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Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. TÍTULO QUINTO. De los instrumentos de la política de suelo y de vivienda (Vigente hasta el 13 de Junio de 2007).
CAPÍTULO IReservas de terrenos de posible adquisición
2. A las reservas de terrenos de posible adquisición, previstas por el planeamiento urbanístico general es aplicable, si procede, lo que establece el artículo 108.
CAPÍTULO IIPatrimonios públicos de suelo y de vivienda
Patrimonios públicos de suelo y de vivienda 1. La Administración de la Generalidad y los ayuntamientos constituyen los patrimonios de suelo y de vivienda respectivos.
2. El patrimonio público de suelo y de vivienda es constituido por los edificios y el suelo susceptibles de cumplir las finalidades especificadas por el apartado 4, tanto si es titular una administración territorial como si son las entidades urbanísticas especiales.
3. El patrimonio público de suelo y de vivienda de la Generalidad se constituye por medio del Instituto Catalán del Suelo. Las administraciones territoriales que también tengan competencias urbanísticas pueden constituir su patrimonio mediante una entidad urbanística especial, si lo acuerdan así.
4. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 156.2, el patrimonio de suelo y de vivienda de los entes públicos se destina a las finalidades siguientes:
a) Prever, poner en marcha y desplegar, técnicamente y económicamente, la expansión de las poblaciones y la mejora de la calidad de vida.
5. La administración y la disposición del patrimonio público de suelo y de vivienda deben vincularse a la consecución de las finalidades determinadas por el apartado 4.
Proyecto de delimitación para la adquisición por expropiación de reservas de suelo para el patrimonio público de suelo 1. La adquisición por expropiación de las reservas de suelo a que se refiere el artículo 151 debe llevarse a cabo con la tramitación previa de un proyecto de delimitación para el patrimonio público de suelo, ajustado al procedimiento establecido para aprobar los planes de ordenación urbanística municipal y de acuerdo con lo establecido por el artículo 146.
3. Con independencia de las viviendas de protección pública destinados a reposición, se debe hacer la reserva de un mínimo del 25% del total de viviendas previstos en las delimitaciones para nuevas ofertas de viviendas de protección pública, sin perjuicio de lo que establece el artículo 155.2.
Número 3 del artículo 154 redactado por el número dos del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 155
2. En el supuesto de que se trate de terrenos expropiados en suelo urbanizable no delimitado y en suelo no urbanizable no sometido a protección especial, es preciso que se constate el compromiso de la administración expropiadora de poner a disposición del mercado inmobiliario, bajo el régimen de protección pública, todas las viviendas resultantes, mediante alquiler, derecho de superficie u otras fórmulas admitidas en derecho que comporten la titularidad pública del suelo como mínimo a lo largo de treinta años desde la primera utilización de las viviendas.
2. El suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, se incorpora al patrimonio municipal de suelo y de vivienda. Si los terrenos son de uso residencial, el producto obtenido de la enajenación del suelo carente de la calificación de vivienda protegido pasa a formar parte del depósito municipal constituido a tal efecto y debe destinarse obligatoriamente a la finalidad especificada por el artículo 153.4.b, mediante un régimen de protección pública.
Número 2 del artículo 156 redactado por el número ocho del artículo 19 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). 3. El volumen del patrimonio municipal de suelo y de vivienda debe ajustarse tanto a las necesidades previstas por el plan de ordenación urbanística municipal y por el programa de actuación urbanística municipal como a los medios económicos de cada ayuntamiento.
2. Los ingresos obtenidos mediante la enajenación y la gestión de los bienes del patrimonio municipal de suelo y de vivienda deben destinarse a conservarlo y ampliarlo.
Cesión y enajenación de terrenos 1. Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal pueden dar prioridad a unas finalidades sobre las otras, entre las que especifica el artículo 153.4, salvando lo que dispone el artículo 156.2. Dentro del marco establecido por estos preceptos, las administraciones pueden ceder y enajenar los terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda.
Cesión 1. Todas las cesiones de terrenos a título gratuito quedan condicionadas al hecho de que sean efectivamente destinadas a atender necesidades de vivienda de carácter social o finalidades de equipamiento comunitario, a generar actividad económica en áreas deprimidas o a gestionar las reservas determinadas por el artículo 153.4.d.
Enajenación 1. La enajenación de terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda requiere un concurso público, excepto en los casos de enajenación directa regulados por el artículo 161.
