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Timestamp: 2018-09-22 21:33:10+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00878 de abril 29 de 2010
SENTENCIA 2009-00878 DE 29 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO ES DIFERENTE AL DEBER DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE UNAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ANTE LA FALTA DE RESPUESTA Y SOLUCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ACCIÓN DE TUTELA ES EL MECANISMO IDÓNEO PARA PROTEGER EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL POR ENCIMA DEL TRÁMITE PREVISTO EN LA LLAMADA “LEY DE JUSTICIA Y PAZ” LEY 975 DE 2005 Y SU REGLAMENTARIO EL DECRETO 1290 DE 2008. ALCANCE DE LA REPARACIÓN PARA DISTINGUIRLA DEL DEBER DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, DESPLAZAMIENTO FORZOSO, PROTECCIÓN SOCIAL
REVISTA TUTELA N°:127 DE JULIO DE 2010, PG.1087
Sentencia 2009-00878 de abril 29 de 2010
Rad.: 08001-23-31-000-2009-00878-01(AC)
Actor: Aida María Navarro de Barbosa
Esta corporación anticipa que la sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado.
Para efectos de sustentar esta decisión, en primer lugar, la Sala se ocupará del tema del derecho fundamental a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado, en concreto, si su obtención puede proceder vía acción de tutela, para luego abordar el caso concreto.
1. Del alcance del derecho fundamental a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado.
En el ámbito del derecho internacional humanitario la reparación integral del daño generado por violación de derechos fundamentales incluye la indemnización real y efectiva de dicha lesión.
En efecto, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007 consagró una serie de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones, entre los que se destacan:
“... VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos
c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación...” (énfasis fuera de texto original).
Del mismo modo el numeral 1º del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,... dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada...”.
La referida postura también la sostiene la Corte Constitucional(1), pues, a juicio de esa corporación, es claro que las víctimas del desplazamiento forzado gozan del derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que, por un lado, no estaban en la obligación de soportar dicho daño y, por otra parte, éste produjo una vulneración masiva de sus otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de circulación, de residencia, de elección de profesión u oficio, entre otros, lesión que les implicó desarraigo, sometimiento a unas circunstancias ajenas a su existencia y ausencia de condiciones mínimas de existencia. De ahí que proceda reparar de forma integral el daño sufrido.
De este modo, las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a que se les repare el daño causado plena y efectivamente, concepto éste que es diferente a la asistencia social que el Estado está obligado a brindar, de forma prioritaria, por la condición de desplazados, debido al estado de desigualdad y vulnerabilidad que tales personas ostentan.
Bajo esta premisa, la Corte Constitucional(2) ha dicho que “no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe brindar de manera permanente a todos los ciudadanos, sin atender a su condición y la atención humanitaria que se presta de forma temporal a las víctimas en situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por estos”.
Así, con fundamento en el concepto de reparación que consagra el artículo 8º de la Ley 975 de 2005, esa misma Corporación señaló como evidente que los servicios sociales que se prestan a las víctimas, no corresponden a ninguna de las acciones que buscan reparar las consecuencias nocivas del delito, por lo que no se pueden calificar como constitutivas de reparación y de rehabilitación debidas a los afectados que son víctimas de los delitos cometidos por los destinatarios de la ley, ni recortarles o excluirles por cuenta de esos servicios sociales ninguno de sus componentes, pues se desconocería el derecho que les asiste a que se les indemnice integralmente como lo disponen los numerales 6º y 7º del artículo 250 de la Constitución Política.
En efecto, las medidas asistenciales que el Estado suministre en favor de las personas desplazadas por la violencia, solo tienen el alcance de mejorarles las condiciones mínimas de existencia, pero no responden a la obligación real de repararles las graves afrentas que padecen en el goce de sus derechos fundamentales, restituyéndolos en lo posible a las condiciones que antes disfrutaban.
Consecuencialmente, la reparación integral a que tiene derecho la población desplazada debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido. Comprende su restitución al estado previo a la violación, la indemnización de los perjuicios físicos y morales, su rehabilitación y la adopción de medidas para que la situación que padecieron no se repita(3).
Así, sobre la idoneidad de los mecanismos procesales ordinarios que el ordenamiento jurídico consagra en favor de la población desplazada para que puedan hacer efectiva la reparación de los daños sufridos, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
“En lo que atañe a la formulación de la acción de tutela a fin de obtener la satisfacción del derecho a la reparación de los daños sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado, esta Sala considera que los medios procesales existentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria no resultan ser idóneos, pues quienes solicitan el amparo son sujetos de especial protección constitucional, con fundamento en sus condiciones de debilidad manifiesta (C. Pol., art.13), y víctimas de violaciones a derechos fundamentales, por lo que requieren un instrumento judicial ágil y eficaz que les brinde la posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación, características que al ser propias de la acción de tutela, configuran su procedencia”.
