Source: https://revista-investigare.uexternado.edu.co/yaigoje-apaporis-una-cuestion-de-derechos-indigenas/
Timestamp: 2020-06-06 06:41:29+00:00

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Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas - Revista Investigare
Con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, el sistema universal de protección de Derechos Humanos estableció un marco jurídico de derechos colectivos, que permite y demanda de la comunidad internacional, tanto la autonomía de los grupos originarios en el manejo de sus asuntos internos, como su participación, desde un enfoque de derechos humanos y culturalmente sensible, en las instituciones políticas, administrativas, jurídicas, culturales, sociales y económicas, y en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los Estados a los que hacen parte.
Tales lineamientos se encuentran contemplados en la Constitución Política de Colombia de 1991, que al consagrar el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural como uno de los fines esenciales del Estado, generó un nuevo contexto político, jurídico e institucional en el que los grupos originarios pueden desarrollar plenamente su identidad cultural diferenciada, mediante la autonomía en el manejo de sus asuntos internos, y hacer parte del Estado colombiano, según sus usos y costumbres, por medio de la participación activa en las instituciones políticas y de los procesos estatales de adopción e implementación de decisiones.
Sin embargo, fenómenos como el conflicto armado y el narcotráfico, así como intereses económicos sobre recursos los naturales, se han introducido por la fuerza dentro de los territorios ancestrales, constituyendo un peligro cierto e inminente para la existencia física y cultural de estos pueblos e impidiendo el goce efectivo de sus derechos colectivos. Los grupos originarios han sido victimizados a favor de intereses que les resultan completamente ajenos y ante los cuales se han declarado autónomos, exigiendo a todos los actores involucrados el respeto por sus vidas, por su integridad cultural y por sus territorios ancestrales.
Tal es el caso de las comunidades indígenas asentadas en el Resguardo Yaigojé Apaporis, quienes presionadas por intereses económicos de actores que buscan explotar los yacimientos auríferos que se encuentran bajo sus sitios sagrados, solicitaron la creación de un Parque Nacional Natural sobre su territorio ancestral, con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de sus recursos naturales y de los valores culturales asociado a la conservación, uso y manejo de los mismos. Sin embargo, algunas comunidades se apartaron de esta decisión al considerar que con la creación del área protegida se había vulnerado su derecho fundamental a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se había restringido el libre ejercicio de sus derechos colectivos.
En la presente investigación se aborda el estudio del marco jurídico de protección de derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia, a través del análisis de un caso en el que diferentes visiones de desarrollo y bienestar se ven enfrentadas, con el objetivo de examinar el alcance y contenido de este tipo particular de derechos humanos. Con ese propósito se pretende:
a. Describir los antecedentes en torno a la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis
b. Describir los argumentos que dividen a los pueblos indígenas de la región.
c. Describir los principales derechos colectivos reconocidos a los grupos originarios en Colombia.
d. Analizar la figura del Resguardo Indígena y sus mecanismos de representación.
e. Analizar el proceso de consulta previa adelantado con los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis.
f. Analizar la figura del Parque Nacional Natural.
La metodología implementada se basó en el análisis sociojurídico de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una revisión del marco jurídico de protección de derechos colectivos de los pueblos indígenas existente tanto a nivel internacional como nacional. Así mismo, se realizó una revisión de los actos administrativos proferidos por las entidades involucradas en el caso objeto de estudio, de la información publicada en diferentes medios por parte de los actores involucrados en el mismo y del Acta de Protocolización del Proceso de Consulta previa adelantado con las comunidades del Resguardo.
El documento se encuentra dividido en cuatro partes en las que se desarrolla cada uno de los ejes temáticos y una conclusión general en la que se sintetizan los principales resultados obtenidos. En primer lugar, se realiza una descripción de los antecedentes que configuran el caso objeto de estudio. Posteriormente, se analiza la figura del Resguardo Indígena y sus mecanismos de representación con el fin de determinar si las Autoridades del Yaigojé Apaporis que solicitaron la creación de un área protegida se encontraban legitimadas para tomar una decisión en ese sentido. Luego, se confronta el proceso de consulta adelantado con la definición construida a partir de la normatividad internacional, nacional y jurisprudencia constitucional, para determinar si se vulneró el derecho a la consulta y al consentimiento, libre, previo e informado de las comunidades del Resguardo. Finalmente, se analiza la figura del Parque Nacional Natural para determinar si con su constitución se vulneraron los derechos colectivos de los grupos originarios asociados a la libre determinación de los pueblos indígenas.
El Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis.
El territorio que abarca las cuencas de los ríos Vaupés y Apaporis, y sus zonas interfluviales, se encuentra habitado desde tiempos ancestrales por los pueblos indígenas Makuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup-maku y Yauna, que en conjunto conforman el “Complejo sociocultural del Mirití-Apaporis”, por cuanto comparten modelos cognitivos semejantes, cuentan con cercanía geográfica, explotan el mismo nicho ecológico y pertenecen a las mismas familias lingüísticas (de la Hoz, 2007).
Para estos pueblos, los conocimientos que han sido legados por las deidades míticas se encuentran circunscritos a ciertos referentes topográficos y ecológicos, los cuales son considerados como sitios sagrados. Estos lugares son usados para el manejo y curación del mundo a través de las prácticas chamanísticas que conforman el “Camino de Pensamiento”, donde pensamiento implica la facultad de recoger la energía vital común a todos los seres del cosmos. Para los grupos del Mirití-Apaporis, todos los hombres poseen este pensamiento, pero los grandes especialistas son los chamanes, quienes son considerados como sus Autoridades Tradicionales, por cuanto tienen a su cargo la negociación, sustentación y mantenimiento del mundo (MAVDT, 2009).
Por otra parte, la empresa Cosigo Resources Ltda. desarrolla desde el año 2007 actividades de explotación de oro en la Serranía de Taraira, entre los departamentos de Amazonas y Vaupés (Cosigo, 2013). Como parte de sus planes de expansión, Cosigo solicitó al Instituto Colombiano de Geología y Minería –Ingeominas–, la suscripción de un contrato de concesión minera en la serranía de La Libertad, al interior del Resguardo Yaigojé Apaporis (Catastro Minero Colombiano, 2013).
Sin embargo, en la zona de La Libertad donde la empresa solicitó el contrato de concesión minera se encuentra Yuisi –o Chorro de La Libertad–, el sitio más sagrado para los pueblos indígenas de la región, por cuanto consideran que allí se originó la vida y que encierra una energía espiritual vital que nutre y restaura a todos los seres vivientes del mundo, permitiendo su curación (Semana.com, 2013). Igualmente Yuisi es el lugar en donde todos los años las comunidades celebran el ritual del Yuruparí, en el que se transmiten a los jóvenes varones las normas tradicionales para la preservación de la salud del cuerpo y la conservación del territorio, en el contexto de su paso a la edad adulta (UNESCO, 2013).
En respuesta a la solicitud de Cosigo, el 17 de marzo de 2008 Aciya solicitó al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, la creación de un Parque Nacional Natural sobre su territorio ancestral con el fin de fortalecer los mecanismos de protección y conservación de sus recursos naturales y, en particular, salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas de la región, asociados a la conservación, uso y manejo de los mismos (MAVDT, 2009).
Atendiendo al requerimiento de las Autoridades Tradicionales, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –UAESPNN– suscribió con Aciya el 23 de junio de 2008, un convenio de cooperación con el objeto de “…adelantar el proceso que conlleve a la declaratoria de un área protegida que haga parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en el territorio del Resguardo Yaigojé Apaporis…” (MAVDT, 2009).
El 12 de diciembre de 2008 Aciya realizó un congreso en Centro Providencia, con la asistencia de los Capitanes del Resguardo y de funcionarios de la UAESPNN, quienes realizaron una presentación sobre los que implicaba la creación un Parque Nacional Natural. Con base en esa información, las Autoridades ratificaron su decisión, bajo la condición de que el mismo tendría un Régimen Especial de Manejo acordado entre la UAESPNN y los Tradicionales (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
El 22 de mayo de 2009 se concertó entre la UAESPNN y Aciya la propuesta metodológica para desarrollar el proceso de consulta previa. En esta propuesta se estableció que la consulta se realizaría en dos etapas: una primera etapa consistente en un recorrido inicial por las 19 comunidades del Resguardo, en el cual se haría la apertura del proceso de consulta y la socialización del Proyecto de Parque, de sus implicaciones, de los objetivos de conservación, gestión y manejo del área protegida y los límites de la misma; y una segunda etapa consistente en un congreso de protocolización de la consulta a realizarse posteriormente en Centro Providencia (MAVDT, 2009).
