Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S59-01.html
Timestamp: 2018-10-16 09:02:46+00:00

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Casos 10.626 Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez, 10.627 Pedro Tau Cac, 11.198(A) José María Ixcaya Pixtay et al, 10.799 Catalino Chochoy et al, 10.751 Juan Galicia Hernández et al y 10.901 Antulio Delgado v. Guatemala, Informe No. 59/01, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. en 953 (2000).
CASOS: 10.626 REMIGIO DOMINGO MORALES Y RAFAEL SÁNCHEZ; 10.627 PEDRO TAU CAC; 11.198(A) JOSÉ MARÍA IXCAYA PIXTAY Y OTROS; 10.799 CATALINO CHOCHOY, JÓSE CORINO THESEN Y ABELINO BAYCAJ; 10.751 JUAN GALICIA HERNÁNDEZ, ANDRÉS ABELINO GALICIA GUTIÉRREZ Y ORLANDO ADELSO GALICIA GUTIÉRREZ; y 10.901 ANTULIO DELGADO[1]
2. Las diversas peticiones arriba mencionadas fueron abiertas como casos una vez recibidas y tramitadas conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Convención Americana”) y el Reglamento de la Comisión. Al llevar adelante este trámite y tras determinar que cada una de los casos se refería a denuncias en donde se indicaba que los presuntos autores materiales de las diversas violaciones de los derechos humanos eran miembros ya sea de las Patrullas de Autodefensa Civil o Comisionados Militares, y tras considerar el carácter con que operaban las PAC y Comisionados Militares, el marco cronológico de las diferentes denuncias en cuestión y el modus operandi en cada uno de los hechos denunciados, la Comisión decidió, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de su Reglamento, acumular estos casos y referirse a ellos en un mismo informe.[2]
II. HECHOS DENUNCIADOS, TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN Y POSICIÓN DEL ESTADO
20. Marcela Guarcax Morales denunció el asesinato de su esposo al Procurador de Derechos Humanos el 9 de mayo de 1990. Pedro Ixcaya Cuc, primo de José María, también estuvo presente el día del asesinato y también denunció el incidente. Marcela Guarcax y Pedro Ixcaya recibieron múltiples amenazas por parte de los patrulleros civiles como consecuencia de la denuncia efectuada. [3]
El Gobierno de Guatemala solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la presente denuncia no sea admitida, por las razones expuestas y por no satisfacerse el requisito previo del agotamiento de los recursos internos, toda vez que no se ha cumplido con la obligación que establece, tanto el artículo 331 del Código Procesal Penal derogado,[4] como el artículo 297 del vigente, de denunciar la comisión de un delito; por lo que en ningún momento se han empleado los procedimientos que el ordenamiento jurídico del país establece.
Los peticionarios, interpusieron denuncias de los supuestos hechos violatorios de derechos humanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos; sin embargo, ellos nunca agotaron los recursos internos, puesto que “El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República, para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza”[5] y “…tiene personalidad jurídica, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno en esta materia y actuará con absoluta independencia, salvo lo establecido en la presente ley”.[6] O sea, que el Procurador de los Derechos Humanos si bien es cierto, es una institución independiente, su función no tiene carácter jurisdiccional toda vez que constitucionalmente dicha función corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que la ley establece.
B. Casos de tentativa de ejecución extrajudicial
55. La Comisión tiene prima facie competencia para conocer las denuncias en cuestión. Los hechos alegados en las peticiones tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado guatemalteco.[7]
A. Requisitos de admisibilidad de los casos
1. Agotamiento de los recursos internos y el plazo de presentación de las peticiones
56. El artículo 46 de la Convención Americana establece que para que un caso pueda ser admitido deben haberse “interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Al mismo tiempo, este artículo establece una serie de excepciones a este requisito cuando no se dispone de recursos internos, sea por razones de hecho o derecho.[8]
57. Para oponerse válidamente a la admisibilidad de un caso, el Estado aludido debe invocar la regla del no agotamiento de los recursos internos de manera expresa y oportuna ante la Comisión. Según los principios de derecho internacional y la práctica internacional, la regla del previo agotamiento “es un requisito establecido en provecho del Estado, el cual puede renunciar a hacerlo valer, aún de modo tácito, lo que ocurre inter alia cuando no se interpone oportunamente”.[9]
58. El Estado guatemalteco ha señalado en los diversos casos acumulados que conforman este informe que la Comisión debe declararlos inadmisibles ya sea porque las situaciones denunciadas estaban siendo conocidas por los tribunales en la jurisdicción interna o porque los hechos no habían sido denunciados en el fuero interno ante las autoridades pertinentes, y por consiguiente en ninguna de las hipótesis previstas se habían agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a lo exigido por el artículo 46 de la Convención Americana.
