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Timestamp: 2020-08-15 11:24:38+00:00

Document:
LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE PUEBLA. UNIFICACIÓN DEL REGIMEN LABORAL
BUROCRÁTICO ESTATAL Y MUNICIPAL: UNA PROPUESTA
JOSÉ ADRIÁN ALBARRÁN MENA
DR. LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA
A mis hijos Andrea y José Ernesto:
Mi más grande bendición, su alegría es fuente de
CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO
1.1 Concepto y sistematización de la burocracia. 9 1.2 Definición y Autonomía del Derecho Burocrático. 10 1.3 Surgimiento y Antecedentes de la Burocracia en el Mundo. 15 1.4 Antecedentes del Derecho Burocrático en México. 16 1.4.1 Época Precolonial. 17
1.4.2 Época Colonial. 18
1.4.3 Época de la Independencia. 19 1.4.4 La Constitución de 1857. 20 1.4.5 El Constituyente de 1917. 21
LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL ESTADO Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
2.1 La Función Pública. 28
2.2 El Servidor Público. 29
2.3 Distinción entre Funcionario y Empleado Público. 30 2.4 Teorías sobre la naturaleza de la Función Pública. 33 2.4.1 Teoría civilista o de Derecho Privado. 33 2.4.2 Teoría del acto unilateral. 34 2.4.3 Teoría del acto contractual. 34 2.4.4 Teoría del acto unión. 35 2.5 La relación de Trabajo entre el Estado y sus Trabajadores. 36 2.6 Sujetos de la Relación de Trabajo entre el Estado y sus
REGIMEN JURÍDICO LABORAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y SUS MUNICIPIOS
3.1 Fundamento Constitucional de la Legislación Burocrática en los
Estados y sus Municipios. 49 3.2 Análisis comparado de la Legislación Burocrática de los Estados
y sus Municipios. 54
3.3 La Justicia Laboral Burocrática en los Estados y Municipios. 57 3.4 Los Trabajadores Municipales en las Legislaciones Burocráticas de
los Estados. 59
EL REGIMEN LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE PUEBLA
4.1 La Legislación Burocrática en el Estado de Puebla. 65 4.2 Régimen laboral de los Trabajadores del Ayuntamiento del Municipio
de Puebla. 72
4.3 Propuesta de Unificación de la Legislación Burocrática en el Estado
de Puebla. 76
CONCLUSIONES. 79
La relación de servicio entre el Estado y sus trabajadores no es producto de la evolución actual que vive el Estado, ha existido desde épocas muy remotas, sin embargo, ésta se ha visto modificada a través del tiempo, lugar e ideología política.
En México, el Constituyente de 1917 incorporó a la Constitución los derechos sociales de los trabajadores pensando en el trabajo como una unidad indisoluble; no se establecieron distinciones de ninguna especie en razón de las diversas formas de prestación de los servicios. Fue el legislador de 1960 el que consideró que el trabajo en general y el servicio que se presta al Estado responden a una filosofía distinta, atendiendo a la naturaleza del trabajo y al fin que se persigue con su realización; de ahí que haya establecido en la Constitución dos marcos jurídicos laborales. Con motivo de la reforma de 1960 las relaciones laborales en nuestro país quedaron reglamentadas a nivel federal por la Ley Federal del Trabajo, para los sujetos del Apartado “A” y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para los servidores públicos federales del Apartado “B”, sin que dichos ordenamientos se ocuparan de los trabajadores al servicio de los Estados y los Municipios.
La reforma constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres impuso a las legislaturas de los Estados, la obligación de expedir leyes que regularan las relaciones laborales entre los Estados y Municipios con sus trabajadores. En marzo de mil novecientos ochenta y siete un nuevo decreto de reforma estableció el plazo de un año para que las legislaturas locales expidieran tales ordenamientos.
constitucional de mil novecientos ochenta y tres y posteriormente la de mil novecientos ochenta y siete no produjeron modificaciones en las leyes burocráticas del Estado de Puebla. A la fecha los doscientos dieciséis municipios diversos a la Capital no cuentan con leyes que regulen las relaciones de trabajo con sus trabajadores, ocasionando un estado de incertidumbre jurídica respecto a sus derechos laborales.
El objetivo de éste trabajo es realizar una propuesta tendiente a unificar el régimen laboral burocrático estatal y municipal en el Estado de Puebla, con la finalidad de que los servidores públicos estatales y municipales, reciban igual tratamiento jurídico y cuenten con un tribunal imparcial que escuche sus peticiones.
La delimitación de ésta investigación es la materia burocrática, con un ámbito geográfico estatal y municipal, analizando la legislación vigente al año dos mil catorce.
La justificación normativa radica en la necesidad de expedir una sola legislación que regule las relaciones burocráticas en el Estado de Puebla; como
justificación sociológica encontramos el hecho de que la unificación que se propone traerá por consecuencia que los trabajadores del Estado y municipios desempeñen sus funciones en condiciones de certeza jurídica lo que redundará en una mejor prestación de servicios a la ciudadanía y; como justificación axiológica
está la impartición de justicia en beneficio de los trabajadores del estado y sus municipios así como una mayor celeridad en su tramitación evitando el pago de cuantiosos laudos por futuras administraciones.
trabajo que se generen de manera pronta e imparcial.
El presente estudio se compone de cuatro capítulos, el primero de ellos examina el concepto y la sistematización de la burocracia, la definición y autonomía de lo que hoy conocemos como Derecho Burocrático, así como la forma en que se ha desarrollado la relación existente entre el Estado y sus trabajadores en el mundo y específicamente en nuestro país. El segundo capítulo expone la doctrina existente en torno a los conceptos fundamentales y teorías sobre la naturaleza jurídica de la relación jurídica entre el Estado y los servidores públicos. En el tercer capítulo se hace un estudio de derecho comparado entre las diversas legislaciones burocráticas existentes en los diversos Estados de la República Mexicana. El cuarto capítulo concluye con un análisis de la legislación burocrática en el Estado de Puebla y la necesidad de unificar el régimen estatal y municipal en aras de una mejor administración de justicia y certeza jurídica para los trabajadores al servicio del Estado y sus doscientos diecisiete municipos.
1.1 CONCEPTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BUROCRACIA.
La palabra burocracia proviene del francés bureaucratie. Etimológicamente se integra del francés bureau, oficina y del griego cratos, poder.
