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Timestamp: 2019-01-16 12:41:47+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 2418 DE JULIO 11 DE 2017
RESOLUCIÓN 2418 DE 11 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:DICTA LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 1826 DE 2017 EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, LEY PENAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, TRÁMITE DE LA ACCIÓN PENAL, ACUSADOR PRIVADO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ACCIÓN PENAL PRIVADA, PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL ABREVIADO, REVERSIÓN DE CONVERSIÓN A LA ACCIÓN PENAL PRIVADA, TRASLADO DE LA ACUSACIÓN EN LA ACCIÓN PENAL PRIVADA
RESOLUCIÓN 2418 DE 2017
“Por medio de la cual se dictan lineamientos para la aplicación de la Ley 1826 de 2017 en la organización interna de las direcciones seccionales”.
en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, y
Que la Ley 1826 de 2017 estableció un procedimiento penal especial abreviado y reguló la figura del acusador privado.
Que la Fiscalía General de la Nación debe reglamentar el procedimiento interno para regular la conversión y reversión de la acción penal de pública a privada y con ello adicionar ciertas responsabilidades a algunos servidores.
Que los numerales 25 y 26 del artículo 4º del Decreto 16 de 2014 establecen que el Fiscal General de la Nación tiene la competencia para “[c]rear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo” para cumplir con las obligaciones de la entidad, así como para “[d]istribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las plantas globales y flexibles de la entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio”.
Que, de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 16 de 2014, la organización y las funciones de los departamentos, unidades y secciones deben realizarse bajo los principios de “racionalización del gasto, eficiencia y un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos en las diferentes áreas”.
Que, en virtud del artículo 250 de la Carta Política y de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 906 de 2004, los fiscales delegados, independientemente de su categoría, son competentes para asumir la investigación y judicialización de cualquier conducta criminal, salvo prohibición expresa en sentido contrario.
Que los numerales 6º y 7º del artículo 4º del Decreto 16 de 2014 establecen que el Fiscal General de la Nación tiene competencia para formular políticas y adoptar directrices que garanticen “el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal” y cuya aplicación es “obligatoria para todas las dependencias de la entidad” en razón de los principios de unidad de gestión y jerarquía. También, de formular políticas y estrategias de priorización “que tengan en cuenta, entre otros, criterios subjetivos, objetivos, complementarios y en especial el contexto de criminalidad social del área geográfica que permitan establecer un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo del derecho fundamental de administración de justicia”.
Que, de acuerdo con la Directiva 2 de 2015, la Fiscalía General de la Nación “entiende por priorización una política orientada al diseño e implementación de una técnica de gestión estratégica de la carga de trabajo y del flujo de casos que son puestos en conocimiento de la Fiscalía, para el manejo analítico de la investigación, y del ejercicio de la acción penal”. La priorización debe aplicarse a toda la carga de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación e incluye acciones como destinar mayores recursos técnicos, operativos, logísticos y/o humanos, ajustar el tipo de respuesta a circunstancias particulares, aplicar herramientas de análisis en contexto, y/o enfocar los esfuerzos de investigación y judicialización en ciertos casos, hechos delictivos o situaciones.
Que la Fiscalía General de la Nación, en un diagnóstico y documento de política pública que se anexan a esta resolución, analizó los casos que se verán impactados por el procedimiento penal especial abreviado y determinó que, por su gravedad e impacto social, debe darse prioridad a los fenómenos criminales tramitados por el procedimiento penal ordinario. Además, diagnosticó la necesidad de racionalizar el número y tipo de unidades que intervienen en el trámite de los casos de procedimiento abreviado, de optimizar el enrutamiento inicial, de reducir el número de reasignaciones y de unificar las rutas de atención, investigación y judicialización de casos para garantizar mayor eficiencia y calidad en la respuesta de la entidad.
Que, por su impacto sobre la seguridad ciudadana, las características de sus modalidades delictivas, el grado de especialización que requiere su investigación y judicialización, y la frecuencia con la que están relacionados con criminalidad organizada, los fenómenos criminales de hurto y estafa deben concentrarse en unidades específicas que hagan parte de la organización interna de las direcciones seccionales para el trámite del procedimiento abreviado.
ART. 1º—Objeto. Esta resolución crea unidades y grupos de trabajo al interior de las direcciones seccionales para el trámite de los casos impactados por la Ley 1826 de 2017 y establece lineamientos para (i) el enrutamiento inicial estratégico de los casos; (ii) la distribución de la carga de trabajo y de los recursos de personal; (iii) la aplicación de la política de intervención temprana de entradas; (iv) la aplicación de los criterios de priorización; y (v) la preparación y descongestión de la carga activa de procedimiento penal especial abreviado. Además, esta resolución dispone mecanismos para que, de acuerdo con sus particularidades, cada dirección seccional pueda ajustar y organizar su estructura.
PAR.—Aunque la mayor parte de esta resolución se refiere de manera directa a la carga de trabajo de procedimiento abreviado, puede también utilizarse para organizar la carga de trabajo de procedimiento ordinario.
ART. 2º—Grupos de trabajo. Por grupos de trabajo se entenderá el conjunto de fiscales, asistentes de fiscal y servidores de policía judicial que se organizarán en función del tipo de labor que deben ejecutar para la investigación y judicialización de los casos, independientemente del tipo penal.
Por medio de esta resolución se crean cuatro tipos de grupos de trabajo: (i)
Grupos de flagrancias; (ii) Grupos de casos querellables; (iii) Grupos de averiguación de responsables; y (iv) Grupos de investigación y juicio.
ART. 3º—Unidades. Por unidades se entenderá el conjunto de fiscales, asistentes de fiscal y servidores de policía judicial que se organizarán en función de un fenómeno criminal determinado. Sus integrantes adelantarán de forma coordinada y estratégica la investigación y judicialización de los tipos penales a su cargo.
Por medio de esta resolución se crean dos tipos de unidades: (i) Unidades de estafa y (ii) Unidades de hurtos.
