Source: https://franciscoazuero.blogspot.com.co/2012/
Timestamp: 2017-10-18 12:58:54+00:00

Document:
Economía y políticas públicas: 2012
El cargo fijo en la energía eléctrica: una opinión "contra la corriente"
Pese a lo que ha planteado el Gobierno, el Procurador y algunos parlamentarios, un cobro fijo en el servicio de energía puede ser eficiente y equitativo.
El Presidente de la República acaba de anunciar al país que la propuesta que había hecho la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG), para implementar un cargo fijo en el consumo de energía eléctrica quedaba suspendida indefinidamente. Previamente, el propio Presidente había anunciado en su twitter que esta propuesta se la habían hecho los técnicos de la CREG al Gobierno, y que a éste no le gustaba la idea.
Tal vez valga la pena establecer unos antecedentes, tanto legales, como de racionalidad económica, para analizar esta propuesta de la Comisión.
La Leyes 143 de 1994, que estableció el régimen de prestación del servicio público domiciliario de electricidad estableció, en su artículo 44, que el régimen tarifario para los usuarios finales del servicio debe estar orientado por los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad y redistribución del ingreso, simplicidad y transparencia. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo, garantizándose una asignación eficiente de recursos en la economía, manteniendo a la vez el principio de solidaridad y redistribución del ingreso mediante la estratificación de las tarifas.
Por suficiencia financiera se entiende que las empresas eficientes tendrán garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos de administración, operación y mantenimiento, con el valor de las ventas de electricidad y el monto de los subsidios que reciban en compensación por atender a usuarios residenciales de menores ingresos
Tanto el artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994 (regulatoria de los servicios públicos en general), como el 46 de la143 establecieron la posibilidad para las Comisiones de Regulación de garantizar la disponibilidad del servicio para el usuario, independientemente del nivel de consumo incluir dentro de las fórmulas tarifarias un cargo fijo que refleje los “costos económicos involucrados en la garantizar la disponibilidad del servicio para el usuario, independientemente de su nivel de consumo”. Este cargo fijo existe hoy para los servicios de acueducto y alcantarillado y para el gas natural. También es común su presencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones.
En desarrollo de esta posibilidad, el decreto 387 de 2007, estableció, en su artículo 3, como uno de los criterios de fijación de tarifas, que los “Usuarios Regulados pertenecientes a un mismo mercado sufragarán el servicio prestado por los Comercializadores Minoristas … a través del cobro de i) un costo uniforme único que refleje el costo de comercialización y ii) un margen de comercialización”. Posteriormente, el Decreto 4977 de 1977 fijó como plazo para incorporar las políticas establecidas en el Decreto 387, el 1 de Enero de 2008. Eso sí, señaló que el Gobierno cumpliría con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1117 de 2006 (modificada ligeramente por la 1428 de 2010, ya bajo la vigencia del Gobierno Santos), y que en resumen señala que la aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio debería hacerse de tal manera que no se tradujera en un incremento en el valor de la tarifa para los usuarios de los estratos 1 y 2.
Era claro que el establecimiento de un cargo fijo en la prestación del servicio de electricidad podría eventualmente incrementar el valor de los subsidios a los estratos más pobres de la población. Por ello, el decreto 3414 de 2009 estableció como condición para la aplicación del cargo fijo por factura que el Ministerio de Minas y Energía certificara que disponía de los recursos suficientes para sufragar los costos adicionales de prestación del servicio.
Ya en el 2007, la CREG había expedido la Resolución 119, que señala claramente, en su artículo cuarto, que el Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica consta de un “un componente variable, de acuerdo con el nivel de consumo, expresado en pesos por Kilovatio, y un componente fijo, expresado en $ por factura".
Desde el 24 de Abril, estaban en la página de la Comisión de Regulación de Energía y Gas las resoluciones 044 y 145 de 2012, que ponía en conocimiento del público un proyecto de resolución para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados. Este proyecto de resolución lo que hacía era desarrollar de una manera más concreta, con los parámetros correspondientes, lo señalado en la mencionada resolución 119.
En conclusión, ni el senador Carlos Baena, ni el procurador, ni mucho menos el propio gobierno han debido declararse sorprendidos por que la CREG haya querido implementar un decreto del propio Gobierno, que le obligaba a establecer el cargo fijo desde el año 2007.
El cargo fijo y la eficiencia económica
No necesariamente lo que se puede hacer legalmente es conveniente. Para entender la conveniencia de un sistema de cargo fijo, es necesario tener en cuenta un principio regulatorio universal, y que está consagrado en las leyes colombianas. El servicio de distribución y comercialización de electricidad corresponde a lo que en la literatura se denomina “Monopolio Natural”. En estos servicios lo óptimo es que exista un solo proveedor. No sería eficiente para la sociedad que a cada casa de habitación llegaran tres o 4 redes de diferentes proveedores.
