Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-enero-2017/
Timestamp: 2018-01-20 20:28:43+00:00

Document:
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la segunda quincena de enero de 2017.
1.- Modifican Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP) sobre el traslado de bienes desde el terminal portuario del Callao
Mediante Resolución de Superintendencia No. 005-2017/SUNAT (16.01.2017) se modifica el RCP con la finalidad de ampliar los supuestos de traslado exceptuados de ser sustentados con guía de remisión desde los terminales portuarios del Callao hasta:
los almacenes aduaneros o Zona Primaria de Actualización Especial (ZPAE), siempre que el traslado sea sustentado con el “ticket de salida” emitido por el administrador portuario y
cualquier punto del país (zona secundaria), siempre que el traslado sea sustentado con el “ticket de salida” emitido por el administrador portuario.
En ambos casos el documento deberá tener como mínimo la información señalada en el dispositivo comentado.
El ticket de salida no debe tener borrones ni enmendaduras a efecto de sustentar el traslado. Cada uno de ellos ampara una unidad de trasporte, un contenedor, un destinatario y un punto de llegada.
La norma comentada entra en vigor el 17.01.2017.
2.- NIIF 4 – Contratos de Seguros
Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 001-2017-EF/30 (17.01.2017) se oficializan las modificaciones a la NIIF 4 – Contratos de Seguros.
La vigencia de las modificaciones a la NIIF será la que ella establezca.
3.- Se modifican los sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2016
En virtud de la Resolución de Superintendencia No. 012-2017/SUNAT (20.01.2017) se modifica el universo de sujetos obligados a presentar declaración.
Así, solo están obligados a presentar la Declaración Jurada Anual del ejercicio 2016:
Asimismo, se señala que a partir del ejercicio gravable 2017, los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría presentarán su declaración jurada anual del impuesto a la renta únicamente a efecto de solicitar la devolución de las retenciones en exceso que les hubieren efectuado, en los casos en los que corresponda deducir los gastos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 46° de la ley.
Dichos gastos, se refieren a aquellos que pueden ser deducidos de las rentas de quinta categoría, hasta por un total de 3 UIT por concepto de diversos servicios, en adición a la deducción fija ya acordada de 7 UIT en favor de los contribuyentes con rentas de quinta categoría.
La norma bajo comentario entra en vigor el 21.01.2017.
4.- Registro Integral de Formalización Minera. Información a ser recabada por SUNAT
Como se recordará, el Decreto Legislativo 1293 dispuso que a partir del 6.02.2017, los sujetos que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de explotación y que realicen su actividad en una sola concesión, a título personal y que cuenten con inscripción en el RUC, debían proporcionar información referente a dicha actividad para el Registro Integral de Formalización Minera.
Así, la Resolución de Superintendencia No. 013-2017/SUNAT (25.01.2017) ha establecido que la información a proporcionar por los citados sujetos para el Registro se realizará a través de SUNAT Virtual a partir del 6.02.2017 hasta el 1.08.2017.
Presentada la información, el sistema emitirá una “Constancia de Recepción de Datos para el Registro Integral de Formalización Minera” que podrá ser impresa, guardada o enviada por correo electrónico.
La norma bajo comentario entra en vigor el 26.01.2017.
5.- Se aprueba versión del PDT PLAME – Formulario Virtual 0601
Mediante Resolución de Superintendencia No. 014-2017/SUNAT (25.01.2017) se aprueba el PDT Planilla Electrónica-PLAME, Formulario Virtual 0601-versión 3.1, la cual estará a disposición de los interesados a partir del 01.02.2017.
6.- Se aprueban nuevas versiones de PDT
En virtud de la Resolución de Superintendencia No. 021-2017/SUNAT (30.01.2017) se aprueban las nuevas versiones de los siguientes PDT:
PDT IGV Renta Mensual-Formulario Virtual No. 621 (Versión 2.4)
PDT otras retenciones-Formulario Virtual No. 617 (Versión 5.4)
PDT Formulario Virtual No. 0625 – “Modificación del coeficiente o porcentaje para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta” (Versión 1.5)
En relación a las versiones anteriores de los PDT, solo podrán ser utilizadas hasta el 31.01.2017. En el caso de las nuevas versiones de los PDT, éstas se encontrarán disponibles a partir del 1.02.2017 en SUNAT Virtual.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 30.01.2017.
