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Timestamp: 2018-09-22 05:07:49+00:00

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Apuntes de Derecho Internacional Privado: CONVENCIONES DE LA HAYA RATIFICADAS POR ARGENTINA
Argentina adhirió a siete convenciones en el marco de las Conferencias de La Haya; ellas son:
1951 Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
28 de abril de 1972 (desde esa fecha, Argentina es miembro).
1954 Convención núm. 2: Procedimiento Civil.
15 de octubre de 1987, ley 23.502. Salvedad: Argentina estima que la prisión por deudas en materia civil y comercial, en el estado actual del derecho internacional, es contraria a los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas (art. 38, inc. 1, c, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).
1961 Convención núm. 12: supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, y anexo.Ley 23458
Adhesión Argentina: 1 de diciembre de 1988, Salvedad: Documentos provenientes de las Islas Malvinas. Objeción del Reino Unido de Gran Bretaña.
En este link encontrará la nomina de países que han suscripto el convenio
(copie y pegue el link en su barra de navegación)
1965 Convención núm. 14
Notificación en el extranjero de actos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial Ley 25097
1970 Convención núm. 20
Obtención de pruebas en el extranjero. /Argentina: adhesión 7 de julio de 1987. Ley 23480.
1978 Convención núm. 27
Ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la representación. Adhesión por ley 23.964, del 10-9-1991.
1980 Convención núm. 28
Aspectos civiles del tráfico internacional de niños. Adhesión por ley 23.857.
En esta link encontrará la nómina de los países que han suscripto al Convenio
No están aplicables por diversos motivos.
Convención núm. 31
Convención sobre la ley aplicable a los contratos de venta internacional de mercaderías. (No entró en vigor).
Convención núm. 32
Convención sobre la ley aplicable por causa de muerte. Argentina la suscribió. el 24 de enero de 1990.
1951 Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
1954 CONVENCIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO CIVIL
La Haya, 01 de marzo de 1954
Deseando introducir en la convención del 17 de julio de 1905, sobre procedimiento civil, las mejoras sugeridas por la experiencia;
Resuelven concluir a este efecto una nueva convención y convienen las siguientes disposiciones:
I -- Transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales
En materia civil o comercial, la notificación de documentos a personas que se encuentren en el extranjero, se hará en los Estados contratantes, ante pedido del cónsul del Estado requirente, dirigido a la autoridad designada al efecto por el Estado requerido. El pedido deberá indicar la autoridad de la cual proviene el documento transmitido, el nombre y el carácter con que actúan las partes, la dirección del destinatario y la naturaleza del hecho en cuestión, debiendo ser redactado el pedido en el idioma de la autoridad requerida. Esta última deberá enviar al cónsul el documento del comprobante de haber hecho la notificación o indicando el motivo que no ha permitido hacerlo.
Todas las dificultades que puedan surgir por este pedido del cónsul, serán resueltas por vía diplomática.
Cada Estado contratante podrá declarar, mediante comunicación dirigida a los otros Estados contratantes, que considera que el pedido de notificación que debe hacerse en su territorio y que incluye a las indicaciones mencionadas en el párrafo primero, debe serle transmitida por vía diplomática.
Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, dos Estados contratantes podrán ponerse de acuerdo para admitir la comunicación directa entre sus respectivas autoridades.
La notificación será hecha por intermedio de la autoridad competente del Estado requerido. Salvo en los casos previstos en el art. 3, ésta podrá limitarse a efectuar la notificación remitiendo el documento al destinatario que lo acepte voluntariamente.
El pedido deberá ser acompañado por doble ejemplar del documento a ser notificado.
Si el documento a ser notificado estuviera redactado en el idioma de la autoridad requerida, o en el idioma convenido entre los dos Estados interesados, o si fuera acompañado por una traducción a uno de esos idiomas, la autoridad requerida, en caso que así lo solicite el pedido, notificará el documento en la forma establecida por su legislación interna para la ejecución de notificaciones análogas, o en forma especial, siempre que no se oponga a esa legislación. Si no fuera expresado ese deseo, la autoridad requerida tratará primero de efectuar el envío según los términos establecidos en el art.2.
Salvo acuerdo en contrario, la traducción prevista en el párrafo precedente deberá ser certificada conforme por el funcionario diplomático o consular del Estado requirente o por un traductor público del Estado requerido.
