Source: http://www.embajadadepalestina.es/web/secciones/estado-de-palestina?page=4
Timestamp: 2020-07-14 20:22:07+00:00

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Estado de Palestina | سفارة فلسطين لدى أسبانيا
Palestina, oficialmente declarado como Estado de Palestina, es un Estado con reconocimiento limitado ubicado en Oriente Medio, concretamente en el levante mediterráneo y que limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo.
Fue proclamando como tal en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. En ese momento, la OLP no ejercía control sobre territorio alguno y era un gobierno en el exilio. Aún hoy, parte del territorio reclamado se mantiene bajo ocupación israelí.
La Declaración reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 con Jerusalén Este como su capital. En 1994, conforme a los Acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno de Israel, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. El 31 de octubre de 2011, fue admitida como estado miembro de pleno derecho de la UNESCO.
El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19 (proyecto de resolución A/67/L.28) en virtud de la cual concedió a Palestina la condición de "Estado observador no miembro" de la organización, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de 1967. Esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro pleno de la organización, pues para ello necesitaría la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos ha venido ejerciendo su poder de veto.
El 17 de diciembre de 2014 el Parlamento Europeo apoyó públicamente el reconocimiento del Estado palestino, tras haberlo hecho los parlamentos de países miembros como Reino Unido, España o Francia. Tal reconocimiento es meramente simbólico, ya que el reconocimiento efectivo lo deben realizar cada uno de los estados miembros a través de sus gobiernos.
Durante la guerra de junio de 1967, Israel ocupó militarmente el 22 por ciento restante de la Palestina histórica, comprendiendo la Ribera Occidental, incluyendo Jerusalén Este, la Tierra de Nadie y la Franja de Gaza. Sólo dos semanas después del final de la guerra, Israel anexó unilateralmente Jerusalén Este, aplicando la ley israelí a la mitad palestina de la ciudad. En el plazo de un mes, Israel comenzó a construir asentamientos ilegales en el Estado ocupado de Palestina, en violando directamente el derecho internacional. La comunidad internacional rechazó inmediatamente la anexión ilegal de Israel del territorio palestino ocupado y continúa haciéndolo hasta hoy. Hasta 2014, Israel ha transferido ilegalmente más de 600.000 colonos al Estado ocupado de Palestina. Más de 200.000 colonos residen ilegalmente en Jerusalén Este.
Fronteras: Israel no tiene derecho a reclamar ninguna parte de la Ribera Occidental o de la Franja de Gaza. Sin embargo, en aras de la paz, hemos estado dispuestos a discutir intercambios territoriales menores, equitativos y mutuamente acordados y modificaciones fronterizas si decidimos que es en nuestro interés hacerlo.
Vínculo territorial: Para que la Ribera Occidental y la Franja de Gaza funcionen como una sola unidad territorial, es crucial un vínculo territorial que conecte las dos partes del Estado de Palestina. El vínculo debe prever la circulación permanente y sin restricciones de personas, bienes y vehículos entre las dos zonas geográficas. También debe ser capaz de facilitar la transferencia de varios recursos en todo el Estado de Palestina (por ejemplo, gas, agua, electricidad, etc.). Será necesario garantizar una vía de transporte terrestre segura o determinados acuerdos de tránsito que permitan ese movimiento en virtud de un régimen acordado hasta que un vínculo territorial permanente, sea plenamente operativo. Tales arreglos también deben seguir vigentes después de que el enlace territorial se vuelva operativo como un medio alternativo de conexión entre Cisjordania y la Franja de Gaza en caso de que se interrumpa el funcionamiento del enlace territorial.
Con la expansión de las fronteras de Jerusalén, Israel aplicó sus leyes, administración y jurisdicción sobre el área expandida de Jerusalén municipal (un área que entonces abarcaba 72 km2 o 1,3 por ciento de Cisjordania) en un claro intento de anexar de facto Jerusalén Este y partes de La Ribera Occidental. Esta anexión violó la prohibición de adquirir territorio por la fuerza y ​​fue declarada "sin validez legal" por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Israel ha anexionado unilateralmente Jerusalén oriental ocupada y ha estado construyendo asentamientos ilegales dentro y a lo largo de sus fronteras ilegalmente expandidas. Estos asentamientos actualmente forman un anillo alrededor de toda la parte ocupada de la ciudad, aislándola del resto de la Ribera Occidental. Hoy en día, más de 190.000 de los más de 500.000 colonos en el TPo, viven en Jerusalén Oriental ocupada.
Además de impedir nuestro crecimiento urbano confiscando nuestras tierras y construyendo asentamientos, Israel ha adoptado una serie de políticas discriminatorias de zonificación destinadas a dificultar la construcción de nuestras tierras o la ampliación de las estructuras existentes. Como resultado, sólo se nos permite construir y vivir en el 13 por ciento de Jerusalén Este. Además, los permisos para construir dentro de esas áreas son caros y casi imposibles de obtener debido a las medidas y políticas restrictivas y discriminatorias de Israel, dando al gobierno israelí la capacidad de demoler hogares donde la construcción, incluida la expansión, se llevó a cabo sin un permiso israelí.
La Resolución 252 (1968) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declara que el Consejo de Seguridad "[e] s considera que todas las... medidas adoptadas por Israel... que tienden a cambiar el estatuto jurídico de Jerusalén son inválidas y no pueden cambiar esa condición".
Ningún tema es más emblemático dentro de la historia palestina del siglo XX que la difícil situación de los aproximadamente siete millones de refugiados palestinos. Se calcula que el 70 por ciento de todos los palestinos en todo el mundo son refugiados, mientras que uno de cada tres refugiados en todo el mundo es palestino. Aproximadamente la mitad de todos los refugiados palestinos son apátridas. Durante décadas, Israel ha negado a los refugiados palestinos el derecho a regresar, violando la Resolución 194 de la Asamblea General, mientras que prevé la inmigración judía sin restricciones a Israel.
Los refugiados palestinos carecen de los derechos humanos más elementales, sufren de protección y asistencia internacionales inadecuadas y sufren el peso del conflicto que está en curso con Israel. Una resolución justa de la cuestión de los refugiados -una que reconozca el derecho al retorno y ofrezca una serie de opciones significativas a los refugiados- es esencial para una solución negociada exitosa al conflicto palestino-israelí.
Breve historia de la cuestión de los refugiados
De 1947 a 1949, más de 726.000 palestinos fueron expulsados ​​o obligados a abandonar sus hogares y se convirtieron en refugiados antes e inmediatamente después de la declaración de estado de Israel. Muchos huyeron de los ataques directos de los militares, mientras que otros huyeron por miedo a los ataques inminentes de las milicias judías. Unos 150.000 palestinos permanecieron en las zonas de Palestina que se convirtieron en el Estado de Israel, incluidos 46.000 palestinos que fueron desplazados internos durante la guerra. Israel se ha negado a permitir que estos palestinos desplazados internos regresen a sus hogares y aldeas.
Durante la ocupación militar de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, aproximadamente 300.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares a otras partes de los territorios palestinos ocupados, así como a huir a través de las fronteras regionales. Entre esta nueva oleada de palestinos huyendo, aproximadamente 120.000 habían sido desplazados en 1948. Desde 1967, seguimos enfrentando el desplazamiento desde y dentro del TPo como resultado de las políticas israelíes que incluyen la demolición de viviendas, los desalojos, la confiscación de tierras, la revocación de la residencia, La construcción de asentamientos y el muro de separación, y el apoyo masivo a la presencia militar israelí. Israel ni los refugiados de 1948 ni los refugiados y desplazados internos de 1967 han sido autorizados por Israel a regresar a sus hogares dentro de lo que ahora son Israel y el TPo.
Los palestinos que fueron expulsados ​​o huyeron de la violencia en y alrededor de 1948 fueron efectivamente desnacionalizados por el parlamento de Israel en 1952. Sus propiedades fueron confiscadas y finalmente transferidas al Estado de Israel para el beneficio casi exclusivo del pueblo judío. Durante y después de la guerra de 1948, más de 400 aldeas palestinas fueron despobladas y destruidas. Israel construyó nuevas comunidades judías solamente sobre algunas de estas áreas destruidas de la aldea. Como declaró el ex ministro de Defensa israelí Moshe Dayan en 1969,
"Se construyeron aldeas judas en el lugar de aldeas árabes. Ni siquiera sabes los nombres de estos pueblos árabes, y no te culpo porque los libros de geografía ya no existen, no sólo los libros no existen, tampoco los pueblos árabes. Nahlal se levantó en el lugar de Mahlul; Kibutz Gvat en el lugar de Jibta; Kibbutz Sarid en el lugar de Huneifis; Y Kefar Yehushu'a en el lugar de Tal al-Shuman. No hay un solo lugar construido en este país que no tenga una antigua población árabe".
