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Timestamp: 2020-01-28 07:55:10+00:00

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Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa. TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 104 Tipificación
1. Las alteraciones, daños y vertidos, en los montes catalogados, en el arbolado y en las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio de los mismos.
2. La alteración de hitos, señales y mojones en montes catalogados, referidos en los artículos 24 y 25.
3. Las ocupaciones y usos previstos en los artículos 30 a 32 sin autorización preceptiva y el abandono de la maquinaria, materiales y productos utilizados en las obras.
4. La obtención de aprovechamientos previstos en los artículos 44 y 53 sin las autorizaciones pertinentes, cuando sean preceptivas, o sin ajustarse a las prescripciones técnicas y administrativas señaladas por la Administración Forestal, o incumpliendo lo previsto en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 44.
5. Realizar la apertura de pistas incumpliendo las condiciones fijadas por la Administración Forestal, tal como se establece en el artículo 44.4.
6. Iniciar los aprovechamientos de los montes catalogados sin la correspondiente licencia de disfrute, expedida por la Administración Forestal, tal como se dispone en el artículo 51.
7. Incumplir las obligaciones y limitaciones impuestas por la Administración Forestal, para los aprovechamientos en los montes patrimoniales y particulares, tal como se establece en el artículo 52.
8. Incumplir las limitaciones y especificaciones de los aprovechamientos dictadas por la Administración Forestal conforme a lo previsto en el artículo 54.
9. Incumplir la obligación de repoblar prevista en el artículo 55, o las prescripciones y previsiones impuestas por la Administración Forestal a tal fin.
10. Incumplir las limitaciones de pastoreo impuestas por la Administración Forestal previstas en el artículo 57.
11. El aprovechamiento y la adjudicación de pastos en montes catalogados incumpliendo lo establecido en los artículos 57 y 58.
12. La pasturación libre y sin gestión de ganado cabrío y porcino en los montes Catalogados de Utilidad Pública tal como se establece en el artículo 59.
13. Contravenir las normas de control de ganado y las buenas practicas agrarias, establecidas en el artículo 60.
14. Incumplir las condiciones de usos recreativos (circulación y estacionamiento de vehículos, uso del fuego, uso de elementos sonoros, acampada, conservación de manantiales, fuentes y cursos de agua, etc.) previstas en el Artículo 62.
15. Incumplir lo establecido en el artículo 67, cuando los proyectos de construcción de infraestructuras y de obras de interés general puedan afectar a montes catalogados.
16. Los cambios de uso en los montes sin las autorizaciones previstas en el artículo 68 y la no presentación de proyectos o propuestas de restitución de la zona afectada en los casos previstos en el artículo 68.4.
17. Incumplir las obligaciones impuestas en la declaración de montes y zonas protectoras de carácter hidrológico-forestal previstas en los artículos 70 y 73.
18. Incumplir la obligación de adoptar medidas preventivas de evitación de plagas y enfermedades forestales, previstas en el artículo 74.
19. Incumplir las medidas en materia de lucha contra plagas y enfermedades forestales previstas en los artículos 76 y 77.
20. Las quemas y uso del fuego sin autorización, y cualquier acto u omisión del que se pueda derivar un incendio forestal, incluida la no adopción de las medidas preventivas que a tal fin establezca la Administración Forestal en aplicación de lo dispuesto en los artículos 81, 82 y 84, así como, una vez iniciado un incendio no avisar, tal como se establece en el artículo 85.1, o incumplir el deber de asistencia impuesto a las personas contratistas que operen en el monte conforme con lo dispuesto en el artículo 85.7.
21. Recalificar los montes o terrenos incendiados antes de 30 años, contraviniendo lo establecido en el artículo 83.
22. Realizar repoblaciones con especies forestales y emplear maquinaria y productos fitosanitarios sin la preceptiva autorización o incumpliendo lo establecido en el artículo 90.
23. Incumplir las determinaciones previstas en los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales, Proyectos de Ordenación Forestal y Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible.
24. Incumplir las disposiciones y medidas encaminadas a la restauración y reparación de los daños ocasionados a los montes, y las medidas cautelares dictadas al efecto.
25. El vertido no autorizado de residuos en terrenos forestales.
26. La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección y control desarrolladas por la guardería forestal, en relación con las disposiciones de esta Norma Foral y de sus decretos de desarrollo, así como obstaculizar las acciones previstas en el artículo 85.3, a ejecutar por quien sea responsable técnico de la extinción.
