Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510318.html
Timestamp: 2019-03-23 10:40:51+00:00

Document:
as201510318
AUTO SUPREMO Nº 318/2015-RRC
Sucre, 20 de mayo de 2015
Expediente : La Paz 2/2015
Parte imputada : María Milagro Nemer Chaloup
Delitos : Prevaricato
Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2014, cursante de fs. 740 a 763, Héctor Víctor Alarcón Gamarra, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 57/2014 de 23 de septiembre de fs. 701 a 712 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente, contra María Milagro Nemer Chaloup, por la presunta comisión de delito de Prevaricato, previsto y sancionado por el art. 173 del Código Penal (CP).
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 09/2013 de 4 de diciembre (fs. 604 a 610 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Milagro Nemer Chaloup, absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Prevaricato, tipificado por el art. 173 del CP, porque la prueba aportada no fue suficiente, sin costas.
Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Héctor Víctor Alarcón Gamarra (fs. 636 a 652); y, la imputada María Milagro Nemer Chaloup (fs. 654 a 657 vta.); respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 57/2014 de 23 de septiembre, que declaró su improcedencia y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 062/2015-RA de 28 de enero, se extrajo los siguientes motivos, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):
El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a los siguientes motivos:
Falta de fundamentación de la Sentencia, al omitir pronunciarse de forma específica y concreta en relación a los elementos de prueba incorporados al juicio: i) Pruebas “MP-4 y PD-2”, arguyó, que la imputada cuando ejercía funciones de Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, dispuso la hipoteca de su inmueble y rechazó la tercería de dominio excluyente, inobservando los arts. 105 del Código Civil (CC), 359 y 360 del Código de Procedimiento Civil (CPC), 45 de la Ley 1760 y 7.I y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); además, en cuanto a la prueba “MP-4” (Escritura Pública No. 1599/2006), también ofrecido por la defensa signada como “PD-2”, no fue valorado ni contrastado; toda vez, que la Escritura Pública aclaraba el error de sigla CIERSA por CIEBSA, estando debidamente inscrito en DDRR, después de la anotación preventiva de 29 de octubre de 1999; empero, inobservando el art. 1553 del CC, respecto a la caducidad de la anotación preventiva, así como la Sentencia Constitucional 0057/04 de 23 de junio, adujo que era válido y oponible su derecho propietario; ii) PP-26, 27, 28 y 29, alega, que la hipoteca judicial sobre su inmueble, fue posterior al registro a su favor en DDRR, que al rechazo del incidente de tercería, al que interpuso recurso de apelación que fue admitido, pero se impidió la obtención de fotocopias legalizadas requeridas, sin observar el art. 242 del CPC, para dar curso al abandono del recurso solicitado por Zoilo Suarez.
Que, en las situaciones advertidas, el Tribunal de Sentencia habría actuado infra petita vulnerando el principio de congruencia e inobservando los arts. 329, 342, 360, 124 y 173 del CPP, generando vicios de nulidad previstos en los arts. 167, 169 inc. 3) y 370 incs. 5) y 6) de la referida norma procesal penal, contrario al debido proceso, congruencia, tutela judicial efectiva e igualdad de oportunidades establecidos en los arts. 14, 115.I, 119.I y II y 120 de la CPE; puesto que, el Tribunal de alzada al declarar improbados sus argumentos, no cumplió con la obligación de realizar el control efectivo de la Sentencia exigiendo una fundamentación probatoria descriptiva, intelectiva y jurídica, incurriendo en contradicción con Autos Supremos que en situaciones similares habrían dado diferente aplicabilidad. Cita al efecto los Autos Supremos: 320 de 14 de junio de 2003, 342 de 28 de agosto, 314 de 25 de agosto ambos de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 25 de 3 de febrero de 2010, 256 de 26 de julio de 2006, 449 de 12 de septiembre de 2007, 349 de 28 de agosto de 2006 y 262 de 27 de abril de 2009.
Que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectuosa valoración de las pruebas: i) MP-2, MP-7, MP-9, MP-16, MP-19, MP-20 y MP-21, siendo que no consideró las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el inmueble adquirido de la Compañía de Importaciones y Exportaciones de Bolivia S.A., asevera, que las pruebas MP-2, MP-19, y MP-21, fueron contradictoriamente interpretadas respecto del reconocimiento de su derecho propietario en Derechos Reales, que no obstante ser de conocimiento de la imputada, rechaza la Tercería cuando las anotaciones preventivas se encontraban caducas. En cuanto a las pruebas “MP-19, MP-20 y MP-21” evidencian que no existía ningún error en el nombre de la empresa vendedora del inmueble, habiendo el Tribunal incorporado oficiosamente datos inexistentes tergiversando las pruebas al señalar que se habría aceptado y convalidado las anotaciones preventivas a favor de Zoilo Suarez, alegando erróneamente el Auto de Vista con relación a la valoración de esas pruebas, que lo que se juzgan son hechos que hacen al delito de Prevaricato, no situaciones para dilucidar el derecho propietario; y que, con relación a las anotaciones, dichos aspectos debían ser reclamados a la autoridad laboral a través de los recursos ordinarios que concede la ley; sin embargo, no habría realizado el control efectivo sobre la valoración de la prueba, ni absolvió los fundamentos de la apelación restringida; ii) Ausencia de valoración de la prueba “MP-10”, y en consecuencia defectuosa valoración de las pruebas “MP-5, MP-4, MP-6, MP-18 y MP-10” con referencia a la adjudicación del inmueble a favor de Zoilo Suarez siendo inmodificable, cuya minuta de transferencia a favor de Miriam Jeanethe y Paola Suarez Juarez fue ilegal, autorizado con una simple providencia sin que el Tribunal realice observación alguna, analizando arbitrariamente elementos de juicio, generando vicios de nulidad absoluta conforme prevén los arts. 167, 169 inc. 3) y 370 incs. 5) y 6) del CPP, aspectos no valorados por el Tribunal de apelación. Cita al efecto los Autos Supremos: 214 de 28 de marzo de 2007, 328 de 29 de agosto de 2006, 262 de 27 de abril de 2009, además de los Autos Supremos: 320 de 14 de junio de 2003, 342 de 28 de agosto de 2006, 256 de 26 de junio de 2006.
