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Neoliberalismo y reforma judicial - Fisyp - DOCUMENTOP.COM
5 mar. 2013 - términos de lucha llevadas a cabo por la Federación y el conjunto de los ...... El Belgrano Cargas sigue siendo de la familia Pedra- za.
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Neoliberalismo y reforma judicial La posición de la Federación Judicial Argentina
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Título: Neoliberalismo y reforma judicial Subtítulo: La posición de la Federación Judicial Argentina Compiladores: Julio C. Gambina, Beatriz Rajland y Daniel Campione Autor: José Francisco Puello Socarrás Colaboración de Ana María Vázquez Duplat ©FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas Montevideo 31 - 2º 3 (CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina Tel Fax: 4381-5574 / 6088-9949 mail: [email protected] web: www.fisyp.org.ar Diseño y producción editorial: José Luis Bournasell La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, mecánico, óptico, químico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso del editor.
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Neoliberalismo y reforma judicial La posición de la Federación Judicial Argentina Compiladores: Julio C. Gambina Beatriz Rajland Daniel Campione José Francisco Puello-Socarrás Colaboración de Ana María Vázquez Duplat
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Índice PRESENTACIÓN Julio C. Gambina, Beatriz Rajland y Daniel Campione
NEOLIBERALISMO Y REFORMA JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA. OBSERVACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO José Francisco Puello-Socarrás
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Corina Gambini
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Presentación Julio C. Gambina Beatriz Rajland Daniel Campione
l presente texto recoge algunas consideraciones sobre los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina, FJA, que nuclea a los trabajadores de las “justicias” de gran parte de las Provincias Argentinas. Se trata de una organización sindical de larga trayectoria constituida en momentos de fuerte impulso al sindicalismo en tiempos del peronismo emergente como representación hegemónica del movimiento de trabajadores desde mediados de los años 40. Más allá del origen en ese periodo histórico, una constante del desarrollo sindical de la FJA ha sido la pluralidad ideológica y política de las diferentes conducciones, algo que se ha mantenido con el tiempo pese a las circunstancias variables de la política argentina y las identidades asumidas por el movimiento popular. Esa pluralidad significó un manejo independiente respecto de otras conducciones del movimiento sindical que pretendieron en distintos momentos subordinar al movimiento de trabajadores. Fue el sindicato nacional que asumió posiciones independientes ante la Confederación General del Trabajo, la CGT, de la cual eran miembros hasta la construcción del Congreso de los Trabajadores de la Argentina, el CTA, en 1990, que al poco tiempo, en 1996, se constituiría como Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA. 1
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2 | PRESENTACIÓN
En la CTA se reconocen tres organizaciones sindicales de carácter nacional al momento de su constitución, la Federación Judicial Argentina, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y los docentes agremiados en CTERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. No solo destaca por su carácter nacional y fundador de la CTA, sino de haber sido principal impulsor del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, el IEF-CTA, que en sus comienzos a fines de la década del 90´ configuró una dirección colectiva integrada por los Directores de los Centros de Investigación y Formación de las tres organizaciones sindicales: ATE, CETERA, FJA. La pluralidad ideológica y política ha sido una constante en la FJA, lo que le permitió a través del tiempo constituir un “programa” y unos “principios” que le permite disputar la representación sindical de los trabajadores judiciales de las “justicias de provincia” en Argentina. Es un dato relevante porque afirma “independencia y autonomía”, cualidades que fueron desconocidas en buena parte del movimiento obrero organizado, que fue subordinado a fidelidades partidarias e incluso a proyectos de gobierno o de subordinación al régimen del capital. Es este último caso el que favoreció el surgimiento del “sindicalismo de negociación” o de “conciliación” con las patronales. En el primer caso sobresale la asociación entre sindicalismo y peronismo. En ambos casos se presenta el problema de la subordinación al sector empresario por un lado, y por el otro a los intereses y dictados de un partido político o directamente de un gobierno. Vale mencionar que uno de los principios de la CTA fue y es el de la independencia de los gobiernos, de los partidos y de los patrones, una definición en donde la FJA contribuyó de manera importante, para no repetir la experiencia de la CGT, con variadas experiencias sobre conciliación de clases entre trabajadores y empresarios, como sujeción a proyectos de partidos en el gobierno. De alguna manera, y es un tema considerado en el presente texto, la propia historia y realidad de la FJA enfatiza el carácter de su desarrollo autónomo, lo que significó en ocasiones fracturas y rupturas de grupos u organizaciones de provincias que no pudieron o supieron mantener la definición por la independencia y la autonomía. La política de la FJA es por la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que no solo se manifiesta en la pluralidad y su aporte a la gestación y desarrollo de la CTA, sino que tuvo voluntad de intentar
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GAMBINA, RAJLAND, CAMPIONE | 3
expresar ese proyecto a escala regional y mundial. En efecto, en los difíciles años 90 supieron articular organizaciones sindicales de Brasil y Uruguay, y alternativamente de Chile y Paraguay en lo que se llamó la Coordinadora de Trabajadores Judiciales del Cono Sur, para intentar una integración desde abajo, desde los trabajadores. Eran tiempos de ofensiva de las políticas neoliberales y de reforma del Estado, lo que implicaba una reformulación regresiva del propio Poder Judicial, ámbito de promoción de las políticas de reestructuración emanadas del Banco Mundial, por la privatización de la justicia y la subordinación de ésta al poder de los inversores transnacionales. Más reciente en el tiempo, los dirigentes de la FJA fueron activos constructores del Encuentro Sindical Nuestra América, que desde el 2008 se constituyó en el principal ámbito de articulación del nuevo sindicalismo en la región, recayendo en la propia FJA la responsabilidad de una de las cuatro coordinaciones del ESNA: la de comunicaciones, que se manifiesta con la edición regular de un boletín de informaciones sindicales de la región. Otras coordinaciones del ESNA son la política, a cargo de dirigentes sindicales uruguayos, la de organización a cargo de brasileños, y la de formación a cargo de cubanos (en ella colabora activamente el Centro de Estudios de la FJA). Apuntamos a destacar el papel articulador de la FJA, tanto en la Argentina, como en la región, para dar cuenta de la importancia que tiene estudiar el fenómeno FJA, y poder sintetizar conclusiones para la discusión del movimiento de trabajadores que se requiere en esta etapa. Los cambios en el movimiento obrero también se manifiestan entre los “judiciales”, sea por los cambios en la Justicia, con un modelo más proclive a custodiar la seguridad de las inversiones extranjeras del sector privado, como por la flexibilidad extendida en el régimen laboral judicial, lo que incluye una contratación creciente de jóvenes profesionales que asumen su trabajo más como plataforma de crecimiento personal en una carrera que no siempre se visualiza en el ascenso del poder judicial, sino en la forma de vincularse al medio profesional de los tribunales y de los estudios privados de abogacía. En rigor, los judiciales han desarrollado un programa propio en defensa de los intereses de los trabajadores de la Justicia, al tiempo que han desarrollado opinión crítica sobre la Justicia, y especialmente sobre los cambios que en ese campo sostienen los organismos internacionales y las clases dominantes. Resulta muy interesante, incluso para la discusión en diferentes ámbitos académicos, la definición de la FJA favorable
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a la participación de los trabajadores judiciales en ámbitos del Poder Judicial, e incluso la inducción de la participación ciudadana, vía votación popular, en ámbitos de decisión del Poder de Justicia. La FJA reivindica en primer lugar la “porcentualidad”, que supone una relación entre el máximo salario de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el ingresante, reivindicación histórica en defensa del ingreso de los trabajadores; pero junto a ello ha desarrollado una experiencia de reclamo por mejoras de las condiciones de trabajo que favorecen las condiciones de salud de los trabajadores judiciales. Pero queda claro que el tema no se agota en la reivindicación económica o laboral, sino que la preocupación de la FJA se instala en distintos ámbitos. Uno es el que corresponde al debate global del movimiento de trabajadores y por eso se transitó la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores del Cono Sur y el ESNA, al tiempo que protagonizó diferentes agrupamientos globales de trabajadores (caso de la CLATE, organización continental de los trabajadores estatales) y del movimiento social, tal como comentamos con el FSM. Otro remite al debate sobre el modelo sindical necesario en la etapa actual del desarrollo capitalista, tarea que se impulsa creativamente desde la CTA, especialmente desafiada con la división operada hacia fines del 2010, y donde la FJA pudo contener organizaciones provinciales con adhesión en diferentes corrientes del debate interno de la CTA. Finalmente se destaca el aporte conceptual al debate sobre la Justicia necesaria en el presente, y especialmente en la perspectiva de un proyecto emancipador. Estas y otras cuestiones son parte de las indagaciones que intentamos en la presente investigación, la que pudimos desarrollar con el apoyo de la RLS.
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Neoliberalismo y reforma judicial en américa latina Observaciones para el análisis del caso argentino José Francisco Puello-Socarrás
ualquier análisis que interrogue acerca de las condiciones actuales de los trabajadores vinculados al sector judicial en Argentina debe enmarcarse ampliamente dentro de la denominada Reforma del Estado auspiciada globalmente por distintos organismos multilaterales aunque de manera más específica y desde finales de la década de los noventa en América Latina y el Caribe bajo el notable influjo del Banco Mundial. De hecho, la reforma al Sector Judicial se constituye en uno de los componentes centrales del Camino Latinoamericano hacia el Mercado, etapa también conocida como terapia de reformas ó segunda generación de reformas1 con las cuales se ha pretendido profundizar la institucionalidad neoliberal en la región. ¿En qué han consistido estas “reformas”? ¿Cuáles son sus orientaciones y principios fundantes? ¿Qué efectos y tendencias recientes implican para el sector judicial en Argentina?
Naím 1994; Kuczynski y Williamson 2003; Mora Cortés y Puello-Socarrás 2005. 5
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Los ‘Consensos’ de Washington y la Justicia. Versiones e invariantes
os principales rasgos que expresa la Reforma a la Justicia en general y al sector judicial en particular se encuentran íntimamente relacionados con el proceso de reconfiguraciones de la economía política mundial y regional del sistema capitalista durante el último cuarto del siglo XX, época comúnmente denominada como la del “capitalismo salvaje” o simplemente neoliberal. Una de las primeras expresiones del proyecto económico y sociopolítico que encarna el neoliberalismo es el conocido Consenso de Washington de 19892. En esa oportunidad, el Consenso sintetizaba un programa de políticas públicas, puntualmente, un decálogo de prescripciones sobre “políticas de reforma”, que debía servir como bitácora de orientaciones para la acción del Estado con el fin de avanzar hacia la materialización del régimen neoliberal en el marco de una economía de mercado. Vale la pena anotar además que en esta primera versión el Consenso reflejaba bastante bien la visión compartida por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con sede en Washington –de allí su nombre- pero, especialmente, la del Fondo Monetario Internacional (FMI). Más allá de los detalles que pueda convocar este hecho es claro que esta versión inaugural del Consenso (CW-89), se concentraba casi exclusivamente en cuestiones de política macroeconómica. Como fue advertido por varios observadores –tanto simpatizantes como críticos– el Consenso se caracterizó por un énfasis marcadamente economicista en tanto apuntaba primordialmente hacia cuestiones relativas al “manejo” de la economía. Desde el mismo lanzamiento de su versión original, la vinculación entre Neoliberalismo y el Consenso de Washington (CW-89) terminó siendo casi automática hasta el punto que hoy por hoy se los iguala3. A pesar que las diez prescripciones se referían directamente a lo que el mismo “autor” del Consenso, John Williamson, llamaba políticas de reforma y prescripciones para el desarrollo4 las cuales, desde luego, tu2
Ver detalles en Puello-Socarrás, 2008a.
3 Hay que advertir que el Neoliberalismo no puede ser reducido al Consenso de Washington, ni siquiera alguna de sus versiones o variantes (Puello-Socarrás 2008). 4
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Williamson 2004a, 2004b.
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vieron impactos directos e indirectos sobre otras dimensiones sociales más allá de la economía (como es el caso de la Justicia), la referencia específica al sistema judicial resultó ser muy general o, por lo menos, bastante menos explícita. Por supuesto, la disciplina fiscal y la supuesta “re-priorización” del gasto público tendrían efectos sobre el funcionamiento del sector judicial. No obstante, la única invocación en este aspecto incluida en el Consenso original se relacionaba con los derechos de propiedad y la necesidad de “proveer seguridad a los derechos de propiedad sin costos excesivos y hacerlos disponibles al sector informal”. Casi una década después de la aparición del Consenso original (CW) se suscitaron acalorados debates desde diferentes perspectivas y signos ideológicos en torno a la aplicación del decálogo y sus resultados en América Latina y el Caribe, incluyendo un ambiente de progresiva resistencia anti-neoliberal. Un año clave fue 1998, ya que el Consenso de Washington, epicentro de las controversias, resultó ser sometido a diferentes “evaluaciones”, incluso desde los lugares de enunciación hegemónicos como el BM y el BID y, aunque con menos visibilidad, bajo la influencia del pensamiento e ideas fondomonetaristas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue el primero en publicar un libro titulado: El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI. Allí se incluía un artículo de John Williamson en el cual el autor se proponía “revisar” su propia versión del Consenso original con el fin de recrear “nuevas” coordenadas para seguir avanzando en las “urgentes” reformas que en su opinión necesitaba la región de cara al próximo siglo XXI5. Como se observa, los aspectos referidos a la Justicia y al sector judicial que desarrolla esta “re-visión”, crecen en importancia y mención frente a lo expuesto por el CW original. Llama la atención que si bien el tema de las garantías a los derechos de propiedad siga manteniéndose como un “objetivo prioritario”, uno de los dos “nuevos” enunciados introducidos por Williamson convoque la necesidad del fortalecimiento institucional –construcción y mantenimiento de instituciones “indispensables” en el proceso de profundización de reformas neoliberales–, señalando expresamente que son los “[…} tribunales de justicia” los encargados de velar “por los derechos de propiedad” y, en esta 5
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Williamson 1998.
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tarea, actuar “independientes respecto del poder ejecutivo” [cursivas por fuera del texto]. Más adelante, otro organismo multilateral, el Banco Mundial, publicaría en ese mismo año el reporte Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, preparado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del BM. El documento postulaba “ir más allá” de la primera generación de reformas recomendada por el Consenso original, denunciando que éste último, además de no arrojar los resultados esperados después de más de una década de reformas, habría “ignora[do] el papel potencial que jugaría el cambio en las instituciones para acelerar el desarrollo económico y social de la región”6. Se sostuvo entonces que el proceso iniciado las décadas anteriores precisaría de reformas adicionales, esta vez de carácter institucional, marcando la necesidad de desplegar una Segunda Generación de reformas7. Esta nueva versión del Consenso se le denominó Consenso de Washington “aumentado” (o ampliado) en vista de la complementariedad que sugería esta propuesta frente a la versión original. En el caso del Consenso ampliado, los temas judiciales ya aparecen como cuestiones que adquieren una importancia decisiva. Dentro de este marco, el énfasis en mejoras al entorno legal y reglamentario (punto 3) y en la calidad del sector público (punto 4), desde luego, son dos iniciativas directamente relacionadas con el sector judicial y que pueden fácilmente ser consideradas como los ‘núcleos duros’ en la segunda generación de reformas, en la cual la región, según insistían sus mismos auspiciadores, tendría “mucho camino por recorrer” en particular en el fortalecimiento del imperio de la ley con todo lo que ello implica. Nuevamente durante el año 1998 en Helsinki (Finlandia) durante la Conferencia Anual del Instituto Mundial para la Investigación en Economía del Desarrollo (WIDER) de la Universidad de las Naciones Unidas hizo aparición lo que se (auto)denominaría el Consenso PostWashington. Este Consenso “emergente” que intenta un “más allá” de Washington y del FMI –según su propio autor, Joseph Stiglitz, vicepresidente del Banco Mundial de la época– continuaba insistiendo en que “las políticas derivadas del Consenso de Washington son incompletas y, a veces, 6
Burki y Perry, 1998a, p.1.
Burki y Perry, 1998a y 1998b.
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equivocadas”8. De allí, planteaba Stiglitz, se precisaban más instrumentos y metas más amplias (utilizando expresiones del título mismo de este trabajo) con el objetivo de “hacer funcionar” bien, mejor y/o correctamente “a los mercados”9. En esta oportunidad y aunque el Consenso Post-Washington no aludiría expresamente, resulta un hecho que el sistema judicial ya se tornaba como uno de los ejes determinantes implícitos en las pretensiones reformistas, tal y como las entiende Stiglitz, con el fin de lograr –en particular– el crecimiento económico en el largo plazo, el “buen” desarrollo institucional y regulatorio del sistema financiero, la corrección de los fallos del mercado bajo la complementariedad estatal y la mayor efectividad en el ejercicio del ‘buen’ gobierno y, en general, el “éxito” de la economía de mercado. Tiempo después, durante el año 2001 y patrocinado por dos influyentes think tanks (“tanques de pensamiento”) usamericanos: el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Diálogo Inter-Americano se dio a conocer en el denominado “Contencioso de Washington” (Washington Contentious, traducido al español como El Disenso de Washington), subtitulado “Políticas económicas para la Equidad Social en Latinoamérica”. Este Contencioso llama la atención por varias razones. Empezando porque el énfasis dado a los asuntos de la Justicia y del sector judicial reproducen un aparente “equilibrio” entre –por un lado– la exaltación expresa de estos tópicos en el tono observado en las prescripciones del Consenso ampliado, y, por otro lado, la confirmación implícita acerca del papel crucial de la institución judicial dentro del proceso reformista, condición sine qua non, entre otros, para el buen funcionamiento de los mercados y, sobre todo, para ciertas estructuras claves –por ejemplo, los sistemas bancario y financiero–-, como se venía sugiriendo en el otrora Consenso Post-Washington. Se postulaba en el Contencioso: […] estamos cada vez más convencidos: el crecimiento y la igualdad requieren no sólo más espacios para las fuerzas del mercado y para la iniciativa privada, sino también la consolidación de las instituciones que son la base de los mercados, incluidas las leyes y los procedimientos judiciales que garantizan los derechos de propiedad.10
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Stiglitz, cursivas por fuera del texto.
Stiglitz p. 1.
Birdsall y De la Torre, p. 13.
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Lo anterior ilustra buena parte de la evolución del discurso judicial presente en las reformas neoliberales tanto de primera (dirigidas al plano económico y bajo un esquema de políticas de choque) como de segunda generación (interesadas en lo institucional y bajo un esquema de políticas gradualistas). El poder público y el sector judicial debían ser necesariamente transformadas en estructuras de mercado (sistemas), y así seguir avanzando en los objetivos que se pretendían en el proyecto social y político del neoliberalismo en la región. El Contencioso de Washington intentaría sintetizar entonces la mayoría (si no la totalidad) de orientaciones claves previas referidas al imperio de la ley: la mayor claridad y seguridad para los derechos de propiedad, la necesaria “independencia” del sistema judicial (debido a la “proclividad” de las Cortes y los jueces de la región hacia las “interferencias de los políticos y al soborno”), el forzoso cumplimiento de los contratos y, en este sentido, nuevos procedimientos judiciales etc., incluso previniendo sobre la posibilidad de nuevos ámbitos “extra-judiciales” como la solución privada de controversias, las cuales exceden el marco de propuestas que se venía presentando a lo largo de las re-visiones de los Consensos anteriores y todos ellos asuntos en los cuales se observaría en “muchos países de la región… un marcado retraso, según el acatamiento de las normas y procedimientos legales que se observan en los países desarrollados”11. Lo anterior marca los prerrequisitos para el “correcto funcionamiento” de la economía de mercado que aquí resultaban siendo vinculados en forma simultánea con otros de mayor alcance como: la “buena gobernanza” y la democracia, la lucha contra la corrupción, la reducción de la violencia, etc.12 Estos tópicos por supuesto serían prioritarios, tal y como se insiste a lo largo de otro apartado del texto: el numeral décimo, de una especie de decálogo complementario, titulado “LO QUE LOS GOBIERNOS NO DEBEN HACER” [resalto], donde se advierte bajo un particular sentido de “urgencia”: 10. Dejar para el final la reforma del empleo público y del sistema judicial. Las buenas políticas económicas y hasta las buenas leyes de reciente pro11
Ídem, pp. 21, 22 y 45.
12 “Las modificaciones necesarias para la mayoría de los sistemas latinoamericanos, basados en el código civil, incluyen cambios en las leyes, modernización de los registros, desarrollo de mecanismos de auto-ayuda, privados y extra-judiciales para el reprocesamiento de avales, y reformas de las cortes judiciales” (Bidsall y De la Torre, p. 46).