En el francés antiguo, la voz bure significaba paño o tela burda usada en las mesas de los funcionarios en los actos públicos, el término evolucionó a bureau
para significar también la mesa y posteriormente, la sala o despacho y hasta las personas que allí trabajaban.1
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define el término “burocracia” en su segunda acepción como el “conjunto de los servidores públicos” y conforme a su tercera acepción como la “influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos”. 2
El término burocracia ha sido catalogado como anfibológico –palabra con más de una interpretación - toda vez que su uso puede referirse ya sea al personal administrativo, a los problemas del Estado, a los trámites administrativos e inclusive hace referencia a las diversas formas de organización administrativa.
Reynoso Castillo refiere que la voz burocracia de la cual deriva el término
burocrático, “no existe jurídicamente hablando y se trata más bien de un término importado de la sociología”.3
El vocablo francés bureaucratie lo empezó a utilizar el fisiócrata Juan Claudio María Vicente Gournay, refiriéndose al poder ejercido por el conjunto de
1 Cfr. Fernández Ruíz, Jorge y Otero Salas, Filiberto, Derecho Administrativo del Estado de Puebla, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007,
2 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima segunda
edición. Disponible en:
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=burocracia&val_aux=&origen=REDRAE Madrid, España. Consultado el 19 de julio de 2012.
3 Reynoso Castillo, Carlos, Curso de Derecho Burocrático, México, Porrúa, 1999,
funcionarios y empleados dependientes del rey, en la administración pública de la monarquía absoluta.4
Serra Rojas, refiere que “la palabra burocracia es una expresión peyorativa con la cual indicamos al grupo de personas que sirven al Estado en forma permanente y presupuestal. Positivamente es una clase que sirve a la sociedad, realizando los fines del Estado”.5
En la legislación mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos omite hacer referencia al término burocracia y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 51, utiliza en una sola ocasión la expresión “unidad burocrática”.
Hoy en día podemos entender por burocracia el conjunto de servidores públicos, sean funcionarios, empleados o trabajadores al servicio del Estado.
1.2 DEFINICIÓN Y AUTONOMÍA DEL DERECHO BUROCRÁTICO.
Jorge Federico Hegel, en su obra Filosofía del Derecho, inicia el estudio sistemático de la burocracia señalando que “en la tarea del gobierno, existe, la división del trabajo…las funciones del gobierno son de carácter objetivo, ya decididas por sí según su sustancia y deben llenarse y cumplirse por individuos.”6
Max Weber definió la burocracia como “un sistema para el desarrollo de los asuntos de gobierno por medio de ministerios y órganos, dirigidos por un titular
4 Fernández Ruíz, Jorge y Otero Salas, Filiberto, Op. cit, nota 1, p. 388.
5 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Primer Curso, 29a. ed., México,
Porrúa, 2010, p. 387.
6 Hegel, Guillermo Federico, Filosofía del Derecho, 5a. ed., Buenos Aires, Edit.
capaz de dar particular énfasis a la práctica y al procedimiento de carácter conservativo”.7
En opinión de Max Weber, cualquier dominación sobre un conjunto humano requiere normalmente de una estructura administrativa. Existen diferentes modelos de dominación legítima destacando el racional, el tradicional y el carismático.
El modelo burocrático de Weber se funda en una seria de premisas que, cuando se producen, nos ubican frente a un régimen burocrático de dominación racional basado en tres proposiciones básicas: reparto de competencias, poderes coactivos determinados por la norma y personal con aptitudes absolutamente definidas.8
Guillermo Cabanellas, citado por Trueba Urbina, refiere que “las relaciones entre el Estado y sus empleados o funcionarios son de derecho público y por lo mismo no están en el ámbito del derecho del trabajo, sino del derecho administrativo.”9
En relación a ello debemos decir que existen tópicos como son la estructura y organización del Estado así como la actuación de éste frente a los particulares los cuales son propios del Derecho Administrativo, no así cuando se trate de analizar la situación jurídica de aquellas personas que a cambio de un salario prestan su fuerza de trabajo al Estado y si bien en ésta relación sui generis, no existe la necesidad de equilibrar los factores de la producción, ni existe un ánimo de lucro, si surgen derechos y obligaciones de carácter eminentemente social cuya protección debe quedar al amparo del artículo 123 constitucional.
7 Weber, Max, Economía y Sociedad, trad. de José Medina Echavarría, México,
Fondo de Cultura Económica, 1964, pp. 117 y 118.
8 Weber, Max, ¿Qué es la burocracia?, trad. de Rufino Arar, México, Ediciones
Coyoacán, 2001, p. 21 y 22.
9 Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 2ª. Ed., México,
Mario de la Cueva afirma que “la extensión del derecho del trabajo a los trabajadores públicos no fue un elemento co-substancial en los orígenes del estatuto laboral, si no un efecto posterior, consecuencia de su fuerza expansiva y de su sentido de universalidad”.10
Trueba Urbina señala que “las relaciones entre el Estado Federal, los Estados miembros y los Municipios y sus servidores, son de carácter social y por consiguiente éstos son objeto de protección y reivindicación en el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias; no debiendo confundirse la naturaleza social de esta relación con la función pública que realiza el Estado y sus servidores frente a los particulares”.11
El Doctor Miguel Acosta Romero, considera que el derecho burocrático es una rama del derecho laboral “que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diversos niveles (Federación, Estados y Municipios), así como los derechos y obligaciones que de ella surjan”.12
El Licenciado Pedro Ojeda Paullada, ex magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha definido al Derecho Burocrático como “aquella disciplina o rama del Derecho Social que tiene por objeto regular los derechos y obligaciones recíprocos entre el Estado y sus servidores, que establece, además, las bases de justicia que tiendan a equilibrar el disfrute de las garantías sociales por parte de los servidores públicos, con el ejercicio y
10 De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 13a ed., México,
1993, tomo 1, p. 623.
11 Trueba Urbina, Alberto, Op. cit., nota 9, p. 596.
12 Acosta Romero, Miguel, Derecho Burocrático Mexicano, 2da ed., México,
cumplimiento de las funciones, tareas y compromisos que corresponde cumplir al Estado, como representante general de la sociedad”.13
El Doctor León Magno Meléndez George, señala en su obra Derecho Burocrático que éste alude “al conjunto de normas que regulan los vínculos laborales entre el Estado y las personas que jerárquicamente organizadas le prestan servicios en virtud de nombramiento u otro acto generador de la relación jurídica burocrática, en la que uno de los sujetos tiene derecho a una remuneración estipulada legalmente”. 14
De esta forma podemos válidamente señalar que nos encontramos ante una disciplina autónoma, cuyo contenido ha estimado el Doctor Fix Zamudio, se integra por disposiciones que pertenecen a tres sectores, administrativo, laboral y de seguridad social.15
La autonomía del Derecho Burocrático, explica el Doctor Meléndez George, queda demostrada al señalar que ésta disciplina cuenta con autonomía legislativa, al emanar fundamentalmente del apartado B del artículo 123 constitucional y contar con su propia ley reglamentaria, la Ley Federal del los Trabajadores al Servicio del Estado así como los diversos ordenamientos que hoy en día existen sobre la materia; autonomía científica al existir hoy en día teorías y principios que son sustanciales al derecho burocrático; autonomía didáctica al formar parte de los planes y programas de estudio en las universidades y;
autonomía jurisdiccional al existir tribunales expeditos para resolver las controversias entre el Estado y sus trabajadores.16
13 Ojeda Paullada, Pedro, Tendencias actuales del derecho burocrático, Disponible
en: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/39/43-07.pdf. Consultado el 20 de julio de 2012.
14 Meléndez George, León Magno, Derecho Burocrático. Incertidumbre jurídica.
2da. ed., México, Porrúa, 2011, p. 158.
15 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Panorama de los derechos procesal del trabajo y procesal burocrático en el ordenamiento mexicano. Revista Mexicana del Trabajo, México, junio 1965, p. 28.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 13/97, considera al derecho burocrático “como una rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral”.
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS BUROCRÁTICOS. El derecho burocrático se perfila como rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral; al excluirse a los empleados públicos de la regulación de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, surgieron constitucional por un apartado B en que se reguló lo relativo a la relación de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; en mil novecientos sesenta y tres se expidió su ley reglamentaria. Los ordenamientos estatutarios burocráticos encuentran origen en la exclusión de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. Se trató entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentación del artículo 89 fracción II de la Constitución Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y remoción de los empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en las leyes, por ello es que a diferencia del sistema de la Ley Federal del Trabajo que atiende a la naturaleza de la función desempeñada por el trabajador en cargos de inspección, vigilancia, administración y fiscalización y no a la denominación que se dé al puesto, desde el origen de la materia se ha atendido al sistema de catálogo para distinguir entre los trabajadores que cuentan con la protección del artículo 123 apartado B de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias a nivel federal y local y aquellos que siguen sujetos a la facultad de libre nombramiento y remoción mencionada.
Contradicción de tesis 13/97. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Registro No. 196229. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Mayo de 1998. Página: 581. Tesis: 2a./J. 31/98. Jurisprudencia. Materia(s): laboral.
1.3 SURGIMIENTO Y ANTECEDENTES DE LA BUROCRACIA EN EL MUNDO.
A través de la historia, el Estado ha incrementado el número de personas empleadas para desempeñar las tareas asumidas. Al igual que en la empresa privada, el trabajo humano cobra un valor preponderante en la consecución de los fines de la actividad pública.
Desde la antigüedad, la incorporación de hombres abocados a la función pública dio lugar a la formación de un cuerpo de funcionarios y empleados de la administración estatal provistos de gran influencia social.
En Egipto existió una amplia estructura administrativa encabezada por el gran visir o primer ministro, organizada jerárquicamente a las órdenes del faraón. Los servidores públicos eran pagados directamente por el estado, gozaban del derecho de inamovilidad y en algunos casos los cargos eran hereditarios.17
En la China antigua se adoró a los emperadores como deidad o divinidad. Había funcionarios para la atención de las obras públicas y los sacerdotes eran coadjutores importantes en las tareas de gobierno, ya que presidían todas las ceremonias importantes y aconsejaban al emperador.18
En Roma, la burocracia cobró particular importancia desde el periodo monárquico. El rey es el jefe del ejército, el magistrado judicial y sumo sacerdote. Se halla asistido por el senado. Para facilitar el ejercicio del poder confería a otros diversas atribuciones entre las cuales encontramos al prefectus urbi o prefecto de la ciudad, el cual tenía como función sustituirle durante sus ausencias; existían los
17Cfr. Fernández Ruiz, Jorge y Otero Salas, Filiberto, Op. cit, nota 1, p. 389.
18 Cfr. Alvear Acevedo, Carlos. Manual de Historia de la Cultura, México, Limusa,
cuestores paricidii, auxiliares en la impartición de justicia y el tribunus celerum, encargado de la infantería y caballería.19
Durante el periodo de la República, encontramos el surgimiento de diversas magistraturas, correspondiendo a los dos cónsules ser los jefes anuales del Estado y del ejercito; los praetores –praetor urbanus y praetor peregrinus- tenían a su cargo la administración de justicia; los dos censores, a cuyo cargo corría la administración de los terrenos de uso público, la elección de nuevos senadores y la formación del censo de los ciudadanos, con miras al sufragio, a la tributación, al servicio militar y a la tutela de las costumbres; los dos aediles curules, con funciones de policía ciudadana; los quaestores, encargados de la percepción de multas y confiscaciones y el dictator, magistrado único, supremo y extraordinario que sustituye a los cónsules en momentos de grave peligro para la República, sea por guerras internas o exteriores. 20
Es en el imperio donde surge propiamente una burocracia civil y jerarquizada, independiente de la clase militar. Los funcionarios civiles constituyen un gran cuerpo con escalafón (laterculum), título (codicillus dignitatis) y sueldo, existiendo un estatuto regulador de su designación, de su responsabilidad, de sus derechos y deberes. 21
1.4 ANTECEDENTES DEL DERECHO BUROCRÁTICO EN MÉXICO.
A continuación se hace una breve exposición de la evolución que han tenido las normas de Derecho Burocrático en nuestro país desde la organización administrativa existente en el pueblo azteca hasta el surgimiento del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria.
19 Cfr. Mommsen, Theodor, Historia de Roma, Madrid, Ediciones Aguilar, S.A.,
1956, p. 86.
20 Cfr, Iglesias, Juan, Derecho Romano, 13ª ed., Madrid, Editorial Ariel, 2001, p.
1.4.1 ÉPOCA PRECOLONIAL.
La estratificación social en el centro de México comprendía dos grandes estamentos, el de los nobles llamados pipiltin y el de los macehuales que eran la gente común.
Para los nahuas de la cuenca de México, los derechos y las obligaciones no existían solamente en relación a la división apuntada sino a la posición que ocupaba el hombre frente y dentro del funcionamiento estatal.
El Estado creó una amplia burocracia basado en que toda persona era en cierto modo un funcionario al servicio de la comunidad.
Diego Durán en su obra Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme, citada por Carlos Brokmann, narra lo siguiente:
“Porque era grande el número de oficiales que esta nación tenía para cada cosita y, así, era tanta la cuenta y razón que de todo había, que no faltaba punto en las cuentas y padrones; que para todo había, hasta oficiales y mandocillos de los que habían de barrer. Había y era el orden que ninguno había de entremeterse en el oficio de otro, ni hablar palabra, porque luego era rechazado… eran los oficiales de las repúblicas tantos y tan innumerables, que no tenían cuenta”.22
El Doctor Meléndez George, en su obra Derecho Burocrático, hace referencia a una serie de empleados públicos de la época entre los cuales podemos mencionar a los Tlatoques que actuaban como jueces de lo civil y de lo criminal en poblaciones pequeñas, los Tlacatéccatl, jueces en ciudades de mayor importancia los cuales actuaban siempre acompañados de otros funcionarios asesores llamados Quauhnchtli y Tlaylótlac. La recaudación de impuestos en poblaciones lejanas estaba a cargo de los Calpixques. Los Tamemes tenían como función transportar mercancía o encargos del Estado. El supremo juez o
22 Brokmann, Carlos, La Justicia en el Mundo Prehispánico, México, Suprema
Cihuacóhuatl, designado directamente por el Rey y los Quauhnochtli, que era el alguacil mayor.23
1.4.2 ÉPOCA COLONIAL.
La esclavitud constituyó la principal fuerza de trabajo al inicio de la colonia. Los funcionarios de gobierno y militares “fueron parte de la estructura burocrática que sirvió como fuerza de dominación para legitimar el nuevo orden impuesto por los españoles”.24
Durante la Colonia, existieron dos sistemas de designación para los cargos públicos, la venta de oficios y la designación directa. Al servicio del virrey existían un conjunto de funcionarios cuya actividad era la administración pública de la colonia, los diferentes tribunales que existieron para sancionar las controversias jurídicas que se planteaban con motivo de incumplimientos o de delitos cometidos y la actividad legislativa que se llevaba a cabo por los ayuntamientos.25
En el año de 1583, Felipe II, ordenó a la Cámara de Castilla poner cuidado en la provisión de oficios. Felipe III en 1613, condenó con la inhabilitación y otras penas al que emplease dádivas o promesas, por sí o por otra persona, con el fin de conseguir el empleo.26
El primer Montepío de la Nueva España fue creado en el año de 1761 y estuvo destinado a proporcionar asistencia a los servidores del virreinato. Los montepíos constituyen el antecedente directo del sistema de pensiones constituido por el Estado en beneficio de sus empleados civiles y militares.27
23Cfr. Meléndez George, León Magno, Op. cit., nota 14, p. 31.
24Ibídem, p. 35.
25Ibídem, p. 58.
26 Acosta Romero, Miguel, Op. cit., nota 12, p. 51.
27 González, Ma. del Refugio, Montepío. Enciclopedia Jurídica Mexicana, México,
1.4.3 ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA.
El 14 de Septiembre de 1813, en Chilpancingo, José María Morelos y Pavón, publicó los Sentimientos de la Nación. De este documento, destaca el Artículo 12 que manifiesta: “Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”28
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, dispuso en sus artículos 25 y 26:
“Art. 25.- Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado, éstos no son títulos comunicables no hereditarios, y así es contrario a la razón la idea de un hombre nacido legislador o magistrado.
Art. 26.- Los empleados públicos deben funcionar temporalmente, y el pueblo tiene derecho para hacer que vuelvan a la vida privada, proveyendo las vacantes por elecciones y nombramientos, conforme a la Constitución.”29
Asimismo el artículo 164 atribuía al Supremo Gobierno la facultad de suspender a los empleados nombrados por él o por el Congreso cuando hubiere sospechas vehementes de infidencia mediante una especie de juicio ante el Tribunal competente o ante el Congreso.
Desde el año de 1818 se reglamentaron el abono de sueldos de los empleados que gozaban de licencias temporales para restablecer su salud; y en el mismo año se prohíbe a los que manejan caudales de la nación, disponer de ellos, así como una pena a los funcionarios públicos que no cumplieren con algún decreto u orden. 30
28 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 17a. ed., México,
Porrúa, 1992, p. 30.
29Ibídem, p. 35.
En el artículo 49 fracción XXIII de la Constitución Federal de 1824, se otorgó al Congreso General la facultad de “crear o suprimir empleos públicos de la federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones”. 31
Adicionalmente, las fracciones III, IV, VII y XX del artículo 110 de dicha Constitución enumeran las atribuciones del Presidente de la República, entre otras, la de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho así como nombrara los jefes de las oficinas generales de Hacienda, los de las Comisarías Generales, los enviados diplomáticos y cónsules, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y armada, con aprobación del Senado y, en sus recesos, del Consejo de Gobierno.
Por cuanto hace a los servidores públicos de menor jerarquía, no se contó con una legislación específica que regulara sus derechos y obligaciones lo que propició que su nombramiento y remoción quedara al capricho del Presidente de la República y de sus colaboradores inmediatos así como de los Gobernadores de los Estados ocasionando ello despidos injustificados sobre todo en los cambios de administración.
En 1853, Antonio López de Santa Anna, publicó las denominadas “Bases para la Administración de la República hasta la Promulgación de la Constitución”. En dicho documento se anuncia que al crearse la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, los empleados de la Dirección de Industria y Colonización y todas las direcciones particulares serían considerados según sus méritos.32
1.4.4 LA CONSTITUCIÓN DE 1857.
El artículo 85 de la Constitución de 1857, enumeró las facultades y obligaciones del Presidente de la República. Los artículos 103 a 108 hicieron referencia a la responsabilidad de los servidores públicos.
En materia de derechos laborales de los servidores públicos, el artículo 120 de la Constitución de 1857, prescribió que “el Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y demás funcionarios públicos de la federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por el tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o la disminuya, no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo.”33
En 1885 un decreto de gobierno reglamentó minuciosamente la expedición de despachos y nombramientos de empleados públicos. En el mismo año se expidieron diversas circulares sobre descuentos de sueldos, licencias, impuestos sobre sueldos y registro de nombramientos.
En 1896, fue expedida la denominada “Ley Juárez”, una ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución de 1857, en donde se establecían algunas penas como la destitución del cargo y la inhabilitación y recompensas como la inamovilidad y el otorgamiento de ascensos, haciendo especial mención en la responsabilidad de los altos funcionarios.
En 1911 fue elaborado el “Proyecto de Ley del Servicio Civil de los Empleados Federales”, que intentaban asegurar derechos y dar estabilidad a los burócratas, más no llegó a ser aprobado.
1.4.5 EL CONSTITUYENTE DE 1917.
El original texto de la Constitución de 1917, no hizo referencia alguna a las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. En el “Proyecto de declaración de derechos sociales”, no existe disposición alguna sobre los servidores del Estado, siendo que como refiere Mario de la Cueva, una minoría conservadora pretendió limitar sus alcances al trabajo meramente económico, pero la Comisión dictaminadora expresó en su dictamen, que fue aprobado por los asambleístas, que “la legislación no debía limitarse al trabajo económico” y de conformidad con dicho principio el primer párrafo del artículo 123, establecía “el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, de manera general, a todo contrato de trabajo”.34
Por su parte, la fracción XVIII del citado artículo 123 en su texto original establecía: “las huelgas serán consideradas como lícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los obreros de establecimientos fabriles, militares del gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al ejército nacional”.
La interpretación que debe darse a la parte final de esta fracción del artículo 123, es a contrario sensu, que los trabajadores que pertenezcan a los establecimientos del Gobierno están en aptitud de ejercer el derecho de huelga, con la sola excepción circunstancial de que no sea en caso de guerra.
El catorce de enero de 1918 fue expedida la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, cuyo artículo octavo establecía que “no eran objeto de la ley los
contratos que se refirieran a los empleados y funcionarios de la Administración y Poderes del Estado”.
Similar disposición fue dictada en Estados como Tabasco y Yucatán. Por el contrario, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y Puebla, incluyeron en su reglamentación a los trabajadores de dichas entidades federativas y municipios. 35
En el año de 1929 se reforma la Constitución para efectos de que el Congreso Federal expidiera una ley laboral única para toda la República. Considerando que limitar las relaciones de trabajo como lo hacía la Ley de Veracruz, representaba ir en contra de la universalidad de la Declaración de Derechos Sociales, se resolvió hacer una distinción entre las funciones propias del estado como titular del poder público y las actividades que aun desempeñadas por el estado, eran de la misma naturaleza de las que cumplían los particulares.36
Resultado de lo anterior, el proyecto del Código de Trabajo, sometido a la consideración del Congreso de la Unión por el Presidente Emilio Portes Gil, expresaba en su artículo segundo “el estado asume el carácter de patrono respecto de los servicios que no constituyan ejercicio de poder público ni sean un medio indispensable para ese ejercicio, sino actividades de producción encaminadas a satisfacer necesidades de orden económico”.37
Al no aprobarse en su totalidad el proyecto del Presidente Emilio Portes Gil, dos años después, la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo redactó un nuevo proyecto de ley que se convertiría en la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuyo artículo segundo señalaba: “Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”.
35Cfr., Acosta Romero, Miguel, Op. cit., nota 12, p. 55.
36Cfr., De la Cueva, Mario, Op. cit., nota 10, p. 630.
Ante la difícil situación de los funcionarios públicos quienes veían continuamente violados sus derechos laborales, el Presidente Abelardo Rodríguez emitió el “Acuerdo Administrativo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil”, el cual tuvo vigencia hasta el día 30 de noviembre de 1934. En dicho acuerdo se determinó que la separación de un trabajador sólo podría llevarse a cabo con causa justificada.38
Al finalizar el año de 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para crear el Estatuto Jurídico para los Trabajadores del Estado, reiniciándose la tendencia laboral de las relaciones entre la Nación y sus servidores, ya que en éste ordenamiento se establecen los derechos a un salario por el esfuerzo material e intelectual desarrollado; a la estabilidad en su trabajo; al escalafón por eficiencia y antigüedad; a indemnización por separación injustificada y riesgos profesionales; a la jornada de trabajo; pago de horas extraordinarias de trabajo; a descanso para recuperar energías; a la higiene en el lugar de la prestación de sus servicios; a la prevención de accidentes; a la asociación sindical y a la huelga, así como al establecimiento de tribunales “con independencia absoluta de la autoridad oficial de los órganos del Estado”. El proyecto incluyó un capítulo destinado a señalar las obligaciones de los trabajadores, precisando sus responsabilidades y las sanciones para asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. El Estatuto fue aprobado y entró en vigor el 5 de diciembre de 1938.
Con relación a la expedición de dicho Estatuto, Néstor De Buen, comenta lo siguiente:
“Efectivamente los trabajadores públicos recuperaron con el Estatuto una parte de los derechos que habían perdido en 1931, entre otros el muy importante de ser considerados como verdaderos trabajadores y no sujetos de relaciones administrativas. No obstante la medida no fue totalmente justa, porque si bien se reconocieron derechos como el de sindicalización y huelga,
su alcance resultaba absolutamente menor en comparación a los que derivaban del Artículo 123”.39
Siendo presidente de México Adolfo López Mateos, tuvo lugar la adición más importante que se ha hecho al Artículo 123 constitucional. Dicha reforma, efectuada el 6 de diciembre de 1960, incorporó a dicho precepto, a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los Gobiernos del Distrito Federal y Territorios. En consecuencia, el texto original se convirtió en inciso “A)”, por lo que se refiere a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general a todo contrato de trabajo. El inciso “B)”, con catorce fracciones, se refiere a los empleados del gobierno.
Fue hasta 1960 cuando a propuesta del Presidente Adolfo López Mateos se regularon constitucionalmente las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, adicionando al Artículo 123 constitucional lo que ahora se conoce como “Apartado B” del mencionado precepto.
Al respecto, el Doctor Mario de la Cueva afirma que “si la Declaración de 1917 fue la primera Declaración de derecho sociales del siglo XX, la de 1960, año en que fue aprobada la iniciativa de López Mateos, fue también la primera Declaración constitucional de los derecho sociales de los trabajadores del estado”.40
La exposición de motivos de dicha iniciativa precisó textualmente lo siguiente:
“... los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el Artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores... de lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el antes; citado Artículo 123, con las diferencias que
39 De Buen Lozano, Néstor, et al., Trabajadores del Estado en Iberoamérica,
México, Porrúa, 1999, p. 102.
naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas. La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como el de sus familiares...”
2.1 LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La Administración Pública, requiere de personas físicas que formen y exterioricen la voluntad de éste.
Narciso Sánchez Gómez ha definido la función pública en un sentido amplio y otro estricto. En el primero de ellos la define como aquella actividad desempeñada por organismos, dependencias, poderes, autoridades del Estado, agentes y auxiliares del Poder Público en el ejercicio de las atribuciones legales que tiene encomendadas un pueblo determinado, llámese nación o Estado soberano. En sentido estricto, es la situación jurídica a que están sujetos los servidores públicos con relación a las tareas propias del Estado.41
Bajo el rubro función pública, refiere Delgadillo Gutiérrez, los tratadistas estudian las relaciones de la Administración Pública con sus funcionarios y empleados.42
Alfonso Nava Negrete define la función pública como la “relación jurídica laboral que existe entre el Estado y sus trabajadores”. 43 Diferenciándose del servicio en sí que prestan los trabajadores, que responde a los conceptos de actividad pública, servicio administrativo o servicio público.
Para efectos de la presente investigación consideraremos como función pública el régimen jurídico aplicable a todas las personas físicas que desempeñan un empleo, cargo o servicio público dentro de la organización pública de los Poderes del Estado.
41Cfr. Sánchez Gómez, Narciso, Primer Curso de Derecho Administrativo, México,
3ª. Ed., México, Porrúa, 2003, p. 379.
42 Cfr. Delgadillo Gutiérrez, Humberto, Elementos de Derecho Administrativo 1er. curso, México, Trillas, 1997, p. 145.
43 Nava Negrete, Alfonso, La Función Pública. Diccionario Jurídico Mexicano, 11ª
Es importante precisar que no toda persona que presta sus servicios al Estado forma parte de la función pública. Hoy en día existen diversas modalidades de contratación que han permitido al Estado realizar diversas funciones o actividades a través de contratos de tipo administrativo o contratos privados sin considerar a quienes prestan dichos servicios como trabajadores.
Comúnmente se identifica como sinónimos los términos servidor público, funcionario y empleado público, pretendiendo hacer referencia a quien obtiene sus ingresos de la administración pública.
Narciso Sánchez Gómez define al servidor público como “la persona física que mediante un nombramiento, por elección popular o por figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales o eventuales, desempeña las tareas o labores propias de una entidad pública en alguno de los Poderes federales o estatales.”44
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que se reputarán como servidores públicos:
“…a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones…”
El citado precepto hace la distinción entre dos clases de servidores públicos, los funcionarios y los empleados públicos cuya distinción será analizada más adelante.
44 Sánchez Gómez, Narciso, Op. cit., nota 41, p. 380.
Podemos decir entonces que “servidor público” es el género que se utiliza para identificar a cualquier persona física que desempeña un empleo, cargo, comisión o algún puesto en la administración pública Federal, Estatal o Municipal, o en los poderes Judicial o Legislativo de dichas entidades públicas.
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del aparatado “B” del artículo 123 constitucional, no utiliza el término “servidor público” haciendo en todo momento referencia a “trabajador al servicio del Estado”, definiendo en su artículo 3º que “Trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales”. Así mismo divide en el artículo 4º a los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base.
2.3 DISTINCIÓN ENTRE FUNCIONARIO Y EMPLEADO PÚBLICO.
La legislación no determina en forma específica los rasgos o criterios que nos permitan distinguir entre funcionario y empleado público.
La doctrina francesa, señala como elemento distintivo de un funcionario público su permanencia en los cuadros que integran la administración, es decir, que la función o servicio sea permanente, normal, ordinario y no creado transitoriamente. Esta doctrina destaca tres elementos del funcionario: a) Permanencia en el cargo; b) Integración en un cuadro de gobierno con categorías de puestos en forma jerarquizada y c) Participación en Servicio Público. El empleado por su parte, es definido como aquella persona que colabora en un servicio público en forma temporal.45
La escuela italiana señala que el funcionario se determina por la relación que guarda con el Estado, ya sea formando su voluntad o representándolo; los
empleados son aquellos que prestan un servicio público de un modo permanente y para fines profesionales o técnicos.46
La doctrina alemana no tiene un concepto preciso de funcionario o de empleado. Supone para el personal de la administración, la existencia de un contrato en que el Estado declara su voluntad de tomar a una persona a su servicio y el consentimiento del particular para ello.47
En México, Humberto Delgadillo Gutiérrez, refiere que “la doctrina ha pretendido diferenciar las calidades de funcionarios y empleados: a) a partir de la duración en el empleo; b) de su retribución; c) de la naturaleza del derecho que regula la relación; d) del tipo de sus funciones y; e) del tipo de ordenamiento que regula su actuación.”48
Tales criterios, señala el propio autor resultan objetables por las siguientes consideraciones:
“a) La duración en el empleo no es nota de distinción entre uno y otro concepto, ya que puede haber funcionarios que tengan igual o mayor tiempo de permanencia que algún empleado.
“b) La retribución tampoco da bases de distinción puesto que de acuerdo con el artículo 5º constitucional, a todo trabajo le corresponde su justa retribución, por lo que tanto funcionarios como empleados deberán ser retribuidos económicamente por os servicios que presten a la administración pública, y sus presupuestos y tabuladores no hacen ninguna diferenciación al respecto.
“c) No es posible aceptar la tesis de la naturaleza del derecho que regula la relación de servicio, ya que todos los empleados se encuentran sometidos al mismo régimen de derecho público, y por lo tanto no hay diferencias entre funcionarios y empleados.
46Ídem. 47Ídem.
“d) En lo que respecta al tipo de funciones, tampoco es suficiente para hacer la distinción, ya que esta tesis sostiene que el funcionario es el que tiene la atribución para decidir y ordenar, los empleados sólo son ejecutores, lo que no es suficiente para diferenciarlos, ya que en la relación jerárquica siempre hay alguien que ordena y alguien que obedece, aun entre funcionarios.
“e) Respecto al ordenamiento que regula la actuación, se ha dicho que el funcionario tiene sus facultades previstas en la Constitución y en las leyes, y los empleados en los reglamentos. Lo anterior es inconcebible y no demuestra la diferencia entre los conceptos que se analizan, ya que de acuerdo con nuestro sistema jurídico, los órganos administrativos obtienen sus facultades bajo los tres sistemas: constitucional, legal y reglamentario.”49
Narciso Sánchez Gómez define al funcionario público como un servidor del Estado, designado o electo popularmente por disposición de una norma jurídica, para ocupar mandos medios y superiores dentro de la estructura de los poderes públicos, y como consecuencia asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando, su duración en el cargo en ciertos casos es temporal, y en otros puede ser removido libremente por su superior jerárquico, y generalmente asume la categoría de trabajador de confianza al servicio del Estado.50
El mismo autor, define al empleado público como un servidor público, generalmente subordinado a otro de mayor jerarquía que cumple una función pública ya sea física, intelectual o de ambos géneros, y para asumir sus tareas encomendadas debe expedirse previamente un nombramiento por escrito de autoridad administrativa competente, en donde se precisen sus derechos y obligaciones, la categoría, adscripción y sueldo; en esas condiciones, hace las veces de un auxiliar en la preparación y ejecución del trabajo de su superior
49Ibídem, p. 147.
jerárquico, y su responsabilidad es netamente interna con la unidad burocrática de la que depende.51
2.4 TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Existen diversas teorías que han tenido por objeto analizar la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y sus servidores públicos. Dichas teorías pueden reducirse fundamentalmente a las teorías de derecho privado y las teorías de derecho público, las que a su vez se dividen en: a) la que sostiene que es un acto unilateral del Estado; b) la que afirma que es un acto contractual y c) la que lo considera como un acto condición. A continuación se hace una breve exposición de cada una de ellas.
2.4.1 TEORÍA CIVILISTA O DE DERECHO PRIVADO.
Esta teoría sostiene que a partir de un acto de naturaleza contractual, el Estado obtiene la fuerza de trabajo necesaria para cumplir con las atribuciones que posee.
Conforme a la tradición romanista refiere que la prestación de un trabajo asalariado tiene su origen en la libre manifestación de voluntad por parte del prestador y prestatario, lo que en igualdad de circunstancias convienen las condiciones en las que será desempeñado el servicio.52
A partir del reconocimiento de los derechos sociales a nivel constitucional en México, podemos decir que ha quedado descartada ésta teoría más aún si consideramos que a partir de 1960 el constituyente permanente protegió el derecho de los trabajadores al servicio del estado a nivel constitucional mediante la adición del apartado “B” al artículo 123 constitucional.
52 Martínez Morales, Rafael I., Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático,
La relación entre el estado y sus trabajadores no puede ser de naturaleza civil dado que no existe una plena libertad e igualdad de derechos entre las partes, prevaleciendo siempre la voluntad y las condiciones que establece el Estado.
2.4.2 TEORÍA DEL ACTO UNILATERAL.
Esta teoría parte de que el nombramiento es la manifestación unilateral de la voluntad del Estado destinada a designar como servidor público a un individuo.
Haciendo a un lado la libertad del hombre, dicha teoría resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Política en la parte que señala que:
“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.”
Bajo este tenor, dicha teoría no resulta aplicable al sistema jurídico mexicano.
2.4.3 TEORÍA DEL ACTO CONTRACTUAL.
modificar en la firma forma durante la prestación del servicio, haciendo alusión a los llamados contratos de adhesión del derecho civil en los que una de las partes fija de antemano las condiciones a las que la otra parte simplemente se adhiere.53
Resulta por demás cuestionable que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable a los contratos de naturaleza administrativa se aplique a los contratos de los servidores públicos equiparando su fuerza de trabajo a la adquisición de un bien.
Mario de la Cueva, al respecto de la teoría contractual, afirma que no puede nacer la relación laboral de un contrato porque “ello estaría en contradicción insalvable con la idea del derecho del trabajo, que no protege los acuerdos de voluntades sino al trabajador mismo, pues su misión...no es regular un intercambio de prestaciones sino... asegurar la salud y la vida del hombre y proporcionar al trabajador una existencia decorosa”. 54
2.4.4 TEORÍA DEL ACTO UNIÓN.
También llamada teoría del acto condición, señala que la concurrencia de voluntades es indispensable para la aplicación de un estatuto específico, predeterminado por la ley, que no puede ser modificado por el interés de las partes, ya que su consentimiento sólo genera la individualización de la disposición general al caso concreto.55
Martínez Morales, hace un análisis de ésta teoría y define los siguientes elementos:
53 Cfr. Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, 34a ed., México, Porrúa, 1996. p.
“a) La existencia de normas jurídicas previamente creadas para regular la función pública.
“b) La decisión libre del Estado y del individuo para iniciar una relación laboral, conforme a las normas referidas.
“c) La aplicación de dicho orden jurídico al caso concreto.”56
Esta teoría resulta bastante aceptada y guarda mucha similitud con aquella que considera a dicha relación como una “relación de trabajo” cuyo análisis se hace en el siguiente apartado.
2.5 LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO Y SUS TRABAJADORES.
La teoría que sostiene la naturaleza laboral de la relación entre el Estado y sus trabajadores es la más aceptada en virtud de observase en ella las características típicas de dirección, dependencia y remuneración, propias del derecho del trabajo.
“La teoría de la relación de trabajo, también llamada de la incorporación, refiere que en el momento en que el obrero comienza a laborar surgen los derechos y obligaciones para el patrón y para el mismo trabajador, siendo intrascendente que hubieran celebrado contrato de trabajo o no”.57
Mario De la Cueva define la relación de trabajo como:
“Una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de derechos sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas supletorias”.58
56 Martínez Morales, Rafael I., Op. cit., nota 52, p. 466.
57 Guerrero, Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, 20a. ed., México, Porrúa,
El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no define a la relación de trabajo. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 20 precisa “Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario“. Así mismo, el Artículo 21 de dicho ordenamiento laboral dispone “Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”.
El Artículo 3° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que: “Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales”.
Reynoso Castillo, en su obra Curso de Derecho Burocrático ha catalogado al nombramiento como un “contrato sui generis en donde la voluntad del servidor aparece prácticamente en términos de la aceptación de la oferta que el empleador le hace y acepta, más no aparece prácticamente su voluntad con motivo de las condiciones de trabajo bajo las cuales habrá de prestarse la labor, en ese sentido presenta un gran parecido con un contrato de adhesión”.59
Cantón Moller, citado por Reynoso Castillo, define al nombramiento como:
“un documento emitido por un funcionario debidamente autorizado para ello, siempre dentro de las modalidades previstas por la ley orgánica relativa y por el presupuesto de la dependencia de que se trata”60
De lo anterior, parecería que el solo nombramiento determinaría la existencia de la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores, sin embargo existen resoluciones dictadas en Amparo en el sentido de que “... para acreditar la
existencia del vínculo laboral con las Instituciones de referencia, no es suficiente el nombramiento hecho en favor de un individuo, pues se requiere además, la prestación de un servicio personal y subordinado en virtud de dicho nombramiento”.61
En forma diversa a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, no existe presunción de existencia de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en Jurisprudencia firme lo siguiente:
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO ES PRESUMIBLE LA RELACIÓN LABORAL DE. En el trabajo burocrático la calidad de trabajador se adquiere por la expedición de un nombramiento o bien por inclusión en las listas de raya de trabajadores temporales, según texto del Artículo tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no puede ser presumible la relación laboral en los términos de los Artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo que, además, no pueden tener aplicación supletoria al caso por no estar contemplada en la ley burocrática la figura jurídica de la presunción de la relación laboral.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Tomo: VIII, Agosto de 1998. Tesis: I.7o.T. J/18. Página: 807.
La subordinación, como elemento propio en una relación laboral, si bien no es mencionada en forma expresa por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Jurisprudencia refiere que “... esa característica se desprende del diverso Artículo 44, fracción I, de la invocada Ley (LFTSE), al establecer, obligación a cargo del trabajador la de desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos”.62
61 Amparo Directo 1024/93 Eva Roma Ruiz Bolaños, 13 de enero de 1993,
Unanimidad de Votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor, Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, Octava Época, Tomo XIII-Marzo, p. 510.
62 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. Amparo
El elemento de subordinación, en las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus trabajadores, paulatinamente ha ido desplazando al nombramiento como requisito de existencia de un vínculo laboral entre el Estado-Empleador y una persona. Al respecto la Jurisprudencia ha determinado que: “... la falta de nombramiento o el hecho de que no aparezca en las listas de raya no determina necesariamente la inexistencia de la relación de trabajo entre el prestador de servicio y los titulares de las dependencias o instituciones del Estado, si de otros elementos de prueba se advierte la existencia del vínculo laboral”. 63
Con relación a los trabajadores al servicio del Estado que figuran en las listas de raya, si bien la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no precisa sus derechos, la jurisprudencia ha diferenciado a “... los que van a desempeñar un trabajo en un tiempo fijo, los que van a laborar hasta la conclusión de una obra determinada y aquellos que sólo trabajan figurando en lista de raya. Para los primeros y los segundos, si cabe comprenderlos como trabajadores temporales o eventuales, porque vencido el término o concluida la obra, su contratación acaba; pero para los terceros cuya contratación no se encuentra condicionada a la llegada de una fecha, a la conclusión de una obra, el servicio que así prestan al Estado, debe entenderse permanente y con iguales derechos a los de los trabajadores de base”.64
2.6 SUJETOS DE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y SUS TRABAJADORES.
63 Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. Amparo
Directo 3543/90, Víctor H. Morales Otero y otros. 23 de mayo de 1990, Unanimidad de Votos, Ponente: F. Javier Mijangos N. SJF, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1. p. 511.
El Artículo 3º de la Ley Burocrática determina que: “Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales”.
No obstante que el Artículo 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ningún momento hace distinción alguna respecto de los trabajadores, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado han creado una categoría de trabajadores a la que indebidamente denominan “trabajadores de confianza”.
Si bien, la Ley Federal del Trabajo no define lo que deba entenderse por trabajador de confianza, el Artículo 9º de dicho ordenamiento refiere textualmente:
“La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.”
Asimismo, el Artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo precisa quiénes deberán ser considerados como representantes del empleador contemplando así a los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración.
En materia burocrática, el Artículo 5º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado determina quiénes son trabajadores de confianza en el servicio público, a través de una larga enumeración de puestos cuya naturaleza varía considerablemente entre uno y otro.
trabajos especiales; con alguna excepción deben gozar de los mismos derechos establecidos para los trabajadores de base. Por su parte, los trabajadores de confianza en el servicio público son excluidos del régimen laboral burocrático, según lo disponen los Artículos 2º y 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El estado de inseguridad jurídica en que se coloca a los trabajadores de confianza al servicio del Estado, se pone de manifiesto en situaciones como la que deriva de las inevitables reducciones del gasto público y consecuentes recortes presupuestales en las dependencias, que incluyen la disminución de la planta de personal de las mismas.
A partir del nuevo paradigma en materia de Derechos Humanos y considerando la transición hacia un nuevo estado constitucional, democrático y de derecho, se requiere hacer una nueva interpretación pro homine del apartado “B” del artículo 123 constitucional, en la que se acuda a una interpretación más amplia con el fin de reconocer cuales derechos se encuentran protegidos o no por la norma constitucional acorde con los diversos tratados internacionales de los que México es parte. Bajo este tenor, cuando se trate de establecer límites al ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, se debe acudir a la interpretación más restringida, esto es, a la más literal. Conforme a dicha perspectiva, la sola lectura del precepto constitucional en cuestión, en específico de las fracciones IX y XIV del apartado “B” del artículo 123 constitucional, denota que no existe restricción alguna al derecho de los trabajadores llamados de confianza.
Propuesta para crear una procuraduría de la defensa de los trabajadores al servicio del estado, en la ciudad de Puebla
La razón de que este sector de trabajadores no cuenten con un órgano encargado de salvaguardar sus derechos derivados de la relación de trabajo que tienen con el Estado es que a pesar

References: artículo 51
sui generis
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 89
 artículo 123
 artículo 123
 Artículo 12
 artículo 164
 artículo 49
 artículo 110
 artículo 85
 artículo 120
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 Artículo 123
 Artículo 123
 Artículo 123
 Artículo 123
 Artículo 123
 artículo 108
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 123
 artículo 5
 artículo 134
 Artículo 123
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 3
sui generis
 Artículo 44
 Artículo 3
 Artículo 123
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 5
 artículo 123
 artículo 123