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﻿ Sentencia 2002-00623 de Agosto 4 de 2010
SENTENCIA 2002-00623 DE 04 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:REVOCATORIA DE LOS CONTRATOS POR FRAUDE PAULIANO. PRUEBA INDICIARIA EN SIMULACIÓN DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PAULIANA, SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA SIMULACIÓN, TITULARIDAD DE LA SIMULACIÓN, OPONIBILIDAD DEL ACTO JURÍDICO, APRECIACIÓN DEL INDICIO, LEGITIMACIÓN PROCESAL
Sentencia 2002-00623 de Agosto 4 de 2010
Exp. 05001-3103-001-2002-00623-01
Decide la Corte el recurso de casación formulado por la parte demandante frente a la sentencia de 4 dediciembre de 2008 proferida por la Sala Civil delTribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Protela S.A. contra
Jhon y José Julián Osorio Hoyos, Alejandro y Juan David Osorio Jaramillo, Myriam Elena Duque Jaramillo, Diego Uribe Uribe, Clara Victoria Mejía Pérez y Marcela Uribe Mejía.
Tres cargos se formulan contra el fallo, el inicial con apoyo en la causal segunda y los restantes con sostén en la primera, previstas en el artículo 368 del estatuto procesal civil, debiéndose despachar de manera conjunta los dos primeros por fundamentarse en aspectos que guardan relación derivados de actos procesales similares, según se expondrá en el ítem correspondiente y, el último se estudiará por separado pues alude a defectos de juicio originados en la apreciación de la prueba indiciaria.
1. Se acusa el fallo con apoyo en el referido motivo, al estimar que no está en consonancia con las pretensiones de la demanda, por haberse omitido resolver sobre la principal.
2. La fundamentación se concreta a los aspectos fácticos que enseguida se abrevian:
a. Comenzó el recurrente por rememorar todas las súplicas planteadas, las que no es necesario reproducir por haberse compendiado en uno de los anteriores acápites; así mismo mencionó la respuesta que les dio el a quo, e indicó que ambos extremos apelaron, habiendo manifestado en su escrito que formulaba el recurso en lo que resultó adverso a sus intereses y planteó consideraciones sobre la revocatoria de los actos por fraude pauliano, cuestionando además la negativa de la primera instancia a esa súplica.
b. Al ubicarse en la sentencia del tribunal, resaltó que allí se dijo que la alzada se entendía interpuesta en lo desfavorable tratándose de apelante único, sin que fuera posible empeorarle su situación, y que cuando amabas partes recurrían podía el superior entrar a decidir por entero el litigio.
También mencionó que el ad quem expuso que “(...). en los eventos en los que el fin buscado se obtiene por la prosperidad de una petición subsidiaria, el actor no tiene interés para apelar la negativa de la principal si el fin buscado de todos modos se obtuvo y el accionado, menos lo tendría, porque la negativa lo favorece en todo”, y tras aludir nuevamente a las súplicas del libelo introductor, recordó que el sentenciador había entendido que “la negativa expresada de la pretensión principal y las dos primeras subsidiarias no le concede interés para apelar a ninguna de las partes”, por favorecer al demandado y no afectar a la accionante, al haber tenido éxito la tercera eventual sobre la simulación absoluta.
c. Así mismo, señaló que según la jurisprudencia de esta corporación, el principio de la congruencia limita el poder de decisión del juzgador, ya que el fallo debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones, así como con las excepciones que aparezcan probadas y alegadas, si así lo exige la ley.
Al recordar los requisitos para la acumulación objetiva de pretensiones, con apoyo en pronunciamientos de la Corte, refirió, que las propuestas en la demanda, “una como principal —la acción revocatoria por fraude pauliano— y las otras como subsidiarias —la de inexistencia, nulidad absoluta y simulación absoluta— omitió el tribunal, como le era debido hacerlo, resolver sobre la pretensión principal con el argumento de la falta de interés del demandante por no afectarlo”, al haber salido avante la última mencionada, y al respecto transcribió lo pertinente de un pronunciamiento reciente, en el que se expuso, que “en la acumulación subsidiaria de pretensiones, el interés no se mide por las consecuencias de unas y otras, así sean las mismas, sino por la tutela jurídica preferente que fue negada”(1).
d. Así concluyó, que al haber sido negada por el a quo la acción revocatoria, esa decisión le era desfavorable a la demandante, por lo que no podía el tribunal omitir resolver sobre la misma al desatar la alzada y en consecuencia pidió, que se case el fallo de segunda instancia y acoja la referida súplica.
1. Se ataca la sentencia con base en la causal primera, por transgredir de manera indirecta los artículos 82, 350 y 357 del Código de Procedimiento Civil, como violación medio de los preceptos 1849, 1857, 1864, 1865 y 1866 del Código Civil, lo mismo que las normas 2488, 2490 y 2491, ibidem, por errores de hecho relacionados con la apreciación de las pretensiones de la demanda y con los escritos de apelación de la parte demandante, lo que llevó a omitir pronunciarse sobre la súplica principal de revocatoria por acción pauliana de la compraventa de inmuebles celebrada entre Jhon Osorio Hoyos con Juan David Osorio Jaramillo, Alejandro Osorio Jaramillo, Myriam Elena Duque Jaramillo y José Julián Osorio Hoyos, al igual que respecto de las enajenaciones realizadas por Diego Uribe Uribe, a favor de Clara Victoria Mejía Pérez y Marcela Uribe Mejía.
2. El embate se desarrolla con apoyo en los planteamientos que de manera resumida a continuación se exponen.
a. Al igual que en el anterior reproche, comenzó el inconforme por recordar el contenido de las peticiones consignadas en el libelo genitor del proceso, lo mismo que la respuesta que se les dio en el fallo de primera instancia, señalando que ambos extremos la impugnaron, resaltando que expresamente manifestó: “interpongo el recurso de apelación contra la sentencia proferida en lo referente a lo que resultó adverso a los intereses de la parte que represento”, habiendo además plasmado una serie de consideraciones respecto de la acción pauliana para rebatir los argumentos del a quo.
También alude a lo expuesto por el ad quem sobre el alcance de la apelación, concluyendo, que son dos los aspectos cardinales que dio a conocer para no analizar la súplica principal: “De un lado, la falta de interés de Protela S.A. como apelante, en relación con la petición principal de revocatoria por acción pauliana de las compraventas realizadas por Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe, por haber obtenido con la declaratoria de simulación absoluta elevada como pretensión subsidiaria, los mismos efectos que perseguía con aquella acción”, y de otra parte, “haber aludido el apelante Protela S.A., en sus escritos de apelación, solo a la simulación absoluta. Desde luego hace extensiva esta omisión a los escritos del otro apelante, es decir, a los escritos de los demandados”.
b. Invocando jurisprudencia de la Corte que trató el tema de la acumulación objetiva de pretensiones, descartó el criterio que tuvo el tribunal para omitir pronunciarse sobre la súplica primera y le enrostra que incurrió en error de hecho en cuanto a la apreciación y alcances de las peticiones principales y subsidiarias, porque con lo argumentado tergiversó y disminuyó el sentido de las mismas, sin atender que la preferencia la determinó la demandante por su propia voluntad y libertad, sin que el juzgador la pueda desconocer.
Igualmente adujo, que se presentó yerro en la apreciación del escrito mediante el cual se formuló el recurso, ya que no podía “cercenar o recortar el sentido y alcance de la apelación del demandante limitándolo solo a la pretensión de simulación absoluta (...).”, desconociendo cuál era la tutela preferente que perseguía el impugnante, al igual que el análisis que hizo sobre los elementos del fraude pauliano, deduciendo que “(...). es un error considerar que el interés para apelar se mide por lo que se alega y no por las decisiones que al apelante le han sido desfavorables, según señala el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (...)”.
1. Se fusionan los cargos para su solución conforme al criterio aplicado por la Sala, (Sent. cas., mayo. 18/2005, Exp. 14415), en razón a que ambos giran en derredor del aspecto relacionado con la supuesta omisión del tribunal de no asumir el estudio de las pretensiones principales, no obstante que ambas partes apelaron, por lo que podía resolver sin limitaciones y además porque en el escrito mediante el cual sustentó la alzada, plasmó conceptos sobre la revocatoria de los contratos impugnados por fraude pauliano, evidenciando así la falta de congruencia y de otra parte, el error de hecho en la apreciación de la demanda y de los escritos relacionados con la apelación, según se dejó visto al comentar los cargos.
