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Miguel Córdoba Castillo
1 Procedimiento Abreviado núm. 1/2013 Antes Diligencias Previas 3/2012 PIEZA 1ª. Sala Civil y Penal del TSJ-CV A LA MAGISTRADA INSTRUCTORA El Fiscal, en el Procedimiento Abreviado de la Ley Orgánica 38/2.002 número 1/13, antes Diligencias Previas nº. 3/12 de la Sala Civil y Penal del TSJ-CV, de conformidad con el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura de del Juicio Oral ante la SALA DE LO PENAL del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra los acusados Rafael Blasco Castany, Augusto César Tauroni Masiá, Marcial López Lopez, Josefa Cervera Tomás, Marcos Antonio Llinares Picó, Agustina Sanjuan Ballesteros, Xavier Llopis Bauset, Josep Maria Felip Sardá y Alejandro Catalá Bas, y contra la Fundación CYES, como responsable civil subsidiario, y mediante el presente escrito formula, con carácter provisional, las siguientes: CONCLUSIONES: PRIMERA.- Los acusados son: -Rafael Blasco Castany, con DNI F, mayor de edad y sin antecedentes penales, Conseller de la Consellería de Solidaritat y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana durante el periodo en el que ocurrieron los hechos. 12 -Josep María Felip Sardá, con DNI E, mayor de edad y sin antecedentes penales, Director General de Cooperación desde mayo de 2010 a febrero de Alejandro Catalá Bas, con DNI V, mayor de edad y sin antecedentes penales, Subsecretario de la Conselleria de Solidaritat durante el periodo en el que ocurrieron los hechos. - Agustina Sanjuán Ballesteros, con DNI P, mayor de edad y sin antecedentes penales, Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Solidaritat durante el periodo en el que ocurrieron los hechos. - Marcos Antonio Llinares Picó, con DNI H, mayor de edad y sin antecedentes Penales, Jefe del Área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat desde noviembre de 2008 a octubre de Xavier Llopis Bauset, con DNI B, mayor de edad y sin antecedentes penales, Director del Gabinete del Conseller de la Conselleria de Solidaritat durante el periodo en el que ocurrieron los hechos. - Augusto César Tauroni Masiá, con DNI R, mayor de edad y sin antecedentes penales, accionista único de las sociedades General de Comunicaciones y Servicios S. L. ( GCS ), LONERSON S.L., DINAMIZ-E S.L.y Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L.. - Marcial López López, con DNI E, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, Presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (CYES). - Josefa Cervera Tomás, con DNI C, mayor de edad y sin antecedentes penales, trabajadora de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (CYES). 23 El acusado Rafael Blasco Castany convocó, en su condición de Conseller de Solidaritat, denominada Consellería de Inmigración y Ciudadanía en aquel momento, por Orden de 23 de enero de 2008 subvenciones destinadas al fomento de proyectos y actividades de sensibilización social o educación para el desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, el mismo acusado convocó por Orden de 28 de marzo de 2008 subvenciones específicas a grandes proyectos de cooperación internacional al desarrollo en red que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), a ejecutar en el exterior. Rafael Blasco Castany como Conseller de Solidaritat que fue, desde junio de 2007 a junio de 2011, tenía entre sus obligaciones la adjudicación y distribución de los fondos públicos de su Consellería, según lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 3/1985, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano: j) Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos los Servicios del Departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los Organismos Autónomos adscritos al mismo. k) Disponer los gastos propios de los servicios de su Conselleria, dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes. l) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa, dentro de los límites legales presupuestarios. 