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Timestamp: 2020-08-08 12:54:53+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 103, de 05/06/2012
292/000009 Convocatoria interna de 29 de mayo de 2012 para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una plaza de Médico en el Gabinete Médico de la Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página4)
161/000636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de decretos-leyes ... (Página8)
161/000634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la licitación y ejecución de las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la Torrassa ... (Página9)
161/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para aumentar la masa máxima de los vehículos articulados ... (Página10)
161/000643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la revisión de la oferta de trenes con parada en la estación del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página11)
161/000644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tren por la costa de la Comunitat Valenciana y la llegada del AVE a Benidorm (Alicante) ... (Página12)
161/000637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la extensión de la educación física y el deporte escolar en centros docentes del municipio de La Adrada (Ávila) mediante la creación de un polideportivo cubierto con gradas ... (Página13)
161/000639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a participación internacional de las selecciones deportivas gallega, vasca y catalana ... (Página13)
161/000647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de las personas promotoras de empleo en los servicios públicos de empleo ... (Página15)
161/000633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la caducidad del expediente ambiental del cierre de la autovía orbital ... (Página16)
161/000638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación del colectivo de rederas ... (Página18)
161/000648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la propuesta de Plan Hidrológico Nacional de la cuenca del Ebro ... (Página19)
161/000635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la pobreza infantil ... (Página20)
161/000640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre aumento de silicosis por exposición a sílice cristalina . ... (Página21)
161/000641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los de los consumidores finales, cuando contraten servicios o adquieran bienes de equipo de oficina ... (Página22)
161/000646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto ... (Página23)
181/000275 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre medidas tomadas a raíz de la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF a REPSOL ... (Página25)
181/000276 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre plan de contingencia elaborado con vistas a prevenir nuevas situaciones similares, así como líneas maestras ante la situación que ha afectado a las empresas españolas REPSOL y REE en Argentina y Bolivia ... (Página25)
181/000277 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre constancia que tiene el Gobierno de la posibilidad de que situaciones similares puedan afectar a otras empresas españolas en latinoamérica tras los sucesos de las expropiaciones de YPF en Argentina y de TDE en Bolivia ... (Página25)
181/000278 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si su actuación, en el proceso de la expropiación de YPF llevada a cabo por el Gobierno argentino, ha sido positiva para las inversiones y los inversionistas españoles en Argentina, así como sobre si se dio una respuesta oral de supuesta dureza ... (Página25)
181/000279 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre actuaciones en relación con el conflicto surgido a raíz de la expropiación de YPF por el Gobierno argentino y después de lo dicho y anunciado por distintos miembros del Gobierno de España ... (Página26)
181/000274 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Secretario de Estado de Seguridad referidas al exjuez Baltasar Garzón y a las circunstancias en torno a la reducción de escolta al mismo ... (Página26)
181/000280 Pregunta formulada por los Diputados don Francisco Xesús Jorquera Caselas y doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre disposición del Gobierno a permitir que las selecciones deportivas gallegas, catalanas y vascas participen en las competiciones internacionales ... (Página26)
181/000282 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre motivos por los que el Gobierno pretende liquidar la actividad de la minería del carbón en España ... (Página26)
181/000273 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre razones de la exclusión del olivar de los beneficios de la Orden HAP/848/2012, por la que se reducen los índices de rendimiento neto de la estimación objetiva del IRPF, para las actividades agrícolas y ganaderas ... (Página26)
181/000281 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre motivos por los que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ASAN) ha decidido adquirir un nuevo cromatógrafo de líquidos por 252.944,80 euros cuando ya existen en el laboratorio dos equipos con funciones semejantes ... (Página27)
292/000009
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MÉDICO EN EL GABINETE MÉDICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 29 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha acordado la convocatoria interna para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una plaza de Médico en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
La plaza estará dotada con la remuneración que se fije por la Mesa del Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
Primera. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias del ejercicio de la profesión de Médico al servicio de los señores Diputados y del personal de la Cámara.
b) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, junto con el de Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina Interna.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado, por cualesquiera causas, para el ejercicio profesional en el desempeño de funciones públicas.
Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados, que estará integrada por los siguientes miembros:
- Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.
- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.
- La Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
- Un Catedrático de la Facultad de Medicina.
- Un Médico del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados o del Senado, que actuará como Secretario.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como anexo I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los Diputados, y se presentarán en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en el plazo de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a su publicación en el "BOCG. Congreso de los Diputados", en días laborables, excepto sábados, de las 10:00 a las 14:00 horas, o remitirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El candidato consignará en la solicitud su nombre y apellidos, número de DNI, domicilio, teléfono y demás datos reflejados en el modelo de solicitud. En particular deberá manifestar de manera clara y expresa el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finali
zación del plazo señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberá expresar necesariamente el título que aduce para participar en el proceso de selección, así como los méritos que pretende hacer valer en el mismo, los cuales deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes. Por último deberá acompañar fotocopia del documento nacional de identidad.
El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de resultar seleccionado, presentará los documentos previstos en la base décima y que asume el compromiso de firmar el correspondiente contrato e incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa de la Cámara autorizando su contratación.
El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación al organismo convocante de cualquier cambio de dicho domicilio.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el "BOCG. Congreso de los Diputados", en el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la misma. A efectos de lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
El proceso de selección constará de dos partes:
a) Valoración de los méritos a que se refiere la base séptima de la convocatoria, y
b) Realización de una entrevista personal.
1. Experiencia en atención primaria, en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o en la de Medicina Interna fuera del Congreso de los Diputados. Se valorará con 0,25 puntos cada mes de experiencia acreditada documentalmente, hasta un máximo de 15 puntos.
2. Experiencia en el ejercicio de la Medicina en el Congreso de los Diputados. Se valorará con 0,5 puntos cada mes de servicio en la Cámara en el ejercicio de la Medicina, hasta un máximo de 20 puntos.
3. Formación. Se valorarán los cursos de carácter oficial, directamente relacionados con la atención primaria, la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, o la de Medicina Interna, hasta un máximo total de 5 puntos, en los siguientes términos:
- Cursos de duración entre diez y treinta horas lectivas: 0,25 puntos por cada uno de ellos.
- Cursos de duración superior a treinta horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno de ellos.
4. Asistencia a Congresos, Jornadas o Simposios relacionados con la atención primaria, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o la de Medicina Interna. Se valorarán con 0,25 puntos cada uno de ellos hasta un máximo de 2 puntos.
Los méritos deberán acreditarse documentalmente, mediante la aportación, junto con la solicitud, de los documentos originales y copia de los mismos para su compulsa, dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Concluida la valoración de méritos, la Comisión de Selección hará publica en el tablón de anuncios de la Cámara, y en la página Web de la misma, la relación de las puntuaciones obtenidas en la misma por los candidatos admitidos al proceso de selección.
Octava. Entrevista personal.
Los aspirantes que alcancen, al menos, una valoración total de méritos de 20 puntos serán convocados por la Comisión de Selección para la realización de la entrevista personal.
Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los aspirantes, funciones específicas del puesto convocado y, en general, sobre aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la documentación aportada por el aspirante para justificar los méritos aducidos.
Novena. Aspirante propuesto.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección hará público, en el tablón de anuncios de la
Cámara y en la página Web de la misma, el nombre del candidato cuya contratación se proponga.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga público el nombre del aspirante propuesto para su contratación, este deberá presentar en la Dirección Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados la documentación que justifique la capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, y, en particular, los siguientes:
b) Documento original del título por el que haya sido admitido a participar en el proceso selectivo, con arreglo a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria, y fotocopia del mismo para su compulsa.
Si el candidato propuesto no presentase la citada documentación dentro del plazo fijado, salvo caso de fuerza mayor, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base segunda, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados acuerde la autorización para la contratación, el órgano competente procederá a la notificación al interesado de dicho acuerdo, y se procederá a la formalización del contrato dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de dicha notificación.
Transcurrido el periodo de prueba de seis meses, el candidato contratado que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
161/000636
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre elaboración de decretos-leyes, para su debate en la Comisión Constitucional.
El artículo 86.1 de la Constitución establece que: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes".
El Tribunal Constitucional, de forma reiterada, ha señalado que la apreciación de la "extraordinaria y urgente necesidad", presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma, corresponde de forma discrecional al Gobierno, dado su carácter político y, en su caso, será evaluado por el Congreso de los Diputados al proceder a su convalidación.
No obstante, esa discrecionalidad no puede ser arbitrariedad. De hecho, el TC (SSTC 29/1982, 6/1983, 68/2007...) no descarta, en caso de uso abusivo y arbitrario de esta posibilidad, rechazar la valoración que hagan los órganos políticos a este respecto. En palabras del propio TC, el presupuesto habilitante del decreto-ley no puede convertirse "en una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueve libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes" (STC 68/2007, de 28 de marzo).
