Source: http://grufidesinfo.blogspot.fr/2014/01/
Timestamp: 2017-07-21 02:34:34+00:00

Document:
Servicio de Información GRUFIDES: enero 2014
persiste. Elmer Campos en Lima cuando denunció la violenta intervención de la Policía. Elízabeth Prado
Apelando al derecho a la información contemplado en la legislación estadounidense, Elmer Campos Álvarez presentó una demanda ante la Corte Federal de ese país para que la compañía minera Newmont entregue videos,
fotografías, informes del personal de seguridad de Yanacocha, registro de comunicaciones con la Policía, además de mensajes internos que sirvan
para esclarecer lo ocurrido el 29 de noviembre del 2011 cuando personal
policial empleó la violencia para controlar una protesta contra el proyecto minero Conga.
Durante el enfrentamiento, Campos Álvarez fue impactado por un proyectil lo cual le produjo una paraplejia. En el pedido a la Corte Federal, Elmer Campos fue representado por la ONG ambientalista y de derechos humanos Earth Rights International (ERI), la que inició la acción legal bajo el Estatuto 28 USC 1782, ley norteamericana que permite a las partes de un proceso judicial en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.
Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aboga por Campos Álvarez como parte civil agraviada, refirió que la información que pretenden obtener con esta acción judicial será de ayuda
para las autoridades judiciales peruanas que investigan los violentos sucesos de aquel día en las alturas de Cajamarca. En la refriega, el comunero cajamarquino fue impactado en la espalda por dos disparos de bala. Las lesiones no solo le produjeron la pérdida de uno de sus riñones y el bazo, sino que el campesino de 32 años también sufrió la paralización de sus extremidades inferiores. Desde entonces, Elmer Campos se moviliza con la ayuda de una silla de ruedas. Contrato con la pnp
Según señala Earth Rights International, la minera Yanacocha, promotora
del proyecto cuprífero Conga, firmó contrato con la Policía Nacional para que esta le brinde servicios de seguridad.
Los policías implicados en la represión de la protesta, anota ERI, manifestaron ante los fiscales que ellos cumplían con dar seguridad a la
minera. "El problema se agrava en casos donde agentes de la Policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción judicial contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia
en el Perú", señaló Benjamin Hoffman, abogado de la ONG ERI. Respecto a la demanda de Campos ante la Corte Federal, voceros de la minera Yanacocha evitaron por el momento emitir pronunciamiento. ❧
El 16 de diciembre del 2013 la Tercera Fiscalía Superior de Cajamarca
dispuso la formalización y continuación de la investigación contra el Crnl. PNP Amador Bacalla y el Cap. PNP Wagner Ocampo por presunto delito
de abuso de autoridad en agravio de Elmer Campos y otras siete personas.
Diario La República 31.01.14 Publicado por
XI Congreso Regional Ordinario Federación Regional de las Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca
Con masiva participación de las diversas bases de Rondas Campesinas de la Región de Cajamarca, se dió inicio el XI Congreso Regional Ordinario.
Todos ratificando su posición en defensa de la vida.
Nuevamente la empresa minera Yanacocha protagoniza un desalojo forzoso. Esta vez fue acusada por Segundo Lindorfo Bolaños Atalaya, comunero del Distrito de Sorochuco, que el pasado 19 de enero fue víctima de un violento desalojo
http://celendinlibre.wordpress.com 23.01.14 Publicado por
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso.
Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del
orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero
En la resolución fiscal, con fecha 7 de enero de 2014, se afirma que “existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso”, pero que “no se ha podido realizar diligencias de las que se puedan extraer elementos de convicción o indicios que permitan identificar a los miembros del Ejército peruano que hayan sido los autores de los disparos…”. Es sorprendente que la fiscalía, tras reconocer indicios contundentes de la figura de homicidio, decida archivar el caso
así como una ulterior investigación bajo la excusa de no haber investigado lo suficiente. En esta línea, la resolución reconoce no haber podido realizar los exámenes de balística oportunos para identificar tanto el arma de fuego como a su portador, ni haber obtenido
los documentos del Ejército peruano que permitirían identificar a los responsables directos. Más aún, la investigación deja de lado por completo la figura de la autoría mediata en relación a la cadena de mando.
Cabe resaltar que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros
que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones continúen en este punto.
