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Timestamp: 2018-10-19 22:34:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-35 DE ENERO 26 DE 2017
SENTENCIA T-35 DE 26 DE ENERO DE 2017
CONTENIDO:NEGATIVA DE SOLICITUD DE CRÉDITO FINANCIERO PARA ACCEDER A UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, VULNERA DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, AL DEBIDO PROCESO, A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y A LA IGUALDAD. EL ESTADO CREÓ EL SISTEMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, PARA ATENDER LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA, DICHO SISTEMA SE FINANCIA DEL SUBSIDIO OTORGADO POR DIFERENTES ENTIDADES Y DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS, APORTADOS POR EL BENEFICIARIO PROVENIENTES DEL AHORRO, APORTE ECONÓMICO Y CRÉDITO. EL ARTÍCULO 335 SUPERIOR, CONSAGRA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO, EN EL ENTENDIDO QUE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN PUEDEN TENER ACCESO A PRODUCTOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS LAS CUALES TIENEN COMO FUNCIÓN EXTENDER LA COBERTURA A SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE NO HAN PODIDO ACCEDER A ESTOS PRODUCTOS, POR ELLO LAS ENTIDADES ANTE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, PARA DETERMINAR SI PUEDEN O NO LOS CIUDADANOS OBTENER CRÉDITOS, DE TAL MANERA QUE SI LA SOLICITUD ES NEGADA, SE SUSTENTE EN CAUSAS OBJETIVAS Y RAZONABLES, EVITANDO ASÍ PROPÓSITOS DISCRIMINATORIOS Y LA INVOCACIÓN DE REPORTES NEGATIVOS DE CENTRALES DE RIESGO. EN CONSECUENCIA, LA RESPUESTA NEGATIVA QUE NO REÚNE LAS ANTERIORES CONDICIONES VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA PERSONALIDAD JURÍDICA, AL DEBIDO PROCESO, A LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE EN ÚLTIMAS PUEDE SER EL REQUISITO NECESARIO PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CRÉDITO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, CRÉDITO DE VIVIENDA, COOPERATIVA FINANCIERA, DERECHO A VIVIENDA DIGNA, PERSONALIDAD JURÍDICA
Sentencia T-035 de enero 26 de 2017
Ref.: Expediente T-5.748.196
2. La ciudadana Luz Omaira Gaitán Parrado(1), madre de 5 menores de edad(2), aseveró que como víctima del conflicto armado se postuló al programa de vivienda “Madrid y Trece de Mayo” con el fin de acceder a una vivienda digna. Debido a que cumplió con los requisitos exigidos en la convocatoria, mediante la Resolución 483 de 2015, fue seleccionada y con base en ello debía realizar un ahorro programado de seis millones de pesos ($6.000.000)(3).
5. La actora manifestó que el no pago del ahorro programado implica el rechazo del proyecto de vivienda al núcleo familiar. Debido a lo anterior, solicitó que se le “ordene a las accionadas estudien las condiciones de vulnerabilidad de mi hogar y se me conceda financiación directa o se me brinde el acompañamiento necesario en las gestiones tendientes a la aprobación de un crédito individual con la medida y la entidad que corresponda, para el pago total del aporte familiar(4)”.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 975 de 2004, el Fondo Nacional de Vivienda y las Cajas de Compensación Familiar son las entidades encargadas de otorgar los subsidios de vivienda.
“• No están obligados a la existencia del ahorro previo, siempre que sus ingresos sean inferiores a dos (2) salarios mínimos.
• Pueden aplicar con prioridad a otras bolsas como Bolsa Esfuerzo Territorial, Subsidio en Especie complementario, para con esto incentivar a las entidades territoriales en la formulación de planes de vivienda para esta población”(5).
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable(6)”.
“a) Sistema de información de la Red para Superación de la Pobreza Extrema Unidos, Siunidos, o la que haga sus veces.
b) Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales, Sisben III o la que haga sus veces.
c) Registro Único de Población Desplazada, RUPD, o la que haga sus veces.
e) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por Fonvivienda o él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar(7)”.
Respecto a los programas de vivienda de interés prioritario “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, entre el cual se encuentra el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”, indica que se adelantó de acuerdo a los requisitos establecidos en los artículos 2 al 20, del Acuerdo de la Junta Directiva de Villavivienda 12, del 22 de septiembre de 2014.
En el mencionado acuerdo, en el artículo 2º, numeral 15, se le comunicó a los hogares postulantes que debían realizar un aporte de $6.000.000, indicando el origen o modo de obtención de dichos recursos. A su vez, esa información estaba consignada en el formulario único, numerales 11 y 12, en los que se indicó que los gastos de notaría, registro y servicios públicos de luz y agua debían ser asumidos por los hogares seleccionados, proyectando para dichos gastos un valor aproximado de $1.500.000.
Adicionalmente, en el parágrafo segundo, del artículo 17, que versa sobre la calificación y/o recalificación, del Acuerdo de la Junta Directiva de Villavivienda 12, se lee:
“PAR. 2º—generado el listado de beneficiarios potenciales, por puntuación de mayor a menor, se procederá a concretar por parte de éstos y en un periodo de tiempo de diez (10) días hábiles, los respectivos pagos del aporte…, los cuales deben garantizar el cumplimiento del pago del aporte familiar equivalente a $6’000.000 m/cte.(8)”.
