Source: http://nuevocertificadodeciudadaniapr.blogspot.com/2010/11/impacto-de-la-ciudadania-puertorriquena.html
Timestamp: 2017-06-29 03:40:41+00:00

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NUEVO CERTIFICADO DE CIUDADANÍA PUERTORRIQUEÑA Y SU ALCANCE EN ESPAÑA: LA NUEVA CIUDADANÍA PUERTORRIQUEÑA EN ESPAÑA
Por consiguiente, no tan solo un ciudadano de Puerto Rico puede acceder, optar, solicitar y obtener la nacionalidad española al poder acreditar con su certificado de ciudadanía puertorriqueña que expide el Departamento de Estado de PR, que éste, es de un país de origen iberoamericano como exige el Art. 22.1 del Código Civil Español cuando cumple el resto de requisitos que establece el Código Civil Español para la adquisición de la nacionalidad española sino que, la existencia oficial de ese certificado, establece tres novedades para los puertorriqueños y su entidad política que antes no existían: 1) a efectos del ordenamiento jurídico español y europeo, los puertorriqueños se les considera como puertorriqueños y no como americanos, como no ocurría hasta 2007; 2) a efectos de la administración española de inmigración, los puertorriqueños pueden obtener la nacionalidad española sólo con dos años de residencia al poder acreditar legalmente con ese certificado que son iberoamericanos, cosa que no ocurría tampoco hasta 2007 al ser estos tratados como ciudadanos americanos y tener que pasar por el procedimiento ordinario de que su residencia haya durado 10 años en territorio español además de renunciar a ésta, por lo que ya no tienen que renunciar a esa ciudadanía ni tampoco a la de origen (entiéndase la puertorriqueña) dado a la existencia de ese certificado y según los privilegios que les otorga los Art. 23 y 24 del Código Civil Español que les permite conservarlas; 3) por último, y a efectos jurídicos internacionales, el que un puertorriqueño pueda obtener en efecto la nacionalidad española admitiéndole la Administración del Estado Español ese certificado de ciudadanía puertorriqueña como documento que acredita su nacionalidad de origen iberoamericana y no la americana como ocurría antes, dejando constancia de su condición de ser nacional de origen de un país iberoamericano ante esa Administración y el resto de países, lo que puede implicar es que ese acto, se consideré por parte de España en ese trámite de ese ciudadano puertorriqueño ante su Administración, un reconocimiento implícito por parte del Estado Español al ELA de PR como un Estado soberano y plenipotenciario, pues sólo los ciudadanos de Estados reconocidos internacionalmente pueden acceder a estos procedimientos y actuar como tales. Esta última novedad, puede dar paso a que, de alguna forma u otra, se re-abra la preocupación político-partidista sobre el status quo que el Gobierno de PR va manteniendo desde el 1950 con su actual Estado Libre Asociado y sus relaciones bilaterales con los EEUU y, si cabe, con la propia Comunidad Internacional de cómo éste incluso, se podría relacionar jurídicamente con otros Estados de esa Comunidad a la luz de lo que aquí se expone.
Por tanto, a efectos del certificado de ciudadanía de PR, que es lo que aquí tratamos, se traduce a que ésta Ley 132 no altera en absoluto ni un ápice ese estatuto de ciudadanía de PR vigentes como lo define el Código Político de PR de 1902 en su Título II Ciudadanía y Domicilio Art. 10 que dice "Son ciudadanos de Puerto Rico: -1. Toda persona nacida en Puerto Rico y sujeta á su jurisdicción -2. Toda, persona nacida fuera de Puerto Rico que sea ciudadano de los Estados Unidos y resida dentro del territorio. -3. Toda persona que haya sido súbdito español y residiendo en Puerto Rico el día once de abril de 1899, no hubiera optado por conservar su fidelidad á la Corona de España el día once de abril de mil novecientos, ó con anterioridad á dicha fecha, según los términos del tratado de paz entre los Estados Unidos y España, celebrado en abril once de mil ochocientos noventa y nueve.", ni tampoco la Ley Foraker de 1900 en su Art. 7. Ciudadanos de Puerto Rico; creación de un cuerpo político bajo el nombre de El Pueblo de Puerto Rico ni el Reglamento del Secretario de Estado 7347 para Regir el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña, y mucho menos, en la sentencia final y firme Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141(1997) que aborda ese tema y se pronuncia en afirmativo el pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico a lo que aquí se plantea. Y en instancia suprema, se protege a través de LA ASAMBLEA GENERAL que proclama la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de 10 de diciembre de 1948 en París que recoge dicha protección en su Artículo 15. 1. que afirma literalmente: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.”
