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Timestamp: 2019-04-26 15:44:32+00:00

Document:
El contrato de comisión o consignación es un mandato sin representación porque el mandatario obra en nombre propio, pero por cuenta del mandante. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 19 febrero 2018
Partes: La Maruja S.A. c/ Agroservicios Capdevielle S.A. s/ ordinario
Cita: MJ-JU-M-107840-AR | MJJ107840 | MJJ107840
1.-En el contrato de comisión o consignación el mandatario obra en nombre propio, pero por cuenta del mandante. Se trata, así, de un mandato sin representación. El art. 222 CCom. da el concepto de comisión, y señala que debe reunir las siguientes condiciones: a) que se dé para que el mandatario obre en su propio nombre; b) que se refiera a actos de comercio; y c) que estos actos estén individualmente determinados.
2.-Se ha definido al contrato de comisión como aquel de carácter consensual, oneroso, y no formal, por el cual una parte, llamada comitente, encarga el desempeño de uno o más negocios de comercio individualmente determinados, a otra parte, llamada comisionista o consignatario; y ésta se obliga a concluirlos por cuenta del primero, pero en su propio nombre o en el de la razón social que representa.
3.-De acuerdo con el art. 233 CCom., el comisionista queda obligado directa y personalmente hacia los terceros con quienes contrata, sin que éstos tengan acciones contra el comitente; éste último queda, en efecto, al margen de la relación jurídica establecida con motivo de la ejecución de la comisión, y no tiene acciones contra los terceros contratantes (res inter alios acta). Ello es una consecuencia natural del hecho de que el comisionista no ha cumplido ninguna función representativa en ejercicio de la comisión desempeñada, pues no actuó en nombre del comitente sino en nombre propio.
4.-De conformidad con lo previsto en los arts. 222 y 233 del CCom., entre el comisionista o consignatario y el tercero con el que contrata se establece una relación directa, de modo tal que el vínculo liga al primero con el segundo, con abstracción del comitente. El comisionista es quien recibe el encargo de desempeñar por otro negocios individualmente determinados, obrando a nombre propio y quedando directamente obligado hacia las personas con las que contrata.
5.-Conforme el art. 63 CCom. en principio, los asientos contables de una de las partes no contradichos por asiento contable alguno de la contraria, hacen plena prueba contra dicho sujeto y el valor probatorio de los libros de comercio está condicionado a que el hecho a probar sea de comercio y los libros estén llevados con regularidad. Por ello, cuando el art. 63 CCom. establece que los libros de los comerciantes hacen plena prueba a su favor, se refiere a que los hechos invocados por cada una de las partes deberían figurar en sus respectivas contabilidades. Es que cuando hay coincidencia en la registración contable de las operaciones comerciales objeto de la demanda, los libros hacen plena prueba de la existencia y contenido de las mismas.
6.-No obstante que la compensación judicial prescinde de algunos requisitos exigidos por la compensación legal, especialmente el de la liquidez y sólo se atiene al carácter de acreedores y deudores recíprocos que al tiempo de la sentencia invisten los litigantes, ello supone, sin embargo, que en el mismo acto de decretarla el juez tenga que declarar si los dos créditos existen para neutralizarlos en la medida de su superposición; en consecuencia, aún cuando se haya deducido una reconvención compensativa, ello implicaría la existencia del crédito reclamado por el demandado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
En Buenos Aires a los 19 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “LA MARUJA S.A.A.I.C.E.I. CONTRA AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A. SOBRE ORDINARIO”, Expte. Com. 4322/2013 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 17, N° 16 y N° 18.
La Dra. Alejandra N. Tevez interviene en su carácter de subrogante de la vocalía N°17 que se encuentra a la fecha vacante.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 475/81?
La Maruja S.A.A.I.C.E.I., (en adelante, “Maruja S.A.”) inició demanda contra Agroservicios Capdevielle S.A. (en adelante, “Agroservicios S.A.”) a fin de obtener el cobro de $ 381.872,35 más intereses y costas.