ART. 4º—Despachos. Para adelantar la investigación y judicialización de los casos, los grupos de trabajo y unidades estarán conformados por despachos. Por medio de esta resolución se establece que los despachos podrán estar integrados por uno o más fiscales, de conformidad con el artículo 11.
ART. 5º—Validación de cambios en la organización de las direcciones seccionales. Para modificar el modelo de organización establecido en esta resolución y para crear grupos o unidades adicionales, las direcciones seccionales argumentarán sus necesidades específicas y las validarán con la delegada para la seguridad ciudadana y la dirección de políticas y estrategia, quienes decidirán sobre su procedencia.
PAR.—No podrá autorizarse la conformación de unidades que agrupen delitos con una alta probabilidad de interés de acusador privado.
Organización y conformación de unidades y grupos de trabajo
ART. 6º—Creación de grupos de trabajo. Las direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación tendrán los siguientes grupos de trabajo para la puesta en marcha del procedimiento abreviado:
a)Grupos de casos querellables. Conciliarán, investigarán, y llevarán a juicio los casos querellables con indiciado conocido. Los despachos de estos grupos podrán organizarse en equipos de trabajo en los términos del artículo 11 de esta resolución;
b) Grupos de averiguación de responsables. Individualizarán a los presuntos responsables de casos querellables y no querellables sin indiciado conocido;
c) Grupos de investigación y judicialización. Investigarán y llevarán a juicio los casos no querellables y con presuntos responsables individualizados. Los despachos de estos grupos podrán organizarse en equipos de trabajo en los términos del artículo 11 de esta resolución.
d) Grupos de flagrancias. En los casos de flagrancia, adelantarán los actos urgentes, legalizarán las capturas y, cuando corresponda trasladarán y presentarán el escrito de acusación y solicitarán las medidas de aseguramiento correspondientes.
PAR. 1º—Salvo el grupo de casos querellables, los grupos de trabajo podrán conocer delitos tanto de procedimiento abreviado como de procedimiento ordinario.
PAR. 2º—Los despachos de las casas de justicia actuarán en coordinación con los grupos de casos querellables y se enfocarán exclusivamente en labores de recepción de denuncias y de conciliación, investigación y judicialización de casos querellables con indiciado conocido. Las denuncias sobre delitos no querellables de competencia de procedimiento abreviado u ordinario, o con indiciado en averiguación, serán remitidas en el menor tiempo posible a los grupos de trabajo o unidades competentes para conocerlas.
ART. 7º—Creación de unidades. Las direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación tendrán las siguientes unidades para tramitar las estafas y los hurtos:
a) Unidad de hurto. Realizarán las labores de filtro, análisis y asociación de casos, averiguación de responsables, conciliación, investigación y judicialización en todos los casos relacionados con el fenómeno criminal de hurto;
b) Unidad de estafa. Realizarán las labores de filtro, análisis y asociación de casos, averiguación de responsables, conciliación, investigación y judicialización en todos los casos relacionados con el fenómeno criminal de estafa.
PAR. 1º—Estas unidades concentrarán toda la carga de estos delitos y realizarán las tareas exigidas para el trámite de casos querellables y no querellables.
PAR. 2º—Por su frecuente relación con la criminalidad organizada, y con el objetivo de garantizar un adecuado análisis y asociación de la carga, estas unidades podrán, cuando sea pertinente, investigar otros delitos relacionados con estos fenómenos criminales y llevar casos tanto de procedimiento abreviado como de procedimiento ordinario.
ART. 8º—Eliminación de unidades. Las direcciones seccionales eliminarán todas las unidades especializadas en tipos penales concretos de competencia de la Ley 1826 de 2017 que resulten contrarias a la organización que dispone la presente resolución. Estas incluyen las de inasistencia alimentaria, lesiones personales, patrimonio económico y fe pública, entre otras. El director seccional distribuirá la carga de trabajo activa de las unidades que sean eliminadas entre los despachos de los grupos de trabajo y unidades que se conformen.
PAR.—Las direcciones seccionales podrán mantener las unidades especializadas en delitos de procedimiento ordinario. También podrán mantener las estructuras de apoyo, siempre y cuando las enfoquen exclusivamente en la investigación y judicialización de situaciones o casos priorizados o relacionados con estructuras criminales.
ART. 9º—Homologación de los grupos y unidades. Las unidades de reacción inmediata que actualmente están dedicadas a las tareas que se atribuyen a los grupos de flagrancias se podrán homologar con estos. lo mismo será aplicable a las unidades de conciliación preprocesal o salas de atención al usuario que cumplen con las tareas que se atribuyen a los grupos de casos querellables. Estos últimos, además de realizar las labores de conciliación, adelantarán la investigación y judicialización de los casos para los que no se logren conciliaciones con acuerdo.
Para la homologación de los grupos y unidades, los despachos organizarán y depurarán su carga de trabajo.
PAR.—Las unidades conformadas actualmente podrán mantener las nomenclaturas, siempre y cuando cumplan con las labores y lineamientos de esta resolución.
ART. 10.—Ámbito de aplicación. El modelo de organización de grupos de trabajo y unidades para procedimiento abreviado aplicará para las direcciones seccionales con los recursos suficientes para implementarlo. Aquellas que no cuenten con dichos recursos crearán los grupos de trabajo y unidades que sean posibles y dividirán funciones entre los servidores disponibles, con fundamento en los criterios del capítulo III del título III de la presente resolución y en los siguientes parámetros:
a) La conformación de los grupos de casos querellables y de investigación y juicio tendrá prelación frente a la de las unidades de estafa y de hurto. De aplicarse esta prelación, los casos de hurto y estafa serán asumidos por fiscales que, en la medida de lo posible, no conozcan de otros fenómenos criminales;
b) La conformación de las unidades de estafa y de hurto tendrá prelación frente a la de los grupos de averiguación de responsables y de flagrancias. De ser posible, se garantizará que las tareas de estos dos grupos sean asumidas por servidores específicos;
c) De no contar con los recursos para la conformación de ningún grupo o unidad, las tareas propias de cada uno estarán concentradas en el menor número posible de servidores.