Así las cosas, el 9 de junio de 2009 la UAESPNN solicitó a la Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, tanto certificar la presencia de grupos étnicos asentados dentro del polígono que se formuló como área protegida, como aprobar la propuesta metodológica acordada. El 30 de junio de 2009 esa entidad certificó la presencia de los pueblos indígenas que integran el Resguardo y aprobó la propuesta metodológica presentada para realizar el proceso de consulta previa (MAVDT, 2009).
Entre los días 4 y 20 de julio de 2009 se realizó el recorrido programado, y entre los días 24 y 25 de julio de 2009 se protocolizó la consulta con la presencia de 12 de las 19 comunidades del Resguardo, de delegados del Grupo de Consulta Previa del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, del Director Territorial Amazonia Orinoquia de la UAESPNN, de representantes de diversos Resguardos y Asociaciones de la región, del Coordinador de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Vaupés y del Director de la Fundación Gaia Amazonas. A dicha protocolización no asistieron representantes de la Procuraduría General de la Nación ni de la Defensoría del Pueblo (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Durante la protocolización los delegados del Grupo de Consulta Previa hicieron un recuento del proceso realizado en las 19 comunidades del Resguardo, centrando su atención principalmente en aquellas que no se encontraban presentes. Igualmente, los delegados manifestaron que se les había informado a todas las comunidades que la inasistencia a la protocolización no los eximía de la decisión que se llegase a tomar en relación con la creación del Parque, ya que la misma quedaba sometida al sistema tradicional de toma de decisiones adoptado por las comunidades del Resguardo (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Tras reiterarse que la creación de un Parque Nacional Natural implicaba la imposibilidad de reversar esa decisión, la UAESPNN y Aciya acordaron los criterios para diseñar e implementar un Régimen Especial de Manejo entre la autoridad ambiental y la autoridad pública indígena, especificando que el manejo integral del área se haría por las Autoridades Tradicionales, que la propiedad de la tierra continuará siendo de los indígenas bajo la figura de Resguardo, que el Parque sería inscrito en el registro de matrícula inmobiliaria del Resguardo como una afectación de carácter ambiental especial, y que la constitución del área protegida no afectaría la autonomía de los pueblos indígenas (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
También se estableció que la función de conservación del territorio se iba a coordinar entre la Autoridad Indígena y la Autoridad Ambiental, aclarando que ninguna acción de gestión, planeación o administración podría ir en contra de los objetivos y lineamientos que se establecen en los principios culturales de los grupos originarios involucrados, que se respetarían las prácticas de cultivo, recolección, pesca y cacería propias de los pueblos indígenas bajo las reglas culturales de cada etnia, que los desacuerdos se resolverían por consenso y que no habría decisiones unilaterales (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Finalmente, se fijaron los objetivos de conservación, los cuales estarían dirigidos a proteger los valores materiales e inmateriales de los pueblos indígenas que habitan el Resguardo asociados a la conservación, uso y manejo del territorio, a contribuir a la conectividad de los ecosistemas garantizando la integridad ecosistémica del área y el sustento de la reproducción social, cultural y económica de las comunidades, y a fortalecer el Sistema de Sitios Sagrados, y rituales asociados, sobre los cuales se soporta el manejo y uso del territorio que hacen los grupos indígenas (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Una vez agotada la consulta previa, el 10 de junio y el 21 de julio de 2009 la UAESPNN solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder–, que informara sobre la presencia de Resguardos Indígenas dentro del polígono donde se tenía prevista la creación del Parque. Esta entidad certificó el 19 de agosto de 2009 que el área de interés se traslapaba con el Resguardo Yaigojé Apaporis (MAVDT, 2009).
Igualmente, y con el propósito de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 2° de 1959 y artículo 6 del Decreto 622 de 1977, el 1° de septiembre de 2009 la UAESPNN envió a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el documento “Propuesta de Declaratoria Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, Síntesis para su Justificación, Septiembre de 2009”, para que conceptuara al respecto. Esa entidad, a través de la Comisión Permanente de Parques Naturales, conceptuó favorablemente el 22 de octubre de 2009 (MAVDT, 2009).
De manera paralela, y para los efectos previstos en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) en relación con las zonas excluibles de la minería, el 25 de septiembre de 2009 la UAESPNN solicitó a Ingeominas información acerca de las áreas geográficas sobre las cuales existía interés minero. El 8 de octubre de 2009 Ingeominas informó que dentro de la zona del proyecto no se habían otorgado títulos mineros (MAVDT, 2009).