34 Por su parte, el acusado Augusto César Tauroni Masiá era amigo personal de Rafael Blasco Castany en el momento de cometerse los hechos delictivos, amistad que provenía del hecho de haber sido socio de su hermano, Bernardo Blasco Castany, en la mercantil Grupo Apelcine S.L. desde el 21 de marzo de 1997, y por el trato derivado del hecho de haber recibido directamente desde el año 2001 a través de la mercantil GCS, S.L. o a través de subcontatas con las mercantiles DINAMIZ-E, S.L. y LONERSON, contratos públicos de las Consellerias de Bienestar Social; Medio Ambiente y Urbanismo y Sanidad. Es decir de las Consellerias donde había sido Conseller Rafael Blasco Castany. Tras tener conocimiento Augusto César Tauroni Masiá a través de Rafael Blasco Castany de las anteriores convocatorias de subvenciones y con la intención de lucrares ilícitamente con las mismas, se puso en contacto con Marcial López López, presidente de la Fundación CYES al que le propuso presentarse a las citadas convocatorias de subvenciones a cambio de obtener un 25% de cada una de las subvenciones que le concedieran a la Fundación Cyes. El objeto de esta Fundación era a) El fomento y desarrollo de cuantas actividades conlleven la investigación y mejora de las condiciones asistenciales propias a la salud, en beneficio de los profesionales que la ejerzan y de las personas a quienes va destinada su atención. b) La promoción de la formación a través de la organización de cursos de especialización, seminarios, ayudas a la permanencia, para la mejora de conocimientos en centros nacionales o extranjeros. c) La realización de estudios de asesoramiento en las materias señaladas, bien por propia iniciativa o de otras entidades públicas o privadas. d) Para el cumplimiento de sus objetivos propios la fundación podrá organizar congresos, 45 seminarios, publicaciones, campañas de asistencia e información, concesión de becas, etc. Por lo tanto su función era docente y formativa, y no había realizado nunca ningún proyecto internacional de cooperación al desarrollo. Para obtener este porcentaje de beneficio, el 25% de cada subvención antes citado, el acusado Augusto César Tauroni Masiá utilizó la mercantil Gestiones e Iniciativas Arcmed, S.L., sociedad que había adquirido el 15 de octubre de 2007 mediante compra de todas las participaciones sociales a Jesús Beleret y Ana Izquierdo, nombrando formalmente como administrador único a Alfonso Navarro Torres, que ejercía sus funciones de manera nominal, pero sin ningún poder de decisión, siendo Augusto César Tauroni Masiá la persona que dirigía efectivamente esta empresa. La actividad económica de la misma en 2008 fue: Otros servicios anexos al transporte aéreo. 845 Explotación electrónica por terceros Multiservicios intensivos en personal. Los acusados Augusto César Tauroni Masiá y Marcial López López desde principios del año 2008 y hasta la presentación de las solicitudes de las citadas convocatorias, se reunieron varias veces para preparar conjuntamente las solicitudes a las subvenciones y su documentación, reuniéndose con personal de la Conselleria de Solidaritat para asesorarlos sobre la documentación a presentar, gracias a la intervención o con la mediación del Conseller Rafael Blasco Castany Convocatoria de grandes proyectos: El 2 de junio de 2008 Marcial López López presentó las solicitudes registradas como G001/ Abastecimiento, control, y tratamiento de 56 agua de consumo humano en el sector rural disperso, en Nicaragua y G 002/ Producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria en Nicaragua. En estas solicitudes ya se incumplía por el solicitante, la Fundación Cyes, dos de los principales requisitos de la convocatoria. Por un lado no concurría en red con ninguna otra ONGD con sede en la Comunidad Valenciana, de hecho en la solicitud solo aparecen la solicitante CYES y las cuatro ONG de Nicaragua como socios locales, así el art. Tres de la Orden dice: 2. Entre ellos, será requisito imprescindible para acceder a las subvenciones que las ONGD, ya sean líderes o miembros de la agrupación, dispongan de sede central o delegación permanente, real y efectiva, en el territorio de la Comunitat Valenciana, con presencia y estructura en el mismo. Por otro lado, en ningún momento acreditó la experiencia previa que exigía la Base I de la Convocatoria: 1. Las ONGD solicitantes de la subvención deberán acreditar su experiencia en la realización de proyectos en el país y el sector o sectores del proyecto, mediante el aporte de documentos justificativos de la ejecución, individualmente o en agrupación con otras ONGD, de seis proyectos de cooperación, tanto en dicho país como en el sector o sectores de intervención. 