Source: http://reflexionesacadmicas.blogspot.com/
Timestamp: 2017-06-29 05:19:25+00:00

Document:
Con base a la lectura del
texto “el bien jurídico protegido por la pensión de sobrevivientes”, publicado en
el blog, deberá analizar y resolver el siguiente problema:
María, que hace 10 años perdió a sus padres en un accidente automovilístico,
razón por la cual es criada por su abuelo materno Carlos Andrés, quien le brindaba
lo necesario para su subsistencia como lo es la alimentación, el vestuario, la recreación,
la educación y lo más importante un hogar y una familia, el pasado 20 de
septiembre, Carlos Andrés muere por un paro cardiaco.
María de 12 años de edad,
solicita al instituto de los Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes por la
muerte de su abuelo materno, en la medida que en vida era la persona
encargada de velar económicamente por Maria y su grupo familiar.
Si usted es un funcionario
del Seguro Social, reconocería la Pensión de sobrevivientes a María?
﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ Tomada de: http://comomejorarnuestrasvidas.blogspot.com/2012/03/gabriel-garcia-marquez.html
﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ Tomada de: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/24/cultura/1174765170.html
﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿ Extractos tomados de la obra del Nobel de Literatura Colombiano CIEN AÑOS DE SOLEDAD, el autor mas grande e importante de nuestro país hasta el momento...quien en una hermosa y sabia expresion de lo que acontece en la realidad macondiana exhibe el gran y eterno problema del derecho: La interpretacion, o mejor, como suele denominarla el autor: La Ilusion. “Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo que (...) se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores”
ROBERT ALEXY. IMAGEN TOMADA DE WIKIPEDIA.COM
GUSTAVO ZAGREBELSKY IMAGEN TOMADA DE WIKIPEDIA.COM
María Fernanda Paz[1]
El presente escrito parte del ejercicio académico consistente en desentrañar diferencias en las teorías de Robert Alexy y Gustavo Zagrebelsky, para ello se han tomado como textos de referencia “el concepto y la validez del derecho[2]” y “el derecho dúctil[3]” respectivamente, por supuesto, una labor de esta envergadura exige un profundo conocimiento de ambas teorías, status que no se detenta, se trata de un ejercicio académico responsable, tímido por demás que puede dividirse en dos partes. La primera dedicada a las similitudes en las teorías de nuestros autores; la segunda en la que se enunciarán las que a mi juicio pueden tenerse como diferencias. En ambas he propendido por fundamentar mis aseveraciones, de modo tal que pueden encontrarse a lo largo del trabajo apartes textuales de los dos autores y en ocasiones citas a terceros que dotan de fuerza y seriedad el cuerpo del trabajo.
1. SEMEJANZAS EN LAS TEORÍAS DE ROBERT ALEXY Y GUSTAVO ZAGREBELSKY.
1.1 Partiendo del hecho notorio de que ambos autores pueden ubicarse dentro del llamado neoconstitucionalismo, existe similitud en cuanto parten de la superación del Estado de derecho legislativo enmarcando sus tesis dentro del Estado constitucional. Al respecto puede verificarse la página 160 en el texto de Alexy, y hacer lo propio en la página 109 del texto de Zagrebelsky.
Alexy: “Como oposición al constitucionalismo se encuentra el “legalismo” que puede resumirse en 4 formulas: norma en vez de valor; subsunción en vez de ponderación; independencia del derecho ordinario en vez de omnipresencia de la constitución; autonomía del legislador democrático dentro del marco de la constitución en lugar de omnipotencia judicial apoyada en la constitución, sobre todo del Tribunal Constitucional Federal”.
Zagrebelsky: “La superación del Estado de derecho legislativo lleva consigo importantes consecuencias para el derecho como tal. Se puede decir, en general, que las dos separaciones de la ley de las que hasta aquí se ha hablado –la separación de los derechos y la separación de la justicia– han dotado de enorme relevancia a una distinción estructural de las normas jurídicas no desconocida en el pasado, pero que hoy, en el Estado constitucional, sebe ser valorada mucho más de cuanto lo haya sido con anterioridad.”
Es posible encontrar diversidad de artículos que caracterizan el tránsito del Estado Liberal o Legislativo al Estado Constitucional, en uno de ellos Mario Ossa[4] plantea:
“el estado, el derecho y la interpretación “legicentrista” dan paso al estado, al derecho y a la interpretación constitucional, con sus consecuencias aun no suficientemente valoradas en nuestro medio, y pone en crisis el sistema jerárquico de ordenamiento al introducir los principios como norma y la ponderación y la razonabilidad como fundamentos de la interpretación y adjudicación”
1.2 Existe similitud entre Alexy y Zagrebelsky al diferenciar reglas y principios porque para ambos se trata de normas jurídicas, en Alexy esto se evidencia en la página 162, mientras que Zagrebelsky lo consagra en la página 109.
Alexy: “Defiende un constitucionalismo moderado, basado en que la distinción entre normas y principios es de grado porque ambos pueden ser concebidos como normas”
Zagrebelsky: “Si el derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre justicia son prevalentemente principios.” 1.3 Alexy y Zagrebelsky establecen diferencias entre reglas y principios. Alexy lo hace en la página 162 y Zagrebelsky en la página 110.
Alexy: “Los principios se definen como mandatos de optimización mientras que las reglas tienen el carácter de mandatos definitivos. En tanto, mandatos de optimización, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas”. Zagrebelsky: “(...) la distinción esencial parece ser la siguiente: las reglas no proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los principios, directamente no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indeterminadas. Los principios generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y apoyo o de disenso y repulsa hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto.” 1.4 Tanto Alexy como Zagrebelsky encuentran una conexión conceptual necesaria entre el derecho y la moral, al respecto expone Comanducci[5]: “Dado que algunos de sus promotores (pienso por ejemplo en Alexy, Dworkin y Zagrebelsky) entienden que en los ordenamientos democráticos y constitucionalizados contemporáneos, se produce una conexión necesaria entre derecho y moral, el neoconstitucionalismo ideológico se muestra proclive entender que puede subsistir hoy una obligación moral de obedecer a la constitución y a las leyes que son conformes a la constitución. Y en ese específico sentido el neoconstitucionalismo puede ser considerado como una moderna variante del positivismo ideológico del siglo XIX, que predicaba la obligación moral de obedecer la ley”.
1.5 Existe entre Alexy y Zagrebelsky identidad conceptual que ha permitido a distintos autores ubicarlos en el mismo apartado dentro de sus clasificaciones, de este modo; para Paolo Comanducci, Alexy y Zagrebelsky son partidarios del neoconstitucionalismo ideológico[6]; para Luis Prieto Sanchís[7] encajan en lo que denomina constitucionalismo dogmatico[8], una versión del constitucionalismo ideológico. Finalmente Sergio Estrada Vélez[9], los ubica dentro de una teoría fuerte débil, esto significa en palabras del autor que: “para Alexy y Zagrebelsky los principios son normas, pero que en relación con las reglas y en general con todo el ordenamiento jurídico, desempeñan una función auxiliar o subsidiaria pues sirven para crear, integrar e interpretar el derecho”.
