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Timestamp: 2018-09-23 06:39:40+00:00

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título Marco legal de la actividad bancaria y crediticia
En esta actividad existen múltiples disposiciones normativas que en ocasiones dificultan el análisis de un problema concreto. A propósito de esto el doctor Acosta Romero señala que el marco legal de que se trata es "amplísimo" y que "casi puede afirmarse que con sistematización y orden pudiera llegar a formularse en esta materia un verdadero Código de Derecho Bancario". A continuación, se enlistan algunos de los cuerpos legales más importantes.
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Que, en lo conducente, establece:
Artículo 27.—La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo;
Artículo 28.—En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y solo podrá llevarse a cabo mediante ley.
Artículo 73. —El Congreso tiene facultad:
X. —Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;...".
II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Que, en su artículo 31, en lo que es de interés, señala:
VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;
VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito;...
Al respecto, es oportuno destacar que el artículo 18 transitorio de la LBM, en lo relativo establece:
Se derogan los artículos 31 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,... y las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
Se deja sin efecto, en lo referente al Banco de México, lo previsto en la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,...
Por tanto, debe entenderse que la facultad que el precitado artículo 31, fracción VII, otorga a la SHCP en relación al sistema bancario, es con exclusión del B de M.
III. La Ley de Instituciones de Crédito
que, por su especialidad, es sin duda la ley más importante de la materia de que se trata. Regula la intermediación financiera bancada y contiene normas sobre la organización, estructura y funcionamiento de las Instituciones de Crédito, sus operaciones, disposiciones generales de la actividad bancada y su contabilidad, prohibiciones, sanciones, delitos y normas protectoras de los intereses del público. De acuerdo con su artículo 62, a las instituciones de banca múltiple se les aplican, en lo no previsto por la LBM, la legislación mercantil, los usos y prácticas bancadas mercantiles, el CCDF y el Código Fiscal de la Federación. Así mismo, se señala que las instituciones de banca de desarrollo se regirán por su propia ley orgánica y, de manera supletoria, por los citados cuerpos normativos.
IV. la legislación mercantil
Conforme a la regla de supletoriedad establecida en el artículo 6Q de la LIC, también aplica a la materia la legislación mercantil, entendiendo por este término, entre otras leyes, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Concursos Mercantiles, etcétera.
V. Leyes estrictamente bancarias y leyes de diversa índole
Tales como la Ley del Banco de México, la Ley de la Comisión Nacional Bancada y de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley de Protección v Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, etcétera.
VI. La legislación pararreglamentaria y las circulares
La LIC, la LGOAAC y otras leyes de la materia, contienen tantas delegaciones de facultades legislativas, que resulta inútil enumerarlas; además, no delegan a una sola autoridad, sino que delegan a la SHCP, al B de M y a la CNBV. Lo anterior, al señalar en dichos cuerpos de normas que las reglas generales que regularán tales o cuales aspectos serán fijados por alguna de las autoridades enunciadas. Este fenómeno complica en forma exagerada su consulta, su interpretación y sistematización, y más aún, porque la mayoría de esas reglas, o, en su caso, circulares, oficios, etcétera, no se publican en el DOF v sólo circulan de manera restringida, originando una gran dispersión. Por otra parte, al parecer del doctor Acosta Romero, tratándose de la LCNBV, se da una evicción inconstitucional del Congreso de la Unión a la CNBV, ya que dicho ordenamiento faculta a esta última a expedir numerosas disposiciones que en el fondo tienen carácter de leyes, sin que las mismas cumplan con el proceso legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la CPEUM.
VII. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Ratificado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 1993, refiere el establecimiento de una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; libre comercio que no comprende exclusivamente el intercambio de bienes, sino que abarca la liberalización del comercio de servicios y de la inversión extranjera.
I. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Además de las facultades que le confiere la LOAPF, la LIC le otorga, entre otras, las señaladas en sus artículos 5a, 7a, 8a, 9a, 17, 17 bis, 87, 115, etcétera.
II. Banco de México (B de M)
Es una persona de Derecho Público con carácter autónomo que rige su actuación conforme a la LBM, reglamentaria del artículo 28 de la CPEUM.
Al igual que a la SHCP, la LIC le otorga diversas facultades; a manera de ejemplo, véanse los artículos 7Q, 8a, 7a bis, 45 bis, 48. Según la LBM: Tiene por finalidades:
Artículo 2e—El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
Artículo 39—El Banco desempeñará las funciones siguientes:
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;
III. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Es un organismo desconcentrado de la SHCP con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la LCNBV. De acuerdo con esta última:
Artículo 2e—La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.
Artículo 4b—Corresponde a la Comisión:
I. Realizar la supervisión de las entidades, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;
II. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades;
III. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades;
V. Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades;
VI. Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos que deberán cumplir los auditores de las entidades, así como sus dictámenes;
VIL Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, así como aquéllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven y a los referidos usos y sanas prácticas;
