Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221120.htm
Timestamp: 2019-03-21 06:12:49+00:00

Document:
201205-Sala Civil-1-120
Auto Supremo: 120/2012.
Sucre: 17 de mayo de 2012.
Expediente: CB-22-12-S.
Partes: Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia c/ José Luís Seleme Zubieta.
Proceso: Nulidad.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1763 a 1771 vlta., interpuesto por José Luís Seleme Zubieta, contra el Auto de Vista Nº 2/2012, cursante de fs. 1759 a 1760, emitido el 10 de enero de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato de venta seguido por Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia contra el recurrente; la respuesta de fs. 1777 a 1780 vlta.; la concesión de fs. 1798; los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba 10 de mayo de 2011 pronunció la sentencia cursante de fs. 1584 a 1587, declarando probada la demanda de fs 12, con costas. Consiguientemente dispuso: 1.- la nulidad del documento suscrito por Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia el 15 de marzo de 1993 con José Luís Seleme Zubieta; 2.- la nulidad del Testimonio Nº 18/93 de 23 de marzo de 1993; 3.- la cancelación del registro en Derechos Reales de la inscripción de la transferencia fs. y ptda. 710 del Libro "A" de propiedad de la ciudad (Capital) de 29 de marzo de 1993; 4.- reconoció como únicos y legítimos propietarios del inmueble objeto del litigio a los actores Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia; 5.- la cancelación de cualquier carga que exista en la titularidad de los esposos Tapia - Villarroel.
En apelación deducida contra esa sentencia por la parte demandada, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 10 de enero de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 2/2012, cursante de fs. 1759 a 1760, confirmando la sentencia apelada, con costas.
Contra ese Auto de Vista, el demandado José Luís Seleme Zubieta, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.
La recurrente acusó que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse respecto a todos los motivos de su apelación, al respecto señaló que el Tribunal de alzada no absolvió su impugnación referida a los siguientes aspectos: deficiente aplicación de los arts. 69 del Código de Procedimiento Civil y 1318 del Código Civil; incorrecta aplicación e interpretación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil; errónea valoración de la prueba literal y de las confesiones voluntarias; errónea valoración respecto al pago del precio de la venta; violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil. Señaló que la falta de pronunciamiento precisó respecto a los motivos impugnados en apelación, es contrario a lo previsto por el art. 236 del Código Adjetivo de la materia, aspecto que ameritaría la nulidad del referido Auto de Vista conforme prevé el art. 254-4) del citado Código Adjetivo.
Señaló que conforme el contenido de la demanda, el argumento fáctico de la misma se sintetiza en la falta de pago del precio acordado por el inmueble transferido, sobre cuya base los actores demandaron la nulidad del contrato de venta por falta de objeto, causal prevista por el art. 549-1) del Código Civil, habiéndose constituido en consecuencia así el tema decidendum, como límite de la litis, consiguientemente los Tribunales de instancia al haber declarado probada la demanda de nulidad de contrato por otra causal (art. 549-3 del Código Civil) violaron el principio dispositivo, siendo en consecuencia nulos los fallos de instancia por ser extra petitium.
Manifestó que en un contrato de compra venta, según dispone el art. 639 del Código Civil, si el comprador no paga el precio el vendedor puede pedir la resolución de la venta o el resarcimiento del daño, por tanto la falta de pago del precio habilita la acción de resolución de contrato bajo los alcances del art. 568 del Código Civil, en ese sentido, estando establecido el hecho fáctico que sustenta la demanda por falta de pago del precio, no debió aplicarse ninguna otra disposición (nulidad, anulabilidad, rescisión).
Sostuvo que el art. 549 del Código Civil no establece como causal de nulidad del contrato la falta de pago o el incumplimiento de las obligaciones, consiguientemente si el sustento fáctico de la demanda radica en la falta de pago, el juzgador estaba en la obligación de resolver la causa en aplicación de las normas previstas para el efecto, por lo que acusó la indebida aplicación del art. 549-3), concordante con el art. 452-3) ambos del Código Civil y cuestionó la interpretación realizada por el Tribunal de alzada respecto a la ilicitud de la causa, enfatizando que el incumplimiento de las prestaciones no constituye causa ilícita sino incumplimiento de obligación contractual que por determinación legal determina la resolución del contrato y no la nulidad.
Por otro lado acusó error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba referido a la errónea aplicación de la segunda parte del art. 69 del Código de Procedimiento Civil respecto a la presunción de verdad como efecto de la rebeldía, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Nº 03/07 de 17 de enero de 2007.
Igualmente acusó error de derecho respecto a la aplicación de la presunción contenida en el art. 424 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se habría realizado una correcta apreciación y análisis de la prueba de descargo que acreditaría inobjetablemente el pago del precio acordado por la compraventa del inmueble objeto del litigio.
En ese mismo sentido acusó error de derecho respecto a la valoración de la prueba testifical por parte de los tribunales de instancia, quines no consideraron lo previsto por los arts. 1320 y 1328 del Código Civil, en virtud a los cuales ese medio de prueba no es admitido para acreditar la existencia ni extinción de una obligación cuando el valor de ella excede el límite de las acciones de mínima cuantía.
Finalmente acusó error de hecho en la valoración de la prueba de descargo, respecto a las certificaciones emitidas por el Banco Santa Cruz sobre los pagos efectuados por su persona directamente a las cuentas de Hipólito Tapia, aspecto que habría sido confesado de fs. 160 a 161, 1729 a 1730.
Por las razones expuestas solicitó se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido y en el fondo se declare improbada la demanda.
Que habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde en principio absolver las impugnaciones de forma, toda vez que de ser evidentes daría lugar a la nulidad de obrados, imposibilitando el pronunciamiento de fondo.
Que, establecido lo anterior corresponde precisar que si bien el Tribunal de alzada no individualizó la respuesta de cada agravio formulado por el recurrente en apelación, no obstante de la fundamentación contenida en el Auto de Vista recurrido se evidencia que de manera conjunta el Tribunal de alzada consideró y analizó los agravios deducidos en apelación. En ese sentido descartó cualquier error en la valoración de la prueba realizada por el juez de la causa, y por el contrario, convalidó esa valoración, de igual forma consideró acertada la aplicación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, por otro lado concluyó que, en su criterio, el fallo de primera instancia analizó correctamente los fundamentos de la demanda y en base a ellos la ilicitud de la causa en el contrato motivo de la litis. Si bien es evidente que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a la aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo dicha infracción no reviste trascendencia, toda vez que ni el pronunciamiento de primera instancia ni el de apelación circunscribieron su decisión en la aplicación de esa norma. Consiguientemente este Tribunal establece que el pronunciamiento de alzada observó la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, no siendo evidente la infracción acusada por el recurrente, razón por la cual el fallo recurrido no se encuentra inmerso en la sanción prevista por el art. 254-4) del citado Código Adjetivo.
En el marco del recurso y de la revisión de antecedentes se establece las siguientes conclusiones:
1.- Conforme consta en el Testimonio Nº 181, cursante de fs. 4 a 6 vlta., relativo a la Escritura Pública de transferencia de un bien inmueble, se evidencia que el 15 de marzo de 1993, Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia, suscribieron documento privado referido a un contrato de venta de un inmueble lote de terreno signado con la letra "B" de 1.000 m.² ubicado en la zona de Sarcobamba de la ciudad de Cochabamba, por el precio de Bs. 11.000 a favor de José Luís Seleme Zubieta, habiendo el comprador registrado su derecho propietario bajo la Partida Nº 710, Fojas Nº 710, del Libro Primero "A" de Propiedad del Cercado en 29 de marzo de 1993, como consta del Informe de fs. 910, y que actualmente se encuentra registrado bajo la matrícula Nº 3.01.1.02.0000335 (fs. 911).
2.- Hipólito Tapia Montaño y Teresa Villarroel de Tapia, mediante memorial de demanda de fs. 12 a 13, reconocieron haber suscrito el documento de compraventa del lote de terreno referido en el punto anterior, señalando que el precio acordado era de $us. 20.000 y no de Bs. 11.000, precio que el comprador José Luís Seleme Zubieta se obligó a depositar en una de las dos cuentas del vendedor en el Banco Santa Cruz S.A., valor que sin embargo jamás habría sido depositado, empero maliciosamente el comprador habría procedido a registrar el inmueble a su nombre e incluso obtuvo un préstamo de $us. 16.000 del Banco Santa Cruz S.A. con la garantía hipotecaria del referido inmueble. En base a esos antecedentes los actores demandaron la nulidad de la venta porque no se les habría cancelado "centavo alguno", considerando que fueron engañados y por el contrario el demandado se habría beneficiado con un préstamo de dinero.
Conforme los fundamentos expuestos por la parte demandante se establece que el hecho en el que funda su demanda de nulidad es la falta de pago del precio acordado entre las partes por la venta del inmueble, siendo así, resulta evidente que los Tribunales de instancia al haber declarado probada la demanda de nulidad por la causal prevista en el art. 549-3) del Código Civil, han violado la norma mencionada, toda vez que no tomaron en cuenta que conforme prevé el art. 521 del Código Civil, el contrato de compraventa es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella, aún cuando el precio no se haya pagado y la cosa no haya sido entregada.
En ese marco, si bien la entrega de la cosa vendida y el pago del precio en el término y lugar acordados, constituyen las principales obligaciones del vendedor y del comprador, respectivamente, empero el incumplimiento de esas obligaciones de ninguna manera constituye causal de nulidad del contrato, y en todo caso ese incumplimiento constituye motivo de resolución del contrato, en efecto si el comprador no paga el precio el vendedor puede pedir la resolución de la venta y el resarcimiento del daño, conforme determina expresamente el art. 639 del Código Civil. Lo expuesto nos permite concluir que si el sustento para la nulidad demandada radica en el supuesto incumplimiento del comprador respecto al pago del precio acordado por la venta, resulta evidente que tanto los demandantes como los Tribunales de instancia confundieron los alcances de la nulidad del contrato al pretender aplicar ese instituto a un hecho que de ninguna manera configura causal de nulidad, sino más bien de resolución de contrato.
Corresponde precisar que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.
El incumplimiento de las obligaciones o prestaciones no configura de ninguna manera una causa de nulidad que afecte a la estructura del acto, como erradamente lo entendió el Tribunal de alzada, toda vez que el incumplimiento de la obligación debida es siempre sobreviniente y no simultánea a la celebración del acto.
Establecido lo anterior corresponde señalar que el Tribunal de alzada estableció que la cusa, entendida como el fin mediato, concreto y directo que determina la celebración de un contrato, en uno de compraventa resultaría siendo para el vendedor el dinero que corresponde al precio a recibir por la cosa vendida y que la causa para el comprador resultaría siendo el bien que se compra y que en ese marco el tribunal a quo habría considerado y analizado correctamente la inexistencia e ilicitud de la causa en el contrato de transferencia de 15 de marzo de 1993, toda vez que habiendo sido suscrito el mismo, ninguna de las partes habría cumplido su obligación.
Siendo ese el fundamento del Tribunal de alzada resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el por qué del contrato). En otras palabras para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo.
En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada. De ahí que en el caso que nos ocupa el contrato tiene una causa lícita, cual es el intercambio de una cosa a cambio de un precio y en particular la obtención del precio de la cosa, y la adquisición de la propiedad.
Que, el Tribunal de alzada al haber asimilado el incumplimiento en el pago del precio y en la entrega de la cosa, con la causa del contrato de venta, ciertamente no consideró que el incumplimiento de las prestaciones no conlleva la inexistencia o la ilicitud de la causa, sino que configura causal de resolución.
De igual manera cabe señalar que el juez a quo al asimilar la ilicitud de la causa al hecho de haberse consignado en el contrato un precio menor al realmente acordado por las partes, con fines, dice, de evadir obligaciones impositivas, consideró indebidamente los alcances de la ilicitud de la causa, que como se refirió anteriormente esta orienta al fin económico y social que persigue el contrato de venta -intercambio de una cosa a cambio de un precio-.
Por las razones, expuestas resulta evidentes las infracciones acusadas por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 2/2012, cursante de fs. 1759 a 1760, de 10 de enero de 2012 y deliberando en el fondo declara IMPROBADA en todas sus partes la demanda de nulidad de fs. 12 a 13. Sin responsabilidad por ser excusable el error.

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