Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20044486
Timestamp: 2019-07-18 19:45:57+00:00

Document:
C-932 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044486CC-SENTENCIAC932200506/09/2005CC-SENTENCIA_C_932__2005_06/09/2005200444862005Sentencia C-932/05 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Configuración/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Pago multa como requisito para otorgar condena de ejecución condicional INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de cargos Referencia: expediente D-5644
Edgard Peña VelásquezCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley" contenida en el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D5644Identificadores20020044487true65907Versión original20044487Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley" contenida en el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley" contenida en el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Edgard Peña Velásquez presentó demanda contra las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley" contenida en el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Mediante auto del 9 de febrero de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contra las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley" contenida en el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República y al Presidente del Congreso de la República, así como al Ministro del Interior y de Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de la norma acusada.
A través de oficio No. DP-0139 del 21 de febrero de 2005, el Procurador General de la Nación manifestó a la Corte que tanto él como el Viceprocurador General de la Nación se encontraban impedidos para conceptuar sobre la constitucionalidad de la norma acusada, toda vez que, en su condición de Procurador General participó en la comisión redactora y el Viceprocurador General participó en la subcomisión redactora del proyecto que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004- objeto de revisión. En consecuencia, solicitó a esta Corporación que de aceptar el impedimento manifestado, dispusiera que el Procurador General en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000 designara al funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
"LEY 906 DE 2004"
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley."
Para el actor los preceptos normativos acusados someten a una condición de tipo económico la concesión del beneficio de la condena de ejecución condicional, pues éste no podrá otorgarse mientras no se haya pagado la multa, en los casos en que ésta se haya impuesto como una pena accesoria, situación que a todas luces es inconstitucional, especialmente si se considera que: "…en Derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal y si la pena principal no va a ejecutarse por cumplimiento de requisitos preestablecidos y satisfechos, no se entiende por qué la sanción accesoria -que guarda unidad monolítica en la parte resolutiva con la pena principal- sí puede aplicarse…".
El interviniente recuerda que a través de la imposición de la pena accesoria de multa se pretende que ante el incumplimiento en el pago de una condena se repare a la sociedad a través de otra medida restrictiva, dirigida a que se cumpla con uno de los fundamentos de la pena como es la retribución, toda vez que: "…la respuesta a una ofensa al orden social no puede ser por parte del Estado la inactividad de los medios coercitivos con que cuenta para restablecer el orden y la paz social que se ven afectados por el actuar delictivo que, no conforme con transgredir las prohibiciones establecidas en los diferentes tipos penales, pretenden así mismo burlas las sanciones establecidas, bien como principales, bien como suplementarias, pero las unas como las otras dirigidas a controlar la impunidad…".
Precisa que: "… igual sucede cuando el condenado no ha reparado los daños ocasionados con el delito, caso en el cual tampoco podrá hacerse acreedor al beneficio de la suspensión condicional de la pena, que como su nombre lo indica está condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos por el Legislador, entre ellos, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 474, al pago total de la multa…".
En ese orden de ideas, advierte que los preceptos normativos acusados al exigir el cumplimiento de las condiciones impuestas en la ley para suspender la ejecución de una pena no vulneran la Constitución Nacional, puesto que, la denominación del subrogado responde al significado de su contenido "suspensión condicional", término que en sí mismo designa un hecho futuro incierto que de ocurrir da lugar al nacimiento de un derecho u obligación siempre que ocurra el hecho que se espera, en el caso bajo estudio el lleno de los requisitos señalados por el Legislador, entre ellos el pago total de la multa.
Así mismo, considera que las expresiones acusadas no vulneran instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, pues dichas normas prevén igualmente que la concesión de la libertad puede estar subordinada al cumplimiento de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado, tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9º, numeral 3º) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (art. 7º, numeral 5º).
Advierte que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace alusión a la limitación establecida a los Estados Partes: "de prohibir que el legislador nacional tipifique como conducta sancionable penalmente mediante cárcel, el 'hecho de no cumplir una obligación contractual', Esto, sin duda, es muy distinto a lo que acontece en el caso bajo análisis, donde la obligación pecuniaria del infractor de la ley penal no surge de la esfera del ejercicio de su autonomía y libertad patrimonial, sino como consecuencia del juicio adelantado, con la ritualidad procesal necesaria para la protección de sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso, es decir, que la obligación de pagar la multa es el resultado jurídico de la conducta punible…".
De otra parte, precisa que la Ley 599 de 2000 introdujo una modificación importante en lo relativo a la sustitución de la pena de prisión por pena pecuniaria en los tipos penales en los que el bien jurídico tutelado y las funciones de la penas, así como los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la multa lo aconsejan dentro del marco de la política criminal del Estado, de forma tal que: "…en algunos casos la multa es pena principal única conforme lo prevén los artículos 34 y 35 del Código Penal, y en otros es acompañante de la pena de prisión, para eventos de mayor gravedad que los anteriores donde las dos sanciones son penas principales, y la sanción de la privación de la libertad no es pena suficiente para reprimir la conducta punible y, finalmente, donde la multa es pena principal y se acompaña de otra sanción accesoria, como en el caso de la multa y pérdida del empleo o cargo público que establece el artículo 190…".
