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STC 33/2001, 12 de Febrero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 132646
STC 33/2001, 12 de Febrero de 2001
Número de Recurso: 2704/1997
Recurso de amparo 2704/97. Promovido por Operlevante, S.A., y Automáticos Orenes, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimó su demanda contra la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia por liquidaciones del recurso cameral permanente. Supuesta vulneración de los derechos de asociación y a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia que funda su fallo en la STC 107/1996, desestimando tácitamente una pretensión alternativa excluyente.
Sentencia citada en: 257 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2704/97, promovido por Operlevante, S.A., y Automáticos Orenes, S.A., bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, asistidas por la Letrada doña Alicia González Alonso, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 21 de mayo de 1997, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1172/95, seguido contra varias Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia, fechadas todas ellas el día 29 de marzo de 1995. Estas resoluciones desestimaron las reclamaciones interpuestas contra las liquidaciones giradas por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia en concepto del recurso cameral permanente correspondiente al ejercicio 1994. Ha comparecido la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, representada por el Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas y asistida del Letrado don Emilio Alonso Stuyck. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 20 de junio de 1997, el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de las entidades Operlevante, S.A., y Automáticos Orenes, S.A., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 21 de mayo de 1997, dictada en el procedimiento que se indica en el encabezamiento.
Giradas a las entidades recurrentes tres liquidaciones por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia por el concepto de recurso cameral permanente correspondiente al ejercicio de 1994, sobre la base de los rendimientos declarados en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1992, por importes de 72.157 y 1.591.603 pesetas, y sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 1993, por importe 1.046 pesetas, se interpusieron las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia (núms. 30/3320/94, 30/3291/94 y 30/3292/94, respectivamente), que por Resoluciones de 29 de marzo de 1995 las desestimó, confirmando las liquidaciones.
Contra las anteriores Resoluciones, por escrito de fecha de 20 de junio de 1995 se interpuso recurso contencioso-administrativo (núm. 1172/95) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual, por Sentencia de 21 de mayo de 1997 de su Sección Segunda, lo desestima, apoyando su decisión en la doctrina sentada en la STC 107/1996.
En su demanda de amparo aducen las recurrentes que, dado el tenor literal de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, no cabe su aplicación retroactiva.
Por providencia de 14 de diciembre de 1998, la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que remitiese testimonio del recurso núm. 1172/95 y del expediente administrativo a que dieron lugar las reclamaciones económicos administrativas núms. 30/3320/94 y 30/3291/94, interesando igualmente del órgano judicial que emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de las recurrentes en amparo, para que pudiesen comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional. El Abogado del Estado se personó mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 23 de diciembre de 1998, haciendo lo propio la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia por escrito del Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas con fecha de registro de 1 de febrero de 1999.
La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 15 de febrero de 1999, acordó acusar recibo de las actuaciones recibidas y de los escritos presentados por el Abogado del Estado y por el Procurador Sr. González Salinas, a quienes se tuvo por personados y partes, este último en nombre y representación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, dando vista de esas actuaciones, por el plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado, al solicitante de amparo y demás partes personadas para que, dentro de dicho término, presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
El día 9 de marzo de 1999 presentó sus alegaciones el Abogado del Estado. En su escrito solicitaba la desestimación del recurso por entender que no concurría ninguna vulneración constitucional. En efecto, a su juicio, y partiendo del hecho de que el art. 9.3 CE no reconoce derechos amparables, apunta que no procede examinar si la Ley 3/1993, de 22 de marzo, ha sido dotada de una retroactividad incompatible con el principio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 CE. Y tampoco se puede examinar la pretendida infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al estar carente de argumentación, con quiebra de los arts. 49.1 y 85.1 LOTC. El objeto del recurso de amparo se limitaría a la vulneración del art. 22.1 CE (libertad negativa de asociación). El Abogado del Estado llega a la conclusión de que nada impide que la Ley 3/1993 liquide el recurso cameral permanente sobre impuestos estatales o locales devengados con anterioridad a su entrada en vigor. En su opinión, dado que el devengo del recurso cameral permanente al que las liquidaciones impugnadas se refieren se produjo con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1993, con independencia del devengo de los impuestos estatales o locales que se toman en consideración para el cálculo de la exacción cameral, como consecuencia de lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera, no puede estimarse vulnerada la libertad negativa de asociación.
