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Timestamp: 2019-03-18 21:51:38+00:00

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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS
Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II y VI y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2º, 6º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; y
Con antelación a las generaciones actuales, ya se buscaba proteger a la población de las ciudades. Aunque en aquellos tiempos eran por circunstancias distintas a las que ahora presentan las diversas poblaciones y centros urbanos, no deja de ser de vital importancia que existan instituciones capaces de responder a las necesidades urgentes que surjan en la vida cotidiana de cada ser humano, así como de las que emerjan en la sociedad en su conjunto.
Así tenemos que la forma correcta de instituir, delimitar y otorgar atribuciones a las instituciones antes referidas es mediante instrumentos jurídicos que legitimen el actuar de éstas. Zacatecas como otros Estados no es ajena a los agentes hostiles o catastróficos de la naturaleza o de los provocados por la actividad del ser humano. En este sentido, ante situaciones imprevistas que se presenten en cualquier momento se podrá sufrir una contingencia que ponga en estado de peligro a la sociedad zacatecana. Sin embargo, con el ánimo de prevenir que cualquier calamidad pudiera afectar al desarrollo de los integrantes de la sociedad zacatecana, se crea el sistema de protección civil en nuestro Estado, con el firme propósito de aplicar políticas preventivas y restaurativas evitando daños irreversibles para la sociedad que provoquen una gran carga económica en los ámbitos material y humano.
El sistema referido deberá desarrollar servicios de alarma, evacuación, habilitar refugios, asumir medidas de salvamente, prevenir y controlar incendios, detectar y señalar zonas de peligro, proporcionar apoyos para el restablecimiento y mantenimiento de las zonas damnificadas, así como restablecer los servicios indispensable, entre otras actividades. Sin que se denoste la política preventiva con firme propósito de influir en la población a un cambio cultural en materia de protección civil.
Para lograr las acciones referidas se expidió la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, que a pesar de que ésta contiene disposiciones sumamente importantes en la materia que lleva su nombre, no deja de ser cierto que para su mejor implementación se requiere de otra normatividad secundaria que de manera específica y con detalle establezca las funciones que deben cumplir las instituciones involucradas en esta rama. Por ello, es menester reglamentar la Ley referida y en ese orden de ideas se expide el siguiente:
Artículo primero. El presente Reglamento, es de observancia obligatoria y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas.
Art. 2º Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. Atlas de riesgo: sistema de información geográfica actualizado que permite identificar el tipo de riesgo a que están expuestos las personas, sus bienes y entorno; los servicios vitales y sistemas estratégicos;
II. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Protección Civil;
III. Consejo municipal: al consejo municipal de protección civil;
IV. Desastre: se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta, y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia;
V. Director: al director de protección civil;
VI. Dirección: a la Dirección de Protección Civil;
VII. Emergencia: a la condición crítica o alteración de las actividades cotidianas, como efecto del impacto de una calamidad; situación que requiere de acciones urgentes e inmediatas para restablecer el equilibrio en las relaciones que constituyen la vida normal de los habitantes;
VIII. Fenómeno perturbador: a los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo que generan impactos destructivos a los elementos del subsistema afectable. También se le denomina agente destructivo;
IX. Ley: a la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas;
X. Norma Oficial Mexicana: a la regulación técnica de observancia obligatoria que, en términos de la Ley General de Metrología y Normalización, es expedida por las dependencias competentes, que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se refieren a su cumplimiento o aplicación;
XI. Norma técnica de protección civil: son aquellas disposiciones administrativas de carácter general, cuya expedición y vigilancia corresponden a la Secretaría General de Gobierno, que tienen por objeto establecer reglas, atributos, directrices, características y prescripciones aplicables a un proceso, sistema, actividad o servicio que realicen o presten tanto los particulares como las autoridades en materia de protección civil;
XII. Peligro o peligrosidad: evaluación de intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona determinada y en el curso de un periodo, con base en el análisis de probabilidades;
XIII. Programa estatal: al programa estatal de protección civil;
XIV. Programa municipal: al programa municipal de protección civil;
XV. Reglamento: al Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas;
XVI. Sistema estatal: al sistema estatal de protección civil;
XVII. Sistema municipal: al sistema municipal de protección civil;
XVIII. Unidad municipal: a las unidades municipales de protección civil; y
XIX. Zona de desastre: área del subsistema afectable que por el impacto de una calamidad de origen natural o humano, sufre daños, fallas y deterioro en su estructura y funcionamiento normal.
Art. 3º Serán autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento:
IV. Los municipios a través de sus presidentes municipales, consejos municipales y unidades municipales de protección civil.
Art. 4º Para los efectos del artículo primero, fracción II de la Ley, los tipos de riesgo a los que está expuesto el Estado de Zacatecas, según sus orígenes son:
IV. Sanitarios; y
Art. 5º La Dirección en coordinación con las unidades municipales, en los inmuebles en los cuales se lleve a cabo la celebración de espectáculos, informará al público asistente del inicio de cada evento, mediante sistema de audio, video o cualquier otro empleado en cada inmueble, la ubicación de rutas de evacuación y de extinguidores que puedan utilizarse en caso de ser necesario.
Art. 6º Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema de Protección Civil, serán previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para dicho fin.
Art. 7º La Dirección podrá recibir donaciones que se destinarán para fortalecer una cultura en materia de protección civil en la población, así como para la mitigación, auxilio, restablecimiento y reconstrucción en caso de emergencia, siniestro y desastre.
Art. 8º La Dirección podrá gestionar con los particulares y con los centros comerciales la práctica de redondeos o colectas a efecto de financiar las acciones de protección civil.
Art. 9º Para efectos del presente capítulo, la Dirección se sujetará a las disposiciones que en la materia disponga la Secretaría de Finanzas; sin perjuicio de que la misma agilice los trámites para el debido cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal.
Art. 10. Además de las atribuciones establecidas en la Ley, la Dirección tendrá las siguientes funciones:
I. Coordinar las acciones de las instituciones públicas en sus tres niveles, instituciones privadas y sociales para el buen funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil;
II. Proponer y coadyuvar en la realización de estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter técnico, científico y académico, en materia de protección civil, con el objeto de conocer los orígenes, causas y efectos que los fenómenos puedan provocar, así como emitir opiniones técnicas en materia de riesgos geológicos, hidrometeorológicos y físico-químicos;
III. Promover ante las autoridades educativas, la integración de contenidos temáticos referentes a la protección civil en los temas de educación básica y media superior;
IV. Compilar y analizar la información que deba incorporase al Atlas de Riesgo del Estado;
V. Elaborar, proponer y aplicar las normas técnicas que en materia de protección civil se emitan;
VI. Establecer los lineamientos que deban observarse en la presentación de los programas internos, de conformidad con lo que establece la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables;
VII. Recibir, evaluar y en su caso aprobar los programas internos de protección civil que presenten los respectivos obligados;
VIII. Impulsar la capacitación de las empresas de consultoría y de estudio de riesgo vulnerabilidad y a personas físicas cuyas actividades estén vinculadas a la materia de protección civil, mediante el establecimiento obligatorio de cursos de actualización y homologación en la aplicación de normas relativas a la elaboración de programas internos de protección civil;
IX. Desarrollar modelos, técnicas y procedimientos para evaluar los ejercicios de respuesta ante situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
X. Proponer mecanismos de comunicación social para la fase preventiva y en situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
XI. Establecer los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
XII. Coordinar a las entidades de la Administración Pública del Estado, de la Administración Pública Federal así como las instituciones privadas responsables de la operación de los diversos servicios vitales y sistemas estratégicos en el Estado, a fin de prevenir, mitigar, preparar, auxiliar, rehabilitar, restablecer y reconstruir antes, durante y después de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
XIII. Opinar sobre los programas y procedimientos municipales de protección civil, así como de los programas internos de protección civil de las dependencias, y entidades de la Administración Pública del Estado para su integración en el programa Estatal; y
XIV. Las demás que se desprendan de la Ley, este Ordenamiento y de los acuerdos que determine el Consejo Estatal.
Art. 11. Las normas técnicas y demás disposiciones que emita la Dirección deberán ser publicadas en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, para su observancia y aplicación general.
