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Timestamp: 2017-10-23 16:53:16+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 78/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 79/2012, 12-11-2012 | Iberley
AP - Segovia
Palomo Del Arco, Andres
Sentencia Penal Nº 78/2012, Audiencia Provincial de Segovia, Sección 1, Rec 79/2012 de 12 de Noviembre de 2012
Sentencia Penal Nº 30/2010, AP - Almeria, Sec. 3, Rec 290/2009, 02-02-2010
Órden: Penal Fecha: 02/02/2010 Tribunal: Ap - Almeria Ponente: Martinez Abad, Jesus Num. Sentencia: 30/2010 Num. Recurso: 290/2009
Sentencia Penal Nº 22/2011, AP - Cuenca, Sec. 1, Rec 134/2010, 11-03-2011
Órden: Penal Fecha: 11/03/2011 Tribunal: Ap - Cuenca Ponente: Vicente De Gregorio, Marta Num. Sentencia: 22/2011 Num. Recurso: 134/2010
Sentencia Penal Nº 272/2013, AP - Granada, Sec. 2, Rec 205/2012, 26-04-2013
Órden: Penal Fecha: 26/04/2013 Tribunal: Ap - Granada Num. Sentencia: 272/2013 Num. Recurso: 205/2012
Sentencia Penal Nº 251/2012, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 566/2012, 21-06-2012
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 30/04/2007
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 19/01/2007
Núm. Resolución: V0098-07
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 08/08/2006
Núm. Resolución: V1661-06
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 02/08/2007
Núm. Resolución: V1706-07
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 24/05/2017
Núm. Resolución: 1070/2014/00/00
Ponente: Palomo Del Arco, Andres
Núm. Sentencia: 78/2012
Núm. Recurso: 79/2012
Núm. Cendoj: 40194370012012100410
SENTENCIA: 00078/2012
S E N T E N C I A Nº 78/12
Número 79 Año 2012
Número 366 Año 2011
Juzgado de lo Penal de
En la ciudad de SEGOVIA, a doce de Noviembre de dos mil doce.
La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D. Andrés Palomo del Arco, Presidente, D.ª María Felisa Herrero Pinilla y D. Antonio María Javato Martín, Magistrados, éste último suplente, han visto en segunda instancia la causa de anotación del margen, procedentes del Juzgado de lo Penal de Segovia, seguido por presuntos delito de amenazas, lesiones en el ámbito familiar, violencia habitual y falta continuada de injurias frente al acusado Ezequias , mayor de edad y cuyos demás datos y circunstancias constan ya en la sentencia impugnada , representado por el Procurador Sr. Santiago Gómez y asistido del Letrado Sr. Tovar de la Cruz, Jesús, con la intervención del MINISTERIO FISCAL , en representación de la acción pública y Camila , mayor de edad y cuyos demás datos y circunstancias constan ya en la sentencia impugnada, representada por la Procuradora Sra. Pascual Gómez y asistida de la Letrado Dª Pilar Casado Herranz, como acusación particular, en virtud de recurso de apelación interpuesto por acusado Ezequias , como parte apelante, y también como parte apelada EL MINISTERIO FISCAL y Camila , en el que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Andrés Palomo del Arco.
PRIMERO .- Por el Juzgado de lo Penal de Segovia, se dictó sentencia con fecha de veintinueve de mayo de dos mil doce , que declara los siguientes HECHOS PROBADOS: " Se declara probado que el acusado Ezequias , mayor de edad y con antecedentes penales no computables, se encontraba casado con Camila , teniendo tres hijos, dos de ellos mayores de edad, uno menor, conviviendo en el domicilio sito en C/ DIRECCION000 NUM000 de Hontoria, siendo continuado por parte del acusado el empleo de insultos como "puta, zorra", para dirigirse a su mujer. Sobre el día 7 de julio de 2010, encontrándose el acusado su esposa y su hijo menor en el domicilio, el acusado le dijo a Camila "que le iba a dar un puñetazo y le iba a abrir la cabeza". Sobre las 23.30 h. del día 8 de julio de 2010, encontrándose el acusado junto a su esposa y su hijo menor en el domicilio, nuevamente se inició una discusión entre el acusado y Camila , optando ésta por abandonar el lugar, siendo perseguida por Ezequias , quien le propinó un empujón por la espalda, cayendo al suelo Camila .
Camila sufrió lesiones consistentes en erosión en pierna derecha y contusión y hematoma en quinto dedo del derecho sin evidencia de fractura y erosión en región palmar de la mano izquierda, lesiones que requirieron para su curación primera asistencia, tardando 15 días en curar su incapacidad, sin secuelas."
