Source: https://es.scribd.com/doc/14829932/LA-PERSONA-Y-SU-SIGNIFICADO-JURIDICO-INTRODUCCION-AL-DERECHO
Timestamp: 2016-04-30 17:12:49+00:00

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Por un lado, servía para ampliar su volumen de voz y por otro, como un reducido número de actores representaban todos los papeles, el cambio de careta indicaba al público el personaje dramático que estaba representando. De esta última individualización de los diferentes seres humanos, proviene el significado actual del término persona. El concepto vulgar de persona es el de individuo que pertenece a la raza humana, hombre o mujer sin nombre concreto. En sentido jurídico*, persona es todo ser o ente parte de una relación jurídica. Es todo ser humano (al que se le califica de “Persona física” :Es aquella que viene representada por una realidad biológica-espiritual, es decir, que no la crea el derecho. Persona física o persona natural, es un concepto jurídico, cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Aunque cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona (en todos los casos muy similar), en términos generales, persona física es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a la persona física, como persona de existencia visible, de existencia real, física o natural. Hoy, las personas físicas, por el sólo hecho de existir, tienen atributos dados por el Derecho.) y organización humana (a la que se les denomina “Persona jurídica”) a los que el Ordenamiento otorga capacidad jurídica, es decir la atribución de la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas o dicho con otra expresión, de derechos y obligaciones. Puesto que es a la persona a la que el Derecho concede capacidad, también puede ser definida como”Ser capaz de derecho y obligaciones”. Si bien es cierto que actualmente se sobreentiende que todo miembro del género humano es persona, en el pasado no siempre fue así, puesto que personas pertenecientes a diferentes grupos culturales, religiosos y étnicos, no han sido considerados como personas y por ende, han sido privados de todos sus derechos. La persona constituye una realidad que existe fuera del derecho y antes que el derecho. Los seres humanos y su decisión de agruparse en sociedad son la razón que justifica la aparición del derecho, de un conjunto de reglas de conducta tendente a prevenir, o en su caso a dirimir, los conflictos individuales o sociales. Por ello, la persona se erige, no sólo como causa última del derecho, sino también como destinataria del mismo, como elemento central de la regulación jurídica. Esta cualidad de la persona denominada “personalidad”, no es algo atribuido por el derecho al individuo, sino algo que el derecho se limita a reconocer, a dotar de tutela y protección. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948, art. 6º) establece que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. La Constitución establece en su artículo 10 que “la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. El Código Civil, que trata en su libro primero “de las personas” también reconoce a las mismas como concepto central de nuestro ordenamiento”. Superadas concepciones tales como la que definía a la persona exclusivamente como “sujeto de derechos y deberes” y al amparo de las cuales se ha negado tal condición a determinados seres humanos (ej.,: los esclavos, los no bautizados hasta la Ley del Matrimonio civil de 1870), ha de sostenerse también jurídicamente, que todo hombre es persona y por ende, merecedor de la tutela del derecho.
2.-Valor y tutela de la persona: derechos humanos, derechos fundamentales y derechos de la personalidad. El art.10 de la Constitución proclama la dignidad de la persona como “fundamento del orden político y de la paz social”. En defensa del desarrollo de la dignidad humana se reconocen por el ordenamiento jurídico los derechos de la personalidad. Éstos son atributos o cualidades innatas, inherentes a la persona misma, que el derecho se limita a reconocer y proteger. La Constitución recoge estos derechos en el Título I, Capítulo II, coincidiendo en gran parte con la regulación de los llamados “derechos fundamentales”. Algunos derechos de la personalidad, los recogidos en el art.14 y en la sección I de la Constitución (arts. 15 a 29), son derechos fundamentales , gozando de la protección reforzada que les brinda la Constitución. Ej.,: derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen etc... Otros, en cambio, ni siquiera están directamente recogidos por la Constitución: ej.,: derecho moral de autor, derecho al nombre*, etc... *El derecho al nombre: El nombre es el apelativo mediante el cual se individualiza a la persona y se la distingue de las demás. Toda persona debe y puede tener un nombre: según el art. 53 LRc., compuesto por un apelativo individual (nombre propio o de pila) y dos apellidos de familia. Este sistema de identificación obedece, sobre todo, al interés público, y las normas que lo regulan (la Ley y el Reglamento del Registro civil) son de orden público en nuestro Derecho. El nombre propio distingue a las personas de un mismo apellido; se asigna individualmente en el acto de la inscripción en el Registro civil, por el padre, madre o persona llamada a la tutela legal en defecto de todos e imposibilidad de conocer el nombre ya impuesto, por el encargado del Registro civil (LRc. Art. 54, RRc. Art. 193); y se hace constar en el acta de nacimiento. Los apellidos de una persona son el primero de su padre y su madre o los dos de uno de ellos si es hijo extramatrimonial reconocido por uno; si los de la madre, pueden ir en orden inverso si se pide, “El encargado del Registro pondrá apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación no puede determinarlos”(LRc., art. 55). El derecho al nombre no comporta una facultad absoluta de exclusiva (no cabe excluir el uso legítimo, por su titular, de un apellido idéntico al nuestro) en el campo de los derechos de la personalidad. El nombre es, evidentemente, inalienable y extra commercium; en cambio es alienable en cierta medida el nombre comercial, que no identifica personas sino empresas. De igual modo y en los mismos límites los apellidos personales son imprescindibles, y no el nombre comercial. En sentido inverso, existen derechos fundamentales que nada tienen que ver con la personalidad. Ej.,: derecho de reunión y asociación, derecho a una tutela judicial efectiva, derecho a la educación. Junto a esta distinción derechos fundamentales/derechos de la personalidad, se erige otra, la que diferencia entre derechos humanos/derechos fundamentales. Así, los derechos fundamentales (algunos de los cuales son también derechos de la personalidad) serían los positivizados a nivel interno, mientras que los derechos humanos lo estarían en las declaraciones y convenciones internacionales. El carácter más notable de estos derechos es su inherencia jurídica a la persona.
3.- La protección jurídica de la persona. a).-La protección constitucional: principios rectores. Por lo que respecta a los derechos fundamentales (art. 14 y sección 1ª del capítulo II), se desprende del art.53 de la Constitución:
El ejercicio de los deberes deberá regularse por ley orgánica que deberá respetar su contenido esencial. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de estos derechos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario, regulado por la Ley 62/1978 de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Una vez agotada dicha vía, el ciudadano podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
b).-La protección en la legislación ordinaria. Al castigar como delitos o faltas determinadas conductas, las normas penales tutelan ciertos derechos de la personalidad. Cabe mención de la existencia de normas administrativas, que afectan de uno u otro modo a los derechos de la personalidad. No obstante, las normas penales y administrativas no tipifican todos los posibles atentados contra los derechos de la personalidad, de ahí que adquiera gran importancia la protección civil de los mismos. Ésta se ha efectuado durante mucho tiempo al amparo del art. 1902 del Código Civil: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La lesión de los derechos de la personalidad implica generalmente un daño de tipo moral, pero no excluye que puedan también resultar afectados intereses de carácter patrimonial. La reparación del daño lo mismo puede efectuarse por medio de una compensación en dinero como a través de la eliminación del hecho dañoso. La compensación económica y la eliminación de la fuente generadora del daño, no son fórmulas incompatibles entre sí.
