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Timestamp: 2018-11-19 16:01:01+00:00

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﻿ SENTENCIA SC116-2017/2010-00070 DE ENERO 19 DE 2017
SENTENCIA SC116-2017 DE 19 DE ENERO DE 2017
CONTENIDO:REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO DE VIVIENDA. EL DERECHO A REESTRUCTURAR APLICA A LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA ADQUIRIDOS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 546 DE 1999, Y SE EXCLUYE ANTE LA EXISTENCIA DE UNA EJECUCIÓN ANTERIOR, O DE SI LA OBLIGACIÓN ESTABA AL DÍA O EN MORAREALIZAR LA SOLICITUD ES REQUISITO PARA INICIAR Y PROSEGUIR LA DEMANDA EJECUTIVAADEMÁS, ES UNA OBLIGACIÓN TANTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS COMO DE LOS CESIONARIOS DEL RESPECTIVO CRÉDITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CRÉDITO DE VIVIENDA, PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO, CLASES DE CRÉDITO DE VIVIENDA, MORA EN EL PAGO
Sentencia SC116-2017/2010-00070 de enero 19 de 2017
SC116-2017
Rad.: 11001-02-03-000-2010-00070-00
(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)
1. La entidad crediticia ejecutante, en el libelo demandatorio que originó el presente litigio, deprecó que se dictase mandamiento a propósito de lograr el cumplimiento coactivo de la obligación de pagar sumas de dinero (capital e intereses), que ascienden a la suma de $54.833.333,42 de pesos por concepto de capital, más los intereses moratorios a la tasa del 66,48%, causados a partir de 30 de octubre de 1998 hasta cuando se verifique el pago, contempladas en el pagaré y los contratos de mutuos contenidos en las Escrituras de Hipoteca 566 de 7 de abril de 1993 y 28 de junio de 1994, ambas de la Notaría 1º de Sogamoso.
2. Librado aquel, le fue notificado personalmente a la parte demandada, quienes plantearon las excepciones de mérito denominadas “Pago parcial de la obligación”; “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración o firma del pagaré”; y “falta de entrega total del valor consignado en el pagaré que dio origen al negocio jurídico” (fls. 40 a 45 cdno. Corte).
3. Surtido el trámite de rigor, la primera instancia culminó con fallo estimatorio de las súplicas del libelo proferido el 27 de mayo de 2005 por la Jueza Segunda Civil del Circuito de esa ciudad, determinación que fue apelada por el extremo ejecutado, siendo confirmada la decisión del a quo por parte del Tribunal mediante la sentencia de 22 de enero de 2009.
4. Frente a esta decisión, dentro de la ocasión prevista para ello, la impugnante decidió recurrir en revisión y, esa censura, precisamente, es la que ocupa la atención de la corporación.
1. La gestora de este mecanismo impugnativo de naturaleza extraordinaria invocó la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, como fundamento jurídico de su pretensión, a fin de que se “declare la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Sala Única de Decisión, en el proceso de ejecución a que aluden los hechos de esta demanda, fechada el 22 de enero de 2.009, por haberse originado en ella causal de nulidad consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”“; y, solicitó que “…antes de proferir fallo definitivo, se suspenda el proceso de ejecución seguido en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso” (fl. 277 cdno. Corte), la cual fundamenta en que:
i) El Banco Uconal, a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva mixta contra los señores Olga Sánchez Lozano y José Manuel Martínez Delgado, con el fin de obtener “el pago de un crédito hipotecario que les fuese otorgado para adquirir vivienda, contenido en las Escrituras Públicas 566 del 7 de abril de 1993 y 1052 del 28 de junio de 1994, de la Notaria Primera del Círculo Notarial de Sogamoso, pactado en Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, cuyo cálculo y liquidación fueron atados al DTF”, correspondiéndole el conocimiento de ese litigio al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso.
