Source: https://www.scribd.com/document/68207414/Puppio-Alegatos-Forenses-5
Timestamp: 2019-02-19 09:06:24+00:00

Document:
Franco Puppio Leon Alegatos Superior
LA REPUBLICA DE VENEZUELA vs THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA
Ciudadano JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA. Su Despacho.Yo doctor FRANCISCO PUPPIO LEON, abogado, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 833, actuando en mi carácter de Defensor Ad Litem de la empresa THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA sociedad mercantil constituida y domiciliada en los Estados Unidos de América, carácter éste de defensor con el cual fui designado por este Tribunal a su digno cargo en el juicio que en su contra propuso la NACION venezolana por concepto de pago de Planillas de Liquidación de Impuesto Sobre la Renta, y multa, siendo esta la oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de INFORMES, presento los siguientes alegatos y conclusiones con el ruego de que Usted se sirva apreciarlos en la oportunidad de dictar sentencia.
Este juicio tiene para Venezuela y para los venezolanos una especial relevancia y una trascendente significación, como que en él se está jugando el Estado no sólo la seriedad y honestidad de su sistema impositivo, sino la efectividad misma de su organización jurídica de recaudación. Una aparente evasión de casi 400.000.000,oo de bolívares ha sacudido la conciencia nacional, y es el resultado de este proceso el que irá a apercibir a los maliciosos y a aquietar a los inquietos. Para todos los venezolanos que han hecho una toma de conciencia del problema fiscal con las incidencias de este juicio, se plantea hoy por hoy una dramática disyuntiva: 1) De ser cierto que mi representada THE SUPERIOR OIL COMPANY no adeuda a la Nación los casi cuatrocientos millones de bolívares que en forma tan compulsiva se le pretenden cobrar, ello es muy grave, pues denotaría además de una inexcusable irresponsabilidad, la creación de sanciones ejecutivas, impropias de la serena imparcialidad de la Administración, que la hieren de desvíos y que debe rechazar la equidad; y 2) Pero si por el contrario es cierto que mi representada The Superior Oil Company adeuda a la Nación los 400 millones demandados por concepto de impuesto sobre la renta y multa, la situación se hace más grave todavía, pues es muy difícil de concebir, que faltando apenas
pocas semanas para que se cumplan DIEZ AÑOS de haber cesado mi representada sus actividades en el país, y como tal, su obligación de pagar dichos impuestos, durante todo este tiempo no hayan podido los Ministros de Hacienda y los Administradores del Impuesto Sobre la Renta que desde el año 1.964 han pasado por esos despachos, por intención, por negligencia culpable o sencillamente por incapacidad para ser benévolos con ellos, hacer efectivo el pago de dichos impuestos. Y esto origina una dolorosa convicción: que en Venezuela existe toda una maquinaria de represión impositiva dirigida en contra de los trabajadores, los empleados, los profesionales, los comerciantes y pequeños industriales que soportan con sus escuálidos ingresos toda la maquinaria burocrática del país, que alimentan con su sudor y sus limitados recursos a los propios victimarios de sus economías maltratadas mientras que las empresas poderosas, sin control, ni vigilancia, sin fiscalización, pueden desplazar su opulencia, ante la callada complicidad del Estado, con el desparpajo que nace de su impunidad y corrupción. Desgraciadamente no está en manos de los abogados en general, ni en las mías en particular, hacer en el presente juicio la justa demarcación entre la verdad moral y la verdad legal. Y esto hace muy difícil mi presencia en este proceso. Por una parte, la Nación venezolana que pretende cobrar lo que ella cree que en justicia se le adeuda: los casi cuatrocientos millones de bolívares. Por la otra, la propia República de Venezuela que me nombra Defensor Ad Litem de la supuesta deudora, para que la defienda, para que haga valer sus derechos, pues es la propia Ley la que declara necesaria la asistencia judicial de los defensores. Ciudadano Juez: Hubo una vez en que ser abogado representaba una de las más altas dignidades de la inteligencia y del espíritu, en que la grandeza de su moral era tan sólo alcanzada por la pureza de su justicia, y a la perfección de su sapiencia solo podía compararse lo sagrado de su ministerio. Eran los días propicios para las heroicidades y las virtudes, donde el valor supremo de nuestra ciencia tenía sus Dioses en los antiguos cielos, dioses aquellos desplazados en nuestros tiempos de agónica confrontación por el demonio rubio de la codicia, que ha encontrado en las viejas casonas y edificios de nuestros tribunales, hospedaje y aliento para sus fecundas cosechas. Eran los días en que la elocuencia ética iluminaba con Lysias, Hypérides y Demóstenes el más irresistible encanto conque pudiera ser coronada la grandeza, o más acá, sobre las colinas del Capitolio donde la voz de Marco Tulio Cicerón vivificaba la razón dando pasaporte a la inmortalidad a Fonteyo o a Lagario a quienes defendió con oración sublime, o aquellos a quienes anatemizó con su sagrada cólera. Por la rectitud de su ejercicio, los abogados tenían derecho a ser llamados sacerdotes en lo temporal; se les calificaba como personas agrias, es decir, insignes, escogidas, respetables, nobles y principales, y cuando eran profesores de Derecho merecían el título de dignidades y de clarísimos. Como quiera que el ejercicio de la abogacía era una función pública, era considerada, al igual que la carrera de las armas, como profesión necesaria y beneficiosa a la sociedad y al Estado. Las Leyes de la Recopilación le autorizó a vestir toga, siempre y cuando fueran doctos, limpios de manos, continentes y atentos. Felipe III les autorizó a tener y usar carruaje, que para entonces sólo se les permitía tenerlos a la nobleza. No podían ser presos por deudas civiles y les era lícito trabajar los días feriados, y a tan alta llegó su dignidad que a los Jueces se les impuso la obligación de levantarse de su asiento cuando un catedrático de leyes entraba en su despacho. Hubo una época en la cual el Emperador Augusto otorgó a los abogados el "ius publice respondendi", derecho este ratificado por Adriano en el sentido de que las opiniones de los grandes jurisconsultos tenían fuerza de Ley, y que ante el creciente número de aquellos sacerdotes de la justicia, hubo necesidad de que los emperadores Teodosio y Valentiniano expidieran en el año 428 de nuestra era, la famosa Ley de Citas que limitó el señalado "ius respondendi" a los cinco grandes de entonces: Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, ejemplo seguido por los Reyes Católicos