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Timestamp: 2019-03-26 14:24:28+00:00

Document:
as201411129b
AUTO SUPREMO Nº 129/2014-RRC
Sucre, 22 de abril de 2014
Expediente : Oruro 2/2014
Parte imputada : Marco Antonio Provincia Morales
Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2013, cursante de fs. 192 a 194 vta., Marco Antonio Provincia Morales, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2013 de 24 de septiembre, de fs. 138 a 142 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Edson Vicente Condarco Yugar y Norma Janneth Alcalá Martínez contra el recurrente, por la supuesta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al art. 310 incs. 2) y 4) del Código Penal (CP).
Por Sentencia 11/2012 de 20 de agosto (fs. 83 a 101), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró al imputado autor del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, con agravantes previsto y sancionado en el art. 308 Bis primera parte con relación al art. 310 incs. “2) y 4)” del CP, imponiéndole la pena de veinticinco años de presidio sin derecho a indulto, con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular.
Notificado el imputado con la referida Sentencia (fs. 102), formuló recurso de apelación restringida (fs. 111 a 116), resuelto a través de Auto de Vista 22/2013 de 24 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso de apelación planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación por parte del imputado.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 051/2014-RA de 20 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia violación de los principios constitucionales y procesales, haciendo referencia a los arts. 410, 180 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y de los que rigen el juicio oral, previstos en los arts. 117, 224, 329, 333 y 335 del CPP, que habrían sido inobservados por el Tribunal de Sentencia, debido a que iniciado el juicio el 14 de marzo de 2011, se suspendieron audiencias sucesivamente por espacios de más de diez días, contraviniendo la continuidad del juicio oral, la celeridad y su realización hasta su conclusión, extremo corroborado por el Auto Supremo 37/2007 de 27 de enero. Agrega también que se vulneró el principio de legalidad que obliga a que todos los actos procesales se realicen dentro del marco de la ley, que en el caso hubo varias audiencias suspendidas por espacios de 11, 12, 15 y 16 días.
Continúa argumentando que las aludidas actuaciones dieron lugar a la vulneración del debido proceso en su elemento celeridad, cuya relevancia radica en que los jueces tengan un conocimiento preciso de todo lo desarrollado, ya que las interrupciones prolongadas provocan que los conocimientos adquiridos por los jueces ciudadanos vayan mermando sin cumplir la función establecida en el art. 334 del CPP.
Adicionalmente, invoca los Autos Supremos 40/2012 de 29 de marzo y 086/2012-RRC de 4 de mayo.
Por lo expuesto, el recurrente solicita se anule el Auto de Vista cuestionado y se disponga la emisión de nueva resolución de alzada, respetando el principio de congruencia “o en su caso casar el auto de vista y la sentencia dictada” (sic).
Mediante Auto Supremo 051/2014-RA, cursante de fs. 219 a 221, este Tribunal admitió el recurso formulado por la parte imputada, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo expuesto en su memorial de casación.
Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dictó Sentencia condenatoria contra Marco Antonio Provincia Morales, argumentando que: i) De acuerdo a los extremos evidenciados durante el desarrollo del juicio oral, continuo y contradictorio, establecen la plena certeza, sin lugar a titubeo alguno, que el hecho delictivo de Violación de Niño, Niña y Adolescente existió y que el imputado es su directo autor; ii) El imputado inició su conducta delictiva ganándose la confianza de la menor, pidiéndole sea “su chica”; luego fue preparándola mostrándole videos y juegos en la computadora, motivando a la víctima a pensar que la agresión era un juego más; iii) Concurre una violación agravada, debido a que la víctima no llegó a la edad de la pubertad, quien se encontraba bajo el cuidado de la abuela compartiendo la misma vivienda, además que la niña era su alumna y su educación estaba bajo su cargo en la asignatura de computación, habiéndole causado daño psicológico que requiere atención terapéutica; iv) Una menor de siete años, carece de discernimiento o está privada de razón para consentir un acto de tal trascendencia para ella y de capacidad jurídica para consentir la relación sexual, resultando que la ternura e inocencia de la “niñez” se ve lastimada creando trastornos psíquico-espirituales, que influyen en su formación y vida futura; y, v) Por lo expuesto, concluye que el acusado adecuó su conducta en la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 Bis con relación al art. 310 incs. 2) y 4) -que corresponde a los incs. b) y d)- del art. 310 del CP.
