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Sentencia T.S.J. Cantabria 50/2010 de 18 de enero
ITP: Comprobación de valores. Dictamen de peritos. Motivación: No existe indefensión porque se ha instado prueba pericial lo que implica conocimiento suficiente de los datos rebatidos. Informe por perito judicial. Valoración de la vivienda: Procede porque no resulta de aplicación la reducción establecida por la normativa sobre valoración de las construcciones puesto que no determina el valor real de mercado del inmueble sino el valor catastral. Factor de localización: Procede.
SENTENCIA: 00050/2010
Iltma. Sra. Presidente acctal.
Doña Clara Penin Alegre
Don Rafael Losada Armadá
En la Ciudad de Santander, a dieciocho de Enero de dos mil diez.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 869/07, interpuesto por D.ª Virtudes, representada por la Procuradora D.ª Henar Calvo Sánchez y defendido por el Letrado D. Javier Calvo Sánchez, contra la ADMINISTRACION DEL ESTADO (TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA), representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y actuando como parte codemandada el GOBIERNO DE CANTABRIA representado y defendido por los Servicios Jurídicos del mismo. La cuantía del recurso es de 9.298,93 €. Es ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.-El recurso se interpuso el día 5-10-07 contra la Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2007 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que se desestima la reclamación económica-administrativa número 39/01397/07 interpuesta por el recurrente en fecha 26 de Abril de 2007 frente a liquidación complementaria por importe de 9.198,38 € practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 25 de Agosto de 2004.
Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte Sentencia por la que se estime el presente recurso anulando la citada resolución, y en su caso, fije el valor que resulte de la prueba pericial de designación judicial, con los efectos que proceda en cuanto a devolución de cantidades de intereses.
Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, y se declare ajustado a derecho el acto recurrido, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Cuarto.-Solicitado el recibimiento del proceso a prueba, se practicaron las que constan en autos.
Quinto.-Se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día diecinueve de noviembre de 2009, en que efectivamente se deliberó, votó y falló, siendo posteriormente redactada la presente.
Primero.-Se interpone recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2007 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que se desestima la reclamación económica- administrativa número 39/01397/07 interpuesta por el recurrente en fecha 26 de Abril de 2007 frente a liquidación complementaria por importe de 9.198,38 € practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 25 de Agosto de 2004, en relación a la vivienda dúplex, sita en el Paseo DIRECCION000 n.º NUM000, de Santander, siendo el precio escritura de 288.485,18€ y el valor de la comprobación asignado por la tasación del perito de la Administración Tributaria de 457.435,77€.
Segundo.-El Tribunal Económico Administrativo considera que la Administración, siendo el método utilizado entre los previstos en el Art. 57 de la LGT, reúne los requisitos formales exigibles del Art. 134. 3 de la misma LGT y, lo razona exponiendo que del examen de la comprobación de valores realizada se llega a la conclusión de que esta cumplido el requisito de la motivación toda vez que el técnico actuario, en posesión de titulo idóneo en función de la naturaleza de los bienes ha explicitado en su informe los datos y elementos tenidos en cuenta para llevar a cabo la concreta valoración y cuya finalidad ha sido llegar al valor real plenamente individualizado, usando para su comprensión unas tablas explicativas que permiten conocer con suficiente fundamento, la aplicación a las características propias del inmueble transmitido de los referidos elementos y factores, concretamente en el supuesto, por un lado, es correcto el valor ya que en la tasación pericial contradictoria se ha computado la superficie mencionada en la escritura de compraventa, sin incluir elementos comunes que es la construida y nunca la útil, sujeta a criterios subjetivos y, por otro, el coeficiente correcto 4 aplicado como factor de localización asimismo es correcto, y debidamente justificado por la ubicación del inmueble a la que pertenece la vivienda en la calle más representativa de la ciudad de Santander.
Tercero.-Por la parte recurrente se sostiene frente a la Resolución del Tribunal Económico administrativo Regional de Cantabria que concurre una falta de motivación de la comprobación de valores realizada por la Administración por no haber tenido en cuenta las especiales circunstancias reales de inmueble, así error en la superficie y error en el factor de localización, uniendo este defecto con la falta de reconocimiento personal y directo del bien valorado por el perito de la Administración. En concreto se opone como especiales circunstancias no tenidas en cuenta, primero real superficie de la vivienda pues, las dos plantas de la misma son agateradas, existiendo una máxima desproporción entre la superficie construida y la superficie útil, e invoca en cuanto a ello la Norma 11 del RD 1020/1993, de 25 de junio, que establece las Normas Técnicas y Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana que define la superficie construida, y dispone "En uso residencial, no se computaran como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros;" y segundo, que en lo relativo al factor de localización no se puede aplicar el mismo factor de localización, por estar en el DIRECCION000, según la Resolución impugnada correcto su aplicación por pertenecer la vivienda a un edifico de la calle más representativa de la ciudad de Santander pues, lo esencial es fijar el valor de la vivienda y no de la edificación en donde se encuentra y es que la de la recurrente, aún estando en dicha calle no tiene vistas a la bahía de Santander y es que está orientada al Norte, es decir, A la calle general Mola.
