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Timestamp: 2019-08-21 10:31:43+00:00

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2. Ley n.º 554/2004 y jurisprudencia nacional relativa a dicha ley
7. El artículo 21 de la Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Ley n.º 554/2004, relativa al contencioso-administrativo) (3) de 2 de diciembre de 2004 (en lo sucesivo, «Ley n.º 554/2004») lleva por título «Recursos extraordinarios». Su apartado 2 presentaba inicialmente el siguiente tenor:
8. Mediante sentencia n.º 1609/2010 de 9 de diciembre de 2010, (4) la Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional, Rumanía) declaró que la segunda frase del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 era inconstitucional, ya que estaba deficientemente redactada y ello generaba una inseguridad jurídica que podía representar un obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva.
9. Posteriormente, la Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Ley n.º 299/2011, por la que se deroga el apartado 2 del artículo 21 de la Ley n.º 554/2004, relativa al contencioso-administrativo) (5) (en lo sucesivo, «Ley n.º 299/2011») derogó íntegramente el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004.
10. Sin embargo, la Ley n.º 299/2011 fue a su vez declarada inconstitucional mediante la sentencia n.º 1039/2012 de 5 de diciembre de 2012 de la Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional). (6) En dicha sentencia se declaraba lo siguiente: «El artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 continuará produciendo efectos legales después de la publicación de la presente sentencia en el Monitorul Oficial al României, salvo lo dispuesto en su segunda frase, declarado inconstitucional por la sentencia n.º 1609 de 9 de diciembre de 2010 [...]. Los efectos legales de esa última disposición cesaron [...]. El artículo 21, apartado 2, frases primera y tercera, continuará produciendo efectos legales.»
11. Por lo tanto, tras la publicación de la sentencia n.º 1039/2012 de la Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional) en el Monitorul Oficial al României el 29 de enero de 2013, las frases primera y tercera del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 volvieron a formar parte del ordenamiento jurídico vigente. En cambio, la segunda frase de la misma disposición, que establecía el plazo para las demandas de revisión y la correspondiente fecha de inicio del plazo, siguió sin efecto.
12. El 12 de diciembre de 2016, la Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Tribunal Supremo — Formación para pronunciarse en interés de ley, Rumanía) (en lo sucesivo, «ICCJ») dictó la sentencia n.º 45/2016 (7) en el marco de un procedimiento prejudicial dirigido a resolver una cuestión de Derecho. En dicha sentencia, el ICCJ declaró lo siguiente:
«En la interpretación y aplicación del artículo 21, apartado 2, primera frase, de la Ley n.º 554/2004, relativa al contencioso-administrativo, posteriormente modificada y completada, la demanda de revisión sobre la base de sentencias del [Tribunal de Justicia] será admisible, al margen de cuando estas últimas se hayan pronunciado y de si en el litigio principal se invocaron o no las disposiciones del Derecho de la Unión preexistentes infringidas por la sentencia cuya revisión se pide.
El plazo en que puede presentarse la demanda de revisión basada en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 es de un mes y comienza a correr en la fecha de la notificación de la sentencia firme, sujeta a revisión.»
13. Por lo tanto, en la sentencia n.º 45/2016 el ICCJ estableció el plazo para las demandas de revisión con fundamento en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 y la fecha de inicio de dicho plazo, concretamente un mes desde la fecha de notificación de la sentencia firme sujeta a revisión.
15. El Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgoviște (Servicio Público de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos de Târgoviște, Rumanía) supeditó la matriculación del vehículo de la Sra. Călin al pago del timbre medioambiental establecido en la Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Decreto‑ley con carácter de urgencia n.º 9/2013, relativo al timbre medioambiental; (8) en lo sucesivo, Decreto‑ley n.º 9/2013»). Tal impuesto, por importe de 968 lei rumanos (RON), fue pagado por la Sra. Călin el 12 de junio de 2013.
17. Mediante sentencia de 15 de mayo de 2014, la primera instancia desestimó la demanda, al considerar que las disposiciones del Decreto‑ley n.º 9/2013 no eran incompatibles con el Derecho de la Unión. Al no recurrir la Sra. Călin, la sentencia devino firme.
