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La intervención judicial de sociedades comerciales y la necesidad de volver a Protágoras
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La intervención judicial de sociedades comerciales y la necesidad de volver a Protágoras.
Miguel Eduardo Rubín
1. Las medidas cautelares como armas en el combate intra-societario.
Habitualmente, cuando los conflictos societarios ingresan en la fase judicial, las medidas cautelares son tanto o más importantes que la sentencia final1.
Por eso, si el magistrado admite una medida cautelar uno de los contendientes considera que ha obtenido una victoria (tal vez transitoria); y, cuando es denegada piensa que se enfrenta a una especie de derrota2.
Muchas veces sólo en apariencia está en juego el interés social3 o la salud de la compañía4. Y si esos valores realmente están comprometidos, ello suele erigirse en la excusa para conseguir la manda precautoria y, por ende, obtener un triunfo táctico5.
En el pináculo de las alternativas cautelares se encuentra la intervención judicial6.
2. La intervención judicial en la Ley de Sociedades.
La Ley de Sociedades Comerciales regula el instituto de manera simple:
Los arts. 113 y siguientes LSC sólo la prevén para resolver problemas motivados por actos u omisiones de los administradores (no de los socios en asamblea o en otros ámbitos) que pongan en peligro grave a la sociedad (no al interés personal de uno o más socios o de terceros).
Es indispensable agotar los recursos acordados por el contrato social (art. 114 LSC).
Se debe prestar una contracautela en resguardo de “los perjuicios que la medida pueda causar a la sociedad y las costas causídicas” (art. 116 LSC).
Además el art. 114 dispone que el juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo7.
Así las cosas ¿puede obtenerse la intervención judicial de sociedades comerciales en situaciones no previstas por esa normativa o sin cumplir sus recaudos? El debate ha agitado con vehemencia las aguas de la Doctrina y de la Jurisprudencia durante todo el siglo XX y lo que va del presente siglo XXI.
Lo cierto es que, para un sector de esa Doctrina y Jurisprudencia puede darse una respuesta afirmativa a ese interrogante y, lo que es más, no habría requisito legal que no pueda disculparse. Sobre esa tesis se ha difundido una práctica desviada del instituto8. Veamos las expresiones más salientes de esa corriente.
3. ¿Es indispensable agotar las vías internas?
¿Qué significa agotar “los recursos acordados por el contrato social” según el art. 114 LSC? Curiosamente, antes de sancionada la Ley de Sociedades se había establecido que no podía disponerse la intervención judicial si antes no se habían consumido “todos los medios tendientes a lograr la asamblea convocada extrajudicialmente a efectos de remover a los directores”9.
En algunos precedentes la Jurisprudencia se ha mostrado estricta en cuanto al cumplimiento de esta carga10.
Sin embargo la Doctrina, después de la ley 19550, y a lo largo de estos años, ha considerado a este débito de distintas maneras11, en muchos casos procurando su flexibilización.
La Jurisprudencia fue aun más lejos. Llegó a sostener que no tiene sentido que un socio intente que la asamblea remueva al administrador si no posee una participación social suficiente como para lograrlo; y, por ende, en esas circunstancias, “…no resulta en principio procedente exigir el agotamiento de los recursos societarios”12.
En un caso reciente, después de aceptar que el requisito del art. 114 LSC es “indispensable para la procedencia de la intervención judicial”, contradictoriamente se concluyó que “corresponde igualmente admitir la interferencia judicial aun cuando no se haya dado cumplimiento a tal recaudo, pues dado el alto grado de conflictividad existente entre las partes y la posibilidad de un vaciamiento del patrimonio del ente, si se exigiese el previo agotamiento de los recursos orgánicos, dicha medida llegaría en forma tardía, afectándose sustancialmente el interés social”13. Es decir, el tribunal generó una excepción no prevista por la Ley, actitud que los mismos jueces entienden como inaceptable14.
4. El requisito del peligro grave e inminente para la sociedad.
Peligro grave e inminente para la sociedad es aquel que la pone en las puertas de la disolución15. Por eso alguna vez la Jurisprudencia midió este extremo estrictamente16.
A contramano de esa sana interpretación, se ha considerado procedente la intervención judicial por defectos meramente contables. Así, hace más de cincuenta años el tribunal designó un interventor judicial en una S.R.L. por que la contabilidad sufría atrasos y faltaban los balances de dos años17.
No hace mucho se reiteró ese criterio cuando mediaron ostensibles demoras en la consideración de los estados contables y de la convocatoria a asamblea para tratarlos18.
De igual modo se juzgó que correspondía transformar una veeduría en co-administración judicial cuando del informe del veedor resultaba19, entre otras cosas, que se habrían extraviado los libros societarios”20. La misma solución se aplicó en casos en los cuales no se le exhibieron los libros contables al veedor21.
En cambio, en otras hipótesis se relativizó la importancia de la contabilidad, disponiéndose que la omisión en presentar regularmente la documentación y contabilidad de la sociedad a la autoridad de control, no resulta, per se, suficiente para acceder a la intervención judicial22.
La ley es terminante: exige que el perjuicio lo padezca la sociedad. Por eso, tomando en cuenta que se trata de una medida cautelar extrema23 se ha dispuesto que la intervención societaria sólo puede ordenarse en pos del “interés social objetivo”24 y, por lo tanto, no procede en razón de la violación del derecho de información del socio25, o en casos en los cuales se denuncia el cercenamiento del derecho de voto26, o, en general, cuando “la medida sólo tiende a amparar el resultado de desavenencias entre socios, que eventualmente afecten a la minoría, sin comprometer el funcionamiento del ente”27.
Sin embargo, en oposición a esas juiciosas decisiones, se ha llegado a decidir que la intervención judicial “tiene como finalidad proteger el interés de los socios y de la sociedad”28. Es así como se ha llegado a resolver:
Que “puede prescindirse del peligro grave para la sociedad derivado de actos u omisiones de aquéllos -recaudos que no se estimaron determinantes- cuando lo que se perseguía era controlar la marcha de la sociedad a fin de preservar los derechos sociales del afectado, restringidos por la negativa a permitirle su ejercicio”29.
Que la intervención judicial puede conseguirse por “irregularidades en las asambleas ordinarias y extraordinarias cuya nulidad se persigue..”30.
Que es legítimo transformar una veeduría en coadministración si se habría producido una maniobra defraudatoria perpetrada por los directores procesados en perjuicio del accionante, quien había visto disminuida injustificadamente su participación accionaria31.
Que también es procedente designar un interventor si la demandante (socia y vicepresidenta de la compañía) había promovido demanda para exigir la presentación de todos los libros sociales; ello, ante “cierta conducta agresiva” del presidente; actitud que había dado lugar a una denuncia penal por "amenazas de muerte" hacia ella y otro director32.