Finalmente refiere, que la falta de fundamentación y valoración de cada uno de los elementos de prueba conforme a las reglas de la sana crítica en la que incurrió el Tribunal de Sentencia como el de apelación, constituye violación al debido proceso, tutela judicial efectiva, igualdad y seguridad jurídica.
El recurrente solicita, que de conformidad al art. 419 del CPP, se admita su recurso de casación y por consiguiente, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el Tribunal de apelación dicte un nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 062/2015-RA de 28 de enero, cursante de fs. 772 a 774, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.
Conforme consta en la enunciación de los hechos, Héctor Víctor Alarcón Gamarra (querellante), formalizó querella contra María Milagro Nemer, alegando que mediante la Escritura Pública 634/2003 de 18 de septiembre, adquirió un bien inmueble de la empresa CIESBA, inscribiéndolo ante las oficinas de Derechos Reales bajo el folio real Nro. 2.01.0.99.0024530; asimismo, durante ese tiempo se habría venido tramitando un proceso sobre beneficios laborales, seguido por Zoilo Suarez Panique contra la empresa CIEBSA, ante el Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social a cargo de la Jueza Milagro Nemer (imputada), quien dispuso la hipoteca judicial del referido inmueble; en consecuencia, el acusador presentó incidente de Tercería de Dominio Excluyente, que fue rechazada por la imputada mediante Resolución 15/05 de 15 de febrero de 2005, procediendo a la cancelación de la partida de propiedad y posterior remate, habiéndose adjudicado a favor de Zoilo Suarez Panique y sus hijas Jeanethe Miriam y Silvia Paola ambas Suarez Juárez que mediante orden judicial solicitaron se realicen los testimonios correspondientes, disponiendo la Jueza otorgar mediante una simple providencia.
El Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de todo lo visto y oído en juicio oral, estableció que se probó los siguientes extremos:
1. Que en el juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social a cargo de la imputada se tramitó el proceso laboral incoado por Zoilo Edmundo Suárez Panique, por cobro de beneficios sociales que concluyó con sentencia que dio lugar a su cancelación, la que apelada, fue confirmada parcialmente por la Sala Social Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia.
2. Que en la tramitación del proceso laboral Maria Victoria Aquibares en representación de Mario Guillermo Garberscik Sobrevilla representante legal de la Compañía de Importaciones y Exportaciones de Bolivia S.A. (CIEBSA), se apersona ante la Jueza del Trabajo como apoderada de quien es demandado por Zoilo Edmundo Suárez Panique, solicitando tercería, alegando que el demandante (Zoilo Suárez), pretendía cobrar beneficios sociales con una anotación de un lote de terreno de la Avenida Saavedra ubicado en Miraflores con partida 01208772, memorial firmado por el abogado José María Rivera Ibáñez.
3. Que el acusador particular bajo el patrocinio del abogado José María Rivera Ibáñez, se apersona ante el juzgado laboral planteando tercería de dominio excluyente, acreditando ser el propietario del inmueble ubicado en la avenida Saavedra Zona Miraflores con escritura pública 634/2003 de 18 de septiembre inscrito bajo la partida 20100990024530 de 22 de septiembre de 2003, señaló que involuntariamente la compañía que le transfirió el inmueble por error inscribió la sigla como C.I.E.R.S.A, cuando en realidad es C.I.E.B.S.A, conforme se evidenció de la escritura pública de aclaración y rectificación; empero, está sin registro ante las oficinas de Derechos Reales.
4. Que la tercería opuesta por Héctor Víctor Alarcón Gamarra, por Auto de 19 de noviembre de 2004, fue rechazada por no cumplir con lo dispuesto en la última parte del art. 220 del Código Procesal del Trabajo (CPT), relativo a la acreditación de su derecho propietario debidamente registrado.
5. Que Héctor Víctor Alarcón Gamarra planteó nuevamente tercería de dominio excluyente el 26 de enero de 2005, sobre el referido inmueble, bajo el patrocinio del mismo abogado José María Rivera Ibáñez, señalando que le fue transferido en su favor antes de que se solicite la anotación preventiva y que el inmueble ya no pertenece a CIEBSA, acompañando al efecto la escritura pública 634/2003, señalando que cursa la escritura pública de aclaración de la sigla que fue rechazada por resolución 15/05 de 15 de febrero de 2005 emitida por la Juez ahora acusada, declarando improbada la tercería con costas.
6. Que contra la Resolución 15/05 que rechaza la tercería, Héctor Víctor Alarcón Gamarra formuló apelación que por Auto de 23 de marzo de 2005, fue concedido en efecto devolutivo, exhortando al apelante que dé estricto cumplimiento de los arts. 242 y 22 del CPC, Auto que le fue notificado al apelante el 4 de abril de 2005; y, por Auto de 7 de ese mismo mes y año, la Jueza Laboral Milagro Nemer (imputada), declaró desierta la apelación que concede al rechazo de la tercería.
