Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Confcol/capitu39.htm
Timestamp: 2019-11-17 09:09:09+00:00

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Los Comandantes Timoleón Jiménez e Iván Márquez de la Delegación de las FARC, publicaron una carta al pueblo colombiano y a todos los amigos de la Paz, comunicándoles que habían logrado, con la ayuda de la Subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de la reconciliación. Se logró una Jurisdicción Especial para la Paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las Víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos Acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto.
El proceso de Paz ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el Derecho Internacional señala como derechos inalienables de las Víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.
Las FARC aspiran a que nada detenga ahora a un pueblo que exige Paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.
Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se hace realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las Víctimas del conflicto están en el centro del Acuerdo; la Jurisdicción Especial examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los Derechos Humanos, el DIH y crímenes de lesa humanidad.
Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz se busca que se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las Víctimas, de los defensores de Derechos Humanos y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la Paz como derecho síntesis de todos los Derechos Humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la Paz.
El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto -combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las Víctimas. Las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la Verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer Verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta veinte años de cárcel; doce años más de prisión que lo establecido en la Ley 975/2005 de Justicia Transicional, aprobada por el Estado colombiano.
En tanto los Acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del Artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte:
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.
Es obvio que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.
Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por políticas de reparación integral a Víctimas, y por medidas que garanticen la No Repetición. Las FARC ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. El Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No Repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, que la policía se dedique a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.
Debe destacarse que, aun habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.
Es imprescindible que el resto de los actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de Verdad.
La Jurisdicción Especial de Paz debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del Acuerdo de Paz, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en Colombia, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de No Repetición de lo ocurrido.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el Acuerdo final de Paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del Nunca Más, sobre los cimientos de la Verdad, la Justicia y la Reparación, como un inmenso muro que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia.
Nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Alvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez; al Presidente Raúl Castro, al Comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo; a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la Paz de Colombia: a los países garantes de los diálogos: Noruega y Cuba y Chile por su acompañamiento. Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de Paz y reconciliación” 1497.
Comunicado Conjunto Gobierno FARC sobre Acuerdo Jurisdicción Especial
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos:
i. para quienes reconocen Verdad y responsabilidad; y
ii. para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial, satisfacer los derechos de las Víctimas y consolidar la Paz, y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las Víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco (5) años y un máximo de ocho (8) de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de veinte años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, es necesario aportar Verdad plena, Reparar a las Víctimas y garantizar la No Repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los sesenta días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden 1498.
Características del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial
El Presidente Santos hizo aclaraciones respecto del Acuerdo alcanzado con las FARC sobre Jurisdicción Especial para la Paz.
Planteó que respecto al otorgamiento de amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, permitido por la Constitución y establecido por el Derecho Internacional Humanitario, se realizará en los términos que establezca una Ley de amnistía que precise los criterios de conexidad. “Hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el Derecho Internacional, nos permiten amnistiar o indultar. Los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”.
Para los colombianos es muy importante que los responsables de los delitos graves y representativos “reconozcan sus delitos y cuenten la verdad. Habrá sanciones de mínimo cinco años y máximo ocho años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia”.
Tales sanciones “tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas”. Para quienes “no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta veinte años”. Así se logra “el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: ¡Una Paz sin impunidad!. También habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la Paz”.
Los participantes en el conflicto
“Ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC. Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta Justicia Transicional, incluyendo los agentes del Estado y los miembros de la fuerza pública. No hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay -al mismo tiempo- un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías. No habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley. Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal -en un Acuerdo de Paz y no como resultado de posteriores imposiciones- crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”.
En la jurisdicción especial para la Paz se decidió que los denominados delitos de lesa humanidad: desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la toma de rehenes, entre otros, no estarán dentro de la amnistía. Estos delitos serán sancionados por un tribunal especial 1499.
El Acuerdo sobre Jurisdicción Especial Comprende “Sanciones Restaurativas”
El Gobierno y las FARC, mantuvieron en secreto el texto completo del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial, generando inquietud y reclamos por parte de ciertas personalidades, entre ellas el Procurador Alejandro Ordóñez y el Presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara. El Jefe de la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, alias Iván Márquez, reveló que se trataba de un documento de setenta y cinco puntos contemplando además un catálogo de sanciones restaurativas.
En una carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado pidió que fuera publicado el texto completo del Acuerdo. En la misiva explicaba la necesidad de conocer todo el contenido asegurando que hasta esa fecha, solamente se sabía de algunos de los puntos firmados a través de un comunicado. Para la legitimidad de las negociaciones, debe ser revelado en su totalidad para que todos los colombianos conozcan qué se firmó.
“Dada la importancia para los derechos de las Víctimas, el cumplimiento del Derecho Internacional, la lucha contra la impunidad y la vigilancia del Estado de Derecho” es indispensable conocer el texto de Acuerdo de Jurisdicción Especial sobre Justicia Transicional como ha ocurrido con los otros documentos pactados en el proceso.
El Presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, señaló que era necesario conocer el texto completo del Acuerdo con el fin de hacer un pronunciamiento sobre su contenido y emitir un concepto.
“El Consejo de Estado está comprometido con la Paz pero también con la institucionalidad y con el Estado de Derecho, y éste se debe defender en cualquier consideración, pero estamos de acuerdo con que se debe vivir en un país en Paz”.
En el Senado, durante un debate sobre la Justicia Transicional, el Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana Humberto De La Calle, dijo que los diez puntos incorporados en el comunicado conjunto publicado el 23 de septiembre del 2015 sobre el mecanismo de Justicia Transicional 1500:
“Son un Acuerdo y está empeñada la palabra del Gobierno. Me parece que hay una impresión equivocada como si hubiese por un lado un Acuerdo de diez puntos al que se le llama Comunicado desconociendo que es en sí mismo un Acuerdo y otra realidad separada de un documento más largo” 1501.
Una delegación de diez víctimas del conflicto, encabezada por el Gral. Luis Herlindo Mendieta, fue el centro de la ceremonia en que se firmó el Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. La expectativa de que resarcir a las víctimas era en el centro del proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC comenzó a cumplirse con el anuncio del Acuerdo sobre Víctimas del conflicto. Con la creación de sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, encaminado a satisfacer los derechos de los sobrevivientes del conflicto, con seguridad jurídica y enfoques territorial, diferencial y de género, se dio un paso contundente hacia la firma del Acuerdo para el fin del conflicto armado.
Acordaron que para garantizar los derechos de las Víctimas, se pondrán en marcha:
i. una Comisión para el esclarecimiento de la verdad;
ii. una unidad especial para la búsqueda de las personas desaparecidas;
iii. una jurisdicción especial para la Paz;
iv. medidas de reparación integral; y
v. garantías específicas de No Repetición.
El Jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto De La Calle, resaltó que después de seis millones de Víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra ya no son relevantes.
“Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes, es la garantía auténtica del fin del conflicto. Es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la jurisdicción no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta de la reconciliación. No habrá amnistía a delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, substracción y reclutamiento de menores o desplazamiento forzado”. Están “previstas sanciones como penas privativas de la libertad entre quince y veinte años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes no reconozcan la Verdad y su Responsabilidad. No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”.
El Jefe Negociador de las FARC, Iván Márquez recalcó que el Acuerdo alcanzado sitúa el derecho a la Verdad en el vértice superior del sistema diseñado, porque sin esa Verdad no hay reconciliación posible.
“No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales o a altos dignatarios del Gobierno o el Estado, porque no es posible conforme a la ley internacional y sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano”.
El Acuerdo deja en claro que, de conformidad con los Convenios de Ginebra, las autoridades procuraran conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado, con las excepciones y prohibiciones contempladas en el Estatuto de Roma. Todas las sentencias del Tribunal para la Paz pasarán a ser cosa juzgada cuando estén en firme. “Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas”.
El Acuerdo señala expresamente que no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con este fin respecto de hechos o conductas ocurridas durante el conflicto armado. Esta garantía alcanza a todos los integrantes de las FARC y a personas acusadas de formar parte de esta organización. El Acuerdo insiste en la necesidad de que el Gobierno desarrolle estrategias que permitan esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, como parte de la construcción de Verdad y garantía de No Repetición.
Después de haberse pactado las condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de Justicia Transicional, el Gobierno espera que el diálogo se encamine hacia la dejación de armas, que deberá comenzar sesenta días después del Acuerdo final, tal como quedó suscripto el 23 de septiembre del 2015 1502.
Indulto a Guerrilleros Presos
En el marco de los Acuerdos para alcanzar el fin del conflicto, el Gobierno de Santos convino en otorgar el indulto a treinta (30) guerrilleros presos, cumpliendo pena de prisión por el delito de rebelión.
La decisión, argumentó el Presidente:
Forma parte de “los gestos de construcción de confianza entre el Gobierno Nacional y las FARC (...) el Gobierno ha decidido, con fundamento en sus facultades constitucionales y legales, conceder el indulto, es decir, un perdón de la pena, a treinta (30) guerrilleros de las FARC”.
