Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/06-15211-2011-11-0211.html
Timestamp: 2016-12-07 16:22:15+00:00

Document:
06-15211-2011-11-0211.html
Expediente Nº 11-0211
El 2 de febrero de 2011, los abogados LARRY DEVOE
MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES,
LUCELIA CASPELLAROS PÉREZ, JAVIER LÓPEZ CERRADA y LILIMI QUEVEDO RUIZ,
abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social
de Abogado bajo los Nros. 93.897, 41.755, 71.884,
145.484, 84.543 y 65.661, actuando en representación de la ciudadana GABRIELA
DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, interpusieron ante esta Sala demanda de protección de
derechos e intereses colectivos y difusos, conjuntamente con medida cautelar
innominada, contra “la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda en fecha 12 de
marzo de 1998, bajo el Nº 4, Tomo 51- A-pro, domiciliada en la ciudad de
Caracas, Municipio Libertador, según consta en copia simple del Acta
Constitutiva Estatutaria que forma parte del expediente que se lleva en esa
Oficina de Registro marcada con la letra “F”, en razón de la vulneración de los
derechos a la salud y la vivienda, así como de la amenaza contra el derecho a
la vida, de las familias que adquirieron y que habitan en el CONJUNTO PARQUE
RESIDENCIAL TERRAZAS LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”.
En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó
como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal
carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que
conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir
previas las siguientes consideraciones.
LA DEMANDA POR DERECHOS E INTERESES
La parte actora presentó solicitud de amparo, con
fundamento en los siguientes alegatos: Que el “17 de diciembre de 2010, compareció ante la
sede de la Defensoría del Pueblo Delegada del Área Metropolitana de Caracas, la
ciudadana CARMEN (…) MONTESINOS MENDOZA, titular de la cédula de identidad
número V.- 11.486.992 quien denunció la problemática que padece junto con el
resto de familias que habitan en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), ubicada en la Avenida Principal de Los Paraparos de La Vega, antigua Fábrica de Cementos La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital, producto
de los deslizamientos y deslaves que se vienen presentando desde el año 2005,
los cuales afectan directamente a ese conjunto residencial. En ese sentido, la
referida ciudadana indicó que esta situación tiene su origen en las
irregularidades cometidas por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., al momento de la construcción de dicho Conjunto Residencial, pues obvió edificar
las obras de canalización y mitigación de riesgo, entre otras acciones que
resultaban necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de las
viviendas. A tal efecto, la ciudadana CARMEN AMANDA MONTESINOS MENDOZA,
consignó comunicación, suscrita por su persona y por Marcel Zea Gerik, dirigida
a esta Institución Nacional de Derechos Humanos, acompañada de diversos anexos,
de la cual se formó expediente defensorial marcado con la nomenclatura No.
P-10-06778, el cual se anexa marcado con la letra ‘G’ (…)”.
Que “la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en
fecha 12 de marzo de 1998, bajo el Nº 4, Tomo 51-A-pro, domiciliada en la
ciudad de Caracas, Municipio Libertador, forma parte de un grupo económico
integrado, entre otros, por las siguientes personas jurídicas: Sociedad
mercantil PROMOTORA CASARAPA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado
Miranda en fecha 27 de septiembre de 1991, bajo el N° 15, Tomo 158-A-,
domiciliada en la ciudad de Caracas, Municipio Libertador, en razón de ser la
única y exclusiva accionista de PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., todo como se evidencia de la copia certificada del Acta Constitutiva y demás
Actas de Asamblea que forman parte del expediente que lleva la mencionada
Oficina de Registro, que se anexa marcada con la letra ‘H’. Sociedad mercantil
COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., inscrita en el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1975, bajo el No. 28, tomo 63 — sgdo, en razón
de ser el único accionista de la sociedad mercantil PROMOTORA CASARAPA, C.A.”.
Que “dentro del referido grupo de empresas, es
notable la participación de las siguientes personas naturales: Ciudadano JUAN GUILLERMO
ÁLAMO ÁLAMO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula
de identidad No. V-3.973.318, en su condición de ex accionista y Administrador
de la primera de las sociedades mercantiles mencionadas y de otras de las
sociedades mercantiles indicadas, tal como se evidencia en las Actas de
Asamblea de la sociedad mercantil PROMOTORA CASARAPA, C.A., ya anexadas bajo la
letra ‘F’ y ‘H’. Ciudadano ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-2.935.939, en
su condición de ex accionista y Director de la segunda de las sociedades
mercantiles mencionadas, y de otras de las sociedades mercantiles indicadas tal
como se evidencia en las Actas de Asamblea de la sociedad mercantil PROMOTORA
CASARAPA, C.A., ya anexadas bajo la letra ‘F’ y ‘H’ (…)”.
Que “en virtud de todo lo anterior, no queda duda
alguna acerca de la existencia del referido grupo económico y así solicitamos
sea declarado”.
Que “en el año de 1998, la sociedad mercantil
PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., dio inicio a la construcción del desarrollo
habitacional denominado CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA). La oferta de venta de este complejo se basó en el slogan ‘Terrazas de la Vega - Naturalmente Segura’ y en su proyecto, además de las viviendas, contaba con canchas
deportivas, parque infantil, colegio y guardería infantil. Todo ello, se
evidencia en la publicidad que se anexa marcada con la letra ‘1’. El CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA) fue desarrollado sobre
un inmueble formado por una parcela de terreno que surge de la integración de
tres lotes de terreno, identificado como ‘TERRAZAS DE LA VEGA’, ubicado en la Parroquia La Vega en jurisdicción del antiguo Distrito Federal (hoy
Distrito Capital), con una superficie aproximada de ciento noventa y un mil
ochenta metros cuadrados con cuatrocientos noventa centímetros cuadrados
(191.080,494 Mts2) cuyos linderos medidas y demás elementos identificatorios
constan en el documento de Integración protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito
Federal (hoy Distrito Capital), el 10 de diciembre de 1998, anotado bajo el Nº
47, Tomo 28 del Protocolo Primero, específicamente en los antiguos terrenos
donde funcionó la fábrica de Cementos La Vega”.
Que “el inmueble sobre el cual se levantó el CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA) es propiedad de la
sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., tal como consta documento de
Propiedad debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del registro del Municipio Libertador del Distrito
Federal (hoy Distrito Capital), el día 10 de diciembre de 1998, el 07 de
septiembre de 1998, bajo el N°26, Tomo 33. El referido terreno quedó dividido
en trece (13) sectores, donde se construiría en dos etapas el Conjunto
Residencial. La primera etapa se conformó con ocho (8) zonas destinadas a
cuarenta y cuatro (44) edificios y la segunda de cinco (5) áreas para edificar
veintisiete (27) edificios. El proyecto habitacional está conformado por
viviendas multifamiliares, constituidas por edificios de cinco (5) niveles y
cada edificio cuenta con treinta (30) apartamentos, distribuidos en seis (6)
apartamentos por planta. Los apartamentos van distinguidos con el número de la
planta seguidos de las letras ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ y ‘F’. Los Apartamentos
tienen un área aproximada de cincuenta y cuatros metros cuadrados (54,00 Mts2).