Que asimismo corresponde “…la designación de un coadministrador de la sociedad en caso de que exista entre los socios divergencias de magnitud tal que exista riesgo para la vida de la sociedad”3334.
4. ¿Puede prescindirse de la acción de remoción de los administradores?
En algunos fallos se estableció que la acción de remoción de los administradores es otro de los “recaudos que no se estimaron determinantes”35.
5. La contracautela.
Hemos visto que el art. 116 LSC manda a que se constituya una contracautela. Esta exigencia legal también ha sido juzgada con notable elasticidad, dando pie a muy interesantes debates36.
Así por ejemplo, si bien alguna vez se estableció que no se pueden dar en contracautela las acciones de la propia compañía37, han sido numerosos los precedentes en los cuales se ha admitido esa alternativa38.
Pero ¿se puede disculpar del todo esta obligación? En varias hipótesis se ha dispuesto una veeduría sin exigir contracautela. Se ha afirmado en algunos de esos casos que no se aprecia el gravamen material que podría ocasionar a la sociedad demandada la observación transitoria de la regularidad de los actos del ente por un auxiliar del tribunal39.
Tal postura, no solo importa generar una ilegal abrogación del requisito del art. 116 LSC (norma que no tiene excepciones)40, sino que, además, constituye una premisa errada. En efecto, no es cierto que la veeduría no pueda generar daño a la sociedad. Basta constatar qué ocurre con el crédito bancario o con el de los proveedores ante la primera noticia de dicha medida cautelar. Tan es así que, en otro proceso, el propio tribunal reconoció que la veeduría, aun constituyendo el nivel inferior de interferencia en la vida del ente, podía generar perjuicio a la sociedad41; y, de hecho, en varios casos, ha ordenado que se constituya una caución real para obtener dicha veeduría42, subrayando que la caución juratoria debe quedar reservada sólo a hipótesis de verosimilitud extrema43.
6. Casos especiales.
Sobre tan indulgente interpretación de todas y cada una de las exigencias legales no debe extrañarnos que se haya concedido la intervención judicial de sociedades en hipótesis de las más variadas:
En pleitos entre cónyuges44.
En litigios sobre derechos sucesorios45.
Cuando la pide un tercero no-socio46.
Respecto de sociedades integrantes de un grupo económico47.
En sociedades irregulares o de hecho48.
Respecto de sociedades concursadas49, a pesar de existir un síndico con las amplias atribuciones de la ley específica (arts. 254, 275 y concs LCQ).
En el marco de un pedido de quiebra50.
Veeduría por los hechos de los representantes locales (por ende, no administradores) de una sociedad extranjera comprendida en el art. 123 de la ley 1955051.
Cuadra apuntar que han habido decisiones judiciales en las cuales se resolvió imponer una intervención judicial sin siquiera citar una norma jurídica en sustento del criterio adoptado52.
No obstante, el tribunal, en ocasiones, ha puesto las cosas en su lugar declarando:
Que “tal criterio restrictivo - guste o no en círculos académicos; o aún al propio tribunal, que debe fallar secundum legem y no a tenor de apreciaciones metajurídicas o jure condendo- está impuesto por la ley; y de otro lado, la fórmula no es excesiva, asistemática o arbitraria”. “Por el contrario, todo indica que la inmisión estatal en corporaciones privadas … debe efectivamente ser objeto de consideración restrictiva, según pauta impuesta por la prudencia jurídica que debe presidir el desempeño de los jueces como Poder de la República”53.
Que la falta de reuniones regulares del Directorio no es causa suficiente para requerir la intervención judicial de la sociedad54.
Que no corresponde disponer la intervención judicial de una sociedad ajena al concurso preventivo de la deudora55.
Que el interventor no tiene por función investigar lo hecho por los administradores en los períodos cuestionados56, ni juntar pruebas sobre el pasado que se discute en el juicio57, pues esa es labor de las partes del juicio (arg. arts. 359, 360 y concordantes CProc).
Que sólo se hará lugar a la intervención judicial cuando el peticionante demuestre su condición de socio, la existencia de peligro de gravedad tal que ponga en riesgo la existencia misma de la sociedad y el haber agotado los recursos previstos en el contrato social58. Además se debe promover la acción de remoción de los administradores59.
7. Volviendo a las fuentes legales.
Hemos visto al principio cuáles son las condiciones que pone la Ley de Sociedades Comerciales para acceder a la intervención judicial.
Quienes consideran que la intervención judicial puede adoptarse en casos no previstos por el ordenamiento societario contemplan que, además de esas disposiciones, están las de los códigos procesales locales60. Parte de los magistrados capitalinos adhieren a esta tesitura61.
En el ámbito nacional, el art. 222 CProc dispone que “Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en los artículos siguientes”.
Empero, dicho código ritual únicamente permite la designación de un interventor recaudador (art. 223 CProc) o de un interventor informante (art. 224 CProc), no de un co-administrador o un administrador sustituto del gobierno de los socios62. Para más el art. 225 en su inc. 1° vuelve a establecer que el juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo, y en el inc. 4º también incluye el recaudo de la contracautela.
Como esas normas no determinan cuales son los requisitos para obtener dicha medida precautoria, necesariamente debe acudirse a la disposición genérica del art. 198 CProc que exige la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora63.
Sea como fuere, en ese contexto legal tampoco cuadra que se habilite una intervención plena.
Pero además, la Exposición de Motivos de la ley 19550 expresamente señala que las disposiciones de los códigos de procedimientos, tanto nacionales como locales se aplicarán subsidiariamente y sólo en cuanto a las normas procesales ahí contenidas. Ello permite inferir que el ordenamiento societario no admite la creación de nuevas formas de intervención judicial y así lo entendió tempranamente la jurisprudencia al decidir que “toda disposición contenida en los arts. 222 y subsiguientes CProc que se oponga a lo establecido en la LS 19550 debe considerarse inaplicable”64.
En esa orientación se ha resuelto que “el art. 224 CProc que autoriza a sustituir la administración de la sociedad por divergencias entre socios derivadas de una administración irregular, no puede servir de fundamento a la intervención de una sociedad comercial, toda vez que la materia se encuentra hoy regulada por la ley 19550, norma de fondo y posterior al Código de forma, que sólo es aplicable en tanto y en cuanto es compatible con aquélla”65.
Para sortear esas dificultades algunos autores entienden que la intervención judicial también puede llegar por aplicación analógica del art. 1684 CCiv, norma a la que se acudía antes de sancionada la ley 19550 por que el Código de Comercio no contaba con disposiciones sobre esta materia66.
