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Timestamp: 2019-08-18 19:50:30+00:00

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﻿ SENTENCIA 15687 DE AGOSTO 3 DE 2006
SENTENCIA 15687 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
CONTENIDO:VIGILANCIA ESPECIAL POR LA POLICÍA. NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN PRIVILEGIO AL QUE SE ACCEDE POR CONTRATO REMUNERADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, VIGILANCIA DE PERSONAS, SEGURIDAD DEL CIUDADANO, CENTRO DE SEGURIDAD DEL CIUDADANO, ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:419 DE NOVIEMBRE DE 2006, PG.1973
Sentencia 15687 de agosto 3 de 2006
VIGILANCIA ESPECIAL POR LA POLICÍA
No puede convertirse en un privilegio al que se accede por contrato remunerado.
EXTRACTOS: «Decide la Sala en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción pública de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, interpuso el ciudadano José Luis Villamizar Rodríguez contra las resoluciones 4066 del 5 de agosto de 1996, 2051 del 8 de julio de 1997 y 3731 del 30 de diciembre de 1997, proferidas por el Director de la Policía Nacional. [...].
Se transcribe a continuación el texto de la Resolución 2051 de 8 de julio de 1997 acusada:
“Por la cual reglamenta la instalación o conexión y atención de alarmas a los C.A.D. o centrales de comunicación de la Policía Nacional.
El Director General de la Policía Nacional,en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, la Ley 62 de 1993 y el numeral 3º del artículo 3º del Decreto 2252 del 22 de diciembre de 1995, [...].
ART. 1º—Definiciones. Para efectos del sistema de instalación o conexión y atención de alarmas, se establecen las siguientes definiciones:
Señal de alarma: Se llama señal de alarma a todo aviso de emergencia de carácter electrónico y para el sistema que aquí se reglamenta, enviado a una central de recepción de alarmas instalado o conectado en el CAD o central de comunicaciones por cuenta del usuario, con el fin de dar aviso a las autoridades de Policía de la ocurrencia de los siguientes eventos:
1. Riesgo inminente comprobable de la posible comisión de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que se realice instalación o conexión de alarmas a los centros de recepción de alarma del CAD o central de comunicaciones de la Policía, de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
2. Flagrante ejecución de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que se realicen instalación o conexión de alarmas al CAD o central de comunicaciones de Policía de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
3. Consumación de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que se realicen instalación o conexión de alarmas al CAD o central de comunicaciones de Policía de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
4. Los hechos imprevistos e imposibles de resistir causados por la acción de la naturaleza.
5. Los hechos imprevistos e imposibles de resistir causados por la acción negligente o dolosa del hombre.
Sistemas de alarmas: Se entiende por sistema de alarmas, aquellos dispositivos electrónicos que se encuentran centralizados en una central de recepción propia o contratada.
Se entiende por alarmas, aquellos dispositivos electrónicos que no se encuentran centralizados en una central de recepción propia o contratada.
Clases de señales de alarma: Las señales de alarma se clasifican en:
1. De carácter delictivo: Son señales de alarma de carácter delictivo, aquellos avisos de emergencia electrónica que den cuenta de la flagrante ejecución y consumación de delitos.
2. De carácter preventivo: Son señales de alarma de carácter preventivo, aquellos avisos de emergencia electrónica que den cuenta del riesgo inminente comprobable de la ocurrencia de un delito.
PAR.—También serán consideradas señales de alarma aquellos avisos de emergencia electrónica que den cuenta de un hecho imprevisto e imposible de resistir causado por la acción de la naturaleza o la acción negligente o dolosa del hombre.
Falsa alarma: Se entenderá por falsa alarma todo aviso de emergencia de carácter electrónico causado por la acción negligente o dolosa del hombre, que sea reportado a la central de recepción de alarmas instaladas en el CAD o central de comunicaciones de la Policía o conectadas a los mismos, que no pueda ser calificado como una señal de alarma de carácter delictivo o de carácter preventivo.
Contrato: Entiéndese por contrato para la actividad que aquí se reglamenta, aquel que tiene por objeto promover la seguridad y tranquilidad de personas jurídicas que desarrollen actividades de utilidad pública mediante la atención de alarmas por parte de la Policía Nacional.
