Source: https://syfeed.com/es/news-details/alvaro-martinez-chana-presidira-la-diputacion-de-cuenca_21508828.html
Timestamp: 2020-08-13 03:00:51+00:00

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etiqueta Álvaro Martínez Chana presidirá la Diputación de Cuenca El alcalde de Almonacid del Marquesado, Álvaro Martínez Chana, es el elegido por el PSOE para presidir la Diputación de Cuenca, donde los socialistas gobernarán con mayoría absoluta al obtener 13 de los 25 diputados después de ocho años del PP. La designación de Martínez Chana fue aprobada este domingo por el Comité Provincial del PSOE conquense, al que asistieron cerca de medio millar de personas. Martínez Chana, de 40 años e Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de explotaciones agropecuarias de profesión, es alcalde de Almonacid del Marquesado desde 2007 y trabaja como agente financiero en Eurocaja Rural. Asimismo, ya fue diputado provincial entre 2008 y 2011. En el PSOE ocupó el cargo de Secretario General de Juventudes Socialistas de Cuenca entre 2007 y 2010, y fue Vicesecretario General del PSOE de Cuenca entre 2012 y 2018. Además de Martínez Chana, el PSOE eligió como diputados provinciales a Joaquín González Mena, alcalde de Arcas; Nuria Illana, concejala de Sotos; Miguel Ángel Valero Tébar, concejal de Cuenca; Elena Carrasco, concejala de Belmontejo; Santiago Gómez, alcalde de Palomera; Francisco López López, alcalde de Campillo de Altobuey; Rocío Pardo, concejala de Iniesta; Fátima Sahuquillo, concejala en Casasimarro; María Trinidad Albendea, concejala en La Alberca de Záncara; José Vicente Fernández Marchante, concejal en Las Mesas; Lorena Cantarero, concejala de Tarancón; y Carlos Muelas, alcalde de Montalbo. El PSOE gobierna en 121 ayuntamientos de la provincia, incluidas tres pedanías, lo que supone cerca del 70 por ciento de la población de la provincia. Martínez Chana dijo que el objetivo será dar «un giro de 180 grados» a las políticas del PP en la Diputación. «Vamos a trabajar de la mano de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cuenca, sin sectarismos, y con todos y cada uno de los ciudadanos», añadió. compartir salvar
Vizcarra pide a Perú acabar con "la irresponsabilidad" y decreta nuevas medidas de cuarentena El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado este miércoles una vuelta a las medidas de cuarentena en más de una treintena de provincias de 14 de los 24 departamentos del país para intentar frenar el avance del nuevo coronavirus debido a los últimos repuntes que se han producido, a su juicio, por "la irresponsabilidad" de la población tras las políticas de reapertura.
Estados Unidos alcanzó este miércoles las cifras de 5.191.689 casos confirmados de COVID-19 y de 165.909 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.Seguir leyendo....
EEUU reporta más de 1.400 muertos por COVID-19 en la última jornada Estados Unidos alcanzó este miércoles las cifras de 5.191.689 casos confirmados de COVID-19 y de 165.909 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.Seguir leyendo....
México y Argentina anuncian que fabricarán para América Latina una vacuna británica contra la COVID-19 México y Argentina han anunciado este miércoles que han alcanzado un acuerdo para fabricar, en colaboración con la fundación del empresario multimillonario Carlos Slim, una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica británica Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford, y que será distribuida para toda la región, a excepción de Brasil.
Más de un centenar de indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia, permanecen en un campamento improvisado en el parque Tercer Milenio del centro de Bogotá, a la espera de que la alcaldía les provea de alojamientos definitivos durante la pandemia del coronavirus.Seguir leyendo....
Indígenas desplazados acampan en un parque de Bogotá en plena pandemia Más de un centenar de indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia, permanecen en un campamento improvisado en el parque Tercer Milenio del centro de Bogotá, a la espera de que la alcaldía les provea de alojamientos definitivos durante la pandemia del coronavirus.Seguir leyendo....
Los peruanos tendrán que permanecer nuevamente confinados en sus casas los domingos, además de olvidarse de organizar reuniones con familiares o amigos, debido al rebrote de la COVID-19 en el país que ha disparado los contagios a más de 489.000, con más de 6.000 positivos diarios.Seguir leyendo....
Perú volverá a confinamiento social los domingos por rebrotes de COVID-19 Los peruanos tendrán que permanecer nuevamente confinados en sus casas los domingos, además de olvidarse de organizar reuniones con familiares o amigos, debido al rebrote de la COVID-19 en el país que ha disparado los contagios a más de 489.000, con más de 6.000 positivos diarios.Seguir leyendo....
Brasil supera los 104.000 fallecidos, pero baja la media de muertes diarias por primera vez en 40 días El Ministerio de Salud de Brasil ha contabilizado este miércoles 1.175 nuevas víctimas mortales, por lo que son ya 104.201 las personas que han fallecido a causa de la enfermedad en el país sudamericano, aunque la media diaria de muertes es la más baja desde hace 40 días tras analizar las cifras de la última semana.
El «Lazos de sangre» dedicado a Manolo Escobar fue un canto a la sencillez del que se consideraba el cantante más querido de España: «El secreto de Manolo Escobar es no tener secreto. Yo soy igual en mi casa que en el estudio, que en la calle», decía el propio artista en unas imágenes de archivo. El documental y el debate posterior repasaron la vida y obra del artista, arrancando en su complicada infancia y sin eludir los asuntos más polémicos. En la casa, 17 y una cabra Manolo Escobar nació en El Ejido , en el seno de una familia muy humilde. En 1946 emigró a Cataluña. Se llevan la granja a Badalona. En el balcón dan cabida a «conejos, patos, gallinas», recordó durante el documental Serafín García Escobar, hermano menor del cantante. Aún había sitio para un ocupante más, una cabra. Vivían 17 en un segundo piso. «Tres matrimonios y uno que estaba alquilado», precisó Serafín. Antonio y María, los hermanos mayores, dormían en un dormitorio con sus respectivas parejas, al igual que sus padres. El resto, en el salón. «Había una mesa enorme que se desmontaba cada noche para que pudiésemos dormir», apuntó Serafín. Después se fueron a Barcelona, y ahí se hizo «culé» para siempre el gran futbolero que fue Manolo. Antes de triunfar en la canción desempeñó variopintos trabajos. Albañil. Peón en una fábrica de productos químicos donde embotellaba lejía y Mistol. Más tarde fue auxiliar de Correos. En esos trabajos Manolo cantaba. Y los jefes le reprochaban que lo hiciese. Él les decía: «Pero yo canto pero sigo trabajando». Y esto le contestaban: «Tú sigues trabajando. Los demás, no, porque te escuchan». Después llegaron 80 discos publicados, 35 de oro. Aquella maldita fábrica de vaqueros La música lo sacó de la pobreza y lo convirtió en millonario. Pero todo se fue al traste: «Me quedé totalmente a cero», dice Manolo Escobar en un momento del documental «Lazos de sangre». Son unas imágenes del archivo de RTVE en que confiesa el que fue su gran error económico. La culpa fue de los pantalones vaqueros. De una fábrica de pantalones vaqueros, para ser más precisos. Eran dos socios. El cantante y otro que era muy amigo de él. El asunto salió fatal, peor imposible. La empresa quebró. Pero su socio, según se comentó en el documental, se declaró insolvente tras poner sus bienes a nombre de su mujer. Manolo había avalado con sus bienes personales. Fue un error que pagó muy caro. Según comentó durante el debate de «Lazos de sangre» Juan Valderrama hijo, el agujero fue de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros). Corría 1980, y Vanessa tenía solo dos años, pero en el documental enumera todos los bienes que se fueron, porque sus padres se lo contaron muchas veces: «Terrenos en Palma de Mallorca, en los Ángeles de San Rafael, la casa de La Moraleja, la casa de Benidorm, los coches, algunos cuadros... Y aún así seguía debiendo más de 380 millones de pesetas». «Lo dejaron en la ruina», recordó en el programa el hermano pequeño del cantante. Tuvieron que empezar casi de cero. «El no era autor. De rico, nada. Mi padre estuvo pagando por la quiebra de esta fábrica hasta pocos años antes de morir. Lo hizo poco a poco, según podía», detalló Vanessa. Anita Marx, 53 años de amor No habría soportado ese episodio económico de no ser por la ayuda de su mujer, Anita Marx. La conoció en la Costa Brava, cuando estaba empezando. Ella era una turista a la que él le cantó «Ojos verdes». Al día siguiente quedaron en la playa. Ella no hablaba español. Él no hablaba alemán. Se comunicaban por señas. Ella se fue, una vez acabadas las vacaciones. Se escribían. Anita le consiguió un «bolo» en Alemania. Manolo fue allá y se casó en 1959. Ella era de familia acomodada y acabó en el multitudinario piso de los padres de Manolo. Vestía pantalones, conducía un descapotable y fumaba. Por esa mujer había dejado a su novia, con la que llevaba seis años prometido. Así que de entrada el asunto no pintaba bien. Y vaya si fue bien. 53 años de amor, hasta la muerte de él. La de ella llegó tres años después. «Murió de amor», sentenció Rosa Villacastín. La guinda a ese amor fue su hija, adoptada después de que Anita sufriese «excesivos abortos», en palabras del artista.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Y tan de película! Atentos, Vanessa va a contarnos la historia de cuento de hadas de sus padres. ¡Nos tiene enamorados! <a href="https://twitter.com/hashtag/LazosManoloEscobar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LazosManoloEscobar</a> <a href="https://t.co/V5sNeGEs6n">https://t.co/V5sNeGEs6n</a> <a href="https://t.co/vi9aButSAS">pic.twitter.com/vi9aButSAS</a></p>— Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) <a href="https://twitter.com/lazosdsangreTVE/status/1293653075157295106?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> La baza del ADN Todas querían subirse a su carro, como rezaba un letrero sobreimpresionado que se pasó durante el programa. «Una mujer le pidió a mi madre media hora con mi padre», contó su hija, Vanessa García, en «Lazos de sangre». Pero él siempre fue fiel a Anita. Por eso a la familia le pareció de pésimo gusto la de una mujer asturiano que reclamó ser hija del cantante. «Aseguró que había convivido con mis padres 18 años. A mi madre le daba la risa porque no la había visto en la vida», recordó la hija del cantante. Tras fallecer su madre, esa mujer interpuso una demanda contra la propia Vanessa. Dos años después el juicio quitó la razón a la demandante. La familia de Manolo tenía un as en la manga. Un hospital tenía guardado ADN del artista procedente de una biopsia. Vanessa contó que la denunciante llegó a ir a la basura de su tío Serafín y rescatar un inhalador. Como comprobaron que el ADN del hermano de Manolo no se correspondía con el de la presunta hija, en la demanda plantearon esta teoría: «Que mi abuela le era infiel a mi abuelo», desveló la única hija del artista. El juez finalmente determinó que la demandante no era hija de Manolo Escobar para alivio de su familia y, sobre todo, para la restitución del honor del fallecido artista.
