Source: http://ccycn.congreso.gob.ar/versiones/buenosaires/2013-11-20.html
Timestamp: 2017-11-20 21:08:37+00:00

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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BICAMERAL PARA LA REFORMA, ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LOS
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la Nación, a las 11 y 44 del 20 de noviembre de 2013:
Sr. Presidente (Fuentes). – Buenos días. Luego del cuarto intermedio retomamos la reunión de la Comisión Bicameral para que soliciten la palabra los señores senadores y diputados.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. senador Pichetto. – Buenos días. Gracias, presidente.
Estamos frente a un proceso y a una tarea realmente importante realizada por la Comisión Bicameral a lo largo y a lo ancho de país, en los centros universitarios más importantes de la Argentina. Ha habido legisladores de distintos bloques que han trabajado arduamente y por encima de posiciones políticas han hecho un gran esfuerzo de carácter intelectual. Ayer hemos asistido a la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario de Justicia, Julián Álvarez. Hemos escuchado también reflexiones importantes de señores y señoras diputados y senadores nosotros. Nosotros hoy, por el mediodía, vamos a emitir dictamen sobre la base del predictamen elaborado y distribuido. Por supuesto que antes de hacerlo, también vamos a escuchar a los demás bloques con las propuestas y sugerencias, y abrimos un espacio de aquí al 27 en el Senado para seguir escuchando y seguir reflexionando sobre el mejor contenido del Código Civil de la República Argentina.
Quiero repetir algo que dije la primera vez que me tocó intervenir aquí. No hay precedente de un tratamiento de un código con la característica, la naturaleza y la forma en que trabajó el Congreso argentino. Para aquellos que siempre descalifican la tarea de Parlamento, yo quiero reivindicar la misma. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a muchos diputados y senadores que se van pero que han participado activamente y, a lo mejor, no tienen la suerte o la justicia de poder estar en los momentos centrales del debate en el recinto. Esperamos poder concretarlo antes del 10 de diciembre y que todos puedan participar. Creo que sería acto de justicia que esto ocurriera.
Hemos escuchado a distintos sectores, no solamente a los bloques parlamentarios sino también sectores de la Iglesia, sectores de la vida civil, organizaciones no gubernamentales y hemos incorporados algunas modificaciones que voy a pasar a leer. Son aproximadamente 180 modificaciones, voy a leer las más sustanciales, las más importantes, las que reflejan un espíritu de cambio, de actitud comprensiva y también de búsqueda de consenso y de evitar fricciones y conflictos en el seno de la sociedad.
Por otra parte, este es el primer código que se debate y que se discute. La historia de los códigos en el mundo a partir del Código de Napoleón es de código cerrado. ¿Qué significa de código cerrado? Se vota a libro cerrado. Es prácticamente improbable que una Asamblea pueda discutir artículo por artículo. Es una tarea ímproba y que seguramente nunca terminaría. Siempre ha habido una comisión redactora, de pocas personas. Vélez Sarsfield trabajó con su hija como amanuense y algunos otros ayudantes –muy pocos– cuando hizo el Código Civil argentino, una pieza maestra que prácticamente rigió hasta estos días.
Después mencioné la otra vez reforma Borda, que fue un jurista realmente de relieve. Los que hemos estudiado tanto en la UBA como en la Facultad de La Plata reconocemos en Borda un eminentes civilista. También, un hombre que sirvió, con toda su sapiencia jurídica, al servicio de algunas dictaduras; algunas blancas, otras más duras. Pero reconocemos en la reforma de Borda y en la 17.711 un avance significativo de las instituciones civiles en la Argentina.
Quería mencionar que vamos a incorporar, producto de los últimos debates y discusiones, la voluntad del legislador, se fortalece el artículo 18 de los pueblos originarios, se delega la ley especial todo lo relativo a la protección del embrión, se elimina la gestación por sustitución y la fecundación post mortem. Se elimina la función social de la propiedad. En este tema quiero hacer una reflexión. Este es un tema que desde la encíclica Rerum Novarum la Iglesia viene sosteniendo largamente. También ha sido producto de muchos mensajes de obispos; de hecho, estoy seguro de que, además, es el pensamiento del padre obispo, del papa Francisco. Hay una línea clara, doctrinaria, que ha sostenido la Iglesia desde el punto de vista del concepto social de la propiedad.
Ahora, también vemos como grupos dominantes tergiversan, distorsionan este concepto sostenido por la Iglesia y por las miradas y visiones progresistas de la propiedad. Nosotros no queremos poner de ninguna manera en riesgo –es nuestra postura– la visión constitucional del derecho a la propiedad, que está sustentada en el artículo 17, con las restricciones en orden al concepto de expropiación que establece claramente la Constitución, más las restricciones al dominio que surgen del derecho administrativo, como los derechos de servidumbre, camino de Sirga, etcétera y etcétera.
Por lo tanto, no queremos cambiar absolutamente nada sobre este tema. Seguimos pensando que hay una función social de la propiedad, pero que los mecanismos que tiene la Constitución, a través de la mecánica de expropiación, por supuesto por causa de utilidad pública, habilita decisiones que el Estado puede tomar ajustándose a la ley.
Por lo tanto, no nos vamos a comprar este debate, que es construido falsamente. Nosotros consideramos que con las normas de la Constitución y con la propia letra del Código Civil se mantiene el derecho a la propiedad como derecho inalienable, pero también existe la posibilidad del principio social cuando el Estado lo considere y cumplimente los requisitos del artículo 17, segunda parte. No sé si ha quedado clara esta postura.
– El señor diputado Pablo Tonelli realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. senador Pichetto. – ¿Me permite terminar?
Digo esto porque muchas veces los que tienen que hablar en defensa de principios que sostuvieron largamente hablan de otros temas o no hablan, o no defienden lo que sostienen. Digo porque no ha habido ninguna voz que se haya levantado para defender este principio referido al tema de la propiedad y la función social. Esperábamos que, a lo mejor, monseñor Arancedo y el episcopado hubieran hecho alguna reflexión interesante sobre este tema. Pero como no quiero abrir conflictos y como no es intención nuestra abrir falsos debates, vamos a mantener este tema de la manera que está concebido en la letra de la Constitución.
Se incorpora la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; o sea, se declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Se elimina el vínculo afectivo para adopción y se estipula un plazo de 90 días para determinar la situación de adoptabilidad del niño. Se reconfigura el contrato de arbitraje, se modifica el régimen de obligaciones tributarias, se otorga mayor responsabilidad a la Asamblea en relación al administrador del PH. Estos son algunos de los elementos que hemos recogido en este debate esta semana que vamos a incorporar en el texto borrador anteproyecto que hemos distribuido.
En la tarde de hoy va a estar el CD con el texto definitivo y nosotros en horas del mediodía vamos a estar emitiendo el dictamen de la mayoría, del bloque del oficialismo, que conforma la Comisión Bicameral. Es nuestra voluntad política tratar este tema en el Senado el día 27 de noviembre, antes de que terminen las sesiones ordinarias. Muchas gracias.
Dado el punto al que hemos llegado, comienzo por decir que lamento este apuro que en el final del proceso parece habitar en el bloque del oficialismo.
Si bien es cierto que hasta hoy habíamos discutido mucho y escuchado muchas opiniones respecto del proyecto, lo cierto es que no hemos tenido oportunidad, o ha sido muy poca, de discutir los dictámenes concretos que cada uno de los distintos bloques representados en esta Comisión Bicameral ha presentado.
Y lo digo con pesar porque creo que si dispusiéramos de más tiempo para discutir los dictámenes, es decir, las propuestas concretas que cada bloque ha formulado, podríamos llegar a encontrar puntos de acuerdo y textos comunes para muchos artículos que hoy en día presentan diferencias y disidencias. Pero bueno, es evidente que ya hay una decisión tomada de parte del oficialismo respecto de esto y tendremos que someternos a estos brevísimos plazos que en este último tramo se nos impone.
De todas maneras, voy a insistir y apelar a la buena voluntad del oficialismo para ver si todavía es posible que revisemos y discutamos algunos temas. O por lo menos, si no hay posibilidades de discutirlos o revisarlos, quiero que quede claro que para nuestro bloque son temas de extrema importancia y que nos hubiera gustado discutir más profundamente. Uno es el del artículo 19, referido al comienzo de la existencia de la persona humana. Si bien el primer párrafo del nuevo artículo propuesto por el Frente para la Victoria no nos satisface, no pasa lo mismo con el segundo párrafo referido a la fecundación artificial. Me gustaría discutir eso. Lo mismo con el artículo 21, el tema de los embriones. Es decir, la protección de los embriones. Nos hubiera gustado que figurara en el Código Civil.
También nos hubiera gustado discutir y tratar de encontrar una redacción más precisa para un tema que tiene mucha trascendencia, que es el de la relación entre los derechos individuales y los derechos colectivos o los derechos de incidencia colectiva.
Nos parece que este tema no está regulado en el Código con la suficiente precisión, particularmente me refiero a los artículos 14 y 240, sobre todo este último que presenta una gran ambigüedad cuando se refiere a la compatibilidad de los derechos individuales con ciertos parámetros que no solo son ya de por sí son amplios sino que inclusive se incluye la expresión “entre otros”. De manera tal que la enumeración de aquellos aspectos con los cuales hay que compatibilizar los derechos individuales ni siquiera es una enumeración cerrada, sino que es una enumeración abierta, que puede dar lugar a confusiones y a arbitrariedades. Es un tema que nos hubiera gustado discutir.
También nos hubiera gustado discutir lo que consideramos una excesiva atribución de facultades a los jueces en muchos artículos del Código. Y doy un ejemplo: tenemos una visión tradicional posiblemente respecto de la función del juez y entendemos perfectamente legítimo que los jueces, cuando encuentra a pedido de parte cláusulas abusivas o cláusulas que no respetan las leyes, las anulen. Pero no estamos de acuerdo con que los jueces tengan las facultades de reemplazarlas o de reintegrarlas. Desde nuestro punto de vista, eso viola la autonomía de la libertad, viola la libertad individual. El juez puede anular lo que le parezca que hay que anular, pero la recomposición de esas fórmulas le compete a las partes. Entendemos que hay en algunos artículos del Código excesivas atribuciones judiciales.
También hubiéramos querido discutir más profundamente el tema de la fertilización asistida y particularmente el tema de la fertilización post mortem, que realmente nos parece de extrema gravedad, porque implica a un niño a nacer huérfano.
Sra. diputada Conti. – Pareciera que no hubiera escuchado nada, diputado.
Sr. diputado Tonelli. – No, yo entendí que eliminaba la subrogancia de vientres, pero…
Sra. diputada Conti. – El artículo 19 fue modificado.
Sr. diputado Tonelli. – Sí, el artículo 19 sé que fue modificado, pero –insisto- no fue modificado con una extensión que nos satisfaga. Retiro lo de la fertilización post mortem.
Sr. Presidente. – No dialoguemos, por favor.
Sr. diputado Tonelli. – Otro tema que también nos preocupa, y que ayer creo que fue planteado por la senadora Negre de Alonso, es el conocimiento de los datos de origen para quienes nacen mediante un procedimiento de fertilización asistida. Es decir, nos parece inconveniente la limitación que el proyecto establece, que obliga a quien quiere conocer su origen a solicitarle al juez la autorización y que incluye la posibilidad de que el juez deniegue esa autorización.
Somos perfectamente conscientes de que la cláusula apunta a favorecer la donación de óvulos, de gametos, de esperma, pero nos parece que aun perjudicando la posibilidad de que haya donantes para la fertilización asistida, tiene preeminencia de venir a tener un valor superior el derecho a conocer su origen quien ha nacido por la vía de una fertilización asistida.
También nos hubiera gustado discutir con un poco más de tiempo y de profundidad las modificaciones que el Poder Ejecutivo propuso a los artículos 765 y 766, referidos concretamente a las obligaciones en moneda extranjera, que inclusive, tal como han sido modificados en el dictamen de la mayoría, se contradicen con varios artículos referidos a los contratos bancarios que contiene el mismo código.
También nos preocupa la supresión en el artículo 804 del proyecto de la posibilidad de aplicarle astreintes o sanciones conminatorias al Estado y los funcionarios, que lamentablemente también figura regulado de la misma manera en la ley de responsabilidad del Estado que ayer hemos analizado.
- No se alcanzan a percibir las palabras finales del señor diputado Tonelli.
Sr. senador Sanz. – Gracias, presidente.
Está claro que con la apertura de este cuarto intermedio con las palabras del presidente del bloque de senadores del oficialismo, el senador Pichetto, todos sabemos a qué hemos venido hoy, qué estamos haciendo y cómo sigue esta cuestión. Se termina un proceso, se culmina un proceso. Nadie puede pensar otra cosa más allá de esa puerta abierta que el senador Pichetto ha dejado de aquí hasta que esto llegue al recinto de la cámara de origen, que es la de senadores, para algunas modificaciones que puedan surgir en alguna cuestión particular. Pero lo cierto es que, más allá de eso, se termina un proceso, porque lógicamente que cuando se firma un dictamen en una comisión, bicameral o no, sobre algún proyecto en particular, se termina el proceso y a partir de ahí nace otro proceso, que es la discusión en el recinto.