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mulgación pueden resultar improcedentes o irrelevantes si no se cuenta con funcionarios y magistrados incorruptibles.13
Aparentemente una diferencia que marcaba este Contencioso de Washington frente a los anteriores radicaba en que su lugar de enunciación estaría “alejado” - incluso se sugirió, era “crítico” - de las visiones que hasta ese momento mantenían los Organismos Multilaterales, específicamente los intereses de Washington, tal como fue por esa época ampliamente difundido por parte de las organizaciones privadas de la “Sociedad Civil” que contribuyeron en su redacción, formulación y difusión (Fondo Carnegie y Diálogo Inter-Americano). Sin embargo, lejos de aparecer como una apelación disidente, contenciosa o siquiera crítica, el Contencioso reprodujo en un mismo texto y desde un mismo lugar de enunciación, las perspectivas en conjunto de los organismos con sede en Washington, aunque veladamente. [...] además de [...] los co-directores, Nancy Birdsall, ex vicepresidente ejecutiva del BID [Nota: Banco InterAmericano de Desarrollo] [Carnegie Endowment] y un antiguo gerente del Banco Central del Ecuador, Augusto de la Torre (Banco Mundial) […] el mismo [Moisés] Naím y [John] Williamson. Dentro del “equipo” se encontraba… Guillermo Perry [y Shahid Burki] (Banco Mundial) […] miembros de la “Red de Reformas” del Carnegie Endowment […] Perry había llegado al Banco Mundial […] como director del Departamento para América Latina14. [El Contencioso] fue uno de los resultados proyectados desde la reunión efectuada en 1998, cuando el Carnegie Endowment y el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial organizaron el primer encuentro del Carnegie Economic Reform Network, “al que asistieron políticos tecnócratas como Domingo Cavallo, Alejandro Foxley”, entre otros. La mayoría de los protagonistas lo han sido no sólo de los aires reformistas en América Latina sino también y, posteriormente, de los escándalos administrativos que los involucran con graves episodios de corrupción, siempre en conexión con sus actuaciones gubernamentales.15
En síntesis, a lo largo y ancho de las diferentes versiones de los Consensos de Washington, desde su versión original (1989) hasta la última “re-visión” del Contencioso, se observa una estructura temática, discursiva, ideológica, incluso de instrumentos de política, que supone 13
Ídem, p. 61.
14 Hay que notar que el departamento para América Latina del BM liderado por Burki y Perry es considerado “el pionero” en la reforma judicial. 15
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Mora y Puello-Socarrás, p. 119.
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más continuidades que rupturas (si es que se pudiera identificar alguna realmente sustancial) lo cual, en todo caso, refuerza los núcleos duros de las prescripciones neoliberales para los programas de políticas públicas y ciclos de reformas dentro del avance de este proyecto en la región. De allí que, a pesar de las distintas versiones del Consenso, se identifica invariadamente la ampliación, complementación y perfeccionamiento de la versión original de 1989, de acuerdo a los diferentes ritmos, duraciones y temporalidades que presentan las reformas neoliberales (y sus resistencias)16. Fácilmente podríamos calificar esta evolución de versiones e invariantes como el Consenso “en” Washington. En lo referente a las Reformas al Sector Judicial, el interés y la profundización de los elementos que conforman el sistema judicial expresados en los Consensos resultan no sólo evidentes sino también progresivos. Lo judicial, y todo lo que ello implica, son una pieza clave. Como algunos analistas han venido insistiendo, aunque el perfil de las recomendaciones específicas para reformar el sector desde mediados de la década de los 80 y hasta el presente, poco a poco instalarían el paradigma neoliberal de la Justicia en tanto mercado, bajo tres criterios básicos: “clarificación y protección de los derechos de propiedad, el forzoso cumplimiento de las obligaciones contractuales y la aplicación rigurosa de los regímenes regulatorios” con el fin de lograr dos objetivos básicos: 1) ofrecer a los inversionistas (sobre todo, trasnacionales) un clima estable para reforzar reglas de juego “predecibles”; y 2) asegurar las condiciones mínimas en el orden público necesarias para que “operen los mercados”.17 Reforma Judicial en Argentina bajo la égida neoliberal. Tendencias recientes
unque no sea comúnmente advertido, las pretensiones reformistas judiciales en Argentina se sincronizan con la instalación temprana del neoliberalismo en el país. Desde 1976, año que inaugura el régimen de dictadura cívico-militar, y con el aval y apoyo “técnico” y financiero de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 16 Por ejemplo, dos años claves en las Reformas de Segunda Generación son 1997 y 2001. Recordemos que, especialmente a partir de la creciente oleada anti-neoliberal desde finales del siglo XX, el neoliberalismo se viene poniendo en cuestión. Pero ambos años y el período entre ellos, marcan hitos mundialmente conocidos desde la crisis de los “Tigres Asiáticos” hasta la crisis Argentina en el 2001. 17
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Shihata 1995, pp. 12/123, citado por Rodríguez-Garavito.
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Mundial, Argentina viene siendo sujeto de varias reformas, en las cuales el sector judicial por supuesto, jugaría un rol preponderante. Vale la pena anotar que, en este contexto, desde un principio y a lo largo de las trayectorias históricas que muestra el proceso argentino –en conjunción con la poderosa influencia de los organismos multilaterales, especialmente el Banco Mundial y agencias como AID primero y luego, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) relacionadas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos18–, diferentes actores nacionales no gubernamentales emergen como “importadores” (operadores y traductores) sistemáticos de los marcos ideológicos y prescripciones sobre políticas judiciales foráneas, intentando concretar no sólo reconfiguraciones funcionales para el sector judicial propuestas por las reformas neoliberales sino también articular intereses domésticos fruto de los planes reformistas en este nivel19. Sin embargo, el énfasis creciente en torno a la reforma judicial se ha acentuado a partir del ciclo de Segunda Generación de Reformas desde principios de la década del 90, el cual perdura hasta el presente. En esta etapa la experiencia de Argentina fue considerada “pionera” por parte del Banco Mundial.20 Este período puede caracterizarse en todo caso por una tendencia general básica que en forma desigual vienen afectando diferentes dimensiones de la Justicia argentina, y de los poderes y sectores judiciales en especial. 18 Rodríguez-Garavito estima que entre 1994 y 2002 la cooperación usamericana vía USAID en programas de reforma judicial –bajo un cálculo conservador, propone este autor– ha destinado aproximadamente 500 millones de dólares en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), por su parte, entre 1992 y 2007 han “invertido”, 400 y 150 millones de dólares, respectivamente (Rodríguez-Garavito). 19 Desde esta primera época y durante la época de las reformas judiciales en Argentina, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) ha sido un protagonista de primera plana. Posteriormente, la OEA, por ejemplo, creó el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS) en 1999, conformado entre otros por el Consorcio Argentina-Justicia (ARGENJUS). En la proliferación de ONGs “interesadas” en la Reforma desde la década de los 1990s se deben incluir, entre otros, el Instituto Gallup o la Fundación LIBRA (especializada en “resolución de conflictos” y mediación alternativa (instancia obligatoria previa en juicios civiles y comerciales), una ONG sugerida y promovida directamente por el Banco Mundial (véase Rowat et alt.; Álvarez, pp. 86/87) en la reforma del sector judicial argentino. Desde el año 2001, vale la pena nombrar el protagonismo de la Mesa de Diálogo Argentino, que constituyó la Mesa Permanente para la Reforma de la Justicia (con representación de la Iglesia Católica y la Universidad Nacional de La Plata). 20
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Buscaglia y Dakolias.
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En primer lugar, las tentativas reformistas apuntan hacia la reformulación de la Justicia para el “mercado”, lo cual ha venido incrementando los perfiles judiciales hacia la mercantilización y la privatización de la Justicia. Los procesos de reforma han llevado hacia la concepción de una justicia en función del mercado y, específicamente, con el fin de generar condiciones institucionales para favorecer lógicas mercantiles (particularmente, inversiones) y no el acceso en general y las garantías de justicia a la mayoría de la población. El énfasis estaría en seguir profundizando el modelo del gobierno de la ley y la “racionalización” de la resolución de disputas jurídicas, por ejemplo, mediante la creciente privatización de los mecanismos judiciales a través de la resolución y mediación “alternativas” de las controversias, en donde este servicio público tenga una participación creciente y preponderante de actores privados y emprendimientos judiciales, o si se quiere, actores públicos aunque no estatales21. Ilustra este caso la temprana promoción (desde 1991) del Plan Nacional de Mediación, un programa piloto sobre resolución alternativa de disputas y nuevas formas de arbitraje que pretende “ofrecer a los ciudadanos vías alternativas para resolver disputas antes y durante los juicios”, y el cual ha venido siendo operado desde la época principalmente por la Fundación LIBRA y el Ministerio de Justicia con el patrocinio central de la USAID22. En segundo lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, la introducción en la administración pública en general pero en la Justicia argentina en particular de las orientaciones del paradigma de la “Nueva Gestión Pública” (NPM, por sus siglas en inglés, New Public Management), es decir –utilizando una frase de Omar Guerrero– el neoliberalismo en la administración pública23. Aunque la experiencia argentina expresa la combinación de varios elementos de la Nueva Administración 21 Hay que recordar que en esta dimensión pública no-estatal significa también en términos del sector judicial: “(…) la introducción en la administración pública de la lógica del mercado, mediante mecanismos de incitación contractuales. El Estado debería entonces, organizar la coordinación de los agentes del mercado de acuerdo con una lógica contractual no administrativa. De este modo, el mercado no sólo sigue siendo la instancia de coordinación económica por excelencia, sino que además es promovido como el patrón de eficiencia del Estado” (Marques-Pereira, p. 74, citado por Puello-Socarrás, 2008a). 22
Álvarez, pp. 78 y siguientes.
Véase Guerrero.
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Pública en diferentes versiones (reinvención gubernamental, postburocratismo y, por supuesto, nueva gestión pública) aplicadas específicamente al sector judicial, se podría decir que se han venido concretando varias transformaciones estructurales y funcionales, especialmente la introducción de cuasi-gobiernos y cuasi-mercados judiciales24. Algunos de los rasgos centrales de esta tendencia han reforzado: a) Reemplazar el “viejo” ethos burocrático (y sus supuestos vicios: ineficiencia, rigidez, parsimonia, ineficacia e impersonalidad) por una “nueva imagen” en el manejo público que se identifique con la flexibilidad y la adaptabilidad (eficiencia, eficacia, economía) en manos de los gerentes25. Se trata de la introducción de los llamados cuasi-gobiernos, inspirados en el “cliente”, lo cual favorecería además la “independencia” de las –ahora– agencias gubernamentales; b) introducir una caja de “herramientas” en la Administración Pública derivadas de la Administración de Negocios (privada) ahora aplicadas sin ningún tipo de prevención al sector público (por ejemplo: benchmarking, outsourcing, gestión “por resultados”); c) transitar desde la conceptualización de los derechos ciudadanos del (“caduco”) Estado de Derecho(s) hacia la prestación de servicios sociales (como ahora son denominados) y bajo la hegemonía del Rule of Law (“Gobierno de la Ley”), como se ha venido comentado; d) la creación de cuasi-mercados de la Justicia, en lo cuales “lo contractual” sea el medio exclusivo (y excluyente) de comunicación del y en el sector público. Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, los diferentes recursos judiciales deben ser gestionados y coordinados a través de “una variedad de contratos” que guíen la provisión de este servicio público garantizando la gobernanza del sistema judicial.26
Véase Puello-Socarrás, 2008a).
25 Según centros académicos regionales que promueven este tipo de ideas “[…] es preciso hacer a los funcionarios públicos responsables de las metas, conscientes de la misión de su organización, y la mejor forma de lograrlo es delegando poder (empowerment) y autonomía a los gerentes. Este mecanismo altera la forma de gestión y la cultura organizacional de los integrantes de la burocracia, que inclusive podrían sentirse más motivados por un sistema marcado por el aumento del poder individual de decisión y de la responsabilidad ante los objetivos de su organismo público” (CLAD). 26 Véase “La Administración Pública del Nuevo Neoliberalismo”, Puello-Socarrás 2008a, pp. 109/131.
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En el caso argentino se reiteran no sólo variadas reformas en esta dirección sino también se reconoce un cambio sustancial que ha llegado a impregnar las denominaciones y el lenguaje común en torno a las cortes, los juzgados, los jueces y los ciudadanos hacia una nueva gramática en el neoliberalismo judicial caracterizado ahora por agencias, operadores y clientes-consumidores, detalles que dejan evidenciar el tipo de transformaciones sustanciales que se han venido suscitando en el sector judicial. De hecho, un caso bastante ilustrativo en torno a lo anterior, lo constituye el Proyecto de Juzgado Modelo (PROJUM), introducido en Argentina en torno a distintos proyectos “piloto” (12 en total) desde 1998 (y en otros países de la región, desde el año 1993) el cual ha sido auspiciado hasta hoy por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo27. El PROJUM ha pretendido instalar un “nuevo” modelo de organización y gestión interna de los juzgados con el objetivo de “mejorar niveles de efectividad, entre ellas, la separación de las funciones administrativas de las estrictamente jurisdiccionales dentro del Juzgado y donde la “responsabilidad operacional” está encargada a managers profesionales28. Si se quiere, se trata de la separación de la administración del juzgado y la de los casos. De hecho, esta propuesta es parte de la llamada modernización de la justicia adelantada por el Banco Mundial29 y resulta ser el correlato de la reforma, en el sentido en que la propuesta del Banco Mundial retoma la reestructuración de la rama judicial en las dimensiones institucional y pedagógica. Se preocupa por la disminución de los costos y el aumento de la eficiencia en la producción de las decisiones para que se haga rápida ágil y eficiente (resta indagar para qué y para quién). Esa rapidez y eficiencia es para que se pongan en práctica las nuevas formas de solución de conflictos y preparar a jueces, magistrados de la audiencia, abogados, para que las adopten. De otra parte, el futuro de esa generación necesita también estar preparado para esa nueva rama judicial. La propuesta también se refiere así a la enseñanza jurídica.30
27 Según Simone financiado por el Banco Mundial (préstamo BIRF 4314-AR de 5 millones de dólares) (Simone, p. 132). 28
Rowat et alt.
Carvalho Pacheco, nota al pie Nº 4, pp. 142/143.
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Los resultados del PROJUM resultan bastante ambiguos desde los objetivos trazados e, incluso, varios estudios de caso vienen sosteniendo el fracaso de la mayoría de experiencias piloto orientadas bajo los criterios del BM, hasta el punto que ninguna de ellas ha sido reproducida31. Bibliografía Alvarez, G.S. (1995), “Alternative dispute resolution mechanism. Lessons of the Argentine experience” en Rowat, M., Malik, W. y Dakolias, M. (eds.), Judicial reform in the Latin America and the Caribbean. Proceedings of a World Bank Conference, Washington, World Bank Technical Paper Nº. 280, 1995. Banco Mundial, Implementation Completion Report (ICR), Vol.1. CO Programmatic FSAL I, Proyecto Nº P078869, diciembre 22 de 2003, p. 6. Birdsall, N., De la Torre, A. y Valencia, F. (2010), “The Washington Consensus. Assesing damage Brand”, Policy Research Working Paper (WPS5316), Washington, World Bank. Birdsall, N. y De la Torre, A. (2001), Washington contentious: Economic policies for social equity in Latin America, Washington, Carnegie Endowment for International Peace. Burki, S. y Perry, G. (1998a), Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, Washington, Banco Mundial. ----- (1998b), La larga marcha: una agenda de reformas para la próxima década en América latina y el Caribe, Washington, Banco Mundial. Buscaglia, E. y Dakolias, M. (1996), “Judicial Reform in Latin American Courts: The Experience in Argentina and Ecuador”, World Bank Technical Paper Nº 350, Washington. Carvalho Pacheco, C. (2000), “Directrices del Banco Mundial para la reforma judicial de América Latina”, El Otro Derecho, ILSA, Bogotá), Nº 25, Diciembre, 2000. CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (1998), Una nueva gestión pública para América Latina, Documento, Caracas, CLAD. Guerrero, O. (2004), La nueva gerencia pública. Neoliberalismo en Administración Pública, México, Fontamara. Kuczynski, P.P. y Williamson, J. (2003), After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America, Washington, Institute for International Economics. Marques-Pereira, J. (2005), “La credibilidad de la política anti-cíclica: imperfecciones del mercado financiero y desequilibrio externo estructural” en Rodríguez, Oscar (comp.), Sistemas de Protección Social. Entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social, Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia. 31
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Véase por ejemplo: Perette.
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Mora Cortés, A.F. (2005), “El Consenso de Washington como prescripción política. Aspectos históricos, teóricos y críticos”, Revista Espacio Crítico, Nº 3, 2005. Mora Cortés, A.F. y Puello-Socarrás, J.F. (2005), “Economía política y política económica en el discurso transnacional de las élites intelectuales y las reformas estructurales”, en Estrada Álvarez, J. (ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Naím, M. (1994), Latin America’s Journey to the Market. From Economic Shocks to Institutional Therapy, Budapest, International Center for Economic Growth. Perette, J. (2009), “Reforma Judicial en América Latina. Algunas reflexiones acerca de la intervención del Banco Mundial en los procesos de reforma judicial en el fuero nacional de la ciudad de Buenos Aires”, ponencia presentada en el Congreso Nacional de Sociología Jurídica, Córdoba, Noviembre de 2009. Puello-Socarrás, J.F. (2008a), Nueva Gramática del Neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, en . ----- (2008b), “¿Un Nuevo Neo-liberalismo? Emprendimiento y Nueva Administración de ‘lo público’”. Revista Administración & Desarrollo, Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública, Nº 49, 2008. Rodríguez-Garavito, C. (2011), “Rule of Law in Latin America” en Dezalay, Y. y Garth, B. (eds.), Lawyers and the Rule of Law in an Era of Globalization, New York, Routledge. Rowat, M., Malik, W. y Dakolias, M. (eds.) (1995), Judicial reform in the Latin America and the Caribbean. Proceedings of a World Bank Conference, Washington, World Bank Technical, Paper Nº 280. Simone, V.I. (2007), “Construcción y promoción de ideas en torno a la ‘reforma judicial’. Actores globales, proyectos de reforma para Latinoamérica y una experiencia de implementación” en Mato, D. y Maldonado F., Cultura y Transformaciones sociales en tiempos de Globalización. Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO. Stiglitz, J. (1998), “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el Consenso Post-Washington”, Desarrollo Económico, Vol. 38, Nº 151, 1998. Williamson, J. (2004a), “The Washington Consensus as policy prescription for development”, Lecture delivered at the World Bank, Series Practitioners of Development, January 13, 2004. ----- (2004b), “A short history of the Washington Consensus”, Conference From the Washington Consensus towards a new Global Governance, Barcelona, Fundación CIDOB, setiembre 24/25. ----- (2004c), “The strange history of the Washington Consensus”, Journal of Poskeynesian Economics, Vol. 27, No. 2, 2004. ----- (1998), “Revisión del Consenso de Washington”, en, Emmerij, L. y Nunez del Arco, J. (comps.), El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo.
