Source: https://www.scribd.com/document/157250143/CSJ-78-2006
Timestamp: 2018-12-11 14:59:56+00:00

Document:
Jovel, Ulises - De Los Recursos Administrativos
REGLAMENTO LEY Nº 29230
Capítulo X.doc
3-Texto-Único-Ordenado-de-la-Ley-N°-27444-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-–-Primera-Edición-Oficial (1)
Fa 78-2006 Inconstitucionalidad
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas del día treinta y uno de julio de dos mil nueve. El presente proceso de inconstitucionalidad fue iniciado, de conformidad con el art. 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L. Pr. Cn.), en virtud de certificación remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (SCA, en lo sucesivo) de su sentencia de 30-X-2006, la cual constituye requerimiento para que esta Sala se pronuncie de modo general y obligatorio sobre la constitucionalidad del Acuerdo n° 618 del Ministerio de Economía, de 15-VII-2003, publicado en el Diario Oficial n° 131, tomo 360, correspondiente al 16-VII-2003 (Acuerdo 618/2003, en adelante), por la contradicción advertida a los arts. 2, 86 inc. 1° y 131 ord. 21° Cn. El cuerpo normativo inaplicado prescribe:
Acuerdo n° 618 “1°) Las normas principales que se utilizan comúnmente en la industria petrolera a que se refieren distintas disposiciones del Reglamento para la Aplicación de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo son las siguientes: a) Las Normas de los Laboratorios de Aseguradoras Incorporados (“Underwriters Laboratories, Inc.: UL”): UL-58: Norma para Tanques Subterráneos de Acero para Líquidos Inflamables y Combustibles (“Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids”) y UL-1746: Norma de Seguridad para Sistemas de Protección Contra la Corrosión Externa para Tanques de Acero para Almacenamiento Subterráneo (“Standard for Safety for External Corrosion Protection Systems for Steel Underground Storage Tanks”), para el diseño y fabricación de los tanques, según lo establece l a letra A del art. 10. b) El Código de la Asociación Nacional de Protección al Fuego (“National Fire Protection Association: NFPA”), NFPA-30: Código de Líquidos Inflamables y Combustibles (“Flammable and Combustible Liquids Code”), además la Norma del Instituto Americano del Petróleo (“American Petroleum Institute: API”), APIRP -1615: Instalación de Sistemas de Almacenamiento Subterráneo del Petróleo (“Installation of Underground Petroleum Storage System”) y la Norma del Instituto del Tanque de Acero (“Steel Tank Institute: STI”) STI-F841: Norma para Tanques de Acero de Doble Pared para Almacenamiento Subterráneo (“Standard for Dual Wall Underground Steel Storage Tanks”), para las pruebas de hermeticidad para el tanque y sus tuberías, según la letra B d) del art. 10. c) NFPA-30A: Código de Estación de Servicio Automotriz y Marina (“Auto motive and Marine Service Station Code”), para bombas, tuberías, sus accesorios y otros equipos, según lo establece la letra C del Art. 10.
d) NFPA-70: Código Eléctrico Nacional (“National Electric Code: NEC”), para instalaciones eléctricas según lo prescribe la letra C m) del art. 10. e) NFPA-30: Código antes mencionado y el Código de Regulaciones Federales (“Code of Federal Regulations: CFR”) 40 CFR -260-299, Parte 280, Subpara. G: Fuera de Servicio y Cierre de Sistemas UST [“Out-Of-Service UST (Underground Storage Tanks) Systems and Closure”], para el cierre temporal o permanente/abandono de estaciones de servicio, según lo establece la letra C r) del art. 10. f) APIRP-520 (Parte I): Tamaño, Selección e Instalación de Dispositivos de Alivio de Presión en Refinerías, Parte I-Tamaño y selección (“Sizing, Selection and Installation of Pressure-Relieving Devices; Part I-Sizing and Selection”), para el sistema de alivio de presión de tanques como lo especifica la letra h) del art. 23. g) NFPA-58: Norma para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo (“Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases”), para los espaciamientos de seguridad en gases licuados de petróleo (GLP), según lo establece la letra i) del Art. 23. 2°) Las normas que se utilizarán comúnmente serán las correspondientes a la última edición vigente publicada por API, NFPA, STI, CFR y UL. 3°) El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.”
Han intervenido en el presente proceso, además del tribunal requirente, la Ministra de Economía, el Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República. Analizados los argumentos y considerando: I. En el trámite del presente proceso, los intervinientes expusieron: 1. La SCA fundamentó su declaratoria de inaplicabilidad del Acuerdo 618/2003 en los siguientes términos: A. Según dicho Acuerdo, las “normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera” a que se refiere el Reglamento para la aplicación de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo ( RALERPET) son –entre otras– el Código n° 30 de la Asociación Nacional de Protección al Fuego para las pruebas de hermeticidad del tanque y sus tuberías (NFPA-30) y el Código n° 30-A de la misma asociación, para bombas, tuberías, sus accesorios y otros equipos (NFPA-30A). De la lectura del Acuerdo 618, la SCA observó que: (i) únicamente se enuncian las denominaciones de las “normas principales que se utilizan comúnmente en la industria petrolera”; y (ii) el contenido de las referidas normas será el correspondiente a la última edición vigente publicada por API, NFPA, STI, CFR y UL, siglas correspondientes a los nombres en inglés de las entidades emisoras de aquéllas normas. Estas normas –aclaró– han sido publicadas en idioma inglés por las entidades extranjeras que las emiten, y fue en el proceso correspondiente –a requerimiento de la SCA– que la autoridad demandada proporcionó legalmente traducido al castellano el 2
a través del reglamento mencionado. si lo ha hecho dentro del marco constitucional. incluyendo las que expendan gas para vehículos automotores. 76 del RALERPET: “El Ministerio de Economía emitirá un Acuerdo por me dio del cual se establecerán las normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera que serán aplicables en los artículos referidos del presente Reglamento […]”. distribución y comercialización de los productos de petróleo. Estaciones de Servicio. 1° de la LP: “La construcción. por lo tanto. Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LP): “La presente Ley tiene por objeto regular y vigil ar la importación y exportación. será competencia del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía […]. así como la construcción y funcionamiento de los depósitos y tanques para consumo privado y demás actividades relacionadas”. 5 inc. necesitan ser autorizados por medio de Acuerdo del Ministerio. los fines perseguidos por la ley y los medios que el reglamento establece para lograrlos. Art. 1° de la LP: “La regulación y vigilancia a que se refiere el artículo uno de la presente Ley. Luego citó el contenido de varias disposiciones. 3 . así como la instalación de Tanques para Consumo Privado y las Plantas de envasado de GLP. En virtud de las anteriores observaciones. por cuya importancia también se transcriben aquí en su versión actual (las tres primeras fueron reformadas después de la emisión de la sentencia de la SCA): Art. B. a partir de la relación que existe entre la ley y el reglamento de ejecución. ya que no resulta razonable que el legislador encomiende al reglamento dictar disposiciones contrarias a su contenido. en su caso. lo hace con la finalidad de que éste complemente bajo ciertas directrices su contenido básico. porque dicha traducción no había sido publicada en el Diario Oficial con anterioridad. Art. El funcionamiento de dicha infraestructura. De lo anterior la SCA dedujo que quien crea expresamente la competencia para que el MINEC disponga de su discrecionalidad y determine a través de un acuerdo las normas comúnmente aplicables a tal actividad es el Presidente de la República. 1 de la Ley Reguladora del Depósito. C. 4 inc. En virtud de este punto. pero al mismo tiempo lleva implícita la obligación de que la regulación reglamentaria respete los principios constitucionales. Cuando la ley hace referencia a un reglamento de ejecución –explicó–. remodelación o ampliación de Depósitos de Aprovisionamiento de productos de petróleo. la SCA estimó conveniente analizar si tal funcionario goza de facultad constitucional para crear dicha competencia. Debe existir. será autorizada mediante resolución emitida por la Dirección”. una adecuación entre la Constitución. la SCA consideró oportuno revisar si efectivamente el Ministerio de Economía (MINEC) tiene competencia para dictar dichas normas y. transporte. espíritu y a dichos preceptos. a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas […]”. Art.contenido de las normas NFPA-30 y NFPA-30A. el depósito.
168 ord. Ello significa –dijo– que existe una relación jerárquica-normativa entre la ley y el reglamento. para que éstos. cuando no estuviera reglada en la Constitución o en los reglamentos autónomos derivados del mismo texto constitucional. el art. la cual no es necesario repetir aquí. en virtud del cual la ley le precede y. una atribución puede identificarse como la acción o actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público. a su discrecionalidad. pronunciada en el proceso de Inc. como tal. los poderes. La LP –manifestó– permite que el reglamento de ejecución facilite su aplicación. El Acuerdo 618/2003 fue emitido por el MINEC en virtud de la facultad que le otorgó el Presidente de la República en el RALERPET. 131 ord. es decir. 86 inc. reglamentos autónomos y leyes en sentido formal. le corresponde al Presidente de la República decretar los reglamentos de ejecución que fueren necesarios para facilitar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde. en primer lugar. Luego expuso la jurisprudencia de esta Sala sobre la reserva de ley. porque la articulación que existe entre la ley y el reglamento se hace sobre el principio de jerarquía normativa. Así. en segundo lugar. Por su parte. será una materia reservada a la ley formal. de la anterior jurisprudencia se desprende que en el ordenamiento jurídico salvadoreño las competencias sólo pueden ser atribuidas a los diversos órganos y funcionarios mediante normas constitucionales. No la suple. Según la SCA. determinen mediante acuerdo las normas técnicas nacionales e internacionales que se aplicarán a todos aquellos administrados que se encuentran 4 . atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor”. Éste –insistió– constituye norma secundaria que complementa a la ley en su desarrollo. 14° Cn. 1° Cn. la atribución o competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico.Conforme con el art. De ello coligió que en nuestro ordenamiento jurídico la atribución de competencias. le impone sus límites. D. pero ello no implica que pueda crear potestades a favor de otros funcionarios. –ahondó–. establece expresamente: “Co rresponde a la Asamblea Legislativa: […] Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta Constitución no se hubiese hecho”. el concepto de atribución o competencia puede entenderse como la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal. 21° Cn. mientras que desde un carácter sistemático. Luego transcribió el siguiente pasaje del Considerando V 3 B de la Sentencia de 31VIII-2001. de suerte que al margen de la materia específica asignada no puede desenvolver su actividad. porque existen materias reservadas a la ley y que solamente deben ser reguladas por ésta y. 33-2000: “[…] desde el punto de vista técnico-jurídico y con carácter orgánico. Esto último consideró dicha Sala que se infería del art.
86 inc.– y el principio de legalidad en el ejercicio de tales atribuciones y competencias –art. la SCA declaró la inaplicabilidad del Acuerdo 618 en el proceso correspondiente. Pr. si el objeto de control vulneraba la seguridad jurídica –art..involucrados en la actividad petrolera. se aclaró que los motivos que esta Sala consideraría para enjuiciar la constitucionalidad del Acuerdo 618 serían aquellos aducidos por el tribunal requirente a fin de evidenciar que este cuerpo normativo vulneraba lo establecido en los arts. Así también. 2. 185 y 235 Cn. Era en todo caso el legislador formal –insistió– el llamado a crear tal facultad. de acuerdo con los arts. conforme con el art. 2 y 86 Cn. 1° Cn. la construcción y funcionamiento de los depósitos de aprovisionamiento de productos de petróleo. la reserva de ley en cuanto al establecimiento de atribuciones y competencias –art. Vistos los argumentos sostenidos por el tribunal requirente. Si el legislador lo hubiera considerado pertinente por razones de complejidad técnica –estimó–. 21° Cn. 86 inc. Cn. Cn. – la competencia a favor del MINEC para que éste decidiera a su arbitrio la normativa técnica que también es aplicable a los administrados que se dedican a la actividad petrolera. con carácter constitutivo. de un modo general y obligatorio y. De manera que –siguió– no se desprende de la facultad de desarrollar el texto de la ley –que le concede el constituyente al Presidente en el art. 14° Cn. en su caso. Concretamente. previo cumplimiento de los requisitos técnicos especificados en normas salvadoreñas o internacionales aplicables. en virtud de considerarlo contrario a los arts. de la misma manera hubiera creado expresamente la atribución a favor del mismo funcionario para que determinara mediante acuerdo la normativa técnica internacional aplicable a la actividad cuya regulación y vigilancia le corresponde. Ello –consideró– crearía un clima de completa inseguridad jurídica.–. se anunció que el examen consistiría en dilucidar. y remitió certificación de la sentencia respectiva a esta Sala.–. 5 . Pr. así como le concedió la facultad al MINEC para que autorizara. y afirmó que en el mismo. pues quedaría en manos de cualquier autoridad decidir cuál es la normativa aplicable. la declaratoria de inaplicabilidad reunía los presupuestos mínimos para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad. 2. El Presidente de la República –concluyó– no goza de facultad constitucional ni legal para crear la competencia antes relacionada. 2 Cn. 77-A y 77-C de la L. Por todo lo anterior y con base en los arts. pues a él se encuentra reservada la determinación de las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando la Constitución no lo hubiese realizado. esta Sala en auto de 7-III-2007 dio trámite al presente proceso. 131 ord. con base en la certificación de la SCA. 21° Cn.. 77-F de la L. A.. 1° y 131 ord. 168 ord.
sino desarrollando y complementando lo dispuesto en el art. Consideró que el MINEC era competente para emitir dicho acuerdo. integrando los arts. 7 de la L. Con lo ordenado en el RALERPET. Pr. El MINEC. También relacionó el art. Pr.B. el cual –dijo– establece de una manera general la obligación en que se encuentran los interesados en construir una estación de servicio de cumplir con lo que disponen las normas salvadoreñas e internacionales que les sean aplicables. sino que ya existen internacionalmente. motivo este último por el cual la competencia le venía al Ministerio de la ley. 7 y 77-C de la L.. 37 ord. 8° del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) y en los arts. se tuvo por recibido el requerimiento de la SCA en el cual certifica su sentencia de 30-X-2006. en el sentido de que se emitiera el referido acuerdo –insistió–. por tanto. al ordenar la emisión del Acuerdo 618. en el auto en comento. no se estaba supliendo. se estaba desarrollando o complementando lo dispuesto en el art. 3. el desarrollo del actual proceso de inconstitucionalidad no interfiere con los efectos de la declaratoria de inaplicación –reconocidos expresamente en el art. En dicho auto inicial también se manifestó que este proceso no se convierte. bajo ningún concepto. y se ordenó que el MINEC y el Presidente de la República. en virtud de lo dispuesto en el art. Pr. Es decir –se siguió explicando –. Cn. 6 . Cn. en un recurso o procedimiento de revisión de la inaplicación declarada por la SCA y tampoco conlleva un juzgamiento del proceso contencioso administrativo incoado en dicho tribunal. manifestó que la emisión del Acuerdo 618 había sido constitucional y correcta por las siguientes razones: A.– y el pronunciamiento de esta Sala se verificará con total independencia de las apreciaciones del tribunal requirente acerca de la cuestión contencioso administrativa concreta. 77-D de la L. al rendir el informe que ordena el art. El caso concreto –se dijo– es independiente del presente proceso de inconstitucionalidad y. Cn. Las normas contenidas en ese acuerdo –siguió– no han sido dictadas ni creadas por el MINEC.. en el plazo de diez días hábiles. 5 de la LP. Por los anteriores motivos. y son aplicadas por los sectores dedicados a actividades petroleras. y la obligación de dicho ministerio de exigir su cumplimiento en cada caso concreto. 1 y 4 de la LP. rindieran informe mediante el cual justificaran la constitucionalidad de las disposiciones inaplicadas. los medios impugnativos que pudieran dirigirse en contra de la sentencia dictada por la Sala requirente siguen siendo viables –cumplidos que fueran los presupuestos legales para el efecto –. 5 de la LP. de manera que en el acuerdo sólo se consignaba una lista de las mismas. 5 de la LP. O sea –expresó– que en el RALERPET. B. tomando en cuenta los motivos de inconstitucionalidad delimitados en el mismo auto.