ii) El 12 de junio de 1999, dicho estrado profiere el mandamiento de pago, el cual fue debidamente notificado a los gestores; además, ellos aseveran que “en el mandamiento de pago se establece la existencia de un cobro excesivo de intereses con la anuencia del despacho, en el sentido de haberse sometido el pago de los intereses a las oscilaciones financieras provenientes de la UPAC, es decir, se ha legalizado el anatocismo y como consecuencia de ello la usura, porque no se justifica que se cobren intereses por doble partida: una, la que genera el uso del dinero, y, otra, la que produce la devaluación de la moneda o los rendimientos que se obtienen de la depreciación de la moneda”, y agregan que “esta situación a la luz de la jurisprudencia, es suficiente para determinar una causal de nulidad constitucional, toda vez que no hicieron los ajustes pertinentes en el correspondiente mandamiento ejecutivo de pago enunciado. Significa lo anterior, que las condiciones de ejecución, variaron por ministerio de la ley, y no fueron ajustadas por las partes contratantes para dotar de legitimación la actuación judicial”.
iii) También, señala la recurrente que en el expediente no milita “[e]n ningún folio, […] certificación expedida por Uconal, por medio de la cual se le comunique al Juzgado que se ha llegado de consuno con el deudor a practicar la reliquidación del crédito inicial y sus adicionales o ampliaciones y se determina un alivio monetario en beneficio del deudor, en los términos y condiciones establecidos por la Ley 546 de 1999; que expresan la reducción de la deuda y afecta al pagaré Nº 401032001229”.
iv) La impugnante se queja que “[h]asta esta fecha, habían ocurrido algunas situaciones que son dignas de analizar a la luz de la información existente en el proceso; allí, no existen abonos que hicieron los demandados a los créditos y que jamás afectaron el monto de la obligación pretendida judicialmente. Los deudores, aceptaron tener derecho a ser beneficiarios de todos los alivios proporcionados por el gobierno, los que no le fueron conferidos y en consecuencia, tampoco se afectaron las pretensiones de la demanda, ni las resultas de la liquidación haciendo más gravosa la situación de los deudores”.
v) Adicionalmente, en el libelo impugnador se expone que “…las condiciones contractuales derivadas del crédito, variaron en toda su dimensión desdibujando en su integridad las circunstancias legales para hacer efectivos este orden de créditos; además, se presentan las condiciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, para dar por terminado el proceso cuando se produjo la reliquidación del crédito y la entidad bancaria no lo hizo, viciando de nulidad todo el proceso en los términos y condiciones jurisprudenciado por la H. Corte Constitucional, en las diferentes sentencias doctrinadas, en las cuales se expresa la imposición de practicar la reliquidación de los créditos pactados en UPAC y cuyo mecanismo de cálculo estuviese atado al DTF, como sucede en el caso en estudio. Las novedades jurisprudenciales transforman en derechos fundamentales el resultado de las operaciones de liquidación a que tenían derecho los usuarios de los créditos bancarios de vivienda y los convierte en fundamentos legales para demandar en acciones judiciales el cumplimiento de las disposiciones que regulan los mecanismos sistematizados de liquidación y hacerlos más expeditos al entendimiento de los deudores y usuarios de esta modalidad de operaciones financieras”.
vi) Que existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no es susceptible de recurso, porque el Juez en este caso está “…continuando con un proceso que legalmente ha debido ser concluido, desconociendo las Sentencias de la Corte Constitucional C-955 y SU-813”, máxime que “la ley de vivienda dispuso la suspensión de los proceso en curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de vivienda concedidos en UPACS que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la ley”, y la inobservancia de esa premisa genera que “…los procesos que continuasen su curso sin atender esta premisa, se declar[en] nulos en su integridad por haberse transgredido una norma de orden constitucional relacionada con el derecho de una vivienda digna”.
vii) Esto por cuanto los hipotecarios iniciados antes de la Ley 546 de 1999, debían ser reliquidados y culminados, sin que se pudieran iniciar nuevamente mientras no se reestructurara el crédito, bajo los lineamientos de las sentencias de la Corte Constitucional C-383, C-700, C-747 y SU-840 de 1999, y C-955 de 2000; así como el fallo 9280 de 21 de mayo de 1999 del Consejo de Estado. Además, no se aplicó en debida forma el alivio ordenado en el artículo 42 de la citada ley.
viii) Los juzgadores ad quem y a quo “[a]l continuar […] con el proceso, y no haberlo dado por terminado oportunamente, en la estancia en que fue solicitada su nulidad, violo igualmente el artículo 2, el 228 y el 229 superior, en el sentido claro y preciso sobre la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios de vivienda iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 546/99 y que se debieron dar por terminados una vez la entidad financiera realizara la “reliquidación” y “reconversión” de las obligaciones, lo que no ha sucedido en este caso” (negritas del texto original).
