Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=226&lang=es
Timestamp: 2017-01-19 17:00:15+00:00

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Grupo de migrantes haitianos Representante(s):
Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados y por el Centro Cultural Dominicano Haitiano, Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Université du Québec à Montréal Estado Demandado:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y afectaciones a la integridad de migrantes haitianos por parte de agentes militares, así como la falta de investigación de los hechos en el fuero ordinario. Palabras Claves:
Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Garantías judiciales y procesales, Igualdad ante la ley, Jurisdicción penal, Libertad de circulación y residencia, Libertad personal, Migrantes, Protección judicial, Salud Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Carta de la Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para la El iminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") Otros Instrumentos:
Convención sobre los Derechos del Niño – Naciones Unidas, Convenio 97 sobre los Trabajadores Migrantes – Organización Internacional del Trabajo, Carta de las Naciones Unidas, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares – Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial – Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares – Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – Naciones Unidas, Convenio 111 sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación – Organización Internacional del Trabajo, Convenio 143 sobre los Trabajadores Migrantes – Organización Internacional del Trabajo, Convenio 168 sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo – Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabaj, Declaración de los Derechos del Niño – Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones – Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos – Naciones Unidas, Declaración y Programa de Acción de Viena – Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Naciones Unidas, Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Naciones Unidas, Proclamación de Teherán Hechos
- Los hechos del presente caso se iniciaron cuando, el 16 de junio de 2000, 30 nacionales haitianos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada ingresaron a territorio dominicano. El camión en el que se encontraban pasó por dos puestos de control. En el segundo, cuatro militares pertenecientes al Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron la persecución del vehículo que no se había detenido. Los militares realizaron numerosos disparos con sus armas en dirección al camión. - Durante el tiroteo, fue herido de muerte el acompañante del conductor Máximo Rubén de Jesús Espinal, cuyo cuerpo salió expulsado del camión. Los militares que se encontraban en persecución observaron el cuerpo del señor Espinal caer del vehículo, sin embargo continuaron su marcha sin detenerse. Posteriormente, el camión se volcó a orillas de la carretera, y algunas personas quedaron atrapadas bajo el vehículo. Un grupo de personas personas fallecieron producto del accidente y por los disparos de los militares luego de la volcadura del camión. - Posteriormente, algunas personas sobrevivientes fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, el tratamiento recibidido fue precario. El 18 de junio de 2000, un grupo de personas sobrevivientes fueron detenidas. Los detenidos fueron llevados a un cuartel militar en Dejabón. En el cuartel militar de Dejabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en el campo o bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los llevaran a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos hicieron una colecta de dinero para dárselo a los agentes, quienes en horas de la tarde del mismo día los trasladaron a la ciudad de Ouanaminthe (Wanament), en Haití. El 5 de marzo de 2004 el Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en el proceso penal militar contra los agentes involucrados en los hechos, en la cual se encontraron culpables de homicidio a dos personas y se les condenó a cinco años de prisión. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la CIDH. Asimismo alegaron la violación de los artículos 3 y 22.9 de la Convención Americana. - Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 21 y 22 de junio de 2012
ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. (…) Si bien los hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponer resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, aún cuando la abstención del uso de la fuerza hubiera permitido la huida de las personas objeto de la acción estatal, los agentes no debieron emplear la fuerza letal frente a las personas que no representaban una amenaza o peligro real o inminente de los agentes o terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó, en definitiva, una situación de absoluta necesidad. iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido (…).
2.2. Libertad de circulación, expulsión colectiva y derecho a las garantías judiciales 151. De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre (…).
IV. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 207. Respecto al deber de adoptar medidas legislativas o de otro carácter para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Convención, este Tribunal ha establecido que no basta que la legislación nacional determine las causas y competencias de los tribunales militares, si no que mas allá de esta disposición, la legislación debe establecer claramente quiénes son militares, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar, determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que se justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y especificar la correspondiente sanción. (…)

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8