La otra pregunta como consecuencia lógica de la anterior será: ¿Cómo y porqué los ciudadanos del ELA de PR pueden beneficiarse para obtener la nacionalidad española al utilizar ese certificado de ciudadanía puertorriqueña que expide el Departamento de Estado de PR como documento suficiente e indispensable para completar ese trámite? Es precisamente en ésta pregunta donde se encuentra el planteamiento central y trascendental de las consecuencias jurídicas derivadas de la emisión del Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña por el Departamento de Estado de Puerto Rico, la que a priori esa institución analiza, jurídica y pormenorizadamente, si tiene la competencia para emitir ese tipo de certificaciones conforme a Derecho, la cual posteriormente ésta se reconoce tener, y conforme a ese análisis, ésta expide el primer certificado de ciudadanía puertorriqueña al Sr. Juan Mari Bras que previamente éste había solicitado ex¬-parte a esta institución, con el propósito lógico de que éste pueda acreditar su condición jurídica de ciudadano puertorriqueño que alega tener y que le reconoce el alto tribunal de PR en la sentencia que lo resuelve a través de la famosísima jurisprudencia: Ramírez de Ferrer v. Mari Brás 144 D.P.R. 141 (1997).
De esa forma, el Sr. Mari Bras pudo formalmente poder ejercer su derecho al voto en las elecciones locales de PR, según la recomendación jurídica emitida para este asunto por el Secretario de Justicia de aquel entonces, apoyándose además entre otras normas locales en lo dictado en la magnífica sentencia del alto Tribunal Supremo de PR respecto a dicha condición alegada por el Sr, Mari Brás en la jurisprudencia Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997) que aunque, lo que se trató a prima facie en esa controversia fue si el Sr. Mari Brás podía o no ejercer el derecho a voto en el sistema electoral del ELA a raíz de su renuncia pública de la ciudadanía americana, en el fondo, obedece a la tan polémica cuestión de si existe o no la ciudadanía puertorriqueña a los efectos legales del ordenamiento jurídico del ELA de PR y sus relaciones con EEUU e incluso frente a terceros Estados, como ocurre en nuestro caso a los efectos del Estado Español y sus instituciones. Por otra parte, y siempre y cuando, los ciudadanos puertorriqueños demuestren ante la Administración de Inmigración Española una residencia legal de dos años en territorio español, cuando concurran las circunstancias que establecen los Art. 22., Art. 23, Art. 24.1 párrafo 2º de ese Código a efectos de la adquisición de la nacionalidad española, estos podrán beneficiarse para obtener dicha nacionalidad a través de esa vía y, a los efectos de acreditar el requisito de ser ciudadano de origen de un país iberoamericano, se les considerará y admitirá por la Administración Española el certificado de ciudadanía como suficiente para que cumpla con ese requisito exigido por el Art.22.1 del Código Civil Español. (Ver Anexo). Por eso y conforme a ese certificado que expide el Departamento de Estado de PR, los puertorriqueños, a fecha de hoy, pueden acceder a la nacionalidad española en condiciones preferentes y en igualdad de condiciones a otros países latinoamericanos de los que históricamente formamos parte como antiguas coloniales españolas como por otros lazos, de índole cultural y de mestizaje, y no como se venía haciendo injustamente hasta ahora, al tratar a los puertorriqueños como Americanos de los 50 Estados, a falta y so pretexto de acreditar documentalmente esa ciudadanía puertorriqueña para acogernos a esos derechos que menciona el Art.22.1 del Código Civil Español.
