Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2004-04527.htm
Timestamp: 2017-12-11 20:59:30+00:00

Document:
B.O.E. Nº 62 de 12/03/2004
La disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en la redacciÃ³n dada por la disposiciÃ³n final decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que el Gobierno elaborarÃ¡ y aprobarÃ¡ en el plazo de 15 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades.
Esta delegaciÃ³n legislativa tiene el alcance mÃ¡s limitado de los previstos en el apartado 5 del artÃ­culo 82 de la ConstituciÃ³n, ya que se circunscribe a la mera formulaciÃ³n de un texto Ãºnico y no incluye autorizaciÃ³n para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Esta habilitaciÃ³n tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario mediante la integraciÃ³n en un Ãºnico cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a estos tributos, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurÃ­dica de la AdministraciÃ³n tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.
En ejercicio de tal autorizaciÃ³n, se elabora este real decreto legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, publicada en el "BoletÃ­n Oficial del Estado" el 10 de diciembre de 1998, respondiÃ³ a la necesidad de configurar una norma que regulase, de forma unitaria, la tributaciÃ³n de los no residentes en los impuestos sobre la renta, la conocida tradicionalmente como sujeciÃ³n por "obligaciÃ³n real de contribuir", debido a la creciente internacionalizaciÃ³n de las relaciones econÃ³micas y la integraciÃ³n progresiva de EspaÃ±a en la UniÃ³n Europea.
a) La Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estÃ­mulo al ahorro familiar y a la pequeÃ±a y mediana empresa, que incorporÃ³ un nuevo artÃ­culo a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la deducciÃ³n de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas cuando un contribuyente adquiere su condiciÃ³n por cambio de residencia y cambiÃ³ la redacciÃ³n del cÃ¡lculo de la base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales.
b) La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableciÃ³ nuevos supuestos de exenciÃ³n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas que, por la interrelaciÃ³n existente entre ambas normativas, repercutiÃ³ en el artÃ­culo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, y equiparÃ³, para determinados supuestos, los tipos de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con los tipos de retenciÃ³n existentes para residentes.
c) La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableciÃ³ un nuevo tipo de gravamen para los rendimientos del trabajo percibidos por trabajadores de temporada.
d) La mencionada Ley 46/2002, de 18 de diciembre, que ha sido la que ha originado la reforma mÃ¡s sustancial en el texto de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, desde que entrÃ³ en vigor. Con ella se pretendiÃ³ mejorar tÃ©cnicamente el texto anterior a la vista de la experiencia que ha proporcionado su aplicaciÃ³n, al tiempo que se incorporaron algunas cuestiones que no estaban expresamente reguladas con anterioridad, como las definiciones de cÃ¡nones o pensiones o el rÃ©gimen de entidades en atribuciÃ³n de rentas.
e) Finalmente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ha introducido determinadas modificaciones como consecuencia de la aprobaciÃ³n de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un rÃ©gimen fiscal comÃºn aplicable a los pagos de intereses y cÃ¡nones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, con un rÃ©gimen transitorio especÃ­fico para cÃ¡nones. Por otra parte, tambiÃ©n se ha excluido de la obligaciÃ³n de retener e ingresar a cuenta a las misiones diplomÃ¡ticas u oficinas diplomÃ¡ticas de Estados extranjeros.
a) La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que regulÃ³ en su disposiciÃ³n adicional cuarta las normas sobre retenciones y otras cuestiones relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios.
Esta norma se incorpora en los apartados 2 y siguientes del artÃ­culo 53 del texto refundido.
b) La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que estableciÃ³, en su artÃ­culo 24, la posibilidad de regular reglamentariamente las obligaciones de retenciÃ³n e ingreso a cuenta que podÃ­an incumbir a determinadas entidades o a los propios partÃ­cipes en los casos de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversiÃ³n colectiva en manos de contribuyentes no residentes. Esta regulaciÃ³n se incorpora en el apartado 1 del artÃ­culo 53 del texto refundido.
c) La Ley 6/2000, de 13 de diciembre, que regulÃ³, en el apartado cuatro de su artÃ­culo 23, el tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de las operaciones de reducciÃ³n de capital con devoluciÃ³n de aportaciones a los socios y de devoluciÃ³n de la prima de emisiÃ³n. Esta regulaciÃ³n se incorpora en el apartado 4 del artÃ­culo 31 del texto refundido.
e) La Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificaciÃ³n y adaptaciÃ³n a la normativa comunitaria de la legislaciÃ³n de seguros privados, que ha modificado la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, estableciendo la obligaciÃ³n de practicar retenciÃ³n o ingreso a cuenta para los representantes de las entidades aseguradoras que operen en rÃ©gimen de libre prestaciÃ³n de servicios en EspaÃ±a, a los que se refiere el artÃ­culo 86.1 y la disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
f) Por Ãºltimo, con la finalidad de conseguir mayor claridad, se desglosa la actual regulaciÃ³n en un solo artÃ­culo del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes en los artÃ­culos 40 a 45 de este texto refundido.
Conviene seÃ±alar que no se integran en el texto refundido, por razones de sistemÃ¡tica y coherencia normativa, aquellas normas de carÃ¡cter fiscal que, por su contenido especial desde un punto de vista subjetivo, objetivo o temporal, no procede refundir con la normativa de carÃ¡cter y alcance generales. Este es el caso de aquellas cuya refundiciÃ³n en este texto originarÃ­a una dispersiÃ³n de la normativa en ellas contenida por afectar a diferentes Ã¡mbitos y a varios impuestos como, por ejemplo, la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre RÃ©gimen Fiscal de las Cooperativas, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificaciÃ³n del RÃ©gimen EconÃ³mico y Fiscal de Canarias, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la disposiciÃ³n adicional decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, relativa a los prÃ©stamos de valores, o la disposiciÃ³n adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversiÃ³n, recursos propios y obligaciones de informaciÃ³n de los intermediarios financieros, y la disposiciÃ³n transitoria segunda de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rÃ©gimen jurÃ­dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econÃ³micas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevenciÃ³n del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferentes e instrumentos de deuda.
Igualmente no se integran las disposiciones reguladoras de los acontecimientos de especial interÃ©s pÃºblico, tales como, por ejemplo, el AÃ±o Santo Jacobeo 2004 o la Copa AmÃ©rica 2007.
Este real decreto legislativo contiene un artÃ­culo, una disposiciÃ³n adicional, una disposiciÃ³n transitoria, una disposiciÃ³n derogatoria y una disposiciÃ³n final.
En virtud de su artÃ­culo Ãºnico, se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
En la disposiciÃ³n adicional Ãºnica se dispone que las referencias que en otras normas se contengan a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, se entenderÃ¡n realizadas al articulado del texto refundido que se aprueba.
En la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica se seÃ±ala que hasta el 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, continuarÃ¡ vigente un determinado precepto de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, y que hasta dicha fecha las referencias efectuadas en el texto refundido a los preceptos de la nueva Ley General Tributaria se entenderÃ¡n realizadas a los correspondientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en los tÃ©rminos que disponÃ­a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre.
En la disposiciÃ³n derogatoria Ãºnica se recogen las normas que se refunden en este texto, sin perjuicio de aquellas otras que, siendo tambiÃ©n objeto de refundiciÃ³n, son derogadas en los reales decretos legislativos que aprueban los textos refundidos de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y sobre Sociedades, por afectar en mayor medida a uno de estos impuestos.
Por Ãºltimo, en la disposiciÃ³n final Ãºnica se establece que la entrada en vigor del real decreto legislativo y del texto refundido que se aprueba serÃ¡ el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado", salvo algunos casos excepcionales derivados de la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria y de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003.
El texto refundido que se aprueba estÃ¡ compuesto por 53 artÃ­culos, agrupados en un capÃ­tulo preliminar y ocho capÃ­tulos, una disposiciÃ³n transitoria y dos disposiciones finales.
Asimismo, el texto refundido incluye al comienzo un Ã­ndice de su contenido, cuyo objeto es facilitar la utilizaciÃ³n de la norma por sus destinatarios mediante una rÃ¡pida localizaciÃ³n y ubicaciÃ³n sistemÃ¡tica de sus preceptos.
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que se inserta a continuaciÃ³n.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, se entenderÃ¡n realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba por este real decreto legislativo.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
a) ConservarÃ¡ su vigencia el artÃ­culo 9.3 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y Normas Tributarias.
b) Las referencias efectuadas, en el texto refundido que aprueba este real decreto legislativo, a los preceptos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se entenderÃ¡n realizadas a los correspondientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en los tÃ©rminos que disponÃ­a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre.
1. Salvo lo dispuesto en la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica anterior, a la entrada en vigor de este real decreto legislativo quedarÃ¡ derogada, con motivo de su incorporaciÃ³n al texto refundido que se aprueba, la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, con excepciÃ³n de la disposiciÃ³n adicional segunda, que conservarÃ¡ su vigencia.
2. La derogaciÃ³n de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no perjudicarÃ¡ los derechos de la Hacienda pÃºblica respecto a las obligaciones tributarias devengadas durante su vigencia.
1. El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado", con excepciÃ³n de lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Los artÃ­culos 10.3 y 18.1.b) del texto refundido entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. El artÃ­culo 25.1.i) del texto refundido entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a 1 de enero de 2005, fecha a la que se refiere la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un rÃ©gimen fiscal comÃºn aplicable a los pagos de intereses y cÃ¡nones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
CapÃ­tulo preliminar. Naturaleza, objeto y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 1. Naturaleza y objeto.
ArtÃ­culo 3. Normativa aplicable.
ArtÃ­culo 4. Tratados y convenios.
CapÃ­tulo I. Elementos personales.
ArtÃ­culo 5. Contribuyentes.