Y es que, en una democracia parlamentaria, el recurso a esta figura normativa es, en el esquema clásico de fuentes del derecho y de división de poderes, o debe ser, absolutamente extraordinario. La regla ha de ser que las normas generales que regulan la convivencia sean elaboradas por el órgano que representa al titular de la soberanía (el Parlamento, el poder legislativo) y que sólo por razón de urgencia pueda el poder ejecutivo elaborar este tipo de normas jurídicas.
Lo contrario, altera el papel de los grupos parlamentarios en la elaboración de las normas legales y limita extraordinariamente la función de la Cámara y del legislador, para debatir y formular las leyes. La facultad de enmienda puede desaparecer, el debate se limita a un solo debate en Pleno, suprimiéndose las fases de ponencia y comisión que tan fructíferas pueden llegar a ser desde el punto de vista de enriquecimiento del texto y de búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas, se suprime la fase de lectura en el Senado... Todo ello, salvo que, tras la convalidación del decreto-ley, se acepte por la mayoría parlamentaria su tramitación como proyecto de ley, una posibilidad que también está resultando imposible durante la presente Legislatura.
Somos conscientes de que esta es una práctica bastante habitual a todos los gobiernos. Mucho más en tiempos de decisiones que requieren rapidez. Nadie pone en duda la extraordinaria situación que atraviesa el país y que explica o justifica alguno de estos decretos-leyes (por ejemplo, los relativos a medidas en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público o al saneamiento del sector financiero...), pero no todos. Muchos de estos decretos-leyes tienen una justificación, como poco, dudosa. Es difícil encontrar la "extraordinaria y urgente necesidad", en el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, o en el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
El Gobierno ha enviado, en lo que va de Legislatura, al Parlamento, 19 decretos-leyes para su convalidación y tan solo seis proyectos de ley. De los seis proyectos de ley, cinco tienen vedada la posibilidad de tramitarse como decreto-ley, pues se refieren a materias (Ley Orgánica o Ley de Presupuestos Generales del Estado) que el propio texto constitucional reserva a la ley (arts. 81 y 93 CE y 134 CE, respectivamente).
También parece excepcional para el Gobierno la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, tras su convalidación, tal y como prevé el artículo 86.3 CE (esa ha sido hasta la fecha la conducta del grupo parlamentario que apoya al Gobierno). En consecuencia, las facultades y derechos de los parlamentarios y de los grupos de los que forman parte se ven enormemente mermadas.
Por último, y sin entrar en un análisis detallado del contenido de estos decretos-leyes, se plantea una duda más que razonable sobre si afectan o no a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, posibilidad que prohíbe el artículo 86.1 CE. Este es el caso, por ejemplo, de los Decretos-leyes 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que han alterado gravemente el ejercicio de los Derechos Educativos y Sanitarios de los españoles.
(1) Recurrir a la excepcional figura normativa del decreto-ley solo en aquellos supuestos en que, efectivamente, exista una extraordinaria y urgente necesidad, tal y como dispone el artículo 86 de la Constitución Española, y a procurar, en su caso, la tramitación posterior de los mismos como proyectos de ley
(2) Evitar el uso del decreto-ley en todos aquellos casos en los que los derechos de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la CE resulten afectados directa o indirectamente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2012.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000634
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente proposición no de ley sobre la licitación y ejecución de las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la Torrassa, para su debate en la Comisión de Fomento.
La red de cercanías de Barcelona representa, a día de hoy, un elemento central para la movilidad y el transporte de pasajeros entre esta ciudad y el resto de ciudades de su área metropolitana.
Actualmente, esta red de cercanías cuenta con una longitud de 467 kilómetros y un total de 108 estaciones que sirven a RENFE Operadora para prestar un servicio que utilizan, a diario, cerca de 400.000 personas.
En concreto, la red cuenta con ocho líneas:
R-1: Molins de Rei-Maçanet-Masanes.
R-2: Castelldefels-Granollers Centre.
R-2 Nord: Aeroport-Maganet-Massanes.
R-2 Sud: Sant Viceng de Calders-Barcelona Estació de França.
R-3: L'Hospitalet-Puigcerdà.
R-4: Sant Vicenç de Calders-Manresa.
R-7: Barcelona Sant Andreu Arenal-Cerdanyola Universitat.
R-8: Martorell-Granollers Centre.
Excepto las dos últimas, todas estas líneas transitan a través de los dos únicos túneles que existen en Barcelona, el de Passeig de Gràcia y el túnel de la Plaça de Catalunya.
Para mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria catalana, incluyendo el servicio de Cercanías, el Ministerio de Fomento firmó junto con el Departament de Política Territorial i Obres Públiques un protocolo de actuaciones el 28 de diciembre de 2006.
Fruto de ese acuerdo, y del resto de actuaciones llevadas a cabo, el Gobierno central ha ejecutado, durante los últimos ocho años, un total 7.236 millones de euros en la red ferroviaria catalana, frente a los 2.324 ejecutados en el periodo 1996-2004. Es decir, un 211 por ciento más que en los ocho años anteriores.
Entre otras actuaciones, esta inversión permitió liberar del tráfico de mercancías (unos 40 trenes diarios) a las líneas R2 y R4 con la puesta en servicio, en febrero de 2007, del nuevo ramal para mercancías Castellbisbal-Can Tunis y Morrot. Esto permitió, además, eliminar el paso de mercancías por zonas urbanas en las poblaciones por las que discurren estas líneas.
Por otro lado, en febrero de 2009, el Gobierno aprobó el Plan de Infraestructuras de Cercanías de Barcelona, con vigencia 2008-2015 y una inversión prevista de 4.000 M?.
Como resultado de este Plan, durante sus tres primeros años de vigencia se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
La modernización de las infraestructuras existentes, con más del 50 por ciento del programa correspondiente en marcha.
La modernización de estaciones, que ha permitido actuar en más de un 80 por ciento de ellas en toda la red de cercanías.
Así como la construcción de nuevos intercambiadores y estaciones. Este es el caso del intercambiador de Sagrera-Meridiana y de la estación de Terrassa Est.
A todo ello hay que añadir el traspaso de competencias de las Cercanías de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, que se produjo el 1 de enero de 2010, así como el traspaso de competencias de los servicios de Media Distancia en Cataluña, que se produjo justo un año más tarde.
El conjunto de estas actuaciones han permitido mejorar el servicio de la red de cercanías, aunque todavía persisten algunas dificultades estructurales que conviene subsanar:
- Por un lado, las insuficiencias de la infraestructura actual, básicamente debido a las limitaciones de capacidad de los túneles de Barcelona, lo que impide introducir cualquier aumento de circulaciones en la red. Esto es especialmente grave en el caso del túnel de Plaça Catalunya, que es el que presenta un mayor grado de saturación.
- Por otro lado es necesaria una nueva reestructuración de la red que permita la conexión costa-costa e interior-interior.
Ambos problemas se solventarían con la construcción del intercambiador de la Torrassa unido al túnel previsto en la línea de Vilanova (R-2) a su paso por L'Hospitalet de Llobregat. Esta obra permitiría la translación de las líneas de Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedés, de manera que los tránsitos ferroviarios pudieran circular en el sentido costa-costa e interior-interior. Por otro lado, esta traslación de líneas permitiría equilibrar la carga en los túneles que atraviesan Barcelona y, por tanto, mejorar la frecuencia del servicio en algunas líneas.
Por esta razón, el ya mencionado protocolo firmado en 2006 entre el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya incluyó el túnel de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat entre sus obras prioritarias. Esta actuación incluye, además, el soterramiento de la estación de Bellvitge y el intercambiador de la Torrassa, con una estimación de uso de unos 90.000 usuarios diarios.
Según la información disponible, los estudios y proyectos para esta infraestructura prioritaria están completados y, por tanto, sólo sería necesario que el Gobierno procediera a licitación de las obras dotándolas de los recursos necesarios para su ejecución.
Para ello, no sería necesario un incremento del volumen de inversión prevista por parte del Ministerio de Fomento, sino tan solo que el Gobierno diera cumplimiento a lo que prevé la disposición tercera del Estatut de Catalunya.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar e iniciar las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la Torrassa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2012.-Carme Chacón Piqueras, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Proposición no de Ley Para aumentar la masa máxima de los vehículos articulados.
