Source: http://bazica.org/naciones-unidas-catcvenq3-4ad.html
Timestamp: 2019-09-19 00:21:03+00:00

Document:
CAT/C/VEN/Q/3-4/Add.1
3 a 28 de noviembre de 2014
Respuestas de la República Bolivariana de Venezuela a la lista de cuestiones*
[Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2014]
Artículos 1 y 4 1–8 3
Artículo 2 9–124 4
Artículo 3 125–137 21
Artículos 5, 6, 7, 8 y 9 138–142 24
Artículo 10 143–152 25
Artículo 11 153–254 27
Artículos 12 y 13 255–324 40
Artículo 14 325–337 54
Artículo 15 338 58
Artículo 16 339–471 58
Otras cuestiones 472–478 82
Pregunta 1. Sírvanse facilitar información sobre las medidas previstas para adoptar una definición de tortura que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. En particular, clarifiquen si el delito de tortura tipificado en el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (“Ley contra la Tortura”), de 4 de junio de 2013, se aplica a funcionarios públicos que lesionan la integridad física, psíquica o moral de cualquier persona y no sólo de “un ciudadano o ciudadana que se encuentre bajo su custodia”. Clarifiquen también si las personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas, a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos pueden ser enjuiciadas por el delito de tortura en caso de incurrir en tales hechos delictivos. Indiquen si la tentativa de cometer tortura está tipificada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes incorpora textualmente en su artículo 5.2 la definición de tortura contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. Esta definición constituye la figura utilizada para interpretar todas las disposiciones de la Ley y orientar las políticas desarrolladas por el Estado en esta materia.
La posibilidad de infringir intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona necesariamente implica que el funcionario agresor tenga un contacto directo con la víctima o al menos disponga de la posibilidad de incidir negativamente sobre su integridad personal. A partir de este hecho, el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes hace referencia a que la persona víctima de tortura se encuentre bajo la “custodia” del funcionario, entendida dicha custodia en su sentido más amplio. En consecuencia, las disposiciones del artículo 17 se aplican a todo funcionario público que lesione la integridad física, psíquica o moral de cualquier persona sometida a la jurisdicción del Estado venezolano.
El artículo 20 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes sanciona a las personas naturales que participen en calidad de autores materiales o intelectuales en los delitos de tortura, trato cruel y trato inhumano o degradante, sancionándolos con una pena equivalente a las tres cuartas partes de la pena principal. Igualmente, el citado artículo sanciona a toda persona que colabore de cualquier forma con los funcionaros que cometan los delitos de tortura, trato cruel y trato inhumano o degradante con una pena de las dos cuartas partes de la pena principal. En virtud de ello, las personas que no posean la condición de funcionarios públicos y actúen a instigación o con el conocimiento o aquiescencia de funcionarios públicos pueden ser enjuiciados por el delito de tortura, en caso de incurrir en tales hechos delictivos.
El artículo 80 del Código Penal venezolano establece que: “Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado”. En virtud de ello, en el ordenamiento jurídico venezolano los delitos se castigan no solamente cuando se cometen, sino también cuando se intenten o se frustren. A partir de esta disposición general, la intención de torturar se castiga en Venezuela al igual cuando se frustra este hecho.
El delito de Tortura previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, es un delito con victimario y victima bien determinados, de esta manera, las víctimas deben encontrarse bajo la custodia del funcionario público, según lo contenido en el mencionado precepto legal; adicionalmente, la prenombrada Ley Especial encuadra la conducta de aquellos funcionarios que lesionen la integridad física, psíquica o moral de personas que no se encuentren bajo su custodia, en otros delitos similares, de esta forma, los artículos 18 y 21 de la Ley contra la Tortura, establecen los delitos de Trato Cruel y Trato Inhumano o Degradante, cuyos artículos establecen que podrán cometerse contra individuos que estén sometidos o no a privación de libertad. Al respecto, es relevante señalar que los artículos mencionados, evidencian la intención del legislador de ampliar el ámbito de aplicación de dichos delitos, visto que incluso las penas del artículo 18 comentado, con respecto al artículo 17, son similares.
