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Timestamp: 2018-09-23 11:07:38+00:00

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﻿ Sentencia C-174 de marzo 18 de 2009
SENTENCIA C-174 DE 18 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:LEY MARÍA. LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD SE CONCEDERÁN AL PADRE OCHO (8) DÍAS HÁBILES. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "CUATRO (4) DÍAS DE LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD, EN EL CASO QUE SÓLO EL PADRE ESTÉ COTIZANDO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. EN EL EVENTO EN QUE AMBOS PADRES ESTÉN COTIZANDO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, SE CONCEDERÁN AL PADRE", PERTENECIENTES AL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 755 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA DE PATERNIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:451 DE JULIO DE 2009, PG.1149
Sentencia C-174 de marzo 18 de 2009
Sentencia C-174 de 2009
Ref.: Expediente D-7387
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 755 de 2002, “por la cual se modifica el parágrafo artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo”
EXTRACTOS:«II. Texto de la norma demandada
Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo —Ley María—.
(Apartes tachados INEXEQUIBLES). La licencia remunerada de paternidad solo opera para los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera permanente. En este último caso se requerirán dos (2) años de convivencia.
4. Contenido de la norma demandada.
5.1. Breve referencia a la licencia de paternidad en el derecho comparado.
La licencia de paternidad tuvo su origen en la OIT con el ánimo que el hombre desempeñe un rol más activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros días de nacidos, llevó a la Organización Internacional del Trabajo a adoptar la recomendación 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, cuyo numeral 22 hizo explícito que durante un periodo inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, también el padre debería tener posibilidad de obtener una licencia sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él, a lo que denominó licencia parental. Así mismo, dejó en libertad de cada país su determinación, que debería introducirse en forma gradual.
De igual modo, la OIT expidió el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, que se aplica a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando las mismas limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella (arts. 1º y ss.).
De esta forma, la licencia de paternidad busca que los hombres concilien el trabajo y la vida familiar, a través del disfrute de un breve periodo alrededor de la fecha del parto del hijo (1) .
5.2. En los países miembros de la OIT, se presentan importantes variaciones con respecto al alcance de la duración de la garantía. La licencia de paternidad fue otorgada por primera vez en 1974, en Suecia. Posteriormente, en Finlandia y Noruega, último de los cuales otorga cuatro semanas completas. En Francia el hombre puede tomar 11 días y en España 15 días. En Cuba la licencia de paternidad se da al padre viudo y tiene derecho a recibir un 60% de su salario promedio. Para el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días. Recientemente, en Ecuador el Congreso acaba de aprobar que el padre goce entre 10 y 23 días de licencia por el nacimiento de los hijos, derechos que hasta ese momento solo accedía la madre.
5.3. Este asunto no ha sido ajeno al examen de la Corte, por cuanto en la Sentencia C-273 de 2003 (2) , al declarar inexequible una parte del artículo ahora demandado, abordó el interés superior del niño y la garantía de la plena satisfacción de sus derechos. En torno a este último tópico resaltó que la razón de ser del interés superior del niño es su plena satisfacción y más concretamente permitir al recién nacido el ejercicio de todos sus derechos fundamentales, particularmente el poder recibir cuidado y amor de manera plena en la época inmediatamente posterior a su nacimiento. Además, sostuvo que la licencia permite al padre comprometerse con mayor fuerza en su paternidad bajo un clima adecuado para que la niña o el niño alcance su pleno desarrollo físico y emocional.
5.4. Respecto al significado de la paternidad y su importancia para el desarrollo de la niña o del niño, en la mencionada decisión se sostuvo:
“En conclusión, si bien no existe un rol paterno único al cual todos los padres deben aspirar —pues debe admitirse que la naturaleza de la influencia paterna puede variar sustancialmente dependiendo de los valores individuales y culturales—, lo que sí está claro es que la presencia activa, participativa y permanente del padre es fundamental en el desarrollo del hijo, y aun más cuando ha decidido asumir su papel en forma consciente y responsable, garantizando al hijo el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y especialmente el derecho al cuidado y amor para su desarrollo armónico e integral” (3) .
Luego, la idea de que el padre se involucre activamente en la crianza de las hijas o hijos brindándoles asistencia, protección, cuidado y amor desde los primeros días de vida, es fundamental para su desarrollo armónico e integral, que parte del concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad (C.P., arts. 42 y 44).
6. Naturaleza jurídica de la licencia remunerada de paternidad.
La vigencia y satisfacción simultánea de todos los derechos de la infancia, conocida en la doctrina como garantía de la protección integral de los menores, ha sido consagrada en Colombia bajo los términos previstos en los artículos 42, 43, 44, 45 y 50 de la Constitución Política. Además de estas normas, la Carta también ampara a los menores a partir de la protección a la dignidad humana (C.P., art. 1º), los derechos que les son inalienables (C.P., art. 5º.), el derecho a la vida (C.P., art 11), el derecho a la seguridad social (C.P., art. 48) y el derecho a la salud (C.P., art. 49), todos considerados de naturaleza fundamental y de estirpe superior cuando sus titulares son niños.