Al referirse al caso de la señora Luz Omaira Gaitán Parrado, constató en el Sistema de Asignación de Vivienda “SAV”, que ella se postuló al programa de vivienda “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, que obtuvo un puntaje de 17,85 y un porcentaje de 89%. La Secretaría de Vivienda Departamental profirió la Resolución 436 de 2015, en la que la ciudadana Luz Omaira fue preseleccionada. Posteriormente, expidió la Resolución 483 de 2015, en la que se seleccionó a la accionante y se le informó que hasta el 12 de febrero de 2016, tenía plazo para realizar el aporte familiar de $6´000.000 y, en caso de no efectuarlo, sería excluida del programa.
11. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, informó que la señora Luz Omaira Gaitán Parrado no se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas, RUV.
La anterior decisión se fundamentó en el hecho que el juzgado no compartió los argumentos manifestados por Villavivienda, en el sentido que era responsabilidad de la actora la realización de los trámites pertinentes para obtener el subsidio, pues del CD allegado por Villavivienda (fl. 81) se evidencia que en el parágrafo 2, del artículo 26, del Acuerdo 12 de 2014, se estableció:
“PAR. 2º—Para los hogares postulantes y/o beneficiarios potenciales que no tengan acceso a créditos con entidad financiera, o el valor total del ahorro es inferior a $6´000.000, m/cte., el Departamento del Meta y/o el Fovim estudiará para cada caso concreto, las condiciones de cada hogar y podrá realizar la gestión necesaria para el logro en el otorgamiento del respectivo crédito, al amparo de lo indicado en el convenio interadministrativo 554 del 2013.
Impugnación: presentada por Villavivienda el 5 de julio de 2016(9)
Para el caso que atañe, la accionante se presentó al programa “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, el cual se rige por lo dispuesto en el Acuerdo 12 de 2014, en donde estaban consignados los requisitos generales para poder ser un potencial beneficiario. El artículo 5º de dicha disposición estableció los criterios de preselección de beneficiarios. Recordó que el programa al que se postuló la accionante no es 100% gratuito, pues los beneficiarios deben aportar $ 6.000.000 dentro del plazo previamente establecido.
De otra parte, es necesario tener en cuenta que Villavivienda ofreció ampliar el plazo para que la accionante pueda conseguir el dinero y realizar el aporte. Por esta razón, ad quem invitó a la señora Luz Omaira Gaitán Parrado para que se acerque a Villavivienda, solicite el plazo ofrecido y realice las propuestas que considere para poder cumplir con el aporte exigido en la convocatoria.
(b) Copia de la Resolución 483 de 2015, mediante la cual la señora Luz Omaira Gaitán Parrado fue seleccionada como beneficiaria del proyecto de vivienda Madrid y Trece de Mayo.
(a) Qué tipo de financiamiento, subsidio, apoyo, etc., presta Cofrem a las personas que son seleccionadas como beneficiaria de proyectos de vivienda de interés prioritario.
(c) Qué tipo de acompañamiento presta Cofrem a las personas que han solicitado algún tipo de financiamiento, subsidio, apoyo, etc. para poder acceder a los proyectos de vivienda de interés prioritario.
(b) Si la señora Luz Omaira Gaitán Parrado identificada con cédula de ciudadanía 40.341.674, le solicitó a Confiar el otorgamiento de un crédito.
17. La Cooperativa Financiera Confiar señaló que es una empresa asociativa de derecho privado, economía solidaria, sin ánimo de lucro, responsabilidad limitada y de naturaleza cooperativa. Informó que la señora Luz Omaira Gaitán solicitó la aprobación de un crédito de vivienda, sin embargo, el mismo fue negado por cuanto “no cumplía con las políticas aprobadas por la Cooperativa, por mal hábito de pago”(10).
18. La Caja de Compensación Familiar Cofrem, informó que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1077 de 2015, artículo 2.1.1.1.1.1.5, hay varias entidades encargadas de otorgar subsidios de vivienda, entre ellas, las cajas de compensación familiar, MinVivienda a través del Fondo Nacional de Vivienda y los entes territoriales(11).
19. Villavivienda manifestó que la convocatoria y el cronograma para el proyecto “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro” y desarrollo de la urbanización “Trece de Mayo y Madrid”, se realizó a través de la resolución 750 del 24 de septiembre de 2014 y adjuntó dicho documento. A su vez, anexó la resolución 483 del 14 de diciembre de 2015, mediante la cual la señora Luz Omaira Gaitán Parrado fue preseleccionada para ser una posible beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda(12).
Informó que el Acuerdo 12 del 22 de septiembre de 2014 (el cual se adjuntó), estableció que la familia beneficiaria debe contar con un ahorro programado, ahorro normal, tramitar un crédito ante una entidad financiera o simplemente realizar el pago durante los 10 días hábiles siguientes a la resolución de selección.
En cuanto a las etapas del proyecto, informó que las mismas se encuentran determinadas en el Acuerdo 12 de 2014, en la Resolución 750 de 2014 y en el acta del comité ejecutivo del convenio interadministrativo 554 de 2013. Las definió de la siguiente manera:
Preselección: Es la etapa mediante la cual cada hogar que ha sido calificado y ha obtenido un puntaje óptimo, a través de un acto administrativo se le preselecciona y se le concede un plazo de diez (10) hábiles para entregar la documentación que soporte la información suministrada en el formulario de postulación.
Las personas que no cumplan con las obligaciones en el plazo establecido, son excluidas del proyecto y se le da lugar a otro hogar postulante(13)”.
20. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241.9— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —artículos 31 a 36—, así como en virtud del Auto del 30 de agosto de 2016, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Ocho de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
Del artículo 86 antes referido y del desarrollo normativo contenido en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se evidencia que la acción de tutela contra particulares procede cuando: a) el particular presta un servicio público; b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) el accionante se encuentra en estado de subordinación o indefensión respecto del particular(14).
En el presente caso, la acción de tutela se dirige contra el Departamento del Meta, la Secretaría de Vivienda Departamental, el Fondo de Vivienda de la Gobernación del Meta y Villavivienda EICE, todas son entidades públicas y, como tal son demandables en el proceso de tutela(15).
““[L]a acción se dirige contra una Cooperativa, de naturaleza privada que, si bien no es una entidad bancaria, su objeto socialcomprende desarrollar actividades de financiación de sus asociados. Sobre este punto ha manifestado esta corporación que ‘…la Corte Constitucional ha dejado en claro que si un particular asume la prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material —con relevancia jurídica— frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial.’ Esto es aplicable mutatis mutandi al servicio prestado por la cooperativa accionada”.
La sentencia T-088 de 2009 analizó la procedencia de la acción de tutela contra la Cooperativa Financiera Coofinep, en esta oportunidad la Corte sostuvo que “[p]revio a la resolución del asunto es válido recordar brevemente cómo procede excepcionalmente la acción de tutela contra entidades particulares, específicamente en el caso de las cooperativas, en cuanto, como esta corporación ha manifestado, su objeto social comprende desarrollar actividades de financiación de sus asociados, adquiriendo una posición de preeminencia frente a los usuarios, que se subordinan a una serie de condiciones, a las que no tienen alternativa diferente a someterse para que les sea otorgado un crédito”.
Así las cosas, la Sala considera que en este caso concreto la acción de tutela es procedente por cuanto: (i) la decisión de Confiar podría estar afectando el derecho a la vivienda digna de la tutelante (T-374/96 y T-274/2000); (ii) la actividad desempeñada por la entidad accionada y respecto de la cual la accionante manifiesta su desacuerdo constituye un servicio público (T-1179/2009 y T-166/2008); y (iii) Confiar se encuentra en una posición de supremacía y preeminencia respecto de la actora en virtud de la actividad que desempeña (T-088/2009 y T-720/2013).
24. Subsidiariedad: La subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de este amparo, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal, exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable(16).
En el caso concreto, la señora Luz Omaira Gaitán Parrado le solicitó al juez constitucional que le “ordene a las accionadas estudien las condiciones de vulnerabilidad de mi hogar y se me conceda financiación directa o se me brinde el acompañamiento necesario en las gestiones tendientes a la aprobación de un crédito individual con la medida y la entidad que corresponda, para el pago total del aporte familiar(17)”. Teniendo en cuenta que la pretensión de la accionante va encaminada a solicitar financiación y asesoría para acceder a un crédito financiero, la Sala encuentra que no existe un mecanismo judicial en la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo para atender esta solicitud, razón por la cual la acción de tutela es procedente.
D. El derecho a la vivienda digna. reiteración de jurisprudencia.
Para cumplir el mandato constitucional les corresponde a las autoridades formular políticas públicas tendientes a la satisfacción del derecho a la vivienda, la cual debe ser adecuada, habitable, asequible y provista de seguridad jurídica en la tenencia, en los términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(18).
27. La Corte ha definido el derecho a la vivienda como “aquel derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de residencia, sea propio o ajeno, que ofrezca condiciones mínimas para que quienes allí habiten puedan realizar su proyecto de vida de manera digna”(19).
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, lavivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Subrayado fuera de texto).
A su vez, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) establece que los Estados Partes tienen el deber de reconocer el derecho a la vivienda adecuada. El Comité de DESC de las Naciones Unidas, en su Observación General 4 indica que para que una vivienda sea adecuada, implica que se satisfagan varios factores.
Ellos son: “(a) habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud. (b) Facilidad de acceso a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (c) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (d) Adecuación cultural a sus habitantes”(20).
“(a) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. En los programas que promuevan la asequibilidad a las vivienda, debe darse prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia. (b) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (c) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal”(21).
29. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la vivienda tiene una doble connotación. De un lado, se trata de un derecho de carácter prestacional y por otro, tiene características de un derecho fundamental, lo cual puede ser determinado en casos concretos para definir cuál es su contenido y exigibilidad(22). En ciertos casos, el derecho a la vivienda digna traspasa su contenido prestacional y alcanza la categoría de derecho fundamental autónomo, en aquellos eventos “en los cuales las autoridades estatales han incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía y han afectado el derecho a la vivienda digna, el cual en estos casos adquiere la configuración de un derecho de defensa frente a las injerencias arbitrarias de las autoridades estatales o de los particulares(23)”.
