Source: http://pabloaure.blogspot.com/2017/05/
Timestamp: 2018-04-25 12:43:00+00:00

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Pablo Aure: mayo 2017
Publicado por Pablo Aure en 17:56 No hay comentarios:
La Secretaria de la UC a la opinión pública
La Secretaría de la Universidad de Carabobo ante los graves hechos ocurridos en el país desde inicio de las protestas antigubernamentales en el pasado mes de abril, como respuesta de la sociedad civil por la ruptura del orden constitucional promovida por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el consecuente desconocimiento de la Asamblea Nacional como poder legítimo y legalmente constituido, manifiesta su profundo dolor y pesar por los asesinatos de ciudadanos y muy especialmente de estudiantes venezolanos, como consecuencia de la actuación, brutal y desmedida, de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Rechaza igualmente la actuación de los llamados colectivos o grupos paramilitares que actúan protegidos por los cuerpos policiales anteriormente mencionados.
En orden a esta situación la Secretaria de la Universidad de Carabobo expresa de manera categórica los siguientes aspectos:
1. Repudia y rechaza lo ocurrido en el Decanato del núcleo del estado Bolívar de la Universidad de Oriente, donde resultó asesinado el estudiante de enfermería Augusto Puga, luego de que ingresaran al recinto violando la autonomía universitaria, efectivos de la Policía del estado Bolívar y de la Guardia Nacional Bolivariana.
2. Manifiesta su alarma ante las cifras publicadas por el Ministerio Público: hasta el presente se cuentan 57 personas fallecidas, de las cuales 54 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo, se han registrado más de 1000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares.
Por otra parte, esta Secretaría ve con profunda preocupación que, luego del agravamiento de la ruptura del hilo constitucional, surja del Ejecutivo Nacional la propuesta de un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente que no nace de la consulta pública mediante referéndum donde se garantice la participación de todo el electorado nacional a través del voto universal, directo y secreto conforme lo establece la Constitución.
Aunado a toda esta situación están los delitos de lesa humanidad en que incurren diariamente miembros del Ejecutivo Nacional y los Generales, Jueces y fiscales militares encargados de ordenar y procesar a civiles en tribunales militares amparados en el llamado “Plan Zamora”.
Lo expresado anteriormente nos permite solicitar de manera firme y decidida lo siguiente:
1. Plantear la necesidad urgente de lograr un acuerdo nacional para garantizar la transición del actual régimen totalitario a un gobierno nacional democrático, que respete los derechos humanos y la pluralidad de pensamiento.
2. Ratificar la necesidad de que las universidades venezolanas permanezcan unidas con la sociedad civil para hacer frente a los múltiples atropellos de los que son víctimas todos los venezolanos. Al respecto, es oportuno recordar que la academia es de la nación, no del gobierno. El proyecto político del gobierno no es el proyecto académico de la universidad venezolana, pensar lo contrario trae graves consecuencias a la solvencia intelectual universitaria.
3. Solicitar la apertura de canales humanitarios que permitan recibir ayuda internacional de medicamentos y alimentos básicos, para que nunca más se vea la imagen grotesca de personas buscando comida en la basura.
4. Hacer un llamado a la reflexión y sindéresis de los entes encargados del control de manifestaciones, para que actúen con pleno apego al respeto a los Derechos Humanos y a las leyes de la República.
En Valencia, a los 26 días del mes de mayo de 2017
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Solicitud antejuicio de méritos a Nicolás Maduro
Pablo Aure solicitó a la Fiscal General inicie
antejuicio de mérito a Nicolás Maduro y Magistrados del TSJ
Caracas, 18 de mayo de 2017. Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo debidamente asistido por el abogado Héctor Pacheco, acudió a la sede principal del Ministerio Público para solicitar a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, inicie el procedimiento de antejuicio de mérito correspondientes a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, al presidente Nicolás Maduro y a los Generales encargados del “Plan Zamora”.
“Luego de escuchar las recientes declaraciones de Fiscal General donde asegura que con las sentencias de la Sala Constitucional ha ocurrido una ruptura del orden Constitucional, y que además, el Estado venezolano no puede exigir a los manifestantes una conducta apegada al derecho si es él quien viola el ordenamiento legal en primer lugar, he decidido, como ciudadano, abogado y Secretario de la UC, solicitarle a Luisa Ortega Díaz, como máxima representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, avance en el antejuicio de mérito a los altos funcionarios que en esencia han dado un golpe de Estado” aseguró Aure.
