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Timestamp: 2020-03-29 06:01:47+00:00

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Requisitos de las personas fisicas o juridicas que contratan con la administracion | Wiki Derecho
Requisitos de las personas fisicas o juridicas que contratan con la administracion
6 agosto, 2014 Derechowiki
Derecho Administrativo 2. Tema 6
tienen su origen en la Revolución Francesa. Antes de ella no se canalizaban ni se atendían las solicitudes de los administrados pues el monarca era el Estado. Luego de la lucha entre radicales y nobles, los radicales crearon lo que se denominó el “Consejo de Estado Francés” (tribunal administrativo que no pertenecía al Poder Judicial pero sí formaba parte de la administración). Mediante ese consejo las propias decisiones ejecutivas de la administración eran revisadas. En España, Alemania y otros países se adoptaron otros mecanismos de reclamación para que la administración revisara sus propios actos. En Venezuela se tomó la Ley Española y se consagran las figuras de los recursos administrativos. La administración para corregir sus propios actos le da la posibilidad al administrado de reclamar, anteriormente éste tenía que agotar la vía administrativa.
2.Principios:
Potestad de revisión.Potestad revocatoria.
Potestad anulatoria
Potestad de auto-tutela
3.Recurso administrativo:
medio de impugnación ejercido por el interesado para atacar la validez del acto (cuando éste está viciado de nulidad absoluta) o para revisar las razones de mérito u oportunidad. Sólo se interponen para actos de efectos particulares.
4.Tipos de recursos administrativos:
1)RECONSIDERACIÓN
A)Ante quién se interpone:autoridad administrativa que dictó el acto
B)Cómo se interpone:
ART 86 LOPA:
“Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49.
El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.”
*ART 49 LOPA:
“Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:
La firma de los interesados.”
C)Lapso para decidir:
*ART 94 LOPA
“…Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.”
*ART 93 LOPA:
“El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación.”
D)Cuándo se interpone:
“El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo dicto…”
F)Contra qué actos se interpone:
*ART 85 LOPA:
“Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.”
*ART 88 LOPA:
“Ningún órgano podrá resolver, por delegación, los recursos intentados contra sus propias decisiones.”
*ART 89 LOPA:
“El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados.”
G)Para qué se interpone:
1)Solicitar la nulidad del acto
2)Pedir que el acto quede sin efectos por falta de méritos u oportunidad
H)Modificación:
*ART 90 LOPA:
“El órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables.”
2)JERÁRQUICO
A)Ante quién se interpone:máxima autoridad del organismo correspondiente (LOPA dice ministro)
B)Cómo se interpone:por escrito. ART 49 LOPA (igual recurso de reconsideración)
C)Para qué se interpone:
*ART 95 LOPA:
“El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración.”
D)Cuándo se interpone
*ART 95 LOPA
: “El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro.”
RECURSO JERÁRQUICO IMPROPIO:
sólo opera en el caso de los institutos autónomos (se crean por ley y tienen patrimonio propio, están adscritos a un Ministerio por el control de tutela de sus actividades). La ley que los crea puede señalar cuál es la máxima autoridad y que allí las decisiones se agotan, o que se agotan ante el Ministerio de adscripción, pero la LOPA señala que hay otro recurso jerárquico ante éste.
-Recurso de reconsideración: 15 días.
-Recurso jerárquico: 90 días.
-Recurso jerárquico ante el Ministerio: 90 días.
Las leyes hoy en día señalan que la vía administrativa se agota ante la junta directiva, pero si no señala nada o señala el ministerio de adscripción surge el mismo inconveniente.
*ART 96 LOPA:
“El recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos subalternos de los institutos autónomos por ante los órganos superiores de ellos.
Contra las decisiones de dichos órganos superiores, operará recurso jerárquico para ante el respectivo ministro de adscripción, salvo disposición en contrario de la ley.”
3)EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
A)Ante quién se interpone:máxima autoridad del organismo correspondiente
B)Para qué se interpone:
su existencia no depende de los anteriores. Se utiliza para revisar actos de efectos particulares que ya han adquirido firmeza y han generado derechos. La firmeza de los actos ocurre porque:
-La persona agotó todas las instancias y el acto se hace irrevisable.
-El interesado dejó agotar todas las instancias de reclamación.
Sobre los actos irrevisables se pueden presentar circunstancias de las que no disponía la administración, ni el administrado las podía suministrar, p.ej pruebas perdidas. También puede tratarse de actos producto de corrupción o por testimonios falsos.
*ART 97 LOPA:
“El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante el Ministro respectivo en los siguientes casos:
Cuando la resolución hubiese sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, definitivamente firme.”
El procedimiento de tacha de documentos o testigos requiere que la sentencia haya adquirido la cualidad de cosa juzgada. La tacha de documentos puede darse sobre documentos públicos o privados. Los documentos públicos son aquellos que han sido registrados o notariados, y se impugnan por datos falsos, suplantación de firma, etc.
C)Cuándo se interpone
ART 98 LOPA:
“El recurso de revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior, o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1 del mismo artículo.”
