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﻿ SENTENCIA 10 DE DICIEMBRE DE 1990 DE DICIEMBRE 10 DE 1990
SENTENCIA 10 DE DICIEMBRE DE 1990 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:ACCIÓN RESOLUTORIA INSTAURADA ANTES DE LA QUIEBRA DEL DEMANDADO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN RESOLUTORIA, ELEMENTOS DE LA QUIEBRA, QUIEBRA CULPABLE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:230 DE FEBRERO DE 1991, PÁG.101
Sentencia de diciembre 10 de 1990
INSTAURADA ANTES DE LA QUIEBRA DEL DEMANDADO
Bogotá, D.E., diez de diciembre de mil novecientos noventa.
Provee la Corte sobre los recursos de casación interpuestos por uno de los demandados y el coadyuvante de otro, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de junio de mil novecientos ochenta y ocho (1988), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de este proceso ordinario, instaurado por las sociedades “Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C. en liquidación” y “Villamil Pardo e Hijos Ltda.”, en frente de Darío Cárdenas Martínez, como persona natural y las sociedades “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” y “Hotel Dann Colonial Ltda.”.
En libelo que por reparto correspondió al Juzgado Decimonoveno Civil del Circuito de Bogotá, las sociedades demandantes pidieron que con citación y audiencia de las personas, natural y jurídicas nombradas, se hiciesen las siguientes declaratorias:
“1. Que, como efecto de haber tenido ocurrencia la condición resolutoria prevista en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, contenida en la escritura de compraventa Nº 785 de 20 de mayo de 1981 de la Notaría Doce del Círculo Notarial de Bogotá, debidamente registrada, condición derivada de haberse estipulado allí un plazo para que el comprador pagara el precio, sin haber cumplido esta obligación expresa, se declare resuelto por incumplimiento del comprador demandado Darío Cárdenas Martínez, el contrato de compraventa de que da cuenta la escritura mencionada, celebrado entre los actores como vendedores y dicho demandado como comprador, sobre los solares y edificaciones que “forman en actualmente un solo globo distinguido con los números nueve catorce y nueve cuarenta (9-14/40) de la carrera once (11) de Tunja”, cuyos lindes y descripciones particulares aparecen en la “determinación de los bienes”, acápite de esta demanda.
2. Que la condición resolutoria contenida en el ordinal sexto de la premencionada escritura, originada en la forma de pago a plazos del precio de la compraventa insoluto, o sea de diez millones de pesos ($ 10.000.000) y que es causa del incumplimiento del comprador, por constar en la citada escritura, ha pasado, afecta y vincula a las sociedades comerciales Inversiones Cárdenas Parra Limitada y Hotel Dann Colonial Limitada, causahabientes a título singular del comprador incumplido, Darío Cárdenas Martínez, en forma directa la primera de ellas, y en forma derivada la última.
3. Que, consecuencialmente, el decreto de resolución del referido contrato que se impetra en la primera declaración produce efectos contra Darío Cárdenas Martínez, contra Inversiones Cárdenas Parra Limitada y especialmente contra Hotel Dann Colonial Limitada.
4. Que en razón de ser Hotel Dann Colonial Limitada actual poseedora inscrita de los inmuebles objeto de la compraventa cuya resolución se pide, queda obligada, por virtud de la acción resolutoria que se está ejerciendo, a la restitución a los demandantes, dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria del fallo, de los citados inmuebles objeto de la referida compraventa y determinados más adelante.
5. Que se condene solidariamente a los demandados, como poseedores de mala fe, a la restitución de los frutos civiles y naturales que los inmuebles en referencia hubieren producido o que hubieren podido percibir los demandantes con mediana inteligencia o actividad, de haber tenido la finca en su poder, durante el tiempo que los demandados la han detentado, en la cuantía que se demuestre en el proceso o en posterior liquidación si se efectuare condena genérica.
6. Que se reconozca y declare que por su incumplimiento los demandados, en especial el comprador Darío Cárdenas Martínez han causado perjuicios a los demandantes, de los que deberán resarcirlos en la cantidad en que se demuestre en el proceso o en liquidación ulterior, si hubiere condena en abstracto.
7. Que, como del precio real, los demandantes recibieron la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), se les autorice a retener esa suma y a compensarla hasta concurrencia de las cantidades que resulten a cargo de los demandados o de cualquiera de ellos por concepto de perjuicios, frutos y costas...”.
Los hechos básicos de la “causa petendi” son, en resumen, los siguientes:
a) “Boyacá Motors Ltda.”, sociedad comercial domiciliada en Tunja, cuyos únicos socios fueron las compañías “Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C.” y “Villamil Pardo e Hijos Ltda.”, ejerció durante treinta (30) años actividades mercantiles de compraventa de vehículos automotores, venta de repuestos para los mismos, servicio de reparación y revisiones, en el establecimiento de comercio situado en la carrera once (11), distinguido con los nros. 9-14/40 de la ciudad de Tunja, integrado el negocio por los solares y edificaciones singularizados en la demanda, inmueble al cual se refiere la presente acción resolutoria.
b) “Boyacá Motors Ltda.” vendió a los mencionados socios, en proporción del cuarenta y nueve por ciento (49%) a “Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C.” (en liquidación) y el cincuenta y uno por ciento (51% ) restante, a “Villamil Pardo e Hijos Ltda.” los inmuebles ya referidos, según escritura pública Nº 2218 del 4 de diciembre de 1974 de la Notaría Doce del Círculo Notarial de Bogotá, debidamente registrada.
c) “Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C.” y “Villamil Pardo e Hijos Ltda. “, junto con otras personas, constituyeron el 8 de noviembre de 1974 la sociedad de comercio denominada “Mercantil Automotriz Ltda.”, domiciliada en Tunja, y a dicha persona jurídica dieron en arrendamiento el referido inmueble de la carrera 11, distinguido con los Nros. 9-14/40 y, además le vendieron muebles, estantería de repuestos, elementos de taller, etc., para continuar la misma actividad mercantil de compraventa de vehículos automotores, servicio de reparación y revisiones que venía explotando la sociedad “Boyacá Motors Ltda.”, por un tiempo superior a los veinticinco años.
d) El demandado Darío Cárdenas Martínez, aduciendo tener gestiones muy adelantadas con la empresa “Sofasa” que, según dijo, le otorgaría la agencia expendedora de vehículos “Renault” en Tunja, propuso reiterada e insistentemente a las sociedades demandantes la compra de los inmuebles antes mencionados, con el fin de continuar en ellos la actividad mercantil de compraventa de vehículos automotores, servicio de reparación y revisiones, aprovechando Cárdenas Martínez el good will, clientela y todos los intangibles acumulados por “Boyacá Motors Ltda”.
e) Como resultado del examen y discusión de la propuesta, entre las sociedades demandantes como vendedoras y Cárdenas Martínez como comprador se fijó un precio de $ 15.000.000, correspondientes $ 5.000.000 a prima, good will, clientela e intangibles y los $10.000.000 por concepto de los mencionados solares y construcciones. Al efecto se extendió un documento privado, sin especificarse la división o precios parciales componentes del precio total.
f) La promesa fijó como lugar, fecha y hora del otorgamiento de la escritura, la Notaría Doce de Bogotá, el 30 de abril de 1981 y las 4 p.m., y determinó que se entregaba al firmarse la promesa la suma de $ 1.000.000 y el saldo de $ 14.000.000, en los plazos allí señalados, con hipoteca sobre lo vendido “y previo acuerdo variada”, garante del cumplimiento de pago y como “complemento” de los pagarés que se otorgarían por las sumas y plazos que correspondieran a las formas de solución. No obstante, Cárdenas Martínez pidió a los promitentes vendedores que lo relevaran de otorgar hipoteca sobre los inmuebles objeto de la promesa, arguyendo que “Sofasa” le exigía hipoteca de primer grado. Igualmente solicitó una prórroga con el fin de considerar qué bien o bienes podía dar en hipoteca sustitutiva.
g) Convenidas varias y sucesivas prórrogas, ante las dificultades que alegaba el prometiente comprador, se convino el 20 de mayo de 1981 como fecha para la celebración de la escritura pública. En el ínterin, Cárdenas Martínez presentó el 14 de mayo/81 un certificado de paz y salvo predial del apartamento 201 de la Calle 93 Nº 5-25, único inmueble que el prometiente comprador podía ofrecer en hipoteca sustitutiva y de segundo grado. Igualmente solicitó a las vendedoras que en la escritura de cumplimiento se dejara constancia solamente del precio parcial de $ 10.000.000, correspondiente al dominio de los inmuebles, ya que los otros $ 5.000.000 pertenecían a prima, good will, clientela y demás intangibles.
h) Ingenuamente y constreñidas por el hecho de haber entregado con anterioridad los inmuebles de la carrera 11 Nros. 9-14/40 de Tunja y de haber accedido a estipular, por petición del prometiente comprador, que las arras recibidas eran “parte del precio y señal de quedar convenidos los contratantes” otorgaron las sociedades actoras la escritura 785 de mayo 20 de 1981 de la Notaría 12 de Bogotá; declararon que el precio insoluto de la venta era la cantidad de $ 10.000.000 que el comprador Cárdenas Martínez se obliga a pagar así: $ 5.000.000 el 30 de julio de 1982 y $ 5.000.000 el 30 de enero de 1983, en la proporción del 49% y 51% para cada una de las sociedades vendedoras.
i) El comprador Cárdenas Martínez no ha pagado y está en mora de hacerlo, el primer contado del referido precio, por valor de $ 5.000.000 exigibles desde el 30 de julio de 1982 y además ya se hizo exigible el segundo contado, por igual cantidad, en razón de haber presentado oferta formal de concordato preventivo ante sus acreedores, concordato fracasado.
j) En la misma notaría, y en los mismos día y hora, se otorgó por Cárdenas Martínez y su cónyuge María del Carmen Parra de Cárdenas, la escritura Nº 786, mediante la cual se constituye hipoteca de segundo grado en favor de las sociedades vendedoras, por la suma de $ 10.000.000, sobre el apartamento 201 del edificio Garden, situado en la calle 93, distinguido con el Nº 5-25 de esta ciudad. Además, para solucionar el resto del precio real, o sea, los $ 4.000.000 que completarían los $ 15.000.000, valor de la venta, Darío Cárdenas suscribió dos pagarés a favor de las demandantes, así: Uno por $ 1.960.000 en favor de “Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C., en liquidación”, pagadero por mitades exigibles e 30 de mayo de 1981 y el 30 de julio del mismo año; y otro por valor de $ 2.040.000 en favor de Villamil Pardo e Hijos Ltda., pagadero por mitades el 30 de mayo de 1981 y el 30 de julio del mismo año.
k) El mismo 20 de mayo de 1981 cuando Darío Cárdenas firma en la Notaría Doce de Bogotá la escritura de compra Nº 785 y éste y su cónyuge suscriben la Nº 786, constitutiva de hipoteca, en la Notaría Veintidós de la misma ciudad, Darío Cárdenas Martínez, María del Carmen Parra de Cárdenas, Darío Cárdenas Parra y Lilia Consuelo Cárdenas Martínez hermana del primero, constituyeron sociedad comercial de responsabilidad limitada, domiciliada en Bogotá, que gira bajo la razón social de “Inversiones Cárdenas Parra Limitada”, con fines comerciales y económicos; entre otros, la compra y venta de automotores, automóviles, camionetas, camiones, camperos, etc.
