Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_b=1648&_es=0
Timestamp: 2020-01-18 15:21:44+00:00

Document:
ViolaciÃ³n del deber de protecciÃ³n judicial por ineficacia de un proceso administrativo de reivindicaciÃ³n de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indÃ­gena
ViolaciÃ³n del deber de protecciÃ³n judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus
La Corte ha sostenido que para que un recurso sea efectivo se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama.
En el Caso Castillo Páez, la Corte considera que el recurso de habeas corpus interpuesto por los familiares del señor Castillo Páez en contra de su detención, fue obstaculizado por agentes del Estado con la adulteración del registro de ingreso de detenidos, lo cual impidió localizar al agraviado y, aunque el recurso fue resuelto favorablemente en dos instancias, la Corte Suprema de Justicia, declaró la nulidad del fallo. Por consiguiente, quedó demostrada la ineficacia del recurso de hábeas corpus para lograr la libertad del señor Castillo Páez y, quizás, para salvar su vida. El hecho de que la ineficacia del recurso se debió a una desaparición forzada, no excluye la violación del artículo 25 de la Convención. Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos de la Convención y del Estado de Derecho en una sociedad democrática. El artículo 25 se encuentra ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solo garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. La detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía y, por tanto, se encontraba bajo la custodia de ésta, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, por lo tanto la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, con lo cual se viola el artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1. nota 1
En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte reitera que la efectividad del recurso de hábeas corpus no se cumple con su sola existencia formal pues debe proteger efectivamente a las personas contra los actos que violen sus derechos fundamentales aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (artículo 25.1 de la Convención). El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. En los casos de las víctimas que fueron detenidas y privadas de la vida de manera cruel por los agentes de la Guardia de Hacienda, no se tuvo posibilidad alguna de ejercer la garantía judicial que establece dicho precepto. En efecto, el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de la señora Paniagua Morales no tuvo ningún resultado, ya que a partir del momento en que fue detenida por agentes de la Guardia de Hacienda su paradero era desconocido y luego fue hallada sin vida. Ha quedado demostrada la ineficacia de dicho recurso de hábeas corpus, que no protegió a la víctima de los actos que, en su contra, cometieron agentes del Estado. En el caso del señor Chinchilla, no se ha demostrado que agentes de la Guardia de Hacienda hayan participado en los hechos que causaron su muerte. En cuanto a las restantes personas que fueron asesinadas, la Corte considera acreditado que no tuvieron acceso al recurso judicial que garantizara su libertad y su vida. Dichas personas estaban en poder de agentes del Estado y era éste el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos. La Corte concluye que el Estado de Guatemala no cumplió con su obligación de ofrecer un recurso efectivo a los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos y Manuel de Jesús González López, en violación del artículo 25 de la Convención y así lo declara. nota 2
En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, la Corte concluyó que la tramitación del recurso de hábeas corpus, interpuesto por los representantes de los menores para que se les mejoraran sus condiciones de vida en el Instituto, excedió todo límite permisible. Todo esto puesto que además, la tardanza en resolverlo se tradujo en que, algunas de las personas a cuyo favor se interpuso ya no se encontraban en el Instituto cuando se dio lugar al referido recurso, por lo cual éste no fue efectivo para aquéllos que intentaba proteger. nota 3
Caso Castillo PÃ¡ez Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 34 .

References: artículo 25
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 artículo 1
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