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Timestamp: 2019-07-22 13:01:20+00:00

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MODIFICACIÓN DE CÓDIGO LABORAL EN MATERIA DE TÉRMINO DEL CONTRATO Y DE FERIADO ANUAL EN DUODÉCIMA REGIÓN
MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE ACCESO A EDUCACIÓN MEDIA. OFICIOS
Sesión 42ª, en miércoles 6 de abril de 2005
(De 16:17 a 18:27)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regulariza situación de ocupaciones irregulares en borde costero de sectores que indica, y que modifica D.L. Nº 1.939, de 1977 (3689-12) (vuelve a Comisión de Medio Ambiente)...........
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia (3792-07) (se aprueba en general).............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erección de monumentos en memoria del Padre Alberto Hurtado (3542-04) (se aprueba en particular)...........
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el DFL. Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo (1394-13) (se aprueba en general y particular)...........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza construcción de monumento en homenaje a Cardenal Raúl Silva Henríquez (2457-04) (se aprueba en general).....................................................................................
Medidas para cumplimiento de obligación constitucional sobre acceso a educación media (observaciones del señor Horvath)................................
Concurrieron, además, el señor Ministro de Justicia , la señora Directora del Servicio Nacional de Menores y el señor Jefe de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia .
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 38ª y 39ª, ordinarias, en sus partes pública y secreta, en 22 y 23 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.203-06).
Sobre esta materia, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano, solicitó la autorización del Senado para que el proyecto sea tratado en el primer lugar de la tabla, pues se trata de un informe de Comisión Mixta respecto de un punto muy simple.
¿Cuál es, señor Presidente?
Se refiere a la estructura y funciones de los gobiernos regionales.
No se vería de inmediato. Sólo se propone dejar la iniciativa para el primer lugar del Orden del Día. Por tanto, habría tiempo para que...
¿Para cuándo sería, señor Presidente?
Se trataría hoy, señora Senadora.
Prefiero que no se vea ahora.
El señor BERGUÑO (Prosecretario subrogante).-
Con los dos siguientes comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el "Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República de Colombia", suscrito en Santiago, el 9 de diciembre de 2003 (Boletín Nº 3.741-10).
2) El que aprueba el "Convenio Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de España", suscrito el 14 de mayo de 2002 (Boletín Nº 3.757-10).
Con el último informa que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques (Boletín Nº 3.358-03).
Del señor Ministro de Justicia , por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Prokurica, sobre funcionamiento del Servicio Médico Legal de Vallenar.
Del señor Ministro de Minería, mediante el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Ruiz de Giorgio, respecto de la factibilidad de explorar nuevos yacimientos de gas en el territorio nacional.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Sexta Región , con el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Moreno, en cuanto a obras de seguridad vial en la Ruta H-80, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
Del señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación , en respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre continuidad de las funciones de la oficina de dicho Servicio en Pichipellahuén, en la comuna de Lumaco.
Del señor Presidente del Sistema de Empresas Públicas , por medio del cual remite el informe "Evaluación Convenios de Programación de las Empresas Enami, Metro S.A., Merval S.A. y EFE, del año 2004".
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular (Boletín Nº 3.043-07).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la venta de lentes para la presbicia sin receta médica (Boletín Nos 2.903-11 y 3.310-11, refundidos).
Moción de los Senadores señores Cordero y Martínez, con la cual inician un proyecto de ley que modifica la tasa del impuesto a las ventas y servicios establecida en el artículo 14 del decreto ley Nº 825, de 1974, Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios.
--Se declara inadmisible en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Carta Fundamental y, además, por referirse a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 1.º del inciso cuarto del referido artículo 62.
Del señor Arturo Cuadra Molina, por medio de la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 786-04).
El Senador señor Prokurica, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicita autorización para ausentarse del país a contar del 28 de marzo de 2005.
Tiene la palabra, la Senadora señora Frei.
Antes de entrar al Orden del Día, quiero saludar muy especialmente al Vicepresidente del Senado , don Jaime Gazmuri, porque ayer fue su cumpleaños. Aunque me enteré hoy día, igual le hago llegar cordiales felicitaciones, en nombre de los Senadores y Senadoras presentes.
Todos adherimos a las congratulaciones.
Solicito que el proyecto declarado recientemente inadmisible -con el que se propone modificar la tasa del impuesto a las ventas y servicios- sea remitido al Ejecutivo para su patrocinio.
Con el mayor agrado, así se procederá.
Proyecto, en primer trámite constitucional, que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de sectores que indica, y modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, con segundos informes de las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Hacienda.
Sesiones 22ª, en 15 de diciembre de 2004 (se aprueba en general); 39ª y 41ª, en 23 de marzo y 5 de abril de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
En la discusión particular de la iniciativa, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , la Comisión analizó el proyecto a la luz de los nuevos antecedentes proporcionados por el Ministerio del Interior, específicamente la Oficina Nacional de Emergencia, frente a los cuales se hace necesario revisar las áreas de inundabilidad en caso de tsunami.
Por eso, acordamos solicitar a la Sala que nos remitiera nuevamente la iniciativa, por un plazo breve, para examinar el punto junto con los organismos especializados de la Armada, de la ONEMI y de Bienes Nacionales, a fin de tener la certeza de que los terrenos que se intenta regularizar no se encuentran en alguna condición de riesgo imprevista en la legislación.
Hago presente a los señores Senadores que se requiere unanimidad para acceder a dicha petición.
Señor Presidente , apoyo esa solicitud, fundamentalmente porque creo que, por ser nominativo, el proyecto -a mi juicio muy importante, porque busca resolver ciertas irregularidades del borde costero- excluye la posibilidad de utilizar el mismo procedimiento respecto de otros bordes costeros que hoy o mañana enfrenten problemas similares.
En consecuencia, y dado que la propia Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales así lo ha pedido, sugiero volver la normativa a ese órgano, con el propósito de que estudie su ampliación a todos los bordes costeros del país, que se extienden esencialmente desde la Primera hasta la Novena Región, y no circunscribirla, por ejemplo, sólo a uno o dos lugares de la Cuarta o Quinta, y a otros tantos de la Octava.
Esa realidad tiene que ser evaluada a nivel nacional. Y fijarse un procedimiento más genérico, para posibilitar en el futuro la resolución de otras situaciones de la misma índole a través de los mecanismos que en el texto se establezcan.
Me parece bueno el proyecto. Lo que no entiendo es por qué se elaboró en forma nominativa, en circunstancias de que las leyes deben ser generales. En la Comisión presenté una indicación sobre el particular, pero fue declarada inadmisible.
Si el Ejecutivo compartiera ese planteamiento y se sensibilizase respecto de los tsunamis, en la revisión que se haga quizás sea factible incorporar una norma más genérica, sin perjuicio de dejar solucionados desde ya los problemas de los sectores que se encuentran incluidos.
Reitero: lo prudente es consignar reglas generales para dirimir a futuro tal tipo de situaciones. Conozco algunas que me han planteado en la Región del Maule y sé que hay otras en distintas áreas. Y en todas partes provocan análoga inquietud. Por lo tanto, aprovechemos esta iniciativa para zanjar la totalidad de los problemas semejantes que puedan existir en la actualidad.
Señor Presidente , me alegra mucho lo planteado tanto por el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Senador señor Horvath , como por el Honorable señor Larraín . Y precisamente ayer expresé que iba a hacer presente el asunto.
Yo formulé una indicación -también fue declarada inadmisible- para agregar otros casos de ocupaciones irregulares del borde costero. Porque estas anomalías se presentan en todo el país y sería muy apropiado que se revisaran.
En la Región de Antofagasta, que represento, hay dos casos puntuales que incluí en la indicación mencionada. Uno es el de la caleta Huáscar. Se trata de 20 familias que ocupan sus casas desde hace 40 años y que se organizaron más de 20 años atrás. Todas han pagado y no se les da una solución.
El otro caso es el del Paseo del Mar Junta Vecinal 22, de la comuna de Tocopilla, que afecta a 25 casas, habitadas desde hace 37 años. Dicha Junta ha tramitado su regularización durante l5 años.
He acompañado a ambos grupos en entrevistas con distintos Ministros de Defensa , como asimismo con las Subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo, de Vivienda y de Bienes Nacionales.
Entiendo que el proyecto se refiere a ocupaciones irregulares de terrenos en el borde costero por los cuales no se ha pagado. En cambio, en los casos de la Segunda Región, que acabo de señalar, la gente ha servido su deuda.
Entonces, si queremos un buen proyecto tenemos que analizar el problema en su conjunto y no sólo para un grupo de personas. Seguramente lo necesitan mucho; pero lo mismo puedo decir de los pobladores de mi región. Es más, éstos enviaron un oficio al Contralor General de la República , exponiéndole lo irregular que consideran el que se arregle la situación de unos y no la de otros. No sé cuál será la respuesta, pero seguramente será positiva, porque uno de esos casos se arrastra por 40 años y el otro por 37. ¡Imagínense!
Pienso que ha llegado el momento de examinar el problema en forma global -como manifestó el Senador señor Larraín- y establecer un tiempo prudente -no de meses- para formular indicaciones.
Señor Presidente , ayer pedí que, al momento de tratar este proyecto, se encontrase presente algún personero de Gobierno relacionado con la materia. Lamento que no haya sido así.
Espero que en la Comisión se escuche no sólo a mí, sino especialmente al Honorable señor Larraín y a los Senadores que lo deseen, porque se trata de un problema existente a lo largo del territorio nacional.
Señor Presidente , el proyecto en debate -en el que hemos estado trabajando desde hace 7 u 8 años- busca resolver un problema de larga data que involucra a la Armada -ésta tiene la tuición sobre los 80 metros de ancho, medidos desde la línea de alta marea de la costa- y a los Ministerios de Bienes Nacionales, de Vivienda y Urbanismo y del Interior. Además, se ha realizado una encuesta a cada una de las personas afectadas y un seguimiento por espacio de años.
Por eso digo que aquí hay un trabajo de mucho tiempo, con miras a normalizar la situación de las actuales ocupaciones en el borde costero. Los casos que señaló la Senadora señora Carmen Frei ya se encuentran regularizados. Porque ella dijo que esas personas pagaron. Y si lo han hecho es porque tienen una concesión. Entonces, lo que ahora quieren es que se les otorgue un título de dominio. Pero esto debe ser materia de otra normativa.
En cuanto a la indicación formulada por el Senador señor Larraín , si bien no fue aceptada a tramitación, sí se acogió en términos generales. Desde luego, el Ministerio de Bienes Nacionales solicitó a todas las Intendencias el envío de una lista de las caletas pesqueras en situación irregular, a fin de normalizarlas en una próxima iniciativa.
Entonces, aquí -excusen la expresión- no seamos como el perro del hortelano. Dejemos que por lo menos salga el texto propuesto, a manera de ejemplo, y esperemos el que vendrá en forma inmediata. Y así será porque se está trabajando en ello. Pero si entramos a sustituir el texto en debate pueden pasar 2 ó 3 años. ¿Por qué parar lo ya elaborado en este aspecto?
