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Timestamp: 2020-05-26 12:11:26+00:00

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Cuestiones generales de la iniciación del procedimiento administrativo | Iberley
Cuestiones generales de la iniciación del procedimiento según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los Art. 54-57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la Sección I del Capítulo II (“Iniciación del procedimiento”) del Título IV de la norma, rotulado “De las disposiciones del procedimiento administrativo común”, se ocupan de regular cuestiones generales como las clases de iniciación del procedimiento, la información y las actuaciones previas, las medidas provisionales y la acumulación de procedimientos.
Con la expresión "Cuestiones generales de la iniciación del procedimiento administrativo" nos referimos, a efectos eminentemente expositivos, a lo dispuesto en los Art. 54-57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la Sección I ("Disposiciones generales") del Capítulo II (“Iniciación del procedimiento”) del Título IV de la norma. Tales cuestiones generales son las siguientes:
Formas de iniciación:
En primer término, el Art. 54 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que existen dos formas de iniciación del procedimiento administrativo:
Iniciación del procedimiento administrativo de oficio (Art. 58-65 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Iniciación del procedimiento administrativo a solicitud del interesado, este último definido, recuérdese, en el Art. 4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre (Art. 66-69 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Apertura del período de información y las actuaciones previas:
Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (Apartado 1 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).
En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros (Apartado 2 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento (Párrafo 2 del apartado 2 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Cabe apuntar, respecto de la apertura del trámite de información previa, que su duración no se computará a efectos de caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Así lo indica la TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, nº 705/2016, de 30/11/2016, Rec. 4247/2016 en su FJ. 4º, in fine: "la demora de la Administración en esta fase no tendría consecuencias a los efectos de la caducidad de dicho procedimiento, tal y como se ha venido señalando reiteradamente por la jurisprudencia".
Medidas provisionales iniciado el procedimiento (Apartado 1 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad”.
Medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento (Apartado 2 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas”.
Medidas que pueden adoptarse (en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, según el apartado 3 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):
Límites a la adopción de medidas provisionales (Apartado 4 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”.
Extinción y modificación de las medidas (Apartado 5 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”.
Acumulación de procedimientos:
El Art. 57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone, respecto de la acumulación, que “el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno”.
Sentencia Supranacional Nº T-497/93, TJUE, 29-03-1995
Orden: Supranacional Fecha: 29/03/1995 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: T-497/93
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 4172/1999, 19-07-2004
Orden: Administrativo Fecha: 19/07/2004 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Murillo De La Cueva, Pablo Maria Lucas Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 4172/1999
Sentencia Constitucional Nº 1/1981, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 65/1980, 26-01-1981
Orden: Constitucional Fecha: 26/01/1981 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 1/1981 Num. Recurso: Recurso de amparo 65/1980
Sentencia Administrativo Nº 711/2012, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 10, Rec 463/2010, 30-10-2012
Orden: Administrativo Fecha: 30/10/2012 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: De Flores Rosas Carrion, Francisca Maria Num. Sentencia: 711/2012 Num. Recurso: 463/2010
Sentencia Supranacional Nº C-302/13, TJUE, 23-10-2014
Orden: Supranacional Fecha: 23/10/2014 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Toader Num. Sentencia: C-302/13
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RESOLUCION DE 20 DE MAYO DE 1998, DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, EN EL RECURSO GUBERNATIVO INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN NOMBRE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CONTRA LA NEGATIVA DE DON CARLOS MARIN ALBORNOZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE SEVILLA NUMERO 11, A PRACTICAR UNA ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO, EN VIRTUD DE APELACION DEL RECURRENTE.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 20/05/1998
RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado del Servicio Juridico del Estado de Sevilla, en nombre de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, contra la negativa de don Carlos Marin Albornoz, Registrador de la Propiedad de Sevilla numero 11, a practicar una anotacion preventiva de embargo, en virtud de apelacion del recurrente.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 09/07/1998
RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado del Servicio Juridico del Estado de Sevilla, en nombre de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, contra la negativa de don Francisco Manuel Galan Ortega, Registrador de la Propiedad numero 12 de Sevilla, a practicar una anotacion preventiva de embargo, en virtud de apelacion del recurrente.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 06/07/1998
RESOLUCION de 4 de julio de 1998, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado del Servicio Juridico del Estado de Sevilla, en nombre de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, contra la negativa de don Francisco Manuel Galan Ortega, Registrador de la Propiedad numero 12 de Sevilla, a practicar una anotacion preventiva de embargo, en virtud de apelacion del recurrente.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 04/07/1998
RESOLUCION DE 19 DE MAYO DE 1998, DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, EN EL RECURSO GUBERNATIVO INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN NOMBRE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CONTRA LA NEGATIVA DE DON FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE SEVILLA NUMERO 9, A PRACTICAR UNA ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO, EN VIRTUD DE APELACION DEL RECURRENTE.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 19/05/1998

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in fine
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