16-95. quienes preparan las propuestas de las normas técnicas. en tanto existe una habilitación tanto constitucional como legal respecto de la competencia conferida al MINEC. se estructura y organiza sus unidades administrativas dependientes. 76–. Cn. y éste consulta a la Organización Mundial del Comercio. además. los cuales no es necesario repetir aquí. 4. 7 de la L. Pr. La potestad organizadora del Órgano Ejecutivo –explicó– es ejercida a través del RIOE como reglamento autónomo.. a través del cual el Órgano Ejecutivo se autoorganiza y. quien. 1°. y de la Sentencia de 16-III-2000. 5 de la LP –señaló– dice que deben respetarse las normas salvadoreñas e internacionales aplicables. 7 . presididos por el Jefe del Departamento de Normalización. y en segundo lugar. esta circunstancia se cumple mediante el art. y aunque ya se estaba trabajando en su elaboración. Luego citó varios pasajes de la Sentencia de 8-IV-2003. pues el segundo desarrolla y complementa a la primera. solicita la aprobación al MINEC. y verificado. son emitidas por medio de acuerdos ejecutivos. Inc. En nuestro país –reseñó–. cuerpos normativos que son los instrumentos que coadyuvan a que dicho órgano cumpla con sus funciones constitucionalmente prescritas. se emite el acuerdo del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía y se manda a publicar en el Diario Oficial. Después –expuso– se someten a consulta nacional e internacional. entre otras: en primer lugar. D. El art. su emisión – como se ha explicado – llevaría un largo proceso. previo el sometimiento a un largo proceso. para lo cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) constituye Comités Técnicos de Trabajo. evacuando el informe establecido en el art. consideró que la SCA había errado al inaplicar el Acuerdo 618. 22-99. C. 150– y el RIOE – art. y en el RALERPET se nominan algunas de ellas –como las consignadas en su art. Para el caso de nuestra Constitución –afirmó –. Metrología y Certificación de Calidad. El Presidente de la República. tanto las normas salvadoreñas recomendadas como las normas salvadoreñas obligatorias que se aplican. a manera de garantizar la integridad de las personas. 167 ord.Entre la LP y su reglamento existe una relación jerárquica –explicó–. hasta ser aprobadas por CONACYT. 1°–. Es decir –expresó– que dicho cuerpo normativo es el previsto por la Constitución para desarrollar todas las disposiciones concernientes a la organización de ese órgano fundamental. Inc. potestad que ha sido otorgada por la misma Constitución –art. el cual concede al Consejo de Ministros –como ente colegiado dentro del Órgano Ejecutivo – la atribución de decretar el RIOE. 167 ord. en esa fecha CONACYT no había adoptado la norma del petróleo. la urgente necesidad de que las estaciones de servicio que se construyeran cumplieran todos los requerimientos de seguridad. 68– y se ordena la emisión posterior de un acuerdo para aplicar otras –como dice el art. esto es. Las razones para haber emitido el Acuerdo 618/2003 –señaló– fueron. a su vez. que no depende de una ley previa.
en vista de que el RIOE confiere al MINEC la potestad de “regular y vigilar el depósito. que han sido inaplicadas por la SCA. debe entenderse que lo realiza con base en el artículo precitado y dentro del marco constitucional. por lo cual no se repetirán. transporte y distribución de los productos de petróleo” (art. 86 incs. La función de normar en el Estado – insistió– es tarea del órgano legislativo. 86 inc. de lo que “prohíben” los arts. para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones. al otorgar ese cuerpo normativo competencia al MINEC para establecer las “normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera”. además de crear y distribuir competencias a su interior. 5. 1° Cn. y distribución de sus respectivas competencias internas. evacuando el traslado que prevé el art. transporte y distribución de los productos de petróleo. 1° y 3° Cn. además del principio de separación e independencia de órganos –arts. Por tanto –siguió–. pues es normativa que deriva directamente de la Constitución. De lo establecido en el art. 167 ord. de una organización interna.. La actuación de dicho órgano –siguió–. ya que existe una habilitación tanto constitucional como legal respecto de la competencia conferida al MINEC. la cual sólo puede ser configurada por normas jurídicas. Pr. opinó que se erró al inaplicar el Acuerdo 618. y confiere al MINEC la potestad de regular y vigilar el depósito. en orden a cumplir los fines de creación y modificación de sus unidades administrativas dependientes. El RIOE –aseveró– es el instrumento que. 1° y 87 inc. “otorga” al Órgano Ejecutivo la potestad de organizarse y establece dependencias. La potestad organizadora –explicó– consiste en el conjunto de facultades que dicho órgano ostenta para estructurar su composición interna. dentro del ámbito de atribuciones y competencias que las leyes y la Constitución le establecen. debe realizarse sin intromisiones de otros órganos del gobierno o entes públicos. En consecuencia –concluyó –. por la independencia del Órgano Ejecutivo y la mejor eficiencia de su organización interna. sin embargo. por disposición constitucional. 8 . 3°–. 9°). 1° y 159 inc. En este punto hizo idénticas consideraciones que el MINEC. Cn. El Fiscal General de la República. debe articularla por sí mismo. El Ejecutivo –expuso– necesita. 37 ord. –expresó– se desprende que el Órgano Ejecutivo –como órgano fundamental del gobierno – posee una cualidad que le habilita para ejercer el poder público de forma independiente de otros órganos que también lo ejercen. Es así –afirmó– que el RIOE tiene rango de ley. asignación de los medios personales y reales que las mismas requieran para el cumplimiento de sus funciones.La inaplicabilidad de las disposiciones que han sido cuestionadas por la SCA “no existe” –consideró–. entre tales unidades. 8 de la L. La base constitucional de tal potestad organizadora –afirmó– deriva. no existe la inconstitucionalidad de las normas citadas. por lo que se podría decir que es este órgano el que debe proveer al ejecutivo de las normas que engranen su estructura. haciendo uso de las potestades que la Constitución le confiere.
acarreando la inoperancia de la norma. reformar. y. de conformidad con el art. lo realiza basado en el RIOE. esta Sala. 86 Cn. En el caso de la reserva relativa de ley –apuntó–. y siempre dentro del marco que la Constitución establece. de no considerarse así. conforme al art. La Asamblea Legislativa manifestó que ella. que deben cumplir con “todos los aspectos técnicos relacionados con la normativa de calidad y seguridad establecida en las normas salvadoreñas o normas internacionales aplicables”–. La soberanía –expuso– es una sola. 131 ord. En auto de 5-III-2008. para que tal instancia del gobierno pueda cumplir con su mandato –regular. relacionado con el 1 de la LP. A. o sea. 121 Cn. interpretar y derogar las leyes.. es indispensable que emita. 6. por lo cual solicitó que se “declare la constitucionalidad” del acuerdo ministerial en referencia. extendió dicho control a las normas remitentes –los art. para un análisis completo. Concluyó que la norma secundaria sí habilita al Órgano Ejecutivo para emitir las normas declaradas inaplicables por la SCA. así como la construcción y funcionamiento de los depósitos y tanques para consumo privado” (art. al establecer la LP que su objeto es “regular y vigilar el depósito […] de los productos del petróleo. Cn. y es a ella a quien compete o corresponde lo establecido en el art.. por lo que se afirma que tiene rango de ley. En consecuencia –arguyó–. 4. 5° Cn. en el caso que nos ocupa. 4. elegidos en la forma prescrita por la Constitución.El RIOE –prosiguió– deriva directamente de la Constitución. Pr. “dichos artículos” no vulneran lo establecido en el art. 9 de la L. entre otras cosas. relacionado con el 1 de la LP y 76 del RALERPET–. razón por la cual le corresponde a dicho órgano “la exclusividad de reserva de ley”. y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. Por otra parte –siguió–. a través de los 9 . su principal función es la de legislar. solicitó informe a la Asamblea Legislativa y opinión al Fiscal General de la República sobre la constitucionalidad del art. teniendo en cuenta que el thema decidendum era una violación a una reserva de ley y sólo se había sometido a control de constitucionalidad la norma remitida –el Acuerdo 618–. crear. 1). 4) –la que. es un cuerpo colegiado compuesto de diputados. en vista de que “el poder público que emana del pueblo es la soberanía” (sic). como complemento de la ley –tal como lo hace y reconoce el reglamento respectivo – las normas que debe cumplir la industria petrolera. es el legislador el que habilita la potestad normativa de otros órganos del Estado y.. al conceder el RALERPET competencia al MINEC para dictar las normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera. toda esta regulación carecería de sentido. y asignarle al Órgano Ejecutivo mediante el MINEC el ejercicio de tal competencia (art. claramente permite inferir que. vigilar y autorizar–. pues. comprende la autorización por dicho ministerio mediante acuerdo o resolución de la construcción y funcionamiento de los depósitos de aprovisionamiento. pero cada órgano del Estado.