1.6 Ambos autores utilizan la ponderación como mecanismo para la solución de colisiones entre principios. Alexy lo expone en las páginas 162-164, Zagrebelsky por su parte lo indica en la página 125.
Alexy: “Los principios necesitan la ponderación para su aplicación”.
Alexy: “Las colisiones de principios no tienen lugar en la dimensión de la validez sino que se dan dentro del sistema jurídico en la dimensión de la ponderación” Zagrebelsky: “La pluralidad de principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos hace que no pueda existir una ciencia sobre articulación, sino una prudencia en su ponderación”
1.7 Ninguno de los autores realiza una diferenciación entre principios y valores, así se deduce de Alexy en la página 164 y de Zagrebelsky en la página 110.
Alexy: “Toda colisión de principios puede ser presentada como una colisión de valores y toda colisión de valores como una colisión de principios. La única diferencia reside en el hecho de que en las colisiones de principios de lo que se trata es de qué ha de ser en definitiva lo debido mientras que en la solución de una colisión de valores a lo que se responde es, en definitiva qué es lo mejor. Una pauta que dice que es lo debido, es decir, que es lo ordenado, lo prohibido o lo permitido, tiene un carácter deontológico. En cambio, si dice que es bueno o malo o mejor o peor tiene un status axiológico. Por lo tanto principios y valores son lo mismo, una vez con ropaje deontológico y otra con ropaje axiológico…El comportamiento de colisión de los principios pone claramente de manifiesto que entre valores y principios existe una amplia coincidencia estructural”.
Zagrebelsky: “En pocas palabras, a las reglas “se obedece” y, por ello, es importante determinar con precisión los preceptos que el legislador establece por medio de las formulaciones que contienen las reglas; a los principios, en cambio, “se presta adhesión” y, por ello, es importante comprender el mundo de los valores, las grandes opciones de cultura jurídica de las que forman parte y a las que las palabras no hacen sino una simple alusión”.
Al respecto es pertinente citar Hernán Valencia Restrepo[10]: “(…) Alexy identifica los valores con los principios al emplear el giro valores o principios u otras expresiones semejantes, giro en el cual la vocal o puede ser conjuntiva o disyuntiva y en ambas connotaciones se da una identidad o sinonimia entre estas dos entidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado otro gran constitucionalista, Gustavo Zagrebelsky, italiano, quien enseña como todo principio es un valor o implica un valor, toda vez que el “ser” iluminado por el principio aún no contiene en sí el “deber ser”, la regla, pero si indica al menos la dirección en la que debería colocarse la regla para no contravenir el valor contenido en el principio; cómo la más tal dimensión de los principios consiste en ser criterios de valor de la realidad, y cómo principios, valores y programas desempeñan la misma función jurídica.”
En igual sentido se pronuncia José Guillermo Portela[11]: “las tesis de Alexy resultan particularmente interesantes si se tiene en cuenta que en la enumeración de principios efectuada más arriba existe una especie de reducción de la noción de “principio” al concepto de valor, hecho éste particularmente notorio también en los estudios de Zagrebelsky que como hemos visto, se refieren indistintamente a “muchos principios o valores que conforman la convivencia colectiva”
1.8 Existe similitud derivada de que ninguno de nuestros autores establezca una jerarquía entre los principios. En tal sentido, Andrés Botero Bernal[12] cita las páginas 124 y 125 del “Diritto mide” al igual que las páginas 154 y 155 de “Teoría de los Derechos fundamentales”.
Alexy: “Denuncia la tiranía del valor (es decir, critica la concepción que habla de valores superiores y por ende de principios supremos) sin embargo defiende la existencia de seis principios básicos de la ley fundamental Alemana (que serían –por la recepción que se hace de este autor- los mismos mutatis mutandis para todas las constituciones de los Estados democráticos contemporáneos”.
Zagrebelsky: “La pluralidad de los principios y de los valores a los que las Constituciones emiten es la otra razón que hace imposible un formalismo de los principios, por lo general, los principios no se estructuran según una “jerarquía de valores”. Si así fuese, se produciría una incompatibilidad con el carácter pluralista de la sociedad”. 1.9 Como última observación en el apartado que corresponde a las semejanzas entre Alexy y Zagrebelsky señalo que ambos autores aluden en su “teoría del ordenamiento jurídico” a la razón práctica, categoría que utilizan para alcanzar la justicia material dentro del ordenamiento; Alexy lo hace en la página 174, por su parte Zagrebelsky la trae en las páginas 120 y 121.
Alexy: “Presupuesto el modelo de tres niveles es que sea posible un procedimiento que asegure la racionalidad y que pueda ser agregado a los niveles de reglas y principios con la finalidad de cerrar lagunas. Si existe esta posibilidad, entonces, en vista de la ya expuesta racionalidad de la pertenencia tanto de las reglas como de los principios al sistema jurídico, el modelo de las reglas/principios/procedimiento es el modelo de sistema jurídico que asegura un máximo de razón práctica en el derecho y por esta razón, es preferible a todos los otros modelos…la posibilidad de un procedimiento de aplicación del derecho que asegure la racionalidad conduce, pues a la cuestión de la fundamentabilidad racional de los juicios de valor”.
Zagrebelsky: “Así pues, la función de las ciencias prácticas consiste en conducir el actuar y, por tanto, la voluntad que lo mueve al dominio de la razón; es decir, en determinar las condiciones de un uso de la voluntad conforme con la razón. Su presupuesto es que la reflexión racional tenga algo que decir sobre la orientación de la acción. Ésta es la que se denomina “razón práctica”…a la praxis jurídica se llega a partir de la verdad conocida por la razón”
2. DIFERENCIAS EN LAS TEORÍAS DE ROBERT ALEXY Y GUSTAVO ZAGREBELSKY.
2.1 La primera diferencia entre estos autores podría ubicarse en la noción de principio, en tanto, Alexy ofrece una clara definición de éste en la página 162 de su obra, mientras que, Zagrebelsky limita su estudio a las funciones del principio y su método de aplicación sin detenerse a conceptualizarlo.
Alexy: “Los principios se definen como mandatos de optimización mientras que las reglas tienen el carácter de mandatos definitivos. En tanto, mandatos de optimización, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas”.
La diferencia expuesta encuentra respaldo en la afirmación de Jorge Guillermo Portela[13] que al referirse a Zagrebelsky indica: “nuestro autor describe una característica propia de los principios, pero continúa en deuda con nosotros: no nos dice lo que ellos son”.
