Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0363_ES.html
Timestamp: 2020-02-25 22:39:22+00:00

Document:
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de [fecha del dictamen](1),
sobre la divulgación de información relativa a ▌ los riesgos y el rendimiento de sostenibilidad de las inversiones y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341
(1) La transición a una economía hipocarbónica, más sostenible, eficiente en el uso de los recursos y circular es fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. El Acuerdo de París sobre el Clima (COP21), que fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 2016(5) y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, aspira a reforzar la respuesta al cambio climático logrando, entre otras cosas, que los flujos financieros sean coherentes con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
(1 bis) La incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de toma de decisiones en materia de inversión puede generar beneficios más allá de los mercados financieros. Resulta, por tanto, fundamental que los participantes en los mercados financieros proporcionen la información necesaria para permitir la comparabilidad de las inversiones y decisiones de inversión fundamentadas. Asimismo, a fin de cumplir las obligaciones de diligencia debida con respecto al impacto y riesgos de sostenibilidad, y de facilitar información significativa a los inversores finales, los participantes en los mercados financieros necesitan que las empresas en las que se invierte divulguen información fiable, comparable y armonizada. Este proceso solo puede llegar a buen puerto si se establecen definiciones jurídicamente acordadas.
(2) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(6), la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(9), la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo(10), la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) y el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) persiguen el objetivo común de facilitar el acceso a la actividad y su ejercicio por parte de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión, los intermediarios de seguros, los fondos de pensiones de empleo (FPE), los gestores de fondos de capital riesgo admisibles (gestores de FCRE), y los gestores de fondos de emprendimiento social europeos (FESE). Estos Reglamentos y Directivas garantizan una mayor uniformidad de la protección de los inversores finales, hacen que les resulte más fácil beneficiarse de una amplia gama de productos y servicios financieros, y, al mismo tiempo, establecen normas para que los inversores puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas. Si bien estos objetivos se han alcanzado sobradamente, la divulgación de información a los inversores finales e inversores sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad, el rendimiento de sostenibilidad y los objetivos de inversión sostenible en la toma de decisiones de inversión por parte de las sociedades de gestión de OICVM, los GFIA, las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras, los FPE, los promotores de pensiones, las entidades de crédito, los gestores de FCRE y los gestores de FESE (participantes en los mercados financieros) y la divulgación de información a los inversores finales e inversores sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y el rendimiento de sostenibilidad en los procesos de asesoramiento por parte de los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros (IBIP) y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión (asesores financieros) no están lo suficientemente desarrolladas, ya que tales actos de divulgación y la integración de los riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones relativas a la inversión no están aún sujetos a requisitos e indicadores de rendimiento de sostenibilidad armonizados. A fin de cumplir sus obligaciones de diligencia debida para considerar los riesgos de sostenibilidad significativos y para incorporar indicadores de rendimiento de sostenibilidad, los propios participantes en los mercados financieros necesitan que las empresas en las que se invierte divulguen información fiable, comparable y armonizada y normas de contabilidad armonizadas con respecto a los indicadores de sostenibilidad.
(2 bis) El Reglamento analiza las normas en materia de divulgación para los participantes en los mercados financieros en relación con los productos o servicios financieros y el asesoramiento sobre inversiones. A fin de garantizar la igualdad de condiciones entre participantes en los mercados financieros y permitir la comparabilidad de los productos financieros, es importante establecer un marco armonizado para la divulgación de riesgos y rendimiento de sostenibilidad en la diligencia debida y en los procesos de gestión del riesgo de crédito y de inversión de los participantes en los mercados financieros. El requisito de divulgación de información debe ser proporcional al tamaño y a la importancia sistémica de la entidad, además de garantizar la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales).
(2 ter) La ABE debe investigar la viabilidad e idoneidad de la introducción de criterios técnicos para el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) de los riesgos relacionados con exposiciones a actividades que están sustancialmente asociadas con objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) con el fin de evaluar, entre otras cosas, las posibles fuentes y efectos de tales riesgos en las entidades, teniendo en cuenta los informes de sostenibilidad existentes elaborados por las entidades.
(3) En ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de información a los inversores e inversores finales en materia de sostenibilidad por parte de los inversores y de las empresas participadas, es probable que se sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfoques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la competencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación de información. Además, un desarrollo paralelo de las prácticas del mercado, basado en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actualmente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más el funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias en las normas de divulgación de información y las prácticas del mercado, y la falta de un conjunto armonizado de indicadores de rendimiento de sostenibilidad, dificultan enormemente que se puedan comparar los diferentes productos y servicios financieros, crean condiciones desiguales para dichos productos y servicios financieros y para los canales de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Estas divergencias también pueden generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus decisiones de inversión. A la hora de garantizar la observancia del Acuerdo de París sobre el clima, existe el riesgo de que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. Además, la ausencia de normas e indicadores del rendimiento de sostenibilidad armonizados en materia de transparencia dificulta a los inversores finales comparar de manera eficaz los distintos productos y servicios financieros en los distintos Estados miembros en cuanto a sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, el rendimiento de sostenibilidad y objetivos de inversión sostenible de los productos financieros y las empresas subyacentes. Es necesario, por tanto, analizar el funcionamiento del mercado interior y permitir la comparabilidad de los productos financieros a fin de evitar los obstáculos a la inversión que puedan plantearse en el futuro.
(4) A fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento y velar por que los participantes en los mercados financieros apliquen de manera clara y coherente las obligaciones de divulgación de información en él establecidas, es necesario establecer una definición clara y armonizada de «inversiones sostenibles» y «riesgos de sostenibilidad», evitando cualquier solapamiento en las medidas regulatorias que no estaría en consonancia con los principios de una mejor regulación y proporcionalidad. La definición de inversiones sostenibles garantiza un nivel mínimo de coherencia entre los productos y servicios financieros, al tiempo que garantiza que tales inversiones tengan un impacto neto positivo en términos de rendimiento de sostenibilidad. Debido al carácter polifacético de la sostenibilidad (en sus tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza), los efectos positivos en un aspecto no siempre van acompañados de efectos positivos en otro, pero el rendimiento de sostenibilidad neto, calculado con arreglo a los indicadores de sostenibilidad armonizados, siempre debe ser significativamente positivo. La definición de riesgos de sostenibilidad es necesaria para garantizar un nivel mínimo de coherencia en los resultados normativos, pero también se entiende como una herramienta dinámica y en evolución capaz de integrar los riesgos emergentes y de determinar los efectos adversos posibles y reales. La definición incluye los efectos financieros y no financieros de no tener en cuenta los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Debe tener visión de futuro a fin de abarcar los riesgos materiales o susceptibles de materializarse en un plazo corto, medio y largo. Los participantes en los mercados financieros deben integrar la identificación, prevención y mitigación de los riesgos de sostenibilidad y la detección de efectos adversos en sus procesos de diligencia debida, para lo que deben considerar los riesgos de sostenibilidad enumerados en el anexo I bis del presente Reglamento. El rendimiento de sostenibilidad debe medirse sobre la base de indicadores de sostenibilidad armonizados que determinará la Comisión Europea con carácter de urgencia y utilizando las iniciativas europeas e internacionales existentes. Un conjunto de indicadores armonizados contribuirá a incentivar a los participantes en el mercado financiero para que avancen de manera gradual y proporcionada en una transición sostenible mediante una mayor transparencia, garantizando al mismo tiempo la coherencia con otras propuestas en materia de finanzas sostenibles, entre ellas, [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles] y [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo].
(5) Las políticas de remuneración de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben ser coherentes con la integración de los riesgos de sostenibilidad y, en su caso, los objetivos de inversión sostenible y deben concebirse de tal forma que contribuyan al crecimiento sostenible a largo plazo. En la divulgación de información precontractual se debe precisar, por lo tanto, de qué manera las políticas de remuneración de dichas entidades son coherentes con la integración de los riesgos de sostenibilidad, la Directiva (UE) 2017/828 y siguen los criterios de rendimiento interno y operativo en materia ambiental, social y de gobernanza de los participantes en los mercados financieros, al tiempo que ofrecen objetivos de crecimiento viables a largo plazo, y están en consonancia, en su caso, con los objetivos de inversión sostenible de los productos y servicios financieros que ofrecen los participantes en los mercados financieros o sobre los que asesoran los asesores financieros.
(6) Habida cuenta de que los índices de referencia de sostenibilidad sirven de estándares de referencia con respecto a los cuales se miden las inversiones sostenibles, se debe informar a los inversores finales a través de la información precontractual sobre la idoneidad del índice designado, a saber, la adaptación de dicho índice al objetivo de inversión sostenible. Los participantes en los mercados financieros también deben comunicar las razones por las que se haya optado por ponderaciones y componentes distintos del índice designado en comparación con los de un índice general del mercado, pero distinguiendo entre un producto que reproduce un índice y un producto que utiliza un índice para medir o comparar su rendimiento. Para seguir reforzando la transparencia, los participantes en los mercados financieros deben indicar también dónde se podrá consultar el método utilizado para el cálculo del índice designado y del índice general del mercado, de tal modo que los inversores finales dispongan de la información necesaria sobre cómo se seleccionaron y ponderaron los activos subyacentes de los índices, qué activos fueron excluidos y por qué motivo, cómo se midió la incidencia en materia de sostenibilidad de los activos subyacentes o qué fuentes de datos se utilizaron. Cuando un producto financiero esté explícitamente alineado con el Acuerdo de París sobre cambio climático o tenga como objetivo reducir las emisiones de carbono, los proveedores de índices deberán incluir también el grado de alineación con el Acuerdo de París, basándose en datos científicos. Tal información debe basarse en un conjunto armonizado de indicadores y permitir comparar de forma eficaz los riesgos y el rendimiento de sostenibilidad de las inversiones que fomenten la sostenibilidad y contribuir a que sean percibidas correctamente. En caso de que no se haya designado ningún índice como índice de referencia, los participantes en los mercados financieros deben explicar cómo se alcanza el objetivo de inversión sostenible o cómo se han considerado los riesgos de sostenibilidad y los indicadores del rendimiento de sostenibilidad.
(7) En caso de que un producto o servicio financiero se fije como objetivo reducir las emisiones de carbono, en la divulgación de información precontractual se debe incluir la exposición relacionada con la baja emisión de carbono que se pretende lograr, incluida la información sobre su armonización con el Acuerdo de París y con los objetivos pertinentes de la Unión.
(8) A fin de reforzar la transparencia e informar a los inversores e inversores finales, el acceso a la información sobre cómo se tiene en cuenta el rendimiento de sostenibilidad y cómo se integran los riesgos de sostenibilidad materiales o susceptibles de materializarse por parte de los participantes en los mercados financieros en los procesos de toma de decisiones de inversión, incluidos los aspectos organizativos, de gestión del riesgo y de gobernanza, por parte de los asesores financieros en los procesos de asesoramiento y por parte de las empresas participadas subyacentes en sus estrategias y operaciones debe regularse obligando a los participantes en los mercados financieros a publicar un breve resumen de estas políticas en su sitio web.
(9) Las actuales obligaciones de divulgación de información establecidas por la legislación de la Unión no requieren que se comunique toda la información necesaria para informar adecuadamente a los inversores finales sobre la repercusión de sus inversiones en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente establecer obligaciones de divulgación de información normalizada más específicas, a fin de permitir la comparabilidad, por lo que se refiere a las inversiones sostenibles. Por ejemplo, el rendimiento global de los productos financieros en materia de sostenibilidad debe comunicarse periódicamente de manera normalizada mediante un conjunto armonizado de indicadores, que sea también pertinente para medir y comparar el rendimiento de sostenibilidad. Cuando se haya designado un índice apropiado como índice de referencia, también debe facilitarse dicha información en relación con el índice designado y con un índice general del mercado para que se pueda comparar, pero distinguiendo entre un producto que reproduce un índice y un producto que utiliza un índice para medir o comparar su rendimiento. Asimismo se debe divulgar información sobre los componentes del índice designado y del índice general del mercado, junto con la ponderación de dichos componentes, con el fin de aportar datos adicionales comparables sobre cómo se alcanzan los objetivos de inversión sostenible. Cuando los gestores de FESE faciliten información sobre el impacto social positivo que aspire a alcanzar un determinado fondo, el resultado social global obtenido y los correspondientes métodos utilizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, cuando proceda, utilizar estos datos a efectos de la información que debe divulgarse en virtud del presente Reglamento.
(10) La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(14) impone obligaciones de transparencia por lo que respecta a los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza empresarial en la comunicación de información no financiera. No obstante, el formato y la presentación requeridos por estas Directivas no se prestan a ser usados directamente por los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros cuando tratan con inversores finales. Los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben tener la opción de utilizar la información que contienen los informes de gestión y los estados no financieros con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/34/UE a efectos del presente Reglamento, cuando proceda. A fin de garantizar el suministro de datos de calidad para los inversores que sean comparables, las obligaciones de transparencia de la Directiva 2013/34/UE deberían actualizarse para incluir riesgos materiales de sostenibilidad y rendimiento de sostenibilidad basados en indicadores armonizados, y notificarse en declaraciones periódicas integradas que incorporen datos financieros e información no financiera.
(11) A fin de garantizar la fiabilidad de la información publicada en los sitios web de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros, dicha información debe mantenerse actualizada, y debe explicarse claramente cualquier revisión o modificación que se introduzca.
(12) Con el fin de especificar de qué manera adoptan decisiones de inversión y evalúan los riesgos los FPE para tener en cuenta los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, en la Directiva (UE) 2016/2341 se deben delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las normas de gobernanza y gestión de riesgos ya se aplican a las decisiones de inversión y las evaluaciones de riesgos, a fin de garantizar la continuidad y la regularidad en el ejercicio de las actividades de los FPE. Las decisiones de inversión y la evaluación de los riesgos pertinentes, incluidos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, deben realizarse de tal forma que se garantice la protección de los intereses de los partícipes y beneficiarios. Las actividades y los procesos subyacentes de los FPE deben garantizar que se consiga el objetivo de los actos delegados. Los actos delegados deben, en su caso, mantener la coherencia con los actos delegados adoptados en virtud de la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE y la Directiva 2011/61/UE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas públicas oportunas durante la fase preparatoria, ▌y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, para garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados.
(13) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (denominadas colectivamente «las AES»), establecidas respectivamente por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(16) y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(17) deben elaborar, a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen en detalle la presentación y el contenido de la información relativa a los riesgos y el rendimiento en materia de sostenibilidad que debe figurar en los documentos precontractuales, los informes periódicos publicados al menos con carácter anual y los sitios web de los participantes en los mercados financieros de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La Comisión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de regulación.
(14) La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por las AES, a través del Comité Mixto, mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, para establecer la presentación tipo de las inversiones sostenibles en las comunicaciones publicitarias.
(15) Dado que los informes periódicos resumen, en principio, los resultados empresariales de años naturales completos, la aplicación de las disposiciones sobre los requisitos de transparencia en los informes periódicos debe aplazarse hasta el [1 de enero del año siguiente a la fecha a que se refiere el párrafo segundo del artículo 12].
(16) Las normas en materia de divulgación de información contenidas en el presente Reglamento deben completar las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE, la Directiva 2011/61/UE, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo(18), el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, y deben aplicarse con carácter adicional a ellas.
(16 bis) Las normas de divulgación de información establecidas en el presente Reglamento complementan la introducción de un marco general de diligencia debida obligatorio para todos los participantes en los mercados financieros, incluido un componente de deber de diligencia, que deberá introducirse plenamente de forma gradual en un periodo transitorio y teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, con especial consideración de la proporcionalidad en cuanto al tamaño y la importancia sistémica de la entidad, así como garantizar la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales). El ejercicio de la debida diligencia comporta un cuidado razonable y la investigación de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) sobre la base de indicadores ASG. Mediante la diligencia debida, los inversores no solo podrán evitar los impactos negativos de sus inversiones en la sociedad y el medio ambiente, sino también evitar riesgos financieros y de reputación, responder a las expectativas de sus clientes y beneficiarios, y contribuir a los objetivos globales sobre el clima y el desarrollo sostenible. Con ello, los participantes en los mercados financieros se verán obligados a ir más allá de una mera comprensión financiera de sus obligaciones como inversores. Además, el marco se basa en la exigencia del Parlamento Europeo de un marco obligatorio de diligencia debida en su Informe de propia iniciativa sobre finanzas sostenibles (2018/2007(INI)), en las Directrices de la OCDE de 2017 sobre la conducta empresarial responsable para inversores institucionales y consideraciones clave para la diligencia debida en el marco de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y en la Ley francesa sobre el deber de vigilancia de las empresas, de 27 de marzo de 2017, y en particular en sus artículos 1 y 2.
(18) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la protección de los inversores finales y la información a los inversores, mejorar la información y las opciones de inversión que se les ofrece, así como ayudar a los participantes en los mercados financieros, a los asesores en materia de inversión y a las empresas cotizadas a integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión debido a la necesidad de fijar requisitos uniformes a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, tras un periodo transitorio que deje tiempo suficiente a los participantes en los mercados financieros para adaptarse, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la transparencia que, en relación con la integración de los riesgos y el rendimiento de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión o en el proceso de asesoramiento, deberán observar los participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros y las empresas de servicios de inversión que asesoran en materia de inversión y las empresas participadas, y sobre la transparencia de los productos o servicios financieros, sean o no inversiones con un impacto sostenible específico.
i) toda empresa de seguros ▌, todo GFIA, toda empresa de servicios de inversión que preste servicios de gestión de carteras, todo fondo de pensiones de empleo (FPE) o todo promotor de productos de pensiones;
iv bis) una entidad de crédito según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que proporcione procedimientos de inversión o de gestión del riesgo de crédito, a excepción de las entidades pequeñas y no complejas definidas con arreglo al [OP: Insértese la referencia al artículo pertinente] del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
b bis) «empresa participada»: empresas cotizadas y no cotizadas definidas en el artículo 1 de la Directiva 2013/34/UE;
b ter) «rendimiento de sostenibilidad»: coherencia del producto o servicio financiero con los riesgos ASG y los factores que reflejan el impacto de los indicadores de sostenibilidad armonizados;
i) todo producto de inversión basado en seguros, tal como se define en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(19);
ii) todo producto de seguro, a disposición de un inversor profesional, que ofrece un valor al vencimiento o un valor de rescate expuesto total o parcialmente, directa o indirectamente, a las fluctuaciones del mercado;
e) «empresa de servicios de inversión»: toda empresa de servicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE, con la excepción de las pequeñas empresas de inversión no interconectadas que se definen en el artículo 12 del Reglamento [OP: Insértese la referencia al Reglamento sobre los requisitos prudenciales de las empresas de inversión];
g) «FPE»: todo fondo de pensiones de empleo autorizado o registrado de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/2341;
ii bis) un «Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)» al que se refiere el artículo 2, apartado 2, del [OP: Insértese la referencia al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)];
i) «sociedad de gestión de OICVM»: toda sociedad de gestión tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE o toda sociedad de inversión contemplada en su artículo 1, apartado 2;
j) «producto o servicio financiero»: la gestión de una cartera, un FIA, un IBIP, un producto de pensión, un plan de pensiones o un OICVM;
n) «asesoramiento en materia de inversión»: el asesoramiento en materia de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE;
n bis) «autoridades competentes pertinentes»: las autoridades competentes o designadas para la supervisión de los participantes en los mercados financieros a que se refiere la letra a) del presente artículo;
o) «inversiones sostenibles»: productos asociados con estrategias que tienen como objetivo alcanzar un rendimiento ambiental, social y de gobernanza, incluidas cualquiera de las siguientes o una combinación de varias de ellas:
i) inversiones en una actividad económica que contribuya de manera sustancial a un objetivo ambiental, incluidos indicadores clave de eficiencia de recursos, como el uso de energía, uso de energía renovable, uso de materias primas, producción de residuos, emisiones, emisiones de CO2, uso del agua, uso de la tierra y el impacto en la biodiversidad, tal como se establece en el marco de supervisión de la Comisión Europea sobre la economía circular. Estos objetivos no deben ir en detrimento de ninguno de los objetivos de inversión contenidos en los incisos ii) y iii);
ii) inversiones en una actividad económica que contribuya de manera sustancial a un objetivo social y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad, toda inversión que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas y que no perjudique significativamente a los objetivos de inversión contenidos en los incisos i) y iii);
iii) inversiones ▌ que fomenten o respalden prácticas de buena gobernanza en empresas y, en particular, empresas en las que las estructuras de gestión, los procedimientos de diligencia debida y las relaciones con los asalariados sean sanas y transparentes, las políticas de remuneración del personal sean transparentes, que cumplan las obligaciones tributarias, y que no perjudiquen significativamente a los objetivos de inversión contenidos en los incisos i) y ii);
o bis) «enfoque de inversión sostenible»: enfoque o estrategia de inversión que respalda productos y servicios que tienen como objetivo lograr un rendimiento ambiental, social y de gobernanza;
p) «inversor minorista»: todo inversor que no es un inversor profesional;
p bis) «diligencia debida»: proceso continuo de cuidado e investigación razonables mediante el cual un inversor o proveedor de servicios de inversión detecta, previene o mitiga, tiene en cuenta y comunica en relación con factores ASG adversos y riesgos de sostenibilidad reales o potenciales, antes de realizar una inversión y hasta la venta o el vencimiento de la inversión;
p ter) «preferencias ASG»: preferencias de un cliente o cliente potencial por inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, inversiones sociales o inversiones de buena gobernanza;
s) «asesoramiento de seguros»: todo asesoramiento tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 15, de la Directiva (UE) 2016/97.
s bis) «riesgos de sostenibilidad»: riesgos financieros y no financieros, materiales o susceptibles de materializarse, vinculados con riesgos y factores ambientales, sociales y de gobernanza, cuando resulten relevantes para un enfoque concreto de las inversiones;
los «riesgos de sostenibilidad» comprenden:
a) riesgos a corto y/o largo plazo para el rendimiento de un producto financiero o de pensiones que surjan de su exposición a actividades económicas que puedan tener un impacto ambiental o social adverso, o de la exposición del producto a entidades participadas que demuestren una gobernanza deficitaria;
b) el riesgo a corto y/o largo plazo de que las actividades económicas a las que está expuesto un producto financiero o de pensiones tengan efectos negativos para el medio ambiente, las fuerzas de trabajo y las comunidades, o para la gobernanza de las entidades participadas, incluidos, entre otros, los vinculados al riesgo financiero a que se refiere la letra a);
Los participantes en los mercados financieros tendrán en cuenta los factores e indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza enumerados en el anexo I bis del presente Reglamento.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 9 bis con el fin de especificar otros elementos de las definiciones establecidas en el presente artículo, párrafo primero, letras b ter), o), p ter) y s bis), para tener en cuenta la evolución del mercado, la experiencia en la aplicación de las normas de divulgación y las definiciones nuevas o modificadas a escala europea.
Cuando elabore los actos delegados a que se refiere el segundo párrafo, la Comisión tomará en consideración los principios enumerados en el anexo II bis.
Artículo 3Transparencia de las políticas relativas a los riesgos de sostenibilidad
1. Los participantes en los mercados financieros se dotarán de políticas de diligencia debida para la evaluación de los riesgos de sostenibilidad y las comunicarán anualmente a las autoridades competentes teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Esas políticas abarcarán, como mínimo, la integración de los riesgos de sostenibilidad materiales o susceptibles de materializarse y el rendimiento sobre la base de indicadores de sostenibilidad en los ámbitos de la gobernanza, las condiciones de funcionamiento, en particular la estrategia de inversión y la asignación de activos, los requisitos organizativos de las empresas, incluidos los procedimientos de gestión de riesgos, el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas y el compromiso con las empresas. Se hará público un breve resumen de esas políticas, garantizándose al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) con arreglo a lo definido en la Directiva 2016/943.
2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con respecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión se dotarán de políticas de diligencia debida por escrito para la evaluación de los riesgos de sostenibilidad y las comunicarán anualmente a las autoridades competentes teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Esas políticas abarcarán, como mínimo, la integración de los riesgos de sostenibilidad materiales o susceptibles de materializarse y el rendimiento sobre la base de indicadores de sostenibilidad en los ámbitos de la gobernanza, la asignación de activos, el asesoramiento en materia de inversión, la gestión de riesgos, el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas y el compromiso con las empresas. Se hará público un breve resumen de esas políticas, garantizándose al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) con arreglo a lo definido en la Directiva 2016/943.
2 bis. Las entidades de crédito y las empresas de seguros se dotarán de políticas de integración de los riesgos de sostenibilidad en sus procesos de inversión y gestión de riesgos en materia de crédito. Se hará público un breve resumen de esas políticas, garantizándose al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) con arreglo a lo definido en la Directiva 2016/943.
2 ter. Los participantes en los mercados financieros y los intermediarios de seguros velarán por que la detección y la gestión de los riesgos de sostenibilidad estén suficientemente integradas en sus procesos de diligencia debida y la toma de decisiones de inversión, exigiéndose a los inversores que eviten o mitiguen y tengan en cuenta los factores ASG y los hagan públicos por escrito en sus sitios web.
2 quater. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 9 bis para especificar:
a) un marco general y obligatorio con normas mínimas para las políticas escritas y los procesos de diligencia debida que los participantes en los mercados financieros y los intermediarios de seguros aplicarán para garantizar que los riesgos de sostenibilidad adversos creados por el participante en los mercados financieros se integren en la toma de decisiones de inversión, incluyendo la integración de una gama completa de indicadores ASG;
b) directrices sobre los requisitos de divulgación a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.
c) directrices sobre cómo se ha de aplicar el principio de proporcionalidad mencionado en los apartados 1 y 2 del artículo, tomando especialmente en consideración la proporcionalidad en términos de tamaño e importancia sistémica de la entidad en cuestión.
2 quinquies. Cuando elabore los actos delegados a que se refiere el apartado 2 quater, la Comisión tomará en consideración los principios enumerados en el anexo II bis.