20. El 17 de agosto de 2016 la Sra. Călin presentó una (segunda) demanda de revisión contra la sentencia pronunciada en primera instancia el 15 de mayo de 2014. Dicha demanda se basó en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, Budișan (C‑586/14, EU:C:2016:421). Mediante sentencia de 11 de octubre de 2016, la primera instancia estimó la demanda de revisión. Atendiendo, en particular, a la sentencia Budișan, consideró que el artículo 21 de la Ley n.º 554/2004, que permite la revisión de las resoluciones que vulneren el principio de primacía del Derecho de la Unión, era aplicable en aquel caso. Por lo tanto, la sentencia de 15 de mayo de 2014 fue totalmente modificada y, en cuanto al fondo, se estimó la pretensión inicial de la Sra. Călin. De hecho, dicho tribunal declaró que el impuesto controvertido era incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, ordenó su restitución con intereses.
21. Mediante sentencia de 16 de enero de 2017, la segunda instancia estimó un recurso de casación interpuesto por la autoridad pública y anuló la sentencia de 11 de octubre de 2016 en su totalidad. Dicho tribunal estimó el argumento de que la demanda de revisión había sido presentada fuera del plazo establecido en la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ de 12 de diciembre de 2016, conforme a la cual el plazo para presentar la demanda de revisión era de un mes desde la fecha de notificación de la sentencia firme sujeta a revisión. (9) Aplicando dicha sentencia, la segunda instancia comprobó que la sentencia cuya revisión se solicitaba (la sentencia pronunciada en primera instancia el 15 de mayo de 2014) se había notificado el 26 de mayo de 2014, mientras que la (segunda) demanda de revisión se había presentado el 17 de agosto de 2016, mucho después de expirar dicho plazo de un mes.
22. El 7 de marzo de 2017, la Sra. Călin presentó una (tercera) demanda de revisión contra la sentencia pronunciada en segunda instancia el 16 de enero de 2017. Dicha demanda constituye el objeto del litigio en el procedimiento principal. En ella, la Sra. Călin alega que la sentencia de 16 de enero de 2017 infringe, en particular, el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3. En su opinión, en la medida en que aplica la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ, dicha sentencia hace imposible obtener el reembolso de un impuesto que el Tribunal de Justicia declaró incompatible con el Derecho de la Unión en su sentencia Budișan.
23. La segunda instancia, la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») comparte esencialmente las dudas de la Sra. Călin en cuanto a si el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, tal como lo interpreta la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ, es compatible con el Derecho de la Unión y, en concreto, con los principios de cooperación leal, seguridad jurídica, equivalencia y efectividad, entre otros. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el Derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial, aun cuando ello permitiera subsanar una situación nacional incompatible con ese Derecho de la Unión. El órgano jurisdiccional remitente observa también que el Tribunal de Justicia ha declarado que, si las normas procesales nacionales aplicables implican la posibilidad, con ciertos requisitos, de que el tribunal nacional reconsidere una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada con objeto de restablecer la conformidad de una situación con el Derecho nacional, esta posibilidad debe prevalecer, de acuerdo con los principios de equivalencia y de efectividad —si concurren dichos requisitos— a fin de que se restablezca la conformidad de la situación de que se trate con el Derecho de la Unión.
24. En cuanto a las demandas dirigidas a la restitución del timbre medioambiental que fueron desestimadas con carácter firme antes de que el Tribunal de Justicia dictase su sentencia en el asunto Budișan, la resolución de remisión señala que el único recurso procesal disponible actualmente sería presentar una demanda de revisión con arreglo al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Por lo tanto, si el órgano jurisdiccional remitente hubiese de aplicar la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ, la Sra. Călin ya no podría solicitar la revisión de la sentencia de 16 de enero de 2017 y, en consecuencia, no podría obtener el reintegro del impuesto.