al elaborar su propia Ley de citas cuando en el año 1.499 expidieron una pragmática en la que ordenaban que únicamente tuviesen fuerza de derecho las opiniones de Bartolo, Baldo, Juan Andrés y el Abad Panormitano. He querido ciudadano Magistrado en esta introducción a mis alegatos y conclusiones en este juicio, hacer una ligera invocación a la muy digna tradición del ejercicio de la abogacía, porque es sólo con la claridad de conciencia de esta profesión como puede explicarse, comprender y cautivar la institución del defensor ad litem cuando lo que se está en juego es la Justicia. En efecto ciudadano Juez, yo soy un abogado que creo en el Derecho, que creo en la Ley y creo en la Justicia como supremo valor de mi ejercicio cotidiano. En un Estado de Derecho la medida de la Justicia está en su Ley; y somos los abogados -al decir de Mercader- los que aparecemos en la historia traídos por la idea de la igualdad que se necesita para restablecer el equilibrio en favor de las personas a quienes ciertos sucesos colocan en posición de desventaja. Así como la libertad es una condición esencial del ser humano, así la defensa es una condición esencial del proceso. La República de Venezuela me ha designado defensor de The Superior Oil Company para que la
defienda con todos los recursos que me da la ciencia, que me da la Ley y me da el Derecho. Eso es lo que consagra este derecho, lo que recomienda la equidad, lo que persigue la justicia, y lo que me impone mi Deber como un imperativo de conciencia. Por libelo de demanda de fecha 3 de Agosto de 1.972, la Procuraduría General de la República propuso por ante este Tribunal a su digno cargo formal demanda en contra de la empresa THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA por la cantidad de Bs. 395.021.821,oo con fundamento en las razones allí expuestas. El acto de contestación de la demanda se verificó en la audiencia del día 29 de Marzo de 1.973, y en él, dada la naturaleza especial del procedimiento por el cual se tramita este juicio, o sea, conforme a lo pautado en los artículo 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es decir, para aquellos casos en que tengan interés las rentas públicas, y habiendo sido designado defensor ad litem de la demandada por no estar dicha empresa domiciliada en el país ni haber comparecido por ella representante legal alguno, consigné los alegatos y defensas que consideré pertinentes a la mejor defensa de la causa que se me había confiado. Con el ánimo de que el problema judicial sometido a la decisión del Tribunal quede planteado dentro de los exactos términos de la demanda y de su contestación, me voy a permitir reproducir, íntegramente, tanto el libelo de la demanda, como el escrito de contestación a la misma: CIUDADANO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA SU DESPACHO.- Nosotros, Luis R. Casado Hidalgo, Director de Personería de la Procuraduría General de la República, Bethzaida Balbás de Vera, Clemencia Lara de Ramos y José Luis Falcón Guzmán, abogados adjuntos a la misma Dirección, actuando como sustitutos del Procurador General de la República en la representación del Fisco Nacional que éste legalmente ejerce, según consta de oficio Nº 7868 de fecha 2 de Agosto de 1.972, emanado del precitado funcionario, el cual anexamos marcado "A" ante usted con el debido respeto ocurrimos para exponer: Mediante acta Fiscal Nº 1, de fecha 23 de marzo de 1.970, la Administración General del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con los artículos 100 de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente, y 195 de su Reglamento, realizó una estimación de oficio de los enriquecimientos gravables obtenidos en Venezuela durante el ejercicio económico correspondiente al año de 1.964, por la empresa extranjera THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, constituida y domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica. Mediante tal procedimiento se pudo determinar que la renta neta gravable obtenida por la mencionada firma durante el citado ejercicio, ascendió a la suma de Bs. 420.633.469,57.- La referida acta sirvió de base para la emisión de las resoluciones Nº HIRC-010-127032 y HIRC-010-127033, emanadas de funcionario competente del Ministerio de Hacienda, ambas de fecha 7 de abril de 1.970, por medio de las cuales se liquidó impuesto y se impuso multa a cargo de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, por montos de Bs. 197.510.898,oo, en impuesto; y Bs. 197.510.923,oo la multa. Las citadas liquidaciones se encuentran expresadas en las planillas Nº 3-640026 y 9-640026, de fecha 7 de abril de 1.970, emitidas por los montos arriba indicados, y por los conceptos de impuesto y multa respectivamente. Ahora bien, pese a las innumerables gestiones que desde la fecha de expedición de las planillas de liquidación han sido realizadas para su pago esto ha sido imposible de obtener por lo cual acudimos ante su autoridad con el fin de demandar como en efecto formalmente demandamos a la empresa THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, constituida y domiciliada en los Estados Unidos de América, la cual tiene su oficina principal en la ciudad de Houston, Estado Texas, para que convenga en pagar al Fisco Nacional y en su defecto a ello sea condenada por el Tribunal, la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN BOLIVARES (Bs. 395.021.821,oo) así como los intereses moratorios calculados a la rata del 1% de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, que se haya causado o continúen causándose hasta la fecha del pago definitivo; igualmente demandamos las costas del presente juicio. Por cuanto las planillas de liquidación que presentamos marcadas "B" y "C", en las cuales consta el crédito de nuestro representado, son instrumentos públicos con fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, pedimos que la presente demanda se tramite conforme al procedimiento pautado en los artículos 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Solicitamos que la intimación de la deudora se haga en la persona de su presidente el señor Howard Keck, quien es norteamericano, mayor de edad y domiciliado en los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia pedimos al tribunal se sirva librar la correspondiente rogatoria a un tribunal competente del Estado Texas, Estados Unidos de América, a fin de que se proceda a efectuar la notificación del citado ciudadano en la ciudad de Houston en dicho Estado, asiento principal de los negocios e intereses de la demandada. Por último solicitamos que esta demanda sea admitida, sustanciada y en definitiva declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley.
Es justicia. Caracas, tres de agosto de mil novecientos setenta y dos.