II.- COMIENZO Y FIN DE LA PERSONALIDAD. 1.- El nacimiento de la persona: momento, requisitos y prueba. El art. 29 de la Constitución establece que: “el nacimiento determina la personalidad” pero “para los efectos civiles , sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno”. La personalidad se adquiere desde el momento del parto, pero siempre que posteriormente se cumplan ciertos requisitos. La prueba de nacimiento es la inscripción en el Registro Civil. Transcurridas 24 horas desde el parto, y en el plazo de 8 días, los parientes más próximos o en su defecto, cualquier persona presente en el lugar o quién haya recogido al recién nacido, están obligados a promover la inscripción del nacimiento verificado en las condiciones del art. 30 del Código Civil. Deberá acompañarse un parte del técnico que asistió al parto o en su defecto, del médico forense (arts.40 y ss. LRC). El facultativo a su vez, e independiente, debe dar parte del acontecimiento (art. 44 LRC). 2.- La protección del concebido. Dice el art. 29 del Código Civil que “el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente”. El concebido pero no nacido carece de personalidad jurídica, pero los efectos favorables que se produzcan entre la concepción y el nacimiento quedarán en suspenso hasta que se verifique el parto.
3.- La extinción de la personalidad a).- La muerte física y su prueba. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas (art. 32C.c.). No obstante ciertos bienes y derechos ligados a la personalidad perduran más allá del fallecimiento. Es el caso de las acciones en defensa al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen; las acciones sobre filiación, sobre reconocimiento de la propiedad intelectual etc.. cuyo posible ejercicio queda encomendado a los parientes, herederos o Ministerio Fiscal, según los casos. Al igual que el nacimiento, la prueba de la muerte se realiza mediante la inscripción en el registro Civil. Da fe de la fecha, hora y lugar en que acaece (art. 81 LRC). Se lleva a cabo a través de declaración realizada por quien tenga conocimiento cierto de la misma (art. 82 LRC), estando siempre obligado a ello los parientes, los vecinos, y en su caso, la autoridad gubernativa (art. 84 LRC). Debe acompañarse certificación médica de la existencia de señales inequívocas de muerte (art. 85 LRC) En caso de que faltase el cadáver por haber desaparecido o haber sido inhumado antes de la inscripción, será necesario para practicar la inscripción sentencia firme, expediente gubernativo u orden de la autoridad judicial (art. 86 LRC). b) La declaración de fallecimiento y el Registro Civil. La inscripción de la muerte en el Registro Civil requiere necesariamente la existencia de un cadáver, a no ser que concurra alguna de las circunstancias vistas anteriormente. No obstante, en previsión de que no haya existido nunca cadaver y cuando una persona ha desaparecido durante ya demasiado tiempo, o en circunstancias que hagan presumir razonablemente su muerte (guerra, naufragio, accidente aéreo...), el Código Civil permite la formalización de la llamada declaración de fallecimiento. La declaración debe ser instada por persona interesada o por el Ministerio Fiscal, quienes deberán proporcionar las pruebas de la concurrencia de los requisitos señalados por el Código Civil (arts.193 y 194). Este procedimiento finaliza mediante auto judicial. Con él se declara oficialmente a la persona desaparecida, fallecida y se abre la sucesión. En caso de haber sido previamente declarada la situación de ausencia legal, ésta cesa. Se considera que el sujeto a vivido hasta el momento en que deba reputársele fallecido (art. 195 C.c.), es decir hasta la fecha señalada por la declaración de fallecimiento. Otro efecto propio del auto de declaración es la extinción del matrimonio del declarado fallecido, pudiendo contraerse nuevas nupcias. El Código civil prevé que si el declarado fallecido se presentase o se probase su existencia recuperará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se pudieran haber vendido (art. 197 C.c.). La declaración de fallecimiento se debe hacer constar en el Registro Civil, al margen de la inscripción de nacimiento (art.46 LRC).
4.- La capacidad y los estados de la persona. a).- Persona y capacidad. El derecho reconoce capacidad a la persona. Capacidad que puede ser de distinto tipo: a.1..-Capacidad jurídica Es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Es una cualidad esencial y mínima de la persona que va ligada a ella desde su nacimiento hasta su muerte. No es susceptible de graduaciones: se tiene o no se tiene (se es persona o no). La capacidad jurídica contempla al sujeto de los derechos desde una posición estática (la relativa al goce, disfrute o tenencia de los mismos). Aparece así como una consecuencia de la personalidad. a.2.-Capacidad de obrar Es la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos, para ejercitar derechos o cumplir obligaciones, en suma, para desenvolverse autónomamente en el tráfico jurídico. A diferencia de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar no es consecuencia necesaria de la personalidad, sino que requiere un grado de madurez y discernimiento suficiente en el sujeto. Esta capacidad ni la tiene todo hombre ni es igual para todos. Puede ser total o parcial (habilitar para realizar todos o sólo ciertos actos) o faltar totalmente (p. ej., al niño sin uso de razón) en cuyo caso será necesaria la intervención de otra persona , llamada representante.. Desigual o distinta de una a otra persona e incluso variar según la situación o estado civil en que se encuentre la misma persona. A cada tipo de estado civil corresponde una especial capacidad de obrar. La capacidad de obrar enfoca al sujeto desde un ángulo esencialmente dinámico, el que hace referencia a la adquisición y transmisión de los derechos. Podemos distinguir así: 1.- Una capacidad de obrar general o plena, que se obtiene por la mayoría de edad ( a los 18 años según el art.315 C,c.) y que habilita para llevar a cabo todos los actos de la vida civil (art.322 C.c.), mientras no se esté incapacitado. 2.- El art.322 del C.c añade: “...salvo excepciones establecidas en casos especiales por este código”. Se refiere a las llamadas capacidades especiales, que son necesarias para la realización de determinados actos. La capacidad de obrar especial es la que tiene lugar cuando la ley exige más requisitos que la mayoría de edad y se denomina capacidad agravada (adopción 25 años) o bien la ley que exige menos requisitos, llamada capacidad atenuada (matrimonio o testamento). 3.-Una capacidad de obrar limitada. En este caso, el sujeto actúa por sí pero necesita, para la plena validez del acto, la cooperación de otra persona. a.2.1.-Circunstancias modificativas de la Capacidad de Obrar: Incapacidad, Limitaciones, Prohibiciones. La capacidad de obrar, aún siendo aptitud para celebrar actos jurídicos, no basta por si sola para poder realizar válidamente todo acto del tipo para el que se es capaz. Hace falta, además, que al sujeto le sea posible realizar el acto singular y concreto frente al que está. A esta posibilidad se le denomina “Legitimación” . P. e.j., se puede tener capacidad matrimonial, pero no es posible contraer ciertos matrimonios (así, con determinados parientes).
