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Informe de la dirección general de empleo sobre los servicios de prevención ajenos[1].pdf | Derecho laboral | Calidad (Negocios)
Informe de la dirección general de empleo sobre los servicios de prevención ajenos[1].pdf
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60020 - 53-1984 Incompatibilidades
EBEP Actualizado 21 Jul 2012
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130407ESTATUTOEMPLEADOPUBLICO
Unidad 10 " LA HISTORIA" adaptación para 4º de primaria
SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO DIRECCIN GENERAL DE EMPLEO
INFORME DE LA DIRECCIN GENERAL DE EMPLEO SOBRE SERVICIOS DE PREVENCIN AJENOS. ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO. Introduccin Las modificaciones introducidas en la normativa reguladora de los servicios de prevencin ajenos (Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo que modifican, respectivamente, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencin) responden ntegramente a la necesidad de adaptacin a los objetivos fijados por la Estrategia Espaola de Seguridad y Salud en el Trabajo para el perodo 2007-2012, entre los cuales se hallaba la mejora de la calidad y eficacia de los sistemas de prevencin de riesgos laborales, con especial nfasis en los servicios de prevencin ajenos (SPA). Por tanto, este centro directivo considera que cualquier interpretacin debe realizarse teniendo en cuenta este objetivo de calidad y eficacia. Las lneas que marcan la reforma dirigida a la mejora de la calidad y la eficacia del sistema de prevencin de riesgos laborales son las siguientes: Se adecua el procedimiento de acreditacin de dichas entidades especializadas conforme a lo sealado en la modificacin de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales por parte de la Ley 25/2009, en el sentido de establecer en el artculo 31.5 de la LPRL una acreditacin nica y con validez en todo el territorio espaol para estas entidades (eliminando el trmite de acreditacin provisional existente hasta la fecha); adems, se salvaguarda el papel que dicho sistema otorga a las entidades especializadas, definiendo mejor tanto los requisitos de acreditacin como el campo de actuacin (y de exclusin) de tales servicios. Todo ello para garantizar una homogeneidad en la acreditacin de la entidad especializada en todo el territorio espaol, con independencia de la comunidad autnoma que la haya otorgado. En este sentido, se refuerza la intervencin de las distintas autoridades laborales de tal manera que, sin alterar el sistema de acreditacin, cada comunidad autnoma pueda comprobar en su territorio el mantenimiento de los requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicio de prevencin ajeno a travs de los nuevos mecanismos que se articulan, en particular el SERPA. Se favorece el incremento de la calidad del servicio a prestar a las empresas por las entidades especializadas, lo que se consigue de la siguiente manera: a) Sentando las bases de los recursos, tanto humanos como materiales, de que deben disponer los servicios de prevencin ajenos, que han de estar en relacin con factores diversos, en especial, tamao y actividad de las empresas y nmero de trabajadores cubiertos por los conciertos.
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Los recursos materiales y humanos de que deben disponer los servicios de prevencin se regulan en el artculo 31.4 de la LPRL y, en el caso particular de los SPA, en el artculo 18 del RSP que ha sido desarrollado por medio de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, y en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios bsicos sobre la organizacin de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencin (para los recursos sanitarios). b) Potenciando la interdisciplinariedad de los servicios de prevencin ajenos que, para su acreditacin, habrn de disponer de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas fijadas en el Reglamento de los Servicios de Prevencin, sin perjuicio de establecer un plazo de adaptacin para las entidades ya acreditadas. c) Mejorando el tratamiento de la informacin de las entidades especializadas y permitiendo un mejor conocimiento de los datos por las autoridades y los ciudadanos, lo que se ha realizado mediante la creacin de la base de datos informtica gestionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social denominada SERPA. Esta herramienta debe servir a las autoridades laborales para verificar el grado de cumplimiento por los SPA de las exigencias normativas como sinnimo de calidad. Esto debe suponer un replanteamiento en el papel que las autoridades laborales han de asumir, pasando de ser una autoridad principalmente de acreditacin a ser una autoridad eminentemente de vigilancia y control de la calidad de los servicios de prevencin ajenos. La utilizacin de la herramienta SERPA debe ser el punto bsico alrededor del cual gire la actuacin de control y verificacin de la actuacin de los SPA, ya que va a permitir a las autoridades laborales y sanitarias verificar la actividad real de los mismos. Descripcin de las cuestiones controvertidas Con posterioridad a la entrada en vigor de las mencionadas modificaciones normativas, y especialmente en los ltimos meses, se ha observado que algunas de las cuestiones reguladas estn siendo objeto de diferentes interpretaciones por parte de determinadas autoridades laborales y sanitarias en el mbito autonmico, tanto a la hora de acreditar a los servicios de prevencin ajenos, como a la hora de controlar los requisitos exigibles a los mismos. Los problemas se han puesto de manifiesto en relacin con las cuestiones siguientes: Consecuencias de la finalizacin del plazo para la acreditacin y para la actuacin sin la especialidad de medicina del trabajo: el 5 de julio de 2013 finaliza el plazo de dos aos durante el que la autoridad laboral puede acreditar y permitir que acten como servicios de prevencin ajenos aquellos que no cuenten con recursos para la especialidad de medicina del trabajo.
