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Sentencia A.P. Sevilla 257/2010 de 26 de mayo. Responsabilidad contractual. Reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Sevilla 257/2010 de 26 de mayo
Responsabilidad contractual: Reclamación de cantidad por los perjuicios causados al no haber sido contratado por ninguna empresa después de realizar curso de formación. Incumplimiento contractual: Requisitos para que prospere la indemnización de daños y perjuicios. Alcance de la obligación determinada por las partes. No compromiso adquirido por la demandada. No acreditación de daños.
JUZGADO DE PROCEDENCIA PRIMERA INSTANCIA N.º 22 DE SEVILLA
ROLLO DE APELACION 7567/09-I
AUTOS N.º 1290/07
En Sevilla, a 26 de Mayo de 2010.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial los autos de J. Ordinario n.º 1290/09, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Sevilla, promovidos por D. Clemente representado por la Procuradora D.ª Fátima Arjona Aguado contra Fundación Valentín de Madariaga y Oya representada por el Procurador D. Rafael Campos Vázquez; autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia en los mismos dictada con fecha 3 de Julio de 2009.
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuya parte dispositiva literalmente dice: "Que desestimando la demanda deducida por la Procuradora Dña. Fatima Arjona Aguado, en nombre y representación de D. Clemente contra la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, sobre reclamación de cantidad, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos objeto de la demanda. Se condena a la parte actora al abono de las costas del presente juicio."
Primero.-Notificada a las partes dicha resolución y apelada por el citado litigante, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes para su personación ante esta Superioridad por término de 30 días, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
Segundo.-Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar el día 25 de Mayo de 2010, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
Tercero.-En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JOSÉ HERRERA TAGUA.
Primero.-Por la Procuradora Doña Fátima Arjona Aguado, en nombre y representación de Don Clemente, se presentó demanda contra la Fundación Valentín de Madariaga y Oya solicitando que se le condenase al pago de la cantidad que se acreditase en ejecución de Sentencia, por los perjuicios causados al no haberle contratado laboralmente ninguna empresa, pese al curso de formación que realizó con la demandada de Diseñador de Sistemas de Centro Eléctrico. La demandada se opuso, en primer lugar, alegó defecto legal en el modo de proponer la demanda, ya que no se concretaba la cuantía de la indemnización, y, en cuanto al fondo, porque no era cierto que hubiese asumido dicho compromiso. La Sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación el actor, que reiteró sus alegaciones.
Segundo.-Es innegable que la parte actora está ejercitando la acción que le concede el artículo 1.101 del Código Civil, en el sentido de que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. De dicha definición, según reiterada jurisprudencia, se deduce que, para que proceda la admisión de dicha reclamación, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que exista un incumplimiento de la obligación asumida, y que dicho incumplimiento imputable al deudor sea doloso, culposo o por morosidad; b) que exista un daño resarcible, y c) que se dé una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño.
Por dolo se entiende toda conducta claramente voluntaria, consciente, intencional y deliberada específicamente dirigida a incumplir la obligación.
El incumplimiento culposo supone un actuar carente de las habituales diligencias, es decir, como consecuencia de una causa que normalmente se pudo prever o evitar. Según la jurisprudencia no sólo abarca la omisión de normas aconsejadas por la más elemental prudencia y experiencia, sino que abarca toda actuación o comportamiento no ajustado a las diligencias exigibles, en cada caso concreto, en atención a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, que determina la producción de un resultado socialmente reprochable, STS. 24-9-02. Como señala la Sentencia de 13 de julio de 1.989, supone la no actuación con la reflexión necesaria, con vista a evitar el perjuicio de los bienes jurídicos protegidos, contemplando no solo el aspecto individual de la conducta humana, sino también su sentido social. La diligencia exigible como señala la Sentencia de 14 de junio de 1.996, es la que correspondería al buen padre de familia, puntualizado en el inciso final del articulo 1104 del Código, esto es, que la persona a quien se atribuye la autoría de los daños, está obligada a justificar, para ser exonerada, que en el ejercicio de su actividad obró con toda prudencia y diligencia precisa para evitarlo. Esta diligencia, como señala la Sentencia de 5 de mayo de 1.998 no se elimina ni siquiera con el puntual cumplimiento de las precauciones y prevenciones legales y reglamentarias de las aconsejadas por la técnica, si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del riego, erigiéndose como canon la exigencia de agotar la diligencia. De todo ello resulta que considera la existencia de una presunción de culpabilidad en la responsabilidad contractual que reiteradamente señala la jurisprudencia, SSTS de 7-4-83, 10-7-85, entre otras.
La mora, supone el mero transcurso del plazo establecido, pero no se produce de modo automático, por el mero transcurso del tiempo, sino que se exige la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 1.100 del Código Civil.
Y, por ultimo, con respecto a la contravención de la obligación de cualquier otro modo, como señala la Sentencia de 23 de marzo de 1.989, ha de incluirse contravenciones debidas a otras causas de las expresamente señaladas, aún prestada la debida diligencia. Surgiendo dicha obligación indemnizatoria, como señala la Sentencia de 17 de julio de 1.987, no solamente del incumplimiento de cláusulas contractuales básicas, sino de cualquier contravención de lo pactado.
La controversia a dilucidar en la presente litis, en los términos que se plantea por el actor, esencialmente se centra en la exigencia del cumplimiento de determinada obligación. Para ello, como ya ha señalado esta Sala en anteriores resoluciones, se torna necesaria e indispensable determinar el contenido concreto de la misma. Para ello, ha de tenerse en cuenta que toda obligación supone un derecho subjetivo del acreedor frente al deudor, al que puede exigir una determinada y concreta prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Estamos ante un sometimiento del deudor al cumplimiento de la prestación que constituye su objeto, es decir, la actividad que ha de desplegar el deudor y que tiene derecho a exigirle el acreedor. La cuestión es determinar el objeto de la obligación, como señala la doctrina, la prestación, el contenido concreto y determinado, o sea el comportamiento a que el vínculo obligatorio sujeta al deudor, y que tiene derecho a exigirle el acreedor. Para que los actos de deudor puedan calificarse como de cumplimiento de la obligación, y por tanto que sean extintivos, han de consistir en la realización del contenido estricto de la obligación, ha de tratarse del cumplimiento preciso y efectivo de la prestación convenida.
Al tratarse de una obligación contractual, cuando se puede exigir y cual es su contenido, vendrá determinado por el acuerdo de voluntad de las partes, sin olvidar que el contrato no sólo obliga en aquello a lo que abarca la libertad contractual, sino en la medida a que alcanza la confianza de la otra parte en la declaración, sin olvidar que los contratos no son absolutamente obligatorios en todo aquello a que la voluntad contractual se extienden, artículos 1275, 1116, 1102, 1136, 1459, 1859, 1884, etc., del Código Civil. Además, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.258 del Código Civil, los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, como señala la Sentencia de 6 de marzo de 1.999: "la buena fe contractual en sentido objetivo consiste en dar al contrato debida efectividad para que se realice el fin propuesto, lo que exige comportamientos justos, adecuados, y reales".
Una vez perfeccionado, las obligaciones que surgen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.091 del Código Civil, han de cumplirse a su tenor, con ello se está estableciendo la necesidad de respetar, obedecer y cumplir los pactos, es decir, se pretende dar cumplimiento a esa voluntad contractual de las partes que constituye lo que denomina la jurisprudencia, lex privata de los contratantes, de ahí que el artículo 1.257 del Código Civil disponga que los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. Mientras esté vigente el contrato, sobre la base de las anteriores consideraciones, las partes han de cumplir las obligaciones que han asumido y sólo estarán facultados para incumplirlas, cuando acrediten que su incumplimiento es consecuencia del anterior de la otra parte.
Para conocer el alcance obligatorio de cualquier acuerdo de las partes, es necesario recurrir a las reglas de la interpretación recogidas en los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil, en orden a averiguar y fijar el sentido de lo querido por las partes, que se ha querido decir exactamente con las palabras empleadas, la primera regla, y esencial, es que ha de estarse al sentido literal de las cláusulas, si los términos empleados son claros y no dejan lugar a la duda, y si ello no es posible, es cuando se han de acudir a las demás reglas, pero siempre de forma subsidiaria.