Sin embargo, según algunas estimaciones, el 90 por ciento de la superficie de nuestros pueblos destruidos por Israel durante y después de su conquista de 1948 permanecen deshabitada. Por el contrario, la inmensa mayoría de los hogares de nuestros refugiados ubicados en centros urbanos permanecieron en pie en 1948, pero fueron ocupados por judíos inmigrantes israelíes.
Hoy hay siete millones de refugiados palestinos; La mayoría de los cuales viven a menos de 100 kilómetros (62 millas) de la frontera de Israel.
1.4 millones de refugiados registrados en el TPo viven actualmente en 58 campos oficiales de refugiados de la UNRWA en el TPo, Jordania, Siria y Líbano ("países de acogida"). Sin embargo, también hay muchos de nuestros refugiados que no están registrados en el UNRWA que viven en estos campamentos y otros que viven en campamentos no reconocidos por la UNRWA o el país anfitrión.
La mayor población de refugiados residente en campamentos en el interior de Palestina se encuentra en la Franja de Gaza. La mayor proporción de refugiados palestinos residente en campamentos en el interior de un mismo país de acogida se encuentra en el Líbano
Aproximadamente 770.000 refugiados registrados viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén oriental. De éstos, aproximadamente 190.000 viven en 19 campamentos de refugiados en Cisjordania y Jerusalén oriental. Más de un millón de refugiados registrados residen en la Franja de Gaza. Aproximadamente 500.000 viven en uno de los ocho campamentos en la Franja de Gaza. Nuestros refugiados en el TPo poseen los mismos derechos de vivienda, salud, empleo y educación que los no refugiados.
El tratamiento de los refugiados palestinos varía de un país a otro. Jordania concedió la ciudadanía a la mayoría de los refugiados que huyeron en 1948, junto con los derechos civiles y sociales que asistían a la ciudadanía jordana. Los palestinos que viven en Siria tienen los mismos derechos y responsabilidades que los ciudadanos sirios, excepto la nacionalidad y los derechos políticos. En el Líbano, nuestros refugiados enfrentan severas discriminaciones, incluyendo la carencia de derechos fundamentales como el acceso a la atención médica, la educación y el empleo. Aunque la legislación reciente ha mejorado ligeramente nuestros derechos sobre el trabajo de los refugiados en el papel, a efectos, a los refugiados todavía se les prohíbe trabajar en muchos ámbitos, incluyendo la industria farmacéutica, periodismo, medicina y derecho. También se les prohíbe poseer bienes inmuebles. Además, la construcción en y alrededor de los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano está severamente restringida.
Los palestinos de hoy son una comunidad en la diáspora que está dispersa por todo el mundo, incluso en la mayoría de los estados árabes, Europa y en América del Norte y del Sur. Sin embargo, mientras que la Ley de Retorno israelí permite que cualquier judío que resida en cualquier parte del mundo viva en Israel y en el TPo, independientemente del linaje directo en el territorio, aquellos de nosotros que nacen y poseen las llaves de nuestros hogares y títulos de propiedad En la Palestina histórica se les niega el derecho incluso a visitar a nuestras familias, la propiedad y la patria ancestral.
En 1948, en respuesta al desplazamiento masivo de nuestros refugiados, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 194, incluyendo el párrafo 11, que establece, en parte, que:
[...] los refugiados [palestinos] que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos deberían estar autorizados a hacerlo lo antes posible y que se pague la indemnización por los bienes de aquellos que decidan no regresar y por la pérdida de daños o bienes que, de conformidad con los principios del derecho internacional o de la equidad, deberían ser resueltos por los gobiernos o las autoridades responsables.
La Resolución 194 respaldó el derecho de nuestros refugiados a elegir entre repatriarse en lo que hoy es Israel o ser reasentados en otros lugares y codificó los principios aceptados del derecho internacional consuetudinario. La Asamblea General lo ha reafirmado cada año desde su aprobación.
El derecho de retorno de nuestros refugiados también está bien establecido en otras leyes internacionales, entre ellas:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (adoptada en 1948): "Toda persona tiene derecho a abandonar cualquier país, incluso el suyo y a regresar a su país" (párrafo 2 del artículo 13).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Nadie será privado arbitrariamente del derecho a entrar en su propio país" (Art. 12 (4)).
La subcomisión de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la restitución de viviendas y propiedades para refugiados y desplazados: "Todos los refugiados y personas desplazadas tienen derecho a regresar voluntariamente a sus hogares, tierras o lugares de residencia habitual, con seguridad y dignidad" ( Art. 10.1) ... "Los refugiados y las personas desplazadas deben poder buscar eficazmente soluciones duraderas al desplazamiento que no sean el regreso, si así lo desean, sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y bienes" (Art. 10.3).
Nuestra visión requiere una solución justa a la cuestión de los refugiados palestinos de conformidad con el derecho internacional y específicamente con la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una solución justa debe basarse en el derecho al retorno y las reparaciones. Nuestra posición sobre los refugiados también está incluida y apoyada en la Iniciativa de Paz Árabe (API), que pide "que se acuerde una solución justa al problema de los refugiados palestinos de acuerdo con la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU". Debe abordar dos aspectos: el derecho de retorno y las reparaciones.
La clave para la resolución de la cuestión de los refugiados es el reconocimiento por parte de Israel de los principios y derechos aplicables de los refugiados, incluido el derecho de nuestros refugiados a regresar a sus hogares y tierras. El reconocimiento de Israel del derecho de retorno abrirá el camino para negociar cómo se implementará ese derecho. La elección es una parte crítica del proceso. A nuestros refugiados se les debe permitir elegir cómo implementar sus derechos y normalizar su estatus. Las opciones para nuestros refugiados deben ser: regreso a Israel, regreso / reasentamiento en un futuro estado palestino, integración en los estados anfitriones o reasentamiento en terceros estados. La rehabilitación en forma de capacitación profesional, educación, servicios médicos, provisión de vivienda, etc. también será un componente necesario de cada una de las opciones.
Las reparaciones constan de tres elementos. El primero es el reconocimiento de Israel de su papel en la creación y perpetuación de la agitación de los refugiados palestinos. Si bien Israel puede tener su propia narrativa para explicar las circunstancias que rodean la creación de los refugiados palestinos, es innegable que cuando nuestros refugiados trataron de regresar a sus hogares, Israel sistemáticamente y con firmeza bloqueo sus esfuerzos. Hasta el día de hoy, Israel continúa negando su derecho a regresar. Israel debe reconocer inequívocamente su responsabilidad por estas acciones si hay una solución justa, pacífica y sostenible al conflicto.
La restitución es el segundo elemento de las reparaciones. Bajo el derecho internacional, la restitución es el principal remedio para la propiedad que ha sido confiscada arbitrariamente. Si la restitución es materialmente imposible, o si el daño no se recupera solo por la restitución, o si un refugiado elige una compensación en lugar de la restitución, esa compensación debe ser integra y completa. Alternativamente, la compensación en especie puede ofrecerse en forma de tierras deshabitadas en Israel.
La compensación es el tercer elemento de las reparaciones y se compone de tres categorías. La compensación debe hacerse por bienes que no pueden ser restituidos (o si el refugiado escoge compensación en lugar de restitución), por daños materiales (artículos personales, medios de subsistencia, etc.) y por daños no materiales (dolor y sufrimiento como resultado de desplazamiento de larga data).
Desde la ocupación israelí del territorio palestino en 1967, se estima que 750.000 palestinos han sido detenidos bajo órdenes militares israelíes en el Estado ocupado de Palestina. Esto constituye aproximadamente el 20 por ciento de la población total y el 40 por ciento de la población palestina masculina en el POE. Israel arrestó a más de 13.000 palestinos entre 1993 y 2001 (es decir, los años del proceso de paz de Oslo). Israel ha arrestado a más de 50.000 palestinos entre el inicio de la Segunda Intifada en septiembre de 2000 y hoy. Las políticas israelíes de confinamiento masivo siguen siendo la norma para con los palestinos de tan sólo 5 años de edad, detenidos en un sistema de justicia militar que condena al 99.9% de todos aquellos que pasan por ella.
En diciembre de 2015, Israel tiene cerca de 6000 presos políticos palestinos y árabes en sus prisiones.
