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Timestamp: 2014-09-02 04:26:46+00:00

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El Número de Víctimas de la Inquisición Española | Biblia y Tradición
El Número de Víctimas de la Inquisición Española
Título: El Número de Víctimas de la Inquisición Española Autor: Alfonso Junco Tomado de ‘Lux Domini’ de Jesús Hernández
Don Alfonso Junco. (Monterrey, 1896-México, 1974) Escritor mexicano. .
De la obra de Junco, Inquisición sobre la Inquisición, extraigo este interesante análisis sobre el número de las víctimas muertas a manos de la Inquisición Española. Ya el autor se encarga de dar las fechas en las cuales operaron los diversos tribunales de España.
En esta parte, Junco refuta con crítica histórica y con poderosas pruebas documentales, los números de “víctimas” proporcionados por Juan Antonio Llorente en su Historia Crítica de la Inquisición Española. Llorente y su obra pueden considerarse la fuente principal y original de las acusaciones a las “masacres” cometidas por la Inquisición.
Junco prueba que Llorente multiplicó el número de víctimas, buscando achacar a la Inquisición un número FALSO de víctimas, no sólo exagerado, sino además entretejido con criterios contradictorios. Llorente falsea los datos de sus fuentes y también INVENTA “víctimas”, como lo demuestra Junco.
¿Quien fue Llorente?
Yo, Contador…
Mariana Falsificado
Bernáldez Falsificado
La Inscripción de Sevilla
El Periodo del “Porque sí”
El Período Documental
Es célebre su nombre, siempre asociado al resplandor de las hogueras inquisitoriales. ¿Quién fue Llorente y cuál es el valor de su persona y de su obra?
Don Juan Antonio Llorente, sacerdote español, nació en 1756 y murió en 1823. Contaminado de liberalismo regalista, ya para 1784 se había curado de toda “levadura ultramontana”, según él mismo cuenta, no obstante lo cual aceptó, al año siguiente, el cargo de comisario de la Inquisición de Logroño, pasando luego a Madrid a ser secretario general, de 1789 a 1791. La autoridad eclesiástica hubo al cabo de destituirle, recluyéndole por un mes en un monasterio.
Hombre ladino y de ancha manga, los propósitos cismáticos de Urquijo y Caballero, ministros de Carlos V, encontraron en él publicista defensor, y cuando Godoy tramó despojar de sus fueros a las provincias vascongadas, preparó Llorente el terreno con las Memorias Históricas relativas, escritas a sueldo del ministro.
“Tenía Llorente razón en muchas cosas, mal que pese a los vascófilos empedernidos”-dice Menéndez Pelayo en Los Heterodoxos Españoles-, pero procedió con tan mala fe, truncando y aun falsificando textos y adulando servilmente al poder regio, que hizo odiosa y antipática su causa”.
Cuando los franceses invadieron España en 1808 y plantaron en el trono al hermano de Napoleón, suscitando la gloriosa resistencia popular que culminó en Bailén y Zaragoza, Llorente se puso al servicio del invasor: divulgó folletos en que defendía la dominación francesa y llamaba a los héroes españoles “plebe canalla y vil, pagada por el oro inglés”, y trazó opúsculos canónicos para favorecer las ambiciones regalistas de José Bonaparte.
Diósele el cargo de “Director de Bienes Nacionales”, que no eran otros sino los usurpados a los patriotas y a los religiosos, pero los mismos franceses lo separaron del empleo, por habérsele acusado de una “filtración” de once millones de reales. No se probó el delito, mas Llorente no fue repuesto.
Abolido el Santo Oficio, el ex secretario se hizo cargo de sus papeles, quemó unos, conservó los restantes, y además de escribir su Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional en España acerca del tribunal de la Inquisición (1812), fue preparando su célebre Historia Crítica de la Inquisición Española. Sorprendióle en esto la retirada de los franceses en 1813 y con ellos tuvo que partir, llevándose de paso muchos importantes documentos del Santo Oficio de Aragón, que con toda frescura se apropió, vendiéndolos luego a la Biblioteca Nacional de París, donde pueden verse en dieciocho volúmenes.
En francés apareció el año de 1817 y después en castellano (1822), su famosa Historia que, ayuna de probidad y henchida de escándalo, obligó al arzobispo de París a retirar al autor las licencias de confesar y predicar.
Llorente se echó entonces del todo en brazos de la masonería, con cuyos socorros fue viviendo. Ya antes había en vano reclamado su canonjía de Toledo y otros beneficios, llegando para ello a adular a Fernando VII con una diligentísima Ilustración del árbol genealógico de Su Majestad (1815) en que por ramas y follajes de catorce centurias, va a hallar el trono en Sigerdus, rey de los sajones del Siglo V.
El descenso fue acelerándose. Publicó Llorente, aunque atribuyéndolo a “un americano”, cierto proyecto de Constitución Religiosa (1819), con que pensaba seducir a las nacientes naciones hispanoamericanas y que toca en protestante y herético; luego produjo su Retrato político de los Papas, orilla sectaria en que llega a prohijar muy en serio la risible y desacreditada paparrucha de la “Papisa Juana”; y deshonró, por último, sus canas sacerdotales, traduciendo la novela pornográfica del convencional Louvet, Aventuras del baroncito de Faublas. El gobierno francés lo desterró con ocasión de estos dos últimos escándalos, y Llorente -aprovechando la amnistía liberal decretada en 1820-, volvió a Madrid, donde falleció a los pocos días de su regreso, el 5 de febrero de 1823.
La vida de Llorente le recomienda poco. Acomodaticio, cortesano y sin escrúpulos, ignoró la elevación moral y la entereza de carácter. Fue infiel como sacerdote, infiel como patriota, infiel como historiador.
Erudito de memoria tenaz y de incansable aplicación al trabajo, registró mil papeles y acopió muchos datos provechosos, pero, además de su claudicante probidad, intelectualmente es de una mediocridad desoladora, y su estilo es tan pobre y achatado como su crítica.
Por mí mismo lo digo, después de haberme metido en ese “matorral de verdades y de calumnias” que es su Historia de la Inquisición. Magistralmente la ha juzgado Menéndez Pelayo en sus Heterodoxos Españoles -obra suculenta y poderosa que es preciso leer y no sólo citar-, y antes y después lo han hecho, entre otros, precisando los yerros y tergiversaciones de Llorente, García Rodrigo en su Historia verdadera de la Inquisición, Ortí y Lara, los protestantes alemanes Oscar Peschel (1858) y Ernesto Schaefer (1902), el jesuita Ricardo Cappa en su sólido y vivaz compendio sobre La Inquisición Española (Madrid 1888)…
La obra de Llorente, desacreditada ante todos los hombres de ciencia, es clásica como tipo de amañada improbidad. Lo cual no impide, por supuesto, el que sectarios y jacobinos -rezagados perpetuamente, aunque sin duda por antífrasis, se autotilan avanzados- tengan a Llorente por pontífice máximo y tremolen su nombre como una bandera de combate, en la que centellea la pavorosa cifra de “víctimas” de la Inquisición, por el exsecretario computadas.
Instinto y hábitos de contador me han dado impulso y paciencia para compulsarle las cuentas al gran capitán de los declamadores contra el Santo Oficio.
Don Juan Antonio Llorente dispone de los archivos de la Inquisición, registra innumerables documentos, explota con laboriosa erudicción un campo entonces casi virgen, escribe con estilo sosegado, recalca a cada paso su imparcialidad y la apoya en algunas verdades y rectificaciones favorables que entrevera con aderezadas mentiras y tergiversaciones. Pudo por todo ello, en sus días, sorprender hasta a gente docta como Prescott; y aun ahora, que está descalificado redondamente, sus números invitan a suponer que el cálculo, aunque abultado, respode en alguna base documental.
El lector se asombrará conmigo, al comprobar que no hay ni sombra de tal base.
De la amazacotada prosa de Llorente en su Historia Crítica de la Inquisición Española (Madrid, 1822), he sacado un cuadro completo de los ejecutados que calcula en los 328 años de existencia del tribunal, desde 1481 hasta 1808 en que lo abolió el invasor francés.
Estos ejecutados eran los “relajados en persona al brazo secular”, o sea, entregados al poder civil, para ser por él sentenciados, muertos e incinerado su cadáver, pues eran rarísimos los quemados vivos. Había, además, los “relajados en estatua”, o sea, ausentes, prófugos y difuntos, a quienes se seguía procesa y cuya efigie o estatua se quemaba (¡allí me las den todas! dirían ellos), lo cual indica, entre paréntesis, un superior espíritu de ejemplaridad y de justicia “metafísica”. Había, por último, los reconciliados o penintenciados.
He aquí los totales que saca Llorente (capítulo 46 artículo 1), para esa triple clasificación:
I.- “Quemados en persona (que, entiéndase bien, significa quemados vivos): 31,912″.
II.- “Quemados en estatua: 17,659″.
III.- “Penitenciados con penas graves: 291,450″.
Eso de “penas graves” lo pone el secretario para despistar, pues comprende allí al inmenso número de los que, en virtud de los “edictos de gracia” con que iniciaba sus labores la Inquisición (¿qué otro tribunal del mundo hace tal cosa?), eran perdonados y reconciliados con leves penitencias de índole espiritual, como salir los viernes en procesión de disciplinantes, según lo cuenta el contemporáneo Bernáldez (Historia de los Reyes Católicos, cap. 44). Pero para Llorente todos esos son “víctimas”, y con los tres sumandos antedichos forma su impresionante total de 341,021.
Sólo me ocuparé de los ejecutados en persona, que es lo que más importa, además de que las otras cifras siguen el compás de la primera, y derribada ésta, vienen al suelo las restantes.
Vamos a cuentas.
Juan de Mariana (Talavera de la Reina, 1536 - Toledo, 16 de febrero de 1624), jesuita, teólogo e historiador español
Tiene la palabra Llorente, capítulo 8, artículo 4:
“Juan de Mariana, con presencia de los papeles antiguos, escribió que en Sevilla se quemaron, en el primer año de la Inquisición, dos mil personas y más de dos mil estatuas, y que hubo diecisiete mil penitenciados. Pudiera yo decir, sin temeridad, que otro tanto pasaría en las otras ciudades en el primer año del establecimiento de su respectivo tribunal; pero por moderación quiero suponer que sólo se verificase una décima parte, puesto que decían ser la difamación en Sevilla mayor que en otras partes”.
Por tanto, Llorente aplica dos mil ejecutados a Sevilla en 1481, y -deslumbrándonos con su moderación- sólo doscientos en el primer año de su establecimiento a cada uno de los doce tribunales siguientes: Córdoba, Jaén, Toledo, Extremadura, Valladolid, Calahorra, Murcia, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca y Cuenca. O sea un total de cuatro mil cuatrocientos ejecutados estimativos para un solo año, con base en el testimonio de Mariana. Testimonio tan caro al secretario que vuelve a él constantemente; por ejemplo, cap. 5 art. 4, cap. 7 art. 2, cap. 46 art. 1, y aunque nunca da el texto, da la referencia:
Historia de España, libro 24, capítulo 27. ¿A quién puede caberle duda?
El mismo padre Cappa, en su excelente Inquisición Española, toma por cierto que Mariana haya asentado aquello, aunque le parece un error evidente.
Pues bien: abran ustedes la Historia de España, que no es ningún libro esotérico, en el señalado capítulo 17 del libro 24, y verán que Mariana da aquellas cifras, pero no para un solo año, sino para muchos, ni para sola Sevilla, sino para toda España, ni “con presencia de los papeles antiguos”, sino salvaguardándose en la irresponsabilidad de un “dicen”.
Pongo a continuación el texto:
“Mejor suerte y más venturosa para España fue el establecimiento que por este tiempo se hizo en Castilla de un nuevo y santo tribunal de jueces severos y graves, a propósito de inquirir y castigar la herética pravedad y apostasía…
Por entonces fue nombrado por inquisidor general fray Tomás de Torquemada, de la orden de Santo Domingo, persona muy prudente y docta y que tenía mucha cabida con los Reyes por ser su confesor, y prior del monasterio de su orden de Segovia…
Publicó el dicho inquisidor mayor, edictos en que ofrecía perdón a todos los que de su voluntad se presentasen. Con esta esperanza dicen se reconciliaron hasta diecisiete mil personas entre hombres y mujeres de todas edades y estados; dos mil personas fueron quemadas, sin otro mayor número de los que huyeron a las provincias comarcanas”.
