Source: http://economiayfinanzasbolivia.blogspot.com/2012/07/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1291190400000&toggleopen=MONTHLY-1341126000000
Timestamp: 2020-07-11 08:59:50+00:00

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Noticias de Economía en Bolivia: julio 2012
Suben precios de verduras; pollo sigue con costo bajo
Debido a las bajas temperaturas que “quemaron” las plantaciones en atapa de producción, la mayoría de las verduras en los mercados 25 de Mayo, Calatayud, San Antonio y La Pampa, incrementaron sus precios entre 1 y 5 bolivianos, la última semana de julio. Salen de esta norma el tomate y el locoto, que contrariamente a lo esperado para la época bajaron de precios. En tanto que la carne de pollo mantiene sus costos bajos.
Las amas de casa que se abastecen en estos mercados y Los Tiempos, confirmaron, por ejemplo, que la cuartilla de cebolla se incrementó en la última semana de 10 a 12 bolivianos; las vainitas de 20 a 25 y la arveja de 20 a 25 bolivianos.
Del otro lado, el tomate, el locoto y la remolacha, bajaron hasta en 5 bolivianos la cuartilla por una sobreoferta de Chapare, Perú y Tarija en el primer caso, y de Tablas Monte con respecto a los otros dos productos.
“Antes las verduleras nos vendían un pesito de locoto, espinacas, vainitas e incluso locoto; ahora nos dicen que ya no hay nada por ese precio. El manojo cuesta dos, tres pesos”, comentó el ama de casa Angélica Mendoza, muy molesta, porque vive sola. Las compradoras protestaron contra las autoridades, a las que acusaron de no hacer nada por controlar la calidad, el peso ni los precios de los productos.
Doña Margarita, comerciante al detalle de verduras en el mercado El Triángulo, dijo que en cualquier momento bajan o suben los precios de verduras, porque a veces abundan y otras empieza a escasear, debido al clima e incluso la especulación de algunas verduleras.
En tanto, los precios de la arroba de tubérculos en los cuatro mercados visitados se mantienen estableces desde hace un mes aproximadamente, debido a que existe equilibrio entre la oferta y la demanda.
“Los precios de las papas están igual que hace un mes. Las señoras compran por igual papa vieja y nueva. El camote y la papa holandesa, por ejemplo, no van a subir un tiempo, porque han prohibido que llegue de Perú”, comentó Justina Pérez, del mercado de papas Calatayud.
Finalmente, para satisfacción de familias de escasos recursos, los precios del kilo de carne de pollo bajaron entre 50 centavos y 4 bolivianos.
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La Policía retomó por la fuerza la planta de gas de Caranda, ubicada en el municipio de Buenavista, en el norte cruceño, en un operativo que crobó la vida de una persona, según informaciones dadas a conocer al cierre de esta edición (24:00).
La instalación estuvo intervenida aproximadamente 23 horas (desde las 22:00 del domingo hasta las 21:00 de ayer) por más de 200 pobladores de las 14 comunidades del distrito 4.
Desde ese tiempo la planta, operada por Petrobras Energía, estuvo paralizada por el cierre de las válvulas.
De acuerdo con los datos de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, un día sin producir representa la pérdida de 600.000 metros cúbicos (m3) de gas natural y de 500 barriles de petróleo.
El supervisor de la planta, Mario Ciancalinic, añadió que el carburante es enviado a la planta de tratamiento de Colpa, donde se procesan 25 toneladas de gas licuado por día, cuyo proceso también estuvo paralizado desde el domingo.
Sin embargo, a ntes de utilizar la fuerza pública se procedió al diálogo. Por la tarde llegaron al lugar los fiscales Osman Arias y Mario Mercado, acompañados de efectivos policiales. Trataron de convencer a los lugareños a que desistan de la protesta.
Al no haber ninguna señal de acercamiento, a las 21:00 los policías intervinieron con gases lacrimógenos. El enfrentamiento entre el contingente de cerca de 80 policías con más de 200 manifestantes causó un saldo de un muerto y dos heridos, presumiblemente por balas de fogueo.
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Fiscalía amplía investigación a entidades bancarias y a hoteles en el caso YPFB
La investigación que se está realizando por su- puestos actos de corrupción en las plantas separadoras de líquido de Río Grande (Santa Cruz) y de Gran Chaco (Tarija) pone la lupa en las entidades bancarias y en los hoteles donde los principales sospechosos (Gerson Rojas y Agustín Ugarte) abrieron cuentas y se hospedaron.
La comisión de fiscales que lleva adelante este caso señaló que esta semana se pedirá un informe detallado a las entidades bancarias en las que Rojas y Ugarte hayan realizado algún movimiento financiero y a su vez elaborarán el recorrido que realizaban estas personas y en qué hoteles se alojaban.
Al respecto, Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, sostuvo que por estrategia no se pueden brindar los nombres de los bancos ni de las cooperativas que ya recibieron una orden para presentar la información que requiere la Fiscalía.
“Tengo entendido que se está ampliando la cantidad de personas de YPFB que van a declarar y a este trabaj o se suman dos fiscales más para que esta investigación sea los más amplia y completa”, sostuvo Ramírez.
A su vez, la defensa de Rojas volvió a indicar que su defendido se encuentra muy delicado, pero que a pesar de esta situación está dispuesto a colaborar con la investigación al entregar documentos de gran valía.
Por su parte, los guaraníes de la zona de Yacuiba, donde se construye la planta separadora de líquidos Gran Chaco, se encuentran en emergencia, porque, a pesar de haber mantenido una reunión con Carlos Romero, ministro de Gobierno, no pudieron encontrar una respuesta satisfactoria a sus demandas.
Jorge Mendoza, capitán de la Asociación de Pueblos Guaraníes (APG) zona Yacuiba, criticó la terquedad del Gobierno, que insiste en que ya se realiza la respectiva consulta a los pobladores de una TCO para la construcción de esta planta separadora de líquidos.
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El próximo mes, comenzarán a introducir carga al horno Kivcet, en tanto que las pruebas en vació ya empezarán en estos días, para que el complejo metalúrgico de Karachipampa inicie la producción del primer lingote de plomo, de acuerdo con informaciones oficiales.
"Se está terminando de afinar el horno Kivcet para ponerlo en marcha", aseguró el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.
"Karachipampa va a empezar esperamos a fines del próximo mes de septiembre", ratificó el viceministro de Desarrollo Productivo, Freddy Beltrán.
La planta sin estrenar por más de cuarto siglo, está ubicada a tres kilómetros de Potosí. El montaje del complejo metalúrgico comenzó en 1982 y concluyó en 1985, con una inversión de 150 millones de dólares.
El avance en el complejo permite prever que se está "a punto de hacer pruebas finales", es decir, "pruebas en vacío" y a mediados de agosto comenzar a cargar material.
Para lo que resta de 20 12, se anuncia que en el complejo metalúrgico, sin estrenar todavía, se avanzará en las pruebas para luego ingresar a la producción directa, de acuerdo con lo indicado por Beltrán.
El material es introducido al horno Kivcet demora unas horas en fundirse y después el primer lingote que salga será de plomo.
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Etiquetas: Comibol, La Paz, Potosí
Más de una docena de variedad de papas fue ofertada ayer directamente del productor al consumidor en el marco de la VIII Feria Nacional de la Papa y otros Cultivos.
Los organizadores del evento destacaron la presencia de la ciudadanía, desde tempranas horas de la mañana, para la adquisición del tubérculo.
Avelino Colque, productor de semillas de papa y otras hortalizas, indicó que este tipo de actividades permite al productor mostrar y comercializar directamente sus productos sin la presencia de intermediadores que “en muchos casos” encarecen el precio final de los tubérculos.
En la Rueda Nacional de Negocios suscribieron acuerdos por alrededor 900.000 bolivianos.
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“Muchas mamás trabajadoras nos han ayuda a comprobar la calidad y utilidad de los pañales ecológicos antes de lanzarlos al mercado”
Ariel Ayma Romay | Emprendedor
Con la premisa de evitar la contaminación del medio ambiente, la microempresa “Ecobebé” comenzó a producir, desde diciembre del año pasado, diseños de ropa infantil orientándose hacia recién nacidos hasta niños de 3 años, además produjo accesorios para madres como protectores de lactancia y otros artículos similares.
Pero el artículo estrella del emprendimiento de “Ecobebé” es lo que Ariel Ayma, dueño del negocio, bautizó como “pañal ecológico”, un paño confeccionado con fibra absorbente (micropolar) de algodón orgánico de suave textura, acoplado a un cobertor y pensado para bebés de 3,5 hasta 15 kilogramos de peso. Los pañales, en más de 10 modelos y con diseños coloridos, lograron aceptación en el mercado local.
Tanto el micropolar como el cober tor impermeable que evita derrames y el juego de botones para ajustar el pañal a cualquier peso y tamaño, hacen que los bebés puedan usar un juego de pañales hasta los tres años sólo ajustando la cintura con varias hileras de botones. Así, según Ayma, los padres llegan a ahorrar entre 3 a 7 mil bolivianos al año al no usar pañales desechables, también evitan contaminar el medio ambiente pues dejan de botar a la basura más de mil kilos al año por bebé.
Los productos “Ecobebé” están en Facebook, en el sitio ecobebe.bo; pero también en las tiendas distribuidoras Taiss y Skemas, en Cochabamba.
Ayma señala que tiene una producción actual de 150 pañales ecológicos al mes, demandados en un 50 por ciento en La Paz, Santa Cruz y Sucre. Considerando ese mercado, tiene previsto concluir los estudios de mercado para abrir tiendas distribuidoras en esas ciudades, donde también incluirá sus nuevos productos como los calzoncillos y calzones ecológicos, diseñados para per sonas con problemas urinarios.
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La falta de profesionalismo, la excesiva politización y los bajos sueldos, son algunas de las causas por las que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pudo convertirse en los últimos seis años en una verdadera empresa petrolera, según el experto y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos.
Ríos dice que la excesiva politización convirtió a YPFB en una “empresa de amigos, para compadres, manejada por gente sin experiencia, por sociólogos, antropólogos; pero no por geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros, como debiera de ser”.
El analista considera que el presidente Evo Morales debe institucionalizar YPFB y otorgarle un carácter orgánico, donde las gerencias y los cargos intermedios no sean designaciones realizadas por favor, parentesco o amistad política; sino más bien por capacidad, experiencia y méritos profesionales, y donde los profesionales sean “muy bien pagados”.
“Mientras no se resu elva que el Presidente, el Directorio, los gerentes tengan una línea eminentemente técnica y no política, la empresa va seguir actuando bajo un esquema donde los ejecutivos no están en Yacimientos por capacidad, méritos y experiencia”, sostuvo.
Para ilustrar la actual situación de la petrolera estatal boliviana, Ríos señaló que, por ejemplo, el administrador del proyecto de Río Grande, debería tener al menos 20 años de experiencia y haber construido tres proyectos de similar magnitud.
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YPFB y Ecopetrol, dos polos opuestos en gestión estatal
Dinamismo, transparencia y seguridad jurídica para la inversión son los tres elementos que separan diametralmente a una gestión exitosa como la de la petrolera colombiana Ecopetrol S.A. de una gestión débil como la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según coinciden en señalar los expertos en temas hidrocarburíferos Bernardo Prado y Hugo de la Fuente.
Cero injerencia política en la designación de cargos, institucionalización y estabilidad laboral para fomentar una visión a largo plazo en la planificación, sumada a sueldos competitivos, son los “ingredientes” que completan la receta.
