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Timestamp: 2019-07-19 19:08:38+00:00

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STC 283/2006, 9 de Octubre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 23916173
STC 283/2006, 9 de Octubre de 2006
Recurso de amparo 3614-2003. Promovido por don Alfonso Villalonga Navarro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le condenaron por delito de intrusismo profesional al ejercer la especialidad médica de cirugía plástica. Supuesta vulneración del derecho a conocer la acusación, y vulneración del derecho a la legalidad penal: correlación entre acusación y fallo; integración de norma penal en blanco mediante remisión normativa en cadena. Voto particular.
Sentencia citada en: 163 sentencias, 15 artículos doctrinales, un tema práctico
STC 283/2006, de 9 de octubre de 2006
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 3 de junio de 2003, la Procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de don Alfonso Villalonga Navarro, y bajo la dirección letrada del Abogado don F. Javier Clastre Bozzo, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia.
La Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 25 de Madrid de 29 de junio de 2002 condenó al recurrente como autor de un delito de intrusismo profesional del art. 403 del Código penal, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico durante el mismo, accesorias y pago de las costas procesales. En dicha Sentencia se considera probado que el recurrente, médico de profesión, es propietario de una clínica de cirugía plástica, anunciándose como médico especialista en cirugía plástica estética, tiene un seguro como médico especialista en cirugía plástica y reparadora y el día 14 de julio de 1997 operó a don A.L.D.L.R.R. actuando como cirujano principal, todo ello pese a carecer del título oficial de médico especialista en cirugía plástica reparadora.
Recurrida en apelación, la Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 2003 confirmó la condena del recurrente, desestimando el recurso en virtud de los siguientes argumentos. Con respecto a la alegación de vulneración del principio acusatorio, se afirma que existe una total y absoluta correlación entre los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y la acusación particular y la Sentencia, así como que existió un conocimiento claro y cabal de los hechos por parte del acusado “desde el momento en que se le dio traslado judicial de la imputación y se le recibió declaración en calidad de imputado”. Y en relación con la queja relativa a la vulneración del principio de legalidad penal, se rechaza la misma puesto que de lo actuado se concluye que el recurrente, pese a ser únicamente licenciado en medicina y cirugía general, viene actuando como especialista en cirugía plástica, anunciándose públicamente como tal en la clínica de la que es titular y en la que desarrolla su actividad y que tiene asegurada en calidad de especialista, habiendo practicado el día 14 de julio de 1997 una intervención que “según el informe del Ministerio de Sanidad ... queda comprendida dentro de las especialidades de Cirugía Maxilofacial y Cirugía Plástica y Reparadora”. Y tales hechos se consideran incardinables en el art. 403 CP al carecer de título oficial que le habilite para realizarlos.
La demanda se fundamenta en los siguientes motivos de amparo. En primer lugar, denuncia el recurrente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por infracción del principio acusatorio. Se sostiene tal motivo en la consideración de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular calificaron los hechos como constitutivos de delito de intrusismo, refiriendo la calificación a la actuación del recurrente respecto de un paciente concreto y por una actuación médico-quirúrgica concreta, sin que se imputara una dedicación general a la cirugía estética careciendo del título de especialista, pese a lo cual ha sido condenado por ello, como se desprende del fundamento jurídico tercero de la Sentencia recaída en primera instancia. Ante tal circunstancia, se concluye que no existe congruencia entre los hechos que se atribuyen como base para la acusación y los que fundaron la condena, y que nadie puede ser condenado por hechos de los que no ha sido acusado y frente a los que no ha podido defenderse.
La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 25 de noviembre de 2004, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atentas comunicaciones a los órganos judiciales competentes para la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que, si lo desearen, pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso. Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó el ATC 49/2005, de 1 de febrero, acordando suspender la ejecución de la Sentencia exclusivamente en lo relativo a la pena de prisión.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 12 de enero de 2005 se acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Gil Segura, en nombre y representación de don Ángel Luis de la Rosa Rodríguez, y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinente, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
Por la representación procesal de don Ángel Luis de la Rosa Rodríguez se presentó escrito de alegaciones el 25 de enero de 2005 en el que solicitó la desestimación de la demanda de amparo, por haber sido aplicado correctamente el art. 403 CP a unos hechos consistentes en practicar una intervención propia de una especialidad médica careciendo de título oficial que se lo permitiera, anunciándose el recurrente como especialista de aquélla sin serlo realmente.