Incapacidad, limitación y prohibición. La incapacitación es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando en ella concurren alguna de las causas establecidas por la ley, en aquellas circunstancias subjetivas de ciertas personas que obligan a la ley a suspender por cierto tiempo la capacidad de obrar. Mientras dura esa situación se le nombra un representante legal. De acuerdo con el Código Civil “ la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.” (art. 210). Las incapacidades de nuestro derecho son: a) La minoría de edad: los representantes son los padres y si no los hay, el Tutor. b) Incapacidad Judicial: El art.200 del Código Civil menciona como causa de incapacitación “ las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.. El representante es el Tutor. La limitación de la capacidad de obrar, se da en aquellas circunstancias que afectan a la capacidad de obrar, pero que se diferencian de las incapacidades, en que los incapaces no pueden actuar por sí, mientras que los que tienen la capacidad limitada, sí pueden actuar por si mismos, aunque necesitan de la asistencia de otra persona para la validez de los actos que realizan. La limitación deberá ser fijada por el juez en atención a las circunstancias de cada caso. Esta limitación de la capacidad ha de ser sustituida por otra persona, que actúa en nombre del representeante, quién podrá actuar en contra de la voluntad de aquél y en determinados actos deberá constar necesariamente con la autorización judicial (art.166 C.c.). Por lo que respecta al menor de edad, éste no carece absolutamente de capacidad. Se encuentra legitimado para realizar por sí mismo, a veces con la preceptiva asistencia de su representante legal y cumpliendo determinadas condiciones, múltiples actos jurídicos: contraer matrimonio (art.48 C.c.); consentir en ser adoptado (art.177.1 C.c.) o acogido (art.173.2 C.c.): otorgar testamento no ológrofo (art.663 C.c.): ser testigo en juicio (art.1246.3 C.c.); administrar bienes adquiridos con su indústria o trabajo (art. 164 C.c.) etc... Distintas de la incapacidades son las prohibiciones. Éstas impiden a las personas realizar actuaciones concretas que en otro caso le estarían permitidas. La prohibición no afecta a la capacidad sino a actos concretos. La actuación contraria a la prohibición legal conlleva a la nulidad del acto, por infracción de una norma imperativa (art.6.3 C.c.). Los supuestos de prohibiciones son: - Para materia de sucesiones Art. 754. - En materia de Tutela Art. 221 o 251 - En materia de compraventa Art. 1459 - Sociedad Art. 1677 b)Los estados de la persona. b.1.-Concepto y significado del estado civil. Podemos definir el estado civil como, aquella posición jurídica que ocupa en un determinado momento y en una determinad sociedad un individuo, en función de la cual ostenta una determinada capacidad de obrar y es titular de una serie de derechos y obligaciones. La expresión “Estado Civil” tiene dos sentidos: En el primero, se llaman estados civiles a ciertas situaciones de Derecho, de especial carácter, permanencia y relevancia, en las que puede encontrarse la persona. La capacidad de obrar admite graduaciones, lo que lleva a la doctrina a considerar algún concepto que la explique, y ese concepto es el Estado Civil.
El Estado Civil está compuesto por todas aquellas circunstancias o cualidades de la persona que predeterminan por su especial situación en la organización jurídica, su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad. El “estar” en cada uno de ellos imprime a la persona una cualidad o condición que también se denomina – en segundo sentido - “estado”. P.e.j., quien está ligado en matrimonio (situación o estado matrimonial) tiene la cualidad o estado de casado. Aunque las situaciones de estado son varias y por tanto, son varias también las cualidades que, por estar en ellas, tiene cada persona, se habla en singular del estado civil de la persona, para referirse al conjunto de situaciones que son estados, o al conjunto de cualidades que tiene cada persona. b.2.-Clases de estados civiles. Podemos enumerar como estados civiles recogidos por el actual ordenamiento jurídico los siguientes: 1.- La nacionalidad: vínculo que liga a una pesona con un Estado determinado. Nos indica -entre otros aspectos- qué ley ha de regir la capacidad de obrar y el estado civil (art.9.1 C.c.). 2.-La vecindad civil: vínculo que liga a una persona con una determinada comunidad. Determina a cual de los distintos ordenamientos jurídicos coexistentes en España queda sometido el sujeto. El hecho de que una persona física o jurídica esté sujeta al Derecho civil común o al especial o foral viene determinado por la vecindad civil que ostente. Se considera que tienen vecindad civil en territorio de derecho común o de derecho floral o especial, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Por adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. Los padres o la persona que ejerza la patria potestad pueden, pueden atribuir la vecindad civil de cualquiera de ellos, en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o la adopción, sin que la cesión o pérdida de la patria potestad afecte a la vecindad civil de los hijos. El matrimonio no altera la vecindad civil, si bien cualquiera de los cónyuges no separados puede optar por adquirir la vecindad civil del otro. La vecindad civil se adquiere: 1.-Por residencia continuada durante dos años si el interesado manifiesta ser esa su voluntad. 2.-Por residencia continuada durante diez años, sin declaración de voluntad en contrario. Estas declaraciones se harán constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas. En caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. El extranjero que adquiera la nacionalidad española mediante carta de naturaleza, adquirirá la vecindad civil que el Real Decreto determine, teniendo en cuenta la opción de éste y de otras circunstancias que concurran. Cuando el domicilio legal no va acompañado de la residencia habitual, se produce una ficción jurídica. 3.-La edad: determina la capacidad de obrar de la persona, distinguiendo el derecho civil entre mayor de edad, menor emancipado y menor de edad. La edad es el período de tiempo de existencia de una persona, que va desde su nacimiento hasta el momento de su vida que se considere. La edad importa al Derecho para determinar su estado (situación de dependencia o independencia jurídica: la mayor edad -a partir de los dieciocho años- otorga plena capacidad de obrar y la menor edad lo contrario y así la capacidad general de obrar del sujeto y ciertas capacidades especiales.
