Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-23083-de-enero-27-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204201f5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 19:23:28+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 23083 DE ENERO 27 DE 2005
SENTENCIA 23083 DE 27 DE ENERO DE 2005
CONTENIDO:COTIZACIONES POR PENSIONES AL SEGURO SOCIAL. DEBEN CORRESPONDER A INGRESOS REALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE PENSIONES, BONO PENSIONAL DEL ISS, INTERÉS MORATORIO EN LA MESADA PENSIONAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:399 DE MARZO DE 2005, PG.321
Sentencia 23083 de enero 27 de 2005
COTIZACIONES POR PENSIONES AL SEGURO SOCIAL
DEBEN CORRESPONDER A INGRESOS REALES
Radicación 23083
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil cinco (2005).
Resuelve la corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que a la recurrente le promovió a José Ángel Díaz Cubides.
José Ángel Díaz Cubides demandó al Instituto de Seguros Sociales, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, fuera condenado al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir de la fecha en que cumplió los 60 años de edad, más los incrementos por personas a cargo del actor, teniendo en cuenta la totalidad de cotizaciones y el salario reportado; los reajustes a partir del cumplimiento de los requisitos para su causación y las mesadas adicionales; los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación de las sumas reconocidas; y las costas del proceso.
En sustento de las anteriores pretensiones, expuso que estuvo afiliado y cotizó para la demandada en su calidad de trabajador dependiente con empleadores de carácter particular; que cuando consideró tener los requisitos mínimos para el derecho a la pensión de vejez, el 27 de noviembre de 1995; lo reclamó y le fue reconocido, mediante Resolución 14090 de 1996, pero el ISS a motu propio determinó una fecha para su pago distinta a aquella en que cumplió los 60 años; que contra dicha resolución interpuso los recursos de reposición y apelación, obteniendo parcialmente lo solicitado, pero disminuyéndosele el monto de la pensión inicial; que agotó la vía gubernativa con el recurso de apelación formulada contra esta última resolución.
El ISS en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones impetradas; adujo respecto de los hechos que se acogía a lo que resultara demostrado en el proceso y que al actor le reconoció el derecho pensional que justa y legalmente le correspondía. Como excepciones formuló las que denominó: “Falta de interés jurídico por los demandantes para obtener sentencia favorable en contra de mi mandante” y “enriquecimiento sin justa causa y/o de cobro de lo no debido”.
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2002, condenó a la entidad demandada a reliquidar la pensión de vejez, tomando como salario base la suma de $1.066.555 a partir del 1ºde diciembre de 1995, en cuantía inicial de $927.9033(sic), para lo cual debía pagar las diferencias resultantes, así como la mesada adicional completa de diciembre de 1995, incluidos los reajustes y los intereses moratorios sobre el valor de las diferencias que resulten.
Apeló el ISS, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por providencia del 29 de agosto de 2003, revocó parcialmente la del juez de primer grado, sólo en cuanto a la condena impuesta por la mesada adicional de diciembre de 1995. En lo demás, mantuvo la decisión impugnada.
En lo que al recurso extraordinario interesa, el tribunal adujo que como el demandante se encontraba en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, debía aplicarse el inciso tercero de su artículo 36, que determina la forma de liquidar la pensión de vejez; que como el actor nació el 25 de noviembre de 1935, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 le faltaba 1 año, 7 meses y 25 días (19 meses y 25 días) para completar los 60 años de edad exigidos por el Decreto 758 de 1990; que en consecuencia el salario base de la liquidación de la pensión debía ser el correspondiente al promedio de cotizaciones durante los últimos 19 meses y 25 días, debidamente actualizados; que a folios 13 y 14 del acuerdo anexo, la propia demandada halló que el ingreso base de liquidación fue de $1.066.555 y que el porcentaje de la pensión del 87%, correspondiéndole una mesada de $927.903, suma que tal cual tomó el a quo y con base a la cual profirió la respectiva condena.
Accedió a la reclamación por intereses moratorios, porque, dijo, si bien en este caso se trataba de un reajuste de la mesada pensional, era evidente que la demandada adeudaba unas sumas por concepto de pensión de vejez, por lo que debía reconocerse dichos intereses sobre lo adeudado, pues con ello se busca indemnizar a la parte afectada frente al pago tardío de la real mesada.
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.
“Pretende el recurso que la honorable Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, para que en sede de instancia revoque el ordinal primero del fallo de primer grado, confirme el ordinal segundo y en su lugar absuelva de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el actor. Sobre costas decidirá lo pertinente.
Subsidiariamente busca el presente recurso que la Honorable Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto condenó a pagar intereses moratorios, para que en sede de instancia revoque parcialmente el ordinal primero de la decisión de primer grado para en su lugar absolver de tal pretensión. Sobre costas decidirá lo pertinente”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el recurrente le formula a la sentencia controvertida dos cargos, los cuales se estudiarán en el mismo orden en que fueron propuestos.