Israel ha utilizado su poder para arrestar y detener como un medio para controlar a la población palestina y castigar cualquier actividad política dirigida a desafiar la ocupación de Israel, violando así los valores y normas fundamentales de los derechos humanos. Incluso los palestinos que protestan pacíficamente por la confiscación de sus tierras están sujetos a arresto y detención. La mayoría de los presos políticos palestinos son acusados ​​de delitos bajo órdenes militares israelíes. Estas órdenes emplean una definición amplia de "seguridad", de tal manera que prohíben, entre otras cosas, la expresión política. Por ejemplo, la Orden Militar 101 establece que "se prohíbe llevar a cabo una marcha o reunión de protesta (agrupación de diez o más cuando el tema se refiere o está relacionado con la política) sin el permiso del comandante militar". Artículos políticos e imágenes con "connotaciones políticas" 4. De manera similar, la orden militar 938 incluso considera "apoyar una organización hostil sosteniendo una bandera o escuchando una canción nacionalista" una "acción hostil". Las órdenes militares 101 y 938 son sólo dos entre numerosas órdenes que restringen la vida política palestina en el territorio palestino ocupado.
Debido a la amplitud de la definición de "seguridad" de Israel, los palestinos pueden ser arrestados y encarcelados por prácticamente cualquier tipo de actividad pública, sin importar si presentan o no la llamada "amenaza a la seguridad". La implicación práctica de estos delitos ampliamente definidos es la criminalización de muchos aspectos de la vida civil palestina. Por ejemplo, los partidos políticos que componen la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) siguen siendo considerados "organizaciones ilegales", a pesar de que Israel ha entablado negociaciones con la OLP desde 1993 y coordina los aspectos de seguridad con la Autoridad Nacional Palestina. Llevar una bandera palestina es considerado también un crimen bajo las regulaciones militares israelíes. La participación en una manifestación se considera una interrupción del orden público. Verter café para un miembro de una asociación declarada "ilegal" puede ser visto como apoyo a una organización terrorista.
Las condiciones de vida de los presos políticos palestinos y árabes detenidos por Israel están muy por debajo de las normas aceptadas, incluidas las del derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y las reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos. Entre los ejemplos se incluyen el abuso, la denegación y la limitación de los derechos de visita familiar, la prohibición del contacto físico durante las visitas familiares, la reducción de las horas de acceso al exterior y los paseos, la prohibición de visitas entre reclusos, Comunicaciones y bienes desde el exterior.
Pocos temas controlan el consenso y el apoyo de la sociedad palestina como el tema de los presos políticos. Cualquier proceso de paz genuino y significativo debe ver la liberación inmediata y coordinada de los presos políticos que han sido detenidos o detenidos por Israel como resultado del conflicto israelí-palestino. Tras la firma de un acuerdo sobre el estatuto permanente, todos los presos políticos palestinos y árabes que queden deben ser liberados. Hasta ese momento, debe haber una mejora sustancial y significativa de las condiciones de vida de los presos políticos en las cárceles y centros de detención israelíes.
Personas desaparecidas y los restos de las personas caídas
Desde el comienzo del conflicto, Israel ha mantenido los restos de palestinos caídos bajo su custodia, negándose a devolver sus restos a las familias para un entierro digno. Si bien el número exacto de restos de palestinos caídos en poder de Israel en estos cementerios no está disponible públicamente, las organizaciones palestinas estiman que el número es de cientos y, por lo tanto, han documentado 302 casos basados ​​en información de primera mano obtenida directamente de las familias en el TPo.
No hay justificación para la negativa de Israel a abordar esta cuestión humanitaria que impide que las familias obtengan un cierre y un entierro digno para sus seres queridos. Cualquier acuerdo de paz genuino debe anteponer el retorno de los restos de todos los palestinos caídos y sus efectos personales que se encuentran en Israel. Además, se debe proporcionar a las familias toda la información disponible sobre los restos de palestinos desaparecidos o desaparecidos en el extranjero.
Sistema Militar de "Justicia"
Las organizaciones internacionales, israelíes y palestinas de derechos humanos han documentado a fondo los fallos del sistema de tribunales militares israelí, a la hora de proporcionar a los palestinos las debidas garantías mínimas de proceso. Algunos de los fallos del sistema incluyen lo siguiente:
Los presos políticos palestinos son juzgados por tribunales militares israelíes. Estos tribunales militares están formados por jueces, fiscales y traductores que son nombrados por el comandante militar israelí, el mismo individuo que está facultado para hacer cambios en las órdenes militares israelíes. Además, algunos de los jueces designados por el comandante militar no tienen formación jurídica. En consecuencia, estos tribunales no cumplen la norma exigida por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pide "una audiencia imparcial y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley".
A los abogados se les niegan los medios necesarios para construir una defensa adecuada. Según la Asociación de Apoyo y Derechos Humanos de Addameer, se necesita un promedio de 30 a 45 días antes de que un abogado pueda reunirse con su cliente debido a una serie de obstáculos burocráticos colocados por las autoridades israelíes. Además, a menudo se registra a los abogados en la prisión antes de que puedan reunirse con su cliente, y las visitas a los clientes son a menudo vigiladas por los guardias de tal manera que el privilegio del abogado-cliente se ve comprometido.
Los detenidos palestinos son a menudo torturados o sometidos a tratos crueles y degradantes durante su interrogatorio o detención. El uso de la tortura, junto con la ausencia de un acceso rápido a un abogado, comprometen la veracidad de las confesiones obtenidas mediante interrogatorios.
Los palestinos pueden permanecer detenidos en las cárceles israelíes durante 90 días sin cargos. Este plazo puede prorrogarse por otros 90 días por las autoridades israelíes.
Las sentencias dictadas por los tribunales militares no pueden apelarse ante los tribunales fuera del sistema de tribunales militares. Dado que todos los actores dentro del sistema de tribunales militares están bajo un solo mando y comparten alianzas institucionales y conjuntos de intereses comunes, el proceso de revisión de los tribunales militares proporciona un recurso limitado, en el mejor de los casos. Como resultado, los palestinos condenados por "delitos de seguridad" no tienen acceso a un proceso de apelación efectivo y, por lo tanto, se les niega el derecho garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de tener una "condena y sentencia... revisada por un tribunal superior conforme a la ley."
Detención Administrativa "se refiere a la detención de personas con fines preventivos. La detención administrativa es un procedimiento que permite a los militares israelíes mantener a los detenidos indefinidamente en "información secreta" sin acusarlos ni permitirles someterse a juicio. En la Cisjordania palestina ocupada, el ejército israelí está autorizado a dictar órdenes de detención administrativa contra civiles palestinos sobre la base de la orden militar 1651 (artículo 285). Esta orden faculta a los comandantes militares a detener a un individuo por períodos renovables de hasta seis meses si tienen "motivos razonables para presumir que la seguridad de la zona o la seguridad pública requieren la detención". La práctica de la detención administrativa ejercida por Israel es ilegal.
Israel utiliza la detención administrativa como "una alternativa rápida y eficiente al juicio penal", eludiendo las protecciones procesales internacionales para los acusados. Bajo la ley israelí, las órdenes de detención administrativa pueden durar hasta seis meses, con los palestinos recluidos sin cargos ni juicio durante este período. Israel rutinariamente renueva las órdenes de detención y puede hacerlo muchas veces, manteniendo así a los palestinos sin cargos ni juicio indefinidamente.
El ejército israelí detiene a los palestinos en una definición amplia de "amenaza a la seguridad", una definición tan amplia que incluye la "subversión política".
Los detenidos no son informados de la razón de su detención.
Mientras que los detenidos pueden apelar su detención, ni ellos ni sus abogados tienen acceso a la evidencia del estado, lo que hace muy difícil para ellos refutar las acusaciones contra ellos.
La detención de niños
En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Israel está obligado a abstenerse de encarcelar a los niños, salvo como medida de último recurso y sólo por el período más breve posible. Sin embargo, más de 8.000 niños palestinos fueron arrestados y detenidos entre septiembre de 2000 y diciembre de 2014. Hoy en día, 425 niños permanecen en cárceles israelíes, algunos de tan sólo 12 y 13 años. Casi todos los niños detenidos han denunciado alguna forma de tortura o maltrato físico (palizas o ser colocado en posiciones dolorosas) o psicológica (abuso, amenazas o intimidación). Los niños se internan rutinariamente en centros de detención en condiciones deplorables. En algunos centros, hasta once niños han sido empacados en celdas de tan sólo cinco metros cuadrados. Los niños también se encuentran en centros con adultos, todo ello en contravención de la convención de las naciones unidas sobre los Derechos del Niño.
