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Timestamp: 2020-01-27 20:55:58+00:00

Document:
Registro Oficial No 77 - Martes 10 de Septiembre de 2013 Segundo Suplemento
Última modificación: Miércoles, 18 de septiembre de 2013 | 15:14
100 Expídese el Reglamento a la Ley de Abono Tributario
032-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Ovidio Isaac Villamar Peña
035-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por Martha Leonor Castillo Calle
037-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Carlos Cortaza Vinueza, procurador judicial del Servicio Nacional de Aduana
038-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Carlos Cortaza Vinueza, procurador judicial del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
039-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Homero Elías Montoya Valladares
044-13-SCN-CC Niégase la consulta de norma planteada por el doctor Marco Terán Armas, Juez Séptimo de Garantías Penales de Pichincha (E)
045-13-SCN-CC Niégase la consulta de norma planteada por el señor Fernando Muga Jara, Juez de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil y otros
046-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Fredy Leonardo Aguilera Ramón, procurador judicial de Luz Marcela Jiménez Espinoza
047-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora María Rosana Toasa Chimborazo
048-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Elías José Barberán Queirolo
063-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Freddy Aníbal Bastidas Serrano; procurador judicial de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Sucumbíos
068-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Wladimir López Erazo, apoderado del Gerente General de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR
Que el artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se incluye: ?Incentivor la producción nacional, la productividad y cornpetitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional?;
Que el artículo 304 de la Carta Fundamental establece los objetivos de la política comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados de productos internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo;
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 444, publicado en el Registro Oficial 257 de 16 de agosto de 2010, se publicó el Reglamento a la Ley de Abono Tributario, mismo que fue reformado mediante Decretos Ejecutivos Nos. 742 y 792, publicados en los Registros Oficiales Nos. 443 y 469 de 9 de mayo de 2011 y 14 de junio de 2011, respectivamente;
Que en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 56 de 12 de agosto de 2013, se promulgó la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que reformó la Ley de Abono Tributario;
Que la Ley de Abono Tributario establece que para la aplicación de esa Ley, el COMEX, presidido por el Ministerio de Comercio Exterior, actuará como Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario;
Que es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República.
EL REGLAMENTO A LA LEY DE ABONO
Articulo 1.- Atribuciones y competencias del Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario.- El Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, en base a las condiciones económicas del país y considerando el comportamiento del mercado de productos internacional, además de las atribuciones establecidas en la Ley de Abono Tributario, tendrá las siguientes:
Calificar a los beneficiarios de certificados de abono tributario;
Definir los montos máximos anuales del beneficio por exportador;
Definir los mercados de productos internacionales de destino de exportaciones ecuatorianas respecto a los cuáles los exportadores hayan sufrido una desmejora en su nivel de acceso, conforme lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Abono Tributario;
Establecer las subpartidas a diez dígitos del Arancel del Ecuador, de los productos beneficiados conforme el numeral 1 del artículo 6 de la Ley de Abono Tributario y los correspondientes períodos de vigencia;
Aprobar las resoluciones que sean necesarias para la correcta aplicación de la Ley de Abono Tributario y este Reglamento; y,
Resolver la terminación anticipada de los períodos de concesión de Abono Tributario.
El monto máximo anual del beneficio será aprobado por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, y no será mayor al necesario para contrarrestar la desmejora del nivel de acceso a un mercado de productos internacional determinado para un volumen de exportación igual o menor al declarado de productos exportados en el último periodo fiscal, previo a los cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, según corresponda.
Artículo 2.- Del valor base para el cálculo del abono tributario.- El valor del certificado del abono tributario será calculado sobre el valor en aduana de origen, el peso o la cantidad de unidades exportadas, según el tipo de sanción unilateral o restricción que se establezca y afecte a los productos ecuatorianos en el extranjero.
Artículo 3.- De los márgenes de tolerancia.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establecerá los márgenes de tolerancia por producto, respecto del valor en Aduana declarado en la exportación frente al valor en Aduana declarado para su nacionalización en el mercado de productos internacional de destino por mermas, cambios en el peso, por cuestiones fisicas, térmicas, químicas y otras razones de orden operativo o técnico.