II.2. De la apelación restringida planteada por Marco Antonio Provincia Morales.
El imputado planteó su recurso de apelación restringida, argumentando en relación al motivo admitido en el recurso de casación, que:
El Tribunal de Sentencia inobservó los principios procesales de oralidad, previsto en los arts. 333 y 117; de continuidad, conforme los arts. 334, 335 y 336; de bilateralidad o contradicción determinados en los arts. 329 y 344; de inmediación previsto en el art. 330, todos del CPP; debido a que iniciado el juicio oral el 14 de marzo de 2011, se programó la audiencia del 22 de noviembre -no señala año- dentro de los once días; la de 28 de noviembre de 2011, fue reprogramada para el 9 de diciembre del citado año, luego de la cual se reprogramó para el 16 del mismo mes y gestión; empero, a pedido del Fiscal, se rectificó para el 22 de diciembre de 2011; es decir, después de trece días. La audiencia de 9 de febrero de 2012, fue reprogramada para el 27 de febrero (dieciocho días después), la del 15 de marzo del citado año, fue reprogramada para el 27 de marzo, después de doce días, la de 27 de marzo de 2012, se reprogramó para el 9 de abril (transcurridos trece días), habiéndose reprogramado -a pedido de la “Dra. Retamozo”- nuevamente para el 10 de abril; es decir, luego de quince días.
Continúa detallando que la audiencia de juicio oral de 10 de abril se reprogramó para el 25 del mismo mes (quince días después); la audiencia de 26 de abril de 2012 fue reprogramada para el 9 de mayo del citado año (luego de trece días), ésta fue reprogramada para el 21 del mismo mes y año (doce días después); la de 29 de mayo de 2012, se fijó nuevamente para el 11 de junio (transcurridos trece días); la del 29 de junio programada para el 8 de agosto de 2012 (después de dieciséis días), sin tomar en cuenta las vacaciones judiciales establecidas por ley, resultando un retraso en el desarrollo de dieciocho días.
Con dichos argumentos, enfatizó sobre la continuidad del proceso sin interrupción como regla y que la excepción es la suspensión por causas razonadas o inconcurrencia de alguno de los sujetos procesales, estableciéndose la reanudación dentro del plazo no mayor de diez días calendarios.
Radicada la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista impugnado que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia apelada, con el siguiente fundamento: a) Es evidente que varias audiencias de juicio tuvieron recesos, mas no suspensiones, con más de diez días entre uno y otro actuado; sin embargo, de la revisión de los antecedentes se establece que los sujetos procesales entre ellos el imputado, convalidaron tales recesos por cuanto no formularon reclamo de ninguna naturaleza, tampoco fundamentó que esos recesos hayan sido motivo para que factores externos influyan determinantemente en la decisión del Tribunal; b) En cada uno de los casos en que el Tribunal estableció que el señalamiento de una y otra audiencia, tuvo base en la carga procesal, correspondía al imputado acreditar si las audiencias hubieran sido señaladas dentro de los diez días, el resultado del proceso habría sido distinto o el análisis del tribunal con relación a la prueba producida llevaría a una valoración distinta, debido a factores externos determinantes; y, c) El recurrente se limita a denunciar la vulneración del derecho a una justicia pronta y oportuna y del derecho a la tutela judicial efectiva, omitiendo fundamentos en el recurso que permitan entrever lo antes analizado; por ende, resulta notoria la falta de sustento además la falta de vinculación entre el denominado agravio y los derechos y garantías fundamentales.