Dentro de este contexto, es evidente que la víctima tiene derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la satisfacción de su derecho a la reparación y que el Estado tiene la obligación de proporcionarle recursos eficaces e investigar las violaciones de forma rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional(4). Porque compete al Estado la garantía del derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas mediante el diseño de recursos judiciales efectivos para que los afectados puedan ser oídos, obtengan impulso de las investigaciones y hagan valer sus intereses en juicio. “Tales obligaciones incluyen el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados”(5).
El Estado es el encargado de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas sindicadas de ser los responsables de las violaciones. De declarárseles culpables, está en el deber de castigar y de procurar programas nacionales de reparación y de otra clase de asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no cumpla sus obligaciones.
Así mismo, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de propiciarles el acceso a estas garantías de modo tal que si carecen de mecanismos idóneos para lograrlo, ello le es imputable, por lo cual correlativamente se trata de una carga que las víctimas no están obligadas a soportar. El trámite dispendioso o la espera de la creación de un procedimiento es una situación que genera su “revictimización”, cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus libertades y de garantizar sus derechos. Además, obligarlos a sufrir retardo en la reparación integral a la cual como víctimas tienen derecho, ostensiblemente les agrava su padecimiento.
Entonces, independientemente de la identidad, aprehensión, enjuiciamiento y condena que se logre del victimario, les asiste el derecho a la reparación integral, que el Estado debe salvaguardarles por su condición de sujetos pasivos de un grave maltrato producto del desplazamiento forzado.
En relación con el procedimiento que prevé el Decreto Reglamentario 1290 de 2008, “por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”, a fin de que sea satisfecho el derecho de reparación, la Corte Constitucional(6), en relación con el artículo 5º de la referida norma, consideró que dicha disposición es notoriamente contraria al derecho a la reparación porque identifica como tal una conducta propia de la asistencia social que el Estado está obligado a proveer a todos las ciudadanos, en especial, a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, en el caso particular de las víctimas del desplazamiento forzado, se traduce en garantizar que cese su condición mediante la estabilización socio económica. En otras palabras, la citada norma hace referencia a un derecho que se tiene por ser persona, más no por ser víctima del desplazamiento forzado, el cual ostenta otras implicaciones.
Siendo así, imponer a las víctimas del desplazamiento que adelanten un trámite administrativo desconocedor de los criterios de “reparación”, como lo sostiene la Corte en el pronunciamiento citado, comporta limitarles la garantía rápida y completa de sus derechos fundamentales surgidos de su especial condición de víctimas.
Sobre ese punto en particular, en Sentencia T-085 del 2009. Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, esa Corporación manifestó lo siguiente:
“De este modo someter a los accionantes, víctimas del desplazamiento forzado, a procesos penales en los cuales es necesaria la aceptación de cargos por parte del victimario para la satisfacción del derecho a la reparación o esperar la labor investigativa de determinación del responsable de esa conducta delictuosa para exigir la reparación del daño ocasionado, teniendo en cuenta que los hechos acaecieron en el año 2001 y que hasta ahora según información de los accionantes y de las pruebas allegadas al proceso provenientes de la Fiscalía Primera Seccional de Fundación los “responsables [están] en averiguación” (fl. 36-32, cdno. Corte); o someterlos a un proceso administrativo donde la llamada reparación no corresponde a los postulados normativos expuestos, sino que es la manifestación de la asistencia social que el Estado está obligado a brindar a todas las personas, en especial a las más vulnerables, es revictimizar a quien ha sido objeto de una masiva y constante vulneración de los derechos humanos, es desconocer los derechos fundamentales que de la condición de víctima se derivan y que le impone al Estado el deber de salvaguardar” (negrilla y subrayado fuera de texto original).
La presente solicitud de amparo la origina la situación del trámite que conlleva aplicar la Ley 975 de 2005 y el que prevé el Decreto 1290 de 2008, los que en cuanto a la efectividad de la reparación integral, a juicio de los demandantes, no atienden ni responden de manera ágil y adecuada la urgencia y la perentoriedad que impone la gravedad de los daños que padecen, como producto de las acciones de los grupos al margen de la ley.
La procedencia de la acción de tutela para obtener a título de amparo constitucional de manera ágil y expedita la reparación, como quedó planteado y resuelto en el acápite anterior, es tema de reiterada aceptación por la Corte Constitucional, que esta Sala acoge y ratifica. En consecuencia, se ocupará de revisar el caso concreto.