Un comité de las Naciones Unidas informó:
Algunos testigos también llamaron la atención del Comité Especial sobre las pésimas condiciones de los menores encarcelados, mezclados con adultos, algunas veces con mujeres adultas. Al parecer fueron arrestados de la misma manera que los adultos, por la noche, llevados a los campamentos militares y golpeados. Fueron interrogados sin la presencia de familiares y no pudieron reunirse con sus abogados durante 60 días. Fueron sometidos a diversas amenazas como la destrucción de sus hogares, la cadena perpetua, la decapitación o la violación. Según se informa, un joven había sido confinado en una celda aislada durante 60 días. A menudo se los llevaba tres a una celda, durmiendo en el suelo, luchando contra las cucarachas y sufriendo malas condiciones higiénicas debido a la falta de agua. A menudo fueron expuestos a malos tratos cuando fueron trasladados a la corte o a otra prisión. A diferencia de los detenidos israelíes, no tenían programas de rehabilitación o recreativos.
¿Por qué es esencial la liberación de prisioneros?
Ningún tema destaca la negativa de 48 años de Israel a la libertad palestina bajo la ocupación militar mejor que la de los presos políticos. Los palestinos han sido sometidos a una de las tasas más altas de encarcelamiento en el mundo. Desde 1967, Israel ha detenido y encarcelado a más de 800.000 palestinos como parte de una política para anular la resistencia a la ocupación de Israel e intimidar a la población civil. De los 3,9 millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, son pocos los que no han sido afectados personalmente por el encarcelamiento de palestinos por parte de Israel, ya sea a través de su propia prisión o de un familiar, amigo o colega. Este número representa aproximadamente el 20 por ciento de la población palestina total en el Estado ocupado de Palestina y hasta el 40 por ciento de la población palestina masculina total. También incluye a aproximadamente 10.000 mujeres encarceladas desde 1967, así como a 8.000 niños palestinos detenidos desde el año 2000.
El encarcelamiento generalizado de los palestinos, junto con el trato inhumano que reciben durante su encarcelamiento, ha puesto la liberación de todos los prisioneros palestinos en la agenda nacional.
La posición palestina con respecto a los prisioneros es simple. Israel debe liberar a todos los prisioneros palestinos recluidos en sus cárceles, no sólo como parte de un acuerdo sobre el estatuto definitivo, sino también como parte del proceso de negociaciones y medidas de fomento de la confianza destinadas a impulsar un acuerdo de paz. Israel también debe cumplir sus compromisos tanto en sus acuerdos bilaterales como en virtud del derecho internacional, entre ellos:
La liberación de todos los prisioneros palestinos detenidos antes del comienzo del proceso de paz de Oslo, como se estipula en el memorando de Sharm Al-Sheikh.
Cesar su política de detención administrativa y su aplicación de las leyes y reglamentos militares, que niegan a los palestinos un debido proceso justo.
Posibilitar y favorecer las visitas familiares de forma regular e ininterrumpida.
Abolir el aislamiento de los presos en celdas individuales y mejorar los servicios sanitarios (incluyendo la salud dental), sanitarios y educativos prestados a los prisioneros palestinos.
Cesar el uso de la tortura física y psicológica en los interrogatorios.
Cesar la transferencia de los prisioneros palestinos a prisioneros dentro de la jurisdicción de Israel en contravención de los Convenios de Ginebra.
Oriente Medio es una de las regiones con más escasez de agua, dada su naturaleza semiárida, su crecimiento demográfico y sus recursos hídricos transfronterizos compartidos. Además, en Palestina en particular, la escasez de agua es hidro-políticamente inducida. Desde su ocupación en 1967 del TPo, Israel ha controlado completamente nuestros recursos hídricos y nos ha privado del acceso a una proporción equitativa y razonable de agua compartida transfronteriza, en violación del derecho internacional. En cambio, Israel ha utilizado nuestros recursos hídricos para sus asentamientos ilegales y satisfacer las demandas de su creciente población (naturales e inmigrantes), obligando a nuestras comunidades a comprar agua a la compañía israelí a altos precios comerciales.
Los recursos hídricos de Palestina son todo agua compartida con Israel principalmente y otros países vecinos. Palestina no tiene recursos hídricos endógenos.
Las aguas superficiales, incluyendo el río Jordán y Wadi Gaza
Los recursos hídricos subterráneos, como acuíferos, subyacentes a la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza.
En la actualidad, Israel explota más del 90 por ciento de todos los recursos hídricos transfronterizos para el uso exclusivo de Israel y asigna menos del 10 por ciento para el uso palestino. Esto ocurre a pesar de que la gran mayoría de las áreas donde se alimentan las diversas cuencas acuíferas, o "recargadas", están dentro de Palestina.
Como resultado, cada palestino recibe un promedio de menos 73 litros per cápita por día para propósitos domésticos, frente a 300 litros per cápita por día para un israelí promedio. En promedio, sobrevivimos con menos del mínimo de 100 litros por día per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El control israelí del agua
Desde 1967, Israel ha asumido el control de todos nuestros recursos hídricos, privándonos así de nuestro derecho al acceso y uso de uno de nuestros recursos naturales esenciales. Las medidas discriminatorias adoptadas por las autoridades israelíes incluyen:
Restringir nuestra perforación de nuevos pozos de agua (especialmente en la Cuenca Occidental)
Restringir nuestro bombeo o profundización de pozos existentes
Nos niegan el acceso al río Jordán
Restringir nuestro acceso a áreas con manantiales de agua dulce
Limitar nuestra capacidad de utilizar agua de escorrentía (es decir, recolectar agua de la inundación repentina de los valles principales)
Limitar nuestra capacidad de desarrollar infraestructura de agua y alcantarillado
Al mismo tiempo, se aprueban sin demora pozos para asentamientos israelíes, algunos de los cuales están situados estratégicamente en zonas caracterizadas por un alto potencial de aguas subterráneas, y se perforan sistemáticamente. Debido a las altas tasas de bombeo, a menudo estos pozos secan pozos palestinos más superficiales situados en la zona. En ausencia de acceso a otros recursos hídricos, nuestras comunidades no tienen otra opción que comprar agua, a un alto costo, a la compañía de agua israelí, que irónicamente bombea el agua de los acuíferos subyacentes a Cisjordania.
El uso diligente de Israel de nuestros recursos hídricos continuó ininterrumpido durante las negociaciones de Oslo. Esto se apoya en el hecho de que hoy en día los palestinos tienen acceso a menos cantidades de agua que antes de la firma del Acuerdo de Oslo provisional de 1996, con una disponibilidad actual de agua de 98 Mm3 en comparación con 118 Mm3. Mientras tanto, nuestra población se ha duplicado desde la firma del acuerdo de Oslo, lo que significa que el agua disponible para nosotros, per cápita, ha caído dramáticamente.
Durante el período previo a Oslo, en el que Israel era el único responsable de las cuestiones relacionadas con el agua en el TPo, Israel no invirtió adecuadamente en infraestructura de agua y saneamiento para servir a nuestras comunidades. Desde la firma del Acuerdo provisional, Israel ha utilizado constantemente el poder de veto para evitar que emprendamos proyectos destinados a desarrollar recursos de aguas subterráneas y plantas de tratamiento de aguas residuales en Cisjordania.
Además de utilizar una cantidad desproporcionada de agua, los asentamientos israelíes han causado daños ambientales significativos. Los colonos descargan aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales y desechos sólidos en valles cercanos sin tratamiento previo adecuado. Las industrias contaminantes, como el aluminio y los plásticos, así como los sitios de eliminación de desechos, han sido transferidos a Cisjordania, en particular durante los últimos 20 años, a medida que los controles ambientales en Israel se han endurecido. Estas prácticas amenazan la calidad de las aguas subterráneas y los recursos de agua superficial compartidos por las dos partes.
Israel saca agua del lago Tiberíades (Mar de Galilea) y la transporta de la cuenca del río Jordán a las ciudades costeras y el desierto de Naqab (Negev) a través de la red nacional de distribución de agua. La cantidad de agua desviada (alrededor de 440 a 600 Mm3/año) es tal que no fluye naturalmente agua natural del lago Tiberíades, a la parte inferior del río Jordán. Esta es una de las principales razones para la disminución en el nivel del agua del Mar Muerto.
La disponibilidad de agua dulce per cápita ha disminuido notablemente desde el Acuerdo Provisional de 1995.
El consumo per cápita de agua en Israel es cuatro veces mayor que en el TPo.