7. Que en el proceso laboral referido en ejecución de autos, se procedió a la subasta del referido bien inmueble, que fue adjudicado a Zoilo Suárez Panique, y que en proceso penal fue girada la minuta a favor de sus hijas, conforme la prueba signada como “MP-4”.
8. Que el registro de la protocolización de la minuta de transferencia otorgada por María Victoria Larico Aquibares en representación de la Compañía de Importaciones y Exportaciones Bolivia S.A. (CIEBSA), fue protocolizada a horas 9:30 a.m. de 18 de septiembre de 2003, cuando aún no se hizo la cancelación del impuesto a la transacción efectuada en la misma fecha a horas 10:26 a.m. y concluida a horas 11:26 a.m.
De todo lo anterior concluyó señalando que conforme a la prueba 4 ofertada por la defensa de la acusada, que consistió en una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena sobre juicio de responsabilidades seguida contra vocales y una juez, en cuya parte VII de la fundamentación jurídica se habría realizado el análisis del tipo penal, a ese fin, habiendo contrastado, con la prueba de cargo y descargo, estableció, que el acusador particular al adquirir el bien inmueble sabía y conocía de la existencia de gravámenes y restricciones que habría poseído el inmueble que compró, y habiendo adquirido el inmueble arrastró las hipotecas, tomando en cuenta que fue el acusador quien se habría sometido al riesgo y peligro de adquirir el inmueble con arrastre de hipotecas y que la misma en relación a una demanda de cobro de beneficios sociales constituye una preferencia privilegiada de establecer la garantía de los derechos que se reconoce a favor del trabajador, que desde el inicio del proceso laboral no puede ser renunciada ni burlada, situación por la que consideró, que la pretensión fáctica de la acusación fiscal y particular sobre el hecho de haberse rechazado la tercería, no constituye resolución contraria a la ley; además, que sobre el hecho generador del rechazo de la apelación al interdicto de la tercería resuelta por resolución 015/05 de 15 de febrero interpuesta por Héctor Víctor Alarcón Gamarra, declarándose desierta esa concesión, por cuanto habría sido realizada desde su notificación de 4 de abril de 2005, recién el 7 de abril de 2005; es decir, más allá de los dos días que señala la ley 242 del CPC; situación por la que, advirtió, que al haber declarado desierta la apelación concedida por la juez sometida a proceso, no habría dado lugar a que se haya pronunciado resolución manifiestamente contraria a la Ley; en virtud, de ello concluido el juicio oral, emitió la Sentencia 09/2013 de 4 de diciembre (fs. 604 a 610 vta.), por el cual declaró a María Milagro Nemer Chaloup, absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Prevaricato, previsto y sancionado por el art. 173 del CP, porque la prueba aportada no fue suficiente.
Notificado el acusador particular Héctor Alarcón Gamarra con la Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 636 a 652), señalando bajo el acápite inobservancia de la norma procesal contenida en los arts. 173, 329, 342 y 360 en relación al art. 124 del CPP, los siguientes agravios: a) Ausencia de valoración de las pruebas “MP4 y D2” consistente en la Resolución 15/05 de 15 de febrero de 2005 y Sentencia Constitucional 0057/04; por cuanto, la Resolución 15/05 emitida por la imputada resultó contraria a la ley, concretamente al art. 1553.I del CC, toda vez, que dispuso el rechazo de su Tercería de Dominio Excluyente, sin observar que la referida resolución fue debidamente ofrecida e incorporada a juicio como prueba “MP4” consistente en una escritura pública 1599/2006 de protocolización de la minuta de adjudicación judicial en la cual se habría transcrito dicha resolución, así como parte de la prueba ofrecida por la defensa signada como “D-2”; empero, la Sentencia no hizo referencia alguna sobre ese extremo más cuando la imputada en el momento de su declaración señaló que tomó la decisión de rechazar su incidente por la supuesta existencia de un error en la abreviación de la sigla de la empresa de CIERSA por CIEBSA y porque la escritura que aclaró ese error no se encontraba inscrita en Derechos Reales; empero, -asevera- que no consideró que cuando su persona adquirió el bien inmueble las anotaciones preventivas ya se encontrarían caducas, invocando al efecto la SC 0057/04 de 23 de junio en calidad de prueba signada como PD-2. Agrega que el Tribunal de juicio omitió pronunciarse específica y puntualmente sobre si la imputada a momento de dictar la Resolución 15/05 de 15 de febrero lo hizo en inobservancia del art. 1553 del CC y la referida Sentencia Constitucional, incurriendo en una actuación infrapetita; b) Defectuosa valoración de las pruebas “MP-2, MP-7, MP-8, MP-9, MP-16, MP-19, MP-20 y MP-21”, las cuales acreditarían su derecho propietario, puesto que, el Tribunal de Sentencia realizó valoraciones tergiversadas de las pruebas incorporadas a juicio, es así que la prueba “MP-2” consistente en Escritura Pública 634/2003 acreditaría su derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de la Tercería; empero, arguyendo que por el error en la abreviación de la sigla CIERSA y no CIEBSA su derecho propietario no sería oponible conforme los arts. 1538 y 1540 del CC; en cuanto, a las pruebas “MP19, MP20 y MP21”, consistentes en las minutas de transferencias del bien inmueble a su favor, acreditan su derecho propietario, no existiendo ausencia del titular del derecho propietario como pretende el Tribunal de juicio soslayando la actuación de la imputada por rechazar la Tercería de