Dijo ser una empresa familiar dedicada a la actividad agropecuaria en un establecimiento sito en General Alvear (Pcia. de Buenos Aires) y realizar operaciones de compraventa de ganado vacuno por intermedio de casas consignatarias de la zona, entre las cuales se encontraba la demandada.
Aclaró que, bajo tal modalidad, los compradores y los vendedores no se conocían entre ellos y que era el comisionista quien actuaba en nombre propio.
Manifestó que el 29/6/11 adquirió -a través de “Agroservicios S.A.”- un lote de 39 vaquillonas instrumentado en la factura nro. 0011¬00003285 por la suma de $ 181.551,82 y que el 14/7/11 adquirió otro lote de 280 vacunos por la suma de $ 814.511,54 según factura nro. 0011-00003351 (en adelante, “factura nro.3351”) -operación que dijo haber sido posteriormente extinguida con la intervención de ambas partes- .
Expuso que el 2/11/11 vendió por intermedio de la demandada un lote de 121 vacas por $ 381.872,35, operación instrumentada en la cuenta de venta nro. 0011-00002431 (en adelante, “cuenta de venta nro. 2431”). Añadió que su cancelación debía realizarse en dos cuotas de $ 190.936,17 cada una y que vencían los días 9/12/11 y 9/1/12 (fs. 117 pto. III.2).
Dijo que a los pocos días de realizada la operación, recibió dos citaciones de su contraria para: a) prestar declaración testimonial en la causa nro. 35519/2011 caratulada: “Sánchez Guillermo s/ Defraudación por Administración Fraudulenta” en trámite por ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nro. 4 Secretaría nro. 113 y b) convocarla a un audiencia de mediación por la operación vinculada a la factura nro. 3351.
Relató que luego del vencimiento de la primera cuota advirtió que en su cuenta corriente no se registraba su acreditación, por lo que luego de un intercambio telefónico y vía mail con Ignacio Capdevielle con resultado infructuoso, cursó intimación formal mediante carta documento.
Transcribió el intercambio epistolar habido entre las partes.
Explicó que la demandada reconoció la operación objeto de debate reflejada en la cuenta de venta nro. 2431, su modalidad de pago, la fecha de vencimiento, el importe de las cuotas y la obligación de pagar el precio.
Calificó como “excusas” a los dichos de su contraria, referidos a: 1) la imputación de la suma de $ 381.872,35 al pago de la factura nro. 3351 y 2) el desconocimiento invocado respecto a la “simulación” de la operación relativa a dicha factura. Sostuvo que tales afirmaciones eran tardías e inadmisibles.
A fs. 138/49 Agroservicios S.A. contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas.Reconvino por los daños y perjuicios derivados del accionar de los directivos de la actora.
Ratificó el contenido de la demanda promovida ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. 7 Secretaría nro. 14 caratulada: “Agroservicios Capdevielle S.A. c/ Belastegui Oscar José y otros s/ Ordinario” Expte. nro. 22145/2012 (en adelante, “Expte. nro. 22145/12”). Expuso que allí solicitó la declaración de nulidad y carencia de efectos jurídicos de la “supuesta” compraventa de hacienda que se encontraba instrumentada en cuenta de venta nro. 0011-00002271 y factura nro. 3351. Así, arguyó la falta de causa de los cheques diferidos 8895478/79/80/81/82 por $ 142.500 los primeros cuatro y por $142.388,95 el último (todos ellos por él librados contra el Banco Credicoop correspondientes a la cuenta corriente nro. 036349/0 Suc. 119).
Negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio.
Efectuó un pormenorizado relato del origen de la relación que vinculó a las partes, del Expte. nro. 22145/12 y detalló la totalidad de los procesos en los cuales se reclamaron los cartulares antes referidos (v. fs. 144: pto. 4.27).
Reconvino por el importe equivalente a todo pago (capital, intereses y costas) que pudiera tener que realizar en los juicios ejecutivos que aludió y en el Expte. nro. 22145/12. Asimismo, reclamó un monto indeterminado en concepto de “reparación del prestigio” por la existencia de los expedientes en los cuales figuraba como demandada.
