Source: https://do.vlex.com/vid/sentencia-no-194-segunda-668952633
Timestamp: 2020-02-20 03:29:23+00:00

Document:
Sentencia nº 194 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Marzo de 2016. - Jurisprudencia - VLEX 668952633
A.A.M.S. e H.R., asistidos de la
secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la
ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 14 de
marzo de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración,
dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente
Sobre el recurso de casación interpuesto Yesenia Altagracia
Vásquez Martínez, dominicana, mayor de edad, viuda, portadora de la
cedula de identidad y electoral núm. 001-0493711-5, empleada privada,
domiciliada y residente en la calle E.M. núm. 36, municipio Fecha: 14 de marzo de 2016
San José de Los Llanos, provincia S.P. de Macorís, contra la
sentencia núm. 280-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 08 de
mayo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Dr. L.J.V., otorgar sus calidades en
representación de la parte recurrente, señora Y.A.V.M., en la lectura de sus conclusiones;
Oído al Dr. M.E.B.P., defensor público, otorgar sus calidades en representación de la parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones;
Dr. L.M.J.V., en representación de la recurrente,
depositado el 28 de mayo de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua,
mediante el cual interpone dicho recurso; Fecha: 14 de marzo de 2016
recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 22 de
Casación, 70, 393, 396, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del
Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de
que en fecha 11 de octubre de 2013, el Licdo. Edwin Encarnación
Medina, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,
interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en contra de
C.J.C., por supuesta violación al artículo 295 Código
Penal y Ley 36; Fecha: 14 de marzo de 2016
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual en fecha 29 de
septiembre de 2014, dictó la sentencia núm. 124-2014, cuyo dispositivo es
“PRIMERO: Se declara al imputado C.J.C., dominicano, de 25 años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 024-0026046-5, residente en la calle Prolongación Duarte, núm. 52, Los Llanos, provincia S.P. de Macorís, culpable de los crímenes de homicidio intencional y porte ilegal de arma blanca; hechos previstos y sancionados respectivamente por las disposiciones de los artículos 295 y 304, párrafo II del Código Penal dominicano, y 50 y 56 de la Ley núm. 36, en perjuicio de O.I.J.V.; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio ya que el imputado está siendo asistido por la Oficina Nacional de la Defensa Pública; TERCERO: Declara regular y válida en cuanto a la forma y justa en el fondo, la constitución en actor civil hecha por la señora Y.A.V.M., actuando por sí y por la menor Osmeily Altagracia, por haber sido hecha dentro de los plazos y demás formalidades legales y reposar sobre pruebas y fundamentos legales; CUARTO: Se condena al imputado C.J.C., a pagar la suma de Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000.00), a favor y provecho de la señora Y.A.V. Fecha: 14 de marzo de 2016
indemnización por los daños morales sufridos por éstas como consecuencia del ilícito penal cometido por el imputado; QUINTO: Se condena al imputado C.J.C., al pago de las costas civiles del procedimiento y se ordena su distracción en provecho del Dr. L.J.V., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual en fecha 8 de
mayo de 2015, dictó sentencia núm. 280-2015, y su dispositivo es el
“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) En fecha veintiocho (28) del mes de Noviembre del año 2014, por el Dr. L.M.J.V., abogado de los Tribunales de la República, actuando a nombre y representación de la Sra. Y.A.V.M., quien actúa por sí y en representación de su hija la menor O.A.J.V., ambas en su condición de esposa e hija del occiso O.I.J.V.; y b) En fecha diecisiete (17) del mes de diciembre del año 2014, por el Dr. M.E.B.P., (Defensor Público), actuando a nombre y representación del imputado C.J.C., ambos contra sentencia núm. 124-2014, de fecha veintinueve (29) del mes de septiembre del año 2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Fecha: 14 de marzo de 2016
P. de Macorís; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida en todas sus partes ; TERCERO: Compensa pura y simplemente las costas por haber sucumbido ambos recursos; La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”;
Considerando, que la recurrente aduce, en síntesis, lo
“Sentencia infundada, que la Corte ha rechazado su recurso sin fundamento legal, obviando la contradicción existente en la sentencia de primer grado entre sus motivos y dispositivo, que si al imputado en el juicio se le rechazaron todos sus pedimentos, sobre todo lo relativo a presentar circunstancias atenuantes en virtud del artículo 339 del Código Procesal Penal, no tiene sentido ni sustento legal que el juzgador en su dispositivo impusiera la pena mínima; que la Corte erróneamente afirma que los jueces impusieron la pena acogiendo las previsiones del artículo 339 de dicho texto legal, cuando por el contrario el tribunal rechazó acoger dichas previsiones y al momento de justificar dicha sanción no se basó en esta norma legal, que el juzgador no motivó el porqué la imposición de una pena de cinco años de reclusión para una violación de hasta veinte años, máxime que no acogió ninguno de los criterios para la determinación de la pena”;
Considerando, que los alegatos de la recurrente giran