2. Dicho requisito será exigible para todas las ONGD que participen en la agrupación para el trabajo en red. Tampoco en la solicitud de ninguno de los dos proyectos, hizo referencia al hecho de que parte de los fondos se iba a destinar a la adquisición de inmuebles en la ciudad de Valencia para fijar la sede de la Fundación CYES. Tras ser requerida la Fundación CYES el 9 de junio de 2008 para subsanar defectos de la solicitud inicial, Marcial López López presentó 67 documentación de la ONG Desarrollo y Consultoría Pro Mundis, con sede en la Colonia San Sebastián de Granada, consistente en escrito donde el presidente de esta ONG manifestaba su voluntad de constituir sede en la Comunidad Valenciana y anunciando que la Delegación estaría en la C. / Suiza, 7. Playa Corinto (46500 CP), domicilio de la acusada Josefa Cervera Tomás, pareja sentimental de Marcial López López, diciendo además que iba a concurrir en red con la Fundación CYES para la ejecución de estos dos proyectos. Estos documentos los realizó Marcial López López, con conocimiento de Josefa Cervera Tomás, modificando su contenido, ya que ni el Presidente de la entidad Desarrollo y Consultoría Pro Mundis, Emilio Matamoros, realizó esos certificados en esa fecha, ni tenía intención de realizar proyectos en Nicaragua, ni mucho menos tenía sede en la Comunidad Valenciana. La entidad Desarrollo y Consultoría Pro Mundis nunca había ejecutado, ni pretendía ejecutar proyecto alguno en Nicaragua, ya que su ámbito de actuación se desarrollaba en la zona del Magreb y en el Sahel. Ante los evidentes incumplimientos de los requisitos de la convocatoria, la Jefa del Servicio de Cooperación, Tersa Clemente García rechazó estas solicitudes y no las remitió para que fueran evaluadas por la UTE CAAZ- Broseta-BI Consulting, encargada de la evaluación externa de las solicitudes. Sin embargo, pese a exceder de sus funciones, ya que este cometido correspondía a la Jefa de Servicio, la Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Solidaritat, la acusada Agustina Sanjuán Ballesteros, siguiendo las indicaciones del Conseller Rafael Blasco Castany, remitió las dos solicitudes correctamente excluidas a la evaluación externa que debía realizar la UTE CAAZ-Broseta-BI Consulting. Agustina Sanjuán Ballesteros, durante este periodo, tras hablar con los técnicos de la Dirección General de Cooperación y en concreto con Teresa 78 Clemente García, Jefa de Servicio de Cooperación, observó que estaban convencidos de que las solicitudes G001/2008 y G002/2008, no cumplían con el requisito de la experiencia previa anteriormente señalado en la Base I de la convocatoria. Por ello y con el único propósito de conseguir que la Fundación CYES obtuviera las subvenciones que había solicitado, de manera irregular solicitó por teléfono y sin que constase esta solicitud en el expediente administrativo a Luis Fernando Castel Aznar, gerente de la UTE CAAZ- Broseta- BI Consulting, que realizara un informe donde se acreditase que la Fundación CYES y Desarrollo y Consultoría Promundis cumplían el requisito de la experiencia previa, a sabiendas de que la Fundación CYES no había presentado cuando se le había requerido ningún documento que acreditara que cumplía el requisito de la experiencia, conforme exigía la Base I de la convocatoria. Luis Fernando Castel Aznar, al carecer de formación jurídica por ser Ingeniero, realizó el encargo a su esposa en aquel momento María Amparo Baixauli González, abogada en ejercicio pero que no tenía relación contractual con la UTE CAAZ- Broseta- BI Consulting. Ésta, tras realizar el informe requerido, el 23 de julio de 2008 lo envió por correo electrónico a Luis Fernando Castel Aznar, que a su vez se lo envió a Agustina Sanjuán Ballesteros. El informe carecía de los logotipos de la UTE CAAZ- Broseta- BI Consulting, que fueron añadidos por Agustina Sanjuan Ballesteros, que a su vez modificó partes del documento con la finalidad de acreditar que la Fundación CYES y Desarrollo y Consultoría Promundis cumplían el requisito de la experiencia previa y así llevar al ánimo del resto de miembros del Comité Técnico de Valoración la admisión de estos proyectos. Así, del documento original realizado por Amparo Baixauli González, Agustina Sanjuán Ballesteros eliminó el penúltimo párrafo, donde se decía que no se podía verificar que la Fundación CYES hubiera realizado proyectos de cooperación internacional en el mismo país y sector que el que concurría. 