Artículo 4.- Del cumplimiento de obligaciones laborales y patronales vigentes.- El exportador para recibir el Certificado de Abono Tributario, deberá estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales ante sus trabajadores, para lo cual llenará un formulario proporcionado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
El Ministerio de Relaciones Laborales realizará inspecciones que constaten el cumplimiento de dichas obligaciones.
De constatarse que el exportador no ha cumplido sus obligaciones con los trabajadores, este Certificado de Abono Tributario se suspenderá hasta su respectiva regularización, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
Artículo5.- De la declaración aduanera de exportación regularizada.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, concederá los Certificados de Abono Tributario a las personas naturales o jurídicas que hayan calificado para el efecto, una vez que su Declaración Aduanera de Exportación se encuentre regularizada, de conformidad con el procedimiento establecido en este Reglamento.
Artículo 6.- De los requisitos.- Para acceder a este beneficio, los exportadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Estar calificados como beneficiarios por el Comité Administrativo de la Ley de Abano Tributario;
Exportar efectivamente los productos sujetos al beneficio previsto en la Ley de Abono Tributario, con destino a los mercados de productos internacionales que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario haya definido, dentro del periodo considerado para la concesión del abono tributario;
Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas;
Presentar el formulario referido en el artículo 4 del presente Reglamento; y,
Las demás que establezca la Ley de Abono Tributario, este Reglamento y el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario.
Artículo 7.- Del control posterior.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador realizará controles posteriores a los beneficiarios de la concesión de los Certificados de Abono Tributario, de acuerdo a los perfiles de riesgo definidos por la institución. Para los controles posteriores, cada seis (6) meses, el exportador está obligado a presentar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:
Para todas las exportaciones efectuadas, el exportador deberá presentar los correspondientes certificados de origen de la mercancía exportada que demuestren que es ecuatoriana;
En el caso de las exportaciones realizadas por vía marítima o terrestre, se deberán entregar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, copias simples de las declaraciones de importación presentadas ante la aduana de destino; y,
En el caso de exportaciones realizadas por vía aérea, se deberá presentar copias simples de la documentación conferida por la autoridad de destino competente, que confirme la recepción de los productos exportados en el aeropuerto de destino.
Artículo 8.- De la suspensión.- En caso de que el exportador no cumpla con lo previsto en la Ley de Abono Tributario, este Reglamento y las Resoluciones emitidas por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador suspenderá la concesión del Certificado de Abono Tributario, además de aplicar las sanciones a que hubiere a lugar.
Artículo 9.- De la emisión de las notas de crédito.- Los Certificados de Abono Tributario se emitirán a través de Notas de Crédito desmaterializadas, y para su endoso el beneficiario final deberá registrase en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Artículo 10.- Del acceso a la información.- El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, facilitará a las Instituciones que reciban los certificados de abono tributario para el pago de obligaciones, la información y accesos necesarios a efectos de que puedan operativizar el uso de dichos documentos.
Artículo 11.- De la declaración sustitutiva.- En caso que el valor de la exportación resulte menor al originalmente declarado, el exportador deberá corregir la declaración de exportación o presentar una sustitutiva. Además, deberá devolver el beneficio recibido al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en proporción a la corrección realizada, mediante una liquidación manual, en un término no mayor a cinco (5) días contabilizados desde la aceptación de la corrección.
En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, se aplicará la sanción establecida en el artículo 18 de la Ley de Abono Tributario, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere a lugar.
Artículo. 12.- Del valor en aduana de la mercancía exportada.- El valor en aduana de la mercancía que consta en la declaración de importación en la aduana de destino, debe ser concordante con el valor de la Declaración Aduanera de Exportación ecuatoriana.