2. Al tenor del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 368, ejusdem, el fallo debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, y con las excepciones propuestas por el accionado, o que el juez ha debido reconocer de oficio, de modo que si el juzgador deja de pronunciarse sobre lo que en esa medida le corresponde, o se extralimita, quien resulte afectado con ese pronunciamiento constitutivo de un error “in procedendo”, para enmendarlo cuenta con la referida causal de casación.
En reciente decisión la corporación reiteró que concordante con el principio dispositivo, el postulado de la congruencia supone “una labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relación jurídico procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo, con el fin de establecer una de las tres causas de ocurrencia de la anomalía en cuestión: La de ser la resolución impertinente por ocuparse con alcance dispositivo de extremos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita); la de ser la resolución excesiva por proveer a más de lo que el demandante pide (ultra petita); y en fin, la de ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo exija la ley (citra petita) (...)” (Sent. cas. de oct. 7/2009, Exp. 2003-00164).
3. Al fijar la atención en la argumentación del recurrente, se interpreta que está planteando un supuesto subsumible en la última de las hipótesis identificadas en la jurisprudencia transcrita, pues se enrostra al ad quem que omitió resolver sobre las pretensiones principales de la demanda (1ª y 2ª), relacionadas con la solicitud de revocar por fraude pauliano los contratos de compraventa celebrados por Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe, con algunos de sus parientes, en perjuicio de los acreedores.
Vista la sentencia cuestionada, se constata, que el tribunal entendió que solo debía asumir el estudio de la simulación absoluta, debido a que en los escritos sustentatorios de la apelación únicamente se aludía a la misma, y agregó que “(...). como dos de las ventas mantuvieron su vigor, lógicamente frente a ellas nace el interés del demandante, pero delimitado al tema de la ficción,(...)”.
4. Ante esa circunstancia lo primero que resulta pertinente precisar es el tema de la competencia del ad quem, la cual está orientada por los parámetros previstos en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que en su parte pertinente reza: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
Esta corporación al estudiar el alcance del citado precepto comentó en sentencia de 8 de septiembre de 2009, Expediente 2001-00585-01, que “(...). la norma establece que la apelación se entiende interpuesta ‘en lo desfavorable al apelante’, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicción de la reformativo in pejus. En suma, esta primera regla impide desmejorar la posición del apelante único; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso’”.
Otro aspecto de importancia en el desarrollo de la alzada lo constituye la sustentación, requisito que contempla el parágrafo 1º del canon 352, ibidem, según la modificación que introdujo el precepto 36 de la Ley 794 de 2003, el cual reclama que “(...). el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, y como consecuencia de ello reconoció la Corte en el citado fallo, que en “ese escenario, el juez de segunda instancia no puede suplantar a la parte interesada en la labor de determinar el alcance de la protesta o para fijar qué es ‘lo desfavorable’ al recurrente, pues tal intervención además de inopinada y sorpresiva, quedaría a salvo de cualquier posibilidad de réplica, y por lo mismo de control de las partes; así, ante una construcción hecha por el juez en la sentencia de segunda instancia, mediante la cual define a última hora, qué considera desfavorable al apelante, este mismo podría verse sorprendido y sin más opciones”.
En párrafo posterior se indica, que “(...). corolario de todo lo dicho, queda la afirmación de que el juez de segundo grado no es libre en la definición de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras ‘que es lo desfavorable al apelante’, para
atraer una competencia de la que carece o desdeñar una que nítidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de parte que le transmite la desazón del litigante frente al fallo (...)”.
5. De cara al asunto bajo estudio se constata que en el escrito con el cual la parte demandante sustentó la apelación frente a la decisión de primera instancia, comenzó por manifestar su inconformidad por no haberse acogido la pretensión tercera subsidiaria respecto del negocio jurídico incorporado en la escritura pública 2142 de 13 de diciembre de 2000 de la Notaría 26 de Medellín, que tuvo por objeto la enajenación de los predios con matrículas 001-0520125 y 0012- 0520161 de la oficina de registro de Medellín, por parte de Diego Uribe Uribe a Clara Victoria Mejía Pérez, y en ese sentido solicitó revocar el fallo.
Igualmente se aprecia que a pesar de analizar en el acápite titulado “otras consideraciones” el tema atinente al fraude pauliano, no lo hizo para demandar la revocatoria del veredicto adoptado con relación a la pretensión que se sustentó en ese fenómeno, basta observar, que textualmente indicó: “no obstante que la pretensión llamada a prosperar en la sentencia de primera instancia en relación con la generalidad de los bienes enajenados por los demandados fue la de simulación, que no atacamos por el recurso de apelación sino en lo relativo a los bienes adquiridos por la señora Clara Victoria Mejía Pérez, queremos formular algunas acotaciones sobre los presupuestos fácticos de la acción de rescisión por fraude pauliano, solo para resaltar la ausencia de buena fe de quienes intervinieron en los actos jurídicos cuya firmeza se ataca en el presente proceso”, y culminó el alegato solicitando, que se confirmara el fallo de primera instancia, “revocando solamente lo atinente a la exclusión de la simulación de la venta efectuada por el señor Diego Uribe Uribe a su cónyuge Clara Victoria Mejía Pérez a la que nos referimos en apartes anteriores y la consecuencial a esta que ordenó el levantamiento de la cautela en relación con el mismo acto”.
Queda claro entonces, que no resulta admisible plantear inconsonancia de la sentencia atacada en casación, porque precisamente, la hostilidad revelada por la accionante y que motivó la apelación no abarcó la decisión de las pretensiones relacionadas con la revocatoria de los plurimencionados contratos por fraude pauliano, lo que impedía que el ad quem abordara su estudio según los parámetros consagrados en el citado artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que limitan la competencia del superior, y a los cuales se hizo alusión.
Cabe agregar, que a pesar de que en el libelo introductor se haya planteado acumulación objetiva de pretensiones, debido a que esa facultad es un desarrollo del principio dispositivo, que a su vez está apuntalada en criterios de preferencia o de interés personal, es factible que como consecuencia de la alzada, el impugnante delimite su inconformidad solo a alguno o determinados aspectos desfavorables del fallo, que bien pueden estar relacionados con las súplicas principales, o las eventuales, y de ser así, habrán de observarse los parámetros imperativos a que antes se hizo mención, en cuanto a entender la alzada interpuesta en lo desfavorable al apelante, según lo que haya plasmado en la sustentación, sin que se pueda enmendar la providencia en lo que no fue objeto del recurso. Por lo tanto, no resulta procedente reclamar decisiones con relación a temas que quedaron por fuera del debate en la segunda instancia.
No obstante lo anterior, es preciso reconocer que el ad quem sí incurrió en desacierto al indicar que “(...). la negativa expresada de la pretensión principal y de las dos primeras subsidiarias no le concede interés para apelar a ninguna de las partes, ya que al demandado tal decisión lo favorece obviamente y al demandante no termina por afectarlo, comoquiera que la tercera subsidiaria —simulación absoluta— salió avante y con ella logró el propósito buscado”, pues se apartó del inciso 2º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, que reza: “Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia (...)”, y en ese ámbito, resulta ostensible que la decisión le fue adversa con relación a las pretensiones que de manera principal había formulado, al igual que frente a las dos primeras subsidiarias acumuladas, por lo que resulta desfasado el criterio aplicado.
Sin embargo, el yerro no tiene trascendencia, porque como se mencionó, la actora delimitó la competencia del tribunal con la sustentación de la alzada, según lo analizado anteriormente.
6. En el aspecto relacionado con el reproche por el supuesto error de hecho en la apreciación de las súplicas del libelo, y en lo atinente a que no podía cercenar o disminuir el sentido y alcance de la apelación del demandante al haberle limitado solo a la petición de simulación absoluta, desconociendo cuál era la tutela que de manera principal perseguía, lo mismo que el análisis que hizo sobre los elementos del fraude pauliano, cabe indicar, como lo ha reconocido esta corporación, que la demanda “(...). es la pieza fundamental del debate, pues no solo marca el norte de la actividad judicial, sino que además limita el poder y la competencia del juez que, como es sabido, no puede abandonar los confines que traza el demandante al delinear sus pretensiones y los supuestos fácticos que les sirven de apoyo (...)”, y que cuando el fallo traiciona el genuino querer del demandante e incorpora antojadizamente su propia percepción de la dimensión y naturaleza de las pretensiones, tal yerro es denunciable en casación por error de hecho en la apreciación del libelo, con apoyo en la causal la del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, (Sent. cas. civ. sep. 24/2004, Exp. 7491).