«¿Pueden interpretarse los artículos 4 TUE, apartado 3, relativo al principio de cooperación leal, los artículos 17, 20, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 110 TFUE, el principio de seguridad jurídica y los principios de equivalencia y de efectividad que se desprenden del principio de autonomía procesal, en el sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 21, apartado 2, de la Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (Ley n.º 554/2004, relativa al contencioso-administrativo), tal como fue interpretada por la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Tribunal Supremo, Formación para pronunciarse en interés de ley], conforme a la cual el plazo en el que puede presentarse la demanda de revisión basada en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 es de un mes y comienza a correr en la fecha de la notificación de la sentencia firme sujeta a la revisión?»
28. ¿Es admisible una cuestión prejudicial que se refiera a la interpretación que del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 hizo el ICCJ en su sentencia n.º 45/2016, que parece que, conforme al Derecho nacional, no era vinculante cuando se resolvió la segunda demanda de revisión?
30. De las observaciones escritas del Gobierno rumano y de la Comisión se desprende que, aunque la sentencia n.º 45/2016 se pronunció el 12 de diciembre de 2016, no fue publicada en el Monitorul Oficial al României hasta el 23 de mayo de 2017. Además, dicha sentencia se dictó para resolver una cuestión de Derecho planteada al ICCJ por la Curtea de Apel Cluj (Tribunal Superior de Cluj, Rumanía). Por lo tanto, de conformidad con el artículo 521, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, la sentencia fue vinculante para dicho tribunal desde que se pronunció. Sin embargo, solo cuando fue publicada en el Monitorul Oficial al României, el 23 de mayo de 2017, devino vinculante para los demás tribunales, incluido el órgano jurisdiccional remitente, la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti).
31. Por lo tanto, pueden surgir dudas acerca de si, en su sentencia de 16 de enero de 2017, en la que se pronunció sobre la segunda demanda de revisión, el órgano jurisdiccional remitente estaba obligado a aplicar la interpretación del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 ofrecida por el ICCJ. En realidad, el núcleo de la cuestión prejudicial es la interpretación llevada a cabo por el ICCJ, ya que entiendo que, con esa decisión del ICCJ, en la práctica, se estableció el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la sentencia firme.
34. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Justicia, el Gobierno rumano confirmó que la sentencia n.º 45/2016 fue pronunciada el 12 de diciembre de 2016 y se hizo pública ese mismo día. Asimismo confirmó que, aunque dicha sentencia n.º 45/2016 no era formalmente vinculante para el órgano jurisdiccional remitente en el momento en que este dictó su sentencia de 16 de enero de 2017, el citado tribunal (como cualquier otro órgano jurisdiccional rumano) ya era plenamente consciente de la existencia y del contenido de la sentencia.
35. Los complejos antecedentes del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 han sido descritos anteriormente. (12) Se trata de una disposición introducida por el legislador en 2004, que en 2010 fue declarada inconstitucional en parte y, por ello, fue eliminada por el legislador en 2011. Después fue restaurada en parte en 2012 mediante otra resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional), si bien aparentemente sin establecer ningún plazo aplicable, que hubo de determinar posteriormente el ICCJ mediante una resolución interpretativa. En consecuencia, da la impresión de que, desde la segunda anulación por la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) con efectos a partir del 29 de enero de 2013 hasta que se dictó la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ el 29 de enero de 2013, los órganos jurisdiccionales rumanos se han enfrentado a una situación en que no existía un plazo (claro) para solicitar la revisión, o en la que quizá no había plazo alguno para hacerlo.
37. Sin embargo, quizá sí sea más cuestionable la forma en que se estableció dicho plazo en el ámbito nacional, que en la práctica limita o incluso priva a algunos justiciables de su derecho de acceso a la justicia. Las limitaciones a los derechos fundamentales y, de forma similar, las condiciones de acceso a la justicia deberían, entre otros requisitos, establecerse por ley. Este requisito incluye ciertas exigencias en cuanto a las características de dicha ley, como, por ejemplo, la de que sea accesible para los interesados y que esté formulada de forma lo suficientemente precisa y previsible. (13) Aunque tales exigencias no son las mismas que, por ejemplo, los criterios para la detención de extranjeros con el fin de trasladarlos a otro Estado miembro, que efectivamente constituye una privación de libertad y, por lo tanto, solo pueden establecerse en disposiciones vinculantes de alcance general (por legislación escrita, no mediante la jurisprudencia), (14) es perfectamente legítimo preguntarse hasta qué punto satisface esas exigencias la historia del muerto viviente del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, especialmente la de previsibilidad.
