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Timestamp: 2020-01-29 10:09:49+00:00

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¿Sabías que tu jefe no puede leer tus correos electrónicos salvo que…
¿Sabías que tu jefe no puede leer los correos electrónicos de tu cuenta profesional salvo que te avise previamente y tenga un motivo concreto para hacerlo?
Así lo estableció el pasado 5 de septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, dando la razón a Bogdan Mihai Barbulescu, que fue despedido por utilizar los medios de comunicación de la empresa en la que trabajaba para fines personales. Según dicho fallo, el despido habrá de ser revocado y la empresa tendrá que indemnizar a Bogdan con 1.365 euros por haber vigilado sus comunicaciones electrónicas de contenido personal, donde hablaba de temas como su salud o vida sexual.
El tribunal señala que efectivamente puede hacerse un control por parte de los superiores, pero éste debe ser siempre “proporcional, necesario y lo menos invasivo posible, evaluando el choque entre el derecho del interés empresarial y el de la privacidad del trabajador”.
La sentencia, señala además que “que para que exista esta monitorización, la empresa debe tener sospechas fundadas de que el empleado está faltando a los acuerdos contractuales, pero sin invadir su intimidad”.
Para ello es necesario que «la vigilancia vaya acompañada de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos», es decir, la advertencia del empleador «debe producirse antes de que se inicie la vigilancia, en particular si afecta al contenido de las comunicaciones de los empleados».
Boletín de noticias, primera quincena de Agosto
Inminente aprobación del anteproyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.
El legislador plantea la urgente entrada en vigor de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario en aras de lograr una mayor seguridad jurídica en el ámbito hipotecario. “El consumidor debe tener información sobre las cláusulas hipotecarias en una fase preliminar a la firma del préstamo para poder decidir”, declaró el Presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz pues “Está cada vez más justificado que en el momento de la contratación hipotecaria tenga una intervención relevante ese tercero independiente, imparcial y técnico de que disponemos en nuestro sistema jurídico, como es el notario”. Para ello se propone un paquete de medidas que controlen las actuales vicisitudes legales que tanto banca como consumidores están sufriendo, encaminadas a la prevención, en lugar de a la judicialización.
Boletín de noticias, segunda quincena de junio
15-JUNIO-2017: Fin de las tarifas de itinerancia en la UE a partir del 15 de junio de 2017. Las normas de la UE sobre el roaming sin recargos ("roam like at home" o " itinerancia como en casa") permiten utilizar los dispositivos en el extranjero, en cualquier país de la UE sin pagar recargos adicionales por los servicios de roaming. Estas normas se aplican a las llamadas a teléfonos móviles y fijos, al envío de mensajes de texto (SMS) y a la utilización de servicios de datos en el extranjero. Cuando utilices estos servicios mientras estés de viaje dentro de la UE, pagarás exactamente el mismo precio que en tu país. En la práctica, tu operador simplemente adeudará o sustraerá tu consumo de roaming de los volúmenes de consumo de tu plan de tarifas nacionales móviles o paquete. Si tienes un contrato con un operador de telefonía móvil que incluye servicios de roaming, se considerará automáticamente un contrato de roaming con tarifa nacional. Todos los nuevos contratos de telefonía móvil con servicios de roaming deberán aplicar la "itinerancia como en casa".
Fuente: https://libros-revistas-derecho.vlex.es
15-JUNIO-2017: El Congreso pide al Gobierno equiparar el tratamiento fiscal de matrimonios y parejas de hecho. La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley de Podemos por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias para equiparar el tratamiento fiscal de los matrimonios y las parejas de hecho. En concreto, el texto votado, negociado con Ciudadanos y PSOE, pide que se acometa una reforma en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y se acomode la normativa de cada impuesto para alcanzar la igualdad fiscal entre ambas uniones. La portavoz de la formación morada en esta materia, María Auxiliadora Honorato, ha señalado que esta situación está "afectando y discriminando" a dos millones de personas en el país "que han decidido compartir su vida como pareja de hecho y no de derecho". "No deberían existir familias de primera o segunda categoría en materia fiscal", ha señalado. Honorato ha recordado que esta iniciativa está avalada por unas recomendaciones que la Defensora del Pueblo realizó en 2015 en uno de sus informes, en el que apuntaba que "la aplicación de las normas del derecho de familia no debería depender de la celebración del matrimonio, sino de la existencia de relaciones humanas de tipo familiar". "El reconocimiento jurídico global del fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su institucionalización, es hoy una tendencia, que ha encontrado reflejo legislativo a nivel autonómico. No parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida por la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no se conseguirían", apunta el documento de la Defensora que Podemos, según aclara, hace suyo "íntegramente". REGULACIÓN A NIVEL ESTATAL "Sin embargo, estas recomendaciones se realizaron hace dos años y no vemos que se hayan hecho movimientos sobre esta cuestión", ha indicado la diputada que, según ha declarado, esta propuesta ha sido registrada ahora para volver a poner esta cuestión sobre la mesa. Los cambios en el texto negociados con Ciudadanos y PSOE han venido a garantizar los medios técnicos, registrales y jurídicos, para que esta medida pueda llevarse a cabo. Y es que según han señalado los portavoces de ambas formaciones, el socialista Óscar Galeano y el diputado naranja Vicente Ten, esta medida tiene competencias cedidas a las comunidades autónomas. En este sentido, han señalado que hay regiones donde se ha equiparado de forma parcial estas uniones, mientras que en otras esta igualdad en cuestión fiscal es total. Para Galeano, el texto ahora presentado es "un buen punto de partida para acometer una reforma a nivel estatal". EL PP PIDE CONTROL PARA EVITAR FRAUDES Esta reflexión ha sido compartida por Ten, quien ha indicado que su formación "siempre estará al lado de la igualdad de derecho de las personas, independiente del territorio en el que se encuentren". Finalmente, el PP se ha mostrado conforme con el texto ya negociado, aunque en un principio veía difícil poner en marcha la propuesta de Podemos. La portavoz 'popular' en esta comisión, Ana Madrazo, pidió, además, cautela ante un tema que, a su juicio, "es complejo" y debe tener un "control" garantizado para evitar el fraude.