Empero, no menos cierto es, que la sustentación de la alzada también constituye un acto dispositivo del inconforme, que fija parámetros para delimitar la competencia del ad quem, y es por ello que la Corte ha expresado, que “(...). el juez de segunda instancia no puede suplantar a la parte interesada en la labor de determinar el alcance de la protesta o para fijar qué es ‘lo desfavorable’ al recurrente, pues tal intervención además de inopinada y sorpresiva, quedaría a salvo de cualquier posibilidad de réplica, y por lo mismo de control de las partes (...), es decir, que no tiene libertad “(...). en la definición de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras ‘qué es lo desfavorable al apelante’, para atraer una competencia de la que carece o desdeñar una que nítidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de la parte que transmite la desazón del litigante frente al fallo (...)”(Sent. cas. civ. sep. 8/2009, Exp. 2001-00585).
7. Es por ello, que en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala no cabe predicar la existencia del desacierto denunciado, porque el autor del fallo atacado, mediante un entendimiento razonable, privilegió la voluntad del recurrente expresada en el escrito con el cual se sustentó la apelación, criterio que armoniza con el principio dispositivo que ilustra el sistema procesal civil, el que se manifiesta en actuaciones del demandante, tales como, la confección de la demanda, la sustitución o su reforma, y como ya se dijo, en la argumentación para fundamentar el citado recurso, actuación esta en la que en el “subjudice” el impugnante exteriorizó la inconformidad únicamente frente a la decisión de no acoger la pretensión tercera subsidiaria respecto del negocio jurídico celebrado entre Diego Uribe Uribe, como vendedor y Clara Victoria Mejía Pérez, como compradora, y no obstante haber analizado el tema relacionado con el fraude pauliano, no lo hizo para pedir que se dejara sin efectos el veredicto adoptado respecto de la pretensión que se apoyó en ese fenómeno, pues expresamente solicitó confirmar el fallo de primera instancia, revocando solamente lo atinente a la exclusión de la simulación de la referida compraventa y la consecuencial a esta que ordenó el levantamiento de la inscripción de la demanda.
8. Corolario obligado de lo expuesto es, que los cargos no tienen vocación de éxito.
Se acusa la sentencia por violar los artículos 1443, 1450, 1457, 1458, 1494, 1495, 1498, 1501, 1502, 1524, 1603, 1618, 1766, 1849, 1857, 1864, 1865, y 1866, del Código Civil, en relación con los anteriores y como infracción adicional los preceptos 194, 195, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, bajo la modalidad de violación indirecta, por errores de hecho en la estimativa de las pruebas del proceso.
Apoya el ataque el inconforme en los argumentos que enseguida se resumen:
1. Comenzó señalando, que los yerros de hecho cometidos en la apreciación de las probanzas, llevó al tribunal a no decretar la simulación absoluta de las ventas impugnadas en la pretensión tercera subsidiaria, salvo la que se hizo figurar como celebrada entre Diego Uribe Uribe y Clara Victoria Mejía Pérez. Luego entró a identificar aquellos desaciertos manifestando que se presentan por haber negado la existencia de indicios serios, graves, plurales y conexos que acreditan la causa invocada para el decaimiento de los negocios jurídicos cuestionados y de otro lado, por haber hallado “contra indicios” sin estar debidamente probados.
a. Para evidenciar los equívocos, en cuanto al primer aspecto aludió a los siguientes:
(i) “Celebración en la misma fecha de las ventas”: comenta que es absolutamente inusual que en un solo día una persona se desprenda de trece inmuebles de su propiedad, hecho que concatenado o armonizado con otros sucesos probados, revelan la intención de eludir el pago de las obligaciones contraídas por el tradente con la accionante.
(ii) Parentesco entre los contratantes, (hijos, hermano, cuñada), lo que se probó con los interrogatorios que absolvieron los demandados.
(iii) “Evasiva a contestar que la transferencia de los bienes se realizó en la época en que se había votado por los socios la reestructuración de la empresa Ángelus S.A”, por parte de Jhon Osorio Hoyos, de la que era socio y deudor solidario de los créditos a favor de Protela, puesto que luego de ser requerido para que respondiera, afirmó que desconocía la adopción de aquella decisión, “por no ser él persona que tuviera responsabilidades directas en Ángelus”, y a la pregunta acerca de si no tomaba decisiones en aquella empresa, “cómo explicaba que había firmado pagarés en nombre de esta y a favor del Banco de Occidente”, manifestó con efugios, “reconozco que fue un error que cometí engañado y halagado tal vez por el gerente de Ángelus sobre las perspectivas del negocio”, y luego refiere, “a mí el gerente no me informa absolutamente nada de las cosas de la compañía”.
(iv) “Renuncia de Jhon Osorio Hoyos a reconocer el crédito de Protela S.A. que está debidamente probado”, pues en la audiencia de conciliación celebrada el 18 de septiembre de 2003, y en la réplica de la demanda, negó tal situación con la insólita justificación de no haber probado esta la obligación, cuando para ese entonces ya se encontraba en curso la demanda ejecutiva con notificación y respuesta de los accionados, lo que luego aceptó en el interrogatorio practicado en el proceso, informando además, al ponérsele de presente el pagaré, “supongo que firmé fue en calidad de socio de Ángelus” y más adelante expresa que “creyó estar firmando una solicitud de crédito” a pesar de ser inversionista y contador público”.
(v) “Inexistente motivo de la venta para buscar protección a su familia y venta en un solo día sin tener seguridad de viaje que fue negado”: para sustentar ese supuesto fáctico se apoya en la declaración de parte del prenombrado demandado, resaltando que dijo haber vendido los bienes para solucionar un problema de seguridad personal y radicarse en el exterior con su esposa e hija, pero que el viaje al final no se realizó y continuó viviendo en Medellín, lo cual considera el censor fue corroborado por su hijo Juan David, quien manifestó, que aquel “no está radicado actualmente en Estados Unidos, pero el pensado de él era radicarse allí, y sé que adelantó el traslado para EE.UU. por motivos de seguridad, y tuvo que posponer la radicación allá porque la hermanita mía no tenía la edad suficiente”.
También menciona para descartar la causa de la enajenación aducida por el vendedor, que Alejandro Osorio, otro de sus vástagos, aceptó que el precio de los inmuebles adquiridos en el negocio con su padre era inferior al valor comercial, cerca al del avaluó catastral, siendo este uno de los principales motivos para comprarlos, viendo “una buena oportunidad de negocio, las buenas facilidades que nos dio a nosotros para el pronto pago de la deuda y decidí hacerlo contando con los planes de él hacia el exterior en ese momento”. Añade que inicialmente su padre por fuerza mayor necesitaba vender sus propiedades rápidamente, y “que más que vendérselos a sus hijos y no regalarlos en el mercado (...). ni las causas se yo de porque tuvo el(sic) esos momentos de inseguridad”.
Así mismo alude a lo afirmado por el también demandado José Julián Osorio Hoyos, quien manifestó, que “a su hermano le negaron la residencia y que sí conoció una situación de inseguridad por parte de Jhon, y que la entrega de la plata correspondiente a la compra del bien que atañe a la escritura 1396, ‘era urgente por las amenazas que le dije y él quería dejar lo de la escritura listo, y porque ya se iba a ir para los Estados Unidos’ (...)”.
De lo anterior infiere el casacionista que el móvil para las ventas quedó en el vacío, porque para entonces no tenía permiso de residencia en aquel país ni seguridad del viaje; agrega que es tan evidente la inexistencia de la situación relacionada con ese hecho, que en la promesa de compraventa de 26 de septiembre de 2001, que celebró Osorio Hoyos con Alejandro Osorio Jaramillo, este lo facultó para que administrara los inmuebles objeto de la misma, y que cuestión similar aconteció con el precontrato celebrado con su hijo David Osorio Jaramillo, el 20 de septiembre de 2001, siendo inexplicable tal circunstancia si pensaba alejarse del país.
(vi) “El vendedor Osorio Hoyos, no ha dejado de tener el control y tenencia de los inmuebles traspasados a sus familiares”, pues según las ampliaciones de las aludidas promesas de contrato, que suscribió con sus hijos, continuó como administrador de los mismos.