La ejecución de la notificación prevista en los arts. 1, 2 y 3, sólo podrá ser denegada, cuando el Estado en cuyo territorio deba ser hecha considere que la misma atenta contra su soberanía o su seguridad.
El comprobante de la notificación consistirá en un recibo, fechado y legalizado por el destinatario, o en un certificado de la autoridad del Estado requerido, y en el que se deje constancia del hecho, la forma y la fecha de la notificación.
El recibo o el certificado deberá consignarse en uno de los dos ejemplares del documento a ser notificado o anexado al mismo.
Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de:
1º. La facultad de dirigir los documentos directamente por correo a los interesados que se encuentren en el extranjero;
2º. La facultad que tienen los interesados de hacer las notificaciones directamente por medio de empleados públicos o los funcionarios competentes del país de destino;
3º. La facultad que tiene cada Estado de cursar las notificaciones destinadas a las personas que se encuentren en el extranjero, por medio de sus funcionarios diplomáticos o consulares.
En cada uno de estos casos la facultad prevista sólo será admitida si los convenios concluidos entre los Estados interesados la permiten y de no existir un convenio, si el Estado en cuyo territorio debe hacerse la notificación no se opone. Este Estado no podrá oponerse en los casos señalados en los párrafos 1º Nº 3, cuando la notificación del documento al nacional del Estado requirente deba hacerse sin ejercerse coacción alguna.
Las notificaciones no podrán dar lugar al reembolso de impuestos o gastos de cualquier naturaleza.
Pero salvo acuerdo en contrario, el Estado requerido tendrá derecho a exigir al Estado requirente el reembolso de los gastos incurridos por la intervención de un funcionario público o por la aplicación de una forma especial en los casos contemplados en el art. 3.
II -- Exhortos
En materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado contratante de acuerdo con las disposiciones de su legislación, podrá dirigirse mediante exhorto a la autoridad competente de otro Estado contratante, pidiéndole que ejecute dentro de su jurisdicción, un procedimiento u otros actos judiciales.
Los exhortos deberán ser transmitidos por el cónsul del Estado requirente a la autoridad designada por el Estado requerido. Esta autoridad deberá enviar al cónsul un documento demostrando la ejecución del exhorto, o indicando el hecho que impidió su ejecución.
Todas las dificultades que puedan surgir por esta transmisión, deberán ser resueltas por vía diplomática.
Cada Estado contratante podrá declarar mediante una comunicación dirigida a los otros Estados contratantes, que considera que los exhortos que deban ejecutarse en su territorio, deben serle remitidos por vía diplomática.
Las disposiciones precedentes no serán impedimento para que dos Estados contratantes se pongan de acuerdo para admitir la transmisión directa de los exhortos entre sus respectivas autoridades.
Salvo acuerdo en contrario, el exhorto deberá ser redactado en el idioma de la autoridad requerida o en el idioma convenido entre los dos Estados interesados, o deberá ser acompañado por una traducción a uno de esos dos idiomas y ser certificada por un funcionario diplomático o consular del Estado requirente, o por un traductor público del Estado requerido.
La autoridad judicial a quien sea dirigido el exhorto deberá ejecutarlo, empleando los mismos medios de compulsión que hubiera empleado para cumplir un mandato de las autoridades del Estado requerido o una petición formulada a dicho efecto por una de las partes interesadas. Estos medios compulsivos no deberán ser necesariamente empleados cuando sólo se trate de la comparecencia de las partes en la causa.
La autoridad requirente, de solicitarlo, será informada sobre la fecha y el lugar en que se procederá a cumplir la medida solicitada, a fin de que la parte interesada pueda estar presente.
La ejecución del exhorto sólo podrá ser denegada si:
1º. No se establece la autenticidad del documento;
2º. En el Estado requerido, la ejecución del exhorto no está incluida dentro de las atribuciones del Poder Judicial;
3º. El Estado en cuyo territorio debe ser ejecutado el mismo considera que atenta contra su soberanía o su seguridad.
En caso de incompetencia de la autoridad requerida, el exhorto deberá ser enviado de oficio, a la autoridad judicial competente de ese mismo Estado, según las normas establecidas por su legislación.