Ciudadano JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA. Su Despacho.Yo, doctor FRANCISCO PUPPIO LEON, abogado en ejercicio, actuando en mi carácter de defensor ad-litem de la empresa THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, sociedad mercantil constituida y domiciliada en los Estados Unidos de América, y a quien a lo largo de este escrito denominaré solamente como THE SUPERIOR OIL COMPANY, carácter éste de defensor con el cual fui designado por este Tribunal a su digno cargo, en la demanda que en su contra propuso la Nación venezolana por concepto de pago de las planillas de liquidación de impuesto sobre la renta y multa, siendo esta la oportunidad legal, presento los siguientes alegatos y defensas, con el ruego de que sean apreciados por el Tribunal. PRIMERO.- Opongo a la demanda la EXCEPCION DILATORIA contenida en el ordinal 7 del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, o sea, "defecto de forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 237...". El artículo 237 del Código de Procedimiento Civil exige, que en el libelo de demanda se expresarán, además de aquellos requisitos de su encabezamiento "el objeto de la demanda, y las razones e instrumentos en que ésta se funde. La cosa que sea objeto de la demanda deberá determinarse con precisión, indicando..... los datos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales". Ahora bien, la razón de ser de esta excepción está en la necesidad que tiene el demandado de que sepa a ciencia cierta en qué consiste la demanda que se le ha intentado. Este propósito legal no se realizaría de faltar en el libelo estos requisitos. Cuál es en este caso el objeto de la demanda?, ¿cuáles son las razones en que esta se funda?, ¿dónde están los instrumentos fundamentales de la acción?, ¿dónde los datos y explicaciones necesarios?. Los distinguidos colegas de la Procuraduría General de la República inician su exposición así: "Mediante acta Fiscal Nº 1, de fecha 23 de marzo de 1.970, la Administración General del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con los artículos 100 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente, 195 de su Reglamento, realizó una estimación de oficio de los enriquecimientos gravables obtenidos en Venezuela, durante el ejercicio económico correspondiente al año 1.964, por la empresa extranjera THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, constituida y domiciliada en los Estado Unidos de Norteamérica. Mediante tal procedimiento se pudo determinar que la renta neta gravable obtenida por la mencionada firma durante el citado ejercicio, ascendió a la suma de Bs. 420.633.469,57".- Es indubitable ciudadano Juez, que la referida Acta Fiscal Nº 1 es el instrumento fundamental de la acción, ya que ha sido precisamente en ella donde se fundamentó la Nación, y la que sirvió de base -como lo afirma el libelo- para la emisión de las Resoluciones Nº HIRC-010-127032 y HIRC-010.127033 de fecha 7 de abril de 1.970 por medio de las cuales se liquidó el impuesto y se impuso la multa a mi representada.- Ahora bien, la referida Acta Nº 1 no ha sido acompañada con el libelo, circunstancia esta que por si sola hace procedente la excepción opuesta.- Pero ciudadano Juez, además de la obligación de oportunidad que significa presentar el instrumento con la demanda, en el procedimiento especial escogido por la Nación, o sea el pautado en los artículos 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es ese recaudo el que va a hacer posible el procedimiento ejecutivo esto es, como en el caso de ejecución de sentencia. Es posible y así lo tiene asentada la jurisprudencia, que dentro de la acción pudiera presentarse posteriormente si no ha sido producido con la demanda. Pero dentro de este procedimiento especial, no hay otra oportunidad por cuanto, si el demandado no acreditare dentro del cuarto día haber efectuado el pago, se procederá como en el caso de ejecución de sentencia, y esto no sería posible si no consta en autos el instrumento base de la acción.- Pido pues que esta excepción sea declarada con lugar.Procede igualmente la excepción dilatoria contenida en el ordinal 7 del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, o sea, defecto de la forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 237 ejusdem, por cuanto, la demandada, según el libelo, es la empresa THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA. Ahora bien ciudadano Juez, esa empresa demandada denominada en el libelo THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA no existe, pero para el supuesto de que existiera, ella no era la principal propietaria de la empresa que según Resoluciones del Impuesto Sobre la Renta realizó actividades económicas en el país o sea la THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA. Esta empresa, o sea THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA es una compañía constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Venezuela en dos oportunidades: primero: el 21 de Mayo de 1.943, y disuelta el día 16 de Septiembre de 1.947. El día siguiente, o sea el 17 de septiembre de 1.947 fue registrada de nuevo en el Registro Mercantil de esta Circunscripción Judicial, bajo el
Nº 1009, Libro 6-C, expediente Nº 2011, y su oficina principal estaba en Delaware, Nº 100 West Tenth Street en Wilmington, Condado de New Castle. Además de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA domiciliada en Delaware y en Caracas, existe otra empresa que a su vez es la principal de ésta, y se denomina THE SUPERIOR OIL COMPANY, solamente, sin el "OF CALIFORNIA" que identifica y señala a una empresa evidentemente distinta de la indicada THE SUPERIOR OIL COMPANY. ¿Por qué se demanda a esa supuesta THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA?, ¿Qué vínculos existen entre esta y la de Venezuela?, ¿Cuál prueba de su existencia produjo la Procuraduría?. ¿Dónde figura en el libelo la vinculación de actividades entre la THE SUPERIOR OIL COMPANY y la empresa domiciliada en Caracas denominada THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA cuya principal es la THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA de Delaware, Estados Unidos de América?. El libelo ciudadano Juez debe bastarse por sí mismo; pero en este caso, ni siquiera los documentos que se acompañaron son suficientes para ilustrar al demandado y poder apreciar con exactitud cuál es el nombre correcto de la empresa que la Procuraduría General de la República ha querido demandar. Y el solo nombre incorrecto hace procedente la excepción opuesta.