Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-m-3-108026
Timestamp: 2020-08-09 12:14:40+00:00

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STC 108/2000, 5 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 108026
Número de Recurso: 4061/1995
RA 4061/95. Promovido por don Angel M.M. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León, que desestimaron su demanda de tercería de mejor derecho contra la Seguridad social y otra persona. Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda por falta de reclamación previa en la vía administrativa, a pesar de haberla subsanado durante el juicio.
Sentencia citada en: 8419 sentencias, 20 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, una noticia
En el recurso de amparo núm. 4061/95 interpuesto por don Angel M.M, representado por la Procuradora doña María José Millán Valero y bajo la inicial dirección de la Letrada doña Margarita Martínez Trapiello, contra Sentencia de 27 de octubre de 1995 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, dictada en el rollo de apelación civil 361/95 confirmatoria de la dictada, el 9 de mayo de 1995, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por la Letrada doña María-Fernanda Mijares García-Pelayo. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de noviembre de 1995, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos:
Don Angel M.M formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, ejercitando tercería de mejor derecho, contra la Tesorería Territorial de la Seguridad Social y don Emilio G.F., mediante escrito fechado el 22 de marzo de 1994, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León (autos núm. 162/94).
Admitida a trámite la demanda, la Tesorería Territorial de la Seguridad Social se opuso a la tercería y alegó la excepción del art. 533.7 LEC, por falta de reclamación previa en la vía gubernativa, con fundamento en el art. 120.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPC), y el art. 172 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1517/1991, de 11 de octubre.
Seguido el procedimiento, con fecha 8 de marzo de 1995, la representación procesal de don Angel M.M presentó escrito de conclusiones al que acompañó copia de otro escrito, en el que constaba el sello de correo certificado de la misma fecha, dirigido a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, planteando la reclamación previa a la vía jurisdiccional, alegando que el defecto de falta de reclamación previa se subsanaba en dicho momento ya que, conforme a reiterada jurisprudencia se trata de un defecto subsanable a lo largo del procedimiento y antes de que se dicte sentencia.
El Juzgado, con fecha 9 de mayo de 1995 dictó Sentencia en la que inadmitió la demanda planteada por don Angel M.M, sin entrar en el fondo del asunto, al estimar la excepción de falta de reclamación previa en la vía gubernativa opuesta por la Tesorería de la Seguridad Social demandada, con expresa imposición de costas a la parte demandante. Esta decisión se funda en la siguiente motivación, recogida en el fundamento de derecho 2 de la Sentencia:
Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León (rollo núm. 361/95), mediante Sentencia de 27 de octubre de 1995, desestimó el recurso y confirmó íntegramente la Sentencia apelada con imposición de las costas de la segunda instancia a la parte apelante.
La demanda funda la queja de amparo en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al no haber entrado los órganos judiciales en el fondo del asunto, al estimar la excepción de falta de reclamación previa en la vía administrativa, pese a que este defecto fue subsanado oportunamente, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que declara que es un defecto subsanable en cualquier momento anterior a dictarse Sentencia.
Por providencia de 18 de diciembre de 1995, se acordó conceder al recurrente un plazo de diez días para que presentase el poder que acredita la representación de la Procuradora a través de la cual compareció en este Tribunal (art. 49.2.a LOTC). Por providencia de 19 de febrero de 1996 se tuvo por recibido el escrito y copia del poder presentado con fecha de 7 de febrero de 1996. Finalmente, por providencia de 28 de mayo de 1996, la Sección Segunda acordó admitir a trámite el presente recurso y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León y a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha capital para que remitiesen testimonio de los autos del juicio de tercería de mejor derecho 162/94, y del rollo de apelación 361/95; interesando, al propio tiempo, el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente con excepción del recurrente, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.
Por providencia de 17 de julio de 1996 se tuvo por personada a doña María Fernanda Mijares García-Pelayo, en su condición de Letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social, y se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión solicitada por la representación del recurrente. En dicha pieza, y tras evacuar alegaciones las partes, recayó Auto de 22 de julio de 1996, denegando la suspensión solicitada.
Por providencia de 23 de septiembre de 1996, se acordó tener por recibidos los testimonios solicitados, y dar vista de las actuaciones al recurrente, al Ministerio Fiscal y a la Letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social Sra. Mijares García-Pelayo, para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
Mediante escrito registrado el 22 de octubre de 1996, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones. En primer lugar, alega la falta de invocación formal del derecho vulnerado (art. 44.1.c LOTC), pues examinadas las actuaciones no hay un solo escrito del recurrente en el que se haga la invocación preceptivamente requerida.