Dominio Excluyente opuesta por su persona, resultándole contradictorio porque –alegó- la misma sentencia en su punto 3 del acápite III hechos probados habría señalado que su persona sí acreditó el registro de su derecho propietario en derechos reales conforme la matrícula 2010990024530 de 22 de septiembre de 2003, además que por la prueba “MP-7” (informe de Derechos Reales de 23 de marzo de 2005), se habría establecido que su persona tenía registrado su titularidad en el asiento A-2 del referido inmueble, lo mismo con las pruebas “MP-8, MP-9 y MP-16” consistentes en informes emitido por Derechos Reales en los que constaría su derecho propietario. Que las pruebas “MP2 y MP7”, evidenciarían que la anotación preventiva dispuesta por la Jueza Nemer, caducó casi un año antes de la transferencia del referido inmueble en su favor, no asumiéndose ningún riesgo bajo la seguridad de que dichas anotaciones estaban caducas, conforme se habría evidenciado por las pruebas “MP2” y también por las pruebas “MP9 y MP16” consistentes en informes de Derechos Reales estableciendo esta última que las hipotecas 04044863 y 04023386 corresponden a Fernando Romero Durán y no teniendo ninguna relación con Zoilo Suarez Panique, hipotecas que no fueron objeto de discusión, en tal sentido la conclusión a la que arribó el Tribunal de sentencia de que su persona al adquirir el bien inmueble habría aceptado arrastrar gravámenes e hipotecas no era evidente; c) Ausencia de valoración de las pruebas PP-26, PP-27, PP-28 y PP-29, que acreditarían que a tiempo de efectuarse la transferencia del bien inmueble no tenía inscrita ninguna hipoteca a favor de Zoilo Suarez Panique, situación por la que presentó fotocopia del memorial de 24 de septiembre de 2005, interpuesto por Zoilo Suarez Panique ante la Juez Nemer por el cual solicitó la hipoteca judicial del bien inmueble, después de que ya se encontraría registrado a su favor, prueba signada como “PP27” que guardaría relación con el decreto de 25 de septiembre de 2003 prueba PP26 emitida por la Jueza Nemer, disponiendo por primera vez la hipoteca sobre su inmueble a favor de Zoilo Suarez Panique posterior a su registro. Agrega, que la imputada consintió la admisión de su recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el rechazo de su incidente de Tercería, para lo cual su persona debía cancelar para cumplir con los recaudos para su remisión conforme prevé el art. 242 del CPC y con el fin de acreditar ello judicializó la prueba PP28, resolución que le fue notificado el 4 de abril de 2005 conforme acreditó de la prueba PP29, en ese entendido el plazo de los dos días conforme prevé el art. 140 del citado código se concluiría el 6 de abril de 2005 a las 18:00; empero, maliciosamente Zoilo Suarez presentó memorial ese mismo día a horas 9:35 solicitando la ejecutoría de la Resolución que rechazó el incidente de tercería, motivando que el expediente ingrese a despacho de la juez, impidiéndole que obtenga las fotocopias que requería y a pesar de que el memorial fue presentado antes del vencimiento del plazo dispuesto por el art. 242 del CPC la Jueza Nemer incumpliendo lo establecido por el Auto Supremo 55 de 3 de abril de 1990, dio curso a la solicitud de Zoilo Suarez determinado el abandono de su recurso de apelación disponiendo la ejecutoría de la Resolución 15/2005; d) Ausencia de valoración de las pruebas “MP10” y consecuentemente defectuosa valoración de las pruebas “MP-4, MP-5, MP-6 y MP-18”, no considerando que la prueba MP4 habría demostrado que la Juez Nemer firmó de manera ilegal la minuta de transferencia de su lote de terreno a favor de Miriam Jeanethe y Paola ambas Suarez Juárez, quienes no fueron adjudicatarias, además que de la prueba signada como MP10 consistente en Testimonio Notarial del acta de remate del bien inmueble, que fue directamente adjudicado por Auto de 27 de septiembre de 2005 a favor de Zoilo Suarez Panique presentado como prueba MP5; empero, después de casi siete meses el 11 de abril de 2006, Zoilo Suarez presentó memorial solicitando que la minuta de adjudicación se haga directamente a favor de Jeanethe Miriam y Silvia Paola Suarez Juárez, conforme se habría demostrado de la prueba MP-6, solicitud que sin ningún acto de notificación la acusada mediante una providencia habría dispuesto se de curso, violando lo establecido por el Auto de 27 de septiembre de 2005 y el art. 545 del CC, basándose el Tribunal de sentencia únicamente en las pruebas MP4 y MP6 no asignándole valor a la prueba MP10 que acreditó que la adjudicación se hizo a favor de Zoilo Suarez conforme también se acreditó de la prueba MP18, aspecto no observado.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista 57/2014 de 23 de septiembre (fs. 701 a 712 vta.), declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.
Precisado el motivo en el presente recurso, este Tribunal deberá resolver si evidentemente el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a los puntos denunciados en su recurso de apelación restringida referidos a: 1) Falta de fundamentación de la sentencia, omitiendo pronunciarse de forma específica y concreta en relación a los elementos de prueba signadas como: a) MP-4 y PD-2; y, b) PP-26, 27, 28 y 29, 2) Defectuosa valoración de las pruebas: MP-2, MP-7, MP-9, MP-16, Mp-19, MP-20 y MP-21; y, 3) Ausencia de valoración de la prueba MP-10 y por consiguiente defectuosa valoración de las pruebas MP-5, MP-4, MP-6 y MP-18. En virtud del motivo acusado, es pertinente determinar si se incurrió en contradicción con los precedentes invocados por el recurrente.