D)Lapso para decidir
ART 99 LOPA:
“El recurso de revisión será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su presentación.”
4)DE QUEJA O RECLAMO
A)Ante quién se interpone:superior jerárquico inmediato
B)Cómo se interpone:por escrito
procede contra la conducta del funcionario. Es una vía que permite denunciar a un funcionario público por haber distorsionado un procedimiento esencial, y no procede sobre el acto administrativo específico. El superior jerárquico debe abrir un procedimiento sancionatorio y multar al funcionario.
en cualquier momento en que ocurra la falta, y debe ser decidido dentro de los 15 días siguientes a su interposición.
*ART 3 LOPA:
“Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran
Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los quince (15) días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo 100 de la presente Ley sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.”
5.Disposiciones comunes a todos los recursos:
1)Operan contra actos administrativos de efectos particulares
2)Todo recurso debe ser interpuesto por escrito
*ART 6 LOA (obligación de la administración de coadyuvar con los administrados):
“La Administración Pública desarrollará su actividad y se organizará de manera que las personas puedan:
3. Acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema de organización de los órganos y entes de la Administración Pública, así como a guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que ellos ofrecen.”
*ART 7 n°7 LOA (obligación de orientar):
“Las personas en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes derechos: Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.”
*ART 86 LOPA:
“Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49. El recurso que no llenare los requisitos exigidos, no será admitido. Esta decisión deberá ser motivada y notificada al interesado.”
3)Medidas cautelares
ART 87 LOPA:
“El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto.
En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada.”
Las medidas cautelares operan sólo para los recursos de reconsideración y jerárquico. La antigua Corte Suprema de Justicia determinó que la administración no podía exigirle al particular ninguna fianza por su situación.
4)Irrelevancia de la calificación
ART 85 LOPA:
“Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.” ART 86 LOPA:
“El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.”
5)Imposibilidad de delegar la resolución del recurso
Ésta les corresponde a los funcionarios que establece la ley.
6)La administración pública debe resolver todo lo que se plantea en los recursos
ART 89 LOPA:
7)Qué puede hacer el órgano
ART 90 LOPA:
“El órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables.
6.Opción de los recursos:
si se agotan los recursos se acude a la vía judicial, o en vez de ejercer los recursos se puede acudir directamente a ésta. Los artículos 92 y 93 de la LOPA que establecen la prohibición de acudir a la vía contenciosa antes de que se haya decidido el recurso o hayan corrido los lapsos para su decisión, dejaron de tener efectos porque la ley del T.S.J y la de la jurisdicción contencioso administrativa dejaron abierta la vía judicial. Hoy en día los recursos son optativos, sin embargo siguen teniendo algunas ventajas sobre el contencioso por lo que aún no han desaparecido:
-El contencioso requiere acudir al Tribunal de Barinas hasta que se constituyan las autoridades estadales o municipales, y si se trata de autoridades nacionales debe acudirse a los tribunales de Caracas. Los recursos se ejercen de manera inmediata.
-El recurso se puede ejercer por razones de mérito y conveniencia, no necesariamente por violación a la ley o a la constitución.
Derecho Administrativo 2. Tema 7
Los contratos administrativos y las concesiones administrativas
1.Contrataciones públicas:
acuerdo de voluntades entre dos o más personas para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica para producir efectos jurídicos.
en ellas una de las partes es la administración pública, a través de cualquiera de las personas jurídicas que la conforman. El término de contrataciones públicas ha generado controversias porque el Estado no está en una situación de igualdad frente al particular, siempre va a tener potestades que le permiten ejercer un poder de imperio.
Las contrataciones públicas forman parte de la actividad administrativa, son una forma de materializar su actividad.
DOBLE CONDICIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ACTIVIDADES MIXTAS):
todo contrato administrativo consta de dos etapas:
1)Etapa previa:
es un procedimiento administrativo donde interviene sólo la administración pública (Etapa de la selección del contratista)
. Es el proceso de formación de la voluntad. Se rige por disposiciones vinculadas al derecho público y administrativo. Antes de la selección del contratista la administración pública no está obligada a contratar.
2)Contrato administrativo propiamente dicho
DEFINICIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:
durante mucho tiempo no hubo una definición de contratación pública por lo que surgió la controversia de si debería equipararse a un contrato de interés nacional. La constitución del 61 no era muy clara al definir estos contratos. Eloy Lárez Martínez señala que un contrato de interés nacional es un contrato de gran envergadura económica, una actividad importantísima orientada a la solución de problemas. Esta definición no es muy precisa. Por su parte, Brewer Carías señala que los contratos de interés nacional son los que comprometen el interés de todo el país, en donde se encuentren, p.ej aquellos que tienen que ver con las carreteras nacionales (también hay contratos de interés estadal y municipal). Esta fue la definición que se cristalizó en la Constitución de 1999:
-ART 150:
«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.
La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.”