Los Ministerios pertinentes tienen la mejor disposición y ya se encuentran abocados a estudiar la materia.
Se ha formulado una petición muy concreta: que el proyecto vuelva a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Se requiere unanimidad. De acordarse, entiendo que la Comisión tendría que solicitar el patrocinio del Ejecutivo , con el objeto de ampliar los alcances del articulado. Y para todo ello habría que fijar un límite de tiempo.
Sugiero que sean tres semanas.
Intervendrán los Senadores señores Larraín y Horvath, para luego zanjar el punto.
Señor Presidente , propongo que el plazo para presentar indicaciones sea breve, a fin de resolver lo relativo a los tsunamis, planteado por el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Con relación a otras ocupaciones irregulares, más que incorporar nominativamente nuevos lugares en el retorno de la iniciativa al órgano técnico, y para no prolongar más el trámite (salvo que haya algún caso muy evidente), es necesario establecer un procedimiento general, a fin de impedir la dictación de una ley por cada caleta con ocupaciones irregulares.
Eso es lo que pido: una norma que permita al Ministerio de Bienes Nacionales, junto con la Armada y las demás reparticiones que participan en el asunto, disponer de un mecanismo que resuelva este tipo de problemas.
Por lo tanto, solicito que se abra un nuevo plazo para la recepción de indicaciones. Además, pido al Ejecutivo que patrocine algunas de ellas en los dos sentidos: en el de los tsunamis y en el de un procedimiento general.
Al efecto, un término de dos semanas me parece más que suficiente.
Se ha sugerido un plazo de dos semanas. Propongo fijarlo así y no entrar en el mérito de esta discusión, sino sólo en la cuestión de procedimiento.
Señor Presidente, de partida, es preciso advertir que las indicaciones para agregar nuevas ocupaciones irregulares deben ser avaladas por el Ejecutivo, por los costos que significan.
En seguida, recuerdo a la Sala que la norma general es que no haya ocupaciones en las áreas de riesgo ni en las que tienen otros usos comunes y públicos, como son las de los 80 metros desde la línea de más alta marea. Por lo tanto, tampoco se trata de buscar una fórmula general para llenar de construcciones el litoral del país.
Todos esos aspectos serán analizados por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Asimismo, debo señalar que con el Ejecutivo habíamos acordado revisar todas las situaciones pendientes, para ver si se resuelven en forma genérica o mediante otra iniciativa de ley.
En ese contexto, el plazo de dos semanas que se ha sugerido estaría bien.
Si le pareciera a la Sala, el proyecto volvería a Comisión, fijando como límite para presentar indicaciones el lunes 18 de abril, a las 12.
Corresponde efectuar la segunda discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesión 39ª, en 23 de marzo de 2005 (queda para segunda discusión).
La relación del proyecto se hizo en sesión de 23 de marzo del presente año.
Cabe tener presente que esta iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés), y contiene disposiciones que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere el voto conforme de 25 señores Senadores.
El señor Ministro de Justicia ha pedido autorización para que ingresen al Hemiciclo el Jefe de la División de Defensa Social , don Decio Mettifogo , y la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, doña Delia Del Gatto .
En la segunda discusión, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Espina.
Señor Presidente , según recuerdo, en la sesión en que se trató esta iniciativa, el Honorable señor Núñez pidió mayor explicación acerca de su sentido y alcance. Por lo tanto, para complementar la información que se dio en esa oportunidad, quiero expresar lo siguiente.
Como aspecto preliminar, debo hacer presente que este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas que en el último tiempo han buscado materializar una completa reformulación de las leyes relativas a la infancia y la adolescencia, de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y a los principios contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales vigentes, específicamente, en este caso, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Entre tales iniciativas se cuenta el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, radicado en la Comisión que presido.
Durante su estudio, el órgano técnico advirtió la necesidad de impulsar en paralelo su tramitación con la iniciativa que ahora sometemos a la consideración de la Sala, dado que el contenido de ambas debe guardar estrecha armonía y coherencia en aspectos esenciales, como los mecanismos de protección a los menores, la edad en que éstos serán imputables penalmente, las sanciones que les serán aplicables, y las atribuciones y deberes que los órganos administrativos, policiales y judiciales tendrán en todas estas situaciones frente a quienes aún no han alcanzado los 18 años.
En consecuencia, para compatibilizar en mejor forma la tramitación de ambos proyectos, nuestra Comisión solicitó al Gobierno que radicara el relativo a la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia en el Senado y no en la Cámara de Diputados, como había ocurrido en un primer momento.
En cuanto a la iniciativa que nos ocupa, debo hacer presente que, pese a que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990, en algunos aspectos se ha mantenido el antiguo sistema tutelar de asistencia a la infancia y el paradigma con que éste funcionaba.
Cabe recordar que la Ley de Menores, cuyo primer texto es del año 1928, no representó una transformación del estatus jurídico de los niños y adolescentes, sino más bien respondió a problemas específicos de "desviación social" y de "situaciones irregulares o de peligro material o moral", como es el caso de los menores que mendigan, ejercen el comercio sexual, son abandonados, cometen delitos, desertan de la escuela, viven en familias con problemas sociales, se drogan, sufren discapacidades síquicas, etcétera.
Al amparo de dicho cuerpo legal, entonces, se ha posibilitado el castigo penal de los niños bajo la fórmula de la "protección", sin que ellos se beneficien con ninguno de los límites y garantías de que gozan los adultos.
Se han advertido, además, otros inconvenientes adicionales en el sistema actual. Frecuentemente se produce un fenómeno de judicialización de problemas de índole netamente social. Así, a menudo se observa la internación de menores con fines diagnósticos, no siempre relacionados con la vulneración de sus derechos, lo que acarrea no sólo el proceso de separación del niño de su núcleo familiar, sino también su estigmatización.
En síntesis, el sistema vigente no ha logrado una separación de vías entre la política de protección de los derechos de la infancia y la política criminal aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal.
En este contexto, la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño constituye un cambio en la posición del menor. De ser considerado un objeto de la preocupación, control, protección y represión por parte de los adultos, mediante esta iniciativa el niño pasa a ser concebido como un sujeto de derecho frente a éstos, como persona con autonomía progresiva, con protagonismo e intereses propios, con derecho a recibir una protección especial, y con responsabilidad y capacidad para respetar los derechos de los demás.
Ello explica la necesidad de dar un nuevo enfoque legal a este tema, reemplazando, en consecuencia, la actual Ley de Menores.
Las disposiciones que integran el proyecto de ley en estudio determinan la responsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y regulan los mecanismos especiales que deberán desarrollar las entidades públicas y privadas para estos fines.
En primer lugar, se concreta para los menores el derecho de petición frente a la Administración del Estado y las municipalidades.
En seguida, se regulan las funciones del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, continuador del SENAME, que actuará frente a los casos concretos de vulneración de derechos, mediante la oferta de una serie de programas y proyectos ejecutados directamente o a través de las entidades que integran su red. Este organismo se ocupará de la prevención, promoción y protección de los derechos, y evitará que se judicialicen aquellas situaciones que pueden resolverse sin necesidad de llegar a los tribunales.
Luego, en el ámbito jurisdiccional, el proyecto establece dos mecanismos de protección. El primero es la denominada "acción especial de protección de derechos", que constituye un nuevo mecanismo cautelar para los casos de amenaza, perturbación o privación de los derechos de los niños y adolescentes.
El segundo lo constituye la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños y adolescentes. Para estos efectos, se contempla una descripción específica de las situaciones que permiten su adopción y un catálogo taxativo de las mismas. Se prescribe que el juez privilegiará las medidas que no impliquen separar al niño o adolescente de sus padres o responsables de su cuidado, para lo cual podrá recurrir a diversos programas ambulatorios, de acuerdo con el problema que los afecte. De este modo, sólo cuando resulte necesario para cautelar su interés superior decretará tal separación, privilegiando que su cuidado se entregue a otro familiar o adulto idóneo que puede ejercer adecuadamente el rol protector.
Posteriormente, se aborda el maltrato de niños y adolescentes fuera del ámbito familiar, trasladándose en lo pertinente la regulación hoy contenida en la Ley de Menores.
Las disposiciones finales introducen modificaciones a otros cuerpos legales, con el fin de armonizarlos con este proyecto y derogar definitivamente el articulado de la ley antes mencionada.
Con el objeto de agilizar la tramitación de esta iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resolvió unánimemente aprobarla en general desde ya y postergar para una fase posterior el análisis pormenorizado de sus normas, a la luz de las indicaciones que tanto los señores Senadores como el Ejecutivo puedan presentar.
Por ello, señor Presidente , el órgano técnico que presido propone en forma unánime al Senado que le dé su aprobación en general.
Es cuanto puedo informar, de acuerdo con la petición de la Sala, en orden a dar una explicación acerca de los principales aspectos que contempla esta iniciativa legal.
Señor Presidente , el motivo que hoy nos convoca es la presentación del proyecto de ley sobre protección de los derechos de los niños y adolescentes, el cual constituye un componente de la reforma integral al sistema de justicia y protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
Como se ha recordado aquí, esta iniciativa legal se integra a la ya aprobada ley de tribunales de familia, que se pondrá en ejecución en todo el país el 1 de octubre del año en curso; al proyecto sobre responsabilidad penal de los adolescentes -actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado-, y a la iniciativa que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvenciones, también en trámite legislativo.
Ésos son los cuatro textos legales que tienen que ver con la reforma al sistema de justicia y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
En cuanto a los cambios programáticos, los principales los está ejecutando el Servicio Nacional de Menores, en un proceso que persigue adecuar su oferta programática a los nuevos requerimientos que plantean las señaladas enmiendas legales y que concluirán una vez que estas iniciativas sean aprobadas por el Parlamento.
La reforma a la justicia de infancia procura adecuar nuestra legislación e institucionalidad a los principios y postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Dicho instrumento internacional de derechos humanos constituye, sin duda alguna, un hito a seguir, tanto en el ámbito normativo como en el diseño de las nuevas políticas para la infancia y adolescencia.
En la actualidad, pensar en los derechos de los niños implica plantearse el desafío de construir políticas con capacidad de respuesta para las diversas circunstancias económicas, sociales y familiares que cada niño, niña y adolescente deba enfrentar.
Como se expresó aquí, señor Presidente , la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño funda su propuesta jurídica en el replanteo de algunos conceptos claves del derecho de menores, abandonando lo que se ha conocido hasta ahora como "doctrina de la situación irregular", vigente todavía en Chile a través de la Ley de Menores, de 1967. Ésta no se ocupa de la protección sino principalmente de la llamada "situación irregular", es decir, de los niños, niñas y adolescentes que mendigan, que ejercen el comercio sexual, que son abandonados, que cometen delitos, que desertan de la escuela, que viven en familias con problemas sociales, que desobedecen a sus padres, que se drogan, que sufren discapacidades síquicas, etcétera.