La Dirección Estatal podrá implementar diversas medidas de difusión, con el objeto de dar a conocer las disposiciones antes referidas.
Del Consejo Estatal y los consejos
Art. 12. El Consejo Estatal, se organizará y funcionará de conformidad con las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento.
Art. 13. Las bases de operación del Consejo Estatal deberán contener, cuando menos:
I. El procedimiento para invitar a las organizaciones e instituciones de carácter privado, social, académico y profesional que resulten conveniente invitar para que participen en el Consejo Estatal;
IV. La forma de integrar y operar las comisiones permanentes cuya constitución describe el artículo siguiente, así como los conductos de comunicación con el Consejo Estatal; y
V. Aquellas otras que facilitan el cumplimiento de las funciones dispuestas en la Ley.
Art. 14. El Consejo Estatal contará con comisiones permanentes para el cumplimiento de sus atribuciones de consulta, opinión y coordinación siguientes:
I. De ciencia y tecnología;
II. De comunicación social;
III. De fenómenos perturbadores específicos;
IV. De apoyo financiero a las acciones de protección civil;
V. De participación ciudadana; y
VI. De evaluación y control.
Art. 15. Además de las atribuciones establecidas en la Ley corresponde a los consejos municipales la realización de las siguientes funciones:
I. Formular su correspondiente programa municipal;
II. Informar en forma mensual a la Dirección de las acciones y de los procedimientos operativos de protección civil implementados;
III. Promover la capacitación en materia de protección civil en los habitantes de su demarcación territorial;
IV. Compilar y analizar la información que deberá incorporarse al Atlas de Riesgo municipal y Estatal;
V. Brindar asesoría técnica para la formulación e implementación de programas internos de protección civil;
VI. Divulgar la información preventiva en materia de protección civil;
VII. Informar semestralmente a la Dirección del inventario de inmuebles señalados para ser habilitados como refugios temporales; y
VIII. Las demás que la Ley, este Ordenamiento y otras disposiciones le otorguen.
Art. 16. Los habitantes del Estado, podrán coadyuvar con las autoridades en las acciones previstas en los programas a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, mediante su organización libre y voluntaria.
Art. 17. Las organizaciones civiles constituidas como grupos voluntarios deberán obtener de la Dirección y unidad municipal correspondiente, el registro procedente, para lo cual deberá presentar la documentación siguiente:
I. Solicitud suscrita por el representante de la organización que cuente con facultades suficientes;
II. Presentar el programa de actividades que realizan y especificar el radio de actuación de la organización;
III. Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
IV. Copia certificada del poder en que se acredite la personalidad legal del promovente;
V. Currículum de cada uno de los integrantes de la organización;
VI. Comprobante de domicilio y teléfono;
VII. Directorio actualizado de los dirigentes de la asociación;
VIII. Inventario de recursos humanos disponibles;
IX. Constancia personal de cada uno de los integrantes actualizada, que avale el conocimiento en actividades que desempeña en el grupo;
X. Inventario del parque vehicular, debiendo identificar el tipo de cada una de las unidades que lo integran, conforme a la siguiente clasificación:
e) Remolques; y
f) Otros especificando el tipo de que se trate;
XI. Factura o documento que acredite la propiedad de las unidades del parque vehicular;
XII. Inventario del equipo con el que se cuenta cada unidad;
XIII. Fotografía de los vehículos debidamente rotulados;
XIV. Copia de la póliza de seguro vigente que ampare las unidades del parque vehicular y que cubra, por lo menos, la responsabilidad civil ante terceros;
XV. Fotografía a color de los uniformes que utilizan;
XVI. Fotografía del escudo o emblema correspondiente;
XVII. Listado de frecuencias de radio para las radio transmisiones y copia de la respectiva autorización de la autoridad competente; y
XVIII. Copia del formato de identificación que utilice para su personal.
Todos los documentos, se presentan en original o copia certificada y copia simple.
Art. 18. Para el caso de las organizaciones civiles que se desempeñen en materias tales como atención médica prehospitalaria con vehículo habilitado como ambulancia, deberán presentar el aviso del funcionamiento emitido por Servicios de Salud del Estado de Zacatecas.
Art. 19. Una vez cubiertos los requisitos, la Dirección emitirá el registro respectivo en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la fecha de la entrega de la documentación.
En caso de que la autoridad no conteste en el plazo arriba indicado, se entenderá la respuesta en sentido negativo.
Art. 20. El número de registro correspondiente a cada organización civil será único y tendrá vigencia de un año. Se podrá renovar por igual término, cumpliendo con todos los requisitos referidos por la Ley y el presente Reglamento.
Art. 21. La Dirección podrá revocar el registro otorgado cuando se incurra en violaciones a la Ley, a este Reglamento o cualquier otra disposición relacionada con la protección civil o se verifique la inexactitud de la información proporcionada al tramitar el registro.
Art. 22. Las organizaciones civiles notificarán a la Dirección dentro del término de diez días hábiles, cuando se presente cualquiera de los supuestos siguientes:
II. Modificación de la integración de sus órganos de gobierno o de sus representantes legales; y
Art. 23. Durante la realización de actividades de protección civil, el personal de las organizaciones civiles deberán portar en forma visible identificación personal con fotografía, expedida por su organización.
Art. 24. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, las organizaciones civiles actuarán bajo la organización que disponga la Dirección o la unidad municipal.
Para el efecto anterior, los responsables operativos deberán acudir ante la Dirección o unidad municipal que se encuentre a cargo del respectivo puesto de coordinación.
Art. 25. Las brigadas vecinales y organizaciones civiles no especializadas se coordinarán con la unidad municipal en los términos de los lineamientos que al efecto expida la Dirección o la unidad municipal correspondiente.
Art. 26. La Dirección en coordinación con las unidades municipales, diseñarán las campañas permanentes de capacitación, difusión y divulgación de la cultura de protección civil en el Estado de Zacatecas.
Art. 27. Los lineamientos generales sobre el contenido temático de los manuales y material didáctico para la capacitación sobre protección civil, será fijado por la Dirección a través de las normas técnicas que al efecto elabore.
Art. 28. La Dirección y las unidades municipales promoverán la concientización social mediante actividades de estudio, instrucción y divulgación de los principios de la cultura de protección civil que coadyuven al desarrollo de una actitud de autoprotección y corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno.
Art. 29. La Dirección supervisará la capacitación que impartan las organizaciones civiles, asesoras, capacitadoras y consultoras de estudios de riesgo vulnerabilidad, a la población en general en materia de protección civil, a fin de evaluar la vigencia, eficacia y aplicabilidad de sus contenidos, así como la capacidad del instructor en términos de conocimientos teórico-prácticos.
Art. 30. La Dirección promoverá la celebración de convenios en materia de protección civil con el sector público en sus tres niveles, social, privado y académico con el objeto de capacitar, difundir y divulgar la cultura de protección civil.