La descomunal deuda que Manolo Escobar tuvo que pagar hasta poco antes de su muerte El «Lazos de sangre» dedicado a Manolo Escobar fue un canto a la sencillez del que se consideraba el cantante más querido de España: «El secreto de Manolo Escobar es no tener secreto. Yo soy igual en mi casa que en el estudio, que en la calle», decía el propio artista en unas imágenes de archivo. El documental y el debate posterior repasaron la vida y obra del artista, arrancando en su complicada infancia y sin eludir los asuntos más polémicos. En la casa, 17 y una cabra Manolo Escobar nació en El Ejido , en el seno de una familia muy humilde. En 1946 emigró a Cataluña. Se llevan la granja a Badalona. En el balcón dan cabida a «conejos, patos, gallinas», recordó durante el documental Serafín García Escobar, hermano menor del cantante. Aún había sitio para un ocupante más, una cabra. Vivían 17 en un segundo piso. «Tres matrimonios y uno que estaba alquilado», precisó Serafín. Antonio y María, los hermanos mayores, dormían en un dormitorio con sus respectivas parejas, al igual que sus padres. El resto, en el salón. «Había una mesa enorme que se desmontaba cada noche para que pudiésemos dormir», apuntó Serafín. Después se fueron a Barcelona, y ahí se hizo «culé» para siempre el gran futbolero que fue Manolo. Antes de triunfar en la canción desempeñó variopintos trabajos. Albañil. Peón en una fábrica de productos químicos donde embotellaba lejía y Mistol. Más tarde fue auxiliar de Correos. En esos trabajos Manolo cantaba. Y los jefes le reprochaban que lo hiciese. Él les decía: «Pero yo canto pero sigo trabajando». Y esto le contestaban: «Tú sigues trabajando. Los demás, no, porque te escuchan». Después llegaron 80 discos publicados, 35 de oro. Aquella maldita fábrica de vaqueros La música lo sacó de la pobreza y lo convirtió en millonario. Pero todo se fue al traste: «Me quedé totalmente a cero», dice Manolo Escobar en un momento del documental «Lazos de sangre». Son unas imágenes del archivo de RTVE en que confiesa el que fue su gran error económico. La culpa fue de los pantalones vaqueros. De una fábrica de pantalones vaqueros, para ser más precisos. Eran dos socios. El cantante y otro que era muy amigo de él. El asunto salió fatal, peor imposible. La empresa quebró. Pero su socio, según se comentó en el documental, se declaró insolvente tras poner sus bienes a nombre de su mujer. Manolo había avalado con sus bienes personales. Fue un error que pagó muy caro. Según comentó durante el debate de «Lazos de sangre» Juan Valderrama hijo, el agujero fue de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros). Corría 1980, y Vanessa tenía solo dos años, pero en el documental enumera todos los bienes que se fueron, porque sus padres se lo contaron muchas veces: «Terrenos en Palma de Mallorca, en los Ángeles de San Rafael, la casa de La Moraleja, la casa de Benidorm, los coches, algunos cuadros... Y aún así seguía debiendo más de 380 millones de pesetas». «Lo dejaron en la ruina», recordó en el programa el hermano pequeño del cantante. Tuvieron que empezar casi de cero. «El no era autor. De rico, nada. Mi padre estuvo pagando por la quiebra de esta fábrica hasta pocos años antes de morir. Lo hizo poco a poco, según podía», detalló Vanessa. Anita Marx, 53 años de amor No habría soportado ese episodio económico de no ser por la ayuda de su mujer, Anita Marx. La conoció en la Costa Brava, cuando estaba empezando. Ella era una turista a la que él le cantó «Ojos verdes». Al día siguiente quedaron en la playa. Ella no hablaba español. Él no hablaba alemán. Se comunicaban por señas. Ella se fue, una vez acabadas las vacaciones. Se escribían. Anita le consiguió un «bolo» en Alemania. Manolo fue allá y se casó en 1959. Ella era de familia acomodada y acabó en el multitudinario piso de los padres de Manolo. Vestía pantalones, conducía un descapotable y fumaba. Por esa mujer había dejado a su novia, con la que llevaba seis años prometido. Así que de entrada el asunto no pintaba bien. Y vaya si fue bien. 53 años de amor, hasta la muerte de él. La de ella llegó tres años después. «Murió de amor», sentenció Rosa Villacastín. La guinda a ese amor fue su hija, adoptada después de que Anita sufriese «excesivos abortos», en palabras del artista.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Y tan de película! Atentos, Vanessa va a contarnos la historia de cuento de hadas de sus padres. ¡Nos tiene enamorados! <a href="https://twitter.com/hashtag/LazosManoloEscobar?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LazosManoloEscobar</a> <a href="https://t.co/V5sNeGEs6n">https://t.co/V5sNeGEs6n</a> <a href="https://t.co/vi9aButSAS">pic.twitter.com/vi9aButSAS</a></p>&mdash; Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) <a href="https://twitter.com/lazosdsangreTVE/status/1293653075157295106?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> La baza del ADN Todas querían subirse a su carro, como rezaba un letrero sobreimpresionado que se pasó durante el programa. «Una mujer le pidió a mi madre media hora con mi padre», contó su hija, Vanessa García, en «Lazos de sangre». Pero él siempre fue fiel a Anita. Por eso a la familia le pareció de pésimo gusto la de una mujer asturiano que reclamó ser hija del cantante. «Aseguró que había convivido con mis padres 18 años. A mi madre le daba la risa porque no la había visto en la vida», recordó la hija del cantante. Tras fallecer su madre, esa mujer interpuso una demanda contra la propia Vanessa. Dos años después el juicio quitó la razón a la demandante. La familia de Manolo tenía un as en la manga. Un hospital tenía guardado ADN del artista procedente de una biopsia. Vanessa contó que la denunciante llegó a ir a la basura de su tío Serafín y rescatar un inhalador. Como comprobaron que el ADN del hermano de Manolo no se correspondía con el de la presunta hija, en la demanda plantearon esta teoría: «Que mi abuela le era infiel a mi abuelo», desveló la única hija del artista. El juez finalmente determinó que la demandante no era hija de Manolo Escobar para alivio de su familia y, sobre todo, para la restitución del honor del fallecido artista.
Crean puentes aéreos en Bolivia para llevar alimentos e insumos médicos
El Gobierno interino de Bolivia ha decido abastecer también de alimentos por vía aérea a regiones como La Paz, al igual que de insumos médicos, ante las protestas que bloquean carreteras.Seguir leyendo....
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Dos de cada 5 colegios en el mundo no tienen donde lavarse las manos, releva Unicef y OMS
En pleno debate sobre la reapertura de las escuelas, Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron este miércoles de que en dos de cada cinco centros educativos del mundo los alumnos no tienen donde lavarse las manos con agua y jabón.Seguir leyendo....
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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país junto con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.Seguir leyendo....
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El Gobierno de Colombia reconoce que tardará un año en alcanzar "altas coberturas de vacunación" El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha reconocido este miércoles que se tardará un año en lograr "altas coberturas de vacunación" en el país y ha informado de que tendrán prioridad la población de alto riesgo y aquella económicamente activa, lo que supone seis de cada diez personas.
El gobierno tunecino clasificó a España como país de "alto riesgo" de contagio por coronavirus por lo que las fronteras estarán vedadas a excepción de la repatriación de ciudadanos de nacionalidad tunecina, extranjeros con residencia permanente o miembros del cuerpo diplomático.Seguir leyendo....
Túnez clasifica a España como país de alto riesgo de contagio por COVID-19 El gobierno tunecino clasificó a España como país de "alto riesgo" de contagio por coronavirus por lo que las fronteras estarán vedadas a excepción de la repatriación de ciudadanos de nacionalidad tunecina, extranjeros con residencia permanente o miembros del cuerpo diplomático.Seguir leyendo....
El respeto a la privacidad, una de las claves de Radar Covid ¿Qué datos recopila la aplicación? Radar Covid no registra ningún dato personal del usuario que la descarga. Ni nombre, ni número de teléfono, ni edad, ni dirección, ni correo electrónico, ni localización. Asimismo, la aplicación promete que toda la información se queda recopilada en el teléfono, lo que imposibilita que se comparta, bajo ningún concepto, con algún tercero. ¿Cómo funciona? La aplicación está basada en una herramienta desarrollada recientemente por Apple y Google que permite a dos terminales compartir información a través de la conexión Bluetooth. De este modo, cuando dos personas tienen descargada la aplicación y permanecen más de 15 minutos a una distancia de 1,5 metros, los «smartphones» comparten unas claves. En caso de que alguno de los dos sea diagnosticado como positivo en Covid-19, su médico le entregará una clave alfanumérica aleatoria que tendrá que introducir en la «app» para avisar a la gente con la que ha estado en los últimos 14 días de la exposición al virus. ¿Alguien sabrá que he dado positivo? Al no recopilar datos personales de ningún tipo, la aplicación desconoce completamente la identidad de quien comunica el positivo. De este modo, las personas que han sido expuestas lo único que reciben es un mensaje en el que se les alerta de la situación para que tomen las medidas recomendadas por las autoridades y se sometan a las pruebas pertinentes. ¿Cuándo estará disponible? El Gobierno espera que la aplicación sea plenamente funcional a partir de mediados de septiembre en todo el territorio nacional. En estos momentos se está trabajando para adaptar la «app» a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, lo que ha ralentizado la llegada de la aplicación a todo el país. En Canarias la «app» ya está funcionando, pero debido a complicaciones técnicas solo guarda los contactos que se producen en un máximo de siete días. ¿Cuántas personas la han descargado ya? El miércoles, la herramienta de rastreo superó el medio millón de descargas en Android y se colocó como líder en el ranking de popularidad en la «App Store» de iOs. Cuenta ya con 800 reseñas y una valoración de 4,1 sobre 5.
En ocasiones las autoridades cumplen con los consejos que dan al resto de los mortales, en este caso, el de hacer viajes de proximidad, en este verano del coronavirus. Eso es lo que ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que desde el lunes...
El ministro Illa y el arzobispo Omella coinciden en un pueblo del Matarraña En ocasiones las autoridades cumplen con los consejos que dan al resto de los mortales, en este caso, el de hacer viajes de proximidad, en este verano del coronavirus. Eso es lo que ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que desde el lunes...
Un respiro con Mingote. Trogloditas a la sombra
El agua del minitrasvase se capta del río Ebro, en su tramo final, en Vinallop, y se envía hasta la planta potabilizadora de l’Ampolla, sin salir de la comarca del Baix Ebre, donde es tratada antes de ser bombeada hacia el Camp de Tarragona. La...
El Delta rescatará los fangos del minitravase del Ebro El agua del minitrasvase se capta del río Ebro, en su tramo final, en Vinallop, y se envía hasta la planta potabilizadora de l’Ampolla, sin salir de la comarca del Baix Ebre, donde es tratada antes de ser bombeada hacia el Camp de Tarragona. La...
El 43 por ciento de las escuelas de todo el mundo no tienen medios para que los alumnos puedan lavarse las manos con agua y jabón, una de las premisas claves para contener la expansión del nuevo coronavirus ante el arranque del nuevo curso académico, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Dos de cada cinco escuelas de todo el mundo carecen de medios para lavarse las manos El 43 por ciento de las escuelas de todo el mundo no tienen medios para que los alumnos puedan lavarse las manos con agua y jabón, una de las premisas claves para contener la expansión del nuevo coronavirus ante el arranque del nuevo curso académico, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Casi un mes después de que se acabara la Liga de Segunda División, el Girona arrancará esta tarde (19.30 horas) la disputa del play­off de ascenso a Primera –el tercero en los últimos seis años– enfrentándose al Almería en Montilivi en el partido...
El Girona inicia su asalto a Primera Casi un mes después de que se acabara la Liga de Segunda División, el Girona arrancará esta tarde (19.30 horas) la disputa del play­off de ascenso a Primera –el tercero en los últimos seis años– enfrentándose al Almería en Montilivi en el partido...
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Jorge Rafael Videla: el dictador del que nadie supo nada, nunca El nuevo libro de Martín Kohan indaga en la juventud pulcrísimo e insondable del militar argentino Leer
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Tres de cada cuatro empresas de automoción ha estado en ERTE La automoción es uno de los sectores más afectados por la pandemia. La incertidumbre económica lastrará ventas y afectará al empleo. Leer
Conduce un Lamborghini en el que ha sido fotografiado hablando distendidamente con policías en Rusia, se casó con una joven acaudalada en una boda digna de un jeque y el FBI ofrece millones de dólares por su cabeza. Ahora, su organización ha establecido a España como objetivo prioritario Leer
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Finalizan algunas medidas de contención de la COVID-19 en Ecuador el día que suma más de 1.500 casos El Ministerio de Salud de Ecuador ha sumado este miércoles 1.547 nuevos contagios de la COVID-19, por lo que son ya 97.110 los casos acumulados desde que se inició la crisis sanitaria, el mismo día en el que finaliza la prohibición de venta de bebidas alcohólicas y se reduce el toque de queda fijado para contener el avance del virus.
El piloto español Fernando Alonso terminó quinto la primera jornada de entrenamientos oficiales de cara a las 500 millas de Indianápolis, que se disputan el 23 de agosto, en una prometedora toma de contacto de cara al asalto a la 'Triple Corona'.
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Kamala Harris, el secreto mejor guardado de Joe Biden Aunque la base demócrata no es moderada, sino claramente progresista, eso no significa que sea radical. Leer
Un himno para País Vasco y Navarra: lo que no unió la política que lo haga la música Músicos vascos defienden en un manifiesto que el 'Gernikako Arbola' sea el símbolo de unión de "toda Euskal Herria" Leer
Ante la inoperancia del Ministerio de Sanidad, que como ya informó el domingo este diario se ha desentendido de la gestión encomendada a las autonomías de los inmigrantes en tanto posibles portadores de Covid-19, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar y dirigirse él mismo a las Comunidades para informarse de qué medidas están adoptando para abordar estos casos y qué lugares están designando para el cumplimiento de las obligatorias cuarentenas. En concreto, la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, se ha declarado en un comunicado preocupada «por la situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma», que ya ha generado múltiples episodios de inquietud social a raíz, sobre todo, de la fuga de inmigrantes que se han venido registrando en centros de Murcia, Granada o Cádiz donde habían sido confinados. El Defensor ha solicitado datos a las consejerías de Sanidad de Andalucía, de Canarias, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y de la Región de Murcia, que también ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige Javier Escrivá. El escrito detalla que el Defensor del Pueblo quiere saber qué se está haciendo «para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios» en el contexto de la inmigración irregular, así como que se le especifiquen las instalaciones que se están utilizando para alojar a estas personas cuando «no se realice la derivación urgente a centro hospitalario», esto es, positivos asintomáticos y contactos estrechos. Se da la circunstancia de que el documento de Fernández Marugán habla en este sentido de «alojamientos designados en coordinación con la Administración General del Estado», cuando la denuncia de regiones como Andalucía, Canarias y sobre todo Murcia es que son ellas mismas las que están teniendo que dotar en solitario naves, pabellones o equipamientos escolares para las cuarentenas sin ayuda alguna del Ejecutivo, y en algunos casos incluso alquilando hoteles. Todo a cuenta de las arcas regionales y sumando el coste de la seguridad privada interior. En Murcia y en Canarias se ha solicitado poder aprovechar recursos vacíos del Ministerio de Defensa y les ha sido denegado. No deja de ser llamativo también que el Defensor indique que, junto a la «respuesta humanitaria» que antes y ahora se da a los inmigrantes a su llegada a España, sea también necesario adoptar en este momento «medidas complementarias en el ámbito sanitario, que -zanja Marugán- son competencia autonómica», cuando las propias autonomías afectadas cuestionan que tengan que hacerse cargo de esta responsabilidad y se han rebelado tratando de devolvérsela al Gobierno de Pedro Sánchez. Es, recuerdan, Inmigración, lo que la Constitución contempla como cosa exclusiva del Estado. En su comunicado, el Defensor del Pueblo refiere haber recibido «quejas reiteradas» procedentes de Andalucía que aseguran estar viendo en la calle a personas llegadas en patera 72 horas antes «y que son puestas en libertad al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida». Ayer, también en Andalucía, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Víznar (Granada) pedía a la Junta que dirige Juan Manuel Moreno un «esfuerzo» para garantizar la protección de 35 inmigrantes que cumplen cuarentena en un albergue juvenil y también de los vecinos y profesionales que están a cargo de la instalación. Al margen, en relación con el brote de Covid detectado en Albacete que obligó a confinar a 400 temporeros, la Fiscalía ha tomado declaración alcalde, la delegada de Sanidad del Gobierno regional y el subdelegado del Gobierno para que explicaran sus competencias y gestión del confinamiento, que inicialmente se hizo hacinando a todo el grupo en un pabellón en contra de las indicaciones del juez.