Dicho cuerpo legal, que regla un conjunto de situaciones irregulares, corresponde a una mixtura de movimientos y principios: uno, de carácter humanitario, sensible al problema del abandono y el abuso al que se encuentran expuestos muchos niños que viven en condiciones de marginalidad; y otro, que podríamos llamar de filantropía o defensa social, que propugna la adopción de medidas de prevención y control destinadas a defenderse de lo que se percibe como niñez peligrosa o antisocial.
De ello ha resultado un catálogo muy difuso de medidas aplicables por el juez de menores ante situaciones de muy diversa índole, cuya naturaleza y duración se lleva a cabo mientras persista la irregularidad social.
Frente a esta situación, la Convención establece que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son complementarios -no sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de los derechos reconocidos a todas las personas. Los niños gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica general.
Los niños, niñas y adolescentes son definidos como sujetos de derecho. Éste es un punto del proyecto extremadamente importante, en el sentido de que los niños dejan de ser "medias personas", por así decirlo, o personas incompletas, que no saben o que son incapaces. Por medio de la iniciativa pasan a ser sujetos de derecho en lugar de objetos de la acción institucional, ya sea pública o privada, sin consideración de sus requerimientos, y se les reconocen de manera expresa sus particularidades y necesidades, en especial el derecho a vivir con su familia y a ser cuidado por ella.
En tal sentido, el "interés superior del niño", contenido en el artículo 3 de la Convención, es reconocido como un eje decisorio y un principio normativo garantista que obliga a la autoridad y a la sociedad.
En el proyecto de protección de derechos del niño que hoy se presenta a la consideración de los señores Senadores , se busca desechar expresamente hipótesis interpretativas que puedan hacernos retroceder a prácticas tutelares, al establecer, por ejemplo, en su artículo 9:
"El Interés Superior del Niño es un principio de carácter general y obligatorio en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, consistente en procurar la máxima satisfacción y pleno disfrute de sus derechos".
Es exactamente ese principio el que se tuvo en vista cuando se debatió en el Congreso Nacional la Ley de Matrimonio Civil.
Durante los años noventa se aprobaron en Chile reformas importantes, como las leyes de filiación, de adopción y contra el maltrato infantil, esta última en el contexto de la violencia intrafamiliar, que se ocuparon en forma directa de los derechos de los niños y niñas con relación a la familia, poniendo fin a muchas de las inequidades de la legislación anterior.
El proyecto que hoy se presenta a vuestra consideración asume, entonces, que existe una notoria insuficiencia de los mecanismos administrativos y jurisdiccionales para, primero, ofrecer el ejercicio pleno de los derechos de los niños, y, luego, asegurar su exigibilidad cuando éstos no son respetados.
A la vez, la iniciativa reconoce, valora y fomenta el derecho del niño a ser tratado -repito- como sujeto de derechos y no como depositario de prácticas asistenciales. Hay, en este sentido, un cambio desde lo que podríamos llamar derecho asistencialista hacia un derecho político. Es un cambio muy sustantivo entre el asistencialismo y el entender a la persona a la cual vamos a servir con una política pública como alguien que tiene derecho a recibirla, dejando atrás la idea predominante del niño definido a partir de necesidades o carencias, es decir, por lo que le falta para ser adulto o por lo que impide su desarrollo.
De igual modo, en el proyecto se considera que el niño, la niña o el adolescente deben gozar de un sistema de protección especial e integral.
Por otra parte, resulta necesario impulsar esta iniciativa -en paralelo con la tramitación del proyecto sobre responsabilidad penal juvenil- para establecer la lógica de tutela de derechos en el ámbito proteccional y evitar por esta vía que se apliquen medidas de "protección" -como se ha recordado aquí- que sean tanto o más coactivas que las medidas penales, o que duren más tiempo, como ocurre hoy.
En sus disposiciones preliminares, la iniciativa reconoce, valora y fomenta el derecho preferente del niño a vivir en familia, a ejercer sus derechos dentro de ella y a que el Estado lo apoye. Entre los desafíos que esto supone, destaca la necesidad de fortalecer el respaldo que el Estado y las instituciones brindan a las familias para cumplir su rol protector, y así resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer y a desarrollarse en su interior.
Las demás normas preliminares contienen los principios rectores e interpretativos de la ley. Por ejemplo, que los niños son sujetos titulares de derechos; que el interés superior del niño debe ser considerado en todas las decisiones que los afecten, y que la consideración de sus derechos es y debe ser prioritaria en el diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas.
En ese mismo orden de cosas, en este apartado se recogen garantías esenciales de un Estado de Derecho, como el principio de igualdad y el de no discriminación en el ejercicio de derechos.
Se establece también un mecanismo general de protección que consagra el derecho de petición de los niños frente a los órganos de la Administración del Estado. Éstos deberán prevenir la vulneración de los derechos y ser los primeros en resguardarlos.
Seguidamente, se regula la intervención del Servicio Nacional de Menores mediante la oferta de programas y proyectos ejecutados en forma directa o a través de los organismos que integran su red de colaboradores -como es sabido, ella se compone fundamentalmente por el sector privado-, en los ámbitos de la prevención, promoción y protección de derechos. La actuación de ese Servicio se circunscribe a los casos de menor entidad en que concurra el acuerdo de las partes y donde no se vean afectados los derechos fundamentales de los padres. Con ello se evita la judicialización innecesaria de casos que pueden ser mejor resueltos con recursos y programas de las redes sociales locales, función que el proyecto encomienda a las oficinas de protección de derechos (OPD).
Por último, en el ámbito jurisdiccional, el proyecto establece dos mecanismos de protección.
El primero consiste en una acción especial de protección, de carácter cautelar, frente a casos donde sean órganos de la Administración del Estado o particulares distintos de los padres los que vulneren los derechos. Este recurso permitirá que los juzgados de familia -su funcionamiento, según recordé, se inicia el 1º de octubre de este año- conozcan en un procedimiento expedito las violaciones, no sólo a los derechos individuales y políticos, sino también a aquellos de carácter económico, social y cultural, que en la actualidad apenas pueden ser invocados mediante la utilización del recurso de protección ordinario.
El segundo mecanismo de protección judicial de los derechos consiste en complementar, en materias sustantivas, la regulación de procedimiento contenida en la ley sobre creación de los juzgados de familia en todos los casos donde resulte necesario afectar las prerrogativas de los padres o de las personas encargadas del cuidado personal del niño.
En esta materia, se reconoce el efectivo rol cautelar que puede tener tal competencia -entregada hasta ahora a los jueces de menores-, pero se ha estimado necesario hacerla congruente con el enfoque de protección de derechos, que exige establecer un catálogo taxativo de las medidas protectivas y las condiciones fundamentales relativas a cuándo y cómo éstas deben ser aplicadas, de modo que se asegure su efectiva orientación hacia el resguardo y la restitución de los derechos vulnerados.
En este orden de ideas, se dispone que el juez privilegiará las medidas que no impliquen separar al niño de sus padres o de los responsables de su cuidado, para lo cual podrá recurrir a diversos programas ambulatorios, de acuerdo con la problemática que lo afecte; y podrá decretar tal separación sólo cuando sea necesaria para cautelar su interés superior.
El proyecto reconoce la existencia de situaciones graves que afectan a los niños, niñas y adolescentes y que exigen adoptar medidas tendientes a cautelar su vida e integridad física, como el internamiento obligatorio en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado; en este evento, se previene que la disposición se adopte en casos calificados y en la medida en que se requiera una prestación concreta en ese tipo de recintos, de manera de evitar la internación privativa de libertad por razones de control social.
La iniciativa regula además la actuación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones ante situaciones de vulneración de derechos, reconociendo el importante rol que pueden cumplir en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y estableciendo claramente los criterios orientadores de su actuación.
Finalmente, se propone una serie de modificaciones a otros cuerpos legales para armonizarlos con la ley en proyecto; en especial, a la Ley de Menores, al Código Civil y a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores.
Por tales consideraciones, y agradeciendo desde ya la oportunidad de presentar ante Sus Señorías esta relevante iniciativa legal, los invito a considerarla con atención y ánimo para seguir trabajando en la construcción del efectivo ejercicio de la ciudadanía de nuestros niños y niñas.
Señor Presidente , el proyecto en debate plantea una reformulación total de las leyes relativas a la infancia y a la adolescencia, para adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país. Por otra parte, tiene presentes los principios establecidos en la Constitución y el significativo aporte de los tratados internacionales vigentes que hemos ratificado.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo que permitió profundizar el proceso de legitimación y reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ese instrumento fue ratificado por Chile en 1990. Sin embargo, en la práctica no ha podido implementarse, hasta el aparecimiento de esta iniciativa, y por ello se ha mantenido el antiguo sistema tutelar de asistencia a la infancia.
Hoy el Gobierno da un paso trascendental al otorgar vigencia a los principios de dicha Convención, integrándolos a nuestra legislación y terminando con la antigua Ley de Menores.
Por lo tanto, el proyecto en discusión se basa fundamentalmente en los principios de ese instrumento internacional, que no sólo recoge lo mejor del pasado, sino que además es todo un programa de trabajo para construir el futuro y superar las limitaciones de las políticas del pasado en lo que a la infancia concierne.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el resultado de un amplio consenso, casi universal, sobre las relaciones de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con el Estado, la sociedad y la familia. Sus principios han sido convertidos, a través de decisiones soberanas de los Estados, en leyes nacionales e internacionales para todos los niños del mundo.
Quiero poner de relieve el hecho de que Estados Unidos no ha manifestado interés para integrar dicho instrumento internacional a su legislación; es algo parecido a lo que sucede con el Tratado de Kyoto.
El enfoque esencial de la referida Convención parte en el ámbito de los derechos humanos, lo cual permite superar políticas segregadoras y excluyentes. Desde ahora es posible centrar el foco de las políticas universales y reconocer al niño como sujeto de derechos y de políticas, y no -como antes- como un simple objeto de intervención estatal. En consecuencia, la infancia pasa a ser percibida como sujeto relevante de la política pública.
Además, dicha Convención otorga un rol fundamental a la protección del derecho a la educación. Ésta debe ser considerada como un derecho estratégico y que abre las puertas al disfrute de los demás derechos; en síntesis, como un aporte básico a los procesos de integración social.
Creo que podemos afirmar que sin educación no hay presente para la vida de la infancia y que sin presente no existe futuro para los niños. Chile cumple plenamente esta expectativa, pues ha establecido doce años de educación obligatoria.
Un eje fundamental es el derecho a la convivencia familiar, ya que el derecho del niño a vivir con su familia se estima prioritario. Su separación de ella debe ser siempre una medida extrema, un último recurso, por el menor tiempo posible.
Finalmente, la Convención ha permitido iniciar el cambio de la consideración cultural acerca de los niños. Éstos comienzan a ser estimados como personas iguales a todas. Nunca más el niño podrá ser considerado como un adulto incompleto, sino como un sujeto que participa de la vida social.
Esos principios son los que articulan el proyecto en debate, a diferencia del pasado, cuando la idea dominante en nuestro Derecho era el concepto de la mayoría de edad y, por tanto, la niñez sólo era estimada un estado de excepción. Los hijos, hasta la mayoría de edad, estaban absolutamente sujetos a la voluntad del padre, concepto heredado del Derecho Romano y retomado por nuestro Código Civil.
