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Timestamp: 2019-12-15 10:23:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 107, de 12/06/2012
161/000655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre modificación de las funciones de análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ... (Página7)
161/000652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la modificación de la adscripción orgánica del Instituto Cervantes ... (Página8)
161/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la I+D+i ... (Página9)
161/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la comercialización irregular de participaciones preferentes ... (Página10)
161/000672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la equiparación de las pensiones de orfandad del régimen de clases pasivas del Estado a las del régimen general de la Seguridad Social ... (Página12)
161/000651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre viviendas vacías con protección pública ... (Página12)
161/000658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del ferrocarril en la ciudad de Ávila y la provincia ... (Página13)
161/000663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que impulse la tramitación necesaria para que el tramo Teruel-Cuenca de la autovía A-40 disponga de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental ... (Página14)
161/000664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo ... (Página15)
161/000649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la supresión de las primas de la selección española de fútbol en la Eurocopa ... (Página16)
161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación de un plan integral de empleo juvenil ... (Página16)
161/000661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre políticas activas dirigidas a personas con discapacidad y trastorno mental ... (Página18)
161/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector de la minería en la comarca de Puertollano ... (Página19)
161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones en la lucha contra incendios en el Valle del Tiétar (Casavieja) ... (Página19)
161/000662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre menores en riesgo de desprotección ... (Página20)
161/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de una nueva especialidad "Geriatría Oncológica u Oncología geriátrica" ... (Página21)
161/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los Implantes Baha ... (Página21)
161/000671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre acaparamiento de tierras ... (Página22)
161/000653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación del Consejo Nacional de la Bicicleta ... (Página23)
161/000660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para priorizar la instalación de radares fijos en los tramos de concentración de accidentes ... (Página24)
161/000650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad ... (Página25)
161/000665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Estrategia Integral para Personas con Discapacidad en el Medio Rural ... (Página26)
181/000285 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS), sobre posición del Gobierno ante la retirada de confianza de Marruecos al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental Cristopher Ross ... (Página26)
181/000313 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre decisión política tomada en relación con la entrada de turistas brasileños en España ... (Página27)
181/000315 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre decisión de cambiar los requisitos exigidos para la entrada en nuestro país a los ciudadanos brasileños ... (Página27)
181/000311 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si deben deslindarse las posibles responsabilidades existentes en el proceso que ha conducido a determinadas entidades financieras a la situación actual ... (Página27)
181/000312 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre motivo del descenso de la confianza del consumidor en el mes de abril de 2012, así como previsión sobre el futuro de dicho índice ... (Página27)
181/000316 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre medidas a adoptar respecto a los ayuntamientos que no han podido solicitar su Plan de Ajuste por no tener el apoyo suficiente en sus respectivos municipios o porque, habiéndolo presentado, no han sido aprobados por el Ministerio ... (Página27)
181/000283 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para que los cambios introducidos en AENA a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, cumplan con los requisitos comunitarios europeos en prevención de riesgos laborales ... (Página28)
181/000317 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre previsiones acerca de aumentar en la estación ferroviaria del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) la frecuencia de parada de los trenes de la Línea de Cercanías C-1 y del trayecto de media distancia de la relación Sevilla-Cádiz ... (Página28)
181/000318 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de decretar una amnistía a las viviendas que se encuentran en situación ilegal y de esta manera eludir la demolición de edificaciones con sentencia firme en contra ... (Página28)
181/000329 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de la privatización de AENA ... (Página28)
181/000330 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre modelo previsto en la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril ... (Página29)
181/000331 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre consecuencias de los recortes presupuestarios sobre la ejecución del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la extensión de las cercanías ferroviarias ... (Página29)
181/000332 Pregunta formulada por el Diputado don María del Carmen Silva Rego (GS), sobre mantenimiento por la Ministra de Fomento de la consideración de que la conexión directa del AVE Vigo-Madrid por Cerdedo es prioritaria y tiene que ser contratada tan pronto se elaboren los proyectos básicos ... (Página29)
181/000333 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre acciones para concluir las obras del Corredor Mediterráneo en los plazos previstos ... (Página29)
181/000334 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre calendario para la puesta en servicio de las líneas de AVE Madrid-Alicante, Madrid-Castellón y Madrid-Elche ... (Página29)
181/000319 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre previsiones acerca de modificar el "contrato de emprendedores" en el trámite en el Senado del Proyecto de Ley de la Reforma Laboral ... (Página29)
181/000320 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre previsiones acerca de modificar el "contrato de formación y aprendizaje" en el trámite en el Senado del Proyecto de Ley de la Reforma Laboral ... (Página30)
181/000321 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre criterios para la distribución presupuestaria en materia de políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas ... (Página30)
181/000322 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre medidas adicionales para aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo ... (Página30)
181/000323 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre forma en la que se prevé abordar las recomendaciones que sobre políticas activas afectúa la Comisión Europea ... (Página30)
181/000324 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre valoración de la evolución de la contratación en los cinco primeros meses de 2012 ... (Página30)
181/000325 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre valoración de la evolución de la protección por desempleo en los cinco primeros meses de 2012 ... (Página30)
181/000326 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre valoración de la evolución de ingresos y gastos del Fondo de Garantía Salarial en los cinco primeros meses de 2012 ... (Página31)
181/000327 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre resultados de la estrategia global para el empleo de los trabajadores de más edad en los cinco primeros meses del año 2012 ... (Página31)
181/000328 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), sobre valoración de la evolución del coste laboral por hora trabajada en España en relación con el resto de la Unión Europea a 27/zona euro y con nuestros principales destinos de exportación como Francia y Alemania ... (Página31)
181/000286 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre planes previstos para dotar de carga de trabajo a los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz ... (Página31)
181/000289 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre cambio en el uso del plomo en la munición usada habitualmente en la caza ... (Página31)
181/000290 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre datos oficiales que tiene el Gobierno para recomendar el no consumo de carne de caza por mujeres y niños ... (Página32)
181/000291 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre aval por el Gobierno a la recomendación de que las mujeres y los niños no consuman carne de caza ... (Página32)
181/000292 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre gestiones realizadas ante el anuncio del Gobierno de Argentina de prohibir la exportación de jamón español a dicho país ... (Página32)
181/000293 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si es necesario abordar una legislación que regule las medidas de seguridad que deben cumplir los pescadores deportivos marítimos desde tierra ... (Página32)
181/000294 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre países en los que España mantendrá sus proyectos de cooperación en materia de pesca y en los que había proyectos en 2011, así como opinión del Gobierno sobre si con los actuales presupuestos se podrá mantener dicha cooperación ... (Página32)
181/000295 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre consulta del Gobierno con las Comunidades Autónomas acerca de la eliminación de las ayudas para garantizar la seguridad de los atuneros españoles en el Índico, así como opinión de las mismas y medidas previstas para garantizar la seguridad de los barcos y tripulaciones que faenan en dicho Océano ... (Página32)
181/000296 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por el Gobierno del número de proyectos presentados por los Grupos de Acción Costera, así como valoración de los mismos ... (Página33)
181/000297 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre actuaciones en el río Limia, especialmente a su paso por Xinzo de Limia ... (Página33)
181/000298 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por el Gobierno del proyecto anunciado por la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Xinzo de Limia respecto de un puerto deportivo en el río Limia, a su paso por Xinzo de Limia, así como opinión acerca de la viabilidad de dicho proyecto ... (Página33)
181/000299 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre dispositivo previsto para acompañar a la flota española que faena en la temporada de la costera del bonito en 2012 ... (Página33)
181/000300 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas previstas para paliar los efectos de la subida del precio del combustible en la flota pesquera ... (Página33)
181/000287 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre situación del Plan ADO Paraolímpico, así como número de deportistas paraolímpicos que están recibiendo becas u otro tipo de ayudas similares ... (Página34)
181/000288 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas previstas para seguir desarrollando la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas ... (Página34)
232/000035 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4596/1999, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas, en la medida en que modifica el inciso primero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del Deporte ... (Página34)
232/000036 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 4937/2002 y 5305/2002, promovido el primero por el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña, representado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, frente a los artículos 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, e interpuesto el segundo por el Parlamento de Cataluña, representado por su Letrada, contra los artículos 5.1, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la misma Ley ... (Página35)
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
161/000655
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre modificación de las funciones de análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para su debate en Comisión.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente de la Administración General del Estado que tiene como funciones esenciales la realización de estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española y de las Comunidades Autónomas, y que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos sociales que sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas.
Los principios que informan este organismo, según la Ley 39/1995 de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, son los de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos, y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico; un desarrollo normativo de la obligación constitucional de que la administración sirva con objetividad a los intereses generales.
El CIS tiene su origen en el Instituto de Opinión Pública -creado en el año 1963-, que dependía inicialmente del Ministerio de Información y Turismo. Tomaba como modelo el Instituto de la Opinión Pública francés, hoy inexistente. Más adelante pasó a depender del Ministerio de la Presidencia (salvo un breve periodo en el que estuvo adscrito al Ministerio de Relaciones con las Cortes). En 1976 adquirió su actual denominación. La Ley 4/1990 lo transformó en un organismo autónomo que el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, adaptó a la ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El Instituto de Opinión Pública creado al servicio de la dictadura, en una época en la que no había empresas de demoscopia de la variedad y capacidad de las actuales, se transformó en un organismo público de estudios y encuestas de la opinión ciudadana al servicio de una democracia parlamentaria, constituyendo un caso singular de institución pública de recogida de datos, estimaciones y valoración de sondeos, dado que no existe en la actualidad ningún órgano semejante en otro país de la Unión Europea o democrático de nuestro entorno.
La dirección del CIS corresponde en la actualidad a un Presidente, con rango de Director General, nombrado y cesado mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia. El Presidente de este Organismo tiene, entre otras funciones, la de ejercer la dirección superior del organismo, la coordinación de los servicios del centro y la elaboración del programa anual de sus actividades y su desarrollo. Por tanto, la persona nombrada para ejercer esa función tiene una responsabilidad clave para garantizar la neutralidad de un instrumento no sólo relevante para el conocimiento de la sociedad española sino que, con sus análisis prospectivos, influye en la orientación de los Poderes Públicos y en sus iniciativas normativas y ejecutivas, así como en la opinión pública española.
Esta institución, según su Ley reguladora, debe servir como orientador de los diferentes poderes públicos, lo que significa que no sólo sirve al poder ejecutivo sino que debe orientar también al poder legislativo y sobre todo al poder judicial que tiene fa obligación, dispuesta por el Código Civil, de interpretar la aplicación de las normas conforme a la realidad social del tiempo en que vivimos. En la exposición de motivos de la Ley 39/1995 se dice que "la notable relevancia política y social adquirida por el Centro de Investigaciones Sociológicas en los últimos años aconsejan dotar a éste de una regulación jurídica que, manteniendo su naturaleza y funciones, precise mejor los términos del acceso público a los resultados
de su actividad científica y asegure una mayor vinculación con las Cortes Generales, con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento de la sociedad española a sus legítimos representantes". Con ese fin la Ley reguló el envío a las Cortes Generales, cada tres meses, de los trabajos del CIS y el avance provisional de los resultados de las encuestas de intención de voto, valoración de partidos y valoración de líderes políticos. Y más adelante, en el Real Decreto 1214/1997 citado, se regula la obligación del CIS de elevar a las Cortes Generales, en el primer trimestre de cada año, una memoria relativa a la ejecución del programa del año precedente.