15-JUNIO-2017: La Abogacía recurre ante el TS el acuerdo del CGPJ sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo. El Consejo General de la Abogacía Española pide que, como medida cautelar, se suspenda la atribución a determinados juzgados de la competencia exclusiva sobre contratos hipotecarios. El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recurso contra el acuerdo del 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo. La Abogacía pide como medida cautelar la suspensión del acuerdo del CGPJ para evitar que se consoliden situaciones jurídicas procesales de difícil o imposible reparación como puede ser que se tramite por un órgano judicial incompetente un proceso civil en materia de cláusulas suelo. El Consejo General de la Abogacía considera que el acuerdo del CGPJ altera el derecho al juez predeterminado por ley reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución , ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria. En su recurso, la Abogacía recuerda que la determinación del juez que ha de conocer de un asunto determinado corresponde a la ley y que no es admisible constitucionalmente la existencia de jueces excepcionales o especiales. Además, la atribución de competencias que lleva a cabo el acuerdo del CGPJ ahora impugnado debería haberse hecho por ley dictada con anterioridad al hecho motivador del proceso, en este caso, las reclamaciones por las cláusulas suelo que se canalizaron a través del Real Decreto-ley 1/2017. El recurso ante el Tribunal Supremo se ha presentado en cumplimiento del acuerdo del Pleno extraordinario del Consejo General de la Abogacía Española reunido en Granada el 1 de junio. Los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ porque agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable. El acuerdo del CGPJ se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuestos por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones. Además del riesgo de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos. El Consejo General de la Abogacía Española continúa exigiendo mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.
16-JUNIO-2017: Catalá defiende la prisión permanente revisable en casos como el del ‘violador del ascensor’. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este jueves la existencia de la prisión permanente revisable para casos como el de Pedro Luis Gallego, conocido como el ‘violador del ascensor‘, arrestado por la comisión de varias agresiones, una detención que el ministro ha calificado de “una magnífica noticia” al ser una persona “juzgada por delitos tan graves”. Gallego fue puesto en libertad en 2013 tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra la doctrina Parot. Rafael Catalá ha matizado que este tipo de prisión “no es una cadena perpetua”, sino que consiste en que “las penas de más años derivadas de delitos graves sean revisadas”, ya que “a veces no es suficiente el transcurso del tiempo para la rehabilitación de ciertos criminales”, por lo que se realizaría “un análisis de sus circunstancias para determinar si está en condiciones de quedar en libertad”. El ministro ha asegurado en León, en el marco de XVII Jornadas de Presidentes de Audiencia Provinciales, que, bajo este modelo, el paso del tiempo debe estar acompañado de “un análisis de las circunstancias personales y psicológicas para analizar si la persona que ha cumplido una condena está en condiciones de quedar en libertad”. “En un caso tan flagrante como éste -el del ‘violador del ascensor‘- es cuando pensamos que quizá si hubiésemos tenido este tipo de penas anteriormente tal vez no hubieran sucedido estos hechos”, ha agregado. El ministro ha recordado que Pedro Luis Gallego podría ser juzgado por estos nuevos delitos en base a esta prisión permanente revisable, puesto que esta se aprobó en 2015, pero ha insistido en que “eso será decisión de los tribunales y los profesionales que lo juzguen”. Nuevamente detenido por cuatro agresiones sexuales El “violador del ascensor“, excarcelado en aplicación de la doctrina Parot y ahora detenido por cuatro agresiones sexuales, apresaba de noche a sus víctimas cerca del hospital de la Paz, en Madrid, las maniataba y tapaba los ojos para llevarlas hasta un piso de Segovia donde las violaba. Pedro Luis Gallego, de 59 años de edad, fue condenado a 273 años de prisión por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en enero de 1992 y la muerte de Leticia Lebrato, de 17 años, en julio de 1992, además de 18 agresiones sexuales y violaciones. A los 19 años, en 1976, cometió su primera agresión pero no ingresó en prisión hasta el 20 de junio de 1979. Salió de la cárcel y volvió entrar en varias ocasiones tras reincidir en sus delitos hasta mediados de los años 90, cuando fue condenado y encarcelado por última vez. Aprovechaba su profesión como mecánico de ascensores para acceder a los portales de sus víctimas. Su ‘modus operandi’ para consumar su agresión era el de esperar a que entraran en el portal de su vivienda para, al llegar al ascensor, sujetarlas e introducirlas en el habitáculo para forzarlas de modo muy cruel, según testificaron sus víctimas. En 2012 la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acordó que no saliera de la cárcel hasta el año 2022 gracias a la doctrina Parot, por lo que al reo no se le aplican los beneficios penitenciarios sobre el máximo de 30 años de cumplimiento de condena, sino sobre el conjunto de la pena global. Sin embargo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que tanto el ‘violador del ascensor’ como otros conocidos violadores en serie y decenas de terroristas.
16-JUNIO-2017: El PSOE lleva una ley al Congreso para obligar a las empresas a registrar el horario de sus empleados. La iniciativa, firmada por la portavoz adjunta de los socialistas en la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, Rocío de Frutos, establece la obligación de las compañías de mantener durante cuatro años ese registro en el centro de trabajo, disponible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que las empresas estén obligadas a contabilizar las horas que hacen sus empleados en sus puestos de trabajo. Para los socialistas, "la precarización del mercado de trabajo se ha convertido en una realidad cotidiana y generalizada de nuestro tejido empresarial", y una de sus consecuencias son las "prolongaciones indebidas de jornada" que, a su juicio, "están ocurriendo a partir de la reforma laboral del PP". "Registrar la jornada es lo mínimo de lo mínimo para empezar a garantizar los derechos del trabajador, porque supone que el trabajador va a poder probar lo que trabaja, y cobrar y cotizar por las horas que realiza", asevera De Frutos. ASEGURAR UNA "DISTRIBUCIÓN REGULAR" DE LA JORNADA La iniciativa modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de Octubre (LA LEY 16117/2015), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), con el fin de asegurar "la distribución regular de la jornada", un derecho que creen que "es vulnerado sistemáticamente". "La extralimitación de la duración de la jornada se convierte en regla general y el trabajo a tiempo parcial, por mandato legal, se convierte en un tiempo completo", denuncia la iniciativa socialista, que advierte también de "las irregularidades y el fraude en el uso de las horas extraordinarias, también facilitadas por la desregulación y desarticulación de los mecanismos de protección de la persona trabajadora frente al poder unilateral del empresario". Estas irregularidades, apostillan, además de suponer "una lesión a los derechos laborales", también constituyen "un fraude en las arcas de la Seguridad Social al dejar de ingresar las cotizaciones sociales devengadas por su realización". "CONTRADICCIONES" TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO Los socialistas tratan también de corregir con la proposición de ley "ciertas contradicciones que se han producido tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 23 marzo, que absuelve a Bankia de llevar el control horario de sus trabajadores". "Esta doctrina, mantenida en la sentencia de 20 de abril, ha llevado a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, mediante nuevas instrucciones, a dejar de exigir el registro diario de jornada, sin perjuicio de comprobar el cumplimiento de la normativa y de los límites establecidos en materia de tiempo de trabajo", alertan, cuando "era doctrina jurisprudencial asentada que el registro de jornada diaria era obligatoria, se realizaran o no horas extraordinarias".