Artículo 4Transparencia de la integración de los riesgos
y del rendimiento de sostenibilidad
1. En la información precontractual los participantes en los mercados financieros incluirán descripciones de lo siguiente, garantizándose al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) con arreglo a lo definido en la Directiva (UE) 2016/943:
a) los procedimientos y condiciones de diligencia debida que aplican para integrar los riesgos de sostenibilidad materiales o susceptibles de materializarse en el proceso de toma de decisiones de inversión para el producto de que se trate y cómo se aplican; y los procedimientos para medir el rendimiento de sostenibilidad;
b) en qué medida esperan que los riesgos de sostenibilidad tengan una repercusión relevante en los ▌productos o servicios financieros ofrecidos, y en qué parte de la cartera se han detectado esos riesgos de sostenibilidad;
c) de qué forma las políticas de remuneración de los participantes en los mercados son coherentes con la Directiva (UE) 2017/828 y la integración de los riesgos de sostenibilidad y siguen sus criterios de rendimiento interno y operativo por lo que respecta a los factores ASG, cumpliendo unos objetivos de crecimiento viables a largo plazo; y se ajustan, en su caso, al objetivo de inversión sostenible del producto o servicio financiero.
c bis) en materia de derecho de voto de los accionistas con respecto al rendimiento de sostenibilidad y la reducción de los riesgos de sostenibilidad, las instrucciones de voto y las razones de los votos en contra de la gestión, las abstenciones y los votos particulares.
La divulgación de la información a que se hace referencia en la letra c bis) será coherente con la Directiva (UE) 2017/828.
2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con respecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión incluirán en la información precontractual una descripción de lo siguiente:
a) los procedimientos y condiciones de diligencia debida aplicados para integrar los riesgos de sostenibilidad materiales o susceptibles de materializarse en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros, así como los procedimientos para medir el rendimiento de sostenibilidad;
b) en qué medida esperan que los riesgos de sostenibilidad tengan una repercusión relevante en los productos o servicios financieros ofrecidos, y en qué parte de la cartera se han detectado esos riesgos de sostenibilidad;
c) de qué forma las políticas de remuneración de las empresas de servicios de inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inversión y de los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento de seguros en relación con los IBIP son coherentes con la Directiva (UE) 2017/828, reflejan la integración de los riesgos de sostenibilidad, siguen sus criterios de rendimiento interno y operativo por lo que respecta a los factores ASG, cumpliendo unos objetivos de crecimiento viables a largo plazo, y se ajustan, en su caso, al objetivo de inversión sostenible del producto o servicio financiero al que se refiere el asesoramiento;
c bis) en materia de derecho de voto de los accionistas con respecto al rendimiento de sostenibilidad y la reducción de los riesgos de sostenibilidad, las instrucciones de voto y las razones de los votos en contra de la gestión, las abstenciones y los votos particulares;
La divulgación de la información a que se hace referencia en el apartado 2, letra c bis), será coherente con la Directiva (UE) 2017/828.
3. Se introducirán referencias a la divulgación de la información a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 de la siguiente forma:
b) en el caso de las empresas de seguros, en la información a que se hace referencia en el artículo 185, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE;
f) en el caso de los promotores de productos de pensión, por escrito con suficiente antelación antes de que un inversor minorista se vincule contractualmente a un producto de pensión;
h) en el caso de las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE, la mencionada divulgación de información podrá realizarse en un formato estándar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 5, de la Directiva 2014/65/UE;
i) en el caso de los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento de seguros con respecto a los IBIP, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/97.
3 bis. La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), a través del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión (en lo sucesivo «el Comité Mixto»), elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifique la coherencia de las disposiciones a las que se refiere el apartado 3 con los requisitos de los apartados 1 y 2, en relación con los pormenores de la presentación y el contenido de la información que deba divulgarse en virtud del presente artículo.
La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación [12 meses después de la fecha de entrada en vigor].
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
de los riesgos de sostenibilidad y del rendimiento de las inversiones en la información precontractual
1. Cuando se comercialice un producto o servicio financiero y se haya designado un índice de referencia para ello, la información que se habrá de divulgar de conformidad con el artículo 4, apartado 1, deberá ir acompañada de lo siguiente:
a) una descripción del objetivo de inversión sostenible e información sobre cómo el índice designado se ajusta a dicho objetivo;
a bis) una explicación de cómo se toman en consideración los indicadores enumerados en el artículo 2, apartado 1, letra s bis), en la metodología del índice;
b) una explicación de por qué las ponderaciones y los componentes del índice designado ajustado al objetivo difieren de las de un índice general del mercado.
Se debe establecer una diferencia entre un producto que reproduce un índice y un índice que se emplea para medir o comparar el rendimiento del producto.
2. Cuando un producto o servicio financiero ▌no tenga un índice de referencia, la información contemplada en el artículo 4, apartado 1, deberá incluir una descripción de su impacto en materia de sostenibilidad empleando los indicadores del riesgo de sostenibilidad mencionados en el artículo 2.
3. Cuando un producto o servicio financiero esté previsto explícitamente para armonizarse con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o se destine a la reducción de las emisiones de carbono, la información normalizada que se habrá de divulgar de conformidad con el artículo 4, apartado 1, deberá incluir el grado de armonización desde el punto de vista científico con el Acuerdo de París o la exposición relativa a las bajas emisiones de carbono que se pretende lograr.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando no se disponga de [un índice de referencia de bajo impacto carbónico] o [un índice de referencia de impacto carbónico positivo] de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011, en la información contemplada en el artículo 4 se deberá incluir una explicación detallada de cómo se lleva a cabo ▌el objetivo de reducir las emisiones de carbono o de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
4. Los participantes en los mercados financieros deberán indicar en la información que se habrá de divulgar con arreglo al artículo 4, apartado 1, dónde podrá encontrarse el método empleado para calcular los índices mencionados en el apartado 1 del presente artículo y los índices de referencia mencionados en el apartado 3, párrafo segundo, del presente artículo.
5. La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), a través del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión (en lo sucesivo «el Comité Mixto»), elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los pormenores de la presentación y el contenido de la información que deberá divulgarse en virtud del presente artículo.
6. La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor].
Artículo 6Transparencia de
los riesgos de sostenibilidad y del rendimiento de los sitios web
1. Para cada producto o servicio financiero mencionado en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, los participantes en los mercados financieros publicarán y mantendrán en sus sitios web lo siguiente:
a) una descripción del objetivo de inversión sostenible;
b) información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir y controlar el rendimiento de sostenibilidad de las inversiones ▌seleccionadas para el producto o servicio financiero, incluidos sus fuentes de información, los criterios de selección relativos a los activos subyacentes y los indicadores pertinentes de sostenibilidad empleados para medir el impacto global del producto o servicio financiero en términos de sostenibilidad;
c) la información a que se hace referencia en el artículo 5;
La información que se habrá de divulgar de conformidad con el párrafo primero será clara, sucinta y comprensible para los inversores minoristas y el público general. Se deberá publicar con claridad y en un lugar destacado del sitio web, y deberá ser fácilmente accesible y fácil de entender, empleándose un lenguaje claro y sencillo. El sitio web también facilitará información más detallada para los inversores profesionales y otros expertos.
2. La ABE, la AESPJ y la AEVM a través de su Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los pormenores del contenido y la presentación ▌de la información a que se hace referencia en el apartado 1, especificando la armonización de las disposiciones mencionadas en el apartado 2 con los requisitos del apartado 1 por lo que respecta a los pormenores del contenido y la presentación de la información a que se refiere este apartado.
La ABE, la AESPJ y la AEVM tendrán en cuenta las definiciones nuevas o modificadas a escala europea.
La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación [OP: Insértese la fecha correspondiente a 12 meses después de la fecha de entrada en vigor].
▌La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 relativos a las normas técnicas de regulación a que se hace referencia en el primer párrafo.
Artículo 7Transparencia de
los riesgos de sostenibilidad y del rendimiento de las inversiones en los informes periódicos.
1. En caso de que los participantes en los mercados financieros ofrezcan un producto o servicio financiero de los mencionados en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán incluir, en los informes periódicos auditados, integrados, elaborados al menos una vez al año y que contengan tanto información financiera como no financiera, una descripción de lo siguiente:
a) el impacto global del producto o servicio financiero y su rendimiento en términos de sostenibilidad mediante indicadores de riesgo de sostenibilidad armonizados y comparables;
b) cuando se haya designado un índice de referencia, una comparación del impacto global del producto o servicio financiero en función del índice designado y de un índice general del mercado, en términos de ponderaciones, componentes e indicadores de sostenibilidad;
b bis) Las empresas cotizadas incluirán, en los estados financieros anuales y los estados financieros consolidados a que se hace referencia en la Directiva 2013/34/UE, una descripción de la manera en que se han integrado el rendimiento y los riesgos de sostenibilidad en los procesos de gestión y la estrategia de inversión.
c) en el caso de los FPE, en la declaración de las prestaciones de pensión a que se hace referencia en el artículo 38 de la Directiva (UE) 2016/2341 y en la información que debe facilitarse a que se hace referencia en el artículo 43 de la Directiva (UE) 2016/2341;
f) en el caso de los promotores de productos de pensión, por escrito al menos en los informes anuales o en los informes previstos en el Derecho nacional;
g) en el caso de las sociedades de gestión de OICVM o los OICVM que sean sociedades de inversión, en los informes semestrales y anuales a que se hace referencia en el artículo 69 de la Directiva 2009/65/CE;
h) en el caso de las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras, en los informes periódicos a que se hace referencia en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE;
h bis) en el caso de las empresas cotizadas y no cotizadas, de conformidad con los estados periódicos a que se hace referencia en los artículos 19 bis y 29 bis la Directiva 2013/34/UE.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los participantes en los mercados financieros utilizarán la información que figura en los informes de gestión de conformidad con el artículo 19 o en los estados no financieros de conformidad con el artículo 19 bis de la Directiva 2013/34/UE, según proceda, al tiempo que garantizan que la información destinada a los inversores finales se presenta de manera clara fácil de entender y de fácil acceso.