Pero estas cautelas se han mostrado insuficientes para garantizar la imprescindible neutralidad y objetividad del CIS. Se pueden citar varios ejemplos. El nombramiento ilegal de su Presidenta en mayo 2008, Belén Barreiro, cuyo último y principal trabajo fue asesorar a la Presidencia del Gobierno pero carecía de los requisitos exigidos por la Ley para ser nombrada, obligó a que el Consejo de Ministros la tuviera que cesar en septiembre de 2010 para, tras eximir al cargo de la necesidad de que fuera ocupado por un funcionario público, volver nuevamente a nombrarla. O la omisión y falta de toma en consideración de la valoración de varios líderes parlamentarios en las primeras encuestas políticas de la anterior legislatura, sólo corregida tras ser denunciada públicamente. Estos ejemplos evidencian una clara muestra de falta de imparcialidad y rigor en la estimación y valoración de las previsiones y datos electorales. A esto hay que añadir que el conocimiento de sondeos afecta a la decisión de voto de los ciudadanos, como se desprende de las preguntas 32, 32a y 32b del "Estudio núm. 2.920 Postelectoral elecciones generales 2011".
No obstante, el CIS sí realiza otro tipo de funciones que no suelen alcanzar, por motivos de eficiencia y eficacia, a las empresas demoscópicas. Nos referimos a los estudios postelectorales y los barómetros de opinión desde una perspectiva socio-política. Por ello, el ideal de Centro de Investigación que se pretende alcanzar no es otro que un Centro dedicado al análisis postelectoral y relativo al conocimiento científico de la sociedad española, realizado por el personal experto muy cualificado.
En definitiva, la falta de objetividad desaconseja que un organismo público dedique su trabajo a realizar encuestas de intención de voto, y sobre todo cuando existen ya empresas demoscópicas dedicadas a ello. Por otra parte es necesario despolitizar el nombramiento de su Presidente, y que sea el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, quien elija al director de este organismo público.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de Ley de modificación de la Ley 39/1995 que contemple lo siguiente:
1. La modificación de la Ley 39/1995 de Organización de Centro de Investigaciones Sociológicas para que se adecue a las funciones encomendadas en el artículo 3 de la citada Ley y se supriman en período preelectoral y electoral los sondeos de intención de voto, valoración de partidos y valoración de líderes políticos, y se consolide como un centro de análisis socio-político de la realidad social en España.
2. Con el fin de evitar la politización de la elección de su Presidente, modificar el artículo 10 de la Ley 39/1995 para que el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas sea elegido por una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados, y cuyo mandato tenga una duración no inferior a cinco años.
3. Con el fin de evitar la politización de la elección de su Presidente, modificar el artículo 10 de la Ley 39/1995, el Presidente no deberá haber tenido vinculación a ninguna formación política durante los seis años anteriores a la toma de posesión, tampoco habrá desempeñado cargo de confianza duramente el mismo periodo bajo la dirección de ningún cargo político.
4. Modificar el artículo 10 de la Ley 39/1995 para que se incluya la necesidad de poseer la formación académica adecuada para el desempeño de las funciones del cargo de Presidente, por lo que será requisito acreditar titulación superior universitaria. Además será exigible experiencia laboral previa de diez años, preferiblemente en el ámbito de la docencia, investigación o como Alto Funcionario del Estado dentro del Grupo A."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El Grupo Parlamentado de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la adscripción orgánica del Instituto Cervantes, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El Instituto Cervantes fue creado por la Ley 7/1991, de 21 de marzo. Esta Proposición no de Ley pretende
unificar todas las intervenciones de la Acción Cultural Exterior de España bajo la coordinación y gestión del Instituto Cervantes, lo que permitirá reducir costes en recursos humanos y económicos que actualmente se duplican a través de los distintos organismos e instituciones que gestionan los programas de Acción Cultural Exterior y prevé la integración en el Instituto Cervantes de todos aquellos órganos, centros, planes y programas dedicados a la consecución de sus fines.
Se ha elegido la figura del Instituto Cervantes como aglutinador de toda la Acción Cultural Exterior, ya que es el máximo exponente de la cultura española en el exterior y cuenta con una consolidada experiencia como agente de política cultural. Asimismo, tomando el ejemplo de otros países europeos, con una reconocida y extensa experiencia en Acción Cultural Exterior, se constata que tener un Instituto, una sola figura, con una representatividad emblemática, como el Cervantes, contribuirá a la difusión de la "Marca España", ya que el propio Instituto Cervantes es "Marca España", facilitará el impacto de las actividades que se desarrollen y será el mejor instrumento para la internacionalización de las industrias culturales españolas. Se debe tener presente que la cultura es una importante carta de presentación a nivel internacional y que, como tal, es necesario cuidarla y fomentarla.
El Instituto Cervantes, desde su creación, tiene dos fines: de promoción del español y de difusión de la cultura española. Sin embargo, por diversos motivos, el instituto Cervantes se ha dedicado, principalmente, a la enseñanza del español en detrimento de las actividades relacionadas con la difusión de la cultura española, que se han convertido en una parte marginal del Instituto, ya que había otras instituciones que se dedicaban a realizar las actividades culturales.
1. Modificar la adscripción orgánica del Instituto Cervantes que pasaría al Ministerio de Cultura actuando como marco general de la acción cultural exterior del Estado, integrando todas las intervenciones de la Acción Cultural Exterior de España y promoviendo las políticas de "Marca España".
2. Reformar la estructura del Instituto Cervantes para que integre los demás órganos y programas dependientes de la Administración Pública que se dedican a los mismos fines."
161/000666
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley I+D+i, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supondrán, una vez que concluya su trámite parlamentario, la mayor reducción de recursos presupuestarios desde que se pusieron en marcha en España los primeros Planes Nacionales de I+D+i, con la Ley de Ciencia de 1986. Este recorte presupuestario supondrá, en relación con los Presupuestos Generales del Estado de 201, una reducción del 25,2 %.
Este recorte presupuestario aumentará la brecha que existe en España en I+D+i con respecto a los países de nuestro entorno; supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en investigación, la "fuga" de nuestros mejores investigadores a otros países y la paralización de muchos de los proyectos puestos en marcha durante los pasados años.
Por otro lado, la reducción de la inversión en I+D+i, supone la renuncia del Gobierno a una herramienta clave para salir de la crisis económica; una herramienta que permitiría basar nuestro modelo de crecimiento sobre el conocimiento y la innovación.
No obstante, a pesar del oscuro horizonte en el que sumirá el Gobierno a la I+D+i en España con los Presupuestos previstos para 2012, hemos de tratar de paliar esta situación con medidas incardinadas en actuaciones generalistas de la Administración o en áreas que, de alguna manera, se puedan vincular a sectores de la I+D+i.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista propone la siguiente
1. La realización, a la mayor brevedad posible y con los medios propios de la Administración (incluyendo algún OPI), de un estudio acerca del impacto estimado del recorte presupuestario en las distintas áreas de actividad y en las infraestructuras del sistema de ciencia y tecnología español.
2. La elaboración de un Plan de medidas de fomento de la contratación de investigadores en sectores
de la I+D+i, tanto públicos como privados, que palie, en la medida de lo posible, la fuga de cerebros a la que aboca el recorte presupuestario.
3. La elaboración de un Plan de medidas de apoyo a la empresas en el ámbito especifico de la I+D+i con vocación compensatoria de parte de los daños causados por el recorte presupuestario público en el sistema de Ciencia y Tecnología.
4. La elaboración de un Plan de incentivos dirigido a la captación de recursos privados para la financiación de proyectos de I+D+i de interés general."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Economía y Competitividad, la siguiente Proposición no de Ley sobre la comercialización irregular de participaciones preferentes.
Las participaciones preferentes son instrumentos financieros complejos. Se caracterizan por tener una posición intermedia entre deuda y acción pero indudablemente tienen asociado un riesgo elevado por su susceptibilidad ante las fluctuaciones del ciclo económico.
La ventaja económica que confieren las participaciones preferentes al inversor es que permiten disfrutar de un dividendo preferente. El dividendo es librado a cargo de los recursos disponibles del emisor y, si no es posible, directamente por la entidad de crédito garante. Sin embargo, la percepción de dividendo está sujeta a dos limitaciones: en primer lugar, es necesario un beneficio distribuible. En segundo lugar, si las entidades de crédito presentan un déficit de recursos propios superior al 20 % del mínimo establecido, deben destinar la totalidad de sus beneficios a reservas.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2003, que es el texto jurídico del ordenamiento español que regula en mayor medida las participaciones preferentes, se incrementó la emisión de éstos híbridos financieros por parte de las entidades de crédito debido a que, a efectos contables, computaban como recursos propios de la entidad, reforzando sus ratios de solvencia.
Ante esta situación la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, obligó a la verificación administrativa de la emisión para que todos los folletos emitidos fueran verificados y registrados y autorizó que estos activos financieros se negociasen como renta fija en el mercado oficial AIAF, junto a pagarés, células hipotecarias y otros activos.
Antes de la crisis y cuando el ciclo económico se encontraba en un buen momento, los beneficios de las entidades financieras crecían año tras año y los requisitos de capital eran bajos. Por lo tanto, los bancos y cajas cumplían con los plazos de vencimiento de los dividendos preferentes, existía suficiente demanda en el mercado secundario y la entidad financiera no ponía objeción si el inversor pretendía venderse la participación y recuperar su inversión.
No obstante, la llegada de la crisis subprime cambió la coyuntura económica global, impactando en especial sobre el sector financiero. Las agencias de calificación intervinieron con rebajas en la calidad de la deuda de los productos financieros emitidos por bancos y cajas, poniendo en entredicho su solvencia. Los resultados de muchas entidades de crédito empezaron a decrecer respecto a ejercicios anteriores y se inició un proceso de reestructuración bancaria a través del FROB que llevó asociada la necesidad de incrementar la solvencia del sistema bancario español, a través de fusiones, pero también con un masivo incremento en las emisiones de participaciones preferentes.
En este contexto empezaron a emerger los primeros problemas con las participaciones preferentes. El riesgo de contrapartida de intereses se acrecentó debido a que la parte de interés variable que ofrecían las preferentes y que está sujeta a que la sociedad obtenga beneficios llevó a las primeras suspensiones en el pago de intereses por parte de las entidades más débiles. Muchos de los inversores que habían adquirido dichos instrumentos eran de perfil conservador, desconocedores del riesgo asociado al producto por lo que reaccionaron con reclamaciones ante la CNMV.