I) El demandado Darío Cárdenas M., dolosamente retiró de la Notaría Doce las copias de la escritura Nº 785, de compraventa, lo mismo que la primera, segunda y tercera copias de la Nº 786, constitutiva de hipoteca, y las mantuvo en su poder, sin registrar, hasta cuando vencieron los noventa días que señala la ley. El y su cónyuge María del Carmen Parra de C., conscientes de que la escritura 786 de mayo 20 de 1981 estaba sin registrar, transfirieron el apartamento 201 del edificio Garden, situado en la calle 93 Nº 5-25, que soportaba la hipoteca en favor de las sociedades actoras, en favor de la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Limitada”, siendo ambos socios de esta última y Darío Cárdenas M. gerente de la misma, absteniéndose de avisar a los demandantes, como acreedores con título hipotecario.
m) Retirada por el demandado Cárdenas M., la copia de la escritura 785, contentiva de la compraventa de los inmuebles cuya resolución se impetra, la retuvo en su poder y sin registrarla procedió a transferir, a título de venta, según escritura Nº 1424 de la Notaría 22 de Bogotá del 13 de agosto de 1981, en favor de “Inversiones Cárdenas Parra Limitada”, ,cuyo gerente y socio es él mismo, los citados inmuebles aseverando que la escritura 785 estaba “en trámite de registro junto con esta escritura” y los inmuebles objeto de la compraventa “libres de condiciones resolutorias”, lo que deja ver la mala fe de la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”.
n) El demandado Cárdenas Martínez culminó el 24 de agosto de 1981, con Mercantil Automotriz Ltda., arrendataria de los inmuebles situados en la carrera 11 Nº 9-14/40 de Tunja, la negociación de compra de los muebles, estantería de repuestos, elementos de taller, conmutador, líneas telefónicas, etc., usados en la explotación del establecimiento de comercio que allí funcionó por más de veinticinco años, con el propósito de cumplir con Sofasa, ofreciéndole el establecimiento de comercio montado, con insuperable clientela, good will e intangibles.
ñ) Inversiones Cárdenas Parra Ltda., en asocio de Boris Spiwak Knorpel, constituyó el 24 de septiembre de 1981, la sociedad comercial denominada “Hotel Dann Colonial Ltda.”, domiciliada en Bogotá, designando gerentes de la misma a Darío Cárdenas Martínez y a Boris Spiwak Knorpel, gerentes “que deberán actuar conjuntamente en los actos que representen a la sociedad”.
o) El 17 de noviembre de 1981 Darío Cárdenas Martínez, mediante apoderado, solicitó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito que se le aceptase oferta de concordato preventivo que hacía a sus acreedores, petición que fue admitida y los acreedores citados, según edicto fijado el 3 de diciembre subsiguiente en la secretaría del Juzgado.
p) Por escritura pública Nº 1482 de marzo 17 de 1982 de la Notaría Quinta de Bogotá, “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, representada por el gerente Darío Cárdenas Martínez, vendió a la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, representada por sus gerentes Darío Cárdenas Martínez y Boris Spiwak Knorpel, los inmuebles situados en la carrera 11 Nº 9-14/40 de Tunja. En todas estas actuaciones los demandados Cárdenas Martínez y sus causahabientes a título singular, “Inversiones Cárdenas Parra Ltda. “ y “Hotel Dann Colonial Ltda.”, han procedido con ánimo defraudatario y con manifiesta mala fe.
q) Los inmuebles materia de la compraventa, cuya resolución se demanda, han producido frutos o en todo caso, los habrían podido producir si no se hubieren sacado del patrimonio de las actoras con el contrato incumplido por falta de pago del precio. De otra parte los perjuicios padecidos por ellas, consisten en los arrendamientos que han dejado de percibir.
r) Mientras las sociedades demandantes cumplieron la totalidad de sus obligaciones al firmar el 20 de mayo de 1981 en la Notaría Doce de Bogotá la escritura de venta Nº 785, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja el 17 de agosto subsiguiente y haber hecho entrega real y material de los inmuebles desde el 30 de abril de 1981, es decir, veinte días antes de la firma de la escritura el demandado Cárdenas Martínez solamente solucionó la primera cuota de los respectivos pagos a “Villamil Pardo e Hijos Ltda y a Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C., en liquidación” y los intereses sobre la misma, así como también los intereses sobre el saldo quedado a deber, los intereses sobre los saldos insolutos de los respectivos pagarés correspondientes a la prima precio de los intangibles componentes del establecimiento, hasta el 31 de julio de 1981.
La demanda fue admitida por auto de noviembre 18 de 1982 y en él, por petición expresa de las actoras, se ordenó el emplazamiento de Darío Cárdenas Martínez, en su doble condición de persona natural y representante legal de las sociedades “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” y “Hotel Dann Colonial Ltda.”.
Trabada la relación jurídico-procesal, y acreditadas las publicaciones de ley, el demandado Cárdenas Martínez no compareció, razón por la cual se le nombró curador ad litem, quien una vez posesionado del cargo dio contestación oportuna manifestando no constarle la mayoría de los hechos y pidiendo la prueba de los demás. Propuso, igualmente, la excepción que denominó “genérica” .
La sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, constituyó, por conducto de su representante, apoderado judicial (fl. 155 cdno. 1), quien aceptó algunos hechos, especialmente los referentes a la celebración de la promesa de compraventa y la constitución de las sociedades; negó otros manifestó no constarle algunos, y pidió la prueba de los demás. Propuso, finalmente, las excepciones que denominó “carencia de acción resolutoria”, “inexistencia de la obligación por novación de la misma”, “carencia de acción” y “mora creditoria” .
La sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” no contestó la demanda.
El señor Boris Spiwak Knorpel, por su parte, se constituyó en tercero coadyuvante de la sociedad demandada “Hotel Dann Colonial Ltda.”, manifestando ser socio de la misma y resultar afectado en caso de un fallo adverso a la citada persona jurídica (fls. 92, 148 y ss. cdno. 1).
Diligenciada la instancia, tras larga y accidentada actuación, el a quo la definió en sentencia del 30 de enero de 1986, en la cual dispuso lo siguiente:
“l . Se declaran no probadas las excepciones.
2. Por incumplimiento el comprador Darío Cárdenas Martínez en el pago del precio, se declara resuelto el contrato de compraventa celebrado entre las sociedades que actúan como demandantes en este proceso, como vendedoras y el señor Darío Cárdenas Martínez, como comprador(...).
3. Esta declaratoria de resolución del contrato afecta al demandado Darío Cárdenas Martínez, y a las sociedades Inversiones Cárdenas Parra Ltda. y Hotel Dann Colonial Ltda.
4. ... se decreta la cancelación de la inscripción de las escrituras 785 de 1981, otorgada en la Notaría Doce del Círculo de Bogotá; 1424 de 1981, otorgada en la Notaría Veintidós del Círculo de Bogotá, y 1482 de 1982, otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá (...).
5. Se ordena a la sociedad Hotel Dann Colonial Ltda., que dentro de los seis días siguientes al de la ejecutoria de esta sentencia, restituya a las sociedades demandantes el inmueble de que trata el proceso.
6. Se condena a las sociedades demandadas y al señor Darío Cárdenas Martínez a pagarle a las sociedades demandantes los frutos civiles y naturales que haya producido el inmueble durante el tiempo en que cada cual lo poseyó, en proporción a las dos terceras partes (2/3).
Liquídense los frutos por el procedimiento indicado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
7. Se reconoce a las sociedades demandantes el derecho a retener, como pago de los perjuicios sufridos, la suma de $ 1.000.000, que recibieron del señor Darío Cárdenas Martínez como arras del negocio.
8. Se ordena a las sociedades demandantes que reintegren al señor Darío Cárdenas Martínez la suma de $ 2.000.000 que de él recibieron como parte del precio, teniendo en cuenta la devaluación de la moneda.
Las sociedades demandantes reconocerán al demandado Cárdenas Martínez los intereses que legalmente correspondan sobre la cantidad respectiva.
9. No se reconoce a la parte demandada el pago de mejoras por no haberlas comprobado...”
Posteriormente, a petición de la parte actora profirió un auto complementario mediante el cual aclaró el numeral 6º de la parte resolutiva, en el sentido de decir que la condena contra los demandados al pago de frutos se limitaba a las 2/3 partes del valor de los mismos y que cada un de los demandados debía responder por el pago de la totalidad de esas 2/3 partes, “durante e tiempo en que cada uno de ellos haya tenido lo bienes bajo su cuidado”.
Inconformes las partes con la decisión del a quo, interpusieron recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal en sentencia del 23 de junio de 1988, que dispuso lo que a continuación se lee:
“1. Confirmar los puntos primero a sexto inclusive de la parte resolutiva de la sentencia apelada.
2. Revócase el punto séptimo de la misma resolución, la cual quedará así:
Declárase que por su incumplimiento los demandados, en especial el comprador Darío Cárdenas Martínez ha causado perjuicios a las sociedades demandantes. Para su regulación habrá de procederse en la forma indicada en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
3. Como del precio real pactado los demandantes recibieron la suma de cinco millones de pesos, tres millones de ellos en dinero efectivo y la suma restante en títulos valores, tal cantidad debe ser devuelta al comprador demandado Darío Cárdenas Martínez, sujeta a devaluación la cantidad recibida en efectivo y con entrega de los títulos correspondientes el excedente(...).
Para hacer la regulación de la moneda al valor real de la misma al momento de su restitución, habrá de seguirse el trámite indicado en el art. 308 del Código de Procedimiento Civil.
Tal suma de dinero habrá de ser cancelada teniendo en cuenta los intereses que la misma haya devengado. Tal regulación deberá de hacerse dentro del mismo trámite anteriormente dispuesto.
En esta forma queda modificado el octavo de parte resolutiva de la sentencia.