Consideramos equívoca la decisión de no querer investigar el nivel de represión policial y militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados
(como reconoce la misma fiscalía), decisión que añade a una situación de impunidad en este gobierno, que tan solo en los últimos dos años y medio ya ha cobrado 34 vidas (según data de la Defensoría del Pueblo).
A su vez reiteramos nuestro llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas para que no sigan muriendo peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos casos, que se sancione a los responsables, y que se repare a las víctimas, entre las que se encuentran heridos en estado de gravedad como
Elmer Campos, que requieren costosos procedimientos médicos, así como familiares de personas fallecidas, viudas, que no sólo han perdido a sus
seres queridos, sino que ven en riesgo su bienestar y el de sus familias.
La CNDDHH durante el transcurso del día de hoy miércoles 23 de enero presentará un recurso de queja para que el expediente suba a la Fiscalía Superior de Chiclayo y se pueda evaluar si
da mérito a una mayor investigación. Confiamos en la justicia.
Por: Juan Arribasplata / Nilda Rojas Publicado: 2014-01-22 El 3 de julio del año 2012 César Medina Aguilar, estudiante de 17 años de edad; el obrero Eusebio Paulino García Rojas (48); Antonio Sánchez Huamán (29) y José Faustino Silva Sánchez (35) perdieron la vida tras recibir los impactos de bala durante las protestas contra el proyecto minero Conga en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) también perdió la vida en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, en otro enfrentamiento
contra las fuerzas del orden, pues le impactó un proyectil de bala en el pecho. Tras dos años de investigaciones y aduciendo falta de pruebas el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, declaró improcedente formalizar denuncia y seguir con la investigación preparatoria respecto a
la muerte de los comuneros. Ante la decisión fiscal, Noticiar SER recogió las reacciones de diferentes líderes, lideresas y familiares de las víctimas. Según la investigación del Ministerio Público, sí habría elementos indiciarios de que hubo homicidio doloso de parte de algunos miembros de las FFAA; sin embargo, al no poder individualizar a cada uno
de los que disparó, debe archivarse la causa. Reacciones
Por su parte, Milton Sánchez, Secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, manifestó que, tras la demora en la investigación, ya intuían los resultados. “Estos casos lo está llevando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por lo que se va presentar
una queja sobre esta disposición porque tienen elementos contradictorios. Nosotros exigimos que se investigue de manera profunda”. Del mismo modo manifestó que, de ser necesario, el caso se llevará a instancias internacionales.
La presidenta del Consejo Regional de la Mujer, Dina Mendoza, manifestó: “El Gobierno está en contra de Cajamarca solo por reclamar nuestros derechos. Indigna que el fiscal Víctor Pinillos manifieste que no hay pruebas. En Cajamarca nos reuniremos todas las organizaciones de mujeres para ver qué hacemos y cómo apoyamos a las familias porque están
cometiendo una injusticia. Aquí seguiremos en pie de lucha. Con las demás organizaciones tomaremos acciones para los próximos meses”.
Finalmente, Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca, indicó: “En el Congreso Regional de Rondas campesinas se tomarán acciones y no descartamos ir a un paro indefinido porque no es posible que los fiscales no se muestren imparciales. Cuando
hay manifestaciones ellos está presentes, pero cuando uno pide justicia
se hacen los desentendidos para actuar” dijo. Agregó que que al parecer
ya no hay autonomía, como es el caso del fiscal que archivó el caso de Alan García. “Como no hay justicia para nosotros tenemos que actuar en contra del Ministerio Público porque no podemos permitir que los fiscales hagan lo que se les da la gana”, señaló.
http://blognoticiasser.lamula.pe Publicado por
Fuentes de Perú21 confirmaron que el pedido fiscal se debería a que no se encontraron pruebas contra la Policía Nacional
que participó en este enfrentamiento, en su intento por frenar la convulsión que se vivía en ese entonces en la provincia cajamarquina que
se opone al proyecto Conga.
Como lo informó este diario, la revuelta comenzó cuando dos policías que trabajaban en la sede municipal fueron atacados por la turba antiminera dirigida por allegados al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.