ArtÃ­culo 6. Residencia en territorio espaÃ±ol.
ArtÃ­culo 7. AtribuciÃ³n de rentas.
ArtÃ­culo 8. IndividualizaciÃ³n de rentas.
ArtÃ­culo 9. Responsables.
ArtÃ­culo 10. Representantes.
ArtÃ­culo 11. Domicilio fiscal.
CapÃ­tulo II. SujeciÃ³n al impuesto.
ArtÃ­culo 12. Hecho imponible.
ArtÃ­culo 13. Rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol.
ArtÃ­culo 14. Rentas exentas.
ArtÃ­culo 15. Formas de sujeciÃ³n.
CapÃ­tulo III. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.
ArtÃ­culo 16. Rentas imputables a los establecimientos permanentes.
ArtÃ­culo 17. Diversidad de establecimientos permanentes.
ArtÃ­culo 18. DeterminaciÃ³n de la base imponible.
ArtÃ­culo 19. Deuda tributaria.
ArtÃ­culo 20. PerÃ­odo impositivo y devengo.
ArtÃ­culo 21. DeclaraciÃ³n ArtÃ­culo 22. Obligaciones contables, registrales y formales.
ArtÃ­culo 23. Pagos a cuenta.
CapÃ­tulo IV. Rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente.
ArtÃ­culo 24. Base imponible.
ArtÃ­culo 25. Cuota tributaria.
ArtÃ­culo 26. Deducciones.
ArtÃ­culo 27. Devengo.
ArtÃ­culo 28. DeclaraciÃ³n.
ArtÃ­culo 29. Obligaciones formales.
ArtÃ­culo 30. Retenciones.
ArtÃ­culo 31. ObligaciÃ³n de retener e ingresar a cuenta.
ArtÃ­culo 32. Obligaciones de retenciÃ³n sobre las rentas del trabajo en caso de cambio de residencia.
ArtÃ­culo 33. Inversiones de no residentes en letras del Tesoro y en otras modalidades de Deuda PÃºblica.
CapÃ­tulo V. Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas.
ArtÃ­culo 34. Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas.
SecciÃ³n 1.Âª Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituidas en EspaÃ±a.
ArtÃ­culo 35. Entidades que realizan una actividad econÃ³mica.
ArtÃ­culo 36. Entidades que no realizan una actividad econÃ³mica.
SecciÃ³n 2.Âª Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituidas en el extranjero.
ArtÃ­culo 37. Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituidas en el extranjero.
ArtÃ­culo 38. Entidades con presencia en territorio espaÃ±ol.
ArtÃ­culo 39. Entidades sin presencia en territorio espaÃ±ol.
CapÃ­tulo VI. Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.
ArtÃ­culo 40. SujeciÃ³n.
ArtÃ­culo 41. Base imponible.
ArtÃ­culo 42. Exenciones.
ArtÃ­culo 43. Tipo de gravamen.
ArtÃ­culo 44. Deducibilidad del gravamen.
ArtÃ­culo 45. Devengo y declaraciÃ³n.
CapÃ­tulo VII. OpciÃ³n para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea.
ArtÃ­culo 46. OpciÃ³n para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea.
CapÃ­tulo VIII. Otras disposiciones.
ArtÃ­culo 47. SucesiÃ³n en la deuda tributaria.
ArtÃ­culo 48. Responsabilidad patrimonial del contribuyente.
ArtÃ­culo 49. Infracciones y sanciones.
ArtÃ­culo 50. Orden jurisdiccional.
ArtÃ­culo 51. LiquidaciÃ³n provisional.
ArtÃ­culo 52. DeducciÃ³n de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
ArtÃ­culo 53. Normas sobre retenciÃ³n, transmisiÃ³n y obligaciones formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
DisposiciÃ³n final primera. Habilitaciones a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
[fin indice]CAPÃTULO PRELIMINAR
Naturaleza, objeto y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n
El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carÃ¡cter directo que grava la renta obtenida en territorio espaÃ±ol por las personas fÃ­sicas y entidades no residentes en Ã©ste.
1. Este impuesto se aplicarÃ¡ en todo el territorio espaÃ±ol.
2. El territorio espaÃ±ol comprende el territorio del Estado espaÃ±ol, incluyendo el espacio aÃ©reo, las aguas interiores, asÃ­ como el mar territorial y las Ã¡reas exteriores a Ã©l, en las que, con arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislaciÃ³n interna, el Estado espaÃ±ol ejerza o pueda ejercer jurisdicciÃ³n o derechos de soberanÃ­a respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes y sus recursos naturales.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderÃ¡ sin perjuicio de los regÃ­menes tributarios forales de concierto y convenio econÃ³mico en vigor, respectivamente, en los
Territorios HistÃ³ricos del PaÃ­s Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
4. En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrÃ¡n en cuenta las especialidades que resulten aplicables en virtud de su normativa especÃ­fica y de lo dispuesto en esta ley.
El impuesto se rige por esta ley, que se interpretarÃ¡ en concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y del Impuesto sobre Sociedades, segÃºn proceda.
Lo establecido en esta ley se entenderÃ¡ sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artÃ­culo 96 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola.
a) Las personas fÃ­sicas y entidades no residentes en territorio espaÃ±ol conforme al artÃ­culo 6 que obtengan rentas en Ã©l, salvo que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
b) Las personas fÃ­sicas que sean residentes en EspaÃ±a por alguna de las circunstancias previstas en el artÃ­culo 9.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
c) Las entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas a que se refiere el artÃ­culo 38.
La residencia en territorio espaÃ±ol se determinarÃ¡ de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y en el artÃ­culo 8.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Las rentas correspondientes a las entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas a que se refiere el artÃ­culo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, asÃ­ como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirÃ¡n a los socios, herederos, comuneros o partÃ­cipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la secciÃ³n 2.Âª del tÃ­tulo VII de dicho texto refundido y en el capÃ­tulo V de esta ley.
A los contribuyentes personas fÃ­sicas les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 11 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sobre individualizaciÃ³n de rentas.
1. ResponderÃ¡n solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los rendimientos que haya satisfecho o a las rentas de los bienes o derechos cuyo depÃ³sito o gestiÃ³n tenga encomendado, respectivamente, el pagador de los rendimientos devengados sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente por los contribuyentes o el depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes no afectos a un establecimiento permanente.
Esta responsabilidad no existirÃ¡ cuando resulte de aplicaciÃ³n la obligaciÃ³n de retener e ingresar a cuenta a que se refiere el artÃ­culo 31, incluso en los supuestos previstos en el apartado 4 de dicho artÃ­culo, sin perjuicio de las responsabilidades que deriven de la condiciÃ³n de retenedor.
2. No se entenderÃ¡ que una persona o entidad satisface un rendimiento cuando se limite a efectuar una simple mediaciÃ³n de pago. Se entenderÃ¡ por simple mediaciÃ³n de pago el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero.
3. En el caso del pagador de rendimientos devengados sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente por los contribuyentes de este impuesto, las actuaciones de la AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡n entenderse directamente con el responsable, al que serÃ¡ exigible la deuda tributaria, sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivaciÃ³n de responsabilidad previsto en el artÃ­culo 41.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el caso del depositario o gestor de los bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente, la responsabilidad solidaria se exigirÃ¡ en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 41.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. ResponderÃ¡n solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los establecimientos permanentes de contribuyentes no residentes y a las entidades a que se refiere el artÃ­culo 38 de esta ley, las personas que, de acuerdo con lo establecido en su artÃ­culo 10, sean sus representantes.
1. Los contribuyentes por este impuesto estarÃ¡n obligados a nombrar, antes del fin del plazo de declaraciÃ³n de la renta obtenida en EspaÃ±a, una persona fÃ­sica o jurÃ­dica con residencia en EspaÃ±a, para que les represente ante la AdministraciÃ³n tributaria en relaciÃ³n con sus obligaciones por este impuesto, cuando operen por mediaciÃ³n de un establecimiento permanente, en los supuestos a que se refieren los artÃ­culos 24.2 y 38 o cuando, debido a la cuantÃ­a y caracterÃ­sticas de la renta obtenida en territorio espaÃ±ol por el contribuyente, asÃ­ lo requiera la AdministraciÃ³n tributaria.
El contribuyente o su representante estarÃ¡n obligados a poner en conocimiento de la AdministraciÃ³n tributaria el nombramiento, debidamente acreditado, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de Ã©ste.
La designaciÃ³n se comunicarÃ¡ a la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria en la que hayan de presentar la declaraciÃ³n por el impuesto, acompaÃ±ando a la indicada comunicaciÃ³n la expresa aceptaciÃ³n del representante.
2. En caso de incumplimiento de la obligaciÃ³n de nombramiento que establece el apartado anterior, la AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ considerar representante del establecimiento permanente o del contribuyente a que se refiere el artÃ­culo 5.c) a quien figure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiese representante nombrado o inscrito, o fuera persona distinta de quien estÃ© facultado para contratar en nombre de aquÃ©llos, la AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ considerar como tal a este Ãºltimo.
3. El incumplimiento de la obligaciÃ³n a que se refiere el apartado 1 se considerarÃ¡ infracciÃ³n tributaria grave y la sanciÃ³n consistirÃ¡ en multa pecuniaria fija de 2.000 euros.
La sanciÃ³n impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. Los contribuyentes no residentes en territorio espaÃ±ol tendrÃ¡n su domicilio fiscal, a efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en EspaÃ±a:
a) Cuando operen en EspaÃ±a a travÃ©s de establecimiento permanente, en el lugar en que radique la efectiva gestiÃ³n administrativa y la direcciÃ³n de sus negocios en EspaÃ±a. En el supuesto en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con el criterio anterior, prevalecerÃ¡ aquel en el que radique el mayor valor del inmovilizado.
b) Cuando obtengan rentas derivadas de bienes inmuebles, en el domicilio fiscal del representante y, en su defecto, en el lugar de situaciÃ³n del inmueble correspondiente.