Se parte de la base de que los accionantes tienen la condición de ser víctimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia generada por grupos armados al margen de la ley porque, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, está demostrado que se encuentran inscritos en el registro único de población desplazada - RUPD y que, en consecuencia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 6º de la Ley 782 de 2002, que modificó la Ley 418 de 1997, debido a tal condición, son acreedores a la reparación.
La información que suministra la entidad demandada evidencia que ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional los demandantes han presentado varias solicitudes, pero únicamente las radicadas en el año de 2001 fueron atendidas y resueltas con fundamento en las directrices que estableció la Ley 418 de 1997.
En efecto, aunque la accionada dice que, mediante las resoluciones 2570 del 11 de enero de 2005 y 01702 del 27 de febrero de 2008, en los casos números 6112 de 2001 y 5649 de 2006 se hizo el respectivo reconocimiento de calidad de víctimas de los solicitantes y se efectuó el respectivo pago a los beneficiarios directos, la Sala constata que el monto reconocido en esos actos corresponde a “ayuda humanitaria y gastos funerarios”, el cual, a juicio de la Sala, no puede encuadrarse dentro del concepto de reparación por la vulneración de sus derechos fundamentales, sino que hace parte del componente asistencial que el Estado está en la obligación de prestar a las personas desplazadas por la violencia en aras de lograr su estabilización socio económica.
Las referidas resoluciones fueron dictadas con fundamento en los artículos 16 y 49 de la Ley 418 de 1997(7), modificados por la Ley 782 de 2002, que, en síntesis, contemplan medidas que buscan mejorar las condiciones mínimas de existencia de las personas desplazadas, pero que no tienen que ver con el derecho a la reparación integral, que el Estado debe salvaguardarles por su condición de sujetos pasivos de un grave maltrato producto del desplazamiento forzado.
En cuanto a las demás solicitudes, que se radicaron a lo largo del año 2008, la Agencia Presidencial para la Acción Social precisó que “en este momento y por ser radicados a los que no se ha llegado, no hay ningún trámite y no ha sido presentado informe alguno al comité de reparaciones administrativas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”.
Manifestó que, en relación con los casos que a continuación se enumeran, no se ha presentado el respectivo informe técnico al comité de reparaciones “ya que las solicitudes se estudian de acuerdo al orden de radicado y en estos momentos no se ha llegado a esos números...”. Que, además, no ha transcurrido el término de 18 meses con el que cuenta la entidad demandada y el comité de reparaciones para proferir la respectiva decisión de fondo. Estos son:
Caso número Fecha de presentación Solicitante Víctima
173325 30/12/2008 Aída María Navarro Rafael Barbosa Bayona
173316 30/12/2008 Aída María Navarro Rafael Barbosa Navarro
28315 26/08/2008 Aída María Navarro José Gregorio Barbosa
173318 30/12/2008 Álvaro Antonio Barbosa Álvaro Antonio Barbosa
173320 30/12/2008 Luz Marina Barbosa Luz Marina Barbosa
173323 30/12/2008 Senelia Barbosa Navarro Senelia Barbosa Navarro
Las anteriores precisiones ponen de presente que a pesar de que han transcurrido más de 15 meses desde la presentación de las respectivas solicitudes en los casos números 173325, 173316, 173318, 173320 y 173323, la Agencia Presidencial para la Acción Social ni siquiera ha rendido el informe técnico ante el Comité de Reparaciones para que éste decida lo pertinente. Es decir, ha transcurrido más de la ¾ parte del término que prevé el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008 para resolver de fondo las distintas solicitudes de reparación y aún no se ha agotado la primera fase, lo cual evidencia la falta de eficacia y celeridad de dicho trámite administrativo(8).
Aún peor es la situación que se presenta respecto del caso 28315, que fue radicado el 26 de agosto de 2008, pues hasta la fecha y a pesar de que han transcurrido más de los 18 meses que consagra la referida disposición, no existe informe técnico alguno. Mucho menos decisión que resuelva el asunto planteado por la señora Aída María Navarro.
Dentro de este contexto, es evidente que, en el presente caso, el trámite que el Decreto 1290 de 2008 prevé para el amparo del derecho a la reparación de los accionantes, no ha sido adelantado con la celeridad y eficiencia requerida. Esta situación implica, a juicio de esta Sala, imponer aún más cargas a los demandantes de las que ya soportan, pues se ignora su condición de víctima y se desconoce el derecho a un recurso ágil, eficaz y sencillo para acceder a una reparación integral.
