Source: http://imposicion-legaloide.blogspot.com/
Timestamp: 2018-08-18 02:17:18+00:00

Document:
La Legitimización Legaloide de Felipe Calderón
Entre festines de la derecha y la extrema derecha, en un fallo definitivo e inapelable que de hecho ya anticipaban ambos y que de hecho ya estaban defendiendo previamente con la ayuda de sus patrocinadores en costosos comerciales de radio y televisión con el slogan "yo defiendo al Tribunal, porque el Tribunal defiende mi voto", el 5 de septiembre del 2006 los siete Magistrados del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), por unanimidad sin ninguna disensión "avalaron" el triunfo del candidato presidencial del PAN Felipe Calderón, proclamándolo Presidente electo de México.
En su fallo, el TRIFE reconoció que hubo irregularidades, en particular las declaraciones del presidente Fox y los spots difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial, así como las acciones proselitistas de diversas empresas, entre ellas Infra, Corporativo Alsea, Dulces de la Rosa y tiendas Coppel. Irregularidades, por cierto, sancionadas en su mayor parte por la Ley Federal Electoral. Sin embargo, el TRIFE decidió no castigar a nadie por tan flagrantes violaciones a las leyes electorales de México. Pero el TRIFE fue aún más lejos, afirmando que las irregularidades cometidas "no fueron determinantes en el resultado" a sabiendas de que entre el candidato "triunfador" y su oponente más cercano había un escasísimo margen de diferencia del 0.58 por ciento.
La Magistrada Alfonsina Berta Navarro dijo en el verdicto final que la principal irregularidad del proceso había sido cometida por el presidente Vicente Fox Quesada. El dictamen dice sobre esto lo siguiente:
Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente se constituyeron en riesgo para la validez de los comicios.
Esta ridícula aserción de que la intromisión desmedida de la Presidencia de la República en los procesos electorales "casi" ponía en peligro la elección presidencial en realidad salía sobrando, y puede tomarse como un intento futil (por no decir infantil) de los Magistrados del TRIFE para tratar de "justificarse" de alguna manera ante el pueblo de México y ante el juicio histórico que eventualmente habrá de caer sobre este Tribunal. Y las razones por las que este tipo de comentarios salían sobrando son porque, en primer lugar, al principal infractor Vicente Fox no se le aplicaba absolutamente ningún tipo de sanción o multa por su injerencia no pedida en los comicios presidenciales. Y en segundo lugar, como todo mundo sabe, el "casi" y el "hubiera" no cargan absolutamente ningún peso en el curso de los acontecimientos humanos.
Ya anteriormente, en las elecciones presidenciales del 2000, el TRIFE había sentado un precedente jurídico (en el argot legal se le llama "sentar jurisprudencia") al determinar que irregularidades tan graves como el haber estado recibiendo grandes sumas de dinero del extranjero para financiar una campaña política excediendo con creces los topes legales, como lo fue el vergonzoso caso de los Amigos de Fox, lo cual le costó una multa multi-millonaria al PAN, no eran razón suficiente para anular la "legitimidad" de una elección presidencial. En términos llanos, esto quiere decir que si en cualquier elección presidencial futura, uno de los candidatos recibe cientos de millones de dólares (o euros) provenientes del extranjero, inclusive provenientes del narcotráfico o de gobiernos extranjeros que quieran ver triunfar a uno de los candidatos, entonces lo más que se puede esperar es que el partido al cual pertenece el candidato violador de la Ley le sea aplicada una multa. Pero al "triunfador" no se le quitará su "triunfo" ni se le proclamará ilegítimo, podrá disfrutar por seis años un puesto al que no tiene derecho. Ni se le quitará su registro oficial al partido cuyo candidato haya incurrido en tan graves violaciones.
De este modo, con toda la jurisprudencia inútil que ha emitido en torno los procesos presidenciales, el Tribunal Federal Electoral de hecho ha perdido irremediablemente la razón principal para la cual fue creado. Porque si un porcentaje minúsculo del 0.58% no basta para anular una elección presidencial cuando se han cometido graves irregularidades, todas ellas comprobadas, ¿entonces de cuánto tiene que ser la diferencia porcentual para que se anule el proceso? ¿De una décima de por ciento? ¿De una centésima de por ciento? Lo que se puede resumir de sus resoluciones es que una elección presidencial del TRIFE no será anulada por éste en el marco de graves irregularidades cualesquiera que sea la diferencia porcentual que le dió un dudoso triunfo al presunto "ganador". Por otra parte, si para un candidato "triunfador" el haber incurrido en un delito electoral tan grave como el haber estado recibiendo "dineros negros" procedentes del extranjero violando los topes de campaña establecidos no es razón suficiente para anularle su triunfo, ¿entonces qué delito debe haber cometido el presunto "triunfador" para que se le anule su triunfo? ¿Haber ocultado sus nexos con algún narcotraficante colombiano? ¿Haber matado a alguien antes de ser proclamado Presidente electo por el TRIFE (porque si el crimen lo comete el "triunfador" después de haber sido proclamado Presidente electo por el TRIFE entonces ya no se puede hacer absolutamente nada al respecto porque legaloidemente las decisiones judiciales del TRIFE son definitivas e inapelables)? Lo que se puede resumir de sus resoluciones es que no importa qué delito electoral hayan cometido el candidato triunfador y/o el partido al cual pertenece, el "triunfo" presidencial del delincuente o beneficiario directo de actos delincuenciales cometidos por otros a favor suyo no será razón suficiente para anularle su derecho legal a ocupar la Presidencia de la República. Con tan solo éstas dos circunstancias podemos ver que el TRIFE no anulará el "triunfo" de ningún candidato a la Presidencia de la República bajo ninguna circunstancia.
Es reconocido ampliamente que el TRIFE es un Tribunal excesivamente caro, cuyos Magistrados se encuentran no sólo entre los funcionarios mejor pagados de Latinoamérica, sino del mundo entero. Pero si el TRIFE no va a anular el "triunfo" de ningún candidato presidencial bajo ninguna circunstancia, entonces... ¿para qué queremos al TRIFE? ¿No sería acaso mejor terminar con la farsa, desaparecerlo, y readjudicar su presupuesto a la creación de escuelas y hospitales en áreas marginadas?
Tratando de cubrir las apariencias, y ante lo cerrado de la votación según lo anticipaban las encuestas, el Presidente Vicente Fox afirmó que era conveniente instituír una segunda vuelta electoral -como se acostumbra hacerlo en otros países- entre los dos candidatos presidenciales que sacaran más votos cuando ninguno de los principales contendientes hubiese obtenido una mayoría porcentual absoluta sobre los demás. Pero esto lo dijo cuando ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto, faltando tan sólo dos días para llevarse a cabo las elecciones presidenciales. Y no sólo lo dijo en forma por demás tardía. Lo dijo casi seis años después de haber tomado posesión de su cargo como Presidente de México sin haber introducido jamás esa propuesta como iniciativa suya ante el Congreso de la Unión. Una segunda ronda electoral en una elección tan cerrada como la que tuvo lugar entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón habría sido una salida digna para la cual había tiempo más que suficiente, dada la enorme cantidad de tiempo que transcurre entre la celebración de las elecciones presidenciales y la toma de posesión del mandatario electo, cinco meses, casi medio año. Las elecciones correspondientes a la segunda vuelta electoral se pudieron haber celebrado el 2 de octubre del 2006, y ello habría dejado un cómodo lapso de tiempo de dos meses para que el indiscutible triunfador pudiera preparar su entrada el primero de diciembre del 2006. Pero esperar a que el TRIFE sentara jurisprudencia de alta calidad tomando una decisión tan trascendental e histórica como ésta hubiera sido tanto como pedirle peras al olmo. No lo habría hecho jamás. Y no lo hizo.