4. La ABE, la AESPJ y la AEVM elaborarán, a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los pormenores del contenido y la presentación de la información a que se hace referencia en el apartado 1, especificando la armonización de las disposiciones a que se refiere el apartado 2 con los requisitos del apartado 1 por lo que respecta a los pormenores del contenido y la presentación de la información a que se refiere el presente apartado.
Artículo 8Revisión de la información divulgada
1. Los participantes en los mercados financieros deberán velar por que se mantenga actualizada la información publicada de conformidad con los artículos 3 o 6. En caso de que un participante en los mercados financieros modifique dicha información, se deberá publicar una explicación clara de dicha modificación en el mismo sitio web.
2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a los intermediarios de seguros que prestan servicios de asesoramiento de seguros en relación con los IBIP y a las empresas de servicios de inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inversión con respecto a toda información publicada de conformidad con el artículo 3.
Artículo 9Comunicaciones publicitarias
1. Sin perjuicio de disposiciones legales sectoriales más estrictas y, en particular, la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, los participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que prestan servicios de asesoramiento de seguros en relación con los IBIP y las empresas de servicios de inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inversión velarán por que sus comunicaciones publicitarias no contradigan la información divulgada con arreglo al presente Reglamento.
2. La ABE, la AESPJ y la AEVM podrán elaborar, a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de ejecución con objeto de determinar la presentación normalizada de la información relativa a las inversiones sostenibles.
Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
1. La Comisión adoptará actos delegados arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 2, apartado ..., y 3, apartado 2 ter, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 10 bisModificaciones de la Directiva (UE) 2013/34
La Directiva (UE) 2013/34 se modifica como sigue:
1) En el artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, se añaden las letras siguientes:
«f) los riesgos de sostenibilidad pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta según lo definido en el artículo 2, letra a), del [OP: Insértese la referencia al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifican la Directiva (UE) 2016/2341 y la Directiva 2013/34/UE], permitiendo a los participantes en los mercados financieros, tal como se definen en el artículo 2, letra s bis), de dicho Reglamento, cumplir su obligaciones de divulgación y reducción del riesgo de sostenibilidad tal como se definen en los artículos 4 y 5 de dicho Reglamento;
g) el rendimiento medido con respecto a los indicadores de sostenibilidad pertinentes respecto de la actividad empresarial y sector concretos, sobre la base de una lista de indicadores de sostenibilidad armonizados que desarrollará y actualizará la Comisión Europea, en coherencia con el [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles];».
Artículo 10Modificaciones de la Directiva (UE) 2016/2341
La Directiva (UE) 2016/2341 se modifica como sigue:
1) En el artículo 19 se añade el apartado 9 siguiente:
«9. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 60 bis, medidas que garanticen que:
a) se tenga en cuenta la «regla de la persona prudente» con respecto a la consideración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza;
b) se incluyan los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de toma de decisiones de inversión y de gestión de riesgos.
Dichos actos delegados tendrán en cuenta el tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de los FPE y de los riesgos inherentes a dichas actividades y garantizarán la coherencia con el artículo 14 de la Directiva 2009/65/CE, el artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE y el artículo 12 de la Directiva 2011/61/UE.».
2) Se inserta el artículo 60 bis siguiente:
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 19, apartado 9, se otorgan la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 19, apartado 9, podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 9, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».
Artículo 11Evaluación
A más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 36 meses después de la fecha de entrada en vigor], la Comisión deberá realizar una evaluación de la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que respecta a los factores e indicadores sociales y de gobernanza, su integración en las decisiones de inversión y la información precontractual. Esta evaluación incluirá una evaluación del impacto de la disponibilidad y la calidad de los datos del emisor sobre la capacidad de los participantes de los mercados financieros para integrar el riesgo de sostenibilidad en la divulgación de información sobre los productos y en las decisiones de inversión.
La Comisión considerará la posibilidad de revisar la Directiva 2014/95/UE a fin de mejorar la comunicación empresarial de información sobre los riesgos de sostenibilidad.
Artículo 12Entrada en vigor y aplicación
Será aplicable a partir del [OP: Insértese la fecha correspondiente a 12 meses después de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea]. Cualesquiera revisiones o actualizaciones futuras del presente Reglamento irán precedidas de una evaluación de impacto que establezca su viabilidad.
No obstante, el artículo 5, apartado 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 4, el artículo 9, apartado 2, y el artículo 10 serán de aplicación a partir del [OP: Insértese la fecha de entrada en vigor] y el artículo 7, apartados 1 a 3, será de aplicación a partir del [OP: Insértese el 1 de enero del año siguiente a la fecha a que se refiere el párrafo segundo].
El Presidente El PresidenteANEXO I bis
Sobre la base de las definiciones principales del Marco de información relativo a los Principios para la Inversión Responsable para 2018 (noviembre de 2017) apoyados por las Naciones Unidas y del marco de seguimiento de la Comisión Europea sobre la economía circular, en los riesgos de sostenibilidad se podrán incluir los siguientes factores e indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza:
i) las cuestiones relativas a la calidad y el funcionamiento del entorno natural y de los sistemas naturales. Entre ellas figuran las siguientes: la pérdida de biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el cambio climático, las energías renovables, la eficiencia energética, el agotamiento o la contaminación del aire, del agua o de los recursos, la gestión de los residuos, el agotamiento de la capa de ozono estratosférica, los cambios en el suelo;
ii) las cuestiones relativas a los derechos, el bienestar y los intereses de las personas y las comunidades. Entre ellas figuran las siguientes: los derechos humanos, las normas laborales en la cadena de suministro, el trabajo infantil, el trabajo en condiciones de esclavitud y en condiciones de servidumbre, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la libertad de asociación y la libertad de expresión, una sociedad civil libre e independiente, la capacidad de los defensores de los derechos humanos para realizar sus actividades, la gestión del capital humano y las relaciones laborales; la diversidad; las relaciones con las comunidades locales, incluido el consentimiento libre, previo e informado, las actividades en zonas de conflicto, la salud y el acceso a los medicamentos, el VIH/SIDA y la protección de los consumidores; y las armas controvertidas; y
(iii) las cuestiones relativas a la gobernanza de las sociedades y otras entidades participadas. En el contexto de las acciones cotizadas figuran entre ellas: La estructura, el tamaño, la diversidad, las capacidades y la independencia del consejo de administración, la remuneración del personal directivo, los derechos de los accionistas, la interacción entre las partes interesadas, la divulgación de información, la tica empresarial, el soborno y la corrupción, el cumplimiento tributario, la privacidad y la protección de datos, los controles internos y la gestión de riesgos y, en general, las cuestiones referentes a la relación entre la dirección de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. Esta categoría también podrá incluir asuntos de estrategia comercial, abarcando tanto las implicaciones de la estrategia empresarial para los asuntos ambientales y sociales, como la forma en que se ha de aplicar la estrategia. En las clases de activos no cotizados, las cuestiones de gobernanza también incluyen las relativas a la gobernanza de los fondos, como las facultades de los comités consultivos, las cuestiones de valoración, las estructuras de tasas, etc.
Principios para la Inversión Responsable – Marco de información – https://www.unpri.org/
Directrices de la OCDE– Conducta empresarial responsable para inversores institucionales – Consideraciones clave para la diligencia debida, en el marco de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2017) – https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 1).
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (11.10.2018)
sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341
sobre la divulgación de información relativa al impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad de las inversiones y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341
(2) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32, la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo33, la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo36, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo38 y el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo39 persiguen el objetivo común de facilitar el acceso a la actividad y su ejercicio por parte de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión, los intermediarios de seguros, los fondos de pensiones de empleo (FPE), los gestores de fondos de capital riesgo admisibles (gestores de FCRE), y los gestores de fondos de emprendimiento social europeos (FESE). Estos Reglamentos y Directivas garantizan una mayor uniformidad de la protección de los inversores finales, hacen que les resulte más fácil beneficiarse de una amplia gama de productos y servicios financieros, y, al mismo tiempo, establecen normas para que los inversores puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas. Si bien estos objetivos se han alcanzado sobradamente, la divulgación de información a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y los objetivos de inversión sostenible en la toma de decisiones de inversión por parte de las sociedades de gestión de OICVM, los GFIA, las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras, los FPE, los promotores de pensiones, los gestores de FCRE y los gestores de FESE (participantes en los mercados financieros) y la divulgación de información a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de asesoramiento por parte de los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros (IBIP) y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión (asesores financieros) no están lo suficientemente desarrolladas, ya que tales actos de divulgación no están aún sujetos a requisitos armonizados.
