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Timestamp: 2020-02-19 02:44:09+00:00

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Reglamento 260/2012 de 14 de Mar DOUE (y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE)) | Iberley
REGLAMENTO (UE) Nº 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) - Diario Oficial de la Unión Europea de 30-03-2012
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
(1) La creación de un mercado integrado de pagos electrónicos en euros, sin distinción entre pagos nacionales y transfronterizos, es necesaria para un adecuado funcionamiento del mercado interior. Para ello, el proyecto de zona única de pagos en euros (« SEPA») persigue la implantación de servicios de pago comunes a toda la Unión que sustituyan a los actuales servicios de pago nacionales. Gracias a la introducción de normas, disposiciones y prácticas de pago abiertas y comunes, y mediante el procesamiento integrado de los pagos, la SEPA debe aportar a los ciudadanos y las empresas de la UE servicios de pago en euros seguros, a precios competitivos, de fácil uso y fiables. Ello debe aplicarse a los pagos SEPA, a escala nacional y transfronteriza, en las mismas condiciones básicas y con arreglo a los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la ubicación en la Unión. La SEPA debe acometerse de manera que facilite el acceso de nuevos operadores al mercado y el desarrollo de nuevos productos, y cree condiciones favorables para una mayor competencia en los servicios de pago y el desarrollo sin obstáculos de innovaciones en el ámbito de los pagos, así como su rápida aplicación en toda la Unión. En consecuencia, el aumento de las economías de escala, una mayor eficiencia de funcionamiento y un incremento de la competencia deben generar una presión a la baja de los precios de los servicios de pagos electrónicos en euros, sobre la base de una selección óptima. Los efectos de ello deben dejarse sentir significativamente, sobre todo en los Estados miembros en los que los pagos son relativamente caros en comparación con otros Estados miembros. De este modo, la transición a la SEPA no debe ir acompañada de un aumento general de los precios para los usuarios de los servicios de pago en general y, más en concreto, para los consumidores. Por el contrario, cuando el usuario de servicios de pago sea un consumidor, debe fomentarse el principio de no cobrar comisiones más elevadas. La Comisión debe seguir supervisando la evolución de los precios en el sector de pagos y presentar un análisis anual de la misma.
(2) El éxito de la SEPA reviste gran importancia económica y política. La SEPA se encuadra perfectamente en la estrategia «Europa 2020», que persigue el objetivo de una economía más basada en la inteligencia, en la que la prosperidad sea consecuencia de la innovación y de un uso más eficiente de los recursos disponibles. Tanto el Parlamento Europeo, mediante sus resoluciones de 12 de marzo de 2009 (4) y 10 de marzo de 2010 (5), como el Consejo, en sus conclusiones adoptadas el 2 de diciembre de 2009, han subrayado la importancia de lograr una rápida migración a la SEPA.
(3) La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (6), proporciona una base jurídica moderna para la creación de un mercado interior de pagos, del que la SEPA constituye un elemento esencial.
(4) El Reglamento (CE) nº 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad (7), establece también una serie de medidas destinadas a favorecer el éxito de la SEPA, tales como hacer extensivo el principio de igualdad de gastos a los adeudos domiciliados transfronterizos, y la accesibilidad de los adeudos domiciliados.
(5) Las medidas autorreguladoras adoptadas por el sector bancario europeo a través de la iniciativa SEPA no han bastado para impulsar la migración concertada a regímenes de transferencias y de adeudos domiciliados del ámbito de la Unión, ya sea por el lado de la oferta o por el de la demanda. Concretamente, no se han tenido en cuenta lo suficiente ni de manera transparente los intereses de los consumidores y de otros usuarios. Debe escucharse la voz de todas las partes interesadas. Al mismo tiempo, este proceso autorregulador no ha estado sujeto a los oportunos mecanismos de gobernanza, lo que puede explicar, en parte, la lenta adopción por el lado de la demanda. Si bien la reciente constitución del Consejo de la SEPA representa una mejora significativa para la gobernanza del proyecto SEPA, la gobernanza sigue estando, fundamental y formalmente, en gran medida en manos del Consejo Europeo de Pagos (CEP). Por ello, la Comisión debe revisar las disposiciones de gobernanza de todo el proyecto SEPA antes de finales de 2012 y, en su caso, presentar una propuesta. En dicha revisión deben examinarse, entre otros aspectos, la composición del CEP, la interacción entre el CEP y una estructura de gobernanza general como el Consejo de la SEPA, y la función de esa estructura general.
