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Timestamp: 2020-08-07 01:42:41+00:00

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BOC - 2003/027. Lunes 10 de Febrero de 2003 - 238
2003/027. Lunes 10 de Febrero de 2003
BOC Nº 027. Lunes 10 de Febrero de 2003 - 238
238 - LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Este es el sentido de la presente Ley: reordenar la intervención de las administraciones públicas en materia de vivienda, en especial en la promoción, financiación y reglamentación de las viviendas sujetas a un régimen de protección público, mediante un cambio de los modos y formas tradicionales de actuación pública en esta materia, estableciéndose, con carácter transitorio, la aplicación supletoria de las denominadas Normas Básicas de la edificación -NBE- a que se refiere la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, sin perjuicio, de que otra norma con rango de ley establezca en el futuro, dentro del ámbito de Canarias de los preceptos competencia autonómica las normas técnicas aplicables a la construcción de viviendas.
La Ley encomienda la gestión de las competencias ejecutivas en materia de vivienda a una nueva entidad pública, el Instituto Canario de la Vivienda, organismo autónomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de administración participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jurídico básico. Se abordan con este modo de gestión dos problemas principales: el primero, la coordinación de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas de Canarias otorga a los cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad autónoma mediante procesos de desconcentración o mediante convenios interadministrativos; y el segundo, la sujeción del Instituto a un régimen jurídico singular, conforme al cual, se pretende agilizar y simplificar la gestión, sin menoscabo de las garantías que deben asegurar el buen uso de los fondos públicos, ni del derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas protegidas. No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan sólo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquellos que permiten una gestión más rápida y eficiente. De otra parte, junto a los representantes autonómicos e insulares, en el máximo órgano de dirección del Instituto se prevé la incorporación de cuatro representantes de los municipios canarios de los cuales al menos dos han de ser de municipios mayores de 100.000 habitantes. Esta representación supone el reconocimiento del papel fundamental que en la política de vivienda corresponde a estas entidades locales, que se viene materializando con la cesión de suelo para la promoción pública de viviendas, la adscripción en los instrumentos de planeamiento generales de suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, y en la participación en los procedimientos de adjudicación de las viviendas. Esta incorporación no supone que las competencias municipales pasen a ser gestionadas por el Instituto, únicamente, el reconocimiento de la tarea que vienen desempeñando en el marco de las previsiones de los artículos 25.2.d) y 28 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La Ley aborda, a continuación, el problema de la escasez de suelo aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras Comunidades Autónomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: la afectación directa de suelo a la construcción de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación, a los que corresponde la determinación de los usos globales del territorio insular, y en su caso también a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la construcción de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe centrarse el esfuerzo público, sin perjuicio de las actuaciones que fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia básica de esa determinación es la obligación de que los instrumentos de planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20% del suelo urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a este uso más del cincuenta por ciento del aprovechamiento del ámbito o sector en concordancia con lo establecido en el artículo 32.2. A.8 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Para la cobertura de ese estándar urbanístico la Ley admite la afectación expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a éste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiación el incumplimiento del deber de edificación en los plazos que se señalen. Finalmente, se establece el deber de los promotores turísticos de colaborar en la construcción de viviendas protegidas para la población de servicios.
Artículo 2.- Principios rectores.
Artículo 3.- Ejercicio de las competencias.
DE LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Artículo 4.- Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS
INSULARES Y AYUNTAMIENTOS
Artículo 5.- Competencias de los cabildos insulares.
Artículo 6.- Competencias de los ayuntamientos.
Artículo 7.- Del Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 8.- Competencias y funciones.
Artículo 9.- Modos de gestión.
Artículo 10.- Oficinas de Vivienda.
Artículo 11.- Organización.
Artículo 12.- El Consejo de Dirección.
Artículo 13.- Funciones del Consejo de Dirección.
Artículo 14.- El Presidente.
Artículo 15.- El Director.
Artículo 16.- El Secretario.
Artículo 17.- Facultades y beneficios.
Artículo 19.- Régimen presupuestario, financiero y de control.
Artículo 20.- Personal.
Artículo 22.- Sede.
Artículo 23.- Estatutos.
Artículo 24.- La Comisión de Vivienda.
Artículo 25.- Consorcios Insulares de Vivienda.
DE LA AFECTACIÓN DE SUELO PARA LA
Artículo 26.- De los municipios de preferente localización de viviendas protegidas.
Artículo 27.- De la afectación de suelo en el planeamiento municipal.
DEL FOMENTO DEL SUELO DESTINADO
A VIVIENDAS PROTEGIDAS
Artículo 29.- Actuaciones protegibles.
Artículo 30.- Modalidades de financiación.
Artículo 31.- Relaciones interadministrativas.
Artículo 32.- Concepto.
Artículo 33.- Superficie.
Artículo 34.- Destino.
Artículo 35.- Calidad.
Artículo 36.- Precio de venta y renta.
Artículo 38.- Financiación.
Artículo 39.- Limitaciones a la capacidad de disponer.
Artículo 40.- Contenido obligatorio de los contratos.
Artículo 41.- Efectos por incumplimiento.
Artículo 42.- Concepto.
Artículo 43.- Objetivos.
Artículo 44.- Modalidades.
Artículo 45.- Parque público de viviendas.
Artículo 46.- Beneficiarios.
Artículo 47.- Criterios de adjudicación.