Ante esta situación en 2009 la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió un comunicado informando de los riesgos de esta ciase de inversión. Lo hizo a través de folletos y de advertencias de obligada inserción en los impresos que tenían que firmar los clientes sobre los riesgos de las participaciones preferentes. No obstante, hay que recordar que las regulaciones de la CNMV no son vinculantes y las reclamaciones siguieron incrementándose.
Otro agravante para el mercado de participaciones preferentes llegó con el último acuerdo de Basilea III, en 2010, dónde se consensuó el endurecimiento del concepto de TIER I, que llevó a que las participaciones preferentes quedaran al margen del cómputo de los recursos propios. La consecuencia fue un drástico descenso en las emisiones de participaciones en el mercado primario, de hecho nulas en 2010 tal y como prueba la memoria de la CNMV de 2010, sin que hubiese además ningún interés por parte de las entidades emisoras en comprar dichos productos, cosa que restringió todavía
más la liquidez en el mercado secundario que es donde fluctuaba su valor.
Paralelamente, el continuo deterioro de la solvencia por parte de bancos y cajas también comportó que las participaciones preferentes sufrieran una pérdida de valor muy importante, cayendo su precio en ocasiones en más de un 40 %, sin que los inversores fueran en muchos casos conscientes de ello, lo que generó nuevas reclamaciones.
En este sentido no ha sido hasta diciembre de 2011 que la CNMV ha exigido a bancos y cajas que en los estados de posición que envían a clientes figure el precio real de las participaciones preferentes de las que sean titulares.
La ADICAE, asociación de usuarios de bancos y cajas, ha acumulado denuncias a 52 entidades bancarias ante la CNMV alegando "irregularidades en la comercialización" de este tipo de productos así como por inclusión de "cláusulas abusivas" y se estima que ha habido más de 700.000 consumidores afectados.
Para tratar de compensar la multitud de clientes afectados que esperaban un reembolso a corto plazo, algunas entidades de crédito, con la aprobación del Banco de España y el filtro de la CNMV, han ofrecido alternativas de cambio a acciones o mezclando deuda subordinada principalmente con bonos convertibles. El BBVA y Banco Sabadell, por ejemplo, han ofrecido bonos convertibles por acciones y otros como CaixaBank ha recomprado las participaciones preferentes por el 100 % de su valor nominal y los descambia por una cesta compuesta por en un 30 % por obligaciones convertibles de la entidad y otro 70 % de obligaciones subordinadas a diez años con una remuneración que varía en función de la fecha de adquisición de las participaciones preferentes.
No obstante, a pesar de estas soluciones que están ofertando las entidades de crédito y aceptando que las relaciones particulares de las entidades de crédito con sus clientes tienen vías de revisión como son las reclamaciones ante los servicios o departamentos de atención al cliente o, en su caso, la vía judicial, desde CIU consideramos que es responsabilidad del Gobierno analizar el alcance del conflicto, garantizar una solución para todas las personas afectadas e instaurar los mecanismos necesarios para evitar que situaciones como estas puedan sucederse en el futuro.
1. Solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe:
- Relativo a la implementación de los criterios contenidos en el documento emitido por el Committee of European Securities Regulators (CESR), sobre la definición de asesoramiento según MIFID, en la prestación de servicios de inversión y su aplicación en el ámbito de las participaciones preferentes en el periodo 2003-2012.
- Detallando el grado de cumplimiento de la normativa vigente respecto a las exigencias establecidas al asesoramiento financiero y, concretamente, al ofrecido en relación a las participaciones preferentes.
2. Solicitar al Banco de España un informe sobre:
- La información que las Entidades Financieras han transmitido durante el período 2003-2012 a sus clientes en materia de contratos de participaciones preferentes, tanto antes de contratar como durante la tenencia de estos instrumentos, así como después de haber contratado.
- Las reclamaciones y denuncias presentadas en los últimos dos años, por personas físicas y jurídicas, en relación a las irregularidades tanto en la comercialización de las participaciones preferentes como a su funcionamiento.
3. Coordinar con la CNMV la revisión de los test de conveniencia para dar mayores garantías de que el contrato de suscripción de productos financieros de riesgo, como las participaciones preferentes, se ajusten al perfil de riesgo del contratante, así como a sus conocimientos respecto al producto financiero adquirido y que, en caso de incumplirse dichos requerimientos, se adopten las medidas correctivas pertinentes.
4. Solicitar a la CNMV a que cumpla en el futuro con mayores garantías las funciones que le atribuye la legislación en materia de comercialización de productos financieros a inversores individuales para que ponga en práctica todas las medidas necesarias para que las entidades financieras puedan aplicar con mayor rigor las normas de conducta que establece el título VII de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la cual se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.
5. Llevar a cabo las acciones necesarias para que, a través de las entidades de crédito, se haga efectiva una solución resolutiva a las personas que suscribieron participaciones preferentes en plena vigencia de la normativa europea MIFID (directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros) y que han presentado un perfil inversor de desconocimiento de los productos financieros y de baja tolerancia al riesgo, incluyendo, si cabe, la posibilidad de devolución del capital inicial.
6. Abrir expediente a todas las entidades financieras que hayan comercializado participaciones preferentes a inversores individuales y, si cabe, a sancionar estas entidades financieras, en caso de vulneración de la legislación europea, estatal y autonómica que establece los requisitos legales para la comercialización de las participaciones preferentes.
7. Presentar un Proyecto de Ley de transparencia y calidad en la comercialización de los productos financieros
con el fin de mejorar la protección de los consumidores de productos financieros y evitar opacidades en la comercialización de éstos."
Palacio del Congreso de los Diputadas, 22 de mayo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000672
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la equiparación de las pensiones de orfandad del régimen de clases pasivas del Estado a las del régimen general de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del Sistema de Seguridad Social, mejoró la pensión de orfandad dando nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 175 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
En esta reforma se amplió la cobertura de la pensión de orfandad hasta los 21 años o cuando el beneficiario esté incapacitado para el trabajo. Además, si el huérfano no efectúa un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o si lo hace pero percibe rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la pensión se prolongará paulatinamente hasta los 25 años. Igualmente, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.
El límite de edad de 25 años será aplicable a partir de 1 de enero de 2014, siendo durante el año 2012 de 23 años y de 24 años durante 2013.
Sin embargo, en el régimen de clases pasivas, en el supuesto en que el huérfano no trabaje o si lo hace pero percibe rentas inferiores al SMI, será beneficiario de la pensión de orfandad siempre que sea menor de 22 años o de 24 años si, en la fecha de fallecimiento del causante o antes del cumplimiento de los 21 años, o en su caso de los 22 años, no sobreviviera ninguno de los padres o el huérfano presentara una discapacidad igual o superior al 33 %. En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los 24 años, salvo que estuviera cursando estudios, situación en la que se mantiene la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico.
Es decir, la ampliación hasta los 25 años de la pensión de orfandad del régimen general de la Seguridad Social en los supuestos arriba descritos no se aplica en clases pasivas. Esta situación genera una discriminación evidente entre los huérfanos y todos tienen el mismo hecho causante, que es la pérdida de un progenitor.
1. Equiparar las pensiones de los huérfanos sujetos al régimen de las clases pasivas del Estado a las de los huérfanos del régimen general de la Seguridad Social.
2. Establecer, en particular, el límite de edad de 25 años para los beneficiarios de la pensión de orfandad en el régimen de las clases pasivas en las mismas condiciones que las previstas para los beneficiarios del régimen general de la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000651
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre viviendas vacías con protección pública, para su debate en la Comisión de Fomento.
Nuestra Constitución, en su artículo 47, consagra el derecho que tiene la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para lo cual los poderes públicos deben realizar y desarrollar políticas activas que hagan efectivo ese derecho. La efectividad de este derecho se enfrenta a múltiples problemas pero, de forma particular y desde el punto de vista social, es escandaloso que cientos de miles de viviendas permanezcan desocupadas cuando millones de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda digna. La cuestión también tiene implicaciones medioambientales porque
basta con reflexionar sobre el despilfarro que supone construir nuevo parque inmobiliario cuando se puede utilizar mejor el ya existente.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) está llevando a cabo el censo de viviendas vacías en el conjunto del Estado y los datos oficiales deberían estar publicados antes de que acabe este año. La última información disponible es la referida al censo de 2001, que sitúa el número total de viviendas vacías en España en 3.091.596, pero es muy probable que en la actualidad se superen los 5 millones.
La Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, ha denunciado que la política de vivienda está basada en la propiedad privada, que se confunde con el derecho a tener una vivienda adecuada. Y pone como ejemplo a España, donde la cuestión está relacionada con el concepto de la vivienda como inversión inmobiliaria, que entiende los inmuebles cada vez más como inversión financiera, lo cual implica una mercantilización del derecho a la vivienda. Rolnik responsabilizó al Gobierno por la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran centenares de miles de familias, concluyendo que en España no existe un déficit de vivienda, sino una cantidad increíble de viviendas vacías.
En este contexto cabe preguntarse por el número de viviendas con algún tipo de protección pública que están vacías. Porque, evidentemente, la posibilidad de que existan miles de viviendas vacías con protección pública que bien podrían servir para paliar de manera urgente el problema de los desahucios que la crisis económica está provocando, es un hecho inaceptable.
En realidad, el Gobierno desconoce cuantas viviendas con protección pública existen y cuantas de éstas están desocupadas. En respuesta a una pregunta escrita se nos contestó que el método de recolección de la información para la elaboración del Censo de Población y Viviendas no permite conocer características tales como la existencia de algún tipo de protección pública.
El Plan de vivienda estatal 2009/2012 es el que marca el principio rector que en materia de vivienda con protección pública han de desarrollar las comunidades autónomas que son, en definitiva, quienes ostentan la competencia en la materia. Y el Módulo Básico Estatal sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas objeto de financiación estatal y de otras actuaciones calificadas o declaradas como protegidas en el marco de dicho Plan. La cuantía del Módulo Básico Estatal lleva congelada varios años, pero todo parece indicar que su cuantía es elevada a la hora de facilitar el acceso de las familias a la vivienda a precios asequibles.
Además, es preciso considerar que mientras los adjudicatarios de vivienda con protección pública están obligados a la ocupación de la vivienda en los plazos establecidos, bajo penalización con la pérdida del derecho de adjudicación, la propia Administración podría estar incumpliendo con la normativa por abandono de sus responsabilidades si permite la existencia de viviendas con protección pública desocupadas.
Por último, es complicado analizar en el conjunto del Estado la tipología de vivienda protegida, tanto por la dispersión normativa de carácter autonómico, como por la utilización indistinta por la normativa de términos como tipología, régimen, modalidad, categoría u otros, que se confunden en muchas ocasiones.
1. Coordinar de manera urgente con las comunidades autónomas la elaboración de convenios que permitan elaborar un censo de viviendas vacías con algún tipo de protección pública, para valorar con exactitud el número total que existe en el conjunto del Estado.