“Acuso la sentencia impugnada de violar indirectamente en la modalidad de aplicación indebida los artículos 31, 36, 53 y 141 de la Ley 100 de 1993; 12, 13, 20 y 35 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año; 6, 20 y 26 del Decreto 2665 de 1988”.
Precisa el impugnante, que las infracciones legales denunciadas se produjeron como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que el salario base de cotización correspondiente al período transcurrido del 1º de noviembre de 194(sic) a la fecha en que el demandante cumplió con los requisitos para pensionarse, tuvo un aumento considerable, sin que el mismo haya sido justificado en legal forma.
2. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del demandante es el que resulta del ingreso base de cotización, no obstante éste haber tenido aumentos exorbitantes en el período que debía tenerse en cuenta para su liquidación, del 1º de abril de 1994 al 25 de noviembre de 1995.
3. No dar por demostrado, estándolo, que las cotizaciones hechas al Instituto de Seguros Sociales no se efectuaron dentro del marco de la ley, sino que sufrieron cambios bruscos, inaceptables para el sistema general de seguridad social, motivo por el cual los reajustes ordenados son improcedentes.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el ISS le ha reconocido al actor todos los derechos pensionales que le asisten según las cotizaciones legalmente efectuadas, por tanto, que no hay lugar a condena por intereses moratorios”.
Las pruebas que se denuncian como apreciadas erradamente, son la historia del ingreso base de liquidación que obra a folios 13 y 14 del cuaderno anexo; y como dejadas de valorar la resolución 12264 de noviembre 5 de 1998 (fls. 12 y 13 cdno. ppal.), los extractos bancarios correspondientes a la sociedad Díaz Suárez (fls. 24 a 63 y 46 a 85 cdnos. ppal. y anexo respectivamente) y la relación del sistema de autoliquidación de aportes (fls. 84, 193 a 195 del cdno. ppal.).
En la demostración del cargo aduce, en principio, que las entidades de seguridad social que administran el “sistema, específicamente, la demandada como administradora del régimen de prima media con prestación definida, amparada en el Decreto 2665 de 1988 y la Ley 100 de 1993, perfectamente puede realizar las investigaciones y fiscalizaciones necesarias para verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes cuando lo considere necesario, tendientes a modificar e inclusive revocar una determinada prestación que equivocadamente se hubiera reconocido. En apoyo de esa tesis transcribe un aparte de la sentencia de mayo 28 de 2003, radicación 20017 de esta corporación.
Que, por lo tanto, es evidente que el tribunal incurrió en los errores señalados, por cuanto, sin el correcto análisis de la documental de folios 13 y 14, concluyó, equivocadamente, que el ingreso base de liquidación era el que aparecía en la misma, dado que dicha prueba lo que indica es que el actor registró en las autoliquidaciones un ingreso muy por encima del real, inflando las cifras para lograr una pensión muy superior a la que legalmente le correspondía. Que precisamente, tales probanzas pertenecen al estudio que efectuó la demandada para resolver el recurso de reposición formulado por el actor, el cual mostraba una clara inconsistencia en el salario base, ya que mientras hasta 1994 cotizó con un salario de $339.999, de ahí en adelante y hasta noviembre de 1995, cuando cumplió con el requisito de la edad para pensionarse, su salario sufrió un considerable aumento de casi el 400%, esto es, $1.500.000 lo cual condujo al ISS a desconocer el mencionado ingreso de liquidación, que sin el menor reparo lo tomó como cierto el tribunal.
Que si el ad quem hubiera tenido en cuenta la documental de folios 24 a 63 del C.P. y 46 a 85 del anexo, se habría percatado de que tales extractos pertenecen es a la sociedad Díaz Suárez y no al demandante, para que eventualmente aceptara que sus ingresos estaban acordes con lo cotizado al sistema pensional. Que la única prueba que podía conducir a demostrar que los ingresos del actor eran de $1.500.000 era la certificación de folio 64, pero la misma ninguna certeza ofrece por carecer de los soportes que así lo demuestren, tales como, libros de contabilidad, formularios de cancelación de impuestos, gravámenes, pagos por arriendos etc.
Por último expresa que a folios 84 y 193 a 195 del cuaderno principal, aparece la información completa y detallada de la historia laboral del afiliado, que resume la documental de folio 13 y 14, de cuyo examen, salta a la vista, que el actor infló sus cotizaciones durante el último año próximo a jubilarse, lo cual rompe con el equilibrio económico que debe existir entre el aporte del afiliado y su prestación.
