Source: http://corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=455&lang=en
Timestamp: 2019-10-21 02:51:40+00:00

Document:
Technical Data: Cruz Sánchez y otros Vs. Perú.
Keywords: Conflicto Armado No Internacional, Deber de investigar, Derecho internacional humanitario, Ejecución extrajudicial, Impunidad, Operación de rescate, Principio de Distinción, Reparaciones
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Other instruments: Código de conducta de para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Naciones Unidas, Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Naciones Unidas, Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
283. En el presente caso, en razón de que el uso de la fuerza letal se dio en el marco de una operación diseñada específicamente para las circunstancias concretas, la Corte Interamericana considera relevante, tal como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizar las acciones de planeamiento y control de la operación, a fin de verificar que el Estado haya procurado “minimizar, en la mayor medida posible, el recurso a la fuerza letal y la pérdida de vida humanas, y a su vez evaluar si fueron adoptadas todas las precauciones posibles en cuanto a la elección de los medios y métodos aplicados”.
284. La Corte considera significativo subrayar a efectos del análisis del caso que, aún bajo circunstancias apremiantes, el Estado: (i) diseñó una operación de rescate, (ii) escogió a personal calificado para llevarla a cabo, (iii) procedió a construir una réplica del lugar donde se desarrollaba la toma de rehenes, (iv) los agentes seleccionados realizaron un entrenamiento intensivo con miras a la eficaz ejecución de la operación, y (v) el “Plan de Operaciones Nipón 96” se planificó con base en la información disponible sobre las circunstancias en que se desarrollaba “la vida diaria” dentro de la residencia del Embajador (supra párrs. 151 a 159). En definitiva, la Corte recalca que el objetivo primario de la operación era proteger la vida de los rehenes.
287. La Corte estima, por tanto, que la controversia no gira en torno a la necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de la fuerza. En el presente caso ante la Corte, la controversia fáctica relevante, que indubitablemente tendrá efectos sobre el análisis jurídico en cuanto a una eventual violación al artículo 4 de la Convención Americana, se centra en determinar si Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza fallecieron como consecuencia de actos de agentes estatales una vez que se encontraban fuera de combate y, en consecuencia, podían calificarse como hors de combat en términos de derecho internacional humanitario o si, por el contrario, murieron cuando tomaban parte activa en las hostilidades.
313. Al evaluar las pruebas obrantes en el expediente y las circunstancias particulares en que sucedieron los hechos relativos a la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, la Corte considera que su muerte se produjo una vez que se encontraba bajo la custodia del Estado.
314. La versión de los hechos que emana de las declaraciones de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, (…) generan la convicción en esta Corte de que Cruz Sánchez fue capturado con vida en el jardín de la casa Nro. 1, que fue amarrado e incapacitado, que no portaba armamento, y que fue entregado a un militar quien volvió a ingresarlo hacia la residencia. Eduardo Nicolás Cruz Sánchez fue posteriormente hallado muerto. Según el informe de los antropólogos forenses, dicha muerte se produjo estando inmovilizado (supra párr. 178). Ningún comando que declaró en el fuero militar reconoció haberle disparado o dado muerte. Qué sucedió en el período entre que fue detenido y que su muerte se produjo aún no ha sido completamente dilucidado por las autoridades internas.
315. El Estado argumentó ante esta Corte que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez portaba una granada en el momento en el que se le dio muerte. Sin embargo, las propias autoridades judiciales peruanas descartaron esta hipótesis, al considerar la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que existían “duda[s] respecto a que el emerretista apodado ‘Tito’ se encontra[ra] en posesión de una granada pues había sido detenido y tenía las manos amarradas hacia atrás, además que la lógica de la experiencia […] lleva a colegir que dada la fuerza del impacto de bala de haberla tenido en su poder ésta no hubiera permanecido sobre su mano”. La Corte no encuentra posible que, una vez capturado y siendo trasladado con sus manos atadas, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez hubiera tenido oportunidad de sostener una granada. Es decir, no resulta creíble que sostuviera una granada en su mano y la mantuviera en dicha posición, incluso tras su muerte. Asimismo, es pertinente recordar que no puede descartarse por completo que la escena de los hechos haya sido alterada.
316. Lo anterior permite colegir a esta Corte que la última vez que fue visto con vida, el mismo se encontraba en una situación de hors de combat y que gozaba por tanto de la protección que otorgan las normas de derecho internacional humanitario aplicables (supra párrs. 276 a 278). Es decir, una vez que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez fue capturado con vida, el Estado tenía la obligación de otorgarle un trato humano y respetar y garantizar sus derechos, todo ello de conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana, interpretado a la luz del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.
317. Es así que se invierte la carga de la prueba y correspondía al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados, que demuestren en este caso que existió alguna necesidad de utilizar la fuerza por parte de los oficiales que custodiaban a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Sin embargo, en el presente caso el Estado no proporcionó ante esta Corte una explicación alternativa que sea verosímil y satisfactoria sobre la forma en la que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez falleció en las zonas bajo el control exclusivo del Estado. (…)
319. Todo lo anterior permite a esta Corte concluir que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, en violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
339. La Corte advierte que, a diferencia de la situación verificada en el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, la secuencia de hechos relativa a la muerte de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza se desarrolló en el mismo momento en que se estaba llevando a cabo el operativo, cuando aún no había finalizado y se encontraba en curso la evacuación de rehenes.
340. La Corte no cuenta con prueba variada y suficiente que acredite en forma concordante que Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza habían dejado de participar en las hostilidades al momento de su muerte y, por lo tanto, se les pudiera calificar como hors de combat. Así, únicamente ha sido señalado el testimonio del ex rehén Hidetaka Ogura, quien manifestó que dichas personas habían sido reducidas previamente. Por lo tanto, en este caso en particular, no se encuentra acreditado que Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza hubieran muerto luego de haberse rendido o depuesto las armas. La Corte estima que la cantidad de disparos encontrados en sus cuerpos puede, a su vez, responder al hecho de que varias personas declararon haber disparado al mismo tiempo.
342. (…) Aunado a ello, dado que todavía se estaba llevando a cabo la evacuación de los rehenes de nacionalidad japonesa, aquellos podían representar, en definitiva, una amenaza para la vida e integridad de los rehenes. Por lo tanto, del análisis global de las pruebas producidas y reseñadas supra, la Corte considera que, en el presente caso, no se desprenden elementos suficientes para afirmar que la actuación del Estado frente a Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza hubiera configurado una privación arbitraria de la vida derivada de un uso de armas letales en forma contraria a los principios del derecho internacional humanitario aplicables (supra párrs. 276 a 278).
343. La Corte concluye, por lo tanto, que no existen elementos suficientes en este proceso internacional para determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.
X Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno.
349. En casos en que se ha establecido que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales.
350. (...) el hecho de que las muertes se hayan producido en el marco de un conflicto armado no internacional, no eximía al Estado de su obligación de iniciar una investigación, inicialmente sobre el uso de la fuerza que haya tenido consecuencias letales, aunque la Corte podrá tener en cuenta circunstancias o limitaciones específicas determinadas por la propia situación de conflicto al evaluar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones estatales.
353. En el presente caso, la Corte advierte que el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en la tramitación del proceso penal ante el fuero común (supra Capítulo IV). Asimismo, luego de transcurridos 18 años de ocurridos los hechos no existe un pronunciamiento final y definitivo en cuanto a lo acaecido respecto de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, sino que se ha ordenado la realización de una nueva investigación, lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos. A la luz de estas consideraciones y del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte da por establecido que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.
367. La Corte ha sostenido que, en el manejo de la escena de los hechos y el tratamiento de los cadáveres, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. La Corte advierte que, incluso en una situación de conflicto armado, el derecho internacional humanitario prevé obligaciones mínimas de debida diligencia relativas al correcto y adecuado levantamiento de cadáveres y los esfuerzos que deben adelantarse para su identificación o inhumación con el fin de facilitar su identificación posterior.
370. No obstante, en el presente caso se ha demostrado que no se adoptaron medidas para preservar y resguardar adecuadamente la escena de los hechos y que el levantamiento de los cadáveres, el cual fue controlado por las autoridades militares y del Servicio de Inteligencia Nacional, no se realizó en forma fiable, técnica o profesional: se movieron las armas o granadas encontradas sin que se dejara al personal técnico registrar y fotografiar las evidencias encontradas435; no se tomaron huellas dactilares en las armas o granadas supuestamente involucradas en los hechos; no se permitió el levantamiento de huellas y evidencias en el lugar de los hechos ni la toma de las muestras necesarias para la realización de análisis forenses436, y el acta de levantamiento de los cadáveres no registró toda la información necesaria.
