Source: https://www.seguridadpublica.es/2010/11/los-conceptos-de-violencia-domestica-y-violencia-de-genero/
Timestamp: 2019-07-19 11:12:53+00:00

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Los conceptos de "violencia doméstica" y "violencia de género" | SEGURIDADPUBLICA.es
Inicio Violencia de género Los conceptos de “violencia doméstica” y “violencia de género”
Estos dos conceptos, que son distintos y que actualmente coexisten, surgen como resultado de una evolución legislativa a través de la cual el poder público han ido intensificando y especializando paulatinamente la protección dada a los distintos miembros de la familia frente a la violencia física o psíquica que pudiera producirse entre sus integrantes.
1. En un principio, esta protección se procuraba por el artículo 153 del Código
Penal frente al maltrato (y sólo si era habitual), al cónyuge del sujeto activo (fuese éste hombre o mujer) o persona unida a él por análoga relación de afectividad a la conyugal, así como al concreto grupo de personas que entonces se enumeraban en el precepto (hijos, pupilos, ascendientes o incapaces con los que conviviere o sometidos a su patria potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de cualquiera de ellos), pero grupo éste de potenciales sujetos pasivos que luego sería ampliado en futuras reformas.
3. Un paso más, y muy significativo, en esta evoluc ión lo representó el sistema introducido por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de s eptiembre, puesto que:
.-El artículo 153 del CP (que dejó de exigir la habitualidad en el maltrato para estimar cometido este delito, por lo que pasó a ser considerada como tal la primera agresión que se produjese, así como las faltas de amenazas leves con armas e instrumentos peligrosos, que por tanto pudieron ser castigadas con pena de prisión), y;
.-El artículo 173.2, que fue el que tipificó como delito la violencia doméstica cometida con habitualidad.
Se amplió el círculo de las posibles víctimas, y se dispuso como obligatoria la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y se abrió la posibilidad de que el Juez o Tribunal sentenciador acordase la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.
C) Además, hay que señalar que desde aquella reforma el Código
Penal viene estableciendo como agravante:
El que la conducta se perpetre en presencia de menores, utilizando armas, tenga lugar en el domicilio común o en el d omicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal (privación del derecho a residi en determinados lugares o acudir a ellos; en la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, o a aquellos familiares o personas que determine el Juez), o quebrantando una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
4. Frente a ese tratamiento unitario dado por la legislación, la realidad social de que en el año 2004 el 90,2 % de las víctimas de violencia doméstica fuesen mujeres, y que de las 84 que ese año murieron víctimas de este delito, 69 lo fuesen a manos de sus parejas o ex parejas, hizo reparar al legislador en la existencia de un problema específico que era y es el de “la violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”, violencia que vino a llamarse “de género”, y fenómeno criminal éste que se estimó necesitado de un tratamiento separado al de otras formas de violencia doméstica, siéndole procurado por la “Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte gral contra la Violencia de Género”.
Esa violencia que, si concurren esos requisitos, será constitutiva de delito de violencia de género, comprende, a su vez (artículo 1.3 de la Ley) a “todo acto de violencia física y psicológica incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Coordinando este artículo con el 87 “ter” de la Ley Orgánica de l Poder Judicial (al que también ha dado una nueva redacción la LOPIVG), podemos ver más detalladamente que los delitos que integran la violencia de género son, cuando se cometan entre sujeto activo y pasivo señalado por la ley, los recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:
8. cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación.
Tanto la violencia de género como el resto de la violencia doméstica presentan en el Código Penal dos modalidades de comisión: laviolencia habitual y la no habitual.
Supone el ejercicio de violencia física o psíquica sobre alguna de las personas que determinarán que, según lo ya expuesto, estemos ante violencia de género, o sólo doméstica, si bien tal violencia hade concurrir de forma que por el número de actos de violencia que el agresor llev e a cabo, así como la proximidad temporal de los mismos, pueda apreciarse en el sujeto activo, como afirman la doctrina y la jurisprudencia, una actitud tendente a convertir el ámbito familiar en un microcosmos regido por el mie do y la dominación, y siempre con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de entre las del artº 173.2, y de que los actos violentos hayan sido o no Juzgados en procesos anteriores. En este caso se incluyen pues todo tipo de actos de violencia física y psíquica no precisando un resultado lesivo concreto, bastando el ejercicio habitual de la violencia.
