Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-825-06.htm
Timestamp: 2019-06-17 02:33:48+00:00

Document:
Sentencia CST Giraldo
C-825/06
“La seguridad social para los trabajadores sus familiares y pensionados no es entonces una dadiva del patrono o de las entidades prestadoras de salud, ni dependen de la mero arbitrio; es un derecho inalienable e irrenunciable de aquéllos, que hacen parte de las condiciones dignas y justas que deben rodear las relaciones de trabajo; lo anterior significa la correlativa y perentoria obligación de todo patrono de hacer efectivo tal derecho, pues no puede eludir la afiliación de sus trabajadores y pensionados al sistema nacional de seguridad social contemplado en la ley, sin violar las normas constitucionales y legales, y comprometer su responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento. Por eso, la omisión del patrono implica que él asuma, de su propio peculio y de manera total, los costos que genere la atención de la salid del trabajador o pensionado y, por supuesto, también de manera integral, la de sus familiares que son beneficiarias de los servicios correspondientes.”[2]
La protección reforzada que el texto constitucional brinda al trabajo en sus dimensiones individual y colectiva, productiva e instrumental, pero en todo caso como medio para el fortalecimiento de la dignidad humana, deviene también del artículo 53 de la Carta que dispuso un mínimo de principios fundamentales, tales como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la actividad y calidad del trabajo y la garantía a la seguridad social, entre otros. En este contexto constitucional es evidente que existen especiales garantías para quienes desarrollan una actividad productiva protegida por el Estado, la cual debe prodigarse independientemente de si el trabajador se desempeña bajo una forma de vinculación indefinida, de larga o de corta duración, y al margen de la naturaleza de las actividades que desarrolla el empleador”[3].
“La teoría jurídica analítica, aplicada al tratamiento del derecho a la igualdad, ha establecido algunas distinciones de mucha utilidad para la solución de casos relacionados con ese derecho. La primera de ellas tiene que ver con la estructura de las normas que establecen el derecho a la igualdad, tales como la formulación aristotélica clásica o el artículo 13 de nuestra Constitución Política. En efecto, los conflictos en que entra en juego el derecho a la igualdad muestran que las normas que lo consagran pueden ser tratadas como principios, esto es, son normas cuya aplicación en un caso concreto depende de la ponderación que se haga frente a los principios que con él colisionan[5]. El principio de igualdad de tratamiento entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, por ejemplo, puede entrar en pugna con el principio de la autonomía de la voluntad, expresado en la posibilidad del patrono de firmar convenciones colectivas con los primeros y pactos colectivos con los segundos[6]o en la de contratar a sus trabajadores para laborar horas extras[7]. Corresponde al juez hacer la ponderación entre el principio a la igualdad y el principio que entra en conflicto con él, y decidir sobre la prevalencia de uno de ellos en el caso concreto, a la luz del ordenamiento constitucional.
Dos consecuencias se desprenden con claridad de esta enunciación del principio de igualdad: en primer lugar, la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer un trato discriminatorio, debe justificarlo…”[8]
El cumplimiento del mandato constitucional de crear, mantener y optimizar un sistema de seguridad social tiene como características la obligatoriedad por parte del Estado para la prestación, la universalidad en el cubrimiento para todos los colombianos y la solidaridad como principio de sostenimiento y financiación”[9]
A LA SENTENCIA C-825/06 (4 DE OCTUBRE)
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223, 229, 251, 247, 251, 289 y 306 (todos parciales) del Código Sustantivo del Trabajo.
Comparto la decisión tomada en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de la referencia en el sentido de no emitir pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto, en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo y de estarse a lo resuelto en las sentencias C-823 de 2006, que declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sin embargo, me aparto de la decisión tomada en el numeral tercero de la misma providencia, en el cual se declara la inexequibilidad de la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, pues tal como lo manifesté en Sala Plena considero que el segmento normativo acusado no vulnera las normas superiores que el actor cita como infringidas y, en consecuencia, ha debido ser declarado exequible.
Mi desacuerdo con la extensión de la prima de servicios a los trabajadores accidentales o transitorios, estriba en que a la luz de las normas laborales vigentes quienes prestan esta clase de labor lo hacen en forma independiente sin estar sometidos a un contrato de trabajo.
“Art. 5º. Definición de trabajo. El trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.(sic)” (subrayo)
Cabe precisar, que según el artículo 22 del CST, la continuidad es elemento configurativo del contrato de trabajo:
Solo en forma excepcional la ley laboral prevé la posibilidad de que pueda celebrarse un contrato de trabajo para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Así lo autoriza el artículo 45 del C. S. T.:
Así, pues, si el trabajo transitorio por su propia naturaleza excluye el contrato de trabajo, no existe razón objetiva que justifique ampliar la prima de servicios para quienes desarrollan este tipo de labor.
Como lo expresé al apartarme de la decisión de la Corte que amplió el auxilio de cesantía a los trabajadores ocasionales y transitorios, tal determinación traerá efectos contraproducentes, tanto para el propio trabajador como para los empleadores.
Así mismo, los usuarios verán afectados sus intereses, toda vez que injustificadamente se les encarecerán los costos operativos en razón de los gastos de afiliación a la seguridad social y al fondo de cesantías, de aquellos empleados que por la índole de su labor no forman parte de la empresa por cumplir funciones distintas a las actividades normales de la misma.
En estos términos dejo expresada mi discrepancia que, no obstante mi acostumbrado y profundo respeto por las decisiones de la Corte, estimé necesario efectuar dentro de la decisión adoptada en este caso por la Sala Plena de la corporación.
[2] Sentencia T- 137 de 2000, (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[3] Sentencia C- 823 de 2006(M.P. Jaime Córdoba Treviño)
[4] Cfr. la línea precedencial trazada desde la sentencia C-022 de 1996
[8] Sentencia T-230 de 1994(M.P. Eduardo cifuentes)
[9] Sentencia C-828 de 2001(M.P. Jaime Córdova Treviño)

References: artículo 53
 artículo 13
 artículo 251
 artículo 306
 artículo 22
 artículo 45