En Chile, a partir de 1928 se dicta la ley Nº 16.618, llamada "Ley de Menores". Este cuerpo normativo permitió la creación de los tribunales de menores, que facilitó el papel del Estado al actuar como padre cuando éste no se hallaba. Sin embargo, la referida ley se preocupó de los niños en las llamadas "situaciones de peligro material o moral" o "situaciones irregulares", ya se tratare de niños abandonados, abusados o marginados. Además, se preocupó, a través de las casas de menores, del control, prevención y tratamiento de tales situaciones.
De ese modo, el niño fue aislado de la sociedad.
El nuevo enfoque considera al niño como persona con autonomía progresiva, con protagonismo, creatividad, intereses y preferencias; con responsabilidad, y con capacidad para tener en cuenta y respetar los derechos humanos de los demás.
El presente proyecto surge, entonces, como un "enfoque de Derecho" que cambiará sustancialmente las relaciones entre la familia, la sociedad y el Estado. Aquí el papel de éste consiste en generar un sistema de protección especial e integral.
La iniciativa se inspira en los principios de igualdad y proscripción de la arbitrariedad; reconoce a sus destinatarios como verdaderos sujetos de derecho, y promueve una familia fortalecida como el espacio más adecuado para garantizar el disfrute de los derechos del niño. Por tanto, cautela y limita cualquier intervención que importe la separación de la familia y la intervención sin fundamento de un menor de edad; ellas se encuentran reservadas como último recurso y susceptible de ser revisado cada vez que sea necesario.
En la relación de los niños y adolescentes con distintos servicios de la Administración del Estado pueden originarse conflictos y vulneraciones de derechos. A tal efecto, se establece un mecanismo rápido y eficiente de reclamación que constituye un auténtica novedad.
En cuanto a las medidas de protección impuestas, se inaugura un nuevo espacio para que el consentimiento libre y espontáneo de los adolescentes o de sus representantes posibilite escuchar al afectado. Se trata de resolver rápidamente y sin necesidad de judicializar la situación.
En el ámbito jurisdiccional, el proyecto entrega criterios normativos que faciliten el trabajo de los jueces, con la finalidad de garantizar la vida familiar de los niños, y deja el internamiento temporal para los casos más graves y sin alternativa.
Ante los tribunales de familia se crea una nueva acción especial de protección, a fin de garantizar los derechos de los niños frente a cualquier acción u omisión que amenace, perturbe o ponga en riesgo el pleno ejercicio de las garantías de sus titulares.
En Chile, durante el último censo se manifestó una tendencia al envejecimiento de la población. Sin embargo, más del 30 por ciento de ella corresponde a 5 millones de niños, niñas y adolescentes.
En síntesis, estamos en presencia de un país joven, con una gran población infantil y juvenil que, sin duda, verá mejorados su futuro y el desarrollo de sus derechos con la aprobación y puesta en marcha de la ley en proyecto.
Debo señalar a la Sala que no hay ningún inscrito.
Ahora bien, para avanzar hacia la siguiente fase, tenemos el problema de que este proyecto, que fue discutido en general, requiere quórum especial de aprobación: 25 votos.
Hay 24.
Mi impresión es que hay 25 señores Senadores en el edificio, no en este Hemiciclo.
Entonces, propongo que hagamos sonar los timbres, que abramos la votación y que quienes deseen hablar lo hagan durante la fundamentación.
Los señores Senadores no pierden mucho tiempo, porque, como estamos en segunda discusión, el lapso para intervenir es de sólo siete minutos, y el de fundamentación, de cinco.
Ahora hay 25.
Entonces, en votación la idea de legislar.
Le ruego agregar mi voto, señor Presidente , pues no quedó registrado.
Se agregarán los votos de Sus Señorías.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos afirmativos y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
¿Le parece a la Sala el miércoles 20 de abril, a las 12?
Señor Presidente, atendida la importancia de este proyecto, sugiero el 2 o el 3 de mayo.
¿Les parece a Sus Señorías el 2 de mayo, a las 12?
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre autorización para erigir monumentos en memoria del Padre Alberto Hurtado en las diferentes comunas del país, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Educación (segundo), sesión 39ª, en 23 de marzo de 2005.
Sesiones 25ª, en 1º de septiembre de 2004 (vuelve a Comisión para nuevo primer informe); 20ª , en 14 de diciembre de 2004 (queda pendiente su discusión general); 23ª, en 4 de enero de 2005 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general en la sesión de 4 de enero del año en curso.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 3º, el cual debe darse por aprobado conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite someterlo a discusión y votación.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología propone dos modificaciones al proyecto aprobado en general.
La enmienda efectuada al artículo 4º, mediante la cual se agrega a los alcaldes de las comunas respectivas como integrantes de la comisión especial que se crea, tuvo los votos a favor de los Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega, y el voto en contra del Honorable señor Parra.
La modificación al artículo 5º, referida a las funciones de la comisión especial que ejecutará los objetivos de la ley en proyecto, fue acordada por unanimidad. Según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, esta enmienda debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de la discusión en particular, solicite debatir la proposición de la Comisión o que existan indicaciones renovadas.
Finalmente, cabe señalar que Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, que transcriben el articulado aprobado en general, las modificaciones efectuadas por la Comisión informante y el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
En la discusión particular, ofrezco la palabra sobre el artículo 4º.
Señor Presidente , no vale la pena reabrir el debate. La única novedad es la incorporación a la nómina de la comisión especial de los alcaldes de las comunas donde exista interés en levantar un monumento al Padre Hurtado . Nada más.
Señor Presidente , cuando comenzó el estudio de esta materia dije que el proyecto no era de mi agrado, pues obliga a las comunas a erigir un monumento en cada una de ellas, en circunstancias de que las expresiones de carácter religioso, según la tradición chilena, tienen un tratamiento absolutamente distinto. Es lo mismo que dictar una norma legal para ubicar la estatua de San Francisco de Asís en las plazas o iglesias de todos los pueblos.
Se ha incorporado en la comisión a los alcaldes, quienes quedan obligados a construir en sus municipios una obra en honor del Padre Hurtado. Eso no corresponde. De partida, la modificación debería estar originada en una indicación del Ejecutivo, por tratarse de la imposición a un funcionario del Estado, como es el jefe comunal. Además, sería una decisión en la que no tendrían ninguna injerencia los concejos, algunos de los cuales no van a estar interesados, por diversos motivos, en llevar adelante una acción de ese tipo. Sin embargo, se obliga a los alcaldes. Y eso, en mi opinión, es inadmisible, a menos que la enmienda haya provenido de una indicación del Ejecutivo.
Por tal motivo, señor Presidente , solicito a la Mesa que se pronuncie expresamente sobre la admisibilidad de la indicación pertinente con respecto a la responsabilidad del alcalde. Y, si ella fue presentada por el Ejecutivo , pido votación. En lo que a mí concierne, la voy a votar en contra.
Considero importante que los señores Senadores tengan presentes estas consideraciones al momento de tomar su decisión.
La Mesa declara admisible la indicación, por cuanto no impone una carga, sino que otorga una facultad, lo que es diferente.
En votación electrónica el artículo 4º.
Señor Presidente , el precepto no da una opción, sino que impone una obligación. Dice la norma: "Créase una comisión especial integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por". No señala "podrá estar constituida", sino "que estará constituida por". Claramente es una carga y una responsabilidad que se impone al alcalde.
Por lo tanto, señor Presidente, con todo respeto creo que la Mesa se equivocó al declarar admisible la indicación. Y, en virtud de lo que estoy expresando, nuevamente solicito que sea declarada inadmisible.
La Mesa ya resolvió el punto, señor Senador, y además estamos en votación.
Resultado de la votación: 22 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
Voto positivamente.
También incluya mi voto a favor, señor Presidente .
Secretaría me indica que Su Señoría tiene registrado un pareo con el Honorable señor Muñoz Barra.
Sí, pero era por el día de ayer.
Desde el 5 hasta el 6 de abril. Ambos días.
Tengo el documento a la vista. Está firmado por el Comité y el señor Senador.
¡Me "hicieron pillo", señor Presidente , porque sólo era por el día de ayer...!
¡Tenga cuidado con lo que firma, Su Señoría...!
En todo caso, mi votación es diferente. Pero, si se entendió que el pareo regía también para hoy, no dudo en cumplirlo.
Es un pareo inscrito, así que a la Mesa no le queda otra alternativa que darlo por válido.
¡Dejo constancia de que me "hicieron pillo", señor Presidente...!
--Se aprueba el artículo 4º propuesto por la Comisión (23 votos contra 5 y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Naranjo, Núñez, Orpis, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Cordero, Martínez, Ríos y Stange.
El artículo 5º debe ser votado sin debate.
¿Algún señor Senador desea fundamentar su voto?
--Se aprueba el artículo 5º sugerido por la Comisión (25 votos contra 1 y una abstención), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Señor Presidente , al comienzo de la sesión el titular del Senado sugirió discutir en esta oportunidad el informe de Comisión Mixta sobre gobierno y administración regional.
¿Llegó el informe?
Sí, todos lo tenemos ya.
En verdad, al principio de esta sesión se sometió a la consideración de la Sala...
Perdón, señor Presidente , retiro mi proposición, pues también nos interesa que se trate el asunto que sigue en el Orden del Día.
Pasamos al punto 4 de la tabla.
Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ruiz, en primer trámite constitucional, que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1394-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz).
En primer trámite, sesión 3ª, en 6 de octubre de 1994.
Trabajo, sesión 39ª, en 23 de marzo de 2005.
La moción fue debatida en general y en particular en la Comisión.
La iniciativa persigue dos objetivos:
1º Consignar, en caso de término del contrato de trabajo, la obligación del empleador de pagar todas las remuneraciones que se adeudaren al trabajador, en un solo acto, al momento de extender el finiquito, sin perjuicio de permitir, previo acuerdo de las partes, el fraccionamiento del pago. Y
2º Aumentar de 15 a 20 días hábiles el feriado anual para los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables señores Canessa, Fernández, Moreno, Parra y Ruiz. Con todo, el Senador señor Fernández, al fundamentar el voto, hizo presente que aprobaba la idea de legislar en el entendido de que debía escucharse al Gobierno, a los empresarios y a los trabajadores que prestan servicios en la Duodécima Región, para analizar los efectos de la iniciativa en los niveles de empleo en dicha zona.
Por su parte, durante la discusión particular, la Comisión aprobó el número 1 del artículo único, relativo al pago de las remuneraciones adeudadas al término del contrato de trabajo, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables señores Bombal, Parra, Ríos y Ruiz.
El número 2, sobre el feriado de los trabajadores de la Duodécima Región, quedó reglamentariamente aprobado por 2 votos a favor (de los Senadores señores Parra y Ruiz), 1 en contra (del Honorable señor Ríos) y una abstención (del Senador señor Bombal).
El texto que la Comisión propone aprobar se transcribe en el primer informe.