Uno de los temas que más preocupan actualmente al conjunto de empresas usuarias de transporte, en los distintos ámbitos productivos, es la mejora de su eficiencia. La posibilidad de incrementar con carácter general el peso máximo de los vehículos de transporte de mercancías hasta los 44 TM, es una hipótesis de trabajo que va ganando terreno de forma paulatina.
En países como Italia o Francia ya se han realizado avances en este sentido, y en otros de países no tan cercanos, de la propia Unión Europea, también. Además hay que tener en cuenta que la directiva europea aplicable no limita la masa máxima autorizada en el transporte interior.
La competencia normativa para modificar el actual régimen de pesos máximos de mercancías es estatal. Se encuentra contenida en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
En concreto, su anexo IX determina la masa máxima permitida para los vehículos pesados:
"Vehículos articulados de 5 o más ejes:
Vehículo motor con 2 ejes y con semirremolque de 3 ejes ;40
Vehículo motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 ó 3 ejes ;40
Vehículo motor de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y homologado para el transporte combinado ;42
Vehículo motor de 3 ejes con semirremolque de 2 ó 3 ejes llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y homologado para el transporte combinado ;44."
Para masas superiores y solo si la masa es indivisible, se puede obtener autorización especial de circulación.
El aumento de la masa máxima autorizada hasta las 44 TM en vehículos articulados (tractores más semirremolques) presenta significativos beneficios tanto económicos, sociales como medioambientales. Así se consigue un mayor ahorro energético, un ahorro de las emisiones contaminantes, una reducción de la congestión, un mejor aprovechamiento de la flota así como un incremento de la competitividad del sistema.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de la flota de camiones es de dos ejes, con lo cual con la normativa vigente sólo una parte pequeña de la misma puede llegar a la masa máxima.
1. Modificar el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, con el fin de permitir las 44 TM como masa máxima permitida a los vehículos articulados de cinco o más ejes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000643
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión de la oferta de trenes con parada en la Estación del Aeropuerto de Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Aeropuerto de Jerez de la Frontera cuenta desde septiembre de 2011 con una estación ferroviaria, de manera que es uno de los tres aeropuertos de España con conexión directa a una red de Cercanías.
La nueva estación del Aeropuerto, que ha supuesto una inversión de 11,3 millones de euros, está ubicada a algo más de 150 metros de la Terminal y cuenta con un pasillo peatonal para el acceso entre ambos puntos.
La puesta en marcha de esta nueva estación refuerza la conectividad entre el ferrocarril y el avión, facilitando una cómoda accesibilidad a ambos medios de transporte por parte de los ciudadanos y de los turistas y visitantes.
De esta manera, se ha aumentado el valor y el potencial de crecimiento del Aeropuerto, porque la estación ferroviaria complementa un servicio de transporte eficaz que cubre los principales destinos de la provincia.
La nueva estación, incluida en la línea C-1 de los Cercanías de Cádiz, comenzó a funcionar con una oferta diaria de trenes que circulan a primera hora de la mañana, a mediodía y durante la tarde.
La oferta se completa con dos trenes de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz.
Transcurridos unos meses desde la entrada en funcionamiento de la nueva estación, la realidad cotidiana evidencia que es necesaria una revisión de los horarios fijados inicialmente, ampliando las franjas del día en las que los usuarios del Aeropuerto pueden hacer uso del tren para sus desplazamientos.
El aumento de la oferta diaria de trenes procedentes de la Línea de Cercanías C-1 o del trayecto de Media Distancia Sevilla-Cádiz no supondría un coste económico, por cuanto estos ferrocarriles pasan por este destino.
Por el contrario, el incremento de la frecuencia de paradas prestaría un mejor servicio a la ciudadanía, optimizando de esta manera una infraestructura ferroviaria de gran importancia tanto para la movilidad de los residentes en la provincia como para su desarrollo turístico.
Este Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados considera que es preciso acometer una revisión de la oferta diaria de trenes en la Estación del Aeropuerto de Jerez.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a revisar la oferta diaria de trenes con parada en la Estación del Aeropuerto de Jerez, incrementando la frecuencia tanto de los trenes procedentes de la Línea de Cercanías C-1 como del trayecto de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000644
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Tren por la Costa de la Comunitat Valenciana y la llegada del AVE a Benidorm, para su debate en la Comisión de Fomento.
El 11 de octubre de 2011, el Ministerio de Fomento y la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, firmaron el protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa Valencia-Alicante.
El protocolo tiene por objeto establecer el marco general, las pautas y la metodología que deben regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y las entidades públicas ADIF, RENFE-Operadora y GTP para la realización de los estudios técnicos y económicos necesarios para el desarrollo del mencionado corredor ferroviario.
El Tren de la Costa entre Valencia y Alicante es la conexión ferroviaria de los municipios litorales de dicho ámbito territorial, Valencia-Gandía-Denia-Benidorm-Alicante. El trazado Valencia-Cullera-Gandía forma parte de la red ferroviaria de interés general del Estado y se encuentra en funcionamiento en vía doble entre Valencia y Cullera y en vía única entre Cullera y Gandía. La futura infraestructura ferroviaria entre Gandía y Alicante será objeto de desarrollo en los términos previstos en el Protocolo.
Las actuaciones incluidas en el protocolo se debían iniciar en un plazo de cuatro meses. Se debía realizar estudios de demanda, rentabilidad y de previsión de tráficos, así como el estudio informativo previo a la redacción de proyectos. Para su realización, se tendrán en consideración los estudios previos realizados por la Generalitat Valenciana.
Respecto a la financiación, los estudios informativos serían licitados y financiados por el Ministerio de Fomento, mientras que los estudios de demanda, rentabilidad, y previsión de tráficos los licitaría y financiaría la Comunidad Valenciana.
Las partes podrán convenir la creación de una sociedad mixta para la administración y explotación del nuevo corredor, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario y sin integrar la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad, que se llevará a cabo por ADIF.
Los acuerdos incluidos en el protocolo requerirán su desarrollo a través de los correspondientes convenios que se suscribirán entre las entidades intervinientes, a medida que se vaya avanzando en los estudios técnicos y económicos.
Para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas, se creó además una comisión de seguimiento del protocolo presidida por el Ministerio de Fomento y formada por el director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, el director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana, el director general de Operaciones e Ingeniería de ADIF, el director General de Viajeros de RENFE-Operadora y el director Gerente de GTP.
A día de hoy no consta acción alguna por parte del Gobierno de España, ni por la Generalitat Valenciana, incluso se rechazó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para incluir la financiación en una partida propia de los compromisos del Gobierno referente a los estudios.
Los estudios podrían contemplar la ejecución de la obra en tres fases, siendo prioritarias los tramos Fase 1 Gandía-Oliva-Dénia y Fase 2 Alicante-Benidorm. La tercera fase sería el tramo Dénia-Benidorm.
Por otro lado, teniendo en cuenta que esta nueva vía será de ancho internacional, permitiendo que por la misma pudiera circular trenes AVE, debería realizarse los estudios pertinentes para que pudiera existir tanto una lanzadera AVE Alicante - Benidorm, como una conexión de esta nueva vía con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Alicante-Elche-Murcia que permitiera establecer servicios directos entre Norte de España-Madrid-Benidorm.
Si tenemos en cuenta de que en breve se concluirán grandes inversiones en la Comunidad Valenciana, con la consecuente caída de la inversión por habitante por parte del Gobierno y el aumento más si cabe de la brecha con la media nacional de inversión por habitante, así como la previsible rentabilidad y retorno de estas inversiones, es coherente esta petición y asumible incluso en el contexto económico actual.
1. Cumplir el protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa Valencia-Alicante.
2. Incluya en la planificación de explotación de esa línea férrea la creación de un servicio de Renfe AVE Alicante-Benidorm, así como un nudo ferroviario de ADIF ente la vía del Tren de la Costa Valencia-Alicante y la LAV Madrid-Alicante, que permitiría servicios de Renfe directos Norte de España-Madrid-Benidorm."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Joaquim Puig Ferrer, Gabriel Echávarri Fernández y Federico Buyolo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000637
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión de la educación física y el deporte escolar en centros docentes del municipio de La Adrada (Ávila) mediante la creación de un polideportivo cubierto con gradas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Consejo Superior de Deportes, inició un Plan, cuyo nombre completo es de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en Centros Docentes no Universitarios, más conocido por el nombre de Plan Escolar. Esa importante iniciativa política ha permitido, a lo largo de estos años, dotar a muchos centros de enseñanza públicos de Primaria y Secundaria de los medios necesarios para impartir la Educación Física y, además, ha fomentado el hábito deportivo a través del deporte como actividad extraescolar.
Con ello se ha contribuido, también, en muchos municipios a la creación de una importante infraestructura de instalaciones deportivas al servicio de toda la colectividad.
