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Precedente Judicial VIII - laseguridaddemocraticaencolombia2002-2010.over-blog.es
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28 octubre 2013 1 28 /10 /octubre /2013 20:32
Precedente Judicial VIII
Conductor ebrio causante de accidente no se exime de responsabilidad, si pasajero en idéntica situación acepta viajar con él
La Corte Suprema de Justicia determinó que una acción a propio riesgo que exima al actor de responsabilidad por el daño solo se concreta cuando la víctima tiene la capacidad de discernimiento sobre la eventual concreción del perjuicio que pueda sufrir; a su juicio, dicha “autopuesta en peligro” no puede pregonarse de quien acepta subir a un vehículo, a sabiendas de que el conductor se encuentra alicorado, si él mismo se encuentra en estas condiciones, que menguan su capacidad reflexiva y, por tanto, le impiden contemplar que se enfrenta a una situación excesiva de riesgo de daño antijurídico creado por un tercero que él, con su accionar inconsciente, ha consentido. Así, si la concreción de la lesión es atribuible a causas que la víctima no estaba en capacidad de contemplar, no es posible eximir de responsabilidad a quien causa la lesión, pues se requiere que el perjuicio se dé exclusivamente dentro del riesgo que la víctima ha decidido asumir, no por causas extrañas a esta concesión; que esta aceptación se dé bajo plena libertad de decisión por parte de esta y que el actor no tenga posición de garante respecto de aquella
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36842, 27/11/2013
Reparación moral, por delitos cometidos por el Estado.
Ante las graves violaciones a DDHH perpetradas por agentes del Estado, el juez puede exceder los límites fijados en la demanda con fundamento al artículo 97 del CP, según la indemnización puede ir hasta 1000 smlmv, pues no existe justificación para que el juez de lo contencioso administrativo se limite al tope de 100, cuando el daño tiene su génesis en un delito, pudiéndose apartar de los fallos 13232-15646 de 2011.
C.E sección 3ra sent. 05001233100020010079901, sep. 25/13. C.P Enrique Gil Botero.
Competencia del juez de garantías frente a la imputación es impugnable.
Este es el único trámite procesal que se puede adelantar, el juez de garantías no efectúa una labor formal de trámite que le asigne gobierno procesal, pues este funcionario está destinado a controlar la no violación de los derechos fundamentales, sin que pueda llegar a considerarse como un juez natural.
Hay que distinguir que este juez cumple con funciones constitucionales (velar por los derechos fundamentales) y legales (impulso procesal) CSJ auto 41912 agosto 6/13 M.P Luis Guillermo Salazar.
La detención de un servidor público debe hacerse en una cárcel especial.
Según el art. 29 de la ley 65/93, teniendo en cuenta que en la detención preventiva como en el cumplimiento de la condena, corren situaciones de seguridad, personalidad, de antecedentes y conducta del individuo, sin dejar a un lado la gravedad de los delitos que estos cometen.
CN. sent. T 506 de julio 30/13 M. P Nilson Pinilla.
Estipulaciones probatorias admitidas en el juicio oral son irretractables.
Estas son un asunto exclusivo de las partes frente a hechos o circunstancias en los que estas se ponen de acuerdo respectos a sus teorías del caso.
Si se admitiera retracto, se rompería el equilibrio sobre las partes, de adversarios.
CSJ, auto 41505, sep. 11/13. M.P. Fernando Castro.
La instalación de cámaras en las aulas de clase viola los derechos fundamentales.
La autodeterminación, la libertad de cátedra y el debido proceso pueden ser afectados, pues pueden llegar a reprimir conductas que no son infracciones e inhibe procesos propios de la educación. CN, sent. T 407 de mayo 31 de 2013 M.P Mauricio González.