Puesto que lo eficiente es que exista un monopolio, debe existir una regulación de precios, que evite que el monopolista, sea privado o público, abuse de los consumidores, y ponga unos precios que le signifiquen una ganancia extraordinaria, o , lo que es lo mismo, restringa la cantidad de electricidad ofrecida. Lo que determinan las leyes 142 y 143 es que la tarifa que se cobre debe ser suficiente financieramente. Se entiende por suficiencia financiera que las empresas eficientes “tendrán garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus costos de administración, operación, y mantenimiento con el valor de las ventas de electricidad y con el monto de los subsidios que reciban en compensación por atender a usuarios residenciales de menores ingresos”-
Si los ingresos que reciban las empresas por las ventas de energía deben ser suficientes para cubrir sus costos y gastos, dentro de los cuales se debe contar una adecuada remuneración al capital (aspecto que también está debidamente regulado), lo que reciba una empresa sería lo mismo independientemente de que se cobre con o sin cargo fijo.
Para entender este punto, utilicemos el ejemplo del servicio de taxis. El propietario de un taxi incurre en costo fijos (depreciación del automóvil, fundamentalmente) y costos variables (gasolina, aceite, etc). La tarifa que pague el total de pasajeros durante un período de tiempo dbe ser suficiente para cubrir tanto los costo fijos como los variables. El sentido que tiene establecer el valor de una carrera mínima es el de contribuir a la amortización de los gastos fijos. Si usted quiere tomar un taxi por tres cuadras de recorrido, debe saber que en todo caso debe pagar la carrera mínima, así por ese valor pueda recorrer una distancia de diez cuadras. Si se prohibiera la carrera mínima, es claro que el precio por kilómetro recorrido debería aumentar, para que permanezcan constantes los ingresos del taxista.
Existen muchos otros servicios en los cuales se aplica este sistema de precios: cuota de manejo en las tarjetas de crédito y débito, boletas de entrada a parques de recrecación, cover en bares y discotecas, con derecho a consumo mínimo.
Qué es mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica? Esto es un asunto que hace tiempo resolvió la teoría de la regulación de servicios públicos. Ronald Coase, premio Nobel de Economía demostró desde 1946 (ver aquí) que la solución óptima es un un sistema de precios de dos partes: un cargo fijo y uno variable.
Obviamente, debe tenerse en cuenta en el caso colombiano si la medida propuesta implica o no una redistribución regresiva del ingreso, es decir si le va a rebajar la tarifa a los más ricos para subírsela a los más pobres. La respuesta está en los detalles. Si el componente fijo se determina a un nivel relativamente bajo, y si permite al consumidor comprar con él un nivel básico de subsistencia, no lejano del que hoy está consumiendo, no hay ningún efecto redistributivo negativo. En todo caso el subsidio se puede aplicar también a los costos fijos.
Pero tengamos en cuenta que la ausencia de un cargo fijo puede ser profundamente regresiva. Las casas o apartamentos de recreo que solamente se ocupan en vacaciones o en fines de semana no están contribuyendo hoy a la amortización de los costos fijos en que debe incurrir la sociedad para garantizarles el servicio. Los pobres de Cartagena, por ejemplo, están hoy subsidiando, con tarifas variables más altas, la infraestructura destinada a atender las propiedades que permanecen desocupadas la mayor parte del año.
Ojalá en la revisión que el Gobierno se ha comprometido a hacer tenga en cuenta estas consideraciones.
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Econometría y medallas Olímpicas (II)
Un ejemplo de econometría aplicada a las predicciones deportivas
Hace cuatro años, con motivo de los juegos olímpicos de Pekín, tuvimos oportunidad de escribir una entrada a este blog en el cual reseñábamos un trabajo de dos economistas, los profesores Andrew Bernard y Meghan Busse , de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de California-Berkeley respectivamente, quienes habían desarrollado un modelo econométrico para tratar de predecir el número de medallas que los países podrían obtener en una olimpiada.1 Las ideas detrás del modelo son relativamente simples. Una mayor población aumenta la probabilidad de que en un país se encuentren personas con habilidades superiores que se traduzcan en medallas olímpicas. La riqueza económica le permitirá a ese país dedicar esfuerzos importantes al desarrollo del deporte de competencia (ojo, es distinto al deporte masivo). El país organizador de los juegos contará con dos ventajas adicionales : el apoyo del público y el inevitable sesgo de los jueces hacia los equipos locales. En el modelo desarrollado, ello implica que el ser local aumenta la probabilidad de obtener medallas. En fin, el esfuerzo deportivo realizado por una sociedad en años anteriores tiene efectos duraderos. Es una especie de capital acumulado de larga duración. Un variable aproximada para medir este esfuerzo es el número de medallas obtenida en el año anterior.
