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Precedente del caso Huatuco | Labour Law | Case Law
Precedente del caso Huatuco
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PROBLEMATICA DE LOS CONTRATOS CAST
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“Precedente Huatuco” Resumen didáctico de la sentencia del Tribunal Constitucional por: Alí Félix León Charca.
07 Junio 2015 | 2 comentarios
2 comentarios “PRECEDENTE HUATUCO” RESUMEN DIDACTICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. 05057-2013-PA/TC JUNIN Por: Alí Félix León Charca. Premisa El Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dispone que: "Artículo VII.- Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo ( ... )". " id="pdf-obj-0-7" src="pdf-obj-0-7.jpg">
“PRECEDENTE HUATUCO”
RESUMEN DIDACTICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 05057-2013-PA/TC JUNIN Por: Alí Félix León Charca.
El Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dispone que: "Artículo
VII.- Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo
de su efecto normativo (
Por mandato expreso del precedente Huatuco, los fundamentos (propiamente apartados numerales) 18, 20, 21, 22 y 23 constituyen el precedente vinculante, siendo que no necesariamente son los más trascendentales de la resolución que a continuación analizamos.
Un precedente vinculante del Tribunal Constitucional es la razón o fundamento expreso un fallo dictado por el “máximo intérprete de la Constitución” en determinado caso, el cual contiene lineamientos de nivel normativo, aplicables a casos análogos, en un afán de unificar la jurisprudencia nacional, en materia de justicia constitucional y justicia ordinaria.
En esta parte del documento, expresamos pareceres sobre otro aspecto cardinal; lo relativo a los regímenes laborales vigentes en el Perú.
Diremos así que por mandato expreso de la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Carta de 1993, se ha sancionado expresamente lo siguiente:
“Tercera.- No son acumulables servicios prestados a la actividad pública y privada En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario”.
Resulta entonces que en nuestro país sólo existen dos regímenes laborales, siendo que los demás a los que erróneamente se les atribuye esta categoría (como el CAS), constituyen estatutos, fueros (o si se quiere sub regímenes de alguno de los referidos por la Constitución; a saber: el púbico y el privado).
Valga la aclaración pues el CAS, es un estatuto propio del régimen laboral público, a pesar que el propio Tribunal Constitucional -en otra sentencia-, y sin que la ley así lo indique, haya razonado que se trata de un régimen laboral: error.
El precedente Huatuco tiene incidencia únicamente para los trabajadores del Estado, sujetos al denominado régimen laboral de la actividad privada, como los obreros municipales, los empleados de proyectos especiales regionales (caso Plan MERISS, IMA, COPESCO, etc.) y los de instituciones deliberadamente acogidas a este régimen como la SUNAT, la SUNARP o INDECOPI.
Sucede entonces que la sentencia que comentamos, no alcanza al universo íntegro de trabajadores estatales, sino tan sólo a aquellos cuya situación laboral se encuentra
regulada por el Decreto Supremo 03-97-TR, Texto Unico y Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral - Decreto Legislativo 728.
Fuera del ámbito descriptivo que en su parte expositiva (toda sentencia contiene), el precedente Huatuco, aborda lo relativo al régimen laboral privado en la contratación de personal del Estado, aspecto que resulta ilustrativo y valioso.
Lo privado en el empleo público: la reposición
Dice el precedente Huatuco que las reposiciones del personal sujeto al régimen laboral privado que prestó servicios en entidades públicas, vinculados por contratos sujetos a modalidad o civiles (locación de servicios y obra) desnaturalizados, como consecuencia de procesos de amparo donde sus pretensiones fueron estimadas, obedecieron a una interpretación literal y aislada de los Artículos 4ª y 77º del Decreto Supremo 03-97-TR.
Aunque el argumento del Tribunal sobre el silogismo del literal “d” del Artículo 77º de la norma y su conclusión es interesante; no podemos decir lo mismo del juicio de valor que califica a ello como un simple ejercicio literal, pues la casuística laboral respecto de esta materia, demuestra que el juzgador en muchas ocasiones ha acudido a la interpretación teleológica y exegética, para respaldar en derecho, las decisiones de sus sentencias, cuando la frondosa situación probatoria o la complejidad misma del caso, así lo han impuesto.