III.1 De los precedentes invocados
En cuanto al Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003, fue dictado por la Sala Penal de la ex Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Peculado, donde se observó que el Tribunal de apelación no efectuó el control de: la falta de referencia de los hechos acusados en la sentencia, resolver el incidente de atipicidad, la falta de individualización del sujeto activo, y la falta de fundamentación de la valoración de prueba excluida de acuerdo a la sana crítica, situación por la que se dejó sin efecto; empero, no será considerada como precedente dentro del análisis de este recurso; toda vez, que trata una problemática diferente, impidiendo a este Tribunal efectuar la labor de contraste.
Respecto a la invocación de los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 25 de 3 de febrero de 2010, 256 de 26 de julio de 2006, 449 de 12 de septiembre de 2007 y 349 de 28 de agosto de 2006, de su revisión se constata que todos en su doctrina legal aplicable, se refieren al deber de fundamentación respecto a cada uno de los motivos expuestos en el recurso de apelación, siendo así, este Tribunal Supremo se limita a consignar únicamente uno de los Autos Supremos citados, a efectos de evitar reiteraciones innecesarias:
Es así que el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Perturbación de Posesión y otros, donde se constató que la resolución impugnada no se encontraba debidamente motivada, razón por la que fue dejada sin efecto, estableciendo como doctrina legal aplicable que las exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: “a) Expresa : Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos. c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión. (…); d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no esta debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta. (…); y, e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.” (El resaltado nos corresponde).
Por su parte los Autos Supremos 314 de 25 de agosto de 2006 y 214 de 28 de marzo de 2007, se refieren al control de logicidad que debe realizar el Tribunal de Alzada con relación a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia y control de observancia a las reglas de la sana crítica, así como a los requisitos que debe observar el denunciante de violación a las reglas de la sana crítica, refiriendo en lo principal el primero: que “…es también, una obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opinión, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica”; por su parte el segundo Auto estableció: “…los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica…”.
Finalmente el Auto Supremo 328 de 29 de agosto de 2006, no será considerado como precedente dentro del análisis de este recurso; toda vez, que trata una problemática diferente referida a que el Tribunal de Apelación no tiene competencia para valorar la prueba, siendo exclusiva facultad de los Jueces y Tribunales de sentencia, aspecto que impide a este Tribunal efectuar la labor de contraste.
III.2. Doctrina legal sobre la falta de fundamentación.
Antes de ingresar al análisis del presente recurso, resulta pertinente señalar que sobre la debida fundamentación, nuestra Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la doctrina legal aplicable de este Tribunal a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, ha ratificado y complementado la doctrina legal sobre la falta de fundamentación y desarrollando los fundamentos de la misma determinando que: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP.
III.3 Análisis del caso en concreto.
Sintetizada la denuncia traída a casación referida a que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a los puntos denunciados en su recurso de apelación referidas a: 1) Falta de fundamentación de la sentencia, omitiendo pronunciarse de forma específica y concreta en relación a los elementos de prueba signadas como: a) MP-4 y PD-2; y, b) PP-26, 27, 28 y 29; 2) Defectuosa valoración de las pruebas: MP-2, MP-7, MP-9, MP-16, MP-19, MP-20 y MP-21; y, 3) Ausencia de valoración de la prueba MP-10 y en consecuencia defectuosa valoración de las pruebas MP-5, MP-4, MP-6 y MP-18. A los fines de una mejor comprensión, serán analizados de manera separada a fin de establecer si evidentemente el Auto de Vista recurrido incurrió en el defecto denunciado y si existe contradicción con los precedentes invocados.
Sobre la supuesta falta de fundamentación en la que hubiera incurrido el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista recurrido, respecto a los siguientes puntos:
1. Ante la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia; toda vez, que habría omitido pronunciarse de forma específica y concreta en relación a los elementos de prueba incorporados al juicio: i) Pruebas MP-4 y PD-2, ya que, la imputada cuando ejercía funciones de Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, habría dispuesto la hipoteca de su inmueble rechazando la tercería de dominio excluyente, inobservando los arts. 105 del CC, 359 y 360 del CPC, 45 de la Ley 1760 y 7.I y 22 de la CPE; además, que en cuanto a la prueba MP-4 (Escritura Pública No. 1599/2006), también ofrecida por la defensa signada como PD-2, no habría sido valorada ni contrastada; habida cuenta, que la Escritura Pública aclararía el error de sigla CIERSA por CIEBSA, estando debidamente inscrito en DDRR, después de la anotación preventiva de 29 de octubre de 1999; empero, inobservó el art. 1553 del CC, respecto a la caducidad de la anotación preventiva, así como la Sentencia Constitucional 0057/04 de 23 de junio.
Ingresando al análisis del presente motivo, punto i), se observa, de la revisión de la sentencia que en el acápite de las pruebas literales de cargo del Ministerio Público y Acusación Particular, advierte que se judicializó entre varias, la prueba “MP-4 Fotocopia del Testimonio Nro. 1599/2006 de fecha 20 de Julio de 2006” (sic.), y conforme se extractó en el apartado II.1, punto 7 de este Auto Supremo, que de la referida prueba se tiene como hecho probado que en el proceso laboral en ejecución de autos, se procedió a la subasta del bien inmueble, que fue adjudicado a Zoilo Suárez Panique, y que en proceso penal fue girada la minuta a favor de sus hijas. Respecto a la prueba PD-2, se advierte, que también fue judicializada conforme refiere la sentencia en su apartado denominado de las pruebas literales de descargo “D-2 Fotocopias legalizadas del proceso sobre cobro de beneficios sociales seguido por Zoilo Edmundo Suarez Panique contra CIEBSA de 10 cuerpos” (sic).
Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada respecto a esta denuncia, señaló que la ausencia de valoración de las pruebas MP4 y D2 no era evidente, puesto que, en el acápite referido a las pruebas producidas por la partes, más concretamente en las pruebas literales de cargo del Ministerio Público y acusación particular, el Tribunal de sentencia habría considerado las pruebas codificadas como “MP-4” consistente en fotocopia de Testimonio 1599/2006 de 20 de julio, asimismo de la prueba “D-2” consistente en fotocopias legalizadas del proceso sobre cobro de beneficios sociales seguido por Zoilo Edmundo Suárez Panique contra CIEBSA de diez cuerpos, pruebas que alegó, fueron tomadas en cuenta en los acápites de hechos probados y no probados conforme se habrían expuesto en los puntos 1 al 9. “Ocurre un caso similar con el acápite referido al contraste intelectivo de los elementos de prueba ofertados por las partes, en los que a tiempo de valorar cada uno de los elementos de prueba se resaltan con negrillas las pruebas valoradas y sobre la prueba codificada como MP-4 consta su valoración a fojas 608” (sic). Además agregó el Tribunal de alzada, que se cuestionó varios aspectos referidos a la Resolución 15/05 de 15 de febrero de 2005, que rechaza la tercería de dominio excluyente opuesta por el recurrente; sin embargo, dicha resolución y los argumentos de la caducidad de la anotación preventiva y su prórroga así como la inobservancia del art. 1553 del CC, -refiere- que debieron ser denunciados en un recurso de apelación, aspecto que advierte habría sido expuesto y fundamentado en la sentencia apelada en su punto 6 de los hechos probados, como también en la fundamentación intelectiva conclusiones 2º y 5º, aspectos por los que alegó que el Tribunal de sentencia habría dispuesto una sentencia absolutoria en base a la prueba producida y judicializada.
De otro lado, en cuanto a que tampoco se pronunció respecto a las pruebas PP-26, 27, 28 y 29, aduciendo que la hipoteca judicial sobre su inmueble, fue posterior al registro a su favor en DDRR, que al rechazo del incidente de tercería, al que interpuso recurso de apelación que fue admitido, impidiéndole la obtención de fotocopias legalizadas requeridas en inobservancia del art. 242 del CPC, para dar curso al abandono del recurso solicitado por Zoilo Suarez, se advierte que la resolución recurrida conforme estableció en su Considerando IV, acápite I. denominado recurso presentado por Héctor Alarcón Gamarra, numeral 4, señaló que de la revisión de la sentencia observó, que las pruebas mencionadas, fueron referidas en el rubro de las pruebas literales de cargo del Ministerio Público y acusación particular fs. 605 vta., donde el Tribunal de juicio habría alegado que se trataba de prueba judicializada, evidenciando además el Tribunal de apelación, que la sentencia en su acápite hechos probados y no probados, lo mismo que en el contraste intelectivo de cada uno de los medios de prueba ofertados por las partes en comunidad, constató la valoración de dichas pruebas, así como en la conclusión 6 de los hechos probados donde advierte el análisis y valoración de la prueba de 23 de marzo de 2005, 4 y 7 de abril de ese mismo año; además, que en el acápite del contraste intelectivo de la sentencia conclusión 1º, constató la valoración de las pruebas de 23 de marzo de 2005 y 25 de septiembre de 2003; y, que en el apartado de la fundamentación jurídica igualmente observó que se habrían valorado las pruebas de 4 y 7 de abril de 2005 y 23 de marzo del mismo año, concluyendo que no era evidente la denuncia de ausencia de valoración, que otra cosa fue que en otros acápites no se haya consignado la codificación y en negrillas como se la habría hecho en las otras pruebas, lo que constituye una simple formalidad.
Respecto a este motivo, en sus puntos i) y ii), la respuesta que antecede de la Resolución impugnada, permite concluir a este Tribunal Supremo de Justicia que no es evidente que el Tribunal de alzada haya incurrido en falta de fundamentación a momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, al contrario, se advierte que cumplió con su deber de logicidad; puesto que, constató que el Tribunal de sentencia valoró la prueba judicializada en base a su competencia, no habiendo incurrido en omisión respecto a las señaladas pruebas; toda vez, que otorgó una respuesta explicando cómo y de qué manera el Tribunal de juicio las consideró a momento de emitir el fallo de absolución, en completa observancia de la doctrina legal aplicable desarrollada en el acápite III.2 de la presente resolución; así como, de los Autos Supremos invocados por el propio recurrente, en consecuencia, el Auto de Vista recurrido no resulta contrario a lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.
2. Ante la denuncia de que el Tribunal de Sentencia habría incurrido en defectuosa valoración de las pruebas “MP-2, MP-7, MP-9, MP-16, MP-19, MP-20 y MP-21”; toda vez, que no consideró las pruebas que acreditarían su derecho propietario sobre el inmueble adquirido de la Compañía de Importaciones y Exportaciones de Bolivia S.A.; ya que, las pruebas “MP-2, MP-19, y MP-21”, habrían sido contradictoriamente interpretadas respecto del reconocimiento de su derecho propietario en Derechos Reales, que no obstante ser de conocimiento de la imputada, rechazó la Tercería cuando las anotaciones preventivas se encontraban caducas. En cuanto, a las pruebas “MP-19, MP-20 y MP-21” evidenciarían que no existió ningún error en el nombre de la empresa vendedora del inmueble, habiendo el Tribunal de juicio incorporado oficiosamente datos inexistentes tergiversando las pruebas al señalar que se habría aceptado y convalidado las anotaciones preventivas a favor de Zoilo Suarez, alegando erróneamente el Auto de Vista que lo que se juzgan son hechos que hacen al delito de Prevaricato, no situaciones para dilucidar el derecho propietario; y que, con relación a las anotaciones, dichos aspectos debían ser reclamadas a la autoridad laboral a través de los recursos ordinarios que concede la ley, no efectuando a criterio del recurrente el control sobre la valoración de la prueba.