ART. 2º—Delegación. Delégase en los comandantes de departamento y policías metropolitanas la competencia para celebrar los contratos definidos en el artículo primero de la presente resolución, en los términos establecidos en la Resolución 1915 del 10 de abril de 1996, expedida por la Dirección General de la Policía Nacional.
ART. 3º—Requisitos. La persona que solicite contratar la instalación o conexión y atención de medios electrónicos de alarmas de los centros automáticos de despacho (CAD) o a las centrales de comunicaciones de la Policía Nacional, debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Solicitud suscrita por la persona interesada. Cuando se trate de personas jurídicas, dicha solicitud deberá ser presentada por el representante legal de la entidad.
2. Presentar una relación de los sistemas de alarma o alarmas a instalar o a conectar.
3. Documento que acredite la propiedad de los sistemas de alarmas o alarmas a (sic) instalar.
4. Para las empresas de monitoreo una relación de usuarios.
5. Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación no mayor de 30 (sic).
6. Suscribir el contrato de atención de las alarmas con el respectivo comandante de departamento o Policía Metropolitana por un término no superior a un año.
7. Concepto previo emitido por la división de comunicaciones y electrónica sobre las condiciones técnicas de las alarmas o sistemas de alarmas a (sic) instalar o a (sic) conectar.
ART. 4º—Categorías. Se establecen las siguientes categorías para el servicio que se reglamenta en esta resolución:
Categoría A: Para los sistemas de recepción de alarmas instaladas en las ciudades donde se ubiquen centros automáticos de despacho (CAD).
Categoría B: Para las alarmas instaladas en las demás capitales de departamento.
Categoría C: Para las alarmas instaladas en los demás municipios.
ART. 5º—Valor. Fíjase como valor del servicio de atención de alarmas instaladas o conectadas al CAD o a la central de comunicaciones de la Policía Nacional, por cada alarma y por la vigencia del contrato (1 año), los siguientes valores los cuales serán cancelados por trimestres anticipados en las tesorerías de los comandos de departamento o policías metropolitanas con destino a fondos internos de la respectiva unidad.
Categoría A: El valor equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Categoría B: El valor equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Categoría C: El valor equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 6º—Pagos por falsas alarmas. Cada usuario se comprometerá y obligará a pagar por cada falsa alarma según la categoría equivalente a:
Categoría A : El equivalente al 70% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Categoría B: El equivalente al 60% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Categoría C: El equivalente al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente.
PAR.—El usuario que durante el curso de un mes dé lugar al establecimiento de cinco falsas alarmas en una de sus oficinas, pagará un incremento del 10% de los valores aquí señalados cada vez que ocurra un nuevo hecho de esta naturaleza.
ART. 7º—Procedimiento para establecer la falsa alarma. Recibido el reporte por la Policía Nacional, para atender la señal de alarma en la correspondiente entidad y que resulte como falsa alarma, el comandante de la estación de Policía del lugar hará la notificación por escrito al jefe de seguridad de la entidad o a quien lo reemplace en sus funciones. Transcurridos cinco (5) días hábiles sin que se reciba objeción alguna se considerará establecida la falsa alarma para efectos del cobro pertinente, después de lo cual el comandante de departamento o Policía Metropolitana dispondrá el cobro de la multa.
ART. 8º—El valor por falsa alarma y su correspondiente incremento deberá ser pagado en la tesorería de los comandos de departamento o policías metropolitanas, dentro de los treinta (30) días siguientes al establecimiento de la falsa alarma, con destino a fondos internos-mantenimiento de los CAD o centrales de comunicación.
ART. 9º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las resoluciones 4066 del 5 de agosto de 1996, 799 del 5 de marzo de 1997 y todas las demás disposiciones que le sean contrarias”.
El acto administrativo trascrito fue modificado parcialmente por la Resolución 3731 de 30 de diciembre de 1997 expedida también por el Director General de la Policía Nacional, en lo referente a los valores establecidos en los artículos quinto y sexto, respecto del “valor del servicio de atención de alarmas instaladas o conectadas al CAD o a la central de comunicaciones de la Policía Nacional” y de los “pagos por falsas alarmas”, respectivamente. [...].