siguiente: Fecha: 14 de marzo de 2016
en torno a una misma dirección, a saber, la imposición de una
pena de cinco años al imputado en un hecho que como pena
máxima conlleva una sanción de veinte años, sin haberse acogido
circunstancias atenuantes a su favor, incurriendo el juzgador en
una contradicción en sus motivaciones con su dispositivo;
Considerando, que luego de examinar la decisión en ese
sentido, se puede observar, que la Corte a-qua, para fallar como lo
hizo estableció en síntesis lo siguiente:
“…que para dar por establecida la contradicción en la motivación de la sentencia es necesario contraponer dos planteamientos del contenido de la misma de los cuales uno afirme alguna situación o circunstancias y en el otro se niegue dicha circunstancia o se afirme lo contrario, lo cual no ha ocurrido en la especie….que el recurso de la parte agraviada, no demuestra la contradicción o ilogicidad invocada, ni siquiera se plantea como ejercicio de razonamiento alguna contraposición de hechos o circunstancias para sustentarlo….que contrariamente a lo planteado por esa parte recurrente, la sentencia en ningún momento reconoce circunstancias atenuantes a favor del imputado, pues ante una previsión legal de 3 a 20 años, según el Código Penal el tribunal impuso 5, lo cual se enmarca dentro del principio de legalidad de la pena y las previsiones del artículo 339 del Código Procesal Penal…que dentro del margen previsto en la ley para el caso que nos ocupa, el juzgador puede perfectamente Fecha: 14 de marzo de 2016
en cuenta diversos factores como: los antecedentes penales del imputado, la intención de este al perpetrar el hecho, el comportamiento previo de la víctima; entre otros, de ahí que, habiéndose establecido que el imputado se encontraba al momento de los hechos, dedicado a sus labores cotidianas y que incluso quiso evadir en principio la discusión o altercado alguno con la víctima, es obvio que la pena aplicada se ajusta a los hechos y al derecho, razones suficientes para desestimar dicho recurso de apelación…”;
Considerando, que de lo antes expuesto por la alzada, se colige,
que contrario a lo invocado, la sentencia está sustentada en derecho, que
no lleva razón la recurrente al decir que la Corte afirma que los jueces
impusieron la pena acogiendo las previsiones del artículo 339 de dicho
texto legal, cuando de la lectura de la misma este vicio no se observa, por
el contrario, esa alzada lo que establece es que la pena aplicada se
encuentra dentro de los parámetros legales previstos en la norma que
juzga la materia, a saber, una escala comprendida de 3 a 20 años;
Considerando, que el juzgador está facultado para imponer la
pena que él considere pertinente, siempre y cuando la misma se encuentre
dentro de la escala comprendida para el tipo de delito juzgado, pudiendo
tomar en cuenta los factores que incidieron en la comisión del Fecha: 14 de marzo de 2016
ilícito, conforme los hechos previamente fijados por éste, como sucedió en
la especie, en donde el imputado trató de evitar el incidente, ya que se
dedicaba a sus labores cotidianas, tal y como expresó uno de los testigos
que iba a bordo del transporte denominado “cuquita”, el cual era
conducido por él, situación ésta ponderada debidamente por la alzada, y
en ese orden huelga establecer que la obligación del juzgador al momento
de imponer la pena es la de tomar en consideración ciertas circunstancias,
no limitativas fijadas por el legislador y cuando un tipo penal tiene una
sanción legal que establece una condena de 3 a 20 años de reclusión
mayor, y el tribunal procede a imponer una inferior al máximo del
quantum estableciendo las justificaciones de ley por las cuales la impone,
como ha ocurrido en el caso de la especie donde la Corte a-qua dejó por
establecido no haber podido vislumbrar ningún aspecto contrario a la ley;
obligación de los tribunales del orden judicial, lo que debe asumirse como
un principio general e imperativo para que las partes vinculadas a los
procesos judiciales encuentren la prueba de su condena, descargo, o de
rechazo a sus pretensiones, según sea el caso; y que la sentencia no sea el
resultado de una apreciación arbitraria del jugador, sino que los motivos
expresados en ella sean el resultado de la valoración real de lo que el juez Fecha: 14 de marzo de 2016
o tribunal analizó al aplicar la norma jurídica y del análisis de los hechos
sometidos a la sana crítica, lo que fue claramente observado por la Corte
a-qua, y, al constatar esta Sala que la decisión atacada se encuentra
debidamente motivada, en un orden lógico y armónico que permite
conocer las situaciones intrínsecas del caso, sustentada en una debida
valoración de las pruebas aportadas y ponderadas de forma conjunta
mediante un sistema valorativo ajustados a las herramientas que ofrece la
normativa procesal, la misma procede a confirmarla;
Primero: Declara con lugar en la forma, el recurso de casación interpuesto por Y.A.V.M., contra la sentencia núm. 280-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís en fecha 08 de mayo de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;
Segundo: rechaza en el fondo el referido recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión;
Tercero: Condena a la recurrente al pago de las Fecha: 14 de marzo de 2016
costas del procedimiento;.
Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para los fines pertinentes.
(Firmados).-F.E.S.S..-E.E.A.C..- A.A.M.S.-HirohitoR.
Sentencia nº 194 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 28 de Febrero de 2018.

References: artículo 295
 artículo 339
 artículo 339
 artículo 339
e contrario
 artículo 339