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Timestamp: 2019-09-19 14:40:18+00:00

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Procedimientos de ejecución de una sentencia - Suecia
Casos de ejecución con arreglo al Código de Ejecución (utsökningsbalken)
Se entiende por ejecución la situación en la que una autoridad ejecutiva da cumplimiento a una obligación declarada por un órgano jurisdiccional o por cualquier otro organismo. Por lo general, la ejecución se refiere a una obligación de pago o de desalojo de una vivienda. Hay otro tipo de ejecución relacionada con el secuestro de bienes u otras medidas de garantía.
La ejecución relativa a la obligación de pago se aplica mediante embargo, que permite la incautación de los bienes del deudor. Si la obligación exige que una persona desaloje una vivienda, por ejemplo, la ejecución se efectúa por vía de desahucio. Por lo demás, la ejecución consiste, por norma general, en la imposición al demandado, por parte de la autoridad ejecutiva, de la satisfacción de las obligaciones que le incumben o el cumplimiento de un requerimiento u otra disposición. La autoridad ejecutiva puede asimismo imponer multas coercitivas.
La ejecución con arreglo al Código Parental (föräldrabalken)
La ejecución con arreglo al Código Parental se refiere a las medidas para llevar a la práctica lo dispuesto en las resoluciones relativas a la guarda y custodia, el lugar de residencia, el contacto con menores o su entrega. El órgano jurisdiccional que decide sobre la ejecución puede imponer una multa coercitiva u ordenar su recaudación por la policía. Estas mismas normas relativas a la ejecución se aplican cuando una resolución extranjera se ejecuta de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo (el Reglamento «Bruselas II»), si tal ejecución afecta a un menor. Sin embargo, cuando la ejecución afecta a los costes legales o a los bienes del menor, se aplica el Código de Ejecución.
El Servicio público sueco de ejecución forzosa (Kronofogdemyndigheten) se encarga de llevar a cabo las ejecuciones. Es este Servicio quien ordena, por ejemplo, un embargo. Aunque la responsabilidad jurídica global de la ejecución corresponde a un agente de ejecución de rango superior, la ejecución normalmente la llevan a cabo otros funcionarios (agentes de ejecución auxiliares).
Casos de ejecución con arreglo al Código de Ejecución
La ejecución debe fundarse en una sentencia u otro título ejecutivo.
Los títulos ejecutivos siguientes pueden servir de base para la ejecución:
una sentencia, fallo o resolución de un órgano jurisdiccional,
un acuerdo ratificado por un órgano jurisdiccional, o un acuerdo de mediación que un órgano jurisdiccional haya declarado ejecutivo,
una orden de sanción penal aprobada, un requerimiento de pago aprobado o una orden aprobada para pagar una multa por incumplimiento de la normativa,
un laudo arbitral,
un compromiso por escrito, en presencia de dos testigos, relativo a una pensión alimenticia prevista por el Código Matrimonial (äktenskapsbalken) y por el Código Parental (föräldrabalken),
una resolución de una autoridad administrativa que lleve aparejada la ejecución en virtud de determinadas disposiciones,
un documento que lleve aparejada la ejecución en virtud de determinadas disposiciones,
un fallo o una resolución del Servicio público de ejecución forzosa relativos a un requerimiento de pago o de asistencia en la ejecución, y requerimientos europeos de pago que este Servicio haya declarado ejecutivos.
Una vez expedido el título ejecutivo, no es necesario que un órgano jurisdiccional u otro tipo de autoridad dicte ninguna otra resolución suplementaria para que pueda procederse a la ejecución.
Una parte importante del trabajo del Servicio público de ejecución forzosa es reunir información sobre los bienes del deudor. Los deudores deben aportar datos sobre sus bienes y deben confirmar, bien en una declaración, bien en una entrevista, la veracidad de estos datos, so pena de sanciones penales. La autoridad también puede exigir al deudor que aporte estos datos e imponerle una multa en caso de que no lo haga. El juzgado de primera instancia impondrá la multa a petición del Servicio público de ejecución forzosa.
Las solicitudes de ejecución pueden presentarse verbalmente o por escrito. La solicitud verbal implica que el solicitante (la persona que solicita la ejecución) se presente ante el Servicio de ejecución forzosa. La solicitud por escrito debe ir firmada por el solicitante o su representante legal.
Se cobra una tasa (tasa de ejecución) para cubrir los costes que soporta el Estado en los procesos de ejecución (gastos administrativos). Si la ejecución tiene lugar, estos gastos se cobran por regla general a la persona contra la que se solicita la ejecución (la contraparte del solicitante), siempre que sea posible. Sin embargo, normalmente quien responde de los gastos ante el Estado es el solicitante. Pueden hacerse excepciones a esta norma, por ejemplo, en el caso de demandas de alimentos.
Como norma general, se cobra una tasa básica por cada título ejecutivo en el que se basa una ejecución. En un proceso de ejecución relativo a una reclamación de Derecho privado, esta tasa básica asciende a 600 SEK.