2. Cuando no se hubiese designado representante, las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable solidario tendrÃ¡n el mismo valor y producirÃ¡n iguales efectos que si se hubieran practicado directamente al contribuyente.
SujeciÃ³n al impuesto
1. Constituye el hecho imponible la obtenciÃ³n de rentas, dinerarias o en especie, en territorio espaÃ±ol por los contribuyentes por este impuesto, conforme a lo establecido en el artÃ­culo siguiente.
2. Se presumirÃ¡n retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones o cesiones de bienes, derechos y servicios susceptibles de generar rentas sujetas a este impuesto.
3. No estarÃ¡n sujetas a este impuesto las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1. Se consideran rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol las siguientes:
a) Las rentas de actividades o explotaciones econÃ³micas realizadas mediante establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol.
Se entenderÃ¡ que una persona fÃ­sica o entidad opera mediante establecimiento permanente en territorio espaÃ±ol cuando por cualquier tÃ­tulo disponga en Ã©ste, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier Ã­ndole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actÃºe en Ã©l por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderÃ¡ que constituyen establecimiento permanente las sedes de direcciÃ³n, las sucursales, las oficinas, las fÃ¡bricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petrÃ³leo o de gas, las canteras, las explotaciones agrÃ­colas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploraciÃ³n o de extracciÃ³n de recursos naturales, y las obras de construcciÃ³n, instalaciÃ³n o montaje cuya duraciÃ³n exceda de seis meses.
b) Las rentas de actividades o explotaciones econÃ³micas realizadas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol, cuando no resulte de aplicaciÃ³n otro pÃ¡rrafo de este artÃ­culo, en los siguientes casos:
1.Âº Cuando las actividades econÃ³micas sean realizadas en territorio espaÃ±ol. No se considerarÃ¡n obtenidos en territorio espaÃ±ol los rendimientos derivados de la instalaciÃ³n o montaje de maquinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales operaciones se realicen por el proveedor de la maquinaria o instalaciones, y su importe no exceda del 20 por ciento del precio de adquisiciÃ³n de dichos elementos.
2.Âº Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio espaÃ±ol, en particular las referidas a la realizaciÃ³n de estudios, proyectos, asistencia tÃ©cnica o apoyo a la gestiÃ³n. Se entenderÃ¡n utilizadas en territorio espaÃ±ol aquellas que sirvan a actividades econÃ³micas realizadas en territorio espaÃ±ol o se refieran a bienes situados en Ã©ste. Cuando tales prestaciones sirvan parcialmente a actividades econÃ³micas realizadas en territorio espaÃ±ol, se considerarÃ¡n obtenidas en EspaÃ±a sÃ³lo por la parte que sirva a la actividad desarrollada en EspaÃ±a.
3.Âº Cuando deriven, directa o indirectamente, de la actuaciÃ³n personal en territorio espaÃ±ol de artistas y deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuaciÃ³n, aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.
1.Âº Cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en territorio espaÃ±ol.
2.Âº Cuando se trate de retribuciones pÃºblicas satisfechas por la AdministraciÃ³n espaÃ±ola.
3.Âº Cuando se trate de remuneraciones satisfechas por personas fÃ­sicas que realicen actividades econÃ³micas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en territorio espaÃ±ol o por establecimientos permanentes situados en Ã©ste por razÃ³n de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en trÃ¡fico internacional.
Lo dispuesto en los pÃ¡rrafos 2.Âº y 3.Âº no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando el trabajo se preste Ã­ntegramente en el extranjero y tales rendimientos estÃ©n sujetos a un impuesto de naturaleza personal en el extranjero.
d) Las pensiones y demÃ¡s prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio espaÃ±ol o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio espaÃ±ol o por un establecimiento permanente situado en Ã©ste.
Se consideran pensiones las remuneraciones satisfechas por razÃ³n de un empleo anterior, con independencia de que se perciban por el propio trabajador u otra persona.
Se consideran prestaciones similares, en particular, las previstas en el artÃ­culo 16.2.a) y f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administraciÃ³n, de las juntas que hagan sus veces o de Ã³rganos representativos de una entidad residente en territorio espaÃ±ol.
1.Âº Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participaciÃ³n en los fondos propios de entidades residentes en EspaÃ±a, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 118 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.Âº Los intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesiÃ³n a terceros de capitales propios satisfechos por personas o entidades residentes en territorio espaÃ±ol, o por establecimientos permanentes situados en Ã©ste, o que retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio espaÃ±ol.
3.Âº Los cÃ¡nones o regalÃ­as satisfechos por personas o entidades residentes en territorio espaÃ±ol o por establecimientos permanentes situados en Ã©ste, o que se utilicen en territorio espaÃ±ol.
Tienen la consideraciÃ³n de cÃ¡nones o regalÃ­as las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesiÃ³n de uso de:
Derechos sobre obras literarias, artÃ­sticas o cientÃ­ficas, incluidas las pelÃ­culas cinematogrÃ¡ficas.
Patentes, marcas de fÃ¡brica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fÃ³rmulas o procedimientos secretos.
Derechos sobre programas informÃ¡ticos.
Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientÃ­ficas.
Derechos personales susceptibles de cesiÃ³n, tales como los derechos de imagen.
Equipos industriales, comerciales o cientÃ­ficos.
En particular, tienen esa consideraciÃ³n las cantidades pagadas por el uso o la concesiÃ³n de uso de los derechos amparados por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
4.Âº Otros rendimientos de capital mobiliario no mencionados en los pÃ¡rrafos 1.Âº, 2.Âº y 3.Âº anteriores, satisfechos por personas fÃ­sicas que realicen actividades econÃ³micas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en territorio espaÃ±ol o por establecimientos permanentes situados en Ã©ste.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol o de derechos relativos a Ã©stos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas fÃ­sicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio espaÃ±ol no afectos a actividades econÃ³micas.
1.Âº Cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes en territorio espaÃ±ol.
2.Âº Cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en territorio espaÃ±ol o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en territorio espaÃ±ol.
3.Âº Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol o de derechos relativos a Ã©stos. En particular, se consideran incluidas:
Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo estÃ© constituido principalmente, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol.
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisiÃ³n de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol.
4.Âº Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en territorio espaÃ±ol o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio, aun cuando no deriven de una transmisiÃ³n previa, como las ganancias en el juego.
2. No se consideran obtenidos en territorio espaÃ±ol los siguientes rendimientos:
a) Los satisfechos por razÃ³n de compraventas internacionales de mercancÃ­as, incluidas las comisiones de mediaciÃ³n en Ã©stas, asÃ­ como los gastos accesorios y conexos.
b) Los satisfechos a personas o entidades no residentes por establecimientos permanentes situados en el extranjero, con cargo a Ã©stos, cuando las prestaciones correspondientes estÃ©n vinculadas con la actividad del establecimiento permanente en el extranjero.
3. Para la calificaciÃ³n de los distintos conceptos de renta en funciÃ³n de su procedencia se atenderÃ¡ a lo dispuesto en este artÃ­culo y, en su defecto, a los criterios establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
1. EstarÃ¡n exentas las siguientes rentas:
a) Las rentas mencionadas en el artÃ­culo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, percibidas por personas fÃ­sicas, asÃ­ como las pensiones asistenciales por ancianidad reconocidas al amparo del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes espaÃ±oles.
b) Las becas y otras cantidades percibidas por personas fÃ­sicas, satisfechas por las Administraciones pÃºblicas, en virtud de acuerdos y convenios internacionales de cooperaciÃ³n cultural, educativa y cientÃ­fica o en virtud del plan anual de cooperaciÃ³n internacional aprobado en Consejo de Ministros.
c) Los intereses y demÃ¡s rendimientos obtenidos por la cesiÃ³n a terceros de capitales propios a que se refiere el artÃ­culo 23.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, asÃ­ como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente, por residentes en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea o por establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisiÃ³n de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad en los siguientes casos:
1.Âº Cuando el activo de dicha entidad consista principalmente, directa o indirectamente, en bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol.
2.Âº Cuando, en algÃºn momento, durante el perÃ­odo de 12 meses precedente a la transmisiÃ³n, el contribuyente haya participado, directa o indirectamente, en al menos el 25 por ciento del capital o patrimonio de dicha entidad.
d) Los rendimientos derivados de la Deuda PÃºblica, obtenidos sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente en EspaÃ±a.
e) Las rentas derivadas de valores emitidos en EspaÃ±a por personas fÃ­sicas o entidades no residentes sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones finan cieras que actÃºen como agentes de pago o medien en la emisiÃ³n o transmisiÃ³n de los valores.
No obstante, cuando el titular de los valores sea un establecimiento permanente en territorio espaÃ±ol, las rentas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior quedarÃ¡n sujetas a este impuesto y, en su caso, al sistema de retenciÃ³n a cuenta, que se practicarÃ¡ por la instituciÃ³n financiera residente que actÃºe como depositaria de los valores.
f) Los rendimientos de las cuentas de no residentes, que se satisfagan a contribuyentes por este impuesto, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol, por el Banco de EspaÃ±a o por las entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones econÃ³micas con el exterior.
g) Las rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol, sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente en Ã©ste, procedentes del arrendamiento, cesiÃ³n, o transmisiÃ³n de contenedores o de buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la navegaciÃ³n marÃ­tima o aÃ©rea internacional.
h) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio espaÃ±ol a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea, cuando concurran los siguientes requisitos:
1.Âº Que ambas sociedades estÃ©n sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan los beneficios de las entidades jurÃ­dicas en los Estados miembros de la UniÃ³n Europea, mencionados en el artÃ­culo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al rÃ©gimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
2.Âº Que la distribuciÃ³n del beneficio no sea consecuencia de la liquidaciÃ³n de la sociedad filial.
