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Timestamp: 2019-09-20 12:24:58+00:00

Document:
C-1066 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020006855CC-SENTENCIAC1066200203/12/2002CC-SENTENCIA_C_1066__2002_03/12/2002200068552002Sentencia C-1066/02 REGISTRO UNIFICADO DE SANCIONES E INFORMACIONES NEGATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA EJERCICIO DE UN CARGO -Anotaciones que figuren en el registro INHABILIDADES PARA ACCESO A CARGOS O FUNCIONES PUBLICAS -Alcance INHABILIDADES INTEMPORALES CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA EJERCICIO DE UN CARGO -Inscripción de una inhabilidad HABEAS DATA -Significado DERECHO AL OLVIDO-Alcance DERECHO AL OLVIDO EN ACTIVIDAD CREDITICIA Y FINANCIERA-Aplicación a otras actividades DERECHO AL OLVIDO EN REGISTRO UNIFICADO DE ANTECEDENTES-Término de caducidad razonable REGISTRO UNIFICADO DE ANTECEDENTES-Ausencia de término de caducidad de información negativa CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA EJERCICIO DE UN CARGO-Ausencia de término de caducidad de información negativa SANCION DISCIPLINARIA Y PENAL E INHABILIDADES -Carácter continuado CERTIFICADO DE ANTECEDENTES -Término de vigencia del registro CERTIFICADO DE ANTECEDENTES -Contenido /CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA EJERCICIO DE UN CARGO -Término de vigencia del registro La certificación de antecedentes debe contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la duración de las mismas sea inferior o sea instantánea. También contendrá las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes al momento en que ella se expida, aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años o sean inhabilidades intemporales como, por ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución Política. Referencia: expediente D-4000
JAIME ARAUJO RENTERIAD4000CONSTITUCIONALIDADMarcela Patricia Jiménez ArangoDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002.Identificadores20020006856true17766Versión original20006856Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002.
Expone que la disposición atacada infringe el artículo 13 de la Constitución, ya que según el inciso tercero del mismo artículo 174 de la Ley 734 de 2002"la certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento", límite de tiempo que no se aplica en el caso de certificación para nombramiento o posesión, desconociendo el principio de igualdad.
- Como no existen derechos absolutos, la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos está sometida a límites que procuran la realización del interés general y de los principios de la función administrativa[1].
- En ese marco, un régimen de inhabilidades no es más que la exigencia de especiales cualidades y condiciones en el aspirante a un cargo o función públicos con la finalidad de asegurar la primacía del interés general, para el que aquellos fueron establecidos, sobre el interés particular del aspirante[2].
- Al establecer ese régimen, el legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como los de igualdad, acceso al desempeño de cargo o función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio[3].
- La inhabilidad no es una pena sino una garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante[5].
-Las inhabilidades intemporales tienen legitimidad constitucional pues muchas de ellas aparecen en el Texto Fundamental y el legislador bien puede, en ejercicio de su capacidad de configuración normativa, establecer otras teniendo en cuenta los propósitos buscados y manteniendo una relación de equilibrio entre ellos y la medida dispuesta para conseguirlos[6]." [7]
Por su parte, el Art. 28 superior establece en su inciso final que"[E]n ningún caso podrá haber (...) penas y medidas de seguridad imprescriptibles".
En consecuencia, por referirse el aparte acusado a la certificación sobre la inscripción de una inhabilidad, que de acuerdo con lo expuesto no constituye por sí misma una pena, ni una prolongación de ésta, sino una garantía de que el comportamiento anterior del aspirante no afectará el desempeño de la función o cargo, con fines de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del mismo,no vulnera el citado precepto constitucional.
3.3. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política,"todas las personas (...) tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas".
"Corresponde al legislador, al reglamentar elhabeas data, determinar el límite temporal y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponderá a esta Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la Constitución.
"Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto, encuentra sus límites en los derechos de las personas afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa graves perjuicios. Esto da lugar alderecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según el cual las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo.
"La Corte Constitucional ha entendido que es necesario armonizar tales derechos para preservar el interés general implícito en el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones, sin ocasionar la desprotección de la persona frente al poder informático y sin prohijar el uso desmedido y desproporcionado del derecho a la información, razón por la cual estima necesario reiterar que, por una parte, se requiere unaautorización del interesado para que las centrales de datos dispongan de la información y la hagan circular, y, por otra, deben existir unas reglas claras sobre la caducidad del dato.
