Source: https://es.scribd.com/doc/188018022/Anteproyecto-Ley-Seguridad-Ciudadana
Timestamp: 2016-02-10 17:43:20+00:00

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1. Punto de partida 2. Razones y objetivos 3. Estructura
Capítulo I: disposiciones generales Capítulo II: documentación e identificación personal Capítulo III: actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana Capítulo IV: potestades especiales de policía administrativa de la seguridad Capítulo V: régimen sancionador
Artículo 104 de la Constitución Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Artículo 149.1.29ª de la Constitución El Estado tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública. Artículo 81.1 de la Constitución Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
1- PUNTO DE PARTIDA:
La vigente ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana
La vigente LOPSC de 1992 supuso, en su momento, un paso importante en la regulación sistemática de la acción de los poderes públicos en materia de protección de la seguridad ciudadana. Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, la LOPSC de 1992 fue la primera norma legal que abordó la regulación de las cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana desde los principios y valores recogidos en el texto constitucional. Hasta esta fecha la normativa en la materia estaba formada por: La Ley 45/1959, de 30 julio, de Orden Público, de la que subsistían algunos preceptos si bien la mayor parte había sido derogada por la propia Constitución Española y por otras normas del periodo democrático y constitucional, entre las que cabe destacar el Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público y por el Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
En definitiva, fue la LOPSC de 1992 la que derogó la Ley 45/1959, de Orden Público
La LOPSC tuvo una buena valoración por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues supuso un importante avance en la regulación de las potestades de actuación en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana y reguló por primera vez el catálogo de infracciones y sanciones en la materia.
2- RAZONES PARA IMPULSAR UNA NUEVA LEY ORGÁNICA:
Objetivos del anteproyecto la reforma es necesaria, conveniente y oportuna A)NECESIDAD: reforma del Código Penal en curso:
En sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, en el que desaparecen las FALTAS -pues algunas se convierten en DELITOS LEVES y otras quedan destipificadas (es decir, salen del ámbito de las infracciones penales)- el anteproyecto de LOPSC recoge algunas de las antiguas faltas que reciben ahora la calificación de infracciones administrativas. De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo (11), en coherencia con la consideración del Derecho penal como reservado a las conductas más graves (la jurisprudencia reitera que el Derecho penal es la última ratio del Derecho sancionador).
B) CONVENIENCIA:
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: Se pretende recoger, la numerosa Jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que, desde el año 1992, se ha dictado, acotando más y mejor los ámbitos de los poderes públicos y tratándose, por tanto, de un Proyecto claramente garantista de los derechos de los ciudadanos. En concreto, la jurisprudencia constitucional reitera que la intervención administrativa para la protección de la seguridad ciudadana debe estar basada en el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD en su triple dimensión: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. CAMBIOS SOCIALES Y TECNOLÓGICOS (TIC’s): desde la promulgación de la vigente Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s (que no existían en 1992 tal como las conocemos hoy) y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuenta.
C) OPORTUNIDAD:
EJERCICIO DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN:
el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura, Nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una Ley que permitirá que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas
MANDATO PARLAMENTARIO:
esta iniciativa legislativa fue formalmente reclamada al Gobierno por el Congreso de los Diputados a través de la Moción consecuencia de Interpelación aprobada por el Pleno el pasado 26 de julio de 2012, por iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) que, entre otras cosas, instaba (al Gobierno) a promover la modificación de la Ley Orgánica 1/1992
3- Estructura del anteproyecto de LOPSC
El anteproyecto se estructura en cinco capítulos (55 artículos, frente a 39 de la LOPSC de 1992), 5 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.
Conforme a la jurisprudencia constitucional, el anteproyecto parte de un concepto material de seguridad pública, recogido en el artículo 1. SE TRATA DE LA PRIMERA DEFINICIÓN DE LA “SEGURIDAD CIUDADANA” CONTENIDA EN UN TEXTO NORMATIVO (frente al antiguo concepto difuso de “orden público”)
Ámbito de aplicación de la LOPSC:
Todo el territorio nacional. Sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en materia de seguridad pública y, especialmente, en materia de seguridad ciudadana; así como en ámbitos concretos de la seguridad pública como los estados de alarma, excepción y sitio; la defensa nacional; marítima; aérea, y de los transportes.
Este capítulo recoge por primera vez los fines de la Ley y de la acción de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana (artículo 3):
PROTECCIÓN DEL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. GARANTÍA DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES. PACÍFICA UTILIZACIÓN DE VÍAS Y DEMÁS ESPACIOS DESTINADOS AL USO Y DISFRUTE PÚBLICO. GARANTÍA DE LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA LA COMUNIDAD. PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS Y DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA SANCIÓN DE LAS DE ESTA NATURALEZA TIPIFICADAS EN ESTA LEY.
Asimismo, se recogen los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana: legalidad, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad y control jurisdiccional. Se identifican los órganos competentes y se establece el deber de cooperación interadministrativa, así como el deber de colaboración entre los diversos organismos y autoridades, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el personal de seguridad privada, de acuerdo con un concepto integral de la seguridad pública.
Capítulo II: documentación e identificación personal
El capítulo II regula con más precisión la documentación e identificación de los ciudadanos españoles: Regula el valor probatorio del Documento Nacional de Identidad y del Pasaporte. (Artículo 8 y ss.) Establece los deberes de los titulares de estos documentos, incorporando la posibilidad de firma electrónica de los mismos, y manteniendo la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la autoridad, a lo que se añade la obligación de permitir la comprobación de las medidas de seguridad, es decir, verificar su autenticidad. Se regula la acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros, garantizando que no podrán ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de una investigación penal o en los términos establecidos en la legislación de extranjería.
Capítulo III: Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
Este capítulo se estructura en dos secciones:
-Primera Sección: potestades de policía preventiva -Segunda Sección: mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones
Sección Primera: potestades de policía preventiva
LAS ÓRDENES Y PROHIBICIONES, CON EL MANDATO EXPRESO DE QUE SEAN PROPORCIONADAS PARA ALCANZAR SU FIN CONSTITUCIONAL LA ENTRADA Y REGISTRO EN DOMICILIOS (RECOGIENDO LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, AÑADIENDO QUE LAS FCS PUEDEN REQUERIR EN CUALQUIER MOMENTO LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE LLEVEN EL ROSTRO EMBOZADO LA RESTRICCIÓN DEL TRÁNSITO Y CONTROLES EN LAS VÍAS PÚBLICAS, AÑADIENDO LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER ZONAS DE SEGURIDAD EN SUPUESTOS DE ALTERACIÓN REAL O PREVISIBLE DE LA SEGURIDAD CIUDADANA O DE LA PACÍFICA CONVIVENCIA LAS COMPROBACIONES Y REGISTROS EN LUGARES PÚBLICOS LAS DILIGENCIAS DE CACHEO E IDENTIFICACIÓN, QUE SE VINCULAN AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RAZA, SEXO, RELIGIÓN, ETC. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIAS EL USO DE VIDEOCÁMARAS, POR REMISIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA
Capítulo III: Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (II)
Sección Segunda: potestades de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones:
A. SE REGULA LA DISOLUCIÓN DE REUNIONES Y MANIFESTACIONES, INCLUYENDO LA
POSIBILIDAD DE DISOLVER CONCENTRACIONES DE VEHÍCULOS EN VÍAS PÚBLICAS Y RETIRAR AQUÉLLOS O CUALESQUIERA OTRA CLASE DE OBSTÁCULOS QUE PONGAN EN PELIGRO O DIFICULTEN LA CIRCULACIÓN
B. SE ESTABLECE UN PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
QUE DEBE PRESIDIR EL EJERCICIO DE ESTAS COMPETENCIAS
Capítulo IV: Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad
Se regulan como tales potestades especiales:
Las obligaciones de registro documental: se incorpora en la relación de sujetos obligados a los proveedores de servicios telefónicos o telemáticos de uso público (locutorios) La obligación de adoptar medidas de seguridad por parte de establecimientos e instalaciones, con específica remisión a la normativa sobre infraestructuras críticas Las potestades sobre espectáculos y actividades recreativas El control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, así como las medidas de control que pueden imponerse en este ámbito.
Capítulo V: Régimen sancionador
Sujetos responsables de las infracciones:
El anteproyecto considera responsables a los autores directos, los inductores y los cooperadores necesarios (Artículo 29). El texto identifica a quienes se consideran responsables solidarios junto con los autores: los titulares de establecimientos, los promotores de espectáculos y actividades recreativas y los convocantes, inspiradores de manifestaciones o quienes de hecho las presidan o dirijan. Siguiendo la reiterada recomendación del Defensor del Pueblo, el anteproyecto establece, por primera vez, la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores por los daños o perjuicios ocasionados por los menores a la Administración Pública. (Artículo 41.3)
NUEVO Nuevo en la Ley L92 Ley 1992 CP Procede despenalización de faltas
La perturbación muy grave de la seguridad ciudadana no constitutiva de delito en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas. La convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión o manifestación, con finalidad coactiva e inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, desde que, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, siempre que llevasen aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, adquisición, enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. La proyección de dispositivos luminosos sobre medios de transporte que puedan provocar accidentes. La comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años.
La perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas, cuando no sean constitutivas de delito o de infracción muy grave. La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos, celebradas con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Causar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos, así como la provocación de incendios en la vía pública cuando representen un peligro para las personas o bienes u ocasionen una alteración de la seguridad ciudadana, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito. Cuando una infracción de igual contenido esté tipificada en una normativa específica, será de aplicación preferente esta última. Las acciones y omisiones que obstaculicen gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
INFRACCIONES GRAVES (II)
La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos no constitutiva de infracción penal o administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. La celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, portando armas u objetos contundentes susceptibles de causar daño, siempre que tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la negativa a la disolución de las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente, cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
10. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento. 11. Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.
12. Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito. 13. El ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Esta conducta no será sancionada en caso de que la persona infractora sea víctima de trata de seres humanos y dicho extremo quede acreditado de acuerdo con la legislación de extranjería
INFRACCIONES GRAVES (III)
14. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, enajenación, tenencia o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias. 15. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. 16. Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.
17. El uso público de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia sin estar autorizado para ello, cuando no sea constitutivo de delito. 18. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7 .
INFRACCIONES GRAVES (IV)
La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la indemnidad sexual de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuando no constituya delito. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares y la tolerancia de dicho consumo en locales o establecimientos públicos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito. Forzar o inducir a otros, especialmente a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, mediante el empleo de la violencia física, intimidación o engaño, al consumo o a la tenencia ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas cuando no sea constitutivo de delito La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.
INFRACCIONES GRAVES (V)
La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta ley, siempre que no constituya delito. Los daños o el deslucimiento grave de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, tales como señales de circulación, farolas, marquesinas, papeleras y demás mobiliario urbano, cuando no constituyan infracción penal, así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos idóneos con la finalidad de perturbar gravemente la seguridad ciudadana. El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras. El escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artístico sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos, sin la debida autorización. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos cuando no constituya delito, así como maltratar cruelmente o abandonar en condiciones en que pueda peligrar su vida a los animales domésticos, o maltratar animales en espectáculos no autorizados legalmente, cuando no constituya delito. La comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años.
1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. 2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave. 3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. 4. Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones que se realicen en una reunión o concentración cuando el destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito. 5. Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones realizadas en vías públicas y espacios abiertos al público que produzcan alteraciones del orden público, siempre que no sean constitutivas de delito. 6. Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos , cuando no constituyan delito, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. 7. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena cuando no constituya delito. 8. La proyección de dispositivos luminosos sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. 9. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad competente, o la permanencia en él contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito.
NUEVO CP
INFRACCIONES LEVES (II)
10. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma . 11. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana, incluyendo la alegación de datos o circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos establecidos, siempre que no constituya delito. 12. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío. 13. La tercera y posteriores pérdidas o extravíos y sucesiva petición de expedición de documentación personal en un plazo de cinco años. 14. La negativa a entregar la documentación personal cuando se hubiese acordado su retirada o retención. 15. El deslucimiento leve de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, tales como señales de circulación, farolas, marquesinas, papeleras y demás mobiliario urbano, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública. 16. La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos. 17. La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos. 18. El entorpecimiento indebido de cualquier otro modo de la circulación peatonal que genere molestias innecesarias a las personas o el riesgo de daños a las personas o bienes. 19. El escalamiento de edificios o monumentos sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos, sin la debida autorización. 20. La remoción de vallas, cercados, empalizadas, barreras, verjas o encintados, fijos o removibles, colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo
L92 CP
Las infracciones contempladas en esta ley podrán ser sancionadas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes, atendida la naturaleza de la conducta infractora: Multa de 100 a 1.000 € por infracciones leves. Multa de 1.001 a 30.000 € por infracciones graves. Multa de 30.001 a 600.000 € por infracciones muy graves. Otras sanciones: retirada de armas, licencias y permisos; incautación de instrumentos y efectos para la comisión de las infracciones; suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos desde 6 meses y un día a 2 años por infracciones muy graves y hasta 6 meses para las graves. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de 2 años y un día hasta 6 años por infraccione muy graves y hasta 2 años por infracciones graves ; clausura de las fábricas, locales o establecimientos como desde 6 años y un día a 2 años por infracciones muy graves y hasta 6 meses por infracciones graves. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de 2 años y un día hasta 6 años por infracciones muy graves y hasta 2 años por infracciones graves; Pérdida de la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo, en el caso de extranjeros y expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros sin la correspondiente autorización o permiso de residencia en España y hubieran incurrido en una infracción grave o muy grave. Se establece la obligación de reparar el daño o su indemnización por los daños y perjuicios causados. Se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se regirá por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este capítulo. La denuncia notificada en el acto por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituirá el acuerdo de incoación. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán denunciar infracciones de la legislación autonómica y local y sus manifestaciones tendrán valor probatorio. Si el decomiso fuera de bienes fungibles y el coste del depósito superase el valor venal, éstos se destruirán o se les dará el destino adecuado, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad y fuera indispensable para la consecución de las finalidades contempladas en esta ley. Procedimiento abreviado para infracciones graves y leves. Este procedimiento no se aplicará para las infracciones muy graves.
4- TRÁMITES
Los informes que solicitarán con carácter previo a la remisión del anteproyecto a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, son los siguientes: 1. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 3. Ministerio de Justicia. 4. Agencia Española de Protección de Datos. 5. Consejo General del Poder Judicial. 6. Consejo Fiscal. 7. Dictamen facultativo del Consejo de Estado.
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References: Artículo 104
 Artículo 149
 Artículo 81
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7