De existir inconsistencias que excedan los márgenes de tolerancia establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se procederá de la siguiente forma:
Si el valor en aduana de destino es menor, y el beneficiario no hubiere presentado la correspondiente corrección a la Declaración Aduanera presentada o la Declaración Aduanera Sustitutiva, según corresponda, y procedido conforme el presente reglamento, estará sujeto a las sanciones previstas en el artículo 18 de la Ley de Abono tributano; y,
Si el valor en aduana de destino es mayor, sólo se reconocerá el beneficio hasta el valor constante en la Declaración Aduanera de Exportación ecuatoriana.
Artículo. 13.- De la emisión de instructivos.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá emitir los instructivos necesarios para el proceso de emisión y pago del abono tributario.
PRIMERA: La Junta Bancaria, en el plazo de quince días contados desde la publicación del presente Reglamento, emitirá las resoluciones correspondientes para que las entidades financieras de la banca pública reciban los certificados de abono tributario a su valor nominal, y que su aplicación surta efecto a partir de su recepción.
SEGUNDA.- Los efectos que causaren la designación de un país o estado como paraíso fiscal, régimen preferente o jurisdicción de menor imposición correrán a partir de la publicación en el Registro Oficial de la declaratoria correspondiente realizada por el Servicio de Rentas Internas.
PRIMERA.- Las entidades del sistema financiero público deberán registrarse en el ECUAPASS en un plazo máximo de quince días posteriores a la emisión del presente reglamento, para que los Certificados de Abono Tributario puedan utilizarse para cancelar las obligaciones previstas en la Ley de Abono Tributario.
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este reglamento, las instituciones determinadas en la Ley de Abono Tributario, que reciban las notas de crédito correspondientes a los certificados de abono tributario, deberán realizar el respectivo desarrollo informático en treinta días posteriores a la emisión del presente reglamento, que permita operativízar la aceptación y validación inmediata de los certificados de abonos tributarios.
TERCERA.- En el plazo de 90 dias contados desde la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) deberá efectuar los trámites legales necesarios de acuerdo a la normativa vigente, para el registro e inscripción como títulos valores, de las notas de crédito desmaterializadas emitidas por esta entidad con ocasión de los Certificados de Abono Tributario. El Servicio de Rentas Internas a petición del respectivo beneficiario podrá reemplazar las notas de crédito emitidas por el SENAE por otras desmaterializadas, a efectos de su utilización conforme lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria vigente. Estos títulos valores serán libremente negociables.
ÚNICA: Se deroga el Decreto Ejecutivo N° 444, publicado en el Registro Oficial 257 de 16 de agosto de 2010 y sus posteriores reformas; así como todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL: Este reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a los dos días del mes de septiembre de 2013.
Quito, D. M., 17 de julio del 2013
SENTENCIA N.º 032-13-SEP-CC
CASO N.º 0499-10-EP
La demanda fue presentada por el señor Ovidio Isaac Villamar Peña ante el secretario del Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil, el 19 de abril de 2010 a las 15h22, y en la Corte Constitucional, para el período de transición, el 27 de abril de 2010 a las 17h30.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 27 de abril de 2010 certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
Por su parte, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, mediante auto de mayoría del 18 de agosto de 2010 a las 15h19, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0499-10-EP, disponiéndose que se proceda al sorteo correspondiente.
De conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición del 09 de septiembre de 2010, correspondió la sustanciación al ex juez Alfonso Luz Yunes, quien mediante providencia del 05 de octubre de 2010, avocó conocimiento de la causa N.º 0499-10-EP, disponiendo notificar con la demanda al Dr. Franklin Ruilova Arce, juez sexto de lo civil de Guayaquil, y al Ab. Omar Aguiar Pérez, juez sexto temporal de lo civil de Guayaquil, a fin de que en el plazo de quince días presente un informe de descargo debidamente motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda, así como al procurador general del Estado y partes procesales. Se dispone además que para el 09 de noviembre de 2010 a las 16h00, tenga lugar una audiencia pública.
Elaborado el proyecto de sentencia se pone en consideración del Pleno de la Corte Constitucional, mismo que una vez que conoció del proyecto, ordenó su devolución para que se proceda a su revisión.