(vii) “Del perjuicio sufrido por Protela S.A”: los accionados, Diego Uribe Uribe y Jhon Osorio Hoyos, son deudores de aquella en cuantiosas sumas, por lo que inició contra estos proceso ejecutivo, no habiéndosele cancelado hasta el momento lo adeudado.
b. En cuanto a los contra indicios, que afirma el recurrente se tuvieron en cuenta por el ad quem sin estar debidamente probados, los relaciona con los siguientes aspectos:
(i) “Las versiones de los propios demandados compradores acerca de su situación económica”:concretamente alude a lo manifestado por los accionados Juan David Osorio Jaramillo, Alejandro Osorio Jaramillo, Myriam Elena Duque Jaramillo y José Julián Osorio Hoyos, en el interrogatorio de parte, reprochándole al tribunal, que debido a que solo le favorecen a ellos, no podía edificar el fallo con base en las mismas, y de otra parte, cuestiona que la existencia de cuentas corrientes en cabeza de los dos primeros nombrados, “no tienen la fuerza suficiente para desvirtuar los indicios serios, graves, plurales y conexos en relación con otras pruebas, acerca de la inexistencia de los motivos de seguridad alegados por Jhon Osorio Hoyos, y sin la confirmación de viajar, para hacer cuantiosas transferencias a parientes cercanos en un mismo día de trece inmuebles (...)”.
(ii) El “supuesto precio cancelado por los compradores demandados”, situación que se recrimina al ad quem por haberla inferido de la propia versión de estos, estimando que es evidente el yerro, porque no existe prueba que demuestre “el principio de pago” a que se hace mención, y además los recibos y documentos aportados no dan certeza de ese hecho.
En relación con las ventas a Alejandro, refiere que estos son contradictorios con la promesa firmada el 20 de septiembre de 2001, así: La cláusula cuarta literal a) indica que el comprador cancelará $ 14.956.000 con cheque 12359 del Banco de Occidente-AV Villas, siendo aclarada al final del escrito con otro si, para señalar que serían $ 15.000.000 de la cuenta de Colpatria 5151101 para abonar a $ 159.115.000, empero aportan recibos tanto de uno como de otro supuesto desembolso. De otro lado, el vendedor aduce talones firmados por él, sobre pagos por la administración de los bienes pactada en la ampliación de la promesa realizada el 26 de septiembre de 2001, por $ 9.000.000, y que extrañamente tienen como fecha el día siguiente a ella. Además el propio comprador en interrogatorio absuelto dentro del proceso afirma: “yo le entregué a él $ 15 millones de pesos al momento de la firma de la compraventa, luego le di $ 40 millones mas o menos el 28 de septiembre de 2001 y el resto lo acordamos pagárselo en cuotas semestrales de $ 20 millones de pesos obviamente que si se podían dar cuotas extraordinarias en ese lapso le serían otorgadas. Pero cesé en el pago en marzo de 2003 por este proceso” (sic). Amén de lo anterior, en los títulos escriturarios se declara en relación con el precio que “el comprador ya pagó, y que el vendedor declara tener recibidos a entera satisfacción”.
Respecto a la venta efectuada a su otro hijo Juan David Osorio, en la escritura pública figura que lo fue por $ 115.736.000, valor que “el comprador ya pagó y que el vendedor declara tener recibido a entera satisfacción”, no obstante en la promesa suscrita el día anterior se anota que aquel corresponde a $ 215.576.000 que sería pagado en diversos instalamentos, $ 45.000.000 a la firma de esta, $ 170.576.000 en abonos trimestrales de $ 20.000.000, “autorizando al promitente vendedor para administrar los inmuebles, reclamar los arriendos y abonarlos a la obligación contraída”. Mientras en su declaración asevera que el precio fue de $ 115.736.000 y que la forma de cancelarlo era trimestral, no concordando las constancias de pago con sus afirmaciones.
En cuanto a la transferencia realizada a su hermano Jhon Osorio Hoyos y cuñada Miryam Elena Duque Jaramillo, en el título escriturario consta que el valor acordado es de $ 15.842.509, pero no existe prueba de aquel hecho, ya que el recibo aportado figura firmándolo el propio vendedor, y la última “desconoce cuál fue el precio pagado por el mismo”.
(iii) El “flujo de caja que supuestamente buscaba Jhon Osorio Hoyos y del viaje inminente a Estados Unidos por seguridad que nunca se realizó”, lo descarta el impugnante, y aclara, que lo relacionado con el registro en el fisco del citado país, solo se trató de una solicitud que data de un (1) año antes a las ventas, y que con ello se desvirtúan las razones aducidas sobre la inminencia del viaje de aquel por motivo de seguridad, al igual que el móvil de “la venta de los trece inmuebles en un mismo día a precios bajos y con supuestos pagos periódicos que dista mucho del presunto flujo de caja que inopinadamente y sin fundamento probatorio alguno aduce el tribunal”.
c. En punto del error de hecho que se atribuye al fallador de segundo grado, respecto de la transferencia del dominio del inmueble por Diego Uribe Uribe a su hija Marcela Uribe Mejía, lo sustenta señalando que ese negocio es simulado absolutamente, porque en el título se indica que el precio total es la suma de $ 55.102.000, que la compradora pagó de contado, y que no se aportó prueba alguna de ese suceso, sin que la declaración de aquel pueda sustentar la donación que halló el tribunal, pues a partir de la manifestación del vendedor en cuanto a que “en el caso de Marcela, no me pagó ninguna suma”, se evidencia que “los contratantes tuvieron la intención manifiesta de fingir el traspaso mediante una venta”.
En razón a que lo planteado en el cargo estudiado se orienta a evidenciar el desacierto de facto en que supuestamente incurrió el ad quem, en la valoración de la prueba indiciaria deducida en procura de acreditar la simulación absoluta de los negocios jurídicos cuya declaración fue solicitada en la pretensión tercera subsidiaria de la demanda, y que solo se acogió parcialmente, para una adecuada comprensión del asunto, se hacen las siguientes precisiones.
1. Sabido es que el fenómeno simulatorio en materia contractual por regla general emerge cuando las partes crean un acto aparente que no corresponde al real, presentándose dos modalidades: la “absoluta”, que se configura cuando el acuerdo está orientado a crear la apariencia de un negocio jurídico que no es verídico, porque entre ellas se ha descartado todo efecto negocial, y la “relativa”, que surge en el evento de que los contratantes hayan tenido por objetivo ocultar, bajo una falsa declaración pública, un negocio genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, bien en cuanto a su naturaleza, sus condiciones particulares o respecto de la identidad de las partes(2).
De otro lado resulta pertinente mencionar, que por las especiales circunstancias que rodean aquella clase de negocios, en orden a desentrañar la verdadera intención plasmada en el acuerdo, de manera principal se acude a la prueba indiciaria, la que impone al juzgador, que a partir de determinado hecho plenamente probado en el proceso como lo exige el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y valiéndose de una operación mental lógica, apoyada en las reglas de la experiencia, pueda establecer un hecho desconocido.
Al respecto la jurisprudencia de esta corporación ha expuesto, “En tratándose de la simulación contractual, es bien sabido que quienes acuden a ella despliegan su mayor esfuerzo por ocultar o destruir todo rastro que sirva para develar dicha apariencia, de suerte que para demostrar cabalmente la verdad de las cosas la prueba indiciaria presta una enorme utilidad, pues a partir de la acreditación de determinados hechos podrá inferirse la irrealidad del negocio celebrado, llegándose así al convencimiento de que el acuerdo que se exteriorizó no era un reflejo fiel de la voluntad de los contratantes.
“La apreciación de los indicios comprende una actividad múltiple, que consiste, por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba, y, por el otro, en la deducción o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados, como fruto de una operación mental lógica del juzgador de instancia, la cual, en línea de principio, se entiende enmarcada dentro de la autonomía y soberanía que lo asisten, desde luego, salvo en aquellos eventos en que haya incurrido en un error mayúsculo o superlativo, esto es, cuando aparezca una ostensible contraevidencia, ya sea porque sin estar acreditado un hecho indicador es tenido como tal, o estándolo es pasado por alto, o porque, con desprecio de los dictados del sentido común, deja de reconocer o admite, respectivamente, la comprobación de un hecho indicado, haciendo caer así su juicio de valor en el terreno de lo absurdo o irracional.
“En esta materia, tiene dicho la doctrina jurisprudencial que el error de hecho emerge cuando ‘(...) el juez establece la existencia de un hecho desconocido a partir de un hecho indiciario que no fue probado, o si estándolo ignoró su presencia, o advirtiéndolo le negó la posibilidad de generar conocimiento de otro hecho, o provocó uno con desdén hacia la prueba que obra en el expediente, sin perjuicio, por supuesto, de las fallas inherentes a su apreciación, vinculadas a la concordancia y convergencia que debe existir entre unos y otros, así como entre todos ellos y los restantes medios de prueba recaudados, como lo impone el principio de la unidad de la prueba que albergan los artículos 187 y 250 del Código de Procedimiento Civil’ (...)” (Sent. cas. civ. jul. 17/2006, Exp. 1992-00315, reiterada en fallo de jul. 5/2007, Rad. 1997-13101).