3. Luego de prestarse la caución ordenada y allegarse el expediente contentivo del proceso ejecutivo mixto objeto de censura, la demanda de revisión fue admitida mediante auto de nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010) (fls. 296 a 297 cdno. Corte), proveído que fue notificado a la parte demandada el diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) (fl. 355 ibídem), quien le dio respuesta en la oportunidad debida (fls. 359 a 364 íb.).
Con posterioridad, se integró como litisconsorte necesario por pasiva al señor José Manuel Martínez Delgado, por conducto del proveído del 9 de junio de dos mil catorce (2014) (fls. 396 a 397 ídem).
El apoderado judicial de la entidad crediticia opositora, en esencia expone que su mandato feneció por efectos de la terminación del proceso ejecutivo, a través de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo “ahora censurada por esta impugnación extraordinaria” que concita la atención de la corporación; asimismo, manifiesta que la entidad que apadrinaba finiquitó su existencia jurídica por la absorción que le hiciese el Banco del Estado S.A., en ese contexto sugiere que se vincule a la entidad Colector Técnico de Cobranzas “Coltec S.A.S.”, debido a “que asumió el control de la antigua entidad bancaria, para que no se desconozcan intereses legítimos que se puedan tener en esta revisión”.
Finalmente, aseveró que “…es la Corte Suprema, en su Sala Civil, la que en sapiencia dirá si le asiste razón o no al demandante extraordinario para revisar la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada en la Litis en la que el suscrito actuó como apoderado judicial de la entonces demandante Banco Uconal S.A. en liquidación” (fls. 359 a 361 cdno. Corte).
1. Según el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de los Tribunales, entre otras, y únicamente por los motivos específicamente instituidos en el precepto 380 ibídem; desde luego que constituye una garantía de justicia porque con su formulación se puede obtener la aniquilación de una providencia de esa categoría que fuere injusta, o cuando se haya proferido con serio quebranto del “derecho a la defensa”, o que surja como consecuencia de un comportamiento ilícito de las partes, lo que habilita para romper el carácter de firme e inmutable de que se hallan revestidas por virtud de los efectos de la cosa juzgada material.
2. La “revisión” es, entonces, un medio de impugnación eminentemente “extraordinario”, por lo que se encuentra sometido a delimitadas causales señaladas con criterio taxativo, al punto de no resultar apropiado si no es demostrada alguna de ellas, en debida forma. Y al no tener el atributo de una tercera instancia, la que sería extraña al sistema procesal vigente en Colombia, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, es patente que el recurrente no puede buscar con su interposición “(…) enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende” (CSJ SC, 19 Dic. de 2011, Rad. 2009-00918), ni un replanteamiento del asunto ya decidido, o pretender mejorar la causa petendi, o las pruebas, es decir, intentar remediar los errores o deficiencias cometidos en las fases anteriores, porque de ser así, se estaría trocando la finalidad del recurso, convirtiéndolo en un medio para impedir que se ejecuten los fallos proferidos en procesos tramitados con plena observancia de las formalidades que les son propias.
Por esa razón la Corte ha reiterado que (…) salvo los supuestos previstos en las causales 7a, 8a y 9a del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, todos los demás aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o irregularidades cometidas durante la tramitación del proceso en que ella se dicta, como el quebranto de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya incurrido el juez al proferirla, son, en principio, aspectos que no caben dentro de la órbita del recurso de revisión por tratarse entonces de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente los demás recursos (CSJ SC, 24 oct. 2011, Rad. 2009-1969).
Además ha expuesto, que el citado medio de refutación (…) no está instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que 'no es posible discutir (...) los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en 'numerus clausus' y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el artículo 380 recién citado' (…). (CSJ SC, 16 Dic. 2010, Rad. 2009-00973).
