Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30894
Timestamp: 2017-11-20 09:29:30+00:00

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Sentencia C-293 de 2008 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 02/04/2008
Demandante: LUÍS ALBERTO SEPÚLVEDA VILLAMIZAR.
Que a través de auto No 264 de 2007 de tres (3) de octubre del presente año, la Sala Plena de ésta Corporación1, resuelve aceptar los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y por el Viceprocurador General de la Nación y se ordena correr traslado al Jefe del Ministerio Público a fin de que designe el funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
En este orden de ideas, el 22 de noviembre de 2007, es presentado ante ésta Corporación el concepto por parte de la Procuraduría General de la Nación, el cual es firmado por la señora Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales.
Así pues, señala el interviniente, el término de ejecutoria de la providencia se cuenta dentro de los tres días siguientes a la citada comunicación, es decir, que solamente quedará ejecutoriada si después de ocho días de puesta al correo la comunicación, el quejoso no interpuso recurso. Así, tal disposición no vulnera el artículo 209 de la constitución, por cuanto la quejosa cuenta con el tiempo suficiente para ejercer los derechos que como interviniente le concede la ley.
"La resolución que decida el recurso de reposición que procede contra la resolución sancionatoria se notificará personalmente o por Edicto, si el recurrente no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación."
*El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;
*El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.
*Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
*Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la constitución para expedición del acto demandado y la forma en fue quebrantado; y
*La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
5. Esta Corporación estableció a través de Auto de Sala Plena A-032 de 20052 lo siguiente:
"En reiteradas jurisprudencias, esta Corporación ha insistido en la necesidad que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a estudio, cuenten con cargoscontra las normas acusadas.
En este orden de ideas, esta Corporación ha entendido que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes3.
Pues bien, los cargos serán claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea – en este caso la Corte Constitucional – distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean sencillamente comprensibles.
Por último, los cargos deben ser suficientes, esto consiste en que "despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional"4" (Cursivas y negrillas del texto)."
Concluyese así, que la norma acusada, entendida en la forma que acaba de hacerse, viola el principio de publicidad (art. 209 de la Carta Política), en la medida en que presupone que el interesado conoce la comunicación desde el mismo momento en que el secretario del despacho disciplinario la libra…"
II. Artículo 109 de la ley 734 de 2002.
10. (i) El principio de publicidad en un Estado Democrático de Derecho, recae sobre la administración pública y es uno de los sustentos esenciales del Estado colombiano5. Así las cosas los poderes públicos están sometidos a los parámetros fijados por los principios democráticos.
11. Pues bien, el principio de publicidad ha sido tratado largamente por nuestra Constitución. De un lado, la constitución ha establecido dentro de los fines del Estado, proveer lo necesario para que los ciudadanos participen en las decisiones que los afectan6. Así entonces, el objetivo constitucional referido presupone de parte del Estado la publicidad de sus actuaciones con el propósito de que los ciudadanos conozcan y participen en la desarrollo de la vida estatal.
De otro lado, el debido proceso constitucional7 como principio fundante de nuestro Estado social de derecho, exige que su contenido normativo sea aplicado tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas. Parte integrante de éste derecho fundamental es el principio de publicidad. En efecto, el debido proceso debe ser público y sin dilaciones injustificadas.
Finalmente, la constitución y acorde con los lineamientos esbozados, señala el principio de publicidad como base cardinal para desarrollar la función administrativa.8 Razón esta más que suficiente para denominar a la administración del estado como pública.
12. En consecuencia, la administración debe efectuar actividades y ser diligente para que el principio de publicidad se cumpla. Ciertamente, los ciudadanos deben conocer las decisiones que tomen los órganos públicos y las autoridades estatales, publicidad ésta que apareja consigo presupuestos esenciales como la vigencia, oponibilidad y controversia a dichos actos de la administración. En este orden de ideas, el principio de publicidad tiene de suyo la facultad de que los ciudadanos conozcan las actuaciones de la administración, sean estos directamente interesados o porque hagan parte de la comunidad en general, no obstante existir excepciones que deben provenir sea de la Constitución9 o de la ley.