El análisis de constitucionalidad y legalidad se ocupará exclusivamente de las resoluciones 2051 y 3731 de 1997 y no sobre la Resolución 4066 de 1996, toda vez que el auto admisorio no admitió la demanda sobre este último acto administrativo. [...].
Ahora, como el problema jurídico que plantea la demanda se contrae a determinar si las resoluciones impugnadas vulneran el marco constitucional y legal relativo a las funciones de la policía y por esa vía quebrantan el principio de igualdad, corresponde a la Sala el análisis, en primer lugar, de la actividad de policía para luego estudiar la legalidad de los actos demandados, en tanto establecieron la posibilidad de celebrar contratos cuyo objeto es promover la seguridad y tranquilidad de personas jurídicas que desarrollen actividades de utilidad pública, mediante la atención de alarmas por parte de la policía. Por esta vía se despachará el cargo relativo a la misión constitucional de la policía y el cargo atinente al rompimiento del principio de igualdad.
2. La actividad de policía y la protección privilegiada, mediante contrato oneroso, de algunos “sectores de interés público”.
La actividad de policía (1) , prevista en el artículo 218 superior —y que el actor invoca como infringido— a cargo de un cuerpo armado permanente de naturaleza típicamente civil, como expresión coactiva del poder de policía, tiene una doble finalidad: i) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y ii) asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. En una palabra, es la fuerza al servicio del derecho como concluyó la comisión consultiva sobre esta materia creada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 591 de 1993.
Ese poder coercitivo de la Policía Nacional —como parte integrante de las autoridades de la República— o atribución de obrar por medio de la fuerza es, entonces, eminentemente preventivo: evitar que el orden público sea alterado y preservar, de esta suerte, la seguridad cotidiana de los residentes en este país (2) .
De ahí que la actividad de policía, al estar destinada a proteger los derechos fundamentales en los términos de la Constitución Nacional y los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, constituya un pilar indiscutible de toda democracia constitucional (3) , merced a que tiene por objeto aplicar medidas legítimas para prevenir y conjurar alteraciones en el orden público o, lo que es igual, contrarrestar agresiones que puedan poner en peligro los derechos y bienes de las personas residentes en Colombia. Así lo puso de relieve la Corte Constitucional al señalar que:
“La función que corresponde cumplir a este cuerpo es, pues, de trascendental importancia para el Estado y la sociedad, como que de su accionar depende, por una parte, que los asociados puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco de la Constitución y la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del seno de la sociedad colombiana” (4) .
Se trata, por lo mismo, de una institución que reviste una importancia capital en toda democracia (5) al estar íntimamente ligada a los fines del Estado, como que la actividad de policía tiene por vocación la materialización de algunos de ellos (C.P., art. 2º) y particularmente con la defensa de los derechos de las personas (C.P., art. 5º), y por consiguiente se erige nada menos que en el garante material de los derechos de éstas, lo que la torna en autoridad indispensable para la vigencia de un orden justo (preámbulo constitucional).
Las “fuerzas de policía” (6) —esto es los agentes, oficiales y suboficiales de policía— como “personal de ejecución (7) ” del poder y de la función de policía, están instituidos para proteger a TODAS las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (C.P., art. 2º también citado como infringido por el demandante), y no es admisible desde el punto de vista constitucional y legal subordinar el cumplimiento a plenitud de esta misión a la “remuneración” por parte de un sector de la sociedad, en tanto que riñe con los mandatos constitucionales antes citados.
De otro lado, la actividad de policía debe prestarse mediante un servicio efectivo (8) con arreglo a los principios de igualdad e imparcialidad, según las voces de los artículos 2º y 13 constitucionales señalados como violados por el actor, de suerte que resulta inadmisible su cobro mediante contrato a cualquier segmento de la población, por importante que este sea, pues dicha previsión al tiempo que contraviene el carácter universal y connatural de este servicio público a cargo del Estado el cual debe ser prestado con efectividad sin que se precise aliciente económico por parte de algunos usuarios “privilegiados”, también configura una categoría discriminatoria que debe ser retirada del ordenamiento jurídico, al atentar contra el principio constitucional de igualdad.
La jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema, de vieja data, defendió el principio fundamental de la igualdad, a pesar de que no había norma expresa al respecto. En efecto, cuando la Corte Suprema oficiaba como juez constitucional aplicó este principio constitucional con base en la Carta de Derechos de 1886, en la doctrina ius publicista foránea —en particular Duguit y Hauriou— y sobre el supuesto conforme al cual las personas, por su condición de seres humanos, deben recibir igual trato ante las normas. Al decir de la Corte Suprema de Justicia:
“(…) Mas esta igualdad de los hombres no es absoluta, matemática. Debe ser entendida (…) en el sentido de que todos los hombres deben ser igualmente protegidos (destaca la Corte) por la ley; que las cargas deben ser no aritméticamente iguales, sino proporcionales. Es preciso no olvidar jamás que queriendo realizar la igualdad matemática de los hombres, se corre fuerte riesgo de crear la desigualdad. Dentro de este orden de ideas, se puede afirmar que las normas de la Carta que en seguida se reseñan, entre otras, están inspiradas en este principio, y que, por ende, cuando él se desconoce, se quebrantan los artículos constitucionales respectivos: a) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 16)” (negrillas originales) (9) .
Nótese que la jurisprudencia constitucional colombiana parte de un triple supuesto que resulta perfectamente aplicable al sub lite: i) La igualdad deviene de la condición del hombre de ser titular de derechos, ii) Es posible la diferencia de trato, siempre y cuando esta sea proporcional (10) , iii) Una de las más claras manifestaciones de la cláusula de igualdad la constituye el artículo constitucional que establece los fines del Estado y en particular la misión de las autoridades (antiguo art. 16 superior que servía de encabezamiento al título III de la Constitución de 1886 —derechos civiles y garantías sociales— hoy inciso segundo del art. 2º C.P.).
Al descender estas premisas constitucionales al caso que se estudia y en orden a evaluar la medida que se consigna en las resoluciones atacadas, esto es la vigilancia especial a favor de algunos usuarios que celebren contratos remunerados con la Policía Nacional, es preciso concluir el quebrantamiento del principio de igualdad, que se reitera, constituye sin lugar a dudas elemento estructurante de todo Estado de derecho (11) dado que, teniendo como referencia el examen de razonabilidad (12) , la Sala encuentra:
i) Que, como ya se indicó, la actividad de policía está destinada a proteger los derechos de TODAS las personas, los cuales, como dijo la Corte Suprema en la providencias citada, devienen de su condición humana. En consecuencia, el objetivo que se persigue no es válido a la luz de la Constitución (art. 218), en cuanto desnaturaliza la misión y naturaleza constitucionales de la Policía Nacional, antes reseñadas;
ii) Que, aunque la consideración de principio esgrimida es suficiente para expulsar del ordenamiento las resoluciones atacadas, es preciso añadir que la medida enjuiciada no evidencia proporcionalidad entre el trato y el fin perseguido, puesto que en la práctica permitiría un trato privilegiado a unos sectores de la población que al poder pagar por el “servicio especial” allí previsto a cambio de una remuneración, lograrían de esta suerte una diferenciación ilegítima que la torna en discriminación inadmisible;
iii) Que simultáneamente las resoluciones impugnadas contravienen lo previsto por el inciso segundo del artículo 2º superior, conforme al cual las autoridades de la República —y la policía es sin lugar a dudas una de ellas— están instituidas para proteger a TODAS las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Por lo demás, la Sala acoge —como lo hizo al decretar la suspensión provisional de las normas acusadas— el criterio expuesto por la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 46 del Decreto-Ley 262 de 1994 que permitía al Director General de la Policía Nacional contratar con entidades oficiales, bancarias, financieras u otras personas jurídicas de derecho privado que cumplan “funciones de interés público”, la prestación remunerada de servicios de vigilancia con personal de la Policía Nacional en uso de vacaciones. Dijo la Corte Constitucional sin ambages:
“La norma demandada da lugar a pensar que el servicio de policía puede ser ofrecido en el mercado a quien quiera y pueda pagarlo en provecho propio; este equívoco lleva a la Corte a precisar que los servicios de seguridad exterior e interior, confiados por el Constituyente de manera exclusiva a las Fuerzas Armadas, solo pueden estar a cargo del Estado, y solo pueden ser prestados por aquellas personas que sean miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de las funciones propias del cargo. No hay norma constitucional que autorice al legislador, ordinario o extraordinario, para que permita la oferta en el mercado, de manera libre o selectiva, del servicio público de policía, o de uno paralelo con distinta denominación, pero similar contenido.
