Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9328
Timestamp: 2019-08-20 11:36:34+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 19526 DE 2010
Las condiciones de la oferta en el Reglamento de venta y adjudicación de acciones son vigentes y legales siempre y cuando no se haya demandado su ilegalidad en tiempo
CE SIII E 19526 DE 2010
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. VS. NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS
El Gobierno Nacional dio apertura de un proceso de enajenación de su propiedad accionaria en la sociedad Isagen S.A. E.S.P., para ello contrato los servicios de asesoría financiera de una banca de inversión, la cual preparó el programa de enajenación, el cual fue aprobado por el Gobierno, evacuando la primera etapa del proceso. El Reglamento de venta y adjudicación sería aprobado por el Comité Técnico, integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Minas y Energía y el Director del Departamento Nacional de Planeación. La segunda etapa consistente en admitir la participación en el proceso de compra, excluía la participación de algunos interesados, entre ellos las Empresas Públicas de Medellín.
¿Puede una entidad estatal excluir en el reglamento de venta y adjudicación la participación en un proceso de compras a interesados, sin vulnerar el principio de igualdad?
Aprobación del reglamento de venta y adjudicación. «(…)Asimismo, el citado artículo 13 del Decreto 1738 de 1999 dispuso que el reglamento de venta y adjudicación así como sus modificaciones y aclaraciones fueran aprobados por el Comité Técnico[2]; ii) verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los destinatarios de la oferta especial; iii) verificar el cumplimiento de las condiciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio; iv) asesorar al Comité de Participación Privada en lo que se le solicite y “en general todas aquellas que establezca el Comité de Participación Privada”. (…)»
Principio de preferencia «(…)Conforme al principio de preferencia, para garantizar el acceso efectivo a la propiedad del Estado, deben otorgarse condiciones especiales a ciertos sectores[3] para así facilitar la adquisición de la participación social estatal ofrecida, de acuerdo al artículo 60 Constitucional (art. 3º de la Ley 226). (…)»
Principio de protección del patrimonio público. «(…)Especial interés reviste el principio de protección del patrimonio público, por cuya virtud la enajenación de la participación accionaria estatal se hará en condiciones que salvaguarden el patrimonio público (art. 4º Ley 226).(…)»
[1] Integrado por tres miembros con sus respectivos suplentes, designados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Minas y Energía y por el Director del Departamento Nacional de Planeación. [2] Integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Minas y Energía y Director del Departamento Nacional de Planeación o sus delegados. [3] Los trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria; los extrabajadores de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; las asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se privatiza; sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión: los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades cooperativas definidas, por la legislación cooperativa.
«(…) Que el objetivo que se persigue con esta diferencia de trato es válido a la luz de la Constitución (arts. 13, 60 y 209), en cuanto se trata de una medida que busca dar tratamiento diverso a situaciones distintas que tiene un fin legítimo que no es otro que prever una protección al patrimonio público, que la Ley 226 en su artículo 4º, como ya se indicó, prohíja como uno de sus principios rectores. Adujo asimismo que teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 4º de la ley 226 de 1995 la enajenación de la participación accionaria estatal se hará en condiciones que salvaguarden el patrimonio público.
Nótese que la jurisprudencia constitucional colombiana parte de un triple supuesto que resulta perfectamente aplicable al sub lite: i) La igualdad deviene de la condición del hombre de ser titular de derechos, ii) Es posible la diferencia de trato, siempre y cuando ésta sea proporcional[1], iii) Una de las más claras manifestaciones de la cláusula de igualdad la constituye el artículo constitucional que establece los fines del Estado y en particular la misión de las autoridades (antiguo artículo 16 Superior que servía de encabezamiento al título III de la Constitución de 1886 -derechos civiles y garantías sociales- hoy inciso segundo del artículo 2 C.P.).
En efecto, como lo ha señalado en múltiples oportunidades la Sala los pliegos de condiciones o términos de referencia tienen por objeto prever un conjunto de reglas para definir el procedimiento de selección objetiva del contratista y delimitar el contenido y alcances del negocio jurídico y por lo mismo sus contenidos son de obligatorio cumplimiento tanto para la Administración como para los oferentes y futuros contratista. En otras palabras se busca la acertada escogencia del particular que habrá de colaborar con el logro de los fines estatales y por su puesto la satisfacción del interés general, ínsita a éstos. Por manera que, ha dicho la jurisprudencia, los pliegos juegan, un rol fundamental en la fase previa de formación del contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser el marco regulatorio de todo el procedimiento de selección, o lo que es igual, de la etapa precontractual, comoquiera que definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a los cuales habrá de adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas[2].
De la lectura de este decreto, se desprende el carácter indudablemente de función administrativa de las distintas medidas que corresponde adoptar a diversas instancias gubernamentales dentro del proceso de enajenación de acciones. No sobra resaltar que este decreto, así como su modificación (Decreto 1195 de 2000[3]), no fueron impugnados en este proceso y gozan por lo mismo de presunción de legalidad, por cuya virtud la manifestación de voluntad de la administración se tiene como conforme a derecho, la cual no ha sido desvirtuada ante su juez natural y por lo mismo de obligatorio cumplimiento (art. 66 CCA).(…)»
[1] Esa misma Corte Suprema cuando fungía de juez constitucional había reconocido que “[e]l principio de igualdad ante la ley no es una norma rígida y absoluta que indiscriminadamente pueda aplicarse a todas y cada una de las personas o entidades a las cuales se dirige, sino muy por el contrario, de naturaleza relativa a las múltiples aptitudes de quienes deben contribuir al bienestar común, y a las necesidades que está llamada a satisfacer”: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PLENA, Sentencia de 27 de junio de 1950, M.P. Rodríguez Peña, en G.J. LXVII, p. 374. [2] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 76001-23-31-000-1996-02716-01, Actor: Jairo Martín Vargas Díaz, C.P. María Elena Giraldo Gómez [3] DIARIO OFICIAL No. 44.062 del 29 de junio de 2000
Una entidad estatal puede excluir del reglamento de venta y adjudicación la participación de determinados interesados siempre y cuando:
No se haya impugnado el reglamento en el tiempo indicado.
Haya una diferencia desproporcionada
Se cumpla con los fines del Estado y las autoridades.
PRIMERO.- ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Señor Consejero de Estado Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones anulatorias de lo textos acusados de los adendas Nos. 4 y 10 del reglamento de venta y adjudicación de acciones de Isagen SA ESP relativos a las modificaciones de los numerales 8.5 y 8.9 de la minuta inicial del contrato de compraventa de acciones, los cuales fueron reemplazados por el inciso segundo del numeral 8.3.1, literal b) parcial del numeral 8.3.3 , literal c) del numeral 8.3.5, literales a), b) y c) del numeral 8.3.6 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6 y 8.3.7 de la cláusula octava de la misma minuta, por los cargos formulados.
TERCERO.- INHÍBASE respecto de los demás preceptos que integran los adendos Nos. 4 y 10 del reglamento de venta y adjudicación de acciones de Isagen SA ESP por inepta demanda.
CE SIII E 76001 DE 2006
Ley 226 de 1995 Ley 142 de 1994
Democratización. «(…)El primero de esos principios particulares es la democratización, conforme al cual todas las personas naturales y jurídicas podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. Este principio, a su vez impone, la aplicación de otros principios como el de publicidad y libre concurrencia (arts. 2º Ley 226, 27.2 Ley 142 y 77 Ley 143).(…)»
Ficha: Las condiciones de la oferta en el Reglamento de venta y adjudicación de acciones son vigentes y..
Las condiciones de la oferta en el Reglamento de venta y adjudicación de acciones son vigentes y..

References: artículo 13
 artículo 60
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 2