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Timestamp: 2018-02-20 13:52:27+00:00

Document:
Sentencia Civil Nº 391/2011, AP - Madrid, Sec. 19, Rec 810/2010, 30-09-2011 | Iberley
Sentencia Civil Nº 391/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19, Rec 810/2010 de 30 de Septiembre de 2011
Sentencia Civil Nº 107/2012, AP - Madrid, Sec. 19, Rec 867/2011, 24-02-2012
Órden: Civil Fecha: 24/02/2012 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Diaz Mendez, Nicolas Pedro Manuel Num. Sentencia: 107/2012 Num. Recurso: 867/2011
Sentencia Civil Nº 243/2013, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 128/2013, 30-12-2013
Órden: Civil Fecha: 30/12/2013 Tribunal: Ap - Navarra Ponente: Gonzalez Gonzalez, Ricardo Javier Num. Sentencia: 243/2013 Num. Recurso: 128/2013
Sentencia Civil Nº 238/2012, AP - Madrid, Sec. 21, Rec 114/2010, 16-05-2012
Órden: Civil Fecha: 16/05/2012 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Ripoll Olazabal, Guillermo Num. Sentencia: 238/2012 Num. Recurso: 114/2010
Sentencia Civil Nº 205/2013, AP - Madrid, Sec. 10, Rec 779/2012, 16-04-2013
Órden: Civil Fecha: 16/04/2013 Tribunal: Ap - Madrid Num. Sentencia: 205/2013 Num. Recurso: 779/2012
Sentencia Civil Nº 72/2006, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 718/2004, 03-02-2006
Órden: Civil Fecha: 03/02/2006 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Agullo Berenguer, Rosa Maria Num. Sentencia: 72/2006 Num. Recurso: 718/2004
Resolución No Vinculante de DGT, 2279-99, 02-12-1999
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 02/12/1999
Núm. Resolución: 2279-99
Ponente: Diaz Mendez, Nicolas Pedro Manuel
Núm. Sentencia: 391/2011
Núm. Recurso: 810/2010
Núm. Cendoj: 28079370192011100387
SENTENCIA: 00391/2011
N.I.G. 28000 1 7013211 /2010
RECURSO DE APELACION 810 /2010
Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 726 /2008
JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de COLLADO VILLALBA
Apelante/s: GEINCOSER, S.L.
Procurador/es: SARA CARRASCO MACHADO
Apelado/s: ENDESA INGENIERIA, S.L.
Procurador/es: JOSE LUIS FERRER RECUERO
SENTENCIA NÚM.391
Ponente: Ilmo. Sr. D. NICOLÁS DÍAZ MÉNDEZ
En Madrid a treinta de Septiembre del año dos mil once.
La Sección Décimo-Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Srs. Magistrados al margen reseñados, ha visto, en grado de apelación, los autos de juicio ordinario sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Collado Villalba bajo el núm. 726/2008 y en esta alzada con el núm. 810/2010 de rollo, en el que han sido partes, como apelante, la entidad Geincoser, S.L., representada en esta alzada por la Procuradora Doña Sara Carrasco Machado y dirigida por el Letrado Don Rafael Carrasco Gómez, y, como apelada e impugnante, la entidad Endesa Ingeniería S.L.U., representada en esta alzada por el Procurador Don José Luis Ferrer Recuero y dirigida por la Letrada Doña Macarena de Rosario Pérez Miyares.
PRIMERO: En los autos más arriba indicados, con fecha 30 de Noviembre de 2009, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada a instancia de la mercantil Endesa Ingeniería S.L.U., representada por el Procurador Esteban Muñiz Nieto, contra la entidad Geincoser S.L., representada por la Procuradora Paloma Redondo Robles, y en consecuencia debo condenar y condeno a la entidad Geincoser, a abonar a la actora la cantidad de 534.600 euros, con los intereses legales y procesales que correspondan, sin hacer pronunciamiento en materia de costas.
Que debo desestimar y desestimo la demanda reconvencional formulada por la Procuradora Paloma Redondo Robles, en nombre y representación de la entidad Geincoser S.L. contra la entidad Endesa Ingeniería S.L.U., representada por el Procurador Esteban Muñoz Nieto, absolviendo a esta última de los pedimentos solicitados de contrario, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas."