No voy a volver sobre los elogios de tiempos pasados y sobre los esfuerzos hechos. Se ha hablado bastante de eso. Creo que aquí nadie podría pararse para decir que no se ha trabajado o que no se han hecho las cosas a conciencia. Esto se ha hecho y está clarísimo, por lo tanto, lo hemos reivindicando y lo tenemos que seguir haciendo.
El oficialismo tuvo, al comienzo de este proceso y como corresponde a cualquier oficialismo, la iniciativa y la impronta. Esa iniciativa y esa impronta que corresponde al oficialismo −porque para eso tiene la mayoría− que fue acompañada por nosotros. Nosotros acompañamos la presentación inicial del proyecto y de la propuesta. ¿Cómo no lo íbamos a hacer si sentíamos la frustración de que en épocas pasadas −y estoy hablando del período democrático− nosotros mismos, desde el radicalismo, habíamos sido protagonistas importantes? Cuando nos tocó ser gobierno y mayoría en la Argentina, pero también cuando fuimos oposición −años más tarde− de otros proyectos de unificación del Código Civil y Comercial, que no llegaron a su punto final. En efecto, algunos se quedaron más temprano; otros llegaron a tener dictámenes y debates en algunas de las cámaras, pero la verdad es que no alcanzamos la definición final.
Reitero, nosotros estuvimos desde el comienzo del proceso y también en el desarrollo de toda la actividad de la Comisión; pero no quiero a abundar en esto.
Por otro lado, en cuanto a la presencia aquí del doctor Ricardo Gil Lavedra y de la mía, como autoridades de la Comisión, esto no se trata de un halago personal, sino de un reconocimiento a lo que representamos: la fuerza política opositora que mayor cantidad de legisladores tiene, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Punto. Es decir que esa es la representación que nosotros investimos acá y en ejercicio de esa representación acompañamos y estuvimos en todo el proceso.
Pero ahora estamos en el punto final del proceso al que el oficialismo vuelve a colocarle la misma impronta de decisión política que tuvo al comienzo. Porque el oficialismo sigue y sigue teniendo mayoría y no han cambiado las cosas: tiene la iniciativa y el poder de decisión.
Pero en cuanto a este punto, no tenemos la misma vocación ni la misma decisión de las etapas anteriores. Nosotros hoy llegamos a un lugar en el que al final del proceso no estamos en condiciones de acompañar al oficialismo en esta decisión política que apenas tiene una semana −o menos de una semana− de desarrollo desde que fuimos notificados de la convocatoria, el jueves pasado, a la primera reunión o a la reanudación de reunión de esta Bicameral.
No vamos a acompañar significa que no vamos a firmar el dictamen que se nos propone aunque, obviamente, nos hubiera gustado; porque esa fue y será siempre nuestra intención: firmar un dictamen común no solamente nosotros con el oficialismo, sino con el mayor grado de consenso posible. Pero sabíamos que no iba a haber nunca unanimidad. ¿Cómo va a haber unanimidad en un tema como este donde hay diferencias? Pero, por lo menos, las divergencias tratamos de salvarlas en particular. Ese fue nuestro objetivo y nuestra intención, porque −insisto− lo dijimos toda la vida: esto es y seguirá siendo una política de Estado.
Por lo tanto, no vamos acompañar al dictamen, porque entendemos que en esta última etapa, en esta última semana, en esta decisión política del oficialismo, ha habido una decisión que ha roto la posibilidad de consenso. No se trata solamente de dos o tres artículos. Se equivocan quienes vean y crean que esta es una diferencia doctrinaria, que es una diferencia de técnica parlamentaria, que es una diferencia menor o que, incluso, compramos diferencias de afuera del ámbito parlamentario. Diferencias que puedan ser de la Academia, de la historia −las planteadas entre privatistas publicistas, administrativistas o civilistas− o de todos los debates jurídicos. Debates jurídicos que bienvenidos sean y que, ojalá, sigan existiendo en la Argentina democrática, aunque no tienen que ver con la política; y esto es una cuestión de decisión política.
Entonces, la incorporación en el tramo final de esta discusión relativa a la cuestión de la responsabilidad del Estado, no en el debate que venía desarrollándose en el Código, sino en paralelo, con una ley de responsabilidad del Estado, presentada en la Cámara de Diputados y en el ámbito del derecho público −que no era tema central, sino la mezcla con lo que veníamos discutiendo en la unificación del Código Civil−, para nosotros es un límite. Para nosotros supone un posicionamiento diferente respecto de la búsqueda de consenso.
Y no nos encaprichamos cuando conocimos la decisión −el mismo jueves a la tarde− de que estábamos discutiendo en paralelo, aquí, un tema de responsabilidad y, allá, en la Cámara de Diputados −que supone una de las dos cámaras del Congreso y no era la Bicameral−, la ley expresa de responsabilidad.
Reitero: no nos encaprichamos, ofrecimos propuestas y hasta el día de ayer hemos estado acá. De hecho, como contamos con la presencia de las autoridades del Ejecutivo, le hemos dedicado, casi con exclusividad −el 90 por ciento de la sesión de ayer−, al tema de responsabilidad, cuando hay también otros temas. Y algunos de los diputados y senadores lo hicieron saber al final de la reunión. Porque para nosotros es un asunto que excede a la técnica jurídica y parlamentaria, pero es central y queremos dilucidar cualquier tipo de duda, de sospecha y de cuestión ajena al sano debate parlamentario.
En efecto, lo propusimos desde ese lugar y a partir de esa concepción. Porque en absoluto queremos teñir de ninguna cuestión ajena al debate profundo y político de la cuestión en sí. Luego, como no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos hecho el esfuerzo para que comprendieran nuestra propuesta y para que esa propuesta pudiera salvar absolutamente todas las visiones −la privatista, la pública, la administrativa o la civilista−, no queremos resignar una posición que hemos defendido siempre: la de tener en el código Civil los principios liminares de la responsabilidad del Estado; más allá de respetar que el derecho administrativo −luego federal y local− pueda avanzar en las regulaciones respectivas.
No hemos llegado a ese consenso y sentimos que hemos hecho todo el esfuerzo posible, pero al final el oficialismo no ha tenido el mismo esfuerzo que al comienzo y durante la tramitación de este proceso. Tampoco ha tenido la misma responsabilidad que los bloques opositores. Porque si bien los bloques opositores tenemos la obligación de mostrar la buena fe −y hemos querido alcanzar el consenso debatiendo las propuestas y tratando de allanarnos a nuestra condición de bloques opositores−, quien lleva la iniciativa política, en un caso como este −que pretende mostrarlo como un logro de una política de Estado ante la sociedad argentina−, tiene que hacer muchos más esfuerzos que la oposición para lograr ese consenso.
Sobre todo, cuando por lo menos para nosotros −otros, quizá, podrán decir otra cosa− no está suficientemente explicitado el por qué no han sido capaces de aceptar que esos principios liminares estuvieran en el Código Civil. De todas maneras, estamos en el final y cada uno es responsable −oficialistas y opositores− de sus decisiones políticas, de sus posiciones. Luego habrá un debate en el recinto.
Asimismo, seguimos pensando que el apuro no ha sido bueno y que la decisión política de avanzar y de no poder profundizar y madurar varios temas, que están pendientes, ha conspirado contra este proceso final. Pero el oficialismo tiene la mayoría y la decisión para avanzar. Ahora bien, nosotros hemos tenido la decisión y la posición política de acompañar cuando sentimos que había posibilidades de consensuar y de no acompañar, e ir con un dictamen propio, cuando vemos que no hay posibilidad alguna de modificar esa posición unilateral.
Señor presidente: más allá de las cuestiones puntuales que podamos seguir discutiendo o no, nos hacemos cargo de haber sido notificados de que culmina un proceso. No obstante, sinceramente nos sentimos frustrados porque hubiéramos querido otro final, pero estas son las reglas. Por lo tanto, cuando corresponda nosotros vamos a presentar nuestro propio dictamen de proyecto de unificación del Código Civil y Comercial.
Sra. diputada Camaño. – Hago una primera aclaración en el mayor tono de camaradería posible. Lamento que el senador Pichetto no hubiera estado ayer cuando el senador Fernández nos hizo una clase de historia respecto a lo que había sido el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque no estaríamos pensando que fue un código cerrado y arbitrario de dos o tres personas, sino que -tal como lo dijo el senador Fernández y en alguna oportunidad lo he dicho también- fue mucho más consultado de lo que la historia o el pensamiento popular a veces imagina.
Desde el principio, hemos tenido una actitud con respecto a este Código. A los miembros de la Comisión, les consta. Hemos trabajado intensamente en la propuesta que se hizo desde los bloques mayoritarios en el sentido de participar en las consultas que se le realizaron a la comunidad académica y profesional. Desde nuestra humilde representación individual de lo que fue el bloque del Peronismo Federal, en la Cámara de Diputados, y que ahora algunos de los miembros somos el bloque del Frente Renovador, siempre tuvimos una mirada crítica, ya que a ustedes les consta. No solamente en lo puntual, sino también en lo general.
Por enésima vez, voy a reclamar algo que parecería que no tiene importancia, pero lo voy a volver a decir, porque aquellos que tienen que interpretar el derecho y estudiarlo saben lo que significa un Código seco, como es este, sin ningún tipo de referencias, y también lo que significa un código con explicaciones y notas, que viene a nutrir de doctrina y jurisprudencia a la redacción de cada uno de los artículos, algo que este código no tuvo.
Siempre se me contestó que había habido una participación importante. Siempre se me puso en un nivel superlativo esa participación de 111 jurisconsultos. De hecho, intenté acceder al material de los jurisconsultos y me dijeron que era mucho, que tenía que hacerlo de manera casi personal, porque no tenía posibilidades de acceder a través de mis asesores.
Quiero agradecer a los dos asesores que la Comisión me ha reconocido, porque también es bueno saber el esfuerzo que han hecho ambas Cámaras a nivel económico para que esta Comisión funcionara, con lo cual nunca pude saber con meridiana claridad cuáles eran los niveles de esos jurisconsultos que para mí quedaron en un listado, pero en alguna ocasión escuchando a algunos de ellos. Es el caso puntual del doctor Belluscio en materia de familia en el Colegio de Abogados de La Matanza. Claramente, decía que él había sido consultado, pero que su consulta no había sido escuchada porque era contrario a muchos de los institutos que se planeaban en el Código. Hablo de la Comisión Redactora.
Ayer la exposición del ministro, francamente, me dejó muy asombrada, y se lo hice saber porque en algún momento de esta discusión única, que fue el tema de la responsabilidad del Estado, dudó de las calidades y cualidades de la Comisión Redactora, cuando dijo que era la pelea de civilistas y administrativistas. Nos dimos cuenta que los civilistas metieron la mano, y, entonces, lo corregimos, con lo cual la Comisión Redactora no es la letra final del Código.
Por otra parte, permítanme decir que -en mi humildísima opinión- carece de mucha de la coherencia que tiene nuestro actual Código. Hay artículos donde claramente se sostienen determinados principios, y otros en donde se va por la vía absolutamente contraria. Incluso, esto fue marcado en algunas de las audiencias públicas que se hicieron.
A mí me enriquecieron muchísimo las audiencias públicas. Debo reconocer que ha sido una muy buena experiencia. Las audiencias públicas no tienen el sentido solo de venir a enriquecer al legislador, sino que la opinión pública pueda expresarse y tener algún nivel de “receptibilidad” en lo que se está haciendo. Si no, las audiencias públicas no sirven.
La verdad es que tenemos excelentes trabajos académicos en nuestra página web, que es tan bien elaborada y trabajada por parte del presidente de nuestra Cámara, en donde todo el mundo puede acceder a prestigiosos juristas que han ido volcando sus opiniones.
¿Qué es lo que veo, presidente? Advierto que la Comisión Redactora, con estos 111 jurisconsultos más importantes de la República Argentina, envía un proyecto de Código que el Poder Ejecutivo corrige antes de enviar al Parlamento. Hay una primera oportunidad del oficialismo de poder opinar en torno a ese Código con las correcciones que se le imprimió para que llegue al Congreso. Luego los legisladores del oficialismo toman aquellas cuestiones que consideran importantes y las vuelcan en lo que se denomina el proyecto de dictamen del oficialismo, o sea, que aquellos que han tenido la posibilidad de estar por una cuestión política cerca del Código, han trabajado en varias oportunidades en la redacción, y queda la opción de tomar las opiniones públicas y de los propios legisladores de la oposición.
Asimismo, siento que este es el Código del Frente para la Victoria y que hay muchas cuestiones en las que ni siquiera hemos sido escuchados como representantes del pueblo. Ayer el senador Pichetto hablaba de la significación que tuvieron las elecciones del 27 de octubre pasado, y de la composición y legitimidad que tiene esta Cámara. Nadie puede poner en duda la legitimidad de este Cuerpo, ni siquiera el día 9 de diciembre, pero hay una realidad política. Hay personas que han tenido el respaldo popular con un determinado discurso. Entonces, eso amerita tener la sapiencia de interpretar que la sociedad está pensando en otra cosa, nada más que eso.
