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Timestamp: 2019-12-07 09:24:35+00:00

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Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en Lambayeque existen 120 mil 445 personas con alguna discapacidad o limitación permanente.
La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 - Ley Nº 30879, obliga a las municipalidades a destinar el 1 % de su presupuesto en la atención de personas con discapacidad.
Desamparados. El coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, José Muro Cabrejos, advierte que tanto las municipalidades distritales, provinciales como el gobierno regional, no estarían cumpliendo con destinar el 1 % de su presupuesto para atender a las personas con discapacidad, tal como exige la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 - Ley Nº 30879.
Según la disposición normativa, los gobiernos locales y regionales están obligados a destinar el 0.5 % de su presupuesto institucional para la realización de obras de mantenimiento, reparación o adecuación, destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana, la cual incluye las sedes municipales y regionales, todo ello en beneficio de las personas con discapacidad.
Asimismo, los gobiernos subnacionales deben destinar un 0.5 % adicional de su presupuesto para financiar los gastos operativos y programas que realizan las dependencias de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED, así como la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDI.
Sumado a eso, los ayuntamientos y gobiernos regionales deben dar cuenta anualmente a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, del cumplimiento de lo dispuesto por ley. Del mismo modo, se debe remitir una copia al CONADIS.
En abril de este año, servidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo tuvieron que cargar a un grupo de deportistas con discapacidad, quienes iban a sostener una reunión en un ambiente del segundo piso del palacio edil, el cual no cuenta con la infraestructura adecuada que permita el desplazamiento de las personas en sillas de ruedas.
La Contraloría advirtió, a través del Informe de Control Simultáneo 015-2019-OCI/2738-SOO, del 3 de octubre pasado, que la Municipalidad Distrital de La Victoria no asignó el 0.5 % de su presupuesto institucional a la OMAPED. La misma situación se encontró en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, según el Informe Nº 014-2019-OCI/0426-SOO, del 4 de octubre de este año.
“Es lamentable que no se ejecute el presupuesto, tenemos conocimiento que algunas municipalidades sí lo hacen, pero no son todas. Todo establecimiento público o privado está en la obligación de poseer, por ejemplo, rampas para sillas de ruedas. Podríamos decir que lo dispuesto por la ley se cumple en una forma mínima”, sostiene.
Por otro lado, Muro Cabrejos señala que la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, obliga a las entidades públicas a contratar a personas con discapacidad en una cifra no menor al 5 % del total del personal. Asimismo, exige a las empresas privadas que tengan más de 150 trabajadores a tener dentro de su planilla no menos del 3 % de personas con discapacidad.
No obstante, para que una persona con discapacidad solicite trabajar en una empresa pública o privada debe estar inscrita en el registro del CONADIS para formar parte de la cuota que exige a las organizaciones la Ley General de Personas con Discapacidad.
El artículo 45 de la citada norma refiere que “la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables”.
Asimismo, el artículo 46 contempla la exigencia de que el Estado reserve el 10 % de su presupuesto para los programas de fomento del empleo temporal y la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la persona con discapacidad.
El CONADIS es el ente encargado de velar por el cumplimiento de lo dispuesto y de ejercer la potestad sancionadora cuando es una entidad pública.
Asimismo, Muro Cabrejos señala que las personas con discapacidad severa y en situación de pobreza pueden acceder a una pensión no contributiva de 300 soles cada dos meses, como parte del Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
Para acceder a esta pensión el postulante debe presentar un certificado de discapacidad severa emitido por los establecimientos autorizados del Ministerio de Salud – MINSA, además de no percibir ningún ingreso que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorgan a través de El Seguro Social de Salud - EsSalud.
Adicional a eso, el postulante debe encontrarse en situación de pobreza, según los criterios que establece el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH.
Una vez cumplidos dichos requisitos, la persona con discapacidad debe acercarse a las oficinas de OMAPED para que esta le informe si ya se encuentra registrado en el padrón de usuarios que Contigo actualiza cada dos meses. Los cobros los puede hacer cualquier familiar portando el DNI de la persona con discapacidad en cualquier agencia o agente del Banco de la Nación.
Hasta la fecha hay 19 mil 822 personas con discapacidad severa que son beneficiarias del Programa Contigo en 21 departamentos. La mayor cifra se ubica en Cajamarca (cinco mil 564), mientras que la menor está en Moquegua (31). Piura cuenta con 527, La Libertad con 164 y Lambayeque con 263, es decir, el 1.32 % del total.
Por otro lado, Muro Cabrejos afirma que como CONADIS capacitan a las personas con discapacidad del departamento en diferentes aspectos, siendo uno de los últimos talleres el referido a la conformación y formalización de sus asociaciones, el cual fue dictado por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
“La idea es que las personas con discapacidad siempre estén en constante capacitación, les hemos ayudado a que mejoren el funcionamiento de sus asociaciones y ahora con motivo del Día de la Persona con Discapacidad (16 de octubre) vamos a realizar diferentes actividades para sensibilizar a la población, entre las que destacan una feria en el Parque Infantil el día central”, menciona.