Por lo anterior, puede afirmarse que en Colombia los niños gozan de una protección reforzada, como también de una protección complementaria, pues además de las normas que les son directamente aplicables, son beneficiarios de todos aquellos preceptos que de manera general se aplican a las personas. Lo anterior acompasa con el principio de protección derivado del interés superior del niño, reconocido este último en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (4) .
6.1. En relación directa con el principio del interés superior del niño se cuenta el derecho del menor al cuidado y amor, derecho que deriva del estado de inmadurez física y mental del niño, circunstancia que obliga a una adecuada protección legal tanto antes como después del nacimiento, más aún cuando, como lo ha señalado esta corporación, la Convención internacional sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, estableció, entre otros, los siguientes compromisos para los Estados partes:
“i) Se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas (art. 3º, num. 2º).
iii) Adoptarán todas las medidas administrativas como legislativos y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional (art. 4º).
v) Reconocerán que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6º, nums. 1º y 2º).
vii) A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la convención, prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños (art. 18, nums. 1º y 2º)” (5) .
6.2. Según el artículo 44 de la Carta Política, la obligación de realizar el derecho al cuidado y amor del niño está a cargo de la familia y la sociedad, como también del Estado a quien corresponde el deber de asistir y proteger a los menores y, de manera principal, auspiciar el cuidado y amor hacia los infantes mediante políticas eficaces destinadas a su desarrollo integral, particularmente a través de instrumentos legislativos y administrativos idóneos para la concreción de los derechos que la Constitución Política consagra a favor de los menores.
6.3. El derecho a la licencia de paternidad remunerada es desarrollo y aplicación del principio del interés superior del menor, como también del derecho al amor y cuidado del niño, mediante la implementación un mecanismo legislativo que, como corolario del artículo 44 superior, garantiza al infante que el progenitor estará presente y lo acompañará durante las primeras horas siguientes a su nacimiento, brindándole el cariño, la atención, el apoyo y la seguridad física y emocional necesaria para su desarrollo integral, con miras a la posterior incorporación del menor a la sociedad.
Es decir, el periodo que el legislador concede como licencia remunerada de paternidad, no ha sido concebido como un derecho caprichoso, ni para dedicar estos días al jolgorio, ni a la celebración, sino para vincular efectivamente al padre con las tareas de cuidado y atención a su pequeño, hijo, teniendo en cuenta, además, la necesaria y conveniente asistencia al recién nacido.
7. Potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social.
Según la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que puede ser prestado por los particulares bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en los términos que establezca la ley (C.P., art. 48); es decir, el legislador cuenta con potestad para configurar el sistema normativo al cual estará sometida la estructura orgánica, administrativa y jurídica mediante la cual se presta este servicio.
“... Esta corporación ha considerado, que la potestad de configuración del legislador debe someterse, entre otras, a un catálogo de reglas generales como son: (i) el reconocimiento de la seguridad social como un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional y, a su vez, (ii) como un servicio público obligatorio cuya dirección, control y manejo se encuentra a cargo del Estado. Adicionalmente, (iii) se admite la posibilidad de autorizar su prestación no solo por entidades públicas sino también por particulares (6) ; (iv) el sometimiento del conjunto del sistema de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. A los que el Acto legislativo 01 de 2005 añadió en materia de pensiones el principio de sostenibilidad financiera (C.P., art. 48).
En relación con el último punto, cabe recordar que según el principio de universalidad, la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social debe amparar a todas las personas residentes en Colombia, en cualquiera de las etapas de su vida, sin discriminación alguna por razones de sexo, edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, etc. (7) En este sentido la corporación ha hecho énfasis en que la universalidad implica que toda persona tiene que estar cobijada por el sistema de seguridad social y que “no es posible constitucionalmente que los textos legales excluyan grupos de personas, pues ello implica una vulneración al principio de universalidad”.
6.9. Además, como también lo ha considerado esta corporación, el legislador en ejercicio de la citada potestad de configuración normativa, además de someterse al cumplimiento —en concreto— de aquellas reglas y principios que regulan el suministro y la exigibilidad de las prestaciones que componen el sistema de la seguridad social, se encuentra sujeto de igual manera a la observancia de aquellos otros principios, valores y derechos constitucionales previstos en el Texto Superior, que generalmente limitan el desarrollo de la atribución constitucional de regulación.