89 También modificó la conclusión del informe, dándole el sentido que le convenía a su finalidad, es decir, que los miembros del Comité Técnico de Valoración aprobasen conceder a la Fundación CYES las dos subvenciones solicitadas. La evaluadora externa, cuyo titular era Luis Fernando Castel Aznar, realizó las evaluaciones y entregó a Agustina Sanjuán Ballesteros el informe de las mismas, en total, 15 fichas de evaluación sobre los Grandes Proyectos, con fecha 28 de Julio de 2008 (Registro de Entrada nº 5842, de 30/07/2008). Este documento fue entregado en papel y en formato informático en un CD ROM. De esta manera, Agustina Sanjuán Ballesteros al observar que en ninguna de las dos evaluaciones de los Proyectos G001/2008 y G002/2008 aparecía la entidad Desarrollo y Consultoria Promundis, como socio en red, accedió a ambos documentos y realizó los siguientes cambios: - La evaluación G001/2008 fue modificada el 31 de Julio de 2008 a las 08:52:53 horas, es decir cuando ya estaba en poder de Agustina Sanjuán Ballesteros, añadiendo a la entidad Desarrollo y Consultoria Promundis como ONG en red pese a no constar en el cajetín inicial y aumentando en 10 puntos la valoración de la UTE de 62,75 a 72, 75 puntos, sin modificar la puntuación original en el ranking anexo. - La evaluación G002/2008 fue modificada el 30 de Julio de 2008 a las 13:15:42 horas, es decir cuando ya estaba en poder de Agustina Sanjuán Ballesteros, añadiendo a la entidad Desarrollo y Consultoria Promundis como ONG en red y aumentando en 10 puntos la valoración de la UTE, de 62,14 a 72,14 puntos, sin modificar la puntuación original en el ranking anexo. También suprimió las observaciones que había realizado la autora de la evaluación Carmen Escrivá Gimeno y que decía Se encuentran 910 incidencias a la hora de determinar cuáles son las ONGD que trabajan en red con la líder, y cuál o cuáles son los Socios locales. En cualquier caso, entendemos que el Socio local es INSFOP pues así queda detallado en el presupuesto, ya que es este quien hace aportación económica al proyecto. Además, a lo largo de la memoria del proyecto aparecen convenios de colaboración entre la entidad líder y, primero, la Universidad Católica de Santa María (Perú ) y, segundo, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, las cuales no quedan reflejadas ni como entidades en red ni como socios locales en el Anexo II. Por otro lado, se observa que se destina E a una oficina técnica que se ubica en la ciudad de Valencia lo cual supone el 51.02% del total del proyecto. Esto no ayuda a la mejora de los servicios básicos de la zona de actuación (Nicaragua). Debido a la falta de facturas pro forma no se puede dar mucha fiabilidad al presupuesto del proyecto ni tener otras visiones de las incidencias observadas. De esta manera Agustina Sanjuán Ballesteros, que era miembro del Comité Técnico de Valoración, pretendía que con estos tres documentos modificados se aprobaran en el Comité Técnico de Valoración las subvenciones solicitadas con Fundación CYES, haciendo todo lo posible por eliminar las trabas que lo impidiesen. El 31 de julio de 2008 se celebró la sesión del Comité Técnico de Valoración, cuyos miembros eran Carmen Dolz Adell (Directora General de Cooperación), Sergio Fernández Aguado (Jefe de Área de Cooperación), Teresa Clemente García (Jefa de Servicio), Agustina Sanjuán Ballesteros (Secretaria General Administrativa) y Manuel Fornás Calviño (Secretario). Pese a los documentos que había modificado Agustina Sanjuán Ballesteros para conseguir que se adjudicaran a la Fundación CYES las 1011 dos subvenciones solicitadas, Teresa Clemente García se opuso a la adjudicación de las subvenciones a la Fundación CYES puesto que no existía en el expediente documento alguno que acreditase que cumplía el requisito de la experiencia previa conforme exigía la Base I de la convocatoria. Esta negativa fue secundada por Carmen Dolz Adell, Sergio Fernández Aguado y Manuel Fornás Calviño. Ante esta situación y tras la insistencia de Agustina Sanjuán Ballesteros terminó la sesión del Comité con el acuerdo de no firmar ni entregar el acta al Conseller hasta