1.- ¿Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después del cierre del ejercicio pero antes de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto que los incluye? ¿Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto pero antes de la presentación de la declaración rectificatoria que los incluye?
Se desprenden del INFORME No. 005-2017-SUNAT/5D0000 lo siguiente:
Como regla general, la imputación de los gastos para determinar las rentas de tercera categoría debe efectuarse en el ejercicio en que estos se hayan devengado.
Que para efectos de la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría, los contribuyentes están obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, existiendo la obligación de consignar en esta, por mandato imperativo de la norma, los datos solicitados por la Administración Tributaria en forma correcta y sustentada, a la fecha de su presentación, incluso cuando tales declaraciones sean rectificatorias de otras presentadas con anterioridad.
Considerando que la declaración tributaria es un acto formal por el cual se manifiesta a la Administración Tributaria la existencia y cuantía de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, siendo que para dicho efecto deberá contarse con la documentación sustentatoria del gasto considerado en la determinación de la aludida renta neta imponible, y más aún cuando dicha declaración tiene el carácter de declaración jurada.
En relación al sustento de los gastos con comprobantes de pago, se puede afirmar que para efectos de la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría que efectúan los contribuyentes en su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, únicamente deben considerar los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que se trate respecto de los cuales se cuente, hasta la fecha de dicha declaración con los comprobantes de pago que los sustenta, aun cuando estos hubieran sido emitidos con retraso.
2.- Se consulta si en la aplicación del principio del devengado, se exige que, en general, los gastos distintos a la depreciación de bienes del activo fijo a que alude el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la LIR, devengados en el ejercicio, deben encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción en la declaración jurada anual de dicho impuesto.
Se desprenden del INFORME No. 004-2017-SUNAT/5D0000 lo siguiente:
Tratándose de perceptores de tercera categoría, no es requisito la contabilización de los gastos devengados en un ejercicio para que sean deducibles para la determinación de la renta neta imponible de dicho ejercicio, salvo los casos en que así se haya dispuesto en la normativa del impuesto a la renta.
Al respecto, cuando se ha querido para efectos tributarios establecer la obligación de contabilizar los gastos a efectos de que sean deducibles en uno u otro ejercicio, ello se ha establecido así expresamente: tal es el caso de los gastos por depreciación a que alude el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de LIR y de aquellos gastos de tercera categoría que por razones ajenas al contribuyente no hubieran podido conocerse oportunamente, entre otros.
3.- En el caso que un tercero, distinto a un martillero público, realice por encargo la venta extrajudicial de bienes que se encuentren afectos a garantía mobiliaria, ¿qué comprobante de pago o su equivalente debe ser emitido a favor del adquirente de estos, considerando que el propietario original es una persona natural no habitual? La retribución recibida por el citado tercero que efectúa la venta extrajudicial, ¿calificaría como renta de tercera o cuarta categoría?
Se desprenden del INFORME No. 190 -2016-SUNAT/5D0000 lo siguiente:
Que en el supuesto planteado, solo se ha especificado que la venta extrajudicial del bien otorgado en garantía mobiliaria será efectuada por un tercero distinto a un martillero público, en la medida que aquel sea una entidad autorizada para realizar remates por cuenta de terceros, deberá emitir, por dicha venta, una póliza de adjudicación al adquirente.
Si el tercero a quien se hubiere otorgado poder específico para realizar la venta extrajudicial de un bien mueble afectado en garantía mobiliaria, no fuese una entidad autorizada para realizar remates por cuenta de terceros, y dicho bien sea de propiedad de una persona natural que no sea perceptor de rentas de tercera categoría y no tenga la calidad de habitual de acuerdo con el RCP, de efectuarse dicha venta, la referida persona natural no estará obligada a emitir comprobante de pago al adquirente; sin embargo, en caso que este necesite sustentar gasto o costo para efecto tributario, aquella podrá solicitar a la SUNAT el Formulario No. 820-Comprobante por Operaciones No Habituales, no siendo ello necesario si la mencionada operación es inscrita en el Registro de Bienes Muebles a cargo de la SUNARP.