Exige que una persona cometa contra otra que se encuentre dentro del ámbito personal respectivamente exigido para la violencia de género o para la doméstica, cualesquiera actos de violencia física o psíquica, pero de forma que no pueda apreciarse el anterior requisito de habitualidad. En estos casos unicamente se castigarán los delitos y faltas comet idos, sin que venga en aplicación la penalidad añadida del artículo 173.2del Código Penal.
La organización de los centros a través de los que se presta esta asistencia corresponde a las CCAA y a las Corporaciones Locales (artículo 19.1), si bien, en cuanto a su financiación, el apartado “6” establece que en los instrumentos de cooperación entre la Administración General delEstado y la Administración autonómica en esta materia se incluirán compromisos de aportación de recursos financieros por la Administración General del Estado.
En efecto, la LO establece medidas de protección en el ámbito social mediante la oportuna reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato.
Asimismo, para garantizar a las víctimas que carezcan de recursos económicos, unas ayudas sociales en los casos en los que por su edad, falta de preparación y circunstancias sociales no va a mejorar su empleabilidad.
Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como objetivo facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor, y son compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. No obstante, la adopción de medidas tendentes a dotar de efectividad a estos derechos es competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen reconocida la asistencia letrada inmediata e integral, no sólo en todos los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos (incluidos por tanto las diligencias policiales) que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, hasta la total ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Ello significa que el incidente de justicia gratuita no obstaculizará nunca al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, la cual ha de prestarse a la víctima con independencia de que la solicitud de gratuidad no haya sido promovida, aunque, eso sí, en el bien entendido de que esa gratuidad sólo se dará en el caso en el que, “a posteriori” y en el curso ya del procedimiento judicial, la interesada acredite que efectivamente concurren los presupuestos que para el reconocimiento del derecho a la misma exige la normativa general que es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, modificada aquella en tal sentido por la Disposición Final Sexta de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Derecho a la movilidad geográfica de funcionarias.
La funcionarias víctimas de violencia de género son titulares de los mismos derechos reconocidos por tal causa al personal laboral. Aunque en el caso de la víctima funcionaria, la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de esos derechos sea competencia del Ministerio de Administraciones Públicas, la concreta previsión legal de apoyo a la movilidad geográfica de las funcionarias que hayan sido víctimas de violencia de género (y que ha venido a establecerse en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a partir de su modificación por la LO), ha sido concretada, para el Ministerio de Justicia, a través del Real Decreto 1451/2005, de 7 diciembre, que aprobó el
“Reglamento de ingreso y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal al servicio de la Administración de Justicia”. Como tal concreción, el artículo 63 contempla el traslado por causa de violencia sobre la mujer funcionaria, teniendo la víctima derecho preferente para ocupar otro puesto vacante de su Cuerpo, con duración inicial de 6 meses (en comisión de servicio) y opción posterior al puesto de origen o, con carácter definitivo, el que tenía en comisión.
En esta Disposición la LO prevé que el Estado garantizará el pago de la pensión de alimentos judicialmente aprobada a hijos menores, mediante una legislación específica que concretará el sistema de cobertura “y que en todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias de las ví ctimas de violencia de género”.
Delegación Especial del Gobierno .-
Es un órgano dependiente de la Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creado por la LO, y cuyo principal objetivo es formular las políticas públicas en rela ción con la violencia de género y que comprenden todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de esta violencia.
Prevista su creación en la LO, por R. D. 253/2006, de 3 de marzo, se han establecido las funciones, régimen de funcionamiento y composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, modificándose por la misma disposición el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabaj o y Asuntos Sociales, en el que se integra el Observatorio.
