Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421135.html
Timestamp: 2019-03-22 04:44:31+00:00

Document:
as201421135
Auto Supremo: 135/2014
Sucre: 10 de abril2014
Expediente: O-3-14-A
Partes: Cirilo FloresSantos y Francisca Apaza Quispe. c/ Sonia Casiya Vigabriel
Proceso: Reconocimiento de mejor derecho propietario reivindicación
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Cirilo Flores Santos y Francisca Apaza Quispe, de fs. 482 a 484, impugnando el Auto de Vista Nº 219/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, cursante de fs. 471 a 474 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de reconocimiento de mejor derecho propietario y consiguiente reivindicación, interpuesto por los recurrentes contra Sonia Casiya Vigabriel Gómez, la concesión del recurso fs. 489, los antecedentes del proceso, y:
Que, el JuezCuarto de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, por Auto Interlocutorio definitivo de 05 de septiembre de 2013, anulo obrados sin reposición hasta fs. 59 inclusive (admisión de la demanda), declarándose alternativamente incompetente para conocer la tramitación de la presente causa, debiendo los impetrantes acudir a la jurisdicción agraria.
Resolución que fue recurrida de apelación por los demandantes, por memorial de fs. 451 a 453, resuelta por Auto de Vista Nº 219/2013 de 13 de diciembre de 2013, de fs. 471 a 474 y vta., por el que confirmo totalmente el Auto definitivo, Resolución esta última que asu vez es recurrida de casación en el fondo que es objeto de Autos.
El recurrente acusa la interpretación errónea de la Ley Nº 1715, debido a que si bien los antecedentes domínales del derecho propietario que es motivo de la litis, emergen de un título agrario, sin embargo estos predios fueron afectados por el radio urbano, motivo por el cual los JuecesAgro-ambientales no serían competentes, correspondiendo su tratamiento a la jurisdicción ordinaria civil, acompañado al efecto jurisprudencia sentada por el Tribunal Agro ambiental.
Que, el Juez a tiempo de anular no dispuso la remisión del expediente al Juez competente, negando su derecho al acceso de la justicia y que no se está buscando la nulidad de los títulos agrarios.
De la revisión de los actuados, se advierte que los actores con anterioridad a la interposición de la presente demanda, iniciaron otro proceso que fue ventilado ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, persiguiendo el reconocimiento de mejor derecho propietario y consiguiente reivindicación, en contra Sonia Casiya Vigabriel Gómez,proceso que en primera instancia declaró probada la demanda, Resolución que fue recurrida de apelación que fuera resuelta por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 154/2010, de 27 de noviembre de 2010, que dispuso la nulidad de obrados sin reposición hasta fs. 37, con el argumento de que a partir de la promulgación de la Ley Nº 1715, (ley INRA) y su Decreto Reglamentario, se estableció que la judicatura agraria tiene competencia para conocer acciones como el mejor derecho propietario, cuando se basan originalmente en una posesión o dotación de tierras rurales conforme dispone el art. 39-5 y 8 de la misma Ley, y siendo quela demanda persigue la dilucidación de un mejor derecho propietario y reivindicación de tierras que en su origen fueron dotadas mediante proceso Social Agrario del Ex Fundo Iroco, cantón Challacollo, provincia Cercado del departamento de Oruro,debe ser de conocimiento de la jurisdicción especializada agraria, disponiendo en dicha resolución que los actores acudan a la vía llamada por ley. Resolución que no mereció la interposición del recurso de casación, entendiéndose su conformidad con lo resuelto por el Tribunal Ad quem en aquel proceso.
De lo referido,y la revisión de los antecedentes que dan cuenta al presente proceso como aquel que se sustanció ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, queconcurren la triple identidad de sujeto, objeto y causa conforme prevé el art. 1319 del Código Civil, es decir que Cirilo Flores Santos y Francisca Apaza Quispe demandaron dentro de aquel y del que es motivo de Autos,el reconocimiento de mejor derecho de propiedad y consiguiente reivindicación en contra de Sonia Casiya Vigabriel Gómez, teniendo por consiguiente ambas demandas identidad de sujeto, objeto y causa. Sin embargo cabe aclarar que dentro del primer proceso referido,no se resolvió el fondo de la pretensión (declaratoria de mejor derecho y reivindicación), si no se dispuso la nulidad de actuados sin reposición por considerar el Tribunal Ad quem, que la jurisdicción ordinaria civil no era competente para la sustanciación de la causa, debiendolos actores acudir a la vía llamada por ley (jurisdicción agraria), con el argumento de que los terrenos objeto de la Litis en su origen fueron dotadas mediante un proceso social agrario, disponiendo en consecuencia que los actores acudan a la vía llamada por ley (jurisdicción agraria).Por consiguiente siendo la pretensión de los actores activar por segunda vez la jurisdicción ordinaria civil, pretendiendo desconocer lo dispuesto en el Auto de Vista Nº 154/2010 de fecha 27 de noviembre de 2010 que no fue objeto de recurso de casación, adquirió calidad de cosa juzgada, motivo por el cual resulta correcta la determinación de los Jueces de instancia al disponer la nulidad de obrados sin reposición para que los actores acudan ante la jurisdicción agraria en cumplimiento a lo dispuesto por el Auto de Vista Nº 154/2010, motivo por el cual el reclamo del recurrente carece de mérito.
No obstante a lo referido y sólo en vía de aclaración respecto a los fundamentos están contenidos en los Autos Supremos Nº 400/2003, 406/2003, 121/2010 y 267/2010, este Tribunal Supremo encuentra sus reparos debido a que ese razonamiento fue objeto de otras modulaciones jurisprudenciales, en sentido de que para definir la jurisdicción que conocerá la acción, debe considerarse fundamentalmente el destino de la propiedad y el tipo de actividad desarrollada en la misma, conforme lo estableció el Tribunal Constitucional a través de la SC. 0001/2010 de 17 de diciembre de 2010,entre otras que es acogida por este Máximo Tribunal que refiere: “…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicaran las normas del Código Civil y la competencia será de los Jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley de Servicio Nacional de Reforma agraria, en cuyo caso la competencia será de los Jueces y tribunales agrarios……..De acuerdo al razonamiento expresado, la definición del régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales, sino que también debe considerarse el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas……. De todo lo dicho en este fundamento, se concluye que:…… iii) Para definir la jurisdicción que conocerá la acción, no solo debe considerarse la ordenanza municipal que establezca los límites entre el área urbana y rural, sino fundamentalmente, el destino de la propiedad y el tipo de actividad desarrollada”.Sin embargo, al haberse dispuesto en la resolución referida que los actores acudan a la jurisdicción llamada por ley (jurisdicción agraria), aunque con criterio errado como se refirió, es deber de ese mismo Tribunal hacer cumplir las determinaciones asumidas, correspondiendo en consecuencia su acatamiento a las partes, sin perjuicio de que los actores a tiempo de apersonarse ante la jurisdicción agraria soliciten su declinatoria de competencia conforme prevé el art. 13 del Código de Procedimiento Civil, acorde los lineamientos esgrimidos.
Por los razonamientos expuestos, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41, 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Cirilo Flores Santos y Francisca Apaza Quispe, cursante de fs. 482 a 484, contra el Auto de Vista 219/2013. Con costas.

References: Resolución 
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