De haber existido el TRIFE en 1988, tras la famosa caída del sistema el TRIFE se podría haber encargado de "legitimar" judicialmente con un fallo "inatacable" la imposición de Carlos Salinas de Gortari, con lo cual ya no se le podría haber acusado de ser un Presidente ilegítimo. Simplemente habría sido un Presidente legaloide, lo cual es... ¿mejor?
Veamos lo que dice al respecto el conocido político Jesús González Schmal en su entrega publidada en varios medios el 9 de septiembre del 2006 bajo el encabezado "Decadencia democrática":
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al otorgar plena validez a las elecciones presidenciales del 2 de julio, no podía ser peor.
El demérito de todas las pruebas que acreditan las causas de nulidad genérica que, en la práctica, constituyen el elemento más antidemocrático de una elección (como lo es la intromisión del titular del Poder Ejecutivo en la campaña); resulta una aberración jurídica monumental, que tendrá efectos inmediatos en la ira del pueblo burlado por un costoso Instituto Federal Electoral y un dócil Tribunal Electoral, cuyos integrantes renunciaron a un mínimo de congruencia en su dilucidación jurídica, tal como lo hicieron inmediatamente después ocho ministros de la Suprema Corte.
Esta determinación, cuando tuvieron a la mano, desde el recuento de los votos hasta la observancia de la propia jurisprudencia del Tribunal (que en casos idénticos, como Colima y Tabasco provocaron la nulidad abstracta), es una afrenta a la nación y una licencia irrevocable a la anarquía electoral futura.
Imaginémonos el escenario electoral dentro de tres o seis años, cuando con el precedente que hoy se "institucionaliza", de un IFE prostituido y un Poder Judicial federal encubridor, se celebren elecciones sin la mínima garantía de equidad, objetividad y certeza. Lo único cierto es que la involución de nuestro proceso electoral llegará a extremos nunca vistos.
Todavía, con el sistema de partido oficial reconocido (PRI) al menos se daba una dinámica interna entre sectores para tomar una decisión de equilibrio. Con el método Fox, desde la exoneración que logró del IFE de la organización delictiva Amigos de Fox, bastan la arrogancia de la prepotencia presidencial y el servilismo de los órganos electorales, para consumar la imposición.
Ninguno de los autores de estos operativos podrá negar su responsabilidad histórica.
La lógica democrática que, reconoce, como la mejor forma de castigo a un periodo presidencial disparatado y regresivo en el desarrollo nacional, la de la condena popular electoral al continuismo, ha fallado. El premio de un supuesto triunfo electoral al candidato del mismo partido de un sexenio perdido es una contradicción inaceptable.
La respuesta popular es impredecible. Un pueblo lastimado hasta el alma con esta burla. Una sociedad humillada en el interior y en el exterior con un presidente locuaz que no tiene pudor ni reparo en arrastrar la investidura presidencial; hoy se levanta con el triunfo que conlleva el tapar en el futuro los desfalcos, latrocinios e inmoralidades generalizadas que caracterizaron la gestión de gobierno.
Cuando en los albores de la Revolución de 1910 se decía que la causa maderista resumida en la reivindicación de los derechos políticos estaba sentenciada al fracaso porque lo que el pueblo demandaba prioritariamente era la justicia social, hoy a casi cien años de distancia, cuando la marginación se ha agudizado, aún así, la conciencia colectiva bien sabe que sin sufragio efectivo y democracia real, económica y social, las promesas de justicia y responsabilidad social, son demagogia y verborrea barata.
Sólo comprendiendo la profundidad del sentimiento humano y la natural vocación a la libertad y al derecho político, como la capacidad irrenunciable para compartir el poder de las decisiones públicas; se podrá entender la importancia de la pulcritud y certeza requeridos en el resultado electoral.
Un candidato dizque triunfante el 2 de julio como Felipe Calderón, que no fue capaz de estar al lado del pueblo en su exigencia de recuento voto por voto, y que solapó la manipulación de las cifras electorales precedidas de la injerencia de Fox en el proceso está ilegitimado de inicio, y sin autoridad ética, para emprender los grandes desafíos de México.
Bien saben los que consumaron el ilícito electoral que su manido argumento de que el voto estuvo mal defendido jurídicamente en las casillas, que ello es un sofisma con la premisa falsa de cargar a los ciudadanos la culpa de que los tahúres y mapaches electorales logren su propósito.
En los años más oscuros del fraude electoral oficial (no encubierto con órganos electorales como ahora) esa era la repetida justificación para consumar el despojo político a la oposición.
Ahondando un poco sobre lo afirmado por González Schmal, además de los yerros cometidos por Vicente Fox, sumados a sus muchas promesas incumplidas, sumado todo a su culpa histórica de haberle facititado a los agentes de la Organización Nacional del Yunque el libre acceso a las altas esferas del poder en México, había muchas otras razones por las cuales la condena por la vía electoral al continuismo del PAN se debería de haber reflejado en un duro voto de castigo popular al candidato presidencial del PAN en el 2006. Podemos empezar por mencionar la voracidad de los panistas quienes cuando eran una minúscula e insignificante oposición no cesaban de despotricar en contra de todos aquellos priistas que se enriquecían desmedidamente a manos llenas gracias a su paso por el poder. Como lo es el caso del mismo Vicente Fox y los miembros de su gabinete, que terminaron siendo beneficiarios tiempo después con amplios sueldazos en un país con tantas carencias y tantas necesidades. A lo cual podemos agregar otros ejemplos, tales como Ignacio Loyola Vera, el gobernador panista de Querétaro que se convirtió en uno de los políticos mejor pagados del continente americano a tan solo un año de haberse convertido Fox en Presidente de México. O los desmedidos tráficos de influencias practicados por panistas tan prominentes como Diego Fernández de Cevallos y su asociado el ex-Procurador General de la República Antonio Lozano Gracia justo cuando uno de ellos (Fernández de Cevallos) hacía gala de un desmedido influyentismo por estar ocupando un alto cargo dentro del Poder Legislativo, de lo cual ha quedado una estela de material documental grabado, cortesía de los mismos agentes de la Secretaría de Gobernación actuando bajo órdenes emanadas directamente desde la cima del gobierno del cambio por cuestión de pleitos internos. Vale la pena escuchar (y recordar) algunas de las grabaciones magnetofónicas de varias conversaciones privadas que llegaron primero a manos del diario capitalino Ovaciones de la empresa TELEVISA, y después a manos de Ricardo Rocha, el conocido conductor del programa Reporte 13 radiado por Televisión Azteca, quien presentó un documental especial durante la noche en dicha empresa televisiva en el cual se puso al descubierto al pueblo de México el descarado tráfico de influencias que estaba teniendo lugar en las prácticas privadas de éstos dos hombres como Abogados (el documental televisivo trató sobre los temas de corrupción e impunidad bajo el título "ELECCIONES 2003: Impunidad: El cáncer de México"):
Y a continuación tenemos una nota adicional presentada por Ricado Rocha sobre otra grabación magnetofónica de una conversación sostenida entre Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, la cual está tan pesada que Ricardo Rocha se limitó simplemente a presentar una transcripción (en texto escrito) de la conversación conteniéndose las ganas de radiar el audio de la cinta:
Las cuentas pendientes acumuladas en contra de la administración federal panista no se reducen simplemente a casos como los anteriormente mencionados. Podemos agregarle la decadencia moral en que cayó la Presidencia de la República tras su arribo al poder, según lo hizo constar un artículo del periodista Roberto Fuentes Vivar publicado en la revista semanal Época en su edición aparecida el lunes 5 de mayo del 2003, mostrando cómo desde la oficina de la Presidencia de la República se había estado accesando a través de Internet sitios de pornografía con recursos del erario público, basándose las investigaciones en una labor realizada previamente por la agencia GPA (Grupo de Periodistas Asociados.) Dentro del artículo podemos leer entre otras cosas lo siguiente:
En horas de trabajo, se aprovechan de los bienes públicos y de la falta de controles adecuados, para 'navegar' por sitios de los llamados xxx o hot. Los placeres cibernéticos y sus fantasías ocultas son satisfechos con cargo al presupuesto.
De acuerdo con información investigada por GPA y corroborada por expertos en informática, desde las computadoras de Los Pinos y de otras oficinas de la Presidencia de la República se consulta lo mismo la página web de Vicente Fox que la de nudistas de Chile, Colombia o Venezuela.
A partir de los reportes mensuales de las visitas a las páginas de la Presidencia de la República, se observa qué hacen los usuarios en la red; se puede observar que en un listado de 127 páginas, en la primera se detallan los hits (incursiones) que se realizan a sitios o portales de internet relacionados con trabajo, como Mexico.gob.mx o fiscalistas.net. Pero en las siguientes 126 se marcan visitas que hacen los usuarios desde las computadoras de Presidencia a sitios como XXXMORELIA/Chicasyalgonotannormal, Acapulcocachondo, sexyveracruz o Hacerlobien/posturas para expertos.
La cantidad de visitas a sitios pornográficos es tal que en algunas de las 129 páginas del reporte mencionado no existe una sola referencia a páginas oficiales de trabajo.
En síntesis, los expertos comentaron que el sitio http://stats.presidencia.gob.mx, cuenta con una tecnología especial para poder hacer el conteo de las incursiones que hacen las computadoras de una empresa o una oficina de gobierno a otros sitios de Internet.
Precisamente por todos estos desvaríos del Partido Acción Nacional en el poder, el 28 de mayo del 2003, a la mitad del sexenio foxista, una encuesta llevada a cabo por Consulta Mitofsky reveló que el Partido de la Revolución Democrática estaba comenzando a acaparar la atención y las preferencias que en otros tiempos hicieran crecer al Partido Acción Nacional, vaticinando que aún en el peor de los escenarios el PRD aumentaría el número de diputados en el Congreso de la Unión por lo menos en un cincuenta por ciento (en las elecciones presidenciales del 2006 pasaría a ser la segunda fuerza política del país, desplazando al otrora invencible Partido Revolucionario Institucional a un penoso tercer lugar). Desde entonces ya era notorio el ascenso de Andrés Manuel López Obrador y del PRD como un contrapeso real a los demanes y arbitrariedades del panismo en el poder. Y como resultado de las elecciones federales intermedias llevadas a cabo el domingo 6 de julio del 2003, el Partido Acción Nacional sufrió un serio descalabro serio descalabro que lo llevó a perder el primer lugar que tenía en la Cámara de Diputados a lo cual sumó ese mismo día la pérdida de la gubernatura del estado de Nuevo León. Este retroceso, interpretado como el preámbulo de otro duro voto de castigo anticipado para las elecciones presidenciales del 2006, vaticinaba ya la expulsión del PAN (y consigo, de la ultraderecha) del poder, lo cual encendendió todos los focos rojos en la Organización Nacional del Yunque. Los planes secretos para la guerra sucia que sería llevada a cabo por el PAN con el apoyo del Yunque empezaron a tomar forma a partir de esta debacle. Desde entonces ya sabían que el candidato presidencial del PAN, quienquiera que fuese, no podía ganar contendiendo en forma limpia. Y ya desde entonces se sabía que el "triunfo" del candidato presidencial panista tendría que ser "legitimado" por la vía legaloide para no perder el poder. De aquí viene la complicidad comprobada del gobierno federal panista con el hampón argentino Carlos Ahumada para utilizar sus videograbaciones con un fin meramente político: destruír al PRD. De aquí viene el origen del proceso de desafuero en contra de López Obrador con la intención manifiesta de inhabilitarlo por la vía legaloide -con la anticipada complicidad del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Azuela Güitrón- para contender por la Presidencia de México. Y al fracasar estas maniobras, se tuvo que recurrir a una despiadada guerra sucia pletórica de delitos electorales en el marco de una elección de Estado para la cual de antemano ya se contaba con la complicidad de los Consejeros del IFE -seleccionados todos ellos haciendo a un lado las protestas del PRD- y del TRIFE.
Continuando con el legaloide dictamen del TRIFE que nuevamente "sentó jurisprudencia" de pésima calidad en lo que a impartición de Justicia se refiere, veamos ahora un análisis más detallado efectuado sobre la truculenta resolución legaloide del TRIFE, hecho por el editorialista Víctor Orozco en una entrega suya publicada el 10 de septiembre del 2006, titulada "Una resolución contradictoria":
"... en asuntos políticos la justicia es más tenue que en cualquier otra rama de la jurisprudencia, ya que fácilmente puede trocarse en una mera farsa"
Otto Kirchheimer, jurista germano-americano
Hasta antes del cinco de septiembre, el análisis del proceso electoral pasado tenía que sustentarse exclusivamente en la interpretación que cada quién hiciese de los hechos. Desde esta fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su resolución declarando la validez de la elección presidencial y otorgando la constancia de presidente electo a Felipe Calderón disponemos en primer lugar de un inventario o recuento de las circunstancias de mayor relevancia en la elección y en segundo lugar de una interpretación legal. Ambos elementos de juicio venidos de la más alta autoridad judicial en materia electoral. Así que podemos examinar lo sucedido estrictamente a la luz de la sentencia de los magistrados. Veamos algunas de sus premisas y de sus conclusiones:
Como punto de partida los magistrados asientan que: “Los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos… son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; garantía del financiamiento público de los partidos…; campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales”.
Ahora bien, dice la sentencia que el Consejo Coordinador Empresarial, formado por la Confederación de Cámaras Industriales; la Confederación Patronal; la Asociación de Bancos de México, A.C. y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, difundió durante el período comprendido entre el diecisiete y el veintiocho de junio, 154 veces por los canales 2,4,5 y 9 de Televisa al menos dos spots o promocionales (además de otros de número indeterminado en estaciones radiodifusoras) “…en favor de dos fuerzas políticas (Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional) y en contra de otra (la coalición Por el Bien de Todos) y de su candidato presidencial”. La propia sentencia constata que “A fin de salvaguardar el principio de equidad, el legislador ordinario estableció… la prohibición para que terceros contraten propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidatos” . De lo anterior concluye que “Dicha violación a lo dispuesto en el código electoral federal constituye una irregularidad que viola los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral”.
Nada más claro. No se requiere ser un especialista para concluir que ante una acción de propaganda ilegal, abusiva y tendenciosa de tamaña envergadura, puesto que abarcó todo el territorio nacional y en la que se difundía el pánico entre la población, por al menos las dos semanas decisivas anteriores a los comicios, impactaría el ánimo de los electores ya sea para que no votaran o que lo hicieran en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Pero, ¿cuál fue la conclusión que extrajeron los magistrados de la premisa contundente que ellos mismos establecieron?: “La irregularidad que ha quedado establecida, por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección presidencial, ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto de los spots difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial”. La diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador, es de 0.56 por ciento según las cifras del TRIFE, luego entonces: ¿Puede alguien suponer bajo una lógica elemental que los spots del CCE no fueron determinantes para este resultado final?
"Veamos ahora otra intervención de terceros en el proceso electoral. Dicen los magistrados que: “En autos existen argumentos y pruebas tendentes a evidenciar que durante el desarrollo del proceso electoral correspondiente a la elección presidencial, varias empresas mercantiles intervinieron ilegalmente a favor del candidato del Partido Acción Nacional, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial, corporativo Alsea, Dulces De la Rosa, tiendas Coppel y diversas empresas de carácter mercantil”.