SEGUNDO: Contra dicha sentencia por la representación procesal de la entidad Geincoser, S.L. se preparó recurso de apelación, y tenido por preparado, se interpone y fundamenta haciendo alegaciones en justificación de que la demandante, Endesa Ingeniería, resolvió unilateral e injustamente el contrato que le unía a la ahora apelante, prevaliéndose para ello de su situación de poder de mercado, modificando a su antojo las condiciones pactadas, e imposibilitando, correlativa y sucesivamente el cumplimiento por parte de la que ahora recurre; siendo que aquella para sustentar su decisión extintiva unilateral adujo razones no veraces, futuribles y no acaecidas, sin la gravedad, en todo caso, necesaria para ser causa de resolución y sin que existiera por parte de la apelante postura rebelde, incumplidora u obstativa de clase alguna, la que para dar cumplida cuenta a las obligaciones suscritas, además de soportar los propios costes empresariales para el buen de lo pactado, asumió costes directos por contratación con otras empresas (jurídicos, técnicos, industriales, técnicos consultores, etc.) y que al haberse resuelto de contrario el contrato, le han producido graves daños económico objetivos y contabilizados parcialmente; para señalar, después de indicar el hito precontractual, como estudió, documentó y presentó a la demandante, Endesa Ingeniería, en fecha 12 de Marzo de 2008 su oferta de suministro de materiales por valor de 35,640.000,00 euros, bajo determinadas circunstancias de documentación, calidades, precio y tiempo de entrega, habiendo necesitado de asistencia técnica externa, básicamente consistente en servicios jurídico mercantiles, de mercadotécnica, transportes y financieros y de apoyo técnico específico en materia fotovoltaica de empresas de ingeniería del Sector, ello con independencia de los gastos propios de horas aplicadas de su personal, desplazamientos, dietas, etc.; se indica que la demandante aceptó los términos contractuales contenidos en aquella oferta y, en consecuencia, como parte de tal aceptación y compromiso de cumplimiento, le transfirió la cantidad del equivalente sólo al 1,5% del valor total del pedido, esto es, 534.600 €, sin cumplir con ninguno de los demás requisitos (la realización del pago por el 100 por 100 del precio mediante carta de crédito transferible, aval bancario o contado, documentos de afianzamiento financiero y viabilidad del proyecto, etc.), según venía pactado, procediendo repetidamente a modificar su criterio sobre el pedio realizado a pesar de las múltiples reuniones mantenidas con su personal y de las sucesivas soluciones y/o alternativas que fueron planteadas por la ahora apelada; la demandante en el momento que unilateralmente le convino, no sin antes y durante la vigencia del contrato haberse venido proveyendo por otros suministradores de iguales o parecidos materiales que los pedidos a la demandada, mediante burofax de el día 2 de Abril de 2008, recibido al día siguiente, resolvió el pacto existente, solicitando la devolución íntegra de la cantidad en su día entregada; la ahora apelante, pese a su más evidente disconformidad con la resolución, se opone a la devolución del íntegro recibido por falta de culpabilidad en la resolución y por los gastos soportados en razón de dicho contrato y por la pérdida de beneficio y de imagen en el mercado.
En concreto se alegan como motivos, infracción de normas sustantivas reguladoras de la obligaciones y sus efectos, art. 1.124 del Código Civil y demás preceptos de aplicación, con quebrantamiento de la doctrina jurisprudencial, por existencia de incumplimiento contractual de contrario, mintiendo y ocultando los reales objetivos y destino de los materiales solicitados, actuando con mala fe al proveerse con anterioridad y coetáneamente de los mismos materiales y para el mismo destino, impidiendo que la demandada pudiera comprar a los fabricantes en China ante la falta de provisión real de efectivo y ante la falta de la documentación bancaria de viabilidad del proyecto que la demandante tenía que entregar coetáneamente, cabiendo actuada esta última desde el principio de forma torciera; no siendo las razones de la resolución, la existencia de retrasos, que no existieron, ni supuestas diferencia s en la calidad entre módulos financiables policristalinos y mono cristalinos; haciendo referencia a como la demandante inauguró en tiempo el planta a la que iban destinados aquellos materiales objeto de contrato; hacen examen de la resultancia probatoria en justificación de las precedentes alegaciones, así como de la inexistencia de voluntad incumplidora por su parte y de los incumplimientos de la demandante y de los gastos que el incumplimiento de contrario le generó; para terminar suplicando que con estimación del recurso se revoque la sentencia, con desestimación íntegra de la demanda, con estimación íntegra de la demanda reconvencional y, subsidiariamente, se acuerde la estimación parcial de la reconvención, con imposición de costas a la demandante en ambas instancias.
