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Timestamp: 2020-01-26 13:57:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 746, de 30/03/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 746
celebrada el miércoles, 30 de marzo de 2011
- Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición. (Número de expediente 121/000096.) .... (Página 2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe, elaborado por la ponencia, sobre:
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, con la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.
¿Queda ratificada la ponencia por asentimiento? (Asentimiento.) Queda ratificada.
- EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN. (Número de expediente 121/000096.)
El señor PRESIDENTE: Como saben ustedes, esta ley será tramitada con competencia legislativa plena por parte de esta Comisión. Sin más, señorías, vamos a dar el turno a los portavoces, no sin antes decir que la votación no será antes de las cinco y cuarto, aunque tengamos que hacer una interrupción al final para ver cómo queda el tema de las enmiendas transaccionales y el conjunto de la votación, pero no será antes de las cinco y cuarto, insisto. El turno de palabra será de menor a mayor, terminando el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, Olaia Fernández Davila. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.)
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para decir que retiramos la enmienda número 1 y que damos por defendidas las tres restantes que quedan, números 4, 5 y 6, que son de índole competencial.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene la palabra el señor Llamazares para defender las enmiendas de Izquierda Unida-Esquerra Republicana.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Tenemos una sensación agridulce con respecto a la ley de seguridad alimentaria, al igual que nos ocurre con el proyecto que ya conocemos de ley de salud pública, en el sentido de que son dos leyes necesarias, en nuestra opinión imprescindibles, y sin embargo se quedan en su redacción actual lejos de lo que podrían ser nuestras ambiciones. Con relación a la ley de seguridad alimentaria difícilmente se puede estar en contra de una norma que para nosotros introduce instrumentos útiles para mejorar la seguridad y la salud alimentaria del país. Ahora bien, la ley es claramente insuficiente, puesto que se queda a medio camino en esta ruta hacia una mejor seguridad y salud alimentaria, fundamentalmente en lo relativo a lo de siempre, al núcleo duro de estas leyes -al igual que en la ley de salud pública, también en la ley de seguridad alimentaria-, al conflicto de intereses que diariamente se produce entre el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la ciudadanía y los intereses económicos de las grandes corporaciones derivados del objetivo -lógico en estas corporaciones- de beneficio a través de la venta de productos alimenticios. En nuestra opinión, finalmente hemos logrado algunos avances, y sin embargo sigue primando el aspecto de sector económico en esta ley sobre el que para nosotros es prioritario, que es el del derecho a la salud y la seguridad alimentaria.
¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque, aunque se realizan avances, no se termina de reconocer el derecho a la seguridad alimentaria como un derecho subjetivo, con prevalencia sobre los intereses económicos, tal como sí aparecía en la memoria justificativa del anteproyecto, artículo 1 de la ley. En segundo lugar, porque no se reconoce expresamente el derecho a consumir alimentos seguros, sino que la seguridad alimentaria se define fundamentalmente como el derecho al conocimiento de los riesgos. Tercero, porque se mantiene en el artículo 4 el principio de mínima afección a la competencia, de manera que se impone a las administraciones que se utilicen las medidas preventivas que menos perjudiquen el normal ejercicio de la libertad de empresa, aunque en esta materia esperamos también una mejora transaccional. Por otra parte, porque no se incluye la necesaria obligatoriedad de controlar y limitar los niveles de migración de los envases a los alimentos que contienen, es decir, contaminación de envase al contenido alimentario, que se está produciendo de manera alarmante en los últimos tiempos. Hay evidencias científicas sobre la materia, pero no somos capaces todavía de trasladarlo a una iniciativa legal. Nos parece que se pierde una oportunidad. Se pierde una oportunidad también cuando no se incluye la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los productos los riesgos emergentes detectados, aun cuando sean inciertos científicamente -en este caso me refiero a los transgénicos-, una cuestión que nosotros creemos que sería una buena oportunidad para abordar. Asimismo, porque se mantiene la redacción del artículo 26.1, en el que también se establece una cautela excesivamente rotunda en cuanto a que la comunicación pública de los riesgos debe causar el menor perjuicio posible al operador económico. En nuestra opinión, demasiadas cautelas para el principio fundamental, que es el de la salud pública.
Por otra parte, se rechaza la modificación propuesta al artículo 32 al objeto de que se garantice que la cooperación científico técnica se haga con garantía de la absoluta independencia de las investigaciones respecto
de los intereses de las empresas afectadas. Asimismo, no se admite priorizar a los laboratorios públicos como laboratorios designados para realizar los análisis de control oficial, artículo 34. Tampoco se admite la prohibición mediante la ley de venta de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos en los centros escolares y escuelas infantiles, aunque tenemos abierto un debate en esta materia que esperamos termine bien. Nosotros creemos que este elemento es importantísimo en esta ley. Si de esta ley no sale una indicación clara en las escuelas sobre los ácidos grasos trans, en nuestra opinión, no habremos hecho los deberes, dejándolo únicamente a la determinación reglamentaria sin fijar pauta alguna en los alimentos y bebidas que no se podrán vender en función de unos determinados perfiles nutricionales como contempla hoy por hoy el texto, artículo 40.6. Por otra parte, no se acepta incluir en la ley los límites de los ácidos grasos trans que pueden contener los alimentos, artículo 43. Nosotros creemos, como he dicho antes, que sería muy importante que los temas de la sal, los azúcares y en especial los ácidos grasos trans deberían haberse abordado en esta ley, y todavía estamos en condiciones, tanto en relación con las escuelas, es decir, entre los niños, como también en la publicidad. En nuestra opinión, la ley se decanta por un criterio comunitario autodenominado autocontrol y el control compartido o control entre la legislación y las propias empresas, y nosotros creemos que se deja a un control demasiado laxo que debería asumirse por parte de las Administraciones públicas y por parte de la legislación vigente. No se acepta incluir en la ley los límites, como digo, de ácidos grasos trans, aunque esperamos que podamos llegar a un acuerdo relativo al artículo 43. Se continúa siendo muy laxo con las limitaciones a la publicidad, sobre todo en la dirigida a la población menor de edad o de 15 años.
En definitiva, señorías, la ley puede considerarse un avance, pero no se ha tenido la convicción, la valentía o la determinación para que sirva claramente como garantía para la salud alimentaria de los consumidores, impregnados como estamos por una voluntad de consenso que va más allá del consenso político, que va más allá del consenso con la ciudadanía y que incluye al sector. En nuestra opinión, en determinados momentos son contradictorios o antagonistas esos consensos, el consenso con los ciudadanos es contradictorio con el consenso con el sector. Una vez más se han dejado en el tintero limitaciones y acciones que científicamente están mayoritariamente recomendadas para mejorar la seguridad alimentaria y para mejorar la salud, así como para reducir los niveles de obesidad que en nuestro país se encuentran por encima de la media europea e incluso de la de Estados Unidos en la población menor de edad. Ayer mismo conocíamos que a lo largo de los últimos tiempos hemos aumentado la obesidad en la población infantil y estamos ya por encima del 30 por ciento, lo cual es un elemento de alarma, una llamada de atención a esta Comisión para que podamos legislar de la mejor manera posible y podamos ser más ambiciosos de lo que hemos sido hasta ahora.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Es el turno del señor Agirretxea por el Grupo Vasco.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervendré muy brevemente en nombre de mi grupo para fijar la posición tanto en torno al concepto global de lo que sido la ley, esta ley que hemos tramitado en esta Comisión, así como para la defensa de las enmiendas que quedan vivas por parte de mi grupo, que eran cuatro en un principio, pero que quedan reducidas a tres porque mi grupo retira la enmienda número 35, por una indicación muy lógica del letrado en cuanto a una contradicción que pudiera existir en un tema puramente de orden legislativo. Por lo tanto, retiro la enmienda número 35; y mantenemos vivas las números 33, 36 y 40. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Dicho esto, en un principio todos sabemos que esta ley deviene de la necesidad y de la obligación que marca Europa y a partir de ahí, de esa necesidad de todo ciudadano a estar seguro de lo que el mercado de la alimentación produce, que es diferente de lo que se alimenta, porque al fin y al cabo el libre albedrío y la capacidad y la libertad de cada individuo creo que debe primar por encima de todo, pero existe la obligatoriedad en ese sentido y por eso creo que las pautas marcadas por Europa han sido la guía que han establecido a la hora de elaborar esta ley.
