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Timestamp: 2019-09-18 01:29:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 24278 DE FEBRERO 23 DE 2006
SENTENCIA 24278 DE 23 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:PROTECCIÓN DE GARANTÍAS POR VÍA DE TUTELA. DECRETO DE UNA PRESCRIPCIÓN ERRÓNEA POR PARTE DEL PODER JUDICIAL
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERNO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, HOMICIDIO SIMPLE, PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Sentencia 24278 de febrero 23 de 2006
Aprobado según acta de Sala Nº 18
Los hechos con sustento en los cuales el actor pretende la protección de sus garantías por vía de tutela fueron sintetizados por el tribunal de la siguiente forma:
“(...) Segundo Isaías Ariza Mendoza (...) presentó demanda de tutela contra el Juzgado Penal del circuito de Granada (Meta), por considerar que le fueron violados sus derechos fundamentales de la libertad y el debido proceso, dentro de los trámites del proceso en razón del cual actualmente está purgando pena de 92 meses de prisión.
Explicó que la fiscalía 37 seccional de Granada adelantó contra su hermano Aldemar por el delito de homicidio simple, y contra él por tentativa de homicidio, según hechos ocurridos el 24 de diciembre de 1993 ocurrido el hecho, él se fugó pero se vio comprometido en otro homicidio en la zona esmeraldífera de Gachalá el 23 de abril de 1996, siendo capturado al día siguiente y condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá a 11 años y 8 meses de prisión, quedando en libertad condicional el 24 de agosto de 2001, pero quedó por cuenta de la fiscalía de Granada, que lo había oído en indagatoria en el mes de julio de 200(sic) por medio de comisionado y le decretó detención preventiva el 30 de agosto.
Que en la misma indagatoria manifestó que se acogía a sentencia anticipada, pero inexplicablemente se decretó el cierre de la investigación, contra lo cual recurrió pidiendo a la vez que se decretara prescripción de la acción o preclusión. La fiscalía en resolución del 21 de diciembre de 2001 decretó la prescripción y ordenó su libertad inmediata, prosiguiendo entonces la investigación solo contra su hermano Aldemar. Sin embargo, la fiscalía al calificar el sumario el 22 de agosto de 2002, dictó resolución de acusación tanto para su hermano como para él, lo cual resulta inexplicable, pues no se comentó que la cesación de procedimiento por prescripción se le hubiera revocado, sin saber por qué siguió incluido en esa investigación y, lo peor, ahora como reo ausente, siendo que la fiscalía sabía que estaba presentándose mensualmente en el Juzgado 7º de Ejecución de Penas de Bogotá por la libertad condicional que se le había concedido en el otro proceso, siendo así fácil ubicarlo.
El juzgado al condenarlo, para nada tocó el tema de la prescripción y, de otro lado, se desconoció que desde antes del cierre de la investigación había solicitado sentencia anticipada que había quedado sin resolver debido a la prescripción decretada. Lo cierto es que no pudo defenderse aun contando con abogado de oficio, quien nunca se pronunció a su favor. Lo cierto es que sufrió una condena injusta de 92 meses de prisión.
Por todo lo anterior, considera que se le violó el debido proceso, por vía de hecho, comenzando porque la fiscalía no ha debido decretar la prescripción sino formularle los cargos para sentencia anticipada”.
El fallo proferido por el tribunal será revocado y en su lugar se concederá el amparo al derecho al debido proceso a favor del accionante Segundo Isaías Ariza Mendoza conforme a las razones que a continuación se exponen:
En el asunto de la especie el accionante censura a través de la acción de tutela, la sentencia condenatoria que en su contra profirió el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) el 17 de julio de 2003 por cuanto no se tuvo en cuenta su manifestación de acogerse a sentencia anticipada.
Si bien es cierto, al momento de promover la acción de amparo constitucional han transcurrido más de dos años, es evidente que ante la situación de privación de la libertad que actualmente afronta el interesado, se ha prolongado en el tiempo la afectación de sus garantías fundamentales y por tanto, resulta procedente la intervención del juez constitucional.
En este sentido debe precisar la Sala que solo en casos en los que se advierta un ostensible desconocimiento de la normatividad aplicable ya sea por arbitrariedad o capricho del juzgador, la intervención del juez constitucional se hace imprescindible precisamente para conjurar el agravio o la amenaza que se cierne sobre los derechos fundamentales.
Por ello, ha sido criterio reiterado de esta Sala, sostener que no es viable acudir a la tutela alegando vulneración de los derechos fundamentales o bajo la afirmación de que el titular del derecho sufrirá un perjuicio irremediable, pues tanto lo primero como lo segundo requieren de comprobación objetiva.