Con ocasión de las olimpiadas del 2012, una de los alumnas del profesor Bernard, Emily Williams aplicó la metodología descrita (ver aquí) y se atrevió a predecir el número de medallas a obtener, al menos por los países que tradicionalmente figuran arriba en las tablas de medallería. El resultado se ve en el cuadro adjunto, conjuntamente con el número de medallas efectivamente obtenidas.
Como se aprecia, el modelo predijo razonablemente bien el número de medallas obtenidas por Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Italia, España, Canadá y Brasil. Se equivocó bastante en el caso de Rusia (por 15 medallas este país superó las predicciones), y sobreestimó los posibles resultados de China. En este último caso, los resultados de la olimpiada anterior, insumo importante del modelo, han debido ser castigados en la medida en que ya China no iba a disponer de la ventaja de jugar de local. Lo mismo había pasado en las olimpiadas anteriores en el caso de Grecia.
Al aplicar el modelo a Colombia, utilizando las proyecciones de población para el 2012 calculados por el DANE, el PIB per capita en Dólares para el 2011 (a precios constantes de 2005, para lo cual fue necesario deflactar por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos), y el número de medallas obtenidas en el 2008 (dos) se obtuvo una participación para Colombia en el total de medallas otorgadas de 1,6%. Como se repartieron este año 962 medallas, deberíamos haber recibido 1,6. Al recibir ocho, queda claro el esfuerzo de nuestros atletas y de la organización institucional que hizo posible este mérito.
Otra manera más simple de ver las cosas: nuestra participación en el PIB mundial medido por paridad de poder de compra (es decir, teniendo en cuenta los diferenciales de precios entre países, que hace que, por ejemplo, que un dólar tenga una capacidad adquisitiva mayor que en Estados Unidos, o en general, que en cualquier país desarrollado), es del 0,6%. En términos simplemente de poderío económico, hubiéramos debido recibir 5,6 medallas. De ello deducimos que en el 2008 estábamos atrasados, y que logramos en esta ocasión ponernos ligeramente por encima de lo que se esperaba, dada la importancia económica relativa del país.
Una consideración final. En otras ocasiones hemos criticado ( ver por ejemplo aquí) el hecho de que el deporte se financie con un impuesto regresivo e ineficiente: el IVA a la telefonía celular. Este impuesto eleva los costos de transacción, especialmente de las pequeñas unidades económicas, y afecta en mayor proporción los ingresos de los más pobres. No voy a cambiar de opinión simplemente por los resultados obtenidos en el campo deportivo. Si la sociedad colombiana considera que deben continuar los esfuerzos presupuestales hacia el deporte, por la satisfacción y el prestigio nacional que estamos comprando con ellos, deberíamos poder destinar hacia ese propósito recursos ordinarios del presupuesto nacional, sacrificando otro tipo de gastos, o aumentando los impuestos generales. ¿No sería lo lógico?
[1] Who wins the olympics games: economic ressources and medal totals. The Review of Economics and Statistics, February 2004 . 85(1), 413-417. Una versión de este artículo puede consultarse aquí.
Publicado por Francisco Azuero en 18:07 16 comentarios
Hay que defender el sistema de aseguramiento en salud. Carta al Presidente de la República
El sistema de aseguramiento en salud está amenazado. Hay defenderlo.
No han sido fáciles las últimas semanas para el sistema de aseguramiento en salud creado por la Ley 100 de 1993. A pesar de sus inmensos resultados positivos en términos de indicadores de cobertura y de salud de los colombianos, se cierren negros nubarrones en el horizonte. La evolución hacia un sistema de protección prácticamente ilimitado como consecuencia de decisiones del poder judicial, la unificación del POS subsidiado con el contributivo sin un ajuste correspondiente en la Unidad de pago por Capitación, la enorme cartera por concepto de recobros por eventos N0-POS que ha acumulado el Fosyga con las EPS, y que ha generado una cadena de incumplimientos en todo el sistema de salud, y en fin la discutible decisión del Consejo de Estado de avalar una arbitraria interpretación de la Superintendencia de Salud señalando que con los recursos de la UPC no es posible adquirir activos para la prestación de servicios de salud (decisión que tuvimos oportunidad de comentar en una entrada anterior), no auguran una evolución favorable.
Se ha venido gestando la idea de que el sistema de aseguramiento debe sustituirse por un sistema de "administración financiera" en el cual lo único que harían unas entidades nacionales o regionales sería pagar las facturas que les presenten los médicos, hospitales, laboratorios, proveedores de medicamentos, etc. Nadie tendría la responsabilidad de administrar el riesgo en salud, o de presionar para una contención de los costos del sistema.