que se acreditase documentalmente la experiencia previa de la Fundación CYES. El informe del Comité Técnico de Valoración era preceptivo para que el Conseller Rafael Blasco Castany resolviera la convocatoria, sin esta acta el Conseller no podía resolver la convocatoria, según lo dispuesto en las Bases 12 y 13 de la misma. Enterado Rafael Blasco Castany de esta situación, ordenó ese mismo día 31 de julio de 2008 convocar por la tarde a los miembros del Comité para que le entregaran el acta y poder resolver la convocatoria. A esta reunión asistieron, además de los miembros del Comité Técnico, Rafael Blasco Castany y su Director de Gabinete Javier Llopis Bauset. Rafael Blasco Castany exigió a los miembros del Comité que entregaran el acta porque la experiencia de la Fundación CYES estaba acreditada, ya que quienes debían interpretar si estaba o no acreditada eran él o Alejandro Catalá Bas. Ante la negativa del resto de miembros del Comité Rafael Blasco Castany les dijo que si nunca habían cometido ninguna irregularidad en la tramitación de los expedientes de subvenciones. Frente a la negativa de los miembros del Comité de entregarle el acta, les dijo, con ánimo de amedrentarles y con la finalidad de poder resolver la convocatoria a favor de la Fundación CYES, que iba a revisar todos los expedientes que habían tramitado. Al ver Rafael Blasco Castany que los 1112 miembros del Comité seguían negándose a entregar el acta les ordenó que se lo pensaran y esa misma tarde volverían a reunirse. Volvieron a reunirse los miembros del Comité Técnico, el Conseller Rafael Blasco Castany y el Director del Gabinete del Conseller, Javier Llopis Bauset a ultima hora de esa misma tarde. Nuevamente el Conseller Rafael Blasco Castany, aprovechándose de su condición de máximo responsable de la Consellería y con la intención de conseguir el acta y poder dictar la Resolución de la convocatoria y adjudicar a la Fundación CYES las dos subvenciones solicitadas, volvió a exigirles que le entregaran el acta del Comité firmada con la propuesta de adjudicación de las subvenciones, donde estaban incluidas las de la Fundacion CYES. Pese a la insistencia de aquél, los miembros del Comité volvieron a negarse y dijeron que entregarían el acta cuando la Fundación CYES acreditara la experiencia previa. El día 6 de Agosto de 2008 Agustina Sanjuán Ballesteros llamó a Teresa Clemente para decirle que ya tenía la documentación acreditativa de la experiencia previa de la Fundación CYES. Esta documentación consistía en un certificado de cuatro alcaldes de Nicaragua, de fecha 16 de Junio de 2008, es decir, la fecha de entrega de la documentación de subsanación de deficiencias, donde explicaban que la Fundación CYES había firmado hasta seis convenios de cooperación con distintas entidades de Nicaragua. Además acompañaba los convenios firmados con estas entidades. Estos convenios supuestamente fueron suscritos: - El 15 de enero de 2007 en Somoto (Nicaragua) con FEDICAMP. - El 5 de julio de 2007 en Somoto (Nicaragua) con CHOROTEGA SL. - El 6 de marzo de 2007 en Somoto (Nicaragua) con APDC. - El 8 de marzo de 2006 en Somoto (Nicaragua) con INSFOP. 1213 - El 5 de abril de 2007 en Somoto (Nicaragua) con FDCCVGPDM. - El 9 de agosto de 2006 en Somoto (Nicaragua) con FUMPROMU. Toda esta documentación fue creada ad hoc por Marcial López López para convencer a los miembros del Comité Técnico de Valoración, ya que Marcial López López ni estuvo ni ha estado nunca en Nicaragua. Agustina Sanjuán Ballesteros sabía cuándo Marcial López López le entregó los documentos que eran falsos y aun así, se los enseñó a Manuel Fornás Calviño para que le entregase el acta del Comité Técnico de Valoración, como así ocurrió. Estos certificados fueron incorporados en los expedientes administrativos por Agustina Sanjuán Ballesteros entre los documentos entregados por la Fundación CYES el 16 de Junio de 2008, cuando fueron entregados por Marcial López López el 6 de agosto de Marcial López López, con la intención de obtener estas dos subvenciones sabiendo que no cumplía los requisitos de la convocatoria, simuló concurrir en red con la ONGD Desarrollo y Consultoría Promundis y tener experiencia en proyectos de cooperación en Nicaragua, siendo inciertas ambas circunstancias, requisitos esenciales para poder ser adjudicatario de las