Solicitó la acumulación con el Expte. nro. 22145/12 por entender que había conexidad y litispendencia y pidió la citación de terceros de: Transporte Don Carlos S.A., Oscar José Belastegui (en adelante, “Belastegui”) y Guillermo Sánchez (en adelante, “Sánchez”).
La demandante contestó la reconvención, la acumulación de procesos, la conexidad y la citación de terceros en fs. 151/6. Solicitó el rechazo de la totalidad de las pretensiones introducidas por su contraria con costas. Adujo que las operaciones que se ventilan en el proceso nro.22145/12 son independientes y carecen de relación jurídica con la que resulta objeto de autos.
Desconoció la cuenta de venta nro. 2271 del 14/7/11 y la orden de pago nro. 00070749 del 15/7/11, y reconoció la factura nro. 3351. Fundó en derecho su postura.
Concluyó que no podía reconvenirse a un tercero ya que el fin de la contrademanda era facilitar la tramitación simultánea de varios juicios entre las mismas partes; y adujo que la reconvención era inconexa e inadmisible.
A fs. 188/91 se rechazó la acumulación por conexidad pretendida y la citación de terceros, resolución que fue confirmada por esta Sala (v. fs. 212/3).
A fs. 475/81 el o quo dictó sentencia. Hizo lugar a la demanda, y condenó a Agroservicios S.A. a pagar a la actora la suma de $ 361.872,35 ($ 381.872,35: monto que surge de la cuenta de venta nro. 2431 con deducción del pago parcial de $ 20.000). Asimismo, rechazó la reconvención deducida. Impuso las costas a la vencida.
El juez sostuvo que la accionada reconoció el documento de venta nro. 2431 del 2/11/11 que se correspondía con la venta por cuenta y orden de Maruja S.A. de 121 vaquillonas por la suma de $ 381.872,35. Señaló que Agroservicios S.A. hizo un pago a cuenta por la suma de $ 20.000 y que ambos importes se encontraban asentados en los libros contables de la actora conforme el dictamen pericial de fs. 352/8.
Con relación a la reconvención pretendida, juzgó que la demandada no había logrado satisfacer los requisitos para su admisibilidad.
Señaló que el hecho de que en ambos negocios intervinieran ambas partes, no implicaba que existiera vinculación de una operatoria con la otra.
A fs. 483 apeló la demandada. Su recurso fue concedido libremente a fs. 484.
A fs. 495/500 la recurrente expresó agravios, que fueron contestados por la actora a fs. 502/7.
A fs.511 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo se practicó a fs. 512.
Las quejas de la accionada transcurren por los siguientes carriles: i) el o quo omitió considerar la relación comercial existente entre las partes circunscribiéndose solo a la operación de la cuenta de venta nro. 2431, ii) para resolver la cuestión objeto de debate debe merituarse la causa penal,
iii) fue errónea la valoración de la prueba pericial contable en relación a los libros de la actora y de la prueba testimonial, iv) se omitió el tratamiento de la compensación, v) medió responsabilidad de la actora por facilitar la operación que calificó de “simulada” y vi) existió un rechazo dogmático y arbitrario de la reconvención. Se quejó además de la imposición de costas.
Aclaro que no atenderé todos los planteos recursivos de la recurrente sino solo aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13/11/1986; ídem “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12/2/1987; bis ídem, “Pons, María y otro” del 6/10/1987; ter ídem, “Stancato, Caramelo”, del 15/9/1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
Así porque los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, Fallos: 272:225; 274:113; 276:132; 200:320; esta Sala, “Montana Managment S.A. c/ Genovesi Alejandro e hijos S.R.L. s/ Ordinario”, del 28/10/10).
1. Como quedó dicho, la actora interpuso demanda a fin de obtener el cobro de la suma de $ 381.872,35 por una operación reflejada en la cuenta de venta nro.2431 correspondiente a la venta de un lote de 121 vacas (v. escrito de inicio pto. III.2): fs. 117).