En todos los casos en que el exhorto no sea ejecutado por la autoridad requerida, ésta deberá informar de inmediato a la autoridad requirente indicando, en el caso del art. 11 las razones por las cuales la ejecución del exhorto ha sido denegada, y en el caso del art. 12 la autoridad a la que ha remitido el exhorto.
La autoridad judicial que proceda a la ejecución de un exhorto, deberá aplicar las leyes de su país en cuanto a las formas a ser observadas.
Pero deberá acceder al pedido de la autoridad requirente de proceder según una forma especial, siempre y cuando dicha forma no sea incompatible con la legislación del Estado requerido.
Las disposiciones de los artículos precedentes no excluyen a la facultad que tiene cada Estado, de ejecutar los exhortos directamente por medio de sus funcionarios diplomáticos y consulares, si así lo permiten los convenios concluidos entre los Estados interesados, o cuando el Estado en cuyo territorio debe ejecutarse el exhorto, no se oponga a ello.
La ejecución de exhortos no podrá dar lugar al reembolso de impuestos o gastos de cualquier naturaleza.
Sin embargo, salvo acuerdo en contrario, el Estado requerido tendrá derecho a exigir del Estado requirente el reembolso de las indemnizaciones pagadas a los testigos o a los peritos, así como los gastos ocasionados por la intervención de un funcionario público, que haya sido necesaria por no comparecer voluntariamente los testigos, o los gastos que ocasionara la aplicación eventual del art. 14, párrafo 2.
III -- "Caution judicatum solvi"
No podrá serles impuesta ninguna caución o depósito, por su condición de extranjeros o por falta de domicilio o de residencia en el país a los nacionales de uno de los Estados contratantes que tengan su domicilio en uno de dichos Estados y que sean demandantes o partes ante los tribunales de otro de estos Estados.
La misma regla se aplicará al pago exigible a los demandantes o las partes intervinientes, para garantizar las costas judiciales.
Continuarán aplicándose las convenciones por las cuales los Estados contratantes hayan estipulado para sus nacionales, la eximición de la caución "judicatum solvi" o del pago de las costas judiciales sin la condición del domicilio.
Los fallos obligando a pagar las costas y los gastos de proceso, dictados en uno de los Estados contratantes contra el demandante o la parte interviniente eximida de la caución, el depósito, o el pago en virtud del art. 17, párrafos 1 y 2 o de la legislación del Estado en el cual la acción haya sido entablada, cuando sea solicitado por vía diplomática serán convertidos en gratuitamente ejecutorios por autoridad competente de los otros Estados contratantes.
La misma regla se aplicará a las decisiones judiciales mediante las cuales se fije con posterioridad el importe de las costas procesales.
Las disposiciones precedentes se establecen sin perjuicio de que dos Estados contratantes puedan ponerse de acuerdo para permitir que el pedido de "exequatur" pueda también ser hecho directamente por la parte interesada.
Las decisiones sobre costas y gastos serán declaradas ejecutorias, sin que sean oídas las partes, salvo recurso posterior de la parte condenada, de conformidad con la legislación del país donde la ejecución se diligencia.
Para resolver sobre el pedido de "exequatur" la autoridad competente deberá limitarse a examinar:
1º Si, de acuerdo con la legislación del país en el que ha sido pronunciada la condena, la documentación cumple con las condiciones necesarias de autenticidad;
2º Si, según esta misma legislación, la decisión tiene fuerza de cosa juzgada;
3º Si la parte dispositiva de la sentencia está redactada en el idioma de la autoridad requerida o en el idioma convenido entre los dos Estados interesados, o si es acompañada por una traducción a uno de esos idiomas y, salvo acuerdo en contrario, ha sido certificada de conformidad por un funcionario diplomático o consular del Estado requirente, o por un traductor público del Estado requerido.
Para cumplir con las condiciones establecidas en el párrafo 2, números 1 y 2, bastará una declaración de la autoridad competente del Estado requirente en la que se deje constancia de que la decisión tiene fuerza de cosa juzgada, o la presentación de documentos debidamente legalizados capaces de demostrar que la decisión tiene fuerza de cosa juzgada. La competencia de la autoridad precitada deberá, salvo acuerdo en contrario, ser certificada por el más alto funcionario de la Administración de Justicia del Estado requirente. La declaración y el certificado deberán ser redactados o traducidos de acuerdo a la norma contenida en el párrafo 2 número 3.