Según la Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, realizada por el INEI en el 2012, el 16.4 % de hogares en el Perú cuentan con al menos un integrante que tiene discapacidad, cuya mayor prevalencia se observa en las zonas urbanas. Del total de estos hogares, el 81.8 % presenta un miembro con discapacidad, el 16.2 % a dos y el 2 % de tres a más.
Dicho estudio reveló que existe un millón 577 mil 402 personas con discapacidad en el país, es decir, el 5.2 % de la población, de los cuales el 47.9 % son varones y el 52.1 % mujeres.
Del total de personas con discapacidad, el 59.2 % presenta limitación para el movimiento de sus extremidades, el 50.9 % para ver aun usando lentes, el 42.4 % proviene de una enfermedad crónica, el 33.8 % para oír aun usando audífonos para sordera, el 32.1 % para recordar y concentrarse, el 18.8 % para relacionarse con los demás y el 16.6 % para hablar.
El último censo general del 2017 arrojó que en Lambayeque el 10.1 % de la población, es decir 120 mil 445, tiene algún tipo de discapacidad. La provincia con más personas con estas características es Chiclayo (10.9 %), seguida de Ferreñafe (10.6 %) y Lambayeque (7.8 %). El porcentaje de personas con discapacidad en el área urbana alcanzó el 10.9 %, mientras que el área rural el 6.3 %.
De la población censada en edad de trabajar en Lambayeque, 68 mil 877 presentan limitación visual, 17 mil 167 auditiva, cinco mil 822 oral, 28 mil 293 motriz, nueve mil 103 cognitiva y seis mil 79 para relacionarse.
“Desde el 2012 no tenemos estadísticas precisas respecto a personas con discapacidad. Debería volver a realizarse un censo específico para nosotros”, afirma Muro Cabrejos.
Encargaron jefatura de abastecimiento a servidor que no tenía certificación del OSCE.
También se detectó irregularidades en contratación de obra de pavimentación ejecutada en Pampagrande.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que tiene facultad fiscalizadora en la comuna de Chongoyape, estableció que diez funcionarios tienen responsabilidad de tipo penal y administrativa por las irregularidades identificadas en la designación del responsable de Abastecimiento, así como en los tuvieron a cargo la contratación de la obra: “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado Pampagrande – II Etapa”, valorizada en más de cuatro millones y medio de soles.
El informe es el N° 017-2019-2-0425, emitido el 16 de septiembre, en el cual se contienen además los resultados de la revisión realizada por el OCI a los procedimientos seguidos por la Municipalidad Distrital de Chongoyape para la tramitación de la Licitación Pública N° 1-2018-MDCH-1, para ejecución de la obra “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles El Sol, Yahuar Huaca, Huayna Capac, Manco Capac, Sinchi Roca, Wiracocha, Cahuide e Inca Roca, del centro poblado Pampagrande – II Etapa”.
La auditoría de cumplimiento aplicada permitió establecer que la municipalidad distrital designó a un trabajador en el cargo de responsable de abastecimiento sin que este se encuentre certificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, generando de este modo afectación a la eficiencia, eficacia y la legalidad de los procesos de contratación y el correcto funcionamiento de la administración pública.
Asimismo, se concluye en el informe que los actos preparatorios del procedimiento de selección y suscripción del contrato se dieron al margen de la normatividad vigente, afectando la libre concurrencia de postores, la competencia, legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública, generando un potencial perjuicio económico ascendente a 335 mil 492.81 soles.
De acuerdo al informe del Órgano de Control Institucional, existe responsabilidad administrativa a ser investigada por la entidad en el alcalde de Chongoyape, Roger Santa Cruz Flores; en el gerente municipal, Armando Castañeda Quiroz, sobre quien además existiría responsabilidad penal, al igual que en el caso de Jhoselyn Constantino Montenegro, exresponsable de Recursos Humanos, y Juan Valdivia Torres, responsable de Abastecimiento hasta agosto pasado. Estas cuatro personas están involucradas en la designación y aceptación impropia de Valdivia Torres en un puesto para el que no estaba certificado por el OSCE.
Respecto al procedimiento en sí de la tramitación y contratación de la obra de pavimentación en Pampagrande, la responsabilidad administrativa recaería sobre el exalcalde Alden Padilla Díaz, quien ostentó el cargo entre abril y diciembre del año pasado; César Fernández Carrasco, el exgerente general del municipio entre mayo y diciembre del 2018, y José Chirinos Dávila, encargado de la gerencia general municipal.
Asimismo se considera que existe responsabilidad administrativa en los exfuncionarios: Ricardo Zapata Lozada, quien se desempeñó como jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, y presidente titular del Comité de Selección, entre entre abril del 2016 y noviembre del 2018; Elmer Guevara Dávila, responsable de Abastecimiento y segundo integrante titular del Comité de Selección, entre diciembre del 2017 y diciembre del año pasado, y Mariano Heredia Guzmán, ex primer miembro titular del Comité de Selección.