En este sentido, sobre el documento entregado precisó “en la petición que acabo de hacer no se limita a los Magistrados de la Sala Constitucional, sino que también abarca a Nicolás Maduro y a los Generales responsables de procesar a civiles ante tribunales militares, amparados en un llamado “Plan Zamora” del cual nadie conoce detalle, pero que a juzgar por los hechos incurre en delitos de lesa humanidad, de conformidad el artículo 7 ordina 1.E del Estatuto de Roma sobre la encarcelación o privación grave de la libertad, considerando que la Constitución Nacional en su art. 261 prohíbe juzgar a civiles en jurisdicción militar” agregó.
Por último, el Secretario UC recordó “nada más en Carabobo hay más de 180 civiles juzgados por tribunales militares, de los cuales muchos son estudiantes e incluso trabajadores de la Universidad, eso es inaceptable”.
Yo, Pablo Aure Sánchez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.208.546, Abogado, Secretario de la Universidad de Carabobo, domiciliado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, y en este acto procediendo en ejercicio de mis derechos civiles, asistido por el ciudadano Héctor Darío Pacheco Peña, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.116.954, abogado en ejercicio, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 125.328, ante su competente autoridad acudo para exponer y solicitar:
El artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que son atribuciones del Ministerio Público:
En ese mismo orden de ideas, el desarrollo normativo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 3°, el sometimiento pleno a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley y, los tratados de Derechos Humanos, suscritos y ratificados.
El referido texto legal dispone en los artículos 6° y 8°, lo concerniente a la unidad de criterio y actuación y el órgano jerarquizado, en tal sentido, somete a su autoridad como Fiscal General de la República, todo lo necesario para el desarrollo de las distintas actividades que despliega el ejercicio mismo de la acción penal en cuanto a las competencias previstas en la Carta Magna como ampliamente está desarrollado en la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 16.
En tal sentido, y como es del conocimiento público y notorio la grave crisis que vive la Nación, aunado a las declaraciones que usted pronunciara el 31 de marzo del año en curso, en ocasión del balance de gestión del Ministerio Público, en las cuales manifestó su rechazo a las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, y las calificó de representar varias violaciones del orden legal y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que a su juicio constituye “una ruptura del orden Constitucional”, y asimismo en concordancia con sus declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, el día 3 de mayo de 2017, en las que igualmente mostró su rechazo a las pretensiones del Ejecutivo Nacional de cambiar la actual Constitución, a través de una Asamblea Nacional Constituyente “comunal”, por ser la actual Carta Magna de acuerdo a su criterio “inmejorable”, además de recalcar la ilegalidad de la conducta del Presidente de la República, al decir “…no podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están apegadas a la ley”.
En consecuencia y en atención a esto, solicito ante su competente autoridad y con la debida formalidad inicie ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fiel cumplimiento con el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, que le otorga la facultad de ejercer querellas contra altos funcionarios y de acuerdo a lo establecido el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por las sentencias previamente aludidas, así como en contra del Presidente Nicolás Maduro, por la alteración del orden constitucional lo que significa la ruptura del hilo constitucional, es decir por haber dado un “golpe de Estado”, que si bien es un término político, dentro del Derecho positivo vigente se entiende como Rebelión, previsto en el ordinal 2° del artículo 143 del Código Penal, el cual establece:
2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De igual forma, dispone la Ley Orgánica contra la Corrupción en su artículo 89 en atención a la conducta típica desplegada por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
La funcionaria o funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por si mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) años a siete (7) años y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido. La prisión será de cuatro (4) años a ocho (8) años y la multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido, si la conducta ha tenido por efecto:
1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca la funcionaria o el funcionario.
Si la o el responsable de la conducta fuere una jueza o juez, y de ello, resultare una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, la pena de prisión será de cinco (5) años a diez (10) años.
Con la misma pena en cada caso, será castigada la persona interpuesta de la que se hubiere valido la funcionaria o funcionario público para recibir o hacerse prometer el dinero u otra utilidad, y la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad indicados en este artículo.