El recurrente, evacuando el trámite previsto en el art. 52.1 LOTC, presentó escrito registrado en este Tribunal el 3 de febrero de 2005, ratificándose íntegramente en el contenido de la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal, evacuando idéntico trámite, presentó escrito de alegaciones, registrado el 18 de febrero de 2005, en el que solicitó el otorgamiento del amparo, por considerar vulnerado el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) del recurrente.
Por providencia de 21 de septiembre de 2006 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado el día de la fecha.
La presente demanda se dirige contra la Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 2003, que confirma la condena por delito de intrusismo impuesta al recurrente por el Juzgado de lo Penal núm. 25 de Madrid en Sentencia de 29 de junio de 2002. Está fundada en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), dada la falta de coincidencia entre los términos de la acusación y el fallo condenatorio, así como en la lesión del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en atención a dos argumentos. En primer lugar, por cuanto antes del Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, que establece la exigencia de título oficial para el ejercicio de la cirugía estética, no existía norma que estableciera dicha obligación, de modo que para fundar la condena por delito de intrusismo (art. 403 del Código penal: CP) dicho Real Decreto se ha tenido que aplicar retroactivamente a unos hechos anteriores a su entrada en vigor. En segundo lugar, por no ser la normativa que regula las especialidades médicas —Real Decreto 127/1984, de 11 de enero— apta para complementar el citado tipo penal, al carecer del rango legal exigido por el art. 36 CE y ser, en consecuencia, inconstitucional; asimismo, por no incorporar el citado Real Decreto una regulación concreta de las actividades profesionales reservadas a cada especialidad, lo que vulnera la exigencia de lex certa.
Analizando los motivos de amparo por el orden en que han sido expuestos en la demanda, procede comenzar por el que denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 CE, por existir una indebida falta de coincidencia entre los términos en que se formula la acusación y el fallo condenatorio.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso que nos ocupa ha de conducir a la desestimación del primer motivo de amparo, pues no cabe encontrar divergencia alguna de carácter esencial entre la formulación del relato fáctico en que se basa la acusación y los hechos probados que, previo debate contradictorio sobre los mismos, han dado lugar a la condena por delito de intrusismo. El recurrente sostiene la existencia de una falta de congruencia entre la acusación y el fallo, por basarse éste en su dedicación general a la cirugía plástica y reparadora —dentro de la que se incluirían las intervenciones estéticas— mientras que la acusación estaba fundada en una intervención quirúrgica puntual sobre un concreto paciente. Sin embargo, ha de señalarse que el mismo recurrente reconoce expresamente —en el escrito de apelación que se aporta con la demanda— que los hechos probados recogidos en la Sentencia del Juzgado de lo Penal ahora impugnada son “literalmente los que vienen reflejados en el escrito de acusación del Ministerio fiscal”, y en ambos se relata, además de la concreta intervención quirúrgica realizada sobre el paciente Sr. D.L.R., que el recurrente es propietario de una clínica dedicada a la cirugía plástica, anunciándose como “especialista en Cirugía Plástica Estética”, y que tiene un seguro de responsabilidad civil “por su actividad como médico especialista en cirugía plástica y reparadora”, así como que carece del título oficial de médico especialista en cirugía plástica y reparadora.
Entrando ya en el segundo motivo de amparo, resulta preciso concretar, con carácter previo, el sustrato fáctico sobre el que la queja se proyecta, pues de los términos en que está planteada la misma podría inferirse que la condena por delito de intrusismo impuesta al recurrente se ha fundado, por las resoluciones judiciales impugnadas, en la integración de la norma penal con el Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la formación médica especializada, dado que, según asevera el actor, sólo en esa norma, y no en el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, se regula la especialidad médica de “cirugía estética”. Ello implicaría, en consecuencia, la aplicación retroactiva contra reo de una norma posterior a los hechos y, por ello, en tanto en cuanto dicha norma vendría a complementar la descripción de la conducta típica prevista en el art. 403 CP, la vulneración del derecho a la legalidad penal recogido en el art. 25.1 CE.