-ART 151:
“En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”
DEFINICIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO:
en un principio la definición de contrato administrativo hacía alusión a que una de las partes era la administración pública. La antigua Corte Suprema de Justicia estableció que para determinar cuándo se estaba en presencia de un contrato administrativo había que acudir a la noción de prestación de servicio público, pues de acuerdo a ella no todo contrato del Estado tiene carácter administrativo. Sin embargo esta idea se anuló con la Ley de Contrataciones Públicas. Hoy en día todos los contratos del Estado son de carácter administrativo.
Los contratos administrativos deben ser de prestación de servicios, obras públicas o adquisición de bienes (no incluye las concesiones administrativas).
en los contratos administrativos participan empresas, sobre todo las compañías anónimas (personas jurídicas con fines de lucro, es decir, que trabajan sobre la base de capital, en las que el capital social está divido en acciones, y cada accionista responde personalmente por el monto de su acción, o de lo contrario responde la compañía).
2Principios que rigen los procedimientos de selección de contratistas
obligación de la administración pública de llevar a cabo sus procedimientos tratando de evitar demoras, molestias innecesarias, y cualquier otra actuación que impida el fluido y normal desenvolvimiento de los procedimientos de selección de contratistas.
manera abierta como la administración debe realizar los trámites propios de las distintas modalidades de selección de contratistas, permitiendo que los participantes o concursantes puedan advertir fácilmente la intensión y objeto de cada uno de sus actos.
implica que los funcionarios públicos deben realizar sus actuaciones sin pretender otro beneficio que no sea el de la administración.
persigue que la realización de los actos de sustanciación de las modalidades de selección de contratistas se realicen de la forma más expedita posible y menos costosa.
: los actos de sustanciación deben cumplirse sin colocar a alguno de los concursantes u oferentes en una posición más ventajosa que a otros.
Principio de competencia (varias empresas oferentes): en la medida de lo posible la administración debe garantizar que puedan efectuarse ante ella distintas ofertas, con el objeto de permitirle aceptar aquella que sea más provechosa a sus intereses.
Principio de publicidad (de los actos del procedimiento): forma como deben realizarse los actos de los concursos o consulta de precios, con el objeto de que todos puedan ser conocidos con suficiente antelación por los posibles interesados y controlarlos por aquellos que concurran a éste. Conforme al mismo, los interesados deberán tener acceso a la información sobre la realización del mismo y a los actos y documentos que se agreguen al expediente correspondiente, salvo los que hayan sido declarados confidenciales.
Procedimientos administrativos de selección de contratistas:
A)Mecanismos de selección por concurso:
A.1)Abierto o modalidad abierta enunciada internacionalmenteà para un número indeterminado de empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. Generalmente se trata de montos altos.
A.2)Cerradoà Monto bajo, para determinadas empresas (5). Se puede realizar un concurso abierto para seleccionar a los contratistas que participarán en el concurso cerrado.
A.3)Consulta de preciosàse llama a determinadas empresas (3), pero se trata de un contrato de menos exigencias y formalidades técnicas y financieras, p.ej obras pequeñas. Se selecciona la oferta de menor precio.
B)Contratación directa:
el ente u órgano selecciona directamente al contratista sin ningún trámite previo. En forma general procede en aquellos casos donde no es posible competir o aplicar alguna de las modalidades anteriores, en aquellos casos donde es necesario evitar el retardo, en caso de emergencia comprobada, estados de excepción, por condiciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o de urgencia, entre otras (ARTS 77 y 78 LCP).
C)Adjudicación directa
PROCEDIMIENTO GENERAL DE SELECCIÓN POR CONCURSO:
formación de la voluntad de la administración.
1)Autorización de llamamiento por la máxima autoridad del organismo correspondiente
2)Publicación en diario de circulación nacional o regional
3)Se otorga un plazo para entregar los sobres contentivos de las ofertas, y se señala el día en que debe darse la manifestación del contratante. Se deben presentar tres sobres:
-El primer sobre contendrá los datos de identificación de la empresa (registro mercantil con las dos últimas modificaciones sufridas).
-El segundo sobre contendrá el balance financiero de la empresa (bienes, solidez, concursos en los que hayan participado anteriormente, etc.).
-El tercer sobre contendrá la oferta de la empresa para cumplir con los requerimientos técnicos.
4)La(s) comisión(es) de contrataciones llevan el procedimiento del concurso. Elaboran el pliego de condiciones (exigencias que fija el órgano administrativo para seleccionar al contratista), revisan si la empresa está adscrita al Registro Nacional de Contratistas, analizan las ofertas presentadas y el soporte económico, técnico y legal de los contratistas de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y seleccionan a los mejores. La decisión se toma por mayoría. El representante que no esté de acuerdo debe salvar su voto y explicar sus razones.
La empresa concursante debe dar caución de mantenimiento del precio del contrato hasta que se decida, sobre todo por el peligro que conlleva la inflación. Es motivo de sanción no solicitar la fianza o si ésta es insuficiente.