- Pero otro grave vicio que hace procedente la excepción de defecto de forma de la demanda opuesta en este escrito, es la oscuridad del libelo de la demanda. Aún admitiendo gratia argumentandi que como dice la Procuraduría General que THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA exista con ese nombre, si es como dice la Procuraduría General de la República en el libelo una empresa extranjera "constituida y domiciliada en los Estado Unidos de Norteamérica" (como defensor supongo que quisieron decir Estado Unidos de América, ya que aquella: de Norteamérica no existe) ¿Cómo obtuvo en Venezuela esos enriquecimientos gravables? ¿De qué clase de negocios se ocupaba en Venezuela la demandada?, ¿Qué clase de inversiones tenía? ¿Qué le produjo ese enriquecimiento gravable?, ¿Por qué se le liquidó impuesto y por qué se le multó?, ¿que razones fundamentan la acción?. Ninguna clase de datos y explicaciones necesarios hace la Procuraduría General de la República en su libelo, circunstancia ésta que me coloca en mi condición de defensor de la THE SUPERIOR OIL COMPANY en una total imposibilidad de comprender el libelo de la demanda, ni en que consiste, en fin, la acción propuesta circunstancias éstas que hacen igualmente procedentes la excepción opuesta.- ¿Cuál fue el gravamen: ¿Cedular?, ¿Complementario?, ¿Cuál?, en sentencia de fecha 29 de Mayo de 1.888 (Memoria de 1.889, página 33) estableció: "Si el Representante de la Renta, actor en la causa, no expresa en el libelo que procede ejecutivamente, el procedimiento debe ajustarse a las reglas establecidas para los juicios ordinarios". De ellos ciudadano Juez emerge otra confusión nacida del libelo de la demanda. La Procuraduría General de la República escogió en este caso, el procedimiento establecido en los artículos 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero no indicó en el libelo si se ajustaba a las reglas establecidas para los juicios ordinarios, o si por el contrario procede ejecutivamente. Pero hay algo ciudadano Juez que es verdaderamente insólito en procedimientos como el presente. La Procuraduría General de la República acompañó marcadas "B" y "C" dos juegos de "planillas de liquidación" "en las cuales consta un crédito de nuestro representado, son instrumentos públicos con fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional". Esas llamadas "planillas de liquidación" acompañadas al libelo ni son instrumentos públicos, ni son planillas de liquidación, ni tienen valor legal alguno. Son sencillamente unas COPIAS EXPEDIDAS IRREGULARMENTE, ya que, como se lee en ellas: "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL", es decir, que no son las ORIGINALES, cualquier copia de ellas para darle fuerza ejecutiva que pretende la Procuraduría de la República, debió ser debidamente certificada. Tanto el artículo 33 del estatuto Orgánico de Ministerios como el artículo 59 del Reglamento Interior del Ministerio de Hacienda (Despacho este de donde emanan las planillas consignadas con el libelo) establecen el procedimiento legal para que el funcionario, suficientemente autorizado, pueda expedir tales copias. Una copia expedida sin ese requisito no tienen valor legal alguno y como tal, no pueden surtir efectos en juicio. De modo ciudadano Juez, que la falta de consignación de las planillas originales, y la falta de valor legal alguno de las planillas consignadas hace procedente la excepción de inadmisibilidad contenida en el ordinal 4 del artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, o sea "Por la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo se permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda". De las dos disposiciones que contiene el precepto legal, la segunda se refiere a los casos en que la Ley reconoce en principio la existencia de la acción pero sujeta su enjuiciamiento a algún requisito o condición que no se ha cumplido. Los autores patrios y la jurisprudencia nacional señalan como ejemplo la demanda de esponsales cuando no se acompaña con el libelo la escritura pública en que se hayan pactado o los carteles desfijados. En un procedimiento como el presente en el cual tienen interés las rentas públicas, es condición esencial acompañar un instrumento legalmente válido pues es de esa validez y eficacia donde nace su fuerza ejecutiva. Si el instrumento no es válido, si es un instrumento irrito no podría jamás el Tribunal decretar medida ejecutiva alguna como lo señala la norma, de modo, que en un procedimiento
como el escogido por la Procuraduría en este juicio, la invalidez de los instrumentos acompañados hace que la acción propuesta no pueda ser admitida, y así pido al Tribunal que lo declare.- SEGUNDO.- Contradigo la demanda tanto en los hechos, como en cuanto al derecho, por no ser ciertos los primeros, ni ser aplicable el derecho invocado por la Procuraduría General de la República.- TERCERO.- DEFENSAS PERENTORIAS O DE FONDO.- EXTRATERRITORIALIDAD.- El ejercicio o período gravable de mi defendida en el año 1.964 fue: 1º de ENERO de 1.964 a 31 de ENERO de 1.964, las Planillas de Liquidación cuyo pago se demanda a THE SUPERIOR OIL COMPANY están basadas en un enriquecimiento obtenido fuera del país, NO GRAVABLE en Venezuela, como de seguida lo voy a demostrar: El artículo 1º de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1.961, vigente para el período en referencia, establece en su parte primera: "Toda persona o comunidad pagará el impuesto que esta Ley autoriza por los enriquecimientos netos y disponibles que obtenga en virtud de actividades económicas o de bienes situados en el país".