2. Redefinir el precio del Módulo Básico Estatal (MBE) ajustándolo a la baja para facilitar el acceso de las familias a la vivienda a precios asequibles.
3. Simplificar la tipología a una única como vivienda protegida en alquiler para poder beneficiarse de las ayudas estatales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000658
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición sobre la situación del Ferrocarril en la ciudad de Ávila y la Provincia, para su debate en la Comisión de Fomento.
En los últimos tiempos los ciudadanos de Ávila que utilizan el ferrocarril, fundamentalmente en su comunicación con Madrid, vienen asistiendo atónitos a un conjunto de medidas que se van a anunciado por el Ministerio de Fomento, bien directamente o, lo que es más grave, mediante informaciones sesgadas que se van trasladando a la opinión pública.
Destacamos dos informaciones generadoras de profunda inquietud, pues de llevarse a cabo sin adoptar las correspondientes medidas correctoras tendrán un efecto devastador en Ávila. La primera de ellas hace referencia a la apuesta, ratificada por el Ministerio de Fomento, de suprimir, a medio plazo, algunos servicios de Media Distancia en la línea Madrid-Ávila-Salamanca. Las últimas informaciones que han creado intranquilidad se relacionan con la Larga Distancia, la poca Larga Distancia que conserva Ávila, la que se ve amenazada en forma de supresión de servicios. La polémica ha surgido por unas declaraciones efectuadas la semana pasada por el presidente de Renfe donde expresó que podría contemplarse la supresión de los trenes hotel por el descenso del número de viajeros en ese servicio nocturno y la competencia que presentaba el avión, sobre todo en enlaces internacionales. En Ávila el tren hotel diario que tiene fijada su salida de la estación de la ciudad a las 00,02 horas con rumbo a A Coruña, Ferrol y Pontevedra (se ramifica primero en Medina del Campo y después en Ourense), dentro de la línea nocturna que une Galicia y Madrid, es uno de los pocos servicios de Larga Distancia con paso por la capital abulense, junto al Talgo que circula los sábados entre A Coruña y Alicante, también con paso por Ávila (en el trayecto inverso el domingo).
A todo esto se une que los viajeros de algunos trenes que cubren el trayecto entre Ávila y Madrid (y viceversa) están obligados a realizar un transbordo en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, lo que supone una espera de unos 10 minutos que eleva a alrededor de 2 horas y 15 minutos la duración del trayecto.
Por último, en relación con la conexión de Ávila a la Alta Velocidad hay que recordar que el BOE de 7 de diciembre de 2010 publicó el Anuncio de Licitación para la redacción del "Estudio informativo del acceso en alta velocidad a Ávila", en desarrollo de las conclusiones del "Estudio Funcional del Acceso en Afta Velocidad a Ávila", que se decantaba por la alternativa del corredor que une Segovia y Ávila, con una longitud aproximada de 55 kilómetros y permitiría un tiempo de viaje Madrid-Ávila en el entorno de 40 minutos. Sin embargo en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 no se contempla partida la conexión de Ávila a la Alta Velocidad.
1. Continuar la mejora sustancial del trazado del tramo ferroviario convencional existente entre Ávila y Madrid, de manera que permita la comunicación entre ambas ciudades en una hora.
2. Conectar Ávila con la red de Alta Velocidad en los términos que se contemplen en el "Estudio informativo del acceso en alta velocidad a Ávila".
3. Acometer las reformas técnicas necesarias en el actual tramo Ávila-Salamanca, para que el tiempo de viaje no supere los cuarenta y cinco minutos. Asimismo, acometer las mejoras técnicas necesarias en el tramo actual Ávila-Valladolid, para que el tiempo de viaje entre estos puntos no supere los cuarenta minutos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento.
La Autovía A-40 es un eje oeste-este de alta capacidad que enlazará Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón al sur de Madrid, con una longitud de 463 kilómetros entre Ávila y Teruel .
Sus orígenes datan de 1993, con la orden de redacción del estudio informativo para unir las autovía A-5 y A-3 y sus tramos entraron en servicio en 2004 aunque la mayor parte de ellos lo ha hecho a partir de 2008.
Es este un proyecto viario que constituye una valiosa contribución a la red mallada de autovías prevista en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que el Ministerio de Fomento ha desarrollado para contrarrestar la tradicional radialidad de las carreteras española.
Sin embargo queda pendiente de este gran eje el tramo Cuenca-Teruel que ha pasado por vicisitudes diversas después de que el Ministerio de Medio Ambiente formulase una DIA negativa. A partir de este momento, el Ministerio de Fomento retomó el proyecto y adjudicó en diciembre de 2010 la redacción de un nuevo estudio informativo que definiera las diferentes alternativas viables para la construcción del tramo, todo ello, de acuerdo con las Comunidades Autónomas de Valencia, Castilla-la Mancha y Aragón.
Ha pasado el tiempo suficiente para que el Ministerio de Fomento tramite la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente se manifieste a este respecto.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que, de manera urgente y en el plazo máximo de tres meses, impulse la tramitación necesaria para que el tramo Teruel-Cuenca de la Autovía A-40 disponga de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental".
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000664
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo, para su debate en la Comisión Fomento.
El Presidente de la Xunta, el Sr. Feijoo, ha realizado declaraciones en el sentido de considerar que en el estado de emergencia nacional en el que se encuentra España no es prioritario el trazado del AVE que comunicará Vigo-Madrid por Cerdedo.
Sin embargo, la Ministra de Fomento, la Sra. Pastor, se comprometió en su comparecencia del 9 de febrero de 2012 en el Congreso de los Diputados a mantener este enlace directo entre Vigo y Madrid.
La Ministra declaró que su intención era "completar la red de Alta Velocidad, sobre todo en las Comunidades donde no contamos con AVE" en alusión a Galicia y especificó que preveía invertir 8.517 millones de euros para hacer posible la conexión con Madrid, "incluida la variante de Cerdedo". Estas declaraciones del Presidente de la Xunta de Galicia han generado una gran indignación en la ciudad de Vigo y en el conjunto del Área Metropolitana ya que es una infraestructura fundamental para el futuro económico de un espacio territorial del que forman parte más de 500.000 personas y es el motor económico de Galicia.
La ciudad de Vigo, ciertamente reconocida como motor económico de Galicia, se caracteriza por la existencia de una economía diversificada vinculada al sector pesquero, la industria y los servicios.
Su capacidad económica e innovadora se centra en una potente industria automovilística, una importante construcción naval y un sector de la pesca que va desde la industria extractiva hasta la comercial junto con la industria conservera, congeladora y transformadora.
Así mismo y en el ámbito de la gran área metropolitana de la ciudad se sitúan industrias y empresas ligadas a la extracción, transformación y comercialización de granito, la industria química y farmacéutica, la textil, la editorial o la alimentaria, entre otras.
Además es muy destacable la importancia de su puerto del que cabe mencionar la relevancia del tráfico de mercancías en el que destacan el movimiento en contenedores, el tráfico RO-RO de vehículos y la piedra natural, siendo el primer puerto del mundo por el tonelaje de pesca descargada.
Vigo cuenta, por otra parte, con una reseñable actividad ferial y congresual o una Universidad que ha obtenido la designación de Campus de Excelencia Internacional.
Esta breve descripción económica pone de manifiesto el dinamismo, las potencialidades de futuro y una potente capacidad productiva y competitiva.
Para afianzar y profundizar en el mantenimiento del desarrollo económico de la Gran Área de Vigo es preciso que no se frenen los proyectos de infraestructuras ferroviarias que desde el Ministerio de Fomento estaba impulsando y financiando su anterior titular, el Sr. Blanco, ex Ministro del Departamento.
En concreto, es necesario y fundamental que se mantenga la conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo, garantizando de este modo que esta conexión de la gran ciudad del sur de Galicia con Madrid quede incluida en el nuevo Plan de Infraestructuras que la Ministra de Fomento se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de julio de 2012.
1. Mantener el compromiso de construcción de la variante del AVE Vigo-Madrid por Cerdedo.
2. Contemplar como actuación prioritaria la conexión del AVE Vigo-Madrid por Cerdedo en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012/2024.
3. Licitar y adjudicar la obra del trazado del AVE Vigo-Madrid por Cerdedo una vez que esté redactado el proyecto básico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
EL Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCatCatSí), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión de las primas de la selección española de fútbol en la Eurocopa, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Según informaciones aparecidas en prensa, la Federación Española de Fútbol ha llegado a un acuerdo sobre las primas de la selección española en la Eurocopa de fútbol. Al parecer, los jugadores cobrarían 300.000 euros cada uno por ganar la Eurocopa. Y todavía no conocemos la cantidad que cobraría el entrenador o si la Federación también fijaría otras primas para el caso de que la selección fuera eliminada o cuartos de final o en la semifinal.
Los 300.000 euros pactados suponen un aumento del 25 % respecto a las primas que recibieron en 2008, incremento que sorprende en una época de recortes generalizados en los presupuestos estatales y, en particular, en políticas sociales.
Por ello, la cantidad de 300.000 euros parece excesiva, y especialmente en una época de crisis. En este sentido, es necesario recordar que un mileurista necesitaría 25 años de vida laboral para conseguir esa cantidad. O analizado de otra manera, los 7 millones de euros que se embolsarán 24 personas por 2 semanas de trabajo es equivalente al sueldo de quinientos mileuristas por todo un año de trabajo.
Por otro lado, esta cantidad podría servir para apoyar la gran labor social que se realiza mediante el deporte y que se efectúa con clubes deportivos de barrio, equipamientos deportivos municipales o proyectos de inserción social, que también padecen la crisis.
Asimismo, el ofrecimiento de estas primas supone una mercantilización del deporte, premia la victoria más que el esfuerzo y asocia la recompensa con dinero. Alternativamente a este modelo, existen otro tipo de premios o condecoraciones, como las medallas al Mérito Deportivo. De hecho, los jugadores ya cobran por su participación en la Eurocopa y no parece oportuna una prima por lograr aquello que individual y colectivamente se espera que luchen por conseguir.
Por otro lado, tras las primas de la Copa del Mundo de Sudáfrica, hubo una polémica tras saltar a la luz pública que los jugadores de la selección intentaban cotizar en el país donde se realizó el Mundial con la intención de esquivar la tributación al Estado español, que era el que les pagaba. Aunque finalmente, según parece, esto no se concretó, el Gobierno español debería garantizar que en caso de cobrar primas, los jugadores tributan en el Estado español.
Finalmente, teniendo en cuenta que la RFEF es, según sus propios Estatutos, una entidad asociativa de utilidad pública, que sus presupuestos son controlados por el Consejo Superior de Deportes, que su plan de contabilidad debe ajustarse a lo desarrollado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que los recursos de las Federaciones Deportivas provienen en parte de subvenciones públicas y que los Presupuestos Generales del Estado les reconocen una asignación cada año, el Gobierno del Estado debería velar por la racionalidad de sus gastos.
1. Condicionar la recepción de ayudas y subvenciones a la Federación Española de Fútbol a la aplicación de una rigurosa política de transparencia y austeridad, atendiendo al hecho que ejercen funciones públicas como agentes colaboradores de la Administración bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes.
2. No subvencionar con dinero público a la Federación Española de Fútbol, si mantienen las primas a los jugadores por los resultados obtenidos por la selección española en la Eurocopa.
3. Obligar, en caso de mantenimiento de las primas, a que los jugadores tributen las mismas en el Estado español.
4. Destinar el dinero tributado por los jugadores a las Comunidades Autónomas, en tanto que titulares de las competencias deportivas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión Empleo y Seguridad Social, la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un plan integral de empleo juvenil.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado día 24 de mayo una resolución sobre la "Iniciativa de Oportunidades para la Juventud" en la que se insta a los países miembros a "que presenten cuanto antes un plan europeo de inversión que impulse el crecimiento incluyente, sostenible y generador de empleo para los jóvenes".
El acuerdo adoptado por la Eurocámara "aplaude la declaración del Consejo Europeo en la que pide a los Estados miembros que introduzcan planes nacionales análogos a la Garantía Juvenil, e insta a los Estados miembros a que respondan a esta petición mediante medidas rápidas y concretas a nivel nacional, a fin de velar por que los jóvenes ocupen un puesto de trabajo o de educación, formación o reorientación profesional digno a los cuatro meses de concluir su formación".
Entiende el Parlamento Europeo que los "jóvenes sufren discriminación laboral en lo que se refiere a su acceso al mercado de trabajo y a su permanencia en él a consecuencia de su precaria situación y de los contratos temporales, y que esta situación exige que se respete cabalmente el principio de igualdad de trato establecido por la legislación europea".
Destaca también "que las jóvenes madres sufren una discriminación particular en el mercado de trabajo por introducir pausas en su carrera debido a obligaciones familiares; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que consoliden sus políticas de equilibrio entre la vida laboral y la vida profesional, especialmente reforzando la Directiva relativa al permiso de maternidad a nivel de la UE y ofreciendo unos servicios accesibles, asequibles y de buena calidad de cuidado de los niños y los adultos dependientes".
En este sentido, recuerda "la iniciativa del Presidente de la Comisión Sr. Barroso de enviar "equipos de actuación" a los Estados miembros con las tasas de desempleo juvenil más elevadas" y "pide a la Comisión que le mantenga debidamente informado de los programas y los resultados concretos de estas actividades".
Pide a la Comisión, por otra parte, que evalúe el impacto de las reformas del mercado de trabajo vinculadas a las propuestas de los "equipos de actuación" en la tasa de empleo y los niveles de calidad del empleo de los Estados miembros afectados.
Asimismo, reclama a los Estados miembros "que mejoren la calidad de la formación profesional, la sensibilización al respecto, y, por lo tanto, su situación, pues es una alternativa crucial a la educación superior".
Pide a los Estados miembros con bajas tasas de desempleo o que hayan introducido con éxito Garantías Juveniles, como Austria, que colaboren activamente con los Estados miembros más afectados por el desempleo juvenil, transfiriéndoles conocimientos especializados y modelos que hayan dado buenos resultados, a fin de colmar la brecha de sus tasas de desempleo y de desarrollar juntos unas políticas de empleo mejores y más incluyentes dirigidas a los jóvenes y que tengan un impacto positivo sobre el terreno.
Otra de las demandas a los distintos países incluidas en la resolución aprobada es que "se analicen las dificultades específicas con que se enfrentan los jóvenes en su acceso a la protección social y su riesgo de exclusión social y que promuevan medidas para potenciar su acceso a la protección social y a una remuneración".
Deplora la Eurocámara "que, tras cuatro años de crisis, se sigan sin utilizar 82 000 millones de euros del presupuesto de los Fondos Estructurales en el marco financiero plurianual 2007-2013" e insta a la Comisión a "que dé prioridad a la reasignación de una parte sustancial de los 82 000 millones de euros hacia proyectos destinados a los jóvenes, especialmente hacia pequeñas y medianas empresas, a fin de impulsar las oportunidades de empleo digno de los jóvenes". Pide, a este respecto, a la Comisión "que considere la posibilidad de incrementar las tasas de cofinanciación de los ocho países particularmente afectados por el desempleo y que busque otras fuentes de financiación más ambiciosas para ayudar a los Estados miembros a hacer frente al desempleo juvenil elevado".
Solicita a la Comisión y a los Estados miembros "que financien programas de movilidad centrados en la formación y el empleó de los jóvenes en nuevos ámbitos que puedan potenciar una recuperación generadora de empleo, concretamente los empleos ecológicos y los empleos en el sector de la asistencia, para jóvenes de ambos sexos".
Además, pide a los Estados miembros "que desarrollen una estrategia más coordinada entre los planes nacionales de educación y formación y las necesidades del mercado de trabajo, no solo a corto plazo sino sobre todo a medio y largo plazo, con el fin de evitar las dimensiones excesivas de determinados sectores, favorecer el desarrollo de nuevos nichos de mercado y trasladar recursos desde sectores en los que se destruyen empleos a sectores en desarrollo como la economía sostenible".
Insta, por otra parte, "a que se adopte una estrategia europea de empleo juvenil para apoyar a empresas, organizaciones asistenciales, autoridades públicas y otros empleadores en la creación de empleos dignos y de calidad".
Y concluye destacando su especial preocupación "ante el impacto negativo que tendrán los sustanciales recortes presupuestarios en educación en algunos Estados miembros en la difícil situación de los jóvenes y en la ejecución de algunas de las propuestas de la Iniciativa para la Juventud".
Teniendo en cuenta que más de la mitad de los jóvenes españoles (el 50,5 %) se encuentra sin trabajo, se presenta la siguiente
En la que se insta al Gobierno del Estado a que:
"Elabore durante 2012 un plan integral que contribuya a la creación de empleo juvenil, contemplando en el mismo las directrices incluidas en la resolución aprobada el pasado día 24 de mayo del Parlamento Europeo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000661
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre políticas activas dirigidas a personas con discapacidad y trastorno mental, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Las personas con discapacidad y las personas con trastorno mental son un colectivo prioritario dentro de las políticas activas de ocupación por ello son objeto de medidas específicas para la mejora de su empleabilidad, tanto a nivel de contratación como de bonificaciones.
A pesar de este marco protector la tasa de paro de este colectivo siempre ha sido muy superior a la de la población general, empeorando también en los últimos años como consecuencia de la crisis. Los datos más recientes corresponden a "El Empleo de las Personas con Discapacidad" del INE que presenta una tasa de paro del 16,3 % en el año 2008 y del 23,3 % en el año 2010, frente al 11,3 % y 20,1 % para la población en general. Las cifras relativas a la tasa de paro en mujeres con discapacidad son todavía más negativas alcanzando en 2010 un 24,9 %.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 prevén una reducción del 56 % de la partida destinada a Cataluña para políticas activas de ocupación, concretamente 252 millones de euros menos que el año anterior. Dentro de esta partida se sitúa la financiación dirigida a las subvenciones para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, unidades de apoyo, empleo con apoyo y otros servicios de integración laboral de personas con discapacidad y trastorno mental.
La reducción presupuestaria prevista no garantiza la subvención mensual a centros especiales de empleo por cada trabajador con discapacidad del 50 % del SMI prevista en la legislación y anula la subvención del 75 % del SMI para aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción prevista como medida de discriminación positiva, poniendo en peligro la viabilidad de los propios centros especiales de empleo así como de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad y trastorno mental. Los fondos destinados a empleo con apoyo también desaparecen.
En Cataluña existen más de 100 Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro que mantienen más de 7.300 puestos de trabajo de personas con discapacidad y trastorno mental, con la reducción presupuestaria prevista se prevé el despido de más de 2.500 personas en CEE.
Todas las administraciones públicas implicadas sitúan la inserción de las personas con discapacidad como una prioridad, sin embargo y a pesar de los compromisos unánimes, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Parlament de Catalunya, no son capaces de dar una respuesta que evite una nueva fractura en la cohesión social.
Lo que hoy puede representar una ahorro presupuestario para el Gobierno se convertirá en el futuro en un gasto todavía mayor y más inasumible. Según datos de organizaciones representativas como DINCAT y Ammfeina lo que hoy representa un coste de atención de 2.300 ? por persona y año en un entorno laboral podría convertirse en 9.000 ? por persona y año en un entorno residencial sumándoles una prestación económica.
La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de una crisis económica que no han provocado, y mucho menos las personas con discapacidad y las personas con trastorno mental que restaron ajenas a la opulencia en la época de crecimiento.
1. Restablecer la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a políticas activas de personas con discapacidad y personas con trastorno mental que permita la continuidad de los servicios de inserción laboral en la empresa ordinaria, con instrumentos como el empleo con apoyo, y de los centros especiales de empleo.
2. Garantizar la financiación de la subvención del 50 % del SMI por cada trabajador y del 75 % del SMI por cada trabajador con especial dificultad de inserción en centros especiales de empleo de iniciativa social.
3. Eliminar la congelación de las subvenciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en centros especiales de empleo de iniciativa social.
4. Mantener la financiación de programas y recursos de inserción en la empresa ordinaria y empleo con apoyo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000654
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo al sector de la minería en la comarca de Puertollano, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El Gobierno de España con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 está condenando a las comarcas mineras al paro y a su desaparición. Estos presupuestos implican cerrar el sector de la Minería del Carbón.
Esta situación se ha visto ratificada el pasado 22 de mayo en el debate de las enmiendas en Pleno, donde el Grupo Parlamentario Popular rechazó todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista que tenían como objetivo paliar esta situación.
Cabe destacar la disminución de un 39,1 % del presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. La partida más significativa dentro de su presupuesto de gastos son las transferencias corrientes que por un importe de 509,60 millones experimentan una reducción del 23 %, destacando la importante disminución de 116,35 millones de euros con respecto a 2011 de las ayudas de los costes de explotación para empresas productoras de carbón. Las transferencias de capital previstas en el presupuesto de gasto ascienden a 140,57 millones de euros destinados a la reactivación de las comarcas mineras, lo que supone una reducción de 268,65 millones de euros y un 65,65 % en relación al ejercicio anterior. Todos estos recortes, insistimos, ponen en serio riesgo miles de puesto de trabajo.
Para evitar esta situación el Grupo Parlamentario Socialista presentó una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado para 2012 que, como se mencionó anteriormente, fueron rechazadas. Éstas sumaban un incremento del presupuesto de casi 260 millones.
En Castilla-La Mancha esta actividad se localiza en la comarca de Puertollano, y genera en torno a 300 puestos de trabajos directos y un buen número de indirectos que, sobre todo en estos momentos, es importante que se puedan mantener. Pero además, no se trata únicamente de un asunto cuantitativo por el número de personas y de familias que en estos momentos viven del Carbón, sino también de una cuestión de sentimiento de una ciudad ligada históricamente a la minería.
