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Timestamp: 2020-01-19 20:21:03+00:00

Document:
SR. SIEGBERT ALBER
presentadas el 23 de marzo de 2000 (1)
Asunto C-387/98
Handelsveem BV y otros
«Convenio de Bruselas - Artículo 17 - Cláusula atributiva de competencia - Requisitos de forma - Efectos»
Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Hoge Raad der Nederlanden somete al Tribunal de Justicia -con arreglo al Convenio relativo a la competencia judicial (el denominado Convenio de Bruselas; véase la Sección II infra)- cuatro cuestiones y varias subcuestiones relativas a la validez de los convenios atributivos de competencia contenidos en diversos conocimientos de embarque. A este respecto, pretende saber, en particular, si el convenio atributivo de competencia que figura en dichos documentos debe estar formulado de tal modo que también los terceros -y, en particular, el tribunal- puedan deducir de su propio tenor qué tribunal es competente, o si es suficiente que esto esté claro -en su caso, debido a otras circunstancias del asunto- para las partes (únicamente).
El Hoge Raad solicita asimismo que se dilucide en qué medida los sucesivos terceros tenedores del conocimiento de embarque están vinculados por estos convenios entre las partes, es decir, el cargador y el porteador, y si dicho carácter vinculante únicamente existe en el caso de que el tercero tenedor suceda al cargador en sus derechos y obligaciones. Además, se pregunta si dicho carácter vinculante puede depender también de las circunstancias especiales de cada caso -como, por ejemplo, la existencia de prolongadas relaciones comerciales con una de las partes del convenio- y si, cuando el contenido del conocimiento de embarque no proporciona al tercero tenedor suficiente claridad sobre la validez de la cláusula de jurisdicción, puede exigirse al tercero tenedor que se informe sobre las circunstancias especiales del caso.
El órgano jurisdiccional remitente también pretende saber por qué Derecho nacional se rigen la sucesión y las cuestiones relacionadas con ella.
II. Sobre el Convenio de Bruselas
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»)
De conformidad con el artículo 5 del Protocolo relativo a la interpretación de este Convenio, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse a título prejudicial sobre la interpretación del Convenio.
En relación con el sistema general del Convenio, procede señalar, en primer lugar, que, como regla general, establece que las personas que estén domiciliadas en el territorio de un Estado contratante están sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado (artículo 2). De conformidad con el artículo 53, (3) la sede de las sociedades y de otras personas jurídicas se asimila al domicilio.
En otros Estados contratantes, las personas sólo pueden ser demandadas en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del Título II (artículo 3). (4) En el artículo 5, número 1, en el que el órgano jurisdiccional que conoció del litigio principal en primera instancia basó su resolución, se dispone que, en materia contractual, puede presentarse una demanda ante el tribunal del lugar en el que se haya cumplido la obligación. Las cuestiones suscitadas en el presente asunto se refieren a la Sección 6 (artículos 17 y 18), relativa a la prórroga de la competencia.
El artículo 17, párrafo primero, pertinente en el presente asunto, tiene el siguiente tenor:
El Convenio ha sido modificado en varias ocasiones, en todos los casos en relación con la adhesión de nuevos Estados contratantes. Así, en 1978 se añadió, a las posibilidades de celebrar un convenio atributivo de competencia «por escrito» o «verbalmente con confirmación escrita», la nueva posibilidad contemplada en la letra c).
Este añadido sólo pretendía -para flexibilizar las disposiciones formales- eliminar el «excesivo formalismo» (5) de la forma escrita establecida en la letra a). Tal como se desprende del Informe Schlosser, no se pretendía sustituir el acuerdo entre las partes como tal, que seguía siendo necesario. (6)
En 1991, un buque ruso transportó varias partidas de cacahuetes desde China a los Países Bajos. Los transportes se efectuaron con arreglo a contratos de transporte celebrados con el cargador por la sociedad Coreck Maritime GmbH, con domicilio social en Hamburgo (en lo sucesivo, «Coreck» o «demandante»), como fletadora por tiempo del buque. En relación con dichos transportes, Coreck emitió diversos conocimientos de embarque del tipo «Conlinebill» -el original está redactado en lengua inglesa- que, entre otras, contenían las siguientes cláusulas:
Cualquier litigio que se suscite en relación con el presente conocimiento de embarque será resuelto en el país en el que el porteador tenga su establecimiento principal y se aplicará el Derecho de este país, salvo disposición en contrario contenida en el presente conocimiento de embarque».
El contrato que es objeto del presente conocimiento de embarque se celebra entre el comerciante y el propietario del buque mencionado en él (o su sustituto), por lo que se estipula que sólo dicho propietario del buque será responsable por los daños o pérdidas causados por una infracción o incumplimiento de una obligación derivada del presente contrato de transporte, independientemente de que estén relacionados o no con la navegabilidad del buque. Si, a pesar de lo anterior, se demostrare que otra persona es el porteador y/o el depositario de las mercancías transportadas con arreglo al presente contrato, esa otra persona podrá invocar todas las limitaciones o exenciones de responsabilidad previstas en la Ley o en el presente conocimiento de embarque.
En el anverso de los conocimientos de embarque aparecía impresa, en el ángulo superior derecho, la siguiente mención:
El 5 de marzo de 1993, Handelsveem BV, V. Berg and Sons Ltd, Man Producten Rotterdam BV y The Peoples Insurance Company of China (en lo sucesivo, «Handelsveem y otras» o «demandada»), (7) como titular del conocimiento de embarque -Handelsveem- y propietarias o aseguradoras de la carga, presentaron una demanda contra el propietario ruso del buque (8) y Coreck en la que solicitaban una indemnización por los daños supuestamente causados a la carga durante el transporte. En su demanda, solicitaban ante el Rechtbank Rotterdam -en virtud de la competencia con arreglo al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas- que estableciera una indemnización de un millón de USD, por ser el tribunal del puerto de descarga indicado en el conocimiento de embarque.
Coreck solicitó que el Rechtbank se declarara incompetente mediante una sentencia interlocutoria. Sin embargo, mediante sentencia interlocutoria de 24 de febrero de 1995, el Rechtbank se declaró competente. Contra esta sentencia, Coreck interpuso un recurso ante el Gerechtshof Den Haag, el cual, mediante sentencia de 22 de abril de 1997, confirmó la sentencia impugnada. Contra esta sentencia, Coreck interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad.