*ART 69 LCP (Examen de las ofertas):
“Una vez concluido los actos de recepción y apertura de las ofertas, la Comisión de debe examinarlas, determinando entre otros aspectos, si éstas han sido debidamente firmadas, si están acompañadas de la caución o garantía exigida y cumplen los requisitos especificados en el pliego de condiciones. Igualmente, la Comisión aplicará los criterios de evaluación establecidos y presentará sus recomendaciones en informe razonado.”
*ART 79 LCP (Informe de evaluación de ofertas):
“El informe de recomendación debe ser detallado en sus motivaciones, en cuanto a los resultados de la evaluación de los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y en el empleo de medidas de promoción del desarrollo económico y social, así como en lo relativo a los motivos de descalificación o rechazo de las ofertas presentadas. En ningún caso, se aplicarán criterios o mecanismos no previstos en el pliego de condiciones, ni se modificarán o dejarán de utilizar los establecidos en él.”
4)La máxima autoridad escoge al contratista
5)Otorgamiento de la buena pro por parte de la máxima autoridad (adjudicación del contrato)
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES (SNC):
es el órgano rector en materia contractual administrativa. Establece lineamientos para que todos los procedimientos de contrataciones públicas se hagan conforme a la ley. Lleva el Registro Nacional de Contratistas, el cual se comenzó a implementar en 1988 (anteriormente había una ausencia total de normativa en materia de contrataciones públicas, sólo existían algunas disposiciones que establecían que la administración pública debía licitar [seleccionar a los contratistas], pero lo hacía a dedo). La Comisión de Administración Pública recomendó al gobierno incorporar legislación al respecto; así surge la primera Ley de Licitaciones, con la cual se estableció el Registro Nacional de Contratistas, que permite llevar un control de las personas que prestan servicios a la administración pública.
COMISIÓN DE CONTRATACIONES:
son órganos o entes que deben existir en todos los organismos del Estado, y están encargados del llevar el proceso de selección del contratista. Hoy en día se encargan también de hacer seguimiento, vigilancia y fiscalización de la ejecución del contrato, y de informar de anormalidades. Con el fin de descongestionar sus funciones se estila nombrar varias comisiones (de obras, de bienes y de servicios). La comisión de contrataciones estará conformada preferentemente por funcionarios del organismo. Es un órgano colegiado integrado por tres áreas: financiera, legal y técnica (debe haber un miembro por cada área y cada miembro debe tener su respectivo suplente). Esto es así porque para seleccionar a los contratista se requiere analizar su soporte económico (p.ej solvencia laboral [inscripción de los trabajadores de una empresa en el seguro social]), su soporte técnico (si poseen los instrumentos necesarios p.ej), y su soporte legal (revisión de documentos, es hecha por un abogado).
se refiere a la ayuda que debe prestar todo ciudadano en el desarrollo del Estado. Si una empresa resulta beneficiada debe asumir las cargas de colaborar con la sociedad.
*ART 6 LCP:
“Son todos aquellos acuerdos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: 1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. 2. La creación de nuevos empleos permanentes. 3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad. 4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo, 5. Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y 6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante.”
*ART 3 REGLAMENTO:
“El Compromiso de Responsabilidad Social no se exigirá para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras contratados directamente entre los órganos y entes señalados en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas o cuando la selección del contratista es encomendada a estos órganos o entes.
No obstante, se debe garantizar que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales, que exista disponibilidad presupuestaria, que los precios sean justos y razonables, que se establezcan los controles y mecanismos para responder por las obligaciones que ha de asumir el órgano o ente contratista.”
*ART 35 REGLAMENTO (Parámetros para fijar el compromiso):
“Para el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, se establece para el Compromiso de Responsabilidad Social un valor mínimo del uno por ciento (1%)
y un valor máximo del cinco por ciento (5%)
del monto del contrato suscrito, el cual asumirán los Contratistas beneficiarios de la adjudicación del mismo. Los órganos o entes contratantes deberán fijar los porcentajes a ser aplicados a cada condición del Compromiso de Responsabilidad Social, así como, establecer categorías o escalas proporcionales con base en los montos de los contratos a ser suscritos.”
es el valor básico que un contrato tiene, siendo la proyección que ha tomado la administración para hacerlo valer.
ART 39 LCP:
“Para todas las modalidades de selección de contratistas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el órgano o ente contratante debe preparar un presupuesto base de la contratación, cuyo contenido será confidencial hasta que se produzca la notificación oficial del resultado de la selección del contratista, salvo que en el pliego de condiciones se establezca el empleo de éste como criterio para el rechazo de ofertas, en cuyo caso se dará lectura al valor en él definido, al inicio del acto de apertura de los sobres contentivos de las ofertas. Una vez divulgado, el presupuesto base se incorporará al expediente de la contratación respectiva. En ningún caso se podrá emplear el presupuesto base como criterio de evaluación de ofertas.”
Procedencia de cada uno de los procesos de selección por concurso:
A)Concurso abierto:
*ART 55 LCP:
“Debe procederse por Concurso Abierto o Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente:
2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a cincuenta mil unidades tributarias (50.000 UT.).”