El Municipio de La Adrada (Ávila), ubicado en el Valle del Tiétar, cuenta aproximadamente con 2.700 habitantes empadronados, cifra que se incrementa sustancialmente en vacaciones y fines de semana por su cercanía a Madrid. Sus instalaciones deportivas son deficientes y obsoletas, a todas luces insuficientes para atender a la población escolar y al resto de los vecinos.
En La Adrada hay un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, para los alumnos del municipio, y un Instituto de Educación Secundaria, que atiende a los alumnos del municipio y otros pueblos de la zona. La realización de las actividades deportivas se realiza en una antigua instalación, totalmente insuficiente que, además, no puede albergar actividades extraescolares por carecer de espacios, a lo que se suma la ausencia de gradas para el público.
Una solución definitiva para esta problemática la constituiría la incorporación del Municipio de La Adrada al Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en Centros Docentes no Universitarios, o cualquier otros que le sustituya o complemente, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de La Adrada, a los efectos de dotar al municipio de un nuevo polideportivo cubierto con gradas, donde pueda impartirse la educación física de los centros escolares y realizarse las actividades deportivas extraescolares del municipio.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar al Municipio de La Adrada al Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en Centros docentes no Universitarios, o cualquier otros que le sustituya o complemente, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de La Adrada, a los efectos de dotar al municipio de un nuevo polideportivo cubierto con gradas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y don Francisco Xesús Jorquera Caselas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Pro
posición no de Ley, relativa a participación internacional de las selecciones deportivas gallega, vasca y catalana, para su debate en Comisión.
El pleno desarrollo del deporte gallego hace necesario que los combinados deportivos gallegos, en representación de las respectivas federaciones deportivas gallegas, puedan intervenir y competir en el plano estatal e internacional como ya lo hacen las representaciones deportivas de otras naciones europeas.
La prohibición de la presencia internacional de las selecciones deportivas de Galicia, Euskadi o Cataluña carece de base constitucional alguna y es, simplemente, resultado de un esquema político centralista, de dudoso encaje con la competencia exclusiva asumida por Galicia en materia de "promoción deportiva y adecuada utilización del ocio" (art. 27.22 del Estatuto de Autonomía de Galicia).
Por otro lado, la exclusividad reclamada por el Estado en materia de presencia y organización de competiciones deportivas internacionales no puede ampararse en la competencia estatal en materia de "relaciones internacionales" (art. 149.1.13 CE), dado que esta se circunscribe -tal y como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de establecer en diversas ocasiones- estrictamente al "ius legationis" (es decir, a la representación diplomática y consular), y al ius ad tractatum (es decir, al poder de obligar internacionalmente al Estado a través de tratados o convenios internacionales): Ninguna de estas dos potestades es invadida si la selección gallega participa, en representación de la correspondiente federación deportiva, en competiciones de ámbito estatal o internacional.
Además, la presencia de una única selección deportiva por cada Estado no es una norma obligatoria a nivel internacional. Al contrario, en diversos Estados se constata la existencia de distintas selecciones nacionales, en consonancia con su carácter plurinacional. Esta circunstancia está especialmente asumida en el ámbito de la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo aprobó la incorporación de un nuevo Considerando al Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional [12175/1/2001 - C5-0067/2002 - 2001/0824(CNS)], que hacía expresa referencia a la presencia a nivel internacional de selecciones nacionales de las entidades nacionales de los Estados miembros: "Los equipos de fútbol nacionales no representan necesariamente a las mismas entidades nacionales que representan los Estados miembros, y deberían tenerse en cuenta las distintas tradiciones y culturas futbolísticas existentes en aquellos Estados miembros representados en el fútbol internacional por más de un equipo nacional".
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en su momento por el Gobierno central contra la Ley del Deporte vasco, abre una puerta a la posibilidad legal de que las federaciones gallegas representen al deporte gallego en todos los ámbitos, también en las competiciones internacionales.
Es ya el momento de romper complejos, de terminar con las visiones cerradas que no se corresponden con los tiempos que vivimos y superar esquemas políticos de otros tiempos. Consiste en definitiva, en dar normalidad democrática al mundo del deporte.
No hay nada negativo en impulsar la presencia del deporte gallego, catalán y vasco en el ámbito internacional, potenciando así las selecciones nacionales y que sean dichas federaciones las que representen el deporte de Galicia, Catalunya y Euskadi. Es perfectamente compatible con la existencia de las selecciones deportivas españolas.
Sin embargo, desde la Administración central se mantuvo desde siempre una posición contraria a que las federaciones deportivas gallegas, catalanas y vascas tengan presencia en las competiciones internacionales, tanto en deportes en los que no exista Federación española o coexistiendo con la Federación española en los deportes en los que está presente.
No se trata de una demanda surrealista ni ilógica puesto que se puso en práctica en otros estados. Sin olvidar que como reconoce el mismo Tribunal Constitucional, las federaciones internacionales deportivas tienen carácter privado.
Galicia, Catalunya y Euskadi tienen derecho a disponer de su propia selección nacional como nacionalidades históricas que son. La actitud de una democracia avanzada y madura es la del respeto y convivencia libre con realidades nacionales existentes en el propio Estado español. Restringir, coaccionar o sancionar, como en el caso de los deportistas a los que se amenazó con la retirada de la licencia federativa en caso de negarse a jugar con la selección española, no es el camino que debe seguirse.
La senda debería ser la del reconocimiento de las selecciones deportivas gallegas, catalanas y vascas. Sirvan de testimonio las experiencias deportivas realizadas entre diferentes modalidades deportivas de Galicia y otros países. Un ejemplo son los partidos de fútbol jugados contra Uruguay, Palestina o El Sáhara. Y nada extraño ni disonante ha habido en estas experiencias.
1. Permitir y realizar las actuaciones precisas para que las selecciones deportivas gallegas reciban reconocimiento internacional a través de su integración en las competiciones internacionales que las administraciones deportivas gallegas consideren oportunas.
2. Apoyar la posibilidad de que las federaciones gallega, catalana y vasca se integren directamente en
las entidades internacionales competentes, realizando las modificaciones normativas y organizativas necesarias para facilitar dicha integración; adoptando las actuaciones necesarias para que las selecciones nacionales vascas, catalanas y gallegas de las diferentes modalidades deportivas reciban reconocimiento internacional mediante su integración en los organismos internacionales; y efectuando cuantas medidas sean necesarias para posibilitar esa integración
3. Acometer las modificaciones normativas necesarias para permitir a las selecciones deportivas vascas, catalanas y gallegas competir internacionalmente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputados.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000647
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de las personas promotoras de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo.
En el Estado español, el país con más paro de toda la UE, hay un trabajador del Servicio Público de Empleo por cada 189 personas desempleadas; cifra alarmantemente baja si se compara con el trabajador público por cada 12 desempleados de Francia o el trabajador público por cada 50 personas desempleadas que destina de media la UE-27.
Al inicio de la crisis económica, con un exponencial crecimiento del desempleo, el Gobierno intentó tomar medidas para paliar esta grave deficiencia de los Servicios Públicos de Empleo. En primer lugar, se aprobó el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, entre las que se encuentra un Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral para profundizar en las políticas activas de empleo transferidas a las Comunidades Autónomas, consistente en reforzar con personal los Servicios Públicos de Empleo y orientar a los parados en la búsqueda de empleo. La dotación presupuestaria de este Plan permite la contratación de 1.500 técnicos que desempeñan la función de tutores-orientadores y entre sus tareas principales realizan itinerarios personalizados de inserción a desempleados para ayudarles a encontrar trabajo y volver a la vida activa, además de reforzar las oficinas de empleo.
La situación del desempleo seguía agravándose y las necesidades de personal en los SPE se hacían más evidentes. Por ello, se impulso la contratación de 1.500 promotores de empleo para reforzar los servicios públicos de empleo autonómicos. Dicha medida se establece en el artículo 15 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, y cuya vigencia se fija entre el 2 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
Los términos del artículo 15 del Real Decreto-ley 13/2010 son los siguientes:
"Artículo 15. Medida para el refuerzo de la atención a la demanda y oferta de empleo en el Sistema Nacional de Empleo.
Con el fin de reforzar la atención a las personas demandantes de empleo y a las empresas que ofertan empleo, se aprueba la medida consistente en la incorporación de 1500 personas como Promotoras de Empleo, que realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.
Respecto de la gestión por las comunidades autónomas de esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal."
Cabe destacar las importantes funciones y actuaciones encomendadas a los 1.500 Promotores de Empleo que se especifican de forma pormenorizada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 13/2010, en los siguientes términos:
"Artículo 17. Actuaciones a desarrollar.