En el procedimiento principal, la demandante invocó los artículos 2 y 17 del Convenio de Bruselas, así como la cláusula atributiva de competencia que figura en el conocimiento de embarque. Puesto que su establecimiento principal se encuentra en Hamburgo, algo que la demandada sabía y que se desprende asimismo del conocimiento de embarque, afirma que el Rechtbank Rotterdam no es competente. La demandada replicó que la cláusula atributiva de competencia es nula debido a su falta de claridad. El Rechtbank opina que, en el presente caso, hay dos posibles porteadores, de modo que no está claro qué establecimiento principal debe considerarse, extremo éste sobre el que la cláusula atributiva de competencia también carece de la suficiente precisión.
El Hoge Raad sometió al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las siguientes cuestiones:
b) que -desde hace tiempo o en la actualidad, como consecuencia de o en relación con la paulatina flexibilización del artículo 17 del Convenio de Bruselas [(9)] y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto de la cuestión de cuándo una cláusula de este tipo se considera válidamente concluida- para la validez de dicha cláusula basta con que para las propias partes, con base en las (demás) circunstancias del caso, esté claro qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de dichos litigios?
b) Suponiendo que en la relación entre porteador y cargador deba considerarse válida la cláusula atributiva de competencia que figura en el conocimiento de embarque, ¿la respuesta a la cuestión de la validez de la cláusula frente a un tercero tenedor de un conocimiento de embarque depende no sólo del contenido del conocimiento de embarque, sino también de las circunstancias propias del caso, tal como el hecho de conocer especialmente a dicho tercero tenedor o la larga relación de éste con el porteador?, y si es así, ¿se le puede exigir al tercero tenedor del conocimiento de embarque que, si el contenido de este conocimiento de embarque no le proporciona suficiente claridad acerca de la validez de la cláusula, se informe de las circunstancias propias del caso?
V. Respuesta a las cuestiones prejudiciales
1. Sobre la primera cuestión
La demandante considera que esta cuestión debe responderse en el sentido de la alternativa formulada en la letra b) de la propia cuestión. La formulacióncitada por el Hoge Raad según la cual es preciso que el consentimiento de las partes «se manifieste de forma clara y precisa», que se remonta a la sentencia Tilly Russ, (10) no exige -en referencia a la expresión «hubieren acordado» que figura en el propio artículo 17- que el tribunal competente se desprenda directamente del tenor de la cláusula atributiva de competencia o que se mencione expresamente en ella. Por el contrario, además del tenor de la cláusula, deben tenerse en cuenta asimismo las estipulaciones claramente convenidas entre las partes y la práctica habitual. También los usos comerciales habituales en el sector correspondiente son pertinentes.
Dado que la demandada se dirigió por escrito en varias ocasiones a la demandante, dirigiendo sus cartas en todos los casos a Hamburgo como lugar del establecimiento principal de la demandante, y puesto que además en ellas se mencionaba a ésta como porteador, la demandada no debería haber tenido ninguna duda sobre la identidad del porteador ni sobre su establecimiento principal. Además, el contenido del conocimiento de embarque se corresponde con el modelo de conocimiento de embarque elaborado en 1950 -y modificado en 1978- por BIMCO, el Baltic and International Maritime Council, que la demandante ya había utilizado anteriormente en setenta y siete ocasiones en operaciones con Handelsveem y otras.
La demandante cita varias sentencias en las que, según afirma, el Tribunal de Justicia ha declarado que no es necesario especificar con toda claridad en la cláusula cuál es el tribunal competente. (11)
En cambio, la demandada alega que la primera cuestión debe responderse en el sentido de la alternativa formulada en la letra a) de la propia cuestión, es decir, que es necesario que el tenor de la cláusula atributiva de competencia permita a cualquier persona determinar claramente qué tribunal es competente. Según la demandada, con arreglo a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia el artículo 17 exige no sólo que la determinación del Juez competente sea efectivamente objeto de un convenio entre las partes, sino también que ello se ponga de manifiesto de forma clara y precisa frente a terceros.
Afirma que, en materia de elección del fuero, existe en general una especial necesidad de seguridad jurídica, que no ha sido cuestionada por ninguna de las diferentes versiones del artículo 17. Las adaptaciones introducidas como consecuencia de los convenios de 9 de octubre de 1978 y de 26 de mayo de 1989 sólo pretendían simplificar la celebración de este tipo de convenios atributivos decompetencia en el comercio internacional, pero en modo alguno afectaron a las exigencias de claridad en la formulación de dichas cláusulas.
En opinión del Gobierno neerlandés, para que una cláusula atributiva de competencia sea válida no es suficiente que esté claro para las propias partes -en particular, debido a las circunstancias del caso- cuál es el tribunal competente. El Gobierno neerlandés también entra a analizar las diferentes versiones del artículo 17, llegando a la conclusión de que las facilidades sucesivamente introducidas para la celebración de un convenio de este tipo no supusieron una atenuación de las exigencias formales. A su entender, es el Juez nacional el que debe decidir si es competente o no.
En opinión del Gobierno neerlandés, la cuestión de si, para ello, el Juez debe basarse exclusivamente en el tenor del convenio o si debe tener en cuenta también otras circunstancias depende de qué forma de las contempladas en las letras a), b) o c) del artículo 17 fue la adoptada para celebrar el convenio.
Para el Gobierno italiano, el hecho de que el Juez competente pueda determinarse de manera clara y precisa constituye un requisito ineludible para la validez del convenio atributivo de competencia. Esta exigencia debe aplicarse no sólo entre las partes que lo celebraron inicialmente, sino también en relación con todas aquellas personas frente a las cuales dicha cláusula produzca efectos.
Remitiéndose a la sentencia Tilly Russ, el Reino Unido propone, en respuesta a la primera cuestión, que la validez de un convenio atributivo de competencia se determine en función de la situación de las partes que suscribieron inicialmente el conocimiento de embarque. A este respecto, no es imprescindible que las partes que suscribieron inicialmente el conocimiento de embarque conocieran efectivamente el significado de la cláusula, siempre y cuando lo anterior pueda deducirse de un uso comercial.
A su juicio, si la cláusula atributiva de competencia establece que los litigios se resuelvan en el país en el que el porteador tenga su establecimiento principal, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar quién es el porteador y si su establecimiento principal se encuentra o no en un Estado contratante.
En opinión de la Comisión, es suficiente que el tribunal al que se ha atribuido la competencia pueda determinarse con arreglo a la cláusula y a las circunstancias concretas del caso de que se trate, siempre y cuando conste la existencia efectiva de un acuerdo de voluntades entre las partes o pueda considerarse que existe tal acuerdo.
La jurisprudencia, ya citada en varias ocasiones, según la cual el consentimiento debe manifestarse de manera clara y precisa, únicamente exige, en opinión de la Comisión, que del contrato se desprenda que efectivamente sealcanzó un acuerdo entre las partes con respecto al tribunal competente. En cambio, el artículo 17 no exige que del propio texto de la cláusula, por sí solo, pueda deducirse cuál es el tribunal competente. A este respecto, es suficiente que sea posible determinarlo conforme a elementos objetivos. Según la Comisión, en el presente caso la cláusula atributiva de competencia controvertida permite determinar el Juez competente.
La formulación utilizada en la cuestión prejudicial, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el artículo 17 debe garantizar que «se manifieste de forma clara y precisa el consentimiento de las partes», se encuentra, por ejemplo, en la sentencia Tilly Russ. (12) En aquel asunto se trataba, entre otras, de la cuestión de si un convenio de este tipo puede considerarse válido también cuando no ha sido firmado. En ese contexto, el Tribunal se remitió a su anterior jurisprudencia según la cual los requisitos para que las cláusulas atributivas de competencia sean válidas con arreglo al artículo 17 deben interpretarse de manera estricta, «debido a que este artículo tiene la función de garantizar que conste efectivamente y se manifieste de forma clara y precisa el consentimiento de las partes sobre una cláusula de dicha naturaleza que, mediante una prórroga de la competencia, se aparta de las reglas generales de determinación de competencia consagradas por los artículos 2, 5 y 6 del Convenio». (13) En la sentencia MSG, (14) el Tribunal de Justicia confirmó la exigencia del consentimiento efectivo de los interesados también en relación con la nueva versión del artículo 17, que admite adicionalmente los usos comerciales. El Tribunal de Justicia señaló que, pese a la flexibilización introducida en las formas, el artículo 17 debe seguir garantizando que existe realmente un acuerdo de voluntades entre las partes. Dado que, en virtud de las modificaciones del artículo 17, ya no es necesaria la forma escrita, dicho acuerdo de voluntades puede también, en su caso, presumirse. (15) Dicha jurisprudencia fue confirmada en la sentencia Castelletti. (16)
No obstante, las consideraciones formuladas en dicha sentencia se refieren al problema de si llegó a producirse un acuerdo de voluntades o de cuándo puede considerarse que se ha producido tal acuerdo de voluntades. En cambio, en elpresente caso no se discute que las partes acordaron, de conformidad con el artículo 17, que los litigios derivados del conocimiento de embarque se resolvieran en el país y con arreglo al Derecho del país en el que el porteador tenga su establecimiento principal, de modo que, con arreglo al artículo 2 del Convenio, es competente el tribunal de dicho lugar. En el presente caso, se trata, más bien, de la cuestión -que debe distinguirse del problema de la existencia de un acuerdo de voluntades- del grado de precisión con el que debe estar formulado un convenio de ese tipo. En este contexto, cabe plantearse la cuestión de si la jurisprudencia antes citada puede extenderse también a este problema, lo que tendría como consecuencia que también debiera exigirse «claridad y precisión» por lo que respecta a la formulación de la cláusula atributiva de competencia.
Si se considera el tenor del artículo 17, de él no se desprende ninguna exigencia con respecto a la formulación de las cláusulas atributivas de competencia. Tampoco el objetivo de protección que persigue el artículo 17 exige que del propio tenor del convenio atributivo de competencia se desprenda ya cuál es el tribunal competente. Tal como señaló el propio Tribunal en la sentencia MSG, el objetivo de protección consiste en proteger a la parte contratante más débil, evitando que pasen desapercibidas cláusulas atributivas de competencia insertadas en el contrato por una sola de las partes. Ahora bien, cuando las partes han acordado efectivamente una cláusula de este tipo, la protección de la parte más débil podría ser necesaria, sin embargo, porque la cláusula no esté formulada con suficiente claridad, de modo que, pese a haberse celebrado, la parte más débil no pueda invocarla. Ahora bien, la exigencia de una formulación clara no presupone que del propio tenor deba desprenderse cuál es el tribunal competente. También una formulación que pueda precisarse conforme a criterios objetivos es suficientemente clara a este respecto. En ese caso, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, con arreglo a dichos criterios, cuál debe ser el tribunal competente.
Los criterios objetivos permiten que también terceros y, en particular, el tribunal nacional ante el que se presente la demanda, puedan determinar claramente cuál debe ser el tribunal competente. Así pues, puede no ser suficiente que sólo las partes puedan establecer, en función de las circunstancias especiales del caso de que se trate, el tribunal competente. La cláusula debe estar formulada de tal modo que el tribunal nacional ante el que se haya presentado la demanda, y cuya competencia sea eventualmente cuestionada, pueda determinar claramente si es competente o no. Es evidente que, para ello, puede ser necesario efectuar un examen adicional. Así, en la sentencia Castelletti el Tribunal de Justicia declaró asimismo, remitiéndose a la sentencia MSG, que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si existe un uso comercial internacional. (17) En este contexto, el órgano jurisdiccional nacional también puede basarse en información adicional proporcionada por la parte que invoca el convenio atributivode competencia. En el presente caso, dicha información podría consistir, por ejemplo, en la indicación de dónde se encuentra el establecimiento principal de la demandante.
Así, en varios supuestos en los que la cláusula atributiva de competencia tan sólo indicaba que el tribunal competente era el de la sede de una sociedad, el Tribunal de Justicia no declaró, sin embargo, inválida dicha cláusula por el hecho de que la determinación del tribunal competente en función de la sede (o el domicilio) no fuera suficientemente precisa. (18) Una cláusula de este tipo no puede ser inválida -como con razón ha alegado la Comisión- por el hecho de que no se indique la dirección completa. Esto es algo que el tribunal puede comprobar sin dificultad, de modo que el tribunal competente puede determinarse claramente a partir de dichas indicaciones objetivas.
Así pues, hay que concluir que una cláusula atributiva de competencia es válida cuando el órgano jurisdiccional nacional puede determinar claramente, a partir de los criterios objetivos especificados en la propia cláusula -en su caso, utilizando información adicional proporcionada por las partes-, si es competente o no. Si, tras proceder a dicho examen, no llega a una conclusión inequívoca, la cláusula atributiva de competencia debe considerarse no válida. Lo mismo se aplica por lo que respecta a los elementos subjetivos. Así, el convenio citado a título de ejemplo por la demandada, según el cual el Juez competente «será aquel que mejor conozca el Derecho marítimo», sería impreciso, por basarse en criterios subjetivos, y, por ende, inválido.
El convenio atributivo de competencia controvertido en el presente caso se remite al «principal place of business» -según el original en inglés- y, por tanto, al establecimiento principal de la empresa. Éste puede ser claramente determinado por el órgano jurisdiccional nacional, en su caso basándose en documentos aportados por la demandante.
La existencia de una imprecisión en la cláusula atributiva de competencia podría desprenderse, por último, del hecho de que la identidad del porteador no conste de manera clara, ya que tanto la demandante como Sevryba pueden ser consideradas el transportista efectivo. Pero esto no quiere decir que las dos sean porteadores a efectos del conocimiento de embarque. Tal como se desprende de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, los conocimientos de embarque fueron emitidos por la demandante, y llevaban impresa la mención social Coreck GmbH Hamburg. Esto indica, desde luego, que del conocimiento de embarque se desprende que la demandante era una de las partes que celebraron inicialmente el convenio y, por tanto, que debe considerarse que es el porteador a efectos del conocimiento de embarque controvertido en elpresente caso. Evidentemente, no sucedería lo mismo en el caso de que Sevryba también apareciera impresa en el conocimiento de embarque; en ese caso, podría decirse que la cláusula era imprecisa. Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si del conocimiento de embarque se desprende claramente quién debe considerarse porteador a efectos del conocimiento de embarque, pues sólo de eso se trata. En el caso de que no sea posible determinarlo o de que haya más de un porteador a efectos del conocimiento de embarque, la cláusula deberá desde luego considerarse inválida.
2. Sobre la segunda cuestión
La demandante señala que el artículo 17 presupone que una de las partes del convenio atributivo de competencia tiene su sede o su domicilio en un Estado contratante, así como que se ha elegido como tribunal competente un órgano jurisdiccional de un Estado contratante. En relación con el primero de esos requisitos, no es necesario que se trate del establecimiento principal.
Por lo demás, de la apreciación de los hechos que hace el órgano jurisdiccional remitente, que tiene carácter vinculante para este Tribunal de Justicia y no puede ser cuestionada, se desprende que el establecimiento principal de la demandante se encuentra en Hamburgo, y que ella era el porteador, y, por ende, una de las partes del convenio atributivo de competencia.
La demandada considera que, en el presente caso, no puede aplicarse el artículo 17, ya que no consta si se cumple uno de los requisitos para su aplicación: el de que la sede de una de las partes del contrato se encuentre en un Estado contratante.
El Gobierno neerlandés alega que, en el marco del artículo 17, el elemento determinante es la relación entre el cargador y el porteador. A su entender, cuando existe un convenio atributivo de competencia en un contrato, debe examinarse, si el cargador y uno de los posibles transportistas no están establecidos en un Estado contratante, si en el momento en que se somete el asunto al Juez al menos una de las partes del contrato tiene su sede en un Estado contratante.
En el caso de que el porteador esté establecido en un Estado contratante, pero no se haya demostrado que tenga en él su establecimiento principal, el convenio atributivo de competencia tan sólo cumpliría la condición relativa al domicilio de las partes. Ahora bien, si se ha designado como tribunal competente el del establecimiento principal, en caso de duda sobre si éste se encuentra o no en un Estado contratante no se cumpliría la otra condición, según la cual el tribunal al que se atribuya la competencia debe estar establecido en un Estado contratante.
La Comisión alega que, mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber si el artículo 17 únicamente es aplicable cuando al menos una de las partes tiene su establecimiento principal en la Comunidad o si es suficiente con que una de las partes tenga un domicilio en un Estado contratante. La Comisión no aprecia ninguna razón para limitar la aplicabilidad del artículo 17 únicamente a aquellos casos en los que una de las partes tenga su establecimiento principal en la Comunidad. A este respecto, se trata únicamente de si efectivamente puede aplicarse el artículo 17 o no.
En opinión de la Comisión, del artículo 17, párrafo segundo, se desprende, además, que la cuestión de si una de las partes tiene su establecimiento en un Estado contratante no tiene demasiada relevancia. En efecto, con arreglo al artículo 17, párrafo segundo, también las partes de Estados no contratantes pueden celebrar una cláusula atributiva de competencia en favor de un tribunal de un Estado contratante. (19)
La segunda cuestión se refiere a las exigencias que establece el artículo 17, párrafo primero, primera frase. Dichas exigencias deben cumplirse para que el artículo 17 pueda aplicarse. El órgano jurisdiccional remitente vuelve a mencionar también en este contexto la relación con el tercero tenedor del conocimiento de embarque, pero esto es algo que procede analizar más bien en el marco de la respuesta a la tercera cuestión. Sin embargo, es posible señalar ya que sólo puede invocarse una cláusula atributiva de competencia frente a un tercero tenedor del conocimiento de embarque si dicha cláusula es válida. A este respecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (20) resulta determinante la relación entre las partes iniciales, y no la relación con el tercero tenedor. En este contexto, el artículo 17, párrafo primero, primera frase, presupone que al menos una de las partes iniciales que celebraron el convenio atributivo de competencia tiene en un Estado contratante su domicilio, al que el artículo 53 asimila la sede de las sociedades y otras personas jurídicas. La cuestión de dónde se encuentra la sede de una sociedad debe resolverla el órgano jurisdiccional nacional (de conformidad con el artículo 53).
La cuestión de si el domicilio de la empresa se encuentra en un Estado contratante resulta determinante para la validez (teórica) de un convenio atributivo de competencia; sin embargo, debe distinguirse de la cuestión del establecimiento principal de la empresa. Éste es importante para determinar con precisión eltribunal competente en el marco de la cláusula atributiva de competencia de que se trata en el presente caso. El hecho de que el tribunal competente deba ser el tribunal del establecimiento principal no significa, por sí solo, que también a efectos de la aplicabilidad del artículo 17 únicamente sea determinante el establecimiento principal. No entiendo por qué habría de procederse a semejante limitación del artículo 17 y de su aplicabilidad. Dicha limitación no puede deducirse tampoco del tenor de los artículos 17 o 53 del Convenio de Bruselas. Además, debe tenerse presente que, con arreglo al artículo 17, párrafo segundo -a este respecto, véase la nota 18 supra-, un convenio atributivo de competencia de este tipo puede ser celebrado incluso por dos partes que en ninguno de los casos tengan su domicilio en un Estado contratante. Por consiguiente, del artículo 17, párrafo segundo, se desprende, precisamente, que la posibilidad de celebrar convenios atributivos de competencia no puede considerarse de manera restrictiva. Cuando incluso las empresas que no tienen ningún domicilio en un Estado contratante tienen la posibilidad de celebrar una cláusula de este tipo, no entiendo por qué ello no habría de ser posible cuando una de las partes del contrato sí tiene un domicilio, aunque tal vez no sea su establecimiento principal, en un Estado contratante.
Si el órgano jurisdiccional remitente llegó a la conclusión, en el marco del examen de la primera cuestión, de que la demandante debe ser considerada porteador a efectos del conocimiento de embarque y, por consiguiente, que la cláusula atributiva de competencia está formulada de manera suficientemente precisa, debe determinar si la demandante tiene un domicilio en un Estado contratante. A este respecto, la validez del convenio atributivo de competencia no puede depender de que, en su caso, el porteador no tenga su establecimiento principal en un Estado contratante. Para la validez de la cláusula atributiva de competencia con arreglo al artículo 17, párrafo primero, es suficiente -independientemente de la cuestión de la precisión suficiente de la cláusula a efectos de la primera cuestión- con que una de las partes iniciales que acordaron la cláusula tenga un domicilio en un Estado contratante y la otra -Sevryba- no. Si Sevryba no es una de las partes iniciales, su domicilio no tendrá en todo caso ninguna pertinencia para la cuestión de la validez de la cláusula con arreglo al artículo 17, párrafo primero. De las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, tan sólo se desprende que Sevryba tiene su domicilio en Rusia. No se proporciona ninguna indicación sobre la existencia de algún otro establecimiento. Tampoco se aprecia si Sevryba participó en la estipulación inicial de las cláusulas ni, en su caso, en qué calidad lo hizo, de modo que estuviera vinculada por ellas.
Los requisitos para la localización del establecimiento principal se desprenden de la respuesta a la primera cuestión. En el caso de que dicho examen ponga de manifiesto que la empresa tiene un domicilio o un establecimiento en un Estado contratante, pero no así su establecimiento principal, se cumpliría la primera condición establecida en el artículo 17, apartado 1: la de que el domicilio de una de las partes se encuentre en un Estado contratante. Tal como sedesprende de la respuesta a la primera cuestión, debe ser posible determinar, con arreglo a criterios objetivos, que el establecimiento principal de la posible demandante se encuentra en un Estado contratante.
3. Sobre la tercera cuestión
En opinión de la demandante, la tercera cuestión, letra a), debe responderse en el sentido de que la cláusula atributiva de competencia también es válida en relación con cualquier tercero tenedor del conocimiento de embarque, y no sólo en el caso de que haya sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones.
En relación con la tercera cuestión, letra b), la demandante señala que las circunstancias de cada caso concreto pueden ser importantes para determinar las obligaciones del tercero tenedor que se derivan de la cláusula atributiva de competencia. A este respecto, subraya una vez más que entre la demandada y ella existen desde hace tiempo intensas relaciones comerciales, de modo que la demandada podía tener muchas menos dudas con respecto a los conocimientos de embarque que cualquier otro tercero tenedor. Un tercero tenedor que haya aceptado una cláusula como ésa en el conocimiento de embarque a sabiendas de todas las circunstancias que la rodean no puede invocar el artículo 17 y la invalidez de la cláusula atributiva de competencia, ya que la finalidad de protección del artículo 17 no consiste únicamente en proteger a las partes contra cláusulas atributivas de competencia no deseadas, sino también en promover el respeto de las cláusulas aceptadas.
En opinión de la demandada, una cláusula atributiva de competencia que figure en un conocimiento de embarque sólo es eficaz frente a un tercero tenedor si éste, al adquirir el conocimiento, sucedió al cargador en sus derechos y obligaciones con arreglo al Derecho nacional. También la demandada invoca, a este respecto, la sentencia Tilly Russ, según la cual se cumple el artículo 17 del Convenio si la cláusula atributiva de competencia entre el cargador y el porteador es válida y, con la adquisición del conocimiento de embarque, el tercero tenedor se ha subrogado en los derechos y obligaciones del cargador con arreglo al Derecho nacional. (21) Ambas condiciones deben cumplirse para que la cláusula atributiva de competencia sea eficaz frente a un tercero tenedor.
En relación con la respuesta a la tercera cuestión, letra b), la demandada señala que las circunstancias de cada caso concreto, como por ejemplo en el presente caso los conocimientos especiales del tercero tenedor o su relación comercial de muchos años con el porteador, no pueden desempeñar ningún papel en este contexto. Si no es posible determinar el tribunal competente según lacláusula atributiva de competencia, no pueden tenerse en cuenta, en su opinión, las circunstancias especiales del caso concreto, y en ningún caso puede esperarse del tercero tenedor que se informe sobre dichas circunstancias.
El Gobierno neerlandés responde a la tercera cuestión, invocando la sentencia Tilly Russ, en el sentido de que el Derecho nacional aplicable a la cláusula atributiva de competencia es el que determina si el tercero tenedor se subroga en los derechos y obligaciones del cargador al adquirir el conocimiento de embarque y en qué medida. El Derecho nacional también determina si las circunstancias especiales del caso concreto influyen de algún modo sobre en qué medida el tercero tenedor se subroga en los derechos y obligaciones del cargador.
Remitiéndose a sus observaciones en relación con la segunda cuestión, el Gobierno italiano alega que el tercero tenedor únicamente está vinculado por la cláusula cuando sucede al cargador en la relación jurídica y asume todos los derechos y obligaciones derivados de ella. De no ser así, la cláusula original no puede oponérsele de manera automática, sino sólo en virtud de un convenio especial y claro que haya aceptado.
El Reino Unido alega que la cuestión de si el receptor se subroga en los derechos y obligaciones del cargador depende del Derecho nacional aplicable. La cuestión de si un tercero tenedor que no se subrogue en los derechos y obligaciones está vinculado por la cláusula atributiva de competencia debe resolverse asimismo con arreglo al Derecho nacional. A este respecto, el Reino Unido añade asimismo que, en el caso de que el tercero tenedor no se subrogue en los derechos y obligaciones, resulta difícil de apreciar qué derechos puede invocar en virtud del conocimiento de embarque.
También la Comisión se refiere a la sentencia Tilly Russ, de la que a su entender se desprende la respuesta a esta cuestión. Dado que el tercero tenedor sucede en sus derechos y obligaciones a una de las partes iniciales del contrato, también a él puede oponérsele el convenio atributivo de competencia. Las circunstancias a que se hace referencia en la tercera cuestión, letra b), carecen de pertinencia para la respuesta a la tercera cuestión. La cuestión no es si el tercero tenedor ha dado su consentimiento a la cláusula atributiva de competencia o si puede presumirse que lo ha hecho. Está vinculado por dicha cláusula por el hecho de ser el sucesor del cargador.
A este respecto, las partes se remiten con razón a la sentencia Tilly Russ, en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de la vinculación de un tercero tenedor del conocimiento de embarque por la cláusula atributiva de competencia. Según dicha sentencia: «En la medida en que la cláusula atributiva de competencia inserta en un conocimiento de embarque es válida a efectos delartículo 17 del Convenio en la relación entre el cargador y el porteador y, en tanto que el tercero tenedor, al adquirir el conocimiento, ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones con arreglo al Derecho nacional aplicable, el hecho de que se permita al tercero tenedor sustraerse a la obligación respecto al fuero que deriva del conocimiento de embarque, por no haber dado su consentimiento sobre este último, sería ajeno al objeto del artículo 17 [...]
En efecto, en el supuesto anteriormente evocado, la adquisición del conocimiento de embarque no puede conferir al tercero tenedor más derechos que los que tenía el cargador. De este modo el tercero tenedor se convierte en titular a la vez de todos los derechos y de todas las obligaciones que figuran en el conocimiento, incluidas las relativas a la prórroga de competencia.» (22)
Así pues, el artículo 17 del Convenio se cumple «cuando se ha reconocido que dicha cláusula es válida en las relaciones entre el cargador y el porteador y, en virtud del Derecho nacional aplicable, el tercero tenedor, al adquirir el conocimiento de embarque, ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones». (23)
Por lo que respecta a la validez de una cláusula atributiva de competencia frente a un tercero tenedor del conocimiento de embarque, de ello se desprende que la cláusula debe ante todo ser válida en las relaciones entre las partes iniciales. Si se cumple este requisito y el tercero tenedor sucede al cargador en sus derechos y obligaciones, el convenio atributivo de competencia podrá oponérsele al tercero tenedor. Esto se aplica independientemente de las circunstancias particulares del caso concreto o del conocimiento que el tercero tenedor tenga de la cláusula atributiva de competencia. Como ha alegado la Comisión acertadamente, no se trata de la cuestión de si el tercero tenedor dio su consentimiento a la cláusula atributiva de competencia o si puede presumirse que lo hizo. Las circunstancias especiales de cada caso pueden resultar pertinentes, a lo sumo, a efectos del examen de la sucesión con arreglo al Derecho nacional. Sin embargo, una vez que consta que el tercero tenedor sucede al cargador en todos sus derechos y obligaciones con arreglo al Derecho nacional aplicable, las circunstancias especiales del caso quedan privadas de toda importancia.
La cuestión de si dichas circunstancias pueden cuestionar, por sí solas, la validez del convenio atributivo de competencia es algo que debe examinarse en el marco de la relación entre las partes iniciales. El tercero tenedor y su especial relación con una de las partes iniciales carecen de pertinencia a este respecto. Así, el Tribunal volvió a confirmar también en su sentencia Castelletti las exigencias planteadas en la sentencia Tilly Russ para la validez del convenio atributivo de competencia frente a terceros tenedores, señalando lo siguiente en relación con lacuestión de cuál de las partes debe conocer el uso comercial: «Dado que la validez de la cláusula con arreglo al artículo 17 debe examinarse en las relaciones entre las partes originarias, ello trae como consecuencia que el conocimiento del uso debe examinarse en relación con dichas partes.» (24) Así pues, la alegación según la cual la cláusula atributiva de competencia no está formulada de una manera suficientemente precisa y, por tanto, no es válida frente al tercero tenedor carece de pertinencia en relación con la tercera cuestión, debiéndose examinar más bien, por el contrario, en relación con las partes iniciales. En esta medida, procede remitirse a las respuestas a las cuestiones primera y segunda.
Así pues, procede señalar que el tercero tenedor de un conocimiento de embarque está vinculado por la cláusula atributiva de competencia que figura en él si dicha cláusula es válida en la relación entre el cargador y el porteador -es decir, entre las partes iniciales- y, mediante la adquisición del conocimiento de embarque, el tercero tenedor ha sucedido en sus derechos y obligaciones al cargador con arreglo al Derecho nacional aplicable.
Sin embargo, si no ha sucedido al cargador, no estará vinculado por el convenio atributivo de competencia. No se aprecia por qué razón la obligación de respetar el convenio atributivo de competencia celebrado entre las partes iniciales debería afectar también a una persona que no ha sucedido en sus derechos y obligaciones a ninguna de dichas partes iniciales. Por razones de seguridad jurídica, la vinculación de terceros, es decir, de personas que no han celebrado el convenio atributivo de competencia, debería interpretarse de manera restrictiva. Así lo aconseja también el hecho de que, con dicho convenio atributivo de competencia, se estableciera una excepción a las normas generales en materia de competencia.