De su lado, Agroservicios S.A. ratificó la demanda incoada por ante el Juzgado Comercial nro. 7 Sec. nro. 14 (Expte. nro. 22145/12) -v. contestación de demanda: fs. 138/49, en especial fs. 138- y reconvino por los daños y perjuicios derivados de la operación vinculada a ese expediente. Calificó a la operación de la cuenta de venta nro. 3351 como “simulada” (v. pto. 4.16 de la contestación de demanda: fs. 142).
Con relación a la cuenta de venta nro. 2431 hizo un pago parcial de $ 20.000 (v. pto. 4.23 de la contestación de demanda: fs. 143 vta.).
Peticionó la acumulación de estos actuados con el expediente nro. 22145/12 por conexidad y litispendencia (v. pto. 6 de la contestación de demanda: fs. 147) y la citación de terceros (94 CPCCN) de: Transportes Don Carlos S.A., Belastegui y Sánchez (v. pto. 5.2 de la contestación de demanda: fs. 146 vta. y fs. 147).
2. Este Tribunal confirmó a fs. 212/3 el pronunciamiento de primera instancia de fs. 188/91 que decidió rechazar el pedido de acumulación de procesos y la citación de terceros.
Se dijo que el objeto de esta acción difería del incoado en el Expte. nro. 22145/12, que se trataba de reclamos diferentes y que la citación de terceros no procedió ya que la operación sustento del presente se llevó adelante sin la intervención de las personas físicas y jurídicas antes aludidas.
Adelanto que el recurso debe ser rechazado y la sentencia íntegramente confirmada. Ello así, en virtud de las razones que seguidamente desarrollaré.
Sabido es que en el contrato de comisión o consignación el mandatario obra en nombre propio, pero por cuenta del mandante. Se trata, así, de un mandato sin representación. El art. 222 c.com. da el concepto de comisión, y señala que debe reunir las siguientes condiciones:a) que se dé para que el mandatario obre en su propio nombre; b) que se refiera a actos de comercio; y c) que estos actos estén individualmente determinados (cfr. sentencia que dicté como Juez de Primera Instancia del Juzgado nro. 13 el 4/4/07 en autos “Financiera Nifra c/ Megatrans S.A. s/ Ordinario” del registro de la secretaría nro. 25 de dicho Tribunal; Siburu, Juan B., “Comentario del Código de Comercio Argentino”, Ed. Valerio Abeledo-Librería Jurídica”, Bs. As., 1933, T. IV, pág. 112).
Se ha definido a este contrato como aquel de carácter consensual, oneroso, y no formal, por el cual una parte, llamada comitente, encarga el desempeño de uno o más negocios de comercio individualmente determinados, a otra parte, llamada comisionista o consignatario; y ésta se obliga a concluirlos por cuenta del primero, pero en su propio nombre o en el de la razón social que representa (cfr. Etcheverry Raúl, “Contratos Parte Especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, T. I, pág. 285 citado en “Derecho de la Empresa y del Mercado” de Miguel C. Araya – Marcelo R. Bergia (Directores) T. I) Actuación, Desarrollo y Relaciones del Empresario, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 101).
Tengo dicho como juez de Primera Instancia y como vocal de esta Cámara que, de acuerdo con el art. 233 c.com., el comisionista queda obligado directa y personalmente hacia los terceros con quienes contrata, sin que éstos tengan acciones contra el comitente; éste último queda, en efecto, al margen de la relación jurídica establecida con motivo de la ejecución de la comisión, y no tiene acciones contra los terceros contratantes (res inter alios acta). Ello es una consecuencia natural del hecho de que el comisionista no ha cumplido ninguna función representativa en ejercicio de la comisión desempeñada, pues no actuó en nombre del comitente sino en nombre propio (cfr. sentencia del Juzgado nro. 13 el 26/12/06 en autos: “Brokers ART S.R.L.c/ Iglesias Juan Carlos s/ Ordinario” del registro de la Secretaría nro. 25; esta Sala en: “Prieto Julián Victor c/ Martínez Leonardo Gustavo s/ Ordinario” y Zavala Rodríguez, C. J., “Código de Comercio y leyes complementarias. Comentado y Concordado”, Buenos Aires, 1981, T. I, pág. 514).