De nueva cuenta, ¿Qué conclusión obtiene el tribunal de esta ilegal participación indebida en las elecciones? “… es posible afirmar que si bien es cierto que hubo propaganda de contenido indebido por ciertas empresas, también lo es que no hay medio de prueba alguno para establecer el impacto que pudo haber tenido en el proceso electoral esa participación de terceros”. Otra vez, los magistrados se detienen ante las consecuencias inevitables de su propio presupuesto. En efecto, la mínima diferencia de los votos obtenidos por cada candidato, autoriza a suponer que cualquiera de estos ilegítimos actos conduce a la alteración de los resultados. Ello es evidente para quienquiera que reflexiones de buena fe y procurando ser imparcial, pero no así para los magistrados.
Durante la campaña se denunció la constante agresión de ciertos medios a la candidatura y a la persona de Andrés Manuel López Obrador. Los magistrados conocieron de este hecho “…en el sentido de que ciertos conductores de radio expresaron un sesgo informativo en contra del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos a lo largo de toda la campaña, particularmente Mario Beteta… y Pedro Ferriz de Con, así como el hecho de que en diversos cortes noticiosos de la empresa Televisa existía un trato inequitativo a favor del candidato del Partido Acción Nacional”. El marco legal que sirve de referencia a los magistrados es el siguiente: “…puede arribarse a la conclusión de que la existencia de un evidente, explícito y claro trato sistemáticamente inicuo o discriminatorio por los medios de comunicación electrónica concesionado… y escrita… hacia los partidos políticos, puede llegar a constituir violaciones a su obligación de respeto a los derechos de tercero… o de no lesionar normas y principios de orden público, como son los fines o valores que deben primar en la materia electoral…”
Seguramente hubo muy pocos ciudadanos que no escucharan las diatribas, burlas, ataques personales que diariamente se hacían en contra de AMLO desde los noticieros de radio señalados. Nunca se abusó tanto del poder que proporciona el acceso a un medio masivo de comunicación para desprestigiar a un candidato a un puesto de elección popular. Todos fuimos testigos de este hecho, incluyendo a los magistrados, desde luego, a menos que vivieran en otro planeta. Pero, asombrémonos de la conclusión que sacan de este hecho: “… de los elementos de convicción que obran en el expediente no se constatan las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para determinar la existencia de una irregularidad como la manifestada”.
Examinemos ahora la intervención del presidente de la República en el proceso eleccionario, siempre según la sentencia del tribunal. En ella se asegura que: “En la etapa de preparación de la elección, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realizó manifestaciones con cierta incidencia en el proceso electoral… es importante que las autoridades de cualquier nivel se mantengan al margen del proceso electoral, con el objeto de impedir el uso del poder político que ejercen, y de los recursos y facultades que están a su disposición, para favorecer a uno de los partidos o candidatos contendientes…”. Constataron además que muchas de las expresiones usadas por el presidente contienen “…una mezcla de elementos, que oscilan entre el ejercicio de la libertad de expresión acotada de los funcionarios públicos respecto a los actos y hechos de los procesos electorales, y la intromisión en dichos procesos, a través de mensajes indirectos o implícitos, que pueden tener efectos, en alguna medida, de carácter proselitista a favor de la opción política contendiente, que resulte más coincidente con los juicios de valor externados por el Presidente de la República”.
Es decir, el tribunal comprobó que el titular del Poder Ejecutivo federal actuó fuera de la ley al intervenir en una gran cantidad de ocasiones durante el proceso electoral a favor del candidato del PAN y en contra del de la coalición Por el Bien de Todos. Se trató de actos de autoridad ilegales, destinados a influir en los ciudadanos, valiéndose del enorme poder de difusión que tienen las intervenciones presidenciales y desde luego, de la capacidad de persuasión, sea genuina o derivada del temor que tienen sus palabras. Fox arrojó pues todo el peso de la institución presidencial en la balanza a favor de Felipe Calderón y, ¿qué sacan de ello los magistrados?: “En suma, las circunstancias en que tuvo lugar la intervención del presidente, en su momento impregnaron a su auditorio, y pudieron contribuir en alguna forma, para determinar su intención de voto, pero esta influencia tuvo que verse disminuida por los siguientes aspectos: A. Acuerdo de abstención de actos anticipados de campaña o tregua navideña. B. Acuerdo de neutralidad. C. Suspensión de publicidad institucional, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. (¡¡¡!!!)
No puedo extenderme más en este corto espacio. Concluyo que la resolución del TRIFE, lejos de servir para legitimar a Felipe Calderón como próximo presidente de la República, no hace sino reafirmar la certidumbre que tienen millones de mexicanos en el carácter fraudulento de las pasadas elecciones y acrecentar las sospechas de otros tantos. Quizá nunca existió una distancia mayor entre la “verdad legal” y la “verdad real”. Para confirmarlo no hay que acudir a los argumentos esgrimidos por la coalición impugnadora, sólo hay que leer con detenimiento las 309 páginas de la resolución judicial. En ella, se cruza la tenue línea que separa a la justicia política de la farsa.
En los hechos, todo el aparato legal creado supuestamente para dar limpieza y transparencia a los procesos electorales en México se ha convertido en un mecanismo más -que ni siquiera se le había ocurrido al PRI en los tiempos de su invencible hegemonía- para darle "legitimidad" a los candidatos apoyados incondicionalmente por la extrema derecha de México, primero Vicente Fox en el 2000 y ahora Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. No habrá elección presidencial alguna que sea anulada por el TRIFE bajo ninguna circunstancia, lo cual ya lo dejó bastante claro. Su función más importante es y seguirá siendo revestir de legitimidad al que, por lo visto, habrá de ser el candidato oficial, otorgándole su constancia de mayoría en medio de aplausos y vítores, aunque se trate de un Presidente impuesto con la ayuda y la consumación de delitos electorales comprobados, pero de cualquier modo investido con el cargo máximo por la vía legaloide. Y así será en el 2012 y en todas las sucesiones presidenciales que habrán de venir. A menos, claro está, de que las circunstancias cambien por algún acto inesperado del destino.
La injusticia cometida por el TRIFE es agravada enormemente por el hecho de que un puñado de siete personas le privaron a una Nación de cien millones de habitantes su legítimo derecho de quitarse de encima y sacar del poder pacíficamente por la vía de las urnas a los neo-Nazis extremistas de la Organización Nacional del Yunque que se han estado apoderando de los puestos clave del gobierno federal. Tal es el tamaño de su culpa histórica ante la sociedad mexicana y ante el mundo entero.
Sin embargo, una cosa es la "legitimidad" legaloide otorgada a algo o a alguien con "sello de aprobación oficial" por un Tribunal preocupado por justificar -las explicaciones que quiera dar salen sobrando- una decisión sospechosa amparada por un voluminoso legajo repleto de tecnicismos legales, y otra cosa muy diferente es la credibilidad y el respeto que un segmento importante de la población le quiera conceder a tal "legitimidad". La legitimidad legaloide otorgada por los siete Magistrados del TRIFE al "triunfo" de Felipe Calderón le dá a Felipe Calderón el derecho igualmente legaloide de ocupar la silla presidencial. Pero ello no lo salva de ascender a dicho cargo con la repulsa y el aborrecimiento de todos aquellos para quienes la decisión legaloide del TRIFE fue una decisión injusta no habiendo manera de convencerlos de lo contrario. Así tenemos que en su primera gira como Presidente electo, precisamente en su ciudad natal, en un anticipo de lo que seguramente será su desgastada Presidencia, no todo le salió como hubiera querido, según podemos comprobarlo en la siguiente nota de Ernesto Nuñez y Adán García publicada por la Agencia REFORMA el 9 de septiembre del 2006:
PERSIGUE PROTESTA A CALDERON EN SU GIRA
Provocan manifestantes movilización policiaca en Morelia
Perseguido por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón realizó ayer una gira por su ciudad natal. Ahí tuvo que correr de un lugar a otro y colocar en menos de cuatro minutos una ofrenda en el monumento a José María Morelos y Pavón.