TERCERO: Por interpuesto que fue el mencionado recurso se acordó dar traslado del mismo a la parte en la instancia demandante, la que presentó escrito de oposición para en base a las alegaciones que formula, suplicar su desestimación, al tiempo que formula impugnación, que contrae al tipo de interés acogido en sentencia y en cuanto al pronunciamiento relativo a costas, para estimar, y así suplicar se acoja como interés procedente el previsto en la Ley de Prevención de la Morosidad, y la procedencia de imposición de costas de lagrimea instancia a la en ella demandada.
CUARTO: Remitidos los autos a este Audiencia, con fecha registro de entrada del día 22 de Diciembre de 2010, fueron repartidos para conocimiento del recurso a esta Sección, en la que se formó el oportuno rollo, se designó Ponente conforme al turno previamente establecido, y observándose que de la impugnación no se había dado traslado a la apelante principal, se devuelven los autos al Juzgado a fin de que cumplimente dicho trámite, y cumplimentado, por la apelante principal se presente escrito para manifestar oposición a tal impugnación, en base a las alegaciones que realiza, remitiéndose, después de diversos recordatorios, nuevamente los autos a esta Audiencia, con fecha 16 de Junio de 2011 , remitidos a esta Sección, en la que con fecha 21 de Junio del mismo año , no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se señaló para deliberación y votación, la que tuvo lugar el pasado día veintiséis.
PRIMERO: Adentrarnos en el conocimiento de los recursos que vienen formulados vía principal y vía impugnación, respectivamente, conviene comenzar precisando como en la demanda iniciadora del procedimiento por la representación procesal de la entidad Endesa Ingeniería, S.L.U., se postula, frente a la entidad Geincoser, S.L. sentencia por la que se condene a ésta al pago de la cantidad de 534.600 €, más los intereses moratorios previstos en la Ley de Prevención de la Morosidad, que sin perjuicio de ulterior liquidación fija en la cantidad de 12.402,62 €; lo que fácticamente ampara, ahora en lo esencial recogido, hace referencia a la actividad que desarrolla y como en el ámbito de esa actividad se pone en contacto con la entidad Grupo Mañas Navarro, S.L., empresa especializada en la intermediación en el suministro para plantas de producción de energía eléctrica, la que la recomienda que para el pedido de paneles solares que precisa, se ponga en contacto con la referida demandada, como empresa especializada en el suministro de paneles fotovoltaicos; puesta en contacto con esta empresa y ante la premura de actuaciones para la compra de paneles necesarios para el planta de El Coronil, por la demandada se le indica que para cumplir los plazos de entrega de los paneles que la demandante precisa tiene que formalizar un protocolo de pedido de forma inmediata, y así el 12 de Marzo de 2008 por la demandada a la responsable de compra de la demandante, que tiene que cumplir con el protocolo de solicitud de reserva, siendo el plazo de validez de la oferta hasta el viernes 14 de Marzo de 2008, con la oferta personalizada que la demandante le facilita, se formaliza y documento el pedido el 13 de Marzo, se formaliza el pedido, con descripción de los paneles y módulos, plazos de entrega y para garantizar el precio y plazos se establecen unos requisitos, entre otros, enviar la demandada carta al banco o entidad financiera confirmando la viabilidad financiera del proyecto, garantizando la financiación del suministro, envió de borrador de contrato para formalizar la instalación, señalar económicamente la reserva con una cantidad equivalente al 1,5% del valor total del pedido, esto es, 534.600 € en la cuenta corriente de la demandada, cantidad que se entenderá como parte del pago total de la operación