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Timestamp: 2017-09-23 14:26:10+00:00

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Guayaquil Faro del Ecuador: 2011
El 2012 y sus expectativas
Un nuevo año siempre ofrece nuevas posibilidades de desarrollo y bienestar, por supuesto, mediando una visión optimista.
Con esa consideración, el 2012 debería satisfacer el amplio espectro de las expectativas de los ecuatorianos. Así, en lo personal abrigo las esperanzas de que vengan las oportunidades de trabajo para los desempleados, la alfabetización para los analfabetos, la salud para los enfermos, la seguridad ciudadana, jubilación no obligatoria pero sí voluntaria y digna, crecimiento de los hijos sin carencias de toda índole, dinero para el endeudado, respeto para los mayores adultos y personas con discapacidad; y hasta perdón para el agobiado por un sentimiento de culpa.
Se reitera en numerosas publicaciones, que algunas de esas ansiadas y legítimas aspiraciones son posibles; unas pueden ser construidas y logradas con la iniciativa individual y otras con acciones gubernamentales para llenar el vacío de la imposibilidad de la primera. Ambos esfuerzos realizados en armoniosa coincidencia lógica y sin exclusiones. Con optimismo, tolerancia, trabajo, perseverancia, humor (como recomienda el vicepresidente) y aprendiendo de los exitosos.
El mes de diciembre para muchos constituye sinónimo de unidad familiar, amistad, bienaventuranza y esperanza de días mejores. Un mes que nos promete paz.
Sin embargo, entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001, millares de argentinos salieron en forma espontánea a las calles para protestar contra el presidente Fernando de la Rúa y provocaron su renuncia. Hay quienes sostienen que la protesta fue en general contra todos los dirigentes del país.
En su momento, las protestas y los actos vandálicos fueron cubiertos por CNN, pero gracias a internet tenemos detalles: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina
Lo registrable
La insólita intención de que el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) registre, como marca exclusiva para el uso de la Presidencia, las denominaciones 30S, 30-S y “prohibido olvidar”, relacionadas al día de la revuelta policial (¿y de la incursión armada al hospital de la Policía?), sigue generando cuestionamientos de toda índole y hasta comentarios chuscos. Además de que se han presentado oposiciones dentro del trámite que exige la ley.
En un análisis jurídico, destinado a establecer la procedencia de la indicada solicitud, debe considerarse que la justificación para el registro de una marca o de un lema, es en términos generales, el afán de proteger un interés económico. Por supuesto, originado con la creación o fabricación y comercialización de un producto. Para evitar así que nadie se beneficie ilegítimamente del ingenio o esfuerzo ajeno.
Era un personaje de las “tiras” cómicas de la década del sesenta. Los de mi generación y otros mayorcitos deben recordarlo. Su creación se atribuye al caricaturista argentino José Divito.
Fallutelli apareció, gracias al ingenio de Divito, como “un retrato a la antigua, del porteño de dos caras”. Se trataba de un individuo con características de arribista sin escrúpulos, chismoso, oportunista, hipócrita, desleal, traicionero y odiado por sus compañeros de trabajo. Divito además lo presentó como un oficinista bien vestido (de traje, corbata y sombrero), de gran sonrisa, moviéndose entre intrigas, “a la espera de que aparezca en la historieta la credulidad de los demás”. Que por lo general aprovechaba para hacer méritos frente a su jefe.
En las reseñas de internet sobre el Fallutelli, también se alude la expresión del diccionario lunfardo argentino: la persona que es falsa, desleal, hipócrita, traicionera.
¿Por qué la remembranza? Porque me temo que hay alguien en el accionar de la Asamblea Nacional, que aboca a sus miembros a traicionar a los mandantes y a infamar los postulados de la Constitución.
ISD, ¿confiscación?
En general se identifica un tributo o impuesto como aquella obligación dineraria que establece la ley para costear el funcionamiento del Estado. Hay el “impuesto revolucionario”, exigido por ciertas organizaciones terroristas usando extorsión o amenazas.
En un Estado constitucional de derechos y justicia, los tributos responden a principios tributarios, interconectados con otros que rigen el ejercicio de los derechos ciudadanos. En el otro extremo está el “Estado recaudador”, que busca la consolidación fiscal, ampliando las facultades de las autoridades, que menoscaban los derechos y garantías de los contribuyentes. En especial, la disminución de la seguridad jurídica, como ocurre en este país, donde se imponen reformas retroactivas para los procedimientos coactivos. Es decir, se impone la recaudación a como dé lugar y se trata a los contribuyentes como enemigos del Estado.
La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado –además de su cuestionado trámite y veloz promulgación– demuestra lo que representa un “Estado recaudador” que no se sujeta a principios tributarios ni a la Constitución. Esta queda como atado de preceptos de uso discrecional, no obstante que las normas secundarias y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Especialmente en lo que concierne al mantenimiento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que debió eliminarse; no se lo hizo y además se lo incrementó.
El Decreto 1317
Esta semana asistí a un interesante panel organizado por la UEES, sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los panelistas abordaron desde su óptica muy particular, el origen jurídico y el grado de independencia de la CIDH; su eficacia en el procesamiento de denuncias; la necesidad de las medidas cautelares que ella solicita; la obligación estatal de entregarle información; y; si se deben concluir o no los procesos judiciales internos de un Estado, antes de acudir a ella.
En ese análisis se comentaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Reglamento de la CIDH, que le asignan competencia para conocer de violaciones a los derechos protegidos por dicha Convención. Se recordó que la CIDH siempre ha actuado marcando una diferencia con la a veces errática OEA. Se evocó su intervención a pedido del Ecuador, debido al bombardeo en Angostura, en el que pereció el ecuatoriano Franklin Aisalla.
en 0:52:00
El Ministerio de Justicia y los DH
La ministra de Justicia informó en julio pasado que el Estado había contratado una abogada, para apelar la sentencia de muerte impuesta a un ecuatoriano en el Estado de la Florida, Estados Unidos. El condenado, Nelson Serrano.
La declaración era alentadora y enaltecía a la ministra y al Estado, pues se obró en auxilio de un compatriota. Además patentizaba respeto del Derecho a la Vida; y, la posición del país junto a los países contrarios a la pena de muerte.
Pero lo relevante de la noticia –para las actuales circunstancias del caso Diario EL UNIVERSO– es que en aquel momento, la ministra expresó: “como Estado ecuatoriano, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tome medidas cautelares en el caso de Serrano”.
La solicitud fue enviada a Washington para que “se dicten medidas cautelares y …(que) Estados Unidos de Norteamérica tome medidas para suspender la ejecución de las sentencias de pena de muerte …”.
CIDH: medidas cautelares
A propósito de las medidas cautelares solicitadas a la CIDH, relacionadas al caso de Diario EL UNIVERSO, comparto con el lector una información breve.
La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es un órgano cuasi-jurisdiccional. Los estados de la OEA aceptaron sus competencias. Una de ellas, de acuerdo al Estatuto de la CIDH, es prestar particular atención a la tarea de la observancia de derechos humanos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Es un órgano cuasi-jurisdiccional. Si bien no emite sentencias, su investigación de carácter preparatorio en casos de infracciones denunciadas, –de naturaleza contradictoria– (escucha réplicas y admite pruebas), debe agotarse para acceder a la Corte Interamericana con denuncias o quejas por violación a la Convención Americana. Tiene función conciliadora y diplomática, pues le corresponde buscar una solución entre la presunta víctima y el Estado, antes de llevar la demanda a la Corte.
Como partes de la Convención, los estados –incluido el Ecuador– aceptaron la competencia de la CIDH para examinar las demandas privadas contra esos estados.
Además, al adherirse o en cualquier momento posterior, un Estado puede aceptar la competencia de la CIDH para recibir y examinar comunicaciones, en que otro Estado Parte lo acuse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención.
En el informe de admisibilidad de la CIDH, referente al caso de Franklin Guillermo Aisalla Molina contra Colombia, se menciona que “…Según los registros de la Secretaría General de la OEA, mediante declaración del 30 de julio de 1984, el Estado de Ecuador reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones interestatales…”.
Ahora bien, la CIDH puede solicitar a los estados, medidas cautelares de protección, en casos de gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, mecanismos necesarios para impedir que una justicia tardía o imperfecta produzca efectos nugatorios en la víctima.
Para la procedencia de las medidas cautelares, se ha interpretado que el peligro y la urgencia son eventos inminentes, inevitables, que como amenazas a las personas, resultarán en afectación real y de magnitud irreparable de sus derechos fundamentales.
Le corresponde al interesado o la CIDH, determinar las medidas específicas que considerare necesarias. Así, la protección a la víctima puede implicar medidas de seguridad, eliminación del origen de la amenaza, o que el Estado evite que los efectos perjudiciales se prolonguen en lo venidero.