3. En ese orden de ideas, es evidente que la clase de impugnación que ha motivado este trámite, responde a unas características que lo distinguen de los restantes recursos ya ordinarios ora extraordinarios, en el sentido que su formulación procede siempre contra sentencias ejecutoriadas. En esa dirección, este remedio procesal destella como el mecanismo idóneo por excelencia para vulnerar o permear la firmeza de las determinaciones judiciales.
En reciente oportunidad, la Corte expuso que:
Por sabido se tiene que los fallos judiciales, una vez proferidos dentro de las formas propias de cada juicio, cuando, por disposición legal, no son susceptibles de recurso alguno o que admitiéndolos vencen los términos sin que se formulen por la parte interesada, devienen firmes y constituyen ley del proceso, dado que adquieren la categoría de cosa juzgada. Esa garantía constituye, sin duda, seguridad jurídica para todos los asociados y hace parte de la salvaguarda constitucional del debido proceso (art. 29); amén de estar regulada, expresamente, esa consecuencia en la normatividad procesal civil (art. 331).
Sin embargo, esa prerrogativa no emerge como un axioma o un concepto absoluto. Y no lo es, dado que, circunstancias de diferente índole existen, por lo general externas a los juicios, que tornan permeable la institución de la cosa juzgada; en otras palabras, la res judicata cede ante situaciones de tal trascendencia que, eventualmente, vulneran en forma abierta el ordenamiento jurídico de la nación alcanzando a trasgredir el orden público.
Bajo esa orientación, con el propósito de remediar semejante situación y, particularmente, con miras a resguardar los derechos de los sujetos procesales ante una vulneración grave y específica, fue establecido el recurso extraordinario de revisión, dirigido, entonces, a quebrar la firmeza de la decisión emitida cuando la misma resulta impregnada de tales vicios; empero, la procedencia del mismo, como extraordinario que es, está supeditado a los taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil (CSJ SC 31 de julio de 2013, rad. 2010 01816 00, reiterada en SC10121-2014, 4 ago. 2014 rad. 2011 02258 00).
4. De tales planteamientos surge, entonces, que no obstante el propósito de la firmeza de los fallos, que no es otro que brindarle a las partes y a la comunidad en general, la seguridad de que el caso ventilado en una determinada causa litigiosa, queda excluido de una nueva y futura contienda; sin embargo, existen eventos en que tal ejecutoria no implica, imprescindiblemente, un acatamiento irrestricto, en la medida en que la determinación cuestionada puede, eventualmente, devenir impregnada de vicios de tal magnitud que aconsejan, como ya se dijo, en aras de la garantía de justicia, revisar lo actuado y decidido. Bajo esa perspectiva, de ponderación entre el concepto de justicia y de seguridad jurídica, se procuró crear, de manera excepcional, una herramienta procesal que cumpliera ese cometido. Ahí, en esa situación, tuvo origen el presente recurso.
Alrededor del mismo tema, esta corporación ha expresado lo siguiente:
Algunas, en verdad, se califican de inicuas o contrarias a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se falle con apego a la ley.
En estos eventos —ha referido la doctrina— “nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta”. (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406)
Más el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.
“Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.
“Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras).” (Sentencia de 24 de noviembre de 1992). (CSJ SC 10 de septiembre de 2013, rad. 2011-01713-00, reiterada en SC10121-2014, 4 ago. 2014 rad. 2011 02258 00).
5. En el caso bajo análisis, como quedó reseñado, la parte recurrente invocó como motivo de revisión, la hipótesis fáctica contemplada en el numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil., referente a: “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recursos”.
“no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso’. (CXLVIII, 1985)”. (CSJ SC 10 de septiembre de 2013, rad. 2011-01713-00).
6. De lo expuesto se desprende que para la prosperidad, en sede de revisión, de cualquier reproche que tenga como soporte la “nulidad originada en la sentencia”, le incumbe a la impugnante demostrar la configuración de alguna de las delimitadas situaciones antes referidas, sin que le sea dable discutir el tema litigioso, pues dada la taxatividad que se predica en el sistema legal colombiano de las “nulidades”, solo los hechos establecidos por el legislador como motivos constitutivos de una irregularidad de tal entidad, son los que pueden aducirse para invalidar y aniquilar un fallo definitivo y protegido por la seguridad jurídica que le irradia la cosa juzgada material, puesto que se trata de reglas estrictas que inhiben a las partes para invocar otras circunstancias o la aplicación de la analogía.