Cada edificio está levantado mediante vigas y columnas de estructura metálica,
paredes, losas y entrepisos vaciados en sitio con concreto y acero de refuerzo
con mafia electro soldada”.
Que “este desarrollo habitacional se levantó en las
faldas de la Serranía del interior de la Cordillera de la Costa, donde se forma un pequeño valle de características regulares, limitado en sus extremos norte,
sur y oeste por taludes de corte, de fuertes pendientes, conforme lo señala el
Informe elaborado por el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y
Administración de Desastres (IMGRAD) de fecha 19 de enero de 2011, distinguido
esté último con la nomenclatura IMGRAD-000102-11, el cual se anexa marcado con
la letra ‘Y’, y como se observa de la foto que se anexa marcada con la letra
‘K’. Asimismo, tal como lo indican los informes técnicos, la intervención de
estos terrenos para la extracción de material calcáreo, como consecuencia del
funcionamiento en ese lugar de la fabrica de Cementos La Vega, generó, entre otras consecuencias, una topografía en forma de ‘olla’, tal cual se
observa en las fotos anexas marcadas con la letras ‘1,’ y ‘M’, tomada antes del
inicio de la obra lo cual es de suponerse que conocía suficientemente la
sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, CIA. Aunado a ello, este sector al
haber sido sometido a sucesivas y constantes explosiones, para la extracción
del referido material calcáreo, afectó notablemente los taludes y la formación
rocosa que resultó meteorizada y diaclasados, en consecuencia fracturada o
agrietada en muchas partes, proclive a la inestabilidad y constantes
desprendimientos de rocas”.
Que “el referido Conjunto Residencial se erigió bajo
el área de influencia de una cuenca hidrográfica, de tipo dendrítica, de
múltiples drenajes intermitentes aguas abajo, específicamente en el curso de la Quebrada de Los Encantos, que debido a los taludes de fuertes pendientes verticales negativas
que oscilan entre 45°, 700 y 88°, crean torrenteras naturales de grandes
caudales e intensidad, tal cual como se observa en la foto arriba referida y en
los informes técnicos elaborados por el Instituto Municipal de Gestión de
Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD), de fecha 19 de enero de 2011,
antes referido y él del 03 de septiembre de 2009 que se anexa marcado con la
letra ‘N’. Por otro lado, destaca el hecho que toda el área está formada por un
subsuelo de rocas metamórficas, en su mayoría esquistos medianamente
meteorizados con intercalaciones de paquetes de caliza, cubiertos por suelos de
relleno de espesores variables que han debido ser compactados para la
construcción del Conjunto Residencial, para evitar asentamientos y
desplazamientos, según el referido informe técnico elaborado por la sociedad
mercantil Geotécnica de Venezuela C.A., de 1988, citado por el Instituto
Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD), de
fecha 19 de enero de 2011, antes referido”.
Que “este Conjunto Residencial ha sufrido grandes
problemas desde su mismo inicio, pues para su construcción se han debido
realizar una serie de obras para prevenir que las condiciones referidas
anteriormente generaren problemas para su habitabilidad, las cuales no se
realizaron en su momento. Entre las obras que debieron ser ejecutadas, según lo
refieren los distintos informes técnicos elaborados desde el año 2005, se
encuentran: 1. La canalización de las aguas de lluvia, obra indispensable por
estar levantado el Conjunto Residencial, en la ladera de una formación
montañosa, con taludes de gran pendiente y bajo la influencia de una cuenca
hidrográfica. 2. Obras de mitigación de los movimientos de masa, ante las
lluvias y el desprendimiento de trozos de diversos tamaños de formaciones
rocosas, debido a las fracturas y meteorización de los taludes. 3. El
asentamiento y compactación de los suelos, a fin de minimizar el desplazamiento
del terreno y las consiguientes fracturas y grietas en las edificaciones
levantadas”.
Que “a pesar de lo previsible de la necesidad de las
referidas obras éstas no fueron ejecutadas por la sociedad mercantil PROMOTORA
PARQUE LA VEGA, C.A., quien asumió la oferta y venta de los referidos
apartamentos, sorprendiendo y ocasionándoles grandes problemas a las familias
que adquirieron dichas viviendas de buena fe. En este sentido, ya en el mes de
febrero del año 2005, se refieren diversos problemas producto del
desprendimiento de formaciones rocosas y deslaves producidos por las lluvias,
tal como consta en el diario EL Universal, en su edición de fecha 20 de febrero
de 2005, así como en el informe técnico No. JH08-046-05 del año 2005, elaborado
por la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador, que se agrega marcado con la letra ‘O’ y en las fotografías que se anexan marcadas con la
letra ‘P’, así como otras fotos y video que reposa en el disco compacto que se
anexa marcado con la letra ‘Q’ (…)”.
Que “como respuesta a estos eventos, la sociedad
mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA CA., emprende en el mismo año 2005, la
canalización del curso natural del agua. No obstante, las tareas ejecutadas
resultaron ineficaces pues se diseñó un canal colector de aguas pluviales muy
pequeño siendo insuficiente ante el volumen de aguas de la torrentera, aunado a
los sedimentos y capa vegetal que arrastra que obstruyen el canal y llevan al
desbordamiento de las aguas. Esta situación se repite con frecuencia con cada
precipitación que cae sobre el sector y más aún en la cabecera de la cadena
montañosa, generando gran angustia en las familias que habitan dicho conjunto
residencial, especia1mente en los edificios identificados con los números 9,
10, 11, 12, y 13, ubicados en el sector 3 de la primera etapa, cuya adyacencia
a la torrentera constituye una permanente amenaza a sus vidas, como se observa
en las fotos que se agregan marcadas con la letra ‘R’ (…)”.
Que “resalta como en el mes de diciembre del año
2008, se refiere nuevamente un gran derrumbe y deslizamiento de grandes
porciones de sedimentos y rocas, con ocasión a la sobresaturación de agua
producto de las lluvias, tal como lo refiere el informe del Instituto Municipal
de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, de fecha 03 de septiembre
de 2009, antes referido y que se marcó con la letra ‘N’. Las circunstancias
referidas en el citado informe pusieron otra vez en vilo, por varios días, a
las familias que habitan este Conjunto Residencial, llegando incluso muchas de
ellas, principalmente las que viven en la planta baja de los edilicios 9, 10,
11, 12 y 13, a perder sus enseres. Al año siguiente, especificamente en el mes
de agosto de 2009, producto una vez más de las aguas pluviales, se presentaron
nuevos deslizamientos de grandes masas del talud sobre el área del
estacionamiento, ubicada frente a la fachada principal de los edificios
identificados con los números 16 y 17, tal como lo constataron funcionarios del
Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, según
informe de fecha 03 de septiembre de 2009. En el referido informe se señaló
como fuente del problema la falta de obras de mitigación en las laderas y
problemas de canalización de las aguas de lluvia. En el mes de septiembre,
noviembre y diciembre de 2010, se produjo un importante derrumbe del talud y
por consiguiente, el deslizamiento de grandes masas de sedimento, torrenteras
con un alto volumen de agua, bajando por los taludes y un gran deslave con
desprendimiento de porciones de capa vegetal, como se observa en las fotos
digitales y video, copiados en el disco compacto que se anexa marcado con la
letra ‘S’. Una vez más, las familias que habitan el referido Conjunto
Residencial, vivieron en zozobra ante una posible inundación, alud de tierra o
derrumbe, habiendo perdido por enésima oportunidad sus bienes muebles, carros,
etc., sin que la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., asuma la responsabilidad que le corresponde”.