374. La Corte considera que en el caso en concreto la actuación de las autoridades militares y policiales careció de mínima diligencia, lo que tuvo y tiene efectos concretos en la investigación de estos hechos que no se corrigen o subsanan por el simple hecho de que posteriormente se hayan realizado pruebas forenses cuando los hechos fueron investigados en el fuero común.
C. Deber de iniciar una investigación ex officio
381. La Corte resalta que tras el operativo de rescate no se consideró la hipótesis de las ejecuciones extrajudiciales, por lo cual no era exigible en aquel momento que el Estado iniciara una investigación sobre las mismas. Lo que sí era exigible al Estado era que realizara una investigación sobre el uso de la fuerza letal con mínimas garantías de diligencia.
382. Ahora bien, la Corte entiende que el Estado tuvo noticia de la posible ejecución extrajudicial de estas personas a partir de la nota de prensa aparecida en el periódico “El Comercio” el 18 de diciembre de 2000 y titulada “Emerretistas fueron capturados vivos”.
383. Por lo tanto, al menos a partir del 18 de diciembre de 2000, el Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de las alegadas ejecuciones extrajudiciales. La Corte encuentra que el período transcurrido entre que salió publicada la referida noticia, que el Estado recibió las denuncias de los familiares y que se inició la averiguación policial previa es razonable, por lo que concluye que no existió violación del deber de iniciar ex officio la investigación en este aspecto.
396. La Corte considera necesario precisar en primer lugar que, en relación con las presuntas víctimas en el presente caso, la jurisdicción militar sólo conoció de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, y no de la de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.
400. La Corte tiene presente que, a diferencia de los casos previos de los que ha tenido oportunidad de conocer en los que se debatía sobre la competencia de la jurisdicción militar para la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, en el presente caso las presuntas víctimas no son civiles, sino integrantes de un grupo armado, quienes participaron en las hostilidades en el marco de una operación de rescate de rehenes. La Corte no considera, sin embargo, que este elemento sea determinante para apartarse de su jurisprudencia ya que lo relevante es que las alegaciones se presentan respecto de personas presuntamente hors de combat que serían acreedoras de las garantías estipuladas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. En efecto, los hechos relativos a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciadas a fines del año 2000 y principio del año 2001 se habrían producido tal como se alega tras que los miembros del MRTA, presuntas víctimas de este caso, hubieran sido capturados o puestos hors de combat, lo que hubiera convertido a estas alegadas ejecuciones, de haberse comprobado, en serias violaciones de derechos humanos de cuya investigación, juzgamiento y sanción debiera haber conocido en exclusiva la jurisdicción ordinaria.
404. Por ende, al dirimir la Corte Suprema de Justicia de la República la contienda de competencia a favor de la jurisdicción militar, se violó la garantía de juez natural, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana, configurando la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de los familiares de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Dado que los tribunales militares no eran competentes, la Corte considera que no es necesario pronunciarse respecto a los argumentos de la Comisión y de los representantes en torno a la alegada falta de independencia e imparcialidad y otras garantías judiciales.
413. La Corte estima que este alegato, que no cuestiona la legislación peruana sino la práctica de las autoridades internas a través de la decisión que dirimió la contienda de competencia, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la República extendió la competencia del fuero castrense a delitos que no tenían estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, ignorando de este modo la interpretación que de tales garantías ha realizado la Corte Interamericana en relación con el alcance de la jurisdicción penal militar, está íntimamente relacionado con el alegato ya abordado sobre la incompetencia de la jurisdicción penal militar para conocer de los hechos del presente caso a la luz de la jurisprudencia desarrollada bajo los artículos
8 y 25 de la Convención Americana.
414. La Corte entiende que esta fue una decisión para el caso concreto y que posteriormente, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia de la República modificaron dicha práctica, estableciendo criterios de carácter general y vinculante en el sentido de que el fuero militar debe restringirse a delitos de función determinables por el bien jurídico protegido y no a delitos comunes que impliquen violaciones a los derechos humanos.