Por lo tanto, el impacto de ese certificado de ciudadanía puertorriqueña es erga omnes, a lo largo y ancho 1) en el ordenamiento jurídico Puertorriqueño porque cristaliza un concepto jurídico inexistente y necesario para dar mayor coherencia, certeza y seguridad jurídica a su sistema de normas, el cual debe buscar principalmente su primer hueco técnico dentro de la parte dedicada a personas en su propio Código Civil reformado y su Constitución para extenderlo a otros textos normativos de relevancia; 2) en el ordenamiento jurídico Americano porque establece un ciudadanía puertorriqueña independiente, separada y distinta e incluso complementaria a la americana; y sobretodo, 3) en el ordenamiento jurídico Español porque nos reconoce como tales y nos habilita con ese reconocimiento a un tratamiento como país iberoamericano, hecho novedoso y sin precedentes para adquirir a trámite la nacionalidad española como puertorriqueño y, por consiguiente y de forma derivada sobre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea al trasponerse ese acto sobre ese ordenamiento. En ese último ordenamiento, dado que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea son considerados de forma complementaria ciudadanos europeos y como España es miembro de ésta, entonces derivadamente cuando un puertorriqueño adquiera la nacionalidad española por ese mecanismo que hemos citado a lo largo de esta exposición, éste se convierte en ciudadano europeo, porque es ciudadano de la Unión Europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro, por eso el hecho del efecto derivado de ese acto sobre el ordenamiento y las instituciones de la Unión Europea según lo dispone la regulación sobre la ciudadanía de la Unión Europea en el Artículo 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE) Título II Disposiciones sobre los Principios Democráticos y el Artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) Segunda parte: No discriminación y ciudadanía. Por consiguiente, ese certificado de ciudadanía puertorriqueña marca un hito histórico, un antes y un inolvidable después en el reconocimiento legal y oficial de los puertorriqueños como tales y como corresponde según a su identidad, idiosincrasia, su acervo cultural e histórico y su realidad nacional que hasta ahora no existía ni se había legislado ni tampoco se había reconocido por su propio ordenamiento para dejar plasmada esa realidad puertorriqueña de ser portadores de una identidad propia, distinta y separada a la estadounidense en todos sus términos.
En consecuencia, ese certificado deja claro que pueden coexistir legalmente, por un lado la ciudadanía puertorriqueña, por el otro la americana y como ciudadanía latente la española, esta última se da cuando concurran las condiciones que nos habla la normativa española para adquirir la nacionalidad española, grabando así, y de manera vitalicia, oficial e institucional que la ciudadanía de origen de nacimiento para los puertorriqueños es la puertorriqueña con efectos directos en el ELA de PR y toda la Comunidad Internacional. Como sabemos, por la parte de la ciudadanía puertorriqueña, los puertorriqueños adquieren una ciudadanía de nacimiento o de origen por razones de su identidad y que es reconocida legalmente y, estos pueden obtenerla según el Reglamento del Secretario de Estado 7347 para Regir el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña. Por otra parte, cabe señalar para entender mejor el tema que se trata de que, los puertorriqueños también adquieren la ciudadanía estadounidense sobrevenida a base de la ciudadanía puertorriqueña como consecuencia del resultado de la Invasión del Ejército Militar Americano sobre el territorio insular de Puerto Rico por la guerra entre EEUU y el Reino de España para el 25 de julio de 1898, la cual se impone para aquel entonces a los habitantes de Puerto Rico por el derecho de conquista, según lo dispuesto en Ley Orgánica Foraker de 12 de abril de 1900 y Ley Orgánica Jones de 1917 mantenida posteriormente dentro de la Ley de Relaciones Federales de 3 julio de 1950 (Ley Pública 600 del Congreso de EE.UU) en la que estos son reconocidos en aquel entonces como ciudadanos americanos todos los ciudadanos de Puerto Rico como ciudadanos de lealtad, a los meros efectos de los territorios ultramarinos y no tratados de pleno derecho como ocurre con el resto de ciudadanos pertenecientes a los 50 Estados originarios de los Estados Unidos de América. Cito el literal de la la sección 7 de la Ley Foraker, de 1900, donde se creo la ciudadanía puertorriqueña por el propio Congreso de los Estados Unidos de América: ¨Todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españoles el día once de abril de mil ochocientos noventa y nueve, y a la sazón residían en Puerto Rico, y sus hijos con posterioridad nacidos allí, serán tenidos por ciudadanos de Puerto Rico, y como tales con derecho a la protección de los Estados Unidos; excepto aquellos que hubiesen optado por conservar su fidelidad a la Corona de España el día once de abril de mil novecientos, o antes, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España, celebrado el día once de abril de mil ochocientos noventa y nueve; y ellos, en unión de los ciudadanos de los Estados Unidos que residan en Puerto Rico, constituirán un cuerpo político bajo el nombre de "El Pueblo de Puerto Rico," con los poderes gubernamentales que se confieren más adelante, y la facultad de demandar y ser demandados como tales.