Así, de conformidad con lo previsto en los arts. 222 y 233 c.com., entre el comisionista o consignatario y el tercero con el que contrata se establece una relación directa, de modo tal que el vínculo liga al primero con el segundo, con abstracción del comitente. El comisionista es quien recibe el encargo de desempeñar por otro negocios individualmente determinados, obrando a nombre propio y quedando directamente obligado hacia las personas con las que contrata (cfr. Rouillón Adolfo A. N., “Código de Comercio Comentado y Anotado”, T. I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 480).
Como dije supro, la actora reclamó la suma de $ 381.872,35 por una operación reflejada en la cuenta de venta nro. 2431.
Al expresar agravios, la demandada sostuvo que el primer sentenciante omitió considerar la situación y relación comercial existente entre las partes, ciñéndose exclusivamente a la compraventa de las 121 vacas del 2/11/11, que consideró autónoma e independiente del negocio del 14/7/11 (reclamo que tramita en el Expte. nro. 22145/12 cuyas copias certificadas fueron recibidas según constancia de fs. 513).
Arguyó que en la compraventa de hacienda, las operaciones no son autónomas e independientes y que existían cuentas corrientes que acreditaban débitos y créditos entre las partes. Afirmó que tenía un saldo a su favor por la operación de la factura nro. 3351.
Dijo que el objeto procesal del Expte. nro. 22145/12 es la nulidad de la compraventa, de la que se sigue la falta de causa de los cheques antes referidos. Sostuvo que dicha operación fue simulada en su perjuicio (v. fs.496).
Explicó que la reconvención tiene por fin evaluar los perjuicios derivados de la “. indolente actitud de la representante de la aquí actora, que facilitó la realización de una estafa a mi representada .” (v. fs. 495/500, en especial anteúltimo párrafo del pto. 2.5: fs. 496).
Se agravió en cuanto el a quo no consideró que Maruja S.A. había reconocido que en el Expte. nro. 22145/12 se encontraba pendiente la resolución de nulidad. Arguyó que, mientras esa operación permaneciera vigente, nada le adeudaba a la actora y que no existió un “distracto” de la operación.
Dijo que el primer sentenciante no había considerado que, según el informe pericial contable, la cuenta corriente de la actora tenía saldo negativo ya que la operación aún no había sido nulificada y que la actora no tenía la nota de crédito nro. 0011-000002255 para ser contabilizada.
1. Dado que esta Sala ya rechazó el pedido de acumulación por conexidad con el Expte. nro. 22145/2012, no procede reeditar, como pretende Agroservicios S.A., una cuestión que ya reviste el carácter de cosa juzgada – v. fs. 212/3-.
Ello basta para rechazar el discurso recursivo de la defendida. En efecto, el reclamo de autos se origina en la cuenta de venta 2431 por $ 381.872,35 del 2/11/11 (copiada a fs. 24 -anexo “D”-), expresamente reconocida por la recurrente en su contestación de demanda. Véase que desconoció allí la totalidad de la documental con excepción de los anexos A, B, C y D entre otros (v. fs. 139) y dijo que hizo un pago parcial de $ 20.000 aplicable a dicha cuenta (v. pto. 4.23 fs. 143 y anexo L: fs. 47).
Resáltese que incluso en la expresión de agravios, afirmó que era cierto que su representada había reconocido el documento de venta (v. pto. 2.6, fs. 496).
Con relación al pago parcial ($ 20.000), debe destacarse que el Banco Comafi S.A. informó que Agroservicios S.A.el 30/5/12 transfirió dicho monto desde la cuenta nro. 1190363490 del Banco Credicoop a la cuenta de Maruja S.A. nro. 0600000563 abierta en dicha entidad. Dicha circunstancia fue corroborada por la pericia contable (v. apartado c) fs. 353 y acápite l) de los ptos. de pericia de la demandada respecto de sus libros: fs. 357 vta.).
