Source: https://www.scribd.com/document/128170150/Constitucion-y-Derecho-Penal
Timestamp: 2017-12-17 16:35:43+00:00

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Klaus Tiedemann Traducción: Luis Arroyo Zapatero
Sumario: I. Introducción II. Sobre el concepto de delito y de penas III. Las sanciones IV. Constitución y parte general V. Constitución y parte especial VI. Mandatos constitucionales de legislar VII. Conclusión: proceso penal y doctrina penal a la luz de la Constitución. (p. 145) I. Introducción La relación entre Derecho constitucional y Derecho penal es un tema presente en todos los tratados de ambas disciplinas desde los tiempos de la Ilustración. «La ley no debe establecer más penas que las estricta y manifiestamente necesarias». Este precepto de la Declaración francesa de Derechos Humanos de 26 de agosto de 1789 (art. 8) recoge una de las reivindicaciones fundamentales de Beccaria y va dirigida de modo directo al legislador. La frase encarna, en terminología de la actual política criminal alemana acuñada por el Tribunal Constitucional Federal, los postulados de 1 proporcionalidad y subsidiariedad del Derecho penal . En el mismo artículo 8 de la Declaración de 1789 se contiene el principio que poco más tarde formulara Feuerbach en términos latinos como «nulla poena, nullum crimen sine lege», que se dirige, por el contrario, al juez, quien, en expresión de Montesquieu, no debía ser más que «la bouche de la loi», lo que se concreta hoy según extendida opinión en la prohibición de la analogía in malam partem a la hora de aplicar las figuras delictivas de 2 la Parte Especial (p. 146) Esas ideas fundamentales que comportan la limitación del poder del Estado en su más grave expresión como poder punitivo, originariamente tan sólo como fórmulas programáticas y políticas, se han venido repitiendo desde la Revolución francesa y durante doscientos años en los textos constitucionales y en los C ódigos Penales, si bien con amplitud y precisión diversas. La lucha por el Estado liberal de Derecho, a imagen del movimiento constitucional de los Estados Unidos de América, fue también en la Alemania del siglo XIX la lucha por un proceso penal y justo y con garantías, algo que hoy nos resulta evidente. En el siglo XX, y tras la Segunda Guerra Mundial, aquellos principios se han visto complementados de forma considerable. Así, por ejemplo, la Constitución italiana de 1948, en su artículo 27, y en su correlativo artículo 25, la Constitución española de 1978, proclaman de modo expreso la resocialización como fin de la pena. También el artículo 45 de esta última contiene un mandato dirigido al legislador para que tutele penalmente el medio ambiente, expresándose así de modo singular el espíritu de nuestro tiempo. La Constitución alemana, por su parte, estableció hace cuarenta años, en su artículos 101 y siguientes, un Catálogo de Derechos Fundamentales, que, de un modo general, reciben el nombre de derechos fundamentales a la justicia, Justizgrundrechte [1], que afectan sobre todo al proceso judicial y fundamentalmente al proceso penal. Así, el artículo 101 prohibe los tribunales de excepción y prescribe que «nadie debe ser sustraído a su juez legal». El artículo 103 regula detalladamente en primer lugar el derecho a ser oído judicialmente, para incorporar a continuación, en el párrafo 3, el principio del «ne bis in idem»: «nadie puede ser condenado más de una vez por el mismo hecho, en aplicación de las leyes penales comunes». El artículo 104, por su parte, tiene relevancia tanto para el Derecho penal sustantivo como para el procesal, al establecer que «la libertad personal no puede verse limitada más que por causa establecida en ley formal», y sólo en el modo y forma previsto por ella los detenidos -continúa el artículo- «no podrán ser sometidos a maltratos físicos o morales». El párrafo 3 del mencionado precepto establece también que «el sometido a detención provisional como consecuencia de la sospecha de haber cometido un hecho punible debe ser presentado al juez, lo más tarde, al día siguiente de la detención».
Véase una síntesis en K. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 1969, pp. 136 y ss., con referencias.
Cfr. H. H. JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 4.' ed., 1988, pp. 120 y ss.
en todo caso. 2. a la libertad de prensa y de información a través de la radio y la cinematografía. el art. los manuales y comentarios de Derecho penal se limitan a mencionar los preceptos que en los textos constitucionales hacen referencia a las relaciones entre Derecho penal y Constitución. 9. en el Derecho constitucional alemán existen declaraciones tanto explícitas como implícitas relevantes para el contenido y la forma del ordenamiento penal. 10. El no menos importante principio de exigencia de culpabilidad en Derecho penal. 1963. 125 (l33). 1931. que tienen sus presupuestos respectivos en diferentes objetivos y finalidades del actuar humano. 4.).. (910). 1912.): Die Grundrechte. Ambas garantías son una reacción específica frente a los excesos del nacionalsocialismo. y con carácter general. WOLF. pp. 5 HAMANN. 75 y ss. H. en el artículo 102. Einheit der Rechtsordnung. Grundgesetz und Strafgesetzgebung. 5 se refiere al derecho a la libre expresión. Sin embargo. O. publicada en 1963 bajo el título Constitución y legislación penal. 111/2. Junto a los derechos relativos a la justicia. la igualdad ante la ley. 167 (l69). Pp. WOESNER. NIW. TESAR. pp. junto a K. Incluso monografías tan fundamentales como la de Engisch. todo ello relevante para las injurias. el art. a pesar del efecto de vinculación directa de los derechos fundamentales y del principio del Estado de Derecho. STREE. el art. el derecho fundamental a reunirse pacíficamente y sin armas. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 1963. 6 garantiza la especial protección del matrimonio y de la familia. y sobre todo llama la atención si se compara con lo que ha acontecido en otros países como España e Italia. es algo que se aborda muy raramente. 3. 103. 7 JESCHECK. Esta 3 BVerfGE 6. 2 . 1966. Staatsidee und Strafrecht. W. del libre desarrollo de la personalidad (art. El tema apareció de nuevo. vol. 50. El artículo 1 garantiza la intangibilidad de la dignidad humana. en lo que supone de expresión de la extendida y correcta opinión de que el orden de valores jurídicoconstitucional y el orden legal jurídico-penal son espacios relativamente autónomos. 28. R. R. 147) Universidad de Tubinga sobre la Constitución y las sanciones 5 penales . 194 (200). En suma. el art.A los anteriores derechos relativos al proceso se añaden las garantías de derecho sustantivo como la abolición de la pena capital. ENGIscm. Resulta llamativo ya a primera vista que el tratado de Jescheck agrupe los preceptos constitucionales 7 relevantes para la materia penal en un único capítulo titulado «Principios de política criminal» . 20) . párrafo 3). que la Constitución concede al legislador ordinario un amplio margen de libertad para la configuración del ordenamiento penal. de la libertad de creencias y de conciencia y la libertad religiosa e ideológica. en Probleme der Strafrechtsreform. Cit. 259 (262 y s. 8. SAX.. 386 (39l). a la que siguió el trabajo de habilitación de Stree en la (p. Die Typen der Tatbestandsmâfigkeit. 20. BGHSt 2. 323 (33l). 1959. es decir -en el sentido de la terminología del Tribunal Constitucional desde el caso Lüth-. la cuestión ciertamente más amplia y general de en qué medida el Derecho constitucional contenido en la norma fundamental influye sobre el ordenamiento penal. 389 (439). y el principio del «nullum crimen. que al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución estaba reconocido en la legislación ordinaria. en BETTERMANN/NIPPERDEY/SCHEUNER (eds. Op. 4 del año 1935. Bingen a. E. 909 y ss. aunque con n umerosas excepciones. también son directamente relevantes para el Derecho penal las garantías contenidas en el Catálogo de Derechos Fundamentales de los artículos 1 a 19 de la Norma Fundamental. Desde la época de Weimar. también. LANCE. Este retraimiento de la doctrina penal alemana resulta realmente sorprendente. que muestran regulaciones diferenciadas y.1) y de la idea del Estado de Derecho (art. Tubinga. tan sólo con la pequeña monografía de Hamann. tuvo que ser desarrollado por el Tribunal Constitucional a partir de los principios de la dignidad humana 3 (art. 1729 y ss. pp. nulla poena sine lege»: «Sólo puede castigarse un hecho si su punibilidad ha sido establecida por una ley con anterioridad a su comisión» (art. 6 Así. el art. 1963. 1914. 2. 1). 17 y ss. Ambos trabajos no han tenido una influencia o continuación merecedora de mención. todo ello sin perjuicio de la validez teórica de postulados teóricos vinculantes como el de la «unidad del ordenamiento jurídico» o de expresiones como la de que el Derecho penal es la ley a través de la cual se realiza la 6 Constitución . cuáles sean las «directrices e impulsos» que la Constitución ha dado al ordenamiento penal. ScxMro`r. (98). Deliktsfolgen und Giundgesetz. R. Naturalmente que se puede encontrar algo positivo en ese mencionado retraimiento de la doctrina alemana. Die Strafrechtsreform in ihrer staatsrechtlichen und politischen Bedeutung. el art. 4 Cfr. no llegan a ocuparse más que del llamado Derecho penal p olítico . especialmente.