Conforme se extractó en el acápite II.2 de este Auto Supremo, es evidente que el recurrente al interponer su recurso de apelación restringida, reclamó esta situación, ante ello, el Tribunal de alzada en su cuarto Considerando parágrafo I., punto 3, a momento de responder, si bien -alegó- que, lo que se juzgó son los hechos que hacen al delito de Prevaricato, y no situaciones para dilucidar el derecho propietario de un bien inmueble; empero, además agregó, que lo mismo ocurrió con la afirmación de que las anotaciones preventivas se encontraban caducadas un año antes de la compra del inmueble, aseverando al respecto, que dichas afirmaciones debieron ser reclamadas ante la autoridad laboral que conoció dicho caso, y a través de los recursos ordinarios que la ley le concede a todo sujeto procesal; en consecuencia, no podría el juez ordinario determinar esos extremos, toda vez, que resultaría ser una autoridad supletoria al laboral, -teniendo inclusive- al alcance las acciones de defensa que la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Civil, le conceden. Además, en el punto 3.1 del citado considerando, invocando y transcribiendo parte del Auto Supremo 623 de 26 de noviembre de 2007, llegó a la conclusión, de que de una revisión de la sentencia, observó, que el Tribunal de juicio cumplió con las reglas de la sana crítica, puesto que no llegó a evidenciar que haya invocado afirmaciones contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia, la experiencia y el sentido común, ya que en el acápite referido a las pruebas literales de cargo (sentencia) se habrían desglosado y detallado las pruebas y que en el acápite de los hechos probados se procedió a consignar dichas pruebas; además que en el contraste intelectivo fueron valoradas conforme constaría a partir de fs. 607 vta., a 609, valoración que habría servido de base a las conclusiones arribadas en la fundamentación jurídica y parte resolutiva, constatando el Auto de Vista, que la sentencia cumple con lo establecido por el art. 173 con relación a la primera parte del art. 359 del CPP, toda vez, que habría efectuado un análisis y valoración integral de la prueba producida, señalando además, que el apelante se habría limitado a cuestionar la defectuosa valoración de la prueba sin proporcionar el detalle respecto a qué reglas de la sana crítica habrían sido inobservadas o en qué sentido y cómo debieron ser valoradas.
Continuando con el fundamento del Auto de Vista, respecto a este punto el Tribunal de apelación finalizó señalando que el Tribunal de sentencia efectuó una valoración integral de los elementos de prueba cuestionados, valoración hecha en base a las reglas de la sana crítica, alegando, que la invocación del apelante era genérica porque no habría mencionado cuáles serían aquellas afirmaciones contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia y la experiencia en su caso el sentido común; es decir, qué pruebas habrían demostrado la comisión del ilícito acusado.
En efecto, se constata que el Tribunal de alzada ejerció su función de control de verificación de la correcta fundamentación probatoria; puesto que, es indiscutible que la apelación restringida no es un medio legítimo para revalorizar prueba; toda vez, que en el sistema procesal penal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados en juicio se hallan sujeto al principio de intangibilidad; empero, esta limitación no significa que el Tribunal de alzada no pueda ejercer la función de examinar la fundamentación probatoria intelectiva de la sentencia y con ello evidenciar si el Tribunal de juicio aplicó o no la sana crítica, aspecto que si sucedió en el caso de autos; ya que, de los argumentos del Auto de Vista se observa que adecuó su función de verificación probatoria; es decir, ejerció su deber de control de fundamentación y verificación respecto a las pruebas señaladas por el recurrente, no siendo evidente que incurrió en falta de fundamentación u omisión en relación a la prueba valorada en sentencia; toda vez, que constató que la valoración hecha por el Tribunal de sentencia fue en base a las reglas de la sana crítica.
3. Finalmente ante la denuncia de ausencia de valoración de la prueba MP-10, y en consecuencia defectuosa valoración de las pruebas MP-5, MP-4, MP-6 y MP-18; toda vez, que la prueba MP-10 estaría referida a la adjudicación del inmueble a favor de Zoilo Suarez siendo inmodificable, resultando ilegal la minuta de transferencia a favor de Miriam Jeanethe y Paola Suarez Juárez; empero, habría sido autorizado con una simple providencia, sin que el Tribunal de juicio realice observación alguna, analizando arbitrariamente elementos de juicio, generando vicios de nulidad absoluta conforme prevén los arts. 167, 169 inc. 3) y 370 incs. 5) y 6) del CPP.