2. Lo hasta aquí dicho resultaría suficiente para desestimar las quejas vertidas por la recurrente.
De la prueba pericial contable surge, en prieta síntesis, lo siguiente: i) que la actora lleva sus libros en legal forma, ii) que la cuenta de venta nro. 2431 está registrada en el Libro de Ventas nro. 2 a fs. 9 en el período noviembre de 2011 y iii) que dicha transacción también está exteriorizada por las planillas de “Senasa-Histórico de Stock” cuyo titular es Maruja S.A. (v. fs. 352/8, en especial ptos. de pericia de la actora A) a, b y c: fs. 352 vta. y 353).
Asimismo, se desprende del dictamen referido, que Agroservicios S.A. lleva sus libros en legal forma y que asentó en el Libro de IVA Compras nro. 2 a fs. 291 la cuenta de venta nro. 2431 (v. ptos. B) a y b: fs. 353 vta.).
Si bien dicha pericia fue objeto de pedido de aclaraciones y observaciones de ambas partes (v. fs. 361/3 y fs. 399: actora y fs. 366/7, fs. 389, fs. 402 y fs. 408: demandada), las respuestas del perito que lucen a fs. 371/80, fs. 397 y fs. 406 no dejan dudas: la deuda reclamada fue determinada sobre los libros contables y surge de los propios asientos de las partes.
Así, conforme el art. 63 c.com. en principio, los asientos contables de una de las partes no contradichos por asiento contable alguno de la contraria, hacen plena prueba contra dicho sujeto y el valor probatorio de los libros de comercio está condicionado a que el hecho a probar sea de comercio y los libros estén llevados con regularidad. Por ello, cuando el art.63 c.com. establece que los libros de los comerciantes hacen plena prueba a su favor, se refiere a que los hechos invocados por cada una de las partes deberían figurar en sus respectivas contabilidades. Es que cuando hay coincidencia en la registración contable de las operaciones comerciales objeto de la demanda, los libros hacen plena prueba de la existencia y contenido de las mismas (En tal sentido, esta Sala en “Actimat S.A. c/ Medicus S.A. s/ Ordinario” del 17/11/15).
Agréguese que para desvirtuar el dictamen del perito resultó imprescindible advertir fehacientemente un error o insuficiente aplicación de los conocimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante (cfr. CNCom., Sala C, “Hladij Luis León c/ Peugeot – Citroen Argentina S.A. y otro s/ Ordinario” del 19/9/2008; ídv esta Sala en “Fernández Blanco Guillermo Eduardo c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ ordinario” del 7 /4/2015, en “Agro Traders S.A. c/ Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. s/ Ordinario”, del 27/12/16 y mi voto en “Lambrechts Eduardo Enrique c/ Galeno Argentina S.A. s/ Ordinario”, del 22/3/16).
Cierto es que, como señalé, Agroservicios S.A. impugnó en reiteradas oportunidades la pericia; sin embargo, lo cierto es que y esto es dirimente la deuda surge de los libros de ambas partes. Ello, por cuanto existe la registración tanto de la cuenta de venta nro. 2431 como del pago parcial imputado a la cuenta (Libro IVA Ventas nro. 2 de la actora de noviembre de 2011 y Libro IVA Compras nro. 2 de la demandada).
En ese marco, las observaciones de la demandada no controvierten la conclusión principal de la prueba pericial que es que; la cuenta de venta nro. 2431 no fue cancelada.
De otro lado, del testimonio de Ignacio Matías Capdevielle (asesor de la demandada) surge la relación comercial habida entre las partes y el reconocimiento de la documentación atinente a la cuenta de venta nro. 2431, y de la operación allí instrumentada (v. fs.269/70, en especial respuesta nro. 4 de preguntas a viva voz).
Por otra parte y tal como ya fuera decidido, de las copias certificadas de la causa penal: “Sánchez Guillermo s/ Defraudación por Administración Fraudulenta” (nro. 35519/2011) se desprende que la cuestión allí debatida no guarda relación con la cuenta de venta nro. 2431, sino con las cuentas de venta nros. 0011-00002271 y 0011-00002265 y facturas nros. 00003344 y 3351.