2. En el proceso se encuentran debidamente probados los hechos que a continuación se mencionan y que tienen relevancia para la decisión que se está tomando:
a. Existencia y representación de la sociedad Ángelus S.A., según certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín (fls.10 - 12, cdno.1), constituida mediante instrumento público de 7 de julio de 2000 e inscrita el 24 del mismo mes y año; en el que también consta que fueron nombrados como miembros principales de la junta directiva los demandados Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe, así mismo designados en el cargo de primero y segundo suplente del gerente, respectivamente.
Igualmente el referido documento incorpora información sobre el hecho de que el 27 de noviembre de 2001 se registró aviso emitido por la Superintendencia de Sociedades de haber aceptado la promoción de un acuerdo de reestructuración de la empresa, el cual fracasó.
b. Otorgamiento de un pagaré por el representante legal de la prenombrada persona jurídica, Alberto Salazar y los antes mencionados a la orden de Protela S.A., por $ 401.867.706, exigible el 19 de julio de 2002, junto con la solicitud de crédito de 28 de junio de 2000 y carta de instrucciones para completar los espacios en blanco del aludido título (cdno.1, pág.13), así mismo facturas, pedidos y estados de cuentas relacionados con transacciones de las mencionadas empresas (cdno.1, 311-375).
c. Existencia de un proceso ejecutivo de la aquí accionante contra Ángelus S.A., al igual que respecto de Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe, con base en el referido título valor, hecho que reconocieron estos en el interrogatorio que contestaron (cdno. 2, 1 y 79).
d. Dos (2) promesas de venta de fecha 20 de septiembre de 2001, que tuvieron por objeto los inmuebles con matrículas 001-0148682 / 0232550 / 024245 / 0014309 / 0097936 / 140294 / 0140401 / 140418 / 0237940 / 0237941 / 527828 / 0237942 / 0140439, en las que Jhon Osorio Hoyos se obligó a traspasar a sus hijos: Juan David Osorio Jaramillo, los dos primeros predios, y a Alejandro Osorio Jaramillo, los restantes (cdno.1, 211-220).
e. Los negocios jurídicos impugnados y que constanen las escrituras públicas reseñadas en las pretensiones de la demanda, al igual que su inscripción, según anotaciones que figuran en los certificados de libertad y tradición expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (cdno.1, 14-48, 57-109, 11 -114).
3. Con relación a los requisitos o condiciones para que pueda prosperar un ataque como el planteado, apoyado en la violación de normas sustanciales como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, de conformidad con el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente tiene la carga de demostrar el error cometido en la sentencia en desarrollo de aquella actividad y para el efecto deberá encararla con vista en tales probanzas, debiendo evidenciar la equivocación que habría provocado la infracción de la ley material, al igual que su relevancia en la decisión adoptada.
4. En orden a establecer si el tribunal cometió los errores que se le endilgan y de ser así, si tales desatinos tienen la connotación y características que los hacen relevantes en el presente trámite extraordinario, avoca la Corte a continuación el análisis de las irregularidades denunciadas en la acusación, de cara al acervo probatorio incorporado en el expediente.
a. Está probado que entre los contratantes existe parentesco, pues el vendedor Jhon Osorio Hoyos, es el padre de los adquirentes Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, así mismo hermano de José Julián Osorio Hoyos y cuñado de Myriam Elena Duque Jaramillo, lo cual hicieron saber estos en los interrogatorios que absolvieron y dado que esa manifestación favorece a la parte contraria, de conformidad con el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, es admisible acogerla como confesión.
b. También se halla establecido que mediante escrituras públicas de la misma fecha (sep. 21/2001), se solemnizaron los negocios jurídicos en que aquellos intervinieron, los que involucraron un total de trece predios.
c. En el fallo atacado se reconocieron aquellos hechos, pero se dijo que no alcanzaban a desvirtuar la presunción de veracidad de los citados actos, al estimar que las versiones de los propios contratantes revelaban hechos indicativos de que no hubo simulación, precisando al respecto “(...). que los compradores son personas independientes, pudientes económicamente y con una calidad de inversionistas que los ubican en el tipo de individuos que constantemente están haciendo negocios de múltiples características, (...); son sujetos que perfectamente pudieron asumir obligaciones del linaje de las contenidas en las escrituras trabadas en la contienda, pues declaran renta y manejan incluso, cuentas corrientes cuya tradición indica que los bancos solo se las otorga a personas de cierto status financiero (...)”.
d. Sin embargo se advierte, que aquellas circunstancias que se resaltan para indicar que los adquirentes de los predios son personas que tienen capacidad patrimonial, no encuentran soporte probatorio, pues solo se incorporó información de que Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo son titulares en el Banco de Occidente de sendas cuentas corrientes, desde el 21 de febrero de 1995 y 19 del mismo mes de 2003, respectivamente, además de que el primero también tiene igual producto y ahorros en Bancolombia, y el último nombrado tuvo una “cuenta de ahorros”en Av Villas de 29 de agosto de 2000 a 3 de marzo de 2003, la que fue cancelada por inactividad (cdno.1, 282 -285); por su parte José Julián Osorio Hoyos, estuvo vinculado como cliente a Colpatria de 17 de marzo de 1989 hasta el 24 de julio de 2002 (cdno. 2, 20); pero no se acreditaron los movimientos que hubieren tenido ni los saldos registrados para época concomitante con los pagos que aseguran hicieron.
Ahora, a pesar de que la obtención de aquella clase de servicios en el sistema financiero no es extraña en personas que se dedican a las actividades de comercio y negocios, per se, no son indicativas de que se tenga solvencia económica, pues constituye un hecho notorio, que aún con pequeñas sumas de dinero se puede acceder a los mismos.
e. Las promesas de compraventa que se aportaron, al igual que los recibos de caja que aparecen expedidos por el promitente vendedor dando cuenta de abonos al precio de los bienes de las mismas y soportados en algunas consignaciones de cheques, no excluyen la hipótesis de la simulación, por el contrario se aprecian como pruebas preconstituidas, pues resulta opuesto a las reglas de la experiencia, que aquellos precontratos se realizaran el día anterior a cuando se otorgaron las escrituras públicas, sin que medie una explicación razonable de ese hecho.
Y tal como lo resalta el casasionista, en aquellos convenios se indica un precio diferente al que se registró en las compraventas, para ser cancelado en cuotas, mientras que en estas el vendedor expresó que lo tenía recibido a entera satisfacción.
Además, en las promesas en mención, figura que se estipuló que del precio acordado se efectuaba un pago inicial, y el promitente vendedor aparece señalando “tenerlo recibido a entera satisfacción”, pero los recibos que soportan esa transacción tienen una fecha posterior (cdno.1, 223 y 258).
Por su parte, en el interrogatorio que absolvió Juan David Osorio Jaramillo, expuso que el valor de la compra ascendió a “ciento quince millones setecientos treinta y seis mil pesos, aquí tengo el valor en la escritura de venta (...). La forma de pago, fueron pagos trimestrales: Yo le tuve que dar una cuota inicial de cuarenta y cinco millones de pesos, y a partir de ahí, le hacía pagos trimestrales acordados según lo que yo le pudiera ir dando. Yo todavía le debo setenta y un millones de pesos, y el motivo por el cual no le he terminado de cancelar es que estoy esperando a que se aclare esta situación” ( fl. 5, cdno. 2, reverso). De esa manifestación cabría inferir, que el valor que aparece en el precontrato no es cierto, y que lo expresado en el instrumento público en cuanto a que el vendedor lo recibió, tampoco .es verídico, y esas contradicciones ayudan a reforzar la idea de que tales negocios jurídicos no son reales.
f. Con relación a la causa que Jhon Osorio Hoyos adujo para efectuar los convenios, esto es, que por razones de seguridad personal iba a fijar su residencia en los Estados Unidos de Norte América, no resulta creíble, si se tiene en cuenta que en las aludidas promesas de compraventa se indicó, que sus hijos, promitentes compradores, lo autorizaban para que administrara los inmuebles y abonara al precio el producto de los arrendamientos hasta cuando se hubiere pagado el 50% del mismo, entonces cabe reflexionar, que si iba a radicarse en el exterior, por el motivo señalado, ¿cómo entender que iba a asumir en adelante aquella actividad?
g. También resulta sospechoso lo manifestado por él en la declaración de parte, en el sentido de que “la venta de los inmuebles, como tuve oportunidad de expresarlo en respuestas anteriores, fue la culminación de un proceso que se inició desde 1999 y que uno de los tantos procesos que implica radicarse en el exterior es la de cambiar unos activos fijos por unos activos líquidos en dólares, y que ese proceso culminó en agosto de 2001, cuando le vendí a mis hijos y a otros algunos bienes inmuebles (...)”, pues si concretó los negocios para obtener liquidez o flujo de caja, ¿cómo explica el otorgamiento de plazos tan amplios para el pago del precio de los inmuebles que fueron objeto de las promesas de venta?
h. En el tema de los contra indicios, que es otro de los aspectos atacados por la recurrente, ha dicho la Corte, que “el hecho indicador, de ordinario, presenta un doble cariz: el que indica algo de una manera más o menos probable y el que —aunque menos verosímil— puede contradecirlo y eventualmente podría llegar a ser el real —contraindicio—, y como los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, conforme al principio filosófico de la contradicción que enseña que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, se requiere confrontar los dos extremos, de manera tal que de su cotejo pueda deducirse cuál de los dos es el pertinente.
