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Timestamp: 2013-05-26 07:11:39+00:00

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INFORME PR�CTICO DEL MES DE MAYO DE 2012 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
www.notariosyregistradores.com INFORME PR�CTICO DEL MES DE MAYO DE 2012
1. Como disposiciones de inter�s general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de mayo destacamos las siguientes:
� Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de r�gimen jur�dico de las entidades de dinero electr�nico. Se trata de un
tipo de sociedades mercantiles cuyos t�tulos deben ser forzosamente
nominativos, con capital
m�nimo de 350.000 euros, objeto social comprensivo de la emisi�n de dinero electr�nico y con inscripci�n en el RM previa a la inscripci�n en el Registro Especial. No obstante est� sujetas a la Autorizaci�n del Ministro de Econom�a y Competitividad. Su denominaci�n de
entidad de dinero electr�nico o su abreviatura EDE est� en exclusiva reservada a estas entidades.
� Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Este Real Decreto crea lo que llama �Sociedades para la gesti�n de Activos�, que son sociedades an�nimas a las que las entidades de cr�dito deber�n aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoci�n inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. El objeto social exclusivo de las sociedades a las que aporten sus activos las entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB ser� la administraci�n y enajenaci�n, ya sea de forma directa o indirecta, de los activos aportados a la misma. Las aportaciones a la sociedad
se valorar�n por su valor razonable. En ausencia de valor razonable o cuando exista dificultad para obtenerlo, se valorar�n por su valor en libros, que se determinar� tomando en consideraci�n las provisiones que los activos deban tener constituidas en aplicaci�n del art�culo 1.1 RDL 2/2012, y del art�culo 1.1 del presente Real Decreto-ley. A los efectos de lo previsto en el art�culo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, esta valoraci�n sustituir� la valoraci�n de experto independiente prevista en dicho precepto, siempre que la aportaci�n se realice dentro del calendario de provisionamiento al que viniera obligada la entidad aportante. 2. Como resoluciones de propiedad de posible aplicaci�n al RM y de BM podemos considerar las siguientes:
� La de 28 de febrero sobre la necesidad de que conste el domicilio del apoderado que otorga una escritura de pr�stamo hipotecario. � La de 1 de marzo sobre la necesidad de que en escrituras anteriores a las leyes 24, si as� resulta del t�tulo calificado, se acompa�e la escritura de poder debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
� La de 3 de marzo sobre
la posibilidad de que en presentaciones telem�ticas de escrituras no presentada a liquidaci�n se suspenda �sta hasta que se liquide. Entendemos que esta resoluci�n no es aplicable al �mbito del registro mercantil, pues no existe ni en el Ccom ni en el RRM precepto similar al del art. 255 de la LH. De todas formas creemos, con pleno respecto a la doctrina de nuestro Centro Directivo y de los Tribunales que revocaron resoluciones en distinto sentido, que en caso de presentaci�n telem�tica y desde un punto de vista pr�ctico y utilitarista, carece de sentido la suspensi�n de la calificaci�n pues dada la naturaleza de la presentaci�n, el t�tulo est� a disposici�n del registrador durante 15 d�as pudiendo en dicho plazo proceder a su completa calificaci�n. A nuestro juicio, que sin duda es err�neo, el art. 255 no se ajusta a las nuevas tecnolog�as pues est� pensado para el supuesto de que presentado un t�tulo el mismos sea retirado al d�a siguiente o en plazos cortos para proceder a su liquidaci�n siendo en este supuesto perfectamente l�gica y razonable la suspensi�n de la calificaci�n pues el registrador ha carecido de tiempo material para efectuarla.
� La de 2 de marzo que en lo relativo a la acreditaci�n del derecho extranjero considera plenamente aplicable el art. 36 del RH.
� La de 5 de marzo que considera como productor de efectos registrales los documentos f�sicos, sin firma o con firma escaneada, si los mismos disponen de C�digo Seguro de Verificaci�n. En nuestro �mbito y al menos en Andaluc�a se da dicha caracter�stica en el certificado que acredita la inscripci�n previa en el Registro de Sociedades. Laborales. Tambi�n en los documentos acreditativos de la presentaci�n telem�tica en Oficina Liquidadora.
� La muy importante de 9 de marzo en que la DG vuelve a su cl�sica doctrina sobre el car�cter no vinculante de sus resoluciones, salvo para el caso concreto contemplado en ellas.
� La de 24 de abril sobre la imposibilidad de pr�rroga de una anotaci�n caducada.
3. Como resoluciones de mercantil de inter�s se han publicado las siguientes:
� La de 28 y 29 de febrero sobre la necesidad de que en los aumento de capital por reservas el balance sea debidamente
auditado tanto si se trata de sociedades limitadas como de an�nimas y en este �ltimo caso aunque la sociedad sea unipersonal.
� La de 3 de marzo sobre la no necesidad de notificar a los socios no asistentes a la Junta la liquidaci�n y extinci�n de una sociedad.
� La de 15 de marzo sobre la imposibilidad de aumentar el capital por reservas si existen p�rdidas no compensadas en el balance de la sociedad. Antes es sanear el balance que aumentar el capital.
� La de 16 de marzo que considera admisible la denominaci�n de Financia Pyme Europea.
� La de 11 de abril que estima que si se consigna el NIE del extranjero no es necesario consignar tambi�n el n�mero de su tarjeta de residencia.
� La de 14 de abril relativa a que aunque resulte del registro
la mora en
el pago de dividendos pasivos ello no debe ser tenido en cuenta por el registrador a los efectos del ejercicio del derecho de voto en la junta.
� La de 18 de abril seg�n la cual si todos los datos para la inscripci�n de los acuerdos resultan de la certificaci�n de los acuerdos no es necesaria la aportaci�n del acta notarial en que consten.
� La de 20 de abril fijando la doctrina de que si se aumenta el capital por compensaci�n de cr�ditos y en efectivo deben determinarse la numeraci�n de las participaciones que corresponden a cada una de esas aportaciones, que son distintas.
� La de 23 de abril sobre la forma de expresi�n del derecho de informaci�n de los socios en el anuncio de convocatoria de la junta.
� La de 25 de abril que fija la persona competente para la convocatoria de la junta.
� Aunque volvamos sobre ello m�s adelante y con m�s extensi�n, vamos a fijar en este informe y sobre la contestaci�n a consulta del RBM de Barcelona, los requisitos para la inscribibilidad de la prenda sin desplazamiento en garant�a de cr�ditos futuros.
La DG en la contestaci�n a la consulta y con fecha 12 de mayo establece los siguientes requisitos para que la prenda en garant�a de cr�ditos futuros goce del privilegio especial del art. 90 de la Ley Concursal:
Dice el citado art. 90.1.6� de la LC que �gozar�n de privilegio especial�� �La prenda en garant�a de cr�ditos futuros� cuando la prenda estuviera inscrita en un registro p�blico con anterioridad a la declaraci�n del concurso�.
Las cuestiones que se plantea y soluciona la DG son las siguientes:
a) Registro competente por raz�n de la materia:
b) Registro competente por raz�n del territorio: El del �domicilio del pignorante� si su domicilio est� en territorio nacional.
Si el pignorante tiene su domicilio en el extranjero, ser� el del lugar del otorgamiento del documento p�blico correspondiente.
Si por ninguna de dichas reglas puede determinarse el registro competente, entonces la competencia ser� a favor del registro de Bienes Muebles Central.
c) Tipos de garant�a: La �nica forma de garant�a que ser� susceptible de inscripci�n en el Registro de Bienes Muebles ser� la de la prenda sin desplazamiento.
d) Cr�ditos futuros susceptibles de ser garantizados con prenda.
La DG, por v�a de ejemplo, cita algunos casos, pero los mismos no pueden entenderse como limitativos pues en definitiva cualquier cr�dito futuro a favor de una persona f�sica o jur�dica podr� ser garantizado. La DG cita los supuestos de las obligaciones de la entidad cedente frente a la de factoring en el caso de regreso en el factoring denominado �impropio�. Y por supuesto toda clase de cr�ditos futuros que ahora veremos.
e) Cr�ditos futuros susceptibles de ser dados en garant�a.
Pueden darse en garant�a o gravarse con prenda sin desplazamiento toda clase de cr�ditos futuros. Estos cr�ditos futuros pueden ser de dos clases:
a) Los cr�ditos nacederos de relaciones contractuales existentes en el momento de constituir la prenda, y b) Los cr�ditos nacederos de relaciones jur�dicas inexistentes en dicho momento, pero determinables con posterioridad.
Por v�a de ejemplo cita las rentas futuras derivadas de toda clase de arrendamientos, sea un contrato ya existente o que se va a formalizar en base a una carta de intenciones o un precontrato. Los cr�ditos que surjan a favor del empresario por servicios prestados a clientes y que sean de facturaci�n futura. Los dividendos pasivos exigibles por la sociedad en los tres pr�ximos a�os. Tambi�n y aunque no se citen en la consulta el derecho a percibir subvenciones o ayudas econ�micas de la administraci�n, el derecho a la devoluci�n del IVA soportado o del IRPF o de Sociedades. f) Descripci�n de los cr�ditos pignorados.
Ser� necesaria la descripci�n de los cr�ditos dados en garant�a bajo los par�metros siguientes:
Descripci�n general del acto jur�dico b�sico de que deriven o puedan derivarse. Dentro de esa descripci�n general deber� incluirse necesariamente la identidad del deudor futuro, relaci�n jur�dica de la que nazca el cr�dito, su cuant�a determinada o determinable una vez haya nacido el cr�dito, fecha de nacimiento del cr�dito. Si se trata de cr�ditos administrativos se debe consignar si se trata de un contrato administrativo, o de una licencia, una concesi�n o una subvenci�n el organismo concedente, n�mero de expediente o referencia y su fecha. En general podemos decir que deber�n consignarse todos los datos que se estimen necesarios para su mejor individualizaci�n y para evitar su confusi�n con otros cr�ditos que puedan nacer tambi�n en el futuro a favor del mismo pignorante.
g) T�tulo inscribible. Ser� de conformidad con el art. 3 de la
escritura o p�liza. Fiscalmente lo aconsejable es que se formalicen en p�liza.
h) Asiento a practicar.
Se practicar� un solo asiento cualesquiera que sean los cr�ditos dados en garant�a.
Aunque la consulta versa sobre la garant�a de cr�ditos futuros, sobre la base del art. 54 de la LHMPSDP modificado por la Ley 41/2007, esta consulta es perfectamente aplicable a la garant�a de toda clase de obligaciones con garant�a de prenda sin desplazamiento de posesi�n de cr�ditos futuros.
Como hemos se�alado se trata de un simple avance. Dada la complejidad de la materia pues en definitiva se trata de poner en marcha la reforma no desarrollada reglamentariamente del art. 54 reformado de la LHMPSDP cuando se�al� como cr�ditos susceptibles de prenda a los cr�ditos futuros, una vez asentada la cuesti�n en los operadores jur�dicos volveremos sobre ella.
Ver art�culo de Jorge L�pez Navarro sobre diferencias entre prenda de cr�dito con o sin desplazamiento.
BALEARES. Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, peque�a y mediana empresa.
Se trata de una ley que se estructura en cuatro cap�tulos.
Seg�n su exposici�n de motivos, tiene como objetivo promover la creaci�n y la consolidaci�n de empresas. Para ello introduce principalmente las siguientes medidas:
A) Instrumentalizaci�n de programas de capacitaci�n y profesionalidad de nuestro tejido empresarial, para mejorar su competitividad y su productividad. B) Medidas de
simplificaci�n administrativa, entre las que se encuentran la reducci�n de cargas administrativas en la creaci�n de empresas y el impulso de una plataforma inform�tica integral de servicios de informaci�n, tramitaci�n, asesoramiento y acompa�amiento empresarial. Desde el punto de vista financiero:
A) Creaci�n de
un fondo de capital semilla y otro de capital riesgo, como elemento impulsor de la financiaci�n empresarial.
B) Establecimiento una pol�tica de fomento de captaci�n de �ngeles inversores (business angels).
C) Habilitaci�n de
l�neas de avales para emprendedores y emprendedoras y para empresarios y empresarias que cubran las necesidades no cubiertas por el sistema financiero actual.
Entr� en vigor el 15 de abril de 2012. GGB
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TRANSACCIONES EXTERIORES. Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de Espa�a, sobre normas para la comunicaci�n por los residentes en Espa�a de las transacciones econ�micas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior.
El Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre y su Orden de desarrollo de 27 de diciembre de 1991 (recientemente modificados), establecen un
sistema de declaraci�n de las operaciones de cobros y pagos exteriores al Banco de Espa�a por los proveedores de servicios de pago. La reforma de 2011 suprime la obligaci�n de que los residentes que efect�en cobros y pagos, cuyo importe supere los 50.000 euros, a trav�s de los proveedores de servicios de pago residentes declaren el concepto de las operaciones, as� como la obligaci�n por parte de estas entidades de recabar de sus clientes dicha informaci�n y comunicarla junto con el resto de datos de la operaci�n. Y, a partir del 1 de enero de 2014 los proveedores de servicios de pago solo proporcionar�n los datos de los cobros y pagos en que intervengan cuando su recopilaci�n no incida en el tratamiento automatizado de los pagos y pueda realizarse de manera totalmente autom�tica.
Tambi�n, como novedad, los residentes que lleven a cabo transacciones econ�micas con el exterior o mantengan activos o pasivos en el exterior estar�n sometidos a la
obligaci�n de facilitar a los �rganos competentes de la Administraci�n del Estado y al Banco de Espa�a los
datos que se les requieran, en la forma, periodicidad y por el importe que este determine, para los fines de seguimiento administrativo, fiscal y estad�stico.
As� pues, parte de la informaci�n sobre cobros y pagos exteriores, que con el procedimiento anterior de declaraci�n se obten�a a trav�s de los proveedores de servicios de pago, ahora se obtiene a trav�s de
declaraci�n directa realizada por los residentes titulares de estas operaciones.
Esta circular establece las normas para efectuar estas declaraciones y deroga varias circulares previas. Personas obligadas a informar. Las personas f�sicas y las personas jur�dicas (p�blicas o privadas)
residentes en Espa�a, distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de Espa�a,
que realicen transacciones con no residentes (actos, negocios y operaciones que supongan -o de cuyo cumplimiento puedan derivarse- cobros, pagos y/o transferencias exteriores, as� como variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras)
o mantengan activos o pasivos frente al exterior.
Operaciones por cuenta propia con no residentes, bien se liquiden mediante transferencias exteriores, a trav�s de abonos o adeudos en cuentas bancarias o interempresa, por compensaci�n o mediante entrega de efectivo.
Saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior (cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas interempresas, dep�sitos de efectivo o de valores, participaciones en el capital, instrumentos representativos de deuda, instrumentos financieros derivados, inmuebles, etc.).
Periodicidad del env�o. Se atiende al importe de las transacciones y de los saldos.
- Periodicidad mensual, y dentro de los 20 d�as siguientes al fin de cada mes natural, si los importes de las transacciones durante el a�o inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del a�o anterior, resultan iguales o superiores a 300 millones de euros.
- Periodicidad trimestral, y dentro de los 20 d�as siguientes al fin de cada trimestre natural, para importes iguales o superiores a 100 millones e inferiores a 300 millones de euros.
- Periodicidad anual, y no m�s tarde del 20 de enero del a�o siguiente, para importes inferiores a 100 millones de euros. Hasta 50 millones, la declaraci�n podr� ser resumida.
- No obstante, cuando
el importe no supere el mill�n de euros la declaraci�n solo se enviar� al Banco de Espa�a a requerimiento expreso de este, en un plazo m�ximo de dos meses a contar desde la fecha de solicitud.
Env�o de la informaci�n. Deber� remitirse al Departamento de Estad�stica del Banco de Espa�a, por medios telem�ticos, cuyas especificaciones se mantendr� en el sitio web del Banco de Espa�a.
Disposici�n transitoria. Aquellos residentes que estuviesen obligados a facilitar la informaci�n requerida de acuerdo con las circulares 6/2000, de 31 de octubre, 2/2001, de 18 de julio, y/o 3/2006, de 28 de julio, deber�n seguir facilit�ndola y declar�ndola hasta la correspondiente al 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Circular.
Entrada en vigor. La presente Circular entrar� en vigor el 1 de enero de 2013, pero las circulares citadas s�lo se derogar�n el 1 de enero de 2014 (la Circular 2/2001, s�lo parcialmente).
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ENTIDADES DE DINERO ELECTR�NICO. Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de r�gimen jur�dico de las entidades de dinero electr�nico.
Este Real Decreto desarrolla la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electr�nico, y finaliza la transposici�n completa de la Directiva 2009/110/CE sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electr�nico, su ejercicio y supervisi�n.
Tiene tres objetivos fundamentales, que complementan los previstos en la Ley:
- Precisar m�s el r�gimen jur�dico aplicable a la emisi�n de dinero electr�nico, clarificando su definici�n y el �mbito de aplicaci�n de la norma. - Realizar el dise�o de un r�gimen jur�dico m�s proporcionado de las
entidades de dinero electr�nico, evitando requisitos que resulten demasiado onerosos para las entidades atendiendo a los riesgos que su actividad puede potencialmente generar.