IX. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros;
XII. Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos, comisarios y apoderados de las entidades, en los términos de las leyes respectivas;
XIII. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen;
XJV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley;
XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes;
XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar risitas de inspección a los presuntos responsables;
XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas;
XVIII. Investigar presuntas infracciones en materia de uso indebido de información privilegiada, de conformidad con las leyes que rigen a las entidades;
XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas;
XX. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas;
XXI. Intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de ley;
XXII. Determinar los días en que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones;
XXIII. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros;
XXIV. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y regulación similares a las de la Comisión, así como participar en foros de consulta y organismos de supervisión y regulación financieras a nivel nacional e internacional;
XXV. Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de otros países, para lo cual en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá recabar respecto de cualquier persona la información y documentación que sea objeto de la solicitud;
XXVI. Intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades, en los términos de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites legales;
XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
XXVIII. Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certificar inscripciones que consten en el mismo;
XXIX. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción por lo que hace a las casas de bolsa;
XXX. Supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores;
XXXI. Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de hacerla de conocimiento del público;
XXXII. Expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las emisiones que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los servicios que las mismas prestan a los usuarios;
XXXIII. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bol-sa al realizar operaciones con sus accionistas, consejeros, directivos y empleados;
XXXIV. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores;
XXXV. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes a sanos usos o prácticas;
XXXVI. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta Ley y demás leyes le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas se expidan, y
XXXVII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes.
Es de agregarse que, a propósito de la naturaleza jurídica y de las facultades de la CÑBV, el Pleno de la SCJN, en la tesis jurisprudencial 85/2000, consultable en el SJF y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 963, determinó: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, COMO UN ÓRGANO SUBORDINADO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Conforme a los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1Q, 2S, 11, 17, 26, 31, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ia, 2a, 3a, fracción IV, 4a, fracciones I, V, VII, IX, XVI y XXXVII, 5a, 11, 14, 16, fracción XI y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 7a, 8a, 15, 17 bis, 19, 25, 27, 28, 38, 43, 45-B, 45-C, 46, 49, 50, 51, 53, 76, 87, 88, 89, 96, 97, 102, 106, 113 y 141 de la Ley de Instituciones de Crédito, se advierte que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la facultad de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario nacional y una parte de esas funciones las desempeña directamente la Comisión Nacional Bancada y de Valores, como es la inspección y vigilancia de las entidades del sector financiero con excepción de las empresas de seguros y fianzas. Por tanto, la referida comisión, ejerce y está al cuidado de atribuciones que en principio corresponden al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se determina por un orden jerárquico que ubica a la citada comisión dentro de la administración pública centralizada, como un órgano subordinado a la Presidencia de la República por conducto de la referida secretaría de Estado.
Controversia constitucional 26/99. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 24 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticuatro de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de agosto de dos mil.
IV. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros.
Dicha protección tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre dichos usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros, elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. Conforme a la LPDUSF,
Artículo 52—La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos.
Artículo 11. —La Comisión Nacional está facultada para:
II. Atender y en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los Usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de la Comisión Nacional;
III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución Financiera en los términos previstos en esta ley, así como entre una Institución Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley;
IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho de conformidad con esta ley, en los conflictos originados por operaciones o servicios que hayan contratado los Usuarios con las Instituciones Financieras, así como emitir dictámenes técnicos de conformidad con esta Ley;
V. De conformidad con lo señalado por el Artículo 86 de esta Ley, prestar el servicio de orientación jurídica y asesoría legal a los Usuarios, en las controversias entre éstos y las Instituciones Financieras que se entablen ante los tribunales, con motivo de operaciones o servicios que los primeros hayan contratado; así como respecto de prestatarios que no corresponden al sistema financiero, siempre y cuando se trate de conductas tipificadas como usura y se haya presentado denuncia penal;
VI. Proporcionar a los Usuarios los elementos necesarios para procurar una relación más segura y equitativa entre éstos y las Instituciones Financieras;
Expedir, cuando así proceda, a solicitud de parte interesada y previo el pago de los gastos correspondientes, copia certificada de los documentos que obren en poder de la misma, siempre y cuando se compruebe fehacientemente el interés jurídico;
VIL Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para lograr una relación equitativa entre las Instituciones Financieras y los Usuarios, así como un sano desarrollo del sistema financiero mexicano;
VIII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales para coadyuvar al cumplimiento del objeto de esta ley y al de la Comisión Nacional;
XI. Concertar y celebrar convenios con las Instituciones Financieras, así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a esta ley;
XII. Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las materias de su competencia, y publicarlos para apoyar a los Usuarios y a las Instituciones Financieras;
XV. Analizar y, en su caso, autorizar la información dirigida a los Usuarios sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras, cuidando en todo momento que la publicidad que éstas utilicen sea dirigida en forma clara, para evitar que la misma pueda dar origen a error o inexactitud;
XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las Instituciones Financieras y sus niveles de atención, así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los niveles más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios;
XVIII. Revisar y, en su caso, proponer modificaciones a los contratos de adhesión utilizados por Instituciones Financieras para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios;
XIX. Revisar y, en su caso, proponer a las Instituciones Financieras, modificaciones a los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guardan las operaciones o servicios contratados;
XX. Solicitar la información y los reportes de crédito necesarios para la substanciación de los procedimientos de conciliación y de arbitraje a que se refiere esta ley. Para todos los efectos legales, la sola presentación de la reclamación por parte del Usuario, faculta a la Comisión Nacional para exigir la información relativa;
XXIV. Determinar el monto, la forma y las condiciones de las garantías a las que se refiere esta ley, así como el monto que deberá registrarse como pasivo contingente por parte de las Instituciones Financieras en términos del artículo 68 fracción X;
XXVI. Las demás que le sean conferidas por esta ley o cualquier otro ordenamiento.
V. Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal, que tiene por objeto resguardar los intereses del público ahorrador, proporcionando a las instituciones de banca múltiple un sistema para la protección del ahorro bancario que, en los términos y por los montos que señala su ley, garantice el pago de las obligaciones a cargo de dichas instituciones, así como administrar los programas de saneamiento que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de estas últimas y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.
1. Generalidades y algunas diferencias con el FOBAPROA
El IPAB incorpora a ciudadanos a la supervisión del rescate financiero, pues el Ejecutivo nombra a cuatro de lo siete vocales de la junta de gobierno, que deberán ser ratificados por dos terceras partes del Senado; los otros tres vocales son el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y el secretario de Hacienda, quien preside la junta y tiene voto de calidad. Además el Congreso lo supervisa de manera cercana y es la única entidad autorizada para aprobar partidas presupuéstales en caso de problemas imprevistos. El IPAB, hasta por seis años, supervisará la recuperación de activos y de la cartera vencida de los bancos a los que el Gobierno otorgó apoyos vía FOBAPROA; los nuevos instrumentos financieros y garantías del Instituto sólo se darán a quienes las auditorías determinen que merecen apoyos, y estén libres de ilícitos o irregularidades. El IPAB puede determinar la liquidación, suspensión de pagos o concurso mercantil de una institución financiera en problemas. Los apoyos y créditos que otorgue estarán respaldados por acciones con voto pleno de los bancos intervenidos.
2. Tipo de obligaciones que garantiza
Se considerarán obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, salvo que se trate de: A) Obligaciones a favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras;
B) Obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al cual, en su caso, pertenezca la Institución;
C) Pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al portador, quedando cubiertas las obligaciones garantizadas, documentadas en títulos nominativos, siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados; D) Obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la Institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, y E) Operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal.
3. Monto de las obligaciones que garantiza
Actualmente, conforme a la LPAB, el IPAB garantiza el total de los depósitos bancarios; sin embargo, de acuerdo con dicha ley tal protección disminuirá de manera paulatina hasta el 2005, en que cubrirá el saldo de las obligaciones garantizadas, considerando el monto del principal y accesorios, sólo hasta por una cantidad equivalente a 400 mil UDI's por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de obligaciones a su favor y a cargo de la misma institución crediticia.
4. ¿En qué hipótesis el IPAB paga las obligaciones garantizadas?
Cuando se determine la liquidación de una Institución, o bien se declare la suspensión de pagos o concurso de ella, el IPAB procederá a pagar las obligaciones garantizadas, líquidas y exigibles, a cargo de aquélla, con los límites y condiciones ya señalados.
"Actividad Bancaria en la Pobreza"
Oaxaca: sai, relegada por carecer de un marco legal eficiente: mgc
Superintendencia bancaria naturaleza jurídica funcional / superintendencia...
La exposición, que consta de 40 carteles, fue inaugurada el pasado...
Marco referencial 4 marco de antecedentes 5

References: Artículo 27

Artículo 28
 artículo 110

Artículo 73
 artículo 31
 artículo 18
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 62
 artículo 6
 artículo 28

Artículo 2

Artículo 39

Artículo 2

Artículo 4
 artículo 2
 artículo 123

Artículo 52

Artículo 11
 artículo 63
 Artículo 86
 artículo 68
 artículo 46
 artículo 400