El agua subterránea en Gaza está en estado de crisis, debido al masivo bombeo israelí de los grandes pozos que rodean a Gaza, al exceso de bombeo dentro de Gaza en respuesta a la escasez de agua impuesta por Israel, a la contaminación resultante de los dos factores anteriores y a la escasa capacidad de procesamiento de residuos de la Franja de Gaza. Como resultado, el 95 por ciento del agua no es potable. Alrededor del 60 por ciento de las enfermedades en la Franja de Gaza provienen de la mala calidad del agua. Según los informes del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sólo entre el cinco y el diez por ciento de los pozos de agua potable en Gaza son adecuados para el suministro de agua potable. Al ritmo actual de deterioro, se espera que el extremo sur del acuífero costero se derrumbe en 2020.
El derecho internacional consuetudinario del agua guía, informa, gobierna y controla los derechos de agua de las partes. Los principios incluyen los que se identifican en las reglas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales de 1966 y en la Convención de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.
La dependencia de Palestina del derecho internacional es de crítica importancia, ya que el caso palestino en todas las facetas de las negociaciones debe ser a la vez defendible y consistente
Con arreglo a la normativa internacional sobre el agua, el principio de asignación "equitativa y razonable" de agua entre dos o más partes que comparten cursos de agua transfronterizos generará una estructura justa y estable dentro de la cual las partes podrán establecer una relación respetuosa y constructiva para el futuro
El derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado: "El derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida digna. Es un requisito previo para la realización de otros derechos humanos". Los palestinos - es decir, las personas individuales - gozan de derechos humanos
La obtención de los derechos sobre el agua y la asignación equitativa y razonable de la misma son necesarios para una solución exitosa de dos estados y la estabilidad política futura en la región. Las cuestiones relacionadas con el agua están vinculadas e influyen en numerosas otras cuestiones que han de negociarse, entre ellas las fronteras, los asentamientos, las relaciones económicas y los refugiados, entre otros.
Debemos tener el control y el acceso a nuestros recursos hídricos. Aceptamos el principio de la ley internacional del agua que estipula que tanto Israel como Palestina tienen derecho a una asignación equitativa y razonable de recursos de agua dulce compartidos, tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales. Respaldamos además los otros dos principios clave de la ley internacional consuetudinaria del agua: ningún daño significativo y notificación previa. Creemos firmemente que la solución al problema del agua debe ser justa y sostenible en el tiempo y requiere un adecuado régimen de gestión y control
La ocupación israelí del territorio palestino ha sido la principal y abrumadora causa de inseguridad para el pueblo palestino y la inestabilidad en la región durante décadas. Poner fin a la ocupación israelí mediante su retirada total de todo el territorio palestino, el espacio aéreo y las aguas territoriales sin presencia o control israelí residual es un requisito básico para la creación de un Estado palestino soberano, para la resolución del conflicto y para la estabilidad regional. Después de décadas de desposesión, viviendo en el exilio y viviendo bajo ocupación, el pueblo palestino anhela la libertad.
La seguridad es una preocupación compartida tanto por los palestinos como por los israelíes. Mientras que la seguridad se describe a menudo como de importancia primordial para el pueblo israelí, los palestinos han procurado por más de sesenta años vivir en un estado propio seguro y próspero
Los palestinos tienen un interés genuino y legítimo en establecer un estado palestino que sea reconocido, que actúe como un Estado independiente y que pueda ejercer sus derechos y responsabilidades como nación soberana. El Estado palestino también debe ser capaz de gobernar y ejercer Autoridad efectiva y mantener una capacidad de autodefensa responsable sin interés en significar una amenaza militar ofensiva a sus vecinos. El objetivo principal, después de todo, es establecer una patria nacional en la que los palestinos que vivan en paz y seguridad con todos sus vecinos.
Para lograr esto, las relaciones de seguridad entre los estados de Palestina e Israel deben estructurarse de manera que logre lo siguiente:
Proporcionar respuestas eficaces a las amenazas internas y externas;
Crear mecanismos de cooperación permanente como naciones pacíficas y amigas;
Respetar los derechos humanos internacionales y
Promover la paz y la seguridad regionales e internacionales mediante el desarrollo de relaciones con todos los países vecinos, basadas en la paz, la seguridad y la estabilidad.
La ocupación de 43 años de Israel ha tenido efectos de gran alcance en todos los aspectos de la vida palestina. Esta ocupación ha sido la principal y abrumadora causa de inseguridad para el pueblo palestino y la inestabilidad en la región. Durante décadas, la ocupación de Israel ha creado un alto nivel de dependencia palestina de Israel en varios sectores y ha impedido que los palestinos desarrollen su potencial. Un Estado palestino debe superar esta dependencia forzada para realizarse plenamente como Estado soberano independiente y viable.
Poner fin a la ocupación israelí mediante su retirada total de todo el territorio palestino, del espacio aéreo y de las aguas territoriales sin presencia o control israelí residual es un requisito básico para la creación de un Estado palestino soberano, así como para la resolución del conflicto y la estabilidad regional.
Tras la ocupación militar israelí de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza en 1967, Israel aplicó políticas económicas y comerciales destinadas a mantener nuestra dependencia económica y comercial de la economía israelí, al tiempo que limitaba las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico independientes. Israel buscó integrar nuestra economía en su economía sin tener en cuenta nuestras necesidades y preocupaciones. Israel no nos trata como un socio comercial, sino como consumidores de bienes y productos israelíes, además de una fuente de mano de obra barata. El control israelí absoluto sobre el flujo de mercancías dentro del Estado ocupado de Palestina y entre nosotros y el mundo exterior (impuesto a través de las políticas israelíes de importación, exportación y comercio) ha tenido un impacto devastador en nuestra economía.
Las políticas de Israel hacia el Estado ocupado de Palestina siguen siendo el principal factor que obstaculiza el desarrollo de la economía palestina. Desde el comienzo de la ocupación, el gobierno militar israelí promulgó numerosas órdenes militares así como las llamadas estipulaciones "legales" en el comercio, la agricultura, la banca, la industria, los seguros y el turismo con la intención consciente de convertir la economía palestina en servilismo y dependencia en vez de competencia y el desarrollo.
Antes del acuerdo de Oslo, Israel desalentó activamente el desarrollo de un sector manufacturero de bienes transables en el TPo que potencialmente pudiera competir con el suyo propio, al tiempo que promovía la movilidad laboral, que en realidad aumentaba la dependencia palestina de las exportaciones de mano de obra al mercado israelí. Después de la firma de Oslo, la dependencia de la mano de obra palestina del mercado israelí se transformó en una dependencia en el sector de la administración pública financiada con fondos extranjeros, encarnada en varias instituciones de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) debido a la unión aduanera unilateral de Israel, en la cual los productos podían circular libremente, pero el trabajo no, una fórmula que beneficiaba a la economía más avanzada, en este caso, a Israel. Hoy, Israel impone severas restricciones de movimiento a las personas y bienes comerciales palestinos a través de una red de caminos restringidos y 540 barricadas militares. Desalienta el desarrollo de un sector manufacturero imponiendo restricciones a las materias primas y equipamiento que pretendan ser importados o utilizados. Israel también mantiene un control completo y absoluto sobre aproximadamente el 62% de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén oriental. Esta área, conocida como Área 'C' en los acuerdos provisionales con Israel, es el hogar de nuestros recursos naturales, incluyendo agua, minerales, asícomo muchos bienes culturales e históricos y otros recursos vitales. El aislamiento israelí de la Jerusalén Oriental ocupada ahoga un área que representa el 35% de la economía palestina. Y mientras Israel prohíbe el desarrollo, la construcción y la agricultura palestinos en esta área, continúa expandiéndose ilegalmente y construyendo más de 200 colonias en estas áreas, diseccionando y fragmentando nuestro territorio. Israel también continúa explotando ilegalmente los recursos naturales palestinos allí, los más importantes son el agua y los minerales del Mar Muerto.
Estas prácticas tienen un alto costo. Un estudio reciente que cuantificó conservadoramente y por primera vez, el costo económico de la ocupación y las prácticas de Israel proporciono conclusiones aleccionadoras. En 2010, el uso ilegal de los recursos naturales palestinos por parte de Israel costó a la economía palestina 1.880 millones de dólares USA o 22% de nuestro PIB ese año. Asimismo, el coste de las restricciones de agua fue de 1.903 millones de dólares, o el 23,4% del PIB, y el asedio continuo de Israel en la Franja de Gaza costó 1.908 millones de dólares o el 23,5% del PIB en 2010. En general, el costo económico de la ocupación israelí en 2010 únicamente fue 6.896 millones de dólares, casi el 90% de nuestro PIB ese año. Esta es una carga que ninguna economía puede soportar. De hecho, es un límite artificial impuesto a nuestro potencial económico y derecho a desarrollar una sociedad próspera que goza de una economía estable y un crecimiento sostenible.