La autoridad competente para resolver sobre el pedido de "exequatur", y siempre que así lo solicite la parte, en ese momento fijará el monto de los gastos de la certificación, la traducción y la legalización contemplados en el párrafo 2, número 3. Esos gastos serán considerados como costas y gastos del proceso.
IV -- Defensa gratuita
En materia civil y comercial, los nacionales de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los otros Estados contratantes del beneficio de defensa gratuita en un mismo pie de igualdad con sus nacionales, de conformidad con la legislación del Estado dentro de cuyo territorio el beneficio de la defensa gratuita sea reclamado.
En los Estados donde exista defensa gratuita en materia administrativa, podrán también ser aplicadas las disposiciones establecidas en el párrafo anterior, a las causas entabladas ante los tribunales competentes en dicha materia.
En todos los casos, el certificado o la declaración de indigencia deberá ser entregado o recibido por las autoridades de la residencia habitual del extranjero, o a falta de éstas, por las autoridades de su residencia actual. En caso que estas últimas autoridades no pertenezcan a un Estado contratante y no reciban o no entreguen certificados o declaraciones de este tipo, será suficiente un certificado o una declaración, emitido o recibido por un funcionario diplomático o consular del país al que pertenezca el extranjero.
Si el requirente no residiera en el país en el que se solicita el beneficio, el certificado o la declaración de indigencia podrá ser legalizado gratuitamente por un funcionario diplomático o consular del país ante el cual deba ser presentado el documento.
La autoridad con competencia para expedir el certificado o recibir la declaración de indigencia podrá solicitar información sobre la situación económica del requirente dirigiéndose a las autoridades de los otros Estados contratantes.
La autoridad encargada de decidir sobre el pedido de defensa gratuita, mantendrá dentro del límite de sus atribuciones, el derecho de controlar los certificados, declaraciones e información que sea suministrada y de procurar información complementaria para documentarse suficientemente.
Cuando la persona indigente se encuentre en un país que no sea el país en el cual debe solicitar la defensa gratuita, su solicitud para obtener este beneficio, acompañada de los certificados, declaraciones de indigencia y, de acuerdo al caso, de otros documentos justificativos necesarios para la instrucción del pedido, podrán ser enviados por el cónsul de su país a la autoridad competente para que ésta resuelva sobre lo solicitado, o a la autoridad designada por el Estado en el cual debe ser diligenciado.
Las disposiciones contenidas en el art. 9, párrafos 2, 3 y 4 y en los arts. 10 y 12 precedentes, referentes a los exhortos, serán aplicables a la transmisión de solicitudes para obtener defensa gratuita y a sus anexos.
Cuando el beneficio de la defensa gratuita sea concedido a un nacional de uno de los Estados contratantes, y las notificaciones, cualquiera sea su forma, correspondientes a este proceso deban hacerse en otro de estos Estados, este hecho no podrá dar lugar a reembolso alguno de gastos, por el Estado requirente al Estado requerido.
Lo mismo regirá para los exhortos, con excepción de los honorarios pagados a los peritos.
V -- Entrega gratuita de actas del Registro Civil
Las personas indigentes nacionales de uno de los Estados contratantes podrán, bajo las mismas condiciones que los otros nacionales, obtener gratuitamente copia de las actas del Registro Civil. Los documentos necesarios para contraer matrimonio serán legalizados sin costo alguno por los funcionarios diplomáticos o consulares de los Estados contratantes.
VI -- Arresto por falta de pago
El arresto por falta de pago, ya sea como medida de ejecución o medida simplemente precautoria, no podrá aplicarse en materia civil o comercial, a los extranjeros pertenecientes a uno de los Estados contratantes, en caso que no sea aplicable a los nacionales del país. Un hecho que pueda ser invocado por un nacional domiciliado en el país para obtener el levantamiento del arresto por falta de pago, deberá producir el mismo efecto a favor del nacional de un Estado contratante, aun cuando ese hecho haya ocurrido en el extranjero.
VII -- Disposiciones finales
La presente convención quedará abierta a la firma de los Estados representados en la Séptima Sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado.
Será ratificada y, los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.
Se levantará un acta de todos los depósitos de instrumentos de ratificación y copia certificada conforme será remitida por vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.
La presente convención entrará en vigencia a los sesenta días de la fecha del depósito del cuarto instrumento de ratificación previsto en el art. 27, párrafo 2.