Esta corporación en algunos casos ha reconocido que la vivienda digna es un derecho fundamental, en virtud de su relación inescindible con la dignidad humana, sin embargo, su carácter fundamental no puede desconocer que lo preside una faceta positiva y una negativa. La primera implica deberes de realización por parte del Estado –progresividad y gradualidad-, dependiendo de la complejidad de acciones y recursos económicos que se requieran para lograr el goce efectivo. La segunda, implica deberes de abstención y conlleva obligaciones de cumplimiento inmediato, que requieren de una acción simple por parte del Estado y no implica el gasto de mayores recursos o, en caso de necesitarlos, el asunto demanda de una acción inmediata, tal como ocurre con la población desplazada(24).
En este orden de ideas, la garantía del derecho fundamental a la vivienda digna en su faceta prestacional, requiere de un desarrollo legal y la correspondiente apropiación presupuestal y, con ello, el desarrollo e implementación de políticas públicas para su materialización. Sin embargo, esta faceta puede resultar de cumplimiento inmediato cuando en un caso concreto, una persona pueda exigir del Estado que se ejecute una prestación determinada, situación en la cual la acción de tutela es procedente(25).
30. También ha consagrado la jurisprudencia de esta corporación que el derecho a la vivienda es fundamental cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como son los menores de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población desplazada, personas en condiciones de extrema pobreza o víctimas del conflicto armado; en los casos en que se afecta el contenido mínimo de protección del derecho, de acuerdo con el cual el Estado está en la obligación de promover planes de vivienda, que incluyen subsidios para la compra o arrendamiento de bienes inmuebles, este último, cuando la afectación del derecho sea como consecuencia de la acción (por ejemplo, por obras de interés general) o inacción (por ejemplo, construcciones sin licencia de construcción en zonas de alto riesgo) de las entidades territoriales o por hechos imprevisibles (por ejemplo, desastres naturales). En estos casos, el carácter fundamental del derecho a la vivienda, obliga a la adopción de medidas de carácter inmediato(26).
E. El acceso al crédito, una herramienta para tener vivienda de interés social y prioritario.
32. La legislación colombiana ha concretado políticas públicas para que las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta accedan al apoyo para la consecución de una vivienda apropiada, creándose el Sistema de Vivienda de Interés Social, en el cual se consagró el subsidio familiar, por medio del cual se puede materializar la obligación estatal de proveer soluciones de vivienda. Así, la Ley 3 de 1991(27), en el numeral 8 del artículo 14, establece que entre las funciones de la Junta Directiva del INURBE le corresponde “[r]eglamentar el otorgamiento de créditos y la asistencia técnica con destino a programas de vivienda de interés social”(28).
33. El Decreto 2190 de 2009, reglamenta el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. Allí, en el numeral 2.16 del artículo 2º define los “recursos complementarios al subsidio para la adquisición de vivienda” asegurando que:
“Son los recursos con que cuenta el hogar postulante, que sumados al subsidio permiten al hogar el cierre financiero para acceder a una solución de vivienda en cualquiera de sus modalidades. Estos recursos pueden estar representados en ahorro de los postulantes en cualquiera de las modalidades establecidas en el presente decreto, en crédito aprobado por los otorgantes de crédito o por los aportes económicos solidarios de los hogares representados en dinero y/o en trabajo comunitario, cuando a ello hubiere lugar; también podrán estar representados en aportes efectuados por entidades del orden departamental o municipal, o en donaciones efectuadas por Organizaciones No Gubernamentales y por entidades nacionales o internacionales y cualquier otro mecanismo que le permita complementar los recursos necesarios para acceder a la vivienda”. (resaltado fuera de texto)
En el numeral siguiente —2.17— se dispone que para “la asignación de subsidios entre los postulantes seleccionados según el procedimiento que se establece en este Decreto, se considerarán aceptables las cartas de aprobación de crédito complementario expedidas por los establecimientos de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados y el Fondo Nacional de Ahorro”.
35. La Ley 1537 de 2012(29), cuyo objeto es promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda de interés social y de interés prioritario, establece entre otros, mecanismos que facilitan la financiación de vivienda. En la exposición de motivos de la Ley 1537 de 2012, se partió del estudio de la problemática que enfrenta el país en materia de vivienda y se indicó que:
“La política de vivienda en Colombia funciona con base en el modelo de cierre financiero. Para la adquisición de una vivienda social los compradores deben gestionar tres fuentes independientes de recursos: crédito, subsidio y ahorro. Para los hogares de más bajos ingresos (ingreso mensual menor o igual a 1 smmlv) el valor máximo del subsidio equivale aproximadamente a una tercera parte del precio de una vivienda prioritaria. Para que el modelo de cierre financiero opere adecuadamente debe existir acceso a crédito. En ausencia de crédito y ahorro, los subsidios de adquisición son insuficientes para adquirir una vivienda prioritaria, en contraste con otros países de América Latina (Brasil y Chile), donde el valor individual de los subsidios llega incluso al 100% del valor de las soluciones habitacionales. A pesar del relativamente bajo monto per cápita de los subsidios de vivienda, en Colombia no toda la población tiene acceso a un crédito de vivienda. La regulación financiera limita el acceso a crédito para hogares de muy bajos ingresos o en situación de informalidad”.(30)
El propósito del Estado al establecer una política de vivienda de interés social y de interés prioritario enfocada a favorecer a la población de escasos recursos encuentra apoyo, entra otras razones, en que “en Colombia hay un total de 12,3 millones de hogares. De este total, solo el 36% tendría acceso a crédito y corresponde a los hogares que tienen ingresos mensuales superiores a 1,5 SM. Un total de 7,9 millones de hogares tendrían ingresos por debajo de ese nivel. Dentro de este grupo debe destacarse la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza (3.7 millones de hogares) y la que se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema (1,2 millones de hogares). Por otra parte, según la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE 2009, habría capacidad de ahorro en los hogares con ingresos mensuales mayores a 4 sml, grupo conformado por los dos deciles de población de ingresos más altos. La población objetivo de la política de vivienda (todos los hogares con ingresos mensuales menores a 4 sml) no tendrían capacidad de ahorro”(31).