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Entrevista a Víctor Mendibil Entrevistador: Víctor, vamos a empezar pidiéndote una presentación muy breve de tu trayectoria y cualquier cosa que nos puedas decir acerca tuyo. Víctor Mendibil: Bueno, yo ingrese al poder judicial de la Provincia de Buenos Aires el 3 de Marzo de 1964. Sí, no se confundieron, del 64, hace 48 años. Y tengo militancia en la organización hace más de 40 años en distintos niveles: desde delegado de base de la Federación Judicial, hasta la Central de Trabajadores. Me vinculo a la federación judicial en octubre del 74 a partir de un seminario nacional y, bueno, he sido secretario general judicial de la organización bonaerense, gremio de base. He sido tesorero de esa organización durante varios periodos. He sido secretario gremial de una regional de la CGT, de la CGT de Dolores y la Costa, entre 1974 y 1975. Formo parte de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Estado. He sido hasta hace 20 días miembro de la conducción continental. Fundamos la Central de Trabajadores Argentina, la CTA, en los años 90 para enfrentar las políticas neoliberales y la claudicación sindical en la Argentina. Asumí la Secretaria de la Federación Judicial, he sido tres periodos Secretario General, no corridos sino entre medio han habido otros compañeros. Integro la Coordinadora de Judiciales del Cono sur desde su fundación hace 20 años, con judiciales de Uruguay y de Brasil y, 19
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circunstancialmente, con judiciales de Paraguay o de Chile. En los últimos años pusimos en marcha el Encuentro Sindical Nuestra América, el ESNA, como respuesta a la fusión unilateral de la CMT con la CIOLS que dejó afuera a millones de trabajadores y entonces, en el ámbito latinoamericano y caribeño, pusimos en marcha un encuentro unitario con participación de todos aquellos que orgullosamente, integrantes de la clase trabajadora, consideran que se pueden construir un ámbito común y no que nos separaran corrientes socialdemócratas o socialcristianas; no debemos excluir compañeros por su pensamiento político o su creencia religiosa. Esto es en términos generales, después he sido integrante de la conducción de la CTA. Hasta hace dos años fui Secretario Gremial durante dos períodos de la conducción nacional y fui Secretario de Interior en el último periodo, como cuestiones más importantes. Lo que destaco de la lucha de los trabajadores contra la impunidad es que nosotros siempre enfrentamos las políticas de Obediencia Debida, de Punto Final, de olvido y de perdón y hemos exigido juicio y castigo a los genocidas en Argentina. Formo parte de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Integro la mesa junto a Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón y otros organismos religiosos y sociales y de organismos de DDHH y, en ese marco, con la CTA llevamos al Juicio sustanciado por el Juez Garzón, 8300 casos de compañeros trabajadores detenidos desaparecidos en la época de la dictadura. El Juicio referido ante el Juez Garzón es un juicio que se abrió en España contra los responsables, autores directos o indirectos, de las graves violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura genocida de 1976-1983, cuando aquí en la Argentina había una cerrazón total en lo que concernía a acceder a la justicia para buscar el castigo, así que esa acción habilitó la jurisdicción española y permitió que se realizará una investigación sobre terrorismo de estado y genocidio que permitió que en ese ámbito se empezara a investigar lo que no se investigaba aquí o en Chile o en Uruguay. Creo que esa pelea junto con los organismos de Derechos Humanos, contribuyó a que se reabrieran las causas en la Argentina y que hoy se esté condenando a quienes desaparecieron a nuestros compañeros en la Argentina. Entrevistador: Ese último elemento, queremos que vuelvas más hacia adelante. Empezaremos indagando sobre tu visión y lo que representa
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la condición actual en la que se encuentra el Poder Judicial en la Argentina, específicamente las trabajadoras y los trabajadores judiciales. En eso nos gustaría que nos ampliaras un poco, además de tu propia opinión, cuales son los factores que consideras que son determinantes en la explicación de esas condiciones tanto históricas y sobre todo recientemente. Víctor Mendibil: El Poder Judicial en la Argentina es de los tres poderes, el ideológicamente más atrasado. En muchas jurisdicciones todavía están instaladas posiciones regulares en lo que hace a las relaciones de trabajo y dentro del Poder Judicial se niegan derechos fundamentales a sus trabajadores. En ese sentido, la lucha de los judiciales es una lucha bien difícil, porque ejercitar derechos que en otros ámbitos de los trabajadores son cotidianos, normales, dentro de los poderes judiciales es difícil, a veces, imposible de llevar adelante. Por ejemplo nosotros no tenemos derecho a paritarias, solamente en tres sindicatos de Mendoza, Neuquén y Santa Cruz hemos logrado ejercitar este derecho reconocido por la OIT y por los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido y que tienen rango constitucional. Eso ha significado que nosotros vayamos en queja a la OIT. En un fallo reciente de éste año, nos ha dicho la OIT que los trabajadores judiciales tenemos todo el derecho a exigir se instrumenten los ámbitos para que tengamos derecho a participar en paritarias a nivel provincial y nacional. El Poder Ejecutivo Nacional le dio traslado al poder judicial. La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la OIT fue decir que los trabajadores judiciales no teníamos derecho a paritarias. La Corte de Justicia de la Nación! Que podríamos decir sin temor a equivocarnos, que entre todas las cortes provinciales, la Corte de Justicia de la Nación, es la que aparece más avanzada en el reconocimiento de derechos sociales. Eso es para afuera. Para adentro niega toda representación a la Federación y, además dice, que a los trabajadores judiciales no nos corresponden porque tenemos consagrados derechos en exceso a tal punto, -dice la Corte-, que hasta tienen el mismo tiempo de vacaciones que los jueces, sin tener la misma responsabilidad que los jueces, digo esto, para vincular este nivel de reflexión y de respuesta de la cabeza de uno de los poderes que debe garantizar el fiel cumplimiento de la Constitución y de las leyes en Argentina y que, en el caso de los judiciales, el tribunal que debe garantizar el pleno ejercicio de la Constitución y de los Tratados Internacionales los niega de hecho y lo escribe, lo firma y se lo manda a la OIT diciendo
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“a éstos señores no les corresponde éstos derechos”. “En casa de herrero cuchillo de palo” dicen viejos refranes que vienen del Medioevo. Y sólo para ser prudentes en la calificación!! ¿Qué consecuencia trae que no haya paritarias? Que respecto a los derechos de los trabajadores judiciales haya precariedad laboral. Hay trabajadores contratados durante años, hay trabajo gratuito a través de compañeros denominados meritorios o practicantes. Ahora se ha instalado el tema de las pasantías, que son convenios con algunas facultades de derecho, que permiten que algunos jóvenes que están en los finales de la carrera de abogacía estén seis meses o un año. En algunos casos son remuneradas, por supuesto una remuneración mucho más baja que la de un trabajador judicial. Pero en realidad, está todo preparado. El trabajo gratuito, precario, para cubrir la necesidad de creación de vacantes en el Poder Judicial, para que los organismos judiciales puedan funcionar con razonabilidad. Se crean los organismos, juzgados, ministerios públicos y otras estructuras. Se nombran los jefes, se cubren los cargos de jefes y, muchas veces, no se les habilita un ámbito físico. Cuando se puso el Fuero Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, varios de los funcionarios de jerarquía estaban trabajando con sus escritorios en los pasillos del Tribunal porque ni siquiera tenían un lugar y, por supuesto, que no tenían empleados, no había trabajadores judiciales. Esto sucede en la Justicia Federal, pero la precariedad laboral sucede también en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y sucede en la mayoría de los poderes judiciales de la Argentina. No hay derecho a discutir, hasta ahora, el régimen de ascensos, el de licencias, el disciplinario. No hay derecho, en muchos casos, a la defensa en juicio. No hace tanto hemos logrado que un abogado pueda ser aceptado como defensor en un sumario judicial, sino, el trabajador se tiene que defender solo, sin asesoramiento jurídico. En muchos tribunales es negado el derecho del ejercicio de huelga, en muchos casos. Es considerado arbitrariamente por los superiores tribunales de justicia, como que la justicia es un servicio esencial, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo y esto significa reglamentar el derecho de huelga, ordenar que hay que dejar guardias, de modo que en el lugar se tienen que cumplir guardias y el paro -de tener que hacerlo- lo hace un 20% o en otros casos, como en la Corte de Corrientes, exigiéndoles que digan quienes son los que participaron de la Asamblea, que mociones presentaron y como votaron y esto por Acordada firmada por el presidente de la Corte dirigida al Sindicato en una clara
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intromisión policíaca, ya que la patronal no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, firmada por acordada, exigiéndole al sindicato o impidiendo la realización de asambleas en los edificios de los tribunales. Logramos que la OIT le exigiera al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que se garantizara que en ese edificio los trabajadores puedan realizar su asamblea. Estas son algunas de las cuestiones más destacadas, hay muchas más que hacen a la permanente violación de derechos como es el tema del accidente de trabajo, el acoso laboral y el acoso sexual. Hemos logrado, después de mucho tiempo, destituir a través de juicio político, a jueces y a juezas por acoso laboral y acoso sexual a los trabajadores y trabajadoras judiciales. O por maltrato. Así destituimos a una jueza de Necochea, a otro del Gran Buenos Aires y otro terminó, antes de que fuera llevado a Juicio político, renunciando, era Juez de Paz de 9 de Julio. Después hay otros casos en el resto del país. Pero son situaciones que viven los compañeros cotidianamente de maltrato laboral porque además hay un exceso, un cúmulo de trabajo. Y no hay respeto por el horario. Los compañeros trabajan 8-10 horas por día incluso sábados y domingos, eso no queda registrado en ningún lado y no se pagan las horas extras porque hay un entendimiento que si el juez se queda a trabajar, el compañero se queda a trabajar. Pero claro, al juez le pagan una bonificación de un 25 a 30 % por dedicación exclusiva, al compañero no. Estas son algunas de las cuestiones que, con mayor o menor intensidad, suceden en todos los poderes judiciales, de todo el país Entrevistador: O sea, de alguna manera, de lo que nos has comentado, el horizonte de la libertad sindical en términos de derecho de negociación colectiva, asociación y huelga resulta ser bastante sombrío en el contexto argentino. Víctor Mendibil: Ellos no lo pueden negar. Nosotros tenemos personería gremial, gremios con inscripción gremial. En la mayoría de los lugares no nos reconocen. La Corte Suprema Argentina, como te explicaba, acaba de decirle a la OIT que nosotros no existimos, que no tenemos ninguna representación como para que ellos nos atiendan. Quiero aclarar que nosotros en 1975 firmamos el primer acuerdo haciendo realidad un principio constitucional, que está totalmente violado en la Argentina, en los judiciales: que es el de “a igual tarea, igual remuneración”.
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Nosotros, en 1975 firmamos un convenio, con el Gobierno Nacional donde se garantizaba que el salario del trabajador judicial de Jujuy o de Santa Cruz o de Provincia de Buenos Aires, los básicos eran los mismos. Solamente podía haber diferencia en algunas zonas. Por ejemplo, en la Patagonia, hay algunas zonas donde se cobra un poco más por zona desfavorable. No solamente por el clima, sino porque las distancias hacen que los productos sean muchos más caros: la comida, la ropa, el alquiler. Entonces, nosotros en 1975 logramos garantizar el principio a igual tarea, igual remuneración. Nos lo derogó la dictadura de Videla - Martínez de Hoz en 1977, lo recuperamos en 1983 con el final de la dictadura y se mantuvo con la lucha, la movilización. Nosotros tenemos compañeros detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. Compañeros que sufrieron el exilio. Cientos de compañeros fueron despedidos de su lugar de trabajo. A pesar de eso, logramos alguna recuperación al final de la dictadura, y durante el primer gobierno constitucional de Alfonsín se mantuvo el sistema de porcentualidad salarial y a igual trabajo, igual remuneración. En el gobierno de Menen y las políticas neoliberales, lo primero que hizo ese gobierno fue suspender todo sistema de enganche y estableció el sálvese quien pueda en todas las remuneraciones. Conclusión, desde el año 1990 hasta el día de hoy, nosotros no hemos logrado una paritaria nacional que nos permita empezar a discutir dos cuestiones: primero, la misma función, la misma remuneración, y la otra gran bandera que hemos tenido que es el sistema de porcentualidad, de enganche, que es que si al Juez de la Corte le dan $100 de aumento, el ingresante como estaba en una relación de 5 a 1 o 7 a 1, no debía ganar menos de 20 pesos. Hoy tenemos salarios de jueces de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que cobran 82.000 pesos y, por el 20% de ese sueldo, como era antes el trabajador debería estar cobrando 16.000 pesos. Parece mucha plata. Hoy ese trabajador que tendría que estar cobrando 16.000 pesos está cobrando 3.600. O sea, esa brutal relación de privilegios entre sueldos de jueces de la Corte y los trabajadores es lo que se ha mantenido. Esa es una de las cuestiones por las que no quieren que tengamos paritarias, porque lo que vamos a ir a discutir es la remuneración de los trabajadores, que está degradada. Entrevistador: Volviendo un poco al tema, nosotros leímos el artículo que has escrito sobre “Los peores patrones” con respecto a la re-
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comendación de la OIT para instar al gobierno argentino y fomentar la negociación colectiva, y nos llamaba la atención que hay una diferencia desde el punto de vista territorial en la Argentina frente a distintas condiciones y distintas situaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector judicial. Desde ese punto de vista, las estrategias y las tácticas en términos de lucha llevadas a cabo por la Federación y el conjunto de los trabajadores. ¿Cómo se articulan en términos nacionales y territoriales? Cuales consideras que son las principales articulaciones pero también los obstáculos de llegar a una serie de posiciones tanto del orden táctico, coyuntural, como del orden político. Víctor Mendibil: Nosotros nos movilizamos y hacemos acciones y presentaciones para lograr un ámbito paritario nacional, hasta presentamos un proyecto de ley que logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y los senadores nacionales terminaron archivándolo. Entrevistador: ¿A qué se debió el archivo? Víctor Mendibil: Nunca tuvimos una explicación. En general en la Cámara de Diputados se suele avanzar en cuestiones de consolidar derechos. La Cámara de Senadores, más conservadora, intenta y logra en muchos casos que se venzan los periodos. O en una jornada lo lleva a consideración del recinto, cuando no estaba previsto por nadie. Como nadie lo pidió, se archiva. Son estrategias formales que suelen hacer para que aparezca en la discusión paritaria nacional como que los senadores Provinciales podrían llegar a considerar -desde una visión muy limitada- que pudiera ser una intromisión de la Nación en las jurisdicciones Provinciales y que por lo tanto, la Federación y el gobierno nacional discuten sobre condiciones locales porque tienen jurisdicción sobre los poderes judiciales. Eso es falso porque lo que el gobierno nacional tiene que garantizar, es que en todas las Provincias se cumpla y se ejercite el derecho que corresponde a todos los trabajadores. Nosotros alentamos, mientras seguimos peleando por la paritaria nacional, por la porcentualidad nacional, que se logren avances en las filiales. Entonces logramos que haya paritarias en tres Provincias. En Santa Cruz la paritaria logro que haya sistema de porcentualidad para los santacruceños con enganche al Juez de la Corte de la Nación. En Santa Cruz comenzamos a lograr que empiece a garantizarse el principio constitucional de “a igual tarea, igual remuneración”, porque los sueldos que se establecen para el Juez de la Corte de la Nación, se deben bajar automáticamente para las diferentes categorías en la Pro-
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vincia de Santa Cruz. Eso debería ser para todas las Provincias pero lo logramos sólo en Santa Cruz. Está vigente un sistema parecido en Chubut y ahí hemos logrado la carrera, el ascenso y el régimen de ingreso de los trabajadores de intendencia y de mantenimiento en discusiones paritarias de los trabajadores judiciales y el Tribunal de Justicia de Neuquén. Hemos logrado en Mendoza que haya discusión paritaria y que los salarios se discutan en marco paritario donde participen el Poder Ejecutivo, la Corte Provincial y la representación de los trabajadores, en un ámbito paritario de discusión igualitaria. Esto sucede en éstas tres Provincias. En Salta hemos logrado que se restablezca el sistema de porcentualidad salarial provincial con enganche, no al Juez de Corte de la Nación, sino de la provincia. Y hemos logrado que se restablezcan criterios similares en Entre Ríos y en Chaco. Hemos ido avanzando en varias provincias, logrando que lo que no conseguimos a nivel nacional, al menos no profundice la desigualdad en esas provincias. Entonces el balance, es que hemos avanzado. Una de las dificultades que tenemos es la de generar acciones comunes. No es fácil organizar un paro nacional. Hacemos medidas de acción, pero no es fácil. Los gobiernos de turno han logrado instalar en el imaginario de los compañeros que lo del orden nacional es imposible de conseguir, entonces, se pelea con mucho más entusiasmo y la realidad muestra que hay posibilidades de conseguir cosas en la provincia y que es muy difícil de conseguir a nivel nacional. De todas maneras, las acciones nacionales las hemos llevado adelante y, entre otras, esta resolución de OIT de la que hablamos, nos avala para que ahora haya un marco distinto de discusión con la Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Estas son algunas de las acciones que hemos venido trabajando, como trabajamos en otro marco que es el sistema de la seguridad social. Durante todos estos años hemos estado en contra absoluta de lo que es el sistema de retiro privado, por lo tanto enfrentamos las políticas de los años 90 de disolución del sistema de reparto, y el traslado al modelo chileno de las AFJP. Durante todos estos años hemos peleado eso y hemos articulado con la CGT, en el medio de una claudicación sindical importante de dirigentes sindicales, porque hubo dirigentes encaramados en los máximos lugares de la CGT que se hicieron gerentes o due-
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ños de AFJP y salieron a brindar un servicio de jubilación privada que terminaba degradando nuestro sistema de jubilación. Primero logramos que la mitad de las cajas de las provincias no fueran disueltas o transferidas al orden nacional. Hoy la mitad de las cajas siguen siendo provinciales y están administradas, en muchos casos, por el Estado pero también por los trabajadores. Hay compañeros judiciales que integran las cajas administradoras solidarias y de reparto en varias Provincias. En Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos, integramos los directorios. Es interesante porque nuestro planteo es que la seguridad social debe estar, como dice la Constitución Nacional, administrada por sus interesados, o sea los trabajadores, con participación del Estado. Nosotros hemos discutido mucho ese tema y hemos logrado junto a jubilados y otros trabajadores, no solo judiciales, que haya ámbitos de administración de la seguridad social compartidas con el Estado. No lo logramos a nivel nacional, pero si lo hemos logrado en las Provincias. Esa ha sido una pelea importante y uno de los triunfos de nuestra pelea fue que el gobierno nacional decidiera disolver el sistema de AFJP y se recuperara el sistema de reparto, administrado por el ANSES. Eso no significa que estemos de acuerdo en cómo se destinan hoy los fondos del ANSES, que se están destinando a financiar la reactivación económica de las empresas privadas y no a restablecer los derechos perdidos por los jubilados en estos últimos 20 años. Por eso hay una innumerable cantidad de juicios con sentencias firmes y consentidas que el Poder Ejecutivo Nacional no cumple.En muchas Provincias nosotros hemos logrado y sostenemos que hoy haya un sistema de jubilaciones por el que el trabajador se retira con el 82% móvil del sueldo actual del compañero del nivel en el que estaba cuando se jubiló. Eso a nivel nacional no sucede. A nivel nacional, hoy el trabajador se jubila y automáticamente pasa a cobrar un 50% de lo que está cobrando el que está en actividad porque el nivel de cálculo no se hace sobre el último sueldo, sino que se toman los últimos 10 años. Pero después no hay una activación de esa jubilación producto de los aumentos que reciba el activo, sino que hay una adecuación que se anuncia dos veces al año que no tiene nada que ver con la adecuación del activo. Ésta es otra de las grandes peleas que hemos dado y logrado un triunfo importante. Mantener las cajas Provinciales y que se eliminara el sistema de AFJP es un logro muy importante.
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Ahora venimos de una marcha en la que planteamos la disolución del sistema de ART que son inversiones privadas, especulativas, que lo único que hacen es degradar las condiciones de trabajo, sin hacer prevención, donde la vida humana tiene un valor casi ridículo. Hace pocos días la Presidenta de la Nación ha dicho que, como los trabajadores no aceptan las condiciones de las ART, hacen juicio y la Corte le hace lugar a los juicios, entonces la Presidenta ha anunciado que se va a terminar con esto de la doble vía. (Reclamar a la ART y si no estoy de acuerdo, reclamar por vía judicial) Anunció que la vía judicial se iba a terminar. Eso es un criterio de lo más atrasado y de absoluta connivencia del Poder Ejecutivo Nacional con las cámaras de empresarios en el tema de accidentes de trabajo y prevención de salud.1 Entrevistador: Te quiero hacer dos preguntas para puntualizar. Me gustaría saber tu opinión en éste periodo dónde esas luchas han avanzado. ¿Cuál ha sido para vos, en esa articulación de procesos de lucha, el mecanismo preponderante de los trabajadores en toda la historia de lucha de los trabajadores del sector judicial? Víctor Mendibil: Sin duda que nosotros hemos tenido éxitos importantes en muchas de nuestras luchas. Hoy hay tres provincias en las que se discuten paritarias. Y que los trabajadores judiciales estén discutiendo el régimen disciplinario, el ascenso, es un paso muy importante. Hace 10 años atrás eso no existía. Que hoy haya más de 10 Provincias donde hay sistema de porcentualidad salarial con enganche al Juez de Corte Provincial es muy importante, porque en los años 90 todo eso había sido derogado o suspendido en el marco de la emergencia del estado que se planteó en ese momento. Sin duda hay avances, producto de que los judiciales hemos peleado juntos, hermanados, con todos aquellos trabajadores dispuestos a enfrentar las políticas neoliberales de los 90. Por eso, para la Federación Judicial y la mayoría de los gremios judiciales provinciales, haber constituido la CTA fue un hecho muy auspicioso porque juntó lo mejor de la clase trabajadora organizada y lo que no estaba organizado, trabajando para organizarlo, para tener un frente común de enfrentamiento ante un enemigo tan poderoso como son las multinacionales, como es el Banco Mundial y las políticas del FMI.
1 Pocos días después de la entrevista se aprobó una ley por el Congreso de la Nación en el sentido expresado por la Presidenta Cristina Fernández.