En esos términos, considera que: "…la sanción pecuniaria derivada del poder punitivo estatal por infracción del ordenamiento penal, no es comparable con la cláusula penal pecuniaria que los particulares acuerdan en tráfico de sus negocios (…). Es decir, de ninguna manera se puede confundir la sanción pecuniaria de carácter civil con la de carácter penal…", tampoco se puede confundir la multa en materia penal con otro tipo de multas imponibles por el Estado como las que se aplican en ejercicio del poder de policía o administrativo, pues dichas sanciones obedecen a actuaciones administrativas sujetas al control de legalidad en la jurisdicción contencioso administrativa.
En ese orden de ideas, considera que las expresiones acusadas no vulneran lo previsto en el artículo 28 constitucional, toda vez que cuando la Constitución Nacional prohíbe la detención, prisión o arresto por deudas se refiere concreta y particularmente a aquellas originadas en relaciones de origen civil, sin que en éstas medien situaciones o hechos punibles, circunstancia diferente a la prevista en el inciso 2º del artículo 474, pues en ese caso concreto la privación de la libertad de la persona obedece al cumplimientote una pena de prisión y no es fruto de una deuda privada del Estado, especialmente si se considera que: "…cuando el legislador prevé, dentro de su órbita de competencia de desarrollo del ius puniendi estatal, unos requisitos para acceder a los subrogados penales como es el pago de la multa impuesta por el operador judicial respectivo, lo que busca es materializar el cumplimiento de las sanciones penales con el objetivo plausible de mantener la vigencia de orden justo…".
Finalmente, señala que los preceptos normativos acusados no vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que el pago obligatorio de la multa allí previsto se efectúa en consideración a la capacidad económica de pago del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, adicionalmente, el principio de igualdad en el caso de imposición de las multas por infracción al ordenamiento penal: "…opera en el sentido que la determinación previa de aquellas efectuada por el legislador, es una forma preventiva para disuadir el delito y que tal sanción le será aplicable a todos los que estén en el supuesto fáctico del tipo penal…".
En esos términos, la Vista Fiscal considera que lo señalado por la Corte en la sentencia C-194 de 2005: "… es aplicable al precepto acusado por el ciudadano Edgard Peña Velásquez, el que si bien hace parte de otra normatividad comparte el mismo contenido normativo: supeditar al pago de la multa la condena de ejecución condicional…", de forma tal que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material en relación con el inciso 2º del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.
2. Existencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con las expresiones"Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional" contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 frente a lo decidido en las Sentencias C-665 de 2005 y C-823 de 2005
En el caso sometido a revisión encuentra la Corte que para la fecha en que fue admitida la demanda -mediante auto del nueve (9) de febrero de 2005-, se encontraba en curso el proceso D-5441, en el que se demandaron las expresiones " su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional" contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004", por los mismos cargos que en el presente proceso se formulan contra las expresiones referidas, las cuales finalmente fueron declaradas exequibles en la sentencia C-665 del 28 de junio de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
En la sentencia C-665 de 2005 la Corte decidió en efecto:"Declararexequibles por el cargo analizado, las expresiones "su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional" contenida en el inciso segundo del artículo 471 de la Ley 906 de 2004 y "su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional", contenida en el inciso segundo del artículo 474 de La ley 906 de 2004".
" Las normas ahora demandadas, aunque incluidas en un cuerpo normativo diferente, el Código de Procedimiento Penal, y con una redacción distinta, son expresión del mismo contenido normativo. En efecto, mientras que en la sentencia C-194 de 2005 se demandaron las frases que supeditaban la concesión de los subrogados penales contenidas en la Ley 890 de 2004 que adicionó y modificó el Código Penal, en el presente proceso se demandaron unas expresiones similares pero contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Confrontados los textos que han sido sometidos en el pasado al control constitucional y los que lo son ahora en la demanda de la referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma situación jurídico-procesal, pues hacen referencia a la exigencia de pagar la pena accesoria de multa impuesta por el juez penal por la comisión de un delito como condición necesaria para el otorgamiento de los subrogados penales de libertad condicional y suspensión condicional de la ejecución de la pena.
(…)Destaca la Corte que el análisis sobre la constitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 anteriormente señalados se realizó bajo el marco del nuevo sistema penal acusatorio introducido en la Carta Política por el Acto Legislativo 03 de 2002, y que el examen de constitucionalidad que ahora debe hacer la Corte en relación con los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 se desenvuelve en el mismo contexto constitucional, sin que, desde ese punto de vista, exista circunstancia alguna que de lugar a una aproximación diferente a la expresada por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005, razón por la cual se reiterará la posición jurídica allí contenida. "[2]
Adicionalmente, la Corte en sentencia C-823 de 2005 (Exp. D-5503) M.P. Alvaro Tafur Galvis, se pronunció igualmente sobre la exequibilidad de las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional," contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004", y decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-665 de 2005[3].
