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que no lo usen de la forma que usted lo use, no significa que no lo quieran usar.. ese argumento esta mal.. tontos negros que no se hicieron blancos para escapar la esclavitud..
en fin, por dicha mentes mas abiertas y pensantes ya han tomado los pasos para que esto se equipare, y ojala si sea vinculante.. a demasiados les va a doler y lo van a ver como blasfemia contra su dios y su iglesia.. pero por dicha es un paso para garantizarle los derechos a la poblacion..
rEaS, 12 de Enero de 2018
Entre más se modifique un derecho para ajustarse a minorías, más lejos estamos de que el derecho sea igual para todos.
mae esa frase hasta que me da miedo.. esperemos que a usted nunca le toque estar en esa minoria ignorado para no afectarle a los demas que nada tienen que ver con usted
Legal. De hecho ni logica tiene. Empece a leer pero me tope con perlas como "el derecho lo tienen intacto ke no lo usen es otra cosa" o algo asi y diay no pude seguir.
Link, 12 de Enero de 2018
Si, demasiados argumentos sin sentido. Al final de cuentas se van a casar 2 personas del mismo sexo y en nada van a afectar el transcurso de nuestras vidas
liceo97, 13 de Enero de 2018
A usted le molesta que dos maes se den un beso en público?
Ni siquiera a un hombre y una mujer haciendo escenas en la calle, o en el bus, o en una parada etc... que mas bien pereciera que andan buscando cuarto
jpmarinm, 13 de Enero de 2018
Link, 13 de Enero de 2018
La pregunta es sobre un beso como pareja que son. Y nadie me la ha respondido.
Tomaré ese silencio como que si les molesta ver dos maes besándose. Pero estoy seguro dos lesbianas guapas no y mucho menos una pareja heterosexual
luis_manudo, 13 de Enero de 2018
Mae a mi si me incomoda ver tanto dos mujeres como a dos hombres.
ericksinc, 13 de Enero de 2018
¿Cuál es la diferencia con un beso heterosexual?
A mi no me incomoda. La primera vez ke vi algo asi si me causo cierta impresion porke diay no es lo ke uno esta acostumbrado a ver pero bueno eso fue hace bastante tiempo cuando estaba entrando a la U.
Creo que esto ayuda a evitar malos entendidos... esta es la realidad legal:
Bufete Pedro Beirute & asociados
"MATRIMONIO HOMOSEXUAL. IMPROCEDENCIA.
Estimados y respetados amigos, todos, incluyendo a aquellos no heterosexuales a quienes no discrimino bajo ninguna circunstancia. Sólo quiero hablarles como abogado, como jurista, como respetuoso del derecho.
A raíz de una publicidad "engañosa" originada en el desconocimiento del voto consultivo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con títulos que NO SON CIERTOS, el país en buena medida ha respondido familiarmente oponiéndose al MATRIMONIO HOMOSEXUAL. No a los DERECHOS FUNDAMENTALES que puedan tener este grupo minoritario costarricense. Sino a lo que se considera como una máxima constitucional.
A los homosexuales debemos respetarlos, y sobre todo JAMAS DISCRIMINARLOS. Pero se han ilusionado falsamente.
No es cierto que la Corte hay aprobado ningún MATRIMONIO entre pares del mismo sexo. No es cierto que el REGISTRO CIVIL pueda inscribir ningún matrimonio de estos. NO ES CIERTO QUE NINGUN NOTARIO PUBLICO PUEDA CASAR A NADIE HOMOSEXUAL.
Quienes lo hagan COMETERAN PREVARICATO e irán a la CARCEL. Así de legal. No cometan tonteras o errores que les costará caro.
En Costa Rica, existe un principio de LEGALIDAD Y UNA RESERVA DE LEY. Eso significa que este VOTO (NO ES UNA RESOLUCION O FALLO DE LA CORTE) JAMAS podría derogar la CONSTITUCION POLITICA de Costa Rica.
Es a través de una constituyente que la Constitución se modifica. No puede venir ur Organismo extranjero, por más Corte que sea, a quitarnos esa soberanía.
Y menos cuando se trata de una OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
IDENTIDAD DE GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO
OBLIGACIONES ESTATALES EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE NOMBRE, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, Y LOS DERECHOS DERIVADOS DE UN VÍNCULO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO (INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 Y 24, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)
Correcto, así como lo leen. Por ninguna parte se habla de MATRIMONIO HOMOSEXUAL.
Se trata la opinión sobre identidad de género (la cosa más antinatural que hemos visto) sencillamente se nace hombre o mujer, no transexual, ni medio hombre ni medio mujer.
Sin embargo, pensando que se debe respetar a esta población, eso no significa que tengan que estar por encima de la mayoría hombre o mujer. Casos exepcionales como ser HERMAFRODITA, (aquellos que nacen con ambos órganos distintivos de ser hombre o mujer, pene o vagina), tendrán todo el derecho de poder obtener su propia personalidad masculina o femenina, en un primer momento a través de sus PADRES quienes ejercen la patria potestad de ellos y podrán mediante consejo médico decidir el sexo final de su retoño, y luego cuando sean mayores de edady puedan decidir el sexo que les haga sentir bien).
El cambio de nombre: la "opinión" igualmente se refiere a este tema. Pero no es que mañana quienes han salido ya en portadas de prensa, puedan ir al Registro a pedir no llamarse "Pedro" sino "Juana", sino que se debe cumplir con lo que manda el artículo 54 del Código Civil. De lo contrario no es por gusto, ni por género, y mucho menos puede EL REGISTRO CIVIL crear espectativas falsas a la población homoseuxual de que ya se pueden casar, de que ya puedan cambiarse el nombre, de que ya puedan cambiar de sexo, y MUCHO MENOS QUE YA LOS PUEDAN CASAR. NUNCA LEGALMENTE HABLANDO.