Para cada Estado signatario que la ratifique con posterioridad, la convención entrará en vigencia a los sesenta días de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación.
La presente convención reemplazará, en las relaciones entre los Estados que la hayan ratificado a la convención sobre procedimiento civil, firmada en La Haya el 17 de julio de 1905.
La presente convención se aplicará de pleno derecho a los territorios metropolitanos de los Estados contratantes.
Si un Estado contratante deseara ponerla en vigencia en todos los territorios o en determinados territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable, deberá notificar su intención mediante un acta que será depositada ante el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. Este último deberá enviar por vía diplomática a cada uno de los Estados contratantes, una copia certificada conforme de la misma.
La convención entrará en vigencia para las relaciones entre los Estados que no presenten objeción alguna dentro de los seis meses subsiguientes a esa comunicación, y el territorio o los territorios cuyas relaciones sean responsabilidad del Estado en cuestión y para el cual o los cuales haya sido hecha la notificación.
Todo Estado no representado en la Séptima Sesión de la Conferencia podrá adherir a la presente convención siempre que uno o más Estados que hayan ratificado la convención no se opongan a ello dentro de un plazo de seis meses a contar de la fecha de notificación hecha por el Gobierno de los Países Bajos de esta adhesión. La adhesión se hará en la forma prevista en el art. 27, párrafo 2.
Las adhesiones sólo podrán hacerse después de la entrada en vigencia de la presente convención, en virtud del art. 28, párrafo 1.
Cada Estado contratante, al firmar o ratificar la convención, o al adherir a la misma podrá reservarse la facultad de limitar la aplicación del art. 17 a los nacionales de los Estados contratantes que tengan su residencia habitual en su territorio.
El Estado que haga uso de la facultad prevista en el párrafo precedente, no podrá pretender la aplicación del art. 17 por parte de los otros Estados contratantes más que en beneficio de sus nacionales que tengan su residencia habitual en el territorio del Estado contratante, ante cuyos tribunales sean demandantes o partes intervinientes.
La presente convención tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha indicada por el art. 28, párrafo primero de la misma.
Este período comenzará a correr desde dicha fecha, aun para los Estados que la hayan ratificado o hayan adherido a la misma con posterioridad.
Salvo denuncia, la convención será renovada tácitamente cada cinco años. La denuncia deberá ser notificada al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos por lo menos seis meses antes del vencimiento del plazo, el que deberá ponerlo en conocimiento de los otros Estados contratantes.
La denuncia podrá ser limitada a los territorios o a determinados territorios indicados en una notificación hecha de conformidad con el art. 30, párrafo 2.
La denuncia sólo tendrá efecto respecto al Estado que la haya notificado. La convención permanecerá en vigencia para los demás Estados contratantes.
En fe de lo cual, los infrascriptos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente convención.
Hecho en La Haya, el 1 de marzo de 1954, en un solo ejemplar que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos, y del cual una copia certificada conforme será remitida por vía diplomática a cada uno de los Estados representados en la Séptima Sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya.
1961 CONVENCION DE LA HAYA QUE SUPRIME LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. Ley 23.458
BUENOS AIRES, 29 de Octubre de 1986 BOLETIN OFICIAL, 21 de Abril de 1987
1965 CONVENIO RELATIVO A LA COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL
La Haya, 15 de noviembre de 1965
Deseando crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser comunicados o notificados en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno,
Interesados en mejorar a tal fin la asistencia judicial mutua, simplificando y acelerando el procedimiento,
El presente Convenio se aplica, en materia civil o comercial, a todos los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser transmitido al extranjero para ser comunicado o notificado.
CAPÍTULO PRIMERO - DOCUMENTOS JUDICIALES
Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, conforme a los Artículos 3 a 6, la función de recibir las peticiones de comunicación o de notificación procedentes de otro Estado contratante y de darles curso ulterior.
Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad con su propia legislación.
La Autoridad o el funcionario judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.
La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, ambos por duplicado.
La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará al organismo pertinente, proceder a la comunicación o a la notificación del documento:
a) sea según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la comunicación o la notificación de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio.
b) sea según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido.
Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá remitirse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente.
Si el documento debe ser comunicado o notificado conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido en el idioma o en uno de los idiomas oficiales de su país.