“Lo anterior deja ver que la apreciación de los indicios tiene que ser efectuada de manera dinámica, vale decir, confrontando los indicios con las circunstancias, con los motivos que los puedan desvanecer o infirmar, sea que tales circunstancias afloren del mismo hecho indicador o de otras pruebas que aparezcan en el proceso, lo que ha llevado a la Sala precisar que ‘dentro de las circunstancias y condiciones que determinan la eficacia probatoria del indicio, cabe destacar las que conciernen a la ausencia de ‘contraindicios’ que infirmen su poder demostrativo, amén de que, por mandato del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, ‘El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso’ (...)”(Sent. cas. civ., jun. 27/2005, Exp. 00333).
En ese escenario se observa, que los hechos a los cuales se les dio aquella connotación no cuentan con respaldo probatorio, pues la capacidad económica de los compradores y el principio de pago del precio que dedujo el ad quem, no están soportados en elementos de juicio admisibles, pues tal como lo reprocha el impugnante, solo corresponden a versiones de los demandados, y en cuanto a los recibos incorporados, como ya se indicó, hacen parte de pruebas preconstituidas, fruto de un plan concebido para tratar de dar credibilidad a la celebración de los negocios, pero que la pierden frente a los hechos demostrados, relacionados con las circunstancias de parentesco entre los contratantes, la enajenación de un significativo número de inmuebles, sin una causa actual y cierta que la justifique, según lo analizado anteriormente.
Al móvil aducido para efectuar las ventas, resulta pertinente anteponer el hecho de haberse acreditado que existe un proceso ejecutivo de la accionante que vincula como ejecutados a Ángelus S.A., Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe, según ellos lo aceptaron en el interrogatorio de parte, en el que como se sabe, el acreedor está facultado para perseguir los bienes de los deudores, pero según se infiere de lo manifestado por el segundo nombrado, no le han encontrado bienes por el apoderado de la ejecutante y si la empresa de la cual eran socios y directivos tenía dificultades económicas, tanto así que en noviembre de 2001 se admitió la promoción de un acuerdo de reestructuración, cabe deducir, según las reglas de la experiencia, que allí subyace el verdadero motivo para disponer en bloque de todos o una muy significativa cantidad de activos patrimoniales, máxime si se tiene en cuenta la inconformidad que le generó la manera como dice habérsele vinculado para respaldar el crédito, expresando al respecto, después de requerirlo la juez que recaudó la prueba, “reconozco que fue un error que cometí engañado y halagado tal vez por el gerente de Ángelus sobre las perspectivas del negocio (fl. 82, cdno. 2, reverso).
5. Refulge de lo analizado, que el cargo prospera parcialmente, esto es, con relación a las compraventas que aparece fueron celebradas entre Jhon Osorio Hoyos y sus hijos Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, porque es evidente que se presentó error en la valoración probatoria, al inadvertir la gravedad, concordancia y convergencia de los hechos probados anteriormente identificados y su relación con los demás medios de prueba obrantes en el proceso, que otorgan certeza de que son negocios simulados de manera absoluta.
6. No es posible predicar esa situación del convenio celebrado con José Julián Osorio Hoyos y Myriam Elena Duque Jaramillo, porque al confrontar indicios tales como, el parentesco que ellos tienen con el vendedor y que la escritura pública se hubiere suscrito el mismo día en que se otorgaron las relacionadas con los contratos que aparecen celebrados con Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, al igual que la falta de verdad en la causa que se adujo para efectuar la transacción; con la presunción de sinceridad que ampara el acto impugnado, no es posible aniquilarla; por el contrario, resulta reforzada por el hecho de que la enajenación solo recayó sobre una tercera parte de los respectivos bienes, por cuanto los otros dos comuneros precisamente eran los titulares de las restantes, según el certificado de tradición y libertad (cdno.1, 59-60), quienes tienen allí su lugar de habitación, pues su nomenclatura coincide con la dirección señalada en la contestación de la demanda y lo ratificaron en el interrogatorio que contestaron, sin que la parte contraria hubiere cuestionado ese hecho, y a la luz de las reglas de la experiencia, es aceptable que se hubiere celebrado la venta, porque con ello pudieron los prenombrados esposos consolidar la totalidad del derecho de dominio en cabeza suya, y ello constituye una aspiración muy propia de cualquier familia, máxime cuando la vivienda había sido adquirida desde julio de 1995, y ello es significativo de que los une un sentimiento de arraigo con el lugar. Cabría agregar, que de la narración que hicieron en la declaración de parte, no surgen contradicciones, sino que se complementan, percibiéndose además, que no tuvieron una actitud evasiva al responder las preguntas.
7. Con relación a la decisión adoptada sobre el contrato que aparece celebrado entre Diego Uribe Uribe y Marcela Uribe Mejía, en cuanto negó la petición de simulación absoluta, no cumplió el recurrente con la carga impuesta por el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, atinente a demostrar el yerro en la estimación de los elementos de juicio, pues simplemente hace una lectura diferente a la del tribunal.
Al respecto obsérvese, que en el fallo impugnado se expresó que “(...). la prueba no conduce a negar todo efecto negocia! a la venta contenida en ese instrumento, sino a convertirla en donación (...). ”y el casasionista deduce que al haber manifestado en el interrogatorio el tradente demandado, que “en el caso de Marcela, no me pagó ninguna suma”, era ostensible que se trató de un negocio afectado por la especie de invalidez reclamada.
Sin embargo, el desacierto se descarta porque al examinar de manera integral la aludida declaración se encuentra que también se expresó, que “El local 203 del Camino Real está arrendado, siendo arrendatario Polito, una firma de ropa infantil y se lo arrendó Marcela Uribe Mejía, mi hija”, y que “(...). Yo le prometí a Marcela entregarle ese local cuando terminó su bachillerato en el año 2001, con el fin de que con su renta se pagara la universidad y sus gastos. No se pudo hacer en el momento porque tenía un embargo del Banco Anglo Colombiano por ser yo codeudor de una deuda de mi hermano Luis Fernando y cuando se levantó ese embargo hicimos la transacción, es decir en el 2002”, y esa versión puede acompasar con la idea que concibió el ad quem referente a que hubo donación.
8. Vistas así las cosas deviene ineluctable la prosperidad del cargo.
1. Situada la Corte en sede de segunda instancia, procede a desatar la alzada formulada por las partes, circunscribiéndose el estudio a la simulación absoluta de los contratos que aparecen celebrados entre Jhon Osorio Hoyos y sus hijos Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, en razón a que la prosperidad de la casación solo le hace perder efectos a la decisión que sobre esa petición había adoptado el ad quem.
2. Se verifica que están reunidos los presupuestos procesales, no hay causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y las partes involucradas en la litis están legitimadas por la ley para afrontarla.
3. Sin que resulte esencial volver a lo decidido en primera instancia, por haber quedado reseñado anteriormente, solo se rememora que el a quo accedió a la referida súplica, respecto de la cual los demandados habían planteado las excepciones denominadas: “realidad de los contratos cuestionados”, argumentando que hubo transferencia real de los bienes y pago del precio y “falta de legitimación en la causa por activa”, aduciendo que no acreditó la demandante la existencia de la acreencia con antelación a las ventas.
4. El fallo proferido por el a quo en cuanto al tema a que se ha delimitado el estudio en esta instancia, expuso que de conformidad con el artículo 1766 del Código Civil, se exigía que el acto jurídico aparentemente sea válido, requisito que estima se cumplió al haberse formalizado las ventas mediante escrituras públicas; que la demandante estaba legitimada para deprecar la impugnación, por haber probado la calidad de acreedora del tradente para cuando los negocios se efectuaron y, que el fingimiento de los mismos se demostró con indicios, tales como, su realización por parte de Osorio Hoyos en un mismo día, transfiriendo los bienes a dos de sus hijos y un hermano, aduciendo como causa la necesidad de radicarse en el extranjero por razones de seguridad, pero que aún para agosto de 2004 que rindió declaración de parte, no lo había realizado; que conocía el mal estado de sus negocios y de la empresa de la que era socio, por lo que presentía la cantidad de demandas que vendrían en su contra, y que los adquirentes conocían esa situación.