415. En consecuencia, la Corte no encuentra violación del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8 y 25 de la misma.
422. (…) la Corte recuerda que la obligación del Estado de investigar consiste principalmente en la determinación de las responsabilidades y, en su caso, en su procesamiento y eventual condena. Asimismo, este Tribunal reitera que la referida obligación es de medio o comportamiento, razón por la cual no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.
423. En lo que se refiere a la obligación de desplegar las diligencias necesarias para que el acusado contumaz Jesús Salvador Zamudio Aliaga pudiera ser ubicado para ser sometido a proceso, la Corte estima que el Estado no ha demostrado haber actuado con la diligencia debida a fin de localizarlo.
424. En lo que se refiere a la investigación relativa al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y a la dilucidación de la posible participación de militares en la ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, corresponde a las autoridades internas competentes investigar o continuar investigando si esas hipótesis tienen cabida en los hechos del caso y, en su caso, determinar lo correspondiente.
428. En distintos casos la Corte ha considerado que el derecho a conocer la verdad “se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convención”468.
429. Por consiguiente, la Corte reitera que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1 y 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención472, el derecho a conocer la verdad.
430. No obstante, la Corte considera que no encuentra necesario un pronunciamiento específico sobre la violación del derecho a conocer la verdad dadas las violaciones previamente declaradas y las particularidades del presente caso.
431. En suma, el Tribunal considera que existieron irregularidades en el manejo de la escena de los hechos y el levantamiento de cadáveres, así como una falta de rigurosidad en la realización de las necropsias en el año 1997, por lo que las primeras diligencias y el aseguramiento inicial del material probatorio carecieron de mínima diligencia. Además, los procesos ante los tribunales peruanos no han sido desarrollados en un plazo razonable y el Estado no ha demostrado haber llevado a cabo las diligencias necesarias para localizar a uno de los sindicados que se encuentra en contumacia. Con base en las consideraciones anteriores y en el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, a saber, Edgar Odón Cruz Acuña, Herma Luz Cueva Torres, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe, en los términos de los párrafos precedentes.
443. La Corte recuerda su jurisprudencia según la cual los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. La Corte ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de “familiares directos” de víctimas y de otras personas con vínculos estrechos con tales víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos.
446. En el presente caso fueron alegadas como presuntas víctimas de violación del artículo 5 de la Convención, las siguientes personas: Herma Luz Cueva Torres en calidad de madre de Herma Luz Meléndez Cueva; Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe, en calidad de padre, madre e hija, respectivamente, de Víctor Salomón Peceros Pedraza, y Edgar Odón Cruz Acuña en calidad de hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.
447. Si bien respecto de Herma Luz Cueva Torres, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe operaría la presunción iuris tantum ya que califican como “familiares directos” según la jurisprudencia de este Tribunal, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX supra, la Corte no ha considerado a sus familiares como víctimas directas de alegadas violaciones al derecho a la vida. Por ende, tampoco corresponde pronunciarse sobre una posible violación al artículo 5 de la Convención Americana en su perjuicio en relación con supuestas afectaciones derivadas de alegadas ejecuciones extrajudiciales que la Corte no dio por establecidas ni de otros motivos del sufrimiento y angustia, pues estos son siempre adicionales a la violación del derecho a la vida.
448. La Corte analizará a continuación los alegatos presentados por las partes y por la Comisión relativos al carácter de víctima del hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, siendo que éste último ha sido declarado víctima directa de una violación al derecho a la vida. Con respecto a Edgar Odón Cruz Acuña no opera, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la presunción iuris tantum y, por tanto, corresponderá a la Corte valorar, en atención al acervo probatorio en su poder, si éste puede considerarse víctima en virtud del artículo 5 de la Convención.
450. De la declaración rendida mediante affidávit, así como del peritaje recibido, se desprende que la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez ha causado secuelas a nivel personal en Edgar Odón Cruz Acuña, lo cual le ha suscitado sentimientos de temor e indefensión. La Corte concluye, con base en las consideraciones anteriores, que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de Edgar Odón Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, por los sufrimientos padecidos en relación con la ejecución extrajudicial de su familiar y la ausencia de investigaciones efectivas.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 8
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
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