Asimismo, si el mencionado tercero realiza la actividad que le ha sido encargada como un intermediario mercantil, es decir, con el propósito de lucro y animo de explotación comercial, el ingreso que perciba será considerado renta de tercera categoría. Por el contrario, si desarrolla dicha actividad no como un intermediario mercantil sino simplemente como un representante o mandatario a quien se le hubiere encargado la venta directa de un bien, los ingresos que perciba serán considerados renta de cuarta categoría.
4.- ¿Desde cuándo se inicia el cómputo del plazo de prescripción para solicitar devolución del saldo a favor del IR arrastrados y acumulados vía Declaración Jurada Anual?
Nota: El Informe en mención desarrolla a su vez el cómputo de la prescripción tratándose del caso del Saldo a Favor Materia de Beneficio, así como retenciones y percepciones del IGV
Se desprenden del INFORME No. 185-2015-SUNAT/5D0000 lo siguiente:
Fluye de la lectura concordada de los artículos 87°, segundo párrafo; y, del 88°, inciso c), de la Ley del Impuesto a la Renta que el saldo a favor del IR constituye un crédito por pago en exceso del citado IR, configurándose dicho crédito en la fecha de presentación de la Declaración Jurada Anual del IR o en su fecha de vencimiento, lo que ocurra primero. Ello, siguiendo el criterio de SUNAT vertido en los INFORMES 097-2002-SUNAT/K00000 y 156-2007-SUNAT/2B0000.
El citado crédito puede ser arrastrado y consecuentemente compensado automáticamente por el contribuyente o bien puede solicitarse su devolución. Empero, el hecho que como consecuencia del arrastre puedan quedar comprendidos en un “crédito acumulado” no enerva que su condición de “crédito” (individualizable) haya nacido según la oportunidad que corresponda, según el acápite anterior (en el Informe materia de comentario se citan las RTF 04971-2-2009 y 06239-1-2013, que comparten el criterio de SUNAT).
Estando a lo esbozado precedentemente SUNAT concluye que, el plazo de prescripción de la acción para solicitar la devolución del saldo a favor del IR arrastrados y acumulados vía DJ del IR debe computarse a partir del 1 enero siguiente a la fecha en que se produce el nacimiento del crédito, independientemente de su arrastre.
1.- Los correos electrónicos y los informes como medios probatorios, ¿existe alguna prevalencia entre éstos?
La empresa fiscalizada celebró un contrato de prestación de servicios con su empresa vinculada (Matriz) no domiciliada en Perú en virtud del cual la segunda proporcionaría servicios administrativos (en materia de Finanzas, Legal, Comercialización y administrativo) así como servicios operativos (asesoría y asistencia especializada en soluciones a los requerimientos de los clientes de la empresa fiscalizada, capacitación del personal técnico e ingenieros de la empresa fiscalizada en nuevas técnicas, entre otros) a cambio de una contraprestación económica. Los servicios antes citados fueron contabilizados por la empresa fiscalizada en la cuenta contable 63904-Servicios administrativos.
La empresa fiscalizada tenía como actividad principal la prestación de servicios y la venta de equipos especializados a clientes del sector petrolero, relacionados con las actividades de prospección, exploración y explotación de la superficie o el subsuelo.
SUNAT reparó el gasto por lo siguiente:
Respecto de los servicios administrativos arguyó que, no se había presentado Informes o dictámenes que acrediten el cumplimiento de los rubros Finanzas, Legal, Comercialización y administrativo convenidos en el contrato, siendo que la empresa se limitó a presentar diapositivas impresas de los cursos recibidos por su personal lo que no acredita el servicio prestado. Por otra parte, en cuanto a las copias de los correos electrónicos exhibidos, SUNAT concluyó que al tratarse de copias simples no califican como medios probatorios.
Respecto de los servicios operativos argumentó que, no se había presentado Informes o dictámenes que acrediten el trabajo realizado.
El Tribunal Fiscal mediante RTF 11329-3-2016, falló a favor de la empresa fiscalizada bajo el siguiente razonamiento:
-Los correos electrónicos pudieron ser merituados conjuntamente con otros documentos tales como el contrato de servicios, máxime si el “asunto” de dichos correos electrónicos y el contenido de éstos se encuentran estrechamente ligados a los servicios que la empresa fiscalizada brindaría a sus clientes. Los correos electrónicos deben ser merituados conjuntamente con otros medios probatorios aportados dada su naturaleza, importancia y uso en las comunicaciones.
-Tampoco ha acreditado SUNAT que las partes contratantes (empresa fiscalizada y Matriz no domiciliada) hubieran pactado que ciertos servicios debían realizarse a través de Informes o dictámenes en sustitución de los correos electrónicos, más aún cuando una de las partes se encuentra ubicada fuera de territorio peruano.
-SUNAT no evaluó los certificados de los cursos en los que había participado personal de la empresa fiscalizada y que los había desestimado por el solo hecho de que no se habían presentado Informes o dictámenes que acrediten el trabajo realizado, más aún cuando tampoco SUNAT acreditó que las partes contratantes (empresa fiscalizada y Matriz no domiciliada) hubieran pactado que ciertos servicios debían realizarse a través de Informes o dictámenes.
2.- ¿Puede una Resolución de Determinación, impugnada oportunamente, tomarse como referencia para la emisión de otra (posterior) Resolución de Determinación? A propósito de la reliquidación del IR Anual y su repercusión sobre los Pagos a Cuenta del IR del ejercicio siguiente
Una empresa fue fiscalizada por los ejercicios 2000 y 2001 respecto del IR habiéndose emitido las Resoluciones de Determinación 012-003-0008940 y 012-003-0008941, respectivamente. La empresa había impugnado los citados valores siendo que aún estaba pendiente de resolverse la misma.
Posteriormente, SUNAT fiscaliza a la mencionada empresa acotando los intereses por los pagos a cuenta del IR correspondiente a los meses de enero a mayo, agosto, octubre y diciembre 2002. La empresa sostiene que SUNAT se encuentra impedida de acotar deuda tributaria por los pagos a cuenta del IR (en rigor, intereses de dichos pagos a cuenta insolutos) correspondiente al ejercicio 2002, toda vez que ha interpuesto impugnación contra la determinación del IR 2000 y 2001 la misma que aún no se encuentra firme, vale decir, no se está aún frente a una deuda exigible de acuerdo a lo establecido en el artículo 115° del Código Tributario.
La SUNAT sostiene que, los pagos a cuenta del IR correspondiente a los meses de enero a mayo, agosto, octubre y diciembre 2002, fueron calculados aplicándose el coeficiente determinado como resultado de la fiscalización de los ejercicios 2000 y 2001 a que se refieren las Resoluciones de Determinación 012-003-0008940 y 012-003-0008941; y, que el hecho de que estos valores se encuentren en impugnación no es óbice para la reliquidación de los pagos a cuenta del IR por los meses antes mencionados (enero a mayo, agosto, octubre y diciembre 2002).
El Tribunal Fiscal mediante RTF 02712-3-2011, falló a favor de la empresa fiscalizada. Se infiere de su razonamiento lo siguiente:
-De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 12° de la Ley del Procedimiento Administrativo General todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda teniendo carácter ejecutorio
-Estando a lo anterior, en tanto las Resoluciones de Determinación 012-003-0008940 y 012-003-0008941 no sean dejadas sin efecto por el Tribunal Fiscal u órgano jurisdiccional, éstas pueden servir de sustento a las Resoluciones de Determinación de los pagos a cuenta del IR correspondiente a los meses de enero a mayo, agosto, octubre y diciembre 2002. Empero, para la procedencia definitiva de éstas últimas (Resoluciones de Determinación de los pagos a cuenta del IR correspondiente a los meses de enero a mayo, agosto, octubre y diciembre 2002) SUNAT deberá estar a los resultados de la impugnación contra las Resoluciones de Determinación 012-003-0008940 y 012-003-0008941 que les sirve de base.