(9) Para poder ejecutar una transferencia, la cuenta de pago del beneficiario debe ser accesible. Así pues, a fin de favorecer la adopción con éxito de servicios de transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión, debe establecerse una obligación de accesibilidad en toda la Unión. En aras de una mayor transparencia, resulta además oportuno integrar en un solo acto esa obligación y la obligación de accesibilidad que con respecto a los adeudos domiciliados establece el Reglamento (CE) nº 924/2009. Todas las cuentas de pago de un beneficiario que sean accesibles para la realización de transferencias de ámbito nacional también deben ser accesibles a través de un régimen de transferencias de la Unión. Todas las cuentas de pago de un ordenante que sean accesibles para la realización de adeudos domiciliados de ámbito nacional también deben ser accesibles a través de un régimen de adeudos domiciliados de la Unión. Lo anterior debe poder aplicarse independientemente de si el proveedor de servicios de pago decide participar en un régimen concreto de transferencias o de adeudos domiciliados.
(26) Las autoridades competentes deben poseer atribuciones que les permitan desempeñar sus tareas de vigilancia eficazmente y adoptar cuantas medidas resulten necesarias, incluido el examen de las reclamaciones, para garantizar que los proveedores de servicios de pago cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento. Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que se puedan presentar reclamaciones contra los usuarios de servicios de pago que incumplan el presente Reglamento y que este pueda hacerse cumplir de manera eficaz y efectiva por vía administrativa o judicial. Para fomentar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades competentes de los distintos Estados miembros deben cooperar entre sí y, cuando corresponda, con el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales de los Estados miembros y otras autoridades competentes, como la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) creada en virtud del Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (ABE), designadas en virtud de la legislación de la UE o nacional aplicable a los proveedores de servicios de pago.
(33) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (9), regula el tratamiento de los datos personales efectuado en aplicación del presente Reglamento. La migración a la SEPA y la introducción de normas y disposiciones de pago comunes deben basarse en el cumplimiento del Derecho nacional en materia de protección de datos personales sensibles en los Estados miembros y deben salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la Unión.
(34) Los mensajes financieros conexos a los pagos y las transferencias realizados en el marco de la SEPA quedan fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 28 de junio de 2010, relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos de América a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (10).
(36) De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 924/2009, los Estados miembros deben suprimir toda obligación nacional de información sobre los pagos impuesta a los proveedores de servicios de pago a efectos de las estadísticas de la balanza de pagos relativas a las operaciones de pago de sus clientes hasta 50 000 EUR. La recopilación de estadísticas de la balanza de pagos basadas en las operaciones de pago realizadas entre el final de los controles del mercado de cambio y el momento actual constituye una importante fuente de datos junto con otras como las encuestas directas, y contribuye a obtener estadísticas de calidad. Al principio de la década de los noventa, algunos Estados miembros optaron por fiarse más de la información comunicada directamente por las empresas y los hogares que de los datos aportados por los bancos en nombre de sus clientes. Aunque la obligación de información sobre los pagos constituye una solución que, hablando de la sociedad en general, reduce el coste de la compilación de las balanzas de pagos, al tiempo que garantiza estadísticas de calidad, en el caso estricto de los pagos transfronterizos el mantenimiento de este tipo de información en algunos Estados miembros podría disminuir la eficiencia e incrementar los costes. Dado que uno de los objetivos de la SEPA es reducir los costes de los pagos transfronterizos, debe suprimirse en su totalidad la obligación de información sobre los pagos a efectos de las balanzas de pagos.
(37) En aras de una mayor seguridad jurídica, procede que los plazos que, en relación con las tasas de intercambio, establece el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 924/2009 se armonicen con lo dispuesto en el presente Reglamento.
(38) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 924/2009 en consecuencia.