Procede a continuación, una vez despejada esa primera cuestión, entrar en el núcleo de la controversia que plantea la segunda queja del recurrente. La alegada vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) se desdobla en dos vertientes que, aunque relacionadas, poseen entidad independiente, por lo que resulta necesario su análisis por separado. Conviene a este respecto comenzar por destacar que el desarrollo del presente motivo de amparo es en gran medida tributario de las consideraciones que sobre el delito de intrusismo en el ámbito de las especialidades médicas ha efectuado la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2003. Asimismo, el otorgamiento del amparo que, por quebranto del art. 25.1 CE, solicita el Ministerio Fiscal en su escrito se sostiene, de igual modo, en la citada decisión del Alto Tribunal. Expresado en términos sintéticos, y como ha sido ya expuesto más ampliamente en los antecedentes, el Tribunal Supremo concluye que el Real Decreto 127/1984 es inadecuado para integrar la remisión normativa incluida en el tipo legal del intrusismo, en virtud de dos argumentos de diversa índole, que constituyen, a su vez, las dos vertientes citadas en las que se proyecta la queja del demandante de amparo. De una parte, desde una perspectiva formal la norma reguladora de las especialidades médicas no es adecuada para complementar el tipo penal de intrusismo por su carencia de rango de ley expresamente exigido por el art. 36 CE para el “ejercicio de las profesiones tituladas”. Y, de otra parte, a la misma conclusión debe llegarse desde una perspectiva material, pues la citada norma reglamentaria no define los actos propios de cada especialidad, conculcando la garantía de lex certa que incorpora el derecho a la legalidad penal y el principio de seguridad jurídica.
Llegados a este punto, y antes de trasladar dicha doctrina general al ámbito de la ley penal en blanco, debemos detenernos aún en otra cuestión preliminar, relativa a si el cauce de amparo en el que nos hallamos es adecuado para resolver la pretensión del recurrente, en tanto en cuanto ese denunciado déficit de taxatividad de la normativa en que se basa la condena pudiera enmascarar un verdadero juicio de inconstitucionalidad. En efecto, la denuncia del recurrente no se proyecta inicialmente sobre la actividad de los órganos judiciales en su aplicación del Derecho, sino antes sobre aspectos concernidos en el que hemos llamado mandato de taxatividad y que va dirigido al legislador en aras de garantizar la previsibilidad de lo prohibido y la seguridad jurídica. Esta cuestión se ha planteado con anterioridad ante este Tribunal, y hemos entendido que “como quiera que nos encontramos en un recurso de amparo y no en un proceso constitucional cuyo objeto fuera el control de constitucionalidad de aquella norma, hemos de proceder, al menos inicialmente, a examinar si la Sentencia impugnada en amparo … vulneró o no el derecho fundamental del recurrente derivado del art. 25.1 de la CE, sin que debamos por ahora realizar una confrontación directa entre la norma penal … y el art. 25.1 de la Constitución” (STC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5). En cualquier caso, en esa misma resolución pusimos de manifiesto que el principio de legalidad penal no sólo garantiza “el estricto sometimiento del Juez a la ley penal, vedando todo margen de arbitrio o de discrecionalidad en su aplicación así como una interpretación analógica de la misma”, sino también —como ya hemos resaltado— “la seguridad del ciudadano en cuanto la certeza de la ley penal, cuya exigencia es inherente a dicho principio, le permite programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente”, vertiente cuya posible infracción debe ser igualmente fiscalizada en amparo (FJ 5), tal como, de hecho, hemos llevado a cabo en diferentes ocasiones. Así, por ejemplo, cabe citar la reciente STC 51/2005, de 14 de marzo, donde nos hemos ocupado de una queja idéntica a la presente en relación con el delito de tenencia ilícita de armas; la STC 61/1990, de 29 de marzo, resolución de una demanda de amparo en la que se declara la nulidad de una orden ministerial por vulneración del derecho recogido en el art. 25.1 CE; o la STC 116/1993, de 29 de marzo, en la que, ante la demanda interpuesta contra una sanción administrativa de expulsión del territorio nacional, se otorgó el amparo porque la norma aplicada “no sólo no garantiza mínimamente la seguridad jurídica de los administrados por no establecer con claridad criterios para la graduación de las infracciones y las sanciones, sino que infringe directamente el art. 25.1 CE al definir las conductas determinantes de la expulsión a través de conceptos que por su amplitud y vaguedad dejan en la más absoluta indefinición los tipos punibles merecedores de tal medida”, por lo que “no permite predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen la infracción merecedora de la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, requisito exigido por el art. 25.1 CE” (FJ 3). En suma, la garantía material de lex certa integra asimismo el derecho a no ser sancionado en aplicación de una disposición imprecisa, por lo que el déficit de taxatividad alegado por el recurrente encuentra un cauce idóneo en el recurso de amparo.