No creo que el Frente para la Victoria esté apurado. Han llevado buenos tiempos en materia del código. No creo que hayan hecho algo a las apuradas. Si tengo algo para imputarles, es el haber descubierto el pensamiento en torno a un tema tan importante que nos llevó toda la visita del ministro en el día de ayer, y está vinculado al tema de la responsabilidad del Estado. Ustedes ya lo habían corregido cuando vino de la Comisión Redactora. Hubo un primer mensaje por parte de ustedes con respecto a la responsabilidad del Estado cuando lo eliminaron del texto que la Comisión Redactora había formulado. Lo que hicieron esta semana fue decirnos qué pensaban en torno al tema. Esto fue lo que hicieron.
Presidente: yo tengo varios motivos y tal como hemos acordado en las reuniones de la Comisión, he presentado un predictamen que fui tratando de llevar desde este lugar que tengo. No obstante, advierto que son muy poquitas las cosas que se han tomado. Advierto que las cosas que se han tomado están mucho más vinculadas al leal saber y entender del Frente para la Victoria; y nada más.
¿Por qué nosotros no vamos a acompañar el Código?
Hoy sí voy a presentar mi dictamen definitivo, porque en el anteproyecto he colocado, o mejor dicho: nos hemos tomado el trabajo, con los asesores, de colocar, para cada uno de los artículos, la redacción que nosotros creíamos debía tener cada una de las propuestas y hemos fundamentado.
Señor presidente: no vamos a acompañar porque nosotros creemos que hay una inconveniente y peligrosa subordinación de los derechos individuales. Lo decimos con honestidad: nosotros no representamos ni ha grupos ni a corporaciones. Quienes me conocen saben de dónde vengo y conocen también mi trayectoria.
Nosotros creemos que fue mucho mejor lograda la redacción que le dio la Comisión Redactora al artículo 14 y al 240 que la corrección que le dio el Ejecutivo antes de enviarlo al Parlamento.
Nosotros no vamos a acompañar este proyecto porque hay una peligrosa concepción sobre el comienzo de la persona humana. Y sostenemos enfáticamente la línea que tiene la Nación Argentina en la materia basada en la Constitución y en los tratados internacionales a los cuales ha adherido.
Nosotros creemos que hay una subestimación de las comunidades indígenas. Presidente: las comunidades indígenas han sido los grupos más activos en la propuesta que se hizo de audiencias públicas. Han estado de Norte a Sur y de Este a Oeste. Pertenecían a todos los colores políticos y tenían una enorme expectativa en torno a este Código. Esto cuanto a esto que se pregona, y a lo cual adherimos como concepción, que es la posibilidad de constitucionalizar el derecho civil en materia de comunidades indígenas, creemos que allí el dictamen que viene del oficialismo es mezquino.
Asimismo, entendemos que podríamos haber avanzado muchísimo más. Para nosotros, es inconcebible la desestimación de la consideración del acceso al agua como derecho fundamental. ¡Qué paso de calidad real para nuestra sociedad hubiéramos dado si los políticos nos hubiéramos comprometido con nuestra comunidad a que ésta no tenga más hambre de agua! En este sentido, los diputados de la provincia de Buenos Aires saben que a escasos diez kilómetros de esta Capital Federal y de nuestro obelisco hay gente que no tiene acceso a ella.
Nosotros creemos que hay una peligrosa desnaturalización de la institución de la familia y que las formas de procreación son contrarias a elementales nociones de dignidad. Aquí me voy a extender un poco más al decir que me parecen desafortunadas algunas cuestiones logradas por la Comisión Redactora. De hecho, estoy convencida que la Comisión Redactora ha tenido sólo una visión. Porque cuando uno se propone elaborar una norma lo hace desde un lugar, ahora bien, en materia de procreación por técnicas asistidas, yo no me voy a parar jamás en el lugar de las empresas que las llevan adelante.
Entonces considero que acá hay una mirada que tiende a resolver los problemas de las empresas que hacen procreación asistida y no a pensar en el niño que nace por procreación asistida o en la pareja que tiene problemas de fertilidad. Además, tengo el conocimiento de que la ciencia avanza a un ritmo tan acelerado que me parece correcto que la procreación asistida esté en una ley especial.
Por otro lado, consideramos que es inconveniente abandonar el principio nominalista, que expresa la ley 23.928 para las obligaciones de dar moneda sin curso legal en la República.
También creo que hay mucha incongruencia con las soluciones que se dieron −y una distinción muy particular− hacia el sector financiero, para el que claramente hay una gran diferencia y hay dos estándares que se establecen en el Código.
Luego, en materia de arbitraje, también hay un enfoque incorrecto y sí hay un avasallamiento al federalismo. Algo se dijo en torno a algunas correcciones. Pero me parece que es un tema que tiene mucha tela para cortar, que podríamos debatir de manera más tranquila y, quizás, se podría hasta crear una norma especial. Porque, incluso en la Cámara de Diputados, nos ha generado algunas cuestiones muy particulares de alguna distinguida colega.
Asimismo, creo que hay una inexplicable eliminación de normas protectorias de los derechos individuales homogéneos y de incidencia colectiva. Y vuelvo aquí a la feliz redacción que le hizo la Comisión Redactora.
Por supuesto que es arbitraria la eliminación de los principios y normas reguladoras de la responsabilidad del Estado y de sus agentes. Porque, señor presidente, yo sueño, como esbocé ayer, con un Estado eficiente. Me parece que a eso tenemos que apuntar: no a tratar de ver cómo no le hacen juicio o cómo el que tiene que hacérselo no se beneficia tanto; se trata de que el nivel de eficiencia del Estado lo lleve a que se sepa defender y a que no genere instancias judiciales.
Creo que en algunos aspectos, como por ejemplo los contratos, este proyecto abre un camino peligroso para el fraude laboral. Incluso, en materia de sociedades unipersonales. ¡El tema figura en el Código! De hecho, ayer, cuando algunos legisladores se manifestaban sobre si el derecho civil o el administrativista tenían que estar, o si el proceso… Miren, en varios lugares habla de remuneración y el tema se distorsiona totalmente.
En cuanto a esto, señor presidente: el tema de la remuneración es muy importante y sería interesante que se lo viera, porque nosotros tenemos conceptos errados en materia de derecho laboral, y sacralizados en cuanto a la remuneración. Y aquí el proyecto de Código lo flexibiliza y no se trata de un tema menor
− Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente. – La diputada solicitó no ser interrumpida. Gracias.
Sra. diputada Camaño. – Señor presidente: le agradezco.
Siempre ha sido estricto, pero siempre, y de excelente manera, ha permitido, al igual que la señora diputada Conti, que esta Comisión fuera funcional.
Para finalizar, debo decir que me he sentido respetada y también que esta Comisión es absolutamente legítima y legal. Ha funcionado de acuerdo a los parámetros que establece la Constitución y a los reglamentos de ambas cámaras.
Asimismo, debo decir que aquí sí hay Cámara Revisora y Cámara Iniciadora, y que ha sido un gusto trabajar con todos ustedes y un enorme disgusto no lograr el resultado que me hubiera gustado lograr: que pudiéramos haber trabajado en mayor consuno, tratando de tener más opiniones. Y también me hubiera gustado lograr algo que para mí es muy importante: la receptación de 150 años de doctrina, de jurisprudencia y de una mirada nueva para un Código Civil que, además, tiene a disposición una importantísima reforma constitucional.
Debo decir, señor presidente, que lamento el final en el que el Código Civil, su reforma y unificación, va a quedar como un código del bloque del oficialismo y de una fracción de un partido político. Esto lo digo con una absoluta honestidad y un enorme dolor, dado que considero que podríamos haber avanzado muchísimo más y mejor de lo que lo hemos hecho.
Señor presidente: como la metodología de tratamiento en el recinto no la conocemos y sería interesante que la pudiéramos conocer, habida cuenta de que hay algunas veces reiteraciones en la mesa respecto de código cerrado, etcétera, voy a reiterar el agradecimiento a mis dos asesores, al doctor Requejo y al doctor Arregger, que fueron dos personas sumamente útiles para mí en este trabajo que realicé en la comisión.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señora diputada.
Sr. Presidente. – Le estoy explicando al señor diputado Tunessi, ante su gesto de preocupación, que todos los senadores y diputados anotados están en la lista. Lo único que se ha hecho ha sido mantener a los jefes de bloque en último término para el cierre.
Sr. diputado Tunessi. – Con seguridad, en seguida voy a pasarle el uso de la palabra al señor diputado Negri.
Quiero manifestar que, por supuesto, ratifico plenamente las expresiones que ha tenido en representación de nuestro bloque el señor senador Sanz.
Sentí la necesidad de decir algo porque –y agradezco que me den la oportunidad y que me escuchen– efectivamente todos estamos procesando, por lo menos desde mi punto de vista, una enorme frustración por no poder alcanzar un consenso en un tema muy importante que nos involucra tanto.
Además, deseo señalar que soy uno de los diputados que termina el mandato. Aposté enormemente y creo que hice un esfuerzo, junto a muchos de ustedes, por lograr este consenso. Desde ese lugar, quisiera decirles que todos hemos ido aggiornando nuestras propias concepciones y doctrinas, las de nuestros propios partidos, dado que estamos evolucionando en un debate de suma profundidad. Sinceramente, estos principios esenciales han hecho que nosotros desde el comienzo consideráramos siempre la posibilidad de un acuerdo, más allá de las discrepancias puntuales.
Señores: están involucrados principios de tamaña magnitud como la autonomía de la voluntad, la idea de una sociedad multicultural con su carga de no discriminación y de lucha por la igualdad, la concepción humanista que trae involucrada el Código y la constitucionalización del derecho privado. La autonomía de la voluntad, ese artículo 19 de la Constitución Nacional, para nosotros, los radicales, ha sido muy importante en la historia de la lucha política de nuestro país.
Esta idea de reconocer a los que no son visibilizados en la sociedad, esta lucha permanente por la igualdad, la lucha social por el derecho a la vivienda, al agua, a los intereses colectivos, a los derechos de todos y la idea fundamental de la constitucionalización de este derecho privado que va a hacer permear las categorías de la evolución de la persona humana en sus derechos, que es la categoría internacional a derechos individuales de cada uno, son discusiones de una trascendencia política y yo me alegro mucho de haber podido participar en esa discusión. Lamentablemente, todo ese esfuerzo por el consenso ha sido dilapidado. Esto es lo que siento. Creo que nosotros habríamos sido capaces de tolerar discrepancias importantes, pero manteniendo el consenso por estas líneas y principios generales tan trascendentes e importantes que hacían empequeñecer las otras diferencias. No coincidíamos con algunas cosas que quitaron del Código ni con el tema de algunos artículos esenciales, pero éramos capaces de llegar a un consenso porque estaban en juego los principios que estoy enumerando, que son los que compartimos.
Ahora bien, la lucha por el tema del derecho de familia, todos los temas de la adopción, de la filiación, del nombre, el origen de la vida, es decir, todas estas cuestiones tan importantes que hemos discutido en una decisión de último momento han sido dilapidadas. Eso es lo que siento.
No es que no vamos a acompañar este tema por una cuestión doctrinaria, como dijo el señor senador Sanz. Hemos visto –como ya ha dicho la diputada preopinante– y conocido lo que piensa el Poder Ejecutivo y el oficialismo respecto de la responsabilidad del Estado. No es sólo sacarla del Código, sino que en paralelo ayer han dado media sanción de urgencia a una ley que licua cualquier tipo de responsabilidad del Estado. ¿Qué hubiera costado si, en todo caso, se sacaba del Código para discutir con tiempo y forma una ley integral de responsabilidad del Estado seria y responsable, con la participación de especialistas y con apertura del debate para tener un instrumento serio para la responsabilidad del Estado? No, en el medio de este debate tan trascendente se prefirió sacar, en un tratamiento paralelo y exprés, esta cuestión de la responsabilidad del Estado.
Siento sinceramente una gran desilusión. Hemos trabajado enormemente en procura de estos valores y principios tan trascendentes y una decisión de último momento vinculada a una cuestión coyuntural de momento, de circunstancia, de necesidad, ha hecho que el oficialismo dilapidara el consenso que nos empeñamos tanto tiempo en construir respecto de un tema –repito– tan trascendente. Reitero, esa es mi desilusión y quiero dejarlo asentado en este momento, al final de este trabajo.
Sra. diputada Parada. – La verdad es que todos ya saben cuál ha sido nuestra posición desde el inicio.
Me gustaría que en esta última oportunidad se entienda que lo que planteamos tiene toda la honestidad intelectual de creencias, ideologías, de posicionamientos que –entendemos– son propios de la clase que representamos: los trabajadores.