-En cuanto a la invocación de la empresa del artículo 115 del Código Tributario, es de señalar que dicho artículo se enmarca dentro del radio de aplicación de un procedimiento de cobranza coactiva el cual es distinto y posterior al de la determinación de la deuda tributaria; de manera que, la impugnación de las Resoluciones de Determinación 012-003-0008940 y 012-003-0008941 no restringe la facultad con la que cuenta SUNAT para la determinación de deuda tributaria.
1.- ¿SUNAT puede embargar la totalidad de los honorarios profesionales (rentas de cuarta categoría) que percibe un contribuyente?
El inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil (CPC) dispone que son inembargables las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 5 Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte.
El contribuyente interpuso una demanda de amparo contra SUNAT con la pretensión de que se levanten los embargos trabados sobre los honorarios profesionales que percibía de un Ministerio en su calidad de locador de servicios. Arguyó que no resultaba de aplicación el límite establecido en el art. 648, inc. 6 del CPC, en tanto vulneraba su derecho a la igualdad ante la ley.
Tanto ante el juzgado como ante la Corte Superior el contribuyente perdió el caso pues se declaró infundada la demanda.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el expediente 02375-2014-PA/TC, declaró fundada la demanda, resultando favorable el caso para el contribuyente.
El TC dispuso lo siguiente:
–Si bien la demanda se interpuso sin haberse agotado la vía administrativa (recurso de queja), se configuró el supuesto de excepción previsto en el art. 46, inc. 2 del Código Procesal Constitucional que señala que “no resulta exigible el agotamiento de la vía previa cuando este pudiera tener como consecuencia la irreparabilidad de la agresión”, toda vez que de producirse una demora en la resolución del caso, el contribuyente podría haber sido privado de los ingresos necesarios para asegurar su sustento y el de su familia.
–Los honorarios profesionales por trabajo independiente constituyen ingresos inembargables, siempre que no excedan las 5 Unidades de Referencia Procesal (URP). Si excedieran dicho monto, serán embargables sólo hasta la tercera parte de dicho exceso.
–El contribuyente ocupa una posición “análoga” a la de un trabajador, porque:
recibe pagos periódicos del Ministerio como contraprestación por sus servicios, y
destina el mismo a la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia.
-Si bien para el Impuesto a la Renta resulta razonable diferenciar los ingresos provenientes de relaciones laborales de las que tienen origen en actividades independientes, “no existe justificación constitucional válida para desproteger a quienes, sin contar con un contrato de trabajo, perciban honorarios por trabajo independiente: i) de una sola fuente, ii) con periodicidad mensual o quincenal similar a la que aplica a las remuneraciones de origen laboral y, iii) además, destinen sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades básicas y la de sus dependientes inmediatos”.
En esos casos, los honorarios “serán inembargables en su fuente cuando no excedan las 5 unidades de referencia procesal (URP) y, en caso excedan las 5 URP, solo hasta la tercera parte de dicho exceso.”
-Debieron respetarse las reglas antes mencionadas, más aún cuando, “en sentido amplio, el concepto jurídico de remuneración, también se encuentra referido a honorarios, como consta en los artículos 1759 y 2001 del Código Civil.”
1.- Reglamento de aranceles judiciales en los procesos judiciales en materia laboral vigente para el 2017
A través de la Resolución Administrativa No. 012-2017-CE-PJ, publicada el 20.01.2017, se aprobó el Reglamento de Aranceles Judiciales vigente para el año 2017. El dispositivo establece la exoneración del pago del arancel en el caso de procesos previsionales, laborales y de garantías constitucionales.
Se precisa que en los procesos laborales y previsionales, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda las 70 URP (TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 24°, literal i), se sujetarán al pago de lo dispuesto en el Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales, reducidos en un 50%. También deberá pagarse el arancel en el caso de ofrecimiento de pruebas en la observación por parte del obligado a la liquidación final de pericias laborales.