Así, al Estado, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, le compete satisfacerles su derecho a la reparación, en eficaces términos, de acuerdo con el concepto de justa indemnización. Sin embargo, se aclara que ello no significa que se le atribuya ser el responsable de los actos perturbadores.
Por estas razones, la Sala encuentra probado que, en el caso sub examine, a los accionantes se les vulnera su derecho fundamental a la reparación integral por su situación de víctimas del desplazamiento forzado, en su manifestación de justa y pronta indemnización y que en vista de que no disponen de medio de defensa judicial idóneo y eficaz, ameritan el amparo solicitado.
En consecuencia, como se impone asegurarles el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado, se impartirán las siguientes órdenes:
Al subdirector de atención de víctimas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1290 de 2008 y con lo dicho en la parte motiva de esta providencia, elabore y envíe al comité de reparaciones administrativas los respectivos informes técnicos en relación con las solicitudes de reparación administrativa planteadas por los accionantes, que se identifican de la siguiente forma:
Al comité de reparaciones administrativas, representado por su presidente, el Ministro del Interior y de Justicia, que, en el término de treinta (30) días, contados desde el momento en que reciba los respectivos informes técnicos por parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, resuelva de fondo lo concerniente a las solicitudes de reparación presentadas por los accionantes.
1. REVOCAR la sentencia del 10 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, SE AMPARA el derecho fundamental a la reparación de los menores Emerson Barbosa Pacheco y Stanly Barbosa Pacheco y de los señores Aída María Navarro, Diniveth Barbosa Navarro, Lina Marcela Barbosa Pacheco, Senelia Barbosa Navarro, Luz Marina Barbosa Navarro, Maylin Yanine Barbosa Navarro, Álvaro Antonio Barbosa Navarro y Dioselina Barbosa Payares.
A) SE ORDENA al subdirector de atención de víctimas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1290 de 2008 y con lo explicado en la parte motiva de esta providencia, elabore y envíe al Comité de Reparaciones Administrativas los respectivos informes técnicos en relación con las solicitudes de reparación administrativa planteadas por los accionantes.
B) SE ORDENA al comité de reparaciones administrativas, representado por su presidente, el Ministro del Interior y de Justicia, que, en el término de treinta (30) días, contados desde el momento en que reciba los respectivos informes técnicos por parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, resuelva de fondo lo concerniente a las solicitudes de reparación presentadas por los accionantes
(1) Sentencia T.085 de 2009. “Entre el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad expedido por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas proclamados en 1998 elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72, se establecen como principios los siguientes:
“Principio 1. Obligaciones generales de los Estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad
A. El derecho a la reparación
Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor” (negrilla y subrayado fuera de texto).
(2) Sentencia C-1199-08.
(3) En la Sentencia T-821-07, la Corte Constitucional sobre el particular dijo: “La restitución, como su nombre lo indica, es “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía”, es decir, para el caso de las personas víctimas de la vulneración de los derechos fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos,“la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.
El derecho a la restitución, dentro de la noción de reparación, de las personas víctimas del desplazamiento forzado comprende, entre otros, “el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma...”, comoquiera que al constituir el abandono del lugar de residencia la característica esencial del desplazamiento forzado, la primera medida que se ha de adoptar es la salvaguarda de la misma, independientemente de los servicios sociales que el Estado está obligado a prestar, como lo es la atención humanitaria y la estabilización socioeconómica.
El derecho a la indemnización ha de ser concedido según los lineamientos internacionales, “de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) el daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) los perjuicios morales; e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.
A grandes rasgos la rehabilitación es la recuperación física o mental de las personas afectadas con la configuración del delito o de la violación ostensible a los derechos humanos, la satisfacción, hace alusión a las medidas para desagraviar a las víctimas, es el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación, pues como lo ha establecido esta corporación “la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos”[1], son estas medidas las destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas y las garantías de no repeticiónson las medidas para que cesen las violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, las cuales se manifiestan en un proceso judicial imparcial, en el acceso a los medios de defensa judicial, en el conocimiento de éstos, entre otros”.
(5) Sentencia T-821-07.
(6) Sentencia T-085 de 2009.
(7) ART. 16.—(art. modif. por el art. 7º de la L. 782/2002. El nuevo texto es el siguiente:) En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas así: por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale su consejo directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
ART. 49.—Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos (negrillas y subrayado fuera de texto original).
(8) Sobre este punto, la Sala aclara que de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008, en el término de 18 meses no sólo debe adelantarse la fase de análisis técnico sino que también se tiene que proferir la decisión que resuelva la solicitud de reparación.

References: Resolución 
 artículo 63
 artículo 8
 artículo 250
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 27