Hemos analizado con nuestro leal saber y entender, a fondo, el Código desde su inicio. Hemos criticado –y no como se ha dicho, porque la presidenta de la Nación no tuviera facultades suficientes para designar una comisión– que esa comisión fuera conformada por jueces; es decir, fueran los jueces, a los que les corresponde interpretar la ley, los que la elaboraran; fueran la Comisión Redactora. Hubiéramos apreciado mucho más que esa Comisión Redactora hubiera sido esta Comisión Bicameral y que esa hubiera sido la función de esta comisión: haber elaborado el Código Civil. No sé si haberlo unificado, dado que realmente aquí ya parte la primera crítica conceptual, que tiene que ver con por qué hay que unificar las cuestiones de familia con los contratos comerciales.
Más allá de que toda la doctrina, todas las discusiones jurídicas riquísimas y de que todas las explicaciones que hemos escuchado no logran convencernos de una necesidad que por un lado –y sucedió ayer entre tantas otras cosas–, de pronto se habla de la autonomía que tiene el Derecho Administrativo, el Derecho Civil, el derecho de navegación, que cuando uno iba a la Facultad para cada uno esa materia era la más importante y esa rama del Derecho requería su autonomía, y de pronto los tenemos que juntan.
Obvio que esto se está pensando desde hace más de 100 años. El pensamiento de unificación de los códigos Civil y Comercial data de 100 años. Lo lamentable, lo que nosotros entendimos, es que después de 100 años no hubiéramos cambiado esa mirada.
Más lamentable entendimos que fue que la comisión redactora, que –como dije– es empezar al revés, porque quienes tienen que interpretar la ley la están haciendo, así que es ley interpretada, y ya ellos saben qué pusieron y por qué lo pusieron, una discusión que hemos tenido acá. ¿Cuál es, entonces, el espíritu del legislador?
¿Pensamos que por las modificaciones que el Poder Ejecutivo le introdujo al proyecto o que tomaron de algunas de las audiencias convierte a todo ese plexo normativo de 2761 artículos en el espíritu del legislador?
La ausencia de notas explicativas indicando por qué se encuentra aquí o allá tal artículo, tal instituto, su concordancia con el derecho extranjero, y más que con el derecho extranjero, hablando de la constitucionalización del Derecho y del latinoamericanismo, que en unos fundamentos al principio hace la comisión redactora, uno busca normas que sean realmente latinoamericanistas, pero no aisladas sino como un sistema.
El código es un sistema, y ya cuando decimos “civil y comercial” unificado estamos definiendo. No obstante, nos hemos tomado el trabajo de leerlo íntegramente, como se lee un libro, más allá de meros institutos. Personalmente lo he leído y también colaboradores míos para poner la mejor buena voluntad en si era una impresión que podía ser personal y luego hicimos una audiencia, de la cual les he hecho llegar la versión taquigráfica, donde participaron también eximios juristas y no comercialistas –como se dijo ayer– y civilistas, que son los que forman parte de la redacción del Código, y se lo dijo de una manera algo peyorativa. La verdad que nosotros lo dijimos de entrada: si esto lo escriben los comercialistas estamos al horno. Es terrible. Es increíble que ahora los que nos presentan el proyecto tomen nota y se den cuenta de cuál es el pensamiento de los comercialistas. Los mismos, y no me refiero a todos, pero ¿a quién defienden? ¿A los trabajadores? ¿Hay laboralistas?
Ahora me van a decir que el Derecho Laboral es otra cosa. Ya lo hemos escuchado. Hemos escuchado que nuestra crítica a que el sistema de contratos en general, de contratos en particular y de arbitraje genera en las situaciones laborales una situación de peligro inminente.
Basta ver nada más –y lo pongo como ejemplo, porque está en nuestro dictamen– el tema del contrato de agencia. Describe una relación laboral. Habla de remuneración. Es prácticamente tomar a los agentes de propaganda médica como que pueden ser contratantes. Obvio que si se demuestra la relación laboral va a ser competente el Tribunal Laboral, ¿pero no sabemos y no hemos vivido cómo se disfrazan los contratos? ¿No sabemos del fraude laboral? ¿Es una noticia? ¿Por qué no podían participar con la cantidad de normas que forman parte de este plexo también administrativistas? Porque hay una infinidad de normas que son de derecho público, como las que describían ayer en relación a los bienes del dominio público y que siguen estando en el Código Civil. Y ayer, arbitrariamente, se tomó la responsabilidad del Estado para hacerla en una ley autónoma que ustedes mismos –y me refiero al oficialismo– lo tenían dentro del Código Civil aún con la modificación nefasta –por si algunas normas buenas uno podía encontrar en este Código¬– que hacen a los artículos 2764, 65 y 66 de responsabilidad del Estado. Ya sacaban el tema dentro del Código. Para nosotros esto era profundamente criticable. Sin embargo al hacer este proyecto que se dictaminó ayer, que contiene una garantía de impunidad, se rompió un acuerdo que estaba acá, y el acuerdo que estaba acá que era para que este Código fuera aprobado es porque la verdad que comparten el criterio. Tanto oficialismo como parte de la oposición comparten el criterio de la autonomía de la voluntad, y lo reivindican.
Yo le quiero decir a la gente que cree que las normas que se toman y que nosotros apoyamos, defendemos, y hemos presentado proyectos para que tuvieran tratamiento mucho tiempo antes de que esta Bicameral tuviera que resolver, y que ayer cuando me refería a que al estar el tema del divorcio en el Código Civil nuevo lo que estamos haciendo es que haya que esperar todo ese plazo para que se aplique, –no me refiero a que un código no necesita un plazo que no sea exiguo para que comience su aplicación– y son normas que la ciudadanía está esperando, como las normas de divorcio, y que las apoyamos, porque tienen que ver con luchas sociales, y otras que también tienen que ver con luchas sociales y de organizaciones populares. Pero nosotros entendemos que esas normas son el mascarón de proa, los espejitos de colores para cristalizar el sistema dominante neoliberal que este Código tiene en su matriz, que es el proyecto de 1995 cuya redacción ordenó el ex presidente Menem y que la comisión redactora toma casi en su integralidad. Es un sistema.
Nadie me puede decir, más allá de que podemos tener discusiones que, como digo, son riquísimas y en las que he sentido que para mí también es un aprendizaje. No es un tema de jurisconsultos, es un tema del pueblo. El Código Civil es algo que se aplica a la vida de la gente desde que nace hasta que muere. Es un tema de en qué beneficiamos a la gente.
Los fundamentos dicen una cosa y los artículos dicen otra. Si una visión latinoamericanista no entiende el buen vivir, que es la concepción fundamental; si la función social de la propiedad no es incorporada y luego se tergiversa el sentido, la verdad que me hace acordar a eso de “Yo tengo estos principios pero si no les gustan tengo estos otros”. En la función social de la propiedad o realmente estamos convencidos de lo que propiciamos o no podemos cambiarla por una situación mediática. Y la verdad que es la contención que tiene...
Sr. Pichetto. – Solicito una interrupción.
Sra. diputada Parada. – No concedo interrupciones.
– El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, por favor.
Continúe con el uso de palabra, diputada.
Sra. diputada Parada. – La función social de la propiedad no es algo tan liviano para agregarlo en un solo artículo ni algo tan descabellado como para decir que eso va a ameritar expropiaciones, es algo que a poco de sancionarse el Código ya se empezaba a discutir, y todos –y sobre todo los que hemos estudiado Derecho– no necesitamos tener un conocimiento acabado para entender a qué que se refiere; así que, ni una cosa tan liviana como para ponerla y cortarla de un sablazo ni tan pesada que atenta contra la propiedad privada.
Yo les digo a todos los que piensen que con este Código se afectaría la propiedad privada que ni aún con ese artículo 15 de la función social de la propiedad se afecta. La propiedad privada en el Código Civil y Comercial que hoy va a tener dictamen de mayoría goza de muy buena salud, no está afectada. Por lo tanto, quienes tienen extensiones y extensiones de tierra ni siquiera van a estar obligados por este Código ¬–porque han borrado hasta ese artículo que hablaba de la función social– a cuidar ese predio. Porque si en ese predio corta los caminos para que comunidades están cerca puedan acceder al agua no importa, no tiene ninguna función social su propiedad.
No es lo mismo ser propietario de una lapicera que ser propietario de un bosque. Uno a su lapicera en un berrinche la puede romper, pero un bosque no se puede incendiar. Esa es la función social de la propiedad. Para que se entienda, para dejar de hablar en términos que pueden ser malinterpretados. Por supuesto que no puede incendiar el bosque por más que uno sea propietario de todas esas hectáreas porque afecta el ambiente. Eso es latinoamericanista: hablar del ambiente, hablar de la naturaleza, hablar de los derechos que tiene la tierra y pensar un Código en ese sentido, pensar un Código que no sea el producto del sistema dominante, que es extraccionista y de mercado.
He visto fundamentos e ido a buscar los artículos relacionados a ellos y no se encuentran, o dicen otra cosa, incluso en las modificaciones del Poder Ejecutivo cuando deja al Estado nacional y local fuera del arbitraje y luego explican que con este artículo se salva que el Estado tenga que ser sometido a un arbitraje, por ejemplo en jurisdicción extranjera, y las personas jurídicas de las que el Estado es parte también. No, no dice eso. Cuando uno dice “el Estado” no dice “las personas jurídicas de las que el Estado es parte” como una sociedad anónima en la que el Estado tiene el capital mayoritario.
Así que, hay protecciones que dice que tiene y no las tiene. Por eso decía que la propiedad goza de muy buena salud. De tanta buena salud que, además, mira la propiedad de quienes más tienen. O sea, el Código se preocupó de reglamentar la preocupación que tienen la mayoría de los argentinos: los countries, los barrios cerrados, los cementerios privados. ¡Si toda la gente está preocupada por estas cuestiones! Por supuesto que no están preocupados porque no tienen vivienda.
Para casi todos el acceso a la vivienda es fundamental. Vivienda representa hogar, es el lugar donde se vive. Vivienda es bien de familia. Para que se entienda, el que es propietario y quiere poner su propiedad como bien de familia para que no sea embargable por deudas posteriores a su constitución está protegido, y no está mal. No estoy en contra de todo el sistema, porque sé dónde vivimos y sé el sistema al que pertenecemos, lo que digo es que no es transformador, que no nos engañemos.
Nosotros jamás podríamos haber llegado a un acuerdo manteniendo este sistema. No es por lo que pasó ayer, es por lo que pasó desde el día que se presentó, es por lo que contiene. Son sus contenidos los que no logran conmovernos para poder decir que acompañamos o para que pudiéramos haber hecho propuestas, porque las propuestas eran para barajar y dar de nuevo.
La verdad es que yo creo que si con muchos legisladores y legisladoras, incluso del oficialismo, hubiéramos hecho nosotros la redacción de este Código seguramente hubiera sido mejor. No sé, tengo el convencimiento por el conocimiento, por las discusiones y por el trabajo que en estos cuatro años he tenido en distintas comisiones, donde me he encontrado con muchísimos de ustedes compartiendo criterios que son ideológicos, criterios que son principios sociales.
Este no es un código de derecho social, es un código profundamente privatista.
Una de las impresiones más fuertes que se tiene luego de la lectura, como cuando uno termina un libro, es que en definitiva ganó el derecho comercial, y no por otra discusión entre civilistas y comercialistas. Lo digo en otras palabras: representa la mercantilización del derecho privado. Incluso en algunas cuestiones de familia que nosotros apoyamos, porque representa esas luchas sociales y representa una de las pocas cosas que podríamos votar y que realmente al otro día le cambian la vida a la gente, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no se pueden utilizar de mascarón de proa como casarse con un bígamo, donde terminada la fiesta comienzan los problemas. Esto es lo que va a pasar: terminada la fiesta del avance en algunos derechos que son de las luchas sociales y populares, y que sí refleja este Código, nos vamos a encontrar con procesos de deslaborización. Y les pido por favor que, aunque no sean especialistas en Derecho Laboral, porque no hace falta serlo, analicen esos artículos antes de votarlos para que puedan mirar las trampas que encierran, que son las mismas trampas de las leyes que nos fueron adornando durante la década menemista.
Si consideran ciertamente que esta es una década ganada no van a alcanzar esas normas, como las de matrimonio, para que a poco de andar este Código –que ya está profundamente criticado– le demuestre a la sociedad que todo le va a salir más caro, que le quita los beneficios –como tenía– de no tener que hacer todo por escritura pública.
¡Claro que funcionaron los lobbistas! ¡No cabe duda de que funcionaron los lobbistas! ¡Es un Código para las empresas! Les garantiza venir a invertir, si a eso se le puede llamar inversión, porque también es un tema a discutir, porque también está esa cabecita que quedó de los 90 donde necesitamos las inversiones extranjeras; ahora, si esas inversiones nos producen el mayor saqueo, como lo que está sucediendo con la tierra más allá de la Ley de Tierras, que no llega a comprender lo que significa la concentración de la tierra, lo que significa el acaparamiento, que gracias a un fallo los chinos no pudieron adquirir 400 mil hectáreas en nuestro territorio –aunque las podrían adquirir porque todavía queda margen para seguir vendiendo tierra en la República Argentina–, implica que estos mismos Chinos aparte de taparnos de soja, van a venir con sus empresas, van a contratar bajo la ley de China o del país que les convenga, y la jurisdicción también la puedan poner en el país que ellos quieran.