subvenciones. Una vez conseguida el acta y dado su carácter preceptivo, Rafael Blasco Castany pudo dictar la Resolución de 22 de Agosto de 2008 (DOCV 3/09/2008) mediante la que concedía a la Fundación CYES dos subvenciones por valor de ,93, es decir, un total de ,86, indicando expresamente en la resolución que en el plazo de dos meses debería presentar reformulación del proyecto. Esta Resolución la dictó el acusado Rafael Blasco Castany sabiendo que la Fundación CYES no tenía 1314 la experiencia que exigía la convocatoria de las subvenciones que él mismo había ordenado y que nunca debía haber obtenido estas subvenciones, como le explicó en reiteradas ocasiones Teresa Clemente García. Esta adjudicación incumplía además la base 9 de la Convocatoria, al adjudicar a la Fundación CYES el % del total de los fondos a conceder, ya que el límite máximo era el 8 %. Pese a no haberse aún reformulado los dos proyectos, el 11 de septiembre de 2008 se ingresó por parte de la Generalitat Valenciana en las dos cuentas corrientes habilitadas al efecto la cantidad de ,93 en cada una de ellas. Estas cuentas eran la nº para el proyecto G001/2008 y la cuenta nº para el proyecto G002/2008. Ese mismo día, el 11 de septiembre de 2008, Augusto César Tauroni Masiá emitió a nombre de Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L. dos facturas, con la numeración A6 y A7 por importe de ,48 cada una, lo que suponía exactamente el 25% del importe total de la subvención, es decir el importe que previamente habían convenido él y Marcial López López como contraprestación por la adjudicación de la subvención. Esta adjudicación a Gestiones e Iniciativas Arcmed se realizó con infracción del art. 29 de la Ley General de Subvenciones. El concepto de estas dos facturas era: - EXPTE. G001/2008- Proyecto de trasvase del agua en el departamento de Madriz (Nicaragua), que tiene por objetivo asegurar el suministro de agua para el consumo humano en el sector rural disperso y futuro desarrollo, que sufren seriamente de la escasez de agua. Elevación topográfica del terreno, estudio del terreno: Toma de datos, replanteo con GPS y estación total, modelo digital, perfiles y volúmenes. 1415 Destacamento de topógrafos e ingenieros civiles in-situ para el control de ejecución. - EXPTE. G002/2008- Elevación del nivel productivo en el Departamento de Madriz (Nicaragua) para producción de alimentos en régimen soberanista. Consultoría de trabajo de mejoramiento del manejo de las tierras y de la producción. Aplicación de medidas favorables al mejoramiento simultáneo de los recursos naturales y de las condiciones de vida de la población. Introducción de buenas prácticas tradicionales e introducidas con barreras vivas antierosivas, almacenamientos de agua y terrazas, incremento de fertilidad, con empleo de residuos orgánicos, mejoradores y comportas, manejo de huertos familiares, horticultura en pequeña escala con microirrigación. Programa de educación ambiental y capacitación comunitaria. Estas dos facturas se abonaron desde las cuentas antes señaladas a Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L. el 14 de octubre de 2008, incluso antes de haberse efectuado la reformulación de los proyectos, que se presentó en la Conselleria de Solidaritat el 30 de octubre de Esta reformulación, que nunca fue aprobada por la Conselleria, consistió en una adecuación de los gastos a la minoración aprobada, así como a una referencia a la adquisición de inmuebles para establecer una oficina técnica, sin que se hiciese ninguna referencia a la concurrencia en red con la entidad Desarrollo y Consultoría Promundis. En la reformulación se estableció por parte de la Fundación CYES como periodo de ejecución de los proyectos del 3 de noviembre de 2008 al 3 de mayo de 2009, aunque la Consellería de Solidartat, en contra de lo manifestado por la propia 1516 Fundación, fijó el proceso de ejecución entre el 11 de septiembre de 2008 al 11 de marzo de Por lo tanto, la Fundación CYES pagó a Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L. antes de iniciarse la ejecución de los proyectos, según su propio cómputo. Augusto César Tauroni Masiá, a través de Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., no realizó ninguno de los dos trabajos por los que cobró un total de ,96, ya que ni disponía de trabajadores ni envió a