La Administración demandada interesa la desestimación del recurso interpuesto, remitiéndose a los razonamientos contenidos en la Resolución recurrida.
Cuarto.-Planteado en estos términos el debate, entrando a conocer de los concretos motivos en los que se basa la demanda, recordar que los Arts. 46, 37 del R. D. Leg. 1/1993, de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en relación al Art. 57 LGT 58/2003, en su redacción actual, y demás concordantes del Reglamento (RD 828/1995, de 29 de Mayo) determinan que la comprobación tiene por objeto verificar el valor real del bien inmueble trasmitido. Que el valor real del inmueble se identifica con el de mercado y de ahí que para su determinación se tengan en cuenta los parámetros que se contemplan en los informes periciales elaborados por la Administración y es este en el supuesto enjuiciado en el cual el método aplicado por la Administración conforme al Art. 57.e) LGT 58/2003, es el dictamen emitido por peritos de la Administración.
Este valor real que debe de servir para determinar la base imponible del impuesto puede coincidir con el declarado por el sujeto pasivo o ser distinto y de ahí la facultad que tiene la Administración de realizar las oportunas operaciones para comprobar dicho valor real del inmueble. A este respecto y de manera general dispone el Art. 120.2) de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda y más específicamente el Artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de Septiembre por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados señala que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda y especificándose a continuación que la comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el Art. 52 LGT (hoy artículo 57 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre).
Consecuentemente y en atención a la normativa expuesta cabe establecer las siguientes conclusiones, a saber, en primer lugar, que la Administración no está vinculada por la autoliquidación que presenta el sujeto pasivo de un impuesto y que puede comprobar la base imponible declarada a través de los medios que dispone para tal fin la ley; y, en segundo lugar, que en el presente caso, esa comprobación va dirigida a conocer el coste real, esto es, el coste de mercado de la vivienda transmitida.
Quinto.-Y dicho lo que anteceda, resultando idóneo y no cuestionado en cuanto al Impuesto gravado (ITP), la comprobación de valores, el consistente en el dictamen emitido por peritos efectuado por los de la Administración, se debe tratar respecto a la falta de motivación alegada y esta Sala en múltiples Sentencias referidas a supuestos análogos al que nos ocupa ha señalado que:
"A diferencia de lo sucedido en otros actos de comprobación de valores dictados por la Administración autonómica, que merecieron el reproche de esta Sala, en una multiplicidad de sentencias, precisamente porque adolecían de falta de motivación, las circunstancias que han rodeado el caso presente son sustancialmente diferentes a las enjuiciadas en otros supuestos, ya que el acto de comprobación se ha basado en la aplicación de unas tablas de uso interno de la Administración, cuya aplicación conjunta, fundamentada en la observancia de determinados elementos que influyen en la valoración, tales como un índice en función del factor del mercado, el valor de repercusión del suelo, el coste de construcción actual, el factor de actualización, que atiende a la edad, calidad y conservación de los inmuebles, en función de la naturaleza y destino de los mismos, y un factor de localización, emplazamiento u otras especiales circunstancias, ha sido determinante del resultado final. Esta comprobación, que sustituye a otra anulada previamente por el TEAR, es la que constituye el objeto del recurso, basándose el recurso, sustancialmente, en la falta de motivación del acto, si bien la propia postura procesal de la actora, al promover prueba pericial y los razonamientos que a continuación se exponen, impiden hablar en todo caso de indefensión, pues para instar aquella prueba es preciso un conocimiento suficiente de los datos que se pretenden desvirtuar."
Y en concreto en el caso de autos, por la Sala se considera que la parte recurrente ha podido conocer, de este modo, el valor asignado al inmueble transmitido, en función de la aplicación de los señalados factores, cada uno de los cuales ha sido objeto de especial consignación en el acto de comprobación, de manera que, individualizándose tales tablas, en consideración a las características peculiares del inmueble, finca o parcela, el destinatario del acto de comprobación puede tomar conocimiento de los datos y criterios tenidos en cuenta por la Administración y, eventualmente, contradecirlos con otras pruebas, ya que cada uno de los factores, individualmente considerado, hace referencia a una de las características del inmueble, con lo que basta un mero examen de las tablas, acompañadas con el expediente administrativo, de las que se dio conocimiento a la parte actora para que se considere suficientemente motivado el acto administrativo de valoración. La motivación contenida en la resolución impugnada es suficiente, dado el grado de especificación observable en la comprobación técnica efectuada, para desvirtuar las alegaciones sobre falta de motivación. Y así en concreto en este supuesto la recurrente ha podido articular conocer los parámetros asignados a su vivienda, adquirida por ello, y debatir los elementos que han servido a la Administración para que le asigne el valor que ella rebate, pues, no se encuentra conforme como ya se ha expuesto ni con la superficie construida (105 m2 en escritura) que se le tiene en cuenta ni con el factor de localización, el 4, en consecuencia se ha conocido y no se le ha producido indefensión decayendo el óbice o vicio alegado frente a la comprobación de valores emitida por la Administración.
Sexto.-Y débese, además, señalar por esta Sala como ya ha resuelto en ocasiones anteriores que no se aprecia necesariedad inexcusable, para cualquier comprobación de valores mediante el dictamen de peritos de la Administración, que se realice reconocimiento directo y personal de bien objeto de tasación, sino precisar que sólo cuando concurran en éste circunstancias concretas trascendentes para cuya singularización, y determinación de su alcance, resulte imprescindible la inspección directa del objeto por parte del tasador.
Bien, de modo previo hemos de señalar que las dos circunstancias que la pate recurrente pretende como especiales y que hicieron necesario el reconocimiento directo del perito son el error en la superficie y el factor de localización. Y se ha de examinar el informe emitido por el Sr. Perito de designación judicial, a fin de si se ha incurrido en un error en estos dos parámetros y además, si como sostiene la recurrente, concurren circunstancias especiales para la exigencia del reconocimiento directo y personal por el perito de la Administración de la vivienda trasmitida.
Séptimo.-Y el Sr. Perito judicial, en lo relativo a la valoración de la vivienda a la fecha de la compra considera validos todos los parámetros utilizados por el Servicio de tributos (criterios y tablas de valoración) excepto la superficie construida que según el mismo asciende a 82, 17m2 y este cálculo lo realiza aplicando la norma R.D. 1020/93, es decir, considera que tiene una superficie libre superior a 1,50 m2, y la superior a 2,50m2 es de 57,77m2, y en consecuencia, considera para la valoración de la vivienda excesivos los 105,70m2. Y esta última cifra(105,70m2 es la que consta en la escritura sin contar los elementos comunes, superficie construida que no es la real ya que ha comprobado que es menor la superficie que supera la altura de 1,50m2 y aun inferior la de 2,50m2. Tras estas consideraciones acerca del informe pericial y la Sala con el fin de contrastar su rigor se ha de señalar que la diferencia entre las superficies (m2) reside es el resultado de efectuar el cálculo o computo bajo el concepto de lo que el Real Decreto 1020/1993, de 25 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, entiende como definición de superficie construida, para la formula de la Norma 11, que para el valor de las construcciones, se efectuara aplicando a la superficie construida y la aplicación de un precio unitario de un cuadro así como de unos índices correctores y, a estos efectos y solo para estos dispone que "En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros."
Octavo.-Y siendo ello así, se ha de estar en primer lugar, al ámbito del R.D.1020/1993, del que emana la mencionada norma 11, y el ámbito de aplicación es (Art. 1) lo es "...para calcular el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyos datos y descripciones constituyen el catastro inmobiliario urbano." Y la Norma 11 forma parte de las Normas Técnicas de valoración y cuadro marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que no fija los precios medios de mercado para hallar el precio real del mercado del inmueble, método utilizado por la Administración y dictaminado como valido pro el Sr. Perito Judicial sino para el valor catastral, lo que no es combinable y es de la apreciación de esta Sala por tanto que no concurre una circunstancia especial y se deben computar los 105,77m2 de superficie construida pues es esta cantidad y no la que resultaría de la reducción derivada de la Norma 11 mencionada.
Noveno.-Menor enjundia tiene la aplicación del factor de localización del 4, pues, el Sr. Perito judicial confirma la rectitud y corrección del criterio utilizado por el perito de la Administración en su informe de la comprobación de valores,
ya que detalla que ese factor(4) es aplicable a cualquier vivienda de la zona del DIRECCION000 y alrededores y añade que tener vistas y cercanías playa aumentara, pero que aquí en el supuesto, se le ha puesto el mismo y se debe considerar que esta en el centro urbano, por lo cual tampoco se aprecia la concurrencia de circunstancia especifica ni error en la asignación del citado coeficiente corrector.
DECIMO: De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fé procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.
Que debemos desestimar y desestimamos,, el recurso contencioso-administrativo promovido por D.ª Virtudes, contra la Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2007 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que se desestima la reclamación económica-administrativa número 39/01397/07 interpuesta por el recurrente en fecha 26 de Abril de 2007 frente a liquidación complementaria por importe de 9.198,38 € practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 25 de Agosto de 2004. sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 57
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 139
 Resolución