El Defensor del Pueblo, preocupado por el control del Covid en inmigrantes, del que Sanidad se desentiende Ante la inoperancia del Ministerio de Sanidad, que como ya informó el domingo este diario se ha desentendido de la gestión encomendada a las autonomías de los inmigrantes en tanto posibles portadores de Covid-19, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar y dirigirse él mismo a las Comunidades para informarse de qué medidas están adoptando para abordar estos casos y qué lugares están designando para el cumplimiento de las obligatorias cuarentenas. En concreto, la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, se ha declarado en un comunicado preocupada «por la situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma», que ya ha generado múltiples episodios de inquietud social a raíz, sobre todo, de la fuga de inmigrantes que se han venido registrando en centros de Murcia, Granada o Cádiz donde habían sido confinados. El Defensor ha solicitado datos a las consejerías de Sanidad de Andalucía, de Canarias, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y de la Región de Murcia, que también ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige Javier Escrivá. El escrito detalla que el Defensor del Pueblo quiere saber qué se está haciendo «para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios» en el contexto de la inmigración irregular, así como que se le especifiquen las instalaciones que se están utilizando para alojar a estas personas cuando «no se realice la derivación urgente a centro hospitalario», esto es, positivos asintomáticos y contactos estrechos. Se da la circunstancia de que el documento de Fernández Marugán habla en este sentido de «alojamientos designados en coordinación con la Administración General del Estado», cuando la denuncia de regiones como Andalucía, Canarias y sobre todo Murcia es que son ellas mismas las que están teniendo que dotar en solitario naves, pabellones o equipamientos escolares para las cuarentenas sin ayuda alguna del Ejecutivo, y en algunos casos incluso alquilando hoteles. Todo a cuenta de las arcas regionales y sumando el coste de la seguridad privada interior. En Murcia y en Canarias se ha solicitado poder aprovechar recursos vacíos del Ministerio de Defensa y les ha sido denegado. No deja de ser llamativo también que el Defensor indique que, junto a la «respuesta humanitaria» que antes y ahora se da a los inmigrantes a su llegada a España, sea también necesario adoptar en este momento «medidas complementarias en el ámbito sanitario, que -zanja Marugán- son competencia autonómica», cuando las propias autonomías afectadas cuestionan que tengan que hacerse cargo de esta responsabilidad y se han rebelado tratando de devolvérsela al Gobierno de Pedro Sánchez. Es, recuerdan, Inmigración, lo que la Constitución contempla como cosa exclusiva del Estado. En su comunicado, el Defensor del Pueblo refiere haber recibido «quejas reiteradas» procedentes de Andalucía que aseguran estar viendo en la calle a personas llegadas en patera 72 horas antes «y que son puestas en libertad al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida». Ayer, también en Andalucía, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Víznar (Granada) pedía a la Junta que dirige Juan Manuel Moreno un «esfuerzo» para garantizar la protección de 35 inmigrantes que cumplen cuarentena en un albergue juvenil y también de los vecinos y profesionales que están a cargo de la instalación. Al margen, en relación con el brote de Covid detectado en Albacete que obligó a confinar a 400 temporeros, la Fiscalía ha tomado declaración alcalde, la delegada de Sanidad del Gobierno regional y el subdelegado del Gobierno para que explicaran sus competencias y gestión del confinamiento, que inicialmente se hizo hacinando a todo el grupo en un pabellón en contra de las indicaciones del juez.
El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a facilitar todos los informes de los que disponga y en los que se recoja el procedimiento por el que se llevó a cabo el traslado de los restos mortales de Francisco Franco desde El Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) el pasado mes de octubre de 2019. A través de una resolución fechada a finales de julio, este organismo, encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos que solicitan información a la administración a través del Portal de Transparencia, da la razón al reclamante, que una vez agotados los plazos establecidos por ley no obtuvo ninguna contestación por parte de la Administración. Tampoco le dieron ninguna razón que explicase la ausencia de respuesta, lo que ahonda en la posibilidad de que la Administración apostara -como es cada vez más habitual- por el silencio administrativo para intentar sepultar el expediente. Ante la falta de respuesta, el ciudadano solicitó amparo al Consejo de Transparencia, que volvió a remitir al Ministerio de Justicia, gabinete encargado de este tema, la petición. Al ser interpelado por este órgano, Justicia reculó y dio la razón al ciudadano, por lo que aceptó facilitar la información. Eso sí, alegó que no la entregaría, como pronto, hasta el 15 de octubre de 2020, un año después de la exhumación. Justicia, tras hacer un repaso del caso, que ya ha dado sus últimos coletazos judiciales, se escuda en que en dichos informes existen datos personales que debe velar e intereses particulares sobre los que debe consultar a los afectados antes de hacer pública la información. «Resulta evidente que el expediente administrativo se corresponde con un procedimiento en el que han tenido intervención, como interesados, personas físicas y jurídicas perfectamente identificadas, por lo que es razonable interpretar que la concesión del acceso al mismo puede afectar a sus derechos e intereses, en tanto que comportará el conocimiento de escritos y alegaciones realizados por ellos», expone el Ministerio, basándose en la propia ley de Transparencia, en sus alegaciones. Acto seguido, el gabinete que dirige Juan Carlos Campo advierte al Consejo que «concederá a los interesados del referido expediente administrativo el plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, no otorgándose el acceso a la información solicitada hasta que transcurra dicho plazo». Alargar el proceso Una vez que los afectados hayan realizado las alegaciones oportunas, Justicia señala que procederá a «anonimizar los datos de carácter personal del expediente de exhumación y traslado de los restos mortales de Franco». Por todo ello, el Ministerio considera que no podrá concluir estas labores antes del 15 de octubre de 2020. Cabe recordar que la solicitud inicial del ciudadano se registró el pasado 19 de noviembre de 2019. El Consejo, tras examinar las alegaciones de Justicia, subraya que este margen que se autoasigna el Ministerio «resulta excesivo» y que, además, el gabinete de Campo tampoco expone en su razonamiento «las circunstancias por las que ha fijado dicha fecha». De igual modo, reconoce que puede abrir el trámite de audiencia con los afectados por este procedimiento, pero le advierte, por si quisiera emplear este mecanismo para demorar o diluir sus obligaciones, que este proceso «no impide que se pueda entregar la información requerida, aunque esos terceros se pudieran oponer a esa entrega». Respetando este escollo y la labor de anonimización de la documentación, el Consejo de Transparencia considera que Justicia debe entregar la información sobre la exhumación de Franco «en el plazo más breve posible». Concretamente, en su resolución, insta al Ministerio a facilitarla «no más tarde del 15 de octubre» con el objetivo de que no se demore «sine die» el procedimiento. Es preciso apostillar que las resoluciones del Consejo de Transparencia tiene carácter ejecutivo, por lo que deben ser acatadas por la Administración.
El Gobierno, obligado a entregar el expediente de la exhumación de Franco El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a facilitar todos los informes de los que disponga y en los que se recoja el procedimiento por el que se llevó a cabo el traslado de los restos mortales de Francisco Franco desde El Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) el pasado mes de octubre de 2019. A través de una resolución fechada a finales de julio, este organismo, encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos que solicitan información a la administración a través del Portal de Transparencia, da la razón al reclamante, que una vez agotados los plazos establecidos por ley no obtuvo ninguna contestación por parte de la Administración. Tampoco le dieron ninguna razón que explicase la ausencia de respuesta, lo que ahonda en la posibilidad de que la Administración apostara -como es cada vez más habitual- por el silencio administrativo para intentar sepultar el expediente. Ante la falta de respuesta, el ciudadano solicitó amparo al Consejo de Transparencia, que volvió a remitir al Ministerio de Justicia, gabinete encargado de este tema, la petición. Al ser interpelado por este órgano, Justicia reculó y dio la razón al ciudadano, por lo que aceptó facilitar la información. Eso sí, alegó que no la entregaría, como pronto, hasta el 15 de octubre de 2020, un año después de la exhumación. Justicia, tras hacer un repaso del caso, que ya ha dado sus últimos coletazos judiciales, se escuda en que en dichos informes existen datos personales que debe velar e intereses particulares sobre los que debe consultar a los afectados antes de hacer pública la información. «Resulta evidente que el expediente administrativo se corresponde con un procedimiento en el que han tenido intervención, como interesados, personas físicas y jurídicas perfectamente identificadas, por lo que es razonable interpretar que la concesión del acceso al mismo puede afectar a sus derechos e intereses, en tanto que comportará el conocimiento de escritos y alegaciones realizados por ellos», expone el Ministerio, basándose en la propia ley de Transparencia, en sus alegaciones. Acto seguido, el gabinete que dirige Juan Carlos Campo advierte al Consejo que «concederá a los interesados del referido expediente administrativo el plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, no otorgándose el acceso a la información solicitada hasta que transcurra dicho plazo». Alargar el proceso Una vez que los afectados hayan realizado las alegaciones oportunas, Justicia señala que procederá a «anonimizar los datos de carácter personal del expediente de exhumación y traslado de los restos mortales de Franco». Por todo ello, el Ministerio considera que no podrá concluir estas labores antes del 15 de octubre de 2020. Cabe recordar que la solicitud inicial del ciudadano se registró el pasado 19 de noviembre de 2019. El Consejo, tras examinar las alegaciones de Justicia, subraya que este margen que se autoasigna el Ministerio «resulta excesivo» y que, además, el gabinete de Campo tampoco expone en su razonamiento «las circunstancias por las que ha fijado dicha fecha». De igual modo, reconoce que puede abrir el trámite de audiencia con los afectados por este procedimiento, pero le advierte, por si quisiera emplear este mecanismo para demorar o diluir sus obligaciones, que este proceso «no impide que se pueda entregar la información requerida, aunque esos terceros se pudieran oponer a esa entrega». Respetando este escollo y la labor de anonimización de la documentación, el Consejo de Transparencia considera que Justicia debe entregar la información sobre la exhumación de Franco «en el plazo más breve posible». Concretamente, en su resolución, insta al Ministerio a facilitarla «no más tarde del 15 de octubre» con el objetivo de que no se demore «sine die» el procedimiento. Es preciso apostillar que las resoluciones del Consejo de Transparencia tiene carácter ejecutivo, por lo que deben ser acatadas por la Administración.
El que fuera letrado del Grupo parlamentario Vox en la Cámara andaluza, Francisco Javier Martínez, que dejó su cargo el pasado mes de marzo, tras un enfrentamiento con la dirección nacional que ha derivado en una demanda por despido improcedente, se ha unido al nuevo partido «TÚpatria». En Andalucía, Vox se enfrenta a una crisis como consecuencia de las diligencias previas abiertas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el que era su líder, el juez Francisco Serrano por un supuesto delito de malversación de una subvención de 2,5 millones de euros. Serrano abandonó el partido, pero no dejó su acta de parlamentario. Esta formación política se presentó en Madrid el pasado mes de julio y ha sido impulsado por excargos de Vox, críticos con la formación que lidera Santiago Abascal. Entre los exdirigentes que se han unido a este proyecto se encuentran los expresidentes de Vox en Jaén, Almería y Teruel, así como el responsable de seguridad nacional y la exsecretaria provincial en Alicante, Carmen Gomis. En el acto de presentación en la capital también estuvieron presentes la concejala en Galapagar, Cristina Gómez, pendiente de resolver un expediente de expulsión de Vox; y el concejal en Guadalajara, Antonio de Miguel, entre otros. Hasta la fecha, esta formación cuenta con unos 190 afiliados, según aseguran sus impulsores, y presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, así como en varias provincias de Andalucía, como Sevilla, Jaén o Córdoba. En la Comunidad donde han despertado mayor interés ha sido en la de Madrid, y para septiembre ya está previsto organizar una reunión con afiliados. «Ilegalidades» En el caso de Francisco Javier Martínez, fue fichado directamente por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en febrero de 2019. Tras un enfrentamiento en el seno del grupo parlamentario al considerar que su «trabajo queda ninguneado» y, además, ser cambiado de puesto a «asesor de turismo», presenta una demanda «por la variación de las condiciones de trabajo y, a partir de ahí, se desencadena un torrente de ilegalidades contra mí», asegura a ABC. «Unilateralmente, me dan de baja en la Seguridad Social. Es un delito contra los trabajadores». Demanda pendiente de resolver.
El letrado de Vox en Andalucía se une a TÚpatria, la escisión crítica con Abascal El que fuera letrado del Grupo parlamentario Vox en la Cámara andaluza, Francisco Javier Martínez, que dejó su cargo el pasado mes de marzo, tras un enfrentamiento con la dirección nacional que ha derivado en una demanda por despido improcedente, se ha unido al nuevo partido «TÚpatria». En Andalucía, Vox se enfrenta a una crisis como consecuencia de las diligencias previas abiertas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el que era su líder, el juez Francisco Serrano por un supuesto delito de malversación de una subvención de 2,5 millones de euros. Serrano abandonó el partido, pero no dejó su acta de parlamentario. Esta formación política se presentó en Madrid el pasado mes de julio y ha sido impulsado por excargos de Vox, críticos con la formación que lidera Santiago Abascal. Entre los exdirigentes que se han unido a este proyecto se encuentran los expresidentes de Vox en Jaén, Almería y Teruel, así como el responsable de seguridad nacional y la exsecretaria provincial en Alicante, Carmen Gomis. En el acto de presentación en la capital también estuvieron presentes la concejala en Galapagar, Cristina Gómez, pendiente de resolver un expediente de expulsión de Vox; y el concejal en Guadalajara, Antonio de Miguel, entre otros. Hasta la fecha, esta formación cuenta con unos 190 afiliados, según aseguran sus impulsores, y presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, así como en varias provincias de Andalucía, como Sevilla, Jaén o Córdoba. En la Comunidad donde han despertado mayor interés ha sido en la de Madrid, y para septiembre ya está previsto organizar una reunión con afiliados. «Ilegalidades» En el caso de Francisco Javier Martínez, fue fichado directamente por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en febrero de 2019. Tras un enfrentamiento en el seno del grupo parlamentario al considerar que su «trabajo queda ninguneado» y, además, ser cambiado de puesto a «asesor de turismo», presenta una demanda «por la variación de las condiciones de trabajo y, a partir de ahí, se desencadena un torrente de ilegalidades contra mí», asegura a ABC. «Unilateralmente, me dan de baja en la Seguridad Social. Es un delito contra los trabajadores». Demanda pendiente de resolver.