13. La Corte Constitucional10 ha indicado que el principio de publicidad, en un primer lugar, se efectúa mediante las notificaciones, entendiendo éstas como actos de comunicación procesal. Notificaciones que pueden provenir tanto de actuaciones judiciales como administrativas. En segundo lugar, el principio se hace valedero en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas.
17. (ii) Así pues, en la sentencia C- 096 de 200111se demandó, entre otros, el siguiente enunciado normativo contenido en el Decreto 0624 de 1989 " por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.":
Por consiguiente la Corte "… declaró inhibida para decidir respecto de la constitucionalidad del artículo 566 del Decreto 0624 de 1989, salvo respecto de la expresión" y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo." que se declara INEXEQUIBLE."
18. Posteriormente, en la sentencia C- 317 de 200312, se demandaron dos artículos , entre ellos el 15 del decreto 1092 de 1996 " por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN":
"Artículo 15. Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección determinada, conforme a los artículos 12 y 13 de este Decreto, y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo".
"(… ) Consecuentemente, al amparo de las mismas razones transcritas la Sala declarará la inexequibilidad de la expresión "y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo", contenida en el artículo 15 del decreto 1092 de 1996. ( … ) "
Ésta Corporación declaró "INEXEQUIBLE la expresión "y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo", contenida en el artículo 15 del decreto 1092 de 1996".
19. En la sentencia C-1114 de 200313 se acusó entre otros el artículo 5 de la Ley 788 de 2002 "por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones":
En estas condiciones, ya que al legislador le asiste la facultad constitucional de configurar el régimen de notificaciones administrativas y judiciales, nada se opone a que disponga que las notificaciones de los actos administrativos proferidos por la administración de impuestos se notifiquen por correo electrónico. Se trata, además, de una decisión que resulta compatible con el avance de la informática y que incorpora a la función pública los recursos tecnológicos por ella suministrados. No obstante, es claro que del régimen legal del que entró a hacer parte la disposición demandada se infiere que la notificación por correo electrónico se entiende surtida no cuando se remite el correo, sino al día siguiente del recibo de la comunicación que contiene el acto administrativo."
20. Finalmente, en la sentencia C- 929 de 200514 se demandaron los artículos 565 y 568 del Decreto-Ley 624 de 1989, que señalaban lo siguiente:
Artículo 568. Notificaciones devueltas por correo. Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación".
"(…) Se observa pues, que el legislador dentro de su amplia libertad configurativa, estableció un término (diez días), para que el contribuyente comparezca a notificarse personalmente de los actos administrativos que resuelven los recursos personalmente, y sólo en defecto de esta, por no presentarse el recurrente citado, procede la notificación por edicto. Quiere ello decir, que la notificación personal es la forma principal de notificar esa clase de actos y la notificación por edicto la forma subsidiaria, contrario a lo sostenido por el actor cuando afirma que la notificación por edicto primaría sobre la personal para los efectos del artículo 565 del Estatuto Tributario en el aparte acusado.
Así, el legislador dentro de su amplia facultad de configuración en materia tributaria, ha establecido diversas formas de notificación de las actuaciones surtidas por la Administración que le permitan al contribuyente conocerlas a fin de que pueda responder o interponer los recursos si lo considera pertinente. Una de ellas es la notificación por correo, pero si por cualquier causa esa notificación es devuelta, el legislador previó que la misma se haga en un periódico de amplia circulación nacional a fin de garantizar la publicidad del acto, caso en el cual el interesado contará con el término para responder o impugnar desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación, es decir, cuando ésta sea realizada en debida forma, y no desde la primera fecha de introducción al correo, pues ese término se entiende surtido para efectos de la Administración quien tendrá entonces que expedir el acto materia de notificación en el término contado desde la primera fecha de introducción al correo como una forma de desarrollar los principios de eficacia y celeridad que orientan la función administrativa (CP. art. 209), pero no para el contribuyente quien cuenta con un término distinto que le permite plenamente el ejercicio de su derecho a controvertir el acto que considera lesivo de sus intereses."
*La Corte ha decidido declarar inexequible la notificación de la administración la cual se entiende surtida en la fecha de introducción al correo (Sentencias C- 096 de 2001 y C- 317 de 2003)
*La Corte ha decidido declarar exequible la notificación de la administración por correo electrónico bajo la inferencia que se entiende surtida no cuando se remite el correo sino al día siguiente del recibo de la comunicación que contiene el acto administrativo. (Sentencia C- 1114 de 2003).
*La Corte ha decidido declarar exequible la citación para notificarse personalmente, cuyo término empieza a correr en la fecha de introducción al correo del aviso por cuanto en defecto de la notificación personal procede otro tipo de notificación que garantice el principio de publicidad (en los casos anotados sea la notificación por edicto o la notificación en un periódico de amplia circulación nacional, Sentencia C- 929 de 2005)
21. Así las cosas, corresponde a ésta Corporación, aplicando los planteamientos teóricos expuestos, resolver el problema jurídico esbozado; esto es ¿Si el contenido normativo demandado perteneciente al artículo 109 de la ley mencionado, vulnera el principio de publicidad establecido en la Constitución?
Los sujetos procesales en una actuación disciplinaria son el investigado y su defensor y el Ministerio público cuando no es éste la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa.15Los sujetos procesales tienen dentro de sus facultades el de solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado.16
24. El quejoso en una actuación disciplinaria, es la persona que pone la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad, su intervención se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.17
De un lado, garantiza al quejoso – como regla general - mencionado en la ley18, la posibilidad de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Facultad ésta que cuenta con total respaldo constitucional y legal. En efecto, la Constitución establece la necesidad permanente en la búsqueda de la justicia 19 y como fines del Estado, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma constitución, así como la vigencia de un orden justo20. Por su parte, la ley 734 de 2002 señala que en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen21. Además se indica que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política22.
De otro lado, garantiza al quejoso – como excepción - que ha sido víctima o perjudicado de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el uso de las facultades que la ley otorga a los sujetos procesales, como pedir pruebas, interponer recursos o solicitar la revocatoria directa del fallo, aún en el evento de que este último sea absolutorio.
27. Así pues, para un entendimiento correcto de la expresión acusada por el demandante, esto es "… después de la fecha de su entrega a la oficina de correo." es indispensable integrar la unidad normativa con las restantes expresiones contenidas en la frase de la norma acusada, con el propósito de poder dictar una decisión de fondo. Por ende, el contenido que será estudiado por la Corporación es el que contiene la presunción de hecho atacada por el ciudadano demandante, que consiste en que: "Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo".Integración normativa que permite hacer inteligible la expresión acusada en un primer momento por el demandante.
Una segunda, donde la anotada comunicación se entendería cumplida cuando hayan transcurrido cinco días después de la fecha de su entrega a la oficina de correo, en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha. Interpretación ésta que garantiza la posibilidad de controvertir – estructura del principio de publicidad - como facultad del quejoso; lo anterior por cuanto no menoscaba la facultad del quejoso de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, sea en uso de la regla general establecida en la ley o en la excepción señalada por vía jurisprudencial.
1 Salvamento de Voto Magistrado Jaime Araújo Rentería.
2 M.P. Jaime Araújo Rentería
3 Sentencia C- 1052 de 2001 Corte Constitucional
4 ibídem. Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes Sentencias de esta Corporación: C- 918 de 2002, C- 150, C- 332 y C- 569, estas últimas de 2003.
5 Sentencia C- 641 de 2002 " El principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas , y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades , alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios , mandatos y reglas que gobiernan la función pública. " En cuanto al principio de publicidad y el principio de transparencia en las actuaciones administrativas , véase la Sentencia T- 456 de 1994.
6 ART. 2ºSon fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
7 " ART. 29.El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
8 ART. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
9 ART. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
10 Sentencia C- 1114 de 2003 Corte Constitucional.
11 M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
14 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
16 Art. 90 C.D.U.
17 Art. 90 parágrafo. C.D.U.
19 Preámbulo de la Constitución.
20 Art. 2 de la Constitución.
21 Art. 20 C.D.U.
22 Art. 21 C.D.U.
15 Art. 89 C.D.U. "SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.

References: artículo 209
 resolución 
 resolución 
 Artículo 109
 artículo 566
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 5

Artículo 568
 artículo 565
 artículo 109
 artículo 174