La representación procesal de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, mediante escrito del día 11 de marzo de 1999, cumplimentó el trámite de alegaciones, suplicando también la desestimación del recurso. Entiende que, para el ejercicio de 1993, las Cámaras debían girar sus alícuotas conforme a lo dispuesto en los arts. 12, 13 y 14 de la Ley 3/1993, y sus Disposiciones transitoria tercera y cuarta, tomando como base el Impuesto sobre Actividades Económicas de 1992 y los rendimientos declarados en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades de 1991. Se apoya en la respuesta de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha de 4 de junio de 1993, en el Informe del mismo órgano de 15 de junio de 1993 y en el Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 30 de diciembre de 1994.
La parte actora presentó sus alegaciones por escrito de 13 de marzo de 1999, remitiéndose a lo expuesto en la demanda de amparo.
El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal se registró el día 17 de marzo de 1999 suplicando la desestimación del recurso al no haberse lesionado los derechos fundamentales que sirven de apoyo a la demanda. Inicia su exposición poniendo de manifiesto la existencia de una cuestión de inconstitucionalidad (núm. 304/1998), cuyo fallo podría resultar determinante a la hora de otorgar o no el amparo, y en su virtud, la oportunidad de dejar pendiente la resolución del presente amparo hasta que no recaiga Sentencia en la referida cuestión. Hecha esta precisión inicial, examina el Ministerio Fiscal las liquidaciones impugnadas (tres) y las fechas de impugnación para llegar a la conclusión de que, habida cuenta de que dos de ellas fueron recurridas el día 12 de julio de 1994 y que la Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del recurso cameral de la Ley de 1911 -la núm. 179/1994- se publicó el día 9 de julio de 1994, limitando los efectos de su declaración de nulidad a las cuotas devengadas y aun no pagadas que hubieran sido impugnadas en vía administrativa o judicial a la fecha de dicha publicación, parece claro que no son revisables conforme a dicha Sentencia, por no estar reclamadas ni recurridas. Excluidas, entonces, estas dos liquidaciones del presente recurso de amparo, la tercera debe decaer igualmente, pues el supuesto de hecho se encuentra previsto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 3/1993, por lo que, al referirse la liquidación impugnada al ejercicio 1993, el efecto retroactivo legítimamente previsto por la Ley 3/1993 viene a otorgar cobertura a esta liquidación cameral. El amparo debe, pues, denegarse por no existir vulneración del art. 22 CE.
Por providencia de 8 de febrero de 2001, se señaló el día 12 del mismo mes y año para la deliberación y votación de la presente Sentencia.
El presente recurso de amparo se interpone por las entidades Operlevante, S.A., y Automáticos Orenes, S.A., contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 21 de mayo de 1997, en recurso seguido contra varias Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia según se ha expuesto en los antecedentes. Las solicitantes de amparo consideran que las liquidaciones tributarias han vulnerado el principio de irretroactividad (art. 9.3 CE) al haberse producido una retroactividad absoluta de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, tanto en relación con la exigibilidad del recargo como con relación a la obligación de afiliarse a las Cámaras. Deducen de ello la vulneración del derecho de asociación en su vertiente negativa (art. 22 CE), por cuanto la liquidación del recurso tomando como base los impuestos devengados en años anteriores a la entrada en vigor de la Ley 3/1993, supone la exigencia de la afiliación obligatoria a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación con carácter previo a la entrada en vigor de la norma legal. Igualmente, atribuyen a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haber entrado el órgano judicial a conocer del fondo de la cuestión planteada.
Fijados así los términos de la controversia, antes de comenzar el análisis de cada uno de los motivos aludidos es preciso delimitar los actos contra los que se suscitan.
La demanda de amparo bajo la pretendida vulneración del artículo 22 CE -que, como bien dicen las empresas quejosas, es el que les permite el acceso al recurso de amparo- se limita a poner de manifiesto la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/1993 por incurrir -a su juicio- en una retroactividad absoluta proscrita por el art. 9.3 CE. Es decir, la queja de la parte recurrente gravita sobre la retroactividad in peius en la que parece haber incidido la norma legal citada al permitir que para la liquidación del recurso cameral correspondiente al ejercicio de 1994 (y no al ejercicio 1993, como dice la actora) -conforme a su Disposición transitoria tercera-, se pueda tomar como base imponible los rendimientos declarados en el Impuesto sobre Sociedades correspondientes al ejercicio de 1992 o la cuota tributaria prevista para el Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio de 1993, para colegir, de ello, la inconstitucionalidad de la norma legal. Sólo, entonces, de forma absolutamente circunstancial, se esgrime el art. 22 CE como basamento de la demanda (el derecho de asociación en su vertiente negativa), según expresamente admite la recurrente al decir que "si la Ley es de carácter retroactiva en relación con la exigibilidad del recurso cameral, también es retroactiva respecto a la obligación de afiliarse".
Quedando reconducida la demanda a la posible vulneración por la resolución judicial impugnada del art. 24 CE, se podría partir del hecho -como pone de manifiesto el Abogado del Estado- de la ausencia total de argumentos que hubieran permitido apreciar la denunciada infracción constitucional. Sin embargo, el Ministerio Fiscal entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la falta de respuesta judicial a los problemas planteados.
A la luz de esta jurisprudencia constitucional hay que analizar el petitum del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la resolución judicial hoy tachada de incongruente. En este sentido, el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo presentado con fecha de 22 de diciembre de 1995 ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se estructuraba en cuatro fundamentos de derecho referidos, respectivamente: 1) a la admisibilidad del recurso; 2) a la declaración de inconstitucionalidad por la STC 179/1994, del recurso cameral previsto en las bases cuarta y quinta de la Ley de 29 de junio de 1911; 3) a la aplicación de los efectos de dicha Sentencia a las liquidaciones impugnadas, y 4) a la existencia de los mismos vicios de inconstitucionalidad en la Ley 3/1993 que en la declarada nula en la anterior Sentencia. El suplico del escrito de demanda incluía cuatro pretensiones: 1) La revocación de las liquidaciones por serles de aplicación directa la declaración de inconstitucionalidad hecha en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1994; 2) El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad acerca de la compatibilidad de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, con el derecho previsto en el art. 21.1 CE [sic]; 3) Subsidiariamente, que las liquidaciones del recurso cameral sobre el IAE correspondiente a 1994 no pueden ser exigidas hasta 1995; y 4) La condena en costas a la Cámara.
Sentada en estos términos la controversia y partiendo del hecho de que suscitar la cuestión de inconstitucionalidad es una prerrogativa exclusiva e irrevisable atribuida por el art. 163 de la Constitución a los órganos judiciales, los cuales, por el mero hecho de no plantearla y de aplicar la Ley que, en contra de la opinión del justiciable, no estiman inconstitucional, no lesiona, en principio, derecho fundamental alguno de éste (por todas, SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1; 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 3; 133/1987, de 21 de julio, FJ 1; 23/1988, de 22 de febrero, FJ 1; 67/1988,de 18 de abril, FJ 7; 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 2; 119/1991, de 3 de junio, FJ 2; 111/1993, de 25 de abril, FJ 2; 159/1997, de 2 de octubre, FJ 5; y 119/1998, de 4 de junio, FJ 6), y dado que las liquidaciones impugnadas correspondían al recurso cameral permanente del ejercicio 1994, no sólo resultaba evidente la norma legal aplicable, sino también patente la vinculación del juzgador a la doctrina recogida en la STC 107/1996 que, precisamente, respondía al vicio imputado por la parte actora a la Ley 3/1993. Si a esto unimos que -como hemos apuntando anteriormente- la contestación a una pretensión no tiene por qué ser necesariamente explícita, pudiendo ser tácita cuando del conjunto de los razonamientos incluidos en la resolución y de las circunstancias concurrentes en el caso pueda inferirse razonablemente que el órgano judicial tuvo en cuenta la pretensión y, examinándola, tomó la decisión de desestimarla, omitiendo sólo el pronunciamiento expreso, pero no la decisión desestimatoria, no resulta difícil inferir de la resolución judicial cuestionada que el hecho de haber entrado a analizar directamente la segunda pretensión suponía haber descartado de antemano la primera.
STSJ Comunidad de Madrid 1264/2005, 26 de Octubre de 2005
STSJ La Rioja , 1 de Febrero de 2001

References: resolución 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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