El Gobierno aclaró que entre los treinta miembros de las FARC que gozarán del indulto, no hay recluidos por delitos graves.
La Presidencia de la República divulgó una serie de reglas para que la medida fuera válida:
1. Los indultos se tramitarán de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 418 de 1997, que establece que el Gobierno Nacional puede conceder el indulto a las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos políticos y conexos, cuando a su juicio el grupo armado organizado al margen de la Ley, con el que se adelante un proceso de Paz, haya manifestado su interés de reincorporarse a la vida civil.
2. El número de miembros a indultar es un gesto unilateral del Gobierno, luego de evaluar el cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC, la consecuente disminución de la violencia, y los avances del proceso. Los treinta indultados corresponden a un grupo del número total de casos de miembros de las FARC condenados por el delito de rebelión y los delitos conexos -utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de defensa personal-.
3. El grupo de treinta indultados, corresponde a personas condenadas. El indulto es el perdón, total o parcial, de las penas judicialmente impuestas, de manera que sólo procede en relación con quienes ya tengan condena en firme.
4. Estas personas indultadas, tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las FARC y en esa medida a contribuir a la construcción de la Paz, iniciando su proceso de reincorporación a la vida civil.
5. La seguridad de estas personas es una prioridad para el Gobierno. En todo caso, deberá evaluarse el nivel de riesgo de manera individual para determinar las medidas de protección correspondientes.
6. El Gobierno definió que se va a crear un programa transitorio para estas personas, mientras se firma un Acuerdo Final en el que se definirán (Punto 3) los términos de reincorporación a la vida civil de las FARC.
7. El programa estará diseñado para implementarse en el momento en que estas personas obtengan su libertad.
8. La medida del indulto no tiene como fundamento la condición de salud de las personas privadas de la libertad sino la naturaleza del delito por el que se encuentra condenada la persona: el delito de rebelión y conexos. El Gobierno Nacional, en todo caso, tomará medidas especiales para la atención en salud de las personas privadas de la libertad que así lo requieran.
9. El Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre la verificación del estado de salud de los guerrilleros presos. Las brigadas de salud las coordinará el Gobierno Nacional.
10. La verificación del estado de salud de los guerrilleros presos, es una medida unilateral que el Gobierno viene trabajando desde que se anunció 12 de julio del 2015 la adopción de medidas para “Agilizar en la Habana y desescalar en Colombia”.
11. El Presidente ha dado instrucciones al Ministro de Justicia para que evalúe la situación en las cárceles, y proceda a tomar las decisiones del caso de conformidad con el Estatuto Penitenciario y Carcelario.
12. Lo que se anunció fue, por un lado, medidas especiales de atención en salud, y por otro, la adecuación de patios para facilitar el estudio de la situación jurídica de los miembros de las FARC como medida de preparación para su futura reincorporación a la vida civil. Sin embargo, el Ministerio de Justicia viene implementando una serie de medidas para garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellas el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y de los servicios de salud, no sólo para integrantes de las FARC.
13. El Ministerio de Justicia viene adoptando medidas para el deshacinamiento carcelario y el mejoramiento del servicio de salud.
14. Respecto de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido “delitos menores”, de acuerdo con la Constitución, el indulto únicamente procede por delitos políticos y conexos: delitos de rebelión, sedición o asonada 1503.
El Acuerdo sobre Justicia firmado entre las FARC y el Gobierno el 23 de septiembre del 2016, fue anunciado con bombos y platillos. Al igual que con los otros Acuerdos, hubo un gran regocijo entre las ONG, el Gobierno, un sector de la prensa y algunos intelectuales.
Mientras estos sectores aplaudían sin reservas al Acuerdo cómo algo histórico, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE), se atrevió a hacer preguntas y un cuestionamiento sobre los alcances del Acuerdo.
Al MOVICE le preocupan varios temas: el mecanismo para seleccionar los casos y los postulantes a la jurisdicción especial; los agentes del Estado recibirán un tratamiento especial; no se sabe cuántos fiscales se encargarán de los casos de agentes de Estado; la falta de claridad frente a la No Repetición de los responsables de crímenes del Estado, entre otros. Respecto a los crímenes del estado el MOVICE afirma:
En la mayoría de crímenes de Estado, no se han siquiera vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975.
En el proceso con los paramilitares nunca tocaron a los máximos responsables, nunca tocaron a las empresas. Salvatore Mancuso declaró que la mayoría de las petroleras en Casanare pagaban a las AUC y sin embargo, no se les abrió investigación. En el 2006, José Felix Lafaurie, líder máximo de los ganaderos agrupados en FEDEGAN, reconoció que los ganaderos habían financiado a los paramilitares de las AUC y además dijo que poseía información sobre los pagos de empresas nacionales, internacionales, palmeras y arroceras. No le pasó nada, nunca fue investigado, y tampoco le pidieron la información que tenía. Hay quienes quieren promover la ingenua esperanza entre la gente que personas como Lafaurie serán procesados, o que ellos contarán la verdad. Si no pasó en el momento del proceso con los paramilitares, no va a pasar ahora en el proceso con las FARC.
Las organizaciones de Derechos Humanos promueven ilusiones en los sistemas de justicia y en los Acuerdos de Paz que se celebraron en otros países, sin siquiera mirar cual fue el resultado real de esos procesos. Se habla de Sudáfrica como si fuera un gran éxito. Algunos policías no fueron indultados por sus crímenes, pero a De Klerk, máximo jefe de los escuadrones de la muerte, de los torturadores, del sistema de apartheid, le dieron un premio Nobel de la Paz. Tal fue la impunidad en Sudáfrica, que nunca tocaron a ninguna de las empresas beneficiarias del sistema y hoy en día Colombia es víctima de ese proceso, pues la empresa minera Anglogold fue uno los principales beneficiarios y victimarios del apartheid y ahora está en Colombia. No solo ha podido instalarse en el país, será uno los beneficiarios de la Paz en Colombia, como lo fue en Sudáfrica.
Si se mira a Guatemala, se verá que allí no hubo justicia para las víctimas de crímenes del Estado. Después de mucha presión se hizo un intento de llevar al genocida Ríos Montt a juicio, responsable por la masacre de doscientas mil personas, y el intento fracasó, a pesar de que el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, firmado en 1994 estipulaba que:
Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los Derechos Humanos.
El Gobierno de Guatemala promovierá ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad.
Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
El documento también prohíbe expresamente grupos armados de justicia privada. Aunque llevaron a juicio a algunos militares, generalmente de bajos rangos, hubo impunidad total para los altos militares, entre ellos Ríos Montt, y por supuesto hay una impunidad reinante frente a los asesinatos cometidos por los grupos de justicia privada hoy en día, no obstante la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, impunidad es lo que hay. En su reciente informe Amnistía Internacional señaló:
En mayo, el Congreso aprobó una Resolución no vinculante en la que manifestaba que no se había cometido genocidio durante el conflicto armado interno. La resolución contradecía frontalmente una investigación realizada por la ONU en 1999 que concluía que durante el conflicto, en el que doscientas mil personas murieron y cuarenta y cinco mil fueron sometidas a desaparición forzada, se había cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más del ochenta por ciento de las víctimas de homicidio y desaparición forzada durante el conflicto eran indígenas mayas.
El mismo informe señala que:
En julio, Fermín Solano Barrillas, ex-miembro de la oposición armada durante el conflicto armado interno, fue condenado a noventa años de prisión por dirigir la masacre de veintidós personas perpetrada en 1988 en El Aguacate, departamento de Chimaltenango.
Mientras Ríos Montt salía libre y el Congreso decía que el genocidio cometido por él y otros, no era cierto, se perseguían a los ex-guerrilleros. Puede que tengan razón con el caso del guerrillero, pero no deja de ser un contraste fuerte con el caso de Ríos Montt.
Es una clara muestra de lo que se puede esperar. En Colombia, podemos decir claramente que no habrá mayores sanciones contra altos oficiales y mucho menos contra políticos a raíz del Acuerdo sobre la Justicia.
En El Salvador se aprobó la Ley de Amnistía de 1993. Un año después del final del conflicto, esa ley es la garantía de impunidad en el país y la razón por la cual los militares, políticos y empresarios duermen tranquilos.
El Fiscal General de la Nación en Colombia, dijo que bajo el nuevo Acuerdo se perseguiría penalmente al ex-Presidente Uribe Vélez. El Gobierno reaccionó rápidamente. El Ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se pronunció en ese sentido, explicó que jamás se pensó que los ex-Presidentes tuvieran que acudir a ese tribunal y agregó que esos comentarios terminan haciéndole daño al proceso.