6.10. Igualmente, esta Corte ha insistido, en que el control de la Corte sobre medidas relacionadas con la seguridad social debe ser riguroso, cuando a pesar de que la medida legislativa corresponde a una materia de contenido económico y social, la misma (i) incorpora una clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones según lo previsto en el inciso 1º del artículo 13 superior; (ii) afecta a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o a sujetos que gozan de especial protección constitucional; (iii) desconoce prima facie el goce de un derecho constitucional fundamental; o finalmente, (iv) incorpora —sin causa aparente— un privilegio exclusivo para un sector determinado de la población” (enfatiza la Sala).
7.2. El reconocimiento de la licencia de paternidad es desarrollo y realización del derecho fundamental del niño a gozar del cuidado y amor de su padre durante los días siguientes al nacimiento, en concordancia con lo establecido en el artículo 44 de la Carta Política sobre el interés superior del menor. Sobre esta clase de medida la jurisprudencia ha precisado:
“... en estos casos se debe verificar que la medida legislativa sea adecuada y conducente para realizar un fin constitucional y que además sea proporcional ‘esto es que el logro del objetivo perseguido por el legislador no puede llegar al extremo de sacrificar principios o derechos que constitucionalmente se consideran de mayor entidad en defensa del Estado social de Estado (sic)’” (8) .
El juicio de razonabilidad propuesto para esta medida, según lo ha expresado la Corte (9) , ha de ser estricto; es decir, el fin debe ser legítimo, importante e imperioso; el medio ha de ser adecuado, efectivamente conducente y necesario, y la relación medio-fin debe ser adecuada, efectivamente conducente y no susceptible de ser remplazada por otro medio alternativo o menos lesivo.
La licencia remunerada de paternidad, establecida en el artículo 1º de la Ley 755 de 2002, cumple con los requerimientos establecidos por la Corte para considerar que aprueba el juicio estricto de razonabilidad, por cuanto (i) su fin es legítimo, importante e imperioso, pues está previsto en el artículo 44 de la Constitución Política, que trata del interés superior del menor y que hace imperativo protegerlo; (ii) el medio jurídico adoptado es adecuado para la protección del recién nacido, efectivamente conducente, ya que permite al padre brindar cuidado y amor a su pequeño hijo y necesario para el desarrollo integral del menor; y (iii) la relación medio-fin es adecuada, efectivamente conducente y necesaria, toda vez que el único beneficiario de la medida adoptada por el legislador es el menor a instancias de la licencia concedida a su padre; es decir, solo de esta manera podrán estar juntos durante los días siguientes al nacimiento del menor.
7.3. A lo expresado por la Corte en esta materia se añade lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada mediante la Ley 12 de 1991, cuyo artículo 3º, apartado 1, prevé:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (se destaca).
8. Examen de la norma parcialmente demandada.
8.1. La medida adoptada por el legislador resulta desproporcionada por cuanto otorga un estatus privilegiado a quienes cuentan con la ventaja económica de cotizar doblemente al sistema general de seguridad social en salud (cotizan el padre y la madre del recién nacido), respecto de quienes por circunstancias económicas, laborales o sociales, solamente pueden cotizar mediante los aportes del padre, generando el legislador una situación discriminatoria respecto del derecho fundamental al cuidado y al amor, del cual es titular todo niño en los términos del artículo 44 de la Carta Política, sin que resulte constitucionalmente válido ni comprensible bajos los parámetros del artículo 13 de la Constitución, que el infante, persona especialmente protegida en razón de su inmadurez física y mental, tenga que soportar las consecuencias de la discriminación propia de la medida adoptada por el legislador.
8.2. En concordancia con lo anterior, refiriéndose a la proscripción de toda forma de discriminación en contra de los menores, la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, adoptada mediante la Ley 12 de 1991, establece en su artículo 2º, apartado 2:
“ARTÍCULO 2º
2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares (destaca la Sala).
8.3. Podría considerarse que con la medida el legislador tuvo como propósito velar por el equilibrio financiero del sistema general de seguridad social en salud; sin embargo, al ponderar la estabilidad financiera del sistema con el interés superior del menor y el amparo propio de los derechos fundamentales del niño, no hay duda, como lo establece el artículo 44 superior, que deben prevalecer estos últimos.
“... la Sala considera que llegado el momento de ponderar las decisiones del legislador respecto de los derechos intrínsecos e inherentes del ser humano, se debe tener en cuenta el sistema axiológico propio del Estado social de derecho, al interior del cual existen valores, principios, disposiciones y normas que prevalecen, entre ellos los relacionados con la protección a la dignidad de la persona humana (...) los cuales, desde una perspectiva constitucional, no pueden resultar abolidos en beneficio de derechos e intereses jurídicamente subalternos, como serían la defensa a ultranza de la libertad de configuración legislativa...” (10) .