No es difícil imaginarse cuál sería el escenario de llegar a concretarse semejante propuesta. Todos los proveedores de servicios de salud (laboratorios, hospitales públicos y privados, gremios médicos, etc) presionarían inmediatamente por un incremento en las tarifas (si es que se dejan poner límites máximos a ellas). Cuando se acaben los recursos presupuestados, y no puedan ser atendidos los pacientes, se presentará una avalancha de tutelas, pero ya no contra las EPS, sino contra las entidades pagadoras, y en últimas contra los Ministerios de Salud y de Hacienda. Cualquier cantidad de recursos públicos será insuficiente para atender el déficit. El mecanismo de ajuste será inevitablemente el racionamiento en la prestación de los servicios y el deterioro en la calidad de su prestación. ¿Recuerdan nuestros lectores maduros cómo se manejaba el antiguo sistema en el Instituto de Seguros Sociales?
Conscientes de esta situación, varios investigadores y analistas en temas de salud, le dirigimos una carta el pasado 16 de Mayo al señor Presidente de la República, que no ha tenido, desafortunadamente, ninguna repercusión en los medios. La transcribo a continuación:
A pesar de las dificultades del Sistema de Salud de Colombia, no estamos de acuerdo con quienes propagan los peores adjetivos y quieren hacer tabula rasa de él. Entendemos que este último no se halla exento de problemas y dificultades, pero también reconocemos y resaltamos los grandes logros sociales que ha alcanzado, en especial para la protección de las poblaciones más desfavorecidas ante los riesgos de enfermar.
Por lo anterior nos permitimos expresar nuestro respaldo a sus palabras transmitidas el día 15 de mayo por Caracol Radio, así como las de la Ministra de Salud expresadas en la Audiencia de la Corte Constitucional del pasado 10 de mayo.
Cada vez es más fuerte la presión de algunos por acabar con el Sistema, y proponer que la solución se encuentra en la eliminación del aseguramiento sustituyéndolo por una administración financiera. Si se estudian otros sistemas de salud del mundo, se demuestra que la mayoría se mueve hacia el fortalecimiento de la función de gestión de riesgo del enfermo y del sano, donde se evalúan los riesgos y se selección y aplican las medidas adecuadas. ¿Por qué no se le dice a la opinión pública que en todos los sistemas de salud encargan a alguien la función que en Colombia deben cumplir las EPS, de articular a los hospitales, los médicos y los pacientes, así como de proteger a los beneficiarios de los riesgos financieros y de salud? Además, que en todos se busca que esa entidad asesore a los usuarios ante la asimetría de información que enfrentan frente a los prestadores de servicios.
Para quienes argumentan que el sector privado es el culpable (extrañamente sólo cuando ejerce como administrador de los riesgos pero no como prestador de los servicios) recordamos a James Buchanan Premio Nobel de 1986, quien demostró que el Estado tiene limitaciones para representar el interés general y que es, a lo sumo, un agregador de múltiples intereses particulares. Entonces ¿Será que Caprecom lo hace mejor que los aseguradores privados? ¿Será que los hospitales públicos de Bogotá o Santander tienen mejores resultados que los hospitales privados? ¿Será que un pagador público único cubrirá todas las necesidades de salud, garantizará las citas médicas de manera inmediata y mejorará el flujo de recursos del Sistema de Salud? Los antecedentes nos han demostrado que no.
Los abajo firmantes proponemos analizar las ventaja y desventajas de la propuesta de eliminación del aseguramiento en función de su capacidad de solucionar los problema de corrupción, rectoría, regulación, acceso efectivo, vigilancia y control entre otros y de su capacidad para acercarnos a la obtención de las metas sanitarias del país.
No se puede dejar sola a la Ministra de Salud en su esfuerzo por destacar los logros reales que se han alcanzado con el sistema en Colombia y en señalar que, así como en cada uno de los agentes del sector se han presentado hechos condenables, la inmensa mayoría de ellos lo hace bien y cumple con su tarea. Mucho menos la podemos dejar aislada en su llamado a analizar con objetividad las dificultades que confronta el sector y a realizar con cabeza fría y mucha inteligencia emocional los ajustes que el Sistema necesita.