En cuanto a los DERECHOS DERIVADOS DE UN VINCULO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO, estoy seguro que pocos o nadie de los que han opinado sobre el tema como "expertos", ni siquiera se ha leído el texto completo de esa OPINION de la Corte. Los oigo hablar y me digo, Dios mío pero que pasa, de donde sacan esas conclusiones.
Por ningún lado se habla de que debe aprobarse el MATRIMONIO HOMOSEXUAL.
El respetar los derechos de las personas del mismo sexo, al igual que los heterosexuales, no significa ningún matrimonio homosexual. Y paso a explicarlo popularmente para que nos entendamos todos.
Los DERECHOS FUNDAMENTALES de todo ser humano, sea o no homosexual, transgénero o como quieran inventar llamarles para justificar una tesis, son el DERECHO A LA VIDA, EL DERECHO AL TRABAJO, EL DERECHO A LA SALUD, EL DERECHO AL LIBRE TRANSITO. EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACION.
El contraer matrimonio NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL. Si usted quiere se casa, si no quiere no se casa. Y por esa razón nadie lo puede DISCRIMINAR.
PERO VIVIR, TRABAJAR, CAMINAR Y TENER SALUD NO SE NOS PUEDE DISCRIMINAR EN RAZON DE QUE SEAMOS O NO HOMOSEXUALES.
Existe discriminacion en Costa Rica en razón del sexo? NO, NO Y NO.
A LOS HOMOSEXUALES no se les discrimina en el TRABAJO. Trabajan donde quieren, en el Gobierno central, en el Poder Judicial, en los medios televisivos, en los periódicos, en la empresa privada, donde quieran. Y si a algún patrono se le ocurriera estuípidamente no darles trabaja en razón de su homosexualidad, habrá que denunciarlo y castigarlo conforme a al ley. Porque no se puede ni se debe discriminar a nadie en razón de su inclinación sexual.
Los homosexuales tienen todo el derecho a la SALUD. COMO CIUDADANOS la Caja debe y lo está haciendo, protegerlos.
Como parejas igual. Pero esos son derechos DERIVADOS DE SU CIUDADANIA, NO DE SI VIVEN JUNTOS O NO. Es decir, a los HETEROSEXUALES no se les asegura porque sean casados o vivan juntos, sino porque son ciudadanos de Costa Rica.
Ahora, como pareja, es igual. Los reglamentos de la Caja pueden resolver darle el seguro a las parejas homosexuales si se demuestra la unión civil (no el matrimonio legal) por más de 3 años, aunque siempre será violación de ley porque el Código de Familia establece ese mínimo para que se obtengan derechos.
A las parejas homosexuales no se les discrimina prohibiéndoles HEREDARSE MUTUAMENTE. Lo pueden hacer, HOY MISMO. Esos son derechos civiles como los tiene cualquier pareja no homosexual."
Charlielc, 13 de Enero de 2018
que hablada de ese abogado.. en las palabras que el mae profesa como realidad absoluta, se nota que sigue siendo una opinion muy subjetiva porque claramente el mae esta en contra..
nadie ha dicho que lo que dice la corte es de acatarse obligatoriamente? no.. no quita que sea una resolucion que deberia adoptarse..
nadie ha dicho que el matrimonio es un derecho fundamental.. quien esta peleando eso? por eso entonces no hay que darselos.. segun la opinion de este mae, y usando esta logica tergiversada, a los homosexuales los unicos derechos que deberian darseles son los derechos fundamentales y ya.. porque cualquier otro derecho, ellos no tienen derecho a tenerlo.. y no es descriminacion si no tienen otros derechos.. solo los fundamentales.. ya..
y la cereza en el pastel es esta parte..
mm.. entonces.. esta diciendo que la misma caja esta quebrando la ley? o la esta modificando para ser justos con todos o que? no es que no se podia? decidanse.. porque si el mae por un lado pone que las leyes no se pueden modificar por nada del mundo, y la constitucion, y bla bla bla.. y luego dice que la caja lo hace a la vista y paciencia de todos, entonces? o esta mamando el abogado (probablemente) o esta mamando la caja y quien sabe porque nadie ha interpuesto una denuncia a que la caja este rompiendo la ley..
en fin, todos son opiniones.. la gente que esta encontra pone como ejemplo que a los gays no se les descrimina en los trabajos y otros lugares.. wow.. felicidades, que dicha.. eso es algo que deberian alegrarse? cambien gays por negros, y les lloverian criticas por racistas decir que los negros tienen que estar felices porque pueden comprar casas y trabajar para el gobierno si quieren.. trofeo o medalla..
es inevitable, y algun dia tarde o temprano se legalizara el matrimonio homosexual en costa rica.. y en ese momento todos el mundo se dara cuenta que.. nada.. NADA.. absolutametne ni mierda cambiara para la persona heterosexual que vive su vida tranquila.. alguna gente se beneficiara a costas de nada ni nadie, y para otra gente absolutamente nada cambiara..
pero como siempre, dejemos que gente que no es afecta de ninguna manera, decida por algo que no le hace dano a nadie.. muy bien..
rEaS, 13 de Enero de 2018
En este país necesitan dejar de mamar tanto a abogados que salen en tele, como Castro y Beirute.
Respuesta a Pedro Beirute
Mediante su página en Facebook, el señor Pedro Beirute, abogado especialista en Derecho de Familia intentó restar importancia y hasta desacreditar los efectos que para Costa Rica tiene la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), solicitada por nuestro Estado en mayo del 2016.