43. En segundo lugar, procede recordar que ya se pidió al Tribunal de Justicia que apreciase la compatibilidad del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 con el Derecho de la Unión en el asunto Târșia. (18)
44. La cuestión prejudicial planteada en dicho asunto era similar a la del presente caso. Pretendía aclarar la compatibilidad del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 con prácticamente las mismas disposiciones y principios del Derecho de la Unión. (19) Sin embargo, la cuestión de la compatibilidad del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 con el Derecho de la Unión se abordó desde otro punto de vista.
45. El Sr. Târșia pagó un impuesto sobre los vehículos automóviles que, en su opinión, era incompatible con el artículo 110 TFUE, por lo que interpuso un recurso de naturaleza civil a fin de obtener el reembolso del importe de dicho impuesto. Su recurso fue estimado en primera instancia en 2007, pero en 2008, en el fase de casación, fue parcialmente desestimado. En 2011, tras la sentencia de 7 de abril de 2011, Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), el Sr. Târșia solicitó la revisión de la sentencia dictada en casación, al considerar que le correspondía el reembolso íntegro del impuesto. Aunque la sentencia cuya revisión solicitaba había recaído en un procedimiento civil, planteó la demanda de revisión sobre la base del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, es decir, la que regula el procedimiento contencioso-administrativo. Lo hizo así porque las normas procesales aplicables al procedimiento civil no contemplaban ninguna posibilidad de demanda de revisión de una sentencia firme por violación del Derecho de la Unión.
46. En tales circunstancias procesales, el órgano jurisdiccional remitente solicitó, en el asunto Târșia, que se aclarase si era compatible con el Derecho de la Unión que el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 permitiese la revisión de sentencias firmes contrarias al Derecho de la Unión exclusivamente en procedimientos contencioso-administrativos, pero no en procedimientos civiles. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que el Derecho de la Unión y, en particular, los principios de equivalencia y efectividad, no se oponían a tal situación. (20)
47. Sin embargo, el presente asunto versa exclusivamente sobre las condiciones en que se puede presentar una demanda de revisión basada en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 en relación con una resolución adoptada en un procedimiento contencioso-administrativo. Por lo tanto, aunque la sentencia Târșia ofrezca alguna orientación útil para el presente asunto en cuanto a la formulación general de las exigencias de los principios de equivalencia y efectividad, no responde a la cuestión concreta planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
53. En resumen, el Derecho de la Unión no exigía que Rumanía adoptase el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, disposición que permite la reconsideración de una resolución judicial firme. Sin embargo, dado que Rumanía había decidido hacerlo, dicha disposición debe respetar los requisitos de equivalencia y efectividad. Por este motivo, voy a proceder a examinar dichos requisitos en el contexto del presente asunto.
55. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se refiere al requisito de equivalencia como uno de los posibles criterios para apreciar la compatibilidad del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 con el Derecho de la Unión. Sin embargo, no menciona ningún recurso nacional similar que pueda utilizarse para valorar el requisito de equivalencia.
56. Según el Gobierno rumano, no se contempla ningún motivo de revisión basado en una infracción del Derecho nacional que sea similar al motivo (específico) de revisión previsto en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Además, observa que esta última disposición permite presentar la demanda de revisión con fundamento en la infracción de cualquier disposición del Derecho de la Unión y con independencia de si dicha disposición fue invocada o no en el procedimiento originario. En cambio, el Código de Enjuiciamiento Civil, donde se establecen las normas generales en materia de revisión, solo permite presentar demandas de revisión basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 509, apartado 1, que, en esencia, se refieren a nuevas circunstancias que el tribunal no conoció al dictar su sentencia.