*ART 57 CPC:
“Las publicaciones del llamado a Concurso Abierto, se realizarán durante dos (2) días continuos, en uno de los diarios de mayor circulación nacional y uno de la localidad donde se vaya a suministrar el bien o servicio, o ejecutar la obra. Adicionalmente los sujetos a que alude el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, divulgarán el llamado a través de su portal web oficial y diferentes medios alternativos de difusión.”
El concurso abierto se publica en diario exterior cuando no existan los requerimientos técnicos en Venezuela.
B)Concurso cerrado:
*ART 61 LCP: “
1. En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 UT.)
y hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 UT.).
2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20.000 UT:)
y hasta cincuenta mil unidades tributarias
(50.000 UT.).”
C)Consulta de precios:
*ART 73 LCP:
“Se puede proceder por Consulta de Precios:
1. En el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 UT.)
En aquellos casos que los Planes Excepcionales sean propuestos por los órganos de la administración pública nacional, deberán contar con la revisión previa de la Comisión Central de Planificación, antes de ser sometido a consideración del Ejecutivo Nacional.”
DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN:
consiste en la terminación del procedimiento de selección de contratistas sin que se adjudique el contrato, por cuanto no se ha cumplido con el fin perseguido a través de ese procedimiento (obtención de una oferta válida y conveniente a los intereses del ente contratante). Las causales de deserción son:
-No se presente oferta alguna.
-Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados.
-Perjuicio al ente contratante.
-En caso de que los beneficiarios se nieguen a firmar el contrato, no otorguen las garantías requeridas o suministren información falsa.
Si se declara desierto el concurso abierto puede procederse por concurso cerrado y así sucesivamente, o por la misma modalidad fallida.
puede darse de forma anormal por razones debidamente justificadas por la administración, y enel caso de que haya ocurrido la adjudicación tendrá derecho a que se le indemnice por los gastos en que incurrió para participar (no mayor al 5% del monto de su oferta). El proceso también puede suspenderse siempre que no haya tenido lugar el acto de apertura de los sobres contentivos de la manifestación de voluntad o de las ofertas.
4.Etapa contractual propiamente dicha:
seleccionado el contratista se le invita a suscribir el contrato administrativo (acuerdo de voluntades entre la administración pública y el contratista). Esta etapa culmina con la firma del acuerdo, antes de ello la administración debe ser guardiana de la exigencia de las fianzas. La no constitución de fianza da lugar a responsabilidad.
A)Fianza de fiel cumplimiento
ART 100 LCP:
“Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista, con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cuando se requiera, éste deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresas de seguro, debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o sociedad nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria a satisfacción del órgano o ente contratante, que no podrá ser inferior al quince por ciento (15%)
En caso de no constituir una fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del diez por ciento (10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.”
B)Fianza de anticipo
ART 99 LCP:
“En los casos en que se hubiera señalado en el pliego de condiciones y en el contrato, el pago de un anticipo, establecido como un porcentaje del monto total de la contratación, el órgano o ente contratante procederá a su pago previa consignación, por parte del contratista, de una fianza por el cien por ciento (100%)
del monto otorgado como anticipo; la cual será emitida por una institución bancaria o empresa de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria, a satisfacción del órgano o ente contratante.”
C)Fianza laboral
Asegura el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo con respecto a los trabajadores. En materia laboral quien paga los gastos laborales de sus trabajadores es el patrono, y en caso de que éste no responda, responde solidariamente a quien se le está prestando el servicio, p.ej si el patrono no paga a los obreros, paga el Estado. Esta fianza se constituye para que el Estado no tenga un gasto adicional
. ART 101 LCP:
“El órgano o ente contratante, podrá solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral hasta por el diez por ciento (10%)
del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costos de su oferta, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria, la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis (seis) meses después de su terminación o recepción definitiva.
El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado. En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retención del porcentaje sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.”
el costo de la mano de obra se determina por el número de trabajadores. Puede tratarse de empresas con un mismo sueldo o con sueldos fluctuantes. El costo lo determina la empresa contratista. En materia laboral las obligaciones comienzan a tener vigencia cuando la persona tiene 6 meses o más de labor (adquiere derecho a prestaciones sociales, las cuales se computan igual a un año). Esta es la razón por la cual la fianza tiene vigencia hasta 6 meses después de terminado el contrato.
D)Fianza de responsabilidad civil:
ART 102 LCP
. “El órgano o ente contratante, en los casos en que se hubiera establecido en el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra. El monto de la referida póliza será fijado en el contrato.”
5.Posibles elementos que debe contener un contrato administrativo:
A)Identificación de las partes:
-Órgano o ente administrativo.
-Contratista (Empresa)
Existen órganos con y sin personalidad jurídica propia.
Órganos con personalidad jurídica propia:
sólo se identifica el organismo y el representante.
-Asociaciones civiles del Estado.
-Fundaciones del Estado. Se denominan “huidas del derecho administrativo”, porque el Estado huye de las formas del derecho público para utilizar formas de derecho privado. Se crean por el acto de registro.
-Compañías anónimas.