Por último, recordar al Gobierno que se encuentra actualmente en vigor el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón para el periodo 2006-2012, que tiene como objetivo el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, en las que se reconoce la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su auténtica condición de recurso energético, de modular la evolución del empleo en función de las necesidades de producción, y de organizar la aplicación de ayudas así como promover la reactivación de las comarcas mineras.
1.º Cumplir los acuerdos que implica el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón para el periodo 2000-2012.
2.º Articular los mecanismos necesarios para dotar presupuestariamente al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
3.º Abrir el diálogo con los agentes sociales para diseñar y garantizar el futuro de la Minería del Carbón más allá de este año 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000657
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones en la lucha contra
incendios en el Valle del Tiétar (Casavieja), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Valle del Tiétar, al sur de Gredos, en las provincias de Ávila y Toledo, limítrofe con el Valle del Alberche, en la provincia de Ávila, y la Comarca de la Vera, es una zona especialmente vulnerable en materia de incendios forestales.
La defensa contra incendios forestales en España es competencia de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, tiene encomendada la coordinación básica de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las Administraciones Autonómicas. Dentro de estos medios, en el Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos, el Ministerio cuenta con dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF): la BRIF-A de la Base de La Iglesuela (Toledo), con dos helicópteros, y la BRIF-B, con un helicóptero, en la Base de Puerto del Pico. A esto se añade el despliegue de la Junta de Castilla y León en la Provincia de Ávila, con Brigadas helitransportadas en Cebreros, El Barco de Ávila y Piedralaves.
Todos los medios aéreos antes descritos disponen de capacidad de carga de agua para sus labores de extinción. Por ello es necesario contar con una balsa de aprovisionamiento de agua en el centro del Valle del Tiétar, en el Municipio de. Casavieja (Ávila), colindante con el Municipio de La Iglesuela (Toledo), donde se llevarían a cabo las labores de aprovisionamiento de los medios helitransportados, especialmente de la BRIF -A de la Base de La Iglesuela.
En el paraje de Los Horcos, en el Municipio de Casavieja (Ávila), existe una balsa o embalse, con una capacidad aproximada de 60.000 metros cúbicos que, con las reparaciones precisas, cumpliría la finalidad antes expresada.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que en el centro del Valle del Tiétar, en el municipio de Casavieja (Ávila), se adecue la presa o balsa existente en el paraje de Los Horcos, para que la misma sirva de almacenamiento en la lucha contra incendios forestales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000662
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre menores en riesgo de desprotección, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Entre los principios rectores de la política social y económica que la Constitución española consagra en el capítulo III del Título I, figura la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y dentro de esta, la protección integral de los hijos e hijas, que la Ley fundamental atribuye a los poderes públicos.
En la obligación de atención a la infancia y la adolescencia, citar la asistencia, bienestar social y comunitario, incluida la política juvenil, la sanidad, la educación y la enseñanza, la cultura, la promoción del deporte, y la adecuada utilización del ocio.
Se debe atender a la consideración que marcan las personas menores como integrantes de nuestra ciudadanía, con participación en la configuración de la sociedad en que se desenvuelven, en la medida que su edad les habilita, asumiendo también las responsabilidades que su participación social implica.
Una mención especial merece la situación de menores en situación de desprotección efectiva y actual, en la que se hace preciso no solo una acción preventiva, sino una intervención con la persona menor y su familia, de forma que la situación se pueda reconducir hacia la normalidad, en la atención y en el ejercicio de sus derechos.
Existen diversos niveles de desprotección, desde la desprotección moderada, en la que la persona menor tiene sus necesidades básicas sin satisfacerse, si bien su desarrollo no se encuentra comprometido, hasta la desprotección plena, en la que se produce, o es inminente, un daño significativo a consecuencia del cual el desarrollo de una persona menor se encuentra seriamente comprometido.
La determinación de las situaciones de desprotección infantil es responsabilidad del Sistema Público de Servicios Sociales, teniendo la consideración de servicio público esencial de gestión directa por parte de las administraciones públicas.
1. Que garantice el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores protegidas.
2. Que el Sistema Público de Servicios Sociales asuma la responsabilidad en el bienestar y protección de la infancia y adolescencia, coordinándose con los sistemas públicos sanitario y educativo.
3. Que es Sistema Público de Servicios Sociales vele para que los profesionales que intervengan en la atención a la infancia y la adolescencia en situación de desprotección, tengan la formación adecuada, y sean los necesarios para el desempeño de las funciones que van a realizar, con acciones de formación y especialización, que den respuesta a las necesidades que esta población demanda.
4. A la acción y reforzamiento de la cartera de servicios para las diferentes situaciones de desprotección, con la dotación presupuestaria suficiente, como son, en el caso de desprotección moderada:
- Servicios de Intervención Familiar.
- Servicios de Centros de Día, cuyo objetivo es proporcionar a los menores en desprotección un entorno seguro y enriquecedor, una adecuada atención a sus necesidades básicas, y una atención especializada.
5. Que se articule una cartera de servicios adecuada y suficientemente dotada para las situaciones de grave desprotección, como son:
- Servicios de intervención Familiar Especializada.
- Servicios de Centros de Día.
- Servicios de Acogimiento Familiar.
- Servicios de Acogimiento Residencial.
- Servicios de Punto de Encuentro.
- Servicios de Intervención Terapéutica y rehabilitadora.
- Servicios de Apoyo a la Emancipación.
- Prestación económica a personas y familias acogedoras.
- Prestación económica en el marco del sistema de protección a la infancia y la adolescencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000669
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de una nueva especialidad "Geriatría Oncológica u Oncología geriátrica", para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La esperanza de vida ha aumentado extraordinariamente. Junto con este hecho tan positivo se esconden muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, cuya incidencia aumenta progresivamente con la edad. Muchos países se preparan para el aumento de demanda sanitaria que este hecho está significando. En USA y en Francia, por ejemplo, disponen de una nueva especialidad, la Geriatría Oncológica, o la Oncología Geriátrica.
Para esta nueva realidad hay que formar médicos que conozcan ambas especialidades, única manera de ofrecer un cuidado adecuado a los ancianos con cáncer. Estos pacientes tienen con frecuencia complejos problemas médicos que afectan su salud de un modo global. Muchos cánceres evolucionan de un modo distinto en edades avanzadas y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deben adaptarse a estas diferencias. No se puede, sin más, aplicar los protocolos diseñados sobre la base sólo de la especialidad oncológica.
Estudiar en un plazo de tres meses la conveniencia de impulsar una nueva especialidad, "Geriatría Oncológica u Oncología geriátrica", con el fin de ofrecer un abordaje terapéutico más adecuado a la prevención y tratamiento de los enfermos de cáncer de edad avanzada, a fin de que mejore su calidad de vida y permita la optimización de los recursos pertinentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000670
no de Ley sobre los Implantes Baha, para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las personas con déficit auditivo tienen dificultades para afrontar aspectos importantes de la vida diaria, sobre todo los niños y niñas con hipoacusia congénita. Las ayudas auditivas por vía aérea (cómo la mayoría de los audífonos) proporcionan una solución satisfactoria para algunas personas, pero no siempre son adecuados para todos los tipos de hipoacusias.
El Baha está basado en el sistema Branemark, que lleva el nombre de su descubridor Branemark, quien constató que el titanio es aceptado por el cuerpo humano y se puede unir al hueso circundante, y así forma una estructura permanente. Este procedimiento lo denominó "osteointegración".
Para muchas personas la vía ósea directa y el sistema Baha ofrecen una vía única para percibir el sonido. El sistema Baha utiliza la capacidad natural del cuerpo para conducir el sonido. El hueso, como el aire, puede conducir las vibraciones sonoras. Más que confiar en la amplificación del sonido típica de un audífono de conducción aérea, que puede quedar bloqueado en el oído medio dañado u obstruido, el sistema Baha salta el conducto auditivo, así como el oído medio. El sistema Baha envía el sonido sorteando el área dañada o problemática, lo que estimula de manera natural la cóclea a través de la vía ósea. Desde ahí el nervio auditivo transfiere al cerebro las señales, lo que permite oír el sonido.
El sistema Baha es un tratamiento único para la pérdida auditiva para personas con: hipoacusia causadas por infección crónica en el oído medio, por malformación congénita o adquirida, del oído medio o externo que haya provocado la pérdida completa o parcial del conducto auditivo y por infecciones víricas, enfermedad de Meniere, traumatismos, etc.
Para muchas personas la vía ósea directa y el sistema Baha ofrecen una única vía para percibir el sonido. La osteointegración está basada en un implante de titanio que es aceptado por el cuerpo humano y se puede unir al hueso circundante y así forma una estructura permanente.
Los implantes Baha están recogidos en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, Real Decreto 1030/2006, de 15 de setiembre, lo cual permite a las casi 2.000 personas afectadas disponer del implante de forma gratuita, pero éste tiene una característica específica y es que en el caso de los menores hay que sustituirlo a los cinco años. El coste de la sustitución es muy alto para la mayoría de las familias, que temen que sus hijos pasen de una situación normalizada auditiva, de nuevo, a la sordera por no poder asumir los costes de la reposición, con el consiguiente impacto para el niño que ve como sus capacidades disminuyen y le hacen retroceder a una situación de difícil comunicación y exclusión.
Mantener en la Cartera de Servicios Comunes los implantes Baha con carácter gratuito, así como su renovación en todas las Comunidades Autónomas. También su mantenimiento, reparaciones y accesorios, a fin de seguir posibilitando una vida normalizada a las personas sordas, sobre todo a los niños, que precisan de este tipo de tecnología para comunicarse y desarrollarse de forma autónoma en la vida cotidiana."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre acaparamiento de tierras, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
A partir del año 2007 coincidiendo con la crisis financiera y alimentaria el fenómeno de acaparamiento de tierras se ha acelerado, permitiendo que compañías financieras y empresas agroalimentarias así como los propios estados adquieran por largos periodos de tiempo extensiones de tierra para el cultivo y exportaciones de alimentos enfocados al agronegocio, buscando rendimientos económicos en términos de costes, estándares sociales y ambientales sin tener en cuenta los derechos humanos de las poblaciones locales, ni ofrecerles una participación real en los beneficios.
Entre las consecuencias del acaparamiento de tierras destaca el desplazamiento de indígenas, campesinos y pescadores artesanales que quedan relegados al hambre y a la pobreza, la privatización de tierras y del agua, la pérdida de tierras para la producción local y nacional, el incremento del precio de los alimentos, el agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad y la aceleración
del cambio climático por el modelo agrícola industrial que produce deforestación y, en definitiva el incumplimiento del principio de soberanía alimentaria.
El concepto de soberanía alimentaria fue introducido por Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 para definir el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, para la producción y distribución sostenible de alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de modelos campesinos, pesqueros e indígenas de producción, comercialización y gestión sin discriminación alguna.
En este sentido, la tierra agrícola es imprescindible para la vida y no debería ser considerada como una mercancía más. A pesar de ello las políticas neoliberales que priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos, además de no contribuir a erradicar el hambre en el mundo, fomentan prácticas que hacen a los pueblos más dependientes de las importaciones agrícolas, refuerzan la industrialización de la agricultura, poniendo en peligro el patrimonio genético, cultural y medioambiental, así como nuestra salud.