- Garantizar la consistencia entre el nuevo r�gimen jur�dico de las
entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electr�nico.
El cap�tulo I contiene el r�gimen jur�dico de la creaci�n de las entidades de dinero electr�nico.
Autorizaci�n de las entidades de dinero electr�nico.
- Corresponde al Ministro de Econom�a y Competitividad, previos diversos informes. Tambi�n el establecimiento en Espa�a de sucursales de entidades autorizadas o domiciliadas fuera de la Uni�n Europea. - En la autorizaci�n se especificar�n las actividades que podr� realizar la entidad.
- Se resolver� en tres meses con silencio negativo. Registro de las entidades de dinero electr�nico. - Primero deber�n de inscribirse en el Registro Mercantil.
- Luego, pero antes de iniciar sus actividades, en el Registro Especial de entidades de dinero electr�nico del Banco de Espa�a, el cual es p�blico y accesible a trav�s de una p�gina electr�nica;
- El Banco de Espa�a crear� un Registro de Altos Cargos de las entidades de dinero electr�nico, donde deber�n inscribirse obligatoriamente los administradores, as� como sus directores generales o asimilados, entre otros.
Requisitos para ejercer la actividad. Entre ellos, se encuentran, para obtener y conservar la autorizaci�n:
a) Revestir cualquier forma societaria mercantil. Las acciones, participaciones o t�tulos de aportaci�n en que se halle dividido el capital social deber�n ser nominativos, con titulares significativos id�neos.
b) Tener su domicilio social, as� como su efectiva administraci�n y direcci�n en territorio espa�ol.
Modificaci�n de los Estatutos sociales - Como regla general, estar� sujeta al procedimiento de autorizaci�n y registro establecido para su creaci�n, si bien la solicitud de autorizaci�n deber� resolverse en dos meses, con silencio positivo en este caso. -
No requerir�n autorizaci�n previa, aunque se comunicar�n al Banco de Espa�a, en un plazo de 15 d�as:
c) Incorporar textualmente a los Estatutos preceptos legales o reglamentarios de car�cter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas.
d) Otras modificaciones que la Secretar�a General del Tesoro y Pol�tica Financiera, en contestaci�n a consulta previa, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el tr�mite de la autorizaci�n.
Ampliaci�n de actividades. Se aplican las reglas de la modificaci�n de estatutos.
Fusi�n de entidades de dinero electr�nico.
- La entidad resultante de la fusi�n en la que al menos una de las entidades que se fusiona es una entidad de dinero electr�nico podr� realizar las actividades para las que estuvieran autorizadas las entidades fusionadas.
- La fusi�n deber� ser autorizada por el Ministro de Econom�a y Competitividad en tres meses con silencio positivo. Uso de la denominaci�n reservada.
- La denominaci�n de entidad de dinero electr�nico, as� como su abreviatura,
EDE, queda reservada a estas entidades, que pueden incluirlas en su denominaci�n social.
- Estas entidades deber�n de incluir una referencia a su naturaleza jur�dica de entidad de dinero electr�nico en la totalidad de documentos que suscriban o emitan en el ejercicio de su actividad de emisi�n de dinero electr�nico y, en su caso, de prestaci�n de servicios de pago, o que posean efectos jur�dicos frente a terceros.
El cap�tulo II regula la
actividad transfronteriza de las entidades de dinero electr�nico. - La apertura en Espa�a de
sucursales de entidades de dinero electr�nico autorizadas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea quedar� condicionada a que el Banco de Espa�a reciba una comunicaci�n de la autoridad supervisora de la entidad de dinero electr�nico con determinada informaci�n que se enumera.
- Esta sucursal se debe de inscribir en el Registro Mercantil y en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electr�nico del Banco de Espa�a
El cap�tulo III est� dedicado al r�gimen de los agentes y delegaci�n de funciones, contenido cada uno de ellos en uno de los dos art�culos de que consta este cap�tulo.
- Las entidades de dinero electr�nico no pueden emitir dinero electr�nico a trav�s de agentes. - Respecto a la delegaci�n de funciones, se establece un r�gimen de informaci�n previa al Banco de Espa�a para aquellas que sean esenciales, mientras que la comunicaci�n se efectuar� con posterioridad a la delegaci�n en caso de que las funciones a que esta afecta no sean esenciales. El cap�tulo IV trata de los requisitos de garant�a y los requerimientos de recursos propios.
m�todos de garant�a para salvaguardar los fondos de sus usuarios para la emisi�n de dinero electr�nico y la ejecuci�n de operaciones de pago, se regulan en la Ley 21/2011. Ahora se detallan los activos seguros y de bajo riesgo en que podr�n invertir los fondos y se concretan las condiciones que deber� cumplir la p�liza de seguro o garant�a comparable.
- En cuanto a los
requerimientos de recursos propios, se concreta el m�todo para calcularlos y se hace una serie de previsiones de actuaci�n para el caso en que una entidad presente un d�ficit de recursos propios respecto de los exigidos, oblig�ndole a informar al Banco de Espa�a y a someter a su autorizaci�n la aplicaci�n de resultados, con silencio positivo al cabo de un mes. Incluso, si el d�ficit de recursos propios es superior al 20 por ciento de los requeridos en virtud de lo dispuesto en este decreto, la sociedad deber� destinar a reservas la totalidad de los beneficios o excedentes netos, salvo que el Banco de Espa�a autorice otra cosa.
El cap�tulo V introduce el concepto de entidades de dinero electr�nico h�bridas, definidas como aquellas entidades de dinero electr�nico que realicen, adem�s de la emisi�n de dinero electr�nico y la prestaci�n de servicios de pago, cualquier otra actividad econ�mica. Realiza previsiones especiales como las siguientes:
modificaci�n de los Estatutos sociales, s�lo requerir� autorizaci�n previa cuando las modificaciones afecten o puedan afectar a la actividad de emisi�n de dinero electr�nico y prestaci�n de servicios de pago.
contabilidad, la informaci�n separada deber� disponer de un detalle suficiente, en los t�rminos que establezca el Banco de Espa�a.
- El Banco de Espa�a puede exigir a una entidad h�brida que constituya una
entidad de dinero electr�nico separada, cuando la realizaci�n de otras actividades econ�micas pueda afectar a su solidez financiera o a la capacidad de las autoridades para realizar su funci�n de supervisi�n.
El cap�tulo VI se dedica al
r�gimen jur�dico de la emisi�n de dinero electr�nico y a la prestaci�n de servicios de pago por parte de las entidades de dinero electr�nico.
excepci�n no est�n sujetos a la normativa reguladora de la emisi�n de dinero electr�nico el valor monetario almacenado en instrumentos cuyo uso est� limitado a los establecimientos del emisor o dentro de una red limitada de proveedores.
cuentas de pago mantenidas por las entidades de dinero electr�nico se aplicar�n las limitaciones que enumera, aparte de las contenidas en el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo.
El cap�tulo VII y �ltimo contiene el r�gimen de supervisi�n y sancionador aplicable a estas entidades de dinero electr�nico que est� inspirado en el de las entidades de cr�dito y el deber de secreto profesional.
La Disposici�n transitoria aborda la situaci�n de las entidades de dinero electr�nico que hubieran obtenido autorizaci�n en virtud del art�culo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. No precisan de una nueva autorizaci�n, pero han de acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de esta actividad de acuerdo con la
Queda derogado el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el r�gimen jur�dico de las entidades de dinero electr�nico.
Entr� en vigor el 6 de mayo de 2012.
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*SECTOR FINANCIERO. EXENCI�N PARCIAL PLUSVAL�AS. ARANCELES. Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Este RDL complementa la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero y est� motivado fundamentalmente por la necesidad de mitigar el impacto que el
deterioro de los activos vinculados al sector inmobiliario tiene sobre la solidez de nuestro sistema financiero, continuando con el saneamiento de balances.
Se persigue con ello el tratar de disipar las incertidumbres que vienen dificultando la normalizaci�n del sector financiero espa�ol y la recuperaci�n de su funci�n canalizadora del ahorro a la econom�a real. Cuenta con cuatro cap�tulos y variadas disposiciones adicionales, transitorias y finales.
El Cap�tulo I, sobre Saneamiento de las entidades de cr�dito, establece requerimientos de
cobertura adicionales a los fijados en el RDL 2/2012 por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la
actividad inmobiliaria clasificadas como en
situaci�n normal. Estos nuevos requerimientos adicionales se exigen por una sola vez, de manera diferenciada en funci�n de las diversas clases de financiaciones y referidos al saldo vivo a 31 de diciembre de 2011. El Instituto de Cr�dito Oficial est� excluido por el posterior RDLey 19/2012.
Se trata as� de aproximar las menores expectativas de mercado respecto de las reflejadas en los estados financieros de las entidades, evidenciadas mediante unas capitalizaciones de mercado sensiblemente inferiores a sus valores te�rico contables, por lo que se contempla reconocer una p�rdida incurrida si el importe recuperable de un activo es inferior a su valor en libros, introduciendo una mera presunci�n de p�rdida m�nima a considerar.
Porcentaje de cobertura, seg�n el tipo de financiaci�n de construcci�n o promoci�n inmobiliaria:
A) Con garant�a real (hasta la correcci�n de errores dec�a hipotecaria).
- Suelo: 45 %
- Promoci�n en curso: 22 %
- Promoci�n terminada: 7 %
B) Sin garant�a real. 45 %
El RDL tambi�n determina un Plan de cumplimiento, para asegurar que, como regla general, las entidades de cr�dito y sus grupos consolidables cumplan com lo dispuesto antes del
Se flexibiliza el plazo para aquellas entidades de cr�dito que, durante el ejercicio 2012, lleven a cabo procesos de integraci�n que supongan una transformaci�n significativa de entidades que no pertenezcan a un mismo grupo. Dispondr�n de 12 meses desde la autorizaci�n, siempre que la integraci�n se lleve a cabo a trav�s de operaciones que supongan modificaciones estructurales o adquisici�n de entidades participadas mayoritariamente por el FROB y otras exigencias adicionales.
Las entidades han de presentar el Plan ante el Banco de Espa�a, para su aprobaci�n por �l. como tarde el 11 de junio de 2012 e incluir, si puedan incurrir en d�ficit de capital principal o de recursos propios computables, las medidas que tienen previsto acometer para no incurrir en dicho d�ficit y cuyo plazo de ejecuci�n no podr� ser superior a cinco meses.
El Cap�tulo II, denominado �Sociedades para la gesti�n de Activos�, prev� la constituci�n de sociedades an�nimas a las que las entidades de cr�dito deber�n aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoci�n inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. Con ello se pretende aislar y dar salida en el mercado a los activos inmobiliarios, cuya integraci�n en el balance de las entidades est� lastrando la recuperaci�n del cr�dito, garantizar que su valoraci�n resulte ajustada a la realidad del mercado as� como la profesionalizaci�n de la gesti�n de las sociedades citadas.
se regir�n por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo previsto en el presente real decreto-ley.
El objeto social exclusivo de las sociedades a las que aporten sus activos las entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB ser� la administraci�n y enajenaci�n, ya sea de forma directa o indirecta, de los activos aportados a la misma.
Las aportaciones a la sociedad
se valorar�n por su valor razonable. En ausencia de valor razonable o cuando exista dificultad para obtenerlo, se valorar�n por su valor en libros, que se determinar� tomando en consideraci�n las provisiones que los activos deban tener constituidas en aplicaci�n del art�culo 1.1 RDL 2/2012, y del art�culo 1.1 del presente Real Decreto-ley. A los efectos de lo previsto en el art�culo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, esta valoraci�n sustituir� la valoraci�n de experto independiente prevista en dicho precepto, siempre que la aportaci�n se realice dentro del calendario de provisionamiento al que viniera obligada la entidad aportante.
Las entidades que hayan recibido apoyo financiero del FROB dispondr�n de un plazo de 3 a�os para adoptar y ejecutar las medidas precisas para que la vinculaci�n de la sociedad para la gesti�n de activos con la entidad sea como m�ximo la de empresa asociada.
Las sociedades participadas por las entidades de cr�dito que reciban apoyo financiero al amparo de lo previsto en este real decreto-ley estar�n obligadas a enajenar anualmente, al menos, un 5 % de sus activos a un tercero distinto de la entidad de cr�dito aportante o de cualquier sociedad de su grupo. Los administradores de dichas sociedades deber�n tener experiencia acreditada en la gesti�n de activos inmobiliarios.
El breve Cap�tulo III se centra en el r�gimen sancionador dirigido tanto a las entidades de cr�dito como a quienes ostenten cargos de administraci�n y direcci�n en las mismas, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa sancionable.
El Cap�tulo IV trata del r�gimen fiscal de las operaciones de aportaci�n de activos a sociedades para la gesti�n de activos. Asimismo, el Real Decreto-ley establece las reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones que se realicen en la constituci�n de las sociedades para la gesti�n de activos. Impuesto de Sociedades: - El r�gimen fiscal establecido en el cap�tulo VIII del t�tulo VII del texto refundido de la Ley (r�gimen especial de fusiones, escisiones�), para las operaciones mencionadas en el art�culo 83 de dicha Ley, incluidos sus efectos en los dem�s tributos, se aplicar� a las transmisiones de activos y pasivos e las sociedades de gesti�n de activos, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en el art�culo 83 (fusiones) y 94 (aportaciones no dinerarias) de dicha Ley.
- Exenci�n de rentas derivadas de la transmisi�n de determinados inmuebles (nueva D. Ad. 16�):
- Estar�n exentas en un 50 por ciento las rentas positivas derivadas de la transmisi�n de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condici�n de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a t�tulo oneroso entre el 12 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
- No formar�n parte de la renta con derecho a la exenci�n el importe de las p�rdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversi�n del exceso de amortizaci�n que haya sido fiscalmente deducible en relaci�n con la amortizaci�n contabilizada.
- Esta exenci�n ser� compatible con la aplicaci�n de la deducci�n por reinversi�n de beneficios extraordinarios prevista en el art�culo 42.
- No habr� exenci�n cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad respecto de la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el art�culo 42 del C�digo de Comercio (grupos de sociedades), o al c�nyuge de la persona anteriormente indicada o a cualquier persona unida a esta por parentesco, en l�nea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.
ITPYAJD: No ser� de aplicaci�n la excepci�n a la exenci�n prevista en el apartado 2 del art�culo 108 de la Ley de Mercado de Valores, a las transmisiones posteriores de las participaciones recibidas como consecuencia de la aportaci�n de activos a las sociedades para la gesti�n de activos previstas en el art. 3 (hasta la correcci�n de errores dec�a �la constituci�n de las sociedades para la gesti�n de activos inmobiliarios�) y de las participaciones de entidades de cr�dito afectadas por planes de integraci�n reguladas en el Real Decreto-ley 9/2009. Por lo tanto, habr� exenci�n en transmisiones patrimoniales onerosas. No Residentes. Se a�ade una D.Ad. 3� al RDLeg 5/2004. Exenci�n parcial en ganancias patrimoniales derivadas de la transmisi�n de determinados bienes inmuebles.
- Estar�n exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales obtenidas sin mediaci�n de establecimiento permanente en Espa�a, derivadas de la enajenaci�n de bienes inmuebles urbanos situados en territorio espa�ol, que hubiesen sido adquiridos entre el 12 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
- No resultar� de aplicaci�n lo dispuesto en el p�rrafo anterior cuando concurran las circunstancias previstas en el segundo p�rrafo de la d. ad. 37� de la Ley 35/2006, o trat�ndose de entidades, las circunstancias previstas en el �ltimo p�rrafo de la d. ad. 16� LIS.
IRPF. Con similar finalidad, se a�ade una exenci�n parcial en ganancias patrimoniales derivadas de la transmisi�n de determinados bienes inmuebles. - Estar�n exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasi�n de la transmisi�n de inmuebles urbanos adquiridos a t�tulo oneroso entre el 12 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
- No resultar� de aplicaci�n lo dispuesto en el p�rrafo anterior cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a su c�nyuge, a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en l�nea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, a una entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las circunstancias establecidas en el art�culo 42 del C�digo de Comercio (grupos de sociedades), con independencia de la residencia y de la obligaci�n de formular cuentas anuales consolidadas.
Cuando el inmueble transmitido fuera la vivienda habitual del contribuyente y resultara de aplicaci�n lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 38 de esta Ley, se excluir� de tributaci�n la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida, una vez aplicada la exenci�n prevista en esta disposici�n adicional, que corresponda a la cantidad reinvertida en los t�rminos y condiciones previstos en dicho art�culo.