Ahora bien, descendiendo al caso, las pruebas aportadas al diligenciamiento permiten establecer que dentro de la actuación que se adelantó contra el señor Segundo Isaías Ariza Mendoza, la fiscalía 37 seccional de Granada mediante resolución del 24 de septiembre de 2001 decretó el cierre de la investigación que por el delito de homicidio en grado de tentativa se adelantaba y dispuso la notificación personal de esa resolución en la penitenciaría “La Picota” (establecimiento en el que se encontraba recluido el actor descontando la pena de prisión que le había impuesto el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá por el delito de homicidios).
El 1º de noviembre de 2001, la resolución de cierre de investigación fue revocada por la fiscalía en razón a que durante el término para presentar alegatos, el sindicado había presentado solicitud de acogerse a sentencia anticipada.
Dentro de esa misma resolución se ordenó señalar fecha para la diligencia de aceptación de cargos y posteriormente el procurador judicial interpuso recurso de reposición que fue resuelto con proveído del 22 de noviembre de 2001, en el sentido de confirmar la resolución en cita. Durante ese lapso el procesado reiteró (con escrito presentado el día 7 del mismo mes), su solicitud de sentencia anticipada, al tiempo que deprecó que se decretara la prescripción de la acción penal y que se dispusiera su libertad condicional.
Mediante resolución del 21 de diciembre de ese año, la fiscalía 37 seccional señaló que no había lugar a pronunciarse sobre la solicitud de terminación anticipada del proceso, en tanto a su juicio la acción penal se hallaba prescrita, porque desde la época de los hechos (dic. 24/93) hasta ese momento había transcurrido un lapso superior a la pena imponible (10 a 15 años, según lo dispuesto por el D. 100/80, art. 323) sin que se hubiera interrumpido con resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada, razón por la cual dispuso la libertad inmediata del señor Segundo Isaías Ariza Mendoza.
El procurador judicial interpuse los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra ese proveído y el 29 de enero de 2002 la fiscalía lo repuso al encontrar que asistía razón al recurrente y ordenó librar la correspondiente orden de captura, advirtiendo que una vez ejecutoriada esa decisión, se entraría a estudiar la viabilidad de la sentencia anticipada, por lo que dispuso mediante resolución del 26 de febrero de 2002 citarlo por intermedio de su apoderado para el 11 de marzo siguiente, a efectos de adelantar la diligencia de formulación de cargos.
Conforme a lo expuesto por el juez accionado, no aparecen dentro del expediente las constancias de entrega de esa comunicación y sin que se hubiese dado por agotado el trámite de búsqueda y comparecencia del señor Ariza Mendoza, el 7 de mayo de 2002, se declara cerrada la investigación y esa decisión fue notificada en forma personal a su apoderado quien presentó renuncia al cargo en esa misma fecha, por lo que se dispuso designarle defensor de oficio. Así, el 22 de agosto de ese año, la fiscalía profirió resolución de acusación, que fue notificada a la defensora y al agente del Ministerio Público e igualmente se intentó la notificación del implicado en !a penitenciaría “La Picota”, sin embargo ello no se efectuó debido a que justamente en virtud de la declaratoria de prescripción de la acción penal, el hoy accionante había recobrado su libertad el 27 de diciembre de 2001.
En consecuencia, el proceso fue enviado al juzgado penal del circuito de Granada que profirió sentencia condenatoria contra el hoy accionante por el delito de homicidio en modalidad de tentativa.
A juicio de la Sala resulta manifiesta la afectación al derecho al debido proceso en cabeza del señor Segundo Isaías Ariza Mendoza que fue capturado en esta ciudad de Bogotá el 22 de septiembre de 2003 y fue remitido nuevamente a la penitenciaría “La Picota”, lugar donde se encuentra descontando la pena de 92 meses de prisión.
Considera la Sala necesario precisar que si bien es cierto se ha entendido que es precisamente el proceso el escenario natural para controvertir el acervo probatorio, manifestar la inconformidad en su recolección, aducción o contenido, argumentar la aplicación o interpretación aun por integración de las normas jurídicas y desarrollar en forma leal y eficaz la dinámica propia de la relación jurídica procesal, no lo es menos que en casos como el que en esta ocasión se analiza, el amparo resulta procedente ante la flagrante violación de los derechos del accionante.
