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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 550/2013 de 4 de noviembre
IRPF: Liquidación provisional. Ganancias patrimoniales imputables en la parte especial de la base imponible. Venta de fincas propiedad de cada uno de los cónyuges regidos por el régimen eco­nómico-matrimonial de separación de bienes, no hallándose la finca de la esposa afecta a actividad económica, estando alquilada a su esposo tributando por IVA. Intereses de demora. Caducidad y prescripción del procedimiento de gestión tributaria. Falta de información en el inicio del procedimiento de comprobación limitada de los derechos y obliga­ciones y del plazo de resolución. Se desestima.
SENTENCIA: 00550/2013
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 184/10
SENTENCIA N.º 550
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 184/10 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de D. Raúl y D.ª Carlota, ambos representados por el Procurador Sr. López de Rodas Campos, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Lorenzo Pérez Conejo.
Primero.—Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 24 de Marzo de 2010, recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha de 28 de febrero de 2009, por la que se de­sestima la reclamación económico-administrativa n.º 13/317.08.
Tercero.—Fijada la cuantía del recurso en 133.369'75 € y acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 31 de Octubre de 2013, en que tuvo lugar.
Primero.—En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla--- La Mancha de 28 de febrero de 2009, por la que se de­sestima la reclamación económico-administrativa n.º 13/317.08 for­mulada el día 13 de febrero de 2008 contra la liquidación provisional girada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en torno al Impuesto sobre la Rente de las Personas Físicas, ejercicio 2005, con deuda tributaria de 133.369,75 € incluidos 10.991,42 € en concepto de intereses de demora, como consecuencia de atribuir ganancias patrimoniales imputables en la parte especial de la base imponible en cuantía de 1.279.048,88 € frente a la autoliquidada por los recurrentes ascendente a 463.193,43 €, por la venta de dos fincas propiedad de cada uno de los cónyuges regidos por el régimen eco­nómico-matrimonial de separación de bienes, no hallándose la finca de la esposa afecta a actividad económica (n.º NUM000), estando alquilada a su esposo tributando por IVA, mientras que la finca del esposo se manifiesta en escritura pública de 31 de agosto de 2005 que si lo estaba, alegando posteriormente que se trató de un error solicitando que solo los 380 m2 declarados en el IAE del total de 1.916,62 m2 de la finca n.º NUM001 se considerasen afectos a la ac­tividad económica, quedando el resto de la finca exento de tributar.
Segundo.—La pretensión que se ejercita por la parte actora es el dic­­­­­tado de sen­­­­tencia por la que se declare la nulidad de la resolución recurrida y del procedimiento de liquidación, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, así como la nulidad de todas las resoluciones que han derivado impugnada, como son las sanciones impuestas. Subsidiariamente, para el supuesto en que no se declare la nulidad, que se declare que el inmueble objeto de la compraventa estaba afecto parcialmente a la actividad económica, procediendo, en ese caso, a ordenar la liquidación en función de la proporción que se encontraba realmente afecta. Con expresa condena en costas.
La Abogacía del Estado, en la re­presen­­ta­ción que ostenta de la Administración de­­­­mandada, solicita el dictado de sentencia en la que se de­­­­­­­­­­­­­­­­­ clare la desestimación del recurso.
Tercero.—La parte actora esgrime como argumentos impugna­torios de la resolución impugnada la caducidad y prescripción del procedimiento de gestión tributaria, la nulidad de la comunicación de inicio del procedimiento de comprobación limitada, la nulidad de la resolución impugnada por falta de motivación y en cuanto al fondo que la finca del Sr. Raúl no se encontraba afecta a su actividad em­presarial y en el supuesto de encontrarse afectada lo sería sólo par­cialmente.
Por lo que se refiere a la caducidad procedimental se alega que la notificación de la incoación del procedimiento de gestión tributaria de comprobación limitada tuvo lugar el día 1 de junio de 2007 y la de la resolución el día 16 de enero de 2008, por lo que habría transcurrido con creces el plazo de seis meses previsto en el art. 104 de la LGT, concretamente, siete meses y quince días.
No obstante, se le formula un primer requerimiento exigiéndole, entre otras cosas, los libros de registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión, aportándose el día 2 de julio de 2007 determinada documentación pero no le referida, por lo que se tuvo que hacer otro requerimiento por la Administración notifi­cado el día 2 de agosto de 2007 y que fue cumplimentado finalmente el día 13 de agosto de 2007, por lo que habrían tenido lugar ciertas actuaciones interruptivas del plazo de caducidad (art. 104.2 de la LGT), de tal manera que descontado el periodo de tiempo transcurrido entre el día 1 de junio de 2007 y el día 13 de agosto de 2007 (dos meses y doce días), no habría transcurrido el plazo semestral necesario para que se produzca la caducidad procedimental.
Cuarto.—Por lo que respecta a la alegada prescripción extintiva tampoco habría tenido lugar al no haber transcurrido el plazo de cuatro años para que la Administración determine la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (arts. 66 y 67 de la LGT), tal y como lo entiende la propia parte recurrente al manifestar que el derecho de la Administración para dar inicio al procedimiento de liquidación prescribió el día 30 de junio de 2010, por lo tanto, con posterioridad incluso a que fuese dictada la resolución impugnada del TEAR el día 28 de febrero de 2009, a lo que hay que añadir que al no producirse caducidad se interrumpió adecuadamente la prescripción.