Terminado el período de transición, el 06 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los nueve jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.
Conformada la nueva Corte Constitucional y en virtud del sorteo realizado por el Pleno en sesión extraordinaria del jueves 03 de enero de 2013, correspondió la sustanciación de la causa a la jueza constitucional Ruth Seni Pinoargote, quien mediante auto del 11 de abril de 2013 a las 08h00, avocó conocimiento de la causa, y dispuso notificar a las partes con el contenido de esta providencia.
Detalle y contenido de la demanda
Ovidio Isaac Villamar Peña, por sus propios derechos, y fundamentado en los artículos 94 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en adelante LOGJCC, plantea acción extraordinaria de protección en contra de la providencia del 25 de marzo de 2010, emitida por el juez sexto de lo civil de Guayaquil, dentro del juicio ejecutivo N.º 412-4-2006, mediante el cual se ordena la tradición del inmueble N.º 22 de la manzana 611, a la rematista Rosa Angélica Bravo Castillo.
Asegura que el 30 de marzo de 2010 tuvo conocimiento extrajudicial de una providencia emitida por el juez sexto de lo civil de Guayaquil, mediante la cual se ordenó el desalojo de la casa de su propiedad, en la que actualmente viven sus hijos y su exconviviente, María Sánchez.
Adicionalmente dice que el proceso judicial es violatorio del debido proceso, ya que no se ha cumplido con el procedimiento establecido, en virtud de que se ha fundamentado en un documento ilegal, mismo que, de acuerdo con su contenido, no tiene fecha de aceptación ni de vencimiento, y adicionalmente contiene una tasa de interés mucho mayor a la máxima legal permitida a la fecha de la presentación de la demanda, situación que se confirma por el mismo perito que hace cálculo de los supuestos intereses por mora.
Que, no se ha cumplido con la citación de la demanda como establece la ley, ya que el domicilio no constituye el lugar donde se encuentre un inmueble de propiedad de este, sino donde la persona habita; y su domicilio desde mucho antes a la presentación a la demanda estaba radicado en la ciudad de Esmeraldas, por lo que el juez sexto de lo civil de Guayaquil no era el competente para conocer la causa, ya que en caso de desconocimiento de su domicilio, por parte de la actora, las citaciones debieron efectuarse por medio de la prensa, lo que no se hizo, y por tanto lo dejó en indefensión.
Sobre la providencia de designación del perito liquidador del inmueble de su propiedad que fue rematado dentro del proceso, se indica el nombre del arquitecto Luis Andrade Chiriguaya, y quien se posesiona y realiza el peritaje es un arquitecto Francisco Andrade Chiriguaya, persona distinta a la designada en su providencia.
El diario de mayor circulación en la provincia del Guayas es el Universo, que de acuerdo a la providencia del 19 de diciembre de 2008, es donde debió publicarse el aviso de remate, y no en el Telégrafo, diario que no tiene mayor acogida en la provincia. Solicita la restitución del inmueble ilegítimamente rematado.
Rosa Angélica Bravo Castillo, comparece y asegura que la acción extraordinaria de protección planteada no cumple con los requisitos previstos en los artículos 60 y 61, numerales 3, 5 y 6 de la LOGJCC y 12, numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, ni tampoco lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución.
Que la acción planteada no contiene ningún soporte jurídico y, falseando la verdad, pretende sorprender a la Corte Constitucional.
El accionante, en su condición de deudor dentro del juicio ejecutivo N.º 442-4-2006, tuvo pleno conocimiento de esta causa, esto es, desde la fecha que recibió en su domicilio las tres boletas de citaciones con las copias del libelo de la demanda ejecutiva.
La improcedente demanda no puede ser admitida y más bien debe ser rechazada por cuanto vulnera los artículos 60, 62 y 64 de la LOGJCC, así como el numeral 2 del artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que señala el término para su interposición. Solicita que se rechace la demanda.