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, labor que está reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal la de sentar y uniformar jurisprudencia que es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, de acuerdo al art. 420 del CPP; a continuación se procederá a analizar los argumentos del recurrente, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenida en el Auto Supremo 0051/2014-RA.
Conforme a lo antedicho, el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación a la segunda parte del art. 416 del CPP, admitió el recurso de casación interpuesto por el imputado sobre la denuncia de suspensión de audiencia de juicio oral y su reanudación más allá de los diez días previstos en el art. 336 del CPP, como plazo máximo por el que el referido acto procesal puede suspenderse, contraviniendo el principio de continuidad, extremo ocurrido en reiteradas ocasiones.
III.1. Precedentes invocados por el recurrente.
De acuerdo a los argumentos expuestos por el imputado a tiempo de interponer su recurso de casación, la conclusión arribada en el Auto de Vista impugnado, resultaría contraria en primer lugar, al Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que en su doctrina legal aplicable expresa: “Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.
Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas”.
Habiendo establecido en el caso motivo del Auto Supremo descrito, que el juicio oral, público y contradictorio se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el mismo, ocasionando dispersión de la prueba y de su valoración, afirmando que la autoridad jurisdiccional no puede consentir que las partes realicen cuantos actos dilatorios les plazca, sin que se libren de las respectivas amonestaciones o en su caso se imponga las multas pertinentes, resultando inconcebible que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.
Por otro lado, invoca la doctrina legal definida en el Auto Supremo 40/2012 de 29 de marzo, que destaca: “El sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo, esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, pero además con un tiempo máximo de suspensión establecido en el primer párrafo del artículo 336 del mismo cuerpo legal.
A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral.
En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción per se del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal.
Toda Resolución dictada en Apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su Reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales”.
Con los razonamientos expuestos, este Tribunal determinó dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido debido a que éste anuló la Sentencia de instancia con el argumento de haber incurrido en el defecto absoluto inmerso en el art. 169 inc. 3) del CPP, al suspender la audiencia de juicio oral en varias oportunidades, sin que hubiesen concurrido las causas de suspensión previstas en el art. 335 del Código citado; empero, en dicha Resolución no se consideró que ninguno de los recesos y suspensiones suscitados fueron consecuencia de una actuación arbitraria del Tribunal de juicio y de ninguna manera podían ser considerados como vulneración del principio de continuidad reconocido por el art. 329 del CPP, toda vez que los recesos y suspensiones a los que hizo referencia el Auto de Vista impugnado no generaron interrupción irracional del juicio, al resultar evidente que en los casos de interrupción, la reanudación de la audiencia de juicio se produjo dentro de los diez días, salvo la interrupción efectuada como consecuencia del trámite del recurso de apelación incidental interpuesto por los imputados para la vista y resolución de las excepciones de previo y especial pronunciamiento que fueron opuestas por ellos. Por otro lado, se verificó que el Tribunal de alzada no precisó en qué forma los miembros del Tribunal de Juicio pudieron verse influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, o la manera en que se hubiese ocasionado dispersión de la prueba; menos aún expresó si las interrupciones suscitadas provocaron indefensión material a la parte imputada y si además fueron determinantes para la decisión judicial adoptada. En suma, el Tribunal de alzada no estableció objetivamente el agravio que esas interrupciones hubiesen ocasionado para asumir la decisión de anular el juicio en su totalidad, así como tampoco preciso de qué modo se habría incurrido en la causal del inc. 3) del art. 169 de la Ley adjetiva penal.
Por último, el recurrente invoca la aplicación de la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 086/2012-RRC de 4 de mayo, que especifica: “El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, precepto constitucional que encuentra su desarrollo y consagración práctica en la estructura de nuestro sistema penal, que se caracteriza por la oralidad, integrada por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, sobre los cuales debe desarrollarse el juicio con la fundamentación tanto de la acusación como de la defensa, la introducción de la prueba, el alegato de las partes y en los plazos establecidos, el pronunciamiento de la Sentencia.