Diario Perú 21 22.01.14
"El fiscal archiva el caso y alega que no se ha individualizado a quienes efectuaron los disparos que le quitaron la vida a estas personas, aun cuando hay indicios de que los disparos provendrían de los
helicópteros", dijo Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Diario La República 22.01.14 Publicado por
Analista Miguel Santillana admite que trabaja para Yanacocha
Ideeleradio.- El experto en temas de industrias extractivas, Miguel Santillana, reconoció que trabaja para la empresa Yanacocha en la elaboración de una proyección económica sobre Cajamarca con miras al 2050 sobre todos los proyectos mineros que se van
a desarrollar en esa región.
“Estoy vinculado a Yanacocha como a cualquier otra empresa, pero más allá de que pienses que soy una especie
de mercenario, debo aclarar que si yo fuera ese mercenario que mencionas no me hubieran sacado de Willax [por difundir que Óscar Valdés
tenía una concesión minera]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
tú me dices, si me contrató Yanacocha, la pregunta sería para qué me contrata y qué cosa estoy haciendo porque si la respuesta es ‘me han contratado para hacer Conga, ese es un tema; pero si me han contratado para hacer una proyección económica sobre Cajamarca al 2050 con todos los proyectos mineros que se van a desarrollar ahí, son cosas distintas", puntualizó.
Miguel Santillana precisó, en ese sentido,
que desde el 2005 trabaja para empresas mineras, petroleras y gasíferas
y comentó que nunca he negado que haya trabajado para este tipo compañías.
“Yo tengo una vida académica, tengo una vida profesional, enseño en cuatro universidades en postgrado, esa es una parte de mi vida y la otra parte de mi vida es asesorar empresas. Nunca he ocultado que yo asesore empresas, no entiendo cuál es la sorpresa ahora”, refirió.
“[¿Para qué otras empresas trabaja ahora?] Me guardo mi derecho profesional de mencionar o no con quién trabajo, es una relación bilateral, no sé si a las empresas les interesa que yo divulgue esto. La relación es entre la empresa y yo”, concluyó.
Archivo: LaMula 25.05.12
Nuevo lío por tierras entre Yanacocha y Campesinos Por: Edwin Lozano
Familia denuncia que un grupo de 12 personas, entre trabajadores mineros
y policías, los desalojaron de sus terrenos y destruyeron su propiedad La empresa minera, a través de un comunicado, informó que su personal de
seguridad advirtió el inicio de la ilegal construcción de una choza en terrenos de su propiedad en la zona de Tragadero Grande “Al no encontrarse a nadie presente, se procedió a retirar las obras ilegalmente realizadas, en ejercicio de nuestro derecho de propiedad sobre el terreno”, indicó la empresa minera Este nuevo caso se suma al juicio por tierras que mantiene minera Yanacocha con la familia Chaupe Aquí el comunicado completo de la empresa minera: Ante las versiones emitidas en un medio radial respecto a que personal de Yanacocha habría destruido la vivienda de Segundo Bolaños Atalaya, supuestamente ubicada en el sector denominado Tragadero Grande, informamos a la opinión pública lo siguiente:
- El domingo 19 de enero de 2014, nuestro personal de seguridad advirtió
el inicio de la ilegal construcción de una choza en terrenos de propiedad de Minera Yanacocha en la zona de Tragadero Grande.
- Se realizó la verificación y, al no encontrarse a nadie presente, se procedió a retirar las obras ilegalmente realizadas, en ejercicio de nuestro derecho de propiedad sobre el terreno. - Posteriormente se acercó la señora Noemí Quiliche Vargas indicando haber iniciado la construcción de dicha choza, por lo que se procedió a explicarle que se trataba de terrenos de nuestra propiedad, tal como consta en la Partida Electrónica N° 22859092 del Registro de Predios de Cajamarca, y se le mostró la documentación que acreditaba dicha situación.
- Nuestra empresa, actuando siempre dentro del marco legal, solicitó la presencia de personal policial, el cual levantó un acta dejando constancia de estos hechos.
En atención a este tipo de informaciones, y teniendo en cuenta que el día de ayer nuevamente un grupo de personas ha tratado de usurpar nuestra propiedad, hemos procedido a interponer las acciones legales correspondientes en salvaguarda de nuestros derechos.
Antimineros aseguran no haber cometido actos vandálicos en Yanacocha
Manuel Ramos, dirigente del Frente de Defensa del centro poblado El Tambo, dijo que se someterán a las investigaciones pertinentes que se realicen, pues no cometieron actos vandálicos.