Actualmente, la estatal petrolera colombiana Ecopetrol S.A. es considerada un modelo a seguir en la región cuando se trata de hablar de una gestión hidrocarburífera exitosa.
A principios de la década de 2000, la que fuera Empresa Colombiana de Petróleos fue transformada en Ecopetrol S.A. y dejó de ejercer las funciones de administración de los recur sos petroleros colombianos, poniendo esa tarea en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Tres años después comenzó su despegue al trabajar bajo un esquema comercial y empresarial en pos de tener competitividad en el mercado petrolero global.
Actualmente, figura como la primera empresa de su rubro en América Latina y la decimosegunda a nivel mundial.
Transparencia y seguridad
Pero ¿a qué se debe un éxito tan arrollador en contraposición con una débil gestión en YPFB?
Para Prado la primera comparación que surge es la de la inversión, es decir, la capacidad que tiene la estatal petrolera colombiana para atraer inversores extranjeros. Señala como una fortaleza, en su sector petrolero, que es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y que cualquier ciudadano colombiano puede ser accionista.
Por otra parte, está liberada de ejercer fiscalización y regulación de las actividades de las empresas petroleras que operan en Colombia pues la ANH fue cre ada con ese objetivo. “Eso le da cierto grado de seriedad y es, entre otros factores, lo que ha atraído tanto la inversión petrolera en Colombia. Tiene uno de los índices más altos de inversión en el sector petrolero de la región y esto gracias al marco legal que tiene”, señala Prado.
El hecho de que la normativa colombiana permita que Ecopetrol S.A. tenga participación de privados y la transparencia que esto exige le permite cotizar en la bolsa de valores, es algo que De la Fuente también resalta.
La hospitalidad al inversor extranjero también es otra clave del éxito colombiano. Prado recuerda que cuando se nacionalizó Repsol, en Argentina, “el presidente colombiano lo primero que hizo fue decirle a los españoles ‘vengan a invertir a Colombia que aquí no expropiamos’, esa es una señal clara de que el Gobierno colombiano, Ecopetrol y la ANH están apuntando hacia un mismo objetivo que es darle ese rol protagónico que tiene en este momento Colombia”, apunta.
Mientras, en Bolivia la producción está est ancada. Según datos que maneja Prado, entre 2006 y 2011, la producción de gas solamente se ha logrado incrementar en 0,8 millones de metros cúbicos diarios por año, es decir ni un millón de metros cúbicos por año.
Recién en 2012 hubo cierto despegue en la producción de gas, más que nada con la entrada en operaciones del campo Margarita gracias a la inversión de Repsol. “Pero esta inversión se da en función a que se le otorgan las garantías a Repsol con la firma de la adenda entre YPFB y Enarsa, en 2010, entonces con un mercado garantizado y un buen precio Repsol decide invertir. Este es el mensaje que tiene que quedar para el Gobierno: si les damos a la petroleras señales claras y señales contundentes en cuanto a la política hidrocarburífera del país, entonces la cosa puede funcionar, mientras tanto no”, sentencia.
Que prime el mérito
De la Fuente destaca que la seguridad para el inversor, también se debe extender para el elemento humano que maneja la e mpresa pues se debe elegir “a la mejor gente y pagarle sueldos competitivos”, en todos los niveles pues la buena administración de una empresa dependerá de la calidad de su elemento humano. Pero, para conseguir este objetivo, se debe excluir la política y el compadrazgo en la nominación de cargos, señala.
“Sólo deben primar los méritos profesionales. Esto permite mirar a largo plazo y los profesionales pueden proyectarse, entonces no tienen necesidad de robar porque tienen seguridad (laboral) a 20, 30 años, cosa que en YPFB no sucede”, dice De la Fuente.
Resalta que inclusive el actual presidente de Yacimientos, Carlos Villegas, es interino y que los mandos menores tampoco gozan de estabilidad pues saben que cuando haya un cambio de ejecutivo, también cambiará la conformación del equipo técnico.
Hugo De la Fuente, ex Superintendente de Hidrocarburos
“Sólo deben primar los méritos profesionales. Esto permite mirar a largo plazo y los profesionales pueden proyectarse, entonces no tienen necesidad d e robar porque tienen seguridad (laboral) a 20, 30 años, cosa que en YPFB no sucede”.
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Dos fiscales de la División Anticorrupción del distrito de Cochabamba precintaron ayer las oficinas de AeroSur y dejaron en las puertas una copia del mandamiento de apremio.
Las fiscales Variña Gonzales y Silvia Guzmán informaron que daban cumplimiento a la orden de allanamiento emitida el pasado 25 de julio por el juez tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Javier Rolando Chaca Quina.
Al no encontrar a ningún responsable de AeroSur y no disponer de orden de apremio con ruptura de chapas y candados, las fiscales realizaron la notificación física dejando una copia del mandamiento de apremio en la puerta principal de las oficinas.
El allanamiento se ejecutó para evitar que se sustraigan documentos del interior.
Allanamientos similares se realizaron en las oficinas de la empresa en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Las medidas se tomaron en el marco del proceso que sigue el Servicio de Impuestos Internos a la empresa por evasión impositiva, daño al Estad o y legitimación ilícita de ganancias.
En Santa Cruz, la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público allanó dos edificios de la empresa, de donde se incautó de documentación y equipos de computación que serán analizados dentro del proceso de investigación.
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Etiquetas: AeroSur, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz
La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, que preside el asambleísta tarijeño José Antonio Yucra (MAS), confirmó para el 22 de agosto la audiencia pública para que Carlos Villegas, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), brinde informe oral sobre los últimos acontecimientos en la estatal petrolera.
Añadió que a la cita, a la que podrán acceder medios de comunicación, también será convocado el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa.
Diputados opositores presentaron requerimiento de informe oral por parte de Villegas, referido al campo Margarita, al proceso de industrialización del gas natural y a irregularidades en la contratación y adjudicación de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, que derivaron en supuestos hechos de corrupción.
En caso de que estas autoridades no acudan serán interpeladas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El diputado c haqueño Wilman Cardozo, uno de los que firmó la petición de informe oral, indicó ayer que el lunes presentará una ampliación para que Villegas detalle el proceso de adjudicación de la planta Río Grande y presente los documentos de compra de las 460 hectáreas de tierras en Yacuiba.
El primero de los asambleístas del MAS que pidió que también investiguen a Villegas fue el senador Eugenio Rojas. Después, se sumó la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y últimamente el pandino Galo Bonifaz.
El miércoles, en una entrevista con El Deber, el Presidente de YPFB dejó en claro que está dispuesto a acudir a cuanta instancia se lo convoque porque “es el más interesado en aclarar todas las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la estatal”.
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Resaltando el crecimiento de los sectores de manufacturas, construcción, hidrocarburos y servicios financieros, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, informó ayer que la ejecución de inversiones del sector público supera la de 2011.
En el primer semestre de este año se alcanzó 26 por ciento de los 3.461 millones de dólares asignados en el Presupuesto General del Estado 2012.
La inversión pública al primer semestre de 2011 tuvo una ejecución del 25 por ciento, unos 4.292 millones de bolivianos de un total de 17.168 millones.
Caro admitió que en esta ejecución hay diferencias sustanciales entre la administración central y los gobiernos subnacionales, en los que, en mchos casos, está por debajo del 15 por ciento, mientras que las gobernaciones registran un promedio de 20 por ciento. "La administración central tiene una ejecución de su presupuesto cercana al 50 por ciento", indicó.
Al respecto, el secretario de Hacienda de la Gober nación de Santa Cruz, José Luis Parada, culpó al Ministerio de Economía por la lenta ejecución, pues no inscribió “a tiempo” el 30 por ciento de los ingresos de 350 entidades territoriales autónomas que generan 50 por ciento de la inversión pública. Santa Cruz ejecutó el 28 por ciento de 800 millones de bolivianos.
El secretario de Planificación de Potosí, Vladimir Condori, culpó al incumplimiento de empresas para ejecutar obras; en el caso de Cochabamba se ejecutó el 25 por ciento.
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Con la incorporación de una nave Boeing 737-200, el Grupo Aéreo 71, administrado por Transporte Aéreo Militar (TAM), celebró ayer su aniversario 67, en sus instalaciones ubicadas en El Alto. El avión, con capacidad para 130 pasajeros, fue entregado por el vicepresidente Álvaro García Linera.
La nave, denominada “General Pablo Zárate Willca”, en honor al caudillo indígena que luchó por la igualdad y libertad de los originarios, es la primera de tres comprometidas por el Gobierno para los próximos meses y reforzará el servicio de la aerolínea ante la ausencia de la privada AeroSur que suspendió operaciones debido a una crisis financiera.
“El TAM es una herramienta virtuosa que tiene la Fuerza Aérea y el Estado para llevar la soberanía estatal allá donde hace presencia con sus servicios”, dijo García.
Destacó que el TAM puede cubrir rutas a localidades a las que no llega la competencia ni el transporte interdepartamental terrestre y m anifestó que, junto a la estatal Boliviana de Aviación (BoA), es "la más grande empresa" que presta servicios en el país, por lo que debe ser potenciada continuamente para que mejore la atención al usuario.
Según el Vicepresidente, en los últimos años el TAM se fue potenciando con el afán de que llegue a zonas del oriente, donde los aeropuertos son pequeños, y para que sortee otras dificultades para llegar a un mayor número de usuarios.
Señaló que hay líneas privadas que prestan el mismo servicio y si surge otra, "adelante", siempre y cuando —indicó— pague impuestos porque "no se puede vivir robando al Estado", en alusión a la empresa AeroSur, que está a días de dejar de operar definitivamente.
Los empleados de la línea aérea privada tratan de impulsar una nueva empresa aérea para recuperar su fuente de ingresos con el apoyo de 15 millones de dólares que propone un accionista extranjero. El proyecto se ejecutaría en seis meses.
La Autoridad de Fiscali zación y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) info rmó ayer que los socios y gerentes de AeroSur deben 8,9 millones de dólares a un número indeterminado aún de pasajeros, quienes se sumaron al juicio iniciado por el Gobierno contra la empresa por quiebra fraudulenta.
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Otra vez fluye la carga en Puerto Aguirre; negocian continuidad
Barcazas y camiones de alto tonelaje desde y hacia Bolivia comenzaron a desplazarse ayer por la hidrovía Paraguay-Paraná y por carretera, después de que el Gobierno autorizara por 60 días la reactivación del flujo de importaciones y exportaciones a través de Puerto Aguirre.
Mientras, los empresarios privados concertaron una cita con el Gobierno para el jueves de la próxima semana, con el objetivo de establecer las condiciones legales que eviten el cierre definitivo de la zona, según lo manifestado ayer por el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Willy Rojo.
Este medio intentó ayer contactarse con el gerente de la Central Aguirre Portuaria S.A. (Capsa), Joaquín Aguirre, pero en su oficina informaron que estaba de viaje y luego en reunión. Tampoco fue posible contactarse con el gerente financiero, Crescencio Cruz.
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) suspendió el flujo comercial en la zona el lunes pasado, debido a que Capsa, administradora pri vada, optó por no adecuarse a las normas estatales para el funcionamiento de zonas francas, establecidas en el Decreto Supremo 470 el cual establece los procedimientos y requisitos para las operaciones portuarias como zonas primarias o zonas francas. El decreto establece que para ser zona franca debe transferir 20 por ciento de sus ingresos al Estado o permitir que el Estado sea el socio mayoritario de la empresa.
