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Timestamp: 2014-10-01 08:10:41+00:00

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Área jurídica	- Novedades	NOVEDADES MAYO 2011
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (BOE 30 marzo 2011)
Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios descritos anterioriormente.
La Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la normativa específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que les son propios.
Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. (BOE 30 marzo 2011).
Véase al respecto nota del Cermi en el siguiente linK: (adjunto archivo)
http://www.cermi.es/es-ES/Novedades%20e%20informaci%c3%b3n%20de%20interes/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=1172
Ley 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. (BOCM 29 marzo 2011)
Su objetivo básico la protección integral de la mujer embarazada que se encuentre en especial riesgo social o en situación de desamparo. Aunque esta ley se asemeja a la Ley 5/2010, de 23 de junio, de la Comunidad de Galicia, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, la descripción de su objeto es menos ambiciosa y no hace mención alguna a la posible discapacidad de la gestante, como si hace la ley gallega, ni a la posible discapacidad del feto. Sin embargo, aunque no se haga mención a la discapacidad, sigue siendo aplicable a estos supuestos, y por esta razón se recoge aquí.
Constituye el objeto de la Ley madrileña la configuración del marco jurídico de actuación de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, que comprende el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social.
La Ley se aplicará con carácter prioritario a favor de toda mujer embarazada que acredite estar empadronada y tener su residencia en algún municipio de la Comunidad de Madrid y que, por razón de sus circunstancias personales o sociales, pueda acceder a los beneficios establecidos en la presente Ley y a aquellos que en virtud de la misma se desarrollen.
a) El apoyo a la maternidad y la protección del concebido no nacido como presupuestos del estado de bienestar social de la Comunidad de Madrid.
b) La potenciación de carácter transversal de las políticas sociales de protección de la maternidad y su respectiva organización e instrumentación, en todos los ámbitos de actuación de la Comunidad de Madrid.
c) El impulso de la formación afectivo sexual dirigida especialmente a los menores de edad.
d) El fomento de las medidas y programas sociolaborales de las mujeres gestantes tendentes a garantizar su autonomía personal y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
e) La promoción de la adopción y el acogimiento como alternativas eficaces para permitir a la mujer gestante seguir adelante con el embarazo.
f) La promoción de la corresponsabilidad de los hombres durante el embarazo de la mujer, así como su responsabilidad con los hijos.
Artículo 8.- Información
Artículo 10.- Convenios de colaboración y Subvenciones
1. La Comunidad de Madrid potenciará, en este ámbito, la cooperación entre la administración autonómica y los Municipios por medio de la celebración de convenios de colaboración, que mejoren la eficiencia de las medidas de apoyo y asistencia a la maternidad o de cualquier otra forma que se estime procedente.
2. En especial, los convenios a los que se refiere el apartado anterior, tendrán como objeto la difusión del conocimiento entre las mujeres potencialmente interesadas de la red de apoyo y asistencia a la maternidad y la colaboración de las Entidades Locales en la difusión, la aplicación y la eficacia de estas medidas.
3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá igualmente conceder subvenciones y establecer convenios con los centros de iniciativa social que se presten a ofrecer el asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada previstos en esta Ley.
Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I en la Comunidad de Madrid (BOCM 28 marzo 2011)
En esta Orden se establece el Catálogo de Servicios para personas con Grado I y se describe en que consisten los servicios de promoción de la autonomía personal.
a) Los servicios de promoción de la autonomía personal. Son servicios de promoción los siguientes:
i. Los de habilitación y terapia ocupacional.
ii. Atención temprana.
iii. Estimulación cognitiva.
iv. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
v. Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.
vi. Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas).
Los servicios de promoción de la autonomía personal y, en su caso, los planes de prevención de las situaciones de dependencia se desarrollarán por el órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid, conforme a los criterios establecidos en la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la normativa específica de la Comunidad de Madrid.
i. Cuidados personales.
ii. Atención de las necesidades del hogar.
d) Servicios deAtenciónDiurna/Nocturna para personas en situación de dependencia:
i. Centros para personas mayores.
ii. Centros para personas con algún tipo de discapacidad.
e) Otros centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, salvo la atención residencial.
f) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito sociosanitario o socioeducativo, salvo la atención residencial.
Las personas a las que se reconozca Grado I no podrán optar a residencia, salvo que ya estuvieran disfrutando de ella. Esto significa que va a tener que utilizarse mucho más el recurso de pisos tutelados.
El artículo 4 regula las intensidades de todos los servicios para las personas con Grado I y establece que los servicios de promoción podrán prestarse a personas con grado II y Grado III con intensidad mínima la de Grado I nivel 2.
Las prestaciones económicas serán las siguientes:
1. La prestación económica vinculada al servicio, cuya finalidad es contribuir a la financiación del coste de un servicio del catálogo del artículo 2 de la presente Orden, prestado por un centro o entidad privada, con o sin ánimo de lucro. El centro o servicio deberá estar debidamente acreditado por la Comunidad de Madrid.
Cuando el beneficiario esté siendo atendido en un centro residencial o en una vivienda tutelada o supervisada, la prestación solo podrá vincularse a los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal que pueda estar recibiendo.
2. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, cuya finalidad es que la persona en situación de dependencia reciba en su entorno familiar los cuidados que precise.
Compatibilidades de los servicios y prestaciones para el grado I de dependencia Para las personas reconocidas en grado I de dependencia se prevé de forma exclusiva el siguiente régimen de compatibilidades:
a) El servicio de teleasistencia podrá ser compatible con cualquier servicio o prestación del catálogo.
b) Los servicios de promoción de la autonomía personal podrán ser compatibles con cualquier servicio o prestación del catálogo siempre que sean inferiores a la intensidad horaria mínima fijada en la presente Orden.
Este régimen es difícil de comprender, pues se une al aún vigente en el art. 67 de la Orden 2386/2008 y a los de las Ordenes 626/2010 y 627/2010.
Ley 2/2011, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. (BOE 7 abril 2011)
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece en su artículo 71.52.ª que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deporte, y en su artículo 25.1, que los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad.
La Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, establece la ordenación de la práctica físico-deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. El artículo 25 regula la constitución de las federaciones deportivas aragonesas, disponiendo el apartado cuarto que, en el ámbito territorial de Aragón, solo podrá reconocerse oficialmente una federación deportiva aragonesa por cada modalidad deportiva.
Este precepto legal impide el reconocimiento de federaciones deportivas aragonesas que integren únicamente a deportistas con discapacidad y atiendan a la promoción y desarrollo para estos de modalidades deportivas ya integradas en las federaciones deportivas aragonesas reconocidas.
El Comité Paralímpico Internacional aprobó en 2004 la Dirección Estratégica para favorecer la integración de las modalidades deportivas practicadas por las personas con discapacidad en las correspondientes federaciones de deporte convencional, iniciando un proceso de integración e inclusión deportiva a nivel internacional y nacional. No obstante, el desarrollo de este proceso necesitará un prolongado periodo de tiempo hasta alcanzar su culminación, y, aun en ese momento, las federaciones de deportes de personas con discapacidad podrían continuar desarrollando sus acciones dirigidas a determinados colectivos de deportistas discapacitados y a las especialidades deportivas practicadas únicamente por las personas con discapacidad.
Por todo ello, para garantizar en todo caso que las personas con discapacidad puedan realizar su práctica deportiva como integrantes de una federación deportiva aragonesa, atendiendo a las especificidades que concurren en su actividad deportiva y dentro del proceso de plena integración y equiparación de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, se hace necesario modificar la Ley del Deporte de Aragón con el fin de hacer posible la constitución de federaciones aragonesas de deportes de personas con discapacidad. La modificación se realiza visto el informe elaborado por la Dirección General de Servicios Jurídicos y el informe preceptivo del Consejo Aragonés del Deporte.
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. (BOE 7 abril 2011)
Artículo 7. Reservas sociales de contratos.
Artículo 12. Criterio de resolución de empates en la valoración de ofertas.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. (BOE 13 abril 2011)
Art. 22. 3. Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas las mujeres, promover su participación política, económica, social, laboral y cultural, así como el acceso a los recursos y servicios en igualdad de oportunidades, los Poderes Públicos de Extremadura podrán poner en marcha de forma prioritaria acciones positivas para aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. Fundamentalmente se atenderá a los factores de hábitat de residencia, orientación sexual, discapacidad, etapa del ciclo vital, etnia y raza, condición migratoria, problemas de salud mental, privación de libertad y drogodependencia.
Art. 57. 3. Organización de espacios, horarios y creación de servicios. La Administración educativa y la Administración asistencial, tanto de menores en edad no escolarizados, de mayores, personas con discapacidad o con algún grado de dependencia, promoverán la existencia de centros de educación infantil y centros de cuidados de personas mayores, con algún tipo de discapacidad o dependencia, con horarios compatibles con las jornadas, de descansos y permisos que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.
Art. 59. 3. Conciliación en el empleo público. En la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación, se otorgará preferencia, durante un año, a quienes se hayan reincorporado al servicio activo o actividad laboral procedentes de un permiso, excedencia o suspensión de contrato por maternidad, paternidad o guarda legal, incluidos los supuestos de adopción y acogimiento y el cuidado de personas con algún tipo de enfermedad, discapacidad o dependencia, conforme se determine reglamentariamente.
Art. 63. 5. Igualdad en las políticas de inclusión social. La Junta de Extremadura en todas las campañas de información sobre las medidas y normas contempladas en la ley, en especial las de sensibilización contra la violencia de género, utilizará los medios adecuados para hacer llegar sus mensajes a todas las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad y a las mujeres inmigrantes.
Art.75.2 Medios de comunicación social.
Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 25 febrero 2011).
Se garantiza plaza escolar gratuita desde los tres años. Se dice que no habrá discriminación por ninguna circunstancia personal, pero a renglón seguido se dice lo siguiente: “Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá escolarizarse en aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización.
10. La Administración educativa realizará una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social.”
Artículo 8. Información al alumnado y a las familias
El art. 7 se refiere a la elección de centro docente pero esta elección queda limitada por el art. 37. Hay un baremo general que se aplica en la admisión, en el que la discapacidad del alumno o sus hermanos, tutores o guardadores, puntúa.
Artículo 37. Admisión del alumnado con necesidades educativas especiales
3. En caso de que el centro al que se ha dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos o el alumno o alumna no haya obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantías de admisión le adjudicará una plaza escolar en un centro docente de su ámbito de actuación que cuente con plaza vacante y disponga de dichos recursos.
Este artículo no garantiza una educación inclusiva de calidad a todos los niños con discapacidad en la comunidad en la que vivan como señala el art. 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es más, en lugar de poner recursos en el colegio donde van los hermanos de un niño con discapacidad, para que cada vez haya más colegios con recursos, la solución que propugnan es trasladar a los hermanos al colegio donde escolarizan al que tiene discapacidad porque ya tenía recursos antes.
Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres. (BOE 12 abril 2011)
Aunque no se menciona la discapacidad si se dice que se tendrá en consideración como prioritario el interés de los hijos menores o incapacitados.
art. 3.3. El Juez decidirá sobre la modalidad de custodia más conveniente para el interés de los hijos menores, teniendo en cuenta la solicitud que haya presentado cada uno de los padres, y atendiendo, además de a lo dispuesto en esta Ley Foral, a los siguientes factores:
Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el que se regula el profesional de referencia de servicios sociales de Navarra (BON 9 febrero 2011)
Se entiende por profesional de referencia el profesional que trabaja en los servicios sociales de atención primaria y en los servicios sociales de atención especializada, que asume la atención a una persona y/o familia y canaliza los distintos servicios y prestaciones que necesitan, asegurando una atención sistemática, integral y continuada, garantizando la coherencia de los itinerarios y la coordinación con los demás sistemas de protección social.
Esta regulación es un buen indicador de calidad de los servicios sociales.
Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social (BOPV 9 febrero 2011).
Decreto 4/2011, de 28 de enero, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 4 febrero 2011).
Decreto 5/2011, de 28 de enero, por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 4 febrero 2011).
Decreto 8/2011, de 18 de febrero, del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ambito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 23 febrero 2011).
Incluye el servicio contemplado en el Sistema de Dependencia pero también otras modalidades. Las entidades locales determinan el coste que tendrá que pagar el usuario sin que nadie pueda quedar excluido por falta de recursos.
Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. (BOE 25 abril 2011)
Se promueve el pacto de convivencia familiar. A falta de este, se aplicarán las siguientes medidas judiciales:
Art. 5. 1. A falta de pacto entre los progenitores, será la autoridad judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la que fijará los extremos enumerados en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley.
Nada se dice sobre discapacidad del hijo pero podemos entender esta como una circunstancia relevante.
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (BOE 25 abril 2011).
Artículo 56. Centros de atención al público.
3. La Generalitat promoverá las actuaciones que considere necesarias para facilitar la contratación de los servicios al público a través de cualesquiera sistemas tecnológicos y aquellos que se consideren adecuados para atender a personas con discapacidades y limitaciones sensoriales. Igualmente promoverá las formas de colaboración que resulten convenientes entre los diversos centros de atención, especialmente en aquellos aspectos que impliquen la mayor difusión de los servicios ofertados para su concertación fuera de la Comunitat Valenciana, o en coordinación con otros operadores de transporte.
Artículo 97. Infracciones muy graves en materia de transporte de viajeros.
Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).
Se reconoce a las personas con discapacidad como Colectivo con una especial protección.
Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011)
La Normativa Básica de Instalaciones y Equipamientos Deportivos en materia de construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y equipamientos deportivos se aprobará por Decreto del Consell y regulará:
Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).
Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).
El Plan de Fomento de la Lectura considerará la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad del conocimiento, y subrayará el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. El Plan de Fomento de la Lectura tendrá especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores sociales más desfavorecidos, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad, e impulsará el apoyo a la lectura por parte de las administraciones públicas.
Los distintos recursos según el tamaño de los municipios, es decir, Bibliotecas centrales de red urbana municipal, Bibliotecas públicas municipales y Agencias de lectura pública municipales, deberán reunir entre los requisitos mínimos, el de cumplir la normativa específica sobre personas con discapacidad, y en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
Decreto 13/2011, de11 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección a la Maternidad (DOCV 16 febrero 2011).
Desarrolla la Ley 6/2009, de 30 de junio (LCV 2009, 267) , de la Generalitat, de Protección a la Maternidad.
Tiene en cuenta a la mujer con discapacidad gestante en las definiciones del art. 3
Prevé un Manual de Buenas Practicas, un curso de formación, se elaborará material informativo una página web, un teléfono gratuito, centros de atención a la maternidad y redes de voluntariado. Nada se dice sobre discapacidad en el feto pero la ley es aplicable y es de interés el art. 18.
Artículo 18. Superior interés del menor en la crianza
2. La conselleria competente en materia de bienestar social desarrollará los protocolos informativos y de actuación que estime oportunos, con el fin de garantizar el interés del menor, sobre los siguientes aspectos:
Legislación en curso:
Proposición de Ley sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.
Proposición de Ley sobre integración de los trabajadores discapacitados en el sector público.
Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia.
Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la Función Pública, en su redacción dada por la Ley 53/2003, en relación con el cupo de reserva de empleo público para personas con discapacidad.
Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura.
Proposición no de Ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad.
Proposición no de Ley con el objeto de crear una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia a través del Instituto Nacional de Estadística.
Proposición no de Ley sobre el empleo de las personas con discapacidad.

References: Real Decreto 

Artículo 8

Artículo 10
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 71
 artículo 25
 artículo 25

Artículo 7

Artículo 12
 resolución 

Artículo 8

Artículo 37
 artículo 4

Artículo 56

Artículo 97

Artículo 18