Finalmente, se ha dispuesto que en los procesos laborales, el oferente del medio probatorio deberá pagar el arancel judicial por dicho concepto (actuación, verificación, exhibición, recopilación de información u otra diligencia ordenada por el órgano jurisdiccional). No obstante, si el oferente es el demandante, se sujetará al pago dispuesto en el Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales, reducidos en un 50% siempre que su petitorio exceda las 70 URP.
2.- Modifican Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo sobre los permisos y licencias a favor de bomberos voluntarios que laboran en los sectores público y privado
Mediante Decreto Supremo No. 001-2017-TR, publicado el 14.01.2017, se establecieron normas que regulan el otorgamiento de permisos y licencias a favor de los bomberos voluntarios que laboran en los sectores público y privado. Asimismo, se modificó el Decreto Supremo No. 001-96-TR que aprobó el Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.
Así, la norma establece que los trabajadores, tanto del sector público o privado, que se desempeñen como bomberos voluntarios para la atención de emergencias (incendios, accidentes, desastres, etc.) ejercen un cargo cívico y tienen derecho a licencia con goce de remuneraciones.
Asimismo, la norma dispone lo siguiente:
Para acceder a los permisos y licencias, el trabajador deberá presentar una declaración jurada al empleador comunicando su afiliación o retiro al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
El tiempo de licencia para la atención de emergencias es considerado como tiempo trabajado para todos los efectos legales, por lo que no podrá ser descontado o considerado como ausencia injustificada, ni falta laboral pasible de sanción.
Para el goce de los permisos y licencias, el trabajador deberá comunicar al empleador por cualquier medio que ha sido convocado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hasta dentro del tercer día de producida la ausencia, considerando el término de la distancia, de corresponder.
El empleador puede solicitar la constancia del acto de servicio que emita la respectiva Compañía de Bomberos. La constancia deberá ser presentada, por el trabajador o servidor, en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde que le fue requerida.
Finalmente se derogó el Decreto Supremo No. 017-2007-TR que estableció disposiciones aplicables al trabajo de los bomberos voluntarios que se realiza en zonas declaradas en estado de emergencia.
3.- Se deja sin efecto actualización de lista de actividades de alto riesgo sujetos al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
Mediante Decreto Supremo No. 002-2017-SA, publicado el 19.01.2017, se dejó sin efecto la lista de actualización de actividades de alto riesgo sujetos al (SCTR), aprobado mediante Decreto Supremo No. 043-2016-SA.
En efecto, mediante Decreto Supremo No. 043-2016-SA, publicado el 1 de enero de 2017 se actualizó el Anexo de actividades de alto riesgo sujetos al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la misma que disponía que entraría en vigencia a los 30 días de su publicación. Cabe mencionar que se dejó sin efecto el mencionado anexo, antes de su entrada en vigencia.
1.- Derecho de licencia para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad
Mediante Resolución Ministerial No. 010-2017-TR, publicada el 24.01.2017, se dispuso la publicación en el portal web del Ministerio de Trabajo (www.trabajo.gob.pe) del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30119, Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.
Es preciso mencionar que la Ley No. 30119 dispuso otorgar licencias a los trabajadores que le corresponda dicho derecho hasta por 56 horas alternas o consecutivas al año.
El anteproyecto propone una definición exacta de lo que debe entenderse por “asistencia médica” y por “terapia de rehabilitación”. La primera comprende las medidas de prevención, tratamiento, recuperación relativas al cuidado de la salud y el bienestar de la persona; mientras que la segunda hace referencia al conjunto de medidas que implican el cuidado del paciente, comprendiendo las técnicas y tratamientos especializados destinados a recuperar o incrementar la funcionalidad de un órgano, sistema o aparato alterado por una enfermedad incapacitante.
También precisa que las horas de licencia concedidas al trabajador deben ser las necesarias y las que correspondan a la asistencia médica o rehabilitación, comprendidas dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Además, las licencias serán otorgadas por cada hijo o persona sujeta a tutela.
Asimismo, se indica que el límite de horas otorgadas es de 56 horas y se determinará por año tomando en cuenta el momento que empezó su vínculo laboral.