Sobre esta base, hemos de señalar que el tipo penal que describe el delito de intrusismo presenta una estructura de ley penal en blanco; “esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta” (STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3). Esa conclusión —avalada por la doctrina científica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo— está sostenida no sólo en el incuestionable carácter jurídico de los elementos a que remiten nociones como “título oficial” o que “habilite legalmente para su ejercicio”, sino esencialmente debido a que el régimen español de las profesiones tituladas —materia que conforma el sustrato de regulación del delito de intrusismo y cuyos aspectos más esenciales (“títulos oficiales”, “actos propios de una profesión”, etc.) son los que han de servir de complemento exegético al mismo— se configura como un sistema cerrado de reglamentación, con una consiguiente vinculación entre títulos y la actividad profesional correspondiente que, con mayor o menor concreción, debe ser legalmente determinada, tal como viene a establecer el artículo 36 CE al exigir que sea la ley la que regule el ejercicio de las profesiones tituladas. En esa medida, habrán de ser precisamente normas jurídicas las que determinen qué deban ser actos propios de una profesión para cuyo ejercicio habilite un título oficial.
Concretado tal carácter de la ley penal aplicada, debemos establecer, siguiendo doctrina consolidada de este Tribunal, cómo se proyecta la garantía material de taxatividad sobre las normas penales en blanco, para después proceder al análisis del caso concreto. Tal como manifestamos en la citada STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3, los postulados contenidos en el derecho a la legalidad penal son conciliables con la utilización por el legislador de dicha técnica legislativa, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: “que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición”, así como, con especial relevancia en lo que atañe a nuestro análisis, “que sea satisfecha la exigencia de certeza o, como señala la citada STC 122/1987, se dé la suficiente concreción, para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada” (en igual sentido, SSTC 118/1992, de 16 de septiembre, FJ 2; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 120/1998, de 15 de junio, FJ 5; o 34/2005, de 17 de febrero, FJ 3).
Otorgar el amparo solicitado por don Alfonso Villalonga Navarro y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
Declarar la nulidad de las Sentencias del Juzgado de lo Penal núm. 25 de Madrid de 29 de junio de 2002 y de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 2003, por las que se le condena como autor de un delito de intrusismo.
Voto particular que formula el Magistrado don Pablo Pérez Tremps a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3614-2003 y al que se adhiere el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
La posición de la mayoría basa la vulneración del art. 25.1 CE, desde la perspectiva de la exigencia de lex certa, en el doble presupuesto de que el art. 403 CP es una norma penal en blanco y de que no debe acudirse a una “remisión normativa en cadena” para establecer el contenido de su prohibición, concluyendo de ello que el límite de dicha remisión ha de agotarse en el Real Decreto 127/1984, sin que sea acorde con la garantía de certeza el descender, en un segundo nivel, a una resolución administrativa reguladora de los planes de formación de las especialidades médicas, para determinar las actividades médicas que habrían de corresponder a cada una de las especialidades médicas.