la tarea de iluminar el Derecho penal con la luz de la Constitución. Lo lamentable de esta renuncia se muestra. declaró parcialmente nula la regulación prevista en el Código Penal. por utilizar una expresión plástica del propio Tribunal. con un breve vistazo a la sentencia del Tribunal C onstitucional italiano de marzo de 1988. nota marginal 72. 1987. solamente a aquellas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que afectan a las dos hipótesis mencionadas anteriormente. 198 (208 s. por ejemplo. conforme a la cual se (p. son conocidas también las dificultades con que la doctrina aborda la distinción entre las competencias de la jurisdicción constitucional y las de la jurisdicción ordinaria. BGHSt 22. Un panorama general en L. K. como ejemplo precedente. es decir. Baste recordar aquí la doctrina de interrelación y mutua limitación del «efecto recíproco» de los derechos fundamentales 8 (Wechselwirkungslehre) . Ya ahora deseo añadir una segunda hipótesis que modula la anterior: Un cierto ámbito de las cuestiones fundamentales de la dogmática penal están abiertas a la influencia directa del orden constitucional. p. 1988. Debe significarse. a pesar de su indudable interés. en virtud de la cual. unos por razones de tiempo y otros por ser propios de otros ámbitos de competencia científica y de especialidad: Así. quien contribuye de este modo a la formación jurídico- 8 Cfr. No quiere decir esto que toda valoración de la contribución del Tribunal Constitucional tenga que culminar en una suerte de aclamación por parte de quienes nos encontramos en las tinieblas del Derecho penal ordinario. 149) ordenamiento. También son de gran interés las contribuciones del Tribunal Constitucional español. atendiendo sobre todo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 10 11 3 . en qué ámbitos y en qué medida la interpretación de la Constitución ha influido y ha contribuido a la evolución del Derecho penal alemán y de su (p. En lo que sigue haré referencia. 149) considera 10 irrelevante el error de derecho en tanto se refiera a errores inevitables .). La dogmática del sistema penal.forma de tratar el problema por parte de un autor tan representativo y de competencia internacionalmente reconocida me da ocasión para formular una primera hipótesis: El Derecho constitucional influye y conforma la política criminal. por razones de tiempo y espacio propios de este trabajo. ha extendido la prohibición de la analogía al principio de territorialidad en el delito de aborto. en Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia. y de otros Tribunales Constitucionales acerca de la impunidad o del castigo de la interrupción voluntaria del embarazo o sobre la legitimidad de la pena capital son conocidas a través de esa institución constitucional que es la prensa. junto o tras el legislador. A tal efecto se ha de atender en primer lugar a la jurisprudencia e manada del Tribunal Constitucional Federal alemán. BVerfGE 7. 26 (28 s. 9 Cfr. debe seguir nuestro análisis. pp. Grundzüge des Verfassungsrechts dei Bundesrepublik Deutsch1and. no se ha resuelto hasta ahora sino de una forma puramente casuística. 1988. forma parte del «derecho ordinario» y es monopolio de la «jurisdicción ordinaria». es decir. y que se refieren a cuestiones fundamentales tanto del Derecho penal sustantivo como del Derecho procesal.' ed. por el contrario. Antes de ello voy a hacer mención en primer lugar a algunos aspectos que. corresponde sobre todo. UU. 27.. en lo que a lo penal se refiere. 337 y ss. es asunto de la doctrina y la jurisprudencia. por el contrario. Corte di Cassazione. pp. La prevalencia del Tribunal Constitucional en la solución de ese nudo gordiano muestra a su vez el camino que. en cierto modo se encuentran a la vez dentro de las fronteras de la Constitución y en vinculación con la política criminal. por mencionar algún ejemplo . y que se concreta en la calificación de las materias como «cuestiones de relevancia constitucional» y «cuestiones de mera legalidad» o de legalidad ordinaria. a quien. o también. que también las sentencias del Tribunal Supremo han contribuido y contribuyen al desarrollo e 9 interpretación de la Constitución. no se aborda el Derecho comparado en la materia. entre otras cosas. en virtud de su autoridad y fuerza vinculante [2]. ha aplicado la prohibición de retroactividad a las reglas de la prisión provisional y ha impuesto el «ne bis in idem» a la relación 11 entre penas y medidas. en qué medida y en qué ámbitos ha sido irrelevante. 97 y ss. y que. no pueden ser abordados en este limitado marco. HESSE. a partir de una consideración crítica de la jurisprudencia alemana. ARROYO ZAPATERO. Revista jurídica de Castilla . y con fundamento en el artículo 27 de su Constitución.La Mancha. que. no obstante. si bien de modo menos sistemático y decisivo (9). Para comprobar la validez de las hipótesis anteriores debe procederse a examinar.. Las sentencias del Tribunal Supremo de EE. Por otra parte. 16.).
y por vía de la cuestión de constitucionalidad. el Tribunal Superior de Hamm confirmó la tesis en cuestión apenas seis meses más 14 tarde . 152) de ironía. y no sólo penal. lo que se considera una suerte de contra-analogía. BGHSt 30. han requerido el esfuerzo intelectual de toda una Sala para salvar. 1405. que más tarde. por último. en términos que acuñara Dahm. para detenernos en el análisis comparado de esos Derechos extranjeros y sus sistemas de justicia constitucional y. p.se refiere únicamente a su relación con el legislador y no con el poder judicial. 1982. a seguir cualquiera de las diferentes alternativas ofrecidas por 16 éste. Por otra parte. se requiere un cierto conocimiento de la psicología judicial para esclarecer el interesante asunto de la relación existente entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en orden a la realización de la Constitución en el ámbito penal. el que el Tribunal Supremo llegara a manifestar que los criterios y alternativas ofrecidas en este punto por el Tribunal Constitucional eran. Un ejemplo de ello es la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la legitimidad de la figura del «agente provocador» en el proceso 12 penal (12). La decisión de los tres magistrados no se justifica ni en el hecho de que el abogado en cuestión no acompañara referencias bibliográficas (costumbre en la justicia constitucional alemana) ni tampoco en que la mencionada tesis doctrinal se hubiere elaborado sólo en la posguerra. de que el artículo 103. 1987. 250 (275). bien es verdad que en un procedimiento distinto y sin la autoridad del más alto Tribunal alemán. que ha obligado al legislador a elaborar de nueva planta el sistema de sanciones. con nota de K.2 de la Constitución no sólo prohibe como analogía el superar en Derecho penal el tenor literal de tipos prohibitivos. hemos de renunciar a la exposición detallada de la evolución histórica de la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional alemán.1981 (no publicada). con la aprobación de la mayoría de los comentaristas. Probablemente el Tribunal Supremo valora la modificación de sus sentencias por parte de las del Tribunal Constitucional como producto de decisiones políticas -al menos como política del superior jerárquico-. 151) doctrina. En no pocas ocasiones. menos aún. Así. el penitenciario e incluso un nuevo Código Procesal. y BVerfGE NStZ.. y por otra. sino también por ser materia de otras especialidades científicas. 4 .constitucional de la opinión pública. resulta llamativo el modo en que el Tribunal Supremo se resistió en el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 15 que restringió el tipo del asesinato . BVerfGE 45. Pues bien: la Comisión de Admisión impuso una multa al abogado por mantener una tesis que «todo jurista sabe que carece 13 de fundamento» . TIEDEMANN. 276. 105 (110 ss. con su actividad jurisdiccional. No está exento (p.7. para ocuparnos de las implicaciones políticas de las reglas del proceso penal. constitucionalmente objetables. las Comisiones de Admisión del Tribunal [3] han rechazado casos de colisión entre Derecho procesal penal y Derecho constitucional. Ejemplo de esto último es el que el Tribunal Constitucional italiano haya mostrado un particular entusiasmo por intervenir en la codificación penal y procesal nacida en el año 1930 y cargada de la ideología de la época.). mediante una interpretación conforme a la Constitución. En el marco de este trabajo no hay lugar. a pesar de que el Tribunal Constitucional rechaza que. y el Tribunal Supremo se suele referir expresamente a que el Tribunal Constitucional le ha conferido la tarea de «establecer el camino metodológico que haga posible limitar el ámbito de aplicación de la pena de reclusión perpetua de modo tal que. Este procedimiento de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resulta coherente con el sentido de la primera tesis que hemos enunciado. No sólo por razones de espacio. OLG Hamm. Bien es verdad. p. 9. sin embargo. que también 12 Cfr. 570. UU. en cada caso concreto. 13 14 15 16 17 BVerfG 2 BvR 714/81. 187 (227 ss. que esta renuncia -en el sentido de lo que se conoce como «judicial restraint» en EE. en su opinión. resulte coherente con el principio de que la pena 17 debe ser justa y adecuada a la culpabilidad» . Como ulterior y último ejemplo del poco predicamento que ha merecido la dilatada práctica de las Comisiones de Admisión mencionaré el caso de un abogado que mantuvo en su recurso la opinión ampliamente seguida por la (p. los preceptos legales frente a determinadas limitaciones o amputaciones. realice política alguna. sino que también prohibe una desmedida restricción de los tipos permisivos. BVerfG IZ. lamentablemente. NfW. 112.). BVerfGE 57. v. y elaboró y aplicó una propia . Véase nota 15. El mencionado caso de la restricción del tipo de asesinato y la comparación con la experiencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos da pie a proponer una tercera hipótesis. Por otra parte. por una parte. 1967.