Luego, el precedente se detiene en la necesidad de analizar la posición de quienes sostienen que el Artículo 5º de la Ley Marco del Empleo Público Nro. 28175 (norma que no discrimina entre régimen público y privado a tiempo de abordar la situación laboral de los trabajadores del Estado), constituye el fundamento legal suficiente para impedir la reposición de un trabajador del Estado que no haya ingresado a su puesto de labor por concurso público y abierto.
Los criterios que sobre función pública esboza la sentencia del Tribunal, son prudentes y adecuados, además de ilustrativos, desde un punto de vista estrictamente doctrinario.
Concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada
Dice el Tribunal, que el aspecto relevante para identificar a un funcionario o servidor público es el desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado, para después citar el texto íntegro del Artículo 5º de la Ley Marco del Empleo Público y sin que la norma lo disponga específicamente, concluir que existen suficientes y justificadas razones para asumir que el ingreso a la administración pública, mediante un contrato a plazo indeterminado, exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Nótese que es el Tribunal quien ha integrado a la noción original del concurso público, la organicidad de la plaza (vacancia y presupuesto).
Sucede entonces que el Tribunal reconoce el privilegio de la meritocracia, por encima de cualquier otro factor, desde la vinculación laboral hasta las instancias ulteriores del empleo, mas no coincidimos en que le fundamento para ello sea el paralelo efectuado con la Ley del Servicio Civil, Nro. 30057, disposición que a pesar de ocuparse de
empleo público, no es compatible con el tema analizado, pues su vigencia corresponde a un régimen laboral distinto (el público).
Así el apartado numeral “15” del precedente Huatuco destaca nítidamente por presentar un razonamiento determinante en el fallo, para ello lo citamos textualmente:
“15. En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento 9 supra, cabe establecer que cuando los Artículos 4° y 77° del TUO del Decreto Legislativo N.° 728, sean aplicados en el ámbito de la Administración Pública, deberán ser interpretados en el sentido de que el ingreso de nuevo personal o la "reincorporación" por mandato judicial, con una relación laboral de naturaleza indeterminada, en una entidad del Estado, para ocupar una plaza comprendida dentro del PAP o CAP, o del instrumento interno de gestión que haga sus veces, podrá efectuarse siempre que previamente la persona haya ganado un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada”.
Acto seguido se reitera que la reposición, en ningún caso, es un derecho que corresponda al
trabajador que se desempeñó en calidad de personal de confianza.
Por su parte el apartado numeral “17” de la sentencia, contiene otro mandato jurisprudencial capital, que muy pocas autoridades judiciales observan y que menos entidades públicas acatan, a saber:
“17. En esa perspectiva, este Tribunal, en su jurisprudencia, ha establecido que en los procesos de amparo en los cuales se demanda al Estado para que un ex trabajador sea reincorporado, cuando se interponga y admita una demanda debe registrarse como una posible contingencia económica que es necesario prever en el presupuesto, con la finalidad de que la plaza que ocupaba el demandante se mantenga presupuestada para, de ser el caso, actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimatoria (SSTC Nros. 3470-2012-PA/TC, 00404-2013-PA/TC, 04763-201 LPA/TC, 01214-2012-PA/TC, 00276-2013-PA/TC, 04225-2012- PA/TC, entre otros), siempre y cuando se verifique que el demandante ha ingresado mediante concurso público de méritos y abierto para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada”.
El criterio citado resulta de mucha utilidad para proyectar la comprensión del subtítulo siguiente.
¿Y si el trabajador no ingresó al servicio del Estado por concurso?
El requisito integrado para la reposición de un trabajador consistente en el acceso al empleo por concurso público a plaza debidamente presupuestada e indeterminada, es propio del régimen laboral privado en contratos de trabajadores que presten servicios para el Estado, el Tribunal recalca que este concepto no esta vigente para el caso de trabajadores de empresas privadas que obviamente laboren con sujeción al régimen de la actividad privada.