PAR.—Los directores seccionales darán prelación a los grupos y unidades necesarias para el trámite de los casos de procedimiento ordinario en la distribución de sus recursos de personal, de acuerdo con el plan estratégico de la Fiscalía General de la Nación y los criterios de la política de priorización.
ART. 11.—Conformación de los despachos. Sujeto a la disponibilidad de recursos, los despachos de los grupos de trabajo y unidades podrán funcionar como equipos de trabajo investigativos integrados por varios funcionarios misionales.
a) En los grupos de investigación y juicio los despachos estarán conformados por al menos dos fiscales, un asistente de fiscal y un miembro de policía judicial.
Los fiscales de cada despacho se dividirán de manera previa las labores de investigación y de juicio, de modo que se garantice el desarrollo oportuno y adecuado de las actividades investigativas, la asistencia a las audiencias correspondientes y la unidad de criterio en la judicialización de responsables;
b) En los grupos de casos querellables los despachos podrán tener la conformación expuesta en el literal a) o, en donde sea posible, estar integrados por solo un fiscal y dos asistentes de fiscal, de modo que puedan dividirse las labores requeridas para el ejercicio de la acción penal y la realización de conciliaciones exitosas;
c) En las unidades de hurto y estafa se podrán implementar las organizaciones expuestas en los literales anteriores, de modo tal que se garantice la realización de conciliaciones exitosas y el desarrollo oportuno y adecuado de las actividades de investigación y judicialización.
PAR. 1º—La carga laboral del despacho se entenderá asignada al equipo de trabajo y será responsabilidad de cada uno de sus integrantes. Las metas de la evaluación de desempeño se concertarán conforme al artículo 47 de esta resolución y reflejarán tanto los objetivos comunes como las actuaciones individuales esperadas de cada servidor para la resolución de los casos.
PAR. 2º—Con el fin de garantizar en el SPOA la trazabilidad de las actuaciones realizadas por los dos fiscales del despacho, y mientras se ajusta el sistema de información misional, se le asignará un perfil de asistente de fiscal a uno de los fiscales del equipo de trabajo únicamente para el registro de las actuaciones. Cada uno de los fiscales deberá cerciorarse de que las actuaciones que ingresen al sistema queden cargadas bajo su número de cédula.
PAR. 3º—De ser necesario, y en la medida de lo posible, las direcciones seccionales harán los ajustes para que los equipos de trabajo compartan un mismo espacio físico.
ART. 12.—Seguimiento. La dirección de políticas y estrategia y la delegada para la seguridad ciudadana ejercerán las funciones de supervisión y seguimiento respecto de la conformación de los grupos de trabajo y unidades al interior de las direcciones seccionales, así como de la aplicación de los criterios de priorización para el manejo estratégico de la carga de trabajo y de los demás lineamientos de esta resolución.
ART. 13.—Evaluación. La dirección de políticas y estrategia definirá la metodología para evaluar el funcionamiento del modelo de organización dispuesto en esta resolución y acompañará a las Direcciones Seccionales en los ajustes pertinentes.
Lineamientos para la implementación del procedimiento abreviado
Asignación y enrutamiento inicial estratégico de los casos
ART. 14.—Enrutamiento inicial estratégico de los casos. El enrutamiento inicial de los casos a los grupos de trabajo y unidades se fundamentará en la información recolectada en la denuncia. No requerirá una lectura exhaustiva de las denuncias, sino de la identificación de las características esenciales de los casos para determinar los grupos de trabajo o unidades competentes, según lo señalado en los artículos 6º y 7º de la presente resolución.
PAR. 1º—La subdirección de tecnologías de la información y las comunicaciones deberá automatizar el enrutamiento inicial en los sistemas de información para agilizar este procedimiento. La automatización del enrutamiento buscará eliminar el paso de los casos de procedimiento abreviado por la oficina de asignaciones.
PAR. 2º—Mientras se automatiza el enrutamiento inicial de los casos en el sistema de información, este estará a cargo de la oficina de asignaciones o de las unidades que tengan funciones de reparto en las direcciones seccionales.
ART. 15.—Criterios de enrutamiento inicial de denuncias. Los casos que ingresan a la entidad por denuncia, a través de salas de recepción o de la Policía Nacional, se enrutarán a los grupos de trabajo o unidades competentes para conocerlos, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Si el caso es querellable y tiene indiciado conocido será enrulado al grupo de casos querellables;
b) Si el caso no tiene indiciado conocido, será enrutado al grupo de averiguación de responsables, independientemente de si es querellable o no;
c) Si el caso no es querellable y sí tiene indiciado conocido, será enrutado al grupo de investigación y juicio;
d) Si el caso es de hurto o de estafa, será enrutado respectivamente a la unidad de hurto o a la de estafa, independientemente de si es querellable o no, o de si se conoce al responsable.
ART. 16.—Criterios de remisión en casos de flagrancia. Los casos de flagrancia serán asumidos por el grupo de flagrancias. tras realizar los actos urgentes, legalizar la captura y, cuando corresponda, trasladar y presentar el escrito de acusación y solicitar la medida de aseguramiento, este grupo remitirá los casos a los grupos de trabajo o unidades competentes de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se remitirán al grupo de casos querellables todos los delitos que requieren de conciliación;
b) Se remitirán al grupo de investigación y juicio todos los casos que no son querellables;
c) Se remitirán a las unidades de hurto y de estafa los casos que correspondan a estos fenómenos criminales, independientemente de si son querellables o no;
d) Se remitirán al grupo de averiguación de responsables los casos en los que se considere que sí sucedió el delito, pero se establezca que el capturado en flagrancia no es el responsable y no se tenga indicios de quién es el responsable.
En este evento, el grupo de flagrancias deberá resolver la situación del capturado de manera previa a la remisión del caso.
ART. 17.—Remisión en casos de averiguación de responsables. Cuando el grupo de averiguación de responsables individualice al indiciado, remitirá el caso al grupo de investigación y juicio o de casos querellables según su competencia.
ART. 18.—Asignación estratégica. La asignación estratégica se realizará al interior de los grupos de trabajo y de las unidades. Consistirá en el reparto de los casos a los despachos competentes para tramitarlos de acuerdo con los criterios de distribución de la carga de trabajo que se plantean en el capítulo III del título III de esta resolución.