Como se ve, inventa Llorente que Mariana habla de Sevilla; inventa que cita el año 1481, pues aquí se habla vagamente de todo el primer período, y se alude concretamente a Torquemada, que no fue inquisidor general sino hasta 1483, como el propio Llorente informa en otro sitio; inventa, para dar majestad y solidez al número, que Mariana se apoya “en papeles antiguos”, cuando se ampara en un “dicen”, y reproduce un número redondo forjado a ojo de buen -o mal- cubero.
Quien de tal manera mienta en cosa tan fácil de comprobar (aunque nadie la compruebe porque el mismo desplante de la reiterada cita parece desautorizar toda sospecha racional), ¿qué fe merece cuando afirma bajo su palabra o aludiendo a documentos inasequibles para el lector? ¿Y qué nombre le toca sino el de falsario, ni qué reputación sino la de embustero?
Andrés Bernáldez, (Fuentes de León, Badajoz , hacia 1450 - Los Palacios y Villafranca, 1513), conocido como el cura de los Palacios, fue un eclesiástico e historiador español
Vimos que al tribunal de Sevilla le adjudica Llorente dos mil fantásticos cadáveres por el solo año de 1481, y que calculando “por moderación” que en otros doce tribunales sería la décima parte en el primer año de su respectivo establecimiento, saca un lucido total de cuatro mil cuatrocientos muertos… que quedan resucitados de golpe con sólo evidenciar, como lo hicimos, que Llorente falsifica la cita de Mariana en que se apoya.
Inmediatamente después (capítulo 8 artículo 4), sigue el ex secretario por el mismo camino. Oigámosle: “Andrés Bernáldez, historiador coetáneo, dice que en los ocho años inmediatos, es decir, desde 1482 hata 1489, ambos inclusive, hubo en Sevilla más de setecientos quemados… Creo que otro tanto sucedería en el segundo año y siguiente de las otras inquisiciones, porque no descubro causa para lo contrario; pero, no obstante, sólo calcularé la mitad por moderación”.
Así, por estos ocho años, aplica 88 ejecutados anuales a Sevilla, y 44 a los otros tribunales, advirtiéndose desde luego la arbitraria incongruencia de que, en el cálculo precedente, daba a las demás inquisiciones la décima parte que a Sevilla, y ahora la mitad.
Si estimaba justo el décimo, dado que Sevilla era foco principalísimo y resultaba risible comparar con el suyo los otros tribunales -salvo acaso el de Córdoba-, ¿por qué muda de criterio al renglón siguiente y ahora les quintuplica la ración, engordando así la cuenta que da gozo verla de rolliza y prosperada?
Más, aparte de este capricho, volvió aquí Llorente a falsificar la cita que invoca, pues Bernáldez clara y explícitamente dice que su estimación comprende los años de 1481 a 1488, y tres veces menciona el 1481; pero el secretario necesitaba acomodar en él los famosos dos mil cadáveres de Mariana, y no le quedaba más recurso que escamotear ese año, y escribir, mintiendo a sabiendas, que Bernáldez hablaba de 1482 a 1489.
Pudo Llorente acariciar acaso esperanzas de impunidad en este fraude, porque en su tiempo La Historia de los Reyes Católicos del honradote, ingenuo y delicioso Cura de los Palacios (Bernáldez que recuerda a nuestro Bernal), era manuscrito inaccesible salvo para unos cuantos eruditos; pero ediciones posteriores han vulgarizado este tesoro, y abriéndolo por el capítulo 44 puede leerse lo que sigue:
“Vinieron los primeros Inquisidores a Sevilla, dos frailes de Santo Domingo, un provincial e un vicario, el uno llamado fray Miguel (Morillo) y el otro fray Juan (de San Martín)… Con gran diligencia comenzaron su inquisición en comienzo del año 1481…”
Por entonces sobrevino en Sevilla una terrible epidemia de la que habla el cronista, y añade para nuestro propósito: “E en aquel año de ochenta y uno, desque los inquisidores vieron que crecían las pestilencias en Sevilla, fuéronse huyendo a Aracena… Y aquel año, desque cesó la pestilencia, volviéronse los inquisidores a Sevilla e prosiguieron su inquisición fasta todo el año de ochenta y ocho, que fueron ocho años; quemaron más de setecientas personas y reconciliaron más de cinco mil…”
Comprobado el embuste de Llorente, digamos que estos números del cronista, globales, imprecisos y en boca de andaluz, nunca pueden servir de base estadística, y menos extendiéndola arbitrariamente a los demás tribunales.