Que con “ocasión al evento de septiembre, noviembre y
diciembre de 2010, el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y
Administración de Desastres, además de señalar la no existencia de
canalizaciones para las aguas de lluvia y de obras de mitigación, también
constató ocularmente el asentamiento y deslizamiento del edificio identificado
con el número 11, así como la pérdida total del material utilizado para la
protección de las juntas de dilatación y la separación máxima al momento de la
construcción. Por tanto en su informe de fecha 07 de diciembre de 2010, que se
agrega marcado con la letra ‘T’ se recomendó un estudio a mayor profundidad del
lugar. Posteriormente, el informe elaborado en fecha 19 de enero de 2011, el
Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres,
concluyó que los edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13 del
sector 3 del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), carecían de canalización aguas arriba con el fin de evitar el
socavamiento del suelo y su compactación. Igualmente, se constató un
desplazamiento horizontal en ambos sentidos de las estructuras de los edificios
y en consecuencia la separación más allá de lo permitido de las juntas de
dilatación, lo que indica altos grados de saturación de los materiales y que de
persistir tal situación se producirá la inestabilidad de las edificaciones y su
colapso. Asimismo, se observaron grandes grietas en los pisos y paredes en
forma persistente en todas las plantas de los edificios en cuestión, en los
mismos sitios, sinónimo de una fractura de mayor rango en la estructura misma
de los edificios, pudiéndose predecir en forma irremediable su colapso”.
Que “como resultado de todo lo anterior, el Instituto
Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, en su informe
No. IMGRAD-00102-11, de fecha 19 de enero de 2011, recomendó el desalojo y la
reubicación de las familias que habitan los edificios identificados con los
números 9, 10, 11, 12 y 13 en los siguientes términos: Es indudable que este
deterioro y sus consecuencias, son de corto, mediano y largo plazo y que es
recomendable el desalojo y reubicación de las familias afectadas de las
edificaciones puntualmente inspeccionadas (9, 10, 11, 12 y 13) de manera
inmediata por la empresa promotora para salvaguardar la integridad física de los
residentes. (Resaltado de la Defensoría del Pueblo). En este mismo sentido, valga destacar que la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en informe No.
01-00-13-06 de fecha 22 de diciembre de 2010, del cual se anexa copia marcada
con la letra ‘U’, concluyó lo siguiente: ‘En definitiva todo el sector se
encuentra en alto riesgo, debido a que se ubica en una zona geomorfológicamente
activa, caracterizada por derrumbes y deslizamientos del terreno, destacando
que el sustrato rocoso que compone a las vertientes de la cuenca se encuentra
muy fracturado, debido a las detonaciones que por más de cuarenta años se
efectuaron para la extracción de la materia prima para producir cemento. Aunado
a esto todo el emplazamiento urbano se localiza sobre el cauce de la red
hídrica de la cuenca, razón por la cual el riesgo también corresponde con la
susceptibilidad de ocurrir crecidas y un alud torrencial. Bajo este panorama
existe una alta vulnerabilidad en toda la zona, encendiéndose por esta última
el nivel o grado de respuesta inmediata que pueda tener una población ante un
evento natural determinado (sismo, inundación, deslizamientos de tierra, etc).’
Que “ante tal situación, desde el año 2005 las
autoridades competentes han exhortado a la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., a emprender los correctivos necesarios. Sin embargo esta sociedad mercantil ha
hecho caso omiso a todas las recomendaciones formuladas por el Instituto
Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres de la Alcaidía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. En razón de lo
anterior, en fecha 06 de noviembre de 2010, las familias que habitan en la
mencionada zona residencial acudieron a denunciar a la sociedad mercantil
PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., ante el Instituto Nacional de Defensa de las
Personas en Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), tal como se constata
del Comprobante de recepción de denuncias que forma parte del expediente
Defensorial antes referido. En atención a la señalada denuncia, la sociedad
mercantil PROMOTORA LA VEGA, C.A., fue citada en repetidas oportunidades a
Actos Conciliatorios, siendo estos esfuerzos infructuosos, pues no hubo acuerdo
entre las expectativas de los denunciantes, quienes requerían su inmediata
reubicación la demolición de dichas viviendas, y la posición sostenida por la
empresa de rechazar la reubicación y proponer una mesa de trabajo para tratar
el problema de la montaña, tal como se constata de acta de fecha 06 de
diciembre de 2010, que forma parte del expediente Defensorial antes referido.
Ante la imposibilidad de obtener una respuesta satisfactoria por parte de la
empresa en la conciliación realizada en el INDEPABIS, en fecha 17 de diciembre
de 2010, la ciudadana CARMEN AMANDA MONTESINOS MENDOZA, procedió a denunciar a
la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., ante la sede de la Defensoría del Pueblo Delegada del Área Metropolitana de Caracas, por los problemas
que padece ella, junto con el resto de familias que habitan en el CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”.
Que “en virtud de ello, esta Institución Nacional de
Derechos Humanos convocó a la presidencia de la sociedad mercantil PROMOTORA
PARQUE LA VEGA, C.A., así como a los representantes del Ministerio Público, del
Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastre de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador (IMGRAD), de la Dirección General de Gestión del Agua del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y del
(INDEPABIS), con el fin de instaurar una mesa de diálogo y plantear la
problemática que aqueja a los habitantes del mencionado complejo urbanístico.
En tal sentido, se llevaron a cabo cuatro mesas de diálogo, tal como consta en
el expediente defensorial identificado con el número P-10-06778, de las cuales
valga destacar lo siguiente: En fecha 23 de diciembre de 2010, se realizó la
primera mesa de diálogo, en la cual los representantes del Instituto Municipal
de Gestión de Riesgos y Administración de Desastre de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador (IMORAD) y de la Dirección General de Gestión del Agua del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
coincidieron en señalar que efectivamente se encontraba en riesgo inminente
toda la Urbanización Terrazas de la Vega, por lo que consideran necesario
acometer obras de envergadura para mitigar dicho riesgo, como canalización de
aguas pluviales, estabilización de taludes y retención de sedimentos. Por su
parte, la representación del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) instó a la
reubicación de todas las familias afectadas, recomendaciones estas aceptadas
por los peticionarios. En cuanto a la intervención de la representación de la Promotora Parque LA VEGA, C. A, en la cual manifestaron carecer de facultades para proponer o
suscribir acuerdos algunos, este ente Defensorial les recordó la importancia
del caso, exhortándolos a presentar una propuesta que permita dar una solución
concreta a la problemática y, posteriormente, en calenda 27 de diciembre de
2010 se instauró la segunda mesa de dialogo, en la cual los representantes de
Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastre de la Alcaidía del Municipio Bolivariano Libertador (IMGRAD) y de la Dirección General de Gestión del Agua del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, coincidieron
nuevamente en considerar el riesgo inminente en que se encuentra toda la Urbanización Terrazas de la Vega, por lo que propusieron la articulación para un plan de
evacuación de las familias afectadas. En tal sentido, los voceros de la
comunidad propusieron la intervención de FUNVISIS y de Protección Civil, a los
fines de reubicar a las familias más afectadas a edificios ubicados en la Urbanización Montalbán. Una vez culminada la mesa de diálogo, comparecieron los
representantes de la Promotora Parque LA VEGA, C.A, por lo que nuevamente esta defensoría los exhorté a presentar una propuesta que permita dar una
solución concreta a la problemática”.