Seguidamente, es oportuno destacar que, según el artículo 5.2 de la mencionada Ley Especial, el delito de Tortura puede ser cometido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento1. Evidenciándose que el legislador nacional también castiga en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, las conductas de personas naturales que no se encuentren en el ejercicio alguna función pública.
Lo señalado en el párrafo anterior, responde de forma afirmativa a la recomendación realizada por el Comité contra la Tortura de la ONU a la República Bolivariana de Venezuela, y confirma la adecuación de la legislación venezolana a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En lo concerniente a la figura de la tentativa en el delito de tortura, es pertinente manifestar que dentro del ordenamiento jurídico venezolano se ha reconocido la figura de la tentativa y la frustración de los delitos como conductas que deben ser castigadas. En tal sentido, al constituir la tortura, un delito de resultado material2, si se comienza a cometer este delito sin que se produzca el resultado por causas independientes a la voluntad del agresor, esta tentativa de cometer tortura es castigada con base en el artículo 80 del Código Penal venezolano, en aplicación conjunta con el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Pregunta 2. Proporcionar información sobre:
a) las medidas adoptadas para garantizar, en la ley y en la práctica, que los derechos reconocidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal se apliquen desde el momento mismo de la detención policial, a la luz de información que alega que dichos derechos no fueron respetados hasta el momento de la audiencia judicial durante las detenciones que tuvieron lugar desde el 4 de febrero de 2014. Indiquen, asimismo, las medidas adoptadas para garantizar en la práctica el derecho a asistencia jurídica, reconocido en dicho artículo, a las personas de escasos recursos, indicando el presupuesto asignado a tal propósito, el número de solicitudes recibidas durante el período a examen, y la agencia a cargo de proveer tal ayuda;
Con respecto a las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los derechos reconocidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Ministerio Público garantiza todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico venezolano, por mandato constitucional del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); por ello todos los Fiscales del Ministerio Público deben velar por el efectivo cumplimiento de los derechos que asisten al imputado desde el mismo momento de su imputación, en la audiencia de presentación y a lo largo del proceso penal; los fiscales le informan de manera específica y clara de los hechos que se le atribuyen, lo cual se deja constancia en un acta que el imputado — y su defensa — firman, se le informa de los derechos que le asisten; si está privado de libertad inmediatamente se le permite comunicarse con sus familiares y su abogado o abogados de confianza, se le da acceso a las actas procesales tanto a él, como a sus abogados, para que puedan ejercer el derecho a la defensa.
En correlación con lo anterior, se ha preparado a los Fiscales del Ministerio Público a través de la Escuela Nacional de Fiscales, mediante cursos, talleres, diplomados, especializaciones y doctorados, así otorgarles las herramientas necesarias para garantizar en la práctica los Derechos contenidos en el artículo 127 del COPP. Hasta la fecha, se ha logrado la capacitación de 2.370 funcionarios a nivel nacional tanto del Ministerio Público como de otros organismos, siendo algunos de los cursos los siguientes: Taller de Derechos Humanos: Que, Cuales, Para qué y Cómo Se Protegen, Acto de Imputación y Derecho Procesal Penal, el cual incluye una materia denominada “Derechos del Imputado”.
b) Las medidas legislativas y normativas adoptadas para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad: i) a ser informadas de sus derechos; ii) a ser sometidas prontamente a un examen médico independiente; y iii) a recurrir a un tribunal para que éste pueda decidir sobre la legalidad de la detención;
La República Bolivariana de Venezuela ha tomado las siguientes medidas para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad:
Derecho a ser informadas de sus derechos
Las personas privadas de libertad tienen que ser informadas de su derechos, según lo consagrado en la CRBV de 1999, como garantía a su debido proceso y al derecho a la defensa establecido en el artículo 49, lo cual a su vez está desarrollado en el artículo 127 del COPP, donde se establece el derecho ser asistido o asistida, desde los actos iníciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública, así como a ser impuesto del precepto constitucional que lo o la exime de declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Así, al exigir la norma procesal que el sujeto imputado se encuentre asistido por su abogado defensor desde los actos iníciales de la investigación, le garantiza sus derechos fundamentales a lo largo del proceso penal iniciado en su contra. Por lo tanto, la persona privada de libertad debe ser orientada y asesorada por su defensor con base en los derechos que la Constitución reconoce.
El derecho de las personas imputadas a ser impuestas del precepto constitucional que los exime de declarar, constituye una garantía fundamental a su favor. De igual forma, al hacer referencia a la declaración del imputado en el marco de la investigación, o una vez que ha sido aprehendido, según el artículo 132 del COPP, el imputado o imputada declarará durante la investigación ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público. Si el imputado ha sido aprehendido, se notificará inmediatamente al Juez de Control para que declare ante él o ella. Durante la etapa intermedia del procedimiento penal, el imputado declarará si lo solicita y la declaración será recibida en la audiencia preliminar por el Juez. En el juicio oral, declarará en la oportunidad y formas previstas por el Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente que antes de comenzar la declaración se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar y en caso de que consiente a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Al imputado, se le instruirá también que la declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaiga, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias.
Igualmente, el Código Orgánico Procesal Penal regula la actuación de los órganos de policía de investigaciones penales, a través de su artículo 119, que establece de forma expresa el deber de las autoridades policiales de informar al detenido acerca de sus derechos, al momento de ejecutar las detenciones.
Incluso en el año 2013, la ciudadana Fiscal General de la República, realizó un compilado sobre “El Debido Proceso en la Legislación Venezolana”, donde desarrolló los parámetros de actuación de los Fiscales del Ministerio Público cuando ejercen el poder punitivo del Estado.
El derecho de las personas privados de libertad a ser sometidas prontamente a un examen médico independiente, es reconocido por la CRBV, el cual permite establecer las condiciones físicas y de salud en las que se encuentra un individuo al momento de su detención, por lo tanto, en aquellos casos en los que — tratándose de personas sujetas a medidas privativas de la libertad — la integridad personal y la dignidad individual ha sido vulnerada, tienen el derecho a ser sometidas a la evaluación médica que resulte pertinente, lo cual está reconocido en el artículo 44, numeral 2, de la Constitución, donde se dispone, entre otras cosas, que toda persona detenida tiene derecho a que dejen constancia escrita en el expediente sobre su estado físico y psíquico, ya sea por sí mismos, o con el auxilio de especialistas.
Por otro lado, los individuos privados de libertad que sean víctimas de los crímenes de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, están amparados bajo la reciente Ley Especial que establece de forma expresa su derecho a ser examinadas por un equipo médico; al respecto, en su artículo 8 se prevé el reconocimiento médico, así como el control y registro del estado físico, psicológico y mental, lo cual debe estar debidamente documentado y refrendado por la Medicatura Forense que le corresponde.
Para que lo anterior sea posible, el Ministerio Público cuenta con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada el 23 de diciembre de 2008, mediante Gaceta Oficial Nº 39.086, integrada por 80 funcionarios, de los cuales, 67 son expertos forenses que realizan los reconocimientos médicos legales correspondientes. Cabe destacar que el Ministerio Público, como titular de la acción penal del Estado, de conformidad con el numeral 3 del artículo 285 de la CRBV, puede realizar directamente la práctica de experticias necesarias dentro de una investigación penal, a objeto de evitar la impunidad frente a las violaciones de derecho humanos, en las que estén señalados como presuntos responsables, funcionarios de otros organismos de seguridad del Estado.
Las Unidades de Atención a las Víctima existentes a nivel nacional, cuentan con un equipo multidisciplinario conformado por 165 funcionarios de los cuales 31 son profesionales de la psicología y 33 del área social, quienes a fin de evitar la victimización secundaria, evalúan y canalizan las necesidades sufrimientos e inconvenientes ocasionados por el delito, y además, garantizan la seguridad de la víctima y de sus familiares, contra todo acto de intimidación y represalia.
Derecho a recurrir a un tribunal para decidir sobre la legalidad de la detención
Sobre el derecho de las personas privadas de libertad a recurrir a un tribunal para que éste pueda decidir sobre la legalidad de la detención, la Constitución venezolana, en concordancia con la normativa internacional, establece el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal, dentro del plazo razonable y en cualquier clase de proceso (artículo 49.4 CRBV).Asimismo, los preceptos 26 y 27 de la CRBV, reconocen el acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, y a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Por otra parte, el Código Orgánico Procesal Penal, como normativa de rango legal, desarrolla los derechos antes expresados; así, en su artículo 127, numeral 12, otorga a las personas detenidas el derecho a ser oídas en el transcurso del proceso, cuando éstas así lo soliciten; el numeral 6 del mismo artículo establece el derecho del imputado a presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaración. Igualmente; el artículo 373 reconoce que, en el marco del procedimiento en casos de aprehensión en flagrancia, el juez podrá revisar la legitimidad de la detención en la audiencia de presentación del imputado.
Adicionalmente, e independientemente de que la detención se realice en flagrancia o mediante orden judicial, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece de forma expresa que, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y a todo evento, el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. Sin embargo, la negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.
c) La existencia de registros oficiales de personas detenidas, indicando los datos que dichos registros contienen;
La información relacionada con esta pregunta será transmitida mediante alcance posteriormente.
d) Las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar el cumplimiento de las garantías básicas de las personas privadas de libertad por parte de agentes del orden y las sanciones previstas en caso de incumplimiento.
Pregunta 3. Con referencia a los párrafos 51 a 53 y 73 a 86 del informe periódico, sírvanse indicar las medidas adoptadas por el Estado para armonizar las diferentes medidas legislativas que abordan el delito de trata de personas. En este sentido, clarifiquen si el delito de trata está penado por ley cuando la víctima es de sexo masculino y el presunto autor no forma parte de un grupo de delincuencia organizada. Proporcionen asimismo información sobre: a) el estado de adopción del anteproyecto de ley para la prevención y sanción del delito de trata de personas y asistencia a la víctima; b) cualquier otra medida normativa o administrativa adoptada para prevenir y combatir la trata de personas, identificar a las víctimas y proporcionar a las víctimas protección, asistencia integral y recursos de reparación. Asimismo, proporcionen información actualizada, desglosada por año, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad de las víctimas, sobre el número de denuncias, procesamientos, enjuiciamientos indicando el tipo penal, sentencias condenatorias y penas impuestas por el delito de trata, así como las medidas de protección y resarcimiento otorgadas a las víctimas en el período a examen.
En materia de Trata de Personas, cuando la víctima es mujer existen dos normas que regulan este delito, el artículo 56 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) y el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). La primera norma concibe la Trata de Mujeres, Niñas y Adolescentes, como una de las más aberrantes de violaciones a los derechos humanos y para su persecución el Estado venezolano ha destinado importantes recursos para la creación de Fiscalías especializadas y de una jurisdicción exclusiva para conocer de este delito.
La LOCDOFT, tiene como prioridad la incautación de bienes producto del delito como mecanismo para evitar la proliferación de los mismos, estableciendo penas más severas y la cancelación de una indemnización a la víctima por aquellos gastos que sean necesarios para su recuperación y reinserción social.
En lo que respecta a si el delito de trata está penado por ley cuando la víctima es de sexo masculino y el presunto autor no forma parte de un grupo de delincuencia organizada, se sanciona dicho tipo penal en todas sus formas y respecto a todos las victimas tal como se establece en el artículo 41 de la LOCDOFT, en concordancia con el artículo 27, el cual dispone que también serán sancionados los delitos de esa Ley, contra la Delincuencia Organizada, cuando hayan sido cometidos por una sola persona.
En particular, sobre las medidas para prevenir y combatir la trata de personas, identificar a las víctimas y proporcionarles protección, asistencia integral y recursos de reparación, cabe acotar la realización del “Taller de Formación de Replicadores en Materia de Género y de Trata con fines de Explotación Sexual”, como parte de las acciones del ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del bloque regional del Mercosur, el pasado 23, 24 y 25 de octubre de 2013 en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Igualmente, el Ministerio Público acudió a la XVI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), cuyo objetivo primordial fue concretar acuerdos de cooperación para una eficaz integración en materia de asistencia penal frente a crímenes de delincuencia organizada transnacional. En esta reunión se presentó el Manual de Buenas Prácticas de los Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados en Defensa para la Mujer. Como parte de este compromiso, se designó a una Delegación conformada por representantes de la Comisión de Justicia de Género y de la Dirección de Defensa para la Mujer del Ministerio Público para que recibiesen la formación en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conformar un equipo altamente calificado para replicar los contenidos del prenombrado taller.
Respecto a la solicitud de información relacionada con las denuncias y penas impuestas por el delito de Trata, así como las medidas de protección y resarcimiento otorgadas a las víctimas, se informa lo siguiente:
Casos del año 2006
Caso del 16/06/2006, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima de nacionalidad peruana sin identificación plena. Se decretó Archivo fiscal de las actuaciones toda vez que la víctima no ha podido ser ubicada.
Caso del 25/09/2007, ocurrido en el estado Lara. El Ministerio Público acusó por los delitos de Esclavitud Sexual, Prostitución Forzada y Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con tres víctimas de nacionalidad venezolana de 15, 18 y 23 años de edad. Encontrándose en Fase de Juicio.
Caso del 03/12/2007, ocurrido en el estado Lara, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima de nacionalidad colombiana de 44 años de edad. En fase de investigación. No se decretaron medidas de protección a favor de la víctima, toda vez que regresó a su país de origen.
Caso del 18/01/2008, ocurrido en el estado Nueva Esparta, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con diez víctimas todas de nacionalidad venezolana de 15, 18 y 23 años de edad. El Ministerio Público presentó acusación, encontrándose en fase de juicio. No se decretaron medidas de protección a favor de la víctima.
Caso del 14/07/2009, ocurrido en el estado Sucre, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, encontrándose dos víctimas venezolanas. No se decretaron medidas de protección, encontrándose actualmente en fase de juicio.
Caso ocurrido el 28/06/2010 en el estado Anzoátegui, con doce (12) víctimas venezolanas de sexo femenino, de las cuales las identificadas tienen 19, 20 y 24 años de edad. La Fiscalía Octava a Nivel Nacional con Competencia Plena, acusó a una ciudadana el 20/04/2012, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual. Se libró orden de aprehensión, que está pendiente por materializarse, librándose difusión roja internacional. Una de las víctimas goza de medidas de protección ya que el resto de las ciudadanas no han podido ser ubicadas.
Caso del 19/04/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con una (1) víctima venezolana de 31 años de edad. Se encuentra en fase de investigación, y no se ha podido dictar medidas de protección a favor de la víctima, toda vez que no se ha podido localizar.
Caso del 23/05/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, el Ministerio Público acusó por los delitos de Prostitución Forzada y Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con dos víctimas venezolanas de 24 y 28 años de edad. Se decretaron medidas en protección a favor de las víctimas encontrándose en Fase de Juicio.
Caso del 14/09/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con una víctima venezolana de 23 años de edad. Se decretó archivo fiscal.
Caso del 21/10/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con una víctima venezolana de 20 años de edad. Se decretó archivo fiscal.
Caso del 23/05/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Prostitución Forzada, con siete víctimas todas venezolanas: dos de 22 años, una de 25 años, una de 28 años, dos de 34 y una víctima de 35 años de edad. Se decretaron medidas en protección a favor de las víctimas y se decretó el sobreseimiento de la causa.
Caso del 19/07/2011, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres, Niñas y Adolescentes, con seis víctimas todas ellas venezolanas: una de 19 años, una de 20 años, una de 22 años, una de 23 años, una de 25 años y una víctima de 30 años. Se decretaron medidas de protección y se encuentra en Fase de Juicio.
Caso del 02/01/2012, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, el Ministerio Público acusó por los delitos de Trata de Personas, Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir y Violencia Laboral, se encuentran 27 víctimas todas venezolanas. Se decretaron medidas de protección, encontrándose actualmente en Fase de Juicio.
Caso del 16/04/2012, ocurrido en el estado Carabobo, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima adolescente de nacionalidad peruana y que cuenta con 16 años de edad. Se decretó Archivo fiscal de las actuaciones toda vez que la víctima no ha podido ser ubicada. Se libró carta rogatoria a la República del Perú.
Caso del 15/05/2012, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, el Ministerio Público acusó por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con una víctima de nacionalidad ecuatoriana de 20 años de edad, donde se decretaron medidas de protección a favor de la víctimas, encontrándose en fase de juicio, realizándose prueba anticipada, efectuándose la repatriación de la víctima.
Caso del 17/05/2012, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima de nacionalidad dominicana de 45 años de edad. Se presentó acusación, encontrándose en fase de juicio. No se decretaron medidas de protección a favor de la víctima.
Caso del 13/05/2012, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima de nacionalidad dominicana de 45 años de edad. Se presentó acusación, encontrándose en fase de juicio. No se decretaron medidas de protección a favor de la víctima.
Caso del 18/06/2012, ocurrido en el estado Trujillo, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con cinco víctimas todas ellas venezolanas y de 20 años de edad. Se decretó Archivo fiscal de las actuaciones.
Caso del 30/07/2012, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima adolescente de nacionalidad venezolana de 15 años de edad. Se decretaron medidas de protección.
Caso del 19/08/2012, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con dos víctimas venezolanas de 19 y 21 años de edad, donde se decretaron medidas de protección a favor de las víctimas, encontrándose en etapa de investigación.
Caso del 30/09/2012, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, con una víctima de nacionalidad keniata y que cuenta con 25 años de edad. Se decretaron medidas de protección a favor de la víctima y se decretó Archivo fiscal de las actuaciones. Se realizó prueba anticipada de la declaración de la víctima.
Caso del 13/11/2012, ocurrido en Jordania y concretado en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral. Se encuentran dos víctimas de nacionalidad jordana de 20 y 22 años de edad. Se decretaron medidas de protección y se decretó Archivo Fiscal de las actuaciones.
Caso del 17/12/2012, ocurrido en el estado Portuguesa, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, donde hay una víctima adolescente de nacionalidad colombiana. No se decretaron medidas de protección por cuanto la víctima no se ha localizado. Se encuentra en Fase de Investigación.
Caso del 05/01/2013, ocurrido en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres, donde hay una víctima de nacionalidad venezolana de 24 años de edad. Se efectuó la remisión a una casa de abrigo. Se encuentra en Fase de Investigación.
Caso del 03/02/2011, ocurrido en el estado Lara, el Ministerio Público acusó por los delitos de Actos Lascivos y Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, donde se encuentra una víctima venezolana. Se decretaron medidas de protección. Se dictó sentencia condenatoria en contra de un ciudadano a cumplir la pena de diecisiete años de prisión.
Caso del 21/02/2013, ocurrido en Filipinas y concretado en el estado Bolívar, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, donde hay dos víctimas una etíope y una filipina de 19 y 26 años de edad. Se decretaron medidas de protección y se realizó prueba anticipada. Se decretó el sobreseimiento de la causa.
Caso del 29/08/2013, que guarda relación con los anteriores casos, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, pues se trata de la misma acusada. Se trata de dos víctimas venezolanas de 20 y 22 años de edad, encontrándose en fase de investigación, y no se ha podido dictar medidas de protección a favor de la víctima, toda vez que no se ha podido localizar.
Caso del 21/08/2013, ocurrido en los Estados Unidos de América, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, donde hay una víctima venezolana. No se decretaron medidas de protección. Se presentó la desestimación de la denuncia en virtud de que los hechos ocurrieron fuera del territorio venezolano.
Caso del 05/09/2013, ocurrido en Ecuador y concretado en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Laboral, donde hay dos víctimas de nacionalidad ecuatoriana de 24 y 30 años de edad. No se decretaron medidas de protección. En Fase de Investigación.
Caso del 29/08/2013, ocurrido en Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, donde hay una víctima venezolana de 24 años de edad. No se decretaron medidas de protección. En Fase de Investigación.
Caso del 23/10/2013, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, donde hay una víctima venezolana de 21 años de edad. Se decretaron medidas de protección. En Fase de Investigación.
Caso del 11/12/2013, ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de Legitimación de Capitales y Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes, donde no se ha podido identificar a ninguna víctima. Se encuentra en Fase de Investigación.
Pregunta 4. Informen sobre los avances realizados para implementar de manera eficaz la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 19 de marzo de 2007. En este sentido, por favor indiquen las políticas y campañas de sensibilización que han sido diseñadas, su grado de implementación y los protocolos de atención adoptados para el uso de Fiscalías, personal policial u otros trabajadores.
Sobre los contenidos solicitados se anexa la Lista de Cuestiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con ocasión a la Defensa del 7mo y 8vo Informes Periódicos Consolidados de Venezuela, el cual tiene información precisa sobre los contenidos de esta pregunta. A continuación se detalla información complementaria enviada por los organismos competentes como el Ministerio Público.
Sobre los avances para implementar la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), es pertinente aludir, la participación del Estado venezolano en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de los Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados en Defensa para la Mujer, cuyo objetivo es mejorar la atención, protección a las víctimas e investigación en los hechos de violencia de género y la expansión de esas mejoras; cuya iniciativa se concretó en la XV Reunión especializada, celebrada en Uruguay, entre los días 26 y 27 de junio de 2013, con presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, entre otras.
Entre las buenas prácticas que presentó el Estado venezolano se encuentra la experiencia con las Fiscalías especializadas en Defensa de la Mujer (Ver Párrafo 82 del 4to Informe de Venezuela ante el Comité contra la Tortura); la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (ver párrafo 83, Ídem) y los Tribunales especializados en Violencia Contra la Mujer. Además, se creó la División de Peritaje Médico Forense del Ministerio Público, el pasado 15 de agosto de 2013, para garantizar el debido proceso y descongestionar a los órganos auxiliares de investigación, brindando así mayor eficiencia a la hora de obtener los resultados necesarios y concluir las investigaciones dentro del lapso, en particular las denuncias sobre casos de violencia contra la mujer, cuyos plazos breves y perentorios ameritan diligenciarse con la mayor celeridad.
Asimismo, el Ministerio Público presentó a la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el pasado 21 de mayo de 2013, el “Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, en el cual se plantea la inclusión del delito de femicidio para sancionar al cónyuge, excónyuge, concubino, exconcubino, persona con la que la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad con o sin convivencia, y que de muerte intencionalmente a una mujer; estableciendo para ello una pena que va de los 25 a 30 años de prisión. Esta iniciativa parte del reconocimiento del hecho de que la violencia contra la mujer es un fenómeno social de suma importancia que debe seguir siendo atendido con prioridad.
Además, el Ministerio Público próximamente creará la Unidad Técnica para la Atención de la Mujer víctima de Violencia de Género, para mejorar la capacidad de respuestas a las usuarias y proveer a las Fiscalías especializadas, los elementos probatorios necesarios para mejorar el número de actos conclusivos, visto que los órganos auxiliares de investigación presentan una altísima demanda de solicitudes de evaluaciones psicológicas. Pretendiéndose asimismo, que la futura Unidad desarrolle un Programa de Atención Terapéutica para Agresores.
Sírvanse también proporcionar información anual, desde la adopción de la ley, sobre:
a) El número de denuncias recibidas por hechos de violencia contra las mujeres y niñas, las investigaciones realizadas, los tipos de penas impuestas y las indemnizaciones concedidas a las víctimas;

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 80
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 80
 artículo 17
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 285
 artículo 127
 artículo 49
 artículo 127
 artículo 132
 artículo 133
 artículo 119
 artículo 44
 artículo 8
 artículo 285
 artículo 127
 artículo 373
 artículo 250
 artículo 56
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 27