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ANTEPROYECTO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO - PDF
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María Teresa Bustos Torregrosa
1 Observatorio de la reforma del SECTOR PÚBLICO Fundación Auren Junio 2015 Newsletter nº 3 ÍNDICE Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. Montserrat Mestre Vidal Estudiando la viabilidad de las empresas públicas. Lluís Fort i Ferré El futuro de la gestión y la transparencia en la Administración Pública Local. Carme Montserrat Querol Algunos apuntes sobre la reforma del funcionamiento de las administraciones públicas. Cristina Adam Sanahuja ANTEPROYECTO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Con fecha 17 de abril de 2015, el Consejo de Ministros ha procedido a aprobar el anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. La legislación vigente en materia de contratación con el Sector Público actual se basa en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El citado Real Decreto Legislativo integra en un texto único todas las modificaciones introducidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas leyes modificatorias de la misma, que dan una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones (el detalle de la legislación refundida se encuentra indicado en el preámbulo del propio RDL 3/2011). La Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. La Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Los objetivos básicos de las nuevas directivas de contratación pública europea son: Incrementar la eficiencia del gasto público. Posibilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la contratación pública. La necesidad de la adaptación de la legislación española proviene de la aparición de nuevas directivas de contratación pública, a nivel europeo:2 Facultar que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Definir determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica. Incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública. Los números del escenario de la contratación pública son: Más del 90% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas (pyme). A nivel nacional, la contratación pública representa casi el 16% del PIB español. Representa casi el 20% del PIB de la Unión Europa. En materia de ejecución de los contratos públicos, España está dentro de la media de las cifras de la Unión Europea. Dentro de los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en España, están: Conseguir una mejor relación calidadprecio, para lo cual se introducen nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. Mejorar el acceso para las pequeñas y medianas empresas (pyme). Se endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas anormalmente bajas, con el objetivo de combatir el dumping social y se garantiza que se respeten los derechos de los trabajadores, de manera que los contratistas que no cumplan con la legislación laboral podrán ser excluidos de las licitaciones. Simplificar los trámites. Reducir la burocracia para los licitadores. Diseñar y ejecutar un nuevo sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos. Mejorar la eficiencia en la contratación pública mediante las nuevas tecnologías y los sistemas electrónicos de comunicación. Se potencia la contratación electrónica. Los principales cambios y mejoras que se espera aprobar con la nueva Ley de Contratación del Sector Público son: En las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos, dejando subsistente solo la concesión: de obras y de servicios. Se suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. La experiencia ha demostrado que el objeto de este contrato se puede realizar a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, el contrato de concesión. La creación de la figura del procedimiento abierto simplificado (más ágil). En el procedimiento negociado, se suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía. Se crea el procedimiento de asociación para la innovación (se basa en un acuerdo de colaboración entre el órgano de contratación y uno o varios empresarios, que tendrá por finalidad la realización de actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores y su ulterior adquisición). Se potencia el uso de las comunicaciones y contrataciones a nivel electrónico, estableciéndose según las siguientes alternativas: Dirección electrónica habilitada Comparecencia electrónica Cualquier otro sistema que se disponga mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 2 Observatorio de la reforma del SECTOR PÚBLICO3 Desde Auren, como auditores y consultores del Sector Público, informamos de un paso más hacia la armonización con las directivas de contratación europeas, en aras a la simplificación de los procesos en el Sector Público, y en sintonía con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y otras posteriores, que nacen con la finalidad de la obtención de la eficacia y eficiencia en el Sector Público. Montserrat Mestre Vidal Socia área de Auditoría de Auren Barcelona ESTUDIANDO LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS La Ley General Presupuestaria delimita y determina las cuatro entidades que definen el sector público empresarial: las Entidades Públicas Empresariales (EPE), las Sociedades Mercantiles Estatales (SME), las entidades estatales de derecho público dependientes de la Administración General del Estado que no sean organismos autónomos ni EPE, y los Consorcios. Asimismo en otros desarrollos normativos, como por ejemplo en el Estatuto de la Empresa Pública Catalana, se establece la indicación de seguir criterios de rentabilidad, economía y productividad en la actuación de las empresas públicas. Los elevados déficits que actualmente están generando multitud de empresas públicas de diferentes ámbitos hacen imprescindible abordar la viabilidad de la empresa pública desde la perspectiva de los productos, actividades o servicios que tiene que suministrar o prestar a los ciudadanos. Algunas preguntas fundamentales deben tener respuesta: ES IMPRESCINDIBLE PROVEER TAL O CUAL PRODUCTO O SERVICIO DESDE UNA EMPRESA PÚBLICA? Si la respuesta es en el sentido de que socialmente es necesario, en ese caso el criterio de viabilidad económica pasa a ser secundario, pudiéndonos encontrar con situaciones de empresas públicas con déficits estructurales financiados con cargo al presupuesto del ente superior y con dificultades para ser reestructuradas. 