El propio Llorente, sin pensarlo, nos da argumento en este sentido. En el capítulo 7, artículo 2, relata “lo sucedido en el principio de la inquisición de Toledo. Habiéndose trasladado allí, en mayo de 1485, el tribunal que había estado en Villarreal, y publicándose el edicto de gracia con término de cuarenta días, se espontanearon muchos cristianos nuevos… Pasados los noventa días del segundo y tercer edicto, los inquisidores comenzaron a procesar con tal vehemencia, que para el domingo día 12 de febrero de 1486, ya celebraron un auto de fe, sacando en él 750 personas de ambos sexos a reconciliación”
Enumera con sus fechas los cinco autos de fe celebrados ese año, en cuatro de los cuales no hubo un solo relajado en persona, habiendo 27 en el otro.
“Finalmente”-concluye el secretario, “hubo aquel año en Toledo veintisiete quemados en persona”.
Pues bien: si él sabe documentalmente -supongamos cierto el dato-, que ese año de 1486, primero de la inquisición toledana y en que se procedió con la excepcional vehemencia que él pondera y censura, hubo sólo 27 ajusticiados, ¿con qué lealtad y con qué sindéresis se atreve a fantasear 200 para el primer año y 44 para cada uno de los seis años siguientes?, Si posee el documento, ¿Por qué conscientemente lo arrincona y se entrega a una fantasía sin seso ni probidad?
Como es difícil mentir bien y Llorente se muestra desordenado y olvidadizo, está sembrado de contradicciones. Por ejemplo, en cuanto a los ejecutados al principio en Sevilla, ha aplicado dos mil para 1481, falsificando a Mariana, y ha retrasado expresamente para 1482 a 89 lo que Bernáldez dice para 1481 a 88. Pues en el capítulo 47 artículo 1, en que hace “un compendio cronológico” de los hechos más notables” de la Inquisición, pone lo de Bernáldez en su lugar correcto (1481), y luego en 1482 asienta:
“En el discurso de este año se queman en Sevilla dos mil personas”; Llorente no podía perder estos dos mil vistosos cadáveres, y desalojados de su sitio original, tuvo que trasladarlos precipitadamente al que encontró más cerca.
Vista de Sevilla. ILUSTRACIONES de la INQUISICIÓN MYSTÈRES DE L´INQUISITION ET AUTRES SOCIÉTÉS SECRÉTES D´ESPAGNE par M. V. DE FÉRÉAL, PARIS 1845
Prosigue Llorente su cómputo, capítulo 8 artículo 4:
“Año 1524 se puso en la Inquisición de Sevilla una inscripción de la que resultaba que, desde la expulsión de los judíos (verificada en 1492) hasta entonces habían sido casi millares los quemados”
Transcribe la inscripción latina en que consta la vaga y anómala expresión “casi millares” (fere millia), pero ni siquiera dice de dónde copia ese texto, carente así de solidez y autenticidad comprobable. Y a quien comprobadamente ha cometido gruesos fraudes en las dos citas precedentes, ¿qué crédito puede dársele en ésta, cuando omite hasta la fuente de que la toma?
Basado en la inscripción, Llorente supone un millar de ejecutados para esos 32 años, o sean 32 ejecutados anuales, y aplica la mitad otra vez (no ya la décima parte que antes le había parecido justa), a cada uno de los demás tribunales.
Extiende el mismo cálculo a los dos años anteriores que le quedaban pendientes (1490 y 91), y redondea así una bonita suma en ese tercio de siglo.
Siempre esforzándose, eso sí, “por que resulte más el sistema de moderación” y luchando por “disminuir el número de castigados cuanto permitan las circunstancias. “Nos hemos propuesto huir del peligro de que se piense que procuramos exagerar”. “No quiero que nadie pueda con verdad afirmar que pretendo abultar los males…” ¡Tal es el inocente secretario!
Lo transcrito figura en el capítulo 46, artículo 1, donde hace el cómputo general y definitivo de “víctimas”, y al que pertenece todo lo que sigue.
Hasta aquí ha habido tres fuentes: Mariana, falsificado; Bernáldez, falsificado; inscripción de Sevilla, vaga y sin garantías.
Ahora viene el que yo llamo “periodo del porque sí”. Dilatado periodo: desde 1524 hasta 1744, o sea 221 años.
En el decurso de su obra, Llorente riega algunas alusiones a relatos que ha visto de autos de fe, y llena los inmensos vacíos de su información -o de su probidad- extendiendo la proporción “mortuoria” de aquellos autos, a larguísimas temporadas.
Y al formular este inventario general del capítulo 46 artículo 1, dice escuetamente: “se calculan” tantas víctimas por año en cada tribunal; no apunta razón ni referencia alguna; sencillamente porque se le ocurre, porque le place, “porque sí”..
Y lo curioso es que después, muy serio, va repitiendo sus cifras como hechos consumados.
Empieza el período con quince tribunales: Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo, Extremadura, Valladolid, Calahorra, Murcia, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cuenca, Granada y Canarias. Surgen más tarde el de Santiago de Galicia, en 1573, y el de Madrid, en 1705.
(Advierto que yo no me he metido a comprobar ni el número ni la fecha de erección de los tribunales, cosa que habría también que compulsar. Noto de paso, que hay alguna discrepancia entre los tribunales considerados por Llorente y los enumerados por Mariana en su Historia de España, libro 24, cap. 17).
Para los quince primeros años, decreta Llorente diez ajusticiados anuales, ocho, para los veintitrés inmediatos, cinco; para los cuarenta y cuatro que siguen, cuatro; para los treinta y nueve posteriores, tres; y ara los cuarenta últimos, dos. En total para los 221 años del período del porque sí, se permite Llorente asesinar en el papel a 17,456 personas, que entran muy formales en su imponente cuadro de “víctimas de la Inquisición”.
Viene, finalmente, el período de 1745 a 1808, en que Llorente muestra basarse en los papeles -aunque no los exhibe-, y da las siguientes cifras precisas: los primeros quince años, total en los 17 tribunales, diez ejecutados; los veinte años siguientes, dos ejecutados; los cuatro años inmediatos, dos ejecutados; los veinticinco años restantes, ninguno. Total para los 17 tribunales, en 64 años: catorce personas muertas. Esto queda sujeto a comprobación, pero es verosímil. Tratándose cosas contemporáneas y en que cualquier viejo, por sus simples recuerdos, podría desmentirlo, supongo que Llorente no quiso exponerse a tan fácil ridículo y dejó dormir un poco la fantasía para atenerse a los documentos.
El cómputo de Llorente, en resumen, puede clasificarse así:
[Nota de B&T: No confundir las siguientes cifras con los cómputos reales, las siguientes cifras constituyen los cálculos o sobreestimaciones de Llorente]
I.- Años 1481 a 1489. Citas falsificadas de Mariana y Bernáldez
6,928 II.- Años 1490 a 1523. Inscripción imprecisa y de problemática autenticidad en Sevilla
7,416 III.- Años 1524 a 1744. Periodo del “porque sí”
17,546 IV.- Años 1745 a 1808. Período documental
14 Total de ejecutados en 328 años: 31,904
Comete el secretario varios errores aritméticos (900 en el primer período, 200 en el tercero), que por otro error feliz quedan casi compensados en la suma general. Ésta aparece por 31,912, implicando así un pequeño yerro de ocho unidades.
La duración de 328 años, bien puede ampliarse, sin modificación de ajusticiados, a 340; pues en 1808 el invasor Napoleón suprimió el tribunal, pero -con significativo contraste- lo restauraban las Juntas Patrióticas donde iban dominando; en 1813 las Cortes de Cádiz lo abolieron, pero fue restablecido a poco, y sólo desapareció definitivamente hasta 1820.
Llorente no saca el cuadro de los ajusticiados que corresponden a cada tribunal, pero lo he sacado yo con sus datos. Va en seguida, indicando entre paréntesis el año de fundación de cada tribunal, según el secretario; y advierto que de los catorce ajusticiados del período documental, aplico uno a cada uno de los primeros tribunales, pues Llorente no especifica a cuál corresponden:
Sevilla (1481)
4,911 Córdoba (1483)
2,127 Jaén (1483)
2,127 Toledo (148?)