TRASGRESIÓN NORMATIVA
Al designar a Juan Valdivia Torres como responsable de Abastecimiento sin contar con la certificación del OSCE se trasgredió – dice la Contraloría – lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre las atribuciones del alcalde; el Artículo 4 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General relacionado a la instancia competente para declarar la nulidad, así como el Artículo 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificatoria, referido a la organización de la entidad para las contrataciones.
También se vulneró lo establecido en el acápite III y en el numeral 7.1 de las VII Disposiciones Generales de la Directiva N° 013-2017-OSCE/CD, Certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos de las contrataciones de las entidades públicas, aprobado con la Resolución N° 019-2017-OSCE/PRE, del 19 de julio del 2017, así como el acápite III y en el numeral 7.1 de las VII Disposiciones Generales de la Directiva N° 002-2018-OSCE/CD.
OCI confirmó que entre enero y julio pasado, Valdivia Torres no contó con la certificación requerida de manera obligatoria para desempeñarse en el cargo de responsable del órgano encargado de las contrataciones de la municipalidad, máxime si en razón de su cargo, como responsable del área de Abastecimiento cumplía funciones desde la planificación de las contrataciones hasta la gestión administrativa del contrato.
Ante los hallazgos, OCI ha solicitado al alcalde de Chongoyape que ponga de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la municipalidad los alcaldes del informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos relacionados a la designación inadecuada del responsable de abastecimiento.
También, que se ponga de conocimiento al pleno del concejo municipal el contenido del informe, a fin de que en relación a los hallazgos y las responsabilidades administrativas identificadas contra los funcionarios elegidos por votación popular, se adopten los acuerdos y acciones que correspondan a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, acto que deberá constar en el acta de sesión de concejo convocada para dicho efecto.
Otro de los pedidos del OCI es que se disponga las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Chongoyape involucrados en las irregularidades señaladas, así como que la Gerencia Municipal y el área de Recursos Humanos realizan la designación, traslado y/o rotación del personal del Área de Abastecimiento, no sin antes haber obtenido los certificados emitidos por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los mismos que deben ser archivados en sus legajos personales.
Del mismo modo se recomienda que el gerente municipal, en coordinador con la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, proyecte y tramite la aprobación de una directiva interna que regule el procedimiento de elaboración y aprobación de los expedientes técnicos, a fin de cautelar su idoneidad y que se encuentren en estricta sujeción a la normativa técnica aplicable.
Se pide también que se capacite al personal de la municipalidad en materia de contrataciones del Estado, así como sobre el proceso de registro obligatorio de la documentación en el Sistema de Gestión Documentaria – SISGEDO, y que se establezcan lineamientos que establezcan cómo se debe ordenar y archivar la documentación de los procedimientos de selección en el expediente de contratación, desde los actos preparatorios hasta la liquidación de contrato.
Los alcances del informe del Órgano de Control Institucional fueron remitidos al alcalde de Chongoyape, Roger Santa Cruz Flores, a través del Oficio N° 1068-2019-CG/OCI-MPCH, del 26 de septiembre pasado.
Trabajos no han considerado la mitigación de vulnerabilidad de viviendas ubicadas cerca al río Olmos.
Un expediente técnico incompleto y otras deficiencias fue lo que encontró el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Distrital de Olmos, en la ejecución de la obra: “Renovación de puente peatonal, en el LA, reconstrucción de tres puentes peatonales sobre el río – valle viejo Olmos”.
El Informe de Control Simultáneo N° 021-2019-OCI/2137-SVC, estableció además la existencia de zonas vulnerables que requerían de protección y encauzamiento, las mismas que no fueron consideradas en el proyecto de inversión, lo que podría generar afectaciones a las viviendas del sector Alan García, así como la estructura de estribo de la construcción del puente denominado ‘Tarata’, poniendo en riesgo la integridad de los moradores de la zona y de quienes eventualmente transitan por el lugar.
A ello se suma que se cambió de ubicación el denominado puente Tarata sin contar con la opinión técnica del proyectista, y que por la condición incompleta del expediente técnico no es posible realizar un adecuado control técnico y financiero de la obra, lo que puede afectar la calidad y duración de la misma, así como el riesgo en el uso adecuado de recursos públicos.
El proyecto: “Renovación de puente peatonal en el LA, reconstrucción de tres puentes peatonales sobre el río – valle viejo Olmos”, fue ingresado en octubre del 2018 al banco de inversiones con un monto viable, aprobado y actualizado de cuatro millones 371 mil 305.99 soles, pero tras la aplicación del Formato Único de Reconstrucción se ajustó el presupuesto a cuatro millones 51 mil 283.61 soles.
Así, la Municipalidad Distrital Olmos encargó la ejecución de la obra a la empresa Inversiones Oberti SCRL, suscribiéndose el contrato el 2 de julio de este año con un plazo de ejecución de 300 días calendarios, bajo el sistema de contratación de precios unitarios. La supervisión fue encargada al Consorcio CYC, suscribiéndose el contrato también el 2 de julio, con un valor de 258 mil 230.17 soles.
