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Timestamp: 2017-08-20 04:08:19+00:00

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27 de Febrero: 2012
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​Conocí a mi compañero Manuel hace 55 años cuando ambos ingresamos a la Academia Militar. A los 16 años teníamos todo el tiempo del mundo en nuestras manos para alcanzar nuestros sueños. Hoy me toca decirle adiós con gran pesar, cuando ha culminado su ciclo vital. Se marchó serio como siempre, callado y afligido por la injusticia que este régimen le quiso aplicar impúdicamente. Lo mas importante es que se fue con la cara en alto, antes que la crápula gobernante lo humillara indignamente.
Los problemas de Manuel comenzaron sin que el lo supiera el 16 de Febrero de 1989, cuando el presidente Carlos Andrés Perez decretó un programa de ajustes macroeconómicos, con aplicación inmediata. Estas medidas no solo eran numerosas sino peligrosas políticamente. Entre otras incluían: Liberación de los precios de muchos productos, aumento gradual de tarifas de los servicios públicos; liberación de tasas de interés activas y pasivas en el sector financiero; “tasa de interés de cambio flotante de acuerdo al mercado”; aumento gradual de la gasolina, diesel, aceites; incremento de tarifas de transporte publico; congelación de cargos de la administración publica y modificación en el sistema de aranceles. Todas se aplicaron sin anestesia como si fuera soplar y hacer botellas sin tomar en cuenta la tempestad que ocasionaba.
Estas medidas, tal vez necesarias para enderezar la economía, se aplicaron inconsultamente, sin haber preparado a la población ni informado y alertado a las Fuerzas Armadas sobre sus posibles consecuencias. Este anuncio mal ejecutado fue el terremoto que originó 10 días mas tarde el tsunami que desoló a Caracas. Al llegar la ola destructora a la capital las autoridades civiles evidenciaron carencias de liderazgo personal, así como falta de capacidad para manejo de la crisis. El presidente como Comandante en Jefe de las FAN dictó tardíamente la orden para poner en practica el Plan Ávila, dos días después de iniciados los acontecimientos. En ese momento los disturbios populares habían tomado cuerpo apoyados por francotiradores subversivos armados de fusiles ubicados estratégicamente en azoteas. Los fusiles usados por los francotiradores fueron traídos de contrabando a Venezuela e introducidos por la rampa 4 de Maiquetía aprovechando la visita de Fidel Castro un mes antes a la coronación de CAP.
El presidente Perez valoró muy mal el grado de malestar que iba a crear su traumático paquete económico. Para entonces el dólar se había devaluado casi 1000% desde el viernes negro y el pueblo tenía buenas razones para estar furioso. La medidas que se habían anunciado sin paliativos ni mayores explicaciones alimentaron la inflación desatada ignorando lo que sucedía a su alrededor.
Sus asesores financieros eran jóvenes tecnócratas con poco olfato político. Ellos supusieron equivocadamente que CAP sería capaz de controlar cualquier situación porque tenía carisma y popularidad. Ninguno conocía el grado de soberbia del presidente que se consideraba omnipotente. Los intentos hechos por jefes militares para advertirle del peligro fueron rechazados. Perez nunca aceptó que el país iba a oponerse violentamente a su infeliz decisión, ni la existencia de una activa logia golpista dentro de las fuerzas armadas. Cuando se le planteó esta realidad la rechazó de plano.
​Ese día cuando los disturbios se habían iniciado el presidente decidió irse imprudentemente a Barquisimeto atendiendo una invitación de Fedecamaras sin darle importancia a la chispa encendida en Guarenas que ya recorría la capital. Este fue producto de su autosuficiencia y de la ineptitud de los órganos de inteligencia para alertar debidamente sobre la situación. Para entonces bandas de motorizados armados empezaron a recorrer Caracas y una turba atacó a Fedecamaras esa misma tarde. Estos no eran hechos aislados sino la punta de lanza de una rebelión organizada. Ese día el presidente, pese a recibir reportes alarmantes sobre el saqueo y pillaje en marcha no dictó ordenes para aplicar el Plan Ávila. La Guardia Nacional fue utilizada en forma limitada como si la situación fuera un disturbio común y corriente. La actitud pasiva del presidente permitió que el caracazo creciera y la explosión social cogiera cuerpo.
El 28 de febrero luego que las fuerzas de orden publico perdieron el control de la calle, Perez decide actuar en forma tardía en ejercicio de sus atribuciones. A las 4 PM declara el Estado de Emergencia suspendiendo algunas garantías constitucionales y ordenando la activación del "Plan Ávila" en la guarnición del DF y Estado Miranda. En ese momento, antes que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas ya había ocurrido un elevado numero de muertos y heridos.
​​36 horas después de iniciados los disturbios, el Ministro de la Defensa, general Italo Alliegro, recibe la orden presidencial. De inmediato designa al comandante de las fuerzas militares responsables por la ejecución del plan. En ese momento a menos de un mes de la coronación, Heinz era el Jefe del Comando Estratégico del Ejercito acantonado en Caracas y tenía bajo su mando la unidad militar mas poderosa en la Capital. Yo era el Jefe del Estado Mayor del Ejercito y tercero en la cadena de mando de la institución. Aunque no tenia mando directo de tropas tenía buena información al igual que el Comandante del Ejercito sobre lo que estaba pasando en la calle. La situación era crítica y se complicaba con la presencia de numerosos francotiradores en azoteas. La explosión social de protesta espontánea estaba siendo convertida por fuerzas subversivas en una rebelión organizada. La tarea asignada a Heinz no era fácil.
​A las 5PM del 28 de febrero de 1989 las unidades operativas del Comando Estratégico empiezan el despliegue para ocupar sus áreas de responsabilidad. Las fuerzas militares son un instrumento de guerra al servicio del Estado que al ser atacados por enemigos armados están autorizados a defenderse. Al salir las tropas a las calles los francotiradores y motorizados armados estaban en plena faena y empezaron a hostigar a los soldados. El enfrentamiento produjo bajas, incluyendo algunos inocentes que quedaron expuestos al intercambio de disparos. La noche trajo mas confusión y se produjeron mas bajas. Caracas es una ciudad populosa e intrincada y el combate en localidades en este escenario es comprometido. En esta situación las bajas son inevitables. Todas las perdidas de vidas son lamentables, pero los muertos y heridos fueron consecuencia del uso de la fuerza de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional. El terrible costo en término de vidas humanas fue elevado, pero hubiera sido peor que Venezuela hubiese desembocado en una guerra civil.
​En esta operación Manuel Heinz fue un soldado institucional cumpliendo ordenes legales dirigiendo una operación planificada por otros en una situación difícil de controlar. La guerra es algo terrible e indeseado. El uso de la violencia a veces ocasiona incidentes desafortunados por parte de individuos que pueden violar en medio del fragor del combate instrucciones recibidas. Esos incidentes aislados pueden ocurrir en una operación donde participaron mas de diez mil soldados enfrentados a un enemigo armado y organizado infiltrado en el seno de una protesta popular. Heinz como comandante en esa acción fue responsable por lo ocurrido con las tropas bajo su mando, pero no es culpable de ninguna acción delictuosa. Fue un instrumento del Estado, cumpliendo ordenes legales.