ningún ingeniero ni topógrafo a Nicaragua, a realizar los trabajos facturados. Se limitó a realizar dos dossiers copiados de diversas páginas web de internet para justificar los trabajos no realizados. Rafael Blasco Castany sabía que esta sociedad pertenecía a Augusto César Tauroni Masiá y que era la mercantil que había utilizado para lucrarse con las dos subvenciones concedidas. Como nuevo Jefe de Área de Cooperación, tras los ceses de Sergio Fernández Aguado y de Teresa Clemente a consecuencia de su discrepancia con Rafael Blasco Castany en el Comité de Valoración, fue nombrado en noviembre de 2008 el acusado Marcos Antonio Llinares Picó. Éste había trabajado con Rafael Blasco Castany en las Consellerias de Medio Ambiente y Urbanismo y en la de Sanitat. También conocía a Augusto César Tauroni Masiá y a su empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., con la que tenía negocios en común, sabiendo que no había realizado ninguno de los trabajos de los que había facturado a la Fundación Cyes. Una vez presentada la reformulación de los dos proyectos por la Fundación CYES, Marcos Antonio Llinares Picó fue advertido por la técnico encargada de los expedientes Eva Solá Atares de lo irregular que resultaba que la Fundación CYES adquiriera inmuebles en Valencia a cargo de las subvenciones, sin que el acusado realizara acción alguna por impedirlo. 1617 De este modo, Marcial López López adquirió los siguientes inmuebles a cargo de las dos subvenciones concedidas: - A cargo del Proyecto G001/2008, adquirió dos inmuebles, sitos en la Avda. Ausias March, 79 y 81 ( euros) y en la Avda. Ausias March, 79 -Entresuelo ( euros). - A cargo del proyecto G002/2008, adquirió los inmuebles Aparcamiento ( euros) y en Avda. Ausias March 79, 1º-3ª ( euros). El importe total de los inmuebles ascendió a la suma de , cantidad a los que hay que añadir los gastos de notaría, abogado, comunidad, reforma y equipamiento, alcanzando un total de ,74 euros, que se distribuye en ,98 euros respecto al Proyecto G001/2008 y ,76 euros en el Proyecto G002/2008. La reforma de los inmuebles anteriores se pagó a cargo de las subvenciones por valor de ,05 euros, que recibe ALLOSA REFORMAS, S. L. La adquisición de los cuatro inmuebles nada tenía que ver con el objeto de las subvenciones concedidas, G001/2008 Abastecimiento, control, y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso, en Nicaragua y G002/2008 Producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria en Nicaragua. En contraposición únicamente se transfirió a Nicaragua la cantidad de en el Proyecto G001/2008 y en el Proyecto G002/2008, es decir, sólo el 2,5 % del total de las dos subvenciones llegó a su país de destino, siendo este hecho conocido por los acusados Rafael Blasco Castany, Agustina Sanjuán Ballesteros y Marcos Antonio Llinares Picó, no sólo porque se lo hubieran dicho Eva Solá Atares, la Jefa de Servicio Amparo Ortiz o la propia Sindicatura de Comptes, según lo que después 1718 se relatará, sino porque así constaba en las cuentas corrientes habilitadas al efecto por la Fundación CYES para cobrar la subvención. Marcial López López, en su ánimo defraudatorio y con intención de seguir lucrándose con las subvenciones concedidas, constituyó el 23 de marzo de 2009 la mercantil Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, S.L. (ACIP). El Presidente de la mercantil era el propio Marcial López López, así como la persona que la controlaba de facto ya que disponía del 52 % de las acciones, siendo el resto de los accionistas su pareja y acusada, Josefa Cervera Tomás, y los hijos de ambos, por lo que infringía la prohibición de autocontratación del art de la Ley General de Subvenciones. El acusado Marcial López López, a través de la mercantil ACIP emitió una factura a cargo de CYES, con el número 1 de 2009 y que se imputó a cada uno de los dos proyectos G001/2008 y G002/2008, por valor de ,58 y con concepto Asesoramiento y consultoría para la planificación, gestión y ejecución de las actividades desarrolladas por la Fundación CYES. Este servicio facturado por duplicado en las dos subvenciones, no se realizó, al haber finalizado en la fecha de la factura la ejecución de los dos proyectos y al no existir ningún gasto de ACIP relacionado con el servicio facturado. De hecho, el % de los ingresos de ACIP provenían de la Fundación CYES, de cuya cuenta corriente era titular el mismo Marcial López López, siendo la mayoría de los gastos de ACIP los relativos al alquiler de uno de los inmuebles adquiridos por la Fundación CYES con cargo a las subvenciones de la Consellería de Solidaritat, su reforma y gastos de restaurantes, hoteles y viajes en España y a la República Checa, de los que disfrutó Marcial López López y su familia, estos últimos por valor en el año 2009 de 6.633,06. 