4. Autorízase a los demandantes para compensar con las sumas recibidas del demandado, tomando en cuenta la totalidad que resulte al hacer la liquidación correspondiente, el valor que resulte a favor por concepto de perjuicios, fruto y costas.
5. Refórmase el punto noveno de la sentencia apelada en el sentido de reconocer a favor del comprador las expensas ordinarias hechas simplemente para conservar el inmueble que habrá de restituir a sus vendedores. En tal regulación el demandado es considerado como poseedor de mala fe, conforme se ha visto.
No se hace pronunciamiento sobre regulación de mejoras en virtud de no haber sido solicitadas ni estar previstas en la ley como consecuencia directa de la resolución contractual decretada(...)”.
Motivaciones de la sentencia impugnada
Inicia el Tribunal su fallo, haciendo referencia expresa a los antecedentes del litigio. Identifica, en seguida, las partes que han tenido intervención activa en el proceso y su inconformidad con el fallo apelado; precisa cuáles son sus planteamientos en las alegaciones que por escrito y en audiencia se surtieron en el curso de la segunda instancia y aborda, entonces, el tema de los razonamientos expuestos por el a quo.
Alude el sentenciador a la petición primera de la demanda, o sea, la de resolución del contrato de compraventa, para afirmar que como lo alegado por el actor es el incumplimiento del negocio, es necesario aplicar integralmente el contenido de los arts. 1546 y 1930 del C. Civil. Y como la afirmación hecha por la parte actora entraña un hecho negativo, el correlativo, es decir, el del oportuno cumplimiento, debió ser demostrado por el demandado Darío Cárdenas Martínez, por ser él el inicial contratante, prueba que el Tribunal no halla en parte alguna, lo que conduce a inferir que los requisitos para la prosperidad de la acción resolutoria se encuentran reunidos en el plenario.
Respecto de la excepción que la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” propuso y denominó novación, con base en el art. 1625 del C. Civil, la encuentra planteada en forma equívoca, porque la escritura de hipoteca Nº 786 de mayo 20 de 1981, no tiene virtud suficiente como para variar los términos contractuales frente al contenido el art. 1687 del C. Civil, pues no se dice allí que el negocio jurídico celebrado implicara cambio de obligación. Menos aún si se tiene en cuenta que por una serie de circunstancias que rodearon la negociación y que impidieron el oportuno registro del gravamen, se deduce un indicio grave que desvirtúa cualquier posible buena fe en la celebración del acto jurídico. El sentenciador concluye entonces, que tal excepción no está llamada a prosperar.
Y refiriéndose también al medio exceptivo que la sociedad demandada “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” llamó “carencia de acción resolutoria”, basada en el hecho de que las sociedades actoras comparecieron al proceso de concordato promovido por Darío Cárdenas Martínez, lo que impedía a las demandantes ejercer las dos alternativas previstas por el art. 1546 del Código Civil, el fallador infiere que como finalmente no hubo acuerdo entre deudor y acreedores, no puede aceptarse que para éstas se haya agotado la posibilidad de ejercer la acción resolutoria, menos aún si no se ha demostrado en el plenario que los créditos de las vendedoras demandantes, presentados en el concordato, fuesen los mismos que han dado origen a la presente acción resolutoria. Desestima, igualmente, esta excepción.
Emprende después el estudio de la petición segunda de la demanda. Cita, en primer término el artículo 1548 del Código Civil, para afirmar que como de conformidad con lo estipulado en la escritura 785, el inmueble no se había pagado, la condición resolutoria tácita respecto de la negociación se encontraba vigente, sin que su contenido pierda vigencia por el hecho de haberse pretendido garantizar el pago de la obligación con una presunta hipoteca que no alcanzó ninguna eficacia. Y no puede aceptarse, agrega el ad quem, que la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, gerenciada por Darío Cárdenas Martínez, no tuviera conocimiento de la posibilidad de resolver el contrato inicial, porque aun cuando la persona jurídica es diferente de los socios individualmente considerados, aquéllas actúan por intermedio de personas naturales que son sus representantes y si éste engaña a la sociedad, debe responder ante ella, sin que su conducta culposa, dolosa o simplemente omisiva, pueda causar perjuicios a terceros, al amparo de negocios como los aquí reseñados, sin que pueda por tanto existir obstáculo alguno para el ejercicio de la acción resolutoria.
En otras palabras, explica el Tribunal, no puede aceptarse que “Inversiones Cárdenas Parra Ltda” desconociera la existencia de la acción resolutoria tácita, porque esta sociedad actuó por conducto de su gerente, que era el mismo deudor de la obligación que aparecía en la escritura 785, no pudiendo por tanto desconocer la posibilidad de su ejercicio. La mala fe, agrega, del gerente de la sociedad y de ella misma es ostensible.
Es en este pasaje de su fallo, cuando el ad quem, considerando la íntima relación que existe entre las peticiones segunda, tercera y cuarta de la demanda, acomete el análisis de la posición asumida por el coadyuvante de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”. Al respecto estima que la nulidad insistentemente alegada por este tercero no se configuró en el proceso, porque el emplazamiento efectuado en el curso de la primera instancia (fol. 62 cdno. 1) citó a Darío Cárdenas Martínez, no sólo en nombre propio, sino como representante legal de las sociedades “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” y “Hotel Dann Colonial Ltda.”, calidades en las cuales se le designó curador ad litem y así actuó en el curso del proceso.
El emplazamiento, subraya el ad quem, se hizo conforme a la. ley y por ello el señor Darío Cárdenas Martínez compareció oportunamente en representación de la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”. Con apoyo en el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil deduce luego que, como en tal calidad compareció, débese admitir que supo con precisión la existencia del pleito, no solamente contra esta sociedad, sino contra él como persona natural, en nombre propio, y contra la otra persona jurídica, es decir, “Hotel Dann Colonial Ltda”. Sostener lo contrario, añade, es falta de lealtad y buena fe, que deben imperar dentro del proceso, entre las partes y sus apoderados.
Hecha la anterior precisión, pasa el sentenciador a ocuparse del argumento esgrimido por el coadyuvante, según el cual, como la sociedad “ Hotel Dann Colonial Ltda.”, es adquirente de buena fe, no la afecta la resolución decretada porque la escritura 1482 de 1982, de la Notaría Quinta de Bogotá, hace referencia a la tradición del inmueble señalando que la sociedad vendedora “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” lo adquirió por compra hecha según escritura Nº 1424 de 1981, de la Notaría Veintidós de Bogotá, donde se dice, además, haberse pagado la totalidad del precio y hallarse libre de “acción resolutoria”. Que por tal razón no le es aplicable al coadyuvado el contenido del art. 1548 del Código Civil.
Sobre el particular, expresa que habiendo el demandado Darío Cárdenas Martínez faltado a la verdad al afirmar en la escritura pública 1424 que el bien raíz se hallaba libre de condición resolutoria, no se puede considerar a las sociedades “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” y “Hotel Dann Colonial Ltda.” como compradoras de buena fe, si se tiene en cuenta que quien comparece a vender es siempre el inicialmente obligado Cárdenas Martínez, en la primera venta a nombre propio, y en la segunda, como representante de la sociedad vendedora y conformando con Boris Spiwak K. la representación convencional de la sociedad hotelera compradora. Si aceptó, señala el Tribunal, la venta que aparece e la escritura 1482, cuando sabía que apenas habían transcurrido nueve meses y veintisiete días de haber suscrito la Nº 785 de mayo 20 de 1981 y ocho meses y cuatro días después de haber otorgado la Nº 1424, lo hizo a sabiendas de que el bien comprado estaba sometido a la condición resolutoria prescrita en el art. 1930 del C. Civil, por hallarse pendiente de pago el precio acordado entre Cárdenas Martínez y las sociedades vendedoras, aquí demandantes.
De lo precedente, deduce el fallador que la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” no puede tratar de eximirse de los efectos de la condición resolutoria, porque era su obligación como compradora investigar la tradición del inmueble, como lo haría una persona de mediano juicio y porque, además, uno de sus representantes era absoluto conocedor de la situación existente sobre el inmueble. Así mismo, si hubiese actuado con prudencia no habría admitido la mendaz afirmación hecha por la sociedad vendedora.
Con base en estas consideraciones, el Tribunal halla que las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda, deben prosperar, y de consiguiente, los puntos tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia del a quo merecen confirmación.
Prosiguiendo el estudio de la pretensión quinta de la demanda, que se orienta a la declaratoria de solidaridad de los demandados como poseedores de mala fe, estima el ad quem que teniendo la solidaridad origen en la convención, testamento o la ley, según lo dispuesto por el art. 1568 del Código Civil, ella no puede ser establecida mediante una decisión judicial. Sin embargo, como el numeral sexto de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, condenó a los demandados a pagarles a las sociedades demandantes los frutos que el inmueble hubiese podido producir durante el tiempo que cada cual lo poseyó, en la proporción de dos terceras partes, pasa a referirse a ese aspecto del litigio para afirmar que como las demandantes aceptaron haber recibido como parte de pago, en dinero efectivo, de parte del comprador, la suma de $ 3.000.000 y conservan en su poder títulos-valores por valor de $ 2.000.000, entregados por éste y que aquéllas no le han devuelto, se llega a la conclusión de que las vendedoras recibieron una tercera parte del precio acordado —$ 5.000.000— quedando pendiente solamente el pago de las dos terceras partes del valor asignado a los inmuebles, es decir la suma de $ 10.000.000, razón por la cual lo analizado por el a quo en este punto está ajustado a derecho y debe ser confirmado.
Más adelante, aludiendo al numeral sexto de las pretensiones, —sobre los perjuicios causados a la parte demandante— y apoyado en lo prescrito por los arts. 1546, 1930, 1932, 1859 y 1860 del Código Civil, el sentenciador, distanciándose del criterio del a quo, encuentra que las arras pactadas en la promesa de contrato ajustada entre las partes, se dieron como parte del precio prometido, no para garantizar su cumplimiento, razón por la cual , si ya se otorgó escritura, no es posible interpretarlas como una estimación anticipada de perjuicios y como estos no fueron probados dentro del proceso, no obstante que la ley presupone su existencia para el contratante cumplido, su regulación debe hacerse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. En ese aspecto, reconoce entonces, que el punto séptimo de la parte resolutiva del fallo debe ser revocado.
Posteriormente, aborda el tema de la retención y la compensación demandadas por la parte actora y acogida por el Juzgado en su fallo, para señalar que aunque ello es procedente, deben tenerse en cuenta varias reflexiones que a renglón seguido puntualiza. En efecto, fundado en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 1932 del Código Civil y habida consideración de que como el precio pagado por el comprador Cárdenas Martínez ascendió a cinco millones de pesos, como se dijo antes, las sociedades demandantes, “receptoras de esa cantidad”, deben restituirla al demandado, en dinero efectivo, o representada en los efectos negociables que recibieron como pago. Y en virtud de la susodicha compensación, debe atenderse a lo que sobre ese aspecto diga la parte demandante, pues existen títulos valores que, según se afirma, han quedado sin solucionar y por tanto sujetos al evento previsto por el art. 882 del C. de Comercio.