​Al final de sus días Heinz, en medio de una cruel enfermedad, fue enjuiciado y acusado de delitos de violación de Derechos Humanos por sus enemigos durante el caracazo. Estos individuos, ahora en el poder, con sed de venganza acusan en falso a un soldado que cumplió con su deber. Al hacerlo ignoran a los pistoleros de Puente Llaguno que defendieron al gobierno de Hugo Chavez sin tener respaldo legal para usar armas asesinando compatriotas. También ocultan bajo la alfombra de la historia el hecho que en la mañana del 27 de febrero de 1989 el mayor Hugo Chavez, quien prestaba servicios en el Palacio de Miraflores, al iniciarse los disturbios desapareció por tres días de su oficina alegando sufrir de una conveniente lechina. Para entonces ya Chavez era el jefe de los Comacates y estaba en contacto con grupos subversivos de izquierda protegido por algunos jefes militares y políticos de alto nivel. Que hizo este hombre durante su ausencia? La historia lo acusará.
​Manuel, descansa en paz. En vida fuiste un soldado ejemplar fiel a tu juramento de defender la Constitución. Tu eres un paradigma para todos los militares institucionalistas que se niegan a formar parte del circo en que han sido convertida la Fuerza Armada. La muerte te permitió evadir a la banda de delincuentes que querían humillarte acusándote como bandera política. Ahora nos toca a los que quedamos en pie defender tu memoria y a nuestro país. Pronto recuperaremos la independencia de Venezuela de la metrópoli cubana y los militares volveremos a sentirnos orgullosos de portar el limpio uniforme de la patria de Bolívar. El show no debe continuar.
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EL INEFABLE APONTE APONTE Y "LA ORDEN DE ARRIBA" CONTRA ITALO DEL VALLE ALLIEGRO
http://vitolopez.blogspot.com/2012/05/el-inefable-aponte-aponte-y-la-orden-de.html
Pareciera extraño pero pocos recuerdan, por la fragilidad de la mente, que otros de los casos que pasaron por las manos del Magistrado Aponte Aponte fue el estudio y posterior anulacion de la sentencia del día 28 de junio del 2010 de la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones, mediante la cuál se sobreseía al General de División Italo del Valle Alliegro por los sucesos del Caracazo, pues los mismos estaban prescritos. Dicho acto de avocación se produce el día 29 de junio del 2010 - curiosamente un día después del fallo - y la decisión es dictada en la Sentencia Nª 317 del 29 de julio del 2010, por el Magistrado Aponte.
Como consecuencia de la misma quedó anulado el sobreseimiento y fueron despedidos de sus cargos los jueces José Alonso Duarte, Juan Carlos Villegas y Angel Zerpa, por haber sido los redactores de la sentencia absolutoria del día 28 de junio del 2010. Estos jueces fueron despedidos en forma inmediata, ¿seria que los mismos no conocían sus funciones? ¿O el despido se debió, como hoy en día es fácil suponer después de las declaraciones deAponte Aponte, por haber actuado a derecho y correctamente, habiendo con ello también supuestamente desobedecido alguna linea de mando superior.? ¿ Es este otro tipico juicio politico donde la conveniencia priva sobre la justicia?
Victor José López "EL VITO" en 06:40
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Manuel Heinz Azpúrua . El proceso penal de investigación de aquellos hechos punibles, ocurridos en el transcurso de los días 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, por parte de la policía de investigación a los fines de determinar la identidad de los autores y partícipes, se ha desarrollado en dos etapas:
Esta etapa quedó interrumpida el día 23 de septiembre de 1999, por la Sentencia de la Sala Política-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (expediente No. 16010), al DECLARAR ésta CON LUGAR, la solicitud de avocamiento formulada por el entonces Fiscal General de la República ciudadano Iván Darío Badell y ORDENAR desglosar los expedientes contentivos de todas la averiguaciones iniciadas para formar tantos expedientes individuales como personas fallecidas o lesionadas se desprendan de las causas que fueron remitidas a la Sala.
“El día 27 de febrero de 1989, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) comisionó a sus funcionarios a cumplir guardia en cada uno de los Hospitales de Caracas y en la sede principal del Instituto de Medicina Legal, con la finalidad de determinar el número de ingresos de personas heridas o fallecidas a estas instituciones y proceder a levantar las correspondientes actas individuales para iniciar las investigaciones de oficio tendentes a esclarecer los hechos en los cuales dichos ciudadanos resultaron heridos o fallecidos”.
Ya en horas del mediodía, las protestas convertidas en acciones de violencia extrema, se sucedían en una espiral de violencia incontenible e incontrolada extendida a las ciudades de Guarenas, Guatire, Los Teques, Municipios Sucre, Baruta y Leoncio Martínez del Estado Miranda y a toda el área de los Municipios Libertador y Vargas del antiguo Distrito Federal, materializándose en acciones vandálicas de saqueo y destrucción de más de 2.800 locales comerciales, destrucción e incendio de cientos de unidades de transporte público y lo más grave causando un gran número de personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de heridas causadas por cortaduras con vidrios; agresiones con utilización de armas blancas y objetos contundentes; perdigones y proyectiles de variados calibres disparados por distintos tipos de armas de fuego.
La Policía Metropolitana, cuerpo de seguridad pública equipado con unidades especializadas en control del orden público, fue rápidamente superada en sus capacidades por la violencia extendida, situación que ameritó, para ese mismo día la intervención del Comando Regional No 5 de la Guardia Nacional, en cooperación y apoyo a la Policía Metropolitana.
Al comienzo del día 28 de febrero de 1989, la situación de saqueos y actos de violencia, con el consiguiente saldo de lesionados y fallecidos, se incrementó por las riñas y ajustes de cuentas perpetrados en muchos barrios marginales por bandas de delincuentes, luego de haber saqueado durante la noche prácticamente todas las licorerías de la zona metropolitana de Caracas.
Hubo una lucha soterrada, ante la ausencia de autoridades, por el control de las mercancías robadas en los saqueos. Este agravamiento de la situación obligó al Presidente de la República convocar para las 4 pm de la tarde, una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, a fin de que los Ministros, particularmente los de Defensa, Justicia y Relaciones Interiores informaran sobre los hechos y presentaran las recomendaciones apropiadas para superar la grave crisis de orden público.
Como resultado de este Consejo de Ministros el Presidente mediante Decreto No. 49 suspendió algunas garantías constitucionales; y además autorizó y ordenó el empleo de las Unidades acantonadas en la Guarnición del Distrito Federal y Estado Miranda, conforme a lo previsto en el plan de empleo de dichas unidades denominado PLAN DE OPERACIONES ÁVILA 89.
Tampoco fueron reportados daños a instalaciones privadas de gran tamaño, tales como las sedes de Fedecámaras, Consecomercio o Fedeindustrias; Grandes Centros Comerciales (por ej. El CCCT) o las fábricas y grandes depósitos ubicados en la zona industrial de Boleita o en la zona industrial de Los Ruices, ni a estaciones de radio y televisión o imprentas de los grandes rotativos.