Cuando la comisión de control solicitó el expediente técnico recibió de parte de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural del municipio, con el Informe N° 173-2019-SGDUR/MDO/EEQV, del 10 de septiembre pasado, un informe que no era congruente en lo referido al presupuesto al que se puso finalmente en ejecución, razón por la que el OCI tuvo que recurrir al expediente técnico publicado por la comuna en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
De la revisión de dicho documento es que se ha llegado a la conclusión de la existencia de al menos dos situaciones adversas que generar condiciones perjudiciales para los intereses de la entidad y el cumplimiento de los objetivos mismos de la obra.
Con el Oficio N° 292-2019-MDO/OCI, del 6 de septiembre, el órgano de control requirió a la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural el expediente técnico, recibiendo en el remitido con el Informe N° 173.
“De la revisión al referido expediente técnico entregado de manera digital (CD) se verificó que parte de la documentación difiere con la documentación del expediente técnico descargado del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, portal institucional del OSCE, entre ellos la memoria descriptiva, planillas de metrados, presupuesto total de obra, subpresupuesto, análisis de costos unitarios, insumos y cantidades, entre otros, razón de ello se está tomando como referencia el expediente técnico descargado del portal institucional del OSCE, ya que el presupuesto de obra es igual con el monto, con el cual se contrató a la empresa Inversiones Oberti SCRL”, señala el OCI.
Por ejemplo, se encontró incompleto lo relacionado a las “Especificaciones técnicas”, “Diseño estructural” y “Planos”.
Con ello se trasgredió el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, del 6 de julio del 2018; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, del 10 de diciembre del 2015, y modificado con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del 31 de diciembre del año pasado.
“La ejecución de la obra con expediente técnico incompleto no permitiría realizar un correcto y adecuado proceso constructivo, así como el control técnico y financiero de dicha obra, lo que afectaría la calidad, duración, resultado y/o logro de los objetivos del proceso, así como el uso adecuado de los recursos públicos”, indica el OCI en su informe.
Durante la visita de control realizada el 16 de septiembre a la ejecución de la obra, junto al jefe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Eduardo Quezada Vásquez, se advirtió la existencia de zonas vulnerables que requieren de protección (sector Alan García) y obras de encauzamientos (sector Miraflores) frente a máximas avenidas, las cuales no fueron contempladas dentro del área de intervención del proyecto, lo que afectaría viviendas y a la propia estructura en sí.
De la construcción del puente ubicado en el sector Alan García – Puente Alan García, “podemos mencionar que, tanto aguas arriba como aguas abajo, se observó la existencia de viviendas (dentro de la franja marginal), cuyas paredes estarían en contacto directo con el agua, actuando como bordo del canal (talud), otras están cerca del bordo del canal, y en otro caso se ha construido parte de un muro dentro del canal, lo que podría conllevar ante las máximas avenidas la inestabilidad de sus cimientos y posibles colapsos de la estructura y con ello poner en riesgo la integridad de los moradores de la zona.
Asimismo se advirtió que el agua al salir por el referido puente chocaría directamente con un muro de tierra, donde a escasos metros existen viviendas, que frente a la erosión, abrasión y socavación causadas por el agua generarían el colapso total de las viviendas.
Respecto al puente ubicado en el sector Miraflores – Puente Tarata, se tiene que el estribo que limita con el sector El Cardo se vería afectado por las filtraciones de las aguas servidas provenientes de los desagües de Alan García, las que se encuentran acumuladas en pozas o lagunas naturales, aproximadamente a unos 100 metros aguas abajo del referido puente (lado derecho del dique de protección del río), cuyas filtraciones van a dar o se observan cerca de la estructura (estribo), lo que ocasionaría el asentamiento de la estructura.
Dicho estribo se vería perjudicado aún más debido a la existencia de una quebrada que en tiempo de lluvias descarga o desemboca sus aguas cerca de la estructura, lo que podría generar inestabilidad y el colapso de la misma.
“Cabe mencionar que dichas filtraciones de las aguas servidas, provenientes de los desagües de Alan García, también van a dar o se observan cerca de un pozo o noria de agua, la que se encuentra dentro de la faja marginal o aledaña a la ribera del río y de donde los pobladores de la zona extraen agua para su consumo, lo que ocasionaría posibles enfermedades.
En consecuencia, la existencia de zonas vulnerables que requieren de protección como es el sector Alan García y trabajos de encauzamiento en el caso del sector Miraflores, debido a la falta de un estudio integral o exhaustivo que hubiera considerado todos los riesgos (riesgos materiales, ambientales y humanos), frente a máximas avenidas, en el área de intervención del proyecto, afectarían viviendas del sector Alan García y al estribo de la estructura (puente Tarata). Asimismo, el riesgo de la integridad de los moradores de la zona y de las personas que transiten por el lugar”, refiere el informe del Órgano de Control Institucional.
Se han denunciado casos de acoso sexual contra las estudiantes.
