losniños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen deenfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, seatenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil,desastres naturales o antropogénicos.Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad eldesarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todoslos casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobrelos de los demás.Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de losespecíficos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde suconcepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integraly nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener unafamilia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto sulibertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejosestudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley.Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientesgarantías: 1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario. 2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal. 3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan discapacidad. 4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas. 11.
5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia. 6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se difundan a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores.Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a unaadministración de justicia especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendránderecho a que se respeten sus garantías constitucionales.Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para laniñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órganorector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y serácompetente para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas yprivadas.Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes paraservicios y programas orientados a niños y adolescentes.Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitaciónintegral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. Conjuntamente con lasociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación deoportunidades.El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización debienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral yrecreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas,arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipiostendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos,exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley.Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formasalternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho aasistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita ytratamiento preferente tributario y en servicios.El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a otros gruposvulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su esta bilidad física ymental.La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías. Sección sexta De la seguridad socialArt. 55.- La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes.Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley.Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por losprincipios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad ysuficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común.Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad,riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la poblaciónurbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condicionesgenerales del sistema.El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y susfamilias.Art. 58.- La prestación del seguro general obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatorianode Seguridad Social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integradotripartita y paritariamente por representantes d e asegurados, empleadores y Estado, quienes serándesignados de acuerdo con la ley. 12.
Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, descentralización ydesconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, suficientes y de calidad.Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer elsistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias.La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad social.Art. 59.- Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general obligatorio deberánconstar anualmente en el presupuesto general del Estado, y serán transferidos oportuna yobligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador.Las prestaciones del seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención,salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la instituciónaseguradora y estarán exentas del pago de impuestos.No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro generalobligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios actuariales.Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los del Estado, y servirán paracumplir adecuadamente los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podráintervenir en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio.Las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con recursos provenientes del segurogeneral obligatorio, serán realizadas a través del mercado financiero, con sujeción a los principiosde eficiencia, seguridad y rentabilidad, y se harán por medio de una comisión técnica nombrada porel organismo técnico administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La idoneidad desus miembros será aprobada por la superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la supervisiónde las actividades de seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas inversiones.Las pensiones por jubilación deberán ajustarse anualmente, según las disponibilidades del fondorespectivo, el cual se capitalizará para garantizar una pensión acorde con las necesidades básicas desustentación y costo de vida.Art. 60.- El seguro social campesino será un régimen especial del seguro general obligatorio paraproteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financiará con el aporte solidariode los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportacióndiferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimientoy desarrollo. Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez,discapacidad, vejez y muerte.Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de seguridad social,contribuirán obligatoriamente al financiamiento del seguro social campesino a través del InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social, conforme lo determine la ley.Art. 61.- Los seguros complementarios estarán orientados a proteger contingencias de seguridadsocial no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán decarácter opcional. Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podránefectuar aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas,reguladas por la ley. Sección séptima De la culturaArt. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. ElEstado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigacióncientífica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección yrespeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística yarqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas queconfiguran la identidad nacional, pluricul tural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad,inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de lasculturas.Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad decondiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará lasmedidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios decomunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversasmanifestaciones.Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración depolíticas culturales. 13.
Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables,inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimoniocultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley.Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la Casa de la CulturaEcuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico y reglamento. Sección octava De la educaciónArt. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, lasociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional ygarantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitanalcanzar estos propósitos.La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos,promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará elcivismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará lacreatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona;impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos losniveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares queestimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, ygratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán,sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación deextrema pobreza recibirán subsidios específicos.El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de discriminación;reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principiosy creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverála equidad de género, propiciará la coeducación.El Estado formulará planes y programas de educación permanente para erradicar el analfabetismo yfortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera. Se garantizará laeducación particular.Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a ladiversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentraciónadministrativas, financieras y pedagógicas. Los padr es de familia, la comunidad, los maestros y loseducandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos.Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación in tercultural bilingüe; en él se utilizarácomo lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relaciónintercultural.Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rindacuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con lasnecesidades del desarrollo nacional.Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de losingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación delanalfabetismo.La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, debidamente calificadasen los términos y condiciones que señale la ley, recibirán ayuda del Estado. Los organismos delrégimen seccional autónomo podrán colaborar con las entidades públicas y privadas, con losmismos propósitos, sin perjuicio de las obligaciones que asuman en el proceso de descentralización.Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación deinfraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles delpago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 14.
Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la estabilidad,capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos los niveles ymodalidades, a base de la evaluación de su desempeño.Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, escuelas politécnicas einstitutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el ConsejoNacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la ley.Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una interacción queles permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes yservicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, regionales ylocales.Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigacióncientífica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y sudifusión en los sectores populares, así como e l estudio y el planteamiento de soluciones para losproblemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, conmétodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas jurídicas autónomassin fines de lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacionalde Educación Superior.Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades ofuncionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentaso asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus transferencias.Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los casos y términos en que puedeserlo el domicilio de una persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno serán decompetencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerzapública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará la asistencia pertinente.Art. 76.- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el Congreso Nacionalmediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior,que autorizará el funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de acuerdo conla ley.Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior.Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, lasentidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas.Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidospor el sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación.Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales deeducación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio.Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresosy sistemas de contribución.Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y privado o alcanzadas medianteautogestión, las rentas vigentes asignadas a universidades y escuelas politécnicas públicas en elpresupuesto general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera obligatoria, de acuerdocon el crecimiento de los ingresos corrientes totales del gobierno central.Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estaránobligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo deevaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en coopera ción y coordinacióncon el Consejo Nacional de Educación Superior.Para los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y politécnico se estimularánespecialmente los méritos, la capacitación y la especialización de postgrado. Sección nove na De la ciencia y tecnologíaArt. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveleseducativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de losrecursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la población. 15.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de susresultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas,institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinacióncon los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca laley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. Sección décima De la comunicaciónArt. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir,conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de losacontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente porparte de periodistas y comunicadores sociales.Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistasy comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de losmedios de comunicación.No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de losdocumentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causasexpresamente establecidas en la ley.Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promocióncultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de suparticipación.Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, elsexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano. Sección undécima De los deportesArt. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y larecreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos einfraestructura que permitan la masificación de dichas actividades.Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competenciasnacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas con discapacidad. Capítulo 5 De los derechos colectivos Sección primera De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianosArt. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, ylos pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con estaConstitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechoscolectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley. 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 16.
7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe. 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado. 14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley. 15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos, los derechosdeterminados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable. Sección segunda Del medio ambienteArt. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano yecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derechono sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales.Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecerresponsabilidades administrativ as, civiles y penales que correspondan a las personas naturales ojurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u o misiones en contra de las normas deprotección al medio ambiente.Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamentecon los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizarásu participación.Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: 1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas. 3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados.Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas ynucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias que, noobstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el medio ambiente. 17.
Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los dañosambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución.Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientalesnegativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño.Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, ogrupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente. Sección tercera De los consumidoresArt. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensadel consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes yservicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuitoo fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos.Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo,serán responsables civil y penalmente por la prestación del servicio, así como por las condicionesdel producto que ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efect uada y la descripción de su etiqueta.El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y adoptarámedidas para el cumplimiento de sus objetivos.El Estado y las entidades seccionales autónomas responderán civilmente por los daños y perjuicioscausados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos queestén a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. Capítulo 6 De las garantías de los derechos Sección primera Del hábeas corpusArt. 93.- Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeascorpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito,ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre , o ante quien haga sus veces. La autoridadmunicipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud,ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden deprivación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados delcentro de rehabilitación o del lugar de detención.El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dispondrá la inmediatalibertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta nocumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurr ido en vicios de procedimiento en la detencióno, si se hubiere justificado el fundamento del recurso.Si el alcalde no tramitare el recurso, será civil y penalmente responsable, de conformidad con la ley.El funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución será inmediatamente destituido desu cargo o empleo sin más trámite, por el alcalde, quien comunicará tal decisión a la ContraloríaGeneral del Estado y a la autoridad que deba nombrar su reemplazo.El funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido, podrá reclamarpor su destitución ante los órganos competentes de la Función Judicial, dentro de los ocho díassiguientes a aquel en que fue notificado. Sección segunda Del hábeas dataArt. 94.- Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informesque sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como aconocer el uso que se haga de ellos y su propósito.Podrá solicitar ante el funcionario respectivo, la actualización de los datos o su rectificación,eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos.Si la falta de atención causare perjuicio, el afectado podrá demandar indemnización.La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos personales que consten en losarchivos relacionados con la defensa nacional. Sección tercera Del amparo 18.
Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de unacolectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designadopor la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá laadopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente lasconsecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violarcualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, yque, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acciónsi el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúenpor delegación o concesión de una autoridad pública.No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, cuando su conducta afectegrave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y todos los días seránhábiles.El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública dentro de lasveinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de existir fundamento, ordenará lasuspensión de cualquier acto que pueda traducirse en violación de un derecho.Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, la cual se cumplirá deinmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda ser apelada para su confirmación o revocatoria,para ante el Tribunal Constitucional.La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas que incumplan lasresoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y magistrados que violen el procedimiento deamparo, independientemente de las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar elcumplimiento del amparo, el juez podrá adoptar las medidas que considere pertinentes, e inclusoacudir a la ayuda de la fuerza pública.No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de amparo, ni lasdisposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho. Sección cuarta De la defensoría del puebloArt. 96.- Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o patrocinar elhábeas corpus y la acción de amparo de las personas que lo requieran; defender y excitar laobservancia de los derechos fundamentales que esta Constitución garantiza; observar la calidad delos servicios públicos y ejercer las demás funciones que le asigne la ley.El Defensor del Pueblo reunirá los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la CorteSuprema de Justicia; será elegido por el Congreso Nacional de fuera de su seno, con el votofavorable de las dos terceras partes de sus miembros, luego de haber escuchado a lasorganizaciones de derechos humanos legalmente reconocidas. Desempeñará sus funciones durantecinco años, podrá ser reelegido por una sola vez, y rendirá informe anual de labores al CongresoNacional.Tendrá independencia y autonomía económica y administrativa; gozará de fuero e inmunidad en lostérminos que señale la ley. Capítulo 7 De los deberes y responsabilidadesArt. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio deotros previstos en esta Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 2. Defender la integridad territorial del Ecuador. 3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque. 4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. 5. Respetar la honra ajena. 6. Trabajar con eficiencia. 7. Estudiar y capacitarse. 8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada. 9. Administrar honradamente el patrimonio público. 10. Pagar los tributos establecidos por la ley. 19.
11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios. 12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural. 13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley. 14. Denunciar y combatir los actos de corrupción. 15. Colabora r en el mantenimiento de la paz y la seguridad. 16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable. 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente. 18. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido expresamente confiados. 20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. TÍTULO IV DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Capítulo 1 De las eleccionesArt. 98.- Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán presentar o auspiciar candidatospara las dignidades de elección popular.Podrán también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidospolíticosLos ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección popular podrán ser reelegidosindefinidamente.El Presidente y Vicepresidente de la República podrán ser reelegidos luego de transcurrido unperíodo después de aquel para el cual fueron elegidos.La Constitución y la ley señalarán los requisitos para intervenir como candidato en una elecciónpopular.Art. 99.- En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de supreferencia, de una lista o entre listas. La ley conciliará este principio con el de la representaciónproporcional de las minorías.Art. 100.- Los dignatarios de elección popular en ejercicio, que se candidaticen para la reelección,gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de su candidatura. Si presentaren sucandidatura a una dignidad distinta, deberán renunciar al cargo, previamente a su inscripción.Art. 101.- No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular: 1. Quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión, hayan sido condenados o llamados a la etapa plenaria, salvo que en este segundo caso se haya dictado sentencia absolutoria. 2. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, y los de período fijo, a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha d inscripción de sus candidaturas; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus e funciones. Los docentes universitarios no requerirán de licencia para ser candidatos y ejercer la dignidad. 3. Los magistrados y jueces de la Función Judicial, a no ser que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción de la respectiva candidatura. 20.
4. Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 5. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo. 6. Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.Art. 102.- El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombrescomo candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en elámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidospolíticos. Capítulo 2 De otras formas de participación democrática Sección primera De la consulta popularArt. 103.- Se establece la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución. La decisiónadoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoríaabsoluta de votantes.El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la Constitución y en laley.Art. 104.- El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular en los siguientes casos: 1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Art. 283. 2. Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior.Art. 105.- Los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen el ocho por ciento delpadrón electoral nacional, podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque a consultapopular en asuntos de trascendental importancia para el país, que no sean reformasconstitucionales. La ley regulará el ejercicio de este derecho.Art. 106.- Cuando existan circunstancias de carácter trascendental atinentes a su comunidad, quejustifiquen el pronunciamiento popular, los organismos del régimen seccional, con el voto favorablede las tres cuartas partes de sus integrantes, podr án resolver que se convoque a consulta populara los ciudadanos de la correspondiente circunscripción territorial.Podrán, asimismo, solicitar que se convoque a consulta popular, los ciudadanos en goce dederechos políticos y que representen por lo menos el veinte por ciento del número deempadronados en la correspondiente circunscripción.Art. 107.- El Tribunal Provincial Electoral de la correspondiente circunscripción, una vez que hayacomprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas y en la ley, procederá ahacer la correspondiente convocatoria.Art. 108.- Los resultados de la consulta popular, luego de proclamados por el tribunal electoralcorrespondiente, se publicarán en el Registro Oficial dentro de los quince días subsiguientes.En ningún caso las consultas convocadas por iniciativas popular se efectuarán sobre asuntostributarios. Sección segunda De la revocatoria del mandatoArt. 109.- Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a losalcaldes, prefectos y diputados de su elección, por actos de corrupción o incumplimientoinjustificado de su plan de trabajo. 21.
Cada uno de los candidatos a alcalde, prefecto o diputado, al inscribir su candidatura presentará suplan de trabajo ante el correspondiente tribunal electoral.Art. 110.- La iniciativa para la revocatoria del mandato la ejercerá un número de ciudadanos engoce de los derechos políticos, que represente por lo menos el treinta por ciento de losempadronados en la respectiva circunscripción territorial.Una vez que el tribunal electoral verifique que la iniciativa cumple con los requisitos previstos enesta Constitución y en la ley, procederá a la convocatoria en los diez días inmediatamenteposteriores a tal verificación. El acto electoral se realizará dentro de los treinta días subsiguientes ala convocatoria.Art. 111.- Cuando se trate de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse en cualquiertiempo del período para el que fue elegido el dignatario. En los casos de incumplimiento del plan detrabajo, se podrá solicitar después de transcurrid o el primero y antes del último año del ejercicio desus funciones. En ambos casos, por una sola vez dentro del mismo período.Art. 112.- En la consulta de revocatoria participarán obligatoriamente todos los ciudadanos quegocen de los derechos políticos. La decisión de revocatoria será obligatoria si existiere elpronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de los sufragantes de la respectivacircunscripción territorial. Tendrá como efecto inmediato la cesación del funcionario, y lasubrogación por quien le corresponda de acuerdo con la ley.Art. 113.- En los casos de consulta popular y revocatoria del mandato, el Tribunal ProvincialElectoral de la correspondiente circunscripción, una vez que haya comprobado el cumplimiento delos requisitos establecidos en estas normas y en la ley, procederá a la convocatoria.Los gastos que demanden la realización de la consulta o la revocatoria del mandato, se imputarán alpresupuesto del correspondiente organismo seccional. Capítulo 3 De los partidos y movimientos políticosArt. 114.- Se garantizará el derecho a fundar partidos políticos y participar en ellos en lascondiciones establecidas en la Ley. Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado parasu organización y funcionamiento.Art. 115.- Para que un partido político sea reconocido legalmente e intervenir en la vida pública delEstado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, presentar un programa deacción política en consonancia con el sistema democrático; estar organizado en el ámbito nacional ycontar con el número de afiliados que exija la ley.El partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, noobtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado delregistro electoral.Art. 116.- La ley fijará los límites de los gastos electorales. Los partidos políticos, movimientos,organizaciones y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoralsobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva, solo podrá realizarsedurante los cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campañaelectoral.La ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones. Capítulo 4 Del estatuto de la oposiciónArt. 117.- Los partidos y movimientos políticos que no participen del gobierno, tendrán plenasgarantías para ejercer, dentro de la Constitución y la ley, una oposición crítica, y proponeralternativas sobre políticas gubernamentales. La ley regulará este derecho. TÍTULO V DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA 22.