Nótese que las consecuencias del error interpretativo en que incurrió la fiscalía 37 seccional de Granada al decretar la prescripción de la acción penal mediante providencia del 21 de diciembre de 2001, no deben ser soportadas por el procesado, quien ante la orden de libertad que se libró a su favor no tenía porqué estar atento a trámite alguno ante ese despacho ni se mostró tampoco interesado en renunciar a la prescripción, de modo que no puede ahora plantearse como lo entendió el tribunal, que optó por desentenderse del proceso y que por ello debe soportar las consecuencias de su conducta, pues el análisis en este caso amerita mayor profundidad y en forma alguna ese reproche resulta válido, cuando lo cierto es que al haber sido puesto en libertad tomó otro rumbo e incluso perdió contacto con su apoderado.
Ahora bien, luego de haberse revocado la declaratoria de prescripción de la acción penal, se dispuso citarlo a efectos de atender su solicitud de sentencia anticipada por medio de la realización de audiencia de formulación de cargos, pero ello no fue posible ni siquiera por conducto de su apoderado y sin que se encuentre demostrado que este hubiese recibido las comunicaciones respectivas, no resulta lógico plantear que tal petición debía ser pretermitida, máxime cuando era deber del funcionario agotar todas las diligencias tendientes a ubicar su paradero, lo que se hubiera podido lograr de haber intentado por intermedio de la oficina asesora del penal en el que había estado recluido y donde anteriormente se habían realizado notificaciones personales, toda vez que allí se tenía noticia que el señor Ariza Mendoza había purgado una pena por el delito de homicidio impuesta mediante sentencia proferida por el juez penal del circuito de Gachetá, actuación dentro de la cual obtuvo libertad condicional, debiéndose presentar cada 30 días ante el Juez Séptimo de Ejecución de Penas de Bogotá, despacho en el cual sin duda reposan los datos de su domicilio.
Así las cosas, la falta de diligencia por parte de la fiscalía, no tiene porqué afectar las garantías del hoy accionante, quien había solicitado acogerse a la terminación anticipada del proceso antes de la ejecutoria del cierre de investigación decretado el 24 de septiembre de 2001 que, como se dijo, fue revocado justamente en atención a dicha petición.
En síntesis, en el presente asunto se advierte que la garantía fundamental a un proceso como es debido sufrió menoscabo, no solo en virtud de la descuidada actuación de la fiscalía en lo términos ya reseñados sino también por parte del fallador, quien pese a tener claridad sobre la existencia de las irregularidades que se originaron durante la investigación, porque así lo pone de presente en el escrito a través del cual interviene dentro del trámite de la tutela, simple y llanamente, ante el silencio de los sujetos procesales, procedió a emitir sentencia sin ocuparse de examinar tal situación a la luz de las causales de nulidad, lo que lo condujo a obviar el examen sobre la petición de sentencia anticipada.
De tal suerte, en este caso el juez de tutela está llamado a intervenir, sin embargo debe precisarse que la orden de tutela consistirá en dejar sin efectos la sentencia condenatoria por la siguiente razón:
Si bien es cierto sería procedente declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que fijó fecha para la realización de la audiencia pública de juzgamiento, no puede perderse de vista que la solicitud de sentencia anticipada fue presentada por el procesado antes de la ejecutoria del cierre de investigación, empero, por las circunstancias señaladas en precedencia, nunca se realizó la diligencia de formulación de cargos de manera que para este juez de tutela, la forma efectiva de salvaguardar las garantías del actor será adoptando las medidas necesarias para corregir el yerro en que incurrió la fiscalía, sin que sea necesario retrotraer la actuación a la etapa de investigación, pues, se trata nada más de corregir una irregularidad atípica, de modo que salvada la particular situación procesal pueda emitirse nuevamente el fallo que refleje la reducción de la pena (1/3 parte) que por virtud de la ley merece el sindicado en el evento en que acepte los cargos formulados.
En consecuencia, se ordenará al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que remita de manera inmediata el proceso en mención al Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) para que a su vez requiera al señor Segundo Isaías Ariza Mendoza a efectos de adelantar la diligencia de aceptación de cargos.
En caso de que dicha actuación produzca resultados y el procesado acepte su responsabilidad respecto de los cargos que se le imputan, deberá el juez efectuar nuevamente la dosificación punitiva atendiendo a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, concretamente en lo que hace referencia a la rebaja de la tercera parte de la pena, conforme a lo expuesto en precedencia.
En Sala se discutió si era o no procedente compulsar copias para que eventualmente se investigara a la fiscal de primera instancia, en razón a las distintas conductas asumidas por la mencionada funcionaria, entre otras, revocar el cierre de la investigación ya ejecutoriado y cuando corría el término para alegatos de fondo con miras a dar trámite a la petición de sentencia anticipada; decretar la prescripción de la acción con base en un fundamento equivocado como la pena imponible y no la máxima fijada en la ley como consecuencia de tal determinación disponer la libertad del incriminado.