8.4. En cuanto al equilibrio financiero que debe darse en el sistema de seguridad social en salud, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia C-336 de 2008 y, además, la misma Ley 755 de 2002 en el artículo 1º establece que:
“La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las cien (100) semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad” (11) .
Cotizar por cerca de dos (2) años al sistema general de seguridad social en salud para acceder a una licencia remunerada de paternidad de ocho (8) días, puede ser considerado un condicionamiento razonable en aras del equilibrio financiero del sistema y del soporte económico de las EPS, quienes, previas las verificaciones previstas en la ley, cuentan también con la posibilidad de recavar apoyo del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.
8.5. La sostenibilidad financiera de la licencia remunerada de paternidad fue prevista y garantizada mediante el artículo 51 de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario, que establece:
“ART. 51.—Licencia de paternidad. La licencia remunerada de paternidad de que trata la Ley 755 de 2002 será reconocida por la EPS y recobrada a la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas y procedimientos previstos por las normas vigentes para la licencia de maternidad” (12) .
8.6. La norma acusada se enmarca en los parámetros de la filosofía de un sistema de seguridad social, el cual retribuye u otorga prestaciones acordes con lo estrictamente cancelado por el asegurado; pero no guarda armonía con el postulado imperante hoy en día, de un sistema de seguridad social, que tiene unos valores más humanos, inspirado en la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, participación y, además, hace parte de la progresividad de los derechos, que es otro principio característico de un sistema de seguridad social (L. 100/93, arts. 2º, 3º y 5º, num. 3º), consistente en que los derechos y su evolución tienden siempre a ampliarse y no a restringirse.
Precisamente, el principio de progresividad y la interpretación del derecho en favor de las garantías consagradas en la Carta Política, llevan a la Corte a declarar la inexequibilidad de las expresiones impugnadas, dejando vigente el aparte que establece en ocho (8) días la licencia remunerada de paternidad, por ser este un término que permite al beneficiario de la norma disfrutar de la prestación en ella establecida de una manera más cierta y eficaz, más aún cuando se trata de amparar al niño, considerado constitucionalmente sujeto de especial protección.
8.7. En suma, la Sala considera que las expresiones demandadas son inexequibles por cuanto con ellas el legislador desbordó la órbita de su potestad para regular la prestación del servicio público de seguridad social en cuanto a la licencia remunerada de paternidad se refiere; además, considera la Corte que el equilibrio financiero del sistema general de seguridad social en salud queda salvaguardado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 812 de 2003, mediante la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, norma que permanece vigente.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “... cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que solo el padre esté cotizando al sistema general de seguridad social en salud. En el evento en que ambos padres estén cotizando al sistema general de seguridad social en salud, se concederán al padre...”, pertenecientes al inciso primero del artículo 1º de la Ley 755 de 2002, por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo —Ley María—.
(1) Maternidad, paternidad y trabajo. La igualdad de género en el corazón del trabajo decente, 2008-2009. Información extraida de la página de internet de la OIT. www.ilo.org/gender/events/campaign-2009.
(2) Estudio la constitucionalidad del inciso 3º artículo 1º de la Ley 755 de 2002.
(3) Sentencia C-273 de 2003.
(4) En materia de seguridad social para los menores, la Convención internacional sobre los derechos del niño, (L. 12/91), establece en el artículo 26:
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-273 de 2003.
(6) Sentencia C-1489 de 2000.
(7) Ver entre otras las sentencias C-623 y C-1024 de 2004, así como la Sentencia C-823 de 2006 SPV Nilson Pinilla Pinilla.
(8) Sentencia C-111 de 2006.
(9) Sentencias C-1064 de 2001 y C-1017 de 2003
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-336 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(11) Además, para la preservación del equilibrio financiero del sistema, el artículo 1º de la Ley 755 de 2002, inciso segundo, establece:
(12) Esta norma permanece vigente según lo establecido en el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010. El artículo 160 de la Ley 1151 de 2002, dispone:
“ART. 160.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 788 de 2002, así como las demás disposiciones vigentes sobre el monto de la contribución cafetera a que se refiere la misma ley, el parágrafo del artículo 4º de la Ley 785 de 2002, el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el artículo 3º del Decreto 3752 de 2003 y el artículo 79 de la Ley 1110 de 2006 y el inciso 3º del artículo 78 de la Ley 1111 de 2006. Continúan vigentes los artículos 13, 14, 20, 21, 38 reemplazando la expresión “el CNSSS” por “la Comisión de Regulación en Salud”, 43, 51, 59, 61, el parágrafo del artículo 63, 64, 65 para el servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86, 92, 99, 103, 110, 121 y 131, de la Ley 812 de 2003” (se resalta).

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 1
 artículo 236
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 63
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 79
 artículo 78
 artículo 63