Dicha circunstancia se ve corroborada por la resolución que adquirió firmeza y fue dictada por el Magistrado de la anterior instancia al rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por Agroservicios S.A. contra el decreto de fs. 451, que colocó los autos a los fines de alegar invocando el art. 1775 CCyCN, es decir, la suspensión de este proceso hasta tanto medie pronunciamiento en la causa nro. 35519/2011 -v. fs. 456/7-.
Véase que la acción fue promovida por Amalia Terrani como representante de la demandada, que Cristina Helena Ras como directora suplente de Maruja S.A. atestiguó el 14/11/11 en relación a la operación de la factura nro. 3351 y que la cuestión ventilada se había gestado en los meses de junio/julio de ese año por la venta de 280 vaquillonas (v. fs. 168/70).
Asimismo, de la declaración indagatoria de Sánchez se desprende que los hechos que se le imputan guardan relación con la cuenta de venta nro. 2271 y factura nro. 3351, con los cheques vinculados a esa operatoria y que dieran lugar a la promoción de los juicios ejecutivos entablados por Transportes Don Carlos S.A. y Belastegui -v. fs. 851/4-; sin que se refiera allí a la cuenta nro. 2431 que aquí se reclama.
Idéntica situación ocurre con la indagatoria de Belastegui en la cual se le hace saber que los hechos imputados consisten en la supuesta connivencia con Sánchez para hacer incurrir en error a los representantes de Agroservicios S.A.durante los meses de julio/agosto de 2011 vinculados la cuenta de venta nro. 2271 y factura nro. 3351, a los cheques y juicios ejecutivos – v. fs. 888/92-
En la resolución del 1/4/15 el juez penal procesó a Sánchez por encontrarlo en principio autor penalmente responsable del delito de defraudación por administrador infiel en concurso ideal con uso de documentos privados falsos. Se declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Sánchez solo en relación con estancia La Maruja y con la Sucesión de Pepa Baudillo -v. fs. 960/70-.
En la resolución del 2/9/15 amplió el magistrado el procesamiento de Sánchez y de Belastegui incluyendo los hechos vinculados a Maruja S.A. (cuenta de venta nro. 2271 y factura nro. 3351- v. fs. 1471/88-). Dicha resolución quedó firme el 6/10/15, al declararse desierto el recurso de apelación de Sánchez y confirmarse el pto. II del auto de fs. 1471/88 -v. fs. 1514/5-.
Síguese de ello que la causa penal no tiene vinculación alguna con la relación jurídica objeto aquí de debate.
1. Agroservicios S.A. sostuvo que el a quo no había considerado los perjuicios por ella sufridos a partir de la defraudación de la que dijo haber sido objeto por parte de Belastegui, Sánchez y Cristina Helena Raz. Calificó de “falso” el negocio que se habría generado (v. pto. 2.9 de fs. 497).
Esgrimió que el rechazo de la reconvención era dogmático y arbitrario. Ello, por cuanto:a) se había dañado su prestigio por la existencia de los juicios en los cuales aparecía como “demandado” en diversas páginas tales como Veraz, Fidelitas, Nosis, etc.; b) no se habían tomado en cuenta las declaraciones testimoniales de Capdevielle, Principi, Terrani y Pignataro; c) de la pericia contable surgía que su contraria no tenía nota de crédito 0011¬00000225 y por ende no podía contabilizársela como una mera copia; d) que tenía un saldo a favor de $ 885.425,34 hasta tanto no se determinase la nulidad de la operación en cuestión; e) que en los juicios ejecutivos se impusieron las costas por su orden y que dichas sumas deberían ser descontadas por la participación de los directivos de la actora y f) que de la causa penal se evidenciaba el grado de responsabilidad de los representantes de la actora.
2. Sabido es que el instituto de la reconvención es el que se presenta cuando ya promovido el proceso, el demandado introduce en el juicio una pretensión antitética que puede por su naturaleza ser acogida o desestimada con independencia de la suerte que corra la demanda.
Es una verdadera y autónoma acción que sólo tiene un vínculo ritual con el principal (Colombo, Carlos J. -Kiper, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, La Ley, T. III, fs. 748 y sig., 2006).