Determinacin de los recursos mnimos exigibles para la especialidad de medicina del trabajo. Acreditacin nica. Marco de los acuerdos de colaboracin.
Por todo ello resulta conveniente el establecimiento de unos criterios de interpretacin tcnica de determinados requisitos legales en relacin con las cuestiones planteadas. El presente criterio interpretativo, de carcter no vinculante, se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artculo 3.1.) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, que desarrolla la estructura orgnica bsica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. CRITERIO 1. Finalizacin del plazo para la acreditacin y para la actuacin sin la especialidad de medicina del trabajo Segn la disposicin transitoria primera del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, los servicios de prevencin ajenos acreditados antes de su entrada en vigor, el da 24 de marzo de 2010, deban estar en condiciones de acreditarse en las cuatro disciplinas preventivas en el trmino de un ao a partir de la citada fecha, es decir, el da 24 de marzo de 2011. No obstante, el prrafo segundo de esta disposicin transitoria sealaba que la autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la sanitaria, en cuanto a los aspectos de tal carcter, poda acreditar y permitir que durante un plazo de dos aos actuasen como SPA entidades especializadas que no contaran con expertos en la especialidad de medicina del trabajo. Este plazo se cuenta a partir de la entrada en vigor del Real Decreto por el que se establecen los criterios bsicos sobre la organizacin de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencin. Esa norma es el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, que entr en vigor el da 5 de julio de 2011 y establece los criterios bsicos para la organizacin de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencin. Por tanto, a partir del da 5 de julio de 2013, todos los servicios de prevencin ajenos han de contar con los medios humanos y tcnicos necesarios para el ejercicio de la especialidad de medicina del trabajo. A juicio de esta Direccin General de Empleo ello implica que en el supuesto de entidades especializadas que, llegada la fecha indicada, no cuenten con recursos para ejercer la especialidad de medicina del trabajo, la autoridad laboral competente, previa la tramitacin del oportuno procedimiento, debera revocar la acreditacin en virtud de la cual pueden actuar como servicios de prevencin. Ahora bien, ello debe entenderse estrictamente limitado al supuesto de entidades que no dispongan de los recursos mnimos en dicha especialidad, considerndose que la norma no ampara posibles revocaciones de acreditacin por el solo hecho de que una entidad no cuente
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con instalaciones sanitarias en el territorio de una determinada comunidad autnoma, y ello por lo que se indicar posteriormente en el apartado 2. 2. Determinacin de los recursos mnimos exigibles para la especialidad de medicina del trabajo. Acreditacin nica. 2.1. Como punto de partida, hay que insistir en lo dispuesto en el artculo 31.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales, segn el cual Para poder actuar como servicios de prevencin, las entidades especializadas debern ser objeto de una acreditacin por la autoridad laboral, que ser nica y con validez en todo el territorio espaol, mediante la comprobacin de que renen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobacin de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carcter sanitario. En trminos similares, el artculo 24 del Real Decreto 39/1997 seala que La acreditacin otorgada ser nica y tendr validez en todo el territorio espaol Evidentemente, dicha acreditacin est condicionada al cumplimiento de toda una serie de requisitos. As, las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevencin tienen la obligacin de incluir en su solicitud toda la informacin indicada en el artculo 23 del mismo Real Decreto, entre la que se incluye: mbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar (), previsin de dotacin de personal para el desempeo de la actividad preventiva (), identificacin de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicacin. Adems, el artculo 18.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de servicios de prevencin de riesgos laborales, establece entre las obligaciones de las entidades especializadas que acten como servicios de prevencin la de disponer en los mbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como mnimo, de las instalaciones e instrumentacin necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, anlisis y evaluaciones habituales en la prctica de las especialidades citadas, as como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas bsicas, en los trminos que determinen las disposiciones de desarrollo de este Real Decreto (letra c). Por ltimo, el artculo 26 del citado Real Decreto 39/1997 establece en su apartado 1 que Las entidades especializadas debern mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevencin establecidos en este Real Decreto y en sus disposiciones de desarrollo. A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligacin, las entidades especializadas debern comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variacin que afecte a dichos requisitos de funcionamiento y en su apartado 2 que Las autoridades laboral y sanitaria podrn verificar, en el mbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral que concedi la acreditacin las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.
