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﻿ Sentencia C-269 de junio 3 de 1998
SENTENCIA C-269 DE 03 DE JUNIO DE 1998
CONTENIDO:RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA CIVIL CONTRA SENTENCIAS DE ÚNICA INSTANCIA DE JUECES MUNICIPALES. DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SEGÚN EL CUAL "SE EXCEPTÚAN LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS JUECES MUNICIPALES EN ÚNICA INSTANCIA".
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:320 DE AGOSTO DE 1998. PG. 1127
Sentencia C-269 de junio 3 de 1998
RECURSO REVISIÓN EN MATERIA CIVIL
CONTRA SENTENCIAS DE ÚNICA INSTANCIA DE JUECES MUNICIPALES
EXTRACTOS:«El siguiente es el texto de la norma demandada, con la advertencia de que se subraya lo acusado.
“Código de procedimiento civil. artículo 379. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipio y de menores.
Se exceptúan las sentencias que dicten los jueces municipales en única instancia”.
Según la demanda, la norma acusada vulnera los artículos 1º y 13 de la Constitución, porque establece un trato desigual en relación con los procesos de menor y de mayor cuantía, lo que implica una discriminación “contra los más pobres”.
3. Los recursos en el proceso civil.
1. El Código de Procedimiento Civil consagra recursos ordinarios y extraordinarios contra las providencias que dictan los jueces. A la primera categoría corresponden la reposición, la apelación y la súplica. Además, el recurso de queja, cuya finalidad es la concesión del recurso de apelación denegado por el juez de primera instancia, o su otorgamiento en un efecto diferente, o la concesión del recurso de casación. A la segunda categoría corresponden los recursos de casación y de revisión, que el propio Código califica como extraordinarios.
2. En lo relativo a los recursos, en general, la Corte Constitucional ha sostenido que el legislador, en ejercicio de la facultad de regular el trámite de los procesos, artículo 150, numeral 2, puede no sólo establecerlos, sino determinar lo relativo a su procedencia y a sus requisitos.
3. Por tanto, el legislador goza de una amplia discrecionalidad para regular todo lo relativo a los procesos, o a las formas propias de cada juicio. Su competencia se fundamenta en la cláusula general de competencia contenida en el artículo 150, numeral 1 de la Constitución, pero, específicamente, en el numeral segundo de esta misma norma constitucional. Así lo ha reconocido esta corporación en diversos fallos, tales como las sentencias C-345 de 1993, C-179 de 1995, C-58 de 1996, entre otras.
“... el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”. (Corte Constitucional, sentencia C-05 de 1996. Magistrado ponente, Doctor José Gregorio Hernández Galindo).
4. Dentro de este contexto, no basta para desechar los cargos de una demanda como la que ahora es objeto de análisis, afirmar que el legislador es competente para regular todos los aspectos atinentes al trámite de los procesos, incluida la procedencia o improcedencia de recursos, sean ellos ordinarios o extraordinarios, para dejar de analizar si las excepciones o restricciones reguladas, son razonables.
4. El recurso extraordinario de revisión.
Su finalidadad es, como lo afirma el doctor Hernando Devis Echandía, en su “Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso”, restablecer la buena fe, el debido proceso, el derecho de contradicción y la cosa juzgada, entre otros. Por esta razón, se ha dicho que más que un recurso, es un verdadero proceso.
“ART. 380.—Causales. Son causales de revisión:
9. Ser la sentencia contaría a otra anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
Nada más contrario a derecho que admitir que, a pesar de que una decisión fue adoptada con fundamento en pruebas falsas (testimonios, documentos, pruebas periciales, etc.), o en contradicción del debido proceso, por mencionar alguna de las causales de revisión, no pueda ser objeto de este mecanismo excepcional, creado precisamente para hacer justicia, sólo porque la sentencia correspondiente fue adoptada en un proceso tramitado en única instancia, carente, por ese hecho, de todo recurso ordinario.
