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Timestamp: 2020-02-24 17:22:37+00:00

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Actuaciones y conclusión de la Fiscal Travers sobre los audios entre Carlos Moreira y José M. García – El Eco Digital
La Dra. Eliana Tranvers no encontró mérito para procesar a Carlos Moreira por los audios donde pedía sexo a cambio de otorgar pasantías. EL ECO publica el texto completo de la Físcal.
Fiscal Eliana Travers
Consideraciones previas. Hechos investigados
La presente investigación, identificada con el NUNC 2019283420, se inició en esta Fiscalía a raíz de la viralización de dos audios que se hicieron públicos el viernes 18 de octubre de 2019, de lo cual tomó conocimiento la Titular de esta Sede, luego de que fueron re publicados en medios de Prensa.
En los referidos audios, se oyeron dos voces, una, que se atribuyó inmediatamente al actual Intendente de Colonia, Dr. C.M.R., y otra, de apariencia femenina y distorsionada.
Luego de la indagatoria preliminar se recabaron evidencias que determinaron que la voz femenina es de la Señora M.J.G.V., Edila Departamental, la que citada lo confesó, en presencia de su Defensa, y manifestó, en Sede Fiscal, que el otro interlocutor es el imputado, a quien le solicita la renovación de pasantías para terceras personas.
Por su parte, la Señora M.J.G.V., declaró haber mantenido una relación sentimental previa con el actual Intendente de Colonia y denunciado, Dr. C.M.R., durante aproximadamente ocho meses. La misma manifestó que dicho vínculo amoroso no fue formal ni público y, según su declaración, culminó en octubre de 2018, aproximadamente.
La existencia de dicha relación fue corroborada por el imputado y testigos allegados a los mismos, que tenían conocimiento de la situación. Luego de la referida ruptura de la relación sentimental, G., quien integra el Legislativo Departamental, continuó un vínculo con M., miembro del Ejecutivo Departamental.
Dicho vínculo pudo acreditarse a través de un considerable flujo de llamadas mutuas, mediante la información del histórico y tráfico de llamadas, solicitada a través del sistema SAIL, del que surgen, durante el año 2019, llamadas efectuadas por G. hacia M. y viceversa, con duraciones algunas veces similares.
Asimismo, surge de la investigación, que ambos compartían, también durante el transcurso del 1 8de año 2019, reuniones y actos políticos, siendo integrantes de la misma lista, y a su vez, cenas entre un grupo más reducido de personas, a las que G. concurría. G. y M. dejaron de pertenecer a la misma lista política a mediados del año 2019 aproximadamente, luego de que M. en su calidad de Intendente, no eligiera a su entonces y actual pareja, como candidato a Diputado ni renovara su contrato de Director de Turismo.
Por su parte, el 18 de octubre del 2019 se hicieron públicos los dos audios antes referidos, que dieron origen al inicio de la investigación de delitos contra administración pública, y un delito de abuso sexual en grado de tentativa, denunciado. La fecha de las conversaciones que se grabaron y que se investigan no se pudo determinar en forma cierta.
De los audios viralizados, y de la declaración de G., en presencia de su Defensa Letrada, surge que la misma, siendo Edila, le solicitó al Intendente la prórroga de pasantía para tercera persona, cuyo nombre no menciona en los audios viralizados, y que el imputado, luego de negarse a conceder prórrogas, hizo manifestaciones como “salvo que vos me vengas a convencer a mi personalmente…” y otras de carácter íntimo sexual, expresando su deseo de encontrarse con la misma.
También surge de la indagatoria haberle solicitado lo mismo a otro miembro del Ejecutivo, e ingresos de pasantes a una integrante de la Comisión de Pasantías. Consultada G., manifestó que le solicitó prorrogas de pasantías al Intendente para al menos dos ciudadanos del Depto. de Colonia, y que M. no concedió, lo que se corrobora con informes obrantes en la carpeta investigativa Fiscal. G. admitió haber efectuado grabaciones de conversaciones mantenidas con el Intendente durante varios meses. Manifestó no recordar el nombre ni el programa que habría utilizado para ello aludiendo además tener roto, actualmente, el celular donde extrajo el programa de grabador de voz.