Néstor Arboleda Terán, director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, comparece y manifiesta que la demanda planteada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 61, numerales 2 a 5 de la LOGJCC. El accionante alega haber tenido conocimiento extrajudicial de una providencia emitida por el juez sexto de lo civil de Guayaquil, con la orden de desalojo de su casa, sin justificar que esta providencia esté ejecutoriada ni que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, razón por la cual, tampoco cumple con los presupuestos del artículo 94 de la Constitución.
Es evidente también que la demanda no precisa cuales son los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, lo cual consolida la improcedencia de la acción. Solicita que se rechace la acción.
Juez temporal de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil
Ab. Omar Aguiar Pérez, juez temporal de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, presenta informe en los siguientes términos: La demanda recae sobre el juicio ejecutivo N.º 412-2006, seguido por la señora Rosa Bravo Castillo, contra Ovidio Isaac Villamar Peña, cuya competencia recayó en el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Guayaquil. El proceso fue aceptado a trámite con auto del 5 de julio de 2006, dictado por el juez titular, Dr. Franklin Ruilova Arce, habiéndose dispuesto que el demandado, dentro de tres días, pague la obligación demandada o proponga excepciones y en mérito del certificado del Registro de la Propiedad, se ordenó la prohibición de enajenar el inmueble de propiedad del demandado y que se lo cite en el lugar señalado en la demanda. De la razón sentada por el actuario se manifiesta que el demandado, Ovidio Villamar Peña, no ha pagado ni ha propuesto excepciones en el término concedido, disponiéndose que los autos pasen para sentencia. Ejecutoriada la sentencia y liquidada la obligación se dictó el correspondiente mandamiento de ejecución, por lo que la accionante solicitó el embargo del bien de propiedad del demandado, lo que se ordenó y se cumplió conforme consta en el acta de embargo. Dicho embargo se inscribió en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 2 de octubre de 2007. Se ordenó el avalúo del bien embargado y su posterior remate a petición de la accionante. Se efectuó las publicaciones del remate en el Diario el Telégrafo, pero no se llevó a cabo el remate por falta de ofertas. Se señaló nuevos día y hora para el nuevo remate con nuevas publicaciones. El remate se llevó a cabo el 16 de julio de 2009, adjudicando el bien a la única postura presentada de la señora Rosa Bravo Castillo. Consta la ejecutoria del auto de adjudicación. Consta la inscripción de la adjudicación del remate en el Registro de la Propiedad. La
adjudicataria solicitó que se proceda a la entrega del bien rematado y así se perfeccione la tradición. Consta la providencia del 25 de marzo de 2010, donde se ordena que se cumpla la tradición del inmueble rematado.
Fundamentado en las actuaciones procesales dentro del juicio N.º 412-06, es todo cuanto puede informar.
Juez sexto de lo civil y mercantil de Guayaquil
El Dr. Franklin Ruilova Arce, juez sexto de lo civil y mercantil de Guayaquil, comparece y en lo principal expone que luego de detallar de manera sucinta la forma como se sustanció el proceso ejecutivo, asegura dicho juez, no existe vulneración al debido proceso, en virtud de que la letra de cambio constante en el proceso reúne los requisitos de título ejecutivo. En el proceso consta que fue citado legalmente por boleta en el lugar de su domicilio, que lo señala en la letra de cambió que suscribió.
Mediante providencia del 13 de febrero de 2008, se aclaró la providencia del 8 de febrero de 2007, en el sentido de que el nombre del perito es el arquitecto Francisco Andrade Chiriguaya. Además se cumplió la formalidad para el remate, es decir, la publicación de tres veces en un periódico de la providencia del lugar donde se sigue el juicio, tal como lo determina el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.
Por otro lado, la demanda no determina un argumento claro sobre el derecho supuestamente vulnerado, además que ha sido presentada fuera del término de veinte días determinado en el artículo 60 de la LOGJCC. Solicita que se deseche esta acción por carecer de asidero jurídico.
La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal b y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
Por otra parte, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.