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En el caso de la justicia, el Banco Mundial ha promovido todo un mecanismo de poderes judiciales similares para todo el continente y transformar la justicia en un ámbito vinculado al mercado. Por eso, ellos han trabajado en el cambio de las denominaciones. Ellos no hablan de defensorías, fiscalías o juzgados, hablan de agencias. Los que trabajamos en la justicia, incluido los jueces, somos operadores. Porque es una estructura armada con un criterio de mercado, para darle respuesta, no a los ciudadanos, sino a los clientes. Ellos ven a la gente como clientes. Este cambio de paradigma, de funcionamiento de la justicia, es la guerra que estamos teniendo. Las demás son batallas. Vamos ganando batallas y vamos perdiendo. Que en Chubut se denominen agencias, y se pongan en marcha mecanismos de procedimiento judicial penal donde todo se acuerda en función de criterios económicos, es instalar el mecanismo del mercado en la resolución del conflicto. Porque, en definitiva que es lo que dice el Banco Mundial, desde el Santa Fe II para acá, en la Argentina y en América Latina hay que dar seguridad y celeridad política para los inversores externos. Ese es el modelo de poder judicial que disputan en América Latina y el mayor desarrollo de ese modelo del poder judicial para el mercado, es el modelo chileno, que han logrado transformar en el modelo ideal de justicia de mercado, donde las corporaciones empresarias tienen un gran rol dentro de la estructura del Poder Judicial. Entrevistador: Y en ésta guerra que decís que hay que ganar. ¿Hay alguna estrategia planteada para ganar esa batalla que es la más grande? Víctor Mendibil: Eso, a nosotros como trabajadores nos excede. Hay que conmover al conjunto de la sociedad. Cuando la gente en nuestros barrios sale al grito de “Justicia, Justicia!” porque matan un hermano, porque roban, hay que transformar ese grito de justicia en una capacidad de movilización, no para mecanismos que a veces alienta la derecha de acrecentar las penas de una manera brutal sin resolver las cuestiones de fondo sino que el Poder Judicial trabaje seriamente por esclarecer la verdad en cada una de las causas. Y hoy no tiene prioridad establecer la verdad en la causa judicial. Tiene prioridad establecer un mecanismo dentro del mercado de producción. “Yo resolví la causa” y resolver la causa es archivarla porque se vencieron los plazos, se archiva, se archiva. O se resuelve de la manera más superficial posible. No interesa que triunfe la verdad, interesa que se resuelva el conflicto. Entonces, si el Sr. Boxeador alcoholizado (la Hiena Barrios) se lleva por delante una persona y la mata ¿Importa que triunfe la verdad?
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No, mientras la causa queda casi paralizada, lo que hace la justicia es autorizarle a la Hiena Barrios a que se le expida un carnet para que pueda volver a conducir. Está condenado pero, como no está condenado completamente, se le autoriza a manejar a un tipo que mató y abandonó a la persona que mató. Entonces funciona con estos criterios de no buscar la verdad sino de beneficiar a quienes tienen más poder dentro de la estructura de la sociedad. Por eso en las cárceles, en la Argentina, están acumulados los internos que son en la mayoría de los casos, pobres, hijos de padres desocupados, un 30% no ha terminado la escuela primaria, entre un 60 y un 70% no tiene título secundario, y son muy poquitos los que tienen título terciario, muy poquitos. Entonces, las cárceles en Argentina son un lugar de hacinamiento, de degradación de nuestros jóvenes de sectores más excluidos, no interesando su reinserción en la sociedad. De eso, la mayor responsabilidad la tienen los jueces que son los que tienen que bregar para que las cárceles sean sanas, limpias y contribuyan a la educación de los condenados. Además, la mayoría de los que están en la cárcel hoy, no tienen condena. Un 30% o más de esos ciudadanos detenidos van a ser puestos en libertad porque van a ser inocentes al final del proceso. Algunos porque no se investigó, capaz que eran los autores verdaderos pero como no se investiga, cumplidos los plazos, están dos o tres años presos y van a salir inocentes. Muchos son inocentes, a quienes la policía los condena porque les inventa causas. La cárcel termina de degradarlos. Entonces, hay un sistema judicial perverso producto de ese modelo del Banco Mundial que apunta, en definitiva, a que algunas cuestiones se resuelvan con ese criterio de mercado y sino, en lo que se avanza hoy, ya en el nuevo Código Civil, es en que haya un mecanismo de resolución de conflictos a través de la acción privada. Así es como existe el CIADI a nivel internacional, un instrumento absolutamente vergonzoso, y Argentina está adherida al CIADI. Porque no puede ser que señores designados por el Banco Mundial, que son representantes de las empresas, sean los magistrados que resuelven los conflictos de un país soberano como la Argentina con una multinacional. Terminan haciendo lugar generalmente a los intereses de la multinacional. Por suerte, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil no están dentro del CIADI, pero Argentina y Uruguay se mantienen dentro del CIADI. Es una vergüenza que Argentina esté en el CIADI, eso es parte de un mismo proyecto de establecer un poder judicial de esas características.
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Donde todos son precarios, además, porque a esos jueces del CIADI se los contrata para una causa determinada. Juzgan esa causa y ya no trabajan más en el CIADI. Acá lo que se intenta también en definitiva es que haya jueces contratados, que no haya una estabilidad. No ya de los trabajadores, también de los funcionarios. Nuestra estrategia entonces, para vencer esta política de disciplinamiento a los intereses del Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales como el G-20 es sumar voluntades como las asociaciones de abogados, abogados laboralistas, algunos colegios de abogados que se brindan con entusiasmo, organismos de DDHH, asociaciones vecinales y en eso, nosotros hemos avanzado en una cuestión novedosa. Una iniciativa del Banco Mundial de meter la cuestión vinculada a la selección de los magistrados por consejo de la Magistratura y nosotros ahí instalamos un tema importante, que en la selección del consejo de la Magistratura tiene que participar la comunidad. Que la elección de jueces la haga la comunidad que es donde el juez va a ir a impartir justicia. Logramos como primera oportunidad que en Chubut se instalara éste mecanismo, después siguió Santa Cruz y hoy se produce en Entre Ríos. Es un ejercicio muy interesante porque a instancias nuestras los trabajadores judiciales participamos de todos esos concejos, para los jueces es una situación casi descalificante, pero nosotros promovemos que las preguntas las haga la comunidad. Si uno de nosotros va a ser candidato a juez, hay que preguntar en el barrio donde vive si es un buen vecino, si en su cargo anterior respetaba los DDHH, si era una persona respetable, si respetaba los derechos de los trabajadores o si era un autoritario que negaba todos los derechos. Si es una persona que niega derechos, que es un mal vecino, que es autoritario, cuando tenga poder de juez va a ser mucho peor todavía. Entrevistador: Volviendo un poco al marco de las reformas neoliberales y, subrayando que dentro de las reformas de segunda generación y la contra reforma del Estado propuesto por diversos organismos, la reforma de la justicia es un tema central como bien lo desarrollaste. Te quería preguntar: qué dentro de esa gran guerra del cambio de paradigma no sólo corresponde al sector de los judiciales, sino que tiene relación con la sociedad. Me llama la atención que hubo, por decirlo de alguna manera, auspiciadores internos, grandes interesados específicamente con la reforma en el sector judicial. Para nombrarte tres organizaciones institucionales como el Centro de Estudios de las Justicia de las Américas, una
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creación para hacerle el seguimiento a las reformas judiciales en América Latina, también el ARGENJUS, el consorcio de Argentina Justicia que fue conformado para hacer un seguimiento específico a Argentina y ONGs que son importantes desde el punto de vista de esas mediaciones o conciliaciones privadas, que es un formato dentro de esa configuración como la fundación LIBRA que es especializada en la resolución de conflictos. Víctor Mendibil: […] y también contradicciones importantes en el INECID, porque aparece como una visión progresista, social demócrata pero… yo incorporo FORESD y el INECIP. Entrevistador: Como veías que además de esas imposiciones de carácter internacional vía créditos del Banco Mundial interesados en la reforma, también el tema de intereses de carácter nacional, ¿que articulados con intereses trasnacionales juegan un papel importante en el desarrollo de la reforma? Te lo pregunto porque como hablabas de sumar voluntades, en qué medida representan obstáculos, porque también estamos hablando de mesas, diálogos, comisiones, que de alguna manera tienen un poder de seducción y ejecución de ese tipo de planes. A pesar de que muchos estudios del ámbito académico que han evaluado proyectos del Banco Mundial y en algunos casos han dicho, que han sido prácticamente un fracaso, todavía hay un ambiente en disputa. ¿Cómo ves eso de la desarticulación entre organismos multilaterales y actores concretos en Argentina desde el punto de vista de la lucha, obstáculos y demás articulaciones que se puedan dar en el futuro? Víctor Mendibil: Efectivamente esos organismos, y otros directamente vinculados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, como antes eran para traer fondos, financiar proyectos, como la USAID que aquí, en una primera etapa, era la AIDE, con domicilio en Uruguay y que a través de algunas fundaciones muy prestigiadas financiaban proyectos, viajes de jueces a EEUU. Ellos han establecido muchos vínculos con algunos Estados y han llevado a jueces de Superiores Tribunales de Justicia o de Primera Instancia. Han hecho verdaderos estudios de mercado para decir quienes están más predispuestos. Algunos jueces provinciales me han dicho, que lo que se está poniendo en marcha aquí es un modelo traído totalmente y que tiene como ejemplo la justicia norteamericana. Bueno –dicen-: “pero a mí el pasaje me lo paga la CIA, yo que problema tengo, la CIA me invita, yo voy”. Otro “miré Mendibil, yo me cago en la OIT, nosotros nos cagamos en la OIT acá”. Esa son algunas de las respuestas.
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Hay un terreno fértil en mucho de estos personajes siniestros para comprar cualquier proyecto que venga del patrón del sistema que los sostiene, y que les paga sueldos que jamás ganarían en la actividad privada, ni en nada por el estilo. Hay una estructura de algún sector de la magistratura dispuesto a eso. Esos son los más groseros. Hay otros que presentan desde la academia, con más claridad, reformas judiciales que siempre tienen un aspecto positivo. Hoy no se está discutiendo la reforma del Código Civil, prácticamente es una cuestión académica, la iglesia ha intervenido con algunas cuestiones del matrimonio igualitario. Entrevistador: Cuando dices académico es una cuestión más técnica y menos política. Víctor Mendibil: Pero a quien le interesa, si hay mediación, hasta que no sufre la situación, hasta que no tiene que ir a pagar y sentarse ante una estructura de abogados de un mega estudio con una fragilidad total del que va, casi en soledad, a la mediación. Pero eso es cuando ya sucede. Cuesta hacer entender. La fundación FOREST fue la que mayor dinamismo tuvo. Es una ONG que formaba y daba capacitación a los jueces en la dictadura militar. Sobre la base del paradigma de que “ahora si los jueces tienen un poder, pueden ejercer el poder jurisdiccional que tienen, porque hay un gobierno fuerte que les da respaldo”. El Sr Garabano, que presidió FOREST durante mucho tiempo, fue premiado por el gobierno anterior. Hoy es el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires. Un personaje consustanciado con las reformas que vengan del sistema, porque es un hombre absolutamente vinculado a esas iniciativas. Que, por supuesto, ha intentado promover, y ha logrado, instalar reformas en la Justicia de CABA, en el Ministerio Publico a partir de estas cuestiones vinculadas más al mercado. También hay otros jueces, y académicos como Alberto Binder, que habla desde un modelo democrático de justicia pero que termina instalando reformas de procedimientos penales vinculadas a que no triunfe la verdad, a no garantizar la defensa en juicio, a darle poder al fiscal que investiga pero no a la persona para que se defienda. Hay una desigualdad en todo esto. Uno de los mayores ejercicios se han dado en CABA y se ha demostrado el fracaso de las reformas que promovió el Sr. Binder en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias.
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También hay jueces como la Dra. Highton de Nolasco –Jueza de la Corte Suprema– y algunos otros jueces de la Corte que alientan estas reformas con solidez. Por eso, las batallas estas, que se dan en el marco de esta guerra que se está dando son bastante desiguales. Porque ellos han logrado captar a sectores calificados y han logrado avanzar. Ahora es tan grosero lo que ponen en marcha que, rápidamente, hay respuestas desde la sociedad, desde los colegios de abogados, desde los organismos de DDHH, pero no es sencillo porque ya instalaron el procedimiento judicial nuevo. Modificar el procedimiento es lograr que algunas cuestiones demasiado agresivas se corrijan pero lo principal queda. Estas son cuestiones que están en debate. Nosotros trabajamos con Organismos de DDHH, con la Asociación de Abogados Laboralistas, con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, con asociaciones de abogados provinciales y algunos colegios de abogados, vamos logrando, aunque no tengamos una unidad de criterio en todos los aspectos, encontramos cuestiones que las empujamos en forma conjunta. Por ejemplo, nosotros formamos parte del Comité contra la Tortura en las Cárceles y, dentro de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos aires, generamos un informe anual sobre tortura en cárceles. La responsabilidad de los jueces y abogados es muy importante. No obstante, la principal responsabilidad es del Poder Ejecutivo provincial y del Servicio Penitenciario Provincial o Federal que torturan, degradan, violan, matan, usan la picana. Todo esto que digo está probado en causas. Todo ese informe. Nosotros logramos, que organismos de DDHH y los mismos legisladores de la provincia de Buenos Aires, comiencen a debatir. Así no se puede seguir. Éste sistema penitenciario no puede ser, hay que trabajar otro modelo. Hemos logrado que organismos internacionales visiten y condenen a la Argentina por el trato inhumano en cárceles. Estamos dando un debate. Hemos logrado que se instale el tema. No estamos ganando. Logramos que en provincia de Buenos Aires, –un objetivo nuestro– sacarle poder a las policías provinciales y hemos logrado instalar la iniciativa que hay que poner en marcha: la policía judicial, mecanismo que dependa del poder judicial, y no de los intereses del poder ejecutivo o de intendentes de turno. Para que de esa forma no dependan de los intereses del poder de turno sino de la decisión del juez porque sino el juez pasa a ser un cuarto o quinto personaje en la escala de la jerarquía.
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Que haya una policía judicial para que, la investigación científica de cada caso, en lo penal y en lo criminal y la policía que lleva adelante dependa exclusivamente de la estructura judicial. Porque si no sucede, lo que sucedió con el caso de una nena que mataron, que apareció la madre… nosotros escribimos una nota diciendo que cuando aparece el cuerpo de Candela (así se llamaba la niña), en la calle, tirado en una bolsa, a la media hora estaba el ministro de Justicia, el Gobernador de la Provincia, y un montón de gente, parados, pisoteando el lugar donde había aparecido el cadáver de Candela. Es lo único que no había que hacer. Eso tenía que estar vallado. Después de un año, de tantas denuncias, tanta grosería llevada adelante porque está comprobado que es una asociación ilícita o negocios entre policías corruptos, jueces corruptos o funcionarios judiciales corruptos y traficantes de drogas que, al año y pico, la causa volvió a cero y no se investigó seriamente. ¿Por qué? Porque había una policía científica que respondía a mandos naturales que no eran, ni siquiera, del juez al que le correspondía la causa. Junto con éste trabajo, en los abogados, en la sociedad y en la justicia, hay reservas muy importantes, que es lo que me alienta a pensar que no van a pasar con todas estas reformas de una manera graciosa, ni va a ser una fiesta patria. Van a tener que dar muchas peleas, corromper a mucha gente, para poder instalar un modelo tan degradado como el que quieren poner. Porque dentro de la justicia Argentina, hay jueces de una gran calidad; calidad académica, honestos, respetuosos de los DDHH que son los que, puestos a investigar, y en un consenso determinado, hemos logrado a que hoy, halla sentencias definitivas de condenas genocidas. Que era impensado, hace diez años, que en una ciudad como Bahía Blanca, que ha sido administrada, gobernada y manejada con el fascismo de la marina de guerra, con diarios y medios de comunicación, con una sociedad disciplinada a esa ideología, ayer ha habido condena perpetua a dos asesinos con jueces que han sido llevados de otro lado, porque los jueces que tenían que actuar no se los veía con garantías de juzgado. Pero, ha habido jueces y hay reservas, para juzgar a los asesinos y condenarlos. Jueces de la Plata, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca y a nivel nacional también, que están dispuestos a avanzar en los juicios contra los genocidas, también hay jueces que no están dispuestos a dejarse llevar por delante con todas estas cuestiones. El desafío nuestro es trabajar para unir, con acciones concretas y comunes, a todos esos sectores para, con un objetivo común, poder vencer
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las iniciativas del Banco Mundial. No es sencilla la disputa pero yo creo absolutamente en esta pelea. Ellos ganaron en los poderes judiciales, en los 90, de entrada, un mecanismo perverso que es el de designar un administrador judicial. Primero lo designaron en La Pampa. Utilizaron al presidente o gerente general de los bancos provinciales que el gobierno menemista disolvió, privatizó, para que no quedaran tan afectados porque perdían su puesto, lo designaban administrador del Poder Judicial. Pusieron un gerente de banco a establecer como se administraban, cómo se resolvían las partidas para el funcionamiento de los poderes judiciales y no que fueran las cortes o los superiores tribunales los que administraran los fondos. Estas cuestiones han sido muy peligrosas, un atraso. Ahí están instalando el zorro adentro del gallinero. Están instalando al mercado a administrar con intereses de mercado, las partidas de los poderes judiciales. Hasta hoy hay administradores en la justicia provincial, en la justicia federal. Ex-gerentes puestos al servicio de cumplir leyes puestas por este gobierno como es la ley de Responsabilidad Fiscal promovida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario que dice que, si hay excedentes de dinero en las provincias, ese dinero va para obra pública o para pagar deuda externa, pero nunca para aumentar el salario de los trabajadores o designar nuevas plantas funcionales. Por eso hay mucha precariedad laboral y una caída del poder adquisitivo de los estatales en general. Como hay también una ley antiterrorista, son mecanismos aprobados en estos últimos años, para disciplinar la pelea de los trabajadores. Me llamaron de Chaco, reprimieron, porque los compañeros salen a pelear y la respuesta es la represión. Entrevistador: ¿Quién designaba a los gerentes? ¿Los poderes judiciales por iniciativa de los poderes ejecutivos? Víctor Mendibil: Puedo ser más grosero. “Miren, ustedes no están en condiciones de administrar las partidas, están para otra cosa, son jueces, tienen que dedicarse a hacer sentencias. Para que se van a dedicar a cuestiones menores. Cuando precisen algo, le piden a ese Sr y ese Sr. les va a dar todo”. Entrevistador: ¿Con la Ley de Responsabilidad Fiscal te referías al Gobierno de Menem? Víctor Mendibil: No, al gobierno de Néstor Kirchner. Entrevistador: En relación a como terminabas hablando de las violencias, las agresiones, consideras que hay un indicio de sistematicidad en relación a las agresiones, los hostigamientos en contra del movimiento sindical.
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Víctor Mendibil: Las cortes tienen un ámbito que se llama Junta Federal de Cortes que viene a ser una especie de cámara patronal que fue puesta en marcha para aplicar estas medidas de neoliberalismos en la época menemista a tal punto que el acto fundacional se hizo en La Rioja y presidida por Menem. La Junta Federal de Cortes, sigue funcionando. Ahí se orientan, se acuerdan, se alientan, llevar adelante experiencias determinadas. Desde explicar cómo funcionan los créditos blandos del Banco Mundial para construir las ciudades judiciales que son una de las maniobras para enamorar a algunos, para darles alguna cuota de poder, para resolver alguna licitación... O algún gobierno provincial o tribunal superior de justicia. Entonces, se construyen edificios, en algunos casos, muy extraños a la estructura urbanística del lugar. Porque son proyectos de otros ámbitos. Construidos en zonas totalmente alejadas para generar un boom inmobiliario que significa un negocio inmobiliario porque se construyen las ciudades judiciales a 5, 6, 10 km. de la ciudad. No les importa si los vecinos pueden llegar o no al tribunal. En Salta está a una distancia increíble. Se construyen edificios “inteligentes” que si se descompone o muere alguien, la ambulancia no puede ingresar al edificio inteligente porque no hay un lugar que permita la entrada de la ambulancia. Tanto en Salta como en La Pampa ha muerto gente porque no ha podido entrar la ambulancia. Capaz se hubieran muerto lo mismo, lo concreto es que la ambulancia no pudo entrar. La Junta Federal de Cortes orienta estas cuestiones y enamora con la construcción de ciudades judiciales sobre la base de créditos blandos que significan endeudamiento para la Argentina. Pero además, esta estructura patronal reflexiona en sus ámbitos sobre los mecanismos que aplica cada una de ellas para disciplinar las luchas, entre otras cuestiones. El disciplinamiento de las luchas, yo comenté algunas, desde sacar una acordada que diga que tienen que informar quien habló en la asamblea, que propuesta hizo, cuantos votaron por una posición y cuantos por otra. Acordadas firmadas por los jueces, violatorias de todo el sistema legal de libertad sindical con mecanismos de decir, bueno, aquellos a quienes se les inicia un sumario, hasta que no se define el sumario, no ascienden. Entonces, compañeros que hacen determinadas acciones gremiales, depende de la provincia si le inician actuaciones, ese compañero, durante bastante tiempo después no va a ascender.