Este proceso argumental se sustenta en un primer presupuesto —el carácter normativo y no descriptivo de un determinado elemento del tipo— que, siendo una cuestión de legalidad ordinaria, no era el asumido por la resolución judicial impugnada, y en un segundo presupuesto —haberse acudido a una “remisión normativa en cadena” para establecer el contenido de la prohibición— que no se corresponde con la realidad de la argumentación desarrollada en la resolución judicial impugnada. En efecto, la necesidad o no de acudir a normas extrapenales para completar la comprensión de algún elemento del tipo penal es una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde decidir a los Tribunales ordinarios, en la labor que le es propia de interpretar y aplicar los tipos penales y, respecto de dicha decisión, este Tribunal sólo puede proyectar ex art. 25.1 CE, en su caso, un control externo, tendente a verificar si dicha operación jurídica carece de razonabilidad, haciendo que su resultado sea imprevisible para los destinatarios de las normas (por todas, STC 24/1996, de 13 de febrero, FJ 5). En el presente caso, la resolución judicial impugnada argumentó en su fundamento jurídico tercero que el delito de intrusismo está compuesto por un elemento normativo, que es la referencia al título oficial, y otro de carácter material, como es la referencia a los actos propios de una profesión, para cuya determinación “necesariamente habrá que remitirse a la clase de profesión desempeñada para determinar claramente cuáles son los actos propios, distintivos o insustituibles para que la sociedad o los terceros puedan adquirir la creencia de que el impostor no es tal sino que se comporta como un profesional auténtico”. Es en ese contexto interpretativo en el que la resolución impugnada acude tanto a un informe oficial elaborado por el Ministerio de Sanidad como a la resolución por la que se aprueba el programa de la especialidad de cirugía plástica y reparadora para determinar si el concreto acto médico llevada a cabo por el acusado era propio de dicha especialidad. Por tanto, la resolución impugnada, tras razonar que el concepto “acto propio de cada profesión” es descriptivo, utiliza la normativa administrativa reguladora de los planes de formación de las especialidades médicas, no como norma remitida para completar el contenido de la prohibición del art. 403 CP, sino como un elemento probatorio más para concluir que el concreto acto médico desarrollado por el acusado es de los que la comunidad médica considera integrado en la especialidad médica de cirugía plástica. Pues bien, esta comprensión del tipo penal y la labor de subsunción desarrollada podrá ser discutida desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, pero, desde la posición de control que corresponde ejercer al Tribunal Constitucional, no cabe considerarla contrario a las exigencia del art. 25.1 CE.
Sin perjuicio de lo anterior, incluso asumiendo a efectos dialécticos los presupuestos de partida de la posición mayoritaria, la conclusión de que la garantía de certeza determina la imposibilidad de acudir a la normativa administrativa reguladora de los planes de formación de las especialidades médicas para completar el contenido de la prohibición del delito de intrusismo no se compadece, en mi opinión, con el sentido constitucional de la garantía de certeza y con una recta aplicación del mismo al supuesto enjuiciado. Comparto con la mayoría la idea, ya expuesta en la STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 3, de que sucesivos reenvíos normativos pueden llegar a provocar que se diluya la función de garantía de certeza. Ahora bien, ello no permite afirmar que la exigencia de lex certa imponga un límite previo e incondicionado al reenvío normativo. Será necesario, en cada caso, comprobar si dicho reenvío afecta al contenido esencial de la garantía de certeza, en la medida en que resulte un impedimento o dificulte a los destinatarios de la norma conocer el contenido de la prohibición y prever, así, las consecuencias de su conducta. En esta labor habrá de valorarse, como ya se destacara en la STC 242/2005, de 10 de octubre, FJ 3, elementos como son la delimitación normativa de los posibles sujetos activos del ilícito o el ámbito de actividad en que se establece la prohibición.
STS 420/2004, 26 de Mayo de 2004

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
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 artículo 36
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