2.2. A juicio de esta Direccin General de Empleo la existencia de un sistema de acreditacin nica y con validez en todo el territorio espaol, debe ser interpretada, teniendo en cuenta tanto la literalidad de la norma como el espritu de la misma, adems del principio de unidad de mercado, del modo siguiente: La autoridad laboral del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada es la competente para decidir sobre la acreditacin en base, estrictamente, a los criterios tcnicos establecidos en la normativa. Para ello, necesariamente, debe seguirse el procedimiento establecido al efecto en la normativa vigente. Y, dentro del mismo, es indudable que corresponde a las autoridades sanitarias de las comunidades autnomas autorizar la instalacin, el funcionamiento, la modificacin y, en su caso, el cierre de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en su mbito territorial, tal como dispone el artculo 3.1 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autorizacin de centros, servicios y establecimientos sanitarios, norma a la que se remite el artculo 2 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, que establece los criterios bsicos sobre la organizacin de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencin. Debe recordarse aqu que el artculo 1 de este ltimo real decreto determina el objeto de la norma y este no es otro que el de establecer los requisitos tcnicos y las condiciones mnimas exigidas a los servicios sanitarios de los servicios de prevencin para su autorizacin y para el mantenimiento de los estndares de calidad en su funcionamiento. El artculo 2.2 del citado Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, establece que Los servicios sanitarios de los servicios de prevencin ajenos y de los servicios de prevencin propios que incluyan actividad sanitaria debern ser objeto de aprobacin y registro por la administracin sanitaria, a cuyo fin debern solicitar y obtener, con carcter previo al inicio de su actividad, la correspondiente autorizacin administrativa por parte de la autoridad sanitaria competente. De la interpretacin conjunta de ambos preceptos, hay que concluir: o Que los servicios sanitarios de los servicios de prevencin ajenos deben ser objeto de aprobacin y registro por la administracin sanitaria. o Que la instalacin y funcionamiento de cualquier centro, servicio o establecimiento sanitario en el mbito territorial de una comunidad autnoma debe ser necesariamente autorizado por la autoridad sanitaria competente en ese mbito. Por tanto, el mbito territorial de la autorizacin sanitaria no es de carcter nacional sino de carcter autonmico, como se establece en el artculo 3 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, de bases generales sobre autorizacin de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por lo que en el caso de que un servicio de prevencin disponga de servicios sanitarios en ms de una comunidad
autnoma, cada uno de ellos deber ser autorizado por la Comunidad Autnoma correspondiente. Ahora bien, de tales preceptos no cabe concluir que la autoridad sanitaria de una determinada comunidad autnoma pueda exigir servicios sanitarios a una entidad especializada en el supuesto de que esta no disponga de instalaciones sanitarias en el territorio de dicha comunidad autnoma, bien porque vaya a desarrollar su actividad en esa especialidad desde instalaciones radicadas en el territorio de una comunidad autnoma limtrofe, bien porque vaya a recurrir, en los supuestos en que ello resulte posible, a la figura de los acuerdos de colaboracin o, incluso, porque no vaya a desarrollar actividades en esa especialidad al no serle solicitado el concierto de la misma por la/s empresa/s cliente/s en esa comunidad autnoma. Esto es, si una entidad especializada no va a disponer de instalaciones sanitarias en el mbito de una determinada comunidad autnoma, no procede solicitar autorizacin a la autoridad sanitaria de la misma. Tal exigencia carecera de apoyo en la normativa en vigor, ya que sta slo les permite autorizar condiciones de instalacin y comprobar si cumplen los requisitos establecidos para la adecuada realizacin de sus funciones, pero no decidir si una entidad especializada tiene que disponer de instalaciones sanitarias en un determinado mbito territorial. Las exigencias establecidas por determinadas comunidades autnomas, cuando solicitan que un servicio de prevencin ajeno acreditado por otra comunidad autnoma cuente en su mbito territorial con otra UBS, solicitud esta que llega a realizarse incluso por cada provincia o comarca, no estn amparadas por la norma y