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Timestamp: 2014-04-23 09:22:34+00:00

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Consulta Ordinaria - Resolución No.019 de 2006 - Conceptos docs - Academia Colombiana de Jurisprudencia
El delito de estafa en una letra de cambio se configura cuando es garantía de un negocio jurídico
Bogotá, D.C., agosto 28 de 2006
Marco Gerardo Monroy Cabra Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Señores Academicos
Por comisión que el señor Presidente tuvo a bien otorgarme en pasada sesión, me permito presentar a ustedes, el correspondiente informe, el cual someto a su inteligencia y consideración.
El objeto de la consulta es del siguiente tenor:
?El delito de estafa en una letra de cambio se configura cuando es garantía de un negocio jurídico?.
Nada más dice, nada más agrega, y nada más concreta el consultante. Faltó por completo que don Javier Cala se refiriera en detalle, y en muchas más cosas, al asunto de la referencia, pues apenas lo plantea muy ligera y tenuemente, sin expresar, con el rigor deseado, las verdaderas vivencias del mismo. A derechas se entiende que la Academia Colombiana de Jurisprudencia se ponga al compás de las consultas, cuando estas se formulan, en su posible excelencia, para esto y por esto, bien que en otros casos, es difícil entender el sentido del dictamen impetrado, resultando que el jurista se ve forzado a trazar de su propio motivo, algunos juicios y derroteros en un esfuerzo mental, casi que heroico, por cubrir todas las posibilidades de la materia a tratar, lo cual no es justo ni racional para los académicos, situación que no escapará a ninguna pluma inquisitiva. De todas suertes, y en su afán por cumplir con el encargo intelectual recibido, planteamos en abstracto y en concreto, algunas cuestiones que se rozan con la temática penal, propia de los títulos ? valores.
1.- El delito de estafa aparece definido por el artículo 246 del Código penal, en los términos que siguen:
Artículo 246 .- Estafa
?El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro, en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para si o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes?.
2.- Los elementos estructurales o compositivos del injusto en cuestión, se detallan a seguida:
a.- Un engaño con trascendencia jurídica para producir el error.
b.- El error de la víctima que vicia la voluntad de la prestación.
c.- La disposición patrimonial en provecho del autor.
d.- La existencia de un perjuicio ajeno con el debido nexo o relación de causalidad entre la defraudación y el daño patrimonial.
3.- Al no exponer el preguntador las características particulares del medio empleado para inducir en error a la víctima ( señuelos, artilugios o maquinaciones), ni señalar la relación funcional, engaño ? acto de disposición, ni tampoco describir la concreta naturaleza del tipo subjetivo, resulta en extremo difícil e intrincado, registrar el delito o delitos cometidos por el agente. Manejemos entonces, con gesto resignado, las hipótesis comportamentales más comunes del asunto, como formas típicas de agresión patrimonial :
a.- Si la obligación cambiaria se contrae con el propósito doloso de favorecer a terceros y burlar la posibilidad de hacer líquido el importe del crédito, sin discusión, habrá un artificio o una conducta falaz para realizar el tipo pertinente de la estafa. Es evidente la impostura, si el deudor, autor de la conducta prohibida, se presenta ante el acreedor como hombre adinerado y acaudalado, mostrando documentos y papeles que pregonan su capital y riqueza ? los cuales son siempre simulación o apariencia de solvencia económica ? solicitándole un préstamo urgente, comprometiéndose a pagar, a más del valor indicado en la letra de cambio, como título a la orden, créditos superiores al interés legal o convencional, a lo cual accede el engañado. Se sorprende así, con este medio comisivo, la buena fe ajena, y por ello, es de toda verdad, que hay conducta punible. El artículo 305 del C. P. define esta forma astuta y ladina de delincuencia. Cuestión distinta la usura, si es que las ventajas pecuniarias son desproporcionadas con la prestación, en los términos del artículo 305, ibídem. b.- Si se adultera el título de crédito, falsificando el acreedor cautelar, a su favor, la literalidad del guarismo original de la letra comercial, incrementando dolosamente la suma de dinero acordada, forzoso es identificar un reproche penal por el delito de falsedad material en documento privado. El artículo 289 del C. P. recoge esta conducta relevante que se produce para ingresar y engañar al tráfico jurídico. c.- Si alguno encuentra un cheque ( o una letra de cambio, para el caso da igual, mutatis mutandis ), y sin conocer la firma del cuentacorrientista, lo llena liberalmente con una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, y lo presenta, en el caso del cheque, pongo por caso, a un almacén o a un establecimiento comercial, con el fin de comprar bienes y mercancías, la doctrina penal mayoritaria entiende que se está en presencia de los delitos de falsedad y estafa. Se habla de lo primero, porque el sujeto de la acción, finge una situación que es diferente a la real y auténtica, haciendo en todo o en parte, un documento falso, y lo segundo, porque el efecto de comercio se utiliza como medio engañoso para procurar al autor, o a otro, un provecho injusto con daño ajeno. En estos supuestos, la teoría del delito habla de un concurso real o material de delitos (pluralidad
de conductas que ofenden bienes jurídicos distintos, a los que debe dictarse una única sentencia), de naturaleza heterogénea ( los hechos punibles ofenden bienes jurídicos desemejantes ), y sucesivo, ( entre uno y otro comportamiento medió un relativo tracto temporal).