Los dirigentes del Frente de Defensa del centro poblado El Tambo (Bambamarca) defendieron los actos cometidos durante la marcha realizada
hacia las lagunas del proyecto minero Conga (Cajamarca).
lo hizo tras las declaraciones que brindó estos días el ministro del Interior, Walter Albán, quien advirtió que los actos de vandalismo y ataque a un vigilante en esta zona no quedarían impunes.
Manuel Ramos, uno de los dirigentes, manifestó que no habían cometido actos de vandalismo y dijo que se someterán a las investigaciones pertinentes que
se realicen. "Nosotros estamos defendiendo nuestras lagunas, no estamos cometiendo tales actos", agregó.
A su vez, indicó que las declaraciones del ministro Albán, donde se refiere al secuestro del vigilante Reverino Fuentes Morocho, son malintencionadas con el objetivo
de desestabilizar la lucha que realizan, pues no habían secuestrado a nadie.
Incluso, agregó que al centro poblado llegó el último viernes un contingente policial y no encontraron nada, lo que demuestra que la empresa quiere desprestigiar a las organizaciones.
Ramos declaró que los mismos ronderos se encargarán de investigar quiénes fueron los que derribaron la antena de telefonía en esta zona y realizaron los actos de vandalismo.
http://www.rpp.com.pe 19.01.14 Publicado por
Óscar Valdés pide firmeza y seriedad del gobierno en proyecto Conga
Expremier sostuvo que se debe terminar con las protestas antimineras.
El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se refirió hoy a las recientes protestas en Cajamarca por el proyecto Conga y dijo que el Estado peruano debe demostrar más firmeza y seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones.
Para Valdés, las protestas antimineras afectan la imagen del país y reducen las inversiones, por lo cual no se deben permitir más ya que afecta a todos los peruanos.
“Estos antimineros le están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las inversiones se den”, manifestó, apuntando contra quienes encabezan estas manifestaciones por realizarlas “por intereses electorales”.
Dijo, además, que el presidente Ollanta Humala
debe rectificarse y asumir que Conga es trascendente ya que el retraso en el proyecto causó grave daño. Según Valdés, el país hubiera crecido más del 6% sin el retraso en Conga.
Para el expremier, es vital que el ministro del Interior, el titular de la PCM e incluso el presidente de la República “vayan a la zona y desenmascaren a estas personas que perjudican a miles de peruanos”.
Se necesita una “actitud valiente del gobierno, ir a Cajamarca para el provecho de todos los peruanos y Cajamarca”, agregó.
Respecto al próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
por el diferendo marítimo entre Perú y Chile, Valdés dijo que se debe trabajar para la “implementación inmediata en diferentes escenarios”.
Asimismo, se permitió recomendar cambios en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, los cuales, consideró, son claves para la implementación de la sentencia del Tribunal Internacional.
Pidió que se pongan “los mejores intelectos, (las personas) más experimentadas para que colaboren con la Cancillería”.
Finalmente dijo que no se debe dilatar la implementación del fallo y recordó que Chile “dilató 70 años el acta de ejecución del tratado del 29 y nunca realizó el plebiscito”, por lo cual se debe trabajar para que cumpla “en plazos razonables”.
CONCILIACIÓN HUMALA-LÓPEZ MENESES
Por último, Valdés se refirió al pedido de conciliación del exoperador montesinista Óscar López Meneses al presidente Humala luego de que este lo llamara “basura”.
Valdés calificó el término como “un exceso de parte del presidente” y que estuvo “fuera de tono”.
“Se tiene que arreglar”, apuntó, aunque aclaró que según su postura el presidente no debe acudir a un juzgado, sino se debe
solucionar “de otra manera”.
Diario La República 19.01.14 Publicado por
Ley 30151 es una señal política clara para fortalecer labor policial
Lima, ene. 18 (ANDINA).
La Ley 30151 que exceptúa de responsabilidad penal a policías y militares en cumplimiento de su deber es "una señal política clara" que abona a favor de la moral y una mejor labor en la seguridad, destacó hoy
el ex ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz.
norma modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, al precisar que militares y policías que en cumplimiento de su deber, y en uso de sus armas "u otro medio de defensa", causen lesiones o muerte están exentos de responsabilidad penal.