Que “siguiendo con la labor defensorial, en fecha 29
de diciembre de 2010, se conformó la tercera mesa de diálogo, en la que los
representantes de la Promotora Parque LA VEGA, C.A., presentaron propuesta contentiva de catorce (14) folios, de la que se destaca la creación de una
comisión integrada por integrantes de la comunidad afectada, de la empresa promotora
y un técnico geólogo, a los fines de determinar la mejor solución técnica para
lograr la estabilización del terreno. De igual forma, solicitaron la
colaboración activa de Ingeniería Municipal, en cuanto a la autorización para
acometer los pertinentes trabajos de estabilización, así como el otorgamiento
de las cédulas de habitabilidad para la formalización y entrega de las
viviendas pendientes. Es de interés resaltar que en la propuesta presentada no
se hizo pronunciamiento sobre la reubicación inmediata de las familias
afectadas y, finalmente, el 10 de enero de 2011 se efectuó la última mesa de
diálogo, en la cual los representantes de las instituciones gubernamentales
asistentes a las mesas, ratificaron sus posiciones. Igualmente, los
representantes de la PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., mantuvieron su propuesta”.
Que “como conclusión de todo lo anterior, resulta
como un hecho irrefutable el inminente riesgo que corren las familias que
habitan en los edificios 9, 10, 11, 12 y 13, del sector 3 del CONJUNTO PARQUE
RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), encontrándose en juego su
integridad física y su vida, tal como lo respalda los informes técnicos que se
anexan a esta demanda. Asimismo, destaca la impostergable necesidad de
emprender obras correctivas para evitar el deterioro anormal y consecuente colapso
de todo el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”.
Que “en el caso de marras, se puede afirmar sin lugar
a equívocos, que los hechos alegados se hallan plenamente establecidos, con
fundamento en los diversos informes técnicos, citados anteriormente y
elaborados por organismos especializados en materia de evaluación de riesgos, a
quienes les está atribuida dicha esfera de actuación como parte de su
competencia, emanando para ello documentos administrativos con el valor
probatorio que se desprende adminiculándolos entre si y con el resto de los
elementos de prueba. Los referidos organismos especializados son los
siguientes: 1. El Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de
Desastres (IMGRAD). 2. La Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador. 3. La Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente”.
Que “es un hecho notorio comunicacional, conocido
suficientemente, los problemas que padece el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL
TERRAZAS DE LA VEGA, producto de las lluvias y el desprendimiento de
formaciones rocosas, en virtud de haber sido referidos por diversos medios de
comunicación social, tanto audiovisuales como impresos. De igual forma, las
fotografías y videos tomadas por los propios afectados en los diferentes
sucesos acaecidos en el citado Complejo Habitacional y aportadas por esta
Institución Nacional de Derechos Humanos, aunadas al resto de las otras
pruebas, no dejan lugar a duda de los hechos acaecidos en ese complejo
urbanístico cada vez que se producen precipitaciones en el lugar. En virtud de
todo lo anterior, resultan irrefutables los siguientes hechos: 1. Que el
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA se levantó sobre una cuenca hidrográfica de tipo dendrítica. 2. Que el curso natural de las aguas pluviales
desembocan en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA. 3. Que el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA se encuentra rodeado por el lado norte por grandes taludes con una fuerte inclinación. 4. Que cuando llueve,
las aguas pluviales caen en forma de torrentera en diversos puntos del CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA, principalmente en las adyacencias de
los edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3 de
la primera etapa. 5. Que cuando llueve en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL
TERRAZAS DE LA VEGA se producen aluviones, arrastrando gran cantidad de
sedimento y capa vegetal, principalmente en las adyacencias de los edificios
identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3 de la primera
etapa. 6. Que el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA carece de las obras necesarias, dirigidas a canalizar y mitigar los efectos de las
lluvias o de los derrumbes. 7. Que las familias de los edificios identificados
con los números 9, 10, 11, 12 y 13 han tenido en diversas oportunidades que
abandonar sus viviendas, en vista del inminente peligro. 8. Que las familias
que habitan el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA sufrieron, en varias oportunidades, la pérdida de sus bienes materiales, específicamente
enseres, vehículos y motos. 9. Que los jardines adyacentes a los taludes han sido
destruidos por las torrenteras”. Que “como consecuencia de lo antes descrito, es
posible afirmar en forma categórica que los hoy propietarios y residentes de
las viviendas que conforman el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA, han sido sometidos por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., a una serie de circunstancias inesperadas y sorpresivas para ellos, pues se
observa como el referido desarrollo habitacional ha presentado una serie de
vicios que estaban ocultos para los compradores, mas no para la referida
sociedad mercantil”.
Que “en diversas oportunidades, el deslave producto
de las aguas pluviales ocurrido en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA ha inundado la planta baja de los edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12
y 13, con la consecuente pérdida de los bienes muebles. Además, la torrentera
que baja adyacente a los edificios antes aludidos, así como el aluvión de
sedimento, rocas y capa vegetal que arrastra, ha obligado a dichas familias a
salir intempestivamente de sus vivienda con el objeto de resguardar su
integridad física y dirigirse hacia un espacio seguro para permanecer hasta que
cese este fenómeno, dejando a su suerte sus bienes muebles. Ahora bien, los
efectos que las precipitaciones generan sobre los edificios identificados con
los números 9, 10, 11, 12 y 13 del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA eran conocidos por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., para el momento de la construcción del citado Conjunto Residencial, pues fotos
anteriores a las obras delatan la existencia de esas torrenteras. Además, los
estudios de suelo así lo debieron reflejar, debiendo concluirse su mala fe,
pues no emprendieron las obras necesarias para corregir dichos problemas.
Incluso, a pesar que los contratos deben ser ejecutados de buena fe,
trascurridos más de seis (6) años de los deslaves y derrumbes acaecidos en ese
Conjunto Residencial en el 2005, las obras necesarias para mitigar el riesgo no
han sido desarrolladas por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., lo cual por si solo demuestra que dicha empresa ha actuado de mala fe”.
