Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810221.html
Timestamp: 2019-11-20 02:13:30+00:00

Document:
as201810221
AUTO SUPREMO Nº 221/2018-RRC
Sucre, 10 de abril 2018
Expediente : Pando 26/2017
Parte Imputada : Juan de Dios Martínez Senseve
Por memorial presentado el 2 de junio de 2017, cursante de fs. 40 a 41 vta., Juan de Dios Martínez Senseve, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 9 de mayo de 2017, de fs. 35 a 37 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).
Por Sentencia 36/2016 de 20 de octubre (fs. 10 a 14), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Juan de Dios Martínez Senseve autor de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más mil días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan de Dios Martínez (fs. 20 a 23 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista de 9 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 666/2017-RA de 4 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente alega que, el Auto de Vista impugnado incurre en incongruencia omisiva respecto a su alzada en contra de la resolución de rechazo a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y la resolución de rechazo a un incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, alegando al respecto que sólo son contemplados en la parte considerativa más no en la dispositiva, extrañando en consecuencia una resolución clara que resuelva la interposición del recurso contra la excepción e incidente planteados, observa además que no se expresa los motivos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión, reiterando la fundamentación de la Sentencia en inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo una incongruencia omisiva en contradicción con el Auto Supremo 051/2013-RRC de 1 de marzo.
El recurrente solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se emita doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 666/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 49 a 50 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Juan de Dios Martínez Senseve,
para su análisis de fondo.
II.2. Del recurso de apelación interpuesto por el acusado.
De manera conjunta interpuso recurso de apelación incidental y restringida, argumentando en cuanto al primero, que:
Se admitió la dilación del proceso, atribuible al Juez Cautelar, al Ministerio Público y del acusado en un trámite anormal, por lo que se rechaza la extinción de la acción. Se establece solo dos hechos atribuidos al órgano Judicial y al Ministerio Público, desde noviembre del 2012 hasta octubre de 2013, se presenta el requerimiento conclusivo, en abril de 2015 se remite el expediente que dicta el primer auto de apertura, donde la defensa del imputado advierte que no se ha tramitado una apelación, por lo que se tramita la misma y después de su trámite es remitida en agosto de 2016. Finalmente, alega que la resolución incumple el art. 124 del CPP, no expresa todos los motivos de hecho relativos al asunto y no otorga la correspondiente validez a los medios de prueba adjuntada.
Se acusa por tráfico de sustancias controladas, pero no se cumple con la especificación de una o varias de las catorce modalidades de la acción, lo que a consideración del Tribunal no es un defecto absoluto y que una vez constatados los hechos se acomodará a la tipificación que corresponda. El segundo, es respecto a que se ha corregido el procedimiento dejando sin efecto el auto de apertura; empero, debió ser hasta la Radicatoria, para la presentación de prueba de descargo.
El recurso referido fue resuelto por el Auto de Vista de 9 de mayo del 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró admisible e improcedentes el recurso interpuesto, bajo el argumento expuesto en el punto I y II del segundo considerando de la resolución impugnada, los cuales se sintetizan a continuación:
En cuanto, a la apelación contra la resolución de la Excepción de Extinción de la Acción por duración máxima del proceso, haciendo una reseña de los argumento del Tribunal de mérito, el de alzada alegó: “… De este razonamiento que realiza el Tribunal se establece que se ha tomado en cuenta los hechos que conforme señala el ahora recurrente son actos dilatorios por parte del órgano judicial y el ministerio público, empero se han tomado en cuenta en el análisis otros aspectos que como tribunal están obligados a tomar en cuenta, porque el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para aceptar la extinción de la causa, debe ponderarse para cada caso concreto, la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal, que en el presente caso se hace referencia a que también el imputado no asistió a audiencia y la actitud pasiva del mismo; de las autoridades que conocieron el mismo, teniendo en cuenta que la situación de los jueces, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos como la falta del Juez titular en el juzgado a cargo del proceso, así como otras circunstancias como la aparición del proceso en el juzgado coactivo, en el poder de una auxiliar contra la que se inició los procesos respectivos, aspectos que inciden negativamente en el propósito de una pronta y oportuna administración de justicia, el Tribunal en el análisis del caso, ha hecho conocer las razones de su decisión, no siendo evidente que no se ha cumplido con el art. 124 del CPP.” (sic).
En cuanto, a la existencia de defectos absolutos, refirió: “El defecto absoluto del numeral 3 del art. 169 es referido a la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en nuestra normativa, se reclama como derecho vulnerado el derecho a la defensa, porque en la acusación no refiere porque modalidad de las establecidas es el inc. m) del art. 33 de la Ley 1008, va a ser juzgado; el Tribunal señala que para ser sustentado un defecto absoluto, tendría que imposibilitar un derecho o violentar alguna garantía, empero que la defensa no habría acreditado la vulneración del derecho, de la revisión del acta de audiencia tampoco se encuentra el fundamento de la vulneración del derecho a la defensa, simplemente señala que existe una sentencia constitucional, empero se debe fundar de qué manera restringe este derecho, haciendo relación con la acusación y la analogía con la jurisprudencia señalada, por lo que no habiéndose acreditado este extremo, no ha sido considerado como defecto absoluto.
Respecto a la corrección de procedimiento, que deja sin efecto el auto de apertura, señala el tribunal si la parte no estaba de acuerdo debió recurrir en su momento, para anular obrados hasta la Radicatoria, lo que es razonable porque si no se estaba de acuerdo con la decisión asumida por el Tribunal, debió recurrirse en su momento y no esperar a juicio para plantear vía incidente, habiendo consentido la parte, no puede considerarse como defecto absoluto.” (sic).