-Desde el punto de vista de la organización vertical del Poder Público Nacional tienen personalidad jurídica:
Órganos sin personalidad jurídica
: sus representantes actúan por delegación, p.ej ministerios. En este caso el órgano o ente tiene que tener identificada la competencia y la autorización para suscribir el contrato.
B)Objeto del contrato:es similar a la denominación que se le dio en el proceso de selección de contratistas
C)Descripción del objeto:se especifica qué va a hacer el contratista, las etapas del contrato
D)Tiempo de ejecución del contrato
F)Pago del contratista:se especifica si hay anticipo y las demás fianzas
G)Cláusula penal:sanción en caso de incumplimiento
H)Firma y fecha
En los contratos de obras es importante señalar que el contratista aceptó las condiciones, por ejemplo que observó el sitio de la obra.
6.Formalización del contrato administrativo
ART 93 LCP:
“A los efectos de la formalización de los contratos, los órganos o entes contratantes deberán contar con la siguiente documentación:
1. Documentación legal de la persona natural o jurídica
2. El pliego de condiciones y la oferta
3. Solvencias y garantías requeridas
4. Cronograma de desembolso de la contratación, de ser necesario
5. Certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones.”
Art 95 LCP:
“Los órganos o entes contratantes, una vez formalizada la contratación correspondiente, deberán garantizar a los fines de la administración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo controles que permitan regular los siguientes aspectos:
1. Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes y servicios
2. Otorgamiento del anticipo, de ser aplicable
3. Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social
4. Supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios
5. Modificaciones en el alcance original y prorrogas durante la ejecución del contrato
6. Cumplimiento de la fecha de terminación de la obra o entrega de los bienes o finalización del servicio
7. Finiquitos
8. Pagos parciales o final
7.Ejecución de los contratos administrativos:
en todo contrato existe un equilibrio financiero, pues se contrata para ganar; cuando ocurre un incumplimiento ese equilibrio se rompe.
A)Incumplimiento injustificado del contratista:
en este caso la administración debe abrir un procedimiento de resolución del contrato (rescisión contractual). Este proceso lo abre y desarrolla la misma autoridad administrativa con la que se firmó el contrato, mediante el procedimiento ordinario o sumario contemplado en la LOPA. En esta etapa entra en juego la ejecución de las fianzas. En caso de que se declare la nulidad de la rescisión contractual, los hechos se retrotraen al momento en que se rescindió el contrato.
B)Incumplimiento injustificado de la administración
En este caso el contratista debe ir a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa para pedir la rescisión contractual, y cuando haya lugar también el pago de daños y perjuicios.
C)Incumplimiento justificado:
1)Teoría del caso fortuito o fuerza mayor:
hechos imprevisibles e irresistibles, ajenos a la voluntad de las partes contratantes, que impiden la ejecución del contrato. En este caso ninguna de las partes está obligada a continuar con la ejecución del mismo.
-Caso fortuito: fenómeno natural.
-Fuerza mayor: intervención de la voluntad humana.
2)Teoría del hecho del príncipe:
son cambios sustanciales que dentro de la ejecución del contrato pueda argumentar la administración pública. Provienen del propio ente contratante y generan un desequilibrio financiero, surgiendo la obligación para la administración pública de indemnizar al contratista. Son circunstancias que modifican las condiciones contractuales y transforman al contrato en mayormente oneroso.
ART 106 LCP (Modificación unilateral):
“El órgano o ente contratante podrá, antes o después de iniciado el suministro de los bienes, la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas por escrito al contratista. Así mismo, éste podrá solicitar al órgano o ente contratante cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico, técnico y de su presupuesto, y el órgano o ente contratante deberá dar oportuna respuesta a la misma. El contratista sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito del órgano o ente contratante, debidamente firmada por la máxima autoridad o de quien éste delegue.”
ART 107 (Modificación unilateral sin autorización):
“El órgano o ente contratante procederá a reconocer y pagará las modificaciones o cambios en el suministro de bienes y servicios, o ejecución de obras cuando las haya autorizado expresamente. En el caso de obras, podrá obligar al contratista a restituir la construcción o parte de ésta al estado en que se encontraba antes de la ejecución de la modificación o a demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin la referida autorización escrita. Si no lo hiciere, el órgano o ente contratante podrá ordenar la demolición a expensas del contratista.”
3)Teoría de la imprevisión:
las modificaciones contractuales provienen de un ente distinto a la administración pública, y generan un desequilibrio financiero. No hay impedimento para ejecutar el contrato, ni éste se transforma en mayormente oneroso, sino que se dificulta su ejecución. P.ej decretos de aumento salarial, controles de cambio, imposiciones aduaneras, etc.
8.Ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas:
A)Ámbito subjetivo:
la ley en su artículo 3 establece que pueden contratar tanto las personas jurídicas estatales como ciertos órganos de la administración pública, confundiendo los primeros con los segundos, pues los primeros no son sujetos de derecho:
Descentralizado (OJO:
No existe un Poder Público central y descentralizado, sí una administración pública central y descentralizada. Debe entenderse que la ley quiso decir que se aplicará a los órganos de la República, el Estado, los municipios y distritos metropolitanos y por otro lado a los entes descentralizados de las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales).