27. No notificar a la Administración Forestal la venta de montes, en los supuestos previstos en el artículo 38.
28. Incumplir la obligación de informar en materia de plagas y enfermedades tal y como se establece en el artículo 75.
29. No observar las distancias mínimas entre plantaciones forestales y fincas colindantes, establecidas en el artículo 91.
30. Incumplir, total o parcialmente, otras obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Norma Foral.
31. La publicidad estática salvo la expresamente autorizada por la Administración Forestal.
Artículo 105 Clasificación de las infracciones
1. Son infracciones muy graves las infracciones tipificadas en el artículo 104 que supongan una alteración de los montes, cuya reparación o restitución requiera de un plazo superior a diez años y tenga un coste de recuperación superior a 200.000 €.
a) Las infracciones tipificadas en el artículo 104 que supongan una alteración de los montes, cuya reparación o restitución requiera de un plazo superior a diez años y tenga un coste de recuperación comprendido entre 2.000 y 200.000 €.
b) Las infracciones tipificadas en el artículo 104 que supongan una alteración de los montes, cuya reparación o restitución pueda efectuarse en un plazo superior a 6 meses e inferior a diez años y tenga un coste superior a 2.000 €.
c) La tipificada en el artículo 104.20 relativa a no avisar de la existencia de un incendio.
d) La tipificada en el Artículo 104.20 relativa al incumplimiento del deber de asistencia impuesto a los contratistas que operen en el monte.
e) La tipificada en el artículo 104.26.
a) Las infracciones tipificadas en el artículo 104 que supongan una alteración de los montes, cuando no se cause daño o perjuicio forestal alguno, o su coste de recuperación sea inferior a 2.000€, o el daño pueda ser reparado en un plazo inferior a seis meses.
b) La tipificada en el artículo 104.27.
c) La tipificada en el artículo 104.28.
d) La tipificada en el artículo 104.29.
e) La tipificada en el artículo 104.30.
Artículo 106 Responsables de las infracciones
2. En particular serán responsables:
b) Las personas que ordenen dicha actividad cuando la persona que la ejecute tenga con aquélla una relación contractual o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia de la ordenante.
3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a las demás participantes, por parte de aquella o aquellas que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
Artículo 107 Prescripción de las infracciones
La realización de cualquier actuación encaminada al logro de la finalidad del procedimiento, y razonablemente proporcional a dicha finalidad impedirá considerar paralizado el procedimiento, siempre que la misma haya sido acordada por el órgano competente y se encuentre debidamente documentada.
Artículo 108 Potestad sancionadora
Artículo 109 «Non bis in idem»
Artículo 110 Clasificación
1. Las infracciones tipificadas en este título serán sancionadas con las siguientes multas:
c) Las infracciones muy graves, con multa de 100.001 a 1.000.000 de euros.
2. La sanción de multa podrá llevar unida la revocación de la licencia o la caducidad del título habilitante para el ejercicio de las actividades causantes de la infracción.
Artículo 111 Proporcionalidad
d) Beneficio económico obtenido por quien haya cometido la infracción.
e) La trascendencia social, su repercusión en las condiciones ecológicas de los montes, suelos y agua.
Artículo 112 Prescripción de las sanciones
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza, en vía administrativa, la resolución por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución. La prescripción se reanudará, por la totalidad del plazo, desde el día siguiente a aquél en que se cumpla un mes de paralización del procedimiento por causa no imputable a la persona sancionada.
Artículo 113 Reducción de la sanción y sustitución de la multa
1. Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando quien haya cometido la infracción haya procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
2. La resolución sancionadora podrá proponer la sustitución de la multa impuesta por la realización compensatoria de actividades en beneficio del monte, cuando las circunstancias personales de quien haya cometido la infracción, la naturaleza del hecho y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen. Para la efectividad de la sustitución será necesaria la conformidad de la persona sancionada con la resolución sancionadora y con las actividades compensatorias propuestas.
Artículo 114 Extinción de la responsabilidad
Artículo 115 Reparación del daño e indemnización
