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Timestamp: 2014-10-25 01:24:36+00:00

Document:
Jurisprudencia constitucional - art_134
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1631/2003-R
Sucre, 17 de noviembre de 2003
Expediente: 2003-07394-15-RAC
En revisión, la Sentencia cursante de fs. 96 vta.- 97, pronunciada el 28 de agosto de 2003 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Abelardo Rivero Ribera, en representación de José Raúl Jordán Arauz, contra Anuncio Piérola Galvis, Fiscal de Materia, alegando haberse vulnerado su dignidad, los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso.
En la demanda presentada el 22 de agosto de 2003 (fs. 30 a 35) el recurrente aduce que María Alina Monasterio Gutiérrez de Justiniano interpuso querella en contra de su mandante José Raúl Jordán Arauz, en su condición de Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial, por el supuesto delito de prevaricato, que radicó el 2 de abril de 2003, ante el Fiscal de Materia Anuncio Piérola Galvis, ante quien su representado prestó declaración informativa el 9 de abril del mismo año, siendo imputado formalmente el 22 del mismo mes y año por los supuestos delitos de prevaricato y retardación de justicia.
Añade que la querellante presentó denuncia ante el Consejo de la Judicatura de Santa Cruz, con los mismos argumentos de la querella, la que fue rechazada en el entendido que su mandante obró con plena jurisdicción y competencia, por lo que debe tomarse en cuenta que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo (art. 4º. del Código de procedimiento penal).
Aduce que el Fiscal recurrido presionado por la querellante a sólo dos meses y 8 días de iniciada la etapa preparatoria presentó requerimiento conclusivo de acusación ante el Tribunal de Sentencia de Turno de la Capital, logrando que el Consejo de la Judicatura lo suspenda del ejercicio de sus funciones de Juez sin goce de haberes mientras dure el proceso penal y se conozca el fallo, conforme a lo previsto por la segunda parte del art. 392 del Código de procedimiento penal (CPP). De ese modo el Fiscal recurrido, dejó en completo estado de indefensión a su mandante, sin haberle recibido las pruebas de descargo, sin contar con elementos de prueba suficientes para sostener el enjuiciamiento público y sin considerar el art. 131 CPP, que dispone que los plazos previstos para las partes sólo pueden ser renunciados o abreviados por expresa manifestación de las mismas; pasando por alto la Sentencia Constitucional 1036/2002-R que señala que el plazo de la etapa preparatoria es de seis meses computables a partir de la notificación con la imputación formal.
Continúa refiriendo que el 25 de julio de 2003, su mandante ofreció pruebas de descargo que fueron admitidas por el fiscal recurrido, mediante Auto Interlocutorio de 29 del mismo mes y año, las que fueron recibidas el 2 de agosto, y acumuladas al cuaderno de investigaciones para su consideración, en franca contradicción a su acusación formal cuando ya había perdido competencia.
El actor estima que se ha vulnerado su dignidad, los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso.
De acuerdo a lo relatado plantea recurso de amparo constitucional contra Anuncio Piérola Galvis, Fiscal de Materia, solicitando sea declarado procedente y se determine la nulidad de obrados hasta el requerimiento conclusivo acusatorio.
En la audiencia pública celebrada el 28 de agosto de 2003 cuya acta corre de fs. 91 a 96, se suscitaron las siguientes actuaciones:
El recurrente ratificó su demanda por intermedio de su abogado. Con derecho a la replica manifestó que las pruebas testificales fueron recibidas por el Fiscal veintitrés días después de haber presentado la acusación, infringiendo la igualdad entre las partes.