Olga Lucía Acosta (investigadora en temas sociales), Ursula Giedion (Investigadora en Temas de salud) , Miguel Uprimmy (Asesor en Salud) , Carlos Eduardo Jurado (Director Cámara de Salud de la ANDI), Augusto Galán Sarmiento (Ex Ministro de Salud), Carlos Mario Motta Barreiro, Fernando Ruiz Gómez (Director Cendex, Universidad Javierana), Mauricio Vélez Cadavid (Gerente Medicarte), María Victoria Ocampo (docente, investigador) Fredy Rodríguez Páez (Docente, Investigador), Ramiro Gerrero (Investigador), Amanda Glassman (Directora de Política Global de Salud, CGD), Catalina Gutiérrez (Profesora Universidad de los Andes, Investigadora Area Social). Ramón Abel Castaño (Médico, PHD en Política y Salud Pública), Orlando Jaramillo Jaramillo (Presidente Ejecutivo, Mederi), Carmen Elisa Flórez (Investigadora), Alvaro Reyes Posada (Investigador, Econometría), Teresa Tono Martínez (Investigadora en temas de salud), Roberto Steiner (Investigador Asociado, Fedesarrollo), Carlos Jaime Fajardo, Vicente Borrero (Director, Clínica Valle de Lili), Alfredo Sarmiento ( Investigador Economía y Desarrollo), Francisco Azuero (Profesor, Universidad de los Andes).
Publicado por Francisco Azuero en 14:26 1 comentarios
Ojo con la desaceleración de la economía
Medir el crecimiento de manera equivocada puede conducir a subsestimar los problemas.
Según los datos trimestrales de las cuentas nacionales del DANE se notó una disminución en la tasa de crecimiento de la economía. Mientras que en el último trimestre del año anterior habíamos crecido a una tasa anual del 6,1%, en el primer trimestre del 2012 esta tasa fue del 4,7%. Esto ha llamado la atención del Banco de la República, que señaló en su último comunicado de prensa que “el dato del crecimiento del PIB del primer trimestre se situó cerca del límite inferior del rango de pronóstico realizado por el equipo técnico del Banco para ese periodo”.
El comportamiento de la coyuntura económica normalmente se analiza con cifras trimestrales. Esperar las cifras anuales no mide mucho desde el punto de comportamiento a corto plazo. Medir las indicadores macroeconómicos por semanas o por años sería impráctico, además de costoso. Universalmente se ha adoptado entonces la convención de medir por trimestres. Pero aún así, existen dos posibilidades: mirar el comportamiento de un trimestre frente al trimestre anterior podría ser la alternativa. Sin embargo, ello se enfrenta a un problema: la estacionalidad de las cifras. Normalmente en los últimos trimestres existe mayor actividad productiva que en los primeros. Consistemente, es posible encontrar, según las cifras del DANE que el 28% de la actividad productiva se desarrolla en el último trimestre (Octubre a Diciembre), mientras que en los primeros (de Enero a Marzo) solo se presenta el 22%.
Así las cosas, si el primer trimestre del 2012 cae con relación al 2011, es difícil saber si ello se debe a un efecto estacional o si existe alguna tendencia de desaceleración de la economía. Una alternativa para aislar el efecto estacional consiste en comparar el producto de un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, y denominar el resultado “Tasa de crecimiento anual”. Existe otra alternativa: aislar el efecto estacional de cada trimestre y producir lo que se llama en estadística una "serie desestacionalizada". Este lo hace el DANE y así publica series de cuentas trimestrales desestacionalizadas, tanto para la demanda como para la oferta agregadas de la economía. Sin embargo, en su reporte de crecimiento, nuestro Departamento de Estadística sigue comparando con el mismo trimestre del año anterior. Es lo que le permite concluir que al final del primer trimestre tenemos una tasa de crecimiento del 4,7%.
La oficina de estadísticas de los Estados Unidos utiliza por el contrario la tasa de crecimiento anualizada, es decir, compara el trimestre analizado con el trimestre anterior (el resultado es la tasa trimestral), y eleva este crecimiento a la potencia 4. Es la misma metodología que se utiliza en matemáticas financieras para convertir una tasa de interés trimestral en una tasa anual (1).
¿Cuál método es más correcto? Dos analogías podrían ayudarnos a responder esta pregunta. La velocidad (en Kilómetros por hora) de un automóvil podemos establecerla de dos maneras: una consiste en medir la distancia recorrida en la última hora. Es un dato útil, pero no nos dice la velocidad de un automóvil en un instante determinado, y no le daría al conductor una señal que le permita reaccionar de manera inmediata. Sabiendo ésto, lo que hace un velocímetro es detectar la velocidad en un instante y calcular cuál sería el recorrido del automóvil de mantener esa velocidad durante una hora. Este dato es más útil para aconsejar al conductor a que desacelere, si va demasiado rápido, o para que un agente de tránsito multe el conductor que se ha excedido del límite permitido.
Otra analogía útil tiene que ver con la medición de la frecuencia cardíaca. Los medidores de este indicador vital no la calculan midiendo cuántas pulsaciones se han presentado en el último minuto. Miden la frecuencia en un instante y señalan el equivalente en frecuencia por minuto (por ejemplo 60 contracciones del músculo cardíaco por minuto). Gracias a ello el médico puede saber si en el instante preciso el paciente tiene taquicardia o bradicardia.