Rojo explicó que las normativas son diferentes para zonas francas y para zonas primarias. “Lo que hay que trabajar ahora es la reglamentación que habilite ese trabajo. No lo tengo claro, pero creo que ese es el vacío (legal) y en eso vamos a trabajar entre los (empresarios) privados y el Gobierno, para eso nos estamos reuniendo y la próxima semana tendremos una reunión con el Gobierno para ver las estrategias de salvaguarda para el puerto”, dijo.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, resaltó la imp ortancia de las negociaciones para evitar que el puerto deje de opera r, pues se trata del “primer punto de salida soberana que tiene el país y de uso público, a diferencia de Gravetal que es de uso privado”.
En cuanto al flujo comercial, dijo que el IBCE no tiene datos estadísticos, pero así como Antofagasta y Mejillones en Chile son sitios “naturales” para el tránsito de mineral, Puerto Aguirre es puerto natural para la exportación de productos no tradicionales “y no hay otro”.
Añadió que, según datos de la propia Capsa, en 2011 el puerto canalizó la importación de unas 300 mil toneladas de carga y viabilizó la exportación de medio millón de toneladas de graneles.
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La producción nacional de trigo de este año apenas cubrirá la tercera parte de la demanda, sin considerar las pérdidas que causaron las últimas lluvias y las heladas registradas en la región, alertaron ayer representantes de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
El presidente de Anapo, Demetrio Pérez, informó que en 2010 se sembró más de 120.000 hectáreas; sin embargo, en 2012 apenas se cubrió 67.000, lo que implica también un mayor déficit para cubrir el consumo del mercado interno.
Según Pérez, hasta el fin de semana se dispondrá de informes de los técnicos que ingresaron a los campos de cultivo para evaluar la cosecha y las pérdidas causadas por la naturaleza.
"La demanda de alimentos va creciendo y la oferta se ha estancado, (…) si vemos el trigo (la producción) ha bajado, el arroz probablemente no, pero con el maíz no tenemos suficiente oferta respecto a la demanda", lamentó Pérez.
En Santa Cruz de la Sierra, principal d epartamento productor de trigo, el déficit en la producción de trigo y maíz se quiso superar con apoyo del Gobierno; pero según Pérez no fue así porque además de los factores climáticos, "la amenaza de los avasallamientos no permite tranquilidad y certidumbre para que el productor realice una buena planificación".
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Con un crecimiento del tráfico aéreo de más de 10 por ciento con relación a 2011, el mercado aeronáutico boliviano está en un buen momento y “es prometedor”, debido a que está asentado en un crecimiento económico sostenido durante los últimos cuatro años, según el director Regional de Mercadotecnia en América Latina para Boeing Commercial Airplanes, Jakob Funkenstein.
“En Bolivia hay estabilidad económica. El crecimiento económico es base fundamental para el crecimiento del tráfico aéreo y con el crecimiento del tráfico aéreo viene la necesidad de tener más aviones para atender mayor cantidad de pasajeros”, sostuvo Funkenstein en una exposición que forma parte del seminario Planificación de Aerolíneas, que ayer comenzó en el centro de convenciones El Portal, auspiciado por Boliviana de Aviación (BOA) y Boeing.
Recordó que desde los años ‘90 el crecimiento del tráfico aéreo en Bolivia fue constante, tanto que a la fecha supera el 250 por c iento, el más alto del promedio mundial y latinoamericano que oscila entre un 5 y 6 por ciento, respectivamente.
Dijo que la antigüedad de los aviones en actual servicio se redujo de 17 a 10 años “y eso es algo que queremos seguir viendo, porque representa una garantía para las empresas y los pasajeros”.
El experto advirtió que, a pesar de su buena salud, la aeronáutica nacional tiene algunos retos que enfrentar a mediado y largo plazo, como estimular aun más el crecimiento del mercado; mejorar la infraestructura de los aeropuertos y los servicios; renovar la flota aérea; abrir nuevas rutas domésticas e incursionar agresivamente en las rutas internacionales a Estados Unidos y Europa.
Considerando las características geográficas de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Tarija, dijo que lo más recomendable es contar con aeronaves pequeñas o medianas, altamente operables, con empuje adecuado en los motores y las configuraciones precisas para aer opuertos de altura.
El seminario, que concluye mañana, tiene invit ados entre sus disertantes a cuatro expertos de Boeing, a autoridades nacionales y representantes de las aerolíneas bolivianas BoA, Aerocon, TAM y Amaszonas.
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La compañía coreana Samsung y la empresa española Duru Felguera fueron habilitadas ayer para continuar en carrera para la construcción de las plantas de amoniaco y urea, tras evaluar las propuestas de cinco postulantes.
La española Duru Felguera que pide 1.099 millones de dólares y la coreana Samsung que pretende 843 millones. El precio referencial es 1.110 millones.
La convocatoria pública fue lanzada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en diciembre de 2011.
“Efectuada la evaluación de las propuestas se determinó habilitar a las empresas Samsung y Duru Felguera para la apertura del sobre B de propuesta económica por haber obtenido el puntaje mínimo requerido”, señala el informe de la comisión de calificación de YPFB Corporación, según un comunicado difundido por la estatal petrolera.
Otras tres están fuera de la contienda para adjudicarse desde el diseño hasta la construcción y puesta en marcha y operación de las plantas que se ins talarán en Bulo-Bulo. Se anuncia para el 2015 el inicio de la producción de urea y amoniaco.
La comisión de evaluación descalificó a Hyundai (también coreana), al consorcio ítalo-argentino Saipem-Aesa y al grupo hispano-italiano Técnicas Reunidas-Technip "por no alcanzar el puntaje mínimo requerido", indica el informe de YPFB.
La convocatoria pública requiere de una empresa internacional especializada en petroquímica que se encargue de realizar el PDP (paquete de diseño de proceso), FEED (Front end Engineering Design), ingeniería de detalle, procura, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento asistido de las plantas de Amoniaco y Urea.
El acto se desarrolló en la Casa Ejecutiva de YPFB y contó con la participación de la Unidad de Transparencia de la estatal petrolera. El evento fue emitido por la página web de la estatal petrolera.
El proceso de licitación también está a cargo de la Gerencia Nacional de Plantas de Separación, instancia de la que ha ce pocos días se hizo cargo Mario Salazar en reemplazo de Gerson Roja s, detenido e investigado.
La producción de urea ayudará a mejorar la productividad del sector agrícola en Bolivia, pues incrementará el desarrollo de las regiones y contribuirá a la seguridad alimentaria, señala el comunicado de YPFB.
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Etiquetas: Construcción, Empresas, Santa Cruz
Temor a que España necesite rescate sacude a las bolsas
Fráncfort, Barcelona y Madrid |
Europa está nuevamente al borde del precipicio. La crisis de la deuda soberana volvió a saltar a primera plana ayer tras intensificarse los temores de que la economía española -la cuarta más grande de la eurozona- sea la próxima que tenga que ser rescatada y las bolsas de valores de toda Europa y del resto del mundo sufrieron ayer importantes caídas.
La recesión empeoró en España y un creciente número de sus gobiernos regionales han pedido o analizan la posibilidad de pedir ayuda monetaria al Gobierno federal en Madrid. El interés del bono soberano a 10 años se disparó a niveles insostenibles a mediano y largo plazo, en un indicio de la creciente desconfianza de los mercados de que el país pueda pagar la enorme deuda que debe.
La posibilidad de rescatar financieramente a España preocupa intensamente a Europa debido a su costo potencial, muy superior del dinero existente en los presentes fondos de ayuda.
Los mercados financieros, ade más, han comenzado a preocuparse por Italia, otra gran economía europea con una enorme deuda soberana y casi nulas posibilidades de crecimiento económico.
En Fráncfort el índice DAX cayó un 3,18 por ciento. En Londres el FTSE retrocedió un 2 por ciento y en París el CAC 40 perdió un 2,89 por ciento. Al mediar la jornada en Wall Street, el promedio industrial del Dow Jones bajaba un 1,35 por ciento. El euro cayó por debajo de 1,21 dólares, su menor nivel desde junio de 2010.
El rendimiento de los bonos soberanos españoles a 10 años subió al 7,56 por ciento por la mañana, su máximo desde que España se unió al euro en 1999.
Los temores sobre España aumentaron ayer cuando el Banco Central informó que la economía se contrajo 0,4 por ciento el segundo trimestre con relación a los tres meses anteriores. El Gobierno pronosticó que la economía no volverá a crecer hasta 2014, pues las nuevas medidas de austeridad afectarán a consumidores y empresas.
Además, España encara n uevos costes a medida que varias comunidades autonómicas, empezando p or Valencia y Murcia, pidieron el viernes rescates financieros al Gobierno central y la posibilidad de que pronto lo hagan otras ocho, entre ellas Cataluña, una de las zonas más ricas de España, por lo abultado de su déficit presupuestario y la imposibilidad de pagar sus cuentas y vencimientos.
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Choferes logran 100 millones a cambio de dar luz verde a teleférico
Los transportistas de La Paz lograron ayer un acuerdo mediante el cual el Gobierno se compromete a gestionar 100 millones de dólares destinados a renovar el parque automotor y como una especie de "compensación" por la futura construcción del teleférico.
El Ejecutivo anunció que gestionará el crédito ante el Gobierno de la República Popular de China, que será destinado a la compra de 2 mil vehículos para el transporte público, como parte del plan de renovación del parque automotor de las ciudades de La Paz y El Alto.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, en un acto celebrado en el palacio de Gobierno, dijo que se otorgará todas las facilidades a los choferes sindicalizados para que puedan acceder a esos recursos y los trámites ante el Gobierno chino para consolidar la importación de los nuevos motorizados.
Explicó que los vehículos que sean adquiridos de las empresas automotrices chinas deben tener como principal característica una capacidad mín ima de 30 pasajeros, de tal manera de fomentar el transporte masivo de pasajeros en ambas ciudades.
Sánchez declaró que esta iniciativa es el resultado de la negociación que se llevó a cabo en los últimos días con los dirigentes de los choferes que se oponían a la construcción del teleférico La Paz – El Alto, porque según ellos miles de transportistas iban a quedar sin fuentes de trabajo con la implementación de esa infraestructura.
Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Choferes, Franklin Durán, expresó el agradecimiento del sector y su respaldó la continuidad de Morales en el Gobierno.
En la misma línea, el ejecutivo de La Paz, René Vargas, cuestionó que el alcalde Luis Revilla no haya trabajado en la mejora del transporte en la urbe y más bien pretenda convertirse en un operador del servicio.
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Pdvsa auditó a firma observada y Rojas visitaba los talleres
Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) participó en la auditoría a Gulsby Process System LLP encargada de la fabricación del "corazón" de la planta separadora de licuables Río Grande, control que además recomendó continuar con esta firma para la conclusión, pero con algunas añadiduras, según un informe de auditoría entregado el 1 de junio de 2009.
En enero de ese año, se destapó el hecho de corrupción por el que el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz condenó a 12 años de cárcel a Santos Ramírez, exhombre fuerte del MAS y expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ramírez fue condenado por “por conducta antieconómica y otros".
En la auditoría a Gulsby, que se realizó del 18 al 30 de mayo del 2009, participaron por Pdvsa José Contreras, Luis Gamboa y Vigni González. En tanto que YPFB estuvo representado por Gerson Rojas, Agustín Ugarte y Túpac Sejas, según el informe de auditoría.
