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Timestamp: 2019-09-15 10:45:50+00:00

Document:
Decreto legislativo del DOG nº 214 de 05/11/1999 - Xunta de Galicia
DOG Núm. 214 Viernes, 05 de noviembre de 1999 Pág. 12.973
La disposición adicional octava de la Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1999, autorizó al Gobierno gallego para la elaboración, en el plazo de un año, del texto refundido de la Ley 11/1992, de 7 de outubro, de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
En uso de dicha autorización se redactó el correspondiente texto refundido, en el que se incorporan al texto inicial de la Ley 11/1992 las modificaciones sufridas por esta desde su entrada en vigor, así como algunas actualizaciones terminológicas y correcciones gramaticales que no inciden en el fondo de la disposición.
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1º a) del Estatuto de autonomía para Galicia, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, y en el artículo 4.4º de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, a propuesta del conselleiro de Economía y Facenda, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Galicia y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión de siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve,
Artículo único.-De conformidad con la disposición adicional octava de la Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1999, se aprueba el texto refundido de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia, que se inserta a continuación.
Única.-Remisiones normativas a la Ley 11/1992.
Las remisiones y referencias normativas a la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia, se entenderán hechas, en lo sucesivo, al texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
Única.-Entrada en vigor.
El presente decreto legislativo y el texto refundido que se aprueba entrarán en vigor el día seguinte al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía y Hacienda
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE RÉGIMEN FINANCIERO
Y PRESUPUESTARIO DE GALICIA
Artículo 1º.-Concepto.
1. La Hacienda pública de Galicia está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico y financiero cuya titularidad le corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Constituyen materias propias de la Hacienda pública de Galicia, con independencia de la normativa que las regule, las seguintes:
a) El procedemento presupuestario en sus distintas fases de elaboración, gestión y liquidación.
b) El sistema de contabilidad a que debe someterse a la actuación económica de los órganos competentes del sector público gallego.
c) El régimen de su patrimonio.
d) La contratación en régimen de derecho administrativo.
e) La regulación de sus ingresos de derecho público y privado.
f) Las normas de asignación y gestión de los recursos públicos y el control de eficacia y eficiencia en el empleo de los mismos.
g) El endeudamiento y la concesión de avales y otras garantías.
h) La organización y regulación de la Tesorería.
i) Los procedimientos generales de funcionamento de los órganos responsables de la Hacienda pública gallega.
j) Las prerrogativas de la Hacienda pública gallega y las responsabilidades derivadas de la actuación de sus órganos y del persoal a su servicio.
k) Cualquier otra que tuviese relación con el contenido de la Hacienda pública gallega.
Artículo 2º.-Criterios y fines.
1. La distribución y gestión de los recursos públicos se realizará teniendo en cuenta criterios de eficacia y eficiencia.
2. La acción del Goberno para a prestación de servicios públicos y la dotación de infraestructuras públicas básicas y sociales de la Comunidad se hará conforme a los principios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial.
Artículo 3º.-Normativa reguladora.
1. Constituye el objeto de la presente ley la regulación de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin perjuicio de lo que se disponga en otras leyes especiales.
2. La actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirá:
a) Por la presente ley y por las demás leyes especiales y normas concordantes que sobre la materia dicte el Parlamento de Galicia.
b) Por las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
c) Por las normas reglamentarias que se dicten en el desarrollo de la presente ley.
3. Tendrán carácter supletorio las demás normas del ordenamiento jurídico administrativo y, en su defecto, el derecho privado respetando la prelación de normas del derecho civil gallego.
4. Las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma podrán contener normas relacionadas con su actividad económico-financiera con vigencia permanente o con vigencia temporal superior al período anual al que las mismas correspondan.
Cuando en dichas normas legales concurra alguna de estas circunstancias habrá que tener en cuenta lo siguiente:
a) De tratarse de normas de vigencia permanente, se establecerá así de forma expresa, incluyendo, en su caso, la tabla de derogaciones motivada por la entrada en vigor de la nueva norma legal.
b) De tratarse de normas de vigencia temporal, se definirá con precisión su plazo de vigencia y las normas de ordenamiento jurídico que quedan afectadas, así como los efectos sobre las mismas a la entrada en vigor de la nueva normativa a largo del prazo en el que a misma sea aplicable.
Artículo 4º.-Principios presupuestarios y control.
1. La actividad económica - financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia estará sometida al régimen de presupuesto anual y a los principios de control interno, de contabilidad y de unidad de caja que se determinan en la presente ley.
2. Todas las actividades que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o al manejo de fondos públicos deberán estar controladas o intervenidas conforme a las normas de esta ley y sometidas al régimen de rendimiento de cuentas al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones que los regulan.
3. La Intervención General de la Comunidad Autónoma será el órgano encargado de la execución de las funciones de control interno y de contabilidad reguladas en la presente ley.
4. La Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos, podrá exigir las indemnizaciones económicas que sean procedentes a los responsables de la custodia y del manejo de los fondos públicos por los perjuicios que pudiesen ocasionar, con independencia de las demás responsabilidades de carácter civil, penal o disciplinario en que pudiesen incurrir.
Artículo 5º.-Reserva legal.
Se regularán por ley del Parlamento de Galicia las siguientes materias:
a) Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos de la Xunta de Galicia y de los organismos autónomos en los termos contemplados en esta ley.
b) El establecimiento, la modificación o la supresión de los sus propios tributos y de las exenciones y bonificaciones que les afecten.
c) El establecimiento, la modificación y la supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.
d) La emisión y el régimen de la deuda pública y demás operaciones de crédito.
e) El régimen de patrimonio de la Comunidad Autónoma.
f) La creación y supresión de los organismos autónomos en los términos que se prevén en esta ley.
g) Los convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas previstos en el artículo 35 del Estatuto de autonomía.
h) El régimen y a concesión de avales y otras garantías por la Comunidad Autónoma.
i) La coordinación presupuestaria de las diputaciones provinciales de Galicia, en concordancia con la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.
j) Las demás materias relativas a la Hacienda pública gallega que, según las leyes, se deban regular con este rango.
Artículo 6º.-Competencia del Consello de la Xunta.
Será competencia del Consello de la Xunta en el marco de las materias reguladas en esta lei:
a) La determinación de las directrices básicas de política económica y financiera, de acuerdo con el Estatuto de autonomía de Galicia.
b) La elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
c) La autorización de los gastos que según las leyes requieran su aprobación.
d) La aprobación de los reglamentos para su aplicación.
e) Cualquier otra que precise conocimiento o aprobación de la Xunta y cuya competencia no esté reservada al Parlamento de Galicia.
Artículo 7º.-Competencia de la Consellería de Economía y Hacienda.
Será competencia de la Consellería de Economía y Hacienda:
a) La administración, gestión y recaudación de los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
b) La ordenación de pagos en los términos establecidos en la presente ley.
c) La elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
d) El control de eficacia y eficiencia respecto a los objetivos previstos en los presupuestos generales de la Comunidad.
e) El ejercicio directo de las demás funciones de control interno reguladas en esta ley y la dirección y ejecución de la contabilidad pública.
f) La ejecución o dirección de la política económica y financiera aprobada por la Xunta, en la forma que ésta determine.
g) El desarrollo de las actividades inherentes al ejercicio de la tutela financiera sobre los entes locales, que tiene atribuida la Comunidad en el artículo 49º del Estatuto de autonomía.
h) Las funciones ejecutivas en materia de ordenamiento y control de las instituciones de crédito corporativo público y territorial y de las cajas de ahorro que operen en su territorio, en los términos previstos en el artículo 30º del Estatuto de autonomía.
i) Las demás funciones y competencias que le asigne la normativa legal vigente.
Artículo 8º.-Competencia de las consellerías.
Será competencia de las consellerías:
a) La elaboración de su anteproyecto de presupuesto.
b) La administración y gestión de los créditos para gastos incluidos en los presupuestos y que estén adscritos a las mismas.
c) La autorización de los gastos propios de la consellería, salvo que la misma esté reservada al Consello de la Xunta.
d) La propuesta del pago de obligaciones a la Consellería de Economía y Hacienda.
e) Las demás que les confiera la normativa legal vigente.
Artículo 9º.-Competencia de los organismos autónomos.
1. Son funciones de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) La elaboración de su anteproyecto de presupuestos de gastos y ingresos.
b) La administración, gestión y recaudación de sus propios derechos económicos.
c) La autorización de los gastos contenidos en sus presupuestos y la ordenación de sus pagos.
d) Las demás que les atribuyan las normas legales vigentes.
2. Lo previsto en el apartado 1 anterior se entiende sin perjuicio de lo que pudiese establecerse en uso de lo dispuesto en el artículo 11º.2.
Artículo 10º.-Prerrogativas.
A la Comunidad Autónoma de Galicia, en el ejercicio de las competencias a las que se refiere la presente ley, le corresponderán en todo momento las mismas prerrogativas e idéntico trato fiscal que la ley tenga establecidos para el Estado.
Artículo 11º.-Organismos autónomos.
1. Para el ejercicio de la actividad económico-financiera, la Comunidad Autónoma de Galicia, en el seno de su propia Administración pública, podrá crear organismos autónomos.
Los organismos autónomos son entes institucionales de derecho público que realizan funciones o actividades de competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización administrativa. Tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los de la Xunta de Galicia, y podrán ser de dos clases:
a) Organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos, que serán aquellos que realicen de forma principal actividades de esta naturaleza o cualquier otra de carácter mercantil.
b) Organismos autónomos administrativos, que serán todos aquellos en los que no concurra alguna de las circunstancias indicadas en el apartado anterior.
2. La creación y supresión de los organismos autónomos se realizará por ley.
3. A los organismos autónomos le serán aplicables los preceptos de esta ley y los demás que se dicten sobre materias no reguladas en la misma, y gozarán de las prerrogativas y de los beneficios fiscales que se establezcan en las leyes para las entidades públicas de tal naturaleza.
Artículo 12º.-Sociedades públicas autonómicas.
1. Son sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia a efectos de esta ley:
a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital exista participación mayoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad o de sus organismos autónomos y las demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma.
b) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que por ley tengan que adecuar su actividad al ordenamiento jurídico privado.
2. Las sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en las que les sea aplicable la presente ley.
3. La creación de las sociedades a las que se refiere la letra a) del número 1 anterior, así como los actos de adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, medida ésta en los términos indicados en dicha letra, requerirán acuerdo del Consello de la Xunta.
4. La actividad de las sociedades públicas gallegas la coordinará la Administración de la Hacienda pública de la Comunidad, en los términos previstos en las leyes.
Artículo 13º.-Convenios, acuerdos y transferencias.
1. En los convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios de exclusiva competencia de las mismas, y en los acuerdos de cooperación que se suscriban a tenor de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 35º del Estatuto de autonomía, deberán establecerse las cláusulas precisas para asegurar en todo momento la aplicación de la presente ley en el caso de que se proceda a comprometer recursos de la Hacienda pública gallega para el desarrollo de los mismos.
2. En los casos en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 36º del Estatuto de autonomía, se transfieran o deleguen a la Comunidad Autónoma facultades y competencias no asumidas en el mismo, que por su naturaleza den origen al manejo y a la distribución de los fondos públicos, serán aplicables a la gestión financiera de dichos fondos los preceptos de la presente ley, sin perjuicio de las formas de control que se reserve el Estado.
Del contenido de la Hacienda de la Comunidad
Artículo 14º.-Recursos de la Hacienda autonómica.
Constituyen derechos económicos de la Hacienda pública gallega:
1. Los rendimientos de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales que establezca la Comunidad Autónoma.
2. Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado.
3. La participación en los ingresos del Estado por impuestos directos e indirectos, incluidos los monopolios fiscales.
4. Las dotaciones para la nivelación de los servicios mínimos.
5. El importe de los precios derivados de los servicios prestados por la Comunidad o por la concesión de cánones por aprovechamientos especiales, ya sean de propia creación o como consecuencia de traspasos de los servicios estatales.
6. Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial o de otros fondos de análoga naturaleza.
7. Los recargos sobre impuestos estatales.
8. Cualquier otra asignación a favor de la Comunidad Autónoma contemplada en los presupuestos generales del Estado o en los de otros entes públicos.
9. El producto de la emisión de la deuda pública y del recurso al crédito.
10. Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
11. Los legados, las donaciones y cualquier otro ingreso de derecho privado.
12. El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de su competencia.
13. En su caso, las participaciones que establezcan las leyes en los ingresos por tributos del Estado para recuperar los costes sociales producidos por actividades contaminantes o que deterioren el medio ambiente o que generen riesgos de especial gravedad para el medio físico y humano de Galicia.
14. Las subvenciones que pueda recibir la Comunidad Autónoma.
15. Cualquier otro recurso de derecho público o privado que obtenga o le corresponda a la Comunidad Autónoma.
Artículo 15º.-Destino.
Los recursos de la Comunidad Autónoma gallega y de cada uno de sus organismos autónomos estarán destinados a satisfacer el conjunto de sus obligaciones respectivas, salvo que por ley se establezca su afectación para fines determinados.
Artículo 16º.-Administración de los recursos.
1. La administración general de los recursos de la Hacienda pública gallega, así como la dirección y la coordinación general de sus procedimientos, corresponde a la Consellería de Economía y Hacienda, con los controles que la ley establezca.
2. En la misma forma, corresponde a los órganos rectores de los organismos autónomos y demás entes públicos con personalidad jurídica propia la administración de los recursos específicos que les correspondan para el cumplimiento de sus fines.
3. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de los recursos de la Hacienda pública gallega dependerán de la Consellería de Economía y Hacienda o de los órganos de administración de los organismos autónomos, y demás entes públicos, en todo lo relativo a su gestión, aplicación y rendimiento de cuentas.
4. Estarán obligadas a la prestación de fianza aquellas personas o entidades que manejen fondos o valores públicos, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.
Artículo 17º.-Gestión de los tributos.
1. La gestión, incluyendo todas las fases del procedimiento, de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, de los impuestos cedidos y de los recargos sobre impuestos del Estado que pueda establecer la Comunidad Autónoma se ajustará:
a) A las disposiciones del Estatuto de autonomía.
b) A lo dispuesto en la presente ley.
c) A las demás leyes del Parlamento de Galicia.
d) A las disposiciones reglamentarias aprobadas por la Xunta en desarrollo de esta ley y demás leyes citadas.
e) A las normas de desarrollo que las leyes o los reglamentos autoricen dictar al conselleiro de Economía y Hacienda.
f) A la Ley general tributaria y a las disposiciones dictadas en su desarrollo, con la consideración de derecho supletorio en los casos en los que sea preceptiva su aplicación.
2. En la gestión de los tributos cedidos por el Estado se tendrá en cuenta además lo que disponga la correspondiente normativa.
Artículo 18º.-Disponibilidad de bienes y derechos.
1. La gestión de los bienes patrimoniales y de sus rendimientos, tanto de la Comunidad Autónoma como
de sus organismos autónomos, se ajustará a lo dispuesto en las leyes del Parlamento de Galicia aplicables en cada caso.
2. No podrán ser enajenados, gravados ni arrendados los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo en los supuestos y en las condiciones previstas en las leyes.
3. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a favor de la Hacienda pública gallega, salvo en los casos y en la forma que se determinen en las leyes.
Artículo 19º.-Garantías.
1. Para realizar el cobro de los tributos y demás recursos de derecho público que correspondan, la Hacienda pública gallega estará en posesión de las prerrogativas legalmente establecidas, gozando en todo momento de las mismas facultades y garantías que las demás administraciones públicas de ámbito estatal o territorial.
2. Las certificaciones acreditativas del descubierto ante la Hacienda de la Comunidad de las deudas por tributos y demás ingresos de derecho público, expedidas por los funcionarios competentes según los reglamentos, serán títulos suficientes para iniciar su cobro por la vía de apremio y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.
3. La efectividad de los derechos de la Hacienda de la Comunidad no contemplados en el apartado l del artículo 21º se exigirá de acuerdo con las normas de procedimiento aplicables en cada caso.
Artículo 20º.-Suspensión del procedimiento de apremio.
1. En ningún caso se podrán suspender los procedimientos administrativos de apremio en virtud de recursos interpuestos por los interesados, si no se realiza el pago del débito, se consigna su importe o se garantiza éste en la forma reglamentariamente establecida.
2. Si contra dichos procedimientos se estableciesen reclamaciones en concepto de tercería o por otra acción de carácter civil, por persona que no tenga ninguna responsabilidad con la Hacienda de la Comunidad en virtud de obligación o gestión propia o transmitida, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la parte que se refiera a los bienes o derechos controvertidos, una vez que se efectuase su embargo ou, en su caso, su anotación preventiva en el registro público correspondiente, y se sustanciará este incidente en la vía administrativa como trámite previo a la judicial.
3. Cuando las reclamaciones formuladas en vía administrativa fuesen denegadas, proseguirá el procedimiento de apremio a no ser que de la execución puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación; en tal caso la Administración pública podrá acordar la suspensión de aquel, siempre que se adopten las medidas reglamentarias de aseguramiento de los respectivos créditos.
4. Asimismo podrá suspenderse el procedimiento de apremio sin los requisitos establecidos en el punto l de este artículo si el interesado demuestra que ha existido en su perjuicio error material o aritmético en la determinación de la deuda que se le exija.
5. Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades debidas a la Hacienda de la Comunidad en los casos y con los procedimientos que reglamentariamente se establezcan. Dichas cantidades devengarán intereses de demora y deberán garantizarse excepto en los casos siguientes:
a) Cuando sean inferiores a la cifra que, por norma jurídica de rango suficiente, fije la Consellería de Economía y Hacienda.
b) Cuando el deudor carezca de bienes o créditos suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectase al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad del sector económico respectivo, o bien produciese graves quiebras para el interés de la Comunidad Autónoma, si así lo acuerda el conselleiro de Economía y Hacienda.
Artículo 21º.-lntereses de demora.
1. Las cantidades debidas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma por los conceptos contemplados en este capítulo devengarán intereses de demora desde el día seguinte al de su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda de la Comunidad que no sean ingresadas en la Tesorería en los plazos establecidos.
2. El tipo de interés aplicable será el que corresponda en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58º.2 de la Ley general tributaria.
Artículo 22º.-Integridad de la Hacienda.
1. No se podrá transigir sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante decreto acordado por la Xunta de Galicia.
2. La suscrición por la Hacienda de la Comunidad de los acuerdos de convenios en procesos concursales previstos en la Ley de enjuiciamiento civil y en la Ley de suspensión de pagos requerirá únicamente autorización del conselleiro de Economía y Hacienda.
3. Los actos y contratos realizados en perjuicio de la Hacienda de la Comunidad por los que resulten deudores de la misma serán rescindibles conforme a las disposiciones legales que les sean aplicables.
Artículo 23º.-Prescripción.
l. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los diferentes recursos, prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda de la Comunidad:
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, computándose el citado plazo desde el día en el que el derecho pudo ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, que se contará desde la fecha de su notificación o, si esta no fuese preceptiva, desde su vencimiento.
2. En todo caso, el plazo de prescripción a que se refiere el punto anterior será de cuatro años para todos los recursos derivados de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
3. La prescripción quedará interrumpida:
a) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
b) Si el deudor reconociese fidedignamente la deuda.
c) Si la administración exigiese directamente su pago por escrito.
4. Los derechos declarados prescritos serán dados de baja en cuentas, previa tramitación del oportuno expediente, en el que, en su caso, se declarasen las responsabilidades a que hubiese lugar, salvo que procediese su tramitación en pieza separada en la forma dispuesta en el título VI de esta ley.
5. Se autoriza al conselleiro de Economía y Hacienda para que pueda disponer la no liquidación de deudas o a anulación y baja en contabilidad de deudas ya liquidadas cuando su ejecución resulte antieconómica. A estos efectos, dicha consellería determinará previamente el límite cuantitativo en el que se considere que se produce tal efecto.
Artículo 24º.-Nacimiento y exigibilidad.
1. Las obligaciones económicas de la Comunidad y de sus organismos autónomos nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos y hechos que, conforme a derecho, las generen.
2. El pago de las obligaciones sólo será exigible a la Hacienda de la Comunidad en la medida que resulte de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.
3. Cuando dichas obligaciones tengan por causa prestaciones o servicios a la Administración de la Comunidad, el pago no podrá realizarse mientras el acreedor no cumpla o garantice, conforme a la ley, su respectiva obligación.
Artículo 25º.-Inembargabilidad.
1. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar ni dictar mandamiento de ejecución o providencia de embargo contra los derechos, fondos, valores y demás bienes de la Hacienda de la Comunidad.
2. El cumplimiento de las resoluciones que determinen obligaciones a cargo de la Comunidad o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a la autoridad administrativa que sea competente. Si no existiese crédito en el presupuesto en vigor o fuese insuficiente el disponible, se solicitará del Parlamento dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución, la concesión de
un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito.
Artículo 26º.-Intereses.
Si el pago de las obligaciones de la Comunidad no se le hiciese efectivo al acreedor en el plazo de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la propia obligación, este tendrá derecho al abono de los correspondientes intereses de demora sobre la cantidad debida al tipo establecido en el apartado 2 del artículo 21º siempre que reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
Artículo 27º.-Prescripción.
1. Salvo lo establecido en las leyes especiales, prescribirán a los cinco años:
a) El derecho al reconocimiento o a la liquidación de toda obligación, computándose el plazo desde el momento en el que ésta sea exigible conforme a derecho.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones reconocidas o liquidadas. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o de la liquidación de la respectiva obligación.
2. La petición por escrito del reconocimiento o del cumplimiento de la obligación, o de la efectividad de su pago, por parte de los acreedores legítimos, o de los que se subroguen en sus derechos, mediante la presentación de los documentos justificativos de su derecho, interrumpirá la prescripción, según lo dispuesto en el Código civil, salvo lo establecido en leyes especiales.
3. Las obligaciones que prescribiesen serán dadas de baja en las cuentas respectivas, previa tramitación del oportuno expediente.
De las operaciones de endeudamiento
Artículo 28º.-Endeudamiento.
Constituye el endeudamiento público los capitales tomados a préstamo por la Xunta de Galicia o por sus organismos autónomos. La emisión de deuda pública o la concertación de otras operaciones de crédito, su administración, conversión o extinción, así como la prescripción de los capitales y de sus intereses, se regularán por las disposiciones de esta ley.
Artículo 29º.-Denominación y autorización.
1. Las operaciones de crédito y la emisión de deuda pública las podrán llevar a cabo la Comunidad o sus organismos autónomos, recibiendo en el primer caso la denominación de «Deuda de la Comunidad Autónoma de Galicia» y en el segundo la de «Deuda de los organismos autónomos».
2. El endeudamiento, tanto de la Comunidad Autónoma como de sus organismos autónomos, tendrá que ser autorizado por ley, la cual, sin perjuicio de fijar cualquier otra característica de las operaciones de endeudamiento por realizar, deberá señalar el importe
máximo autorizado. La Xunta de Galicia podrá determinar a lo largo del período de autorización límites inferiores a dicho importe si así lo aconsejasen circunstancias de política económica.
Artículo 30º.-Destino.
1. La deuda y demás operaciones de crédito concertadas por la Comunidad o por sus organismos autónomos por plazo superior a un año se destinarán exclusivamente al financiamento de gastos de capital.
2. La cuantía de las anualidades de amortización, incluido capital y intereses, no podrá exceder del 25% de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
Artículo 31º.-Deuda de Tesorería.
1. En el endeudamiento que la Comunidad Autónoma lleve a cabo con personas físicas o xurídicas para atender necesidades transitorias de Tesorería, cualquiera que sea la forma como se documente, el plazo de reembolso será inferior a un año.
En la ley de presupuestos de cada año se autorizará el límite máximo de estas operaciones para cada ejercicio.
2. El producto de la deuda de Tesorería a que se refiere el apartado anterior se contabilizará independientemente en las cuentas de operaciones del Tesoro. Los gastos e intereses que motive serán imputados al presupuesto de la Comunidad antes del cierre del ejercicio, y a dicha deuda será aplicable, de proceder, lo establecido en los artículos 38º y 39º de esta ley.
3. En todo caso, a partir del momento en el que el montante total anual de estas operaciones transitorias exceda del 5% del estado de gastos, se deberá dar cuenta trimestralmente al Parlamento de la evolución de las mismas.
Artículo 32º.-Importe máximo.
1. En las autorizaciones de endeudamiento incluidas en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad y en otras leyes especiales, el importe máximo autorizado deberá entenderse, salvo disposición contraria, como variación neta de la posición deudora de la Comunidad o de cada uno de los organismos autónomos a los que dicha autorización se refiera, computada a la finalización del período al que se extienda la autorización.
2. Queda excluido de lo dispuesto en el párrafo anterior la deuda de Tesorería a que se refiere el artículo 31º.
Artículo 33º.-Autorización de la emisión o contracción.
1. Las emisiones de deuda pública o operaciones de crédito que realicen la Comunidad o sus organismos autónomos tendrán que ser autorizadas, en todo caso, por el conselleiro de Economía y Hacienda dentro de los límites señalados por la ley, al que le corresponderá asimismo autorizar las características técnicas de las mismas y su tipo de interés, si éstos no fuesen determinados por su ley de creación.
Tales actos de endeudamiento, cuando éste tenga un plazo de vencimiento superior a un año, podrán ser formalizados dentro del ejercicio presupuestario en el que la ley autorice su creación o del ejercicio siguiente.
2. Cuando se trate de conseguir una mejor administración de la deuda pública emitida o de las operaciones de crédito formalizadas, la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, podrá acordar su conversión o renegociación, y dará cuenta al Parlamento de Galicia dentro de los treinta días siguientes y siempre que no se altere el equilibrio financiero de aquellas, ni se perjudiquen, en su caso, los derechos económicos de los poseedores.
Artículo 34º.-Contabilización.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36º, el producto de las emisiones continuas de títulos de pago o cualquier otro título emitido por la Comunidad Autónoma con vencimiento igual o inferior a dieciocho meses, así como el importe de las amortizaciones de los mismos, se contabilizarán independientemente en cuentas de Tesorería, aplicándose el saldo neto de dichas operaciones, al final del ejercicio presupuestario, al presupuesto de la Comunidad.
Los gastos por intereses o de cualquier otra naturaleza derivados de su emisión o amortización se aplicarán al presupuesto siguiendo las normas generales determinadas en esta ley.
Artículo 35º.-Suscrición y transmisión.
1. La deuda pública podrá estar representada por títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca.
2. En la suscrición y transmisión de la deuda pública negociable sólo será preceptiva la intervención de fedatario público cuando aquella esté representada por títulos valores y así lo disponga la legislación aplicable a los mismos. No será preceptiva, en todo caso, para las operaciones con títulos de pago o títulos análogos emitidos por la Comunidad o sus organismos autónomos en los que los títulos-valores se extingan por su transformación en anotaciones en cuenta.
Artículo 36º.-Aplicación presupuestaria.
El producto que se obtenga de la deuda pública y demás operaciones de crédito, así como su amortización y intereses, aplicarase al presupuesto de la Comunidad o de sus organismos autónomos correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34º.
Artículo 37º.-Competencia y atribuciones del conselleiro de Economía y Facenda.
Con las limitaciones que se derivan del contenido del presente capítulo, se faculta al conselleiro de Economía y Hacienda para:
1. Proceder a autorizar la emisión o contracción de deuda pública y demás operaciones de crédito de la Comunidad o de sus organismos autónomos respectivos, determinando su representación en títulos-valores, títulos de pago u otros documentos que formalmente la reconozcan; señalar o concertar su pla
zo, tipo de interés y demás características; y formalizar, en su caso, en representación de la Comunidad Autónoma, tales operaciones, pudiendo delegar dicha representación en un funcionario de la consellería cuando la formalización de la operación se realice en el extranjero.
2. Utilizar para la colocación de emisiones de deuda pública cualquier técnica financiera relativa a su oferta, intereses, plazo o cualquier otra condición de las mismas, siempre que su uso no represente la creación de situaciones distintas a las derivadas de las prácticas usualmente aceptadas en los mercados financieros.
3. Proceder de acuerdo con las condiciones de la emisión o de la contracción, o de mutuo acuerdo con los acreedores, al reembolso anticipado total o parcial de la deuda pública o de los préstamos concertados o a la modificación de alguna de sus condiciones cuando la situación del mercado u otras circunstancias así lo aconsejen.
4. Cualquier otra operación usual en el mercado financiero, siempre que no perjudique a los acreedores o se realice de común acuerdo con estos y no esté expresamente excluida por la normativa aplicable.
5. Encomendarles el ejercicio de las facultades expuestas en los números anteriores en relación con la deuda pública emitida o contraída por los organismos autónomos a sus correspondientes órganos rectores.
Artículo 38º.-Beneficios.
l. La deuda pública de la Comunidad gozará de los mismos beneficios que la deuda pública del Estado y se sujetará a las demás normas que le sean aplicables según su modalidad y características, y conforme a lo previsto por las leyes.
2. A los títulos al portador de la deuda pública que fuesen robados o hurtados, o que sufriesen extravío o destrucción, les será aplicable el procedimiento previsto por la legislación mercantil, salvo que se dictasen procedimientos administrativos especiales que total o parcialmente sustituyesen a aquel.
Artículo 39º.-Prescripción.
La obligación de reembolso de los capitales de la deuda pública y el pago de sus intereses prescribirán de acuerdo con el procedimiento y con los plazos establecidos por la normativa vigente para la deuda pública del Estado.
Artículo 40º.-Garantía por aval.
1. La Comunidad Autónoma podrá afianzar las obligaciones derivadas de créditos concertados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con domicilio social en Galicia, mediante el otorgamiento del correspondiente aval de la Tesorería, en la forma establecida en la presente ley.
2. Los citados avales los autorizará la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, y serán publicados en el Diario Oficial de Galicia.
Artículo 41º.-Importe.
El importe máximo de los avales que podrá conceder la Comunidade Autónoma durante el año será determinado en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad.
Artículo 42º.-Beneficiarios.
1. La Comunidad Autónoma podra avalar las operaciones de crédito que a favor de sus organismos autónomos, sociedades públicas y corporaciones locales sitas en su territorio concedan las entidades de crédito legalmente establecidas.
Asimismo podrá prestarles un segundo aval a las empresas privadas que tengan fijado su domicilio social o la radicación de sus negocios en Galicia.
2. Los créditos avalados en la forma indicada en el apartado anterior, en el caso de que los beneficiarios sean empresas privadas, solamente podrán tener como finalidad financiar la creación, reconversión y reestructuración de medianas y pequeñas empresas que, mediante la presentación de un plan económico-financiero, demuestren la capacidad y el dimensionamiento necesario para hacer viable su continuidad. En este supuesto cada aval individualizado no podrá exceder del 2% del límite global autorizado en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad.
3. La Intervención General de la Comunidad Autónoma controlará la debida aplicación de los créditos avalados.
Trimestralmente darase cuenta al Parlamento de los avales existentes, de los nuevos avales concedidos y, en su caso, de los riesgos efectivos a los que la Tesorería de la Comunidad tuviese que hacer frente.
Artículo 43º.-Obligaciones.
1. Los avales otorgados por la Comunidad Autónoma tendrán carácter subsidiario y obligarán a su Tesorería por el importe del principal y de los intereses sólo en el caso de no poder satisfacerlos el deudor principal o el primer avalista.
2. Podrá convenirse la renuncia al beneficio de excusión previsto en el artículo 1.830 del Código civil si se garantizasen créditos concertados por sus organismos autónomos y entes públicos, corporaciones locales existentes en su territorio o, para cada caso, si se autorizase dicha renuncia por ley del Parlamento de Galicia.
3. Los avales otorgados por la Comunidad Autónoma se documentarán en la forma en la que reglamentariamente se determine y devengarán a favor de su Tesorería la comisión que para cada caso se establezca.
Artículo 44º.-Autorización legal.
Para la concesión de cualquier otra forma de aval de la no prevista en el presente capítulo será precisa autorización mediante la correspondiente ley, la que determinará por lo menos la identidad de los avalados y el límite y plazo del correspondente aval.
Artículo 45º.-Avales de los organismos autónomos.
1. Los organismos autónomos y entes públicos podrán prestar avales dentro del límite máximo fijado con esta finalidad para cada ejercicio por la correspondente ley de presupuestos generales, siempre que los beneficiarios sean sociedades públicas o mercantiles en cuyo capital participen. De los avales que concedan, así como de la situación de los existentes, deberán rendirle cuenta anual a la Consellería de Economía y Hacienda.
Sin embargo, el Instituto Gallego de Promoción Económica podrá conceder avales, dentro del límite máximo fixado, a aquellas empresas privadas, participadas o no por este instituto, y para aquellas operaciones que reúnan las condiciones y cumplan los requisitos que se establezcan por acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda. El citado acuerdo se publicará en el Diario Oficial de Galicia.
Asimismo, a los avales concedidos en virtud de este artículo deberá dárseles publicidad en el Diario Oficial de Galicia.
2. Los avales así concertados cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 43º.1 de la presente ley, salvo acuerdo de la Xunta autorizando a la renuncia del beneficio de excusión previsto en el artículo 1.830 del Código civil.