No sólo se descarta cualquier posibilidad de juzgar a un personaje como Uribe, sino que quienes lo proponen dañan el proceso de Paz. Pareciera que las víctimas buscando justicia serán los nuevos terroristas que quieren desestabilizar al país. Eso no sólo se ha visto en otros países; en Colombia hemos visto ejemplos de este orden, cuando la iglesia exige a las víctimas que perdonen a los victimarios, tal como dijeron explícitamente en el proceso con los paramilitares. El perdón es sólo la mitad de la consigna Ni Perdón, Ni Olvido. Habrá que perdonar y habrá que olvidar. Eso es lo esencial del Acuerdo respecto a los agentes del Estado.
No sólo se debe juzgar a Uribe, sino a todos los Presidentes, pues Uribe no hizo nada que no hicieron ellos en algún momento, inclusive sus acciones en los ‘90, como Gobernador de Antioquia fueron amparadas por el Decreto de Gaviria, y el Gobierno de Samper. No montó a las Convivir solo. Lo hizo aplicando la legislación vigente y con el beneplácito del Estado.
También podemos pedir que el Jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, sea juzgado por esa jurisdicción especial. De la Calle fue Ministro del Interior en 1990 y 1991, cuando la masacre de Trujillo llegó a su punto más feroz. La III División del ejército, bajo el mando de Manuel Bonnet (futuro Jefe de las fuerzas armadas) asesinó a centenares de personas. Bonnet no asumió ninguna responsabilidad, ni siquiera por línea de mando, pero el Presidente Samper, aceptó la responsabilidad del Estado por esa masacre.
Humberto De La Calle, fue Vicepresidente en el Gobierno de Samper, durante los primeros dos años. Renunció por una cuestión ética, la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña electoral de Samper. Eso fue algo importante y ético para él, sin embargo, no renunció por las Convivir. Pareciera que formar, organizar, dotar de armamento a grupos de civiles, quienes luego asesinaron a otros civiles y se convirtieron en la fachada legal de los grupos paramilitares no fue una cuestión ética. No es descabellado proponer que De la Calle sea juzgado en esa jurisdicción especial y que cuente toda la verdad para obtener los beneficios jurídicos aplicables en el caso.
Nada de eso ocurrirá. Como en todos los otros procesos de Paz, los principales beneficiarios no perderán su estatus de beneficiarios y sus privilegios y, por supuesto, no perderán su libertad, y la razón es sencilla: las FARC perdieron la guerra, el Estado ganó. La única persona que ha dicho eso, es Humberto de la Calle. Los procesos de Paz se basan en una mentira, que nadie gana ni pierde, y que la Paz, es un proyecto de todos. Pero no lo es. Las FARC se retiran de la batalla y se disuelven, el ejército oficial no. Está claro quien gana una guerra, pues quien se queda en pie, el vencedor, echa la culpa por todos los males que aquejan el país, todo el horror de la guerra, todo el sufrimiento a un solo actor, el perdedor. Es por eso que las FARC serán juzgados: perdieron, y como una migaja, algunos militares de bajo rango pueden ser juzgados, aunque con un tratamiento especial.
El periodista William Ospina lo describió bien:
Aunque las FARC admitan ser las principales responsables de los crímenes y las atrocidades de esta guerra, yo tengo que repetir lo que tantas veces he dicho: que es la dirigencia colombiana del último siglo la principal causa de los males de la nación, que es su lectura del país y su manera de administrarlo la responsable de todo. Responsable de los bandoleros de los ‘50, a los que ella armó y fanatizó; de los rebeldes de los ‘60, a los que les restringió todos los derechos; del M-19, por el fraude en las elecciones de 1970; de las mafias de los ‘80, por el cierre de oportunidades a la iniciativa empresarial y por el desmonte progresivo y suicida de la economía legal; de las guerrillas, por su abandono del campo, por la exclusión y la irresponsabilidad estatal; de los paramilitares, que pretendían brindar a los propietarios la protección que el Estado no les brindaba; responsable incluso de las FARC, por este medio siglo de guerra inútil contra un enemigo anacrónico al que se pudo haber incluido en el proyecto nacional cincuenta años antes, si ese proyecto existiera.
Lo que me asombra es que la astuta dirigencia de este país, una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan 1504.
Julio Cortázar dijo en el “Libro de Manuel”: es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. El proceso de Paz con las FARC y sobre todo el Acuerdo sobre la justicia niegan eso. Es el Estado el principal responsable de la violencia, y si buscamos criminales de guerra, los encontraremos en el Congreso de la República, en el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas y por supuesto en el equipo negociador del Estado en La Habana.
El Acuerdo y el proceso, no inauguran una nueva época de justicia y el fin de la impunidad, sino que la impunidad gozará de nuevos mecanismos, y a los que buscan la justicia se les acusará de buscar el fin de la Paz y la reconciliación. Tendrán que luchar como los guatemaltecos para llevar ante la justicia a personajes como Ríos Montt; tendrán que buscar Fiscales valientes, sabiendo esos Fiscales que por su osadía y coraje, serán perseguidos y hostigados como fueron sus homólogos en Guatemala.
La impunidad no es solo un problema en América Latina. En Irlanda, los responsables estatales de masacres y torturas, nunca fueron identificados, ni hablar de ser procesados. Los agentes británicos involucrados en los atentados de Dublín y Monaghan no han sido identificados, y hasta hoy, el Estado británico y el irlandés niegan la participación de agentes estatales. Se estableció una Comisión para investigar la masacre de Domingo Sangriento, donde trece civiles fueron asesinados delante de las cámaras de televisión. Esa investigación concluyó que los soldados rasos tenían algo de culpa, no los mandos militares, no el Gobierno y mucho menos la Reina Isabel quién condecoró el mando encargado de la masacre.
El MOVICE tendrá que deshacerse de sus ilusiones en la justicia internacional. En su comunicado se refiere a la presencia de jueces internacionales como una garantía de imparcialidad. No obstante los fallos de la CIDH, la justicia internacional funciona en la práctica como una especie de imperialismo jurídico. Hasta el momento la CPI sólo ha juzgado a africanos por los conflictos allá y ha pasado por alto la participación de intereses extranjeros en todos esos conflictos. En el caso de Sierra Leona, condenó a varios africanos y ni un solo europeo involucrado en el tráfico de los llamados diamantes de sangre. Ni siquiera se planteó la posibilidad de juzgar a algún europeo. Si se trata de juzgar a algunos militares, puede que algún Juez extranjero sea imparcial, aunque debemos recordar que en años recientes el sistema colombiano ha logrado enjuiciar y condenar a varios militares de alto rango por los “falsos positivos”. Si en algún momento se intenta tocar el tema de las empresas extranjeras, los jueces internacionales no serán imparciales, como nunca han sido en ninguno de los conflictos donde los intereses económicos de los países imperialistas están en juego, y no solo en lo que refiere a Irak y Siria sino a las guerras sucias en América Latina. ¿Acaso se juzgará a los directivos de Chiquita que ya han reconocido su papel en la guerra sucia en Colombia? Un Juez canadiense no dirá mucho sobre el papel de las mineras canadienses y un juez británico tampoco será tan imparcial como se cree a la hora de juzgar a BP por lo que hizo.
Quizás se espere que el juez Baltasar Garzón ayude en la lucha contra la impunidad. Es el Juez preferido de las ONG de Derechos Humanos en Colombia, muy a pesar de ser un violador de los Derechos Humanos en el País Vasco, donde cierra periódicos, limita el derecho de asociación y donde procesa a reos que han sido torturados.
Si no se acepta que las FARC son derrotados militarmente y que el contenido de los Acuerdos muestra una profunda derrota política, las organizaciones campesinas, obreras y de Derechos Humanos no podrán avanzar en su lucha contra la impunidad. Actuar según la lógica de la gran victoria o avance que significan los Acuerdos es prepararse para futuras derrotas aún más profundas, como ha ocurrido en todos los procesos de Paz con organizaciones insurgentes, donde las organizaciones sociales no reivindicaron su autonomía frente a los Acuerdos firmados, sino se sumaron a ellos de una forma acrítica y no estaban en una posición de avanzar sus luchas por haberse amarrado a Acuerdos firmados entre entes ajenos: la insurgencia y el Estado. Es la hora de distanciarse del proceso. A fin de cuentas, son organizaciones independientes y deben mostrarlo. El fin de la guerra no corresponde a nadie más que la insurgencia y el Estado, los Acuerdos sociales se negocian con los actores sociales y deben tener criterios propios. Criticar u oponerse a un Acuerdo, no es lo mismo que pedir más guerra, como los mentalmente empobrecidos intelectuales quieren hacernos creer. Las opciones siempre son más amplias que la falsa elección entre más guerra o proceso de Paz 1505.
Jurisdicción Especial para la Paz no Estará por Encima de las Altas Cortes
El Presidente Juan Manuel Santos dijo:
“La Jurisdicción Especial de Paz no reemplaza nuestras instituciones de justicia ni nuestro Poder Legislativo, como se quiso decir”, sino que “los complementa y fortalece para esta situación especial y única de lograr la terminación de un conflicto armado”.