Sin embargo la casi totalidad de las bodegas, pequeñas panaderías, carnicerías, y pequeñas tiendas de electrodomésticos de los barrios populares y del casco central de Caracas fueron saqueadas y destruidas. Y por supuesto, todas las licorerías del área Metropolitana fueron saqueadas; así por ejemplo, los almacenes de la “Proveeduría del Empleado Público”, ubicada en la Av. Andrés Bello, al final de la tarde del día 27 de febrero, habitantes del barrio Santa Rosa la saquearon totalmente, llevándose todas las mercancías en existencia, incluyendo 10.000 cajas de bebidas alcohólicas. Todo lo dicho puede ser comprobado en el Informe de la Cámara de Aseguradores de Caracas, entre otros.
La participación tardía e inconexa con los hechos de grupos anárquicos –como de costumbre- de la extrema izquierda no logró ni siquiera un control parcial de las acciones de violencia, no tuvieron la más mínima posibilidad de activar la soñada vanguardia revolucionaria; ni tampoco la consiguiente dirección táctica de aquellas acciones, solo actuaron como francotiradores con el propósito de crear pánico y caos en la población volcada a las calles en acciones de saqueo y destrucción.
Los enfrentamientos entre pandillas y bandas de delincuentes, ante la ausencia de autoridad y el desbordamiento del orden público, y además estimulado por el consumo de bebidas alcohólicas, se multiplicaron al interior de muchos barrios populares, con el consiguiente saldo trágico representado por numerosos heridos y muertos. Realmente para el Cuerpo Técnico de Policía Judicial resultó una tarea demasiado complicada llevar a cabo su labor investigativa orientada a determinar la identidad plena de los autores de tantos hechos punibles cometidos.
Considero que la orden del Director del Cuerpo de nombrar funcionarios de guardia en los centros hospitalarios y en la sede de la Medicatura Forense, con el propósito de elaborar los expedientes de cada caso, fue lo más adecuado y ajustado a la realidad de aquellos hechos. No obstante, las múltiples dificultades y limitaciones, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial instruyó 276 expedientes, correspondientes a las personas fallecidas. Se presume que cada expediente contenía el “acta de levantamiento del cadáver” con el informe de inspección inicial; copia del registro en el “libro de ingresos de cadáveres a los depósitos de la morgue”; informe de autopsia practicada y posible identificación del cadáver; acta de entrega del cadáver a los familiares; cuando proceda pruebas de identificación balística de proyectiles retirados del cadáver durante la autopsia.
Estos 276 expedientes instruidos fueron remitidos, en los cinco primeros días de marzo de 1989, al Tribunal Segundo de Primera Instancia Militar Permanente de Caracas para continuar éste la instrucción, conformando el expediente No. 1.452, el cual a su vez fue remitido a la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el año 1999.
En lo concerniente a la Gran Unidad de Combate orgánica del Ejército, bajo mi mando y autoridad legal: el COMANDO ESTRATÉGICO DEL EJÉRCITO, estuvimos cumpliendo, a partir de la tarde del día 27/02/1989, con el acuartelamiento tipo “A” (100% del personal militar) ordenado por el Comando de la Guarnición y con la fase preparatoria prevista en el “Plan de Operaciones Ávila 89”.
El desplazamiento de las Unidades Superiores integrantes del Comando Estratégico del Ejército, hacia el área de actuación prevista en el Plan ÁVILA, se inició escalonadamente la noche del día 28/02/89, completándose los días 1 y 2 de marzo de 1989, y habiéndose otorgado en esta Fase la mayor prioridad a la actividad de protección y custodia de los puntos críticos y vitales ante las previsibles acciones de saqueos o de actos terroristas de sabotaje; de acuerdo a lo previsto en el Plan. Un listado completo y detallado de estos puntos críticos se halla en los anexos al informe final de los comandantes de las Unidades Tácticas participantes.
I.2.1.1 Entrevistas a Oficiales Generales que ocuparon cargos de alto nivel dentro de la Guarnición Militar para la fecha de ocurrencia de los hechos investigados. Estas entrevistas han sido relacionadas y así identificada con numeración de elementos de convicción por la representación fiscal en el escrito acusatorio en mi contra.
• Declaración de mi persona, MANUEL HEINZ AZPURUA, en razón al conocimiento que tuve de los sucesos y de la actuación de la Unidad Militar bajo mi mando. Previa citación, presenté declaración como testigo ante el Juez titular del Juzgado, en presencia de la Dra. Teolinda Ramos Fiscal Décima del Ministerio Público en fecha 30 de julio de 1991.
I.2.1.2 Investigación sobre presuntas irregularidades en inhumaciones de cadáveres en fosas comunes en el sector denominado “LA PESTE” del Cementerio General del Sur.
Espectacular impacto en la opinión pública nacional e internacional, tuvo en el año 1990, esta información tendenciosa y absolutamente falsa (nunca comprobada) de inhumaciones ilegales en el sector denominado “LA PESTE” del Cementerio General del Sur, de víctimas de la violencia desatada en los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989; divulgada sin presentar o ni siquiera señalar los soportes probatorios esenciales, por el ciudadano ENRIQUE OCHOA ANTICH con fines inescrupulosamente utilitarios en una campaña publicitaria de opinión pública a favor de su ambiciosa y calculada aspiración a la Secretaría Ejecutiva del MAS.
Para una mejor comprensión de las motivaciones personales y políticas de Ochoa Antich presentó transcripciones de algunos párrafos contenidos en su libro titulado “LOS GOLPES DE FEBRERO”, 27/2/89—4/2/92. (Fuentes Editores, 1992).
“La verdad es que nosotros supimos de su existencia desde los primeros días de marzo de 1989. Desde entonces exigimos a los organismos competentes la exhumación de esos cuerpos, entre otros propósitos con el de establecer si por azar allí habrían de hallarse, por fin, los desaparecidos que no encontrábamos”.
“…….en octubre del año 1990. Laurence Quijada, Liliana Ortega, y yo, subimos hasta la fosa común para quedar perplejos del abandono bajo cuyo manto había sido olvidada. Solamente el heroico esfuerzo de unos pocos familiares, que sostenían allí alguna cruz e intentaban mantener encendida la llama de su esperanza, perpetuaba la memoria del lugar.
Nuestra perplejidad fue aún mayor cuando pudimos comprobar que sobre la fosa común se había inhumado otros cuerpos posteriormente a los sucesos de 1989; eso nos ofendió a todos. Recuerdo que anduvimos entre la maleza buscando los signos del pasado hasta tropezarnos con el horror del presente: a flor de tierra, sin orden ni concierto, encontramos osamentas, ataúdes semiabiertos, despojos y cajones”.
“Fue entonces cuando fui asaltado por una reluciente certidumbre. Tuve el instinto, más allá de formalismos legales, que la denuncia de ese escenario dantesco conduciría necesariamente a la exhumación de la fosa común, burlando así -en base a una denuncia ajena al 27 de febrero y de trazos eminentemente civiles- las amenazantes pretensiones de la justicia militar. Convencí a mis acompañantes y esa misma semana llegamos hasta “La Peste” con algunos amigos reporteros.
El país entero fue sacudido hasta sus cimientos cuando miraron en las pantallas de sus televisores y en las páginas de los diarios las imágenes del fiscal HERNANDO CUENCA, llevando entre sus manos, como el Hamlet de Shakespeare, un cráneo literalmente encontrado fuera de la tierra o aquellas de los féretros arrumados y aun manchados de sangre.