- Y en su parágrafo tercero dice textualmente: "Un enriquecimiento proviene de actividades económicas realizadas en Venezuela o de bienes situados en el país, cuando alguna de las causas que lo originan ocurre dentro del territorio nacional, ya se refieran esas causas a la explotación del suelo o subsuelo, a la formación, traslado, cambio o cesión del uso o del goce de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, o a servicios prestados por personas domiciliadas, residentes o transeúntes en Venezuela". Según el ACTA Nº 1 levantada por el ciudadano Carlos A. Olaya E. Fiscal de la Administración General del Impuesto sobre la Renta el día 23 de Marzo de 1.970, una copia de la cual acompaño, afirmó en las próximas páginas 2 y 3 lo siguiente: "La transacción celebrada entre The Superior Oil Company, of California y la Texaco Inc., en relación con The Superior Oil Company of Venezuela, consistió en lo siguiente: The Superior Oil Company, of California, cedió a la Texaco Inc., la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, así como todos los activos y pasivos que poseía en The Superior Oil Company de Venezuela, representados los primeros, esencialmente, por concesiones petroleras otorgadas por el Gobierno Venezolano según Gaceta Oficial Nº 25.133 de fecha 20 de Agosto de 1.956, así como por instalaciones, equipos de producción, pozos, y todos los demás activos con los cuales operaba en el país para la explotación de las concesiones citadas; los valores de su inversión en los prenombrados bienes se reflejaban en la cuenta corriente "Casa Matriz - Nº 59-06 - Los Angeles - Head Office Account" que con un saldo de Bs. 229.488,733,12, aparece registrada en los libros de The Superior Oil Cº de Venezuela, a cambio de 1.804.317 acciones del "capital stock" de la Texaco Inc., según consta en los boletines de reporte anual (Anual Report) presentados a la Asamblea de accionista de ambas compañías, que reposan en los archivos de la División de Minas e Hidrocarburos de la Administración General del Impuesto sobre la Renta". (Subrayados míos).- Una atenta lectura del párrafo transcrito hará resaltar el grave error de la Administración General del Impuesto sobre la Renta, al confundir el traspaso de crédito a su favor, que le adeudaba THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA, con los activos y pasivos de esta última compañía. La compañía THE SUPERIOR OIL COMPANY no podía vender los activos y pasivos de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA por la sencilla razón de que no le pertenecían, no era propietaria de esos activos y pasivos, por ser THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA UNA PERSONA JURIDICA DISTINTA de aquella. La autonomía patrimonial de las personas jurídicas ha sido mantenida en nuestro estatuto impositivo, y solamente a los efectos del Impuesto Adicional, en determinados casos, dos o más compañías son consideradas como un solo contribuyente a los fines específicos de dicho impuesto adicional (artículos 46 de la Ley de 1.961, y 78 de la ley vigente). Los activos de THE SUPERIOR OIL COMPANY traspasados a la TEXACO Inc., están constituidos únicamente por la totalidad de las acciones de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA y por el saldo que esta última le adeudaba al 31 de Enero de 1.964, el cual, según el Fiscal actuante, alcanzaba a Bs. 229.488.733,12.- Para efectuar el canje o permuta de acciones y la cesión de crédito de Bs. 229.488.733,12 por acciones de la TEXACO Inc., THE SUPERIOR OIL COMPANY no tenía necesidad alguna de traspasar a la TEXACO Inc. los activos de la compañía subsidiara, para lo cual legalmente hubiera tenido que liquidarla, y una vez en posesión de los bienes: concesiones, instalaciones, etc., efectuar la venta de ellos ala TEXACO Inc.; pero al realizarse la operación en la forma como se efectuó tenemos, que una compañía constituida en Estados Unidos de América denominada THE SUPERIOR OIL COMPANY traspasó a otra compañía, constituida y domiciliada también en Estados Unidos de América llamada TEXACO Inc., bienes situados en Estados Unidos de América como son las acciones de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA domiciliada en DELAWARE, y el monto de Bs. 229.488.733,12 que le adeudaba esta última compañía. Como puede usted ver ciudadano Juez, ninguna de las causas originaron el supuesto enriquecimiento (si es que lo hubo) ha ocurrido en territorio venezolano; el supuesto enriquecimiento no quedó representado en ningún activo situado en Venezuela, como hubiera podido ocurrir si la compañía que poseía bienes en
Venezuela, THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA hubiese sido liquidada, sus bienes adjudicados a la propietaria de sus acciones THE SUPERIOR OIL COMPANY y que esta última los hubiese vendido a la TEXACO Inc., en cuyo caso, la venta de bienes situados en el país si podría haber originado un enriquecimiento territorial, gravable en Venezuela. Pero nada de esto sucedió, pues THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA NO FUE NI HA SIDO LIQUIDADA, ni ninguno de sus bienes situados en Venezuela sufrió alteración alguna en su valor, con lo cual en ningún momento se han afectado los legítimos intereses del Fisco Nacional; sino que simplemente, lo que hizo THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA fue cambiar su definición por la de TEXACO MARACAIBO INC., según modificación de la cláusula Primera del Acta Constitutiva de fecha 19 de febrero de 1.964, inscrita el día siguiente en el Registro Mercantil de esta Circunscripción Judicial bajo el Nº 37, Tomo 8-A de 1.964, cambio de nombre éste que se explica por el hecho de que a partir de la fecha de la citada negociación dejaba de ser subsidiaria y deudora de THE SUPERIOR OIL COMPANY para serlo de la TEXACO INC. todo lo cual puede demostrarse con una experticia contable en los libros de la TEXACO MARACAIBO INC. Pero hay algo muy importante ciudadano Juez que es necesario hacer resaltar: que el traspaso de las acciones NO ES GRAVABLE EN VENEZUELA POR CORRESPONDER A UNA OPERACION EXTRA TERRITORIAL, ya lo reconoció expresamente la ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, cuando en el ACTA Nº 1 (Que la Procuraduría General de la República inexplicablemente se abstuvo de acompañar al libelo de la demanda) de fecha 23 de Marzo de 1.970, SEPARO DE LOS INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS POR THE SUPERIOR OIL COMPANY la cantidad de Bs. 875.370,91 como parte proporcional de los ingresos que corresponde al traspaso de las acciones, conforme a la demostración que hace en las páginas 8 y 9 de dicha Acta Nº 1 de la siguiente manera: "El resultado obtenido en base a las cifras antes citadas y los cuales determinan el incremento de patrimonio objeto de la presente estimación de oficio, es el siguiente: Valor de 1.804.317 acciones recibidas por THE SUPERIOR OIL COMPANY, of California, de la TEXACO Inc., al precio de mercado de U.S.A. $ por acción: USA $ 147.953.994, convertidos al tipo oficial de cambio vigente de Bs. 4,40 por dólar USA= Bs. 650.997.573,60 MENOS: proporción que le corresponde al capital social de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA representado por 4.000 acciones con un valor nominal total de Bs. 309.000,oo.- QUE SE EXCLUYE del monto percibido en la transacción, Bs. 650.997.573,60 a los efectos de determinar LOS INGRESOS GRAVABLES EN VENEZUELA, etc...".- Como puede usted ver ciudadano Juez, por propia declaración de la Nación por órgano de la Administración General del Impuesto sobre la Renta, el TRASPASO DE ACCIONES por corresponder a una operación EXTRA TERRITORIAL, NO ES GRAVABLE EN VENEZUELA por estar basadas en un enriquecimiento obtenido fuera del país. Pido que así se declare.PRESCRIPCION.- Asimismo alego la PRESCRIPCION de la obligación de pagar impuestos sobre la Renta en Venezuela, así como la acción administrativa para la aplicación de las penas, en relación a la supuesta ganancia de Bs. 420.633.469,57 obtenida según el Acta Oficial Nº 1 de fecha 23 de Marzo de 1.970 por THE SUPERIOR OIL COMPANY, y sobre las cuales se expidieron el 7 de Abril de 1.970 las planillas de liquidación números 3-640026 y 9-640026, por montos de Bs. 197.510.898,oo por concepto de impuesto cedular y complementario, la primera; y Bs. 197.510.923,oo la segunda, por concepto de multa según el artículo 59 de la Ley de 1.961, ambas en relación al período o ejercicio (según la Procuraduría) de 1º de Enero de 1.964 al 31 de Diciembre de 1.964.- Fundamento mis alegatos de PRESCRIPCION en los siguientes elementos de juicio: THE SUPERIOR OIL COMPANY compañía constituida y domiciliada en los Estados Unidos de América, traspasó en el mes de ENERO de 1.964 a la TEXACO Inc., compañía también constituida y domiciliada en los Estado Unidos de América (según lo informó el Boletín de "NOTICIAS TEXACO" que aparece como anexo Nº 3 del Acta Nº 1 citada) la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA, compañía constituida conforme a las leyes del Estado de DELAWARE, Estados Unidos de América y domiciliada en Venezuela "y de todas las obligaciones que tiene la Superior Oil Company of Venezuela para con la Superior, a cambio de 1.804.317 acciones del capital social de la TEXACO INC.".- De esta información de folletín, el Fiscal que levantó el ACTA Nº 1 llega a: "Practicar una estimación de oficio de los enriquecimientos obtenidos por THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA, durante el ejercicio 1-1-64 a 31-12-64 (subrayado mío) a cuyo fin adopta el procedimiento fiscal de estimar el incremento patrimonial, y por ende establecer su verdadera capacidad contributiva" (páginas 5 y 6 del Acta Nº 1).- Y a la página 8 del Acta continúa el Fiscal: "3º. El valor determinado en los registros contables de The Superior Oil Company of Venezuela de los activos y pasivos transferidos a la Texaco Inc., por The Superior Oil Company, of California, está representado en su cuenta corriente con la primera, denominada CASA MATRIZ "Nº 59-06 Los Angeles - Head Office Account" que muestra para la fecha 31-01-64 un saldo de Bs. 229.488.733,12 habiendo sido en dicha fecha que THE SUPERIOR OIL COMPANY DE VENEZUELA
cerró su contabilidad y se abrió la de TEXACO MARACAIBO INC., razón por la cual se toma dicho saldo y fecha para estimar el incremento patrimonial de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA".- Ahora bien ciudadano Juez, en el supuesto firmemente negado de que la ganancia obtenida por THE SUPERIOR OIL COMPANY OF CALIFORNIA por el traspaso de las acciones que subsidiaría THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA, así como del saldo en cuenta corriente que ésta le adeudaba para el 31-01-64 estuviese sometida al pago de Impuesto sobre la Renta en Venezuela, es evidente que dicha ganancia estaría enmarcada dentro del período corte de UN (1) MES, o sea, el comprendido desde el 01 de ENERO de 1.964 hasta el 31 de ENERO de 1.964, al traspasar en esta última fecha todas las acciones que poseía de THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA, así como el crédito a su favor en dicha compañía, CESANDO en esta fecha (31 de Enero de 1.964) toda actividad económica en el país, al dejar de ser THE SUPERIOR COMPANY OF VENEZUELA su deudora y subsidiaria. Es sabido ciudadano Juez que si bien es cierto que el PRINCIPIO DE LA ANUALIDAD DE LA RENTA está establecido de manera general en los artículos 6º y 7º del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, vigente para la fecha de traspaso de las acciones y del crédito, no es menos cierto que el mismo Reglamento contempla las EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO, en sus artículos 9º, 11º, y 12º que se refieren a los casos de CESACION DE NEGOCIOS, MUERTE DEL CONTRIBUYENTE Y SALIDA DEL PAIS. El artículo 9º del Reglamento establece: "Cuando una empresa cese en su negocio por disolución, venta, permuta, traspaso, cesión, incorporación, liquidación o cualquiera otra causa se entenderá TERMINADO SU EJERCICIO EL DIA DE LA CESACION" (mayúsculas mías).- THE SUPERIOR OIL COMPANY cesó sus negocios en Venezuela por PERMUTA DE LAS ACCIONES DE SU SUBSIDIARIA THE SUPERIOR OIL COMPANY OF VENEZUELA y del crédito a su favor en esta compañía, en CAMBIO DE ACCIONES de la TEXACO INC., el día 31 DE ENERO DE 1.964, NO EJERCIENDO EN EL PAIS A PARTIR DE DICHA FECHA NINGUNA OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA.- De tal forma, THE SUPERIOR OIL COMPANY ahora habría estado obligada a presentar declaración de rentas por el período del 01 DE ENERO DE 1.964 al 31 DE ENERO DE 1.964, (o sea un mes) fecha esta última de la cesación de sus negocios en Venezuela, y de ninguna manera por el EJERCICIO DE 12 MESES comprendido desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.964 a que se refiere: el Acta de Requerimiento sin número, del 12 de Noviembre de 1.969; el Acta de Constancia de Iniciación de la Actuación fiscal, también sin número, de fecha 18 de Diciembre de 1.969, y el Acta de Estimación de Oficio Nº 1 de fecha 23 de Marzo de 1970. Habiendo terminado su ejercicio el día 31 de ENERO DE 1.964 mi defendida habría estado obligada a presentar declaración de rentas dentro de los TRES MESES siguientes a la terminación de su ejercicio, o sea, que tenía un plazo para cumplir esta obligación, plazo este que vencía el 30 DE ABRIL DE 1.964, o el día hábil siguiente si este fuera feriado. La Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente para el 31 de Enero de 1.964 dispone en materia de prescripción, en su artículo 94, ordinales 1º y 2º los siguiente: "Artículo 94.