37. La Constitución de 1991, introdujo un modelo de economía social de mercado, en el que se admite que la empresa sea el móvil del desarrollo social, se reconoce la importancia de la actividad empresarial y de una economía de mercado (art. 333(32)). A su vez, le asignó al Estado el deber de intervención en la economía con el fin de promover el desarrollo económico y social y de mejorar las fallas del mercado (arts. 333, 334 y 335)(33).
La intervención del Estado en la economía no tiene otro propósito que el de conciliar los intereses privados que se dan a través de la actividad empresarial y la satisfacción de las necesidades de la población colombiana mediante el buen funcionamiento del mercado(34).
39. La Corte Constitucional en la sentencia C-383 de 1999, se refirió de manera concreta al sistema de crédito de vivienda y aseveró:
“(…) Así mismo, la determinación del valor en pesos de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante conforme a la variación de las tasas de interés en la economía a que se ha hecho referencia, pugna de manera directa con la "democratización del crédito" que ordena al Estado el artículo 335 de la Constitución como uno de los postulados básicos en la concepción de éste como "Social de Derecho", pues, precisamente a ello se llega, entre otras cosas cuando el crédito no se concentra solamente en quienes abundan en dinero y en bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte posible de los habitantes del país, sin que ello signifique nada distinto de procurar efectivas posibilidades de desarrollo personal y familiar en condiciones cada día más igualitarias(…)”(35).
De igual manera, la sentencia T-592 de 2003(36) al referirse de manera concreta a la democratización del crédito de vivienda aseguró que es una necesidad que este tipo de créditos estén al alcance de todas las personas, incluso de aquellos con menores ingresos y por ende, se deben rechazar las practicas que obstaculizan el acceso de las personas al crédito de vivienda y al cumplimiento de sus obligaciones atinentes al mismo. Al respecto manifestó:
Precisó que “la promoción de sistemas de financiación a largo plazo para que todos los colombianos pueden adquirir vivienda digna, en los términos del artículo 51 constitucional no comporta que todas las solicitudes de crédito en tal sentido tengan que ser concedidas, prescindiendo de la informática en la valoración de la solvencia patrimonial y hábitos de los usuarios del crédito, porque la estabilidad de dichos sistemas, también está previsto en los artículos 333, 334 y 335 del mismo ordenamiento como un asunto de interés general, de modo que los riesgos derivados de tales solicitudes demandan el enjuiciamiento estricto de los niveles de solvencia, respaldo y respuesta del interesado”(37).
40. La Corte Constitucional al referirse a la “solidaridad” lo ha hecho teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta Fundamental y ha asegurado que éste es un principio fundamental en la organización política del país(38).
41. Ante la ausencia de una definición normativa del principio de solidaridad, la sentencia T-550 de 1994 anotó que puede entenderse como “un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”(39).
A partir de dicho concepto y de otros análogos, la Corte ha señalado que existe un deber general a cargo del Estado y de la comunidad de ayudar, participar y contribuir a la solución de los problemas y necesidades de los particulares. En el caso particular del Estado, la Constitución, en su artículo 2º dispone que son “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”. Para la comunidad y las personas el numeral 2º del artículo 95 de la Carta reclama la necesidad de obrar conforme a este principio, respondiendo con acciones humanitarias ante aquellas situaciones extremas que pongan en peligro la supervivencia o la salud de sus semejantes(40).
Ahora bien, atendiendo al principio fundante de solidaridad del Estado colombiano, la organización política debe permitir y fomentar las manifestaciones de solidaridad que puedan surgir de los ciudadanos. Así, la norma superior, establece, entre otros mandatos del Estado, el de fortalecer las organizaciones solidarias (inciso 3º del artículo 333 de la Constitución) y el de promover las formas asociativas y solidarias de propiedad (inciso 3º del artículo 58 de la Carta Política), situaciones que además son importantes manifestaciones del derecho de asociación del que trata el artículo 38 de texto superior(41). Así las cooperativas surgen como una iniciativa colectiva y constituyen un desarrollo de los referidos contenidos constitucionales.
Las cooperativas tienen como propósito, emprender cualquier actividad que esté abierta a la iniciativa privada y que beneficie a sus cooperados. Ello encuentra su fundamento legal en el artículo 3º de la Ley 79 de 1988, que reza:
“ART. 3º—Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
44. Las cooperativas, entre otras actividades, realizan la intermediación de recursos financieros. En efecto, la Ley 79 de 1988, en el artículo 98, autorizó a las entidades de este sector para organizar, bajo la naturaleza jurídica de cooperativa, instituciones financieras en distintas modalidades que se deben regir por sus propias disposiciones en concordancia con las del régimen cooperativo(42).
45. La actividad financiera cooperativa ha sido considerada de gran importancia, por cuanto (i) es una expresión del sector solidario, (ii) amplía la oferta de servicios financieros y (iii) extiende la cobertura a sectores de la población que tradicionalmente no han podido acceder al mercado financiero(43).
46. Las cooperativas que ejercen actividad financiera son las financieras y las de ahorro y crédito, las cuales se encuentran sujetas al cumplimiento de las normas que regulan la materia para cada una de estas actividades, previa autorización del respectivo órgano de control. Así mismo, las cooperativas multiactivas o integrales están autorizadas para ejercer la actividad financiera pero de manera exclusiva con sus asociados, bajo circunstancias especiales, siempre y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen. (L. 454/98, art. 39)(44).
47. De manera concreta, las cooperativas financieras son establecimientos de crédito y su función principal es desarrollar la actividad financiera, según lo dispuesto en los numerales 1º y 6º del artículo 2º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (D. 663/93). Estas entidades hacen parte del sistema financiero, por ende, están sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera(45).
48. Este tipo de cooperativas se caracteriza porque cuenta con la posibilidad de captar y colocar recursos de terceros, presta sus servicios a sus afiliados y a terceros no afiliados y se asimilan a establecimientos de crédito(46).
G. Los límites de las entidades financieras al momento de definir si celebran o no un contrato de mutuo y, en particular, la prohibición de bloqueo financiero injustificado.
50. La actividad financiera implica el ejercicio de derechos y deberes constitucionales y legales, lo que impone la salvaguarda del núcleo esencial de cada derecho. El núcleo esencial “es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos”(47). A su vez, la coexistencia de derechos supone la salvaguarda del núcleo esencial de cada uno de ellos y “se rebasa o se desconoce (…) cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”(48).
51. En el contexto de las actividades financieras se ha suscitado, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, la tensión entre la autonomía de la voluntad y la libertad contractual en el ejercicio de las relaciones privadas de contenido financiero o bancario que gozan de garantía constitucional (arts. 333 y 335), de una parte, y el respeto de los derechos fundamentales de los usuarios del citado sector en particular del derecho constitucional de acceder al sistema financiero (arts. 13, 14, 333 y 335)(49).
En este sentido, no todas las políticas de prohibición de acceso a una actividad económica lícita resultan inconstitucionales, verbi gracia, (i) el artículo 336 Superior permite el establecimiento de monopolios como arbitrios rentísticos y, así mismo, (ii) la citada Ley 35 de 1993, faculta a las instituciones bancarias para negar la prestación de sus servicios financieros, siempre que exista un riesgo latente en la operación o sea manifiesta la debilidad económica del solicitante para asegurar el cumplimiento de las operaciones activas de crédito, aspectos incuestionablemente destinados a garantizar la solvencia y solidez del sistema financiero (C.P. art. 335)”.
b4. Cuando la negativa de negociación no responde a causas objetivas y razonables que justifican la decisión. Por lo tanto, las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema financiero o puede terminar contratos bancarios cuando se presentan causales objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, no existe bloqueo financiero cuando las entidades financieras fundamentan su decisión razonablemente. En otras palabras, no se transgreden derechos del cliente cuando existe una causa objetiva que explique la desvinculación o la negativa de negociación. Por el contrario, sería evidente el abuso de la libertad negocial privada, opuesto a los principios del Estado Social, si se niega el acceso a la actividad bancaria sin justificación legal o económica alguna. Cabe anotar que no constituye causal objetiva que autoricen la negativa para el acceso a la actividad financiera, la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente (C.P. art. 13). Por ende, no es factible negar el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión (inc. 2º del art. 5º de la L. 35/93, transcrito en el numeral 11 de esta sentencia)”.
54. La Corte estima del caso reiterar, de manera particular, aquellos eventos que pueden llegar a valorarse como eventos de bloqueo financiero injustificado y que pueden dar lugar, según la hipótesis de que se trate, a impartir una orden de contratación o una obligación de ofrecer una justificación objetiva y razonable. En efecto, es diferente el caso en el que se presenta una justificación por parte de la entidad y el juez de tutela constata que ella obedece a razones discriminatorias —evento en el cual procedería una orden de contratación—, de aquel en el que no es posible identificar cuáles son las razones de la decisión negativa —en cuyo caso correspondería ordenar la presentación de las mismas—.
En primer lugar, no resulta constitucionalmente admisible que la entidad de que se trate, se niegue a contratar indicando de manera genérica que ello se encuentra fundado en las “políticas de crédito” o “en el comportamiento crediticio”. La respuesta debe cumplir unas condiciones formales que exigen explicar de manera específica y clara su decisión. Este deber encuentra fundamento legal en el literal b, del artículo 3º de la Ley 1328 de 2009 al prescribir:
En segundo lugar, tal y como lo manifestó la Sentencia SU-157 de 1999, “no constituye causal objetiva que autorice la negativa para el acceso a la actividad financiera, la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente (C.P. art. 13)”. De ahí que, “no es factible negar el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, etc”. Ello además encuentra fundamento en lo prescrito por el artículo 5º de la Ley 35 de 1993 que dispone:
Para este mismo propósito, el Gobierno Nacional podrá definir y prohibir prácticas que constituyan exigencia de reciprocidades con el fin de evitar que a través de las mismas se impida injustificadamente el acceso al crédito o a los demás servicios financieros”. (negrillas no hacen parte del texto).