De esta forma, agotados los requisitos constitucionales y legales para la creación de un Parque Nacional Natural a través de la UAESPNN, y agotado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas involucradas, el MAVDT profirió la Resolución Número 2079 de 27 de octubre de 2009 “Por medio de la cual se declara, reserva, delimita y alindera el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis”, en la que se consignaron los acuerdos suscritos durante la consulta previa, y que fue publicada en Diario Oficial Número 47.517 del 29 de octubre de 2009.
Pese a lo anterior, el 29 de octubre de 2009 la Dirección de Servicio Minero de Ingeominas celebró con Cosigo el contrato de concesión minera IGH-15001X, inscrito en el Registro Minero Nacional el día 13 de diciembre de 2012, para la explotación de oro en el área de La Libertad que ahora hacía parte del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis (Catastro Minero Colombiano, 2013).
El 31 de diciembre de 2009 la Dirección Territorial Amazonía Orinoquía de la UAESPNN, solicitó a Ingeominas “cancelar el título minero y abstenerse de adjudicar otros dentro del polígono del Parque”, con base en tres argumentos. En primer lugar, dado que el contrato de concesión minera había sido inscrito en el día 13 de diciembre de 2012, el mismo era nulo y no generaba derechos por cuanto para ese entonces la creación del Parque ya se encontraba en firme. Así mismo, al encontrarse el lugar de extracción en un Resguardo Indígena, se requería agotar el proceso de consulta previa. Finalmente, al encontrarse el lugar de extracción en la Reserva Forestal de la Amazonía creada por Ley 2° de 1959, se requería realizar previamente la sustracción de la misma.
El 4 de febrero de 2010 Ingeominas dio respuesta a la comunicación de la UAESPNN informando que se tomarían las medidas pertinentes en relación con el contrato de concesión IGH-15001X, y para julio de 2011, ordenó la terminación del contrato y el retiro y desalojo de todas las obras y labores mineras, así como de la ocupación que pudiera estar adelantando Cosigo en el área de la concesión.
Por su parte, Benigno Perilla, indígena de la etnia Wanano, y por lo tanto foráneo a los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis, interpuso acción de tutela contra la Resolución 2079 de 2009, por considerar que se había vulnerado el derecho fundamental de los pueblos indígenas del Resguardo Yaigojé Apaporis a la consulta previa, argumentando, entre otras cosas, que algunas comunidades no habían participado del proceso, que no se habían explicado claramente los efectos que sobre estas comunidades tendría la creación del área protegida, y que con la misma se había sometido a los pueblos indígenas de la región a vivir según sus usos tradicionales, sin posibilidades de desarrollarse bajo los estándares del mundo exterior (Caracol Radio, 2013).
Así mismo, varias comunidades ubicadas en jurisdicción del departamento del Vaupés, cuyos Capitanes no estuvieron de acuerdo con la creación del Parque Nacional Natural, se separaron de Aciya y conformaron la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira-Vaupés –Acitava–, la cual fue inscrita como entidad de carácter público especial mediante Resolución Número 0009 del 08 de febrero de 2011 de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del entonces Ministerio del Interior y de Justicia.
Desde su conformación, Acitava ha manifestado por diversos medios su oposición al Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, por cuanto considera que con el mismo se pierde el territorio ancestral, se limita su autonomía, se vulnera su derecho al desarrollo y se atenta contra el uso, manejo y aprovechamiento tradicional de los territorios ancestrales. Así mismo, Acitava ha acusado a la Fundación Gaia Amazonas de promover y patrocinar la creación del Parque, con el fin de poder obtener beneficios económicos relacionados con la venta de créditos de carbono y el desarrollo de actividades de ecoturismo en la zona .
En entrevista realizada el 26 de julio de 2012, Martín von Hildebrand, Director de la Fundación Gaia Amazonas, manifestó que tales acusaciones partían de la premisa errónea, por parte de los detractores del área protegida, de que si se desacreditaba a la Fundación, se desacreditaba el proceso de creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. Los detractores presumían la existencia una manipulación por parte de la fundación sobre las Autoridades Tradicionales del Resguardo, sin tener en cuenta que la decisión había sido adoptada por las mismas de manera autónoma (von Hildebrand, 2012).