Así, también el Abogado General Sir Slynn señaló, en sus conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia Tilly Russ:
«Si el tenedor no se halla en la misma situación que el cargador inicial según el Derecho nacional aplicable, deberá llegarse a un nuevo convenio entre el tenedor y el porteador sobre una cláusula atributiva de competencia, ya sea por escrito o con confirmación escrita. Considero que el mero hecho de que el tenedor, que ya ha comprado las mercancías, presente el conocimiento al porteador, no constituye, en sí mismo, un convenio de dicha naturaleza ni la confirmación de un convenio a los efectos del artículo 17.» (25)
En su sentencia Tilly Russ, el Tribunal de Justicia no entró expresamente en esta cuestión. En el apartado 23 de la sentencia se hacía referencia a la sentencia Gerling. Sin embargo, en este asunto se examinó si un tercero respecto de un contrato de seguro -pero que es beneficiario de él- puede invocar, a su vez, la cláusula atributiva de competencia acordada. En cambio, en el presente caso el tercero considera -por el contrario- que dicha cláusula es inválida.
Sin embargo, en la sentencia Tilly Russ el Tribunal señaló que el tercero tenedor que ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones no debe poder sustraerse a la obligación con respecto al fuero que se deriva del conocimiento de embarque por el hecho de no haber dado su consentimiento a éste. En efecto, en un caso como ése, la adquisición del conocimiento de embarque no puede conferir al tercero tenedor más derechos de los que tenía el cargador. (26) De ello cabe deducir que un tercero tenedor que precisamente no se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones que se derivan del conocimiento de embarque no está automáticamente vinculado por la cláusula atributiva de competencia que figura en éste.
Tampoco las relaciones comerciales de muchos años entre Coreck y Handelsveem, alegadas en el presente caso, pueden ser pertinentes a este respecto. Como queda señalado, en la sentencia Castelletti el Tribunal de Justicia declaró que debe examinarse si las partes originarias conocían el uso comercial, dado que la validez de la cláusula con arreglo al artículo 17 debe apreciarse en las relaciones entre dichas partes. (27) Sería ir demasiado lejos deducir además, de las prolongadas relaciones comerciales entre el tercero tenedor del conocimiento de embarque y una de las partes del contrato, un consentimiento tácito con respecto a la cláusula atributiva de competencia del conocimiento de embarque. De lo contrario, estaríamos equiparando elementos subjetivos con criterios objetivos.
4. Sobre la cuarta cuestión
En caso de que la tercera cuestión, letra a), deba apreciarse con arreglo al Derecho nacional, la demandante considera que la cuestión de si el tercero tenedor de un conocimiento de embarque ha sucedido al cargador debe dilucidarse con arreglo al Derecho del país en el que se encuentre el puerto de descarga de la mercancía.
En opinión de la demandada, no es el Tribunal de Justicia el que debe responder a la cuarta cuestión. La cuestión de con arreglo a qué derecho debe apreciarse si el tercero tenedor del conocimiento de embarque ha sucedido alcargador en sus derechos y obligaciones debe ser resuelta por el Juez que conozca del asunto con arreglo a las normas de Derecho internacional privado que deba aplicar. Aunque la respuesta a esta cuestión puede influir en la aplicabilidad del artículo 17 del Convenio de Bruselas, no se trata de una cuestión de interpretación del Convenio.
En relación con la segunda subcuestión, la demandada señala que, con arreglo a la sentencia Tilly Russ, la cuestión de la sucesión debe resolverse según el Derecho nacional aplicable. Si éste no proporciona ninguna respuesta a dicha cuestión, es imposible determinar si el tercero tenedor se ha subrogado o no en los derechos del cargador. Por tanto, no será posible determinar si está vinculado por la cláusula atributiva de competencia de conformidad con el artículo 17 o no. En virtud de la sentencia Tilly Russ, en casos excepcionales -cuando concurren determinados requisitos- también el tercero tenedor del conocimiento de embarque está vinculado por la cláusula atributiva de competencia. Ahora bien, cuando no está claro si se trata de un caso excepcional de este tipo, debe aplicarse la norma general, por lo que no puede admitirse ninguna excepción. Según la demandada, esta conclusión es asimismo compatible con la reflexión según la cual el riesgo de falta de claridad sobre la cuestión del Juez competente con arreglo a la cláusula atributiva de competencia debe recaer en la persona responsable de la emisión del conocimiento de embarque.
En opinión del Gobierno neerlandés, habida cuenta de la respuesta que propone para la tercera cuestión, no es necesario responder a la cuarta cuestión.
El Gobierno italiano alega que corresponde al Juez nacional que conoce del litigio comprobar, según las normas de Derecho internacional privado que debe aplicar en el marco de su ordenamiento jurídico, en qué medida el tercero tenedor ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones.
El Reino Unido alega que el Derecho nacional aplicable en este caso es el «Derecho del conocimiento de embarque». A su entender, esta cuestión debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional nacional conforme a las estipulaciones del conocimiento de embarque y -en caso de que éstas no establezcan ningún criterio- conforme al Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. (28) Según el Reino Unido, esta cuestión no puede resolverse remitiéndose al Convenio de Bruselas.
Por lo que respecta a la segunda subcuestión, el Reino Unido considera que no corresponde al Tribunal de Justicia subsanar las lagunas del Derecho material de los Estados contratantes, y que además la cuestión tiene un carácter hipotético.
En opinión de la Comisión, esta cuestión excede del marco de la interpretación del Convenio de Bruselas. A su juicio, no afecta ni directa ni indirectamente a la determinación de la competencia judicial. Las respuestas a las tres primeras cuestiones permitirán al Juez nacional decidir si la cláusula atributiva de competencia es válida o no. En caso de serlo, se aplicará en la relación entre las partes del contrato y sus sucesores. La determinación de las partes y de sus eventuales sucesores no guarda ninguna relación con la interpretación del artículo 17 del Convenio de Bruselas.
Tal como se desprende de la sentencia Tilly Russ, la cuestión de la sucesión del tercero tenedor al adquirir el conocimiento de embarque se rige por el Derecho nacional aplicable. Por tanto, dicha cuestión no debe ser resuelta por el Tribunal de Justicia, sino por el Juez nacional. Lo mismo sucede con la cuestión de qué Derecho nacional debe aplicarse en ese caso.
En cuanto a la cuestión de qué debe hacerse cuando ni en la legislación ni en la jurisprudencia del ordenamiento jurídico de que se trate se responda a la cuestión de si el tercero tenedor sucede al cargador, se trata de una cuestión de carácter puramente hipotético. Además, se refiere a una situación en la que existe una laguna normativa en el Derecho nacional. A este respecto, no le corresponde a este Tribunal de Justicia determinar -por no guardar una relación directa con la interpretación del Convenio de Bruselas- cómo puede o debe subsanarse dicha laguna normativa.
Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés e italiano y por el Gobierno del Reino Unido así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales:
«1) El artículo 17, párrafo primero, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que para que un convenio atributivo de competencia sea válido no es necesario que la identidad del tribunal al que se ha acordado atribuir la competencia pueda deducirse directamente de su propio tenor. Por el contrario, es suficiente con que pueda ser determinado con arregloa criterios objetivos derivados de la cláusula atributiva de competencia, no sólo por las propias partes, sino también por terceros y por el tribunal que conozca del asunto.
2) Se cumplen las exigencias del artículo 17 del Convenio de Bruselas cuando al menos una de las partes iniciales que acordaron la cláusula atributiva de competencia tiene su domicilio en un Estado contratante. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir quiénes son las partes iniciales y dónde se encuentra su domicilio. En este contexto, no es necesario que el establecimiento principal de la empresa se encuentre en un Estado contratante.
Sin embargo, si las partes acordaron que el tribunal competente fuera el del lugar donde se encuentre el establecimiento principal y éste no se encuentra en un Estado contratante, no se cumplirá el segundo requisito establecido en el artículo 17 del Convenio de Bruselas, según el cual debe ser el tribunal de un Estado contratante el que resuelva los litigios.
3) El tercero tenedor de un conocimiento de embarque estará vinculado por una cláusula atributiva de competencia contenida en él si dicha cláusula es válida y dicho tercero ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones con arreglo al Derecho nacional aplicable.
Si el tercero tenedor no ha sucedido al cargador, no podrá oponérsele la cláusula atributiva de competencia, a no ser que haya dado su consentimiento a ella. Los conocimientos especiales del tenedor o su prolongada relación comercial con el porteador no son suficientes para presumir su consentimiento (tácito).
4) La cuestión de con arreglo a qué Derecho nacional debe apreciarse si el tercero tenedor del conocimiento de embarque ha sucedido al cargador debe ser resuelta por el Juez nacional. Lo mismo ocurre con la cuestión de qué Derecho debe aplicarse si en el Derecho nacional no se regula si el tercero tenedor sucede al cargador o no.»
1: Lengua original: alemán.
2: - DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2; modificado por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (DO L 304, p. 1, y -texto modificado- p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; EE 01/03, p. 234), y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1). El Convenio original se firmó en Bruselas el 27 de septiembre de 1968; por ello se lo denomina, de forma general, Convenio de Bruselas.
3: - El artículo 53, párrafo primero, tiene el siguiente tenor: «A los efectos del presente Convenio, la sede de las sociedades y de otras personas jurídicas quedará asimilada al domicilio. Sin embargo, para determinar dicha sede, el tribunal que conociere del asunto aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.»
4: - En la Sección 2 (artículos 5 a 6 bis) se establecen competencias especiales, por ejemplo, en materia contractual, en materia de alimentos, en acciones por daños y perjuicios o en acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal y otras.
La Sección 3 (artículos 7 a 12 bis) regula la competencia en materia de seguros, y la Sección 4 (artículos 13 a 15) en materia de contratos celebrados por los consumidores. En la Sección 5 (artículo 16) se regulan las competencias exclusivas en materia de derechos reales, de contratos de arrendamiento, patentes, marcas y otras.
5: - Conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro en el asunto en el que recayó la sentencia de 20 de febrero de 1997, MSG (C-106/95, Rec. p. I-911), punto 23.
6: - Así se afirma en el Informe Schlosser, citado en los puntos 23 y ss. de las conclusiones recaídas en el asunto MSG, citadas en la nota 4 supra.
7: - No está claro -según se afirma en el escrito de la recurrente- si las alegaciones se refieren a todas las demandadas o sólo a Handelsveem. En aras de la claridad, en lo sucesivo no se especificará si se trata de todas las demandadas o sólo de la primera.
8: - Sevrybkholodoflot (Murmansk), que gira también bajo la denominación de Sevryba.
9: - Seguramente, se hace referencia a la flexibilización de las disposiciones de forma a que se ha aludido en el punto 9 supra (el comentario es mío).
10: - Sentencia de 19 de junio de 1984 (71/83, Rec. p. 2417).
11: - Se trata de las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 1980, Porta-Leasing (784/79, Rec. p. 1517); de 14 de julio de 1983, Gerling (201/82, Rec. p. 2503); de 7 de marzo de 1985, Spitzley (48/84, Rec. p. 787); de 24 de junio de 1986, Anterist (22/85, Rec. p. 1951), y de 10 de marzo de 1992, Powell Duffryn (C-214/89, Rec. p. I-1745).
12: - Citada en la nota 9 supra, apartado 14. Véanse también -en algunos casos con formulaciones algo diferentes- las sentencias de 14 de diciembre de 1976, Estasis Salotti (24/76, Rec. p. 1831), apartado 7, y Segoura (25/76, Rec. p. 1851), apartado 6, así como la sentencia Porta-Leasing, citada en la nota 10 supra, apartado 5.
13: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, apartado 14.
14: - Sentencia MSG, citada en la nota 4 supra, apartado 17.
15: - Ibidem, apartados 17 y 19.
16: - Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 1999 (C-159/97, Rec. p. I-1597), apartados 19 y 20.
17: - Sentencias Castelletti, citada en la nota 15 supra, apartado 23, y MSG, citada en la nota 14 supra, apartado 21.
18: - Sentencias Porta-Leasing, Gerling, Spitzley, Anterist, y Powell Duffryn, citadas en la nota 10 supra.
19: - El artículo 17, párrafo segundo, tiene el siguiente tenor: «Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.»
20: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra.
21: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, apartado 26.
22: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, apartados 24 y 25.
23: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, apartado 26.
24: - Sentencia Castelletti, citada en la nota 15 supra, apartado 42.
25: - Conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn en el asunto en el que recayó la sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, p. 2417. El Abogado General no entró a analizar con mayor detalle las teorías formuladas por la Comisión (la «teoría de la cesión», la «teoría del acuerdo tácito» y la «teoría de la cláusula en favor de terceros»; p. 2427).
26: - Sentencia Tilly Russ, citada en la nota 9 supra, apartados 24 y 25.
27: - Sentencia Castelletti, citada en la nota 15 supra, apartado 42.
28: - DO 1998, C 27, p. 34 (versión consolidada).

References: Artículo 17
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 17
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