(2) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32, la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo33, la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo36, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo38 y el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo39 persiguen el objetivo común de facilitar el acceso a la actividad y su ejercicio por parte de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión, los intermediarios de seguros, los fondos de pensiones de empleo (FPE), los gestores de fondos de capital riesgo admisibles (gestores de FCRE), y los gestores de fondos de emprendimiento social europeos (FESE). Estos Reglamentos y Directivas garantizan una mayor uniformidad de la protección de los inversores finales, hacen que les resulte más fácil beneficiarse de una amplia gama de productos y servicios financieros, y, al mismo tiempo, establecen normas para que los inversores puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas. Si bien estos objetivos se han alcanzado sobradamente, la divulgación de información sobre el impacto en materia de sostenibilidad y la integración de los riesgos de sostenibilidad y los objetivos de inversión sostenible en la toma de decisiones de inversión por parte de las sociedades de gestión de OICVM, los GFIA, las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras, los FPE, los promotores de pensiones, los gestores de FCRE y los gestores de FESE (participantes en los mercados financieros) y la divulgación de información a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de asesoramiento por parte de los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros (IBIP) y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión (asesores financieros) no están lo suficientemente desarrolladas, ya que tales actos de divulgación no están aún sujetos a indicadores y requisitos armonizados. A fin de cumplir sus obligaciones de diligencia debida con respecto al impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad, los propios participantes en los mercados financieros necesitan que las empresas participadas divulguen información fiable, comparable y armonizada. En la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo39 bis se establecen las obligaciones relativas a los requisitos contables y de información para las empresas. Por ello, se debe actualizar esa Directiva para incluir información integrada y auditada sobre el impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad, a fin de responder a la creciente necesidad de integrar la sostenibilidad en la estrategia y la gestión de riesgos de las empresas.
32 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
33 Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
34 Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
35 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
36 Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).
37 Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
38 Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
39 Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
39 bis Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(3) En ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de información a los inversores finales en materia de sostenibilidad, es probable que se sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfoques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la competencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación de información. Además, un desarrollo paralelo de las prácticas del mercado, basado en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actualmente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más el funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias en las normas de divulgación de información y las prácticas del mercado dificultan enormemente que se puedan comparar los diferentes productos y servicios financieros, crean condiciones desiguales para dichos productos y servicios financieros y para los canales de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Estas divergencias también pueden generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus decisiones de inversión. A la hora de garantizar la observancia del Acuerdo de París sobre el clima, es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. Además, la ausencia de normas armonizadas en materia de transparencia dificulta a los inversores finales comparar de manera eficaz los distintos productos y servicios financieros en los distintos Estados miembros en cuanto a sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y objetivos de inversión sostenible. Es necesario, por tanto, superar los obstáculos que actualmente entorpecen el funcionamiento del mercado interior y evitar los que puedan plantearse en el futuro.
(3) En ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de información por parte de los emisores y los inversores en materia de sostenibilidad, es probable que se sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfoques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la competencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación de información. Además, un desarrollo paralelo de las prácticas del mercado, basado en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actualmente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más el funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias en las normas de divulgación de información y las prácticas del mercado, así como la falta de un conjunto armonizado de indicadores, dificultan enormemente que se puedan comparar los diferentes productos y servicios financieros, crean condiciones desiguales para dichos productos y servicios financieros y para los canales de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Estas divergencias también pueden generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus decisiones de inversión. A la hora de garantizar la observancia del Acuerdo de París sobre el clima, es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. Además, la ausencia de normas e indicadores armonizados en materia de transparencia dificulta la tarea de los inversores de comparar de manera eficaz las empresas participadas subyacentes y los distintos productos y servicios financieros en los distintos Estados miembros en cuanto a sus impactos y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y objetivos de inversión sostenible. Es necesario, por tanto, superar los obstáculos que actualmente entorpecen el funcionamiento del mercado interior y evitar los que puedan plantearse en el futuro.
(4) A fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento y velar por que los participantes en los mercados financieros apliquen de manera clara y coherente las obligaciones de divulgación de información en él establecidas, es necesario establecer una definición armonizada de «inversiones sostenibles».
(4) A fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento y velar por que los participantes en los mercados financieros apliquen de manera clara y coherente las obligaciones de divulgación de información en él establecidas, es necesario establecer una definición armonizada de «inversiones sostenibles» y «riesgos de sostenibilidad», sobre la base de un conjunto armonizado de indicadores. Al tiempo que se centra en los riesgos materiales, la definición también debe orientarse al futuro para tener debidamente en cuenta los riesgos emergentes.
Se necesitan definiciones claras e indicadores armonizados para garantizar la seguridad jurídica y un nivel mínimo de coherencia entre las autoridades nacionales y los participantes en el mercado, así como para evitar la fragmentación del mercado.
(6) Habida cuenta de que los índices de referencia de sostenibilidad sirven de estándares de referencia con respecto a los cuales se miden las inversiones sostenibles, se debe informar a los inversores finales a través de la información precontractual sobre la idoneidad del índice designado, a saber, la adaptación de dicho índice al objetivo de inversión sostenible. Los participantes en los mercados financieros también deben comunicar las razones por las que se haya optado por ponderaciones y componentes distintos del índice designado en comparación con los de un índice general del mercado. Para seguir reforzando la transparencia, los participantes en los mercados financieros deben indicar también dónde se podrá consultar el método utilizado para el cálculo del índice designado y del índice general del mercado, de tal modo que los inversores finales dispongan de la información necesaria sobre cómo se seleccionaron y ponderaron los activos subyacentes de los índices, qué activos fueron excluidos y por qué motivo, cómo se midió la incidencia en materia de sostenibilidad de los activos subyacentes o qué fuentes de datos se utilizaron. Tal información debe permitir comparar de forma eficaz las inversiones que fomenten la sostenibilidad y contribuir a que sean percibidas correctamente. En caso de que no se haya designado ningún índice como índice de referencia, los participantes en los mercados financieros deben explicar cómo se alcanza el objetivo de inversión sostenible.
(6) Habida cuenta de que los índices de referencia de sostenibilidad sirven de estándares de referencia con respecto a los cuales se miden las inversiones sostenibles, se debe informar a los inversores finales a través de la información precontractual sobre la idoneidad del índice designado, a saber, la adaptación de dicho índice al objetivo de inversión sostenible. Los participantes en los mercados financieros también deben comunicar las razones por las que se haya optado por ponderaciones y componentes distintos del índice designado en comparación con los de un índice general del mercado. Para seguir reforzando la transparencia, los participantes en los mercados financieros deben indicar también dónde se podrá consultar el método utilizado para el cálculo del índice designado y del índice general del mercado, de tal modo que los inversores finales dispongan de la información necesaria sobre cómo se seleccionaron y ponderaron los activos subyacentes de los índices, qué activos fueron excluidos y por qué motivo, cómo se midió la incidencia en materia de sostenibilidad de los activos subyacentes o qué fuentes de datos se utilizaron. Tal información, basada en un conjunto armonizado de indicadores, debe permitir comparar de forma eficaz las inversiones que fomenten la sostenibilidad y contribuir a que sean percibidas correctamente. En caso de que no se haya designado ningún índice como índice de referencia, los participantes en los mercados financieros deben explicar cómo se alcanza el objetivo de inversión sostenible.
(7 bis) En caso de que el producto o el servicio financiero esté constituido por obligaciones, contratos por diferencias, derivados u otros instrumentos basados en el valor de activos subyacentes, es necesario que la información divulgada precise claramente el vínculo entre la consecución de los objetivos de sostenibilidad y el valor de los activos.
(8) A fin de reforzar la transparencia e informar a los inversores finales, el acceso a la información sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad los participantes en los mercados financieros en los procesos de toma de decisiones de inversión y los asesores financieros en los procesos de asesoramiento debe regularse obligando a dichas entidades a mantener dicha información en su sitio web.
(8) A fin de reforzar la transparencia y la comparabilidad e informar a los inversores, el acceso a la información sobre cómo tienen en cuenta el impacto en materia de sostenibilidad y cómo integran los riesgos de sostenibilidad los participantes en los mercados financieros en los procesos de toma de decisiones de inversión y los asesores financieros en los procesos de asesoramiento debe regularse obligando a dichas entidades a mantener dicha información en su sitio web.