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, quien haya cometido la infracción deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal. En los casos de incendios forestales deberá abonar además los gastos del servicio de extinción.
2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal dañado a su estado originario de la situación alterada previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. Cuando la reparación no sea posible, la Administración podrá requerir la indemnización correspondiente.
3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico de la persona infractora sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio.
Artículo 116 Multas coercitivas y ejecución subsidiaria
1. Si quien comete la infracción no procediera a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, el órgano competente para imponer la sanción podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.
3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada, ante la pasividad de las personas infractoras, será a costa de éstas.
Artículo 117 Decomiso
1. El órgano competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá decomisar los productos forestales ilícitamente obtenidos y podrá, cuando se trate de infracciones graves o muy graves, decomisar los instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.
2. En las infracciones por pastoreo indebido se actuará según lo establecido en el artículo 57.4.
3. Los productos y ganados, así como los instrumentos y medios de los que hayan sido privadas las personas infractoras mediante resolución expresa y motivada podrán enajenarse en pública subasta aplicándose el precio obtenido a la restauración de los daños producidos y gastos de custodia.
Artículo 118 Principios
1. El procedimiento sancionador se regirá por los principios establecidos en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, o la legislación estatal que sustituya al mencionado capítulo y tomará como referencia los establecidos en el Capítulo III de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. En todo caso, será aplicable lo previsto en los artículos de este Capítulo III.
Artículo 119 Concurrencia con proceso penal
1. Si la persona responsable de la instrucción, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del órgano competente para resolver, el cual, si estima razonable dicha consideración, pondrá dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
3. La suspensión del procedimiento administrativo sancionador no impide el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles con las acordadas en el proceso penal. No se entenderán compatibles si las medidas cautelares penales son suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en el procedimiento administrativo sancionador. El acto por el que se mantengan o adopten las medidas cautelares deberá ser comunicado al Ministerio Fiscal.
4. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que se substancien. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución judicial penal firme.
5. La Administración revisará de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los declarados probados en la resolución penal, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.
Artículo 120 Principio de acceso permanente
Artículo 121 Órganos competentes
3. Si en el Departamento en quien resida la Administración Forestal hubiere una unidad administrativa especial para la instrucción de procedimientos sancionadores, dicha instrucción recaerá en personal funcionario de dicha unidad. Si no la hubiere, corresponderá a quien sea titular de la Secretaría Técnica del departamento, o, en su defecto, otra persona funcionaria de la Secretaría Técnica del departamento.
5. El correspondiente Decreto Foral de estructura orgánica y funcional del Departamento en quien resida la Administración Forestal, establecerá un sistema objetivo para la determinación de la persona responsable de la instrucción en cada supuesto concreto, quien en ningún caso será elegida por el órgano competente para resolver.
Artículo 122 Interesados
Artículo 123 Medidas cautelares
1. El personal de guardería forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el ejercicio de su función, al constatar hechos eventualmente ilícitos, podrá adoptar las medidas cautelares de carácter provisional que estime necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuación o repetición de los hechos eventualmente ilícitos o la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.
2. El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podrá en cualquier momento del procedimiento, previa audiencia de los interesados por plazo común de cinco días y mediante acuerdo motivado, adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o impedir la obstaculización del procedimiento, para evitar la continuación o repetición de los hechos enjuiciados u otros de similar significación, el mantenimiento de los daños que aquéllos hayan ocasionado o para mitigarlos.