La organización de esta clase de tutela frente a la violencia de género es competencia del Ministerio del Interior, de las Consejerías de Interior de las
CCAA que dispongan de policía propia, y de las Corporaciones Municipales en cuanto ataña a la intervención de las policías locales en dicho cometido. A pesar de ello, estamos en un ámbito tuitivo estrech amente vinculado a la Administración de Justicia desde el momento en el que el apartado 3 de ese artículo 32 de la LO establece que “la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género”.
..-“Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género” (Aprobado el 10 de junio de 2.004).
.-“Protocolo de Tratamiento y Actuación Forense Integral para la violencia de género y doméstica”, materializado en la “Guía y Manual de
Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica”.
.-“Protocolo de Colaboración para la impulsión del servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género” (con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Fiscalía General del Estado), que pretende la difusión a las víctimas, a través de los fiscales competentes en la materia, de material informativo sobre este servicio.
.-“Protocolo General para la implantación de la Orden de Protección”, creando el Modelo de solicitud de Orden de Protección.
.-“Protocolo de Coordinación entre los órdenes jurisdiccionales penal y civil para la protección de las víctimas de violencia doméstica”.
La creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
órganos judiciales especializados dentro del orden penal, los
conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las actuaciones penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellos procedimientos civiles relacionados, de forma que unas y otros en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede.
La introducción de un nuevo régimen de medidas cautelares y de protección de la víctima que se concreta en la regulación de la orden de protección, en la posibilidad de que tales medidas rijan hasta la finalización del proceso, y de que pueda ser utilizada cualquiera de esas medidas cautelares como medida de seguridad desde el principio o durante la ejecución del fallo, incrementando así el catálogo de dichas medidas que se contiene e n el artículo 105 del Código
Penal, y posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la finalización del proceso.
La creción del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y de una sección de la misma en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, a las que se adscribirán F iscales especializados en la materia.
Orden de protección a las víctimas de violencia dom éstica y/o de género
La orden de protección es una resolución judicial que, al constatar la existencia de una situación objetiva de riesgo para una víctima de violencia doméstica y/o de género, ordena su protección durante la tramitación de un proceso penal
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Observatorio Estatal de Violencia sobre
Qué es lo primero que debe hacer una víctima
A) Acudir a los servicios sanitarios
En caso de agresiones físicas, se deberá acudir al establecimiento sanitario más cercano. Los Hospitales y Centros de Salud, cua ndo atienden a la víctima, darán traslado del parte médico al Juzgado de Guard ia. El parte médico incluirá todas las lesiones padecidas por la víctima así como mención expresa de la existencia de daños de tipo psicológico, si los hubiere. A la víctima se le entregará una copia del parte facultativo del Hospi tal o Centro de Salud donde hubiere sido atendida.
B) Solicitar asistencia policial
La víctima podrá, antes o después de la asistencia médica, solicitar la correspondiente ayuda o auxilio policial, en el caso que fuera necesario. Para ello, deberá ponerse en contacto con el 062 (Guardi a Civil) o con el 091
(Policía Nacional) facilitando el nombre y la dirección donde se encuentra y solicitar ayuda.
Existen servicios policiales específicos donde podrá acudir la víctima:
Servicio de Atención a la Mujer (SAM), que son unidades especiales existentes en todas las Comisarías Provinciales de la Dirección General de la Policía (www.policia.es)
Equipo de Mujeres y Menores (EMUMES) dependiente de la Guardia Civil
Servicio de Atención a las Víctimas de la Violencia Doméstica (SAVD) dependiente de la Policía Municipal
C) Oficinas de Atención y/o Asistencia a la Víctima :
Las Oficinas de Atención y/o Asistencia a la Víctima son centros de carácter asistencial.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia realizan las siguientes actuaciones en relación a las víctimas:
Informar a las víctimas, directas y/o indirectas, sobre sus derechos y evitar la desprotección tras el delito.
Informar a las víctimas sobre las denuncias penales, lugar donde deben interponerlas, orientar sobre su contenido y forma, así como sobre su tramitación en el Juzgado.