Art. 31. Los administradores, gerentes o propietarios de empresas estarán obligados a capacitar y difundir la cultura de protección civil entre su personal para la salvaguarda de su integridad física, psicológica, bienes y entorno, mediante la elaboración de los programas internos de protección civil, planes de contingencia, programas de capacitación interna y las comisiones mixtas de seguridad e higiene, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables.
Para efectos de lo anterior, la Dirección establecerá la coordinación que resulte necesaria con las autoridades federales y locales del trabajo para la consideración de la protección civil dentro de los programas de seguridad y capacitación en el trabajo.
De las empresas asesoras, capacitadoras y consultoras
de estudios de riesgo vulnerabilidad
Art. 32. Para que las empresas asesoras, capacitadoras y consultoras de estudios de riesgo vulnerabilidad puedan elaborar programas internos, impartir cursos de capacitación en la materia o elaborar análisis de riesgo, deberán obtener un registro ante la Dirección.
Art. 33. Para el registro de empresas capacitadoras los interesados deberán sujetarse a los siguientes requisitos:
I. Presentar solicitud en los formatos aprobados por la Dirección;
II. La persona física o moral por conducto de su representante legal, previamente a la obtención del registro, debe acreditar una experiencia mínima de dos años en protección civil;
III. Aprobar los cursos de actualización y homologación de criterios en materia de protección civil y en su caso de capacitación; que para tal efecto se lleven a cabo en la propia Dirección y previo el pago de las cuotas de recuperación respectivas.
Art. 34. En el supuesto de que el solicitante el registro no acredite haber aprobado el curso referido en el párrafo anterior o que habiendo presentado solicitud para dicho registro, no continúe el trámite en un periodo de treinta días hábiles, no podrá presentar nuevamente solicitud sino hasta pasado un año contado a partir de la fecha en que se presentó la última solicitud.
Art. 35. Cubiertos los requisitos anteriores y los demás que señale este Reglamento, la Dirección tendrá la facultad de evaluar los conocimientos de los aspirantes al registro.
Art. 36. Estarán impedidos para solicitar el registro, los servidores públicos adscritos a las áreas de protección civil de administración pública de los tres niveles de gobierno, cualquiera que sea el régimen bajo el cual se encuentren prestando servicios, sólo podrán solicitarlo un año después de haber concluido su cargo o comisión.
Art. 37. La Dirección deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. En caso de que la autoridad no conteste en el plazo indicado, se entenderá la respuesta en sentido negativo.
Art. 38. El registro obtenido tendrá vigencia de un año y podrá renovarse siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Dentro de los cinco días naturales siguientes contados a partir del vencimiento del registro dejará de surtir efectos legales automáticamente y será cancelado de la base de datos de la Dirección, haciéndose tal circunstancia del conocimiento de las autoridades competentes.
Art. 39. Para que las empresas de capacitación, obtengan registro como asesoras para elaborar programas internos de protección civil, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el presente Reglamento, anexando además la información y documentación siguiente:
I. Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y cuyo objeto social deberá estar vinculado a la protección civil;
II. Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad del representante legal de la empresa, para el caso de que la misma no conste en el documento a que se refiere la fracción anterior;
IV. Documento mediante el cual se acredite que el domicilio del solicitante se encuentra dentro del Estado;
V. Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en términos de la legislación laboral;
VI. Relación de personal responsable de la impartición de los cursos de capacitación en esta materia, anexando respecto de cada uno de ellos:
a) Copia de la identificación oficial;
b) Copia del registro que lo acredite para elaborar programas internos de protección civil; y
VIII. Copia simple del formato de diploma o constancia que vayan a expedir, el cual deberá contener nombre, domicilio y teléfono de la empresa. El documento no deberá contener sellos, logotipos o insignias pertenecientes a dependencias u organismos oficiales; y
Art. 40. Para que las personas físicas obtengan el registro como acreditados para elaborar programas internos de protección civil, deberán satisfacer los requisitos que exige el presente Reglamento, anexando además la información y documentación siguiente:
II. Documento en donde se acredite que el domicilio del solicitante se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este Ordenamiento;
IV. Currículum vitae actualizado;
g) Universo que se atenderá; y
h) Perfil mínimo de los aspirantes;
VI. Copia simple del formato del diploma o constancia que vaya a expedir, el cual deberá contener nombre, domicilio y teléfono de la empresa. El documento no deberá contener sello, logotipo o insignia perteneciente a dependencias u organismos oficiales;
Art. 41. Cubiertos los requisitos anteriores, la Dirección evaluará los conocimientos del promovente en los temas que pretende impartir.
Art. 42. Una vez que los interesados obtengan el registro que los acredite para elaborar programas internos de protección civil, deberán cumplir con los siguientes:
I. Presentar una bitácora de todos los programas internos de protección civil que elaboren;
II. Comprobar anualmente una actualización y capacitación en materia de protección civil, por un equivalente de veinticinco horas como mínimo, a través de documentos expedidos por instituciones oficiales; y
III. Presentar un informe trimestral de actividades ante la Dirección, listando los programas internos de protección civil que hayan elaborado y en su caso, la capacitación que hubieran impartido, que sólo podrá ser respecto de las brigadas que se mencionan en la norma técnica respectiva y para las que se haya expedido el registro.
Art. 43. Los informes trimestrales deberán contar con los siguientes rubros:
I. Ubicación del inmueble;
II. Giro comercial o actividad que se realiza en el establecimiento;
III. Nombre del obligado a implementar programa interno de protección civil;
IV. Tipo de programa o programas elaborados;
V. Fecha de presentación del programa ante el municipio correspondiente; y
VI. Fecha de aprobación emitida por municipio correspondiente.
Art. 44. La Dirección aleatoriamente, podrá solicitar a los acreditados para elaborar programas internos de protección civil o a los obligados a implementar programa interno de protección civil, información relativa a los programas, a fin de comprobar la veracidad de los informes trimestrales presentados.
Art. 45. En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo, la Dirección revocará administrativamente el registro otorgado o en su caso negará el nuevo registro para elaborar programas internos de protección civil, que el acreditado solicite al término de la vigencia del anterior.
Art. 46. Para que las empresas consultoras de estudios de riesgo vulnerabilidad, en materia de protección civil obtengan registro como acreditados para elaborar programas internos de protección civil, deberán satisfacer los requisitos que genéricamente señala este Reglamento, anexando además, la información y documentación siguiente:
I. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, cuyo objeto social deberá estar vinculado a la protección civil, concretamente a la realización de estudios de riesgo vulnerabilidad;
III. Documento en donde se acredite que el domicilio del solicitante se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este Ordenamiento;
IV. Relación de personal responsable de la ejecución de los estudios de riesgo-vulnerabilidad; y
V. Currículum vitae de cada uno de los técnicos o profesionales a su servicio y acreditar el nivel de licenciatura y experiencia en la materia.
Art. 47. Para la elaboración del programa Estatal se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:
I. El Programa Nacional de Protección Civil;
II. Las modificaciones del entorno;
III. Los índices de crecimiento y densidad de la población;
IV. La configuración geográfica, geológica y ambiental;
V. Las condiciones socioeconómicas e infraestructura y el equipamiento de la ciudad;
VI. El número y extensión de colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales;
VII. La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos;
VIII. Los lugares de afluencia masiva;
IX. La ubicación de los sistemas vitales y servicios estratégicos; y
X. El Atlas de Riesgos.
Art. 48. El programa estatal y los programas municipales se deberán someter a consideración y en su caso autorización del Consejo Estatal.
Art. 49. Para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano de desastres en la Entidad, deberán considerarse:
I. Las características de cada municipio, así como la necesidad específica para que cada una de ellas establezca los sitios estratégicos una red de monitoreo durante las veinticuatro horas del día, para la salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno; y
II. Los manuales de procedimiento para el monitoreo, prealerta, alerta y alarma.
Art. 50. El programa Estatal contendrá los subprogramas siguientes:
III. De recuperación.
Art. 51. El subprograma de prevención, establecerá las acciones tendientes a evitar y mitigar los efectos de la ocurrencia de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y preparar a la población. Deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
I. El análisis de riesgos en el Estado y sus municipios en particular;
III. Las acciones que el Ejecutivo del Estado deba ejecutar para salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes y entorno;
VII. Las políticas de comunicación social para la prevención, mitigación y preparación de la población en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
VIII. Los criterios y bases para la realización de simulacros; y
Art. 52. El subprograma de auxilio, deberá integrar las acciones destinadas primordialmente a la búsqueda, localización, rescate, salvamento y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno, así como los servicios vitales y servicios estratégicos, en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Art. 53. El subprograma de auxilio, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
I. Las acciones que desarrollará la Administración Pública del Estado en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, acorde con los catálogos de acciones para el auxilio de los afectados;
III. Las políticas de información; y
Art. 54. El subprograma de recuperación se integrará con las estrategias y acciones necesarias para volver a la normalidad en los casos de siniestro o desastre.
Art. 55. El subprograma de recuperación, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
I. Los requerimientos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para procurar el restablecimiento a la normalidad;
II. Las estrategias para el funcionamiento de los servicios básicos;
III. Los procedimientos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado;
IV. Las acciones y apoyos con los que participarán los sectores público, social y privado;
V. Las políticas de comunicación;
VI. Los mecanismos y acuerdos necesarios para solicitar, administrar y distribuir apoyos; y
VII. Los casos en los cuales se solicitará el apoyo de los sectores público, social y privado, para procurar el restablecimiento a la normalidad.
Art. 56. Los programas municipales fijarán las políticas, estrategias, lineamientos, que regulan las acciones de los sectores público, social y privado en materia de protección civil en su respectiva demarcación y serán obligatorios para todas las áreas de los sectores mencionados, así como para las personas físicas o morales que habiten, actúen o estén establecidas en su jurisdicción. Estos programas contendrán:
I. Los procedimientos operativos a realizar con organizaciones civiles y brigadas vecinales dentro de sus respectivos ámbitos de influencia y demarcación;
II. Los lineamientos relativos a la formulación y actualización del inventario de equipo, herramientas y materiales útiles en tareas de protección civil, el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado, clasificado y ubicado;
III. Los lineamientos relativos a la cuantificación, clasificación y ubicación de los recursos humanos del municipio atendiendo a su especialidad y disponibilidad, para intervenir en acciones de protección civil; y
El inventario deberá mantenerse actualizado y en caso de emergencia, alto riesgo, siniestro o desastre, será obligatoria la inmediata habilitación de los inmuebles citados en el primer párrafo de este artículo como refugios temporales y la suspensión inmediata de su uso habitual en tanto subsista la situación que originó la habilitación.
Art. 57. Los programas generales deberán integrarse por tres subprogramas:
I. Subprograma de prevención cuyos elementos mínimos serán:
b) Documentación del programa;
c) Análisis de riesgos;
d) Directorios e inventarios;
e) Señalización;
f) Programa de mantenimiento;
g) Normas de seguridad;
h) Equipos de seguridad;
i) Capacitación y difusión; y
j) Ejercicios y simulacros.
II. Subprograma de auxilio que consiste en un conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentra en peligro, a mantener el funcionamiento de los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza, tales como el alertamiento, evaluación de daños y plan de emergencia. Sus elementos son:
a) Alertamiento;
b) Plan de emergencia; y
c) Evaluación de daños;
III. Subprograma de recuperación: consiste en un conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del agente afectable y de los sistemas dañados por la calamidad. Constituye un momento de transición entre la emergencia y un estado normal. Su único elemento es establecer la normalidad.
Art. 58. Los programas específicos deberán contener mínimamente:
I. Subprograma de prevención:
II. Subprograma de auxilio: consiste en un conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentra en peligro, a mantener el funcionamiento de los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza, tales como el alertamiento, evaluación de daños y plan de emergencia; y
III. Subprograma de recuperación: consiste en un conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del agente afectable y de los sistemas dañados por la calamidad. Constituye un momento de transición entre la emergencia y un estado normal.
Unidades internas y sus programas de protección civil
Art. 59. Las unidades internas son órganos ejecutivos y de participación que se constituyen de manera obligatoria en los edificios o instalaciones de los sectores público, privado y social, tienen a su cargo el diseño y aplicación de los programas internos de protección civil.
Art. 60. En los inmuebles ocupados por varias dependencias y empresas, se deberá constituir una sola unidad interna de protección civil, que será la responsable de ejecutar las acciones contenidas en los programas específicos o internos de protección civil.
Art. 61. En los desarrollos urbanos bajo el régimen de condominio se deberán constituir unidades internas de protección civil.
Art. 62. Las unidades internas de los sectores público, privado y social, se coordinará con la Dirección, para realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación.
Art. 63. Las acciones de prevención, auxilio y recuperación al exterior de sus respectivos inmuebles, las realizarán con base en las directrices que en materia de protección civil, emita la Dirección, así como con el contenido de sus respectivos programas internos.
Art. 64. Las unidades internas de protección civil, elaborarán sus programas internos de acuerdo a los lineamientos que se indiquen en la norma técnica que emita la Dirección.
Art. 65. Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Dirección elaborará y publicará en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, la norma técnica para la elaboración de programas internos de protección civil.
Art. 66. Los programas internos de protección civil deberán contener como mínimo los siguientes requisitos:
I. Satisfacer los requisitos que establezca la norma técnica que al efecto expida la Dirección;
II. Ser actualizados cada año o cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la empresa o cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales;
III. Contar con la carta de responsabilidad y/o corresponsabilidad según sea, que el programa haya sido formulado directamente por la empresa o por algún acreditado para elaborar programas internos de protección civil, debidamente registrado ante la Dirección; y
IV. Contar con los lineamientos de capacitación sobre protección civil para el personal de nuevo ingreso.
Art. 67. Los programas internos de protección civil serán presentados en la Dirección o en la unidad municipal en que se ubique el establecimiento.
Art. 68. El programa interno de protección civil deberá ser presentado por duplicado, un ejemplar impreso y otro en medio electrónico, debidamente firmado por el representante legal, apoderado, propietario, gerente o encargado del inmueble que acredite tener derechos constituidos sobre el mismo; las empresas de nueva creación que requieran del programa interno de protección civil, deberán presentarlo en un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de su apertura o inicio de operaciones.
Art. 69. La presentación y autorización del programa interno de protección civil ante la Dirección o unidad municipal no exime de la responsabilidad que sobre los riesgos internos o externos tiene el propietario, gerente o administrador del inmueble.
Art. 70. Dentro de los programas internos de protección civil se pondrá especial atención a la señalización de los bienes declarados monumentos históricos, artísticos o aquellos otros considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, a efecto de no afectar la mencionada condición.
Art. 71. Cada institución, dependencia, entidad, empresa, organismo perteneciente al sector público, privado y social, deberán elaborar un programa interno de protección civil por inmueble.
Art. 72. La Dirección o unidad municipal aprobará o en su caso formulará observaciones por escrito al programa interno de protección civil, dentro de un periodo de treinta días hábiles siguientes a que le sean presentados y en su caso brindará al interesado la asesoría gratuita necesaria.
Cuando la Dirección o unidad municipal formulen observaciones al programa, los particulares lo presentarán nuevamente dentro de un plazo de siete días hábiles.
Art. 73. El programa interno de protección civil tendrá vigencia de un año, contado a partir de la autorización respectiva.
Art. 74. Las instituciones educativas de todos los niveles dentro del territorio del Estado, deberán contar con la autorización del programa de seguridad y emergencia escolar de acuerdo a la Ley, este Reglamento, las normas técnicas complementarias y términos de referencia en las que se establecerán los requisitos, especificaciones, condiciones y parámetros que deberán observarse en el desarrollo de actividades o acciones que incidan en materia de protección civil.
Art. 75. La Dirección emitirá la norma técnica respectiva que contendrá las especificaciones con que debe cumplir el programa de seguridad y emergencia escolar.
Art. 76. Los establecimientos de salud que cumplan con las especificaciones del programa hospital seguro, están obligadas a tramitar su certificación, de conformidad con la Ley, el Reglamento del Comité Estatal de Evaluadores del Programa Hospital Seguro, el protocolo del Comité Estatal de Evaluadores del Programa Hospital Seguro y el presente Reglamento.
Art. 77. Los comités locales de ayuda mutua, tramitarán su registro ante la Dirección, para lo cual deberán presentar solicitud por escrito que deberá contener la documentación e información siguiente:
I. Nombre y domicilio del representante del grupo que presenta la solicitud;
II. Documento que acredite la integración del comité;
III. Estatutos de operación, reglamentos y manuales de procedimientos del grupo de ayuda mutua;
IV. Directorio de integrantes, actualizado a la fecha de presentación del escrito de solicitud de registro;
V. Constancia que avalen la capacitación, adiestramiento y especialización actualizada, de cada uno de los integrantes de las brigadas que se conformen dentro del grupo; y
VI. Plano en donde se describa su área territorial de actuación.
Art. 78. A la Dirección le compete practicar visitas de inspección y verificación de conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción XXIII de la Ley, pudiendo la Dirección habilitar horas y días inhábiles, en caso de alto riesgo.
Art. 79. La Dirección seleccionará el personal para realizar los trabajos de inspección y verificación según corresponda, los cuales deberán contar con estudios mínimos de bachillerato o equivalente, comprobar experiencia en la materia y aprobar un examen de selección y un curso de capacitación.
Art. 80. La Dirección y las unidades municipales cuentan con facultades de inspección, verificación y vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de situaciones de emergencia, siniestro o desastre, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otras dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o municipal, así como para establecer las medidas de seguridad mencionadas en la Ley, en este Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables.
Art. 81. El Director, los presidentes municipales o los coordinadores municipales tendrán además las siguientes funciones:
I. Designar al personal que fungirá como inspector o verificador en las diligencias que se realicen en los establecimientos de competencia estatal y municipal, quienes también estarán facultados para ejecutar medidas de seguridad, pudiéndose coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales;
II. Ordenar la práctica de inspecciones o verificaciones a los establecimientos de competencia estatal y municipal, en la forma y términos que establece la Ley y este Reglamento y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan, pudiéndose coordinar con las autoridades competentes; y
III. Habilitar días u horas para llevar a cabo inspecciones o verificaciones, cuando el caso así lo amerite.
Art. 82. Los propietarios, responsables, encargados, administradores, poseedores u ocupantes de los inmuebles, obras o establecimiento señalados por la Ley y este Reglamento y los propietarios, ocupantes, poseedores o encargados de obras, están obligados a permitir las inspecciones o verificaciones de protección civil, así como a proporcionar la información necesaria para el desahogo de las mismas.
Art. 83. Los inspectores y los verificadores tendrán las siguientes atribuciones:
I. Realizar visitas de inspección o verificación a los establecimientos que regula este Reglamento;
II. Realizar notificaciones, levantar actas y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones en los términos de la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad que resulte aplicable; y
III. Las demás que les otorgue la Ley y el presente Reglamento, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Art. 84. Las inspecciones o verificaciones referidas en el presente capítulo se sujetan a las siguientes bases:
I. Los inspectores y verificadores practicarán la visita de inspección dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la expedición de la orden;
II. El inspector o verificador deberá presentar una orden escrita que contendrá, nombre del propietario, arrendatario o poseedor, administrador o representante legal o ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble, obra o establecimiento de los señalados en este Reglamento, la ubicación exacta del mismo, la fecha, objeto y aspectos de la orden de inspección, el fundamento legal y la motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expide la orden, el nombre y firma del inspector o verificador autorizado para el entendimiento y desahogo de la inspección o verificación. Cuando se ignore el nombre de la persona o personas a quien deba ir dirigida la orden de inspección, se señalarán datos suficientes que permitan la identificación del inmueble, obra o establecimiento de los señalados en este Reglamento, pudiendo entender la visita con cualquiera de las personas al principio mencionadas;
III. Al iniciarse la visita de inspección o verificación, el personal autorizado deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o poseedor, administrador o representante legal o ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble, obra o establecimiento señalados en este Reglamento, con la credencial vigente que para tal efecto sea expedida y se entregará al visitado copia legible de la orden de inspección, posteriormente el inspector deberá requerir a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos personas de su confianza quienes fungirán como testigos en el domicilio de la diligencia; si éstos no son designados por aquél o los designados no aceptan, éstos serán propuestos y nombrados por el propio inspector o verificador, haciendo constar en el acta que las personas por los visitadores aceptaron o no fungir como testigos; y en caso de no conseguir personas que acepten ser testigos, esto se deberá asentar igualmente en el acta que se levante, sin que estas circunstancias invaliden los resultados de la visita;
IV. De todas las visitas se levantará acta por duplicado de la inspección, en la que se harán constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o irregularidades observadas, debiendo ir las fojas numeradas, en las que se expresará lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Si alguna de las personas se niega a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento o le reste validez al resultado de la visita. Las opiniones de los inspectores o verificadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, no constituye resolución definitiva;
V. Para el caso de registrar observaciones se le otorga un plazo perentorio para solventar las observaciones, conforme a la naturaleza de las mismas;
VI. Uno de los ejemplares del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, el original se entregará a la Dirección o a la unidad municipal según corresponda; y
VII. Si no estuviere presente la persona con quien se deba entender la visita de inspección o verificación, se le dejará citatorio para que se presente en fecha y hora determinada. En caso de no presentarse, la diligencia se entenderá con quien estuviera presente en el lugar visitado, siguiendo el procedimiento establecido en las fracciones II al VI de este artículo.
Art. 85. En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia, la Dirección o la unidad municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar.
De la inspección, mantenimiento y recarga de extinguidores
Art. 86. La Dirección llevará a cabo la inspección de las instalaciones, por oficio o a petición de parte, con el objeto de revisar los extinguidores portátiles, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
I. Colocación y ubicación;
II. Soporte e instalación;
III. Acceso libre;
IV. Tipo, capacidad y clase;
V. Presión y peso correcto;
VI. Tarjeta de caducidad vigente;
VII. El nombre de la empresa donde se encuentre instalado; y
VIII. Las instrucciones para uso y manejo en el idioma español, así como el tipo a que pertenece.
Art. 87. El mantenimiento que se les dé a los extinguidores, nunca podrá ser mayor de un año.
Art. 88. La recarga de extinguidores se deberán efectuar, después de cada uso de los mismos, durante una visita de inspección que ordene su descarga, o según los simulacros contra incendios o en la fecha que indique la etiqueta de la última recarga.
De la prueba hidrostática de los extinguidores portátiles
Art. 89. La prueba hidrostática de los extinguidores portátiles, deberá ser realizada por profesionales certificados conforme a la Norma Oficial Mexicana vigente en la materia.
Art. 90. Todas aquellas personas que lleven a cabo pruebas hidrostáticas, deberán de estar provista del equipo necesario, suficiente, adecuado y seguro para dicho trabajo.
Art. 91. A todos los extinguidores portátiles deberá practicárseles la prueba hidrostática por lo menos cada cinco años, debiendo llevarse una bitácora de los extinguidores por las empresas dedicadas a dicha función, a fin de vigilar el cumplimiento de esta obligación que así se enmarca.
Art. 92. Las áreas de trabajo, donde se efectúen, los servicios de cargas, mantenimiento, prueba hidrostática u otros, deberán contar con los medios de seguridad suficientes, a fin de proteger la integridad física del trabajador.
De las personas dedicadas a la venta, renta y
recarga de extinguidores portátiles
Art. 93. Las empresas que se dediquen a la venta, renta, carga y mantenimiento de extinguidores portátiles, entre otras acciones relacionadas con las anteriores, deberán contener mínimamente con el siguiente equipo:
I. Tanques de nitrógeno;
II. Reguladores;
III. Juegos de adaptadores;
IV. Máquina para pruebas hidrostáticas;
V. Básculas;
VI. Caja de herramientas;
VII. Compresor;
VIII. Embudos;
IX. Mesa de trabajo;
X. Equipo de secado o pruebas hidrostáticas;
XI. Jaulas de protección;
XII. Juegos de adaptadores para llenado de cartuchos;
XIII. Equipo para llenar o descargar extinguidores; y
XIV. Las demás que fije y determine la Dirección o las unidades municipales, previa reunión que se verifique con las empresas que se dedican a esta actividad con sujeción a las leyes y reglamentos que les sean aplicables.
Art. 94. Los extinguidores, solamente podrán ser recargados por las personas físicas o morales que reúnan y cumplan con los requisitos que establece este Reglamento y los que determine la Dirección conforme a la Ley y Normas Oficiales Mexicanas de la materia, mismas que deberán encontrarse legalmente establecidas en el Estado para su operación.
Art. 95. Las personas físicas que se dediquen a la venta, renta, mantenimiento y recarga de extinguidores, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Presentar solicitud por escrito a la Dirección en el cual se especifique el domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado;
II. Domicilio de las instalaciones donde se brinde el servicio de mantenimiento y servicio de recarga de los equipos contra incendios-extinguidores, portátiles y móviles sobre ruedas;
III. Copia del Registro Federal de Contribuyentes;
IV. Copia de identificación oficial;
V. Presentar muestras canceladas de las placas o calcomanías de etiquetas que se utilizarán en los extinguidores, etiqueta de mantenimiento, collarín, holograma de la unidad de verificación conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable;
VI. Documentación de la capacitación recibida por los trabajadores, en el uso y manejo de extinguidores, servicio de mantenimiento y su recarga;
VII. Programa que establezca las medidas preventivas de protección y combate de incendios de acuerdo a lo establecido en el capítulo de la NOM-002-STPS-2000 o la que se encuentre vigente;
VIII. Relación del equipo de protección personal con que se cuente en las instalaciones;
IX. Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, debidamente abastecido de material de curación de acuerdo al contenido indicado en la normatividad aplicable y suficiente para la cantidad de empleados en el caso de empresas;
X. En las instalaciones se debe contar con orden y limpieza;
XI. Las instalaciones deberán contar con señalización prohibitiva, informativa, preventiva y de obligaciones en materia de protección civil, de conformidad a la Norma Oficial Mexicana vigente;
XII. Número del dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005 o la que la sustituya;
XIII. Aprobar la inspección correspondiente; y
XIV. Los demás que se determinen en función de la optimización del servicio y debidamente apegados a las leyes y reglamentos aplicables.
Art. 96. Los requisitos para obtener registro como persona moral serán:
I. Solicitud por escrito especificando domicilio de las instalaciones para oír y recibir notificaciones en el Estado;
II. Copia de Registro Federal de Contribuyentes;
III. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa;
IV. Copia certificada del instrumento notarial con el que acredite personalidad jurídica del representante legal;
V. Muestras canceladas de las placas o etiquetas que se utilizarán en los extinguidores, etiqueta de mantenimiento, collarín, holograma de la unidad de verificación conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable;
VII. Copia de identificación oficial;
VIII. Relación del equipo de protección personal con que cuenten las instalaciones;
IX. Contar con botiquín de primeros auxilios abastecido de material de curación conforme a la normatividad aplicable;
X. Las instalaciones deben mantenerse en orden y con limpieza;
XI. Las instalaciones deben contar con señalamientos prohibitivos, informativos, preventivos y de obligación en materia de protección civil, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002 vigente;
XIII. Aprobar la inspección correspondiente a las instalaciones; y
XIV. Los demás que fije y determine la Dirección, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables.
Requisitos para emitir opinión respecto de los permisos,
licencias o renovaciones para el manejo de explosivos
Art. 97. Los interesados en obtener la opinión respecto de los permisos, licencias o renovación de las mismas, para manejar, producir, usar, almacenar, transportar materiales o sustancias peligrosas y explosivas, reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Solicitud por escrito dirigida al titular de la Dirección;
II. Copia del expediente presentado ante la SEDENA;
III. Copia del documento de conformidad respecto de la seguridad y ubicación del lugar expedido por el presidente municipal correspondiente;
IV. Planos de localización y ubicación del lugar de consumo;
V. Identificación oficial del solicitante o apoderado;
VI. Copia del acta de nacimiento del interesado o apoderado;
VII. Copia del acta constitutiva para personas morales y poder notarial;
VIII. Aprobar la visita de campo a efecto de constatar las medidas de seguridad en materia de protección civil; y
IX. Capacitar a la unidad interna de protección civil y sus brigadas.
Los aspectos a considerar en la visita de campo referida en la fracción VIII se especificarán en la norma técnica que al efecto elabore la Dirección.
Art. 98. La opinión favorable que emita el Gobernador del Estado en materia de explosivos, tendrá vigencia durante el año en que se expida.
De los Atlas Estatal y municipal de riesgo
Art. 99. La Dirección y los municipios elaborarán un atlas de riesgo y lo presentarán ante sus respectivos consejos.
Art. 100. La Dirección y el municipio solicitarán a las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, la información necesaria y en su caso los apoyos técnicos y materiales que se requieran para la elaboración del Atlas de Riesgos.