Que “las circunstancias antes referidas, sin lugar a
duda, representan una desnaturalización de la función de la vivienda, la cual
más que un lugar que ofrece seguridad y tranquilidad para la familia, se
transforma en una especie de trampa en la cual las familias que allí habitan
pueden, en cualquier momento, llegar a perder sus vidas. De tal forma que, por
un lado, las salidas imprevistas para resguardar su integridad física y, por el
otro, la zozobra y desasosiego constante al que se encuentran sometidas estas
familias, obligan en forma categórica a calificar dichas viviendas como no
dignas, pues desde hace mucho tiempo no cumplen el fin para el cual fueron
adquiridas. Más aún, cuando los edificios identificados con los números 9, 10,
11, 12 y 13 del sector 3, de la primera etapa, reflejan problemas estructurales
graves a nivel de las juntas de dilatación, que además se evidencian en la
fractura de las paredes y pisos, producto de deslizamiento del terreno, a causa
de la no canalización de las aguas, situación esa que imposibilita el continuar
utilizando las viviendas, pues en cualquier momento podría colapsar toda la
estructura y derrumbarse los edificios. Por todo lo anterior, es que el
Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres
(IMGRAD), recomendó la reubicación inmediata de todas las familias que habitan
en los edificios identificados 9, 10, 11, 12 y 13, antes aludidos. De tal forma
que no existe alternativa posible. Es imperiosa y urgente la reubicación
inmediata de las ciento cincuenta (150) familias que habitan esos edificios, a
los fines de resguardar su vida e integridad física, en los términos consagrados
en el artículo 43 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela”.
Que “en ese sentido, el artículo 1518 del Código
Civil expresa que el vendedor se encuentra obligado al saneamiento de ley,
cuando en razón de los vicios ocultos la cosa vendida no presta el uso para el
que estaba destinada. Así, el citado artículo señala; Articulo 1518.- El
vendedor está obligado al saneamiento de la cosa vendida por los vicios o
defectos ocultos que la hagan impropia para el uso a que éste destinada, o que
disminuya el uso de ella de tal manera que si el comprador los hubiera
conocido, no la habría comprado o hubiera ofrecido un precio menor. Ahora bien,
vista la situación anterior generada por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE
LA VEGA, C.A., aunado a la relación directa de la presente causa con el
derecho humano a la vivienda digna y segura, resulta indispensable que la
referida compañía deba entregarle a cada familia de los edificios identificados
con los números 9, 10, 11, 12 y 13 otra vivienda, de características similares
dentro del área de la ciudad de Caracas, la cual les permita disponer de la
calidad de vida que esperaban encontrar en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL
TERRAZAS DE LA VEGA, y que la referida compañía les ofrecía en su publicidad”.
Que “en este marco, la lesión constitucional
ocasionada por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., sólo se puede restablecer mediante la entrega en forma inmediata de otra vivienda
que permita disponer de la calidad de vida que esperaban encontrar en el citado
Conjunto Habitacional. No existe ningún otro tipo de remedio, pues una
indemnización monetaria no es suficiente para reparar el derecho constitucional
a la vivienda digna a la que tienen derecho las ciento cincuenta (150) familias
que habitan en los edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13”.
Que “por otro lado, el resto del CONJUNTO PARQUE
RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA, si bien no sufre en forma directa los embates
de las torrenteras, tal como ocurre con los edificios identificados con los
números 9, 10, 11, 12 y 13, no es menos cierto que a diez años de construido el
desarrollo habitacional, el mismo muestra evidencia de un deterioro anormal y
acelerado que no se corresponde con lo razonablemente esperado. Ese detrimento
en el Conjunto Residencial, sólo es producto de los daños que ha venido
ocasionando la inexistencia de las obras de canalización y de mitigación de las
aguas pluviales, pues al haberse construido este complejo habitacional en una
cuenca hidrográfica era indispensable emprender dichos trabajos en primera
instancia. Como lo demuestran los informes técnicos, tal situación no ha
permitido la compactación del suelo y ha repercutido en el asentamiento y
desplazamientos posteriores del mismo, con la inevitable fractura de
estructuras que en este momento se perciben a simple vista en los corredores
viales”.
Que “por tal razón, la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador y la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, recomendaron realizar estudios de suelo en todo el
Conjunto Residencial, para así poder conocer los daños y poder determinar las
obras a realizar. El no emprender obras que frenen el deterioro y corrijan los
problemas conducirá irremediablemente al colapso de todo el Complejo
Habitacional con la consecuente lesión al derecho constitucional a una vivienda
digna y segura que pueda ofrecer calidad de vida del resto de familias que
habitan la primera etapa del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA”.
Que “de todos los elementos de hecho y de derecho
contenidos en la presente demanda, resulta inevitable concluir lo siguiente: En
el presente caso existe una amenaza inminente de vulneración del derecho a la
vida de las personas que habitan los edificios identificados con los números 9,
10, 11, 12 y 13 del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), derivado de la inexistencia de las obras necesarias para el adecuado
manejo de los factores naturales presentes en el terreno donde se asienta el
referido Complejo Habitacional. Asimismo, se evidencia la vulneración del
derecho a la vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica de todos los
habitantes del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), en razón de que los inmuebles que actualmente disponen para el
ejercicio de este derecho carecen de los elementos indispensables para cubrir
los estándares constitucionales vinculados con la vivienda digna, todo ello derivado,
una vez más, de la inexistencia de las obras necesarias para el adecuado manejo
de los factores naturales presentes en el terreno donde se asienta el referido
Complejo Habitacional”.
Que “igualmente, se constata la vulneración del
derecho a la salud de las familias que habitan los edificios identificados con
los números 9, 10, 11, 12 y 13 del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), toda vez que la situación de zozobra y desasosiego constante en la que
se encuentran dichas familias, derivadas del inminente riesgo que pesa sobre su
vida y sus bienes ante inexistencia de las obras necesarias para el adecuado
referido Complejo Habitacional, indefectiblemente afecta su estado completo de
bienestar fisico, mental y social. De la misma forma, resulta notable la
afectación de la calidad de vida de todos los habitantes del CONJUNTO PARQUE
RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA), habida cuenta de la oferta
formulada por la sociedad mercantil responsable del desarrollo de este Conjunto
Residencial y de las expectativas generadas en todos y cada uno de los sujetos
que, de buena fe, cifraron sus esperanzas y ahorros en este proyecto
habitacional. Finalmente, de todos estos elementos se desprende el
improrrogable deber del Estado, a través de sus instituciones, de adoptar todas
las medidas que estén a su alcance para hacer cesar la amenaza a los derechos
constitucionales y reestablecer aquellos que ya hayan sido vulnerados, tal como
lo exigen los postulados del Estado democrático y social de Derecho y de
Que “sobre la base de lo dispuesto en el artículo 163
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos a
esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decrete las
medidas cautelares que más adelante se detallan a los fines de evitar que,
durante el curso del proceso y antes de la sentencia definitiva, se concrete la
vulneración del derecho a la vida (actualmente amenazado) recogido en el
articulo 43 de la Constitución de la República, así como que persistan y se agraven las lesiones al derecho a la salud y a una vivienda digna, contemplados en los
artículos 82 y 83 de la Carta Magna o en todo caso se produzca una afectación
irreparable que haga inútil la sentencia definitiva. En tal sentido, es
importante destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esta Institución Nacional de Derechos Humanos goza
de las mismas prerrogativas procesales en el ejercicio de sus funciones que las
previstas para el Fisco Nacional y Procuraduría General de la República. En consecuencia, es suficiente que la Defensoría del Pueblo demuestre uno solo de los extremos legales exigidos por el articulo 588 del Código de Procedimiento
Civil, para que el Juez esté obligado a decretar la procedencia de la medida
cautelar solicitada, todo conforme a lo previsto en el articulo 92 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”.
