Source: https://es.scribd.com/doc/21544222/Procedimiento-Que-Se-Sigue-en-Los-Juicios-de-Nulidad-Contra-Los-Actos-Administrativos-de-Efectos-Generales-y-Particulares
Timestamp: 2016-07-28 16:51:06+00:00

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S/TSJ/SPA Nº 121 del 31/01/2007, Exp. Nº 2007-1996, caso: Almacenadora Caraballeda, C.A., contra la Resolución Nº 271 del 27/09/1995, dictada por el Ministro de Transporte y Comunicaciones.
“…Esta Sala en sentencia Nº 1.084 del 11 de mayo de 2000 (caso: Colegio de Nutricionistas), señaló al respecto que cuando el objeto del recurso de nulidad se refiere a un acto administrativo de efectos particulares la legitimación activa exigida es, de acuerdo a los claros términos de los artículos 121 y 124, ordinal 1º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la de un interés legítimo, personal y directo, esto es, que el interés en la legalidad de la actividad administrativa está calificado por el legislador; por ello se requiere que el recurrente, sea el destinatario del acto, o cualquier otro sujeto que, sin ser titular de derechos subjetivos administrativos, se encuentre en una especial situación de hecho ante la infracción del ordenamiento jurídico, la cual, por eso mismo, le hace más sensible que el resto de los administrados al desconocimiento del interés general o colectivo por parte de la Administración al violar la ley. Éstos últimos han sido llamados por la doctrina interesados legítimos. En el texto de la mencionada sentencia, la Sala conceptualizó la noción de simple interés, estableciéndolo como no calificado por el legislador y que ‘se refiere a la facultad que tiene cualquier ciudadano de impugnar la actuación administrativa, siempre que ésta le afecte en su esfera jurídica. Este interés simple, pero particularizado, condicionado a que afecte derechos o intereses de quien recurre, es el que se exige para solicitar la nulidad de actos de la Administración de efectos generales’. …/…
Con vista a lo antes expuesto, la Sala arribó a la conclusión de que en el contencioso administrativo la legitimación activa para recurrir de un acto que aparezca ilegal dependerá de la calificación del acto mismo, es decir, si es de efectos generales o de efectos particulares. Siendo requerido en el primero de los casos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el simple interés particularizado, en tanto que, cuando se trata de la impugnación de actos administrativos de efectos particulares, el interés estaba calificado por el legislador, al exigir que el mismo debía ser legítimo, personal y directo, es decir, un interés actual, concreto, que afecte directamente a sus destinatarios, a aquellos que han establecido una relación jurídica con la Administración Pública o a todo aquel a quien la providencia administrativa afecta en su derecho o interés legítimo. Lo antes expuesto ha sido recientemente previsto por esta Sala en sentencia Nº 1.895 del 26 de julio de 2006, (caso: Enrique Mendoza vs. Decreto Presidencial Nº 1.969), al establecer que en el caso de recurso de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares ‘se requiere de un interés calificado, es decir, interés personal, legítimo y directo’. (Resaltado nuestro). …/…
De modo que todo acto del Poder Público debe ceñirse a los parámetros de la legalidad y constitucionalidad vigentes, so pena de ser revocado por la propia Administración en ejercicio de su poder de autotutela o de ser declarado nulo por las autoridades judiciales competentes, mediante el ejercicio de acciones judiciales provistas por el propio ordenamiento jurídico como instrumentos de colaboración ciudadana para el resguardo y vigilancia de la juridicidad y el logro de la justicia. Ello implica que cuando la Administración actúe al margen de la ley, en detrimento de intereses indirectos y distintos a los derechos subjetivos de los destinatarios expresos de su actuación, quedan habilitados quienes ostenten esta condición dada por este específico interés, de acuerdo a los razonamientos que acaban de exponerse, los cuales quedan confirmados además, con lo previsto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia relativo a los extremos subjetivos para recurrir de los actos administrativos de efectos particulares, esto es, el interés personal, legítimo y directo…”.
La Secretaría de la Sala recibe el escrito de la demanda, recurso o solicitud con la documentación pertinente acompañada al mismo, forma expediente, da cuenta
antecedentes administrativos, ordena su inmediata remisión al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie sobre su admisibilidad o no; en caso de haberse solicitado los antecedentes administrativos, luego que sean
En la demanda se indicará con toda precisión el acto administrativo impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la acción.
Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención expresa, indicándose respecto de cada uno de ellos la motivación pertinente, o si se refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; con la
que acredite el carácter con que actúa quien la presenta (Poder), si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para hacer valer sus derechos.
El libelo de la demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. (Domicilio Procesal).
cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. (periculum in mora y fomus boni iuris)
SOLICITUD DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Para los casos de las demandas contra los actos administrativos de efectos particulares, la Sala “podrá” solicitar al órgano o ente emisor del acto impugnado los
A tal efecto concede al órgano o ente requerido un plazo prudencial para la remisión del referido expediente al tribunal.
(Vid. S/TSJ/SPA Nº 1.257 del 11/07/2007. Exp. Nº 2006-0694, Caso: Echo Chemical 2000, C.A.).
“…En España, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre de 1986, se define al expediente administrativo como “el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”, disponiendo también que “los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.” En nuestro país, si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no establece definición alguna de “expediente administrativo”, si regula esta figura, pudiendo resaltarse entre esa regulación, las disposiciones siguientes: *
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, observa la Sala que el expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del procedimiento. En atención a que el expediente conforma la materialización del procedimiento administrativo, es preciso que a fin de garantizar el derecho al debido proceso en sede administrativa, como lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 eiusdem, el cual establece que “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho” (subrayado de la Sala), los órganos administrativos al sustanciar los expedientes deben observar las normas previstas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que disponen la unidad, orden y secuencia en la cual se deben llevar dichos expedientes. ..”.
RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recibidos los antecedentes administrativos, se abre pieza separada y se remiten tanto el expediente judicial como el expediente administrativo al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la admisión o no de la demanda, recurso o solicitud propuesta.
El Juzgado de Sustanciación, una vez recibidas las actuaciones de la Sala, decidirá por auto motivado sobre la admisibilidad de la demanda, recurso o solicitud dentro de los tres (3) días hábiles (de Despacho) siguientes contados a partir del recibo del expediente.
CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS DEMANDAS, RECURSOS O SOLICITUDES
1. 2. 3. 4. Cuando así lo disponga la ley. Si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal. (Desaplicado) Si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción intentada. Cuando se acumulen acciones o recursos que excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 5. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible.
6. Cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República. (Antejuicio Administrativo). 7. Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación. 8. Cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya el demandante, recurrente o accionante. 9. Cuando exista cosa juzgada.
(Vid: S/TSJ/SC Nº 97 del 02/03/2005, Exp. Nº 03-2.290, caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A., ratificada en S/TSJ/SPA N° 1.316 del 05/04/2005, Exp. N° 04-691, caso: Inversiones Dax, C.A.).
“…Incluso, considera la Sala que la aplicación literal de la referida norma jurídica implicaría una indebida desigualdad procesal y una indeseable inseguridad jurídica. Desigualdad procesal e inseguridad jurídica porque, en el marco de un proceso judicial y ante un supuesto de hecho en concreto –la incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la causa-, se producirían dos soluciones jurídicas distintas: la declaratoria de incompetencia y consecuente declinatoria, o bien la declaratoria de inadmisibilidad, según el proceso se rigiese por el Código de Procedimiento Civil (artículos 69 y 75 de dicho Código) o bien por la normativa de la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (artículo 84, cardinal 2), ahora Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 19, párrafo 6), lo que, en definitiva, arroja una dicotomía de soluciones jurídicas frente a un mismo supuesto fáctico que reflejan la necesaria incompatibilidad de alguna de ambas en relación con el derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione, ante lo cual debe prevalecer, con fundamento en los precedentes de esta Sala que antes se citaron, la solución que otorga la norma procesal. De manera que no existen dudas para esta Sala Constitucional de que, en este caso, si bien la decisión se fundó en el artículo 84.2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, entonces vigente, tal disposición debió ser desaplicada –vía control difusoante la existencia de una norma de rango constitucional que garantiza de manera expresa el acceso de toda persona a los órganos de administración de justicia…”.
El auto de admisión de la demanda contendrá las citaciones y/o
administrativo impugnado, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República y de cualquier otro funcionario o persona que señale la ley.
emplazamiento en un diario de circulación nacional para que se hagan parte en el proceso.
RETIRO, PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN DEL CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
El Recurrente deberá retirar, publicar y consignar a los autos el cartel de emplazamiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su expedición. Igualmente deberá consignar un (1) ejemplar del diario o periódico en el cual fue publicado el cartel de emplazamiento, dentro de los tres (3) días (de Despacho) siguientes a su publicación. El incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso y se ordenará el archivo del expediente.
(Vid. S/TSJ/SPA. N° 5.481 del 11/08/2005, Exp. N° 2002-0679, caso: Miguel Ángel Herrera Herrera, contra el Ministerio del Interior y Justicia, ratificada en S/TSJ/SPA. Nº 1.116, del 04/05/2006, Exp. N° 2004-696, caso: Carlos Javier Melo contra el Ministerio de la Defensa).
“… Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva. …/…
Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contenciosoadministrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal. En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara...”.
Del auto por el cual se declare inadmisible la demanda, recurso o solicitud, podrá apelarse por ante la Sala respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles (de Despacho) siguientes a su publicación, y la Sala podrá confirmarlo,
contados desde la interposición de la apelación, quedando a salvo los lapsos previstos en leyes especiales, siempre que éstos resulten más favorables a las partes.
(Vid: S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226 del 27/07/2000, caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela).
S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226, de fecha 27 de julio de 2000, caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela.
“… ¿ ES O NO APELABLE EL AUTO QUE ADMITE ? Al respecto, es menester observar que en materia civil ordinaria, el auto que declara la admisión no resulta apelable, porque se tiene una oportunidad y un procedimiento establecido para controlar la admisión, que viene a ser todo el régimen de las cuestiones previas, por lo que cualquier oposición a la admisión se verifica en la oposición de cuestiones previas. En el contencioso administrativo, se plantean dos hipótesis: la primera, es seguir la misma regla del Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no apelar, porque la admisión no causa un grave daño irreparable; sin embargo, esta Sala debe recordar que en el contencioso administrativo las cuestiones previas opuestas, como regla general, se deciden como punto previo en la sentencia definitiva, y en consecuencia, hay que llevar todo el procedimiento y el demandado sí podría sufrir un grave daño con la admisión. (…Omissis…) Por tales razones considera esta Sala, y de ahí que se abandone el criterio sostenido por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, que cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala admite una demanda
sin haberse demostrado el cumplimiento del antejuicio administrativo previo, lo procedente no es la oposición de la cuestión previa de prohibición de admitir la acción propuesta (ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil), sino la apelación del auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación, a fin de que la Sala se pronuncie en relación a los requisitos de inadmisibilidad sobre los cuales la parte afectada por el auto de admisión, consideró que no fueron debidamente analizados al momento de producirse la admisión de la demanda o la solicitud. Si la representación de la República demandada no ejerciere ese derecho de apelar contra el auto de admisión emanado del Juzgado de Sustanciación, la propia Sala quedará autorizada – de oficio - para pronunciarse en relación al auto proferido por dicho Juzgado y, consecuentemente, también quedará autorizada para revocar el referido auto de admisión y declarar inadmisible esa demanda en razón del carácter de orden público del procedimiento administrativo previo que prevé la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tal y como lo presupone el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara …”. (Resaltado del texto).
ANUNCIO Y SOLICITUD DE APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBAS
Una vez practicadas las citaciones y/o notificaciones, cualquiera de las partes podrá solicitar la apertura de un lapso para promover y evacuar las pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus intereses. En el período de promoción de pruebas las partes deberán indicar los hechos sobre los cuales recaerán las mismas y producirá aquellas que no requieran evacuación.
(Vid. Auto/TSJ/SPA (Juzgado de Sustanciación) del 26/04/2006, Exp. Nº 02-1072, caso: Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).
