Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/tlc3.html
Timestamp: 2018-01-17 07:31:29+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Comunicado de la Corte Constitucional sobre el TLC con la UE.
Comunicado de la Corte Constitucional sobre el TLC con la UE
EXPEDIENTE D-9869 - SENTENCIA C-280/14 (Mayo 8)
Por el cual se da aplicación provisional al "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012"
Que en uso de las facultades establecidas en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución Política, el Gobierno Nacional suscribió el "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012;
Que en el texto del preámbulo y en el artículo 5° del "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", las Partes afirman y convienen en desarrollar los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo de Marrakech por el que se funda la Organización Mundial del Comercio;
Que el Honorable Congreso de la República aprobó el Proyecto de ley número 133 de 2012 Senado, número 238 de 2012 Cámara, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012;
Que mediante nota verbal del 27 de febrero de 2013, el Consejo de la Unión Europea notificó a Colombia del cumplimiento de la Unión Europea de los requisitos exigidos para la aplicación provisional del "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012, con excepción de los artículos 2°, 202 párrafo primero, 291 y 292 del mismo;
Que por todo lo expuesto, dará aplicación provisional a los compromisos adquiridos en el citado "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012, con excepción de los artículos 2°, 202 párrafo primero, 291 y 292;
Artículo 1°. Aplíquese provisionalmente el "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012, salvo lo dispuesto en los artículos 2°, 202 párrafo primero, 291 y 292.
Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD del Decreto 1513 de 2013 "por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012".
En primer término, la Corte debía determinar si en virtud de la facultad residual del Consejo de Estado de ejercer el control respecto de los decretos expedidos por el gobierno nacional, cuyo conocimiento no esté expresamente asignado a esta Corporación, la Corte carece de la competencia para asumir el conocimiento de la demanda instaurada contra el Decreto 1513 de 2013, o si, pese a que lo decretos que ordenan la aplicación provisional de un tratado internacional no se encuentran dentro del listado de actos normativo cuyo control está asignado a este tribunal en el artículo 241 de la CartaPpolítica, es asimilable a algunas de las categorías normativas allí previstas. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la Corte Constitucional es competente para determinar la exequibilidad de los actos normativos comprendidos dentro de las categorías previstas en el artículo 241 de la Carta Política y de aquellos otros actos que les sean asimilables en virtud de su contenido, efectos y función dentro del sistema de fuentes del derecho.
Los magistrados María Victoria Calle Correa y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo se apartaron de la decisión anterior.
La magistrada Calle Correa salvó parcialmente su voto. Consideró que los fallos de inexequibilidad diferida deben ser excepcionales, en tanto suponen prolongar la ejecutabilidad de normas ya juzgadas por esta Corte como contrarias a la Constitución. Los casos en los cuales es admisible diferir los efectos de una decisión de inexequibilidad, deben ser entonces determinados con enfoque restrictivo, y serían admisibles sólo cuando se demuestre que los efectos de la inexequibilidad inmediata generarían afectaciones más graves a la Constitución, que los producidos por la permanencia definida de la norma declarada inexequible en el ordenamiento colombiano. Esa circunstancia excepcional no se acreditó en este caso, donde se examinaba un decreto, que versaba sobre un asunto comercial, y cuya inexequibilidad inmediata tenía implicaciones preminentemente particulares. Es posible, según la magistrada, que la Sala se hubiera decantado por diferir los efectos del fallo, debido al carácter internacional de la materia regulada por el decreto. Sin embargo, considera que esta razón, llevada a los demás casos de decretos que inconstitucionalmente apliquen de forma provisional tratados internacionales, tendría la inaceptable consecuencia de convalidar la elusión de los procedimientos constitucionales de incorporación de los acuerdos internacionales.
Por su parte, el magistrado Mendoza Martelo explicó que su discrepancia con la decisión de mayoría obedeció a que no comparte las consideraciones esbozadas para llegar a concluir que esta Corte es competente para conocer de demandas de inconstitucionalidad contra actos administrativos como los decretos, dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las competencias que expresamente le confiere el artículo 224 constitucional que lo habilitan para dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Sin duda alguna, el respectivo acto lo emite el Presidente en el ámbito de las funciones administrativas que le vienen asignadas, encaminadas, en este caso, a darle aplicación a una norma constitucional que claramente lo faculta a disponer la vigencia provisional de tratados de la indicada naturaleza. Esa clase de actos administrativos no están enlistados en el artículo 241 constitucional en el que se relacionan, taxativamente, los asuntos de que conoce esta Corporación como órgano encargado principalmente de preservar la vigencia de la Constitución sobre cualquier otra regla de derecho. Por el contrario, todo lleva a concluir que el control constitucional al que debe estar sometido el acto en cuestión debe ejercerlo el Consejo de Estado como máxima instancia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según las reglas de competencias previstas en el artículo 237 superior, cuyo numeral 2° establece que son atribuciones del Consejo de Estado: "Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional".
[Fuente: Corte Constitucional, Comunicado 17, Bogotá, 08may14]

References: artículo 189
 artículo 5

Artículo 1
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 224
 artículo 241
 artículo 237