59. Por su parte, los peticionarios en el momento que presentaron la denuncia señalaron que en las situaciones denunciadas se aplican las excepciones al agotamiento de los recursos internos toda vez que en “Guatemala es extremadamente difícil, si acaso imposible, obtener recurso legal en casos relacionados a violaciones de derechos humanos como es en los casos aquí presentados. El sistema judicial no ha demostrado el deseo político para enjuiciar a los que cometen tales abusos”. Asimismo, se señala que en aquellos casos donde efectivamente se denunciaron los hechos ante las autoridades judiciales estos recursos no han sido efectivos.
60. En atención a que las partes han presentado una posición divergente en cuanto a la necesidad y pertinencia de agotar los recursos internos, el análisis sobre agotamiento de los recursos internos debe centrarse en determinar si los casos denunciados están comprendidos en alguna de las excepciones contempladas al cumplimiento de este requisito y que se encuentran indicadas en el artículo 46(2) de la Convención Americana.
61. El artículo 46(2) de la Convención establece que esa excepción se aplica si en la legislación interna del Estado de que se trata no se han previsto recursos efectivos y adecuados para la protección del derecho o derechos que se alega que han sido violados; si se ha impedido al presunto lesionado el acceso a los recursos internos; o si ha habido un retardo injustificado en la adopción de una sentencia definitiva.
62. Como se señaló anteriormente, el Estado guatemalteco indicó en algunos de los casos que éstos debían declararse inadmisibles, ya que se encontraban pendientes ante la jurisdicción interna toda vez que estaban siendo conocidos por los tribunales correspondientes.
63. La información que posee la Comisión señala que en aquellos casos de este informe que fueron objeto de denuncia ante los tribunales guatemaltecos han transcurrido entre nueve a diez años desde que se iniciaron las actuaciones penales y no se tiene conocimiento que en alguno de ellos se haya llegado a un dictamen final que aclarara los hechos denunciados y determinara la responsabilidades correspondiente y reparara a los afectados. Atendido el transcurso de tiempo desde que se iniciaron estos procedimientos penales, se plantea necesariamente la cuestión de la demora indebida bajo los términos del artículo 46(2). Si bien toda investigación penal tiene necesariamente sus propios requisitos: "de ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la [supuesta] víctima"…[10]. Como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente, no sólo para proteger los intereses de la víctima, sino para salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. La Comisión considera que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron estos procedimientos en los casos que fueron denunciados ante los tribunales de justicia da base suficiente para que ellos queden comprendidos en la excepción de la demora indebida prevista en el artículo 46.
64. Asimismo, la Comisión considera pertinente tomar en consideración las condiciones imperantes con respecto a la disponibilidad y eficacia de los recursos judiciales existentes en Guatemala, en la época en que ocurrieron los hechos, para tratar denuncias relativas a violaciones de derechos humanos, en especial aquellas que se refieren al derecho a la vida, así como el funcionamiento en su conjunto del sistema judicial guatemalteco en aquella época para abordar los temas de derechos humanos.
65. La Comisión ha expresado en sus Informes Anuales correspondientes a 1990-91 y 1991, su grave preocupación con respecto al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y torturas ocurridas en Guatemala y la incapacidad del poder judicial para responder.[11] La Comisión señaló entonces que los procesos judiciales en relación con tales violaciones “no se caracterizan por un esfuerzo investigador exhaustivo que busque la individualización y sanción de los responsables de acuerdo con la gravedad de los hechos”.[12]
66. El Experto Independiente de la ONU para Guatemala caracterizó la reacción de la policía y del poder judicial a las violaciones del derecho a la vida durante ese período como “sumamente insatisfactoria”.[13] “En la mayoría de los casos, estas entidades no identificaron a los culpables. En los pocos casos en que se identificó a un presunto responsable, no se impuso sanción judicial alguna, con lo que se impulsó la perpetuación de la impunidad”.[14]
67. En este mismo sentido se pronunció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico cuando indicó que durante el período 1986-1996 “los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño número de responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las víctimas”.[15] y que “el sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia…”.[16]
68. Además, como ya ha informado esta Comisión, cuestión confirmada por otras fuentes fidedignas, en esa época existió un temor generalizado no sólo de la población afectada por las violaciones de los derechos humanos, sino también de los jueces y demás funcionarios judiciales, situaciones que hicieron ilusorio un efectivo acceso de los agraviados o sus representantes a los recursos de la jurisdicción interna. En este sentido, la Comisión manifestó en su informe de 1989-1990 que “los jueces simplemente no investigan a fondo, aterrorizados por lo que les ha ocurrido a quienes sí efectuaron investigaciones y actuaron con valentía frente al terrorismo, como consecuencia de lo cual resultaron finalmente víctimas…”[17]. De igual forma, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico manifestó al respecto que diferentes figuras que intervinieron en el proceso judicial sufrieron amenazas y ataques, lo que provocó un clima de intimidación y “un aumento de la inacción de los tribunales y la impunidad”.[18]