En su primera gira como presidente electo, Calderón fue recibido en su tierra por un centenar de manifestantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Michoacán, quienes intentaron acercarse a él en sus actos públicos.
El primer evento programado era el homenaje a Morelos, que originalmente se iba a llevar a cabo en la casa natal del héroe de la Independencia, ubicada en el centro de Morelia. Ante la advertencia del PRD de presentarse en el lugar, se cambió el acto a la Plaza Morelos, según lo confirmó el Alcalde panista de Morelia, Salvador López.
Pero los perredistas, que desde julio están en la plaza Melchor Ocampo como parte de la resistencia civil convocada por López Obrador, se enteraron del cambio, y 30 minutos antes de la hora programada para que llegara Calderón, se presentaron en la plaza Morelos con mantas, pancartas y un megáfono.
Cuando se acercaron, 50 elementos del Estado Mayor Presidencial bajaron de dos autobuses estacionados en la plaza; minutos después aparecieron 50 elementos de la Policía Federal Preventiva. Paralelamente, unos 30 elementos de la Policía Estatal Preventiva colocaron vallas metálicas y se apostaron con escudos alrededor del monumento ecuestre a Morelos.
Los manifestantes se acercaron gritando consignas en contra del fraude electoral, pero evitaron el choque con la policía y se replegaron. Desde las azoteas de tres edificios aledaños, seis francotiradores de la Policía Estatal observaban la escena con sus armas a la vista.
Así pues, en las elecciones del 2006, hay dos juicios diferentes con dos veredictos diferentes: el juicio legaloide dado por siete individuos bien pagados por el Estado con los dineros extraídos al pueblo de México por la vía de los impuestos, y el juicio del pueblo emitido libremente sin que medien sobornos o componendas de ninguna especie. Felipe Calderón ganó el primero por unanimidad de los siete Magistrados del TRIFE, pero no puede decir lo mismo del segundo, el cual es lo más cercano que pueda haber a un auténtico juicio popular conducido a gran escala, y en el cual ciertamente Felipe Calderón no está encontrando a su favor la unanimidad del jurado popular.
Consumada la imposición legaloide definitiva e inapelable de Felipe Calderón como el próximo Presidente de México, el peligro ahora es que la derecha en el poder aconsejada por sus ultraderechistas asesores de la Organización Nacional del Yunque decidan recurrir al gran garrote para castigar con sangre a quienes no estén de acuerdo con la forma en la cual se está gobernando al país y los rumbos a los que está siendo dirigido. Sobre este riesgo, nos dice lo siguiente Magdalena Galindo en un artículo suyo publicado por la revista Siempre! en su edición correspondiente al domingo 10 de septiembre del 2006, titulado "La represión, un peligro para todos: Malas cuentas de Fox":
Por más que desde que el Tribunal Electoral desechó, con los más triviales pretextos, las denuncias presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, ya se sabía cuál iba a ser su fallo, no deja de escandalizar -y también indignar- que finalmente haya convalidado el fraude electoral. La decisión sólo comprueba que el gobierno panista de Fox ha devastado las instituciones a fuerza de servirse de ellas para conseguir imponer sus intereses por encima de la ley y la voluntad popular.
No hay ninguna justificación, esto es, razón en justicia, para que el Tribunal Electoral se haya negado a ordenar un nuevo recuento, cuando más de la mitad de las casillas electorales presentaban serias irregularidades. Lo que sí había, era la certeza de que un nuevo recuento mostraría que, a pesar de todas las violaciones a la ley cometidas por el presidente Fox, por los empresarios, y por la violenta campaña del candidato de la derecha, el triunfo fue de López Obrador. Por eso los panistas se negaron, precisamente a través de las instituciones, a realizar el recuento que demandaban los ciudadanos.
Ahora, el peligro para la sociedad toda, no sólo para los simpatizantes de López Obrador, es que los panistas decidan utilizar otra institución, el Ejército mexicano, para afianzarse en el poder, por medio de la represión que intente acallar las voces de protesta. El problema es que el descontento no está presente en unos cuantos miles, sino en millones de ciudadanos, y nadie, ni siquiera López Obrador, puede controlar la respuesta a una acción represiva. El momento es sumamente delicado, como para reducirlo al pleito por unas calles o para encender un fuego.
Si en lo político los resultados de la administración foxista no podían ser peores, en lo económico el balance también muestra un desastre. Para sólo mencionar los aspectos más notorios hay que decir que el crecimiento ha sido tan magro, que estuvo por abajo del crecimiento de la población, de modo que puede afirmarse que hay un retroceso. Además, porque mientras la deuda externa disminuyó en una pequeña magnitud, la deuda interna en cambio creció en enormes proporciones. Por otro lado, se ha buscado por todos los medios desestabilizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de conseguir la entrada de la iniciativa privada, fundamentalmente extranjera, al sector energético.
En cuanto a lo social, el crecimiento mediocre ha conducido al desempleo, que en el sexenio aumentó en 125 por ciento, y a la consiguiente emigración de millones de mexicanos hacia Estados Unidos. "Esas son las verdaderas y malas cuentas del sexenio de Vicente Fox.
Sobre la amenaza del uso de la fuerza pública llegando a extremos nunca vistos ahora que la ultraderecha está gobernando México detrás de la cortina, el conocido político Manuel Camacho Solís en un artículo suyo titulado "Gobernar sin instituciones" publicado en varios medios el 11 de septiembre del 2006, hace las siguientes observaciones ante la advertencia de algo gravísimo: la creciente posibilidad de que la soberanía parlamentaria del Congreso de la Unión sea vulnerada en abierto desafío al principio de la separación de poderes, algo que no ocurría desde los tiempos del dictador golpista asesino del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, el General Victoriano Huerta (nacido precisamente en el estado de Jalisco, la sede nacional de la extrema derecha mexicana), algo que ni siquiera el otrora poderoso PRI se atrevió a hacer en siete décadas de estar gobernando México:
Las diversas manos que están conduciendo la política no saben gobernar en una situación de crisis. Su incapacidad puede llevar a la represión, con lo cual no lograrán sino agravar los conflictos.
En la defensa de su fortaleza están destruyendo sus torres y sus puentes. Menciono tres ejemplos.
Primero. La decisión del Tribunal Electoral. Se sabía que el régimen había tomado la decisión de sostener a Felipe Calderón. No aceptaría, por tanto, la anulación. Lograron el objetivo que deseaban, pero a un costo inmenso.
Salvo para los aduladores de la cargada que han gastado cientos de millones de pesos en exaltar las virtudes del Tribunal y del IFE, no hay un abogado que se respete a sí mismo que piense que el dictamen del Tribunal estuvo bien hecho. Hay un consenso generalizado respecto de que la decisión de los magistrados tiene fragilidades éticas y técnicas.
El texto es legal y lógicamente inconsistente. Cómo se atreven a sostener que el Presidente puso en riesgo la elección, sin que pase nada. Que el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) violó la ley, sin que haya ninguna consecuencia.
Que no hay manera de medir si los actos ilegales por sí, o en su conjunto, habrían modificado el resultado. ¿No bastaba con revisar las encuestas que midieron el impacto de esos hechos? ¿No tenían a su alcance los instrumentos de la mercadotecnia?
Los magistrados aceptaron que se violara la ley y fueron contra sus propias tesis y jurisprudencia. Pudieron haber resuelto el conflicto, pero decidieron pasarlo a la siguiente instancia. ¿Cuál? Se sabía que la votación estaba dividida y terminaron votando por unanimidad.
Su dictamen pone en evidencia que fue forzado el consenso. Quien forzó la unanimidad desacreditó a los magistrados y a la institución. En la crisis, acabaron con el prestigio que tenía el Tribunal.
Si tan sólo hubieran permitido el voto diferenciado, no se habría terminado con el engendro legal que se produjo y se habría dejado a salvo la honra de los magistrados y el prestigio del Tribunal.