7. La Sala observa que la recurrente, en sustento de la invalidación que impetra, alude a que se ha “continuado con un proceso que legalmente ha debido ser concluido, desconociendo las Sentencias de la Corte Constitucional C-955 y SU-813 y la ley de vivienda que dispuso la suspensión de los procesos en curso […], como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la ley”, generándose que en los eventos en que “…los procesos que continuasen su curso sin atender esta premisa, se declar[en] nulos en su integridad por haberse transgredido una norma de orden constitucional relacionada con el derecho de una vivienda digna”.
También, arguye que “[a]l continuar […] con el proceso, y no haberlo dado por terminado oportunamente, en la estancia en que fue solicitada su nulidad, violo igualmente el artículo 2, el 228 y el 229 superior, en el sentido claro y preciso sobre la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios de vivienda iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 y que se debieron dar por terminados una vez la entidad financiera realizara la “reliquidación” y “reconversión” de las obligaciones, lo que no ha sucedido en este caso”; y apunta que el capital cobrado por la entidad bancaria “al haberse sometido a las oscilaciones financiera provenientes de la UPAC, es decir, se ha legalizado el anatocismo y como consecuencia de ello la usura”, aspectos estos que fueron alegados por ella, no solo al dar respuesta a la demanda y proponer diversas defensas, la formulación de la nulidad procesal que fue negada por los Juzgadores de instancias, sino en sus alegatos de conclusión y en la sustentación de la apelación formulada contra la sentencia de primer grado.
En esa línea de pensamiento, es pertinente destacar que el Tribunal frente a la nulidad invocada por la recurrente adujó que “al revisar el material probatorio obrante, se encuentra que ni dentro de las hipotecas ni del pagaré (…), aparece anotación alguna que haga referencia a que se trata de un crédito de vivienda; tampoco dentro de los hechos de la demanda u otro documento que sirva de prueba, se encuentra manifestación o certificación que acredite este hecho. Se añade, que del tenor literal del pagaré, se evidencia que la deuda asumida por la parte ejecutada fue en pesos y no en UPACS, al contrario de lo que afirma el recurrente de manera equivocada” (fl. 35 cdno. del Tribunal).
Y remarcó que “el crédito base de esta ejecución no se trata —o por lo menos no se acreditó— de aquellos otorgados para financiar la compra o construcción de vivienda a largo plazo y que la deuda no fue asumida en UPACS (…)”. Por lo tanto, “deberá no tenerse por probado el supuesto de hecho en que se basa la alegación de nulidad en esta instancia” (fl. 37 cdno. del Tribunal), lo que denota que la colegiatura censurada analizó el basamento central de la nulidad deprecada, determinando el fracaso de ella.
8. De la lectura y análisis efectuado a la reseña memorada se infiere que en el sub examine no concurren las exigencias atrás anotadas; es decir, se hallan ausentes los presupuestos para la configuración de ese motivo de impugnación, porque mal puede admitirse el vicio procesal enrostrado al Tribunal y al a quo, en razón a que la realidad plasmada en el expediente permite evidenciar que el crédito objeto de cobro compulsivo no se otorgó para la adquisición de vivienda a largo plazo, ni mucho menos se pactó en UPAC, a contrario sensu de lo aseverado por la promotora, lo que implica que la pretensa nulidad constitucional argüida no puede salir avante, dado que al régimen legal del crédito tomado por la censora no le es aplicable las prerrogativas consagradas por la Ley 546 de 1999; y por contera, no es susceptible de terminación dicho proceso por ministerio de la misma.