2. Las actuaciones anteriores se dirigirán, prioritariamente, a los colectivos que se determinen en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo."
A pesar de ello, el Gobierno introdujo una modificación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo en texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012. En la disposición final decimocuarta del proyecto se propone modificar el plazo de vigencia de la contratación de las personas promotoras hasta el 30 de junio de 2012, recortando en medio año la duración del contrato establecida por el Real Decreto 13/2010.
La justificación de esta medida por parte del Gobierno es únicamente económica. La realidad es que el impacto económico de reducir durante 6 meses el servicio que prestan los 1.500 promotores de empleo es muy reducido y, sin embargo, el servicio que prestan puede tener importantes consecuencias para el acompañamiento y asesoramiento de las personas desempleadas. Además, las personas que estaban contratadas por parte de las comunidades autónomas para prestar dicho servicio serán víctimas de la inseguridad jurídica que genera una decisión sorpresiva e injustificable del Gobierno del Estado, ya que contaban con la posibilidad de acabar su contrato.
La realidad es que este recorte se enmarca en una estrategia del Gobierno que pivota sobre dos ejes: En primer lugar, la privatización de servicios como sucede en este caso con la intermediación en el mercado laboral, reduciendo a su mínima expresión la intermediación pública. En segundo lugar, la recentralización de competencias, en este caso la gestión de la medida de la contratación de las personas promotoras se ha realizado por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo.
Todo ello hace pensar que las 1.500 personas contratadas como orientadoras, según lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, entre las que se encuentra un Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral podrían no continuar en 2013. La contratación de estas 1.500 personas fue prorrogada por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
A la práctica, los 3.000 promotores y orientadores realizaban similares tareas y constituían uno de los pilares de los SPE para garantizar un servicio lo más adecuado posible a las personas desempleadas. El trabajo diario de estos 3.000 técnicos, Grupos Al y A2, se centra en la atención personalizada a los diferentes colectivos de desempleados, entre otros el colectivo prepara, atendiendo las singularidades que presenta cada desempleado para fijar como objetivo un itinerario personal, formativo y profesional que permita diseñar de forma individualizada una agenda activa en la búsqueda de empleo. Y todo ello, en el marco del desarrollo competencial de los Servicios Públicos de Empleo para ajustar las demandas de empleo a las ofertas de trabajo.
1. Garantizar el cumplimiento de la Ley 13/2010 y, en consecuencia, asegurar que las 1.500 personas contratadas como promotoras no finalizan su contrato en ningún caso antes del 31 de diciembre del 2012.
2. Que se establezca una mesa de diálogo con los gobiernos de las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2015 el Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, en lo referente a la contratación de orientadores, así como la contratación de los 1.500 promotores y promotoras.
3. Que garantice una dotación presupuestaria digna de los Servicios Públicos de Empleo para equiparar el Estado español a la media de la UE en gasto público de políticas activas de empleo y de ratio de profesionales dedicados a la atención de cada persona desempleada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000633
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la caducidad del expediente ambiental del Cierre de la Autovía Orbital, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El pasado 10 de abril, ADENC, en representación de la Campaña contra el Cuarto Cinturón, formada por 279 entidades, solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que declare la caduci
dad del expediente ambiental del Cierre de la Autovía Orbital referente al estudio informativo del segundo tramo entre Terrassa y La Roca del Vallès.
De acuerdo con la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, la evaluación a caducado.
El apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2008 establece:
"En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, el plazo para la realización del conjunto de las actuaciones de la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) a que e refiere el artículo 5.2, no podrá exceder de dieciocho meses contado desde que el promotor reciba la notificación sobre la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.
Si las causas fueran imputables únicamente al órgano sustantivo o conjuntamente a este y al promotor, el órgano ambiental resolverá motivadamente, de oficio o a petición del órgano sustantivo, si procede el archivo del expediente o la ampliación del plazo hasta un máximo de nueve meses."
El apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2008 establece:
"Los plazos para remitir el expediente al órgano ambiental y para formular la declaración de impacto ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma, sin que estos puedan tener un techo máximo para la realización de la fase 2 inferior a dieciocho meses.
El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses para formular la declaración de impacto ambiental, contados a partir de la recepción del expediente completo, según lo dispuesto en el artículo 10.2. La recepción del expediente por parte del órgano ambiental será notificada por dicho órgano al promotor en un plazo de quince días desde su recepción, sin perjuicio de su publicación en la página web del órgano ambiental."
Es decir, que la ley establece que el órgano promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) tiene dieciocho meses a contar desde la finalización del plazo de información pública (acabó el 9 de octubre de 2010) para enviar al órgano ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) el expediente de información pública para que emita la declaración de impacto ambiental (DIA).
Los dieciocho meses finalizaban el 9 de abril de 2012. Una vez declarado caducado el expediente, o archivado, y si la administración continúa queriendo impulsar esta infraestructura, habría que volver a iniciar el procedimiento ambiental del Cuarto Cinturón para garantizar los objetivos de máximo respeto a los valores ambientales del territorio. De no ser así, se estaría vulnerando de nuevo la legalidad y se pondría en duda la voluntad de llevar a cabo un proceso con todas las garantías.
Esta situación es, en parte, fruto de una anterior decisión equivocada tomada en 2010 y es un nuevo episodio que pone en duda que la tramitación del proyecto de "cierre de la autovía Orbital de Barcelona" se esté realizando dentro de los cauces de la legalidad vigente. Con la Resolución de 23 de julio de 2010, el MARM conservó las consultas ambientales de los expedientes realizados en 2004, que habían sido declarados caducados unos meses antes de la propia resolución de 23 de julio. Tanto la campaña contra el Cuarto Cinturón como el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat presentaron recursos ante dicha chapuza legal y política.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que archive el expediente ambiental del Cierre de la Autovía Orbital referente al estudio informativo del segundo tramo entre Terrassa y La Roca del Vallès."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la situación del colectivo de rederas, para su debate en Comisión.
Tradicionalmente, el trabajo de tejer redes para su uso en las artes de pesca no tuvo nunca la consideración de actividad económica. Por tanto, tampoco el reconocimiento de los derechos económicos y sociales propios de su actividad laboral. Con toda seguridad, la falta de reconocimiento de esta necesaria actividad se debe al hecho de que se trata de un trabajo realizado, fundamentalmente por mujeres.
Han sido las mujeres rederas las que han conseguido, con su lucha y esfuerzo, dignificar una profesión que, además de formar parte de la singularidad cultural de los pueblos costeros, es fundamental en la actividad pesquera. Tal dignificación significa que se le han reconocido derechos como el acceso a la Seguridad Social, un derecho que necesariamente debe llevar aparejado el derecho a una remuneración justa.
Desde hace algunos años, y para poder acceder a esos derechos y trabajar como corresponde a toda profesión debidamente regulada, la mayoría ha optado por constituirse en cooperativa. Hay que señalar que en Galicia el número de rederas asciende a más de 200.
Uno de los problemas que está afectando a este colectivo de trabajadoras es el alto grado de intrusismo profesional que se está produciendo y que esta poniendo en peligro al sector profesionalizado ya que no puede competir en precios por tener que afrontar los gastos que corresponden a la Seguridad Social u a otros impuestos de aplicación en este sector.
Reclaman que la Administración actúe en materia de inspección laboral y fiscal, de modo que se pueda garantizar una actividad profesional debidamente regulada con ingresos dignos.
Desde septiembre de 2009 se estableció una cualificación profesional que reconoce el titulo de "Confección y Mantenimiento de Artes y aparejos" En relación con esta cualificación se han programado cursos en los que se proyecta expedir los certificados que acrediten la profesionalidad de aquellas personas interesadas en este sector. En el caso de las personas que lleven años dadas de alta en la Seguridad Social como rederas, obtendrán este certificado a través de la correspondiente Administración Autonómica, unas acreditaciones que cada año se pondrán en curso para certificar su experiencia.
Es necesario recordar que en el Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo, de 29 de noviembre de 2009, en su considerando número 13, se dice: "deben aplicarse normas de marcado e identificación de los buques pesqueros y sus artes". Asimismo, en el considerando 25 se dice: "deben preverse disposiciones especiales para que se utilicen solo las artes permitidas".
En el artículo 8 de este mismo Reglamento referente al marcado de las artes de pesca, se establece que: 1) "los capitanes de buques pesqueros respetarán las condiciones relativas al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus artes de pesca". 2) "Las normas aplicables al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus artes de pesca". En la misma cuestión de identificación de las artes de pesca incide también el artículo 48 del Reglamento.