1819 Siendo el acusado Marcos Antonio Llinares Picó el Jefe del Área de Cooperación de la Consellería de Solidaritat, se encargó junto con la asistencia técnica de Francisca Codina, de comprobar que las subvenciones concedidas a la Fundación CYES se habían ejecutado correctamente. Como ya se adelantó anteriormente, tras el análisis de la reformulación presentada por la Fundación CYES, la técnico Eva Sola Atarés le dijo a su jefe Marcos Antonio Llinares Picó que más de la mitad del dinero de la subvención se iba a destinar a la compra de inmuebles, por lo que a su juicio podía solicitarse el reintegro de la subvención. Ante esta situación, Marcos Antonio Llinares Picó decidió ocuparse personalmente de los expedientes, guardándolos en su despacho. El proceso de justificación del gasto comenzó con la presentación del informe final de los dos proyectos por parte de la Fundación CYES, firmados por Marcial López López el 4 de mayo de 2009 y presentados el 22 de octubre de En el informe final de los proyectos G001/2008 y G002/2008 se declaró que se habían remitido a Nicaragua y , respectivamente, habiéndose gastado el resto en la adquisición de inmuebles y en gastos de asesoría. Por lo tanto, la propia Fundación declaró que los inmuebles adquiridos, anteriormente enumerados, fueron adquiridos a cargo de las subvenciones, incluida una plaza de garaje que nada tenía que ver ni con el suministro de agua ni con la soberanía alimentaria en Nicaragua. Además del informe final, la Fundación CYES debía presentar una evaluación externa de los objetivos del proyecto, para lo que contrató a la empresa Audihispania Grant Thornton. Ésta realizó dos informes de 28 de abril de 2009, donde señalaba que se había incumplido el art. 30 del Decreto 201/1997, donde dice que: Todos los bienes, de cualquier clase, adquiridos con cargo al Programa de Cooperación Internacional al 1920 Desarrollo serán propiedad de los destinatarios del proyecto o del socio local que participe en su ejecución, quedando adscritos al proyecto por un plazo mínimo de 15 años. A estos efectos la adquisición de bienes inmuebles deberá contener dicha condición en los correspondientes documentos públicos a través de los cuales se formalice la adquisición, al no estar los inmuebles adquiridos a nombre de las subvenciones a nombre de los socios locales de Nicaragua. También señalaban estos informes la ausencia de un sistema de contabilidad analítica, que permita la imputación de la totalidad de sus costes entre las actividades desarrolladas y la comprobación posterior de los criterios de distribución de los gastos incurridos por la Fundación. Estos informes no fueron del agrado de Marcial López López, ya que ponían de relieve que los inmuebles que había adquirido, al haberlos comprado con dinero procedente de las subvenciones concedidas por la Conselleria de Solidaritat, debían de estar a nombre de los socios locales de Nicaragua y no podían ser propiedad de la Fundación CYES. Así que decidió crear ex profeso unos informes con los logotipos de Audihispania Grant Thornton, donde decía hay evidencias suficientes de que la citada Fundación ha cumplido con el objetivo específico del proyecto y de los resultados alcanzados, es decir, omitía las afirmaciones negativas del informe inicial. Recibida esta documentación, la Jefa de Servicio de Cooperación Amparo Ortiz Pavía, tras revisar la documentación, advirtió al Jefe de Área Marcos Antonio Llinares Picó que se habían adquirido unos inmuebles en Valencia a cargo de las subvenciones sin que en el proyecto se hiciera referencia a ello y sobre los excesivos gastos de asesoría realizados por Gestiones e Iniciativas Arcmed S. L., a lo que Marcos Antonio Llinares Picó contestó que las facturas de estos inmuebles y del asesoramiento debían 20 Mostrar más
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