Del mismo modo y siendo de su exclusiva competencia querellarse en contra de altos funcionarios incluidos los Generales encargados de ejecutar el “Plan Zamora” que contraviene en toda su dimensión el debido proceso, al establecerse el secuestro de la jurisdicción penal ordinaria y entregándosele a la penal especial militar, esto es juzgar en jurisdicción militar a civiles detenidos en protestas pacíficas, e incluso ciudadanos que han cometido el delito de saqueo, el cual, siendo este último, un delito común que debe ser exclusivamente juzgado por tribunales ordinarios, tal como lo señala el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
En tal sentido, es necesario también recordar lo establecido en el Estatuto de Roma en su artículo 7, ordinal 1.E, señalando como delito de lesa humanidad la “Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, en las cuales está expresamente prohibido juzgar a civiles en tribunales militares.
Es importante destacar, que con la vigencia de la Constitución y en el aspecto vigente el Código Orgánico de Justicia Militar que se está aplicando a diversos civiles, constituye una palmaria violación a la consideración del orden público, advirtiendo que la implementación del “Plan Zamora” para la persecución de delitos que no son de naturaleza militar, es inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales suscritos válidamente por la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el bien jurídico tutelado no está en el fuero militar, sino el orden público, cuyas circunstancias objetivas no han sido vulneradas para el efecto represivo que han dispuesto los ciudadanos Generales a cargo de la operación del respectivo plan, cuya actividad fue en menoscabo de los principios constitucionales y legales referentes al debido proceso, la jurisdicción ordinaria y el juez natural. Aunado que en su condición de Fiscal General de la República tiene bajo su potestad a la Fiscal General Militar y al Ministerio Público Militar, siendo este un órgano subordinado a su autoridad, no pudiendo desviar los lineamientos que Usted prudentemente dicte, sometidos a la Constitución y a las Leyes.
En consecuencia y a tenor de lo narrado, solicito ante su máxima representación fiscal, intente las acciones jurídicas correspondientes contra los funcionarios que para cuyo juzgamiento sea menester el antejuicio de méritos y del mismo modo se le devuelva a la jurisdicción penal ordinaria el conocimiento de las causas arrebatadas por el denominado “Plan Zamora”. Con ello estaría cumpliendo con lo que le ordena la Constitución, en su artículo 285, numeral: 1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Está en sus competencias como garante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la titularidad de la acción penal y sobre todo como integrante del Poder Ciudadano, debiendo velar por el apego y sometimiento pleno en cuanto a la determinación de las responsabilidades de los funcionarios públicos, permitir esto, es violar la Constitución y omitir el compromiso y razón dado el cargo que ostenta en la primacía de los Derechos Humanos, aunado a que dispone dentro de su orden, la vigilancia de los funcionarios sometidos a su autoridad y en ese mismo orden de ideas, conforme a lo previsto en los numerales 8, 10 y 12 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en lo atinente a:
8. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal y administrativa en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, así como la penal y civil de los o las particulares.
10. Ejercer los recursos y acciones contra los actos dictados por el Poder Público, viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la República.
12. Investigar y ejercer ante los tribunales competentes, las acciones a que hubiere lugar con ocasión de la violación de las garantías constitucionales y derechos humanos, por parte de funcionarios públicos o funcionarias públicas o particulares.
Es Justicia que espero en la ciudad de Caracas, en la fecha de su presentación.-
Abog. Pablo Aure Sánchez
V-5.208.546
Abog. Héctor D. Pacheco P.
IPSA 125.328
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Bullying a los corruptos
No es fácil permanecer callado ante hechos evidentes. Que se entienda bien, ese muchacho que cuando lo ven en el exterior lo pitan y le dicen lo que de la indignación le salga al que lo increpa, es de la misma edad que los miles de jóvenes que vemos a diario tragar gas lacrimógeno, recibir palizas de la policía, de colectivos y de la Guardia Nacional, que le han ocasionado cicatrices o lesiones incurables y en muchos casos han encontrado la muerte luchando por un país mejor; es decir no es un muchachito inocentico. Él disfruta fuera de Venezuela del producto de lo robado por su padre, mientras que el de acá, lucha por un ideal de perseguir un mejor país, ese que el padre del “acosado” ha destruido. Siendo esto así, hay que estar de acuerdo en aquella máxima que nos han enseñado que los hijos no deben soportar las cargas de las malas acciones de sus padres, pues entonces, que no soporten ninguna carga, esas maletas llenas de dólares las deberían devolver para poder comenzar a hablar de perdón. El ladrón que se confiesa de haber robado, si no devuelve lo robado sigue estando en pecado.
Publicado por Pablo Aure en 19:12 No hay comentarios:
Comunicado del Secretario UC ¡Viva la academia, viva la vida, viva la libertad!
¡Viva la academia, viva la vida, viva la libertad!
El Secretario de la Universidad de Carabobo a la comunidad
Desde el día cinco (5) de abril, cuando los espacios del alma Mater fueron allanados y pisoteados por la bota militar, nuestra centenaria Casa de estudios ha estado bajo un clima de tensión. Recordemos que decenas de efectivos de la Guardia Nacional penetraron a la facultad de Ingeniería y FACYT accionando sus armas de fuego y lanzando bombas lacrimógenas en contra de estudiantes, empleados, obreros, profesores, y a quienes se encontraban en ese momento. A más de un mes de esa felonía militar muchos de nuestros estudiantes victimas de esa tropelía de efectivos militares, están recibiendo tratamientos médicos, uno de ellos, a quien le dispararon a quema ropa en el tobillo desgraciadamente quedará con su función motora disminuida ya que esa acción criminal le produjo la perdida de la movilidad de un pie. A esta fecha, desconocemos la medida disciplinaria impuesta al efectivo militar que le disparó, ni conocemos la de aquellos que estuvieron involucrados en esa arremetida brutal a la UC. Tampoco hemos tenido conocimiento de las resultas de la denuncia formal que nuestra rectora magnifica, como representante de la Universidad de Carabobo y presidente del Consejo Universitario, consignó ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
Luego de esa fecha, cinco (5) de abril, que marca un antes y un después dentro de la historia de nuestra centenaria Universidad de Carabobo, aquí en el estado Carabobo, y en el país en general, se han producido una serie de manifestaciones de protestas, al punto de que el grado de convulsión ha traspasado nuestras fronteras y se han realizado reuniones de la Organización de los Estados Americanos donde se ha planteado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Fiscal General de la República también se ha pronunciado ante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han anulado las competencias del Poder Legislativo, lo que se traduce en un golpe de Estado. Esas protestas han ocasionado cuatro decenas de muertes y centenares de heridos, a lo cual debemos sumarle el millar de detenidos, y desde la semana pasada, la actuación inconstitucional de la jurisdicción militar para procesar y decidir sobre la libertad o encarcelamiento de aquellos ciudadanos que se han detenido en manifestaciones o en cualquier otro evento considerado por efectivos del régimen como actividades delictuosas.
Carabobo ha sido uno de los estados más afectados por la represión gubernamental, donde a manera de experimento se viene aplicando el Plan Zamora, que irrumpe en contra de todos los logros del derecho penal moderno, que debe regir en los países democráticos y civilistas. Ese denominado Plan Zamora supervisado y ejecutado por las fuerzas armadas asume el control pleno de la jurisdicción penal, arrebatándole a los ciudadanos el debido proceso en toda su concepción, por citar un ejemplo la garantía del juez natural que significa, que en ningún caso un civil podrá ser juzgado por un juez militar.
A la opinión UCISTA, en particular, y a la opinión pública en general, advertimos que todos los procesos penales que vienen desarrollándose amparados en el denominado Plan Zamora, son nulos de toda nulidad, y los ejecutores de su aplicación serán responsables penalmente ya que así lo dispone el Estatuto de Roma que le dio vigencia a la Corte Penal Internacional, donde se prescribe como delito de lesa humanidad los encarcelamientos violando normas fundamentales (artículo 7.e del Estatuto).
Las protestas se han multiplicado luego del uno (1) de mayo, fecha en la cual el presidente Nicolás Maduro pretendió mediante decreto, a todas luces inconstitucional hacer un llamado a un proceso Constituyente. Esas protestas han originado también la multiplicación de las detenciones.
En tal sentido, siendo la Universidad venezolana fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, como secretario de la institución no puedo permanecer callado ante tal situación, nuestro Consejo Universitario se ha pronunciado en diversos comunicados que advierten lo que está sucediendo. Hoy siento la responsabilidad de pronunciarme como una de las cuatro autoridades para no desmayar en la tarea de afianzar nuestros valores fundamentales como lo establece el artículo uno (1) de la Ley de Universidades, esto es, que tenemos la suprema responsabilidad de trascender más allá de cualquier inquietud individual y buscar el bienestar colectivo, el cual conquistaremos con el concurso de toda la comunidad UCISTA junto a la comunidad extra universitaria. Nuestros espacios deben estar abiertos para el debate y para la acción enmarcada en el espíritu democrático y apegada al respeto a la pluralidad.
Hoy más que nunca debemos escuchar a los estudiantes, la Universidad de Carabobo no es ajena a la realidad que padecemos todos los venezolanos. Hemos sufrido las inclemencias de un régimen que no cree en la superación del ciudadano sino en su sumisión. He allí la prioridad que el régimen le ha dado al equipamiento militar antes que al equipamiento de nuestras Universidades.
Finalmente, el despacho a mi cargo, acompaña la decisión de la rectora magnifica Dra. Jessy Divo de Romero en el que hace un llamado a los universitarios para que vean en su Universidad la verdadera “escuela de la responsabilidad” donde los salones y los pasillos, así como lo ha sido la calle (que no debemos abandonar) sus sitios de discusión, para encontrar el camino de la libertad y el restablecimiento de la institucionalidad nacional.
Que la Universidad siempre esté abierta, pero entendiendo el momento que vivimos, no deben ser sometidos a evaluaciones los estudiantes ni considerar como “materia vista” algunos puntos que puedan impartirse, tampoco el resto del personal deberá ser sometido a un control de asistencia, ya que sus luchas deben darse del lado de las comunidades que claman por justicia, libertad, democracia, salud, prosperidad, reconciliación y reconstrucción del país.
Hoy está más vigente que nunca la famosa cita que pronunciara Miguel De Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca cuando un general dijo _“Mueran los intelectuales. Viva la muerte” A lo que el ex rector magnífico le contestó: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho”
En Valencia a los nueve (9) días del mes de mayo de 2017
Publicado por Pablo Aure en 21:01 No hay comentarios:
Esto no podía tener un final distinto al que estamos viviendo. El régimen que ha venido destruyendo la institucionalidad del país tenía que recurrir al macabro “Plan Zamora” como soporte dictatorial y de esa manera alargar la agonía de la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores.
Los “maduristas” le han declarado la guerra a los que se oponen a sus intenciones y despropósitos gubernamentales.
En la guerra hay enemigos y aliados, no adversarios. En las guerras se somete o se extermina al enemigo. Los enemigos atacan a sus objetivos para destruirlos o debilitar posibilidades de avance. Es por esa razón que los asesores de Nicolás Maduro recurrieron al “Plan Zamora” para despejar obstáculos en sus ataques. En efecto, ese “Plan” salta a la torera principios y garantías establecidas tanto en la Constitución Nacional como en pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela, que protegen los Derechos Humanos. Uno de esos derechos es el debido proceso, que es menester seguirse en el enjuiciamiento de los sindicados de haber cometido un hecho punible. En el caso concreto de los acontecimientos recientes, es que con el Plan Zamora desaparece el “juez natural”, para darle paso a la jurisdicción penal especial militar, donde se juzga a todo aquel que resulte señalado por el régimen. Desde luego, es inoficioso discutir las causas de detención si de lo que hablaremos es del “Juez Natural”.
Señalan las leyes y la jurisprudencia que un civil en ningún caso podrá ser juzgado en jurisdicción militar. Sin embargo, eso no es lo que hemos visto con las últimas detenciones, pues, acá en Carabobo han detenido a centenares de civiles y puestos a la orden de la jurisdicción militar, aplicándoles, no el Código Penal, sino el Código Orgánico de Justicia Militar, que inclusive, no solo es inaplicable por lo del “Juez natural”, sino por las penas que en él se establecen. Por ejemplo, me comentan abogados que han asistido a personas que supuestamente participaron en saqueos, que han sido imputados con el artículo 481, que tipifica el delito de la instigación a la rebelión, con pena de 5 a 10 años de prisión; y la “expulsión de las Fuerzas Armadas a los oficiales y clases; y prisión de 4 a 8 años a los individuos de tropas o marinería”. La pregunta que le tenemos que hacer al juez y al fiscal militar que inconstitucionalmente están procesando a los “saqueadores” es ¿Expliquen cómo expulsar de la Fuerza Armada a alguien que no pertenece a ella?