"Reitera la Corte que, habiendo cancelado ya la obligación y estando a paz y salvo con la entidad financiera correspondiente, si ha transcurrido el tiempo razonable de caducidad del dato, el antiguo deudor debe desaparecer del registro correspondiente".[11]
Tal derecho al olvido, planteado en relación con la información negativa referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable también a la información negativa concerniente a otras actividades, que se haya recogido"en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas", como lo contempla el Art. 15 superior, por existir las mismas razones y porque dicha disposición no contempla excepciones.
Así mismo, el referido Art. 46 estatuye que cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente, lo cual tiene un fundamento expreso en la Constitución Política, cuyo Art. 122, inciso final, preceptúa que"sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".
En reciente pronunciamiento esta corporación resolvió declarar exequible la expresión"pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente" contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 "bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política".[13]
Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades, señaladas en el inciso 1o del Art. 174 del Código Disciplinario Unico, explica que el inciso 3º del mismo disponga que"[l]a certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento" (las negrillas no forman parte del texto original).
Exequible en el entendido ... (inciso final ) Artículo 174 LEY_734_2002_05/02/2002
Considero que las inhabilidades intemporales tienen generalmente una naturaleza sancionatoria, por lo que no pueden ser de carácter imprescriptible, conforme al art. 28 de la Constitución Política, el cual establece en su inciso final, la prohibición de que las penas y medidas de seguridad sean imprescriptibles. De esta forma, y sin perjuicio de las inhabilidades intemporales directamente consagradas por el Constituyente en los arts. 122, 179 numeral 1º, 197, 232, 264, 249, 267, la facultad normativa del legislador se encuentra restringida por el art. 28 de la Carta Política. El Congreso no puede crear normas cuyo contenido refleje una interpretación por analogía de aquellos preceptos constitucionales que señalan este tipo de sanciones, extendiendo a un nivel legal los criterios que sirvieron de fundamento al constituyente. El desbordamiento de las facultades del legislador que ha sido avalada por la Corte, permite la creación de normas que abiertamente vulneran la prohibición contenida en el art. 28 de la CP. Como afirmé en otra oportunidad:"las hipótesis de sanciones intemporales tienen que provenir directamente de la Constitución" (S.V. Sentencia C-592 de 2001)
Por otro lado, el análisis de constitucionalidad de una inhabilidad intemporal fijada por el legislador debe ser estricto -y no leve como sostiene la posición mayoritaria de la Corte- debido a que este tipo de sanciones, establecen restricciones que impiden el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a ser elegido y a ocupar cargos públicos, así como vulneran la dignidad humana e impiden la capacidad de rehabilitación del sancionado.
[1]Corte Constitucional. Sentencias C-509-94 y C-558-94.
[2]Corte Constitucional. Sentencia C-631-96. En el mismo sentido, Sentencia C-564-97.
[3]Corte Constitucional. Sentencia C-925-01.
[5]Corte Constitucional. Sentencias C-111-98 y C-209-00. En el primero de estos pronunciamientos la Corte expuso: ""...la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución -que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad-, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional. Los preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público (especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio, que no lo harán en el futuro".
[6]Esta Corporación ha declarado la constitucionalidad de inhabilidades intemporales en las Sentencias C-037-96; C-111-98, C-209-00 y C-952-01. En este último fallo la Corte señaló, en relación con la naturaleza jurídica de las inhabilidades, que están concebidas no como penas sino como "una garantía a la sociedad de que el comportamiento anterior al ejercicio del cargo fue adecuado y no perturbará el desempeño del mismo, así como que el interés general se verá protegido y podrá haber tranquilidad ciudadana acerca de la idoneidad, moralidad y probidad de quien ejercerá en propiedad el referido cargo". De esta posición de la Corte se apartaron los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynnet, para quienes las inhabilidades constituyen una sanción, son cobijadas por la proscripción de penas imprescriptibles dispuesta en el artículo 28 de la Carta y, por lo mismo, no pueden ser intemporales, salvo que con esa calidad hayan sido previstas por el constituyente.
[7]Sentencia C-373 de 2002. M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
[8]Ver Senencia C- 952/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis S.V de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias C- 1212 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería S.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Rodrigo Uprimny Yepes y C- 373/02 M.P. Jaime Cordoba Triviño S.V de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett
[9]Sentencia C- 948 de 2002. M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[10]Sentencia T-1322 de 2001. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[11]Sentencia T-119 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo
[12]Sentencia T-527 de 2000. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[13]Sentencia C-948 de 2002. M.P. Alvaro Tafur Galvis.

References: artículo 174
 artículo 174
 artículo 13
 artículo 174
 artículo 46
 Artículo 122
 Artículo 174
 artículo 28
 artículo 28