17-JUNIO-2017: Expertos en Derecho del Trabajo cuestionan la propuesta del PSOE de volver a regular la jornada laboral. Este viernes tenía una gran repercusión el anuncio de una proposición de ley planteada por PSOE para el control de la jornada laboral de los trabajadores y mantener esos datos durante cuatro años. Pese a que aún no se conoce a fondo dicha iniciativa, esta medida contradice la normativa última del Tribunal Supremo que fallaba a favor de menos control en dos recientes fallos judiciales. De hecho nuestra publicación ya abordó este tema, que ha generado bastante debate, en varias oportunidades. Ahora, hemos pedido a varios expertos en derecho laboral que analicen esta cuestión y su viabilidad en un entorno de trabajo donde se mezcla el negocio tradicional, con los negocios digitales y los procesos de internacionalización de las empresas. Expertos como Martín Godino, Rafael Giménez-Arnau, Luis Enrique de la Villa y Talmac Bel analizan esta posible reforma y cuestionan su viabilidad. Para Martín Godino, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) y socio director de Sagardoy Abogados su valoración sobre la propuesta del PSOE es pesimista. “La regulación debería dejarse a la negociación colectiva. En los términos que se propone de registro de jornada de trabajo para todos y en todas las empresas, independiente de su forma de gestionar puede generar problemas serios”. Para este jurista obligaciones que generen burocracia para las empresas no es una buena noticia. A su juicio de aprobarse esta proposición de ley “es posible que se genere más conflictividad laboral y todo para atajar un problema no real. Ya existe un control de las horas en los contratos a tiempo parcial, pero con carácter general no tiene sentido. Desde el punto de vista práctico será complicado ponerlo en marcha, salvo en empresas con horarios rígidos que suelen ser centros industriales”. Godino asegura que ahora se impulsan en las empresas medidas de flexibilidad y teletrabajo, muy alejadas de este control que se pretende nuevo “de esta forma se está potenciando la conciliación de la vida laboral y personal”.
18-JUNIO-2017: La Mutualidad de la Abogacía ha perdido en torno a 54 millones de euros en acciones del Banco Popular, según anunció ayer su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana. Fue durante el informe de gestión, presentado ante la Junta General que se celebró en Madrid. Con este reconocimiento, la Mutualidad de la Abogacía aparece como una nueva víctima de la operación del Banco Popular, ahora en manos del Santander. La Mutualidad había venido invirtiendo, a lo largo de los últimos cinco años, de forma progresiva en la entidad intervenida. Desde una primera inversión de 300.000 euros en acciones, en el 2013, se pasó a más de de 50 millones de euros en 2017. Fue el propio Sanz Fernández-Lomana quien comentó este hecho, si bien minimizó el impacto, señalando que esta pérdida suponía una reducción de medio punto en la rentabilidad global de la Mutualidad. Sobre esta situación, Sanz Fernández-Lomana calificó la adjudicación del Banco Popular al Banco de Santander, a través de un novedoso procedimiento de “expoliación”. Los accionistas “nos hemos visto expoliados en plena noche y sin capacidad de reacción, pese a que sólo unos días antes tanto el Ministro de Economía como el propio Banco de España garantizaban públicamente la solvencia de la entidad”. Respecto a esta operación, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía reconocía que al cierre del ejercicio, la Mutualidad tenía tres posiciones inversoras en Banco Popular: “en acciones, un depósito y un bono, que en conjunto representaban, aproximadamente, un 2 por cineto del total de nuestras inversiones”. También indicó que durante el mes de abril se canceló tanto el depósito como el bono, “reduciéndose nuestra posición exclusivamente a las acciones que representan el 0.7 % de nuestras inversiones, con un montante total de 54 millones a valor de adquisición”.
19-JUNIO-2017: La Fiscalía pide 10 años de cárcel para cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía por contratos 'fantasma'. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a una empresa, al contratar a 44 trabajadores que pertenecían al círculo de familiares y amigos del ex director general de Trabajo y Seguridad social. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía por los pagos por un montante total de 1.550.114,67 euros realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría, por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa de tres presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado. De este modo, reclama para los cinco ex altos cargos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros. Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades "indebidamente" percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010. A juicio del Ministerio Público, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello". Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados". Asimismo, señala que "se ha podido comprobar" que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010". El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero, que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, "conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal". LA JUNTA PIDE 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA GUERRERO De su lado, afirma que los dos ex secretarios generales técnicos encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería fueron Francisco Javier Aguado Hinojal, que desempeñó su cargo desde 2004 hasta 2008, y Lourdes Medina Varo, que lo hizo hasta mayo de 2012. Cabe recordar que la Junta de Andalucía, personada como acusación, ha solicitado 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Juan Márquez, y 16 años de cárcel para el administrador único de Umax, mientras que no ha acusado a los otros tres ex altos cargos procesados por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla. De igual modo, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa. Estas diligencias se abrieron tras un escrito presentado en abril de 2013 por el gabinete jurídico de la Junta y dirigido inicialmente al Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular era entonces Mercedes Alaya, para su unión al caso de los ERE fraudulentos, aunque la magistrada consideró que no se trataba de hechos conexos y, por turno de reparto, la causa recayó finalmente en Instrucción 10.