Primero, no puedo evitar señalar que aunque el señor hace énfasis en su escrito de que no discrimina “bajo ninguna circunstancia” a los no-heterosexuales, el contenido de lo que ha publicado hace ver todo lo contrario, pues cae en una serie de calificativos y señalamientos discriminatorios y hasta ofensivos para la población sexualmente diversa.
Dice el señor que “la Corte no ha aprobado ningún matrimonio entre pares del mismo sexo”, que no es cierto que “el Registro Civil pueda inscribir un matrimonio de estos” y que tampoco es cierto que algún “notario público pueda casar a nadie homosexual”, alegando que lo emitido no es una resolución o fallo de la Corte y que por tanto, prevalece el principio de legalidad y el de reserva de Ley. Más adelante da a entender que lo dicho por la Corte no puede “derogar la Constitución Política de Costa Rica”.
Si en algo está en lo cierto es que lo emitido por la Corte no es un fallo, pues no se trató de un caso contencioso (como sí lo fue el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica(caso FIV)) sino de una respuesta a una Opinión Consultiva solicitada por el Estado de Costa Rica con fundamento en los artículos 64.1 y 64.2 de la Convención Americana. [1]
Sin embargo, contrario a lo que él afirma, lo cierto es que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Sala Constitucional de Costa Rica han señalado que las opiniones consultivas formuladas por los Estados parte de la Convención son vinculantes.
Efectivamente, es esperable pensar que una opinión no tenga el mismo peso que un fallo, sin embargo, bien lo explicó la Sala Constitucional desde el año 1995: “la Corte [IDH] no ha querido otorgar a sus Opiniones la misma fuerza de una Sentencia en resguardo de los derechos de posibles afectados,que en la vía consultiva no podrían obtener ventajas indemnizatorias de la decisión”.
Lo anterior implica que nuestros Magistrados reconocen que la verdadera razón por la que la Corte Interamericana no da el mismo peso a una Opinión que el de un fallo es evitar que esa herramienta se convierta en un sustituto encubierto e indebido del caso contencioso, soslayando así la oportunidad para las víctimas de intervenir en un proceso donde soliciten ser protegidas y obtener indemnizaciones; no porque se reste importancia, mérito o efectividad a las interpretaciones que hace la Corte de la Convención.
La Corte Interamericana ha dicho que la labor de su función consultiva es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, por lo que, obviamente, lo que emita en una Opinión Consultiva es el criterio que sostendrá y con el cual resolverá en un caso contencioso. Puede decirse entonces que la Opinión Consultiva es una herramienta de la Corte para ayudar a los Estados a que adecúen su Derecho interno a lo establecido en la Convención, tal y como lo ordena el Artículo 2 de la Convención. [2]
Al respecto, valga recordar que cuando la Corte emitió la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, determinó que la colegiación obligatoria de periodistas, instaurada en la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), era incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [3]
Esa Opinión emitida por la Corte fue la que la Sala Constitucional, en el caso tramitado en el expediente 0421-S-90, usó para declarar inconstitucional el artículo 22 de la Ley del Colper. [4]
En lo que interesa, la Sala reconoció al Estado costarricense el haberse sometido, formalmente, a la jurisdicción de la Corte, al calificarlo como un “acto de excepcional entereza”. Sin embargo, el Estado, desde que recibió notificación de lo resuelto por la Corte, siguió aplicando durante 10 años la norma sobre colegiatura obligatoria.
Dado lo anterior, los Magistrados indicaron: “Si la Corte elogió el hecho de que Costa Rica acudiera en procura de su opinión, emitida hace diez años, resulta inexplicable lo que desde aquélla fecha ha seguido sucediendo en el país en la materia decidida, puesto que las cosas han permanecido igual y la norma declarada incompatible en aquélla ocasión, ha gozado de plena vigencia durante el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha de esta sentencia”.
De seguido, proceden a explicar que, para que el Sistema Interamericano tenga lógica, la Convención Americana establece en su artículo Artículo 68 que “los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Acá es de relevancia señalar que, aunque se puede entender que “caso” se refiere a procesos contenciosos en la Corte, la Sala Constitucional lo extendió a las Opiniones Consultivas.
“No le cabe duda a la Sala que Costa Rica asumió el carácter de parte en el procedimiento de consulta, toda vez que ella misma la formuló y la opinión se refiere al caso específico de una Ley costarricense declarada incompatible con la Convención”, agrega el voto 2313-1995.
A continuación, la Sala desarrolla que, tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, se aplica el Artículo 48 Constitucional, que constituye una norma especial para los instrumentos internacionales que se refieran a Derechos Humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional, reiterando su jurisprudencia, desde los casos resueltos por sentencia 3435-1992 y su aclaración 5759-1993, en la que se otorgan a los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, “no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.
Asimismo, es necesario citar el reconocimiento que hace la Sala de la Corte Interamericana como el órgano natural para interpretar la Convención Americana: “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos,la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá, de principio, el mismo valor de la norma interpretada.No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido. Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan”.