Siendo que el proceso es único, los extremos que han de concurrir han de corresponder exactamente a ese concepto unitario y además debe tener origen en la misma relación jurídica o sea, conexa.
Es decir que la reconvención es un contraataque, con base en un derecho del demandado que preexiste al proceso y amplia la materia del mismo en la medida que se incluye una nueva petición (op. Cit., T. 7, pág.34; con cita al pie de hoja de Carrillo, “Excepción y Reconvención”, Zeus, ejemplar del 4/2/94). Su objeto consiste en perseguir una condena del actor reconvenido; es una acción independiente que se acumula a la primera y tiende a la obtención de una sentencia favorable.
Desde esta perspectiva, la pretensión de la defendida no encuadra en el concepto del instituto. Máxime tomando en consideración los argumentos vertidos al contestar demanda como en la expresión de agravios.
Pero aún, si bajo una visión amplia pretendiera ser asimilado a lo que la doctrina denomina “compensación reconvencional”, la solución es la misma.
En efecto. Se ha sostenido que, no obstante que la compensación judicial prescinde de algunos requisitos exigidos por la compensación legal, especialmente el de la liquidez y sólo se atiene al carácter de acreedores y deudores recíprocos que al tiempo de la sentencia invisten los litigantes, ello supone, sin embargo, que en el mismo acto de decretarla el juez tenga que declarar si los dos créditos existen para neutralizarlos en la medida de su superposición; en consecuencia, aún cuando se haya deducido una reconvención compensativa, ello implicaría la existencia del crédito reclamado por el demandado (Colombo – Kiper, “Código Procesal y Comercial de la Nación”, Anotado y Comentado, La Ley 2006, T. III, pág. 758 y ésta Sala en “Cooperativa de Trabajo La Integral Ltda. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Pacheco 2442 s/ Ordinario”, del 5/12/13).
Sin embargo, tales extremos no concurren en la especie. Basta para así concluir que median aquí dos reclamos diferentes, derivados de distintas operatorias. Fue ello lo que motivó que se decidiese la inexistencia de la conexidad entre los respectivos procesos judiciales.
Por ello, el tratamiento de la compensación alegada (921 CCyCN) -v. ptos. 2.3 y 2.4 de la expresión de agravios, en especial fs.495 vta.-, se tornó abstracto, ya que ambas partes no revisten la calidad de acreedor y deudor recíprocamente y no existen dos o más deudas líquidas y exigibles entre ellas.
En tal orden de ideas, corresponde rechazar también esta arista de la queja.
Se quejó la defendida pues el primer sentenciante le impuso la totalidad de las costas del proceso.
Resultó acertada la decisión del juez, consecuencia del principio del hecho objetivo de la derrota (Morello- Sosa – Berizonce, “Códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1985, t. II B, p. 51). Y si bien no se me escapa que tal es el principio general y que la ley también faculta al juez a eximirlo, en todo o en parte (conf. arg. art. 68 del CPCCN) siempre que encuentre mérito para ello -por la naturaleza de la acción deducida, la forma en que se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes-, lo cierto es que no encuentro en autos elementos que permitan apartarme de aquel criterio (conf. Colombo – Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, p. 491).
Por ello, se desestimará también este agravio.
VI . Conclusión
Por todo lo expuesto y si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega del Tribunal, propongo al Acuerdo: i) rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio, ii) imponer las costas de Alzada a la demandada, vencida en sus quejas, por virtud del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68 CPCCN) y iii) encomendar al magistrado de la anterior instancia arbitre los medios para remitir las presentes actuaciones al Sr. Representante del Fisco, conforme fuera solicitado a fs. 160 vta.
Rafael F.Barreiro
Buenos Aires, 19 de octubr e de 2017.
Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio, ii) imponer las costas de Alzada a la demandada, vencida en sus quejas, por virtud del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68 CPCCN) y iii) encomendar al magistrado de la anterior instancia arbitre los medios para remitir las presentes actuaciones al Sr. Representante del Fisco, conforme fuera solicitado a fs. 160 vta.
Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n°
26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).
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