5. La parte demandada en la sustentación de la apelación, para combatir los fundamentos de las pretensiones que resultaron prósperas organizó su exposición citando los indicios y argumentaciones en que apoyó el a quo su decisión, y entró a controvertirlos catalogándolos de ser un paralogismo o razonamiento falso, generando las correspondientes explicaciones frente a cada hecho.
6. En punto del acto simulado ha pregonado la jurisprudencia de la Corte, que “(...). Conforme a la clásica definición de Francisco Ferrara negocio simulado es el que tiene apariencia contraria a la realidad, bien porque es distinto de como aparece o ya por cuanto en verdad no existe; es, en fin, ‘la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo’ (...).
“Atendiendo a los alcances del concierto simulatorio, el negocio ostensible puede presentarse bajo dos modalidades distintas que conducen a la clasificación general de absoluta y relativa.
“Se está en presencia de la primera, cuando las partes, al tiempo que logran obtener el propósito fundamental buscado por ellas, de crear, frente a terceros, la apariencia de cierto acto y sus efectos propios, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que celebran ni sus consecuencias, es decir, cuando el acuerdo volitivo va destinado a descartar todo efecto negocial, en cuanto que las partes nada han consentido, evento este en que la manifestación oculta tiene el propósito de contradecir la declaración pública. Ocurre la segunda, cuando el acuerdo de voluntades encubre una relación jurídica real con otra fingida, de suerte que se oculta a los terceros el verdadero, mostrándoseles uno diferente. Aquí no basta que los contratantes manifiesten no querer el contrato que aparentan celebrar, pues se exige que convengan los términos y condiciones de otro que es el que quieren verdaderamente, y cuyos efectos están llamados a producirse plenamente, aunque los que exteriormente aparezcan producidos sean los inherentes a la manifestación ostensible usada como cobertura de aquellas” (Sent. cas. civ. mayo. 19/2004, Exp. 7145).
7. Al estudiarse el cargo que salió avante, se expusieron los argumentos jurídicos pertinentes y se avocó el respectivo análisis probatorio, aspectos que se tienen por reproducidos, lo cual permite concluir que los contratos de compraventa que se hicieron figurar como celebrados entre Jhon Osorio Hoyos y sus hijos Juan David y Alejandro Hoyos Jaramillo, son simulados de manera absoluta, pues la presunción de veracidad que los amparaba quedó desvirtuada, sin que los razonamientos expuestos por la parte demandada se erijan como contraindicios que puedan generar alguna duda.
8. No obstante lo anterior, respecto de la excepción de mérito que denominó “realidad de los contratos cuestionados”, argumentando que Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, son poseedores de los respectivos bienes, los que tienen arrendados y que pagaron el precio, basta señalar, que del análisis probatorio se obtuvo convicción que fueron fingidos de forma total.
En cuanto al medio de defensa titulado “falta de legitimación en causa por activa”, que se apoyó en que no aparece demostrado que la demandante sea acreedora de Jhon Osorio Hoyos y que si así lo fuere, no existía evidencia que el crédito lo hubiere adquirido con anterioridad a la celebración de los negocios jurídicos; se precisa, que esta corporación ha pregonado, que “(...). a diferencia de lo que ocurre en la acción pauliana, en la que el perjuicio (interés) que legitima al acreedor es la insolvencia del deudor, en la simulación, ese perjuicio caracterizador del interés, tiene, como ha sido expuesto por la doctrina, una más amplia connotación en vista de que no reside tanto en la disminución de la garantía general de los acreedores, como en las dificultades o contingencias a que queda sometido el ejercicio de un derecho, el cual, por ende, se coloca en peligro de perderse”, (Sent. cas. civ. jun. 14/ 2007, Exp. 2003-00129-01), y con antelación había señalado, que “La acción de simulación se ha estructurado a partir de la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 1766 del Código Civil, tanto en lo que concierne con sus manifestaciones, clases, efectos, naturaleza, entre otros tópicos, como —que es lo que acá interesa resaltar— en punto de los titulares de la misma. Y de allí han salido los contornos de esa acción dirigida a la comprobación judicial de una realidad jurídica escondida tras el velo creado deliberadamente por los estipulantes, que causa el actor una amenaza a sus intereses, por lo cual, y amén de las partes en el contrato o sus herederos, es titular de dicha acción el tercero, cuando el acto fingido le acarrea un perjuicio cierto y actual.
“En efecto ha sostenido la Corte: ‘todo aquel que tenga un interés jurídico, protegido por la ley, en que prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las partes en el acto ostensible, está habilitado para demandar la declaración de simulación. Ese interés puede existir lo mismo en las partes que en los terceros extraños al acto, de donde se sigue que tanto aquellas como estos están capacitados para ejercitar la acción. Mas para que en el actor surja el interés que lo habilite para demandar la simulación, es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservación de ese acto le cause un perjuicio’ (G. J. cxix, pág. 149). A lo cual solo resta agregar, (...). que ese interés, ‘debe analizarse y deducirse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relación procesal que se trate, porque es esta un conflicto de intereses sin interesado, se impone la consideración personal del actor, su posición jurídica, para poder determinar, singularizándolo con respecto a él, el interés que legitima su acción’ (...)”(fallo de jul. 27/2000, Exp. 6238).
Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, se verifica que la accionante cumpliendo los requisitos del ordinal 3º, inciso 2º del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, aportó copia autenticada de un pagaré otorgado a su favor, entre otros, por los demandados Jhon Osorio Hoyos y Diego Uribe Uribe y que según la misma versión de ellos, está siendo cobrado ante la jurisdicción, infiriéndose de lo dicho por el primero nombrado en el interrogatorio, que aunque tiene otros bienes, el apoderado de la ejecutante no se los ha encontrado.
Corolario de lo expuesto es que no tiene vocación de éxito el citado medio exceptivo, en razón a que la demandante es acreedora y está apoyando su acción en un derecho cierto y actual.
9. Resta anotar que sobre la nulidad relativa que declaró el a quo respecto al contrato celebrado entre Diego Uribe Uribe y su hija Marcela Uribe Mejía, y que revocó el tribunal, a la Sala le está vedado hacer alusión alguna por cuanto el reproche en casación por error de hecho en la apreciación probatoria no salió avante.
10. Como el resultado del recurso es parcial, en la resolutiva se precisarán las decisiones que se confirmarán y se determinarán las que no sufren alteración alguna.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 4 de diciembre de 2008 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de Protela S.A. contra Jhon y José Julián Osorio Hoyos, Alejandro y Juan David Osorio Jaramillo, Myriam Elena Duque Jaramillo, Diego Uribe Uribe, Clara Victoria Mejía Pérez y Marcela Uribe Mejía.
1. Declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas por los demandados Jhon Osorio Hoyos, Juan David y Alejandro Osorio Jaramillo, frente a la pretensión de “simulación absoluta”.
2. Confirmar parcialmente el fallo de 22 de febrero de 2006 proferido por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín, en cuanto en su parte pertinente reza:
“2. Conceder prosperidad a la pretensión tercera subsidiaria que hace relación a la simulación absoluta, en relación con las escrituras de septiembre 21 de 2001
Nº. (...), 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397,1398 de la Notaría Sexta de Medellín, que recaen sobre los inmuebles de matrículas inmobiliarias Nº 001140455, 001-237940, (...), 001-140401, 001-140294, 001-140439, 001-527828, 001-24309, 001-24245, 001-237941, 001-237942 y 001- 232550 (...)”.
“3. Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se ordena la cancelaciónde las escrituras contentivas de los actos vinculados a la SIMULACIÓN ABSOLUTA (...). Ofíciese al registrador y al notario”.
3. Determinar que en los demás aspectos mantienen vigor las decisiones adoptadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, contenidos en la sentencia de 4 de diciembre de 2008, que a continuación se reproducen:
“REVOCA el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia y, en su lugar, NIEGA la pretensión de simulación absoluta respecto de las escrituras públicas 1386 (…), de 21 de septiembre de 2001 de la Notaría Sexta de Medellín, mediante las cuales se dijo vender los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria números 001-5079232, 001-5079252 (...).
“Igualmente, REVOCA, por incongruente, la simulación relativa dispuesta en lo que corresponde a la escritura pública número 2104 de 8 de octubre de 2001, de la Notaría 26 de Medellín, mediante la cual se dijo se vendía el bien con matrícula 001-204798. En su lugar, NIEGA la petición de simulación absoluta deprecada frente a ese acto.