y estará avalada por una entidad financiera; se señala como plazo de validez de la oferta, viernes 14 de Marzo de 2008, reservándose la demandada el derecho a sustituir parte de los módulos ofertados y previo acuerdo con el cliente, por módulos equivalentes o superior de la marca Shunda; formalizado el pedido, la demandante procede el 13 de Marzo de 2008 a remitir la antes referida cantidad, pedido que es aceptado por la demandada y así lo comunica a la demandante el 18 del mismo mes de Marzo, pero sin referir calendario de entrega, en el original de la aceptación del pedido, aparece que es distinto del remitido como copia con el burofax, en cuanto al calendario de entregas, produciéndose unilateralmente por la demandada ampliación de los mismos, siendo que el plazo inicial fue motivo determinante en la demandante para la contratación; iniciadas gestiones con la demandada, por ésta se plantea que no puede garantizar la disponibilidad de los módulos en plazo e incluso que los paneles pudieran ser de la marca señalada, siendo que habría de tratarse de paneles financiables, comenzando la demandada a ofrecer soluciones y ofrecer paneles distintos y no financiables, carácter o condición que se presenta imprescindible; después de diversas de múltiple conversaciones y ante la imposibilidad de la demandada conseguir los módulos contratados, la demandante se ve avocada a resolver el contrato con requerimiento de devolución de la cantidad entregada, pues ya por plazos no se puede construir la Planta a la que iban destinados para que entrara en la tarifa a que la demandante pretendía acogerse, requerimiento resolutorio que realiza mediante burofax el 1 de Abril de 2008, recibido por la demandada al día siguiente, siendo contestado en el sentido de que aun no compartiendo los términos de la resolución, dan por anulado el pedido, con indicación de que procedería a realizar una liquidación de costes previo al reintegro de la cantidad resultante, sin que la demandada haya reintegrado la antes referida cantidad de 534.600,00 €.
SEGUNDO: La demandada comparece y formula oposición a las pretensiones de la demanda, concretando el suplico de su escrito de contestación como sigue: se la tenga por opuesta a la demanda en su integridad y se dicte sentencia íntegramente desestimatoria; fundamentando su oposición en la existencia de incumplimientos contractuales de la demandante, cuales las de avalar o afianzar documental y bancariamente el precio total de la operación, tampoco con las condiciones de pago, no siguiendo la demandante el protocolo contractual previsto para la anulación del contrato, no posibilitando el cumplimiento por la demandada, colocándose la demandante en situación de ilocalizable, abuso por su posición en el mercado, produciendo a la demandada determinados daños con la referida resolución a la demandada, pasando a hacer alegaciones en cuanto a los referidos incumplimientos; para en cuanto a la resolución unilateral realizada por la demandante, señalar que la misma carece de suficiente expresión y determinación de presuntas causas y sin apuntar soluciones al problemática que la demandante decía existir, asumiendo ahora la demandada que fue engañada y aceptó la anulación del pedido realizad por la demandante, anulación, indica que deberá conllevar la correspondiente liquidación de gastos y perjuicios, daño emergente y lucro cesante, ocasionado por la decisión unilateral de resolver, reiterando que fue la demandante la que no cumplió el protocolo, pasando a hacer la demandada descripción de esos daños, para cifrarlos en la cantidad de 1.895.760,00 €, siendo de entender, aun cuando no lo expresa directamente, que la demandada pretende una compensación, así de lo que indica en el hecho duodécimo de la contestación, página 10, párrafo 5º.