3. La audiencia previa a que se refiere el número precedente podrá sustituirse por unas alegaciones posteriores en idéntico plazo, en los supuestos en que las medidas cautelares necesarias perderían su virtualidad si se pospone su adopción hasta la realización del trámite de audiencia previa.
4. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
5. En la adopción de las medidas cautelares se estará al criterio de la proporcionalidad, considerando equilibradamente los perjuicios que las mismas ocasionen a la persona inculpada y los objetivos de entre los fijados en el punto 2 que en cada caso concurran, debiéndose optar siempre por la medida o medidas que, logrando razonablemente los citados objetivos, menos daño ocasionen a la persona inculpada y más fácil sea la reparación de sus efectos tras su vigencia.
6. Las medidas cautelares no podrán prolongarse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.
7. El órgano que hubiese acordado las medidas cautelares las revocará, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.
8. Cuando dicho órgano constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión cautelar, cambiará ésta, modificando las medidas cautelares acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva situación y siguiendo los criterios de selección establecidos en el número 5 precedente.
9. Las medidas cautelares se extinguen por las siguientes causas:
Artículo 124 Error de imputación
Artículo 125 Iniciación de oficio
4. La denuncia no convierte, por sí sola, a la persona denunciante en interesado en el procedimiento sancionador.
Artículo 126 Iniciación a instancia de parte
1. Los procedimientos sancionadores también podrán iniciarse a instancia de parte interesada. La solicitud de apertura de un procedimiento sancionador será motivada y deberá contener, además de lo indicado en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, los hechos constitutivos de la presunta infracción, la fecha, fechas o periodo continuado en que se produjeron, los preceptos en que se encuentren tipificados, las personas presuntamente responsables, la sanción o sanciones que correspondan y los preceptos en que se encuentran recogidas. Ello sin perjuicio de la posibilidad de modificar dichos extremos en las alegaciones posteriores que la parte interesada haga durante el procedimiento.
2. De la solicitud referida en el punto precedente y de lo que con la misma se aporte se dará traslado a las personas que aparezcan en ella como presuntas responsables, a fin de que en el plazo común de diez días aleguen lo que a su derecho convenga. Igual plazo de alegaciones se dará respecto de las variaciones que se introduzcan en la solicitud de apertura del procedimiento en ejercicio de la facultad de subsanación prevista en el artículo 71 de la Ley 30/1992.
4. No será admitida tal solicitud cuando:
Artículo 127 Acuerdo de iniciación
2. El acuerdo de iniciación se comunicará a la persona responsable de la instrucción del procedimiento y se notificará a quien haya sido inculpado y demás interesados, indicándoles que tienen un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.
Artículo 128 Prueba
a) Cuando en el trámite de alegaciones establecido en el artículo precedente lo solicite cualquiera de los interesados con proposición de medios de prueba concretos, siempre que alguno de éstos sea considerado pertinente por la persona responsable de la instrucción, quien motivará sus decisiones de inadmisión de la solicitud de apertura de periodo probatorio y de rechazo de pruebas concretas, en aplicación de los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Cuando, en ausencia de solicitud de parte interesada, la persona responsable de la instrucción lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos y determinación de quien sea responsable, debiendo en este caso darse un plazo de cinco días a los interesados para que propongan los medios de prueba que estimen oportunos.
d) Las sanciones y consecuencias accesorias que estime procedentes, los preceptos en que se determinen, las circunstancias que a tal efecto haya considerado, los preceptos y valoración probatoria en que se funde tal consideración, así como, en su caso, la proposición de sustitución de la multa o de la reducción de la sanción, y las razones de tal proposición.
a) La determinación de sí tal estimación se debe a una valoración probatoria o a una apreciación jurídica y el razonamiento que funda una u otra.
Artículo 130 Audiencia al interesado
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles que disponen de un plazo de quince días para formular alegaciones. En tal notificación se comunicará a los interesados que durante dicho plazo se les pondrá de manifiesto el expediente, a fin de que puedan consultarlo y obtener copias de los documentos que obren en el mismo.
Artículo 131 Reducción y prórroga de plazos