¿Dónde están los criterios de soberanía? Y ya no digo “soberanía nacional” sino “soberanía popular”. ¿Dónde está la defensa de nuestro pueblo en estas cosas?
Por más que luego puedan probar los dependientes de esas empresas las relaciones laborales, que por suerte eso está fuera del arbitraje, los contratos que hagan en base a este Código Civil va a ser de difícil demostración que la relación es una relación laboral. ¡Por favor! Todos hemos criticado lo que se llamaron “contratos basura” y metieron un montón acá.
Sr. Presidente. – No interrumpamos, por favor…
Sra. diputada Parada. – ¿Por qué no se fija en los fallos, senador Pichetto?
Sr. Presidente. – No conteste usted. Por favor déjeme ordenar a mí la reunión.
Senador Pichetto: por favor deje que termine la oradora.
Siga diputada, por favor.
Sra. diputada Parada. – Yo lo que les recomiendo, sobre todo a los que están tan exaltados por lo que digo, es que vean el informe de la Federación de Abogados de la Argentina, y sobre todo del doctor Cornaglia, un especialista en Derecho Laboral, que creo que tiene suficientes cartas credenciales para no ser cuestionado con tanta exaltación, que nos demuestra –y así está en nuestro dictamen– cómo este Código deja de lado el derecho social y cómo afecta las relaciones laborales, más allá de que acá se vocifere “qué tiene que ver el Derecho Laboral”, porque todo tiene que ver.
También acá se dijo, y lo comparto, que el Derecho Civil es el derecho de la gente, es el derecho común, es aquel que se aplica a todos y a todas. Hay que demostrar que hay fraude en la relación.
¿Por qué no explican la cantidad de procesos judiciales para demostrar el fraude?
Esta codificación nació descodificada. ¿Por qué? Porque en primer lugar se dejaron afuera leyes. En ningún momento se codificó todo lo que corresponde que sea Código Civil y Comercial. Se dejaron afuera dos leyes que son de lo peor y de lo que más fraude genera y sigue generando y ha generado en la República Argentina: la ley de sociedades y la ley de quiebras. Sin embargo son intocables y sí se introduce la sociedad de un solo socio.
Por favor, exímanme de explicar al fraude, frente ante la clase trabajadora, que implica armar sociedades de un solo socio ocultando esto en una cuestión de defender al kiosquero que quiere poner un kiosquito, para armar la sociedad. Y, más que defender su kiosquito, su casa, que la puede poner como bien de familia, porque ya lo dijimos, esto esta tratado. ¿Qué otro patrimonio podría tener para dejarlo afuera de la persecución de los acreedores en caso de quiebra? ¿Ustedes creen en serio que los kiosqueros o que los pequeños comerciantes, los Mipymes, van a armar sociedades anónimas? Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar con esto y a quiénes van a perjudicar?
Obviamente, por más que nosotros estamos contestes en alguna de las normas, lo que ilumina este Código este Código y se ha destacado, tanto de parte del oficialismo como de parte de la oposición, es la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad, en la que se sustentan normas profundamente neoliberales, es aquella que hasta permite la libertad de morirse de hambre. Normas protectorias como hasta tenía la vieja ley de locaciones. Por eso digo, llamar “vivienda” a bien de familia es al menos un desconocimiento total y no por falta de conocimientos jurídicos, sino un desconocimiento de tipo social de lo que implica la vivienda.
En el punto de las locaciones volaron la norma de orden público que existía respecto de los plazos para la locación para vivienda. La verdad, que los que tienen que alquilar bien saben lo que es luchar por tener una vivienda. Antes, por lo menos, con esa vieja ley podían garantizarse que en un contrato, por lo menos durante dos años, pudieran estar en el mismo lugar. Y ahora le van a poder hacer contrato por tres meses de acuerdo a si no puedo vender el departamento o si el cepo sigue o no. Realmente lo deja en mano de especuladores. Fíjense que no se toca nada con relación al hábitat, ningún artículo. Me hablan de un Código Latinoamericanista. Nada con relación no solamente a la propiedad y a la escritura pública, sino con respecto al ambiente, a otros tipos de urbanizaciones y a la vivienda social. Algo más que no mostrara que esto es hasta una profundización del sistema de Vélez.
Respecto del tema del agua, el derecho al agua, es inaudito que hayan borrado de un plumazo. Otra de las cuestiones que uno puede decir rescatables del Código redactado por la Comisión Redactora. ¿Cómo podemos mirar para otro lado en esta época? ¿Y cómo podemos decir que este es un Código que constitucionaliza el derecho privado? El tema de las comunidades indígenas: por más que no lo hayan tratado, porque la verdad es que de todo lo que uno escuchó en las audiencias -a lo que también ahora me voy a referir- algo tenían que ceder. Entonces, la propiedad comunitaria la sacan pero sí dejan a las comunidades indígenas que tienen que tener personería jurídica. Eso es altamente violatorio de la Constitución Nacional que considera que los pueblos originarios son preexistentes a nuestro sistema. Esa obligación que le pone el Código Civil es inconstitucional como tantas otras normas.
Por último, con relación a las audiencias, que fueron riquísimas, estoy convencida que si la Comisión Redactora hubieran tenido una metodología hubieran sido distintas. Uno se encontraba que en esas largas audiencias se podía estar hablando de pueblos originarios, de discapacidad, de contrato de arbitraje y de jurisdicción. Digo, ordenar esto. A veces es mejor que las cosas estén tan desordenadas y hacemos “como de cuenta” que escuchamos. De todos modos, aún así de desordenadas, lo que se priorizó fueron los lugares y no una comprensión total del sistema de codificación y de este Código en particular. Se tomaron algunas cosas y otras, que no se pudieron resolver, se sacaron. Así que la “descodificación” termina cuando las leyes, que iban a estar incluidas dentro del Código, se las saca.
Es un Código que ayer ya empezó con modificaciones y antes de ser puesto en marcha va a recibir modificaciones. No cabe duda que si ayer el ministro de Justicia acá expresaba los errores que tenía y que luego aún dejaron desde el Poder Ejecutivo o desde el oficialismo, es obvio que a poco de andar lo vamos a tener que reformar. La verdad, que ese espíritu de un Código para 100 ó 200 años no parece el adecuado para los tiempos que corren con el avance científico y el avance tecnológico. La verdad es que hay montones de cuestiones, como las normas de protección de los embriones, que requerían un cuidado más exhaustivo que mencionarlas, o el tema de la sustitución de vientres. Obvio que era poco y que requiere de una ley especial.
Sin embargo, esas leyes especiales pueden ser leyes marco que estén dentro del sistema del derecho común. Es una metodología, no importa cuál. Por lo menos, tenemos que asumir que codificar y dejar afuera leyes, que después se van a incorporar al Código, es lo mismo que seguir modificando el Código. Solamente que esta vez sale unificado. Y, esta vez, lo que sale de la unificación es cómo lo “mercatorio” prima aún sobre el derecho privado, entendiendo que todo el derecho privada, toda la propiedad, hoy debe tener una función social. Y no hablo de expropiación. Tampoco el senador Pichetto…
Sr. Presidente.- Diputada, sin ánimo de coartar.
Sra. diputada Parada.- Y sabe el senador Pichetto que sabe él….
Sr. Presidente.- Diputada.
Sra. diputada Parada.- No, me quiero referir.
Sr. Presidente.- Sin ánimo de coartar su derecho de expresión.
Sra. diputada Parada.- Lo puedo citar. No me diga que no lo puedo citar porque no es para contrarrestar lo que dice.
Sr. Presidente.- No estoy hablando de eso, le estoy pidiendo, sin ánimo de coartar su derecho a expresión, que vaya redondeando, diputada.
Sra. diputada Parada.- Perdón.
Sr. Presidente.- Porque en realidad habría que haber hecho una exposición sobre los argumentos de un pre dictamen. Usted ha desarrollado tiempo en una crítica y me parece bien. Vaya acortando, nada más que eso.
Sra. diputada Parada.- Lo que pasa es que es el dictamen de un Código. Ahora nos agarraron los tiempos así pero hoy es el último día. O sea, hoy es el día en que tenemos que explicitar por qué presentamos un dictamen de rechazo y para nosotros no es un River-Boca, sino que para nosotros es un convencimiento total. Entendemos que es un momento trascendental para la República Argentina. No entiendo ahora por qué el apuro, ciertamente. Claro que no quiero ser tediosa ni con mis colegas…
Sr. Presidente.- Diputada, el apuro fue porque me ilusioné falsamente cuando dijo “por último”. Por eso, me despertó expectativas. Hable todo lo que necesite pero vaya redondeando, por favor.
Sra. diputada Parada.- Pensé que lo que le podía despertar expectativas es que pueda haber algo de lo que digo que logre conmover esta situación. Yo creí que esas cosas le podían generar expectativas, no la frase “por último”. La verdad es que lo lamento. Yo no estoy acá para llenar las expectativas de los legisladores, sino que estoy acá porque siento que de alguna manera represento a una clase, y es la clase trabajadora. Y estoy convencida de que este Código va a vulnerar los derechos de la clase que represento; los derechos de los trabajadores y trabajadoras que podrán hacer su divorcio de manera mejor pero que luego van a tener que vivir nuevamente con normas, que se protegían x el derecho laboral, hoy no están.
¿Por qué no se puso el mismo empeño, y no lo puso el Poder Ejecutivo, en dictar el Código de Trabajo? A ver, ¿Por qué? ¿Por qué sí el Código Civil y Comercial unificados? ¡Eso es lo más importante! Lo más importante es que la gente sepa que, en donde había un acuerdo, dejar de haberlo y, lo que era importante, dejó de serlo. Para nosotros, desde el principio, este tema es fundamental y no en el sentido que entienden algunos de que contemplaba lo que pensaban. No contempla lo que pensamos y no contempla a quienes defendemos que, como digo, son los trabajadores, por encima, y los pueblos originarios.
Y ahora sí, el dictamen de rechazo que vamos a presentar contiene estas y otras críticas a institutos que consideramos son fundamentales para que no los podamos acompañar. Pero esperamos que la votación no se haga a libro cerrado sino que sea al menos capítulo por capítulo. Muchísimas gracias.
Senadora Negre de Alonso: tiene usted el turno, pero me ha solicitado el diputado Negri –quien tiene que retirarse– si puede hablar antes, y luego le doy la palabra a usted. ¿Accede?
Sra. senadora Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el diputado Negri.
Sr. diputado Negri. – Gracias, presidente.
Es muy breve lo mío, y no es que tire la cuerda para volver al tema pero, necesariamente, como estamos en el final quiero dejar expresada la preocupación.
Primero, le pediría a la Presidencia que haga lo posible, que haga un esfuerzo por no firmar el dictamen hoy. Es más, tenemos conocimiento de que a partir de que se han ido expresando distintos bloques, de que va a haber dictámenes de minoría y de rechazo, ya la discusión se está desplazando y se ha comenzado a construir la necesidad de la previsibilidad del número para el tratamiento en las distintas cámaras. Eso degrada mucho el debate aunque, obviamente, en su momento es necesario hacer esa otra discusión.
También, según tenemos información, la consecuencia de esa lógica significa que se comienzan a hacer concesiones con más modificaciones a artículos obviamente controvertidos pero de gravitante importancia, que todavía no los conocemos. Pero de ser así, por ejemplo, en el caso del 19, que es un tema controvertido –el de fertilización, más las modificaciones que se habían hecho– ha merecido que el ochenta por ciento no conozcamos eso pero un diez o doce sí. Y tiene que ver con la naturaleza de algunos de los temas centrales de discusión, no sólo del anteproyecto de los juristas sino del proyecto del propio Poder Ejecutivo, para ver si ratifican la línea fundadora –como les gusta decir– o hay modificación en la línea de avance, independientemente del juicio de valor que tengamos.
En segundo lugar, no es una queja. En el camino recorrido, que tanto se reivindica para los anales de cómo se construyeron los consensos, se sabe decir reiteradamente las giras que se hicieron en la Argentina, las universidades, los profesionales. Obviamente que las opiniones no eran vinculantes, pero hay opiniones que son casi mayoritarias sobre determinados temas que, si bien no condicionan, orientan marcadamente qué es lo que se está pensando en esos lugares.
Uno de los temas menos controvertidos en todas las audiencias públicas que hubo fue el vinculado a la responsabilidad del Estado. Es más, se multiplicaban las voces advirtiendo acerca de lo que significaba la modificación del proyecto del Ejecutivo sobre el anteproyecto que enviaba a la comisión. Es decir que si se trata de plasmar en lo máximo posible lo que se recogió, acá se retrocedió en lo máximo posible de lo que se recogió. Un interrogante.
El tercero, se abrió esto hace más de un año con la presencia de los miembros de la comisión redactora. Aun con las diferencias del proyecto del Ejecutivo eso le daba una significación extraordinaria para un aporte al debate. Estamos cerrando sin la presencia de ellos y con una sensible nota de disculpa que, ahora entendemos, esconde más la ausencia como resultado de no controvertir al Ejecutivo en la discusión de los temas que le eliminan. No es por un problema de agenda, de viaje, ni de reunión en la Corte que no se está. Ahora lo entendemos perfectamente.