El Instituto Superior Pedagógico ‘Sagrado Corazón de Jesús’, en el que se han formado miles de maestros no solo de Lambayeque, sino también del país, atraviesa una de sus crisis más complejas. A mediados del próximo año concluirá el proceso de licenciamiento dispuesto por el Ministerio de Educación y hasta el momento – como señala el dirigente de los alumnos – no se han iniciado los trámites para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
La problemática se hace compleja no solo por las condiciones actuales de la infraestructura, parte de la cual ha sido declarada inhabitable por el Instituto de Defensa Civil – INDECI, sino también por la falta de equipamiento, implementos para el desarrollo de las actividades formativas de los estudiantes y problemas internos.
Los alumnos denuncian falta de transparencia en el manejo de los recursos institucionales, pero además ser víctimas de acoso sexual y maltrato psicológico En la otra orilla se encuentra la directora, María Angélica Vásquez Vásquez, a quien en algún momento se denunció por presunta falsificación de documentos, tráfico de títulos y otras irregularidades.
Santiago Benavides Primo, presidente del Consejo de Estudiantes, órgano de representación del estamento estudiantil creado en función del reglamento de la institución y quien fue elegido en un proceso democrático que concluyó a mediados de mayo pasado, refiere que el Sagrado Corazón, pese a ser un centro en el que se forman los futuros docentes, tiene bibliotecas desactualizadas y laboratorios sin equipamiento.
Menciona que hace ocho meses INDECI observó el uso de seis aulas en el pabellón principal, debido a la vulnerabilidad de las estructuras, siendo los alumnos reubicados en ambientes no apropiados para el dictado de clases. Suma la dramática situación de los servicios higiénicos, cuyo funcionamiento califica como “un atentado a la dignidad humana”.
También, que las áreas destinadas a las prácticas deportivas pre profesionales se encuentran abandonadas.
En septiembre del año pasado los alumnos presentaron un pliego de reclamos al despacho de Vásquez Vásquez demandando la atención a las carencias que tiene el instituto hasta la actualidad. Uno de esos planteamientos, además de la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la extensión de los carnets de estudiantes, fue la conformación del consejo que los represente, tal como considera el reglamento interno.
“Después de protestar es que nos enteramos que el Ministerio de Educación había asignado presupuesto para el fortalecimiento de los institutos. Preguntamos a nuestros maestros de Educación Física si sabían de ese presupuesto y dijeron que no, igualmente los de laboratorio y también los de Inicial, que habían ganado un proyecto innovador. Se tenía que presentar los requerimientos y tuvimos que ir hasta la Gerencia Regional de Educación para que nos den el apoyo”, relata.
Cuenta que para Educación Física se consiguió 24 mil soles, 19 mil 600 para laboratorios y diez mil soles para Inicial.
“Trajimos los implementos para el instituto, pero, por ejemplo, los de laboratorios hasta ahora no se usan. Estarán guardados o en su cajita, ¿qué se yo? Desde el año pasado hasta ahora no se usan los implementos. Tenemos grandes inconvenientes y por eso decidimos reunirnos con la directora para pedirle que se conforme el Comité de Estudiantes”, explica.
El planteamiento recién tuvo efecto en abril de este año, cuando el Comité Electoral inició el proceso para la elección de los representantes del estudiantado, presentándose únicamente la lista encabezada por Benavides Primo, la misma que fue proclamada como ganadora. Pese a que el 17 de mayo la directora extendió el Oficio N° 243-2019 felicitándolo por su elección, hasta el momento no ha emitido la resolución que reconoce al consejo como órgano institucional.
El Instituto Superior Pedagógico ‘Sagrado Corazón de Jesús’ tiene más de 800 estudiantes distribuidos en las siete especialidades que conforman su oferta educativa: Ciencias Sociales, Inicial, Primaria, Educación Física, Idiomas, Computación y Comunicación.
En los últimos años, diversas han sido las denuncias presentadas contra Vásquez Vásquez como responsable del instituto, casos que han llegado hasta la Gerencia Regional de Educación y el Ministerio Público.
“Cuando yo entré a estudiar, en el 2016, se había denunciado lo del tráfico de títulos. Recuerdo que la maestra directora mencionaba que eso estaba en investigación, pero nunca comunicó en qué se iba avanzando para llegar a la verdad. Solamente decía que se iba a llegar a la verdad, pero nunca dijo si la estaban difamando”, refiere el dirigente.
Añade que también existe una denuncia contra Vásquez Vásquez por el supuesto direccionamiento de una encargatura.
En el instituto se ha denunciado también presuntos casos de acoso sexual. Uno de ellos involucra al jefe del Área Académica, William Ballena Díaz.
“Es una compañera de la especialidad de Educación Inicial quien ha denunciado al jefe del Área Académica. Se ha denunciado acoso sexual, calumnia y abuso de autoridad. Nuestra compañera le hizo saber del hecho a la maestra directora verbalmente y esta no dio respuesta, lo hizo con un documento y tampoco. Al tomar conocimiento el comité conversamos con la directora para que tome las medidas correctivas e informe al Consejo de Defensa del Estudiante. No hizo caso. ¿Cuándo lo hizo? Recién al nosotros hacer un plantón, el 12 de septiembre”, manifiesta Benavides Primo.
