Source: http://linz.march.es/documento.asp?reg=r-7799
Timestamp: 2017-05-23 03:38:32+00:00

Document:
Artículo: Más sobre el procesamiento de Carrillo - ABC - 28/12/1976 - Archivo Linz de la Transición española • Fundación Juan March
Autor: Ruiz Gallardón, José María. Más sobre el procesamiento de Carrillo
ABC. 28/12/1976. Páginas: 1. Párrafos: 9. ABC. MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 1976.
Más sobre el procesamiento de Carrillo
No sin sorpresa, he leído el editorial de un diario de la Prensa matutina del domingo, en el que, de maneara muy clara, se pretende subsumir la prisión preventiva decretada por el señor juez die Orden público contra don Santiago Carrillo, como un supuesto de «inseguridad jurídica». El editorialista se pronuncia así: «El procesamiento y encarcelamiento del secretario genera] del Partido Comunista y de otros altos dirigentes de esa organización es un símbolo evidente de la falta de libertades públicas e inseguridad existentes en nuestro país.»
Crítica durísima o injustificada de la actuación de los organismos judiciales competentes en el caso. Crítica que, como jurista que además tengo la oportunidad de escribir en un periódico como A B C, no he de dejar sin comentario. Porque bajo el ropaje de una cierta exposición jurídica del tema, en ese editorial se vierten conceptos tras los que se oculta la existencia de normas vigentes en e1 Ordenamiento Jurídico español. La parcialidad —que acaso puede justificarse en argumentos utilizados por el ahogado defensor— es inadmisible cuando se produce desde las columnas de un periódico, dirigido a toda la opinión, y cuando se pretende, nada menos presentar como una grave arbitrariedad judicial lo que no es sino estricta y adecuada aplicación de las normas en vigor.
ABC, en su edición del domingo, publicaba el auto de procesamiento de Santiago Carrillo, En esta resolución del Juzgado de Orden Público se fundamenta el procesamiento de dicho señor en los artículos 1725.° y 174, números 1.º y 2.° del Código Penal. Por otra parte, la razón jurídica de la prisión provisional incondicional decretada se encuentra, según el citado auto, en el artículo 9° de la ley de 2 de diciembre de 1963 (ley de Orden Público) en relación con el artículo 503 de nuestra venerable ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como es sabido, para decretar un procesamiento se precisa y basta con que existan indicios racionales de criminalidad; es decir, que la conducta atribuible al inculpado esté, indiciariamente, subsumida en una norma penal de carácter sustantivo.
Pues bien, según el artículo 1725.° del Código Penal (reformado) «son asociaciones ilícitas las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario». Expresamente se refiere este precepto al Partido Comunista, según la única interpretación posible en la actualidad, que es la «mens legislatoris»; así lo demuestran los numerosos apoyos que en este sentido se encuentran en los discursos pronunciados en su día en las Cortes Españolas por los autores del proyecto de ley que luego fue aprobado. Uno de los ponentes llegó a decir que si en ese precepto no estuviera incluido el Partido Comunista Español, él votaría en contra de la aprobación de la ley. Hoy por hoy, pues, la única interpretación disponible para el juez es aquella según la cual, precisamente, ser dirigente del Partido Comunista Español constituye delito.
Delito penado en el artículo 1741.° con prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y multa. Y delito que, según el artículo 9.º de la ley de 2 de diciembre de 1963, lleva aparejada la prisión provisional.
Y éste es el precepto que, aun estando expresamente citado en el auto de procesamiento, se omite deliberadamente en el editorial que crítico.
Dice así la ley: «En todas las causas por los delitos que esta ley atribuye al Juzgado y Tribunal de Orden Público, y mientras la situación alterada por aquéllos no haya sido completamente normalizada, se decretará la prisión incondicional, sin que, en ningún caso, pueda exceder ésta de la duración de la pena señalada al delito que la motive.»
Debe, pues, el instructor —está obligado a ello— decretar la prisión incondicional de Santiago Carrillo, siendo de su exclusiva incumbencia estimar cuándo desaparece la «alteración» causada por la comisión de los delitos de asociación ilícita que es de lo que aquí se trata. Pues bien: esa «alteración» —cuya apreciación de existencia, repetimos, corresponde únicamente al instructor— ¿puede sostenerse que ha desaparecido si en el mismo diario, sin ir más lejos, se recoge la noticia de manifestaciones y concentraciones comunistas tumultuarias, con intervención de Fuerzas de Orden Público en muy diversos puntos de España y aun del extranjero? ¡Seamos serios, señores, porque la Ley es muy seria! Y, sobre todo: hay que informar con objetividad. La inseguridad jurídica y social la produciría la libertad de Carrillo, no su prisión incondicional, hasta tanto que o se depuren sus responsabilidades en el proceso oportuno, o hayan desaparecido por completo las alteraciones que en la vida nacional producen los dirigentes y militantes del partido que acaudilla el ex comisario de orden público cuando lo de Paracuellos.—J. M. R. G.

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 503
 artículo 1725
 artículo 1741
 artículo 9