TERCERO: Tenida por contestada la demanda, la demandante formula reposición por cuanto enviden que la demandada formuló excepción de compensación y que debe dársele traslado para contestar a la misma, reposición que es estimada, y se concede a la demandante un plazo de veinte días para contestar a la alegación de compensación, y así lo realiza, para suplicar se le absuelva de la reconvención planteada de contrario; desde lo hasta ahora recogido ya cabe indicar que en el concreto caso no puede estimarse la existencia de reconvención, que no hay que confundirla con la alegación de compensación, por cuanto para ésta se contempla regulación propia, art. 408 LEC , distinta de aquélla, sin que quepa identificarlas por la expresión que dicho precepto utiliza, al señalar que cuando viniere en la contestación alegada la existencia de crédito compensable, dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la contestación a la reconvención, aunque el demandado sólo pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar, términos que no dejan lugar a dudas de que retrata de cuestiones diferentes la reconvención y la alegación de compensación, lo que hace que cabría calificar a esa alegación de compensación como excepción reconvencional, pero no reconvención con los efectos propios de ésta, contemplados en el art. 406 LEC , y sólo el contemplado en el art. 408.3 de la misma Ley , de modo que no es acertada la sentencia de instancia cuando contiene pronunciamiento expreso de desestimación de la demanda reconvencional, y tampoco el suplico del escrito de interposición del recurso cuando postula la íntegra estimación de la reconvención, que no formuló en la instancia, siendo que a través del recurso de apelación no se puede alterar el contenido de la litis, pendente apellatione nihil innovertur o prohibición de la mutatio libelli a través del recurso de apelación responde el art. 456 de la LEC , al delimitar el ámbito del recurso de apelación; desde lo precedente es ahora de señalar la reiterada doctrina jurisprudencial que enseña que la facultad resolutoria de los contratos puede ejercitarse en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo en vía judicial, sino también mediante declaración no sujeta a forma y dirigida a la otra parte, a reserva de que sea los Tribunales quienes examinen y sancionen su procedencia cuando es impugnada, bien negando el incumplimiento, bien rechazando la oportunidad de extinguir el contrato, SSTS de 28-2-1989 , 14-6-1988 , 1-6-1987 , entre otras, es de señalar también que a tenor de lo que recoge el art. 1255 del Código Civil las partes pueden dejar sin eficacia un contrato celebrado previamente, esto es, constituye causa de extinción de las obligaciones, reconocida por la doctrina y la jurisprudencia aun cuando no se halle expresamente contemplada en la enumeración comprendida en el artículo 1156 del Código Civil ; a continuación procede señalar que el efecto de la resolución contractual es la extinción de las obligaciones recíprocas de forma que éstas desaparecen y dejan de producir los efectos que le son propios; tiene además eficacia retroactiva en cuanto ha de volverse al estado jurídico preexistente, como si el negocio no se hubiere concluido, esto es, produce un efecto ex tunc, que conlleva la obligación de cada parte de restituir lo que haya recibido de la otra por razón del vínculo, principio general de retroactividad y de eficacia ex tunc de la resolución contractual, que cede cuando la acción resolutoria se dirige a poner fin a un contrato de tracto sucesivo, que da lugar a relaciones duraderas entre las partes, cuando las recíprocas prestaciones de las partes han sido ya, total o parcialmente, realizadas, imponiéndose a las partes la simple obligación de liquidar la situación resultante tras la resolución, supuesto de excepción que no es el del caso de autos; igualmente es de señalar; en relación como es de tener presente la doctrina que enseña que la indemnización de daños y perjuicios no tiene un carácter autónomo sino subordinado a la resolución del contrato, o como indica la STS de de 28 de Julio de 1997 si el contrato ya está resuelto por actos de las partes, no procede pronunciarse sobre las consecuencias de la resolución, como es el abono de daños y perjuicios.
CUARTO: Descendiendo al concreto caso de autos relevante se presenta como en fecha 1 de Abril de 2008, documento acompañado a la demanda bajo el núm. 15, obrante al folio 81, la demandante comunica a la demandada la resolución del contrato, con exigencia de reintegro de la cantidad entregada, 534.600,00 €, con expresión de la causa que lleva a esa resolución; a dicha comunicación contesta la demandada, documento acompañado a la demanda bajo el núm. 16, obrante al folio 84, que procede inmediatamente a dejar sin efecto toda transacción mantenidas con terceros, liberando a los mismos de todo compromiso, para señalar que una vez tenga computados todos los posibles costes propios soportados y los de terceros relacionados e imputables a su fallido, así como pérdidas de explotación, procederá a ofrecer la correspondiente liquidación; interpretación de estos términos que hace la propia demandada al contestar a la demanda cuando indica "asumiendo ahora la demandada que fue engañada y aceptó la anulación del pedido realizada por la demandante" y