57. Por el contrario, la Comisión considera que existe un motivo de revisión basado en infracciones del Derecho nacional que es similar al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Se trata del motivo previsto en el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil, que permite presentar una demanda de revisión cuando, «tras adquirir firmeza la sentencia, la Curtea Constituțională [Tribunal Constitucional] se haya pronunciado sobre la cuestión [de inconstitucionalidad] formulada en ese asunto, declarando inconstitucional la disposición que fue objeto de tal cuestión». Para la Comisión, los plazos distintos (un mes para demandas previstas en la Ley n.º 554/2004 y tres meses en el caso de las del artículo 511, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Civil) y las distintas fechas de inicio (la fecha de notificación de la sentencia firme sujeta a la revisión, en el primer caso, y la fecha de publicación de la resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) en el Monitorul Oficial al României, en el segundo) son incompatibles con el requisito de equivalencia.
a) La revisión con arreglo al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 y la revisión con arreglo al artículo 509 del Código de Enjuiciamiento Civil
58. El artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 establece un recurso muy específico que permite la revisión de las sentencias firmes. Es un recurso que se limita a un ámbito concreto, el del procedimiento contencioso-administrativo, y solo puede ser interpuesto en caso de que una sentencia firme haya infringido el Derecho de la Unión. El título del artículo 21, así como el hecho de que permite reconsiderar una resolución firme, podrían dar la impresión de que se trata de un recurso extraordinario.
61. Habida cuenta de estas disposiciones, así como de las observaciones formuladas al respecto por escrito y en la vista oral por las partes interesadas, debo admitir que no aprecio una correspondencia exacta entre la revisión prevista en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 y las principales características de la revisión prevista en el Código de Enjuiciamiento Civil. En efecto, dicho artículo no parece activarse con la aparición de nuevas circunstancias que no eran conocidas para las partes y para el tribunal nacional cuando este dictó su sentencia.
62. De hecho, ya en la versión originaria del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 (31) el plazo para presentar la demanda de revisión comenzaba a correr en la fecha de notificación de la sentencia sujeta a la revisión. Y lo mismo sucede tras la sentencia n.º 45/2016 del ICCJ, aunque el plazo se calcule ahora de forma diferente.
66. En último término, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, que dispone de conocimiento directo de las normas procesales nacionales, examinar si existe algún recurso nacional similar a la demanda prevista en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004.
67. Sin embargo, partiendo de los hechos y elementos de Derecho nacional expuestos al Tribunal de Justicia, y habida cuenta tanto del marco de análisis reiterado recientemente por el Tribunal de Justicia en la sentencia XC y otros (32) como la solución dada en dicho asunto, entiendo que los motivos de revisión con arreglo al artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil y el tipo de revisión establecido por el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 presentan considerables diferencias en cuanto a su objeto, causa y elementos esenciales.
68. En efecto, tal como se va a tratar con detalle más adelante, (33) probablemente no esté del todo claro qué pretendía disponer exactamente el legislador nacional cuando adoptó el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Aun así, da la impresión de que los dos tipos de revisión responden a necesidades del sistema totalmente diferentes.
69. En primer lugar, el objeto del artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil (así como el del punto 10 de la misma disposición) es subsanar una infracción de la Constitución nacional (o del CEDH) en los casos individuales en que tal infracción se ha declarado mediante una resolución que, por definición, siempre ha de ser posterior a la resolución firme del órgano jurisdiccional (ordinario). En cambio, el objeto del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 parece ser la continua corrección de toda aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que sea necesario, no obstante, la existencia de un vínculo entre la sentencia sujeta a la revisión y una resolución específica del Tribunal de Justicia. (34) La resolución del Tribunal de Justicia, de existir, podría ser tanto anterior como posterior a la sentencia sujeta a la revisión. Sin embargo, habida cuenta de la relativa brevedad del plazo, en la mayor parte de los casos la sentencia del Tribunal de Justicia será anterior a la resolución nacional sujeta a la revisión.
70. En segundo lugar, la causa, en el sentido de aquello que justifica el ejercicio de este recurso, en el caso del artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil es el hecho de que la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) dicte una resolución en la que declare inconstitucional una determinada disposición nacional. En cambio, en lo que concierne al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, el hecho determinante de su aplicación parece ser una presunta infracción del Derecho de la Unión ya incluida en la sentencia cuya revisión se solicita.