….”Los cuerpos fueron levantándose uno a uno como venidos del otro lado de la vida. Quizá fue ante esa enorme evidencia que MATIAS CAMUÑAS y yo, parados al borde del camino, construimos juntos la hermosa consigna que después cubriría las paredes de Caracas y por cuya proclama fuimos apresados una remota noche de mi memoria: “En La Peste desenterramos la verdad”….”
Fueron protagonistas de este proceso de exhumaciones: Juzgados Séptimo, Décimo y Décimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal; Fiscales 10 y 74 del Ministerio Público; representantes del Comité de familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), grupo que actúa como una organización civil no gubernamental, con el respaldo efectivo de AMNISTIA INTERNACIONAL; numerosos especialistas de la Medicatura Forense y de Universidad Central de Venezuela, Escuela de Antropología.
Considero de la mayor relevancia abordar el tema de las “inhumaciones en fosas comunes” en el Cementerio General del Sur, sector denominado La Peste, “ordenadas legalmente” por la “Medicatura Forense”.
Desde entonces este sector de fosas comunes se ha denominado, simplemente, “La Peste”. (No “cruelmente” como expresara el prejuiciado y confundido Magistrado Hermes Harting en el escrito de la Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 23 de septiembre de 1999).
COLAPSO EN LA MORGUE: ***En las “últimas dos semanas la morgue de Caracas ha sufrido un colapso en vista de la cantidad de cadáveres que han sido ingresados y a ello se suman los cuerpos que han permanecido en las cavas de esa unidad, aproximadamente 50, y que no han sido reclamados por sus deudos. En vista de la situación, los cuerpos no reclamados comenzaron a ser trasladados a diversos camposantos debido a que en el sector La Peste del Cementerio General del Sur no hay espacio para uno más.
Con los elementos de que disponemos, resulta perfectamente “oportuno, lógico y racional” plantear la siguiente hipótesis, sujeta a comprobación:
Como ha sido ratificado por varias autoridades, ocurrió en esos días, caracterizados por extremos actos de violencia ya descritos, “el ingreso de 276 cadáveres” a la Morgue. Esta situación provocó, como es fácil suponer, el hacinamiento de los cadáveres, obligando a las autoridades de la Medicatura Forense “ordenar” –como ha sido la práctica corriente– la inhumación en las fosas comunes de “La Peste” de estos 65 cadáveres no reclamados, ingresados con anterioridad al día 27 de febrero de 1989”
Estas 41 ACTAS DE EXHUMACIÓN han sido transcritas al libelo acusatorio en mi contra, presentado por los Fiscales del Ministerio Público, MARIA CRISTINA VISPO LOPEZ, NESTOR CASTELLANO MOLERO Y CATALINA GALLARDO Fiscal Cuarta, Primero y Fiscal Auxiliar Trigésimo en el Capítulo III, como “elementos de convicción” numerados del 360 al 401 (ambos incluidos), habiéndoles agregado los Fiscales del Ministerio Público a cada una de las 41 Actas la siguiente coletilla: “Conforme al contenido de la deposición transcrita, se evidencia Acta de Exhumación realizada por el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguardia del Patrimonio Público de Distrito Federal y del Estado Miranda, en el Cementerio General de Sur, Sector la Peste, lugar donde fueron inhumados en forma ilegal Víctimas del 27, 28 de febrero y primeros días del mes de marzo del año 1989”.
Agregado absolutamente fuera de contexto, pues en ninguna de las Actas se relacionan los cadáveres inspeccionados por los forenses con alguna de las Víctimas de los sucesos, ni al momento de las exhumaciones ni durante los últimos veinte años siguientes a la última exhumación realizada el 27 de noviembre de 1991.
Cumplimiento y desarrollo del proceso de exhumaciones ordenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda.
En el mes de octubre, COFAVIC en representación de algunos familiares de supuestas víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, cuyo paradero aparentemente desconocían; obviamente inducidos a suponer que las víctimas de los sucesos fueron presuntamente inhumados de manera irregular en el Cementerio General del Sur, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, organismo que la remitió al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal, donde tal denuncia fue ratificada y por lo cual el día 30 de octubre de 1990 el referido Juzgado se avocó a la sustanciación del expediente y dictó auto de proceder a la averiguación sumaria, quedando dicho expediente identificado con el No. 15.148.
Las Acta de Exhumación fueron firmadas en señal inequívoca de conformidad por: Los jueces titulares de los Juzgados Séptimo, Décimo y Décimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal; los Fiscales del Ministerio Público 10 y 74; funcionarios de la Medicatura Forense, de la División de Antropología Forense y personal especializado de médicos y odontólogos patólogos; antropólogos especialistas tanto de Amnistía Internacional como de la Universidad Central de Venezuela; funcionarios de la administración del Cementerio; funcionarios del Consejo Municipal de Caracas; funcionarios de Defensa Civil y de la Policía Metropolitana; y representantes de COFAVIC.
Observación No.1: El Acta de Exhumación correspondiente al Elemento de Convicción, numerado 360, en adelante EC-369 describe una inspección completa por parte del Tribunal Décimo acompañado de los Fiscales 10 y 74 del Ministerio Público a la sede donde funciona la Medicatura Forense del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en fecha 7/12/1990.
Observación No. 2: Durante los once (11) meses transcurridos desde el primer Acto de Exhumación (EC- 361) realizado en fecha 10/12/1990 hasta el último Acto de Exhumación (EC-386) realizado en fecha 27/11/1991; de conformidad con las 41 Actas, fueron exhumados un total de “sesenta y cinco (65) cadáveres sin identificación ni identidad”, los cuales para los efectos de identificación posterior quedaron registrados del “individuo No. 1, hasta el individuo No. 65” en forma continua y progresiva, siendo reintroducidos en bolsas de plástico color negro, con identificación numérica y depositados ordenadamente en nichos en el Cementerio, quedando a disposición de la Medicatura Forense a los fines de estudios posteriores.
Observación. No 4: Los patólogos forenses al momento de revisar el contenido de las bolsas negras contentivas de restos óseos de cadáveres, recién exhumados, verificaron en cuatro casos la presencia de “papeles de periódicos” utilizados como envolturas, pudiendo leerse claramente la fecha de la edición. Tales fueron los casos de:
En este estado se procedió a meterlo en una bolsa plástica de color negro e identificarlo de la siguiente manera: TRINCHERA No. 3, INDIVIDUO No. 33, CUADRANTE 6, 7 Y 8; se deja constancia de que a este individuo se le cercenaron dos manos, previa ordenación del Tribunal que los mismos sean trasladados a la sede de la Medicatura Forense División de Microanálisis para su estudio posterior”
Observación No. 7: El Acta de exhumación correspondiente a EC-391 de fecha 06/03/91 se refiere al estudio de veintiséis ataúdes que se encuentran en la parte superior del Sector La Peste; y que se identifican con los números 1 al 26 respectivamente. Se describen sus contenidos, no encontrándose, en ninguna de las 26 osamentas, señales de heridas de ningún tipo se ordena la reinhumación en la parte superior del Cementerio.
Observación No. 8: Acta de inhumación correspondiente a EC-392 de fecha 08/03/91 refiere a la apreciación e identificación de los Individuos No 1 y No 2, de los cuales las osamentas encontradas en bolsas indican que están en fase de esqueletización, no mostrando ningún tipo de herida. Así mismo se extraen y revisan siete (7) bolsas plásticas contentivas de conjuntos óseos que una vez analizadas por los forenses. Además son revisadas cuatro (4) urnas con un individuo fallecido hace más de cinco (5) años.
Observación No. 9: EC-395 de fecha 03/04/91. “Se trata de desechos de Hospital en vista que se observan en la bolsa extraída, varias extremidades (manos, pies, parte de pierna) que corresponden a diferentes cadáveres, también se observa una bolsa plástica con restos óseos de FETOS. La mayoría de los restos observados se encuentran en estado de saponificación con data aproximada de dos años”
Urna No 33 con osamenta en estado de esqueletización, masculino, adulto maduro, aproximadamente 4 años de deceso. Urna No 34, con autopsiados, masculino, senil, mas de 4 años del deceso. Urna No 40 osamenta masculina, estado de esqueletización, adulto maduro, 7 años del deceso. Urna No 41 osamenta senil, masculino, 1 año y 6 meses del deceso. Urna No 42 cadáver completo, masculio, senil, 1 año y 6 meses del deceso. Seguidamente el Tribunal ordena la reinhumación de dichos cadáveres.
El Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal, con la actuación alternativa de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal Séptimo y Décimo Noveno, asistido por los Fiscales del Ministerio Publico 10 y 74, asesorado por la Medicatura Forense y por antropólogos de UCV, con la colaboración de las autoridades del Cementerio General del Sur, y presionado internamente por los representantes de COFAVIC; durante un año realizaron, libre de cualquier tipo de presión externa, con el más completo apoyo y asesoría de especialistas altamente calificados, un programa de exhumaciones como nunca antes había ocurrido en el país.
Este magnífico esfuerzo permitió, confirmar por completo la hipótesis planteada. La hipótesis probada, entonces, permite demostrar que ningún cadáver de las personas fallecidas a consecuencia de la violencia desatada los días 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, fuera inhumado en las fosas comunes ubicadas en el Cementerio General del Sur en el sector denominado La Peste, el cual corrientemente ha sido utilizado por la Medicatura Forense para inhumar los cadáveres ingresados a la morgue y que no son retirados por familiares.
“De los resultados iníciales que arrojaron las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las inhumaciones descrita en el punto anterior, el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, decidió, el 22 de enero de 1997, con ocasión de esa denuncia, que gran cantidad de personas inhumadas en el Sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, “fallecieron por haber recibido disparos de armas de fuego, durante los días subsiguientes al 27 de febrero de 1989, lo cual constituyen delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y penado en el Artículo 407 del Código Penal, pero a la fecha en que se asume esta decisión, ha sido imposible individualizar, y consiguientemente identificar a los autores de tales ilícitos, lo que conlleva a este Tribunal a considerar que sea procedente y ajustado a derecho mantener abierta la averiguación, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hasta tanto sean plenamente identificados los responsables de tales hechos. Así se acuerda expresamente”.
Esta decisión del Juez me obliga a varios comentarios. Lo primero que salta a la vista es que esta decisión del titular del Tribunal, no parece haber sido tomada por el Juez SAUL RON BRASCH, sino por otro ciudadano, titular del Tribunal para el día 22 de enero de 1997, posiblemente con una fuerte motivación política o tal vez comprometido con activistas del Movimiento Quinta República (MVR), movimiento organizado por el Teniente Coronel (EJ) Hugo Chávez Frías, luego de que su causa fuera sobreseía por el Presidente de la República en 1994; pues este Oficial retirado en sus discursos públicos ha pretendido, insistentemente, justificar el delito cometido de sublevación militar (golpe de estado) como una respuesta a los sucesos del 27 y 28 de febrero.
No hay otra explicación a una decisión tan absolutamente incoherente y contradictoria con los contenidos de las 41 Actas de Exhumación, confirmadas y avaladas con la presencia de tantas autoridades, muchas de ellas de gran prestigio como el caso de la doctora TEOLINDA RAMOS, Fiscal Décimo del Ministerio Público, o del doctor HERNANDO CUENCA Fiscal 74; y además ratificados con sus firmas autógrafas.
Tratándose de una presunción tan grave, que incluso expuso al país a señalamientos de organismos internacionales, llama LA ATENCIÓN de como el Ministerio Público, tan diligente en la búsqueda de Elementos de Convicción, o en agregarle coletillas artificialmente comprometedora a las 41 Actas de Exhumación, no haya presentado en el libelo acusador “un solo elemento de convicción” que indique cuales acciones del Tribunal o del Ministerio Público, fueron tomadas en el lapso de los cinco (5) años transcurridos entre la fecha de la última “Acta de Exhumación” de fecha 27 de noviembre de 1991 y la Fecha de la Decisión del Juez de fecha 22 de enero de 1997 que pudieran dar sustentación a tal decisión.
A menos que, efectivamente, tanto Tribunal como el Ministerio Público “no hayan encontrado” en los estudios realizados en la Medicatura Forense algún resultado que garantice que alguno de los 65 cadáveres exhumados fueron muertos -o asesinados- a consecuencia de heridas causadas por alguna arma de fuego, presuntamente, perteneciente a algún cuerpo de Policía o a la Guardia Nacional o al Ejército.
Entonces cabe preguntar: ¿En cuales elementos de convicción basó el Juez su decisión al expresar “que gran cantidad de personas inhumadas en el sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, FALLECIERON POR HABER RECIBIDO DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO, durante los días subsiguientes al 27 de febrero de 1989, lo cual constituyen delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y penado en el artículo 407 del Código Penal?, cuando contrariamente, la inspección hecha por los patólogos forenses, en presencia del Juez y de los Fiscales del MP, a los 65 cadáveres exhumados, permitió detectar apenas un solo caso cuya muerte fue determinada por una fractura de cráneo causada por herida con arma de fuego con orificios de entrada y de salida; pero además sin aportar las fechas de ingresos de esos cadáveres a la Morgue y sin que se apreciara el tipo y calibre del proyectil.
En el ámbito nacional, en marzo de 1989, el ciudadano Enrique Ochoa Actich, con el asesoramiento de AMNISTIA INTERNACIONAL, fundó conjuntamente con los ciudadanos: Liliana Ortega, Ronald Lenis Boulton, Edgard Silva, Hilda Rosa Báez, Aura Liscano, Soraya El Eshkar, Laurence Quijada, Francisco Moncada y Janeth Marquez, el “Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989”, conocido ampliamente por las siglas COFAVIC.
Ya he explicado el caso de las exhumaciones ordenadas por el Juzgado Décimo, originadas en una denuncia interpuesta por miembros de COFAVIC y el importante impacto que esta denuncia falsa, tuvo en la opinión pública.
Los presentantes de la denuncia fueron denominados “LOS PETICIONARIOS”. (Esta especie de “asociación en peticionarios” me permite suponer que la Sra. Liliana Ortega, posiblemente durante los años transcurridos de 1993 a 1995, recibió asesoría jurídica, política y económica en la materia de protección de los derechos humanos y su relación con el funcionamiento interno de la Comisión y de la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos, por parte de AMNISTIA INTERNACIONAL, de “CEJIL” y de HUMAN RIGHT WATCH.)
• En fecha 24 de agosto de 1995 el Estado suministró a la Comisión información adicional sobre el caso, la que consistía en una copia del Informe del Fiscal General de la República de Venezuela del año 1990 y dos comunicaciones del Exfiscal General de fecha 20 de diciembre de 1989 y 31 de enero de 1990. Según la Comisión “la información adicional suministrada por el Gobierno de Venezuela fue recibida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión en fecha 18 de septiembre de 1995”. Dicha información fue transmitida a los peticionarios 20 de los mismos mes y año” (20 de septiembre de 1995).
• El 4 de marzo de 1997 se celebró una segunda audiencia pública durante el 95º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. En ésta, rindió testimonio la señora IRIS MEDINA COVA, esposa de WOLFANG WALDEMAR QUINTANA, fallecido el 2 de marzo de 1989. Además, comparecieron en calidad de representantes de las víctimas la señora Liliana Ortega, directora de COFAVIC, el señor Ariel Dulitzky y la señora Viviana Krsticevic del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el señor Héctor Faúndez Ledesma. Por el Estado asistieron los señores Francisco Paparoni y Raúl Arrieta.
• El 1 de octubre de 1998 la Comisión, durante su 100º Período Ordinario de Sesiones, aprobó el informe 83/98 y lo transmitió al Estado el 7 de diciembre del mismo año, con la solicitud de que, dentro de un plazo de dos meses, adoptara las recomendaciones correspondientes. En dicho informe la Comisión recomendó al Estado: (entre otras)
477.- …”Realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, procesar y sancionar a los responsables de las muertes de 44 personas, (cuyo listado aparece en la Sentencia de la Corte). El Estado también deberá pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas señaladas por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral”.
480.-….. “Realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, procesar, y sancionar disciplinaria, administrativa y penalmente a los responsables del entierro ilegal de cadáveres en fosas comunes del sector La Peste del Cementerio General del Sur. En este sentido, el Estado deberá continuar de forma inmediata con el proceso de exhumación de cadáveres que quedó paralizado en 1991.
También deberá identificar los exhumados y determinar mediante necropsias de ley las causales de muerte e informar a las respectivas 65 cadáveres familias para que procedan a darles sepultura”. (Nota del autor: Los resultados de las exhumaciones acordadas por el Tribunal Décimo Penal determinó, mediante lo descrito en el total de Actas de Exhumación, la falsedad de esta situación irregular)
Una vez probada la participación de agentes del Estado, se les deberá pagar a los familiares de las víctimas una justa indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral”. (Nota del autor: el Ministerio Público no ha cumplido con la investigación ordenada para identificar a los autores materiales). Siguen otras recomendaciones.
* En nota de 9 de marzo de 1999 el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se dirigió al Presidente de la Comisión en la que señaló, inter alia, que “instruyó al Agente del Estado para que acuerde los mejores términos, para que con la participación de la Comisión se llegue a una solución honorable, plena y satisfactoria con los familiares de las víctimas que sufrieron los excesos de algún funcionario de la policía o de los cuerpos de seguridad del Estado”. (Nota: interesante el condicionamiento con que concluye la instrucción presidencial).
• El 7 de mayo de 1999 los peticionarios, en respuesta a la nota de El Estado de 9 de marzo del mismo año, señalaron, inter alia, que “la gravedad de los hechos denunciados en el presente caso no permite que éste se pueda resolver amigablemente, de manera compatible con la Convención” y solicitaron “respetuosamente a la Comisión que de una vez por todas, y sin acceder a nuevas maniobras dilatorias por parte del Estado Venezolano, en uso de sus atribuciones, decida si este caso se va a someter o no a la Corte Interamericana”.
El 12 de noviembre de 1999 el Presidente de la Corte, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo cuatro de la sentencia sobre el fondo, resolvió:
1. Otorgar a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares, plazo hasta el 12 de enero de 2002 para que presenten sus argumentos y pruebas de que dispongan para la determinación de las reparaciones y costas.
El 3 de septiembre de 2001 el Estado informó que había designado como agente al señor Jorge Dugarte Contreras en sustitución del señor Hermann Escarrá Malavé.
El 15 de noviembre de 2001 Venezuela comunicó a la Corte “la decisión del Estado venezolano de dejar sin efecto el escrito de reparaciones y pruebas en materia de reparaciones y costas” presentado el 18 de septiembre de 2000.
Expresó el Magistrado Ponente, Hermes Harting Rodríguez de la Sala Politico-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, 1999 en su sentencia del 23 de septiembre de 1999, lo siguiente:
I.-”observa la Sala que el inicio de las averiguaciones de carácter penal por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales a los que alude la solicitud de avocamiento, tuvo su origen en denuncias interpuestas ante los órganos de instrucción penal y ante los tribunales con competencia penal y militar, por familiares de las personas fallecidas durante los sucesos de conmoción pública acaecidos en el país los días 27 y 28 del mes de febrero y los primeros días del mes de marzo de 1989, por diversas agrupaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, por representantes de la Iglesia Católica y, de oficio, por los propios órganos de instrucción en algunos de los casos”.
“La trascendencia de los hechos, la evidente conmoción que en la colectividad causaron los mismos, así como la imperiosa necesidad jurídica y de Estado en esclarecerlos, obligaban a los tribunales penales y militares por mandato constitucional y legal, a dictar decisiones que determinaran con exactitud las circunstancias en las cuales murieron una gran cantidad de personas en los hechos ocurridos en la ciudad de Caracas los últimos días del mes de febrero y primeros días del mes de marzo del año 1989, así como los autores responsables de dichas muertes, en los lapsos dispuestos por nuestras leyes adjetivas penales”.
(….) ….”es evidente que hasta la fecha, al no producirse ninguna decisión en torno a los prenombrados hechos, se ha incurrido en una aberrante denegación de justicia, cuyas consecuencias han traspasado los límites nacionales, ejemplo de lo cual son las denuncias interpuestas en contra del Estado Venezolano ante organismos internacionales por las presuntas violaciones de los derechos humanos que los tribunales tanto de la jurisdicción penal ordinaria como de la jurisdicción especial militar, en diez años han sido incapaces de resolver.
En tal virtud, considera la Sala, que tanto el significativo retardo judicial, como el desorden procesal con el cual se han tramitado los juicios penales han constituido una afrentosa denegación de justicia, obligan a este Alto Tribunal a intervenir, y para ello cuenta con la figura jurídica del avocamiento, contemplado en el numeral 29 del artículo 42 de su Ley Orgánica, que le atribuye a la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, en exclusividad, la facultad de conocer y decidir asuntos que cursen ante otros tribunales, cuando lo juzgue pertinente.”
Contundentes los argumentos jurídicos presentados por el Ponente-Presidente de la Sala Político-Administrativas del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión, (Expediente No. 16010 de fecha 24 de febrero de 2000).