No es necesario agotar los recursos internos. En la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte Interamericana advirtió el peligro de los ineficaces recursos internos de un Estado: “…cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido...”.
Las medidas cautelares están previstas para contener el abuso.
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 11 de noviembre del 2011.
Un acto de fuerza
Así calificó el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos a la separación de 3.029 empleados del sector público efectuada el pasado viernes, bajo el mecanismo de la “compra de renuncias obligatorias”.
El mecanismo tiene su origen en el Decreto del presidente No. 813 (R.O. 489, 12-julio-2011, Suplemento) que reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Concretamente en una disposición introducida luego del artículo 108 del Reglamento. Ahí se indica que las instituciones del Estado “…podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a la letra k) del artículo 47 de la Losep…”.
Sin embargo es pertinente destacar, que la Ley (Losep) no autoriza la compra de renuncias obligatorias.
El artículo 47 de la Losep, en su letra k) solo se refiere a la compra de renuncias con indemnización. Es uno de los casos de cesación definitiva de funciones de servidores públicos. Por supuesto, dicho artículo también menciona -en la letra a)- la renuncia voluntaria formalmente presentada, que debe entenderse como aquella que se produce sin mediar el ofrecimiento de la compra. En ambos casos, la renuncia tiene el elemento volitivo, pues es un acto de voluntad y de libertad, no de sometimiento.
Por tanto, en ausencia de norma expresa en la Losep, no cabe exigir la venta de renuncias. La reforma del Reglamento, desborda la voluntad de la ley y contraría el sentido natural y obvio del vocablo Renuncia: “Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello”, según el Diccionario de la RAE.
El carácter voluntario de la renuncia está reiterado en varias disposiciones de la Losep. Así, el artículo 14 prevé el reingreso al sector público del empleado que vendió su renuncia, si previamente devolviere el valor de la indemnización. Además, puede reingresar al servicio público quién renunció voluntariamente sin recibir indemnización alguna.
El artículo 45 de la Losep contempla la renuncia cuando se ha iniciado un proceso de sumario administrativo en contra del servidor, pero no lo suspende y debe continuar. La disposición general Décima Segunda prevé la renuncia voluntaria para efectos de una compensación económica adicional a los haberes de ley.
La posibilidad de comprar renuncias obligatorias fue discutida en la Asamblea Nacional, con ocasión de la objeción parcial del presidente Correa a la Losep. Esa posibilidad no prosperó por el rechazo de más de 90 asambleístas.
De lo reseñado se desprende que el Decreto 813 comentado, además contraviene la Constitución, al menos en los artículos 33 (El trabajo es un derecho y deber social), 325 (El Estado garantizará el derecho al trabajo) y 326 (Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras).
También infringe el Pacto Mundial Para El Empleo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de junio del 2009. Proteger a los trabajadores frente a la crisis mundial fue uno de los objetivos del Pacto.
Todo indica que el plan de despidos de carácter masivo, imponiendo la renuncia obligatoria, es un acto de fuerza. ¡Cuidado con la disposición arbitraria de fondos!
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 3 de noviembre de 2011.
Recomendaciones vinculantes de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó audiencias dentro del 143º Periodo de Sesiones. Empezaron el pasado 24 de octubre y terminan hoy.
Estas audiencias pueden ser solicitadas tanto por los Estados, como por la sociedad civil (a través de personas y organizaciones). Constituyen el foro adecuado para informar sobre la violación de derechos humanos.
Al respecto cabe recordar, que la CIDH escuchó en marzo del 2010 los argumentos de Ecuador y Colombia, sobre el bombardeo en Angostura, en el que murió el ecuatoriano Franklin Aisalla.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, nació con la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su objetivo es promover la observancia de los derechos humanos y actuar como órgano consultivo de la OEA. Además, competente para conocer del cumplimiento de compromisos contraídos por el Ecuador en dicha Convención.
La CIDH está integrada por 7 miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes no representan a sus países de origen o residencia.
Pues bien, en una de esas audiencias celebrada el martes pasado, se debatió la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador. En este caso, los solicitantes fueron: Center for Civil and Human Rights - University of Notre Dame, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP) y Diario EL UNIVERSO.
El Estado ecuatoriano estuvo representado por una numerosa delegación, que confirma el reconocimiento de la autoridad de la CIDH y de su mandato.
El caso es que, para cumplir su misión, la CIDH puede “…solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos…”. Por tanto, el Estado debe proporcionarle las informaciones que solicite, sobre la manera en que el derecho interno ecuatoriano asegura la aplicación efectiva del artículo 13 de la Convención, de la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
Lo anterior conecta adecuadamente con el artículo 2 de la Convención: “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Además, la CIDH tiene expresa atribución para “…formular recomendaciones, …, a los gobiernos de los estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas… al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos…”. (Convención: artículo 41).
Es indudable, entonces, que las recomendaciones de la CIDH son consustanciales a la mencionada audiencia; y, no caben condicionamientos del Estado ecuatoriano a aquellas. No lo hizo Colombia en el caso Aisalla. Tampoco cabe alegación de soberanía, pues está limitada por el Derecho Internacional.
*Publicado en el Diario El Universo el viernes 28 de octubre del 2011.
Daño moral y Juramento deferido
Ha causado sorpresa, al menos entre los abogados, la noticia de que en el juicio que sigue el presidente Correa contra los periodistas autores del libro El Gran Hermano, se haya aceptado que el demandante rinda su “juramento deferido”. Ello con la finalidad de establecer –aparentemente– el monto de los supuestos daños morales, supuestamente sufridos con ocasión de la indicada publicación.
En lo personal, experimento vergüenza ajena por el profesor de Derecho Procesal, que le impartió sus clases a la jueza a cargo del proceso. ¡Cómo lo hace quedar mal!
El juramento deferido, en materia civil, como es el caso de la reclamación de perjuicios por daño moral, es un medio probatorio de carácter subsidiario, que solo puede solicitar el supuesto perjudicado, cuando “…no hubiere medio de acreditar la estimación o el importe… (de la obligación), o el valor de los daños…”. Así lo aclara el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.
Pero a esta prueba, solo se puede acudir, una vez establecido realmente el daño causado y la obligación de repararlo. Esto es el nexo causal con el culpable.
El 24 de marzo es el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”.
La ONU escogió esa fecha, en memoria de Óscar Arnulfo Romero, quien fuera Arzobispo Metropolitano de San Salvador, República de El Salvador; y, en homenaje a todos los defensores de derechos humanos.
Monseñor Romero, vehemente luchador contra la represión y defensor de los derechos humanos en su país, fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa. Los implicados, agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte, fueron liberados por aplicación de una “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabilizó al Estado salvadoreño por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente: a la vida; a las garantías judiciales, a la tutela judicial efectiva; y, a conocer la verdad de lo sucedido.
Para la CIDH, el Estado incumplió su obligación de respetar tales derechos y garantizar su libre y pleno ejercicio. También incumplió la “obligación de abstenerse de adoptar disposiciones de derecho interno que afecten el goce de los derechos consagrados en la Convención”.
Finalmente, la CIDH –órgano competente para conocer incumplimientos de compromisos contraídos en la Convención Americana de Derechos Humanos–, instó al Estado salvadoreño “…a realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores, materiales e intelectuales, de las violaciones encontradas…; que repare todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluyendo el pago de una justa indemnización; y que adecue su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General…”. Así relievó la importancia de satisfacer el Derecho a la Verdad.
Aquello guarda relación con lo expresado el pasado marzo por el Secretario General de la ONU. Dijo que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores”. Valoró que el conocimiento de la verdad, les ofrece una forma de poner punto final, recuperar la dignidad y aliviar el dolor por las pérdidas.
La doctrina sobre este derecho, explica que establecer la verdad ayuda a la sociedad a promover la rendición de cuentas, respecto de esas violaciones graves. Además, con investigaciones suficientes, testimonios de víctimas y de responsables, podría obtenerse beneficio psicoterapéutico. Tal descarga emocional contribuiría “a generar una crónica compartida que facilite la recuperación y la reconciliación”, en palabras del Secretario General de la ONU.
El derecho a la verdad es un concepto jurídico supranacional, pertinente a los hechos del 30-S. Si es que hubo violaciones graves a los derechos humanos, es imperativa su reparación. La verdad facilitará la reconciliación y preservará la memoria colectiva.
Es ilegítimo frustrar este derecho con interpretaciones legales que lo restrinjan.
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 14 de octubre del 2011.
La mejor defensa es un derecho que tiene toda persona en un litigio, pero eso no es suficiente para el reconocimiento de sus intereses. Es preciso además, que la tutela judicial efectiva sea provista por jueces de recto proceder, íntegros, honrados y versados para la labor. Son requerimientos de probidad, sin los cuales un juez no ofrece garantía de acierto para resolver una controversia o sobre la imputación de un delito.