Con relación a este asunto, en sesión de diciembre de 2010 se alcanzaron acuerdos que consideramos conveniente el Gobierno lleve a cabo. Por esa razón presentamos la siguiente
1.º El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, realice en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad y el ISM un estudio sobre la situación laboral de las mujeres en el sector pesquero, en el que específicamente se analice el intrusismo profesional y la economía sumergida, en concreto en el sector de las rederas, a fin de establecer las medidas correctoras que permitan garantizar el reconocimiento profesional de este colectivo.
2.º Desarrollar las gestiones y estudios que sean oportunos con el fin de impulsar la creación de un sello que identifique aquellas redes fabricadas o arregladas por el colectivo artesanas de rederas y atadoras.
3.º Actuar desde las correspondientes inspecciones laborales y fiscales en el ámbito de la elaboración de redes de artes de pesca donde existe un elevado intrusismo profesional que da lugar a una significativa economía sumergida. A este fin se insta al Gobierno a la inclusión del control del colectivo de las rederas en el Plan Anual ITSS-ISM para 2011.
4.º Elaborar un plan de aprovechamiento de infraestructuras, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en espacios portuarios para la realización, con criterios de habitabilidad, comodidad, seguridad e higiene, de los trabajos específicamente vinculados a esta actividad, con bonificaciones complementarias de las tasas por el ente público que gestione el puerto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000648
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de plan hidrológico nacional de la cuenca del Ebro, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El 25 de abril, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) presentó la propuesta del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro en la reunión de constitución del Consejo del Agua de la demarcación. La propuesta, que se encuentra actualmente en fase de exposición pública, fija entre otras cosas los caudales ecológicos para la cuenca del Ebro.
Vemos con preocupación el punto de partida de la propuesta, que dista mucho de los caudales planteados tanto por los científicos expertos en la materia, con el objetivo principal de cumplir la Directiva Marco del agua que fija como prioritario el buen estado ecológico de los ríos, como por la propia CHE en una propuesta del 2008.
La CHE, junto con la Agencia Catalana del Agua (ACA), realizó en el 2008 una propuesta de caudales de mantenimiento, caudales regeneradores para situaciones de avenidas y caudales de continuidad en situación de sequía para el río Segre y afluentes catalanes del Ebro. Sin embargo, la propuesta actual de caudales ecológicos del PHN no tiene nada que ver con el citado informe. Para el río Noguera Ribagorçana es dos terceras partes inferior a la propuesta formulada por el ACA y la CHE en 2008. Para el río Noguera Pallaresa no establece ningún caudal ambiental. Y lo mismo pasa con algunos tramos de otros ríos, o muchos de los embalses. No se entiende que habiendo un estudio codirigido por la CHE en el que se proponen una serie de caudales ambientales, ahora se haga caso omiso de los mismos. Además, la CHE todavía no ha hecho públicos los estudios técnicos de base que ha utilizado para determinar los caudales ecológicos.
La propuesta actual de la CHE establece un caudal ecológico para el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida, y 40 km aguas abajo hasta Serós, modulado tan solo entre 5 y 10 m3/s. El Pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó una moción el 25/3/2011, con el acuerdo de todos los grupos y el apoyo de la sociedad civil, relativa al caudal ecológico del Segre así como sobre su buen estado cualitativo, que instaba a pedir a la Confederación Hidrográfica del Ebro que fijara el caudal de mantenimiento del río Segre a su paso por Lleida de una manera científicamente justificada, con criterios ambientales y calculados en base a una escala que contemple todos los tramos del río a su paso por Lleida, y no únicamente en el tramo urbano, de manera que se mantenga una mínima estructura y funcionamiento del sistema fluvial en todo su trayecto, tal y como lo determina la Directiva Marco del Agua.
En el caso del tramo último del Ebro, la Comisión para la Sostenibilidad de las Terres de I'Ebre, comisión mixta entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya, realizó una propuesta de caudales ambientales de 12.783 Hm3, 9.691 Hm3 y 7.305 Hm3 en función de la tipología del año hidrológico; es decir, establecía un caudal mínimo que oscilaría entre los 396,9 m3/s para un año húmedo, los 300,6 m3/s en un año medio y los 226,7 Hm3/s en un año seco. La CHE propone actualmente un caudal variable que va de los 80 m3/s a los 155 m3/s.
Nos encontramos ante una propuesta que atenta contra la Directiva Marco del Agua, proponiendo unos caudales ecológicos claramente insuficientes, que priman el mercadeo de aguas por encima del bienestar del ecosistema fluvial, máxime en el caso del Delta, que es un sistema muy frágil, bajo el peligro de la regresión y subsidencia, erosión costera y salinización.
Según el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la propuesta busca un equilibrio entre el buen estado ecológico y las demandas actuales y futuras, pero es que la prioridad debería ser el equilibrio del ecosistema, y el ahorro y la eficiencia en las demandas actuales y futuras, tal y como sostiene la Nueva Cultura del Agua. No es lo mismo equilibrar la disponibilidad de los recursos hídricos que optimizar la gestión de los mismos. Simplemente se trata de pasar de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda bajo criterios de racionalidad, ahorro y eficiencia en su gestión.
1. Realizar una nueva propuesta de caudales ecológicos en el marco del PHN de la cuenca del Ebro, en base a criterios científicos y que tengan como objetivo principal el correcto funcionamiento del ecosistema y habitabilidad de la fauna, con el fin de asumir el buen estado de las masas de agua de acuerdo con los criterios e indicadores ecológicos establecidos en la Directiva Marco del Agua.
a) En concreto, se basará en la propuesta del 2008 de la CHE y el ACA sobre caudales de mantenimiento, caudales regeneradores para situaciones de avenidas y caudales de continuidad en situación de sequía para el río Segre y afluentes catalanes del Ebro, proponiendo caudales ecológicos para todos los ríos, sin que queden tramos sin fijar, y todos los embalses.
b) En concreto, en el tramo último del Ebro, la CHE incorporará la propuesta de caudales ecológicos de la Comisión para la Sostenibilidad de les Terres de I'Ebre.
2. Publicar los estudios técnicos de base utilizados para establecer el régimen de caudales ecológicos.
3. Tener especialmente en cuenta las opiniones de los científicos y entidades ambientales competentes en la materia en el trámite de exposición pública del PHN de la cuenca del Ebro."
161/000635
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la siguiente Proposición no de Ley sobre la pobreza infantil.
UNICEF España presentó un informe el pasado día 21 de mayo en el que asegura que "casi 2.200.000 niños viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza, siendo el colectivo más afectado por la crisis económica".
La pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24 por ciento de la población menor de edad, ha superado el 26 por ciento, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional en 2011 y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004), según el informe de UNICEF.
El documento Infancia en España 2012-2013 destaca que en sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos Ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Entre los datos que recoge el informe, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120 por ciento entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares. Este dato demuestra que el impacto de la crisis es más fuerte en las familias con niños, detectándose casos de un empeoramiento de las condiciones de vida, que puede afectar a la calidad de la alimentación, a la convivencia y a las relaciones entre padres e hijos.
En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53 por ciento en tres años. Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7 por ciento de los niños vivía en hogares con un nivel de pobreza alta, siendo la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y solo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27.
UNICEF, a raíz de estos resultados, considera que "se hace imprescindible mirar más allá del corto plazo, analizando detenidamente el posible impacto presente y futuro de las decisiones que se tomen en cada momento". Además de proteger la inversión en la infancia, UNICEF aboga "por una mejora de la calidad, la eficiencia y la coordinación de las políticas destinadas a la infancia".
"Los costes de no actuar ahora", agrega UNICEF, "no sólo afectan a los niños y las familias más vulnerables de forma inmediata, sino que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo".
Por estas razones, UNICEF España propone las siguientes medidas básicas:
UNICEF realiza seis propuestas básicas para esta Legislatura para garantizar la aplicación de los derechos de los niños en tiempos de crisis. Propuestas que quedan reflejadas en su integridad en esta iniciativa parlamentaria.
1. Proteger las inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y protección. Ámbitos que son imprescindibles para el ejercicio de derechos y el bienestar de los niños, para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades, y para un crecimiento equitativo y sostenible.
2. Poner a los niños y sus familias en el núcleo de las decisiones políticas que se adopten, tanto específicas para la infancia como de carácter general. Para ello se propone:
2.a) incorporar con carácter vinculante un informe de impacto sobre la Infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del Informe de Impacto de Género, que establece la Ley de Igualdad. Un informe que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación del niño reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española.
2.b) Poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias. Mecanismos que vigilen los efectos en la pobreza en el acceso a los servidos esenciales.
2.c) Promover la participación regular y organizada de los niños y su derecho a ser escuchados respecto a las decisiones (también las políticas) que les afectan, teniendo adecuadamente en cuenta sus opiniones.
3. Elaborar un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil. Este plan, en relación con la estrategia 2020 de la UE y con la futura Recomendación sobre Pobreza Infantil de la Unión, permitiría una acción coordinada, transversal, complementaria y eficaz de las administraciones públicas para marcarse un objetivo específico en la reducción de la cifra de 2.200.000 niños y niñas que viven en España por debajo del umbral de la pobreza.
Sea dentro de un plan específico o bien como objetivos en otros planes integrales de ámbito social, se deberían contemplar al menos las siguientes medidas:
3.a) Una revisión del modelo social de apoyo a las familias y a los niños dando un nuevo enfoque a los sistemas genérales de servicios, prestaciones, trasferencias públicas, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias, de manera que proporcionen una protección mayor a los niños y tengan un mayor impacto en la reducción real de la pobreza infantil.
3.b) El establecimiento de un paquete mínimo de beneficios para los niños común en todas las administraciones públicas, que garantice la coherencia, la coordinación y la eficacia del sistema de ayudas a los niños y sus familias.
3.c) El avance hacia la universalización de una educación de 0 a 3 años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequible para el resto.
3.d) Iniciativas para favorecer especialmente el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. Mediante políticas activas de empleo y de conciliación de la vida laboral y personal, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.
3.e) El énfasis en la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: niños inmigrantes, gitanos, niños en instituciones, niños con discapacidad, y niños en familias numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo.
3.f) Acciones orientadas a promover la parentalidad positiva y el buen trato a los niños en el ámbito familiar.
4. Promover la calidad, la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de las distintas administraciones públicas en relación con los niños en todos los ámbitos, pero especialmente en el sanitario, educativo, de servicios sociales y en el de protección de menores en situación de riesgo.
Esta coordinación se puede mejorar mediante:
4.a) El avance en un proceso de armonización legislativa y de procedimientos administrativos entre el nivel nacional y las distintas autonomías acorde a los principios y el contenido de Convención sobre los Derechos del Niño.
4.b) El refuerzo de los mecanismos de recopilación y análisis de datos relativos a los menores de dieciocho años en todas las áreas que abarca la Convención, y especialmente respecto a los colectivos más vulnerables.
4.c) El refuerzo de organismos como el Observatorio de Infancia y la potenciación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, tanto en sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables.
6. Mantener el espíritu de los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, retomando lo antes posible la senda hacia el 0,7 por ciento del PIB destinado a este fin."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000640
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Propo
sición no de Ley sobre aumento de silicosis por exposición a sílice cristalina, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Hasta la década de los setenta del siglo xx la silicosis se asociaba al trabajo realizado en las minas del carbón y en la excavación de túneles. Un importante porcentaje de quienes trabajaron en estas actividades contraían algún tipo de enfermedad respiratoria. Luego, dio paso a un periodo de unos treinta años en el que la silicosis pasó a estar en clara regresión.
Sin embargo la tendencia se invierte con el comienzo del actual siglo, aumentando el número de silicosis notificadas como enfermedad profesional, con y sin baja médica. En el quinquenio 1996-2000 se produjo un ligero crecimiento de las notificadas, de 9 a 15. En el quinquenio 2001-2005, el número de casos se duplicó. Y donde el crecimiento fue alarmante es el periodo más próximo, 2006-2010, con un incremento del 500 por ciento.
El mayor número de personas afectadas por esta patología en el último quinquenio correspondió a los que trabajaban en marmolerías expuestos a polvo de sílice cristalina presente en el ambiente donde realizaban operaciones de corte y pulido de aglomerados de cuarzo. Se trata de un producto compuesto de una mezcla de cuarzo (la mayor parte de los comercializados en los años de mayor exposición contenían entre un 50 por ciento a 95 por ciento) resinas, colorantes y otros componentes.
En el sector de la piedra natural (mármoles, granitos y compactos de cuarzo), corte, tallado y acabado de la piedra se ha detectado un incremento de casos de silicosis por inhalación de polvo con alto contenido de sílice cristalina (cuarzo) entre los trabajadores que mecanizan las tablas de compactos de cuarzo para encimeras de cocinas y baños fundamentalmente, así como entre los montadores que efectúan trabajos de ajuste de obra.
En las operaciones de mecanizado de las tablas para la fabricación de las encimeras, revestimientos y pavimentos, y en los trabajos del montaje de estos, que suelen requerir cortes y retoques, se desprende polvo con alto contenido en cuarzo respirable, si no se utilizan medidas adecuadas de control.
Una información procedente de la Comunidad Valenciana alertó sobre el incremento observado en los casos de silicosis entre los trabajadores que mecanizan las tablas de compactos de cuarzo para fabricar encimeras de cocinas y baños, así como entre los montadores que efectúan trabajos de ajuste en obra. El documento refiere 12 casos diagnosticados desde 2003, uno de los cuales falleció por insuficiencia respiratoria en 2007, pertenecientes a seis empresas.
Se trata de personas con edades comprendidas entre 26 y 63 años, 10 de ellos con menos de 50 años en el momento del diagnóstico, que desempeñaban tareas de acabados en el centro de trabajo o de montaje en obra, cuyas exposiciones a sílice cristalina (cuarzo) no superaban en ningún caso los 7 años, siendo menos de 5 años para 6 de ellos.
Hay que recordar que estos son periodos inusualmente cortos para el desarrollo de una silicosis, lo que apunta a la existencia de concentraciones ambientales muy elevadas.
También otras comunidades aparecieron situaciones similares.
La sílice todavía no está incluida en la tabla 2 del documento de Límites de exposición profesional para agentes químicos en España, donde aparecen los agentes carcinogénicos o mutagénicos, tampoco se incluye el cáncer de pulmón como enfermedad profesional asociada a la sílice cristalina en el Real Decreto 1299/2006, donde se recogen el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social.
Son imprescindibles métodos de trabajo y medidas técnicas diseñadas para evitar que las pequeñas partículas de sílice cristalina se propaguen en el ambiente donde se encuentran los trabajadores, facilitándoles idóneos equipos de protección respiratoria para ser usados conforme a pautas que alivien la penosa carga que supone su utilización.
1. Incorpore al Real Decreto 1299/2006, de enfermedades profesionales e incluya en el documento sobre Límites de exposición profesional para agentes químicos, la silicosis por exposición a sílice cristalina.
2. Ponga en marcha un reglamento de métodos de trabajo y medidas técnicas para evitar las pequeñas partículas de sílice cristalina en el ambiente de trabajo.
3. En su caso facilite la normativa para que por parte de las empresas de marmolerías, compacto de cuarzo, etc., se cuente con equipos de protección respiratoria y las pautas para su utilización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000641
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los de los consumidores finales, cuando contraten servicios o adquieran bienes de equipo de oficina.
La normativa estatal sobre protección de los derechos de los consumidores y usuarios se encuentra recogida principalmente en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que desarrolla los derechos constitucionales establecidos en el artículo 51.1 de la Constitución.
De acuerdo con el citado artículo, los poderes públicos deben garantizar la protección de la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
La protección que la Constitución confiere a los consumidores obedece a la voluntad de corregir la posición de dominio de la que se podrían valer determinados establecimientos, empresas o compañías frente a la situación de debilidad del consumidor.
Tal posición de debilidad no es exclusiva de las personas físicas sino también de los empresarios individuales que se encuentran en una situación de desventaja cuando contratan con compañías de grandes dimensiones, sin que sea de apreciar diferencia alguna respecto al supuesto de hecho que justifica la defensa del consumidor particular: la debilidad de su posición negociadora.
Así cuando un empresario individual contrata con una compañía de suministro energético, de telefonía, aseguradora, grandes cadenas de distribución, etc., su posición se asemeja mucho más a la de un consumidor particular que a la de un "igual" a la compañía con la que contrata. Sin embargo el ordenamiento jurídico les considera injustamente en un plano de igualdad sin facilitarles ninguna herramienta correctiva ante tan abismal diferencia. Ello se desprende de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 que define como consumidores y usuarios a las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Es decir, cuando se interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes o servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. Por tanto, quedan claramente excluidos los empresarios individuales.
Ello supone que ante una misma relación comercial, la norma a aplicar es distinta según se trate de un consumidor o de un empresario individual. A modo de ejemplo: el acto de adquisición de una impresora a una gran cadena de distribución por parte de un particular o del propietario de un bar o de un comercio, a priori no debería representar ninguna diferencia, sin embargo en el primer caso el particular tiene derecho a que el vendedor responda durante dos años de los defectos existentes en el producto al amparo de artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, mientras que el segundo ve reducido su derecho de reparación a seis meses de saneamiento por vicios ocultos en la compraventa según le confiere el artículo 1.484 en relación con el 1.490 del Código Civil.
Elaborar y presentar ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales un informe, en el plazo de seis meses, sobre la posibilidad de otorgar a los trabajadores autónomos los mismos derechos reconocidos a los consumidores y usuarios cuando contraten servicios de suministros, comunicaciones, seguros y financieros o adquieran bienes de equipo de oficina, siempre y cuando sean éstos necesarios para el funcionamiento administrativo ordinario de su actividad económica o profesional."
161/000646
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El amianto o asbesto es una fibra de origen animal de gran resistencia térmica y por tanto con propiedades ignífugas que cuando se inhala es tóxico y puede llevar a la enfermedad y a la muerte. De ahí que su uso industrial -especialmente en edificios- fuera notable a pesar de que desde hace más de un siglo se conocía ese peligro potencial. Pudo más la presión de la industria y los medios de comunicación y los políticos callaron porque unos y otros fueron debidamente "engrasados".
Pues bien, en la actualidad podría haber ya en España 50.000 personas afectadas por el amianto. Una cifra que el sindicato Comisiones Obreras prevé se eleve en las dos décadas a 60.000. Simples estimaciones obviamente porque en realidad no existe un censo de afectados. De hecho teniendo en cuenta que hablamos de patologías que pueden tardar en aparecer entre 10 y 30 años podríamos estar contemplando sólo la punta del iceberg. Las asociaciones de afectados calculan en cualquier caso que solo en España morirán a finales del 2010 entre 1.200 y 1.500 de quienes estuvieron expuestos al amianto en el período 1960-1975. Luego es indudable que lo peor está por llegar ya que el uso masivo del amianto se inició en los ochenta.
La Unión Europea ha calculado que hasta el año 2035 se producirán en su ámbito 250.000 fallecimientos por mesotelioma y entre 250.000 y 400.000 más por cáncer de pulmón, laringe, asbestosis y cáncer gastrointestinal. Todos como consecuencia de la inhalación de fibras de amianto.
"Estamos ante una pandemia, ante un genocidio económico provocado por un mineral que todavía mata a más de cien mil personas en el mundo cada año", basándose en datos de la Organización Mundial de la Salud.
Sería necesaria la creación en España de un fondo de indemnización para las víctimas del amianto que deberían financiar, el Estado como responsable subsidiario, y las empresas que trabajaron con el amianto.
Por otro lado, en España no se dedica "ni un solo euro" a la investigación de las enfermedades asociadas al amianto, entre otras los tumores de pleura, de pulmón y de peritoneo. Por ejemplo, en el Reino Unido, país que más fondos de investigación ha dedicado al amianto, se descubrió hace más de dos años un fármaco que alarga la vida al menos unos meses a quienes padecen cáncer de pleura.
Además hoy en día existen "más de 3 millones de toneladas" de amianto en edificios españoles, casi el 90 por ciento de los inmuebles construidos entre 1969 y 1998, entre ellos centros escolares, universidades o estructuras de canalización de agua y gas.
Del total, un 77 por ciento de las víctimas son personas que estuvieron expuestas laboralmente al mineral, y el resto familiares y vecinos de este tipo de edificios.
Sin embargo, aún hoy en España no existen registros ni de empresas que utilizaron el amianto ni de trabajadores afectados.
Es necesario que se tomen medidas determinantes como la de un castigo penal y la responsabilidad indemnizatoria de los responsables; la desamiantización controlada del amianto instalado.
Otra medida sería destinar más recursos a la investigación médica para la mejora y curación de los afectados.
En cuanto a las actuaciones de nuestro país en el ámbito internacional sería necesario la prohibición y control de enviar nuestros barcos para el desguace a los países empobrecidos e iniciar una lucha por la prohibición mundial de la extracción y uso de este mineral.
1. La atención especial a los afectados y a las víctimas mediante un Fondo de Compensación para paliar los sufrimientos de las víctimas por el paso por administraciones y juzgados antes de que se les reconozcan sus derechos. Este Fondo no debería hacer renunciar a los afectados sus derechos a litigar en las instancias que consideren.
2. La mejora de los registros ya establecidos como el de empresas con riesgo de amianto (RERA):
a) La relación completa de trabajadores expuestos para poder atenderlos.
b) El registro de edificios públicos y privados con amianto, así como instalaciones de especial interés.
c) Un registro nacional de mesoteliomas para trabajos epidemiológicos y de atención.
3. Un programa a corto y largo plazo de desamiantado del país.
4. La prohibición de exportar residuos con amianto a otros países, normalmente empobrecidos, especialmente el desguace de barcos, por transferir el riesgo a países sin normas, expandiendo la epidemia de cáncer a continentes enteros.
5. La solidaridad con los países en los que aún el amianto no está prohibido, en el sentido de conseguir la prohibición universal en todo el mundo.
6. La formación de un Tribunal Penal Laboral Internacional para juzgar el presunto genocidio del amianto en el mundo.
7. Aplicar con rigor el principio de precaución a otros materiales que vienen y que pueden tener características parecidas al amianto, especialmente los derivados de las nanotecnologías, o de fibras cerámicas refractarias de determinadas dimensiones, de carácter cancerígenas.
8. Que se proceda a las modificaciones necesarias de la legislación vigente de cara a posibilitar la ampliación del plazo de responsabilidad civil.
9. Que se pueda dar acceso a la jubilación anticipada, mediante la aplicación de un coeficiente reductor de un año por cada tres de exposición, a todos aquellos trabajadores a partir de 50 años que hayan trabajado con amianto. Además, las víctimas de enfermedades profesionales graves causadas por el trabajo con este material (asbestosis, tumores, ...) deberán cesar su actividad de inmediato sea cual sea la duración de la exposición.
10. Se apliquen medidas de protección a poblaciones no profesionalmente expuestas, pero si afectadas por "exposiciones pasivas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
181/000275
Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto
A raíz de la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF a REPSOL el Gobierno de España anunció, en comparecencia especifica del Ministro de Asuntos Exteriores, que tomaría "Medidas Claras y Contundentes". En cuanto al tiempo se dijo en dicha comparecencia que sería en "los próximos días". Transcurrido más de un mes desde el anuncio ¿Cuáles han sido las medidas que se han tomado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2012.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.
181/000276
¿Qué plan de contingencia ha elaborado el Gobierno con vistas a prevenir nuevas situaciones similares y cuáles son sus líneas maestras ante la situación que ha afectado a las empresas españolas REPSOL y REE en Argentina y Bolivia?
181/000277
¿Tiene el Gobierno constancia de la posibilidad de que situaciones similares puedan afectar a otras empresas españolas en Latinoamerica tras los sucesos de las expropiaciones de YPF en Argentina y de TDE en Bolivia?
181/000278
¿Considera el Gobierno que su actuación en todo el proceso ha sido positiva para las inversiones y los inversionistas españoles en Argentina, en el asunto de la
expropiación de YPF llevada a cabo por el Gobierno argentino, y que, el Gobierno español dio una respuesta oral de supuesta dureza?
181/000279
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno en relación con el conflicto surgido a raíz de la expropiación de YPF por el Gobierno argentino y después de lo dicho y anunciado por distintos miembros del Gobierno de España hasta el momento?
181/000274
El Secretario de Estado de Seguridad se ha despachado recientemente con unas declaraciones asombrosas y sorprendentes (por tantos motivos) referidas al exjuez Baltasar Garzón y a las circunstancias en torno a la reducción de escolta al mismo. ¿Son las palabras del Secretario de Estado reflejo fiel del pensamiento del Gobierno respecto de la protección del Sr. Garzón?
181/000280
Diputados don Francisco Xesús Jorquera Caselas y doña M.ª Olaia Fernández Davila
¿Cuál es la disposición del Gobierno a permitir que las selecciones deportivas gallegas, catalanas y vascas participen en las competiciones internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputados.
181/000282
¿Por qué el Gobierno pretende liquidar la actividad de la minería del carbón en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000273
¿Qué razones justifican la exclusión del olivar de los beneficios de la Orden HAP/848/2012, por la que se reducen los índices de rendimiento neto de la estimación objetiva del IRPF, para las actividades agrícolas y ganaderas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000281
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
¿Por qué la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ASAN) ha decidido adquirir un nuevo cromatógrafo de líquidos por 252.944,80 euros cuando ya existen en el laboratorio dos equipos con funciones semejantes, en un momento en el que el Gobierno está realizando duros recortes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

References: artículo 6
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 10
 Resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 8
 artículo 48
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 123
 Real Decreto 
 artículo 1