“Y declara la SIMULACIÓN ABSOLUTA de la escritura pública 2142 de diciembre de 2000, de la Notaría 26 de Medellín, mediante la cual Diego Uribe Uribe dijo vender a Clara Victoria Mejía Pérez los bienes con matrículas 001-520125 y 001-520161”.
4. Condenar en costas en ambas instancias a los demandados vinculados a los contratos respecto de los cuales prosperó la súplica de la simulación absoluta y la demandante las pagará a favor de los accionados que no resultaron vencidos, esto es, Marcela Uribe Mejía, José Julián Osorio Hoyos y Myriam Elena Duque Jaramillo. Las secretarías de los respectivos despachos judiciales, harán la liquidación.
5. Sin costas en casación, ante la prosperidad parcial, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.
(1) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de octubre de 2008, Expediente 2000-00288-01.
(2) Corte Suprema de Justicia, sentencia casación civil de 23 de febrero de 2006, Expediente 15.508.
No obstante compartir la decisión final, consigno nuestro respetuoso disenso en torno a la concepción de la simulación como una “declaración de un contenido de voluntad no real... con fines de engaño”, donde las partes “obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que celebran ni sus consecuencias, es decir, cuando el acuerdo volitivo va destinado a descartar todo efecto negocial, en cuanto que las partes nada han consentido”.
En efecto, la simulación, per se, es acto verdadero y real, fruto de una conducta deliberada, consciente, homogénea y convergente de las partes. Cuando consista en un acto o declaración de voluntad —a la cual no se reduce su forma de expresión— es cierta y verídica, las partes quieren el acto simulado y sus consecuencias. Tampoco, ante sí, de suyo y por sí misma, la simulación se orienta al engaño, ni descarta todo efecto negocial, por cuanto de suyo, lo proyecta a plenitud entre las partes, y en determinadas hipótesis, respecto de terceros.
Justamente, la Sala, ha expresado:
“(...). Desde un punto de vista semántico, la locución simulación atañe a‘remedar ’, ‘fingir’, ‘aparentar’ denotando la apariencia de realidad y, por tanto, una distorsión.
“En el plano negocial, se caracteriza por constituir un acuerdo generatriz de una apariencia contractual creada intencionalmente revistiéndola de realidad con el entendimiento reciproco, convergente y homogéneo de las partes de esta significación y, aún cuando, por su virtud, se remeda la celebración de un acto dispositivo de intereses no celebrado (simulación absoluta) o diferente del estipulado en cuanto al tipo negocial, su contenido, su función (simulación relativa) o las partes, tiene entidad real, fáctica y jurídica, obligando a los contratantes al tenor del compromiso simulado, único, prevalente y vinculante respecto para estos.
“(...). Más concretamente, la supuesta divergencia consciente y querida entre manifestación y voluntad, querer interno y externo, acto público y privado, acto real y virtual, no explica la figura, porque, en la simulación se presenta un iter negocial único, convergente, coordinado e integrado de la realidad y la apariencia de realidad, ambas queridas, con fines diferentes y resultantes en un solo acto coordinado, en cuanto que una le resta todo valor a la otra o conforma un resultado práctico o funcional diferente.
“En rigor, el acuerdo simulatorio, no se explica bajo la óptica de una divergencia consciente entre voluntad interna y declarada, de una contraposición entre un pacto privado interno y un pacto público externo, de dos contratos opuestos e incompatibles, ni de una declaración y contra-declaración (lettre et contre-lettre), como tampoco de una disparidad entre la función típica del acto aparente y la concreta del acto público o de ambos.
“De antaño la Corte, dentro de una construcción doctrinaria más acorde con la realidad y el verdadero alcance de la figura en cuestión, con acierto precisó el entendimiento prístino de la estructura negocial simulatoria, en perspectiva exacta que hoy se reitera, indicando que en “la simulación, las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquel que la recibe, imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es que las partes desean crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio. En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según los intereses y las disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea un antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía” (cas. mayo. 16/68, Acta 17, mayo. 14/68).
“Por consiguiente, no se trata de dos actos divergentes, ni de contratos opuestos, siendo en ambas hipótesis un solo negocio “sin que pueda aceptarse que se trata de dos negocios jurídicos uno público —u ostensible— y el otro secreto, pues si así fuera, ‘se tendría que aceptar una dualidad de consentimiento —de vender y de donar simultáneamente, verbigracia— que necesariamente implicaría su mutua destrucción y por ende la inexistencia de ambos actos, pues el recíproco consentimiento de las partes para uno de ellos quedaría eliminado por el acuerdo de las mismas para el acto distinto. Esto, en caso de que ese pretendido doble consentimiento fuere simultáneo, como forzosamente no podría dejar de serlo para quienes quieren ver en la simulación una duplicidad de acuerdos de voluntades. Y tampoco sería aceptable sostener que, para defender la tesis de la duplicidad de actos o de contratos, el consentimiento para uno de ellos —para cuál se preguntaría— se conjuga en primer término, y luego, como sucedáneo, lo reemplaza uno nuevo y distinto consenso para el otro acto o contrato. Se tratará en esta hipótesis, de un fenómeno de sustitución o sucesión de voluntades y actos jurídicos asimilables a fenómenos de novación o de mutuo disenso de suyo ajenos al simulatorio’, como lo expresó la Corte en sentencia de 28 de febrero de 1979, G.J.T clix, págs. 49 y 50 (Sent. mar. 10/95, Exp. 4478, G.J. CCXXXIV, pág. 418)” (sent. S-029 de mar. 15/2000, Exp, 5400).
“La simulación, por otro lado, per se no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso (animus nocendí), ni de suyo, comporta su nulidad absoluta (cas. jul. 27/35, cas. mayo 23/55, LXX, 360), pues ‘[s]uperada desde hace ya largo tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se tiene definido que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada, pueden los particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las formas que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios; incluida allí la facultad para ‘hacer secreto lo que pueden hacer públicamente’, fingiendo ante terceros una convención que no se encuentra destinada a producir los efectos aparentados. Así, es admitida la simulación como acto estructurado en dos declaraciones, a una de las cuales las partes restan eficacia, ‘en el entendimiento de que, en nuestro ordenamiento jurídico esa dicotomía, en cuanto lícita, está permitida...’ (G.J.T CXXIV, pág. 290); conceptos estos de donde surge nítidamente la diferencia entre la simulación y la nulidad, pues en aquella no se alude en modo alguno a un vicio en los negocios jurídicos, como que por ese medio simplemente las partes persiguen un fin diferente del que aparece en el contrato mismo, mientras que en la nulidad, en cambio, la voluntad de las partes ‘persigue en todo caso la efectividad del acto, pero este surge viciado radicalmente en su causa o en su objeto, o sin la solemnidad exigida por la ley para que nazca a la vida del derecho’. (Sent. de ago. 29/51, LXX, 74)’ (cas. nov. 17/98, Exp. 5016), a lo cual, ‘cabe recordar, ya para terminar, cómo lo que ha de presumirse es la seriedad, la realidad del negocio, y no su simulación, cual parecería entenderlo el acusador; de tal suerte que la voluntad manifestada por las partes conserva todo su vigor mientras no se demuestre lo contrario. En desarrollo de tal idea la Corte expuso, por ejemplo, que ‘en ese complicado proceso de desentrañar la verdad escondida tras los velos de la apariencia, todo conduce inicialmente a señalar que aquello que se expresó, corresponde a la realidad; en principio, entonces, lo exterior coincide con lo interior y de ese supuesto es necesario a partir’ ‘[a]nte lo cual anotó todavía cómo en la labor investigativa atinente a la simulación surgen hechos de todas las especies que refuerzan unos la apariencia demandada, que la develan los otros; y es entonces cuando el fallador, sopesando esas circunstancias, haciendo uso de la autonomía que le asiste, opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen; de allí que, una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por si mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico - crítico desprecia las señales que le envían algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás’ (cas. civ. feb. 26/2001, Exp. 6048)’ (cas. jul. 16/2001, Exp. 6362).
“En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales” (Sent. cas. civ. jul. 30 /2008, Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01).

References: artículo 368
 artículo 357
 artículo 305
 artículo 368
 resolución 
 resolución 
 artículo 357
 artículo 357
 artículo 351
 artículo 368
 artículo 248
 artículo 374
 artículo 195
 artículo 250
 artículo 374
 artículo 1766
 artículo 1766
 artículo 268
 artículo 375
in casu