Segundo. El anuncio que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados de que, de ser necesario, para garantizar la protesta de Felipe Calderón, meterá a la fuerza pública al interior del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre.
Es natural que el régimen tenga que buscar la manera de evitar que lo que ocurrió el 1 de septiembre se repita el día de la toma de posesión, pero la manera como se prepara para hacerlo es la peor.
¿Qué parlamento que se respete a sí mismo puede aceptar que la policía entre a sus sesiones y reprima la libertad de sus legisladores? ¿Eso en televisión mundial?
Tomar y aceptar una decisión como esa liquidaría a la división de poderes. Es tanto como querer hacer una operación de microcirugía cerebral con un machete. ¿Qué no sería mejor entender de qué tamaño es la inconformidad, e imaginar soluciones políticas que estén a la altura del problema que se enfrenta?
Tercero. Oaxaca. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de haber dejado que las cosas llegaran al punto en el que se encuentran? ¿Siguen pensando que lo mejor es dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas, que los movimientos se agotan con el paso del tiempo, que mientras otro pueda ser responsable, que más da? ¿Fue atinado dejar que el problema se pudriera? Pero lo peor, ¿ahora qué van a hacer? Cómo van ahora a contener la violencia. Si no se negocia una solución política inmediata, quién va a llamar al uso de la fuerza.
Y si usan la fuerza, ¿creen que ello no dejará aún más agravios y rencores para la próxima administración?
En los tres casos, se llega a una misma conclusión: al final, la política es sustituida por la policía. El control creciente de la policía debilita adicionalmente a las instituciones; en vez de protegerlas, las terminan de desacreditar.
Lo que le sucedió a Felipe Calderón en su ciudad natal reviste una especial importancia por el hecho de que se trataba de su primer acto oficial como Presidente "electo". Ya empezó con el pie izquierdo. Ya comenzó mal. Y cuelgan como una espada sobre su cabeza las advertencias de dos viejos refranes producto de la sabiduría popular, que dicen:
"Arbol que crece torcido, jamás su rama endereza."
"Lo que mal empieza, mal acaba."
Habiendo transcurrido ocho meses desde que se elaboró este trabajo detallando cómo todo el aparato legal del Poder Judicial de la Federación estaba abiertamente cargado a favor del candidato panista Felipe Calderón y en contra del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador, en un proceso amañado y viciado de origen, apareció un artículo publicado en LA JORNADA que vale la pena leer y tomar en cuenta para que las generaciones futuras de mexicanos estén en mejores condiciones de poder evaluar el juicio histórico que debe recaer sobre los principales protagonistas que estuvieron involucrados en lo que sólo puede ser calificado como la mayor traición cometida en contra del pueblo de México en los tiempos modernos. A continuación se reproduce dicha nota periodística en su totalidad:
En la toma de posesión se usó de forma absurda al ejército
"Ese fue el comienzo. La segunda observación que hice fue que de cualquier manera no estaba claro que hubiera una sanción penal por desobedecer una orden de suspensión. A la larga, el propio Ejecutivo (Vicente Fox) me dio la razón en este punto.
Si hubo un fraude electoral que fue consumado en las elecciones presidenciales del 2006, la prueba directa de dicho fraude siempre estuvo en las boletas electorales de dicho proceso. Todo lo que se requería era llevar a cabo un conteo escrupuloso, cuidadoso, voto por voto, casilla por casilla, tal y como inútilmente lo estuvo demandando la oposición, para comprobar dicho fraude o descartarlo. Si nunca hubo tal fraude, ¿qué mejor ocasión que ésta para poner a los acusadores en la picota del ridículo? Y dado el enorme impacto histórico de lo que se pudiera haber descubierto, sobraban instituciones serias y respetables -asociaciones de periodistas, universidades públicas, etc.- que gustosamente habrían facilitado un apoyo honesto e imparcial para tal recuento. Sin embargo, la consumación final por la vía legaloide del presunto fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales del 2006 se dió en un histórico miércoles 25 de abril del 2007 cuando el Tribunal Federal Electoral canceló definitivamente y para siempre esta posibilidad, al rechazar tajantemente un posible recuento de los votos, tras lo cual sólo dejó un camino: la destrucción de las boletas electorales, la destrucción de las evidencias finales, repitiéndose en forma casi idéntica lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 1988 que instauraron al corrupto neoliberalista económico a ultranza Carlos Salinas de Gortari robándole su triunfo a quien se supone era el legítimo ganador de la contienda, Cuauhtemoc Cárdenas. Mucho se le estuvo diciendo desde aquél entonces a todos los mexicanos que esto ya no podía volver a suceder, porque las condiciones del país "eran diferentes" a las que había en aquél entonces, que ahora existía un Instituto Federal Electoral que en aquél entonces no existía, que ahora existía un Tribunal de índole electoral que en aquél entonces no existía. Sin embargo, y a la luz de los hechos, ¿en verdad algo ha cambiado? Inmediatamente tras tan funesto dictamen, emitido por los Jueces mejor pagados de Latinoamérica, en el periódico EL UNIVERSAL se publicó la siguiente nota:
El Tribunal de la opacidad
Menos de 24 horas después de que el Senado de la República aprobara la reforma para constitucionalizar nuestro derecho de acceso a la información, el Tribunal Electoral ha tomado los primeros pasos para vaciarlo de contenido. Recurriendo a argumentos sumamente cuestionables y violatorios de la Ley de Transparencia, nuestros magistrados electorales han confirmado la negativa del IFE de dar acceso a las boletas electorales. Como maestros regañones, han dado 48 horas a los consejeros electorales para que vuelvan a elaborar sus argumentos. Pero aseguran que una vez que los consejeros hayan hecho bien su tarea, se negará el acceso de manera definitiva.
El Tribunal quisiera cancelar los cuestionamientos de las últimas elecciones presidenciales y facilitar la rápida quema de la documentación electoral. Pero no será tan fácil. La Suprema Corte todavía tiene que examinar un juicio de amparo de la revista Proceso en contra de la destrucción de la paquetería electoral.
Así mismo, los legisladores federales cuentan con una última oportunidad para salvar nuestra incipiente democracia de las garras de la opacidad y la gestión autoritaria del poder.
La nueva ley electoral que se prepara debe incluir un artículo transitorio que mande al Archivo General de la Nación toda la documentación electoral de las elecciones de 2006. De esta manera rescataríamos la verdad histórica y podríamos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más democrático y transparente.
Veamos ahora lo que sobre este catastrófico fallo judicial -catastrófico para la democracia- nos dice en el mismo medio otro destacado editorialista:
La diferencia entre tomar una decisión colegiada, suficientemente fundada y motivada, y tomar una decisión colegiada con sesgo político, puede ser una delgada e imperceptible línea. Pero sus consecuencias pueden ser radicalmente opuestas.
Cuando una institución, cuya naturaleza esencial consiste en desplegar su especializada capacidad para interpretar, más allá del sentido común, las leyes aplicables, decide incursionar en la política y arropar su incursión con falacias y ocurrencias, simplemente se arroja en brazos del descrédito.
Eso es exactamente lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver negativamente los recursos presentados por los ciudadanos periodistas Daniel Lizárraga y Delia Angélica Ortiz Trujillo para que se les permitiese el acceso a las boletas electorales utilizadas en el proceso del año pasado, que originalmente les negó el IFE.
Quizá hace seis años el conjunto de "ocurrencias" formuladas por los magistrados para motivar su negativa a los recursos presentados hubiesen sido consideradas como innovadoras interpretaciones sobre la aplicación del derecho de acceso a la información. Pero en los tiempos que corren, con la masa crítica de conocimiento acumulado, experiencias, lecturas comparadas y especialistas en la materia, las expresiones de los magistrados constituyen una ofensa a la inteligencia social, que en esa materia, por fortuna para el país, no es poca ni mal calificada.