En la actualidad los pueblos del Yaigojé Apaporis se siguen enfrentando a los intereses que la minería, legal e ilegal, despiertan en la zona. A pesar de que Ingeominas ordenó la terminación del contrato de concesión otorgado a Cosigo el mismo se encuentra vigente. Las comunidades están divididas en dos asociaciones cuya autoridad desconocen mutuamente. La Corte Constitucional no se ha pronunciado en relación con la tutela interpuesta por Benigno Perilla. Finalmente, no se ha formulado el Régimen Especial de Manejo, el cual resulta indispensable para la salvaguarda de la diversidad cultural de los pueblos de la región.
El derecho a la libre determinación indígena de los grupos originarios del Resguardo Yaigojé Apaporis.
La Constitución Política de 1991 definió los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía política, fiscal y administrativa, contempló que la constitución y delimitación de los mismos estaría sujeta a la participación de los representantes de los grupos originarios elegidos según los usos y costumbres de cada pueblo y les otorgó protección constitucional bajo el entendido de que las tierras comunales y Resguardos son propiedad colectiva, de naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.
Esta autonomía política se traduce en el derecho que tienen los pueblos indígenas de elegir sus propias autoridades, conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y la Ley, las cuales actúan como la máxima autoridad de la comunidad en relación con la definición de sus asuntos internos, y sirven de interlocutores frente al Estado y frente a otras comunidades (Corte Constitucional de Colombia, 1994).
Tales autoridades, en virtud de lo establecido en el parágrafo quinto del artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, son los miembros del grupo que ejercen dentro de la respectiva estructura cultural un poder de organización, gobierno, gestión o control social. A través de estas autoridades los grupos originarios definen su propio destino, hacen efectivos sus derechos colectivos y adoptan las medidas que consideren pertinentes para preservar su existencia cultural diferente (Corte Constitucional de Colombia, 1995).
Cómo ya se pudo establecer, el Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis se encuentra representado por la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis –Aciya–. Este tipo de asociaciones se encuentran reguladas por el Decreto 1088 de 1993, que las define como entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y que tienen por objeto el desarrollo integral de las comunidades indígenas que agremian. No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la misma disposición, la autonomía de las Autoridades Tradicionales no se compromete por el simple hecho de pertenecer a una asociación de estas características.
Tal consideración es reforzada por el Decreto 622 de 1977, que al establecer que no resulta incompatible la coexistencia de un Parque con un Resguardo Indígena, permite implementar un área protegida de este tipo sobre el territorio del Yaigojé Apaporis. Sin embargo, la misma disposición establece que cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada por grupos originarios dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se debe establecer un Régimen Especial de Manejo en beneficio de éstos, con el fin de respetar la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del área protegida.
Este Régimen Especial de Manejo es considerado por la UAESPNN como una estrategia de planeación concertada entre la autoridad ambiental y las Autoridades Tradicionales, que busca definir acuerdos sobre el uso, control y coadministración de los recursos naturales presentes en el área de traslape, los que deberán responder a un proceso social de conservación de la biodiversidad que integre y enriquezca culturalmente a los pueblos indígenas y que garantice la conservación de la biodiversidad y la supervivencia étnica y cultural de los grupos originarios presentes en el área (UAESPNN, 2012).
En el caso objeto de estudio, las Autoridades Tradicionales solicitaron al MAVDT la creación de un Parque Nacional Natural sobre el territorio del Resguardo, bajo la condición de que el mismo tendría un Régimen Especial de Manejo acordado entre la UAESPNN y Aciya, basado en la orientación de los tradicionales. Con este propósito, durante la protocolización de la consulta se acordaron ciertos aspectos que fueron incorporados a la Resolución que creaba el área protegida, y que servirían de lineamientos para el mismo.
De esta forma, se estableció que el manejo integral del área se haría por las Autoridades Tradicionales, que el Parque sería inscrito en el registro de matrícula inmobiliaria del Resguardo como una afectación de carácter ambiental especial, que la constitución del área protegida no afectaría la autonomía de los pueblos indígenas, que la función de conservación del territorio se iba a coordinar entre la Autoridad Indígena y la Autoridad Ambiental y que se respetarían las prácticas de cultivo, recolección, pesca y cacería propias de los pueblos indígenas.
Así mismo, se fijaron los objetivos de conservación, los cuales estarían dirigidos a proteger los valores culturales de los pueblos indígenas asociados a la conservación, uso y manejo del territorio, a contribuir a la conectividad de los ecosistemas, garantizando la integridad ecosistémica del área y el sustento de la reproducción social, cultural y económica de las comunidades, y a fortalecer el Sistema de Sitios Sagrados y rituales asociados, sobre los cuales se soporta el manejo y uso del territorio que hacen los grupos indígenas del “Complejo sociocultural del Mirití-Apaporis”.
