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Timestamp: 2019-09-18 07:27:43+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-11361
Documento BOE-A-2019-11361
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2019, páginas 83671 a 83687 (17 págs.)
BOE-A-2019-11361
En el recurso interpuesto por don J. G. P., Abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Alcalá la Real, don José Eduardo Luzón Tello, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo, por haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia Agencia Tributaria.
Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 20 de febrero de 2019 por la jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Andalucía, en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución.
Presentada la citada certificación en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Registro de la Propiedad de Alcalá la Real
Datos del documento calificado:
Presentante: D. F. J. G. E.
Interesados: Agencia Tributaria frente a Construcciones y Restauraciones San Francisco, SRL y como adjudicatario D. F. J. G. E.
Naturaleza: Certificación administrativa.
Oblato: adjudicación.
Procedimiento: Acta adjudicación directa n.º S2018R418600302404.
Órgano Administrativo: Dependencia Regional Recaudación 41 de Sevilla de la Agencia Tributaria.
En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad del documento/presentado, resultan los siguientes:
1.º El día 13 de marzo de 2.019, con el asiento de presentación n.º 651 del Diario 99,fue presentada en este Registro de la Propiedad la certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles referida en el encabezamiento, expedida el día 20 de febrero de 2.019, por doña N. V. P. F., Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de Sevilla por la que en el expediente administrativo de apremio seguido contra Construcciones y Restauraciones San Francisco, S.R.L. se acuerda la enajenación mediante subasta de la finca número 25.487 del término municipal de Alcaudete, la cual se adjudica a D F. J. G. E.
Se acompañan modelo 600 y nota acreditativa de la presentación y pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; instancia suscrita por el adjudicatario en la que se declara que la finca adjudicada se encuentra libre de arrendamientos y certificación expedida el 5 de marzo de 2.019 por la funcionaría del Servicio de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, por la que acredita la presentación del documento a efectos de la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).
1.º Al amparo del párrafo primero del artículo 18 de la Ley Hipotecaria los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Añade el artículo 99 del Reglamento Hipotecario que "La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites c incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro".
2.º En el presente caso se califica el documento al principio indicado, en el que se observa que el día 12 de diciembre de 2018 se celebró la subasta resultando la misma desierta tanto en primera como en segunda licitación, y que a la fecha de celebración de aquella ya estaba en vigor el Reglamento General de Recaudación, tras la reforma operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, cuya entrada en vigor, como regla general, era el 1 de enero de 2018, sin que conste en la certificación calificada las razones que motivaron el acuerdo de la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados y ello al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, conforme al cual, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, debe de justificarse las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente.
a) Que la Disposición Transitoria Cuarta del RGR debe interpretarse siguiendo su dicción literal como un precepto exclusivamente aplicable a "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado", por lo que no puede extenderse su aplicación a las normas introducidas por el nuevo régimen para el caso de que haya quedado desierta la subasta con posterioridad al 1 de enero de 2018.
b) Que en caso de que una subasta se declare desierta tras el 1 de enero de 2018, lo que corresponde no es acudir a la enajenación directa, sino, por aplicación de la redacción vigente de los artículos 107, 109 y 112 del RGR en relación con la Disposición Transitoria Tercera del referido RGR, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, es decir, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente. Se cumple así la finalidad perseguida de "simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad".
Suspender la inscripción del documento objeto de la presente calificación con las circunstancias expresamente consignadas en los Hechos de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se indican en los Fundamentos de Derecho de la misma nota. Quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Pudiendo no obstante el interesado o el funcionario autorizante del título, durante la vigencia del asiento de presentación y dentro del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria.
Alcalá la Real, a 3 de abril de 2.019 El Registrador (firma ilegible) Firmado: José E. Luzón Tello.»
Contra la anterior nota de calificación, don J. G. P., Abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 17 de mayo de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal:
«El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de acuerdo con los arts. 551 de la L.O, 6/1985 del Poder Judicial y 103.8 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, formula, de conformidad con los arts. 323 y concordantes de la Ley Hipotecaria, recurso gubernativo frente a la calificación negativa del Registrador de la Propiedad de Alcalá la Real de fecha 3 de abril de 2019 relativa a la certificación del acta de adjudicación de fecha 20 de febrero de 2019 en expediente de enajenación S2018R418600302404) afectante a la Finca Registral 25.847, cuya inscripción suspende, con base en los siguientes
II.–La calificación del Sr. Registrador suspende la inscripción del acta de adjudicación de la Finca 25.487, acordada en procedimiento de apremio tramitado por la AEAT frente a la entidad Construcciones y Restauraciones San Francisco SRL a favor de D. F. J. G. E., por estimar que se no se hacen constar en la certificación del acta las razones que motivaron el acuerdo de adjudicación directa de los bienes y derechos embargados a tenor de lo establecido en el apartado c) del art. 107 del Reglamento general de Recaudación, fundamentando su decisión en el tenor de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento General de Recaudación, así como en el art. 107 y siguientes del mismo modificados por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre que, entre otros aspectos, suprime la posibilidad de acudir al procedimiento de adjudicación directa en caso de que quede desierta la subasta en primera y segunda licitación.