2. El presente Reglamento no será aplicable a las siguientes operaciones
c) las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta de pago o dispositivo similar, incluidas las retiradas de efectivo, a menos que la tarjeta de pago o el dispositivo similar solo se utilicen para generar la información necesaria para efectuar directamente una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante el número BBANº el número IBAN;
d) las operaciones de pago efectuadas mediante cualquier tipo de dispositivo de telecomunicación, digital o informático, siempre que dichas operaciones de pago no originen una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante un número BBANº IBAN;
f) las operaciones de pago por las que se transfiera dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades (11), a menos que dichas operaciones den lugar a una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante un número BBANº IBAN.
Artículo 2 Definiciones A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Artículo 3 Accesibilidad
Artículo 4 Interoperabilidad
1. Los regímenes de pago utilizados por los proveedores de servicios de pago para efectuar transferencias y adeudos domiciliados cumplirán las siguientes condiciones
b) sus adherentes representarán a la mayoría de los proveedores de servicios de pago de la mayoría de Estados miembros y constituirán la mayoría de los proveedores de servicios de pago en la Unión, teniendo en cuenta únicamente los proveedores de servicios de pago que prestan, respectivamente, servicios de transferencias o de adeudos domiciliados. A efectos de lo dispuesto en la letra b), cuando ni el ordenante ni el beneficiario sea un consumidor, se tendrán en cuenta únicamente los Estados miembros en los que los proveedores de servicios de pago ofrezcan tales servicios y solo los proveedores de servicios de pago que presten tales servicios.
Artículo 5 Requisitos de las transferencias y los adeudos domiciliados
1. Los proveedores de servicios de pago efectuarán transferencias y adeudos domiciliados con arreglo a los siguientes requisitos
2. Los proveedores de servicios de pago efectuarán transferencias con arreglo a los siguientes requisitos, sin perjuicio de posibles obligaciones que establezca la normativa nacional de incorporación de la Directiva 95/46/CE
3. Los proveedores de servicios de pago efectuarán adeudos domiciliados con arreglo a los siguientes requisitos, sin perjuicio de posibles obligaciones que establezca la normativa nacional de incorporación de la Directiva 95/46/CE
a) el proveedor de servicios de pago del beneficiario deberá garantizar: i) que el beneficiario facilite los datos que se especifican en el punto 3, letra a), del anexo en el primer adeudo domiciliado y en un adeudo domiciliado aislado, así como en cada adeudo domiciliado sucesivo, ii) que el ordenante dé su consentimiento tanto al beneficiario como al proveedor de servicios de pago del ordenante (directa o indirectamente a través del beneficiario); que las órdenes, así como toda posible modificación o cancelación posterior, queden en poder del beneficiario o de un tercero por cuenta de este, y que el proveedor de servicios de pago informe al beneficiario de esta obligación de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Directiva 2007/64/CE;
d) el ordenante deberá tener derecho a cursar instrucciones a su proveedor de servicios de pago para que: i) limite el cobro de adeudos domiciliados a un determinado importe o periodicidad, o a ambos, ii) verifique, de no preverse derecho a reembolso en una orden emitida con arreglo a un régimen de pago, cada adeudo domiciliado y determine, sobre la base de la información relativa a la orden, si el importe y la periodicidad del adeudo domiciliado transmitido son iguales al importe y a la periodicidad acordados en la orden, antes de efectuar el adeudo en su cuenta de pago, iii) bloquee cualquier adeudo domiciliado en la cuenta de pago del ordenante o cualquier adeudo domiciliado iniciado por uno o varios beneficiarios específicos, o autorice solo los adeudos domiciliados iniciados por uno o varios beneficiarios específicos. Cuando ni el ordenante ni el beneficiario sea un consumidor, no se exigirá a los proveedores de servicios de pago el cumplimiento de lo dispuesto en la letra d), incisos i), ii) o iii). El proveedor de servicios de pago del ordenante informará a este de los derechos contemplados en la letra d), de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Directiva 2007/64/CE. En el primer adeudo domiciliado o en un adeudo domiciliado aislado, así como en cada adeudo domiciliado sucesivo, el beneficiario comunicará a su proveedor de servicios de pago la información relativa a la orden, y este la remitirá al proveedor de servicios de pago del ordenante en cada adeudo domiciliado.