En cumplimiento al mencionado mandato constitucional, es facultad del órgano jurisdiccional, en uso de sus atribuciones, dirigir y velar por el desarrollo normal del juicio oral y las audiencias que lo conforman, a cuyo fin deberá ordenar los actos necesarios e imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen el mismo y el ejercicio pleno del derecho a defensa de las partes, consecuente con ello, entre otros aspectos, el legislador señaló expresamente los casos en que es posible suspender la audiencia de juicio oral, como también fijó un plazo máximo de suspensión de audiencias, que no puede ser mayor a diez días, y ello tiene un sentido, que no es otro que la necesidad de que el juicio oral como las actuaciones efectuadas, estén garantizadas por una continuidad efectiva, a efecto de lograr no sólo la consumación del principio de continuidad del juicio oral, sino principalmente, para garantizar el cumplimiento del principio de inmediación que comprende no sólo la relación directa de los miembros del Tribunal con las partes y los medios de prueba, sino también, que dicha inmediación no sea interrumpida por espacios de tiempo demasiados prolongados que puedan tener una incidencia directa entre los hechos y elementos captados por los Jueces en un determinado tiempo, y el que puedan recordar y tener presente en el momento cúspide de emitir una Sentencia, pues conforme a los principios de continuidad e inmediación del juicio oral, este debe desarrollarse de manera consecutiva para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes, y de manera inmediata emitirse sentencia”.
Este razonamiento, fue asumido al advertirse que el recurrente tenía legitimación activa para reclamar las constantes suspensiones de la audiencias de juicio oral, que no fueron de su responsabilidad y sobre las cuáles reclamó de manera reiterada al Tribunal, para que haga uso de sus facultades ordenadoras y disciplinarias; habiéndose concluido que la denuncia de defecto absoluto por vulneración de los principios de celeridad y continuidad del juicio oral y su relación con el debido proceso, resultaba evidente, extremo contrario al precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007.
III.2. Complementación jurisprudencial de los razonamientos antes expuestos.
Precisamente en el marco expuesto en los párrafos precedentes, este Tribunal ha concluido que no en todos los casos las suspensiones o interrupciones de las audiencias de juicio oral, que se prolongan incluso más allá de los diez días permitidos por el art. 336 del CPP, se deben al capricho o a la negligencia de algunos operadores de justicia que no ejercen su labor ordenadora y disciplinaria ante la actitud dilatoria de las partes procesales, por cuanto en muchos de los casos existen razones justificables y valederas que imposibilitan la reanudación de la aludida actuación procesal, dentro del plazo máximo establecido en la ley, constituyendo motivos de fuerza mayor que no se encuentran bajo la voluntad del administrador de justicia.
En ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, estableció ya en el Auto Supremo 93 de 24 de marzo de 2011, los criterios contenidos en el Auto Supremo 40/2012 de 29 de marzo invocado por el recurrente, que se hallan glosados en el acápite anterior agregando que: “…el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad”.
Posteriormente y en la misma línea, a través del Auto Supremo 167/2013-RRC de 13 de junio, se reforzó dicho razonamiento, con el argumento de que: “…la regla general es la continuidad del juicio como manda el referido art. 334 transcrito -del CPP-, que debe observarse en la realización de los juicios orales, en condiciones de desarrollo normal del acto de juicio; empero, no se puede dejar de considerar, que en ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de justicia, de los testigos, peritos etc.; el planteamiento de cuestiones procesales como apelaciones, recusaciones, incidentes por causal sobreviniente; o por causas externas, a raíz de eventos ajenos al proceso, con la característica de fuerza mayor, que inevitablemente impiden el cumplimiento o vigencia del principio de continuidad o concentración, tales como declaratorias en comisión de jueces o suspensión imprevista de actividades laborales, entre otras situaciones, que de ninguna manera pueden ser atribuibles a las partes o la autoridad jurisdiccional; empero, que entorpecen o impiden el normal desarrollo del juicio y en consecuencia, de la vigencia plena del principio de continuidad o concentración.
Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta la dictación de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral”. Bajo cuyo entendimiento, en el caso causante del Auto Supremo descrito, este Tribunal estableció que la interrupción de dos meses entre una audiencia y otra, se debió a la sanción administrativa impuesta a los Jueces técnicos por el Consejo de la Magistratura, lo que constituye un hecho sobreviniente y de fuerza mayor que naturalmente imposibilitó la continuación de juicio por impedimento de los Jueces técnicos, siendo un hecho externo no imputable a las partes ni al Órgano Judicial, evidenciándose una imposibilidad fáctica de continuar con el juicio oral en espacios cortos de tiempo.
Con la finalidad de determinar si efectivamente la Resolución de alzada a momento de declarar improcedente el recurso de apelación restringida formulado por el imputado, adecuó su accionar a los antecedentes del proceso y a la doctrina legal aplicable, es necesario efectuar la relación de las fechas de suspensión o interrupción de la audiencia de juicio; así, el recurrente inicialmente cuestiona la dilación en la fijación de la audiencia de 22 de noviembre -se asume del 2011-, fecha fijada luego de la suspensión dispuesta en la audiencia de 11 del mismo mes y año (fs. 17 y vta.), debido a la inasistencia de la Jueza ciudadana Rosalía Guzmán Ticona, habiendo solicitado la abogada de la defensa del imputado su suspensión y que la autoridad inconcurrente sea conminada a presentarse en la próxima audiencia a ser señalada por el Tribunal Primero de Sentencia, quien además no efectuó reclamo alguno por la fecha fijada por éste.
La audiencia de 28 de noviembre de 2011, fue suspendida debido a la ausencia del representante del Servicio Departamental de Gestión Social, oportunidad en la que la abogada de la defensa apoyó la solicitud de suspensión de la audiencia y no efectuó reclamo alguno cuando el Presidente el Tribunal de Sentencia fijó su reanudación para el 9 de diciembre del mismo año (fs. 26 y vta.). Reinstalada la aludida audiencia en la fecha señalada, a su conclusión el Presidente del Tribunal, la señaló para el 16 del citado mes y gestión; empero, a pedido del “Dr. Cabrera” abogado de la defensa, por tener otro actuado judicial en la misma fecha, la audiencia se fijó para el 22 de diciembre de 2011 (fs. 27 a 32).
El 9 de febrero de 2012, se determinó la suspensión de la audiencia de juicio oral para el 27 del citado mes y año, en la que estuvo presente el abogado del imputado quien solicitó su suspensión debido a la inconcurrencia de la representación del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no habiendo efectuado observación alguna a la fecha señalada por la autoridad jurisdiccional (fs. 47); habiendo ocurrido similar situación en la audiencia de 7 de marzo del citado año, por cuanto ante la inconcurrencia justificada del Juez Técnico Nicolás Franco Montalvo debido a la licencia autorizada por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la abogada de la defensa “Dra. July Dipp A.” solicitó su suspensión, habiendo sido fijada por el Juez Técnico para el 15 del mismo mes y año, fecha que no fue objetada por ninguna parte procesal.