sino también expresión y conciencia de los principios constitucionales de proporcionalidad y subsidiariedad. 49 (73 ss. por tanto. sin embargo. quiero referirme ahora. 201 (212): 45. ni 23 presenta criterios claros de definición . 348 (371 s. Sobre el concepto de delito y de penas Después de dejar a un lado tantas cuestiones de interés para la investigación como las enunciadas. pero. en algunos casos. en el ámbito del derecho de la circulación o del derecho económico. 153) hasta convertirse en un sistema diferenciado y autónomo entre el Derecho penal y el Derecho administrativo. A partir de todo ello. El hecho de que en este singular ámbito se avance en garantías propias de la materia penal responde a los enunciados en nuestra segunda hipótesis: el Derecho constitucional en materia penal realiza su contribución más allá del ámbito propio de la política criminal. y que no pertenece ni al ámbito del Derecho penal criminal ni al de las contravenciones. En esencia. 37. El derecho de las contravenciones. pp. desde el punto de vista dogmático. ha criticado ampliamente las posiciones adoptadas por el Tribunal Constitucional sobre la cuestión del carácter penal de determinadas sanciones singulares. en realidad. 58. 38. La doctrina penal. como. 18 (29 s. Este nuevo espacio jurídico del Derecho de las contravenciones del orden se ha venido perfeccionando a través de una labor de desarrollo conceptual del propio legislador (art. Así. por ejemplo. 60 (74).). ZStW. aunque. los criterios empleados por el Tribunal no son ni 18 19 20 21 22 23 BVerfGE 22. 5 . 1667 (169 s. pp. el concepto de pena elaborado por el Tribunal Constitucional alemán es válido para un amplio ámbito.). 812 s. 62 y ss. el arresto militar. tal y como lo 20 exige la sentencia del caso Özturk del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como proclama el 21 Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias . participa de las garantías materiales y procesales del Derecho penal. habiendo podido llegar a formular tres hipótesis. consiste éste en que la pena constituye un mal infligido por órganos del Estado que está vinculado a un reproche de culpabilidad o que. EuGRZ.). 159 (161 ss. a pesar de su separación del Derecho penal y de su exclusión del ámbito del monopolio judicial. BVerfGE 20.). como asesinato. 1973. cuando menos. También somete el Tribunal Constitucional 22 alemán al principio constitucional de culpabilidad desde la resolución del caso Bertelsmann-Lesering a las penas procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento [5] (§ 890 Ley de Procedimiento Civil). lo que la sentencia hace es reprochar al Tribunal Supremo que haya interpretado el elemento de la alevosía de un modo tan constitucionalmente incorrecto. La razón de una tal distinción se encuentra en la Sentencia del 6 de junio de 1967 del Tribunal Constitucional Federal. 1971. por su parte. más tarde. vol.). BVerfGE 27. II. K.deberá ser objeto de comprobación: El control de la justicia constitucional se ejerce de forma más intensa frente a las resoluciones judiciales que frente a las disposiciones o las omisiones del legislador en materia penal. admite dos concepciones del Derecho penal: una estricta y otra más amplia. para un observador distante. que no permite tomar en consideración circunstancias especiales que hacen que el homicidio. por ejemplo. en el entendido de que dicha jurisprudencia sobre el concepto de pena ni es consistente. Realmente. (p. VOLK. 405 y ss. BVerfGE BB. 323 (331). 51. EuGH. merecedor de la pena de reclusión perpetua. así como a las normas de atribución de competencias entre la federación de los Estados federados prevista en el artículo 74.). 1985. por la que declaró incompatible con el monopolio judicial del poder punitivo establecido por el artículo 92 de la Constitución [4] el poder sancionador de los órganos de la Hacienda Pública. y que no es sólo expresión de una tendencia de la política criminal moderna. no aparezca como especialmente reprochable y. al marco general que el Tribunal Constitucional ha diseñado para la materia penal. en primer lugar. apto para servir de instrumento de descriminalización. pp. BVerfGE 9.1 GG. y que llevó al legislador a desarrollar la categoría de las 18 contravenciones del orden (Ordnungswidrigkeiten) y de las sanciones pecuniarias . 5 EGStGB) y de las contribuciones de 19 la jurisprudencia constitucional . igualmente. contiene elementos punitivos. un fresco que. el reproche realizado por el Tribunal Constitucional al tipo de asesinato y a la previsión de una pena no graduable y absoluta como es la prisión perpetua resulta formalmente un reproche al legislador. No es necesario resaltar aquí que esta jurisprudencia presta una amplia atención a las garantías constitucionales vinculadas al Derecho penal. 272 (228 ss. el arresto de jóvenes y la prisión provisional. 83.
p. en definitiva. conseguir un efecto que los penalistas llamamos prevención general. la prisión preventiva es un mal. Si. si bien de modo distinto a como hoy se entiende en Italia y en España. aunque no fuera más que como algo facultativo -por ejemplo. pero no es una pena. 45. Véase F. sobre la 28 constitucionalidad de la reclusión perpetua . pues se trata de un mal a través del cual no se realiza el elemento normativo del reproche de la culpabilidad ni a su través 24 se ha de realizar retribución alguna . de especial publicidad. a falta de una regulación legal. BVerfGE 28. la publicidad de la resolución sancionadora viniera expresamente prevista por la ley. 342 (347 ss. El reproche de culpabilidad por parte del órgano estatal parece agotarse en la imposición de la multa en el proceso sancionador del Tribunal de Defensa de la Competencia. RITTNER. 187 (253 s. Y para decidir cuándo una medida actúa de modo similar a una pena debe atenderse sobre todo a si su imposición presupone la culpabilidad y con ello representa retribución. incluso con dolo directo. está adoptando una moderada posición conservadora . 187 (253 ss. valga como ejemplo la discutida práctica del Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuando. es decir.). 458. sino más bien algo pretendido. carente. 264 (276). en el parágrafo 30 de la Ley de Contravenciones. 1 (10 ss. BVerfGE 33. sino para todo el conjunto del orden jurídico penal. en este sentido. cuyas multas se acompañan de una información sobre el hecho y el nombre de la empresa afectada.la especial significación de la resocialización. Expresamente. Ciertamente. la mención de la presunción de inocencia en relación con lo que en absoluto es una sanción penal. La cuestión de si esa publicidad -no prevista ni en la Ley de Defensa de la Competencia ni en la Ley de Contravenciones. tal y como acontecía con la medida de publicación de la sentencia prevista en el parágrafo 19 de la vieja Ley Penal Económica de 1949. a pesar del 26 acento verbal en la idea de prevención. Vuelvo a repetir que el criterio que atiende al fin perseguido es el correcto para delimitar la pena y el Derecho penal de otras medidas y órdenes jurídicos. 32. a la del fortalecimiento de la conciencia jurídica de la comunidad. Aufl. 98 (109). el efecto fáctico de la pena se manifiesta en el hecho de que el tiempo de la prisión preventiva se abona al cumplimiento de la condena cuando ésta ha tenido lugar (§ 51 StGB) [6]. sobre todo porque la efectiva publicación de la información es algo sobre lo que disponen a su arbitrio los órganos periodísticos. especialmente. 1987. En esa línea jurisprudencial y.exactos ni claramente diferenciados. La sentencia sobre la reclusión perpetua prevista para el delito de asesinato declaraba expresamente que «no puede ser tarea del Tribunal Constitucional el decidir desde la Constitución la disputa teórica 24 25 26 BVerfGE 19.). la prisión preventiva debe dotarse de las garantías propias de la pena. a través de esa publicidad de la sanción. sin embargo. 50. que se remite a la prensa para su 25 ulterior publicación . para. no lo es ni el fundamento de la argumentación del Tribunal ni. etc. Bien es verdad que el Tribunal Constitucional menciona repetidamente -y en especial en la sentencia 27 del caso del asesinato de los soldados de Lebach de 1973 y en la de 1977. las garantías constitucionales corren el peligro de caer en el vacío de una argumentación circular: los principios penales y en especial el de culpabilidad deben regir para todas aquellas medidas que actúan de modo similar a las penas. BVerfGE 45.. 125 (133 ss. no en referencia exclusiva a la ejecución de las penas privativas de libertad. es decir. os pues. en relación con la imposición de sanciones a empresas en general-. Sin embargo. 2. y el perjuicio social que deriva de la publicación es algo que.). 154) ulteriores resoluciones. sino que son topois flexibles que dejan un amplio margen para (p. se presupone culpabilidad (en sentido amplio) del autor. por el contrario. que difícilmente puede objetarse desde el punto de vista de un legislador que se ha decidido por la combinación de los fines de retribución y de prevención general y especial (§§ 46 y 47 StGB). tal proceder no es algo indeseado por el propio Tribunal. no cabría duda alguna de que n encontramos ante una medida similar a una pena. 27 28 BVerfGE 35. para su imposición. sin embargo. el Tribunal Constitucional se orienta a las categorías de los fines de la pena y recurre con ello a la idea de mejora del delincuente. En realidad. Wirtschaftrecht. se produce por obra de particulares y no por un órgano del Estado. sobre todo. con referencias. es bien plausible. por otra parte. este argumento presenta problemas en casos concretos.constituye una pena o es una medida similar a la pena resulta problemática. 6 . Bien es cierto que estas cuestiones límite no son fácilmente susceptibles de resolverse con seguridad a partir de los criterios del Tribunal Constitucional.).). 202 (235 ss.): «Idea sobre la represión» (véase más adelante V). El resultado al que llega el Tribunal Constitucional.