De igual manera, queda establecido que las licencias otorgadas bajo compensación de horas extras, previo acuerdo con el empleador, no podrán ser mayores al período utilizado por el trabajador. Por último, se prevé que la licencia constituye una autorización legal; en ese sentido, no corresponderá cuando el trabajador se encuentre en su descanso vacacional o en la suspensión de sus servicios laborales.
Las sugerencias o comentarios al proyecto podrán remitirse a las siguientes direcciones de correo electrónico hasta el 08 de febrero de 2017 a los siguientes correos: earias@trabajo.gob.pe, mpinedo@trabajo.gob.pe.
1.- Tribunal Constitucional (TC) establece que honorarios por trabajo independiente son inembargables
El Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente No. 02375-2014-PA/TC, sobre Acción de Amparo, seguido en contra de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), dispuso que los honorarios por trabajo independiente constituyen ingresos inembargables siempre y cuando no excedan las 5 Unidades de Referencia Procesal (URP), mientras que de superar este límite, podrán ser embargados solo hasta la tercera parte de dicho exceso.
A criterio del TC, no existe justificacón constitucional válida para desproteger a quienes, por no contar con un contrato de trabajo, perciban honorarios por trabajo independiente, siempre y cuando tales honorarios cumplan conjuntamente con lo siguiente:
Provenga de una sola fuente
Se reciban con periodicidad mensual o quincenal, similar a lo que ocurre en el caso de las remuneraciones de origen laboral
Constituyan ingresos para la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiado y la de sus dependientes inmediatos
De igual modo, el TC establece que los procedimientos de ejecución coactiva deben desarrollarse respetando los límites que imponen los derechos fundamentales y los principios reconocidos en la Constitución.
2.- Plazo de prescripción de acción por daños y perjuicios derivado de una desvinculación indebida, prescribe a los 10 años de producido el mismo
Mediante Sentencia de Casación No. 3107-2015- Ventanilla, se estableció el criterio por el cual el plazo de prescripción para la pretensión indemnizatoria por daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral, en el que se imputa como hecho dañoso el cese indebido del actor, es el establecido en el inciso 1) del artículo 2001º del Código Civil, y debe observarse en el presente caso la interrupción del plazo de prescripción, conforme al artículo 1996º inciso 3) del Código Civil, en atención al proceso judicial que pudiera seguir el trabajador en busca de reposición.
3.- Entrega de la hoja de liquidación de beneficios sociales: carga de la prueba
Mediante Resolución de Intendencia No. 010-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 15 de enero de 2016, un empleador fue sancionado por no acreditar la entrega del certificado de trabajo (RLGIT, artículo 23, numeral 23.3) ni el pago de i) la CTS (RLGIT, artículo 24, numeral 24.2), ii) la gratificación (RLGIT, artículo 24, numeral 24.4), iii) la bonificación extraordinaria (RLGIT, artículo 24, numeral 24.4) y iv) la remuneración vacacional trunca (RLGIT, artículo 25, numeral 25.6). En su defensa señaló que no se había tenido en consideración la negativa del ex trabajador de recibir el monto dinerario de los mencionados beneficios y firmar cualquier documento que lo acreditara, hecho que fue puesto en conocimiento de la SUNAFIL durante el procedimiento. Agregó que dichas infracciones debían ser consideradas como una sola.
Sunafil determinó que las infracciones imputadas se han configurado de manera independiente por las siguientes razones:
– Si el trabajador se había negado a recibir el monto de la liquidación de los beneficios sociales así como a firmar la respectiva hoja de liquidación, le correspondía al inspeccionado probarlo, por lo que su solo dicho es insuficiente para respaldar el no haber efectuado el pago de los beneficios sociales en debida oportunidad.
– El inspeccionado tenía el deber de cumplir con sus obligaciones laborales a favor del ex trabajador, referidas al pago de los citados beneficios y a la entrega del certificado. El inspector comisionado le había solicitado a través de la medida inspectiva de requerimiento la adopción de medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones laborales (presentar documentación que acreditara la subsanación de las infracciones en un plazo de cuatro días hábiles), lo que no hizo.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 648
 resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 2001
 artículo 1996
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25