De las "ocurrencias" de la novísima magistratura electoral me permito recuperar sólo una, por su soberana y emblemática pobreza. Se refiere a la ligereza de la expresión que afirma que las boletas electorales son documentos públicos, pero al mismo tiempo no pueden ser del dominio público.
Este argumento, además de un sofisma, constituye un típico artilugio de la vieja y desprestigiada tradición de los jueces mexicanos de forzar sin sustento doctrinario la formulación de una coartada para negar un derecho, bajo la ilusión de que con ello se sirve a la democracia y al estado de derecho.
Los magistrados electorales no han servido en este caso ni a la democracia ni al estado de derecho. Pero en cambio han exhibido su prisa por ofrecer algunas servidumbres. Lo más penoso sería enterarnos de que tales servidumbres obedecen a los inerciales tributos hacia el poder público y no a petición alguna.
Focalicemos la cuestión. Estamos en presencia de la interpretación de un derecho fundamental que, como tal, exigiría de una magistratura de nuevo cuño un sesgo más garantista y menos ruinoso. El derecho de acceso a la información pública no tiene más excepciones que las taxativamente señaladas por la ley específica en la materia y, en segundo lugar, en los reglamentos respectivos, que no pueden ir en contra de la ley, en la que por cierto no existe ninguna excepción para negar la información, especialmente si ésta, además, es considerada como documento público.
La resolución de la magistratura electoral ni siquiera le sirve al gobierno y mucho menos al presidente Felipe Calderón. Las elecciones federales del 2006 legalmente son cosa juzgada. Por lo tanto no había riesgo alguno que evitar, pero si un derecho humanos a tutelar.
Los magistrados no exhibieron ignorancia, sino dolo. Tengo para mí que no desconocen los alcances del derecho humano a la información consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, y en todos los documentos doctrinarios y normativos internacionales suscritos por nuestro país.
Como no podían motivar con solvencia que las boletas electorales contienen información confidencial, porque no la contienen por ninguno de los costados posibles, decidieron romper la lógica jurídica y convertirse en legisladores, al sostener que las boletas electorales son documentos públicos, pero no pueden ser del dominio público.
Este aserto es simplemente un galimatías que no tiene asidero en ninguna doctrina, en ningún autor nacional e internacional y mucho menos en ninguna práctica de aplicación del derecho de acceso, y menos aún en criterios de interpretación de algún órgano que se respete en el plano internacional.
Tal vez alguno de los magistrados podría haber salvado la cara con algún voto particular sobre el tema. Pero lamentablemente perdieron la oportunidad de mostrar cierto respeto a su investidura, a la opinión pública y a los especialistas, que hemos leído estupefactos las ocurrencias de la magistratura electoral sobre un tema en el que ya no existe en el país el velo de ignorancia que existía en el pasado. La magistratura electoral se ha vuelto una visible oscuridad.
Los cuestionamientos sobre la "legitimidad" del proceso electoral utilizado por Felipe Calderón para llegar a la Presidencia de la República son de tal variedad y extensión, que inclusive ya hay un libro publicado sobre el tema, titulado La Guerra Sucia de 2006: Los medios y los jueces, escrito por el abogado Julio Scherer Ibarra –exasesor de Andrés Manuel López Obrador- en coautoría con Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa. En la revista Proceso en su edición número 1598 aparece una reseña elaborada por Jorge Carrasco Araizaga bajo el encabezado "Validación de la Ilegitimidad", de la cual reproducimos el siguiente texto tomado de la publicación en Internet de la reseña presentada por la Agencia APRO:
En la elección presidencial de 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en múltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los magistrados del tribunal, por ejemplo, violaron artículos que impiden a Felipe Calderón fungir legítimamente como presidente de la República y lo colocan en la situación de ejercicio indebido del servicio público. Tal es, en suma, la conclusión del análisis jurídico que hace el abogado Julio Scherer Ibarra -exasesor de Andrés Manuel López Obrador- en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautoría con Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, está ya en circulación bajo el sello de editorial Grijalbo.
Con su actuación en los comicios presidenciales de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo sentó un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurrió en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calderón "no está legitimado para fungir como presidente de la República".
Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno de la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad.
La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra la administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido del servicio público.
Tal es la interpretación de los acontecimientos que hace Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jurídico del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, escrito en coautoría con el periodista Jenaro Villamil y que la próxima semana pondrá en circulación la editorial Random House Mondadori bajo el sello de Grijalbo.
A partir de la revisión jurídica del dictamen del 5 de septiembre del año pasado, con el que el TEPJF cerró formalmente el proceso electoral y declaró a Calderón presidente electo, Scherer Ibarra expone las omisiones del tribunal y la actuación permisiva del Instituto Federal Electoral (IFE), concentrado sobre todo en el trabajo de los magistrados que integraban la Sala Superior del TEPJF.
Mediante argucias y trampas, dice, el TEPJF decidió de forma arbitraria y contradictoria validar la pasada elección presidencial a pesar de las múltiples violaciones a la legislación electoral, desestimadas también por el IFE y que derivaron en un proceso electoral dominado por el encono y la desconfianza.
Ni la intromisión del entonces presidente Vicente Fox ni la intervención de elementos ajenos al proceso electoral -empresas, extranjeros y organismos empresariales-, y menos aún la intensa y costosa propaganda negativa en contra de López Obrador fueron suficientes para considerar la invalidez del proceso electoral, a pesar de que el mismo tribunal reconoció esos hechos como ilegales. Tampoco contaron sus propios antecedentes de nulidad de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000 y de Colima en 2003.
Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Scherer Ibarra manifiesta que con la renuncia a sus responsabilidades como jueces, los magistrados convalidaron hechos antijurídicos y sentaron el grave precedente de que para futuros procesos electorales se validen las ilegalidades. Más aún, establecieron que en materia electoral lo importante no son los ilícitos, sino sus efectos, siempre y cuando quien los padezca los pueda probar.
Entre esas ilegalidades destaca la campaña sucia del PAN, del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas y organismos fantasma en contra de quien ahora se considera el presidente legítimo de México.
La manera en que se operó esa guerra la describe Jenaro Villamil en la primera parte del libro (Ver recuadro).
Mediante la revisión de la estrategia mediática de Calderón, Villamil -reportero de Proceso- señala que el candidato del PAN no sólo tuvo el respaldo corporativo, especialmente de Televisa, sino que con el discurso del miedo se logró imponer un "pánico moral" que derivó en odio, ante el eventual triunfo de López Obrador.
En la segunda parte del volumen, que Scherer Ibarra titula Mediático y jurídico: terrorismo en 2006, hay un amplio análisis jurídico de la actuación de las autoridades administrativas (el IFE) y jurisdiccionales (el TEPJF) en la elección que aún mantiene dividida a la sociedad mexicana.
Después de repasar el conjunto de intervenciones ilegales en el proceso electoral a favor de Calderón, Scherer Ibarra demuestra las omisiones de los consejeros del IFE y lo que considera una renuncia de los magistrados del TEPJF a sus obligaciones jurisdiccionales.
"Ambos organismos no sólo permitieron y cometieron ilegalidades e ilícitos, sino también utilizaron sus atribuciones públicas para convalidar un fraude que contrarió tanto la voluntad de muchísimos votantes como el estado de derecho", afirma.
El planteamiento central de Scherer Ibarra es que el tribunal emitió un mero "dictamen administrativo electoral", carente de los elementos para hacer "una legal declaración de validez" de la elección. La consecuencia, advierte, es que ese dictamen no surte efectos constitucionales.
De acuerdo con dicha interpretación, "al no haberse dictado la resolución que nuestra Constitución exige, el licenciado Felipe Calderón, consecuentemente, no está legitimado para fungir como presidente de la República".