Creo que por parte de los grupos hemos trabajado de una manera conjunta y de una manera sosegada, como no podía ser de otra manera, en una materia tan interesante y tan importante; se ha llegado a ciertas transacciones en elementos sustanciales de esta ley, que creo que no han generado ningún conflicto y creo que ha enriquecido el texto. Hay otra serie de cuestiones que la ponencia ha preferido no aceptar y que quedan vivas para esta última Comisión. De la misma manera que la ponencia considera que no son oportunas o que no vienen al caso las enmiendas presentadas por mi grupo, las números 33, 36 y 40, que directamente están relacionadas con el concepto de autoridad competente en la materia, es decir, aquellas autoridades que en su momento tengan la competencia, no sé por qué esa obcecación de que desde el principio al Gobierno central se le dote de capacidades que pueden estar transferidas. En el caso de Euskadi lo defendemos, y por eso mantenemos el criterio de que eso no debe ser algo estricto y mantenemos la enmienda porque consideramos que a veces esta ley, como otras muchas, penetra en terrenos que no le corresponden o que le corresponden como mucho compartidamente. Por lo tanto, se someterán a votación las enmiendas 33, 36 y 40 que inciden precisamente en esa materia. Consideramos desde mi grupo que algo tan necesario y tan fundamental como el tema de la seguridad está muy relacionado con la inmediatez y con la capacidad subsidiaria de la materia de actuar la autoridad
competente que más rapidez y más seguridad pueda dar al momento. Por último, desde un ámbito global de lo que tiene que ser la seguridad alimentaria creo que es una materia en la que están implicadas, por supuesto, las instituciones públicas, las autoridades sanitarias, la industria alimentaria, que es de alguna manera la que marca y la que pone en venta y pone en el mercado toda esa serie de alimentos que pueden tener a veces más o menos discusión y la sociedad en su globalidad. Creo que es importante que al hacer la lectura política de esta ley diferenciemos lo que es lo saludable y beneficioso para nosotros, lo que no siendo beneficioso debe quedar en manos del ciudadano elegir lo que consume y lo que sí debe legislar es lo que es perjudicial. Creo que esa es la materia en la que verdaderamente deberíamos entrar. Esta ley debe marcar, a nuestro entender, lo que es perjudicial para la salud. Por lo tanto, mantenemos las tres enmiendas vivas y después del debate veremos.
Si no hay ningún otro cambio global, porque supongo que la ponencia no se avendrá a aceptar las tres enmiendas; eso no será obstáculo para que apoyemos el dictamen global.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Conchita Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, quiero empezar anunciando la retirada de nuestras enmiendas, que para nosotros todavía continuaban vivas, números 101, 104, 110, 125 y 129. Respecto a la enmienda 121, hay una transaccional nueva que recoge parte de nuestra enmienda en la que pedíamos que se dijera muy claro que no se permitirá en los colegios la venta de alimentos y bebidas con alto contenido de ácidos grasos trans, sales y azúcares. Al estar recogido en esta transaccional que también firman otros grupos políticos nos sentimos satisfechos, por lo cual esta enmienda la damos también por transaccionada.
Antes de empezar a defender las catorce enmiendas que todavía nos quedan vivas al Grupo de Convergència i Unió, quiero explicitar, para que conste en el "Diario de Sesiones", la voluntad, el buen hacer, el alto grado de consenso que nos ha mostrado en todo el transcurso de esta ley el Grupo Socialista y quiero nombrar de una manera especial al diputado Alberto Fidalgo. Ha sido una de las leyes en las que da gusto trabajar como diputado defendiendo leyes, cuando hay este grado de diálogo, estas ganas de llegar a acuerdos y de facilitar que entre todos podamos mejorar las leyes que vemos en esta Cámara y que podamos llegar al máximo de acuerdos.
A pesar de todo, quiero recordar que de las cincuenta y dos enmiendas que ha presentado Convergència i Unió han sido transaccionadas treinta y tres, hemos retirado cinco y quedan vivas las catorce restantes que, excepto tres, son enmiendas competenciales. Este es el pero que tenemos que poner al no haber recogido la sensibilidad hacia las competencias que en materia alimentaria tienen las comunidades autónomas. Algunas de estas enmiendas eran simples cambios de palabras, como nacional por estatal, y otras tenían un calado más importante al considerar que rebasan las competencias que tienen las comunidades autónomas, Estas son las únicas enmiendas en las que no hemos podido llegar a acuerdos y las mantenemos vivas. Todavía les queda tiempo hasta el momento de la votación para apoyar alguna de ellas.
Me voy a referir a las tres enmiendas restantes, que son de diferente contenido. La enmienda número 84 contempla los supuestos de reexpedición que permitirían que el producto volviese al país de origen simplemente con la presentación de un simple justificante. Está claro que tenía que haberse comprobado el motivo de reexpedición. Esta enmienda, que nos la ha pedido gran parte de la industria y a nosotros nos ha parecido que era razonable, como no estaba recogida en las enmiendas aceptadas o transaccionadas la mantenemos viva para su votación. En la enmienda número 120, que también agradeceríamos que se llegara a una transaccional, pedimos la obligatoriedad, a partir de la renovación del contrato o servicio con el centro escolar, de menús alternativos en el caso de la intolerancia al gluten y también establecer su obligatoriedad, poco a poco, para el resto de las intolerancias, a medida que el estado de la ciencia y los avances tecnológicos en la industria agroalimentaria lo permitieran. Sabemos la cantidad de intolerancias y de problemas que pueden presentar en el aspecto alimentario muchos de los niños que comen en los comedores escolares, por lo que pedimos que las empresas, a partir de la renovación de los contratos de los cáterin, tengan en cuenta estas intolerancias alimentarias. Nosotros mantenemos viva hasta el último momento de la votación esta enmienda 120. Por último, en cuanto a la enmienda número 128, que se refiere a la publicidad, -enmienda que me afecta como portavoz en la Comisión de Sanidad y también en la Comisión de Agricultura- nos han hecho llegar algunos sindicatos agrarios que se limitara en la publicidad la imagen de los alimentos saludables, como las frutas o las hortalizas - que se ponen como reclamo publicitario de muchos alimentos- si no contiene un 10 por ciento de ese alimento en su contenido. Entendemos las pegas que nos pone la industria en este sentido, pero desde nuestro punto de vista esta enmienda solo se refiere a la publicidad, es decir, que no pusieran esas imágenes tan llamativas e impactantes si no contiene la cantidad de producto que hace prever, cuando ves la imagen, que va a contener.
Estas son las enmiendas que nosotros sometemos a su consideración y esperamos que algunas de ellas puedan ser apoyadas por el resto de los grupos parlamentarios. Agradezco, de nuevo, a pesar de estos pequeños matices, la voluntad de consenso del grupo proponente que da soporte al Gobierno en esta ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, van a intervenir por el Grupo Parlamentario Popular dos portavoces; en primer lugar, don Ángel Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: También quiero comenzar agradeciendo a la Presidencia la generosidad en la dirección de los trabajos de esta ponencia que ha llevado, a juicio del Grupo Popular, a avances significativos importantes, también a las aportaciones técnicas que han hecho de la parte jurídica de la Comisión los letrados, y muy especialmente al señor Fidalgo, representante del Grupo Socialista que ha hecho un verdadero esfuerzo en cuanto a tratar de llegar a acuerdos.