Y más adelante agrega: …… “En efecto el desglose de los expedientes, ya iniciado por esta Sala Político-Administrativa, antes de promulgar la constitución, ha concluido una vez que ésta entró en vigencia, lográndose, no solo formar un expediente individual con relación a cada persona muerta o lesionada en los sucesos que dieron origen a la apertura de las averiguaciones sumariales, sino ordenar las nuevas causas en forma tal que la investigación de los hechos y la determinación de las RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES (mayúsculas y resalte, del autor) se haga no sólo factible y posible, sino impositiva para los órganos que continúen la tarea que ha iniciado este Supremo Tribunal”. (LO CUAL HA SIDO REITERADAMENTE IGNORADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO)
• “La exigencia del juez competente en el proceso penal, significa que solo el juez natural debe conocer del proceso, pues éste es quien asegura que la obtención o recolección de medios probatorios se lleve de tal manera que garantice efectivamente los derechos juridiciales del imputado, las víctimas y la sociedad en general”.
• Prohibición de tribunales de excepción.……”el derecho a juez natural se puede considerar vulnerado si se atribuye indebidamente un asunto a un tribunal de excepción y no a la jurisdicción ordinaria o especial que debía conocer conforme a la ley”…
…… “Conforme a lo expuesto, la doctrina nacional considera que las frases: juicio previo, tribunal competente, imparcial y juez natural, no son huecas, por el contrario tienen un contenido justificador que permite considerar la exigencia de ciertas actividades que promueven un ámbito garantizador de la actividad jurisdiccional…”
• Principio de la doble instancia.…..”Las disposiciones contenidas en los artículos: 8 del Pacto de San José; XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la doble instancia, interpretado por la Sala como un elemento esencial del derecho humano fundamental a la defensa y al debido proceso que consiste en la efectiva posibilidad de revisión de los fallos o decisiones dictadas con ocasión de un proceso o de un procedimiento”.
3.- “Ordena remitir las cuatrocientas treinta y siete (437) causas originadas por el desglose que se hiciera en cumplimiento a la decisión antes señalada, al Fiscal General de la República quien ordenará y dirigirá la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad de sus autores materiales, intelectuales y partícipes, y ejercer las acciones, tanto contra quienes impartieron las órdenes, como contra quienes las ejecutaron en el presente caso”
Considero oportuno expresar algunos comentarios acerca de la revocada intención de la extinta Sala Político-Administrativa de constituirse en tribunal de control.
Retomando la Ponencia del Magistrado Carlos Escarrá de la SPA, “revocando los autos dictados en la SPA en los cuales se constituía como tribunal de transición conforme al Régimen Procesal Transitorio, previsto en Código Orgánico Procesal Penal; resulta oportuno y apropiado especular sobre las supuestas razones de otro tipo, que no jurídicas, tuvo la Sala para intentar “constituirse como tribunal de control”, ignorando (¿) principios elementales que tienen que ver con los derechos de rango constitucional de los imputados, como en forma impecable y con gran honestidad profesional, el Presidente-Ponente, Magistrado Carlos Escarrá, no vaciló en destacar en el avocamiento decidido.
Cual pudo haber sido la pretensión de la anterior Sala al constituirse como “tribunal de transición”? Puedo intuir que los integrantes de aquella Sala pretendían montar un gran espectáculo mediático complaciendo a quienes consideraban les garantizaría, con esta decisión, su permanencia en la Sala.
Pero esta actitud de la extinta Sala, estableció un precedente que ha seguido al pie de la letra el Ministerio Público, particularmente la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, como veremos más adelante, en el sentido de ignorar y desatender lo decidido por la Sala Político-Administrativa en Sentencia de fecha 24/feb/2000, la cual: ..…3) Ordena remitir las 437 causas al Fiscal General de la República para que ‘’ORDENE Y DIRIJA LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS PUNIBLES, CON EL FIN DE ESTABLECER LA IDENTIDAD DE LOS AUTORES MATERIALES, INTELECTUALES Y PARTÍCIPES, Y EJERCER LAS ACCIONES, TANTO CONTRA QUIENES IMPARTIERON LAS ORDENES COMO CONTRA QUIENES LAS EJECUTARON EN ESOS SUCESOS,CONOCIDOS COMO EL “CARACAZO”, pues hasta la presente fecha, ni siquiera han intentado la identificación de quienes ejecutaron las supuestas órdenes giradas por mi persona.
“Once años después de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ordenó remitir al Fiscal General de la República las 437 causas, sacadas de los 276 expedientes instruidos por la PTJ , para que ordene y dirija las investigación de los hechos punibles, con el fin de establecer la identidad de los autores materiales, intelectuales y partícipes, y ejercer las acciones, tanto contra quienes impartieron las órdenes como contra quienes las ejecutaron en esos sucesos, conocidos como el “caracazo.” (resaltados agregados)
“La decisión fue conocida el 25 de febrero pasado. Dos días después, cuando familiares de las víctimas y activistas del MVR se dieron cita en una plaza de Caracas (Plaza Bolívar, aclaratoria nuestro), el ex constituyente TAREK WILLIAMS SAAB manifestó que quiere ver presos y enjuiciados a CARLOS ANDRES PEREZ, ITALO DEL VALLE ALLIEGRO, HEINZ AZPURUA Y OSWALDO SUJU RAFO”……….
El articulo de Reinoso, además, agrega unas declaraciones ofrecidas por la ciudadana LILIANA ORTEGA, Directora Ejecutiva de COFAVIC, solicitándole al Fiscal General de la República Javier Elechiguerra, la apertura de una averiguación por la presunta negligencia de los fiscales del Ministerio Público que actuaron en estos juicios, en los cuales después de 11 años no hay sentencia condenatoria.
c. Agreguemos la actuación pública, divulgada por casi toda la prensa escrita y televisada, del ciudadano TAREK WILLIAN SAAB, atribuyéndose groseramente el rol de investigador y juzgador, al expresar su parecer sobre un asunto demasiado complejo.
II.2.1. Un primer período que coincide con el ejercicio del cargo de Fiscal General de la República por parte de ISAIAS RODRÍGUEZ, dirigente importantísimo del Movimiento Quinta República, partido político del gobierno y hombre de confianza del Presidente de la República, que venía de ocupar la primera vicepresidencia de La Asamblea Constituyente y la vicepresidencia de la República.
II.2.1.2 La Fiscal XXI a Nivel Nacional con Competencia Plena presenta ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas presentó formal acusación en contra de los ciudadanos JESUS FRANCISCO BLANCO BERROTERAN, CAROS MIGUEL YANEZ FIGUEREDO y PEDRO COLMENARES GOMEZ, los tres militares en servicio activo con el grado de Coroneles, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva en contra de quien en vida respondiera al nombre de CRISANTO MEDEROS.
Finalmente el 27 de julio de 2006 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dicto sentencia No. 1461, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano PEDRO COLMENARES GOMEZ contra la decisión del 13 de agosto de 2004, dictada por la Sala No, 10 de la Corte de Apelaciones.
…… “Efectivamente cursa por ante esta Representación Fiscal averiguación penal en la que aparece como imputado el ciudadano MANUEL HEINZ AZPURUA”, …….”investigación esta que se inicia en FECHA 24 DE FEBRERO DE 2000, fundamentándose en las razones que llevaron a la Sala Político-Administrativa a avocarse ese máximo tribunal, congruente con la obligación de garantizar la aplicación efectiva de las garantías del debido proceso, y la aplicación de los principios y valores superiores del ordenamiento constitucional, consideró que procedente y oportuno fue ordenar la remisión de las actuaciones contenidas en cada uno de los expedientes que fueron origen del desglose e individualizados, al Fiscal General de la República, evitando así el trámite de una serie de diligencias previstas en el Régimen Procesal Transitorio, que de ser practicados por el juez, conllevaría a una especie de paralización del proceso, toda vez que corresponde en definitiva al Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal.