Siendo esto así, la opción de la indemnización con tope de 12 sueldos (prevista por el Artículo 38º del Decreto Supremo 03-97-TR, cobra vigencia automática como única reparación laboral frente a los efectos del despido operado en contra del trabajador demandante. Esto último se aprecia del apartado numeral “22” de la sentencia que es enfático en precisar lo siguiente:
“22. En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza
presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el Artículo 38° del TUO del Decreto Legislativo Nro. 728. Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de extemporaneidad. Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecue su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso”.
Al preverse que la reconducción de la demanda por el juzgador constitucional al ordinario laboral, se considera además que la adecuación de la demanda nunca podrá importar causal de extemporaneidad. Es por esto último que el Tribunal Constitucional no está efectuando legislación negativa, sino positiva, lo cual no sorprende de este órgano acostumbrado históricamente a comportarse de este modo al haber incluso ordenado al Congreso que dicte normas en uno u otro sentido.
Con acierto, la sentencia recuerda la plena vigencia del Artículo 243º de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que determina sanciones administrativas (entiéndase laborales si correspondiera), civiles y/o penales, para servidores y funcionarios públicos, que al ser responsables de la contratación de personal en las respectivas entidades del Estado, no observan adecuadamente los derechos de los trabajadores en relación a la materia, en especial lo que signifique la inobservancia de instrumentos de gestión.
El tema de fondo consiste en sancionar a los funcionarios o servidores responsables de contratar en formato temporal a un trabajador cuyo vínculo luego es declarado desnaturalizado.
A pesar que un sector de la doctrina y el propio voto discordante de Blumen Fortini, califica de impertinente y excesiva esta medida, nosotros consideramos que es acertada, a fin de evitar ligerezas por parte de aquellos llamados a cuidar los intereses patronales del Estado.
El precedente Huatuco debe observarse desde el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, incluso en aquellos procesos que se encuentren en trámite, oficializando una suerte de retroactividad perjudicial al trabajador pues al precedente se le ha dotado de alcance sobre hechos producidos con anterioridad a su concepción y vigencia. Aquí coincidimos con Blume.
Del fondo en el precedente Huatuco
* La demanda que ha dado lugar al precedente Huatuco, versó sobre un despido incausado, violación de derechos constitucionales al trabajo, protección contra el despido arbitrario y al debido proceso, de acuerdo con la postulación de Beatriz Huatuco Huatuco contra el Poder Judicial (Corte Superior de Justicia de Junín) y no contra una municipalidad o un gobierno regional.
* En la demanda se sustentó la desnaturalización del vínculo de trabajo por la sumatoria de contratos modales que al vencimiento del último, no ha operado renovación, dando lugar a interpretar lo sucedido como un auténtico despido.
* La contestación afirmó que el vinculo de trabajo fue siempre temporal, supeditado a que la plaza ocupada fuese cubierta en el futuro, por el ganador de un concurso público, de lo cual la demandante era consciente.
La sentencia del Tribunal Constitucional es una de mérito, pues se pronuncia sobre el fondo de la controversia al declarar infundada la demanda. La razón de su decisión se constriñe a lo previsto en los apartados numerales “31”, “32” y “33” de la sentencia, que literalmente prevén:
“31. En el caso de autos, la demandante afirma haber sido objeto de un despido incausado en noviembre de 2011; por tanto, a fin de verificar si éste se produjo o no, se procederá a analizar el periodo contractual en el que habría ocurrido el supuesto despido. Para ello, es necesario determinar si los contratos modales suscritos entre la trabajadora y la parte demandada se desnaturalizaron, debiendo ser considerado este como un contrato de plazo indeterminado, en cuyo caso la parte demandante sólo podía ser despedida por causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que lo justifique”.