Sin embargo, mayoritariamente en este aspecto se estimó que no se vislumbra comportamiento delictivo en las actuaciones surtidas en la medida en que bien pudo suceder, respecto a la revocatoria del cierre, que se actuara con fines garantistas para dar paso al trámite abreviado, no empece haberse superado ya la posibilidad legal de impulsar la petición correspondiente.
En punto a la prescripción decretada, desde luego en forma errónea, la mayoría estima que bajo una razonable valoración, no surge más que un equívoco con alguna frecuencia observado en el quehacer judicial, habiendo sido corregido al desatar el recurso de reposición oportunamente interpuesto, siendo —de otro lado— explicable la libertad concedida como efecto del reconocimiento de la pérdida de la potestad punitiva del Estado.
1. REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar declarar procedente la acción de tutela promovida por el señor Segundo Isaías Ariza Mendoza.
En consecuencia, TUTELAR a su favor el derecho al debido proceso y dejar sin efectos la sentencia condenatoria proferida el 17 de julio de 2003 y ordenar al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que remita de manera inmediata el proceso adelantado contra el accionante al Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) que deberá, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del expediente, requerirlo para formularle dentro del término improrrogable de los 5 días siguientes, los cargos de la acusación y si los acepta, procederá a dictar la decisión que corresponda aplicando la rebaja de la tercera parte de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
2. ABSTENERSE de compulsar las copias a que se hizo alusión en la parte motiva de esta providencia.
3. REMÍTASE el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. NOTIFÍQUESE de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991.
Con el debido respeto que la posición de mayoría merece, procedemos a consignar las razones de nuestro parcial disentimiento con el fallo, específicamente en cuanto tiene que ver con una de las decisiones adoptadas al resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil cinco, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Segundo Isaías Ariza Mendoza, en búsqueda de la protección de las garantías fundamentales del debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal.
Tal cual fue expuesto de nuestra parte en los debates orales en los que la Sala se ocupó de este particular asunto, compartimos la decisión de tutelar el derecho del debido proceso, por las consideraciones expresadas en la ponencia y nada tenemos que acotar al respecto.
Discrepamos, no obstante, respecto de la decisión de abstenerse de compulsar copias para que eventualmente se investigara la conducta de la fiscal de primera instancia en razón de algunas determinaciones adoptadas en el trámite a su cargo, entre otras, la de revocar la resolución de cierre de la investigación cuando esta se encontraba ejecutoriada y transcurriendo el término para alegar de conclusión, con el solo propósito de tramitar una extemporánea petición de sentencia anticipada elevada por el sindicado, quien entonces decidió trocarla por una solicitud de prescripción de la acción penal que extrañamente le fue admitida a partir de un absurdo entendimiento de las disposiciones sustanciales que establecen los requisitos de procedencia para la declaración de dicho fenómeno y, finalmente, a consecuencia de esa determinación, disponer la libertad del ahora accionante en tutela.
Estimamos que si bien uno cualquiera de esa cadena de errores puede atribuirse a mera ignorancia o a simple incuria, una visión panorámica de la actuación de la funcionaria, ameritaba que esta se pusiera en conocimiento de la autoridad competente, para que determinara la presencia o ausencia de mérito para iniciar investigación penal.
A nuestro modo de ver, si bien es cierto eventualmente podría resultar plausible entender que la primera actuación de la funcionaria no comportó nada distinto de la necesidad de abundar en garantías para el procesado por medio de abrir la puerta a la posibilidad de la terminación anticipada del proceso a fin de obtener una sustancial rebaja en la pena, la que no lograría si el juicio se llevara a cabo por los cauces ordinarios; que la declaración de prescripción de la acción penal pudo haber obedecido a un equivocado entendimiento sobre la normatividad sustancial que regía el caso y la manera de contabilizar el término prescriptivo; y, a consecuencia de ello, disponer la libertad del procesado por considerar erradamente que el Estado había perdido la potestad punitiva, creemos que tales consideraciones solamente podía realizarlas el fiscal o corporación que, de acuerdo con las normas que reglan la competencia, habría de encargarse de investigar y, de ser el caso, juzgar la conducta de la funcionaria, y no por el juez constitucional, quien se halla limitado a verificar si en el asunto sometido a su consideración se transgredió o no alguna garantía fundamental para efectos de decidir si la ampara o no por vía de tutela.
No obstante, acatamos por supuesto la decisión de la mayoría y, tal como se señaló en los debates, nuestra respetuoso disentimiento queda agotado en este salvamento parcial.
Sigifredo Espinosa Pérez—Mauro Solarte Portilla

References: resolución 
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 artículo 40
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