Lo mismo pasa con la economía. La unidad más pequeña de medición es el trimestre, pero ese dato del trimestre debemos convertirlo en su equivalente anual. En entradas anteriores hemos mostrado los resultados de aplicar la metodología del crecimiento anualizado, y señalado cómo conduce a resultados completamente distintos a los que utiliza el DANE. Aplicándola a los datos recientemente publicados por el DANE se encuentra el siguiente gráfico:
Fuente: Elaborado a partir de las cifras de las cuentas trimestrales del DANE, serie desestacionalizada.
Es preocupante que desde el segundo trimestre del año anterior se aprecie un persistente deterioro del crecimiento de la economía, al punto que en el primer trimestre del 2012 sólo crecimos en un equivalente anual del 1%. Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, el consumo de los hogares solo creció un 0,7% y la inversión privada cayó en un 6,3%. Los gastos del gobierno (3,4%), el crecimiento en inventarios (crecimiento astronómico) y las exportaciones (3%) fueron los factores de demanda más dinámicos durante el primer trimestre del 2012. Desde el punto de vista de la oferta, preocupa el comportamiento del sector industrial (0,17), minería (1,81%) y construcción (-34,2%), especialmente por el componente de obras públicas ( -57%).
Si, como lo indican estas cifras, el diagnóstico sobre el comportamiento de la economía indica un debilitamiento en el crecimiento, ¿no sería hora de que tanto el gobierno como el Ministerio de Hacienda opriman un poco el acelerador?
[1] El lector interesado en la metodología puede consultar el documento metodológico del Bureau of Economic Analysis aquí. http://www.bea.gov/national/pdf/NIPAhandbookch1-4.pdf
(2) Este análisis lo hizo también Mauricio Cabrera para la actual coyuntura en su columna del periódico El País
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Publicado por Francisco Azuero en 20:01 1 comentarios
Un sistema más redistributivo: prioridad de la próxima reforma tributaria
La próxima reforma tributaria que ha anunciado el Gobierno debe mejorar los elementos redistributivos del ingreso en Colombia.
Tanto América Latina como Africa se caracterizan por una alta concentración del ingreso, medido por el índice GINI (un más alto GINI significa una mayor desigualdad). Y dentro de los países de América Latina, Colombia es de los países que tiene ingreso más concentrado, como lo muestra el siguiente gráfico:
Son muchas las explicaciones de esta situación: la elevada concentración de activos, en especial de la tierra, el alto precio que deben pagar los pobres por bienes y servicios artificialmente protegidos por altos aranceles y por normas de competencia poco efectivas, constituyen una parte de la explicación. Pero también el sistema tributario colombiano tiene su parte de responsabilidad.
Normalmente, la política fiscal, a través de los impuestos o del gasto público, tiene entre sus objetivos producir una redistribución progresiva del ingreso. Sin embargo, como lo muestra un estudio del Banco Mundial (1), el sistema tributario colombiano no produce ningún efecto tributario: mientras los impuestos directos reducen el GINI en un punto porcentual, los impuestos indirectos lo elevan en la misma proporción. A pesar de que existe teóricamente una escala progresiva en el impuesto sobre la renta (que implica que quien gane más paga una mayor proporción de su ingreso), existen varios factores que disminuyen la posible progresividad del impuesto a la renta:
a) En Colombia se eliminó el impuesto a los dividendos en el año 1986. El argumento que se utilizó en su momento fue la necesidad de eliminar la “doble tributación”, que se producía porque la empresa pagaba impuestos, y también los accionistas cuando se distribuían los ingresos. En realidad, más que doble tributación, es más conveniente hablar de una distribución del impuesto entre la empresa y el accionista. Pero aún si se quería eliminar la supuesta doble tributación, hubiera sido mejor desde el punto de vista redistributivo, gravar los ingresos en cabeza del accionista. De esta manera, sus ingresos se acumulan , y éste paga una tasa correspondiente a su nivel de ingresos. Hoy en día, un pequeño accionista de Ecopetrol, o de cualquier sociedad anónima, paga la misma tasa impositiva que un gran accionista.
b) Existen numerosos exenciones, deducciones y descuentos tributarios que disminuyen la progresividad del impuesto, puesto que las personas que más los usan son precisamente las más ricas de la población. En una entrada anterior de este blog hicimos mención a algunas de estos “beneficios tributarios”.
c) Pese a las mejoras que se han presentado en los instrumentos de vigilancia de la DIAN, todavía los índices de evasión, tanto en los impuestos de renta, de ventas y de propiedad continúan siendo particularmente altos en Colombia (ver al respecto la Declaración del Director de la DIAN).
