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Timestamp: 2020-06-05 09:24:42+00:00

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Articulo 28 de la LISR
Posted on 06/07/2018 by ContaCBB
Es inconstitucional porque: los conceptos no deducibles solo generan ISR después de que se venden, no antes de conformidad con criterios nuevos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. Esto lo señala una nueva tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala.
El artículo en cuestión habla de todos los conceptos que no pueden ser deducibles. Su último párrafo del artículo afirma que estos conceptos se deberán considerar en el ejercicio en el que se haga la erogación y no en aquel ejercicio en que formen parte del costo de lo vendido. Según la jurisprudencia, esto afecta injustificadamente la renta neta que servirá de base para la determinación de lo que deben pagar los contribuyentes, ya que provoca que un concepto no deducible tenga efectos fiscales de forma anticipada.
Esto es que al hacer un gasto no se afecta la situación fiscal de un contribuyente porque solo es una modificación en sus activos. Esto implica que el patrimonio del contribuyente no cambia, y por lo tanto no hay una alteración susceptible de gravarse.
Pero si se grava desde este punto, los contribuyentes se ven afectados en su esfera jurídica anticipadamente, ya que deben reconocer los conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se erogan. La jurisprudencia dice que, de ser deducible, la cantidad en cuestión sólo debería tener un efecto fiscal en el momento en el que se reconoce el costo de ventas correspondiente.
Por estas razones, se determinó que este último párrafo del artículo 28 transgrede el principio de proporcionalidad tributaria porque obliga a reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen y no en el que forman parte del costo de lo vendido.
Por todo lo anterior, si se solicita un amparo contra este artículo, el artículo no se aplicaría a quien lo solicite, con lo que se libraría de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles que por su naturaleza formen parte del costo de ventas deducible.
Así, los contribuyentes sólo tendrán que cumplir esta obligación hasta el momento en el que esos conceptos no deducibles formen parte del costo de lo vendido para que la utilidad fiscal que reporten no se contamine con operaciones de otros periodos, lo que haría que la tasa para determinar el ISR no fuera la que corresponde con la capacidad real del contribuyente.
La información es poder, que hay que hacer valer ante las autoridades para evitar arbitrariedades por parte de la autoridad tributaria.
Jubilación – Juicio Laboral
Posted on 04/07/2018 by ContaCBB
Una nueva tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en materias civil y de trabajo determinó que el reclamo del derecho a la jubilación debe tramitarse en el procedimiento ordinario (el juicio laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje).
Esto se debe a que este derecho no es parte del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social ni de los que las Afores deban cubrir, según la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por esto, como dice el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, al no ser parte de estos beneficios de seguridad social, el reclamo debería hacerse por procedimiento ordinario.
La jubilación no pertenece a los conflictos individuales de seguridad social, que deben tramitarse a través del procedimiento especial; el cual se lleva a cabo en una sola fase y se emplea para reclamar las prestaciones derivadas de los seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social.
Tres años de cárcel si No proporciona su Domicilio principal al RFC
Posted on 29/06/2018 by ContaCBB
La sanción por dar datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes es de tres meses a tres años de cárcel, de acuerdo al artículo 110 del Código Fiscal de la Federación.
El artículo 10 del mismo Código dice que, para las personas morales residentes en el país, el domicilio fiscal es donde se encuentre la administración principal del negocio.
Según una nueva tesis aislada de la Primera Sala ninguno de los dos artículos viola el principio de seguridad jurídica; por lo tanto, no son inconstitucionales. El texto es bastante claro al señalar que la “administración principal” se refiere al lugar más importante donde se lleve la administración del negocio.
Por lo anterior, si los contribuyentes dan otro domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes pueden esperar de tres meses a tres años de prisión.
Lo anterior no es un delito grave porque alcanza los beneficios de una caución o fianza pero la consecuencia legales son un hecho que hay que tener presente siempre al darle datos falsos a la autoridad tributaria.
Pruebas en Materia Fiscal
Posted on 22/06/2018 by ContaCBB
En las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales es factible que se considere que los registros contables no se encuentran debidamente amparados. Esta circunstancia se produce en todos aquellos casos en que las documentales exhibidas por un contribuyente para efecto de acreditar sus registros son consideradas insuficientes, ya sea bajo la premisa que de éstas no se desprende la relación jurídica entre dicho contribuyente y las personas físicas o morales a las que se aluda en tales documentos; o que no existe identidad entre tales cantidades y las señaladas en los registros contables o cualquier otra similar; y con base en ello se determina un crédito fiscal firme.
No obstante, en tales casos no resulta procedente la determinación presuntiva de contribuciones omitidas, si tales pagos de bienes, servicios o préstamos recibidos, se encuentran registrados en la contabilidad del contribuyente y cuentan con un sustento documental; sin que la autoridad demandada acredite su falta de idoneidad o improcedencia a través del medio de convicción idóneo, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, le corresponde la carga de la prueba al respecto, al ser la premisa en que sustenta su determinación.
Ello es así, porque para poder determinar presuntivamente ingresos omitidos y valor de actos o actividades gravadas para efectos de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, la autoridad fiscalizadora tiene la obligación de acreditar que las documentales con las que el contribuyente afectado pretende acreditar su dicho no existen o bien no son auténticas y/o idóneas, partiendo que la cuestión principal a resolverse en éstos casos, consiste en acreditar que la documentación con la que se pretende sustentar el gasto y/o deducción que se objeta por parte de la autoridad, es apta o no para tales efectos; de ahí que corresponde demostrar a la autoridad, tanto en el procedimiento de fiscalización, como en los medios de defensa que en contra de sus determinaciones se interpongan, que las documentales aportadas por los contribuyentes afectados efectivamente resultan apócrifas, insuficientes o faltas de idoneidad para la debida acreditación o procedencia de tales operaciones y, a su vez, de sus registros contables. Por lo que cuando no lo acredita resulta ilegal por infundada e inmotivada su determinación, e igualmente infundados sus argumentos de defensa relativos a que el contribuyente afectado no exhibió documentales suficientes para acreditar el respaldo de sus registros contables.
No resulta óbice para considerar lo anterior, la objeción que de las documentales exhibidas por parte de los contribuyentes realice la autoridad fiscal, ya sea que las funde en que desde su punto de vista como autoridad son “insuficientes”, pretendiendo así arrojar en el gobernado la carga de la prueba, bajo la tesis de que los actos de autoridad gozan de la presunción de validez; pues representaría una postura equivocada de su parte, ya que para que dicha premisa sea aplicable se requiere en primer término que aún de forma aparente se cumpla con el requisito de fundar y motivar sus actos; de tal suerte que, si la resolución omite expresar las razones de insuficiencia de la documentación que rechaza (motivación), resulta inaplicable cualquier fundamentación que exprese al carecer de una adecuación fáctica a las circunstancias del caso.
De la misma manera que resultaría improcedente el que “objete” esa documentación aludiendo a que no le genera convicción por tratarse de documentales privadas; toda vez que con su exhibición la parte afectada pretende acreditar la licitud y veracidad de sus registros contables conforme a lo previsto en las disposiciones fiscales y, en segundo orden, porque la objeción a que se refiere el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles no debe entenderse sólo como la expresión verbal que se hace en el momento de la presentación del documento, pues objetar significa Oponer reparo a una opinión o designio; proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado. Por tanto, la objeción obliga a quien la formula a racionalizarla, lo que en el ámbito jurídico se traduce en un acto procesal que constriñe al objetante a demostrar las razones o la causa en que se apoya su oposición y así, invalidar la fuerza probatoria de un documento. Esto es, quien formula una objeción implícitamente plantea un hecho de carácter positivo, ya que debe explicar por qué no tienen valor probatorio tales o cuales documentos y, como la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, se está obligado a probarla, atento lo dispuesto por los artículos 81 y 82, fracción I, del propio ordenamiento adjetivo en cita.
En ese sentido, si la autoridad fiscal, ya sea a través del rechazo y/o de la simple objeción trata de invalidar la fuerza probatoria de los documentos exhibidos por un contribuyente, es a ella a quien corresponde la carga de la prueba de la causa en que se apoya y su demostración, para de este modo hacerlos ineficaces para sus fines, puesto que la simple manifestación de que se objeta un documento privado es insuficiente para restarle el valor probatorio que pueda corresponderle, aún y cuando sea expresada por parte de una autoridad.
Las pruebas en materia tributaria son fundamentales sea para acreditar las situaciones de hecho y derecho ante la autoridad recaudadora y también ante los medios que proporcionan justicia en controversias legales.
Posted on 21/06/2018 by ContaCBB
Es en la ley del ISR es donde están contemplados los denominados regímenes fiscales preferentes, que definen a los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, señalando que están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto por la ley, por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en ellas, así como por los ingresos que obtengan a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero.
Los ingresos a que se refiere este concepto son los generados en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito por las entidades o figuras jurídicas extranjeras y los que hayan sido determinados presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no hayan sido distribuidos por ellas a los contribuyentes.
Se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México.
Se toma en consideración que los ingresos están sujetos a un régimen fiscal preferente cuando el impuesto sobre la renta efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción de que se trate sea inferior al impuesto causado en México por la aplicación de una disposición legal, reglamentaria, administrativa, de una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otro procedimiento. Se consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al derecho extranjero que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas morales constituidas conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero, y se consideran figuras jurídicas extranjeras, los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar del derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia.
No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los generados a través de entidades extranjeras que sean residentes fiscales en algún país, territorio o jurisdicción y tributen como tales en el impuesto sobre la renta en el mismo, cuando sus utilidades estén gravadas con una tasa igual o mayor al 75% de la tasa establecida en el artículo 9 de la ley del ISR que es del 30%, siempre que sean gravables todos sus ingresos, salvo los dividendos percibidos de entidades que sean residentes del mismo país, territorio o jurisdicción, y que sus deducciones sean o hayan sido realmente erogadas, aun cuando se acumulen o deduzcan, respectivamente, en momentos distintos a los señalados en Ley.
Los ingresos gravables se determinarán cada año de calendario y no se acumularán a los demás ingresos del contribuyente, inclusive para los efectos de los artículos 14, 106, 144 y 145 de la Ley, según corresponda.
Este es un tema relativamente novedoso pero a tomar en consideración principalmente como herramienta para evitar la doble tributación y sacar provecho de las prerrogativas de la legislación fiscal.
Patrones no obligados a dar Utilidades a sus Trabajadores
Posted on 19/06/2018 by ContaCBB
El reparto de utilidades o conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) es el derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte proporcional de las utilidades generadas en la empresa para la cual laboran, conforme a la Declaración Anual que presenten ante las autoridades tributarias.
Tienen derecho al reparto de utilidades todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón o empresa. Se determinan individualmente las utilidades para los trabajadores tomando en cuenta la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo con el monto de los salarios percibidos.
Hay que considerar que no tienen derecho al reparto de utilidades, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
Los patrones no obligados serán:
La obligación del reparto de utilidades se genera desde el primero de abril hasta el treinta de mayo tratándose de personas morales (empresas), y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas, es importante señalar que para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación.
Este concepto se debe tener muy presente cuando se es trabajador o patrón para no tener conflictos legales con la autoridad fiscal.
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References: artículo 28
 artículo 870
 artículo 110
 artículo 10
 artículo 81
 resolución 
 artículo 203
 artículo 9