El registrador aduce en su nota que la calificación se ampara en la previsión del artículo 99 RH, que permite examinar que la resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido y, por tanto, los trámites e incidencias esenciales del mismo, aunque sin desarrollar esta cuestión.
En el presente caso, se cumplen estos requisitos, ya que el acta de adjudicación se ha dictado en el seno de un procedimiento de recaudación, siguiendo el procedimiento de apremio, y, en particular, los trámites de la enajenación por adjudicación directa, por lo que es absolutamente coherente con el procedimiento seguido. Asimismo, la adjudicación se ha acordado después de haber agotado el procedimiento de subasta, y habiendo cumplido los trámites esenciales de todo el procedimiento de recaudación en período ejecutivo (providencia de apremio, diligencia de embargo, anuncios de subasta, etc.), notificados todos ellos al titular registral, que podría haber hecho uso de los derechos que la Ley le confiere a su favor.
3. Al respecto, aun no siendo una cuestión muy frecuente, es reiterada y pacífica la doctrina del centro directivo que recuerda que el examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y el respeto de los trámites esenciales de éste no puede suponer, en ningún caso, una valoración del procedimiento seguido por la Administración, siendo esto lo que precisamente se realiza en la nota impugnada, en la que el registrador suspende la inscripción solicitada considerando (en nuestra opinión erróneamente, en lo que abundaremos posteriormente) que, a la vista de los artículos del RGR modificados que cita no se puede acudir al procedimiento de adjudicación directa sino a una nueva subasta o bien a la adjudicación de los bienes a la Hacienda Pública, lo que supone, en suma, una valoración de la elección del procedimiento administrativo aplicable.
4. Así pues, el registrador debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo, habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (Título Y de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Juicio de legalidad que está realizando el registrador en su nota, en la que de facto, se viene a declarar la nulidad de pleno de derecho (por supuesta omisión total del procedimiento legalmente establecido, ex art. 47.1.e) de la Ley 39/2015), cuando, es evidente, no ha existido ninguna omisión total, palmaría y ostensible del procedimiento administrativo, en los términos exigidos por la DGRN para poder fundamentar una calificación negativa y por la jurisprudencia contencioso-administrativa para poder declarar la nulidad radical, sino que solamente existe una discrepancia del procedimiento aplicable, basada en una discutible interpretación de una disposición, no ya de derecho sustantivo, sino de derecho transitorio, cuestión que analizaremos en el siguiente motivo del recurso.
5. Hemos de concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, es decir, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) ("por razones de urgencia justificadas en el expediente", o "en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente").
Pues bien, partiendo del hecho de que el acuerdo de subasta se efectuó el 6 de agosto de 2018, consideramos que la interpretación sistemática y teleológica de la norma citada, y que debe primar sobre la interpretación literal, nos debe conducir a la solución contraria.
Parece claro que se refiere a todo el régimen global de subastas, y no solamente a sus normas accesorias o de desarrollo material, y ello porque la solución contraría no haría sino llevar a soluciones absurdas para los expedientes desarrollados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018, conculcando la interpretación teleológica de la norma.
En efecto, de acuerdo con el criterio implícitamente seguido por el registrador, a estos expedientes les sería aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, como señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, "La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad."
Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado: Tenga por presentado este escrito, con los documentos acompañados y por interpuesto recurso gubernativo frente a la calificación del Registrador de la Propiedad de Alcalá la Real de fecha 3 de abril de 2019 relativa a la certificación del acta de adjudicación de fecha 20 de febrero de 2019 (Ref. S2018R418600302404) afectante a la Finca Registral 25.487, lo estime, revocando la citada calificación ordenando que se practique la inscripción suspendida.»
El registrador de la Propiedad de Alcalá la Real, don José Eduardo Luzón Tello, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro Directivo el día 28 de mayo de 2019.
– En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 12 de diciembre 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa.
– La Mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 29 de enero de 2019 la enajenación directa y la adjudicación del bien.
– El bien adjudicado estaba valorado en 1.919,71 euros y fue adjudicado a don F. J. G. E. por 3.000 euros
El registrador suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 12 de diciembre de 2018, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor durante la realización de las fallidas subastas y cuando se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido y de sus trámites esenciales, y siendo estos extremos unos de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Conforme a la nueva redacción dada por el reiterado Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas» -o en caso de no entender procedente esta adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación-.
Madrid, 11 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

References: artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 109
 artículo 172
 artículo 112