Implementación de la política de intervención temprana de entradas
ART. 19.—Política de intervención temprana de entradas. De conformidad con la Resolución 0-3134 de 2015, la intervención temprana de entradas es una política integral que tiene como objetivo que los funcionarios, despachos, unidades y direcciones seccionales tengan una aproximación estratégica inicial a las entradas que reciben en las distintas etapas del proceso.
La intervención temprana de entradas se compone de seis (6) tipos de actividades: (i) orientación a usuarios; (ii) recepción de denuncias; (iii) actos inmediatos; (iv) inadmisión o archivo; (v) análisis; y (vi) asignación estratégica.
PAR.—El filtro será la primera actividad que se realiza en los grupos de trabajo y unidades cuando reciben los casos. De ser posible, la lectura que se realiza para el filtro deberá aprovecharse para el análisis y la asignación estratégica.
ART. 20.—Aplicación de la intervención temprana. La política de intervención temprana de entradas se ejecutará de forma descentralizada en:
a) Los centros de recepción de denuncia, donde se harán: (i) la remisión del usuario a otras entidades en la etapa de orientación; (ii) la adecuada tipificación del delito para un enrutamiento rápido y efectivo; (iii) las inadmisiones y los archivos tempranos por evidente atipicidad o inexistencia; y (iv) el enrutamiento inicial a las unidades, grupos de trabajo o despachos correspondientes de acuerdo con el artículo 14 y siguientes de esta resolución;
b) Los grupos de trabajo y las unidades, donde se leerán los casos para tomar decisiones sobre (i) el archivo; (ii) la emisión de órdenes de trabajo para actos inmediatos; (iii) la asociación de casos; y (iv) su asignación estratégica a los despachos competentes. La mayor parte del esfuerzo de la Fiscalía para la aplicación de la intervención temprana debe concentrarse en los grupos de trabajo y en las unidades;
c) Los despachos, donde los fiscales y su equipo de trabajo organizarán y clasificarán su carga, de acuerdo con la política de priorización, para su manejo estratégico.
PAR.—Los directores seccionales asignarán los recursos suficientes para aplicar la política de intervención temprana en los tres niveles anteriores.
ART. 21.—Análisis preliminar para la asignación estratégica. Las unidades y grupos de trabajo realizarán actividades de análisis para la asignación estratégica de los casos a los despachos competentes. Estas actividades se fundamentarán en los fenómenos criminales que componen su carga laboral y estarán encaminadas a identificar y ordenar los actos inmediatos de investigación para evitar la pérdida de elementos materiales probatorios y evidencia física, y a remitir los casos que no estén abarcados por la Ley 1826 de 2017 a los grupos o unidades competentes.
ART. 22.—Servidores de intervención temprana. Las direcciones seccionales mantendrán, en aquellos lugares donde ya existen, y destinarán los recursos humanos suficientes de fiscales o asistentes de fiscal exclusivos para la implementación de la política de intervención temprana de entradas.
Los servidores destacados para la intervención temprana podrán ubicarse en los grupos de trabajo y unidades o, para fortalecer la tipificación de los casos e identificar inadmisiones o archivos tempranos, en las salas de recepción de denuncias o en las oficinas de asignaciones. Estos servidores contarán con el apoyo y tendrán el seguimiento de la dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones.
PAR. 1º—De no contar con recursos de personal suficientes para destacar servidores de intervención temprana en todos los grupos de trabajo y unidades, se dará prelación a su ubicación en las unidades de hurto y de estafa. Entre los grupos de trabajo, se dará prelación a su ubicación en el grupo de investigación y juicio.
En caso de que la dirección seccional no cuente con unidades de hurto y de estafa, se dará prelación a la ubicación de servidores exclusivos de intervención temprana en el grupo de averiguación de responsables.
PAR. 2º—Se mantendrán las unidades Gated en las direcciones seccionales en las que ya están funcionando y respecto de las actividades que vienen realizando. No obstante, estas no podrán obstaculizar la agilidad del enrutamiento inicial o interferir con los términos para resolver las solicitudes de conversión de la acción penal de pública a privada. Se podrán crear nuevas unidades Gated, previa evaluación de la delegada para la seguridad ciudadana, la dirección de políticas y estrategia, la dirección de planeación y desarrollo, y la dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones.
ART. 23.—Recepción de denuncias. Las direcciones seccionales fortalecerán las labores de recepción de denuncias y garantizarán que los servidores (i) empleen el ABC de denuncias para recolectar la información necesaria; (ii) tipifiquen adecuadamente los casos para su enrutamiento inicial ágil a grupos o unidades; (iii) detecten tempranamente atipicidades e inexistencias evidentes; (iv) identifiquen y coordinen desde un primer momento la realización de los actos inmediatos de investigación requeridos; y (v) remitan a los usuarios a otras entidades cuando corresponda.
PAR.—Las direcciones seccionales, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones, serán las responsables de establecer alianzas con la Policía Nacional y de implementar estrategias para fortalecer la recepción de denuncias.
ART. 24.—Derechos de las víctimas. La dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones formulará e implementará estrategias j para informar a las víctimas acerca de sus derechos dentro del procedimiento penal especial abreviado y de la posibilidad de solicitar la conversión de la acción penal de pública a privada.
ART. 25.—Distribución de la carga de trabajo en los grupos y unidades. Los directores seccionales redistribuirán el personal correspondiente entre los grupos de trabajo y unidades dispuestos en esta resolución. Para esto, tendrán en cuenta cuál debe ser la carga de trabajo por persona dentro de cada uno de los grupos o unidades, la cual a su vez dependerá de (i) la complejidad de los tipos de tareas que se debe realizar en cada caso, y (ii) la prioridad de los procesos según su gravedad e importancia. En razón a lo anterior se aplicarán los siguientes criterios:
a) Los grupos de casos querellables tendrán más casos por servidor que los de investigación y juicio. Estos últimos tendrán más casos por servidor que los de averiguación de responsables;
b) Los despachos responsables de casos que típicamente requieren especialidad para su investigación, que se consideran más graves, que corresponden a indiciados reincidentes, o que tienen una posible relación con el accionar de estructuras criminales tendrán menos casos por servidor que los despachos que tienen a su cargo los tipos de casos que no cumplen con estas características;
c) En caso de dividir las responsabilidades de juicio oral y terminación anticipada en los grupos de casos querellables y de investigación y judicialización, o en las unidades de hurto y estafa, los despachos encargados de tramitar las terminaciones anticipadas tendrán más casos por servidor que los encargados de agotar el juicio en su totalidad.