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Es un tipo de persecución silenciosa. Se te inicia una actuación judicial porque fueron a tu oficina y no te encontraron y queda ahí. Entonces, después hay una vacante en tu oficina, vos podrías ascender pero no, “vos tenés una causa judicial acá, no podes ascender”… O la cuestión vinculada a quedarse fuera del horario de trabajo. Entonces te imponen una flexibilidad en el horario de trabajo, o te quedas más horas o caes en desgracia con el jefe de turno. Ahí empieza una persecución psicológica de maltrato, de autoritarismo, que significa el quiebre de la persona finalmente porque hasta los mismos compañeros contribuyen muchas veces a que en el ámbito laboral, no todas las cosas sean floridas, ni armoniosas. Se instala el individualismo. Entonces, hay otras personas que se quedan fuera de turno y son los que salen beneficiados. O genera una situación de enfermedad en la persona que no pudo quedarse, porque tenía que cuidar a sus hijos o porque no quería, porque quería trabajar las seis horas reglamentarias, porque es por lo que le pagan. En muchos casos, significa empezar a pedir el traslado de la persona que está siendo abrumada psicológicamente, que implica ir a un lugar que no es su lugar, entonces hasta que sea bien visto/a en el nuevo lugar adonde va, ya viene con una mácula de que se fue de otro lugar, de que es una persona problemática. El otro mecanismo disciplinador que tienen las cortes es el descuento de los días de huelga de una manera brutal. El último conflicto en la provincia de Buenos Aires, hace dos meses atrás, fue que la corte de la provincia de Buenos Aires acumuló dos meses de paro y, de acuerdo a los informes que habían hecho los jefes de oficina, a los compañeros judiciales le descontaron en muchísimos casos, el 98% del sueldo. No cobraron nada. Compañeras que cobraban $12.000 por mes, máxima categoría, les descontaron $11.500. Una compañera ordenanza que trabaja en la parte de Intendencia, que es Jefa de Hogar, que tiene su hija y que cobra $3000 y pico de pesos cobró $300, al resto les descontaron todo. Eso es violatorio de todo el sistema legal porque mi sueldo no puede ser embargado más del 30%. No les importa nada, les descontaron todo junto. Para quebrar la huelga y para ver si garantizaban que gane las elecciones otra corriente interna que fuera afín a la patronal (o sea al gobierno) y que generaba una bronca contra la conducción del gremio que peleaba para que gane un conciliador. Esta práctica se está consolidando en muchas cortes. Así lo hizo la Corte de Corrientes, lo hizo la Corte de la provincia de Buenos Aires, lo
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intenta hacer la Corte de Chubut y también la de La Pampa, anunciando estos descuentos. De golpe, todas las cortes decidieron mandar todos los descuentos. Hay ámbitos en los que ellos dicen “la única forma de disciplinar a todos estos es descontarles todo junto, que no cobren un peso”. Y si no existe solidaridad entre los trabajadores genera un caos familiar muy difícil de resolver. Por conciencia, existe la solidaridad y los compañeros y el gremio hicieron fondo de huelga y a la totalidad de los compañeros a los que se les descontó, sobre la base del fondo de huelga, se les devolvió inmediatamente el 50% de lo descontado y, en los casos más graves, los fondos de huelga atendieron situaciones para devolverles una suma mayor para que pudieran vivir y afrontar ese mes. Los mecanismos son esos. Hay otros más, cuando vinieron las dictaduras, a nosotros nos despidieron compañeros, nos mataron compañeros y nos desaparecieron compañeros. El sistema no tiene límites para disciplinar a los trabajadores. No estoy hablando de otros sectores de trabajadores. Judiciales integrantes de la Federación Judicial fueron detenidos desaparecidos, exiliados y muchos de ellos no han aparecido hasta el día de hoy. Esa es la verdad. Entrevistador: Éste tipo de prácticas que se hacen sistemáticas y se esparcen el disciplinamiento. ¿Tienen alguna directiva, algún origen identificable o sólo son prácticas que se saben que producen algún efecto, inclusive bajo la resistencia de los fondos de huelga, pero que son prácticas que forman parte de la estrategia de disciplinamiento? ¿Tienen algún origen? Víctor Mendibil: ¿La estrategia de agresión o de defensa? Entrevistador: De agresión. Víctor Mendibil: Bueno, si yo soy Poder Ejecutivo Nacional y dicto una ley de Responsabilidad Fiscal, si dicto una ley de represión al terrorismo, si digo yo, presidente de la Nación, que los maestros son unos vagos que no trabajan y que la escuela pública se está deteriorando producto de las huelgas (no es una suposición, lo dijo expresamente), si yo, firmo sobre la base de un proyecto absolutamente ilegal, me valgo de eso para iniciarles causas penales a los que se movilizan en las calles. O mando un militar a detener 60 compañeros movilizados en una ruta y los dejo toda una noche con sus hijos presos, en un lugar como Campo de Mayo, estoy mandando un mensaje de una línea de acción que no la lleva un gobernador de una provincia marginal como el del Chaco, como es el Sr. Capitanich, que es capaz de cualquier cosa. No. Eso lo
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hace la Presidencia de la Nación, con sus estructuras, desde la Presidencia de la Nación. Eso es una orientación. Una política. Un quehacer determinado ante una acción determinada. Después, cada gobernador está habilitado porque hay un derrame de iniciativas en ese sentido. Aunque se diga que no se va a hacer tal cosa, en realidad se hace. ¿Las Cortes que hacen? Te descuentan. Te sancionan. Te inician sumarios. Ahora, ¿hay una central de inteligencia que orienta estos planes? Yo no lo tengo identificado. Pero que el poder funciona de esa manera, funciona. Porque si no, no lo hubieran matado a Ferreyra en las vías del ferrocarril. El poder tiene dirigentes sindicales afines. La presidenta se pone la gorrita. No es un marginal Pedraza. No, se pone la gorrita de Pedraza, un mes antes de que Pedraza dé la orden de que repriman “a esos zurdos que vienen ahí. Mátenlos”. Y fue la barra que corresponde, la patota que corresponde, con la policía custodiando que no vaya a pasar nada y mataron a Mariano Ferreyra. Lo mismo que mataron a Santillán y Kosteki hace 10 años atrás. Los Ministros de Interior y de Seguridad de la Nación y de la Provincia, resolvieron en algún ámbito que ahí se iba a reprimir y que ahí se iba a matar y se mató. Ahora ¿eso es permanente? No, esos son mensajes que después hacen que los demás, algunos no ocultan de esa manera, tienen más cuidado, son más respetuosos de los DDHH y a otros no les importa. Como sucede en Formosa, con el gobernador de Formosa, que no tiene ningún inconveniente en intentar tomar la tierra, milenariamente ocupada por la comunidad qom y agarrarlos a tiros. Después como el cacique de ahí y la comunidad resiste y encuentra solidaridad en Buenos Aires, se vienen y el cacique logra que parte de La Primavera, sea de la comunidad qom. Mientras tanto le quiebran la comunidad. Un cacique es tuyo y otro cacique es mío. Así funciona el poder. Y tuvieron que reconocer y recular en el tema de los derechos de la comunidad qom pero, de cualquier manera, mataron. Como mataron a los diaguitas en Tucumán, hace dos años atrás, y como no había una comunidad organizada mataron al cacique diaguita y a dos más. (Diaguitas es un pueblo originario de la zona del NOA nuestro. Una comunidad originaria descendiente de los incas). Los mataron por la tenencia de la tierra. ¿Quién está investigando? ¿Dónde está la verdad del juicio a los parapoliciales que fueron a matar a los Diaguitas? Eso quedó en la nada. Lo de Formosa se les complico porque hay una comunidad mejor organizada, hubo organismos y personalidades de DDHH como Adolfo
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Pérez Esquivel, el pastor Etchegoyen de la iglesia metodista, el CELS que se tuvo que meter y entonces, el Sr. Gobernador tiene que modificar un poquito su actitud. Pero en realidad, hay una directiva que viene del orden nacional. No hay libertad sindical, hay 2.000 sindicatos con pedido de inscripción gremial, más de 2000 sindicatos que piden lugares judiciales. En Chubut, hace 10 años que tramitan la personería gremial. No hay otro sindicato paralelo. No hay otro sector en disputa. No hay nada que enturbie el trámite. Sin embargo, no le dan la personería gremial a los compañeros de Chubut. ¿Por qué? Porque son un gremio que ha peleado y confrontado contra las políticas del Banco Mundial y, aunque habían impuesto las políticas, se la han impuesto, con la pelea de los compañeros. Antes ganaron. Pero no es que pasaron haciendo un saludo por la Av. 9 de Julio. No. Tuvieron que generar situaciones. ¿Cuál es la respuesta? No hay personería. En la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Corte dice: “acá nadie los representa a ustedes”. Claro. Porque el sindicato afín a ellos era la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Piumato (su Secretario General), ha sido funcional a ellos siempre. Ahora, en una circunstancia como esta, Piumato se apoya en Moyano (Secretario de la CGT llamada disidente) y empieza a perder cariño por parte del poder. Nosotros hacía cuatro años que teníamos organizado un gremio en las ciudades judiciales, federales, no de la ciudad. Por supuesto, no le daban la inscripción. Cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, el ministro nos miraba y nos decía “escúchame, que me venís a pedir si esta Piumato ahí!!”. Ahora acaba de salir la inscripción gremial para nuestros compañeros judiciales de Justicia Federal. Al gremio. Ahora la Corte tiene un problema. Hay una Federación Judicial Argentina con plena representación y hay un gremio judicial con representación formal reconocida. Ahora hay que ver qué dicen de la representación nuestra. Mantener en la ilegalidad, en la irrepresentación, o armar sindicatos paralelos pro Corte. Todo esto las Cortes lo han hecho. La Corte de La Rioja armó un sindicato paralelo con apoyo de orden Nacional y al Secretario General nuestro prácticamente lo dejó cesante. Le dieron licencia gremial, sin que pidiera licencia gremial, y el descuento por planilla de la cuota sindical, la suspendió por tiempo indefinido.
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Por lo tanto, le dio licencia al Secretario General para que el sueldo se lo pague el gremio y retuvo la cuota del gremio. O sea, lo dejo cesante. No podía dejarlo cesante porque tenía una cobertura. Eso paso hace cuatro años en La Rioja. La pelea para vencer esa situación en La Rioja fue extraordinaria. Logramos como conquista extraordinaria que Juárez volviera a trabajar y cobrara su sueldo. Por supuesto, el gremio no tiene aun personería gremial. Entonces, hay una negación de la representación sindical y la única fuerza que nosotros tenemos es la propia. Nuestra capacidad de unidad. La única fuerza es esa. Y “ellos”, tratan todo el tiempo de romperla. Esos son algunos de los mecanismos legales que utilizan. Y lo otro son los presupuestos de los poderes judiciales. Las legislaturas recortan los presupuestos. Aprueban los legisladores proyectos de creación de organismos judiciales muy importantes reclamados por la comunidad durante mucho tiempo. Entonces, vuelve el diputado a su pueblo. “Hemos conseguido que se creen dos juzgados de menores, un juzgado penal nuevo y un Juzgado Civil para determinada zona de la provincia que está casi sin justicia”. Después pasan dos años sin ponerse en marcha. Se nombra el Juez, los Secretarios, pero no se alquila la casa. Ha pasado que pasan mucho tiempo los jueces cobrando o no cobrando, designados. Cuando se puso el sistema contencioso - administrativo pasaron meses los jueces sin poder asumir. Es más, tenían un problema económico los jueces porque habían renunciado a su profesión como abogados para asumir como jueces y no cobraban como abogados y no cobraban como jueces. O el Sistema Penal Juvenil, que fue una construcción hecha por toda la comunidad en la provincia de Buenos Aires, organismos de DDHH, el gremio judicial, legisladores, comisión por la memoria, trabajamos para no tener que decir “Los pibes hay que meterlos en cana a todos. Porque los pibes nacen chorros en Argentina. Nacen chorros. Así que, a los pibes que nacen chorros, hay que meterlos presos enseguida”. Entonces, construimos el Sistema Penal Juvenil con atención especial para los pibes. Hasta hoy, ese sistema penal juvenil no está funcionando adecuadamente. Porque al mismo tiempo que tiene que haber una estructura judicial que atienda el conflicto, tiene que haber una estructura judicial interdisciplinaria que, dependiente del municipio, atienda el conflicto de la familia.
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Porque este pibe anda en la calle todo el día, no va a la escuela y de vez en cuando, chorea algo. Tiene que ir una asistente social a ver qué pasa con el pibe este. No. Las partidas que se aprueban no van al municipio o, si van al municipio, el municipio las destina para hacer política clientelista. Entrevistador: ¿Esto tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Fiscal? Víctor Mendibil: Más o menos. Pero eso sucede hoy en la provincia de Buenos Aires. La mitad de los municipios en la provincia de Buenos Aires todavía no pusieron en marcha las estructuras interdisciplinarias para atender el problema de por qué el pibe esta expulsado a la calle. Entrevistador: Quisiera para terminar volver un poco a lo que dijiste. Esto de que el Poder Judicial era el más ideológicamente atrasado y preguntarte, en términos de las conducciones de la organización sindical cómo se puede revertir este vaciamiento ideológico para lograr todas las cuestiones que mencionabas como complicadas o limitantes de la unidad del movimiento de los trabajadores. Y cómo poder revertir esa situación para que tengan mayor eficacia las luchas del movimiento? No solamente sus luchas, sino, las luchas en relación a toda la sociedad. Víctor Mendibil: Nosotros sentimos, estamos convencidos, que este modelo, en la medida que no haya un cambio de sistema, se resuelve con más democracia, con más participación. La selección de los jueces, desde la Corte, el camarista, el Juez de Primera Instancia, tiene que ser realizada con amplia participación de la comunidad. Este Sr. Juez que llega a la Corte de la Nación, o los otros jueces, su compromiso tiene que ser sólo con la comunidad que lo eligió, que lo respaldó para ser juez. Más allá del nivel académico. Pero no tiene que venir con compromiso porque lo designó el gobernador de turno, lo bendijo el legislador tal o el obispo cual. No, lo seleccionó la comunidad y su único compromiso es ante la comunidad que lo eligió como juez. Todavía estamos muy atrasados en eso. Hay un 20% de jueces elegidos en éstas cuestiones en Chubut y hay una cantidad menor en Entre Ríos. Ahora, el poder nos joroba todos los días. En Chubut, ante una denuncia contra un juez de Sarmiento, una localidad de Chubut, el Consejo de la Magistratura lo destituyó por no reunir condiciones psicológicas equilibradas para ser Juez de Primera Instancia en esa localidad.
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Entrevistador: ¿Y éste era un juez elegido por la gente o no? Víctor Mendibil: No. El Consejo lo destituyó. Puesto en marcha el Consejo lo destituye. El Poder Ejecutivo lo designa en una oficina de anticorrupción. Y como se destacó en la lucha contra la corrupción, el Poder Político de Chubut lo designó Juez de la Corte. Él, que fue destituido por no reunir equilibrio psiquiátrico para estar de Juez de Primera Instancia, hoy es juez de la Corte de la Provincia de Chubut, ha sido presidente de la Corte de Chubut. Digo, para entender cómo funciona el poder político. Entonces, ese tipo jamás podría haber vuelto a ser Juez, salvo que la ciencia médica hubiera dicho que se había recuperado y podría volver a ser Juez. Entonces, en la medida que no se logre que los jueces de las cortes…, por ejemplo, yo saludo, y eso debería ser en todos los casos, como se logró que no se resolviera la designación del Dr. Reposo como Procurador de la Corte de la Nación. La comunidad se movilizó, la oposición se movilizó, los gremios se movilizaron y dijeron que Reposo no reunía las condiciones mínimas para estar. Y Reposo no pasó. Eso hay que trasladarlo, eso es un triunfo de nuestra iniciativa. Nosotros, ésta iniciativa, estos tres consejos, es un triunfo de la Federación Judicial Argentina. Se lo llevamos a Néstor Kirchner cuando era Gobernador de Santa Cruz, a él le interesó el tema, armó un consejo, frágil, pero armó un consejo de los trabajadores judiciales que integran el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut pero, además, vino y puso en marcha el mecanismo del Decreto 222, que es que, los Jueces de la Corte, tienen que pasar por una zaranda, una red para ver cuál es su nivel de calidad, competencia, idoneidad, compromiso con la comunidad. Entonces, eso fue un triunfo nuestro. Ahora, notamos que intenta modificarse el Consejo de la Magistratura a nivel nacional para volverlo un órgano manejado por la estructura partidaria y estas cuestiones sean casi ilusorias del ejercicio de estas cosas, entonces, es una pelea. Hoy por hoy, en este sistema que nos toca vivir, es necesario más democracia, democratizar todas las instancias y al máximo, analizar cada designación por la mayor cantidad de sectores de la comunidad. Si esos jueces llegan con el compromiso con la comunidad exclusivamente, esos jueces van a ser mucho más independientes, de lo contrario, van a ser disciplinados al poder político de turno. Entrevistador: Víctor, en el caso concreto, hablás de la movilización social y de las articulaciones en tiempo reciente y hoy, qué relación y articulación específica existe entre el sector judicial, trabajadores y
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trabajadoras, con movimientos sociales; y qué tensiones, si eventualmente, las hay, en términos generales. Víctor Mendibil: Hay momentos en que se producen hechos extraordinarios de articulación. En 2001/2002 se produce la caída de De La Rúa y compañía. Ahí se produjeron en Argentina, las asambleas barriales, de las que algunas todavía tienen presencia. Nosotros logramos constituir la asamblea, no nosotros…. La Corte de Justicia de la Nación del menemismo, era una Corte de payasos degradados, que algunos todavía quedan, al servicio de las peores cuestiones que impulsaba el menemismo y el neoliberalismo. No hay muchos antecedentes en el mundo, dicen algunos que es el único. Nosotros, el 28 de Diciembre del 2001, los abogados, nosotros, los abogados laboralistas, convocamos a un cacerolazo contra los jueces de la Corte de la Nación. Y hubo como 100 personas. Pero era el 28 de Diciembre, después viene Enero y todos nos vamos de vacaciones. ¿Y qué hacemos, hacemos o no hacemos? Y bueno, era una crisis, vamos a hacerlo, vamos a convocar todos los jueves a las doce horas a un cacerolazo con la consigna de “que se vayan todos”. Era la consigna general en el país. Pero ahí era que se vayan todos los jueces de la Corte de la Nación. Tuvimos un año y medio. En Enero, el primer jueves de enero hubo 3000 personas, al segundo jueves de enero, hubo 5000 personas, jajá. La Asociación de Abogados Laboralistas, La Federación Judicial Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas y todo ese grupo de Línea Fundadora, la CTA, y se fundó una Asamblea de Vecinos que se llamó la Asamblea de Plaza Lavalle, Justicia para todos. Bueno esa acción de la comunidad logro remover a la mayoría automática de la Corte Menemista; finalmente Kirchner tomo la bandera nuestra; iniciaron juicios políticos; destituyeron a algunos de ellos y otros renunciaron viendo que los iban a destituir porque eran impresentables. Nosotros le hicimos juicio político en la puerta de la Corte a cada uno de ellos. Juicio ético. Y después le hicimos un juicio ético, porque creció tanto nuestra fuerza, que le hicimos juicio ético a la Corte de la Nación. En el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en la calle Corrientes casi Uruguay. A tal punto que dos jueces de la Corte Suprema de la Nación mandaron sus descargos, a un juicio ético!, lo presidia Adolfo Pérez Esquivel, estaba Víctor De Genaro, yo estaba, te imaginás, era uno de los testigos que fogoneando todo eso ahí y otros… bueno, el que murió hace poco tiempo, el secretario de DDHH, Duhalde, que era juez, se presentó como testigo, espontáneamente pidió hablar y se presentó como
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testigo! En un Juicio que era ético! No tenía ningún valor jurisdiccional. Sin embargo, logramos un triunfo extraordinario. Logramos articular en un momento determinado. Eso se da en determinadas circunstancias. No siempre se logra ese nivel de articulación. Eso fue extraordinario. No tengo otro antecedente de una comunidad que suma organizaciones y ciudadanos… a las mujeres que se sumaron en la Asamblea Justicia para Todos, hasta hoy siguen militando, nosotros seguimos reuniéndonos acá, por muchas cosas afines . Entrevistador: Pero, al día de hoy ¿Cómo ves el ambiente en esa articulación de movimientos sociales, entre el sector judicial y el trabajador? Víctor Mendibil: Yo veo que hay otras prioridades, que todavía no se determinan. Hoy está el grito de justicia. Y crece la crítica hacia la actitud de los jueces por parte de los vecinos, de los ciudadanos, de la gente, de nuestro pueblo, pero no hay todavía una respuesta organizada. Hoy puede haber en las calles de Buenos Aires, una respuesta anti gobierno contra la inseguridad, orientada desde la derecha. Tampoco eso nos debe llevar a que eso suceda, porque entonces aparece un Sr. Blumberg porque le mataron a su hijo, modificando el Código Penal con penas más duras, que entran en colisión con otras penas… un desastre, como fueron las denominadas reformas Blumberg, en la Argentina, hace tres o cuatro años atrás. Quiero decir, hoy estamos todavía en la etapa de debate, embrionaria, en lo que se va a ver estallido. Va a haber situaciones más graves, porque en la medida que crezcan los avances de las asociaciones ilícitas entre el poder político, el poder judicial y la policía y las mafias, van a suceder cada vez cosas más violentas, más desgarradoras, y va a haber momentos de respuestas orgánicas, pero no tan orgánicas. Va a haber situaciones, yo digo, no soy futurólogo pero tengo unos cuantos años, y no es la primera vez que me sucede esto. No digo que eso sea así en todos lados, pero hay cosas que van a suceder porque está creciendo el hartazgo en muchos ámbitos de la sociedad –no necesariamente orientados por la derecha– sino porque vivís una situación complicada, no hay políticas de contención hacia los pibes. No hay debate sobre el futuro de los pibes. Los invitamos a votar –y yo estoy de acuerdo– pero no estoy de acuerdo con que el pibe sea una cosa de que lo llevo y al mismo tiempo lo quiero condenar por portación de cara, porque lo veo negrito, el cabello rubio pintado de amarillo, lo veo cortadito acá “tipo apache”… lo meto preso. Entonces,
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¿qué derecho social es ese? Yo te dije, “los pibes que nacen chorros” porque nosotros trabajamos mucho con la iglesia –yo no soy creyente– pero trabajé con Carlitos Tajade, que era un cura de La Plata, trabajamos mucho, fundador de la CTA con nosotros, murió hace unos años. Siempre se planteó que ningún pibe nace chorro. Lo primero que hay que tener con un pibe en la calle es ternura, no comida, ternura. Después de que instalas la ternura, empezaste a crear un vínculo, empezamos a comer juntos, pero primero que te vea que vos lo querés en serio. No alcanza con darle un sándwich. Que te vea que vos lo estás queriendo en serio, entablando una relación en serio. Eso está roto con los pibes, salvo las madres. Por eso han salido las madres a pelear el futuro de los pibes en los barrios (por ejemplo, las “madres del paco”). Por eso las que hacen piquetes son las mujeres, no los padres. Porque lo que está en disputa es el futuro de los pibes. Las madres salen a disputar el futuro de los pibes. Por eso las marchas de los movimientos sociales son todas mujeres. Entrevistador: Y los cuerpos de delegados de las villas son en un 80% mujeres… Víctor Mendibil: Mujeres. Porque si te quedás adentro de la villa ahí, te vuelven invisible. Entonces, todo eso está ahí… lograrán disciplinarlo… lograrán quebrarnos más… lograremos generar una reacción determinada, organizada y… estamos en el medio del debate. El resultado está abierto. Pero yo creo que ganamos, producto de que en América Latina, hay todo un debate, en América Latina que a esta gente, que tiene contradicciones los obliga, para asumir determinadas cosas, a no renegar. La Asignación Universal por Hijo es una idea nuestra, sostenida. Ahí eso, 13, 14, 15 de diciembre consulta popular, 2001. El 19 y 20 de diciembre se produjo el estallido social en la Argentina. El 13, 14, 15 de Diciembre nosotros hicimos una consulta popular, existía la posibilidad de que no hubiera ningún hogar pobre en Argentina. Participaron 3,5 millones de personas que votaron a favor de ésta iniciativa. Esa iniciativa era una asignación para la mamá, papá desocupado, para el jefe o jefa de hogar, y una asignación universal. Porque todos los pibes tienen derecho a tener el mismo pan cuando nacen. Cuál es la razón de que mis nietos tengan derecho a tener un ingreso para cada uno de ellos y el pibe de al lado qué tiene el papá desocupado se muere de hambre? ¿Qué culpa tiene el pibe?