SEGUNDO .- El fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: "FALLO: Debo condenar y condeno al acusado, Ezequias , como autor de una falta continuada de injurias del art. 620.2 del Código Penal a la pena de SEIS DIAS DE LOCALIZACION PERMANENTE y la pena de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de Camila , su residencia, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre y prohibición de comunicación con aquella por cualquier medio durante seis meses.
Debo condenar y condeno al acusado, Ezequias , como autor de un delito de amenazas del art. 171.4 y 5 del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 70 DÍAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD; de no consentir, 10 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y la pena de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de Camila , su residencia, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre y prohibición de comunicación con aquella por cualquier medio durante dos años.
Debo condenar y condeno al acusado Ezequias , como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar del art. 153.1 y 3 del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 56 DÍAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD de no consentir, 8 meses y 15 días de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y la pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Camila , su residencia, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre y prohibición de comunicarse con aquella por cualquier medio durante dos años.
Como responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a Camila en 450 € por las lesiones causadas, con aplicación del interés legal.
Todo ello, con imposición al acusado de las costas procesales."
TERCERO .- Notificada dicha sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, por parte del acusado Ezequias , representado por el Procurador Sr. Santiago Gómez y asistido del Letrado D. Jesús Tovar de la Cruz, se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución.
CUARTO.- Habiéndose tenido por interpuesto dicho recurso, se dio traslado del mismo al resto de las partes, para evacuar el trámite conferido para alegaciones, quien al hacerlo, impugnó el citado recurso, EL MINISTERIO FISCAL y la acusación particular Camila , representada por la Procuradora Sra. Pascual Gómez y asistida de la Letrada Dª Pilar Casado Herranz, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
QUINTO. - Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo y turnado de ponencia, se señaló para Deliberación y Fallo del citado recurso.
PRIMERO. - Recurre en apelación, la representación procesal del condenado en la instancia de conformidad con el fallo antes transcrito, alegando como motivo la insuficiencia de la prueba de cargo para conformar la convicción de la Juez de lo Penal las contradicciones de la acusación y sus testigos , aseveración que proyecta en dos apartados, en primer lugar en relación con la condena por delito de lesiones en el ámbito familiar del art. 153.1 y 3 y en segundo lugar en relación con la condena por amenazas del art. 171.4 y 5.
La argumentación referida al delito de lesiones en el ámbito familiar, es la siguiente:
En la denuncia inicial, la denunciante manifiesta a la Policía Nacional que intervino, NUM002 , "que su marido la había empujado y había caído por la escalera.. Y que le había agarrado fuertemente por el cuello manifestándola TE VOY A PARTIR LA CABEZA propinándola en ese momento un fuerte empujón que la arrojado a la calzada.
Esta versión de los hechos, sabedora sin duda la denunciante que era inasumible, es intentada justificar en la declaración ante el Juez de Instrucción en fecha9 de julio de 2010 en base a "haber entremezclado con otra denuncia::", lo que es negado por el Policía Nacional NUM001 que redacta la declaración y por la Policía Nacional NUM002 que intervino en la detención al manifestar ésta que si en el Atestado pone eso es que eso fue lo que le dijo la denunciante.
Pero es la hija de la denunciante, y testigo de la acusación la que pone en duda la versión de los hechos cuando en su declaración prestada ante el Juez Instructor en fecha 23 de febrero de 2011 nos da la versión que de la madre obtiene y que contradice absolutamente aquella al manifestar la siguiente secuencia de hechos: "..que su madre salió corriendo, que se resbaló y que no tiene seguro que su padre la empujara.
Esta es la versión que a su hija le cuenta la madre como nos reconoce la propia testigo -"-..Que el día de los hechos no estaba y su madre le contó..." Y esto nos lo cuenta el día 23 de febrero de 2011, y ahora cambia de forma total su versión.
Esta versión de los hechos que a la testigo le da la lesionada, es decir que a la hija le da su madre, coincide plenamente con la que el padre ha mantenido desde el primer día. Y coincide con la propia experiencia de la testigo que nos dice que en 22 años nunca ha visto a su padre agredir a su madre. Lo cuan contradice el Fundamento de Derecho SEGUNDO de la sentencia.
La testigo cambia en el acto de juicio la versión, sin lugar sabedora de sus consecuencias, y ahora pone en boca del menor la fuente de conocimiento de los hechos.
De donde infiere que en la versión más desfavorable para el condenado, nunca existió la voluntad de agredir, pues empujar no es agredir.