H. Esta teoría. el Tribunal Constitucional ha manifestado que la 32 limitación de las penas y sus efectos se fundamenta en la llamada «prohibición del exceso» (32) [7].. 125 (133). sino de la legislación ordinaria. 6 y ss. ha declarado contrario a la prohibición constitucional del «bis in idem» (art. 73.3 GG) el que el objetor sea castigado de nuevo cuando. La entonces muy combatida y caricaturizada fórmula de la «función formadora de la conciencia jurídica del Derecho penal» se ha convertido hoy en doctrina dominante a efectos de determinar el contenido de la prevención general y. 1969. 468 y ss. lo que la hace aparecer como una interpretación constitucional del propio Tribunal. 206 (253). pp.. el Tribunal ha considerado la firme decisión en conciencia contra la prestación civil sustitutoria como una decisión cubierta por el derecho fundamental a la objeción de conciencia (art. 479 y ss. decir. una 34 vez cumplida la pena. en Festschrift für Karl Engisch. 191 (202 ss. El camino seguido por la discusión científica ha confirmado en lo esencial la orientación adoptada entonces por el Tribunal Constitucional. ZIPF. 103. 1989. en MELNITZKV/MÜLLER (eds. lo que acontecía en la práctica era que al objetor se le castigaba tantas veces cuantas era llamado a cumplir la prestación tras el cumplimiento de la pena. 4 GG) [art. La sentencia sobre el aborto (p. en definitiva. PETERS.. por todos. con ello. tanto esta sentencia como la anterior sobre el sistema de 30 indicaciones para la despenalización del aborto muestran que el Tribunal Constitucional ha constituido a los fines de la pena como una materia de relevancia constitucional y no de mera legalidad ordinaria. pp. El Tribunal Constitucional llegó así a un resultado bien plausible. que se caracteriza por la renuncia total a intentar una coincidencia con el concepto de delito del Derecho procesal. y el Tribunal Constitucional no la fundamentó con referencia alguna a doctrina penal ordinaria.).sobre los fines de la pena» . El propósito del Tribunal Constitucional de no afectar las categorías y construcciones del Derecho penal ordinario parece oportuno y adecuado. conocida hoy como prevención general integradora -en contraposición a la prevención general de pura intimidación-. 156) declaró directamente contra Kant y su teoría absoluta de la pena que las «penas no pueden nunca ser un fin en sí mismas». no como una cuestión que quede por completo al arbitrio del legislador. p. y así hasta que el tiempo de privación de libertad alcanzaba el tiempo de duración total de la prestación sustitutoria. que. así anteriormente en Festschrift für Hellmuth Mayer. Sin embargo. particularmente elogiado por K. 261 (266). 253. en su Sentencia de 1968 sobre el caso del testigo de Jehová. es. de esta referencia no se puede deducir fácilmente que el Tribunal Constitucional asuma las novísimas tesis doctrinales que sustituyen o explican el principio de culpabilidad por el de proporcionalidad o que consideran a la culpabilidad como un mero derivado de la prevención 33 general . 157) de la prestación civil sustitutoria. en el fin preferente de la pena. Del contexto de los fundamentos jurídicos de la sentencia puede derivarse que el Tribunal Constitucional no pretende desarrollar una teoría -constitucional. Festschrift für Franz Pallin. 1967. G. pero no es en absoluto evidente. a partir de ideas como la de la «tarea colectiva» o «función del Derecho penal». a su vez. A su vez.2 CE] y. 35 Peters . no merecía todavía un reconocimiento general al 31 tiempo en que se dictó la sentencia en cuestión a mediados de los años setenta . Hasta entonces. K. ambas sentencias. pp. sino que más bien es de la opinión de que su concepción al respecto es la propia del legislador ordinario. 7 .de los fines de la pena. renuncie de nuevo al cumplimiento de la prestación impuesta . págs. relativa al total rechazo tanto del servicio militar como (p. en particular. 204). Sin embargo. 257 y ss. es un concepto más histórico y fáctico que valorativo.). JAKOBS. 30. (480 s. (33) Cfr.. 32 33 34 35 BVerfGE 34. Schuld und Priivention. En relación también con el principio de culpabilidad. BVerfGE 39. 1 (45 ss. han resaltado la importancia de la prevención general al atribuir a la norma penal una función de formación de la conciencia jurídica de los ciudadanos. Cfr. Más bien se trata aquí de que el Tribunal Constitucional quiere acentuar su distanciamiento respecto de las construcciones y debates doctrinales y recurre para ello a categorías constitucionales como la mencionada. 29 29 30 31 Véase nota 27. BVerfGE 23. 50. Así. mostrando así que tales construcciones no son materia constitucional. 50.). 205 (215).