La parte de la petición que, conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario.
La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad que éste haya designado a este fin expedirá una certificación conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio.
La certificación describirá el cumplimiento de la petición; indicará la forma, el lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido remitido. En su defecto precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento.
El requirente podrá solicitar que la certificación que no esté expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial sea refrendada por una de estas autoridades.
Los términos impresos en el formulario modelo anexo al presente Convenio estarán obligatoriamente redactados, ya sea en idioma francés, o en idioma inglés. Podrán redactarse además en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales del Estado de origen.
Completarán los espacios en blanco correspondientes en el idioma del Estado requerido, o en idioma francés o inglés.
Cada Estado contratante tiene la facultad de realizar directamente por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacción alguna, las comunicaciones o notificaciones de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero.
Todo Estado podrá declarar que se opone a la utilización de esta facultad dentro de su territorio, salvo que el documento deba ser comunicado o notificado a un nacional del Estado de origen.
Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para transmitir, a los fines de comunicación o de notificación, los documentos judiciales a las autoridades de otro Estado contratante que éste haya designado.
b) La facultad, respecto de funcionarios judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado de origen, de proceder a las comunicaciones o notificaciones de documentos judiciales directamente a través de funcionarios judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado de destino.
c) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento judicial, de proceder a las comunicaciones o notificaciones de documentos judiciales directamente a través de funcionarios judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado de destino.
El presente Convenio no se opone a que dos o más Estados contratantes acuerden admitir, a los fines de comunicación o notificación de documentos judiciales, otras vías de transmisión distintas a las previstas en los artículos que preceden y, en particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas.
Las comunicaciones o notificaciones de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o al reembolso de tasas o gastos por los servicios del Estado requerido.
a) la intervención de un funcionario judicial o de una persona competente según la ley del Estado de destino.
b) La utilización de una forma particular.
El cumplimiento de una petición de comunicación o notificación conforme a las disposiciones del presente Convenio, no podrá ser denegado sino cuando el Estado requerido juzgue que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía o a su seguridad.
El cumplimiento no podrá denegarse por el solo motivo de que según su legislación, el Estado requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión o de que su derecho interno no admita la acción a que se refiere la petición.
Las dificultades que surgieren en relación con la transmisión, a los fines de comunicación o notificación de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática.
Cuando un emplazamiento a comparecer en juicio o un documento equivalente debiera ser transmitido al extranjero a efectos de comunicación o notificación, según las disposiciones del presente Convenio, y el demandado no compareciera, no se dictará sentencia hasta que se establezca que:
a) el documento ha sido comunicado o notificado según las formas prescriptas en la legislación del Estado requerido para la comunicación o notificación de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio; o bien
b) que el documento ha sido efectivamente remitido al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente Convenio;
y que, en cualquiera de estos casos, ya sea la comunicación o notificación, o la remisión, hayan tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado pudiera defenderse.
Cada Estado Contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, pese a las disposiciones del párrafo 1º de este Artículo, aun si ningún certificado de comunicación o notificación hubiese sido recibido, pueden dictar sentencia cuando se reúnan las siguientes condiciones:
a) el documento ha sido transmitido según alguno de los modos previstos por el presente Convenio;
b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será al menos de seis meses; y
c) no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del Estado requerido no ha podido obtener certificación alguna.
Cuando un emplazamiento a comparecer en juicio o un documento equivalente debió transmitirse al extranjero a efectos de comunicación o notificación, según las disposiciones del presente Convenio, y se ha dictado sentencia contra el demandado que no haya comparecido, el juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes:
a) el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse, o de la sentencia para interponer recurso.
b) los alegatos del demandado no parecen desprovistos en principio de fundamento.
La solicitud tendiente al levantamiento de la preclusión sólo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la sentencia.
Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal solicitud no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año a computar desde la fecha de la sentencia.
El presente Artículo no se aplicará a las sentencias relativas al estado o capacidad de las personas.
CAPÍTULO SEGUNDO - DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES
Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios judiciales de un Estado contratante podrán ser transmitidos a efectos de comunicación o notificación en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio.
CAPÍTULO TERCERO - DISPOSICIONES GENERALES
Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras autoridades determinando el alcance de sus competencias.