Desde esta aseveración bastaría para desestimar el recurso que la consideración de que la actual redacción del artículo 153 CP viene a establecer una suerte de continuidad de ilícitos pues respecto a los actos de violencia en los que victimario y víctima resulten algunas de las personas mencionadas en el artículo 173.2º CP y, a su vez, no sean algunas de las que se refiere el párrafo primero, se mantiene la misma redacción dada por la L.O 11/2003. Las exigencias del tipo tanto objetivas como subjetivas se satisfacen sobradamente cuando el sujeto activo maltrata, aun sin causar lesión, a una de las personas a las que el legislador ofrece especial supraprotección penal en razón, precisamente, del componente pluriofensivo de la acción que no solo lesiona la integridad o indemnidad física sino también los deberes de respeto y asistencia que se derivan de la previa relación familiar. Recordemos que el Tribunal Constitucional por Auto de fecha 7 de junio de 2004 , rechazó la duda de inconstitucionalidad que se formuló a la redacción dada por la L.O 11/2003, al artículo 153 CP considerando que el legislador no infringió al definir como delito conductas que hasta entonces habían sido considerado como faltas el mandato de proporcionalidad y de interdicción de la arbitrariedad precisamente por el valor protector que merecían los intereses lesionados. Es obvio que en el contexto en que autos se produce, descritos en la narración de hechos probados, en un contexto de menosprecio a la víctima y coartar su autodeterminación en aras de evitar que saliera de casa, el propinar un empujón integra el tipo sancionado.
Pero además, la referida declaración de la hija, no se corresponde con las aseveraciones del recurso; así literalmente al folio 100 consta:
Que el día ocho de julio de 2010 no estaba en su domicilio con su madre, que sí estaba el día siguiente y los días restantes. Que su padre insulta a su madre, que nunca le ha visto pegarla.
Que su padre amenaza a su madre, que la va a quitar el chico, que se lo va a llevar, que unas cuantas semanas antes la decía que se iba a llevar al chico, que después también seguía diciendo lo mismo.
Que vive con sus padres, que el día ocho de julio estaba de vacaciones, que sus padres llevan casados unos 26 años, que la relación entre sus padres ha sido mala siempre, que es peor la relación de su padre hacía su madre, que era al revés, que es agresivo verbalmente hacia su madre, que las llama puta, zorra, que no llega a la agresión.
Que antes de irse de vacaciones esto ocurría cada diez, quince días.
Que su padre amenaza a su madre, que la dice, que se iba a cargar a todos y luego él, que no tenía nada que perder.
Que su padre no tiene problemas con la bebida, que su padre ahora esta en el paro.
Que lleva dos meses en el paro.
Que sus padres están en casa ahora, que su padre como la cabeza a su madre, que vive con ellos, que su padre la culpa a ella, la dice que la va a matar, que vive con su hermano de doce años, que su padre no esta bien de la cabeza.
Que su madre en las broncas le dice a su padre las cosas como son, que su madre no le insulta, que le dice que se tranquilice, que las cosas no son como el dice.
Que el día de los hechos no estaba y su madre le contó que estaban en casa, que su madre le quito el pingajillo y su padre empezó a insultar a su madre, que su madre salio corriendo, que se resbalo, que no tiene seguro que su padre le empujara.
Que en ese momento su madre le dijo que su padre le había empujado, que su madre al mes no estaba segura porque habían pasado muchas cosas.
Que en sus 22 años no ha visto nunca a su padre agredir a su madre, algún empujón nada más.
Es decir, su madre en los primeros momentos aseveró el empujón; otrora cuestión es que por las razones que fueran dentro de las relaciones familiares, no perturbar las relaciones de los hijos con el padre o posibilitar algún tipo de convivencia, en el trascurso del tiempo, tratara de minimizar lo sucedido. Agresión por otra parte que coincide con la recogida referencialmente por los agentes de la Policía Nacional proveniente del hijo menor, que luego por razones de evitación de victimización secundaria y por conveniencia a su tratamiento psiquiátrico, no declara.
Y en todo caso, en relación con la valoración llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, con la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que por regla general deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, pues es este Juzgador, y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su
resultado, apreciando personal y directamente sobre todo en la prueba de testigos su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica probatoria carece el Tribunal de la apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia; lo que justifica pues que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente, tal como sucede en autos.
Es cierto que en ocasiones la jurisprudencia, cuando la prueba de cargo exclusivamente viene integrada por la testifical de la víctima, ha suministrado criterios de valoración, como son la ausencia de incredibilidad subjetiva, derivadas de relaciones entre agresor y víctima u otras circunstancias; persistencia en la incriminación a lo largo de las sucesivas declaraciones y, en la medida posible, que el testimonio incriminatorio aparezca corroborado por acreditamientos exteriores a la declaración de la víctima; así en autos como ya hemos argumentado, la situación de tensión tras el incidente, que se mantenía cuando llega la Policía Nacional y los testimonios directos y referencial de los hijos.