Asistir a las víctimas de delitos conforme a un modelo de asistencia individual mediante las siguientes actuaciones: la acogida-orientación, la información, la intervención y el seguimiento.
Velar porque las víctimas y sus familiares reciban todas las ayudas y, en particular, impulsar las actuaciones encaminadas a su protección.
Colaborar en la cumplimentación de los formularios para solicitar ayudas públicas en beneficio de las víctimas, direc tas y/o indirectas, de los delitos violentos y contra la libertad sexual.
Acompañar a las víctimas que lo soliciten a las diligencias judiciales.
Potenciar la coordinación entre las Instituciones mplicadas (Judicatura, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Asociaciones Públicas o Privadas, ON G, etc.).
La coordinación con los Colegios de Abogados de la ciudad en donde están ubicadas las Oficinas para dar a las víctimas de violencia doméstica asistencia jurídica y recibir la información jurídica específica del caso.
Seguimiento de los protocolos de actuación realizados para cada tipo de víctima.
Participar en los métodos de resolución pacífica deconflictos.
Emitir cuantos informes y pericias le sean encomendados. Realizar estadillos mensuales, memorias anuales e informes.
Realizar y mantener actualizado un inventario de instituciones públicas y privadas que puedan ayudar a las víctimas, con expresión de los servicios que presten.
Colaborar, cuando se solicite, en la formación, reciclaje y actualización de los distintos profesionales que asisten a las víctimas de delitos.
Renta activa de inserción para las víctimas de viol encia doméstica:
Se trata de una ayuda específica conocida como “renta activa de inserción”, que forma parte del Programa de ayudas para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo.
A este Programa tendrán acceso las víctimas siempre que el solicitante cumpla con una serie de requisitos.
La Renta Activa de Inserción se puso en marcha por vez primera en el año 2000, siguiendo las directrices de la Unión Europea, que destacaban la idea de que una política eficaz de empleo debía combinar los ingresos económicos con unas medidas adecuadas de inserciónlaboral.
Durante los dos primeros años de vigencia los programas fueron dirigidos a desempleados de larga duración, mayores de 45 años y sin recursos, que adquirían el compromiso de realizar actuaciones que favorecieran su inserción laboral. A partir de 2002 se amplió a loscolectivos de emigrantes retornados, discapacitados y víctimas de la violencia doméstica.
El Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, que reguló el programa para 2003 mejoró la protección de las víctimas de la violencia doméstica con orden de protección, al permitir que pudieran cobrar la renta activa de inserción desde el primer día a partir de su solicitud sin esperar, como el resto de los colectivos, un periodo de tres meses.
Esta renta activa de Inserción se encuentra actualmente regulada por el R.
D 1369/2006, de 24 de noviembre, cuya modificación más importante en relación con los programas anteriores, es que no sean de una duración anual, sino que se ordena con carácter permanente e stableciéndose una garantía de continuidad en su aplicación como un derecho más y con la misma financiación que el resto de las prestaciones y subsidios por desempleo.
Requisitos que debe reunir el solicitante de la renta activa de inserción
Ser demandante de empleo inscrito en la oficina de empleo
No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo. Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Para ser beneficiarios del Programa, los trabajadores deberán suscribir un Compromiso de Actividad, que supone aceptar el llevar a cabo las distintas actuaciones favorecedoras de su inserción laboral que, con posterioridad, se acuerden con los Servicios Públicos de Empleo.
Asimismo, podrán ser beneficiarios:
el trabajador que acredite la condición de víctima de violencia doméstica y/o de género quien acredite minusvalía en grado igual o superior al 33 %, y el trabajador emigrante,
En todo caso, con los requisitos exigidos en cada caso por el Real Decreto.
La renta será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.