Los delegados recomiendan "restab lecer la continuación de la contratación de GPS (Gulsby Process System LLP)", la firma a la que actualmente los ejecutivos y abogados de YPFB señalan como "empresa fantasma".
El informe señala que "la revisión de la documentación de la ingeniería de la planta de Río Grande estuvo a cargo" de tres empleados de Pdvsa y tres de YPFB, detallando que "el ingeniero (Gerson) Rojas se encargó de visitar todos los talleres de fabricación de los equipos".
Entre las conclusiones del informe de auditoría técnica se señala que "dada la amplia experiencia de la empresa Gulsby Process System LLP en proyectos de plantas de separación de gas natural y luego de las entrevistas y reuniones técnicas realizadas permiten concluir que Gulsby System LLP tiene la capacidad técnica para el desarrollo del proyecto".
Además, los investigadores aseguran que la capacidad técnica de Gulsby "fue evidenciada con los resultados de la revisión de la información técnica generada hasta el momento". Co n estos resultados recomiendan "restablecer la continuación de la con tratación de GPS para la finalización de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto llave en mano", dejando en claro que está "dentro del alcance establecido originalmente".
El informe de la auditoría técnica, a la que ahora YPFB denomina "empresa fantasma", fue tomado en cuenta por el Directorio de la petrolera autorizando al presidente interino, Carlos Villegas, a "realizar todas las acciones necesarias a fin de precautelar los bienes que la empresa Gulsby Process System LLP se encuentra construyendo para la planta de extracción de licuables de Río Grande".
Así reza la resolución 21/2009 del 2 de julio del 2009, que emitió el Directorio integrado por Rafael Martínez en representación del Ministerio de Economía, Fernando Vincenti por el Ministerio de la Presidencia, ahora máximas autoridades de YPFB-Chaco y YPFB-Transporte, respectivamente.
Por el Ministerio de Planificación del Desarrollo firmó Jhonny Suxo, por el Ministerio de Hidrocarburos Isabel Chop itea y Tania Torres, además del representante laboral, Samuel Monasterios. Para "la empresa fantasma Gulsby Process Systems LLP Texas-USA", YPFB abrió una "carta de crédito irrevocable" por 35 millones de dólares con recursos del fideicomiso de 45 millones, con un pago por anticipo de 13 millones, "lo que generó pérdidas en el Estado boliviano", señala el informe de YPFB publicado ayer.
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La Agencia Boliviana Espacial (ABE) lanzó la convocatoria para seleccionar a 74 profesionales bolivianos que serán capacitados en China para controlar el satélite de telecomunicaciones Túpac Katari. Los gastos serán pagados por la empresa china que construye el satélite.
El director interino de la ABE, Iván Siles, convocó ayer a expertos en ingeniería, física, matemática, informática, electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones y ramas afines.
La capacitación estará dividida en tres segmentos: control de las estaciones terrestres, diseño de proyectos y sistema de satélites, y telepuerto para redes y transmisión de datos. En octubre partiría el primer grupo.
Según la empresa china Great Wall Industry Corporation (La Gran Muralla), encargada de este proyecto, la puesta en órbita se prevé para fines de 2013 o principios de 2014.
Añade que el satélite, a la fecha, tiene más de 33 por ciento de avance. Su precio es de casi 300 millones de dólares, una parte financiad a con crédito del Banco de Desarrollo de China.
Más datos de la convocatoria en la página web: www.abe.bo.
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Ocho años y siete meses después que a través de la Resolución Constitutiva Nº 3/2004 de fecha 5 de enero del mismo año, la Compañía Minera Mallku Khota S.A. hubiera obtenido la concesión minera "Viento" de 7 cuadrículas en la provincia Charcas del Departamento de Potosí, el Gobierno ya tiene en la mesa para la firma el Decreto por el cual esa concesión es revertida a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El Decreto al cual accedió ANF, en su Artículo 1, parágrafo II, señala: "La Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, en ejercicio de sus funciones establecidas en la Ley Nº 3720 de 31de julio de 2007, se hará cargo de la administración y desarrollo minero ejercitando actividades mineras, en las 219 cuadrículas de las denominadas autorizaciones transitorias, señaladas en el párrafo precedente".
El mismo lleva las firmas de Johnny Montes, por el Ministerio de Trabajo; René Félix Navarro Miranda, secretario Departamental de Coordinación General del Gobierno Autónomo de Potosí; de Arnulfo Gutiérrez, Secretario Departamental de Minería y Metalurgia de la Gobernación de Potosí; y de tres kuraq mallku de la zona.
En el parágrafo tercero el Decreto Supremo añade que: "Ningún otro actor productivo minero no estatal, por sí solo, podrá realizar actividades mineras dentro de las 219 cuadrículas de las denominadas autorizaciones transitorias, señaladas en el párrafo precedente".
De esa manera, argumentando los Artículos 369 y 348 de la Constitución Política del Estado (CPE), se da paso a la reversión de la concesión de exploración dada a la Compañía Minera Mallku Khota, subsidiaria de la South American Silver.
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Mediante 1.693 citas de negocios desarrolladas durante ocho horas continuas, la Fundación Valle facilitó la suscripción de intenciones de negocios por un valor aproximado a 12,4 millones de dólares, durante la IV Rueda Nacional de Agronegocios Conecta, ayer en el Centro de Convenciones y Eventos “El Portal”.
De los 209 emprendimientos que participaron, 39 son asociaciones de pequeños y medianos productores de las cadenas productivas que promueve la Fundación Valles y 170 empresas, sostuvo Edgar Guardia, gerente general de Fundación Valles.
“Son empresas que realizaron negocios directos, sin intermediarios, con los productores de maníes, locoto, frutas deshidratadas, hortalizas, castaña, cereales andinos, ajíes y otros para su transformación, comercialización interna e incluso exportación”, sostuvo.
Refirió que Conecta, como un espacio promotor y facilitador de la integración y generación de oportunidades de negocio entre asociaciones productor as y empresas comercializadoras e industriales, tiende a consolidarse cada año, porque ambos sectores incrementarán sustancialmente sus ingresos.
Guardia recordó que en la III Versión de Agronegocios se tuvo la participación de 179 empresas, 36 asociaciones de productores de siete departamentos, que sostuvieron 1.250 citas de negocios para suscribir intenciones de negocios por un valor de 6 millones de dólares.
La mayoría de las empresas y asociaciones de productores, llegaron a sostener entre 10 y 12 citas de negocios, de 20 a 25 minutos, cada una y llegaron a comprometer entre en 40 y 60 por ciento de su producción en compras a corto, mediano y largo plazo.
A diferencia de las tres versiones anteriores, informó que los organizadores de la IV Rueda de Agronegocios, decidieron esta vez cobrar las sumas de 120 y 150 bolivianos a las asociaciones y empresas, respectivamente, por su participación en el encuentro, debido a que se busca eliminar la subvención y lograr g radualmente que el evento comercial sea sostenible en el tiempo.
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El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Senadores, Eugenio Rojas, pidió ayer al presidente Evo Morales no proteger e investigar al presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Dijo que Villegas debe ser incluido en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la construcción de las plantas separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande.
Rojas hizo este pedido (a título personal) mientras la Policía y representantes del Ministerio Público realizaban ayer nuevos allanamientos de viviendas y secuestro de información para esclarecer el caso.
"Todos deben ser incluidos (en la investigación), no podemos proteger a nadie, sea el presidente de YPFB, ministros o los técnicos, todos los que tengan que ver en este tema deben ser sancionados, nadie puede proteger a quienes cometieron este acto de corrupción, ni el presidente Evo, ni las autoridades judiciales, ni el Ministerio Público”, dijo Rojas en alusión a un pedido que ya hizo la oposición el miér coles pasado.
Hace unos días el propio Villegas dijo estar dispuesto a cualquier investigación e incluso desafió a que vean sus cuentas bancarias y su patrimonio.
Respecto a la posibilidad de una auditoría internacional en las plantas procesadoras de líquidos Río Grande y Gran Chaco, el legislador oficialista prefiere que se concluyan las investigaciones del Ministerio Público y posteriormente se podría analizar esa posibilidad.
En contacto con el diario El Deber, Rojas dejó en claro que no pide la renuncia ni la destitución de Villegas. “Mientras no haya una investigación y una decisión de la justicia, él debe seguir en el cargo”, especificó.
Por su lado, el senador del MAS Juan Enrique Jurado dijo que la Cámara Alta está en receso y, por lo tanto, no hay posición oficial sobre el tema.
Respecto a los ilícitos denunciados, el directorio de YPFB encomendó al presidente ejecutivo de YPFB que se haga extensiva la investigación por presunto hecho de c orrupción contra todos los posibles involucrados (personas naturales y/o jurídicas) que tengan suficientes indicios de participación en dichos hechos de corrupción.
El exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas y el exfuncionario Agustín Ugarte tienen una querella criminal por enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado, investigación que fue promovida por YPFB.
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Un acuerdo para dialogar dentro de 10 días puso en pausa el conflicto entre pobladores y cooperativistas mineros en Teoponte, en La Paz, mientras que en Potosí, los comunarios hacen rondas, pero no hay toma física de la mina explotada por la compañía Cerusita Andina, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Pérez explicó que habría un conflicto de intereses en la zona por la explotación de oro, porque los pobladores quieren tener más tiempo para rescatar mineral.
En cuanto al conflicto en Suk’awaña, en el norte potosino, el secretario de Minería de la Gobernación, Arnulfo Gutiérrez, dijo que la minera no hace el pago completo de regalías.
Recientemente, en ambas zonas, donde existen concesiones mineras, surgieron conflictos con los dueños de las concesiones.
En el caso de Suk’awaña, los pobladores habrían denunciado excesiva contaminación ambiental por los trabajos de extracción y pedido el pago de regalías para invertirlas en pro yectos de desarrollo. Mientras que en Teoponte, pobladores y cooperativistas están enfrentados supuestamente porque los mineros destruyeron varias casas y un hospital con sus labores de explotación de oro, pero la verdadera razón sería que los pobladores piden más horas para “rescatar” oro.
Pérez, quien llegó a esta ciudad en el marco de la visita de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, explicó que, según informes de una comisión de ese Viceministerio enviada para recabar información, en Teponte existe un conflicto de intereses entre comunarios, cooperativistas de la empresa Relámpago y quienes alquilan la maquinaria para la explotación de oro, puesto que los pobladores disponen de entre una hora y hora y media para explotar el oro y exigen disponer de más tiempo.
Adicionalmente, el presidente de la Cooperativa minera Relámpago, Wilson Suca, admitió ayer que su unidad no cuenta con la autorización legal y que falta la firma. Este hecho fue cuesti onado por Narciso Choque, presidente de la Federación de Juntas Vecin ales de Teoponte, quien dijo no entender por qué Comibol permite esa irregularidad.
Anoche, se realizó una reunión en la que se firmó un acta de entendimiento y se declaró un cuarto intermedio de unos 10 a 12 días.
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El Ministerio Público y policías allanaron ayer otra casa, esta vez en La Paz, por el caso de supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El domicilio era frecuentado por el exfuncionario de la petrolera estatal Agustín Ugarte, actualmente detenido en Chonchocoro.
Entretanto, en Santa Cruz, la comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción anunció que volverá a emitir citaciones para al menos una veintena de personas que integran la comisión calificadora de YPFB porque no se presentaron a declarar.