d.- Por cierto que mi criterio personal va por otro lado, lo que ya es mucho decir en Colombia, donde los altos y eruditos círculos jurídicos no derraman sus bendiciones ni sus aplausos a quienes obran de acuerdo con lo que piensan y practican, por llevar muy en lo dentro de sus entrañas espirituales la bondad de sus tesis y creencias. Dejando aparte esto, entiendo entonces, que si no existe imitación de la caligrafía o de los rasgos gráficos del librador ? y en el caso de la ejemplificación, ello es evidente, al no conocer el delincuente la persona del girador ?, y por supuesto, ignorar la firma registrada en el banco ? no hay delito de falsificación que imputar. Como es notorio en nuestro medio, y sabido por los más, me sumé al criterio carrariano de la imitatio veritatis, postura que solitariamente he defendido por estos confines, en contraposición a la tesis de la inmutatio veritatis, que es la posición de la mayoría. Al llegar a este punto, debo decir, y es la expresión estricta de la verdad, que la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acepta las ideas del maestro de Pisa
1, y por supuesto, las mías. Entre otras muchas, pueden consultarse las casaciones de octubre 5 de 1990 y abril 6 de 1994, donde fueron magistrados ponentes los doctores Torres Fresneda y Calvete Rangel, respectivamente, con los correspondientes salvamentos de voto del magistrado Valencia Martínez. Debo decir que a mi, y con el respeto por las ideas ajenas, jamás nunca me convencieron en esta compleja y sensible materia los criterios en contrario, provengan, no obstante su aparato y su fama, de la Sala de Casación o de algunos sectores de la doctrina. Sea esto lo que quiera, y como mi vida intelectual es todo lo contrario a estas últimas enseñanzas, ruego a ustedes, permitirme evocar los siguientes párrafos, escritos en alguna ocasión:
?Sin imitación no puede hablarse, stricto sensu, del delito de falsedad. Su ausencia desintegra la conducta de este tenor para dar paso firme a formas comunes de fraude. En poco más de treinta años he perseverado en sostener, como ningún otro, que la imitación hace parte de la estructura ontológica del delito-tipo de falsedad, concepto donde se halla amadrigada toda la esencia controversial que gira en rededor de esta infracción. He remeditado el asunto y cada día estoy más firme en mis convicciones. Acá, los criterios dirigentes van por otro lado, conformándose los autores, y casi toda la jurisprudencia nacional, con repetir lo que se conoce en el medio, postura fácil de convencimiento, sin que nadie apreste su inteligencia a contradecir o refutar la opuesta concepción.
Y aunque suene a sacrilegio o apostasía en los oídos de los competentes penalistas de mi país, seguiré a solas, ahora, antes y siempre, concretando mis convicciones sobre la materia, con la esperanza, a medias en profecía y a mitad en ensoñación, que el criterio de la imitatio veritatis adquiera, por fin, los vuelos que merece. Mientras tenga asiento en la cátedra y pluma de escritor seguiré luchando a hito contra el discurso contrario. A remate de cuentas, los criterios son de este mundo y es bueno darlos a conocer por dentro 2.