Sobre el particular, la Sala en un caso de tutela pero que sirve para lo que ahora se estudia, ha expuesto que
“…De suerte, que la decisión del sentenciador tutelado de denegar la nulidad de la actuación, en este puntual caso, no vulnera las garantías fundamentales invocadas por el promotor de la queja, porque su crédito no tenía como destinación la adquisición de vivienda y por ende, no le eran aplicables las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destinadas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, tal como de vieja data lo ha explicado esa corporación, en los siguientes términos:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Este derecho fundamental se encuentra enmarcado por los principios de interpretación favorable de las normas, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial y, dentro del mismo, dar prioridad al sector poblacional que se encuentra en estado de debilidad manifiesta. Ahora bien, respecto de las normas que regularon la adquisición de vivienda, la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999, expuso la necesidad de que existiera una regulación del sistema de financiación de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional, fue entonces promulgada la Ley 546 de 1999. La Ley 546 de 1999 incluyó expresamente normas relativas al período de transición para el paso del antiguo sistema de financiación en UPAC al nuevo sistema de UVR. Con esta normativa, no solo se permite la adquisición de vivienda a nuevas personas, sino que, además, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiación —declarado inconstitucional—, pudieran conservarla”. (C. Const., T-753/2014)
De ahí, que no es posible resolver este asunto con base en la normativa y jurisprudencia invocada por el accionante en sus diversos escritos tutelares, pues aquellas únicamente benefician a los titulares de créditos para “financiación de vivienda individual a largo plazo”, en los términos del artículo 1º de la Ley 546 de 1999.” (CSJ STC 11063-2015, 20 Ago. 2015, Rad. 2015-00206-02).
De otro lado, expone igualmente, en sustento del motivo de revisión bajo estudio, que el Tribunal y el Juez a quo terminan por aplicar un sistema de amortización que no cumple con lo previsto por la ley, ni con lo dispuesto en la sentencia C-955 de 2000, dado que al liquidarse mediante la fórmula de cálculo establecida en la Resolución 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, que se encuentra acusada de nulidad, se distorsiona la verdadera inflación causada, se cobra intereses en exceso incurriéndose en anatocismo.
El anterior cuestionamiento no tipifica la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, porque fue tema planteado y controvertido en el decurso del juicio ejecutivo y definido por el a quo, quien sobre el particular consideró:
“…los intereses pactados entre las partes no sobrepasaron lo estipulado por la superintendencia bancaria como aducen los demandados, ya que después de realizar un análisis a las cuotas pagadas y por solo poner un ejemplo de lo que este despacho analizó, la primera cuota a fecha de 15 de agosto de 1997 se pagaron $ 1.841.824,60 de intereses (fl. 92-cdno. 3), donde previo análisis matemático se constata que el interés pagado en la primera cuota a fecha de agosto de 1997 fue cancelada a un interés del 2.631%, por otro lado los intereses en ese entonces a fecha de agosto de 1997 estaban al 38.29% efectivo anual según registro de la Superbancaria (fl. 35. cdno. 1), por lo tanto, estaríamos hablando de un interés del 3.04% para el mes de agosto, cabe traer a colación que lo pactado en el pagaré por las partes era de una tasa DTF+9, ósea que el interés pagado no sobrepaso (sic) lo pactado ya que en la primera cuota estuvo por debajo de los señalado por la Superbancaria. Además no se trata de un crédito para vivienda porque ninguna constancia al respecto a aparece (sic), sino por el contrario de acuerdo a los folios de matrícula inmobiliaria números 095-700079 y 095-54381 se determina que los inmuebles dados en hipoteca habían sido adquiridos por Olga Sánchez Lozano y José Manuel Martínez Delgado antes de darlos en hipoteca para garantizar las deudas AL Banco Uconal” (fl. 20 cdno. Corte).
Por su parte, la corporación de segundo grado adujo:
“Frente a este punto –que los intereses cobrados por el Banco no eran los legales en ese momento-, encontramos que la parte apelante como soportante de la carga probatoria (CPC, art. 177) debió indicar en cuál o cuáles momentos en que realizó abonos, el Banco liquidó erróneamente los intereses. Vale decir, poner en conocimiento de la judicatura el valor de los réditos cobrados, para a partir de ellos verificar si los legalmente posibles hicieron presencia o no.