Como se trata de una iniciativa de artículo único que consta de dos números, podríamos aprobarla en general y particular a la vez, salvo que algún señor Senador pida dividir la votación.
Señor Presidente , esta normativa es una variante de otra que el Senado aprobó años atrás para restituir el feriado de 25 días a los trabajadores de la Duodécima Región. Lamentablemente, en la Cámara de Diputados se perdió por no reunirse los votos suficientes.
Con posterioridad, presenté un conjunto de enmiendas al Código del Trabajo, y muchas de ellas fueron incorporadas cuando se discutió la reforma de 2001.
Y quedaron pendientes dos materias.
La primera es la homologación del sistema aplicable a las indemnizaciones, al pago de las remuneraciones, sobresueldos y otros beneficios adeudados al momento de extender el finiquito, y el establecimiento de un mecanismo de reajuste para el saldo pendiente, ajuste más bien técnico y que es razonable cuando se fijan plazos de pago.
La segunda materia es una variante. De mi proposición rebajé de 25 a 20 días el feriado anual para los trabajadores de la Región de Magallanes, considerando la resistencia que se ejerció. Después de aprobarse dos mociones que presenté el año pasado para resolver el problema de los trabajadores de los sectores público y municipalizado en cuanto al derecho a cinco días feriados adicionales, hoy prácticamente a todos ellos -personal de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial , etcétera- les corresponden 20 días.
Además, los empleados públicos de la Duodécima Región reciben un conjunto de beneficios especiales -como la asignación de zona, con porcentajes distintos, según la localidad en que se presten servicios- que el sector privado no otorga. El comercio de la Región de Magallanes objetó el feriado adicional y planteó la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo del financiamiento respectivo. Esto es absolutamente imposible, salvo en lo relativo a seguridad social.
Sin embargo, debo señalar que en la reforma a la Ley Austral -que podríamos llamar Ley Austral II- se incorporaron dos beneficios importantes para el comercio de la zona. Por un lado, se eliminó el tope de 2 mil UTM para acceder al crédito tributario, con lo que cualquier inversión puede acogerse a ese beneficio. Y, por otro, en algunas materias relacionadas con la Ley Austral, expresamente se incluyeron actividades no consideradas hasta ese momento, como el turismo y el comercio.
Tomando en cuenta estos beneficios orientados al sector empresarial y que desgraciadamente carecemos de iniciativa en materia de remuneraciones, parece justo y razonable que éstas, en zonas como la nuestra, sean diferentes de las del resto del país. Por eso, en esta oportunidad insistimos en que, al menos, los trabajadores de la Región se beneficien con 5 días feriados adicionales.
Asimismo, es lamentable que amplios sectores de la zona austral no estén sindicalizados. Y quienes lo están laboran especialmente en empresas medianas o grandes que por vía de la negociación colectiva han logrado no solamente 20 días, sino 25 días de vacaciones. Todos sabemos que hoy no más de un 5 ó 6 por ciento de la masa laboral negocia colectivamente. En consecuencia, si no se legisla sobre el particular, parte muy importante de ella no tendrá ninguna posibilidad de acceder a ese beneficio.
Por lo tanto, solicito a los Honorables colegas que tengan a bien aprobar el proyecto, porque, en mi concepto, viene a hacer justicia a quienes prestan servicios en el sector público en condiciones bastante difíciles y que por eso, reciben beneficios adicionales y distintos.
Señor Presidente , aunque el proyecto es de artículo único, sus dos números se refieren a materias diferentes. Por lo tanto, la Mesa debería darles un tratamiento distinto.
Respecto del número 1, todos estamos de acuerdo. Así lo dio a conocer, por lo demás, el señor Secretario .
Sin embargo, en la Comisión no hubo acuerdo unánime sobre el número 2, por las razones que voy a exponer.
El texto que el autor del proyecto plantea como artículo 63 bis, nuevo, ya lo contiene el artículo 169, letra a), del Código del Trabajo. Se propone decir: "En caso de término del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a pagar todas las remuneraciones que se adeudaren al trabajador en un solo acto al momento de extender el finiquito". Y el precepto legal vigente contempla la misma responsabilidad: "El empleador estará obligado a pagar las indemnizaciones a que se refiere el inciso anterior en un solo acto al momento de extender el finiquito.".
En seguida, la moción agrega: "Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las remuneraciones adeudadas". Y el inciso tercero de la citada letra a) del artículo 169 señala: "Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las indemnizaciones:".
Por lo tanto, en el Código del Trabajo hay disposiciones que consignan las mismas obligaciones que la moción. Pero su autor nos convenció de que era bueno incluirlas a continuación del artículo 63, como 63 bis, nuevo. Y aunque personalmente estimé que la norma no era trascendente, voté a favor.
Pero aquí no existe problema alguno.
¿Cuál fue el tema que me causó más aprensión? El de los cinco días de vacaciones adicionales para los trabajadores de la Duodécima Región. No es un asunto fácil. De hecho, hay dos opciones: una, convenir los días feriados adicionales mediante un contrato, lo cual es posible; y la otra, establecer derechamente la obligación de concederlos. Si se tratara de una obligación, uno podría considerarla favorable. Pero tras este proyecto viene otro, ya aprobado, con cinco días más. Quiero señalar a los señores Senadores que la Comisión, con mi voto en contra, aprobó dar un permiso paternal de cinco días a los padres de familia.
Solicitamos información sobre los días no trabajados por licencias médicas: en promedio, alcanzan a 18 días por trabajador. De tal manera que si a los 20 días feriados -como propone el proyecto-, se suman 18 por uso de licencias médicas -la gente siempre se enferma cuando no está de vacaciones- y 5 más por concepto de permisos paternales, estamos hablando de 43 días sin trabajar, cifra bastante alta. Y todo ello con cargo al empleador.
Entonces, en alguna forma estamos complicando las nuevas contrataciones. Y eso es lo que debemos tener presente. Por tal motivo, me parece que una resolución de este tipo amerita mayor análisis.
De partida, si se vota inmediatamente, lo haré en contra, porque creo que se está causando un daño muy grande a la contratación de personas en la Duodécima Región.
Como también se pueden considerar los funcionarios públicos, a los cinco días de permiso paternal es posible agregar los seis días administrativos, con lo cual se llega a 49 días en que ese personal legalmente no trabajaría y a 44 días para el resto de los trabajadores del país.
Creo que se trata de un tema muy complicado. No me parece oportuno aprobar una norma de este tipo. Más bien debemos tenerla presente y discutirla a la luz de la otra iniciativa que veremos, la cual establece cinco días más, a fin de que, finalmente, el Senado se pronuncie por lo real, que son diez días, para una cantidad bastante grande de trabajadores.
Es preciso recordar que, anualmente, no menos de doscientos mil niños nacen en el país. Sus progenitores -algunos de ellos conviven; otros se unen de las distintas maneras como se conforma el núcleo familiar últimamente, pero son padres al fin- también tendrán derecho para dejar de trabajar durante cinco días. Ello significa un millón de días laborales menos si el número de nacimientos se multiplica por cinco días.
Ahora bien, ignoro cuál será el procedimiento que se aplicará, señor Presidente . Si se vota en general, no se me presente un camino claro, porque se trata de dos temas muy distintos.
Su Señoría puede pedir votación dividida.
Entonces, así lo hago.
Primero se votará el proyecto en general, luego de lo cual cabrá pronunciarse sobre los números 1 y 2 del artículo único. Ése es el procedimiento que plantea la Mesa.
Señor Presidente , quisiera preguntar al autor de la moción -por cierto, la comparto- las razones más de fondo del número 2 del artículo único, que establece que "Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tendrán derecho a un feriado anual de 20 días hábiles.".
Me parece particularmente interesante la posibilidad de que se fije para esa zona un feriado de tal naturaleza. Lo cierto, sin embargo, es que no comparto la idea de que ella sea más inhóspita -si ésa es la razón por la cual se solicitan 20 días hábiles para esos trabajadores- que otras. En efecto, desempeñarse a 4 mil 500 metros de altura en las Regiones Segunda, Tercera o Cuarta es tan duro -y tal vez más- como en la de la Antártica. He estado en esta última, y conozco bien Magallanes.
Por cierto, los trabajadores de Río Turbio, en el lado argentino, seguramente enfrentan una situación bastante delicada, desde el punto de vista de las condiciones laborales en ese mineral de carbón, que -entiendo- se halla agotado.
Por mi parte, votaré a favor de la iniciativa, pero me gustaría que fuera objeto de un buen estudio. Porque el proyecto sobre trabajos pesados, por ejemplo, fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, fue ley de la República, y, sin embargo, todavía no salen del Ministerio del Trabajo los reglamentos para establecer cuáles son las actividades a que se hace referencia. Debe tenerse en cuenta que no sólo es trabajo pesado aquel que se realiza físicamente como tal, que obviamente requiere un esfuerzo muscular muy intenso, sino también el que se efectúa en circunstancias extremas.
Y en ese sentido, si se dispusieran 20 días hábiles de feriado anual para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde las condiciones -también las conozco- son pesadas, pero no más que las imperantes en la alta cordillera, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para analizar en la misma Comisión la posibilidad de extender el beneficio a otros trabajadores del país.
Señor Presidente , comprendo perfectamente bien la motivación del autor de la moción, en el sentido de que el tiempo de feriado que se ha dado a los empleados públicos, con un plus por desempeñarse en esa zona, obedeció históricamente a la distancia, al transporte. Pero la dificultad se ha ido reduciendo hoy en forma drástica, porque, naturalmente, ya no se usa tanto el buque y la norma es el avión, lo que permite viajar sólo unas tres horas.
En seguida, los empleados públicos van allá por obligación, por un contrato con el Estado, de modo que un período adicional es un plus.
Entonces, ¿qué ocurre? Que para el resto, sobre todo para el sector privado, aparece un elemento que puede ser muy negativo, en cuanto las empresas, en general, pueden no tener deseos de instalarse por el aumento de los costos, dados los días que exceden lo normal en el Código del Trabajo. Porque eso significa un costo.
Luego, tendría lugar un efecto geopolítico poco deseable -no digo que sería instantáneo, pero podría sumarse a otras medidas- y, en definitiva, podríamos quedarnos sin chilenos que quieran ir a esa zona o sin empresas nacionales que deseen instalarse allá.
Por lo tanto, éste es un asunto que debiera evaluarse mucho más.
Me parece que la solución reside en el acuerdo privado entre las partes, de manera que entre empresa y trabajador se concrete una forma de contrato especial, de diálogo, en que se considere la situación. Podría tenerse presente el punto dentro de las granjerías, de los plus para establecerse, etcétera. Pero no me parece que por ley debamos introducir este tipo de plazos.
Entiendo la idea del señor Senador, pero creo que los efectos son mucho más negativos que los que pretende, desde el punto de vista social.
Señor Presidente , daré algunas respuestas que estimo muy decidoras.
Pido al Senador señor Núñez que me preste atención, porque justamente responderé las últimas dos intervenciones.