Finalmente, la Sala dijo: “Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-05-85 unánimemente resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos complejos y costosos del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Concluir en lo contrario, conduce ciertamente a la burla de todo propósito normativo ya no solo de la Convención, sino del órgano por ella dispuesto para su aplicación e interpretación. Ciertamente, no ha sucedido así y desde hace ya casi diez años, como se dijo, el Estado costarricense ha mal disimulado su deber a acatar lo dispuesto por la Corte, la que precisamente se pronunció ante la propia petición de este país”.
luis_manudo, 14 de Enero de 2018
De todo lo anterior, podemos concluir lo siguiente: la Sala Constitucional extendió la obligación del Estado costarricense emanada del Artículo 68 de la Convención Americana no solo a los casos contenciosos que se conozcan en la Corte, sino también, a las Opiniones Consultivas que haya solicitado a ese organismo; también reconoció a la Corte IDH como la intérprete de la Convención y determinó que sus interpretaciones tendrán el mismo valor que la norma que haya sido interpretada.
Como ya señalé, la misma Corte Interamericana ha ampliado el carácter vinculante de sus resoluciones a las opiniones consultivas. Ejemplo de ello es la Opinión Consultiva OC-21/14 “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional” del 19 de agosto de 2014, que literalmente dice: [La Corte] estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. A su vez, a partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y […] así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos”.
De lo anterior se confirma que, tal y como lo sostiene desde 1995 nuestro Tribunal Constitucional, las Opiniones Consultivas de la Corte IDH pretenden ayudar a los Estados a evitar vulneraciones de derechos humanos, cumpliendo con su propósito de proteger los derechos de todos los seres humanos y, además, señalando la obligatoriedad que tiene el Estado de realizar el control de convencionalidad, no solo con lo que diga literalmente la Convención Americana, sino también con las interpretaciones que haya hecho la Corte.
Es falso que la Corte le haya quitado “soberanía” a Costa Rica. Fue nuestro país, soberanamente, el que aceptó formar parte y someterse a un organismo internacional que es garante de la protección de los derechos humanos, ya que nuestra Asamblea Legislativa adoptó, en todos sus extremos, la Convención Americana al promulgar la Ley 4534 el 23 de febrero de 1970.
Cabe destacar que, contrario a lo que publicó el señor Beirute, el matrimonio sí está reconocido como un derecho y así está expresamente señalado en el Artículo 17.2 de la Convención. Una lectura somera del tratado o haber usado el comando “buscar” en el documento le permitiría haberlo encontrado en cuestión de segundos.
Además, la Corte determinó en su Opinión Consultiva que el artículo 17.2 de la Convención, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, no plantea una definición restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia, pues “esa formulación no implica necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana”. De ahora en adelante, y gracias al criterio solicitado por Costa Rica, la Convención reconoce y protege el derecho al matrimonio, no solo heterosexual, sino también entre personas del mismo sexo.
Asimismo, no es cierto que la Opinión Consultiva no hable sobre matrimonio igualitario. Nuevamente, con usar el comando de búsqueda en el documento o bien, yendo directamente a la página donde la Corte emite su criterio, podrá encontrar la decisión de la Corte, adoptada por votación de seis contra uno: “De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228”.
Es decir, la Corte señala que es obligación de todos los Estados que sus ordenamientos jurídicos garanticen a las familias de parejas del mismo sexo el acceso a la figura del matrimonio que protege a las familias de parejas heterosexuales, ya que como lo señala en su párrafo 200, “establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia –sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil– no logra superar un test estricto de igualdad pues, a juicio del Tribunal, no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional”.
Así lo anterior, la Corte echa por la borda la pretensión de que los derechos de las parejas de personas del mismo sexo sean reconocidos mediante otras figuras jurídicas que no sean el matrimonio, al considerar que no hay motivo de peso que justifique hacer esa distinción.
Por otro lado, señala el señor licenciado que la Opinión Consultiva trata, únicamente, sobre identidad de género, a la cual se refiere como “la cosa más antinatural que hemos visto”, para solamente denotar que no ha leído el documento.
Al respecto, en el párrafo 110, la Corte señala muy claramente que “el reconocimiento de la afirmación de laidentidad sexual y de género, como una manifestación de la autonomía personal, es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas que se encuentra protegido por la Convención Americana en sus artículos 7 y 11.2”.
En el párrafo 98, la Corte determinó que “la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”.
Lo anterior permite desmentir, fehacientemente, el señalamiento que hizo el señor Beirute de que únicamente las personas hermafroditas podrían acceder al cambio de nombre y sexo registral conforme su identidad de género autopercibida, pues al contrario, es un derecho que la Corte Interamericana reconoció tienen las personas trans.
De seguido, el licenciado señala que la Opinión de la Corte no implica que mañana una persona podrá cambiarse su nombre libremente, sino que debe regirse por lo que señala el artículo 54 del Código Civil.
Al respecto, es necesario resaltar (dado que el licenciado lo pasó por alto) que el Estado consultó a la Corte, expresamente, si el artículo 54 supracitado, era compatible con lo establecido por la Convención Americana, es decir, le pidió estudiarlo por el fondo.
El Alto Tribunal determinó que, ese artículo, en su redacción actual, únicamente estaría conforme con la Convención Americana si se interpreta, en sede judicial o por vía reglamentaria, que el procedimiento establecido sea un trámite administrativo enfocado a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas o psicológicas u otras que puedan resultar irrazonables o patologizantes, ser confidencial, que los documentos de identidad no reflejen evidencia del cambio, ser expedito, en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y no exigir la acreditación de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales. [5]
En resumen de lo anterior: la Corte dijo a Costa Rica que la redacción actual del Artículo 54 de su Código Civil no respeta la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que debe modificarlo aplicando control de convencionalidad en sede judicial o bien, mediante una reforma reglamentaria administrativa.
Así, es falso el señalamiento que hace el señor Beirute de que se debe cumplir con lo que dice ese artículo, pues como ya se le advirtió al Estado, el procedimiento no respeta una norma que, como lo ha dicho la Sala Constitucional, tiene carácter supraconstitucional.