La Sala persiguió entonces, “obviar esta fase dilatoria en la cual el órgano jurisdiccional se convierte en instructor y juzgador, cuando lo que se requiere es la intervención oportuna del Ministerio Público en su rol de investigador y garante del efectivo funcionamiento del sistema penal”.
Así mismo, en la existencia del juez competente en el proceso penal, donde solo el juez natural debe de conocer del proceso, pues éste es quien asegura que la obtención o recolección de los medios probatorios se lleve de la manera, que garantice efectivamente los derechos judiciales del imputado, las víctimas y la sociedad en general, donde se supone la prohibición de tribunales de excepción, así como el principio de la doble instancia, interpretada por la Sala Político-Administrativa como un elemento esencial del derecho fundamental a la defensa y al debido proceso que consiste en la efectiva posibilidad de revisión de los fallos o decisiones dictados con ocasión de un proceso de un procedimiento, consagrado en el artículo 8 del Pacto de San José, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta Sala ordena entre otros puntos,
“remitir las cuatrocientas treinta y siete (437) causas originadas por el desglose que se hiciera en cumplimiento de la decisión antes señalada, en su y dirigirá la investigación de los hechos totalidad al Fiscal General de la República, quien ordenará punibles para establecer la identidad de sus autores materiales, intelectuales y partícipes, y ejercer las acciones, tanto contra quienes impartieron las órdenes, como contra quienes las ejecutaron en el presente caso”.
“Este año debemos tener resuelto el caso del Caracazo(…) No puede ser que desde 1989 los familiares de las víctimas están a la espera de respuestas”, señaló la funcionaria, “quien acto seguido anunció que su Despacho citó a los generales retirados ITALO DEL VALLE ALLIEGRO y MANUEL HEINZ AZPÚRUA, para imputarlos por su participación en estos hechos”.
Personalmente interpreto que en definitiva el Fiscal General de la República, a partir de la Sentencia fechada en 24 de febrero de 2000, de la Sala Político-Administrativa ya señalada, y hasta el momento de presentar ante el JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Formal Acusación en contra de mi persona, Manuel Heinz Azpúrua, en fecha 14 de mayo de 2010 luego de transcurridos 10 años, en relación a su obligación de identificar plenamente los autores materiales, intelectuales y partícipes, “no la ha cumplió, incluso pese a numerosas solicitudes de la defensa técnica, por cuanto no realizó ninguna labor investigativa orientada a la identificación plena de los presuntos autores materiales.”
En este sentido, se puede constatar que en Entrevistas realizadas por los Fiscales del Ministerio Público a importantes testigos, como lo fueron los Oficiales Generales y Coroneles comandantes de las Unidades Superiores adscritas directamente a mi comando, éstos se refirieron a las órdenes e instrucciones recibidas de mi persona, y además señalaron a los Oficiales Superiores comandantes de las Unidades Tácticas adscritas a sus respectivos comandos.
1) el ciudadano General de Brigada JOSE DE LA CRUZ PINEDA, quien para la fecha de los sucesos investigados ocupaba el cargo de Comandante de de la IV Brigada de Infantería del Ejército, en entrevista realizada el 08 de junio de 2009 ante el Ministerio Público, declaró:……”El lunes 27 de febrero de 1989 a eso de las siete de la noche fui llamado por el General de División Manuel Heinz Azpúrua quien era el Jefe del Comando Estratégico del Ejército y mi superior inmediato para decirme que me presentara en su comando porque habían graves desórdenes públicos y presuntamente se iba a poner en práctica el Plan de Operaciones Ávila.
Nuestra misión no era repeler a ninguna persona, estaba directamente relacionada con preservar los puntos críticos, tales como bombas de gasolina, estaciones de radio, antenas transmisoras, hospitales, bancos, etc, debido a la actividad desplegada por personas fuera de la ley.”….
Podemos concluir en que el Ministerio Público en ningún momento mostró algún interés en entrevistar, al menos a este importante grupo de oficiales comandantes de Unidades Tácticas que participaron en el control de aquellos sucesos, como era su obligación.
a) El 23 de junio de 2009 en la página web aporrea.org se “criticó la labor de COFAVIC por hacer uso de las instancias internacionales”.
b) El 2 de septiembre de 2009 el señor Mario Silva, miembro de la dirigencia nacional del Partido Socialista de Venezuela y conductor del programa “La Hojilla” -transmitido por la Televisora oficial del Estado- señaló que “están utilizando a COFAVIC (….) para acusar al Presidente de criminalización de la protesta (,) de “dictador”. Asimismo, dijo que COFAVIC “pretendía cobrar todas la indemnizaciones, cobrarlas y quedarse con un porcentaje”;
c) El 21 de septiembre de 2009 la Fiscal General de la República, “con el objeto de criminalizar y descalificar a las víctimas, procedió a leer ante los medios de comunicación (…) las declaraciones hechas por los familiares de las víctimas” y cuestionó que las víctimas “digan a los medios de comunicación cosas que deberían decir en el Ministerio Público .
Aunado a lo anterior, el 1 de marzo de 2010 el señor Alejandro Castillo, Director de Actuación Procesal del Ministerio Público, expresó que “quienes no nos han apoyado a nosotros son los señores de COFAVIC”;
En el mismo sentido, el 26 de febrero de 2010 la señora Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela, manifestó que “el Estado Venezolano en la vocería del Presidente Chávez asume inmediatamente la responsabilidad de estos hechos e indemniza a las víctimas, solamente 44 víctimas fueron recogidas por el informe de una organización no gubernamental recientemente devenida en oposición”
d) COFAVIC representa en total a 14 de los familiares de las víctimas vinculados a las fosas del Sector La Peste del Cementerio General del Sur, quienes han tenido que someterse recientemente a interrogatorios “re-victimizantes por parte de funcionarios del Ministerio Público, y
La información fue reseñada por el diario EL UNIVERSAL en su edición del domingo 27 de febrero de 2011, página 3. Informó la Fiscal General que con la segunda actividad de exhumaciones, lograron identificar solo a Francisco Colmenares Zorrillo luego de la comparación del ADN de la hermana e hijo de la víctima; pero con una acotación: “Falleció en una tintorería a consecuencia de un golpe y no por violación de los derechos fundamentales”.
En esta polémica pública, a mi entender, quedó claro que ambas partes tenían razón en sus afirmaciones: la información en poder de COFAVIC no poseía el valor procesal lógicamente supuesto por el Ministerio Público y en consecuencia éste asumió la negativa de la COGEFAVIC, la cual a su vez, entendió que el Ministerio Público presionaría hasta obtener una información con calidad procesal y recurrió a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la cual, por cierto no le concedió la protección solicitada.
Publicadas por Caracazo a la/s 2:15:00 p. m. No hay comentarios.:
EL INEFABLE APONTE APONTE Y "LA ORDEN DE ARRIBA" C...
Programa Caracazo - Grado 33 Globovision - 27-02-1...

References: Artículo 407
 Artículo 208
 artículo 407
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 14