6 y ss. 1970. tan sólo como algo transitorio. en el entendido de que también para el condenado a prisión perpetua debe existir la oportunidad de obtener de nuevo la libertad: la ejecución de (p. éste no haya sido consecuente en su sentencia hasta el final. por parte de la dirección de una cárcel. 39 40 T. con la opinión unánime de los expertos de que la conminación con la pena de prisión perpetua no 36 37 BVerfGE 56. El Tribunal Constitucional. con este motivo. 45. en los últimos tiempos. y también IR. llama la atención que habiendo recurrido en este caso a datos y consideraciones empíricas para fundamentar su decisión y siguiendo opinión de los criminólogos que. sobre el período anterior. 39 y ss.En directa crítica a la posición mantenida hasta entonces por la jurisprudencia y doctrina penal ordinaria. La referencia a esta sentencia me da ocasión a postular una cuarta y última hipótesis. 434 (435 s. 8 . Así. un asunto de tan poca monta como la retención. (p. no habiendo sido descubiertos hasta después de la 36 primera condena . 1 (13). de modo similar a como lo ha hecho la Corte Constitucional italiana. el legislador se vio obligado a promulgar una Ley General 38 Penitenciaria. Cfr.). Entwicklungstendenzen der strafprozessualen kraftlehre. pp. tal y 39 como lo formulara Würtenberger . 222 y siguientes. 87 y ss. la Sala Segunda del Tribunal Constitucional manifestó que someter en estos casos la conducta del autor al tratamiento del delito permanente supone desconocer la esencia constitucional de la decisión en conciencia. Puede afirmarse en primer lugar que el Tribunal Constitucional. la doctrina común ha experimentado un 37 fuerte cambio tendencial hacia una consideración normativa del concepto procesal de delito . regresemos ahora al Derecho penal sustantivo. K.. examinó muy cuidadosamente y aceptó el concepto del objeto procesal elaborado por el Tribunal Supremo. además. Las sa nciones Tras ese excurso en el Derecho procesal. por el contrario. J. evolución que ha venido impulsada por la sentencia sobre el mencionado caso del testigo de Jehová. K. en el sentido de nuestra primera hipótesis. ha dado impulsos fundamentales y de gran trascendencia en el ámbito de la reforma del sistema de sanciones penales. 38 BVerfGE 33. BVerfGE 45. HRUSCHKA. que entró en vigor el 1 de enero de 1977 . El Tribunal Constitucional estableció como base de toda argumentación el orden de valores constituido por los derechos fundamentales y la imagen del hombre a que la Constitución responde. y. se ha acentuado la idea de la resocialización como objetivo de la ejecución penitenciaria. desde un punto de vista constitucional. Desde el punto de vista de la metodología del Tribunal. por lo que. pp. 187 (245 ss. por lo que una pena como ésta no debería ser 40 ejecutada. La práctica tradicional de recurrir al derecho de gracia en los casos de condena a prisión perpetua fue declarada insuficiente por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 157) III. pp. y tras cien años de reclamarlo la doctrina científica y la opinión pública. Fenómeno de no menor importancia que la regulación del sistema penitenciario obtenida merced al impulso del Tribunal Constitucional es la limitación que éste ha impuesto a la pena de prisión perpetua. pp. GA. 1970. con posterioridad. de una carta injuriosa de un preso dio lugar al abandono de la teoría tradicional de la «relación especial de sujeción» como base de legitimación para la restricción de derechos fundamentales en el sistema penitenciario. delitos de estragos o de toma de rehenes que hubieren sido cometidos en unidad de acción con el primero. NJW. 1969. WÜRTENBERGER. que podría formularse así: El Derecho y la jurisprudencia constitucional intervienen con más profundidad en la configuración del Derecho procesal penal que en el Derecho penal sustantivo. Kriminalpolitik im sozialen Rechtsstaat.). 378 y como ya Rechtss. en la que declaró que la carencia de un fundamento de rango de ley en esta materia sólo resultaba aceptable. salvo en casos excepcionales . como expertos. TIEDEMANN. Resulta llamativo que. 159) la prisión perpetua destruye la personalidad y con ello la dignidad del preso. pp. 22 (27 ss. en sentencia por la que. fueron llamados a emitir su opinión ante el Tribunal. 1962. en este ámbito se puede contar a priori con una influencia intensa y directa del Derecho constitucional.. de modo tal que. El Tribunal Constitucional ha asumido una verdadera función de impulso sobre todo en materia penitenciaria a partir de una sentencia de 1972. derivándola del principio constitucional del Estado social. La elección de las sanciones y la definición de sus contenidos es una parte sustancial de la política criminal. 1967. TIEDEMANN. al respecto.). al abordar la cuestión de si con la condena por pertenecer a una banda criminal o terrorista consume la acción penal por los asesinatos.
propia de aficionados. Dicho sea todo esto con independencia de que. D. pp. 24 (32). En el caso del recurso contra el tipo de asesinato. y. 45 BGHSt 4. pero es también un indicio de la insignificancia práctica del artículo 103. 1981. de que «no se puede suponer a priori la absoluta carencia de efectos intimidantes especiales de esta sanción penal». de este modo. por el contrario. el Tribunal Constitucional acepta que la prohibición de la aplicación retroactiva de las normas penales dispuestas en el parágrafo 103. 1979. pp.). opinión que se critica por otro sector. Tan sólo por los partidarios de la teoría del dolo en relación al tratamiento del error en Derecho penal ha sido criticada una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1975. (83 s. HERZBERG. 33. § 1.). 9 .2 GG no afecta a las reglas de la 43 prescripción. y que mantienen que la proscripción de retroactividad. así como la de la analogía.2 GG como única garantía constitucional referida directamente al Derecho penal material. el Tribunal dio fácil solución al propósito político entonces vigente de hacer posible la continuidad de la persecución penal de los delitos de la época del nacionalsocialismo. RoXIN. la doctrina penal no ha prestado atención relevante a la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 15 de marzo de 1978 (48. Tampoco ha merecido aclaración hasta ahora la validez de la fórmula que ya en los años cincuenta proporcionó el Tribunal Supremo para 45 determinar cuáles eran las lesiones contrarias a las buenas costumbres .. «en tanto esté en cuestión la imposición de una pena. Deutsch-Spanisches Strafrechtskolloquium. SIGB. «alcanzan con ello el carácter de una norma penal». pero correcto de la doctrina. y en lo que también coincide el Tribunal Constitucional español. J. 23. por ejemplo. 33 (55). mientras que lo correcto es que la culpabilidad de quien actúa con un error de valoración es siempre menor. a través de la cual declaró 41 expresamente conforme a la Constitución la regulación del error de prohibición . es decir. SCHÔNKE/SCHRÔDER/ESER. a efectos de la eficacia del consentimiento en las lesiones [10]: (p. ha mantenido la opinión. Si el Tribunal Constitucional rechaza corregir la regulación del (p. en la historia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán no hay rastro de influencia alguna en la Parte General del Derecho penal. 121 (124 ss. JZ. aunque minoritario. 361 (367 s. en el caso de un error evitable de prohibición. rige también en Derecho procesal penal en tanto se trata de actos procesales restrictivos de derechos [91. 681 y ss. con un ejemplo de su celo y control efectivo respecto de las decisiones que afectan a la configuración legislativa de las sanciones. pues ésta es.2 StGB [8].).48). 1988. en la que se declaraba que las normas jurídicas a que los tipos penales hacen referencia. y.. 24.' ed. fZ. tal y como dispone el parágrafo 17. en sentido crítico. 1980. 469 y SS. 160) error de prohibición de acuerdo con el principio constitucional de culpabilidad por él mismo elaborado se debe a que hace de nuevo aparición su respeto por el arbitrio del legislador y el retraimiento frente a las categorías dogmáticas y disposiciones legales de la Parte General que rigen para los tribunales. La reciente discusión de la doctrina penal sobre los numerosos elementos normativos que se contienen en los tipos penales (p. ej. a lo que se corresponde con el campo más propio de la política criminal. BURKHARDT. por una parte. y. en un ejemplo de ese retraimiento del Tribunal Constitucional frente a los preceptos legislativos en Derecho penal material. En este mismo sentido. C. véase E. BVerfGE 11. tales normas han de interpretarse y aplicarse desde los parámetros que rigen la interpretación y aplicación de las normas penales». en H. 81 y ss. A pesar de la ya larga tradición de la teoría de las normas. en opinión dominante en Derecho ordinario. El que el Tribunal Constitucional no vacile aquí en seguir una opinión que sólo bien recientemente puede estimarse mayoritaria en Derecho penal alemán se corresponde con la tendencia del Tribunal a no inmiscuirse en la discusión doctrinal. B. marg. «la ajenidad» en el hurto o en la apropiación indebida) 44 apenas ha tomado en consideración la sentencia citada .). a pesar de que resulta objetable el que. Constitución y parte general De acuerdo con nuestra primera hipótesis. pp. 161) «En relación a conceptos jurídicos indeterminados 41 42 43 44 BVerfGE 41. de este modo. núm. por otra.). R.comporta ganancia mensurable alguna en intimidación. 139 (146 s. pues no 42 actúa de propósito contra el Derecho . HIRSCH (ed. un instituto procesal . 25. 1US. deba proceder tan sólo una atenuación facultativa de la pena. 269 (285 ss.. IV. las del Derecho mercantil en los delitos de quiebra.). anteriormente constatado en la segunda hipótesis. SCHMIDHÁUSER.. 1986-1987. nos encontramos.