Por escrito registrado el 25 de octubre de 1996 el Letrado de la Seguridad Social formuló sus alegaciones. Se afirma que, conforme al art. 173 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre: "Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su interposición ante la misma será requisito previo para que puedan ejercitarse ante los Jueces y Tribunales del orden Civil". Se configura, pues, la tercería en vía administrativa como una reclamación previa preceptiva y obligatoria para poder acudir a la Jurisdicción ordinaria ("...para que puedan ejercitarse..."). Este sentido de presupuesto procesal de la reclamación previa a la vía gubernativa se desprende de los propios arts. 120 a 126 LPC.
Por escrito registrado el 6 de marzo de 1997 se aportó escrito de la Letrada doña Margarita Martínez-Trapiello concediendo la venia al Letrado don Francisco Javier Mateo Coca para que pueda actuar en defensa del recurrente con la misma representación procesal, al que se tuvo por designado en providencia de 17 de marzo de 1997.
Por providencia de 10 de mayo de 1999 se acordó requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León para que remita testimonio de los folios 321 a 452 de los autos 162/94, que fueron omitidos en el testimonio remitido, a la mayor brevedad posible. Tras varias diligencias telefónicas recabando dichas actuaciones se recibieron el 19 de noviembre de 1999. No obstante, al observarse la omisión de determinados extremos, se volvió a requerir al Juzgado con fecha de 24 de noviembre de 1999 para que remitiera testimonio del acta de comparecencia del juicio de menor cuantía prevista en el art. 691 LEC y de los documentos presentados por el Sr. M.M con el escrito de resumen de prueba (conclusiones), lo que se recibió con fecha de 10 de febrero de 2000.
Por providencia de 7 de abril de 2000 se fijó para la deliberación y fallo del presente recurso el día 10 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
Se queja el demandante, Sr. M.M, de que su pretensión, como tercerista de mejor derecho, ejercitada frente a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de León y don Emilio G.F., como codemandado, mediante proceso civil de menor cuantía, no haya recibido en las Sentencias de primera instancia y apelación, reseñadas en los Antecedentes, una decisión sobre el fondo, es decir, acerca de su mejor o preferente derecho de crédito respecto del que la citada Tesorería ha esgrimido en la correspondiente vía de apremio. Tal falta de respuesta o absolución en la instancia se ha producido en el mencionado proceso civil por apreciar, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de León, la concurrencia de la excepción dilatoria del art. 533.7 LEC, al no haber promovido el demandante reclamación previa en la vía administrativa frente al mencionado Servicio Común de la Seguridad Social, reclamación preceptiva conforme al art. 120 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC), y art. 172 del a la sazón aplicable Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1517/1991, de 11 de octubre. La invocada lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la anuda, pues, el demandante al no atendimiento por los órganos jurisdiccionales, de la subsanación del omitido requisito procesal (en rigor, carga procesal), realizada mediante escrito dirigido a la mencionada Tesorería y aportado con el de conclusiones en el juicio de menor cuantía, es decir, antes de pronunciarse la Sentencia de primera instancia, que se limitó a aplicar la alegada excepción procesal sin examinar ni decidir la cuestión de fondo planteada.
Antes de entrar en el examen de la procedencia de dicha queja, debemos analizar la causa de inadmisión alegada por el Ministerio Fiscal, consistente en la falta de invocación formal del derecho fundamental vulnerado (arts. 44.1.c y 50.1.a LOTC).
Entrando en el examen sobre el fondo de la queja planteada, hemos de recordar que este Tribunal, desde la ya temprana STC 19/1981, de 8 de junio, ha declarado reiteradamente que el derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el art. 24.1 CE comprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que, no obstante, se satisface también cuando se obtiene una resolución de inadmisión si concurre causa legal para ello, y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 69/1984, de 11 de junio, 6/1986, de 21 de enero, 100/1986, de 31 de enero, 55/1987, de 13 de mayo, 57/1988, de 5 de abril, 124/1988, de 23 de junio, 42/1992, de 30 de marzo, 37/1995, de 7 de febrero, entre otras muchas), al ser el derecho a la tutela judicial un derecho prestacional de configuración legal cuyo ejercicio está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre).
Por lo que concierne, de modo específico, a la exigencia de la reclamación administrativa previa a la vía judicial, civil o laboral, este Tribunal, teniendo presente la finalidad inspiradora del mencionado requisito procesal, como es la de someter al Ente público eventualmente demandado ante alguna de dichas jurisdicciones el objeto de la pretensión del ciudadano o particular, para que pueda ser estimada por el órgano administrativo competente, evitando así el litigio, este Tribunal, decimos, en una reiterada jurisprudencia (SSTC 21/1986, de 14 de febrero, 60/1989, de 16 de marzo, 162/1989, de 16 de octubre, 217/1991, de 14 de noviembre, y 120/1993, de 19 de abril) ha declarado que tal requisito procesal, en rigor carga procesal del demandante, no contraviene el art. 24.1 CE, pues cumple una finalidad, tal como la sucintamente expuesta, que puede calificarse como constitucionalmente legítima y no obstaculizadora del acceso a la jurisdicción.
Proyectada la anterior doctrina al presente caso, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que cuando se presentó la demanda de tercería de mejor derecho, el 22 de marzo de 1994, el demandante Sr. M.M no había formulado la reclamación previa en la vía administrativa, que el art. 120.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 172 del entonces vigente Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1517/1991, de 11 de octubre, establecían para promover tercerías en la vía administrativa de apremio seguida por la Tesorería de la Seguridad Social.
El ahora demandante y tercerista en el juicio de menor cuantía acreditó, por tanto, ante el órgano jurisdiccional, mediante el escrito de resumen de prueba y conclusiones de la primera instancia, que con fecha 8 de marzo de 1995 dirigió escrito, mediante correo certificado, a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de León, formulando ante este Servicio Común la reclamación previa en la vía administrativa, circunstancia ésta en ningún momento negada por la mencionada Tesorería. Simultáneamente, y en el referido escrito procesal, instó del Juzgado de Primera Instancia que tuviera por subsanado el aludido defecto procesal, con fundamento en que se trataba de un requisito subsanable a lo largo del proceso y antes de recaer Sentencia que pusiera fin al mismo, con arreglo a la jurisprudencia.
Pues bien, pese a tal expresa solicitud de subsanación del defecto procesal, formulada por el tercerista demandante Sr. M.M, el Juzgado de Primera Instancia no adoptó resolución alguna encaminada a propiciar el remedio del requisito procesal inicialmente incumplido, tal como la suspensión del juicio de menor cuantía en tramitación hasta que recayese resolución expresa a la reclamación formulada, o bien se entendiera ésta desestimada por transcurso del plazo al efecto previsto (art. 124.2 LPC). En lugar de proceder de tal modo atendiendo a la solicitud de subsanación, el mencionado órgano jurisdiccional dictó Sentencia en la que, sin introducir consideración alguna sobre la intentada subsanación del requisito procesal, se limitó a acoger, como procedente, la excepción dilatoria opuesta por la Administración de la Seguridad Social demandada con apoyo en el art. 533.7 de la Ley procesal civil, dejando así imprejuzgada la cuestión de fondo sobre el mejor derecho del demandante y dictando un fallo de simple absolución en la instancia. Del mismo modo, el recurso de apelación, dirigido precisamente a impugnar el acogimiento por la Sentencia apelada de la excepción dilatoria, no condujo a consecuencia procesal diversa a la puramente formal obtenida en la instancia, por cuanto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, como Tribunal ad quem, no procedió a reparar la falta de subsanación producida en la primera instancia, y se limitó a dictar Sentencia por la que se ratificó íntegramente el pronunciamiento de inadmisión o absolución en la instancia de la Sentencia impugnada. Quedó así definitivamente imprejuzgada la pretensión, ejercitada en el proceso civil, sobre el alegado mejor derecho del tercerista en la vía administrativa de apremio seguida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de León, de tal suerte que se vino a consolidar por Sentencia firme la indefensión padecida por el demandante en el proceso a quo, al no obtener pronunciamiento judicial sobre el fondo de su pretensión.
En cuanto al alcance de nuestro fallo estimatorio, y dado el tiempo transcurrido en ambas instancias sin que conste, ni se haya alegado por la Tesorería General de la Seguridad Social comparecida en este proceso constitucional, que a la reclamación dirigida a dicho Servicio Común por el ahora demandante, recayera resolución expresa, se entiende procedente, para restablecer el derecho fundamental vulnerado, la retroacción de las actuaciones procesales al momento inmediato anterior al de dictarse Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 162/94, a fin de que el Juzgado pronuncie nueva Sentencia, en la que no se estime la excepción dilatoria de falta de reclamación previa en la vía administrativa (art. 533.7 LEC), opuesta por la mencionada Tesorería General.
Otorgar el amparo solicitado por don Angel M.M y, en su virtud:
Reconocer al demandante el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Declarar la nulidad de la Sentencia dictada el 9 de mayo de 1995 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de León (en autos de menor cuantía núm. 162/94), y la pronunciada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León el 27 de octubre de 1995 (en el rollo de apelación núm. 361/95), confirmatoria de la de instancia.
Retrotraer las actuaciones de primera instancia al momento procesal oportuno, a fin de que el mencionado Juzgado dicte nueva Sentencia que no se funde en la excepción procesal de falta de reclamación previa en la vía administrativa del art. 533.7 LEC.

References: Real Decreto 
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