vienen a ser, en la prctica, nuevas acreditaciones por comunidad autnoma, como si la acreditacin con que ya cuenta un servicio de prevencin no fuese nica o no tuviese validez en todo el territorio espaol. Una entidad especializada que solicite la acreditacin ante cualquier autoridad laboral, deber contar hasta 2000 trabajadores con una UBS. Por encima de esta cantidad deber incrementar los recursos sanitarios que necesite para ejercer su actividad, debiendo disponer al menos de los mnimos contemplados en la norma. Sin embargo, una vez que un SPA ya acreditado, y no se puede olvidar que esta acreditacin tiene mbito nacional, desee actuar en otra comunidad autnoma diferente a la de acreditacin, le corresponder comunicar, a travs de SERPA, que va a iniciar su actividad en esa otra comunidad, pero no puede solicitar otra acreditacin, ni esa comunidad autnoma puede exigrsela, porque la entidad cuenta ya con acreditacin para actuar en todo el territorio nacional. En ningn caso se puede plantear el cumplimiento de ms exigencias que las necesarias para el cumplimiento de las ratios en la medida que haya conciertos con empresas de esa comunidad autnoma. Admitir otra cosa equivaldra a exigir nuevas acreditaciones y ello no es compatible con la legislacin laboral, ni tampoco con la legislacin sanitaria De conformidad con la normativa aplicable, la autoridad laboral de una comunidad autnoma podr comunicar a la autoridad laboral que acredit a un determinado SPA que no se mantienen las condiciones o no se cumplen los requisitos
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que permitieron la concesin de la autorizacin administrativa o que la suficiencia y adecuacin de los recursos son incompatibles con la norma, pero no podr limitar la actividad de un servicio de prevencin ajeno basndose en que debe disponer, de forma previa al inicio de su actividad, de determinadas autorizaciones sanitarias. Debe recordarse que ninguna norma exige que sea un requisito previo; deben contar con autorizacin para las instalaciones cuando vayan a disponer de estas, pero no en otro caso. Cuestin diferente ser las facultades de control que, una vez concedida la autorizacin, corresponden a la autoridad sanitaria en relacin con la actividad sanitaria que desarrolla el servicio de prevencin ajeno. As, conforme al artculo 11 del ya citado Real Decreto 843/2011: 1. La autoridad sanitaria podr verificar, con la periodicidad y los procedimientos de inspeccin y control que estime oportunos, el mantenimiento de las condiciones y cumplimiento de los requisitos que permitieron la concesin de la correspondiente autorizacin administrativa. 2. La autoridad sanitaria evaluar la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevencin, comprobando su calidad, suficiencia y adecuacin. Y a ello hay que aadir que, de conformidad con el artculo 4.5 del Real Decreto 843/2011, los servicios de prevencin tienen la obligacin tanto de mantener las condiciones de acreditacin con las que se autoriz la realizacin de la actividad sanitaria, como de comunicar las modificaciones en la plantilla de personal sanitario o en el nmero de empresas y trabajadores a los que realicen la vigilancia de la salud. 2.3. De conformidad con el artculo 18 del Real Decreto 39/1997, de 17 de marzo, los servicios de prevencin ajenos tienen la obligacin de contar con instalaciones en los mbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, previsin que se reproduce en la Orden de desarrollo. Es decir, la exigencia de instalaciones y recursos sanitarios se vincula directamente a la actividad desarrollada. De acuerdo con el Dictamen 140/2010 del Consejo de Estado no se puede limitar la acreditacin territorialmente a una o varias Comunidades Autnomas y/o exigir la presencia en todas y cada una de ellas, por criterios basados nicamente en la divisin territorial y administrativa del Estado. El Consejo de Estado, en dicho dictamen, y en relacin con la especialidad de medicina del trabajo, objet la necesidad de que cada SPA contara con instalaciones y plantilla circunscrita a cada una de las Comunidades autnomas en que desplegara su actividad. As, sealaba claramente la necesidad de que se exija a los servicios de prevencin ajenos que contaran con determinadas instalaciones en el mbito territorial en que acten () esta exigencia habr de aparecer directamente vinculada a la capacidad de actuacin de las entidades especializadas, en funcin de las actividades que pretendan llevar a cabo (y no a criterios administrativos, como el