1988.. la constitucionalidad del antiguo tipo de los desórdenes públicos . es decir. en relación al artículo 103. Sin embargo. 161) V. declara que resulta ilusorio el que la determinación de lo que el legislador describe como punible sea 50 destinado a la comprensión del ciudadano . Ya la misma ubicación sistemática de esta garantía dentro de los derechos fundamentales relativos al proceso habla en contra de esta tesis. le sea reconocible el riesgo de su punibilidad en el texto de la ley y en su interpretación judicial (i !). el Tribunal Supremo ha limitado el concepto de contrato en materia contravencionel del Derecho sobre monopolios y acuerdos ilícitos a los contratos formales. Nulla poena sine lege?. 10 . el Tribunal Constitucional ha afirmado. el de que no hay interpretación restrictiva o extensiva. Form und Gestalt der Strafgesetze. bajo 47 los anteriores presupuestos. núm.2 GG. al conjunto de figuras delictivas contenidas en la legislación penal. debe asumir la posibilidad de que existan 46 concepciones valorativas diferentes . en su citada sentencia sobre las lesiones en duelos. Mientras que el Tribunal Supremo. un empresario había depositado y prendido fuego a medio metro cúbico de cinturones de seguridad usados. con exclusión de los llamados 48 gentlemen agreements o pactos entre caballeros . 206 (233 ss. el que los resultados de la interpretación sean previsibles y comprensibles no es algo que pueda resultar irrelevante. Constitución y parte especial Con la referencia al principio de determinación hemos llegado a la Parte Especial del Derecho penal. SCHÜNEMANN. en la doctrina sólo se admite esta tesis en los casos de referencia a complejos normativos extrajurídicos. ni desde la anteriormente mencionada falta de desórdenes públicos ni hasta el tipo de las coacciones. abierto por arriba y situado en un prado junto al terreno de su 46 47 48 49 50 SCHÖNKE/SCHRÖDER/ESER. pues en tales casos el legislador ha renunciado a una decisión propia y. mientras el sentido del principio constitucional de determinación no sea tan sólo el de una mera prohibición de arbitrariedad frente a la jurisprudencia -como acontece en la doctrina suiza-.). no resulta aceptable otra interpretación que la que aparezca más segura y se corresponda con la convicción general. puede que sea aceptable e incluso correcto desde la teoría del Derecho.» La cuestión de si esa reducción resulta posible u obligada aparece como un problema propio del principio de determinación legal de los tipos penales o de taxatividad. pp. BGHSt 24. 211 (215 ss. sino que se configure como un derecho fundamental del individuo. E. han venido interpretando restrictivamente los conceptos jurídicos indeterminados del Derecho penal y del de las contravenciones. La fórmula del Tribunal Constitucional. marg. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha comportado también aquí con retraimiento: ni un solo tipo del Código Penal ha sido declarado contrario al mandato de determinación. 22. BVerfGE 26. BVerfGE 73. es una fórmula que convierte prácticamente en ficción la seguridad jurídica y parece dar la razón a Schmidhäuser cuando. según la cual el parágrafo 103. ibid. Pero es verdad también que el hundimiento definitivo de este concepto ha sido consagrado por una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional del año 1987. § 1. al menos. El punto de vista contrario.. Por su parte.formulados en Derecho penal a modo de cláusula general. 41 (43). en sentido opuesto.2 GG debe garantizar al particular el que la punibilidad de una conducta le sea previsible y susceptible de consideración. depositados en un contenedor de acero. 54 (61 s. Así. 29 y ss. de tal modo que. p. sino tan sólo interpretación correcta o incorrecta.). así como 76. cfr. En el caso en cuestión. por el contrario. es decir. SCHMIDHÄUSER. B.). 1978. 49. concedió al juez ordinario la facultad de hacer más determinada una norma penal indeterminada a través de una interpretación restrictiva. Esto conduce a una interpretación restrictiva de tipos y «conceptos» indeterminados. Es verdad que el carácter del mandato de certeza como una garantía vinculada al individuo y como derecho subjetivo fundamental ha sido siempre reconocido por el Tribunal Constitucional. en los casos límites. cuya amplia cláusula de reprochabilidad (§ 240. en relación al caso de las sentadas contra las armas nucleares . incluso cuando no se trata de referencias normativas extrajurídicas. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.2 StGB) [11] fue declarada suficientemente determinada en la Sentencia de 49 1986 por parte de la Sala Primera. (p. y en atención al principio constitucional de determinación de los tipos penales. por tanto.
139 y ss. BVerfGE 73. el del tipo de las coacciones y el concepto de violencia en él empleado [12]. no son por ello irrelevantes para la valoración de la relación entre fines y medios que esta figura requiere. y si bien al primero se le concede un amplio margen de arbitrio en la configuración de la ley. mientras que la prohibición de la analogía se dirige a los jueces. del efecto indiciario de la tipicidad penal. 51 52 53 54 55 BVerfGE 75. Tatbestandsfunktionen. sorprendentemente. en concreto. se desentiende en absoluto de cuáles sean los fines perseguidos por el autor de la coacción.). la existencia de la reglamentación jurídica se convierte en su misma justificación constitucional. Lo expuesto confirma la hipótesis tercera. aunque tal cuestionamiento no llegara a tener efectos prácticos al quedar empatados a votos los magistrados de la Sala Segunda.cuando afirma que el trazo de la frontera entre interpretación y analogía es monopolio de la 52 justicia penal ordinaria . El Tribunal Constitucional exigió correctamente. Sólo respecto de la prohibición de la analogía el Tribunal Constitucional ha llegado a poner seriamente en cuestión la constitucionalidad de un precepto. TIEDEMANN. el que el Tribunal Constitucional haya prescindido. de injusto típico. A su vez. 1989. por ejemplo. A ello se opone el que ante las cláusulas generales siempre se ha de llevar a cabo la concretización y ponderación de intereses más afinada posible. el Tribunal Constitucional ha prestado un flaco servicio a la teoría del delito. de acuerdo con la Ordenanza Federal de Medio Ambiente.2 GG es el de garantizar la descripción legal de los tipos de delito. «con independencia de su naturaleza jurídico-penal» un elemento limitador de la punibilidad y «corrector de la regulación típica». la «significación de los vertidos de 51 residuos para el medio ambiente y terceras personas» . SCHENKE. estimando que tales fines 53 no son objetivables y no son constitutivos de elementos subjetivos de la causa de justificación . pp. (35 ss. el contenedor es una instalación que requiere un permiso de uso. estimó que el empresario pudo reconocer el riesgo de que su conducta fuera punible a partir de la interpretación de los conceptos generales del tipo sobre protección del medio ambiente. 163) privativa de libertad prevista en esa figura delictiva. en concreto. 206 (247 ss. BGHSt 35. a fin de obtener con ello el cobre que tales cinturones contienen. K. estimo que el sentido nuclear del artículo 103. y cuyo empleo no autorizado está castigado en el parágrafo 327. la sustitución de una exigencia constitucional de cognoscibilidad del bien jurídico protegido y de la conducta prohibida por la mera posibilidad de conocer el valor protegido y. 11 . Por el contrario. a los últimos se les somete a un control de constitucionalidad más severo. que la punibilidad de la conducta debe ser comprensible ya desde la ley misma y no únicamente desde la Ordenanza. W. La situación no mejora por el hecho de que la sentencia sobre el bloqueo a las instalaciones de los misiles declare que la cláusula de reprochabilidad constituye.). en relación con la «amplia discusión pública de los problemas ecológicos» y. R. Podría considerarse una solución práctica. es decir. en relación a la pena (p. Tras esta divergencia se oculta la explicación de que el mandato de determinación de las normas penales es un mandato dirigido al legislador. 207 y s. la punibilidad . Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit. 1987. pp. A su vez. y no se puede dar la razón a Schenke -en su valioso trabajo sobre la relación entre justicia constitucional y justicia ordinaria. y no 55 transferir al juez del caso concreto la determinación de lo injusto . de la conducta priva de todo rango a la exigencia de previsibilidad. Con ello el Tribunal Constitucional estaría afirmando incorrectamente que los tipos penales describen conductas neutrales respecto de la antijuricidad. en los casos de la llamada violencia pasiva. por estimar que «la 54 realización del tipo» en estos casos «no llega siempre a ser merecedor de pena» . A pesar de que los fines del autor de la coacción no coinciden con los fines de la coacción a que se refiere (p. 329 (345). 163) el tipo penal. cfr. 270 ss. pp. Con la renuncia a la exigencia de que el legislador tipifique lo injusto. De este modo caen bajo la esfera de protección penal prácticamente todas las medidas estatales posibles que no resulten por completo ineficaces para los fines del cumplimiento de la ley. también BVerfGE Wistra. 30 y ss. En opinión del juez de instancia. (sobre los tipos penales de la Ley de Comunicaciones).2 StGB. que he formulado anteriormente. tanto en su dimensión material como formal. En igual dirección intenta caminar recientemente el Tribunal Supremo cuando. pero.. con fundamento en el espacio de arbitrio que le ha conferido el Tribunal Constitucional en orden a la interpretación de la cláusula de reprochabilidad de las coacciones.industria. aunque teóricamente incorrecta. por razones jurídico constitucionales.