La mayoría de edad: al alcanzar la mayoría de edad, la persona se independiza y adquiere total capacidad para actuar en la vida civil. La mayoría de edad quedó fijada con la promulgación de la Constitución de 1978 en dieciocho años. Art.315.- La mayoría de edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el dís del nacimiento. La minoría de edad: son menores que no tienen cumplidos los dieciocho años. La persona está sometida a la patria potestad o la tutela y su capacidad de obrar está restringida o limitada (en el caso del menor emancipado). La última reforma del Código civil, en el art. 156 tiende a tener más en cuenta a los menores de edad a la hora de elegir la patria postestad en caso de desacuerdo de los progenitores si el menor es mayor de doce años. La capacidad de los menores: El criterio general es que los menores de edad no tienen capacidad de obrar, sin embargo,la capacidad de obrar de los menores no es siempre igual, pues pueden tener estado de menor de edad o bien el de menores emancipados. El menor no emancipado se halla en un estado de minoridad: está bajo la patria potestad o la tutela pero se le reconoce la capacidad para: - Otorgar testamento notarial desde los catorce años. - Adquirir la posesión. - Contraer matrimonio a partir de los catorce años con autorización de sus padres, tutores o autorización judicial. - En la adopción es necesario el consentimiento si el menor es mayor de catorce años. La emancipación: Es un estado civil que representa un adelanto de la mayoría de edad, por determinados supuestos y que produce la cesación de la patria potestad. Sus causas están enumeradas en el art. 314 del C.c.: 1.-La mayoría de edad. (art.315) 2.-Por el matrimonio del menor. (art.316): el matrimonio produce el derecho de la emancipación. 3.-Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. (art.317): se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por comparecencia ante el Juez encargado del Registro. 4.-Por concesión judicial.(art.318): la concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros. Concedida la emancipación, no podrá ser revocada. Art.319.- Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. Los padres podrán revocar este consentimiento. Art.320.- El juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidiesen y previa audiencia de los padres. 1.-Cuando quién ejerce la patria potestad contrajera nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor. 2.-Cuando los padres vivieran separados. 3.-Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. Art.321.- También podrá el juez, previo informe del Ministerio Fiscal,conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare. Art.322.- El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código.
Art.323.-La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor pero hasta que llegue a la mayoría de edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bines inmuebles y establecimiento de sus padres y a falta de ambos, sin el de su curador. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este capítulo, es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayoría de edad. Art.324.-Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles establecimientos u objetos de extraordinario valor que sena comunes, basta si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos. Si también es menor, se necesitaría, además, el de los padres o curadores de uno y otro. 4.-El matrimonio: genera entre los contrayentes una relación de carácter complejo, determinante de derechos y deberes de contenido personal y económico. 5.-La filiación:consiste en la atribución de la condición de hijo con respecto a sus padres. 6.-La incapacitación: Priva de capacidad, cuando, por sufrir determinadas deficiencias puede ser una persona declarada incapaz mediante sentencia judicial, quedando limitada su capacidad de obrar. Una vez incapacitado no puede realizar en principio ningún tipo de actos. Mientras no se produzca la sentencia de incapacitación, se presupone que los actos que se realizan son válidos y para impugnar cada uno de los negocios que realiza ha de probarse que carecía del grado de discernimiento necesario en cada uno de ellos. Causas: - La locura - La sordomudez - La prodigalidad - La interdicción civil - La ausencia. Ha de venir declarada por sentencia judicial y por alguna de las causas establecidas por la ley. Su declaración obedece a la necesidad de protección de la persona, limitándose su capacidad de obrar y sometiéndola al cuidado de otra persona. Además de éstos, son muchos los hechos inscribibles en el Registro Civil y por tanto concernientes al estado civil de las personas pero no constituyen por ello estados civiles. Ej.,: el nacimiento, el nombre y el apellido, la declaración de ausencia o fallecimiento, etc... Art.199.-Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley. Art.200.-Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Art.201.-Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. Art.202.-Corresponde promover la declaración de los menores al cónyuge o descendientes y, en defecto de éstos, a los ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
[Este artículo ha sido derogado por la Ley única, apartado 2.]
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria
Art.203.-El Ministerio Fiscal deberá promover la declaración si las personas mencionadas en el artículo anterior no existen o no lo hubieran solicitado. A este fin, las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del M. Fiscal. El Juez competente, en los mismos casos, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien deberá solicitar del Juez lo que proceda, dentro del plazo de quince días.
[Este artículo ha sido derogado por la única, apartado 2.]
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria
Art.204.- Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.
Art.205.-La incapacitación de los menores prevista en el artículo 201, sólo podrá ser solicitada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
[Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), apartado 2.]
disposición derogatoria única,
Art.206.-En los procesos sobre incapacitación será siempre necesaria la intervención del Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos.
[Este artículo ha sido derogado por la Ley apartado 2.]
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única,
Art.207.-Si el Ministerio Fiscal hubiere promovido el procedimiento, el Juez designará un defensor al presunto incapaz, a no ser que ya estuviere nombrado. En los demás casos, será defensor el Ministerio Público. El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación.
[Este artículo ha sido derogado por la apartado 2.]
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única,
Art.208.-El Juez oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo, oirá el dictamen de un facultativo y sin perjuicio de las pruebas practicadas a instancia de parte, podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.
Art.209.-El Juez, en cualquier estado del procedimiento, podrá, a instancia de parte o de oficio, adoptar las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio.
Art.210.-La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
Art.211.-El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.
El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él designado, concederá o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el artículo 203. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 269.4., el Juez, de oficio, recabará información sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea pertinente y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.
Art.212.-La sentencia recaída en un procedimiento de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.
Art.213.-Corresponde formular la petición para iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, a las personas mencionadas en el artículo 202, a las que ejercieren cargo tutelar o tuvieran bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado.
Art.214.-Las resoluciones judiciales sobre incapacitación se anotarán o inscribirán en el Registro Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación hipotecaria y del Registro Mercantil. [Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.]
b.3.-El Registro Civil Es un organismo público en el que se hacen constar los hechos concernientes a la condición y al estado civil de las personas, garantizando la autenticidad y publicidad de los mismos. El art.325 del Código Civil preceptúa que “los actos concernientes al estado civil de las personas se harán constar en el registro destinado al efecto”. El art.1 de la Ley del Registro Civil enumera como datos que constituyen su objeto: “el nacimiento, la filiación, el nombre y apellidos, la emancipación y habilitación de edad, las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas hayan sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos, las declaraciones de ausencia o fallecimiento, la nacionalidad y vecindad, la patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la ley”. 5.- El domicilio y la situación de ausencia. a).- Domicilio: concepto, prueba y clases. Se entiende por domicilio el lugar donde habitualmente reside la persona y que la ley considera como centro o sede jurídica de la misma y va a servir para aplicar a la persona un derecho común o uno foral que se refiera al derecho del lugar donde vive habitualmente. Art.40.- Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Residencia habitual es aquella en que el sujeto vive o desarrolla su actividad diaria, con vocación de permanencia manifestada por las circunstancias objetivas de su establecimiento y modo de vida allí. El concepto de residente es importante cuando a la adquisición de la nacionalidad española para los extranjeros se refiere (plazos, requisitos, etc..). Clases de domicilios: Domicilio General: sede de la persona para la generalidad de sus relaciones personales, sociales y jurídicas. Domicilio especial o electivo: es el que se escoge para la ejecución concreta de ciertos actos solamente. Domicilio real: es en el que la persona reside habitualmente. Domicilio legal: en determinados casos la ley estima que, aunque una persona resida habitualmente en un domicilio, debe considerarse otro determinado lugar como domicilio de dicha persona. Éste, puede estar determinado por la relación de la persona con la cual se vive o de la cual se depende. Cuando el domicilio legal no va acompañado de la residencia habitual, se produce una ficción jurídica. Distintos domicilios legales: El de los hijos bajo patria potestad: es el de los padres o de quien la ejerza. El de los menores o de los incapacitados sometidos a tutela será el domicilio del tutor. El de las mujeres casadas que no estén separadas legalmente será el que el matrimonio tenga conjuntamente.