Sus Señorías deben recordar que la Región de Magallanes tiene un conjunto de beneficios que no poseen otras. Cuenta, por ejemplo, con un sistema de bonificación a la mano de obra. Eso no existe en las Regiones Segunda, Tercera o Metropolitana.
Rige, asimismo, el decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981, que bonifica las inversiones.
Y no cabe olvidar la Ley Austral, con un conjunto de normas que también resultan favorables, porque precisamente son incentivos para que las empresas se asienten en la Región. Este último es un propósito que se ha ido persiguiendo a través del tiempo.
La pregunta es qué pasa con la gente, porque ella se necesita para que labore en Magallanes.
Debe consignarse que muchos trabajadores en la zona se desempeñan por el ingreso mínimo.
Por mi parte, he estado en las minas de Lota y he entrado a los piques. Y debo decir que el trabajo minero, donde se haga, es mucho más duro que cualquier otro. No es el mismo el caso de una persona metida en una mina que el de alguien instalado en una oficina aun en la propia Antártica.
Pero en la situación de que se trata se registran condiciones de aislamiento. ¡Claro que el transporte se ha modernizado, como se señala! Hoy en día, los aviones, si vuelan directo, demoran tres horas. ¿Mas cuánto cuesta un pasaje de Punta Arenas a Santiago? A un trabajador que gane el ingreso mínimo le alcanza solamente para el viaje de ida y no le queda plata para volver. ¡Ésa es la cuestión!
El problema es que la gente de menos recursos no puede negociar colectivamente, porque muchos trabajan en empresas pequeñas y sus sindicatos, cuando los tienen, son interempresas. Y en el Senado no hemos logrado aprobar, por ejemplo, que los trabajadores interempresas puedan negociar colectivamente. O sea, la ley dice que lo anterior es posible, pero ello se da siempre que el empresario quiera.
El diálogo a que se ha hecho referencia no existe si una ley no lo fuerza. La negociación colectiva se hace sólo donde la ley la obliga. No se registra la de carácter voluntario. Ésa es la realidad.
Numerosas personas llegan a mi oficina -seguramente, también a las del Senador señor Fernández - a buscar auxilio cuando enfrentan dificultades para salir de Magallanes. Algunas de ellas deben someterse a una resonancia magnética, por ejemplo, y cuando el Servicio de Salud tiene plata les paga el pasaje. Pero ello no alcanza cuando un menor debe viajar con un acompañante. Ahí debemos actuar nosotros y buscar los recursos necesarios. O sea, existe un conjunto de situaciones que tienen que ver con la ubicación geográfica.
Viajar fuera de la zona cuesta muchísimo. La gente, a pesar del recurso del avión, tiene una sensación de aislamiento, porque el pasaje es muy caro. Nosotros podríamos trasladarnos todos los días a Magallanes sin mayor impedimento, si quisiéramos, pero otros no lo pueden hacer.
Como no podemos establecer por ley una remuneración diferenciada que permita mantener un nivel de vida razonable, buscamos otros medios para tal efecto, que quizás no representan la solución. Yo quisiera otra cosa. Por ejemplo, preferiría un sueldo con asignación de zona. Pero los Parlamentarios no tenemos iniciativa para implementar tal mecanismo.
Entonces, este proyecto es lo mínimo que podemos hacer.
Además, nuestra Región es una de las que registran un mayor porcentaje de funcionarios públicos. Es decir, si se observa la cantidad de habitantes y de personal de la Administración del Estado en Magallanes, incluidos los de las Fuerzas Armadas, concluiremos que es una de las zonas donde existe mayor presencia del sector público.
Por lo tanto, el ámbito privado es menor; no es tan grande ni tan relevante. Algunas empresas de envergadura, como ENAP, la planta de Metanol y METHANEX, otorgan beneficios especiales. Los trabajadores de ENAP contratados antes de 1981 gozan de 25 días de vacaciones y aquellos que han ingresado después ya disponen de los 20 días feriados que propone el proyecto. Y los empleados de METHANEX tienen vacaciones mucho más largas, gozan de buenos sindicatos y negocian colectivamente.
Sin embargo, una importante masa laboral de empresas de la zona carece de la posibilidad de formar sindicatos, de manera que lo único que podemos darle hoy es un poco más de descanso. No tenemos la posibilidad de aumentar sus remuneraciones, porque no está en nuestras manos hacerlo.
En consecuencia, la iniciativa es un gesto de justicia, de comprensión de la situación expuesta.
Y es necesario entender la razón del Estado para entregar a sus funcionarios (a los provenientes de otras Regiones y también a los locales) los 25 días feriados. Ese beneficio no está destinado sólo a las personas que llegan desde fuera de Magallanes, sino también a las contratadas allá, que viven en la zona y merecen los mismos beneficios.
El proyecto que nos ocupa importa, repito, un acto de justicia mínimo.
Yo trabajé en la Empresa Nacional del Petróleo, que utiliza muchísimos contratistas. Las condiciones en que laboran quienes se desempeñan en los campamentos de Tierra del Fuego y en el sector de Posesión, aparte de que se gana el ingreso mínimo, son absolutamente inhumanas. Pero desgraciadamente ahí no tenemos nada más que hacer, porque un empresario no está obligado a pagar sueldos más allá del mínimo que exige la ley.
Por eso, el proyecto significa llevar un pequeño alivio a esos trabajadores. Sabemos que no es gran cosa, pero da la señal de que estamos preocupados por personas que habitan en un lugar de difícil acceso y que, además, se hallan en condiciones bastante diferentes a las del resto del país.
Señor Presidente , el asunto es bastante simple, en cierto sentido, pero despierta inquietudes, porque la situación de quienes laboran en lugares alejados y en condiciones muy difíciles -como decía el Honorable señor Núñez respecto de su circunscripción- se puede observar en cualquier parte de Chile. Muchos sectores alejados de las capitales de provincia o de Región son de difícil acceso y, por lo tanto, bien podrían justificar un trato semejante.
Sin embargo, en este momento mi inquietud es de orden constitucional, porque, como sabemos, el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley sobre ciertas materias. Y el número 4º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental, además de mencionar lo relativo al aumento obligatorio de remuneraciones del sector privado, hace referencia a los "demás beneficios económicos".
Me da la impresión de que las vacaciones son, claramente, un beneficio económico y que en ese sentido las plantea el autor de la moción.
Me gustaría un pronunciamiento de la Mesa acerca de la...
Termino de inmediato...
Es sobre ese punto.
Le concederé la interrupción en seguida, Su Señoría. Es muy breve lo que debo agregar.
Decía que estimo necesario un pronunciamiento de la Mesa sobre si la solicitud de incrementar las vacaciones dice relación a un beneficio económico.
Complementariamente a lo anterior, deseo saber cuál es la posición del Gobierno. Porque en el informe de la Comisión se consigna que el señor Ministro del Trabajo subrogante expresó que "el Gobierno aún no tiene una posición final". Es extraño que el Ejecutivo no tenga posiciones sobre esta materia.
Me parece importante que el Gobierno se pronuncie sobre si el proyecto tendrá un impacto económico positivo o negativo, si generará precedentes para otras Regiones o no.
Y más adelante esa misma autoridad expone que "el tema debe considerarse con calma, de manera de determinar si es conveniente acogerlo".
Creo que el Gobierno debe tener pronunciamientos más claros y sería bueno oír su opinión al respecto.
El Senador señor Ruiz me solicitó una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , cuando se discutió el primer proyecto que presenté, con motivo del cual surgió la misma inquietud, esta Corporación se pronunció sobre el tema que se acaba de plantear.
En esa ocasión, se determinó que la materia no era de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por una razón muy simple: la mayor parte (si no la casi totalidad) de las garantías del Código del Trabajo que no son propiamente remuneraciones se pueden traducir, si uno quisiera, en plata.
Sin embargo, el que se halla en estudio no es, en definitiva, un provecho en dinero. Así se estableció.
Quiero recordar que próximamente llegará a la Sala, por ejemplo -la Comisión del Trabajo ya la estudió-, una iniciativa originada en moción que establece un permiso adicional por concepto de descanso paternal. Todas esas materias en definitiva involucran plata. Es decir, no hay ningún elemento del Código del Trabajo que no conlleve ese factor, a la larga. Si uno lo quisiera, todo se puede traducir en plata.
Cabe agregar que el Senado y la Cámara de Diputados ya se pronunciaron en su oportunidad y estimaron que es posible legislar sobre el punto. Éste no es el primer proyecto que presento sobre el particular, sino el segundo, y ya hubo una decisión previa.
Ahora bien, respecto de la presencia del Gobierno, debo señalar que, tratándose de una moción, quienes debemos decidir somos nosotros. No podemos dejar de legislar -y no quiero calificar un argumento en ese sentido- porque no hay ningún representante del Ejecutivo. Este último es colegislador en un conjunto de materias en que el Primer Mandatario cuenta con iniciativa exclusiva y nosotros no.
Pero nosotros lo escuchamos. En la Comisión, durante la discusión particular la semana pasada, concurrió un representante del Ministerio del Trabajo y no se opuso al proyecto.
Por lo tanto, no es necesaria la presencia de alguien del Gobierno para discutir el tema. El Senado tiene la suficiente madurez para decidir sobre un asunto como éste.
En consecuencia, solicito que el proyecto se vote. Y cada uno de nosotros se pronunciará en conciencia.
Señor Presidente , debo aclarar que no tengo una opinión formada sobre el alcance constitucional, porque recién lo estoy estudiando. Si hay antecedentes previos sobre una decisión similar del Senado, sería bueno conocerlos, porque nos ayudarían a tomar una decisión con conocimiento de causa en un tema que puede ser discutible.
Y la inquietud que planteé acerca de la participación del Gobierno no obedece a que se requiera su punto de vista antes de resolver. Perfectamente podemos legislar prescindiendo de ello.
Sin embargo, tratándose de una materia delicada -no sabemos cuál puede ser el impacto negativo para la economía-, el Gobierno debería tener una opinión y expresarla en forma clara e indubitada, sobre todo después de que ha manifestado su voluntad de ayudar en la creación de empleos y disminuir los índices de cesantía.
No digo que medie un inconveniente para votar ni tampoco que me pronunciaré en contra del proyecto. Simplemente planteo los elementos que me parecen necesarios: uno, claridad en materias constitucionales, y, dos, la opinión del Gobierno, para al menos consignar si le asisten dudas.
Antes de proseguir el debate, quiero puntualizar que, respecto de la constitucionalidad de la iniciativa, la Mesa sigue la tradición establecida en esta Corporación durante los años noventa. El Presidente de la Comisión de Trabajo de esa época, Senador señor Thayer , y la Sala consideraron que estas materias involucraban un beneficio social, no un asunto de impacto económico directo, por lo que corresponden a la iniciativa de los Parlamentarios.
Ése es el criterio de la Mesa.
Por eso, en su momento pondré en votación el artículo único del proyecto, con la división que pidió el Senador señor Ríos.
Señor Presidente , la Comisión de Trabajo analizó este tema hace algunos días sobre la base de que el Senador señor Ruiz , uno de sus miembros, lamentaba el hecho de que una moción quedara a la espera, en vista de proyectos presentados por el Ejecutivo.