Artículo 46º.-Concepto.
4. Previa autorización del conselleiro de Economía y Hacienda podrán gestionarse y contabilizarse como operaciones extrapresupuestarias aquellas en las que la actividad de la Comunidad y de sus organismos autónomos se limite a la realización de funciones de intermediación en su gestión.
Artículo 47º.-El ejercicio presupuestario.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del correspondente ejercicio, como consecuencia de adquisiciones, obras, suministros, prestaciones de servicios u otro tipo de gastos realizados con cargo a los créditos respectivos dentro del correspondiente año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 60º.
Artículo 48º.-Contenido.
1. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma estarán integrados por:
a) El presupuesto de la Comunidad.
b) Los presupuestos de los organismos autónomos.
c) Los presupuestos de explotación y capital de las sociedades públicas.
d) Los presupuestos de los demás entes públicos a que hace referencia el artículo 12º de la presente ley.
c) Los estados financieros de los organismos autónomos comerciales, industriales o financieros a que hace referencia el artículo 11º de la presente ley.
d) Los estados financieros de las sociedades públicas.
Artículo 49º.-Estructura.
a) Los estados de gastos se confeccionarán aplicando una clasificación funcional por programas. Asimismo, las clasificaciones orgánica y económica informarán, respectivamente, sobre el agente que realiza el gasto y la natureza del mismo.
b) Para cada programa de gasto se establecerán los objetivos que se pretenden conseguir con los recursos que se le asignen, así como siempre que sea posible
los indicadores de seguimiento que se consideren adecuados para analizar el grado de consecución de los mismos.
Artículo 50º.-Competencias de las consellerías.
1. Corresponde a la Consellería de Economía y Hacienda determinar con carácter general las estructuras básicas de los presupuestos y los demás estados financieros correspondentes a la Comunidad, a sus organismos autónomos y a los demás entes y sociedades públicas.
Artículo 51º.-Elaboración de los presupuestos generales.
4. Teniendo en cuenta los estados de ingresos y gastos mencionados y el marco macroeconómico en el que se contenga la previsible actividad económica del ejercicio presupuestario siguiente, la Consellería de Economía y Hacienda formulará el anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y lo someterá a acuerdo de la Xunta.
Dentro de dicho anexo de inversiones reales se distinguirán los proyectos de inversión en vinculantes y no vinculantes. Los créditos destinados a proyectos de inversión a los que se les dé carácter vinculante no podrán destinarse a la financiación de otros proyectos, salvo por autorización del conselleiro de Economía y Hacienda. Trimestralmente se comunicará a la Comisión 3ª, de Economía, Hacienda y Presupuestos, del Parlamento de Galicia la relación de las autorizaciones realizadas, en el caso haberlas.
Artículo 52º.-Remisión al Parlamento.
Artículo 53º.-Presupuestos de las diputaciones provinciales.
La Xunta remitirá igualmente al Parlamento de Galicia los presupuestos de las diputaciones provinciales, a los efectos previstos en la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía y en la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.
Artículo 54º.-Prórroga de los presupuestos generales.
2. Durante el período de prórroga será aplicable a los estados de gastos resultantes de lo dispuesto en el apartado anterior el contenido en el capítulo II deste título III.
4. La Consellería de Economía y Hacienda confeccionará asimismo los estados de ingresos que tendrán vigencia durante el período de prórroga y que se elaborarán en función de las previsiones que puedan derivarse bien de la liquidación de los presupuestos de ingresos del ejercicio prorrogado o de cualquier otro dato válido para sustentar dichas previsiones, siempre que no suponga la introducción de ningún cambio en la normativa legal vigente durante cuyo ejercicio se prorroga el presupuesto.
Artículo 55º.-Derechos y obligaciones reconocidas.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el punto anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.
Artículo 56º.-Autorización de créditos.
4. En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desglose económico con el que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas y los declarados ampliables conforme al artículo 64º de esta ley.
Artículo 57º.-Nulidad de obligaciones.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número 1 anterior aquellos compromisos de gastos que reglamentariamente se determinen, cuando la imputación corresponda a créditos ampliables o que se adquieran como consecuencia de las necesidades propias del normal funcionamiento de los servicios y su importe
exacto sea de difícil previsión por corresponder a obligaciones de tracto sucesivo.
Artículo 58º.-Gastos plurianuales.
1. Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, aunque que su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente, cuando su contenido coincida con los que a continuación se especifican:
b) Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de ley.
g) Convenios con universidades y otras instituciones o centros docentes cuando aquellos deban ejecutarse durante cursos académicos coincidentes con dos ejercicios presupuestarios.
3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos incluidos en las letras a), b), c), f) y g) del número 1 no podrá ser superior a cuatro, quedando reducido a dos años en los trabajos específicos y no habituales.
El gasto que en estos casos se comprometa con cargo a ejercicios futuros no podrá exceder del resultado de aplicar al crédito inicial, a nivel de concepto, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente el 70%, en el segundo ejercicio el 60% y en los ejercicios tercero y cuarto el 50%.
El total de los importes comprometidos con cargo a ejercicios futuros en el conjunto de los conceptos que definen un nivel de vinculación no podrá superar los porcentajes arriba indicados, calculados sobre el crédito inicial, de ese conjunto de conceptos.
4. También podrá ser diferido el pago del precio de compra de las adquisiciones de bienes inmuebles cuando el importe exceda de 350 millones de pesetas, sin que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 30% del precio, pudiendo distribuirse libremente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas a los respectivos vencimientos dentro de las limitaciones del punto anterior.
5. Con independencia de lo establecido en los números anteriores para los programas y proyectos de gastos de capital que se especifiquen en las leyes de presupuestos, podrán adquirirse compromisos de gastos
que tengan que extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.
A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a que se refiere el número 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos créditos, una vez deducida la anualidad correspondiente a estos proyectos.
6. El Consello de la Xunta, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, podrá modificar los porcentajes señalados en el número 3 de este artículo y los importes que se fijen conforme a lo dispuesto en el número 5, así como modificar el número de anualidades en casos especialmente justificados, a petición de la correspondiente consellería y previos los informes que se estimen oportunos, y, en todo caso, del de la dirección general competente en materia de presupuestos.
Artículo 59º.-Anulación de créditos.
Artículo 60º.-Regulación de obligaciones.
1. Con cargo a los créditos consignados en los estados de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, prestaciones de servicios y demás gastos en general que hayan sido realizados en el año natural del correspondiente ejercicio presupuestario.
a) Las que resulten del reconocimiento y de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
En aquellos casos en los que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, por iniciativa de la consellería correspondiente, el conselleiro de Economía y Hacienda podrá determinar los créditos a los
que se les deberá imputar el pago de estas obligaciones.
Artículo 61º.-Normativa aplicable.
Artículo 62º.-Créditos extraordinarios y suplementos.
2. A pesar de lo indicado en el punto anterior, si la necesidad de crédito extraordinario o de suplemento de crédito se produce en un organismo autónomo y los mismos no suponen aumento en los créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma, se observarán las siguientes normas:
Artículo 63º.-Anticipos de Tesorería.
La Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, podrá excepcionalmente conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables, hasta un límite del 2% de los créditos autorizados por la Ley de presupuestos generales de la Comunidad, en los siguientes casos:
c) Si el Parlamento de Galicia no aprobase el proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario o del suplemento de crédito, el importe del anticipo de Tesorería será cancelado mediante minoración en los créditos que ocasionen menor trastorno en los servicios públicos de la respectiva consellería u organismo autónomo.
Artículo 64º.-Créditos ampliables.
g) Los créditos cuya ejecución corresponda a una consellería y que su cuantía se module por la aportación de otras consellerías u organismos autónomos,
previa retención del crédito correspondiente en los estados de gasto afectados. A estos créditos no les serán aplicables las limitaciones a que se refiere el artículo 68º de esta ley.
Artículo 65º.-Competencias del Consello de la Xunta.
Artículo 66º.-Facultades de la Consellería de Economía y Hacienda.
Corresponden al conselleiro de Economía y Facenda, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de las consellerías, las siguientes de carácter específico:
b) Autorizar transferencias de crédito entre uno o varios programas incluidos en la misma o distinta función, dentro del mismo grupo de funciones, corres
pondientes a servicios u organismos autónomos de una misma consellería, con la creación de nuevos conceptos presupuestarios, si ello fuese preciso.
La consellería o el organismo autónomo que solicite la transferencia deberá xustificar la imposibilidad de atender las insuficiencias mediante reajuste de sus créditos. A tal efecto deberá procederse a una revisión de conjunto de los oportunos programas de gasto, poniendo de manifiesto las desviaciones que en la consecución de los objetivos previstos motivaría la modificación presupuestaria propuesta.
d) Introducir, previo informe de la consellería correspondiente, las variaciones que sean precisas en los presupuestos de servicios transferidos del Inserso y del Insalud, al objeto de adaptarlos a los resultantes de la aprobación por las Cortes Generales de los presupuestos generales de la Seguridad Social.
Artículo 67º.-Facultades de los conselleiros.
2. En caso de discrepancia con el informe emitido por la Intervención Delegada sobre la modificación presupuestaria propuesta, se remitirá el expediente a la Consellería de Economía y Hacienda a los efectos previstos en el artículo 66º a) de la presente ley.
Artículo 68º.-Limitaciones.
3. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de créditos que se refieran al programa de imprevistos y funciones no clasificadas, ni serán aplicables cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas, de acuerdos de transferencias de servicios o que amparen gastos financiados exclusivamente o cofinanciados con las comunidades europeas.
4. Los créditos correspondientes a financiación condicionado estarán sujetos a las limitaciones específicas que les sean aplicables; de no existir éstas será aplicable el determinado en el número 1 de este artículo.
Artículo 69º.-Generación de crédito.
2. Las generaciones de crédito a que se hace referencia en el número anterior únicamente podrán realizarse por el exceso de ingreso sobre las cifras inicialmente presupuestadas, y cuando se deriven de las operaciones incluidas en el apartado c) se destinarán únicamente a la financiación de los gastos correspondientes en el capítulo II del presupuesto.
3. Las generaciones de crédito se efectuarán en el mismo ejercicio en el que se ha producido el ingreso, salvo cuando éste tenga lugar en el último trimestre del año o cuando se trate de fondos procedentes de la Unión Europea o de la Administración central del Estado que los cofinancien, casos en los que se podrá generar crédito en el ejercicio siguiente, siempre que se justifique la imposibilidad de haber tramitado la generación en el mismo ejercicio en el que se ha producido el ingreso. En este caso, el límite al que se refiere el punto anterior se entenderá referido al presupuesto de origen.
Artículo 70º.-Reposición.
Los ingresos derivados del reintegro de pagos indebidos con cargo a créditos presupuestarios podrán reponer estos últimos en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 71º.-Incorporaciones.
2. Los remanentes incorporados según lo previsto en el número anterior únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en el que la incorporación se acuerde, a excepción de los que correspondan a créditos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial o por fondos o subvenciones
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas, que podrán ser incorporados en tanto persista el derecho a la percepción del ingreso que los financia.
3. Los créditos correspondientes a financiación condicionado serán incorporables de acuerdo con la normativa que les sea aplicable en cada caso. De no existir ésta, se regirán por las normas de la presente ley.
Artículo 72º.-Autorización de gasto.
2. Con la misma reserva legal corresponde a los presidentes o directores de los organismos autónomos de la Comunidad la autorización y disposición de gastos y créditos, respectivamente, el reconocimiento de obligaciones y el ordenamiento de los pagos que correspondan a los mismos.
4. Las facultades a las que se hace referencia en este artículo podrán ser objeto de delegación o desconcentración en los términos que reglamentariamente se establezca.
Artículo 73º.-Fases del gasto.
1. La autorización del gasto, que es el acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda la realización de un gasto, calculado en forma cierta o aproxi
mada, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario legalmente destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que puedan ser consecuencia de aquel, teniendo en cuenta la natureza económica de las mismas.
4. El ordenamento del pago, que es la operación en virtud de la cual el ordenador competente, previa propuesta de pago realizado por quien ha reconocido la existencia de la obligación, expide la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad a favor del respectivo acreedor.
Artículo 74º.-Ordenación general de los pagos.
Artículo 75º.-Plan de disposición.
La expedición de órdenes de pago con cargo al presupuesto de la Comunidad y de sus organismos autó
nomos deberá ajustarse al plan que sobre disposición de fondos de la Tesorería establezca anualmente la Consellería de Economía y Hacienda.
Artículo 76º.-Tramitación.
1. Las órdenes de pago se expedirán una vez que se justificase documentalmente ante el órgano competente para reconocer la respectiva obligación la realización de la prestación o el derecho del acredor, conforme a los acuerdos por los que en su día se autorizaron y comprometieron los correspondientes gastos.
2. Los ordenadores de pagos poderán recibir las propuestas y librar las correspondientes órdenes de pago mediante la utilización de procesos informáticos. En este supuesto la documentación justificativa del gasto realizado podrá quedar en aquellos centros en los que se reconocieron las correspondientes obligaciones, para su posterior inclusión, en su caso, en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma o para su puesta a disposición de los órganos de control competentes.
Artículo 77º.-Pagos a justificar.
2. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar en los supuetos siguientes:
3. La Consellería de Economía y Hacienda, oídas las consellerías, previo informe de la Intervención General, establecerá las normas generales que regulen la expedición de órdenes de pago por xustificar, así como los límites cuantitativos de las mismas y los conceptos presupuestarios a los que son aplicables.
4. Las órdenes de pago cursadas con el carácter de a justificar se aplicarán a los créditos presupuestarios que correspondan y sus perceptores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses, estando sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la presente ley. En los casos excepcionales podrá conce
derse una prórroga adicional por otro período igual para cumplimentar en todo o en parte la citada justificación.
5. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la documentación justificativa a que se refieren los números anteriores, el órgano competente procederá a la aprobación o a la subsanación de la cuenta rendida.
Artículo 78º.-Ayudas y subvenciones.
1. Para la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se aplicarán criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Sin perjuicio de que la Xunta determine los criterios básicos, las consellerías correspondientes establecerán con carácter previo a la disposición de los crédito las bases reguladoras aplicables a la concesión. Su conocimiento público se asegurará en la forma que se considere más adecuada y deberán ser, en todo caso, publicadas en el Diario Oficial de Galicia.
Las citadas bases contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) Objeto de la subvención.
b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda o de las subvenciones y forma de acreditarlos.
c) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario de la aplicación definitiva de los fondos recibidos, incluso los librados, en su caso, en concepto de anticipos.
d) Forma y plazos de concesión de la subvención, así como la posibilidad de conceder anticipos de la misma.
2. No será aplicable lo dispuesto en el número anterior cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación nominativa en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma o su concesión y cuantía sean exigibles de la misma en vitud de normas de rango legal.
3. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.
En ningún caso el importe de las subvenciones o ayudas concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las concedidas por
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada que debe desarrollar el beneficiario, ni supere el límite legalmente establecido para cada zona del territorio gallego.
4. Los perceptores de subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos recibidos en los plazos y en las condiciones establecidos en la resolución de la concesión.
5. Procederá el reintegro de la ayuda o subvención percibida y los intereses de demora en los siguientes casos:
b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos en las bases reguladoras para su concesión.
Las cantidades que se vayan a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de la aplicación para su cobranza lo previsto en los artículos 19º a 23º de esta ley.
A pesar de lo determinado en los puntos anteriores, por ley de presupuestos se podrán establecer condiciones y criterios concretos en atención a la escasa cuantía de las ayudas que se van a conceder.
Artículo 79º.-Justificantes.
Con independencia de su cuantía y antes de que se proceda a la tramitación de la fase de propuesta de pago realizadas por quien ha reconocido la existencia de la obligación, los beneficiarios de las subvenciones tendrán que acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales y que no tienen pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 80º.-Liquidación.
1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos liquidados y al pago de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre del año natura1 correspondiente, y quedarán a cargo de la Tesorería de la Comunidad Autónoma los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago según sus respectivas contracciones.
Artículo 81º.-Remanentes de Tesorería.
1. El remanente de Tesorería de la Comunidad o de cada uno de sus organismos autónomos administrativos con referencia a un ejercicio presupuestario determinado estará formado por la suma de las disponibilidades líquidas y los derechos reconocidos pendientes de cobro, menos las obligaciones reconocidas pendientes de pago, según la situación que los mismos presenten a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
2. Se entenderá por remanente de Tesorería disponible aquel que no esté afectado a la financiación específica de determinados gastos.
Artículo 82º.-Presupuestos de los organismos autónomos.
4. La Consellería de Economía y Hacienda establecerá las estructuras de los estados financieros indicados adaptados a sus distintas especialidades, así como los criterios generales que se aplicarán para la imputación de gastos a cuenta de operaciones comerciales, según el principio general de que, salvo los gastos generales de personal, se le podrán imputar a la misma todos aquellos gastos que forman parte directa o indirectamente del coste de los productos vendidos, de los servicios prestados o de los bienes producidos.
5. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones que realice el organismo autónomo estén vinculadas a un ciclo productivo distinto que no podrá ser superior a doce meses.
Artículo 83º.-Programas de sociedades públicas.
1. Las sociedades a que se refire el número 1 del artículo 12º de esta ley elaborarán anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación y su finalidad será la de mostrar la planificación general de su actividad a un nivel de agregación adecuado que permita apreciar los objetivos que va a conseguir la sociedad a medio plazo y en el año económico correspondiente al ejercicio presupuestado.
3. Estas sociedades elaborarán además, anualmente, un presupuesto de explotación, que detallará el contenido de su cuenta de explotación, y un presupuesto
de capital, en el que se especificarán los orígenes y la aplicación de sus fondos.
5. Las variaciones en los presupuestos a que se refiere el número 3 de este artículo que no afecten a subvenciones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y que supongan incremento o disminución en los gastos de personal, inversiones reales o financieros y endeudamento neto sobre las inicialmente previstas serán autorizadas por el conselleiro de Economía y Hacienda cando su importe no exceda del 10% de cada una de las clases de gastos antes indicados que se propongan modificar, y por la Xunta de Galicia en los demás casos.
Artículo 84º.-Plazo y tramitación.
En el caso de las sociedades a que se refire la letra a) del número 1 del artículo 12º de esta ley, que se encuentren en relación con otra u otras sociedades de las que sean socios en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de comercio, deberán presentar el programa de forma consolidada con dichas sociedades.
No están obligadas a presentar el programa de actuación, inversiones y financiación aquellas sociedades de las previstas en la letra a) del número 1 del artículo 12º de esta ley que, de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas, puedan presentar balance abreviado, salvo que reciban subvenciones de explotación
o capital con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 85º.-Remisión.
Los presupuestos de explotación y capital que se tengan que elaborar de acuerdo con lo dispuesto en el número 3 del artículo 83º de esta ley serán remitidos por las correspondientes sociedades públicas a la consellería de la que dependan, que los remitirá a la de Economía y Hacienda junto con el resto de la documentación para la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos generales a que hace referencia el artículo 51º de la presente ley.
Artículo 86º.-Supuestos macroeconómicos.
Artículo 87º.-Concepto.
2. Las disponibilidades de la Tesorería y las variaciones que puedan sufrir están sujetas al régimen de intervención y deben ser registradas de conformidad con las normas de contabilidad pública. Podrán establecerse procedimientos especiales de anotación en cuenta para aquellos movimientos internos de efectivo entre las distintas cuentas operativas de la Tesorería que determine el conselleiro de Economía y Hacienda.
Artículo 88º.-Funciones.
Son funciones propias de la Tesorería:
a) La gestión recaudatoria de los recursos y el pago de las obligaciones de la Comunidad y de sus organismos autónomos.
f) Las demás funciones que se deriven o relacionen con las anteriores enumeradas.
Artículo 89º.-Situación de los fondos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 90º.-Situación de los fondos de los organismos autónomos.
2. Dichos fondos podrán estar situados en el Banco de España o e en otras entidades de crédito y ahorro gallegas o que operen en Galicia, necesitando autorización expresa de la Consellería de Economía y Hacienda para la apertura de cada cuenta y para la determinación de sus condiciones de funcionamiento, previa solicitud motivada, que podrá ordenar su cancelación o suspender su utilización si se comprobase que no subsisten las condiciones que motivaron la autorización de apertura.
3. Las entidades financieras indicadas en el punto anterior tienen para con la Tesorería de la Comunidad Autónoma, a su solicitude, las mismas obligaciones de información que para con las consellerías y con los organismos autónomos titulares de las cuentas abertas en las mismas.
4. La Consellería de Economía y Hacienda podrá proponerle al Consello de la Xunta que las operaciones de ingreso y de ordenación y realización material del pago de los organismos autónomos y de los entes públicos a que hace referencia el apartado b) del punto 1 del artículo 12º de la presente ley se realicen por la Tesorería de la Xunta, para lo cual se establecerá el correspondente procedimiento.
Artículo 91º.-Ingresos y medios de pago.
2. Los medios de pago admisibles por las cajas de la Tesorería podrán consistir en dinero de curso legal, cheques nominativos, giros, transferencias o cualquier otro medio de pago legalmente establecido. La Consellería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones que tendrán que cumprir los mismos y el momento en el que en cada caso se producirá la liberación de la deuda.
Artículo 92º.-Flujos financieros.
Del control interno y de la contabilidad
Del control interno
Artículo 93º.-Control interno de la actividad económico-financiera.
1. El control interno de la actividad económico-financiera de la Comunidad, de sus organismos autónomos y entes públicos y de las sociedades públicas lo ejercerá la Intervención General, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Cuentas de Galicia y, en su caso, del Tribunal de Cuentas.
2. La Intervención General de la Comunidad Autónoma ejercerá sus funciones de control interno con plena autonomía respecto a los órganos responsables de la gestión controlada.
Artículo 94º.-Su ejercicio.
1. El ejercicio del control interno se realizará a través de la función interventora y del control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos, documentos y expedientes de la Comunidad y de sus organismos autónomos de los que pudiesen derivarse derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, la recaudación, la inversión o la aplicación de los fondos públicos, a fin de asegurar que la gestión de los órganos controlados se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso.
3. El control financiero lo ejercerá la Intervención General de conformidad con lo prevenido en cada caso y en la forma que reglamentariamente se establezca respecto de los servicios de la Comunidad, de los organismos autónomos, de los entes públicos y de las sociedades públicas para comprobar su adecuado funcionamiento tanto en el aspecto organizativo como en el económico-financiero.
Asimismo se ejercerá el control financiero respecto a las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas de la Comunidad o de sus organismos autónomos, concedidos con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad. En este caso el control financiero tendrá por objeto comprobar la adecuada y correcta obtención y utilización de las indicadas subvenciones y ayudas y el cumplimiento de los objetivos que con ellas se pretenden alcanzar.
4. A pesar de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, por acuerdo de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, podrá establecerse el control interno realizado a través de la función interventora en organismos autónomos, sociedades y entes públicos.
De la función interventora
Artículo 95º.-Fases.
1. La función interventora se ejercerá a través de las siguientes fases:
a) La fiscalización o intervención previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.
b) La intervención formal del ordenamiento del pago.
d) La intervención de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios, que comprenderá el examen documental y, en su caso, la comprobación material.
2. Son inherentes a la función interventora las siguientes competencias:
a) Interponer recursos y reclamaciones en los supuestos contemplados en las disposiciones vigentes.
b) Solicitar de los órganos competentes el asesoramiento jurídico o los informes técnicos que se precisen en función de la naturaleza del acto, documento o expediente intervenido, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de dicha función.
Artículo 96º.-Principios.
1. La función interventora se ejercerá conforme a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y actuación contradictoria.
2. El ejercicio de la función interventora se organizará de forma desconcentrada a través de las intervenciones delegadas situadas o próximas a los órganos sometidos a control. El interventor general de la Comunidad podrá avogar el ejercicio de la función respecto a cualquier acto o expediente que estime oportuno.
Reglamentariamente se establecerá la competencia de los interventores delegados del interventor general de la Comunidad.
Artículo 97º.-Intervención limitada.
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos en material no inventariable, suministros menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones, así como aquellos otros gastos que de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. Asimismo, tampoco estarán sujetas a intervención previa las subvenciones que figuren en los presupuestos con asignación nominativa.
2. La Xunta de Galicia podrá acordar, previo informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que la intervención previa en cada una de las consellerías o en sus distintos servicios, organismos autónomos o sociedades y entes públicos se limite a comprobar los extremos siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que éste es el adecuado a la naturaleza del gasto o de la obligación que se propone contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 58º de esta ley.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órganos competentes.
c) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, determine el Consello de la Xunta, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación respecto a las obligaciones o de los gastos de cuantía indeterminada y de aquellos otros que deban ser aprobados por el Consello de la Xunta.
4. Las obligaciones o los gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refire el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, a fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
Los interventores delegados que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Estos informes se remitirán al titular de la consellería para que formule, en su caso, y en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas, y posteriormente se elevarán a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma dará cuenta al Consello de la Xunta y a los centros directivos que resulten afectados de los resultados más importantes de la fiscalización realizada con posterioridad, y, en su caso, propondrá las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que la administración de los recursos públicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
5. Con independencia de lo dispuesto en el número anterior, el conselleiro de Economía y Hacienda, a propuesta del interventor general de la Comunidad Autónoma, podrá acordar en qué casos la función interventora será ejercida sobre una muestra y no sobre el total de actos, documentos o expedientes sujetos a la intervención previa.
La Intervención General determinará en estos casos los procedimientos que se deban aplicar para la selección, la identificación y el tratamiento de la muestra de procedimiento.
6. La fiscalización previa de los derechos será substituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, y se establecerán las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
Artículo 98º.-Documentación y plazo.
1. La Intervención ejercerá la función interventora a la vista del expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y que esté, por lo tanto, en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda.
2. El expediente será fiscalizado en el plazo de dez días contados a partir del siguiente a la fecha de recepción, que se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se declarase urgente la tramitación del expediente o se aplicase el régimen especial de fiscalización previsto en el número 2 del artículo 97º.
3. Cuando la Intervención haga uso de la facultad a que se refiere el apartado b) del número 2 del artículo 95º, se suspenderá el plazo mencionado en el número 2 anterior, debiendo darle cuenta de dicha circunstancia al órgano gestor proponente del gasto.
Artículo 99º.-Reparos y reclamaciones.
1. Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular sus reparos por escrito. Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en normas que apoyen el criterio sustentado y deberán contener todas las objecciones realizadas al expediente.
2. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o a la liquidación de derechos a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, las observaciones se formularán en notas de reparos y, en caso de subsistir la discrepancia, mediante la interposición de los recursos o de las reclamaciones que procedan.
Artículo 100º.-Suspensión del expediente.
1. Si los reparos afectan a la autorización y disposición de gastos, al reconocimiento de obligaciones o al ordenamento de pagos, se originará la suspensión de la tramitación del expediente, hasta que aquéllos no sean subsanados en los siguientes casos:
a) Cuando se basen en la insuficiencia o inadecuación del crédito al que se proponga imputar el gasto, la obligación o el pago.
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el derecho del perceptor.
c) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
d) Cuando se omitan en el expediente requisitos o trámites que se consideren esenciales a juicio de la Intervención o cuando esta estime que la continuación del procedimiento pudiese causar quiebras económicas a la Comunidad Autónoma o a un tercero.
e) Cuando el reparo sea consecuencia de comprobaciones de materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
2. La Intervención podrá fiscalizar favorablemente, a pesar de los defectos que se observen en el expediente, siempre que los requisitos o los trámites incumplidos no sean esenciales.
En estos supuestos la eficacia de la fiscalización quedará condicionada a la reparación de aquellos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de que se repararon dichos defectos.
De no reparar el órgano gestor los defectos indicados, para a continuación del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo.
Lo previsto en este número no será aplicable en aquellos supuestos en los que la fiscalización previa se realice de forma limitada, de conformidad con lo disposto en el número 2 del artículo 97º de la presente ley.
Artículo 101º.-Discrepancia.
1. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá reparar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención.
2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo deducido, formulará discrepancia, que deberá ser motivada con citas de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
La discrepancia se resolverá de la siguiente forma:
a) Si el reparo fuese formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General de la Comunidad conocer de la discrepancia, y su resolución será obligada para aquella.
b) Si el reparo fuese formulada por la Intervención General de la Comunidad o ésta confirmase en todo o en parte el de una Intervención Delegada y subsista la discrepancia, corresponderá a la Xunta de Galicia adoptar una resolución definitiva.
Artículo 102º.-Omisiones.
1. En los supuestos en los que, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, la fiscalización previa de la aprobación del gasto o del reconocimiento de la obligación fuesen preceptivas y se omitiesen, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca o resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo.
2. Si el interventor general de la Comunidad o sus delegados al conocer un expediente observasen alguna de las omisiones indicadas en el número anterior lo manifestarán a la autoridad que iniciase aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, con el fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular de la consellería de que aquélla proceda someter lo actuado a la decisión de la Xunta de Galicia para que adopte la resolución a que hubiese lugar.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:
-Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del interventor, se produjeran en el momento en el que se adoptó el acto de aprobación del gasto sin fiscalización o intervención previa.
-Las prestaciones que se realizasen como consecuencia de dicho acto.
-La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento.
Los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el momento de su emisión.
3. Si el titular de la consellería acordase someter el expediente a la decisión de la Xunta de Galicia, lo comunicará al conselleiro de Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General de la Comunidad, con diez días de antelación a la reunión del Consello en el que se conozca el asunto.
Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime convenientes respecto del informe de la Intervención.
La Secretaría del Consello comunicará a la consellería correspondiente, a la de Economía y Hacienda y a la Intervención General de la Comunidad el acuerdo adoptado sobre el expediente para su toma de razón y cumplimiento en sus propios términos.
Del control financiero
Artículo 103º.-Finalidad y principios.
1. El control financiero al que se refiere el artículo 94º de la presente ley tiene por finalidad procurar que la gestión económico-financiera del sector público gallego se adecúe a los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia.
2. El control financiero se ejercerá con plena autonomía e independencia respecto a las autoridades y entidades de las que se controle su gestión, y podrá realizarse en régimen ordinario o en régimen permanente.
3. El control financiero se ejercerá mediante la realización de auditorías u otros tipos de control de conformidad con el que se establezca reglamentariamente.
Artículo 104º.-Auditorías y clases.
1. Las auditorías a que se refire el artículo anterior consistirán en la comprobación posterior de la actividad económico-financiera del ente controlado, realizada de forma sistemática y mediante la aplicación de determinados procedimientos de revisión a operaciones o actos singulares seleccionados al efecto.