A continuación, señala que los “expertos” que hablan sobre el reconocimiento de la Corte al vínculo entre parejas del mismo sexo, evidencian que no han leído el texto completo de la Opinión. Como ya ha quedado evidenciado, el “experto” que no lo ha leído es otro, pues ese tema es abordado por la Corte desde la página 72 párrafo 172, hasta la página 86 párrafo 228.
En el párrafo 189, la Corte señala que una interpretación restrictiva del término “familia” , frustraría el objeto y fin de la Convención y en el párrafo 191 la Corte determina que es obligación de los Estados reconocer los vínculos familiares de las parejas de personas del mismo sexo y protegerlos de acuerdo a la Convención.
Aunados a los dos anteriores, el párrafo 198 señala, expresamente que, “la Corte considera que el alcance dela protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales. Como fue constatado por este Tribunal, las implicaciones del reconocimiento de este vínculo familiar permean otros derechos como los derechos civiles y políticos, económicos, o sociales así como otros internacionalmente reconocidos. Asimismo, la protección se extiende a aquellos derechos y obligaciones establecidos por las legislaciones nacionales de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales”. [6]
Finalmente, el párrafo 199 manifiesta que, en respuesta a la pregunta planteada por el Estado de Costa Rica, la cual se refiere a la protección de los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo, la Corte estima que: “deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales”. [7]
Hasta acá, ha quedado evidenciado que el licenciado no leyó, no supo leer o leyó la Opinión Consultiva incorrecta, pues cualquiera con capacidad de comprensión lectora puede concluir, al contrastar sus afirmaciones con lo dicho por la Corte, que sus señalamientos no son ciertos.
El señor Beirute dice que “no, no y no” existe en Costa Rica la discriminación en razón del sexo. Seguramente la brecha salarial entre hombres y mujeres, la preferencia de contratación de hombres (dado que no pueden embarazarse), el hecho de que la tasa neta de participación en el mercado de trabajo de las mujeres sea de 48% frente al 75% de hombres y que el desempleo entre mujeres sea del 12,3% y de los hombres 8,8% son todos hechos de una Costa Rica paralela, una Costa Rica en la que no vivimos ni logramos ubicar.
Para ir finalizando, también dice que “a los homosexuales no se les discrimina en el trabajo”. Falso, falso y falso, al punto que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un estudio hecho en Costa Rica y publicado en el 2016 señaló que persisten actos de discriminación y agresión por orientación sexual e identidad de género en el trabajo. [8]
El que la discriminación hacia mujeres y personas sexualmente diversas esté prohibida no implica que ella no se presente, así como la existencia de penas de cárcel por robo, asesinato y otros delitos no inhiben que estos ocurran. No hace falta recurrir a falacias.
Señor Beirute, a diferencia suya, yo no soy abogado, sin embargo, como periodista me tomé la molestia de hacer lo que mi profesión demanda: verificar y consultar distintas fuentes sobre el tema que nos ocupa, antes de publicar conclusiones y señalamientos apresurados y carentes de toda fundamentación. Cualquier persona con capacidad de comprender un texto, independientemente de que este sea del tipo legal, podría haber hecho el mismo ejercicio, por lo que espero las personas que han sido mal informadas por su publicación en redes sociales encuentren en este artículo una luz que les permita ver que lo que usted publicó no es ni cierto, ni correcto.
Para esos efectos, hay citas al pie del artículo donde se puede constatar y verificar lo que aquí he escrito, incluyendo un material preparado por la propia Corte Interamericana que habla sobre el control de convencionalidad y la obligatoriedad de los Estados de aplicarlo, inclusive, tratándose de una Opinión Consultiva. [9]
[1] Artículo 64 de la Convención Americana: “1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”
[2] Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
[3] Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
[4] Sala Constitucional. Voto 2313-1995. Acción de Inconstitucionalidad Caso Ajún vs. Colegio de Periodistas.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/2844.pdf?view=1
[5] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf Párr. 171 a)
[6] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdfPárr. 198
[7] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdfPárr. 199
[8] OIT. OIT presenta investigación sobre la situación laboral de la población LGBTI en Costa Rica. http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_495193/lang–es/index.htm 28 de junio de 2016
[9] Corte IDH. Control de Convencionalidad. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf
Acerca del autor: Luis Manuel Madrigal
Ese post de Beirute son meras opiniones. Ni siquiera uso el fallo para argumentar.
En cambio ese otro mop Luis si copia y pega los parrafos de la opinion consultiva y luego los explica. Y diay tiene sentido.
Link, 15 de Enero de 2018
EL MATRIMONIO GAY EN LA OPINIÓN DE LA CIDH
Lic. José Antonio Solera Víquez
(Se autoriza que sea compartido o distribuido).
Con ocasión de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el tema del matrimonio gay que ha polarizado al país durante toda la semana, considero necesario hacer algunos aportes a un debate más racional e informado y por lo tanto externaré algunas consideraciones de carácter estrictamente JURÍDICO sobre el tema que puedan servir para ampliar las perspectivas sobre el tema.
1. Los tratados de Derechos Humanos (DDHH) (también llamados “Instrumentos” en la jerga técnica) sí están por encima de la Constitución Política (CP) y ello no es ninguna violación a la soberanía nacional. El rango que le otorga el artículo 7 de la CP a los tratados, no se refiere a los tratados sobre DDHH, que conforman hoy día lo que se llama “normativa supra constiticional” y aplica exclusivamente para tratados sobre DDHH. De eso hay muchas resoluciones de la Sala Constitucional (SC) y artículos, por lo que no me voy a extender en este momento sobre ese punto.