2. La enajenación de terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda por precio inferior a la resultante de la valoración de los terrenos debe ajustarse a lo que establece el artículo 159.
a) Si se destinan a entidades de carácter benéfico y social y a promotores públicos para construir viviendas protegidos.
Si la licitación pública queda desierta o bien quiebra por el incumplimiento de las obligaciones de las personas adjudicatarias, en el plazo de un año, siempre y cuando las personas adquirentes asuman las mismas obligaciones.
2. La titularidad de los terrenos a que se refiere el apartado 1 corresponde a los superficiarios por el plazo que establezca el acto de constitución del derecho de superficie, dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable.
3. En el caso de que los terrenos a que se refiere el apartado 1 integren el patrimonio público de suelo y de vivienda, la constitución onerosa o gratuita del derecho de superficie debe ajustarse a lo que establecen los artículos 158, 159, 160 y 161. Si el uso de estos terrenos es el residencial, las edificaciones tienen que ser destinadas necesariamente a viviendas de protección pública; en los otros casos, deben observarse las finalidades especificadas por las letras a y c del artículo 153.4.
4. Los aspectos sustantivos del derecho de superficie no regulados por este artículo, incluida la extinción, y también los aspectos procedimentales de este derecho, son regulados por la legislación que les sea aplicable.
Rúbrica del capítulo III del título V redactada por el número 10 del artículo 50 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Enajenación de bienes inmuebles por las entidades urbanísticas especiales 1. Los terrenos enajenados por las entidades urbanísticas especiales deben ser edificados en los plazos fijados en el acto de enajenación y no son susceptibles de ser enajenados a terceras personas por actos inter vivos si no se han cumplido las obligaciones de edificación fijadas. La entidad enajenante debe garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, configurándolas como condiciones resolutorias expresas en la escritura de enajenación.
2. La enajenación de las parcelas que sean propiedad del Instituto Catalán del Suelo se puede hacer directamente, con el anuncio previo de la enajenación en dos de los diarios de más difusión de la comarca y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en que se ubiquen, para promover la concurrencia de ofertas.
Número 3 del artículo 163 introducido por el número 10 del artículo 50 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Rúbrica del artículo 163 redactada por el número 10 del artículo 50 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
2. En la delimitación de las áreas a que se refiere el apartado 1 deben concretarse los tipos de fincas la transmisión de las cuales resta sujeta al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, que pueden ser los terrenos sin edificar, tanto los que son solares como los que no lo son, y los terrenos con edificaciones ruinosas o totalmente desocupadas. La delimitación de áreas se puede referir también a suelo clasificado como no urbanizable, a los efectos de lo que establece el artículo 153.4.d.
3. El acuerdo de delimitación de las áreas a que se refiere el apartado 1 puede declarar la sujeción al ejercicio de los derechos de las transmisiones de viviendas en construcción o construidos, siempre y cuando las personas transmisoras los hayan adquirido de la parte promotora. En el caso de viviendas construidas, es preciso también que la transmisión se proyecte o se perfeccione antes de que no haya transcurrido un año desde la finalización del edificio.
7. La falta de acreditación, de haberse notificado según el reglamento la enajenación de bienes afectados por delimitaciones de áreas, impide la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión efectuada.
Garantías de cumplimiento de las limitaciones de los regímenes de protección pública de viviendas De cara a garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones sobre precios máximos de venta de las viviendas sujetos a cualquier régimen de protección pública, mientras sea vigente la calificación correspondiente, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas y los ayuntamientos pueden delimitar áreas en las cuales tanto las primeras como las ulteriores transmisiones onerosas de viviendas queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 164, al ejercicio del derecho de venta a carta de gracia o a cualquiera otra garantía regulada por la legislación aplicable.
Procedimiento de delimitación de áreas 1. La delimitación de las áreas a qué hacen referencia los artículos 164 y 165 se puede hacer directamente en el planeamiento urbanístico, y también mediante el procedimiento de delimitación de polígonos en despliegue de lo que determine el planeamiento urbanístico. Las personas propietarias afectadas deben ser notificadas individualmente y deben cumplirse los requisitos establecidos por la legislación hipotecaria.