en el propio escrito de interposición del recurso al señalar que pese a su más evidente disconformidad con la resolución, se opone a la devolución del íntegro recibido por falta de culpabilidad en la resolución y por los gastos soportados en razón de dicho contrato y por la pérdida de beneficio y de imagen en el mercado, de modo que vino a mostrar conformidad con la resolución manifestada por la contraparte, aunque parece aducir a la existencia de engaño, pero sin fundamentar vicio del consentimiento y, consecuentemente, anulabilidad de ese su consentimiento a la resolución, de modo tal que por resuelto se debe tener el contrato que ligaba a las partes, y esa resolución conlleva el efecto más arriba indicado, que ahora reiteramos, cual la extinción de las obligaciones recíprocas de forma que éstas desaparecen y dejan de producir los efectos que le son propios; tiene además eficacia retroactiva en cuanto ha de volverse al estado jurídico preexistente, como si el negocio no se hubiere concluido, esto es, produce un efecto ex tunc, que conlleva la obligación de cada parte de restituir lo que haya recibido de la otra por razón del vínculo, desde lo precedente que ninguna duda ofrece la procedencia del primero de los pedimentos de la demanda, en sentencia acogido implícitamente, cual la de que se tenga por resuelto el contrato suscrito entre demandante y demandada, así como también en cuanto el reintegro a la demandante de la cantidad entregada a consecuencia del mismo; siendo que la demandada esgrime la desestimación de la demanda, aduciendo daños y perjuicios derivados de aquella resolución, reiteramos que unilateral de la demandante, pero consentida por la demandada, no aduce ésta expresamente compensación con lo en demanda reclamado, pero así ciertamente cabe entenderlo, como ya hemos dejado expuesto, y también reiteramos la doctrina que indica que la indemnización de daños y perjuicios no tiene un carácter autónomo sino subordinado a la resolución del contrato, o como indica la STS de de 28 de Julio de 1997 si el contrato ya está resuelto por actos de las partes, no procede pronunciarse sobre las consecuencias de la resolución, como es el abono de daños y perjuicios, cabiendo entender que dados los términos de la contestación a la demanda, se está aduciendo la deuda que se invoca de la demandante como consecuencia de la resolución, no como consecuencia autónoma del propio contrato, en cualquier caso es de señalar que si bien la admitida compensación judicial, no exige para su apreciación la concurrencia de todos los requisitos que la normativa establece para la procedencia de la legal, art. 1.196 del Código Civil , pero sí la existencia de crédito compensable, a crear o constituir dentro del proceso, ello como realidad fáctica, y al respecto es de señalar con la STS de 29 de 2001 como la jurisprudencia ha venido declarando en numerosas Sentencias que el incumplimiento puede dar lugar "per se" a la indemnización, pero ello no significa que se haya abandonado la doctrina general de que el incumplimiento contractual no genera el desencadenamiento inexorable de los daños y perjuicios y su reparación, y que, por ende, incumbe a la parte reclamante la carga de la prueba de su existencia y cuantía. En este sentido, entre otras muchas, cabe mencionar las Sentencias de 8 de febrero y 1 de abril 1996 ; 16 marzo , 13 mayo y 20 diciembre 1997 , 16 abril y 14 noviembre 1998 , 24 mayo y 17 noviembre 1999 y 22 enero , 5 y 18 abril , 23 mayo y 10 junio de 2000 , la doctrina que mantiene la posibilidad de apreciar el efecto indemnizatorio por el simple incumplimiento, se refiere a supuestos en que el incumplimiento determina "por si mismo" un daño o perjuicio, una frustración en la economía de la parte, en su interés material o moral ( Sentencias de 18 julio 1997 , 29 y 31 diciembre 1998 y 16 marzo 1999 ), lo que ocurre cuando se deduce necesaria y fatalmente la existencia ( Sentencias de 19 octubre 1994 , 16 marzo 1995 , 11 julio 1997 , 16 marzo y 28 diciembre 1999 y 10 junio 2000 ), o es una consecuencia forzosa ( Sentencia de 25 febrero 2000 ), o natural e inevitable ( Sentencias de 22 octubre 1993 y 18 diciembre 1995 ), o se trata de daños incontrovertibles ( S. 30 septiembre 1989 ), evidentes ( S. 23 febrero 1998 ) o patentes ( S. 25 marzo 1998 ); a lo precedente es de añadir que ese incumplimiento generador del derecho indemnizatorio no debe venir provocado por la parte incumplidora que motiva la resolución que acepta; entrando en el examen de la cantidad que se dice integra el crédito de la demandada para con la demandante, no podemos sino remitirnos a las amplias consideraciones y valoraciones que realiza la sentencia recurrida en relación, con distinción de lo contraído al antes y al después de la resolución, de manera que no estima probada la existencia de algunos de los gastos, algunos sin justificación alguna, y la relación de causalidad eficiente con el contrato, de forma que tengan causa directa en el mismo más allá del propio examen de la condiciones y viabilidad del contrato, presentándose en todo caso como relevante que se da resolución imputable a la demandada y una vez más reiteramos, consentida, razones todas que reproduciendo los fundamentos de la sentencia recurrida lleva a desestimar el recurso también en este particular.