Después de décadas de ocupación, exigimos recuperar el control de nuestra economía y desarrollo socioeconómico y formular y aplicar nuestras propias políticas fronterizas, comerciales y aduaneras. Buscamos una economía sostenible que proporcione empleos y crecimiento sostenible, atraiga tanto la inversión nacional como la extranjera, se beneficie de nuestros recursos naturales y garantice el flujo sin obstáculos del comercio, movimiento y acceso interno y externo. En resumen, queremos desarrollar plenamente el enorme potencial económico de Palestina.
El Protocolo de París de 1994
En abril de 1994, la OLP y el gobierno de Israel firmaron el Protocolo sobre Relaciones Económicas (el "Protocolo de París"). El Protocolo de París creó una semi-unión aduanera entre Israel y el TPo. El arancel externo común y otros elementos de la política comercial eran los de Israel, aunque a la ANP se le daba cierta autonomía en el establecimiento de políticas. Se autorizó a la ANP a fijar sus propios aranceles y normas para una cantidad limitada de bienes de consumo principalmente comercializados principalmente con Jordania y Egipto (lista A-1) y con otros países árabes e islámicos (lista A-2), así como importaciones limitadas de otros países. La cantidad fue fijada según nuestras necesidades domésticas para evitar la salida de mercancías más baratas en Israel. Para una segunda categoría de bienes, consistente principalmente en infraestructura, maquinaria de producción y productos no terminados (lista B), se permitió a la ANP establecer sus propios aranceles, sin limitaciones cuantitativas para el uso en el mercado palestino y evitar fugas en el mercado israelí.
Aunque el Protocolo de París presentaba la apariencia de ofrecer ciertas ventajas a nuestra economía, su aplicación y una serie de restricciones israelíes -especialmente la política de cierre de Israel- minaron gravemente nuestro crecimiento económico. Los cierres impuestos por Israel y el acceso impedido al TPo continúan siendo una seria barrera para el crecimiento económico sostenible. En noviembre de 2005, Israel y la ANP firmaron el Acuerdo sobre Movimiento y Acceso (AMA), cuyo objetivo era tratar y mejorar los efectos adversos de las políticas de cierre de Israel y las restricciones de movimiento. Después de un período muy breve de implementación parcial israelí, Israel hizo caso omiso de la AMA. El movimiento punitivo israelí, el acceso y los serios impedimentos asociados a las importaciones y exportaciones siguen siendo la norma, esencialmente haciendo inviable nuestra economía, excepto con infusiones masivas de asistencia extranjera.
Los palestinos aceptaron el Protocolo de París a cambio de dos cosas:
Mantener el acceso del trabajo palestino a Israel y
Mantener el acceso de productos palestinos principalmente de productos agrícolas a Israel.
En violación del Protocolo, Israel comenzó a implementar importantes restricciones en ambos, significativamente antes del estallido de la Segunda Intifada. Según el diseño israelí, la economía palestina ha permanecido como rehén de la política.
Israel viola la mayoría de las cláusulas del Protocolo de París incluyendo la rápida transferencia de impuestos y costumbres entre otros varios. Estos incluyen los siguientes:
Hacia la estadidad
El liderazgo palestino se ha embarcado en un programa estratégico y político que establece sus credenciales no sólo como un socio serio para la paz, sino también como un proveedor efectivo de bienes públicos. Nadie puede negar los avances que la Autoridad Palestina ha hecho en la mejora de sus instituciones que en un día estuvieron en decadencia. Esto no significa que las restricciones israelíes paralizantes no martillen el progreso, pero sí subraya la capacidad de los palestinos de entregar, administrar y dirigir de manera efectiva un estado palestino de pleno derecho. Las tasas de crecimiento de 8 a 10 por ciento que la economía palestina observó en los últimos 8 años atestiguan el potencial innovador de los palestinos. Bajo los auspicios del ex primer ministro Fayyad, el actual primer ministro Rami Hamidallah y el presidente Mahmoud Abbas, se logró una transformación radical en Cisjordania, rompiendo con la anterior cultura de mala administración, donde la corrupción y el clientelismo eran las características principales de la economía política palestina. El gobierno palestino implementó acciones vitales que fortalecieron a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Las medidas incluyeron importantes reformas presupuestarias, medidas disciplinarias fiscales y una política activa de apoyo al sector privado. También incluyó una mayor seguridad, servicios públicos mejorados en todas las áreas y tasas de crecimiento sin precedentes. Varios informes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional afirmaron el éxito de estas políticas y en 2012 esas mismas instituciones declararon a la Autoridad Nacional Palestina lista para la estadidad, poniendo fin a las dudas sobre nuestra capacidad para mantener un aparato de gobierno eficaz y bien administrado.
Transferencia de Fondos ANP
El Protocolo de París estableció un sistema fiscal y de recaudación de impuestos mediante el cual Israel cobra impuestos de aduanas y otros impuestos sobre nuestras importaciones por cuenta de la ANP, impuestos sobre la renta, seguridad social y seguro de salud pagados por nuestros trabajadores en Israel así como el Impuesto al valor agregado (IVA) pagado sobre nuestras transacciones en Israel. Según el Protocolo de París, Israel debe transferir estos fondos a la ANP cada mes. Estos fondos constituyen la mayor parte de los ingresos de la ANP. Cuando Israel no transfiere estos fondos -como lo ha hecho repetidamente- la ANP enfrenta una grave crisis financiera. Dado que el sector público emplea aproximadamente un cuarto (23.2 por ciento) de los palestinos, una alta proporción de nuestros hogares depende de los salarios de la ANP para su subsistencia. Por lo tanto, el hecho de que Israel no transfiera fondos a la ANP como lo exige el Protocolo de París tiene un impacto devastador en nuestra economía y una gran parte de nuestra población, además de constituir una violación fundamental del Acuerdo Provisional y del derecho internacional.
Según el Banco Mundial, el cierre de Israel ha sido directamente responsable de la fuerte reducción de nuestra actividad económica, el mayor desempleo y el aumento de la pobreza desde el comienzo de la Segunda Intifada en septiembre de 2000.
Según el Banco Mundial, el costo de la ocupación en la economía palestina asciende a 3.400 millones de dólares al año. Esto equivale a alrededor del 50% del PIB actual palestino.
Tras el asalto militar israelí de 2014 en la Franja de Gaza, durante el cual unas 80.000 estructuras se destruyeron total o parcialmente, no se ha permitido el ingreso de material de construcción o materias primas a la Franja de Gaza y no se han permitido exportaciones regulares.
Israel impone un sistema de transporte consecutivo en los puntos de cruce dentro de nuestro territorio, lo que obliga a los cargadores a descargar y recargar sus mercancías de un camión al siguiente. Esta imposición aumenta sustancialmente los costos de transporte y los tiempos de tránsito tanto para los productos terminados como para las materias primas.
En virtud de los acuerdos de paz firmados entre los israelíes y los palestinos en 1995, conocidos como acuerdos de Oslo II, la gobernanza de la zona C se transferiría en un plazo de 18 meses a la autoridad palestina, con excepción de las cuestiones cuyo estatuto se decidiría en la Acuerdo de estatus. Israel ha incumplido sus obligaciones contraídas en el acuerdo de Oslo, lo que acentúa la necesidad de rendición de cuentas y el fin de la impunidad.
La Comisión Europea ha declarado que la construcción de la barrera de separación ha empobrecido a los palestinos en una tasa estimada del 2-3% del PIB al año, mientras que el creciente número de cierres internos y externos continúa teniendo un efecto dramático en cualquier perspectiva de recuperación.
Los principios y normas jurídicas internacionalmente reconocidos aplicables a las relaciones económicas incluyen normativas establecidas multi- y bilateralmente, como las que se disponen en:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: Artículo 1 (1): "Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho... aspiran libremente a su desarrollo económico".
Acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Medidas de inversión relacionadas con el comercio.
Normas y procedimientos aplicados y respetados por las instituciones internacionales, incluida la OMC, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Estructuras, normas y procedimientos generalmente aceptados por los países en virtud de relaciones comerciales y comerciales mutuamente beneficiosas.