1. La persona responsable de la instrucción podrá, motivadamente, y si no mediare oposición de las partes, acortar la duración del periodo probatorio en consideración al número y la naturaleza de las pruebas a practicar. También podrá, motivadamente, acortar los plazos para la realización de los trámites de alegaciones establecidos en esta Norma Foral, en atención a la menor gravedad de los hechos considerados y al número y escasa complejidad de las cuestiones jurídicas implicadas y de los documentos y pruebas que aquél haya puesto a disposición de los interesados para evacuar dichos trámites.
2. La persona responsable de la instrucción podrá, motivadamente, prorrogar los plazos de dichos trámites de alegaciones y el del periodo de prueba, por una sola vez e idéntico o inferior tiempo al establecido en el correspondiente artículo de esta Norma Foral, siempre que por el número y la naturaleza de las pruebas a practicar, la complejidad de las situaciones fácticas y cuestiones jurídicas analizadas u otras razones atendibles, sea preciso para lograr la adecuada determinación de los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa de loa personas imputadas.
Artículo 133 Actuaciones complementarias
3. El plazo de seis meses previsto en el número 4 del artículo 134 quedará suspendido desde la fecha de la resolución que acuerde la realización de actuaciones complementarias hasta la conclusión del trámite establecido en el punto 2 de este artículo.
Artículo 134 Resolución del procedimiento
2. El órgano competente para resolver únicamente podrá variar la relación de hechos expresada en la propuesta de resolución, matizándolos o tomando en cuenta otros, si la variación proviene de las actuaciones complementarias a las que se refiere el precedente artículo o de la diferente valoración de las pruebas y actos de instrucción realizados por la persona responsable de dicha instrucción. En ambos casos, el órgano competente para resolver motivará específicamente en la resolución la variación fáctica.
3. Si como consecuencia de la variación fáctica a la que se refiere el número precedente o de la diferente calificación jurídica de los hechos y circunstancias fijadas en la propuesta de resolución el órgano competente para resolver estimase que no procede admitir la absolución propuesta por quien instruye, que debe establecerse una respuesta sancionadora más grave que la estimada por éste o que debe fijarse una reparación o indemnización por los daños causados por la infracción que la propuesta de resolución no contiene o mayor que la que ésta expresa, dicho órgano deberá, antes de dictar resolución, conceder un plazo de diez días a fin de que los interesados aleguen lo que estimen pertinente o, en su caso, propongan práctica de prueba sobre los hechos que se hubieren tomado en cuenta en la variación fáctica. Inmediatamente después de concluido este trámite se dictará resolución y se notificará a las partes. En la diligencia por la que se comunique el plazo de alegaciones establecido en el párrafo precedente se expresará con precisión y se motivará la concreta variación, respecto de la propuesta de resolución, que el órgano competente para resolver entiende necesario introducir en la resolución definitiva.
Primera Límites con los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia y la Comunidad Foral de Navarra
Segunda Actuaciones en el tramo internacional del Bidasoa
Tercera Mecenazgo
Cuarta Usos consuetudinarios
Quinta Fomento del uso de la madera certificada en las contrataciones públicas
Primera Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a esta Norma Foral
Segunda Eficacia de los títulos de dominio
Tercera Procedimientos iniciados con anterioridad
Segunda Actualización de multas
Tercera Entrada en vigor de la Norma Foral

References: Artículo 104
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 59
 artículo 60
 Artículo 62
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 74
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 83
 artículo 90
 artículo 85
 artículo 38
 artículo 75
 artículo 91

Artículo 105
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 Artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112
 resolución 

Artículo 113
 resolución 
 resolución 

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116
 artículo 115

Artículo 117
 artículo 57
 resolución 

Artículo 118

Artículo 119
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 resolución 

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123
 resolución 

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126
 artículo 70
 artículo 71

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 130
 resolución 

Artículo 131

Artículo 133
 artículo 134
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Artículo 134
 Resolución 
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