Según datos del Banco Mundial en menos de un año 42 millones de hectáreas de tierra en el mundo han estado adquiridas por inversionistas (más del doble del Estado Español), de los cuales más del 75 % se encontraban en el África Subsahariana.
El Estado Español no es ajeno a este tipo de prácticas. Existen casos documentados como las 10.000 hectáreas de plantaciones de piña tropical en Ghana de la empresa García Cardán o la compra de 150.000 hectáreas para cultivar cereales oleaginosos en Mozambique por parte de la empresa Infinita Renovables.
El Relator de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter. reclama que los gobiernos deben reconocer sus obligaciones extraterritoriales con respecto al derecho de la alimentación y se deben abstener de aplicar políticas o programas que puedan tener efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que vivan fuera de su territorio. Así mismo reclama que los gobiernos deben respetar, proteger y promover la realización del derecho a la alimentación en otros países.
La ausencia de una regulación específica provoca que el fenómeno se extienda además de dejar impunes los daños provocados.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir el principio de Responsabilidad Extraterritorial de los Estados desarrollando herramientas objetivas, transparentes y públicas de control para evitar la vulneración del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria que las personas y empresas españolas puedan generar fuera del territorio español, aplicando si cabe sanciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000653
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación del Consejo Nacional de la Bicicleta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
En España hay más de 10 millones de usuarios no habituales de la bicicleta; de ellos, más de 2 millones y medio la utilizan a diario, porque la bici ha irrumpido con fuerza en diferentes ciudades españolas gracias al empuje de los colectivos de ciclistas urbanos y a la apuesta política decisiva de un buen número de ayuntamientos.
La bicicleta ya está presente en el paisaje urbano de las ciudades españolas y su uso está modificando las pautas de movilidad. Las ventajas que aporta su utilización como sistema de transporte sostenible para la ciudadanía y las ciudades están ampliamente contrastadas: pacifica el tráfico, mejora la salud de las personas, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil, promueve la equidad...
Lo cierto es que las asociaciones como ConBici, representan las diferentes sensibilidades relacionadas con la bicicleta. Las entidades de usuarios agrupadas en torno a ConBici reúnen a 54 entidades de toda España; la recién creada Plataforma Empresarial de la Bicicleta promueve el desarrollo del sector, genera empleo y coordina propuestas; la Red de Ciudades por la Bicicleta agrupa 100 ciudades y entes de transporte que favorecen en sus ciudades la presencia de la bicicleta en las calles; la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) aglutina y representa a las 26 principales empresas distribuidoras y fabricantes del sector ciclista, y todas ellas son entidades con quienes el Gobierno y el conjunto de instituciones públicas deben contar
para establecer su estrategia y sus planes para impulsar la presencia de la bici en las ciudades.
Estos organismos y algunos alcaides llevan ya tiempo reuniéndose para coordinar acciones de promoción, estudiar y proponer medidas normativas así como reformas legales, incentivar el mercado de la bicicleta, aumentar el número de ciclistas deportivos, construir carriles bici con resultados muy positivos en referencia a nuestros objetivos, hacer realidad las zonas 30, etc. Pero creemos que debemos avanzar más, con una mejor coordinación entre los diferentes ministerios y los demás entes de la Administración Local.
De ahí surge la idea de establecer un Consejo Nacional de la Bicicleta como una necesidad urgente para coordinar propuestas y trabajos. Un Consejo que deberíamos encaminar hacia la elaboración participativa con el Gobierno de España de un Plan Nacional estratégico en apoyo a la Bicicleta. Esta instancia de consulta y participación democrática ya existe en diversos países europeos que nos llevan gran delantera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación urgente de un Consejo Nacional de la Bicicleta, a modo de instancia asesora, consultiva y de participación democrática de todos los sectores comprometidos con el impulso y desarrollo de la utilización de la bicicleta en las ciudades españolas, de cara a aprobar los cambios normativos precisos y a la elaboración participada de un Plan Estratégico que favorezca el uso de la bici para una movilidad más sostenible en nuestras ciudades."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000660
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para priorizar la instalación de radares fijos en los tramos de concentración de accidentes.
Los radares en las carreteras deben cumplir esencialmente una función preventiva, evitando accidentes de tráfico. A tal efecto, es necesario que se anuncie siempre la existencia de un radar, provocando con ello que el conductor modere su velocidad y pueda evitar un accidente. En este sentido, más que un afán recaudatorio el radar debe tener una finalidad preventiva.
En muchas ocasiones, la instalación de los radares obedece más a un criterio de facilidad de su instalación que no a un criterio de mayor siniestralidad de accidentes del tramo donde se coloca. Son muchos los ejemplos de radares colocados justo en el lugar donde cambia el límite de velocidad y que parece tener una finalidad de "cazar" al conductor, para que pague multas, más que de prevenir al conductor de la existencia de un tramo peligroso en donde es conveniente circular respetando escrupulosamente los límites establecidos.
Para Convergència i Unió, sería deseable situar los radares en los tramos de concentración de accidentes, señalizando previamente su existencia e incrementando con ello su finalidad preventiva para evitar accidentes.
En los últimos años se ha logrado reducir de forma muy considerable tanto el número de accidentes con víctimas como, sobre todo, los fallecidos por accidentes de tráfico y los heridos graves. Concretamente, esta tendencia decreciente empezó en 2004, y hasta 2010, último año con datos publicados por la Dirección General de Tráfico, el número de víctimas mortales ha decrecido en un 54 %.
Esta importante reducción ha permitido al Estado español situarse por debajo de la media comunitaria en fallecidos por millón de población, y muy cerca de países con una larga tradición de baja siniestralidad en sus carreteras, como Finlandia o Dinamarca.
Como es conocido, uno de los factores más importantes que provocan los accidentes de tráfico es el exceso de velocidad, además de agravar la severidad y magnitud de la mayoría de los accidentes de circulación que se producen en las vías.
Los radares son una de las herramientas con las que cuenta la administración para reducir la velocidad a la que conducen los conductores, y por ende disminuir la siniestralidad en las carreteras. Sin embargo, la implantación de los radares y su distribución a lo largo de los distintos tipos de vías no siempre cuenta con la aprobación del conjunto de la ciudadanía que desconoce si la instalación de este tipo de dispositivo se rige por criterios de seguridad vial o recaudatorios.
En este sentido, un estudio reciente, que se presentó en el Observatorio de la seguridad vial, apunta a que los radares fijos funcionan en carreteras con velocidades medias o alta, pero su eficacia no se puede generalizar
a aquellas carreteras con menor velocidad o que tienen semáforos, como las vías de acceso a las ciudades.
Aunque no hay lugar a duda de la importancia de los radares en la disminución de los accidentes de tráfico, tal y como está demostrado por distintos estudios y por la propia experiencia, se deben situar en aquellos puntos en los que tengan una mayor efectividad.
En este sentido, cobra especial relevancia la priorización de la instalación de radares fijos en los tramos de concentración de accidentes. Además, éstos tienen que ser señalizados de forma clara y con suficiente antelación con el fin de que los conductores no sobrepasen el límite de velocidad en ese tramo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar en las carreteras de competencia de la Administración General Estado la instalación de radares fijos en los tramos de concentración de accidentes y a señalizar siempre adecuadamente su existencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
El Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprobó la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, establecía un conjunto de medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad que permitían poner el acento en el esfuerzo que han de hacer las Administraciones Públicas para avanzar en la inserción en el mundo laboral de este colectivo necesitado, más que muchos otros, de políticas y programas que permitan su desarrollo personal normalizado en el mundo laboral.
Este conjunto de medidas suponían una respuesta sensible y necesaria de los poderes públicos a los problemas de este colectivo y permitían creer en un avance significativo para su bienestar en un futuro.
De manera tajante el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, vino a derogar, en su disposición undécima, todas las medidas estatales de inserción laboral contenidas en el Real Decreto de 2011. El efecto de esa aprobación ha sido dejar sin efecto y sin cobertura legal las medidas aprobadas en el 2011 y dar vigencia a normas y medidas anteriores que ser remiten hasta el año 1983. Esto es una regresión normativa y de políticas públicas de hasta treinta años.
El siguiente paso ha sido la propuesta de presupuesto estatal con un recorte de hasta el 80 % de las transferencias corrientes que han de dirigirse a las Comunidades Autónomas para planes de ocupación, escuelas taller, casas de oficios y talleres ocupacionales, pasando de los 1.531.022.000 euros del ejercicio a los 322.273.000 del 2012.
Dentro de este gran recorte presupuestario se incluyen las transferencias que sirven para financiar los incentivos para la contratación de personas discapacitadas en centros especiales de empleo y la drástica reducción de estas transferencias presupuestadas deja en dramática situación estos centros y la continuidad de las contrataciones de personas discapacitadas.
En estos momentos de crisis es crucial mantener todas aquellas líneas de apoyo a los colectivos con más dificultades de inserción laboral, especialmente el colectivo de personas discapacitadas, que tiene en los centros especiales de empleo una esencial oportunidad para normalizar sus vidas mediante la integración en el mundo laboral.
Eliminar las lineas maestras y los programas trazados como medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad, dentro de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 supone la eliminación de una oportunidad única para avanzar en clave de futuro en la integración de este colectivo y dejar desasistido un colectivo que necesita el apoyo máximo de la Administración Pública.
Derogar la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para al reforma del mercado laboral y dar de nuevo vigencia plena a las "Medidas estatales de inserción
laboral de personas con discapacidad" contenidas en el Anexo del Real Decreto 1542/2011, de 23 de octubre, por el que se aprobó la Estrategia Española del Empleo 2012-2014."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000665
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Integral para Personas con Discapacidad en el Medio Rural, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
En torno a un 12 % de las personas que viven en el medio rural tiene algún tipo de discapacidad.
Según diversos estudios, el perfil de las personas con discapacidad en las zonas rurales de nuestro país es el de personas de mediana edad que viven en ayuntamientos de menos de 2000 habitantes, con gran dispersión poblacional, con una minusvalía igual o superior al 75 % y que no trabajan, por lo que cobran una pensión (en torno al 65 %). Como cuidadora principal está casi siempre una mujer.
Estas personas con discapacidad sufren doble y triple discriminación (en el casó de las mujeres) ya que las distancias desde sus lugares de residencia a los servicios especializados son mayores. A esto hay que añadir que las zonas rurales se encuentran mucho peor comunicadas que los entornos urbanos y en ellas escasean los servicios públicos de transporte y el transporte público adaptado. Si a esto le sumamos tanto las lagunas que todavía existen y que imposibilitan el acceso a lnternet de estas personas, como las deficiencias en materia de accesibilidad y la escasez de empleo, de actividades de ocio adaptadas o el acceso a la cultura, concluimos que hay un gran riesgo de exclusión social para este colectivo.