Que “la presunción de buen derecho se desprende del
hecho que la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A. era la única y exclusiva dueña de los terrenos sobre los cuales se construyó el
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA. Asimismo, dicha empresa fue quien construyó, ofertó y vendió los inmuebles que forman
parte del mencionado Conjunto Habitacional, tal como se evidencia de los
contratos de compra venta suscritos por la referida sociedad mercantil y las
familias adquirientes. Como evidencia de ello, se anexa una copia simple de un
contrato de compra venta marcado con la letra ‘V’. Igualmente, la presunción de
buen derecho se verifica ante el hecho de que la presente demanda se fundamenta
en la violación o amenaza de derechos humanos, reconocidos a todas las personas
por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales sobre esta materia suscritos y ratificados por la República”.
Que la “presunción grave del peligro en la mora o
peligro del daño se desprende, en forma evidente, del conjunto de informes
técnicos que se anexaron a la presente demanda y fueron comentados en el capítulo
destinado a la exposición de los hechos, el cual damos aquí por reproducido. En
efecto, los Informes Técnicos emanados del Instituto Municipal de Gestión de
Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD), de la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador, y de la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, señalan de manera categórica el peligro real e
inminente que corren las familias que habitan los edificios identificados con
los números 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3, de la primera etapa del CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA”.
Que “es necesario reiterar que en el Informe
elaborado por Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de
Desastres, identificado con el número IMGRAD-OO 102-11, de fecha 19 de enero de
2011, se recomendó ‘el desalojo y reubicación de las familias afectadas de las
inmediata por la empresa promotora para salvaguardar la integridad física de
los residentes’, lo cual ratifica la existencia de un riesgo concreto de
vulneración de derechos humanos para las cientos de familias que habitan los
referidos inmuebles. La situación de riesgo real e inminente, prolijamente
expuesta en el capitulo de los hechos, obedece a la adyacencia de los edificios
identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3, de la primera
etapa del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA al talud por donde desemboca una torrentera cuyo caudal de agua frecuentemente arrastra
gran cantidad de sedimento, rocas y capa vegetal, a lo que se suma los
desprendimientos constantes de rocas de diversos tamaños y los daños que se
observan en la estructura de los citados edificios. Todo ello, ratifica el
peligro de colapso y desplome de estos inmuebles en cualquier momento”.
Solicitó como medida cautelar:
“PRIMERO: Ordenar la reubicación de las ciento cincuenta (150)
familias que habitan en los edificios identificados con los números 9, 10, 11,
12 y 13 del sector 3 de la primera etapa del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL
TERRAZAS DE LA VEGA, por parte de la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., en viviendas de misma naturaleza y características, que les garanticen una
calidad de vida similar a la que se ofertó y fue adquirida para el momento de
la venta de los referidos inmuebles, quedando a cuenta y riesgo de la citada
compañía el traslado de bienes de las familias cuya reubicación se solicita.
Asimismo, solicitamos que se fije un lapso máximo de 30 días continuos para que
la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A. culmine el proceso de reubicación de las familias. En el supuesto de finalizar el plazo señalado
anteriormente o el que establezca esta Sala Constitucional sin que haya logrado
reubicar a todas las familias, solicitamos que este Tribunal Supremo de
Justicia ordene la reubicación inmediata de las referidas familias a cuenta y
riesgo de la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A.
SEGUNDO: Dictar las medidas asegurativas necesarias e idóneas
tendentes a garantizar los compromisos que la sociedad mercantil PROMOTORA
PARQUE LA VEGA, C.A., esté obligada a asumir a fin de poder cumplir con lo
ordenado por esta Sala Constitucional, bien durante el curso del proceso o en
la ejecución de la sentencia definitiva. Asimismo, expresamente solicitamos que
estas medidas asegurativas se extiendan a todas y cada una de las sociedades
mercantiles relacionadas con la PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., tales como la sociedad mercantil PROMOTORA CASARAPA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda en fecha 27 de septiembre de 1991, bajo el Nº 15, Tomo 158-A-,
domiciliada en la ciudad de Caracas, Municipio Libertador y la sociedad
mercantil COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., inscrita en el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1975, bajo el No. 28, tomo 63— sgdo.
De igual forma, pedimos se dicten medidas asegurativas contra los
bienes de los administradores de las referidas sociedades mercantiles, el
ciudadano JUAN GUILLERMO ÁLAMO ÁLAMO, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-3.973.318, y del ciudadano
ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad No. V-2.935.939, ambos en su condición de
administrador de la sociedad mercantil demandada y de las sociedades
mercantiles antes referidas, tal como se señaló en el punto previo de la
Por último, en caso de que esta Sala Constitucional estime no
procedente la solicitud de la medidas cautelares innominadas referidas
anteriormente, solicitamos que mediante el poder cautelar del juez
constitucional, dicte de oficio cualquier otra medida que considere pertinente
y necesaria para salvaguardar las resultas del juicio y evitar las lesiones
constitucionales denunciadas”.
solicitó que en la definitiva sea declarada con lugar y, en consecuencia:
“TERCERO: Que en virtud de la declaratoria con lugar de esta
demanda, se ordene a la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., entregar a las ciento cincuenta (150) familias que habitan en los edificios
etapa del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA la propiedad de una vivienda que les garantice un nivel de vida similar al que se les
ofertó y fue adquirido para el momento de la compra de los referidos inmuebles,
a los fines de que estas familias la ocupen en forma inmediata.
Las referidas viviendas deberán contar con las mismas
características de las que actualmente ocupan y encontrarse totalmente desocupadas
y libres de personas.
A tal fin, tanto los gastos de traslado de los bienes muebles como
los de protocolización del documento, tributos y demás requisitos para la
materialización de la tradición, deberán correr por cuenta de la sociedad
mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A.
Asimismo solicitamos se fije, en la misma sentencia definitiva, un
lapso que no exceda de noventa (90) días continuos como plazo máximo para la
ejecución voluntaria de dicha sentencia, en el entendido de que finalizado ese
lapso se considerará que la referida sociedad mercantil se niega a cumplir con
lo ordenado, dando paso a la ejecución forzosa.
CUARTO: Que en virtud de la declaratoria con lugar de esta demanda,
se ordene a la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A. la demolición de los edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13
del sector 3, de la primera etapa del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA, por su cuenta y riesgo.
Asimismo, solicitamos que en el supuesto de que la sociedad mercantil
PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., se niegue a ejecutar la demolición de los
edificios identificados con los números 9, 10, 11, 12 y 13 del citado Complejo
Habitacional, se encargue la demolición a un tercero a cuenta y riesgo de la
referida sociedad mercantil.
QUINTO: Que en virtud de la declaratoria con lugar de esta demanda,
se ordene a la PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A la realización de los estudios
técnicos necesarios para determinar el impacto y gravedad de los problemas del
suelo en todo el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA, así como las posibles soluciones y el tiempo aproximado para su ejecución.