Ingresando al análisis del punto planteado, de la revisión del Auto de Vista recurrido (fs. 701 a 712 vta.), se advierte que el Tribunal de alzada en lo referente a este punto, en su considerando IV, numeral 5, constató que no era evidente la ausencia de valoración de la prueba MP-10; puesto que, contrariamente a lo afirmado precedentemente, dicha prueba que consistiría en fotocopias legalizadas del acta de audiencia de subasta y remate de 24 de septiembre de 2005 habría sido analizada, considerada y valorada por el Tribunal de sentencia, motivando la conclusión 3º, de los hechos no probados, hallándose también la valoración de dicha prueba en el acápite denominado fundamentación jurídica, concluyendo que tanto la Fiscalía como la acusación particular no habrían podido establecer qué norma legal habría sido infringida al emitir la decisión de que la adjudicación de un bien inmueble pase a nombre de las hijas de quien se adjudicó. Agregando, que respecto al contenido de la referida prueba, la valoración le corresponde al Tribunal de juicio; además, que para afirmar que se procedió a una defectuosa valoración de la prueba el apelante debió haber demostrado que la prueba fue valorada arbitrariamente, vulnerando las reglas de la sana crítica, considerando al efecto que el apelante realizó invocaciones genéricas sin acreditar cuáles de las leyes fueron violadas, en qué sentido, y cuál debió ser la interpretación que debió darle el juzgador. Concluyendo, que el art. 545 del CPC, determina el pago del precio y la aprobación del remate, lo mismo que la francatura de la escritura pública de transferencia la protocolización de las actuaciones correspondientes; sin embargo, -explicó- que dichas normas y las que siguen no establecen prohibición de expedir la escritura pública en favor de terceros cuando existe pedido expreso del adjudicatario máxime si se trata de las hijas de éste, entonces correspondía aplicar el principio de concordancia y por consiguiente los arts. 56 de la CPE, 105 y siguientes del CC, resultándole, coherente la conclusión a la que arribó el Tribunal de sentencia cuando invocó la duda razonable, alegando además, que el criterio del apelante pudo hacerlo valer en el proceso laboral a través de los institutos legales en busca de dejar sin efecto el pedido de Zoilo Suarez de librarse la escritura de transferencia en favor de sus hijas.
De lo expuesto, no se constata que en el caso de autos, la Resolución recurrida no hubiere controlado si la sentencia incurrió en defectuosa valoración de la prueba o en omisión valorativa de la prueba MP-10, ni consecuentemente existiera defectuosa valoración de las pruebas MP-5, MP-4, MP-6 y MP-18; puesto que, si se tiene en cuenta que de acuerdo a la doctrina legal aplicable de lo establecido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 invocado por el recurrente, al Tribunal de alzada le corresponde controlar que la resolución pronunciada por el Tribunal de sentencia contenga la suficiente fundamentación respecto a la valoración de la prueba en observancia de las reglas de la sana crítica, labor de control realizada en el Auto de Vista impugnado, teniendo en cuenta que la sentencia absolutoria en su acápite V. denominado de la fundamentación jurídica, expresó, que habiendo considerado la parte pertinente de la prueba 4 ofertada por la defensa de la acusada y contrastada con toda la prueba de cargo y descargo, observó, que de inicio el acusador particular al adquirir el bien inmueble habría conocido del arrastre de los gravámenes e hipotecas, y que la misma en relación a una demanda de cobro de beneficios sociales constituye una preferencia privilegiada de establecer los derechos que se reconoce a favor del trabajador, que desde el inicio del proceso laboral no puede ser renunciada ni burlada, concluyendo, que la pretensión fáctica de la acusación fiscal y particular sobre el hecho de haberse rechazado la tercería, así como el haber declarado desierta la apelación concedida por la juez sometida a proceso, no implica que se hubiera pronunciado una resolución contraria a la ley; aspecto, que evidencia que además de contener la fundamentación descriptiva respecto a cada una de las pruebas producidas en juicio, contiene la fundamentación jurídica necesaria, observándose que la sentencia previa exposición de la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio efectuó una clara relación de las pruebas con los hechos atribuidos, conforme se evidencia en su acápite IV denominado Contraste intelectivo de cada uno de los medios de prueba ofertados por las partes en comunidad.
Este conjunto de razones, permite constatar a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por el recurrente, referida a que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, habida cuenta, que habría omitido efectuar un examen sobre la correcta valoración de la prueba efectuada en sentencia, no es evidente, por el contrario se evidencia que el Auto de Vista ejerció de manera correcta con su deber de control; toda vez, que del análisis que efectuó a la sentencia, explicó de manera detallada que el Tribunal de sentencia no incidió en falta de fundamentación por cuanto no omitió la valoración de las pruebas signadas como MP-4, PD-2, PP-26, 27, 28 y 29; así como, tampoco habría incurrido en una defectuosa valoración de las pruebas MP-2, MP7, MP-9, MP-16, MP-19, MP-20 y MP-21, además de constatar que no existió ausencia de valoración de la prueba MP-10, conforme se anotó precedentemente; argumentos, que demuestran que la Resolución recurrida contiene la fundamentación suficiente por la cual el Tribunal de alzada dispuso confirmar la sentencia.
Consecuentemente del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que contiene una fundamentación concisa y clara, advirtiéndose que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuó en el marco de sus atribuciones y en todo caso en observancia y cumplimiento de la doctrina legal aplicable de los precedentes invocados por el propio recurrente conforme se desarrolló en el apartado III.1 de esta Resolución, puesto que, cumplió con el presupuesto de fundamentación inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, advirtiendo al presente, que el Auto de Vista resulta expreso; puesto que, señaló los fundamentos que sustentan su decisión, claro, ya que se observa que es completamente comprensible, completo, pues del análisis que desarrollo a la sentencia, le permitió llegar al conocimiento de los hechos para emitir su decisión, legítimo, porque evidenció que la sentencia se pronunció en base a las pruebas que fueron debidamente valoradas en audiencia de juicio; y, lógico, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarias.
Por los fundamentos explicados, este Tribunal llega a la conclusión de que la resolución recurrida obró correctamente, no incurriendo en contradicción con los precedentes invocados en el acápite III.1., de esta Resolución, ni en falta de fundamentación u omisión de control de la correcta valoración probatoria como arguye el recurrente, cumpliendo con lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP, deviniendo en consecuencia el presente recurso en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Héctor Víctor Alarcón Gamarra.

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