La presión política liderada por el Partido Popular contra el acuerdo de Pedro Sánchez con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, para que los municipios cedan a la Hacienda Pública los 15.000 millones de su superávit, a cambio de poder acceder a un fondo de 5.000, y la devolución de los remantes en 15 años, ha hecho efecto en el presidente del Gobierno. El rechazo de todas las formaciones políticas ponía en peligro su convalidación en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez ha preferido dar un paso atrás y abrir una negociación, antes que perder una votación en la Cámara Baja. Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el polémico real decreto ley, el presidente del Gobierno anunció ayer, en la comparecencia posterior a su reunión con Su Majestad el Rey en Palma de Mallorca, su disposición a iniciar un diálogo con los grupo parlamentarios antes de someter a votación el decreto ley. Una convalidación que estaba prevista para la primera quincena de septiembre, pero que a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. Hasta su socio de gobierno, Podemos, se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno de la FEMP, y solo se ha mostrado dispuesto a aceptar que se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría incorporar algunas propuestas. Sánchez aseguró ayer que su gabinete tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» con todas las instituciones y, «singularmente, con los ayuntamientos», para negociar y dialogar. No obstante, sostuvo que lo pactado es un «gran acuerdo». El presidente subrayó que tiene un «compromiso firme» con estas instituciones, «olvidadas durante mucho tiempo» y a las que quiere dar un «papel protagonista» en la recuperación económica y social futura. Convalidación Este cambio de posición de Sánchez viene a rectificar la postura que ha venido manteniendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, según el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, dijo «que no se tocaba ni una coma» del documento firmado con la FEMP. De hecho, ayer mismo, Montero se mantuvo firme en la defensa del contenido del real decreto ley y no dio muestras de ceder en su posición inicial. Llegó a afirmar desde Rota (Cádiz) que no entendía las «críticas» que por parte de grupos políticos y alcaldes se estaban realizando al acuerdo, apuntando que «no tendría ningún sentido» que el Congreso de los Diputados no convalidara el decreto ley que lo recoge. La ministra de Hacienda atribuyó a una «estrategia de desgaste» la reacción del PP, «que perjudica el municipalismo». Una ofensiva de los populares que ha terminado por obligar al presidente a rectificar, y que se inició registrando mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos contra la medida. Va a continuar con movilizaciones y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, entre otras actuaciones de protesta. La coordinación de toda esta movilización comenzó con una reunión de los presidentes provinciales y con otra con 125 alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. «Robar y expropiar» En el marco de esta agenda reivindicativa de los populares, el vicesecretario de Política Territorial,Antonio González Terol, se trasladó ayer a Santander para mantener un encuentro con responsables de corporaciones de esta formación política en la cornisa cantábrica. El dirigente popular aseguró a ABC que el presidente Sánchez, si quiere negociar el acuerdo, lo primero que tiene que hacer es reunirse con los diez alcaldes de las ocho formaciones políticas que mostraron su desacuerdo con el real decreto y retirarlo. «Son ya muchos los partidos políticos que se oponen al real decreto ley que el Gobierno de España ha aprobado con agosticidad y alevosía para robar, expropiar y hurtar los ahorros de los ayuntamientos». Finalmente, González Terol insistió en que los socialistas «han hecho una suerte de corralito de fondos públicos, que puede ser la introducción a un nuevo corralito, en este caso de los ahorros privados».
La presión política obliga a Sánchez a dialogar con los alcaldes La presión política liderada por el Partido Popular contra el acuerdo de Pedro Sánchez con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, para que los municipios cedan a la Hacienda Pública los 15.000 millones de su superávit, a cambio de poder acceder a un fondo de 5.000, y la devolución de los remantes en 15 años, ha hecho efecto en el presidente del Gobierno. El rechazo de todas las formaciones políticas ponía en peligro su convalidación en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez ha preferido dar un paso atrás y abrir una negociación, antes que perder una votación en la Cámara Baja. Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el polémico real decreto ley, el presidente del Gobierno anunció ayer, en la comparecencia posterior a su reunión con Su Majestad el Rey en Palma de Mallorca, su disposición a iniciar un diálogo con los grupo parlamentarios antes de someter a votación el decreto ley. Una convalidación que estaba prevista para la primera quincena de septiembre, pero que a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. Hasta su socio de gobierno, Podemos, se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno de la FEMP, y solo se ha mostrado dispuesto a aceptar que se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría incorporar algunas propuestas. Sánchez aseguró ayer que su gabinete tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» con todas las instituciones y, «singularmente, con los ayuntamientos», para negociar y dialogar. No obstante, sostuvo que lo pactado es un «gran acuerdo». El presidente subrayó que tiene un «compromiso firme» con estas instituciones, «olvidadas durante mucho tiempo» y a las que quiere dar un «papel protagonista» en la recuperación económica y social futura. Convalidación Este cambio de posición de Sánchez viene a rectificar la postura que ha venido manteniendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, según el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, dijo «que no se tocaba ni una coma» del documento firmado con la FEMP. De hecho, ayer mismo, Montero se mantuvo firme en la defensa del contenido del real decreto ley y no dio muestras de ceder en su posición inicial. Llegó a afirmar desde Rota (Cádiz) que no entendía las «críticas» que por parte de grupos políticos y alcaldes se estaban realizando al acuerdo, apuntando que «no tendría ningún sentido» que el Congreso de los Diputados no convalidara el decreto ley que lo recoge. La ministra de Hacienda atribuyó a una «estrategia de desgaste» la reacción del PP, «que perjudica el municipalismo». Una ofensiva de los populares que ha terminado por obligar al presidente a rectificar, y que se inició registrando mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos contra la medida. Va a continuar con movilizaciones y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, entre otras actuaciones de protesta. La coordinación de toda esta movilización comenzó con una reunión de los presidentes provinciales y con otra con 125 alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. «Robar y expropiar» En el marco de esta agenda reivindicativa de los populares, el vicesecretario de Política Territorial,Antonio González Terol, se trasladó ayer a Santander para mantener un encuentro con responsables de corporaciones de esta formación política en la cornisa cantábrica. El dirigente popular aseguró a ABC que el presidente Sánchez, si quiere negociar el acuerdo, lo primero que tiene que hacer es reunirse con los diez alcaldes de las ocho formaciones políticas que mostraron su desacuerdo con el real decreto y retirarlo. «Son ya muchos los partidos políticos que se oponen al real decreto ley que el Gobierno de España ha aprobado con agosticidad y alevosía para robar, expropiar y hurtar los ahorros de los ayuntamientos». Finalmente, González Terol insistió en que los socialistas «han hecho una suerte de corralito de fondos públicos, que puede ser la introducción a un nuevo corralito, en este caso de los ahorros privados».
Ni los cerca de 50.000 muertos, ni los rebrotes de Covid, ni el elevado desempleo, ni la dramática situación económica -cuyo hundimiento solo tiene precedentes en la Guerra Civil- han parecido a Pedro Sánchez motivos suficientes para suspender sus vacaciones este verano. De hecho, ayer solo las interrumpió durante unas pocas horas para volar desde Lanzarote a Palma y mantener con el Rey lo que calificó como «un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo». Sánchez llegó a la cita con la mascarilla negra de la bandera de España y una insignia de la Agenda 20/30 en la solapa de la chaqueta. Y a pesar de reconocer la gravedad del momento que viven España y el resto del mundo, el presidente retomó ayer mismo las vacaciones. A las seis de la tarde embarcó de nuevo en un avión de la Fuerza Aérea Española que le devolvió desde Palma a Lanzarote, donde inicialmente solo iba a pasar una semana, desde el 5 al 12 de agosto, pero que ahora ha decidido prorrogar, probablemente hasta el lunes. Seis horas en Mallorca En concreto, Sánchez solo permaneció seis horas en Mallorca, ya que el avión oficial llegó a la base de Son Sant Joan a las doce del mediodía, y a las seis de la tarde estaba despegando de nuevo rumbo a Lanzarote, donde aterrizó pasadas las ocho y media de la tarde. Fue al día siguiente de que se anunciara la forzada partida de España de Don Juan Carlos, cuando el presidente del Gobierno se instaló en la residencia de La Mareta, la paradisíaca casa que el Rey Hussein de Jordania regaló al anterior Monarca y que éste donó a Patrimonio Nacional, es decir al Estado. Y, tras el viaje de ida y vuelta de ayer a Palma, Sánchez regresó de nuevo a esta residencia, en la que le esperaban su esposa e hijas. El Rey, sin descanso En contraste con el presidente del Gobierno, el Rey no se ha tomado vacaciones este año, dada la gravedad de la situación que vive España por la pandemia del Covid y sus consecuencias económicas, sanitarias y sociales. Una emergencia que no amaina, ya que en las últimas veinticuatro horas se han detectado más de dos mil contagios nuevos en toda España. Aunque el viernes de la semana pasada los Reyes se trasladaron a su residencia estival de Palma, Don Felipe y Doña Letizia están manteniendo en la isla una intensa actividad institucional. Hoy mismo está previsto que viajen a Menorca y el próximo lunes a Ibiza, siguiendo la línea de trabajo que les llevó a recorrer las 17 Comunidades Autónomas. También sus hijas, la Princesa de Asturias, de catorce años, y la Infanta Sofía, de trece, están desarrollando actividad oficial. Una vez finalizada su estancia en Mallorca, la Familia Real regresará el próximo martes a Madrid y se quedará en el Palacio de La Zarzuela. Ese verano no habrá viajes privados.
El presidente del Gobierno prosigue sus vacaciones Ni los cerca de 50.000 muertos, ni los rebrotes de Covid, ni el elevado desempleo, ni la dramática situación económica -cuyo hundimiento solo tiene precedentes en la Guerra Civil- han parecido a Pedro Sánchez motivos suficientes para suspender sus vacaciones este verano. De hecho, ayer solo las interrumpió durante unas pocas horas para volar desde Lanzarote a Palma y mantener con el Rey lo que calificó como «un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo». Sánchez llegó a la cita con la mascarilla negra de la bandera de España y una insignia de la Agenda 20/30 en la solapa de la chaqueta. Y a pesar de reconocer la gravedad del momento que viven España y el resto del mundo, el presidente retomó ayer mismo las vacaciones. A las seis de la tarde embarcó de nuevo en un avión de la Fuerza Aérea Española que le devolvió desde Palma a Lanzarote, donde inicialmente solo iba a pasar una semana, desde el 5 al 12 de agosto, pero que ahora ha decidido prorrogar, probablemente hasta el lunes. Seis horas en Mallorca En concreto, Sánchez solo permaneció seis horas en Mallorca, ya que el avión oficial llegó a la base de Son Sant Joan a las doce del mediodía, y a las seis de la tarde estaba despegando de nuevo rumbo a Lanzarote, donde aterrizó pasadas las ocho y media de la tarde. Fue al día siguiente de que se anunciara la forzada partida de España de Don Juan Carlos, cuando el presidente del Gobierno se instaló en la residencia de La Mareta, la paradisíaca casa que el Rey Hussein de Jordania regaló al anterior Monarca y que éste donó a Patrimonio Nacional, es decir al Estado. Y, tras el viaje de ida y vuelta de ayer a Palma, Sánchez regresó de nuevo a esta residencia, en la que le esperaban su esposa e hijas. El Rey, sin descanso En contraste con el presidente del Gobierno, el Rey no se ha tomado vacaciones este año, dada la gravedad de la situación que vive España por la pandemia del Covid y sus consecuencias económicas, sanitarias y sociales. Una emergencia que no amaina, ya que en las últimas veinticuatro horas se han detectado más de dos mil contagios nuevos en toda España. Aunque el viernes de la semana pasada los Reyes se trasladaron a su residencia estival de Palma, Don Felipe y Doña Letizia están manteniendo en la isla una intensa actividad institucional. Hoy mismo está previsto que viajen a Menorca y el próximo lunes a Ibiza, siguiendo la línea de trabajo que les llevó a recorrer las 17 Comunidades Autónomas. También sus hijas, la Princesa de Asturias, de catorce años, y la Infanta Sofía, de trece, están desarrollando actividad oficial. Una vez finalizada su estancia en Mallorca, la Familia Real regresará el próximo martes a Madrid y se quedará en el Palacio de La Zarzuela. Ese verano no habrá viajes privados.
Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cesará a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ni éste presentará su dimisión por la presunta «contabilidad B» de Podemos a corto plazo. Así de tajantes se mostraban ayer fuentes de la dirección socialista que señalaban a puerta cerrada a ABC que ésta será la consigna «mientras no exista sentencia condenatoria». El partido mayoritario no se da por aludido ante las noticias que llegan desde el juzgado, porque su máxima prioridad es sacar adelante los nuevos Presupuestos para asegurar, al menos, dos años más de legislatura. Su segundo objetivo es diseñar las reformas que debe remitir a Europa para acceder a los paquetes de ayudas. Dos proyectos imposibles de sacar adelante para un PSOE sin Unidas Podemos.
El PSOE no se dará por aludido por la imputación de Podemos hasta que exista sentencia Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cesará a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ni éste presentará su dimisión por la presunta «contabilidad B» de Podemos a corto plazo. Así de tajantes se mostraban ayer fuentes de la dirección socialista que señalaban a puerta cerrada a ABC que ésta será la consigna «mientras no exista sentencia condenatoria». El partido mayoritario no se da por aludido ante las noticias que llegan desde el juzgado, porque su máxima prioridad es sacar adelante los nuevos Presupuestos para asegurar, al menos, dos años más de legislatura. Su segundo objetivo es diseñar las reformas que debe remitir a Europa para acceder a los paquetes de ayudas. Dos proyectos imposibles de sacar adelante para un PSOE sin Unidas Podemos.
El anuncio afecta también a Hugo Sigman, dueño de un grupo de laboratorios biotecnológicos en Argentina y España y amigo personal de Felipe González y del Rey emérito Juan Carlos I Leer
Financiados por Carlos Slim, Argentina y México producirán la vacuna de Oxford para abastecer a toda América Latina El anuncio afecta también a Hugo Sigman, dueño de un grupo de laboratorios biotecnológicos en Argentina y España y amigo personal de Felipe González y del Rey emérito Juan Carlos I Leer
El presidente del Gobierno interrumpió ayer sus vacaciones en Lanzarote para viajar a Palma a despachar con el Rey y, a la salida, compareció brevemente ante la prensa en los jardines del Palacio de Marivent. Con el rostro bronceado y en un tono muy relajado -en contraste con la gravedad del momento-, Sánchez habló pero no dijo nada más allá de que había celebrado con el Rey «un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo y difícil» por la pandemia del Covid y sus consecuencias económicas y sociales. Hasta tres veces se le preguntó sobre la imputación de su socio de Gobierno, Podemos, y varios de sus cargos, por supuesta financiación irregular, y otras tres veces eludió contestar más allá de mostrar su «máximo respeto» al poder judicial. Tres preguntas y 31 grados Si no se le insistió un poco más sobre esta cuestión durante la comparecencia fue porque La Moncloa solo había autorizado que preguntaran tres periodistas -dos de prensa nacional y uno, balear-, un sistema que es habitual desde que Sánchez está en el Gobierno. Y porque la rueda de prensa, que transcurrió a más de 30 grados bajo la sombra de un pino, no llegó a durar ni quince minutos, ya que el Rey estaba esperando a Sánchez para almorzar. Además, el presidente había citado a las 15.30 horas a la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, que está muy angustiada con la dramática situación del archipiélago, sin turistas, y el presidente quería emprender regreso a Lanzarote a las 18 horas para proseguir sus vacaciones. Preguntado sobre si le parecían «inquietantes y perturbadoras» las noticias que se publican sobre Podemos, Sánchez se limitó a reiterar su respeto a la Justicia. Como se recordará, el presidente del Gobierno utilizó estas palabras para referirse a las noticias sobre las supuestas cuentas de Don Juan Carlos en el extranjero, a pesar de que en este momento el anterior Monarca no tiene abierto ningún proceso judicial. Sin embargo, fue mucho más delicado a la hora de referirse a su socio de Gobierno, Podemos, que sí está imputado por un un juez. Lo cierto es que la imputación de Podemos coloca en una situación muy comprometida a Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de que la democracia española no podía seguir «encadenada a la corrupción del PP». El líder socialista que acusaba a Rajoy de estar «normalizando la corrupción» ayer ni siquiera tuvo unas palabras para calificar las sospechas que pesan sobre su socio de Gobierno. «La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada», respondió Sánchez a los periodistas. «Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y por tanto está investigación está hoy en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que están también siendo investigados y que nada tienen que ver con la política», contestó. Preguntado por tercera vez, sobre si no se sentía incómodo con su socio imputado, volvió a insistir en el «máximo respeto al poder judicial». Don Juan Carlos Tampoco quiso hablar de la operación salida de Don Juan Carlos ni del destino del anterior Monarca, que nueve días después de su partida continúa sin conocerse. Y, como hizo hace una semana, remitió al Palacio de La Zarzuela o al propio Don Juan Carlos. «Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el Jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida», dijo. Además, añadió que «es importante trasladar a la opinión pública que somos instituciones distintas. Uno es el poder ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso, la Casa Real», explicó. Curiosamente, Sánchez evitó mencionar el nombre de Don Juan Carlos, y respondió a la prensa en estos términos: «Aquellas cuestiones que tengan que comunicarse vinculadas con el asunto al que usted se ha referido tiene que ser la Casa Real o el propio afectado». Lo único de lo que Sánchez quiso hablar ayer fue su disposición a negociar de nuevo con los ayuntamientos el real decreto sobre el uso de los remanentes municipales para impulsar la recuperación económica. Este real decreto, que Sánchez calificó de «gran acuerdo», ha provocado el rechazo de numerosos alcaldes, aunque había sido acordado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Durante su intervención en el jardín de Marivent, Sánchez aseguró que su Gobierno tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» a todas las instituciones, «singularmente, a los ayuntamientos», para negociar y dialogar. Sánchez recordó que el real decreto tiene su origen en una ley aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes y que ahora permitirá el uso de 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica. Antes, Sánchez relató a la prensa que había hablado con el Rey de la evolución del Covid y sus consecuencias económicas y sanitarias, y de la tragedia vivida en el Líbano, con cuyo presidente, Michel Aoun, habló ayer Don Felipe. Además, afirmó que cuanto más compleja es una situación, «más importante es garantizar la necesaria estabilidad institucional para poder abordar los verdaderos desafíos» que acechan al país.
La doble vara de medir de Sánchez, que elude criticar a Podemos tras su imputación El presidente del Gobierno interrumpió ayer sus vacaciones en Lanzarote para viajar a Palma a despachar con el Rey y, a la salida, compareció brevemente ante la prensa en los jardines del Palacio de Marivent. Con el rostro bronceado y en un tono muy relajado -en contraste con la gravedad del momento-, Sánchez habló pero no dijo nada más allá de que había celebrado con el Rey «un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo y difícil» por la pandemia del Covid y sus consecuencias económicas y sociales. Hasta tres veces se le preguntó sobre la imputación de su socio de Gobierno, Podemos, y varios de sus cargos, por supuesta financiación irregular, y otras tres veces eludió contestar más allá de mostrar su «máximo respeto» al poder judicial. Tres preguntas y 31 grados Si no se le insistió un poco más sobre esta cuestión durante la comparecencia fue porque La Moncloa solo había autorizado que preguntaran tres periodistas -dos de prensa nacional y uno, balear-, un sistema que es habitual desde que Sánchez está en el Gobierno. Y porque la rueda de prensa, que transcurrió a más de 30 grados bajo la sombra de un pino, no llegó a durar ni quince minutos, ya que el Rey estaba esperando a Sánchez para almorzar. Además, el presidente había citado a las 15.30 horas a la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, que está muy angustiada con la dramática situación del archipiélago, sin turistas, y el presidente quería emprender regreso a Lanzarote a las 18 horas para proseguir sus vacaciones. Preguntado sobre si le parecían «inquietantes y perturbadoras» las noticias que se publican sobre Podemos, Sánchez se limitó a reiterar su respeto a la Justicia. Como se recordará, el presidente del Gobierno utilizó estas palabras para referirse a las noticias sobre las supuestas cuentas de Don Juan Carlos en el extranjero, a pesar de que en este momento el anterior Monarca no tiene abierto ningún proceso judicial. Sin embargo, fue mucho más delicado a la hora de referirse a su socio de Gobierno, Podemos, que sí está imputado por un un juez. Lo cierto es que la imputación de Podemos coloca en una situación muy comprometida a Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de que la democracia española no podía seguir «encadenada a la corrupción del PP». El líder socialista que acusaba a Rajoy de estar «normalizando la corrupción» ayer ni siquiera tuvo unas palabras para calificar las sospechas que pesan sobre su socio de Gobierno. «La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada», respondió Sánchez a los periodistas. «Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y por tanto está investigación está hoy en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que están también siendo investigados y que nada tienen que ver con la política», contestó. Preguntado por tercera vez, sobre si no se sentía incómodo con su socio imputado, volvió a insistir en el «máximo respeto al poder judicial». Don Juan Carlos Tampoco quiso hablar de la operación salida de Don Juan Carlos ni del destino del anterior Monarca, que nueve días después de su partida continúa sin conocerse. Y, como hizo hace una semana, remitió al Palacio de La Zarzuela o al propio Don Juan Carlos. «Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el Jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida», dijo. Además, añadió que «es importante trasladar a la opinión pública que somos instituciones distintas. Uno es el poder ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso, la Casa Real», explicó. Curiosamente, Sánchez evitó mencionar el nombre de Don Juan Carlos, y respondió a la prensa en estos términos: «Aquellas cuestiones que tengan que comunicarse vinculadas con el asunto al que usted se ha referido tiene que ser la Casa Real o el propio afectado». Lo único de lo que Sánchez quiso hablar ayer fue su disposición a negociar de nuevo con los ayuntamientos el real decreto sobre el uso de los remanentes municipales para impulsar la recuperación económica. Este real decreto, que Sánchez calificó de «gran acuerdo», ha provocado el rechazo de numerosos alcaldes, aunque había sido acordado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Durante su intervención en el jardín de Marivent, Sánchez aseguró que su Gobierno tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» a todas las instituciones, «singularmente, a los ayuntamientos», para negociar y dialogar. Sánchez recordó que el real decreto tiene su origen en una ley aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes y que ahora permitirá el uso de 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica. Antes, Sánchez relató a la prensa que había hablado con el Rey de la evolución del Covid y sus consecuencias económicas y sanitarias, y de la tragedia vivida en el Líbano, con cuyo presidente, Michel Aoun, habló ayer Don Felipe. Además, afirmó que cuanto más compleja es una situación, «más importante es garantizar la necesaria estabilidad institucional para poder abordar los verdaderos desafíos» que acechan al país.
Uno salió de Barcelona captado por Pep Guardiola, que ordenó al Bayern que abonara los 25 millones de su cláusula. El otro se lo quitó de encima el conjunto blaugrana en formato cesión para aligerar su masa salarial y para tratar de sacudirse un...
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La comisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado día 1 de julio, ha elegido a Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo, como uno de los cinco árbitros que participarán en los procedimientos de solución de conflictos de este Tratado. El T-MEC fue propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y firmado por este, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau el 30 de noviembre de 2018. Además, Del Rey ha vivido en nuestro país y en primera persona varias reformas laborales, especialmente la que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que ahora el Ejecutivo de Sánchez y los sindicatos quieren derogar: -Como experto en Derecho del Trabajo, ¿qué opinión tiene de los ERTE que se aplican en esta crisis? -Es una medida enormemente positiva. Es seguir el camino alemán, con una relación laboral más flexible. Hay que juzgarlo muy positivamente, ya que esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores. Alemania, en la crisis de 2008, salvó muchos empleos con estos mecanismos de suspensión de contratos. Nosotros no lo teníamos tan desarrollados. De esto tenemos que aprender. El sistema de ERTE debe tener un gran desarrollo para evitar otras medidas más traumáticas, lo cual no quita que si una empresa necesita una medida más drástica, tendrá que adoptarla. Si está en una situación irreversible, por mucho ERTE que haga, será imposible mantener «empleos zombis». -Los ERTE actuales vienen de la reforma laboral del PP... -Sí, se han retocado varias veces, como en la reforma laboral de 2012. El tema es que no teníamos entonces tradición para aplicarlo, como ha pasado ahora con el teletrabajo. -¿Qué le parece que el Gobierno y los sindicatos quieran echar abajo esa reforma? -Creo que hay un consenso de los interlocutores sociales para cambiar algunos aspectos de la misma, no tanto en derogar la reforma, porque desde el punto de vista técnico no se puede derogar una norma de más de cien artículos ya que no hay ordenamiento jurídico que lo resista. Una norma que lleva desde 1980 ha generado una doctrina judicial enormemente desarrollada, sólida y consolidada que se puede alterar parcialmente, pero no se puede romper de golpe. Siempre se puede revisar la normativa laboral. Tenemos que hacer una reforma pausada y pactada una vez que pase esta situación de emergencia y siempre a través del diálogo social. Habría que tratar cuestiones como, por ejemplo, el teletrabajo y la digitalización. -Cambiamos de tema. ¿Cuál será su función como árbitro en el nuevo T-MEC? -Este Tratado tiene, por primera vez, un capítulo, el 23, sobre temas laborales. Cuando consideren que una empresa de otro de los países del Tratado no está cumpliendo los estándares laborales, entonces una parte puede denunciar a la otra. Pero los conflictos serían entre Estados, no entre las empresas. Hay un procedimiento para que se pongan de acuerdo y, si no, existe un panel arbitral. Formamos parte de él cinco árbitros que no somos ni mexicanos, ni estadounidenses ni canadienses. -El capítulo laboral es el más novedoso. -Efectivamente, la novedad es que se establece un capítulo específico sobre los derechos laborales que tienen que cumplir las empresas de los países del tratado que hacen comercio con los otros países del mismo. Tienen que cumplir unos mínimos de derechos y, si no lo hacen, hay una denuncia sobre las empresas que lo incumplen. -¿Había tenido antes alguna relación laboral con esos países? -Estudié varios años en Estados Unidos y durante un tiempo, en los años 90, analicé cómo funcionaba el arbitraje y la mediación en aquel país. Y formé parte de lo que llamaban relatores. Aquella formación me sirvió para después colaborar en la formación en nuestro país del SIMA y posteriormente de los organismos de mediación en las comunidades autónomas. En aquellos años me resultaba paradójico que este sistema estuviese tan desarrollado en EE.UU. y no en España.
