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Sentencia A.P. Sevilla de 12 de febrero de 2003
Nulidad de actuaciones: Se solicita la nulidad de actuaciones por la existencia de una causa penal por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, admisión de la prueba documental aportada por la demandante. Pensión de alimentos fijada para sus hijos menores, pensión compensatoria establecida a favor de la esposa, y que la vivienda familiar sea de uso exxlusivo de la esposa e hijos y que no pueden vivir personas distinta, permiso de uso del despacho profesional que tenía en la vivienda conyugal. Desestimación.
Rollo N° 6658/02
N°. Procedimiento: 1139/00
Juzgado de origen: Primera Instancia 7 de Sevilla
En Sevilla a 12 de febrero de 2003
VISTOS, por la Sección Quinta de esta Iltma. Audiencia Provincial, los autos incidentales n° 1139/00, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, promovidos por DOÑA Gloria, representada por el Procurador Don Antonio Ostos Moreno contra DON Jose Carlos, representado por el procurador Don Francisco José Martínez Guerrero, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre Separación, autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia en los mismos dictada en 26 de Junio de 2.002.
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por el procurador Don Antonio Ostos Moreno, en nombre y representación de D.ª Gloria, contra Don Jose Carlos, representado por el Procurador Don Francisco José Martínez Guerrero, debo declarar y declaro la SEPARACION MATRIMONIAL de ambos cónyuges litigantes, elevando a definitivas las medidas provisionales acordadas por Auto de 12 de Marzo de 2.001, con la puntualización recogida en el Fundamento de Derecho Segundo y la adición contenida en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia. Todo ello sin hacer condena en costas a ninguna de las partes litigantes. ".
Primero.-Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la parte demandada, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
Segundo.-Por resolución de 23 de enero de 2.003, se señaló vista de este recurso para el día 11 de Febrero de 2.003, teniendo lugar ésta en el designado día, con asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
Primero.-Recurre la representación procesal de D. Jose Carlos la Sentencia de instancia para pedir la nulidad de actuaciones por la existencia de una causa penal contra D.ª Gloria por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, y por la admisión por la Providencia de 10 de mayo de 2001 de la prueba documental aportada por la demandante en su escrito de proposición de pruebas de 30 de abril de 2001, así como por la admisión de la prueba documental propuesta por la actora en el escrito presentado el 24 de mayo de 2001. Asimismo en la alegación segunda del escrito de interposición de la apelación combate los pronunciamientos de fondo de la sentencia relativos a la pensión de alimentos fijada para sus dos hijos menores, a la pensión compensatoria establecida a favor de su esposa, y pide también que se declare que la vivienda familiar es de uso exclusivo de la esposa e hijos y que no pueden vivir personas distintas, y que se le permita usar el despacho profesional que tenía en la vivienda conyugal.
Segundo.-La solicitud de nulidad de actuaciones la fundamenta en recurrente en dos motivos. El primero es por la existencia de causa penal contra su esposa por el presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos que se sigue en virtud de denuncia del Sr. Jose Carlos en relación con la aportación a este procedimiento de separación matrimonial de determinados documentos consistentes en comunicaciones de la entidad Citibank, y otros referentes a la actividad profesional del demandado, entre los que se encuentran minutas de honorarios.
El proceso penal que se tramita contra la esposa del recurrente no puede determinar la suspensión de estas actuaciones como con buen criterio resolvió el Juez de instancia en su Auto de 7 de febrero de 2002 (folio 353 de las actuaciones). El efecto suspensivo de la causa penal en el proceso civil exige que aquella verse sobre los mismos hechos que ésta (art. 114 de la LECR) o que condicione directamente su contenido (art. 10 de la LOPJ). La decisión sobre si la esposa ha descubierto secretos de su marido por la aportación al proceso de separación de unos documentos bancarios de éste, que se remiten al domicilio conyugal, siendo el régimen económico que rige el matrimonio el de la sociedad ganancial, o por la aportación de unas minutas de honorarios y otros documentos relativos a la actividad como abogado de su marido, obtenidos también en el hogar conyugal donde éste tenía su despacho, y con los que se pretende acreditar la situación económica de D. Jose Carlos, ni es el hecho constitutivo de un proceso de separación matrimonial ni condiciona los pronunciamientos que se hagan en la sentencia, pues aquellos documentos constituyen un mero elemento probatorio que el Juzgador habrá de valorar en atención a las circunstancias concurrentes, entre ellas la posibilidad de su obtención por medios ilícitos o con vulneración de derechos fundamentales, pero nunca pueden producir la suspensión o paralización de la separación matrimonial porque los hechos del proceso civil son completamente distintos de los investigados por la jurisdicción penal, y el resultado del juicio civil no está condicionado por la resolución de la causa penal en torno a la existencia o no del delito denunciado, pues puede dictarse sentencia en este proceso civil resolviendo el conflicto matrimonial al margen de la valoración penal de la conducta de la demandante.