La restitución, explica el Tribunal, debe hacerse teniendo en cuenta la devaluación monetaria y siguiendo el trámite previsto por el artículo 308 del estatuto procesal.
Finaliza el fallador sus razonamientos recordando que según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1932 del Código Civil, el vendedor está autorizado para obtener la restitución de frutos pero no obligado a reconocer mejoras. Es una aplicación errónea del supuesto previsto para el poseedor vencido, agrega. Empero, acepta que el comprador vencido tiene derecho a que se le reconozcan las expensas ordinarias hechas para conservar simplemente el inmueble, para lo cual se le debe considerar como poseedor de mala fe, y aplicarse en lo pertinente los artículos 965 y 966 del Código Civil, pero teniendo en cuenta que como tales valores no fueron demostrados, su monto debe tasarse siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
Tanto la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” como el coadyuvante de la otra sociedad demandada, señor Boris Spiwak Knorpel, sentaron sendas demandas de casación en contra de la sentencia acabada de compendiar. Como quiera que algunos de los cargos de la segunda tienen desarrollos similares a los propuestos por la mencionada inicialmente, la Sala los despachará al tiempo, y con posterioridad abordará el examen de aquellos que específicamente suscita el coadyuvante.
Cargo primero de la demanda de “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”
En él acúsase la sentencia, por vía directa, de ser violatoria por indebida aplicación de los artículos 870, 2º y 822 del Código de Comercio, 1546, 1930, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1548, 1714, 1715, 1717, 1932 y 2493 del Código Civil y por falta de aplicación de los artículos 2488 del Código Civil, 2, 822, 1910, 1917, 1937, 1945, 1946, 1961, 1962, 1973, 1978 y 1984 del Código de Comercio.
Previa una explicación que hace el recurrente para justificar la formulación del cargo en forma simultánea por aplicación indebida y falta de aplicación de dos normas del Código de Comercio, pasa a transcribir apartes de una sentencia proferida por esta corporación el 8 de junio de 1979, que considera como un antecedente jurisprudencial aplicable al caso. Emprende, entonces, el estudio del yerro de “diagnosis jurídica” en que incurrió el fallador de segunda instancia, para afirmar que éste tuvo por demostrado el estado de quiebra en que se halla el demandado Darío Cárdenas Martínez, hecho sobre el cual el censor no muestra ninguna discrepancia.
El Tribunal, dice el impugnante, no obstante tener por probado el estado de quiebra del comerciante demandando, hizo una diagnosis errada de las normas aplicables, por cuanto aplicó indebidamente las normas relativas a la resolución por incumplimiento y dejó de aplicar las que sí son pertinentes, es decir, las relativas a la universalidad del proceso concursal y la “plenitud del mismo”, así como las de la par conditio creditorum que, como ya lo había dicho la Corte, hace improcedente la acción resolutoria. El sentenciador, lo repite, dejó de aplicar todas las normas del Código de Comercio relativas a la quiebra que, de haberlas aplicado, lo habrían llevado a concluir, como lo hizo la Corte en la sentencia inicialmente señalada, que cuando el deudor del precio ha sido declarado en quiebra, el acreedor no puede demandar la resolución del contrato, sino exclusivamente hacerse parte, como un acreedor más para cobrar el saldo insoluto, porque dejaría en condiciones de inferioridad a los demás acreedores.
Aclara, entonces, que cuando se ha malinterpretado una norma, pero no se aplica, el concepto de la violación debe ser el de falta de aplicación y no el de interpretación errónea según reiterada doctrina de la Corte, para afirmar más adelante que el Tribunal incurrió en la aplicación indebida del art. 870 del Código de Comercio, del 1546 y 1930 del Código Civil, porque no obstante haberlas entendido rectamente en su alcance y significado las aplicó a un caso que, por mandato de las leyes comerciales, no eran aplicables, lo que de paso lo llevó a aplicar indebidamente también las normas que prevén las consecuencias de la prosperidad de la resolución citadas en la censura, lo mismo que otras que consagran algunos de los efectos pedidos por la actora. Además, el Tribunal ignoró la existencia y por tanto no aplicó todas las normas del Código de Comercio relacionadas con la quiebra, especialmente las que aluden a las consecuencias de la misma, como la unidad del proceso, y la par conditio creditorum .
Para finalizar el cargo, el recurrente esboza dos explicaciones que considera atinentes al caso: La una, consistente en que su representada está legitimada para deprecar la casación total del fallo, a pesar de no ser ella la entidad quebrada, porque en virtud del estado de quiebra del comprador original, la condición resolutoria que afectaba su título desaparece, quedando consolidado por tanto el de los subadquirentes. La otra, que el hecho de la quiebra se alegó como excepción en las instancias, lo que quiere decir que no constituye un medio nuevo.
Pide, por último, a la Corte, que al casar la sentencia declare probada la excepción de carencia de acción resolutoria.
Cargo primero de la demanda de Boris Spiwak Knorpel
Se le imputa a la sentencia de ser violatoria, por vía directa y por indebida aplicación de los artículos 870, 1º, 2º y 822 del Código de Comercio, 1546, 1930, 1548, 2493, del Código Civil y por falta de aplicación de los arts. 2488 del Código Civil; 1º, 2º,822, 1910, 1917, 1937, 1945, 1946, 1961, 1962, 1973, 1978, y 1984 del Código de Comercio.
Al expresar los fundamentos de la impugnación, empieza el censor por explicar por qué razón en la formulación del cargo denuncia violación por aplicación indebida y al mismo tiempo falta de aplicación de algunas normas del Código de Comercio, a lo cual agrega que fueron aplicadas indebidamente las normas civiles que hacen referencia a la resolución del contrato y se dejaron de aplicar las normas relativas a la quiebra.
Más adelante subraya el hecho de que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, por providencia del 20 de agosto de 1983 reconoció y declaró el estado de quiebra del señor Darío Cárdenas Martínez, la cual fue confirmada por el Tribunal en sentencia del 31 de julio de 1984, para argumentar, que siendo la quiebra un estado excepcional en el orden jurídico, originado en una cesación en el pago corriente de las obligaciones uno de sus principios reguladores es el de la plenitud, en virtud del cual deben concurrir todos los acreedores del deudor quebrado lo mismo que ingresar a él todos los bienes integrantes de su patrimonio, para formar lo que se llama la masa de bienes.
Si el Tribunal, dice la censura encontró probado el estado de quiebra del demandado, debió haber dado aplicación al anterior principio y no dar aplicación indebida a los artículos 1546, 1548 y 1930 del Código Civil, relacionados con la resolución de contrato por incumplimiento, ni dejar de aplicar las normas que sí hacían referencia a la quiebra.
Apoyado en sentencia de esta corporación, proferida el 8 de junio de 1979 que transcribe parcialmente, insiste en el hecho de que la quiebra busca proteger no sólo los intereses del deudor sino también los del acreedor, lo que se concreta en la aspiración que todos los créditos sean satisfechos en igual forma, y esa igualdad, conocida como la par conditio creditorum y contenida en el art. 1973 del Código de Comercio, fue la que el Tribunal dejó de aplicar. Insiste en el punto para manifestar que como Darío Cárdenas Martínez fue declarado en quiebra, el Tribunal aplicó indebidamente las normas que hacen referencia a la resolución de los contratos como son los artículos 1546, 1548 y 1930 del Código. Civil y 870 del Código de Comercio, porque el acreedor no puede pedir la resolución del contrato, sino únicamente hacerse parte como un acreedor más para cobrar el saldo insoluto, pues de no ser así, se coloca en condiciones de inferioridad a los restantes acreedores.
Remata el cargo defendiendo la legitimación de su representado para formular la demanda de casación, basado en el hecho de que las consecuencias de la quiebra de uno de los demandados hacen inoponible la resolución de contrato que se proponga contra los subadquirentes, pues el vendedor sólo puede acudir a la acción de cumplimiento. El planteamiento, de otra parte, tampoco constituye medio nuevo, en concepto del casacionista, porque el curador ad litem designado para representar a la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” propuso como excepción de fondo la “genérica”.
Como se ha visto al extractar el cargo correspondiente, la recurrente “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” asevera que el Tribunal “tuvo por probado el estado de quiebra en que se halla el demandado Darío Cárdenas Martínez”, puesto que, según transcripción que de él hace, en la sentencia dijo: ““...a fl. 211 y ss. del cuaderno principal aparecen fotocopias del auto que declaró la quiebra de Darío Cárdenas Martínez así como de la reunión de acreedores celebrada el 27 de septiembre de 1982 (fls. 225 y ss.)””.
Así, pues, no obstante advertir dentro del proceso la presencia de la prueba señaladora de la quiebra, el Tribunal se habría abstenido de extraer de tal hecho las consecuencias que jurídicamente serían las consonantes, atañederas ellas, de modo básico, a las normas cuya aplicación se denuncia como indebida.
Esa fue, por consiguiente, la razón para que el cargo se plantease por la vía directa.
Empero, la cita que le sirve de base al aludido enfoque, atrás reproducida, se halla fuera del contexto que realmente le corresponde. En efecto el concepto completo dentro del que ella viene inserta es el siguiente:
“Dentro de la oportunidad prevista en el art. 360 del C. P. C., esta demandada (la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” ) pidió la revocatoria total de la providencia dictada como terminación de la primera instancia.
Considera el inconforme que debió declararse probada la excepción de carencia de acción resolutoria, ya que a fl. 21l y ss. del cuaderno principal aparecen fotocopias del auto que declaró la quiebra de Darío Cárdenas Martínez así como de la reunión de acreedores celebrada el 27 de septiembre de 1982 (fls. 225 y ss. ). Y en tales copias aparece que los actuales demandantes solicitan dentro del trámite universal anotado el reconocimiento de créditos existentes a su favor, se les reconoció como tales, intervinieron en las deliberaciones concordatarias y su presencia, y curso, es anotada como conductora al estado de quiebra de Darío Cárdenas Martínez”.
Según las sobredichas palabras, la apreciación concerniente a la declaratoria y al estado de quiebra de Cárdenas Martínez, no es propia del sentenciador, sino de uno de los recurrentes en apelación, la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”. El Tribunal se limitó a consignar una mera referencia al planteamiento de quien, en esos términos, sustentaba el recurso de apelación. Por lo mismo, resulta inexacto atribuirle un juicio en realidad no emitido por él y, sobre semejante base, edificar la censura.
Si, como de manera reiterada lo ha expuesto la Corte, la vía directa en la causal primera de casación implica dejar al margen del ataque el aspecto fáctico de la cuestión debatida, ello lo es porque el recurrente ninguna objeción tiene para enderezarle a la descripción de los hechos llevada a cabo por el sentenciador, descripción que a su vez, es el fruto de un determinado análisis de las pruebas incorporadas al proceso. Tal análisis puede ser más o menos prolijo, más o menos acertado, más o menos explícito, etc., pero de todas maneras, dos notas se advierten en él como definidoras de su fisonomía: la primera que su autor no puede ser otro que el juzgador y la segunda, que él se tiene que realizar sobre todos aquellos actos o hechos que, fijados en el proceso son aptos para irradiar alguna significación probatoria, de acuerdo con la ley. Por lo mismo no es posible que se le confunda con el acto de alegación de las partes el cual no puede resultar transmutado en aquél por la sola mención o referencia hecha por el sentenciador. A no ser claro está, que lo acoja o lo prohíje, pues en semejante evento sí podrá adjudicársele la autoría de un determinado concepto factual, para el propósito de estructurar el cargo en casación. Empero, por lo visto, no es esto lo que sucede en el caso que ahora se analiza.
Por lo demás, es diáfano cómo el Tribunal cuando examinó la excepción de “carencia de acción resolutoria” no se detuvo a considerar el problema a la luz de la quiebra judicialmente decretada en contra de Darío Cárdenas Martínez; pues, como ya se ha hecho ver, limitose él a decir que, de conformidad con las copias obrantes a folios 212 y ss., en el concordato no hubo acuerdo “ni por tanto aprobación de tal para que pudiera tener eficacia y en tal forma no puede aceptarse que se haya agotado la posibilidad de ejercicio del pedido así elevado”.
Se debe, entonces, desestimar el primer cargo de la demanda de “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, como quiera que no guarda la debida conformidad con la sentencia objeto de la censura en torno a los hechos caracterizadores del litigio.
La misma suerte habrá de correr el primer cargo de la demanda del coadyuvante máxime cuando allí se afirma “que el Tribunal encontró probado el estado de quiebra del señor Darío Cárdenas Martínez”. Como se acaba de anotar, el Tribunal se contentó con aludir al concordato y a la falta de acuerdo dentro del mismo, sin ocuparse para nada de la declaratoria de quiebra. En tal virtud, cuando este otro impugnante le atribuye la admisión de la existencia de la quiebra, está formulando un juicio de índole factual que al igual que en el cargo del otro recurrente, no se compadece con los hechos tenidos como demostrados por la sentencia y que juzgó constituían el adecuado soporte de la decisión tomada.
Cargo segundo de la demanda de “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”
En él se imputa a la sentencia, por vía indirecta, ser violatoria por indebida aplicación de los artículos 870, 2º y 822 del Código de Comercio, 1546, 1930, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1548, 1714, 1715, 1717, 1932 y 2493 del Código Civil y por falta de aplicación de los arts. 2488 del Código Civil, 2º, 822, 1910, 1917, 1937, 1945, 1946, 1961, 1962, 1973, 1978 y 1984 del Código de Comercio, como consecuencia del evidente error de hecho en que incurrió el Tribunal al no tener por probado, estándolo, el estado de quiebra del comerciante Darío Cárdenas Martínez.
Previa explicación que hace el recurrente para justificar la formulación del cargo denunciando violación simultánea, por aplicación indebida y falta de aplicación de los artículos 2º y 822 del Código de Comercio, transcribe en seguida los apartes de una sentencia de casación civil proferida por esta corporación el 8 de junio de 1979, que considera como un antecedente jurisprudencial aplicable al caso.
Adentrándose luego en el análisis del error de hecho que le endilga al Tribunal, expresa el impugnante que el sentenciador vio el fracaso del concordato, según pasaje del fallo que transcribe, pero prefirió el resto de la prueba, es decir, no vio que los documentos que aparecen a folios 212 a 219 del cuaderno principal muestran que el fracaso del concordato condujo al estado de quiebra, según decisión tomada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito, confirmada por el Tribunal.
Ese error de hecho evidente, llevó al Tribunal a aplicar indebidamente las normas relativas a la resolución por incumplimiento y a dejar de aplicar, de otra parte, las que sí son pertinentes, esto es, las relativas a la universalidad del proceso concursal, la plenitud del mismo y las de la par conditio creditorum que, como lo ha expresado la Corte, hacen improcedente la acción resolutoria. Como no vio el estado de quiebra, insiste la censura, dejó de aplicar todas las normas del estatuto mercantil que le son aplicables y por ello su conclusión es contraria a la obtenida por la Corte en la sentencia inicialmente referida, según la cual cuando el deudor ha sido declarado en quiebra, el acreedor no puede pedir la resolución del contrato, sino exclusivamente hacerse parte como un acreedor más para cobrar el saldo insoluto, porque de no ser así, dejaría en condiciones de inferioridad a los demás acreedores.
A vuelta de insistir en que cuando se ha malinterpretado una norma, pero no se aplica, el concepto de la violación debe ser el de falta de aplicación y no el de la interpretación errónea, según doctrina de la Corte, afirma que, siendo éste un asunto mercantil, el Tribunal incurrió en la aplicación indebida del artículo 870 del Código de Comercio, del 1546 y 1930 del Código Civil, por cuanto no obstante haberlas entendido rectamente en su alcance y significado las aplicó a un caso en que, por mandato de las leyes comerciales, no eran aplicables, lo que lo condujo de paso a aplicar indebidamente las normas que prevén las consecuencias de la prosperidad de la acción resolutoria citadas en la censura, lo mismo que otras que contemplan algunos de los efectos pedidos por la parte actora en su demanda. Igualmente ignoró la existencia, y por tanto no aplicó, todas las normas del Código de Comercio relacionadas con la quiebra, sus consecuencias, la unidad del proceso y la par conditio creditorum.
Finaliza el cargo explicando las razones por las cuales considera que su representada, “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, está legitimada para deprecar la casación total del fallo, a pesar de no ser ella la entidad quebrada —aduce que en virtud del estado de quiebra del comprador inicial, la condición resolutoria que afectaba su título desaparece, consolidándose por tanto el de los subadquirentes— y afirmando no ser el hecho de la quiebra constitutivo de medio nuevo, en razón de haberse alegado como excepción en el curso de las instancias.
Solicita que, al casarse la sentencia, la Corte declare probada la excepción de carencia de acción resolutoria.
Cargo tercero de la demanda de “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”.
En él se acusa la sentencia, por vía indirecta, de ser violatoria, por indebida aplicación de los artículos 2º, 822 y 870 del Código de Comercio, en relación con los artículos 1546 y 1930 del C. Civil y 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1548, 1714, 1715, 1717, 1932 y 2493 del Código Civil, y por falta de aplicación de los artículos 2º, 822 del Código de Comercio en relación con el 2488 del Código Civil, y de los arts. 1917, 1937, 1945, 1961, 1962, 1973, 1978 y 1984 del Código de Comercio, infracciones provenientes de los siguientes errores en que incurrió el Tribunal: a) Error de hecho por preterición de los documentos que obran a folios 212 y siguientes del cuaderno principal, que acreditan que el concordato se trocó en quiebra y que con ese proceso se ejerció la acción de cumplimiento. Y b) Error de hecho por preterición de los documentos que obran a folios 19, 20 y 21 del cuaderno de excepciones previas y por preterición de la confesión contenida en la demanda, en el sentido de que los créditos provenientes del contrato de compraventa fueron llevados al concordato preventivo y luego a la quiebra. Y error de derecho consistente en exigir que debió probarse que los créditos del concordato, hoy de quiebra, son los mismos que se dicen incumplidos para deprecar la resolución. Estos errores, en conjunto llevaron al Tribunal a denegar la excepción de carencia de acción resolutoria, como consecuencia de haber incoado con anterioridad la acción ejecutiva o de cumplimiento.
Hecha la misma explicación previa reseñada en los dos cargos anteriores, acomete el impugnante la demostración del cargo, para afirmar que el Tribunal incurrió en error de hecho porque a pesar de que vio que los actores ejercieron la acción de cumplimiento, ante el fracaso del concordato, estimó erróneamente que esa opción había concluido. Se olvidó, agrega, que los mismos documentos demuestran que el concordato se convirtió en quiebra, es decir, que el proceso ejecutivo concursal siguió sin solución de continuidad. Al efecto, transcribe parcialmente la copia de una relación de créditos presentada en el concordato preventivo de Darío Cárdenas Martínez, donde aparecen relacionadas las sociedades aquí demandantes, con la siguiente leyenda: “Promociones Colombianas Urrea Delgado. Escritura y pagaré. $ 5.880.000... Villamil Pardo e Hijos. Compraventa... $ 6.120.000”, e igualmente se refiere al hecho “undécimo” de la demanda, donde el apoderado de las demandantes confiesa que sus clientes fueron parte en el “concordato fracasado”.
Explicando después el alcance del error de derecho cometido por el sentenciador, el recurrente se refiere al pasaje del fallo en donde se expresa que debió probarse que los créditos del concordato, hoy de la quiebra, son los mismos que se dicen incumplidos en este proceso, para afirmar que ello constituye un error de derecho, porque la ley no exige esa prueba específica. La ejecución concursal, dice a renglón seguido, tiene como principales características las de la universalidad y la de la par conditio creditorum, que implica que toda las acreencias deben ir a esa comunidad, como lo expresó la Corte en sentencia del 8 de junio de 1979.
Reitera luego que la masa de los acreedores la integran todos los créditos, por lo que es suficiente que conste que son créditos del quebrado, para que deban estar formando parte de la masa de la quiebra. La exigencia de la prueba que hace el Tribunal, sería viable si se tratase de una ejecución singular dado que allí se podría estar cobrando cualquier crédito contra el deudor, pero no en el proceso concursal, porque allí se cobran todos. Ello, además de no estar previsto legalmente, hace la prueba fútil por cuanto el crédito o está en el proceso de la quiebra, o no es exigible sino cuando éste termine, sobre los remanentes, o sobre los bienes que el deudor adquiera, según lo dispuesto por los arts. 1917, 1973 y 1974 del Código de Comercio.