«La revisión de la norma laboral debe ser pausada y pactada» La comisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado día 1 de julio, ha elegido a Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo, como uno de los cinco árbitros que participarán en los procedimientos de solución de conflictos de este Tratado. El T-MEC fue propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y firmado por este, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau el 30 de noviembre de 2018. Además, Del Rey ha vivido en nuestro país y en primera persona varias reformas laborales, especialmente la que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que ahora el Ejecutivo de Sánchez y los sindicatos quieren derogar: -Como experto en Derecho del Trabajo, ¿qué opinión tiene de los ERTE que se aplican en esta crisis? -Es una medida enormemente positiva. Es seguir el camino alemán, con una relación laboral más flexible. Hay que juzgarlo muy positivamente, ya que esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores. Alemania, en la crisis de 2008, salvó muchos empleos con estos mecanismos de suspensión de contratos. Nosotros no lo teníamos tan desarrollados. De esto tenemos que aprender. El sistema de ERTE debe tener un gran desarrollo para evitar otras medidas más traumáticas, lo cual no quita que si una empresa necesita una medida más drástica, tendrá que adoptarla. Si está en una situación irreversible, por mucho ERTE que haga, será imposible mantener «empleos zombis». -Los ERTE actuales vienen de la reforma laboral del PP... -Sí, se han retocado varias veces, como en la reforma laboral de 2012. El tema es que no teníamos entonces tradición para aplicarlo, como ha pasado ahora con el teletrabajo. -¿Qué le parece que el Gobierno y los sindicatos quieran echar abajo esa reforma? -Creo que hay un consenso de los interlocutores sociales para cambiar algunos aspectos de la misma, no tanto en derogar la reforma, porque desde el punto de vista técnico no se puede derogar una norma de más de cien artículos ya que no hay ordenamiento jurídico que lo resista. Una norma que lleva desde 1980 ha generado una doctrina judicial enormemente desarrollada, sólida y consolidada que se puede alterar parcialmente, pero no se puede romper de golpe. Siempre se puede revisar la normativa laboral. Tenemos que hacer una reforma pausada y pactada una vez que pase esta situación de emergencia y siempre a través del diálogo social. Habría que tratar cuestiones como, por ejemplo, el teletrabajo y la digitalización. -Cambiamos de tema. ¿Cuál será su función como árbitro en el nuevo T-MEC? -Este Tratado tiene, por primera vez, un capítulo, el 23, sobre temas laborales. Cuando consideren que una empresa de otro de los países del Tratado no está cumpliendo los estándares laborales, entonces una parte puede denunciar a la otra. Pero los conflictos serían entre Estados, no entre las empresas. Hay un procedimiento para que se pongan de acuerdo y, si no, existe un panel arbitral. Formamos parte de él cinco árbitros que no somos ni mexicanos, ni estadounidenses ni canadienses. -El capítulo laboral es el más novedoso. -Efectivamente, la novedad es que se establece un capítulo específico sobre los derechos laborales que tienen que cumplir las empresas de los países del tratado que hacen comercio con los otros países del mismo. Tienen que cumplir unos mínimos de derechos y, si no lo hacen, hay una denuncia sobre las empresas que lo incumplen. -¿Había tenido antes alguna relación laboral con esos países? -Estudié varios años en Estados Unidos y durante un tiempo, en los años 90, analicé cómo funcionaba el arbitraje y la mediación en aquel país. Y formé parte de lo que llamaban relatores. Aquella formación me sirvió para después colaborar en la formación en nuestro país del SIMA y posteriormente de los organismos de mediación en las comunidades autónomas. En aquellos años me resultaba paradójico que este sistema estuviese tan desarrollado en EE.UU. y no en España.
La negociación mantenida entre Gobierno, patronal y sindicatos para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio fue un camino plagado de obstáculos. Las exigencias del Ejecutivo estuvieron a punto de tumbar el acuerdo, que se concretó a última hora y sazonado de críticas por parte de los empresarios. El Ejecutivo es consciente del desgaste que produjo la negociación -que se enquistó por las diferencias en las bonificaciones de las cotizaciones- y quiere evitar que se repita una situación similar. En las últimas semanas, representantes del Gobierno como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Turismo, Reyes Maroto, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habían dejado la puerta abierta en público a prolongar los ERTE vinculados a la pandemia más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que expiren. Ayer fue el propio líder del Ejecutivo el que se mostró abierto a ampliar hasta final de año los ERTE, aunque solo se refirió al sector turístico y no aseguró ningún resultado definitivo. Durante la rueda de prensa posterior al despacho mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, Pedro Sánchez aseguró que espera llegar a un acuerdo «en los próximos meses» sobre la extensión de estos mecanismos, que han representado un salvavidas para miles de empresas. Un sector «competitivo» Sánchez indicó, asimismo, que el Ejecutivo está «hablando» con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo. «La voluntad del Gobierno es claramente proteger el empleo en un sector que se ha visto dañado» como consecuencia de «la pandemia más grave de los últimos 100 años en todo el planeta». Además, ha subrayado que el sector turístico de España «es muy competitivo», contradiciendo así las acusaciones de «precario» y «estacional» vertidas contra el sector por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El presidente del Gobierno insistió en que el Gobierno tiene la «máxima disposición para el diálogo» con los agentes sociales para proteger a «los cientos de miles de empleados que han visto congelada su actividad» como consecuencia del parón. Representantes de la patronal y de los sindicatos también han incidido en las últimas semanas en extender los ERTE al menos hasta final de año para salvaguardar el empleo. El sector turístico ha sido el gran beneficiado por este mecanismo. Tal y como publicó ABC, a finales de julio el 50% de las personas que continuaban en un ERTE pertenecían a una actividad relacionada con el turismo, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Aunque la mayor parte de las empresas daban por perdido el verano antes de que este empezara, todavía había cierta esperanza de que en agosto y septiembre la situación mejorara. Sin embargo, los rebrotes de coronavirus producidos por toda España, las recomendaciones de otros Estados de no viajar a nuestro país y las cuarentenas a todo viajero que proceda de él han tirado por la borda cualquier optimismo. Sin ir más lejos, los datos publicados ayer por Aena reflejan que en el mes de julio los aeropuertos españoles registraron un 76,2% menos de pasajeros que en el mismo mes de 2019. Es por ello que desde el sector están incidiendo en las últimas semanas en la necesidad de ampliar estos mecanismos, al menos, hasta finales de año. Los ERTE están condicionando los ajustes de empleo previstos en sectores como el de la aviación, donde el presidente de Iberia, Luis Gallego, ya ha advertido que negociarán con los sindicatos el recorte en cuanto caduquen los expedientes de regulación temporal de empleo. Más allá de los mensajes que deja el Ejecutivo en público, también se están produciendo encuentros privados en los que se aborda este asunto. Y en uno de ellos, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría asegurado a distintas compañías aéreas que todo apunta a que los ERTE se mantendrán al menos hasta finales de año, según especifican fuentes del sector turístico. Desde el sector empresarial, no obstante, advierten que todavía existen aristas en la negociación que deben ser pulidas.
Sánchez lanza un guiño al turismo y se abre a ampliar los ERTE más allá de septiembre La negociación mantenida entre Gobierno, patronal y sindicatos para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio fue un camino plagado de obstáculos. Las exigencias del Ejecutivo estuvieron a punto de tumbar el acuerdo, que se concretó a última hora y sazonado de críticas por parte de los empresarios. El Ejecutivo es consciente del desgaste que produjo la negociación -que se enquistó por las diferencias en las bonificaciones de las cotizaciones- y quiere evitar que se repita una situación similar. En las últimas semanas, representantes del Gobierno como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Turismo, Reyes Maroto, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habían dejado la puerta abierta en público a prolongar los ERTE vinculados a la pandemia más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que expiren. Ayer fue el propio líder del Ejecutivo el que se mostró abierto a ampliar hasta final de año los ERTE, aunque solo se refirió al sector turístico y no aseguró ningún resultado definitivo. Durante la rueda de prensa posterior al despacho mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, Pedro Sánchez aseguró que espera llegar a un acuerdo «en los próximos meses» sobre la extensión de estos mecanismos, que han representado un salvavidas para miles de empresas. Un sector «competitivo» Sánchez indicó, asimismo, que el Ejecutivo está «hablando» con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo. «La voluntad del Gobierno es claramente proteger el empleo en un sector que se ha visto dañado» como consecuencia de «la pandemia más grave de los últimos 100 años en todo el planeta». Además, ha subrayado que el sector turístico de España «es muy competitivo», contradiciendo así las acusaciones de «precario» y «estacional» vertidas contra el sector por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El presidente del Gobierno insistió en que el Gobierno tiene la «máxima disposición para el diálogo» con los agentes sociales para proteger a «los cientos de miles de empleados que han visto congelada su actividad» como consecuencia del parón. Representantes de la patronal y de los sindicatos también han incidido en las últimas semanas en extender los ERTE al menos hasta final de año para salvaguardar el empleo. El sector turístico ha sido el gran beneficiado por este mecanismo. Tal y como publicó ABC, a finales de julio el 50% de las personas que continuaban en un ERTE pertenecían a una actividad relacionada con el turismo, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Aunque la mayor parte de las empresas daban por perdido el verano antes de que este empezara, todavía había cierta esperanza de que en agosto y septiembre la situación mejorara. Sin embargo, los rebrotes de coronavirus producidos por toda España, las recomendaciones de otros Estados de no viajar a nuestro país y las cuarentenas a todo viajero que proceda de él han tirado por la borda cualquier optimismo. Sin ir más lejos, los datos publicados ayer por Aena reflejan que en el mes de julio los aeropuertos españoles registraron un 76,2% menos de pasajeros que en el mismo mes de 2019. Es por ello que desde el sector están incidiendo en las últimas semanas en la necesidad de ampliar estos mecanismos, al menos, hasta finales de año. Los ERTE están condicionando los ajustes de empleo previstos en sectores como el de la aviación, donde el presidente de Iberia, Luis Gallego, ya ha advertido que negociarán con los sindicatos el recorte en cuanto caduquen los expedientes de regulación temporal de empleo. Más allá de los mensajes que deja el Ejecutivo en público, también se están produciendo encuentros privados en los que se aborda este asunto. Y en uno de ellos, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría asegurado a distintas compañías aéreas que todo apunta a que los ERTE se mantendrán al menos hasta finales de año, según especifican fuentes del sector turístico. Desde el sector empresarial, no obstante, advierten que todavía existen aristas en la negociación que deben ser pulidas.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se remontan, al menos, a hace 16 años pero entraron un terreno inexplorado el pasado 18 de octubre cuando Trump hizo valer la sentencia favorable de la OMC (Organización Mundial del Comercio) por las ayudas públicas a Airbus e interpuso aranceles a varios países europeos, entre ellos España, por un montante de 6.900 millones de euros. ¿De dónde viene la controversia de Estados Unidos con la Unión Europea? La política arancelaria de Trump viene de lejos, pero sus gravámenes más recientes tienen que ver con las ayudas ilegales de la UE a Airbus en detrimento de Boeing. La OMC autorizó a Estados Unidos en octubre a imponer 7.500 millones de dólares en aranceles a productos comunitarios. ¿Qué aranceles hay en vigor actualmente? Una vez la OMC autorizó a Trump a imponer gravámenes, su respuesta no se hizo esperar y el 18 de octubre entraron en vigor tasas de hasta el 35% sobre productos comunitarios, con especial daño para Alemania, Francia, España y Reino Unido Quesos, aceites, vino... multitud de productos, y también a la aviación. De hecho, Trump aumentó al inicio de la pandemia el gravamen a Airbus (productos de aviación) del 10% al 15%. ¿Qué daño han causado esos aranceles? Con la pandemia de por medio y sin haber pasado aún ni siquiera un año de aquellos aranceles, es difícil poner cifras. El Gobierno, una vez se conoció la decisión, cuantificó la amenaza en unos 765 millones de euros en ventas y el daño por el incremento de costes en unos 192 millones. Cifras considerables para un sector agroalimentario también golpeado el año pasado por los bajos precios y la competencia extranjera. Asimismo, cabe recordar que Trump ya impuso aranceles hace un par de años también a la aceituna negra española, causando un daño cuantificado en decenas de millones según pasaban los meses por la patronal del gremio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión Europea? En este caso de los aranceles, la Comisión Europea es la competente para llevar las negociaciones con Estados Unidos. Primero fue la comisaria Cecilia Malmström y luego, tras el cambio de Comisión, Phil Hogan. La postura siempre ha sido la misma: responder con la misma moneda. Así ocurrió con los aranceles al acero y al aluminio de 2018, contra los que reaccionaron con más aranceles. En el caso de estos gravámenes concretos, la Comisión está esperando que la OMC habilite a la UE a imponer nuevas tasas a Estados Unidos por otro caso de ayudas ilegales de este último a Boeing. «Este paso no nos deja otra alternativa que seguir en su debido momento con nuestros propios aranceles por el caso Boeing», dijo en octubre la entonces comisaria Malmström. La resolución se espera que se haga pública este año.