(9) Las actuales obligaciones de divulgación de información establecidas por la legislación de la Unión no requieren que se comunique toda la información necesaria para informar adecuadamente a los inversores finales sobre la repercusión de sus inversiones en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente establecer obligaciones de divulgación de información más específicas por lo que se refiere a las inversiones sostenibles. Por ejemplo, el impacto global de los productos financieros en materia de sostenibilidad debe comunicarse periódicamente mediante indicadores pertinentes para el objetivo de inversión sostenible elegido. Cuando se haya designado un índice apropiado como índice de referencia, también debe facilitarse dicha información en relación con el índice designado y con un índice general del mercado para que se pueda comparar. Asimismo se debe divulgar información sobre los componentes del índice designado y del índice general del mercado, junto con la ponderación de dichos componentes, con el fin de aportar datos adicionales sobre cómo se alcanzan los objetivos de inversión sostenible. Cuando los gestores de FESE faciliten información sobre el impacto social positivo que aspire a alcanzar un determinado fondo, el resultado social global obtenido y los correspondientes métodos utilizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, cuando proceda, utilizar estos datos a efectos de la información que debe divulgarse en virtud del presente Reglamento.
(9) Las actuales obligaciones de divulgación de información establecidas por la legislación de la Unión no requieren que se comunique toda la información necesaria para informar adecuadamente a los inversores finales sobre la repercusión de sus inversiones en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente establecer obligaciones de divulgación de información más específicas por lo que se refiere a las inversiones sostenibles. Por ejemplo, el impacto global de los productos financieros en materia de sostenibilidad debe comunicarse periódicamente mediante un conjunto armonizado de indicadores pertinentes para el objetivo de inversión sostenible elegido. Cuando se haya designado un índice apropiado como índice de referencia, también debe facilitarse dicha información en relación con el índice designado y con un índice general del mercado para que se pueda comparar. Asimismo se debe divulgar información sobre los componentes del índice designado y del índice general del mercado, junto con la ponderación de dichos componentes, con el fin de aportar datos adicionales sobre cómo se alcanzan los objetivos de inversión sostenible. Cuando los gestores de FESE faciliten información sobre el impacto social positivo que aspire a alcanzar un determinado fondo, el resultado social global obtenido y los correspondientes métodos utilizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, cuando proceda, utilizar estos datos a efectos de la información que debe divulgarse en virtud del presente Reglamento.
(10) La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo40 impone obligaciones de transparencia por lo que respecta a los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza empresarial en la comunicación de información no financiera. No obstante, el formato y la presentación requeridos por estas Directivas no se prestan a ser usados directamente por los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros cuando tratan con inversores finales. Los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben tener la opción de utilizar la información que contienen los informes de gestión y los estados no financieros con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/34/UE a efectos del presente Reglamento, cuando proceda.
(10) La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo40 impone obligaciones de transparencia por lo que respecta a los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza empresarial en la comunicación de información no financiera. No obstante, el formato y la presentación requeridos por estas Directivas no se prestan a ser usados directamente por los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros cuando tratan con inversores finales. Los participantes en los mercados financieros, los asesores financieros y las empresas cotizadas deben divulgar la información sobre el impacto y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza empresarial que contienen los informes de gestión y los estados no financieros anuales con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/34/UE, a efectos del presente Reglamento.
40 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(13) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (denominadas colectivamente «las AES»), establecidas respectivamente por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo41, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo42 y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo43, deben elaborar, a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen en detalle la presentación y el contenido de la información relativa a los objetivos de inversión sostenible que debe figurar en los documentos precontractuales, los informes periódicos y los sitios web de los participantes en los mercados financieros, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La Comisión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de regulación.
(13) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (denominadas colectivamente «las AES»), establecidas respectivamente por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo41, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo42, y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo43, deben elaborar, a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen en detalle la presentación y el contenido de la información relativa al impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad de la inversión que debe figurar en los documentos precontractuales, los informes periódicos y anuales integrados, y los sitios web de los participantes en los mercados financieros, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La Comisión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de regulación.
41 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
42 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
43 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(16 bis) Las normas sobre la divulgación de información establecidas en el presente Reglamento complementan la introducción de un marco general de diligencia debida obligatorio para todos los participantes en los mercados, tanto las empresas inversoras como las empresas participadas, incluyendo un elemento de deber de diligencia, que se habrá introducido en su totalidad y de manera progresiva a lo largo de un período transitorio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, de acuerdo con las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida y basándose en la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles, en la que se exige la elaboración de un marco de diligencia debida obligatorio.
El refuerzo del marco de diligencia debida para los participantes en los mercados financieros ayuda a los inversores a evitar los posibles impactos negativos de sus inversiones en la sociedad y el medio ambiente, así como los riesgos financieros y de reputación, a responder a las expectativas de sus clientes y beneficiarios, y a considerar los riesgos más allá de una comprensión financiera de sus obligaciones como inversores.
(18) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la información divulgada a los inversores y mejorar la información que se les ofrece, así como ayudar a los participantes en los mercados financieros, a los asesores de inversiones y a las empresas cotizadas a integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias de inversión y las decisiones del consejo de administración de la empresa en cuestión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión debido a la necesidad de fijar requisitos uniformes a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(18 bis) A fin de cumplir las obligaciones de diligencia debida con respecto al impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad, los participantes en los mercados financieros necesitan que las empresas participadas divulguen información fiable, comparable y armonizada. Por consiguiente, los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento han de aplicarse a las empresas cotizadas tras un período transitorio de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. En consecuencia, la Comisión debe examinar la conveniencia de proponer las modificaciones correspondientes de la Directiva 2013/34/UE.
El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la transparencia que, en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión o en el proceso de asesoramiento, deberán observar los participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros y las empresas de servicios de inversión que asesoran en materia de inversión, y sobre la transparencia de los productos financieros que tengan por objetivo realizar inversiones sostenibles, incluida la reducción de las emisiones de carbono.
El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la transparencia que, en relación con la forma de incorporar los riesgos y el impacto en materia de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión o en el proceso de asesoramiento, deberán observar los participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en seguros y las empresas de servicios de inversión que asesoran en materia de inversión, así como las empresas cotizadas, y sobre la transparencia del impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad de los productos de inversión, incluidos los productos financieros, cuando proceda y sea relevante.
En el texto jurídico debe quedar claro que los requisitos de transparencia contemplados en el Reglamento se aplican a todos los productos financieros.
b bis) «empresa cotizada»: toda empresa sujeta al ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE;
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h – inciso ii bis (nuevo)
ii bis) todo producto paneuropeo de pensiones tal como se propone en el Reglamento 201X/XXX1 bis del Parlamento Europeo y del Consejo;
1 bis Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) (2017/0143(COD)).
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – parte introductoria
o) «inversiones sostenibles»: todo producto asociado con estrategias dirigidas a lograr impactos ambientales, sociales y de gobernanza, incluida cualquier combinación de varias de las siguientes, en la medida en que los objetivos de cualquiera de las categorías se ajusten a cualquiera de los objetivos del resto de las siguientes categorías y no los perjudiquen significativamente:
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – inciso i
i) inversiones en una actividad económica que contribuya a un objetivo ambiental, incluida una inversión sostenible desde el punto de vista ambiental tal como se define en el artículo 2 del [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles];
i) inversiones en una actividad económica que contribuya a un objetivo ambiental, incluida una inversión sostenible desde el punto de vista ambiental tal como se define en el artículo 2 del [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles] y sobre la base de indicadores clave de eficiencia de los recursos, como el uso de la energía, el uso de las energías renovables, el uso de las materias primas, la producción de residuos, las emisiones, las emisiones de CO2, el uso del agua, el uso del suelo y el impacto en la biodiversidad;
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – inciso iii
iii) inversiones en empresas que sigan prácticas de buena gobernanza y, en particular, empresas en las que las estructuras de gestión, las relaciones con los asalariados y la remuneración del personal sean sanas y que cumplan las obligaciones tributarias;
iii) inversiones en empresas que sigan prácticas de buena gobernanza y, en particular, empresas en las que las estructuras de gestión y diligencia debida, las relaciones con los asalariados y la remuneración del personal sean sanas y que cumplan las obligaciones tributarias;
Artículo 2 – párrafo 1 – letra s bis (nueva)
s bis) «riesgos de sostenibilidad»: riesgos financieros y no financieros, materiales o susceptibles de materializarse a largo plazo, vinculados con factores ambientales, sociales y de gobernanza, cuando sean relevantes para un enfoque concreto en materia de inversiones;
Transparencia de las políticas relativas a los riesgos de sostenibilidad y el impacto en materia de sostenibilidad
1. Los participantes en los mercados financieros publicarán en sus sitios web por escrito su política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión.
1. Los participantes en los mercados financieros habrán establecido por escrito su política de integración del impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión en ámbitos como la gobernanza, la asignación de activos, la estrategia de inversión, la gestión de riesgos, el ejercicio del derecho de voto de los accionistas y el compromiso de la empresa, y publicarán en sus sitios web por escrito un resumen de dicha política.