34 Si la respuesta se orienta en el sentido de producir solamente aquello que es viable económicamente, habrá que diseñar el procedimiento que asegure, a partir del coste de producción, cuánto se deberá producir y a qué precios, para alcanzar la viabilidad. En este sentido será imprescindible la construcción de un presupuesto de gestión enfocado a los diferentes productos y/o actividades, siguiendo los siguientes pasos: Descripción de productos y/o actividades y niveles de intensidad de producción. Identificación de procesos clave, procesos de apoyo y recursos asignados. Reflexión sobre la posibilidad de eliminar procesos que aporten escaso valor. Reflexión sobre la posibilidad de eliminar procesos para bajos niveles de intensidad o producción. Identificación del coste unitario de cada recurso y las funciones asignadas. Determinación de los precios de venta de cada producto o actividad o a partir de su coste directo, el objetivo de margen y el volumen previsto de producción. Identificación de los gastos estructurales de la entidad. Una vez resueltos los pasos anteriores, estaremos en disposición de evaluar la viabilidad a priori de la entidad en su conjunto, de una rama de actividad o de los productos o servicios que provee. Conocida es la multitud de empresas públicas, por ejemplo en el ámbito municipal, surgidas durante la etapa expansiva y que actualmente deberían reestructurarse o liquidarse siguiendo un criterio de viabilidad económica. Las respuestas a las preguntas acerca de la posible viabilidad de una empresa pública se encuentran en la identificación del umbral de producción, dados unos costes racionales y dimensionados, y unos precios de mercado. Igualmente es imprescindible estimar el horizonte temporal en el cual se pretende alcanzar la viabilidad, incorporando las inversiones adicionales en activos necesarios para asegurar la producción calculada. Lluís Fort i Ferré Responsable área de Consultoría Estratégica de Auren Barcelona. EL FUTURO DE LA GESTIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL En los últimos años se ha legislado con normativa dirigida a una mejora en la transparencia en la información de la Administración Pública Local, además de definir un enfoque para una mejor gestión y optimización en sus procedimientos. UN RESUMEN DE LA NORMATIVA MÁS RELEVANTE SERÍA: La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con la finalidad de la obtención de una eficacia y eficiencia en la Administración Pública Local. El Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el control financiero y también la obligación en la rendición de cuentas. La Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. El borrador del Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público (17 de abril de 2015). Los dos objetivos prioritarios de esta futura ley son conseguir una mejor relación calidad-precio en la contratación y obtener una simplificación de los trámites. Una vez resumido el marco jurídico más relevante y reciente, se propone al lector del artículo hacer un ejercicio de abstracción y pensar que un Ayuntamiento se convierte en una Sociedad 4 Observatorio de la reforma del SECTOR PÚBLICO5 Anónima (en adelante Sociedad), en la cual sus accionistas son los ciudadanos de un municipio, siendo la actividad principal de la Sociedad la realización de actividades y servicios para sus ciudadanos-accionistas. La Sociedad recoge unas inversiones en su Activo del balance para poder llevar a cabo su actividad y, en contrapartida, se reflejan en el Pasivo de su balance las deudas contraídas para poder adquirir bienes del activo. La diferencia entre el Activo (bienes y recursos que gestiona la Sociedad) menos el Pasivo (obligaciones contraídas por ésta) sería el Neto Patrimonial. estructura de inversiones a largo plazo y de costes fijos adecuada. Aunque la legislación actual va encaminada a una mejora y optimización en la gestión, la realidad económica actual de la Administración Pública Local y de muchos Ayuntamientos, está muy lejos de los indicadores óptimos definidos en el ejemplo de la sociedad anónima. En muchos casos la cifra de endeudamiento es demasiado elevada, el neto patrimonial es negativo El Neto Patrimonial en este ejemplo no recogería las aportaciones de capital de sus socios, sino los resultados anuales acumulados por la gestión de la Sociedad. Considerando que la Sociedad ha obtenido sus ingresos básicamente por los recursos recaudados de sus accionistas-ciudadanos (vía impuestos y tasas) y de subvenciones recibidas por el Estado Central, es decir, se financia a través del dinero público. Si pensamos en criterios mercantiles, esta Sociedad, en aras de que realice una gestión óptima, debería tener una planificación estratégica a varios años vista, unos objetivos definidos, un liderazgo en su dirección, unos sistemas de información adecuados y unos recursos humanos debidamente formados y enfocados a los objetivos de ésta. Y unos indicadores económicos de gestión óptimos serían un Neto Patrimonial positivo, un nivel de endeudamiento bajo, un nivel de tesorería óptimo, un fondo de maniobra o working capital positivo y suficiente para atender sus deudas a corto plazo, unos indicadores de solvencia elevados y una (situación de quiebra técnica), infraestructuras insostenibles, algunos Ayuntamientos no disponen de un inventario de bienes patrimoniales, existe una falta