Capítulo 1 De las instituciones del EstadoArt. 118.- Son instituciones del Estado: 1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 2. Los organismos electorales. 3. Los organismos de control y regulación. 4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.Estos organismos y entidades integran el sector público.Art. 119.- Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicosno podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, y tendrán eldeber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común.Aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinen, gozarán de autonomía para suorganización y funcionamiento. Capítulo 2 De la función públicaArt. 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento deresponsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones.El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirácapacidad, honestidad y eficiencia.Art. 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejoy administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios yservidores de los organismos e instituciones del Estado.Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerposcolegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general,estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delito s de peculado, cohecho,concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes seránimprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de losacusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque notengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado deresponsabilidad.Art. 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, losque manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberánpresentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos ypasivos, y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimoniallos miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención deascensos, y a su retiro.Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, queincluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dosdeclaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta depresentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito.Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitardeclaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una funciónpública.Art. 123.- No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades queejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o representen aterceros que los tuvieren en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. 23.
El funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses entren enconflicto con los del organismo o entidad a los que preste sus servicios.Art. 124.- La administración pública se organizará y desarrollará de manera descentralizada ydesconcentrada.La ley garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores públicos y regularásu ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación. Tanto el ingreso como el ascenso dentro delservicio civil y la carrera administrativa, se harán mediante concursos de méritos y de oposición.Solo por excepción, los servidores públicos estarán sujetos a un régimen de libre nombramiento yremoción.Las remuneraciones que perciban los servidores públicos serán proporcionales a sus funciones,eficiencia y responsabilidades.En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, ascenso o separaciónde una función pública.Art. 125.- Nadie desempeñará más de un cargo público. Sin embargo, los docentes universitariospodrán ejercer la cátedra si su horario lo permite.Se prohibe el nepotismo en la forma que determine la ley. La violación de este principio sesancionará penalmente. TÍTULO VI DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Capítulo 1 Del Congreso NacionalArt. 126.- La Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional, c on sede en Quito.Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Estará integrado pordiputados que serán elegidos por cada provincia en número de dos, y uno más por cada doscientosmil habitantes o fracción que pase de ciento cincuenta mil. El número de habitantes que servirá debase para la elección sera el establecido por el último censo nacional de población, que deberárealizarse cada diez años.Art. 127.- Para ser diputado se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento, esta r en goce de losderechos políticos, tener al menos veinticinco años al momento de la inscripción de su candidatura yser oriundo de la provincia respectiva, o haber tenido residencia en ella de modo ininterrumpido porlo menos durante tres años inmediatamente anteriores de la elección.Los diputados desempeñarán sus funciones por el periodo de cuatro años.Art. 128.- Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de diputados querepresente por lo menos el diez por ciento del Congreso Nacional, podrán formar un bloquelegislativo. Los partidos que no lleguen a tal porcentaje, podrán unirse con otros para formarlo.Art. 129.- El Congreso Nacional elegirá cada dos años un presidente y dos vicepresidentes. Para losprimeros dos años elegirá su presidente de entre de los diputados pertenecientes al partido omovimiento que tenga la mayor representación legislativa y a su primer vicepresidente del partido omovimiento que tenga la segunda mayoría. El segundo vicepresidente será elegido de entre losdiputados que pertenezcan a los partidos o movimientos minoritarios. Desempeñarán talesfunciones mediante dos años.Para los próximos dos años el presidente y el primer vicepresidente se elegirán de entre los partidoso movimientos que hayan obtenido la segunda y primera mayoría, respectivamente.Los vicepresidentes reemplazarán, en su orden, al presidente, en caso de ausencia temporal odefinitiva, y el Congreso Nacional llenará las vacantes cuando sea caso.Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Recommended
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