Ofreció poder aportarlo para su pericia y recuperación de todas las grabaciones a efectos de aportar mayores elementos a la investigación, lo que le solicitó la Fiscalía, pero el mismo no se aportó a la fecha habiendo transcurrido casi cuatro meses. G. aportó algunas de las conversaciones que dice haber grabado durante varios meses. Los señalizó como “los audios originales”, cuya extensión es mayor a los viralizados, y de donde surge al menos el nombre de un pasante del que solicitó su prorroga, respecto del que dijo haberlo recortado en el audio público.
Consultada por los motivos que la llevaron a grabar conversaciones sin consentimiento del otro interlocutor, manifestó que lo hizo porque se sentía víctima de lo que denominó “acoso” que recibía cuando se comunicaba con aquel, a efectos de demostrárselo a su actual pareja. G. manifiesta haber enviado estos audios a una amiga también como prueba del acoso referido, antes de que ocurriera la viralización, y que previo a su envío, por motivos que la misma no explicitó, editó y recortó grabaciones de conversaciones originales, y adulteró su propia voz. G. no aportó a la investigación la identificación de esa persona, manifestando a su vez haber procedido a la edición de los audios sin la participación de terceros, lo que la Fiscalía no ha podido determinar, sin perjuicio de ser parte de su respectiva investigación.
Se solicitaron pericias a Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, que manifestó carecer de la tecnología y los peritos idóneos para determinar la edición de las grabaciones, ni el estudio comparativo entre las viralizadas y las aportadas “como originales” por la denunciante. 2 8de Obra en la carpeta investigativa pericia de parte que concluye la edición de los audios. Y por su parte, consultada G., como se adelantó ut-supra, admitió ante la suscrita en Sede Fiscal, haber manipulado los audios. Reconoció que la voz femenina es de ella, la que adulteró, no así la del Intendente.
Se inició investigación por la presunta comisión de un delito de concusión, en atención al contenido de los audios que se viralizaron.
De la investigación de la comisión de un delito de concusión, surge que: El mismo se encuentra regulado en el Artículo 156 del Código Penal, el cual dispone que comete concusión “El funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a seis años. Se aplica a este delito la atenuante del artículo 154”.
No es posible, a este criterio y salvo otras resultancias, inferir a través del conjunto de evidencias recogidas en la investigación, y del contenido de los audios que vienen de referirse, cuya manipulación y edición fue admitida por uno de los interlocutores, que el Dr. M. conjugó el verbo nuclear del tipo penal aludido ut-supra.
Esto es, compeler o inducir a G., mediante abuso de su calidad de tal (valiéndose de su condición de Intendente) o del cargo que desempeña (excediéndose en los límites de su competencia), a darle o prometerle dar indebidamente, dinero u otro provecho, siendo en el caso puntual, relaciones sexuales.
En el concepto de concusión se encuentra ínsita la idea del temor infundido mediante el poder público, y es unilateral, ya que es el funcionario que compele a otro con el poder que emerge de su autoridad. La iniciativa es del funcionario público, quien logra generar un temor o miedo en el otro, siendo presupuesto de la conducta el “abuso de la calidad de funcionario o del cargo desempeñado”.
En el caso examinado se releva que fue la Edila Departamental, integrante del Legislativo, sin corresponder al ejercicio de su función, quien llamó telefónicamente al Intendente y le solicitó renovación de pasantía para tercera persona. Los verbos nucleares del tipo penal examinado son “compeler o inducir”.
El primero de ellos da lugar a la concusión violenta y el segundo de ellos a la fraudulenta. De este modo, el delito de concusión se comete constriñendo o forzando la voluntad siempre que ello suponga un miedo a la autoridad y se resuma en una coacción moral.
El funcionario concusador hace que se le tema por miedo a la autoridad que supone su cargo, pudiendo generar que el otro le dé o le prometa algo indebido. En la concusión fraudulenta el funcionario público engaña al otro haciéndole creer que en realidad debe dar o prometer dinero u otro provecho al funcionario.
El verbo nuclear es inducir, que refiere a una persuasión mediante sugestiones o mentiras, o cualquier medio idóneo para lograr el fin. En el caso específico se descarta la inducción, puesto que no surge de los hechos investigados 3 8de que haya existido un engaño, sugestión o mentira de parte del denunciado que pudiera hacer creer a G. que debía dar o prometer dar algo al Intendente para la prórroga de una pasantía, teniendo a su vez G., por su calidad de tal, conocimiento del régimen para ello.
En cuanto a la concusión mediante el compelimiento, no existen elementos objetivos suficientes para sostener que el denunciado haya compelido a G. mediante abuso de su calidad de tal o de su cargo, esto es, constreñir o forzar la voluntad de G., generándole miedo a la autoridad y coacción moral para dar o prometer lo indebido.
En cuanto al ejercicio de poder o superioridad, debe tenerse en cuenta que el Intendente integra el Ejecutivo, y por su parte la Edila, el Legislativo Departamental. Asimismo que, de la evidencia recabada, surge que existió un vínculo sentimental entre ellos, que no es posible determinar la fecha cierta de las grabaciones, pero sí que se trata de audios editados, y que existieron varias grabaciones de conversaciones entre ambos, efectuadas por G.
Por su parte, las conversaciones grabadas y aportadas por G. como “las originales”, son de mayor extensión, a partir de las cuales se crearon los audios públicos, y fueron a iniciativa de G., mediante las que se demuestra un vínculo de confianza mutuo, en tópicos variados y en términos cordiales, comunicaciones que eran habituales entre ellos, según informe del tráfico de llamadas ya relacionado.
Dentro de las conversaciones que la misma mantenía con el Intendente, le solicita a aquel la renovación de pasantías. Estas renovaciones las solicitó para terceras personas, que según manifestó en Sede Fiscal, no son familiares ni amigos, lo que, por sí solo, la negativa para su renovación, podría decirse que no constituye un apremio para G.
Por lo expuesto, a nuestro criterio, del conjunto de elementos relacionados con anterioridad, no surgen elementos objetivos suficientes de la adecuación típica, y ello por cuanto no es posible, salvo otras resultancias, mediante las manifestaciones del imputado, enmarcadas en su contexto, inferir el compelimiento o inducción requerido, y su realización con abuso del cargo, ni que exista una amenaza idónea, capaz de coartar a la persona en su libre expresión y determinación, o intimidarla para que obre compelida y atrapada por el ejercicio de poder y superioridad, para dar o prometer dar. B.
Por su parte, se investigó, a raíz de los hechos acaecidos, la presunta comisión de un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. El artículo 162 del Código Penal establece que “El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”
Se trata de una figura residual que como elemento estructural conlleva el abuso de funciones, en este caso innominado, o genérico, empleándose una fórmula amplia que permite comprender conductas que no se adecuen a previsiones legales especiales.
El abuso de la autoridad conlleva un punto de vista ontológico y otro jurídico, el primero que se traduce en utilizar abusivamente una cosa para emplearla en un servicio distinto al que está destinado, y el jurídico y relevante, mediante el cual se abusa por utilizarla, aunque para su 4 8de destino, en forma ilícita o con fines ilícitos.
La conducta penada pretende tutelar el normal funcionamiento de la Administración que se ve amenazada por un funcionario público que no actúa moderadamente en el ejercicio de sus funciones, causando un perjuicio a la Administración o a los particulares.
El medio típico es el abuso del cargo, que se traduce en cometer u ordenar un acto arbitrario. Este último es un acto antijurídico por haberse ordenado o cometido mediante exceso de poder, que en forma clara y manifiesta no está autorizado por ningún tipo de norma legal, en sentido amplio. Por su parte la norma exige que la conducta se cometa en perjuicio de la Administración o de los particulares, siendo este el fin o propósito del agente, material o moral, y por tanto la referencia subjetiva del tipo penal en estudio.
De este modo, el acto arbitrario debe ser capaz de producir un daño material o moral a la Administración o los particulares. Para la investigación de los hechos que pudieren dar lugar a la configuración de este delito se recurrió al estudio de la reglamentación Departamental que regula el sistema de designación de pasantías y sus renovaciones.
El mismo está recogido en diversas normas, algunas que datan del año 1995, cuando, según los informes oficiales, se crean “cargos pasantes”, por Decreto número 128/1995 (Presupuesto Quinquenal 1995), estableciendo que el “El Departamento Ejecutivo reglamentará el otorgamiento de estos Pasantes” (art.222). Asimismo, fue informado el respectivo Reglamento de Pasantías por Oficio número 311/2019, a través de la Secretaría de la Juventud, que dispone las reglas de ingreso al cargo de pasantes con el cometido de “brindar la posibilidad de obtener la primera experiencia laboral”, refiriendo a que “son noventa los jóvenes que ingresan”, así como el sorteo para la renovación de diez calificados como excelentes.