5.- Por último, un caso concreto a destacar ? a buena verdad, poco más o menos aproximado al expuesto por la consulta ? tendría que ver con los delitos de falsedad en documento privado y estafa. A conciencia, recuerdo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la casación atrás indicada ( 6 de abril de 1994 ), se vio abocada a examinar el caso del individuo que convenció a su querida de firmar una letra de cambio que sirviera de garantía para la compra de unos repuestos, con destino a un automotor. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo ? en su condición de Juez de segunda instancia ? confirmó la condena proferida por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Sogamoso en contra de Gonzalo Mogollón Morales, como autor responsable de los delitos de falsedad y de estafa. Por lo demás, ni el Juzgado ni el Tribunal, dijeron ninguna cosa acerca del fraude procesal, estando obligados a ello, como si el círculo de estas ideas no tuviera las repercusiones que en verdad tienen. !Que hemos de hacerle¡. Recordando a Don Miguel de Unamuno: para trabajar hacia fuera, para los demás hay que haber trabajado hacia adentro, para si mismo. Que bello pensamiento, lástima que no lo conozcan, los servidores públicos aludidos, porque en esto hay una gran lección. 6.- Acaso sea importante recordar algunas ideas del proceso en mención. La historia del asunto, viene expuesta así, en el lenguaje del Tribunal :
?Demetria de las Mercedes Avendaño Cuervo denunció ante el Juzgado de Instrucción Criminal reparto de la ciudad de Sogamoso a Gonzalo Mogollón Morales en razón a que cuando convivió en unión libre, con este señor, adquirieron una casa en el área urbana de aquella ciudad por valor de un millón doscientos mil pesos, monto que dice fue cubierto por la denunciante con préstamo que al efecto les otorgó BCH, y con dineros provenientes de cesantía parcial y parte del sueldo que como empleada del ISS devengaba. Como quiera que Mogollón figuraba en la escritura de aquella compra sin haber contribuido en el pago del valor de la casa, Demetria le pidió la devolución de su derecho y se hizo entonces la escritura respectiva por valor de $600.000.oo. al surgir entre ellos una serie de desavenencias. Demetria se mudó de casa y al poco tiempo de hacerlo se enteró que en su contra cursaba un proceso ejecutivo por la suma de dos millones quinientos mil pesos con base en una letra de cambio que por ese valor se hacia figurar como deudora, siendo que en realidad no debía ese dinero. Puntualizó la denunciante que esa suma la colocó el denunciado en una letra de cambio que tiempo atrás le había firmado en blanco y dada en garantía para unos repuestos de su carro. Como el denunciado le hiciera saber y creer que había destruido esa letra, de desentendió del asunto, pero luego fue sorprendida con la ejecución que en su contra se adelantaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso con fundamento en la letra de cambio por ella suscrita y por el referido valor. Esta es la razón para acudir a la justicia y denunciar penalmente a Mogollón Morales por los punibles ya enunciados?.
Por razones técnicas, y por ausencia de demostración de las censuras, la Sala Penal no casó el fallo de condena impugnado, por cuya virtud al sujeto agente se le atribuyeron los delitos antes referenciados, advirtiendo sí la posibilidad de enrostrar al imputado el delito de fraude procesal, por cuanto el ?haber utilizado a la administración de justicia como medio para obtener el provecho ilícito, induciendo a un juez en error para que profiera una sentencia contraria a la ley, podrá constituir un fraude procesal en concurso con la estafa?. Anotó la Sala Penal que esta situación ?no constituye error en la denominación jurídica, sino una deficiente calificación que no puede dar lugar a que se compulsen copias, porque se violaría la prohibición contenida en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, haciendo más gravosa la situación del procesado que en este caso es recurrente único, ya que no se trata de hechos que no hubieran sido objeto de la investigación, ni que el juez no los hubiere apreciado, sino simplemente que al formular los cargos no se tuvo en cuenta que lo ocurrido generaba una imputación más?. No defiendo esta última tesitura por entender que la Corte validamente podía ordenar, de oficio, la compulsación de las copias pertinentes. Pero este es otro asunto.
En esta sentencia de casación, y con la debida extensión, salvé mi voto, con los siguientes argumentos y proposiciones:
?Cualquiera que sea el error de mis preocupaciones, tengo para mi que los autos apuntan a demostrar la presencia de dos títulos penales: Estafa y fraude procesal. Es lo que yo apercibo con toda nitidez, lamentando, de verdad, que el criterio de la Sala no haya logrado convencerme, y así, digo:
a) La historia procesal muestra con claridad dos etapas perfectamente diferenciables. La primera acaece cuando el procesado convence a su concubina de firmarle una letra de cambio supuestamente para servir de garantía a la compra de unos repuestos con destino a un automotor. La segunda, cuando la llena a su acomodo, haciéndola aparecer como deudora suya de una suma importante de dinero y acude con el título circulatorio ante la jurisdicción civil para su cobro coactivo.