3.Âº Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al rÃ©gimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
TendrÃ¡ la consideraciÃ³n de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participaciÃ³n directa de, al menos, el 25 por ciento. Esta Ãºltima entidad tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de sociedad filial.
La mencionada participaciÃ³n deberÃ¡ haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el aÃ±o anterior al dÃ­a en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un aÃ±o. En este Ãºltimo caso la cuota tributaria ingresada serÃ¡ devuelta una vez cumplido dicho plazo.
La residencia se determinarÃ¡ con arreglo a la legislaciÃ³n del Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposiciÃ³n.
No obstante lo previsto anteriormente, el Ministro de Hacienda podrÃ¡ declarar, a condiciÃ³n de reciprocidad, que lo establecido en este pÃ¡rrafo h) sea de aplicaciÃ³n a las sociedades filiales que revistan una forma jurÃ­dica diferente de las previstas en el anexo de la directiva y a los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de una sociedad filial residente en EspaÃ±a una participaciÃ³n directa de, al menos, el 10 por ciento, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en este pÃ¡rrafo h).
Lo establecido en este pÃ¡rrafo h) no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando la mayorÃ­a de los derechos de voto de la sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que no residan en Estados miembros de la UniÃ³n Europea, excepto cuando aquÃ©lla realice efectivamente una actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la direcciÃ³n y gestiÃ³n de la sociedad filial mediante la adecuada organizaciÃ³n de medios materiales y personales o pruebe que se ha constituido por motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y no para disfrutar indebidamente del rÃ©gimen previsto en este pÃ¡rrafo h).
i) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de participaciones en fondos de inversiÃ³n realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores espaÃ±oles, obtenidas por personas fÃ­sicas o entidades no residentes sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente en territorio espaÃ±ol, que sean residentes en un Estado que tenga suscrito con EspaÃ±a un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n con clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n.
2. En ningÃºn caso serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los pÃ¡rrafos c), d) e i) del apartado anterior a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a travÃ©s de los paÃ­ses o territorios calificados reglamentariamente como paraÃ­sos fiscales.
Tampoco serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en el pÃ¡rrafo h) del apartado anterior cuando la sociedad matriz tenga su residencia fiscal en un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal.
3. El Ministro de Hacienda podrÃ¡ declarar, a condiciÃ³n de reciprocidad, la exenciÃ³n de los rendimientos correspondientes a entidades de navegaciÃ³n marÃ­tima o aÃ©rea residentes en el extranjero cuyos buques o aeronaves toquen territorio espaÃ±ol, aunque tengan en Ã©ste consignatarios o agentes.
1. Los contribuyentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol tributarÃ¡n por la totalidad de la renta imputable a dicho establecimiento, cualquiera que sea el lugar de su obtenciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto en el capÃ­tulo III.
2. Los contribuyentes que obtengan rentas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente tributarÃ¡n de forma separada por cada devengo total o parcial de renta sometida a gravamen, sin que sea posible compensaciÃ³n alguna entre aquÃ©llas y en los tÃ©rminos previstos en el capÃ­tulo IV.
a) Los rendimientos de las actividades o explotaciones econÃ³micas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.
c) Las ganancias o pÃ©rdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.
Los activos representativos de la participaciÃ³n en fondos propios de una entidad sÃ³lo se considerarÃ¡n elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente cuando Ã©ste sea una sucursal registrada en el
2. En los casos de reexportaciÃ³n de bienes previamente importados por el mismo contribuyente, se considerarÃ¡:
a) Que no se ha producido alteraciÃ³n patrimonial alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable a los pagos realizados por el perÃ­odo de utilizaciÃ³n, si se trata de elementos de inmovilizado importados temporalmente.
b) Que ha habido alteraciÃ³n patrimonial, si se trata de elementos de inmovilizado adquiridos para su utilizaciÃ³n en las actividades desarrolladas por un establecimiento permanente.
c) Que ha habido rendimiento, positivo o negativo, de una actividad o explotaciÃ³n econÃ³mica, si se trata de elementos que tengan la consideraciÃ³n de existencias.
1. Cuando un contribuyente disponga de diversos centros de actividad en territorio espaÃ±ol, se considerarÃ¡ que Ã©stos constituyen establecimientos permanentes distintos, y se gravarÃ¡n en consecuencia separadamente, cuando concurran las siguientes circunstancias:
b) Que la gestiÃ³n de Ã©stas se lleve de modo separado.
2. En ningÃºn caso serÃ¡ posible la compensaciÃ³n de rentas entre establecimientos permanentes distintos.
1. La base imponible del establecimiento permanente se determinarÃ¡ con arreglo a las disposiciones del rÃ©gimen general del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en los pÃ¡rrafos siguientes:
a) Para la determinaciÃ³n de la base imponible, no serÃ¡n deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectÃºe a la casa central o a alguno de sus establecimientos permanentes en concepto de cÃ¡nones, intereses, comisiones, abonados en contraprestaciÃ³n de servicios de asistencia tÃ©cnica o por el uso o la cesiÃ³n de bienes o derechos.
No obstante lo dispuesto anteriormente, serÃ¡n deducibles los intereses abonados por los establecimientos permanentes de bancos extranjeros a su casa central o a otros establecimientos permanentes, para la realizaciÃ³n de su actividad.
b) Para la determinaciÃ³n de la base imponible serÃ¡ deducible la parte razonable de los gastos de direcciÃ³n y generales de administraciÃ³n que corresponda al establecimiento permanente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.Âº Reflejo en los estados contables del establecimiento permanente.
2.Âº Constancia, mediante memoria informativa presentada con la declaraciÃ³n, de los importes, criterios y mÃ³dulos de reparto.
3.Âº Racionalidad y continuidad de los criterios de imputaciÃ³n adoptados.
Se entenderÃ¡ cumplido el requisito de racionalidad de los criterios de imputaciÃ³n cuando Ã©stos se basen en la utilizaciÃ³n de factores realizada por el establecimiento permanente y en el coste total de dichos factores.
En aquellos casos en que no fuese posible utilizar el criterio seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior, la imputaciÃ³n podrÃ¡ realizarse atendiendo a la relaciÃ³n en que se encuentren alguna de las siguientes magnitudes:
InversiÃ³n media en elementos de inmovilizado material afecto a actividades o explotaciones econÃ³micas.
InversiÃ³n media total en elementos afectos a actividades o explotaciones econÃ³micas.
SerÃ¡ aplicable a la determinaciÃ³n de los gastos de direcciÃ³n y generales de administraciÃ³n deducibles conforme a este apartado, en la forma que reglamentariamente se determine, el procedimiento previsto en el artÃ­culo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c) En ningÃºn caso resultarÃ¡n imputables cantidades correspondientes al coste de los capitales propios de la entidad afectos, directa o indirectamente, al establecimiento permanente.
2. Las operaciones realizadas por el establecimiento permanente con su casa central o con otros establecimientos permanentes del contribuyente, ya estÃ©n situados en territorio espaÃ±ol o en el extranjero, o con otras sociedades o personas a Ã©l vinculadas, se valorarÃ¡n con arreglo a las disposiciones del artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
3. El establecimiento permanente podrÃ¡ compensar sus bases imponibles negativas de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
4. Cuando las operaciones realizadas en EspaÃ±a por un establecimiento permanente no cierren un ciclo mercantil completo determinante de ingresos en EspaÃ±a, finalizÃ¡ndose Ã©ste por el contribuyente o por uno o varios de sus establecimientos permanentes sin que se produzca contraprestaciÃ³n alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento permanente y sin que se destinen todo o parte de los productos o servicios a terceros distintos del propio contribuyente, serÃ¡n aplicables las siguientes reglas:
a) Los ingresos y gastos del establecimiento permanente se valorarÃ¡n segÃºn las normas del artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4 /2004, de 5 de marzo, determinÃ¡ndose la deuda tributaria segÃºn las normas aplicables en el rÃ©gimen general del Impuesto sobre Sociedades y en lo previsto en los apartados anteriores de este artÃ­culo.
b) Subsidiariamente, se aplicarÃ¡n las siguientes reglas:
1.Âª La base imponible se determinarÃ¡ aplicando el porcentaje que a estos efectos seÃ±ale el Ministro de Hacienda sobre el total de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad que constituye el objeto del establecimiento permanente. A dicha cantidad se adicionarÃ¡ la cuantÃ­a Ã­ntegra de los ingresos de carÃ¡cter accesorio, como intereses o cÃ¡nones, que no constituyan su objeto empresarial, asÃ­ como las ganancias y pÃ©rdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento.
A los efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computarÃ¡n por su cuantÃ­a Ã­ntegra, sin que sea admisible minoraciÃ³n o compensaciÃ³n alguna.
2.Âª La cuota Ã­ntegra se determinarÃ¡ aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen general, sin que sean aplicables en ella las deducciones y bonificaciones reguladas en el citado rÃ©gimen general.
5. TratÃ¡ndose de establecimientos permanentes cuya actividad en territorio espaÃ±ol consista en obras de construcciÃ³n, instalaciÃ³n o montaje cuya duraciÃ³n exceda de seis meses, actividades o explotaciones econÃ³micas de temporada o estacionales, o actividades de exploraciÃ³n de recursos naturales, el impuesto se exigirÃ¡ conforme a las siguientes reglas:
a) SegÃºn lo previsto para las rentas de actividades o explotaciones econÃ³micas obtenidas en territorio espaÃ±ol sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente en los artÃ­culos 24.2 y 25, siendo de aplicaciÃ³n, a estos efectos, las siguientes normas:
1.Âª Las normas sobre devengo y presentaciÃ³n de declaraciones serÃ¡n las relativas a las rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente.