La patraña de imponer la jurisdicción militar.-
Un fiscal que es militar y un juez que también es militar son de menor jerarquía del que imparte la orden de detención, y en esta descomposición de la institución, y basados en el principio de la disciplina, subordinación y obediencia que los rige, poco probable que desacaten una orden. Cualquier lego en la materia penal sabe por el sentido lógico que en esas circunstancias no puede haber justicia, ya que en manos de un militar obediente a sus superiores jerárquicos, reposará la responsabilidad de acusar y decidir sobre la libertad de un civil. Señores, esta situación es a todas luces aberrante, por la grosera transgresión de los derechos humanos de los detenidos. Entiéndase bien: no hablo ni siquiera de inocencia o culpabilidad de los detenidos (eso es otra discusión). A lo que me refiero es a la flagrante violación de una conquista de la civilidad contra regímenes de talante dictatorial que recurren a los militares para atemorizar y ejecutar sus felonías.
La inequívoca explicación a esta ignominiosa práctica, no puede ser una distinta que la respuesta del régimen a las recientes actuaciones, o mejor dicho, declaraciones de la Fiscalía General de la República, en las que se observa un cambio de rumbo a lo que había sido su postura. Recordemos: se pronunció en torno a sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolas de una ruptura del orden constitucional, y también se refirió a su disconformidad con la Constituyente planteada por Maduro.
Ya Nicolás Maduro no cuenta con el Ministerio Público para imputar y acusar a los que él considere sus enemigos. Por eso, mediante ese decreto dictatorial se le despoja fraudulentamente del monopolio de la acción penal a la fiscalía del ministerio público para entregársela a los que por ahora son sus aliados. Es decir, a un grupete de militares que se encargarán de impartir órdenes en la jurisdicción penal militar. He allí el motivo para apelar a esa monstruosidad judicial establecida en el Plan Zamora.
Esos juicios amañados podrán darle un poquito de respiro y margen de negociaciones al régimen que agoniza, pero no lo salvará de su caída.
Ante juicio de méritos.-
Arriba señalé que la Fiscal General de la República se ha limitado a declarar sobre alteración del orden constitucional. Es decir, de la perpetración de un golpe de estado. Pero en ningún momento ha ejercido las acciones correspondientes contra los ejecutores de ese hecho punible que lesiona las instituciones republicanas.
El Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y jurisprudencias del TSJ, han señalado que la exclusividad de la acción penal para iniciar el procesamiento de los altos funcionarios es de la Fiscalía General de la República, quien de manera excluyente es quien puede incoar un antejuicio de méritos contra aquellas personas que gozan de esa prerrogativa para ser juzgados. Entre ellos: el Presidente de la República, Ministros y los propios Magistrados del TSJ, entre otros. La fiscal general doctora Luisa Ortega Díaz, además de declarar, está obligada a proceder judicialmente como garante del cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El cinismo del Plan Zamora.-
Si es cierto que la mayoría de los detenidos a raíz de la implementación del Plan son personas que han estado involucrados en saqueos, no es menos cierto que también han detenido a algunos manifestantes que pacíficamente ejercían su legítimo derecho de protestar. Insisto juzgar a ambos sectores de detenidos en jurisdicción militar es una aberración, porque viola el principio del juez natural. Ahora bien, haberle dado el nombre de Zamora a un plan que persigue a los saqueadores, no es más que una desvergüenza de sus ideólogos, ya que Ezequiel Zamora fue uno de los principales saqueadores de la Nación, que despojaba y destruía fincas y comercios de aquellos venezolanos que no apoyaban su causa.
Lástima que muchos militares no leen la historia de Venezuela y se han dejado castrar el cerebro por arengas desnaturalizadas. Pero también es una lástima que no lean lo que establecen las normas penales plasmadas en múltiples instrumentos jurídicos que preceptúan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Les recomiendo leer el Estatuto de Roma, o sin ir tan lejos, la Constitución, para que entiendan que serán responsables de sus actos y no los salvará la excusa de haber actuado siguiendo órdenes superiores. Están a tiempo de recapacitar, porque, no tengan dudas de que estamos en los estertores del régimen. Es oportuno recordar la historia de otros dictadores; insisto tiendan puentes para “negociar” la salida de Maduro y la entrada a la transición. Que quede claro no es dar un golpe, de lo que se trata en todo caso es de la restitución del hilo constitucional que se ha alterado de acuerdo a lo señalado por la Fiscal General de la República. Pueden leer también el artículo 333 de la CRBV.
Publicado por Pablo Aure en 18:38 No hay comentarios:

References: artículo 7
 artículo 285
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 377
 artículo 266
 artículo 143
 artículo 89
 artículo 261

Artículo 261
 artículo 7
 artículo 285
 artículo 16
 artículo 481
 artículo 333