Source: https://carnetdeparo.blogspot.com/2010/05/
Timestamp: 2019-08-18 21:49:59+00:00

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Carnet de paro: mayo 2010
La reducción del déficit de las cuentas públicas del Estado español, tal como se ha exigido desde los organismos internacionales al servicio de los intereses financieros, parecía irremediable. De lo contrario, las consecuencias habrían resultado catastróficas para nuestro país. Pero el ahorro de 1.530 millones que producirá la congelación de las pensiones contributivas no compensa adoptar una medida que puede convertirse en el suicidio político de Rodríguez Zapatero. Ese dinero se podría haber obtenido por otras fuentes, pero “los mercados” han exigido este acto sacrificial del Estado del Bienestar.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha incurrido en el grave error de endedudarse en demasía, sobre todo y tristemente, para acudir en socorro de unos bancos de los que no se podía esperar ninguna solidaridad. En estas condiciones, ante la presión de los organismos internacionales que controlan a los Estados sin haber sido elegidos por nadie, caso del Fondo Monetario Internacional, reducir el déficit de las cuentas públicas es algo irremediable. De lo contrario, habrían tomado graves medidas cuyas consecuencias habrían resultado catastróficas para nuestro país y, posiblemente, para la eurozona. Pero ¿por qué hacerlo congelando las pensiones de jubilación? Con esta medida, Rodríguez Zapatero ha colocado el nudo corredizo a la cuerda que podría servir para su propio suicidio político.
Produce vergüenza ajena ver a los líderes y lideresas del PP subiendo a las tribunas a derrochar demagogia defendiendo lo que nunca defendieron y seguramente jamás defenderán: un sistema público de protección social que procuran privatizar allí donde gobiernan. Pero, alineándose con los escasos escaños de la izquierda, que, esos sí, se han opuesto coherentemente al recortazo, el PP ha aprovechado la oportunidad para infligir una derrota política a ZP.
Martin Vidberg: L'Actu en patates (Le Monde)
Recortes sociales: ¿Qué dicen los defensores del pueblo?
Ante los recortes sociales anunciados por el Gobierno de la Nación española, se supone que algo tendría que decir el Defensor del Pueblo, ese Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Y en su defecto, alguno de los Defensores del Pueblo regionales que existen en cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español. Uno de los más flagrantes ejemplos de la hipertrofia que dispara el gasto de las administraciones autonómicas
Ninguna de ellas se ha privado de crear su propia y rimbombante Defensoría. ¿Tiene sentido un defensor del pueblo exclusivo para los 321.702 habitantes de La Rioja?
El Justicia de Aragón es una figura que nació a finales del siglo XII e inicios del XIII como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el Rey y la Nobleza de la época. Después del Rey, era el Justiciazgo la institución más importante y prestigiosas de la organización política del Reino de Aragón. Con el paso del tiempo, el Justicia se convertiría en juez encargado de dirimir los conflictos entre la monarquía y los ciudadanos.
El Ararteko es el alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos u organismos públicos dependientes de alguna de esas administraciones). El Ararteko es una institución u oficina dirigida por una persona, igualmente denominada ararteko, elegida para un período de cinco años por el Parlamento Vasco por una mayoría de tres quintas partes.
Nafarroako Arartekoa. El Parlamento de Navarra creó en julio de 2000 la institución del Defensor del Pueblo de Navarra a la que atribuyó la función de velar por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicas de las personas.
El artículo 1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que crea la institución, dispone que el Defensor del Pueblo de Navarra es el alto comisionado del Parlamento de Navarra, designado por éste para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y cuenta como función primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración.
El Síndic de Greuges de Catalunya (Síndico de Agravios) tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Vela por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, como los ayuntamientos, diputaciones o consejos comarcales. Por tanto, actúa como supervisor y colaborador de la Administración catalana, con el objetivo de ayudar a mejorar su funcionamiento. Elegido por el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña, el Síndic es políticamente independiente. No depende de ningún gobierno y actúa con objetividad, libertad de criterio e independencia.
El Síndic se ocupa de velar para que se respeten los derechos de las personas. Derechos que afectan a diferentes colectivos y ámbitos de actuación, y que definen nuestra sociedad actual. Los derechos sociales son los que afectan principalmente a los colectivos más vulnerables. Tercera edad, inmigración, protección de la infancia, exclusión social o sistema penitenciario son algunos de los ámbitos de actuación prioritarios para el Síndic, especialmente cuando abre actuaciones de oficio y elabora informes o estudios de trabajo para defender los derechos de los más necesitados. Otros derechos sociales y económicos, como los relacionados con la sanidad, la educación, la vivienda, el medio ambiente o el acceso laboral también ocupan una buena parte del trabajo del Síndic.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Su nacimiento y funcionamiento se articuló a través de la Ley de la Generalitat Valenciana, 11/1988, de 26 de diciembre del Síndic de Greuges y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sindic de Greuges de 21 de septiembre de 1993.