Ojalá que la propuesta de reforma tributaria que ha anunciado el gobierno sea realmente estructural y busque combatir todas estas fuentes de inequidad tributaria. Y ojalá que la Unidad Nacional opere efectivamente en el parlamento, e impida que los intereses especiales se atraviesen, como tantas veces lo han hecho en el pasado, para impedir que el país por fin tenga una reforma tributaria estructural y progresiva.
(1) Goñi E., López, J.H. y Servén L. Fiscal Redistribution and income inequality in Latin America. Policy Research Working Paper 4487. World Bank, 2008. Los interesados lo pueden encontrar aquí.
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Los astros (es decir varios organismos públicos) se alinearon para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio en la televisión abierta colombiana.
Según noticias de prensa, el Consejo de Estado acaba de declarar improcedente el trámite de licitación del tercer canal de televisión, con el argumento de que el procedimiento de adjudicación diseñado por la Comisión Nacional de Televisión viola el principio de selección objetiva, puesto que solo habría un proponente para el canal. He estado buscando en la página del Consejo del Estado el fallo correspondiente, o al menos un comunicado de prensa que explique la decisión, y no lo he podido encontrar. Todo lo que he podido consultar son declaraciones del Presidente de dicho tribunal. Si algún lector tiene más suerte que yo en esa búsqueda, le pido hacérmelo saber. Por ahora, toca opinar apoyándose en dichas declaraciones.
Para el análisis de esta noticia, de graves implicaciones desde el punto de vista de pluralidad informativa y de la competencia en este importante servicio de comunicación, vale la pena hacer un poco de historia y examinar qué tan coherentes han sido frente a este tema el Congreso de la Republica, el propio Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación (entidad que ordenó en reiteradas ocasiones suspender el proceso de adjudicación) y la ahora en vía de extinción Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
Cuando se expidió en 1995 la Ley 182, que abrió la posibilidad para la participación privada en los canales abiertos de televisión, algún grupo de lobistas logró incluir un curioso artículo que decía (art 48) que “de ninguna manera la concesión se hará por subasta pública”. Aun cuando este artículo se refería claramente a la televisión zonal, y no a la nacional, esta disposición se utilizó para negociar los primeros canales de televisión privada. El propósito del artículo erae el de abaratarle los costos a los posibles proponentes, que ya estaban suficientemente identificados.
Entre la Comisión Nacional de Televisión y los canales RCN y Caracol se firmaron sendos contratos en 1997. En ningún momento hubo subasta, todo lo que hubo fue una negociación privada entre la CNTV y dos únicos proponentes (uno para cada uno de los canales). Ni la Contraloría general de la Nación, ni el Consejo de Estado, ni la Procuraduría protestaron en su momento esta adjudicación.
Con motivo del vencimiento, diez años más tarde, de las licencias otorgadas a los dos canales privados, la CNTV contrató con una banca de inversión un estudio para determinar su valor, estudio que estimó el valor de la licencia en $189.000 millones, más un 7,58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de concesión. Los canales privados protestaron y el Gobierno de entonces le hizo una “respetuosa sugerencia” a la CNTV de que reconsiderara el valor y de que se armara una “mesa de trabajo permanente”. En ningún momento se pensó en utilizar el mecanismo obvio para definir el valor de las licencias: adjudicarlas mediante subasta pública. Incluso, lo lógico hubiera sido abrir tantos canales como fuera posible, 5 o 6, como funcionan hoy en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y adjudicarlos todos mediante subasta, como se hizo en 1993 con las licencias de la telefonía celular.
La negociación continuó, la CNTV acordó rebajar el valor de la licencia, y en Enero de 2009 se firmó la prórroga con RCN y Caracol. Una de las justificaciones para el valor de las licencias de televisión era la inminente entrada del tercer canal a partir del 2010. Se suponía que la participación del nuevo canal comenzaría a ser del 14%, y el año siguiente subiría al 29,2%, proporción que se mantendría hasta el 2019. La no apertura del tercer canal durante dos años ha significado entonces unos ingresos extraordinarios para los dos operadores. De este tema, afortunadamente, ya se ha ocupado la Contraloría General de la República. En su momento, hicimos en este blog varias observaciones sobre las condiciones de dicha prórroga, que no vamos a repetir aquí. El lector interesado puede consultar nuestra entrada sobre el tema.