El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de transmisión no previstas en los artículos precedentes, a efectos de comunicación o notificación en su territorio de documentos procedentes del extranjero.
El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para derogar:
a) El Artículo 3, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de duplicados para los documentos transmitidos.
b) El Artículo 5, párrafo tercero, y el Artículo 7, en lo relativo a la utilización de los idiomas.
c) El Artículo 5, párrafo cuarto.
Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos, bien en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o ulteriormente:
a) la designación de las autoridades previstas en los Artículos 2 y 18.
b) la designación de la autoridad competente para expedir la certificación prevista en el Artículo 6.
c) la designación de la autoridad competente para recibir los documentos transmitidos por vía consular conforme al Artículo 9.
a) su oposición al uso de las vías de transmisión previstas en los Artículos 8 y 10.
El presente Convenio remplazará en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado los Artículos 1 a 7 de los Convenios relativos al Procedimiento Civil, respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean parte en uno u otro de estos Convenios.
Sin embargo, estos artículos no serán aplicables sino cuando se haga uso de sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios.
Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954 concluidos por los Estados contratantes, se considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los Estados interesados convengan otra cosa.
Sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 22 y 24, el presente Convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser parte y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio.
Será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.
Todo Estado no representado en la décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherir al presente Convenio a partir de su entrada en vigor conforme al Artículo 27, párrafo primero. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.
El Convenio no entrará en vigor para tal Estado sino en defecto de oposición por parte de un Estado que haya ratificado el Convenio antes de este depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos en plazo de seis meses a partir de la fecha en la que este Ministerio le haya notificado tal adhesión.
En defecto de oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado adherente el primer día del mes siguiente a la expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente.
Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios de cuyas relaciones internacionales esté encargado o a uno o a varios de ellos. Esta declaración surtirá efecto desde el momento de entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
Ulteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza será notificada al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.
El convenio entrará en vigor, para los territorios afectados por la extensión, el sexagésimo día siguiente a la notificación mencionada en el párrafo precedente.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme al Artículo 27 párrafo primero, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente.
La denuncia será notificada, al menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años, al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.
La denuncia sólo surtirá efecto respecto del Estado que la haya notificado. El Convenio continuará en vigor para los otros Estados contratantes.
El Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos notificará a los Estados citados en el Artículo 26, así como a los Estados que se hayan adherido conforme a las disposiciones del Artículo 28:
d) las extensiones previstas en el Artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto.
e) las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el Artículo 21.
En fe de lo cual, los infrascriptos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 15 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que una copia certificada conforme será remitida, por vía diplomática, a cada uno de los Estados representados en la décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
PETICION A LOS FINES DE COMUNICACION O DE NOTIFICACION EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
Convenio relativo a la Comunicación y Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Identidad y dirección Dirección de la autoridad
del requirente: destinataria:
El requirente infrascripto tiene el honor de remitir —por duplicado— a la autoridad destinataria los documentos abajo enumerados rogándole, conforme al Artículo 5 del Convenio precitado, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber
(identidad y dirección) ..................................………………………………………
a) según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)*.
b) según la forma particular siguiente (Artículo 5, párrafo primero, letra b)*: …...........................................................………………………………………………
c) según el caso, por simple remisión al interesado, si acepta voluntariamente (Artículo 5, párrafo segundo)*
Se ruega a esa autoridad reenvíe o haga reenviar al requirente un ejemplar del documento —y de sus anexos—* con la certificación que figura al dorso.
Enumeración de los documentos: …................…………………………………………………………………………
Hecho … en … de … de …
* Tachar lo que no corresponde.
La autoridad infrascripta tiene el honor de certificar, conforme al Artículo 6 de dicho Convenio,
—el (fecha): ….................................................
—en (localidad, calle, número): …....................
—en una de las formas siguientes previstas en el Artículo 5:
a) según las formas legales (Artículo 5, párrafo primero, letra a)*
b) según la forma particular siguiente*: ….
c) por simple remisión al destinatario que lo aceptó voluntariamente.*
—Los documentos mencionados en la petición han sido remitidos a:
—(identidad y datos de la persona) ….……………………………………………………
—Relación con el destinatario del documento (familiar, comercial u otra) ........……………………………………………………………………………………...
2. que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:* ….........................….......………………….
Conforme al artículo 12 párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo detalle figura en la declaración adjunta*.