A tal fin solicitamos se designe una comisión conformada por
diferentes expertos, la cual deberá presentar su informe dentro de un lapso que
no podrá exceder de 30 días continuos luego de su juramentación como auxiliares
de justicia accidentales y cuyos honorarios profesionales correrán a cuenta y
SEXTO: Que en virtud de la declaratoria con lugar de esta demanda,
se ordene a la PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A. ejecutar las obras que señale el
informe redactado por la Comisión referida anteriormente.
Para tal fin, solicitamos se ordene a la sociedad mercantil
PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., presentar dentro de 10 días continuos, contados
a partir de la consignación del informe por parte de la citada Comisión, un
cronograma de ejecución de obra. Asimismo, solicitamos se establezca que la
comunidad designará el ingeniero residente de la obra, cuyos honorarios
correrán por cuenta de la referida sociedad mercantil, quien deberá presentar
un informe mensual de avance de obra al Tribunal Supremo de Justicia
debidamente firmado por la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, y por el o los representantes del Conjunto Residencial.
Para el supuesto que la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., se niegue a ejecutar las obras ordenadas por el informe, solicitamos se encargue
a un tercero realizar la obra por cuenta y riesgo de la referida empresa.
SÉPTIMO: Que en virtud de la declaratoria con lugar de esta demanda
y en el supuesto de que el informe de la referida Comisión señale que el
Complejo habitacional no es apto para vivir, pues no reúne las condiciones
mínimas de seguridad, se ordene a la PROMOTORA PARQUE LA VEGA, CIA la reubicación de todas las familias que habitan en el CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA y la demolición de los edificios, todo
ello a cuenta y riesgo de la citada sociedad mercantil.
OCTAVO: Que se declare procedente las medidas cautelares solicitadas
o en su defecto esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia con fundamento en los poderes cautelares del juez constitucional,
dicte las medidas necesarias para resguardar la vida y la integridad física de
las familias que habitan en los edificios identificados con los números 9, 10,
11, 12 y 13 del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”.
La Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.522 del 1 de octubre de 2010, establece en su artículo 25.21
la competencia de esta Sala para: “Conocer las demandas y pretensiones de
amparo para la protección de intereses difusos y colectivos cuando la
controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes
especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, corresponda al
contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral”.
Ello así, esta Sala en sentencia
del 30 de junio de 2000, caso: “Dilia Parra Guillén”, realizó
pronunciamiento expreso respecto de la consagración en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de los derechos e intereses difusos o
colectivos, como categoría de legitimación procesal de grupos, señalando en tal
oportunidad, respecto a su conceptualización lo siguiente:
“Con los derechos e intereses difusos o colectivos, no se trata de
proteger clases sociales como tales, sino a un número de individuos que
pueda considerarse que representan a toda o a un segmento cuantitativamente
importante de la sociedad, que ante los embates contra su calidad de vida
se sienten afectados, en sus derechos y garantías constitucionales destinados a
mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se van disminuyendo o
desmejorando, por la acción u omisión de otras personas. (...)
...los colectivos, referidos a un sector poblacional determinado
(aunque no cuantificado) e identificable, aunque no
...en los colectivos, la prestación puede ser concreta, pero
exigible por personas no individualizables” (Subrayado
de este fallo).
Sobre la base de la sentencia parcialmente transcrita,
esta Sala advierte que la presente demanda, dadas sus características
generales debería ser calificada inicialmente como una acción de tutela de
derechos o intereses colectivos, lo cual generaría la incompetencia de esta
Sala para conocer dicha demanda de conformidad con el artículo 25.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto
se trata de un sector poblacional determinado e
identificable, aunque individualmente, de modo que dentro del conjunto de
personas existe un vínculo jurídico que los une entre ellos, como el de un grupos
de vecinos del Conjunto Parque
Residencial Terrazas de la Vega.
Sin embargo, en el presente caso convergen
circunstancias excepcionales, no trasladables a otros supuestos vinculados con
la tutela de derechos fundamentales a la vida, salud y a la vivienda digna, de
aquellos que conforman un sector -o no- poblacional
identificable e individualizado (difusos y colectivos).
En tal sentido, se advierte que la presente demanda está
dirigida a la tutela de “aproximadamente mil trescientos veinte (1320) familias
(sic) [150 familias] que conforman el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL
TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”, lo cual si bien constituye el número elevado
de familias afectadas, ello debe adminicularse al posible riesgo inminente que existe
sobre la vida, salud y la vivienda de este cúmulo de personas, conforme a las denuncias
planteadas y, particularmente, a los elementos de convicción presentados
conjuntamente con la demanda interpuesta, tales como los informes órganos
especializados en materia de riesgos de la Administración Pública Municipal (Cfr. Anexos J, K, L, M, N y T) en relación con informes
técnicos de la Dirección de Control Urbano del Municipio Libertador (Cfr.
Anexos O, P y Q), los cuales indican que en principio “todo el sector se
encuentra en alto riesgo (…). Bajo este panorama existe una alta vulnerabilidad
en toda la zona, entendiéndose esta última el nivel o grado de respuesta
inmediata que pueda tener una población ante un evento natural determinado”
(Cfr. Anexo U, folio 115).
Bajo tal marco, tampoco es ajeno a la labor
jurisdiccional de esta Sala -ya que constituye un hecho público comunicacional-
la significativa y preocupante problemática surgida en el mercado inmobiliario,
relacionada con el necesario pero insuficiente desarrollo habitacional a cargo
de la República, los Estados y Municipios, así como de empresas constructoras,
promotoras y demás empresas del ramo de carácter público o privado.
Ello si bien, no resulta suficiente para calificar la
presente demanda como de trascendencia nacional, se le añade la particular
problemática que atraviesa la República y, particularmente entidades federales como el Distrito Capital, como consecuencia de la más reciente temporada de
lluvias, que incidió directamente en un elevado número viviendas y terrenos,
que ha generado la afectación directa de personas y familias y,
particularmente, en la posibilidad de contar en espacios donde habitar
En estas circunstancias, la Sala estima que la situación de eminente riesgo que en principio se encuentran las “aproximadamente
mil trescientos veinte (1320) familias (sic) [150 familias] que
conforman el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”, conlleva a que en el marco de la actual crisis habitacional y el
elevado número de personas afectadas, la reubicación de estas familias en
situación de riesgo vital, es una situación merece ser
protegida a través de una acción específica de tutela de intereses
suprapersonales, en tanto la afectación directa e inminente de las viviendas de
tales familias, incidiría perjudicialmente a las personas y familias ya
afectadas -o que puedan verse afectadas- por la actual crisis de vivienda, al
incrementar el numero de sujetos objeto de una necesaria y especial protección
por parte de los órganos competentes, por lo que no se constituyen -en principio- en un sector poblacional
identificable e individualizado, pero que a pesar de no tener un vínculo
jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Por tal razón, esta Sala es competente para conocer y decidir la
acción propuesta para la tutela de intereses colectivos ejercida, y así se
LA ADMISIBILIDAD
En la oportunidad de decidir, esta Sala
Analizado el escrito de solicitud de
amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la demanda por intereses
colectivos y difusos interpuesta, la Sala observa que el mismo cumple con todos
los requisitos contenidos en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, se observa que la presente demanda
no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas
en el artículo 150 de la de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aunado a que esta Sala advierte que de conformidad con la
sentencia Nº 1.114/10, “compete sólo a la Defensoría del Pueblo la incoación o la asistencia técnica en este tipo de acciones dirigidas
a la tutela de intereses colectivos y difusos por expresa habilitación
constitucional y legal”, en
tanto que “el Constituyente de 1999, como el legislador, a través de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, fijaron dicha competencia procesal en cabeza de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 281.2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los numerales 2, 3
y 4 del artículo 14 de la mencionada Ley Orgánica”,
de tal forma que la misma resulta admisible, y así se
El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del Capítulo II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, inscrito en el Título XI, denominado “Disposiciones
Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su seno. Lo
anterior permite traer a colación lo expuesto en la sentencia N° 1.025 del 26
de octubre de 2010, caso. “Constitución del Estado Táchira”, que
estableció, respecto de los proveimientos cautelares dictados con fundamento en
dicha norma que:
transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala
(Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar
constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y,
por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo
de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no
constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una
decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho
sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz
funcionamiento de la función jurisdiccional.
