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Timestamp: 2019-08-20 22:25:43+00:00

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Resolución de contrato de colaboración social de desempleado | Abogados y Laboral Resolución de contrato de colaboración social de desempleado – Abogados y Laboral
Resolución de contrato de colaboración social de desempleado
No puede equipararse a un despido improcedente
Según sentencia de STS 4ª, 23/07/2013, Rec. 2508/2012, Ponente: Virolés Piñol, Dª Rosa María. EDJ 2013/173586 a la que ha tenido acceso nuestros Abogados laboralistas, estima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina de la administración y rechaza la calificación de improcedente del despido, cuando se trata de resolución de contratos de colaboración social suscritos con trabajadores desempleados para prestar servicios en puestos permanentes y habituales. El trabajo del desempleado implica, desde el inicio, una obra o un servicio durante un tiempo limitado, sin que pueda equipararse al contrato de obra y servicio ex art. 15.1.a) ET, quedando excluido su carácter fraudulento o de abuso de derecho (FJ 3).
«…a) Dispone el artículo 213.3 de la Ley General de Seguridad Social, que ‘los trabajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de relación laboral entre el desempleado y la entidad en la que se presten dichos trabajos, manteniendo el trabajador el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que corresponda’. El precepto, pues, en forma clara y tajante excluye toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Administración Pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el cese sea calificado de despido.
b) A su vez, concurren, en el caso examinado, los requisitos, que conforme a los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/82-, condicionan la validez de un trabajo temporal de colaboración social, cuales son que los trabajos a realizar sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad; tengan carácter temporal y duración máxima – artículo 38.1 del Real Decreto de 1.982, reformado por Real Decreto de 28 de junio de 1.986 hasta el periodo que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo reconocido; coincida con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado, y no supongan un cambio de residencia habitual del trabajador.
De las citadas normas se desprende, pues, que la temporalidad exigida en estas modalidades de trabajo social no guardan relación con la temporalidad por obra o servicio determinado, a que se refiere el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 2 del Real Decreto 2546/94 , sino que el trabajo del desempleado implica, desde el inicio, una obra o un servicio durante un tiempo limitado. Es decir, que aún cuando se trate de una función que pueda considerarse normal en la Administración, la adscripción debe tener un carácter «ex lege» temporal, de modo que la adscripción nunca puede tener una duración mayor a la que falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido.
c) Esta adscripción del beneficiario, de carácter temporal, a una administración pública para la realización de una obra social, no puede considerarse como expresivo de un abuso de derecho o fraude de ley. Como ha afirmado la jurisprudencia -STS de 15 de julio de 1988- ‘a) La colaboración no puede en caso alguno convertirse en indefinida, porque la prestación de desempleo tiene siempre naturaleza temporal; b) Los trabajos de colaboración social no generan una relación laboral ordinaria, teniendo como tienen que ser prestados a favor de una Administración Pública, por persona que está percibiendo el desempleo y que al ser retribuida se hace de una forma especial, al consistir la retribución en un complemento sobre la prestación que habitualmente se viene cobrando; c) La propia denominación de trabajo de colaboración temporal impide quedar vinculado indefinidamente por él; d) No se actúa en fraude de ley cuando la vinculación entre las partes se hace utilizando de una normativa que expresamente la autoriza y ampara; y e) La transformación en fijos de los trabajadores que prestan servicios de colaboración temporal, determinaría la apertura de un portillo fraudulento para el ingreso en la plantilla de la Administración, al eludir las pruebas reglamentarias y causar perjuicio a los potenciales aspirantes a ellas, siendo por tanto contrario a los artículos 14 y 103 de nuestra Constitución.

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 213
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto