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﻿ Sentencia 2009-00463 de febrero 21 de 2013
SENTENCIA 2009-00463 DE 21 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:ASCENSO DE OFICIALES GENERALES. EL GOBIERNO NACIONAL ESCOGERÁ LIBREMENTE ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRADO INMEDIATAMENTE INFERIOR QUE REÚNAN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA TAL EFECTO. ENTRE LAS CONDICIONES SE ENCUENTRAN LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARESLA ANTIGÜEDADLA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS, DENTRO DEL ORDEN JERÁRQUICO, DE ACUERDO CON LAS VACANTES EXISTENTES CONFORME AL DECRETO DE PLANTA RESPECTIVO DEL ESCALAFÓN DE CARGOS Y CON SUJECIÓN A LAS PRECEDENCIAS RESULTANTES DE LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONALENTRE OTROS REQUISITOS. POR TANTO, EL ASCENSO EN EL NIVEL DE OFICIALES GENERALES DEL EJÉRCITO, NO ES AUTOMÁTICO, Y REQUIERE EL CUMPLIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, FUERZAS MILITARES, EJÉRCITO NACIONAL, ASCENSO EN LAS FUERZAS MILITARES
Sentencia 2009-00463 de febrero 21 de 2013
Ref.: Expediente 250002325000200900463 01
Número interno: 2050-2012
Actor: Martín Fernando Ávila Olaya
Se contrae a determinar si el demandante tiene derecho al reajuste de sus prestaciones atendiendo los beneficios dispuestos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social en el año 2001.
— Oficio AD 8071 de 22 de mayo de 2009, mediante el cual la apoderada especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento negó al actor la petición presentada el 16 de marzo de 2009, donde solicitó el reconocimiento y pago de los beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social en el año 2001 (fls. 6-12).
Mediante la Resolución 2907 de 24 de junio de 2008, el gerente liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento estableció el monto de liquidación de las prestaciones sociales definitivas e indemnización del demandante, en los siguientes términos:
Reconocer a favor de Martín Fernando Ávila Olaya identificado (a) con cédula de ciudadanía 79.406.832 la suma de $ 3.039.286 por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas y la suma de $ 27.433.153 por concepto de Indemnización, aplicando a estas los descuentos legales que han sido ordenados por los despachos judiciales al tenor literal de las ordenes y los descuentos autorizados por el exservidor público, de acuerdo a la liquidación que se detalla:
Salario de liquidación
Asignación básica $ 1.514.746
Prima por compensación $ 136.293
Prestaciones sociales Días Base Valor
Prima de servicios proporcional 311 $ 1.651.039 $ 713.157
Prima de Navidad proporcional 4 $ 1.651.039 $ 550.346
Indemnización por vacaciones $ 968.609
Prima de vacacional proporcional $ 807.174
Total prestaciones sociales $ 3.039.286
Fecha ingreso 20/5/1997
Fecha de retiro 12/5/2008
Total de días laborados 3952
Base de liquidación $ 1.863.384
Total indemnización $ 27.433.153
Otros pagos Valor
Compensatorios 0
ND vacaciones 0
Total otros pagos 0
Préstamo de vivienda 0
Cooptraiss $ 15.410.446
Coviss 0
Somec 0
Cafam 0
Embargo alimentos 0 Juzgado
NC asignación básica 0
NC prima x compensación 0
NC bonificación. Por año 0
NC FNA 0 0
Total deducciones $ 15.410.446
Neto a pagar $ 15.061.993
El 7 de mayo de 2009 el demandante presentó derecho de petición ante la gerente liquidadora de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, solicitando el pago de los beneficios dispuestos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores en el año 2001 (fls. 3-5).
La anterior solicitud fue negada mediante el oficio AD 8071 de 22 de mayo de 2009, por considerar que al demandante en su condición de empleado público no le asiste el derecho a ser beneficiario de convenciones colectivas de trabajo alguna (fls. 6-12).
EI21 de julio de 2009, el apoderado del demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fracasada el 1º de septiembre de 2009 (fls. 17-22).
Establecido lo anterior, la Sala procede al estudio del asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) De la naturaleza de la vinculación del accionante; ii) De los Empleados públicos y trabajadores oficiales; consecuencias jurídicas por cambiar de régimen; y vi) Del caso concreto.
i) De la naturaleza de la vinculación de la accionante
El Instituto de Seguros Sociales fue creado en el año 1946 a través de la Ley 90 de 26 de diciembre del mismo año, como una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de dirigir y vigilar los seguros sociales(1), los cuales fueron señalados por el artículo 1º para cubrir los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y muerte.
Los trabajadores vinculados a dicha entidad, a su turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2324 de 1948, ostentaron la condición de trabajadores particulares. Posteriormente, a través del Decreto 433 de 27 de marzo de 1971(2), se dispuso que el ISS fuera una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(3).
Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en la institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, que correspondían a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos(4).