2.2 La segunda diferencia está dada por el estilo de sistema jurídico que plantea cada autor; mientras Alexy formula un sistema jurídico de tres pasos reglas/principios/procedimiento, Zagrebelsky plantea un sistema jurídico binario de reglas/principios, en este sentido vale la afirmación de Andrés Botero Bernal[14] “Una pirámide de tres niveles y, por lo menos, con subniveles dentro de la primera de ellas. De la misma manera, el escalón superior es el fundamento del escalón inferior a la vez que por esa necesidad de fundamentación (agregada ahora la de corrección) es que se justifica su existencia. La importancia de este texto en concreto es que plantea no sólo dos niveles de la nueva pirámide (como la pirámide de dos peldaños de Zagrebelsky en su “Diritto mite”)
1.3 A pesar de que ambos autores proponen un orden débil de los principios, la teoría de Alexy consta de tres elementos a saber: un sistema de condiciones de precedencia, un sistema de estructuras de ponderación y un sistema de precedencias prima facie, al respecto puede leerse la página 170 y 171. En cambio Zagrebelsky limita su sistema de ponderación a la regla de optimización, así se deduce de la página 125 de su obra.
Alexy: No es posible un orden duro de principios, sino “un orden débil que conste de tres elementos: un sistema de condiciones de precedencia, un sistema de estructuras de ponderación y un sistema de precedencias prima facie…la relación de precedencia del derecho fundamental, es decir, la condición bajo la cual vale la consecuencia jurídica del principio precedente, puede generalizarse en una ley de colisión que vale para todas las colisiones de principios…El segundo elemento básico de un orden débil es, un sistema de estructuras de ponderación, resulta del carácter de los principios como mandatos de optimización. En tanto tales, exigen una realización lo más amplia posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas. La referencia a las posibilidades fácticas conduce a las bien conocidas máximas de la adecuación y de la requeribilidad. La referencia a las posibilidades jurídicas implica una ley de ponderación que puede ser formulada de la siguiente manera: cuanto mayor sea el grado de no realización o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. P 171
El tercer elemento del orden débil son las precedencias prima facie que no son definitivas pero establecen cargas de argumentación.
Zagrebelsky: “por muchos esfuerzos que las jurisprudencias constitucionales hayan hecho para formalizar los procedimientos lógicos de esta ponderación, los resultados –desde el punto de vista de la ciencia iuris- son desalentadores. Quizás la única regla formal de la que quepa hablar sea la de la “optimización” posible de todos los principios.
1.4 Finalmente expondré la que a mi sentir es la diferencia estructural entre nuestros autores: Alexy más que neoconstitucionalista es un teórico positivista de corte Formalista y Zagrebelsky por su parte limita en los terrenos del iusnaturalismo.
En Alexy, la afirmación encuentra respaldo a partir de la lectura de las páginas 164-171 cuando al referirse a la solución de la colisión de principios expone: Alexy: La solución consiste, más bien, en la determinación de una relación de precedencia referida a las circunstancias del caso entre los principios que entran en colisión. De esta manera el principio que tiene precedencia restringe las posibilidades jurídicas de la satisfacción del principio desplazado. Este último sigue siendo parte del orden jurídico. En algún otro caso, puede invertirse la relación de precedencia.
Alexy: La relación de precedencia del derecho fundamental, es decir, la condición bajo la cual vale la consecuencia jurídica del principio precedente, puede generalizarse en una ley de colisión que vale para todas las colisiones de principios.
Alexy: La ley de colisión reza: las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente.
Dicho de otro modo, Alexy aplica la ponderación para establecer una relación de precedencia que sirve para formular una ley de colisión que debe ser empleada en posteriores colisiones de principios por medio de la subsunción, al respecto, José Juan Moreso[15] expone:
“(…)veamos como la relación de precedencia condicionada nos permite obtener una regla para resolver el caso, algo que podemos denominar la ley de colisión…las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente. Esto es lo que Alexy llama un tipo de normas de derecho fundamental adscriptas (Zugerodneten Normen en alemán, que en este contexto tal vez hubiera sido mejor traducir como “normas implícitas”), en las cuales “puede ser subsumido el caso.
Las reglas que surgen de la colisión hacen, según Alexy, conciliables “la ponderación en el caso particular y la universalidad”
En cambio, atendiendo las palabras de Andrés Botero Bernal[16], “Zagrebelsky podría enmarcarse dentro de un iusnaturalismo no clásico”, conclusión que se deriva de la lectura del derecho dúctil, en especial de las páginas 116 y 119.
Zagrebelsky: “El estilo, el modo de argumentar en derecho constitucional se asemeja, en efecto, al estilo, al modo de argumentar en derecho natural, como sabe cualquiera que esté familiarizado con las grandes decisiones de los Tribunales constitucionales. A propósito de las jurisdicciones constitucionales, se ha hablado agudamente de “administración judicial del derecho de naturaleza” y se ha observado, que la interpretación de la Constitución adquiere cada vez más el aspecto de una filosofía del derecho, pues sus procedimientos, no obstante estar vinculados al derecho vigente, no Estados constitucionales modernos, los principios morales del derecho natural se han incorporado al derecho positivo. Las modalidades argumentativas del derecho constitucional se abren así a los discursos metajurídicos, tanto más si se toman en consideración los principios de la Constitución.”
Zagrebelsky: “En presencia de los principios, la realidad expresa valores y el derecho funciona como si rigiese un derecho natural. De nuevo, y ahora por un motivo atinente al igual modo de operar y no a la igualdad de contenidos, el derecho por principios encuentra al derecho natural.”
Zagrebelsky: “En los ordenamientos jurídicos basados en los principios, en cambio, aquel paso no depende de un valor reconocido a priori, como sucede para la doctrina del derecho natural, sino de normas de derecho de positivo.”
[1] Abogada Universidad de Medellín, Especialista en Derecho de la Seguridad Social Universidad de Antioquia, Estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad de Medellín Cuarta Cohorte.
[2] ALEXY, Robert, el concepto y la validez del derecho. Trad. Jorge M. Seña. Barcelona: Gedisa, 1994, pp. 159-177.
[3] ZAGREBELSKY, Gustavo, el derecho dúctil. Madrid. Trad. Marina Gascón. Torino: Trotta, 2009, pp. 109-122.
[4] OSSA, M ¿las nuevas tendencias del derecho consagran el resurgir del derecho natural? En: IV seminario internacional de teoría general del derecho: Vivencia y pervivencia del derecho natural página. 193.
[5] COMANDUCCI, Paolo, “Formas de neoconstitucionalismo: un análisis metateórico”. En: Neoconstitucionaismo(s) Edición de Miguel Carbonell. Madrid. Trotta, 2005 página 86. [6] COMANDUCCI, Paolo, hacia una teoría analítica del derecho. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, página 255.
[7] PRIETO, Luis, “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. En: Neoconstitucionaismo(s) Edición de Miguel Carbonell. Madrid. Trotta, 2005 página 124
[8] Al respecto indica el autor “la tercera versión del neoconstitucionalismo ideológico que tal vez podría denominarse neoconstitucionalismo dogmático, representa una nueva visión de la actitud interpretativa y de las tareas de la ciencia y de la teoría del derecho, propugnando bien la adopción de un punto de vista interno o comprometido por parte del jurista, bien una labor critica y no solo descriptiva por parte del científico del derecho.