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Bueno, nosotros triunfamos con la iniciativa. Este gobierno la degradó, la puso en marcha y, a pesar de todo, hoy hay una cantidad de madres que ayer estaban haciendo una cola en el ANSES, con su bebito, recién nacido, de 4 o 5 días, pero la mujer estaba porque ahora aumentó la asignación a 340 pesos. Entrevistador: Víctor, te pregunto en qué sentido decís, degradación. ¿Cuál era la diferencia entre esa propuesta de ustedes y la de ahora? Que la toman, pero la desarrollan…. Víctor Mendibil: Vamos a decir que ahora, en la Argentina, hay siete millones de pibes. Nosotros decimos, todos los pibes tienen que cobrar 340 pesos por mes. Todos los pibes. Los pibes por ser pibes, Ni uno más, ni uno menos, tienen que cobrar 340 pesos. Ésta gente qué hizo? Puso la Asignación Universal. Ahora, al mismo tiempo, primero, que la plata para pagar la Asignación Universal sale de los jubilados. O sea, la plata que es de los viejos; las dos zonas más frágiles del desarrollo de la vida, el pibe y los viejos. La plata para los pibes sale de los viejos, a los que no les dan la jubilación que les corresponde. Ahora bien, damos Asignación para todos los pibes, que sus mamás no cobren salario familiar. Entonces, vos tenés, tres millones de pibes que, de repente, empezaron a cobrar. Extraordinario. Ahora, de los otros cuatro millones había, una cantidad de pibes que […], pusieron un techo, los padres que cobran más de 5400 pesos, los pibes no cobran asignación porque el papá ya gana. Entonces, mis nietos, el padre trabaja en Tribunales, cobra 5000 y pico de pesos, no cobra salario familiar por los pibes porque cobra 5000, entonces, con 5000 pesos está en condiciones de sostener dignamente a mis dos nietos? Es un cuento chino. Yo no digo que 5000 sea poquito, pero para nada alcanzan para mantener una familia. No es que contabilizaran lo que ganaba su mujer y él. No, con lo que gana él ya queda afuera. Entonces, vos tenés un millón de pibes que están afuera de la Asignación porque el papá gana más de 5000. Pero en las provincias, hay una cantidad de hijos de trabajadores municipales que cobran menos. El municipio de Charata, Chaco, paga $50 por hijo. Entonces, vos tenés miles, cientos de miles de pibes que cobran 50 o 100 pesos, pero cobran. Entonces, la Asignación Universal es Universal? No. No. No jodamos. Es Universal para una franja y eso está perfecto. Ahora hay pibes, en las provincias, que cobran 40, 60, 70 pesos, y hay pibes que no cobran nada porque el papá cobra más de 5000 y pico de pesos.
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Entonces, se degrada un instrumento que era un instrumento de nivelación a un instrumento de cooptación política. Entonces… piensan… a todas estas mamás, las tengo agarradas de las orejas porque, si no van a los actos… siempre hay un puntero de barrio que las orienta en la gestión. “Ah! vos no vas al acto, no vas a la movilización, no venís acá, Ah! Mira que te bajamos de la asignación de tus pibes”. Entonces, la mamá tiene 1000 pesos, tiene tres chicos, entonces con esos 1000 le da de comer a sus chicos. Mal, bien, pero les da de comer. Ahora, como no es Universal, la mamá tiene que ir a determinados actos, acompañar determinadas cosas a las que nosotros le llamamos clientelismo político. Genera clientelismo político. Ahora, si todos los pibes cobraran lo mismo, no hay clientelismo. Porque vos no precisas a nadie que te venga a decir, “a vos no te voy a dar, a vos no…” Entrevistador: Esa es un poco la diferencia entre políticas universales, populares y políticas populistas… Víctor Mendibil: Claro, esto es transformarlo en el populismo. Lo mismo que el ingreso por Jefes de Hogar, la asignación para los papás desocupados o la mamá, Jefa de Hogar, desocupada. Entonces, se convierte en un ingreso de 1000 a 1400 pero en forma, no que “yo te doy $1600 para que tengas un ingreso… te dejaron cesante”, trabajabas en un oficio que ya no va más. Entonces, como hago yo para que vos aprendas un oficio nuevo. Te doy una cantidad de plata para que vos, en seis meses, un año, aprendas un oficio y te ayudo a reincorporarte en un oficio nuevo. En otro acto productivo. No es que te mantengo con los 1600 durante cinco años. Entonces, te tengo a vos disciplinado para que vengas a mis actos porque si no te saco los 1600. Se degradan todas las funciones del trabajo. Entonces, como yo cobro 1600 y como nadie me pregunta nada, trabajo de peón de taxi pero trabajo en negro, hago changas y con los 1600 me redondeo un ingreso. Entonces los patrones qué dicen? “no, no me conviene, porque yo lo tengo ilegal a este muchacho, le pago poquita plata total, che! Vos cobrás la asignación, yo no te digo nada, pero vos me traes problemas a mí porque te tengo en negro, entonces no te digo nada pero te pago menos plata porque vos”. Es un mecanismo de una perversidad extraordinaria
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porque no hay un verdadero seguimiento de la cuestión para lo cual estaba pensada que era reinsertar en el mercado laboral, en la producción a aquel que había quedado excluido por las políticas neoliberales. Por ejemplo, los ferroviarios, quedaron miles de ferroviarios en las calles. Como lo readecuás a una función productiva? Tenés que reeducarlo. Esa es la función. Entrevistador: Víctor, la última pregunta. ¿Qué continuidad, qué ruptura hay respecto de los 90?, del período del 2001 al 2010, con respecto a los 90. Víctor Mendibil: Esas políticas son de confrontación con las políticas de los 90. En los 90 la gente salía a la calle y al gobierno no le importaba nada de nada. Ramal que para, ramal que cierra, se decía. Así quedaron 50 mil km de vías cerrados y 70 mil ferroviarios en las calles. Sin nada. Salvo a los dirigentes sindicales, al Sr. Pedraza le regalaron un tren. Le regalaron el Belgrano Cargas. Al secretario del gremio para que él y su familia tuvieran. Además, le dieron un crédito millonario para que indemnizara a los trabajadores porque antes había 90 mil trabajadores y había ahora 15 mil, entonces había que achicar la estructura del gremio. Le dieron un préstamo para que eche a todos los trabajadores del sindicato y a vos te regalo un tren. Así sucedió. El Belgrano Cargas sigue siendo de la familia Pedraza. Después Moyano se avivó y dijo, che, un pedazo para mí. Y vinieron los Macri y dijeron che, nosotros también queremos un pedazo. Entonces, son socios, los Macri, los Moyano y los Pedraza. Todos juntos, en el Belgrano Cargas. Entrevistador: Y una continuidad…. Víctor Mendibil: En muchas cosas hay una continuidad, en algunas cosas hay un retroceso. Por ejemplo, en el pago de la deuda externa. Nosotros hemos estado en contra en el pago de la deuda externa porque la deuda externa en la Argentina es inmoral, fue tomada en la época de la dictadura y además en muchos casos era deuda privada que el Sr. Ministro de Economía del final de la dictadura, Cavallo, que después va a ser Ministro de Menem, estatiza la deuda privada. Entonces, es una deuda que habría que investigar. La deuda del Club de París es una vergüenza pagarla. Es una inmoralidad. Entonces, pagar la deuda es una inmoralidad, para nosotros.
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Este gobierno ha puesto, que pagar la deuda es un acto de dignidad y de romper con las estructuras del FMI. Una barbaridad!!! Se ha avanzado en la recuperación del sistema jubilatorio, se recuperaron los fondos. Es un hecho positivo. Se recuperó la aerolínea de bandera. Es un hecho positivo. Se recuperó YPF, la forma siempre ahí, ambigua, pero es un hecho positivo. Se alentó de una manera grosera la explotación minera a cielo abierto. No Menem. Menem acordó un nuevo estado binacional en la Cordillera de los Andes. “Acá está Chile, Acá estamos nosotros”. Acá esta la mayor concentración de glaciares y posibilidad de perspectiva de explotación de oro y plata. Entonces, esto no es ni chileno, ni argentino, Esto es de la Barrick. Menem hace el instrumento jurídico y esta gente perfecciona y profundiza porque se va la presidenta a Canadá, se abraza y se besa con el Sr. de la Barrick y hacen los negocios. Esto es un retroceso. Entonces el Sr. Gioja, en San Juan, saca jueces “corruptos” que tratan de hacer un registro de cuantos glaciares hay en San Juan. Entonces, esto es un retroceso. El trabajo de integración latinoamericano es de un avance extraordinario. El gobierno ha tenido el avance de juntarse con Chávez, con Evo, con Correa, con Cuba. No tanto Kirchner, sino Cristina, porque Néstor siempre chicaneó a Fidel mal, pero, digo, haberse ido Kirchner de una forma casi espontanea, poco seria, a formar parte de un grupo de referentes políticos a intentar hacer una mediación con las FARC para poder lograr una liberación, en el ámbito pacifico, a través de una cuestión con Chávez fue un gesto valioso de Kirchner. No le fue bien después porque se lo boicotearon a último momento, pero fue un gesto valioso. Yo puedo no estar de acuerdo. Pero intentar mediaciones de ese ámbito, para resolver situaciones de tal tensión, son hechos positivos. Menem no lo hizo. Menem se aliaba con Uribe. Chile tuvo siempre la concertación que es una desgracia porque producto de esa caricatura vino Piñera. El problema que este Piñera gobernando es producto de la concertación entre socialistas demócrata cristianos y algunos comunistas. Aunque dicen los comunistas chilenos que son oposición, han acompañado a la concertación. Eso lo digo yo. Que vengo del Partido Comunista.
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Entrevista a Corina Gambini Entrevistadora: Como ves, después de más de 10 años de inaugurado el sindicato, las condiciones generales del Poder Judicial en Argentina y que factores, ya sean principales o concretos crees que influyen para esa condición actual del Poder Judicial en Argentino? Corina Gambini: El tema más serio del Poder Judicial trasciende la cuestión del trabajador en sí. Actuamos con la consigna de la Federación de “Justicia para Todos”. Y lo que veo es que el sistema judicial, sobre todo el de la Ciudad, empezó como una novedad, en base a una constitución nueva y moderna, arranco queriendo ser algo de avanzada y se fue degenerando. Con el macrismo en la Ciudad fue cambiando. Con la creación de los Consejos de la Magistratura, que se encarguen de administrar y que la Justicia se encargue de impartir justicia se está desdibujando. Es más, llevó a que el Ministerio Publico sea independiente del Poder Judicial, duplicando las estructuras de personal. Pero todo para hacer un curro, ni siquiera por una cuestión funcional. Entonces, al degenerarse el proyecto de Poder Judicial y que el Poder Judicial pase a ser cualquier cosa, las condiciones que se generan para los trabajadores también terminan siendo cualquier cosa. Estamos en un momento muy difícil. Quiero arrancar con una situación que quizás no tenga nada que ver muy directo, pero es muy importante. 53
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La Constitución de la Ciudad establece que el Ministerio Publico es parte del Poder Judicial. No como en la Nación que es independiente, autárquico y autónomo. La legislatura sancionó una ley, hace un par de años, que determina que el Poder Judicial es autárquico y autónomo. Lo independiza del Poder Judicial. Entonces, el consejo de la Magistratura ya no administra sus insumos, no administra la contabilidad, la compra de materiales que necesiten para trabajar, el alquiler de los edificios, ni la cuestión del personal, ni de cómo se designan. Entonces, el Ministerio público, en sus tres ramas, cada uno designa estas áreas para cada uno. La fiscalía hace su propia oficina de personal, su propia oficina de contables, su propia oficina de RR.HH. La Defensoría lo mismo y la Asesoría lo mismo. Cada una empieza a redactar sus propios reglamentos que, si bien, esta ley que es inconstitucional, determina que no pueden alejarse del reglamento del Consejo de la Magistratura, de todas formas, tienen distancias muy grosas en algunos puntos. Entonces, al dar una pelea lo hacemos con tres ramas distintas. Antes había un empleador, el Consejo de la Magistratura, ahora hay cuatro, y tenemos que dar la pelea contra las otras tres que se abrieron, que quieren cambiar las cosas por las que peleamos durante años. Entonces, la forma de designar, la carrera, el escalafón, hay un montón de cosas que se distorsionaron y, al dividirse tu patrón y al dividirse las fuerzas, por ahí a la persona que se emplea en el Consejo de la Magistratura no le importa mucho lo que pasa en Fiscalía y al de la Fiscalía no le importa lo que pasa en Defensoría. Antes, cuando éramos todos lo mismo, cuando el Consejo de la Magistratura nos regía a todos, éramos 3000 afectados por un mismo orden. Ahora, como se termina descentralizando el patrón, también los compañeros terminan fragmentados. Cada uno le demanda con su patrón. Entonces, se te hace mucho más difícil la pelea. Llevamos años peleándonos para que adecuen los reglamentos a los ya discutidos primero en el sindicato con los trabajadores y luego con el Consejo. Tiene la legitimidad de los trabajadores, resultaron de debates colectivos, son los que fueron discutidos con el sindicato. Los demás salen de un capricho del defensor o de quien fuere. No están discutidos con los trabajadores. El Consejo de la Magistratura está incluido en la Ley de Jubilaciones del Estado. ¿Qué pasa? Esta ley en el Poder Judicial Nacional incluye a los trabajadores de hasta cierto año, acá lo mismo pero que pasa, como nues-
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tro escalafón no es igual al del Poder Nacional, es muy difícil definir quién entra dentro de ese sistema jubilatorio del 82% móvil y quién no. Además es discriminatorio porque nos deja afuera a todos los que somos en el escalafón empleados. Como hubo una necesidad de estar dentro de ese régimen y de ese escalafón, el consejo de la Magistratura empezó a querer unificar el escalafón. Que el Poder Judicial en general tenga el mismo escalafón. Entonces en la negociación del escalafón que estamos iniciando, pareciera que pudiéramos volver a ordenarnos. El Consejo de la Magistratura de nuestro servicio tiene: auxiliar, escribiente, oficial… El Ministerio Públicoclasifica, este es auxiliar con remuneración de oficial, éste es oficial pero con remuneración de auxiliar de servicio pero cumple función de… Hacen unos quilombos!!! Entonces, las condiciones en las que entra a trabajar ese compañero no son claras, no pertenecen a ningún marco regulatorio en su condición de trabajador. Es un desastre. Entonces, aparentemente en la unificación del escalafón habría un marco para poder trabajar y organizar un poco todo este lio que termina complicando todo. Porque no solamente tenés incertidumbre con tu salario, podes cumplir las funciones de un tipo que tuviera que ganar más pero gana menos, sino también de cómo va a ser tu carrera, como creces. Está muy complicado el tema. Están haciendo un desastre, una cosa tan fea, que estamos tratando de no perder lo que tenemos. Entrevistadora: En este marco que comentas del impacto de la Reforma Judicial a los trabajadores. ¿Cuáles son las posiciones y las acciones concretas desde los trabajadores y desde el sindicato para poder revertir esa situación? Corina Gambini: Nosotros hemos dado una pelea muy fuerte. Hemos llegado a hacer una manifestación al Consejo de la Magistratura, todos vestido como empelados de McDonald’s, con Ronald, la M gigante y repartíamos papas fritas con la consigna de “No a la Mcdonalizacion de la Justicia”, sacamos la edición de nuestra revista que se llama Igualdad referida a la reforma de la justica, hemos hecho jornadas de capacitación sobre la reforma, hicimos una película, un documental que habla sobre el tema de la reforma judicial y tratamos de vincularlo con la afectación acá y trabajamos mucho en la concientización y en la difusión.