Ahondando en el tema de las acciones alternativas de resolución o cumplimiento, señala entonces el recurrente, que existen tres normas diversas que consagran estas opciones, en caso de mora o de simple incumplimiento del comprador en la obligación de pagar el precio. En materia mercantil, el art. 870 del Código de comercia. Por otro lado, los artículos 1546 y 1930 del Código Civil. El tribunal se refiere exclusivamente a estas dos últimas normas, eludiendo la cita de la primera. Es claro, sin embargo, que los tres artículos mencionados sólo prevén, y en forma excluyente, una de las dos opciones: el cumplimiento o la resolución. Para reclamar el cumplimiento del contrato debe acudirse a la ejecución forzada, escogiendo entre dos tipos de ejecución: La individual, para la cual un solo acreedor, si posee título ejecutivo, inicia un proceso ejecutivo singular o de venta. Y la colectiva o concursal a la cual deben concurrir “todos varios acreedores” y se persiguen todos los bienes que conforman el patrimonio del deudor.
Y como se ha entendido que la ejecución colectiva impide el ejercicio de la acción resolutoria, según lo expuesto por la doctrina de la Corte tantas veces citada, ello significa que el juez a quien se le acredite que se está ejerciendo la acción de cumplimiento, mediante la ejecución singular o concursal, no puede tener como próspera la resolutoria, so pena de aplicar indebidamente las normas que consagran esta figura y aquellas que aplique como consecuenciales; y dejará, así mismo, de aplicar las que se refieren al proceso ejecutivo que ha ignorado, que fue, precisamente, lo que en este caso ocurrió: el sentenciador vio las pruebas de la ejecución colectiva, pero las ignoró, no las consideró, y por lo mismo aplicó indebidamente las normas sobre resolución y dejó de aplicar en su totalidad las relativas al proceso ejecutivo concursal, que se citan en la censura.
De lo precedente deduce el casacionista que, como las demandantes fueron parte en el proceso concursal de concordato y lo son actualmente en el de quiebra (según documentos de folios 212 y ss. del cdno. ppal.), ello significa que están ejerciendo la acción de cumplimiento y al así hacerlo, la acción dejó de ser opcional, pues de lo contrario las obligaciones que se dicen en mora no lo están, pues dichas obligaciones sólo pueden cobrarse después de terminado el proceso respectivo, sobre los bienes que llegue a adquirir el deudor.
Al no ver, pues, la existencia del proceso ejecutivo concursal, dejó de aplicar las normas que se refieren a él, incurriendo así en el yerro fáctico que se le endilga, razón por la cual la Corte, al casar en su integridad la sentencia y obrando en sede de instancia, debe dictar fallo de reemplazo que revoque el del a quo y en su lugar declare improcedente la acción resolutoria impetrada.
Cargo segundo de la demanda de Boris Spiwak Knorpel
Mediante su formulación, se le imputa a la sentencia el ser violatoria, por la vía indirecta, por indebida aplicación de los artículos 870, 1º, 2º y 822 del Código de Comercio; 1546, 1930, 1548, 2493 del Código Civil y por falta de aplicación de los arts. 2488 del Código Civil; 1º, 2º, 822, 1910, 1917, 1937, 1945, 1946, 1961, 1962, 1973, 1978, 1984 del Código de Comercio, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el Tribunal al no tener por probado, estándolo, el estado de quiebra del comerciante Darío Cárdenas Martínez.
Con el propósito de desarrollar el cargo, manifiesta que el error de hecho en que incidió el Tribunal consistió en no tener por demostrado el estado de quiebra del demandado Cárdenas Martínez y haberse limitado a afirmar que a folios 212 y ss. del cuaderno 1 aparecían las copias del concordato en las cuales constaba que allí no se había llegado a ningún acuerdo, es decir, que había fracasado y que por tanto no se había agotado la posibilidad de ejercicio de la satisfacción del crédito. Tampoco aceptó como demostrado, estándolo, el hecho de que los créditos presentados por las demandantes eran los mismos que dieron origen al proceso. Ese yerro lo llevó a aplicar indebidamente las normas relativas a la resolución de contrato por incumplimiento y dejó de aplicar las relativas a la universalidad del proceso de quiebra, así como las de la par conditio creditorum que hacen improcedente la acción resolutoria.
La quiebra —declarada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá— es un estado excepcional del orden jurídico que tiene origen en una cesación en el pago corriente de las obligaciones, uno de cuyos principios reguladores es el de la plenitud, en virtud del cual deben concurrir al proceso todos los acreedores del deudor e ingresar en él todos los bienes integrantes de su patrimonio, para formar lo que se conoce como la masa de bienes.
A pesar de que el Tribunal encontró probado el estado de quiebra del demandado Cárdenas Martínez, debió haber dado aplicación al principio antes mencionado, y no hacer aplicación indebida de los arts. 1546, 1548 y 1930 del C. Civil relacionados con la resolución de los contratos, ni debió haber dejado de aplicar las normas que hacen referencia a la quiebra. Enseguida transcribe el recurrente apartes jurisprudenciales de la sentencia dictada por esta corporación el 8 de junio de 1979 para reiterar que como la quiebra busca proteger no solo los intereses del deudor, sino también los del acreedor, lo que se concreta en la aspiración de que todos los créditos sean satisfechos en igual forma, esa igualdad sólo se logra con la par conditio creditorum que el Tribunal no tuvo en cuenta en este caso.
Igual que en el cargo anterior, reclama para su representado la legitimación para pedir la información del fallo, porque la quiebra de uno de los demandados hace inoponible la resolución del contrato contra los subadquirentes, pues el vendedor sólo puede acudir a la acción de cumplimiento. El planteamiento, agrega, tampoco constituye medio nuevo porque el curador ad litem designado para representar al “Hotel Dann Colonial Ltda.” propuso como excepción de fondo la “genérica”, en la que se encierra la excepción denominada “carencia de acción resolutoria”.
El problema que se expone en los cargos anteriores debe ser abordado despejando las siguientes incógnitas: En primer lugar, es indispensable determinar si la participación de los vendedores en la reunión de acreedores convocada a raíz de la solicitud de concordato preventivo potestativo elevada por el deudor (comprador de los bienes materia de la resolución), comporta una renuncia al ejercicio de la acción resolutoria. Y en segundo lugar, si la declaratoria de quiebra acarrea la extinción de la misma acción resolutoria, no obstante haberse entablado con anterioridad a aquella. La explicación que se proyecte sobre estos dos interrogantes viene a ser la base para esclarecer si en realidad el Tribunal incurrió, de manera evidente, en los yerros de apreciación probatoria que ambos recurrentes le adjudican en los cargos atrás compendiados; y si, ante una conclusión positiva, se seguiría su catalogación como trascendentes.
Con el antedicho propósito, conviene primeramente recordar que, frente al incumplimiento de su deudor, el acreedor puede solicitar la ejecución forzada de la prestación a cargo de éste, o si a ello hubiere lugar, la ejecución compensatoria o por equivalente. Y, en uno y otro caso, se encuentra facultado para impetrar también la indemnización de perjuicios por el retardo en el cumplimiento. Como es diáfano, este derecho, en cualquier de sus dos expresiones, tiende a que el acreedor vea satisfecho su interés en la prestación.
Mas cuando la obligación que se incumple dimana de un contrato bilateral, al acreedor, se le confiere otro derecho, a saber, el de solicitar la resolución del contrato, junto con la indemnización de perjuicios provenientes del incumplimiento.
El derecho a la resolución del contrato lo establecen los artículos 1546 del C. C. y 870 del Código de Comercio, en los términos de los que a continuación se habla.
Ante todo, ello quiere decir que la resolución es opuesta o contraria al cumplimiento, por lo que mediante su ejercicio la parte que la plantea no habrá de ver realizado el objeto de la prestación, ni directa ni indirectamente. Decretada la resolución del contrato, dicha parte podrá considerarse liberada de la obligación que le incumbe, y también podrá recuperar lo que hubiere dado con fundamento en el contrato resuelto, mas nada de esto conduce a darle conformidad a su interés, el cual, en consecuencia, quedará frustrado. De otro lado, también significa que, en el plano legal no se supedita o subordina al derecho a obtener el cumplimiento, pues la ley, sin ninguna restricción o exigencia en uno u otro sentido, le ofrece al contratante la oportunidad para que, en frente del deudor transgresor, escoja entre la acción de cumplimiento y la de resolución del contrato.
Lo acabado de decir conduce, lógicamente, a averiguar si mantiene vigencia el principio del derecho antiguo conforme al cual “electa una vía non datur recursus ad alteram”, es decir, si ejercida una de las acciones se debe entender que se ha renunciado a la otra. Por lo mismo, se procura dilucidar si instaurada la acción de cumplimiento se puede luego prescindir de ella para introducir la pretensión concerniente a la resolución del contrato. O si propuesta la acción resolutoria, el acreedor queda legitimado para impetrar con posterioridad, substitutivamente, el cumplimiento de la obligación. La cuestión ha sido examinada prolijamente desde los dos ángulos, mas la Sala se limitará a mirar la primera hipótesis por ser la que importa al presente caso.
En verdad, el carácter alternativo de las acciones no ha de querer decir mas que el ejercicio de ambas no es ni lógica ni jurídicamente posible de manera simultánea por la contradicción que entre ellas se advierte, aunque se trate de procesos separados. En cambio, como una corroboración de que el ejercicio de una no genera la caducidad de la otra, sí es viable su acumulación en la misma demanda de manera principal y subsidiaria, como lo autoriza el numeral 2º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Si de todo lo discurrido se concluye que la petición del cumplimiento de la obligación no trae aparejada la renuncia al ulterior ejercicio de la acción resolutoria, se debe colegir que la participación del acreedor en las reuniones preliminares destinadas a darle cuerpo a un concordato preventivo potestativo del deudor menos aún la comporta, máxime cuando, en frente de una coyuntura tal, no se puede ni siquiera decir que, entre las acciones, se ha escogido la del cumplimiento.
Avanzando un poco más, habría lugar a que el asunto se mirara con mayor detenimiento cuando se está ante un concordato ya perfeccionado, porque entonces se trataría de saber cuál es la incidencia que él tiene sobre el derecho del acreedor a elegir entre las acciones, en los términos atrás expuestos. Sin embargo, tal hipótesis no ha de ser considerada por la Sala porque acá, ante el fracaso en el logro del acuerdo concordatario, se decretó la quiebra del deudor. Por lo mismo, habría que determinar cuál sería la incidencia que la declaratoria de quiebra pudiera tener sobre la posibilidad legal con que cuenta el acreedor para instaurar una u otra acción, tema que ofrece dos variantes una, cuando alguna de las acciones es planteada antes de haberse tomado la medida ya mencionada, de la cual se hablará en los párrafos siguientes. Y otra, cuando se pretende la resolución después del decreto de quiebra, hipótesis analizada por la sentencia de la Corte que data del 8 de junio de 1979 (1) (P. ordinario de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero vs. “Sigma Ltda.”). Estima la Sala que en esta ocasión no tiene por qué volver sobre lo dicho a la sazón, en razón de que, como enseguida se verá, el caso sub júdice se presenta con un matiz o perfil diferente, puesto que aquí la acción resolutoria aparece incoada con antelación a la declaratoria de quiebra, mientras que en la sentencia de 1979 se trataba de una acción resolutoria ejercitada contra la masa de la quiebra.