El operativo en La Paz permitió ayer incautar documentos relacionados a la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, en el marco de las investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito.
El fiscal Carlos Cándido Blanco informó ayer que, como resultado del operativo, la pareja de Ugarte fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para prestar declaración informativa.
“Estamos incaut ando documentación dentro de las investigaciones, la misma que será analizada. En esta casa, vivía una señora que va a prestar sus declaraciones”, señaló el fiscal Blanco tras concluir el acto de allanamiento.
Sobre el tema, la asesora jurídica de YPFB, Mónica Ramírez, señaló que se encontraron algunos documentos relacionados a la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en la casa allanada y que la situación jurídica de la pareja de Ugarte se definirá una vez que preste su declaración.
El allanamiento se realizó en la zona Alto San Pedro, de La Paz. El operativo se inició a las 13:56 de ayer. El personal de la Fiscalía y abogados de la estatal petrolera llegaron en dos vehículos al domicilio. Al no encontrar a nadie, funcionarios de la Fiscalía ingresaron por la pared y pegaron la orden de allanamiento en la puerta.
A las 14:25 llegó la pareja de Ugarte acompañada de su padre y su madre.
Al cabo de unos minutos de conversación con los fiscales, ingresa ron al domicilio. El allanamiento concluyó a las 16:00 con la incauta ción de documentos.
Ugarte es investigado por la justicia ordinaria junto al exgerente nacional de las Plantas de Separación de Líquidos de YPFB Gerson Rojas por enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado, demanda formulada por YPFB.
Testigos no acuden
Según los informes de los fiscales Blanco, Anuncio Piérola y Carlos Candia, las personas que integran la comisión calificadora de YPFB encargada de controlar las obras de la empresa adjudicataria AESA no acudieron al citatorio. Por tanto, el Ministerio Público emitirá citaciones por segunda vez y, de no acudir a declarar, corresponde emitir mandamiento de apremio contra todos.
Ramírez sostuvo que esa versión no es cierta y que por cuestión de tiempo la Fiscalía optó por cambiar la fecha de las declaraciones.
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Entre los acuerdos firmados ayer como fruto de la reunión entre los presidentes Evo Morales y Cristina Fernández, figuran los relacionados con educación, tecnología y telecomunicaciones.
En materia de televisión digital y telecomunicaciones, se acordó el inicio del trabajo conjunto entre ambos países, específicamente sobre la cooperación en televisión digital terrestre.
El ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, indicó que los funcionarios argentinos explicarán en qué consiste este sistema a los técnicos bolivianos, exponiendo videos y otras herramientas que estarían “en principio a la venta”, para que después Bolivia decida si los adapta o no.
“Quedamos con la ministra el área (Amanda Dávila) y con la embajadora boliviana en la Argentina, Leonor Arauco, de venir a Bolivia y (…) mostrar cuál es la tecnología. No a vender, sino que los decodificadores y los distintos elementos con que trasmite la televisión puedan ser verificad os, armados previamente en Bolivia y, por supuesto, que haya una red de televisión del Estado con una buena calidad de imagen y también ofrecer las plantas transmisoras de antenas que se fabrican en la Argentina”, indicó.
Se instruyó además que los responsables técnicos de ambos países comiencen el trabajo en conjunto con el objetivo de explorar oportunidades para una sociedad mutuamente ventajosa respecto a inversiones, producción de equipamientos, fortalecimiento de la integración productiva, desarrollo técnico, fomento de investigaciones y cooperación en el campo del desarrollo de software, contemplando, además, aplicaciones para la inclusión digital, entre otras posibilidades asociadas a la televisión digital terrestre y satelital u otras políticas afines.
El canciller David Choquehuanca y su par argentino, Héctor Timerman, suscribieron el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre la República A rgentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
En el marco del Acu erdo Específico de Cooperación Cultural alentaron a las autoridades de ambos países a continuar propiciando eventos de diálogo sobre la interculturalidad, como parte fundamental de la revalorización cultural.
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La política de nacionalización que Bolivia y Argentina llevan adelante fue defendida ayer por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, durante su discurso en la cena ofrecida anoche por el presidente Evo Morales en su honor, en esta ciudad.
Fernández llegó a Cochabamba a las 17:05 de ayer y fue recibida por el canciller, David Choquehuanca. Para hoy está prevista una reunión bilateral con Morales para abordar temas relacionados con los hidrocarburos, la situación de los migrantes bolivianos en su país, la cultura y la integración regional, entre otros, informó la embajadora de Bolivia en Argentina, Leonor Arauco.
Anoche, Fernández ponderó el hecho de que los países quieran manejar sus recursos naturales con una política de “ganar-ganar”, en la que ganen los que inviertan; pero también los propietarios de la riqueza natural.
“Hoy, el mundo debe comprender que los países quieren manejar sus recursos naturales y ser una política de ganar-gana r. (Es decir) que ganen los que invierten y que ganen también los que son propietarios de los recursos naturales, que en definitiva son los pueblos, no es Evo Morales ni es Cristina Fernández de Kirchner”, dijo.
Así justificó la nacionalización del 51 por ciento de las acciones que la española Repsol tenía en Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, llevada a cabo por su Gobierno hace algunos meses. “Es imposible venir (a explotar) con las técnicas del pueblo de los tiempos de la colonia, donde extraían la mina de Potosí y se llevaban las cosas sin dejar nada”, dijo.
En otros temas, Fernández también dijo que el mundo vive hoy un “narcocapitalismo” que privilegia los beneficios del sector financiero y como consecuencia de esto se presentan “caídas en cadena”.
También destacó el concepto de “Vivir bien”, mencionado por Choquehuanca y dijo que ése debería ser uno de los objetivos de la Unión de Naciones Sur americanas (Unasur), del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Com unidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“Corren nuevos vientos y vienen también nuevos tiempos, el desafío es que nuestros pueblos y nuestras sociedades sean protagonistas”, afirmó.
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La empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) de capital hindú, formalizó ayer la ruptura del contrato de riesgo compartido con el Gobierno, firmado para la explotación de hierro en el Mutún. Sin embargo, los cívicos de Puerto Suárez insisten en una posible conciliación y anuncian protestas que podrían incluir paro cívico y bloqueo de caminos.
Un comunicado oficial, emitido ayer, señala que la empresa hindú optó por rescindir el contrato debido a las “actitudes anti-inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del Gobierno de Bolivia”, lo que no le dejó otra alternativa.
Añade también que los ejecutivos de la empresa fueron tratados “como delincuentes”, en alusión a los juicios que lleva adelante la Fiscalía y que el Gobierno nunca tuvo “la sincera intención de resolver sus incumplimientos”, lo que alejará a los inversionistas extranjeros por la falta de seguridad jurídica en el país.
El Comité Cívico de Puerto Suárez se declaró en emergencia y alista para hoy una asamblea, junto a los trabajadores de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), para definir las medidas de protesta por la ruptura del contrato de explotación de hierro, informó ayer el presidente de ese ente cívico, José Luis Santander.
Luego de varios meses de intentos de negociación para encontrar una solución al conflicto generado entre el Gobierno y Jindal debido a la ejecución de dos boletas de garantía, el juicio a sus ejecutivos y la falta de provisión de gas en los volúmenes comprometidos por el Gobierno, el lunes pasado la empresa india optó por romper el diálogo e irse del país.
Santander dijo que en la asamblea cívica con todas las organizaciones sociales e instituciones de Puerto Suárez y trabajadores de la ESM se decidirá si optar por el bloqueo o el paro cívico “en defensa de los intereses de la región”.
Adelantó que todas las medidas a adoptarse hoy en Puerto Suárez tendrán el respaldo del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de todas las provincias de ese departa mento, que desde el inicio respaldaron la ejecución del proyecto siderúrgico de El Mutún, por su incidencia en el desarrollo socio económico de la región.
También dijo que se pedirá que tanto los trabajadores de Jindal, como de las empresas subcontratadas para la explotación de la mina, pasen directamente a planillas de la ESM.
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Comunarios de Suk’awaña, en el norte de Potosí, tomaron una mina que es administrada por la empresa Cerusita Andina Limitada de inversiones brasileñas, confirmó ayer Leonardo Montaño, dirigente de pobladores de Mallku Khota, que hasta la pasada semana vivió un conflicto similar.
Hoy los movilizados prevén hacer conocer sus demandas.
Montaño, el dirigente que manejó la movilización de Mallku Khota contra la transnacional South American Silver y que, tras varios días de conflicto con seis rehenes y un muerto, logró el compromiso gubernamental de revertir las concesiones mineras, dijo que se reunió con los comunarios de Suk’awaña quienes le explicaron que la toma se debe a que la empresa está dividiendo a la comunidad.
El dirigente no pudo precisar el día de la toma de la mina, aunque un reporte de la red Erbol cita al corregidor de la subcentral Sindical Campesina de Sacaca, Eleuterio Pacheco, quien dijo que fue hace cinco días.
Pacheco señaló que la emp resa explota el yacimiento desde hace muchos años, pero no atiende las demandas de la comunidad, como la apertura de un camino.
Montaño añadió que los comunarios de Suk’awaña también están buscando la nacionalización del yacimiento minero de plata y plomo para que la riqueza “se socialice” y “no beneficie solamente a algunos”.
Explicó que los comunarios quieren que la empresa pague regalías para que ellos las dispongan en sus proyectos de desarrollo, ya que en aplicación del Decreto Supremo 29577, el 85 por ciento de las regalías mineras es para la Gobernación y el 15 por ciento para los municipios, en este caso para la Alcaldía de Sacaca.
Se buscó tener la versión de los ejecutivos de la Empresa Cerusita Andina Limitada, quienes desde su sede en Cochabamba aceptaron el contacto para las 18:00 de ayer; pero a esa hora sólo el contestador automático respondió la llamada.
En el Servicio Geológico Técnico de Minas de Cochabamba (Sergeot ecmin) se informó que existen cuatro concesiones mineras a nombre de la Empresa Cerusita Andina Limitada, en la zona de Suk’awaña.
Reportes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) señalan que entre 2011 y lo que va del año se reportaron más de cien avasallamientos a minas en todo el país.
Las tomas se producen por comunarios o cooperativistas mineros que demandan áreas de trabajo o pretenden beneficios adicionales a los previstos en las leyes vigentes.
El avasallamiento creció este año debido a las altas cotizaciones de los minerales.
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El Ministerio Público, a través del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Candia, y una comisión de policías, allanaron ayer el edificio de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) y secuestró documentación por el supuesto caso de corrupción que involucra a altos ejecutivos de YPFB.
AESA ganó la licitación para construir la planta separadora de líquidos Río Grande en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En un operativo que ayer comenzó a las 16:20 y concluyó a las 18:30, los representantes del Ministerio Público indicaron que se procedió a secuestrar los contratos del proceso de licitación de las plantas separadoras y otros documentos, con el objetivo de aclarar las denuncias efectuadas por el exdirector Agustín Ugarte Méndez, que en días anteriores manifestó que la empresa AESA había entregado determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el millonario proyecto de YPFB.
“Hemos secuestrado los contra tos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos. Ellos tienen que presentarse la próxima semana”, sintetizó Candia.
Por su parte, Raúl Paniagua, abogado de la empresa AESA, manifestó que la compañía está dispuesta a colaborar en las investigaciones y requerimientos fiscales que disponga el Ministerio Público.
