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Timestamp: 2018-06-24 13:12:49+00:00

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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (12/261/B), por la que se resuelve la queja formulada por don [?]. / 2012	/ 2007-2012	/ Resoluciones	/ Defensor del Pueblo | Ararteko - Navarra Nafarroa
Con fecha 16 de abril de 2012, tuvo entrada en esta institución un escrito, presentado por don [?], mediante el que formulaba una queja frente al Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la denegación de su solicitud de renta básica.
El 19 de octubre de 2011 solicitó la renta básica a través del servicio social de base, conforme a la normativa vigente en aquel momento y cumpliendo todos los requisitos establecidos.
Su solicitud ha sido denegada, en aplicación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social, al entender la Administración que no se cumple el requisito previsto en el artículo 3, letra c), referente a la residencia continuada y efectiva en Navarra de, al menos, veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
La causa de denegación obedece a una salida de España que hubo de realizar el día 17 de febrero de 2010 y que se prolongó hasta mayo del mismo año. Esta salida se debió a la necesidad de regresar transitoriamente a su país de origen, donde mantenía un contencioso judicial con su ahora exmujer, y el retorno a España no pudo producirse antes, pues sobre él pesaba una orden judicial que le prohibía la salida de dicho país.
No comparte que la demora en la resolución del expediente pueda perjudicarle. En este sentido, considera que, de haberse resuelto su solicitud de 19 de octubre de 2011 en el plazo establecido, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 1/2012, se le habría concedido la ayuda solicitada.
Su situación es desesperada, pues no tiene ningún ingreso con el que subsistir.
Examinada la queja, y a fin de determinar las posibilidades concretas de actuación de esta institución, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la misma, se solicitó al Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, que informara sobre la cuestión planteada.
“En contestación a su escrito referente a la queja formulada ante esa Institución por don [?] (expediente número [?]), en relación a la denegación de su solicitud de renta básica, he de informarle lo siguiente:
La Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión, establece, entre otros aspectos, los requisitos para su percepción, las cuantías, el periodo de percepción y las obligaciones de las personas beneficiarias.
La Disposición transitoria primera de la citada Ley Foral 1/2012, establece que las solicitudes de renta básica que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar con fecha 4 de febrero de 2012, se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma y que las solicitudes de renovación de las prestaciones de renta de inclusión social para los perceptores de renta básica, se tramitarán y resolverán, asimismo, conforme a lo establecido en la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, la renovación de la persona que formula la queja que motiva el presente informe se ha ajustado, como no puede ser de otra forma, a lo previsto en la nueva regulación.
En este sentido, el incumplimiento, tal como se indica en su escrito, por el interesado, del requisito establecido por la citada Ley Foral en su artículo 3, letra c), referente a la residencia continuada y efectiva en Navarra de, al menos, veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, ha motivado la denegación de la solicitud formulada por el mismo”.
Como resulta de los antecedentes, la primera cuestión que suscita la queja es la relativa a la determinación de la legislación aplicable para resolver la solicitud del interesado, habida cuenta de que tanto la presentación de la misma, como el vencimiento del plazo legalmente establecido para resolverla, se produjeron con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.
La respuesta a esta cuestión puede tener incidencia sobre la resolución del expediente administrativo, en la medida en que, en relación con el concreto requisito cuyo incumplimiento se esgrime, la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, es más restrictiva que la normativa anterior, ampliando el plazo de residencia continuada en Navarra hasta veinticuatro meses (la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, determinaba un plazo de doce meses).
Esta institución, con ocasión de una queja similar a la que ahora ocupa, ya ha emitido pronunciamiento sobre dicha cuestión, viniendo a concluir que el requisito indicado de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, más restrictivo que el anteriormente vigente, no debería aplicarse a aquellos casos en que el plazo de resolución y notificación ya hubiera vencido antes de la entrada en vigor de la nueva regulación. Lo contrario llevaría a admitir que la demora en la resolución de solicitudes, aun cuando fuera solo imputable a la Administración pública, pudiera beneficiar a esta y perjudicar al ciudadano (en el sentido de no concederle una ayuda que, si se hubiera resuelto en plazo, le hubiera correspondido).
En esta línea, se indicaba lo siguiente:
“A efectos de resolver adecuadamente la cuestión objeto de la queja, es imprescindible tener presente la regla o máxima jurídico-administrativa de que todos los procedimientos administrativos deben resolverse en el plazo máximo establecido legal o reglamentariamente.
Conforme a lo expuesto, una interpretación lógica y razonable de la disposición transitoria primera de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, en cuanto dispone que las solicitudes de renta básica que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley Foral se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma, aboca a aplicar los efectos retroactivos que dispone ese precepto legal exclusivamente a las solicitudes que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley Foral, se encontrasen en tramitación sin haber vencido todavía el plazo máximo de resolución, pero no a las solicitudes respecto de las que ya se había agotado el plazo máximo de resolución. Estas deben resolverse conforme a la normativa vigente en el momento en el que venció el plazo máximo de resolución”.
Los anteriores razonamientos son de aplicación al caso que ocupa, en el que la causa denegatoria se funda en el hecho de que el interesado no cumple el requisito de residencia ininterrumpida por un plazo de veinticuatro meses, sentado por la Ley Foral 1/2012, cuya entrada e vigor se produjo con posterioridad al término en que debió haberse resuelto la solitud y notificado la decisión adoptada. Por ello, se recomienda que se siga en este caso el criterio antes señalado.
3. Por otro lado, haciendo abstracción de la anterior cuestión, esta institución estima que, si se mantiene que el plazo de residencia previa es de veinticuatro meses, la Administración debería entrar a valorar expresamente las circunstancias alegadas en cuanto a la salida y retorno de Navarra (meses de febrero a mayo de 2010).
En nuestro criterio, la finalidad del requisito de residencia ininterrumpida -con independencia del plazo que se aplique- persigue que la prestación se conceda a personas que tengan su domicilio en Navarra y que mantengan esta situación por el tiempo fijado por la norma, exigiendo, de este modo, un determinado arraigo . La observancia de este requisito no es incompatible con determinadas estancias transitorias fuera del territorio de Navarra, que pueden ser justificadas e, incluso, inevitables, y cuyas circunstancias habrán de valorarse de forma casuística.
Por ello, sin prejuzgar la decisión sobre este extremo, esta institución sugiere que, a efectos de determinar si hubo interrupción de la situación de residencia, se valoren expresamente las circunstancias que alega el autor de la queja.
Recomendar al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, que, en este caso, aplique la normativa vigente en el momento en que se agotó el plazo máximo de resolución del expediente promovido por el autor de la queja, y, en consecuencia, le conceda la prestación solicitada.
Conceder un plazo de dos meses al Departamento de Políticas Sociales, para que informe sobre la aceptación de la recomendación y de la sugerencia, y de las medidas a adoptar al respecto, de conformidad con el apartado segundo del artículo 34 de la Ley Foral reguladora de esta institución.
Notificar esta resolución al interesado y al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 3
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 artículo 34
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