Empero la intervención judicial del art. 1684 CCiv (inspirada en el art. 3116 2° párrafo del Esboço de Freitas67) está específicamente prevista para la sociedad civil68, no para las sociedades en general, ni, menos, para las comerciales.
Entonces ¿podrán aquellas normas del Código Civil sobre intervención judicial aplicarse supletoriamente a las sociedades comerciales en función del reenvío del Título Preliminar I del Código de Comercio y de su art. 207 como se ha pretendido en ocasiones?
El primer impedimento con el que tropieza esa alternativa es que la Ley de Sociedades debe ser considerada “ley especial” en materia de sociedades comerciales y, por lo tanto, tiene prelación sobre las demás normas jurídicas69, salvo la Constitución.
Y en cuanto al reenvío del título preliminar y del art. 207 CCom ya Fernández explicaba que, en materia mercantil, únicamente se aplican supletoriamente “los preceptos del Código Civil de carácter general en cuanto no resulten contrarios a la ley mercantil"70. Por eso el ilustre autor concluía que el Código Civil sólo podrá emplearse en contados casos, pues en la medida en que exista una prescripción especial en la ley mercantil, ésta desplaza a las normativas generales de la ley civil71.
Llamativamente la Corte Suprema, bastante antes de promulgada la ley 19550 decidió que era inaplicable la teoría elaborada sobre la base del artículo 1648 para dar sustento a la intervención judicial en las sociedades comerciales72.
De todos modos las disposiciones del Código Civil sobre intervención judicial, al igual que la normativa del plexo societario, sólo permiten nombrar un administrador provisorio en apoyo de la acción judicial de remoción del administrador societario por justa causa (art. 1681 CCiv), no por otras razones, como ser la obstrucción de los derechos de un socio.
Además dicha regulación civil presenta ciertas complicaciones pues, si el administrador que se pretende remover no admite la legitimidad de la causa que se ha invocado, puede continuar en el ejercicio de sus funciones (art. 1681 2ª parte) y “conservará su cargo hasta ser removido por sentencia judicial” (art. 1683). Solamente si hay peligro en la demora, mientras está en trámite el juicio de remoción, el juez puede disponer su apartamiento y nombrar un administrador provisorio en su reemplazo (art. 1684).
De manera que no se entiende como estas normas civiles pueden ensanchar el campo de la intervención judicial de las sociedades comerciales.
La evidente debilidad de los argumentos imaginados para sustentar la intervención judicial de compañías mercantiles por motivos extraños a los expresamente previstos por la ley de Sociedades Comerciales ha hecho que hasta los defensores más acérrimos de esa tesis propiciaran ciertas modificaciones legislativas para que se consagren finalmente, y de manera expresa, esas variantes del instituto hasta hoy no reguladas73.
En esa línea el anteproyecto de reformas a la Ley de Sociedades Comerciales del año 200374, propuso la siguiente redacción para el art. 113: “Procedencia. Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave o nieguen a los socios el ejercicio de sus derechos, así como cuando se susciten conflictos entre socios que comprometan el normal funcionamiento de la sociedad75, procederá la intervención judicial u otras medidas asegurativas con los recaudos establecidos en esta sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad”76.
La propuesta del anteproyecto constituye otra prueba de que, de lege lata, no es posible obtener la intervención judicial en situaciones no previstas por el ordenamiento societario.
8. Del diálogo con Protágoras.
Muchas veces el tribunal mercantil parece el único lugar donde encontrar justicia en los conflictos societarios. No es así.
Es cierto que, como se ha concluido en IXº Congreso Argentino de Derecho Societario y Vº Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa todavía hoy nos debemos una normativa especial en lo Penal Societario. Pero no es menos cierto que, de algún modo, los delitos societarios están regulados77 (administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos acordados, balance falso y otros asociados a los ilícitos en el mundo de los negocios como son las nuevas figuras recientemente incorporadas78) y que la competencia penal no es prorrogable (art. 18 CPPN)79.
No ignoro que la Justicia Penal ha demostrado su ineficacia para combatir las fechorías cometidas en el mundo de los negocios. Una estadística oficial demuestra que, en todo el país, durante el año 2008, del total de los procesos por delitos contra la propiedad que llegaron a los tribunales (769.227) sólo se obtuvieron condenas en 20.353 de ellos, es decir el 2,65%80.
También debemos reconocer que en numerosas ocasiones las mandas de los jueces en lo Comercial no son cumplidas por los directivos de las compañías en conflicto.
Empero los magistrados del fuero Comercial no son sustitutos de sus colegas del fuero Penal. Si alguien desobedece sus resoluciones, debe ser el tribunal en lo Penal el que juzgue los hechos a la luz del art. 239 CPenal. Apréciese que, en la justicia en lo Criminal se entiende que la desobediencia a la autoridad “se consuma instantáneamente con la negativa de acatar la orden legítimamente impartida”81.
Y si bien es cierto que la Jurisprudencia Penal ofrece recovecos -también- en esta materia82, todavía la Ley pone en manos del juez mercantil la atribución de imponer astreintes (art. 37 CProc, art. 666 bis CCiv) para hacer respetar sus resoluciones83. No es necesario que el juez en lo Comercial “castigue” a la sociedad (muchas veces, la verdadera víctima del litigio) ensayando modalidades agravadas de intervención judicial praeter legem o contra legem.
En ese sentido viene a cuento el diálogo de Platón con Protágoras84, donde éste último relata que, finalmente, Zeus envió a Hermes a dar a los hombres el aidós, algo así como el concepto del deber de respetar las leyes de la polis: “Una vez que (los hombres) han abandonado la escuela, de nuevo la ciudad les obliga a aprender las leyes y a vivir conforme a ellas como conforme a un paradigma, para que no actúen con ellas a capricho…”85.
1 González, Alfredo M., “Medidas cautelares en el Derecho Societario”, ed. Ad-Hoc, 2008, pág. 4.
2 Rubín, Miguel E., “La suspensión de las decisiones asamblearias: cuándo y por qué”, 10/02/2009, MJD4213.
3 Tuve ocasión de abordar el intrincado tema del “interés social” en: Rubín, Miguel E., “Tribulaciones sobre voto acumulativo, abuso del derecho, orden público, interés social, nulidades de asamblea y el principio de legalidad”, capítulo de la obra colectiva (actualmente en preparación) en homenaje al Dr. Héctor Alegría.
4 Roca, Eduardo, “Paquetes o líos”, en "Derecho Comercial - Notas, fallos y doctrina" t. I, pág. 77, EDUCA.
5 CNCom, Sala “F”, 05/08/2010, "Soto, Gabriela L. c/Herrajes Soto S.R.L.", www.eldial.com.ar.
6 Entre otros aportes de interés sobre este tema: Aguirre, Felipe F., “Aspectos de la intervención judicial de sociedades comerciales”, capítulo de la obra colectiva dirigida por Vítolo, Daniel R., “Cuestiones de Derecho Societario en homenaje a Horacio P. Fargosi”, ed. Ad-Hoc, 2004; Arecha, Tomás, “Disfuncionalidad del órgano de administración como causal de intervención judicial independientemente de los sujetos que lo componen. Efectos de la renuncia y/o reemplazo de los miembros del órgano”, ponencia presentada ante el XI° Congreso Argentino de Societario y VII° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; Barreiro, Marcelo G., Dasso, Ariel A., Favier Dubois, Eduardo M. (h), Fernández Quiroga, Alfredo J., Filippi, Laura, Galimberti, María B., Maffía, Osvaldo J., Nissen, Ricardo A., Otaegui, Julio C., Pardo, Rubén R., Raspall, Miguel A., Ton, Walter, Truffat, E. Daniel y Villoldo, Marcelo, “Las medidas cautelares en las sociedades y los concursos”, ed. Legis, 2008; Blanco, Adriana B., “El criterio restrictivo en la intervención judicial”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Bolesso, Héctor H., “Intervención judicial en las sociedades constituidas irregularmente”, L.L. 1986-E, pág. 1015; Bollini Shaw, Carlos y Nissen Ricardo A., “Los derechos de las minorías en la sociedad anónima y su protección en la ley 19.550”, E.D. 87-899; Botteri, José D. (h) y Coste, Diego, “Intervención judicial de sociedades en grado de auditoría”, ponencia presentada ante el XI° Congreso Argentino de Societario y VII° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; Cámara, Héctor, “Intervención judicial de sociedades”, en “Estudios de Derecho Societarios”, ed. Depalma, 1985, pág. 585; ídem, “Administración provisoria e intervención de sociedades”, en Cuadernos de los Institutos, Universidad Nacional de Córdoba, Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho, 1957, Bol. II; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Societario. Intervención y fiscalización estatal de sociedades”, ed. Heliasta, 2003, t° VIII, pág. 252; Carbajal, Juan C., “La intervención judicial de las sociedades comerciales en la ley 19.550 y en el Código de Procedimientos”, E.D. 78-883; Coll, Osvaldo W., “Intervención judicial de sociedades”, ed. Lexis Nexis, 2005; Cousso, Juan C., “Intervención y administración judicial de sociedades”, ed. Plus Ultra, 1983; Dasso, Ariel A., “La intervención judicial en la sociedad anónima”, L.L. 1990-A, pág. 636; De Cucco Alconada, María C., “Intervención judicial de sociedades. Concepto, características y requisitos. Tratamiento en la jurisprudencia”, REDS, www.societario.com; Fargosi, Horacio, “Suspensión de administrador de sociedades comerciales”, ed. Abeledo-Perrot, 1960; Escuti, Ignacio A., “Apuntes sobre la intervención judicial y la conservación de la empresa”, J.A. 2006-II-749; Favier Dubois, Eduardo A. M. (h), “El veedor en la intervención judicial de sociedades”, DSC, t° I, págs. 227/229; ídem, “El administrador en la intervención judicial de sociedades”, DSC, t° II, pág. 192; ídem, “Alcances de la intervención judicial en sociedades”, ponencia presentada ante el Congreso Argentino de Derecho Comercial de 1990, ed. Col. Abogados Ciudad de Bs. As., t° II, pág. 137; Filippi, Laura, y Jure Ramos, Solange, “La procedencia de la intervención judicial en las sociedades concursadas”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Gaibisso, César A. y Mariscotti, Raúl E., "Consideraciones sobre la intervención judicial en las sociedades comerciales", L.L. 1993-A, pág. 987; González, Atilio C., “La intervención judicial cautelar”, L.L. 1992-B, pág. 1096; Gulminelli, Ricardo L., “La intervención judicial de la sociedad conyugal como instrumento sustitutivo de la intervención “societaria” por parte del cónyuge no socio”, ponencia presentada ante el XI° Congreso Argentino de Societario y VII° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; Gurdulich, Graciela, “Intervención judicial en las sociedades comerciales”, ed. Juris, 2ª edición corregida y ampliada; Lo Piccolo, Ana M., “Intervenciones judiciales: al órgano de administración”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Macagno, Ariel G., “Intervención judicial de sociedades comerciales con especial referencia a la falta de legitimación del acreedor del socio para solicitar la medida cautelar intervensionista específica del derecho societario”, ídem, “Intervención judicial de sociedades comerciales con especial referencia al carácter imperativo de las normas que regulan la cautelar y su consecuente indisponibilidad”, ponencias presentadas ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Malel, Enrique, “la intervención judicial de sociedades en referencia a la explotación empresarial”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Martorell, Ernesto E., "La intervención de sociedades: equívocos errores y sinrazones", L.L. 1996-D, pág. 1486; Migliardi, Francisco, “Intervención y administración judicial en las sociedades”, L.L. 147-957; Molina Sandoval, Carlos A., “Intervención judicial de sociedades comerciales”, ed. La Ley, año 2003; “Medida cautelar "interventiva" en sociedades irregulares”; ídem, “Intervención judicial del órgano de fiscalización privada”, ponencias presentadas ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Nissen, Ricardo A., “Administración e intervención judiciales en la sociedad irregular o de hecho”, E.D. 76-445; ídem, "Necesarias y urgentes modificaciones al instituto de la intervención judicial en las sociedades mercantiles", en "El Directorio en las sociedades anónimas”, en “Estudios en homenaje al profesor Carlos Odriozola", 1999, ed. Ad-Hoc, pág. 349; Odriozola, Carlos S., "Intervención judicial e intervención administrativa de las sociedades", en “Cuadernos de Derecho Societario”, ed. Abeledo-Perrot, 1980, t° IV, pág. 406; Otaegui, Julio C., “Administración societaria”, ed. Ábaco, 1979; Palomino, Luis A., “Intervención judicial de sociedades comerciales”, L.L. 1996-D, pág. 1502; Pérez Peña, Laura, “Intervención judicial de sociedades comerciales”, Colección Temas de Derecho Empresario de la Universidad Austral, ed. Ad-Hoc, año 2005; Perrota, Salvador R., "Intervención judicial en las sociedades comerciales", ed. Abeledo-Perrot, 1965; Prono, Javier y Feressin, María I., “Intervención judicial. Negligencia de administradores en adoptar decisiones necesarias en situación de insolvencia o dificultades económicas o financieras generales de la sociedad”, ponencia presentada en las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Roitman, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y Anotada” ed. La Ley, t° II, pág. 738; Roitman, Horacio (director), "Intervención judicial", RDPC, 2000-1 (Sociedades Anónimas), pág. 241; Silberstein, Ricardo I., "Algunas aplicaciones de las medidas autosatisfactivas en el derecho societario argentino", J.A. 1998-III-713; Solari, Néstor E., “La intervención judicial de sociedades como medida cautelar entre cónyuges”, L.L. del 12/02/2009; Ton, Walter R., “La intervención judicial. Su uso abusivo”, Univ. Notarial Virtual; Trerótola, Luciano, Wesselhoefft, Gustavo F., Sala Mercado, María V., Borsalino, Mariana, “Algunas consideraciones respecto a la intervención judicial en las sociedades comerciales”, ponencia presentada en las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Truffat, E. Daniel, “La inscripción de acciones y una interpretación flexible de los recaudos exigidos por la ley 19.550: artículo 114”, RDCO n° 127/128, año 22, pág. 227; Tudesco, Ricardo L., “Sobre la intervención judicial y otras medidas asegurativas”, en “Nuevas perspectivas en el Derecho Societario y el anteproyecto de reforma a la Ley de Sociedades Comerciales”, Pardini, Marta G. y Vítolo, Daniel R. (coordinadores), ed. Librería del Jurista, 2005, Sección XIV, Cap. I; Varela, Luis, “Intervención en los gobiernos de las sociedades anónimas”, ed. Lajouane, 1908; Vítolo, Daniel R. y Nissen, Ricardo A., “Intervención Judicial en Sociedades Comerciales. Su regulación a través de normas de fondo y forma”, E.D. 95-769.
7 Blanco, Adriana B., “El criterio restrictivo en la intervención judicial”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Odriozola, Carlos S., "Intervención judicial e intervención administrativa de las sociedades", en Cuadernos de Derecho Societario, ed. Zaldívar, t° IV, pág. 403.
8 Ton, Walter R., “La intervención judicial. Su uso abusivo”, Univ. Notarial Virtual, http://www.unav.edu.ar/campus/biblioteca/publicaciones/comercial/sociedades/intervencion.
9 CNCom, Sala “A”, 05/09/1970, “Schwarzweiss, Alfredo c/Marcofin S.A.”, J.A. t° 10 1971, sec. síntesis, pág. 563, nº 182.
10 CNCom, Sala “C”, 11/08/2009, “Palmeiro, Guillermo C. c/Lyon Gas S.A. y otros s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (52871); ídem, 11/08/2009, “Meigas S.A. c. Empregal S.A. y otros s/Medida precautoria”, E.D. Digital (52875).
11 Por ejemplo: Carbajal, Juan C., “La intervención judicial de las sociedades comerciales en la ley 19.550 y en el Código de procedimientos”, E.D. 78-883; Dasso, Ariel A., “La intervención judicial en la sociedad anónima”, L.L. 1990-A, pág. 636; Gaibisso, César A. y Mariscotti, Raúl E., "Consideraciones sobre la intervención judicial en las sociedades comerciales", L.L. 1993-A, pág. 987; Palomino, Luis A., “Intervención judicial de sociedades comerciales”, L.L. 1996-D, pág. 1502; Pérez Peña, Laura, “Intervención judicial de sociedades comerciales”, ed. Ad-Hoc, 2005, pág. 126; Truffat, E. Daniel, “La inscripción de acciones y una interpretación flexible de los recaudos exigidos por la ley 19.550: artículo 114”, RDCO n° 127/128, año 22, pág. 257.
12 CNCom, Sala “B”, 27/12/1978, "Zadoff, Carlos c/Dykstein, José y otros”, L.L. 1979-B pág. 382.
13 CNCom, Sala “D”, 21/02/2008, “Bettinotti, María J. c. Santa Julia S.C.A. s/Diligencia preliminar”, E.D. 230-193; ídem, 09/04/2008, “Arsa S.R.L. c. Sabbione, Jorge s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (46452).
14 En numerosos precedentes se ha declarado que no pueden crearse excepciones no previstas por la ley: CSJN, 09/05/2006, “N., M. E. s/Sucesión testamentaria”, E.D. 217-551; CNCom, Sala “D”, 08/04/2008, “Marpolo Inc. s/Concurso Preventivo s/Incidente de Verificación de Crédito por Hanem, Hernán M.”, E.D. Digital (46611); ídem, 10/04/2008, “Incidente de Apelación art. 250 CProc promovido por Antonio Juan Scarpato c/Banco Extrader S.A. s/Quiebra”, E.D. Digital (46460); ídem, 15/08/2008, “Sociedad Anónima del Atlántico s/Liquidación Judicial s/Inc. de Revisión promovido por Núñez, Bibiana”, E.D. Digital (45843).
15 Otaegui, Julio C., “Administración societaria”, ed. Ábaco, pág. 460.
16 CNCom, Sala “D”, 25/10/2005, “Saúl, Adolfo v. Icap S.A.”, Lexis Nº 35002902.
17 CNCom, Sala “C”, 28/04/1960, “Glucksmann, Enrique c/Glucksmann, María”, http://ar.vlex.com.
18 CNCom, Sala “F”, 27/05/2010, “Sturla, Silvia E. c. Onganía y Gimenez S.A. y otros s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (57823).
19 La resolución de primera instancia reconoce que el informe del interventor había sido impugnado y que, a ese momento, no había recaído sentencia sobre el particular.
20 CNCom, Sala “B”, 08/04/2009, “Klug, Nora M. c/Aguilar, Alberto D. s/Incidente de Medidas Cautelares”, http://diarioelaccionista.com.ar.
21 CNCom, Sala “D”, 23/06/04, "Del Campo, Ana J. c/Del Campo, Federico s/Medida precautoria s/Incidente de apelación", REDS, www.societario.com, Referencia n° 3523; ídem, Sala “A”, 12/12/2003, “Panizza, Rolando H. c/Puerto Trinidad S.A. y otros s/Med. precautoria”, REDS, www.societario.com, Referencia n° 2695.
22 CNCom, Sala “B”, 17/10/2005, “Robles, Marta c/Alonso, Manuel A. s/Ordinario s/Inc. de medidas cautelares", REDS, www.societario.com, Referencia n° 6050.
23 CNCom, Sala “D”, 02/10/2007, “Serra Passarini, Marcos c/Sklar, Felipe G. y otro s/Medida precautoria s/Incidente de apelación”, MJJ18491.
24 CNCom, Sala “B”, 13/07/2010, “Risatti, Romina c/Ricardo Risatti S.A. s/Incidente de medida cautelar s/Incidente de apelación”, MJJ58734.
25 CNCom, Sala “D”, 23/03/2010, “Rasore, Pablo c/Velconet S.A.”, MJJ55919.
26 CNCom, Sala “E”, 30/03/2009, "Comfin S.A. c/Pesquera Olivos S.A. y otros", REDS, www.societario.com, Referencia n° 14966.
27 CNCom, Sala “C”, 16/03/2010, “Carlini, Hugo L. c. Italcred S.A. s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (56391); ídem, Sala “E”, 15/3/2002, "González, Virginia E. v. Texilo S.A. y otros s/Medidas Cautelares”, RSyC 15, marzo/abril de 2002, pág. 130.
28 CNCom, Sala “C”, 09/03/2007, “Maldonado, Ana M. c/Estación de Servicio Urquiza S.R.L.”, MJJ11402.
29 CNCom, Sala “E”, 29/07/2009, “Selener, Jorge O. c/Brana S.A. s/Medida Cautelar”, MJJ50729. En el mismo sentido: CNCom, Sala “E”, 27/06/2005, “González Lobo, Ramón y otro v. Química Industrial del Sur”, Lexis Nº 70020874, donde se citan los precedentes: "Vila, Norberto D. v. Instituto de Nefrología Buenos Aires S.A. y otro s/Sumario s/Incidente art. 250", del 13/6/1991; "Lobbosco, Héctor F. v. Masino S.R.L. s/Medida precautoria", del 29/11/1989.
30 CNCom, Sala “B”, 11/09/1995, “Arcondo, Ignacio G. v. Tambos del Comahue S.A.”, J.A. 1996-II-688. En el mismo sentido: CNCom, Sala “C”, 12/06/2009, "Cettour, Marta N. c/Calimboy S.A. y otros”, REDS, www.societario.com, Referencia n° 15436; ídem, 22/02/2008, “Vago de Massot, María E. c/Aramburu de Valiante, María M. y otro”, MJJ26157; ídem, Sala “B”, 29/07/2005, “Aitken, Cleide B. v. Tecnológicos Argentinos ETA S.A.”, J.A. 2005-IV-844; ídem, Sala “D”, 30/08/2002, “Panno, Claudia S. v. Celestal S.A.I.C.”, Lexis Nº 30002384.
31 CNCom, Sala “B”, 22/04/1999, "Marcenario, Daniel H. c/Enjoy S.A. y otros", rev. SyC n° 1, Noviembre/Diciembre 1999, pág. 103.
32 CNCom, Sala “D”, 02/06/2000, "Fernández, Mariángeles c/Bohr S.A.", http://sociedadesjurisprudencia.blogspot.com.
33 CNCom, Sala “A”, 14/10/2008, “Seráfica, Martín M. A. v. Alta Salud S.R.L.”, Lexis Nº 70050348, donde se citan los siguientes precedentes de la misma Sala: 28/09/2006, "Tombacco, Federico O. v. Menin, Jorge y otros s/Incidente de medidas cautelares"; ídem, 19/07/2007, "Barillari, Viviana A. v. Antonio Barillari S.A. y otro s/Incidente de medidas cautelares".
En la misma orientación: CNCom, Sala “C”, 12/6/2009, "Guerra, Andrea M. c/Región 4 S.R.L. y otros s/Medida precautoria (inc. de art. 250 CProc)", REDS, www.societario.com, Referencia n° 13908; ídem, Sala “D”, 21/02/2008, "Bettinotti, María J. y otros c/Santa Julia S.C.A. y otros s/Diligencia Preliminar", E.D. Digital (44546).
34 En este caso se designó a un insólito "coadministrador (veedor informante) con derecho a veto".
35 CNCom, Sala “E”, 29/07/2009, “Selener, Jorge O. c/Brana S.A. s/Medida Cautelar”, MJJ50729.
36 D’Alessandro, Fernando G., “Las acciones de la sociedad anónima como objeto de contracautela”; Raisberg, Claudia E. y Alonso, Ana C., “Los alcances de la contracautela en la intervención judicial de sociedades”, ponencias presentadas ante el XI° Congreso Argentino de Derecho Societario y VII° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa.
37 CNCom, Sala “D”, 25/10/2004, “Villar, Emma C. y otro c/Paats Carradini, Agustín y otros”, MJJ3804.
38 CNCom, Sala “C”, 19/08/2008, “Dialeva, Hulio C. v. Moroquen S.A.”, J.A. 2009-I-750; ídem, Sala “B”, 09/09/2009, "Klug, Nora M. c/Aguilar, Alberto D. s/Incidente de medidas cautelares (art. 250)", REDS, www.societario.com, Referencia n° 14960; C. Civ. Com. Minas Paz y Trib Mendoza, 3ª, 27/02/2004, “Jorge A. Catena v. B. y V. Nicolás Catena S.A. y otros”, Lexis Nº 30011009.
39 CNCom, Sala “D”, 22/03/2004, “Codere S.A. c. Vázquez Loureda, Carlos M. y otros”, EDJ6683; ídem, 13/07/2004, “Perpetua, Néstor H. v. Ivasa-GNT S.A.”, Lexis Nº 70014200; ídem, 14/07/2007, “Álvarez Rojo, Ricardo y otro c/Arcos del Gourmet S.A. y otros”, con nota de Nissen, Ricardo A., “Los conflictos societarios y la inveterada manera de resolverlos judicialmente mediante dogmas y vaguedades”, MJD3175.
40 El requisito de la contracautela también rige en el Derecho Procesal. En el orden nacional: arts. 199 y 225 CProc. Sólo queda exceptuado quien consiguió un beneficio de litigar sin gastos (art. 200 inc. 2° CProc).
41 CNCom, Sala “D”, 01/10/2007, "Massei, Rubén Á. c/Verdaguer, Hernán y otros s/Ordinario s/Incidente de apelación", REDS, www.societario.com, Referencia n° 11499.
42 CNCom, Sala “C”, 25/06/2010, "Fiasche, Francisco A. c/Editorial Guadal S.A. y otros s/Medida precautoria", REDS, www.societario.com, Referencia n° 16767; Sala “D”, 26/03/2004, “Masi, Mauro v. Sanford S.A.C.I.F. y A. y otros”, Lexis Nº 30012654; ídem, 28/03/2001, “Ehrenböck, Richard y otra v. Ehrenböck (h.), Heriberto y otros”, Lexis Nº 30000917; ídem, 02/06/2000, “Fernández, María A. v. Bohr S.A.”, Lexis Nº 30000958; ídem, Sala “F”, 27/05/2010, "Sturla, Silvia E. c/Onganía y Giménez S.A. y otros s/Medida precautoria", E.D. Digital (57823); ídem, 30/12/2009, “Sport Buenos Aires y otros c/Proyecto Médico Congreso S.A. s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (55445).
43 CNCom, Sala “E”, 30/05/2008, "Bergo, Anstalt c/Blanquiceleste S.A. y otros", REDS, www.societario.com, Referencia n° 14892; ídem, Sala “C”, 30/4/2008, "Dialefa, Hulio C. c/Moroquen S.A. s/Medida precautoria", REDS; www.societario.com, Referencia n° 13094; ídem, Sala “A”, 14/10/2008, "Santivañez de Laurnagaray, María C. c/Porto Litoral S.A. y otros s/Media precautoria", REDS, www.societario.com, Referencia n° 12112.
44 Solari, Néstor E., “La intervención judicial de sociedades como medida cautelar entre cónyuges”, L.L. del 12/02/2009; Gulminelli, Ricardo L., “La intervención judicial de la sociedad conyugal como instrumento sustitutivo de la intervención “societaria” por parte del cónyuge no socio”, ponencia presentada ante el XI° Congreso Argentino de Societario y VII° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa.
45 CNCom, Sala “F”, 06/05/2010, "W. A. s/Sucesión ab intestato c/Mundi S.A. y otros", REDS, www.societario.com, Referencia n° 16450. También precedentes comentados por: Juanes, Norma, Drnas de Clément, Zlata, Sappia, Jorge, Ferrer, Germán, Orchansky, Sebastián y Elbaum, Lorena, Roitman, Horacio (director), “Intervención judicial”, RDPC, 2000-1 (Sociedades Anónimas).
46 “Kahl, Amalia L. c/York Air S.A. y otro s/Medida precautoria”, CNCom, Sala “D”, 21/07/2008, ED Digital (46604).
47 CNCiv. y Com. Fed., Sala 2ª, 18/12/1997, “Vilas y Cía. S.A. v. Ministerio de Obras y Servicios Públicos”, Lexis Nº 1/51114.
48 Vg. Bolesso, Héctor H., “Intervención judicial en las sociedades constituidas irregularmente”, L.L. 1986-E, pág. 1015; Nissen, Ricardo A., “Administración e intervención judiciales en la sociedad irregular o de hecho”, E.D. 76-445.
49 C2ª Civ. Com. Minas, Paz y Trib. Mendoza, 13/10/2009, "Compulsa Venturín, Orlando en j. Venturín p/Medidas precautoria", REDS, www.societario.com, Referencia n° 15405. Filippi, Laura, y Jure Ramos, Solange, “La procedencia de la intervención judicial en las sociedades concursadas”, ponencia presentada ante las Xas Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial; Larriera, Agustina, “Algunas consideraciones en torno a la legitimidad de la intervención societaria decretada a Metrogas S.A. por el Enargas como consecuencia de su presentación en concurso preventivo”, E.D. del 18/10/2010, n° 12.609.
50 CNCom, Sala “D”, 05/06/2002, “Beati, Sergio A. s/Pedido de quiebra por Tastet, Rogelio J.”, J.A. 2002-III-134.
51 “Kahl, Amalia L. c/York Air S.A. y otro s/Medida precautoria”, CNCom, Sala “D”, 21/07/2008, ED Digital (46604).
52 Por ejemplo: CNCom, Sala “A”, 18/03/2005, “Olazar, Carlos G. v. Adepro S.C.A.”, Lexis Nº 70017660.
53 CNCom, Sala “B”, 17/02/1999, “González, Carlos A. y otro c/Propulsora Industrial San Luis S.A. y otros s/Medidas cautelares", REDS, www.societario.com, Referencia n° 16269; ídem, 04/12/1998, "Marocco, Oscar E. c/Lamartine S.A. s/Medida precautoria", REDS, www.societario.com, Referencia nº 11650.
54 CNCom, Sala “B”, 17/10/2005, “Robles, Marta c/Alonso, Manuel A. s/Ordinario s/Inc. de medidas cautelares", REDS nº 23, www.societario.com, Referencia n° 6050.
55 CNCom, Sala “B”, 03/03/2005, “Alagro S.A. s/Concurso preventivo”, Lexis Nº 70035535.
56 CNCom, Sala “D”, 20/08/2009, “Benac, Cecilia Del C. c. Import Vélez S.R.L. y otro s/Medida Precautoria”, E.D. Digital (52614).
57 CNCom, Sala “B”, 30/12/2008, “Halbide, Néstor c/Consultoría y Logística Aduanera S.R.L. y otros s/Ordinario s/Incidente de Medidas Cautelares”, E.D. Digital (50224).
58 CNCom, Sala “A”, 28/06/2007, “Culini, Mario y otro v. Sagima S.A. y otros”, J.A. 2007-IV-786.
59 CNCom, Sala “A”, 14/05/2009, “Lebon, Carlos A. c/Acquanova S.A. s/Medida precautoria”, MJJ50239.
60 Entre otros: Vítolo, Daniel R. y Nissen, Ricardo A., “Intervención Judicial en Sociedades Comerciales. Su regulación a través de normas de fondo y forma”, E.D. 95-769.
61 CNCom, Sala “E”, 27/06/2005, “González Lobo, Ramón y otro v. Química Industrial del Sur”, Lexis Nº 70020874.
62 Gurdulich, Graciela, “Intervención judicial en las sociedades comerciales: criterios procesales y jurisprudenciales”, ed. Juris, 2ª edición, 1998, pág. 9.
63 CNCom, Sala “A”, 14/05/2009, “Lebon, Carlos A. c/Acquanova S.A. s/Medida precautoria”, MJJ50239.
64 CNCom, Sala “A”, 15/07/1976, "Levinger de Jourdan, Dorotea y otra c/Gualterio Jourdan S.A.", citado por Juanes, Norma, Drnas de Clément, Zlata, Sappia, Jorge, Ferrer, Germán, Orchansky, Sebastián y Elbaum, Lorena, Roitman, Horacio (director), “Intervención judicial”, RDPC, 2000-1 (Sociedades Anónimas).
65 CNCom, Sala “B”, 08/09/1977, "Calvaliesi, José v. Trafilana S.A.", citado por Gómez Leo, Osvaldo, Fernández, Raymundo L. y Balbín, Sebastián, “Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial”, ed. LexisNexis – AbeledoPerrot, Lexis Nº 9227/004847.
66 Vale recordar que ni el Código de Comercio ni la ley 11645 sobre S.R.L. tenían prevista la intervención cautelar de las sociedades mercantiles. Ello, a pesar de regular los modos de desprenderse del administrador (arts. 336 y 409 CCom y art. 13 ley 11645).
67 Juanes, Norma, Drnas de Clément, Zlata, Sappia, Jorge, Ferrer, Germán, Orchansky, Sebastián y Elbaum, Lorena, Roitman, Horacio (director), “Intervención judicial”, RDPC, 2000-1 (Sociedades Anónimas), pág. 241.
68 Sociedad civil que, dicho sea de paso, tiene enormes diferencias en cuanto a su regulación legal, con las sociedades comerciales. Sobre el particular: Fernández Madrid, Juan C., “Código de Comercio comentado”, ed. Contabilidad Moderna, 2ª ed, 1980, t° 2 pág. 653.
69 CSJN, 19/05/2010, “Consumidores Argentinos c/EN - PEN - Dto. 558/02-SS - ley 20.091 s/amparo ley 16.986”, E.D. (09/06/2010, n° 12.520); ídem, 20/12/2005, “Santi, Juana F. c/Anses”, MJJ6346; ídem, 28/07/2005, “Gemelli, Esther N. c/Anses”, MJJ5272; ídem, 08/05/2007, “Magoia, Elda T. c/Tarjeta Provencred y/o Citibank NA s/Habeas data”, MJJ11865; ídem, 28/06/1988, “Banco de Ultramar S.A. v. Banco Central de la República Argentina s/Apel.”, Fallos 311:1133; ídem, 03/12/1987, “Dabul, Jorge N. y Dabul, José v. Banco Central de la República Argentina”, Fallos 310:2469; CNCom, Sala “E”, 26/08/2009, “Compañía Financiera Argentina S.A. c. Castruccio, Juan C.”, E.D. del 03/05/2010, n° 12.495; ídem, Sala “D”, 28/04/2006, Banco Hipotecario SA s/Acuerdo preventivo extrajudicial”, MJJ7448.
70 Fernández, Raymundo, "Código de Comercio de la República Argentina comentado", t. III, Buenos Aires, 1950, pág. 642. En la misma orientación: Vítolo, Daniel R., “Iniciación en el estudio del Derecho Mercantil y de la Empresa”, ed. Ad-Hoc, 1992, pág. 94.
71 Fernández, Raymundo, "Código de Comercio...”, t. III, pág. 642. En el mismo sentido: CNCom, Sala “A”, 04/07/2007, “Daly Compañía S.A. v. Cadbury Schweppes Public Limited y otro”, Lexis Nº 35022153.
72 CSJN, 25/04/1958, "Feune de Colombí, Diego y otros c/La Esmeralda Capitalización S.A.", L.L. 90-392.
73 Nissen, Ricardo A., "Necesarias y urgentes modificaciones al instituto de la intervención judicial en las sociedades mercantiles", en "El Directorio en las sociedades anónimas. Estudios en homenaje al profesor Carlos Odriozola", 1999, ed. Ad-Hoc, pág. 349, también en: "El conflicto societario en la Argentina. Causas que lo originan y propuestas de prevención y solución", L.L. 2001-D, pág. 1129.
74 Elaborado por una comisión designada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por resolución 112/2002.
75 El destacado me pertenece.
76 Anaya, Jaime L., “El anteproyecto de reformas a la Ley Argentina de Sociedades Comerciales”, E.D. 208-947; Belmaña, Ricardo y Di Tullio, José A., “La intervención judicial en el proyecto de revisión de la Ley de Sociedades Comerciales”, Lexis Nº 0003/010825; Junyent Bas, Francisco, “El perfil normativo de la intervención societaria y las innovaciones del anteproyecto de reforma a la Ley de Sociedades”, E.D. 210-944; Tudesco, Ricardo L., “Sobre la intervención judicial y otras medidas asegurativas”, en “Nuevas perspectivas en el Derecho Societario y el anteproyecto de reforma a la Ley de Sociedades Comerciales”, Pardini, Marta G. y Vítolo, Daniel R. (coordinadores), Sección XIV, Cap. I, ed. Librería del Jurista, 2005.
77 Acerca de este tema: Peire, Juan M., “El delito societario”, E.D. del 24/09/2010, n° 12.594; Bronsky, Mariano H., Derecho penal económico y de las empresas, ed. Ad-Hoc; Ilharrescondo, Jorge M., “Delitos societarios”, ed. La Ley, 2008.
78 Como el delito de apropiación indebida y la distracción de dinero (arts. 252 a 254 CPen).
79 CNCasación Penal, Sala III, 27/07/2009, “Policía de Tucumán s/Recurso de casación” (causa 10.546), E.D. del 25/11/2009, n° 12.388; Romero Villanueva, Horacio J., “Actualidad en jurisprudencia penal y procesal penal 6/2008”, J.A. 2008-IV-795.
80 Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación http://www.jus.gov.ar/media/109063/Argentina2008_sent.pdf
81 C. Fed. Córdoba, Sala “B”, 31/08/2006, “Toselli, Miguel », Lexis Nº 1/70026054-7.
82 No incurre en el delito de desobediencia quien incumple órdenes relativas a intereses personales de índole patrimonial (CSJN, 19/08/1992, “Pintar, Arturo y otra”, Lexis Nº 2/5372; ídem, 04/09/1990, “Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados v. Alonso López, Manuel”, J.A. 1990-IV-441); No resulta suficiente para configurar el delito de desobediencia a la autoridad que se acredite que la notificación ha sido practicada, sino que es preciso que de ella haya tenido conocimiento el imputado a su debido tiempo (CNCrim. y Corr. Fed., Sala 2ª, 01/03/1991, “F.N.I.A. s/Denuncia C.P. art. 239”, J.A. 1991-III-494); No todas las resoluciones judiciales no acatadas derivan en el delito de desobediencia a la autoridad, y de hecho no lo configuran las desobediencias de orden formal que dan origen a las sanciones previstas por el ordenamiento procesal civil para lograr la progresión de los actos de procedimiento (CNCrim. y Corr., Sala 4ª, 13/03/1981, “Chaperos de Karozis, Callopi”, J.A. 1982-I-578).
83 CNCom, Sala “D”, 02/09/2010, “Sendrowicz, Ariel D. c. Farías, Julio R. s/Incidente de Apelación”, E.D. Digital (60243).
84 Protágoras fue el primer sofista del que tenemos noticia. Se dedicó a la enseñanza basada en el arte del discurso persuasivo, elaboró un código penal para Turios y fue autor, entre otras obras, del opúsculo “Sobre la verdad”.
85 Platón, “Protágoras”, 1ª ed., 1ª imp., 2005, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pág. 7.

References: artículo 1648
de lege lata
 artículo 114
 artículo 114
 resolución 
 resolución