20-JUNIO-2017: Montoro no rebajará el IRPF en 2018 porque quiere tener "zanahorias" para la negociación. Descarta aplicar por ahora una tasa a las bebidas azucaradas y avanza que el techo de gasto de 2018 no subirá más de un 2,3%. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el Gobierno "no va a tener margen" para rebajar el IRPF en 2018, cuando quedarían todavía un par de años de legislatura por delante. "Las reformas tributarias siempre se hacen a final de legislatura y tenemos que tener zanahorias para la negociación", ha señalado el ministro durante su intervención en el 'Foro Cinco Días'. Sobre la creación de la tasa para bebidas azucaradas contemplada en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, Montoro ha apuntado que no se necesita "por ahora" esta medida y que tampoco es intención del Gobierno recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto implantado por Cataluña a las bebidas con azúcar. El ministro ha explicado que la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) pidió al Gobierno por carta que recurriera esta tasa catalana ante el TC y aunque aún no ha dado una respuesta formal, Montoro "no lo ve". "Este impuesto existe en otros países de Europa y no europeos y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es el equivalente a un impuesto especial sobre el consumo, y de esos ya tenemos algunos, como el que grava el tabaco. No veo ese recurso al Constitucional y además habría que contar con todos los partidos porque somos un Gobierno en minoría", ha dicho el ministro. Por ello, Montoro ha recomendado a la industria que hable con todos los grupos políticos y no solo con el Gobierno del PP. EL TECHO DE GASTO NO SUBIRÁ MÁS DE UN 2,3% En otro orden de cosas, el ministro ha adelantado que el techo de gasto del Estado no subirá en 2018 por encima del 2,3% y que la voluntad del Gobierno es la de negociarlo con el PSOE. "Espero que podamos llegar a un acuerdo", ha dicho el ministro. A propósito de este partido, Montoro ha considerado un "error tremendo" que el Congreso del PSOE de este fin de semana haya marcado como su "gran proyecto" derrumbar las reformas y las leyes que, según el ministro, han hecho posible la recuperación económica de España. "Espero que sea por el furor del cónclave y que la cordura vuelva al debate político", ha añadido. PENALIZACIÓN FISCAL A EMPRESAS MOROSAS En otro orden de cosas, el ministro ha apuntado que es intención del Gobierno introducir penalizaciones fiscales para aquellas empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad. "El proyecto del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas", ha dicho Montoro, que ha precisado que para ello se harán los estudios pertinentes.
20-JUNIO-2017: Gómez Bermúdez: “Todo delito de terrorismo es un fallo de seguridad”. El magistrado Javier Gómez Bermúdez, juez de enlace de España en París, se ha mostrado convencido de que no hay un terrorismo “que sea hoy por hoy capaz de derrotar a un estado democrático”, pero sí que ha reconocido que “Todo delito de terrorismo es un fallo de seguridad, no se ha detectado a tiempo o no se ha cruzado bien la información”. Gómez Bermúdez ha impartido en Salamanca una conferencia en la que se ha referido a la evolución experimentada por el terrorismo yihadista “desde el primer gran impacto en el mundo con la aparición de Al Qaeda y luego el Al Qaedismo” para, posteriormente, referirse al nacimiento del “mal llamado” lobo solitario por considerar que existe desde el principio. El magistrado ha analizado cómo ha reaccionado el mundo ante el fenómeno del terrorismo yihadista, destacando el papel de España por considerar que lo ha hecho “francamente muy bien”. “Llevamos ya más de 13 años sin atentados yihadistas, pero hace falta mucho dinero, mucha preparación y mucha conciencia y que no ocurran cosas que provocaría un enfrentamiento cultural que no tiene sentido”. Y ha recordado que el primer caso de este tipo de terrorismo en España se produjo en abril de 1985, con la explosión de varias cargas explosiva en el restaurante El Descanso, en Madrid, donde murieron 18 personas y hubo más 80 heridos. Sobre los recientes acontecimientos terroristas en Europa, Gómez Bermúdez ha afirmado, que es “imposible” calcular y que la seguridad “absoluta no existe”. Eso sí, ha asegurado que “Todo delito de terrorismo es un fallo de seguridad, no se ha detectado a tiempo o no se ha cruzado bien la información, pero no porque seamos torpes o malos sino porque es mucha información”, ha apostillado el magistrado. A todo ello ha añadido que los medios que se necesitan para abarcar toda esta información y tener vigilado a los potenciales terroristas “son enormes” y que, por lo tanto, “no es fácil”. Además, ha subrayado que el terrorismo yihadista se ha incrementado exponencialmente en los último 20 años. “En los años 80 representaba menos del 3% del terrorismo mundial, sin embrago a mediados de los 90 ya era el 33%, excluyendo el llamado conflicto palestino-israelí, un tercio del terrorismo mundial”. Y, “en la actualidad es el 95 por ciento, aproximadamente, de todo el terrorismo mundial”. Ha destacado que en realidad “no hay un terrorismo hoy por hoy que sea capaz de derrotar a un estado democrático. Cuestión distinta es que nos hagan daño y que nos provoquen situaciones muy dolorosas”. Finalmente y sobre el porqué de que los recientes atentados hayan tenido lugar sobre todo en Francia y en Reino Unido, Gómez Bermúdez los ha atribuido “probablemente” a que son los estados europeos, junto a Alemania, que tienen “más población musulmana nacional y sobre todo porque se produjeron fenómenos de marginalidad y de radicalización que no fueron detectados a tiempo”. Asimismo, ha resaltado que nuestro país ha impregnado la legislación europea y ha conseguido que el 15 de marzo de este mismo año se haga la nueva directiva de lucha contra terrorista. De ella ha destacado que incluye propuestas que España ya había anticipado, lo cual demuestra, según sus palabras, que se está a “la vanguardia de este tema”. Un servicio de inteligencia no está para perseguir delitos. Y ha incidido en que “los servicios de inteligencia trabajan muy bien la mayoría, los españoles desde luego trabajan francamente muy bien. Tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de servicios de inteligencia hablamos del CNI en España, del Centro Nacional de Inteligencia, y homólogos”. Y ha recordado que “un servicio de inteligencia no está para perseguir delitos, estos servicios protegen la seguridad del Estado y previenen los ataques a la seguridad del Estado”
21-JUNIO-2017: La Abogacía del Estado pide cárcel para el expiloto Sete Gibernau por fraude fiscal. La Abogacía del Estado reclama dos años y seis meses de cárcel por presunta defraudación de 774.000 euros a la Hacienda española. El deportista asegura en juicio que no tributó en España en 2006 al vivir en Suiza. La Abogacía del Estado reclama dos años y seis meses de cárcel para el expiloto de Moto GP Sete Gibernau por presuntamente haber defraudado a la Hacienda española 774.000 euros en 2006, su último año como profesional, mientras que la Fiscalía pide su libre absolución. En el juicio, que ha comenzado este martes en un juzgado de lo penal de Barcelona, el piloto ha defendido que residía Chatel-Saint Denis (Suiza) y por eso no tributó en España, mientras que la Abogacía del Estado cree que ya se había trasladado a Barcelona para vivir con la que era su pareja, la modelo Esther Cañadas. Gibernau ha explicado que en Suiza vivía en un piso por el que pagaba unos 1.100 euros mensuales de alquiler --más gastos--, con dos plazas de parking (una interior y otra exterior), donde aparcaba los dos coches que tenía: un Ferrari y un Touareg. Para tratar de demostrar que realmente residía en Chatel-Saint Denis ha relatado que de los 17 viajes para participar en grandes premios en 2005, sólo en tres de ellos voló desde Barcelona, y que en 2006 fueron cinco las salidas desde la capital catalana hacia las ciudades donde se celebraban las competiciones. A preguntas de su abogado --se ha negado a responder a las cuestiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado--, el expiloto ha aludido, con el mismo objetivo, a la estrecha relación que ha dicho que tenía con el síndic de la ciudad y a que apadrinó varias pruebas deportivas en ese país. EL FISCAL NO VE DELITO. La Abogacía del Estado sostiene que Gibernau cometió dos delitos fiscales al no pagar el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) ni el impuesto de Patrimonio del año 2006, mientras que la Fiscalía no ve delito y pide su libre absolución. El juicio, que ha comenzado este jueves ante el Juzgado Penal 19 en la Ciudad de la Justicia, está previsto que continúe con la declaración de testigos y periciales y que concluya el jueves con el derecho a la última palabra del acusado.
22-JUNIO-2017: Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
Fuente: BOE núm. 148, de 22 de junio de 2017
22-JUNIO-2017: El Supremo da más competencias al jurado para enjuiciar delitos conexos. El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles ampliar la competencia del tribunal del jurado para enjuiciar delitos que antes no le eran atribuibles siempre y cuando vayan conexos a otros que sí entren dentro de su campo de enjuiciamiento. Así lo ha acordado el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del alto tribunal, que cambia la doctrina que regula el jurado y amplía su competencia a la hora de enjuiciar casos que hasta ahora recaían en los jueces profesionales. El giro que el alto tribunal da ahora a su doctrina viene obligado por la modificación del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que tiene que ver con la conexidad de los delitos y que busca evitar los denominados “macrojuicios”. Al analizar la afectación de esta reforma a la Ley del Jurado, los magistrados de lo penal del Supremo se han visto obligados a modificar la doctrina sobre este asunto. Según el Supremo, “cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente” y uno de ellos sea competencia del tribunal del jurado “se considerarán delitos conexos” y, por tanto, será esta institución la encargada de enjuiciarlos. Además, “cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos, será competente el tribunal del jurado para su enjuiciamiento” si alguno de ellos fuera de su competencia y también en el caso en que “diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado” que entrase dentro de su jurisdicción. Según el alto tribunal, el jurado “conocerá de las causas que pudieran seguirse por otros delitos cuya competencia no le esté en principio atribuida en los casos en que resulte ineludiblemente impuesta la acumulación pero que sean conexos”. Y recuerda que se considerarán conexos los delitos atribuidos a la misma persona, aquellos en que exista una analogía entre ellos o “una relación temporal y espacial determinante de la ineludible necesidad de su investigación”. Este cambio de doctrina, según han informado fuentes jurídicas, supone un aumento de las causas que podrán ser enjuiciadas por el tribunal del jurado y tiene su raíz en la modificación hace dos años de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el intento de evitar las macrocausas. Cuando exista una “relación funcional entre dos delitos”, es decir que alguien cometa un delito para “perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad” de otro cometido al mismo tiempo, “se estimará que existe conexión” y también será competencia del jurado. Sin embargo, el pleno establece que cuando se produzca esta relación funcional habrá que estudiar si la acumulación de delitos no supone una ruptura de continencia, es decir, de la unidad jurídica de la causa, sobre todo en los casos en que el delito atribuido al jurado es bastante menos grave que el que no es de su competencia. El acuerdo de la Sala de lo Penal del Supremo detalla que “el tribunal del jurado no conocerá del delito de prevaricación aunque resulte conexo a otro competencia de aquél”, y que cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éste fuere de los atribuidos a su conocimiento. Además, el jurado sí podrá conocer, de mediar tal conexión, del delito de homicidio no consumado.
22-JUNIO-2017: El TC declara inconstitucional la denominación 'Asuntos Exteriores' de la Consejería de Romeva. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno contra la denominación de 'Asuntos Exteriores' que la Generalitat de Cataluña eligió para el departamento dirigido por Raül Romeva. Indica que la Consejería puede ejercer "acción exterior" siempre que no interfiera en competencias exclusivas del Estado. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno contra la denominación de 'Asuntos Exteriores' que la Generalitat de Cataluña eligió para el departamento dirigido por Raül Romeva. El tribunal de garantías ha anulado esta referencia por inconstitucional pero permite funcionar a la Consejería, advirtiéndola no obstante de que no podrá interferir en competencias exclusivas del Estado. La sentencia considera que el empleo de la denominación "Asuntos Exteriores" para la identificación del citado departamento reproduce de forma "mimética" la del Estado y, en consecuencia, podría dar lugar a "confusión" e interferir en la dirección y ejecución de la política exterior española, que es competencia exclusiva del Estado. Hace casi un año, el 29 de junio de 2016, el tribunal de garantías levantó la suspensión que dictó cuatro meses antes sobre las actividades de esta Consejería. Mantuvo no obstante la medida cautelar de no permitir la denominación inicial de este órgano del gobierno catalán como de 'Asuntos Exteriores'. Tras admitirse a trámite el recurso, el Ejecutivo autonómico cambió el nombre inicial del esta Consejería por el de Asuntos, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, por entender que el inicial constituiría una vulneración de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar su actividad. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto concurrente --acorde con el fallo pero no con toda la argumentación jurídica-- del magistrado Juan Antonio Xiol.
23-JUNIO-2017: El FROB pide 5 años de cárcel para Rato por ocultar la “verdadera situación” de Bankia en su salida a bolsa. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejerce la acusación particular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato -para quien solicita cinco años de prisión– y otros tres exaltos cargos porque ocultaron “de manera consciente” la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama que les indemnice por los procedimientos civiles instados por los inversores que perdieron dinero con el debut bursátil. En el escrito de acusación remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, el FROB señala además de Rato, al expresidente de Bankia José Luiz Olivas (para quien pide cuatro años de cárcel), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al exconsejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses). Igualmente pide el archivo de la causa para el resto de exconsejeros, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Al igual que defiende el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el FROB expone que la excúpula del banco ocultó su “verdadera situación” con el fin de afrontar su futuro y obtener “a toda costa” los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas en aquel momento. Ello se tradujo en un perjuicio patrimonial ya que se ignoró la “capital circunstancia” de que BFA-Bankia iba a necesitar a medio plazo capital para corregir el deterioro de sus activos crediticios. Respecto al folleto de salida a Bolsa de la entidad que recogía las cuentas trimestrales a fecha de marzo de 2011, el FROB reconoce que es cierto que los acusados informaron “de manera exhaustiva” de los factores de riesgo que conllevaba la oferta aunque entiende que la descripción del tríptico estaba más pensada para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor.
23-JUNIO-2017: La Oficina para la Prevención de la Corrupción empezará a funcionar en enero y podrá recibir denuncias anónimas. La futura oficina, con una dotación presupuestaria de medio millón de euros, será un organismo autónomo que podrá actuar de oficio y aplicar medidas cautelares. La Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía empezará a funcionar el próximo mes de enero como organismo autónomo dependiente de la Viceconsejería de Hacienda de la Junta, con una plantilla integrada por 15 funcionarios que podrán recibir denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades o malversación de fondos públicos. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa sobre la creación de esta Oficina comprometida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Ciudadanos (Cs). Montero ha explicado que el decreto para la creación de la Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía inicia este miércoles el trámite de audiencia pública y se aprobará tras el verano en Consejo de Gobierno, y se prevé que empiece a funcionar en enero de 2018. En cuanto a su ubicación, la consejera ha apuntado que aún no se ha elegido la sede física de la oficina, aunque no descarta que pueda ubicarse en la calle Albareda, en Sevilla, junto a la Intervención General. La futura oficina, que contará con una dotación presupuestaria de medio millón de euros, será un organismo autónomo que podrá actuar de oficio y aplicar medidas cautelares. Con una plantilla integrada por 15 funcionarios "que se adaptará en función de las actuaciones", el director será elegido mediante un tribunal "para garantizar su independencia", ha subrayado Montero. El texto normativo será un decreto que este miércoles sale a audiencia pública, y la nueva entidad es creada con el fin de "prevenir, investigar y detectar, así como, proponer sanciones y corregir posibles prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos o patrimonio públicos". La consejera ha resaltado que para evitar injerencias, esta oficina, a pesar que se adscribe por razones logísticas a la Viceconsejería de Hacienda, al igual que la Intervención, tendrá "plena independencia" y según "no podrá recibir instrucciones de ninguna autoridad". El funcionario que esté al frente de la oficina tendrá más de 15 años de experiencia y acreditada solvencia en materia de control financiero, la fiscalización, la inspección la contratación y el ámbito jurídico; y su nombramiento será elegido previa convocatoria pública en el BOJA por un tribunal compuesto por la Inspección General de Servicios, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta. Además, esa persona no podrá ser cesada, salvo causas graves previstas por ley. La oficina tendrá 15 funcionarios, para cuya designación se elaborará una relación de puestos de trabajo, y a los que el decreto les va a dotar de competencias "específicas y singulares", como interrogar a posibles testigos o sospechosos de cometer hecho delictivo; acceder cualquier base de datos o sistema de información de la Junta o de entidades privadas sujetas a ayudas; o instruir procedimientos sancionadores. En ese sentido, ha precisado que la Junta sólo puede aplicar su propio régimen sancionador, que puede ir de una simple amonestación al apartamiento de una persona de su puesto, o solicitar reintegro en el caso de ayudas. En el caso de delitos penales la oficina debe comunicar a la Justicia, y en el caso de delitos contables, se comunicará al Tribunal de Cuentas. Montero ha dejado claro que hay obligación de facilitar el trabajo de la oficina, pues, de lo contrario, incurrirá en procedimiento administrativo sancionador. De esta forma, esta oficina para la prevención de la corrupción en Andalucía será "punta de lanza" y "liderará" la lucha contra el fraude en la gestión de los recursos públicos en la comunidad autónoma. Montero ha recordado que los ciudadanos sitúan la corrupción como uno de sus principales problemas. En este sentido, ha destacado que esta entidad "será autónoma, despolitizada y actuará con independencia" en la lucha contra la corrupción. "Vamos a poner una lupa gigantesca en la lucha contra el fraude y la corrupción", ha indicado la consejera quien, no obstante ha roto una lanza "por la mayoría de servidores públicos, porque en la gran mayoría, las conductas son adecuadas y de buenas prácticas".
24-JUNIO-2017: Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera
Fuente: BOE núm. 150, de 24 de junio de 2017
25-JUNIO-2017: 100 millones de euros podría ser el fraude relacionado con la música que emiten las televisiones de madrugada y que investiga la AN. Ismael Moreno, magistrado juez del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, imputa los delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios al pianista gaditano Manuel Carrasco Tubio, Fernando Bermúdez Ruiz y Rafael de Tena Tena por un supuesto fraude que podría ascender a 100 millones de euros relacionado con el registro fraudulento de temas musicales plagiados o levemente modificados, como si se trataran de obras nuevas y que podría afectar a los 120.000 socios de la Sociedad General de Autores (SGAE). La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual y por el Grupo XI de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, tuvo su origen en las denuncias presentadas por varias asociaciones y socios individuales SGAE que afirmaban que había un grupo de socios que se dedicaban a apropiarse de sus derechos de autor. “Tales actuaciones irregulares, conocidas en el sector como ‘La Rueda’, consisten en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si de obras nuevas se tratasen, sin variación alguna de la auténtica y original en la mayor parte de los casos y en otros con ligeras modificaiones de la partitura original”, dice el juez Moreno en su auto. Algunos de los “plagiados” son nada menos que Wolgang Amadeus Mozart o Schubert. Dichas obras eran después registradas “bien a nombre de los denunciados o de personas de su entorno, bien a nombre de sociedades creadas para tal fin como cesionarias de los derechos de autor”. “De igual modo, se han mostrado indicios a lo largo de la investigación de la connivencia de varios responsables de contratación de televisiones con Bermúdez y Carrasco, que más allá de la cesión de derechos mencionada, parecen recibir pagos en metálico (y probablemente bajo titularización de obras) por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio”, añade el magistrado. Las televisiones en las que se han venido pasando este tipo de obras son Canal Sur, Aragón TV, RTVE, Euskal Telebista y Telemadrid. El periodo que se investiga va de 2006 a 2011. De acuerdo con el magistrado Moreno, tales actuaciones podrían llevarse a cabo “en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el abono de comisiones para que el repertorio se difunda en horas nocturas, con preferencia a otras obras, con cesión de derechos de autor a famlires, cónyuges o hijos o creando sociedades o porductoras para evitar ser detectados”.
26-JUNIO-2017: Justicia detecta 746 delincuentes sexuales que pretendían trabajar con niños. El Ministerio de Justicia ha detectado en 14 meses a 746 personas condenadas por delitos sexuales que habían solicitado el certificado para trabajar en contacto habitual con niños, según los últimos datos oficiales, a 31 de mayo de 2017 del Registro Central de delincuentes sexuales. Con la modificación del sistema de Protección a la infancia y la adolescencia de 2015, el Gobierno puso en marcha en marzo de 2016 el Registro Central de delincuentes sexuales con el objetivo de que las personas que realizan actividades con menores tengan la obligación de certificar que no tienen antecedentes de agresión y abuso sexual, acoso, exhibicionismo y provocación, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Prevención de los menores Como asegura el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que regula este registro, con él “se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno”. Y además, “desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países”, por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía. Desde que se activó este sistema, en número de certificados emitidos alcanza los 2,5 millones, la gran mayoría negativos, excepto los 746 citados. En total, en el Registro de delincuentes sexuales hay inscritas 42.227 personas. Esta semana, la Fundación ANAR propuso a la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados que en la próxima modificación de la ley establezca la caducidad de los certificados negativos, de manera que tengan que renovarse de forma periódica con el fin de evitar que se comentan delitos de esta naturaleza una vez obtenida dicha acreditación. “Consideramos que el legislador tendría que haber dado un paso más, en el sentido de exigir dicha certificación con una periodicidad determinada, y no sólo en el momento del acceso al trabajo que implique contacto habitual con menores”, dijo el director de Programas de esta ONG. No es preciso renovarlo periódicamente, solo en caso excepcionales El Ministerio de Justicia señala en su web que de la ley se desprende que “no resulta necesario que los trabajadores tengan que acreditar cada cierto tiempo el cumplimiento de tal requisito, y por tanto, solicitar reiterada y periódicamente dicho certificado”. No obstante, recuerda que sólo tienen que renovarlo los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa u organización, si se produzcan cambios sustanciales en su relación laboral o de empleo –si cambia la empresa o el empleador–, o si dentro de su relación laboral cambian las circunstancias, de modo que comienza a trabajar habitualmente con menores cuando antes prestaba sus servicios para el público en general. Sin embrago, Justicia añade que “queda a criterio del empleador exigir nuevamente el certificado”, en el caso de tener sospechas “fundadas” o existan indicios de que el trabajador hubiera podido ser condenado en sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual con posterioridad a la presentación inicial del certificado.
26-JUNIO-2017: Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública (art. 95 bis LGT). La AEAT ha publicado el listado de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago superiores a al 1.000.000 €. La situación reflejada en el listado es a 31 de diciembre de 2016, por lo que no se ve afectado por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, como pueden ser el pago de la deuda y las sanciones. En cumplimiento de lo establecido en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria (LA LEY 1914/2003) y la Orden HAP/364/2016 (LA LEY 3822/2016), se publica el listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el importe de 1.000.000 € y no se encuentran ni suspendidas ni aplazadas, obrantes en el Sistema de Información de la AEAT a fecha de referencia 31 de diciembre de 2016.
27-JUNIO-2017: El Congreso debate que los ayuntamientos puedan decidir si abren sus comercios domingos y festivos. La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso debate la propuesta de Compromís para que los ayuntamientos puedan decidir si se acogen a la ampliación de horarios comerciales que permite abrir los comercios domingos y festivos. La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso debate la propuesta de Compromís para que los ayuntamientos puedan decidir si se acogen a la ampliación de horarios comerciales que permite abrir los comercios domingos y festivos. Esta iniciativa, llevada a la Cámara Baja por la diputada de Compromís Marta Sorlí, insta a derogar el artículo de la Ley de Horarios Comerciales en el que se establece la obligatoriedad para determinados municipios de declarar, al menos, una zona de gran afluencia turística. Estas zonas, elegidas por las comunidades autónomas a propuesta de los ayuntamientos en función de unos criterios recogidos por la ley, permiten una mayor flexibilidad para decidir qué días y qué horas abren sus comercios. MUNICIPIOS OBLIGADOS A ACOGERSE A LA NORMATIVA Según señala Compromís, los municipios que están obligados a acogerse a la normativa son aquellos con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros. La norma actual también recoge que, si en seis meses, después de la publicación de los datos turísticos, las comunidades no hubieran decidido qué zonas son las declaradas como turísticas, se declarará como tal la totalidad del municipio. Por ello, Compromís pide derogar esta obligatoriedad para estos municipios, así como incluir una nueva disposición para que los ayuntamientos que tuvieron que solicitar la declaración de esta zona de gran afluencia turística puedan ahora solicitar la revocación de la misma.
28-JUNIO-2017: Maza aconseja a los fiscales que recurran para que se transcriban las declaraciones de investigados, testigos y peritos. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha recomendado a los fiscales, en la “Instrucción 3/2017, sobre documentación de las diligencias sumariales de naturaleza personal”, que recurran jurisdiccionalmente ante las Audiencias Provinciales para hacer que les sea transcritas a papel las declaraciones que investigados, testigos y peritos realicen durante la fase de instrucción, las cuales son grabadas en formato audiovisual en DVD o CD. La reforma del artículo 230.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se llevó a cabo por medio de la Ley Orgánica 7/2015 de 1 de octubre, establece de forma tajante que “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse”. Esto ha creado un conflicto entre jueces de instrucción y fiscales en los últimos meses, en especial en las macrocausas y en los casos complejos. Porque cuando los fiscales solicitan a los jueces de instrucción dichas transcripciones en papel éstos contestan con el artículo de la LOPJ en cuestión: Lo prohíbe la ley. A esto se añaden dos problemas adicionales: Por una parte, los DVDs o CDs en los que están grabadas dichas declaraciones no suelen estar indexados de forma pormenorizada por lo que el visionado y la búsqueda de asuntos concretos consume un tiempo precioso; y, por otra parte, porque igualmente no hay personal en los juzgados para tales transcripciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordó, recientemente, en un informe el problema, en el que pidió al Ministerio que diera solución al problema de los medios técnicos pero en el que, igualmente, recordó a los jueces que no pueden ceder a las peticiones de los fiscales que vengan vía gubernativa.
28-JUNIO-2017: El Congreso insta al Gobierno a reformar la Ley Concursal y facilitar más las quitas de deuda. La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a presentar en un plazo máximo de seis meses una propuesta de reforma de la Ley Concursal y facilitar más las condiciones en las que un deudor pueda acceder a quitas del pasivo insatisfecho. La iniciativa, propuesta por Ciudadanos y pactada finalmente con el PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha sido respaldada también por Esquerra Republicana, el PNV, PDeCAT y Nueva Canarias, mientras que el Partido Popular ha votado en contra. En el texto aprobado, el Congreso reclama que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, "con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos". CIRCUNSTANCIAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD La reforma de la Ley Concursal también deberá contemplar circunstancias en las que el deudor persona natural no cuente con bienes ni ingresos que permitan, atendiendo a las circunstancias del caso, satisfacer dicho pasivo y éste tenga a cargo, al menos, a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia de acuerdo con los informes de los servicios sociales competentes. En estos casos, previa audiencia de los acreedores, podría declararse la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables. Por otro lado, el Congreso también reclama que se faculte al juez para que pueda acordar de oficio la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, sin necesidad de que ésta la solicite y así pueda valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor. DACIÓN EN PAGO Y NUEVA TASACIÓN Asimismo, apuestan por equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores y revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, con el fin de facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento. Por otro lado, la iniciativa llama a eliminar el período de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, aunque, matiza, "con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe". Los grupos piden también que el plazo de control para la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios no sea superior a 3 años. CANCELAR DEUDAS A CAMBIO DE LA DACIÓN EN PAGO También pide flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor. Asimismo, reclaman que cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, se realice una nueva tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago, que en cualquier caso no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.
28-JUNIO-2017: Tres Años desde la Ejecución del Nuevo Sistema de Acceso al Ejercicio de la Abogacía en España. La historia inicia un sábado 28 de junio de 2014, aquel fue el primer año en el que se aplicó el examen de acceso, experimentando la Administración Pública en poco más de 800 estudiantes originarios de distintas partes de la geografía española, aglutinando a todos ellos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con la única finalidad de ejecutar el examen más importante de su vida profesional el cual les acreditaría como futuros abogados. Todos y todas ellas arribaron a la facultad desde temprana hora, algunos desde Murcia, otros desde Barcelona, unos cuantos de País Vasco, y un gran porcentaje de Madrid. Aquel momento transcurrió, y tras unos meses de espera, los aprobados recibieron en su domicilio el título que les habilitaría para el ejercicio de la Abogacía. Desde aquel entonces las condiciones han cambiado, favoreciendo a la ejecución del examen. Los cambios van desde la inclusión de nuevas sedes para la realización del examen, el conocimiento del examen en otras lenguas oficiales de España, hasta las convocatorias, siendo actualmente 2 llamamientos anuales. Tras estos años, han sido múltiples los comentarios, que, sobre el examen de acceso al ejercicio de la abogacía, se han realizado desde distintos sectores, algunos referentes a la exigencia en el contenido de la prueba, y otros respecto de la obligatoriedad formativa señalada en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que, para nuestros efectos le denominaremos Máster. Realizando una encuesta de andar por casa, pregunté a varios colegas abogados y abogadas lo siguiente: Repartir tarjetas profesionales entre las víctimas de un accidente aéreo como medio de publicitarse. ¿Es conforme al Código Deontológico dicha publicidad? La respuesta es clara, no se puede promocionar porque este tipo de publicidad vulnera el Código Deontológico al dirigirse a las víctimas de accidentes que carecen de plena y serena libertad para la elección del abogado. No obstante, dudo de una respuesta marco por parte de los colegas que ejercen la profesión, y ello por cuanto, entre otras cosas, la decisión dependerá al final de factores, circunstancias que acaecen en la situación real de necesidad. Así las cosas, el problema no se encuentra en la rigurosidad de la prueba, muy por el contrario: (i) yace en los planes de estudios de los másteres; (ii) en el formato del examen; y (iii) en las prácticas externas.

References: artículo 24
 artículo 34
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 230