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Timestamp: 2017-09-23 23:38:26+00:00

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﻿ Derecho Penal | Noticias | Navarro & La Rosa | ABOGADOS ALICANTE
Según se establece en la legislación española, los matrimonios de conveniencia sólo puede conllevar sanciones administrativas, o derivar en un ilícito civil pero no será delito si no media ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido es clara al respecto y en la Sentencia del Tribunal Supremo 1004/1997 ya establecía que los “matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal.”
Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a una pareja condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Barcelona al considerar que se casaron en conveniencia, imputándoles un delito de falsedad y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
El Tribunal Supremo, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.
En España, el legislador considera ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro.
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El Phishing es una modalidad del delito informático que consiste en el envío de correos electrónicos con software maliciosos (virus, troyanos…etc.) o de enlaces a portales fraudulentos, con el objetivo de obtener claves, cuentas bancarias así como datos comprometidos de usuarios, cuyos datos quedan a disposición del defraudador el cual podrá hacer uso de dichas claves de forma fraudulenta, sin que el perjudicado pueda percatarse del engaño.
Uno de los métodos más usados por los defraudadores consiste en enviar correos, haciéndonos creer que se trata de un correo enviado por nuestra entidad bancaria, en el que suelen adjuntar una URL en la que el cliente ha de clicar para acceder a la página de su banco pero que en realidad se les redirige una página web simulada, cuyos datos serán usados maliciosamente por los defraudadores.
El Código Penal regula el delito de estafa informático en el artículo 248.2 disponiendo que serán considerados reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejantes, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Los delitos de estafa están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años, pudiendo aumentar hasta los seis años dependiendo de las agravantes recogidas en el artículo 250 de dicho cuerpo legal ( por ejemplo, que la cantidad de lo defraudado fuera superior a los 50.000€)
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El artículo 130 del Código Penal establece las causas en las cuales se extingue la responsabilidad criminal. Entre ellas se encuentra la prescripción del delito (art. 130.6º CP) la cual, en su artículo 131 del Código Penal, establece los plazos de prescripción en relación a la gravedad del delito cometido. El plazo de prescripción empezará a contar, tal y como señala el artículo 132 del Código Penal, desde el día de la comisión del delito, salvo los delitos continuados donde el plazo de prescripción empezará a contar desde el día en que se realizó la última infracción o desde que cesó en su conducta delictiva. Es importante señalar que el plazo de prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena.
PLAZO (ART.131 CP)
Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el art.614 CP
Delitos de terrorismo si causan muertes
· Pena máxima señalada: prisión mayor o igual a 15 años
Pena máxima señalada:
Inhabilitación mayor a 10 años
Prisión más de 10 años y menos de 15 años
Inhabilitación mayor a 5 años y que no exceda de 10 años
Prisión de más de 5 años y que no exceda de 10 años
Demás delitos
Delitos leves y delitos de calumnias e injurias
En virtud del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 16.12.08, para la determinación del plazo de prescripción del delito habrá de atenderse a la pena en abstracto señalada al delito correspondiente por el legislador.
Para el cómputo de la prescripción de un delito que contiene en su descripción normativa un tipo básico y otro subtipo agravado, el Tribunal Supremo, en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26.10.2011 estableció que para la aplicación de la prescripción, “se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. No se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal”. Por último señalar que en los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado.
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El delito de estafa: Los elementos que configuran el delito de estafa y sus penas.
El delito de estafa se encuentra tipificado en el Código Penal (artículos 248 a 251 Bis) en la sección 1 “De las estafas”, incluido dentro del capítulo VI “De las defraudaciones”. Según el artículo 248.1 del Código Penal, “comenten estafa los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”
Continuando con la redacción de este artículo, el apartado segundo establece que también serán considerados reos de estafa las personas que:
Con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
Fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos destinados a la comisión de delitos de estafa.
Utilicen tarjetas de crédito o débito, cheques de viajes o datos que aparecen recogidos en ellos para realizar operaciones que causen un perjuicio a su titular o a un tercero.
LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE ESTAFA.
Tal y como establece el Tribunal Supremo en la STS de 3 de abril de 2001, reproducida en las SSTS de 8 de febrero y 18 de abril de 2002 y 9 de abril de 2003, son:
Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.
Dicho engaño ha de ser “bastante”, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto.
Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivado viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.
Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.
Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el “dolo subsequens”,es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.
LAS PENAS EN EL DELITO DE ESTAFA.
Dependiendo de la gravedad del delito, del valor de lo defraudado y del perjuicio económico causado, el código penal establece diferentes penas por lo que se deberán tener en cuenta las circunstancias concurrentes para determinar correctamente la pena impuesta:
Si el valor de lo defraudado no excediera de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
Si el valor de lo defraudado excediera de 400 euros, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años, para la cual, se deberá tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Es importante también mencionar en este punto, que el artículo 250.1 del Código Penal, permite elevar la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando:
La estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial.
Recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
Revista especial gravedad atendiendo al perjuicio y a la situación económica en que deja a la víctima o familia.
El valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.
Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o se aproveche de la credibilidad profesional para cometer delito de estafa.
Se cometa estafa procesal, alterando pruebas que provoquen error en el juez o tribunal que lleven a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
Cuando el culpable de estafa hubiera sido condenado al menos por tres delitos comprendidos en este capítulo.
Además, el artículo 250.2 permite imponer la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando el agravante 1. Coincida con cualquiera de los agravantes 4. a 7. o cuando el importe defraudado supere los 250.00 euros.
Siguiendo con el delito de estafa, el artículo 251 también contempla la pena de prisión de uno a cuatro años cuando se atribuya falsamente una cosa mueble o inmueble y la enajenara, gravara o arrendara, ocultara la existencia de cualquier carga sobre la cosa mueble o inmueble y la enajenara como libre de cargas o cuando se otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado.
Por último, el artículo 251 bis establece que cuando la responsabilidad de los delitos de estafa recaiga sobre una persona jurídica se le impondrá las siguientes penas:
Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de casos.
Esta entrada se publicó en Derecho Penal y está etiquetada con código penal, delito de estafa, derecho penal, elementos del delito de estafa, penas del delito de estafa en 03/17/2017 por AMR Noticias.

References: artículo 248
 artículo 250
 artículo 130
 artículo 131
 artículo 132
 resolución 
 artículo 248
 artículo 248
 artículo 250
 resolución 
 artículo 250
 artículo 251
 artículo 251