1 GG. 166) el punto de vista metodológico. como una ficción o. a la hora de decidir sobre la punibilidad de una conducta. etc. Junto al control negativo sobre la constitucionalidad de los tipos penales creados por el legislador. a suprimir una laguna de protección penal mediante la creación de nuevos tipos penales. que no había hasta aquel momento ninguna investigación empíricamente fundada sobre la eficacia preventiva real del Derecho penal. aparece de esta manera un control positivo en el sentido de que el legislador está obligado. en la práctica. a pesar de la amplia crítica doctrinal recibida. En los casos de conflicto entre derechos fundamentales. Mandatos constitucionales de legislar Menos discutible resulta. abierto. Sus reservas a intervenir en la dogmática de la teoría del delito son. 389 (414 ss. Sin embargo. puede estarlo. El ámbito de libre configuración para el legislador. poniendo de manifiesto incluso. en este asunto de la aptitud del Derecho penal para la protección de la vida del nasciturus. esta prerrogativa le fue negada al legislador e n la sentencia sobre la despenalización del aborto. en el marco de ese punto de vista del Tribunal Constitucional. 110 (113 s. en su caso.). se concede al legislador una prerrogativa en orden a esa valoración. 6. Si no existe otro instrumento equivalente que proporcione la protección pretendida. llama la atención el que el Tribunal Constitucional. mientras que. Junto a la evidencia valorativa se ha de comprobar también. en última instancia. debe comprobarse igualmente que la ponderación de intereses realizada ha sido correcta.2 GG habría de ser aplicado a todos los elementos del tipo total. comprobó la corrección de la decisión legislativa con numerosas investigaciones empíricas. puramente verbales y confirma nuestra tesis de que el Tribunal Constitucional no sólo conforma de modo efectivo -aunque no siempre de forma correcta los principios políticos criminales. 165) VI. la consecuencia ineludible y contraria a la doctrina dominante sería el que el artículo 103. la necesidad de esa protección específica en relación con la disponibilidad de otros medios preventivos de carácter civil. según el Tribunal Constitucional. en la sentencia sobre el tipo del asesinato. como el del principio de determinación o taxatividad de los tipos penales. a pesar de que el grado de eficacia de la prevención penal sea algo. sin embargo. como la aptitud para la protección penal del bien en cuestión. dentro de una concepción racional del sistema jurídico. allí donde se trate de valores objetivos fundamentales de la Constitución o de bienes jurídicos fundamentales. no haya exigido fundamentación empírica y criminológica. pero. Este deber rige. lo que resulta criticable es que en la sentencia del aborto el Tribunal haya efectuado una exhaustiva comprobación de todas las formas posibles de protección. a quien se concede una prerrogativa a la hora de proceder a la decisión valorativa. El Tribunal Constitucional no ha dado pie alguno a pensar que él mismo esté dispuesto a seguir tales consecuencias. 41 (44 s. sino también los propiamente penales. 36. Esa eficacia aparece en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como un axioma. sustancialmente válido en mi opinión. Desde (p. o. que incluyera todos los presupuestos de la pena. 56 57 BVerfGE 39. Sin embargo. la adecuación al principio de proporcionalidad con todos los elementos y criterios que comporta. lo que el Tribunal Constitucional manifestó en relación al deber de protección del Estado con ocasión de la sentencia 56 sobre la despenalización del aborto (§ 218 StGB) . laboral. en última instancia. por el que se castigaban las conductas homosexuales. administrativo. en el caso de la prisión perpetua y en el de la 57 constitucionalidad del antiguo parágrafo 175 . ese axioma opera en el sistema de control político del Tribunal Constitucional del modo siguiente: en caso de duda acerca de la eficacia preventiva en un caso concreto.). se reduce a cero. por razones constitucionales. 12 . el ámbito de arbitrio del legislador. BVerfGE 4. y con ello aparece.pues la regulación de los tipos penales viene también corregida y restringida mediante causas de exclusión de la culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Por último. alcanza también a la estimación de la proporcionalidad de los medios según esa doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.). en una suerte de tipo penal total (Gesamttatbestad). Si todo ese conjunto de presupuestos jurídicos materiales de la punibilidad se quisieran reunir. más correctamente. de cuya verificación se prescinde.). (p. 1 (42 ss. no haya tomado en absoluto en consideración crítica la aptitud preventiva del Derecho penal en esta materia. como una presunción. más allá del expreso mandato constitucional de castigar la alteración de la vida pacífica de los pueblos contenidos en el artículo 26. y al igual que hicieran las sentencias sobre la prisión perpetua (véase supra III). en el sentido de la concepción objetiva de los derechos fundamentales como orden de valores.
en especial el de la protección de la vida y de la integridad corporal. lo limita a aquellos casos en los que se pretende suprimir una tutela penal existente y rechaza tal deber 60 en aquellos otros ámbitos en los que el legislador siempre se ha abstenido de intervenir . por ejemplo. de menos a más. Este deber de protección es sometido por la doctrina más reciente a diferentes restricciones y. 30.entre dogmática y política criminal como modelo racional de la actuación legislativa. desde el punto de vista 59 constitucional. 144 y s. Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte. en el ámbito del Derecho penal económico o en el del medio ambiente. en una relación puramente cuantitativa. y que «lo que pertenece indiscutiblemente al núcleo del Derecho 61 penal se puede deducir del orden constitucional de valores» . Cfr. lleva a cabo una comparación con la valoración ético-social de otras conductas punibles y contempla el problema de la obligación estatal de castigar como un elemento de la función valorativa del Derecho penal. que deriva de los derechos fundamentales y del orden de valores que éstos materializan. BVerfGE 27. En verdad. TIEDEMANN. lo que debe ponerse de manifiesto habida cuenta del prestigio aparente del principio de racionalidad como garantía jurídica fundamental. pp. 168) excepcionalmente sustituido por una decisión del legislador cuando se trata de intereses de la colectividad o de la protección mediata de Derechos fundamentales. 1988. y en tanto no estén en cuestión elementos constitutivos de esa zona fundamental de los valores ético- 58 59 60 61 K. Tatbestandsfunktionen. el Derecho penal no resulta comparable con otros instrumentos jurídicos normativos o sancionadores.. fundamentó su opinión -reiterada posteriormente en varias ocasiones. como la libertad ambulatoria y la propiedad. LÜBBE-WOLFF. ibidem. en la sentencia sobre la despenalización del aborto el Tribunal Constitucional da preferencia a otros puntos de vista sobre el tema. 167) En lo que se refiere al ordenamiento penal de bienes jurídicos. (139 ss.En relación con la exigencia de racionalidad material de la intervención legislativa mediante el Derecho penal. En este ámbito corresponde al Estado un deber de protección penal. El consenso puede ser (p. es decir. que no sólo tiene un valor indicativo. El bien jurídico a proteger se encuentra aquí -en el sentido de la formulación de V. etc. (p. así. Liszt y en contra de las nuevas teorías funcionalistas del bien jurídico. Puede decirse. se puede proponer lo siguiente : un reducido ámbito de ese ordenamiento. que conduce precisamente al resultado pretendido. en la resolución de su Sala Segunda de 16 de julio de 1969. que a la hora de decidir sobre la criminalización de una conducta. y con ello como elemento del ordenamiento penal de valores y de bienes jurídicos. 13 . por ejemplo. 18 (29). deseo reproducir ahora una idea ya formulada en una publicación anterior: en realidad.de que «la tarea del Derecho penal es la de proteger los valores elementales de la vida en común». Un sector del Derecho penal cuantitativamente más amplio tiene por objeto bienes jurídicos instrumentales.). Esta concepción -respecto de la cual no está claro si desarrolla capciosamente una concepción de bien jurídico. a través del recurso a esas valoraciones -que también son propias del ámbito de la culpabilidad-. pp. TIEDEMANN. de acuerdo con el principio democrático y a falta de un modelo político-criminal diseñado en la propia Constitución. 103 y ss. lo que contradice tendencias muy generalizadas hoy día (también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América). así como de otros bienes jurídicos fundamentales. G.á convertir en derechos a la intervención del Estado lo que históricamente han sido derechos fundamentales del individuo frente al Estado y como garantía frente a su intervención. p. que se p roduzca un consenso al respecto en forma de una desaprobación generalizada de la conducta. En ese ámbito se exige para recurrir a su tutela penal. relativa a la distinción entre Derecho penal y derecho de las contravenciones. su vinculación a la idea del reproche ético-social de la culpabilidad hace que no se encuentre con el Derecho administrativo. sino q precisamente por ese reproche de culpabilidad que lleva consigo es un aliud 58 bien singular . sino también legitimador. Sin embargo. bienes jurídicos que lo son en cuanto instrumentos o medios para salvaguardia de los llamados fundamentales. El Tribunal Constitucional. coinciden sustancialmente con valores constitucionales fundamentales. el principio de proporcionalidad se convierte sólo en un muy limitado instrumento de control del legislador.dejaría las manos libres al legislador en materias como las nuevas técnicas genéticas y la protección de los embriones. por ejemplo. en conclusión. K. mercantil.