La más grande frustración que puede sufrir un abogado en la práctica del derecho, es cuando se ve forzado a enfrentar la deficiente calidad de un juez. En esas condiciones no puede esperar decisiones consistentes en la interpretación de la ley como de los hechos. No habría lugar al dominio de los principios de la lógica.
Aunque la ciudadanía no lo tenga claro, ella necesita de jueces suficientemente enterados, valientes y justos. Así como de tribunales de apelaciones o de “alzada”, que luego de la presentación de los recursos, corrijan los errores o abusos de los jueces de una instancia inferior. Es por ello que la Constitución de la República, norma suprema, receptora de los tratados internacionales de derechos humanos, garantiza como parte del derecho a la defensa de toda persona a “…Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos" (Art. 76: 7o., letra m).
La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) compromete al Estado ecuatoriano a hacer efectivo el derecho de toda persona, a ser oída con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.
El artículo 8, numeral 2 del indicado instrumento internacional señala, además, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre las garantías mínimas a: “…c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; f) …obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…”. Estos derechos están contemplados también en la Constitución.
El Código Orgánico de la Función Judicial, establece entre las Facultades y Deberes Genéricos de las Juezas y Jueces la obligación de “Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella” (Art. 129: 1o.).
De tal manera que hay infracción de las normas indicadas, por ejemplo, si en un proceso penal se niega una prueba pericial pedida oportunamente por el demandado; o se adelanta con 18 días la fecha previamente fijada por el tribunal de apelaciones para que el recurrente fundamente los recursos presentados; o no se atiende el pedido para que se mantenga la fecha previamente fijada y además se le declaran abandonados los recursos, invocándose para ello preceptos legales que son contrarios a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En esas condiciones, el beneficiario de los abusos tendrá una victoria de cuestionada legalidad y estará moralmente solo.
* Publicado en el Diario El Universo el viernes 7 de octubre del 2011.
Análisis lingüístico del párrafo de un articulo de
opinión que ha sido objeto de una demanda penal
Este predicado tiene una carga semántica especialmente fuerte en términos lingüísticos y especialmente grave en términos de acusación.
Porque el objeto de esa acusación es, en lo fundamental, "haber ordenado fuego contra un hospital".
De haberlo escrito, el periodista habría debido probar tan grave acusación, so pena de quedar el mismo sometido a juicio por grave calumnia.
Pero el periodista ha propuesto esa acusación como algo hipotético.
-el sujeto de esa hipotética acusación: un nuevo presidente, a quien se especifica con el rasgo "quizás enemigo suyo".
-el verbo usado: "poder". Poder hacer algo es diferente de hacerlo. Poder no pasa de una potestad.
-el tiempo verbal que enuncia la acción acusatoria: "podría". Ha usado el tiempo verbal que Bello llamó "pospretérito", y del cual siempre la Academia Española destacó su sentido condicional.
Este sentido queda claro en ejemplos del habla corriente, como el que doy yo en mi libro Cómo escribir bien:
Se pregunta a alguien:
-¿Irás a la fiesta?
-Iría.
Yo comento en ese libro: "Si hubiese respondido "Iré" era seguro que iba.
Pero si dice "iría" cabe pensar en alguna condición: "Si tuviera transporte". Trátase de un futuro problemático".
En estricto análisis lingüístico se impone concluir:
1. En ese párrafo no se acusa al "Dictador" de ese "haber ordenado fuego” contra el hospital.
El presente informe técnico de lingüística, fue presentado en la Audiencia Oral, ante el tribunal de apelaciones de la Corte Superior, dentro del proceso penal por injuria calumniosa que se inició con la querella del Economista Rafael Correa Delgado, dirigida contra el ex-editorialista del Diario El Universo, Emilio Palacio Urrutia y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, ejecutivos del indicado medio de comunicación.
http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
En la primera instancia se había negado el pedido de la pericia lingüística solicitada por la defensa del periodista Palacio para probar la inexistencia del delito acusado. La negativa tuvo el pretexto del juez, de que en el Consejo de la Judicatura no hay registrado un perito con dicha especialidad. Ello violentó el derecho a la defensa del periodista y lo sometió a la indefensión.

References: artículo 108
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 14
 artículo 45
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 41
 artículo 162
 resolución 
 artículo 8