Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-215-de-abril-20-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_eebb2ec2f2b14e159cd8f2ff9228d82e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 17:57:44+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-215 de abril 20 de 2015
SENTENCIA T-215 DE 20 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:HOGAR GESTOR PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COMO MODALIDAD DE MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, NO PUEDE SER SUSPENDIDO SI LA VULNERACIÓN NO HA CESADO. LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE SU FAMILIA PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN, ES EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA MEDIDA HOGAR GESTOR, COMO MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ES TRANSITORIA EN LA MEDIA EN QUE UNA DE LAS METAS A LOGRAR ES EL AUTO SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA PARA EL REINTEGRO DEL MENOR, SE ENTIENDE QUE EL MOTIVO VÁLIDO PARA LA SEPARACIÓN DEL MENOR ES LA SUPERACIÓN DE AQUELLOS FACTORES DE AMENAZA Y VULNERACIÓN Y NO LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO EN PRINCIPIO ESTABLECIDO PARA LA PERMANENCIA PUES, TANTO EL LINEAMIENTO TÉCNICO QUE LO RIGE COMO LA JURISPRUDENCIA, HAN SEÑALADO QUE SI NO SE VERIFICA O NO SE RINDE CUENTA SOBRE LA SUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A PESAR DE LOS ESFUERZOS DILIGENTES DE LA FAMILIA, DE NINGUNA MANERA SE PUEDE DESVINCULAR AL MENOR, AUN CUANDO SE HAYA CUMPLIDO EL LAPSO DE TIEMPO DISPUESTO Y, LA CARENCIA DE CUPOS O LA FALTA DE PRESUPUESTO NO PUEDEN SERVIR DE ARGUMENTOS PARA SUSTENTAR DICHA EXCLUSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD DESAMPARADO, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD INTERNADO EN ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN EN SALUD, RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL MENOR DE EDAD, CLASES DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD, CUSTODIA DEL MENOR DE EDAD, CLASES DE DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD CON RETARDO MENTAL, CLASES DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD DISCAPACITADO, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD DISCAPACITADO, DOMICILIO DEL MENOR DE EDAD
Sentencia T-215 de abril 20 de 2015
Ref.: Expediente T-4.647.464
(Legis considera conveniente que los datos de las partes y los terceros sean remplazados por las iniciales de los nombres y los apellidos, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)
Accionante: ERGT, en representación de STPG.
Accionados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal de Tibú.
En la revisión del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibú, en el trámite de la acción de tutela promovida por ERGT, en representación de STPG, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal de Tibú.
ERGT, en representación de STPG, presentó acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal de Tibú, para que fueran protegidos los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la menor, los cuales considera vulnerados, al ser excluida del programa de restablecimiento de los derechos de los niños en la modalidad Hogar Gestor.
2.1. ERGT, abuela materna de STPG de 14 años de edad y en quien reposa la custodia de la menor, manifiesta que la niña desde su nacimiento padece de parálisis cerebral infantil con retraso psicomotor avanzado, lo que reduce su movilidad a permanecer en cama o en una silla de ruedas, necesitando de alguien para satisfacer sus necesidades básicas.
2.2. El 1º de octubre de 2010, a través de Auto de Apertura de Restablecimiento de Derechos y de la Resolución 80 del mismo año, la Defensoría de Familia vinculó a la menor al programa de atención en medio familiar en Hogar Gestor, por un término de 3 meses, en principio, pero que luego fue objeto de distintas prórrogas, hasta el 31 de diciembre de 2013.
2.3. Toda vez que la situación psicosocial, económica y de vulnerabilidad de la niña al momento de su desvinculación seguía siendo muy precaria, aunado a su condición de víctima del conflicto armado por desaparecimiento forzado de su mamá y desplazamiento forzado, la accionante presentó una solicitud al ICBF requiriendo la continuidad de la menor en el mencionado programa.
2.4. El 16 de abril de 2014, la Coordinadora del Centro Zonal Tibú, encargado de prestar los mencionados servicios en dicho municipio, resolvió de manera negativa la solicitud que hiciere la actora, invocando el numeral 3º del Lineamiento del Hogar Gestor del 7 de mayo de 2007, el cual establece que el periodo de vinculación en dicha modalidad es de 2 años, prorrogables hasta por un año más, previo concepto del equipo de la autoridad competente.
