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Timestamp: 2020-02-27 07:08:56+00:00

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Comunicación - Página 2 de 4 - NindeCardona
Esta Resolución suprime doce Delegaciones de la Agencia Tributaria en provincias dónde ya
existen Delegaciones Especiales. Al mismo tiempo, se revisa la estructura orgánica de las
Delegaciones Especiales, suprimiendo la figura del Delegado Coordinador y fijando las
funciones de los Delegados Ejecutivo y de Planificación y Control.
Se crean las siguientes Administraciones de la Agencia Tributaria de:
• Albareda, en la Delegación Especial de Aragón.
• A Coruña, en la Delegación Especial de Galicia.
• Fermín Caballero, en la Delegación Especial de Madrid.
• Blasco Ibáñez, en la Delegación Especial de Valencia.
Y con la finalidad de optimizar los recursos ya existentes, se reordenan Administraciones
situadas en un mismo término municipal:
• Las Administraciones de Sants-Les Corts y de Sant Andreu, de Barcelona, se integran,
respectivamente, en las Administraciones de Colom y Vía Augusta, y las
Administraciones de Horta y Poble Nou.
• La Administración de Córdoba-Este se integra en la Delegación de Córdoba.
• Las Administraciones de Hortaleza-Barajas y Fuencarral se fusionan en la nueva
Administración de Fermín Caballero, de Madrid.
• Las Administraciones de Valencia-Grao y Valencia-Norte se integran en la nueva
Administración de Blasco Ibáñez, de Valencia.
• La Administración de Macarena, de Sevilla, se integra en la Delegación de Sevilla,
integrada, a su vez, en la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla.
• La Administración de Delicias de Zaragoza, pasa a denominarse Administración de
Albareda, integrada en la Delegación de Zaragoza.
Esta Resolución establece la forma y plazos de presentación de las solicitudes, así como
también la tramitación y pago, de la ayuda económica establecida en el artículo 2 del Real
Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, prorrogado
hasta el 15 de agosto de 2013 por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
Además, este Real Decreto-ley, posibilita una prórroga automática del mismo por periodos
de seis meses, cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada con anterioridad a la prórroga que corresponda, sea superior al 20%.
Dicha ayuda consiste en un 75% del IPREM mensual de 6 meses de duración, para aquellas
personas que, a partir del 16 de febrero de 2013, hayan agotado la prestación por
desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a ningún otro subsidio por desempleo
y/o ayuda prevista en la ley.
Además de deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Llevar inscritas como demandante de empleo al menos doce de los últimos dieciocho
La persona solicitante deberá carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75%
del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual. Esta condición también se aplicará
a las rentas de padres y/o cónyuge, y/o hijos menores de 26 años, o mayores con una
discapacidad en grado igual o superior al 33%, que convivan con el solicitante siempre que
éste carezca de rentas.
3 enero, 2013 /en Laboral, Sin categoría /por antonio
En el BOE de 27 de diciembre de 2012 se ha publicado la ley 13/2012, cuya finalidad es la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, norma que ha modificado el Estatuto de los Trabajadores , la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Modificaciones Estatuto de los Trabajadores:
– Se amplia la posibilidad de derivar al empresario principal las deudas con la Seguridad Social contraídas por el contratistas, durante los tres años siguientes responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la seguridad social. Durante dúo año de las obligaciones de naturaleza salarial durante el año siguiente a la finalización de su encargo.
Modificaciones Ley General de la Seguridad Social:
– Obligación de comunicar con carácter previo las variaciones realizadas en el calendario , o el horario para los trabajadores afectados por suspensión de contratos o reducciones de jornada.
Modificación en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo:
– Se faculta a la Inspección de Trabajo a qué en el centro de trabajo pueda examinar libros, registros, programas informáticos , archivos soporte magnético , declaraciones oficiales y contabilidad, documentos de inscripción , afiliación, alta , baja, justificación del abono de cuotas, prestaciones seguridad social, nóminas , etc….
– Obligación de suministrar en soporte informático cuanta documentación sea requerida por la inspección de trabajo.
– Se amplía el plazo de duración de las actuaciones de la Inspección hasta 9 meses.
Modificación en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social:
– se introduce la denominación fuera de plazo, así será objeto de sanción el no abonar en plazo reglamentario los salarios de tramitación y las vacaciones.
2 enero, 2013 /en Sin categoría /por antonio
El Consejo de Ministros del viernes aprobó el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, publicado el lunes.
El objetivo del Real Decreto 1716/2012 es, clarificar diversos aspectos, entre ellos, la adaptación a los periodos transitorios de la regla de cómputo temporal de los requisitos para acceder a las prestaciones. Un ejemplo de ello es la cuantificación de la edad ordinaria que al final del periodo transitorio habrá pasado de 65 a 67 años y que se aplicará a razón de un mes más por cada año, hasta 2018 y dos meses hasta concluir en 2027.
Además, el Real Decreto concreta también los requisitos relacionados con lasexcepciones en la ampliación del periodo de cálculo hasta veinticinco años en 2022.Como dicha ampliación puede resultar más favorable para aquellos trabajadores que, en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo, la propia Ley contemplaba la posibilidad de aplicar directamente la ampliación de periodo completo.
El Real Decreto hoy aprobado desarrolla y concreta también la mejora de los periodos considerados como cotizados a mujeres y hombres por hijos o menores acogidos,recogida en la Ley de 2011. Es el caso de las personas que, por nacimiento o adopción, vieron interrumpida su cotización al extinguirse la relación laboral o finalizar el cobro de prestaciones de desempleo coincidiendo con el nacimiento de sus hijos.