Para Scherer Ibarra, esa invalidez jurídica comienza con las omisiones del instituto que encabeza Luis Carlos Ugalde, que dejó pasar los actos ilegales cometidos por quienes no debían intervenir en el proceso electoral, conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En ese punto, se refiere al financiamiento y al contenido de las campañas: "Si bien el IFE dictó algunas resoluciones, generalmente motivadas por quejas derivadas de agravios, con las que en algunos casos se declaró la ilegalidad incurrida y se ordenó la suspensión del acto irregular, el instituto no cumplió con su obligación esencial, esto es, el equilibrio procesal electoral".
Lejos del rigor, los consejeros del IFE cometieron irregularidades administrativas por no cumplir con el Cofipe. Peor todavía, de acuerdo con el autor, "facilitaron la perpetración de ilícitos penales y propiciaron un grave desequilibrio en el proceso electoral".
Dicha conducta permitió que Calderón se beneficiara tanto por los mensajes de descrédito en perjuicio de López Obrador -enviados por terceros simpatizantes del candidato del PAN- como por los excesos de los topes autorizados que implicaban esos mensajes y anuncios publicitarios.
El IFE permitió que se sumaran a la propaganda del PAN quienes tenían limitación legal para ello, como los inversionistas extranjeros o empresas mercantiles. Fue el caso de Jumex, Sabritas, Televisa (por medio de su telenovela La fea más bella y el programa semanal Qué madre tan padre), Dulces la Rosa, Coppel y el consorcio Alsea (integrado entre otras franquicias por Domino’s Pizza, Starbucks Café y Burger King).
Con sus omisiones, los consejeros del Instituto Federal Electoral también facilitaron la intervención del Consejo Coordinador Empresarial -mediante spots e impresos que inducían a votar por Calderón- y de organizaciones de membrete como "Ármate de Valor y Vota".
Lo mismo de personajes como el Doctor Simi, quien replicó la imagen del candidato de la coalición Por el Bien de Todos como un "peligro social", o como Demetrio Sodi, quien a pesar de que era candidato del PAN a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal se dedicó a desacreditar el eslogan de la campaña de López Obrador ("Por el bien de todos").
En el recuento que hace el autor de las abstenciones de los consejeros, destaca la relativa a la intromisión del expresidente de España y consejero de Fox, José María Aznar, así como a la de Antonio José Solá Reche, también español, quien intervino mediante su empresa Desarrollo y Operación de Campañas, S.A. de C.V., contratada por el PAN, para hacerse cargo de la imagen de Calderón, pese a que su estatus migratorio le impedía participar en política interna.
La lectura jurídica de Scherer Ibarra lo lleva a precisar que los funcionarios del IFE cometieron el delito electoral previsto y sancionado en la fracción II del artículo 405 del Código Penal Federal (CPF), según el cual es sujeto de pena de dos a seis años de prisión el funcionario electoral que "se abstenga de cumplir, sin causa justificada, las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral".
Que el IFE pueda sancionar el exceso en los gastos de campaña una vez pasado el proceso electoral -como ahora empieza a hacerse en relación con los cientos de miles de spots difundidos por los partidos-, no lo exime de responsabilidad por las medidas que debió tomar. Al no adoptar las decisiones legales correspondientes, avaló las irregularidades.
Scherer Ibarra no duda en asentar que los consejeros electorales incurrieron en "conducta delictiva". Y explica: El IFE "toleró que en los medios masivos de comunicación aparecieran mensajes y/o anuncios publicitarios que, notoriamente, no sólo desacreditaban a López Obrador y beneficiaban la postura del candidato del PAN, sino también claramente implicaban, por un lado, un rebase al tipo de los gastos de campaña y, por otro, el financiamiento tanto de personas morales mercantiles como de asociaciones y/o grupos de los que se desconocen su origen y fuente de sus recursos".
En el conteo de los votos el autor también encuentra responsabilidad legal del IFE. Apoyado en criterios del propio TEPJF y el Cofipe, señala que el IFE incumplió con las disposiciones que lo obligan "a depurar de oficio las inconsistencias cometidas en las actas, para lo cual es indispensable efectuar un nuevo escrutinio y un nuevo cómputo".
Los consejeros estaban obligados a ello, asegura, porque los resultados de las actas no coincidían, además de que se detectaron "alteraciones que generaban duda fundada sobre el resultado en la elección de la casilla".
Las omisiones tienen una consecuencia legal, pues la autoridad encargada de vigilar el proceso electoral, de acuerdo con el libro, "propició el desequilibrio de dicho proceso", en actuación contraria a lo establecido en la Constitución política. Ese dejar de hacer "incidió en el resultado de las elecciones" y colocó a los funcionarios del IFE en la ilegalidad.
En La guerra sucia de 2006 se asevera que, a pesar de todas esas irregularidades e ilegalidades, el TEPJF prefirió buscar la manera de justificarlas mediante razonamientos contradictorios y aparentes e inclusive trampas.
En lugar de cumplir con su función de jueces que pronuncian una sentencia después de agotar todas las pruebas, los magistrados optaron por constituirse en meras autoridades burocráticas que emitieron un dictamen que ellos mismos definieron como "administrativo electoral" para poner fin al proceso.
A partir de la diferenciación entre sentencia y dictamen, Scherer Ibarra subraya que el tribunal incumplió las obligaciones constitucionales que le señala el artículo 89: "Cuando el TEPJF, por sí mismo, opta por emitir un ‘dictamen’ (informe u opinión), no sólo desatiende la obligación constitucional que le asiste para fungir como órgano jurisdiccional en materia electoral, sino también, indebidamente, deja sin solución legal la cuestión planteada", es decir, lo concerniente a la validez de la elección presidencial.
La falta de resolución -con la que judicialmente se pone fin a un proceso jurídico- "no valida las elecciones y, por ende, no da legitimación a Felipe Calderón para fungir como presidente de la República". No bastaba que aritméticamente Calderón apareciera con el mayor número de votos. Era necesario que el tribunal, en pleno ejercicio de sus facultades, declarara la validez de las elecciones y a Calderón presidente electo.
Esa omisión, expone Julio Scherer Ibarra, también tiene consecuencias legales. Puesto que no hubo sentencia sobre la validez, existe "la necesidad de nombrar presidente interino" por parte del Congreso de la Unión, ante la ilegalidad del dictamen. No sólo eso, sino que Calderón "comete el delito de ejercicio indebido de un servicio público", previsto en la fracción I del artículo 214 del CPF.
Plantea que, a su vez, los entonces magistrados electorales incurrieron en el delito contra la administración de justicia, que según la facción VI del artículo 225 del Código Penal Federal consiste en dictar, a sabiendas, una resolución de fondo ilícita, violatoria de algún precepto terminante de la ley.
Lo dictaminado por el tribunal demuestra, de acuerdo con el autor, que para desechar la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos consistente en que los magistrados recabaran diversos medios de prueba sobre las violaciones pasadas por alto por el IFE, éstos se limitaron a examinar los alegatos que existían en el expediente.
Debido a que no en todos los casos puede haber prueba material de un hecho, "como en el caso del contubernio de aquellos que atacaron a López Obrador", los jueces cuentan con la prueba indiciaria.
"La prueba circunstancial e indiciaria es más que suficiente para llegar a conclusiones verosímiles; sin embargo, para los magistrados no hay prueba suficiente y pasan por alto que la prueba absoluta se da por excepción."
Lo único que falta ya es que sea uno o varios de los Yunquistas o Tecos de la Autónoma de Guadalajara infiltrados dentro del IFE quienes reclamen para sí el "privilegio" de echarle un cerillo a las boletas electorales, destruyendo de una vez por todas y para siempre las presuntas evidencias del fraude electoral. Aunque un privilegio así debería estar reservado única y exclusivamente para el principal beneficiario del fraude; para el Presidente legaloide de México, Felipe Calderón. ¿Quién mejor que él?
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References: resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 405
 artículo 89
 resolución 
 artículo 214
 artículo 225
 resolución