2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con respecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión publicarán en sus sitios web por escrito su política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros.
2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con respecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión habrán establecido por escrito su política de integración del impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros en ámbitos como la gobernanza, la asignación de activos, la estrategia de inversión, la gestión de riesgos, el ejercicio del derecho de voto de los accionistas y el compromiso de la empresa, y publicarán en sus sitios web por escrito un resumen de dicha política.
2 bis. Los participantes en los mercados financieros y los intermediarios de seguros habrán establecido procesos de diligencia debida que garanticen que la identificación y gestión de los riesgos de sostenibilidad estén suficientemente integradas en la toma de decisiones de inversión, exigiendo a los inversores que identifiquen, prevengan, mitiguen y respondan de los factores ASG, teniendo en cuenta las Directrices de la OCDE de 2017 tituladas «Conducta empresarial responsable para inversores institucionales – Consideraciones clave para la diligencia debida, en el marco de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales», y publiquen dichos procesos por escrito en sus sitios web.
2 ter. Las políticas publicadas por escrito a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 incluirán, entre otros aspectos:
a) la integración de los riesgos relacionados con las incidencias del cambio climático, incluidos los riesgos crónicos y agudos para las inversiones;
b) la integración de los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía hipocarbónica, incluidos los límites reglamentarios a las emisiones de gases de efecto invernadero, la tarificación del carbono, los riesgos de litigio, los riesgos relativos a la reputación y los riesgos tecnológicos y de mercado.
La Junta Europea de Riesgo Sistémico, el Banco Central de los Países Bajos, el Banco de Inglaterra y muchas otras instituciones financieras y órganos consultivos reconocen el riesgo sistémico del cambio climático para el sistema financiero y la economía. En consecuencia, los riesgos de sostenibilidad integrados también deben abarcar claramente los riesgos que plantea el cambio climático.
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo)
2 quater. Las políticas publicadas por escrito a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 incluirán, entre otros elementos, información sobre el proceso de detección de los riesgos de sostenibilidad, la metodología y los parámetros utilizados para evaluar los riesgos de sostenibilidad, la supervisión por parte del consejo de administración de la detección y gestión de los riesgos de sostenibilidad, y una visión global de los riesgos de sostenibilidad detectados por la organización.
Artículo 3 – apartado 2 quinquies (nuevo)
2 quinquies. La Comisión adoptará, a más tardar el 30 de junio de 2019, actos delegados de conformidad con el artículo [...] a fin de complementar el presente Reglamento especificando con mayor precisión los requisitos de las políticas publicadas por escrito y los procesos de diligencia debida para evaluar su aplicación.
Transparencia de la integración de los riesgos y el impacto en materia de sostenibilidad
a) los procedimientos y condiciones que aplican para integrar los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión;
a) los procedimientos de diligencia debida y las condiciones que aplican para integrar los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con las repercusiones del cambio climático y los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía hipocarbónica;
b) en qué medida esperan que los riesgos de sostenibilidad tengan una repercusión relevante en la rentabilidad de los productos financieros ofrecidos;
b) en qué medida esperan que los riesgos de sostenibilidad, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con las repercusiones del cambio climático y los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía hipocarbónica, tengan una repercusión relevante en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, así como en la rentabilidad de los productos financieros ofrecidos;
b bis) los escenarios y los costes previstos relacionados con la tarificación del carbono, sobre la base del comercio de emisiones, la fiscalidad u otros requisitos reglamentarios pertinentes, que se han tenido en cuenta en las evaluaciones de los riesgos de sostenibilidad;
La tarificación del carbono, por ejemplo a través del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión o del de China, es un coste establecido claramente. Sin embargo, los inversores, prestamistas, suscriptores de seguros y otros accionistas a menudo carecen de información clara sobre los posibles costes relacionados con el carbono y relativos a las inversiones. Habida cuenta de que el alcance y el nivel de tarificación del carbono pueden cambiar sustancialmente debido a la transición a una economía hipocarbónica, una mayor transparencia sobre los costes del carbono ayudaría a reducir los riesgos sistémicos.
Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
b ter) los resultados de una prueba de resistencia climática mediante el análisis de escenarios para evaluar una serie de posibles evoluciones futuras, incluidos los siguientes escenarios:
i) un escenario de «descarbonización rápida» con una transición mundial de quince años en todos los sectores económicos para conseguir una emisión cero neta de gases de efecto invernadero;
ii) un escenario de «calentamiento descontrolado» con los efectos de un aumento de las temperaturas del planeta de 4 ºC por encima de los niveles preindustriales;
c bis) en términos del derecho de voto de los accionistas con respecto a las inversiones sostenibles y la reducción de los riesgos de sostenibilidad, las instrucciones de voto y las razones de los votos en contra de la gestión, de las abstenciones y de los votos particulares.
a) los procedimientos y condiciones aplicados para integrar los riesgos de sostenibilidad en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros;
a) los procedimientos y condiciones aplicados para integrar los riesgos de sostenibilidad, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con las repercusiones del cambio climático y los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía hipocarbónica, en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros;
b) en qué medida se espera que los riesgos de sostenibilidad tengan una repercusión relevante en la rentabilidad de los productos financieros a los que se refiere el asesoramiento;
b) en qué medida se espera que los riesgos de sostenibilidad, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con las repercusiones del cambio climático y los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía hipocarbónica, tengan una repercusión relevante en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, así como en la rentabilidad de los productos financieros a los que se refiere el asesoramiento;
b bis) los escenarios y los costes previstos relacionados con la tarificación del carbono, sobre la base del comercio de emisiones, la fiscalidad u otros requisitos reglamentarios pertinentes, que se han tenido en cuenta en las evaluaciones cuantitativas de los riesgos de sostenibilidad;
Artículo 4 – apartado 3 – letra i bis (nueva)
i bis) en el caso de las empresas cotizadas, de conformidad con la Directiva 2013/34.
3 bis. La divulgación de información a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 abarcará toda la información que sea importante para la decisión de inversión de un inversor. Dicha información estará correctamente presentada, no inducirá a error ni a engaño y no omitirá ningún elemento sustancial.
Transparencia del impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad de las inversiones en la información precontractual
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
b) información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir y controlar el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas para el producto financiero, incluidos sus fuentes de información, los criterios de selección relativos a los activos subyacentes y los indicadores pertinentes de sostenibilidad empleados para medir el impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad;
b) información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir y controlar el impacto en materia de sostenibilidad de las inversiones seleccionadas para el producto financiero, incluidos sus fuentes de información, los criterios de selección relativos a los activos subyacentes y los indicadores pertinentes de sostenibilidad empleados para medir el impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad;
La información que se habrá de divulgar de conformidad con el párrafo primero se deberá publicar con claridad y en un lugar destacado del sitio web.
La información que se habrá de divulgar de conformidad con el párrafo primero se deberá publicar con claridad y en un lugar destacado del sitio web, de forma comprensible para los distintos accionistas, así como para un público no especializado con diferentes niveles de cultura financiera.
1. En caso de que los participantes en los mercados financieros ofrezcan un producto financiero de los mencionados en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán incluir en los informes periódicos una descripción de lo siguiente:
1. En caso de que los participantes en los mercados financieros ofrezcan un producto financiero de los mencionados en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán incluir en los informes periódicos, auditados e integrados, elaborados al menos una vez al año, una descripción de lo siguiente:
a) el impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad mediante indicadores de sostenibilidad pertinentes;
a) el impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad mediante indicadores de sostenibilidad armonizados y comparables;
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
b bis) las empresas cotizadas incluirán, en los estados financieros anuales y los estados financieros consolidados a que se hace referencia en la Directiva 2013/34/UE, una descripción de cómo se han incorporado el impacto y los riesgos en materia de sostenibilidad en los procesos de gestión y la estrategia de inversión.
Artículo 7 – apartado 2 – letra h bis (nueva)
h bis) en el caso de las empresas cotizadas, de conformidad con los estados periódicos a que se hace referencia en la Directiva 2013/34/UE.
A más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 60 meses después de la entrada en vigor], la Comisión deberá realizar una evaluación de la aplicación del presente Reglamento.
A más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la entrada en vigor], la Comisión deberá realizar una evaluación de la aplicación del presente Reglamento.
Habida cuenta de la novedad de esta política y los rápidos avances en el campo de las finanzas sostenibles, es más adecuado realizar una evaluación transcurridos 24 meses.
Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad
Última actualización: 23 de noviembre de 2018 Aviso jurídico - Política de privacidad

References: artículo 290
 artículo 291
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 9

Artículo 3
 artículo 9

Artículo 4
 artículo 185
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 7
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 43
 artículo 69
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 8
 artículo 3

Artículo 9
 artículo 15
 artículo 3

Artículo 10
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 10
 artículo 19
 artículo 60
 artículo 14
 artículo 132
 artículo 12
 artículo 60
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 5

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 7

Artículo 7