¿Qué alcance o influjo puede tener la declaratoria de quiebra sobre la acción resolutoria instaurada con anterioridad? ¿Producirá aquella la extinción de esta?
Ahora bien, si, por lo acabado de señalar, el decreto de quiebra no da lugar al desaparecimiento de la acción de cumplimiento, no se capta cuál pueda ser la razón para sostener que sí termina con la de resolución. Se podría argumentar, como lo hacen los recurrentes cuando invocan el antecedente jurisprudencial atrás mencionado, que ello obedece a que tal acción pugna con el principio de la “par conditio creditorum”, consubstancial al estado de quiebra. Sin embargo, teniendo presente que, dícese una vez más, una es la, situación cuando la resolución se pretende en frente de la masa de la quiebra, y otra cuando, como acá sucede, dicha pretensión se ha hecho valer desde antes del decreto de quiebra, es necesario observar que la resolución del contrato no atentaría, en tal evento, contra el principio de la “par conditio...” como tampoco lo haría, v. gr., una acción de nulidad contractual incoada en frente de quien luego es declarado en quiebra, o una de rescisión por lesión enorme, etc. Todos estos procesos estarían destinados, si no directa, por lo menos indirectamente, a lograr que se restituya un bien que, de otra manera, podría más adelante entrar a hacer parte de la masa de la quiebra, y a pesar de ello, nadie se atrevería a sostener que si el demandado en cualquiera de ellos es declarado en falencia, esos procesos deben desaparecer. Tanto no se extinguen que, acorde con el numeral 8º del artículo 1946 del C. Co., las partes de los mismos tendrían que seguirse entendiendo con el síndico de la quiebra . A este propósito la Sala se remite a lo expuesto en su sentencia del 3 de octubre de 1988, dictada dentro el proceso ordinario de Guillermo Mendoza de la Torre en frente de “Invico Ltda.” y otro (G J., t. CXCII, 1988, 2º semestre págs. 140 y ss.)
Pero se dirá que en tales casos, o en cualesquiera otros que del mismo estilo se quieran citar, el demandante no cuenta con una acción alternativa, como sí sucede con la resolución y el cumplimiento, siendo este punto el que debe marcar la diferencia de tratamiento. Mas aun cuando esto se admita, no por tal causa quedaría zanjada la cuestión, puesto que, como ya se dijo y se repite, tanto la acción de cumplimiento como la de resolución hallan su razón de ser en el incumplimiento del deudor: Si el deudor no satisface la prestación a la que contractualmente se obligó en favor del acreedor, este podrá elegir entre los términos tantas veces anotados. La escogencia, pues, no la gobierna el deudor y sería absurdo que así lo fuera. En este orden de ideas, tampoco se puede perder de vista que a la quiebra del deudor se llega, cabalmente, por la desatención de sus compromisos. Entonces, si se aceptara la tesis de los recurrentes, la vida de la acción resolutoria quedaría pendiendo del deudor incumplido, o sea, de quien, por su comportamiento, ha dado lugar a que ella se proponga, lo que en derecho resulta inadmisible. Para que fuera posible oír al deudor en la alegación de la extinción de la acción resolutoria, tendría, como se dise, que apoyarse en su propio incumplimiento que dio lugar a la quiebra, lo que es tanto como decir, en su propia torpeza (“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).
Todo lo que hasta este momento se ha expresado lleva, por consiguiente, a la Sala a concluir que a pesar de que el Tribunal hubiera caído— como en efecto cayó— en los yerros de apreciación probatoria que en los cargos que se despachan le adjudican los recurrentes, tales errores no son trascendentes. En verdad, a pesar de que el Tribunal hubiera advertido que las sociedades demandantes concurrieron a las reuniones preliminares del concordato a hacer valer allí los créditos por cuya falta de pago se inició el presente proceso, o de que hubiera tomado en consideración que más adelante se decretó la quiebra del comprador, su decisión, de todas maneras, no habría podido ser otra que la efectivamente tomada, o sea, no habría dicho nada distinto a que estando presentes los elementos axiológicos de la pretensión resolutoria del contrato de compraventa, ella tenía que prosperar, sin que sobre su eficacia tuvieran alguna incidencia los factores anotados.
Los cargos, en consecuencia, no se abren paso.
Cargo tercero de la demanda de Boris Spiwak Knorpel
Se acusa en él la sentencia, por ser directamente violatoria, o por indebida aplicación, del artículo 1548 del Código Civil y por falta de aplicación de los artículos 1º, 2º, 822, 98, 200 y 201 del Código de Comercio y los artículos 633, 768, 769, 2079 y 2349 del Código Civil.
En orden a sustentar el cargo, expresa el recurrente que el Tribunal aplicó indebidamente el art. 1548 del C. Civil por hacer extensivos los efectos de la resolución del contrato a la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” que, como se halla demostrado en el proceso, es poseedora de buena fe.
Transcribe luego apartes jurisprudenciales de la sentencia proferida por esta corporación el 17 de agosto de 1987, para recordar que el Tribunal tuvo por probada la mala fe de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, fundándose en que uno de sus representantes legales, el señor Darío Cárdenas Martínez, conocía de la existencia de la condición resolutoria en el primer contrato celebrado por éste con las sociedades aquí demandantes.
Afirma entonces el recurrente que, aunque el ad quem acepta que la persona jurídica es diferente de los socios individualmente considerados, yerra al decir que “si el representante engaña a la sociedad responderá frente a ella, pero no puede su conducta culposa, dolosa, o simplemente omisiva causar perjuicios a terceros...” y yerra, así mismo, al partir de la presunción de mala fe en la contratación al señalar que “...normalmente los contratos se presume que se desarrollan de buena fe. En este caso ocurre algo bien diferente...”. Y esos yerros tuvieron ocurrencia porque si el Tribunal tuvo por probada la calidad de comerciantes de las partes involucradas en el negocio jurídico atacado en la litis, debió aplicar, entonces, las normas que regulan la actividad o actividades de los comerciantes y sus actos mercantiles, cuales son las contenidas en el Código de Comercio en concordancia con las normas pertinentes de carácter civil, como lo ordenan los arts. 1º, 2º y 822 de aquel estatuto, que de haber sido tenidas en cuenta por el Tribunal lo hubiesen conducido a determinaciones absolutamente contrarias a las tomadas en el fallo acusado.
Abordando el tema de la mala fe que el ad quem, le atribuye a la empresa “Hotel Dann Colonial Ltda.”, señala el impugnante que el yerro del sentenciador estriba en que, contrariando lo establecido por los arts. 98, 200 y 201 de Código de Comercio 2079 del Código Civil, no cayó en la cuenta de que las personas jurídicas son entes autónomos, independientes de los socios individualmente considerados y sus representantes responden ante terceros por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a los demás, y no la sociedad por ellos representada. Transcribe en este pasaje de la impugnación las normas antes citadas, lo mismo que los artículo 768 y 769 del Código Civil, los comentarios de un tratadista nacional y parte de la sentencia proferida por la Corte el 12 de noviembre de 1959, para reafirmar que la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” es un tercero de buena fe.
Hace hincapié, por último en el hecho de que el coadyuvante tiene legitimación para sustentar el recurso de casación, así la parte coadyuvante no lo haya hecho, porque además de ser aceptado doctrinariamente, el señor Boris Spiwak Knorpel es socio en un cincuenta por ciento, de la sociedad demandada cuyo curador ad litem, de otra parte, propuso como medio defensa la excepción “genérica” .
Cargo cuarto de la demanda de Boris Spiwak Knorpel
En él, se acusa la sentencia del Tribunal por vía indirecta, de ser violatoria por indebida aplicación, de los arts. 1548 del C. Civil y por falta de aplicación de los arts. 1º, 2º, 822, 98, 200 y 201 del Código de Comercio y los arts. 633, 768, 769, 2079, y 2349 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió en la apreciación de varias pruebas.
En la demostración del cargo, el recurrente empieza por señalar que el Tribunal incidió en yerro fáctico, al no dar por demostrado estándolo, que “Hotel Dann Colonial Ltda. “ es una persona jurídica independiente de los socios y representantes legales individualmente considerados; en no dar por demostrado que el título escriturario presentado por la vendedora “Inversiones Cárdenas Parra Ltda. “ al “Hotel Dann Colonial Ltda.” no contenía ni tácita ni expresamente, condición resolutoria alguna; en dar por demostrado, sin estarlo, que “Hotel Dann Colonial Ltda.” es poseedora de mala fe; en no dar por demostrado estándolo que esta misma sociedad. a través de su junta de socios, obró con diligencia y cuidado en la designación de sus representantes; en no dar por demostrado estándolo que uno de los representantes legales de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, señor Darío Cárdenas Martínez, es responsable ante terceros de sus actuaciones dolosas, culposas u omisivas; en afirmar, contra el mandamiento legal y la evidencia procesal, que si bien los contratos se presumen desarrollados de buena fe “ en este caso ocurre algo bien diferente...” y, finalmente, en no dar por demostrado estándolo que el tercero coadyuvante, señor Boris Spiwak Knorpel, socio y representante legal conjunto de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.” actuó siempre de buena fe.
Las pruebas que fueron mal apreciadas por el Tribunal y que lo condujeron a declarar próspera la acción resolutoria, con la subsiguiente restitución de los inmuebles y pago de frutos civiles y naturales, lo mismo que perjuicios son, en concepto del recurrente, las siguientes:
a) La escritura pública Nº 1424 del 13 de agosto de 1981, otorgada en la Notaría Veintidós de Bogotá, porque allí el vendedor manifiesta que el inmueble que vende se halla libre de condiciones resolutorias y en la cláusula quinta de la misma, el vendedor manifiesta que renuncia a la condición resolutoria derivada de la forma de pago pactada. En apoyo de su tesis transcribe la sentencia proferida por la Corte el 17 de agosto de 1987.
b) La escritura pública Nº 1482 del 17 de marzo de 1982, de la Notaría Quinta de Bogotá, que contiene el contrato de compraventa sobre el mismo inmueble, celebrado entre las sociedades “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” como vendedora, y “Hotel Dann Colonial Ltda.” como compradora, en la cual consta, en la cláusula octava, que el inmueble transferido se halla libre de condiciones resolutorias y a paz y salvo por toda clase de impuestos. De allí resulta claro, dice el impugnante, que la compradora obró por conducto de sus representantes conjuntos “quienes son individualmente considerados frente a la sociedad y los socios” y que lo hizo de buena fe, basada en el título que le presentó la vendedora.