Actuar como el magistrado auxiliar que proyectó una decisión no constituye causal de impedimento
La Corte Suprema de Justicia determinó que haber elaborado un proyecto de fallo como magistrado auxiliar en una demanda de casación penal no constituye causal de impedimento para que este funcionario judicial pueda participar en el examen al mismo caso, esta vez como magistrado titular.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41103, 10/9/2013
La petición de libertad le corresponde decidirla al funcionario judicial que ha impuesto medida de aseguramiento, señaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia, Auto 42282, 25/9/2013
Certificado de contadores no constituyen documento público
Señala la Corte que la profesión de contador, se encuentra reglamentada como ocurre con otras, al punto que se le exige a la persona que la desempeña, la obligación de consignar la verdad en las certificaciones que emite; no obstante, los documentos que expida en ejercicio de sus funciones no tienen la calidad de públicos, por cuanto en su elaboración no está desempeñando una facultad propia del Estado.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39373, 2/10/2013
Hay que proveer la medida de aseguramiento frente a un eventual incumplimiento.
Uno de los fines constitucionales está en el artículo 308 y 312 del CPP, cuando el imputado fuere probable que no cumplirá la sentencia, además del estudio de idoneidad, proporcionalidad y finalidad legitima; lo anterior, no anula la presunción de inocencia ni la libertad de locomoción, pues no son derechos absolutos. La medida de aseguramiento es cautelar, instrumental y excepcional, no es punitiva ni sancionatoria.
CN. Sent. C 695 oct 9/13 M.P Nilson Pinilla.
Absolución prima sobre declaratoria de nulidad.
Ha señalado la Corte Suprema de Justicia que en el evento en que, en sede de Casación, haya tensión entre la declaratoria de nulidad de lo actuado y la exclusión de responsabilidad penal del procesado, debe primar la segunda opción, toda vez que, en concepto del alto tribunal, tiene una mayor consideración sustancial para el procesado.
Administración Postal Nacional, Sentencia 32983, 21/10/2013
Exclusión de los postulados que no entreguen, ofrezca o denuncie los bienes adquiridos por el grupo ilegal.
Es un deber jurídico para contribuir a la reconciliación nacional, dar a conocer ante la autoridad competente su participación en conductas criminales y entregar o dar información sobre los bienes adquiridos por este grupo.
De lo contrario perderá el beneficio de la pena alternativa.
CN comunicado de la sent. C 752, oct. 30/13, MP Luis Guillermo Guerrero.
Nueva reforma a justicia y paz: decreto 3011 del 2013
Justicia y paz debe estar consonante con toda la normativa sobre justicia transicional, en aras de proteger los derechos de las víctimas, contribuir a una paz más estable y duradera, con garantías de no actos de repetición.
Es así, que se cuenta con un procedimiento, el cual dispone que al mes siguiente a la acreditación de la víctima, la Fiscalía debe dar traslado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, información operable con el registro único de victimas.
Además, el INPEC, debe diseñar y ejecutar un programa dirigido a la resocialización de los miembros de Justicia y Paz, privados de su libertad.
El comercio de un infante es trata de personas, no adopción irregular.
CSJ, Sala Penal, sent. 3925, oct. 16/13. MP Eugenio Fernández
Suspensión y cancelación de registro de bienes ilícitos es una solicitud posible por parte de la víctima.
La victima puede elevar esta solicitud al fiscal o directamente, para que se suspenda el poder dispositivo sobre bienes adquiridos ilegalmente.
Es una acción eminentemente patrimonial, sin incidencia en la responsabilidad penal.
