Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187837-399-18516-2016-15-0993.HTML
Timestamp: 2019-12-09 11:41:12+00:00

Document:
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 8 de octubre de 2015, el abogado GIOGERLING MÉNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 88.511, actuando en nombre propio, interpuso acción popular de nulidad, conjuntamente con medida cautelar, contra la reforma de la Ordenanza sobre Tenencia, Control, Registro, Comercialización y Protección de Fauna Doméstica dictada por el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 19 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Municipal N° 3904-7 del mismo mes y año.
El 8 de octubre de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López.
Efectuado el análisis del caso, esta Sala pasa a hacer las siguientes consideraciones:
El accionante fundamentó su pretensión anulatoria en los siguientes argumentos:
Que “…la razón de nuestra interposición obedece a que profesamos y practicamos la religión Yoruba, conocida coloquialmente como ‘Orisha’, o también conocida como REGLA DE OSHA e IFA AFROCUBANO o SANTERÍA; y aquí en VENEZUELA popularmente como SANTERÍA certificada debidamente certificada por la UNESCO ONU”.
Que “…del texto de la Ordenanza se desprende una serie de irregularidades legislativas, carente desde todo punto de vista de asidero legal o írrito; así como también sus consecuencias en la esfera jurídica”.
Que “…la Ordenanza antes descrita lesiona nuestros derechos constitucionales y civiles a las que somos acreedoras por vivir en Venezuela, específicamente en el Municipio Libertador, sobrepasando la competencia municipal y al acatarla se vulneran la práctica de nuestra religión”.
Que la Ordenanza prohíbe el sacrificio ritual de animales y para ello, “…el legislador municipal fue más allá del alcance de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, al establecer una prohibición que no señala dicha ley. Con estos artículos confusos e indeterminados legalmente, no se determina a cuales religiones y cultos va dirigida la Ordenanza sin mayores detalles. No señala el campo de aplicación o en su defecto hacia quienes específicamente, se refiere pudiéndose entender que abarca las distintas religiones o cultos”.
Que “…la Ordenanza desconoce un nutrido número de personas que como nosotras son activas practicantes de nuestra religión, puesto que así como está redactada la Ordenanza in comento, presenta una notable imprecisión jurídica, dejando a la imaginación diversos escenarios e indeterminaciones de los supuestos de hecho esenciales para llenar el encuadramiento dentro del marco legal pertinente”.
Que no saben cómo leer las sanciones dispuestas en la ordenanza, ni quien sustanciará los procedimientos o cómo se tramitarán las denuncias.
Que la ordenanza atacada viola el principio de reserva legal, así como el principio de competencia, ya que corresponde a la Asamblea Nacional establecer límites como los contenidos en la normativa impugnada.
Que, de igual modo, la ordenanza atacada viola el derecho a la libertad de culto.
Que “…en nuestra religión Yoruba llamada ‘Santería’ en efecto se hacen sacrificios de animales y este hecho no solo no está prohibido por la ley adjetiva, sino que además está protegida por la Constitución, ya que la matanza de animales con fines rituales en sí mismos es parte de ciertas religiones, y tales religiones están amparadas cómo uno de los derechos humanos de primera generación como es la libertad de religión y culto”.
Finalmente, solicitó, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la ordenanza atacada y, para ello, afirmó que se verifican los supuestos de procedencia de las medidas cautelares, ya que como integrantes de la comunidad religiosa santera “no podemos quedar en incertidumbre con relación a esta ordenanza y sus efectos”.
Previo a cualquier otra consideración, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la demanda incoada y, a tal efecto, observa que los artículos 334 y 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen lo siguiente:
2- Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella”(destacado agregado).
Por su parte, el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que es competencia de esta Sala constitucional:
“2.- Declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los estados y municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República y que colidan con ella” (destacado agregado).
De las disposiciones supra transcritas se desprende que corresponde a esta Sala la competencia para ejercer el control concentrado de la constitucionalidad sobre las ordenanzas municipales, y como quiera que la demanda de autos se refiere, precisamente, a la nulidad parcial de la Ordenanza sobre Tenencia, Control, Registro, Comercialización y Protección de Fauna Doméstica dictada por el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 19 de febrero de 2015, esta Sala, con fundamento en las disposiciones que se transcribieron, se declara competente para el conocimiento y resolución de la demanda de nulidad incoada, y así se declara.
Tal como se estableció anteriormente, el presente asunto se refiere a la acción popular de nulidad por inconstitucionalidad incoada contra una ordenanza municipal y, al respecto, tal como se desprende de los artículos 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los pronunciamientos de admisión de todas las demandas de nulidad por inconstitucionalidad corresponde directamente a esta Sala, ello, a fin de dar celeridad a la causa que, de ser admitida, debe remitirse al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la tramitación del procedimiento.
Revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, no se advierte en su estudio preliminar, que la demanda de autos se subsuma en alguna de las mismas y, en consecuencia, esta Sala admite la presente acción en cuanto ha lugar en derecho, sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
Como consecuencia de dicha admisión y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar al Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y al Presidente del Concejo Municipal de la referida entidad, y asimismo, se ordena notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, así como al ciudadano Defensor del Pueblo. A tales fines, remítase a los mencionados funcionarios copia certificada del escrito de la demanda, de la documentación pertinente acompañada al mismo y del presente fallo de admisión.
De igual manera y en atención al segundo aparte del artículo 135 eiusdem, se acuerda notificar a la parte actora, por cuanto esta admisión se produjo fuera del lapso previsto en el artículo 132 idem.
Por último, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las notificaciones ordenadas en el presente fallo, acuerde el emplazamiento de los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal y continúe el procedimiento de Ley.
Finalmente, debe la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por la demandante y en tal sentido, el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
En el contexto expuesto, el examen preliminar de las normas impugnadas no logra desvirtuar, a priori, la presunción de legitimidad de las mismas y, ello, aunado a que de los argumentos expuestos por el accionante no se constata que pudiera sufrir un daño irreparable o de difícil reparación por la aplicación de las mismas, conllevan a esta Sala a desestimar la pretensión cautelar, ya que no se configuran los supuestos de su procedencia, y así se decide.
1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad incoada el abogado GIOGERLING MÉNDEZ, actuando en nombre propio, contra la reforma de la Ordenanza sobre Tenencia, Control, Registro, Comercialización y Protección de Fauna Doméstica dictada por el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 19 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Municipal N° 3904-7 del 19 del mismo mes y año.
3. REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que practique las citaciones del Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, el Presidente del Concejo Municipal de la referida entidad, así como la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República, así como al ciudadano Defensor del Pueblo.
4.- ORDENA la notificación del actor y librar el cartel de emplazamiento a los interesados.
5.- NIEGA la medida cautelar solicitada.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de mayo dos mil dieciséis. Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
Exp. N° 15-0993

References: artículo 25
 resolución 
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 132
 artículo 137
 artículo 130