“…En relación con la oposición a la admisión de las pruebas de inspección judicial y experticia por no señalar el objeto de las mismas, ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa, señalar que el sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con cualquier tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio escogido por las partes, salvo de aquellos legalmente prohibidos o que resulten ajenos a los hechos debatidos, ya que cualquier negativa a admitir una prueba que no fuese calificada como manifiestamente ilegal o impertinente, pudiera vulnerar en definitiva el derecho a la defensa del promovente. (…Omissis…) Así, por decisión N° 00314 del 5 de marzo de 2003, ratificada en fecha 16 de diciembre de 2003 (sentencia Nº 01956), la Sala expresamente estableció que: “la disposición antes citada (artículo 395 del Código de Procedimiento Civil) no establece que para la admisión de una prueba deba señalarse expresamente cuál es el objeto de la misma; sin embargo, esta Sala considera que existen casos en los cuales resulta conveniente para las partes hacer tal señalamiento, pues sin duda alguna ello facilitaría la labor de valoración de las pruebas que debe desempeñar el juez al dictar sentencia. Lo que no puede, en ninguno de los casos, es pretenderse de manera general que tal precisión sea de obligatorio cumplimiento, creando una carga para las partes no establecida expresamente por la ley...”; en razón de lo cual, estima este Juzgado, de conformidad con la doctrina antes mencionada, que la omisión del señalamiento expreso del objeto de las pruebas promovidas (documentales, inspección judicial y experticia) no es un impedimento para su admisión, toda vez que no atiende a la manifiesta ilegalidad o impertinencia de las mismas; resultando, en consecuencia, improcedente la citada oposición, y así se decide…”.
En los recursos de nulidad contra los actos administrativos, el promovente dispone de cinco (5) días hábiles para la promoción de las pruebas que estime convenientes para la mejor defensa de sus intereses.
( Vid: S/TSJ/SPA, Nº 904, Exp. Nº 03-1.383, del 30/03/2005, Exp. Nº 2003-1.383, caso: Rafael Alberto La Torre Cáceres, contra la República Bolivariana de Venezuela ‘Ministerio del Interior y Justicia’, ratificada en S/TSJ/SPA, Nº 2.339, Exp. Nº 2002-662, del 27/04/2005, caso: Centro Simón Bolívar, C.A.)
“…Ahora bien, como puede apreciarse de la situación fáctica así como de las normas citadas, las disposiciones del artículo 19, apartes 18 y 19 eiusdem, están referidas al procedimiento para las apelaciones que deban tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual resulta inaplicable al presente caso, ya que se trata de un juicio que se encuentra en fase de cognición. De esta manera, considera esta Sala, que cuando el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hace referencia a la aplicación del artículo 19 eiusdem, debe entenderse que el procedimiento aplicable para el lapso de pruebas es el del procedimiento ordinario previsto en el artículo 388 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión supletoria que hace el artículo 19, primer aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara…”.
EN PRIMERA INSTANCIA, Rige el principio de la libertad probatoria.
Sólo se podrán promover las pruebas de experticia, inspección judicial, incluyendo aquellos documentos que formen parte de los archivos de la Administración Pública, cuando haya constancia que la prueba que de ellos se
(Parcialmente desaplicado) (Vid. S/TSJ/SPA, Nº 1.676, Exp. Nº 99-16.424, de fecha 5 de octubre de 2004, caso: Rosa Aura Chirino Navas contra el Municipio Silva del Estado Falcón y otros).