Tenía alguna duda si nosotros por ahí estábamos exagerando o no en la búsqueda de los acuerdos. No obstante, saben todos los aportes que se han hecho en materia de contratos, de adopción, de derecho de familia, aun con discusiones fuertes, durante todo este tiempo, por parte de todos los bloques, como dijo la diputada Camaño. Pero lo que yo no encontraba era cuál es la naturaleza de una decisión cerrada al límite cuando hablamos de responsabilidad del Estado.
Fíjense ustedes, lo digo con mucho respeto. Yo creo que a esta altura la decisión política es con cariño al código pero antes que nada a la ley. Cambió el orden de prioridades en el Ejecutivo, en los colegas del Frente para la Victoria.
¿Y por qué? Porque si nos hemos llenado la boca durante todo este año hablando de los consensos básicos, que queremos sacar el código a los treinta años de democracia, como un homenaje, la percepción es que van solos, presidente. Van solos.
Acá hay legitimidad formal en el tratamiento y en el origen. Obviamente. Está fuera de discusión. Pero cuando se trata de esto, la legitimidad tiene un concepto de profundidad que, en el tiempo, hace que se exprese el compromiso de la sociedad, a través de sus representantes, de la manera más amplia.
Por supuesto, como ya se está pensando en la construcción de los números para cumplir con el código y tener la ley, que es lo que importa, quizás esto sea secundario, pero para nosotros es absolutamente gravitante.
Es un día triste, es un día gris. Nosotros pensábamos en un final distinto; no en diferencias particulares en algunos artículos sino en los que todavía vamos a ver hasta el 27, porque creo que ya no va a estar marcado por la discusión de las concepciones sobre las temáticas que aún comprenden el código, sino por la necesidad de conseguir el número para poder aprobarlo. Va a desaparecer el escenario del debate serio de las ideas.
Quería plantear esta preocupación, que quede como pensamiento, presidente. Con mucho respeto, creo que las giras por la Argentina recogieron cosas valiosas, pero la mayoría y las más importantes de esas, hoy las han puesto en el camino del retroceso.
Si el dictamen se firma hoy para tratarlo sí o sí, el 27 creo que merecen –me cuesta decirlo, presidente– aprobarlo en soledad al código.
Creo que tampoco les molesta. Merecen aprobarlo en soledad. Esa es la respuesta que nos dan a nosotros e inclusive a muchos de los que escucharon en la Argentina. Eso sí, es probable que se lleven no una nueva ley de responsabilidad del Estado sino que va a comenzar a regir una ley nueva de eximición de responsabilidad del Estado, y los costos de esa decisión nosotros no los queremos compartir. Estamos en contra. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, diputado.
Sra. senadora Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
En realidad, lo mío es muy breve. No quise interrumpir al senador Pichetto en su discurso porque me parecía que le podía hacer perder la ilación y quise ser respetuosa de esto. Se refirió a la función social de la propiedad, que tiene su base en la Rerum Novarum, y mencionó a la Conferencia Episcopal Argentina, que como usted sabe está formada por obispos, obispos eméritos y presbíteros. No represento la Conferencia Episcopal Argentina, soy esposa, madre y abuela.
Entonces, me fijé y quise saber quién había pedido la eliminación de ese artículo. En realidad, lo pidió la Unión Cívica Radical. Como hizo un fuerte llamado a que ninguno había defendido la posición de la Rerum Novarum y la incorporación de la función social de la propiedad en el proyecto, le quiero aclarar, senador, que el dictamen salió el día jueves –usted lo sabe– y está incorporado por ustedes. Entonces, del jueves a hoy la Conferencia Episcopal no se ha reunido. Creo que la primera reunión es hoy a la tarde. Era una aclaración.
Sra. senadora Negre de Alonso. – Usted hizo una imputación y yo simplemente se la quería aclarar.
Sr. Presidente. – ¿Le permite una interrupción al senador Pichetto, senadora?
Sra. senadora Negre de Alonso. – No tengo ningún problema, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para enriquecer esta discusión.
Cuando uno leyó los diarios del domingo, ¿qué se instala en términos comunicacionales? Este concepto de que “cuidado con la propiedad, van por la tierra, van por la propiedad”. Es decir, retóricas ya conocidas. “Quieren avanzar sobre el derecho de propiedad”. Y la verdad es que sobre este tema la Constitución del 94 lo deja claramente establecido. Si quiere, se lo leo.
Sra. senadora Negre de Alonso. – No. No me lo diga a mí. No me lo diga que ya lo tengo claro.
Sr. senador Pichetto. – La constitución del 94 le da función social a la propiedad.
Sra. senadora Negre de Alonso. – Senador: no me lo explique a mí, porque no está dirigido a mí el mensaje.
Sr. senador Pichetto. – Ahora, vamos a ir a un Código que no ponga nervioso a nadie. Que ningún matutino el día domingo nos despierte con que vamos a hacer la revolución agraria, la revolución cubana, o la revolución mexicana. No, no es esta nuestra voluntad. Estamos actuando con la máxima prudencia.
Lo que digo es que tardan mucho a veces. Las conferencias episcopales muchas veces opinan de muchos temas –y tienen derecho a hacerlo en una sociedad libre–, pero a veces ni siquiera defienden los principios que enunciaron en encíclicas, casi en reconocimientos papales. Y esta vez no dijeron nada de este tema.
Senadora: continúe, por favor.
Sra. senadora Negre de Alonso. – Si me escucha, término con mi exposición y le doy un dato que seguramente usted no lo conocerá.
Usted nombró al presidente de la Comisión, que es monseñor Arancedo. Él está en este momento aterrizando desde México y la Conferencia Episcopal del jueves a hoy no se reunió, se reúne hoy a la tarde. Así que si usted le quiere imputar a la Conferencia Episcopal que se saque este artículo por su omisión, no es así.
Sra. senadora Negre de Alonso. – Senador: basta, ya está. Yo simplemente quería aclararle eso para su información simplemente, pero vero que ustedes han accedido al pedido de la Unión Cívica Radical. Nada más.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sra. senadora Negre de Alonso. – En segundo lugar, veo con agrado que el Frente para la Victoria ha aceptado algunas de las propuestas que hice ayer. En concreto, en el artículo 19 efectivamente había planteado acerca del comienzo de la existencia, “La existencia de la persona humana comienza en la concepción” y se agrega “la protección del embrión no implantado es el objeto de una ley especial”. Así que en ese sentido queda aclarado por algunas preguntas que se hicieron acá.
También había planteado la filiación post mortem, que ha sido eliminada. Y además quería dejar a criterio de los senadores y diputados del oficialismo que no nos olvidáramos de lo que planteamos. Me refiero a lo que plantearon los hijos de donantes, que sugirieron que incorporáramos que el registro no sea anónimo, sino que tenga la posibilidad de protegerle su derecho a la identidad a partir de los 18 años sin derechos patrimoniales de ningún tipo y sin derecho al nombre y al apellido desde ningún punto de vista en cuanto a la filiación. Gracias, señor presidente.
Sra. senadora Morandini. – Gracias, señor presidente.
Tengo la sensación de que en mi caso personal he vuelto a la normalidad, porque más allá de que no sea abogada, la democracia por suerte es el único sistema que legitima los conflictos y, además, no pone condiciones; es decir, somos todos igualmente competentes para la vida política. Por eso no consideré nunca que el hecho de no ser abogada pudiera ser una limitación para formar parte de esta Comisión, sobre todo cuando vino precedida de objetivos tan grandilocuentes e históricos y sobre todo porque venía a cambiar este paradigma de ya no ser sujeto de derecho y sí poner a la persona humana con su libertad y su dignidad en el centro de debate.
De modo que esto que decíamos, la constitucionalización del Código, a mí me entusiasmó porque soy una persona no del derecho. ¿Qué hace un código? Pone normas para la vida. La vida le antecede, la vida es múltiple, es contradictoria, es cambiante. Y la gran pregunta que me he hecho a lo largo de todo este tiempo es cómo debe ser la norma para no violentar lo que sustenta estos principios de libertad, de dignidad, que hacen a la persona humana si efectivamente la vamos a poner en el centro del debate jurídico.
He aprendido muchísimo a medida que iba a las audiencias, pero me llama mucho la atención –y por eso me entristece no haberme equivocado– el hecho de que había un tratamiento de comportamiento en las audiencias y en la misma Comisión en relación al Código en comparación con este final, que de alguna manera está totalmente contaminado por lo que ha sido y lo que es permanentemente nuestro debate en el recinto, donde se impone la mayoría, donde se confunde consenso con acuerdos en los despachos.
La verdad es que yo esperaba otro tipo de debate porque la sociedad también espera otro tipo de debate. Lo que está en el centro es efectivamente la vida y la relación del derecho con la vida, sobre todo ahora que la tecnología ha modificado la relación del derecho con la vida. Entonces, creo que nos merecíamos y necesitábamos otro tipo de debate desde que hemos cambiado la ley natural por una ley que respeta la decisión personal y, sobre todo, esto que señalaba antes de la dignidad de la persona.
Entonces, creo que no es casual este empantanamiento o este final que se vive como frustración, porque claro que hay que reconocer todo el trabajo y toda la energía de todos los que con vocación democrática creyeron que efectivamente se podía construir el consenso, pero ¿qué es el consenso? El consenso no es sólo escuchar en audiencias públicas las diferentes visiones de lo que hace a la existencia plural y múltiple que vivimos en esta época. El consenso es la capacidad de poder incorporar en cada uno del articulado esta diferencia y esta pluralidad de visiones.
Entonces, esto viene a desnudar este fin degradado, abrupto; discúlpenme las expresiones pero no puedo no manifestar lo que siento. No es casual que el empantanamiento venga justo cuando venimos a debatir la responsabilidad del Estado, porque se ha puesto en evidencia cual es la concepción ideológica que tiene el oficialismo en relación a un Estado, al que se ha ideologizado, que interviene cada vez más pero que se le niega cualquier tipo de control o cualquier responsabilidad. Y el hecho de no ser abogada permite hacer preguntas desde el sentido común. Cuando el Estado no cumple con sus funciones de consagrar derechos, de proteger al ciudadano, ¿a quién está afectando? No está afectando al Estado, está afectando al ciudadano.
De modo que se ha puesto en evidencia todo lo que de alguna manera se venía postergando, y ahora aparece de manera descarnada cuál es la concepción en relación al Estado, y que viene a frustrar lo que tendría que haber sido un trabajo –como se dijo desde el inicio- de consenso. Pero no es la primera vez que me llama la atención este diálogo institucional. No diálogo entre nosotros, que no nos insultemos y nos respetemos, que esta es una cuestión nada más que de buena educación; diálogo institucional.
¿Cómo construimos el consenso? ¿Cómo creemos? El sistema que tenemos en nuestro país y que está consagrado constitucionalmente es representativo. Es en el parlamento donde se debaten las leyes. Bienvenidas las audiencias y bienvenido que podamos escuchar todas las opiniones de la ciudadanía, pero es aquí donde se debaten las leyes. Un ejemplo es todo lo que pasó ayer, todo lo que uno aprende en un debate jurídico.
Si realmente cumpliéramos nuestra función y nuestra responsabilidad de legisladores, con todo el saber jurídico que se ha expresado aquí, hubiéramos podido tener el tiempo necesario y acorde a la función tan noble que se enunciaba; que además de las audiencias que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país, cada uno de los temas en cuestión hubiera podido tener el tiempo necesario para acercar posiciones.
Pero más importante que construir un consenso y acercar posiciones, que este debate hubiera contribuido a que la sociedad se apropie del derecho, que sea la sociedad la que debata estas nuevas cuestiones que nos está poniendo el avance de la tecnología, en las que tenemos dilemas. Y hay una cantidad de cuestiones que se han debatido, que no tengo respuestas jurídicas porque tengo dilemas éticos, que me hubiera gustado no solo escuchar a parte de la sociedad que tiene la autoridad de las cuestiones morales o la autoridad de las cuestiones jurídicas, sino traer a filósofos, gente de la bioética y hacer de este debate realmente un debate prolongado.
No es cierto que en otros países esto se haya zanjado. No es que todos nosotros invocamos lo que se hace en otros países cuando en realidad estos son los temas que el derecho y la relación de la vida con el derecho se debate en los países y en las sociedades democráticas más desarrolladas. De modo que no tengo que hacer consideraciones de tipo jurídico, sino que las consideraciones que tengo que hacer son de tipo político. No solo está degradado el debate, sino que en la próxima semana vamos a tener la esquizofrenia de un Senado que debate el Código y de la Cámara de Diputados que va a debatir una ley de responsabilidad civil.