"En efecto dado que como se desprende de la demanda[4] los actores estructuran su cargo acerca de la supuesta vulneración del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 4 5 y 93 superiores -y específicamente de los principios que en su criterio en ellos se establecen, en particular los de justicia y dignidad humana, así como la obligación para el Estado según las normas internacionales de respetar el principio de igualdad-, a partir de la crítica que hacen al supuesto tratamiento discriminatorio que las normas acusadas darían a las personas de menores recursos que estarían en imposibilidad de acceder a los subrogados penales regulados por ellas frente a aquellos que si tienen recursos y por tanto podrían acceder a los referidos subrogados simplemente por el hecho de tener recursos para el efecto, es decir que lo que plantean es una acusación que tiene como supuesto y fundamento la violación del principio de igualdad por las normas acusadas, y que ese fue precisamente uno de los cargos específicamente analizados en las sentencias C-194 y C-665 de 2005, no cabe a la Corte pronunciarse nuevamente sobre el mismo punto resuelto en las referidas sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional.
En ese orden de ideas frente a la acusación formulada en la demanda por la supuesta vulneración del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 4 5 y 93 superiores a partir del supuesto de la vulneración del principio de igualdaden contra de las expresiones "su concesión estará supeditada al pago total de la multa" contenidas artículo 63 del Código Penal tal como quedó modificado por el 4º de la Ley 890 de 2004; ii) "En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa" contenidas en el artículo 64 del Código Penal tal como quedó modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 ; iii) "si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional" contenidas en el segundo inciso del artículo 471 de la Ley 906 de 2004, y iv) "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional" contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, lo que procede es estarse a lo resuelto en las sentencias C-194 y C-665 de 2005".
3. Inhibición en relación con la acusación por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 28 constitucionales- planteada en contra de las expresiones "salvo las excepciones de ley" contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004,
La Corte constata que en la fundamentación de la acusación formulada por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 28 constitucionales en contra de las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley" contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, los demandantes se limitaron a exponer argumentos en relación con las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional", pero nada dijeron en contra de las expresiones "salvo las excepciones de ley".
Es decir que si bien el actor incluyó las expresiones"salvo las excepciones de ley" dentro de las normas acusadas por los motivo aludidos -es decir la supuesta vulneración de los artículos 13 y 28 superiores-, no fundamentó concretamente en relación con ellas dicha acusación y por tanto no cumplieron respecto de las mismas con los presupuestos señalados en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 para poder dar curso al juicio de constitucionalidad.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-665 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, donde se declaró la exequibilidad de las expresiones "su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, así como en la sentencia C- 823 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis donde se decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-665 de 2005 en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906.
Segundo.-INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones "salvo las excepciones de ley" contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Estarse a lo resuelto ... (inciso 2. ) Artículo 474 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda (inciso 2. en contra de las expresiones... ) Artículo 474 LEY_906_2004_31/08/2004
[2]Sentencia C-665/05 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3]En lo pertinente la parte resolutiva de dicha sentencia señaló: Quinto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-665 de 2005 en relación con la acusación formulada en el presente proceso por la presunta vulneración del artículo 28 superior, así como del artículo 13 y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales en contra de las expresiones "Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional" contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004
[4]Señalan los demandantes: "Resulta claro que el preámbulo de la Carta Política contiene los valores superiores a los cuales aspira el pueblo colombiano y los cuales están llamados a iluminar el resto de las normas constitucionales. Por tanto, el legislador, dentro de su órbita de competencia puede regular distintas materias, pero siempre guiado por el hilo conductor de la Carta Política cuyo valor no puede desconocer. Consideramos que las normas acusadas parcialmente no contribuyen, no están orientadas a desarrollar los valores superiores de justicia y vigencia de un orden justo consagrados en la Carta Política, y más bien introducen criterios de desigualdad e inequidad, por lo cual deben ser retirados del ordenamiento jurídico".
"(…) Normas como las acusadas, en las cuales se privilegia el interés del Estado por encima del interés de las víctimas, se niega el derecho de los condenados a poder redimir las penas y se impone prisión por deudas, constituyen claras muestras de un Estado arbitrario u (sic) totalitario en el que no cuenta para nada la dignidad humana.
"Las normas demandadas crean criterios de discriminación en cuanto permite (sic) que los condenados que poseen recursos para pagar la multa y los perjuicios a la víctima, puedan acceder a los subrogados penales, logrando evadir la cárcel, mientras aquellos que constituyen la gran población carcelaria carecen de recursos económicos, se les exige el cumplimiento de una obligación perentoria que es imposible de efectuarse y pagarán con su cuerpo tal incumplimiento".

References: artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 7
 artículo 474
 artículo 190
 artículo 28
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 471
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 5
 artículo 471
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 2
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 Artículo 474
 Artículo 474
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 474