69. Ante tales circunstancias, los recursos de jurisdicción interna no eran adecuados y efectivos en Guatemala en la época que ocurrieron los hechos denunciados. Un recurso es adecuado cuando su función dentro del ordenamiento jurídico interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida.[19] En cuanto a la eficacia de los recursos, la Corte ha señalado que lo son cuando “es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados o no se aplica imparcialmente”.[20] Asimismo, la Corte ha señalado que “el asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyos efecto es el impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos es una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables a estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto”.[21]
70. En lo que respecta al argumento del Estado guatemalteco de que muchas de las situaciones descritas en el caso 11.198 no fueron denunciadas en la jurisdicción interna y por consiguiente no se agotaron los recursos de jurisdicción interna, la Comisión ha podido observar que en aquella época en Guatemala había un clima de temor generalizado en la población.[22] En este mismo sentido, el experto de Naciones Unidas para Guatemala señaló en ese entonces “la principal característica de la sociedad guatemalteca es aún el estado de temor en que cada uno vive”.[23] Es así como las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares y amigos tenían en muchas ocasiones miedo a denunciar tales hechos ante los tribunales y “en los contados casos en que se iniciaba una investigación, muchos testigos y abogados se negaban a participar en procesos abiertos contra miembros del Ejército o de cualquier otra institución del Estado”.[24] Asimismo, “[m]uchos jueces se vieron obligados a doblegar su independencia como primera medida para evitar ser asesinados”.[25]
71. Esta situación de temor generalizado de denunciar los hechos ante los tribunales toma especial relevancia tratándose de actos cometidos por las Patrullas de Autodefensa Civil o los Comisionados Militares, atendido el fenómeno social que significó su existencia y el carácter con que operaban y actuaban estas organizaciones. Como se verá más adelante en este informe, ellas tenían como objetivos centrales organizar a la población civil contra los movimientos guerrilleros y lograr un control físico y psicológico sobre la población.[26] El control físico y psicológico que las PAC lograron sobre las comunidades donde operaban, y la vinculación de éstas con el ejército, crearon especialmente en las zonas rurales un temor de denunciar ante las autoridades correspondientes los atropellos a los derechos humanos que ellas cometían, toda vez que la gente que se atreviera a denunciarlas era catalogado inmediatamente al menos como simpatizante de la guerrilla, contrario al ejército y consecuentemente se veía expuesto a represalias como en muchas ocasiones ocurrió.
72. Ante tales circunstancias se puede señalar que aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares y amigos de éstos que no denunciaron tales atropellos ante los tribunales de la jurisdicción interna, lo hicieron porque se vieron atemorizados ya que podía resultar peligrosos para ellos, situación que lleva a la Comisión a concluir que por razones de hecho los recursos no eran efectivos y se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2) de la Convención y por tanto los interesados quedan eximidos del requisito del agotamiento de los recursos internos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la regla del previo agotamiento de los recursos internos no exige la presentación de recursos cuando no ofrece posibilidades de éxito o cuando ello pueda poner en peligro la integridad física del peticionario.[27]
73. De esta forma, la Comisión concluye que en la época en que ocurrieron los hechos en Guatemala el sistema judicial no era una herramienta efectiva para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y más bien se convirtió en muchas oportunidades en un eslabón fundamental para consolidar el clima de impunidad imperante. De igual manera, existía en aquella época un clima generalizado de temor a denunciar violaciones a los derechos humanos, ya que ello podía tener consecuencias nefastas para los denunciantes. De esta manera, puede concluirse que existieron razones de hecho que impidieron el acceso de los agraviados o sus representantes a los recursos de la jurisdicción interna y, por tal motivo, no era necesario agotarlos. Por esa razón, y también tomando en cuenta que los recursos internos iniciados habían sido objeto de una demora injustificada, la Comisión concluye que se aplica la excepción de agotamiento establecida en el artículo 46 de la Convención.
[2] La Comisión desea aclarar que el caso 11.198 fue desglosado en dos el 8 de diciembre de 2000, denominando de esta forma caso 11.198(A) a aquel donde los hechos denunciados se referían a ejecuciones extrajudiciales, y 11.198(B) a aquel donde los hechos denunciados tenían una naturaleza diferente.