CN. Sent. C 839, nov. 20/13. M.P José Ignacio Pretelt
Reintegro de lo apropiado en el peculado puede provenir de terceros
Bajo el artículo 401 del Código Penal, la atenuación punitiva aplicable al delito de peculado por el reintegro de lo apropiado procede aunque no lo haga directamente el procesado, pues el acto de arrepentimiento puede realizarse a través de terceras personas, afirmó la Sala Penal de la Corte Suprema. En su opinión, el beneficio previsto en dicha disposición busca principalmente rescatar el deber funcional de lealtad quebrantado, en tanto el procesado exprese su arrepentimiento mediante un acto voluntario. Igualmente, esa norma también consagra una política criminal tendiente a disminuir el impacto negativo del ilícito frente al bien jurídico tutelado, ya que la recuperación de los bienes y recursos públicos morigera el daño causado.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39936, 20/11/2013
Ausencia de actos de contradicción o alegación no siempre vulnera el derecho de defensa
El hecho de no estar de acuerdo con la estrategia asumida o que los resultados del juicio sean adversos no significa que el derecho de defensa fue violado por ausencia de defensor idóneo, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la corporación, la ley no le impone al abogado derroteros en torno al contenido, alcance o forma de sus propuestas y, además, la aptitud de su gestión no se define por el resultado del debate. En efecto, la ausencia de actos de contradicción probatoria, impugnación o alegación no siempre implica vulneración de dicho derecho ni la nulidad procesal, porque el silencio expectante, dentro de los límites de la racionalidad, también es una forma de estrategia defensiva. De esa manera, solo cuando el defensor no ha ejercido actos de vigilancia, se entiende que abandonó su mandato.
Corte Constitucional, Sentencia 41511, 4/12/2013
Imputación de lavado de activos es autónoma
Frente al delito de lavado de activos, la Corte Suprema de Justicia afirmó que si el tenedor de los recursos aparenta su legalidad, oculta su origen y busca el éxito de ese engaño incurre en la comisión del mismo. Adicionalmente, el alto tribunal señaló que la imputación por ese ilícito es autónoma e independiente de cualquier otro, para lo cual basta acreditar la existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39220, 4/12/2013
Responsabilidad penal es independiente de la fiscal
La Corte Suprema de Justicia afirmó que la responsabilidad penal es independiente de la fiscal. Por ende, el juicio fiscal puede terminar con el archivo del expediente o la cesación del procedimiento, sin que esto signifique que el daño al bien jurídico tutelado no existió en el ámbito penal, señaló. Por otra parte, el fallo reiteró que la retractación no destruye necesariamente lo sostenido por el testigo arrepentido en sus declaraciones anteriores ni convierte en verdad irrefutable lo dicho en sus nuevas intervenciones.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39311, 27/11/2013
Para casos de sentencia anticipada (ley 600 de 2000) aplican los descuentos fijados por el artículo 351 de la ley 906
Señala la Corte suprema que se ha trazado una clara línea jurisprudencial que sostiene que ante el vigor simultáneo de dos normas procesales, las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, es procedente aplicar la segunda por favorabilidad a hechos ocurridos antes de su vigencia, o bien en distritos judiciales en los que aún no entrara en vigencia el nuevo sistema acusatorio, porque es clara la analogía entre los institutos de la sentencia anticipada, figura contenida en el Código de Procedimiento Penal de 2000 y el allanamiento a los cargos del estatuto procesal de 2004, pues resultaban también similares los objetivos y motivos político criminales que inspiraron dichos mecanismos de la justicia premial. Por tal motivo, en los eventos en que se acuda a la sentencia anticipada, es procedente aplicar la reducción que trae el allanamiento a cargos que trae el Código de Procedimiento Penal de 2004.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 35962, 9/10/2013
Dosificación de la pena con supuestos no previstos en sentencia de instancia trasgrede el principio ‘no reformatio in pejus’
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que adicionar el procedimiento de dosificación de la pena con supuestos que, estando legalmente previstos, no fueron tenidos en cuenta en el fallo de primera instancia trasgrede el principio de no reformatio in pejus. En el caso analizado, el alto tribunal concluyó que el ad quem tuvo en cuenta una circunstancia para incrementar el mínimo de la sanción que no fue considerada por el juez de instancia, para quien la coparticipación criminal no le mereció un mayor juicio de reproche que justificara la imposición de una pena de prisión superior al mínimo fijado en el artículo 397 del Código Penal.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 42064, 21/10/2013
JUEZ DE CONOCIMIENTO NO PUEDE EJERCER CONTROL MATERIAL SOBRE LA ACUSACION
Señala la Corte Suprema que a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, se ha implementado en Colombia el sistema procesal de corte Acusatorio, el cual tiene, como un de sus pilares, la separación de roles y la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento. Es por tal motivo que al funcionario judicial le está vedado hacer cualquier tipo de control material sobre la acusación que hace la fiscalía.