¿Y quién pierde en esta esquizofrenia y en haber reducido la democracia al número de la mayoría? Es cierto que la legitimidad la da la soberanía popular. Es cierto que este parlamento que termina el 10 de diciembre está legitimado. Pero cuando el ejercicio del poder atropella, cuando nos quedan sospechas del ejercicio del poder, lo que queda contaminado es todo lo que sale de este Congreso. Las leyes no son democráticas solo porque se aprueban en el Congreso o porque tengan una mayoría que las aprueba. Las leyes son democráticas cuando somos capaces como responsabilidad del legislador de poder incorporar en todo el articulado lo que son las visiones diferentes que conviven en lo que es la sociedad argentina, que por suerte es plural, contradictoria y mucho más compleja de lo que fue en su pasado reciente, cuando se nos decía lo que teníamos que rezar, qué teníamos que vestir, a quién teníamos que llevar a nuestra alcoba y sobre todo se nos imponía desde la ley cómo teníamos que convivir.
Es una pena que hayamos cancelado lo que nos está pendiente a treinta años de democracia y que este Congreso esté tan alejado de lo que es la ciudadanía. Porque se habló mucho ayer sobre la responsabilidad del Estado. Y a mí me queda una enorme pregunta, que es saber cuál es nuestra responsabilidad como legisladores, cómo esto tiene que ver con la conciencia. No voy a cometer la imprudencia y la pedantería de traer a este recinto cuestiones que son absolutamente éticas y morales en relación a cuál debe ser nuestra responsabilidad a la hora de legislar, sobre todo cuando hablamos de leyes que vienen presentadas como gestas históricas y que tienen esta magnitud de regular lo que la antecede, que es la vida misma.
Sr. Presidente. – Muy amable, senadora.
Sra. diputada Storani. – Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que quiero expresarles la desazón que siento, la angustia que siento y, a la vez, recordar el día de hoy lo orgullosa que me sentí cuando me designó mi bloque y confió en mí para que fuera miembro de esta Comisión Bicameral.
La verdad es que estoy muy angustiada, no solamente por el tema de la responsabilidad del Estado –que no voy a profundizar porque mis correligionarios han profundizado muy bien-, sino por lo que nos acabamos de enterar: cómo han retirado la segunda parte del artículo 19, que es el único artículo que resguarda el derecho de lo que ustedes y todos votamos con orgullo, como el matrimonio igualitario, la identidad de género y la fertilización asistida. Se están llevando puesto el derecho y el resguardo de todas estas organizaciones feministas, el movimiento de mujeres y la diversidad sexual, para poder tener esa famosa responsabilidad o deseo procreacional que también discutimos en el Código Civil. ¿Para qué hicimos todo eso?
Yo soy radical y cuando discutimos el matrimonio igualitario me sentí orgullosa porque seguimos a Alfonsín cuando dio el debate del divorcio vincular y de la patria potestad compartida.
Yo trabajo muy transversalmente. Aquí en esta mesa hay sentados senadores y diputados que me han acompañado en la firma por la legalización del aborto, que lo hemos venido representando todos estos años que he sido diputada. Hemos trabajado intensamente en los temas de adopción. Hemos modificado y podido consensuar. Han quedado deudas con todo el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero están cediendo descaradamente una parte del artículo, que por otro lado dicen reconocerle: derecho a la identidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Están cediendo lo más importante de lo que ustedes dijeron como progresistas todos estos años y yo me lo tragué. Porque yo acompañé todas esas leyes como todos los correligionarios. Dimos el debate dentro del bloque, dimos el debate en el recinto, y acompañamos. Hoy estamos cediendo. No va a haber fertilización asistida.
Acá hay un antecedente importantísimo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo importantísimo, que es el fallo Murillo, que ya advirtió que los embriones no implantados no son personas e interpretó la concepción como que las técnicas de reproducción humana asistida como un equivalente a la implantación del embrión, tal cual lo garantizaban ustedes en el artículo 19. ¿Qué pasó? ¿Están cediendo esto para sacar el Código? ¿No es demasiado? ¿No se sienten mal?
Yo la verdad es que por eso expreso mi angustia. Les pido disculpas por esto, pero es inadmisible. Es desparpajo que muchos de los que están aquí sentados, con los que trabajamos para sacar todas estas leyes, hoy estén cediendo por tener sentado a un legislador o por garantizar un código, aparte de todos los demás temas. La vedad es que estoy con desazón. Gracias.
Sr. Presidente. – Muy amable, diputada.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal Fernández.
Sr. senador Fernández. – Gracias, presidente.
Se han juntado un montón de temas que se hace imposible soslayar y dejar pasar. Algunos que no tienen ningún sentido, y quiero hacer una mera mención. No existe la posibilidad de que en la Argentina un empresario pueda aludir a un determinado derecho civil en contra o en detrimento de derechos laborales.. Es una cosa sin sentido.
Se dice que hablamos de la unificación de derechos del Código Civil y del Código de Comercio, y que se hace mal en mezclar los contratos con los derechos de las personas. Si uno, cuando empieza a cursar Contratos en la universidad, no arranca por el 1.192 y el Pacta sunt servanda, entonces nunca leyeron el Código Civil. Me parece que es innecesario que uno tenga que llegar a este punto.
Pero sacando estas cosas, que son las nimiedades y las que hacen ridícula la discusión política, fortalecerlo un poquito más arriba para tratar de plantear temas que sí tienen que ver con la posibilidad de la búsqueda del consenso y la alternativa real de poder llegar a puntos que nos interesan a todos; vocación que hemos puesto de manifiesto cada vez que hubo oportunidad. Pero llega a un punto en donde forzosamente se va a formar una suerte de cuello de botella donde hay que tomar decisiones.
Yo he escuchado este discurso de la senadora Morandini en siete u ocho oportunidades distintas, con distintos temas. Y la verdad, es un planteo absolutamente honesto el que ella persigue, de buscar un punto donde todos nos pongamos de acuerdo. Pero la realidad es mucho más importante que cualquiera de las otras opciones que pueden existir, que es la vocación de llevar adelante una propuesta política que, según nosotros entendemos, es absolutamente consolidada.
El debate del día de ayer fue más que claro para las dos partes que tenían posiciones asumidas: por un lado, para quienes entendemos que la responsabilidad del Estado es una ley especial, conforme ha sostenido la doctrina en forma abrumadora y que, además, ha consolidado la Corte en más de cien fallos; y, por otro lado, para quienes piensan lo contrario. Esta es la posición respecto de la que en algún momento hay que tomar una decisión. ¿Y las decisiones cómo se toman? Se toman votando. Y los que tienen más votos son los que tienen la razón. Esto es así; así se definió esta estructura. No tenemos otro remedio que llegar a algún punto –este es el punto– donde poner las cosas sobre la mesa y empezar a tomar decisiones. Y cuando las decisiones no se puedan llegar de consuno, se debe llegar a la propuesta levantando la mano. No tiene solución, no hay formas alternativas de solución que no sean estas.
Ahora, si a esa postura nosotros la vamos a estar cuestionado porque se supone que no es lo suficientemente ajustado a la democracia, después de tres años que se vienen trabajando... Se ha pedido a quienes se supone son los que más saben en el país en términos de derecho civil y de derecho administrativo, que volcaran lo que pudieran. Cuando llega un momento y entendemos nosotros que la concepción de la definición especifica del Código contiene un tema que no debe estar en esos términos, ¿qué tiene de malo? Si la vocación es política, la definición es política y la conclusión es política, porque, en definitiva, en algún momento va a haber que votarlo. Estamos yendo a ese punto.
Hemos estudiado de la mejor manera y recorrido el país de la mejor manera. Muchos más que yo –yo no he sido tanto el que ha viajado– han recorrido el país levantando la mejor posibilidad de conseguir información y de tratar de adaptarse a esas reglas de juego, casi entre 170 y 190 casos, ha dicho ayer el secretario de Justicia. Y de esos casos, en más de 150 con aceptaciones claras respecto de lo que se busca. El objetivo, entonces, está perseguido, está planteado: si en 150 se ha llegado a una idea más o menos común con quienes han sido los que lo han elaborado, las decisiones políticas tenemos que tomarlas los políticos. No tenemos otra forma de salir de esta opción. Con lo cual creo que entonces huelga el resto de las cosas.
A veces, en la búsqueda de ese análisis colisionamos con nuestro propio pensamiento. Yo los escuché al senador Sanz y al diputado Negri, a quienes respeto mucho. No los he escuchado nunca decir pavadas, con lo cual cada vez que uno los escucha tiene que estar prestando mucha atención. Pero el senador Sanz dice: "Yo lo escuché a Pichetto, y lo que dice Pichetto significa que sacan dictamen para ir el 27 al recinto". Y el diputado Negri dice al revés: "Se da la esquizofrenia de que está tratando de un lado el Código y, por otro lado, la ley; pareciera ser que entonces es más importante la ley que el Código". No, si ya lo dijo el senador Sanz, que había entendido que Pichetto le planteaba que firmábamos el dictamen para ir el 27 a tratarlo al recinto.
Entonces, la vocación está. Todos entendimos lo que estamos haciendo y cada uno plantea de la mejor manera que pueda. Y nos vamos a encontrar debatiéndolo. Esto es que lo está.
Hay cosas en las que puedo coincidir; hay cosas en las que puedo no coincidir. Yo no estoy muy lejos del pensamiento de la diputada Storani. Si no se lo digo en la cara, me voy a sentir muy mal con mi manera de pensar. Pero no soy el dueño de la verdad. ¿Sabe qué, diputada? No soy el dueño de la lapicera. Yo también formo parte de una estructura política, porque no sé hacer política yo solo, no me miro el ombligo. Formo parte de una estructura política, y voy a acompañar la decisión que ella tome. Esa va a ser la decisión.
Entonces, me parece que es saludable que lo pongamos arriba de la mesa, porque si no, me la voy a cruzar a usted en un pasillo y me va a recriminar lo que le estoy diciendo. Y se lo digo acá, delante de todo el mundo. No estoy muy convencido de que sea así. Pero, insisto, como no hago política del ombligo sino que hago política colectiva, la decisión que se tome es la que yo voy a acompañar. Y me parece que llegamos a ese punto, donde ya no hay más lugar para los consensos en líneas generales, con trazos gruesos, en los que seguramente estamos todos de acuerdo, y a que llegar con el trazo fino a una cosa bien clarita que se defina como una política pública. Y esa es la que vamos a votar. Ahí no queda más remedio que votar, aunque la senadora Morandini nos vuelva a refregar por la cara el tema de la mayoría. No tenemos otra forma de resolver este tema. Se llega al punto en que hay que resolver el tema; y el tema se resuelve yendo al recinto, debatiendo y votando. No hay otra forma de resolverlo.
Sr. diputado Gil Lavedra. – Muchas gracias, señor presidente.
Ya se están exponiendo las posturas de los distintos bloques frente al anuncio que tuvo lugar en el comienzo de la reunión acerca de la intención del oficialismo de firmar el dictamen para pasar directamente a su tratamiento.
Desde ya, nuestra posición ya ha sido adelantada por el senador Sanz; sobre todo, la frustración que tenemos todos acerca de la pérdida o la ruptura de la atmósfera de acuerdos o de consenso que de buena voluntad y de buena fe se venían realizando desde que comenzó el tratamiento de este proyecto.
Observo, señor presidente, que nosotros, la Unión Cívica Radical, desde un primer momento manifestamos nuestra adhesión acerca de la necesidad de la reforma del Código Civil. Y encontrábamos que el proyecto de los juristas, por su sistematicidad, por los valores que defendía, por su organicidad, representaba un excelente proyecto para poder ser tratado.
Nosotros creemos firmemente que la sociedad actual es una sociedad pluralista, heterogénea, con diversidades, en la cual cada vez más se ha ido avanzando en el respeto hacia la autonomía de la persona, es decir, en concebir a la persona como un ente que recibe por sí mismo, por su sola condición de tal, un conjunto de derechos que el Estado y el orden jurídico deben respetar.
Somos también plenamente conscientes de la revolución que sucedió durante todo el siglo XX, cuando cada vez más las cartas constitucionales fueron receptando estos derechos dentro de sus textos, pero con un paso más que no se observaba en el siglo XIX: lo que se denomina hoy la fuerza normativa de la Constitución. Cada vez más la Constitución tuvo que garantizar con su potencia, a todos los órdenes del sistema jurídico, que estos derechos fueran impregnados. Y se han dado mandatos a los gobiernos de que no solamente tenían que defender lo que antes pensaban que eran las meras libertades negativas: que no se torturara a la gente, que no se la matara, que no se les hiciera callar la boca; sino que también los gobiernos tenían que tomar acciones positivas en pos de la dignidad y de la igualdad del ser humano.
Esta constitucionalización –porque así se llama–, que es cuando se impregnan los principios constitucionales en todo el ordenamientos jurídico, tiene este proyecto. Tiene una síntesis. Porque lo que se discute hoy en día ya no es la separación tajante entre distintos órdenes normativos, sino que hoy en día son las propias constituciones las que penetran en los cuerpos para que normas tanto de derecho privado como derecho público puedan consagrar el respeto hacia esos derechos.
Todo esto estaba presente. Nosotros iniciamos este camino con gran entusiasmo. Por supuesto, nuevamente reconocemos la actuación, la actividad y el comportamiento de las autoridades de la Comisión.