2. Las Universidades Públicas
7. Los Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de base que maneje fondos públicos
B)Ámbito sustantivo
Las modalidades de los contratos administrativos según la Ley de Contrataciones Públicas son: prestación de servicios, suministro de bienes y contratos de obra pública, excluyendo en primer lugar los mismos contratos pero cuando se encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación entre la República y otros Estados, así como la contratación con empresas mixtas en el marco de esos convenios (ART 4 LCP).
En segundo lugar excluye las mismas modalidades de contratos referidas a: la prestación de servicios profesionales y laborales, financieros, adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, adquisición de obras artísticas, literarias o científicas, alianzas comerciales y estratégicas para la adquisición de bienes y prestación de servicios entre personas y órganos o entes, servicios básicos indispensables para el funcionamiento del órgano o ente contratante, y aquellos encomendados a los órganos o entes de la administración pública (ART 5 LCP).
En tercer lugar excluye a las concesiones administrativas. Éstas en sí, son contratos administrativos donde el concesionario asume la prestación del servicio y cumple con ese servicio. En las concesiones administrativas el Estado recibe derechos (el particular le paga al Estado para desarrollar una actividad; esto es lo que se denomina tasas, las cuales pagan los usuarios, y de ellas un porcentaje corresponde al concesionario y otro al Estado). Las tasas son reguladas por el legislador puesto que la ley señala expresamente que sólo son contratos administrativos los ya mencionados. Sin embargo un sector de la doctrina, considera que las concesiones pueden englobarse en la prestación de servicios y construcción de obras.
ART 1 LCP:
“El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos al Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía.”
Las concesiones administrativas se dividen en:
A)De servicios:
p.ej otorgar espacios del espectro radioeléctrico. Se rigen por la Ley Orgánica de telecomunicaciones.
B)Actividad minera:
las riquezas mineras pertenecen al Estado y éste permite a los particulares explotarlas, a excepción de la actividad petrolera.
C)De obras y servicios:p.ej construcción y uso de una carretera, transporte público, etc
Derecho Administrativo 2. Tema 8
1.Tipos de responsabilidad:
ocurre en la esfera del derecho privado. Quien asume las consecuencias de los actos dañosos es el funcionario y no el Estado.
las consecuencias de los actos dañosos las asume íntegramente la administración pública sin importar si provino de un funcionario o del mismo sistema. Impide que ocurra impunidad, al responder el Estado por las dificultades que presenta imputarle la responsabilidad a un funcionario.
Responsabilidad sin falta o por sacrificio particular :
se desprende de actuaciones legales de la administración pública, p.ej expropiación por causa de utilidad pública o social (genera un daño que debe ser indemnizado).
Responsabilidad por funcionamiento anormal:
ocurre cuando el Estado ejecuta incorrectamente sus actividades y abandona la prestación del servicio.
2.Responsabilidad objetiva del Estado:
es la asunción por parte del Estado de las consecuencias que derivan de sus propios actos. El Estado puede y debe responder por sus actos gracias a que tiene personalidad jurídica. El Estado asume la responsabilidad de sus actos dañosos ilegales y legales p.ej expropiación, y responde tanto por daños materiales como morales. Para que exista responsabilidad debe existir una relación de causalidad entre el daño sufrido por el administrado y la acción u omisión de la administración pública.
hoy en día el lesionado puede demandar directamente al Estado o al funcionario, pero el Estado puede ejercer una acción de regreso contra el funcionario por los gastos en que haya incurrido por su culpa.
3.Elementos de la responsabilidad de la Administración Pública:
la administración ocasiona un daño individualizado, pues sacrifica un interés particular en aras del colectivo. Ese daño debe responder a:
A)Lesión actual:aunque pueda tener consecuencias a futuro
B)Lesión ciertaPosibilidad de determinación. No sujeta a probabilidad
C)Relación de causalidadEntre la acción u omisión del Estado y el daño
*Ventajas de demandar al Estado sobre el funcionario:
-El Estado es más solvente.
-El Estado está obligado a hacer eficiente, eficaz y efectivo (cumplir a cabalidad con los planes pautados en su ejercicio fiscal). El Estado debe tener los funcionarios adecuados y tiene un cúmulo de actividades que debe ejercer de manera correcta.
4.Bases constitucionales de la responsabilidad del Estado:
*ART 1 (Valores y derechos irrenunciables de la República):
*ART 2 (Valores del ordenamiento jurídico)
*ART 3 (Fines del Estado):
*ART 4 (Forma de Estado y principios):
*ART 5 (Soberanía popular):
*ART 6 (Gobierno):
*ART 7 (Supremacía Constitucional):
*ART 137 (Principio de legalidad):
*ART 139 (Responsabilidad subjetiva):
*ART 140 (Responsabilidad objetiva):
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.”