Participaciones preferentes y otros instrumentos en circulaci�n. Con car�cter excepcional, las entidades de cr�dito que tengan en circulaci�n participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidos antes del 12 de mayo de 2012 o canjeados por los anteriores podr�n incluir, en el Plan de cumplimiento aludido la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneraci�n prevista, a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hayan tenido que llevar a cabo, no dispongan de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un d�ficit de recursos propios en la entidad de cr�dito emisora o dominante. El pago de la remuneraci�n as� diferido solamente podr� efectuarse transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un d�ficit de recursos propios en la entidad de cr�dito emisora o dominante.
Arancel de los notarios y registradores de la propiedad (D. Ad. 2�).
En los supuestos que requieran la previa inscripci�n de
traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuraci�n de entidades financieras, todas las transmisiones realizadas se practicar�n necesariamente en un solo asiento, y solo se devengar�n los honorarios correspondientes a la
�ltima operaci�n inscrita, conforme al n�mero 2.1 del arancel de los registradores, o en su caso, el n�mero 2.2, si se trata de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios, sobre la base del capital inscrito en el Registro.
En los supuestos de novaci�n, subrogaci�n o cancelaci�n de hipoteca, incluso cuando previamente deba hacerse constar el traspaso de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuraci�n de entidades financieras, las inscripciones que se practiquen
solo devengar�n los honorarios establecidos en el n�mero
2.2. del arancel de los registradores, correspondientes a la novaci�n, subrogaci�n o cancelaci�n, tomando como base el capital inscrito, reducido al 60 por ciento, con un m�nimo de 24 euros.
Para determinar los honorarios notariales de las escrituras de novaci�n, subrogaci�n o cancelaci�n de pr�stamos y cr�ditos hipotecarios se aplicar�, por todos los conceptos, el
n�mero 2.2.f. del arancel de los notarios, tomando como
base el capital inscrito o garantizado, reducido en todo caso al
70 por ciento y con un m�nimo de 90 euros. No obstante lo anterior, se aplicar� el n�mero 7 del arancel a partir del
folio quincuag�simo primero inclusive.
Esta disposici�n se aplicar� respecto de todas las
inscripciones practicadas y escrituras autorizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
- Dice, al respecto la
Exposici�n de Motivos: �Finalmente,
se moderan los aranceles notariales y registrales que ser�n de aplicaci�n en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuraci�n de entidades financieras�. Sin embargo, como puede observarse, el contenido del derecho positivo, la D. Ad. 2�, es mucho m�s amplio.
- El primer p�rrafo desliza una disposici�n no arancelaria pues alude a la t�cnica registral que habr� de usarse en el espec�fico caso contemplado para hacer constar las diversas transmisiones (un solo asiento).
Intervenci�n del FROB. Se modifica el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci�n bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr�dito, afectando a los dos primeros apartados del art�culo 10 dedicado a medidas de apoyo a procesos de integraci�n de entidades de cr�dito:
- El FROB podr� adquirir t�tulos emitidos por entidades de cr�dito que requieran apoyo financiero conforme a este RDLey (aunque por precipitaci�n no se identifica bien), en cuyo caso tendr�n que presentar un plan de recapitalizaci�n.
- Los t�tulos ser�n
instrumentos convertibles en acciones o en aportaciones al capital social.
- Las entidades emisoras deber�n aprobar, en el momento de la adopci�n del acuerdo de emisi�n de los t�tulos previstos en este art�culo, la
ampliaci�n de capital o la suscripci�n de aportaciones suficientes al capital. - La adquisici�n de t�tulos convertibles por parte del FROB requerir� que se acuerde la
supresi�n del derecho de suscripci�n preferente de los accionistas existentes, o la renuncia por todos ellos a ese derecho.
- Las entidades emisoras deber�n comprometerse a recomprar o amortizar los t�tulos suscritos por el FROB tan pronto como est�n en condiciones de hacerlo. - Transcurridos
cinco a�os desde el desembolso sin que los t�tulos hayan sido recomprados por la entidad, el FROB podr� solicitar su
conversi�n en acciones o en aportaciones sociales del emisor, seg�n valor de mercado.
incumplimiento de las obligaciones de conversi�n por parte de la entidad emisora o de aquellos de sus accionistas que tengan la condici�n de entidad de cr�dito, el Banco de Espa�a podr� acordar la sustituci�n provisional de sus �rganos de administraci�n o direcci�n hasta que se complete la operaci�n de conversi�n, designando como administrador provisional al FROB
- Los t�tulos emitidos al amparo de lo dispuesto en este precepto ser�n
computables como recursos propios b�sicos y como capital principal, sin que para ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. - Lo relativo a la conversi�n y la posibilidad de designar Administrador Provisional al FROB se aplicar� tambi�n a los t�tulos convertibles adquiridos por el FROB antes del 12 de mayo de 2012.
Procesos de integraci�n. Se modifica el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Se concede un mes m�s para solicitar la operaci�n de integraci�n, venciendo el nuevo plazo el 30 de junio de 2012.
Entr� en vigor el 12 de mayo de 2012.
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LIBERALIZACI�N DEL COMERCIO Y SERVICIOS. Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalizaci�n del comercio y de determinados servicios.
Objeto. El t�tulo I de este real decreto-ley tiene por objeto el impulso y dinamizaci�n de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminaci�n de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al
inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la
supresi�n de las licencias de �mbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.
�mbito de aplicaci�n. Las actividades comerciales minoristas y la prestaci�n de determinados servicios previstos en el anexo de este real decreto-ley, realizados a trav�s de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie �til de exposici�n y venta al p�blico no sea superior a 300 metros cuadrados. Las Comunidades Aut�nomas podr�n ampliar la superficie o los servicios afectados. Dentro del anexo, se encuentran, por ejemplo, actividades de promoci�n inmobiliaria o de alquiler.
Inexigibilidad de licencia. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios referidos, no podr� exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector p�blico la obtenci�n de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o an�logas que sujeten a previa autorizaci�n el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente.
Cambios de titularidad. Tampoco est�n sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos ser� exigible comunicaci�n previa a la administraci�n competente a los solos efectos informativos.
Realizaci�n de obras. 3. No ser� exigible licencia o autorizaci�n previa para la realizaci�n de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempe�ar la actividad comercial cuando no requieran de la redacci�n de un proyecto de obra de conformidad con la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n. Se except�an las obras de edificaci�n que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguir�n regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.
Declaraci�n responsable o comunicaci�n previa. - Las licencias previas, en los casos referidos, ser�n sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el art�culo 71.bis LRJAPYPAC, que, en caso de ser varias, podr�n tramitarse conjuntamente.
- En todo caso, el declarante deber� estar en posesi�n del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
- La declaraci�n o comunicaci�n debe contener una manifestaci�n expl�cita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesi�n del proyecto, firmado por t�cnico competente, en el caso de que las obras que se hubieran de realizar as� lo requieran seg�n la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n.
Sujeci�n al r�gimen general de control. La presentaci�n de la declaraci�n responsable, o de la comunicaci�n previa, con el consiguiente efecto de habilitaci�n a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgar� la situaci�n y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitar� el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobaci�n, inspecci�n, sanci�n, y en general de control que a la administraci�n en cualquier orden, estatal, auton�mico o local, le est�n atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
Solicitudes en tr�mite. El interesado puede desistir de ellas antes de su resoluci�n y acogerse a esta Ley. Si no lo hace, el procedimiento continuar� conforme a la normativa anterior. Ley de Haciendas Locales. Se modifica en consonancia el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo para evitar que sufran las arcas municipales con el cambio legislativo introducido.
- Hecho imponible: letras h) e i) del apartado 4 del art�culo 20. - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: apartado 1 del art. 100, apartado 2 del art. 101 y apartado 1 del art. 103.
Amnist�a fiscal. Se aprovecha este RDL para modificar el reciente
RDLey 12/2012, de 30 de marzo, a�adiendo dos nuevos apartados 6 y 7 a su disposici�n adicional primera, seg�n la Exposici�n de Motivos, �con objeto de determinar el valor a efectos fiscales de los bienes o derechos que hayan sido objeto declaraci�n, al tiempo que se introducen ciertas cautelas con la finalidad de evitar situaciones de desimposici�n�: �6. Cuando el titular jur�dico del bien o derecho objeto de la declaraci�n tributaria especial no resida en territorio espa�ol y no coincida con el titular real, se podr� considerar titular a este �ltimo siempre que llegue a ostentar la titularidad jur�dica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.
En ning�n caso ser�n fiscalmente deducibles las p�rdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaraci�n especial, ni las p�rdidas derivadas de la transmisi�n de tales bienes y derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada en los t�rminos establecidos en el art�culo 16 del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades.
Cuando sean objeto de declaraci�n bienes o derechos cuya titularidad se corresponda parcialmente con rentas declaradas, los citados bienes o derechos mantendr�n a efectos fiscales el valor que tuvieran con anterioridad a la presentaci�n de la declaraci�n especial.�
Entr� en vigor el 27 de mayo de 2012.
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*127. DOMICILIO INCOMPLETO DE UN APODERADO.
Resoluci�n de 28 de febrero de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lepe, a inscribir una escritura de pr�stamo con garant�a hipotecaria. Se otorga una escritura de pr�stamo hipotecario en la que se observa el defecto de
que falta consignar la localidad del domicilio del apoderado.
registrador, con cita de los art�culos 9, 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria y 51.9 de su Reglamento, suspende la inscripci�n porque, �no consta la localidad a la pertenece el domicilio de don L. M. B., resultando �ste, por tanto, incompleto�.
notario recurre y alega en primer lugar falta de motivaci�n de la nota, que el defecto es una omisi�n que no afecta a la validez y eficacia del t�tulo, que otras muchas escrituras otorgadas por dicho apoderado ya se han inscrito en dicho Registro, y que una lectura del documento puede servir para completar dicha localidad que es la del otorgamiento y en la que se halla la sucursal del banco en cuesti�n. Cita en su defensa numerosa doctrina de la DGRN para casos con defectos de m�s entidad, favorable a la inscripci�n. Reconoce tambi�n que el defecto es f�cilmente subsanable por el notario, pero que no es necesario subsanar por dichos argumentos.
DGRN confirma la nota del registrador y se�ala que, dada la escasa entidad del defecto, no es necesario ninguna motivaci�n adicional que la cita de los art�culos aplicables. En cuanto al fondo del asunto reconoce la doctrina de la DGRN alegada por el notario, pero no la considera aplicable al caso concreto, pues no puede resolverse la cuesti�n de determinar la localidad del domicilio del apoderado por v�a de la interpretaci�n del contenido del resto de la escritura. Considera, por tanto, que hay que subsanar o bien por instancia, o bien por diligencia del notario autorizante.
Finalmente indica que el defecto hubiera sido f�cilmente subsanable con una consulta del registrador de la propiedad al Registro Mercantil, y que dicha consulta no s�lo es un derecho, sino tambi�n un deber del registrador.
Comentario: Si, seg�n la DGRN, es un deber del registrador de la propiedad consultar al Registro Mercantil y con esa consulta se subsanar�a el defecto, no se entiende bien la confirmaci�n de la nota y del defecto, pues lo coherente ser�a revocar la nota y exigir al registrador esa consulta para asegurarse de la localidad y as� inscribir, evitando subsanaciones adicionales al documento. Por otro lado, el defecto es tan nimio, tan formalista, que resulta dif�cil entender que la DGRN no haya encontrado la v�a de evitar subsanaciones acudiendo, por ejemplo, a los Libros del Registro, y m�s teniendo en cuenta que el apoderado en cuesti�n lleva 2 a�os en la plaza y seguramente el mismo registrador habr� inscrito varias o muchas escrituras otorgadas por dicho apoderado. (AFS)
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133. ESCRITURA DE PODER ANTERIOR A LA LEY 24/2001. INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO MERCANTIL. Resoluci�n de 1 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Motilla del Palancar, por la que suspende la inscripci�n de una escritura de cancelaci�n de hipoteca. En una escritura de cancelaci�n de hipoteca otorgada en 1985, la notaria en la rese�a identificativa del documento de poder se�ala �Obra el se�or compareciente en virtud de escritura de apoderamiento otorgada a su favor, ante el Notario de� cuya copia autorizada se acompa�ar�, asegur�ndome la vigencia �ntegra del mismo. Tiene a mi juicio, seg�n interviene, capacidad para esta escritura de cancelaci�n de hipoteca�.
registrador suspende la inscripci�n por considerar que no se acredita la realidad, validez y vigencia del apoderamiento, entendiendo necesario acreditar la inscripci�n en el Registro Mercantil o aportar dicha escritura debidamente inscrita.
La recurrente alega la doctrina seg�n la cual la falta de inscripci�n del apoderado no debe impedir la inscripci�n, pues el incumplimiento de la obligaci�n de inscribir el cargo cae fuera del �mbito de la calificaci�n del registrador, ya que del art�culo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, resulta que es competencia del notario valorar la suficiencia de las facultades representativas de los comparecientes.
Direcci�n confirma la nota bas�ndose en el mismo argumento de la resoluci�n de 12 de abril de 1996: la calificaci�n registral comprende la debida intervenci�n del titular registral en los actos inscribibles que le afectan y por tanto, en los casos en los que act�e trav�s de sus leg�timos representantes, se proyecta sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la representaci�n; trat�ndose de personas jur�dicas para entender v�lidamente constituida la representaci�n ser� preciso que la misma haya sido concedida u otorgada por el �rgano social representativo adecuado y vigente, de acuerdo con la legislaci�n que le sea aplicable y sus normas estatutarias propias:. Extremos estos que en caso de que el poder sea inscribible en el Registro Mercantil, y el mismo se haya inscrito, corresponder� apreciar al registrador mercantil competente y que cuando falte la previa inscripci�n en dicho Registro y, por tanto, no exista previa calificaci�n de la representaci�n por el Registrador Mercantil, deben acreditarse al registrador de la Propiedad los elementos que determinan la existencia, subsistencia, validez y suficiencia de aqu�lla. Lo que ocurre en este caso, adem�s, dado que la escritura calificada fue otorgada en 1986, conforme a la redacci�n de los art�culos 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial entonces vigente, el notario deb�a insertar en el cuerpo de la escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que acreditaran la representaci�n legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. Tambi�n se admit�a que de tales documentos acreditativos de la representaci�n se insertara lo pertinente, debiendo a�adir que en lo omitido no exist�a nada que desvirtuara lo transcrito o testimoniado; y, asimismo, se permiti� seg�n tal regulaci�n reglamentaria �rese�ar en la matriz los documentos de los que resulta la representaci�n, haciendo constar que se acompa�ar�n a las copias que se expidan�, sin necesidad de su inserto ni de su incorporaci�n. Esta �ltima fue la f�rmula documental acogida por la notario, por lo que al documento calificado ha de acompa�arse la copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportaci�n era necesaria a efectos de acreditar la representaci�n, como advert�a el mismo notario autorizante de aqu�lla. (MN)
NOTA: Esta resoluci�n parece cambiar el criterio de la Direcci�n General en orden a la necesidad de acreditar la inscripci�n de los poderes de las sociedades en el Registro Mercantil o en su caso acreditar la realidad validez u vigencia de dichos poderes. Lo que ocurre es que se refiere a una escritura anterior a la Ley 24/2001 en la que, obviamente, no exist�a el juicio de suficiencia del notario autorizante, plante�ndose la cuesti�n de si la soluci�n hubiera sido la misma si la escritura fuera posterior y contuviera el citado juicio de suficiencia en los t�rminos establecidos por el art. 98 de dicha Ley. (MN)
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***137. SUSPENSI�N DE LA CALIFICACI�N AL NO ACREDITARSE LA LIQUIDACI�N DEL IMPUESTO: LA DGRN RECTIFICA SU ANTERIOR DOCTRINA. DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA ENTRE VIVIENDA Y DESVAN INSCRITOS EN EL FOLIO DE LA FINCA MATRIZ. Resoluci�n de 3 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad interino de Markina-Xemein a la inscripci�n de una escritura de pr�stamo hipotecario.
Supuesto: Se presenta en el Registro de la Propiedad telem�ticamente copia autorizada de una escritura de pr�stamo hipotecario, por la que en garant�a de un pr�stamo se hipotecan dos fincas registrales, distribuy�ndose la responsabilidad entre ambas.
El registrador practica el asiento de presentaci�n y suspende la calificaci�n, de conformidad con el art�culo 255 de la Ley Hipotecaria, al no haberse acreditado la liquidaci�n del impuesto.
Una vez aportada copia f�sica de la escritura debidamente liquidada, el registrador suspende la inscripci�n del documento al considerar necesaria la distribuci�n de la responsabilidad entre los tres elementos independientes que integran la propiedad horizontal (el elemento n�mero 1, que es una de las fincas registrales, y los elementos n�meros 2 y 3, que constituyen la otra finca registral) ya que en la escritura la distribuci�n se ha practicado respecto del primer elemento y respecto de los otros dos conjuntamente.
