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Timestamp: 2020-02-22 18:35:01+00:00

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﻿ SENTENCIA C-546 DE NOVIEMBRE 25 DE 1993
SENTENCIA C-546 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:INHABILIDADES, CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:266 DE FEBRERO DE 1994, PÁG.234
CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL
EXTRACTOS: «El literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, materia de acusación, como bien lo afirma el Procurador General de la Nación, fue modificado expresamente por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, disposición ésta que se limitó a suprimir del mandato primeramente citado la parte que dice “ u homicidio culposo”, quedando su contenido, en lo demás, redactado en idéntica forma.
“Artículo 1º. Modifícanse las letras c) y d) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, las cuales quedarán así:
c) Quienes se encuentren en detención preventiva pro delito doloso aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad”.
Para la Corte es claro que de esta manera se garantiza aún más la participación de los ciudadanos en la defensa de la Constitución, y se cumple cabalmente con la finalidad para la cual se creó la acción de inconstitucionalidd, la que como es de todos sabido, además de ser pública y política, la interpone cualquier ciudadano.
d) Las facultades extraordinarias.
Tanto el Decreto 1888 de agosto 23 de 1989, como el 2281 de octubre 7 del mismo año, fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso por medio de la Ley 30 de 1987, artículo 1º, y dentro del término fijado en la misma para ello, el cual era de dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la ley, hecho que tuvo ocurrencia el 9 de octubre de 1987, con su inserción en el Diario Oficial Nº 38.077. En consecuencia no hay reparo constitucional por este aspecto.
2. Materialidad.
Las atribuciones legislativas de que quedaba investido el Presidente de la República fueron enunciadas por el legislador ordinario en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, en forma expresa y taxativa.
De conformidad con el título del Decreto 1888 de 1989 que dice: “Por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, queda demostrado que el fundamento en el que se apoyó el Gobierno Nacional para expedir tal ordenamiento, no fue otro que el literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, antes transcrito, que lo autorizaba para “Modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, hoy rama judicial.
Y como el Decreto 2281 de 1989, fue dictado por el Gobierno Nacional en desarrollo de las mismas facultades extraordinarias, y con el exclusivo fin de modificar el artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, fácilmente se concluye que la atribución que sirvió de fundamento para expedirlo, fue el mismo literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987.
Pues bien, de la simple lectura del literal c) del artículo 3º del Decreto 1888/89, tal como quedó modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, se advierte claramente que en él se consagra una inhabilidad, aplicable no solo a quienes deseen ingresar a la rama judicial sino también a las personas que una vez vinculadas al servicio, se encuentren incursas en dicha causal, y consiste en la prohibición de designar o desempeñar cargo en dicho sector público, a quien se encuentre en detención preventiva por delito doloso, aunque goce del beneficio de excarcelación, o haya sido afectado por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad.
Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión “inhabilidad” tiene entre otras excepciones la de “defecto o impedimento para ejercer un empleo u oficio”.
La Corte Suprema de Justicia la definió como “aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otros”. (sent. junio 9/88 Dr. Fabio Morón Díaz).
Si “modificar” es variar, cambiar o transformar, el Presidente de la República con base en el literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, estaba autorizado para reformar, crear, innovar o enmendar todas aquellas disposiciones que conforman el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama judicial, y las inhabilidades para acceder al servicio público, como es el caso de la consagrada en la norma que se analiza, no se relaciona con un estatuto de responsabilidad disciplinaria.
Tan cierto es que el legislador extraordinario no estaba autorizado válidamente para proferir disposiciones como la acusada, en la que se señalaran condiciones, calidades o exigencias para acceder al servicio público de la administración de justicia, que la misma ley de investidura en el parágrafo 2º del artículo 1º prescribió que los nombramientos que se efectuaran en virtud de la tal ley, debían realizarse “observando los procedimientos y criterios que rigen actualmente para el nombramiento de empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional”, quedando demostrada la intención del legislador ordinario de no variar ni crear exigencias nuevas para la elección o nombramiento de empleados y funcionarios de la rama judicial, pues mal podrían estatuirse inhabilidades distintas para idéntica categoría de empleos, los que se nombraran en cumplimiento de dicha ley y los demás cargos de la rama judicial.
Por esta razón, considera la Corte que el Gobierno Nacional, se extralimitó lo desbordó el límite material de las atribuciones dadas, motivo por el cual el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, tal como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, será retirado del ordenamiento jurídico.
Finalmente debe aclararse que situación diferente se presentaría, si el legislador extraordinario en desarrollo de la atribución invocada, hubiera señalado la responsabilidad disciplinaria a que se hacen acreedores los nominadores o empleadores que violen las inhabilidades a que se refiere el precepto examinado u otros mandatos legales; o que la ley habilitante hubiera otorgado facultades para modificar el régimen de carrera judicial o de personal de esta rama, eventos en los cuales tal encajaría perfectamente dentro de sus imperativos.
Siendo entonces inexequible el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, en la forma como quedó modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, por exceder el marco señalado por el Congreso de la República en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás cargos de la demanda, pues sea cual fuere la decisión que se adopte, la norma citada de todas maneras serár retirada del universo jurídico.
Antes de terminar debe precisar la Corte que como al declararse parcialmente inexequible el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, automáticamente revive la norma antes vigente, esto es, el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, el cual adolece de los mismos vicios de aquel, esta norma habrá de declararse igualmente inexequible.
Por exceder el marco fijado por el legislador ordinario en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, declaránse INEXEQUIBLES el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, y el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989 en la parte que textualmente reza:
“c) Quienes se encuentren en detención preventiva por delito doloso aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad”.
(Sentencia C-546 de noviembre 25 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

References: artículo 3
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