2.Âª Los contribuyentes quedarÃ¡n relevados del cumplimiento de las obligaciones contables y registrales de carÃ¡cter general. No obstante, deberÃ¡n conservar y mantener a disposiciÃ³n de la AdministraciÃ³n tributaria, los justificantes de los ingresos obtenidos y de los pagos realizados por este impuesto, asÃ­ como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados y declaraciones relativas a Ã©stos.
Asimismo, estarÃ¡n obligados a presentar una declaraciÃ³n censal y declarar su domicilio fiscal en territorio espaÃ±ol, asÃ­ como a comunicar los cambios que se produjesen en Ã©ste o en los datos consignados en aquÃ©lla.
b) No obstante, el contribuyente podrÃ¡ optar por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen general previsto para los establecimientos permanentes en los artÃ­culos precedentes.
SerÃ¡ obligatoria, en cualquier caso, la aplicaciÃ³n del sistema seÃ±alado en el pÃ¡rrafo a) anterior cuando el establecimiento permanente no dispusiese de contabilidad separada de las rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol.
La opciÃ³n deberÃ¡ manifestarse al tiempo de presentar la declaraciÃ³n censal de comienzo de actividad.
c) No resultarÃ¡n aplicables, en ningÃºn caso, a los contribuyentes que sigan el sistema previsto en el pÃ¡rrafo a) anterior, las normas establecidas en los convenios para evitar la doble imposiciÃ³n para los supuestos de rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente.
1. A la base imponible determinada con arreglo al artÃ­culo anterior se aplicarÃ¡ el tipo de gravamen del 35 por ciento, excepto cuando la actividad del establecimiento permanente fuese la de investigaciÃ³n y explotaciÃ³n de hidrocarburos ; en tal caso, el tipo de gravamen serÃ¡ del 40 por ciento.
2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, serÃ¡ exigible una imposiciÃ³n complementaria, al tipo de gravamen del 15 por ciento, sobre las cuantÃ­as transferidas con cargo a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artÃ­culo 18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de fijaciÃ³n de la base imponible del establecimiento permanente.
La declaraciÃ³n e ingreso de dicha imposiciÃ³n complementaria se efectuarÃ¡ en la forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente.
3. La imposiciÃ³n complementaria no serÃ¡ aplicable:
a) A las rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol a travÃ©s de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea.
b) A las rentas obtenidas en territorio espaÃ±ol a travÃ©s de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en un Estado que haya suscrito con EspaÃ±a un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n, en el que no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento recÃ­proco.
4. En la cuota Ã­ntegra del impuesto podrÃ¡n aplicarse:
a) El importe de las bonificaciones y las deducciones a que se refieren los artÃ­culos 30 al 44 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
5. Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarÃ¡n en funciÃ³n de las circunstancias que concurran en el establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente en territorio espaÃ±ol.
6. Cuando las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados efectivamente realizados superen la cantidad resultante de practicar en la cuota Ã­ntegra del impuesto las bonificaciones y deducciones a que se refiere el apartado 4.a) de este artÃ­culo, la AdministraciÃ³n tributaria procederÃ¡ a devolver de oficio el exceso, en los plazos y condiciones previstos en el artÃ­culo 139 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4 /2004, de 5 de marzo.
1. El perÃ­odo impositivo coincidirÃ¡ con el ejercicio econÃ³mico declarado por el establecimiento permanente, sin que pueda exceder de 12 meses.
Cuando no se hubiese declarado otro distinto, el perÃ­odo impositivo se entenderÃ¡ referido al aÃ±o natural.
La comunicaciÃ³n del perÃ­odo impositivo deberÃ¡ formularse en el momento en que deba presentarse la primera declaraciÃ³n por este impuesto, entendiÃ©ndose subsistente para perÃ­odos posteriores en tanto no se modifique expresamente.
2. Se entenderÃ¡ concluido el perÃ­odo impositivo cuando el establecimiento permanente cese en su actividad o, de otro modo, se realice la desafectaciÃ³n de la inversiÃ³n en su dÃ­a efectuada respecto del establecimiento permanente, asÃ­ como en los supuestos en que se produzca la transmisiÃ³n del establecimiento permanente a otra persona fÃ­sica o entidad, aquÃ©llos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su titular.
3. El impuesto se devengarÃ¡ el Ãºltimo dÃ­a del perÃ­odo impositivo.
ArtÃ­culo 21. DeclaraciÃ³n.
1. Los establecimientos permanentes estarÃ¡n obligados a presentar declaraciÃ³n, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente, en la forma, lugar y con la documentaciÃ³n que determine el Ministro de Hacienda.
La declaraciÃ³n se presentarÃ¡ en el plazo de 25 dÃ­as naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusiÃ³n del perÃ­odo impositivo.
2. Cuando se produzcan los supuestos del artÃ­culo 20.2, el plazo de presentaciÃ³n serÃ¡ el previsto con carÃ¡cter general para las rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente a partir de la fecha en que se produzca el supuesto, sin que pueda autorizarse su baja en el Ãndice de Entidades en tanto no haya sido presentada tal declaraciÃ³n.
ArtÃ­culo 22. Obligaciones contables, registrales y formales.
1. Los establecimientos permanentes estarÃ¡n obligados a llevar contabilidad separada, referida a las operaciones que realicen y a los elementos patrimoniales que estuviesen afectos a ellos.
2. EstarÃ¡n, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes obligaciones de Ã­ndole contable, registral o formal exigibles a las entidades residentes en territorio espaÃ±ol por las normas del Impuesto sobre Sociedades.
1. Los establecimientos permanentes estarÃ¡n sometidos al rÃ©gimen de retenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban, y quedarÃ¡n obligados a efectuar pagos fraccionados a cuenta de la liquidaciÃ³n de este impuesto en los mismos tÃ©rminos que las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
2. Asimismo, estarÃ¡n obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos tÃ©rminos que las entidades residentes en territorio espaÃ±ol.
Rentas obtenidas sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente
1. Con carÃ¡cter general, la base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por este impuesto obtengan sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente estarÃ¡ constituida por su importe Ã­ntegro, determinado de acuerdo con las normas del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sin que sean de aplicaciÃ³n los porcentajes multiplicadores del artÃ­culo 23.1 de dicho texto refundido, ni las reducciones.
2. En los casos de prestaciones de servicios, asistencia tÃ©cnica, obras de instalaciÃ³n o montaje derivados de contratos de ingenierÃ­a y, en general, de actividades o explotaciones econÃ³micas realizadas en EspaÃ±a sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente, la base imponible serÃ¡ igual a la diferencia entre los ingresos Ã­ntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3. La base imponible correspondiente a los rendimientos derivados de operaciones de reaseguro estarÃ¡ constituida por los importes de las primas cedidas, en reaseguro, al reasegurador no residente.
4. La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinarÃ¡ aplicando, a cada alteraciÃ³n patrimonial que se produzca, las normas previstas en la secciÃ³n 4.Âª del capÃ­tulo I del tÃ­tulo II, salvo el artÃ­culo 31.2, y en el tÃ­tulo VIII, salvo el artÃ­culo 95.1.a), segundo pÃ¡rrafo, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
En el caso de entidades no residentes, cuando la ganancia patrimonial provenga de una adquisiciÃ³n a tÃ­tulo lucrativo, su importe serÃ¡ el valor normal de mercado del elemento adquirido.
5. En el caso de personas fÃ­sicas no residentes, la renta imputada de los bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol se determinarÃ¡ con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo 87 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
1. La cuota tributaria se obtendrÃ¡ aplicando a la base imponible, determinada conforme al artÃ­culo anterior, los siguientes tipos de gravamen:
a) Con carÃ¡cter general, el 25 por ciento.
b) Las pensiones y demÃ¡s prestaciones similares percibidas por personas fÃ­sicas no residentes en territorio espaÃ±ol, cualquiera que sea la persona que haya generado el derecho a su percepciÃ³n, serÃ¡n gravadas de acuerdo con la siguiente escala:
pensiÃ³n hasta
Resto pensiÃ³n hasta
c) Los rendimientos del trabajo de personas fÃ­sicas no residentes en territorio espaÃ±ol, siempre que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, que presten sus servicios en misiones diplomÃ¡ticas y representaciones consulares de EspaÃ±a en el extranjero, cuando no proceda la aplicaciÃ³n de normas especÃ­ficas derivadas de los tratados internacionales en los que EspaÃ±a sea parte, se gravarÃ¡n al 8 por ciento.
e) El 4 por ciento en el caso de entidades de navegaciÃ³n marÃ­tima o aÃ©rea residentes en el extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen territorio espaÃ±ol.
f) En el caso de ganancias patrimoniales, el 35 por ciento, sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo siguiente.
1.Âº Dividendos y otros rendimientos derivados de la participaciÃ³n en los fondos propios de una entidad.
2.Âº Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesiÃ³n a terceros de capitales propios.
3.Âº Las rentas derivadas de la transmisiÃ³n o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o el patrimonio de las instituciones de inversiÃ³n colectiva.
h) Los rendimientos del trabajo percibidos por personas fÃ­sicas no residentes en territorio espaÃ±ol en virtud de un contrato de duraciÃ³n determinada para trabajadores extranjeros de temporada, de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral, se gravarÃ¡ al tipo del 2 por ciento.
i) El tipo de gravamen aplicable a los cÃ¡nones o regalÃ­as satisfechos por una sociedad residente en territorio espaÃ±ol o por un establecimiento permanente situado en Ã©ste de una sociedad residente en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea a una sociedad residente en otro Estado miembro o a un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro de una sociedad residente de un Estado miembro serÃ¡ del 10 por ciento cuando concurran los siguientes requisitos:
1.Âº Que ambas sociedades estÃ©n sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en el artÃ­culo 3.a).iii) de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un rÃ©gimen fiscal comÃºn aplicable a los pagos de intereses y cÃ¡nones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.