Los estudiantes se han reunido con el gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, quien advertido de los hechos que se presentan en el instituto dispuso que Ballena Díaz sea puesto a disposición de la gerencia sectorial.
“Oh sorpresa, cuando se le pide que sea puesto a disposición de la Gerencia Regional de Educación ya le habían dado vacaciones. Nos sorprendimos. Daniel Suárez Becerra nos ha dicho que la maestra directora va a ser investigada por esa omisión de funciones y nos sugirió que respetáramos los procedimientos y solicitemos de manera documentada la emisión de la resolución que reconoce al Consejo de Estudiantes hasta las explicaciones a las presuntas irregularidades”, manifiesta.
Precisa que en la Comisión de Procesos Disciplinarios debía participar Ballena Díaz, pero al ser este el denunciado debía asumir en su reemplazo Jorge Coronel Chávez, quien jerárquicamente sería su subordinado.
“Presentamos los documentos y la directora no nos dio respuesta. El jueves 3 de octubre volvimos a protestar por las incomodidades y atropellos que su sufrimos los estudiantes. Ese día cuatro de nuestros compañeros fueron agredidos por la policía y ya se han presentado las denuncias correspondientes. Nos preocupa lo que sucede en la institución, sobre todo porque además de estas situaciones que nos afectan no se ha avanzado nada por el licenciamiento, mientras otros institutos ya lo han hecho”, refiere Santiago Benavides.
ERNESTO FLORES: “SÍ ES POSIBLE EL REFLOTAMIENTO DE LA AZUCARERA TUMÁN”
Hace dos meses cinco empresarios decidieron en alianza estratégica con los trabajadores ingresar a la Empresa Agroindustrial Tumán. Uno de ellos es el empresario Ernesto Flores Vílchez, quien en entrevista exclusiva con Expresión explica cuáles son los planes que se tienen para la recuperación financiera, productiva y social de la azucarera.
Los inversionistas, quienes después de 60 días de conversaciones llegaron a un acuerdo con los trabajadores, refieren que no es imposible recuperar el señorío de esta agroindustrial, pues cerca del 75 % de la población del distrito depende económicamente de la actividad azucarera, con historia económica de más de 120 años.
Al parecer las huelgas por falta de pagos y los constantes cambios de administraciones judiciales podría quedar en el pasado, pues los trabajadores han tomado al “toro por las astas” para recuperar su empresa y – dicen – que esta volverá a liderar el sector azucarero del norte.
¿Quién es Ernesto Flores Vílchez?
Soy un empresario que desde hace 35 años trabaja en Lambayeque, que ha enfrentado diversos retos, que emergió desde abajo para hacerse de una posición empresarial que hoy en día da muchos puestos de trabajo a diversas familias lambayecanas. Me considero un emprendedor, la posición que hoy en día tengo no la he logrado de la noche a la mañana, es producto del esfuerzo, trabajo, constancia, perseverancia, de la lucha con el sistema que todos los incasables por salir adelante tenemos que enfrentar día a día.
¿Cómo llegó usted a Chiclayo?
Soy de la provincia de Cutervo del Caserío La Laguna del departamento de Cajamarca, vine a esta generosa tierra lambayecana muy joven, junto a mis padres y hermanos para salir adelante, me dediqué al comercio, presté mis servicios en diversos distritos azucareros de Chiclayo, entre ellos Tumán y Pucalá. Ningún día he descansado, he trabajado muy duro para llegar al lugar que hoy ostento.
¿Se ha formado académicamente?
Sí, estudié Contabilidad, aprendí que sin educación, sin formación superior no somos nada, además para manejar una empresa se requiere de conocimientos y si vas a tener a cargo empleados con formación profesional para poder dirigir tu representada debes estudiar, debes estar preparado, ello me exigió que estudiará la carrera de Contabilidad, que estudia precisamente los gastos e ingresos y otras operaciones que realiza una empresa, pero que además es parte de la economía que estudia estos sistemas o las distintas partidas que reflejan los movimientos financieros de una empresa.
Es la clave para salir de la pobreza, para hacer realidad los sueños, la educación es el proceso de socialización de las personas. Al elegir educarnos asimilamos y aprendemos conocimientos.
¿Es difícil hacer empresa en el Perú?
Aún es embarazoso, sin embargo creo que no es imposible hacer empresa en el Perú. Pese a las dificultades económicas sí podemos apostar por la formalización, cumplir con las leyes y normas de nuestro sistema tributario, finalmente si cumples con todo lo establecido se vive tranquilo y debo reconocer que la SUNAT, por ejemplo, cuando sabe que has cumplido escrupulosamente con tus impuestos y tiene que devolverte lo que pagaste demás lo hace. Doy testimonio de ello.
¿Ha tenido problemas tributarios usted o su empresa?
Como todo ciudadano o empresario, sin embargo cuando he tenido que rectificar y pagar lo que exige la ley lo he hecho sin duda ni murmuraciones. Es mejor allanarse y cumplir con el país. Debo decirle que como persona natural y jurídica somos uno de los principales contribuyentes con nuestro país.