QUINTO: Procede entrar en el conocimiento del recurso vía impugnación formulado, y, que, como indicábamos, se contrae la no acogimiento de los intereses que se contemplan Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su redacción anterior a la reforma llevada a cabo por Ley 15/2010 de 5 julio 2010 , siendo ya de señalar que en la exposición de motivos de la misma y en relación a la directiva comunitaria que le precede ya se indica que tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, no siendo de entender en su ámbito los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños, los que la mencionada Ley en su art. 3 al determinar su ámbito, así lo viene a recoger; de modo que en atención al concepto por el que se reclama en la demanda que no sea de aplicación la mencionada Ley, por lo que procede desesti8mar el recurso también en este particular; debiendo correr igual suerte en cuanto se contrae al pronunciamiento relativo a costas, que la sentencia de instancia fundamenta en la existencia de serias dudas de hecho, en el concreto caso es de señalar que tampoco se íntegra estimación de la demanda, pues no se acogen los intereses en demanda postulados, no obstante es de señalar que las dudas a que se refiere la sentencia y que el art. 394.1 de la LEC contempla como excepción al principio del vencimiento en cuanto al pronunciamiento relativo a costas, se deben tratar de dudas fundadas y razonables, tanto en cuanto a la realidad de los hechos en que se fundamente la pretensión o en su caso de los efectos jurídicos de los mismo derivados, bien por la existencia de jurisprudencia contradictoria en relación o bien por disparidad doctrinal en la interpretación de la norma o normas de que se trate, a ello unido de lo que el precepto establece con el término de "serias", lo que han de entenderse en términos de objetividad, no desde la subjetividad de la parte, y en cualquier caso excluyente de aplicación de la excepción, en la mera creencia expuesta ex post; en el concreto caso y atendiendo a la fundamentación jurídica de la resolución, que sean elementos o circunstancia que permiten a acudir a las dudas que la sentencia recoge, en atención al total contenido de la controversia, de modo que no es de considerar la vertiente sancionadora, ni la proyección positiva del principio del vencimiento, que opera en base al principio de causalidad, en el sentido de que la sola circunstancia de provocar en la contraparte, vencedora en juicio, unos gastos procesales, justifica el pago de los mismos y que las costas suponen por el vencido, a ello unido el principio de la autorresponsabilidad, estos es que cada parte debe responder de las consecuencias de su propios actos, sobre todo cuando inciden patrimonialmente en otro, a menos que se la incertidumbre fundada, que cual indicábamos es de estimar en el concreto caso en atención al total contenido de la controversia, y sin dejar da valor lo ya indicada de que no se íntegra estimación de la demanda, ni temeridad en ninguna de las partes.
SEXTO: Por la desestimación de los recursos interpuestos, vía principal por la representación procesal Geincoser, S.L. y vía impugnación por la de Endesa Ingeniería Industrial, S.L.U., en atención a lo que prevé el art. 398.1 LEC con su expresa remisión al art. 394 , que proceda hacer expresa imposición a cada parte de la costas de su recurso derivadas, al estimar no curre dudas de hecho ni derechos en el asunto en los términos en que ha sido traído a esta alzada.
que desestimando los recurso de apelación interpuestos, por la representación procesal de la entidad Gaincoser, S.L., vía principal y de la entidad Endesa ingeniería, S.L.U., vía impugnación, ambos contra la sentencia dictada con fecha 30 de Noviembre de 2009 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm.2 de los de Collado Villalba bajo el núm. 726/2008 , debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con la indicación de que lo recogido en su parte dispositiva en orden a que desestima la demanda reconvencional, debe entenderse referido a la desestimación de la alegada compensación, manteniendo el resto de sus pronunciamientos y sin hacer especial pronunciamiento de las costas derivadas de los indicados respectivos recursos.

References: Resolución 
 resolución 
e contrario
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e contrario
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e contrario
 artículo 1156
 resolución 
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