El artículo 214 del Presupuesto Quinquenal 2006/2010 establece la creación de cien cargos de pasantes al Programa Nº115.00.01. Por su parte se releva que, en determinadas normas que regularon la materia (art. 165 y ss. del Decreto número 013/2011, Presupuesto Quinquenal 2011/2015), al fijar el número de cantidad de pasantes, que fue aumentando, se explicitó que refería a un número abarcativo de los pasantes que ingresan y pasantes que renuevan “Dentro de dicho cupo quedarán comprendidos tanto los pasantes que ingresen en las distintas modalidades como los que renueven su pasantía”.
Mientras que al respecto, el artículo 106 del vigente Decreto 009/2016 (Presupuesto Quinquenal 2016/2020) suprime la referencia aludida ut-supra en relación a si el número de cien (100) fijado por esta norma es abarcativo de ingresos y renovaciones.
Por su parte prevé su reducción paulatina, ante la posibilidad de que al momento de la vigencia de esta norma estuviese excedido. Y el mismo Decreto, en su artículo 107, prevé la posibilidad de que, sin perjuicio del número de cien fijado en el mencionado artículo 106, el Ejecutivo Departamental asigne quince pasantías conforme al régimen aprobado. En cuanto a las renovaciones, en la actualidad, según los informes aportados, surge que se utilizan para las mismas los sorteos previstos por la reglamentación (de los pasantes calificados como excelentes), y los informes favorables de los Directores que por fines y razones de servicio le requieren las renovaciones mencionadas al Ejecutivo, lo que pudo corroborarse mediante oficios, sistema, que según informes aportados, se utiliza hace años atrás.
El artículo 107 del Decreto número 009/2016 (Presupuesto Quinquenal 2016/2020) refiere a la 5 8de extensión del plazo de las pasantías por el Ejecutivo Departamental, hasta dos años “si existiera informe favorable en cuanto al desempeño del pasante”, informes a los cuales también refiere el art.109. Referencia similar que efectuaba el artículo 166 del Presupuesto 2011/2015 “Facultar al Ejecutivo Departamental a establecer un estímulo para los pasantes por cada período de pasantía considerado, el cual consistirá en la renovación por un período similar a aquel en el que se haya desempeñado en la Intendencia, en caso de contar con informes favorables de desempeño de la oficina respectiva”.
Del estudio desarrollado, y de los elementos que surgen en la carpeta investigativa, no es posible determinar, a la luz de las dispersas normas que rigen la materia, no del todo claras en algunos puntos, que el imputado, con conciencia de ilicitud, y móviles contrarios al interés público, con abuso de poder, ordenó o cometió un acto arbitrario en el sistema utilizado para la renovación de pasantías de la Intendencia, capaz de producir un daño a la Administración o los particulares. En este último punto, hasta entonces, se carece de informes que den cuenta que el acto de extender las pasantías se haya traducido en una pérdida de las arcas de la hacienda departamental.
De lo que viene de exponerse, no es posible, a este criterio y salvo otras resultancias, inferir una manifiesta y clara actuación contraria a la normativa (en sentido amplio), que se traduzca en el exceso de poder y la arbitrariedad requerida en su actuación para la respectiva imputación penal, sin perjuicio de irregularidades de tipo administrativas que pudieren o no existir dentro del Organismo.
Delito de abuso sexual en grado de tentativa denunciado
Por último, en cuanto a la investigación de la comisión de un delito de abuso sexual tentado, denunciado por el Dr. D., sin perjuicio de la discordia que pueda existir en cuanto a la figura tentada de este tipo penal, el artículo 272 Bis del Código Penal, dispone que comete este delito “El que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona, del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de ocho meses de prisión a seis, años de penitenciaría.
1.Con una persona menor de quince años. Esta presunción no regirá si se tratare de relaciones consensuadas entre personas mayores de doce años y no exista entre ambas una diferencia mayor a diez años.
4. Con persona arrestada o detenida, siempre que el imputado resulte ser el encargado de su 6 8de guarda o custodia. En los casos previstos en los numerales 1 a 4 precedentes, la pena mínima se elevará a dos años de penitenciaría. (*)
En la redacción dada por Ley Nº 19.580 de 22/12/2017 artículo 86. Posteriormente, al inicio de la investigación que tuvo mérito por la divulgación de los audios, la asistencia letrada de G., Dr. D., efectuó denuncia de delito de Concusión y además alude que G. es víctima de la conducta prevista bajo el nomen iuris de Abuso Sexual por el art. 272 Bis del Código Penal Uruguayo, en grado de tentativa (artículo5) y ofreció como único testigo a la progenitora de la denunciante, de la que se recabó su testimonio en Sede Fiscal.