¨ Otra disposición donde también encontramos esa contribución a la creación de esa ciudadanía puertorriqueña, es en el Artículo IX del Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y Su Majestad la Reina Regente de España del 12 de diciembre de 1898 firmado en París por ambos Estados que nos dice: ¨Los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos; y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad: a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.¨
Finalmente, a esa creación de la ciudadanía puertorriqueña se le une el Art 10 del Código Político de Puerto Rico de 1902 y lo cristaliza la sentencia Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997) las cuales se citan más arriba. Y la vemos plasmada, en el Certificado de Ciudadanía de Puerto Rico que expide el Departamento de Estado a todos los ciudadanos que la soliciten, por virtud del Reglamento del Secretario de Estado Núm. 7347 para Regir el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña del 1 de mayo de 2007. Y sin perjuicio, la Constitución del Estado Libre Asociado lo plasma también en su Art 3. Poder Legislativo en su Sección 5, Art. 4 Del Poder Ejecutivo Sección 3, Artículo 9 Disposiciones Transitorias Sección 5 y Artículo 5 Del Poder Judicial Sección 9. Se puede citar también una serie de casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos que son actualmente Jurisprudencia al respecto, pero a mi entender, solamente con la que se cita aquí, me parece suficiente para no inundar de antecedentes de lo que aquí se pretende compartir. Y que, además, se recogen en los alegatos de Juan Mari Brás en la sentencia que cito más arriba Ramírez de Ferrer v. Mari Brás. A todos los efectos, todas estas fuentes de derecho citadas anteriormente están en vigor y son vinculantes actualmente en la jurisdicción de Puerto Rico en lo relativo a la regulación y creación legal de la ciudadanía puertorriqueña.
Por la parte española y según su Código Civil Español vigente en los artículos 21, 23 y 24 aplicables en materia de adquisición de la nacionalidad española a los ciudadanos puertorriqueños y, para aquellos que cumplan los requisitos exigidos por ese Código en materia de nacionalidad y quieran optar en calidad de ciudadanos puertorriqueños a la nacionalidad española como ciudadanos procedentes de países de origen iberoamericano, podrán optar a ésta, cuando cumplan los requisitos exigidos de los artículos antes mencionados en ese Código. Por último, podemos decir que pueden coexistir en el puertorriqueño tres ciudadanías de pleno derecho: a) la puertorriqueña, b) la americana y c) la española, según aquellas normas que regulan a cada una de éstas. Recuperando de esta manera, privilegios y consideraciones frente al Estado Español y países iberoamericanos junto a lazos históricos y novedades inesperadas que, gracias al Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña inexistente a falta de regulación normativa hasta el 1 de mayo de 2007 y, sobretodo, como consecuencia de la sentencia en firme del alto Tribunal Supremo de PR en la controversia in extremis Ramírez de Ferrer v. Mari Brás 142 D.P.R. 141 (1997), que obliga a su vez al Departamento de Estado de PR a regular, crear, imprimir y expedir oficialmente dicho certificado al Sr. Juan Mari Brás para acreditar su condición jurídica como ciudadano puertorriqueño conforme a la Ley Electoral de PR y poder ejercer su derecho al voto según esa misma ley. Desde ese acontecimiento en adelante, eso les aportó a todos los puertorriqueños conforme al principio de igualdad de trato de los ciudadanos ante ley, el orden necesario para que todo ciudadano que cumpla los requisitos del Reglamento que lo regula, se le pueda expedir dicho certificado y darles el lugar que les corresponde en derecho como puertorriqueños ante ellos mismos como pueblo, frente a sus instituciones, a su propia organización política y frente a toda la Comunidad Internacional. Que se válida novedosamente, con la preferencia sin precedentes que nos otorga el ordenamiento jurídico español al tratarnos como iberoamericanos a la hora de adquirir la nacionalidad española con la existencia de ese certificado que, de otra forma no se hubiese podido lograr y, tampoco las instituciones del Estado Español nos hubiera admitido realmente a trámite y acreditará a su vez otro documento válido y en derecho ajeno a ese certificado de ciudadanía, a los efectos de solicitud de adquisición de la nacionalidad española como ciudadanos puertorriqueños en pleno derecho.