El servicio de policía, por ser esencial, ha de ser ofrecido a toda la comunidad en condiciones de igualdad, porque todas las personas tienen derecho, en la misma medida, a reclamar de las autoridades de la República aquello para lo cual están instituidas, en los términos del artículo 2º de la Carta. No es tolerable, a la luz de la normatividad superior, que se establezcan por el legislador categorías de personas beneficiarias en distinto grado del servicio esencial de policía, según su capacidad para retribuir un servicio que por su naturaleza ha de ser gratuito” (13) .
En sentido similar ya había indicado la Corte Constitucional desde una de sus primeras providencias sobre la materia que:
“Así mismo debe recordarse especialmente en esta materia la regla, por otra parte general a toda actividad administrativa, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El ejercicio del poder de policía no puede traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población, puesto que todas las personas ‘recibirán la misma protección y trato de las autoridades’”. (C.P., art. 13) (14) .
De todo lo atrás discurrido se impone concluir que los actos administrativos enjuiciados incurren en abierta trasgresión del marco jurídico antes reseñado. Basta remitirse al texto de las resoluciones 2051 y 3731 de 1997 expedidas por el Director de la Policía Nacional, para corroborar que su contenido normativo no se aviene a los mandatos superiores referentes a la actividad de policía y a la igualdad de los administrados frente al ordenamiento jurídico.
En efecto, las normas impugnadas prevén:
i) Un servicio especial de vigilancia y seguridad especiales para personas jurídicas que desarrollen “actividades de utilidad pública” mediante la atención de alarmas por parte de la Policía Nacional (Res. 2051/97, arts. 1º y 3º);
ii) Al efecto autorizan celebrar contratos por parte de los comandantes de departamento y policías metropolitanas “que tienen por objeto promover la seguridad y tranquilidad de personas jurídicas que desarrollen actividades de utilidad pública” (Res. 2051/97, art. 2º);
iii) Asimismo consignan los requisitos que deben reunir “la persona que solicite contratar la instalación o conexión y atención de medios electrónicos de alarmas a los centros automáticos de despacho (CAD) o a las centrales de comunicación de la Policía Nacional” (Res. 2051/97, art. 3º );
iv) Del mismo modo establecen unas categorías para “el servicio que se reglamenta” en función de las ciudades en las que habite el “usuario” (Res. 2051/97, art. 4º);
v) Al igual regulan los valores fijados por el “servicio” de atención de alarmas en atención a las citadas categorías (Res. 2051/97, art. 5º modificado por el art. 1º de la Res. 3731/97);
vi) Del mismo modo estatuyen los porcentajes por pagos por falsas alarmas (Res. 2051/97, art. 6º modificado por el art. 2º de la Res. 3731/97) y, finalmente,
vii) Establecen el procedimiento para establecer la falsa alarma (Res. 2051/97, art. 7º).
Esta breve síntesis de las normas acusadas pone de relieve que su contenido normativo contraviene de manera abierta los mandatos superiores invocados por el actor, al desnaturalizar la misión constitucional y legal que atañe a las fuerzas de policía toda vez que la torna en una actividad mercantil sujeta a las condiciones de un contrato oneroso, al tiempo que permiten un trato diferenciado no legítimo, como quiera que solo quienes paguen la respectiva remuneración —previa celebración del contrato respectivo— podrán acceder al privilegio de una vigilancia especial, además de someterlos a una relación contractual.
En otros términos y, conforme a lo anotado, los actos administrativos enjuiciados no solo riñen con el marco jurídico que gobierna a la actividad de policía, sino que simultáneamente entrañan un trato desigual desprovisto de proporcionalidad, esto es, discriminatorio, que es preciso expulsar del ordenamiento jurídico.
De ahí que en consideración a que la prosperidad de estos cargos comporta la anulación de los actos administrativos demandados, la Sala no se ocupará de las otras acusaciones endilgadas en la demanda.