Artículo 48.- Modos de acceso.
Artículo 49.- Duración del régimen legal de protección.
Artículo 50.- Conservación y administración.
Artículo 51.- Concepto.
Artículo 52.- Beneficiarios.
Artículo 53.- Modos de acceso.
Artículo 54.- Transmisión.
Artículo 56.- Requisitos.
Artículo 57.- Clases, régimen jurídico y financiación.
DE LOS GARAJES, LOCALES
Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
DE OTRAS ACTUACIONES PROTEGIBLES
Artículo 59.- Objeto.
Artículo 60.- Requisitos.
Artículo 61.- Objeto.
Artículo 62.- Fines.
Artículo 63.- Requisitos.
SOBRE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Artículo 64.- Derecho de adquisición preferente.
Artículo 65.- Derechos de tanteo y retracto.
Artículo 66.- Precio de venta.
Artículo 67.- Caducidad del ejercicio de los derechos de adquisición preferente y de tanteo y retracto.
Artículo 68.- Causas.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en artículo 68.1.a) se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
Artículo 70.- Suspensión del procedimiento.
Artículo 71.- Precinto cautelar.
Artículo 72.- Competencia.
Artículo 73.- Objeto.
Artículo 74.- Contenido.
Artículo 75.- Procedimiento y aprobación del Plan de Vivienda.
Artículo 76.- De los Programas de Vivienda.
Artículo 77.- Concepto.
Artículo 78.- Regulación.
Artículo 79.- Ubicación de las viviendas.
Artículo 80.- Cédula de habitabilidad.
Artículo 81.- Finalidad.
Artículo 82.- Infracciones leves.
Artículo 83.- Infracciones graves.
Artículo 84.- Infracciones muy graves.
Artículo 85.- Responsables.
Artículo 86.- Locales y edificaciones complementarias.
DE LAS SANCIONES, SU GRADUACIÓN
Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 87.- Sanciones pecuniarias.
Artículo 88.- Sanciones accesorias.
Artículo 89.- Graduación de las sanciones.
Artículo 90.- Medidas complementarias.
Artículo 91.- Publicidad de sanciones y medidas complementarias.
Artículo 92.- Procedimiento.
Artículo 93.- Medidas de carácter provisional y cautelares.
Artículo 94.- Plazo de resolución.
Artículo 95.- Competencia.
Artículo 96.- Ejecutividad.
Artículo 97.- Vía de apremio.
Artículo 98.- Ejecución subsidiaria.
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento, cuando no se hubieren ejecutado las obras dentro de los plazos a que se refiere el artículo 90.3.c) de la Ley.
Artículo 99.- Multa coercitiva.
1. Cuando la resolución hubiere acordado la ejecución de obras podrán imponerse multas coercitivas, previo apercibimiento, a partir del décimo día del vencimiento del plazo establecido en el artículo 90.3.c) en cuantía de sesenta euros diarios.
Artículo 100.- Prescripción.
- las leves a los seis meses,
Artículo 101.- Caducidad.
Primera.- De las empresas públicas en materia de vivienda.
Segunda.- De la financiación de las actuaciones reguladas en esta Ley.
Tercera.- Del ámbito de aplicación de los derechos y potestades que se reconocen a la Administración en materia de vivienda.
Cuarta.- Del órgano competente de la Administración autonómica para la transmisión de suelo.
Quinta.- De las delegaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Sexta.- De la aportación de suelo urbanizado por los ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública y su contribución en la financiación de las mismas.
Séptima.- De la amortización de la deuda existente sobre bienes atribuidos al Instituto Canario de la Vivienda.
Octava.- De los pisos tutelados.
Novena.- Contribución de los promotores turísticos a la construcción de viviendas protegidas.
Décima.- De la constitución y los estatutos del Instituto Canario de la Vivienda.
Undécima.- Reconstrucción de viviendas por afección de infraestructuras.
Duodécima.- Modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
"1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse el contenido de este texto refundido antes del 15 de mayo de 2003. Los planes e instrumentos se ejecutarán, en todo caso, conforme a lo previsto en los primeros números de la disposición transitoria anterior. A los efectos indicados, los ayuntamientos deberán aprobar provisionalmente los documentos de planeamiento general debidamente adaptados, antes del 31 de diciembre de 2002. El acuerdo municipal del Plan aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado, será remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias dentro de los primeros quince días del mes de enero de 2003. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias deberá resolver definitivamente dichos instrumentos de planeamiento antes del 15 de mayo de 2003.
b) Sectores "en plazo" que incumplan las condiciones del artículo 52 de este Texto Refundido, y sectores "fuera de plazo": se reclasifican como suelo rústico de protección territorial o, en su caso, otra categoría de suelo rústico más acorde a sus valores naturales, culturales o económicos, en tanto no se adapte el planeamiento general y se le otorgue la clasificación más adecuada a sus características.
D.- El planeamiento urbanístico o, en su caso, de los Espacios Naturales, no podrá permitir la implantación de usos que estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial en el área de aplicación. En tal sentido, no se admitirá el uso extractivo fuera de aquellas áreas que el planeamiento territorial habilite a tal fin."
Decimotercera.- Desarrollo reglamentario del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
Primera.- Expedientes en tramitación.
Tercera.- Aplicación de normativa estatal.
Cuarta.- Requisitos básicos de la edificación y calidad de las viviendas.
NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edifi-	cios.
NBE-FL-90 Muros resistentes en la fábrica de la-	drillo.
NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bitumino-	sos.
Quinta.- De la afectación de suelo a la construcción de viviendas protegidas.
Sexta.- Ejercicio de competencias de los cabildos por el Instituto Canario de la Vivienda.
Única.- Queda derogada la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, el Decreto 64/1988, de 12 de abril, sobre traspasos de funciones y servicios en materia de vivienda y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Primera.- Autorización al Gobierno.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 2003.

References: artículo 32

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68
 artículo 68

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
 artículo 90

Artículo 99
 resolución 
 artículo 90

Artículo 100

Artículo 101
 artículo 52