Queremos asegurarnos de que tenemos a nuestra disposición todos los medios posibles para producir un crecimiento económico sostenible y para luchar por la prosperidad. Para ello, procuramos aplicar principios y estándares legales internacionalmente reconocidos a fin de alcanzar acuerdos económicos y comerciales con nuestros socios.
Estamos dedicados a establecer Palestina como una economía abierta y libre que atraiga la inversión nacional y extranjera. En consecuencia, pretendemos obtener el control total sobre nuestro dominio económico, incluyendo las políticas de importación y exportación. Además, buscamos relaciones comerciales estables, justas y eficientes con Israel, como uno de los socios fronterizos de Palestina y por lo tanto comercial. Estas relaciones se basarán en un régimen comercial que mejor satisfaga nuestros intereses y pueden incluir un Tratado de Libre Comercio sujeto a los principios internacionalmente aceptados de reciprocidad y beneficios mutuos.
Sin embargo, hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo con Israel, es imperativo que el Protocolo de París se aplique plenamente.
En un escenario de permanencia de dos Estados que conviven en paz y seguridad, las relaciones y la cooperación en diversos sectores se regularán sobre la base de la igualdad soberana, asegurando la eliminación de las restricciones israelíes de larga data y la cooperación en beneficio de ambas partes, preservando al mismo tiempo la independencia y la autoridad de cada Estado para regular sus propios asuntos internos. Para que esta transición sea posible, deben abordarse varias cuestiones relacionadas con la manera en que el Estado de Israel y el Estado independiente de Palestina cooperarán en cuestiones de Estado a Estado, teniendo en cuenta las ramificaciones de las restricciones de larga data de Israel a estos sectores del lado palestino.
La ocupación militar israelí de casi cinco décadas ha tenido efectos de gran alcance en todos los aspectos de la vida de los palestinos. La ocupación israelí aplicó una serie de medidas y políticas que dieron lugar a un alto nivel de dependencia palestina de Israel en varios sectores, han ahogado la economía palestina y el crecimiento económico sostenible y le han impedido desarrollar todo su potencial. Cualquier acuerdo sobre el estatuto permanente debe poner fin a la dependencia económica forzada de Israel y permitir el desarrollo del pleno potencial de la economía palestina y los derechos, libertades y la capacidad de los palestinos de regular los asuntos internos garantizados a los Estados soberanos e independientes en virtud del derecho internacional.
Determinadas cuestiones relativas a la categoría general de relaciones entre Estados requieren una negociación detallada. Éstas incluyen:
Durante décadas, las restricciones israelíes, incluidas las relativas al acceso a la tierra, la libertad de circulación y la disponibilidad de agua, han limitado la competencia de Palestina para aprovechar plenamente la gran capacidad agrícola de su territorio. A mediados de los años noventa, la contribución del sector agropecuario al PIB fue superior al 11%, pero desde entonces ha sufrido una fuerte caída en un corto período de tiempo, a sólo el 4,1% en 2013. Este sector requiere mucha mano de obra y emplea el 14% En Palestina. Sigue siendo uno de los pilares de la economía palestina, particularmente en las comunidades rurales. Por lo tanto, es imperativo que cualquier acuerdo de estatus permanente garantice la capacidad de estabilizar, crecer y maximizar el potencial del sector agrícola. Esto requerirá la disponibilidad de recursos hídricos, el acceso a la tierra y la capacidad de exportar a los mercados israelíes, regionales e internacionales con celeridad.
El control efectivo de Israel sobre el territorio palestino ocupado lo ha dejado fuertemente dependiente de Israel para el suministro de electricidad y productos energéticos. Palestina no tiene capacidad de generación de energía independiente, a excepción de la planta de energía en Gaza, que ha sido directamente atacada por Israel dos veces y actualmente produce sólo 60 MW funcionando con combustible pesado y caro, en lugar de su capacidad total de 140 MW. Esto está muy por debajo de la actual demanda palestina estimada en 1100 MW, una demanda que se espera que crezca a 2400 MW para 2025. Más bien Palestina depende mucho del suministro de electricidad de Israel a través de más de 220 líneas de conexión y el pago por este abastecimiento es unilateralmente deducido de los ingresos fiscales palestinos recaudados por Israel, sin acuerdo o supervisión palestina. Del mismo modo, Palestina depende exclusivamente de Israel para el suministro de productos derivados del petróleo debido a la incapacidad de desarrollar sus propios recursos de hidrocarburos como resultado de las restricciones israelíes. Todo acuerdo sobre el estatuto permanente debe garantizar la capacidad de Palestina para desarrollar su propio sector energético y su capacidad de producción, a fin de garantizar su seguridad energética, al tiempo que mantiene una cooperación que beneficie a ambas partes en virtud de la igualdad.
Israel no ha puesto a disposición de Palestina las frecuencias de radio necesarias para el buen funcionamiento de las compañías de telefonía móvil y para el desarrollo de un mercado palestino de telecomunicaciones plenamente competitivo. De hecho, Israel ha permitido y facilitado deliberadamente la competencia ilegal de los operadores celulares israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Dada la importancia de la Tierra Santa para cientos de millones de personas en todo el mundo, el turismo y la peregrinación religiosa serán los principales contribuyentes al PIB de Palestina. Hasta la fecha, las restricciones israelíes han dado lugar a la incapacidad palestina para desarrollar plenamente el potencial económico de este sector. La naturaleza interrelacionada de los sitios turísticos en Palestina e Israel requiere la coordinación entre ambos estados sobre un régimen comercial de turismo y arreglos que administren el movimiento de turistas.
Desde la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, cientos de sitios arqueológicos palestinos y bienes culturales han sido sistemáticamente confiscados, saqueados y excavados por las autoridades israelíes, causando daños irreparables y pérdidas al patrimonio cultural palestino. La confiscación y la explotación de nuestros sitios patrimoniales y bienes culturales están prohibidos por el derecho internacional consuetudinario y por los convenios y protocolos de la UNESCO, entre ellos varios que Israel ha firmado. Por lo tanto, Israel está violando directamente sus obligaciones y compromisos en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales, que le prohíben desarrollar y promover unilateralmente los lugares palestinos. Un acuerdo sobre el patrimonio cultural debe garantizar, entre otras cuestiones, la devolución de todos los objetos culturales y arqueológicos palestinos.
Las obligaciones de Israel y los derechos de los palestinos con respecto a las cuestiones de Estado a Estado se enumeran en el derecho internacional consuetudinario y en diversos tratados, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907.
El artículo 43 del Reglamento de La Haya obliga a la potencia ocupante a "garantizar, en la medida de lo posible, el orden público y la seguridad, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país". Responsabilidad, incluida la garantía de una vida comercial y económica estable en el territorio ocupado.
La soberanía permanente sobre los recursos naturales está consagrada en el derecho internacional consuetudinario, garantizando el derecho del pueblo palestino a sus recursos naturales en el territorio palestino ocupado, como se indica claramente en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. Este derecho es un derecho del pueblo palestino de hacer uso libremente controlar y explotar sus recursos naturales y se corresponde con la prohibición a Israel, como ocupante bajo las leyes de la ocupación beligerante, de explotar el territorio ocupado, incluidos sus recursos naturales, con el fin de progresar en sus intereses económicos.
Se pueden encontrar descripciones adicionales de las obligaciones de Israel en las normas y métodos de diversas organizaciones internacionales, entre ellas: La Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Unión de Telecomunicaciones (UIT).
Para la OLP, los objetivos principales de las negociaciones sobre el estatuto permanente son lograr un final total y definitivo de la ocupación israelí de nuestro territorio y crear un Estado palestino completamente independiente y soberano. Al igual que cualquier otro estado independiente, negociaremos con nuestros vecinos, incluyendo a Israel, respecto a una serie de asuntos que comprenden interacción y cooperación bilateral, regional e internacional. En la negociación de estas cuestiones "de Estado a Estado", nuestras posturas están definidas por el derecho internacional, es decir, la igualdad de soberanía de los Estados y las normas y prácticas aceptadas por organizaciones internacionales como la OMC, la OMS, la FAO y la UIT. Por ejemplo, esperamos que las negociaciones exitosas aporten lo siguiente: el pleno ejercicio de la soberanía sobre la esfera electromagnética de Palestina, de acuerdo con los requisitos de pertenencia de la UIT; La soberanía permanente sobre los recursos naturales y el derecho a desarrollar y utilizar estos recursos en beneficio del pueblo palestino de conformidad con las normas internacionales; Desarrollo de un sector energético independiente, garantizando al mismo tiempo la cooperación; Devolución de los objetos arqueológicos y culturales excavados en el territorio palestino y protección y control de los sitios de patrimonio arqueológico y cultural de conformidad con la Convención del Patrimonio Mundial de la ONU (1972) y el Reglamento de La Haya (1907) y la aplicación de una política monetaria acorde con el interés nacional
Con el fin de allanar el camino para la futura reconciliación, deben resolverse todas las reclamaciones derivadas del conflicto. Alcanzar un acuerdo de paz comprensivo y sostenible requiere que los errores cometidos durante el conflicto se aborden y se reparen. Israel ha sido responsable de innumerables actos, políticas y prácticas que violan las normas establecidas basadas en el derecho internacional y que causan graves daños a nosotros y a nuestro futuro estado. Entre las violaciones más notorias de Israel están su continua violación de nuestro derecho a la autodeterminación, su creciente empresa de asentamientos, la explotación ilegal de nuestro agua y otros recursos naturales, la contaminación ambiental y los daños, la pérdida y daños a los bienes culturales, el mal uso de nuestros recursos financieros, Y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. El sufrimiento actual y continuo, el grave subdesarrollo económico y la pobreza en el Estado ocupado de Palestina son el resultado directo de actos y omisiones ilegales israelíes cometidos durante la prolongada ocupación militar israelí de nuestro estado.