Quinto.—- En cuanto a la aducida falta de información en el inicio del procedimiento de comprobación limitada de sus derechos y obliga­ciones y, más en concreto, del plazo de resolución, según consta en el expediente administrativo dicho trámite ha tenido lugar indicán­dose las normas aplicables así como que el plazo máximo de duración para la tramitación procedimental y el dictado de la pertinente resolución es el contemplado en el art. 104 de la LGT (folio 58).
Respecto a la ausencia de motivación (arts. 54 y 89.3 de la Ley 30/1992 reformada por la Ley 4/1999), la propuesta de resolución argumenta que la finca del esposo (n.º NUM001) está destinada al uso industrial señalándose los elementos que conducen a esta con­clusión y, por tanto, no se le aplican los coeficientes reductores pre­vistos legalmente (D. T. 9.ª del TR de la Ley IRPF aprobado por el RD Legislativo 3/2004, de 5 de marzo), mientras que la finca de la esposa (n.º NUM000) no se encuentra afecta a la actividad empresarial pero se modificaron los valores de adquisición y enajenación (folio 303 del expediente administrativo), de ahí que la resolución liquidatoria es­time parcialmente las alegaciones de la parte demandante y explique de manera detallada como se calcula la ganancia patrimonial, recogiendo las cifras concretas, sin que la parte actora haya ale­­gado nada por lo que ha devenido firme y consentida (folio 329 del expediente).
Sexto.—Por último, el fondo de la cuestión litigiosa consiste en dilucidar si la finca n.º NUM001 del Sr. Raúl estaba afecta en todo o en parte a una actividad económica, ya que según el recurrente su actividad industrial la desarrollaba en la finca de la esposa que tenía arrendada y, en todo caso, la afectación sería parcial ya que a efectos del IAE consta como elemento tributario la superficie de 380 m2 (folio 45), mientras que en la Estipulación Quinta de la propia Escritura Pública de Venta de 31 de agosto de 2005 en la que se manifestaba libre y voluntariamente que dicha finca estaba afecta a actividad empresarial se pasa a decir que dicha mención se hizo de forma errónea y se hace constar como superficie afecta 753,22 m2 (nave y porche), mientras que el resto, es decir, 1.163,40 m2 se corresponde con un solar perteneciente a su patrimonio personal y privativo en el que no se ha desarrollado actividad industrial o empresarial alguna.
Séptimo.—Pues bien, de las anteriores manifestaciones del actor junto con el dato de que no tiene sentido desde el punto de vista de la lógica co­ mercial que teniendo el actor una nave industrial alquile otra a la actora, su esposa, a la que tendría que abonar una cuota arrendaticia al existir régimen económico-matrimonial de separación de bienes se infiere en aplicación de la denominada doctrina de los actos propios que la finca n.º NUM001 estaba afectada a la actividad económica, que­dando por dirimir tan sólo el grado de afección total o parcial.
A este respecto, hay que tener presente que lo declarado a efectos de IAE fue una mera declaración del actor que la Administración Tri­butaria competente dio por buena sin ningún tipo de previa compro­bación fiscal, resultando además que se contradice con lo manifestado en un primer momento en la Escritura de Venta, sin que tampoco lo posteriormente indicado con ánimo rectificador en la Esti­pulación Quinta cuente con la suficiente coherencia argumentativa puesto que si el demandante se dedicaba al comercio de toda clase de maquinaria industrial y a su reparación no sólo necesitaba la nave y el porche de 753,22 m2 sino también el solar de 1.163,40 m2 como elemento inexorable para su colocación y exposición, a lo que hay que añadir que según la certificación catastral toda la finca se destina a uso industrial (folio 118 del expediente), habiéndose reper­­cutido el IVA en la Escritura de Venta por todo el precio que cobró el actor y no sólo sobre la nave y el porche, por todo lo cual procede desestimar íntegramente la demanda articulada en el pre­sente re­curso contencioso-administrativo y confirmar por ser conforme a Derecho la resolución impugna­da así como los precedentes actos liquidatorio y sancionatorio.
Octavo.—No se aprecia temeridad ni mala fe en las partes en orden a la condena en costas, de conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la Ley de Enjuiciamiento Administrativo de 13 de julio de 1998.
Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación, en virtud de la autoridad que nos ha sido conferida por el Pueblo Español a través de la Constitución y en nombre de su Majestad El Rey,
Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente la de­manda for­malizada en el recurso contencioso-administrativo tra­­­­­­ mi­tado como P. O. n.º 184/10, interpuesto por D. Raúl y Dña. Carlota con­tra la re­solución des­­­­crita en el Fun­da­­­­­­­­­­­­­­­ men­to Jurídico Prime­ro de es­ta Senten­cia, con­firmándola por ser ajus­tada a Dere­cho así como los previos actos liquidatorio y sancionatorio. Sin costas.

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