238 (245 ss. para la concepción de la tipicidad. 105 (110. si bien tomando en consideración a tal efecto. 1985. de modo tal que el Derecho procesal alemán ha limado sus no pocas durezas y es hoy. 38. Para concluir ya esta conferencia quiere ofrecerse una indicación general acerca del papel de la ciencia penal en relación con el tema que nos ocupa: la doctrina penal alemana no se ha ocupado en absoluto de forma sistemática y general de la concretización del Derecho constitucional en materia penal. que el Derecho penal puede tener como función no sólo la protección del orden de valores existente. 66. 18. sin embargo. 380 (390 ss. hasta el punto de que sus sentencias han modificado sustancialmente su letra y su espíritu [13]. 66 (71). VOLK. 65 La más reciente tentativa en este sentido es obra de K.). (p. a la valoración y a la influencia jurídico-constitucional. 34. 1984. sino también la introducción de nuevos valores. hay motivos para asumir que muy particularmente la teoría del tipo penal -que Beling desarrollara a principios de siglo a partir de la idea de la vinculación del juez y del Derecho penal a la ley-. en la que afirmábamos que la jurisprudencia constitucional influye de forma más intensa y relevante sobre el Derecho procesal penal que sobre el Derecho penal sustantivo.). 1984. véase. ha obligado al legislador a introducir numerosas obligaciones de emplazamiento y notificación por parte de los tribunales respecto del justiciable. Straftatsystem und Strafprozess. Todo ello representa importantes contribuciones al desarrollo de categorías fundamentales del Derecho procesal penal. 14 .). directamente de la idea del Estado de Derecho se ha derivado la prohibición del exceso en 63 la duración del procedimiento como obstáculo procesal accionable. en el limitado espacio de una conferencia. por ejemplo. 373 (378 ss. 32. 313 (318 ss. 250 (274). 100. y. que. aunque el contenido del mismo todavía no esté esclarecido en todos sus aspectos. BVerfGE 15. son categorías abiertas. VII.). Aunque no exista una teoría jurídico-constitucional del delito como consecuencia de las diferencias 65 valorativas y finalísticas entre Constitución y Derecho penal . 170) como ya se ha indicado antes. 128. que. la 62 63 64 BVerfGE 26. 1075. críticamente. K. 63. que allí donde el tipo no tipifica injusto alguno. así como también las categorías de antijuricidad y culpabilidad. significaría esto. 20. 909 y SS. se debe complementar desde el principio de proporcionalidad. 162 (194 ss. sí ha llevado a cabo la jurisprudencia y. por otra parte. así como la catalogación y 64 delimitación de las pruebas prohibidas . sobre todo. aunque en modo limitado. además. vol. A su vez. Así. 1988. 37 (51 ss. Lo mismo puede decirse respecto de la idea del «juicio justo» derivada de la Convención Europea de Derechos Humanos. casi todos los actos procesales constituyen intervenciones directas sobre los mismos. la reflexión sobre la incidencia de la Constitución en el Derecho penal. la del Tribunal Constitucional. 1988. 77 (80). 169) formal. a algunas cuestiones de Derecho procesal penal. 131.1 GG. el reiterado acento puesto por el Tribunal en un derecho aparentemente (p. MARXEN. al respecto. como es el derecho a ser oído del artículo 103. Se trata de una política constitucional procesal cuya legitimidad se acrecienta por el hecho de que los principios de proceso penal están particularmente ligados con los derechos fundamentales relativos al proceso. y para terminar.). Conclusión: proceso penal y doctrina penal a la luz de la Constitución Con las ideas que acabo de exponer sobre el contenido y la configuración del ordenamiento penal de bienes jurídicos desde el plano constitucional debo concluir. Debe indicarse en primer lugar que el Tribunal Constitucional ha dedicado una gran atención al proceso penal. Así. y que el Tribunal Constitucional ha desarrollado hasta convertirla en un derecho 62 fundamental . más allá de la mencionada valoración ético-social. BVerfGE NStZ. el criterio decisivo para la política criminal es el de la dañosidad social de la conducta determinada empíricamente. y Nf4V. BVerfGE NStZ. Con ello se refuerza nuestra cuarta hipótesis. 146 (147).). Esta contribución es aún más relevante si se tiene en cuenta que no disponemos todavía en Alemania ni de una política procesal penal sistemáticamente elaborada ni de una doctrina procesal penal moderna y desarrollada.sociales. pp. 57. 56. ZStW. Me referiré muy selectivamente en lo que sigue. mucho más humano y justo.
24 y 25 de la Constitución española.1. y configura por ello el injusto no sólo como una valoración objetiva de la lesión del bien jurídico por parte de quien aplica el Derecho. Es más.3-. véanse el parágrafo 31 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán y el artículo 164 de la Constitución española. [9] La Constitución española. al respecto. tras la reforma de 1983. 1985. 575. en el tiempo de la prisión preventiva se pueden realizar los presupuestos de determinados beneficios penitenciarios. de conformidad con una terminología ya acuñada entre nosotros. 684. el tipo de las coacciones hace depender la antijuricidad del hecho de que la inflicción del mal o la conminación con el mismo para alcanzar el fin pretendido se considere en concreto como «reprochable». con el fin de excluir desde un primer momento. Sólo una teoría de la culpabilidad así orientada estará en condiciones de delimitar seriamente la culpabilidad propia del delito de la específica de la infracción administrativa. en términos generales. no tienen perspectivas serias de éxito (§ 93 A 111 Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán). Su concepción del hombre influye también en la teoría de la culpabilidad. en el parágrafo 226.1. [10] El Código Penal alemán. Derecho penal.2. y en este sentido puede entenderse la sentencia sobre el bloqueo al transporte de las armas nucleares. ed. contiene una expresa prohibición de retrotraer los efectos de toda normativa de Derechos (véase art. sino que incorpora la conciencia del sujeto y presta atención a su personalidad psicológica. a) limita la eficacia del consentimiento en las lesiones a aquellas que no sean contrarias a las «buenas costumbres». [7] La «prohibición del exceso» constituye un principio constitucional derivado del de proporcionalidad y del de interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos -en la Constitución española. por ejemplo. artículos 171. 15 . Munich. pp. [6] También en el artículo 100 del Código Penal español. de este modo viene rechazándose la admisión de un 97 por 100 de los recursos de amparo presentados (véase SCELAICH. aquellos que parecen manifiestamente de fundamento o. por otras razones. [4] Y en el artículo 117 de la Constitución española. Parte Especial. y mediante las resoluciones que no requieren ser motivadas. como es el trabajo que da lugar a la redención de pena. pp. 265 y ss. 420. y con buen criterio. Das Bundesverfassungsgericht. p.interpretación conforme a la Constitución debe incorporar a este tipo elementos de prohibición . 66 66 K. Tathestandsfunktionen.3 CE). TIEDEMANN. Esto se corresponde con la idea del hombre de la que parte la Constitución. reconocidos en el artículo 9. 7a.2. a) del Código Penal e spañol. 123). La regulación en España puede verse en el artículo 428 CP. [3] Cada una de las Salas del Tribunal Constitucional alemán (Senados) constituye anualmente una comisión de tres magistrados. [12] También el Tribunal Supremo español ha venido ampliando extensivamente el concepto de violencia a la fuerza ejercida sobre las cosas y aun a casos en los que ni tan siquiera se puede hablar de fuerza. NOTAS DEL TRADUCTOR: [1] Se corresponden. que realiza un examen previo sobre la admisibilidad de los recursos de amparo. sino también como infracción de un deber. tras la reforma de 1983. [5] Son muy numerosas también en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. 716. según el Tribunal Constitucional. [2] Sobre el valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. [11] En el Código Penal alemán. Véase. MUÑOZ CONDE. que dispone la aplicación como mínimo de la pena inferior en grado. a través precisamente del elemento de la conciencia del sujeto. 9. a diferencia de la alemana. [8] A diferencia de lo dispuesto en el artículo 6 bis. que por ello no se rige por una concepción puramente normativa como la del «poder actuar de otra manera». etc. y que podría traducirse como principio de «intervención mínima» en materia sancionadora. La hoy doctrina dominante del injusto personal toma con acierto al hombre como destinatario de las normas de conducta o de determinación. y de ese modo proporcionar a la idea global del Derecho penal un sólido fundamento que también hace visible la razón de distinción entre delito y contravención administrativa. 130-131. con los derechos fundamentales contenidos en los artículos 15. 17..
16 .[13] Al igual que lo ha hecho el Tribunal Constitucional español en sus pocos años de su actividad. en particular a partir de su jurisprudencia sobre la presunción de inocencia y las reglas de valoración de la prueba.
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