Esa es la otra conclusión a los que nos puede llevar ese magnífico reconocimiento de la personalidad jurídica del puertorriqueño que valida jurídicamente la ciudadanía puertorriqueña a través de ese Certificado que como vemos: va más allá de conceder el derecho al voto a Juan Mari Brás y reconocerle plenamente sus derechos civiles y, que además trasciende, cualquier persecución político-partidista local para abusar de las instituciones judiciales con el fin de sostener excesos ideológicos con ánimo de reducir los derechos más básicos y elementales de un ciudadano como Mari Brás en un verdadero Estado de Derecho Democrático. Quedará por verse, y ser coherentes con ese reconocimiento de ciudadanía en ese certificado, el regular la oportuna expedición del Pasaporte Puertorriqueño que en derecho tenemos, por la Autoridad Competente correspondiente a ese efecto, con carácter general, a todos aquellos ciudadanos que se certifiquen oficialmente como ciudadanos puertorriqueños a través del susodicho certificado, que les identifica como tal y que le confiere y reconoce jurídicamente sus propias instituciones ese derecho expresado en su Constitución, sus reglamentos, sus normas locales e incluso en otras tantas americanas. Por dar un ejemplo, el actor estadounidense Steven Seagal posee la nacionalidad americana, rusa y serbia y es perfectamente normal que tenga tres nacionalidades según el Derecho Internacional a través de la Declaración del Derechos Humanos según su art 15 entre otros instrumentos jurídicos internacionales que los permiten. Lo mismo ocurre, cuando un puertorriqueño obtiene legalmente la nacionalidad española que la hace compatible con la ciudadanía puertorriqueña y la americana conforme a las normas que lo regulan. Llevamos desde 1900 compartiendo la ciudadanía puertorriqueña con la americana hasta nuestros días, es decir, existe esa dualidad legal y jurídicamente la doble nacionalidad para todos los puertorriqueños: Puertorriqueña y Americana. Aunque solamente tenemos un pasaporte americano que acredita la americana, pero no el correspondiente pasaporte puertorriqueño que la acredite, y eso no significa que no exista jurídicamente. De hecho, no hay ninguna de novedad en ello, pero sí en el hecho de que un tercer estado como España, cuando un ciudadano puertorriqueño residente en España con más de dos años de residencia entre otras series de requisitos, utiliza el Certificado de Ciudadanía de Puerto Rico para solicitar la nacionalidad española como nacional de un país de origen iberoamericano según su art, 22.1 del Código Civil, y es ahí cuando nos trata como ciudadanos puertorriqueños y no como americanos, en el que nos equipara a ciudadanos de países iberoamericanos como establece su art 22.1. Y la administración española a través de su Registro Civil al revisar y cerciorarse que cumplimos con los requisitos de solicitar la nacionalidad española, nos concede la misma, reconociendo que puede ser compartida la española con la puertorriqueña sin necesidad de la renuncia de la nacionalidad de origen como establece el art 23 del Código Civil para aquellos nacionales de países iberoamericanos como los procedentes de Puerto Rico a través de ese trámite. Y ese acto, se reconoce internacionalmente la otra personalidad jurídica puertorriqueña que es distinta, separada, independiente y complementaria a la americana.