De esta manera, la figura de Parque Nacional Natural cuya creación fue solicitada por las Autoridades Tradicionales del Yaigojé Apaporis, resulta ser un mecanismo efectivo para fortalecer los mecanismos de protección y conservación de los recursos naturales y sitios sagrados del Resguardo, y para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas Makuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup-maku y Yauna asociados a la conservación, uso y manejo de los mismos.
Así mismo, con esta figura no se vulneran los derechos de las comunidades del Mirití-Apaporis a la libre determinación indígena, a mantener y desarrollar sus propias instituciones, al desarrollo propio, a los territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentran en ellos, puesto que los mismos no son incompatibles con los objetivos de conservación definidos para el área protegida implementada y su ejercicio quedará garantizado a través del establecimiento del Régimen Especial de Manejo, cuando el mismo sea definido.
En la presente investigación se estudió el marco jurídico de derechos colectivos de los pueblos indígenas existente a nivel nacional, y se analizó un caso en el que las diferentes visiones culturales de desarrollo y bienestar enfrentadas, giran en torno al ejercicio, garantía y protección de los mismos. El objetivo fue examinar el alcance y contenido de este tipo particular de derechos humanos. Si bien a lo largo del documento se consignaron los resultados del estudio y análisis realizado, es necesario que, a modo de conclusiones, se sinteticen los principales resultados obtenidos durante el proceso de investigación, los cuales se expondrán siguiendo el orden temático ya definido.
a. Existe un conflicto entre las comunidades del Resguardo Yaigojé Apaporis agremiadas en Aciya y en Acitava, en relación con la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral. Aciya considera que con el Parque se salvaguardó su patrimonio cultural. Acitava considera que con el mismo se vulneró el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se restringió el libre ejercicio de todos sus derechos colectivos.
b. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas implica para estos grupos el derecho a la autonomía en relación con sus asuntos internos y a la participación en la vida política y administrativa y en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los Estados a los que hacen parte.
c. En virtud del derecho a la autonomía, los indígenas tienen el derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones, a perseguir libremente su desarrollo, a sus tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentren en ellas.
d. En virtud del derecho a la participación, los indígenas tienen el derecho general de participación en los órganos representativos y a ser consultados para obtener su consentimiento libre previo e informado, antes de la adopción o implementación de cualquier decisión que pudiese afectarlos directamente.
e. Las Autoridades Tradicionales del Yaigojé Apaporis agremiadas en Aciya, ejerciendo su autoridad y funciones culturales, podían legítimamente solicitarle al MAVDT la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral.
f. La iniciativa sobre la creación de un Parque Nacional Natural surgió de las Autoridades Tradicionales. Debido a que la iniciativa es el resultado de un ejercicio del derecho a la libre determinación, no se configuran los elementos requeridos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y por consiguiente, el mismo no fue vulnerado.
g. El proceso de consulta previa fue adelantado por Aciya y delegados del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, contó con un proceso de preconsulta, se realizó un recorrido de socialización por las comunidades y se protocolizó en debida forma. Lo anterior resulta ser garantía suficiente para afirmar que no fue vulnerado el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis.
h. La figura de Parque Nacional Natural admite la realización de actividades relacionadas con los valores culturales de los pueblos indígenas. La normatividad establece que cuando se incluya un área ocupada por grupos originarios en un Parque, se deberá establecer un Régimen Especial de Manejo en beneficio de éstos. De esta forma, con la creación del Parque no se vulneraron los derechos colectivos de los pueblos del Yaigojé Apaporis, puesto que su ejercicio no resulta incompatible con los objetivos de conservación propios esta figura.
A pesar de que su existencia física y cultural se encuentre constantemente amenazada por fenómenos de violencia e intereses económicos, existe en Colombia un contexto político, jurídico e institucional, que le permite a los grupos originarios el poder desarrollar plenamente su identidad cultural diferenciada asumiendo de manera autónoma el control de sus asuntos internos, y el poder participar de manera efectiva en la institucionalidad nacional y en los procesos de adopción e implementación de decisiones conforme sus propios usos y costumbres. De esta forma, los pueblos indígenas dejaron de ser un simple objeto de protección constitucional, para pasar a ocupar un rol importante en la definición y construcción del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución Política de 1991.
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References: artículo 13
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