Aclaró que dicha Jurisdicción:
“Fue el producto de un trabajo serio y dedicado a lo largo de cinco meses. No va a tener facultades supra-constitucionales, ni sus decisiones serán inapelables”.
La Justicia Transicional fue creada para poder resolver un conflicto como el colombiano, “donde los grupos insurgentes no reconocen precisamente, la justicia del Estado contra el cual se alzaron en armas. Por eso hay que crearla… Las partes se pusieron de acuerdo en la creación de una Jurisdicción Especial, con un Tribunal con capacidad para investigar, juzgar y sancionar, bajo las leyes colombianas”. De lo contrario “la alternativa sería un Tribunal impuesto desde afuera -por la ONU, por ejemplo-, como ocurrió en Yugoslavia o en Ruanda. El Tribunal de Paz no estará por encima de las Altas Cortes; ni mucho menos de los compromisos del país en materia de Derechos Humanos y DIH, que respeta en su totalidad. La Justicia Transicional fue diseñada “en total concordancia con el Estatuto de Roma” 1506.
Irregularidad del Indulto a Presos de las FARC
A pesar de que el 20 de enero del 2016 se efectuó la liberación de cuatro guerrilleros de las FARC, ha sido con dificultades. De la cifra de treinta indultados, anunciada en noviembre del 2015 por el Ministro de Justicia, solo dieciséis saldrían de las cárceles.
El vocero de los prisioneros políticos y de guerra de las FARC, René Nariño, aseguró que en las cárceles están a la expectativa del cumplimiento integral de la primera fase del gesto unilateral prometido que, según él, “fue producto de la huelga y la movilización de los presos en veintiún cárceles del país”.
No se trata sólo de la liberación de los presos; la medida contempla el indulto, las brigadas de salud para enfermos y heridos de guerra y la concentración de los guerrilleros en patios y cárceles: “Hasta el momento el Gobierno cumplió una parte del indulto a los treinta, del resto no tenemos razón. Es paradójico todo lo que está pasando”.
El Gobierno hizo del indulto una “maraña de dificultades”, que en lugar de construir confianzas de cara al tratado final, ha entorpecido el proceso. Las acciones del Ejecutivo no cuentan en el papel y en la importancia que deberíamos tener en medio del proceso. Somos producto del conflicto y tenemos nuestra condición a pesar de que el Gobierno lo niegue.
“No hay ninguna razón para que el Gobierno se porte de esta manera. Hemos hecho miles de denuncias y acciones pacíficas para visibilizar la negligencia del Estado, no solo con nosotros sino, en general, con la población privada de la libertad”.
En el anuncio de “gesto unilateral” del Ministerio de Justicia, se fijó un plazo de quince días para su cumplimiento. Han pasado dos meses y es muy poco el avance. “Parece ser que quien no entiende el ritmo de la burocracia del Estado es el Ministro, o simplemente las cosas no tienen la voluntad política que deberían, en medio de los diálogos”.
Varios nombres fueron retirados de la lista inicial de treinta, por impedimentos jurídicos que el Gobierno esgrimió a última hora. Algunos de ellos ya habían sido notificados de su libertad pero en la revisión de sus perfiles, aparecieron nuevos procesos abiertos.
Los pocos logros de los últimos días se deben a las presiones de organizaciones como Solidaridad Jurídica, entidad de defensa de Derechos Humanos de los presos. Esto reafirma que “es una cuestión de voluntad política”.
Cuatro de los dieciséis se reunirán en La Habana con la Delegación de Paz, para dar a conocer la realidad, lo vivido en su paso por la cárcel. “No hay nada como tener a las victimas del sistema carcelario en viva voz”. Su papel será reforzar el proceso, al cumplir la tarea como multiplicadores de Paz y delegados de los prisioneros.
Es necesario que el gesto del Gobierno se cumpla de manera simultánea en los tres momentos, para evitar casos como el de Marco Galvis Patiño, un preso gravemente enfermo que entró en huelga de hambre por la negligencia del Estado 1507.
Trabas en los Indultos
Los jefes de esta guerrilla, Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko' y Rodrigo Granda, negociadores en La Habana, dijeron que funcionarios estaban obstruyendo la orden presidencial de liberar a un grupo de treinta rebeldes.
“Trabas de funcionarios impidiendo que indultados por el Presidente puedan salir antes que termine el año”.
Téllez reprochó los obstáculos para impedir la excarcelación:
“En ninguna parte del mundo a un mini-indulto se le colocan tantas trabas. El Presidente ordena pero nadie cumple. Peor en Navidad”.
Mientras los “burócratas” están celebrando con “ron, baile y buena comida”, los guerrilleros favorecidos por el perdón presidencial “esperan una firma para salir en libertad”.
“Hay indolencia (...) Para qué quieren tener más tiempo los indultados en la cárcel? Nada justifica el nefasto proceder”.
En referencia a las manifestaciones hechas por el máximo Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, aseguró que en el primer trimestre del 2016 se realizará la excarcelación de los treinta guerrilleros que recibieron el indulto por parte del Gobierno.
Actualmente se está haciendo la verificación “de que se cumpla con todos los requisitos exigibles”. Estas solicitudes se están tramitando lo más rápido posible, esperando que en el primer mes del 2016 finalice todo este proceso.
De firmarse un Acuerdo final en el Proceso de Paz, se emitirán otros indultos a los guerrilleros que hayan cometido “delitos políticos y los que se consideren conexos, recordando que esa conexidad va a ser determinada por el Congreso de la República mediante una Ley” 1508.
Comunicado de las FARC-EP Nro. 1/2016:
La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, comunica a la comunidad nacional e internacional nuestro rechazo ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional Colombiano frente a los compromisos anunciados mediante el comunicado emitido por la Presidencia de la República el 22 de noviembre de 2015, donde se anunció el indulto de treinta prisioneros políticos miembros de las FARC-EP, el inicio de brigadas de salud para la atención de ciento seis guerrilleros que se encuentran en prisión en condiciones graves de salud y la adecuación de patios especiales para prisioneros políticos.
Indultos: Del 18 al 21 de diciembre del 2015, los treinta (30) prisioneros y prisioneras que están a la espera del indulto unilateral fueron traslados hacia la ciudad de Bogotá, siendo recluidos/as en el ERON Picota y la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor respectivamente. A pesar de cumplir con los requisitos para el indulto, este proceso se ha sido dilatado de manera injustificada, sin que a la fecha se haya ejecutado la primera liberación; solo tres de los treinta indultables han sido notificados de la aprobación del indulto, pero dicha decisión no se ha ejecutado, y dos de los treinta indultables fueron cambiados por el Gobierno Nacional, al parecer, por estar siendo investigados por otros delitos. A la fecha tampoco se ha garantizado que los indultables tengan un lugar adecuado donde vivir y las condiciones esenciales para desarrollar trabajos para la Paz.
Por lo anteriormente expuesto, llamamos al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, a cumplir con lo anunciado en el comunicado del 22 de noviembre del 2015 y, en consecuencia, resolver las siguientes:
Que se ejecute de manera inmediata las órdenes de libertad de las y los treinta prisioneros políticos seleccionados unilateralmente para la obtención de indultos y se ofrezcan las garantías de reubicación y goce de la vida en libertad.
Que se agilice el proceso de adecuación de los patios especiales para prisioneros políticos, así como el ingreso a la reclusiones de todas las organizaciones de derechos humanos miembros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas para el cumplimento de nuestras labores de verificación y revisión de la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia 1509.
El Secretario de Estado de EUA, John Kerry, dijo que al Acuerdo alcanzado en La Habana entre el Gobierno y las FARC sobre Justicia Transicional y Desarme supone un “avance histórico” hacia la Paz.
“El anuncio hecho hoy en las conversaciones de Paz en La Habana representa un avance histórico hacia un Acuerdo final de Paz para acabar con más de cincuenta años de conflicto armado. La Paz está ahora más cerca que nunca para el pueblo colombiano y millones de víctimas del conflicto. Aplaudimos al Presidente Santos y sus negociadores por sus esfuerzos para alcanzar una Paz justa y duradera con las FARC. Esperamos que las partes concluyan pronto un Acuerdo final para terminar esta guerra terrible. El pueblo colombiano merece una Paz justa y duradera, y eso será su victoria. También subrayamos el importante papel desempeñado por Noruega y Cuba como garantes del proceso de Paz. Seguiremos apoyando al Presidente Santos y al pueblo colombiano mientras avanzan estas negociaciones” 1510.
Posición de Alvaro Uribe
El ex-Presidente y Senador en ejercicio Alvaro Uribe Vélez, presentó lo que denominó sus “preocupaciones iniciales” al Acuerdo alcanzado con las FARC en materia de Justicia Transicional. Sostuvo que iguala a “la sociedad civil con el terrorismo”. Criticó que los guerrilleros no paguen penas privativas de la libertad en centros carcelarios.