Igualmente, el Tribunal dejó de apreciar las siguientes pruebas que la censura enumera:
a) El certificado de existencia y representación de la sociedad comercial “Hotel Dann Colonial Ltda.”.
b) La escritura pública Nº 6397 de septiembre 24 de 1981 de la Notaría Quinta de Bogotá, mediante la cual se constituyó la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, que de haber sido apreciada correctamente por el Tribunal, hubiera concluido que la persona jurídica que se formó, es independiente de los socios individualmente considerados y de sus representantes.
c) El contrato de promesa de compraventa suscrito entre la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.” y “Boris Spiwak Knorpel”, en relación con el cincuenta por ciento del inmueble situado en la carrera 11 Nº 9-14/40 de Tunja.
d) Los recibos de pago del precio pactado que aparecen a folios 100 a 113 del cuaderno Nº 1.
e) La promesa de compraventa suscrita entre “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, “Hotel Dann Colonial Ltda.” y Boris Spiwak Knorpel, respecto del cincuenta por ciento del inmueble que aquí se litiga.
Al dejar de apreciar las anteriores pruebas, el sentenciador no tuvo por demostrado, estándolo, que tanto en la negociación del inmueble materia de la litis, como en la constitución de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, el señor Boris Spiwak Knorpel ha actuado de buena fe, porque ha cumplido no solo con sus obligaciones de socio aportante, sino también con las de posterior comprador del inmueble objeto del litigio. Tanto es así, se añade, que sólo se enteró de la existencia de este proceso al cumplirse la notificación del auto admisorio de la demanda, a uno de los gerentes conjuntos que tiene la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, sin haber tenido antes ninguna información sobre la controversia, que de así haber sido, no habría celebrado ninguna negociación ni hubiese desembolsado el dinero que pagó por los inmuebles.
Si el Tribunal, se dice en el remate del cargo, hubiese apreciado las pruebas antes indicadas, necesariamente habría concluido que quien hizo la negociación con la sociedad “Inversiones Cárdenas Parra Ltda.”, fue el “Hotel Dann Colonial Ltda.”, como persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados, entre quienes se encuentra el coadyuvante Boris Spiwak Knorpel, quien ha actuado de buena fe. La actuación de uno de los representantes de la sociedad, Darío Cárdenas Martínez, no implica la responsabilidad de la sociedad o persona jurídica, como lo afirma el ad quem, sino que aquél se hace responsable directo frente a terceros a quienes se les haya causado daño por dolo, culpa u omisión, como lo ordena la ley.
Pide por último el impugnante que, al casarse la sentencia la Corte, en sede de instancia, revoque la del a quo y en su lugar declare improcedente la acción resolutoria (cargos primero y segundo); o, al prosperar el cargo tercero y cuarto, se case parcialmente la sentencia para que la Corte, obrando como fallador de instancia, revoque la de primera y en su reemplazo declare probada la buena fe de la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, que los efectos de la resolución del contrato no la afectan, que las cosas deben quedar en el estado como se encuentran actualmente y que dicha sociedad no está obligada a la restitución de los inmuebles ni al pago de los frutos civiles y naturales producidos por el bien.
Según se acaba de ver, los anteriores cargos hállanse orientados a impugnar la sentencia en tanto que en ella se decreta la extensión de los efectos de la resolución a la sociedad “Hotel Dann Colonial Ltda.”, tercero subadquirente del bien, decisión cuyo apoyo legal se encuentra en el artículo 1548 del Código Civil, aplicable al caso porque el artículo 822 del Código de Comercio le sirve de norma habilitante, en razón de que este ordenamiento no se ocupa de la susodicha extensión de los efectos de la resolución judicialmente declarada, y aquí la naturaleza del contrato puesto en cuestión es típicamente mercantil.
Previa la puntualización precedente, se ha de anotar primeramente que el cargo tercero es pasible de críticas similares a las dirigidas al cargo primero de ambas demandas, toda vez que habiéndose optado por la vía directa, en el ataque sedisiente de los hechos según los vio el ad quem .Ciertamente, el recurrente orienta todo su esfuerzo argumentativo a realzar la buena fe con que habría actuado el “Hotel Dann Colonial Ltda.” y uno de sus representantes, cuando, según él, el Tribunal lo que tuvo por probada fue la mala fe de la sociedad.
“La violación directa de la ley sustancial —ha dicho desde vieja data la Corte— implica..., por contraposición a lo que a su vez constituye el fundamento esencial de la violación indirecta, que por el sentenciador no se haya incurrido en yerro alguno de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas; y que por consiguiente no exista reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuestión fáctica hubiere encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba. Corolario obligado de lo anterior es el de que, en la demostración de un cargo por violación directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento..., la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados, pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas” . (G. J., T. CXLVI, p. 60).
Esa no conformidad del recurrente con la comprensión que de los hechos tuvo el juzgador, en materia de primordial importancia para la suerte del litigio, es falla técnica que le veda a la Sala el adentrarse en el análisis de fondo de la censura propuesta.
Para lo que al despacho del cargo cuarto concierne, y más exactamente, para evaluar Si en realidad se dan lo yerros de apreciación probatoria que en él se le enrostran al Tribunal, es oportuno recordar lo que la Corte expuso en su sentencia del 18 de agosto de 1987(3) en torno al problema de fondo que en este cargo se suscita:
“5. Según los alcances del artículo 1548 del Código Civil, la condición resolutoria consta en el título no sólo cuando expresamente la han convenido (las partes), como cuando A le vende un predio a B con dos años de plazo para pagar el precio, estipulándose además que si no lo paga en dicho término el contrato de compraventa quedará resuelto por ese hecho, sino también cuando A le vende a B el inmueble con dos años de plazo para pagar el precio, plazo éste que consta en la escritura.
Si con posterioridad y estando pendiente la condición resolutoria el bien lo adquiere un tercero, al cumplirse luego la condición, y tener éste conocimiento de la existencia de la misma, queda expuesta a la efectos de la resolución.
6. Por el contrario, la condición no consta en el título y, por ende, no afecta a los terceros adquirentes de un bien raíz cuando es oculta, o sea, cuando no se exterioriza, como sucede en el evento de que en la escritura pública contentiva del contrato de compraventa el vendedor A declara haber recibido del comprador B el monto total del precio del bien, cuando ciertamente no fue así. En esta hipótesis, a pesar de la declaración escrituraria sobre el pago del precio por el comprador, existe una condición resolutoria tácita, puesto que éste no ha cumplido con su obligación de pagar el precio; empero, es oculta porque no consta en el título o escritura pública inscrita, y , por tanto, los terceros adquirentes no podían enterarse de su existencia, lo cual se traduce en que, en tales circunstancias, no los afecta la resolución.
7. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la condición resolutoria expresa o la tácita aparente, cuando consta en el título escriturario, la resolución del negocio jurídico afecta a los terceros adquirentes. A contrario sensu, si la condición resolutoria es tácita oculta, como sucede en el ejemplo últimamente señalado, se tiene, entonces, que como evidentemente no consta o aparece en el título y, por ende, es desconocida para los terceros subadquirentes, estos están de buena fe y, al cumplirse la condición, sus efectos en forma alguna puede afectarlos, según el alcance e inteligencia del artículo 1548 del C.C. “ (G. J. T. CLXXXVIII, año de 1987, 2º semestre, pp. 114-115).
Así, pues, al tercer adquirente del bien inmueble únicamente le es dable alegar su buena fe cuando la condición no constaba en el título. Mas si esa condición aparece consignada, según el entendimiento que de tal hecho se ofrece en la sentencia preinserta, queda, por ello, catalogado como de mala fe, desde luego que la ley, con el empleo de unos términos tan concretos como los del artículo 1548, le cierra el paso a la alegación de cualquier otra circunstancia exculpativa. Esta posibilidad, ante la apariencia de la condición sería tanto como permitir, aquí también, que se invoque la propia torpeza como eximente de responsabilidad, por ser palmar que si el tercero adquirió el bien sin caer en cuenta que en los títulos se encontraba una condición, a nadie más puede culpar de su ligereza y tampoco, por supuesto, puede decir que su comportamiento se ha caracterizado por la buena fe en un trance semejante.
Obviamente, el título en el que la condición debe figurar es aquél que corresponde a la parte que la hace valer. En tal virtud, a ese título el tercero subadquirente no le podrá oponer el suyo, aun cuando en él ya no conste la condición. Aparte de que sobre el primer adquirente del bien gravita de entrada la condicionalidad de su derecho, con que esa condición, así sea tácita, aparezca en el título respectivo, queda establecido el otro requisito indispensable para que ella se pueda esgrimir, con eficacia, en frente de los titulares sucesivos de ese derecho. Todo ello se desprende con claridad meridiana del artículo 1548 del Código Civil.
En el anterior orden de ideas, el Tribunal, en el presente caso, sólo tenía que detenerse a examinar si en la escritura pública Nº 785 del 20 de mayo de 1981 de la Notaría Doce de Bogotá, constaba la condición resolutoria tácita proveniente del no pago del precio por parte del comprador del inmueble para determinar si la misma podía producir efectos en contra de los terceros adquirentes. Ello hizo y, por ende, su decisión se ajusta a la ley. Ahora, si su examen del problema lo condujo a mirar otros aspectos que resultan del todo innecesarios para el adecuado fundamento de aquélla, no por tal causa es atinado que en casación el cargo se desvíe hacia ellos, tratando de que se identifique la buena fe donde no tiene por qué ser buscada, pues no obstante que se reputara como certero el enjuiciamiento del impugnante al respecto, su ataque, de todos modos, sería vano puesto que el auténtico —e incontrovertido— apoyo del fallo continuaría incólume.
Así las cosas, los cargos tercero y cuarto tampoco se abren paso.
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de junio de 1988, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario seguido por Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C. en liquidación y Villamil Pardo e Hijos Ltda. en frente de Darío Cárdenas Martínez y las sociedades Inversiones Cárdenas Parra Ltda. y Hotel Dann Colonial Ltda.
Costas en el recurso de casación a cargo de ambos recurrentes, por partes iguales. Tásense en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase.
Rafael Romero Sierra—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo— Alberto Ospina Botero.

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 artículo 308
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 artículo 1548
 artículo 329
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 artículo 308
 artículo 1932
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 artículo 870
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 82
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 artículo 1946
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 artículo 768
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 artículo 822
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 artículo 1548
 artículo 1548
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