Primero llega el aislamiento, luego la vulnerabilidad y finalmente su propia invisibilidad.
Las personas expertas en la materia hablan de la triple D: Distancia a servicios básicos ubicados en territorios urbanos, dispersión geográfica y discapacidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las CCAA y las organizaciones de la discapacidad, ponga en marcha una Estrategia Integral para Personas con Discapacidad en el Medio Rural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/000258
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Exteriores
Diputado don Alex Sáez Jubero
¿Cuál es la posición del Gobierno Español ante la retirada de confianza de Marruecos al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental Cristopher Ross?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.
En el reciente viaje a Brasil, el ministro García Margallo abordó con su homólogo brasileño el asunto de la entrada de turistas en los respectivos países. Parece ser que se adquirió el compromiso de poner fin a las trabas consulares a la entrada de los viajeros en cada país.
¿Cuál es la decisión política tomada en relación con la entrada de turistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.
¿Ha tomado el Gobierno la decisión de cambiar los requisitos exigidos para la entrada en nuestro país a los ciudadanos brasileños que viajen a España?
¿Considera el Gobierno que deben deslindarse las posibles responsabilidades existentes en el proceso que ha conducido a determinadas entidades financieras a la situación actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.
En el mes de abril la confianza del consumidor se hundió 13,4 puntos ¿Cuál cree el Gobierno que es el motivo de este descenso y que previsión estima a futuro para este índice?
¿Que medidas piensa adoptar el Gobierno con respecto a los Ayuntamientos que no han podido solicitar su Plan de Ajuste por no tener el apoyo suficiente en sus respectivos municipios o porque, habiéndolo presentado, no han sido aprobados por el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Elvira Ramón Utrabo.
181/000283
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que los cambios introducidos en AENA a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo cumplan con los requisitos comunitarios europeos en prevención de riesgos laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán.
¿Tiene el Gobierno (o el Ministerio de Fomento) la previsión de aumentar en la Estación Ferroviaria del Aeropuerto de Jerez de la Frontera la frecuencia de parada de los trenes de la línea de Cercanías C-1 y del trayecto de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Francisco González Cabaña.
Previsiones acerca de decretar una amnistía a las viviendas que se encuentran en situación ilegal y de esta manera eludir la demolición de edificaciones con sentencia firme en contra.
Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito registrado con el número 17483, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
¿Tiene el Gobierno pensado decretar una amnistía a las viviendas que se encuentran en situación ilegal y de esta manera eludir la demolición de edificaciones con sentencia firme en contra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán.
181/000329
¿Tiene previsto el Gobierno la privatización de AENA a lo largo de la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2012.-Rafael Simancas Simancas.
181/000330
¿Cuál es el modelo que tiene previsto aplicar el Gobierno en la anunciada liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril?
181/000331
¿Qué consecuencias tendrán los recortes presupuestarios sobre la ejecución del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la extensión de las cercanías ferroviarias?
181/000332
Diputada doña M.ª del Carmen Silva Rego
¿Sigue considerando la Ministra de Fomento que la conexión directa del Ave Vigo-Madrid por Cerdedo es prioritaria y tiene que ser contratada tan pronto se elaboren los proyectos básicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2012.-María del Carmen Silva Rego.
181/000333
Diputado don Herick Campos Arteseros
¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno de España para concluir las obras del Corredor Mediterráneo en los plazos previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros.
181/000334
¿Qué calendario tiene el Gobierno para la puesta en servicio de las líneas de AVE Madrid-Alicante, Madrid-Castellón, y Madrid-Elche?
Diputada doña Concepción Gutiérrez del Castillo
La Comisión Europea considera que existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar el nuevo contrato para emprendedores que regula la Reforma Laboral en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos. Ante estas consideraciones, ¿se plantea el Gobierno modificar el "contrato de emprendedores" en
el trámite en el Senado que inicia ahora el Proyecto de Ley de la Reforma Laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2012.-Concepción Gutiérrez del Castillo.
La Comisión Europea considera que el encadenamiento de los contratos de formación y aprendizaje que introduce la Reforma Laboral, con coste de rescisión cero, pueden contribuir a un aumento de la segmentación del mercado de trabajo. Ante estas consideraciones, ¿se ha planteado el Gobierno modificar el contrato de formación y aprendizaje en el en el trámite en el Senado que inicia ahora el Proyecto de Ley de Reforma Laboral?
¿Qué criterios ha adoptado el Gobierno para la distribución presupuestaria en materia de políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Concepción Gutiérrez del Castillo.
¿Qué medidas adicionales piensa tomar el Gobierno para aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo?
181/000323
¿Cómo piensa abordar el Gobierno las recomendaciones que sobre políticas activas efectúa la Comisión Europea?
¿Qué valoración le merece al Gobierno la evolución de la contratación en los cinco primeros meses correspondientes a 2012?
181/000325
¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la protección por desempleo en los cinco primeros meses de 2912?
181/000326
¿Cómo valora el Gobierno la evolución de ingresos y gastos del Fondo de Garantía Salarial en los cinco primeros meses de 2012?
181/000327
¿Qué resultados ha habido en los cinco primeros meses del año 2012 de la estrategia global para el empleo de los trabajadores de mas edad?
181/000328
¿Cómo valora el Gobierno la evolución del coste laboral por hora trabajada en España en relación con el resto de la Unión Europea a 27/zona euro y con nuestros principales destinos de exportación como Francia y Alemania?
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria Energía y Turismo
Ante la falta de consignación en los PGE 2012 para la ejecución del programa de la 2.ª fase de los Buques de Acción Marítima, ¿Cuáles son los planes futuros previstos por el Gobierno para dotar de carga de trabajo a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2012.-Francisco González Cabaña.
¿Va a proponer el Gobierno un cambio en el uso del plomo en la munición usada habitualmente en la caza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez.
¿Qué datos oficiales tiene el Gobierno para recomendar el no consumo de carne de caza por mujeres y niños?
¿Avala el Gobierno la recomendación de que las mujeres y los niños no consuman carne de caza?
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno ante el anuncio del Gobierno Argentino de prohibir la exportación de jamón español a Argentina?
Las condiciones de seguridad en la pesca deportiva a flote tiene reguladas las condiciones de seguridad exigibles para la propia embarcación y para los deportistas que la ejercen. Pero la pesca deportiva marítima desde tierra no está tan reglada, ¿cree el gobierno que es necesario abordar una legislación que regule las medidas de seguridad que deben cumplir los pescadores deportivos marítimos desde tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado.
El gobierno de España ha venido manteniendo en los últimos años una intensa política de cooperación en materia pesquera, ¿en qué países mantendrá España sus proyectos de cooperación en materia de pesca y en cuantos había proyectos en 2011? ¿cree el gobierno que con los actuales presupuestos se podrán mantener estas importantes acciones de cooperación?
El gobierno ha eliminado las ayudas para garantizar la seguridad de los atuneros españoles en el indico,
antes de tomar esta decisión, ¿consultó el gobierno de España con las CCAA, cual fue la opinión de estas?, ¿cuáles son las medidas que promoverá el gobierno de España para garantizar la seguridad de los barcos y de las tripulaciones que faenan en el Indico?
Los Grupos de Acción Costera han sido y son unos importantes instrumentos de dinamización e innovación del sector de la pesca, ¿conoce el gobierno el número de proyectos que han presentado los Grupos de Acción Costeira constituidos en Galicia y cual es su valoración?
El río Limia, especialmente a su paso por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, se encuentra en unas condiciones más que preocupantes. No solo respecto a su caudal, sino también a su limpieza y a sus propias riberas, ¿cuáles son las previsiones del gobierno respecto a posibles actuaciones en el río Limia, especialmente a su paso por Xinzo de Limia? ¿En que consisten esas actuaciones, cuándo y cuánto se pretende invertir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado.
El río Limia, especialmente a su paso por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, se encuentra en unas condiciones más que preocupantes. No solo respecto a su caudal, sino también a su limpieza y a sus propias riberas, ¿conoce el gobierno el proyecto anunciado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Xinzo de Limia respecto de un puerto deportivo en este río, a su paso por Xinzo de Limia? ¿qué opinión le merece?, ¿considera viable dicho proyecto?
Ante la salida de la costera del bonito del norte, ¿qué dispositivo va a poner en marcha el gobierno de España para acompañar a la flota española que faena en la temporada de la costera del bonito en este año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado.
Los precios de los combustibles utilizados en la pesca han crecido cerca de un 40 % con respecto a las
medias de los últimos cinco años, aumentando los costes de producción de la flota sin que esta pueda repercutirlos en el precio final del producto, ¿qué medidas va a adoptar el gobierno para paliar los efectos de la subida del precio del combustible en la flota pesquera?
El gobierno socialista implantó el Plan ADO, que posibilito, por primera vez, que las y los deportistas paraolímpicos y sus preparadores contaran con becas y ayudas similares a las de los deportistas de élite, ¿en que situación se encuentra en estos momentos el citado programa y cuantos deportistas paraolímpicos están recibiendo becas u otro tipo de ayudas?
El gobierno socialista aprobó la Ley que reconoce la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. De esta manera, se atendió una reivindicación histórica de un importante colectivo de nuestro país, ¿qué medidas va a poner en marcha el gobierno actual para seguir desarrollando la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas?
232/000035
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4596/1999, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas, en la medida en que modifica el inciso primero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del Deporte.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José i Fernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4596/1999, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas, en la medida en que modifica el inciso primero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del Deporte. Han intervenido y formulado alegaciones el Letrado del Parlamento de Cataluña y el Abogado de la Generalidad de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio. quien expresa el parecer del Tribunal.
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 4596/1999 interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación y declarar que el inciso primero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del Deporte, en la redacción dada al mismo por el artículo 2 de la Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas, es constitucional en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 7.
Dada en Madrid, a 23 de mayo de 2012.
232/000036
Sentencia dictada por dicho Tribunal en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 4937/2002 y 5305/2002, promovido el primero por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, representado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, frente a los artículos 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, e interpuesto el segundo por el Parlamento de Cataluña, representado por su Letrada, contra los artículos 5.1, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la misma Ley.
En los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 4937-2002 y 5305-2002, promovido el primero por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, representado
por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, frente a los artículos 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, e interpuesto el segundo por el Parlamento de Cataluña, representado por su Letrada, contra los artículos 5.1, 8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la misma Ley. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Letrado de las Cortes Generales-Jefe de la Asesoría Jurídica del Senado en representación de dicha Cámara. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.
Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad acumulados núm. 4937-2002, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y 5305-2002, interpuesto por el Parlamento de Cataluña y en su virtud:
1.º Declarar que es inconstitucional y nula la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en cuanto reserva al Estado el desarrollo exclusivo de los artículos 4.1 b) y c); 5.1; 6.3 y 4; 8.4; 9; y 11.6; y de la disposición adicional tercera.
Dada en Madrid, 24 de mayo de 2012.

References: artículo 2
 artículo 19
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 175
 Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 189
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 2