Ahora bien, algo ha ocurrido para que a último momento, en el último tramo, cuando con mayor razón tenía que prevalecer la amplitud de criterio; cuando tenía que prevalecer la posibilidad genuina de buena fe de poder llegar a coincidencias sustanciales, esto se quebrara. Esto se quebró, lamentablemente, como siempre ocurre, porque ese proyecto original de los juristas sufrió, por parte del Poder Ejecutivo, varias amputaciones. Y si ustedes observan, donde nosotros tenemos las diferencias es en estas amputaciones, en estos cambios que se introdujeron en el Ministerio de Justicia para mandar el proyecto al Congreso, y respecto del cual el Congreso, una vez más, carece de autonomía para hacer oír su voz.
Todos estos cambios que se fueron introduciendo tienen una matriz común, porque todos revelan una concepción distinta a la que nosotros tenemos con respecto a qué significa el Estado y qué significa la persona. Esta visión sesgada, pro Estado, se ve en todos los cambios. Porque no es solamente la cuestión relativa a la responsabilidad del Estado. Se ve en la mala redacción que le dieron a las cuestiones de los derechos colectivos; se ve también en el tema de las obligaciones de dar sumas de dinero; se ve también en la supresión del acceso al agua; sustancialmente, por supuesto, en lo que discutimos toda la tarde de ayer: que ustedes, permanentemente, en la simetría entre ciudadano y el Estado, resuelven por el Estado, sin darse cuenta de cuál es la parte más débil del asunto. Es la misma concepción de las medidas cautelares en el proyecto de democratización de las justicia. El ciudadano está inerme frente al Estado. El Estado es impune e inmune. Es la vieja concepción del antiguo artículo 43 del Código Civil.
Señor presidente: nosotros, como anticiparon el senador Sanz y todos los integrantes del bloque que han hablado, no vamos a acompañar no solamente porque esto significa una ruptura del consenso, una ruptura de las formas; no sólo porque esto significa un serio desvío sobre nuestros principios y nuestras ideas, sino también porque advertimos con enorme preocupación que no tenemos texto. ¿Cuál es el texto del dictamen? ¿Cuál es el verdadero?
Hoy, el senador Pichetto nos lee algunas modificaciones que se han introducido al borrador del Frente para la Victoria. Pero ahora, de repente, como lo señaló la diputada Storani, nos acabamos de enterar de una reforma que, con todo respeto –sé que hay quienes piensan diferente–, nosotros entendemos gravísima. La modificación al artículo 19 otorgando estatus de persona al embrión fecundado es gravísima. Y no solamente va a contramano de la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de noviembre de 2012, en el caso "Artavia Murillo" –repito: las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, según lo establecido por nuestra Corte Suprema, a las decisiones nuestra–, ha interpretado qué significa concepción. Tomó esta disputa, honesta, porque hay también principios religiosos de por medio respecto de cuándo comienza la vida humana: si con la fecundación del embrión o cuando éste es implantado en el seno materno. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado, sin que queden lugar a dudas, que concepción significa la fecundación en el seno materno o la implantación del embrión dentro de la madre, porque sólo así este embrión tiene condiciones de viabilidad; sólo así.
A esto agrego otras razones. La ley que tenemos dictada en materia de fertilización es una ley que atiende casi exclusivamente a las cuestiones de quién debe hacerse cargo de los gastos, y delega a la autoridad sanitaria muchas cuestiones. Pero la ley no se hace cargo, ahora, con esta sanción, de cuestiones fundamentales. Esto es serio. En primer lugar, en materia de fecundación, entre los óvulos fecundados muchas veces hay selección, porque hay unos que tienen mejores condiciones que otros. Si cada uno de éstos es persona, todos tienen derecho a vivir. También, de otra manera, siempre está la posibilidad de que la madre pueda desistir, muchas veces, de estos procesos. ¿Esto qué significa: la compulsión a la mujer de que tenga que seguir el proceso, porque de lo contrario está matando a una persona? Por otro lado, ¿incurre en aborto el que se le cae una probeta y se destruye? No tenemos sancionado nada serio, todavía, sobre los criterios de conservación de los embriones, pero ¿estamos diciendo que son personas?
Esta modificación, señor presidente, ha aparecido de repente y no sabemos por qué mano, porque no somos nosotros los que cedemos a las presiones de las corporaciones; de corporaciones de ningún tipo. Pero sinceramente, esta modificación de último momento, hecha ahora, en momentos de firmar el dictamen, nos parece realmente una falta de respeto hacia todos los integrantes de la Comisión. No hemos tenido oportunidad tampoco de discutir este tema y de advertirles del error gravísimo que van a cometer. Están aceptando un golpe mortal a las técnicas de fecundación. Se van a tener que ir al exterior, como ha pasado.
Sra. diputada Conti. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. diputado Gil Lavedra. – No, voy a terminar ahora.
Sra. diputada Conti. – Pero para que no se le suba la presión sin sentido.
La fertilización asistida está regulada en los artículos 560 en adelante de nuestro proyecto.
Sr. diputado Gil Lavedra. – En el momento en que le están dando concepción que la existencia de la persona humana que ahí hay vida, es una persona. Yo no ignoro que hay posiciones legítimas, honestas que sostienen esto. Nosotros estamos en las antípodas, y estamos dispuestos a discutirlo. Lo que no queremos admitir es que aparezcan estas modificaciones a contramano, a último momento. ¿Qué otras modificaciones más va a haber hasta el día del recinto?
Por eso, señor presidente, una vez más digo que lamentablemente el proceso ha terminado mal. Ahora sí, por razones de principios, por razones de convicciones, la Unión Cívica Radical no va a votar el dictamen del oficialismo.
Sr. senador Pichetto. – Cerrando el debate, señor presidente, las cosas siempre tienen un final: en la vida, en un trabajo determinado. En una tarea realmente compleja, como esta, que comenzó y se llevó adelante, creo que llegamos al final con un dictamen que ha contenido muchas de las propuestas realizadas por los señores diputados y senadores a lo largo de los distintos debates; y también muchos de los planteos que hemos recibido en los espacios de la universidad y en distintos ámbitos.
Es una lástima que se haya ido la doctora Camaño. Me hubiera gustado que estuviese presente, porque me parece que era importante que escuchara cómo se hizo y cómo se definió en otros tiempos la redacción del Código, cómo se hace para trabajar en un código.
También quería contestarle a la diputada Parada, que cree que hacer un Código Civil es armar una asamblea en una cancha de fútbol en donde todo el mundo opina alegremente sobre todos los temas; tarea imposible. En general, siempre se encomienda a una comisión redactora. Vélez recibió la orden de Mitre de llevar adelante la tarea de la codificación. Era, indudablemente, un jurista importante, argentino, que además se nutrió de los antecedentes del derecho romano, del derecho brasileño, fundamentalmente Freitas; y trabajó con un grupo reducido. Además, cuando se terminó la tarea había cambiado la Presidencia y estaba Sarmiento, quien lo hizo votar a libro cerrado.
Hay un comentario de Llambías que me parece excesivamente riguroso y, en cierta medida, devaluatorio sobre el rol del Parlamento. Dice: "No sé si lo legisladores están capacitados técnicamente para poder evaluar la profundidad de normas de un código como el Código Civil".
Le digo también a la senadora Morandini que no se preocupe tanto por no ser abogada. El primer código, la primera tarea de codificación, la realizó Napoleón. Y se la dio a los comerciantes en 1806 para que elaboren una estructura normativa sobre la base de la costumbre y de las reglas de convivencia comercial. Los comerciantes hicieron el anteproyecto y luego se lo dieron a Napoleón. Y preguntó: “¿Dónde está mi Código de Comercio?” Le contestaron: “Lo tomaron los abogados para analizar”. “Pobre mi Código”, dijo Napoleón.
A veces no hace falta ser abogado, sino tener sentido común para llevar adelante una tarea que de por sí es compleja, que es la de la codificación, que siempre ha sido complicada y que indudablemente no se puede abrir un debate libre e interminable. En algún momento, culmina o en un espacio chico reducido de una comisión redactora y se lleva al Congreso como libro cerrado, o después de un debate importante prolongado donde se escucharon todas las voces.
Nosotros hemos alcanzado niveles importantes de mejoramiento de instituciones que venían muy bien a la gente, como el divorcio exprés y como acotar los trámites de la adopción, que son fundamentales y donde nadie puede adoptar en la Argentina, ya que es interminable el trámite. Hemos tenido en cuenta algunas otras miradas que, a lo mejor en lo personal no comparto, pero forman parte de la cultura argentina y de la mirada sobre la persona por nacer. El tema de la fertilización asistida está incorporado en el Código, doctor Gil Lavedra, en el artículo 560. Y vamos a seguir para ponerle un punto final al dictamen, pero vamos a analizar su preocupación de acá al 27. Es un tema que lógicamente tiene que tener una instancia formal de cierre.
Le vamos a dar dictamen, lo que no quiere decir que no podamos seguir conversando y tratar de ver si encontramos un camino que contenga esa preocupación que usted tiene. Creo que está saldada dentro del propio Código, pero no quiere decir que nos neguemos a poder evaluar esta cuestión de aquí al 27, y en el ámbito del recinto si hay alguna idea importante, valiosa, rica y novedosa que pueda ser útil también puede ser receptada.
Nosotros consideramos que este es un buen trabajo y una muy buena propuesta. También lamentamos y compartimos la frustración de no encontrar mayores niveles de consenso. No somos necios, porque nos hubiera gustado que este tema lo hubieran abordado como política de Estado y no como esquema de oposición rígida.
Además, los partidos que pueden ser opción de poder en la Argentina, porque nada dura para siempre, y es probable que en algún momento la sociedad democrática argentina produzca la alternancia y el cambio, preserve los derechos del Estado frente a demandas de la Patria “pleitera”, porque no comparto para nada la visión de que el ciudadano o la empresa siempre son los débiles frente al Estado. Estoy convencido -porque además lo he vivido en mi práctica como abogado- que el Estado siempre es el más débil, llega tarde en algún traslado, contesta mal la demanda. Siempre tenemos malos abogados defensores defendiendo el interés del Estado. En general, siempre el Estado pierde todos los juicios que se le inician.
Por otra parte, queda vigente y subsistente toda la teoría de la responsabilidad civil en los artículos 1.109 y 1.113. Ayer escuché una tontería de esas que suelen decir algunos por radio. “¿Qué va a pasar con las víctimas de Once?” Tienen en marcha todos los procesos judiciales. No hay ningún tipo de problema. Está vigente toda la estructura normativa de la responsabilidad frente a las demandas judiciales civiles que están en marcha y que tienen estructura de abogados importantes. Los grandes estudios se dedican a este tema. No seamos ingenuos y tontos.
A mí siempre me molesta cuando subestiman la inteligencia, ya que me pone muy mal eso. A veces trato de parecer estúpido, porque conviene dejar pasar las cosas, pero sabemos que detrás de cada demanda contra el Estado están los principales estudios jurídicos, sólidos e importantes, que tienen mayor capacidad de recursos, que se mueven y operan en todos los ámbitos. Sabemos que a veces el Estado no contesta ni el traslado de la demanda. Muchas veces se comen los plazos a propósito o no recurren a la segunda instancia para que el juicio quede consolidado.
Entonces, toda obra humana es perfectible. Indudablemente, esto no es un código escrito como la piedra de Moisés y que no se va a modificar. Puede haber mejoras y cambios. De hecho, ya los ha habido en el Código de Vélez Sarsfield. Refleja un tiempo histórico que mi gobierno y mi partido lo ha expresado correctamente. Se han tratado de acercar en cada uno de los debates que ha planteado nuestro gobierno a ese tiempo histórico de cambios. Cuando planteamos la Ley de Matrimonio Igualitario, el debate estaba en el seno de la sociedad, y lo asumimos con valentía. El gobierno nos apoyó y respaldó con otros temas, como la igualdad de género y el matrimonio igualitario. Son temas que todavía hoy están discutiendo en Francia, que es un país de las libertades y que hizo esa gran revolución.
Con estos fundamentos y asumiendo el compromiso de poder seguir conversando durante el transcurso de este tiempo hasta el día 27, firmaremos hoy el dictamen para darle la formalidad de que podamos cumplir con el Reglamento del Senado, es decir, cumplir con los siete días, y avanzar el 27 en el primer debate sobre este tema, que se va a hacer aquí en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, vamos a firmar el dictamen positivamente.
Sr. Presidente. – Quiero agradecer en nombre de toda la Comisión a todos los asesores, colaboradores y trabajadores que nos acompañaron en las jornadas del interior, asociaciones públicas, universidades -anónimos muchos de ellos-, que hicieron posible el trabajo de esta Comisión.
A partir de este momento, está a disposición la firma del dictamen de mayoría, y, por otro lado, está habilitado en la Secretaría de la Comisión el tiempo necesario para que aquellos senadores que tienen dictamen lo presenten -dentro de la prudencia, diputada, porque cierra a un horario determinado- y puedan acompañar sus dictámenes en disidencia.
- Se distribuye el dictamen para la firma.
- Son las 14 y 13.

References: artículo 18
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 804
 artículo 14
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 43
 artículo 19
 artículo 560