Hemos llegado a acuerdos en una ley de la que partíamos con unas diferencias importantes desde el punto de vista de planteamientos; una ley que se planteó en esta Cámara por la vía prácticamente de urgencia, sin apelar a ella, y que posteriormente ha tenido suficiente espacio y tiempo como para poder reflexionar en profundidad en fase de ponencia para tratar de acercar posturas y llegar a acuerdos.
Alguno de los portavoces que nos ha precedido en el uso de la palabra se refería a los verdaderos derechos o no en relación con el tema del sector agroalimentario. Estamos ante un debate que creo que daría para toda una Comisión sobre el tema de los derechos subjetivos, y en cuanto a las capacidades de garantía que tiene el propio Estado a la hora de la ejecución real de los mismos. A nosotros nos parece que puede haber una armonización entre los intereses del sector agroalimentario de nuestro país y el sector de los consumidores. En definitiva, la propia legislación marca claramente cuáles son las pautas a seguir, las responsabilidades de unos y otros, y en este sentido entendemos que este proyecto de ley está llamado a ser una referencia en este ámbito, para dar seguridad tanto al sector consumidor como también al sector agroalimentario, sector agroalimentario que, independientemente de la importancia que tiene nuestro país desde el punto de vista de la aportación al producto interior bruto, de la importancia que tiene en puestos de trabajo, lógicamente estará condicionado siempre al hecho de las garantías que revierten sobre los consumidores.
En este sentido, a juicio del Grupo Popular, hemos denunciado -entre comillas la denuncia- el hecho de que en algunos artículos nos parece excesivamente intervencionista. Nosotros creemos en la libertad de las personas, y ustedes también lógicamente, y entendemos que hay un papel muy importante al que hace referencia esa enmienda transaccional que acaba de pactar Convergència i Unió con el Grupo Socialista, en cuanto al papel de los consumidores, en este sentido las familias; es decir, que hay una responsabilidad que tiene que venir claramente condicionada por los aspectos de la formación en relación con la elección definitiva.
Dicho esto y entrando en las enmiendas, quiero decir que nos acaban de pasar una propuesta por parte del Grupo Socialista diciendo que se acepta la enmienda 51 que hacía referencia al tema de las inspecciones en frontera. Nos parece que el hecho de los puntos de inspección fronteriza, delimitados y claramente condicionados por la propia normativa de la directiva europea, establece claramente cuáles son sus ámbitos competenciales y los puntos y las competencias a recoger. En este sentido el hecho de que haya sido aceptada ya no requiere mayor defensa.
Mantenemos la enmienda 53 al artículo 13 sobre el tema del procedimiento.
Aquí hago un llamamiento porque hubo un error de transcripción o, quizá, por parte del propio Grupo Parlamentario Popular a la hora de plantear que hablábamos del Real Decreto 1997/1999 cuando tendría que haber dicho 1977/1999, de 23 de diciembre. ¿Qué pretendemos? Lo que pretendemos es que la referencia a este decreto, a juicio del Grupo Popular, añade seguridad jurídica, hay un procedimiento ya establecido, regulado, experimentado, hay una certeza en cuanto a las garantías exigibles en el ámbito del comercio exterior y la seguridad alimentaria experimentada durante estos últimos años. Por tanto, cabe solamente una referencia al tema de los puntos de inspección fronteriza, establecidos, como decía anteriormente, por la propia normativa de la Unión Europea, el sistema y modelo en las comunicaciones y la certificación de los documentos exigibles en este proceso. Estos elementos nos parece que son suficientes como para tenerlos en cuenta a la hora de hacer una referencia a un decreto que, en la práctica en estos últimos años, independientemente de que en técnica legislativa sabemos que el hacer referencias a decretos, a veces, condiciona el futuro en cuanto a que se pueden variar leyes por la propia modificación de un decreto, nos parece que este, por lo menos, es un decreto que ha dado una respuesta al respecto.
Anuncio en este momento la retirada de la enmienda número 57 al artículo 26.5, que hablaba del tema de las garantías en cuanto a la información en el caso de las situaciones de riesgo. Mantenemos la enmienda 58 al artículo 26.6. Nuestro objetivo se centra en la armonización y homogeneización de todas las administraciones competentes en la comunicación de riesgos. El artículo establece una serie de principios, referentes a la independencia, a la transparencia, a la proporcionalidad, a la confidencialidad, a una sólida base científica. Y habida cuenta de las experiencias con las que contamos nos parece necesario el establecimiento de un protocolo que dé garantías, seguridad y tranquilidad también a las administraciones competentes a la hora de saber cómo funcionar ante una comunicación de un riesgo y de esa manera podemos evitar lo que recientemente hemos visto a través de sentencias firmes de nuestros tribunales de Justicia en lo que ha supuesto falsas alarmas desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
Entramos en el artículo 51, enmienda número 73, que mantiene viva el Partido Popular, respecto al tema de las infracciones. Vemos que en el artículo 50 se hace referencia a una serie de cuestiones sancionables como el incumplimiento de los requisitos de documentación, la utilización falsa o fraudulenta de marcas de alimentos
en su identificación, en aspectos de seguridad alimentaria y también en aspectos nutricionales como podría ser la presentación de productos que pueden llevar a engaño al consumidor. Con esta enmienda llamamos la atención sobre el hecho de que no existe una gradación de las sanciones porque se remite a un podrá que nosotros entendemos como el cajón de sastre, por lo que establecemos algún criterio en relación con la gravedad en función del riesgo que pueda suponer para la salud de las personas. La ausencia de una tipificación que no esté claramente delimitada puede afectar a las garantías constitucionales. En este sentido, hacemos una referencia explícita al artículo 129 de la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas. El punto 2 dice: Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley.
Dejar este apartado abierto incumple claramente nuestro ordenamiento jurídico, crea inseguridad jurídica y no armoniza en todo el territorio nacional y ante todos los ciudadanos un ordenamiento común, cuestión que preocupa al Partido Popular. Ahí está la nota que prepararon los letrados de la Comisión en referencia a este mismo artículo. Si tiene que haber una actuación coherente y coordinación entre las administraciones competentes que garantice la aplicación armonizada en todo el territorio nacional, nos parece que el establecimiento de un régimen sancionador tiene que ser una cuestión básica dentro de esta ley. Por lo que nos han comunicado se va a aceptar esta enmienda, que pasaría a incorporarse al dictamen definitivo de esta Comisión.
Mantenemos la enmienda 75 al artículo 52.3. Lo que pretendemos con esta enmienda es establecer una medida cautelar para no proceder al cierre ni clausura temporal cuando la infracción esté originada en un proceso administrativo subsanable y no haya supuesto efectos nocivos para la salud. El Partido Popular cree que las formas son muy importantes a la hora de mantener los procesos administrativos, pero no es el fondo de la cuestión. Lo que estamos defendiendo en esta ley es la garantía de los procedimientos, en definitiva, la garantía de la alimentación que reciben los ciudadanos. Nos parece que un error o una infracción administrativa que no ha afectado a la salud de los ciudadanos no tiene por qué conllevar el cierre de las instalaciones.
En la enmienda 76, y voy terminando mi intervención, hablamos de una nueva disposición adicional que pretende fusionar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Cabe resaltar que estas dos agencias vieron la luz en gobiernos del Partido Popular y sabemos de qué estamos hablando.
La situación económica de nuestro país obliga a hacer un esfuerzo importante en las administraciones públicas en cuanto a la reducción y uso de las instituciones de una forma más racional. El Partido Popular pretende lanzar un mensaje hacia los ciudadanos. No sabemos cuál será la reducción exacta en cuanto al gasto, pero creemos que puede haber un ahorro y una eficacia y también llamamos a la coordinación entre las distintas administraciones. El hecho de evitar la creación y proliferación de agencias, observatorios, institutos, empresas públicas o fundaciones, que en muchos casos acaban convirtiéndose en administraciones paralelas, como estamos viendo en las comunidades autónomas y también en algunos casos en la Administración General del Estado, evita la tentación política de utilizarlos como instrumentos partidistas y obstaculiza, como hemos visto en el Congreso de los Diputados, la labor de control de los diputados a la hora de establecer responsabilidades y de conocer en profundidad qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que ha sido uno de los puntos que ha levantado en algún sector determinado preocupación más que expectación. Para esos sectores que pueden mantener cierta preocupación tenemos que decirles que no es un modelo original del Partido Popular. De hecho, la FDA en Estados Unidos, desde su constitución nada menos que en 1906, funciona de esta forma. Tiene un departamento de salud y servicios humanos con cinco divisiones o centros: Centro de evaluación biológica e investigación, Centro de aparatos y salud radiológica, Centro de investigación y evaluación de medicamentos, Centro de seguridad de alimentos y nutrición y Centro de medicina veterinaria. Nos parece que hay suficiente historia al respecto como para poder trabajar de forma coordinada. A juicio del Partido Popular, los aspectos de alimentación y de medicalización van directamente unidos a una vida saludable y sana y, en definitiva, tiene que haber coordinación clara entre estos aspectos. En el ámbito europeo, si bien es cierto que la normativa comunitaria hace una separación clara en cuanto a los aspectos de control de la medicación con la Agencia de Seguridad Alimentaria, no tiene ningún problema en cuanto a la coordinación en el ámbito nacional con el hecho de trabajar en el ámbito europeo.
En el caso de la enmienda 76 a la disposición final segunda solicitamos una actualización de las sanciones y de las tasas, habida cuenta del importante número de las mismas que se relacionan en este proyecto de ley. Por último, lo que pretende el Partido Popular con la enmienda 78 a la disposición final tercera es que ya que esta ley promueve los hábitos saludables, desde el punto de vista no solo de la alimentación sino también de la práctica de deporte y de los aspectos básicamente nutricionales, que no menos del 50 por ciento de la recaudación de las infracciones que se derivan de la aplicación de esta ley sea dedicada a la puesta en práctica de campañas de promoción y de apoyo en esta dirección. Todos somos conscientes de que las leyes por sí mismas no cambian el estado cultural de nuestros ciudadanos sino que hace falta una voluntad política, y esa voluntad política se transciende a la hora de impulsar este tipo de políticas, y en casos como el que nos ocupa también tiene una gran importancia la aportación presupuestaria. Con esto termino y paso la palabra a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Quisiera añadir a lo dicho por mi compañero ponente, Ángel Pintado, que estamos ante el debate de un proyecto de ley que podría ser más ambicioso, ya que en cierta medida viene a recoger los reglamentos y las recomendaciones que nos marca hoy en día la Unión Europea y de lo ya recogido en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre seguridad alimentaria en lo que respecta a la regulación alimentaria y nutrición. Ha sido importante el trabajo hecho por los diferentes grupos parlamentarios. Agradecemos a los ponentes socialistas, en especial a mi paisano el señor Fidalgo, el intentar consensuar y transaccionar algunas de las enmiendas. Pero desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que hay una serie de temas en los que habría que haber dado algún paso más. De ahí que hayamos mantenido las enmiendas que ha defendido el diputado Ángel Pintado y las que voy a defender yo, que quedan vivas en este trámite de Comisión.
Paso a referirme a la enmienda 59 referida al artículo 28.3, sobre las actuaciones en formación. En nuestro grupo entendemos que sería conveniente la aprobación de un plan nacional de formación de manipuladores de alimentos. Está claro que la normativa existente en esta materia es muy dispar entre las diferentes comunidades autónomas, no solo en cuanto a los programas sino también en cuanto a la metodología, en cuanto a la actividad formativa e, incluso, a las acreditaciones. El presidente de la Aesan reconoció en una comparecencia ante esta Comisión, hace un año y ayer mismo, que el sector daba una luz de aviso a lo que para ellos supondrían las diferentes reglamentaciones, y que por ello, dentro del marco de cooperación y, cómo no, del respeto constitucional y competencial, se pudiese dar luz verde a este plan de formación que daría mayor garantía a los consumidores y también a los sectores afectados.
Tenemos en la actualidad un real decreto que establece la normativa relativa a los manipuladores de alimentos, que establece que se disponga de una formación adecuada de acuerdo con su actividad laboral, y serán las empresas las que garantizarán y dispondrán de la misma. Pero está claro que también hay una serie de disparidad de criterios y requisitos por parte de cada comunidad autónoma. Se ha establecido y se nos dibuja un mapa complejo que en muchos casos provoca pérdidas de eficacia y eficiencia para las empresas que desean desarrollar planes formativos, así como para las empresas del sector alimentario que están radicadas en distintas comunidades autónomas, ya que en muchos casos esta gran heterogeneidad hace que no se alcance ni siquiera unos mínimos de coincidencia, como es el caso del contenido de los programas, su metodología, su duración, su acreditación y sectores que se clasifican como de mayor riesgo.
Ahora voy a defender las cinco enmiendas relativas al capítulo VII sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de la obesidad. Con respecto a nuestra enmienda número 62, solicitamos la supresión del artículo 38, relativo a la creación de un observatorio de nutrición y del estudio de la obesidad, y lo justificamos basándonos en el criterio de nuestro grupo parlamentario, que considera que en un momento de crisis económica que afecta a todos los sectores de nuestra economía la austeridad debería estar presente en todas las administraciones públicas -la Aesan tendría que dar ejemplo de ello-, sobre todo si tenemos en cuenta que la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria ya está cubriendo a día de hoy muchas de las atribuciones y muchos de los objetivos que intentan atribuir en esta ley al observatorio, por lo que para nosotros supondría un gasto innecesario y evitable en este momento de crisis. Y es que nos preguntamos, señorías del Grupo Socialista, ¿no es verdad todo lo que aseguró en los últimos años y ayer mismo el presidente de la agencia en su comparecencia en esta Comisión, que nos decía lo que estaba haciendo en esta materia de prevención de la obesidad sin necesidad de este órgano? Por tanto, creemos que las funciones y los objetivos ya se están desarrollando o se desarrollarán en un futuro; si no va a ser así, díganoslo. De la misma manera, quiero recordarles que en la Ley de cohesión y calidad de salud -por cierto, votada favorablemente por ustedes siendo ministra la señora Pastor- existe un Observatorio nacional de salud que tiene por objeto observar, entre otras, la obesidad y las enfermedades de miocardio. Lo que no puede ser es que tengamos un observatorio para cada patología en este momento de crisis.
Con respecto a nuestra enmienda número 64 al artículo 40.6, muy discutido y debatido en esta tramitación, relativa a esas medidas especiales dirigidas al ámbito escolar, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos que es necesario que las diferentes administraciones públicas se comprometan a promover la enseñanza de la nutrición y la alimentación en los centros educativos para que así se pueda elegir en libertad los alimentos y las cantidades que compongan una dieta sana y equilibrada, fomentando -cómo no- el deporte y las actividades físicas en su conjunto como acciones saludables, pero no solo en el ámbito escolar sino incluso en las actividades extraescolares, atendiendo a que en los comedores escolares las comidas sean equilibradas y variadas y teniendo en cuenta a los alumnos con intolerancias y necesidades especiales en los menús. De la misma manera, no podemos estar de acuerdo con una prohibición por parte de este Gobierno socialista, tal como se detalla en este artículo 40.6, en relación con la venta de algunos alimentos y bebidas que no cumplan unos determinados perfiles nutricionales suministrados en las escuelas y centros escolares, que se va a establecer en el futuro reglamentariamente. Nuestro grupo parlamentario cree que tanto la estrategia NAOS como el reglamento 1824/2006 respetan el principio de que no existen
alimentos buenos o malos per se, sino que las dietas son equilibradas o desequilibradas. Esto es lo que nosotros entendemos que hay que incidir y es lo que queremos trasladar desde el Grupo Parlamentario Popular.
Somos conscientes de que en gran medida los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y hablo en primera persona, y por ello queremos que con la colaboración de las diferentes administraciones competentes se traslade la información de los alimentos para que en función de la misma cada uno decida si un alimento o una bebida pueden ser buenos o no para su hijo. Y me refiero también a los esfuerzos que desde las administraciones públicas se están haciendo en esta línea, tanto para los niños como para los padres, docentes y consumidores en general. También quiero destacar la labor del sector empresarial e industrial, que llevan años trabajando para impulsar la aplicación de una estrategia española en la lucha contra la obesidad participando voluntariamente en el desarrollo de una estrategia, colaborando y compartiendo objetivos, promocionando mayor información nutricional al consumidor, reformulando productos, comercializando porciones proporcionadas y mejorando la calidad de la publicidad dirigida a los niños y jóvenes. Por tanto, no podemos entender que se establezca la prohibición de venta para ciertos alimentos que en el desarrollo reglamentario se aprobarán mientras que, por otro lado, la estrategia NAOS da una gran importancia a lo que debe ser el equilibrio y una variedad de la alimentación, porque todos los alimentos tienen su función dentro de una dieta variada y equilibrada. Así pues, entendemos que hay que ver los alimentos integrados en una dieta y no considerarlos por sí solos.
Señorías, creemos que cuando se relacionan la salud y la alimentación -por lo menos así lo entendemos desde nuestro grupo-, se debe de considerar el conjunto de la dieta, que, repito, será variada y equilibrada y que deberá contener los nutrientes y las sustancias que nuestro organismo necesita. Por ello no podemos aprobar esta prohibición hacia ciertos alimentos individuales que no cumplan unos criterios o unos determinados perfiles nutricionales. Es verdad que cada uno de los alimentos que consumimos en sí mismos no tienen por qué tener una composición perfecta.
Creemos que en la alimentación de los niños, de nuestros hijos, se debe ver el conjunto de todos los alimentos que consumen al día, a la semana o al mes, y reiteramos que deben ser equilibrados; desde el desayuno que hacen en casa -responsabilidad de los padres-, hasta las comidas, las meriendas y las cenas que hagan en sus propias casas. ¿No creen sinceramente que es más importante incidir en la dieta global y no en uno o en varios productos que un niño -y no siempre es así- pueda comprar en el recreo del colegio? Les recuerdo además que esta prohibición es para lo que puedan comprar en el colegio, pero los niños podrán llevarlo desde sus casas o comprarlo en un lugar próximo al propio colegio. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar claro que la solución a la obesidad infantil pasa por una buena educación en los hábitos de vida, tanto nutricionales como de actividad física, y que por eso es tan importante seguir avanzando en medidas educativas y no en la prohibición de alimentos individuales. Esto, señorías, va además en la línea del reglamento europeo 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos en los que se reconoce el siguiente principio -y leo literalmente-: Una dieta variada y equilibrada es un requisito previo de buena salud y los productos por separado tienen una importancia relativa respecto al conjunto de la dieta. Termino diciendo que el objetivo de que no haya obesidad infantil no se consigue simplemente con la prohibición de uno o varios productos, sino teniendo una dieta equilibrada.
Mantenemos la enmienda número 65 en aras de que los padres puedan tener una mayor información sobre la programación de los menús, y por ello defendemos que se incluyan en ellos los componentes nutricionales de la forma más clara y detallada posible. Consideramos que los padres, tutores o responsables de los menores deben conocer los componentes nutricionales de los menús, algo que se está haciendo desde hace tiempo en muchos centros escolares -esto hay que dejarlo claro-, pero creemos que debería ser una medida generalizada. Yo les puedo poner ejemplos de muchos colegios de la ciudad de La Coruña, donde vivo yo, en los que ya se está haciendo esto en la actualidad, pero repito que creemos que esta medida debería ser generalizada. Señorías, esto va en la línea de los objetivos que las diferentes administraciones quieren que logremos en aras de concienciar a la población sobre una alimentación equilibrada.
En cuanto a nuestra enmienda número 66, relacionada con la publicidad y el patrocinio de los eventos deportivos, hay que señalar que el fomento del deporte en el ámbito escolar es un objetivo que además forma parte de la estrategia NAOS y que también está regulada en el programa Perseo. Es por todos conocido que muchos colegios y muchos centros escolares llevan tiempo realizando actividades deportivas a través del patrocinio de estos equipos deportivos en el ámbito escolar, ya que en muchos casos la falta de presupuesto impediría la práctica del deporte, por lo que nosotros creemos que sería conveniente mantener esa excepcionalidad. Asimismo, cabe destacar que la actividad o actividades a realizar deberían ser autorizadas no solo por las propias autoridades sanitarias, sino también por las educativas. El Grupo Parlamentario Socialista nos ha hecho llegar una enmienda transaccional que recoge una de las partes de las reclamaciones de esta enmienda, por lo que en ese sentido la apoyaríamos.
Paso a defender la enmienda número 67, en la que proponemos la adición de un artículo 43 bis nuevo, ya que no podemos entender que cuando se está tratando una norma que regula por ley la nutrición no se tengan en cuenta los trastornos alimentarios, que están incidiendo cada día más en un sector de la población y, en concreto, en los jóvenes. Por ello defendemos que los ministerios competentes, en coordinación con las
comunidades autónomas e incluso con las corporaciones locales, que están llevando a cabo medidas en este sentido, los operadores económicos, los agentes sociales y las asociaciones que trabajan en esta materia, pongan en marcha una estrategia para la prevención de los trastornos de la alimentación en la que se establezcan unos objetivos concretos, unos principios generales, unas medidas preventivas y que se pueda hacer un seguimiento y evaluación en un periodo de cinco años. De la misma manera, los ministerios competentes nos presentan un informe anual en el Parlamento para su control.
Paso a defender las tres últimas enmiendas relativas a la publicidad de alimentos dirigidas a menores de 15 años. Presentamos nuestra enmienda número 70 queriendo dejar claro, en primer lugar, que no toda la publicidad tiene connotaciones negativas, ya que en muchas ocasiones son publicitados y divulgados estilos de vida saludables, así como dietas sanas y equilibradas. Por ello, entendemos que si se permite el aval de asociaciones, de corporaciones, de organizaciones y de instituciones también se debe de permitir el testimonio de profesionales reales que lo representen, siempre -y queremos incidir en esto- que la información que aporten sea científicamente acreditada y comprensible para el consumidor.
En la enmienda 71 proponemos añadir un nuevo punto al artículo 44 sobre la publicidad de los alimentos en cuanto a la Ley 29/2009, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y que en su propio artículo 2 modifica el título II de la Ley General de Publicidad, referente a la publicidad ilícita y a las acciones para hacerla cesar. Entendemos que la publicidad será ilícita cuando incumpla las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores.
Para finalizar, señor presidente, y agradeciéndole una vez más su benevolencia, defiendo la enmienda número 72 -la última que nos queda por defender-, en la que proponemos la supresión del apartado 2 del artículo 46. Como saben sus señorías, el código PAOS, al que hay adheridas treinta y seis empresas y también las televisiones, permite que los contenidos de los anuncios dirigidos a menores se emitan en la hora que se emiten y sean adecuados. Por ello, no tiene sentido que esta ley establezca que si en un plazo de un año no se hubiese creado este código de conducta, que para nosotros ya existe -y así lo anuncia el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria-, el Gobierno reglamentará las normas que regulen tales comunicaciones.
Termino agradeciendo los trabajos de los letrados de esta Comisión, don Luis de la Peña y doña Sara Sieira.
El señor PRESIDENTE: A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario Socialista con dos portavoces. En primer lugar tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Mi intervención será breve y a continuación intervendrá el portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión.
Vamos a concluir la tramitación aquí en la Comisión del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición y, de la misma manera que lo han hecho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero reiterar y dejar constancia del magnífico espíritu de colaboración, de cooperación y entendimiento que ha habido entre todos los portavoces miembros de la ponencia en la tramitación de este proyecto de ley, que va a permitir finalmente aprobar un documento mejorado y con un buen número de incorporaciones por parte de todos los grupos parlamentarios. Cuando se habla de consenso algunas veces conviene medirlo y las matemáticas ayudan. A este proyecto de ley se han presentado ciento cuarenta y tres enmiendas, de las cuales han sido incorporadas de una u otra manera en ponencia sesenta y cuatro, y si son aceptadas algunas transaccionales -que ya he repartido a los distintos ponentes portavoces- que afectan a un buen número de enmiendas, prácticamente podemos llegar a unas ochenta enmiendas de los distintos grupos parlamentarios; es decir, más del 60 por ciento de las propuestas de modificación que han planteado todos los grupos. El Grupo Socialista ha obtenido el consenso con todos los grupos, porque de todos ellos se han admitido enmiendas y en un número importante: catorce del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, once del Grupo Popular, veintiséis de CiU, nueve del PNV, cuatro del Grupo Mixto, una del Grupo Socialista, más las que puedan incorporarse si son aceptadas -repito- nuestras enmiendas transaccionales. Podemos decir que el trámite parlamentario ha servido y no cabe la más mínima duda de que el proyecto va a salir mejorado tras el trámite en esta Comisión.
Sin ser muy prolijo en mi intervención quiero señalar aquellos artículos o aquellas partes de la ley que han sido modificadas tras la incorporación de las enmiendas, que afectan, entre otros, al artículo 1 con una nueva redacción con relación al objeto y fines de la ley, especialmente en el sentido del reconocimiento del derecho a la seguridad alimentaria conforme a las propuestas que hicieron PP, Esquerra Republicana de Catalunya y CiU. Se han modificado los artículos 21 y 25, o se van a modificar, referidos a las obligaciones informativas de la Administración Central del Estado con las comunidades autónomas. En este caso -y esto es una novedad- se ha introducido ese deber de información de la Administración del Estado a las entidades locales que realicen el control oficial, en base también a enmiendas planteadas por el PNV y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Se va a modificar el artículo 26 en relación con los sistemas de comunicación de riesgos para asegurar o blindar el deber de coordinación entre las administraciones y el deber de comunicación de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas. Se ha modificado o se van a modificar los
artículos 33 y 35, que tienen que ver con la red de laboratorios de control oficial. En el artículo 36, relativo a las estrategias de nutrición, de la actividad física y de la prevención de la obesidad, se ha introducido una enmienda para incorporar a las mujeres gestantes entre los colectivos prioritarios a la hora de realizar este tipo de estrategias. Se ha modificado el artículo 38, que se refiere al Observatorio de la nutrición y estudios de la obesidad, para incorporar la actividad física como objeto del estudio del observatorio y también para preservar las competencias que en esta materia tengan o puedan tener las comunidades autónomas. Se ha aceptado una enmienda al artículo 39 para incorporar a las oficinas de farmacia en los programas de prevención de la obesidad. Y en ponencia se han introducido modificaciones al artículo 40. Este artículo es el más enmendado del texto, el más polémico -entre comillas-, si es que se puede hablar de polémica en esta ley porque creo que tiene poca; tiene más consenso que polémica. Este artículo se refiere a las medidas que contiene este proyecto de ley dirigidas al ámbito educativo. Las modificaciones, en primer lugar, afectan fundamentalmente al ámbito de aplicación. No estaba perfectamente precisado en el proyecto remitido por el Gobierno el ámbito de aplicación, y en distintos puntos del artículo 40 se hace especial hincapié en que el ámbito son las escuelas infantiles y los centros escolares, no los centros educativos. De alguna manera podía interpretarse erróneamente porque centros educativos son todos, los de menores y los de adultos o los de la universidad. Se han transaccionado textos sobre información de menú, accesibilidad a las personas con discapacidad y a las medidas que tienen que ver con la venta y publicidad de alimentos en centros escolares. Como he dicho, este es el artículo más enmendado y de las enmiendas transaccionales que posteriormente voy a tratar de defender hay dos que afectan al artículo 40, al 40.6 y 40.7, y esperemos que si son aceptadas estas transaccionales el artículo quede, como dicen en mi tierra, niquelado y aceptado por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. También hay una modificación en el artículo 44, de la publicidad, y una incorporación con una disposición adicional nueva que es una garantía de derechos de accesibilidad, de igualdad de oportunidades y no discriminación y de accesibilidad universal a las personas con discapacidad.
Como han señalado algunos portavoces hay temas pendientes en los que no hemos conseguido hasta este momento un acuerdo total, y con ese ánimo de ampliar el consenso en el conjunto de la ley el Grupo Socialista ha traído y ha repartido algunas transaccionales que paso a defender. En primer lugar, la transaccional número 1 lo es a la enmienda 117, de Convergència i Unió, y la propuesta que hacemos es incorporar en el preámbulo, en la exposición de motivos de la ley, una referencia a las familias de acuerdo con el sentir o la propuesta del Grupo de Convergència i Unió como responsables principales, junto con la Administración, en la trasmisión de hábitos saludables a los hijos. La enmienda número 2 es una transaccional a las enmiendas número 10 y 16 del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en cuanto a los principios de mínima afección a la competencia. Hay otra enmienda transaccional -referida esta sí al artículo 40.6- a la enmienda número 7 del Grupo Mixto, a la número 27 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, a la número 47 del PNV y a las número 121 y 122 del Grupo de Convergència i Unió. Este punto del artículo 46 también tiene una enmienda del Grupo Popular, pero el planteamiento del Grupo Popular es totalmente antagónico al del resto de los grupos parlamentarios. El Grupo Popular plantea la eliminación del punto 40.6, y el Grupo Socialista, coincidiendo con el resto de grupos, salvo que se diga otra cosa por parte del PP, aceptaría o propondría esta redacción que se refiere a la prohibición de venta en las escuelas infantiles y en los centros escolares de alimentos y bebidas con altos contenidos en ácidos grasos trans, sal y azúcares. Hay otra transaccional -relativa en este caso concreto al artículo 40.7- a la enmienda número 66 del Grupo Popular y a las enmiendas número 123 y 124 de CiU. Este es un tema sobre el que hemos hablado mucho en ponencia; se refiere al patrocinio por parte de determinadas empresas de equipos y eventos deportivos. Hemos preparado una redacción que esperamos que cuente con el acuerdo de los grupos en el sentido de permitir el patrocinio de equipos y eventos deportivos en el ámbito educativo, con unas cautelas especificadas en la redacción respecto a que requerirán la autorización de las autoridades educativas, de acuerdo con unos principios generales de actuación que establezcan las autoridades sanitarias.
También quiero señalar que el Grupo Socialista va a aceptar sin modificaciones la enmienda número 33 del PNV, la número 51 del Grupo Popular y la número 82 de Convergència i Unió, que se refieren a los temas que tienen que ver con inspecciones de alimentos en fronteras, así como la número 36 del PNV, referida a procedimientos en relación con estos mismos temas de inspección. Por último, quiero hacer una breve referencia a una enmienda que vamos a aceptar del Grupo Popular, la número 73, referida al régimen sancionador. El letrado de la Comisión en el trámite de ponencia ya hizo una observación en el sentido de la poca concreción del régimen sancionador establecido en la ley. Desde el Grupo Socialista defendimos su redacción, que era fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, pero finalmente el Grupo Popular ha mantenido el contenido literal del artículo, que es copia literal del primer proyecto de ley distribuido por el Gobierno a las comunidades autónomas, y nuestra posición en este momento -la misma que expresaremos en la votación- es aceptar la enmienda número 73 del Grupo Popular. No obedece a un motivo caprichoso, sino que recientemente se ha producido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado distintas resoluciones de la agencia referidas a expedientes sancionadores utilizando este mismo criterio, el no establecimiento de un régimen sancionador específico
para este tipo de supuestos. Creemos que aun cuando algunas comunidades autónomas pudieran discutir este criterio, es de absoluta garantía para todos incorporar este régimen sancionador más específico, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional producida en estos últimos días.
En el resto de enmiendas lógicamente votaremos en contra, no pudiendo aceptar algunos planteamientos porque creemos que no son objeto de esta ley al tener que ver con temas que son de competencia europea, como los relativos al etiquetado de alimentos o de otros ámbitos competenciales.
En este sentido, quiero decirles a sus señorías que a nosotros, desde el Grupo Socialista, nos encanta hacer gestos a determinados sectores productivos, industriales o de otro tipo, pero estamos hablando de una ley de seguridad alimentaria y en algunas ocasiones los gestos a determinados sectores pueden ser preocupantes o peligrosos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el mismo grupo don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, en esta segunda parte que me ha correspondido en nombre del Grupo Socialista, permítame con benevolencia que vistamos un poco la tramitación de la ley, dado que presumiblemente este sea el último trámite en el Congreso. Ya veremos lo que pasa en el Senado, pero esta es la última oportunidad en este sentido. Quiero empezar felicitando a la Agencia de Seguridad Alimentaria porque en este año 2011 cumple diez años. Ya se ha citado aquí su origen, realmente ligado a una época convulsa y de nefasto recuerdo en relación con la crisis de las vacas locas -entrecomillado lo de vacas locas-, pero en todo caso nos ha servido para crear una agencia que nos permite situarnos a la cabeza de la gestión de la seguridad alimentaria en sus diferentes aspectos en Europa y evidentemente en consonancia con las agencias europeas.
Quiero agradecer y felicitar al actual equipo directivo de la Agencia de Seguridad Alimentaria por el inmenso trabajo de coordinación y elaboración del proyecto de ley, cuya fase previa ha llevado prácticamente dos años, que responde a lo complejo que es el escenario, con visiones sectoriales, territoriales, competenciales, culturales e incluso con gran incidencia en una actividad imprescindible para el ser humano, como es la alimentación, y su consecuencia: la nutrición. Ha sido un gran trabajo que hemos tratado de prolongar en esta tramitación que hoy finalizamos y empiezo agradeciendo la receptividad por parte de todos los grupos.
Quiero recordar que se tramita en esta Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, por tanto, es una ley sanitaria, que es algo que no debemos perder nunca de vista. Hemos logrado un texto equilibrado que responde a ese deseo de consenso, un texto además práctico y realista, que se inclina por la actitud preventiva en un elemento esencial de la vida humana, como es la alimentación y también la nutrición, visión preventiva que lógicamente tiene sus consecuencias. La nutrición es una de las funciones vitales del ser humano, lo cual justificaría ya de por sí que figure como uno de los ejes centrales de las políticas de salud pública. Así lo hemos querido. Es evidente que la sociedad contemporánea está preocupada por este tipo de cuestiones, por los problemas de nutrición y la estrecha relación entre la nutrición y la salud. La preocupación por la comida sana está convirtiéndose para muchas personas en un objetivo vital y también en una oportunidad para la industria alimentaria, que tiende a utilizarla como un factor de atracción en el mercado de alimentos, así como en el área de la gastronomía.
Ha de recordarse que desde el punto de vista antropológico -esto es en recuerdo a Marvin Harris, que no hace mucho que ha fallecido y que en temas alimentarios ha sido un referente para todos- los hábitos alimentarios son accidentales; accidentes de la historia que transmiten valores básicamente arbitrarios -de porque sí- o creencias muchas veces inexplicables en las que la comida poco tiene que ver con la nutrición.
Comemos lo que comemos no porque sea adecuado o sepa bien, sino porque está condicionado por una estructura del subconsciente colectivo heredado o adquirido en cada sociedad, y por supuesto también sobre la base de la tarea clave de la supervivencia. Por eso, aunque originaria y naturalmente la alimentación tiene un profundo sentido ecológico en el transcurso del tiempo, los alimentos no solo son activos de una función vital para una mayoría sino que para otros suponen fuente de riqueza e incluso poder, lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. De ahí la posibilidad de modificar hábitos alimentarios, lo que supone además la oportunidad de que, al ser modificables, puedan ser mejorables.
En los últimos treinta años se han producido cambios profundos en los hábitos alimentarios de los españoles que han tenido como consecuencia que la dieta actual se aleje un grado importante de los objetivos nutricionales aconsejados para un estado de salud óptimo, con las importantes consecuencias sanitarias y económicas derivadas. Por ejemplo, la mayoría de los países occidentales en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares optan por la intervención individual de los dispositivos asistenciales ante los factores de riesgo, como son las concentraciones elevadas de colesterol y la hipertensión. Cito esto porque, ante esos riesgos, estamos asistiendo a una dispensación cada vez más creciente de fármacos hipolipemiantes que tienen un incremento importante anual, mientras que hemos incidido muy poco en la prevención del colesterol. Otro ejemplo. Si en Estados Unidos el consumo diario de sal por persona se redujese a la mitad, se evitarían alrededor de 125.000 infartos y accidentes cerebrovasculares. También hay que recordar que en España -porque está todo relacionado y estamos en la Comisión de Sanidad- hay cinco millones de personas diabéticas. Por tanto, nos estamos preocupando de sectores de la sociedad con una problemática muy importante.
En este estado de cosas, el eminente cardiólogo Valentín Fuster avisaba ya hace tiempo sobre la epidemia de la obesidad y, factores genéticos aparte, advierte también de la dificultad de aplicar en la clínica el ritmo acelerado de la investigación y de la imposibilidad de individualizar la medicina cuando no somos capaces de manejar cosas tan globales como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo. Parece, pues, insostenible el actual modelo de atacar solo los efectos de una conducta alimentaria insana y debemos dirigirnos mucho más a la prevención, incluso para garantizar la sostenibilidad del sistema, del que una y otra vez hablamos. Por eso, se necesita también una visión integral, transversal y multilateral de la nutrición, y ello implica a la agricultura, a la ganadería -como bien se ha dicho-, a la pesca, a la industria, al comercio, a la hostelería, a la gastronomía, etcétera. Esto da una idea de lo complejo de esta ley. Este proyecto de ley no es más que parte de la acción continuada que se viene realizando desde el Gobierno, concretamente en la Agencia de Seguridad Alimentaria, sobre todo desde el año 2007, en el que al nombre de la agencia se le añade nutrición. Esa actividad ha quedado perfectamente reflejada ayer en la extensa comparecencia del presidente de la agencia en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo y al "Diario de Sesiones" me remito.
Esta ley, en la exposición de motivos, parte de la idea de que la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria de mujeres y hombres requiere un enfoque integral que contemple los riesgos asociados a la alimentación desde la granja a la mesa y que considere todas las perspectivas posibles. Por ello, la nueva ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, biológicos, etcétera, desde un nuevo enfoque anticipatorio y muy importante que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución. Además, tiene en cuenta de forma muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales, dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad, principalmente de la obesidad infantil y juvenil; de la misma forma tiene en consideración otras perspectivas de la seguridad alimentaria que inciden en los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, como son la existencia de riesgos sociales, de integración o de discriminación y de género, que deben ser eliminados.
No querría continuar hablando de alimentación desde este nicho privilegiado en el que nos ha tocado vivir, en el que nos permitimos hacer leyes como esta de seguridad alimentaria y nutrición, sin traer el recuerdo a esta Comisión de los mil millones de personas en este mundo desigual que sufren desnutrición, una sexta parte de la humanidad, mientras que otros mil millones tienen sobrepeso y trescientos millones de ellos obesidad. Su seguridad alimentaria es no pasar hambre y su nutrición llegar al día siguiente. Casi parece un sarcasmo dar datos de la obesidad en Europa ante estos otros datos que he dado, pero solo voy a citar uno que aporta el Libro Blanco para la estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, que ha sido muy tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto de ley.
En las tres últimas décadas se ha producido un acusado aumento de sobrepeso y obesidad en la población de la Unión Europea, especialmente en los niños, cuya prevalencia estimada de sobrepeso alcanzó el 30 por ciento ya en 2006 y lleva todo el camino de agravarse, con todos los efectos sobre la salud de las personas en el momento y a futuro que ello conlleva. También con datos europeos -creo que ya se ha citado- referidos a 2008, más de seis millones de españoles mayores de 18 años tienen problemas de obesidad y un 37 por ciento de la población mayores de 18 años sobrepeso. Pero la perspectiva es todavía más preocupante. Según el análisis del programa Perseo ayer citado, efectuado en julio de 2009, la prevalencia de la obesidad en niños y niñas de 6 a 10 años es del 20 por ciento en niños y del 15 por ciento en niñas. Ayer se adelantaba otro dato de obesidad que ha sido citado también hoy: el sobrepeso en menores de 18 años puede llegar ya al 30 por ciento. De ahí la necesidad imperiosa de incidir en el ámbito escolar que contempla la ley.
Hace muy poco argumentábamos que el tabaquismo era la primera causa de muerte evitable en el mundo y ahora afirmamos que, con la obesidad, estamos ante la gran epidemia del siglo XXI. Además de los efectos sanitarios por todos conocidos, el coste sobre los sistemas de salud va in crescendo y ya en 2005 la ministra Elena Salgado los cifraba en un 7 por ciento del gasto sanitario. Por entonces, el ministerio ponía en marcha la estrategia NAOS, después el programa Perseo y múltiples actuaciones en una lucha continuada que alcanza ahora otro peldaño con la aprobación de esta ley. Nuestro país tiene acreditado un buen aval y liderazgo científico en este campo, desde Grande Covián a Valentín Fuster, aval que divulga en la sociedad la necesidad de cambios en los hábitos alimentarios e impulsa a las administraciones públicas la obligación de adoptar medidas que hagan posible ese cambio. Si así no fuese y fuéramos víctimas de intereses de diversa índole o de nuestro propio conformismo como diputados, caeríamos en la irresponsabilidad de no incidir en uno de los factores que más amenazan la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar y protección social, no solo el sanitario, sino también, por ejemplo, cualquier previsión sobre el futuro de las pensiones. La seguridad de comer sano, garantizando la cadena alimentaria desde la huerta a la mesa, pero también comer para una nutrición adecuada a la calidad de vida deseable, ha inspirado, como he dicho, esta ley.
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los sectores implicados, desde los profesionales sanitarios, la industria alimentaria, y por supuesto a todos ustedes, que han facilitado, como he dicho, acuerdos en un asunto tan complejo y multisectorial. Agradezco de nuevo esa receptividad, pero permítanme que muestre ese agradecimiento
especialmente a mis compañeros ponentes del Grupo Socialista, Guadalupe Martín y Alejandro Alonso.
Finalmente, solo quería que me permitiesen un reconocimiento especial al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino como cofirmante del proyecto de ley a través de la entonces ministra Elena Espinosa que, junto a la ministra de Sanidad, presentó el proyecto para su aprobación en el Consejo de Ministros de 3 de septiembre de 2010. Permítanme también mostrar mi satisfacción personal como diputado al cerrar ahora una dedicación parlamentaria que inicié con el registro en el año 2003 de una PNL para impulsar un plan de alimentación y nutrición. No tuvo éxito.
Gobernaba el Partido Popular. (Rumores.) Pero llevada al programa para las elecciones generales de 2004 tuvo mucho que ver con la futura estrategia NAOS. Creo que hemos hecho entre todos un buen trabajo, y para finalizar y recabar su apoyo a este proyecto de ley, que habla de alimentos y nutrición, quiero hacerlo con una cita optimista de Bertrand Russell. No existe prueba objetiva de que las fresas sean buenas o malas.
Para quienes les gustan, las fresas son buenas, para quienes no les gustan o les disgustan, no lo son; pero a quienes les gustan gozan de un placer que otros no tienen. Les invito, pues, a compartir el disfrute de esta ley ofreciendo su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el turno de fijación de posiciones de forma generosa por parte de la Mesa de la Comisión. Vamos a interrumpir solamente cinco minutos, por tanto, no se despisten, para ver cómo quedan las votaciones. (Pausa.)
Señorías, si les parece, comenzamos las votaciones. Empezamos por las transaccionales. Se ha pedido por parte de los grupos parlamentarios votación separada de cuatro transaccionales. Primero votamos la transaccional al artículo 40.6.
En segundo lugar, votamos la transaccional al artículo 4 d).
Votamos ahora la transaccional al artículo 38.2.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, ¿podría especificar de nuevo la transaccional a la que nos referimos?
El señor PRESIDENTE: Al artículo 38.2. Es la que se corresponde con el artículo 40.6.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, la 40.6 ya la votamos. Será 40.7, en todo caso.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor presidente, hay una transaccional referida al artículo 38.2, relativa a la enmienda número 3 del Grupo Mixto, número 23 de Esquerra Republicana y número 114 de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Lo que pasa es que esa transaccional puede ser que ya la hayamos admitido entre el trámite de ponencia y el trámite de Comisión, con lo cual ya forma parte del texto de la ponencia. Está incorporada; no la podemos votar.
Las transaccionales que realmente se pueden someter a votación son las que hemos votado en primer lugar porque estas vienen ya informadas, por tanto, forman parte del texto y no se votan.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Presidente, hemos votado hasta este momento dos transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Nadie ha pedido nuevas transaccionales para votar, luego quedarían incorporadas y se votaría el resto de transaccionales.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, le insto a que cada vez que dice qué es lo que vamos a votar espere un poco antes de hacer el recuento para que veamos qué es lo que vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Iremos más lentamente.
Resto de transaccionales; una afecta a la exposición de motivos y otra al artículo 40, apartado 7.
Pasamos a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que se mantienen. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, BNG.
Se votan en conjunto.
A continuación, enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que también se votan en bloque.
Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Se ha pedido votación separada de cada una de las enmiendas vivas. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 33.
A continuación votamos la enmienda número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Se votarán en tres bloques. En primer lugar, votamos las enmiendas número 84 y 120.
Segundo bloque. Enmienda número 128.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 19.
Resto de enmiendas vivas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, son las enmiendas llamadas competenciales.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos en un primer bloque las enmiendas número 51, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 74 a 78.
Segundo bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Enmienda número 73.
Pasamos a votar la enmienda número 65.
Se han pedido votaciones separadas para el dictamen. Por parte del Grupo Parlamentario Popular se ha pedido votación separada de los artículos 38, 40.4, 40.6 y 40.7. Como el artículo 40.6 ya ha sido aprobado, no podemos volver a votarlo a riesgo de entrar en contradicción, por tanto, pasamos a la votación por separado del resto de artículos y después votaremos el dictamen.
Votación del artículo 38.
Pasamos a continuación a votar el artículo 40.4.
Por último, votamos el artículo 40.7.
Votamos el resto del texto del dictamen.
Sin más cuestiones pendientes de votación, agradecemos en particular el trabajo de los ponentes así como el de los letrados de esta Comisión y, en definitiva, el trabajo de toda la Comisión de Sanidad y Política Social.

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 129
 artículo 52
 artículo 28
 real decreto 
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 36
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 40
 artículo 46
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 40