"El Congreso y el Ejecutivo le están diciendo al Poder Judicial y al Ministerio Público 'cumpla' con las disposiciones de exceptuación del proceso penal a policías y militares que al cumplir con su deber generaron el fallecimiento de una persona o lesiones", declaró a la Agencia Andina.
aclaró que la ley "no es inconstitucional", toda vez que su objetivo ya
estaba contemplado como tal, desde 2007, cuando se incorporó el inciso 11 al artículo 20 del Código Penal.
una buena señal, porque estamos viendo procesos interminables contra militares y policías simplemente por cumplir con su deber, como ha estado pasando con los comandos de Chavín de Huántar, que ya tienen 17 años sometidos a un calvario", indicó.
También refirió que la norma aprobada abona a favor de la moral de los efectivos
de las fuerzas del orden que muchas veces evitaban comprometerse en una
acción con sus armas de fuego para "no verse sometidos a interminables procesos".
"Es una señal política clara para que los magistrados judiciales y el Ministerio Público empleen estos mecanismos del artículo 20 del código penal y no se procese a los policías ni militares simplemente porque han cumplido con su deber", agregó.
Refirió que los procesos penales a los militares y policías por acciones en cumplimiento de su deber, significaban pérdida de tiempo, ascensos y elevados gastos económicos para enfrentar las demandas, situación que ahora cambia.
otra parte, destacó que "se ha avanzado bastante" en el presente gobierno para mejorar las remuneraciones y el equipamiento policial y militar, pero se requiere de más apoyo para las instituciones castrenses.
Por otro lado, exhortó a la clase política del país a guardar "tranquilidad y mesura" ante el próximo desenlace del diferendo marítimo con Chile, con el anuncio del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
que desde que se desempeñaba como ministro de Defensa (2007-2009) la relación con su par chileno fue "bastante cordial y muy respetuosa", y destacó el papel de la empresa privada de ambos países que contribuyó a aminorar la desconfianza histórica, con el incremento de sus inversiones
cruzadas en Perú y Chile.
http://www.andina.com.pe 18.01.14 Publicado por
El caso había sido archivado por la Fiscalía de Celendín, pero el 16 de diciembre pasado la fiscal superior María Acosta Ojeda dispuso iniciar una nueva pesquisa en el proceso que involucra al coronel PNP Amador Bacalla Guadalupe y al capitán PNP Wagner Ocampo Huamán.
El operativo policial del 29 de noviembre del año 2011
que tuvo como fin desalojar a los manifestantes que se encontraban en el cruce denominado Maqui Maqui, ubicado entre las lagunas El Perol y Azul, ocasionó que Elmer Campos Álvarez fuera impactado en la columna vertebral. El disparo le produjo la parálisis de sus extremidades superiores e inferiores, además de la pérdida de un riñón y el bazo.
En abril del 2013, el caso fue archivado bajo el argumento de que no
se había identificado a los presuntos autores del hecho, situación que ahora ha cambiado.
Diario La República 18.01.14 Publicado por
La verdad sobre la antena Claro derribada en Cajamarca 2014 Según Miltón Sánchez -dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca-, testigo y partícipe de la gran movilización del día de ayer del pueblo cajamarquino contra Conga, la CONCENTRACIÓN DE MEDIOS está manipulando la información para imponer los proyectos mineros.
gran parte de los medios de Lima informaron que en la región de Cajamarca derribaron una antena de la empresa de telefonía Claro e incendiaron una caseta de seguridad de Yanacocha y secuestraron a un agente de la empresa Securitas Sac. En tales informes -prácticamente- acusaron a la población cajamarquina. La verdad es que hasta el
momento se desconoce la autoría real de los hechos vandálicos. Pero para ser más justos y escuchar la versión de los manifestantes, acá les dejo las declaraciones que me dio Miltón Sánchez hoy por la mañana (vía telefónica) https://www.youtube.com/watch?v=YZxj8vt3UVs
Delegaciones de tres países acompañan a manifestantes contra Conga
Créditos: Referencial/Luis Asencio
Un grupo de cajamarquinos partieron desde el lugar conocido como El Tambo, en la provincia de Hualgayoc, con dirección a las lagunas de Conga, con la finalidad de mostrar su rechazo
al referido proyecto minero.