2.Âº Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 2003/49/CE.
3.Âº Que ambas sociedades sean residentes fiscales en la UniÃ³n Europea y que, a efectos de un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n sobre la renta concluido con un tercer Estado, no se consideren residentes de ese tercer Estado.
4.Âº Que ambas sociedades sean asociadas. A estos efectos, dos sociedades se considerarÃ¡n asociadas cuando una posea en el capital de la otra una participaciÃ³n directa de, al menos, el 25 por ciento, o una tercera posea en el capital de cada una de ellas una participaciÃ³n directa de, al menos, el 25 por ciento.
La mencionada participaciÃ³n deberÃ¡ haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el aÃ±o anterior al dÃ­a en que se haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto, deberÃ¡ mantenerse durante el tiempo que sea necesario para completar un aÃ±o.
5.Âº Que, en su caso, tales cantidades sean deducibles para el establecimiento permanente que satisface los rendimientos en el Estado en que estÃ© situado.
6.Âº Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su propio beneficio y no como mera intermediaria o agente autorizado de otra persona o sociedad y que, tratÃ¡ndose de un establecimiento permanente, las cantidades que reciba estÃ©n efectivamente relacionadas con su actividad y constituyan ingreso computable a efectos de la determinaciÃ³n de su base imponible en el Estado en el que estÃ© situado.
Lo establecido en este pÃ¡rrafo i) no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando la mayorÃ­a de los derechos de voto de la sociedad perceptora de los rendimientos se posea, directa o indirectamente, por personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que no residan en Estados miembros de la UniÃ³n Europea, excepto cuando aquÃ©lla pruebe que se ha constituido por motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y no para disfrutar indebidamente del rÃ©gimen previsto en este pÃ¡rrafo i).
2. TratÃ¡ndose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol por contribuyentes que actÃºen sin establecimiento permanente, el adquirente estarÃ¡ obligado a retener e ingresar el 5 por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la contraprestaciÃ³n acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquÃ©llos.
Lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando el titular del inmueble transmitido fuese una persona fÃ­sica y, a 31 de diciembre de 1996, el inmueble hubiese permanecido en su patrimonio mÃ¡s de 10 aÃ±os, sin haber sido objeto de mejoras durante ese tiempo.
No procederÃ¡ el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de aportaciÃ³n de bienes inmuebles, en la constituciÃ³n o aumento de capitales de sociedades residentes en territorio espaÃ±ol.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracciÃ³n en que se hubiera incurrido, si la retenciÃ³n o el ingreso a cuenta no se hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedarÃ¡n afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retenciÃ³n o ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente.
De la cuota sÃ³lo se deducirÃ¡n:
a) Las cantidades correspondientes a las deducciones por donativos en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 69.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
1. El impuesto se devengarÃ¡:
a) TratÃ¡ndose de rendimientos, cuando resulten exigibles o en la fecha del cobro si Ã©sta fuera anterior.
b) TratÃ¡ndose de ganancias patrimoniales, cuando tenga lugar la alteraciÃ³n patrimonial.
c) TratÃ¡ndose de rentas imputadas correspondientes a los bienes inmuebles urbanos, el 31 de diciembre de cada aÃ±o.
2. Las rentas presuntas a que se refiere el artÃ­culo 12.2 se devengarÃ¡n cuando resultaran exigibles o, en su defecto, el 31 de diciembre de cada aÃ±o.
3. En el caso de fallecimiento del contribuyente, todas las rentas pendientes de imputaciÃ³n se entenderÃ¡n exigibles en la fecha del fallecimiento.
1. Los contribuyentes que obtengan rentas en territorio espaÃ±ol sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente estarÃ¡n obligados a presentar declaraciÃ³n, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente, por este impuesto en la forma, lugar y plazos que se establezcan.
2. PodrÃ¡n tambiÃ©n efectuar la declaraciÃ³n e ingreso de la deuda los responsables solidarios definidos en el artÃ­culo 9.
3. No se exigirÃ¡ a los contribuyentes por este impuesto la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retenciÃ³n o efectuado el ingreso a cuenta, a que se refiere el artÃ­culo 31.
1. Los contribuyentes que obtengan rentas de las referidas en el artÃ­culo 24.2 estarÃ¡n obligados a llevar los registros de ingresos y gastos que reglamentariamente se establezcan.
2. Cuando hubieran de practicar retenciones e ingresos a cuenta, estarÃ¡n obligados a presentar la declaraciÃ³n censal y a llevar los registros de ingresos y gastos que reglamentariamente se determinen.
Los contribuyentes que operen en EspaÃ±a sin mediaciÃ³n de establecimiento permanente estarÃ¡n obligados a practicar las retenciones e ingresos a cuenta respecto de los rendimientos del trabajo que satisfagan, asÃ­ como respecto de otros rendimientos sometidos a retenciÃ³n que constituyan gasto deducible para la obtenciÃ³n de las rentas a que se refiere el artÃ­culo 24.2.
1. EstarÃ¡n obligados a practicar retenciÃ³n e ingreso a cuenta respecto de las rentas sujetas a este impuesto que satisfagan o abonen:
a) Las entidades, incluidas las entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n, residentes en territorio espaÃ±ol.
b) Las personas fÃ­sicas residentes en territorio espaÃ±ol que realicen actividades econÃ³micas, respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de aquÃ©llas.
c) Los contribuyentes de este impuesto mediante establecimiento permanente o sin establecimiento permanente, pero, en este caso, Ãºnicamente respecto de los rendimientos a que se refiere el artÃ­culo 30.
d) Los contribuyentes a que se refiere el artÃ­culo 5.c).
e) El representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 86.1 y la disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de seguros privados, que actÃºe en nombre de la entidad aseguradora que opere en rÃ©gimen de libre prestaciÃ³n de servicios, en relaciÃ³n con las operaciones que se realicen en EspaÃ±a.
En ningÃºn caso estarÃ¡n obligadas a practicar retenciÃ³n o ingreso a cuenta las misiones diplomÃ¡ticas u oficinas consulares en EspaÃ±a de Estados extranjeros.
2. Los sujetos obligados a retener deberÃ¡n retener o ingresar a cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las disposiciones previstas en esta ley para determinar la deuda tributaria correspondiente a los contribuyentes por este impuesto sin establecimiento permanente o las establecidas en un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n que resulte aplicable, sin tener en consideraciÃ³n lo dispuesto en los artÃ­culos 24.2, 26 y 44.
Sin perjuicio de lo anterior, para el cÃ¡lculo del ingreso a cuenta se estarÃ¡ a lo dispuesto reglamentariamente.
3. Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirÃ¡n la obligaciÃ³n de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligaciÃ³n pueda excusarles de Ã©sta.
4. No procederÃ¡ practicar retenciÃ³n o ingreso a cuenta respecto de:
a) Las rentas que estÃ©n exentas en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 14 o en un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n que resulte aplicable, sin perjuicio de la obligaciÃ³n de declarar prevista en el apartado 5 de este artÃ­culo.
b) El rendimiento derivado de la distribuciÃ³n de la prima de emisiÃ³n de acciones o participaciones, o de la reducciÃ³n de capital. Reglamentariamente podrÃ¡ establecerse la obligaciÃ³n de practicar retenciÃ³n o ingreso a cuenta en estos supuestos.
c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el pago del impuesto o la procedencia de exenciÃ³n.
d) Las rentas a que se refiere el artÃ­culo 118.1.c) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
5. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta deberÃ¡ presentar declaraciÃ³n y efectuar el ingreso en el Tesoro en el lugar, forma y plazos que se establezcan, de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o declaraciÃ³n negativa cuando no hubiera procedido la prÃ¡ctica de Ã©stos. Asimismo, presentarÃ¡ un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.
El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta estarÃ¡ obligado a conservar la documentaciÃ³n correspondiente y a expedir, en las condiciones que se determinen, certificaciÃ³n acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.
6. Lo establecido en este artÃ­culo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 25.2.
Los trabajadores por cuenta ajena que, no siendo contribuyentes de este impuesto, vayan a adquirir dicha condiciÃ³n como consecuencia de su desplazamiento al extranjero podrÃ¡n comunicarlo a la AdministraciÃ³n tributaria, dejando constancia de la fecha de salida del territorio espaÃ±ol, a los exclusivos efectos de que el pagador de los rendimientos del trabajo les considere como contribuyentes de este impuesto.
De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la AdministraciÃ³n tributaria expedirÃ¡ un documento acreditativo a los trabajadores por cuenta ajena que lo soliciten, que comunicarÃ¡n al pagador de sus rendimientos del trabajo residentes o con establecimiento permanente en EspaÃ±a, y en el que conste la fecha a partir de la cual las retenciones e ingresos a cuenta se practicarÃ¡n por este impuesto.
Lo anterior no exonerarÃ¡ al trabajador de acreditar su nueva residencia fiscal ante la AdministraciÃ³n tributaria.
Las entidades gestoras del mercado de Deuda PÃºblica en anotaciones en cuenta estarÃ¡n obligadas a retener e ingresar en el Tesoro, como sustitutos del contribuyente, el importe de este impuesto correspondiente a los rendimientos de las letras del Tesoro y demÃ¡s valores representativos de la Deuda PÃºblica que establezca el Ministro de Hacienda obtenidos por inversores no residentes en EspaÃ±a, sin establecimiento permanente, siempre que no sean de aplicaciÃ³n las exenciones sobre los rendimientos procedentes de los diferentes instrumentos de la Deuda PÃºblica previstas en esta ley.
Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas
1. Las entidades a que se refiere el artÃ­culo 7 de esta ley que cuenten entre sus miembros con contribuyentes de este impuesto aplicarÃ¡n lo dispuesto en la secciÃ³n 2.adel tÃ­tulo VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, con las especialidades previstas en este capÃ­tulo segÃºn se trate de entidades constituidas en EspaÃ±a o en el extranjero.
2. Asimismo, los miembros de las entidades a que se refiere el apartado anterior que sean contribuyentes de este impuesto aplicarÃ¡n las especialidades recogidas en este capÃ­tulo.
SecciÃ³n 1.Âª Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituidas en EspaÃ±a
En el caso de entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas que desarrollen una actividad econÃ³mica en territorio espaÃ±ol, los miembros no residentes en territorio espaÃ±ol serÃ¡n contribuyentes de este impuesto con establecimiento permanente.
1. En el caso de entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas que no desarrollen una actividad econÃ³mica en territorio espaÃ±ol, los miembros no residentes en territorio espaÃ±ol serÃ¡n contribuyentes de este impuesto sin establecimiento permanente, y la parte de renta que les sea atribuible se determinarÃ¡ de acuerdo con las normas del capÃ­tulo IV.
2. En este supuesto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la entidad en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas estarÃ¡ obligada a ingresar a cuenta la diferencia entre la parte de la retenciÃ³n soportada que le corresponda al miembro no residente y la retenciÃ³n que hubiera resultado de haberse aplicado directamente sobre la renta atribuida lo dispuesto en el artÃ­culo 31.
3. TratÃ¡ndose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio espaÃ±ol, cuando alguno de los miembros de la entidad en atribuciÃ³n de rentas no sea residente en territorio espaÃ±ol, el adquirente practicarÃ¡, sobre la parte de la contraprestaciÃ³n acordada que corresponda a dichos miembros, la retenciÃ³n que resulte por aplicaciÃ³n del artÃ­culo 25.2.
4. El Ministro de Hacienda determinarÃ¡ la forma, lugar y plazos en que deba cumplirse la obligaciÃ³n mencionada en el apartado 2.
SecciÃ³n 2.Âª Entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituidas en el extranjero
TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de entidades en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas, las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurÃ­dica sea idÃ©ntica o anÃ¡loga a la de las entidades en atribuciÃ³n de rentas constituidas de acuerdo con las leyes espaÃ±olas.
1. Cuando una entidad en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituida en el extranjero realice una actividad econÃ³mica en territorio espaÃ±ol, y toda o parte de Ã©sta se desarrolle, de forma continuada o habitual, mediante instalaciones o lugares de trabajo de cualquier Ã­ndole, o actÃºe en Ã©l a travÃ©s de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta de la entidad, serÃ¡ contribuyente de este impuesto y presentarÃ¡, en los tÃ©rminos que establezca el Ministro de Hacienda, una autoliquidaciÃ³n anual conforme a las siguientes reglas:
1.Âª La base imponible estarÃ¡ constituida por la parte de la renta, cualquiera que sea el lugar de su obtenciÃ³n, determinada conforme a lo establecido en el artÃ­culo 90 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que resulte atribuible a los miembros no residentes de la entidad.
2.Âª La cuota Ã­ntegra se determinarÃ¡ aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen del 35 por ciento.
3.Âª Dicha cuota se minorarÃ¡ aplicando las bonificaciones y deducciones que permite el artÃ­culo 19.4 para los contribuyentes que operan mediante establecimiento permanente, asÃ­ como los pagos a cuenta, siempre en la parte correspondiente a la renta atribuible a los miembros no residentes.
2. Estas entidades deberÃ¡n presentar la declaraciÃ³n informativa a que se refiere el artÃ­culo 91 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por la parte de la renta que resulte atribuible a los miembros residentes de la entidad.
3. Los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 anterior estarÃ¡n obligados a realizar pagos fraccionados a cuenta de este impuesto, autoliquidando e ingresando su importe en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. En el caso de que alguno de los miembros no residentes de las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo invoque un convenio de doble imposiciÃ³n, se considerarÃ¡ que las cuotas satisfechas por la entidad fueron satisfechas por Ã©stos en la parte que les corresponda.
1. Cuando una entidad en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas constituida en el extranjero obtenga rentas en territorio espaÃ±ol sin desarrollar en Ã©ste una actividad econÃ³mica en la forma prevista en el apartado 1 del artÃ­culo anterior, los miembros no residentes en territorio espaÃ±ol serÃ¡n contribuyentes de este impuesto sin establecimiento permanente y la parte de renta que les sea atribuible se determinarÃ¡ de acuerdo a lo dispuesto en el capÃ­tulo IV.
2. A las retenciones o ingresos a cuenta sobre las rentas que obtengan en territorio espaÃ±ol no les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 90.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo. Las retenciones o ingresos a cuenta se practicarÃ¡n de la siguiente forma:
a) Si se acredita al pagador la residencia de los miembros de la entidad y la proporciÃ³n en que se les atribuye la renta, se aplicarÃ¡ a cada miembro la retenciÃ³n que corresponda a tenor de dichas circunstancias de acuerdo con su impuesto respectivo.
b) Cuando el pagador no entienda acreditadas las circunstancias descritas en el pÃ¡rrafo anterior, practicarÃ¡ la retenciÃ³n o ingreso a cuenta con arreglo a las normas de este impuesto, sin considerar el lugar de residencia de sus miembros ni las exenciones que contempla el artÃ­culo 14. El tipo de retenciÃ³n serÃ¡ el que corresponda de acuerdo con el artÃ­culo 25.1.
Cuando la entidad en rÃ©gimen de atribuciÃ³n de rentas estÃ© constituida en un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal, la retenciÃ³n a aplicar seguirÃ¡ en todo caso la regla establecida en el pÃ¡rrafo anterior.
La retenciÃ³n o ingreso a cuenta serÃ¡ deducible de la imposiciÃ³n personal del socio, heredero, comunero o partÃ­cipe, en la misma proporciÃ³n en que se atribuyan las rentas.
4. Las entidades a que se refiere este artÃ­culo no estarÃ¡n sometidas a las obligaciones de informaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 91 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Las entidades no residentes que sean propietarias o posean en EspaÃ±a, por cualquier tÃ­tulo, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre Ã©stos, estarÃ¡n sujetas al impuesto mediante un gravamen especial.
1. La base imponible del gravamen especial estarÃ¡ constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.
Cuando no existiese valor catastral, se utilizarÃ¡ el valor determinado con arreglo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
2. En los supuestos en que una entidad no residente participe en la titularidad de los bienes o derechos junto con otra u otras personas o entidades, el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes en EspaÃ±a serÃ¡ exigible por la parte del valor de los bienes o derechos que corresponda proporcionalmente a su participaciÃ³n en la titularidad de aquÃ©llos.
1. El gravamen especial sobre bienes inmuebles no serÃ¡ exigible a:
a) Los Estados e instituciones pÃºblicas extranjeras y los organismos internacionales.
b) Las entidades con derecho a la aplicaciÃ³n de un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n internacional, cuando el convenio aplicable contenga clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n, y siempre que las personas fÃ­sicas que en Ãºltima instancia posean, de forma directa o indirecta, el capital o patrimonio de la entidad, sean residentes en territorio espaÃ±ol o tengan derecho a la aplicaciÃ³n de un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n que contenga clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n.
Para la aplicaciÃ³n de la exenciÃ³n a que se refiere este pÃ¡rrafo, las entidades no residentes estarÃ¡n obligadas a presentar una declaraciÃ³n en la que se relacionen los inmuebles situados en territorio espaÃ±ol que posean, asÃ­ como las personas fÃ­sicas tenedoras Ãºltimas de su capital o patrimonio, haciendo constar la residencia fiscal, nacionalidad y domicilio de la propia entidad y de dichas personas fÃ­sicas. A la declaraciÃ³n, que deberÃ¡ presentarse en la AdministraciÃ³n o DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria en cuyo Ã¡mbito territorial estÃ© situado el inmueble, se acompaÃ±arÃ¡ certificaciÃ³n de la residencia fiscal de la entidad y de los titulares finales personas fÃ­sicas, expedida por las autoridades fiscales competentes del Estado de que se trate. Dicha declaraciÃ³n habrÃ¡ de presentarse en el mismo plazo previsto para el ingreso del impuesto.
c) Las entidades que desarrollen en EspaÃ±a, de modo continuado o habitual, explotaciones econÃ³micas diferenciables de la simple tenencia o arrendamiento del inmueble, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
e) Las entidades sin Ã¡nimo de lucro de carÃ¡cter benÃ©fico o cultural, reconocidas con arreglo a la legislaciÃ³n de un Estado que tenga suscrito con EspaÃ±a un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n con clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n, siempre que los inmuebles se utilicen en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto.
2. Cuando las condiciones de residencia de los socios, partÃ­cipes o beneficiarios de la entidad no residente a que se refiere el pÃ¡rrafo b) del apartado anterior se cumplan parcialmente, la cuota del gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes en EspaÃ±a se reducirÃ¡ en la proporciÃ³n que corresponda a la participaciÃ³n en la entidad correspondiente a los socios, partÃ­cipes o beneficiarios, que cumplan las condiciones de residencia exigidas.
El tipo del gravamen especial serÃ¡ del 3 por ciento.
La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de gasto deducible a efectos de la determinaciÃ³n de la base imponible del impuesto que, en su caso, correspondiese con arreglo a los artÃ­culos anteriores de esta ley.
1. El gravamen especial se devengarÃ¡ a 31 de diciembre de cada aÃ±o y deberÃ¡ declararse e ingresarse en el mes de enero siguiente al devengo, en el lugar y forma que se establezcan.