de liquidez para poder atender a los costes estructurales fijos y básicos, etc. AUNQUE EL SECTOR PÚBLICO HA REALIZADO UN EJERCICIO DE TRANSPARENCIA Y CADA VEZ MÁS SON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS QUE REALIZAN EN PLAZO LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALMENTE, LA MAYORÍA DE ELLAS NO ESTÁN AUDITADAS. Y aún este dato es más relevante si se tiene en cuenta que, en algunos municipios pequeños y medianos, el presupuesto anual que gestiona el Ayuntamiento, así como su plantilla o personal, supera cualquier cifra neta de negocios o de plantilla media, de las sociedades mercantiles (sí obligadas a auditoría) que operan en éste. El futuro de la gestión en la Administración Pública Local tiene un gran recorrido por delante, en la mejora de los procesos de control interno de las Entidades, la adaptación a las nuevas tecnologías (aunque a partir del ejercicio 2015 ya se ha implantado la factura electrónica), implementación de contabilidades analíticas, estudios de costes en los servicios, planes de viabilidad, incluso el estudio de la viabilidad de pequeños Ayuntamientos, quién sabe si dentro de un tiempo viviremos algún proceso de fusión de pequeños Ayuntamientos, para aprovechar economías de escala. 56 Es por ello que la labor a desarrollar por los auditores es clave, para aumentar aún más la transparencia en los números del Sector Público, que no olvidemos gestionan dinero público, y totalmente necesaria la de los consultores, en la mejora de los procesos de control interno, modernización, análisis y evaluación de estructuras de costes, gestión de recursos humanos, planes de viabilidad de las Entidades, etc. Carme Montserrat Querol Socia área de Auditoría de Auren Barcelona ALGUNOS APUNTES SOBRE LA REFORMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Durante este mes de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los proyectos de ley del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambos proyectos persiguen un mismo objetivo: implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente. Con ello se pretende mejorar las relaciones entre Administración-ciudadanos/empresas y a la vez las relaciones de las distintas administraciones entre si. En términos generales, con ambos proyectos se pretenden generar más facilidades para que los ciudadanos y las empresas dirijan sus peticiones a las administraciones, eliminando trabas burocráticas que impiden una comunicación rápida y fluida. Para los ciudadanos se instauran algunas mejoras que pueden resumirse en: Se permite la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración con independencia de a quien se dirija la petición. Se potencia el uso de claves electrónicas para identificar a los ciudadanos en la realización de trámites. Se autoriza el envío de comunicaciones a través de mensajes al teléfono móvil del solicitante. Se elimina la exigencia de presentación de documentos originales o fotocopias si la Administración puede conseguirlos por otros medios electrónicos y directos. Las principales novedades para las empresas se resumen en: La obligacion de comunicarse con todas las administraciones de forma electrónica tal y como ya se hace con otros entes (Tesorería de la Seguridad Social y Agencia Tributaria). La posibilidad de otorgar poderes electrónicamente a sus representantes para la realización de trámites administrativos. Al igual que ocurre con los ciudadanos, no exigencia de la presentación de documentos ya presentados con anterioridad o que la propia Administración ha elaborado. Tal y como se comentaba con anterioridad, el objetivo es dotar de más agilidad y transparencia el 6 Observatorio de la reforma del SECTOR PÚBLICO7 funcionamiento de las administraciones públicas y conseguir mejorar la gestión de los procedimientos administrativos en general. Con la implementación de estas mejoras se favorece la reducción de los plazos de tramitación de las peticiones formuladas por ciudadanos y empresas y se consigue además un ahorro considerable en costes de papel. Tendremos que esperar para ver cómo se van a articular todos estos mecanismos de interconexión entre los diferentes niveles y cuáles van a ser los instrumentos tecnológicos necesarios para conseguir alcanzar con éxito los objetivos de la reforma. Cristina Adam Sanahuja Responsable área de Sector Público de Auren Barcelona. SUSCRIPCIÓN GRATUITA Observatorio de la reforma del SECTOR PÚBLICO Remitir por fax al número: o por a: Entidad Persona de contacto Cargo Domicilio Población Teléfono Código Postal Fax De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la Ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le comunicamos que los datos facilitados que ha facilitado y su dirección electrónica se incluirán y tratarán en el fichero automatizado (Contactos) de varias sociedades que operan con el nombre de AUREN para la gestión administrativa de clientes y el envío de noticias y ofertas de su interés. Tiene derecho a acceder a esta información y rectificarla, oponerse a su tratamiento o cancelarla, dirigiéndose al domicilio de la entidad, en C/ Mallorca, 260 ático, de Barcelona. Tanto para estos datos como para los datos personales que puedan obtenerse durante la realización de los trabajos, AUREN le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar su tratamiento confidencial. 78 A CORUÑA ALICANTE BARCELONA BILBAO CARTAGENA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Asesores Auditores MADRID MÁLAGA PALMA DE MALLORCA Asesores Auditores SEVILLA VALENCIA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA MURCIA Miembro de Documentos relacionados
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 Artículo 1
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 Artículo 1
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 Artículo 1
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REAL DECRETO 
 Artículo 1
 artículo 88
 Artículo 1