El segundo fundamento de la solicitud de nulidad de actuaciones se halla en la admisión de documentos propuestos por la actora como medio de prueba en la fase probatoria de este juicio seguido por los trámites de la Disposición adicional quinta de la Ley de 7 de julio de 1981, considerando el recurrente que la admisión vulnera los artículos 504 y 506 de la LEC de 1881 ya que debieran haberse acompañado a la demanda. En primer término ha de significarse que la admisión de una prueba nunca puede producir nulidad de actuaciones sino que si fue indebidamente admitida y así lo estimase la Sala se tendrá por no practicada y carecerá de valor probatorio para la resolución del litigio.
Desestimada pues la petición de nulidad por este motivo, hemos de abordar la cuestión que subyace en este motivo del recurso, cual es si cabe admitir los documentos aportados en periodo probatorio por la actora. Y la respuesta ha de ser afirmativa porque los documentos que aportó la actora tanto con el escrito inicial de proposición de pruebas como con el presentado el 24 de mayo de 2001 al amparo del apartado g) de la Disposición adicional quinta, al haber propuesto prueba el demandado dentro de los dos últimos días del periodo probatorio, eran una consecuencia necesaria de las manifestaciones efectuadas por el Sr. Jose Carlos en su escrito de contestación a la demanda, en la que afirmaba tener una muy modesta situación económica pues sus ingresos como Abogado no superaban las 120.000 pesetas mensuales. Es evidente que ante estas alegaciones de quién tiene que asumir la obligación alimenticia de los hijos y posiblemente una pensión compensatoria para su esposa, la parte contraria haya de practicar las pruebas que a su derecho convengan si considera que las manifestaciones de su esposo no se ajustan a la realidad, para conseguir la acreditación ante el Juez de cual es la verdadera posición económica del marido y que se fijen unas pensiones proporcionadas con sus auténticos recursos económicos. De ahí que esos documentos estuviesen bien admitidos desde la perspectiva del momento procesal en el que se presentaban, porque no habría tenido necesidad de aportarlos la actora si no hubiese sido por el contenido del escrito de contestación a la demanda, que motivó que fuese imprescindible traerlos al Juzgado.
Tercero.-Rechazada la solicitud de nulidad de actuaciones por las razones expuestas, a continuación abordaremos los motivos de la apelación referentes al fondo del asunto. Entiende el recurrente que el Juez "a quo" valora erróneamente las pruebas en relación con la fijación de las pensiones alimenticia y compensatoria.
La renovada valoración del conjunto de la actividad probatoria obrante en autos permite a la Sala llegar a similares conclusiones que el Juez de instancia. Y es que las contribuciones económicas a las que está obligado D. Jose Carlos las ha fijado con una prudencia tal que, atendidas las necesidades de los hijos menores, no puede establecerse una cantidad inferior a las de 30.000 pesetas mensuales fijada para cada uno de ellos sin riesgo de quedar desprovistos de lo imprescindible para su manutención educación y sustento, cantidad que sin duda puede abonar su padre sin merma apreciable de su nivel de vida con los recursos que genera su condición de Abogado en ejercicio, profesión en la que como es comúnmente sabido, resulta muy difícil conocer y acreditar cuales son los auténticos ingresos y ganancias que produce. En el caso que nos ocupa no hace falta acudir a las minutas de honorarios que la actora ha aportado a los autos y que han motivado la denuncia en vía penal del demandado, para llegar a la conclusión a través de otros medios probatorios obrantes en autos, como los referentes al patrimonio privativo de D. Jose Carlos y al patrimonio ganancial del matrimonio, de que los recursos económicos del Sr. Jose Carlos son muy superiores a los que declara en sus escritos aleatorios y le permiten pagar la pequeña pensión alimenticia establecida para sus dos hijos.
Cuarto.-En cuanto a la pensión compensatoria se pretende su supresión o, subsidiariamente, su disminución y limitación temporal.
La supresión es improcedente pues la esposa se dedicó durante la vida matrimonial al cuidado del hogar y los hijos dejando de trabajar desde el 29 de mayo de 1993, percibiendo prestación por desempleo hasta el 29 de mayo de 1995 y un subsidio por desempleo hasta el 29 de junio de 1997, no percibiendo en la actualidad prestaciones por desempleo, figurando de alta como demandante de empleo, como resulta acreditado a través de la documental obrante a los folios 261 a 264 de las actuaciones (informes del Instituto Nacional de Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social). El apelante argumenta que su esposa tiene ingresos, aludiendo a la declaración de la renta del año 1999, pero a tenor de la realidad laboral de D.ª Gloria que acabamos de exponer resulta sorprendente la declaración del impuesto sobre la renta del año 1999, pues no hay constancia de la actividad laboral que generó esos ingresos que aparecen como rendimientos de trabajo, máxime si como también afirma el apelante la esposa obtiene ingresos que no declara por cuidar a enfermos y a personas mayores, lo que permite plantearse cuando trabaja la actora, que también tiene que atender a sus hijos y al hogar familiar, en la actividad que le reporta los remuneraciones que sí declara a Hacienda.