*ART 259 (Atribuciones de la jurisdicción contencioso administrativa):
“Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”
5.Responsabilidad judicial:
*ART 49 n° 8 CN:
“Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”
6.Sentencia Caso Carmona Vásquez:
Está basada en un recurso de revisión interpuesto por Gladis de Carmona, viuda de Ramón Carmona Vásquez, y uno de sus hijos, contra la sentencia de la Sala Político Administrativa del 11 de mayo de 2001, la cual declaró sin lugar la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la mencionada ciudadana y sus hijos, contra la República, ocasionados por el homicidio de su esposo. La Sala argumentó que los daños causados no eran imputables a la República, al ser producto de la conducta personal de terceros, en concreto, de los agentes policiales condenados.
Dicha sentencia dispuso que si bien la tendencia es la de consagrar la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado, dichos criterios deben ser interpretados de forma restringida; que la aplicación de la teoría del riesgo y de la falta de servicio, debe efectuarse guardando la debida prudencia, porque si se extiende en demasía su aplicación, ello podría conllevar a que la administración tenga que hacerse prácticamente responsable de todas las situaciones de daño; que en la determinación de la responsabilidad del Estado no puede excluirse la búsqueda de responsables cuando ello sea posible, por lo que la responsabilidad subjetiva, basada en la culpa del agente, se mantiene en los supuestos donde queda de manifiesto una completa ruptura de su conexión con el servicio público.
En criterio de la sala, la administración desempeña sus funciones a través de personas naturales que muchas veces se valen de los poderes y ventajas inherentes a su condición de funcionarios públicos para cometer hechos delictivos respecto de los cuales en múltiples oportunidades la administración permanece ajena. La distinción entre la falta personal del funcionario y la falta del servicio exige el análisis de la voluntad y la conducta del agente al momento de ejecutar el hecho, si prevalece la intención dañosa por encima del fin público, la falta será personal y no imputable a la administración. La administración sólo será responsable si los daños derivan de actos de servicio público o ejecutados con ocasión del mismo.
Señaló que de las pruebas e indicios del caso no queda dudas de que los hechos delictivos son personalísimos de sus actores, por odios personales y venganzas, ya que el ciudadano Carmona era un penalista de alto relieve que por la entidad de los casos que manejaba y su posición crítica frente a situaciones que rodeaban el sistema judicial, había generado enemistades en contra de la persona de Manuel Molina Gasperi (Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial) y que los hechos delictivos fueron ocasionados por agentes policiales, pero que no se encontraban en el ejercicio de sus funciones.
La Sala Constitucional para decidir el recurso de revisión toma en cuenta en primer lugar que para analizar el caso en concreto se deben considerar dos normativas: la Constitución vigente y la de 1961, que estaba vigente para el momento en el que se cometió el hecho. Pues bien, esta última reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado pero de una manera restringida a la función pública exclusivamente.
La constitución de 1999 recoge el mismo principio pero consagra la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado en forma amplísima por cualquiera de sus activades, siempre lógicamente que la lesión sea imputable al mismo.
La normativa que debe aplicarse es la vigente, pues en ella se contemplan los derechos de los ciudadanos como derechos sociales.
De la lectura de los artículos constitucionales que consagran la responsabilidad integral del Estado, no cabe duda que dicha responsabilidad debe ser apreciada de manera objetiva, descartándose la culpa del funcionario como fundamento único del sistema indemnizatorio, pues justamente es la culpa personal del funcionario la que hace presumir la culpa en el servicio, ya que revela un funcionamiento defectuososdel sistema policial, por el solo hecho de que la ocasión, los medios y los instrumentos de la actividad delictiva han sido puestos a disposición de los culpables por el servicio público de policía.
En efecto, los hechos culposos de los funcionarios policiales no pueden considerarse como desprovistos de cualquier vínculo con el servicio especial de policía que usualmente prestaban dichos agentes para eximir de responsabilidad a la República.
Por otro lado, cabe destacar que Venezuela no sustituye la responsabilidad subjetiva o personal del funcionario, razón por la cual podría el juzgador admitir la acumulación de responsabilidades resultante de un cúmulo de culpas, y hasta de una separación y repartición de las cargas reparatorias, con la consecuente subrogación de derechos de repetición a favor del Estado o del funcionario. Considera la sala que tratándose la responsabilidad patrimonial de Estado de una garantía constitucional consagrada a favor del particular afectado por la conducta administrativa dañosa, la misma debe ser interpretada por los jueces en forma progresiva y amplia, a favor del administrado. La falta personal del funcionario no excluye directamente la responsabilidad del Estado, pues cuando esa falta concurra con el servicio o no esté totalmente desligada del mismo, compromete dicha responsabilidad.
Concretamente los funcionarios se sirvieron del vehículo propiedad del Estado, de las armas que como funcionarios policiales tenían asignadas y de su posición dentro del organismo policial para desviar las investigaciones. Por todo ello, la Sala considera que sí existió responsabilidad de la Administración y ordena la nulidad de la sentencia de la Sala Político Administrativa, para que ésta vuelva a decidir y determine el resarcimiento de los daños materiales y morales pertinentes.
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References: artículo 49
 resolución 
 artículo 100
 artículo 49
 resolución 
in fine
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3