- Prescriben por cinco años: 1º.- La obligación de pagar los impuestos establecidos en esta Ley a contar del ULTIMO DIA DEL LAPSO EN QUE DEBA HACERSE LA DECLARACION; (mayúsculas mías). 2º.- La acción administrativa para la aplicación de las penas, a partir del día en que se cometió la infracción".- De manera pues, ciudadano Juez, que mi representada THE SUPERIOR OIL COMPANY tenía un plazo para presentar la declaración de rentas del período 1º DE ENERO DE 1.964 al 31 DE ENERO DE 1.964, que vencía el 30 DE ABRIL DE 1.964, fecha ésta a partir de la cual comenzó a correr la prescripción de la obligación de pagar impuestos en relación a dicho ejercicio. El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Impuestos Sobre la Renta es el que establece de manera categórica que la declaración debe hacerse DENTRO DEL LAPSO DE TRES(3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO. Habiendo pues cesado en sus actividades en Venezuela el 31 DE ENERO DE 1.964, se entenderá terminado su ejercicio el día de su cesación, como expresamente lo establece el artículo 9 del Reglamento arriba transcrito. Luego, si los tres meses contados a partir de la terminación del ejercicio se cumplieron el día 30 DE ABRIL DE 1.964, es natural y lógico que el día 30 DE ABRIL DE 1.969 se cumplieron los CINCO (5) AÑOS liberativos de la obligación de pagar impuestos en Venezuela por parte de mi defendida THE SUPERIOR OIL COMPANY, ya que en dicho término no se efectuó ningún acto idóneo para interrumpir la prescripción que venía corriendo a su favor a contar el día 30 DE ABRIL DE 1.964, así como también prescribió, por la misma razón, la acción administrativa para la aplicación de las penas, pues la infracción si la hubo, o sea la no presentación de la declaración de rentas ocurrió el 30 DE ABRIL DE 1.969, o sea, el último día del plazo que daba el señalado artículo 7 del Reglamento para presentarla. El Acta de Requerimiento de la Declaración de Rentas, que es un medio idóneo para interrumpir la prescripción -conforme al artículo 153 en su ordinal 1º de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente, no cumplió tal finalidad, pues fue levantada el 12 DE NOVIEMBRE DE
1.969, o sea varios meses después de CONSUMADA LA PRESCRIPCION que como ya lo he dicho fue el día 30 DE ABRIL DE 1.969. Como quiera que el Acta Fiscal Nº 1 de fecha 23 DE MARZO DE 1.970 se refiere a un ejercicio o período (AÑO CIVIL 1.964) completamente distinto al que en realidad correspondía a mi defendida THE SUPERIOR OIL COMPANY que solo fue de UN MES en 1964 (1-1-64 a 31-1-64) y fue levantada DESPUÉS DE CONSUMADA LA PRESCRIPCION, resulta carente de eficiencia jurídica alguna, y las Planillas de Liquidación números 3-640026 y 9-640026 resultan por consiguiente irritas al estar basadas en un acto irrito como lo es el ACTA FISCAL Nº 1 del 23 de Marzo de 1.970, no hay legalmente la menor duda de que mi defendida THE SUPERIOR OIL COMPANY no está obligada a pagarlas. La prescripción ciudadano Juez, como lo sostienen los tratadistas, es un depurador eficiente de la incertidumbre. No quiere la ley amparar indefinidamente en el tiempo a acreedores negligentes cuya indolencia prolongada por años y años hace presumir, no sólo el abandono del crédito, sino lo que es más grave: la renuncia del derecho. Pido que la acción sea declarada SIN LUGAR.- Al oponer como he opuesto las excepciones dilatorias, de inadmisibilidad y las perentorias o de fondo consignadas en este escrito y al haber contradicho la demanda tanto en los hechos como en cuanto al derecho, termino mis alegatos invocando la frase del Rey Sabio cuando decía: "Si bien apena la idea de que pueda quedar impune un culpable, también aterra la otra de que pueda ser condenado un inocente". Es justicia. Caracas a los veintinueve días del mes de Marzo de mil novecientos setenta y tres. Dr. FRANCISCO PUPPIO LEON La amplitud tanto del escrito como de los razonamientos expuestos anteriormente, me permitirán ser más breve en esta oportunidad. En la misma audiencia en que tuvo lugar la consignación de mi escrito de defensa y contestación a la demanda, la parte actora, en vista de que conforme a lo establecido en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil mi representada no acreditó el cumplimiento de sus supuestas obligaciones, solicitó del Tribunal proceder como en ejecución de sentencia; en consecuencia, pidieron al Juez decretar medida de embargo de bienes pertenecientes a The Superior Oil Company, y como quiera que esta empresa no tiene bienes en el país a los fines de practicar la medida en referencia solicitaron comisionar a un Juez competente de los Estado Unidos de América para practicar la medida, de conformidad con las normas de Derecho Internacional Privado. No obstante los alegatos consignados por mi en el escrito de contestación a las pretensiones de la Nación y que atacaban los fundamentos mismos de la acción, este Tribunal por auto de fecha 6 de Abril de 1.973 decretó la medida de embargo, ordenando librar junto con el correspondiente mandamiento de ejecución, un exhorto a los Tribunales de los Estados Unidos de América para practicar la medida decretada. Por no estar la medida de embargo decretada ajustada a derecho, hice oposición a la misma en escrito de fecha 11 de abril de 1.973, por las siguientes razones: 1º) porque los alegatos presentados con el escrito de contestación a la demanda desvirtúan y destruyen los fundamentos de la acción; 2º) porque si bien es cierto que las Planillas de Liquidación de Impuestos expedidas de conformidad con la Ley, aparejan ejecución en los juicios en que tengan interés las rentas públicas, también es verdad que en el presente caso la liquidación formulada por los funcionarios