En tal virtud, la Sala acoge en todas sus partes el concepto de la procuraduría novena delegada ante esta corporación y, en consecuencia, declarará la nulidad de los actos acusados.
DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 2051 de 8 de julio de 1997, por la cual se reglamenta la instalación o conexión y atención de alarmas a los CAD o centrales de comunicación de la Policía Nacional, y de la Resolución 3731 de 30 de diciembre de 1997, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2051 de 8 de julio de 1997, expedidas por el Director General de la Policía Nacional.
(Sentencia de 3 de agosto de 2006. Expediente 15687. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio).
(1) Sobre las diferencias entre poder de policía, función de policía y actividad de policía vid. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de abril 21 de 1982, M.P. Manuel Gaona Cruz. Dijo el entonces juez de constitucionalidad: “El cuerpo uniformado no expide decretos sino que actúa, no decide sino que ejecuta, su actuación está limitada por actos jurídicos reglados de carácter legal y administrativo. Una instrucción, una orden, que son ejercicio concreto de la función de policía, derivado de la competencia atribuida por el poder de policía, limitan el campo de acción de un agente de policía, quien es simple ejecutor, quien manda obedeciendo y hace cumplir la voluntad decisoria del alcalde o inspector, como funcionario de policía (su actividad es estrictamente material y no jurídica)”. Criterio reiterado por la Corte Constitucional, sentencias C-024 de 1994, C-492 de 2002 y C-825 de 2004.
(2) Ibáñez Najar, Jorge Enrique, Seguridad Nacional, seguridad del Estado y seguridad del ciudadano-una aproximación jurídica, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, julio de 2005, pág. 138 y ss.
(3) Según Alberto Lleras Camargo “la misión de la Policía es la más noble, la más importante porque para la inmensa masa humana la única autoridad con la cual se encuentra a diario y que representa para ella todo el poder, es la Policía” (citado por la Ponencia para segundo Debate al proyecto de ley Nº 43 de 1992, Cámara y 336 de 1993, Senado [a la sazón Ley 62 de 1993], en Gaceta del Congreso Año II, Nº 185, miércoles 9 de junio de 1993, pág. 2).
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-1214 de 2001.
(5) Desde la misma revolución francesa se tenía claro que “la police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propieté, la sureté individuelle” (Código de delitos y de penas del 3 de Brumario, año IV).
(6) Para el profesor Garrido Falla “dentro de lo complejo orgánico administrativo hay servicios a los que por antonomasia se les conoce con el nombre de policía. Lo correcto, empero, sería hablar en estos casos de fuerzas de policía, aludiendo a aquellos servicios que monta el Estado, sobre la base de cuerpos armados, para asegurar coactivamente el cumplimiento del ordenamiento jurídico”: Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Ed. Tecnos, 10 ed. 1992, pág. 136.
(7) Según expresión afortunada del decano Vedel vid. Vedel, George, Derecho Administrativo, Aguilar, Madrid, 1980, pág. 686.
(8) Cfr. Decreto 1512 de 2000, artículo 33.
(9) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 4 de septiembre de 1970, M.P. Eustorgio Sarria, en G.J. CXXXVII, pág. 378 y ss.
(10) Esa misma Corte Suprema cuando fungía de juez constitucional había reconocido que “el principio de igualdad ante la ley no es una norma rígida y absoluta que indiscriminadamente pueda aplicarse a todas y cada una de las personas o entidades a las cuales se dirige, sino muy por el contrario, de naturaleza relativa a las múltiples aptitudes de quienes deben contribuir al bienestar común, y a las necesidades que está llamada a satisfacer”: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 27 de junio de 1950, M.P. Rodríguez Peña, en G.J. LXVII, pág. 374.
(11) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2004, expediente: 14.318 (R-0617), actores: Juan Carlos Padilla Narváez y otros, demandada: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(12) Vid. Juez y ley desde el punto de vista del principio de igualdad, por Francisco Rubio Llorente, en La forma del poder, CEPC, Madrid, 2ª edición, 1997, pág. 633 y ss.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-020 de 1996.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994, criterio reiterado —entre otras providencias— en sentencias C-1444 de 2000, C-1214 de 2001 y C-825 de 2004.

References: artículo 84
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 218
 artículo 2
 artículo 46
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33