En lo que se refiere al primer comportamiento, meridiano resulta su encuadramiento dentro del tipo penal de la estafa. El primero de sus elementos estructurales es el despliegue que hace el sujeto activo de artificios, engaños y trapisondas destinados a hacer caer en error a la víctima. Comoquiera que Mogollón para la época del suceso criminoso manejaba un automóvil de su propiedad, le solicitó a Demetria Avendaño que le colaborara para ponerlo en funcionamiento, mediante la firma de una letra de cambio, como respaldo o garantía de la compra de los repuestos necesarios. Como Mogollón aparentaba no contar con el dinero suficiente para ello, Demetria aceptó la petición y firmó el documento, estructurándose el segundo elemento del delito: El error o falso juicio de quien sufre el engaño, determinado por el ardid. Sin embargo, su amante no obtuvo el provecho ilícito esperado, pues aunque intentó su cobro por medio de la administración de justicia, su intento se vio frustrado por la denuncia que llevó a revelar la verdad de su comportamiento, pese a que consiguió embargar el inmueble de Demetria, pero sin lograr el cobro efectivo de la letra en referencia. Así las cosas, esta conducta, al no realizarse este tercer elemento del ilícito, convierte la estafa en tentada;
b) Con relación a la restante conducta, es de ver que ya en posesión del documento, Mogollón Morales acude ante un Juez de la República para obtener su cobro. Razón le asiste a la Sala cuando afirma ?y en esto la acompaño? que la utilización que hiciera el procesado de la administración de justicia para conseguir sus proclives fines determina un fraude procesal. Es claro que con el falseamiento de la verdad perseguía engañar al fallador para que dictara una sentencia injusta y contraria a derecho;
c) El motivo de mi inconformidad versa sobre la tipificación que hace la Sala de un delito de falsedad. No creo en la realidad óntica de este delito-tipo. La firma de Demetria es la legítima y auténtica. El sujeto de la conducta ni remedó, ni imitó, ni creó la firma libradora por cuanto ?como bien se conoce? la mujer, bajo los engaños y trapisondas conocidos, había firmado con antelación la letra de cambio. He creído siempre que la actividad creadora en un documento no es conducta que afecte el bien jurídico de la fe pública y sí presupuesto del delito de la estafa. Si la imitatio ?que es parte integral del tipo de falsedad? no se da en el caso penal, el hecho deriva hacia formas comunes de fraude. En esta específica ocurrencia donde el documento falsificado se inventa o se crea ?sin asumir imitación de lo verdadero? no es relevante el quehacer falsario, y en todo caso, el hecho no se acondiciona a esta tipicidad. Creo, entonces, que esa ?delincuencia falsaria? al estar en función del plan o modo de actuación de Mogollón Morales apenas constituyó en el recorrido del iter criminis una acción precursora de la conducta pergeñada en el tipo del artículo 182 del Código Penal. Nada más. Debió, pues, la Sala decretar la nulidad de la actuación, por errónea calificación de las conductas.
Con mi pensamiento propio he expuesto lo que considero sea la situación del caso. Por cierto que observo que los planteos de aquí o de allá tienen la virtud de permitir algunas reflexiones y cálculos, así mis opiniones lleven las de perder?.
Entonces, pues: El consultante tiene a su disposición, concretas reflexiones y textos abiertos, sin veladuras de ninguna especie, para aclarar sus escrúpulos y vacilaciones, que es a lo que vamos, según todo lo anterior. Y nada más, que lo dicho y escrito es suficiente para ordenar y sistematizar las ideas de quien eleva la consulta. Jorge Enrique Valencia M. __________________________________________
1 Véase, el Programma del Curso de Derecho Criminal, de Francesco Carrara, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1948, Parte Especial, vol. VII, Nos. 3676 y ss., p.p. 301-306.
2 Vid mi libro, La otra cara de la jurisprudencia penal, Ediciones Jurídicas Ibañez, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 2004, p. 101.
Resolución No 019 de 2006 (Octubre 09 de 2006)Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.

References: Resolución 
 artículo 246

Artículo 246
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 289
 artículo 217
 artículo 182

Resolución