El de los empleados, el del pueblo donde sirvan su destino. El de los militares en activo, será el del pueblo donde se halle el cuerpo a que pertenezcan. El de los comerciantes, en todo lo relativo al ejercicio del comercio, el del pueblo donde tengan el centro de sus operaciones. Domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorial, será el último que hubieran tenido en el territorio español. El domicilio tiene enorme trascendencia para las personas jurídicas. A todos los efectos legales, el domicilio de las personas jurídicas será su sede de representación y responsabilidad. Art.41.- Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar enque se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.
b).-La situación de ausencia: concepto, requisitos y efectos. La ausencia: La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, extinguiéndose también la posibilidad que la persona tenía de efectuar actos jurídicos válidos, excepto los de derecho hereditario que le correspondan. En las situaciones en las que una persona desaparezca y por lo tanto permanezca ausente, la presunción de muerte aparece de manera lógica y natural. Declaración de la ausencia y sus efectos Art.181.- Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Juez, a instancia de aprte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél estuviese legitimamente representado o voluntariamente conforme al art.183. El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y defensor nato del desaparecido y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad. En defecto de pariente, no presencia de los mismos o urgencia notoria, el Juez nombrará persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal. También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las providencias necesarias a la conservación del patrimonio. Art.182.-Tiene la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de preferencia: Primero. El cónyuge del ausente no separado legalmente. Segundo. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. Tercero. El Ministerio Fiscal de oficio o a virtud de denuncia. Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte. Art.183.-Se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia: Primero. Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Segundo. Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aquellas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias, y, en su defecto, desde su desaparición. Inscrita en el Registro Central la declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente. Art.184.-Salvo motivo grave apreciado por el Juez, corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones:
1. Al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho. 2. Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, serán preferidos los que convivían con el ausente y el mayor al menor. 3. Al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea. 4. A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor.
En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su extensión a la persona solvente de buenos antecedentes que el Juez, oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente arbitrio. Art.185.-El representante del declarado ausente quedará atenido a las obligaciones siguientes: Primero. Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado. Segundo. Prestar la garantía que el Juez prudencialmente fije. Quedan exceptuados los comprendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo precedente. Tercero. Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles. Cuarto. Ajustarse a las normas que en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente se establecen en la Ley procesal civil. Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores. Art.186.-Los representantes legítimos del declarado ausente comprendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo 184 disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos en la cuantía que el Juez señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole. Los representantes legítimos comprendidos en el número cuarto del expresado artículo disfrutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuantía que el Juez señale, sin que en ningún caso puedan retener más de los dos tercios de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes. Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la cantidad obtenida. Art.187.-Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquél no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda. Si apareciese el ausente, deberá restituírsele su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso la restitución comprenderá también los frutos percibidos y los debidos percibir a contar del día en que aquélla se produjo, según la declaración judicial. Art.188.-Si en el transcurso de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa se probase la muerte del declarado ausente, se abrirá la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legítimos, debiendo el poseedor temporal hacerles entrega del patrimonio del difunto, pero reteniendo, como suyos, los productos recibidos en la cuantía señalada. Si se presentase un tercero acreditando por documento fehaciente haber adquirido, por compra u otro título, bienes del ausente, cesará la representación respecto de dichos bienes, que quedarán a disposición de sus legítimos titulares. Art.189.-El cónyuge del ausente tendrá derecho a la separación de bienes. Art.190.-Para reclamar un derecho en nombre de la persona constituida en ausencia, es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo.
Art.191.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus coherederos, al no haber persona con derecho propio para reclamar. Los unos y los otros, en su caso, deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de dichos bienes, los cuales reservarán hasta la declaración del fallecimiento. Art.192.-Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que acrezcan a los coherederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este artículo y el anterior. Art.193.- Procede la declaración de fallecimiento: 1.-Se declarará fallecido al ausente transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente o desde su desaparición. 2.-Se declarará fallecido al ausente pasados cinco años desde las últimas noticias o desde su desaparición, si el ausente fuera mayor de setenta y cinco años. 3.-Cuando la desaparición se produjo por causa de un riesgo inminente de muerte, por siniestro o violencia contra la vida, el plazo será de tres meses. Art.194.-Procede también la declaración de fallecimiento: 1.- De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte de operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de paz y en caso de no haberse concertado, desde la declaración sin haberse tenido noticias de aquellos. 2.- De los que se encuentren a bordo de una nave naufragada o desaparecidos por inmersión en el mar, si hubieren transcurrido tres meses desde la comprobación del naufragio o de la desaparición sin haberse tenido noticias de aquellos. 3.- De los que se encuentren a bordo de una aeronave siniestrada, si hubieren transcurrido tres meses desde la comprobación del siniestro, sin haberse tenido noticias de aquellos o, en caso de haberse encontrado restos humanos, no hubieren podido ser identificados. Art.195.- Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de ausencia legal, pero mientras dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vivido hasta e l momento en que deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario. Toda declaración de fallecimiento expresará la fecha a partir de la cual se entienda sucedida la muerte, con arreglo a lo preceptuado en los artículos precedentes, salvo prueba en contrario. Art.196.- Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación por los trámites de los juicios de testamentaría o abintestado, según los casos, extrajudicialmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la declaración del fallecimiento. Hasta que transcurra este mismo plazo, no serán entregados los legados, si los hubiese, ni tendrán derecho a exigirlos los legatarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del testador o los legados en favor de instituciones de beneficencia. Será obligación ineludible de los sucesores, la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una descripción de los inmuebles.
Art.197.- Si después de la declaración de fallecimiento se presentase el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido o a los bienes que con este precio se hayan adquirido, pero no podrá reclamar de sus sucesores, rentas, frutos o productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto. Del registro central de ausentes Art.198.- En el registro central y público de ausentes, se hará constar: 1.-Las declaraciones judiciales de ausencia legal. 2.-Las declaraciones judiciales de fallecimiento. 3.-Las representaciones legítimas y dativas acordadas judicialmente y la extinción de las mismas. 4.-Mención circunstanciada del lugar, fecha, otorgantes y Notario autorizante de los inventarios de bienes inmuebles que en este título se ordenan. 5.-Mención circunstanciada del auto de concesión y del lugar, fecha y otorgantes y Notario autorizante de las escrituras de transmisiones y gravámenes que con licencia judicial efectúen los representantes legítimos o dativos de los ausentes. 6.- Mención circunstanciada del lugar, fecha, otorgantes y Notario autorizante de la escritura de descripción o inventario de los bienes, así como de las escrituras de partición y adjudicación realizadas a virtud de la declaración de fallecimiento o de las actas de protocolización de los cuadernos particionales en sus respectivos casos.