¿Por qué eligió el sector azucarero para sus actividades empresariales?
Son cerca de tres décadas las que estoy en el sector, he tenido altos y bajos, por mí forma de ser dialogante y buscar siempre una solución a cualquier conflicto es que siempre me he llevado bien con los diversos grupos empresariales, dirigenciales o administraciones judiciales que han conducido a las empresas azucareras, conozco la realidad del sector.
¿Le molestan que lo llamen “El Pollero”?
Hay personas que no perdonan el éxito, y quienes alcanzamos el progreso y un sitial en la sociedad resultamos siendo un peligro para los mediocres. Cuando me inicié en actividades comerciales me dediqué a la venta de pollo, no me avergüenza decirlo. Muchas personas que están en actividades similares a las que desarrollo en la actualidad me conocen, hay algunos que de manera despectiva y también amigable me llaman “El Pollero”, pero eso a mí no me hace menos, al contrario me recuerda mi época de oro. Llegué a vender hasta mil 500 pollos diarios en los distritos azucareros de Lambayeque.
¿Ha tenido injerencia en las azucareras de Pucalá, Tumán y Pomalca?
En Pucalá y Tumán he usado los servicios de molienda, de compra, de siembra, todo de manera legal.
¿Por qué ingresa a Tumán?
Un grupo representativo y considerable de los trabajadores de la empresa Tumán llegó a mis oficinas a pedirme que por favor considerara mi participación en la azucarera, que contemplara el aspecto social, ya que cerca de dos mil familias atraviesan una situación económica muy preocupante y nadie los mira para ayudar.
¿Y qué determinó?
Todo empezó en el mes de julio, después de largas conversaciones, de análisis, de determinaciones y lo pensé largos días, fui sincero conmigo mismo y sabía que solo no podría aceptar el pedido de los trabajadores y entonces nació la idea que un grupo de empresarios de Chiclayo asumamos el compromiso de sacar adelante la empresa azucarera Tumán.
¿Y que dijeron los dirigentes de los trabajadores?
Solo me pidieron mucha transparencia, que presentara un programa de reactivación económica y quiénes serían los que nos asociaríamos. En el mes de agosto, sin intervención judicial, ni policial ingresamos a Tumán y dos meses después empezamos a ver los resultados: dos planillas pagadas, la fábrica ha empezado a moler, los campos empiezan a limpiarse para sembrarse, el cumplimiento no solo es con los trabajadores activos, tenemos también que mirar a los jubilados porque en esta empresa está el aporte de quienes envejecieron trabajando y no se les puede olvidar.
¿Con qué aporte económico empezaron desde agosto?
Con una línea de crédito inicial de 15 millones de soles hemos puesto en marcha un Plan de Reflotamiento para Tumán, este se incrementará en la medida que la producción mejore. Debo indicar que cuando empezamos a producir por tonelada de caña se producía 23 kilos cuando el resultado debería ser 100 kilos por tonelada, hemos logrado alcanzar 66 kilos por tonelada de caña de azúcar e iremos perfeccionado los resultados.
¿Es posible cambiar la historia de la azucarera?
Si hacemos las cosas bien, como es el compromiso que hemos asumido, la empresa agroindustrial Tumán podrá escribir una nueva página para su historia. Después de varios meses de conflictos los trabajadores tomaron la sabia decisión de consensuar y aliarse con cinco inversionistas para salir de la crisis que agobia a miles de familias tumaneñas, la gran responsabilidad es tener paz social.
¿Quiénes son esos inversionistas que lo acompañan?
José Jiménez Hermoza, Estanislao Monsalve Llamo, Wilson Vega Castro y Sergio Gavilán Montesinos.
En Tumán no solo es necesario reactivar la fábrica y campos, hay otros compromisos pendientes…
Es obvio, aparte de lo que menciona y que se suman las planillas hay que ponerse al día con el pago del agua, luz, tributos, compra de urea, herbicidas al mejor precio y a empresas formalizadas. Nuestro compromiso es que estemos al día con los pagos a EsSalud para la atención de los trabajadores, pagar los tributos a la SUNAT para que se pueda trabajar sin problemas, hacer con ellos un Plan de pagos de los años que no se han cumplido los compromisos tributarios.
¿También ingresará maquinaria para los campos?
Así es, en eso estamos, acabamos de ingresar a los campos de Tumán una flota de maquinaria a fin de recuperar seis mil hectáreas de campo lo antes posible para sus respectivas siembras.
¿La Empresa Alimenta también tiene relación empresarial con la azucarera?
Alimenta Perú SAC es una de las empresas del Grupo empresarial que dirijo y que comercializa una serie de productos entre ellos azúcar, también comercializa con la azucarera dentro de los términos legales.
¿Qué tiempo han estado impagos los trabajadores de Tumán?
Hace más de ocho meses. Los sueldos de los trabajadores tumaneños oscilan entre mil 200 y mil 500 soles.