Consideraciones de la Corte Constitucional acerca de la acción extraordinaria de protección
La Supremacía Constitucional es uno de los principios característicos de un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, ya que es este Instrumento el que otorga validez jurídica a las normas que el juez aplica y es la razón por la cual se legitima su actuación1; es más, dentro de un Estado constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble papel, tanto como fundamento y límite de la actuación de los poderes públicos.
Tal como esta Corte lo ha expuesto en diferentes oportunidades, la justicia ordinaria debe también ser responsable en el cumplimiento y garantía de los derechos contenidos en la Constitución, más aún respecto de los principios y derechos en los que se enmarca el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica. Por esto, resulta lógico que existan mecanismos que tutelen aquellos derechos presuntamente vulnerados dentro de procesos de justicia ordinaria.
Asimismo, las garantías constitucionales buscan prevenir, cesar o enmendar la violación de derechos constitucionales2, por lo que estas se conciben como herramientas para tutelar los derechos reconocidos en la Constitución y brindan además una reparación eficaz en caso de su vulneración. El debido proceso debe entonces ser entendido en un doble ámbito de aplicación, tanto como derecho fundamental de todas las personas, como también garantía para la protección de los demás derechos reconocidos en la constitución3, por lo que no contar con una garantía que tutele el derecho al debido proceso en sede jurisdiccional, implicaría restarle importancia a este derecho-garantía, y como tal, dejar en indefensión a las personas que, dentro de un proceso jurisdiccional, vean sus derechos vulnerados, permitiendo al Estado también cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado al ser signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De esta manera, la acción extraordinaria de protección debe ser entendida como una garantía constitucional que tiene por objeto verificar el cumplimiento del debido proceso y garantizar además los derechos constitucionales que, presuntamente, podían haber sido vulnerados dentro de procesos jurisdiccionales. Por lo que cabe recordar que la acción extraordinaria de protección no puede ser confundida con un recurso procesal o una nueva instancia dentro del proceso, sino que es de naturaleza excepcional, por lo que deben cumplirse ciertos requisitos para su procedencia.
En ese sentido, el artículo 94 de la Constitución de la República dispone los requisitos que deben ser cumplidos para que la acción extraordinaria de protección sea admisible, dentro de los cuales consta su pertinencia en contra de sentencias o autos definitivos en los que se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución y que se hayan agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios dentro del término legal. Dicho requerimiento se relaciona directamente en la fórmula de la cuarta instancia aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual la Comisión solo puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia, siempre que exista la posibilidad de que se haya cometido una violación a los derechos de la Convención. En otras palabras, la Comisión solo podrá conocer y fallar sobre sentencias de las cortes nacionales, siempre que estas hayan sido dictadas al margen del debido proceso o atenten con violar derechos reconocidos en la Convención4. De lo que resulta que la naturaleza de la acción extraordinaria de protección se limita a conocer, por solicitud de parte, la presunta vulneración al debido proceso o a los derechos constitucionales, que puede llevarse a cabo dentro de un proceso jurisdiccional de instancia inferior a la Corte Constitucional y en los que además se haya emitido sentencia o auto definitivo y en los que se verifique el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios dentro de la jurisdicción nacional.
Por este motivo, la Corte Constitucional debe aclarar que solo se pronunciará respecto de la posible violación de derechos reconocidos y garantizados en la Constitución de la República de Ecuador o en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales el Ecuador sea signatario, y no de temas que son competencia de la justicia ordinaria y se relacionan a circunstancias de orden legal.
Determinación de los problemas jurídicos a resolverse
Después de un examen minucioso del expediente y la documentación que se adjunta a este, se puede determinar con claridad los siguientes problemas jurídicos cuya resolución es necesaria para decidir el caso:

References: artículo 284
 artículo 304
 artículo 147
 artículo 7
 artículo 6

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo5

Artículo 6
 artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 61
 artículo 94
 artículo 456
 artículo 60
 artículo 3
 artículo 35
 resolución 
 artículo 94
 resolución