Las claves del conflicto comercial entre la UE y Estados Unidos: de Airbus a la revancha de Trump Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se remontan, al menos, a hace 16 años pero entraron un terreno inexplorado el pasado 18 de octubre cuando Trump hizo valer la sentencia favorable de la OMC (Organización Mundial del Comercio) por las ayudas públicas a Airbus e interpuso aranceles a varios países europeos, entre ellos España, por un montante de 6.900 millones de euros. ¿De dónde viene la controversia de Estados Unidos con la Unión Europea? La política arancelaria de Trump viene de lejos, pero sus gravámenes más recientes tienen que ver con las ayudas ilegales de la UE a Airbus en detrimento de Boeing. La OMC autorizó a Estados Unidos en octubre a imponer 7.500 millones de dólares en aranceles a productos comunitarios. ¿Qué aranceles hay en vigor actualmente? Una vez la OMC autorizó a Trump a imponer gravámenes, su respuesta no se hizo esperar y el 18 de octubre entraron en vigor tasas de hasta el 35% sobre productos comunitarios, con especial daño para Alemania, Francia, España y Reino Unido Quesos, aceites, vino... multitud de productos, y también a la aviación. De hecho, Trump aumentó al inicio de la pandemia el gravamen a Airbus (productos de aviación) del 10% al 15%. ¿Qué daño han causado esos aranceles? Con la pandemia de por medio y sin haber pasado aún ni siquiera un año de aquellos aranceles, es difícil poner cifras. El Gobierno, una vez se conoció la decisión, cuantificó la amenaza en unos 765 millones de euros en ventas y el daño por el incremento de costes en unos 192 millones. Cifras considerables para un sector agroalimentario también golpeado el año pasado por los bajos precios y la competencia extranjera. Asimismo, cabe recordar que Trump ya impuso aranceles hace un par de años también a la aceituna negra española, causando un daño cuantificado en decenas de millones según pasaban los meses por la patronal del gremio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión Europea? En este caso de los aranceles, la Comisión Europea es la competente para llevar las negociaciones con Estados Unidos. Primero fue la comisaria Cecilia Malmström y luego, tras el cambio de Comisión, Phil Hogan. La postura siempre ha sido la misma: responder con la misma moneda. Así ocurrió con los aranceles al acero y al aluminio de 2018, contra los que reaccionaron con más aranceles. En el caso de estos gravámenes concretos, la Comisión está esperando que la OMC habilite a la UE a imponer nuevas tasas a Estados Unidos por otro caso de ayudas ilegales de este último a Boeing. «Este paso no nos deja otra alternativa que seguir en su debido momento con nuestros propios aranceles por el caso Boeing», dijo en octubre la entonces comisaria Malmström. La resolución se espera que se haga pública este año.
Este 2020 es un año perdido a nivel comercial, pero ya se vienen sentando las bases de la futura estrategia de España. Los aranceles que Donald Trump impuso a la Unión Europea -con especial incidencia en España- forzaron a nuestro país a ser anchos de miras ya en octubre de 2019. En aquel momento, una amenaza de cientos de millones se volcó sobre el sector agroalimentario español y la respuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo consistió en empezar con una estrategia distinta: Estados Unidos continuaría siendo prioridad, pero a partir de ese momento se empezaron a potenciar otros mercados para dar salida al aceite, vino, queso... que dejarían de venderse por los gravámenes. Según pudo confirmar ABC, el Gobierno se puso a trabajar para hacer virar a las empresas exportadoras hacia Asia principalmente, y también hacia África. Lejano Oriente es un destino con el que España mantiene buenas relaciones, dicen fuentes empresariales. Y se ha demostrado estos años. El principal objetivo es abordar China. En ese país hemos pasado de exportar 2.663 millones en 2010 a 6.800 millones este pasado ejercicio -las cifras de 2020 están distorsionadas por el efecto de la pandemia-. Asimismo, las importaciones también se han disparado en ese periodo de los 18.916 millones a 29.154 millones, incrementando sobremanera el déficit comercial. Otros destinos como Japón y Corea son también objetivo ahora del Gobierno para el comercio exterior. En el caso de África, hay en marcha un plan para potenciar la presencia española allí. Sabedores de su potencial, los miembros del Gobierno tienen claro que a futuro podría ser un destino prioritario. Sin olvidar, también, que el comercio con Europa ya no requiere de impulso, sino que se ha mantenido estable durante los últimos años.
Asia y África, en el punto de mira de la estrategia comercial Este 2020 es un año perdido a nivel comercial, pero ya se vienen sentando las bases de la futura estrategia de España. Los aranceles que Donald Trump impuso a la Unión Europea -con especial incidencia en España- forzaron a nuestro país a ser anchos de miras ya en octubre de 2019. En aquel momento, una amenaza de cientos de millones se volcó sobre el sector agroalimentario español y la respuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo consistió en empezar con una estrategia distinta: Estados Unidos continuaría siendo prioridad, pero a partir de ese momento se empezaron a potenciar otros mercados para dar salida al aceite, vino, queso... que dejarían de venderse por los gravámenes. Según pudo confirmar ABC, el Gobierno se puso a trabajar para hacer virar a las empresas exportadoras hacia Asia principalmente, y también hacia África. Lejano Oriente es un destino con el que España mantiene buenas relaciones, dicen fuentes empresariales. Y se ha demostrado estos años. El principal objetivo es abordar China. En ese país hemos pasado de exportar 2.663 millones en 2010 a 6.800 millones este pasado ejercicio -las cifras de 2020 están distorsionadas por el efecto de la pandemia-. Asimismo, las importaciones también se han disparado en ese periodo de los 18.916 millones a 29.154 millones, incrementando sobremanera el déficit comercial. Otros destinos como Japón y Corea son también objetivo ahora del Gobierno para el comercio exterior. En el caso de África, hay en marcha un plan para potenciar la presencia española allí. Sabedores de su potencial, los miembros del Gobierno tienen claro que a futuro podría ser un destino prioritario. Sin olvidar, también, que el comercio con Europa ya no requiere de impulso, sino que se ha mantenido estable durante los últimos años.
Rumbo a Lisboa. Viaje al centro de la Champions. Vuelo hacia la gloria. Cita con la historia y liturgia de las grandes ocasiones. El Barcelona se embarca hoy camino a la fase final más especial –a partido único es casi un Mundial– y desconocida por...
El Barça viaja a Lisboa con su sexta Copa de Europa a tres partidos Rumbo a Lisboa. Viaje al centro de la Champions. Vuelo hacia la gloria. Cita con la historia y liturgia de las grandes ocasiones. El Barcelona se embarca hoy camino a la fase final más especial –a partido único es casi un Mundial– y desconocida por...
Todibo confirma que és el jugador del Barça que donat positiu per coronavirus
Las protestas que han vuelto a Beirut tras la explosión en el puerto han obligado a dimitir al gobierno, pero para lograr cambios en el sistema la presión internacional deberá sumarse a la de las calles. Emmanuel Macron fuer el primer alto cargo en visitar la capital libanesa tras el desastre que costó la vida a 200 personas y destrozó media ciudad y dio un ultimátum a los dirigentes para que introdujeran reformas. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, siguió los pasos del presidente francés y viajó a Beirut donde, tras visitar la zona cero, se entrevistó con el presidente Michele Aoun a quien le advirtió que «es imposible que las cosas sean como antes. La comunidad internacional está dispuesta a invertir, pero estas inversiones necesitan garantías. Es importante tener un gobierno que combata la corrupción». La teleconferencia de donantes del fin de semana recaudó 250 millones de euros para ayuda de emergencia, una cantidad muy alejada de las necesidades sobre el terreno en un país que ya tenía una economía hundida y que podría necesitar 30.000 millones como rescate, según diferentes estimaciones. El nuevo gobierno deberá revisar el plan de rescate que el anterior negociaba desde mayo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque las conversaciones quedaron congeladas debido al nulo progreso en las reformas exigidas por el organismo internacional. Otro problema al que se enfrenta el país es la nueva ley que el Congreso de Estados Unidos debate desde hace meses para imponer sanciones a aquellos cargos públicos libaneses por «su relación con Hizbolá y la violación de derechos humanos», recogió Asharq al-Awsat. El Partido de Dios es considerado «organización terrorista» por Washington y, según el diario saudí, el portavoz del parlamento, Nabih Berri, sería uno de los nombres en la lista de sancionados por la estrecha relación entre su partido, Amal, y Hizbolá. Esta ley se sumaría a la estrategía de máxima presión de Donald Trump contra Irán y sus aliados en la región. Puerto, operativo Ha pasado ya más de una semana desde la explosión y Líbano cuenta con un gobierno dimisionario en funciones hasta que se llegue un acuerdo entre todas las partes para designar un nuevo primer ministro. Las autoridades establecieron un plazo de cuatro días para dar el resultado de la investigación, pero hasta ahora no hay información al respecto. Tras la filtración a la prensa del martes, la presidencia emitió un comunicado en el que admitió que Aoun «fue informado el 20 de julio 2020 a través del informe de Seguridad del Estado de la presencia de una gran cantidad de nitrato de amonio en un almacén del puerto de Beirut, el consejero militar de su excelencia informó al secretario general del Consejo Supremo de Defensa». En medio del caos político y el dolor por las vidas perdidas, la buena noticia de la jornada llegó desde el puerto, que retomó su actividad de forma parcial, lo que asegura la entrada de alimentos al país. El ministro de Economía en funciones, Raoul Nehme, informó vía Twitter que «doce de las dieciséis grúas están trabajando» y añadió que «tenemos unas reservas de 32.000 toneladas de harina a las que hay que sumar las 110.000 que llegarán en las próximas dos semanas, lo que garantiza el suministro para cuatro meses». Peor situación presentan los centros médicos ya que la mitad de ellos «no están operativos» tras la explosión, según el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre ellos figuras tres grandes hospitales.
La llegada de más ayuda, pendiente de las reformas políticas y económicas en Líbano Las protestas que han vuelto a Beirut tras la explosión en el puerto han obligado a dimitir al gobierno, pero para lograr cambios en el sistema la presión internacional deberá sumarse a la de las calles. Emmanuel Macron fuer el primer alto cargo en visitar la capital libanesa tras el desastre que costó la vida a 200 personas y destrozó media ciudad y dio un ultimátum a los dirigentes para que introdujeran reformas. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, siguió los pasos del presidente francés y viajó a Beirut donde, tras visitar la zona cero, se entrevistó con el presidente Michele Aoun a quien le advirtió que «es imposible que las cosas sean como antes. La comunidad internacional está dispuesta a invertir, pero estas inversiones necesitan garantías. Es importante tener un gobierno que combata la corrupción». La teleconferencia de donantes del fin de semana recaudó 250 millones de euros para ayuda de emergencia, una cantidad muy alejada de las necesidades sobre el terreno en un país que ya tenía una economía hundida y que podría necesitar 30.000 millones como rescate, según diferentes estimaciones. El nuevo gobierno deberá revisar el plan de rescate que el anterior negociaba desde mayo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque las conversaciones quedaron congeladas debido al nulo progreso en las reformas exigidas por el organismo internacional. Otro problema al que se enfrenta el país es la nueva ley que el Congreso de Estados Unidos debate desde hace meses para imponer sanciones a aquellos cargos públicos libaneses por «su relación con Hizbolá y la violación de derechos humanos», recogió Asharq al-Awsat. El Partido de Dios es considerado «organización terrorista» por Washington y, según el diario saudí, el portavoz del parlamento, Nabih Berri, sería uno de los nombres en la lista de sancionados por la estrecha relación entre su partido, Amal, y Hizbolá. Esta ley se sumaría a la estrategía de máxima presión de Donald Trump contra Irán y sus aliados en la región. Puerto, operativo Ha pasado ya más de una semana desde la explosión y Líbano cuenta con un gobierno dimisionario en funciones hasta que se llegue un acuerdo entre todas las partes para designar un nuevo primer ministro. Las autoridades establecieron un plazo de cuatro días para dar el resultado de la investigación, pero hasta ahora no hay información al respecto. Tras la filtración a la prensa del martes, la presidencia emitió un comunicado en el que admitió que Aoun «fue informado el 20 de julio 2020 a través del informe de Seguridad del Estado de la presencia de una gran cantidad de nitrato de amonio en un almacén del puerto de Beirut, el consejero militar de su excelencia informó al secretario general del Consejo Supremo de Defensa». En medio del caos político y el dolor por las vidas perdidas, la buena noticia de la jornada llegó desde el puerto, que retomó su actividad de forma parcial, lo que asegura la entrada de alimentos al país. El ministro de Economía en funciones, Raoul Nehme, informó vía Twitter que «doce de las dieciséis grúas están trabajando» y añadió que «tenemos unas reservas de 32.000 toneladas de harina a las que hay que sumar las 110.000 que llegarán en las próximas dos semanas, lo que garantiza el suministro para cuatro meses». Peor situación presentan los centros médicos ya que la mitad de ellos «no están operativos» tras la explosión, según el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre ellos figuras tres grandes hospitales.