Mientras tanto, se comenzaron a dar los pasos para la apertura del tercer canal. El 2 de Diciembre de 2008 , la CNTV anunció que en mayo del año siguiente se entregaría una nueva licencia de televisión abierta. Para valorar el nuevo canal se contrataron los servicios de dos firmas de banca de inversión. Estas firmas concluyeron, de una manera equivocada en nuestra opinión (que planteamos aquí ), que no era viable un cuarto canal y estimaron el precio base del tercer canal en una suma de $69.706 millones, suma a la cual se le aplicaría un ajuste “en función del comportamiento real observado de la inversión neta en publicidad en televisión abierta, nacional, regional y local”. [1] Esta suma fue la que quedó consignada en el pliego de condiciones. Se abrió entonces el proceso para la adjudicación el 29 de Octubre de 2009.
Mientras tanto, se había aprobado en el Congreso la Ley 1341 de 2009. Los mismos lobistas (y casi que los mismos parlamentarios), que habían aprobado en 1995 el artículo 48 que prohibía las subastas, y que impidió que tanto la adjudicación inicial como la renegociación con los canales privados se realizara por dicho procedimiento, lograron incluir un artículo que decía lo siguiente:
“Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.• En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta. Cuando prime el interés general, la continuidad del servicio, o la ampliación de cobertura, el Ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera directa."
El artículo es bastante ambiguo, pero la interpretación que posteriormente haría el Consejo de Estado de él es que de ahora en adelante si se necesitaban las subastas. La pluralidad de oferentes ahora si iba a constituirse en un requisito, pero no lo había sido para la adjudicación ni para la renegociación de los dos canales privados hasta ahora existentes.
Siguió además la batalla política contra el tercer canal. El senador Iván Moreno, cuyo hermano había empujado la aprobación del famoso articulito de la Ley 182, manifestó en un debate en el Congreso la inconveniencia del tercer canal. A principios de 2010, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la CNTV revocar la apertura de la Licitación, argumentando la necesidad de que hubiera pluralidad de oferentes, “para asegurar la maximización de recursos perseguida por las normas especiales en materia de telecomunicaciones”.
Quién se atreve a pelear con la Procuraduría? No por cierto la CNTV. Si bien manifestó su desacuerdo, procedió a revocar el acto de apertura de la licitación. Atendiendo las sugerencias de la Procuraduría, se puso en marcha nuevamente el proceso en Mayo de 2010. La apertura de los sobres y la definición de la adjudicación quedó fijada para Junio del mismo año.
En ese mes, los grupos PACSA y Rendiles, aspirantes a la adjudicación del canal, manifiestan u voluntad de abstenerse de participar en la licitación. Están en su derecho, pero el resultado, buscado o no, fue el de sabotear el proceso.
En vísperas de la adjudicación de la licitación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones da a conocer un concepto (no estaba obligado a hacerlo), que había solicitado al Consejo de Estado con ocasión del proceso de licitación anterior, concepto que exige ahora la pluralidad de oferentes para los canales de televisión y la imposibilidad de una adjudicación directa a un único proponente Vale la pena señalar que ni el Gobierno había consultado, ni la Procuraduría se había pronunciado sobre la ausencia de pluralidad de oferentes en las negociaciones directos que adelantó la CNTV con RCN y Caracol ni en la adjudicación ni en la renegociación de sus canales.
La Procuraduría General de la Nación conceptúa esta vez que el proceso de adjudicación puede continuar, dado que “se superaron los reparos de orden técnico y económico observados por este órgano de control”.
El 23 de junio se cierra la licitación, y la firma Canal 3 Televisión Colombia es la única que se presenta.
En fin, el 29 de Julio de 2010, y ante una nueva intervención de la Procuraduría, la CNTV decide suspender el proceso de adjudicación del tercer canal, “hasta tanto la Sala Plena del Consejo de Estado se pronuncie sobre el recurso de reposición formulado por la Procuraduría General de la Nación, la CNTV y un importante grupo de ciudadanos”.
Ya en Julio de 2011, la Procuraduría tiene otra opinión. Considera que la licitación para la adjudicación del tercer canal puede continuar, “por cuanto cumple con todos los requisitos legales exigidos para este tipo de intervenciones administrativas”.
El Consejo de Estado le hizo caso en su momento a la Procuraduría para suspender la licitación, pero no se lo hizo para autorizar su continuidad, como lo atestigua el concepto dado a conocer a la prensa el pasado 14 de Febrero.
Definitivamente, todos los astros (Congreso, Gobierno, CNTV, Procuraduría y Consejo de Estado) se alinearon, o más bien se dejaron alinear, para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio que controla hoy la televisión abierta en Colombia. Sinceras felicitaciones a los abogados y lobistas de Caracol y de RCN. Lograron su cometido, y se ganaron su plata. Lástima que sea todo en perjuicio de los televidentes.
[1] Comisión Nacional de Televisión (sin fecha). Estudio de conveniencia y oportunidad para la adjudicación de una nueva concesión de televisión abierta privada nacional, pag 43
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