Es además, entre otras razones, que es sugerente y viable, un nuevo pasaporte puertorriqueño adaptado a la Ley Foraker y demás normas de desarrollo que crearon la ciudadanía puertorriqueña para que este contenga el mismo número que aparece en el pasaporte de EEUU entre otra serie de especificaciones y también incluya los cambios a raíz de la aprobación por el Congreso de Estados Unidos en 2005 de la Ley Real ID, que pretende crear identificaciones seguras y uniformes, más difíciles de falsificar, y evitar el robo de identidad. Lo que sería genial, en proteger nuestra identidad nacional puertorriqueña junto a la americana según todo el conjunto de normas que lo regulan y permiten dicha compatibilidad. Y viajar para un puertorriqueño a otros países sería más placentero, y, sobre todo, porque no tendrían que estar dando explicaciones confusas o distorsionadas, sino reales, firmes y coherentes con el Estado de Derecho que nos regula a cerca de nuestra nacionalidad puertorriqueña que es la que tenemos de origen por reconocimiento de la Ley Foraker entre otras leyes y reglamentos de Puerto Rico, y la americana por nacimiento pero sin derechos civiles y políticos si resides en el territorio de Puerto Rico que, fue designada por la Jones-Shafroth Act del Congreso de los Estados Unidos y que lo recoge la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos en la siguiente sección: Sec. 302. [8 U.S.C. 1402]:¨...All persons born in Puerto Rico on or after January 13, 1941, and subject to the jurisdiction of the United States, are citizens of the United States at birth.¨. Y tener esa dualidad, plasmada en dos pasaportes, no altera en absoluto las preferencias políticas que tengamos los puertorriqueños o la condición políticas del estatus de Puerto Rico con Estados Unidos, ya sea que vivíamos en Puerto Rico, en uno de los 50 Estados de la Unión, allá en España y la Unión Europea o en cualquier parte del mundo o el espacio sideral. Al contrario, es una cuestión de justicia histórica, coherencia y salud mental con nosotros mismos de ser lo que somos, esa dualidad: puertorriqueños, americanos, y de forma latente, en el tema que aquí nos ocupa, hasta nacionales españoles y ciudadanos europeos. Lo que suma nunca resta y lo que es igual no es ventaja.
Todo lo que afirmo en
esta divulgación, fue precisamente lo que utilice como solución legal en mi
situación personal en España cuando, solicité para el 2010 la nacionalidad española en el
Registro Civil de Barcelona en España con el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña que
me otorgó el Departamento de Estado de Puerto Rico. De esa forma, logré resolución positiva en mi solicitud de nacionalidad española, la cual fue resuelta
favorablemente por el Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia Español en el año 2013 en la concesión de la nacionalidad española por residencia a mi persona
sin ningún cuestionamiento. Actualmente, poseo la nacionalidad española,
la ciudadanía de la Unión Europea y las ciudadanías americana y puertorriqueña conforme a derecho con los
respectivos pasaportes existentes como lo hace el artista Ricky Martín y el actor Benicio del Toro o también el actor norteamericano Steven Seagal pero con sus tres pasaportes. En consecuencia, todo
este esfuerzo sirve para que, otros puertorriqueños en la misma situación,
utilicen este ejemplo real y tengan la certeza de que pueden acceder a la
nacionalidad española cuando cumplan los requisitos legales conforme al Estado
de Derecho Español a través del certificado de ciudadanía puertorriqueña, el cual se acepta insustituiblemente, en el trámite de nacionalidad para acreditar que es un ciudadano de
un país iberoamericano como exige la normativa española para que se le conceda la nacionalidad española como puertorriqueño, sin tampoco tener que renunciar a la americana, como sucedió en
mi situación. Demás está decir que, el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña es el único documento que tiene plena validez jurídica
internacional para el trámite de nacionalidad española por cualquier
puertorriqueño en España que cumpla con dos años de residencia legal,
continuada e ininterrumpida en territorio español, y claro, la solicite a
través del Registro Civil donde se encuentre empadronado.