2. La falta de autoliquidaciÃ³n e ingreso por los contribuyentes del gravamen especial en el plazo establecido en el apartado 1 darÃ¡ lugar a su exigibilidad por el procedimiento de apremio sobre los bienes inmuebles, siendo tÃ­tulo suficiente para su iniciaciÃ³n la certificaciÃ³n expedida por la AdministraciÃ³n tributaria del vencimiento del plazo voluntario de ingreso sin haberse ingresado el impuesto y de su cuantÃ­a.
OpciÃ³n para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea
1. El contribuyente por este Impuesto, que sea una persona fÃ­sica residente de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea, siempre que se acredite que tiene fijado su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea y que ha obtenido durante el ejercicio en EspaÃ±a por rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades econÃ³micas, como mÃ­nimo, el 75 por ciento de la totalidad de su renta, podrÃ¡ optar por tributar en calidad de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, siempre que tales rentas hayan tributado efectivamente durante el perÃ­odo por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
2. La renta gravable estarÃ¡ constituida por la totalidad de las rentas obtenidas en EspaÃ±a por el contribuyente que se acoge al rÃ©gimen opcional regulado en este artÃ­culo. Las rentas se computarÃ¡n por sus importes netos, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
3. El tipo de gravamen aplicable serÃ¡ el tipo medio resultante de aplicar las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas a la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente durante el perÃ­odo, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares que hayan sido debidamente acreditadas.
El tipo medio de gravamen se expresarÃ¡ con dos decimales.
4. La cuota tributaria serÃ¡ el resultado de aplicar el tipo medio de gravamen a la parte de base liquidable, calculada conforme a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, correspondiente a las rentas obtenidas por el contribuyente no residente en territorio espaÃ±ol durante el perÃ­odo impositivo que se liquida.
5. Para la determinaciÃ³n del perÃ­odo impositivo y el devengo del impuesto se estarÃ¡ a lo dispuesto por el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, para los contribuyentes por dicho impuesto.
6. Las personas fÃ­sicas a las que resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen opcional regulado en este capÃ­tulo no perderÃ¡n su condiciÃ³n de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
7. El rÃ©gimen opcional no serÃ¡ aplicable en ningÃºn caso a los contribuyentes residentes en paÃ­ses o territorios calificados reglamentariamente como paraÃ­sos fiscales.
8. Los contribuyentes por este impuesto que formen parte de alguna unidad familiar de las establecidas en el artÃ­culo 84.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, podrÃ¡n solicitar que el rÃ©gimen opcional regulado en este artÃ­culo les sea aplicado teniendo en cuenta las normas sobre tributaciÃ³n conjunta contenidas en el tÃ­tulo VI del citado texto refundido, siempre que se cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
9. Reglamentariamente se desarrollarÃ¡ el contenido de este rÃ©gimen opcional.
En los supuestos de fallecimiento del contribuyente, los sucesores del causante quedarÃ¡n obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes de aquÃ©l por este impuesto, con exclusiÃ³n de las sanciones, de conformidad con el artÃ­culo 39.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las deudas tributarias por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes tendrÃ¡n la misma consideraciÃ³n que las referidas en el artÃ­culo 1365 del CÃ³digo Civil y, en consecuencia, los bienes gananciales responderÃ¡n directamente frente a la Hacienda pÃºblica por las deudas que, por tal concepto, hayan sido contraÃ­das por cualquiera de los cÃ³nyuges.
Las infracciones tributarias en este impuesto se calificarÃ¡n y sancionarÃ¡n con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vÃ­a econÃ³mico-administrativa, serÃ¡ la Ãºnica competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la AdministraciÃ³n y los contribuyentes, retenedores y demÃ¡s obligados tributarios en relaciÃ³n con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta ley.
1. Los Ã³rganos de gestiÃ³n tributaria podrÃ¡n girar la liquidaciÃ³n provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en los artÃ­culos 133 y 139 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Lo seÃ±alado en el apartado anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de la posterior comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n que pueda realizar la AdministraciÃ³n tributaria.
Cuando un contribuyente adquiera su condiciÃ³n por cambio de residencia, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de retenciones o ingresos a cuenta de este impuesto los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas practicados desde el inicio del aÃ±o hasta que se acredite ante la AdministraciÃ³n tributaria el cambio de residencia, cuando dichos pagos a cuenta correspondan a rentas sujetas a este impuesto percibidas por el contribuyente.
1. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversiÃ³n colectiva estarÃ¡n obligadas a practicar retenciÃ³n o ingreso a cuenta por este impuesto, en los casos y en la forma que reglamentariamente se establezca, las entidades gestoras, administradoras, depositarias, comercializadoras o cualquier otra encargada de las operaciones mencionadas.
Reglamentariamente podrÃ¡ establecerse la obligaciÃ³n de efectuar pagos a cuenta a cargo del transmitente de acciones y participaciones de instituciones de inversiÃ³n colectiva, con el lÃ­mite del 20 por ciento de la renta obtenida en las citadas transmisiones.
2. A los efectos de la obligaciÃ³n de retener sobre los rendimientos implÃ­citos del capital mobiliario, a cuenta de este impuesto, esta retenciÃ³n se efectuarÃ¡ por las siguientes personas o entidades:
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisiÃ³n o reembolso de los activos financieros sobre los que reglamentariamente se hubiera establecido la obligaciÃ³n de retener, el retenedor serÃ¡ la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la operaciÃ³n.
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en tÃ­tulos, asÃ­ como en las transmisiones encargadas a una instituciÃ³n financiera, el retenedor serÃ¡ el banco, caja o entidad que actÃºe por cuenta del transmitente.
c) En los casos no recogidos en los pÃ¡rrafos anteriores, serÃ¡ obligatoria la intervenciÃ³n de fedatario pÃºblico que practicarÃ¡ la correspondiente retenciÃ³n.
3. Para proceder a la enajenaciÃ³n u obtenciÃ³n del reembolso de los tÃ­tulos o activos con rendimientos implÃ­citos que deban ser objeto de retenciÃ³n, habrÃ¡ de acreditarse su previa adquisiciÃ³n con intervenciÃ³n de los fedatarios o instituciones financieras mencionadas en el apartado anterior, asÃ­ como el precio al que se realizÃ³ la operaciÃ³n.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operaciÃ³n que, de acuerdo con el pÃ¡rrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del tÃ­tulo o activo deberÃ¡n constituir por dicha cantidad depÃ³sito a disposiciÃ³n de la autoridad judicial.
4. Los fedatarios pÃºblicos que intervengan o medien en la emisiÃ³n, suscripciÃ³n, transmisiÃ³n, canje, conversiÃ³n, cancelaciÃ³n y reembolso de efectos pÃºblicos, valores o cualesquiera otros tÃ­tulos y activos financieros, asÃ­ como en operaciones relativas a derechos reales sobre aquÃ©llos, vendrÃ¡n obligados a comunicar tales operaciones a la AdministraciÃ³n tributaria presentando rela ciÃ³n nominal de sujetos intervinientes con indicaciÃ³n de su domicilio y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal, clase y nÃºmero de los efectos pÃºblicos, valores, tÃ­tulos y activos, asÃ­ como del precio y fecha de la operaciÃ³n, en los plazos y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Hacienda.
La misma obligaciÃ³n recaerÃ¡ sobre las entidades y establecimientos financieros de crÃ©dito, las sociedades y agencias de valores, los demÃ¡s intermediarios financieros y cualquier persona fÃ­sica o jurÃ­dica que se dedique con habitualidad a la intermediaciÃ³n y colocaciÃ³n de efectos pÃºblicos, valores o cualesquiera otros tÃ­tulos de activos financieros, Ã­ndices, futuros y opciones sobre ellos ; incluso los documentos mediante anotaciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captaciÃ³n o colocaciÃ³n de recursos a travÃ©s de cualquier clase de valores o efectos.
Asimismo, estarÃ¡n sujetas a esta obligaciÃ³n de informaciÃ³n las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva respecto de las acciones y participaciones en dichas instituciones.
Las obligaciones de informaciÃ³n que establece este apartado se entenderÃ¡n cumplidas respecto a las operaciones sometidas a retenciÃ³n que en Ã©l se mencionan, con la presentaciÃ³n de la relaciÃ³n de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de retenciones correspondiente.
5. DeberÃ¡ comunicarse a la AdministraciÃ³n tributaria la emisiÃ³n de certificados, resguardos o documentos representativos de la adquisiciÃ³n de metales u objetos preciosos, timbres de valor filatÃ©lico o piezas de valor numismÃ¡tico, por las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que se dediquen con habitualidad a la promociÃ³n de la inversiÃ³n en dichos valores.
6. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores resultarÃ¡ aplicable en relaciÃ³n con la obligaciÃ³n de retener o de ingresar a cuenta que se establezca reglamentariamente respecto a las transmisiones de activos financieros de rendimiento explÃ­cito.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Disposiciones transitorias del texto refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Las disposiciones transitorias segunda, quinta, novena y dÃ©cima del texto refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, serÃ¡n aplicables a los contribuyentes sin establecimiento permanente que sean personas fÃ­sicas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrÃ¡:
b) Modificar los lÃ­mites cuantitativos y porcentajes fijos.
c) Introducir y modificar las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del Tratado de la UniÃ³n Europea y del derecho que de Ã©ste se derive.
1. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de esta ley.
2. Los modelos de declaraciÃ³n de este impuesto y los de sus pagos a cuenta se aprobarÃ¡n por el Ministro de Hacienda, que establecerÃ¡ la forma, lugar y plazos para su presentaciÃ³n, asÃ­ como los supuestos y condiciones de su presentaciÃ³n por medios telemÃ¡ticos.

References: real decreto 
in fine
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto