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Timestamp: 2019-07-20 01:26:53+00:00

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STC 219/2012, 26 de Noviembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 414515022
STC 219/2012, 26 de Noviembre de 2012
Número de Recurso: Recurso de amparo 444-2011
Recurso de amparo 444-2011. Promovido por don Francisco Javier González Enríquez y otras personas en relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones judiciales que rechazan la personación en las diligencias preliminares de quienes se vieron afectados por la decisión judicial de ordenar la entrega, a una asociación de usuarios, de la relación de personas que hubieran contratado determinados productos financieros (STC 96/2012).
Sentencia citada en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico
STC 219/2012
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de amparo núm. 444-2011, promovido por don Francisco Javier González Enríquez y otros, representados por el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez y asistido por el Abogado don Jesús Remón Peñalver, contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid de 20 de octubre de 2010 y las providencias del mismo Juzgado de 30 de noviembre, 20 de diciembre y 22 de diciembre de 2010 recaídas en el procedimiento de diligencias preliminares 1711-2010. Han comparecido, el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), representado por la Procuradora doña Ana Llorens Pardo y asistido por el Letrado don Jesús Ramón Peñalver y, la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España, Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito recibido en el Registro General de este Tribunal el 24 de enero de 2011, el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez, en nombre y representación de don Francisco Javier González y otros, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales referidas en el encabezamiento.
Con fecha 30 de julio de 2010 la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España, presentó demanda de diligencias preliminares contra BBVA por el cauce del art. 256.1.6 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en cuyo suplico solicitaba que se ordenara a esa entidad financiera entregar a la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España listados de clientes con sus datos personales e indicación de si habían contratado determinados productos financieros. Los demandantes de amparo habían contratado con el BBVA algunos de dichos productos financieros como se acredita con copia de los correspondientes “contratos cuota segura” que se acompañan a la demanda de amparo.
Con fecha 20 de octubre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid dictó Auto en el que se acordó la diligencia preliminar solicitada por la asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España y, en consecuencia, acordó requerir a la entidad BBVA para que, en el plazo improrrogable de 30 días desde la notificación de dicha resolución, procediese a entregar al Juzgado, para su puesta a disposición de la citada asociación, los listados diferenciados por productos financieros identificados bien por su código o referencia bancaria o por su código ISIN si dispusieran de él, en formato electrónico tipo excel o compatible, conteniendo la identificación de sus datos personales (nombre, apellidos, documento nacional de identidad, dirección postal actualizada, número de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieran disponibles), de todos los clientes, personas físicas, con la condición de consumidores o usuarios que hubieran contratado los productos financieros comercializados en toda España por el BBVA con la denominación comercial “contrato cuota segura”, “contrato marco para la cobertura de operaciones financieras” o similares, o cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tengan por objeto cubrir el riesgo de subidas de tipo de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero.
El Auto de 20 de octubre de 2010 fue notificado a las partes entonces personadas en el procedimiento de diligencias preliminares núm. 1711-2010 a finales del mes de octubre de 2010. Los demandantes de amparo tuvieron conocimiento de dicho Auto por comunicación del BBVA y el 26 de noviembre de 2010 presentaron un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid en el que solicitaron: que se les tuviera por personados en el procedimiento de diligencias preliminares núm. 1711-2010; que al amparo de los arts. 228 LEC y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se tuviera por promovido incidente de nulidad de actuaciones contra el Auto de 20 de octubre de 2010 y se acordara su revocación; y que se acordara la suspensión del Auto hasta la resolución del incidente de nulidad de actuaciones.
Por providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de 30 de noviembre de 2010 el Juzgado acordó:
No ha lugar a tener por parte ni personadas a las personas que lo promueven, toda vez que dichas personas no han sido parte en el proceso de diligencias preliminares y, por lo tanto, ninguna infracción procesal se ha cometido frente a ellos, sin perjuicio de que ventilen la pretendida vulneración de su derecho material a la protección de su intimidad en el procedimiento declarativo que corresponda, por cuanto una simple afectación tangencial de lo acordado en las diligencias preliminares no les da derecho a la personación.
Contra la providencia de 30 de noviembre de 2010 los demandantes de amparo interpusieron recurso de reposición en el que se invocaba con carácter principal la infracción del art. 24.1 CE, en relación con los arts. 10 y 15.2 LEC. Por providencia de 20 de diciembre de 2010 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid se acordó lo siguiente:
Por recibido escrito presentado en Decanato el pasado día 14 por el Procurador Sr. Briones Méndez, devuélvase sin dejar copia, y no ha lugar a la admisión del recurso que plantea toda vez que no se ha tenido por parte en las presentes actuaciones y por lo tanto no se puede admitir la interposición.
Con fecha 16 de diciembre de 2010 los demandantes de amparo presentaron un nuevo escrito ante el Juzgado en el que, tras haber tenido conocimiento por la prensa de que dicho Juzgado había dictado una resolución por virtud de la cual se ordenaba la recogida judicial de la documentación a la vista del tiempo transcurrido, ejercitan ante el Juzgado su derecho de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal. Concretamente, se opusieron a que el Juzgado entregara sus datos de carácter personal a la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España y solicitaron que se eliminaran sus datos de carácter personal de la base de datos que, en su caso, hubiera entregado BBVA. Este escrito se acompañó de una petición formal de cancelación y oposición de los datos de carácter personal firmada por cada uno de los demandantes de amparo.
Por providencia de 22 de diciembre de 2010 el Juzgado acordó devolver el escrito junto con sus documentos, de conformidad con lo acordado en las resoluciones de 30 de noviembre y 20 de diciembre de 2010.
Antes de desarrollar las concretas lesiones de derechos fundamentales invocadas, la demanda de amparo procede a justificar la especial trascendencia constitucional de su recurso, conforme a lo exigido por los arts. 49.1 in fine y 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sosteniendo que en este caso no se trata únicamente de que las resoluciones judiciales impugnadas hayan vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, sino que plantea una cuestión que reviste especial trascendencia constitucional a la luz de los criterios a los que se alude en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2.
Tras exponer a continuación que la demanda cumple los restantes requisitos de los arts. 41 a 46 y 49 LOTC, pasa a analizar las concretas lesiones denunciadas. En la demanda de amparo se aduce, en primer lugar, que el Auto de 20 de octubre de 2010 y las restantes resoluciones impugnadas suponen entender que los arts. 15.2 y 256.1.6 LEC autorizarían a ordenar a una entidad que entregara datos personales de sus clientes a una asociación de consumidores y usuarios que pretende ejercitar una acción colectiva basada en un hecho dañoso, siendo inaplicables o cuando menos irrelevantes las garantías asociadas al derecho a la protección de los datos personales de esos clientes. Este criterio, a su juicio, ha de reputarse contrario al art. 18 CE.
Por providencia de 1 de marzo de 2012 la Sala Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda formulada por el Procurador don Jaime Briones Méndez en nombre y representación de don Francisco Javier González Enríquez y otros. En la misma providencia se acordó, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes a las diligencias preliminares núm. 1711-2010, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en ese proceso, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el presente recurso.
De conformidad con el art. 83 LOTC, se concedió a las partes un plazo común de diez días para que efectuaran alegaciones sobre la posible acumulación de este recurso al seguido bajo el núm. 8640-2010 en la Sala Primera, si bien, por ATC 100/2012, de 21 de mayo, la Sala Segunda acordó denegar la acumulación.
El 1 de marzo de 2012 la Sala acordó la formación de la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión solicitada por los actores, habiendo recaído el ATC 200/2012, de 29 de octubre, mediante el que la Sala denegó la medida cautelar solicitada.
El Fiscal presentó sus alegaciones el 9 de octubre de 2012. Tras exponer los antecedentes del caso, señala que en el examen de la demanda de amparo no puede prescindirse de la doctrina establecida en la STC 96/2012, así como de sus efectos. Recuerda que en esta Sentencia se examinó la pretensión de amparo formalizada por la entidad bancaria BBVA frente a la decisión judicial de entrega de los datos personales de los clientes que hubieran suscrito determinados productos financieros, que fue acordada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, por Auto de 20 de octubre de 2010. Añade que en el presente caso, quienes acuden en amparo ante este Tribunal son precisamente algunas de las personas físicas titulares de los datos personales cuya cesión fue acordada en la citada resolución judicial, impugnando dicha decisión, y las anteriores que les denegaron su personación en el procedimiento. Se trata, así, de pretensiones que guardan una relación sustancial de conexidad, y que su diferencia reside en la distinta cualidad de los demandantes. Sustancial identidad que, indica el Fiscal, hubiera dado lugar a la acumulación de ambos procesos si no fuera por el hecho de que el recurso de amparo núm. 8649-2010, interpuesto por la entidad bancaria BBVA, y que dio lugar a la citada STC 96/2012, ya había sido resuelto en el momento en que se planteó dicha acumulación, como así estableció el ATC 100/2012, de 21 de mayo.
En ejecución de la STC 96/2012, de 7 de mayo, de la Sala Primera de este Tribunal, el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid dictó Auto el 23 de mayo de 2012 acordando inadmitir la petición de medidas preliminares solicitada por la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España.
Por providencia de 22 de noviembre de 2012, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 26 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
El presente recurso de amparo se interpone contra el Auto de 20 de octubre de 2010, así como contra las providencias de 30 de noviembre, 20 de diciembre y 22 diciembre de 2010 recaídas en el procedimiento de diligencias preliminares núm. 1171-2010 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid.
Debemos comenzar delimitando el objeto de nuestro pronunciamiento advirtiendo que la reciente STC 96/2012, de 7 de mayo, de la Sala Primera de este Tribunal, estimando el recurso de amparo interpuesto por el BBVA, ha declarado la nulidad del impugnado Auto de 20 de octubre de 2010, por considerarlo lesivo del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En consecuencia, coincidiendo con el Ministerio Fiscal, debemos considerar que ha decaído el primer motivo de amparo invocado por los demandantes, al estar dirigido precisamente contra esa misma resolución.
Descendiendo a las circunstancias del presente caso, está fuera de toda duda que en el procedimiento de diligencias preliminares se planteó una cuestión que afectaba directamente a los demandantes de amparo, pues eran sus datos personales los que la entidad BBVA tenía que poner a disposición de la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España. Asimismo, es notorio que la comunicación de datos personales de clientes puede entrañar una lesión del derecho a la protección de datos de carácter personal. Y no lo es menos que tal derecho confiere a su titular ex art. 24.1 CE un indiscutible interés legítimo en el acceso a los procedimientos judiciales en los que pueda verse menoscabado el mismo.
Por cuanto antecede, procede otorgar el amparo a los demandantes y, de conformidad con el art. 55 LOTC, restablecerles en su derecho mediante la anulación de las providencias impugnadas, pero sin retroacción de las actuaciones procesales al momento en que se causó la lesión del art. 24.1 CE apreciada, pues habiendo dictado el órgano judicial una nueva resolución (Auto de 23 de mayo de 2012) coincidente con la pretensión de los demandantes de rechazo de la medida preliminar solicitada por la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros de España, por razones de economía procesal es preciso mantener la eficacia de esta última resolución.
Declarar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular las providencias de 30 de noviembre, 20 de diciembre y 22 de diciembre de 2010 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, recaídas en el procedimiento de diligencias preliminares núm. 1711-2010.
STC 96/2012, 7 de Mayo de 2012
STSJ Comunidad de Madrid 44/2016, 25 de Enero de 2016

References: resolución 
 resolución 
in fine
e contrario
 resolución 
 resolución