¿Tienen un número definido de trabajadores a la actualidad?
La empresa al reiniciar con normalidad sus labores ha puesto a trabajar a más de mil 300 trabajadores de los dos mil que tenía.
Se conoce que cerca de 800 trabajadores habrían ido a la jubilación y otros se estarían acogiendo a licencias indefinidas por los problemas económicos que pasa la agroindustrial.
¿Hace qué tiempo Tumán vive esta desestabilización empresarial?
Desde el 2015 en el que el Grupo Oviedo perdió el control de la administración judicial por diversos conflictos con los trabajadores.
¿Conoce usted la realidad de la empresa Tumán?
Por su puesto la empresa agroindustrial Tumán vive en conflictos desde hace cinco años y la deuda laboral, a proveedores, SUNAT, EsSalud y ONP oscilaría en más de mil 300 millones de soles, según los cálculos de los trabajadores.
Como empresario, ¿qué proyección hace para pagar esta deuda?
Se necesitará no menos de 15 años para honrar todos estos compromisos, siempre que haya estabilidad económica, legal y de paz laboral. La parte contable y financiera debe manejarse de manera escrupulosa.
Que tenemos una responsabilidad de reactivación económica que sea sinónimo de inversión, producción, orden laboral y judicial.
¿Los trabajadores abrazan esos deseos?
Así los percibo, la mayoría ha regresado a laborar, ellos saben que juntos saldremos adelante. Para tener una óptima producción debemos hacer funcionar la fábrica, sus calderos, trapiche y cadenas de lavado y molienda de caña a fin que puedan recuperar la producción de seis mil bolsas de azúcar al día. Lo más importante es la actitud que asuman todos los trabajadores.
¿Reconoce que el Grupo Oviedo tiene acreencias en Tumán que tarde o temprano se tendrán que reconocer?
Es un tema que los trabajadores, a través del Poder Judicial, determinarán. Si hay algo que deba pagársele las instancias correspondientes lo determinarán. Aquí quiero hacer una invocación a quienes forman el Grupo Oviedo y va por entender que hay una situación irreconciliable entre la masa trabajadora y quienes por cerca de diez años no pudieron no solo pagarse su deuda, sino que la endeudaron más.
¿Tumán es una empresa viable?
Claro que es viable siempre y cuando se transparente su administración contable y financiera, y se trabaje con honestidad.
Usted es capaz de lograrlo
Lo haremos juntos, trabajadores y empresarios, queremos cambiar la historia de Tumán.
¿La Resolución Judicial dada en un Juzgado ajeno a Lambayeque que ordena una administración por una acreencia de más de millón y medio de soles es legal?
Es una empresa que está invocando su pago por un adeudo del año 2017 conforme documentos. Estamos en negociaciones para el reconocimiento de deuda a fin de tener tranquilidad. Sobre estos temas de deudas los cinco empresarios en algún momento conversamos con el ex gerente Jorge Rodríguez, nos hizo perder mucho tiempo y no llegamos a ningún acuerdo, hoy con la parte legal se verá lo que corresponde e informaremos con claridad todo.
Usted ha librado las diversas denuncias en el Ministerio Público de Lambayeque…
Lo que he hecho siempre es ponerme a derecho y hacer con apego a ley mi defensa.
¿Por qué los trabajadores tendrían que creer en este nuevo grupo de inversionistas?
Saben que en mi caso soy una persona que viene de abajo, que nunca les he quitado nada, que todo cuanto tengo como patrimonio es producto de mi trabajo. Siempre he respetado la propiedad de los trabajadores, si cumplimos con los acuerdos caminaremos a cumplir el objetivo de recuperar como en los mejores tiempos a la azucarera Tumán. No solo nos enfocaremos en el tema de producción, queremos ejecutar un plan de socialización, de reencuentro entre trabajadores como antaño, de preocuparnos por su salud, sus familias, por coordinar con autoridades del distrito para tener un resultado de vivencia óptimo entre todos los tumaneños. Iremos de menos a más. La paz laboral será fundamental para nuestros objetivos
Los inversionistas ingresaron a la azucarera sin ningún resguardo policial.
Los trabajadores son quienes supervisan la producción y junto al administrador, que representa a los inversionistas, realizan los diversos pagos.
La Empresa Agroindustrial Tumán fue cooperativa, hoy es sociedad anónima, decisión que se tomó durante el gobierno de Fujimori, quien convirtió las deudas sociales en acciones,
En el 2006 el Grupo Oviedo compró la deuda de Transportes Carranza y solicitó al Poder Judicial una administración judicial, que se instaló bajo el liderazgo de Segundo Ordinola Zapata, manteniendo, a su vez, al IV Directorio, presidido por Wigberto Cabrejos.
Nueve años estuvo en la administración judicial el Grupo Oviedo sin que pueda cobrarse el íntegro de la deuda que compró a Transportes Carranza. Los trabajadores solicitaron al Poder Judicial el peritaje del pago de la deuda.

References: artículo 45
 artículo 46
 Artículo 20
 Artículo 4
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