El dirigente ambiental, Manuel Ramos Campos, señaló que acompañan a los manifestantes diversas delegaciones de Colombia, Brasil y México en calidad de veedores.
Asimismo, informó que una delegación de profesores de la ciudad de Pasco arribaron a Cajamarca para contar su experiencia de la contaminación minera en dicha localidad.
Campos aseguró que la movilización se desarrolla de manera pacífica, pese a las inclemencias del clima ya que se está registrando lluvias en esta parte de Cajamarca.
http://www.rpp.com.pe 16.01.14 Publicado por
Por: Juan Arribasplata El Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, manifestó hoy, en entrevista concedida al diario La República, que las poblaciones que rodean el proyecto minero Conga están de acuerdo con el mismo y que tienen un acta que confirma esa decisión. Además, Huaroc señala en la entrevista que la mayoría de comunidades exigen que el Estado ponga orden en el lugar, refiriéndose a los excesos que han cometido las rondas y que además no se oponen a las inversiones. Sobre estas declaraciones Noticias SER conversó con líderes de opinión de Cajamarca que manifestaron su disconformidad con las declaraciones del Alto Comisionado.
Según esta nueva ley, los policías son inimputables cuando usan sus armas de fuego (Foto: Archivo El Comercio) La Defensoría del Pueblo se suma a los críticos de la reciente ley 30151.
A través de un pronunciamiento, el organismo indicó que dicha normativa, promulgada el lunes por el Ejecutivo, resulta contraproducente y debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal. Según la nueva ley: "Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte". La Defensoría, en ese sentido, explica que esta modificación "elimina
el enunciado de la norma anterior que obligaba al personal policial y militar a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, y adiciona la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias sino cualquier otro medio para tal fin". El organismo precisó que dicho cambio "pone en riesgo la vida de cualquier persona, al permitirse el uso de armas, desconociéndose el reglamento y manuales de protección de los derechos fundamentales". Horas antes, el ministro del Interior, Walter Albán, también criticó esta normativa. Según Albán, podría prestarse a una mala lectura y da pie a pensar que se promueve la impunidad.
"Esta modificación también contraviene parámetros internacionales como los Principios de las Naciones Unidas, que enfatizan en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte de los órganos policiales y militares se realice con sujeción a reglas mínimas", señala el documento. En los últimos dos años y medio, recuerda el organismo, se ha reportado 34 civiles fallecidos y más de 949
heridos (de los cuales 357 fueron policías y 5, militares) en contextos
de conflictividad social. "Es necesario recordar que un Estado debe tomar
todas las medidas para asegurar que sus agentes harán uso de la fuerza de manera proporcional y necesaria, evitando al máximo la posibilidad de
que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes". Por los motivos expuestos, la Defensoría concluye que la
modificación de la norma resulta innecesaria. Además, puede generar confusiones en su aplicación. Los supuestos casos de exención de
responsabilidad penal para estos casos, afirman, ya están debidamente regulados y contemplados en el numeral 8) del artículo 20° del Código Penal. Diario El Comercio 15.01.14 Publicado por
Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido:
simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las
piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la Constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se
inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.
Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto
del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no
se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por
los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer
uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano). El reportaje de Óscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco también perciben
esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento
ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el Art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.
Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades
de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años
legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.
Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las lagunas de Conga.
Diario La República 14.01.14 Publicado por
Previene. Vladimiro Huaroc anota que la influencia de grupos anti inversión en Cajamarca aún es fuerte y que es imperativo tomar decisiones de Estado.
El jefe de la Oficina de Diálogo señala que las comunidades exigen al Estado que ponga orden para garantizar proyectos de desarrollo
y el ingreso de programas sociales. También aborda el reconocimiento de
comunidades indígenas en costa y sierra, y el uso de remanentes de cobre para artesanía en las zonas cupríferas del país.
El grueso de la población está de acuerdo en llevar el proceso de consulta para que la empresa obtenga la licencia social. Hay condiciones
para apoyar este proyecto que deberá implementarse con políticas de prevención ambiental y social.
Hay una particularidad: los comuneros que vendieron sus tierras a Yanacocha se han convertido en 200 pequeños empresarios de servicios que
quieren negociar con Yanacocha. Esto está deteniendo el desarrollo del proyecto cuprífero. Los comuneros no aceptan que Yanacocha contrate empresas fuera de Cajamarca, pero la minera cree que hay más eficiencia en el servicio foráneo.