El Valedor do Pobo es el alto Comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el estatuto de Autonomía de Galicia. Fue creado a través de la Ley 5/1984, del 5 de junio,
El Procurador General del Principado de Asturias es el alto comisionado de la Junta General del Principado de Asturias, designado por ésta para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución y para velar por el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
La duración del mandato del Procurador General será de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, por el mismo período. El Procurador General no estará sujeto a mandato imperativo ni a instrucción alguna, desempeñando sus funciones con autonomía, objetividad y plena independencia.
El Procurador General gozará, durante el ejercicio de su cargo, de las mismas prerrogativas y garantías que los Diputados de la Junta General del Principado de Asturias. El Procurador General y su Adjunto tendrán derecho a los honores y preeminencias que a tal efecto se señalen en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y a las remuneraciones que los Presupuestos Generales del Principado de Asturias fijen, respectivamente, para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno regional.
El Procurador del Común de Castilla y León es una Institución propia de la Comunidad, que tiene encomendada por las Cortes de Castilla y León la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para lo cual puede supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Ayuntamientos y Diputaciones castellanos y leoneses, y de los diferentes organismos que dependan de ellas.
El Procurador del Común es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, elegido por una mayoría cualificada de éstas para un periodo de cinco años. Es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía. Las funciones y competencias de este Alto Comisionado están reguladas en la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León.
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es la Institución comisionada de las Cortes Regionales, cuyo titular es designado por éstas para la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivas, comprendidos en el título primero de la Constitución y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a cuyo efecto velará por la tutela del ordenamiento jurídico propio de Castilla-La Mancha y de su Estatuto de Autonomía.
Es elegido por las Cortes por un período de cinco años. Cada año presenta ante las Cortes un informe sobre el número de quejas recibidas, tramitación seguida y resultado de sus actuaciones. El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía.
El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución, y en el Título primero del Estatuto de Autonomía. Las funciones y competencias de este Comisionado están reguladas en la Ley 9/1983 de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobada por el Parlamento de Andalucía en concordancia con lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto de Autonomía.
Es una Institución que puede supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. El Defensor del Pueblo Andaluz es independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía. Es elegido por el Parlamento de Andalucía para un periodo de cinco años.
La Defensora del Pueblo de La Rioja es el Alto Comisionado del Parlamento de La Rioja designado por éste para la protección y defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos reconocidas en la Constitución, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la defensa del Estatuto de Autonomía de La Rioja. La función primordial es la de salvaguardar a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y las negligencias de la Administración pública de La Rioja. Es, la defensora de las personas.
Escucha, asesora, investiga y resuelve. Supervisa la actuación de la Administración Autonómica, sus Entes, Empresas públicas y autoridades y personal que de ella dependen o están afectos a un servicio público. Supervisa también la actuación de las Entidades Locales de La Rioja en materia en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la Comunidad Autónoma.
Cuando considere que una Ley o una disposición con fuerza de ley contradice el Estatuto o que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad Autónoma o del Estado no respeta el orden constitucional establecido, se dirigirá por medio de informe al Parlamento o al Gobierno de La Rioja, instando la interposición del pertinente recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia orienta su trabajo a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos en referencia a las administraciones, tras lo cual dirigirá, en su caso, recomendaciones a los organismos competentes para lograr una mejora de los servicios de la Administración.
Para poder responder y dar cumplida cuenta de cualquier denuncia, la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá libre acceso a los archivos y registros administrativos, así como a los expedientes y documentación administrativa. Además, podrá proponer a los organismos y autoridades competentes afectadas, en el marco de la legislación vigente, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución rápida de la queja.
Diputado del Común. Es el defensor del pueblo de Canarias.
Lo designa el Parlamento de Canarias para que defienda los derechos y libertades constitucionales de todas las personas. Para ello supervisa las actividades de las administraciones públicas canarias (Administración autonómica, cabildos y ayuntamientos).
La denominación "Diputado del Común" tiene su origen en el auto-acordado del Consejo de Castilla de 5 de mayo de 1766, que establecía el carácter representativo de los Diputados del Común y el Síndico Personero, designados en votación por 24 electores nombrados por parroquias teniendo votos los vecinos seculares y contribuyentes según la Instrucción de 26 de julio siguiente. Posteriormente, la Real Cédula de 25 de junio de 1768 acordaba:
"que todas las Parroquias sean de la Capital de la Ysla o de la tierra y Jurisdicción, una vez que el Ayuntamiento es común, deven tener sufragio y voto, el cual se ha de reducir a dos electores por parroquia, elegido por cada unos en su Consejo avierto, sin que puedan exceder de dos votos ninguna de dichas Parroquias."
Estas disposiciones intentaban regularizar la elección de estas figuras en las islas de Realengo, donde durante los siglos XVI y XVII se habí­an sucedido los conflictos entre los Regidores y los vecinos sobre la periodicidad y el sistema de designación de aquellos.
Fue en el Fuero Real de Gran Canaria otorgado por los reyes Isabel y Fernando el 20 de diciembre de 1494 donde se describieron por primera vez las funciones del personero: "... de procurar las cosas de provecho del Consejo, e contradecir las que fueren en su daño, é requerir, que se guarden las buenas ordenanzas, é procurar todo lo que cumple a los Propios del Consejo de manera que por su negligencia no se pierda el Derecho de Consejo...".
Sólo cuatro comunidades -Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid- carecen de Defensor del Pueblo, aunque las administraciones cántabra y extremeña se proponen incorporar esta figura en un plazo breve.
Defensor del Pueblo Cántabro: El Gobierno de Cantabria tiene previsto proponer la creación de esta figura mediante la presentación en 2010 de un proyecto en el Parlamento, en el que se pretende que prime el máximo consenso.
El Personero del Común será la denominación que recibirá el defensor del pueblo extremeño y tendrá su sede en la ciudad cacereña de Plasencia, según establece el artículo 48 del Estatuto reformado.
En el texto estatutario figura en concreto que "por ley de la Asamblea que regulará su régimen jurídico, se creará el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones respecto de las instituciones regionales similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución".
El Sindic de Greuges de Baleares, aunque previsto en el Estatuto autonómico, está pendiente de creación. De momento, sólo cuentan con una Oficina de la Defensa de los Derechos del Menor, que se ocupa de la defensa y promoción de los derechos de los menores; quejas sobre situaciones de amenaza y de vulneración de derechos.
Madrid no cuenta con defensor de adultos, pero sí con un Defensor del Menor, definido como Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid para salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de Madrid. Su creación se concretó jurídicamente en la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
Publicado por Cive Pérez en 23:47 1 comentario:
¿Qué recorte se aplicará al sueldo del principal funcionario vitalicio del Estado?
El ajuste aplicado por Rodríguez Zapatero a su política económica, por muy duro que pueda parecerles a algunos, no será tan drástico como el que tuvieron que soportar los países más pobres del mundo. Aquí no se toca sustancialmente el gasto social, a diferencia de las fuertes restricciones en ese capítulo impuestas en su día por el Consenso de Washington para “meter en cintura” a las economías del Tercer Mundo. Entre las medidas más crudas figura el recorte de los sueldos de los funcionarios, un 5% de media y un 15% a ministros y altos cargos. Pero lo que todavía no se ha especificado es el alcance del recorte del sueldo del principal Funcionario Vitalicio del Estado: el Rey.
No será un gran estratega, pero hay que reconocerle a Rodríguez Zapatero su gran capacidad de maniobra táctica: cada día dice lo contrario que el día anterior, y así, de derrota en derrota hasta el harakiri final. Presionado por “los mercados”, por los dirigentes de mayor peso de la UE y hasta por el “amigo americano”, Zapatero se ha visto obligado a dar un golpe de timón a su política económica y afrontar una política de ajuste del déficit público.
Es obvio que las medidas adoptadas por el Gobierno no pueden ser consideradas "progresistas" (eufemismo que disimula el desvanecimiento de la izquierda), como hubiera sido gravar los grandes capitales, por ejemplo esas sicavs donde invierten los ricos, que tributan al 1%. Una realidad ante la cual no hay protestas generalizadas
No obstante, exageran los que hablan de “ajuste duro” para calificar las medidas del Gobierno. Y si no, que les pregunten a los países pobres que tuvieron que afrontar los planes de ajuste estructural impuestos en su día por el Fondo Monetario Internacional siguiendo las recetas del Consenso de Washington. Un consenso alcanzado a comienzos de los años 90 del pasado siglo por los países más poderosos del planeta con el propósito de “meter en cintura” a las economías del Tercer Mundo. Medidas económicas que implicaban fuertes restricciones del gasto social como condición impuesta por el Fondo para concederles su ayuda.
Aparentemente, Zapatero ha jugado bien sus cartas. Adopta dos medidas crudas: reducir el salario a los funcionarios y congelar la revisión de las pensiones. Congelar no equivale a reducir "a la griega". Y ni siquiera está claro que pueda hacerlo, ya que para ello necesitaría modificar la ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997, que estableció que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo.
Pese a estas medidas, el presidente del Gobierno se reserva la carta de afirmar que mantiene su compromiso social: ya que el ajuste no toca las prestaciones por desempleo, ni la sanidad ni la educación. Dejando, además, abierta la revisión de las pensiones mínimas, que afectan a unos 3.000.000 de jubilados. Aunque es de esperar que se trate de una revisión simbólica. En cualquier caso, no da pie a una rebelión generalizada de la ciudadanía.
Con esta táctica, al tiempo que se granjea los parabienes de las instituciones de la UE y del mundo de los negocios, le quita argumentos a Mariano Rajoy, que continúa encasillado en su habitual postura del No a Todo, y también a los sindicatos. Si éstos organizan protestas, serán sólo para defender a los funcionarios. Y con cuatro millones de parados en el país, defender que unos funcionarios con empleo vitalicio y salario pagado por el contribuyente no aporten un 5% para salir de la crisis no despierta excesiva simpatía en la opinión pública. Opinión que viene siendo convenientemente masajeada por los medios ultraliberales, que diariamente lanzan pestes contra el funcionariado.
¿Se pondrán Mariano y la ultraliberal condesita Aguirre a la cabeza de las previsibles manifestaciones de protesta de los funcionarios? ¿Propondrán un programa alternativo de subida de las pensiones mínimas?
El Gobierno ha dicho que el recorte de los sueldos de los funcionarios será de un 5% de media, pero que afectará en mayor medida a los altos cargos. De entrada, un 15% en el sueldo de ministros y altos cargos. Que no por ello se van a quedar sin poder ir al cine.
Hablando de funcionarios, todavía no se ha especificado la cuantía del recorte del sueldo del principal Funcionario Vitalicio del Estado: el Rey. Tal vez no se haya querido comunicar todavía por no darle un disgusto justo cuando convalece de una operación quirúrgica. Realizada, por cierto, por una clínica privada que ha utilizado los medios del Sistema Público de Salud.
Publicado por Cive Pérez en 20:10 4 comentarios:
Venguémonos con nuestras picas antes de vernos reducidos a esqueletos
La huelga general convocada por los sindicatos griegos contra los drásticos planes de austeridad, impuestos por las “autoridades monetarias” internacionales para salvar a Grecia de la bancarrota, han derivado en violentas protestas que se han saldado, por ahora, con tres muertos. Mientras tanto, nadie parece advertir el absurdo al que están llegando los gobernantes europeos. Se humillan ante los especuladores financieros mientras trazan planes de saneamiento económico que castigan a la ciudadanía.
No hay gobernantes valerosos, de voluntad decidida y pulso firme capaces de meter en cintura a los especuladores. Tanto al frente de los gobiernos nacionales como de las instituciones de la Unión Europea, lo que tenemos son unos políticos que temen a los mercados. Es decir, esa nebulosa de inversores tan codiciosos como asustadizos que, en situaciones como la crisis actual, “son más miopes que de costumbre” según Joaquín Almunia, comisario de la Competencia: "no ven los detalles, ven masas borrosas de problemas”.
Ante tal miopía financiera, nuestros gobernantes, en vez de aplicar correcciones a la visión de los mercados y castigar a los banqueros por sus temerarios manejos, sólo se les ocurre castigar a los ciudadanos, reduciendo salarios y prestaciones del Estado del Bienestar. Cuando son las ayudas a la banca, y no las prestaciones sociales las culpables del déficit de las cuentas públicas.
Los elevados niveles de consumo fomentados por el capitalismo de las últimas décadas han podido adormecer a la ciudadanía. Pero desde que el capital se ha dedicado principalmente a especular, dejando de producir bienes y de suministrar esa mercancía llamada “empleo”, el espíritu de la rebelión puede despertar de su letargo. Y discurrir por vías poco deseables, como acaba de ocurrir en Atenas.
Máxime, cuando el único remedio que se les ocurre a los gobernantes consiste en inclinar la cerviz ante los especuladores, a los que prometen recortar salarios, pensiones y otros derechos sociales.
Publicado por Cive Pérez en 17:59 No hay comentarios:
Publicado por Cive Pérez en 10:18 No hay comentarios:

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 artículo 128
 resolución 
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 artículo 48