2.5. Por tal motivo, la demandante considera que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su nieta, pues fue desvinculada del programa sin tener en cuenta su condición de discapacidad, de víctima y de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra y, al negar su acceso y el de su núcleo familiar a los diferentes programas y proyectos existentes para superar este tipo de situaciones.
La accionante solicita sean amparados los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la menor STPG y, en consecuencia, se permita el acceso de la niña a los diferentes proyectos, programas y subsidios que garanticen el goce efectivo de sus derechos.
– Copia del registro civil de STPG (folio 3, cuaderno 2).
– Copia de la denuncia presentada por la accionante por la desaparición de la madre de STPG (folios 4 a 8, cuaderno 2).
– Documento suscrito por el defensor de familia del Centro Zonal Tibú, Norte de Santander, el 16 de agosto de 2012, a través del cual certifica que ERGT mantiene la custodia y cuidados personales de ST, KAPG y MJRP, como abuela materna de las menores (folio 9, cuaderno 2).
– Examen médico realizado a STP, el 27 de octubre de 2010, en el que se describe la evolución de su condición de salud (folio 10, cuaderno 2).
– Copia de la Tarjeta de Identidad de STPG (folio 11, cuaderno 2).
– Copia la comunicación externa expedida por la Personería Municipal de Tibú, el 21 de junio de 2012, a través de la cual se informa a la Alcaldía del municipio que la accionante y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (folio 12, cuaderno 2).
– Copia de la Cédula de Ciudadanía de ERGT (folio 15, cuaderno 2).
– Copia de la respuesta otorgada por el ICBF, Regional Norte de Santander, Centro Zonal Tibú, el 16 de abril de 2014, a la solicitud que hiciere la accionante correspondiente a una nueva inclusión de STPG al programa Hogar Gestor (folio 16, cuaderno 2).
5.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, a través de su representante legal, solicitó excluir de responsabilidad a la entidad, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, señala que, luego de revisar la base de datos del Fosyga, la entidad pudo constatar que STPG pertenece al régimen subsidiado en salud y se encuentra afiliada a Caprecom EPS-S con estado actual activo. De igual manera, que una vez revisada la correspondencia del Instituto, no se encontraron registros de peticiones por parte de la mencionada EPS en las que solicite medicamento o tratamiento alguno en relación con los hechos de la tutela.
5.2. De otro lado, la Alcaldía de Tibú, solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela, con base en que:
5.3. La Personería Municipal de Tibú, manifiesta que la accionante y su núcleo familiar conformado por sus 3 nietas, se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas como población desplazada.
A su vez, que la demandante es quien ejerce la custodia y cuidado de las niñas, incluida STP, menor en condición de discapacidad, como consecuencia de la parálisis cerebral y el retraso psicomotor avanzado que padece y razón por la cual requiere de un tratamiento integral de salud, a cargo de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Social, conforme con las leyes 1098 de 2006, 100 de 1993 y la Constitución.
5.4. Por su parte, el ICBF, Regional Norte de Santander, Centro Zonal Tibú, por medio de su coordinadora, solicitó denegar el amparo pretendido bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, manifiesta que, el 1º de octubre de 2010, la Defensoría de Familia protegió a STP con medida de Restablecimiento de Derechos, en la modalidad Hogar Gestor, por un término de 3 meses. Posteriormente, la vinculación fue objeto de ciertas prórrogas, cada una por un lapso de 6 meses, a saber: el 1º de enero, el 30 de junio y el 7 de diciembre de 2011; el 12 de enero y 30 de junio de 2012; el 11 de enero y 3 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
De igual manera, afirma que los derechos de ST se encontraban protegidos “y que la no continuidad en el programa se debió a la culminación del término del mismo y su prórroga, como lo estipula el lineamiento”. Por tanto, no se evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales de la afectada, pues a su vez, al encontrarse afiliada a una EPS a través del régimen subsidiado cuenta con los servicios de salud necesarios.
3. El derecho fundamental de los niños a la salud y su protección reforzada cuando se trata de menores de edad que padecen una discapacidad. Reiteración de jurisprudencia.
“La protección constitucional a los menores se ve reforzada de manera especial cuando estos sufren de alguna clase de discapacidad, puesto que en tal evento quedan amparados también por el mandato constitucional de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (C.P. Art. 13)”(1).
Bajo esta perspectiva, el Estado está en la obligación de prestar los servicios de salud, libre de discriminación y de obstáculos de cualquier índole, a los niños que sufren algún tipo de discapacidad física o mental y de garantizar que se les brindará un tratamiento integral, adecuado y especializado conforme a la enfermedad padecida, resaltando que la protección financiera del sistema pasa a un segundo plano, pues lo que debe primar son las garantías fundamentales de los menores(2).
Este segundo aspecto del principio de integralidad, resulta prevalente para el Tribunal, en la medida en que establece la obligación por parte del Estado de brindar un servicio de salud eficiente que incluya tanto aspectos médicos como educativos, comprendiendo todos aquellos medicamentos, exámenes, procedimientos, intervenciones y terapias, entre otros, con miras a la recuperación e integración social del paciente, sin que medie obstáculo alguno e independientemente de que se encuentren en el POS o no(3).
“Es precisamente esta segunda perspectiva del principio de integralidad, la que ha sido considerada de gran importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud pues, el mismo debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su enfermedad y que sean considerados como necesarios por el médico tratante”(4).
4. Medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En ese orden, en desarrollo del mandato constitucional citado, el legislador expidió la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, la cual tiene por fin el establecimiento de normas (sustantivas y procesales) para brindar una integral protección de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, así como la garantía de su efectivo ejercicio. Determinando, a su vez, que tal obligación recae en el Estado, la familia y la sociedad(5).
En caso de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, que interesa a esta causa, el capítulo 2 de la mencionada ley, aborda el tema referente a las medidas de restablecimiento de los derechos, definiendo la figura como la restauración de la dignidad e integridad de los menores “como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados”(6).
De igual forma, el artículo 52 de la ley, impone una obligación adicional a las autoridades públicas, consistente en verificar el cumplimiento y la garantía de los derechos de los menores de edad, lo que implica analizar ciertas situaciones como por ejemplo: el estado de salud física y psicológica del niño; su inscripción en el registro civil y la ubicación de su familia de origen; su entorno familiar y la identificación de factores de protección, como de riesgo para la garantía de sus derechos y; su vinculación al sistema de seguridad social y al sistema educativo. Una vez obtenida dicha información, se deberá dejar constancia para de esta manera adoptar la medida de restablecimiento que corresponda(7).
Dentro de las medidas de restablecimiento que se pueden adoptar, una vez realizada la mencionada verificación, se encuentran. “1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. 2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. 3. Ubicación inmediata en medio familiar. 4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso. 5. La adopción. 6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar”(8).
En efecto, la jurisprudencia constitucional al abordar el tema referente a las medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, ha sostenido que adoptar alguna de ellas debe obedecer al previo examen soportado de verificación que deben realizar las autoridades públicas competentes y el cual tiene por fin identificar la real existencia de alguna condición que conlleve a la vulneración o riesgo de los derechos a proteger, para poder asignar la correspondiente modalidad, atendiendo a criterios de racionalidad y proporcionalidad en pro de lograr un integral amparo de las garantías de los menores(9).
“En este orden de ideas, el decreto y la práctica de medidas de restablecimiento de derechos, si bien se amparan en la Constitución, en especial, en el artículo 44 Superior, también es cierto que las autoridades administrativas competentes para su realización deben tener en cuenta (i) la existencia de una lógica de gradación entre cada una de ellas; (ii) la proporcionalidad entre el riesgo o vulneración del derecho y la medida de protección adoptada; (iii) la solidez del material probatorio; (iv) la duración de la medida; y (v) las consecuencias negativas que pueden comportar algunas de ellas en términos de estabilidad emocional y psicológica del niño, niña o adolescente”(10).