“La posición de la empresa AESA respecto a la presente investigación se encuentra nítidamente expresada en la denuncia que ha formalizado en el Ministerio Público el vicepresidente Pablo Fernitz contra el señor Ugarte por la comisión de delito de acusación y denuncia falsa”, aseveró Paniagua.
La semana pasada, Ugarte mencionó que AESA entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta, hecho que fue desmentido por la firma argentina.
De igual manera, Fernitz pide mediante la denuncia que se amplíe la investigación contra quienes resultaren ser coa utores, cómplices e instigadores por la comisión del delito de acusac ión y denuncias falsas, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, a la fecha, el referido contrato se encuentra en ejecución con un avance físico y económico aproximado del 70 por ciento.
Una comisión de calificación recomendó adjudicar el proceso a AESA por cumplir todos los requisitos.
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La venta de GLP a Argentina y la exploración de gas natural son algunos de los temas que serán tratados durante la visita que realiza desde hoy al país la presidenta argentina Cristina Fernández, informó ayer el ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa.
Sosa desmintió al nuevo Embajador de Argentina en Bolivia, quien dijo que se renegociará el precio del gas .
El domingo, el embajador argentino designado en Bolivia, Ariel Basteiro, informó a medios de su país que el nuevo precio para el hidrocarburo sería el tema principal de la agenda de Fernández en Argentina.
Durante un encuentro con los periodistas en el marco de la celebración por la efemérides de La Paz, el Ministro de Hidrocarburos dijo que “no hay negociación del precio de gas, se va hablar el tema hidrocarburos fundamentalmente, se quiere tratar el tema exploración y sobre la posible venta de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a la Argentina, pero no hay negociación sobre el precio de gas” .
Esa aclaración surgió después de que algunos sitios web de medios argentinos informaron que Fernández y Morales repasarán la relación bilateral, principalmente para “establecer el nuevo precio de venta” del gas que Bolivia suministra a Argentina.
Según el diario “El Tribuno”, el nuevo embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que “en la agenda de ambos países el gas está en primer lugar”. El funcionario también dijo que “el motivo del viaje tiene como punto principal el acuerdo para establecer el nuevo precio de la venta de gas de Bolivia”.
El contrato entre ambos países establece un envío mínimo de 7,7 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas, y 27,7 MMmcd hasta 2017, con aumentos graduales.
"Se viene a hablar sobre temas de hidrocarburos fundamentalmente y tenemos áreas que ha pedido YPF de Argentina, hay un contrato firmado", explicó el Ministro de Hidrocarburos.
Extraoficialmente, tambié n se conoce que Argentina tiene previsto aumentar este año su demanda de gas de 7,5 millones de MMmcd al día a 11,6 millones.
Modifican agenda
La comisión de avanzada de la cancillería Argentina, que llegó ayer a Cochabamba, modificó la agenda que había previsto el Gobierno boliviano para la llegada de la presidenta Fernández.
El ministro de Cultura, Pablo Groux, admitió ayer que hubo un cambio; pero que no fue “sustancial”. Concretamente, se suprimió el almuerzo que estaba previsto para el medio día de mañana, se adelantó la reunión bilateral entre ambos presidentes y la visita al monumento de las Heroínas de la Coronilla se realizará después de la conferencia de prensa que darán ambos mandatarios para dar a conocer los acuerdos alcanzados.
Groux también dijo que para la reunión de trabajo está previsto que 10 autoridades de Bolivia y 10 de Argentina participen para tratar distintos temas, entre ellos hidrocarburos.
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El Poder Ejecutivo descartó la posibilidad de que Jindal_Steel Bolivia, adjudicataria del yacimiento de hierro de El Mutún, reduzca la producción de acero como planteó la siderúrgica debido a la falta de gas y como una de las condiciones para continuar con la ejecución del proyecto.
Hoy, el Gobierno y la empresa se reúnen en Santa Cruz para decidir el futuro del proyecto que está paralizado.
Freddy Beltrán, viceministro de Minería, dijo que no tiene que disminuirse la planta de proceso de Reducción Directa del Acero (DRI en inglés) ni la acería, al indicar que se podría producir toda la primera fase, y que para la segunda etapa, que arrancaría en 2017, subiría el suministro de gas natural.
Las afirmaciones de Beltrán fueron en respuesta al anuncio que realizó Amid Kumar, asistente personal de Naveen Jindal, dueño de la siderúrgica india, que el viernes indicó que una menor provisión de gas reducirá la producción de acero y hierro esponja.
El proyec to siderúrgico del cerro Mutún puede arrancar con 1 o 10 millones de metros cúbicos por día (Mmcd) de gas, pero con 2,5 Mmcd podemos ‘hacer un trabajo de una manera cómoda’, aseguró Kumar.
Sin embargo, Beltrán sostuvo que la acería en Mutún es posible con el suministro de 4 Mmcd de gas y que el planteamiento fue realizado a Jindal Steel Bolivia.
Desde marzo, Jindal ha suspendido sus labores en Puerto Suárez, indicando que no había certeza en la provisión del energético.
El 21 de mayo, el Gobierno cobró la segunda boleta de garantía por incumplimiento en las inversiones comprometidas, que a la fecha deberían sumar $us 600 millones.
Para hoy, está prevista una reunión en la que se definirá si Jindal continúa con el proyecto siderúrgico, según el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún, Ricardo Cardona.
El ministro de Minería, Mario Virreira, no quiso adelantar criterios para no entorpecer la negociación.
Mientras, Luis Alberto Echazú, exministr o de Minería, que firmara el contrato hace cinco años, afirmó que el Gobierno dio la posibilidad de que Jindal siga, siempre y cuando se verifique la inversión.
“Si rescinden el acuerdo ellos deberían tener una razón”, explicó. Consultado sobre la posibilidad de que fallara la fiscalización del Estado, Echazú precisó que se fiscaliza, pero Jindal no cumple.
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Alrededor de 45 personas, entre técnicos y obreros, tienen a su cargo desde hace dos meses la reactivación industrial de la fábrica estatal Papeles de Bolivia (Papelbol), en el municipio de Villa Tunari.
El trabajo está a cargo de la empresa china Vicstar que firmó un contrato con el Gobierno para la provisión de equipos, montaje, puesta en marcha y operación continua, que fue suscrito en enero de este año, por 27 millones de dólares y un plazo de ejecución de 16 meses.
El nuevo contrato de montaje industrial de Papelbol fue adjudicado mediante invitación directa a Vicstar una vez que el consorcio brasileño-boliviano D’ Andrea & Aceros Herman abandonó las obras, en septiembre de 2010, tras cobrar el 99 por ciento de los 13 millones de dólares presupuestados para la provisión de equipos, montaje y puesta en marcha del complejo industrial, que nunca funcionó.
Las tareas de reactivación industrial ejecutadas comprenden inventario y registro de equipos y maquinar ia abandonada por D’ Andrea & Aceros Herman, demolición de estructuras mal ejecutadas, retiro de motores, captación de agua, conexión de la nave principal con los galpones de almacenamiento, adecuación del sistema eléctrico, instalación interna de gas natural y revestimiento de tanques de almacenamiento y condensadores, entre otros.
“Fuimos contratados a principios de junio para seleccionar y poner en buenas condiciones alrededor de 180 motores eléctricos de diferentes tamaños, tipos y potencias y más de 20 paneles eléctricos; además de realizar los protocolos de funcionamiento para que la empresa Vicstar vea como los utiliza en el montaje de la planta”, sostuvo el ingeniero boliviano Oscar Fiesta, contratado por Vicstar.
Según el cronograma de trabajo presentado el 14 de mayo por Vicstar, el 26 de mayo arrancó en Bolivia y China la revisión, modificación y aprobación del diseño de ingeniería; los trabajos de mantenimiento, desmontaje y correcciones técnicas a trabajos ejecutados por la firma brasileña que no presentó ningún diseño final de ingeniería.
Entre el 22 de julio y el 9 de octubre, se fabricarán y adquirirán una serie de equipos principales y auxiliares como sistemas de aire y compresión, bombas automatizadas, capota extractora de vapor, planta de tratamiento de agua blanca, caldero de vapor, tanques condensadores de agua, motores y equipos menores, entre otros. El transporte hasta el lugar de la planta se concretará hasta la última semana de diciembre de 2012.
El proceso de montaje industrial comenzará la segunda quincena de diciembre y concluirá el 25 de febrero del próximo año con la puesta en marcha de la planta, que se estima empezará produciendo 60 toneladas al día de papel bond, a partir del 12 de marzo de 2013 para el mercado nacional, informó el gerente técnico de Papelbol, Eduardo Velásquez.
“Por las características de la maquinaria y equipos a instalarse, se podrá producir también papel kraft, de impresión y papel prensa para periódicos, desde 50 hast a 180 gramos de peso y hasta 2,8 metros de ancho”, sostuvo.
El contrato fija una etapa adicional de “operación continua”, por lo que Vicstar brindará asistencia técnica, seguimiento y trabajos de ajuste al proceso de producción por espacio de seis meses.
“Cero”
Contaminación de aguas y medio ambiente
Toda posibilidad de contaminar las aguas del río Chapare o el medio ambiente estaría “descartada” porque Papelbol está instalando “una de las planta de tratamiento de aguas residuales más moderna de Bolivia y utilizará celulosa importada para la producción de papel”, afirmó el fiscal de obras civiles de montaje industrial de Papelbol, Ramiro Heredia.
Heredia refirió que Papelbol, mediante la construcción de un acueducto de 1.050 metros, captará agua del río Chapare para utilizarla en el proceso industrial, depurarla en la planta de tratamiento de afluentes y devolverla a la naturaleza, “en condi ciones ambientalmente amigables y libre de contaminantes al río o sis temas de riesgo circundantes”.
Añadió que la planta tendrá capacidad de procesar 50 litros de agua por segundo. La planta industrial requiere de sólo 25 litros de agua por segundo.
También añadió que no habrá contaminación del medio ambiente por la producción de celulosa, ya que en lugar de utilizar troncos tratados con químicos y reactivos para producirla, Papelbol utilizará como materia prima pulpa virgen de celulosa que será importada de países vecinos en cantidades suficientes para producir 60 toneladas al día de papel bond, a partir del próximo año, dijo.
“Nos esforzaremos porque el proceso de producción de papel en Papelbol no utilice otros insumos químicos más que el almidón, un producto natural (de yuca o maíz), para darle el blanco blanquito al papel bond”, afirmó.
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Etiquetas: Construcción, Maquinaria
En la Zona Franca de Iquique (Zofri) hay tal diversidad de vehículos en cuanto a precios, modelos y calidades que es difícil clasificarlos. Sin embargo, puestos en Iquique todos tienen en común que son absolutamente legales. Cobran el estatuto de “ilegal” cuando ingresan a territorio nacional sin cumplir con las leyes bolivianas.
Veamos un ejemplo. Cinco mil dólares cuesta un vehículo de calidad mediana modelo 2003 (su ingreso está prohibido a Bolivia) con el volante a lado derecho. La transformación a lado izquierdo tiene un precio de 300 dólares si es para ingresar a Bolivia.
El transporte legal en tráiler desde Iquique hasta Cariquima (poblado chileno a 180 kilómetros de Iquique) por vehículo cuesta 200 dólares. Y desde ese caserío chileno escasamente poblado, los “chuteros” cobran 100 dólares por llevar el auto, conduciendo, hasta Challapata.