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nmero de CCAA afectadas, con abstraccin hecha de las diferencias de extensin y poblacin existentes entre ellas). A juicio de esta Direccin General de Empleo, es claro que resulta exigible a las entidades especializadas acreditadas para actuar como servicios de prevencin ajenos que dispongan, en el mbito territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, de las instalaciones y recursos materiales y humanos establecidos en la normativa vigente. Ahora bien, el cumplimiento de dicha exigencia no puede condicionarse a una determinada distribucin geogrfica de tales medios e instalaciones que tenga como justificacin nicamente un criterio administrativo de distribucin territorial del Estado. El nico requisito que debe cumplir el servicio de prevencin ajeno requisito que no es menor- es tener la capacidad de actuacin necesaria para atender de manera adecuada los servicios que tenga concertados en cada momento. Y ello, lgicamente, conecta con la competencia atribuida a la autoridad sanitaria para evaluar la actividad sanitaria desarrollada por el servicio de prevencin. Es decir, los medios humanos y materiales deben ajustarse a la actividad realmente realizada por los SPA. Adems deben cumplir unos requisitos para poder prestar la actividad, donde se contemplan variables como peligrosidad, lejana y dispersin de los centros y trabajadores atendidos. De acuerdo con lo anterior, la Direccin General de Empleo considera que la cuantificacin de los trabajadores debe contemplarse de forma global, sin que el mbito territorial en el sentido de divisin geogrfica administrativa- pueda ser el criterio decisivo en la materia. De tal forma que hasta dos mil trabajadores ser necesaria una UBS para el servicio de prevencin, con independencia de cmo organice y ejecute su actividad, sin que resulte exigible una UBS en cada demarcacin geogrfica (comunidad autnoma o provincias) en las que el servicio de prevencin desarrolle la actividad sanitaria. La cuantificacin de los medios humanos y materiales del servicio sanitario del servicio de prevencin debe responder a parmetros objetivos que vienen determinados por la carga de trabajo real que este servicio de prevencin debe asumir, aspectos estos que no guardan relacin en principio con delimitaciones ni demarcaciones geogrficas sino con la propia capacidad de actuacin del servicio sanitario del servicio de prevencin en funcin de los factores a tener en cuenta, ya indicados (poblacin a vigilar, riesgos existentes, etc.) y en el que la extensin del mbito territorial concreto de actuacin es un factor ms a tener en cuenta. 3. Marco de los acuerdos de colaboracin El artculo 6 del Real Decreto 843/2011 permite la realizacin de acuerdos de colaboracin entre servicios de prevencin ajenos en dos circunstancias distintas, pero que responden a un patrn comn que es la lejana de las instalaciones del
servicio sanitario del servicio de prevencin respecto de los centros de trabajo a los que estn adscritos los trabajadores a atender por el servicio. Los acuerdos de colaboracin exigen en todo caso la existencia de un servicio de prevencin principal, un servicio de prevencin colaborador y una empresa concertada que conozca y acepte con carcter previo el contenido del acuerdo de colaboracin. Dichos acuerdos estn sujetos a ciertos lmites por cuanto los mismos responden a un principio de excepcionalidad. Por tanto, la comunicacin a la autoridad laboral de cualquier otro tipo de acuerdo entre servicios de prevencin que no se ajuste a las condiciones establecidas en la norma no puede tener la consideracin de acuerdo de colaboracin a los efectos previstos del Real Decreto 843/2011, lo que impedir la prestacin de actividades sanitarias por un servicio de prevencin ajeno distinto del que la empresa contrata de acuerdo con el artculo 19 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. As por ejemplo, no se podr considerar acuerdo de colaboracin del Real Decreto 843/2011 un acuerdo marco o genrico entre dos servicios de prevencin para colaborar en una determinada localizacin geogrfica. Ahora bien, los acuerdos de colaboracin realizados conforme al Real Decreto 843/2011 deben permitir a los servicios de prevencin ajenos que no dispongan de instalaciones sanitarias en un determinado mbito territorial mantener las especialidades tcnicas sin que puedan ser objeto de revocacin. Hay que recordar adems que los acuerdos de colaboracin no deben ser informados por las autoridades sanitarias, que nicamente reciben comunicacin de su realizacin a travs de la autoridad laboral. 26 de junio de 2013
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