El Fiscal recurrido informó en el escrito que cursa de fs. 39 a 42 lo siguiente: a) a denuncia de María Alina Monasterios Gutiérrez de Justiniano, contra José Raúl Jordán Arauz, Juez Sexto de Partido en lo Penal, por el supuesto delito de prevaricato, notificó al denunciado que no presentó objeción alguna a la querella, prestando su declaración informativa el 9 de abril del presente año; b) el 22 de abril de 2003, presentó imputación formal contra Raúl Jordán Arauz, por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 173, y 177 CP, notificando al imputado el 23 del mismo mes y año, si bien presentó los memoriales de 26 de abril y de 5 de junio de 2003, solicitando se deje sin efecto la resolución de 10 de mayo y audiencia conciliatoria, sin embargo no presentó ninguna objeción prevista en los arts. 308 de la Ley 1970 ante el Juzgado que ejerció el control jurisdiccional, pese a que tuvo más de dos meses para hacerlo; c) no es evidente que debido a la acusación formal presentada se hubiera suspendido de sus funciones al imputado y que se estuviera atentando contra la libertad de trabajo, puesto que es mediante Resolución 28 de 14 de abril de 2003 que se suspendió de sus funciones al representado del recurrente, por el lapso de tres meses sin goce de haberes, la que fue confirmada por el pleno del Consejo de la Judicatura el 27 de mayo de 2003, mediante Resolución 091/2003, documentos que fueron requeridos, con pleno conocimiento del imputado; d) el requerimiento conclusivo fue fundamentado conforme a lo previsto por el art. 323.1) cumpliendo los requisitos previstos en los arts. 240 y 342 todos del Código de procedimiento penal; e) radicada la acusación ante el Tribunal Primero de Sentencia, el acusado presentó sus pruebas de descargo, el Tribunal dictó el Auto apertura de juicio oral y contradictorio, señalando audiencia para el 30 de septiembre del año en curso.
La Sentencia cursante a fs. 96 vta.-97 pronunciada el 28 de agosto de 2003 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declara procedente el recurso, bajo estos fundamentos: 1) el art. 12 CPP, establece la igualdad de las partes, por lo que la aportación de las pruebas debe ser por igual, debiendo concederse igualdad de oportunidades; 2) se ha vulnerado el derecho a la defensa, en el entendido que el plazo de los seis meses previstos por el art. 134 CPP, para la etapa preparatoria tiene que cumplirse en toda su amplitud a favor del acusado para que pueda presentar la prueba correspondiente en igualdad de condiciones que el querellante.
II.1.A denuncia y querella presentada por María Alina Monasterios Gutiérrez de Justiniano, contra José Raúl Jordán Arauz, en su condición de Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial, por la supuesta comisión del delito de prevaricato, el Fiscal Anuncio Piérola Galvis, requirió por el inicio de las investigaciones, el 2 de abril de 2003, señalando para el 9 de abril del año en curso la audiencia para la recepción de la declaración informativa del denunciado cuya declaración no consta en obrados (fs. 43, 45 a 50).
II.2.El 21 de abril de 2003, el Fiscal recurrido imputó formalmente contra José Raúl Jordan Arauz, Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial, por los delitos de prevaricato y negativa o retardo de justicia, habiendo sido notificado el imputado el 23 de abril de 2003. (fs. 53 a 55).
II.3. El 14 de abril de 2003, mediante Resolución 28, el Director Distrital del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Santa Cruz, declaró probada la acusación contra el Juez Raúl Jordan Arauz, disponiendo la suspensión de sus funciones por el período de tres meses sin goce de haberes, la misma que fue confirmada en apelación por el Pleno del Consejo de la Judicatura, modificando la sanción a un mes de suspensión (fs. 62 a 66).
II.4.El 26 de abril el imputado presentó rechazo de querella ante el fiscal recurrido, quien mediante Auto de 6 de mayo de 2003 no admitió dicha solicitud, resolución que fue ratificada en revisión por el Fiscal del Distrito, disponiendo que el Fiscal de Materia, emita requerimiento conclusivo al término de la investigación (fs. 59).
II.5.El 2 julio de 2003 el Fiscal recurrido hizo conocer al Juzgado de Instrucción Cautelar que conoció el caso, la presentación del requerimiento conclusivo acusando formalmente a José Raúl Jordan Arauz, por la comisión de los delitos de prevaricato y negativa o retardo de justicia, previstos en los arts. 173 y 177 CP de lo que se infiere que la acusación a esa fecha ya fue presentada ante el Tribunal de Sentencia respectivo. (fs. 72 a 81).
II.6.El 28 de julio de 2003, el acusado ofreció prueba documental y testifical, ante la autoridad recurrida, quien la admite el 29 del mismo mes y año, recibiendo las declaraciones testificales ofrecidas, el 2 de agosto del presente año (fs. 84 a 88).
II.7.El 31 de julio de 2003, mediante Resolución 116/2003, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en vista de la acusación formal suspendió del ejercicio de sus funciones de Juez del Juzgado Sexto de Partido en lo Civil y Comercial, a Raúl Jordan Arauz, sin goce de haberes mientras dure el proceso penal y se conozca el fallo, en aplicación del art. 52 de la Ley 1817 de 22 de diciembre de 1997 (fs. 90).
II.6.El 11 de agosto de 2003, el Tribunal Primero de Sentencia, dictó el Auto Apertura de Juicio 39/2003, señalando audiencia para el 17 de septiembre del mismo año (68).
El recurrente arguye que el Fiscal de Materia Anuncio Piérola Galvis, al presentar el requerimiento acusatorio conclusivo sin haber recibido previamente la prueba de descargo, admitiéndola cuando ya había perdido competencia, ha vulnerado su dignidad, los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.
III.1.El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes, siempre que no existiera otro recurso legal para dicha protección.
III.2.Es necesario establecer que la primera etapa del proceso penal, denominada preparatoria y esencialmente investigativa, se halla bajo la dirección funcional del Ministerio Público, entendida como "la dirección legal y estratégica de la investigación, con miras a sustentar la acusación en el juicio" art. 76 in fine de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). En esta fase, el Fiscal está facultado para imputar formalmente y presentar a la conclusión de la investigación el requerimiento conclusivo conforme disponen los arts. 302 y 323.3) CPP, si estima que la investigación proporciona fundamentos para el enjuiciamiento público del imputado, valoración que la Ley le faculta a dicha autoridad.
III.3.El art. 134 CPP, así como la Sentencia Constitucional 1036/2002-R, señalan que el plazo de los seis meses previstos para la etapa preparatoria, es un plazo máximo y dejan a criterio del Fiscal como director de la investigación el tiempo para que concluyan las investigaciones, no pudiendo exceder de dicho plazo, considerando las pruebas presentadas por ambas partes con criterio equitativo de acuerdo al principio de objetividad previsto en el art. 5 LOMP.
III.4. Conforme al principio de igualdad previsto en el art. 12 CPP, recogido por la Sentencia Constitucional 1036/2002-R el Fiscal debe realizar el requerimiento conclusivo, tomando en cuenta un plazo razonable desde la imputación formal, con la finalidad de permitir el derecho a la defensa del imputado, en ese sentido la referida sentencia señala: "Que, de otro lado, debe tenerse presente que, conforme a los principios de igualdad (art. 12 CPP), el Fiscal no puede emitir acusación de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la etapa preparatoria".
III.5.En el caso de autos, el Fiscal recurrido al haber presentado el requerimiento conclusivo a los dos meses aproximadamente de haberse imputado, sin que el representado del recurrente hubiera aportado prueba alguna, ha dejado en estado de indefensión al mismo, puesto que no tomó en cuenta la falta de pruebas de descargo en su acusación, dicha autoridad antes de realizar el requerimiento conclusivo, debió verificar si las partes presentaron sus pruebas y en su caso requerir al Juez Cautelar para que lo haga en un plazo razonable, conforme señala la referida Sentencia Constitucional 1036/2002-R.
III.6. Por otra parte el Fiscal recurrido al haber admitido las pruebas de descargo presentadas por el recurrente después de haber presentado el requerimiento conclusivo acusatorio, ha cometido un acto ilegal, toda vez que ese procedimiento no está previsto en la Ley. Si bien el Consejo de la Judicatura lo suspendió de su cargo de Juez al imputado con anterioridad como emergencia de un proceso interno, no es menos evidente que el requerimiento conclusivo acusatorio apresurado, originó la suspensión mientras dure el proceso penal, conforme a lo dispuesto por el art. 52 de la Ley 1817 de 22 de diciembre de 1997.
III.7De esa manera la autoridad recurrida ha vulnerando el debido proceso (que empieza con la notificación al imputado con la imputación formal, SC 1036/2002-R citada precedentemente), el derecho al trabajo y ha coartado el derecho a la defensa del imputado, previstos en los arts. 7.d), y 16.II y IV CPE, por lo que se abre la competencia del amparo constitucional para brindar protección inmediata al mismo.
De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al haber declarado procedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo aunque en parte con otro fundamento.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV, 120.7ª) CPE, 7.8ª) y 102.V LTC, con los fundamentos expuestos; APRUEBA la Sentencia cursante a fs. 96 vta.- 97 pronunciada el 28 de agosto de 2003 por la Sala Civil Segunda de la Corte de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
in fine