Tercero.-Partiendo de las anteriores consideraciones, son hechos admitidos que al actor le fue concedido la realización de un curso de Diseñador de Sistemas de Control Eléctrico, organizado por el Servicio Andaluz de Empleo, organismos dependiente de la Conserjería de Empleo de la Junta de Andalucía, y que fue impartido por la demandada, en la localidad de Jerez de la Frontera, hasta donde se desplazó durante la duración del mismo, 600 horas en total, desde su localidad de residencia en Cádiz, gastos de traslado que le fueron debidamente reintegrados. No se pone en duda el correcto desarrollo del curso, dirigido a personas en situación de desocupación laboral, y que son impartidos gratuitamente, con el consiguiente beneficio para la persona que lo recibe, que adquiere unos conocimientos técnicos, de los que hasta entonces carecía, y que le abren determinadas expectativas laborales en sectores a los que no podía acceder por su falta de capacitación.
La cuestión es determinar si efectivamente la demandada adquirió en firme el compromiso de que, a la finalización del mismo, todos los alumnos fueran colocados en empresas del sector, y de ese modo determinar si efectivamente ha existido un incumplimiento contractual. Es cierto que la concesión de la oportuna subvención por parte del Servicio Andaluz de Empleo a la demandada por impartir dicho curso, estaba sometida al compromiso de conseguir colocar al menos al 60% de los alumnos. Lo cual, como reconoce la propia demandada no lo pudo cumplir, pese a que ha acreditado gestiones que a tal efecto realizó, que conllevó que se le descontase la parte proporcional. Por el contrario, respecto del actor no se puede sostener que existiera ese compromiso de colocar al 100% de los alumnos, por tanto al actor. A estos efectos, tan solo se aporta un correo electrónico remitido por la demandada al actor, cuya autenticidad no se opone en duda por dicha fundación, donde se afirma que: "Finalmente me gustaría comentaros, nuestro doble compromiso de inserción: con la Conserjería de Empleo, que nos exige un 60% de contratación, y con vosotros intentamos y pretendemos que sea un 100%". Los términos de esta declaración unilateral de voluntad no son inequívocos, en el sentido de que permita deducir, sin lugar a la menor duda, que el compromiso de colocación era del 100%, y así lo asumía frente al alumnado. No esta redactado en los términos que se requieren para calificarse como un compromiso adquirido, de modo que no debió crear unas expectativas, en el caso del actor, plenas y concluyentes, ya que se trataba más bien de un deseo o intención, de una determinación de la voluntad en orden a un fin, es decir, de tratar de conseguirlo, pero nunca susceptible de considerarlo como imperativo, inevitable y categórico, a diferencia de lo que ocurría con la Conserjería de Empleo, de la que claramente se afirma que es un compromiso en firme, al ser requisito sine qua non para concederle la subvención que permitía que el curso se impartiera a los alumnos de forma gratuita, incluyendo que se les satisfaciera a éstos los gastos de traslado, necesario para acudir a las clases.
En cualquier caso, aunque sea superflojo, ya que si no se acredita el incumplimiento contractual no es necesario analizar la existencia de los daños, lo que si es cierto que el actor no los ha acreditado, hasta el extremo de que no llega a concretar ni sus conceptos ni su cuantía, al ser necesario fijarlo en la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Difícilmente se puede sostener la existencia de perjuicios cuando se le ha impartido un curso que le capacita para una determinada actividad laboral, que dicho curso lo realizó estando en desempleo y que le fueron abonados todos los gastos del desplazamiento realizó, sin que haya acreditado que la asistencia a dicho curso le ha provocado la perdida de algún contrato laboral.
Cuarto.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con desestimación del recurso de apelación, a la confirmación de la Sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la entidad apelante.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Fátima Arjona Aguado en nombre y representación de D. Clemente contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Sevilla, con fecha 3 de Julio de 2009 en el Juicio Ordinario n.º 1290/07, la debemos confirmar y confirmamos íntegramente, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, DON JOSÉ HERRERA TAGUA, Ponente que la redactó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mi el Secretario de lo que certifico.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 219