6.-La nacionalidad y la vecindad civil. Nacionalidad. Es el estado civil que distingue a las personas nacidas o nacionalizadas en un país determinado.La nacionalidad en sentido legal, representa la participación plena de un sujeto en una comunidad política (Estado), en la que se halla incluido y frente a la cual goza de derechos y obligaciones. En particular, en cada país, sólo el nacional goza de derechos políticos (para España, art. 13-2 Constitución), y por ende, de elegibilidad para cargos públicos. La averiguación de si un sujeto posee o no la nacionalidad española debe realizarse teniendo en cuenta exclusivamente nuestra legislación. La Nacionalidad de las Personas Físicas: Es el vínculo que une a cada individuo con el Estado. Es ante todo un estado civil de la persona y como consecuencia de ello es materia de orden público y posee eficacia erga-omnis. El estado civil de la nacionalidad une e identifica a una persona con un Estado, nación o país. La Constitución Española en su ar.11 establece que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la ley y que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Las normas que regulan la nacionalidad poseen gran importancia para el Estado, pues delimitan un elemento personal insustituible de aquel. Queda recogido en el preámbulo de la Ley de 17 de diciembre de 1990, que modifica el articulado del Código civil.
La Nacionalidad de las Personas Jurídicas: Sirve para vincular a una persona jurídica a un orden jurídico determinado, de tal forma que las personas jurídicas pueden ser nacionales o extranjeras. Para fijar la nacionalidad de éstas, se establecen múltiples criterios: -Nacionalidad de los socios. -Lugar donde se constituye la personalidad jurídica. -Nacionalidad del ordenamiento jurídico de acuerdo con el que se constituye. -Domicilio de esa persona jurídica. El artículo 28 del C.c establece que son personas jurídicas españolas las que están domiciliadas en territorio español.El hecho de que estén constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico español no constituye un requisito de la nacionalidad, sino de la personalidad de la persona jurídica. Modos de adquisición de la nacionalidad. Se distinguen dos modos de adquirir la nacionalidad: la originaria y la derivada. a).-Modos de adquirir la nacionalidad originaria: -Filiación: el art. 17 del C.c establece que son españoles de origen los nacidos de padre o madre. -Nacimiento en España: - los nacidos de padres extranjeros si almenos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de diplomáticos o consulares acreditados en España. - los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuyera al hijo una nacionalidad. - los nacidos en España cuya afiliación no resulte determinada. A efectos se presume nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. - la filiación o nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad no es por sí sola causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación. -Posesión de estado (art.18): la posesión y utilización continuada de la nacionalidad durante diez años con buena fe y basada en un título escrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó. -Por adopción (art.19): el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español, adquiere desde la adopción, la nacionalidad española de origen. Si fuera mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años, a partir de la constitución de la adopción. b).-Modos de adquirir la nacionalidad derivativa: -Opción (art.20): -tienen derecho a optar por la nacionalidad española, las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. -aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. -las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los art. 17 y 19. -la declaración de opción se formulará: a).-Por el representante legal del optante, menor de catorce años o incapacitado. La opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá en interés del menor o incapaz.
b).-Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aún estando incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación. c).-Por el propio intersado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. d).-Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c). -no obstante lo dispuestos en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1b) de este artículo no estará sujeto al límite alguno de edad.
-Naturalización (art.21): mediante carta de naturaleza otorgada por Real Decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. -Residencia (art.21): es otra forma de naturalización. Se otorga por el Ministerio de Justicia, que podrá denegarla por motivos de orden público o interés nacional. El interesado deberá haber tenido su residencia legal y continuada y deberá justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla: -el interesado emancipado o mayor de dieciocho años. -el mayor de catorce asistido por su representante legal. -el representante legal del menor de catorce años. -el representante legal del incapacitado o el incapacitado por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación. En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá formular la solicitud si previamente ha obtenido autorización conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del art.23. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere (art.22) : -Que ésta halla durado diez años. -Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionalidades de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. -Bastará el tiempo de residencia de un año para: a).-El que haya nacido en territorio español. b).-El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. c).-El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. d).-El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con un español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. e).-El viudo o viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho. f).-El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. -En todos los casos, la residencia deberá ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero. El interesado, deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contenciosoadministrativa. Se consideran requisitos necesarios y comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia (art.23): -Que el mayor de catorce años y capaz para prestar declaración por sí solo, jure o prometa fidelidad al Rey y obedeciera a la Constitución y a las leyes. -Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. -Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español. Las causas de pérdida de la nacionalidad española se recogen en los art. 24 y 25 del C.c y son: La pérdida de la nacionalidad (art.24): 1.-Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuviera atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad al encargado del Registro Civil. La adquisición de la nacionalidad en paises iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, la pérdida de la nacionalidad de origen. 2.-Pierden la nacionalidad, los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 3.-Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española pro se hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, la nacionalidad española, si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 4.-No se pierde la nacionalidad española, en virtud de los dispuesto en este precepto si España se hallare en guerra. La pérdida de la nacionalidad (art.25): 1.-Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: a).-Cuando, durante un período de tres años, utilicen la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. b).-Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. 2.-La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, ejercitada por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denunci, dentro del plazo de quince años.
Recuperación de la nacionalidad (art.26): El español que haya perdido la nacionalidad, puede recuperarla al cumplir los siguientes requisitos: 1.-Ser residente legal en España. Este requisito no será aplicado a los inmigrantes ni a los hijos de inmigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministerio de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. 2.-Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. 3.-Inscribir la recuperación de la nacionalidad en el Registro Civil. Art.27.- Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los Tratados. Art.28.- Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la Ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales. La doble nacionalidad: El art. 11.3 de la Constitución Española dice al respecto que: “ El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los paises iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan un especial vinculación con España. La adquisición de estas nacionalidades por un español no es suficiente para producir la pérdida de la nacionalidad española de origen, teniendo así esta persona una doble nacionalidad.
III.- LA PERSONALIDAD JURÍDICA 1.- Concepto de persona jurídica. En la sociedad de nuestros días existen agrupaciones o colectivos, que operan como entidades vivas en el tráfico económico y en las demás facetas de la vida social. Entidades que funcionan de forma independiente de sus componentes personales, merced a la atribución por el ordenamiento de capacidad de obrar, de personalidad jurídica. Estos entes u organismos reciben el nombre de personas jurídicas (Título II, Capítulo II) y son definidas como las realidades sociales a las que el Estado reconoce o atribuye individualidad propia, distinta de sus elementos componentes, sujetos de derechos y deberes y con una capacidad de obrar en el tráfico por medio de sus órganos o representantes. La diferencia entre Persona Física y Persona Jurídica radica en que las Personas Físicas no necesitan el derecho para su existencia, mientras que las Personas Jurídicas existen porque el derecho las ha creado.
2.-Clases. Tales organizaciones son de muy diverso signo, pudiendo efectuarse diversas clasificaciones de las mismas. a) Por su estructura es habitual distinguir entre personas jurídicas colectivas, que son aquellas que reúnen una pluralidad de individuos en pro de un fin común y personas jurídicas institucionales, constituidas por la adscripción de unos recursos económicos al cumplimiento de un fin determinado.
b) Por el interés que persiguen, hay personas jurídicas de interés público y personas jurídicas de interés privado. Esta distinción es recogida por el art.5 del Código Civil que enumera, por un lado, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido: la de las asociaciones pro sus estatutos; y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas pro disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario (art.37) y por otro lado, las asociaciones de interés particular (sociedades). Las asociaciones de interés particular, sena civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independientemente de las de cada uno de los asociados. Estas asociaciones se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste (art.36).
c) Finalmente, por su pertenencia a uno u otro ámbito, podemos distinguir personas jurídicas de derecho público (corporaciones) y personas jurídicas de derecho privado (pueden a su vez perseguir un interés público o general: hablaremos entonces de asociaciones en sentido estricto o de fundaciones o un interés particular, en cuyo caso reciben el nombre de sociedades). Entre las primeras contamos con las administraciones territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, provincias, municipios), las organizaciones que integran la administración institucional (instituto nacional de indústria, de reforma y desarrollo agrario, etc...) y determinada organizaciones constituidas por colectivos de personas unidas pra la defensa de intereses profesionales (colegios profesionales, federaciones deportivas, universidades, etc..) a) Personas jurídicas de Derecho Público: las personas jurídicas públicas, son las entidades que están encuadradas en la organización estatal. El Estado Comunidades Autónomas Gobiernos Regionales Otros organismos estatales
b) Personas jurídicas de Derecho Privado: personas jurídicas privadas, son las entidades que están encuadradas en la organización privada. Sociedades: • Sociedades colectivas • Sociedades comandatarias • Sociedades de responsabilidad limitada • Sociedades anónimas
Cooperativas Asociaciones Fundaciones
Art.38.- Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia se regirá en este punto por lo acordado entre ambas potestades y os establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especialesArt.39.- Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, lo lo estatutos o las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o Municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de ls instituciones extinguidas.
3.-Régimen general. a) Atribución de la personalidad. El párrafo 1º del art.5 indica que “son personas jurídicas las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley”. Por consiguiente, el reconocimiento actúa como requisito imprescindible para la adquisición de personalidad jurídica. Éste se puede realizar de diferentes modos: 1.- Reconocimiento automático por su simple constitución. 2.- Reconocimiento automático de determinados requisitos o formalidades. 3.- Reconocimiento específico por los poderes públicos, mediante ley o decreto y para casos concretos. b) Capacidad. Se ha de partir como regla general del tenor del art.38 del Código Civil, conforme al cual “las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a ls leyes y reglas de su constitución. Al amparo de la atribución de personalidad jurídicas por el derecho, estas organizaciones gozan de una amplia capacidad de obrar. Pero pueden existir restricciones o modificaciones a esta capacidad, determinadas por las leyes que las hayan creado o reconocido, en el caso de las corporaciones; por sus estatutos, en el caso de las asociaciones; opor las reglas de su institución, en el caso de las fundaciones (art. 37 C.c.). El Código Civil señala también algunas restricciones generales, que afectan a la capacidad de las organizaciones para desenvolverse en el tráfico jurídico (art.515,745,746,99,994). Consecuencia necesaria de la plena capacidad de obrar, es la sujeción de ls personas jurídicas a la responsabilidad extracontractual: deberán responder tanto por los perjuicios causados por sus dependientes o empleados, como por los de sus órganos de actuación (art.1902 C.c.).
c) Domicilio. Conforme a los establecido en el Código Civil, son tres los criterios a considerar, de forma subsidiaria, para establecer este domicilio: 1.- Aquel domicilio fijado por las leyes, los estatutos o las reglas de su constitución. No existe total libertad en la elección del domicilio sino que, por lo que respecta a las sociedades anónimas, el domicilio deberá coincidir con el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde radique principalmente su actividad. 2.- En su defecto se atenderá al lugar en que se halle establecida su representación legal. 3.- Por último, y en caso de que los dos criterios anteriores no nos hayan sido de utilidad, se considerará como domicilio el lugar donde la persona jurídica ejerza sus principales funciones. d) Nacionalidad. Señala el art.9.11 del Título Preliminar del Código Civil que, “la ley personal correspondiente a ls personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción”. Deberá atenderse al doble criterio de constitución-domicilio, siendo necesario para poder hablar de persona jurídica española que la entidad tenga su domicilio en España y que se haya constituido de conformidad con el derecho español. e) Órganos La persona jurídica actúa por medio de los órganos, constituidos por personas físicas y cuyas decisiones son imputables a aquella. El órgano personifica a la entidad que integra, ya sea enel plano interno o en el externo. Su voluntad se identifica con la del ente, aunque puede actuar por sí mismo o por medio de representante. f) Extinción El Código Civil enumera como posibles causas de extinción de las personas jurídicas: la expiración del plazo establecido par funcionar legalmente; la realización del fin para el cual se constituyen, la la imposibilidad de aplicar al fin antedicho la actividad y los medios de que se disponían (art.39). Con la extinción de la persona jurídica no se produce su desaparición automática y total, sino que se abre un período de liquidación necesario para finalizar operaciones pendiente y decidir el destino del patrimonio restante. Si nada se hubiere previsto en las leyes, estatutos o clausulas fundacionales, se aplicarán los bienes restantes a “la realización de fines análogos , en interés de la regíón, provincia o municipio que principalmente debiera recoger los beneficios de ls instituciones extinguidas (art. 39 C.c.). Este precepto ha de aplicarse únicamente a las personas jurídicas de interés público, pues en el caso de las sociedades el destino del remanente es el reparto entre los socios. (art. 1708 C.c.; arts. 232 y ss.C de c.).
4.- Tipos de personas jurídicas de derecho privado: asociaciones, sociedades y fundaciones. Las personas jurídicas de derecho privado pueden perseguir un interés público, como es el caso de las corporaciones, fundaciones o asociaciones en sentido estricto, o un interés privado como es el caso de las sociedades. La asociación es un conjunto organizado de personas que se unen para la consecución de un interés general o común a los sujetos que la integran. El derecho de asociación se encuentra reconocido por el art.22 de la Constitución como derecho fundamental . La Constitución impone el deber de inscripción de estas organizaciones al os solos efectos de su publicidad. Prohibe las asociaciones secretas o de carácter militar, y declara que sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Las sociedades constituyen un subtipo de la asociación en sentido amplio y pueden tener carácter civil o mercantil, rigiéndose por las normas del contrato de sociedad civil (arts. 1655 a 1788 C.c.) o por las normas del derecho mercantil respectivamente. La fundaciones, suponen la adscripción de un conjunto de bienes al servicio de un fin de interés general, impuesto por el fundador, de una manere estable o permanente. El derecho de fundación es reconocido por el art.4 de la Constitución, siéndole aplicable igualmente lo previsto en el art.22 para las asociaciones. No es un derecho fundamental en sentido estricto, por lo que no goza de protección reforzada propia de aquellos.