2,127 Extremadura (1485)
2,049 Valladolid (1485)
2,039 Calahorra (1485)
2,039 Murcia (1485)
2,039 Zaragoza (1485)
2,039 Valencia (1485)
2,039 Barcelona (1487)
1,951 Mallorca (1487)
1,951 Cuenca (1514)
1,463 Granada (1524)
1,119 Canarias (1524)
1,118 Santiago (1573)
696 Madrid (1705)
80 Total: 31,904
A pesar de los documentos destruídos por el propio Llorente y por algunas revoluciones redentoras, subsisten innumerables papeles inquisitoriales a disposición de los estudiosos. Y dondequiera que se hace una comparación documental, Llorente sale descalificado.
Así quedó ante el protestante alemán Ernesto Schaefer, cuyas cuentas exactas por ciertos períodos constan en su obra sobre la Inquisición.
Pero me parecen más expresivos los resultados que encuentro, verbigracia, en los tribunales de Córdoba y de Canarias. Basten estos dos como botones de muestra.
El licenciado Gaspar Matute y Luquín -seudónimo de don Luis María Ramírez de las Casas Deza, autor insospechable si se atiende a los donaires que contra la Inquisición desparrama en las notas de su libro-, publicó en 1839 una colección de los autos de fe celebrados en Córdoba, amplio distrito inquisitorial de los de actividad más intensa.
Constan las actas de cuarenta y cuatro autos de fe, y estímase que llegarían por todos a cincuenta (entre públicos y privados), durante los tres siglos y buen pico que existió el tribunal.
Pues bien: en esos cuarenta y cuatro autos resulta un total de treinta y seis ajusticiados. Agréguese lo que se quiera por los seis autos que faltan, ¡compárese ese resultado con el de dos mil ciento veintisiete que saca Llorente!
García Rodrigo, en su concienzuda Historia verdadera del Santo Oficio en Canarias publicada en 1874 por un autor adverso, relata seguidamente las actividades de aquel tribunal, que defendió, por cierto, la libertad de los indígenas contra los traficantes que los aprehendían y vendían como esclavos.
Encontramos que el tribunal de Canarias inició sus trabajos en 1504 (no en 1524 como apunta Llorente), y en los primeros veintiseis años se registraron ocho o diez sentencias de muerte.
Ahí, como en todos los demás tribunales, la actividad inicial limpiaba el campo y luego declinaba notablemente el número de inculpados.
Pero en Canarias llegó a tanto la inacción, que ya en 1538, viendo la falta de trabajo, el Consejo mandó suspender los sueldos a los inquisidores.
Desde 1535 hasta 1568 inclusive, o sean 34 años, sólo hubo un auto de fe (en 1557), sin ninguna pena capital. En todo el Siglo XVI no volvió a verse más que un ejecutado, el año 1587, pero fue exceso del poder civil contra las reclamaciones de los inquisidores, que habían reconciliado al reo. ¡Y Llorente acumula año tras año sus víctimas quiméricas!
Hubo otro muerto de 1614 y hay duda de si en 1615 fue ajusticiado uno más, o sólo desterrado. A partir de esta fecha, pasaron cuarenta años sin instruir siquiera un proceso, y no volvió a registrarse, en más de dos centurias, ninguna pena capital. ¡Pero Llorente sigue imperturbable amontonando víctimas anuales, y nos da para Canarias un total de mil ciento dieciocho cadáveres, cuando es dudoso que llegaran a trece!
El fraude, la arbitrariedad, el absurdo capricho, presiden toda esta hidrópica contabilidad de víctimas ilusorias. Disponiendo Llorente de copiosísimos archivos inquisitoriales, pudo y debió atenerse a los documentos, sólo llenando con aproximaciones algunos huecos posibles. Pero hizo todo lo contrario: arrumbar los papeles y entregarse a antojos delirantes. Como sacó 31,904 muertos, pudo haber sacado el triple o la décima parte: sus números serían igualmente caprichosos, deleznables y nulos.
Después de este examen, creo que todos estaremos acordes en que tomar en cuenta esos números, aun con grandes rebajas y como simple referencia estimativa, sería ponerse en ridículo.
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