El notario autorizante interpone recurso en el que a) desde el punto de vista procedimental, alega la reiterada doctrina de DGRN en relaci�n a los plazos concedidos por la Ley Hipotecaria para practicar la inscripci�n, y al modo en que han de interpretarse los art�culos 18,
254 y 255 de la Ley Hipotecaria y, en particular, la Resoluci�n de 29 de octubre de 2011 en la que se subraya el car�cter unitario de la funci�n calificadora del registrador para evitar as� que, cuando se presente de nuevo el t�tulo acompa�ado de la acreditaci�n del pago de los tributos procedentes o bien una declaraci�n de no sujeci�n o exenci�n, el registrador lo pueda calificar alegando defectos que pod�an haber sido expuestos en un momento anterior; b) y desde el punto de vista sustantivo, se�ala que la distribuci�n de la responsabilidad se ha realizado entre las dos fincas registrales en cuesti�n, aunque una de ellas est� formada por dos elementos �vivienda y desv�n-, sin que sea necesaria la distribuci�n entre estos dos, citando la Resoluci�n DGRN de 19 de Abril de 2004.
La DGRN, desestima el recurso y confirma tanto el acuerdo del Registrador de suspender la calificaci�n, como la propia calificaci�n registral negativa:
I) Interpretaci�n del art�culo 255 LH (Suspensi�n de la calificaci�n por falta de acreditaci�n de la liquidaci�n del impuesto). La DGRN rectifica el criterio que hab�a sostenido con anterioridad (consideraba que el Registrador no pod�a suspender la calificaci�n por falta de acreditaci�n de pago del impuesto para, una vez acreditado este extremo, entrar a calificar el documento, sino que deb�a incluir desde el primer momento todos los defectos) volviendo al criterio cl�sico (apoy�ndose en los pronunciamientos jurisdiccionales existentes sobre este tema) En tal sentido, se�ala:
A) Del art�culo 254 LH se desprende la exigencia para la pr�ctica del asiento de inscripci�n de la previa justificaci�n de que se ha solicitado o practicado la liquidaci�n de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripci�n se pretenda o sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripci�n. Dicho precepto es la reproducci�n en el �mbito de la legislaci�n registral de lo dispuesto con car�cter general en los art�culos 54 TRLITPAJD �que deja a salvo lo dispuesto en la legislaci�n hipotecaria, lo que supone que sin necesidad de tal justificaci�n es posible la pr�ctica del asiento de presentaci�n (art. 255 LH y 100 RISD)
B) Este efecto de inadmisi�n de los documentos inscribibles en los registros p�blicos a efectos de inscripci�n, con la citada excepci�n, no es sino una de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por los sujetos pasivos de la obligaci�n de presentaci�n que les impone el art. 51 TRITPAJD, y por el Registrador, del archivo de los citados justificantes (arts 256 LH, 51.13, 410 RH, 122.3 RISD), sin perjuicio de las excepciones procedentes (art. 54.2.c TRITPAJD, Instrucci�n DGRN 18-5-2011 sobre constituci�n de sociedades mercantiles en aplicaci�n del RDL 13/2010, de 3 de Diciembre)
C) De ello se deduce que para el acceso al Registro de la Propiedad, cualquiera que sea el soporte electr�nico o papel en el que se presente el documento, debe acreditarse, mediante la aportaci�n del correspondiente justificante (en soporte electr�nico o papel) que se ha producido la presentaci�n del documento y su autoliquidaci�n, bien lo haya sido con ingreso o bien con simple alegaci�n de exenci�n o no sujeci�n. D) El requisito de la presentaci�n �nicamente podr� tenerse por realizado cuando haya tenido lugar ante la Administraci�n tributaria competente para exigirlo (art. 54 TRLITPAJD), por lo que la obligaci�n de acreditar la presentaci�n no puede entenderse realizada ni suplida por el cumplimiento de las obligaciones formales impuestas a los Notarios de suministro de informaci�n de los documentos por ellos autorizados ni por el conocimiento que de los citados actos a otros efectos �p.ej concesi�n del NIF-, pueda tener otra Administraci�n tributaria distinta de la competente para la gesti�n de los impuestos devengados por el acto o contrato inscribible. Y no quedan exceptuados de esta obligaci�n de presentaci�n los documentos que teniendo cuant�a variable est�n configurados como supuestos de exenci�n por la ley, lo cual queda confirmado por la Resoluci�n de la Direcci�n General de los Tributos de 17 de Julio de 2008, que incluso respecto al supuesto de no sujeci�n al gravamen de AJD de las escrituras de ampliaci�n de plazo de pr�stamos hipotecarios concedidos con relaci�n a la vivienda habitual (RDL 2/2008) determin� que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentaci�n en las oficinas liquidadoras, al no estar incluidas dentro de la excepci�n del apartado 2 del art�culo 54 TRLITPAJD)
E) El mecanismo del cierre registral que resulta del art�culo 254 LH viene reforzado por el apartado primero del art. 255 LH, conforme al cual �No obstante lo previsto en el art�culo anterior, podr� extenderse el asiento de presentaci�n antes de que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se suspender� la calificaci�n y la inscripci�n u operaci�n solicitada y se devolver� el t�tulo al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto�. Ciertamente este Centro Directivo hab�a entendido en los �ltimos a�os que ambos art�culos deb�an interpretarse en un sentido favorable al administrado, lo que impedir�a que pudieran ser admitidas decisiones como la ahora recurrida que se limita a la suspensi�n de la calificaci�n, pues implicar�a que cuando nuevamente se presentara el t�tulo acompa�ado de la autoliquidaci�n y pago o declaraci�n de exenci�n o no sujeci�n, el registrador lo calificar�a pudiendo esgrimir defectos que se consideraba pod�a haberse esgrimido desde un primer momento; sin embargo es lo cierto que esa interpretaci�n ha sido desvirtuada por reiteradas sentencias judiciales que han declarado la nulidad de varias de las resoluciones que consagraban esta doctrina. Es el caso de la Sentencia de 30-10-2009 de la Audiencia Provincial de Lleida, publicada en el BOE de 10 de Agosto de 2010 (sentencia que transcribe en gran parte esta resoluci�n y cuyo resumen ya se recogi� en esta web en su d�a), y la
Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia n�mero 6 de C�rdoba, de 18 de diciembre de 2009 (publicada en el Bolet�n Oficial del Estado de 10 de agosto de 2010, tambi�n recogida en esta web), que se cita en los vistos, por lo que �procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los �ltimos a�os y volver a la doctrina cl�sica, m�s conforme con la literalidad del precepto�, teniendo en cuenta que: a) el art�culo 255 LH permanece vigente y no ha sido modificado por el legislador tras la ley 36/2006 de Prevenci�n del Fraude Fiscal, que s� introdujo nuevos p�rrafos en el art�culo 254 de la ley hipotecaria, pero no toc� el art�culo 255; b) que estamos ante una norma cuya finalidad no es otra que controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria, supeditando el acceso a los registros p�blicos a la previa justificaci�n del pago de la deuda tributaria correspondiente, a modo de presupuesto o requisito que condiciona la actuaci�n del Registrador, cuya actuaci�n, en caso contrario, ha de detenerse en el asiento de presentaci�n, suspendiendo la calificaci�n y la inscripci�n (cfr. arts 254-1 y 255 LH, 13 LGT, 2-1 y 54 TRLITPAJD, 33 LISUC, 100 RSUC), habida cuenta la especial trascendencia de la funci�n que desempe�a el Registro de la Propiedad en cuanto colaborador para la efectividad de determinados impuestos; c) la reforma del art�culo 254 de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 36/2006, de prevenci�n del fraude fiscal, a�ade tres p�rrafos nuevos al art�culo: para exigir la constancia del NIF (n�mero 2) y de la acreditaci�n de los medios de pago (n�mero 3). El nuevo apartado 4 dispone que "las escrituras a que se refieren los n�meros 2 y 3 se entender�n aquejadas de un defecto subsanable". Esta referencia deja fuera al apartado 1 del mismo art�culo (el relativo a la falta de pago del impuesto), de lo que se desprende "a sensu contrario" que no lo considera defecto calificable, sino causa de suspensi�n de la misma calificaci�n; d) el art�culo 2 del TRLITPAJD establece que "el impuesto se exige seg�n la verdadera naturaleza jur�dica del acto, prescindiendo de los defectos tanto de forma como intr�nsecos que puedan afectar a su validez y eficacia". Esta ha sido la justificaci�n que se ha atribuido tradicionalmente al mecanismo de "inadmisi�n" impuesto por los art�culos 254 y 255 LH, a fin de evitar que, tras una calificaci�n completa o global, a la vista de defectos de dif�cil o imposible subsanaci�n, dada la imposibilidad de inscripci�n del documento y su falta de eficacia, se optase por no presentar el documento a liquidar; e) la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, que avala la legalidad de los art�culos 215, 252 y 258 RN relativa a la obligaci�n que impone a los notarios de no acceder a la protocolizaci�n de los documentos privados o legalizaci�n de sus firmas que contengan actos sujetos a los impuestos de transmisiones patrimoniales o actos jur�dicos documentados, cuando no conste en los documentos la nota correspondiente de la Oficina liquidadora, afirma que "esta obligaci�n no puede entenderse suplida por las comunicaciones o partes que los notarios deber�n remitir a las Oficinas liquidadoras ex art�culo 52 TRITP", justific�ndolo en el argumento de que se trata de dos mecanismos de prevenci�n del fraude distintos, aunque con una misma finalidad. El mismo argumento es predicable del mecanismo de prevenci�n del art�culo 254 LH, es decir, no queda invalidado por el hecho de que haya otros concurrentes consistentes en el env�o de informaci�n a la Hacienda P�blica; f) que no cabe desconocer los
pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los �ltimos a�os, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensi�n por parte del Registrador de la calificaci�n por falta de pago del impuesto o justificaci�n de su exenci�n o no sujeci�n, rechazando que en estos casos el registrador haya de realizar una calificaci�n global, pues si bien
las normas se pueden interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacci�n del precepto; g) Este mismo Centro Directivo ya se plante� en su d�a este cambio de tendencia, en la Resoluci�n de 6 de Mayo de 2009,
(�Respecto a la falta de liquidaci�n del impuesto que corresponda, sin necesidad de entrar ahora en si tal defecto es una falta que impida la inscripci�n, o m�s bien, un defecto que debe demorar la calificaci�n.....).
La Resoluci�n aclara tambi�n, respecto del plazo m�ximo para inscribir �quince d�as- se computa en los casos de retirada del t�tulo por falta de pago del impuesto, desde la devoluci�n del mismo y es en ese plazo en el que debe realizarse la calificaci�n global y unitaria, sin que pueda anticiparse esa exigencia al momento previo de admisibilidad del documento que, en caso de falta de acreditaci�n del impuesto, o en su caso de su presentaci�n en la oficina liquidadora, debe conducir a la suspensi�n de la calificaci�n y de la inscripci�n a que se refiere el art. 255 LH
Comentario: Clarificadora resoluci�n que rectifica su propia doctrina en la interpretaci�n del art�culo 255 de la Ley Hipotecaria, recogiendo los argumentos de las sentencias que han anulado resoluciones sobre este tema, entre otras, la R. 16 de Febrero de 2008 y la R. 7 de Abril de 2008. En definitiva, en caso de falta de acreditaci�n de la liquidaci�n del impuesto, el Registrador puede practicar el asiento de presentaci�n y suspender la calificaci�n, y una vez acreditado aquel requisito, debe proceder a la calificaci�n -global y unitaria- en el plazo de quince d�as. (JCC)
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ACREDITACI�N DEL DERECHO EXTRANJERO. Resoluci�n de 2 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.� 16 a la inscripci�n de una adjudicaci�n de herencia.
Se presenta en el Registro una escritura de aceptaci�n y adjudicaci�n de herencia autorizada por el notario recurrente y de la que es t�tulo un testamento ol�grafo otorgado en Italia por un nacional de dicho pa�s y referente a bienes situados en Espa�a. En dicha escritura, en el exponiendo segundo se dice: �que el dicho se�or G. C., redact� y firm� un testamento ol�grafo de fecha 5 de abril de 2011, en el cual, se derogaba expresamente cualquier otro posible anterior, el cual fue objeto de la publicaci�n prevista en el art. 620 del C�digo Civil Italiano, mediante acta del Notario de Mondovi (Italia), don Germano Birone, en fecha 6 de mayo de 2011, n�mero 46290, de su repertorio, n�mero 36367 de colecci�n, de conformidad con las disposiciones de dicho precepto legal. Seg�n dispone el art. 620.5, una vez ha tenido lugar la publicaci�n del testamento ol�grafo, este ya es ejecutable�.
La registradora considera que no est� suficientemente acreditado el derecho extranjero y la
DGRN confirma la nota de calificaci�n y se�ala que: La normativa aplicable a la acreditaci�n en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en primer t�rmino,
en el art�culo 36 del Reglamento
Hipotecario, que, como se�ala la Resoluci�n de esta Direcci�n General de 1 de marzo de 2005, resulta tambi�n extensible a la acreditaci�n de la validez del acto realizado seg�n la ley que resulte aplicable. Seg�n este precepto los medios de prueba del Derecho extranjero son �la aseveraci�n o informe de un Notario o C�nsul espa�ol o de Diplom�tico, C�nsul o funcionario competente del pa�s de la legislaci�n que sea aplicable�. El precepto se�ala adem�s que �por los mismos medios podr� acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio espa�ol documentos inscribibles�.
La enumeraci�n expuesta no contiene un �numerus clausus� de medios de prueba ya que el precepto permite que la acreditaci�n del ordenamiento extranjero podr� hacerse �entre otros medios�, por los enumerados.
Por otro lado, no s�lo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino tambi�n su vigencia (vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990 y 25 de enero de 1999 y la Resoluci�n de 20 de enero de 2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretaci�n actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo pa�s.
Asimismo, esta Direcci�n General ha se�alado en diferentes ocasiones que las autoridades p�blicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales (cfr. art�culos 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 168.4 del Reglamento Notarial y 36.2 del Reglamento Hipotecario),
pueden realizar bajo su responsabilidad una valoraci�n respecto de la alegaci�n de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, siempre que posea conocimiento de la misma (vid., entre otras, las Resoluciones de 14 de diciembre de 1981 y 5 de febrero y 1 de marzo de 2005). La indagaci�n sobre el contenido del ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligaci�n del registrador, o del resto de autoridades no judiciales ante las que se inste la aplicaci�n de un ordenamiento extranjero, sino una mera facultad, que podr� ejercerse incluso aunque aqu�l no sea invocado por las partes.
En el presente caso no consta acreditado ante la registradora cu�l es el contenido vigente del Derecho positivo extranjero aplicable �en este caso el ordenamiento italiano� con relaci�n a la necesidad de demostrar la legalidad de una sucesi�n hereditaria que tiene por base un testamento ol�grafo italiano. Seg�n el recurrente, la aseveraci�n de conocimiento del Derecho italiano va impl�cita en el mero hecho de que en la escritura se afirme �que el dicho se�or G. C., redact� y firm� un testamento ol�grafo, de fecha 5 de abril de 2011, en el cual, se derogaba expresamente cualquier otro posible anterior, el cual fue objeto de la publicaci�n prevista en el art. 620 del C�digo Civil Italiano, mediante acta del Notario de Mondovi (Italia), don Germano Birone, en fecha 6 de mayo de 2011, n�mero 46290, de su repertorio, n�mero 36367 de colecci�n, de conformidad con las disposiciones de dicho precepto legal. Seg�n dispone el art. 620.5, una vez ha tenido lugar la publicaci�n del testamento ol�grafo, este ya es ejecutable.�, pero tal conclusi�n no es correcta, en primer lugar, porque al ir el entrecomillado dentro de la exposici�n de la escritura, la aseveraci�n se pone en boca de los comparecientes y, en segundo, porque aunque la afirmaci�n la realizara el notario, ello no quiere decir ni que conoce la legislaci�n italiana, ni que los requisitos legales se han cumplido en su totalidad. Ello porque, conforme a las precitadas Resoluciones y el art�culo 36 del Reglamento Hipotecario, deber� acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero, as� como expresar la adecuaci�n a las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesaria para el acto de que se trate.
Comentario: Una cuesti�n que suscita problemas para abordar sucesiones con elemento extranjero, de causantes extranjeros o no residentes, es la existencia como documento sucesorio de un testamento NO notarial o de un testamento notarial NO asimilado al autorizado por notario espa�ol, por divergencia de la funci�n notarial o por no tener inmediata eficacia.
Como ya analic� en otras ocasiones, debemos distinguir entre �documento sucesorio� y �t�tulo sucesorio�.
Se trata de probar si el documento sucesorio
goza de todas las formalidades intr�nsecas y adicionales para que tomando como base dicho documento, los designados en �l pueden adjudicarse v�lidamente los bienes que integran el caudal relicto. Dicho de otra forma, si tiene la categor�a de t�tulo sucesorio.
Cuesti�n distinta es la materia atinente al fondo de la sucesi�n actualmente sujeta a la ley nacional del testador.