Art. 101. Con base en la información contenida en el Atlas de Riesgos la Dirección y los municipios podrán:
I. Instalar y operar sistemas de detección, monitoreo y pronósticos para realizar acciones de prevención y avisos de alerta o de alarma;
II. Determinar el grado de vulnerabilidad de los sistemas de subsistencia y servicios públicos, con el fin de identificar los riesgos específicos y evaluar los daños probables;
III. Establecer acciones para disminuir la vulnerabilidad y prevenir los posibles encadenamientos de riesgos, siniestros y desastres;
IV. Promover la actualización de políticas y normas para el uso del suelo en las zonas propensas a riesgos, siniestros o desastres; y
V. Coadyuvar en la elaboración de planes específicos de prevención para cada uno de los agentes perturbadores.
Art. 102. Para efecto de que se emita la opinión técnica señalada en el artículo 94 de la Ley, el solicitante deberá presentar la documentación siguiente:
I. Solicitud por escrito en formato libre;
II. Copia del trámite de compatibilidad urbanística respectivo;
III. Constancia de no afectación al aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en su caso el de la entidad federativa correspondiente, conforme al proyecto de obra o construcción;
IV. Constancia de no afectación a los derechos de zonas federales;
V. Expediente técnico conforme al proyecto;
VI. Manifiesto de impacto ambiental o análisis de riesgo según corresponda; y
VII. Las demás que determine la Dirección, a efecto de corroborar la seguridad de la población.
Art. 103. Una vez integrado el expediente, se asignará personal de la Dirección para realizar la revisión en campo.
Art. 104. Según los requerimientos del caso, esta Dirección podrá solicitar la intervención de otras áreas especializadas.
Art. 105. Se considerarán actividades de riesgo aquellas que dentro de su proceso de producción o comercialización almacenen sustancias peligrosas, tengan una afluencia o concentración masiva de personas o se identifiquen como tal derivado de la elaboración del Atlas de Riesgo, de programas específicos, del trámite de autorización del programa interno de protección civil o de la denuncia ciudadana.
De la operación y coordinación en caso de alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre
Art. 106. Cuando se presente un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en el Estado, el Consejo Estatal se erigirá, previa convocatoria de su presidente y en su ausencia, del secretario ejecutivo, en el Centro Estatal de Operaciones, al que se integrarán los grupos de trabajo y todos aquellos responsables de las dependencias de la Administración Pública Estatal, municipal y en su caso, las federales que se encuentren establecidas en la Entidad, así como los representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada.
Art. 107. La responsabilidad de la coordinación del Centro Estatal de Operaciones es competencia del titular de la Dirección, teniendo como principales acciones:
I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención del alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
II. Aplicar los programas generales o específicos dispuestos en la Ley; y
III. Establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de normalidad, para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de emergencia.
De la operación de la protección civil en los municipios
Art. 108. Será responsabilidad de los consejos municipales y unidades municipales informar a la Dirección y coordinar las acciones destinadas a la atención de emergencias en su demarcación, siempre y cuando no se afecten otros municipios u otras entidades federativas.
Art. 109. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, todas las unidades municipales, instalarán un puesto de coordinación el que dispondrá del atlas municipal de riesgo para facilitar la planeación y ejecución de los trabajos.
Art. 110. Cuando se presente una situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en uno o varios municipios y requieran apoyo de alguna entidad pública, se hará dicha solicitud a través de la Dirección.
Art. 111. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades estarán obligadas a coadyuvar en las acciones que comprenden las diversas fases de la protección civil atendiendo los lineamientos de la Dirección.
Art. 112. Será responsabilidad de los municipios contar con lugares adecuados para habilitarse como refugios temporales ante emergencias y desastres.
Art. 113. Los lugares identificados que puedan usarse como refugios temporales deberán cumplir mínimamente los requisitos siguientes:
I. Estar alejados de las zonas de peligro;
II. Tener un grado de vulnerabilidad bajo;
III. Contar con espacios para ofrecer los servicios básicos;
IV. Situarse en lugares accesibles;
V. Contar con un sistema de comunicación externa;
VI. Contar con agua potable suficiente;
VII. Contar con servicios sanitarios;
VIII. Tener energía eléctrica;
IX. Contar de ser posible con áreas de recreo;
X. Contar también con zonas de estacionamiento; y
XI. Contar con estancias separadas habilitadas para la atención de los enfermos.
Los requisitos podrán variar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del lugar.
Art. 114. Además de los requisitos referidos, cada refugio temporal deberá otorgar a la Dirección la información siguiente:
I. Nombre del responsable del refugio temporal y su número telefónico donde puede ser localizado;
II. Número telefónico del refugio temporal;
III. Capacidad de personas que pueden ser refugiadas;
IV. Capacidad de familias;
V. Coordenadas geográficas de ubicación del refugio temporal, latitud, longitud, altitud; y
VI. Uso del inmueble.
Art. 115. Sin perjuicio del tiempo oficial, los medios masivos de comunicación, procurarán contribuir al fomento de la cultura de protección civil, difundiendo temas y materiales generados o promovidos por la Dirección o el Consejo Estatal.
Art. 116. La Dirección establecerá los procedimientos y acciones necesarias a fin de que los medios de comunicación divulguen a la población oportunamente las medidas preventivas a considerar en un estado de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Para el efecto anterior, en el lugar de los hechos se delimitarán un área específica para que los medios de comunicación desarrollen su labor, sin que expongan su propia integridad.
Art. 117. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a un gran número de habitantes, que involucre a dos o más municipios o alteren el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, las autoridades autorizadas para otorgar la información oficial sobre el evento, serán indistintamente:
III. El Director; o
IV. El coordinador de comunicación social de Gobierno del Estado.
Art. 118. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, los medios de comunicación participarán corresponsablemente, pudiendo auxiliar a la autoridad en la difusión de las medidas de salvaguarda para la población, sus bienes y entorno, así como en la identificación de riesgos y en su caso, de los daños derivados del impacto de la calamidad.
Procedimiento para la denuncia ciudadana
Art. 119. La Dirección Estatal o la unidad municipal competente, una vez recibida la denuncia, procederá de conformidad con lo siguiente:
I. Se le asignará número de expediente y se procederá a su registro;
II. En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente; y
III. Considerando la gravedad del riesgo, la Dirección o unidad municipal podrán determinar la aplicación inmediata de medidas de seguridad.
Art. 120. Una vez admitida la denuncia, la Dirección o unidad municipal llevará a cabo la identificación del denunciante y se efectuarán las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.
Asimismo, en los casos previsto en la Ley, podrán iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas del presente Reglamento.
Art. 121. El denunciante podrá coadyuvar con las autoridades, aportando las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. La autoridad que dé seguimiento a la denuncia deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la denuncia.
Art. 122. La Dirección o unidad municipal podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y dependencias u organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.
Art. 123. Si del resultado de la investigación realizada por la Dirección o unidad municipal, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes.
Art. 124. En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados produce o pueden producir peligro o riesgo, se emitirá el acuerdo de improcedencia, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido, notificándole al denunciante de tal circunstancia.
Art. 125. Si se llegara a demostrar la existencia de los hechos objeto de denuncia y integrando los informes respectivos, se emitirá un acta circunstanciada en términos de lo establecido por la Ley, documento a través del cual, se turnará a la autoridad competente para que aquella resuelva lo conducente, sin perjuicio de que la Dirección determine la aplicación de la medidas de seguridad que se amerite.
Art. 126. La formulación de la denuncia popular, así como los autos, acuerdos y actas circunstanciadas, que emita la Dirección, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Art. 127. Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido abiertos, se considerarán concluidos por las siguientes causas:
I. Cuando se corrobore que no existen condiciones de peligro o riesgo para la ciudadanía;
II. Por haber dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes;
III. Por falta de información sobre los hechos denunciados;
IV. Por haberse solucionado la denuncia popular mediante convenio de minimización de riesgo o peligro entre las partes;
VI. Por desistimiento del denunciante; y
VII. Una vez que se dio parte correspondiente a la autoridad competente para resolver.
Art. 128. La Dirección o el municipio, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan peligro o riesgo para la ciudadanía.
Art. 129. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles.
Art. 130. Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la empresa o establecimiento o en el personal del infractor o en el que haya señalado ante las autoridades administrativas.
A falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que le espere a hora fija dentro de las siguientes veinticuatro horas.
Si la persona a quien deba notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y si ésta se negare a recibirlo se realizará por instructivo que se fije en la puerta del domicilio.
En el momento de la notificación se entregará el documento que se notifica al interesado o a la persona con quien se entienda la diligencia.
Art. 131. En caso de ser necesario, la Dirección, los municipios o las unidades municipales, podrán habilitar días y horas para la debida actuación de las mismas.
De las infracciones, sanciones y medidas de seguridad
Art. 132. Las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, serán sancionadas por la autoridad competente.
Art. 133. La Dirección y las unidades municipales, para hacer cumplir sus determinaciones, y en cumplimiento a las disposiciones legales, podrán hacerse acompañar y auxiliarse de la fuerza pública.
Art. 134. En caso de que la Dirección, los presidentes municipales o la unidad municipal, apliquen alguna medida de seguridad, deberán indicar su temporalidad, en el mismo acto se le otorgará la garantía de audiencia al particular afectado, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Art. 135. Cuando se observe que del análisis de la documentación presentada para la obtención de la autorización, dictámenes o inscripción al registro, existe la probabilidad de falsedad de documentación o información, por parte del peticionario o promovente, la Dirección Estatal, revocará el respectivo dictamen, autorización o registro a que se refiere este Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere emanar de los actos o hechos que las originaron.
Art. 136. Cuando a razón de denuncia, por parte de los usuarios de los servicios que involucren a personas que se dediquen a prestar servicios de consultoría o capacitación, en materia de protección civil, en que se evidencia falta de probidad, honradez o conocimientos, la Dirección Estatal, revocará la inscripción al registro a que se refiere este Reglamento.
Art. 137. Las infracciones a las disposiciones de la Ley y este Reglamento, serán sancionadas por la Dirección o los municipios, en su caso, con:
III. Clausura temporal, definitiva, total y parcial; o
IV. Suspensión de obras, instalaciones o servicios.
Art. 138. Serán sujetos de amonestación quienes:
I. Incumplan con las medidas y acciones de protección civil derivadas de los programas y demás instrumentos necesarios para la prevención de situaciones de riesgo, así como aquellas que requieran para tal efecto las autoridades competentes en los términos de la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables;
II. Impidan la práctica de inspecciones y verificaciones, en la forma y término que establece la Ley y el presente Reglamento;
III. Incumplan con la obligación de capacitar al personal respecto de las unidades internas de protección civil;
IV. Incumplan con la señalización en materia de protección civil;
V. Hagan caso omiso de las resoluciones de las autoridades competentes, emitidas en los términos de esta Ley;
VI. Estando obligados a realizar simulacros omitan su ejecución;
VII. Se abstengan de proporcionar la información que le sea requerida por la Dirección o unidades municipales, para la integración de planes y programas tendientes a la prevención de siniestros;
VIII. Porten un uniforme de protección civil, insignias, barras, galones o gafetes, que estén reservados para cuerpos militares o de seguridad pública o privada;
IX. Quienes omitan tramitar la opinión técnica de la Dirección conforme al artículo 94 de la Ley;
X. Estando obligados a obtener el registro de la Dirección como distribuidores de extinguidores, incumplan;
XI. Incumplan con las medidas o recomendaciones resultado de una inspección o verificación;
XII. Incumplan con la póliza de responsabilidad dispuesta en la Ley; e
XIII. Incumplan con la opinión técnica dispuesta en la Ley.
Art. 139. Serán sancionados con multa de 15 a 50 cuotas de salario mínimo vigente en la Entidad a quienes siendo amonestados conforme al artículo anterior, hagan caso omiso del mismo o incurran en cualquiera de las siguientes conductas:
I. Abstenerse de presentar y elaborar el programa interno de protección civil o programa de emergencia escolar;
II. Incumplir con las medidas o acciones de protección civil;
III. Impedir las actividades de inspección, verificación y vigilancia;
IV. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de protección civil;
V. Incumplir con la obligación de capacitar al personal dentro de las unidades internas;
VI. Incumplir con la señalización;
VII. Abstenerse de realizar por lo menos dos simulacros al año;
VIII. Incumplir con el registro y control dispuesto por la Ley para los distribuidores de extinguidores; y
IX. Incumplir con las recomendaciones y medidas derivadas del resultado de una inspección o verificación.
Art. 140. Serán sancionados con multa de 50 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado a quienes siendo amonestados hagan caso omiso e infrinjan lo siguiente:
I. Hacer caso omiso de las resoluciones;
II. Realizar actividades negligentes; y
III. Incumplir con la póliza de responsabilidad amplia.
Art. 141. Procede la clausura en los siguientes supuestos:
a) Cuando habiendo sido sujeto de sanciones tales como amonestación o multa se continúe infringiendo lo dispuesto por las fracciones I, II, III. IV y V, VII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 138 y fracciones I, II, III, IV, VI, VIII y IX del artículo 139 del presente Reglamento; y
b) Cuando conforme a la valoración del peligro inminente y la vulnerabilidad se identifique como necesaria y urgente la aplicación de dicha medida;
II. Definitiva: cuando habiendo sido sujeto de sanciones tales como amonestación, multa o clausura temporal se continúe infringiendo lo dispuesto por las fracciones I, III, IV, VII, IX, XI, XII y XIII del artículo 138 y fracciones I, III, VI, VIII y IX del artículo 139 del presente Reglamento así como realizar actividades negligentes;
III. Parcial: cuando parte o elementos de un lugar o inmueble no cumplan con la normatividad o generan condiciones de riesgo para la población, bienes o entorno; y
IV. Total: cuando un lugar o inmueble en su totalidad no cumple con la normatividad o genera condiciones de riesgo para la población, bienes o entorno.
Art. 142. Se aplicará la suspensión de obras, instalaciones o servicios cuando:
I. Se incumpla con el registro dispuesto en la Ley para las empresas asesoras, capacitadoras y consultoras de riesgo vulnerabilidad y prestadores de servicios para distribución y recarga de agentes extinguidores; y
II. Se incumpla con las medidas de protección civil.
Art. 143. Procede la aplicación de medidas de seguridad conforme a lo establecido por el artículo 106 de la Ley.
Art. 144. Serán solidariamente responsables:
I. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás responsables involucrados en las violaciones de lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento;
II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de infracción;
III. Las personas que se dediquen a prestar servicios de consultoría o capacitación en materia de protección civil, cuando proporcionen dolosamente, documentos o información falsa, a la autoridad en la materia.
Art. 145. La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el infractor.
Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado;
Art. 2º La Dirección deberá elaborar y publicar el programa Estatal dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Reglamento.
Art. 3º A partir de la vigencia del presente Reglamento la Dirección deberá elaborar y publicar en un término de ciento ochenta días hábiles, las normas técnicas respectivas, así como los términos de referencia necesarios para la aplicación del mismo.
Art. 4º Las empresas capacitadoras, asesoras, consultoras y acreditados para elaborar programas internos que cuenten con registro de operación vigente, cuenten con treinta días hábiles para integrar a su expediente los requerimientos dispuestos en el presente Reglamento.
Con fundamento en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el despacho del Gobernador del Estado, se expide para su observancia general y debida publicación, el Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, a los veintiún días del mes de agosto del dos mil doce.
71 5-septiembre-2012 6-septiembre-2012

References: artículo 33
 resolución 
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 106
 artículo 85