PAR.—En principio, la menor cantidad de casos por servidor implica una mayor disponibilidad de tiempo para el trámite de cada caso asignado.
ART. 26.—Perfiles de los funcionarios adscritos a los grupos de trabajo y unidades. De acuerdo con los tipos de tareas y la focalización de recursos requeridos, las direcciones seccionales fortalecerán los perfiles de los funcionarios adscritos a los distintos grupos de trabajo y unidades teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Los grupos de casos querellables estarán conformados por fiscales y asistentes de fiscal capacitados para realizar las conciliaciones;
b) Los grupos de averiguación de responsables tendrán un número significativo de fiscales y, especialmente, de servidores de policía judicial con perfiles de analistas;
c) Los grupos de investigación y juicio tendrán fiscales con perfiles de liderazgo en la investigación y en el litigio, así como funcionarios de policía judicial y asistentes de fiscal que contribuyan a la investigación y terminación exitosa de los casos individualizados. De ser necesario, también tendrán fiscales especializados en ciertas temáticas delictivas;
d) Las unidades de hurto y de estafa estarán conformadas por fiscales, asistentes de fiscal e investigadores con los perfiles descritos en los literales anteriores;
e) Los grupos de flagrancias tendrán principalmente servidores de policía judicial con autonomía para realizar actos urgentes sin necesidad de que medie orden de fiscal, de acuerdo con el artículo 205 de la Ley 906 de 2004. También tendrán fiscales capacitados para liderar las investigaciones, elaborar los escritos de acusación y asistir a las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento cuando corresponda.
Por regla general, los fiscales de estos grupos no cumplirán turnos de permanencia nocturnos o de fines de semana, pero sí de disponibilidad para atender telefónicamente las solicitudes de Policía Judicial y direccionar las investigaciones.
De manera excepcional, las direcciones seccionales con recursos de personal suficientes, y que tengan un alto número de casos de flagrancias o necesidades de articulación con la judicatura y de supervisión al interior de estos grupos, podrán justificar la importancia de contar con fiscales que cumplan turnos de permanencia, de conformidad con el artículo 5º de esta resolución.
PAR.—Las direcciones seccionales buscarán racionalizar su personal con el objetivo de desarrollar, de manera eficiente y ágil, los tipos de tareas que se requieren para el trámite de los casos de procedimiento abreviado. También para dar cumplimiento a la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación, garantizando la focalización de recursos en casos de procedimiento ordinario.
ART. 27.—Fiscales exclusivos de procedimiento abreviado. Las direcciones seccionales podrán tener fiscales designados exclusivamente para el trámite de los casos de procedimiento abreviado. Sin embargo, el número total de fiscales destacados en la seccional para procedimiento abreviado no podrá ser mayor al número total de fiscales responsables de tramitar los casos de procedimiento ordinario.
ART. 28.—Distribución de la carga entre procedimiento abreviado y ordinario. Atendiendo la disponibilidad de servidores en los municipios en que hace presencia la Fiscalía General de la Nación, y para procurar que los casos sean investigados en el lugar de los hechos y donde el acceso a la justicia de la víctima sea más amplio y menos oneroso, las direcciones seccionales destacarán fiscales con base en los siguientes criterios, siempre y cuando se pueda mantener una carga de trabajo equivalente en términos de la complejidad de las investigaciones y de la focalización de recursos que requieren los casos:
a) Si en un municipio hay dos (2) fiscales, se destacará uno para el trámite de los casos de procedimiento ordinario y uno para los de procedimiento abreviado;
b) Si en un municipio hay tres (3) fiscales, se destacarán dos para atender los casos de procedimiento ordinario y uno para los de procedimiento abreviado;
c) Si en un municipio hay cuatro (4) fiscales, se conformarán dos despachos, cada uno integrado por dos fiscales, de conformidad con el artículo 11 de esta resolución. Un despacho atenderá los casos de procedimiento ordinario y el otro se encargará de los de procedimiento abreviado;
d) Si en un municipio hay cinco (5) fiscales, se conformarán dos despachos. El primer despacho estará integrado por tres fiscales y atenderá los casos de procedimiento ordinario. El segundo despacho estará integrado por dos fiscales y se encargará de los casos que deban tramitarse mediante el procedimiento abreviado;
e) Si en un municipio hay seis (6) fiscales, se conformarán tres despachos, cada uno integrado por dos fiscales. Dos despachos atenderán los casos de procedimiento ordinario y el tercer despacho se encargará del trámite de los casos de procedimiento abreviado;
f) Si en un municipio hay más de seis fiscales, la dirección seccional garantizará que al menos el 60% de estos asuman los casos que deban tramitarse mediante el procedimiento ordinario.
PAR. 1º—En los municipios que solo tienen un (1) fiscal, este aplicará los dos procedimientos penales y empleará estrategias para el manejo estratégico de sus casos en línea con la política de priorización de la entidad.
PAR. 2º—Podrá modificarse la distribución planteada cuando las particularidades de la criminalidad en una región, la disponibilidad de recursos o la necesidad de articulación con el Consejo Superior de la Judicatura lo ameriten. También cuando la distribución resulte en cargas desproporcionadas en términos de la complejidad y los tipos de recursos que se requieran para su trámite. En este caso, las direcciones seccionales sustentarán sus necesidades específicas y las validarán de conformidad con el artículo 5º de esta resolución.
