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Timestamp: 2019-11-20 02:56:36+00:00

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TC desarrolla derecho a la libertad religiosa y el derecho a recibir sepultura conforme con dicha creencia [Exp. 0256-2003-HC] | LP
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TC desarrolla derecho a la libertad religiosa y el derecho a recibir sepultura conforme con dicha creencia [Exp. 0256-2003-HC]
Fundamento destacado: 13. El artículo 2°, inciso 3 de la Constitución, reconoce como derecho fundamental de toda persona “(…) la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
14. En la STC N° 0895-2001-AA/TC, este Tribunal hizo algunas precisiones sobre el contenido de la libertad religiosa, señalando que consiste en “(…) el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto”.
15. Por su parte, en la STC N° 3284-2003-AA/TC, fundamento jurídico 18, este Tribunal consideró que la libertad religiosa contiene cuatro atributos jurídicos, a saber:
EXP. N° 0256-2003-HC/TC, LIMA
En Lima, a los 21 días de abril de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
El Juez de Tumo ordenó la entrega del cuerpo a los familiares, y que la misma se realice el día 15 de octubre de 2002 a las 08:00 horas. Sin embargo, ese día el cuerpo fue retenido por el Jefe de Guardia, doctor Carlos Medina Soriano, por lo que el recurrente nuevamente interpuso un hábeas corpus contra el Jefe de Emergencia.
El mismo día, el Decimotercer Juzgado Penal de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que se produjo la sustracción de la materia, dado que se expidió pronunciamiento previo. Asimismo, determinó que la Juez de Tumo se constituya en dicho hospital para verificar el cumplimiento de la resolución de fecha 14 de octubre de 2002, que ordenó la entrega del cadáver.
2. Si sobre la base de tal pretensión debiera resolverse el presente hábeas corpus, éste debería declararse improcedente. Sucede que la vida es la condición necesaria para que pueda titularizarse un derecho fundamental y, entre ellos, la libertad locomotora.[1] Por tanto, no pudiendo los difuntos ser titulares de derechos fundamentales, no podrían resultar lesionados de los mismos. Un tribunal de la justicia constitucional de la libertad, como este Colegiado, evidentemente, no podría expedir una sentencia que ordene que las cosas vuelvan al estado anterior de la supuesta violación de los derechos, conforme se ordena en el artículo 1° del Código Procesal Constitucional.
5. Este Tribunal ya se ha encontrado en diversas ocasiones[2] frente a una situación semejante. En todas ellas ha sostenido, y no existen razones para que aquí se cambie de criterio, que el hecho de que no se aleguen determinados derechos y, por tanto, que el contradictorio constitucional no gire en tomo a ellos, no es óbice para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre esos y otros derechos.
6. A lo dicho, debe agregarse lo siguiente. Los alcances del iura novit curia constitucional no tienen por efecto alterar el contradictorio en el seno de un proceso constitucional de la libertad, toda vez que, como pusiéramos en evidencia en la STC N° 0976-2001- AA/TC, en estos procesos se juzga al acto reclamado, reduciéndose la labor del juez constitucional, esencialmente, a juzgar sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional.
9. El segundo aspecto en tomo a la procedencia, o no, del hábeas corpus, tiene que ver con el hecho de que, si pese al tiempo transcurrido, todavía es posible que este Tribunal expida una resolución sobre el fondo.
13. El artículo 2°, inciso 3 de la Constitución, reconoce como derecho fundamental de toda persona “(…) la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
19. Como se señaló en la STC N° 2333-2004-HC/TC, el artículo 2o, inciso 1) de la Constitución de 1993 reconoce el derecho a la integridad en tres ámbitos: físico, moral y psíquico.
20. En el caso, el grado de afectación de la integridad moral es tal que el acto reclamado linda con un trato cruel, inhumano o degradante, puesto que constituye una práctica cuyo fin es “(…) despertar en la víctima sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, además de humillación y degradación, con la finalidad de obtener información, como medio intimidatorio, como castigo o medida preventiva, para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, como castigo o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación u otro fin”[7].
En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que el comportamiento de los funcionarios del Hospital Nacional “Dos de Mayo” constituyó una violación del derecho a no ser objeto de un trato inhumano, de tal gravedad o severidad, que lograron despertar sentimientos de angustia y sufrimientos de especial intensidad[8] en los familiares del occiso Francisco Javier Francia Sánchez, con el objeto de intimarlos al pago de la deuda los servicios prestados por dicho hospital.
[1] Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri contra el Estado Peruano, párrafo
[2] Cf. STC N° 2868-2004-AA/TC, Fund. Jur. N°. 11; STC N° 0905-2001-AA/TC, fund. Jur.4.
[3] MARTÍNEZ DE PISON CAVERO, José Constitución y libertas Religiosa, Madrid: DYKINSON, 2000, p.293.
[5] MARTÍNEZ SANCHEZ, Isidoro. La recepción por el Tribunal Constitucional Español de la Jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religión y enseñanza, Granada, COMARES, 2000. P.113.
[7] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN NACIONAL- PERÚ, Informe Final. Primera Parte. EL Proceso, los hechos, las víctimas. Tomo VI, p.224.
[8] En la STC N° 1429-2000-HC/TC, fundamento jurídico 7, señalamos que “(…) el trato inhumano se presenta siempre que se ocasione en la persona sufrimiento de especial intensidad”.
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Cinco Pensionistas”, párrafo 136; véase también Caso de la Comunidad Mayagua (Sumo) Awas Tingni, párrafo 136 y 137; y opinión Consultiva 9/87, “Garantías judiciales en Estados de Emergencia”, párrafo 24.
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References: artículo 2
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2