Documentos reenviados: ….........………………………………………………………
Si correspondieran, los documentos justificativos de la ejecución:….....……………………………………………………………………………………..
*Tachar lo que no corresponde.
Convenio relativo a la Comunicación y Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
(Artículo 5 párrafo cuarto)
Nombre y dirección de la autoridad requirente:
..............................................................……………………………
Identidad de las Partes*:
Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, monto del litigio:
…………………………...............................................................................…
Fecha y lugar para fijar la comparecencia**:……………………………………………
Autoridad judicial que ha dictado la sentencia**
….............................................................…………………………...
Fecha de la sentencia**: …...............................………………………………………
..............................................................................………………………………
Indicación de los plazos que figuran en el documento: ….......................................
..............................................................................…………………………………
Naturaleza y objeto del documento: ….............…………………………………………
.............................................................................………………………………
Indicación de los plazos que figuran en el documento:** …...................................
.....................………………………………………………………………………
* Si ha lugar, identidad y dirección de la persona interesada en la transmisión del documento.
** Tachar lo que no corresponde.
1970 CONVENCIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL
Hecho en La Haya, el 18 de mayo de 1970, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente válidos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia certificada conforme a cada uno de los Estados representados en la Undécima Sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya
1978 Convención La Haya Ley aplicable contratos de intermediación y representación
1980 Convención de La Haya ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
A los efectos del presente Convenio:a) el "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;
Los Estados Federales, los Estados en que estén vigentes más de un sistema de derecho o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas tendrán libertad para designar más de una Autoridad Central y para especificar la extensión territorial de los poderes de cada una de estas Autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a la Autoridad Central de dicho Estado.
Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan:a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita;
g) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluída la participación de un abogado;
RESTITUCION DEL MENOR
La solicitud incluirá:a) información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor;
d) toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con la que se supone que está el menor; La solicitud podrá ir acompañada o complementada por
No obstante lo dispuesto en el Artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o
Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante antes de emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el Artículo 3 del Convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho Estado. Las autoridades Centrales de los Estados Contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtengan una decisión o certificación de esa clase.
Las Autoridades Centrales, directamente o por vía de intermediarios, podrán incoar procedimientos o favorecer su incoación con el fin de regular o proteger dicho derecho y asegurar el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del mismo.
No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, ninguna legalización ni otras
formalidades análogas.
Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la Autoridad Central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, traducción al francés o al inglés.
Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos de visita conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o administrativas podrán disponer, dado el caso, que la persona que trasladó o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido en su nombre, incluídos los gastos de viajes, las costas de representación judicial del solicitante y los gastos de la restitución del menor.
Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado;
El presente Convenio tendrá prioridad en las materias incluídas en su ámbito de aplicación sobre el "Convenio del 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores", entre los Estados Partes en ambos Convenios.
Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los artículo 39 ó 40, la referencia a un Estado Contratante que figura en el parrafo precedente se entenderá que se refiere a la unidad o unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio.
La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados Contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado Miembro que ratifique, acepte o apruebe el Convenio despues de una adhesión. Dicha declaración será depositada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada a cada uno de los Estados Contratantes.
Si un Estado Contratante tiene dos o más unidades territoriales en las que se aplican sistemas de derecho distintos en relación con las materias de que trata el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar esta declaración en cualquier momento, para lo que habrá de formular una nueva declaración.
Cuando un Estado Contratante tenga un sistema de gobierno en el cual los poderes ejecutivo, judicial y legislativo estén distribuidos entre las autoridades centrales y otras autoridades dentro de dicho Estado, la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del presente Convenio, o la formulación de cualquier declaración conforme a lo dispuesto en el Artículo 40, no implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de los poderes en dicho Estado.
Después, el Convenio entrará en vigor: 1) para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o adhiera con posterioridad, el primer día del tercer del calendario siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
La denuncia tendrá efecto sólo respecto el Estado que la hubiera notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los Estado Miembros de la Conferencia y a los Estados que hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 lo siguiente: 1) las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace referencia el Artículo 37;
* Se utiliza el término "Convenio" como sinónimo de "Convención".
Publicado por mercedes noemi en 21:07

References: Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 26
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 21
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 5
 artículo 12
 Artículo 3
 artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 38
 Artículo 37