“El recurso de revisión, además, ya no sólo está consagrado en favor de quienes tuvieron la calidad de partes en el proceso cuya revisión se pretende, como lo consagraba el artículo 542 del Código Judicial derogado, sino que también se ha instituido en provecho de quienes son terceros que reciben perjuicio originado de la sentencia, por colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que ella se dictó, aunque el fraude no haya sido objeto de investigación penal”. (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de julio de 1974. Gaceta Judicial CXLVIII).
5. Análisis de la norma demandada.
a) En cuanto a los procesos contenciosos de mínima cuantía, no encuentra esta corporación ninguna justificación para que las sentencias dictadas en ellos, no puedan ser objeto del recurso de revisión.
“... no hay duda que la distribución del trabajo al interior del aparato judicial requiere de la adopción de criterios que, tanto horizontal como verticalmente, aseguren el cumplimiento de la noble función que la Carta le asigna. Ciertamente, la racionalización en la administración de justicia obliga a la adopción de técnicas que aseguren prontitud y eficiencia y no sólo justicia en su dispensación. Para ello es razonable introducir el factor cuantía como elemento determinante de la competencia, pero la cuantía referida a un quantum objetivo (...). Pero del factor cuantía no se sigue pues una autorización genérica para violar otras disposiciones constitucionales, particularmente las más caras —los derechos y sus garantías—”. (subrayas fuera de texto) (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-345 de 1993. Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
“Esclarecido lo anterior, es del caso poner de presente que en la propia decisión que se cita, (sentencia C-345 de 1993) la Corte Constitucional dejó claramente establecida la constitucionalidad del factor cuantía como elemento determinante de la competencia, cuando se fundamenta en un criterio general, abstracto e impersonal como el del monto global de la pretensión”. (Corte Constitucional. Sentencia C-351 de 1994. Magistrado ponente, doctor Hernando Herrera Vergara).
b) Iguales consideraciones son aplicables a las sucesiones de mínima cuantía.
c) Ahora bien, los procesos de que trata el artículo 435 del Código de Procedimiento son, en su mayoría, procesos contenciosos donde puede configurarse alguna de las causales de revisión comentadas, sin que exista, tampoco, razón alguna para que resulten excluidos de su procedencia.
d) Sin embargo, dentro de este artículo 435, se encuentran algunos procesos de jurisdicción voluntaria, cuya característica fundamental es que la sentencia que en ellos se dicta, no hace tránsito a cosa juzgada material (artículo 333, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil). Ejemplo de ello lo constituye el numeral tercero, relacionado con la fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos.
Es decir, en esta clase de procesos, por su naturaleza, el juez que los conoció, no pierde competencia para pronunciarse nuevamente sobre los hechos sometidos a su consideración y sobre los cuales ya existe sentencia, cuando se presentan hechos nuevos o cambien las circunstancias que originaron su decisión. Esta especial característica, hace carente de sentido la procedencia del recurso de revisión para esta clase de procesos, pues si el juez que conoció del asunto, tiene la facultad de pronunciarse en cualquier momento sobre él, podrá, con mayor razón, revisar su fallo, cuando se ha configurado alguna de las irregularidades que la ley procesal consagra como causales de revisión (art. 380 del Código de Procedimiento Civil).
Por las consideraciones anteriores, se declarará inexequible el inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Se exceptúan (del recurso extraordinario de revisión) las sentencias que dicten los jueces municipales en única instancia”. Es claro que en los procesos de jurisdicción voluntaria que tramitan estos jueces, por la naturaleza propia de las sentencias que en ellos se profieren, éstas no son objeto de este recurso extraordinario.
Declárase INEXEQUIBLE el inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Se exceptúan las sentencias que dicten los jueces municipales en única instancia”.
(Sentencia C-269 de junio 3 de 1998. Magistrada Ponente: Dra. Carmenza Isaza de Gómez).

References: ARTÍCULO 379
 artículo 379
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 542
 artículo 435
 artículo 435
 artículo 379
 artículo 379