Artículo 6 Fechas límite
Artículo 7 Validez de las órdenes y derecho a reembolso
Artículo 8 Tasas de intercambio en los adeudos domiciliados
2. En las operaciones-R podrá aplicarse una tasa de intercambio multilateral siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones
e) no deberá existir ninguna alternativa práctica y económicamente viable, frente al acuerdo, que tenga como resultado una tramitación de las operaciones-R igual o más eficiente a igual o menor coste para el consumidor. A efectos del párrafo primero, únicamente aquellas categorías de costes que estén directa e inequívocamente relacionadas con la tramitación de las operaciones-R podrán entrar en el cálculo de las tasas por operacionesR. Estos costes habrán de definirse con precisión. El desglose del importe de los costes, identificando por separado cada uno de sus componentes, formará parte del acuerdo, de modo que la verificación y vigilancia resulten fáciles.
Artículo 9 Accesibilidad en los pagos
Artículo 10 Autoridades competentes
2. A más tardar el 1 de febrero de 2013, los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes designadas con arreglo al apartado 1. Comunicarán a la Comisión y a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (« ABE») sin demora toda posible ulterior variación con respecto a dichas autoridades.
4. Las autoridades competentes supervisarán el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los proveedores de servicios de pago de forma efectiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Cooperarán entre sí de conformidad con el artículo 24 de la Directiva 2007/64/CE y con el artículo 31 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 12 Procedimientos extrajudiciales de reclamación y de recurso
Artículo 13 Delegación de poderes
4. Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a eximir hasta el 1 de febrero de 2016 de todos o de algunos de los requisitos contemplados en el artículo 6, apartados 1 y 2, a aquellas operaciones de pago generadas mediante una tarjeta de pago en el punto de venta que den lugar a un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante un número BBANº IBAN.
8. Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro y los usuarios de servicios de pago que utilicen un servicio de pago en tal Estado miembro cumplirán los requisitos especificados en los artículos 4 y 5 a más tardar el 31 de octubre de 2016. Los operadores de sistemas de pagos minoristas para un Estado miembro cuya moneda no sea el euro cumplirán los requisitos especificados en el artículo 4, apartado 2, a más tardar el 31 de octubre de 2016. Si, no obstante, alguno de esos Estados miembros introduce el euro como moneda antes del 31 de octubre de 2015, los proveedores de servicios de pago o, en su caso, los operadores de sistemas de pagos minoristas radicados en dicho Estado miembro y los usuarios de servicios de pago que utilicen un servicio de pago en dicho Estado miembro cumplirán las disposiciones respectivas en el plazo de un año a partir de la fecha de ingreso de ese Estado miembro en la zona del euro, pero no antes de las fechas respectivas que se especifiquen para los Estados miembros cuya moneda es el euro el 31 de marzo de 2012.
Artículo 17 Modificaciones del Reglamento (CE) nº 924/2009
El Reglamento (CE) nº 924/2009 se modifica como sigue:
1) En el artículo 2, el punto 10 se sustituye por el texto siguiente: «10) "fondos", los billetes y las monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico tal como se define en el ar-tículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades (*).
3) El artículo 4 se modifica como sigue
«3. El proveedor de servicios de pago podrá cobrar al usuario de servicios de pago comisiones adicionales a las que se cobran de conformidad con el artículo 3, apartado 1, en caso de que el usuario encargue al proveedor de servicios de pago que ejecute la operación de pago transfronterizo sin comunicarle el número IBAN y, cuando proceda y con arreglo al Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 (*), el BIC correspondiente a la cuenta de pago en el otro Estado miembro. Dichas comisiones deberán ser adecuadas y estar en consonancia con los costes. Las comisiones deberán acordarse entre el proveedor de servicios de pago y el usuario de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago informará al usuario de servicios de pago del importe de las comisiones adicionales con antelación suficiente, antes de que un acuerdo de este tipo obligue al usuario de los servicios de pago.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
ANEXO. REQUISITOS TÉCNICOS (ARTÍCULO 5)

References: artículo 5
 artículo 7
 artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 24
 artículo 31

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 6
 artículo 4

Artículo 17
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3