[3] Por ejemplo, Pedro Ixcaya Cuc empezó a recibir amenazas inmediatamente después de denunciar el asesinato de su primo José María Ixcaya. Jesús Chopen y Bernardino Samines fueron a la oficina del Procurador después de que Pedro Ixcaya hubiera presentado su denuncia el 14 de mayo de 1990, pidiendo información acerca de su queja. Éstos fueron informados que Ixcaya Cuc había presentado una lista de 38 nombres que estaban involucrados en la ejecución extrajudicial de su primo. Luego de acudir a la oficina del Procurador, Chopen y Samines convocaron una reunión de las 38 personas cuyos nombres estaban en la lista junto a otras personas y miembros del ejército. En la reunión, Chopen, Samines y otros hablaron en contra de Pedro Ixcaya Cuc, diciendo que era mala gente y un guerrillero. Muchas personas entonces salieron de la reunión y rodearon la casa de Pedro Ixcaya, quien no se encontraba en su casa. El 30 de mayo, una reunión fue convocada por miembros de la patrulla del lugar para discutir el asunto de Pedro Ixcaya. En esta ocasión, fueron interrogados miembros de CERJ. Admitieron que Ixcaya había buscado refugio en las oficinas del CERJ en el Quiché. Después de la reunión, Domingo Cuc Ixcaya y José Pax, los Comisionados Militares de La Fe, fueron a recoger a Pedro Ixcaya del Quiché.
[4] Decreto 52-73 del Congreso de la República, ley vigente en la fecha en que presuntamente se cometieron los hechos denunciados.
[5] Artículo 273 de la Constitución Política de la República.
[6] Artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.
[7] El Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978.
[8] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de los recursos internos, (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A No. 11, párr 17.
[9] Corte IDH, Caso Fairen Garbi y Solís Corrales, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Ser. C Nº 6, párr. 109. Véase, también, Caso Viviana Gallardo, y otros, Sentencia del 13 de noviembre de 1981, Nº 101/81, Ser. A, párr. 26; Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C Nº 1, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C No. 6, párr. 87; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia del 4 de diciembre de 1991, Ser. C No. 12, párr. 38; Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia del 11 de diciembre de 1991, Ser. C No. 13, párr. 30, entre otros.
[10] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra, párr. 93; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra, párr. 92; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra, párr. 95.
[11] Véase, en general, CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-91, OEA/Ser.L/V/II.79. rev.1, Doc. 12, 22 febrero 1991, Capítulo IV, “Guatemala”, pág. 475 et seq., Informe Anual de la CIDH 1991, OEA/Ser.L/V/II.81, Doc. 6 rev. 1, 14 febrero 1992, Capítulo IV, “Guatemala”, pág. 215 et seq.
[12] CIDH, Informe Anual 1991, supra, pág. 221.
[13] “Informe del Experto independiente [de las Naciones Unidas], Sr. Christian Tomuschat, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala” [en adelante “Informe Tomuschat 1992”], E/CN.4/1992/5, 21 de enero de 1992, párr. 189.
[14] Ibidem, párr. 140.
[15] Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, [en adelante “Informe CEH”], “Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia”, Tomo III, pág. 151. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida con el mandato de “esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”, emitir un informe sobre sus investigaciones y conclusiones; y “formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y concordia nacional en Guatemala…”.
[16] Informe CEH, “Conclusiones y Recomendaciones”, párr. 10.
[17] CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-1990, OEA/Ser.L/V/II.77 rev. 1, Doc. 7, 17 mayo 1990, pág. 163.
[18] Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 356.
[19] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrs. 56-68; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, párrs. 80-88 y90-93 92; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párrs. 59-70; Excepciones al agotamiento de los recursos internos, (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A No. 11, párr 34.
[22] CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-1990, OEA/Ser.L/V/II.77 rev. 1, Doc. 7, 17 mayo 1990 e Informe CEH.
[23] “Informe Tomuschat 1992”, párr. 184.
[24] Ibidem, párrs. 356-57.
[25] Ibidem, párr. 357.
[26] Informe CEH, pág 187, párr. 1282.
[27] Véase, Corte IDH, OC-11/90, supra, párrs. 33-34; véase, por ejemplo, CIDH, Informe 6/94, Caso 10.772, El Salvador, publicado en Informe Anual de la CIDH 1993, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 9 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 191, 195-96.

References: artículo 40
 artículo 331
 artículo 297
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 Artículo 273
 Artículo 8