3. Los propietarios o propietarias deben iniciar la edificación a que estén obligados en los plazos establecidos y acabarla en los plazos fijados por la licencia municipal.
Registro municipal de solares sin edificar 1. Los ayuntamientos pueden crear el registro municipal de solares sin edificar, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y del reglamento que la despliegue.
2. El registro municipal de solares sin edificar tiene por objeto la inscripción de las declaraciones de incumplimiento de la obligación de edificar referidas a solares concretos. El registro es público, y todo el mundo puede obtener certificados de las inscripciones que consten.
3. Los asentamientos en el Registro de la Propiedad de los acuerdos relacionados con el registro municipal de solares sin edificar deben ajustarse a lo que establece la legislación hipotecaria
Inscripción del incumplimiento de la obligación de edificar 1. La declaración del incumplimiento de la obligación de edificar corresponde a los ayuntamientos, de acuerdo con lo que sea establecido por reglamento.
2. La obligación de edificar se incumple si no se inicia la edificación y si no se acaba en los plazos fijados por la licencia otorgada o en los fijados por las prórrogas de éstas.
Artículo 170 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 171
Consecuencias de la inscripción en el registro municipal de solares sin edificar 1. La inscripción en el registro municipal de solares sin edificar comporta la iniciación del expediente de enajenación forzosa o de expropiación, en que debe determinarse el justiprecio del solar mediante un procedimiento individualizado o por tasación conjunta.
c) El ayuntamiento puede someter la finca o el solar a enajenación forzosa mediante la subasta correspondiente, con el procedimiento que se establezca por reglamento. Si la subasta es declarada desierta, hay que convocar nuevamente, en el plazo de seis meses, con una rebaja del tipo de licitación de un 25%. Si la segunda subasta queda también desierta, el ayuntamiento, en el plazo de los seis meses siguientes, puede adquirir el solar por el precio mencionado.
3. Si, en el plazo de dos años, no se ha realizado la expropiación de la finca o si, después de quedar desierta, por segunda vez, la licitación pública, el solar no es adquirido por el ayuntamiento en los seis meses siguientes, queda en suspenso el régimen de enajenación forzosa durante un año. Una vez transcurrido este plazo de un año, si la persona propietaria no ha iniciado o no ha continuado la edificación o no ha garantizado el cumplimiento de la obligación de edificar, cualquier persona puede pedir al ayuntamiento la expropiación de la finca, de la cual será beneficiaria. El derecho a la adquisición debe determinarse por la prioridad de la solicitud.
5. La inclusión en el registro municipal de solares sin edificar de una finca en que haya alguna de las construcciones a que se refiere el artículo 167.2 no comporta la situación de venta forzosa hasta que han transcurrido dos años de la inscripción, siempre y cuando en este plazo los propietarios o propietarias no hayan iniciado o continuado las obras de rehabilitación o edificación y también si no han acabado dichas obras en el plazo fijado por la licencia.
Artículo 171 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 172
Efectos de la enajenación forzosa 1. La enajenación de una finca incluida en el registro municipal de solares sin edificar, por expropiación o por subasta, se produce con todas las cargas vigentes cuando no impidan el ejercicio de la obligación de edificar de acuerdo con el planeamiento urbanístico, siempre y cuando las mencionadas cargas hayan sido constituidas por un título anterior a la notificación, y a la anotación en el Registro de la Propiedad, de la declaración de incumplimiento de la obligación de edificar. En estos casos, del precio a pagar por la persona adquirente es preciso descontar el valor de las cargas que graven la finca y subsistan. El adquirente tiene que asumir expresamente, en la escritura de adquisición, el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las cargas expresadas.
2. Las cargas posteriores a la fecha de notificación y de anotación a que hacen referencia el apartado 1 o las que sean incompatibles con la obligación de edificar quedan extinguidas de pleno derecho por el hecho de la transmisión, y los registradores de la propiedad deben cancelarlas a solicitud de las personas interesadas, de acuerdo con la legislación hipotecaria. Los derechos personales que afectan la finca e impliquen la ocupación de ésta se extinguen con la correspondiente indemnización previa, y sin perjuicio del derecho de realojamiento, si corresponde.