El transporte hasta Challapata incluye 100 dólares por combustible (la distancia varía entre 300 a 400 kilómetros aproximadamente según la ruta que tome el “chutero”). Y 80 dólares más que los precavidos contrabandistas prefieren tener en el bolsillo para pagar “posibles coimas” si son interceptados por policías y militares en la ruta.
El trato termina cuando el vehículo llega a Challapata. Sin tomar en cuenta el precio del vehículo, el contrabandista gastó 780 dólares que espera recuperar con la venta del “chuto” en el mismo poblado de Challapata o en las ciudades de Oruro y Cochabamba.
La travesía que va de Cariquima hasta Challapata es altamente peligrosa, según cuenta Albert, mecánico en los talleres de transformación y eventual “chutero” cuando la paga es buena,
Cariquima es el último destino de conductores de tráileres que transportan vehículos.
“Llegamos a la tres de la mañana a Cariquima y minutos antes ya encendemos los motores de los autos. Cuando se detiene el camión arrancamos inmediatamente , cada uno sigue una ruta diferente y como en racimo nos separamos. N o te podría decir cuantas hay (rutas). Hay veces que unos llegan en dos días a Challapata, otros tardan hasta una semana porque tratando de escapar de los COAS (policías del Control Operativo Aduanero) van por ríos y salares y a veces se pierden”, cuenta Albert.
Y es que la vasta planicie, carente de mínima vegetación donde el frío, el silencio y el polvo son los únicos habitantes, permite tales operaciones. Según el diario chileno La Tercera (junio 2011) existen 80 rutas que permiten llegar hasta Challapata.
Con una sonrisa burlona, Albert termina su relato: “A veces los chuteros también se pierden y dejan los vehículos abandonados en la ruta, claro que ya no es responsabilidad de los choferes”.
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Etiquetas: Cochabamba, Oruro
El gerente general de la Zona Franca de Iquique S.A. (Zofri), Eugenio Cortés Mangelsdorff, detalla en entrevista a Los Tiempos las características del área comercial que administra.
-¿Qué características tiene la Zofri?
-En Iquique rige la extraterritorialidad aduanera, esto equivale a decir que la mercadería que está dentro de la zona franca, para todos los efectos, no se considera como internada al país (Chile).
La mercadería está almacenada, está de paso y puede tener tres destinos: Primero, si permanece en la región de Iquique se paga un impuesto muy chico (no se paga el IVA) de 0,56 por toda la mercadería que se venda para ser consumida en esta región.
El segundo destino son las otras regiones de Chile cuyos impuestos corresponden a una importación normal y tienen que pagar arancel, en los pocos casos que todavía hay en Chile, y tienen que pagar el IVA.
El tercero destino es el extranjero, que se conoce como reexpedición, y sale de Chile con la documenta ción aduanera que corresponda e ingresa a distintos países en los cuales de deben cumplir con las regulaciones de leyes y normas que rigen en ellos.
-¿Cuáles son los países que acuden a la Zofri?
-Bolivia, Paraguay y Perú. Bolivia concentra en 25 por ciento de lo que se vende en la zona franca al por mayor.
-¿Cómo funciona el movimiento de compra y venta de autos?
-Hay aproximadamente 120 importadores de automóviles nuevos y usados. La gran mayoría de autos usados provienen de Japón, pero que últimamente son desplazados por Corea y Estados Unidos. De estos tres mercados provienen los autos.
-Las características de cada uno de los autos de estos países.
-Corea y Estados Unidos fabrican autos con el volante al lado izquierdo y la transformación ya no es necesaria.
Sin embargo, los autos de estos dos países tienen mucho recorrido, por eso no son muy apreciados.
Mientras que los autos japoneses no tienen mucho recorrido, pese a que son de mayor antigüeda d están muy bien mantenidos. Estos llevan el volante a la derecha y r equieren transformación.
A mayo de 2012, las ventas de la Circunvalación generaron 106 millones de dólares despachados en autos. De los cuales hay una gran cantidad de autos nuevos japoneses y chinos.
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En la investigación por un supuesto acto de corrupción en YPFB, Brenda Ximena Avilés, empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA), fue enviada ayer a Palmasola acusada de obstrucción de la justicia, luego de una audiencia cautelar de tres horas.
Por el mismo caso tienen detención preventiva Gerson Rojas, exgerente nacional de la planta separadora de líquidos de Río Grande de YPFB, que es construida por AESA. El otro implicado, Agustín Ugarte, exdirector de proyectos de Gran Chaco, está en La Paz y será trasladado a Chonchocoro.
Durante la audiencia de la trabajadora de AESA, la Fiscalía argumentó que la acusada, entró en contradicciones al señalar que su hermana Vanesa Avilés (supuesta secretaria de Rojas) no tenía bienes, cuando según la comisión investigadora sí los tiene.
Otro punto fue el hecho de que la detenida indicó no conocer a nadie de YPFB, cuando sabía que su hermana mantenía una relación amorosa con Rojas y que el mismo era un empleado con un cargo ejecutivo en YPFB. Presentados los cargos y escuchada la defensa, la jueza Romy Peredo decidió la detención preventiva de Avilés.
Al respecto, Rodrigo Góngora, abogado defensor de la imputada, señaló que estudian apelar la medida y que consideran que su defendida tuvo toda la buena voluntad para colaborar en la investigación. Sobre el paradero de Vanesa, persona a la que la justicia busca, Góngora no brindó detalles.
Al conocer el veredicto, Ana Beatriz Méndez, madre de la cautelada, indicó de que su hija estaba siendo presionada porque su hermana no aparecía y precisó que el actual trabajo (en AESA) lo consiguió mediante el periódico y no por favor de Rojas. También detalló que su hija Vanesa mantenía una relación amorosa con el funcionario de YPFB desde hace un año.
Mónica Ramírez, representante legal de YPFB, sostuvo que se está avanzando en la investigación, pero que aún falta mucho para resolver este caso.
Sobre la s ituación laboral de Avilés se pudo saber que trabajaba en AESA, como supervisora ambiental en la planta de Río Grande, desde septiembre de 2011, y que percibía un salario de 11.000 bolivianos.
Mientras se realizaba la cautelar, la comisión de fiscales anticorrupción integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco, realizó el allanamiento de las oficinas de la gerencia nacional de plantas de separación de líquidos de YPFB donde trabajaba Rojas.
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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) informó que la minera Franklin Minning Bolivia adicionó $us 5 millones a los $us 15 millones ofertados, para el plan de “‘salvataje” de AeroSur. A pesar de la propuesta, los trabajadores de la compañía aérea oficializaron que la ATT rechazó el pedido de ampliación del plazo para evitar el retiro de la licencia de operación.
Al enterarse de la determinación, los dirigentes en Santa Cruz convocaron a una asamblea en la que se definió iniciar demandas laborales de los más de 600 trabajadores de Santa Cruz, además de procesos penales contra los accionistas.
La vocera Yovana Mercado dijo que en este caso es evidente que hay una jugada del Gobierno central para que la licencia pase a la aerolínea estatal BoA. Agregó que uno de los motivos es cubrir la ruta a Miami (Estados Unidos) y Madrid (España), la cual fue negada a BoA. Insistió en que estos destinos se consiguieron gra cias a los más de 1.200 trabajadores de AeroSur, los cuales corren el riesgo de quedarse sin trabajo.
La vocera de AeroSur, Yovana Mercado, dijo que en este caso es evidente que hay una jugada del Gobierno central para que la licencia pase a la aerolínea estatal BoA.
Agregó que uno de los motivos es cubrir la ruta a Miami (Estados Unidos) y Madrid (España), la cual fue negada a BoA. Insistió en que estos destinos se consiguieron gracias a los más de 1.200 trabajadores de AeroSur, los cuales corren el riesgo de quedarse sin trabajo.
En reiteradas oportunidades, se trató de hablar con el director de la ATT, Clifford Paravicini, después de la reunión con los representantes de AeroSur, para darle el derecho a réplica, pero él no contestó su celular.
Pedro Lusquiña, vocero de los trabajadores cruceños, adelantó que a partir de hoy asumirán medidas extremas en defensa de sus fuentes laborales, como crucificarse y sacarse sangre, con el fin de preservar sus derechos.
Richard Alejo, representante de los trabajadores de La Paz, explicó que contemplan el pago de tres sueldos de los nueve que les deben.
El asesor legal de la ATT, Nelson Peñaloza, indicó que el inversionista estadounidense William Petty envió el jueves por la noche un nuevo plan de “salvataje”, en el cual agregaba 5 millones de dólares más a su propuesta inicial de 15 millones. La propuesta fue derivada a la Dirección de Transporte para hacer viable la propuesta.
Los trabajadores de Santa Cruz se concentraron en el edificio de la avenida Irala, a la espera del resultado de la ATT, y después realizaron una asamblea para tomar medidas.
Los más de 600 empleados de Santa Cruz ya tienen listas sus demandas ante la Dirección de Trabajo, solo se requiere presentarlas siguiendo el proceso legal.
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Etiquetas: AeroSur, La Paz, Santa Cruz, Telecomunicaciones
Un total de cinco empresas consultoras, entre nacionales y extranjeras, presentaron en el plazo previsto (hasta el 9 de julio) las expresiones de interés por establecer el valor real de cada una de las acciones nacionalizadas a la Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) para su indemnización, previa etapa de negociaciones.
Una vez que sean evaluados los currículos de cada una de las cinco firmas que expresaron su interés en realizar los estudios, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) lanzará la convocatoria para recibir las propuestas técnicas y económicas de valoración de acciones a fines de la próxima semana, informó Hugo Villarroel, gerente general de ENDE Corporación.
El Gerente estimó que entre 30 o 45 días, una vez que la comisión técnica y jurídica de ENDE “evalúe meticulosamente” las diferentes propuestas técnicas y económicas de valoración de acciones, se adjudicará la realización de los estudios a la c onsultora que presente la mejor propuesta para el estudio.
Una vez que se conozca el nombre de la consultora que se adjudique la valoración de acciones que serán transferidas de formas definitiva al Estado, ésta dispondrá de 30 a 45 días, para realizar los estudios y entregar el informe final de conclusiones a la Empresa Nacional de Electricidad.
“Con el valor real de las acciones nacionalizadas, iniciaremos las negociaciones con los ejecutivos de Red Eléctrica de España, para determinar por consenso el monto que el Estado deberá pagar como indemnización”, sostuvo el principal ejecutivo de la empresa estatal.
El 1 de mayo, el Gobierno nacionalizó el total de las acciones de la REE (99,94 por ciento) en la TDE y estableció plazos prudentes para contratar a una firma independiente que realice la valoración del paquete accionario de la empresa.
Del pago compensatorio por las acciones de la REE en la TDE, se adelantó que el Estado deducirá todos los pasivos de la empresa, tanto exigibles como contingentes.REE indicó que exigirá al Estado boliviano un precio “justo” por sus acciones en la transportadora.
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Etiquetas: Acciones, Empresas
Desmontaje del campamento de OAS avanza lentamente
Isinuta | Los Tiempos
El desmontaje de las obras de la constructora OAS en el principal campamento de operaciones de Isinuta, la maestranza industrial de Eterazama y las instalaciones administrativas en San Ignacio de Velasco, tiene un avance de 15 por ciento, según evaluación preliminar de los trabajadores y técnicos de la empresa, que optaron por guardar su nombre en reserva.
A un mes y medio de haberse iniciado los trabajos, quedaron en cimientos la moderna maestranza de mantenimiento, los talleres de carpintería, las oficinas y los pabellones de supervisión, los laboratorios de análisis de muestras en el principal campamento de operaciones de Isinuta, donde todavía están las cisternas de diésel y gasolina.