Significa entonces,
que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza
provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar
la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no
garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en
la medida en que no será útil para la realización de ésta. Resulta así
oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz
servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de
fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las
medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión
definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo
definitivo. Entonces, el
fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y
profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un
conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento
de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual,
deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los
intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad
de los actos del Poder Público”. En aplicación de las anteriores premisas, considera la Sala, de una revisión preliminar y no definitiva de los elementos probatorios cursantes a los
autos, así como de las alegaciones vertidas por los accionantes y de la
ponderación de los intereses colectivos involucrados, que hay elementos que
hacen presumir un menoscabo de derechos fundamentales a la
vida, salud y a la vivienda digna, de los posibles afectados.
dirigida a la tutela de “aproximadamente mil trescientos veinte (1320)
familias (sic) [150 familias] que conforman el CONJUNTO PARQUE
RESIDENCIAL TERRAZAS DE LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”, lo cual si bien constituye
un número elevado de familias afectadas, ello debe adminicularse al posible
riesgo inminente que existe sobre la vida y la vivienda de este cúmulo de
personas, conforme a las denuncias planteadas y, particularmente, a los
elementos de convicción presentados conjuntamente con la demanda interpuesta,
tales como los informes de órganos especializados en materia de riesgos de la Administración Pública Municipal (Cfr. Anexos J, K, L, M, N y T) en relación con informes
Lo anterior, en criterio de la Sala, y sin que ello represente un juicio definitivo sobre el caso, constituye una presunción de buen derecho -fumus
boni iuris- que obra en beneficio de los accionantes, que debe ser tutelado
cautelarmente para evitar la concreción de un daño irreparable de las 150 familias que conforman el Conjunto Parque Residencial
Terrazas de la Vega (Primera Etapa), sino que incidiría
perjudicialmente a las personas y familias ya afectadas por la actual crisis de
vivienda o que puedan verse perjudicadas, hasta tanto se dice la
sentencia definitiva en el presente caso.
En consecuencia, esta Sala en aras de garantizar la operatividad de los
derechos a la vida, vivienda y la salud, consagrados por los artículos 43, 82 y
83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreta las siguientes medidas cautelares:
1.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre todos los bienes de las
sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en
fecha 12 de marzo de 1998, bajo el Nº 4, Tomo 51-A-pro., domiciliada en la
ciudad de Caracas, Municipio Libertador; PROMOTORA CASARAPA, C.A.,
inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda en fecha 27 de
septiembre de 1991, bajo el Nº 15, Tomo 158-A-, domiciliada en la ciudad de
Caracas, Municipio Libertador; PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en
ciudad de Caracas, Municipio Libertador; COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y
DESARROLLO COINDECA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de
1975, bajo el No. 28, tomo 63-Sgdo. y; sobre todos los bienes de los
ciudadanos JUAN GUILLERMO ÁLAMO ÁLAMO, titular de la cédula de identidad No. V-3.973.318 y ALBERTO RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad No. V-2.935.939. En
consecuencia, se ORDENA notificar de la presente decisión al Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y al Servicio Autónomo
de Registros y Notarías. 2.- BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE
CUENTAS BANCARIAS de las sociedades mercantiles PROMOTORA
PARQUE LA VEGA, C.A., PROMOTORA CASARAPA, C.A.,
PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO
COINDECA, C.A., y; los ciudadanos JUAN GUILLERMO
ÁLAMO ÁLAMO, y ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ya
identificados. En consecuencia, se ORDENA notificar de la presente
decisión a la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario a los fines
que oficien a los entes sometidos a su control y supervisión del contenido de
la presente decisión.
3.- PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS a los
ciudadanos JUAN GUILLERMO ÁLAMO ÁLAMO, y ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
ya identificados. En consecuencia, se ORDENA notificar de la presente
decisión al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
y al Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería.
4.- Se ORDENA
a la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., presente ante esta Sala un plan detallado para la reubicación de las 150
familias que conforman el Conjunto Parque Residencial Terrazas de la Vega (Primera Etapa) dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente
decisión, que garantice la reubicación temporal de las mencionadas familias. 5.- Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat, el Ministro de Estado para la Reconstrucción de Caracas, la Jefa Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía Metropolitana y el Alcalde del Municipio Libertador, implementar las medidas
necesarias, que garanticen la reubicación de 150
familias que conforman el Conjunto Parque Residencial Terrazas de la Vega (Primera Etapa).
6.- Se ORDENA al Ministerio Público y al
Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, realizar las gestiones
necesarias para determinar la existencia de activos en el extranjero de las
sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., y; los
ciudadanos JUAN GUILLERMO ÁLAMO ÁLAMO, y ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ya identificados. 7.- Se ORDENA al Síndico Procurador Municipal del
Municipio Libertador del Distrito Capital, remitir copia certificada de toda
permisología en materia urbanística del complejo habitacional CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS LA VEGA. V
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara:
1.- COMPETENTE y ADMITE la demanda de
protección de derechos e intereses colectivos y difusos, interpuesta
conjuntamente con medida cautelar innominada, contra “la sociedad mercantil
PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda en fecha 12 de
2.- PROCEDENTE la medida cautelar solicitada,
en los siguientes términos: (i).- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre todos los bienes de
las sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en
de Registros y Notarías. (ii).- BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE
Instituciones del Sector Bancario a los fines que oficien a los entes
sometidos a su control y supervisión del contenido de la presente decisión.
(iii).- PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS a los
y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración
y Extranjería.
(iv).- Se ORDENA
decisión, que garantice la reubicación temporal de las mencionadas familias. (v).- Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular para
(vi).- Se ORDENA al Ministerio Público y al
ciudadanos JUAN GUILLERMO ÁLAMO ÁLAMO, y ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ya identificados. (vii) Se ORDENA al Síndico Procurador Municipal
del Municipio Libertador del Distrito Capital, remitir copia certificada de
toda permisología en materia urbanística del complejo habitacional CONJUNTO
PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS LA VEGA. Publíquese, regístrese y cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de febrero
de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
CARMEN ZULETA DE
Exp. N º AA50-T-2011-0211

References: artículo 43
 artículo 1518
 artículo 163
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 147
 artículo 150
 artículo 281
 artículo 14
 artículo 130