En mi calidad de Presidente de ese órgano técnico, le encontré mucha razón, y, habiendo mediado un acuerdo, se puso el proyecto en tabla para que se dirimiera sobre su contenido y pudiese pasar a la Sala, en la medida en que responde a una legítima aspiración de su autor, ante la realidad que se vive en la Duodécima Región.
Concluida la discusión de la iniciativa, me abstuve de votar, porque no tenía claro lo referente a los impactos y efectos que podría generar una medida de este tipo. Sin embargo, al indagar más, observé que surgían dos elementos que considero fundamentales, sin perjuicio de reconocer la legítima aspiración del Senador señor Ruiz De Giorgio sobre la materia.
Se ha dicho en la Sala que puede haber otras realidades que ameritarían un tratamiento similar al régimen de descanso de los trabajadores sujetos a jornadas muy complejas en lugares apartados, e incluso en zonas que implican mucho esfuerzo físico por parte de ellos, debido a las condiciones de altura y otras.
Por lo tanto, estimo que para legislar adecuadamente al respecto se debe mirar en su integridad lo relativo al descanso y contar con la necesaria participación de especialistas o técnicos que nos hablen de la legislación comparada y de otros aspectos relacionados con ese beneficio.
En mi opinión, es delicado abordar caso por caso o entrar en situaciones puntuales que pudieren provocar un trastorno legislativo bastante complejo y, más que eso, tener repercusiones económicas que a la larga son impredecibles.
En ese sentido, me preocupa, por un lado, el legislar sobre una materia tan sustantiva, y por el otro, la señal que se daría a los pequeños y medianos empresarios acerca de cómo asumir los costos de la obligación que se pretende imponerles.
Ciertamente, como aquí se dijo -también lo sostuvo el Senador señor Ríos-, es probable que en las grandes empresas se pacte un régimen de descanso mayor. Sabemos que eso es posible. Sin embargo, el problema radica en los pequeños y medianos empresarios. Es decir -como muy bien lo expresó el Honorable señor Ruiz De Giorgio -, el asunto dice relación, desde una perspectiva, a aquellos sin facultad para negociar, y desde la otra, a quienes carecen de capacidad para resolver la demanda generada, pues su actividad se verá seriamente comprometida debido a la ausencia de trabajadores indispensables para el funcionamiento del negocio.
Seré más explícito aún.
El propio Senador señor Ruiz De Giorgio manifestó que en la Región de Magallanes existe una tradición: las personas prácticamente se toman todo un mes de vacaciones como algo habitual. No obstante, en ello también debe considerarse a quien puede negociar, pactar u ofrecer condiciones.
Por lo anterior, pienso que el beneficio contenido en el proyecto se podría volver en contra de los propios magallánicos, en la medida en que desalentara y desincentivara la creación de nuevos empleos. Ello resulta preocupante, como consecuencia directa de una legislación parcial. Por eso el asunto aparece con una interrogante. Aún más, sin perjuicio de lo que hoy día se resuelva, seguirá siendo un aspecto de fondo.
Señor Presidente, deseo aludir a otro punto.
El Honorable señor Ríos anunció que en los próximos días la Sala conocerá el proyecto de ley sobre permiso paternal, que la Comisión respectiva despachó hoy. Como consta de un artículo único, seguramente será discutido en general y particular a la vez. Pero anticipo que pediré fijar plazo para la presentación de indicaciones, pues surgen dudas e inquietudes respecto de su contenido. Esperamos que el Senado nos ilustre en su momento.
En todo caso, me parece que se trata de temas distintos.
Por otro lado, no considero del todo correcta la afirmación de un señor Senador en el sentido de que "aquí se aprueban permisos y vacaciones".
Sobre el particular, deseo expresar que parte fundamental de ese otro proyecto -no me extenderé en el asunto, porque será materia de estudio en las próximas semanas- incide en la preocupación por la calidad de vida de la familia. En efecto, se pretende que el padre participe de manera más directa en el acto de la maternidad acompañando a la madre de sus hijos y actuando como complemento, lo que es muy importante para la familia, después veremos si el asueto será de dos, tres, cuatro o cinco días. Pero en ello radica precisamente el interés por solicitar un plazo para presentar indicaciones, toda vez que pretendemos analizar con mayor profundidad la materia.
En todo caso, como señalé, se trata de cosas distintas. Sin embargo, no considero pertinente dejar aquí la sensación de que se está procediendo con suma ligereza en el otorgamiento de permisos. Estamos conscientes de lo que pasa. El Honorable señor Ríos hizo una alegación muy importante sobre el particular.
Quiero terminar mi intervención manifestando que los antecedentes aportados por dicho señor Senador en la Comisión de Trabajo acerca de horas no trabajadas y de situaciones bastante delicadas que se dan en lo referente a licencias médicas y otros asuntos constituye una sumatoria de días no trabajados digna de análisis.
Abocarse a iniciativas puntuales sin contar con todos los elementos de juicio es algo complejo. Por consiguiente, en el tratamiento de estas materias es necesario conocer -sobre todo por parte de la Sala- la información que se ha ido agregando con motivo de los mencionados proyectos, que -como indiqué- comprenden situaciones diferentes.
Señor Presidente , lo que está siendo analizado a raíz de la propuesta formulada por el Senador señor Ruiz De Giorgio dice relación a algo más que la zona magallánica y lo meramente económico.
El problema es el siguiente. Son tres o cuatro las materias involucradas, pero ellas se encuentran separadas entre sí.
La primera se refiere al valor del descanso. Se hace mucho hincapié en el exceso de días no trabajados, en los beneficios de ciertos trabajadores y en el costo económico que ello implica para muchas empresas. Este asunto lo hemos discutido bastante a propósito de los reiterados proyectos relacionados con las licencias médicas, lo que también tiene que ver con la materia.
Existe mucha experiencia internacional en lo relativo al descanso de los trabajadores. Hace siete u ocho años se llevó a cabo, durante dos años, un estudio muy sesudo en Estados Unidos -no fue hecho por un experto revolucionario, sino por asociaciones y empresas aseguradoras-, sobre un universo aproximado al millón de personas. Se consideró específicamente a trabajadores de dos niveles: los que realizaban un esfuerzo muscular muy fuerte y quienes estaban sometidos a un alto nivel intelectual y de tensión, como los gerentes.
Con eso se demuestra algo concreto: cuando el trabajador tiene 15 ó 20 días de vacaciones -que es normalmente el período otorgado a la mayoría de la población chilena-, el índice de siniestralidad, el número de días en que se enferma realmente y no de manera ficticia, y el rendimiento, medido conforme a los parámetros de esas empresas, son absolutamente distintos a cuando se conceden 30 días. Porque el desapego del trabajo y la generación de una nueva capacidad intelectual y de asunción de deberes empiezan a partir de los 15 ó 20 días. Éste es un hecho científico. La investigación no fue menor ni la llevaron a cabo los médicos, quienes determinantemente son los encargados de velar por la salud. ¡No! La concretó una entidad vinculada con la seguridad de las empresas, en cuanto a lo que a ellas les importa: cómo lograr mayor cantidad de días trabajados.
Por lo tanto, entiendo cuál es el planteamiento que hay detrás de esto.
Ese asunto ha sido muy discutido, pero respecto de él nunca se llega a una conclusión definitiva y global como se pretende. Espero que ella se alcance cuando discutamos el proyecto de ley relativo a las licencias laborales, que ojalá el Gobierno modifique, porque su texto actual es absolutamente inadecuado, inconveniente y contrario a los intereses de las personas. Pero con el criterio de esperar que se haga el estudio global no avanzamos. Sabemos muy bien que permanentemente tenemos que ir resolviendo problemas puntuales, porque cambiar de raíz ciertas legislaciones requiere un esfuerzo monumental. Y-lo digo con franqueza-, como nos encontramos aquí en una suerte de empate, real o virtual, en visiones de la vida, de la esencia del ser humano, de la acción del Gobierno o del Estado, del rol del mercado, etcétera, es muy difícil llegar a acuerdos. No olvidemos que el Senado ha debido "enterrar" algunos proyectos por no haber sido posible lograr consenso en determinadas materias, ni siquiera después de alguna votación. Es el caso de la fertilización asistida, que, si bien es un tema valórico, también se vincula con aspectos respecto de los cuales no tenemos concordancia. Y no la vamos a tener mientras el Senado presente una composición de fuerzas políticas prácticamente empatada.
Otro elemento por considerar es el siguiente: ¿Por qué Magallanes? ¿Por qué no otras Regiones? Ése es el punto. Debo reconocer que las argumentaciones dadas para establecer estos beneficios en otras iniciativas -ello obligaría a un estudio más global, como señaló el Senador señor Bombal - apuntan a algo que es efectivo: muchas situaciones son muy iguales; pero, en verdad, algunas lo son más que otras, por usar una frase que consignan nuestros libros de vieja novelística.
Algunas ventajas tienen la Segunda y la Tercera Regiones, según entiendo. Creo que Magallanes también, más allá de lo que justifique conceder los beneficios de que se trata a una zona agrícola o de otra índole. Empero, con la misma razón e idénticos argumentos, yo podría decir que, si hay algún lugar donde deberíamos aplicar un criterio semejante, es Arauco; ni siquiera en las otras zonas que represento, pero sí en aquélla. Sin embargo, no lo hemos logrado. Se presentó hace muchos años un proyecto similar; no hubo sensibilidad. Pero no porque yo no obtenga los beneficios ni tampoco el Senador señor Ríos -el otro representante de mi Circunscripción-, vamos a desechar la posibilidad de que se aprueben para Magallanes.
Hay dos maneras de legislar: una parcial y otra total. Yo quisiera que siempre resolviéramos globalmente los problemas e hiciéramos una reforma a fondo en cada una de estas materias.
El proyecto en debate tiene que ver con la reforma previsional, con la reforma sobre la participación de las personas.
Por ejemplo, hay una cuestión extremadamente injusta, inadecuada, atrasada y obsoleta: la de las famosas asignaciones zonales, regionales o provinciales sobre los sueldos. El cálculo se realizó hace aproximadamente diez años, y, hoy en día, el costo de vida en una ciudad no tiene nada que ver con el que había en ese entonces.
Por eso, coincido en la conveniencia de tratar este asunto de manera global. Me encantaría que la Comisión de Trabajo lo abordara y que hiciese exactamente lo que se necesita: estudiar el valor del reposo en sí mismo; saber qué significa un costo distinto, y si se puede absorber o no. Porque en esto también existe una extremada mistificación. Cada vez que se quiere lograr mejores condiciones de trabajo en las empresas forestales -en nuestra Región son numerosas-, se dice que ello no es admisible por involucrar costos. Y uno se da cuenta de la realidad objetiva, de cómo viven sus empleados, de cómo se les paga y de lo que ganan las forestales cuando sube la madera. Porque la ganancia no se traspasa a los trabajadores; no obstante, cuando baja el precio de tal producto, entonces se dice: "Hay que despedir trabajadores".
