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Timestamp: 2017-10-21 10:30:06+00:00

Document:
Convencion de la ONU, sobre Derechos de las Personas con Dis-capacidad - Inclusion y Accesibilidad
por Jose Mena el Lun Mar 09, 2015 1:03 am
Velar por el estricto cumplimiento de la Convencion de la ONU, sobre los Derechos de las Personas con Dis-capacidad, las Leyes, Decretos y Reglamentos, sobre Inclusion y Accesibilidad de las personas con Dis-capacidad, en la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares, dispuestos en el BOIB-
Sección I - Comunidad Autónoma IllesBalears
Num. 23034
Decreto 110/2010 de 15 de octubre, por el cual se aprueba el
Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de
El artículo 49 de la Constitución española establece que «los poderes
públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
El artículo 19.2 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares establece
que las Administraciones Públicas procurarán a las personas dependientes la
integración mediante una política de igualdad de oportunidades, desarrollando
medidas de acción positiva, y garantizarán la accesibilidad espacial de las instalaciones,
los edificios y los servicios públicos. Asimismo, el artículo 30.15
determina que las políticas de protección y apoyo a las personas con discapacidades
físicas, psíquicas y sensoriales son competencia exclusiva de la
Una de las áreas más importante para conseguir la efectividad de la política
de integración de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales
es la adaptación del entorno urbano a las necesidades de estos colectivos.
El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el cual se aprueban las condiciones
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y
de las edificaciones, establece, al amparo de aquello previsto en el artículo
149.1.1.a) de la Constitución, que se han de incorporar y desarrollar, dentro del
Código Técnico de la Edificación, las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para poder acceder a los edificios y
utilizarlos. Por este motivo, se dicta el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero,
por el cual se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación
Al amparo de la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, se
dicta la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la cual se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Esta nueva regulación básica estatal, juntamente con la experiencia práctica
obtenida desde la entrada en vigor de la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la
mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas, y el
Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de
supresión de barreras arquitectónicas, han motivado la necesidad de dictar este
Solicitar y fomentar la creación de una política europea para las personas con discapacidad y sus familias que haga efectivos, financie apropiadamente y articule los derechos recogidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006v. En particular, implantación efectiva y urgente de las siguientes medidas:
Instauración del derecho a la asistencia personal, así como a otros apoyos necesarios para la vida independiente, como pilar fundamental para conseguir esa vida independiente y la autonomía personal de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene derecho a una vida independiente, a poder elegir dónde, cómo y con quién vive, al igual que el resto de los ciudadanos. La asistencia personal, así como otros apoyos necesarios para la vida independiente, es indispensable para que este derecho se materialice.
Creación de una política de ayuda a las personas dependientes y sus familias que tenga en cuenta el bienestar de ambas. En particular, auditoría de derechos humanos de todas las residencias y cierre inmediato de aquellas que los vulneren. Creación de un programa de protección del cuidador familiar cuando éste decida llevar a cabo algunas de las tareas de cuidado, así como de la propia persona dependiente. Evaluación continua por parte de un trabajador/educador social de la situación familiar.
Racionalización, desburocratización y humanización de todos los procedimientos. Creación de sistemas integrales de acompañamiento y apoyo socio-sanitario en todos los casos. Diseño e implantación de las medidas conducentes a garantizar una atención temprana y una educación inclusiva para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en todos los niveles educativos
Diseño e implementación de políticas efectivas destinadas a garantizar el acceso universal al transporte y la movilidad de las personas.

References: artículo 49
 artículo 19
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo
149
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto