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Timestamp: 2019-02-21 01:37:31+00:00

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Así lo acuerdan las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura del
Así lo acuerdan las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 22 días del mes de Octubre de 2018.
POR LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA
DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ
DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA
DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE
DIP. JESÚS BERINO GRANADOS
HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA EL DICTMANEN QUE MODIFICA EL CONTENIDO DE LAS FRACCIONES VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
DICTAMEN de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el artículo 50 y la fracción II del artículo 74 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con la finalidad de actualizar la denominación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la de Fiscalía General del Estado; planteada por la diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional; y,
PRIMERO. - Que en Sesión celebrada por el pleno el día 19 de junio del año 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el proemio de este dictamen.
SEGUNDO. - Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa fue remitida a esta comisión para efectos de estudio y dictamen el día 23 del mismo mes y año.
TERCERO. - Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,
PRIMERO. - Que la propuesta de la promovente se basa en realizar las adecuaciones necesarias en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de cambiar la denominación de Procuraduría General de Justicia del Estado, por la de Fiscalía General del Estado, y corregir la referencia a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, ya que presenta un error de redacción en su nombre.
SEGUNDO. - Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:
Con el objetivo de garantizar la seguridad, la no discriminación y la no violencia de las mujeres coahuilenses, se creó en nuestro Estado la Ley de Acceso para las Mujeres a una vida Libre de Violencia, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de marzo de 2016.
Así mismo resulta de suma importancia mencionar que los principios rectores que deberán ser observados de acuerdo a la Ley antes mencionada para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia son:
La igualdad formal;
La igualdad sustantiva;
El libre desarrollo de la personalidad;
La no revictimización;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La libertad de las mujeres;
La transversalidad de la perspectiva de género;
La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado; y
Dado lo anterior es que con el seguimiento de los principios antes mencionados las diferentes dependencias y áreas del Gobierno del Estado, podrán llevar a cabo la elaboración y ejecución de las políticas, programas y acciones a favor de las mujeres de Coahuila; así mismo se definen las atribuciones que las mismas tendrán para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Es así que considero que las dependencias que tienen competencia en la materia, deben estar correctamente mencionadas.
En particular me refiero al artículo 50 de la multicitada Ley, puesto que en el mismo aún se hace referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual desapareció por mandato del Decreto N° 942 del año 2017 emitido por el Congreso del Estado, para ser sustituida por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Así mismo se propone modificar la fracción II del artículo 74 del mismo ordenamiento con el fin de que la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia sea debidamente mencionada.
En esta tesitura, resulta necesario actualizar las denominaciones en comento, con la finalidad de que el referido ordenamiento jurídico no haga referencia a denominaciones inexistentes y de esta manera haya una adecuada terminología que garantice su viabilidad acorde al andamiaje jurídico vigente en Coahuila.
TERCERO. - Analizada la propuesta, verificamos que, en efecto, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza aún se hace referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado; esto en el siguiente dispositivo:
Artículo 50. La Procuraduría General de Justicia del Estado, además de las atribuciones previstas en los ordenamientos descritos en esta Ley, tendrá las atribuciones siguientes….
Asimismo, como lo señala la promovente, en la fracción II del artículo 74 existe un error de redacción que debe ser subsanado para que la referencia a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia sea correcta.
Es, por los motivos expuestos, una propuesta para que se actualice un término y, a la vez, se corrija el nombre de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, que presenta un error en la disposición antes señalada.
Dicho lo anterior, resulta evidente la justificación para que se realicen las adecuaciones propuestas por la diputada Diana Patricia González Soto.
CUARTO. - Atentos a lo señalado, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien presentar al pleno para su aprobación el presente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 50 y la fracción II del artículo 74 de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 50. La Fiscalía General del Estado, además de las atribuciones previstas en los ordenamientos descritos en esta Ley, tendrá las atribuciones siguientes:
II. En caso de mujeres menores de edad, cuya vida se encuentre en riesgo por cualquier tipo de violencia, podrán ingresar previa solicitud firmada de la madre, padre o tutor legalmente designado o por quien ejerza la patria potestad, o bien de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia o del juez o jueza competente, o en su caso, a petición del Ministerio Público como una medida precautoria;
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila el día 12 de Noviembre de 2018.
POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO
HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA EL PROYECTO DE DICTAMEN con relación a una Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el artículo 50 y la fracción II del artículo 74 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con la finalidad de actualizar la denominación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la de Fiscalía General del Estado.
DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal dos fracciones de terreno; la primera con una superficie de 194.36 m2., y la segunda con una superficie de 202.57 m2., ubicadas en el Fraccionamiento “Bugambilias” de esa ciudad, con el fin de permutarlos a favor de los C.C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos y Federico Javier Reyes Villarreal con objeto de compensar a los particulares que fueron afectados sus predios correspondiendo al interés público, en virtud de las obras realizadas con la construcción de un Canal de Aguas Pluviales.
PRIMERO. Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 14 de agosto de 2018, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.
SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302 que dispone ”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.
TERCERO. Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.
CUARTO. Que de las constancias que obran en el expediente, se acompaña copia certificada de cabildo de fecha 11 de julio de 2018, conforme el cual se decidió por unanimidad de los presentes integrantes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal dos fracciones de terreno; la primera con una superficie de 194.36 m2., y la segunda con una superficie de 202.57 m2., ubicadas en el Fraccionamiento “Bugambilias” de esa ciudad, con el fin de permutarlos a favor de los C.C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos y Federico Javier Reyes Villarreal.
El primer inmueble propiedad municipal se identifica como fracción de terreno Lote A, con una superficie de 194.36 M2., ubicado en la colonia “Bugambilias” de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 16.69 metros y colinda con el lote 8-A, propiedad del C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos.
Al Sur: mide 16.85 metros y colinda con área municipal (lote B).
Al Oriente: mide 11.62 metros y colinda con calle Dr. Héctor de la Fuente Rodríguez.
Al Poniente: mide 11.62 metros y colinda con área municipal (canal de aguas pluviales).
El segundo inmueble propiedad municipal se identifica como fracción de terreno Lote C, con una superficie de 202.57 M2., ubicado en la colonia “Bugambilias” de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 16.87 metros y colinda con área municipal (lote B).
Al Sur: mide 17.08 metros y colinda con propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal.
Al Oriente: mide 11.56 metros y colinda con calle Dr. Héctor de la Fuente Rodríguez.
Al Poniente: mide 12.32 metros y colinda con área municipal (canal de aguas pluviales).
Dichos inmuebles se encuentran inscritos con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Monclova, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 92321 Libro 924 Sección I, de fecha 9 de diciembre de 2013.
Inmueble afectado propiedad del C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos, con una superficie de 194.36 M2., ubicada en la calle Dr. Héctor de la Fuente Rodríguez, identificado catastralmente como fracción del lote 08-B de la manzana 3 en la colonia Bugambilias, de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste: mide 8.25 metros y colinda con propiedad particular.
Al Sur: mide 5.90 metros y colinda con área municipal (canal de aguas pluviales)
Al Oriente: mide 28.82 metros y colinda con lote 08-A propiedad del C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos.
Al Poniente: mide en dos líneas quebradas 7.25 metros y 27.60 metros y colinda con propiedad particular de la colonia Leandro Valle.
Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 22022, Foja 150, Libro 98-B, Sección I, de fecha 08 de enero de 2001.
Primer inmueble afectado propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal, con una superficie de 185.28 M2., ubicada en la calle Dr. Héctor de la Fuente Rodríguez, identificado catastralmente como fracción del lote 08-B de la manzana 1 en la colonia Bugambilias, de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 5.90 metros y colinda con área municipal (canal de aguas pluviales).
Al Sureste: mide 8.38 metros y colinda con lote 07-B propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal.
Al Oriente: mide 28.61 metros y colinda con lote 08-A propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal.
Al Poniente: mide 34.21 metros y colinda con propiedad privada de la colonia Leandro Valle.
Segundo inmueble afectado propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal, con una superficie de 17.29 M2., ubicada en la calle Dr. Héctor de la Fuente Rodríguez, identificado catastralmente como fracción del lote 07-B de la manzana 1 en la colonia Bugambilias, de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste: mide 8.38 metros y colinda con lote 08-B propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal.
Al Sur: mide 5.90 metros y colinda con calle Enrico Epifanía.
Al Oriente: mide 5.86 metros y colinda con lote 07-A propiedad del C. Federico Javier Reyes Villarreal.
La suma de estas dos fracciones de terreno equivale a una superficie total de 202.57 m2., el cual se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del C. Federico Javier Reyes Villarreal, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 22071, Foja 194, Libro 98-B, Sección I, de fecha 19 de enero de 2001.
QUINTO. El objeto de esta operación es única y exclusivamente compensar a los particulares que fueron afectados sus predios correspondiendo al interés público, en virtud de las obras realizadas con la construcción de un Canal de Aguas Pluviales.
SEXTO. Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Monclova, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, logrando así garantizar por una parte la construcción de un Canal de Aguas Pluviales, evitando inundaciones, mismas que se presentaron en años anteriores, afectando a los vecinos del sector, así como la posesión de los inmuebles a los particulares en virtud de la afectación de su propiedad. El cual otorgará un beneficio social a los habitantes de la colonia.
Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal dos fracciones de terreno; la primera con una superficie de 194.36 m2., y la segunda con una superficie de 202.57 m2., ubicadas en el Fraccionamiento “Bugambilias” de esa ciudad, con el fin de permutarlos a favor de los C.C. Oscar Elihud Garibay de Hoyos y Federico Javier Reyes Villarreal.
ARTÍCULO SEGUNDO. El objeto de esta operación es única y exclusivamente compensar a los particulares que fueron afectados sus predios correspondiendo al interés público, en virtud de las obras realizadas con la construcción de un Canal de Aguas Pluviales.
ARTÍCULO TERCERO. Para que el municipio pueda disponer de este bien inmueble y cumplir con lo que se dispone en el artículo que antecede, el ayuntamiento, conforme a lo que señalan los artículos 304 y 305 del Código Financiero para los municipios del Estado, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerán un plazo cierto y determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de octubre de 2018.
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA
Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván
Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.
Dip. Rosa Nilda González Noriega.
Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares
Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández
Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, PARA SOLICITAR DE MANERA URGENTE A EL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, UN CENTRO PENITENCIARIO QUE ALBERGUE A LAS PERSONAS EN SITUACION DE PRISION PREVENTIVA, ASI COMO DE INTERNAMIENTO TRANSITORIO.
CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE
El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, suscribimos el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a través de la siguiente:
La población del municipio de Acuña se ha dado a la tarea de realizar las gestiones necesarias para impulsar un sistema acusatorio penal más fuerte en dicho municipio., de manera organizada, la Barra de Abogados de Acuña, sociedad civil y ciudadanos en general, han expuesto y demandado a lo largo de los años recientes las carencias que existen y lo que la realidad moderna les exige de manera estricta en materia de impartición de justicia.
Gestiones que han dado frutos al lograr instalar los juzgados penales del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Acuña y la posibilidad de fortalecer un Centro de Justicia que quede cercano a la ciudadanía.
En seguimiento al tema y para darle una atención integral, hemos de explicar en esta Tribuna que el municipio de Acuña no cuenta con un Centro de Internamiento Transitorio, mucho menos con un Centro Penitenciario, lo que ocasiona que las personas detenidas sujetas a proceso o a las que se les ha dictado pena corporal, sean trasladadas desde la Ciudad de Acuña a Piedras Negras, y de vuelta a Acuña, tantas veces como sean requeridas por el órgano jurisdiccional con sede en Acuña, lo que ocasiona las siguientes consecuencias:
Se erogan recursos materiales y humanos para el traslado de los indiciados o imputados desde la Ciudad de Acuña a Piedras Negras y de vuelta a Acuña, y en algunos casos, con regreso nuevamente a Piedras Negras.
Erogaciones por concepto de combustible para el traslado de personal de la Fiscalía de Acuña a Piedras Negras para internar al Centro Penitenciario a los detenidos. Lo que implica el viaje de regreso de dicho personal de la Fiscalía a Ciudad Acuña. Normalmente se ocupan dos agentes de la Fiscalía, lo que implica además de los gastos de combustible, gastos en comida y el desgaste de las unidades.
Erogaciones por parte del personal del Centro penitenciario para trasladar a los detenidos de Piedras Negras a Acuña y ponerlos a disposición del Juez de Control, que implica el viaje de regreso de dicho personal a la Ciudad de Piedras Negras.
Erogaciones de los familiares tanto de las víctimas u ofendidos, como de los indiciados o imputados, quienes tienen que trasladarse de Ciudad Acuña a la Ciudad de Piedras Negras.
Información oficial recabada en la Defensoría Jurídica en materia Penal en el Municipio de Acuña, nos indica que desde la instalación del Juzgado Acusatorio y Oral en dicha Ciudad hasta la presente fecha, es decir, en aproximadamente 45 días, el índice de expedientes que ha conocido dicho Tribunal es de 76 causas, en tanto han sido 5 personas a las que se les ha decretado de manera cautelar prisión preventiva.
Haciendo una proyección, Acuña podría llegar a 621 causas en un año, de las cuales se estima que derive en aproximadamente 50 imputados o reos para purgar penas, pero hay entre un 80-90% que estarían en el Centro de Internamiento Transitorio un periodo que va de las 72 a 144 horas, es decir, de 3 a 6 días a disposición del Juez de Control desde la audiencia inicial hasta la vinculación a proceso.
La prisión preventiva encuentra su fundamento en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que puede ser solicitada por el Ministerio Público o decretada de manera oficiosa por el Juzgador en los términos que establecen los artículos anteriormente mencionados, pudiendo llegar está a tener una duración de hasta dos años.
Con las estadísticas establecidas de un promedio de 621 causas generadas en un año, podemos hacer una proyección de los gastos en los que incurre el Estado en materia de traslados de indiciados e imputados de la Ciudad de Acuña-Piedras Negras Piedras Negras-Acuña. Es importante recordar que la distancia entre ambas ciudades es de 91 kilómetros. Así, si en forma conservadora se le asignara un promedio de $800 pesos por viaje sencillo o unitario, que incluya el gasto en combustible y viáticos de comida por traslado de dos funcionarios, sin tomar en cuenta el desgaste de la unidad automotriz y tiempo de los funcionarios, y si tomamos en cuenta que serían mínimo dos viajes redondos por cada una de las causas, tendríamos una estimación de erogación anual cercana a los 2 millones de pesos por parte del Estado.
Esos mismos viajes son los que en promedio realizarían los familiares tanto de las victimas u ofendidos, como de los indiciados o imputados, quienes tendrían que trasladarse entre las ciudades de Acuña y Piedras Negras, lo que representa un duro golpe a su economía familiar.
Si bien teniendo el Juzgado Penal en Acuña se resuelve un problema de logística y economía para los implicados, aún queda sin resolver el tema del internamiento y los gastos para los familiares de las víctimas, autoridades y defensores.
Por lo anterior, es claro que mientras no se regularice esta situación se habrán de generar gastos económicos, materiales y humanos por el traslado de los indiciados e imputados entre las ciudades de Acuña y Piedras Negras.
La situación que vivimos, representa un gasto excesivo por parte del Estado que lejos de pretender ser una inversión en materia de seguridad, encaja más en un supuesto de una mala previsión a la hora de realizar una inversión, además de que aleja a la impartición de justicia de la gratuidad, prontitud y la expedites.
Por otro lado es importante subrayar que el actual Juzgado Acusatorio y Oral recientemente instalado en Ciudad Acuña, cuenta con la infraestructura ya instalada para llevar a cabo juicios, al contar con tres celdas debidamente equipadas, mismas a las que actualmente no se les de uso permanente, sino solo cuando se trasladan a los indiciados desde la Ciudad de Piedras Negras para la celebración de la audiencia inicial.
Además se cuenta con las instalaciones del antiguo CERESO, mismo que se encuentra actualmente en desuso, por lo que solo falta tomar la decisión para que las autoridades penitenciarias rehabiliten dichas instalaciones y designen personal para la administración del Centro Penitenciario que se solicita para el Municipio de Acuña, Coahuila.
Compañeras y compañeros Diputados., les hago un llamado para fortalecer un verdadero Sistema de Justicia integral que incluya la atención penitenciaria. Fortalezcamos al Municipio de Acuña y sus habitantes para que se garantice la justicia y la seguridad a todos sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo misma que solicitamos sea considerada con carácter de obvia y urgente resolución:
ÚNICO.- QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SOLICITE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE EN EL 2019 EL MUNICIPIO DE ACUÑA CUENTE CON UN CENTRO PENITENCIARIO QUE ALBERGUE A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA ASÍ COMO DE INTERNAMIENTO TRANSITORIO, ES DECIR, DESDE LA PUESTA A DISPOSICIÓN AL JUEZ DE CONTROL HASTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO.
POR UN GOBIERNO DE CONCERTACION DEMOCRATICA
GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ”
MÚZQUIZ, COAHUILA A 08 DE NOVIEMBRE DE 2018
Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta la de la voz Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de que el Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura Coahuilense, en base a la memoria histórica que esta Soberanía ha demostrado orgullosa y valientemente en defensa de la Libertad y en contra de las Tiranías y Dictaduras, exhorte respetuosamente al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, de que retire la invitación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión Presidencial en nuestro País el próximo 1 de diciembre de 2018, lo anterior con base en las siguientes:
El pasado viernes 26 de octubre del presente, quien ha sido mencionado como el próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer los nombres de los mandatarios que visitarían nuestro país en el marco de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los mandatarios que se señaló aceptaron la invitación y asistirán el próximo primero de diciembre, se encuentra Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello ha desatado la indignación de diversos sectores de la sociedad mexicana debido a la situación en la que el mandatario venezolano tiene a su país, sus acciones en contra de sus adversarios políticos y de las instituciones democráticas, la violencia y presos políticos, la falta de alimentos y medicinas y la migración a gran escala.
Esta situación ha sido ampliamente difundida por la propia sociedad venezolana mediante testimonios, imágenes y videos y por extensos reportajes de diversos medios de comunicación.
No son solamente las acciones que Nicolás Maduro ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos lo que ha despertado el malestar de las sociedades mexicana y venezolana, son también las repetidas acusaciones sin fundamentos que el señor Maduro ha hecho en contra de México, incluidas las de una supuesta intervención del gobierno mexicano en asuntos de política interior de Venezuela.
La más reciente de dichas acusaciones fue cuando, a más de un mes de lo ocurrido, el gobierno de Venezuela señaló a México, Colombia y Chile de participar en el atentado del 4 de agosto de 2018 durante el desfile que conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de Nicolás Maduro.
Además, implicó a nuestro país, a Chile y Colombia de colaborar con los supuestos responsables, directamente de facilitar su escape.
No sólo no se aportaron evidencias de las acusaciones hechas, salvo testimonios de los cuales no hay certeza, se ha insistido en esta acusación sin fundamentos y se llevó a Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General.
México ha sido un país que se manifiesta a favor de la democracia y de acercarnos y tener relaciones con distintos países en todo el mundo.
Por ello, es que México forma parte del Grupo de Lima, por el conocimiento que se tiene del tema y porque dicho grupo defiende la vía democrática y el diálogo, postura clave en la forma que México lleva a cabo su política exterior y que es parte de los principios plasmados en la Constitución.
No podemos dejar a un lado las posturas y acciones de la dictadura de Nicolás Maduro.
El pasar por alto todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es aceptarlo, nos hace cómplices de un régimen que tiene acusaciones serias de que ha violado derechos humanos.
No podemos minimizar los testimonios de venezolanos y venezolanas que han vivido la crisis venezolana; su valentía no puede ser minimizada, ni ignorada.
Una persona que sin fundamentos acusa a nuestro país de intervencionista y de planear atentados en contra de la vida de una persona no es bienvenida.
Esta soberanía al ser depositaria de la tutela del estado de derecho, debe de hacer este puntual pronunciamiento.
Es por ello, que no podemos permitir que un jefe de Estado que ha acusado a México de intervenir en un supuesto complot en su contra, además de ser un violador de los derechos humanos y generador de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, acuda a nuestra Nación a presenciar un acto Republicano y democrático en el que no cree y que en su propio país ha eliminado, para convertirla en una dictadura atroz, asesina y represora.
Con base a lo antes expuesto y plenamente justificado, ahora apelo a la congruencia de todos los legisladores integrantes de esta Soberanía, para estar a la altura de lo que ahora la historia nos reclama, y como en su momento el Congreso de Coahuila fue protagonista para desconocer la usurpación y tiranía que pretendió instaurar en nuestra patria Victoriano Huerta, en el año 1913, hoy hagamos con nuestro voto un acto gallardo y valeroso en defensa de los sistemas democráticos y ocupemos con honor estas curules llenas de historia y valentía, de ahí, que por dichas razones, presentemos a esta Soberanía para su aprobación en la vía de urgente y obvia resolución, la siguiente:
ÚNICO. Que en base a la memoria histórica que esta Soberanía ha demostrado orgullosa y valientemente en defensa de la Libertad y en contra de las Tiranías y Dictaduras, se exhorte respetuosamente al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, de que retire la invitación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión Presidencial en nuestro País el próximo 1 de diciembre de 2018.
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 21 de noviembre de 2018
DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO DIP. BLANCA EPPEN CANALES
DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEG DIP. MARÍA EUGENIA CAZARES MARTINEZ
DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE
DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDEZ
Hoja de firmas que acompaña la proposición con punto de acuerdo sobre retirar la invitación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión Presidencial en nuestro País el próximo 1 de diciembre de 2018
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO, EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO INFORMAR SOBRE CUOTAS ELEVADAS DEL SEGURO POPULAR EN COAHUILA.
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
La suscrita Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor quiénes suscribimos el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI; 88, fracción X XIII; 111; 179, 180; 181; 182; 290; 291; 292; 293; 294; 295 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente exposición de motivos.
Basta recorrer nuestros municipios y sus colonias para darnos cuenta de los problemas que como sociedad enfrentamos. En Coahuila estamos sumidos en una profunda desigualdad que hace crisis en temas básicos: Salarios, faltas de espacios donde integremos a los ciudadanos, desempleo y con ello problemas de salud para toda la familia incluyendo: niños, jóvenes, padres y adultos mayores.
Se supone que uno de los principios rectores del trabajo a favor de la salud, es trabajar para construir modelos preventivos con atención adecuada para los derechohabientes.
Los servicios de salud que brinde el estado deben tener componentes como la atención atención eficiente, oportuna y de calidad, para ello, el estado promoverá la existencia de mecanismos que protejan y garanticen el derecho a la salud (…)
Nos da gusto que el señor Gobernador del Estado considere una prioridad la salud de los coahuilenses, porque segura estoy que con ese interés podrá responder a las demandas que los municipios del Estado y este Congreso del Estado hemos hecho para fortalecer los servicios básicos.
De forma transexenal ha subsistido el Seguro Popular que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud para aquellas personas que no cuenten con empleo, que son emprendedores, que trabajan por cuenta propia y que no están afiliados a ninguna institución de seguridad social.
Sin embargo los objetivos que se fijaron en su momento en la creación del Seguro Popular distan mucho de estarlos cumpliendo:
Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos
Asegurar justicia en el financiamiento en materia de salud
Fomentar en el Estado una Cultura de Protección a la Salud
Y Disminuir significativamente los gastos que por salud realizan las familias.
En este último punto quiero concentrarme. Ciudadanos del Distrito han interpuesto quejas antes su servidora, las autoridades de salud y Diputados Federales sobre el costo de los servicios de salud.
La cobertura del Seguro Popular ha dejado de ser una opción económica y preventiva para las personas de escasos recursos económicos.
Las quejas ciudadanas van desde: Los costos por reinscripción de pólizas, las tarifas por estudios, la aplicación de inyecciones o cirugías exceden a veces su precio que hospitales generales.
Además de que si alguna persona no renovó su póliza a tiempo, los costos son mayormente elevados.
En un tema tan sensible como la salud debe hacer transparencia a los ciudadanos. No nos cuesta nada decirles de donde se originaron esos cobros, quién los aprobó o desde cuando esta esa medida con documentos oficiales.
Otro tema relacionado con el Seguro Popular es que en algunos municipios como Sabinas el modulo de atención del Seguro Popular no está permanente sino itinerante, y cuesta trabajo a la gente de escasos recursos poder ubicar al responsable.
Por ello también es necesario poner orden en este tema. Los servicios de acceso a la salud deben de estar cerca y de forma permanente.
Por lo anteriormente expuesto solicito su respaldo para aprobar este punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución:
PRIMERO- Que este Honorable Congreso del Estado de manera respetuosa solicite al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud del Estado informe sobre los esquemas de cobros de los servicios de Seguro Popular en todo el Estado de Coahuila y detalle de manera transparente y objetivo el motivo de los mismos a los derechohabientes.
SEGUNDO.- Que este Honorable Congreso del Estado solicite al Secretario de Salud que instale módulos de atención permanente del Seguro Popular en todos los municipios en instituciones con la salud como hospitales públicos o centros de salud.
Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” Unidad Democrática de Coahuila
DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES
DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
Saltillo, Coahuila 13 de noviembre de 2018
Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el de la voz Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de que el Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura, solicite respetuosamente al Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Doctor Xavier Diez de Urdanivia, remita a la brevedad posible a esta Soberanía, un informe pormenorizado de las Autoridades o Servidores Públicos que hayan desestimado las recomendaciones que dicho organismo les haya decretado, a fin de que tales funcionarios tengan que comparecer ante este Poder Legislativo, para que funden y motiven el rechazo a tal determinación del Ombudsman Coahuilense, lo anterior con base en las siguientes:
Los derechos humanos en México son el conjunto de derechos fundamentales de las y los ciudadanos mexicanos, garantizados en diversos ordenamientos jurídicos del país, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones en la materia en las 32 entidades federativas del país.
Desde 2011, debido a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos tienen rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte, ​ a pesar de dichas reformas y la existencia de organismos tutelares de los derechos humanos, en este país y en la mayoría de los estados de la república, los derechos humanos se violan de manera grave debido a fallas estructurales e históricas, siendo importante resaltar que en algunos estados dichas violaciones se realizan de manera sistemática y en complicidad con autoridades de distintos niveles de gobierno.
Según la Organización de las Naciones Unidas, México es parte de los 30 países en los que más se violan y con mayor frecuencia los derechos humanos, siendo junto con Venezuela los países en donde la situación es más dramática, para Amnistía Internacional la violación en México es endémica y la garantía de los mismos no es accesible a todos los sectores de la población. ​
Según un informe de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, en México se vive un deterioro de la situación en la materia, el gobierno mexicano no cuenta con un mecanismo de garantía del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones recibidas tanto de organismos de derechos humanos foráneos ni de los locales, quedando en el olvido y en la injusticia diversos casos que quedaron impunes o sin castigo para los responsables.
Las principales violaciones mencionadas fueron homicidios particularmente feminicidios, asesinatos e intimidaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, allanamientos de domicilios sin orden judicial, actos crueles y de tortura por parte de cuerpos policiacos, atentados contra la libertad de expresión, entre otros.
En México los Derechos Humanos constituyen uno de los ejes sobre los que descansa el Estado de Derecho, los cuales han ido abriéndose paso con la participación de las diversas fuerzas políticas y sociales, en este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus similares Organismos Estatales juegan un papel determinante, porque tienen a su cargo, precisamente, la protección de esos derechos. ​
En ese sentido, si los Derechos Humanos representan el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, tales derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, de ahí, que resulte inconcebible que una autoridad del estado o un servidor público en funciones, que haya sido acreedor de una recomendación por parte del Ombudsman Coahuilense, no obstante que tuvo la oportunidad de comparecer al procedimiento no jurisdiccional de la tutela de derechos humanos que se instauró en su contra, y tuvo a su alcance los medios probatorios para combatir ese señalamiento, y no obstante ello, fue merecedor de una recomendación en su contra dadas las pruebas de haber incurrido en una violación a derechos humanos de un ciudadano o ciudadana coahuilense, al no atender oportunamente dicha recomendación y cumplimentarla en todos sus términos a satisfacción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tal funcionario debe de ser citado ante esta Soberanía para que explique públicamente su desacato a dicha recomendación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción XLIX, del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de ahí, que por las razones anteriormente expuestas, presentamos a esta Soberanía para su aprobación en la vía de urgente y obvia resolución, la siguiente:
ÚNICO. Que se solicite respetuosamente al Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Doctor Xavier Diez de Urdanivia, remita a la brevedad posible a esta Soberanía, un informe pormenorizado de las Autoridades o Servidores Públicos que hayan desestimado las recomendaciones que dicho organismo les haya decretado, a fin de que tales funcionarios tengan que comparecer ante este Poder Legislativo, para que funden y motiven el rechazo a tal determinación del Ombudsman Coahuilense.
Saltillo, Coahuila a 21 de Noviembre de 2018
DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO
DIP. MARÍA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. BLANCA EPPEN CANALES
DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS
DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN
HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA solicitar respetuosamente al Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Doctor Xavier Diez de Urdanivia, remita a la brevedad posible a esta Soberanía, un informe pormenorizado de las Autoridades o Servidores Públicos que hayan desestimado las recomendaciones que dicho organismo les haya decretado, a fin de que tales funcionarios tengan que comparecer ante este Poder Legislativo, para que funden y motiven el rechazo a tal determinación del Ombudsman Coahuilense
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada Gabriela Zapopan Garza Galván conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno exhorte a la Auditoria Superior del Estado con el fin de que audite la operación, eficiencia y resultado de los programas de ciencia y tecnología en el estado, derivado del convenio celebrado entre el IEEC Y EL COECYT, y rinda un informe ante la Comisión de Finanzas, por concepto de los recursos de las multas a los partidos políticos durante los procesos electorales, correspondientes al ejercicio, 2017 y 2018.
Es nuestro deber como Diputados de la LXI legislatura del congreso de Coahuila, velar porque en nuestro gran estado se den las condiciones de armonía y desarrollo de capacidades y talentos, debemos contribuir con acciones concretas a mitigar la migración del ingenio, talento y capacidad de los coahuilenses, quienes por no tener condiciones adecuadas para el desarrollo de sus disciplinas se ven obligados a migrar a lugares que les garanticen el ambiente propicio para el desarrollo de sus aptitudes, , en nuestro gran estado es menester garantizar las condiciones propicias para que nuestros jóvenes, nuestras mentes brillantes , nuestros innovadores se queden y desarrollen en Coahuila, creando así condiciones adecuadas de crecimiento cultural y tecnológico, que repercutirá directamente a una economía sana, y mejor calidad de vida.
La ciencia y la tecnología, es vista por muchos gobiernos como temas secundarios e irrelevantes, siendo este un grave error, pues por el contrario, deben situarse como ejes centrales de desarrollo y detonadores de la economía.
En Coahuila se ha hecho un esfuerzo para lograr tener mayores recursos y de esta manera destinarlos a mas población, programas y proyectos.
Ante los procesos electorales vividos en el estado de Coahuila, donde de manera democrática fueron renovados distintos cargos de elección popular en los años 2017, 2018 y derivado de las campañas políticas desarrolladas durante esos años, los partidos políticos en el desarrollo de sus campañas fueron objeto de múltiples multas por muy distintas causas, por parte de la autoridad electoral en la materia, siendo así que los partidos políticos, con financiamiento público, deben pagar las multas cuando estas han quedado firmes es decir que ya no han sido impugnadas o bien que se han impugnado pero la autoridad en la materia las ha establecido como multas fijas y definitivas y que cada partido debe pagar, derivado de irregularidades o faltas cometidas en las campañas políticas.
Resultando una situación del todo contradictoria, pues por un lado no es el objeto ni fin que los partidos políticos sean, multados y que tengan que destinar fondos públicos que pagamos todos los ciudadanos, si no por el contrario lo ideal sería que este concepto no se materializara y que ningún partido cometiera ninguna irregularidad o falta.
Sin embargo la realidad es otra y cada proceso electoral arroja en última instancia multas millonarias que los partidos deben pagar a la autoridad competente, y con el fin de brindar garantías de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, certeza jurídica, la propia legislación electoral establece el fin último de estos recursos y de un modo, lo malo (irregularidades y faltas de los partidos), traducirlo en algo productivo y destinarlo al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologías. Al respecto, nuestra legislación electoral dispone:
Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro, serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila en los términos de las disposiciones aplicables.
A través de un convenio celebrado entre el IEC y COECYT el 14 de julio de 2016, con el objeto de implementar lo mandatado en el artículo 277 del Código Electoral para el Estado de Coahuila y el cual el mismo instrumento jurídico en su cláusula quinta establece como vigencia, al momento de su firma y dado su origen y naturaleza, tendrá una duración indefinida.
Por el mismo contenido de dicho instrumento se crea la imperiosa necesidad de evaluar las metas, los objetivos los beneficiarios, los programas y fin último de todos estos recursos, pues el mismo convenio de manera muy simplista solo menciona en la cláusula segunda en su segundo párrafo, que los recursos deben ser destinados principalmente a programas y actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado, así de manera escueta, y sin establecer metas, objetivos detallados, alcances etc., deja mucha discrecionalidad en la ejecución de los recursos.
Aunado a esto, y derivado de que los recurso que finalmente se transfieren al COECYT son producto de resoluciones administrativas sancionadoras de donde deriven hayan quedado firmes ya sea por no haber impugnado dentro de los términos legales para ello, o bien por haber sido resueltas en última instancia por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
Es necesario que la Auditoria Superior del Estado, revise, examine, los montos transferidos, las metas, alcances de los programas y los beneficiarios finales, para en un ámbito de nuestra competencia colaborar para crear mejores condiciones tecnológicas y científicas en nuestro estado.
Por lo Anteriormente expuesto, presento ante ustedes compañeros diputados, la siguiente:
Proposición con Puntos de Acuerdo
Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.
Único.- Este pleno del Congreso del estado de Coahuila, instruye a la Auditoria Superior del estado para que, en el ámbito de sus competencias, audite la operación, eficiencia, y resultado de los programas de ciencia y tecnología en el estado, derivado del convenio celebrado entre el IEEC Y EL COECYT, y rinda un informe ante la Comisión de Finanzas, por concepto de los de los recursos de las multas a los partidos políticos durante los procesos electorales, correspondientes al ejercicio, 2017 y 2018.
GRUPO PARLAMENTARIO “

References: artículo 50
 artículo 74
 Artículo 103
 artículo 50
 artículo 74

Artículo 50
 artículo 74
 artículo 50
 artículo 74

Artículo 50
 artículo 50
 artículo 74
 Artículo 102
 Artículo 304
 Artículo 305
 Artículo 302
 resolución 
 artículo 67
 artículo 277