Más allá de la necesidad de defender el imperio de la ley en las relaciones internacionales, tanto la justicia como la equidad exigen que los delincuentes sean responsabilizados por sus acciones y que las víctimas perciban indemnizaciones justas y remedios eficaces. Las injusticias infligidas a nuestro pueblo siguen reverberando poderosamente a través de nuestra memoria nacional y colectiva y seguirán impactando a las generaciones venideras. Para cualquier acuerdo a fin de lograr realmente una paz duradera que termine en última instancia la prolongada ocupación israelí de Palestina, todas las injusticias y agravios deben ser abordados. La reparación de las injusticias sentará las bases para la reconciliación que evitará que el conflicto resurgiera en el futuro. No habrá reconciliación sin reparaciones y no habrá un final concluyente del conflicto sin un proceso de reconciliación.
La historia reciente indica que un número cada vez mayor de perpetradores está reconociendo sus errores, entablando un diálogo con sus víctimas y negociando para reparar a sus víctimas. Alemania, por ejemplo, compensó y continúa proporcionando reparaciones a las víctimas de los crímenes nazis, los Estados Unidos compensaron a los japoneses norteamericanos por su reclusión durante la Segunda Guerra Mundial y Sudáfrica proporcionó indemnizaciones a las víctimas del Apartheid. Además, las cuestiones de justicia de transición desempeñaron un papel reconciliador esencial tras dos genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia, en varios países de América Latina y en países de Europa oriental que restauraron propiedades injustamente expropiadas a sus dueños históricos.
Las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho a reparaciones en virtud de la declaración de derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario. El derecho a las reparaciones y a la indemnización está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos el Convenio de La Haya, el Convenio de Ginebra, el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.
El artículo 3 de la Convención IV de La Haya, que refleja las normas del derecho internacional consuetudinario, establece que "toda Parte beligerante que violara las disposiciones de los citados reglamentos estará obligada, en su caso, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por personas que formen parte de sus fuerzas armadas". El artículo 1 del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional (CIT) sobre la responsabilidad del Estado dispone que los Estados son responsables de sus actos internacionalmente ilícitos.
Una vez establecida la responsabilidad internacional de un Estado, se derivan varias consecuencias jurídicas (artículo 28), incluido el deber de cesar el hecho ilícito y proporcionar garantías de no repetición (artículo 30), así como la obligación de "reparar en su totalidad La lesión causada... sea material o moral "(artículo 31). Las reparaciones incluyen la restitución, la indemnización y la satisfacción (artículo 34), y tienen por objeto eliminar todas las consecuencias de la violación, incluso restableciendo la situación existente antes de que se haya cometido el acto ilícito (restitutio in integrum), Donde la restitución es materialmente imposible o cuando el daño no puede ser compensado por la restitución.
La indemnización debe abarcar "cualquier daño financiable, incluido el lucro cesante" (artículos 35 a 36). Del mismo modo, de acuerdo con los Principios Básicos sobre Reparaciones de las Naciones Unidas, aprobados por unanimidad sin voto por la Asamblea General de la ONU en 2005, los Estados están obligados a reparar a las víctimas por actos u omisiones que puedan atribuirse al Estado y que constituyan violaciones flagrantes de los derechos humanos internacionales o violaciones graves del derecho internacional humanitario.
En varias ocasiones, la comunidad internacional ha pedido a Israel que proporcione remedios eficaces a nuestro pueblo por las violaciones de Israel de obligaciones internacionalmente vinculantes. Por ejemplo, en 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló casi unánimemente sobre la ilegalidad de las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado. La Corte reafirmó la responsabilidad de Israel por los daños resultantes de la construcción ilegal del muro en nuestro territorio, incluso en y alrededor de Jerusalén ocupada. Además de defender nuestro derecho a la libre determinación y reafirmar la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, la CIJ sostuvo, entre otras cosas, que se aplican las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales; que los asentamientos son ilegales en virtud del derecho internacional; que Israel violó nuestra libertad de movimiento, así como nuestro derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Además, la CIJ concluyó que las transferencias forzadas israelíes de palestinos, las deportaciones y la destrucción de la propiedad privada violan el derecho internacional. En consecuencia, la CIJ constató que Israel tiene la obligación de poner fin a las violaciones al cesar la construcción del muro, deshacer lo que se ha construido y reparar por completo los daños causados ​​a todas las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido algún tipo de daños materiales como resultado de la construcción del muro.
Además, la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza concluyó en 2009 que Israel cometió graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario durante su guerra contra Gaza, causando daños considerables a nuestra población civil. Israel compensó a la ONU por daños y perjuicios al personal y las instalaciones de la organización internacional. La Misión opinó que Israel está obligada a pagar una indemnización similar a Palestina y pidió a la comunidad internacional que prevea un mecanismo de indemnización por parte de Israel por los daños o las pérdidas sufridas por civiles palestinos durante las operaciones militares de Israel.
Nuestro pueblo ha sufrido y sigue sufriendo graves pérdidas debido a las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel, que han dado lugar a sufrimientos considerables, a un profundo subdesarrollo y a la pobreza. Solicitamos reparación por la pérdida económica y los daños resultantes de la ocupación. Además, exigimos la reparación de los agravios de Israel, incluida la restitución y la indemnización total por los daños materiales y no materiales resultantes de las siguientes violaciones del derecho internacional:
El agotamiento y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales, incluidos el agua, el gas natural y el espectro electromagnético, y el fracaso en el desarrollo de estos recursos en beneficio de nuestra población;Daños al medio ambiente debido a las acciones israelíes y la falta de promulgar y hacer cumplir las protecciones legales adecuadas;
Pérdida de nuestros bienes culturales, así como daños a los mismos, que requieren la restitución completa y no cualificada de todos los objetos y otros bienes culturales ilegalmente retirados del Estado ocupado de Palestina;
Violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la propiedad y el remedio efectivo, la ausencia de tortura, la detenciones arbitrarias y el exilio, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de circulación y los castigos colectivos.
El fracaso en abordar el tema de las reparaciones podría hacer que cualquier acuerdo negociado sea ilegítimo, ya que señalará un fracaso del proceso para tratar las injusticias pasadas y nuestros derechos e inquietudes. Sin embargo, Israel también puede beneficiarse. Resolver las reclamaciones por pérdidas y compensaciones colectivamente, en el curso de las negociaciones, es preferible a una resolución fragmentada futura y a un retraso en resolver la totalidad de las reclamaciones. Además, en lugar de resolver las reclamaciones de una en una, utilizando estándares de resolución de reclamaciones inconsistentes, estamos dispuestos a aceptar un sistema integral de resolución de reclamaciones y contabilidad que cubra todas las áreas de contención.
Para lograr el objetivo crucial de poner fin a todas las reclamaciones, estamos dispuestos a establecer un mecanismo para resolverlas. El mecanismo puede basarse en procedimientos internacionales pasados ​​y existentes y debe establecerse bajo un mandato claro y amplio que abordará y reparará todas las violaciones. El mecanismo también debería definir diferentes categorías de demandantes, la naturaleza de los recursos, los procedimientos para presentar reclamaciones, las leyes aplicables, los procedimientos y las normas de prueba, y los plazos para la presentación. Una implementación exitosa y efectiva del mecanismo garantizará que todas las reclamaciones se resuelvan.
El ministro viaja a Israel, Jordania y los Territorios Palestinos
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