[9] ESTRADA, Sergio, “la ponderación o la débil frontera entre la arbitrariedad y el uso legítimo de la discrecionalidad”. En: Universitas 121, julio-diciembre 2010. Pontificia universidad Javeriana Bogotá. página 89.
[10] VALENCIA, Hernán, Nomoárquica, principialistica jurídica o los principios generales del derecho. Bogotá: Temis, 1999, página 302.
[11] PORTELA. Jorge, los principios jurídicos y el neoconstitucionalismo. Bogotá: Universidad de la Sabana, 2009, página 39. [12] BOTERO, Andrés. “buscando el gris entre dos teorías del derecho”. En: Ensayos Jurídicos sobre Teoría del Derecho. Buenos Aires. La ley, 2010 página 181.
[13]PORTELA. Jorge, los principios jurídicos y el neoconstitucionalismo. Bogotá: Universidad de la Sabana, 2009, página 39.
[14] BOTERO, Andrés, “Recepción critica (y parcial) de la concepción sobre sistema jurídico y razón práctica de Robert Alexy” En: Ensayos Jurídicos sobre Teoría del Derecho. Buenos Aires. La ley, 2010. página 213.
[15] MORESO, José. “Conflictos entre principios constitucionales” En: Neoconstitucionaismo(s) Edición de Miguel Carbonell. Madrid. Trotta, 2005 página 114.
[16] BOTERO, Andrés. “buscando el gris entre dos teorías del derecho”. En: Ensayos Jurídicos sobre Teoría del Derecho. Buenos Aires. La ley, 2010 página 187.
Por María Fernanda Paz Gil
La expedición de la Constitución Política de 1991 reviste dos aspectos relevantes a saber. Por una parte el constituyente primario proclamó a Colombia como un Estado Social y democrático de Derecho, con ello delimitó el plan de acción político y social que en adelante tendría que desarrollarse en el país; por otra parte se favoreció la redacción de normas de tipo principial, y con ello surgió la necesidad de crear un Tribunal Constitucional especializado encargado de la guarda y custodia de la misma Constitución; actualmente la Corte Constitucional desempeña esta tarea empleando básicamente dos mecanismos: la acción de inconstitucionalidad cuyo efecto práctico es verificar si una norma de inferior jerarquía se ajusta al texto de la Constitución y la acción de tutela mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Si ubicamos a la ciudadanía en dos momentos históricos: antes de la expedición de la constitución de 1991 y hoy, veremos que el concepto que tiene del Estado y las instituciones públicas ha variado de un modo positivo considerando que hoy el ciudadano cuenta con la acción de tutela, un mecanismo eficaz para la protección de sus derechos, acaece, no obstante, que, con la creación de la tutela surgió un conflicto: al no existir un catálogo tácito de cuáles son los derecho fundamentales, estos son los que el juez de tutela dice, por supuesto esta nueva forma de aplicar el derecho, ha generado larga discusión en la doctrina y en la práctica jurídica a derivado en lo que se conoce como el “choque de trenes”.
Con “choque de trenes” me refiero a la disputa existente entre la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria que en sus decisiones se apega al texto de una ley previa, estricta y escrita, y la Corte Constitucional, máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional que en sus decisiones protege los derechos fundamentales indeterminados e innominados, ahondando, la jurisdicción ordinaria aplica como método de decisión una lógica subsuntiva mientras que la jurisdicción constitucional aplica como método de decisión la ponderación. El conflicto está dado porque nuestras Cortes desconocen mutuamente sus fallos, desde la vitrina de los diarios y los noticieros esta actitud encierra un conflicto político que busca determinar cuál de las jurisdicciones, si la ordinaria o la constitucional tendrá la última palabra en la discusión y solución de un problema jurídico, es fácil plantear un “show” mediático en esa instancia porque cada corporación tiene un presidente o vocero si se quiere al que puede identificarse como artífice de una línea de decisión y opositor de otra.
Conviene, sin embargo, advertir que, el problema en la práctica jurídica o litigio no puede circunscribirse a esta noción de “choque de trenes” por dos razones. La primera de ellas es que las probabilidades de que el interés para recurrir en una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia o de que una tutela sea escogida para revisión en la Corte Constitucional, son bajas; la segunda es que en el litigio el problema real emerge a partir de que en Colombia no existe una Jurisdicción Constitucional especializada y por ello todos los jueces ordinarios ejercen funciones Constitucionales, razón por la cual, un juez debe aplicar lógicas contrapuestas en la solución del mismo problema jurídico atendiendo a que un ciudadano planteé el problema en el cuerpo de un proceso ordinario o en el cuerpo de una acción de tutela. Como puede verse, el “choque de trenes” tiene una segunda manifestación, la del juez común en el que convergen funciones de instancia y constitucionales, porque, en su ejercicio profesional debe aplicar normas que en muchas ocasiones han sido interpretadas por cada una de las “Altas Cortes” de manera diferente. Por supuesto no resulta técnico hablar de “choque de trenes” cuando nos referimos a la dicotomía a la que se ve enfrentado “el juez” al momento de tomar una decisión, sería más acertado plantear la dicotomía de las lógicas legalista y constitucionalista en el ejercicio judicial como manifestación del “choque de trenes” en el juez unitario.
Lo cierto es que sin importar la faceta que se tenga en cuenta, la del juez colegiado o la del juez unitario, el “choque de trenes” genera daños severos en la ciudadanía pues propicia desconfianza en el poder judicial.
Por supuesto el planteamiento anterior es relevante en la medida que “la estabilidad laboral reforzada en el fuero de Salud” es uno de los temas en que existe “choque de trenes”, dado que, la Corte Constitucional ha creado jurisprudencia prolija y extensa en la materia que es desconocida en muchas oportunidades por la Jurisdicción Ordinaria.
Por estabilidad laboral reforzada en el fuero de salud pueden entenderse diversas protecciones, pero interesa para el desarrollo de éste trabajo el entendido bajo el cual está prohibido al empleador despedir al trabajador que adquiere una discapacidad durante la ejecución del contrato de trabajo sin que medie justa causa.
La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral desconoce esta prohibición de despido al trabajador, es decir, permite el despido de un trabajador discapacitado en un contrato a término fijo si se esgrime como causal de terminación la llegada del plazo y no el estado de indefensión del trabajador. En tal sentido, “el juez” deberá resolver el caso de un modo si el trabajador solicita amparo por medio de una acción de tutela y de manera diferente si lo hace instaurando un proceso ordinario.
Sin lugar a duda, existen en este punto más preguntas que respuestas, no obstante, resulta innegable la pertinencia de un estudio profundo sobre la materia que condense las líneas jurisprudenciales sobre estabilidad laboral reforzada en el fuero de salud esgrimidas por “Nuestras Cortes”, estudio que será útil sólo en la medida de que ayude en la construcción de un sistema jurídico más coherente del que los ciudadanos puedan profesar confianza.
“EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO POR
LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”[1].
Juan Miguel Plata López[2]
Este artículo presenta los avances
en la investigación para aspirar al título de magister en derecho denominada: “La Familia
Contemporánea Frente Al Régimen De
Beneficiarios Y Financiero en la Pensión
de Sobrevivientes”,
desarrollada bajo la coyuntura que traza la necesidad de determinar si el
régimen de beneficiarios y financiero de la pensión de sobrevivientes dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, bajo los parámetros del
nuevo concepto de familia contemporánea, que logre garantizar a estos el
derecho constitucional a la Seguridad Social.
Familia contemporánea,
La pensión de sobrevivientes como institución
protagonista del Sistema General de Pensiones, presenta rigidez en el listado
de beneficiarios para el reconocimiento de esta prestación, lo que
genera la desprotección de la Seguridad Social al grupo familiar del causante, desconociendo
el mandato constitucional de protección familiar. Por su parte la Corte
Constitucional y los doctrinantes han determinado que el bien jurídico protegido
con la pensión de sobrevivientes es el grupo familiar del causante, por lo que
esta afirmación genera la inquietud de determinar si es cierto que la familia
sea el bien jurídico protegido con esta institución de la Seguridad Social, y
si es posible determinar que dicha norma es inconstitucional por vulnerar la
protección constitucional a la familia. La
investigación de la cual se deriva el presente artículo pretende, entre otros análisis,
transformación del concepto de familia tradicional a un concepto de familia contemporáneo
desde una perspectiva legal y jurisprudencial; Identificar las implicaciones
económicas de la familia contemporánea frente a los beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes dentro del Sistema General de Pensiones; Analizar la
estructura económica y financiera de la pensión de Sobrevivientes dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, y pretender estructurar un nuevo concepto de beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes desde la
institución jurídica de seguros y reaseguros.
presentarán algunos avances en la investigación en mención. 1. DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PENSION DE SOBREVIVIENTES.
Los Estados en la modernidad han dispuesto en
sus Constituciones darle prioridad a la Seguridad Social, y así procurar los
fines propios del Estado Social de Derecho, fue así como nuestro país con la expedición
de la Constitución de 1991 abrió el camino a la constitucionalización del derecho
de la Seguridad Social, en la medida
que pasó de un sistema de seguros
sociales que abarcaba solamente la
protección de trabajadores asalariados tanto del sector público como privados,
sin la protección a su grupo familiar y que marginaba a diferentes sectores de
la sociedad, tales como a los
trabajadores independientes, trabajadores informales, contratistas
independientes entre otros; a un sistema de Seguridad Social Integral
consagrado como derecho constitucional que tiene como principal finalidad la satisfacción de las necesidades mínimas de toda la población en general y proporcionar
unas garantías para la totalidad de riesgos sociales tales como el bienestar moral, espiritual y
material de todos los individuos. Ahora
bien, el Sistema General de Pensiones y concretamente la institución de
la pensión de sobrevivientes busca
mitigar los inconvenientes económicos de quienes pierden a su familiar
pensionado o afiliado, para que sus ingresos no se vean mermados, teniendo las
garantías mínimas para su desarrollo acorde a una vida digna.
la Constitución Política de Colombia de 1991, (art 1°) “Colombia es un Estado Social de
derecho, (…), fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
general”. Y
definió como sus fines esenciales
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…).
Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los derechos sociales del Estado y de los particulares”.
Por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarle al ser humano una serie de
derechos mínimos para su desarrollo individual y social, tales como: el salario
mínimo vital y móvil, salud, educación, la seguridad social, por lo que el
Estado Colombiano paso de una concepción en materia de Seguridad Social de
simple caridad social, a ser un derecho y una obligación Estatal. Ahora
bien, en lo referente a la pensión de sobrevivientes, podemos afirmar que busca
cubrir el riesgo de la muerte, garantizando la subsistencia individual y
familiar con el fin de evitar el desamparo, de las personas que en vida del
causante tenía a su cargo (NARANJO, V. 1995), y que encuentra sustento Constitucional
en los siguientes artículos: ARTÍCULO
Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de
ARTICULO 42. “La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad
de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en
la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre
todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes. (…)” ARTÍCULO
44. “Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.”
48. “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente
servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los
recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.” ARTÍCULO
53. “El
Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.” (Subrayas
De las anteriores trascripciones es claro que el derecho a la Seguridad Social y la Pensión de Sobrevivientes se encuentran previsto como un servicio público esencial
para todos los habitantes del territorio nacional, que es obligatorio y se encuentra a cargo del
Estado, que es administrado en asocio
con entidades privadas y que requiere de
una compleja estructura gerencial, administrativa, logística y financiera para
su adecuado funcionamiento, que busca la satisfacción individual y social de
los habitantes del territorio nacional, amparando tanto a los individuos como a
sus grupos familiares de las diferentes contingencias que se presentan a lo
El Estado Colombiano a partir del siglo XX vio la
necesidad de crear mecanismos legales para
la protección económica de un grupo de
personas que por el fallecimiento de la persona encargada de sus necesidades
mínimas quedan totalmente desprotegidas,
por lo que encontramos importante hacer un recuento histórico de la regulación normativa de esta institución
para fijar su evolución a lo largo del tiempo, para ello seguiremos al autor
Juan Martínez Cifuentes, (CIFUENTES, J. 2009) La regulación de la pensión de sobrevivientes inicia
en nuestro país con la Ley 90 de 1946
la cual consagró la pensión vitalicia mensual a la viuda fuera o no invalida o
al viudo invalido; la Ley 171 de 1961 estableció el derecho a la sustitución
pensional para los empleados públicos al manifestar que un jubilado o con
derecho a jubilación, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años de edad o
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por su invalidez y que
dependieran económicamente de él, les asiste el derecho a la pensión de
sobrevivientes durante los dos años siguientes; el Decreto 3041 de 1966 aprueba el reglamento del Seguro Social
obligatorio, y en el artículo 21 menciona la pensión de sobrevivientes a favor del cónyuge sobrevivientes, para
los trabajadores afiliados al Seguro Social; la Ley
33 de 1973, el artículo 2° daba el derecho a la pensión de sobrevivientes
vitalicia a la viuda de un pensionado del orden privado u oficinal, la cual
perdería si contraía nuevas nupcias, disposición que fue declara inexequible a
través de la sentencia C-309 de 1996, esta ley igualmente dio la posibilidad de
que compañera permanente del causante tuviere
derecho a la pensión de sobrevivientes siendo esta excluyente con la cónyuge, esta ley fue la primera norma en otorgarle derechos a
los compañeros permanentes.