2. Dichas auditorías, en función de los objetivos y del alcance que para cada control se establezcan, podrán ser de las siguientes clases:
a) Auditoría financiera, que tendrá por objeto la emisión de un dictamen sobre si la información contable del órgano controlado se presenta de acuerdo con los principios, con los criterios y con las normas contables que sean aplicables.
b) Auditoría de cumplimiento, que tiene por objeto determinar si en la gestión de las operaciones que den lugar a derechos y obligaciones de contenido económico, en la gestión de los ingresos y pagos y males en la recaudación, custodia, inversión o aplicación en general de los recursos se ha cumplido con la legalidad y con las normas y directrices, internas o externas, que resulten aplicables.
c) Auditoría operativa, cuyo objeto es la evaluación de la eficacia y la eficiencia alcanzadas en la gestión de los recursos públicos adscritos a una entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Este sistema de auditoría será el utilizado para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos físicos y financieros previstos en los programas de gasto.
d) Auditorías de sistemas y procedimientos, cuya finalidad es recomendar y proponer mejoras y modificaciones parciales o generales, en los procedimientos de gestión económico-financeira, sobre la base de las posibles debilidades o disfuncionalidades detectadas en su revisión.
Artículo 105º.-Iniciación y desarrollo.
1. El control financiero ordinario se iniciará por acuerdo del interventor general de la Comunidad, quien delimitará la clase y el alcance del control que se va a efectuar, y se desarrollará directamente por medio de funcionarios o equipos de control destacados temporalmente al efecto y dirigido por interventores dependientes del interventor general.
2. El control financiero permanente se realizará de acuerdo con las siguientes características:
a) Lo ejercerá la Intervención General de la Comunidad a través de las intervenciones delegadas en los servicios, organismos, sociedades y entes públicos en los que se encuentre establecido este régimen de control, sin perjuicio de las actuaciones de control ordinario que, con carácter excepcional y alcance limitado, pueda realizar directamente el citado centro directivo.
b) Las actuaciones y los trabajos necesarios para su desarrollo se efectuarán de forma permanente y continuada a lo largo de los diferentes ejercicios, y no se requerirá acuerdo expreso de la Intervención General de la Comunidad Autónoma para su iniciación.
c) Dichas actuaciones se realizarán, como regla general, sobre la base del principio de proximidad temporal respecto a la actividad o de los actos objeto de control.
d) La Intervención Delegada encargada del control financiero permanente deberá recibir información permanente, actualizada y detallada de la actividad objeto de control, de sus objetivos y del avance en su cum
plimiento, en la forma y con la periodicidad que dicha oficina determina, a fin de tener un conocimiento completo de la misma.
Artículo 106º.-Ámbito de aplicación.
1. El control financiero permanente será aplicable en los siguientes entes del sector público de Galicia, siempre que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 94º de esta ley, no esté establecida la función interventora:
a) Los organismos autónomos de la Comunidad de carácter industrial, comercial, financiero o análogo.
b) El ente público Radiotelevisión de Galicia.
c) Las consellerías, servicios, organismos autónomos de carácter administrativo, sociedades y entes públicos, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, en que así se determine, de conformidad con lo previsto en el punto siguiente.
2. La aplicación del régimen de control financiero permanente a las consellerías, servicios, organismos, sociedades y entes en los que actualmente no se encontre establecido se efectuará:
a) Mediante orden del conselleiro de Economía y Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Comunidad, en los supuestos de consellerías, servicios u organismos autónomos en los que ya exista Intervención Delegada.
b) Mediante acuerdo de la Xunta a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda, en los supuestos de servicios, sociedades o entes públicos en los que no exista Intervención Delegada de la Intervención General de la Comunidad.
3. La relación de dependencia y las condiciones de funcionamiento de los interventores delegados en el ejercicio del control financiero permanente serán las mismas que las vigentes para la función interventora.
4. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo las intervenciones delegadas encargadas del control financiero permanente podrán requerir información referida a:
a) Derechos y obligacións, compras y ventas.
b) Inversiones y otros contratos.
c) Cobros y pagos.
d) Composición y detalle de saldos en contabilidad.
e) Operaciones que se vayan a realizar o en curso de especial significación o importancia.
f) Existencias de fondos, de materiales y de bienes de cualquier naturaleza.
g) Cualquier otro aspecto financiero o organizativo que se considere de interés en atención a las características del ente controlado.
Las intervenciones delegadas deberán recibir un ejemplar de las cuentas y de otros estados anuales, así como de los que se elaboren con otra periodicidad, y tendrán acceso directo a los sistemas de información de los que se deriven dichas cuentas y estados.
5. Si en el ejercicio del control financiero permanente se pusiesen de manifiesto graves irregularidades, se dará cuenta a la Intervención General, proponiendo, en su caso la sustitución de ese procedimiento de control por el ejercicio de la función interventora.
6. Los interventores delegados deberán elaborar para cada ente un plan anual de actuación, que se someterá a la aprobación de la Intervención General de la Comunidad.
Dicho plan contendrá el detalle de las actuaciones que se van a realizar y su calendario de ejecución, así como la periodicidad de los informes y de las fechas previstas de emisión.
Los planes de actuación incluirán, en todo caso, la realización de:
a) Auditoría permanente de cumplimiento.
b) Revisiones de registros y procedimientos contables y de las existencias y de los movimientos de fondos.
c) Auditoría financiera de las cuentas anuales.
d) Auditoría de programas sobre el nivel de realización de objetivos y análisis de las causas de las desviaciones.
Los citados planes incluirán además, si procede, la realización de otras auditorías operativas, de sistemas y procedimientos u otros tipos de control de los previstos en el artículo 104º de esta ley, en los casos y con el alcance en los que así se determine.
Artículo 107º.-Plan anual de auditorías.
1. El control financiero ordinario enmarcará su actuación en un plan anual de auditorías que se debe realizar en cada ejercicio, cuya elaboración corresponde a la Intervención General de la Comunidad.
2. El plan comprenderá las entidades sobre las que se realizarán controles financieros de carácter ordinario en el ejercicio económico a que se refiera, con indicación, en cada caso, del tipo de control que se debe realizar y del alcance del mismo.
3. El plan tendrá carácter abierto y podrá ser modificado para la realización de controles específicos, en atención a los medios disponibles y por otras razones debidamente ponderadas.
4. Para el desarrollo del control financiero ordinario, la Intervención General de la Comunidad podrá solicitar la colaboración de empresas privadas de auditorías, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo.
Para solicitar dicha colaboración será necesaria una orden del conselleiro de Economía y Hacienda, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Comunidad que justifique dicha colaboración.
Artículo 108º.-Resultado e informes.
1. Del resultado de las actuaciones de control financiero ordinario o permanente se emitirá informe con la estructura, con el procedimiento y con el contenido que reglamentariamente se determine.
2. Los informes derivados de las actuaciones de control financiero ordinario se elevarán a la Intervención General de la Comunidad para su remisión al conselleiro de Economía y Hacienda y a los órganos responsables y de tutela de los servicios u organismos controlados.
3. Los informes que tengan su origen en actuaciones de control financiero permanente se remitirán al titular de la gestión y además a la Intervención General de la Comunidad cuando éstos tengan un carácter general o hayab sido realizados por alguna circunstancia especial.
Artículo 109º.-Régimen.
1. La administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y de las sociedades públicas de Galicia queda sometida al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta ley.
2. La sujección al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones y transacciones económicas, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Galicia.
3. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable al empleo de los fondos a justificar y al de las transferencias corrientes y de capital con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el perceptor de las mismas.
4. Las obligaciones que se determinen en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de las facultades que la Constitución le confiere al Tribunal de Cuentas.
Artículo 110º.-Competencias de la Consellería de Economía y Hacienda.
Es competencia de la Consellería de Economía y Hacienda la organización de la contabilidad pública al servicio de los siguientes fines:
a) Registrar la ejecución de los presupuestos generales de la Comunidad en sus distintas fases.
b) Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería.
c) Reflejar las variaciones, la composición y la situación del patrimonio de la Comunidad y del inventario de bienes afectados a los fines de los organismos autónomos y de las sociedades públicas.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y el rendimiento de la Cuenta General de la Comunidad, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas.
e) Facilitar los datos y otros antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del sector público estatal.
f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones tanto en el orden político como en el de gestión.
Artículo 111º.-Funciones de la Intervención General como centro directivo.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma es el centro directivo de la contabilidad pública de Galicia y le corresponden las siguientes funciones:
a) Someter a la decisión del conselleiro de Economía y Hacienda el Plan de contabilidad pública de Galicia, al que se adaptarán los organismos, las corporaciones y las demás entidades comprendidas en el sector público de Galicia, manteniendo la debida coordinación con el Plan general de contabilidad pública.
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en lo tocante a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendimiento de cuentas, informes y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar al efecto circulares y instrucciones por los procedimientos que se determinen en las leyes y en los reglamentos.
c) Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme al Plan de contabilidad pública de Galicia, o al Plan general de contabilidad del sector privado, respecto a las sociedades públicas.
d) Inspeccionar la contabilidad de toda clase de organismos públicos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 112º.-Funciones como centro gestor.
1. Como centro gestor de la contabilidad pública, corresponde a la Intervención General:
a) Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y elaborar la memoria que acompaña a la misma.
b) Preparar y examinar las cuentas que se deban rendir al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas, y formular las observaciones que, en su caso, se estimen necesarias.
c) Solicitar la presentación de cuentas, estados y otros documentos sujetos a examen crítico.
d) Centralizar la información deducida de la contabilidad de las corporaciones, organismos, entidades y demás agentes que integran el sector público de Galicia.
e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de Galicia, de acuerdo con el sistema de cuentas en vigor para todo el Estado.
f) Vigilar e impulsar las actividades de las oficinas de contabilidad de todos los organismos y servicios de la Comunidad.
2. Todos los informes y dictámenes económico-contables que deban evacuar las entidades sometidas al régimen de contabilidad pública deberán ser solicitados a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
3. A los efectos previstos en este artículo, el rendimiento de toda clase de cuentas por los procedimientos ordinarios se deberá realizar a través de la Intervención General.
Artículo 113º.-Soporte documental.
La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas, según los procedimientos técnicos establecidos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, sin perjuicio de que las sociedades públicas se ajusten a las disposiciones del Código de comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan general de contabilidad vigente para las empresas españolas.
Artículo 114º.-Cuentadantes.
Serán cuentadantes de las cuentas que tengan que rendirse al Consejo de Cuentas de Galicia y, en su caso, al Tribunal de Cuentas:
a) Los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos, así como las demás operaciones de la Administración de la Comunidad.
b) Los presidentes o directores de los organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes que conforman el sector público de Galicia.
c) Los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores de la Comunidad, sin perjuicio de que sean intervenidas las respectivas operaciones.
d) Los perceptores de las transferencias a que se refieren los artículos 78º y 109º.3 de esta ley.
Artículo 115º.-Forma y plazos.
Las cuentas y la documentación que se les deban rendir al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas se formarán y se cerrarán por períodos trimestrales, excepto las correspondientes a los organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes que conforman el sector público de Galicia, que lo serán anualmente.
Artículo 116º.-Sociedades públicas, entes y organismos.
La contabilidad pública de las sociedades públicas, entes y organismos queda sometida a la verificación ordinaria y extraordinaria a cargo de los funcionarios dependientes del interventor general de la Comunidad y de los que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Cuentas.
Artículo 117º.-Publicidad e información.
1. La Consellería de Economía y Hacienda publicará en el Diario Oficial de Galicia los siguientes datos trimestrales:
a) Del movimiento del tesoro por operaciones presupuestarias y extrapresupostarias, y de su situación.
b) De las operaciones de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y de sus modificaciones.
c) De las demás que se consideren de interés.
2. Los organismos autónomos, las entidades públicas y las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Xunta remitirán trimestralmente a la Consellería de Economía y Hacienda un estado de su situación financiera, de acuerdo con la estructura que ésta determine.
3. Trimestralmente, el conselleiro de Economía y Hacienda dará cuenta a la Comisión 3ª, de Economía, Hacienda y Presupuestos, del estado de ejecución presupuestaria.
De la cuenta general de la Comunidad
Artículo 118º.-Documentación.
1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Galicia comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio y constará de los siguientes documentos:
a) Cuenta de la Administración de la Comunidad.
b) Cuenta de los organismos autónomos de carácter administrativo.
c) Cuenta de los organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o análogo.
d) Cuenta de las sociedades públicas y demás entes públicos.
e) Cuenta del patrimonio de la Comunidad y de sus organismos autónomos.
2. Se aportará a la Cuenta General un estado en el que se refleje el movimiento y la situación de los avales concedidos por la Comunidad Autónoma y por sus sociedades públicas.
Artículo 119º.-Formación.
La Cuenta de la Administración de la Comunidad se formará en base a los estados y documentos que determine la Consellería de Economía y Hacienda y, en particular, por los siguientes:
1. La liquidación del presupuesto, especificando los créditos iniciales y sus modificaciones, así como la liquidación de los estados de ingresos y gastos en sus distintas fases de gestión presupuestaria.
2. Un estado demostrativo de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 58º de la presente ley.
3. Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores que se deben cobrar y de las obligaciones que se deben pagar procedentes de ejercicios anteriores.
4. La Cuenta General de Tesorería que ponga de manifiesto su situación y las operaciones realizadas durante el ejercicio.
5. La Cuenta General del endeuedamiento público.
6. El resultado del ejercicio económico, que recogerá la determinación del superávit, el déficit o nivelación de la liquidación del presupuesto, el remanente de Tesorería resultante y la variación de los activos y pasivos financieros.
Artículo 120º.-Organismos autónomos.
1. Con las cuentas rendidas por los organismos autónomos y demás documentos que se le deban rendir al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de
Cuentas, la Intervención General de la Comunidad elaborará estados anuales agregados que permitan ofrecer una visión global de la gestión realizada en el ejercicio por la totalidad de aquellos.
2. A la Cuenta General de la Comunidad Autónoma se unirá una memoria en la que se demuestre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para cada uno de los programas de gasto.
3. La Consellería de Economía y Hacienda establecerá la estructura y el contenido de las cuentas y estados a que hace referencia el número 1 anterior, así como de las cuentas que deban rendir los demás entes del sector público de Galicia.
Artículo 121º.-Revisión y aprobación.
1. La Cuenta General de la Comunidad de cada año se formará antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refiere y se remitirá previo acuerdo de la Xunta al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas dentro de los dos meses siguientes a su formación.
2. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma deberá ser aprobada por el Parlamento de Galicia a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 10 del Estatuto de autonomía.
Artículo 122º.-Sujetos responsables.
1. Las autoridades, los funcionarios y los empleados de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus servicios, organismos autónomos, entes públicos o sociedades públicas que, por dolo, culpa o negligencia adopten resoluciones, ejecuten acciones o incurran en omisiones con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad por los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
2. Estarán sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Comunidad, además de las autoridades, de los funcionarios y de los empregados a los que se hace referencia en el número 1 anterior, os interventores, tesoreros y ordenadores de pagos que, con dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable, no salvasen su actuación en el correspondiente expediente mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
3. La responsabilidad de quien participe en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto cando concurra dolo, en el que será solidaria.
Artículo 123º.-Tipificación de las infracciones.
Constituyen infracciones que dan origen a la obligación de indemnizar según determina el artículo anterior:
f) Non justificar la aplicación de los fondos a que se refiere el artículo 77º de esta ley.
g) Cualquier otro acto o resolución dictada con infracción de lo dispuesto en la presente ley o de la normativa aplicable a la gestión y administración del patrimonio.
Artículo 124º.-Instrucción y resolución.
1. Sin perjuicio de las competencias y del conocimiento de los hechos por parte del Consejo de Cuentas de Galicia y del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad por los actos, omisiones y resoluciones tipificados en el artículo anterior será determinada y exigida mediante expediente administrativo instruido al interesado.
2. El acuerdo de incoación, el nombramiento de juez instructor y la resolución del expediente corresponderán a la Xunta cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de autoridad y al conselleiro de Economía y Hacienda en los demás casos.
3. En la tramitación del expediente se dará audiencia a los interesados y su resolución contendrá el pronunciamiento sobre los daños y perjucios causados a los bienes y derechos de la Hacienda de la Comunidad, imponiéndoles a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y en el plazo que se determine.
Artículo 125º.-Ejecución.
1. Los daños y perjuicios declarados en la resolución del expediente a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos de la Hacienda de la Comunidad, gozarán del régimen previsto en el artículo 19º de esta ley y podrá procederse a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.
2. La Hacienda de la Comunidad tendrá derecho a exigir el interés previsto en el artículo 21º de la presente ley sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y pérdidas a sus bienes y derechos, desde el día en el que éstes se causasen.
Artículo 126º.-Diligencias previas.
Tan pronto como se tenga noticia de un alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda de la Comunidad, o transcurriesen los plazos señalados en el artículo 77º de la presente ley sin que se justificasen las órdenes de pago a las que el mismo se refiere, los superiores jerárquicos de los presuntos reponsables y los ordenadores de pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas oportunas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda de la Comunidad, dando cuenta inmediata al Consejo de Cuentas de Galicia, al conselleiro de Economía y Hacienda y, en su caso, al Tribunal de Cuentas, para que procedan de acuerdo con sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
Primera.-Definición de empresa pública.
A los efectos de esta ley, la definición que en la normativa autonómica se hace de la empresa pública se entenderá referida, en lo sucesivo, a las sociedades públicas establecidas en ésta.
Segunda.-Rendición de cuentas al Parlamento.
La Consellería de Economía y Hacienda, dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de todas las modificaciones que se realicen de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Tercera.-Vigencia del artículo 23º, apartado 2.
El apartado 2 del artículo 23º de esta ley, en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión (DOG del 31). Corrección de errores en el DOG del 12 de febrero de 1999), tendrá la vigencia determinada en la disposición final primera de esa ley, sin perjuicio de la que establezcan leyes futuras.
Única.-Quedan derogadas las leyes que se citan en las tablas adjuntas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
1. En virtud de su incorporación al texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia quedan derogadas las siguientes normas:
-Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
-Disposición adicional tercera de la Ley 14/1992, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1993.
-Artículos 8º, 23º, 38º, 39º y 40º de la Ley 1/1994, de 30 de marzo, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1994.
-Disposiciones adicionales novena, décima y undécima de la Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1996.
-Artículos 4º y 5º de la Ley 2/1998, de 8 de abril, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública, patrimonio, organización y gestión.
-Artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 8º de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión.
2. En virtud de lo establecido en la disposición derogatoria de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia, está derogada la Ley 30/1984, de 3 de abril, de gestión económica y financiera pública de Galicia.

References: artículo 10
 artículo 4

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 35

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 49
 artículo 30

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 11

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 35
 artículo 36

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 21

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 58

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 resolución 
 artículo 21

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 31

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 36

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 34

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 1

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 43
 artículo 1

Artículo 46

Artículo 47
 artículo 60

Artículo 48
 artículo 12
 artículo 11

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 artículo 64

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64
 artículo 68

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 66

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
 resolución 
 resolución 

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83
 artículo 12

Artículo 84
 artículo 12
 artículo 42
 artículo 12

Artículo 85
 artículo 83
 artículo 51

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90
 artículo 12

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Artículo 92

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Artículo 95

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Artículo 97
 artículo 58

Artículo 98
 artículo 97
 artículo 95

Artículo 99

Artículo 100
 artículo 97

Artículo 101
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Artículo 102
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Artículo 103
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Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106
 artículo 94
 artículo 104

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Artículo 109

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Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

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Artículo 118

Artículo 119
 artículo 58

Artículo 120

Artículo 121
 artículo 10

Artículo 122
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Artículo 123
 artículo 77
 resolución 

Artículo 124
 resolución 
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Artículo 125
 resolución 
 artículo 19
 artículo 21

Artículo 126
 artículo 77
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 8