2. En el año 1969, siguiendo una tendencia mundial de la post guerra, los países de América firmaron aquí en San José la llamada “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que de inmediato fue apodada “Pacto de San José”. En esa Convención (Tratado o Instrumento, ya vimos que es lo mismo), se creo una Corte con jueces, para que resolvieran litigios, es decir, pleitos, entre las personas y los Estados, cuando una de esas personas se sentía lesionada en alguno de los DDHH que el tratado protegía y se le llamó “Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), que precisamente tiene su sede ahí en Los Yoses, cerca de la Iglesia de Fátima.
3. La función principal de la CIDH es emitir sentencias, donde se resuelven casos. No es como la SC que admite todos los casos que se le presentan, sino que ellos son muy selectivos y cuesta mucho lograr que admitan un caso para resolverlo. Las sentencias de la CIDH suelen llevar los apellidos de la parte y el Estado demandado, (ej. “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”) y un numero y año. Debe quedar claro que estas sentencias son VINCULANTES, es decir, las partes, sobre todo los Estados demandados, están OBLIGADOS a acatar lo que allí se dice. No es una renuncia a la soberanía del país, toda vez que es parte de los mecanismos de Derecho Internacional y Costa Rica libremente estuvo de acuerdo con someterse a esa jurisdicción especial.
4. Como un aspecto novedoso en aquellos años (1969), se le estableció a la misma CIDH la potestad CONSULTIVA (art. 64), es decir, que sin necesidad de un caso previo, pudiera un Estado consultar si determinados artículos o leyes de su normativa interna eran contrarios a los DDHH que protegía la Convención. Por ejemplo, importante en este caso, Costa Rica hizo una consulta en 1985 sobre la si la colegiatura obligatoria de periodistas era contraria a los DDHH y la CIDH de ese entonces emitió la OC-05-85, donde dijo que no se podía obligar a nadie a colegiarse. En el caso presente, Costa Rica de nuevo hizo una consulta y la CIDH emitió la muy famosa OC-24/17, que estamos comentando en este momento
5. El artículo 64 de la Convención que habla de esta potestad consultiva de la CIDH no establece claramente si esas opiniones son o no son vinculantes y de acatamiento obligatorio para los Estados que las formulan.
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Charlielc, 15 de Enero de 2018
6. Lo primero que debemos señalar, es que la propia CIDH ha establecido que sus opiniones consultivas NO SON VINCULANTES. Veamos algunos ejemplos:
Opinión Consultiva OC-3/83:
“22. Ninguna de estas consideraciones está presente en los procedimientos consultivos. No hay partes pues no hay demandados ni actores; ningún Estado es requerido a defenderse contra cargos formales, ya que el procedimiento no los contempla, ninguna sanción judicial está prevista ni puede ser decretada. A lo único que el procedimiento está destinado es a facilitar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.”
Como vemos, el procedimiento consultivo está destinado a facilitar UNA INTERPRETACIÓN sobre la Convención. Una interpretación puede ser una entre varias posibles, que puede variar en cualquier momento y circunstancias.
Opinión Consultiva OC-1/82:
“51. Además, si se planteara concretamente dicha contradicción, no se estaría frente a un hecho de mayor gravedad. No debe, en efecto, olvidarse que las opiniones consultivas de la Corte, como las de otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención; y si esto es así, menos razones existen para sacar argumentos de los eventuales efectos que pudieran tener frente a Estados que ni siquiera habrían participado en el procedimiento consultivo. En esta perspectiva, es obvio que tal posible contradicción de opiniones entre esta Corte y otros tribunales o entes carece de trascendencia práctica, y resulta perfectamente concebible en el plano teórico.”
En mi criterio, la CIDH es sumamente clara al señalar que sus opiniones NO TIENEN el efecto vinculante de las sentencias que ellos emiten.
Opinión Consultiva OC-15/97
“26. Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada a todos los “Estados Miembros”, los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma. Además, aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento.”
Aquí, la CIDH reitera que sus opiniones NO SON VINCULANTES, pero que sí tienen un “efecto jurídico innegable”, aunque no precisa y detalla con claridad cuáles son y cuáles los alcances de esos “efectos”, por lo que tampoco se podría especular qué quisieron decir con esa frase suelta.
Podría alegarse que los anteriores son casos de bastantes años atrás o que no se refieren al caso concreto de la OC-24/17, por lo que es conveniente leer precisamente dentro de esa OC-24/17, los numerales 26 y 27:
“26. La Corte estima necesario además recordar que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa, el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”.
“27. A su vez, a partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la protección a personas LGBTI y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos.”
La misma OC-24/17, en los puntos anteriores, precisa dos ideas fundamentales: (a) que los Estados DEBEN hacer su propio control convencional sobre el tema, no deroga ni suprime ninguna norma interna, respeta y sostiene la autonomía de cada Estado para ajustar su ordenamiento jurídico y (b) en el punto 27 es mucho más explícito al disponer que dicha opinión “constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la protección a personas LGBTI”. ¿Es “una guía” algo obligatorio? Claro que no lo es. La CIDH ha sido muy clara en el punto 27 anterior, cuando señala que la OC-24/17 es una guía y como tal, no puede ser VINCULANTE.
Recomiendo ampliar la lectura del tema con estos artículos que se consiguen en Internet muy fácilmente:
¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad) Juan Carlos Hitters Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 131-156.
SALVIOLI, Fabián: “La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco legal y desarrollo jurisprudencial”; en “Homenaje y Reconocimiento a Antônio Cançado Trindade”; T. III, pp- 417 - 472. Ed. Sergio Fabris, Brasilia, Brasil, 2004.