El último paso para su redención, por haber plagiado en su tesis doctoral, ha sido volver a doctorarse. El que fuera ministro de Defensa de Merkel, que no solo dimitió de su cargo sino que además ha vivido exiliado los últimos diez años, ha escrito de principio a fin una nueva tesis y ha logrado recuperar el título de doctor, que le fue retirado tras el escándalo. Su nuevo trabajo, un doctorado en Filosofía, consta de 467 páginas en inglés, consiste en una investigación en la Facultad de Economía, Derecho y Arte de Southampton sobre «Agentes, facturas y corresponsales a través de las edades» y en ella firma como Karl Buhl-Freiherr v.u.z. Guttenberg. Tras ser acusado de plagio en varios blogs por los integrantes anónimos de una plataforma digital, zu Guttenberg pasó en cuestión de días de ser el favorito de Angela Merkel a convertirse en un cadáver político. La canciller alemana Angela Merkel lamentó «profundamente» la dimisión irrevocable presentada en marzo de 2011 por el ministro que gozaba de las mayores cuotas de popularidad en Alemania y que habría sido un hombre clave en el año en curso. La tesis, aprobada cum laude en 2007 por la Universidad de Bayreuth, fue redactada por zu Guttenberg mientras era diputado. Su dimisión se precipitó tras las acusaciones del catedrático de Derech, Andreas Fischer-Lescano, para quien varios pasajes de la tesis constituían «un plagio descarado» y un «engaño» porque eran prácticamente idénticos a los publicados anteriormente por otros autores sin que estos fuesen citados. El texto fue digitalizado por la plataforma de internet Interaktiver Guttenberg Report, en la que internautas de todo el mundo compararon el texto con la biografía al respecto y fueron marcando en rojo las páginas en las que aparecía alguna frase atribuible a otro autor que no era citado. El 20% del texto de la tesis aparecía en rojo y la prensa progresista se enañó con el político de origen aristocrático, bautizado como «Baron Cut-and-Paste» y apodado «zu Googleberg». «No sólo estoy dimitiendo por mi doctorado lleno de errores, aunque puedo entender que esta sea una razón suficiente para muchos en la comunidad académica. La razón se debe a la pregunta sobre si todavía puedo estar a la altura de las altas expectativas que me propuse», sostuvo zu Guttenberg en una breve declaración en la que anunció su dimisión y en la que reconoció estar dando «el paso más doloroso de mi vida». Agradecimientos El político miembro de la CSU bávara, que desde 2013 ha trabajado como consultor de gestión en Nueva York para «Spitzberg Partners», ha hecho revisar esta vez su nueva tesis por el Profesor Dr. Richard A. Werner, que afirma que «por supuesto que sabía quién era mi estudiante de doctorado. Zu Guttenberg se postuló para la Universidad de Southampton de acuerdo con las mismas pautas y requisitos que se aplican a todos. Y además, las tesis doctorales se examinan según su contenido, no según la persona que las firma». «Resultados de investigación notables, excelentemente investigados sobre un tema importante», y que «ha dominado los estudios de doctorado y elaborado procedimientos de examen a lo largo de los años» son los criterios tenidos en cuenta por la Universidad para dar por buena la tesis. En el prólogo de su trabajo, zu Guttenberg escribe: «En primer lugar, me gustaría agradecer a mi supervisor a largo plazo, el profesor Richard Werner, quien me animó a hacer esta tesis doctoral durante mis años de investigación y me brindó valiosos consejos y conocimientos». También agradece a todas y cada una de las personas que «ayudaron a atravesar la jungla del archivo» y a los «amigos de confianza de ambos lados del Atlántico», que «creyeron en mí y en los valores que acompañan a la segunda oportunidad». A todos ellos les agradece su «amistad sin concesiones», al tiempo que elogia la comprensión de su «maravillosa esposa» y sus hijos: «han sido extremadamente pacientes y comprensivos durante muchos años, durante los cuales me concentré con demasiada frecuencia en mi investigación en lugar de poner los deberes familiares en primer plano». En agosto de 2017, todavía trabajando en su nueva tesis, zu Guttenberg regresó a su tierra natal y fue ovacionado en un acto electoral de su partido en Oberfranken. «Es bonito volver a casa», dijo en el escenario de su rehabilitación. «He asumido y sufrido todas las consecuencias», dijo ante el público de Kulmbach, «pero también puedo decir que, tras un largo tiempo y en algún momento, todo vuelve a estar bien». Más de 80 periodistas internacionales estaban acreditados en ese acto de campaña local, en una ciudad de 25.000 habitantes.
El ministro de Merkel que dimitió por plagio se redime con una nueva tesis doctoral El último paso para su redención, por haber plagiado en su tesis doctoral, ha sido volver a doctorarse. El que fuera ministro de Defensa de Merkel, que no solo dimitió de su cargo sino que además ha vivido exiliado los últimos diez años, ha escrito de principio a fin una nueva tesis y ha logrado recuperar el título de doctor, que le fue retirado tras el escándalo. Su nuevo trabajo, un doctorado en Filosofía, consta de 467 páginas en inglés, consiste en una investigación en la Facultad de Economía, Derecho y Arte de Southampton sobre «Agentes, facturas y corresponsales a través de las edades» y en ella firma como Karl Buhl-Freiherr v.u.z. Guttenberg. Tras ser acusado de plagio en varios blogs por los integrantes anónimos de una plataforma digital, zu Guttenberg pasó en cuestión de días de ser el favorito de Angela Merkel a convertirse en un cadáver político. La canciller alemana Angela Merkel lamentó «profundamente» la dimisión irrevocable presentada en marzo de 2011 por el ministro que gozaba de las mayores cuotas de popularidad en Alemania y que habría sido un hombre clave en el año en curso. La tesis, aprobada cum laude en 2007 por la Universidad de Bayreuth, fue redactada por zu Guttenberg mientras era diputado. Su dimisión se precipitó tras las acusaciones del catedrático de Derech, Andreas Fischer-Lescano, para quien varios pasajes de la tesis constituían «un plagio descarado» y un «engaño» porque eran prácticamente idénticos a los publicados anteriormente por otros autores sin que estos fuesen citados. El texto fue digitalizado por la plataforma de internet Interaktiver Guttenberg Report, en la que internautas de todo el mundo compararon el texto con la biografía al respecto y fueron marcando en rojo las páginas en las que aparecía alguna frase atribuible a otro autor que no era citado. El 20% del texto de la tesis aparecía en rojo y la prensa progresista se enañó con el político de origen aristocrático, bautizado como «Baron Cut-and-Paste» y apodado «zu Googleberg». «No sólo estoy dimitiendo por mi doctorado lleno de errores, aunque puedo entender que esta sea una razón suficiente para muchos en la comunidad académica. La razón se debe a la pregunta sobre si todavía puedo estar a la altura de las altas expectativas que me propuse», sostuvo zu Guttenberg en una breve declaración en la que anunció su dimisión y en la que reconoció estar dando «el paso más doloroso de mi vida». Agradecimientos El político miembro de la CSU bávara, que desde 2013 ha trabajado como consultor de gestión en Nueva York para «Spitzberg Partners», ha hecho revisar esta vez su nueva tesis por el Profesor Dr. Richard A. Werner, que afirma que «por supuesto que sabía quién era mi estudiante de doctorado. Zu Guttenberg se postuló para la Universidad de Southampton de acuerdo con las mismas pautas y requisitos que se aplican a todos. Y además, las tesis doctorales se examinan según su contenido, no según la persona que las firma». «Resultados de investigación notables, excelentemente investigados sobre un tema importante», y que «ha dominado los estudios de doctorado y elaborado procedimientos de examen a lo largo de los años» son los criterios tenidos en cuenta por la Universidad para dar por buena la tesis. En el prólogo de su trabajo, zu Guttenberg escribe: «En primer lugar, me gustaría agradecer a mi supervisor a largo plazo, el profesor Richard Werner, quien me animó a hacer esta tesis doctoral durante mis años de investigación y me brindó valiosos consejos y conocimientos». También agradece a todas y cada una de las personas que «ayudaron a atravesar la jungla del archivo» y a los «amigos de confianza de ambos lados del Atlántico», que «creyeron en mí y en los valores que acompañan a la segunda oportunidad». A todos ellos les agradece su «amistad sin concesiones», al tiempo que elogia la comprensión de su «maravillosa esposa» y sus hijos: «han sido extremadamente pacientes y comprensivos durante muchos años, durante los cuales me concentré con demasiada frecuencia en mi investigación en lugar de poner los deberes familiares en primer plano». En agosto de 2017, todavía trabajando en su nueva tesis, zu Guttenberg regresó a su tierra natal y fue ovacionado en un acto electoral de su partido en Oberfranken. «Es bonito volver a casa», dijo en el escenario de su rehabilitación. «He asumido y sufrido todas las consecuencias», dijo ante el público de Kulmbach, «pero también puedo decir que, tras un largo tiempo y en algún momento, todo vuelve a estar bien». Más de 80 periodistas internacionales estaban acreditados en ese acto de campaña local, en una ciudad de 25.000 habitantes.
La situación en el vecindario europeo más próximo se deteriora a marchas aceleradas, lo que ha aconsejado al Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, convocar un consejo extraordinario de ministros de Asuntos Exteriores para este viernes. La lista de los problemas es bastante relevante como para justificarlo: la crisis político-social en Líbano y las protestas en Bielorrusia contra el dictador Alexander Lukasehnko. Sin embargo, el aspecto más importante que figura en esa relación de problemas ha sido el comienzo por parte de Turquía de los trabajos de prospección de yacimientos de gas en aguas que Grecia reclama como suyas. Este es sin duda el aspecto que tiene más capacidad de desestabilizar la situación en el Mediterráneo oriental. La crisis entre Grecia y Turquía ha alcanzado un grado de tensión indudable, hasta el punto de que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis había pedido una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Europeo. Sin embargo, una medida de esa naturaleza en pleno mes de agosto y después del maratón de cuatro días de reuniones en que resultó la última cumbre, podría ser muy complejo de organizar y sería interpretado como un gesto que podría atizar la tensión en Ankara. Incluso Mitsotakis, en una intervención televisiva el martes había dicho que estaba dispuesto a utilizar el camino del diálogo para resolver esta crisis, siempre que Turquía fuera razonable. El buque turco de exploración Oruc Reis ha estado rozando los límites de la zona de interés económico exclusivo de Grecia escoltado por cinco buques de guerra de su país, a los que a su vez vigilan otras tantas unidades de la Armada de Grecia. Mitsotakis advirtió que por encima de la prudencia de rigor, «no se puede excluir un accidente» que en este caso podría tener consecuencias imprevisibles. La medida de convocar este consejo de ministros exteriores, como especifica Borrell en su mensaje de Twitter, «para estudiar la situación en el Mediterráneo Oriental, las elecciones presidenciales en Bielorrusia y los acontecimientos en el Líbano», es un mensaje prudente que atiende las reclamaciones griegas de obtener un gesto de solidaridad de los demás países europeos rápido y claro, pero deja todavía cierto espacio para un grado más elevado de respuesta, en caso de que Turquía no escuche el mensaje. En estos momentos, las relaciones de Turquía con varios miembros de la UE son más que tirantes. Especialmente con Francia, que ve con mucha preocupación la política de Ankara en Libia, donde ha enviado un significativo contingente militar en apoyo del gobierno de Tripoli y se ha convertido en auténtico árbitro de la situación. Pero las actividades turcas en el Mediterráneo Oriental inquietan también a Chipre, por razones aún más intensas que las que preocupan a Grecia. Y por otro lado, la mayoría de los países miembros prefiere no irritar al máximo dirigente turco, Recep Tayip Erdogán, que tiene en sus manos la posibilidad de dejar abiertas las fronteras para que miles de refugiados intenten llegar a territorio europeo. La crisis en Libano está directamente relacionada con la situación en Turquía, porque nada sería peor para todos que un agravamiento de la situación. El caso de Bielorrusia preocupa especialmente a los países limítrofes como los bálticos y Polonia, porque una desestablización grave en esa dictadura tendría consecuencias directas para ellos. En otras circunstancias es probable que el Alto representante no hubiera juzgado necesario convocar una reunión extraordinaria de ministros por un fraude electoral que de todos modos no es la primera vez que se produce. Todo forma parte del sutil lenguaje para hacer llegar el mensaje adecuado a Grecia, que merece el apoyo de sus aliados en la UE y, por supuesto, al régimen turco.
Cita urgente de la UE este viernes para tratar de Turquía, Líbano y Bielorrusia La situación en el vecindario europeo más próximo se deteriora a marchas aceleradas, lo que ha aconsejado al Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, convocar un consejo extraordinario de ministros de Asuntos Exteriores para este viernes. La lista de los problemas es bastante relevante como para justificarlo: la crisis político-social en Líbano y las protestas en Bielorrusia contra el dictador Alexander Lukasehnko. Sin embargo, el aspecto más importante que figura en esa relación de problemas ha sido el comienzo por parte de Turquía de los trabajos de prospección de yacimientos de gas en aguas que Grecia reclama como suyas. Este es sin duda el aspecto que tiene más capacidad de desestabilizar la situación en el Mediterráneo oriental. La crisis entre Grecia y Turquía ha alcanzado un grado de tensión indudable, hasta el punto de que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis había pedido una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Europeo. Sin embargo, una medida de esa naturaleza en pleno mes de agosto y después del maratón de cuatro días de reuniones en que resultó la última cumbre, podría ser muy complejo de organizar y sería interpretado como un gesto que podría atizar la tensión en Ankara. Incluso Mitsotakis, en una intervención televisiva el martes había dicho que estaba dispuesto a utilizar el camino del diálogo para resolver esta crisis, siempre que Turquía fuera razonable. El buque turco de exploración Oruc Reis ha estado rozando los límites de la zona de interés económico exclusivo de Grecia escoltado por cinco buques de guerra de su país, a los que a su vez vigilan otras tantas unidades de la Armada de Grecia. Mitsotakis advirtió que por encima de la prudencia de rigor, «no se puede excluir un accidente» que en este caso podría tener consecuencias imprevisibles. La medida de convocar este consejo de ministros exteriores, como especifica Borrell en su mensaje de Twitter, «para estudiar la situación en el Mediterráneo Oriental, las elecciones presidenciales en Bielorrusia y los acontecimientos en el Líbano», es un mensaje prudente que atiende las reclamaciones griegas de obtener un gesto de solidaridad de los demás países europeos rápido y claro, pero deja todavía cierto espacio para un grado más elevado de respuesta, en caso de que Turquía no escuche el mensaje. En estos momentos, las relaciones de Turquía con varios miembros de la UE son más que tirantes. Especialmente con Francia, que ve con mucha preocupación la política de Ankara en Libia, donde ha enviado un significativo contingente militar en apoyo del gobierno de Tripoli y se ha convertido en auténtico árbitro de la situación. Pero las actividades turcas en el Mediterráneo Oriental inquietan también a Chipre, por razones aún más intensas que las que preocupan a Grecia. Y por otro lado, la mayoría de los países miembros prefiere no irritar al máximo dirigente turco, Recep Tayip Erdogán, que tiene en sus manos la posibilidad de dejar abiertas las fronteras para que miles de refugiados intenten llegar a territorio europeo. La crisis en Libano está directamente relacionada con la situación en Turquía, porque nada sería peor para todos que un agravamiento de la situación. El caso de Bielorrusia preocupa especialmente a los países limítrofes como los bálticos y Polonia, porque una desestablización grave en esa dictadura tendría consecuencias directas para ellos. En otras circunstancias es probable que el Alto representante no hubiera juzgado necesario convocar una reunión extraordinaria de ministros por un fraude electoral que de todos modos no es la primera vez que se produce. Todo forma parte del sutil lenguaje para hacer llegar el mensaje adecuado a Grecia, que merece el apoyo de sus aliados en la UE y, por supuesto, al régimen turco.

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