Raymond Forte Lespier25 de marzo de 2014, 11:16Un certificado de nacimiento expedido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿tendría el mismo peso que el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña para propósitos de validar que de hecho si somos nacionales de un país iberoamericano para propósitos de solicitar la ciudadanía española?ResponderEliminarLCDO. JOSÉ ANÍBAL SANTOS25 de marzo de 2014, 12:53En la única ocasión que se acepto el certificado de nacimiento de PR para acceder a la nacionalidad fue en la siguiente situación que recoge la siguiente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado Español del 25 de junio de 2007 (RDGRN 25-06-2007) la que anexo más abajo. Y está no es útil para acceder a la nacionalidad española si es por el Art 22.1 y 22.2 porqué ya lo probé en 7 asesoramientos contenciosos al que fue llamado a defensa en la materia, los cuales los resolví ante la Administración Española (Registro Civil) con el Certificado de Ciudadanía de PR y no con el Certificado de Nacimiento.RDGRN 25-06-2007:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-15070ResponderEliminarJosé M. López Sierra1 de marzo de 2015, 7:35Puerto Rico es el mejor ejemplo del récord sobre los derechos humanos en Estados UnidosPuerto Rico ha sido una colonia del gobierno de Estados Unidos por los últimos 116 años. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el colonialismo un crimen en contra de la humanidad en el 1960. La ONU le ha pedido, hasta el presente, 33 veces que descolonice inmediatamente a Puerto Rico. Estas 33 resoluciones de la ONU representan la voluntad democrática de esa organización internacional. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora, las ha ignorado. Más aun, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido encarcelado al prisionero más antiguo del mundo, Oscar López Rivera, a pesar de una tremenda presión internacional para liberarlo. Toda nación tiene el derecho inalienable a su auto-determinación e independencia como un derecho humano básico. Por esa razón, toda persona colonizada tiene el derecho de usar todos los medios necesarios para descolonizarse bajo la ley internacional. Eso quiere decir que el criminal en nuestra relacional colonial con el gobierno de Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos y no Oscar. ¡Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos le ha violado los derechos humanos de casi 4 millones de gentes en la isla de Puerto Rico por los últimos 116 años! El gobierno de Estados Unidos ha usado el terrorismo de estado para mantener a Puerto Rico en el coloniaje. De nuevo, el mejor ejemplo de eso ha sido el haber tenido encarcelado al puertorriqueño Oscar López Rivera por los últimos 33 años. Eso sobre pasa los 27 años que estuvo Nelson Mandela encarcelado. También es importante señalar que 12 es esos años fueron en aislamiento. Eso constituye otra violación a nuestros derechos humanos.El gobierno de Estados Unidos mantiene todo eso en un closet para que nadie se dé cuenta. De esa manera, el gobierno de Estados Unidos puede más fácilmente acusar a otros países de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos realmente no le importa que se violen los derechos humanos, ya que él mismo los violas también en su nación. Su único interés en hacer estas acusaciones es para controlar a eses naciones para obtener beneficios financiero para el 1% de gente del cual el gobierno de Estados Unidos trabaja. José M López Sierrawww.TodosUnidosDescolonizarPR.blogspot.comResponderEliminarRespuestasLCDO. JOSÉ ANÍBAL SANTOS25 de julio de 2015, 15:04Apreciado José M López.El tema que versa este blog es sobre el Certificado de Ciudadania y su impacto, cualquier comentario por favor que sea referente a ello. ¡Muchas Gracias!EliminarResponderLCDO. JOSÉ ANÍBAL SANTOS25 de julio de 2015, 14:44Este comentario ha sido eliminado por el autor.ResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...

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 Artículo 9
 Artículo 20
 Artículo 9
 Artículo 5
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