71. En tercer lugar, los elementos esenciales de un recurso no son solo los elementos relativos a la forma general en que se desarrolla el procedimiento, sino también el resultado de este procedimiento. Una vez más, dicho resultado varía sustancialmente en uno y otro caso, sobre todo por lo que respecta a las repercusiones sobre los asuntos concretos. Así, mientras que el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil solo conduce a reconsiderar, en principio, la sentencia individual que dio lugar a la revisión constitucional, el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 puede en principio justificar la reconsideración de cualquier sentencia que vulnere una disposición del Derecho de la Unión.
77. Quizá para concluir convenga subrayar este aspecto concreto, que parece haber dado lugar a cierta confusión en los argumentos formulados por la Comisión a favor de la equivalencia entre la revisión que prevé el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil y la del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Se trata de dos procedimientos sistemáticamente diferentes, ya que las sentencias afectadas tienen distinta fuerza vinculante: por un lado, la reapertura de un litigio individual tras la anulación, por el tribunal constitucional, de la normativa en que se basó la sentencia (efectos vinculantes inter partes) y, por otro, la revisión basada en que no se ha tenido debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, según se ha interpretado en una sentencia del Tribunal de Justicia recaída, no obstante, en un procedimiento diferente (efectos vinculantes erga omnes).
79. Por las razones expuestas en la presente sección, considero que el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 y el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil no comparten ni el objeto, ni la causa ni los elementos esenciales. Por lo tanto, no se pueden calificar de recursos similares, de manera que los regímenes procesales distintos que rigen los respectivos recursos, en particular en cuanto a los plazos, no constituyen una infracción del requisito de equivalencia.
b) Revisión con arreglo al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004: ¿casación o repetición del proceso?
85. La valoración del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 a la luz del requisito de efectividad resulta ciertamente compleja. Para juzgar la efectividad de una vía de recurso es necesario entender qué se pretende conseguir con ese recurso. Y lo mismo sucede cuando se evalúa la efectividad de un recurso en cuanto a su plazo de interposición (un mes) y en cuanto al momento en que empieza a correr dicho plazo (cuando se pronuncie la sentencia sujeta a la revisión). ¿Efectividad respecto a qué? ¿Qué se pretendía conseguir con el recurso?
86. La cuestión clave a este respecto es si el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 pretendía operar como una nueva revisión de la sentencia, a semejanza de otros recursos extraordinarios como el segundo recurso (o recurso de casación), o si se concebía como una repetición del proceso. En uno y otro caso, el modelo es diferente.
89. Si se compara el mecanismo de revisión del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 con los dos modelos ideales de recurso extraordinario que acabo de esbozar, no está claro a cuál de esos dos modelos se supone que corresponde tal mecanismo. En la medida en que la demanda de revisión se formula contra resoluciones firmes, en principio parece un instrumento más próximo a la repetición del proceso. Sin embargo, en la medida en que se fundamenta en la infracción de normas de Derecho (con toda probabilidad ya existentes), y en la medida en que el plazo (relativamente breve) comienza a correr en el momento en que se dicta la resolución originaria, el mecanismo de revisión se asemeja a un recurso de casación extraordinario. Pero, una vez más, en este caso resulta sorprendente que la revisión del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 deba presentarse ante el mismo tribunal que dictó la resolución originaria, sobre todo si se tiene en cuenta que se va a pedir a ese tribunal que reexamine una resolución que dictó solo unos pocos días o semanas antes y atendiendo a unas normas del Derecho de la Unión que ya existían entonces y que, con toda probabilidad, ya fueron consideradas por este al dictar su resolución.
92. En último término corresponderá al órgano jurisdiccional nacional valorar, partiendo de estas consideraciones, la efectividad del mecanismo de revisión establecido por el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. Sin embargo, con mi limitado conocimiento de la legislación nacional pertinente y del contexto procesal, tal como se han expuesto en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, me da la impresión de que este mecanismo nada entre dos aguas.
94. Por otro lado, también suscita dudas como repetición del proceso. El plazo para solicitar la revisión se calcula desde la fecha de la resolución inicial, y no desde que aparece el nuevo elemento que justifica la demanda de revisión, a saber, una sentencia del Tribunal de Justicia. En efecto, el requisito de efectividad se debe interpretar en el sentido de que impone una obligación de fijar un plazo razonable, (46) lo que afecta no solo a su duración, sino también al momento en que empieza a correr. Por otro lado, simplemente añaden confusión las vicisitudes sufridas por el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004, que inicialmente regulaba los plazos de forma incomprensible (47) y, posteriormente, hasta que el ICCJ dictó su sentencia n.º 45/2016, parecía no existir plazo alguno. (48) El derecho a la tutela judicial efectiva exige que las limitaciones al derecho de acceso a los tribunales, como las que imponen los plazos, sean claras y previsibles. (49)
95. Por lo tanto, el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 presenta ciertos obstáculos para cumplir las exigencias de la efectividad, que en materia de vías de recurso también consagra el párrafo primero del artículo 47 de la Carta. Esta disposición reconoce claramente el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. Así pues, el artículo 47 no solo comprende el derecho de acceso a los tribunales (50) (en el sentido estricto de «acceso», es decir, de estar facultado para actuar), sino también la exigencia de que dicho acceso se traduzca en una protección efectiva (51) (en el sentido de que se produzca realmente algún reexamen del caso), y en este último sentido se solapa con el principio general de tutela judicial efectiva, también presente en el artículo 47. (52)
96. Por último, los hechos del presente caso también ponen claramente de manifiesto la naturaleza dudosa del recurso previsto en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004. A pesar de haber presentado tres demandas de revisión con arreglo a dicha disposición, la Sra. Călin no ha conseguido la devolución del timbre medioambiental. Y es preciso señalar que ello no se ha debido a la falta de fundamentación de su pretensión. La única vez que se ha resuelto sobre el fondo del asunto en una revisión ha sido a su favor. No pudo beneficiarse de ello por la (no) aplicación del plazo para presentar la revisión. Asimismo, el presente caso demuestra también que esta vía de recurso coarta sustancialmente los principios de seguridad jurídica y de estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas, cuya importancia ha sido claramente subrayada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (53)
98. Si el órgano jurisdiccional nacional, con su pleno conocimiento del Derecho y el procedimiento nacionales, llega a la conclusión de que el procedimiento de revisión del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 no satisface el requisito de efectividad antes esbozado, adquiere singular importancia el aspecto de las vías alternativas para obtener la restitución de los impuestos y tributos recaudados en infracción del Derecho de la Unión. A fin de asistir al órgano jurisdiccional nacional, quisiera añadir las siguientes observaciones finales.
2 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 485 de 15 de julio de 2010, en su versión modificada.
3 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 1154 de 7 de diciembre de 2004.
4 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 70 de 27 de enero de 2011.
5 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 916 de 22 de diciembre de 2011.
6 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 61 de 29 de enero de 2013.
7 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 386 de 23 de mayo de 2017.
8 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 119 de 4 de marzo de 2013.
30 De las observaciones escritas del Gobierno rumano se desprende que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, de la Ley n.º 554/2004, las disposiciones de esta última se completan, en particular, con las del Código de Enjuiciamiento Civil. Además, cabe señalar que el propio tenor del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 establece que el motivo de revisión establecido en él «se añade a los establecidos por el Código de Enjuiciamiento Civil».
34 Sin que se haya resuelto aún la cuestión, al menos en mi opinión, de si es preciso invocar una sentencia del Tribunal de Justicia (como en la práctica requería la interpretación que de la segunda frase del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 554/2004 hizo el ICCJ), o si basta con invocar la violación del principio de primacía del Derecho de la Unión, como establece el artículo 148, apartado 2, de la Constitución rumana (en su primera frase). En principio podría parecer que para activar la revisión con arreglo al artículo 21, apartado 2, no es preciso invocar una sentencia del Tribunal de Justicia. La primera frase de dicha disposición parece admitir también otros motivos (como la infracción de una directiva o reglamento que aún no haya sido interpretado por el Tribunal de Justicia, pero con los que presuntamente sea incompatible la resolución nacional sujeta a la revisión).

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 artículo 47
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 artículo 28
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 artículo 148
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