La Ley 12 de
1975 consagraba una pensión especial
de sobrevivientes para la cónyuge o compañera permanente de un trabajador que
hubiere fallecido antes de cumplir la edad para acceder la pensión de vejez
pero hubiere cumplido con los requisitos para esta prestación; la Ley 4° de 1976 extendió los beneficios
de la pensión de sobrevivientes al viudo; la Ley 71 de 1988 extiende el grupo de beneficiarios a la pensión de
sobrevivientes advirtiendo que lo serán al cónyuge, a la compañera permanente, a los hijos menores,
inválidos, los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del
pensionado; el Decreto 758 de 1990, consagro
la posibilidad de los afiliados cotizantes sin cumplir el número de semanas
mínimas para acceder a la pensión de invalidez, dejaran acreditada la pensión
de sobrevivientes a sus beneficiarios siempre y cuando cumplieran el número de
semanas mínimas para acceder a la
Para el año de 1993, en desarrollo del derecho Constitucional
de la Seguridad Social, el Congreso de
la República expidió la Ley 100 de 1993 que en su libro primero se encarga de
regular lo referente al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, Ley
que posteriormente es reformada por la Ley 797 de 2003, y que en la actualidad constituye el marco legal que regula la Institución de la Pensión de Sobrevivientes. Ahora bien en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se encuentra consagrado
un listado de beneficiarios a esta
prestación, listado que por su naturaleza es rígido, ya que es taxativo y no permite el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a personas diferentes que las señaladas en la misma, situación que en la actualidad genera una serie de
dificultades al grupo familiar frente la muerte de un afiliado (cotizante o pensionado)
y que no se encuentran inmersos dentro de este listado, quedando desamparados
frente a los beneficios económicos y de
Seguridad Social que otorga el Sistema, estos artículos disponen como beneficiarios a la pensión de
sobrevivientes a las siguientes personas:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
(5) años continuos con anterioridad a su muerte; b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.
Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). (…)
menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y, los
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo de la Ley 100 de 1993; d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este; e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste. PARÁGRAFO.
Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”. (resalto y
sombreado propio)
Adicionar de ser taxativo el grupo de beneficiarios
enunciados anteriormente, encontramos que dicha disposición limita el
reconocimiento a las prestaciones que otorga el sistema a la acreditación del
vinculo de parentesco al consagrado dentro del código civil. 3. BIEN
JURÍDICO PROTEGIDO. La
Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos a determinado que la
finalidad o el bien jurídico protegido con la pensión de sobrevivientes es el
grupo familiar del causante: “La
pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de
esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, de tal suerte que
las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia[3],
sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida
del pensionado o afiliado que ha fallecido[4]. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades”.
(Sentencia C-1094 de 2003, 2003). (resalto fuera del texto)
sentencia C-1255 de 2001, la Corte nuevamente resalta que la finalidad de la pensión de
sobrevivientes es la de proteger al grupo familiar del causante:
pensión de sobrevivientes es una de las prestaciones consagradas en el
sistema general de pensiones (Libro I de la Ley 100 de 1993) y que tiene la finalidad de proteger a la
familia del trabajador de las contingencias generadas por su muerte. Así,
según la Corte Suprema, el pago de la pensión de sobrevivientes tiene como
finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias
del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”[5].
Esto significa que esa prestación “busca impedir que, ocurrida la muerte
de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”
(resalto fuera del
su parte la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como los académicos en la materia también han determinado que la finalidad de la pensión de
sobrevivientes es la protección económica del grupo familiar del afiliado
cuando este fallece. “Con arreglo al artículo 46 de la Ley 100
de 1993, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o
invalidez por riesgo común, que fallezca. Y que conforme al artículo 47 ibídem,
son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años;
los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapaces para trabajar por
razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de
su muerte; y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante
mientras subsistan las condiciones de invalidez”.
Corte Suprema de Justicia (2002) “Resalto fuera del texto”.
Arenas Monsalve, especialista en Derecho de la Seguridad Social afirma: “La muerte Constituye
una contingencia del sistema de seguridad social, en cuanto que la ausencia
definitiva de la persona que atendía el
sostenimiento del grupo familiar, dejaría en situación de desamparo a los
integrantes del mismo” (resalto propio)
los enunciados anteriores queda claro
pues que dentro de nuestras
instituciones no se presenta ninguna discusión frente al bien jurídico que
protege la pensión de sobrevivientes, sin embargo es importante determinar si frente a los continuos cambios sociales y económicos que se presentan
en la actualidad y al limitado grupo de beneficiarios que consagra la ley, seguir
afirmando que el bien jurídico protegido
es el grupo familiar, en la medida que el concepto de familia tradicional ha mutado
y por ende se presenta en el marco social una serie convivencias que
fundan dicha unión en los elementos característicos del concepto de familia que nos obliga a replantear esa
institución universal es propia de todas las culturas y civilizaciones, por lo
que el concepto de familia es estudiado y abordado bajo una óptica interdisciplinaria, ahora bien, dentro de un
enfoque jurídico-social se reconoce a la
familia “como sujeto prevalerte, que para
efectos del discurso social es ser considerada como sujeto de derechos, como
protagonista ciudadana, con desarrollos y propuestas acordes a sus cambios
estructurales, funcionales y vitales.” (QUINTERO,
A.2007).
lo menciona Eduardo Umaña la familia es considerada como el “principal agente trasmisor de
la cultura de los pueblos”, es el eje fundamental de una sociedad, por lo que
los grupos familiares son los encargados de jalonar los cambios en el progreso
de la sociedad, en la medida que a raíz de los cambios sociales, económicos,
culturales y espirituales la familia se
ve afectada y tiende a transformarse.
evolución y formación de los grupos
familiares obliga como se indico anteriormente obliga a que su estudio sea abordado
desde diferentes ciencias del saber, (sociología, sicología, antropología, derecho) sin embargo independiente de la disciplina con la cual se aborde, es claro que para
todas ellas la familia es el centro mismo de la sociedad que dinamiza el desarrollo
social de una región.
Desde un enfoque jurídico, la familia goza de especial
protección constitucional y por ello dentro de la constitución
encontramos el marco principial, en el cual se funda esta
institución y se encuentra desarrollado dentro de los siguientes artículos:
Artículo 5° que
consagra el amparo de la familia manifestando que: “el Estado reconoce, sin
amparo a la familia como institución
básica de la sociedad” Resalto fuera del texto
su parte el artículo 42 define a la
familia como el núcleo fundamental de la sociedad y pregona la igualdad de los derechos de los hijos.
“La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el
patrimonio familiar inalienable e inembargable.
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto
recíproco entre todos sus integrantes.
en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será
Los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente
o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes…”
43, garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer y para
el hombre y elimina toda clase de discriminación; en el artículo 44 contempla los derechos fundamentales de los niños y las
obligaciones que tienen la familia, la sociedad y el Estado para garantizarlos,
pues estos prevalecen sobre los derechos de los demás, el artículo 45 el derecho de los adolescentes y el artículo 46 la protección y asistencia
especial de las personas de la tercera edad. Por
su parte la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de familia en
varias de sus decisiones afirmando que:
“a) La Constitución pone en
un plano de igualdad a la familia constituida "por vínculos naturales o
jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de
conformarla" y a la que tiene su origen en el matrimonio”.
“b) ‘El Estado y la Sociedad
garantizan la protección integral de la familia’, independientemente de su
constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica
de la igualdad de trato”.
“c) Por lo mismo,
"la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables",
sin tener en cuenta el origen de la misma familia”.
“d) Pero la igualdad
está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de
ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio”. (…) “En conclusión: según la
Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias
originadas en el matrimonio o constituidas al margen de éste” sentencia
C-105 de 1994.
en sentencia C-081 de 1999, la Corte
analiza el concepto de familia, mencionando que está igualmente se constituye
por vínculos naturales y/o jurídicos: “En
múltiples jurisprudencias esta
Corporación ha considerado que la Carta Política de 1991, estableció un marco
jurídico constitucional que reconoce y protege, tanto a la familia matrimonial
como la extramatrimonial, siempre que ésta última según el constituyente, esté
formada por la voluntad de un hombre y
una mujer de conformarla, que lo hagan de manera responsable, seria y asumiendo las obligaciones que implica
constituir parte de un grupo familiar. Es decir, la Carta Magna protege la familia matrimonial y
extramatrimonial, en cuanto llenen las características que establezca la ley,
para los múltiples efectos que el legislador contemple, sean en las áreas del
derecho de familia, ora en lo penal, civil, laboral o tributario, etc.
bien, la situación reconocida por la
Carta en el artículo 42 sobre la familia extramatrimonial, es a su vez,
reafirmada por la legislación, por el derecho comparado y aún por la
jurisprudencia colombiana, penal, civil, laboral o contencioso administrativa,
en cuanto aceptan y reconocen las
diferentes formas de relaciones familiares extramatrimoniales y ordenan darle un tratamiento igual al que se le
otorga a la familia matrimonial. Ese
tratamiento de igualdad, previsto por la Carta, es una preceptiva de aplicación
directa y no programática, por cuanto el constituyente no exige un desarrollo,
por parte del legislador, como sí lo obliga en otros aspectos normativos
contenidos en Constitución de 1991, para dar protección y reconocimiento a las
diversas estructuras familiares que asumen en el mundo contemporáneo las
diversas modalidades de orden filial o sanguíneo. En este orden de ideas, la
unión marital de hecho, esto es la comunidad familiar constituída por un hombre
y una mujer, y forma una familia que
merece reconocimiento jurídico y social, siempre y cuando acredite los
elementos básicos de permanencia y estabilidad por lo que, es innegable, a
juicio de la Corte que faltando tan solo la formalización de su vínculo
conyugal, deban recibir un tratamiento jurídico equiparable o semejante por
muchos aspectos al que merece la unión conyugal”.
lo que la familia es considerada desde
la ciencia jurídica como el núcleo de la sociedad, la cual es protegida
constitucional como legalmente, tanto la conformada por vínculo jurídico, como la
formada por voluntad libre, con ánimo de permanencia y estabilidad, asumiendo
las obligaciones que implica pertenecer a ella, siendo estos los requisitos fundamentales para establecer si determinada
unión es un verdadero grupo familiar.
Ahora bien, Jaime
Araujo Rentería magistrado de la Corte
Constitucional, en la aclaración de voto de la sentencia C-1035 de 2008, replantea
el concepto de familia, indicando que la Corte Constitucional realiza una interpretación errónea al advertir que la
conformación de la familia está
supeditada a la unión de un hombre y una mujer, sea por el vínculos matrimoniales o extramatrimoniales, sin advertir que pueden presentarse grupos
familiares sin la unión entre un hombre
y una mujer exponiendo lo
familia se puede constituir también por vínculos naturales o jurídicos, aunque
no haya un hombre y una mujer en matrimonio; por ejemplo la mujer que va a un banco
de espermas y se insemina artificialmente sin saber ni importarle siquiera
quien generó el esperma y concibe uno o más hijos de esta manera; no hay duda
que esta mujer y sus hijos constituyen una familia aunque no haya detrás de
ella un matrimonio (esto es un evento de vínculo natural). El hombre que adopta uno o más niños, no hay
duda que tiene una familia con ellos, aunque jamás contraiga matrimonio o
conviva de hecho con alguna mujer (este sería un caso de vínculo jurídico).
podemos afirmar, que ha existido una interpretación errada tanto por la Corte
Constitucional como por otros intérpretes del artículo 42 de la Constitución, ya que no es cierto que la familia
siempre esté integrada o tenga en su base a un hombre y a una mujer; este fundamento,
hombre y mujer sólo se exige para el matrimonio, pero no se necesita para las
otras clases de familia que se encuentran igualmente protegidas por nuestra
(Resalto fuera del texto)
bien, los grupos familiares no son estáticos e inmóviles como se indico
anteriormente, ya que los cambios
sociales y económicos que se reflejan dentro de su seno obligan a su transformación y por ende ha adaptar y regular las nuevas
condiciones en las que se desarrollan, lo que genera en el legislador y las altas Cortes implementar medidas de protección a los grupos familiares, como se observa en el artículo 34 del Decreto 806 de 1998, que permite
afiliar como beneficiarios al Régimen Contributivo de Salud a los hijos de la
cónyuge o compañera (o) permanente de relaciones anteriores, o por la
jurisprudencia constitucional que permitió el reconocimiento de las parejas del
mismo sexo como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (sentencia C-336 de 2008) Así
mismo lo ha entendido la Corte Constitucional que en sentencia T-900/2006, indica
que la conformación de los grupos familiares no es rígida e inflexible, que por
el contrario por su naturaleza es flexible acorde a las circunstancias de cada
individuo: “No obstante, en su conformación, la familia resulta
flexible a las diversas maneras de relacionarse entre las personas, a las
coyunturas personales que marcan el acercamiento y el distanciamiento de sus
integrantes, o a los eventos que por su carácter irremediable determinan la
ausencia definitiva de algunos de sus miembros. La fortaleza de los lazos
que se gestan en el marco de la familia y la interrelación y dependencia que
marcan sus relaciones entre cada uno de sus miembros hace que cada cambio en el
ciclo vital de sus componentes altere el entorno familiar y en consecuencia a
Adicionalmente, éste
Tribunal ha reconocido el carácter maleable de la familia al considerar que por
tratarse de un estado que se reconoce como multicultural y pluriétnico (art. 7
C.P.) en él, la familia puede tomar diversas formas según los grupos
culturalmente diferenciados. Por lo que no es constitucionalmente admisible el
reproche y mucho menos el rechazo de las opciones que libremente configuren las
personas para establecer una familia, siempre y cuando ella no resulte
atentatoria de los derechos fundamentales”. (Sombreado propio)
lo que es claro que nuestro país no ha sido ajeno a los cambios en la
conformación de grupos familiares, ya
que los diferentes fenómenos sociales y
económicos vividos en nuestro país, se
ven reflejados en los entornos sociales que han jalonado la conformación de una
serie de relaciones que cumplen con los requisitos para la conformación de una
familia, sin embargo siguen siendo desprotegidos por el Sistema General de
Pensiones frente al riesgo de la muerte, en la medida que no son catalogados como beneficiarios de
enunciar como ejemplos de grupos familiares no protegidos por el Sistema
General de Pensiones a los Siguientes:
simultánea: conformada por parejas que han tenido uniones anteriores que
han concluido en ruptura. A esta familia un cónyuge aporta hijos de uniones
anteriores. Se divide en simple padrastral (cuando el hombre entra a formar
pareja con una mujer que ha tenido una unión previa y ella aporta los hijos) o
simple madrastral, a la inversa de la anterior. Familia
compuesta: son aquellas en las que ambos cónyuges provienen de
uniones anteriores rotas y aportan hijos a la nueva unión. Por lo que además de
aportar cada cónyuge hijos a la nueva unión, tienen hijos en común. Por
lo que dentro de las familias simultaneas y compuestas encontramos una serie de lazos afectivos
entre los padres de crianza con sus hijastros, donde la finalidad de la familia
es ser un soporte espiritual y económico para todos los miembros que la
domésticas: cuando en una vivienda se agrupan personas
sin vínculo de consanguinidad o afinidad y se distribuyen los gastos y roles,
dentro de la misma[6]
Por su parte en nuestro país se ha
incrementado el fenómeno de las convivencias simultaneas, en el cual una
persona tiene más de un grupo familiar presentando convivencia simultánea entre un
cónyuge y una compañera(o) permanente o entre compañeras(os) permanentes, como
la advertida por el periódico El
Tiempo el pasado 24 de mayo de 2009, en
el cual una persona convive con dos compañeras y con las cuales tiene 15 hijos.