ART. 29.—Competencia de los fiscales. Para cumplir con los criterios planteados en este capítulo se podrán ejecutar acciones de redistribución de servidores o de carga de trabajo, bajo el entendido de que los fiscales seccionales y locales tienen competencia en todo el territorio nacional para asumir el conocimiento de investigaciones por cualquier hipótesis delictual y ante cualquier juez.
PAR.—Por necesidades del servicio, razones de priorización y manejo estratégico de la carga, los fiscales locales podrán adelantar investigaciones ante jueces del circuito siempre y cuando estas no constituyan la mayor parte de su carga laboral o no se cuente con disponibilidad de un fiscal seccional para su trámite.
ART. 30.—Variación de asignación de los casos impactados por el efecto retrospectivo de la ley. En virtud del numeral 3º del artículo 251 de la Constitución Política, esta resolución faculta a los directores seccionales para que expidan un (1) acto administrativo que tenga como objeto la redistribución de las noticias criminales en las unidades, grupos y subgrupos de trabajo que se requieran para, de acuerdo a la normatividad vigente, dar cumplimiento a los lineamientos de esta resolución.
PAR. 1º—Para la redistribución de la carga, los directores seccionales tendrán en cuenta el estado de los procesos y la programación de audiencias.
PAR. 2º—De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, las víctimas serán informadas de los movimientos en sus procesos.
Priorización y manejo estratégico de la carga
ART. 31.—Subordinación y complementariedad. Los criterios de priorización para el procedimiento penal especial abreviado están sujetos a los lineamientos generales para la planificación y gestión estratégica de la investigación penal dispuestos por la Fiscalía General de la Nación para la totalidad de su carga de trabajo. En consecuencia, las dependencias misionales de la Fiscalía General de la Nación aplicarán los lineamientos de priorización para el procedimiento penal abreviado descritos en este título sin desatender la política general de priorización de la entidad.
ART. 32.—Criterios de priorización. De acuerdo con la Directiva 002 de 2015, los criterios de priorización son parámetros de focalización de la acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación en determinados fenómenos, situaciones y casos, con el fin de asegurar el mayor impacto de su trabajo investigativo y el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos, administrativos, económicos y logísticos.
Se refieren tanto a la gravedad de los efectos generados por las conductas criminales como a la importancia de adelantar su investigación y judicialización. Estos criterios buscan identificar los delitos que tienen un grado alto, medio o bajo de impacto en relación con los demás delitos objeto del procedimiento abreviado.
Caracterizan a las personas o grupos que realizan o se ven afectados por una actividad criminal. Apuntan especialmente a la persecución de la criminalidad organizada y a la judicialización de aquellos delitos que se enmarcan en patrones históricos, culturales y/o sociales de discriminación.
En el procedimiento penal especial abreviado se hará énfasis en los siguientes criterios subjetivos: (i) la relación del hecho con criminalidad organizada, (ii) la probabilidad de reincidencia del infractor, y (iii) la condición de vulnerabilidad de la víctima.
Tienen como objetivo evaluar la dificultad de investigar y judicializar determinadas situaciones y casos.
ART. 33.—Lineamientos de priorización para el procedimiento abreviado. Dentro del procedimiento abreviado se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos de priorización:
a) Se dará mayor importancia a los casos que puedan tener relación del caso con fenómenos de criminalidad organizada;
b) Se dará mayor importancia a los casos cuyas víctimas pertenezcan a poblaciones con protección constitucional reforzada y para los cuales deba aplicarse un enfoque diferencial. Estos últimos podrán ser concentrados en fiscales específicos;
c) Se dará mayor importancia a casos que tienen una baja probabilidad de ser asumidos por acusadores privados;
d) Se dará mayor importancia a casos cuya investigación y judicialización sea consistente con los planes o políticas generales de priorización de la Fiscalía.
ART. 34.—Análisis criminal. Todos los grupos de trabajo y unidades analizarán los casos a la luz de las demás investigaciones que adelantan con el fin de identificar posibles asociaciones o conexidades, de acuerdo con los siguientes lineamientos:
a) En los grupos de casos querellables las actividades de análisis tendrán como propósito realizar conciliaciones masivas y maximizar las probabilidades de lograr conciliaciones con acuerdo. Estos análisis podrán enfocarse en víctimas o indiciados comunes para citarlos en una misma fecha;
b) En los grupos de averiguación de responsables las actividades de análisis tendrán como propósito la asociación de casos y/o la identificación de estructuras criminales, enfocando la investigación en el modo de operar de los indiciados, en las características de las víctimas o en los lugares de los hechos;
c) En los grupos de investigación y juicio las actividades de análisis tendrán como objetivo la identificación de reincidentes, la asociación de casos y la focalización estratégica de los recursos para la investigación y el juicio;
d) En las unidades de estafa y de hurto las actividades de análisis tendrán como propósito la asociación de casos y la identificación y caracterización de estructuras criminales y de reincidentes.
PAR.—Si como resultado del análisis se identifica un concurso con conductas punibles que se tramiten por el procedimiento ordinario o que tengan una alta probabilidad de relación con crimen organizado, cuando sea pertinente, se hará traslado del caso a la unidad correspondiente.
ART. 35.—Iniciativa investigativa de policía judicial. Los servidores de policía judicial del grupo de flagrancias llevarán a cabo todas las actuaciones contempladas en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, sin que medie orden previa del fiscal, con el fin de evitar la pérdida de elementos materiales probatorios, evidencia física e información. En cualquier caso, informarán al fiscal sobre las actuaciones que se adelanten para que asuma su dirección y coordinación.
ART. 36.—Traslado y presentación escrito de acusación. En los casos de flagrancia en los que proceda la solicitud de medida de aseguramiento o en los que el indiciado acepte los cargos, el fiscal que coordina los actos urgentes en el grupo de flagrancia deberá realizar el traslado del escrito de acusación al indiciado, así como presentarlo ante el juez en los términos de los artículos 537-540 de la Ley 906 de 2004.
ART. 37.—Aceptación de cargos. En casos de flagrancia en los que el indiciado manifieste su intención de aceptar los cargos, el servidor responsable en el grupo de flagrancias suscribirá un acta de aceptación en los términos del artículo 539 de la Ley 906 de 2004 y la presentará ante el juez de conocimiento junto con el escrito de acusación. Agotado este procedimiento, el caso se remitirá al grupo de investigación y juicio para que se adelante lo dispuesto en el artículo 447 de dicha ley.
ART. 38.—Conversión de la acción penal en casos de flagrancia. En los casos de flagrancia en los que la víctima solicite la conversión de la acción penal de pública a privada, el grupo de flagrancias priorizará los términos para la investigación y la legalización de la captura y, de ser necesario, trasladará el escrito de acusación y solicitará la imposición de la medida de aseguramiento. El caso se remitirá al grupo de investigación y juicio o al grupo de casos querellables, según corresponda, para que se resuelva la solicitud de conversión.
ART. 39.—Valoración médico-legal del capturado. La valoración médico-legal del capturado únicamente podrá solicitarse al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando el indiciado se haya negado a suscribir un acta de buen trato. En estos eventos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses podrá corroborar que se haya informado al indiciado sobre la posibilidad de suscribir el acta y de no ser sometido a la valoración.
Preparación y descongestión de la carga activa
ART. 40.—Asignación de casos. Las direcciones seccionales asignarán todas las noticias criminales de procedimiento abreviado que no estén asignadas a una unidad o despacho en el sistema SPOA, salvo aquellas en las que se estén realizando actos urgentes.
PAR.—La asignación de los casos seguirá los lineamientos impartidos por la delegada para la seguridad ciudadana.
ART. 41.—Clasificación de la carga activa e implementación de medidas de impulso y descongestión. Los servidores de las direcciones seccionales y nacionales con competencia para tramitar los delitos contemplados en la Ley 1826 de 2017 analizarán su carga laboral activa para identificar y clasificar los casos que, por el efecto retrospectivo de la ley, serán de competencia del procedimiento abreviado. Sobre estos casos se tomarán las medidas de impulso y descongestión que correspondan:
a) Direccionar los casos a los grupos o unidades competentes cuando la dependencia en la que se encuentren no tenga dentro de sus funciones la conciliación, investigación o judicialización de los delitos contemplados en la Ley 1826 de 2017;
b) Actualizar o corregir la tipificación de los casos en el SPOA para identificar el tipo de procedimiento aplicable. De ser necesario, remitir los casos a los grupos o unidades competentes para el trámite del procedimiento abreviado u ordinario, según corresponda;
c) Emitir órdenes a policía judicial que permitan tomar decisiones de fondo respecto de los casos;
d) Archivar o solicitar la preclusión de las investigaciones que lo requieran;
e) Programar jornadas masivas de conciliación. Para esto se aplicarán estrategias de análisis criminal y se identificarán los casos que compartan un mismo indiciado o una misma víctima;
f) Agrupar e inactivar por conexidad los casos que tienen relación con organizaciones criminales o con delitos de competencia del procedimiento ordinario;
g) Proyectar el escrito de acusación para programar su traslado de acuerdo con la agenda concertada con el Consejo Superior de la Judicatura.
PAR. 1º—Las direcciones seccionales adelantarán jornadas de intervención tardía para descongestionar los despachos que conocen delitos de competencia de la Ley 1826 de 2017.
PAR. 2º—Los servidores de policía judicial adelantarán de forma preferente las órdenes que se emitan en cumplimiento del presente artículo, siempre y cuando no tengan actuaciones pendientes de casos priorizados de competencia del procedimiento ordinario.
ART. 42.—Actualización de los sistemas de información. Todos los despachos tendrán la obligación de registrar las actuaciones investigativas y judiciales que se desarrollen en los casos de competencia de la presente resolución.
PAR.—Los despachos tendrán hasta el 13 de julio para actualizar la adecuación típica de los casos activos que tienen a su cargo, con el fin de que el sistema de información realice la identificación y marcación automática de los casos que se adelantarán mediante el procedimiento penal especial abreviado.
ART. 43.—Articulación regional con el Consejo Superior de la Judicatura. Atendiendo a las dinámicas regionales, las direcciones seccionales crearán agendas conjuntas con el Consejo Superior de la Judicatura para el traslado progresivo de los escritos de acusación. Para tal fin, se identificará la carga activa en la que se cuenta con suficientes elementos de prueba para trasladar la acusación y se establecerá un orden de presentación de los casos teniendo en cuenta criterios de prescripción, gravedad de la conducta, características del indiciado y volumen de la carga de trabajo.
ART. 44.—Conciliación por fuera de la Fiscalía General de la Nación. Los servidores de la Fiscalía General de la Nación, principalmente aquellos que cumplen funciones de orientación y recepción de denuncias y/o que están adscritos a los grupos de casos querellables, informarán a los usuarios acerca de la posibilidad de llevar a cabo una conciliación en cualquier momento, en centros de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal, con y sin ánimo de lucro. Lo anterior teniendo en cuenta la capacidad económica de la víctima y el tipo de delito que se pretende conciliar.
La conciliación podrá realizarse en entidades como las personerías municipales y distritales, las notarías, las cámaras de comercio, los consultorios jurídicos, las comisarías de familia y los jueces de paz, en los términos del artículo 522 de la Ley 906 de 2004.
PAR. 1º—Las direcciones seccionales procurarán realizar convenios o alianzas regionales con las respectivas autoridades o universidades para remitirles a los usuarios, lograr mayor cobertura para los casos querellables, obtener un mayor número de audiencias exitosas y disminuir el número de casos que deben tramitarse en los grupos de casos querellables.
PAR. 2º—En las casas de justicia y los centros de atención penal integral a víctimas (Capiv) se fortalecerá la articulación interinstitucional para la conciliación de manera anterior y posterior a la recepción de la denuncia en la Fiscalía General de la Nación.
ART. 45.—Justicia restaurativa. Trasladado el escrito de acusación en los delitos querellables y en cumplimiento del parágrafo 2º del artículo 536 de la Ley 906 de 2004, los fiscales promoverán la conciliación como mecanismo de solución de conflictos Adicionalmente, tendrán en cuenta otras formas de justicia restaurativa que podrán aplicarse en cualquier momento hasta antes de que se emita el fallo de primera instancia.
ART. 46.—Solicitudes de conversión y reversión. Las solicitudes de conversión de la acción penal de pública a privada que se presenten podrán ser resueltas por los despachos de los grupos de casos querellables y de investigación y juicio, y por las unidades de hurto y de estafa, en los términos de la normatividad vigente.
ART. 47.—Aplicación de la evaluación de funcionarios. Los servidores misionales incluirán en su evaluación del desempeño individual las actuaciones y metas propias de las tareas que les sean asignadas en el marco de la implementación y aplicación de la Ley 1826 de 2017. Estas comprenderán las actuaciones exitosas, es decir, que cumplan con los objetivos de las unidades y de los grupos de trabajo a los que están adscritos. Se incluirán a través de una concertación o reconcertación de labores y/o metas, serán aplicables al periodo en curso y seguirán los siguientes lineamientos:
a) Los servidores del grupo de casos querellables incluirán metas frente a la realización de audiencias de conciliación exitosas y la investigación y judicialización de casos que no puedan ser conciliados;
b) Los servidores del grupo de averiguación de responsables incluirán metas para la individualización de responsables, la identificación de reincidentes y la asociación de casos;
c) Los servidores del grupo de investigación y juicio y de las unidades de hurto y de estafa incluirán metas para la realización de preacuerdos, la proyección y el traslado de los escritos de acusación, la identificación de reincidentes, la asociación de casos y, cuando corresponda, la identificación de estructuras criminales;
d) Los servidores del grupo de flagrancias incluirán metas para la realización de actos urgentes, la elaboración de informes ejecutivos con altos niveles de calidad y la proyección y el traslado de los escritos de acusación;
e) Los servidores destacados para la intervención temprana de entradas incluirán metas para la detección temprana de atipicidades e inexistencias, las órdenes de actos inmediatos de investigación, y la remisión a los usuarios a otras entidades, sobre todo a centros de conciliación externos a la entidad;
f) En los despachos conformados por equipos de fiscales, asistentes de fiscal y servidores de policía judicial, estos servidores concertarán, además de metas individuales que reflejen las actuaciones a su cargo, una meta conjunta sobre los resultados esperados del equipo de trabajo;
g) Respecto de la preparación de la carga de trabajo activa para la entrada en vigencia de la ley, incluirán metas para la actualización o corrección de la tipificación de los delitos en el SPOA, la solicitud del archivo o la preclusión de las investigaciones que lo requieran, la realización de jornadas masivas de archivos, y la agrupación por conexidad de los casos que tienen relación con organizaciones criminales o con delitos de competencia del procedimiento ordinario.
PAR.—El Comité de Evaluación del Desempeño presentará, para aprobación del Fiscal General de la Nación, una propuesta para incluir en el aplicativo de evaluación del desempeño las labores y metas que serán concertadas, a partir del 1º de enero de 2018, por los servidores encargados del trámite de los casos de procedimiento abreviado, así como por los equipos de trabajo que conformen los despachos.
ART. 48.—Ajustes al sistema de información. La subdirección de tecnologías de la información y de las comunicaciones realizará modificaciones funcionales al sistema de información SPOA para dar respuesta a las necesidades de aplicación de la Ley 1826 de 2017.
Para el procedimiento abreviado las modificaciones incluirán (i) la creación de nuevas actuaciones como el traslado de la acusación, la conversión y la reversión, (ii) la marcación automática de los casos que se deben tramitar mediante la Ley 1826 de 2017, (iii) el envío de citaciones electrónicas y (iv) la modificación del tipo de procedimiento a partir de la adecuación típica del caso.
Para la aplicación de la figura del acusador privado se creará un módulo para que su apoderado pueda acceder al sistema de información y alimentar la gestión del caso. Adicionalmente, se determinarán los procedimientos para la asignación y cancelación de la contraseña de ingreso y los niveles de seguridad requeridos, y se programarán controles periódicos para el monitoreo de la gestión del caso.
PAR. 1º—Previo a la entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017, el sistema de información SPOA identificará masivamente los casos que cumplen las condiciones para ser tramitados mediante el procedimiento abreviado.
PAR. 2º—Las modificaciones funcionales realizadas al SPOA se articularán con el funcionamiento del sistema Sidenco utilizado por la Policía Nacional para la recepción y el registro de denuncias, con el fin de garantizar la migración oportuna y adecuada de las denuncias recibidas por esta entidad.
ART. 49.—Estandarización de formatos. La subdirección de política criminal y articulación y la subdirección de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, bajo los lineamientos de calidad de la dirección de planeación y desarrollo, estandarizarán los formatos de los informes ejecutivos que deban ser presentados por la policía judicial en casos de flagrancias de competencia de la Ley 1826 de 2017, con el objetivo de garantizar mayor agilidad y efectividad en la elaboración de los escritos de acusación que tengan que ser trasladados al inicio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
ART. 50.—Implementación de lineamientos de organización interna. Los directores seccionales expedirán un acto administrativo que implemente los lineamientos de esta resolución en la organización interna de las seccionales a su cargo.
La delegada para la seguridad ciudadana, la dirección de políticas y estrategia y la dirección de planeación y desarrollo apoyarán a las direcciones seccionales en la definición de su organización interna.
En coordinación con las direcciones seccionales, la subdirección de tecnologías de la información y las comunicaciones realizará el levantamiento de casos de uso y ejecutará los ajustes al sistema de información de la fiscalía general de la nación que sean necesarios para la implementación de la organización interna de las direcciones seccionales, la distribución de la carga de trabajo entre los despachos, grupos de trabajo y unidades, y el enrutamiento y asignación estratégica de los casos.
Todos estos ajustes deberán realizarse en un término no mayor a tres (3) meses.
ART. 51.—Disposiciones transitorias. Las modificaciones en la organización interna de las direcciones seccionales se ejecutarán una vez el sistema de información se haya adecuado para su implementación, en los términos del artículo anterior.
ART. 52.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

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 artículo 4
 artículo 45
 artículo 250
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 artículo 11
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 artículo 205
 artículo 5
 artículo 11
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 artículo 251
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