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El otro sindicato, por ejemplo, de esto no hace eco o registro. Nos ha pasado de tener que pelear con compañeros, que en definitiva son compañeros aunque se agremien en otro lado, que digan que decimos pelotudeces porque responden a otros intereses. Tratamos de trabajar sobre la explicación de qué es esto, porque si hablamos sobre reforma judicial, es como referirnos a la nada. Parecíamos Lilita Carrió, viste, que decíamos, “-che. Va a pasar que se va…”. Todos nos tomaban como “dejá de decir pavadas”. La verdad que muchas cosas que decíamos que iban a ocurrir, están ocurriendo ahora, a pesar del trabajo intenso de querer concientizar acerca de que “si no reaccionamos, nos va a pasar esto”. Cuando se trata de dinero los compañeros reaccionan. Si el salario liquidado no está en condiciones, vienen a protestar. Los adicionales desaparecieron todos. Muchas cosas hemos logrado contrarrestar en la precarización laboral, pero no que haya compañeros que tengan que trabajar hacinados, encerrados, con pasillos chicos, controlados. Hay cosas que son horribles que pasan. La gente naturaliza estas cosas. Cuando nosotros les decimos que “esto es parte de lo mismo. Este todo pensado. Es un gran plan” nos toman como locos. Entonces se complica mucho instalar y concientizar sobre la parte que tiene que ver con la precarización laboral. Los contratos están, es muy difícil. Estamos logrando que los compañeros que se contratan mediante locación de servicios, pasen a la planta. Hemos tenido compañeros con discapacidad, porque hay que cumplir el cupo de emplear personal con discapacidad y los designan por contrato. Una burrada! No tienen ART. Como una persona vulnerable, es tratada de esta manera. Un horror. Pero ante las cosas que son más visibles, más contundentes, los compañeros se suman a los reclamos. Nosotros no solo hacemos manifestaciones, hacemos radio, intervenciones más pequeñas, trípticos, folletos, material para leer… hay algunas cosas que impactan y dan respuesta. Es muy difícil que un compañero entienda que trabaja en condiciones incomodas a propósito. Estamos padeciendo las consecuencias de no reaccionar, sobre todo en estas cuestiones y más en el Ministerio Público con la descen-
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tralización. Han reformado el código contravencional de manera horrible, lo adecuaron mucho al de Chile. Garabano, que acuerda con los sectores que impulsan la reforma judicial, ha instalado cosas con mucho éxito. Acá lo permanente es separar al Ministerio Publico y dejarlo crecer de forma brutal; eso significa tener 500 mil lugares para meter gente, cumplir con favores, etc., etc. y es lo que termina primando a la hora de designar. Es re triste. La verdad, hasta ahora, no sé cómo es la estructura del Ministerio Publico. Es muy difícil. Tienen unidades, que no recuerdo como se llaman porque todo es con siglas. Son la UPI, la SUKI, la PIPI PIP. Hay sectores donde trabajan un montón de personas que hacen el trabajo administrativo de la fiscalía. Entonces les llueve mucho trabajo. No hay una persona que siga un trabajo o que se pueda capacitar bien para hacer algo y crecer en esa capacidad. No, te tiran algo que dice: abrochas, llevas, muy revolución industrial. Esta todo el trabajo fragmentando en el Ministerio Publico. No puede haber gente que solo se encargue de sellar y archivar. Es una locura. Entrevistadora: En este tema que hablas de la precarización laboral, hay un tema puntual, del que la OIT se ha manifestado y es esto de las pasantías. La OIT habla que las pasantías pueden ser una trampa laboral. ¿Cómo crees que eso se ha venido desarrollando en el sector que se ha proliferado como mecanismo de contratación? Que de alguna forma las pasantías pueden ser consideradas como un caso de explotación laboral y si, de alguna forma, tú ves que ha proliferado. ¿Si la reforma judicial y la modernización del poder han hecho que esto de las pasantías se ha venido ampliando el en Poder? Corina Gambini: En nuestro poder judicial, con el tema de la reforma empezaron a incorporar pasantes, pero no es algo desbordado. Hay pasantes, es grave, pero no logran tener mano de obra espectacular. No sé qué pasa pero no se instala. Nosotros tenemos salarios buenos. Hemos logrado no desvalorizar el salario. No somos millonarios pero hemos logrado que el trabajador judicial mantenga el poder adquisitivo. Es una pelea que damos todos los años y la gente la tiene recontra clara. Están súper entrenados los muchachos en el reclamo de nuestro salario. Es como que no se toca, no se jode.
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Como somos muy hincha cocos con el tema de los contratos, vivimos haciendo quilombo con eso, entonces también me parece que es un meta mensaje. Si con un contratado, es un problema porque exigimos el pase a planta y los volvemos locos, es un mensaje para el tema de las pasantías. Las pasantías, obviamente, ya es el colmo de todos los colmos. Tenemos conocimiento, no sé si actualmente hay pasantes, pero sé que los había pero no es una cosa que digas, en todos los juzgados hay un pasante. O en cierto sector del Poder Judicial trabajan muchos pasantes. En algún juzgado ha ocurrido pero no es un tema que se haya podido instalar como se instala en la Justicia Nacional. Si se dé de compañeros que han hablado con pasantes y estaban contentos porque les iba a dar experiencia para cuando salgan al mercado laboral. No sé. Una locura. Aquí no proliferó mucho. Entrevistadora: Si, incluso tengo entendido que en algunas pasantías que tienen convenio con la UBA la pasantía es remunerada. Corina Gambini: Si. Me parece que sí. La verdad no estoy mucho en el tema. Nos hemos ocupado cuando ha ocurrido pero son temas que se están manejando más desde el dialogo, desde la presentación escrita pero no son temas que han llevado luchas muy grandes. Entrevistadora: ¿Cómo ves tú la evolución o la involución, si fuera la circunstancia, en el sector? Corina Gambini: En el sector en general. Es complicado. Porque me pongo a pensar en las provincias y hay muchísimas realidades, inclusive, creo, tiene que ver con el momento histórico. Hay gremios que crecieron y han crecido mucho y muchos que están siendo divididos, desgarrados, tironeados. Se da de todo. En nuestra circunstancia es distinto, la Justicia, porque nosotros tenemos la Federación y desde ese lugar podemos entrar en contacto con realidades de muchos lugares. Por ejemplo, la situación de la Federación Judicial Bonaerense, que para nosotros siempre fue un ejemplo, y de repente encontrarse con que ahora, en una elección fuertísima, en la que hay muchos sectores y mucha división; mucho tironeo. Entonces, es lo que pasa en esta época con el kirchnerismo un poco, que yo creo que tiene la filosofía de “divide y reinaras” con esta cosa, esta izquierda, medio trucha que tienen. Me parece que hay compañeros que realmente creen que es un gobierno de ese tipo y gente que
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tenía esas ideas, están todos tironeados… Madres, Hijos, Abuelas, sindicatos y me parece que el Poder Judicial no es una excepción. Nosotros teníamos un sector de compañeros que eran militantes peronistas y se fueron hace dos años del gremio, se llevaron ciento y pico de compañeros a la Unión, que están todos juntos en un profundo amor a Cristina. Ahora se están peleando porque Piumato no la quiere más, entonces los que se fueron que la amaban… y… es la división de la división, de la división. Es un momento histórico donde hay mucha división. En Córdoba también, los compañeros judiciales están pasando por una situación similar. Y escucho de muchos gremios, de muchas provincias, que pasan por lo mismo que estamos pasando nosotros y que la Unión misma lo está pasando acá. Nuestros compañeros del otro bando, también se están peleando por otras razones. Entre los que son fervientes de Piumato y los de La Cámpora se están matando a trompadas. Entonces, esta cosa me parece que nos está afectando. También reconozco que hay otros sindicatos, de otros sectores, que han crecido mucho pero porque me parece que tienen una concepción plena kirchnerista y van ahí, enteros en esa lógica. Acá hay muchos compañeros kircheneristas, por suerte. Insisto, yo no soy partidaria, pero tengo otros compañeros que son re partidarios y aman a Cristina y me encantan que estén y que podamos seguir sentándonos a dar un debate que diga “A mí me parece que es una boluda por esto”, y que el otro diga “Estas equivocada por esto otro”. Por suerte, después de esa fractura que tuvimos, con estos compañeros no hay razones para dividirnos, ni nada. Lo que tiene que ver con los que nos pasa seguimos peleando y después, nos matamos de risa y lo tomamos a bien. Nos han querido hacer ver como un sindicato anti-kirchnerista o anti-peronista. Nosotros no somos anti-nada. Somos Pro trabajador judicial y queremos tratar de seguir trabajando en esa lógica, pero se hace muy difícil, porque terminás pareciendo un tibio en este momento; porque tenes que decir institucionalmente si amas o repudias a… y nosotros, institucionalmente, no amamos ni repudiamos a ningún político. Nosotros, queremos institucionalmente tratar de que todos los compañeros se sientan contenidos en este espacio y tratar de respetar que sean de la corriente que sean.
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Pero entendemos que es una tarea súper súper difícil y ahora se está haciendo más difícil que nunca. Están muy divididos todos los gremios. Bueno, ha pasado con los docentes en la CTA., es un ejemplo contundente. Entrevistadora:¿Sientes de alguna forma que hay una involución y que responde a estas fracturas…? Corina Gambini: En cuanto a los compañeros siento una involución. Después siento que es una etapa en la que ha habido muchas conquistas de los trabajadores. Por eso, siento que es una etapa muy complicada porque está claro que los sindicatos están mucho mejor que en 1995. No vamos a cuestionar eso. Hemos tenido conquistas de muchas cosas y se ha avanzado en muchos sectores que han evolucionado. Pero, a la vez, yo lo digo desde el militante. Porque me parece que hay dos ópticas: la del trabajador que dice “conseguimos esto, esto, esto”, y yo, por ahí, lo veo desde la óptica del militante, con compañeros con los que uno se tomaba de la mano, ahora te miran desde el lado de enfrente y te dicen “vos sos esto, vos sos lo otro”. Pero nosotros pensábamos lo mismo… en la CTA., por ejemplo, ¿Qué pasa? Nos fuimos de la CGT porque entendíamos que ese sindicalismo estaba caduco, que no iba más, que nosotros íbamos por esto y por lo otro y… de repente… Ahí hubo una involución, en ese sentido, sí. Entrevistadora: ¿Crees que recientemente existen o se han consolidado escenarios de violencia antisindical especialmente en los trabajadores judiciales? Corina Gambini: No, creo que no. Al revés, si nos ponemos a pensar hay muchos compañeros sindicalizados. Y por primera vez me pasa que cuando me preguntan de qué trabajo no me miran con cara rara. Acá adentro no. Incluso nos ha pasado hace tiempo atrás, entre compañeros, cuando vino Piumato al Poder Judicial, la primera manifestación que tuvimos, ellos quisieron hacerlo a su manera. Nosotros habíamos colgado las pancartas desde temprano. Mandaron 4 morochos, armados, para que saquemos todo, porque querían copar la parada y le pegaron a dos compañeros, todo. Fue un hecho tan lamentablemente y tan fuertemente repudiado. Fue el único hecho repudiado por los compañeros acá. Entrevistadora: Esto que mencionas es más entre sindicatos, entre compañeros. Pero te pregunto más en relación al Estado, a los gobiernos, observas algún tipo de violencia, incluso antisindical.
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Corina Gambini: Si. Fustigar a un compañero en particular. Un jefe diciendo “Mira acá no te vengas a hacer el sindicalito porque se pudre todo”. El tema es que nosotros no somos muy temerosos. Somos muy solidarios en ese sentido pero no es algo que se instale. Entrevistadora: Digamos, no ves una sistematicidad en esto. Corina Gambini: Hay algunas personas que son sistemáticas en eso. Pero no institucional. No te digo que hay un respeto supremo, ni un reconocimiento absoluto. Hemos logrado que sepan que algunas cosas no las pueden discutir sin nosotros porque cuando pasó eso, en el Consejo de la Magistratura anterior, el presidente nos quiso dar unilateralmente un aumento salarial. Se pudrió todo. La gente le dijo “¡no lo queremos!” Les daba un 20%, no un 5% pero fue… “a mí no me tenes que decir lo que me tenes que dar”. A raíz de circunstancias como estás, que lo quieren hacer y lo deben tener planeado; no sea tan fácil instalar esto de maltratarte ya sea a través de la indiferencia, o dejándote afuera o no convocarte o a través de la violencia. Pero acá no hay lugar para la violencia, puede ser un hecho aislado, una pelea de alguien. Entrevistadora: ¿Y en términos de libertad sindical en el Poder Judicial como es el tema de los derechos en términos de asociación, negociación colectiva y huelga en el sector? Porque sabemos que hay ciertas restricciones, que no existen paritarias en todas las jurisdicciones, que hay algunas dificultades. ¿Cómo lo observas? Corina Gambini: Acá no hay paritarias. Incluso es muy difícil a nivel legal, el tema de las paritarias es un poco falta de voluntad de la patronal resolverlo y otro poco falta de marco regulatorio porque, como es un Poder Judicial nuevo, todo es novedoso. Tampoco está regulado quien debería intervenir en los casos de negociación colectiva. Obviamente la patronal no tiene intención de tener negociación colectiva tampoco. No quiero decir que es culpa del otro. Pero eso está muy verde, muy verde todavía.Aún somos muy vulnerables. Nuestra primera presentación como sindicato fue sobre la carrera administrativa, que conseguimos como resultado de una lucha muy fuerte. El tema de la carrera ya está, se van tocando cosas muy pequeñas. No es que te las cambian de cuajo. Se hacen cosas muy pequeñas, pa-
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vaditas y cuando te quisiste dar cuenta tenes ochocientos mil artículos reformados y termina perdiendo el espíritu. Por eso, también ahora está el tema del escalafón y todas estas cuestiones porque pone sobre la mesa toda la discusión de la carrera de vuelta. Con los compañeros de la comisión directiva hay un reconocimiento, con los delegados cuesta más. Está quedando claro el tema de que no les pueden modificar las condiciones de trabajo, en eso avanzamos un poquito, porque antes los cambiaban de edificio y ahora hay un poco de respeto en cuanto a que no pueden tocarlos. Algunas cositas se van instalando en cuanto a respetar lo que la ley te da como derecho de ser un militante sindical y algunas cosas, falta todavía un montón. Más en lo colectivo. Hay una resolución que se firmó hace un par de años, de legitimación activa, la llamamos nosotros, porque el Consejo de la Magistratura reconoce la legitimidad de los sindicatos para negociar. Eso es una cosa que esta buena. No es lo que queremos, pero no es como antes. Por eso, es un poco y un poco. Y si nos comparamos con otros poderes judiciales del país, donde están esos caudillos instalados, es como bueno, nosotros acá estamos en la panacea. Entrevistadora: Y estas conquistas que vienes mencionándolas a lo largo de la entrevista. ¿Cuáles han sido las estrategias y tácticas que ha utilizado la Asociación para llegar a esas conquistas a lo largo de estos años? Corina Gambini: Nosotros siempre hicimos lo mismo. Primero, sentarnos con todos los militantes a discutir las estrategias y las tácticas porque tiene que haber un conocimiento pleno de todo y además, cuantas más voces, digamos, más cerca vamos a estar de lo que está bueno. Y después hacer asambleas, hablar con la gente, contarle a la gente, ver que piensa, intercambiar, decidir y analizar una vez finalizada la asamblea e ir instalando una estrategia de forma conjunta. Nosotros planificando con los militantes, comentándoles a los trabajadores y los trabajadores diciendo mira si estamos dispuestos, vamos hasta acá o hasta allá. Y según lo que nos trasmiten los trabajadores saber hasta donde poder ir. A raíz de ello organizar un plan de lucha que va inscrescendo. Primero podemos ir un día al consejo a saludar y de ahí terminamos
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como en alguna ocasión con las carpas en la calle. Después solemos hacer asambleas inter edificios, les llamamos nosotros, cada edificio se reúne en su hall para la asamblea y, depende de la ocasión, antes de hacer movilizaciones nos reunimos todos en un edificio, por ahí no en el Consejo de la Magistratura, si no en uno más grande. Que pasen compañeros que por ahí les falta sumarse y que digan... ¿Qué pasa acá? ¿Cuánta gente, qué onda? Y que cada vez sean más y vallamos sumando más. Y vamos generando como el caldo un poco, hacer gacetillas informativas, ir comentando de que se trata, dando información, mandando mails y de a poquito ir haciendo más ruido, más ruido, más ruido. Lo primero es mandar un reclamo formal, escrito, a la patronal, dejando expuestas nuestras razones y solicitando las reuniones y los medios para discutir estas cuestiones. Si la reunión sale vamos un par y vemos si nos ponemos de acuerdo y si no, bueno, se viene construyendo lo otro. Todo el proceso, siempre, se da con asambleas. Nos vamos de la primer reunión y nos reunimos con los compañeros en asamblea para comentarles lo que paso y ver como se sigue y si la gente no está o no les parece que haya que poner más… Nosotros tratamos de respetar siempre la voluntad del compañero, más allá de que a veces queramos prender fuego todo, pero si la gente no acompaña no. A veces a nosotros, nos parece que tengamos que hacer un incendio, pero a la gente que sí. Tratamos de respetar lo que la mayoría decide y quiere. Democracia. Se va armando de a poquito. Paso de llegar a dormir en la calle y el segundo día de dormir en la calle decir “¿Y ahora sí, qué hacemos ahora, qué nos queda?” Porque no nos daban bola. Entonces decidimos dejar de dormir en la calle, entrar al Consejo de la Magistratura y tomarlo. Ese era el siguiente paso. Pasamos la última noche diciendo “Por favor, por favor, que mañana a la mañana” y si, lo resolvieron a la mañana siguiente. Y bueno, por suerte no tuvimos que entrar. A la mañana siguiente, no se quedaba a dormir todo el mundo, pero a la mañana siguiente, eran 500 personas que vinieron a la puerta a decir “Che qué hacemos”. Hemos tenido épocas que las conquistas más fuertes se dieron con una cantidad de gente. Hemos tenido asambleas inter edificios que terminaban en movilización porque era una barbaridad de gente. Cuando los temas son muy fuertes, se suman. Entrevistadora: ¿Y cuáles eran los reclamos que estaban haciendo cuando hicieron lo de la dormida?