5. Hogar Gestor para la Población con Discapacidad como modalidad de medida de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Ley 1098 de 2006, se reitera, en desarrollo de lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución, establece que la protección integral que demandan los menores de edad implica también, evitar la amenaza o conculcación de sus derechos, al igual que un inmediato restablecimiento en caso de presentarse una vulneración. De igual manera, impone la obligación general a cada uno de los agentes estatales, de actuar oportunamente con el fin de garantizar lo antes mencionado, adicionando que es el ICBF el encargado de definir los lineamientos técnicos que deben cumplir dichas autoridades para dar un cumplimiento efectivo a estos mandatos(11).
Bajo esa línea, como se mencionó en párrafos anteriores, la ley consagra las medidas de restablecimiento de los derechos de los menores, para garantizarlos de la manera más efectiva posible. Dentro de estas medidas, se encuentra la de ubicación en familia de origen o extensa, la cual tiene como objetivo que el menor de edad esté con su familia a pesar de la falta de recursos los que, en este evento, serán otorgados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar(12).
Conforme con lo señalado, el ICBF aprobó, por medio de la Resolución 6054 del 30 de diciembre de 2010, el “Lineamiento Técnico para las Modalidades de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Mayores de 18 Años con Discapacidad, con sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados”, el cual tiene por fin realizar un acompañamiento a las familias o redes de apoyo próximo, pues al contar con la obligación de garantizar la protección integral de los menores durante su proceso de formación, son los llamados a que en primera instancia protejan sus derechos. Por lo tanto, se encuentra dirigida a aquellos menores que, como consecuencia de la inobservancia, amenaza o vulneración se sus derechos, en viven una situación de riesgo y por tanto sus familias deben ser fortalecidas, brindando las herramientas necesarias para superar dicha situación.
Así, la resolución al anterior interrogante ha girado en torno a si al momento de la desvinculación del menor, continúa la situación de riesgo o vulneración de sus derechos. En efecto, en ocasiones, el Tribunal ha sostenido que dentro de las obligaciones del ICBF se encuentra la de informar a las familias la transitoriedad de la medida y, a su vez, realizar una evaluación que permita dar cuenta de la superación de las condiciones de vulnerabilidad del menor de edad. De igual manera, en cabeza de la familia recae el deber de acoger las herramientas o directrices que brinda la entidad para al momento del egreso lograr el autosostenimiento pues, de evidenciar negligencia por parte de las personas a cargo del niño, no se puede predicar una vulneración de derechos al presentarse la terminación de la medida(13).
También ha indicado la Corporación, que si la entidad no realiza un examen o no da cuenta de la superación de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad del niño, no es posible su exclusión, a pesar de haberse cumplido los plazos estipulados, pues no se estaría atendiendo a los objetivos propuestos por la medida y, en ese evento, es imperioso mantener la vinculación, hasta tanto se verifique la posibilidad de la autosuficiencia por parte de la familia o de su inclusión, ya sea en otro programa, o entidad que permita brindar el servicio requerido(14).
g) Es necesaria la realización de un seguimiento pos egreso del programa al menor que era beneficiario”(15) (Resaltado fuera del texto original).
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar si, efectivamente, se presentó la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de STPG, por parte de la entidad demandada, al dar por terminada su vinculación al programa Hogar Gestor, bajo el argumento del vencimiento del término previsto en los lineamientos para su permanencia.
De lo acreditado en el expediente, se desprende que la niña STPG, de 14 años de edad, sufre de una parálisis cerebral infantil, con retraso psicomotor desde su nacimiento, motivo por el cual su movilidad está reducida a permanecer en cama o en una silla de ruedas, además requiere de la asistencia de una persona para satisfacer sus necesidades básicas.
Al persistir las condiciones de riesgo y amenaza al momento de su desvinculación, ERGT, abuela de la niña, solicitó al ICBF el reingreso de su nieta al mencionado programa. No obstante, el 16 de abril de 2014, la entidad negó el requerimiento, bajo el argumento de que el periodo de permanencia, establecido en el lineamiento del Hogar Gestor, había vencido.
Analizados los elementos fácticos del presente caso, la Sala advierte que del 1º de octubre de 2010 al 31 de diciembre 2013, lapso durante el cual la menor de edad estuvo vinculada al programa, transcurrieron un poco más de 3 años, por lo que se evidencia que se cumplió el término establecido para la permanencia, en el Lineamiento Técnico aprobado a través de la Resolución 6024 del 30 de diciembre de 2010, en cuya vigencia se produjeron las correspondientes prórrogas.
Bajo ese orden, no se desconoce la protección brindada a la menor, pero la decisión de excluirla sin demostrar la existencia de un examen o de indicio alguno que acreditara la mejoría o la superación de las condiciones de vulnerabilidad, permite concluir una clara vulneración de los derechos fundamentales de la menor, pues, como ya lo afirmó la Corporación “no basta con decir que se les brindó apoyo por un tiempo prolongado, sino que es necesario mostrar que ese apoyo se tradujo en mejores condiciones para que la familia pueda atender las necesidades del menor con el apoyo de la red de servicios del Estado”(16), sin que esto implique desconocer la transitoriedad de la medida, dado que se considera acertado que exista un término límite, mas no que sea esta la única razón para la desvinculación de un menor.
Así las cosas, la Corte procederá a amparar los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de STPG y, por lo tanto, ordenará al ICBF, Regional Norte de Santander, Centro Zonal Tibú, que en un término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, incluya nuevamente a la menor a las modalidades de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, en específico la modalidad Hogar Gestor para la Población con Discapacidad. Dicha vinculación deberá mantenerse vigente hasta que se realice la correspondiente valoración de la situación de la menor que arroje como resultado el cumplimiento de los objetivos del programa y la superación de las condiciones de vulnerabilidad que dieron lugar a su ingreso.
De igual manera, una vez se obtenga el concepto que certifique la superación de las condiciones de amenaza y vulneración ,y por ende, se desvincule a la menor de edad del programa, la entidad está en la obligación de continuar con el respectivo seguimiento conforme con la fase número 4 del mismo, de acuerdo con el Lineamiento Técnico “para las Modalidades de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Mayores de 18 Años con Discapacidad, con sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados”, aprobado por la Resolución 6024 de 2010 por el ICBF, al igual que garantizar su protección, ya sea a través de otra entidad o programa de restablecimiento de los derechos.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibú, el 12 de mayo de 2014, dentro del proceso de tutela promovido por ERGT, en representación de la menor STPG contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—, Regional Norte de Santander, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal de Tibú, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la niña.
2. ORDENAR al ICBF, Regional Norte de Santander, Centro Zonal Tibú, que en un término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, incluya nuevamente a la menor STPG a las modalidades de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, en específico la modalidad Hogar Gestor para la Población con Discapacidad. Dicha vinculación deberá mantenerse vigente hasta que se realice la correspondiente valoración de la situación de la menor, que arroje como resultado el cumplimiento de los objetivos del programa y la superación de las condiciones de vulnerabilidad que dieron lugar a su ingreso.
3. ORDENAR al ICBF, Regional Norte de Santander, Centro Zonal Tibú que, una vez obtenido el concepto que certifique la superación de las condiciones de amenaza y vulneración, y por ende, se desvincule a la menor de edad del programa, la entidad está en la obligación de continuar con el respectivo seguimiento conforme con la fase número 4 del mismo, de acuerdo con el Lineamiento Técnico “para las Modalidades de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Mayores de 18 Años con Discapacidad, con sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados”, aprobado por la Resolución 6024 de 2010 por el ICBF, al igual que garantizar su protección, ya sea a través de otra entidad o programa de restablecimiento de los derechos.
1 Sentencia T-608 de 2007.
2 Ver Sentencia T-322 de 2012.
3 Sentencia T-872 de 2012.
4 Sentencia T-322 de 2012.
5 Artículo 2º de la Ley 1098 de 2006.
6 Artículo 50 de la Ley 1098 de 2006
7 Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006.
8 Artículo 53 de la Ley 1098 de 2006.
9 Ver Sentencia T-075 de 2013.
10 Sentencia T-572 de 2009 y ver también Sentencia T-075 de 2013.
11 Artículos 7º y 11 de la Ley 1098 de 2006.
12 Artículo 56 de la Ley 1098 de 2006.
13 Ver sentencias T-244 de 2005 y T-608 de 2007.
14 Ver sentencias T-816 de 2007 y T-075 de 2013.
15 Sentencia T-301 de 2014.
16 Sentencia T-608 de 2007.

References: artículo 15
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 44
 artículo 44
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 50
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 56