En tercer lugar, no resulta suficiente invocar la existencia de reportes negativos o la ausencia de historia crediticia a efectos de negar el acceso. Estas entidades tienen que valorar en conjunto la existencia de los diferentes elementos que definen la capacidad económica. Esta exigencia encuentra fundamento en el parágrafo 1º, del artículo 10, de la Ley 1266 de 2008 que prescribe lo siguiente:
“PAR. 1º—La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. (resaltado fuera de texto)
De la norma citada, se deduce que las entidades financieras al negar un servicio, deben hacerlo con fundamento en razones que vayan más allá del reporte negativo, pues esta no es suficiente para negar el acceso a la prestación de un servicio público(50). En esa dirección, se pronunció la Corte en la sentencia T-592 de 2003 con ocasión de la solución de un caso cercano al presente, en el sentido que las personas demandantes no podían acceder a créditos de vivienda, al advertir que, (i) los datos económicos de ficheros personales no suplen la valoración del riesgo que las entidades financieras están obligadas a realizar dado que (ii) en ningún caso la presencia de un dato adverso o de una calificación negativa en un proceso informático pueda dar lugar, por si sola, a excluir al aludido de un servicio financiero, ni de una operación de crédito y, adicionalmente, (iii) en todos los casos la negativa a prestar un servicio público deberá justificarse debidamente, en especial cuando el requerimiento se relaciona con el acceso de los asociados a la vivienda digna.
56. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia y con la evidencia probatoria que obra en el expediente, es posible concluir que: (i) la señora Luz Omaira Gaitán Parrado se presentó al programa de vivienda de interés prioritario “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, entre el cual se encuentra el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”; (ii) mediante la Resolución 483 de 2015, la señora Gaitán Parrado fue seleccionada para ser beneficiaria de una vivienda de interés prioritario en el “Madrid y Trece de Mayo”; (iii) después de ser seleccionada debía realizar un aporte de $6.000.000 como contribución para la construcción de su vivienda y como fuente de financiación del proyecto; (iv) la accionante le solicitó a la Cooperativa Financiera Confiar un préstamo para poder realizar el pago correspondiente, sin embargo el crédito le fue negado por cuanto “no cumplía con las políticas aprobadas por la Cooperativa, por mal hábito de pago”(51).
(sic)62.1. Uno de los casos fue analizado en la sentencia T-268 de 2008, en el que una madre cabeza de familia y desplazada por la violencia interpuso acción de tutela en contra del Banco Agrario, puesto que le negó el desembolso del crédito hipotecario que previamente le había otorgado asegurando que tenía un reporte negativo en la CIFIN. El crédito iba a ser usado para cofinanciar la adquisición de una vivienda de interés social. En esa oportunidad, la tutela fue declarada improcedente por cuanto se presentó un hecho superado, sin embargo, la Corte fijo una interpretación de la Constitución que contribuye a resolver parte del problema que se presenta en este caso.
“La actitud de la entidad financiera de negarse a desembolsar el crédito hasta tanto la accionante desapareciera del reporte de la CIFIN, conociendo que la deuda base de dicha anotación fue adquirida antes del desplazamiento y fue cancelada para el momento de hacerse efectivo el desembolso, desconoce los principios constitucionales que rigen el desarrollo de su actividad, catalogada, por su esencialidad, como un servicio público, pues a pesar de que posee una cierta liberalidad para el desempeño de sus funciones, ésta se encuentra condicionada por el deber de solidaridad atribuido a todos los particulares, y, como parte de la estructura del Estado, por su obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas sujetas a una protección especial. Adicionalmente se encuentra sujeta a la primacía -otorgar mayor relevancia e importancia- de las normas constitucionales frente a acuerdos privados de menor jerarquía y a la prevalencia de los derechos sustanciales frente a las formalidades”.(52)
68. La señora Luz Omaira Gaitán Parrado se presentó al programa de vivienda de interés prioritario “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, en el cual se encuentra el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”, a través de la Resolución 483 de 2015, fue seleccionada como beneficiaria de una vivienda de interés prioritario en el “Madrid y Trece de Mayo”. Después de dicha decisión le solicitó a la Cooperativa Financiera Confiar un préstamo para poder realizar el pago del aporte correspondiente a $6.000.000; crédito que le fue negado aduciendo que “no cumplía con las políticas aprobadas por la Cooperativa, por mal hábito de pago”.
1. REVOCAR el fallo del 10 de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al debido proceso, a la personalidad jurídica y a la igualdad.
2. ORDENAR a la Cooperativa Financiera Confiar que estudie nuevamente el caso de la señora Luz Omaira Gaitán Parrado atendiendo a las razones expuestas en esta sentencia. En dicho estudio le deberá explicar a la accionante las razones para conceder o negar el préstamo solicitado. Para realizar lo anterior, Confiar contará con un plazo perentorio de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia y una vez realizado, deberá enviarlo de manera inmediata al juez de primera instancia, a la Gobernación del Meta, a la Alcaldía de Villavicencio y a Villavivienda EICE, para que tomen la decisión correspondiente.
1 Cédula de ciudadanía de Luz Omaira Gaitán Parrado. (cdno.1 fl. 8).
2 Registros civiles de nacimiento. (cdno.1 fl. 10 al 14).
3 El 21 de enero de 2016, se expidió Certificación por parte del Secretario de Vivienda del Departamento del Meta, en la que se indicó que la señora Luz Omaira Gaitán Parrado fue seleccionada mediante resolución 483 de 2015, para el proyecto de vivienda Madrid y 13 de mayo. A su vez, se señaló la cuenta bancaria en la que debe consignar 6.000.000. (cdno.1 fl. 9).
4 Demanda de tutela. (cdno.1 fl. 4).
5 Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. (cdno.1 fl 63).
6 Respuesta de Fonvivienda. (cdno.1 fl 73).
7 Respuesta de Fonvivienda. (cdno.1 fl 73).
8 Respuesta de Villavivienda. (cdno.1 fl 80).
9 Impugnación. (cdno. 1 fl. 123).
10 Respuesta de la Cooperativa Financiera CONFIAR. (Cuaderno principal, fl. 30)
11 Respuesta de la Caja de Compensación Familiar COFREM. (Cuaderno principal, fl. 26)
12 Respuesta de Villavivienda. (Cuaderno principal, fl. 34)
13 Respuesta de Villavivienda. (Cuaderno principal, fl. 34).
14 Ver entre otras providencias las sentencias T 611 de 1992, T 290 de 1993, T-1179 de 2000.
15 Constitución Política de Colombia, artículo 86 y el Decreto 2591 de 1991.
16 Ver, entre otras, sentencia T-547 de 2011.
17 Demanda de tutela. (cdno.1 fl. 4).
18 Sentencia T-167 de 2016.
19 Sentencias T-958 de 2001, T-791 de 2004, T-585 de 2008, C-300 de 2011, entre otras.
20 Sentencia T-167 de 2016.
21 Al respecto se puede consultar la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que sirve como criterio auxiliar de interpretación y definición de alcances, sin embargo, su criterio no es vinculante.
22 Sentencias C-299 de 2011 y C-244 de 2011.
23 Sentencia C-1318 de 2000 y C-444 de 2009.
24 Sentencias T-986A de 2012, T-908 de 2012, C-300 de 2011, T-873 de 2010, C-444 de 2009 y T-585 de 2008.
25 La jurisprudencia constitucional ha avalado que en casos de políticas públicas en materia de vivienda para la población desplazada, aunque se requiera de una apropiación presupuestal para ejecutarla, el Estado tiene la obligación de proveer soluciones de vivienda digna y con ello garantizar el goce efectivo del derecho. (Ver sentencia T-445 de 2012, T-781 de 2014).
26 Sentencia T-167 de 2016.
27 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”.
28 El Decreto 2328 de 2013, dispuso la liquidación del INURBE.
29 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
30 En la sentencia C-359 de 2013, se hizo referencia a la exposición de motivos presentada por los ministros del Interior y de Vivienda al proyecto de ley 223 de 2012 Cámara, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda. Gaceta del Congreso número 180 del 26 de abril de 2012.
31 Sentencia C-359 de 2013.
32 Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
33 Sentencia C-313 de 2013.
34 Sentencia C- 197 de 2012.
35 Sentencias C-700 de 1999, C-747 de 1999, C-1062 de 2003 y C-041 de 2006.
36 La Corte estudio un acumulado en el que los accionantes invocaron la protección de sus derechos fundamentales a la honra, a la dignidad, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la vivienda propia, aduciendo que las entidades accionadas los están quebrantando porque, no obstante haberles expedido un paz y salvo que indicaba el cumplimiento de las obligaciones que dieron lugar a que fueran incluidos en las centrales de riesgo, continúan siendo reportados por éstas y en consecuencia no han podido acceder a diversos servicios financieros, incluyendo, en algunos casos, a los que requieren para hacer efectivo su derecho a adquirir vivienda.
37 Sentencia T-592 de 2003.
38 Sentencia C-314 de 2009.
39 Esta definición aparece mencionada, entre otras, en las sentencias T-073 de 1998, C-1054 de 2004, T-170 de 2005, C-188 de 2006, C-314 de 2009, C-529 de 2010, T-342 de 2014, C-767 de 2014 y C-177 de 2016.
40 Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
41 Además de estas existen otras normas constitucionales que establecen la obligación de fomentar las organizaciones solidarias, entre ellas los artículos 51, 60, 64 y 103 de la Constitución Política.
42 Sentencias C-948 de 2001.
43 Sentencia C-314 de 2009.
44 Sentencias C-948 de 2001.
45 Decreto 663 de 1993. Artículo 2°, numeral 6°.
46 Ley 454 de 1998, artículo 40.
47 Sentencias T-426 de 1992 y SU-157 de 1999.
49 Sentencia T-468 de 2003.
50 Esto también fue afirmado en el sentencia T-592 de 2003.
51 Respuesta de la Cooperativa Financiera CONFIAR. (Cuaderno principal, fl. 30)
52 Sentencia T-268 de 2008.

References: ARTÍCULO 335
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