Restan desmontar las oficinas de administración, los dormitorios, casetas de vigilancia, comedores y áreas de esparcimiento, los garajes, los depósitos de materiales y agregados, las viviendas de los técnicos e ingenieros, los dormitorios de los obreros y los d e supervisores de obras Conal.
“Parece que un ciclón ha pasado por el campamento de Isinuta. Estamos recogiendo y clasificando. Nos han dicho que a mediados de la próxima semana se lo van a llevar a Santa Cruz”, comentó Ricardo Vallejos, obrero de Punata recontratado para desmontar.
Su compañero Rigoberto Paredes, de Villa Tunari, informó que en la maestranza industrial de Eterazama, prácticamente se concluyó el desmontaje de la chancadora, las fábricas de tubos y de moldeados, los silos, las hormigoneras, los depósitos de cemento y agregados, las oficinas de administración y los talleres de mantenimiento. “Somos 40 trabajadores más o menos en el Campamento de Isinuta y alrededor de 20 en el campamento más pequeñito de San Ignacio de Velasco, donde también se está desmontado todo”, informó.
Los trabajadores de la constructora informaron que fueron contratados por dos meses, pero que al ritmo de avance, lo más probable es que el trabajo se pro longue hasta mediados de agosto, debido a que “se tarda demasia do en el desmontaje y clasificación” de materiales de aproximadamente 300 viviendas de obreros y oficinas de administración.
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La investigación de presuntos casos de corrupción en las plantas separadoras de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, y Gran Chaco, en Yacuiba, crece.
A las detenciones de Gerson Rojas, ex gerente nacional de la planta de separación de YPFB, en la cárcel de Palmasola, y de Agustín Ugarte, exdirector de proyectos Gran Chaco, trasladado a La Paz, se suma la de una empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A (AESA).
Según la comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco, realizaron tres allanamientos, dos en propiedades que serían de Rojas y otra de una mujer no identificada.
Por otro lado, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una conferencia de prensa, comunicó que el presidente Evo Morales pidió que en los nuevos contratos con empresas se incluya una boleta de garantía anticorrupción. “Empresa que sea detectada en actos de soborno a cualquier funcionario público, inmediatamente te ndrá sanciones económicas y penales”, dijo.
Candia señaló que estos allanamientos en el barrio Equipetrol forman parte de la investigación y que hoy seguirán investigando, a tiempo de indicar que se están preparando nuevas órdenes de aprehensión y se está citando a más funcionarios de Yacimientos.
Inicialmente, se informó que se trataba de la exsecretaria de Gerson Rojas, exgerente nacional de la Planta de Separación de Líquidos de la estatal petrolera, detenido e investigado de presuntos actos de corrupción, junto con su subalterno Agustín Javier Ugarte Méndez.
Ambos guardan reclusión desde junio pasado y son investigados por uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, tras la adjudicación de las obras de construcción de plantas separadoras de líquidos en Tarija y Santa Cruz.
Candia agregó que los operativos buscan establecer la responsabilidad de los acusados en los hechos irregulares que fuero n descubiertos fortuitamente luego de un accidente de tránsito provo cado por Rojas.
"Ella (la funcionaria de AESA) está arrestada y va a prestar declaración informativa. Hemos secuestrado alguna documentación con relación al hecho que se investiga y vamos a tomarle su declaración", dijo.
Cuando salía de su vivienda, la mujer evitó el contacto con los medios de prensa y fue conducida hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
En cuanto a la situación legal de Rojas, al finalizar la jornada se manejó la hipótesis de que sería trasladado a La Paz. Sergio Romero, su abogado, desmintió aquella posibilidad y explicó que luego de hablar con la jueza Romy Peredo, a cargo de este proceso, esta le indicó que Rojas será investigado en Santa Cruz.
“La denuncia fue radicada en Santa Cruz, los hechos sucedieron aquí, por lo que no existe ningún motivo para que mi defendido sea trasladado a La Paz”, subrayó Romero.
Mientras que la situación de Ugarte, considerado por la Fiscalía como el principal testi go, es diferente, ya que en horas de la tarde fue trasladado a la sede de Gobierno.
Miguel Aparicio, abogado de Ugarte, sostuvo que esa medida fue solicitada para preservar la seguridad de su defendido y que en ningún caso considera que esta medida sea ilegal.
El defensor legal señaló que la causa se seguirá desarrollando en Santa Cruz y que la ausencia física de su cliente es una muestra de que no se busca obstaculizar la investigación.
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La Paz y Santa Cruz |
Los integrantes de la IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) dejaron ayer La Paz y retornan a sus comunidades, debido a que no lograron dialogar con el Gobierno. La dirigencia de la marcha reiteró que resistirá en su territorio la consulta sobre la construcción de la vía Cochabamba-Beni. Mientras tanto, en Santa Cruz crece la vigilia en oficinas de la Cidob para evitar el ingreso de la nueva dirigencia.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que para realizar la consulta el nuevo desafío gubernamental es el diálogo con la dirigencia de la nueva Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), designada por indígenas afines al MAS.
"La Paz siempre será la casa de ustedes", dijo ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien despidió a los indígenas en un acto realizado al son de la tamborita, música indígena ejecutada en las grandes celebraciones. Revilla record ó que los indígenas fueron declarados huéspedes ilustres a su llegada a La Paz, en octubre de 2011, en pos de una ley de declaratoria de intangibilidad del Tipnis.
Ayer, la preocupación de los líderes de la marcha era conseguir camiones de alto tonelaje para llevar el equipaje de los indígenas. "Nuestras “pilchas” (equipaje) crecieron en estos días en La Paz. Cada uno de nosotros tiene de seis a diez bultos", comentó Marcial Fabricano, líder de la primera marcha indígena de 1991.
A diferencia de las ocho marchas anteriores, la IX marcha indígena volverá a casa con las manos vacías, pero decidida a una cerrada defensa del Tipnis, como aseveró Bertha Bejarano, presidenta de la columna.
"La lucha continuará en nuestro territorio", reiteró Bejarano, quien confirmó que el grupo se dirigirá a Santa Cruz para sumarse a la vigilia instalada en la sede de la Cidob para evitar que la nueva dirigencia tome posesión del lugar.
La dirigencia de la IX marcha tiene previsto para hoy realizar una asamblea en Santa Cruz para definir su s acciones en cuanto a la consulta y a la elección de Melva Huerta como presidente de la Cidob.
Mientras, ayer por la mañana, en Santa Cruz, Huerta se reunió con su directiva para analizar varios puntos, entre ellos la conveniencia de invitar al presidente Evo Morales para una segunda posesión después de la que se hizo el martes en la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (Ganpi) que concluyó ayer. Según El Deber, los asesores aconsejaron no invitar a Morales para no generar malestar en la opinión pública.
Otros temas abordados en esa reunión fueron la realización de un encuentro de corregidores del Tipnis en Santa Cruz; la realización de un proceso al dirigente suspendido, Adolfo Chávez, por “incumplimiento de deberes” y por no permitir que la nueva directiva tome posesión de las oficinas de la organización. También se determinó enviar cartas a los financiadores de proyectos de la Cidob para que bloqueen los desembolsos o renegocien acuerdos con l a nueva dirigencia.
En el Tribunal Supremo Electoral se prevé que el 7 de septiembre se concluirá el proceso de consulta y la entrega de un informe final del acompañamiento, que tendrá respaldo documental y audiovisual que será de conocimiento público.
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OAS acuerda con ABC dar informe del estado de la vía Potosí-Tarija
La conclusión del camino Tarija-Potosí, prevista para diciembre de este año, está condicionada al estudio técnico que elabore la empresa brasileña OAS, de las fisuras presentadas en los tramos con pavimento rígido efectuado por la empresa Queiroz Galvao.
“Dentro de los 30 días calendario siguientes a la suscripción del presente Adendum y a los fines de las cláusulas cuarta y 39.10 del contrato, la OAS presentará a ABC un estudio pormenorizado sobre las losas fisuradas y sus causas”, dice la adenda firmada anoche.
ABC analizará dicho estudio y presentará sus observaciones o bien lo aprobará dentro de los cinco días hábiles de recibido, agrega la adenda firmada por la ABC y la OAS ante dirigentes cívicos de Tarija, Camargo y Potosí, además de transportistas.
“Esta intención de resolución se levantará al cumplimiento de uno de los puntos del Adendum que consiste en tener aclaración con la empresa OAS del trabajo que se ha de hacer en todo e l tramo de cemento rígido para reparar todas las losas fisuradas”, dijo el presidente de la ABC, Luis Sánchez Gómez.
El asunto de las losas fisuradas casi deriva en la ruptura de las negociaciones pese a los avances logrados. De Camargo al norte hay 11 kilómetros de camino con pavimento rígido con lozas fisuradas. De Camargo al Sur, unos 60 kilómetros.
Según acuerdos logrados hasta diciembre de este año, OAS debe terminar el asfaltado flexible del total de la carretera Tarija-Potosí. El vocero de la OAS, Pablo Siles, aseguró el cumplimiento estricto de la adenda y el acta de compromiso firmado. Tienen 1.000 personas trabajando en el proyecto y casi 400 equipos y motorizados y la buena voluntad, solamente piden seriedad y coordinación.
En caso de incumplimiento de los hitos programados, OAS será multada con 15 mil dólares por día de retraso. “Las observaciones con respecto a la calidad del hito entregado, no serán consideradas como falta de entrega del h ito, pero podrá ameritar la resolución del Contrato y el cobro de las correspondientes boletas”, agrega la adenda.
Asimismo, se confirmó que el costo de la obra seguirá siendo el mismo.
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South American Silver “decepcionada” ante aviso de reversión de Mallku Khota
A través de un comunicado, la compañía canadiense South American Silver expresó “su profunda decepción”, por la intención del Gobierno boliviano de nacionalizar el yacimiento mineralógico de Mallku Khota.
En el documento también se señala que “no recibieron ninguna notificación formal” de parte del Gobierno sobre la cancelación de la concesión; por lo que buscan una aclaración sobre el tema.
“Nos oponemos firmemente a las acciones manifestadas por el Gobierno (de Bolivia) y vamos a seguir todas las opciones legales, constitucionales y diplomáticas”, dijo el presidente de South American Silver, Greg Johnson.
Asimismo, aseguran que siguen recibiendo apoyo de 43 comunidades, destacando que trabajaron en estrecha colaboración con los comunarios, brindando empleos directos y programas de desarrollo.
“Desde 2007 la compañía ha invertido más de $us 16 millones en el descubrimiento y la exploración del sitio Malku Kho ta (…).
La exploración en curso y cualquier desarrollo de la mina en el futuro se traduciría en un máximo de 1.000 puestos de trabajo para los trabajadores locales”, añade el comunicado.
Finalmente, se manifiesta que la nacionalización anunciada por el Gobierno, “envía un mensaje muy negativo a los inversionistas” sobre la seguridad jurídica que brinda Bolivia.
El martes, el presidente Evo Morales llegó a un acuerdo con las comunidades de Mallku Khota para suspender todas las actividades de la subsidiaria de South American Silver y conformar una comisión que elabore el Decreto para la nacionalización. Aún no se conoce cuando se promulgará el decreto.
El conflicto por la concesión dejó un muerto y varios heridos.
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References: resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 166
 resolución 
 resolución