“… Así las cosas y volviendo al examen del aparte once del artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, considera esta Sala que la limitación consagrada en dicho dispositivo, respecto de los medios de prueba que pueden promover las partes en aquellas demandas, solicitudes o recursos ejercidos, en primera instancia, por ante este Supremo Tribunal, constituye una limitación excesiva al derecho a la defensa de los justiciables consagrado en el artículo 49 de la Constitución, la cual vacía prácticamente dicho derecho de contenido, toda vez que se excluyen otros medios probatorios que en determinados casos, por estarse ventilando en primera y única instancia, resultan pertinentes e incluso los únicos para demostrar las pretensiones que se quieren hacer valer en juicio. …/…
En ese orden de ideas y atendiendo al marco de Estado de Derecho y de Justicia que abarca nuestro ordenamiento constitucional vigente, considera esta Sala que el legislador debió contemplar en la Ley que regula los procedimientos que se ventilan ante este Máximo Tribunal un sistema amplio de pruebas para las causas que se tramitan y sustancian en primera instancia, especialmente si se parte del hecho de que esos juicios – los que se conocen y deciden en primera instancia – no tienen alzada, surgiendo así la imperiosa necesidad de permitir que las partes, a través de los medios probatorios que dispone el ordenamiento jurídico, prueben lo que ha bien tengan, poniendo en conocimiento del juez los elementos de juicios necesarios para la mejor solución de la controversia planteada. (…Omissis…) Ahora bien, en este contexto resulta forzoso para esta Sala desaplicar de oficio y para el caso en concreto lo dispuesto en el aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a aquellos medios probatorios que se admiten en los procedimientos que se sustancian por ante este Máximo Tribunal en primera instancia. Por lo tanto, deben admitirse en el presente caso, todos los medios probatorios que no estén expresamente prohibidos por el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República …”.
Dentro de los tres (3) días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata
de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el juez
pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. si alguna de las partes no llenare esta formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del lapso para convenir u oponerse, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o
o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes.
APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS
Las partes podrán apelar contra el auto de admisibilidad de las pruebas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del correspondiente auto. Contra el auto que niegue la admisión de pruebas, se oirá apelación en ambos efectos, y contra el auto que las admita, en un solo efecto. La Sala proveerá dentro de los quince (15) días siguientes, contados desde la presentación de la apelación. Quedan a salvo los lapsos previstos en disposiciones espaciales, siempre que éstos sean más favorables para las partes.
de los treinta (30) días continuos siguientes, dicho lapso podrá extenderse por una sola vez, por un lapso de quince (15) días continuos.
RESOLUCIÓN DEL ASUNTO COMO DE MERO DERECHO
El Tribunal Supremo de Justicia podrá dictar sentencia definitiva, sin relación, ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho.
CONCLUSIÓN DE LA SUSTANCIACIÓN DESIGNACIÓN MAGISTRADO PONENTE
Negadas las pruebas o evacuadas las pruebas admitidas, la Sala recibe las actuaciones del Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del procedimiento, se da cuenta en Sala, se designa Magistrado ponente, y se fija la oportunidad para dar comienzo a la primera etapa de la relación de la causa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
RELACIÓN DE LA CAUSA PRIMERA ETAPA
La relación de la causa consiste en el estudio individual del expediente por los Magistrados. Se hará constar en el expediente su fecha de inicio.
Iniciada la primera etapa de la relación de la causa, las partes deberán presentar sus informes en forma oral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la hora que fije el tribunal.
ACTO DE INFORMES (Formalidades)
Al inicio el acto de informes, el Presidente de la Sala respectiva señalará a las partes el tiempo de que disponen para exponerlos, y de igual modo, procederá si las partes manifiestan su deseo del hacer uso del derecho a réplica o contrarréplica.
Los informes constituyen la última actuación de las partes en el proceso. Concluido el acto de informes se dice “vistos”, y se da comienzo la segunda etapa de la relación de la causa.
RELACIÓN DE LA CAUSA SEGUNDA ETAPA
Realizado el acto de informes, ope legis se da comienzo a la segunda etapa de la relación de la causa, la cual tendrá una duración de veinte (20) días hábiles, dicho lapso podrá ser prorrogado por una sola vez, por el mismo tiempo, por auto razonado, cuando el número de piezas que conforman el expediente, la gravedad o complejidad del asunto u otras razones así lo impongan la causa entrará en estado de sentencia.
caso, los efectos de la decisión en el tiempo; igualmente podrá, de acuerdo con los términos de la solicitud, condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la
Procedimiento Que Se Sigue en Los Juicios de Nulidad Contra Los Actos Administrativos de Efectos Generales y Particulares by vz.Das8,7K viewsEmbedDownloadDescriptionPROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS GENERALES Y PARTICULARES. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVAR...PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS GENERALES Y PARTICULARES.LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAG. O. Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004Categories: Types, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Public DomainDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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 artículo 21
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