“El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este Acuerdo convertida en victimaria, cuando durante cincuenta años ha sido Víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista”.
El Gobierno ha aceptado que “delincuentes responsables de atrocidades” no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Pese a que para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales y restricciones de libertades, no se indica cárcel.
“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la No Repetición”.
Con este Acuerdo todos los soldados y policías “quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”.
“El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las fuerzas armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las fuerzas armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”.
El Acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político: “el Acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político” 1511.
Posición de Human Rights Watch
El Director de Humans Right Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, sostuvo que el Acuerdo no sería aceptado por la Corte Penal Internacional (CPI). Conlleva impunidad para los autores de delitos graves.
“Permitiría que los máximos responsables de los peores abusos, puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión”.
La Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, afirmó que revisaría en detalle y analizaría cuidadosamente las disposiciones acordadas entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Constituyen un “paso significativo hacia el fin del conflicto armado. Noto con optimismo que el Acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves” 1512.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), expresó su satisfacción por los avances alcanzados en el Punto sobre Justicia, en la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Para el MOVICE es fundamental que las partes hayan acordado la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo propósito será contribuir a la búsqueda de la Verdad, la Reparación de las Víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Consideraron que el hecho de que las salas de justicia y el Tribunal para la Paz vayan a estar compuestos por juristas nacionales e internacionales, debería ser garantía de independencia e imparcialidad frente a los crímenes de su competencia, y a la responsabilidad de quienes de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC y a los agentes del Estado.
La Jurisdicción Especial para la Paz, deberá abordar tanto las graves infracciones al DIH cometidas en el desarrollo del conflicto armado interno, como los crímenes cometidos en el marco del conflicto social y político, que se constituyeron en crímenes de lesa humanidad perpetrados en cumplimiento de políticas masivas y sistemáticas de persecución y represión por parte de agentes del Estado, grupos paramilitares y grupos económicos y políticos con la intención de exterminar a determinados sectores políticos sociales y populares que se caracterizaban por la reivindicación de derechos.
Para el MOVICE resulta preocupante que el Acuerdo no señale cómo se garantizará la participación de las Víctimas tanto en la elección y postulación de los integrantes de las salas y del Tribunal como en la selección de los casos emblemáticos de que estas instancias se ocuparían, así como sobre su intervención en los diferentes procedimientos establecidos. El Acuerdo solo señala que proveerán información que servirá para contrastar la conductas de quienes reconozcan Verdad y Responsabilidad.
Inquieta también que no se establezcan criterios para la selección de los casos de los que se ocupará la jurisdicción, ya que el nivel de impunidad que existe en relación con los crímenes de Estado alcanza casi el cien porciento. Preocupa que a esta jurisdicción lleguen sólo los pocos casos que vinculan la responsabilidad penal de agentes del Estado y actores privados, algunos de los cuales persisten en negar su responsabilidad en los hechos por los que han sido condenados y por tanto, se beneficiarían de penas alternativas sin contribuir a la Verdad y la No Repetición de los crímenes y obtendrían su libertad por cumplimiento de la pena establecida en el Acuerdo.
En la mayoría de crímenes de Estado, no se han siquiera vinculado dentro de los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975/2005.
Para el MOVICE es preocupante también que el 25 de junio del 2015 se haya aprobado la ampliación al Fuero Penal Militar, que permitiría a la Justicia Penal Militar, que no es una justicia imparcial e independiente, conocer de graves casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública, desconociendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y evitando que sean conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Decisiones nacionales e internacionales han demostrado que desde sectores del Estado se han fomentado y apoyado estructuras paramilitares, en alianza con empresarios y políticos, que han sido responsables de masacres, desaparición forzada y otros mecanismos de terror para instaurar un control total de la población y defender intereses privados.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz podría considerarse una oportunidad histórica para que los responsables directos o indirectos de crímenes de Estado aporten a la verdad plena, reparen a las Víctimas y contribuyan a desmontar las doctrinas, políticas y estructuras que permitieron la comisión de estos hechos, incluyendo la doctrina de seguridad nacional y el paramilitarismo, así como a depurar el Estado de quienes por acción u omisión fueron responsables de estos crímenes para que así nunca más se repitan, el MOVICE ve con preocupación que las garantías de No Repetición frente a responsables de crímenes de Estado no son claras en el Acuerdo.
Resulta preocupante que públicamente se haya sostenido que los agentes del Estado recibirán un tratamiento especial de justicia y el MOVICE se pregunta qué significa exactamente este anuncio. Como Víctimas de la criminalidad estatal y teniendo en cuenta la obligación del Estado de garantizar los derechos y de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, insistimos en que las sanciones para los agentes del Estado involucrados en crímenes de lesa humanidad deben ser diferenciales y el nivel de sanción mayor. El código penal colombiano establece causales de agravación punitiva cuando el responsable del delito es servidor público, con mayor razón cuando se trata de crímenes internacionales objeto de la jurisdicción especial para la Paz.
Preocupa que el Estado haya dispuesto de ochocientos Fiscales que se enfocarán en documentar los crímenes atribuidos a los integrantes de las FARC, pero no vemos avances ni propuestas frente a la investigación, documentación y búsqueda de la verdad en casos de crímenes de Estado.
Para el MOVICE, la Verdad plena e integral para la No Repetición de los crímenes de Estado, es lo único aceptable para el beneficio de sanciones especiales o rebajas de pena. Si no hay una Verdad completa de lo ocurrido, es imposible que existan garantías de No Repetición para las Víctimas.
El Movimiento continuará profundizando su análisis sobre este Acuerdo para incidir en los temas fundamentales en relación al tratamiento de los crímenes de Estado y reitera su apoyo al proceso de Paz y su compromiso para que Colombia logre alcanzar una Paz estable y duradera 1513.
Interpretaciones de Representantes del Gobierno Provocan Rechazos de las FARC
La Delegación de Paz de las FARC rechazó en un comunicado, las declaraciones hechas por los dos principales negociadores del Gobierno, en las que interpretaron el Acuerdo suscripto el 23 de septiembre del 2015 sobre “La Jurisdicción Especial para la Paz”:
“Que no venga nadie a estas horas de la historia de la reconciliación patria a empañar con caprichos infortunados el camino que resta para culminar un proceso que solo debe estar revestido por la gloria. Hay que honrar la palabra, hay que honrar los compromisos”.
Las declaraciones por parte de la Delegación gubernamental, se hicieron a raíz de una entrevista con el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago Romero, que subrayó que el Acuerdo, que en Colombia fue titulado como “histórico”, ahora causaba pavor en sectores guerreristas y medios de prensa. Porque el Acuerdo jurídico va a convertir en objetos a todos los actores de la guerra, tanto militares, guerrilleros como no combatientes que tendrán la posibilidad de decir la Verdad sobre acusaciones en su contra durante los cincuenta años de conflicto armado, incluyendo a aquellos sectores civiles-económicos que han sido instigadores o autores intelectuales en los crímenes.
Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, negociadores visibles de la Delegación Gubernamental, declararon sobre la situación que se provocó: “fue una provocación de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL)”; los “Mensajes de ANNCOL luego del Acuerdo de justicia fueron una torpeza”.
La Delegación de Paz de las FARC emitió una declaración desde La Habana: La Jurisdicción Especial para la Paz es un Acuerdo en firme.
“No se puede aceptar por ningún motivo la unilateral interpretación de lo alcanzado en el Acuerdo, porque serán los futuros magistrados quienes al asumir su tarea en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz tendrán la competencia para aplicar sus alcances”.
Después de escuchar serena y minuciosamente las exposiciones de los Dres. Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, miembros del equipo negociador del Gobierno en La Habana, sobre el Punto cerrado Jurisdicción Especial para la Paz, nos permitimos comunicar de forma cabal y asertiva lo siguiente:
1. El Acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz, Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está cerrado. No es cierto que con respecto a su contenido substantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna, porque lo escrito y recogido en el texto es totalmente trasparente, igual que gramaticalmente aceptable, suficiente en tanto al objetivo buscado y diáfano en sus diversas expresiones.
4. El día 23 de septiembre del 2015 tuvo lugar en la capital cubana un acto sin precedentes: El Jefe del Estado de la República de Colombia, el Jefe del Estado de la República de Cuba, y el Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, se reunieron de manera solemne para dar la buena nueva de que la Paz es posible. Dentro de este contexto con la firma de los Jefes de Delegación se protocolizó el Acuerdo alcanzado. Copias del mismo fueron entregadas a los garantes.
5. El Acuerdo lo aplaudió el Santo Padre, el Secretario General de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos y varios Gobiernos del mundo. El propio Presidente Santos informó al país que el ex-Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lo había denominado como “una obra de arte”. Y resulta que ahora se anuncia que aún se requieren precisiones adicionales.
6. En el Acuerdo no se habla de concentración de tropas de las FARC-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva. Para nosotros, quienes integramos las FARC-EP, lo sucedido el 23 de septiembre del 2015 no fue una puesta en escena para impresionar a la galería. Se trató de una entrega solemne de un documento que compromete a las partes. Conllevó ese acto la manifestación del empeño de la palabra de mujeres y hombres en rebelión, alzados en armas durante más de sesenta años, que anhelan la Paz. Que no venga nadie a estas horas de la historia de la reconciliación patria a empañar con caprichos infortunados el camino que resta para culminar un proceso que solo debe estar revestido por la gloria. Hay que honrar la palabra, hay que honrar los compromisos 1514.
Nuevas Interpretaciones del Gobierno Provocan Rechazos de las FARC
En un nuevo comunicado publicado por la Delegación negociadora de las FARC en La Habana, manifestó su perplejidad ante la posición adoptada por el Gobierno de Colombia, expresada a través del Jefe de su Delegación en la Mesa de Conversaciones, pretendiendo substituir el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz por el Comunicado elaborado para dar a conocer dicho Acuerdo y otros compromisos adoptados, así como refiriéndose en su intervención al citado Acuerdo sobre Jurisdicción Especial de Paz como un simple “texto”.
“In claritas non fit interpretatio”, claridad no admite interpretación, dice el adagio latino, y un “Comunicado” sobre distintos aspectos de las conversaciones es solo eso, un comunicado. De hecho tres de los diez Puntos del Comunicado no hacen alusión alguna a la Jurisdicción Especial de Paz, sino a otros temas: la relación de Acuerdos adoptados hasta ahora, la creación de una Comisión de la Verdad, el compromiso de iniciar el proceso de dejación de armas sesenta días después de firmarse un Acuerdo Final y la importancia de facilitar la conversión de las FARC-EP en un movimiento político. Ninguno de los anteriores puntos se incluyen en el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.
La Delegación de Paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente, sobre la necesidad de concluir las presentes Conversaciones de Paz en un plazo máximo de seis meses. Dicho propósito no será viable si el Gobierno comienza a cuestionar los Acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado.
Coincidimos en que tanto el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, como el resto de los Acuerdos alcanzados -sobre reforma rural integral, participación política y substitución de cultivos ilícitos- requieren desarrollos posteriores, y es nuestra decisión acometerlos a la mayor brevedad posible, evidentemente evitando que los posteriores desarrollos de los Acuerdos pretendan utilizarse para subvertir el contenido de los mismos.
No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que solo se aclara con la publicación del Acuerdo Jurisdicción Especial Para La Paz, Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 1515.
Según De La Calle el Acuerdo se Trata de un “Documento en Desarrollo”
Humberto De La Calle señaló que el texto completo de los Acuerdos alcanzados sobre Justicia, aún continuaba bajo la revisión de un equipo jurídico, en respuesta a las declaraciones hechas por voceros de las FARC, en las que pedían publicar el texto completo del Acuerdo alcanzado en materia de Justicia Transicional.
De La Calle ratificó la solidez de los Acuerdos logrados, pero consideró que el documento aún tenía temas pendientes -como el de la restricción efectiva de la libertad para miembros de las FARC- que estaban siendo analizados por un equipo jurídico.
“En el texto de setenta y cinco (75) Puntos hay materias pendientes de reglamentar, como por ejemplo el alcance concreto de la 'expresión restricción efectiva de la libertad' y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
Explicó que en el Acuerdo suscripto por él, se hacía clara manifestación escrita, mediante anotación en el texto, de que se trataba de un documento en desarrollo, tal como los miembros del Grupo Jurídico del Gobierno lo hicieron saber en forma oportuna 1516.
A raíz de las declaraciones públicas hechas durante los últimos días por abogados y miembros de la Delegación de las FARC, el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado.
“A juicio del Gobierno, el Grupo Jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad. Una vez esto ocurra, al Gobierno es claramente partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública para que se dé un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores de lo pactado”.
Es necesario continuar el trabajo por parte del Grupo Jurídico, para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada el 23 de septiembre del 2015 1517.
Directora del FMI Considera Positivo para la Economía el Proceso de Paz
Al igual que en el caso del proceso de Paz en Guatemala, resulta importante destacar, que tanto los inversores internacionales e internos, como los organismos internacionales multilaterales de crédito, ven siempre como positivo que se alcance el fin de cualquier conflicto en una región o en un país. De esta manera la economía continúa con su ciclo natural.
De todas formas, a esta altura del análisis, ya debe haber quedado en claro que, una cosa es la pacificación “Pax” y otra la “Paz”.
Lo importante para los inversores, los organismos multilaterales de crédito y también las corporaciones, es que no existan factores que impidan o generen inestabilidad o atenten contra la “seguridad jurídica” respecto de la posibilidad de las inversiones o los créditos; pero para la sociedad, en este caso la colombiana, lo verdaderamente importante es la “Paz” y que ésta garantice el desarrollo, el bienestar, la justicia social, la estabilidad desde el punto de vista de la garantía del empleo y el trabajo para los pequeños productores. Si la inversión y la economía no garantizan esto, la mencionada “Paz” carece del valor que se le atribuye.
Para el Presidente Juan Manuel Santos, en un eventual escenario de postconflicto, la economía colombiana sería una de las más beneficiadas. En coincidencia, la Directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, tras una de sus intervenciones ante Naciones Unidas, señaló su beneplácito por el proceso de Paz en cualquier lugar del mundo, de cara a la economía mundial.
“He visto procesos como estos en todo el mundo y debo decir que de cualquier forma la Paz siempre será bienvenida para la economía”.
El Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge Restrepo dijo:
“Hay dos miradas que uno debe considerar. En un escenario de transición al terminarse el conflicto va a desaparecer un obstáculo formidable al desarrollo que ha sido la guerra, en ese sentido un primer dividendo que va a traer la terminación del conflicto es que esa guerra desaparezca y eso va acelerar el desarrollo. Y no estoy hablando de crecimiento económico, estoy diciendo que el conflicto armado ha sido un obstáculo al desarrollo. Ya hay muchas regiones del país en las que ha empezado a desarraigarse el conflicto y se ha visto procesos muy dinámicos de valorización del precio de la tierra, de las unidades productivas y comerciales. Por ejemplo, el Huila estuvo severamente afectado por el conflicto armado interno por muchos años y hoy en día es uno de los principales polos de atracción de la inversión y uno de los principales lugares de desarrollo regional. Esto básicamente porque se ha ido la violencia”.
El Director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arnaud Peral señaló:
“Hablar de posconflicto es hablar de un proceso de construcción de Paz, de cierre de brechas sociales y de fomento del desarrollo económico más inclusivo y sostenible. Adicionalmente, todos en Colombia hemos experimentado los efectos perversos que tiene el conflicto en el medio ambiente” 1518.
Las FARC Faltan a la Verdad
En una declaración pública, el Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De La Calle Lombana, señaló que las FARC faltaban a la verdad al hablar de los temas alcanzados en el Acuerdo sobre Justicia Transicional.
“El Gobierno está comprometido en su cumplimiento y honra su palabra en tal sentido. El Gobierno considera que el trabajo de la Comisión de Juristas representa un trabajo significativo”.
Este pronunciamiento fue en respuesta al comunicado de las FARC, en el que instaban al Gobierno a cumplir la “palabra empeñada” sobre el Acuerdo de Justicia y los plazos para alcanzar la Paz, tras advertir de que “obstrucciones artificiales” y “medidas unilaterales” ajenas a la guerrilla podían entorpecer ese proceso.
De La Calle manifestó que la arremetida de las FARC era injustificable. Lo importante es esclarecer los puntos principales que el Gobierno no ha aceptado.
“No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistías. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisados. Insistimos en que hay interpretaciones del abogado de las FARC sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”.
El tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia, por parte de las autoridades competentes.
“La elección de los magistrados por parte del Tribunal de Paz no ha sido acordada (…) el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas para tratar esas serias preocupaciones y las FARC se han negado”.
El Acuerdo debe hacerse en condiciones que satisfagan el interés y la sensibilidad de los colombianos y sobre todo de las Víctimas 1519.
¿Las Fuerzas Públicas Pasarán por la Misma Jurisdicción Especial para la Paz que la Guerrilla?
El Presidente Santos hizo hincapié en que la decisión de que los agentes del Estado sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz no fue negociada o acordada en la Mesa de La Habana, sino una decisión autónoma de su Gobierno, tal como lo había prometido a los altos mandos de las fuerzas militares. Indicó que sería diferenciado:
“No van a estar nunca en inferioridad de condiciones” respecto a las FARC, pero será simultáneo, equilibrado y equitativo, lo que aunque no fue aclarado, podría interpretarse como que a similares crímenes se aplicarán similares condenas.
Una salvedad que protegerá a los oficiales de su responsabilidad de mando, es que se obligará a que se pruebe que tuvieron control efectivo de posibles conductas criminales de sus subordinados -y medios de prevenirlas-.
“Sólo serán acusados y juzgados los directamente responsables”.
Otra salvedad es que las sanciones de prisión efectiva que reciban, se cumplirán en prisiones propias de la fuerza pública. Santos indicó que la razón fundamental del trato diferencial para los agentes del Estado, es que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales. Aclaró que:
“Nuestros soldados y nuestros policías que hoy están en la cárcel, que hoy están cumpliendo una pena, podrán someter ante ese tribunal (de la Jurisdicción Especial para la Paz) una revisión de su caso; y en muchos casos automáticamente saldrán libres, porque la pena será mucho menor a la que se le impuso”.
No aclaró si sucedería lo mismo con guerrilleros de las FARC que se encuentren presos.
Para las FARC el sistema de justicia acordado en las negociaciones debía alcanzar a todos: guerrilleros, agentes del Estado, civiles, cualquiera que haya cometido crímenes durante el conflicto, que dejó alrededor de doscientos veinte mil muertos y siete millones de víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue anunciada a fines del 2015 en La Habana, como parte del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, en el marco de la firma del Acuerdo sobre el Punto cinco (5) “Víctimas”.
Según el texto firmado por las FARC y el Gobierno, el componente de justicia de lo acordado se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, lo que podría comprometer a civiles, políticos y empresarios.
“También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.
La excepción para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se da en el caso de quienes hayan sido Presidentes de Colombia. Si se llegara a obtener información que los pueda comprometer, deberá ser la Cámara de Representantes la que decida qué hacer.
La Jurisdicción Especial para la Paz prevé tres vías para aquellos que cometieron crímenes a lo largo del conflicto:
i. Aquellos que no reconozcan su responsabilidad, prisión de entre quince y veinte años;
ii. Quienes lo hagan de forma tardía, prisión de entre cinco y ocho años.
iii. Quienes cuenten la verdad al inicio, podrán acceder a penas privativas de la libertad (que no han aclarado en qué consisten).
El ex-Presidente Alvaro Uribe criticó el Acuerdo, indicando que era débil respecto al tratamiento jurídico para las FARC 1520.
Justicia Especial para los Militares
El Ejecutivo se reservó la facultad de definir el régimen, al margen de la Mesa de negociaciones y sin que la guerrilla tuviese injerencia en el asunto. Los agentes del Estado vinculados con violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario no se les podrá dar una pena mayor a la que tendrán los otros actores vinculados en los hechos y que por el contrario tendrán derecho a un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo.
Serán juzgados a través del Tribunal Especial para la Paz; tendrán derecho a que el organismo revise las sentencias ya proferidas contra ellos por la justicia ordinaria; y sus acciones siempre serán judicializadas bajo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario. Este ultimo punto es clave por cuanto acepta la tesis defendida por los militares desde hace tres años, cuando emprendieron una batalla jurídica mediante la cual pretendían que se les reconociera que tratándose del cumplimiento de sus funciones, en un caso de guerra y confrontación militar irregular, podrían presentarse hechos violentos, acciones militares e incluso pérdidas de vidas que no debían ser juzgados como violaciones a los Derechos Humanos.
1. Deber de Garantía y Presunción de Legalidad
En el caso de los Agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de su legitimidad. Sus agentes, en particular los miembros de la fuerza pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.
La seguridad jurídica para los miembros de las fuerzas militares, la policía nacional y en general los Agentes del Estado, se deriva de la participación de éstos en los diferentes mecanismos del Sistema Integral, así como de la investigación, juzgamiento y sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular, del Tribunal para la Paz, instancia máxima de cierre de esta Jurisdicción. Todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz pasarán a ser cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal.
3. Tratamiento diferenciado, independencia e imparcialidad:
El acuerdo firmado en La Habana, incorpora el carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz. En relación con los Agentes del Estado que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. La Jurisdicción Especial para la Paz, tanto en su forma de selección de los magistrados como en su funcionamiento, deberá dar las mayores garantías de independencia, probidad, objetividad e imparcialidad.
4. Prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la fuerza pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.
5. Finalidad y Configuración de las Sanciones
Las sanciones previstas en la Jurisdicción Especial para la Paz, aplicables a los Agentes del Estado, tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la Paz. La configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del Acuerdo Final. El tiempo de duración de las sanciones -que son de naturaleza propia, alternativa y ordinaria- que se impongan a los Agentes del Estado, será en todo caso el mismo definido en la Jurisdicción Especial para la Paz para todos los responsables.
Las sanciones a miembros de la fuerza pública que impliquen privación efectiva de la libertad, se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado. Cuando se trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, se reglamentarán las diferentes modalidades de ejecución, garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones.
7. Responsabilidad del Mando y otros Superiores
La Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la fuerza pública, el Derecho Internacional Humanitario y las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH, como Ley Especial. La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía, o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.
8. Revisión de Sentencias
La Jurisdicción Especial para la Paz consagra que, a petición del condenado, la Sección de Revisión del Tribunal revisará las sentencias proferidas por la justicia por inexistencia del hecho, error manifiesto en la calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral.
9. Resolución de la Situación Jurídica
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá la función de resolver la situación jurídica de los Agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos. En estos casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras.
10. Integralidad y Condicionalidad del Sistema
Para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia prevista en la Jurisdicción Especial para la Paz del Sistema Integral, los Agentes del Estado deberán contribuir al esclarecimiento de la Verdad, Reparar a las Víctimas y garantizar la No Repetición. Quien aporte de manera dolosa información falsa perderá el tratamiento especial de justicia. El Gobierno Nacional impulsará las leyes que definan la naturaleza, alcance y contenidos de las medidas de Reparación de Víctimas por parte de los Agentes del Estado 1521.
Tanto militares como policías se mostraron a favor de la aplicación de una Justicia Especial para las fuerzas armadas, para que aquellos que hayan cometido delitos vinculados al conflicto armado en el país, sean juzgados a través de un Tribunal Especial para la Paz.
Para el Comandante de las fuerzas armadas Gral. Juan Pablo Rodríguez, hay una “seguridad jurídica” para los militares, pero también se cumplirá con la promesa de que los militares reciban los mismos beneficios que tendrán las FARC. Lo importante es que no se juzgará por línea de mando a los Comandantes de las fuerzas armadas por hechos cometidos por subalternos sin el consentimiento o conocimiento de la brigada o unidad, sino que “cada persona tiene que responder individualmente por sus hechos”.
“(…) este es un Acuerdo que tiene varios aspectos fundamentales; la simetría, la equidad y la simultaneidad. En ese orden de ideas pienso que los agentes del Estado salen muy beneficiados”.
El Gral. (r) Oscar Naranjo afirmó que el compromiso que queda es “investigar, juzgar y sancionar a todos quienes han tenido participación en el conflicto”, y además, partir de la legitimidad de las acciones de los agentes de Estado, quienes están a cargo de la defensa de la democracia.
La Jurisdicción Especial permite que, a petición de los condenados, la Sección de Revisión del Tribunal, examine las sentencias pronunciadas por la justicia por inexistencia de los hechos, errores manifiestos en la calificación jurídica o conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Lo primordial es que se cumplan estrictamente las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Aquellos que hayan cumplido con las condiciones generales del Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto, según los niveles de responsabilidad, se les podrá aplicar medidas tales como: la suspensión de la ejecución de la pena o la renuncia a la persecución penal, entre otras 1522.
Temas no Considerados
Un tema que no resulta simpático de tratar pero, dada la historia de las relaciones América Latina-Estados Unidos debe considerarse es: hasta qué punto un partido político que alcance la posición de Gobierno en Colombia -como en cualquier otro país latinoamericano-, que lleve a cabo políticas que afecten los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos, sus ciudadanos o empresas -Corolario Theodoro Roosevelt a la Doctrina Monroe, 1904 1523- con intereses en Colombia, será tolerado por el Gobierno de aquél país y no implementará medidas que aíslen e incluso presionen a ese Gobierno.
La historia de golpes de Estado inducidos o apoyados por Gobiernos de Estados Unidos en la región, así como medidas de aislamiento y marginación que ha implementado históricamente, hacen valorable este concepto para considerar el grado de prudencia a tener en cuenta.
No hay Postconflicto Mientras Continúen las Víctimas
Andrea Torres Bautista 1524, abogada y coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista de Colombia, considera que:
Las víctimas de desapariciones forzadas han sido olvidadas en las negociaciones de Paz en La Habana y que la situación de violencia, amenazas y persecuciones sigue siendo alarmante.
“Colombia continua en un conflicto armado, no en el postconflicto, como vino hablando el Presidente Santos. Siguen ocurriendo desapariciones forzadas y graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Desde enero hasta abril del 2015, treinta y tres personas han sido desaparecidas:
“Sobre todo en la zona de Buenaventura, donde se está presentando una situación muy difícil, agudizada en el 2015 debido a las casas de pique que es donde pican a las víctimas, las descuartizan y las tiran al río para que nunca se encuentren sus cuerpos”.
Las cifras oficiales varían mucho, desde las sesenta y nueve mil que maneja la Fiscalía General de la Nación, a las cuarenta y cuatro mil de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, o las veintiún mil del Registro Nacional de Desaparecidos, que es la herramienta que se crea a través de la tipificación del delito como desaparición forzada. Una disparidad entre instituciones que muestra “la falta de coordinación y de voluntad del Estado para decirle a la sociedad, cuántos son las personas desaparecidas actualmente en Colombia”.
Los números parecen maquillados por los Acuerdos de Paz en La Habana, puesto que las amenazas y los señalamientos a las personas que defienden los Derechos Humanos en Colombia “siguen siendo preocupantes”. Las víctimas del conflicto armado se mantienen expectantes, debido a la falta de información en los últimos movimientos de la Mesa de Negociaciones y a que estos están siendo ejecutados por Generales pertenecientes a las fuerzas militares, “sin contar con la voz de las víctimas de forma real”.
La madre de Andrea y Directora de la Fundación, Yanette Bautista, y Nanci Galarraga 1525, estuvieron presentes en los Diálogos de Paz en La Habana. A las partes sentadas en la negociación de La Habana se les compartió una propuesta redactada por las diecisiete organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas en Colombia, que contienen:
“Peticiones específicas muy importantes. Una en el marco de la Comisión de la Verdad, que exige que las partes en conflicto digan qué hicieron con las personas desaparecidas y den información sobre su paradero. Y la segunda tiene que ver con un mecanismo para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, puesto que en Colombia no hay una entidad que se dedique a buscarlas de manera seria y es necesario dar un nombre y una identidad a este gran universo de desaparecidos no identificados y poder dar información a sus seres queridos que les siguen buscando”.
No ha habido noticias al respecto, lo que está generando escepticismo y desesperanza en los movimientos de Víctimas que han podido participar en La Habana. No se han abierto espacios donde las Víctimas tuvieran un rol político, por lo que:
Se sienten utilizadas “para tener protagonismo en el momento de su viaje y luego olvidarnos y no tenernos en cuenta; para decir que estábamos participando, pero en realidad esa participación no se materializa en la garantía de la Verdad ni la Justicia, que es lo que buscamos”.
Se otorgan “beneficios” en la Justicia Transicional a las personas que financiaron la guerra y a los militares que participaron en graves violaciones a los Derechos Humanos, algo que propone el ex-Presidente César Gaviria, actual asesor del Gobierno de Juan Manuel Santos, en vez de plantearse penas ejemplarizantes, “aunque sean mínimas”.
Preocupa la negativa del Estado colombiano a reconocer la responsabilidad de sus agentes y fuerzas militares en desapariciones forzadas.
“Mi madre me contaba que ella le preguntó a un General que estaba en la mesa, por qué Nydia Erika apareció sin ropa interior y nunca había sido investigada la violencia sexual a la que había sido sometida, dónde estaban las personas desaparecidas de la Toma del Palacio de Justicia de Bogotá 1526; y éste, lo único que le respondió es que no sabía nada porque en el ejército nunca habían desaparecido personas”. Declaraciones que aseguran el “silencio absoluto” por parte de los poderes colombianos que impiden que se haga “una Paz con Verdad, una Paz con Justicia, una Paz sin Impunidad”, aun en momentos de negociación.
Acuerdos donde los grupos paramilitares están quedando fuera, a pesar de seguir cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos, lo que es gravísimo y muy preocupante.
“Porque para hacer verdaderamente un proceso de Paz tienen que estar presentes todos los grupos que han ocasionado graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Vivir ante tanta impunidad a lo largo de los más de cincuenta años que dura el conflicto en Colombia “es muy difícil” y genera “una impotencia inmensa”. Algunos delitos, como la violencia sexual, la desnudez forzada o las ejecuciones extrajudiciales, no están tipificados por ningún Código, dejando la puerta abierta a la impunidad.
Después de dos años de la firma de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Fundación Nydia Erica Bautista ha elaborado un contra-informe donde explican por qué el Estado colombiano no está cumpliendo con la Convención y piden que reconozca las competencias del Comité de Vigilancia, cuyas facultades especiales, son la búsqueda urgente de personas desaparecidas, la toma de decisiones en casos específicos, la presentación de cuadros sistemáticos con la Asamblea General y las visitas in situ, entre otras cosas.
“Pero el que el Estado colombiano haya sido también autor de desapariciones forzadas a finales de los ‘70 e inicios de los ‘80, hace que no reconozca su responsabilidad”.
El marco que presenta el país en materia de Derechos Humanos también sorprende, cuando el ex-Presidente Alvaro Uribe señala a Yanette Torres como “guerrillera no desmovilizada” en un debate político o cuando, tras regresar de La Habana, fue amenazada de muerte junto a otras noventa y cinco personas que trabajan en la defensoría de los Derechos Humanos por el grupo paramilitar Aguilas Negras.
Hay que destacar el papel esencial que presentan las mujeres colombianas en todo este proceso. Ya sea como Víctimas o como defensoras empoderadas para saber la verdad de sus familiares desaparecidos, ellas son protagonistas de lucha. Debe visibilizarse la situación de tantas mujeres que sufren en la búsqueda de la Justicia, de la Verdad y de la Paz en Colombia; pero también debe mostrarse que la situación de violencia, amenazas y persecuciones en el país “sigue siendo alarmante” 1527.
Acuerdo Gobierno-FARC-EP sobre Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas, y contribuir a la satisfacción de sus derechos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, llegaron a dos tipos de Acuerdo:
I. Poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del Acuerdo Final.
II. La creación de una Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el contexto y en razón del conflicto armado.
Para ello hemos acordado solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) su apoyo, para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares.
Que el Gobierno Nacional acelerará por una parte la identificación y entrega digna, de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, de acuerdo con las recomendaciones que haga el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y por otra parte la entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. Cuando sea necesario se solicitará el apoyo del CICR para la entrega digna de los restos a los familiares de los miembros de las FARC-EP.
Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya dentro de los cuatro (4) meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocará la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de Derechos Humanos.
II. Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final, una Unidad Especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la Búsqueda de todas las Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante la UBPD). Esta unidad tendrá un carácter humanitario y formará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones.
La UBPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Promover alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas, para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
Informar periódica y públicamente al menos cada seis (6) meses sobre las actividades de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas.
El trabajo humanitario de búsqueda, localización, identificación y entrega digna por parte de la UBPD se desarrollará en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes del mismo. En particular las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado.
La UBPD formará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La UBPD tendrá un/a Director/a que deberá ser colombiano/a y será escogido/a por el Comité de Selección de los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.
Para la estructuración de la UBPD el/la Director/a recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas 1528.
Acuerdo Gobierno-FARC-EP sobre Justicia y Reparación a Víctimas
El Gobierno de Colombia y las FARC completaron un Acuerdo sobre Justicia y Reparación a las Víctimas del conflicto armado.
El Acuerdo prevé el establecimiento de Tribunales Especiales que podrán acordar amnistías, penas alternativas y sentencias de un máximo de ocho años para quienes hayan cometido delitos durante el conflicto.
El Coordinador de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, dijo que el Acuerdo en el Punto de Víctimas del conflicto armado supone “el paso adelante más importante” en los Diálogos de Paz entre el Gobierno y las FARC.
De todas maneras, este como todos los Acuerdos a los que se llegue en La Habana tendrán que ser validados por el voto popular, otro tema controversial, ya que Gobierno y FARC no se ponen de acuerdo sobre la manera de alcanzar esa validación. Las FARC insisten en una Constituyente y el Gobierno en un Plebiscito. La norma sobre la consulta, de todas formas debe ser valorada por la Corte Constitucional 1529.
Punto Cinco (5): Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando la integralidad que debe caracterizar el desarrollo de los numerales comprendidos en el Punto Víctimas, iniciamos nuestro análisis del punto asumiendo la “Declaración de principios” del 7 de junio de 2014. Estos principios fueron tenidos en cuenta a lo largo de todo el trabajo para el desarrollo del Punto 5 (Víctimas), y deberán irradiar su implementación:
10. Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el Punto 5 “Víctimas” deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los Derechos Humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.
Dentro de estos compromisos se incluyen trascendentales acuerdos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación. Todos estos componentes se han articulado dentro de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al que se vinculan también medidas de no repetición, precisando que sobre este último tema, aparte de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final se implementarán medidas adicionales que se acordarán en el marco del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General.
5.1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las Víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las Víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deber á repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.
Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado: Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos.
Las actividades de la Unidad no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado.
Los distintos mecanismos

References: Artículo 6
 Artículo 50
 Resolución 
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