Entonces, también se necesita un estudio serio desde ese punto de vista. Y ello nada tiene que ver con si estamos en condiciones de otorgar un beneficio en una zona difícil, complicada, que incluso geopolíticamente nos interesa poblar.
En consecuencia, con todo lo que significa la discusión global, anuncio que votaré a favor del proyecto, al igual que lo harán otros señores Senadores de esta bancada, porque, desgraciadamente, el mecanismo que nos lleva a resolver por partes ciertas materias que deberían tratarse en forma conjunta es una técnica legislativa que nos acompaña desde 1990.
Señor Presidente , comparto plenamente las observaciones hechas respecto de la situación en que se encuentran los trabajadores de la Región de Magallanes, lo que, según ya se ha señalado, obedece a problemas de distancia y clima y a razones geopolíticas que hacen del todo justificable que ellos puedan contar con un beneficio como el que estamos analizando.
De tal suerte que no tengo ninguna duda u objeción acerca de la aprobación del proyecto, y por eso me pronunciaré a favor.
Sin embargo, me preocupa el impacto que habrá en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes pueden, de alguna manera, solventar con sus propios recursos o mediante turnos el gasto que representa un feriado más extenso. Pero en el caso de las pequeñas, con uno, dos o tres trabajadores, ello significará incrementar en 33 por ciento el costo del reemplazo. Ése es un hecho indudable.
Por lo anterior, planteé en la Comisión la necesidad de que el Gobierno expresara una opinión al respecto y viese en qué forma se podría concurrir a apoyar a la pequeña y mediana empresas en Magallanes, porque muchas veces no se distingue cuál es la situación económica imperante en ellas.
El trabajador de una pequeña empresa, generalmente, cuenta con recursos limitados e ingresos muy bajos y su condición no es muy distinta a la de otros.
Por eso expresé mi preocupación respecto de las pequeñas empresas, pues el impacto las afectará de manera importante. Pero no ocurrirá así con las grandes que, naturalmente, tienen convenios colectivos -como aquí se dijo-, recursos suficientes y un número de trabajadores que les permiten hacer turnos y paliar la falta de uno de ellos. Sin embargo, cuando son pocos los que laboran, la situación resulta extraordinariamente grave.
Espero que el Gobierno responda a esta inquietud, en la que insistiré, para que realice un planteamiento sobre la forma en que concurrirá a mitigar los efectos que la iniciativa ocasione a la pequeña y mediana empresas. Sin perjuicio de reconocer que se trata de un derecho muy respetable de los trabajadores y pese a las razones expuestas sobre factores de geopolítica, distancia, clima, costo y traslado, es absolutamente necesario que se les otorgue.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez. Una vez finalizada su exposición, pondremos en votación el proyecto.
Señor Presidente , me parece fundamental que el Gobierno intervenga en otro trámite, porque su opinión es clave.
El estudio del impacto en toda la zona no puede quedar circunscrito a una sola visión. Indudablemente habrá diversas actividades que se verán resentidas. Y eso tiene que ser evaluado en conjunto, considerando la globalidad de toda la dinámica económica, laboral y empresarial de la zona. De manera que parece esencial que el Ejecutivo aporte su punto de vista, ya que, hasta el momento, no se halla presente.
Señor Presidente , el Honorable señor Novoa me ha expresado que no concurrirá a votar por estar pareado con el Senador señor Páez .
--Se aprueba en general el proyecto (16 votos contra 4 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Bombal, Canessa, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cantero, Horvath y Ríos.
Se abstuvieron los señores García y Martínez.
En seguida, corresponde debatir en particular el número 1 del artículo único.
--Se aprueba el número 1 del artículo único (20 votos contra 1 y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Canessa, Cordero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Vega y Zurita.
En discusión el número 2 del artículo único.
--Se aprueba el número 2 del artículo único (16 votos contra 6 y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Canessa, Cordero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cantero, García, Horvath, Martínez y Ríos.
Se abstuvo el señor Bombal.
Ha llegado a la Mesa una indicación formulada por el Senador señor Ríos.
Si le parece a la Sala, se discutirá y votará en esta oportunidad con el objeto de despachar el proyecto hoy día.
La indicación presentada por el Honorable señor Ríos "La presente ley no modifica los contratos laborales vigentes, ni tampoco negociaciones colectivas pactadas antes de la publicación de la presente ley en la 12ª Región de Magallanes.".
Señor Presidente , la indicación se halla totalmente fuera de lugar, porque las cláusulas que integran las negociaciones colectivas se rigen por las normas del Código del Trabajo. Ninguna negociación colectiva puede ser menos de lo que en él se dispone. De modo que si se introduce una enmienda a dicho cuerpo legal, ésta pasa a ser ley y, conforme a la legislación vigente, modifica automáticamente todas las negociaciones colectivas a partir de la fecha de su publicación.
Señor Presidente , el Senador señor Ruiz ha reafirmado que se trata de una ley con efecto retroactivo. Eso hizo. Y ello, de ser así, vendría a modificar absolutamente los criterios que ha aplicado el Senado en materia de legislación en los últimos años.
El hecho de establecer normas legales con efecto retroactivo es muy delicado, pues abriría las puertas a un proceso en que se podrían modificar contratos y acciones contractuales públicas y privadas desarrollados antes de la publicación de una ley.
Creo que casi no vale la pena presentar la indicación, dado que la normativa en debate no puede tener efecto retroactivo. Sin embargo, la formulo para que exista absoluta claridad sobre esta materia.
La verdad es que la indicación en debate es admisible. Sin embargo, cabe señalar que la ley goza de primacía con respecto a los contratos hacia delante.
En fin, cada señor Senador hará uso de su criterio.
Señor Presidente , votaré a favor de la indicación porque, si bien la ley puede primar sobre cualquier acto contractual, lo concreto es que la economía es una sola y los contratos se someten, calculan, estudian y regulan por las normas que la rigen.
En consecuencia, la persona que calculó rendimientos, eficiencias y utilidades en función de ciertos parámetros experimentará una alteración muy significativa en su actividad, dadas las vacaciones especiales establecidas para la zona de que se trata. Ello afectará gravemente la rentabilidad de cualquier iniciativa, en particular si ha mediado licitación, pues la competencia es tan brutal que por último se adjudica a la que exhibe costos más bajos.
A mi juicio, si se considera que esta normativa tiene efecto retroactivo, van a surgir problemas muy graves en la Duodécima Región. Por consiguiente, auguro que muchas empresas van a enfrentar situaciones bastante complejas.
Me parece un acto de demagogia francamente sorprendente.
No se consignó mi voto, señor Presidente .
Se tomará en consideración, Su Señoría.
--Se rechaza la indicación (13 votos contra 9).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Arancibia, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz (don José) y Ruiz-Esquide.
Votaron por la afirmativa los señores Canessa, Cantero, Cordero, García, Horvath, Martínez, Ríos, Vega y Zurita.
Por lo tanto, habiéndose aprobado en general y en particular, queda despachado el proyecto en este trámite.
Dado que resta muy poco tiempo para concluir el Orden del Día, entraríamos a la hora de Incidentes.
Excúseme, señor Presidente . Como faltan algunos minutos, podríamos tratar el proyecto signado con el número 5, que autoriza la erección de un monumento en memoria del Cardenal Raúl Silva Henríquez en la rotonda de la variante Viña del Mar-Valparaíso. Fue aprobado en la Comisión por unanimidad y es de fácil despacho.
Podría votarse sin discusión.
Si no hubiere objeción, procederíamos en esos términos.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje al Cardenal Arzobispo de Santiago don Raúl Silva Henríquez, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Por unanimidad, se aprueba en general y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 11 de abril, a las 12.
A los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia, y Director General de Investigaciones de Chile, solicitándoles informar acerca de REALIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES.
A los señores Fiscal Nacional del Ministerio Público; General Director de Carabineros, y Director Nacional de la Policía de Investigaciones , pidiéndoles antecedentes sobre FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL EN PROVINCIA DE MALLECO.
A la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores , requiriéndole información sobre NEGLIGENCIA DEL SENAME EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES EN ANGOL, Y RESULTADO DE EVENTUAL SUMARIO EN LA ENTIDAD.
A la señora Jefa del Departamento de Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior , referente a ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE GRACIA A PERSONA QUE INDICA.
A los señores Alcalde de Lumaco y Director del Servicio de Salud de la Araucanía Norte , relativos a DEFICIENCIAS EN POSTA DE PICHIPELLAHUÉN y a PROBLEMA DE AGUAS SERVIDAS EN ESA LOCALIDAD, COMUNA DE LUMACO (todos de la Novena Región).
Al señor Ministro de Educación , solicitándole que informe respecto de DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS DE SEGUNDA REGIÓN.
Al señor Ministro de Salud , haciéndole presentes el DETERIORO DE HOSPITAL DE ANTOFAGASTA y el compromiso presidencial sobre CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL ZONA NORTE (ambos de la Segunda Región).
Al señor Ministro de Salud , reiterando oficio sobre SITUACIÓN FINANCIERA DE HOSPITALES DE AISÉN y requiriendo EVALUACIÓN DE DEMANDA POR ESCÁNER Y EVENTUAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO (Undécima Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole información acerca de ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN CRUCE RETIRO NORTE-VILLASECA (Séptima Región).
Al señor Intendente de la Sexta Región , demandándole la PRONTA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA COMITÉ DE VIVIENDAS "RAMÓN SAN FURGO" DE SANTA CRUZ (Sexta Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole la elaboración de estudios de ingeniería para construcción de CAMINO ABANICO-LAGUNA DEL LAJA Y DE PUENTES EN PASO PICHACHÉN, COMUNA DE ANTUCO.
Al señor Ministro de Salud , solicitándole destinar RECURSOS A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS MÍNIMAS EN SALUD (ambos de la Octava Región).
Señor Presidente , mediante la reforma constitucional al numeral 10º del artículo 19, que se refiere al derecho a la educación, se estableció que el Estado va a promover la educación parvularia. Asimismo, se dispuso que la educación básica y la media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, de acuerdo con la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.
En nuestro país hay un gran número de localidades que sólo cuentan con enseñanza básica. Por lo tanto, muchas familias, para que sus jóvenes puedan acceder a la educación secundaria, deben incurrir en gastos a los efectos de proveer el pensionado, la movilización y todo lo que implica tener a uno de sus miembros fuera del hogar.
Por estas razones, solicito oficiar a los señores Ministros de Educación, de Hacienda y del Interior, y a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, a fin de que informen acerca de los mecanismos que se han establecido para cumplir con esta obligación, de conformidad con la ley, como dice la Carta.
Deseo saber si se ha diseñado algún plan para ser implementado en los lugares que lo requieren; si los establecimientos de educación básica serán ampliados a la educación media y, de ser así, con qué gradualidad se procedería, y si se han fijado becas para que los sectores de menores recursos puedan cumplir con este requisito constitucional.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en el tiempo restante del Comité Renovación Nacional y en el de los Comités Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1, Mixto, Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.

References: artículo 14
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 57
 resolución 
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 124
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 63
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 63
 resolución 
 artículo 62
 artículo 19