“32. En la cláusula primera del contrato de trabajo para servicio específico, que obra a fojas 10 y en las cláusulas segunda y tercera del mismo, se ha cumplido con justificar la causa objetiva determinante de la contratación modal. Asimismo, se haacreditado que la actora realizó las mismas funciones para las que fue contratada y que no trabajó luego del vencimiento del último contrato. En consecuencia, no se han desnaturalizado los contratos modales suscritos entre las partes”. De la parte final de la cita, se aprecia que en la valoración de los medios probatorios, (principalmente los contratos de trabajo) y los tres enunciados que de ello emerge, constituye la verdadera razón de la expedición de la sentencia en contra de los intereses de la trabajadora demandante, siendo que para ello se ha acudido a esa supuesta "interpretación literal" de las normas laborales que ha denunciado el Tribunal al inicio de la resolución, como ya hemos explicado.
“33. Conforme al artículo 16, inciso c) del TUO del Decreto Legislativo 728, son causas de extinción de la relación laboral: la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. En este caso se puede afirmar que la conclusión del vínculo laboral obedece al libre albedrío de ambas partes, previamente pactado en un contrato de trabajo sujeto a
plazo determinado. Siendo así, no tienen asidero las expresiones de la parte demandante en el sentido que habría sido despedida sin causa alguna. Por tanto, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales relativos al trabajo, la demanda deber ser desestimada”. El resaltado (en negrita) del apartado numeral “33” de la sentencia, conduce a la ineludible conclusión que el Tribunal Constitucional, se equivoca una vez más al
considerar que el encuadre teórico del Derecho del Trabajo responde a los mismos parámetros del Derecho Civil, en el cual es la voluntad de las partes la que constituye fuente primera de obligaciones, cuando lo coherente para la rama social es acudir primero a la legislación y ya con carácter subsidiario a la voluntad de los interesados.
Nuestra posición crítica y en su caso escéptica sobre el cambio cualitativo que en la justicia constitucional acarreará el precedente, se contrae a fundamentos similares (y otros de naturaleza diversa), a los del voto en discordia del magistrado Blume Fortini que también forma parte de la resolución, aquellos que en otra oportunidad merecerán análisis específico de nuestra parte.
Hecho el precedente, hecha la trampa
Aunque el aforisma se refiere a la ley (entiéndase norma jurídica), resulta inevitable pensar así en relación a este precedente vinculante.
Algunos elementos implícitos del conflicto, imposibles de analizar sin el expediente a la vista, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional no se ocupa de ellos:
* El Poder Judicial recluta a su personal ¿sin concurso público?, sabemos que incluso para simples suplencias y vínculos temporales, el Poder Judicial convoca concursos públicos.
* La hermenéutica del precedente, permite vislumbrar situaciones conflictivas que se producen en el Estado, al contratarse en su seno trabajadores contratados directamente por múltiples razones ajenas a la meritocracia, como ocurre en gobiernos regionales y municipalidades en los que podría denunciarse por ejemplo: clientelismo político.
* Al interpretarse con mucha flexibilidad, un requisito de la Ley Marco del Empleo Público y exigirse que para la reposición de un trabajador del Estado sujeto al régimen laboral del sector privado, debe acreditarse ingreso por concurso público de méritos a una plaza orgánica debidamente presupuestada ¿no se está desvistiendo un santo para vestir otro?
* En efecto, “la cabra siempre tira hacia el monte”, y en materia de derechos laborales se percibe una tendencia de explotación del hombre por el hombre. Sera entonces que a partir de este precedente, en regiones y municipios proliferarán las contrataciones directas ¿sin horizonte indeterminado? O sea más cholos baratos y sin estabilidad en el empleo.
Una aclaración final, en todo este asunto nada tiene que hacer la Ley 24041, mediante la cual, el personal contratado de acuerdo con los alcances del Decreto Legislativo 276 que preste más de una año continuo de servicios, no puede ser destituido sin proceso administrativo
previo, pues dicha garantía corresponde a los trabajadores sujetos al denominado régimen laboral de la actividad pública o la agonizante Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Inquietudes o mayor información dirigirse adirector@estabilidadlaboral.com
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 Artículo 5
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 Artículo 38
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