Cajamarca sigue convulsionada, hay dificultades para que el
Estado lleve programas sociales a la zona. Un reinicio en estas condiciones podría sonar a imposición, más si se van a instalar otras comisarías en Celendín, Bambamarca y Cajamarca.
La mayoría de comunidades exige que el Estado ponga orden en el lugar. Un grupo de ronderos está asumiendo roles excesivos en el control
de la gente y en las sanciones. La última semana han detenido y castigado a dirigentes que bajaron a reunirse con nosotros. Para nadie es una novedad que hay zonas en Cajamarca donde el Estado no puede ingresar.
Son casi zonas liberadas y tiene que modificarse. Esos grupos siempre van a oponerse a toda inversión. Pero decir que la oposición contra el proyecto Conga es sólida no es verdad. Decir que están dadas todas las condiciones para que salga adelante, tampoco. Lo que sí hay son indicadores de un buen escenario. Si hay buen escenario ¿para qué instalar más comisarías?
Para llevar más presencia del Estado. Cuando hay una comisaría el resto del Estado puede ir a cumplir con los programas sociales y con las
demandas de agua, saneamiento, electrificación. A mí me han demandado agencias bancarias, que no habrá si no hay seguridad. Hay que verlo en ese contexto.
Hay distritos en Celendín, San Ignacio, donde no se puede entrar. Por supuesto que el Estado puede ingresar, pero eso significa desplazar tropa y eso no queremos. Tenemos información y evidencias de que en toda
esa zona hay narcotráfico, Naciones Unidas lo ha demostrado. Son las rutas del opio. Aparentemente aquí hay una mezcla muy extraña entre las rondas y sectores del narcotráfico. Por eso a ellos no les interesa dialogar.
El es el nuevo secretario general de la PCM. Conozco a Ramón Huapaya
como un funcionario vinculado al Estado. Él viene aquí por ser un gerente calificado del programa Servir. No interviene en absoluto en políticas de prevención y gestión de conflictos. Eso lo dirijo yo. Él es
secretario general, coordina con los viceministerios las políticas sectoriales.
Bueno, yo no lo he nombrado, lo nombra el Primer Ministro. Sí, es un
servidor público de trayectoria, conoce el Estado y creo que va ser un buen articulador del Estado.
Chadín II es un proyecto hidroenergético que la población de
Cajamarca rechaza porque alegan que el embalsamiento del río Marañón los obligará a emigrar, además de otras consideraciones. El caso es que han acordado no vender sus tierras para el proyecto. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?
No, porque el proceso ha sido tan cuidadoso que se ha llevado la iglesia, los muertos, todo. Ahora que están instalados surgen otros problemas, como la discusión del Acuerdo Marco que es un acuerdo social y
económico a largo plazo con la empresa. Queremos que el proyecto Toromocho beneficie a las esposas, que se incorporen a la actividad económica, la empresa ya se ha comprometido.
Necesitamos que parte del cobre de Toromocho se convierta en artesanía, como se hace en Chile, donde la exportan. Hay que hacerlo en
todos los lugares donde tengamos cobre. Morococha va ser un modelo.
Estamos promoviendo entre las empresas el Centro de Excelencia y Buenas Prácticas Empresariales, para un mejor relacionamiento con las comunidades. También estamos proponiendo la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, para que acompañe el proceso de inversiones y dificultades sociales. Finalmente, la creación del Instituto del Diálogo y el Consenso, a nivel de sociedad civil. Diario La República 13.01.14 Publicado por
PNP y FFAA que usen armas en su labor exentos de responsabilidad penal
La Ley 30151 fue publicada este lunes en el diario oficial ´El Peruano´.
Lleva la rúbrica del jefe del Estado, Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
La Ley 30151 fue
aprobada por sesión plenaria del Parlamento en junio del 2013 y comunicada por el presidente del Congreso, Fredy Otárola, al Gobierno en
La iniciativa legislativa permitirá dotar a los miembros de los institutos armados y policiales de mecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros. En ese sentido, se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.
http://www.rpp.com.pe 13.01.14 Publicado por

References: resolución 
 resolución 
 artículo 20
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