En el supuesto de las víctimas de genero o domestica que cumplan los requisitos para poder recibir la renta activa de inserción y que se vean obligadas a cambiar de residencia y así lo acrediten (dentro de los 12 meses anteriores a solicitar la admisión al Programa o durante la permanencia en el mismo), podrán recibir en un pago único una ayuda de tres meses de renta activa de inserción
Tramitación para poder obtener la renta activa de inserción:
La solicitud de incorporación al Programa, se realizará en el modelo oficial establecido por el INEM (podrá descargársel o en la dirección http://www.inem.es/inem/ciudadano/prestaciones…solicitudes), que deberá presentarse en la Oficina de Empleo que corr esponda al trabajador junto con la documentación acreditativa de reunir los requisitos establecidos anteriormente. En dicho impreso se formalizará, además, la suscrip ción del Compromiso de Actividad.
El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM ), o el Instituto Social de la Marina en el caso de los trabajadores acogidos al régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores del Mar, comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos, solicitará el informe de los servicios públicos de empleo sobre el requisito de inscripción como demandante de empleo y, reconocerá o denegará la ad misión al Programa. Esta decisión se comunicará a los servicios públicos de empleo competentes.
La renta activa de inserción se mantendrá mientras la víctima continúa en el programa de ayudas para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo, con una duración máxima de 11 meses.
Devengo y pago de la renta.
El devengo de la cuantía de la renta activa de inserción se iniciará a partir del día siguiente de la fecha de solicitud de admisión al Programa. El abono de la Renta Activa de Inserción se realizará por mensualidades de 30 días, dentro del mes inmediato siguiente al que corresponda al devengo.
Rentas incompatibles con la renta activa de inserción Obtención de rentas, de cualquier naturaleza, por cuantía superior al 75% del S.M.I. Se excluyen de estas rentas las que provengan de los trabajos realizados por el beneficiario a tiempo parcial, así como el importe de las becas o ayudas para la formación.
Con las prestaciones o subsidios por desempleo.
Obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo.
Con la realización simultánea de trabajo por cuenta propia o ajena a tiempo completo.
Rentas compatibles con la renta activa de inserción.
Becas y ayudas de cualquier naturaleza, que se pudieran obtener por la
asistencia a acciones de formación profesional vinculadas al Plan.
Trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.
Dónde puedo obtener más información para solicitar la renta activa de inserción:
C/ Condesa de Venadito, 9, 28027-Madrid
Tfno: 91.585.98.25/26/32
Fax: 91.408.00.17
Cómo se puede iniciar un procedimiento por violenci a doméstica y/o de género
El delito de malos tratos es público por lo que se persigue de oficio sin necesidad de que la víctima formule la denuncia, aunque dado el ámbito tan restringido en el que suele producirse este tipo de delitos, es necesaria su cooperación, así como la de las personas que conviven en la unidad familiar o de los vecinos y de cualesquiera personas que hayan presenciado los malos tratos.
Dentro del ámbito de la violencia de género la resp onsabilidad penal del agresor no se extingue con el perdón de la víctima, al estar expresamente excluida la mediación por la LO 1/2004.
Las distintas formas de iniciar el procedimiento ante un delito de violencia podrán ser:
Por denuncia de la víctima ante la Policía (municipal, nacional o autónoma), la Guardia Civil, o ante el Juzgado correspondiente. La denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento del Juez, Ministerio Fiscal o la Policía, unos hechos que considera que pueden constituir un delito.
Cómo se presenta la denuncia
Si la denuncia es presencial, puede realizarse por escrito o de palabra ante el funcionario correspondiente, personalmente o por medio de representante con poder especial.
No es necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador.
Si la denuncia se realiza verbalmente, se extenderá un acta en forma de declaración que será firmada por el declarante y por el funcionario o autoridad que tome la declaración. En este acta debe hacerse constar la identidad del denunciante. Se entregará copia de la denuncia a la víctima o a su representante, y una vez formalizada ésta se procederá a comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
Por atestado: Es un instrumento oficial mediante el que los funcionarios de Policía Judicial hacen constar las diligencias que se practican para averiguar y comprobar un hecho delictivo, especificando en el mismo los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y todas las circunstancias que hubiesen observado y que pudiesen constituir indicio de delito. El atestado se levantará bien di rectamente por la Policía al tener conocimiento directo de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito, o por denuncia de un particular.