a criterio de la Asamblea Legislativa. el órgano legislativo. el Presidente no le ha quitado atribución a la Asamblea Legislativa. Concluyó solicitando que en sentencia se declare que no existe la inconstitucionalidad de los arts. de acuerdo con la Sentencia de 31-VIII-2001. de conformidad con el art. tal como lo ha realizado. depósito. le da al MINEC atribuciones y competencias porque la Constitución no lo ha hecho. 10 . Dos o más órganos del gobierno –continuó– no pueden tener una misma atribución. que exista habilitación normativa en el sentido de poder delegar cierta atribución. la ejerce de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes le mandan y le permiten hacer. de conformidad con los arts. dan certeza de las atribuciones y competencias del MINEC. el Fiscal General de la República hizo referencias doctrinarias y jurisprudenciales sobre la reserva de ley –que no es pertinente transcribir–. 121 y 131 ords. Si el Presidente – ejemplificó– sanciona y manda a publicar una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa. Asimismo –prosiguió–. el cual será el de regular y vigilar la importación y exportación. lo que sí puede pasar es que distintos órganos –cada cual ejerciendo sus propias atribuciones– colaboren o se coordinen para lograr un objetivo. 168 ord. y para darle cumplimiento a ese mandato. 14° Cn. En los arts. no existen las violaciones señaladas. deben cumplirse por lo menos los siguientes requisitos: “primero. Al analizar los puntos citados y relacionarlos con el caso en discusión –argumentó–. tercero.. el MINEC deberá auxiliarse de la emisión de reglamentos o acuerdos..funcionarios públicos. Por otra parte –indicó–. Por su parte. 1 y 4 de la LP –argumentó–. Considerando V 3 B. En este caso –razonó–. 1 y 4 de la LP no representan ningún peligro o amenaza para la seguridad jurídica. Se refirió a la delegación de funciones. 33-2000. segundo. ha colaborado para que nazca una ley. está cumpliendo con la atribución que tiene de sancionar y publicar aquellas leyes que él considere “buenas” para la nación. para cuya concreción. podemos establecer que el legislar no ha transgredido el “principio de reserva de ley o de delegación de funciones”. al contrario. Inc. B. 5° y 21° Cn. que se trate únicamente de atribuciones o funciones que no sean esenciales a ese órgano –institucional o personal–. los arts. son atribuciones y obligaciones del Presidente decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde. transporte y comercialización de productos de petróleo. quien a su vez se entiende conserva el ejercicio directo de esa atribución”. al contrario. Por ello. que exista norma jurídica en la cual se establezca la atribución a determinado órgano o ente estatal. 1 y 4 de la LP. puesto que limita de una forma clara el marco de actuación del Órgano Ejecutivo.
28 del RIOE establece que “[p]ara la gestión de los negocios públicos habrá las siguientes Secretarías de Estado o Ministerios: […] 5) Ministerio de Economía”. 16-95. estableciendo –según sus necesidades– la estructura de sus unidades administrativas dependientes. así como de la construcción y funcionamiento de los depósitos y tanques para consumo privado y demás actividades relacionadas. tenemos las políticas de salud.–. Esta creación de Secretarías de Estado –expuso– encuentra su asidero en la misma Constitución. el art. Al desarrollarse las facultades de cada una de estas Secretarías – indicó–. 162 Cn. es decir. 11 . y transcribió la definición de la misma hecha por esta Sala en la Sentencia de 16-V-2000. pues lo que ha hecho es armonizar toda la normativa existente. transporte y distribución de los productos de petróleo”. 3° Cn. Dicha conformación –precisó– está confiada al Presidente de la República. En tal sentido –amplió–. Así – ejemplificó–. el Órgano Judicial se encarga de juzgar y velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales dentro de un proceso judicial. se requiere la organización de todo su “aparataje”. En este orden de ideas –arguyó–. el legislador. tal como lo establece el art. El fundamento constitucional de tal potestad organizadora –acotó– deriva. sin violentar el “principio de reserva de ley o de delegación de funciones”. encontramos que el art. 9° del RIOE establece como una de las competencias del MINEC la de “regular y vigilar el depósito. 86 inc. Dichas disposiciones –explicó– facultan al Órgano Ejecutivo a autoorganizarse. encontramos que las del órgano legislativo es la de legislar. Por otra parte –expresó–. además.Por otra parte –siguió–. en lo que doctrinariamente se denomina “potestad organizadora” . depósito. Citó el art. al facultar al MINEC.. Por último –expuso–. al recordar “de una manera simplista” las funciones características de cada uno de los “órganos del gobierno ”. 37 ord. La política estatal –prosiguió– implica una serie de ámbitos de aplicación. de educación. el Órgano Ejecutivo se encarga de la dirección política del país. Siendo tan amplio el ámbito de acción del Órgano Ejecutivo –razonó–. Inc. y dijo que es este “conglomerado”. Para ello –apuntó– se crean diversas Secretarías. de exterior y económica. ha buscado una mejora en la organización y dinámica de la administración pública. quien administra el curso político del Estado. a fin de atender de manera especializada cada una de las áreas de la política estatal. bajo la dirección del Presidente. del principio de separación e independencia de órganos –arts. 1° y 87 inc. relativo a la composición del Órgano Ejecutivo. 150 Cn. como ente competente para la regulación y vigilancia de la importación y exportación. transporte. crear normas que regulen el comportamiento de los individuos que conforman la nación o se desenvuelven dentro del territorio nacional. distribución y comercialización de los productos de petróleo.
1° Cn. tomando en consideración. 86 inc. Cuando se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por vicios en su forma y su contenido. y aclarando. No obstante. relacionado con el 1 de la LP. 1° y 131 ord. Se concluirá esta primera parte señalando el iter lógico que seguirá esta Sala para fundamentar su fallo (2). tendría sentido entrar a enjuiciar si la norma es inconstitucional por vicio en su contenido. 1° y 131 ord. este Tribunal primero examinará las supuestas vulneraciones del Acuerdo 618 y de los arts. el objeto del proceso quedó circunscrito a determinar si el Acuerdo 618/2003. se pasará a sistematizar los motivos de inconstitucionalidad sobre los que habrá de emitirse sentencia de fondo. 86 inc. 4. 1°. por lo cual. encontrándose ya el proceso en estado de dictar sentencia. De acuerdo con el auto de 7-III-2007. vulnera los arts. a su vez. al mismo tiempo. 21° Cn. 21° Cn. relacionado con el 1 de la LP. –seguridad jurídica–. 1 y 4 de la LP no violentan los arts. sólo si se desestimara la inconstitucionalidad por vicio de forma. el orden en el que deberán analizarse dichos motivos. A. 1. 1° Cn. se pasará a enjuiciar las supuestas infracciones al art. es indispensable efectuar por separado el análisis de los mismos. 76 del RALERPET–. 2 inc. y solicitó a esta Sala que en sentencia definitiva así lo declare.Concluyó que los arts. era norma remitida respecto del art. tanto el auto inicial como el auto “para mejor proveer” de 5-III-2008 (1 A). debiendo comenzarse por el estudio de los primeros. Luego se harán unas breves acotaciones sobre el objeto de control en un proceso de inconstitucionalidad en virtud de una inaplicación (1 C). por tratarse de un problema de reserva de ley. esta Sala advirtió que. relacionado con el 1 de la LP. pues en virtud de aquella violación la pretensión de inconstitucionalidad ya es estimable. Habiéndose expuesto los argumentos del tribunal requirente. 76 del RALERPET y 4.. teniendo en cuenta que simultáneamente se han alegado vicios de forma y de contenido (1 B). es inútil pasar al análisis de los vicios de contenido. el objeto de control se extendió a los arts. del Presidente de la República y de la Asamblea Legislativa en cuanto a la constitucionalidad de las disposiciones inaplicadas. siempre por las supuestas violaciones a los arts.. 2 y 86 Cn. 12 . –reserva de ley en la creación de competencias–. 2 inc. 86 inc. Por consiguiente. 76 del RALERPET y 4. las justificaciones de la Ministra de Economía. II. B. el vicio de inconstitucionalidad alegado podía radicar tanto en la norma remitida –el Acuerdo 618– como en la norma remitente –el art. y sólo si todas éstas se desestimaran. a los arts. 1° Cn. –principio de legalidad– y 131 ord. Ello porque en caso de establecerse que existe violación a las disposiciones constitucionales que rigen los modos de producción de la norma impugnada. al haber sido emitido por el MINEC con base en una competencia conferida en un reglamento de ejecución –el art. 2 inc. 76 del RALERPET– y no en una ley formal. 21° Cn. así como la opinión del Fiscal General de la República sobre tales argumentos y justificaciones. el cual. Contrario sensu.
77-C de la L. en el sentido de que sólo pueden hacer aquello que la ley les permite. en la cual inaplicó el Acuerdo 618. expresa: (i) el cuerpo normativo objeto de control de constitucionalidad –el Acuerdo 618–. el vocablo “ley” utilizado en la dispo sición constitucional comentada no hace referencia sólo a la legalidad ordinaria. 2. 8 Cn. 1° y 131 ord.C. En virtud de lo anterior. relacionándola con las potestades normativas de la administración (III). la legalidad no es sólo sujeción a la ley. que se justifican en la idea del constitucionalismo contemporáneo de que el poder no debe estar concentrado en una sola mano. con lo que se quiere aludir a la norma constitucional –explícita o implícita– que ordena que ciertos aspectos sean regulados vía ley parlamentaria. a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos. Una vez fijado este marco teórico. puede hablarse.–. En estrecha vinculación con lo anterior. en virtud del derecho general de libertad –art. 3. se pasará a aplicar sus distintos componentes al caso concreto (V). conforme al art. El principio de legalidad. sino también. en general. 2. 2 inc. Por ello. es decir que supone respeto al orden jurídico en su totalidad. para los órganos estatales y entes públicos –al actuar por medio de los funcionarios públicos–. de la siguiente manera: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresament e les da la ley”. a partir de la cual aparecen las primeras teorías sobre la “división de poderes” y los “frenos y contrapesos”. y (iii) las razones que fundamentan la declaratoria de inaplicabilidad. tal como quedaron delimitados arriba. 1°. 3° Cn. Esta sentencia. sino que se extiende al sistema normativo como unidad. 86 inc. a la Constitución. Ahora bien.–. pues pueden hacer todo lo que no está prohibido. supone una “vinculación positiva”. 27-99). Para decidir en el fondo los motivos de inconstitucionalidad. de “zonas de reserva” de los órganos del Estado. se seguirá este orden lógico: se comenzará sentando algunas premisas sobre el principio de legalidad y la reserva de ley.. para quienes la ley. preferentemente. 1. 21° Cn. Estas teorías básicamente establecen la idea rectora de que el ejercicio dividido del poder constituye un mecanismo de control y limitación del mismo. lo que comprende a la Constitución. se concluirá exponiendo algunos aspectos sobre la seguridad jurídica (IV). Cn. para referirse al principio en cuestión. Inc. III. en función del respeto a los derechos de los individuos por parte del Estado (Sentencia de 6-IX-2001. para finalmente dictar el fallo que constitucionalmente corresponda. implica una “vinculación negativa”. El principio de legalidad está formulado en el art. Pero en nuestro Derecho Constitucional resulta más propio hablar de 13 . Pr. El presente proceso de inconstitucionalidad inició en virtud de certificación de la SCA de su sentencia de 30-X-2006. A veces se habla de “principio de reserva de ley”. esta Sala prefiere denominarle “principio de juridicidad”. (ii) el parámetro de control –los arts. 86 inc.
Por el contrario. no puede ignorarse que ciertos ámbitos. A. el Derecho Administrativo Sancionador. y tenerse en cuenta tanto la regulación histórica de la materia como las coincidencias doctrinales. la libertad. básicamente. y alcanzando aspectos relacionados. toda “limitación” a los derechos fundamentales (Sentencia de 15-III-2002. el mantenimiento de la paz y la seguridad. que. sin necesidad –en el caso de los entes distintos del legislador– de habilitación legal. deben hacerse las siguientes precisiones: a. por una parte. 30-96). que hay un campo normativo en la autoorganización de los órganos y entes constitucionales. La reserva de ley se mueve en diferentes ámbitos. en general. El siguiente punto a explicar es la manera como se interrelacionan las distintas fuentes del Derecho en la regulación de las materias no reservadas a la ley formal. por su naturaleza e importancia. De lo anterior se deduce fácilmente que en las materias no reservadas todos los entes con potestad normativa reconocida por la Constitución pueden reglamentar el núcleo básico de dichas materias. no una. La reserva de ley –cuando es de tipo relativo – obliga al legislador a regular los aspectos centrales de la materia. deben quedar en manos del órgano que mejor garantiza los principios antes referidos. para lo cual deberá interpretar el precepto correspondiente en conexión con los valores y principios básicos de la Constitución. y. Es decir. se descubre que en la Constitución están implícitas. con el patrimonio. no puede ser objeto de regulación por parte de la ley formal. Corresponderá a esta Sala dilucidar. tras un estudio detenido. 14 . formando un conjunto heterogéneo. la seguridad y la defensa. 4. Ejemplos de materias reservadas son: los impuestos y la expropiación. por otra parte. B. sino que varias materias reservadas al Órgano Legislativo. la tipificación de las conductas delictivas y las penas. Inc. aunque el Constituyente en muchas ocasiones no mencione expresa e inequívocamente que un determinado ámbito de la realidad entra en la zona de reserva del órgano legislativo. En primer lugar. cuáles materias están sometidas a reserva legal. la configuración esencial del proceso jurisdiccional. no existe una disposición constitucional que expresamente prescriba que determinadas materias sean normadas con exclusividad por el legislador y. Aunque en relación con la anterior regla. caso por caso. permitiendo a otros entes con potestad normativa colaborar en la regulación de aspectos complementarios. puesto que.“reservas de ley”. a menos que la Constitución disponga lo contrario. estando limitada únicamente por la Constitución. toda la regulación que afecta a la organización interna de dichos órganos y entes –así como a las relaciones de sujeción especial que ella conlleva– está reservada a los mismos.
también puede ocuparse de aquéllas. tienen efectos ad extra. no puede ejercer potestades normativas sin la existencia de un marco legal previo. como se deduce de su interpretación gramatical y sistemática. 125 Cn. por ser la expresión de la voluntad popular –art. Con la expresión “reglamento” no sólo se puede hacer referencia a los cuerpos normativos que regulan la organización interna de órganos y entes creados directa o indirectamente por la Constitución. B. el Presidente de la República. 15 . del Presidente de la República (art. por ejemplo. no estamos en puridad ante materias no reservadas. pues la ley formal sólo puede ser modificada por otra disposición del mismo rango. sino que nos encontramos frente a materias reservadas. A. Por otro lado. Consecuentemente. si no existe una ley formal previa que regule la materia. por ello.En este caso. lo cual tendría como consecuencia que otras fuentes de Derecho inferiores ya no podrían hacerlo. 168 ord. a diferencia de los reglamentos de organización –que únicamente tienen efectos ad intra de los órganos que los emiten–. tratado). sólo puede ejercerse conforme a la ley (secundum legem). En el caso de las materias no reservadas a ningún órgano. ésta tiene un significado más amplio . a tal punto que la potestad reglamentaria se identifica con los mismos. lo único que se está diciendo es que la existencia previa de un marco legal que llame a la colaboración del reglamento constituye un presupuesto ineludible para el ejercicio de las potestades normativas del Presidente. como se desprende de lo dispuesto en el art. 14° Cn. nunca fuera de ella (praeter legem). b. Estos reglamentos.– y ocupar. 168 ord. 168 ord. sino que a otros órganos u entes de rango constitucional. abarcando las más diversas materias. sino también se puede hacer referencia a cualquier cuerpo normativo que tenga por objeto desarrollar otro cuerpo normativo de superior jerarquía (ley formal. es decir. 14° Cn.)–. ley formal. La potestad reglamentaria que emana del art.. la ley formal. 14° Cn. Así. incidiendo en los derechos de los ciudadanos. lo anterior no implica necesariamente que todas las materias a desarrollar por el Presidente estén reservadas a la ley formal. pero no al legislador. Cuando se habla de este tipo de reglamentos generalmente se piensa en aquellos que emanan de la administración –en nuestro caso. el Presidente de la República está imposibilitado de ejercer la potestad normativa que le confiere el art. En todo caso. 14° Cn. Aunque tradicionalmente los productos normativos de la administración se identifican con la denominación “reglamentos”. una posición de primacía dentro del sistema de fuentes. 168 ord. salvo en materia autoorganizativa. debe señalarse que la regla general de que las materias no reservadas pueden ser reguladas sin necesidad de habilitación legal tiene sus excepciones. 5. c. A ello en el Derecho Administrativo se le denomina “congelación de rango” o “auto-reserva de ley”.
IV. Y es que. pero sí que es indispensable una determinación de los aspectos básicos que garanticen la posición subjetiva del individuo y de las atribuciones de los entes públicos. sí requiere la búsqueda de un equilibrio adecuado entre las necesidades de cambio social – y los empujes de la realidad normada hacia el derecho – y la exigencia de generar la imprescindible certeza respecto de la actuación de las instituciones públicas. desde esta seguridad del individuo en relación con sus situaciones y expectativa legítimas. se manifiesta en los más diversos campos y respecto de todos los órganos del Estado. esta concreción en el principio de seguridad jurídica se desenvuelve precisamente en el campo de la actuación pública y la estabilidad de sus instituciones y su finalidad no es otra que la de erigirse como parámetro de actuación en el proceso decisional de los entes estatales. pues no solo se reduce las exigencias de certeza. constituyen las exigencias que la Constitución proclama al referirse a la seguridad jurídica como valor objetivo y fundamental. 1. pues pretende asegurar una cierta estabilidad en la actuación del poder público. porque ello implicaría reducir el ámbito de eficacia de dicho 16 . 2. Es decir. Si bien es cierto. sino que también. se requiere también de la coherencia en el ejercicio del poder y de la estabilidad de la adopción de decisiones estatales. En efecto. la seguridad jurídica. la seguridad jurídica no ampara la aspiración de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se establece en un momento histórico dado. en el entendido que resultaría inconstitucional la inesperada y arbitraria infracción al marco competencial de los órganos del poder público. en cuanto definidora de un status de certeza en el individuo en sus relaciones con el poder público. en relación con las legítimas expectativas de los ciudadanos y la sociedad en el mantenimiento y permanencia de lo ya realizado o declarado. Establecido lo anterior. No se quiere decir con ello que lo adecuado sea la petrificación del ordenamiento jurídico o detener el necesario cambio social y económico. En efecto. a fin de poder prever las distintas operaciones o evoluciones de las situaciones jurídicas que se desarrollan a través del reparto de competencias y atribuciones. es posible concluir que la certeza.se proyecta con mayor intensidad en el ámbito de la actividad estatal y en el ámbito normativo. Desde este punto de vista. lo que resulta una consecuencia lógica y necesaria de su carácter de valor estructurador del ordenamiento. precisión y publicación de la ley. no se trata en este punto de vincular a la seguridad jurídica únicamente con derechos consolidados. a los elementos que forman parte de la constitución o de la extinción de una situación jurídica en vías de extinguirse. corresponde ahora entrar al tema de la seguridad jurídica para poder encaminar este pronunciamiento a una decisión de fondo. La seguridad jurídica -sin duda. respecto de los derechos de los individuos y la actuación de las instituciones jurídico-públicas.
194 II Cn. 131 ord.).se configuran conforme a una rigurosa delimitación y regulación normativa que ordena el entramado de instituciones estatales conforme a determinados fines públicos relacionados con la competencia.). Sin embargo. en una estructuración normativa del poder público –garantizada por el principio de legalidad– que debe a su vez estar informada por la certeza y la claridad normativa sobre los sentidos en que dicho reparto competencial desembocará. desde una perspectiva formal. 182 Cn.. El análisis quedaría. 76 del RLP o el Acuerdo 618/2003 incurren en algún exceso respecto de la cláusula de la remisión fijada en el art. entonces. 1.). sino que debe afirmarse que la seguridad también jurídica extiende sus ámbitos de incidencia objetiva en la estructuración del marco competencial del poder y se manifiesta. hay un conjunto de órganos del Estado a los que la misma Constitución les detalla sus competencias –ejercidas en forma unipersonal o colegiada–. el Fiscal General de la República (art. el Consejo de Ministros (art.). 131 Cn.). V. 17 . el Presidente de la República (art. las imputaciones jurídicas que habilitan el desempeño de ciertas actividades estatales -la competencia. 4. Es así que la Constitución coordina a la Administración Pública como un conjunto orgánico y sistemático de atribuciones y competencias que sirven a los intereses generales mediante la sujeción al principio de legalidad y de razonabilidad de la actuación pública. 193 Cn.) y la Corte de Cuentas de la República (art. siendo indispensable en cada el respeto al principio de legalidad -que rige la actuación de todo el aparato estataly el de regularidad jurídica -que implica la adecuada conexión de validez entre una fuente inferior con otra que le da sustento-. Dentro de esa estructura orgánica. 4. el Procurador General de la República (art. Habiendo expuesto las anteriores premisas. y la necesaria distribución equilibrada de atribuciones y competencias es un aspecto íntimamente relacionado con la misma ordenación de fuentes. La estructuración del Estado en la diversidad de entes públicos que llevan a cabo sus funciones. en ese sentido. 167 Cn. el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (art.). 194 I Cn.). se cumpliría con la mera existencia del art. relacionado con el 1 de la LP. circunscrito a verificar si el art. En efecto. 21° Cn. se pasará ahora a examinar el caso concreto en estudio.valor a la prohibición de retroactividad. Según la interpretación que la SCA hace del art. es preciso ahondar un poco sobre las implicaciones que dicha disposición constitucional presenta al caso que nos ocupa. la atribución de competencias sólo puede hacerla el Órgano Legislativo (si no lo ha hecho previamente la Constitución). Como ejemplos de ello podemos mencionar: la Asamblea Legislativa (art. relacionado con el 1 de la LP. A. la Corte Suprema de Justicia (art. 195 Cn. exigencia que. 168 Cn.
para que las funciones públicas legalmente creadas puedan desarrollarse eficazmente. En resumen. En estos casos. 1° Cn. hay que tener en cuenta que la misma estructura orgánica 18 . es decir que sólo obliga al Legislativo a regular los aspectos centrales de la materia. Partiendo de lo anterior. 61 Cn. permitiendo la colaboración de otros órganos o entes con potestad normativa reconocida por la Constitución en la reglamentación de aspectos complementarios de dicha materia. 211-217 Cn. que implicaría la esfera de autonomía del ente estatal ya creado. el Consejo Nacional de la Judicatura (art. se tiene que. En efecto.). Así tenemos que el Art. el Consejo Superior de Salud Pública (art. irá incluido lo relativo a las atribuciones específicas de dichas entidades.Hay otros casos en los que la Constitución describe genéricamente el ámbito competencial de un órgano. 187 Cn. la Policía Nacional Civil (art.) y la Fuerza Armada (art. entidad o funcionario. necesariamente la organización interna de cada ente de la Administración Pública incluye la posibilidad de distribuir las competencias complementarias de un ente estatal a sus funcionarios u órganos internos. por lo tanto únicamente por ley se podrán determinar las atribuciones y competencias de los entes públicos. 68 Cn. 159 Cn. debe aclararse que la reserva de ley aludida es relativa.).).. con el único límite de la Constitución. 159 y 167 ord. Ahora bien.no aplica cuando la Constitución reconoce a ciertos órganos estatales el derecho a autoorganizarse con independencia de los demás órganos. 208-210 Cn. cuando la Constitución no lo haya realizado. es una materia -si bien relacionadadistinta de la potestad de organización interna. para organizar y estructurar su composición y funcionamiento interno. C.). como regla general. B.). pronunciada en el proceso de Inconstitucionalidad 344-2003-. Es clara la reserva de ley en esta materia. es materia reservada a la ley en sentido formal la creación y delimitación de la competencia de los entes públicos. dentro de lo cual. 131 de la Constitución en el ordinal 21° le atribuye a la Asamblea Legislativa: "Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta constitución no se hubiese hecho". no pudiéndose determinar en un reglamento que es de rango inferior al de las normas legislativas -Sentencia de 26-II-2004. evidentemente. hay que reconocer también que la creación de entes estatales y la configuración de sus atribuciones y competencias. la reserva de ley referida -en la creación de entes y competencias estatales. por ejemplo. el Tribunal Supremo Electoral (arts. Para el caso de la potestad organizadora reconocida al Órgano Ejecutivo en los arts. Es el caso. En estos supuestos de deja en manos del legislador el desarrollo de la materia. sin hacer una lista pormenorizada de sus distintas manifestaciones. de: la Universidad de El Salvador (art.
Lo mismo sucede con la potestad de dictar reglamentos normativos –con efectos ad extra del Órgano Ejecutivo–. dotación o asignación de los medios personales y reales que las mismas requieran para el cumplimiento de sus funciones. acuerdos. la cual consiste en el conjunto de facultades que dicho órgano ostenta para estructurar su composición interna. Siendo que. No obstante. etc.–. sino que cabe la emisión de reglamentos de organización de otros funcionarios –v. quienes limitadamente dentro de su estricto ámbito de competencia y en mayor nivel de concreción al de los reglamentos ejecutivos –casi aplicativo–. y distribución de las respectivas competencias internas –que por la Constitución y las leyes hayan sido conferidas al Ejecutivo – entre tales unidades -sentencia de 16-V-2000. la función normadora en el Estado es tarea del Órgano Legislativo. si la independencia del Órgano Ejecutivo ha de ser efectiva. el Ejecutivo requiere de una organización interna.constitucionalmente prevista vuelve necesario que la delimitación de su ámbito competencial es materia reservada a este órgano del Estado. se podría concluir que es este órgano quien debe proveer a aquél de las normas que articulen su estructura organizativa. 7-91. 168 ord. Ya la jurisprudencia constitucional ha sostenido que. Dentro de tales se puede entender comprendida la llamada potestad organizadora.–. pronunciada en el proceso de Inconstitucionalidad 16-95-. En efecto. en la cual sostuvo que del contenido de la Constitución se deriva “el principio de acuerdo al cual. en principio. para el cumplimiento de sus funciones. haciendo uso de las potestades que la misma Constitución le confiere expresa o implícitamente. a través de la emisión de decretos. dictada en el proceso de Inc. Sin embargo. 19 .. precisamente para conservar su independencia y evitar la injerencia de otros órganos”. de los Ministros. la potestad reglamentaria sobre la materia que se administra está implícita en el órgano al que compete la ejecución o aplicación de la ley. por la complejidad de la estructura del Órgano Ejecutivo y la diversidad de funciones que en su seno se realizan. la potestad de autoorganización de dicho órgano –como se explicó arriba– no se agota con el RIOE y el reglamento del Consejo de Ministros. órdenes y resoluciones de organización interna. A este aspecto se ha referido ya este tribunal en la Sentencia de 16-VII-1992. su organización interna debe articularla por sí mismo. gr. a través del RIOE. 14° Cn. pueden prestar colaboración a éstos o a la ley. del Presidente de la República. cabe el despliegue de potestades normativas por parte de otros funcionarios del Órgano Ejecutivo. la cual –desde la perspectiva del principio de legalidad– sólo puede ser configurada mediante normas jurídicas. en orden a cumplir los fines de creación y modificación de sus unidades administrativas dependientes. al lado de la potestad del Presidente de la República de decretar reglamentos ejecutivos –art.
con una finalidad justificada desde el punto de vista constitucional. en el cual detalla cuáles son las normas mencionadas en el art. diferenciándose de la “limitación de un derecho fundamental”. En el Derecho Comparado encontramos ejemplos de esta colaboración normativa. A. El análisis -por tanto. en términos abstractos. establece que compete al Ministerio de Economía la regulación y vigilancia del depósito. 1 de la LP establece –en lo pertinente– que dicha ley tiene por objeto “regular” la importación. 76 del RALERPET. la de “regular” un derecho fundamental.de los productos de petróleo. en España. Por su parte. transporte y distribución de los productos de petróleo. Como concreción de las anteriores disposiciones y específicamente dándole cumplimiento al art. la potestad que atribuye el art. relacionado con el 1 de la LP es. el art. el objeto de la regulación –el depósito. Por consiguiente. De acuerdo con la Sentencia de 26-VII-1999. que implica la modificación de su objeto o sujetos –elementos esenciales del derecho fundamental–. el MINEC el 15-VII2003 emitió el Acuerdo 618/2003. Para el caso. en el Ramo de Economía– para regular el depósito y transporte -entre otros aspectos. Así. los diferentes tipos de reglamentaciones técnicas son aprobadas mediante un 20 . El artículo 37 ordinal 9° del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. distr ibución y comercialización de los productos de petróleo. 102 inc. las condiciones para su ejercicio. Inc. 2-92. de forma que conlleva una obstaculización o impedimento para el ejercicio de tal derecho. como pueden ser las órdenes ministeriales. “regular un derecho fundamental” –o configurarlo– es dotarlo de contenido material –a partir de la insuficiencia del que la Constitución le otorga–. 76 del RALERPET -que habilita al Ministerio de Economía para emitir un acuerdo que establezca las normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera aplicables al las materias reguladas por ese reglamento-. relacionado con el 1 de la LP. 4. 1° Cn. Considerando III 5.debe seguir encaminarse a precisar el significado concreto del término “regular” en el contexto de estas disposiciones y la colaboración normativa o posible exceso reglamentario. depósito. 4. exportación. lo cual lleva a adoptar disposiciones que establecen sus manifestaciones y alcances. 4 de la LP dispone –en lo que nos interesa– que la “regulación” a que se refiere el anterior artículo será competencia del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía. los reglamentos técnicos aprobados mediante Real Decreto son el título habilitante de otros actos jurídico-administrativos de naturaleza normativa y también de contenido técnico. la organización y procedimientos que son necesarios para hacerlos efectivos y sus garantías. desde los arts. B.2. transporte. etc. Y el art. surge la habilitación competencial a este órgano del Estado –el Ejecutivo. derecho fundamental consagrado en el art. En este sentido. Así se tiene que. de los productos de petróleo– es una concreción de la libertad económica.
35 y 36 de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. relacionado con el 1 de la LP es atribuir potestad normativa a un ente público –el Ministro de Economía–. transporte y distribución de los productos de petróleo”. tenemos que la aprobación de las normas técnicas por el MINEC se origina en propuestas que le formula el CONACYT. 8. el ordenamiento. Por tanto. en todo caso. la atribución de potestad normativa al MINEC por parte del art. atribuya al MINEC la competencia de “regular y vigilar el depósito. también de integración plurisectorial. En el caso salvadoreño. desde la perspectiva constitucional. al ejecutar la ley por medio de reglamentos. 131 ord. referida a aspectos muy puntuales. está delegando en dicha Secretaría de Estado un aspecto muy puntual. académico y profesional. modificar o actualizar su contenido. e integrada por representantes de los sectores público. porque se trata de una materia con unos niveles de tecnicismo. 34. C. lo cual justifica su delegación en un funcionario distinto del Presidente de la República. relacionado con el 1 de la LP. que no se altera el sistema de fuentes constitucional. hemos dicho que el Presidente de la República. ni tampoco hay exceso respecto de lo dispuesto en el art. Así. 4. 9°. por lo que la “regulación” que se atribuye al MINEC estará. La ley. que es una institución de Derecho Público. sin fines de lucro. detalle y complejidad elevados. 76 del RLP prevé que el MINEC emitirá un acuerdo en el cual establecerá las normas comúnmente utilizadas en la industria petrolera.Real Decreto en el que se acostumbra a autorizar que el Ministro competente pueda. 3. o en sentido más amplio. de carácter autónomo descentralizado. Las normas técnicas son preparadas por Comités Técnicos de Trabajo. los diferentes mandatos constitucionales que definen el modelo de Estado no pueden alcanzar plena eficacia si el marco de actuación se ciñe únicamente a la legitimidad jurídica. a través de una Orden. resulta admisible que el RIOE. productivo. 1. El Estado social de Derecho impone una legitimidad no exclusivamente legal o jurídica. Por lo tanto. En lo que respecta al establecimiento de regulaciones técnicas importa más la audiencia y participación de los sectores afectados que el rango o procedencia de la norma en que se contienen las especificaciones técnicas. Véanse –entre otros– los arts. Tratándose de materias no reservadas. Además. Y es que además. En suma. en su art. 21 . 4. goza de mayor discrecionalidad que en el caso de materias reservadas: basta que respete la cláusula de la remisión legal. cuando el art. 37 ord. ni está afectada por otra reserva de ley. 28. sino también de resultados. 21° Cn. 4. relacionado con el 1 de la LP no encaja en el supuesto hipotético del art. lo que hace el art. no agota toda la legitimación de la actividad administrativa. repárese que la LP y el RLP crean el marco normativo básico de la materia.
pues quedaría en manos de cualquier autoridad decidir cuál es la normativa aplicable”. puesto que el mismo RIOE. al “crear potestades a favor de otros funcionarios. se origina en una propuesta del CONACYT. propuso como parámetros de control tanto el art. 9° del RIOE y 4. 131 ord. 76 del RALERPET y Acuerdo 618/2003. atribuyen al MINEC la potestad de “regular” la importación. Respecto a las supuestas violaciones al principio de legalidad. 5. art. para la emisión del acuerdo que ordena el art. 4. por una parte –tal como se expuso anteriormente–. por lo cual tampoco supone extralimitación alguna respecto de lo dispuesto en la ley. 1° como el art. y la LP. en realidad. 131 ord. art. y así deberá declararse en esta sentencia. luego de una lectura minuciosa de la certificación remitida por la SCA. dicha aprobación no es arbitraria. 1° Cn. sino su concreción– cumple fielmente con lo dispuesto en el 76 del RALERPET. art.A su vez. 4. relacionado con el 1 de la LP. en su art. exportación. 37 ord. depósito. 21° Cn. relacionado con el 1 de la LP. se entiende que la potestad normativa de dicho ministerio está limitada por la Constitución y la ley formal. el Acuerdo 618/2003 –que ya no es una norma sobre producción jurídica. con relación a la –ya resuelta– supuesta infracción a la reserva de ley en cuanto a la atribución de competencias a funcionarios. 37 ord. genera “un clima de completa inseguridad jurídica. 86 inc. y por otra parte. Por todas las razones anteriores. de lo que la facultad de emitir el acuerdo en el que se establecerán las normas comúnmente utilizadas en aquellas actividades –prevista en el art. y así deberá declararse en esta sentencia. 76 del RALERPET –con base en los arts. relacionado con el 1 de la LP – goza del margen de decisión normal que toda potestad normativa lleva implícita. en su art. distribución y comercialización de los productos de petróleo. relacionado con el 1 de la LP. no es más que una 22 . que asegura que concurran criterios de índole científica en la misma. este Tribunal. 86 inc. advierte que ésta. Por consiguiente. 1° Cn. 4. 4 –relacionado con el 1–. ya que. 4. 86 inc. sino que. Tampoco se observa el señalado “clima de completa inseguridad jurídica”. pues si bien es cierto que el MINEC. 4. por parte del art.. 76 del RALERPET y Acuerdo 618/2003 al art. Este Tribunal discrepa de la anterior apreciación. 21° Cn. relacionado con el 1 de la LP. art.. transporte. por parte del art. esta Sala concluye que el art. 76 del RALERPET y Acuerdo 618/2003 no contravienen el art. En cuanto a las supuestas transgresiones a la seguridad jurídica. 76 del RALERPET –. 76 del RALERPET y Acuerdo 618/2003. no ha planteado ninguna infracción al principio referido. concurren idénticas razones que las arriba planteadas para concluir que no existe vulneración del art. 9°.. las mismas se fundamentan –según lo razonado por la SCA en su sentencia– en la circunstancia de que la LP. para que éstos a su discrecionalidad puedan determinar mediante Acuerdo las normas técnicas nacionales e internacionales que se aplicarán a todos aquellos administrados que se encuentren involucrados en la actividad petrolera”. consagrado en el art.
–. 2 inc. CASTANEDA S. MELÉNDEZ---J. esta Sala Falla: 1. S. en el art. disposiciones constitucionales citadas y arts.---R. 76 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Reguladora del Depósito.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. y en el Acuerdo n° 618 del Ministerio de Economía. Por tanto. de 15-VII-2003. no existen las supuestas violaciones a los arts. 2. 1°. emitida mediante el Decreto Legislativo n° 169. publicado en el Diario Oficial n° 125. de 5-II-2008. y así deberá declararse en esta sentencia. debiendo remitirse copia de la misma al Director de dicho órgano oficial. publicado en el Diario Oficial n° 235. de 19-XI-1970. 10. E. GONZÁLEZ B. publicado en el Diario Oficial n° 131. en nombre de la República de El Salvador. BLANCO R. 86 inc. 4. 4.---E. Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. Publíquese esta Sentencia en el Diario Oficial dentro de los quince días siguientes a esta fecha. Declárase que en el art. Con base en las razones expuestas. SOCORRO C. N. 23 . emitido mediante el Decreto Ejecutivo n° 46. En conclusión.concreción puntual que no excede en nada el marco constitucional y legal establecido al efecto. de 23XII-1970. Transporte y Distribución de Productos de Petróleo.---RUBRICADAS. tomo 360. de 16-VII2003. de 19-VI-2003. tomo 360. relacionado con el 1 de la LP. 1° y 131 ord. art. publicado en el Diario Oficial n° 24. ---J. tomo 378. 76 del RALERPET y Acuerdo 618/2003 a la seguridad jurídica –reconocida en el art. relacionado con el 1 de la Ley Reguladora del Depósito. 21° de la Constitución. B. 2 Cn. Notifíquese la presente resolución a todos los intervinientes. de 17-I-2008. no existen las presuntas infracciones del art. tomo 229. de 8-VII-2003. reformado mediante el Decreto Legislativo n° 535. 3. 11 y 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales. JAIME---F.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 37
 Real Decreto 
in fine
 resolución