Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00121-1998-AA.html
Timestamp: 2017-12-14 18:46:41+00:00

Document:
0121-1998-AA
Exp. N.° 121-98-AA/TC
SUSANA PAULA PUEMAPE FERNÁNDEZ.
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Susana Paula Puemape Fernández contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas veintitrés, su fecha veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y siete, del cuaderno de Recurso de Nulidad, que declaró improcedente la Acción de Amparo.
Doña Susana Paula Puemape Fernández interpone Acción de Amparo contra el Banco de la Nación, con el fin de que se declare inaplicable a su persona la Resolución Administrativa N.° 968-92-EF/92.5100 del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que afecta su derecho a percibir una pensión de acuerdo al Decreto Ley N.° 20530, asimismo, le priva del reconocimiento de cuatro años de formación profesional. Solicita se le reincorpore al régimen pensionario citado y se ordene el pago de su pensión.
El Banco de la Nación manifiesta que no se agotó la vía previa y que la discusión se debe realizar por la vía contencioso-administrativa. Indebidamente se le antepuso cuatro años de formación profesional para acceder al tiempo requerido por ley, aplicando erróneamente la Ley N.° 24156, porque no cumplió los requisitos que establecía ésta. Al cuatro de junio de mil novecientos ochenta y cinco, fecha de la ley anotada, la demandante estaba bajo el régimen de la Ley N.° 4916 y no contaba con doce años y medio de labor efectiva que corresponden en el caso de ser mujer. La Ley N.° 24366 exige tener siete o más años de servicios del Estado al veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, fecha de la promulgación de la Ley N.° 20530. Debió haber ingresado al servicio antes del veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y siete. La demandante ingresó a trabajar al Banco de la Nación el uno de febrero de mil novecientos setenta y cinco. La Ley N.° 25388, artículo 228° exigía ser trabajador del Banco de la Nación al veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro; sí cumplía este requisito, pero no el de estar bajo el régimen de la Ley N.° 11377, tampoco cumplía el requisito de mantener el vínculo laboral sin solución de continuidad a la dación de la Ley N.° 25066 del veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y nueve, en el mismo régimen laboral de la Ley N.° 11377 o del Decreto Legislativo N.° 276.
El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró fundada la demanda. Fundamenta que, no obstante reconocer que la demandante había cumplido con los requisitos exigidos por ley, al expedirse la resolución cuestionada se produce una flagrante violación de derechos adquiridos; al haber sido expedida la nulidad por el funcionario de la misma jerarquía que emitió la anterior resolución y no por el superior jerárquico y por haberse dictado después de un año de haberse expedido la Resolución Administrativa N.° 1425-91. La demandante ha agotado la vía previa.
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma el fallo apelado. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara haber nulidad en la sentencia de vista y reformándola declara improcedente la demanda. Fundamenta que por la Ley N.° 24156 se adicionan cuatro años de estudios, pero no retroactivamente, sino después de haber cumplido quince años de servicio tratándose de varones, y doce años y medio en el caso de mujeres. Además no le corresponde la reincorporación al régimen pensionario por no tener siete años de servicios a la fecha de promulgación del Decreto Ley N.° 20530, es decir, por no haber ingresado antes del veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y siete.
1. Que la Ley N.° 24156, del seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, regula que los Empleados Públicos mujeres que tengan doce años y medio de servicios tienen el derecho de agregar, no anteponer, un período adicional de cuatro años de formación profesional a su tiempo de servicios, cualquiera sea el régimen de pensión en el que se encuentren.
2. Que la recurrente, según la Resolución N.° 968-92-EF/92.5100 del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y dos, objeto de la pretensión de inaplicabilidad, ingresó a trabajar al Banco de la Nación el uno de febrero de mil novecientos setenta y cinco, sujeta a la Ley N.° 11377, variando su régimen a la Ley N.° 4916, por disposición del Decreto Legislativo N.° 339 que entró en vigencia a partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco. Es decir, desde la fecha en que ingresó a laborar uno de febrero de mil novecientos setenta y cinco al uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, la recurrente no contaba con los doce años y medio de servicios que exige la ley para que a favor de los Empleados Públicos se pueda adicionar los cuatro años de periodo de estudio profesional anotado.
3. Que, la Resolución Administrativa N.° 1425-EF de dieicisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno que reconoce a favor de doña Susana Paula Puemape Fernández, cuatro años de servicios de formación profesional, computadas desde el uno de febrero de mil novecientos setenta y cinco, hasta el tres de setiembre de mil novecientos noventa y uno, se ha expedido transgrediendo la Ley N.° 24156.
4. Que, del artículo 14° de la Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve, y de los artículos 11° y 12° de la Carta Fundamental del año mil novecientos noventa y tres se desprende que los fondos de Seguridad Social no pueden ser destinados a fines distintos de los de su creación, bajo responsabilidad; asimismo, regula que estos recursos son intangibles; por tanto el incumplimiento de las leyes sobre pensiones afectan el interés público. Según mandato constitucional el Estado debe supervigilar y cautelar este patrimonio porque su incorrecta administración afecta a pluralidad de personas y familias. En tal virtud, la resolución N.° 968-92-EF del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y dos, objeto de la Acción de Amparo, se ha expedido legalmente de conformidad con los artículos 112° y 45°, del Decreto Supremo N.° 006-67-SC; no ha afectado derecho constitucional alguno. Los errores que contravengan la Constitución no constituyen derechos legalmente adquiridos porque constituiría una contradicción jurídica que el derecho reprueba.
CONFIRMANDO la Sentencia expedida por la Corte Suprema de la República de fojas veintitrés, su fecha veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y siete, del cuaderno de Recurso de Nulidad que declaró improcedente la Acción de Amparo. Dispone la notificación de las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: Resolución 
 artículo 228
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
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