Corte Suprema de Justicia, Auto 39886, 16/10/2013
Informe policial no es prueba
Señala el Alto Tribunal que, en términos del artículo 314 de la Ley 600 de 2000, el informe de policía no es prueba, sino un criterio orientador de la investigación.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 34152, 2/10/2013
Nulidad por defensa técnica
Señala la Sala Penal de la Corte Suprema que no basta la disparidad de criterios respecto de la actividad del profesional del Derecho para alegar una nulidad por ausencia de defensa técnica. La fortuna del reproche radica en establecer objetivamente que ese comportamiento generó en concreto efectos dañosos de tanta envergadura, que de no haberse materializado otra hubiese sido la suerte del procesado, o cuando menos, el resultado hubiese sido menos perjudicial para sus intereses judiciales.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41544, 3/7/2013
Principio de sostenibilidad fiscal y las victimas
El acto legislativo 03 de 2011 estableció este principio; sin embargo la reparación integral a las víctimas no puede desconocerse por este principio que es eminentemente fundado en razones presupuestales.
CN, comunicado D 9608, OCT 31/13 M.P Mauricio González Cuervo.
El sentido del fallo no puede variarse.
El sentido del fallo una vez emitido es inmodificable, y si se hace es una vulneración flagrante al debido proceso.
CSJ, Sala Penal, Sent. 40334, sep 25/13 M.P Fernando Castro
Los jueces no pueden hacer un control material en los preacuerdos.
Respecto a los hechos y sus consecuencias jurídicas, los cuales se establecieron por las partes, obliga al juez de causa, excepto por vulneración de derechos fundamentales; así las cosas, los incisos 2 y 4 del artículo 351 del CPP, versan al respecto, dado que los preacuerdos son un acto exclusiva y excluyente a la fiscalía no pudiendo el juez cuestionarlos con su opinión, pues estaría controlando materialmente la acusación.
CSJ, Sala Penal, Sent. 69478, sep. 24/13 M.P. José Leónidas Bustos.
Carga de la prueba en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Señala la Corte Suprema de Justicia que en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego se debe demostrar que el artefacto no está amparado. No obstante, dice la Corporación que esta carga probatoria siempre está en cabeza de la Fiscalía y no puede invertirse hacia el procesado, en virtud del principio fundamental de la Presunción de Inocencia.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38239, 14/8/2013
Existe responsabilidad del Estado, sino se protege a los menores.
Los menores son sujetos de especial protección, el estamento debe evitar que se le causen daños. C.E, Sección 3ra, Sent. 25000232600020000135301 (27452) sep. 9/13 C.P Olga Melina Valle.
Grabación de particular sin orden judicial es válida.
La victima puede gravar o pasmar en documento de voz o imagen la ocurrencia del ilícito, pues esto facilita iniciar acciones legales, no se puede gravar conversaciones para utilizarlas en beneficio propio, la simple participación en un dialogo privado no genera la autorización para el caso.
CSJ, Auto 41790 sep. 11/13 M. P María del Rosario González.
La contraloría no puede investigar al fiscal General ni a los aforados constitucionales.
El presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, tienen un fuero especial para ser acusados y juzgados, frente a las conductas cometidas en desarrollo de sus funciones públicas, por ello la contraloría carece de competencia para adelantar investigaciones en contra de los anteriores; además, este fuero es pleno e integral. CSJ, sala Penal, Sent. 68461 sep. 5/2013 M.P. Gustavo Enrique Malo

References: artículo 97
 artículo 308
 artículo 401
 artículo 351
 artículo 397
 artículo 314
 artículo 351