competentes en sus respectivos originales NO FUERON CONSIGNADAS CON LA SOLICITUD. De no ser los originales los documentos consignados, es lógico que para surtir algún efecto jurídico, las copias que se promuevan deben ser expedidas de conformidad con la Ley, es decir, deben ser COPIAS CERTIFICADAS para cuya emisión DEBEN cumplirse expresamente las normas especiales que rigen la materia. Así tenemos que de conformidad con la LEY ORGANICA DE LA HACIENDA PUBLICA NACIONAL (artículo 125), con el artículo 33 del ESTATUTO ORGANICO DE MINISTERIOS y el artículo 46 del REGLAMENTO DEL ESTATUTO ORGANICO DE MINISTERIOS, para expedir una COPIA CERTIFICADA se precisa de una RESOLUCION del ciudadano MINISTRO DE HACIENDA en la cual autoriza o al ciudadano Administrador General del Impuesto sobre la Renta o a cualquier otro funcionario para EXPEDIR las copias certificadas que deben surtir algún efecto jurídico, y, lo que es más importante, INCLUIR en la respectiva copia certificada la resolución Ministerial correspondiente. Ninguno de estos requisitos se cumplieron con las supuestas planillas acompañadas con la demanda, lo cual hace que dichos instrumentos CARECEN DE EFICACIA JURIDICA COMO TITULOS EJECUTIVOS PARA APAREJAR EJECUCION. La medida de embargo no fue revocada, pero el exhorto dirigido a Tribunales de los Estados Unidos de América para practicar las medidas de embargo no tuvo eficacia alguna, y hasta la fecha se ignora la suerte del referido instrumento. Y ello era lógico ciudadano Magistrado, pues está fuera de toda lógica que una medida preventiva como la aquí dictada -aún cuando tenga en nuestro derecho fuerza ejecutiva por la naturaleza de la acción propuesta- pueda hacerse efectiva sobre bienes de mi representada hasta cubrir la
cantidad de Bs. 908.550.183,30 sin que se hubiese producido aún sentencia definitiva. Además ciudadano Juez, ningún instrumento legislativo vincula a los Estados Unidos de América con Venezuela en esta materia de procedimiento, por cuanto, aquel país no es signatario del Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante. Y Venezuela, que si es signataria del Código, hizo en esta materia reserva expresa, de modo que tampoco quedó vinculada por ese estatuto legal internacional. Pero es el caso ciudadano Juez, que aún en el supuesto de que Venezuela no hubiese hecho las reservas aludidas, ni siquiera le queda a Venezuela el camino de la "commitas gentium" o cortesía internacional por parte de los Estado Unidos de América por cuanto nuestro derecho niega la reciprocidad necesaria para estos casos, como bien lo establece el artículo 747 del Código de Procedimiento Civil. Ciudadano Juez: yo quiero ratificar en este acto y reproducir íntegramente los alegatos y defensas expuestos a todo lo largo de este proceso en favor de mi representada. La procedencia de las excepciones tanto dilatorias como de inadmisibilidad es evidente. Por su parte, nada mas ajustadas a la Ley que las defensas perentorias de PRESCRIPCION y EXTRATERRITORIALIDAD invocadas, alegadas y demostradas. En sus manos de Juez y en la serenidad de su criterio está ahora el justo equilibrio entre la virtud moral y la función legal, como que usted representa ese poder especial encargado de mantener el equilibrio necesario entre la arbitrariedad y la justicia. Pido muy respetuosamente que la acción propuesta en contra de mi representada THE SUPERIOR OIL COMPANY sea declarada SIN LUGAR. Es Justicia. Caracas: a los veintitrés días del mes de Octubre de mil novecientos setenta y tres.
Dr. FRANCISCO PUPPIO LEON
Réplica Oral:
Con sorpresa, he escuchado la réplica que a mis alegatos y conclusiones ha formulado el honorable representante de la Procuraduría General de la República Doctor Rodríguez Campins. No encuentro en principio las mejores palabras para desvirtuarlo, pues, no quisiera emplear expresiones que pudieran herir la susceptibilidad del distinguido colega de la contraparte. Pero, es evidente ciudadano Juez, al escuchar sus alegatos, veo casi con tristeza, que ya la Nación venezolana, no cuenta entre sus más altas dignidades y representantes, aquel desfile de sombras ilustres -que diría Victor José Cedillo- marchan de perfil, portando la soberbia de los cabellos al viento. El distinguido colega, protesta porque he asumido con convicción y con pasión la defensa de una compañía extranjera, a la cual no me ligan ni simpatías ni intereses, y que ni siquiera conozco. Como se nota señor Juez, la falta de conciencia profesional en la institución de la defensa, por parte de los señores abogados de la Procuraduría. Es verdad señor Juez, que sin conocer a mi defendida, he colocado en su defensa lo mejor de mis conocimientos acompañados de la lealtad y convicción; ello es cierto; lo triste en este caso señor Juez, es lo contrario: que los Ministros de Hacienda, que los Administradores de Impuesto sobre la Renta, que sus Abogados, sus Dependientes y Subalternos, a quienes la Nación paga para que la representen y la defiendan, trafiquen con la lealtad debida, y con pocos conocimientos, pero si con mucha negligencia, permitan -de ser cierta la obligación demandadaque se pierdan casi 400 Millones de Bolívares, cuando el único trabajo que tenían que hacer era sacarlos de una gaveta, donde se encontraban cuidadosamente perdidos. Pero hay algo más señor Juez, para los representantes de la Procuraduría; este Tribunal, no debe analizar ni alegatos, ni defensas, sino limitarse a embargar a mi representada, pues, según ellos, la Justicia está en la administración que necesita ese dinero y no en su decisión como órgano jurisdiccional. En circunstancias como éstas, me gusta invocar al Maestro COUTURE, pues, si alguna conclusión.... Señor Juez: Las expresiones utilizadas en este acto, para los representantes del señor Procurador General de la República, este Tribunal es, al parecer, un Tribunal del Gobierno. Para nosotros, los Abogados en ejercicio, siguen siendo pura y simplemente un Tribunal de Justicia.
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 artículo 237
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 artículo 33
 artículo 59
 artículo 257
 artículo 1
 artículo 59
 artículo 9
 artículo 94
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 153
 artículo 683
 artículo 33
 artículo 46
 resolución 
 artículo 747