Otras tasas que pueden pagarse son las tasas de preparación, las tasas de venta y las tasas especiales.
Casos de ejecución con arreglo al Código Parental
Se puede solicitar la ejecución de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional ordinario relativa a la guarda y custodia, el lugar de residencia, el contacto con menores o su entrega. También se puede solicitar la ejecución de un acuerdo relativo a la guarda y custodia, el lugar de residencia o el régimen de visitas celebrado entre los padres y aprobado por la junta de protección social. Las sentencias extranjeras también pueden ejecutarse en Suecia, por ejemplo, las sentencia que sean ejecutivas con arreglo al Reglamento «Bruselas II».
Los procesos de ejecución se deciden en los juzgados de primera instancia. La solicitud de ejecución se presenta generalmente ante el juzgado de primera instancia del lugar de residencia del menor. Si el menor no reside en Suecia, la solicitud debe presentarse ante el juzgado de primera instancia de Estocolmo (Stockholms tingsrätt).
La solicitud puede presentarla, por ejemplo, un progenitor para que su hijo se mude o para poder tener contacto con él.
Al tramitar el caso, el órgano jurisdiccional puede emitir instrucciones especiales a algún trabajador de los servicios sociales para que intente convencer a la persona que tenga la guarda del menor de que haga de forma voluntaria lo que se indica en la resolución o en el acuerdo. Si la cuestión es urgente, el órgano jurisdiccional o la autoridad policial pueden resolver que hay que ocuparse del menor de forma inmediata. El órgano jurisdiccional puede imponer una multa u ordenar la intervención de la policía para llevar a cabo la ejecución.
Las solicitudes de ejecución en virtud del Código Parental no suponen el pago de ninguna tasa. Sin embargo, se podrá exigir a cualquiera de las partes que pague los gastos incurridos por la otra parte durante el proceso. Una parte que haya originado gastos por la recogida o el cuidado de un menor podrá tener que pagar esos gastos al Estado.
Hay algunos casos en los que la ejecución puede denegarse. Así ocurre, por ejemplo, cuando la imprecisión del título ejecutivo impide que sirva de fundamento jurídico de la ejecución.
Otro supuesto sería el de que la persona a la que una sentencia obliga a hacer algo alega que ya ha cumplido con tal obligación, como por ejemplo una obligación de pago.
Otro caso podría ser el de que la persona contra la que se dirige la ejecución tiene una demanda de reconvención contra el solicitante; por ejemplo, si presenta un crédito compensable. Esta compensación supone un impedimento a la ejecución si el Servicio público sueco de ejecución forzosa constata que la demanda de reconvención se ha presentado por medio de un título ejecutivo válido o se funda en una prueba escrita del crédito.
Si el deudor declara que existe algún otro asunto entre las partes que constituye un impedimento para la ejecución y dicha objeción no se puede desestimar, es posible que la ejecución tampoco tenga lugar. Un ejemplo podrían ser las objeciones a un plazo de prescripción.
Si un órgano jurisdiccional revoca un título ejecutivo, la ejecución debe detenerse inmediatamente.
En algunos casos, el órgano jurisdiccional también puede ordenar que un proceso de ejecución en curso se extinga (lo cual se conoce como inhibición).
Se supone que lo que se determina en una resolución o acuerdo responde a los intereses del menor. El órgano jurisdiccional no puede reexaminar una resolución o un acuerdo en su evaluación de la ejecución, y la principal alternativa supone lograr el cumplimiento voluntario. Si se requiere cualquier tipo de medida obligatoria, la opción más probable es la imposición de una multa. La recogida física solo se puede usar como último recurso.
En ocasiones pueden presentarse impedimentos para efectuar la ejecución, por ejemplo si el menor se encuentra enfermo.
Si el menor ha alcanzado una edad y un nivel de madurez que exigen que se tenga en cuenta su voluntad, la ejecución no puede efectuarse en contra de su voluntad, salvo si el órgano jurisdiccional considera que es necesario para el interés del menor. El órgano jurisdiccional también debería denegar la ejecución si es evidente que iría en contra de los intereses del menor.
Para que un bien pueda embargarse, deben cumplirse determinadas condiciones. El bien debe
pertenecer al deudor;
ser transferible;
tener un valor pecuniario.
En principio, el embargo puede afectar a cualquier tipo de bien. Por lo general, las normas sobre efectos personales se aplican únicamente a personas físicas. Se pueden embargar tanto bienes muebles como inmuebles.
Los bienes muebles no abarcan solamente bienes personales (como automóviles, barcos y otros efectos), sino también activos (estos es, saldos bancarios) y derechos de distinto tipo (usufructos o partes de una sucesión, por ejemplo).
Los salarios, pensiones u otros ingresos también pueden ser objeto de embargo.
Ahora bien, algunos bienes son inembargables. Es el caso de los efectos personales. Normalmente, las normas sobre efectos personales se aplican únicamente a personas físicas. Entre los efectos personales se encuentran, por ejemplo
ropa y otros objetos de uso personal del deudor hasta un valor razonable;
mobiliario, menaje de la casa y otros equipamientos necesarios para el hogar y su mantenimiento;
herramientas de trabajo y distintos equipamientos necesarios para la actividad profesional o para la formación del deudor;
bienes personales, como medallas y trofeos deportivos, que posean tal valor sentimental para el deudor que sería desmesurado embargarlos.
Algunas categorías de bienes pueden quedar también protegidas del embargo en virtud de disposiciones particulares. Es el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones.
El embargo del salario solo puede afectar a la parte del mismo que supere la suma necesaria para que el deudor pueda subvenir a sus necesidades y a las de su familia.
En este sentido, determinados créditos que tienen prioridad sobre otros. Debe darse prioridad a los créditos relativos a alimentos.
Una vez los bienes le han sido embargados, el deudor ya no dispone del mismo control sobre ellos. El deudor no puede disponer de sus bienes en detrimento del solicitante, transfiriéndolos o cediéndolos de otro modo sin la autorización del Servicio público de ejecución forzosa, a menos que esta lo haya autorizado por motivos excepcionales y previa consulta al solicitante.
Cualquier persona que disponga ilícitamente de bienes embargados se expone a sanciones penales.
Una resolución de embargo confiere derechos de preferencia sobre los bienes.
En un proceso de ejecución, los terceros están obligados a comunicar si el deudor tiene con ellos créditos u otras transacciones que puedan servir para determinar si el deudor posee bienes embargables. El deber de información incumbe también a cualquier persona en posesión de bienes del deudor en virtud, por ejemplo, de prenda o depósito. Un banco, por ejemplo, debe comunicar la información relativa a las cuentas bancarias, las cajas fuertes o los bienes del deudor que estén bajo su custodia. Los familiares y los amigos del deudor también están sujetos al deber de información.
La información puede solicitarse por escrito u oralmente a los terceros, a los que, si es preciso, se puede convocar para interrogarles. Como medios coercitivos pueden utilizarse la multa y la privación de libertad.
El Servicio público de ejecución forzosa debe vender los bienes embargados sin demora. Estas ventas forzosas normalmente se llevan a cabo en subastas públicas, aunque a veces se pueden organizar en privado.
Los importes percibidos en un proceso de ejecución deben notificarse y pagarse al solicitante lo antes posible.
La decisión de embargo no está sujeta a ningún plazo de validez. La legislación, no obstante, parte del principio de que los bienes deben venderse sin demora; a este respecto léase el punto 3.2.
Siempre que sea posible, el desahucio debería tener lugar dentro de las cuatro semanas siguientes a la transmisión de los documentos necesarios al Servicio público de ejecución forzosa.
Casos de ejecución con arreglo al Código de Familia
Una orden de ejecución entra en vigor de forma inmediata, salvo disposición en contrario. Se aplica hasta que se ordene su suspensión. Una orden de multa normalmente indica que una acción debe llevarse a cabo en un plazo determinado, por ejemplo la entrega de un menor al solicitante. Una orden de ejecución relativa al régimen de visitas generalmente indica cuándo puede tener lugar dicho contacto, y suele ser aplicable durante algunos meses.
Una orden relativa a la ejecución no impide que se examine una nueva demanda.
En general, las resoluciones del Servicio público de ejecución forzosa pueden recurrirse. Los recursos ante el tribunal de primera instancia deben presentarse al Servicio público de ejecución forzosa.
La persona a quien afecta la resolución del Servicio puede recurrirla si resulta perjudicada. Las resoluciones relativas al embargo del salario pueden recurrirse sin límite de tiempo. Las resoluciones sobre otras formas de embargo pueden recurrirse dentro de las tres semanas siguientes a su notificación. Los terceros pueden recurrir las resoluciones de este tipo sin límite de tiempo.
El juzgado de primera instancia puede decidir que por el momento no se tome ninguna medida de ejecución (lo cual se conoce como inhibición) o, si existen razones particulares que así lo justifiquen, revocar una medida de ejecución ya adoptada.
La resolución del juzgado de primera instancia por la que se ordena la ejecución es recurrible ante el tribunal de apelación. El recurso debe presentarse por escrito y notificarse al juzgado de primera instancia. El plazo para interponer un recurso es de tres semanas.
El Código de Ejecución contiene disposiciones que limitan la posibilidad de ejecución, por ejemplo para proteger al deudor. Hasta cierto punto, el deudor puede evitar la ejecución que se está llevando a cabo presentando una objeción, como por ejemplo en caso de prescripción. Los ejemplos más habituales de restricciones a la ejecución son que algunos bienes y algunos activos no se pueden embargar en consideración a las necesidades del deudor. El embargo de bienes materiales puede excluir los bienes no embargables, como un piso que sea el hogar permanente del deudor y el dinero que el deudor necesite para su manutención inmediata. Cuando se embarguen los salarios, se excluirá un «importe de reserva» para cubrir los gastos de subsistencia ordinarios y los costes relativos a la vivienda del deudor.

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