Con fecha del 28 de Diciembre de 2013 se ha fijado el salario mínimo interprofesional para el año 2013. Las nuevas cuantías suponen un incremento del 0,6 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, siendo las cuantías fijadas las siguientes:
– SMI 2013 diario : 21,51 €/día.
– SMI 2013 mensual : 645,30 €/mes.
– SMI 2013 anual : 9.034,20 €/año.
– SMI 2013 por horas Empleadas Hogar : 5,05 €/hora
Obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero
28 noviembre, 2012 /en Sin categoría /por antonio
Mediante la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se introduce una Disposición Adicional Octava en la Ley General Tributaria, que establece una obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero, así como el régimen de infracciones y sanciones.
Asimismo, el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, publicado en el BOE del 24 de noviembre, establece obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, establecidas por la citada ley antifraude. En este sentido, modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, incorporando tres nuevos artículos:
– El artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
– El artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.
– El artículo 54. bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
Dicho Real Decreto detalla que el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones se extenderá a lo largo del primer trimestre de cada ejercicio, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la infomación a suministrar .
El modelo de declaración será aprobado en breve mediante una orden ministerial. Deberán ser declarados, tanto las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
El Real Decreto excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los cincuenta mil euros por cada tipo de bien. La presentación en años sucesivos de la declaración informativa sólo será obligatoria cuando el citado límite hubiese experimentado un incremento superior a veinte mil euros.
La información a suministrar incluirá, en el caso de cuentas abiertas en entidades financieras, los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año; esta información se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución. En el caso de inmuebles figurarán la fecha y el valor de adquisición, y la fecha de apertura o cancelación y, en el caso de valores, derechos, seguros y rentas depositados o gestionados en el extranjero, el saldo a 31 de diciembre de cada año.
En cuanto a si hay que efectuar algún pago en función del valor de las propiedades que tenga el contribuyente, inicialmente la obligación que se impone es sólo de información, sin perjuicio de que las obligaciones tributarias que la obtención de rentas o tenencia de bienes acarree. El incumplimiento de las obligaciones en cuestión podrá tener consecuencias en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, en la medida en la que se puedan descubrir, por parte de la Administración tributaria, patrimonios ocultos vinculados a este tipo de bienes y derechos. En ese caso serán imputados al último ejercicio no prescrito, con lo que el contribuyente se arriesga a fuertes sanciones e, incluso, a incurrir en delito fiscal.
Las Nuevas Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
El BOE de 21 de noviembre de 2012, ha publicado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Será exigible a los ciudadanos la cantidad fija que en función de cada clase de proceso se determina:
ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL.
De acuerdo con la nueva regulación, las tasas a desembolsar fluctúan entre los 150€ en primera instancia y los 1.200 euros ante el Tribunal Supremo.
Juicio verbal y cambiario: 150€.
Juicio Ordinario: 300€.
Juicio Monitorio: 100€.
Ejecución y oposición: 200€.
Concurso necesario: 200€.
Apelación: 800€.
Casación: 1.200€.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las cantidades a desembolsar oscilarán entre los 200€ en primera instancia y los 1.200 euros ante el Tribunal Supremo.
Juicio abreviado: 200€.
Juicio Ordinario: 350€.
En el Orden jurisdiccional Social, las cantidades a desembolsar oscilan entre los 500€ y 750 euros ante el Tribunal Supremo.
Suplicación: 500€.
Casación: 750€.
Además se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada, el gravamen que corresponda, según la escala publicada, que será del 0,5% para los pleitos cuyo importe económico alcance hasta 1.000.000 de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo variable de 10.000 €.
Entrada en vigor: 22-11-2012
26 noviembre, 2012 /en Sin categoría /por antonio
En primer lugar, si la ejecución de obra va dirigida a una persona particular que no tiene la condición de sujeto pasivo del IVA, pues nada… sigue como hasta ahora. Facturará la ejecución de obra al particular aplicando el tipo impositivo que corresponda.
19 noviembre, 2012 /en Sin categoría /por antonio
Résumen de las nuevas sanciónes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 7/2012 para la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales:
-Aquellos contribuyentes que presenten una declaración en papel cuando estén obligados a remitirla por vía telemática serán sancionados con 1.500 euros. La misma sanción si se produce la omisión de algún dato en las declaraciones informativas.
-La multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales o sociedades, con una sanción máxima de 600.000 euros.
-La sanción para aquellos contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran con los funcionarios de Hacienda serán sancionados con entre 1.000 euros y 100.000 euros. En el caso de empresarios, las multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros.
Control de la remisión a través del Sistema RED de partes de baja y alta de procesos de incapacidad temporal.
17 noviembre, 2012 /en Sin categoría /por antonio
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) va a proceder a verificar de forma
periódica que, por parte de las empresas, se remiten a través de Sistema RED y en
los plazos establecidos, los partes de baja, los de confirmación y los de alta de todos
aquellos procesos de IT que puedan afectar a sus trabajadores.
En el caso de detectarse irregularidades, el INSS lo comunicará a la Inspección de
Les recordamos que los plazos para la presentación son los siguientes:
Parte de Baja: El trabajador tiene que comunicarlo en el plazo de 3 días desde la emisión del mismo a la empresa, y desde ese momento la empresa tiene 5 días para su comunicación.
Parte de Confirmación: idénticos plazos.
Parte de Alta: 5 días.
Como siempre la finalidad de este control es recaudatorio , en ese sentido la La ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece que la calificación de la falta de comunicación en plazo de las bajas, partes de confirmación y altas en plazo será considerada leve y sancionable con un mínimo de 60 euros a un máximo de 625 euros.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
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