En la parte dispositiva de la resolución descrita, el Tribunal de apelación, dispone que “(…) de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 407, 411, 412 y 413 del Código de Procedimiento Penal, admite el recurso, declara IMPROCEDENTE la apelación, en consecuencia confirma la sentencia apelada. (…)” (sic).
Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 666/2017-RA de 04 de septiembre (fs. 49 a 50 vta.), Auto que admitió el recurso que es caso de autos; por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.
III.1. Fundamentación de la resolución de alzada.
El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en toda instancia, se impone a todo aquel que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, el referido deber tiene rango constitucional y se encuentra previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé. La referida obligación comprende el deber de manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.
Este deber de pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre cada una de las circunstancias alegadas en un recurso, tiene la finalidad entre otras, de precautelar la congruencia entre el recurso planteado y el fallo de alzada, al respecto este Tribunal mediante varios fallos entre ellos el Auto Supremo 164/2016-RRC de 21 de abril, expresó: “En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales del alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por el art. 398 del CPP y el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que, el Ad quem, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia, y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación, aun cuando se trate de defectos absolutos, pues en caso de existir éstos, necesariamente deben ser motivo de apelación por parte del impugnante y en caso de no serlo, los mismos se tendrían por consentidos.
Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento ‘infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, el cual también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.
Éste deber de congruencia, abarca la obligación de pronunciarse sobre aspectos incidentales, tomando en cuenta que los mismos son de previo y especial pronunciamiento, entendimiento asumido y recogido en varias resoluciones de este Tribunal, entre ellos el Auto Supremo 245/2012 de 11 de septiembre, que estableció la siguiente doctrina legal: “Todo Auto de Vista, será debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que contenga el recurso de apelación restringida, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, más aún si se trata de excepciones con apelación incidental, reservada para Resolución en apelación restringida, aspecto que deviene en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
En lo que concierne a la resolución de excepciones, de conformidad al precepto contenido en el art. 308 del Código de Procedimiento Penal estas son de previo y especial pronunciamiento al condicionar la emisión de una decisión sobre el fondo del asunto en proceso, en ese marco formulada la apelación contra la resolución que rechace la excepción en el juicio oral, que es reservada para su resolución en la apelación restringida, el Tribunal de Alzada debe resolver estas excepciones con carácter previo, puesto que de acuerdo a los resultados se determinará si corresponde resolver el recurso de apelación restringida, o la devolución del proceso al Juez o Tribunal de origen”.
En el caso de autos el imputado a tiempo de denunciar que el Tribunal de apelación, incurrió en incongruencia omisiva al no haber resuelto la apelación incidental contra la resolución de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y el rechazo del incidente de actividad procesal defectuosa, invocó como precedente contradictorio:
El Auto Supremo 051/2013-RRC de 1 de marzo, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Aduana Nacional de Bolivia contra MAHV, por el delito de contrabando, que tuvo como base fáctica, la constatación por parte del Tribunal de casación, de que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva al acudir a argumentos evasivos, haciendo su fallo corto e incongruente. Lo que generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:
“El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.”
De lo descrito se establece que existe situación procesal similar entre el fallo impugnado y la resolución impugnada –incongruencia omisiva-, corresponde ingresar al fondo del agravio planteado a fin de establecer la existencia o no de la contradicción denunciada.
De la jurisprudencia citada en el acápite III.1 y el precedente invocado por el recurrente, descrito en el acápite III.2 de la presente resolución, se entiende que el vicio de incongruencia omisiva, acontece cuando el Tribunal de apelación guarda silencio respecto de alguno de los agravios planteados o cuando acude a argumentos evasivos, evitando resolver el fondo de alguna circunstancia que motivó la interposición de un recurso.
En el caso de Autos, el recurrente señala que la incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, acontece porque el Tribunal de apelación; si bien en la parte considerativa de su fallo, se refirió a los motivos de apelación incidental, en la parte resolutiva no diría nada, por lo que no existiría una resolución clara que resuelva su recurso.
La circunstancia alegada por el recurrente, no evidencia la falta de resolución de los dos motivos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación incidental, los cuales como el propio recurrente señaló, fueron consideradas en la parte considerativa del Auto de Vista impugnado, concretamente en los puntos I y II del segundo considerando y en el cual de manera clara y expresa el de alzada señaló que: “no siendo evidente que no se ha cumplido el art. 124 del C.P.P.” (sic) y en cuando al segundo motivo de apelación incidental, señaló “(…) no puede considerarse como defecto absoluto” (sic); asimismo, en el por tanto del fallo impugnado, el Tribunal de apelación de manera general, admitió y declaró improcedente “la apelación”, de lo cual se entiende que dicha improcedencia hace referencia a todos los agravios planteados por el imputado en su memorial de fs. 20 a 23 de obrados; es decir, tanto a los agravios que sustentaron la apelación incidental y la restringida.
Por otro lado, es importante expresar, que si bien en la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación hizo referencia a la norma adjetiva penal, que regula el instituto de la apelación restringida y no a las que regulan la apelación incidental, dicha omisión carece de trascendencia, pues el mismo no cambia el resultado del fallo de alzada, al respecto Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, “El error en sí mismo no es causal de casación, sino en cuanto produce un efecto sobre la sentencia. De manera que el error in procedendo o in iudicando, que tiene vocación para que prospere un recurso extraordinario de casación, no es cualquiera, porque en la actividad judicial, por ser actividad humana, se cometen errores, que no tienen la entidad ni la importancia para ser demandables. Incluso existiendo errores graves, algunos no tienen trascendencia en la sentencia.”.
Bajo los argumentos, expuestos se declara expresamente que no existe contradicción entre el precedente invocado y el fallo impugnado, correspondiendo declarar infundado el recurso impugnado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan de Dios Martínez Senseve.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución