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Timestamp: 2019-12-07 18:06:02+00:00

Document:
Publicado en BOPV núm. 79 de 27 de Abril de 2016 y BOE núm. 151 de 23 de Junio de 2016
Vigencia desde 28 de Abril de 2016. Revisión vigente desde 28 de Abril de 2016
Artículo único.– Modificación de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación texto refundido
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Creación de la escala de atención de emergencias
Dleg 1/2017 de 27 Abr. CA País Vasco (texto refundido de la Ley de gestión de emergencias)
Téngase en cuenta que la Ley 1/19996, 3 abril, modifocada por la presente Ley, ha sido derogada por la disposición derogatoria del D Legislativo [PAÍS VASCO] 1/2017, 27 abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias («B.O.P.V.» 5 mayo).
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias.
La Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, fue una norma pionera por cuanto integraba en un sistema único tanto la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias o cotidianas derivadas de cualquier tipo de supuesto accidental como la respuesta ante situaciones de emergencia colectiva derivadas de catástrofes o calamidades públicas.
Tal concepción partía del presupuesto de que la cooperación y coordinación operativa de los servicios de emergencias en situaciones no extraordinarias no solo favorecía la atención eficaz a la ciudadanía ante estos supuestos sin trascendencia colectiva extraordinaria, sino que fomentaba la preparación para el caso de producirse un evento catastrófico que paralizase el tejido social e institucional.
La experiencia de todos estos años manifiesta el acierto en la elección del modelo, que ha servido de ejemplo e inspiración en otros lugares.
Sin embargo, el tiempo transcurrido ha revelado la necesidad de poner al día algunos aspectos del modelo regulado, en aspectos tales como el refuerzo de la concertación e interrelación de las actuaciones de las distintas instituciones y servicios, la actualización de los sistemas informáticos y de comunicaciones, el refuerzo de la formación de los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, o la estandarización de procedimientos de actuación, así como en cuanto a la necesidad de integrar la iniciativa privada y la iniciativa social con la actividad del sector público.
Tal puesta al día requiere adoptar decisiones estratégicas y organizativas que en algunos casos exigen la aprobación de las medidas legales oportunas.
En tal sentido se enmarca la aprobación de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, que integra el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil en el más global sistema de seguridad pública. En dicha ley se regula, entre otras cosas, la Academia Vasca de Policía y Emergencias como instrumento para la formación y capacitación de quienes integran el Sistema Vasco de Emergencias y Protección Civil, o la misión del teléfono de emergencias 1-1-2.
Al margen de los principios generales comunes al conjunto del sistema de seguridad pública, la citada Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, se remite a la legislación específica en materia de emergencias.
El diagnóstico precedente ha revelado algunas carencias en la regulación vigente en aspectos tales como la organización de la previsión y alerta, los derechos y deberes de la ciudadanía, las obligaciones de autoprotección, o el régimen sancionador.
La modificación propuesta en esta ley tiene como pretensión consolidar el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, reforzando su perspectiva integral, al objeto de mejorar y actualizar su funcionamiento. Para ello la ley opta por un modelo basado en una estructura organizativa pública que mejore la coordinación, integrando y priorizando dicha perspectiva integral para poder ofrecer la previsión y la respuesta adecuada que deben tener las emergencias, así como teniendo en cuenta también el aspecto formativo. De la misma forma, en esa perspectiva integral resulta imprescindible introducir la gestión y organización de la red de las organizaciones del voluntariado, así como prever el salvamento marítimo, sin perder de vista la perspectiva de país y la de todos los ámbitos.
Para ello la reforma aborda los siguientes contenidos:
a) Regula los derechos y deberes de la ciudadanía en cuanto a su formación y a la información sobre riesgos y medidas de protección contra ellos, al tiempo que procura su implicación en los mecanismos de respuesta ante emergencias.
b) Refuerza los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, regulando la red de alertas y la vinculación de los servicios meteorológicos con la protección civil.
c) Fortifica la vinculación con el Servicio Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil de todas las organizaciones públicas o privadas relevantes para la seguridad por presentar elementos de vulnerabilidad, o por su potencial peligrosidad.
d) Regula los derechos y deberes de autoprotección, así como mecanismos de estímulo al cumplimiento de tales deberes.
e) Contempla la creación de distinciones para reconocer actos destacables del personal de los servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación y la colaboración ciudadana con dichos servicios en situaciones de emergencias.
f) Regula un régimen sancionador adecuado al principio de tipicidad que contemple infracciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección civil y emergencias, o la perturbación del servicio de atención de llamadas de urgencia, entre otras.
g) Prevé que los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tengan en cuenta el inventario y mapa de riesgos y establezcan medidas de prevención de riesgos y de reducción del impacto de eventuales catástrofes y calamidades.
h) Regula el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi como plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicarse con los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo y facilitar su coordinación conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas operativas correspondientes.
i) Prevé adoptar medidas oportunas que permitan la conexión del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi con todas las centrales operativas de los servicios de emergencias y seguridad de Euskadi.
j) Contempla el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único 1-1-2, con la misión de recibir las llamadas de los ciudadanos en el territorio de Euskadi, identificar la urgencia o incidente y transmitir la llamada o alarma a los servicios o autoridades oportunas.
k) Promueve la celebración de convenios con las diferentes administraciones públicas que dispongan de servicios y recursos de interés para la respuesta a las emergencias al objeto de garantizar una actuación rápida, integrada y eficaz ante un requerimiento de auxilio o una llamada de emergencia.
l) Dispone la constitución reglamentaria de la Unidad de Apoyo ante Desastres, dependiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración. Dicha unidad también podrá realizar misiones de cooperación internacional.
m) Contempla la existencia de una estructura organizativa pública profesional para el ejercicio de las funciones encomendadas al Gobierno Vasco y al departamento competente en la coordinación y apoyo a la intervención en situaciones de protección civil, así como en emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas.
n) Modifica la Ley 1/2004, de 25 de febrero, de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, para crear una escala de protección civil y emergencias y conferir el rango de agentes de la autoridad al personal de atención de emergencias y protección civil que coordine los operativos de emergencias.
ñ) Contempla medidas de fomento para la creación de redes de apoyo a los servicios profesionales conformadas por organizaciones del voluntariado. Sus integrantes cooperan pero no suplen a los servicios profesionales, y deben contar con una formación y preparación mínima prefijada.
o) Asigna a la Academia Vasca de Policía y Emergencias el rol central en la formación y preparación de los actores integrantes del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil en función de las responsabilidades que ya le atribuía la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
p) Incluye entre las emergencias objeto de la ley las ocurridas en el mar territorial del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo a las competencias conferidas estatutariamente en materia de salvamento marítimo.
Uno.– Se modifica el apartado primero del artículo 1, que queda redactado como sigue:
«1.– La presente ley tiene por objeto ordenar y coordinar las actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la prevención y gestión de emergencias, destinadas a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo ante situaciones de riesgos colectivos graves, catástrofe y calamidad pública, así como en otros casos de urgencia o emergencias que pudieran requerir de la participación o coordinación de distintos servicios y operativos».
Dos.– Se añade un nuevo capítulo Ibis, con el título de «CapítuloI bis. Derechos y deberes».
Tres.– Se añade un nuevo artículo 2 bis al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
f) Que los servicios públicos competentes identifiquen lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y se ofrezca información precisa a sus familiares o personas allegadas, para lo cual deben establecerse protocolos de actuación».
Cuatro.– Se añade un nuevo artículo 2 ter al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
f) Seguir las instrucciones y medidas de emergencia emanadas de las autoridades competentes en materia de protección civil, así como cumplir las órdenes generales y particulares emanadas de tales autoridades».
Cinco.– Se añade un nuevo artículo 2 quáter al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 2 quáter
4.– En casos de catástrofe, calamidad pública, ruina inminente o grave riesgo colectivo, y cuando concurra una situación de extrema y urgente necesidad, será legítima la entrada en el domicilio si es para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas».
Seis.– Se añade un nuevo artículo 2 quinquies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 2 quinquies
d) Los medios de comunicación social».
Siete.– Se añade un nuevo artículo 2 sexies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 2 sexies
4.– En las situaciones de alerta y de emergencia reguladas por esta ley las empresas titulares de las redes y de los servicios de telecomunicación habrán de ponerlos a disposición de las autoridades de protección civil para emitir avisos o alertas en la población.
5.– En las situaciones de alerta o de emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado».
Ocho.– Se añade un nuevo artículo 2 septies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 2 septies
3.– Las medidas a que se refiere este precepto tendrán una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia, deberán ser proporcionadas a la entidad del riesgo y no darán derecho a indemnización alguna».
Nueve.– Se añade una nueva sección primera bis al capítulo II, con el título de «Sección I bis. Previsión».
Diez.– Se añade un nuevo artículo 8 bis a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:
1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad elabora y mantiene el inventario y mapa de riesgos a los que está afecta la Comunidad Autónoma de Euskadi, los cuales forman parte del Plan de Protección Civil de Euskadi.
4.– El inventario y el mapa de riesgos de Euskadi se elaborarán atendiendo a los análisis de riesgos oportunos, considerando especialmente la información procedente de los planes de protección civil municipales y forales, así como otros datos derivados de los estudios de riesgos realizados por los órganos de las distintas administraciones públicas para cada riesgo, pudiéndose, en su caso, suscribirse los oportunos convenios.
5.– El inventario y el mapa de riesgos de Euskadi serán puestos en conocimiento del conjunto de administraciones públicas vascas».
Once.– Se añade un nuevo artículo 8 ter a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:
1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad creará y coordinará una red de información y alerta de protección civil, destinada tanto a la prevención, detección y seguimiento de las situaciones de emergencia como a la información preventiva a las autoridades de protección civil, servicios públicos especialmente vulnerables y la ciudadanía de las amenazas para la seguridad de personas, bienes y patrimonio colectivo.
3.– La difusión de información preventiva a la población deberá efectuarse en condiciones que la hagan eficaz en relación con los colectivos a los que se dirija, singularmente en relación con la población infantil y personas ancianas o discapacitadas u otros especialmente vulnerables.
4.– La localización de las instalaciones de alerta o alarma será realizada por el departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad. Una vez determinada su localización, los instrumentos urbanísticos de planeamiento municipal deberán incorporar las previsiones de localización necesarias para las instalaciones de alerta o alarma.
5.– La expropiación forzosa de bienes y derechos o la imposición de servidumbres para el establecimiento de la red de información y alarma automática se regirá por la legislación general de expropiación».
Doce.– Se añade un nuevo artículo 8 quáter a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:
2.– Se confeccionará un programa de actuación ante la predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos, que definirá los umbrales de adversidad atendiendo a la posibilidad de producción directa o indirecta de daños a las personas o bienes, así como los boletines de aviso que deban ser notificados en cada umbral a otros servicios públicos o a la ciudadanía».
Trece.– Se añade un nuevo artículo 8 quinquies a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:
1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tendrán en cuenta las determinaciones del inventario y mapa de riesgos regulado en este capítulo y establecerán medidas de prevención de riesgos y reducción del impacto de eventuales catástrofes y calamidades. El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad pondrá a disposición de las administraciones competentes la información relativa a los riesgos de protección civil presentes en el territorio objeto de planificación.
2.– Los instrumentos de ordenación del territorio serán sometidos, tras su aprobación inicial, a informe preceptivo de la dirección del departamento del Gobierno competente en emergencias y protección civil sobre los aspectos relacionados con las situaciones de grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Las conclusiones del informe deberán ser tenidas en consideración si refieren la incompatibilidad legal de usos o aprovechamientos del territorio por riesgo para la seguridad de las personas, los bienes o el patrimonio colectivo y ambiental. El plazo para evacuar el informe es de un mes, transcurrido el cual sin haberse emitido podrá continuar la tramitación.
4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad pública comunicará a la Comisión de Protección Civil de Euskadi periódicamente los informes realizados en aplicación del presente precepto».
Catorce.– Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
2.– Reglamentariamente se catalogarán las actividades, instalaciones, centros, establecimientos o dependencias obligados a disponer las medidas de autoprotección previstas en el párrafo anterior».
Quince.– Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11.–
5.– Las personas responsables de los planes de autoprotección están obligadas a participar en todas las tareas preventivas u operativas para las cuales sean requeridos por las autoridades y responsables de los servicios públicos de protección civil; a asistir a las reuniones a las que sean convocados, y a comunicar a las autoridades cualquier circunstancia que afecte a la situación de riesgo cubierta por el plan o la operatividad del mismo, así como la activación del plan de autoprotección».
Dieciséis.– Se añade un nuevo artículo 11 bis, con la siguiente redacción:
Las administraciones públicas vascas promoverán la cultura de la autoprotección, y especialmente la formación de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que realizan actividades de especial riesgo, facilitándoles asesoramiento y asistencia».
Diecisiete.– Se añade un nuevo artículo 11 ter, con la siguiente redacción:
Quienes promuevan los ejercicios o simulacros o las campañas informativas deberán comunicar previamente a la autoridad competente en materia de emergencias la realización de estas actividades y los datos necesarios para su control».
Dieciocho.– Se añade un nuevo artículo 11 quáter, con la siguiente redacción:
«Artículo 11 quáter
En los diferentes ciclos educativos de los centros escolares será obligatorio programar actividades de información, prevención y divulgación en materia de protección civil, y deberá realizarse periódicamente un ejercicio o simulacro de evacuación, de acuerdo con las previsiones del plan de autoprotección correspondiente».
Diecinueve.– Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
3.– Las administraciones públicas vascas exigirán a las personas responsables por dolo, culpa o falta de la diligencia debida o infracción de las leyes y reglamentos de autoprotección los costes de las intervenciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil».
Veinte.– Se añade un nuevo artículo 12 bis, con la siguiente redacción:
4.– Las medidas previstas en los planes de continuidad deberán coordinarse y complementarse con las previstas en los planes de autoprotección y planes de protección de las infraestructuras críticas, con los cuales, en su caso, podrán integrarse en un documento único».
Veintiuno.– Se modifica el párrafo segundo del artículo 23 del capítulo III, que queda redactado como sigue:
«2.– Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública asegurar la adecuada cooperación y coordinación entre los servicios que intervengan en las emergencias contempladas en este capítulo, las cuales se articulan básicamente a través de la labor del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, cuyo instrumento básico son las tácticas operativas, sin perjuicio de los centros de que pudiera disponer cada administración para procurar la coordinación interna de sus servicios propios».
Veintidós.– Se modifica el artículo 24 del capítulo III, que queda redactado como sigue:
«Artículo 24.–
3.– El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi está adscrito a la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad y dispondrá de las ubicaciones territoriales que se determinen por dicho departamento.
4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad establecerá los estándares técnicos informáticos y de telecomunicaciones que permitan la conexión entre el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi y las centrales operativas de los servicios de emergencias y seguridad de Euskadi».
Veintitrés.– Se añade un nuevo artículo 24 bis al capítulo III, con la siguiente redacción:
El servicio se presta en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pondrá los medios precisos para facilitar el acceso al servicio en otros idiomas oficiales de los distintos estados de la Unión Europea, así como para garantizar los mecanismos que aseguren dicho acceso a las personas con discapacidad».
Veinticuatro.– Se añade un nuevo artículo 24 ter al capítulo III, con la siguiente redacción:
6.– Las grabaciones y los registros de los incidentes gestionados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi serán custodiados durante un periodo mínimo de seis meses y un período máximo de dos años, salvo instrucción diferente de la autoridad judicial.
7.– El órgano responsable del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi lo será de los ficheros, y deberá adoptar las medidas técnicas, de gestión y de organización necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, y para hacer efectivos los derechos de las personas afectadas reconocidos por la legislación vigente».
Veinticinco.– Se añade un segundo párrafo al artículo 25 del capítulo III, que queda redactado como sigue:
«2.– En particular, los servicios considerados como esenciales o básicos del sistema de gestión de emergencias y protección civil por la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi:
d) Facilitarán información de retorno de los incidentes de emergencia en los que hayan sido activados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, aportando los datos de evolución de la emergencia que sean significativos para la retipificación del incidente o para la intervención de otros servicios esenciales».
Veintiséis.– Se modifica el artículo 27 del capítulo III, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27.–
3.– El Gobierno Vasco implementará la estructura organizativa pública de atención de emergencias más adecuada para dar soporte y apoyo a la ejecución de las atribuciones que la presente ley confiere al mismo y al departamento competente en la materia, con el fin de facilitar la coordinación y prestación de servicios de los agentes que conforman el Sistema Vasco de Protección Civil y Emergencias, teniendo en cuenta los principios contenidos en el artículo 2 de esta ley y en el artículo 3 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Publica de Euskadi».
Veintisiete.– Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 45, con la siguiente redacción:
«4.– La participación en tareas preventivas y operativas de protección civil y atención de emergencias como miembro voluntario de pleno derecho de una organización del voluntariado requerirá estar acreditado por la autoridad del Gobierno Vasco competente en materia de protección civil y emergencias, para lo cual deberá disponer de las competencias curriculares que para ejecutar tales labores se determinen reglamentariamente por el Gobierno Vasco, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Euskadi.
La Academia Vasca de Policía y Emergencias incluirá en su plan anual de formación la programación de cursos formativos destinados a la obtención de las competencias curriculares antedichas, previa consulta a las organizaciones del voluntariado de protección civil existentes con el fin de compatibilizar su oferta con la programación que estas realicen».
Veintiocho.– Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 47, con la siguiente redacción:
«4.– Las administraciones públicas vascas promoverán que en su seno y en el ámbito de las empresas privadas se facilite, con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos puedan ejercer sus labores de voluntariado de protección civil.
A los efectos de lo dispuesto en la normativa laboral o de empleo público, el voluntariado de protección civil tiene el deber público inexcusable de carácter personal de acudir, salvo causa justificada, a las órdenes de movilización que dicte la autoridad competente tras activar el correspondiente plan para hacer frente a catástrofes y emergencias de protección civil».
Veintinueve.– Se añade un nuevo artículo 49, con la siguiente redacción:
«Artículo 49.–
Las organizaciones y entidades a que se refieren los párrafos anteriores serán inscritas en el registro constituido al efecto en el órgano autonómico de protección civil y emergencias, como condición necesaria para la actuación dentro de la red que conforma el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil bajo la dependencia que en cada caso corresponda».
Treinta.– Se añade un nuevo artículo 50 al capítulo V, con la siguiente redacción:
«Artículo 50.–
Las entidades de carácter altruista y sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la atención de personas y bienes en situaciones de emergencia y suscriban un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco podrán ser consideradas entidades colaboradoras con la protección civil. Reglamentariamente se determinará el contenido de dichos convenios, que incluirá, al menos, la puesta a disposición de sus medios y recursos, el modo de su colaboración y participación y las compensaciones que les puedan corresponder en tales casos, así como la formación acreditada de los recursos humanos de dichas entidades».
Treinta y uno.– Se añade un nuevo capítulo VI, con el título de «Capítulo VI. Distinciones y reconocimientos».
Treinta y dos.– Se añade un nuevo artículo 51 al capítulo VI, con la siguiente redacción:
«Artículo 51.–
3.– Las distinciones podrán ser a título individual y a título colectivo».
Treinta y tres.– Se añade un nuevo capítulo VII, con el título de «Capítulo VII. Régimen sancionador».
Treinta y cuatro.– Se añade un nuevo artículo 52 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 52.–
3.– La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito de esta ley se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente sobre potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónomas del País Vasco o norma que la sustituya, lo previsto en esta ley y su normativa de desarrollo.
4.– La responsabilidad de los empleados y empleadas públicos en el ejercicio de sus funciones será exigible de conformidad con lo previsto en la normativa de función pública que les resulte de aplicación».
Treinta y cinco.– Se añade un nuevo artículo 53 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 53.–
2.– Asimismo, serán calificadas como muy graves las infracciones graves cometidas por una persona o entidad que haya sido sancionada mediante resolución firme en los dos años anteriores por una o más infracciones graves en materia de atención de emergencias y protección civil».
Treinta y seis.– Se añade un nuevo artículo 54 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 54.–
2.– Asimismo, serán calificadas como graves las infracciones leves cometidas por una persona o entidad que haya sido sancionada mediante resolución firme en los dos años anteriores por una o más infracciones leves en materia de atención de emergencias y protección civil».
Treinta y siete.– Se añade un nuevo artículo 55 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 55.–
e) No acudir a la llamada de movilización efectuada por las autoridades de protección civil competentes, en caso de ejercicio o simulacro, quienes estén obligados a hacerlo, salvo causa justificada».
Treinta y ocho.– Se añade un nuevo artículo 56 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 56.–
d) Inhabilitación para formar parte de cualquier otra, para los miembros de agrupaciones y asociaciones del voluntariado de protección civil».
Treinta y nueve.– Se añade un nuevo artículo 57 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 57.–
1.– Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 30.001 euros hasta 600.000 euros. Además, podrá ser ordenada la clausura temporal del local, centro o instalación, o la suspensión temporal de las actividades de riesgo, por tiempo máximo de un año, siempre que el motivo por el que se sancionó se haya resuelto.
2.– Las infracciones graves se sancionan con multa de 1.501 euros hasta 30.000 euros.
3.– Las infracciones leves se sancionan con multa de 150 euros hasta 1.500 euros.
4.– Las infracciones graves y muy graves cometidas por miembros de las entidades, agrupaciones y asociaciones del voluntariado de protección civil conllevan la inhabilitación para la participación voluntaria en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias durante un plazo de cinco años en los casos de falta muy grave y de tres años en los casos de falta grave, así como la baja en el registro de organizaciones del voluntariado colaboradoras de la protección civil y la retirada del documento acreditativo de la condición de voluntario de protección civil».
Cuarenta.– Se añade un nuevo artículo 58 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 58.–
3.– No se aplicarán estos criterios cuando hayan sido empleados para incrementar la gravedad de la infracción».
Cuarenta y uno.– Se añade un nuevo artículo 59 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 59.–
2.– Los titulares de los establecimientos e industrias, las personas promotoras y organizadoras de las actividades, responderán de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley que se cometan en estos lugares por las personas que intervengan en tales actividades, cuando incumplan la obligación de prevenir la infracción vulnerando la normativa legal o reglamentaria.
4.– La responsabilidad por las infracciones previstas en los artículos 53.1.g), 54.1.a) y 55.a) recaerá directamente en el autor o autora de la llamada.
En los mismos términos responderá la persona titular de la línea o del terminal móvil cuando no sea posible notificar la denuncia al autor o autora de la infracción que aquél identifique, por causa imputable al titular».
Cuarenta y dos.– Se añade un nuevo artículo 60 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 60.–
2.– La potestad sancionadora de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ejercerá por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, de conformidad con las siguientes atribuciones:
4.– Los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las administraciones locales y forales se informarán mutuamente de los expedientes que se tramiten, en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la incoación».
Cuarenta y tres.– Se añade un nuevo artículo 61 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 61.–
3.– La prescripción de las infracciones y de las sanciones se apreciará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco».
Cuarenta y cuatro.– Se añade un nuevo artículo 62 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 62.–
Estas medidas quedarán sin efecto si, transcurridos diez días desde su adopción, no se incoa el procedimiento sancionador, o el acuerdo de incoación no contiene pronunciamiento expreso acerca de las mismas».
Cuarenta y cinco.– Se añade un nuevo artículo 63 al capítulo VII, con la siguiente redacción:
«Artículo 63.–
5.– Quien cometa una infracción de las previstas en esta ley mediando un comportamiento doloso o gravemente negligente y provoque o agrave una situación de emergencia estará obligado a resarcir a la hacienda pública por los costes en que ésta haya incurrido para resolver la situación. La determinación de las consecuencias indemnizatorias se efectuará en la resolución sancionadora.
En particular, en el supuesto del artículo 53.1.g), y sin perjuicio de las sanciones que en cada caso procedan, los infractores deberán abonar los daños y perjuicios por la movilización de los recursos».
Cuarenta y seis.– Se modifica la disposición adicional segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en el medio marino».
Cuarenta y siete.– Se modifica la disposición adicional cuarta, que pasa a tener la siguiente redacción:
El tiempo de colaboración activa en organizaciones del voluntariado de protección civil o como bombero voluntario, y siempre que no haya sido apartado de estas organizaciones con motivo de una infracción grave o muy grave, podrá considerarse como mérito para el ingreso o contratación laboral en las administraciones públicas vascas en todos los supuestos en los que sus funciones guarden relación con los servicios prestados, las aptitudes o la formación adquirida como voluntaria o voluntario, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen».
Cuarenta y ocho.– Se añade una nueva disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:
f) Las demás que les encomiende la normativa vigente».
Cuarenta y nueve.– Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
1.– Reglamentariamente se constituirá una Unidad de Apoyo ante Desastres, dependiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración. Igualmente podrá realizar misiones de cooperación internacional.
5.– El reglamento establecerá su régimen de actuación y funcionamiento».
Cincuenta.– Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
Se autoriza al Gobierno Vasco para proceder a la actualización de la cuantía de las sanciones que se fijan en la presente ley, atendiendo a la variación que experimente el índice general de precios al consumo».
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley se deberá efectuar la revisión y actualización de las tácticas operativas. Este proceso se realizará por el Gobierno Vasco en colaboración con las administraciones públicas afectadas.
Queda derogado el Decreto 34/1983, de 8 de marzo, de creación de los centros de coordinación operativa (BOPV 037 de 29 de marzo de 1983).
Se autoriza al Gobierno para que, en un plazo no superior a doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias. El texto refundido integrará ambas leyes en un único texto, renumerará los artículos, capítulos y disposiciones que fueran necesarias, adecuará las remisiones internas de las leyes objeto de refundición a la nueva numeración, y regularizará, aclarará y armonizará los textos legales que han de ser refundidos.
1.– Se modifica la Ley 1/2004, de 25 de febrero, de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:
a) Se añade un nuevo número 9 al apartado A) del artículo 14, con el siguiente tenor:
«A) Cuerpo Superior Facultativo
9.– Escala de Atención de Emergencias»
b) Se añade un nuevo apartado h bis) al artículo 15.2, con el siguiente tenor:
«hbis) En la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Superior Facultativo, la titulación universitaria de Licenciado o de Grado en Arquitectura, en Ingeniería en sus diversas modalidades u opciones, en Ciencias Ambientales, en Geología, en Física, en Química, o en Náutica y Transporte Marítimo»
c) Se añade un nuevo párrafo h bis) al artículo 16, con el siguiente tenor:
«hbis) A la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Superior Facultativo, el asesoramiento y establecimiento de criterios en protección civil; la asistencia profesional requerida para el funcionamiento permanente del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi; la asistencia profesional a las autoridades de protección civil y emergencias del Gobierno Vasco en la elaboración de los planes de protección civil y tácticas operativas, en su activación y en la aplicación de las medidas previstas en aquellos y, en general, en caso de situaciones de emergencia; las funciones de intervención que les correspondan en situaciones de emergencia y protección civil, incluidas las de servicio en los grupos logísticos y en los puestos de mando avanzado, así como en la coordinación de la actuación de los servicios implicados en la gestión de la emergencia en los términos previstos en la ley; las funciones de previsión, prevención, planificación, análisis y evaluación en relación con el ejercicio de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma; las funciones de inspección y la instrucción de los expedientes sancionadores regulados por esta ley, en el ámbito de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma, y todas las demás que les encomiende la normativa vigente»
d) Se añade un nuevo párrafo f) al apartado primero de la disposición adicional segunda, con el siguiente tenor:
«f) Podrá integrarse en la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Especial Facultativo el personal funcionario que accedió desde el Grupo A, por integración o mediante convocatoria pública, a plazas de Técnico de Emergencias y que durante los dos años precedentes a la entrada en vigor de esta ley sea titular u ocupe puestos que se adscriban a dicha escala»
2.– La opción de integración en la Escala de Emergencias se realizará en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la adecuación de la relación de puestos de trabajo al contenido de la presente ley. Quienes no ejerciten la opción de integración voluntaria se mantendrán en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en que los vinieran desempeñando.
3.– Se procederá a la funcionarización de los puestos de trabajo laborales que se reclasifiquen en atención a sus funciones como puestos de la Escala de Atención de Emergencias. El personal laboral fijo que ocupe tales puestos de trabajo, o esté en situación de excedencia con derecho a la reserva de su puesto de trabajo a la entrada en vigor de esta ley podrá participar en un proceso selectivo restringido de promoción interna convocado por el sistema de concurso-oposición en la citada escala, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
El personal que lo supere será nombrado funcionario de carrera y adscrito al puesto de trabajo que ocupaba como laboral fijo, con garantía de la misma antigüedad que ostentaba como personal laboral fijo y del salario mínimo que viniera percibiendo.
El personal que no acceda voluntariamente o que no supere tal proceso selectivo permanecerá en los puestos que ocupe sin menoscabo alguno de sus expectativas de promoción profesional.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 66
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 53
 resolución 
 artículo 54
 resolución 
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 63
 resolución 
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16