Concluida la audiencia de 15 de marzo de 2012, el Presidente del Tribunal de Sentencia procedió a fijar su reinstalación para el 27 del igual mes y año, acto en el que el abogado de la defensa no expresó disentimiento alguno (fs. 53 a 55); habiéndose suspendido el referido acto procesal a pedido del abogado de la defensa “Dr. Torrico” debido a las dudas que manifestó en relación a la idoneidad de la Psicóloga del Ministerio Público en el uso de la cámara GESSEL y en la atención a la víctimas de violación, habiendo definido el Presidente el Tribunal Primero de Sentencia, su suspensión, primero para el 9 de abril de 2012; empero, al expresar la “Dra. Retamozo” su imposibilidad debido a una audiencia que tenía fijada con anterioridad, se determinó su suspensión hasta el 10 del mismo mes y año, extremo que no observó en ningún momento la defensa del actual recurrente (fs. 56 y vta.); peor aún, en la fecha señalada el “Dr. Torrico”, abogado del imputado, no asistió al juicio, limitándose a informar por Secretaría del Tribunal que tendría otro actuado judicial ante el Juzgado Segundo Cautelar, a cuyo efecto el Presidente del Tribunal determinó fijar audiencia para el 16 de abril de 2012 (fs. 57 y vta.), en la que una vez concluida la declaración testifical de la testigo de descargo, el abogado de la defensa solicitó la suspensión de la misma al no tener más testigos que presentar, habiendo determinado la autoridad jurisdiccional, su suspensión para el 9 de mayo de 2012, fecha no objetada por ninguna parte procesal (fs. 63 a 66 vta.). En igual sentido se tiene con relación a la suspensión del referido acto procesal, en el que tanto la abogada de la acusación particular como de la defensa pidieron su suspensión debido a la inasistencia de la Jueza Ciudadana Roxana Grafías Zurita y del representante del Ministerio Público, habiéndose fijado la prosecución del juicio para el 21 de mayo del mismo año en la que la defensa no efectuó discrepancia alguna (fs. 67).
Con relación a la audiencia instalada el 29 de mayo de 2012, se constata que fue suspendida debido a la inconcurrencia de los peritos propuestos por la defensa, fijándose nueva fecha para el 11 de junio del citado año, acto en el que el abogado de la defensa, “Dr. Roger Camara”, no efectuó ningún reclamo (fs. 73); habiendo ocurrido similar situación en la audiencia programada para el 29 de junio, la misma que se suspendió debido a la inconcurrencia de la abogada de la acusación particular, fijándose nueva fecha para el 8 de agosto de 2012, sin objeción de la defensa (fs. 76).
Por todo lo relacionado y en atención a la doctrina legal aplicable relativa a que el sistema penal acusatorio descansa en los principios, entre otros, de celeridad, de inmediación y de continuidad, éste último que tiene la finalidad de evitar las interrupciones indefinidas en la prosecución del juicio, cuidando que los elementos probatorios puedan ser puestos a conocimiento de los miembros del Tribunal de Sentencia sin la influencia de factores externos que puedan afectar su credibilidad; se estableció que el plazo máximo para la suspensión del referido actuado judicial no debe sobrepasar los diez días. Empero, dicho término no puede ser entendido en su literalidad, por cuanto en más de las veces existen causales que de alguna manera pueden determinar la imposibilidad material de fijar inmediatamente la continuación del juicio oral, o que la supuesta dilación al no ser demasiado prolongada, no resulta perjudicial ni para la parte acusadora ni la parte imputada, razón por la cual no plantearon objeción alguna a las demoras en las que presuntamente habría incurrido el Tribunal o Juez de Sentencia, por cuanto es importante destacar que la nulidad de los actuados procesales debe estar sustentada en la trascendencia de los defectos procedimentales que provoquen indefensión o que haya sido determinante para la adopción de una decisión judicial.
Dentro de ese marco, se establece que el recurrente, a través de su defensa técnica, en reiteradas ocasiones solicitó la suspensión de la audiencia de juicio oral, no habiendo efectuado ningún reclamo cuando la autoridad jurisdiccional competente estableció las fechas de reanudación de la referida audiencia, extremo del cual se infiere no le causó agravio alguno a sus derechos, argumento también sostenido por el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista impugnado al resolver la apelación restringida, al concluir que existió una actitud de convalidación por parte del imputado al no haber formulado reclamo alguno ante el Tribunal de Sentencia y no haber fundamentado cómo las denunciadas dilaciones perjudicaron la resolución de su caso, extremo que de manera alguna contradice los precedentes invocados por el recurrente y los establecidos por este Tribunal respecto al principio de continuidad en el desarrollo del juicio oral.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Provincia Morales, cursante de fs. 192 a 194 vta.

References: resolución 
 artículo 335
 artículo 336
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 Resolución 
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