La Sala, advierte que, a la fecha de suscripción del pagaré (15 de julio de 1997) la Resolución 633 emanada de la Superbancaria ubicaba los intereses corrientes en el 36.50% anual, lo cual significa que, al tenor del artículo 2231 del Código Civil las partes podían pactar el remuneratorio en un 54.75% (una mitad más de los corrientes). La DTF más 9 puntos a esa fecha arrojaba los intereses corrientes que podían pactarse, que serían del 32.36%; el banco efectivamente lo cobró al 31.54%...” (fls. 7 a 8 ibídem).
9. De manera que, emerge con claridad que la improsperidad de la causal propuesta, debe ser la consecuencia, pues se remarca que en esta materia, rige el principio de la especificidad, “según el cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley que expresamente la establezca. Por cuanto se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas…” (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2007-00037), las cuales han sido previstas como forma de proteger el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo a que se contrae el numeral 8° del precepto 380 de aquel Estatuto Procesal, sólo pudo tener conocimiento de la irregularidad, cuando conoció el respectivo fallo.
10. En lo que se refiere al motivo de “ausencia de reestructuración” como otro puntal argumental de la causal octava invocada, se reitera, que el crédito objeto de análisis no se otorgó para la adquisición de vivienda a largo plazo, ni mucho menos se pactó en UPAC, lo que implica que la impugnante no puede gozar de los beneficios que concede la Ley 546 de 1999, ni al caso le es aplicable la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que se trata de una acreencia distinta a las gobernadas por esta normatividad.
Y, si en gracia de discusión se aceptará la probabilidad de la reestructuración, la oportunidad para reclamar su no realización es dentro del trámite del proceso ejecutivo como lo ha dicho en múltiples ocasiones está corporación que
“(…) son tres las conclusiones que se desprenden: la primera, que el derecho a la reestructuración es aplicable a los créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecución anterior o de si la obligación estaba al día o en mora; la segunda, que la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y, la tercera, que ésta es una obligación tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo crédito; sin embargo, de cara a la resolución del presente asunto, conviene precisar, si el juez de ejecución tiene competencia para resolver sobre la terminación del proceso por la falta del comentado presupuesto, pese haber sido proferida la orden de seguir adelante con el trámite coercitivo, aun cuando, para ese momento, no se había emitido la referida sentencia de unificación constitucional.
Al respecto, y para dar respuesta al anterior interrogante, conviene recordar, que “la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, “e[s] viable resolver de fondo la petición” (CSJ STC-8059-2015), siendo entonces deber de los jueces, incluido el de ejecución, revisar si junto con el título base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuración de la obligación, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos “conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecución” (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución haya sido proferida con anterioridad a la expedición de la sentencia SU-813/2007, pues “lo cierto es que la exigencia de “reestructuración” estaba vigente desde 1999 con la expedición del artículo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese año. De ahí que la precitada decisión lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Política” (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC 16 Dic. 2015, rad. 02294-00, reiterada el 4 Feb. 2016, rad. 2015-00242-01).
11. Así mismo, la Sala no ignora que la promotora manifiesta que no se le imputaron unos pagos al capital y no se tuvo en cuenta en la liquidación del crédito unos aportes que hizo en el Banco Uconal, naturalmente esos motivos no configuran ninguna causal de revisión, razones que llevarían a convalidar que no existe la nulidad planteada como soporte del recurso extraordinario, porque se tienen certeza que el juicio ejecutivo se encuentra activo; y por lo tanto, la omisión denunciada puede proponerse en el curso de dicho litigio, para que allí sea estudiada y definida por el Juez natural.
12. Consecuentemente, como no se configuro la causal octava de revisión invocada, se negarán las pretensiones y se harán las demás ordenaciones complementarias.
13. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil se condenará en costas y perjuicios a los recurrentes.
14. En cuanto, a las agencias en derecho éstas se fijarán en esta misma providencias al tenor del artículo 392 ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta la réplica del opositor.
PAR.—Fijar las agencias en derecho en tres millones de pesos ($3’000.000).
4. Hacer efectiva la caución constituida por la accionante el 10 de febrero de 2010, mediante póliza 557613 de Liberty Seguros S.A.
c) Devuelva el expediente recibido en préstamo.

References: artículo 380
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 379
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2231
 resolución 
 artículo 42
 artículo 384
 artículo 392