Se denuncia que M. ejerció, luego de la ruptura del vínculo sentimental entre ellos, conductas hacia G. que encuadrarían dentro de la figura relacionada. En este sentido, manifestó que “por medio de abuso de poder, se la pretende coaccionar a realizar actos de naturaleza sexual…” Señala entre otras cosas, que “quedo de palmario manifiesto…sus buenas intenciones al comunicarse con el Sr. M. pura y exclusivamente por motivos de la función; recibiendo en cambio el acoso…” y menciona “represalias” de M. hacia G. y su entorno, de las cuales no surgen elementos hasta el momento.
Por su parte, y recogido por Fiscalía a efectos de la investigación, G., en su declaración previa a la denuncia, nos manifiesta que fue víctima de lo que denominó “acoso”, y que fue luego de culminar su relación con M., lo que ocurrió mediante varias llamadas hacia su persona, a través de las cuales M. la invitaba a verla, o insistía en retomar el vínculo.
Asimismo manifestó que M. tenía conductas inapropiadas hacia ella en actos o reuniones a los que ambos acudían por la lista a la que militaban en común, así como en cenas de un grupo de amigos que ambos compartían, y al cual también pertenecía su actual pareja.
Se tomaron declaraciones a las personas que G. menciono en su declaración como testigos de las conductas de abuso que ella denunció, pero no pudieron recogerse evidencias que permitan imputar un delito de abuso sexual al denunciado ya que ninguno de los testigos propuestos por la denunciante manifestaron en sus respectivas declaraciones haber visto u oído conductas que encuadren en el tipo penal investigado.
Por su parte, de las manifestaciones íntimas de carácter sexual, donde el imputado refiere a su deseo de encontrarse con ella, que surgen en los audios públicos, y que forman parte de conversaciones aportadas, analizadas en su contexto, no es posible, salvo otras resultancias, inferir la coerción, violencia o abuso de poder. G. no ofreció testimonios de amistades por fuera del vínculo político, no obstante, y con la finalidad de agotar la obtención de evidencias, a través de la investigación llevada a cabo por Fiscalía, se lograron identificar personas mayormente allegadas a G. Las mismas, mediante sus testimonios, no introducen evidencia suficiente que sustente lo que viene de relatarse, corroboran la existencia de una relación sentimental entre G. y M., tener conocimiento de que M. la llamaba en reiteradas oportunidades a G., no oyendo el tenor de las conversaciones, siendo G. la que les contaba que él quería retomar ese vínculo que ejercía las conductas denunciadas.
Por su parte, en el marco de su declaración en Fiscalía, denunció que quince días antes del día en que se le tomó declaraciones por estos hechos (24/10/2019), M. habría concurrido a su 7 8de domicilio, sin su consentimiento, solicitándole que le abriera para estar con ella.
No se lograron recolectar evidencias que permitan imputar los hechos denunciados, por cuanto G. manifestó que ese día estaba con su hijo pero que éste dormía en ese momento, que habían cámaras pero solicitadas las mismas, no funcionaban hace meses, y la Fiscalía solicitó ubicación de antenas a efectos de verificar la ubicación del denunciado en el domicilio de la víctima, resultando negativo. IV.
En mérito a lo expuesto, en relación a los delitos que se denuncian, y por los que se efectuó la investigación de oficio, no existen elementos objetivos suficientes que permitan imputar los mismos al Señor Dr. C.M.R., de conformidad con el artículo 266 del Nuevo Código de Proceso Penal. Por lo que, en virtud de que las actuaciones cumplidas no han producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria, salvo otras resultancias, y sin que lo expuesto implique renuncia alguna a la eventual pretensión penal, de conformidad con el artículo 98 del Nuevo Código de Proceso Penal, se archivan las presentes actuaciones, sin perjuicio.
Dra. Eliana Trávers Suárez
Fiscal Letrada Departamental de Colonia
Link: http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/9385/1/resolucion-fiscal—eliana-travers.pdf
Prisión e inhabilitación para conducir al autor del siniestro en puerta de supermercado

References: Artículo 156
 artículo 154
 artículo 162
 artículo 214
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 166
 artículo 272
 artículo 86
 artículo 266
 artículo 98