De oficio: Al tener el delito de lesiones el carácter de públ ico, puede ser perseguido de oficio por las autoridades, aunque la víctima no desee formular denuncia. En consecuencia, la Policía podrá iniciar las correspondientes acciones legales contra el agresor pese a que el lesionado no tenga intención de denunciarlo.
Por el parte médico de lesiones del establecimiento sanitario donde se haya acudido tras la agresión, del que se dará traslado al Juzgado de Guardia.
Procedimiento: Actuaciones en el Juzgado de Guardia
Recepción de denuncias por malos tratos.
Una vez que el Juzgado de Guardia tiene conocimiento del delito por cualquiera de los procedimientos del apartado anterior, se procederá a la incoación del procedimiento correspondiente, de la que se dará traslado al Ministerio Fiscal, a fin de que pueda asistir a la víctima desde el primer instante y estar presente en las diligencias posteriores.
Debe recabarse con carácter urgente los antecedente s que con relación al denunciante y denunciado figuren en el Registro informático de víctimas de violencia.
A la víctima, se le facilitará la asistencia legal que necesite desde el momento de la denuncia, utilizando, en su caso, los recursos y mecanismos previstos para la asistencia jurídica gratuita.
Reconocimiento médico forense, tanto físico como psicológico, de las personas implicadas y declaración de la víctima y del denunciado, así como de los testigos.
En la declaración de la víctima ante el Juez, debe ponerse especial atención a la recogida de datos relativos a agresiones precedentes, circunstancias en que se produjo la agresión que motiva la denuncia, consecuencias físicas y psicológicas de la agresión para la persona y bienes de la víctima o para otros miembros del grupo familiar, identificación de los testigos de aquélla, así como la opinión de la víctima sobre las medidas de protección que considera necesarias.
Deberá llevarse a cabo una declaración completa del denunciado en calidad de imputado, pidiéndole que de testimonio acerca de la realidad de la agresión denunciada, su versión de los hechos, los motivos de aquélla, los antecedentes de violencia en el seno familiar y las circunstancias personales de aquél – drogadicción, paro, alcoholismo, etc.- que pudieran ser relevantes para el caso.
Recogida de pruebas por la Policía
Se ordenará a las fuerzas policiales disponibles la inmediata y completa recogida de pruebas de la agresión y su examen físico. Se guardarán y protegerán debidamente aquellas pruebas del delito que pudieran desaparecer.
Se recogerá y pondrá en custodia todo aquello que d eba comprobarse o que permita identificar al agresor.
Las pruebas y demás documentación que se hubiera recogido se entregarán al Juzgado de Guardia.
Adopción de medidas cautelares:
Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el Juez de Guardia resolverá lo procedente respecto de la adopción o no de la medidas cautelares que fueran precisas en el caso concreto, atendiendo a las siguientes circunstancias:
la peligrosidad del agresor, la gravedad del hecho denunciado, y la necesidad de protección de la víctima y demás integrantes del núcleo familiar.
Las medidas cautelares adoptadas -prisión preventiva, aprehensión de armas, comparecencia del denunciado con periodicidad acorde a las circunstancias, medidas de protección física de la víctima con protección policial, prohibiciones, etc.- se comunicarán personalmente por el Juez a la víctima y al denunciado, así como a los Cuerpos de Policía y Guardia Civil que proceda para la adopción de medidas de protección o, en el caso de tratarse de medidas
acordadas en el marco de una orden de protección, a los puntos de coordinación designados por la Comunidad Autónoma correspondiente, que constituirán el canal único de comunicación de esta s resoluciones los centros y organismos competentes en materia de protección social.
Remisión de lo actuado por el Juzgado de Guardia
Una vez concluidas las primeras diligencias practicadas por el Juzgado de Guardia, éste enviará con carácter urgente todo lo actuado al Juzgado especializado.
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References: artículo 153
 artículo 153
 artículo 173
 artículo 48
 artículo 173
 Real Decreto 
 artículo 63
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 384