Así pues debe concluirse que la separación produce a la esposa un desequilibrio económica importante en relación con la posición de su esposo, y atendiendo a las circunstancias que establece el art. 97 del Código Civil, la cantidad económica que por este concepto fija la Resolución apelada la estimamos correcta, prudente y adecuada a las circunstancias del caso, y debe ser mantenida.
Quinto.-Subsidiariamente el apelante solicita la limitación temporal de la pensión. Es cierto que la pensión compensatoria no es una pensión vitalicia dada su naturaleza indemnizatoria o resarcitoria de una situación de desequilibrio ligada al momento de la cesación de la vida en común de los cónyuges y que sólo debe durar mientras se mantenga el desequilibrio. De ahí que su extinción o limitación temporal, que no es sino una forma de extinción si bien diferida en el tiempo, exige que el desequilibrio haya desaparecido o, que si persiste, el acreedor esté en condiciones de hacerlo desaparecer, siendo debida su existencia únicamente a su actitud renuente, pasiva u omisiva para adquirir una situación similar a la que tenía durante el matrimonio. Pero este no es el caso que nos ocupa. Primero por la dificultad de entrar en el mercado laboral, y en segundo lugar porque no parece probable que aunque así fuese la esposa pudiese adquirir en corto plazo una situación económica similar a la que tenía durante el matrimonio y que se aproxime a la que continúa teniendo el otro cónyuge. La limitación temporal de la pensión debe adoptarse con cautela, cuando las circunstancias concurrentes evidencian que el desequilibrio económico causa de la pensión sea susceptible de desaparecer en un plazo prudencial por estar al alcance de las posibilidades del acreedor la eliminación de tal desequilibrio. No parece que este sea el caso. Por ello, teniendo igualmente en cuenta la larga duración de la vida en común (once años), la dedicación de la esposa a la atención de su marido e hijos durante el tiempo de convivencia, que los hijos continúan conviviendo con la madre siendo ella la que sigue con la permanente dedicación al cuidado de ellos, no resulta procedente en este caso limitar temporalmente la pensión provisional, sin perjuicio de que cuando concurran los supuestos de los arts. 100 y 101 del Código Civil, pueda pedirse su modificación o su extinción en su caso. Pero en la circunstancia presente no hay motivos para establecer el limite temporal que pretende el apelante.
Sexto.-Pide el apelante que se declare que el uso de la vivienda conyugal es exclusivo de la esposa y sus hijos. Esta declaración es innecesaria pues así viene establecida en la Sentencia apelada. Y si estima el demandado que la esposa no está haciendo un uso legal de la vivienda, esta cuestión es ajena a los pronunciamientos que deben hacerse en un proceso de separación matrimonial, debiendo ejercitar las acciones que estime procedentes.
Por último, el apelante pretende que se le permita instalar su despacho profesional en el domicilio conyugal atribuido a sus hijos y a la esposa. Esta petición ha de rechazarse pues es contradictoria con el contenido propio de la medida. El uso de la vivienda familiar se atribuye a la esposa e hijos, lo que comporta la salida del mismo del marido con todas las consecuencias, es decir, que si en el inmueble, cuyo destino principal era el de vivienda, había establecido el mismo su despacho profesional, es obvio que la salida del hogar conlleva no sólo que no pueda seguir siendo su residencia o domicilio sino tampoco el centro en el que esté ubicada su actividad profesional, que como decimos, siempre sería una finalidad accesoria y secundaria de la principal que es la de servir de hogar familiar, siendo totalmente contraproducente que se perturbase la normalidad hogar con la presencia en él del esposo ejerciendo su actividad profesional.
Séptimo.-Por todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser desestimado, con confirmación de la sentencia recurrida y expresa imposición al apelante de las costas procesales causadas en esta alzada, a tenor de lo dispuesto en los arts 398-1 y 394 de la LEC de 2000.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Martinez Guerrero en nombre y representación de D. Jose Carlos, contra la Sentencia dictada el día 26 de Junio de 2002, por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia N° 7 de Sevilla, en los autos de separación matrimonial N° 1139/00, de los que dimanan estas actuaciones, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la citada Resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales causadas en esta alzada.
Así por esta nuestra sentencia, de la que quedará testimonio en el Rollo de la Sección lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincia, DON FERNANDO SANZ TALAYERO, Ponente que la redactó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí el Secretario de lo que certifico.
Diligencia.-En el mismo día se contrajo certificación de la anterior sentencia y publicación de su rollo. Doy fe.-

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