Conviene advertir, que los criterios aludidos, no pueden ser considerados como reglas de apreciación tenidas como obligatorias, pues no ha de olvidarse que la valoración de la prueba ha de obtenerse en conciencia (art. 741) y ha de ser racional (art. 717). Se trata de criterios orientativos a tener en cuenta por el tribunal y que posibilitan la motivación de la convicción que, se reitera, la ley exige sea racional; es decir, "esos tres elementos, que viene examinando la doctrina de esta Sala ( Segunda del TS ) para medir la idoneidad, como prueba de cargo, de la declaración de la víctima de un hecho delictivo ( ausencia de motivación espuria, existencia de algún elemento corroborador y persistencia ), no son requisitos de validez de tal medio probatorio: no son elementos imprescindibles para que pueda utilizarse esta prueba para condenar. A nadie se le oculta, por ejemplo, que, pese a existir un sentimiento de odio o venganza, la
declaración del ofendido por un delito puede responder a la verdad. Son únicamente tres criterios que, como orientación, la sala de casación viene ofreciendo a los órganos judiciales de instancia en ayuda para la difícil tarea de valoración de la prueba que el art. 741 LECrim lo encomienda. Lo importante es que, en las sentencias condenatorias en que se utiliza la declaración de la víctima como prueba única de cargo, o casi única, resulte del caso concreto como suficiente para fundamentar el pronunciamiento condenatorio; como sucede en autos; donde la Juez a quo, expone así su valoración:
En cualquier caso, la función del Tribunal de alzada no puede entenderse, como de valoración "ex novo" de las pruebas, pues careciendo de inmediación tal labor resulta imposible, sino comprensiva de un doble cometido:
a) Del control de la efectiva existencia de prueba de cargo lícitamente aportada y practicado, esto es, de pruebas referidas a la perpetración del delito o falta y la participación en él del inculpado, en términos generales.
b) Del control de la suficiencia lógica de esas pruebas de cargo para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y de la corrección de los razonamientos valorativos expuestos por el Juzgador en su sentencia.
Lo que desde luego no puede hacer el Tribunal de apelación es prescindir absolutamente de la valoración que de las pruebas ha hecho el Juez "a quo" para acoger la del recurrente o imponer la suya propia, salvo en aquellos supuestos en que la practica de prueba en segunda instancia venga a variar el resultado valorativo de toda la practicada, o se aprecie un patente y evidente error del Juzgado en su valoración.
Debe reiterarse que las reacciones, el nerviosismo, la dinámica del gesto, del silencio, del tono de voz, de los mismos titubeos, vacilaciones y contradicciones, interacciones entre las partes, amen de otros datos esenciales, en orden a comprobar la credibilidad del sujeto compareciente ante el órgano judicial, como integrantes de la psicología del testimonio, son factores de los que sólo puede disponer el Juez o Magistrado que vive el desarrollo del juicio en instancia encontrándose en una situación óptima para valorar la prueba de la cual esta Sala no dispone por lo que se debe entender más justa dicha valoración, conforme a las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de Febrero de 1.990 , 6 de Junio de 1.991 , 7 de Octubre 1.992 y 3 de Diciembre de 1.993 ; y así la motivada ponderación que se recoge en la sentencia de instancia.
El recurrente no logra evidenciar que ha incurrido en error en tal tarea, por lo que no puede prosperar el motivo; pues no se trata de cual sea la versión más verosímil, sino la lógica preferencia de la objetiva valoración del Juez a quo, frente a la subjetiva del recurrente; como indica la STS 15-5-90 , "la cuestión de credibilidad de los testigos, así como también de los acusados, que declararon en juicio oral, en la medida en que el sistema probatorio de la Ley vigente excluye una tasación del valor de las pruebas, no está limitada por criterios cuantitativos y en principio, depende una convicción que solo puede alcanzar el Juzgador que haya visto con sus ojos y oído con sus oídos la producción de la prueba"; y por su parte las SSTS 9-7-92 , 18-9-92 , 26-5-93 , 23-4-94 y 14-2-95 , en las cuales se afirma que, dándose tales circunstancias, que dotan de racionalidad a la legitimación jurídica de esta prueba, es necesario aceptar las conclusiones a las que ha llegado el órgano de instancia a través de la inmediación, es decir, para la percepción directa, en uso de su facultad de valoración de la prueba, siendo tal Juzgador de instancia el que, oyendo a los testigos debe ponderar el valor de su declaraciones frente a las de los acusados decidiendo sobre la mayor veracidad de unas u otras.
SEGUNDO. - En relación con las amenazas, asevera el recurrente que no existe en las declaraciones previas al juicio, afirmación de la conminación de que iba a abrirle la cabeza.
Además de las argumentaciones del fundamento anterior, baste observar la declaración judicial de la víctima al folio 39, donde ya se contiene tal manifestación.
Con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Segovia, el pasado 29 de mayo de 2012, en su P.A. nº 79/2012 , del que dimana este rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia recurrida.
Así por esta sentencia, que será notificada a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D Andrés Palomo del Arco, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 153
 artículo 173
 artículo 153