Como ya he se�alado, �El notario que acometa una partici�n de herencia de causante extranjero ha de distinguir entre el testamento o disposici�n mortis-causa como documento del testamento/documento que en uni�n de otros tr�mites, Vg. testamento notarial alem�n + nota de apertura judicial o certificado de heredero (erbschein)
o que en uni�n de otros documentos, Vg. testamento notarial espa�ol, franc�s, belga o italiano + Certificado de Registro de Actos de �ltima Voluntad del respectivo pa�s o de m�s de uno, es t�tulo completo para que, con base al mismo y con razonable certeza y seguridad, se practique una partici�n o adjudicaci�n sucesoria o se lleve a cabo un acto dispositivo por los miembros integrantes de la comunidad hereditaria�. Lo anteriormente expuesto, en cuanto al envoltorio, de extraordinaria importancia y a�ado: podemos contar con un t�tulo sucesorio formalmente completo y no obstante, precisar, de conformidad con la Ley rectora del fondo de la sucesi�n (Ley nacional del causante), del consentimiento o aquiescencia al mismo de determinadas personas, por ejemplo, legitimarios con leg�tima configurada como pars bonorum o el consentimiento de determinados liquidadores- albaceas; puede acontecer, igualmente, que un t�tulo sucesorio sea v�lido pero no suficiente porque tengamos que tomar en consideraci�n, m�s de uno. En todo caso, no debemos otorgar a un documento extranjero m�s efectos en el Estado de destino que los que tendr�a en �l un documento nacional ni m�s efectos en el Estado de destino de los que tendr�a en su Estado de origen. (IES)
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**145. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO CON C�DIGO SEGURO DE VALIDACI�N. Resoluci�n de 6 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Denia n.� 1, por la que se suspende la pr�ctica de una anotaci�n preventiva de embargo ordenada en documento presentado en soporte papel con C�digo Seguro de Validaci�n.
Supuesto: En expediente administrativo de apremio, la AEAT dicta diligencia de embargo ordenando la anotaci�n del mismo sobre una finca propiedad de la entidad deudora. Se presenta en el Registro el documento en ejemplar duplicado en soporte papel, con firma escaneada del jefe de la Unidad de Recaudaci�n, y ley�ndose al pie de la primera p�gina lo siguiente: "Documento firmado electr�nicamente (RD. 1671/2009. Art�culo 21 e) autenticidad verificable mediante C�digo Seguro Verificaci�n (-diecis�is d�gitos alfanum�ricos-) en http://www.agenciatributaria.gob.es."
El Registrador, en una muy detallada nota (en la que incide, como cuesti�n clave en la inaplicabilidad del art. 30.3 de la
al procedimiento registral y en la inexistencia de una autorizaci�n de ministro u �rgano superior del departamento correspondiente) suspende la pr�ctica de la anotaci�n por el siguiente defecto: �El documento presentado en soporte papel con una firma escaneada que no es original, no re�ne los requisitos de autenticidad y fehaciencia exigibles en los art�culos 3 de la Ley Hipotecaria y 34 de su Reglamento para ser considerado un documento p�blico y aut�ntico a efectos de la pr�ctica de una anotaci�n de embargo u otro asiento en el Registro�. Argumenta en esencia lo siguiente: 1.-
Ley 11/2007 no es de aplicaci�n al �mbito del procedimiento y funci�n registral
(el art. 2 de dicha ley fija el mismo �mbito de aplicaci�n que el de la ley 30/1992 y �sta no se aplica �salvo remisiones concretas- al procedimiento registral, que, dado su car�cter sui generis -Res 26 de junio de 1986-), que debe encontrar su adecuado marco de aplicaci�n en el �mbito de las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones P�blicas, y las de estas entre s�, pero no con relaci�n al Registro de la Propiedad, que no forma parte de la estructura de la Administraci�n General del Estado, Auton�mica o local. Aunque el registrador tiene la condici�n de funcionario p�blico, presenta la particularidad de que ejerce su funci�n de calificaci�n de forma independiente y bajo su personal responsabilidad, sin perjuicio de la revisi�n de sus decisiones (cita entre otras, las STS de 2 de noviembre de 2006, de 10 marzo 2009, 19 de mayo de 2009 y 3 de Enero de 2011)
2.- Pero aunque fuera aplicable esa ley, y por tanto su art�culo 30.5, la autenticidad del documento debe ser comprobada por el Registrador en el ejercicio de sus facultades de calificaci�n. Autenticidad que no deriva del mero alojamiento del documento electr�nico en la sede electr�nica de la AEAT, ni de las responsabilidades que ostente la AEAT para garantizar la autenticidad e integridad de la informaci�n publicada en su sede electr�nica, sino de que el documento electr�nico est� autorizado con la firma electr�nica adecuada. �El uso de los certificados de sede electr�nica est� limitado a la identificaci�n de la sede, quedando excluida su aplicaci�n para la firma electr�nica de documentos y tr�mites� (art�culo 18.2 del RD 1671/2009).
3.- Que la Ley 11/2007 admite fundamentalmente (art�culo 13.3), dos sistemas de firma electr�nica, el c�digo seguro de verificaci�n (art�culo 18.1 b), y Firma electr�nica del personal al servicio de las Administraciones P�blicas (art�culo 19). Aunque la firma basada en c�digo seguro de verificaci�n se utiliza fundamentalmente en los sistemas de actuaci�n administrativa automatizada (art�culo 18), no est� excluida su utilizaci�n como medio para la identificaci�n del personal al servicio de la Administraci�n (art�culo 21.c del RD 1671/2009). Si bien para ello, se requiere, �una orden del Ministro competente o resoluci�n del titular del organismo p�blico, previo informe del Consejo Superior de Administraci�n Electr�nica, que se publicar� en la sede electr�nica correspondiente�
indicando de forma inequ�voca las actuaciones a las que se aplica (art�culo 21 c) en relaci�n con el art�culo 20 del mismo RD 1671/2009), y dicha disposici�n no existe, pues el embargo de bienes inmuebles no est� incluido ni la resoluciones de la AEAT de 29 de diciembre de 2010, que se refiere a las actuaciones administrativas automatizadas, ni en la de 4 de febrero de 2011, que se refiere de modo gen�rico a actos resolutorios y de tr�mite.
4.- Que los
�rganos competentes adecuados para dictar la orden o resoluci�n pertinente (arts. 20 y 21 Ley 11/2007) para la aplicaci�n al procedimiento registral del sistema de firma electr�nica basado en c�digo seguro de verificaci�n son el Ministro de Justicia o Direcci�n General de los Registros y del Notariado dada la naturaleza del procedimiento registral y la dependencia jer�rquica del registrador de estos organismos (art 259 LH).
5.- Que el documento electr�nico alojado en la sede electr�nica debe incluir una referencia temporal garantizada a trav�s de medios electr�nicos, dada la importancia que la fecha tiene en los mandamientos de embargo, y en general de los documentos sujetos a inscripci�n o anotaci�n en el Registro, y en este caso
esa referencia temporal no existe (apartado 2.� del art. 29 de la Ley 11/2007 y 47 del RD. 1671/2009)
6.- Existe un Convenio de 22 de julio de 2008 firmado entre el Colegio de Registradores y la AEAT que regula el procedimiento para la presentaci�n telem�tica de mandamientos de embargo por la Agencia Tributaria; y el �nico sistema de firma electr�nica adecuado al documento objeto de la presente es el del personal al servicio de las Administraciones P�blicas basado en certificados de empleado p�blico.
El abogado del Estado, en representaci�n de la AEAT, recurre y considera, que el C�digo Seguro de Validaci�n que incluye el documento presentado permite consultar que el mismo se encuentra en la sede electr�nica de la Administraci�n Tributaria, no pudiendo (pese a que �los documentos electr�nicos emitidos por la AEAT con C�digo Seguro de Validaci�n no cumplan todos los requisitos exigidos por los arts 20 y 21 del RD. 1671/2009, de desarrollo de la Ley 11/2007�) dudarse de su integridad y veracidad, por cuanto dicha Administraci�n, en este caso la Tributaria, que se encarna org�nicamente en la AEAT, asume la responsabilidad por la integridad, veracidad y actualizaci�n de la informaci�n, por lo que es susceptible de inscripci�n, y en este caso de anotaci�n en el Registro de la Propiedad
La DGRN estima el recurso:
1. La Ley 11/2007, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos, es aplicable al �mbito registral, pues, pese a la naturaleza especial del procedimiento registral (R. 10 de junio de 2009 y 12 de enero de 2012, STS 3 de enero de 2011, lo cual implica que la aplicaci�n supletoria de las normas del procedimiento administrativo al �mbito de la calificaci�n registral no puede aceptarse con car�cter general ni de manera abstracta), no puede obviarse: a) que el registrador presenta un inequ�voco car�cter de funcionario p�blico (arts 274 LH, 536 RH); b) que, por esta misma raz�n, la instituci�n registral queda necesariamente ubicada dentro del �mbito de la Administraci�n P�blica; c) que el art. 2 de la Ley 11/2007 se�ala que se aplicar� a las Administraciones P�blicas, quedando excluidas aquellas que desarrollen actividades en r�gimen de derecho privado, r�gimen donde, en este concreto �mbito, no cabe ubicar al Registro de la Propiedad; c) que la Ley 11/2007 y el RD. 1671/2009, que la desarrolla parcialmente, al dar amparo al documento con C�digo Seguro de Verificaci�n, no est�n regulando en sentido estricto materia atinente al procedimiento registral, sino que configuran la autenticidad, valor y eficacia de una determinada forma documental; d) y, que estas normas, lejos de contradecir los preceptos hipotecarios de general aplicaci�n, constituyen un
complemento de los mismos. 2. El C�digo Seguro de Verificaci�n se convierte en firma electr�nica, y en consecuencia, en medio aut�nomo de comprobaci�n de la autenticidad del documento (art. 30.5 Ley 11/2007), siempre y cuando el documento haya sido generado con car�cter electr�nico por la propia Administraci�n �titular, se entiende, de la sede de que se trate�, autorizado por funcionario que dentro de dicha Administraci�n tenga legalmente la competencia que se ejercita (art. 3.6 Ley 59/2003, de Firma Electr�nica), mediante la utilizaci�n de cualquier sistema adecuado de firma electr�nica (incluidos, en su caso, el sello electr�nico y el C�digo Seguro de Validaci�n), y se haya trasladado a papel, con impresi�n de aquella referencia o identificador l�gico. Tampoco es argumento en contrario la limitaci�n de medios de calificaci�n del registrador (lo que resulte de los documentos presentados y de los asientos del Registro), pues est� ya superada la interpretaci�n restrictiva en este punto del art. 18 LH, entre otros motivos porque a) lo que se pretende con esta disposici�n es que por el registrador no se tengan en cuenta datos o circunstancias que hubieran llegado a su conocimiento de forma completamente ajena a los medios de calificaci�n, como noticias aparecidas en medios de comunicaci�n, rumores, comentarios de terceros, etc...; b) el C�digo Seguro de Validaci�n forma parte del documento presentado, y su comprobaci�n no es incompatible con la aplicaci�n del art. 18 LH. Lo presentado en el Registro en el caso que nos ocupa es una copia aut�ntica de un documento electr�nico, cuya autenticidad es f�cilmente comprobable accediendo a los archivos electr�nicos de la Administraci�n P�blica correspondiente (art. 30.5 de la Ley 11/2007), respondiendo el titular de la sede electr�nica de la integridad, veracidad y actualizaci�n de la informaci�n (n� 2 del art. 10 de la Ley 11/20007, Resoluci�n de 28 de diciembre de 2009 del Presidente de la AEAT), siempre que esta verificaci�n se hubiera realizado correctamente, a lo que est� obligado el registrador en ejercicio de su funci�n calificadora. Ser� preciso para ello, no solo la comprobaci�n y visualizaci�n del documento para determinar su identidad con el presentado f�sicamente, sino tambi�n comprobar los certificados de autenticaci�n de la sede al objeto de evitar cualquier posible suplantaci�n de identidad en la misma. Considera muy recomendable que, en la medida de lo posible, quede constancia de la verificaci�n practicada, bien mediante la impresi�n y firma de las pantallas obtenidas, o su almacenamiento con firma electr�nica en dispositivos f�sicos de almacenamiento, u otro sistema de similares efectos, o incluso que esta posibilidad fuera contemplada como una funcionalidad m�s en las aplicaciones inform�ticas de gesti�n existentes en los distintos Registros. c) la necesidad de disponer por parte de todos los registradores "de sistemas telem�ticos para la emisi�n, transmisi�n, comunicaci�n y recepci�n de informaci�n", conforme con el art. 107 Ley 24/2001, hace necesario que todos tengan esos medios de comprobaci�n.
3. Tampoco comparte la DGRN el argumento del registrador seg�n el cual la resoluci�n exigible para posibilitar la utilizaci�n del C�digo Seguro de Validaci�n a que se refiere el n� 3 del art 20 RD. 1671/2009. deber� ser dictada, no por el titular del organismo p�blico emisor -en este caso la Agencia Tributaria-, sino por el del organismo destinatario del mismo, o del que dependen los destinatarios -en este caso la DGRN, pues a) la aplicaci�n de una norma de car�cter general, d�ndose todos los requisitos exigidos, no puede quedar al arbitrio o decisi�n de sus destinatarios, y adem�s la Resoluci�n de 4 de febrero de 2011 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria cumple con lo preceptuado en el citado art�culo, que cuenta con el preceptivo informe del Consejo Superior de Administraci�n Electr�nica y que se halla publicada en la Sede Electr�nica de dicho organismo.
4. Respecto del Convenio de 22 de julio de 2008 de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y el Colegio de Registradores, prev� la remisi�n de los documentos por v�a telem�tica a trav�s de un sistema de firma electr�nica avanzada, pero debe ser interpretado a la luz del nueva normativa contenida en el RD. 1671/2009, y por tanto, no puede cerrar a la Agencia Tributaria la posibilidad de utilizaci�n de los dem�s medios de presentaci�n de documentos que tiene a su favor, como es la presentaci�n f�sica, ordinaria, del t�tulo en el Registro.
5. En cuanto a la necesidad de sellado temporal invocada por el registrador en su nota, no juega en este supuesto, ya que no se trata de una presentaci�n telem�tica de documento electr�nico, sino de una presentaci�n f�sica en el Registro de un documento administrativo cuya autenticidad ha quedado acreditada seg�n lo expuesto. En consecuencia, la DGRN estima que el C�digo Seguro de Validaci�n est� previsto legalmente como firma electr�nica tanto para actos automatizados como para aquellos que requieran la identificaci�n del autor, pudiendo configurarse en este �ltimo caso como firma electr�nica de autenticaci�n personal, que permite vincular la firma electr�nica con un determinado funcionario p�blico, teniendo el soporte del documento electr�nico car�cter de prueba documental, e imponi�ndose la presunci�n general del car�cter real y aut�ntico del documento electr�nico, al igual que rige esa presunci�n para los documentos en papel, conforme a los arts 3 de la Ley de Firma Electr�nica, 319, 320 y 326 LEC y especialmente en esta materia, a la vista de la presunci�n de legalidad del art�culo 57 de la Ley 30/1992. (JCC)
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***150. RECTIFICACION DE LA DOCTRINA DGRN SOBRE EFICACIA VINCULANTE DE LAS RESOLUCIONES Y SOBRE EL ART. 255 LH (SUSPENSION DE LA CALIFICACION POR FALTA DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO). Resoluci�n de 9 de marzo de 2012 de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la decisi�n de la registradora de la propiedad de Oliva, por la que acuerda suspender la calificaci�n de una escritura p�blica cuya copia fue presentada telem�ticamente.
Supuesto: Se presenta por v�a telem�tica en el Registro de la Propiedad copia electr�nica de una escritura de modificaci�n de pr�stamo hipotecario (present�ndose con posterioridad copia autorizada ordinaria)
La registradora notifica fehacientemente la extensi�n del asiento de presentaci�n que causa la copia recibida telem�ticamente y hace constar que, conforme al art�culo 255 de la Ley Hipotecaria,
queda suspendida la calificaci�n del documento, hasta que no se acredite la liquidaci�n del impuesto correspondiente, citando al efecto diversas sentencias.
El notario autorizante interpone recurso contra dicha comunicaci�n alegando a) que la suspensi�n de la calificaci�n por falta de acreditaci�n de la liquidaci�n del impuesto contrar�a la doctrina de las resoluciones de 31 de Enero de 2007, 16 de Febrero de 2008 y 13 de Marzo de 2009, entre otras, criterio confirmado por otras posteriores como las de 27 de abril de 2011 y 29 de octubre de 2011,
y b) que, siendo una aut�ntica calificaci�n la realizada por la Registradora, infringe lo dispuesto en los art�culos 322 de la Ley Hipotecaria (al no expresar los recursos que caben contra ella) 327 del mismo texto legal (car�cter vinculante de las resoluciones para todos los Registradores mientras no se anule por los tribunales), y 258.5 de la Ley Hipotecaria y 127 del Reglamento Hipotecario
(car�cter global y unitario de la calificaci�n). En definitiva, el Notario recurrente sostiene que se trata de una calificaci�n que incumple los requisitos legales relativos a su forma, notificaci�n car�cter global y unitario y obligaci�n de especificar los recursos procedentes; y que la registradora, al actuar as�, incumple las resoluciones de este Centro Directivo, a lo que, a su juicio, est� obligada como funcionaria.
La DGRN, en una larga resoluci�n, desestima el recurso y confirma el acuerdo de la Registradora. Para ello, como ya hiciera la Resoluci�n de 3 de Marzo de 2012, n� 137 de este informe), rectifica el criterio que hab�a sostenido con anterioridad el Centro Directivo sobre la interpretaci�n del art�culo 255 de la Ley Hipotecaria, volviendo al criterio cl�sico (apoy�ndose en los pronunciamientos jurisdiccionales existentes sobre este tema) y rectifica igualmente la doctrina tambi�n sostenida en los �ltimos a�os sobre la eficacia vinculante de las resoluciones, distinguiendo entre Consultas ex art. 103 de la Ley 24/2001, que son vinculantes para los Notarios y Registradores, y resoluciones en recursos contra la calificaci�n registral, que solo vinculan en cuanto al caso concreto.
1.- Independencia del Registrador en su calificaci�n. Interpretaci�n del art�culo 327 de la Ley Hipotecaria.
Las Resoluciones vinculan en los t�rminos planteados y limitado al caso concreto que contemplan y resuelven.
La DGRN vuelve a su doctrina cl�sica, que sostiene la independencia del registrador en el ejercicio de su funci�n calificadora bajo su propia y exclusiva responsabilidad, tanto respecto de calificaciones efectuadas por �l mismo o incluso respecto del mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones DGRN (Resoluciones, por todas, de 18 de Noviembre de 1860, 5 de Diciembre de 1961 y 20 de Octubre de 1976). - Afirma que los tribunales han dejado atr�s la doctrina de los �ltimos a�os de la Direcci�n General respecto al car�cter vinculante prescrito en el art�culo 327 de la Ley Hipotecaria. En tal sentido cita numerosas sentencias. - Menciona especialmente la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 17 de Noviembre de 2006, que anul� la Resoluci�n DGRN de 24 de Septiembre de 2003 en cuanto �sta establec�a la vinculaci�n del registrador con la calificaci�n efectuada del mismo documento por otro registrador, vinculaci�n que se declara nula porque impide la esencial funci�n calificadora que corresponde al registrador.
- Afirma que �han establecido tambi�n la citadas sentencias que la Resoluci�n vincula en los t�rminos planteados y limitado al caso concreto que contempla y resuelve�. Solo vincula al Registrador calificante y a los dem�s Registradores que hayan de calificar el mismo documento, por afectar a varios Registros. Cita en tal sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de Valencia de 24 de febrero de 2012, de la que resulta la diferencia entre las consultas formuladas ante la DGRN, conforme a lo prevenido en el art�culo 103 de la Ley 24/2001, que tienen car�cter vinculante para todos los Notarios y Registradores y cuyo incumplimiento puede traer como consecuencia la apertura de un expediente sancionador, y las resoluciones en recursos contra la calificaci�n registral, que no pueden producir otra eficacia que la mencionada, ya que carece de justificaci�n atribuir mayor vinculaci�n a las mismas que a las sentencias dictadas por los tribunales, precisamente, sobre dichas resoluciones administrativas. La resoluci�n es un acto administrativo singular que no puede tener la eficacia de una disposici�n de car�cter general. La expresi�n �tendr� car�cter vinculante para todos los registradores� ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los registros donde se presente el t�tulo est�n obligados a practicar el asiento discutido y ordenado por la resoluci�n (bien entendido que solo en cuanto a los defectos invocados en la nota de calificaci�n) Concluye, pues, que �debe volverse en este punto a la doctrina cl�sica de este Centro Directivo, recogida en las Resoluciones rese�adas�
2- Interpretaci�n del art�culo 255 de la Ley Hipotecaria. La DGRN rectifica el criterio sostenido en estos �ltimos a�os (consideraba que el Registrador no pod�a suspender la calificaci�n por falta de acreditaci�n de pago del impuesto para, una vez acreditado este extremo, entrar a calificar el documento, sino que deb�a incluir desde el primer momento todos los defectos) volviendo ahora al criterio tradicional. Reproduce todos los argumentos de la Resoluci�n de 3 de Marzo de 2012 (n� 137 de este informe) a cuyo resumen nos remitimos.
En definitiva, considera que el registrador se ha limitado a comunicar no un defecto sino un efecto que se produce ex lege, la suspensi�n de la calificaci�n, por lo que no se trata de una calificaci�n (no puede haberla en ese momento porque est� suspendida por ley) que pueda ser revocada, sino de un tr�mite m�s del procedimiento registral legalmente establecido, como previo a la calificaci�n. Comentario: Esta resoluci�n, como ya hiciera la Resoluci�n de 3 de Marzo de 2012, rectifica su postura en la interpretaci�n del art�culo 255 de la Ley Hipotecaria, reproduciendo los argumentos de aquella, aunque a�adiendo, por si quedase alguna duda, que la suspensi�n de la calificaci�n, no es una calificaci�n que pueda ser revocada, sino un tr�mite m�s del procedimiento registral legalmente establecido. Pero adem�s, la DGRN aclara la expresi�n del art�culo 327 de la Ley Hipotecaria. �tendr�n car�cter vinculante para todos los Registradores�, volviendo a la doctrina cl�sica. Es cierto que la dicci�n del legislador no es la m�s adecuada, pero pretender, como hac�a la DGRN en etapas anteriores que las resoluciones tuvieran el valor vinculante que se pretend�a que tuvieran, por encima pr�cticamente de las sentencias del Tribunal Supremo, era tremendamente desproporcionado y contrario a todas luces con el principio de independencia del Registrador al calificar, como ya han establecido diversas sentencias. Como sabemos la DGRN venia reiterando (Resoluciones entre otras de 21-2-2005, 5-5-2005, 14-11-2007) que las resoluciones estimatorias de los recursos interpuestos contra las calificaciones registrales vinculaban a todos los Registradores si est�n publicadas en el BOE -aunque no hayan ganado firmeza-, siempre que no hayan sido anuladas por resoluci�n judicial firme tambi�n publicada. Esta doctrina fue bastante controvertida y diversos pronunciamientos jurisdiccionales judiciales la han puesto en cuesti�n. En efecto, 1) Las resoluciones DGRN no constituyen fuente del derecho. Entender la vinculaci�n a que se refiere el art�culo 327 de la Ley Hipotecaria como vinculaci�n no al fallo sino a la doctrina que lo sustenta, es decir, m�s all� del caso concreto, supon�a, adem�s de contrariar los principios de independencia y responsabilidad del Registrador en su calificaci�n, alterar el sistema de fuentes y dar a las resoluciones un valor superior al que tienen las sentencias del Tribunal Supremo, incluso sin necesidad de reiteraci�n. Y es que la resoluci�n de un recurso administrativo carece de la eficacia de una disposici�n de car�cter general, porque no participa de la naturaleza de �stas sino de los actos administrativos. 2) Tampoco resultaba pertinente que ese pretendido efecto vinculante se iniciase desde la publicaci�n en el BOE de la resoluci�n, aun cuando haya sido impugnada judicialmente -y por tanto sin ser firme aquella- (SAP Barcelona de 22-1-2008); 3) y tambi�n parec�a excesivo que el pretendido efecto vinculante no terminase cuando se dictase una sentencia anulando la resoluci�n, ni siquiera cuando esa sentencia fuera firme, sino solo cuando la sentencia firme hubiera sido publicada en el BOE, y ello entre otras razones porque el art�culo 327 LH (�tendr� car�cter vinculante... mientras no se anule por los Tribunales�) no incluye la firmeza ni la publicaci�n en el BOE como presupuestos para la cesaci�n de la vinculaci�n, y porque es la propia DGRN la que dispone a trav�s de otra resoluci�n administrativa la publicaci�n de la sentencia en el BOE. (JCC)
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167. EXTRANJEROS: NUMERO DE IDENTIFICACION O N�MERO DE LA TARJETA DE RESIDENCIA. Resoluci�n de 11 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo, por la que no se inscribe una escritura de constituci�n de sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: En una escritura de constituci�n de sociedad figura, respecto de una fundadora de nacionalidad extranjera no comunitaria, su NIE, n�mero Y (secuencia de siete n�meros) D, vigente�. La registradora suspende la inscripci�n pues seg�n ella �no consta el n�mero de la tarjeta de residencia, por lo que su rese�a se refiere al N. I. E., cuyo n�mero no se corresponde con aquel (Art�culo 38.6 del RRRM). La
notaria autorizante recurre alegando que del art�culo 38 del Reglamento del Registro Mercantil, resulta que, trat�ndose de extranjeros, se expresar� el n�mero de identificaci�n de extranjeros y que la argumentaci�n de que el n�mero de identificaci�n fiscal es distinto que el de la tarjeta de residencia es contrario a la normativa vigente y al criterio de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado. Doctrina: La DG
revoca la nota de calificaci�n. Centra el problema diciendo que de lo que se trata es �si la rese�a que se hace del n�mero de identificaci�n de extranjero residente que se realiza en la comparecencia de una escritura p�blica de constituci�n de sociedad cumple los requisitos establecidos en el art�culo 38 del Reglamento del Registro Mercantil. Entiende que s� aunque la registradora estima que deben consignarse en la comparecencia, no s�lo el NIE, sino tambi�n, trat�ndose de residentes, el n�mero de la tarjeta de residencia.
A su juicio �el art�culo 206 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, establece que
el n�mero de identificaci�n de extranjero es �nico y exclusivo para cada persona y que el mismo debe constar en todos los documentos que se le expidan y que dicha previsi�n es aplicable a los permisos de residencia�. No obstante la DG considera �que la identidad de documentaci�n y numeraci�n no siempre ha de producirse porque la persona f�sica extranjera, aun estando obligada a obtener el n�mero de identificaci�n no lo haya hecho de forma transitoria o porque no est� obligada a obtenerlo, en cuyo caso la normativa tributaria prev� dotarle de un n�mero de identificaci�n fiscal (vid. art�culo 20.2 del Real Decreto 1065/2007). En dicho supuesto, habr� de reflejarse en la inscripci�n tanto el n�mero del documento que haya servido para identificarle (distinto de la tarjeta de identidad de extranjero) como el que le haya atribuido la Administraci�n Tributaria (vid. Resoluci�n de 18 de enero de 2012). Salvo que estemos en presencia de esta excepci�n, se aplica la regla general�.
Comentario: Tanto del recurso, como de su resoluci�n por la DG, parecen derivarse dos cuestiones distintas: Una la relativa a la identificaci�n del extranjero y otra la relativa al
cumplimiento por dicho extranjero de las normas de control establecidas para su regular estancia en Espa�a.
Si la identificaci�n se hace por la tarjeta de residencia, que efectivamente tiene un n�mero propio distinto del NIE, y en dicha tarjeta consta este �ltimo, bastar� con que el notario de fe de ello y consigne exclusivamente el NIE asignado en dicha tarjeta.
Pero si el extranjero, es no residente, entonces su identidad deber� probarla por otros medios como puede ser el pasaporte, su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro que sirva para ello, pero junto a la constancia del documento en que se funde el notario para la comprobaci�n de su identidad, deber� consignarse tambi�n su NIE que es obligatorio, tanto si se trata de residentes como de no residentes. (JAGV)
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NO CABE PR�RROGA DE ANOTACI�N CADUCADA. Resoluci�n de 24 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Santa Cruz de la Palma a la pr�rroga de una anotaci�n de embargo. Hechos: Determinada anotaci�n caduc� el 17 de septiembre de 2011. Diez d�as despu�s, se dicta mandamiento judicial ordenando su pr�rroga. La cancelaci�n formal se practic� el 16 de noviembre de 2011. El mandamiento se present� en el Registro el 16 de diciembre de 2011.
DG confirma la calificaci�n, pues, para practicar la pr�rroga solicitada, el mandamiento ha de presentarse �no s�lo dictarse- antes de que caduque el asiento. El que materialmente no se hubiese realizado la cancelaci�n al firmarse el mandamiento no importa, pues la anotaci�n caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelaci�n correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelaci�n no es sino la exteriorizaci�n registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. (JFME)
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SOCIEDAD LIMITADA: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CON CARGO A RESERVAS: EL BALANCE PRECISA SER AUDITADO EN TODO CASO. Resoluci�n de 28 de febrero de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles I de Barcelona, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de ampliaci�n de objeto social, aumento de capital y modificaciones estatutarias. Hechos: Se trata de una escritura de aumento de capital social de una sociedad limitada con cargo a reservas, acordado en junta universal y por unanimidad, con balance aprobado por la junta y del cual resultan reservas suficientes para el aumento.
El registrador suspende la inscripci�n pues �el balance� que sirve de base a la operaci�n de aumento de capital con cargo a reservas ha de aportarse verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificaci�n contable. (Art�culo 303.2 de la
LSC, aprobada por R. D. L. 1/2010 de 2 de julio). Los defectos consignados tienen car�cter rectificable�.
La sociedad recurre alegando que, dado el car�cter refundidor de la LSC, la norma debe interpretarse a la vista de la anterior LSRL que no exig�a la auditor�a del balance para los aumento de capital por reservas. Doctrina: La DG confirma la nota de calificaci�n. Recuerda la doctrina sentada en su resoluci�n de 4 de octubre 2011, basada en el principio de
realidad del capital social, en la
imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportaci�n patrimonial a la sociedad (art�culo 59 de la LSC) y la exigencia de acreditaci�n suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como requisito previo a la inscripci�n (cfr., entre otros, los art�culos 62 y 63 de la LSCapital). Por ello se exige la auditor�a del balance en que se basa el aumento de capital como justificaci�n de la efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y su
disponibilidad para transformarse en capital, debiendo �entenderse que la verificaci�n contable del balance es impuesta en inter�s no s�lo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales�. Comentario: Como ya dijimos en nuestro comentario a la resoluci�n de 4 de octubre de 2011, es indudable que con la verificaci�n del balance la operaci�n de aumento de capital gana en certeza, aunque a cambio de incrementar costes empresariales, en momentos de crisis, repercutiendo de forma negativa en la competitividad de las empresas, a�adiendo ahora, desde un punto de vista puramente pr�ctico y a la vista de la realidad societaria que se palpa en los RRMM y del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del TRLSC, que este tipo de aumento de capital en las sociedades limitadas pr�cticamente ha desaparecido por los costes que implica el mismo. (JAGV)
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SOCIEDAD ANONIMA. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CON CARGO A RESERVAS: AUNQUE SE TRATE DE SOCIEDAD UNIPERSONAL EL BALANCE PRECISA SER AUDITADO. Resoluci�n de 29 de febrero de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil V de Madrid, a inscribir una escritura de aumento del capital social de dicha sociedad.
Hechos: El �nico socio de una sociedad an�nima toma la decisi�n de aumentar el capital con cargo a reservas voluntarias. Se une a la escritura balance aprobado por el socio y con reservas suficientes para cubrir el aumento de capital social. El
registrador suspende la inscripci�n pues �debe aportarse balance verificado por el auditor de cuentas de la sociedad o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil (Art. 303.2 Ley de Sociedades de Capital)� Se recurre alegando el car�cter unipersonal de la sociedad y a que el balance debe ser verificado s�lo a petici�n de los administradores en las empresas no obligadas a ello.
Doctrina: La DG confirma el acuerdo de calificaci�n.
Aparte de los motivos aducidos en la anterior resoluci�n de 28 de febrero y en la 4 de octubre a�ade las siguientes razones:
1�. Que la capitalizaci�n de reservas es una mera operaci�n contable que consiste en un traspaso entre cuentas del pasivo que de ser disponibles, como reservas, pasan a ser indisponibles como capital social.
2�. Para que las reservas sean disponibles es requisito previo la inexistencia de p�rdidas que hayan enjugarse previamente al reparto de las mismas.
3�. La junta para el reparto de las reservas tiene como l�mite el que el patrimonio neto contables no sea tras el reparto inferior al capital social (cfr. art. 273.2 LSC).
4� �La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la funci�n que est�n llamadas a desempe�ar: la cobertura de p�rdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no re�nen los requisitos legalmente exigidos para su capitalizaci�n�.
5�. Por todo ello �la verificaci�n contable del balance que sirve de base al aumento del capital constituye un requisito exigido en inter�s no s�lo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales, por lo que no puede prescindirse del mismo por el hecho de que el aumento de cuyo contravalor se trata haya sido decidido por el �nico socio de una sociedad unipersonal�
Comentario: Al tratarse, en el supuesto tratado por esta resoluci�n, de una sociedad an�nima, respecto de la cual tanto antes como despu�s del TRLSC se exig�a la verificaci�n del balance por auditor para capitalizar reservas, la soluci�n es m�s f�cil, pues es obvio que, salvo que lo establezca alg�n precepto legal,
no deben existir diferencias en cuanto a requisitos de los acuerdos sociales por el hecho de que los mismos sean adoptados en junta universal y por unanimidad o como en el caso de esta resoluci�n por el socio �nico de la sociedad.
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*136. LIQUIDACI�N Y EXTINCI�N DE SOCIEDAD LIMITADA EN JUNTA NO UNIVERSAL: NO ES NECESARIO NOTIFICAR A LOS SOCIOS NO ASISTENTES, NI NING�N TIPO DE PUBLICIDAD ADICIONAL. Resoluci�n de 3 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles IV de M�laga a la inscripci�n de una escritura de liquidaci�n y extinci�n de una sociedad. Hechos: Se presenta a inscripci�n una escritura de liquidaci�n y extinci�n de una sociedad limitada en la que el liquidador manifiesta en el otorgan tercero b) que �aprobado el balance por unanimidad, no ha lugar a posibles impugnaciones por parte de los socios�, d�ndose la circunstancia de que la junta no ha sido universal. Dicha escritura se califica con la siguiente nota: 1. Al no ser la Junta Universal debe acreditarse la notificaci�n al socio no asistente del acuerdo de aprobaci�n del balance de disoluci�n necesario para poder ejercer el derecho de impugnaci�n a que se refiere el art�culo 390.2 L. S. C. y de conformidad con lo establecido en el art�culo 348 de la referida Ley, aplicable por analog�a. 2. Otorga tercero b). No siendo la Junta Universal, no procede la manifestaci�n contenida en el mismo pues s� existe el derecho de impugnaci�n del socio no asistente conforme a lo dispuesto en el defecto anterior. Los defectos se califican de subsanables. El liquidador interpone recurso manifestando que en la actualidad no se exige ning�n tipo de publicidad espec�fica para el acuerdo de aprobaci�n del balance final de liquidaci�n, sin que se pueda acudir a la aplicaci�n anal�gica del r�gimen previsto en el art�culo 348.
Aparte de ello los socios no asistentes a la junta general en que se ha aprobado el balance final de liquidaci�n fueron debidamente convocados para esa junta, por lo que antes de la celebraci�n de la misma han podido ejercitar el derecho de informaci�n.
Por su parte el notario considera absolutamente improcedente de puro obvio y debe considerarse no puesto la manifestaci�n del otorgan tercero b.
En cuando al defecto de fondo estima que el art. 390 establece con claridad que el acuerdo aprobatorio puede ser impugnado por los socios que no hubieran votado a favor del mismo en el plazo de dos meses �a contar desde la fecha de su adopci�n� y que la Registradora yerra al aplicar por analog�a el art�culo 348 de la Ley porque al a�adir un requisito que el art�culo 390 no establece se convierte de hecho en legislador y vulnera el principio de seguridad jur�dica
Doctrina: La DG revoca el acuerdo de calificaci�n en el �nico defecto recurrido que es el primero de los se�alados en la nota de calificaci�n, relativo a la falta de notificaci�n al socio no asistente a la junta general del acuerdo aprobatorio del balance final.
Nos dice que �el defecto objeto de impugnaci�n, tal y como ha sido formulado, no puede ser mantenido�.
El art�culo 390.2 de la Ley de Sociedades de Capital concede a los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, entre los que se incluyen l�gicamente los no asistentes a la junta general, el derecho de impugnar el acuerdo de la junta general de aprobaci�n del balance final en el plazo de dos meses a contar desde la adopci�n del acuerdo, pero �ning�n precepto de la Ley de Sociedades de Capital, ni tampoco del Reglamento del Registro Mercantil vigente, exigen para la inscripci�n de la escritura que documente la liquidaci�n y extinci�n de la sociedad, que se haga manifestaci�n alguna por parte del, o de los liquidadores, acerca de que han notificado a los socios no asistentes a la junta la aprobaci�n del balance final de liquidaci�n, por lo que una exigencia en dicho sentido, para conseguir la inscripci�n de la escritura que documente la liquidaci�n y extinci�n de la sociedad, no puede prosperar�.
Tampoco puede prosperar la aplicaci�n anal�gica del art�culo 348.1 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual �los acuerdos que den lugar al derecho de separaci�n se publicar�n en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las an�nimas cuando todas las acciones sean nominativas, los administradores podr�n sustituir la publicaci�n por una comunicaci�n escrita a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo�, pues no existe una identidad de raz�n (cfr. art�culo 4.1 del C�digo Civil) entre los supuestos regulados en ambos preceptos, pues el art�culo 390 de la Ley de Sociedades de Capital est� dedicado a regular la desaparici�n de la sociedad como sujeto de derecho, mientras que el art�culo 348 presupone, antes al contrario, la continuaci�n de la sociedad pese a la separaci�n de alguno de sus socios�.
Lo que s� exige el RRM es que los liquidadores manifiesten que �ha transcurrido el plazo para la impugnaci�n del acuerdo de aprobaci�n del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto� (cfr. art�culo 395.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital) y es en este �mbito donde debe situarse la verdadera garant�a del socio, ausente o disidente, de sus derechos en orden a un balance final que suponga un perjuicio a su participaci�n en la sociedad, por incumplimiento de las normas sobre liquidaci�n, o por una irreal valoraci�n de los activos de la sociedad, una fijaci�n err�nea del valor de su cuota de liquidaci�n o por no respetar el principio de proporcionalidad en el reparto del haber social�.
Comentario: Razonable decisi�n de nuestro Centro Directivo pues se enmarca dentro del proceso simplificador de los actos societarios, evitando interpretaciones que, incluso por encima o al margen de las normas legales, pretendan poner a cargo de la sociedad obligaciones que, si bien tienen por laudable finalidad proteger a los socios, dicha protecci�n no puede llevarse a extremos tales que se dificulte la vida de las sociedades, ni tampoco se puede pretender con las exigencias de dichos requisitos el proteger a socios que normalmente deben ser muy capaces de defenderse por s� mismos. Creo que la resoluci�n que comentamos puede ser de gran utilidad para interpretar posibles dudas en otros preceptos legales garantistas de derechos de los socios, sin ir m�s all� en nuestra calificaci�n de aquello a que nos obligan los preceptos legales. (JAGV) PDF (BOE-A-2012-5956 - 8 p�gs. - 183 KB)
157. AUMENTO DE CAPITAL POR RESERVAS: NO ES POSIBLE SI LAS PERDIDAS QUE FIGURAN EN EL BALANCE SON SUPERIORES A LAS RESERVAS CONTABILIZADAS. Resoluci�n de 15 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles XV de Madrid, por la que se resuelve no practicar la inscripci�n de una escritura de aumento de capital y modificaci�n parcial de estatutos. Hechos: La cuesti�n que plantea este recurso se centra en si es inscribible un aumento de capital por prima de creaci�n de participaciones, cuando del balance tenido en cuenta para la ampliaci�n, debidamente auditado, resulta que dicha prima ha quedado agotada por p�rdidas de ejercicios anteriores. El registrador considera que no es inscribible al no existir saldo suficiente para ello a�adiendo que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la ampliaci�n, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, seg�n dicho balance. Se basa en resoluci�n de la propia DG de 24/09/1999 y otra de 18-12-2010.
La sociedad recurre alegando que de las reservas no deben deducirse los resultados negativos de ejercicios anteriores y adem�s porque una operaci�n de aumento de capital beneficia a socios y acreedores, ya que el capital social es fundamentalmente una cifra de garant�a frente a los acreedores sociales u otros terceros y su aumento produce un aumento de tal garant�a trasladando unos recursos de una partida de Reservas a otra de Capital,
Doctrina: La DG confirma con rotundidad la nota de calificaci�n.
Como fundamentos de su acuerdo alega los siguientes:
1. No cabe crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportaci�n patrimonial a la sociedad
2. Es necesaria una adecuada justificaci�n de la efectiva existencia de reservas en el patrimonio social y su disponibilidad
3. Es necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excede de la cifra de capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliaci�n, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del pasivo del balance.
4. Los fondos transferidos pasan del r�gimen de disponibilidad de que gozaban como reservas a la indisponibilidad a que quedan sujetos como capital. Por tanto, un requisito esencial para la capitalizaci�n de las reservas o beneficios no es s�lo que tengan la consideraci�n de recursos propios, sino tambi�n que sean de libre disposici�n, dado que la capitalizaci�n es una de las formas a trav�s de las que la sociedad ejerce su facultad de libre disposici�n sobre ellas.
5. Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicaci�n de las reservas tan s�lo es posible en tanto no existan perdidas que hayan de enjugarse previamente
6. Y en definitiva, la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la funci�n que est�n llamadas a desempe�ar: la cobertura de p�rdidas contabilizadas.
Comentario: Impecable resoluci�n de nuestro Centro Directivo que confirma la
imperiosa necesidad de que para ampliar el capital con cargo a reservas es necesario que dichas reservas existan en la realidad, sin estar agotadas por p�rdidas de ejercicio anteriores, pues si existen dichas p�rdidas las reservas deben en primer lugar ser destinadas a enjugarlas, como dice el art. 273 y confirma el art. 274 de la LSC. Ya nuestra primitiva doctrina mercantilista echaba en falta un precepto similar al existente en derecho alem�n, citado por registrador y DG, relativo a la imposibilidad de aumentar capital con cargo a reservas si existen p�rdidas en el balance de la sociedad (cfr. par�grafo 208.2 de la �Aktiengesetz� alemana). Pero tambi�n desde esta primitiva doctrina se sosten�a que a dicha conclusi�n puede llegarse aplicando los principios generales derivados de nuestra legislaci�n societaria. Y esto es lo que hace nuestra DG impidiendo un reflejo como capital de reservas que s�lo existen en el balance, en libros, pero no en la realidad pues han sido totalmente agotadas y en exceso, por p�rdidas existentes tambi�n en el balance y no debidamente compensadas. En definitiva se trata una vez m�s de una defensa de la transparencia de la sociedad evitando que con operaciones contables se induzca a confusi�n a los terceros sobre la real situaci�n econ�mica de la sociedad. (JAVG)
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158. DENOMINACIONES SOCIALES: ES ADMISIBLE LA DE �FINANCIA PYME EUROPEA�. Resoluci�n de 16 de marzo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Barcelona IX a la inscripci�n de la escritura de constituci�n de una sociedad. Hechos: Se trata de una escritura de constituci�n de sociedad limitada que girar� bajo la denominaci�n �Financia Pyme Europea, S. A.�. La
registradora calificante, pese a que la denominaci�n fue admitida por el RMC, considera, que la denominaci�n no es admisible por tres motivos: a) por inducir a confusi�n en cuanto a la verdadera naturaleza de la sociedad, b) por incurrir en la prohibici�n de denominaciones reservadas a las entidades de cr�dito o establecimientos financieros de cr�dito, y c) por su cuasi identidad con otras denominaciones de sociedades previamente inscritas. Para el
recurrente y notario autorizante la denominaci�n es admisible por no ser entidad de cr�dito, ni establecimiento financiero de cr�dito y por no existir identidad con las denominaciones �Bankpyme� o �Inverpyme citadas por la registradora.
La DG revoca la nota de calificaci�n considerando admisible la denominaci�n adoptada por la sociedad. Tras estudiar con detalle la denominaci�n social adoptada por la sociedad, llega a la conclusi�n de que no puede dicha denominaci�n dar lugar a confusi�n pues los t�rminos utilizados de �financia�, de �pyme� y de �europea� responden al criterio de unicidad, veracidad y originalidad que debe presidir las denominaci�n sociales. Tampoco estima que incida en ninguna prohibici�n de la legislaci�n bancaria y de entidades financieras.
Finalmente tambi�n deshace la argumentaci�n de la registradora relativa a la identidad o �cuasi identidad� de denominaciones, estimando que, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de marcas, no existe posibilidad de confusi�n con otras entidades como Bankpyme o Inverpyme pues las diferencias existentes entre dichas denominaciones y la adoptada por la sociedades son los suficientemente definidoras para evitar la confusi�n alegada. Es decir que, si bien utiliza el t�rmino de �pyme�, dicho t�rmino unido a los de �financia� y �europeo� constituye suficiente diferenciaci�n con la denominaci�n utilizada por la sociedad que da origen a la marca �Bankpyme� o a otras que utilizando dicho t�rmino figuren debidamente inscritas en los Registros Mercantiles.
Comentario: Dado que la denominaci�n social es el elemento diferenciador de las personas jur�dicas en sus relaciones comerciales y mercantiles, todo lo relativo a dicha denominaci�n cobra una gran importancia y si bien se debe ser estricto con la admisi�n de denominaciones dudosas o torticeras, no se debe llevar dicha rigidez a inadmitir otras denominaciones que si bien pueden incidir tangencialmente en otras denominaciones o marcas, en tanto dicha coincidencia no sea lo suficientemente significativa, no debemos impedir la inscripci�n de la sociedad con certificado negativo del RMC, s�lo por el posible riesgo de confusi�n con otras entidades. Si existe esa confusi�n o posible perjuicio ser�n los tribunales de justicia los encargados de dilucidarla, pero s�lo debe impedirse la inscripci�n en el RM de sociedades que incidan de forma clara en prohibiciones legales.
Como aspecto novedoso de esta resoluci�n encontramos su utilizaci�n del Flei para argumentar que si impidi�ramos la inscripci�n de una sociedad con una denominaci�n como la elegida estar�amos dejando fuera de juego y poniendo en duda miles de sociedades inscritas en los RRMM de Espa�a que adoptan denominaciones con t�rminos similares o id�nticos, en alguna de sus partes, a los de la sociedad cuya inscripci�n se solicitaba.
(JAVG)
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170. MORA EN EL DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS Y EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO. Resoluci�n de 14 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador mercantil VI de Barcelona, por la que se deniega la inscripci�n de la modificaci�n de art�culo estatutario y del cese y nombramiento de administradores. Hechos: El registrador calificante, ante unos acuerdos adoptados en Junta General de una sociedad an�nima, cuyos dividendos pasivos procedentes de un aumento de capital todav�a no han sido desembolsados, pese a haber transcurrido el plazo para ello, considera que dichos acuerdos no son inscribibles pues de conformidad con los art�culos 82, 83 y 159 de la LSC y 7 del RRM,
los accionistas carecen del derecho de voto y no pueden adoptar acuerdos v�lidamente.
El notario recurre y alega que es perfectamente �posible que los dividendos pasivos hayan sido desembolsados y que por negligencia o despiste de los administradores, no se hubiere constatado dicha circunstancia en el Registro Mercantil� y por ello �a pesar de que no lo diga el Registro Mercantil, los accionistas no se encontrar�an en mora y podr�an asistir y votar en la junta general. La privaci�n del voto es una sanci�n que tiene por objetivo compeler al accionista al cumplimiento de su obligaci�n. Dicha sanci�n se establece en beneficio de la sociedad y es a la misma sociedad a qui�n corresponde aplicarla. No corresponde al Registrador Mercantil imponerla de oficio ni controlar la imposici�n de la misma por la sociedad�.
1�. La exigencia de que conste en el registro la parte de capital no desembolsado �responde al deseo de informar a los posibles adquirentes de las acciones y a los terceros de la falta del desembolso �ntegro del capital social y del momento en que los socios se obligan a realizar el desembolso�.
2�. Esa constancia estatutaria no permite al Registrador Mercantil establecer un control sobre el derecho de voto.
3�. El �control sobre el derecho de voto corresponde a quienes en cada caso deben dar por v�lidamente constituida la junta general�.
4�. Finalmente, dado que no se inscribe la mora del accionista, no puede el registrador Mercantil atribuir efectos a la falta de pago de los dividendos pasivos pendientes de desembolso.
Comentario: Aunque el Registrador califica por lo que resulta del t�tulo presentado y de los asientos del registro, es indudable que la calificaci�n resultante del contenido de esos asientos, debe estar en concordancia con el objeto y la finalidad de la inscripci�n. Como muy bien dice la DG el control del ejercicio del derecho de voto no corresponde al registrador Mercantil, sino al presidente de la junta general asistido por el secretario. Por tanto el registrador no podr� apoyar su calificaci�n en los datos resultantes del registro
salvo cuando estos datos sean esenciales por raz�n de tracto sucesivo o de legitimaci�n de la persona que eleve a p�blico los acuerdos o expida la certificaci�n inscribible. Por ello, como tambi�n apunta acertadamente la DG, la falta de desembolso de dividendos pasivos s�lo ser� obst�culo para la inscripci�n de otro aumento de capital, siempre que lo pendiente de desembolso no supere el 3% del capital social (cfr. art. 168.1 del RRM). (JAGV)
PDF (BOE-A-2012-6711 - 4 p�gs. - 153 KB)
174. JUNTA GENERAL CELEBRADA ANTE NOTARIO: SI LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CERTIFICACI�N EXPEDIDA NO SON COMPLETOS PARA LA CALIFICACI�N QUE DEBE REALIZAR EL REGISTRADOR, HA DE APORTARSE ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA. Resoluci�n de 18 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles accidental de Arrecife, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales. Hechos: La situaci�n de hecho que provoca este recurso es la siguiente: Se trata de acuerdos de junta general de una sociedad, celebrada ante notario, cuya acta no se acompa�a, no resultando de la certificaci�n de los acuerdos elevados a p�blico, ni la fecha ni la forma de convocatoria de la junta. Los acuerdos son de cese de administradores mancomunados y nombramiento de administrador �nico.
El registrador aprecia un doble defecto:
1. No resulta posible calificar �a los exclusivos efectos de la inscripci�n en este Registro Mercantil- el cumplimiento de las circunstancias y requisitos establecidos en los art�culos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, relativos la convocatoria de la Junta, ni el cumplimiento de las circunstancias y requisitos establecidos en el art�culo 97 y 102 del Reglamento del Registro Mercantil. 2. Visto el art�culo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, y siendo expedida la certificaci�n por la administradora �nica nombrada en aqu�lla, anterior administradora mancomunada, no se acredita la notificaci�n fehaciente del nuevo nombramiento al otro administrador mancomunado de la sociedad.
La administradora �nica nombrada recurre alegando que es competencia del notario y no del registrador comprobar la concurrencia de los requisitos de la convocaci�n de la junta, y respecto del segundo defecto dice que se cesa al anterior �rgano de administraci�n formado por dos administradores mancomunados, y se nombra a un administrador �nico, que ya era uno de los anteriores que desempe�aban el cargo mancomunadamente, y que es precisamente quien expide la certificaci�n y se da por notificada a los efectos del art�culo 111 del Reglamento del Registro Mercantil.
notaria autorizante de la escritura calificada hace constar que, en cuanto al primero de los defectos, se remite a los art�culos 142 y 147 del Reglamento del Registro Mercantil; y, en relaci�n al segundo defecto, que seg�n Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado de 2 de enero de 1991, en ning�n caso es necesaria la notificaci�n al anterior administrador ni esperar el transcurso del plazo si el nombramiento consta en acta notarial de la junta general.
Seg�n su resoluci�n el Registrador Mercantil debe calificar todos los extremos concernientes a la celebraci�n de una junta general que redunden en la validez de la misma y por tanto es preciso que de la certificaci�n resulten todos los extremos necesarios para calificar la validez de la junta. Si constaran tales extremos no ser�a necesaria la aportaci�n del acta notarial de junta.
Respecto del segundo defecto, dado que �la inscripci�n del nuevo nombramiento se pretende realizar sobre la base de una certificaci�n de acuerdos sociales �no en atenci�n al acta notarial de junta�� estamos de forma clara ante el supuesto del hecho del art. 111 del RRM siendo necesaria la notificaci�n fehaciente al otro administrador mancomunado de la sociedad.
Comentario: De forma muy breve s�lo destacaremos que de la resoluci�n resulta claramente, como no pod�a ser de otra forma, que si la certificaci�n de los acuerdos es completa en cuanto a todos los requisitos que para la inscripci�n de dicha certificaci�n se exigen en el RRM, no ser� necesaria la presentaci�n del acta notarial de la Junta, pero si la certificaci�n es incompleta procede o bien completarla con los datos omitidos o bien acompa�ar el acta de donde resulten dichos datos que permitan al registrador calificar la regularidad e los acuerdos adoptados. Lo mismo ocurre con la notificaci�n al anterior mancomunado pues si se presenta el acta notarial no ser� precisa la notificaci�n mientras que si no se presenta es ineludible.
No obstante aunque no se presente el acta por constar todos sus datos en la certificaci�n, en �sta deber� hacerse una clara referencia al acta notarial levantada de la junta rese�ando notario, fecha y n�mero de protocolo. (JAGV)
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177. AUMENTO DE CAPITAL EN EFECTIVO MET�LICO Y POR COMPENSACI�N DE CR�DITOS: DEBEN DISTINGUIRSE POR SU NUMERACI�N LAS PARTICIPACIONES QUE SON ASIGNADAS SEG�N LA CLASE DE APORTACI�N REALIZADA. Resoluci�n de 20 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n de la registradora mercantil y de bienes muebles de Lugo, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura p�blica de aumento de capital social y modificaci�n de norma estatutaria. Hechos: Se trata de un aumento de capital mediante desembolsos consistentes en compensaci�n de cr�ditos de los socios frente a la sociedad y aportaciones dinerarias. Seg�n el
registrador, es necesario
que se identifiquen las participaciones asignadas en pago de los cr�ditos que se compensan con el aumento de capital, con sus consiguientes n�meros, de las participaciones atribuidas por las aportaciones en met�lico. A�ade el registrador que, en caso de que se trate de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios, debe hacerse constar que el conjunto de bienes aportados constituyen una unidad econ�mica; de conformidad con lo estipulado con el art�culo 190 R. R. M., art�culo 63 L. S. C. y la Resoluci�n de 25 de septiembre de 2.003 de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado.
Recurso notario: para el notario recurrente las normas citadas no impiden realizar una aportaci�n conjunta o mixta dineraria y no dineraria, ni tampoco est�n referidas al caso de aportaci�n de cr�ditos contra la sociedad.
Es decir que los preceptos aplicables al aumento por compensaci�n de cr�ditos no hacen referencia alguna a que se precisen las participaciones asignadas en pago, como si se tratara de aportaciones no dinerarias de bienes muebles o inmuebles
Por ello nada impide que se puedan realizar aportaciones conjuntas de cr�ditos y dinerarias. En definitiva, se tratar�a de una aportaci�n mixta, consentida por la unanimidad de los socios.
Respecto del plazo para la interposici�n del recurso, debe se�alar el recurrente que el plazo de un mes que concede la ley para la interposici�n del recurso debe contarse desde la notificaci�n de la calificaci�n. El notario recurrente hace constar que la �nica notificaci�n recibida en esa Notar�a ha remitida por telefax, procedimiento de remisi�n que en ning�n caso ha sido consentido por este notario, y esta forma de notificaci�n no cumple con los requisitos legales, seg�n reiterada doctrina de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, y por ello no puede suponer dies ad quem para el plazo de interposici�n del recurso, pues entre otras razones, el telefax carece de fecha aut�ntica o fehaciente. En todo caso, el notario recurrente se da por notificado de la calificaci�n, manifestando que no ha transcurrido un mes desde que tuvo conocimiento de la misma
En su informe la registradora dice que el recurso est� fuera de plazo.
Respecto del plazo para la interposici�n del recurso dice que habi�ndose notificado por fax el d�a 19 de diciembre de 2011, el c�mputo se inicia en el d�a siguiente y por tanto es v�lido el recurso presentado el d�a 20 de enero de 2012.
En cuanto al fondo de la cuesti�n debatida parte de la consideraci�n de que la aportaci�n de cr�ditos no es una aportaci�n dineraria, y por tanto debe quedar sujeta a las garant�as establecidas en el art�culo 73 de la Ley de Sociedades de Capital. Ello conduce a la conclusi�n de �que en el aumento de capital por compensaci�n de cr�ditos en la sociedad de responsabilidad limitada ser� preciso cumplir lo preceptuado en el art�culo 190 del Reglamento del Registro Mercantil, con especificaci�n de las participaciones asignadas en pago.
Comentario: Parece claro a la DG que sea cual sea la consideraci�n que tenga un aumento de capital por compensaci�n de cr�ditos, es evidente que no se trata de una aportaci�n en efectivo met�lico y por tanto si se da dicho supuesto parece tambi�n evidente que debe cumplirse la norma del art. 190 del RRM que exige claramente la numeraci�n de las participaciones asignadas en su pago. La raz�n de dicha exigencia es clara y patente pues si existe responsabilidad para los socios aportantes y para sus sucesivos adquirentes de la realizada de la aportaci�n y de la valoraci�n que se le atribuya, s�lo puede prescindirse de la norma en el supuesto de aportaciones en met�lico reguladas en el art. 189 del RRM, pero no cuando se trata de otra clase de aportaciones pues las mismas s�lo est�n cubiertas en cuanto a su realidad y valoraci�n por el informe del �rgano de administraci�n. (JAGV)
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TRASLADO DE DOMICILIO ENTRE A CORU�A Y SANTIAGO. Resoluci�n de 21 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de A Coru�a, por la que se suspende la tramitaci�n del traslado de asientos por cambio de domicilio.
Reitera la doctrina de la R. 11/07/2011, motivada por la existencia de sentencias sobre la demarcaci�n del Registro Mercantil de Santiago de Compostela. (JAGV)
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179. CONVOCATORIA DE JUNTA: FORMA EN QUE DEBE EXPRESARSE EL DERECHO DE INFORMACI�N PARA LOS SOCIOS. Resoluci�n de 23 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador mercantil y de bienes muebles de Navarra, por la que se deniega el dep�sito de las cuentas anuales. Hechos: El problema que plantea esta resoluci�n consiste en resolver �si se ha cumplido o no en la convocatoria de la junta general de la sociedad� aprobatoria de las cuentas anuales de la sociedad
�con lo dispuesto en los art�culos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital; es decir, si, a la vista de la convocatoria de la junta general, el socio ha quedado suficientemente informado sobre los documentos que legalmente han de quedar a su disposici�n�.
En la convocatoria de la Junta se dec�a simplemente que �se recuerda a los se�ores socios respecto del derecho de asistencia e informaci�n que podr�n ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislaci�n aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el env�o gratuito de la documentaci�n relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideraci�n de la Junta de accionistas�.
Recordemos que el art. 272 de la LSC exige que en la convocatoria de la junta se exprese que �a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podr� obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci�n de la misma, as� como en su caso, el informe de gesti�n y el informe del auditor de cuentas�.
registrador en su acuerdo de calificaci�n considera que dicha expresi�n es insuficiente a los efectos de dar por cumplidos ambos preceptos y dado el car�cter esencial del derecho de informaci�n del socio estima el defecto como insubsanable. Sentencia del TS 530/2010 de 26 de julio. El
interesado, tras relatar las diversas vicisitudes que han pasado las cuentas de la sociedad cuyo dep�sito se pretende, recurre entendiendo que no se ha vulnerado en ning�n momento el derecho de informaci�n de ninguno de los socios, ya que ni se ha negado ni se ha dificultado el acceso a la documentaci�n pertinente.
confirma el acuerdo de calificaci�n.
Dice que �la redacci�n de la convocatoria de la junta
dista de ser clara, en cuanto que si bien �recuerda� a los socios su derecho de informaci�n, que podr�n ejercitarlo de acuerdo con la
�legislaci�n aplicable�, a continuaci�n lo limita al derecho a obtener �la documentaci�n relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideraci�n de la Junta de accionistas� y por ello �la expresi�n contenida en la convocatoria de la junta, por su indefinici�n, no respeta �ntegramente la exigencia del art�culo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, al quedar
indeterminada la documentaci�n a que se refiere� dado que �esa �documentaci�n� no siempre es la misma �vid. art�culo 279 de la Ley de Sociedades de Capital� y depende de las circunstancias concretas de la sociedad. En el caso que nos ocupa, dentro de la misma se encuentra el informe de auditor�a. Una expresi�n gen�rica, como la que aqu� se utiliza, priva al socio de la informaci�n relevante que debe conocer desde el mismo momento de la convocatoria de la junta general�.
Comentario: Aunque hemos de reconocer que la decisi�n de nuestro Centro Directivo se ajusta en todo al texto de la Ley y al car�cter esencial del derecho de informaci�n del socio y por tanto, desde este punto de vista, su decisi�n es impecable, quiz�s su interpretaci�n de los textos legales, en relaci�n con las circunstancias del caso, sea excesivamente r�gida y sin forzar los preceptos legales pudiera haberse inclinado perfectamente por la admisi�n de la f�rmula gen�rica de expresar el derecho de informaci�n para posibilitar el dep�sito de las cuentas anuales evitando nuevos gastos y dilaciones perjudiciales para la sociedad y ello obviamente sin perjuicio, como ha expresado en otras ocasiones, del derecho del socio a impugnar los acuerdos sociales por el posible defecto de forma en la convocatoria de la Junta. Hacemos notar que la decisi�n de la DG se basa, no en que se haya omitido totalmente el derecho de informaci�n del socio, sino en que ha quedado indeterminada la documentaci�n que se pone a disposici�n del socio. Recordemos a este respecto dos sentencias de nuestro m�s alto Tribunal: La de 29 de marzo de 2005 que en referencia al art. 144 1.c de la LSA niega que la f�rmula exigida en dicho precepto, similar a la del art. 272 sea una f�rmula sacramental que imponga un estricto cumplimiento de su literalidad, y la de 13 de febrero de 2006 que nos habla de la importancia de evitar un ejercicio abusivo del derecho a impugnar los acuerdos sociales por incumplimiento de requisitos formales de convocatoria, evitando que esa impugnaci�n pueda servir como instrumento de obstrucci�n de la actividad social sobreponiendo a los intereses mayoritarios el de un accionista que solicita informaci�n, cuando la misma no obedece a una verdadera y real necesidad. En definitiva que quiz�s en estos casos tan dudosos y a la vista de los propios acuerdos que pueden haber sido adoptados por mayor�as que se repetir�n en la pr�xima junta que se celebre, se deba optar por el principio de
conservaci�n de los acuerdos adoptados. Obviamente esta doctrina en ning�n caso puede ser aplicable si la omisi�n del derecho de informaci�n del socio ha sido total o claramente insuficiente. (JAGV)
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182. CONVOCATORIA HECHA POR PRESIDENTE NO INSTRITO Y ACUERDOS TOMADOS POR CONSEJEROS NO INSCRITOS. FACULTAD CERTIFICANTE. Resoluci�n de 25 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales. Hechos: Los complejos hechos definidores de este recurso son los siguientes:
1�. Resulta del contenido del Registro Mercantil de Madrid que en la hoja abierta a la sociedad se encuentra determinada inscripci�n vigente de la que resulta el nombramiento de los miembros del consejo de administraci�n y de los cargos de presidente y secretario no consejero recayentes en don C. G. M. L. A. y don J. G. F., respectivamente. En la misma inscripci�n consta que el anterior secretario no consejero, don C. E. M., fue debidamente notificado de su cese. Es decir, de dicha inscripci�n resulta la existencia de un consejo de administraci�n y de un presidente y un secretario no consejero que no coinciden con los que comparecen en la escritura y acta objeto de presentaci�n. El secretario no consejero que tiene su cargo inscrito y vigente en dicha fecha es don J. G. F.
2�. En la documentaci�n presentada y calificada negativamente se elevan a p�blico unos acuerdos del consejo por los que se dejan sin efecto los nombramientos como presidente y secretario no consejero que constan en la inscripci�n anterior y se nombra como nuevo secretario no consejero al recurrente y se cesa como tal a don C. E. M que como hemos visto ya hab�a sido cesado. El compareciente en la escritura, secretario no consejero seg�n dichos acuerdos, los eleva a p�blico de acuerdo a la certificaci�n librada por el mismo con el visto bueno de la presidente, do�a B. G. M. K.
El registrador suspende la inscripci�n pues no resultan inscribibles los acuerdos del consejo de administraci�n convocando junta general y requiriendo la presencia de notario, pues 1. Los consejeros que lo toman no constan previamente inscritos, al haber sido cesados por la misma inscripci�n citada. 2. El compareciente don J. E. S. L. no tiene facultad para elevar a publico los precedentes acuerdos ni para certificar de los mismos. 3. Do�a B. G. M. K. no figura previamente inscrita como presidente y consejera delegada por lo que no puede requerir al notario en los t�rminos de la referida acta de asistencia a la celebraci�n de la junta general. 4. No pueden inscribirse los acuerdos de la junta general por no haber sido v�lidamente convocada por quien conforme al Registro puede hacerlo. Art�culos 7 y 11 R. R. M. Art�culos 166, 203 y 208 LSC. Son defectos subsanables.
La sociedad recurre alegando una sentencia y otros documentos que no han podido ser tenidos en cuenta en la calificaci�n.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificaci�n pues estando vigente determinada inscripci�n que publica a qui�n corresponden los cargos de secretario no consejero y de presidente del consejo de administraci�n de una sociedad no puede alterarse el contenido del Registro en base a una certificaci�n emitida por persona no inscrita con el visto bueno de persona no inscrita. Para que sea posible tal circunstancia el ordenamiento exige una serie de cautelas, la m�s importante de las cuales es que exista una conexi�n entre el contenido del Registro y la titulaci�n presentada que ponga de manifiesto la regularidad del proceso y, se�aladamente, que el anterior cargo con facultad certificante haya sido debidamente notificado fehacientemente o haya prestado su consentimiento (entre otras opciones, art�culo 111 del Reglamento del Registro Mercantil
La circunstancia de que la notificaci�n se haya realizado a quien no tiene, conforme a Registro, la facultad certificante impide la modificaci�n de su contenido.
Comentario: Dado lo particular del caso contemplado en la resoluci�n s�lo destacamos de ella las declaraciones relativas a la necesaria conexi�n del registro con la documentaci�n presentada a inscripci�n, el que la nota de calificaci�n es la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma y finalmente que s�lo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificaci�n. (JAGV)
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Granada, a 15 de junio de 2012.

References: Real Decreto 
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sui generis
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