IV.- LA REPRESENTACIÓN 1,. Concepto y líneas fundamentales. a) Los intervinientes en la vida económica no siempre pueden intervenir personalmente en todas las actuaciones necesarias para la consecución de sus intereses. En otras ocasiones, la imposibilidad de su realización vendrá por la dificultad en la actuación a realizar, para la que no tiene los conocimientos precisos: realizar una declaración tributaria, solicitar una licencia administrativa, presentar una demanda judicial.... En estas ocasiones, se hace preciso contar con una otra persona que realice tales actuaciones por cuenta del interesado, de forma que quien materialmente las lleva a efecto (un trabajador, un gerente, un abogado, etc..) actúa en nombre del principal. A este fenómeno lo llamamos representación: el actuar en nombre ajeno. Desde un punto de vista más técnico, la representación es una situación en la que una persona (representante) realiza alguna actuación jurídica en nombre de otra (representado) de foma que los efectos que se produzcan en esa actuación serán efectos propios del representado. Lo característico de la representación es que el representado soporta los efectos de la actuación del representante (con la limitaciones que veremos). Los derechos y deberes que surjan de la actuación del representante serán derechos y deberes, de aquel en cuyo nombre se actúa (representado). b) En otras ocasiones, el fenómeno de la representación nace de la imposibilidad física o jurídica de un persona de actuar por sí misma. c) El fenómeno representativo surge directamente de la ley (representación legal): el padre tiene la representación de su hijo, por el hecho de ser padre, sin perjuicio de que pueda ser sometida a limitaciones e incluso, desaparecer si existiese causa para ello. Art.-162.-Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados.
Se exceptúan: 1. Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. 2. Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo. 3. Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de éste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 158. Art.163.-Siempre que en algún asunto el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar. Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad. Fuera de estos casos la ley tiene su origen en el apoderamiento (representación voluntaria): se trata de un negocio jurídico por el que una persona confiere a otra “poder” para actuar en su nombre, es decir, le habilita para que realice actuaciones jurídicas en su nombre.
2.- Representación voluntaria. a) El apoderamiento: naturaleza y caráter. El apoderamiento es el negocio jurídico por el que un sujeto concede a otro el poder de actuar en su nombre. Los actos que realice el representante o apoderado se considerarán actos del representeante o poderdante. El apoderamiento es un negocio jurídico unilateral. Una vez que el representado manifiesta su voluntad de que otra persona lo represente, ésta ya puede empezar a actuar en nombre del primero. b) Requisitos del acto. Ha de distinguirse entre capacidad del represetado y del representante. El representado ha de tener la misma capacidad de obrar necesaria para realizar el acto que ha encomendado al representante. En el representante sólo se exige la capacidad de obrar general. La capacidad de obrar relevante será la del representado, que asumirá los efectos de la actuación del representante. Respecto a la forma del apoderamiento, no se exige ninguna especial. Puede plasmarse por escrito, en documento público o privado, o incluso hacerse verbalmente, siendo el apoderamiento verbal, perfectamente válido. Cuestión distinta será poder demostrar su existencia si surge un conflicto. La ley exige, no obstante, la escritura pública para algunos apoderamientos que tienen por objeto determinados negocios: el matrimonio, los poderes para pleitos, etc... La falta de observación de esta formalidad, no hace inválido el apoderamiento, ni tampoco el acto celebrado en su virtud; únicamente tiene como consecuencia el que las partes interesadas podrán obligar a las restantes a suscribir aquel documento.
En algunas ocasiones, la ley impone el deber de publicidad de ciertos poderes, como los otorgados por los empresarios y las sociedades mercantiles, que deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. Es posible también un apoderamiento tácito: aquel que se deriva de la conducta de representado y representante, lo suficientemente expresiva para entender que existe el apoderamiento. c) Los límites del poder. a) Los límites del poder del representante están constituidos por las facultades de actuación que el representado le ha conferido. Si el representante traspasa los límites del poder, la actuación que realice no vinculará al representado. b) Las instrucciones dadas por el representado al representante, se trata de indicar al representante la forma en que debe actuar. Estas instrucciones sólo le imponen realizar su misión de acuerdo a ciertas directrices, especialmente enfocadas a la forma de hacerlo. El incumplimiento de las instrucciones referidas, tendrán como consecuencia la responsabilidad del representante frente al representado. d) El representante sin poder. La ratificación. a) Se refiere a los casos en que una persona se proclama representante de otra, celebrando negocios en su nombre con terceras personas, careciendo de poder para ello, bien porque nunca lo ha tenido, bien porque se ha extinguido el que tuvo. El problema del “falsus procurator” tiene una solución: su actuación será irrelevante para el sujeto en cuyo nombre actúe. b) El contrato celebrado a nombre de otra persona por alguien sin poder, puede no obstante, ser eficaz si esa persona “ratifica” el mismo. La ratificación es una declaración de voluntad del sujeto en cuyo nombre se ha obrado, por la que asume lo actuado por el representante. La ratificación puede ser expresa o tácita. Será tácita cuando el principal se aproveche de los efectos del contrato, o cuando voluntariamente cumpla algún deber o exija algún derecho procedente del mismo. e) La extinción de poder. Las causas de extinción de poder son: a) Muerte del representante o representado: a pesar de ser causa de extinción de poder, los actos realizados por el representante ignorando la muerte del representado , son válidos y vincularán a los herederos de éste b) Quiebra o insolvencia del representante o representado. Debe existir por las partes de la relación representativa, confianza que se supone perdida en casos de insolvencia. c) Renuncia del representante. Éste queda en cualquier momento liberado de su encargo por su sola voluntad. Sin embargo, la renuncia no le libera de terminar aquellas actuaciones que dejase pendientes, hasta que el representado pueda nombrar un nuevo apoderado. d) Revocación del poder. En este caso se trata de la voluntad del representado la que extingue el poder. La revocación debe comunicarse al representante.
3.- La representación legal. Los supuestos de representación legal tienen como finalidad, el suplir la falta de capacidad. Los supuestos fundamentales son la representación derivada de la patria potestad y de la tutela. Esta última, se emplea en los casos de incapacitados y menore no sometidos a patria postestad. Las condiciones de su ejercicio y los mecanismos de control están previstos por la ley, así como las facultades del representante. La verificación de que el representante cumple su cometido en beneficio del representado, corresponde, según sus diversas funciones, al juez, al Ministerio Fiscal y a la Administración Pública encargada del cuidado de menores e incapaces.
Código Civil Español Constitución Española de 1978. Introducción al Derecho, Editorial Síntesis, S.A. (1996) Compendio de Derecho Civil, Librería Bosch (1987)
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