3. Si son las personas propietarias las que se proponen iniciar o acabar la edificación, la concesión de la licencia comporta también la extinción definitiva de los arrendamientos y otros derechos personales, en los mismos términos a que se refiere el apartado 2, sin perjuicio del derecho de retorno regulado por la legislación de arrendamientos urbanos, y con la tramitación previa que corresponda, que debe establecerse por reglamento.
4. El pago o depósito de la indemnización a que se refiere el apartado 2 debe ser siempre previo a la cancelación del derecho de que se trate y al ulterior desalojo.
Artículo 172 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 173
Obligaciones de las personas adquirentes Las personas adquirentes de solares están obligados a iniciar o reanudar la edificación en el plazo de un año a partir de la fecha de toma de posesión de la finca o de la obtención o la actualización, si procede, de la licencia municipal pertinente.
Artículo 173 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 174
Consecuencias del incumplimiento por las personas adquirentes de la obligación de edificar 1. Si las personas adquirentes incumplen la obligación de edificar, con la declaración previa correspondiente, el propietario o propietaria anterior puede ejercer el derecho de recuperación en el plazo de tres meses desde la notificación de dicha declaración. La recuperación de la finca implica, a elección de la persona titular de las cargas, la rehabilitación de las cargas que habían sido canceladas, con la devolución previa de las indemnizaciones percibidas, o bien el mantenimiento de la situación con las cargas canceladas.
2. En el caso de que no se ejerza el derecho de recuperación a que hace referencia el apartado 1, el inmueble pasa nuevamente a la situación de venta forzosa.
Artículo 174 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 175
Requisitos para enajenar inmuebles en situación de venta forzosa Las personas propietarias de inmuebles en situación de venta forzosa, mientras ésta subsista y no se hayan iniciado los trámites de expropiación o de licitación pública, pueden enajenarlos directamente, si previamente los compradores o compradoras asumen ante el ayuntamiento el compromiso de edificar de acuerdo con el planeamiento urbanístico. En este supuesto, es preciso suspender la situación de venta forzosa, pero no se cancela la inscripción hasta que no se acredite el cumplimiento de la obligación que tienen las personas adquirentes de edificar.
Artículo 175 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 176
Obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones Están obligados a garantizar el cumplimiento de la obligación de edificar tanto las personas adjudicatarias de la subasta y las personas beneficiarias de la expropiación como los propietarios o propietarias de la finca incluida en el Registro municipal de solares sin edificar que pretendan cumplir esta obligación directamente o por medio de una tercera persona adquirente.
Artículo 176 redactado por el artículo 15 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Artículo 177
Destinación del exceso del precio de los solares Cuando en una licitación pública se alcance un precio superior a la valoración del solar consignada en el Registro municipal de solares sin edificar, la diferencia corresponde al ayuntamiento, el cual ha de destinar el importe a las necesidades del patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
Incumplimiento de la obligación de urbanizar La declaración, a cargo del ayuntamiento, que la parte promotora, la junta de compensación o la entidad correspondiente, en la modalidad de compensación por concertación del sistema de reparcelación, han incumplido la obligación de urbanizar, en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico, comporta la suspensión de los efectos del planeamiento en ejecución, hasta que la persona o la entidad responsable garanticen la totalidad del importe presupuestado de las obras pendientes de ejecutar, sin perjuicio que la administración pueda acordar el cambio del sistema de actuación o el cambio de modalidad de este sistema, o bien pueda modificar el planeamiento urbanístico, con los trámites previos correspondientes.
Número 1 del artículo 178 numerado por el número dos del artículo 5 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Número 2 del artículo 178 introducido por el número dos del artículo 5 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).

References: artículo 108
 artículo 156
 artículo 151
 artículo 146
 artículo 155
 artículo 154
 artículo 9
 Artículo 155
 artículo 153
 artículo 156
 artículo 19
 artículo 153
 artículo 156
 artículo 153
 artículo 161
 artículo 159
 artículo 153
 artículo 50
 artículo 163
 artículo 50
 artículo 163
 artículo 50
 artículo 153
 artículo 164

Artículo 170
 artículo 15
 Artículo 171
 artículo 167

Artículo 171
 artículo 15
 Artículo 172

Artículo 172
 artículo 15
 Artículo 173

Artículo 173
 artículo 15
 Artículo 174

Artículo 174
 artículo 15
 Artículo 175

Artículo 175
 artículo 15
 Artículo 176

Artículo 176
 artículo 15
 Artículo 177
 artículo 178
 artículo 5
 artículo 178
 artículo 5