En tal reportare se afirmó:
“sin celos ni rivalidades, Luz Dary y
Esther han aprendido a sobrellevar lo que les deparó el destino, o mejor, con
lo único que les ha podido ofrecer el hombre
de sus amores: una casa de apenas 12 metros de largo por seis de ancho,
donde conviven apretujadas 19 personas”. (Sombreado fuera del texto)
otra parte, el Código Civil Colombiano en los artículos 254 y 260, consagra las
obligaciones que tienen los abuelos y consanguíneos más próximos por la
ausencia de los padres sea por muer o por incapacidad absoluta:
Artículo 254: Podrá el
juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el
cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. En la elección de
estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo a
los ascendientes legítimos. (Resalto propio)
Artículo 260: La
obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la
falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos legítimos por una y
otra línea conjuntamente. El juez reglará la
contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y
podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que
sobrevengan. (Resalto propio)
Ahora bien, siguiendo los criterios enunciados por
la Corte Constitucional en la flexibilidad en la conformación del grupo
familiar, podemos afirmar que la finalidad de la
custodia o tutoría no se limita a la
administración de los bienes del pupilo, ni a la representación legal del mismo
como lo establece el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, sino que
igualmente quien la solicita, frente a ese
menor, adquiere la obligación de establecer
relaciones de padre o madre a hijo. En la medida que es incorporado al grupo
familiar del custodio, por lo que el
tutor o custodio tiene que en cargar de las condiciones personales del pupilo
con el único fin de satisfacer los derechos mínimos del mismo (salud, educación
alimentación, recreación, etc).
Si confrontáramos estos grupos familiares con el
listado de beneficiarios a la pensión de sobrevivientes sin realizar ningún
esfuerzo encontramos que se encuentran excluidos, por lo que los hijos de crianza, padrastros y abuelos o
consanguíneos tienen la obligación, moral, legal y social de velar y proteger
el grupo familiar al cual pertenecen, no
les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
quedando desprotegidos económicamente y sin las garantías y protección que
otorga el Sistema General de Seguridad Social Integral. 5. CONCLUSIÓN:
anteriormente expuesto podemos concluir que no es cierta la afirmación plasmada
por las altas corporaciones judiciales y
los doctrinantes al advertir que el bien jurídico protegido con la pensión de
sobreviviste es la familia, toda vez
que dentro del Sistema General de Pensiones encontramos que frente a la lista
de beneficiarios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es rígida, taxativa e inflexible, circunstancia que va en contravía a la evolución y flexibilidad en la conformación de grupos familiares, situación lógica que se
presentan dentro de la evolución de todas las sociedades, más aun cuando la
misma Corte Constitucional ha aceptado que la conformación de los grupos
familiares no pueden aceptarse inmutable, sino por el contrario es flexible
acorde a diferentes circunstancias físicas, culturales, sociales, económicas,
que independientemente de su conformación
deben ser protegidas constitucionalmente.
por el contrario aceptáramos que el bien
jurídico protegido por la pensión de sobrevivientes es la familia, que debería
ser así, podríamos entonces afirmar que el listado de beneficiarios que
consagra la Ley 100 de 1993, reformada por la Ley 797 de 2003 es vulneradora del mandato constitucional de protección al grupo familiar y por ende
seria una norma inconstitucional, por lo
que los operadores jurídicos en virtud del control de constitucionalidad difuso,
en cada caso concreto podían dejar de aplicar esta disposición para garantizar
efectivamente el derecho a la Seguridad Social a los nuevas conformaciones
familiares que no se encuentran reguladas en la misma.
MONSALVE, Gerardo, El Derecho Colombiano de la Seguridad Social. Bogotá:
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QUINTERO, A. Visión interdisciplinaria de la familia. En revista Análisis ISSN:
1542-7544, 2007 vol. Fasc. 8 Puerto Rico. 2.007, Pág. 97.
[1] Este artículo es avance de la
investigación que se encuentra en ejecución, denominada “la familia
de sobrevivientes” Desarrollada
para aspirar el Titulo de Magister dentro de la Maestría en Derecho en la
[2] Abogado Universidad de Medellín,
especialista en Derecho de la Seguridad Social Universidad de Antioquia,
maestreando en Derecho de la Universidad de Medellín, docente investigador de la línea de investigación en derecho
laboral y de la seguridad social del grupo de investigaciones jurídicas
adscrito al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad mencionada. jmplata@udem.edu.co
[3] Al respecto esta Corporación había señalado
que el propósito perseguido por la Ley al establecer la pensión de
sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del
afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas
derivadas de su muerte. Sentencia
C-1176-01, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. [4] Corte Constitucional. Sentencia C-002-99,
M.P. Antonio Barrera Carbonell. [5]
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 2 de noviembre de 1981, Gaceta
Judicial No. 2406, Pág. 518.
[6]http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2004/sep/soci/boda/espe.htm Publicado por

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 artículo 13
 artículo 46
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 artículo 34

Artículo 254

Artículo 260
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