7. Ahora bien, si la misma CIDH dice en su jurisprudencia que sus opiniones NO SON VINCULANTES, y además en la propia OC-24/17 dice que se trata de “una guía”, ¿por qué altas autoridades de Gobierno y la Defensoría dicen que sí lo es? Es porque se basan en una sentencia de la SC, la N°2313-95.
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8. ¿Recuerdan líneas atrás la Opinión Consultiva de la CIDH que comenté sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas (OC-05-85)? Pues bien, esa Opinión Consultiva nunca se aplicó a lo largo de 10 años y entonces un periodista planteó un caso ante la SC y dicho órgano resolvió (en lo que nos interesa) lo siguiente:
“Si se pretendiera que tal norma, por referirse a quienes "sean partes", solamente contempla la situación de los casos contenciosos, la Corte Interamericana misma ha ampliado el carácter vinculante de sus decisiones también a la materia consultiva (OC-3-83), y en el caso bajo examen no le cabe duda a la Sala que Costa Rica asumió el carácter de parte en el procedimiento de consulta, toda vez que ella misma la formuló y la opinión se refiere al caso específico de una ley costarricense declarada incompatible con la Convención.”
“En los propios antecedentes de este asunto, está claro que fue nuestro país (el Estado denominado Costa Rica) el que puso en marcha el mecanismo de la consulta, cuando acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en procura de una opinión sobre la legitimidad de la colegiatura obligatoria de los periodistas. Esa circunstancia torna inescapable concluir en que la decisión recaída, contenida en la Opinión Consultiva OC-5-85, obligó a Costa Rica, de manera que no podía mantenerse una colegiatura -obligatoria- para toda persona dedicada a buscar y divulgar información de cualquier índole. En otras palabras, la tesis de "la fuerza moral de la opinión consultiva", si cabe llamarla así, puede ser sostenida válidamente respecto de otros países -Estados- que ni siquiera se apersonaron o intervinieron en el proceso de consulta. Pero aplicada al propio Estado consultante, la tesis suena un tanto ayuna de consistencia y seriedad, porque vano sería todo el sistema y obviamente el esfuerzo intelectual de análisis realizado por los altos magistrados de la Corte, si la sentencia que se dicta -Opinión Consultiva- la puede archivar aquél lisa y llanamente. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-05-85 unánimente resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas contenida en la Ley N° 4420, en cuanto impide el acceso de las personas al uso de los medios de comunicación, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos complejos y costosos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Concluir en lo contrario, conduce ciertamente a la burla de todo propósito normativo ya no solo de la Convención, sino del órgano por ella dispuesto para su aplicación e interpretación. Ciertamente, no ha sucedido así y desde hace ya casi diez años, como se dijo, el Estado costarricense ha mal disimulado su deber a acatar lo dispuesto por la Corte, la que precisamente se pronunció ante la propia petición de este país.”
“Se declara con lugar la acción y en consecuencia se anula el artículo 22 de la Ley N° 4420, de 22 setiembre de 1969”.
9. Todos los que defienden que la OC-24/17 es VINCULANTE, citan como sustento la dicha sentencia de la SC N°2313-95 cuyo texto acabamos de transcribir. Pero esa sentencia tiene una serie de problemas, que planteo a continuación: (a) en primer lugar, la SC dice que la OC-3-83 de la CIDH dispuso que sus opiniones también tienen carácter vinculante como los fallos. Falso. No sé de dónde sacó la SC esa afirmación. Yo me leí entera esa OC-3-83 y en ninguna parte dice que lo sean; (b) la SC dice que hacer una consulta a la CIDH vuelve al Estado como “parte”. Falso. Véase al respecto el mismo punto 23 de la OC-3-83, donde la CIDH dice todo lo contrario; (c) tenemos entonces que la SC partió de premisas FALSAS para emitir el criterio del Voto N°2313-95, por lo que toda su argumentación es errónea y por ende, la supuesta aplicación vinculante de las opiniones consultivas de la CIDH que predica la SC es contraria a la propia jurisprudencia de la CIDH.
10. Un segundo elemento de interés es que la SC, en la N°2313-95, anula la norma cuestionada. Es decir, la OC de la CIDH no sustituyó el control de convencionalidad que se debe ejercer por el estado a nivel interno.
11. Ahora bien, llegamos aquí a un punto donde a mi juicio hay una profunda contradicción en los defensores que dicen que la OC-24/17 es VINCULANTE. Ya hemos visto que la jurisprudencia de la CIDH ha señalado que sus opiniones consultivas no son vinculantes. Solo la SC en Costa Rica dice que sí lo son, en el voto de cita (el cual se basa en premisas falsas para decirlo, pero eso parece que a nadie le importa). ¿Por qué el Estado y sus instituciones deben acatar un fallo de la SC? ¡porque las sentencias de la SC son vinculantes erga omnes! Pero, perdón señores: es que la misma SC, que en el voto N°2313-95 dijo que las opiniones de la CIDH son vinculantes (basada en premisas claramente erróneas), luego, en el voto 2006-07262, dijo que el matrimonio gay en Costa Rica no procede. Entonces, hay sentencias de la SC que son vinculantes erga omnes cuando me conviene, para sostener una posición y no lo son, cuando no me conviene. Eso es muy serio.
12. Antes de cambiar de tema, tenemos hasta el momento que: (a) las opiniones consultivas de la CIDH no son vinculantes de acuerdo con la jurisprudencia de la misma CIDH; (b) en Costa Rica se alega que sí lo son basados en una sentencia de la SC que se basa en premisas falsas sobre la propia jurisprudencia de la CIDH; (c) que hay una contradicción si se admite que hay sentencias de la SC que sí son vinculantes y otras que no.
13. Hablemos ahora un poco del fondo de la OC-24/17 y del llamado “matrimonio igualitario”. La razón de ser de la CIDH que le encomendaron los países que la crearon (Costa Rica entre los primeros), fue velar por la protección y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que dice expresamente lo siguiente:
14. El inciso 2 del artículo 17 dice de manera clara y expresa que se reconoce el derecho al matrimonio entre el HOMBRE Y LA MUJER. Texto que no admite ni confusiones ni interpretaciones más allá de la norma. Dice el aforisma latino “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, o sea “donde la Ley no distingue, no se debe distinguir” y eso es precisamente lo que la CIDH ha hecho en la OC-24/17.
15. Como vemos, la OC-24/17 en los numerales 77 a 221, define el concepto de “familia”, citando reiteradamente a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). Estas citas de la CEDH son muy importantes por algo que voy a agregar más adelante. En el punto 221 da un salto cuántico y pasa a hablar del matrimonio, hasta el punto 228. Especialmente elocuente es el punto 222, que cito:
“222. Por otro lado, el significado de la palabra “matrimonio” al igual que la de “familia” ha variado conforme al paso de los tiempos (supra párr. 177). Si bien la etimología es siempre ilustrativa, nadie pretende una imposición semántica de la etimología, pues de lo contrario se debería igualmente excluir del lenguaje otra numerosa cantidad de vocablos cuya semántica se aparta de su etimología.”
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16. Lo que ha ocurrido aquí no es una labor de interpretación de la norma: sencillamente los jueces de la CIDH DESAPARECIERON el inciso 2 del artículo 17 de la Convención, basados en que ahora el concepto de matrimonio “ha cambiado”. ¿Para quién ha cambiado? ¿Cuán representativo es el sector para que el concepto de matrimonio “ha cambiado”? ¿Cuáles son los datos duros en los que se basan estos jueces para hacer una afirmación semejante y PREVARICAR desaplicando una norma del Tratado? En mi criterio, esto es una falta grave de servicio, que debería implicar la remoción de sus nombramientos, pero en este momento desconozco si dicho proceso existe y cómo se activa.
17. Ahora bien, recordemos que la CIDH en la OC-24/17 cita como apoyo de sus argumentos a la CEDH (falacia de autoridad), pero CURIOSAMENTE y en un tema tan importante, no cita el precedente que generó dicha CEDH en el caso Chapin y Charpentier v. Francia (Aplicación Nº 40183/07) de 9 de junio de 2016 (Nota: esta es la sentencia que en un bulo de Whatssap decían que “ya la Corte de Estrasburgo resolvió por unanimidad de 47 jueces de 47 países, etc. etc. etc, lleno de imprecisiones y de información sesgada), en el cual se dijo:
“36. En su sentencia Schalk y Kopf (§§ 58 - 63), el Tribunal de Justicia consideró que si la institución del matrimonio había sido profundamente alterado por los cambios en la sociedad, desde la aprobación de la Convención, no hubo consenso europeo sobre el tema del matrimonio entre homosexuales. Se consideró que el artículo 12 de la Convención se aplica a la reclamación de los demandantes, pero que el permiso o la prohibición del matrimonio homosexual se rigen por la legislación nacional de los Estados contratantes. Se consideró que el matrimonio tenía connotaciones sociales y culturales profundamente arraigados que pueden variar considerablemente de una compañía a otra, y recordó que ella no debería apresurarse a sustituir la apreciación de las autoridades nacionales en mejores condiciones para evaluar las necesidades de la sociedad y responder. Por lo tanto, concluyó que el artículo 12 no requería la obligación del Gobierno demandado para abrir el matrimonio a las parejas homosexuales como sostiene uno de los solicitantes (véase también el gasy Dubois v. Francia, Nº 25951/07, § 66 CEDH 2012). 37. La Corte recordó también la conclusión de los últimos casos Hämäläinen y Oliari y otra. En la sentencia Hämäläinen (§ 96), recordó que el artículo 12 consagra el concepto tradicional del matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer y que si bien era cierto que algunos Estados miembros habían abierto el matrimonio a las parejas del mismo sexo, este artículo podría interpretarse como la imposición de tal obligación a los Estados contratantes.”
18. La CEDH dijo con respecto al matrimonio homosexual que ella (la Corte), “…no debería apresurarse a sustituir la apreciación de las autoridades nacionales en mejores condiciones para evaluar las necesidades de la sociedad y responder”. Es decir, que la propia CEDH dispone que el tema debe dejarse dentro del ámbito interno de los países suscribientes. Aclaro que dicho criterio no nos aplica a nosotros, pero como la CIDH se pasa citando y citando a la CEDH, me ha llamado mucho la atención que ni siquiera hayan tocado ese precedente, bastante reciente por cierto (2016).
19. Con las anteriores ideas he querido expresar unas opiniones sobre el tema, que espero contribuyan a un debate mejor informado del que se está llevando a cabo. El tema está muy lejos de ser sencillo y requiere del manejo de mucha información especializada

References: ARTÍCULO 1
 artículo 54
 resolución 
 Artículo 2
 artículo 13
 artículo 22
 Artículo 68
 Artículo 48
 artículo 13
 Artículo 68
 Artículo 17
 artículo 17
 artículo 54
 artículo 54
 Artículo 54
 Artículo 64
 Artículo 2
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 64
 artículo 68
 artículo 62
 artículo 13
 artículo 22
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 artículo 17
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12