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Corina Gambini: Porcentualidad y carrera judicial administrativa. Los reclamos más importantes. Entrevistadora: ¿Y lo lograron? Corina Gambini: Si, 60% para la categoría más baja. Y nos quisieron tocar la porcentualidad… Cuando yo digo lo de los adicionales, que mencionaba antes, para nosotros es querer romper, tocar y alterar la porcentualidad. Por eso saltamos mal. Hoy, al sistema de porcentualidad lo quieren destruir y cualquier pavada que hagan, por mínima que sea, para ir por ahí, la gente responde. Porque trabajamos tan fuertemente que quedó clarísimo la importancia del sistema. En realidad no nos tocan el salario, nos tocan la porcentualidad. Le dieron un adicional a los jueces, un 10%, por función. Fue lo más pelotudo que escuche en mi vida. Por función a un juez. Me están jodiendo! Y si no tiene la función después, que hace? Le pagan por hacer lo que le pagan. Una locura fue eso. Y ahí la pelea fue para que no se lo den a los jueces porque, aparte de romper la porcentualidad, era una cosa inmoral. Fue un lio barbare. Los compañeros se sumaron todos. Porque, la verdad, estuvo muy bien instalado e informado lo que es la importancia que tiene. Y yo creo que las generaciones nuevas, que ingresan al Poder Judicial, ya lo toman por osmosis. Esta campaña se dio en el 2005 y los que entraron nuevos, no sé si saben bien de que se trata todo esto pero bueno, salen a defender con igual fervor. Pero eso me parece que el tema de la porcetualidad es el más grafico que representa cómo se organiza la lucha nuestra. Pero nunca decidiendo a puertas cerradas. Es más, por ahí, como comisión directiva discutimos y bueno, decidimos “Hay que hacer paro y paramos martes y miércoles”, y vas a discutir con los delegados y te dicen “No querido”, y por ahí terminás lunes y jueves de la otra semana. Tratamos de ir con un plan base, no en bolas, porque, imagínate que en una reunión de delegados, cuando hay problemas, pueden haber 50 personas, entonces estamos discutiendo 35 años. Tiramos un plan base y de ahí lo llevan a las asambleas, después termina en cualquier cosa y después hay que modificar lo que pasa en cada asamblea. Es bastante complicado lo que hacemos nosotros. Pero bueno, nos da resultado por ahora. Entrevistadora: Hasta aquí hemos hablado un poco de los derechos en términos de asociación y un poco me has contado en base al tema salarial, pero quisiera que me amplíes un poco en base cual es la
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situación actual del sector judicial en términos de salud, educación, vivienda, seguridad. Corina Gambini: En líneas generales, en los trabajadores del sector judicial, la menor cantidad de personas son las de menor poder adquisitivo. Tal vez porque siempre ingresó gente muy joven. Entonces al ser en gran número personas que no tienen familias, y por no perder mucho el poder adquisitivo, les ha permitido poder armar su familia, construir una vivienda a través de un préstamo de forma más fácil que las familias constituidas. Por ahí sí, las personas que tienen más necesidades son personas que ingresaron con una familia constituida y ya más grande. A nivel salud estamos bien porque nuestra obra social es muy buena. Tiene muy buena cobertura, es amplia, en ciertas circunstancias contempla poder agregar un familiar si no tiene otra cobertura de salud. A nivel de asignaciones familiares, por ejemplo, siempre venían desactualizados, no les daban bolilla, pero nosotros los volvimos locos, para que liquiden con valores actualizados. Y a nivel vivienda es el punto que está más flojo. Hay mucha gente que alquila pero le está costando pagar el alquiler. Con el salario les alcanza pero… a fin de mes, vemos cómo llegamos y no hay muchos caminos para el acceso a la vivienda propia, mucha gente no califica para el crédito hipotecario. Entrevistadora: ¿El que tiene cualquier persona? Corina Gambini: Si, el que tiene cualquier persona. La educación, a nivel jardín, el Consejo subsidia a los jardines maternales. Les da $900 y pico al trabajador para que pueda pagar y lo incluye hasta sala de 5 porque también contempla el hecho que entrar a un jardín estatal es complicado. El nivel de vacantes es casi nulo, entonces se subsidia al jardín hasta nivel preescolar. Eso es todo por iniciativa nuestra. Nosotros exigimos la creación del jardín propio pero como no se ha creado, exigimos que se le dé un subsidio al trabajador para cubrirlo. Y eso está. Después lo que es la educación primaria y secundaria es lo que tiene cualquier persona a nivel asignación familiar. El tema es que yo creo que la mayoría puede acceder a un colegio privado, por ahí, aunque no sea el más caro. Creo que la falencia más grande que están teniendo los trabajadores judiciales es el tema de la vivienda propia. Si bien no hay trabajado-
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res que vivan en la calle en nuestro poder judicial, hay muchísimos que no tienen vivienda propia y que no tiene medios para acceder. Entrevistadora: Se han generado reivindicaciones en función de estos temas, por ejemplo, me has contado el tema de la educación hasta preescolar. Aparte de esto, ¿ha tenido el sindicato una acción concreta para lograr el tema de la vivienda propia? Corina Gambini: Nosotros hicimos, hace un par de años, una encuesta sobre el tema de la vivienda para analizar la situación de los compañeros, saber cuál era el universo de gente que tenía esa necesidad. Hemos pedido reuniones con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y hemos tomado varios rumbos a ver si podíamos armar alguna cosa pero es un tema muy difícil. Por ejemplo, sabemos que la Unión tiene asignadas estas viviendas que construían hace un tiempo, a través de las Madres, y tampoco se las han podido otorgar a ningún compañero. Es un tema muy difícil incluso para aquel que tiene los mejores contactos de la tierra. Es un tema muy difícil. Hace poco tuvimos una reunión con la gente del IVC, parece a veces que vamos avanzando, pero en realidad no avanzamos. No te dan más bolilla y volves a intentar. Hemos intentado dar préstamos hipotecarios con condiciones preferenciales. En su momento, con el Banco Credicoop, hemos logrado que otorgue créditos a un valor más bajo que el de Ciudad, incluso. Pero no duro mucho, al banco finalmente no le convino. Pero bueno, tratamos de buscarle una veta pero es muy complicado. De hecho, si nos ponemos a pensar, en la misma comisión directiva, la mayoría no tienen vivienda propia. El tema de la vivienda es la deuda más importante. Entrevistadora: Quisiera indagar un poco, porque no nos hemos referido mucho al tema y es el sindicato acompaña lucha, además de los trabajadores judiciales, si mantiene articulaciones con otras organizaciones sociales. Corina Gambini: Si. Hemos ido a acompañar muchas luchas a muchos lugares. Ya sea con otros compañeros judiciales de otras partes del país. A veces hemos ido con muchos compañeros que han marchado, a veces con delegados, a veces con representantes de la comisión directiva, según las circunstancias y lo que se ha podido hacer pero si, hemos marchado con compañeros del Banco Ciudad, por organizaciones sociales por un montón de causas.
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No me olvido más cuando fue lo de Fuentealba. Fue increíble la cantidad de compañeros que marcharon con las banderas del gremio ahí. Un montón de judiciales que son re jodidos para marchar, si no es la plata, la porcentualidad. Éramos un montón. Hemos hecho una marcha conjunta con gremios de la Ciudad a la Legislatura, una marcha muy grande que se organizó en la CTA Capital. La solidaridad con otros sectores, siempre. Por ahí también, concurrir a actividades que no tienen que ver con la protesta. No solamente formación, si no actividades recreativas, de todo tipo. Tenemos relación con otros sindicatos de la ciudad y otros del país también. Entrevistadora: ¿Y otras organizaciones sociales de otro tipo también? Corina Gambini: Si. Entrevistadora: ¿Hay algunas tensiones con otras organizaciones sociales? Corina Gambini: No. Para nada. Somos re buenos nosotros. Entrevistadora: Bueno por ahí los otros no son tan buenos… Corina Gambini: Si, son todos buenos los demás compañeros, son todos buenos. Como somos un gremio muy joven, todos nos han ayudado. Desde prestarnos sedes, ollas, sonido, la cantidad de cosas que nos han prestado para poder hacer marchas, eventos y de todo. La verdad es que estamos muy agradecidos con muchos compañeros de muchos lados. O de prestarnos cabezas. Que vengan compañeros de otros gremios a dar formación, a contarnos su experiencia, que vengan cuadros de otros sindicatos acá a capacitar a los delegados. La verdad, es que tenemos mucha relación con otros sectores y siempre la respuesta ha sido excelente. Una sola vez tuvimos un proceso de violencia sindical, que no tiene nada que ver con esto, durante una elección de la CTA, cuando vinieron un par de la UTE a pegarnos para poder ser presidentes de mesa. Pero esos tampoco son amigos, los de UTE, no los conocemos, no son ni buenos, ni malos, pero nos quisieron pegar una vez. Eran cinco muchachos muy fornidos, con las caras cortadas con sangre que se ve que se habían estado golpeando por ahí y yo estaba sola con un compañero y le dije, “sentate ahí”. A los compañeros enojones, los deje en el fondo, ni les dije. Hablaron, les dije a todo que sí, los deje en el molde y se fueron.
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Ese es uno de los pocos hechos de violencia que hemos tenido. Pero nada. Muy tranqui. Entrevistadora: Observas desde el estado nacional una posición política que ha generado fracturas y también nos hablaste un poco de esto del macrismo y de algunos cambios que han surgido desde el gobierno de Macri, en relación a los trabajadores. Pero con este contexto ¿Cuál es la relación, la posición, de los trabajadores frente al Estado hoy, tanto a nivel nacional como a nivel local? ¿Y si ves qué ha habido un cambio desde el Estado de ayer al estado de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel local? Corina Gambini: En relación a los mismos gobernantes si han cambiado su… Entrevistadora: Si, y en relación a gobiernos anteriores. Corina Gambini: En relación al Gobierno de la Ciudad me parece que está en su punto más decadente a nivel de ignorancia, del manejo de las cosas, las instituciones están un desastre. Me parece que llegó a su punto más bajo. La educación es un desastre. Y muchos compañeros que apoyaban la gestión de Macri me parece que terminaron tomando conciencia. Y también lo digo en mi vida particular, con amigas que lo han votado… “Y de qué te horrorizas”, “vos votas a Macri pero, vos pensas que puede pasar ante esto, esto y esto…” Y ahora me parece que sí, que se va generando conciencia. A veces se empezaron perdiendo cosas que a los compañeros no les importada pero, como ahora ven como van avanzando ante todo, ahora se están preocupando. Me parece que, a nivel de Gobierno de la Ciudad, es la peor gestión. Por algunas cuestiones de todo lo que es la contención social. Me parece que se vende mucho, hace muchas cosas a nivel gráfico pero nada. Crearon muchos centros de asistencia social que están todos cerrados. Ni hablar. No quiero empezar a profundizar. A nivel gobierno nacional me parece que están en un punto que se están pasando de rosca. Venían en un rumbo, había que profundizar ciertas cosas pero que se equivocaron de adonde profundizar y profundizaron en el lado equivocado. La opinión de los compañeros y de los trabajadores judiciales es muy diversa. Hay de todo. Desde amor profundo, odio profundo y quinientas posiciones intermedias.
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Sí es más compacta o generalizada en relación al gobierno de Macri. No hay tantas grietas. Tampoco le profesan mucho amor. En cuanto al gobierno nacional es muy complicado armar un panorama general. A mí me parece, que toman decisiones acertadas pero con razones equivocadas. Cepo al dólar pero para pagar la deuda externa. No para que no haya más hambre en el Chaco Impenetrable. Esa es mi visión. Es difícil apoyar las medidas. Porque el trasfondo de esas medidas es complicado. Me gusta la medida pero cuando descascaras un poco la pintura, me da miedito, no sé adónde van. Ayer escuché uno de estos periodistas, bueno, son todos nefastos para mí, los del gobierno, los opositores. Pero uno de ellos decía, “no me interesa a quien no le venden dólares, me interesa a quién le venden, quien sabe a quién le venden dólares”. Adónde va, ahí no hay nada. Hay un silencio estampa. Y me parece que representa un poco la actitud del gobierno. Esta la medida, que se pone para afuera, que esta bárbaro y después, lo que hay atrás de eso. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? No hay claridad. Y esta cosa del lavado de cerebro profundo. Es un momento que a mí, particularmente me pone muy nerviosa. La verdad, están a un momento entre un punto entre el gobierno nacional y Clarín; es tan estúpido el antagonismo que inventaron. Es muy complicado. Me cuesta mucho hablar, debatir con compañeros, con gente cercana. Ayer hablaba con una amiga, que no es kirchnerista, es esa cosa que te digo, hay posiciones muy difíciles de definir y nos cuesta mucho discutir. ¿Qué compra la gente? Termino pensando que estoy confundida yo y no entiendo. En la confusión siempre alguien pierde y es el pueblo. Entonces, si bien, han mejorado muchas cosas, me parece que no está bueno esto que pasa. Esto de que hay una marcha y, para algunos es la marcha de la paz y para otros es la marcha del odio. ¿Qué onda? Es la misma marcha. Hay posiciones tan antagónicas frente a lo mismo que no puede ser bueno. Transciendo lo que se logra a nivel social porque… ¿Qué viene después de esto?
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Porque muchos gobiernos han gobernado de forma terrible, otros mejor, otras peor. Pero nunca hay un plan a largo plazo entonces siempre hay incertidumbre. Buenísimo la Asignación Universal por Hijo, buenísimo que pensemos en nacionalizar el petróleo, buenísimo un montón de cosas pero ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué viene después? Entonces, nada es claro. Y cuando no hay nada claro, no hay un rumbo claro a mí me parece que estamos peor que antes. Entrevistadora: En ese contexto de las contradicciones del gobierno nacional que mencionas, esto que no está nada claro y de las profundizaciones de las cuestiones sociales en el gobierno de la Ciudad con el gobierno actual en CABA. ¿Crees que esas dos cuestiones han generado un nuevo posicionamiento del movimiento de trabajadores? ¿Que eso ha activado nuevas luchas que antes no existían? ¿Observas un cambio? Ahí me refiero no solamente a la organización que representas si no al movimiento de trabajadores sindical en Argentina. Corina Gambini: Creo que a nivel de organizaciones sociales sí. Las organizaciones sociales en Argentina es el último bastión de lucha en la sociedad. Pero, a nivel sindical, es muy complejo. Yo estoy en una etapa media compleja. Tengo una nube gris en la cabeza terrible. Los sindicatos creo que están súper complicados. Están más en la disputa de la cuestión política que en el momento social en el que vivimos. En nuestro sector no se visualizan luchas encaradas hacia los nuevos problemas que hay y las que están y se dan desde las organizaciones sociales están totalmente acalladas. A los grandes medios opositores no les interesa nada más que difundir o mostrar la que diga “Cristina Pu…”. Básicamente. No le importa la cuestión de fondo. Y para los otros no pasa nada. Es un nivel de ceguera brutal. La verdad que en nuestro poder judicial yo no veo que surjan… no sé, es un momento más de resistir que de… es irónico. Entrevistadora: Pero de resistir hablas de aguantar. Corina Gambini: Si, de aguantar pero no perder lo que tenemos. Por ahí suena contradictorio lo que digo, porque parece que este gobierno va mucho en lo social y yo estoy diciendo que hay que aguantar. Pero ¿Por qué? Porque también en la confusión alguien pierde y por el “divide y reinaras”, estamos tan fragmentados que somos muy vulne-
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rables. Por eso lo digo. Más allá de que por otro lado se muestre que hay un montón de conquistas sociales y que éste es el momento para encarar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, a la vez, nos terminan fragmentando y debilitando de una manera que si nos golpean ¿Cómo lo aguantamos? Y tampoco tenemos la fuerza para decir unámonos todos y avancemos un paso más. Donde por ahí es el momento ideal para pedir un poco más, se complica. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir ahora con mis compañeros ir por un poquito más de lo que tenemos pero, del otro lado, tengo un sindicato que está en una posición de “Para loca, que pedís!”, y te acusa de golpista. Entonces, no es que tenemos que ir más allá y estamos bien, y somos todos los trabajadores y vamos por más y está todo bien, viva la lucha social. Si me quejo, soy golpista. Porque es verdad. Te salen a parar a la gente. Te salen a decir “estos están locos”. Entonces, hay un montón de razones por la que pelear y por el otro lado, parece ser que hay un gobierno que contempla las organizaciones sociales, que piensa en los trabajadores. También te tienen atado de pies y manos. Entonces es muy difícil. Por eso digo, bancar la parada con lo que tenemos. Que no nos arrebaten nada. Me parece que se instala mucho eso, el no perder cosas. Entrevistadora: Alguien mencionaba en algún momento que el poder judicial es el más ideológicamente atrasado de los poderes. ¿Crees que esto tiene algo que ver con las limitaciones que tienen los trabajadores judiciales para ganar conquistas más profundas o para avanzar más rápido o cohesionarse más o para que realmente se lleve a materializar un proyecto sindical mucho más fuerte, más efectivo o no ves esto de que haya un vaciamiento ideológico o debilidad del Poder? Corina Gambini: No; creo que hay un vaciamiento y está fundamentado en los grandes grupos económicos, en los intereses económicos, en la ciega de poder y en la corrupción. Mientras haya corrupción, los sindicatos también van a estar muy corruptos. No hay unificación del movimiento obrero porque están entre los corruptos y los que se quieren separar de los corruptos. Mientras haya corrupción va a ser todo mucho más difícil porque nos atraviesa a todos. Por ahí pueden estar recontra organizados los sindicatos pero, la verdad, es que el Poder Judicial es un pilar necesario para hacer grandes negocios. Nosotros en el documental que hicimos sobre la reforma Judicial decíamos, no me acuerdo el porcentaje, pero era un número muy
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interesante, planteábamos que el poder judicial era un impedimento para hacer grandes negocios con las multinacionales. No. Una cosa nosotros queremos dejar que quede clara. Hay que permitir un montón de cosas, hay que ponerse la venda en los ojos para que pasen un montón de cosas. Y que tiene que ver con la corrupción. Tal vez, si la corrupción no invadiera los gremios, nosotros podríamos hacer más para tener el Poder Judicial ideológico como queremos. Creo que podemos influir, intervenir y hacer que mejore. Pero para que haya un cambio de fondo se necesita mucho más que eso. Salvo que todos los movimientos de todos los trabajadores organizados peleemos por tener un mejor poder judicial, lo que pasa es que se escapan las consignas generales. Cuando las centrales marchan, el Poder Judicial o la Justicia, quedan prendidas del sentido de que no haya inseguridad. Siempre se menciona en un sentido, no está contemplado en un debate colectivo de todos los trabajadores. En ese sentido creo que sí. Si todos los trabajadores nos organizamos y planteamos cosas en el sentido de querer un mejor poder judicial, entonces si vamos a obtener resultados. Decía que me parece muy difícil si lo seguimos manteniendo como algo sectorial. Porque de hecho, en todos los sectores judiciales de las justicias provinciales han dado una lucha tremenda y los han limpiado con una impunidad asquerosa. Hay lugares en los que les hacen cosas horribles. Lo que ha pasado en La Rioja con Juárez, no lo han dejado entrar a su lugar de trabajo. Avanzan de una manera espantosa. El poder Judicial, o el tema de que Justicia queremos, no es un tema al que se le dé mucha bolilla. No se le da mucha bolilla al gremio del sector judicial en las centrales tampoco. Me parece. No al gremio en sí, si no a los temas. No es una bandera. Justicia para todos no es una bandera de todos los trabajadores y es terrible que sea así. Entrevistadora: ¿Como ves en términos de perspectivas el camino de la organización judicial y el camino de los trabajadores judiciales? Corina Gambini: Como lo veo. Que pregunta difícil que me haces. No sé cómo lo veo. Tendría que ponerme a militar. Me parece que están un poco más reafirmados, que hay un montón de prejuicios respecto al sindicalismo que están desapareciendo, que la gente tiene ganas de organizarse. Espero que eso se siga profundizando y vayamos
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en un camino que los sindicatos vuelvan a tener el rol que solían tener antaño, que era la herramienta por excelencia. Lo que les hizo los 90 a los gremios es nefasto. Espero que podamos volver al estado previo a eso o a un estado mejor. Pero siento que a nivel de lo que se piensa del gremio está mejorando mucho. Independientemente de la cuestión militante y lo que quieren hacer los poderosos con nosotros. Al nivel de los trabajadores, la forma en que ven al gremio está mejorando, tiene ganas de participar. Y espero que eso se afiance. Siempre se piensa el sindicato como una cuestión de servicios; también que se sumen por una cuestión de reinvindicacion.Tenemos que estar unidos, para alcanzar nuestros objetivos y que no nos pasen por encima. Que se instale eso. Últimamente nos ha pasado que algunos compañeros se sumaban por convicción. No sé si se va a seguir afianzando esto. Pero espero profundamente que sí. Porque si no, estamos perdidos. Entrevistadora: ¿Qué factores crees que podrían influir para que la organización sindical y el movimiento de trabajadores vuelva a tomar ese rol que dices, debe tener en la sociedad? Corina Gambini: Para mí, lo más importante es el trabajo militante diario. La información, educar, formar, capacitar, conocer, saber. Porque si estamos bombardeando a la gente con que los sindicatos son todos una porquería, son todos corruptos, la gente compra ese discurso. Porque no conoce otra cosa. No sabe. Entonces hay que contrarrestar eso hablando con los compañeros. No viene de una cuestión global. Viene como un trabajo de hormiga. Hay que hablar compañero por compañero. Hay que estar charlando, estar al lado, contarle, decirle, explicarle que hacemos. Muy chiquitito. Muy artesanal. Esta posición que tienen los gremios hoy, un poquito mejor vista por parte de la sociedad, viene dado de lo colectivo. No se dio porque todos fueron a charlar. Yo hablo para que sea un compromiso en serio, duradero, con una verdadera convicción. Porque lo que nos bajan los medios hegemó-
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nicos, si el gremio es bueno, mañana nos bajan que el discurso es malo, somos malos. Entonces, lo importante es la coherencia. Es fundamental. Hay que ser coherente, democrático, abrir la puerta y que vengan a debatir. Que se informen, la herramienta más importante. No hay que tenerle miedo a abrir la puerta y que la gente sepa. Es lo que les pasa a los gobiernos o a los poderosos. Que si vos te informas, sabes, te capacitas, sos muy peligroso. A nosotros no nos asusta eso, porque queremos ser todos peligrosos. Capaz que es muy inocente de mi parte pensar de esa manera. Pero bueno, yo pienso eso.
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Gambina, Julio C. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Profesor de posgrados en Universidades Públicas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Rajland, Beatriz. Doctora en Derecho Político de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesora Consulta Titular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesora de posgrados en Universidades de Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán (Argentina), y de Brasil. Investigadora de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Evaluadora de las Universidades Nacionales de todo el país. Vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Estado de CLACSO Campione, Daniel. Abogado (UBA). Magister en Ciencia Politica. Doctorando en Ciencias Sociales. Administrador gubernamental. Profesor en la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Investigador. Secretario de la FISYP. Puello Cocarrás, José Francisco. Politólogo, MA Administración Pública y Doctorante en Ciencia Política. Docente asistente en la UNSAM (Argentina) y miembro investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (U. N. de Colombia), de la Corporación ConCiencia Política (Colombia), del Grupo de Estudios sobre Colombia y América Latina (GESCAL, Colombia/Argentina) y de la FISyP. Váquez Duplat, Ana María. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Internacional Humanitario y maestrante en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora integrante del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Víctor Mendivil. Actual Cosecretario General de la Federación Judicial Argentina y su Secretario General por varios períodos. Secretario Administrativo de CLATE (2008/2012). Miembro fundador de la CTA, habiéndose desempeñado en las secretarías Gremial y de Interior. Miembro fundador de la Coordinadora de Judiciales del Conosur y del Encuentro Sindical Nuestra América. Miembro fundador de la Comisión Provinciual de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Corina Gambini. Secretaria de Finanzas de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la CABA.
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