En el año 1992 se dio otro cambio fundamental en la naturaleza del instituto, pues de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2148 de 1992, se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado.
Esta condición determinó que luego, con, ocasión del estudio de constitucionalidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-579 de 1996, declarara la inexequibilidad de dicha categoría en una empresa que, como se anotó, pasó a ser industrial y comercial del Estado, cuyo régimen determina que por regla general los servidores vinculados son trabajadores oficiales.
Hasta aquí, entonces, es claro que el accionante, por la fecha en que se vinculó al ISS ostentó la condición de trabajador oficial. Sin embargo, mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 se escindió del Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria (art. 1º), creándose siete (7) empresas sociales del Estado, como entidades descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de Protección Social (art. 2º).
Fue por esta razón, que con la entrada en funcionamiento de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, la situación laboral del demandante se modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerado como empleado público, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. Así mismo, la referida incorporación a la nueva planta de personal fue automática y sin solución de continuidad, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ibídem.
ii) De los empleados públicos y trabajadores oficiales; consecuencias jurídicas por cambiar de régimen
Más adelante, el Decreto-Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, efectuaron la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo parte ambas categorías de los denominados “empleados oficiales”, hoy “servidores públicos” en virtud del artículo, 123 de la Constitución Política. Al definir su campo de aplicación, el precitado Decreto 1848 dispuso en el numeral 2º del artículo 7º lo siguiente:
“2. Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en derecho colectivo del trabajo” (lo resaltado es de la Sala).
En este orden de ideas los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales, razón por la cual se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aun cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos.
Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la Jurisprudencia de, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem, para precisar que son solo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el legislador(6).
“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador-trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos”(9) (lo resaltado es de la Sala).
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad Social, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma.
Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) meses en seis (6) meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva.
De los salarios y prestaciones
Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala procede a definir la situación concreta del demandante, de cara a determinar si es viable ordenar el pago de las prestaciones sociales con fundamento en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores en el año 2001.
En orden a desatar la controversia, lo primero que debe resaltarse es que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el 26 de junio de 2003 el señor Martín Fernando Ávila Olaya tuvo la condición de empleado público y, en consecuencia, a partir de dicho momento no ostentaba el derecho a suscribir convenciones colectivas ni a beneficiarse de ellas.
El artículo 18 dispuso:
“Del régimen de salarios y prestaciones. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas” (negrilla fuera de texto y el aparte subrayado declarado inexequible mediante la Sent. C-314/2004.)
En la Providencia C-314 de 2004(10) la Corte Constitucional analizó el referido artículo, frente a la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva(11) y de los derechos adquiridos. En este sentido, luego de efectuar un amplio análisis de lo que debe considerarse, al amparo de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, como derecho adquirido, concluyó que el aparte subrayado se encuentra viciado por los siguientes motivos: (i) hace referencia solo a derechos prestacionales, cuando la protección debe abarcar los salariales también; (ii) la definición contenida en dicha disposición es errática; y, (iii) deja por fuera los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo durante el tiempo por el cual fue pactada. Al respecto, precisó:
Esta tesis, fue reiterada en la Sentencia C-349 de 20 de abril de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con ocasión del análisis de constitucionalidad de las expresiones “automática mente” y “sin solución de continuidad” contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, en los siguientes términos:
Ahora bien, de acuerdo con la copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el lSS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001, la vigencia de la misma se reguló en los siguientes términos:
Esta situación, generada por el pronunciamiento de la Corte Constitucional, no puede ser una excusa para que el demandante sostenga que con posterioridad a la vigencia de la convención colectiva de trabajo materia de controversia aún era beneficiario de ella, por cuanto:
• La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social(12), no encuadra dentro de dicho concepto de derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.
• Adicionalmente a ello, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de 2004 la mayoría de trabajadores de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, dentro de los cuales se encuentra el accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.
• En el mismo sentido, en la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1º de octubre de 2009, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; radicado interno 0212-2008, se sostuvo:
Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable”.
De lo expuesto fluye, sin equívoco alguno, que los derechos salariales y prestacionales reclamados no tienen sustento alguno; y en consecuencia no hay lugar a acceder a las pretensiones del actor, pues la liquidación de sus prestaciones sociales debió sujetarse, como en efecto se hizo, a la normatividad legal aplicable.
Confirmase la sentencia de 10 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en cuanto negó las pretensiones de la demanda incoada por Martín Fernando Ávila Olaya contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
(5) Código de Régimen Político y Municipal
(8) Consejo de Estado, sentencia del 1º de julio de 2009. Radicado 2007-1355, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, demandado: Hospital de Caldas.
(11) Frente a este aspecto concluyó que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y que está inescindiblemente ligado a la naturaleza de la vinculación, la cual, a su turno. No puede considerarse tampoco como un derecho adquirido del trabajador. Al respecto, consideró:

References: Resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 235
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 53
 artículo 478
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 478
 artículo 478