Aduce que la demandada al contestar el escrito que le dio inicio al presente proceso, por parte alguna desconoció, descalificó, rechazó, objetó o cuestionó las cotizaciones que hizo oportunamente el empleador, lo cual impide que se esgriman en el recurso extraordinario. Afirma a su vez, que es inexplicable la razón por la cual la demandada pretende desconocer las cotizaciones realizadas para el momento en que el trabajador solicitó su pensión, sin haber hecho nada en el momento mismo en que advirtió el incremento salarial, cuando el derecho ya se encuentra consolidado en cabeza del actor. Para respaldar su argumentación transcribe la sentencia del 22 de enero de 2003, radicación 19421 de esta corporación.
No le asiste razón al opositor en cuanto afirma que la demandada no formuló reparo, en las oportunidades procesales de las instancias, a la situación irregular que se presentó con las cotizaciones del afiliado demandante, por aumentarlas considerablemente en el año anterior al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Por el contrario, en el escrito a través del cual sustentó el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de primera instancia, hizo especial énfasis en el incremento injustificado del actor frente al monto del salario con el que cotizó en el ultimo año de afiliación, lo cual originó una investigación que condujo a modificarle la mesada pensional inicialmente reconocida, según aparece registrado en la Resolución 12264 de 5 de noviembre de 1998, incorporada al expediente desde el mismo momento en que se presentó la demanda inicial. Es por ello que no se configura lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha denominado medio nuevo en casación, como lo sugiere el opositor.
Sentado lo anterior, observa la Sala que el único aspecto que genera discrepancia en el censor a través del presente cargo, se circunscribe al monto del salario base que tuvo en cuenta la sentencia impugnada, para determinar el monto de la mesada pensional que legalmente le corresponde al actor.
Confrontada la sentencia recurrida con los medios probatorios denunciados, tanto por su falta de valoración como por su equivocada apreciación, infiere la Corte que en efecto el ad quem incurrió en los desatinos fácticos que relaciona el cargo, en cuanto omitió examinar el aspecto relacionado con el incremento súbito e inexplicable que tuvo el afiliado en el último año, antes de cumplir el requisito de la edad para acceder a su pensión de vejez, y que necesariamente incidió significativamente en el monto de la mesada pensional reconocida.
Y ello, precisamente, se debió a no haber valorado en su integridad la historia del ingreso base sobre el cual cotizó el demandante durante toda su vida laboral, limitándose tan sólo a constatar los salarios sobre los cuales hizo aportes desde el 1ºde abril de 1994 al 30 de noviembre de 1995, es decir, en las postrimerías de adquirir el derecho a la pensión de vejez, afectando ostensiblemente el monto de la mesada pensional, en desmedro del patrimonio económico de la entidad de seguridad social demandada.
Ese desmesurado incremento en el monto del salario sobre el cual el actor efectuó aportes por el último año de afiliación al sistema, se refleja desde antes del mes de abril de 1994, cuando cotizó con un salario de $399.999 y luego para noviembre de 1995, al aumentarlo a $1.500.000. Esto significa un acrecentamiento de casi cuatro veces el valor inicial.
Al estudiar la documental cuyo análisis fue omitido por el ad quem, encuentra la Corte que la entidad de seguridad social demandada tenía razones serias, válidas y fundadas para denegar el reajuste pensional solicitado, habida cuenta que a raíz de la investigación administrativa que adelantó, concluyó la falta de justificación por parte del afiliado en los incrementos salariales reportados, conforme lo refiere la Resolución 12264 de noviembre 5 de 1998 (fls. 12 y 13 del cdno. ppal.) y los documentos que soportan su motivación, en especial el acta levantada con motivo de la visita que realizó a la sociedad, de la que el actor, como trabajador independiente, recibía las comisiones que reportaba al Instituto de Seguros Sociales (fls. 7, 98 y ss. del cdno. ppal.).
Para la Corte, en este caso específico, resulta de importancia trascendental tener en cuenta las razones que adujo el Instituto para abstenerse de reajustarle la pensión al actor, en la proporción por él solicitada, que no son otras distintas a la de encontrar falta de soporte probatorio en el incremento de los ingresos conforme a los cuales cotizó al ISS.
Realmente, en eventos como este, en el que el trabajador independiente para justificar sus incrementos de ingresos, informa que tiene una sociedad con su compañera, cuya actividad es la “compra y venta de ropa infantil”, y luego en forma vaga y general afirma que además de ello es “comisionista, vendo casas, lotes, carros etc., comerciante de profesión, también tengo sociedad de palabra con Juan Donaldo Gómez tenemos reses en el Llano, estas se compran, se engordan y se venden, negosiaciones —sic— de palabra, las reses las cancelan en efectivo y no se deja constancia de recibos” (C.P. fl. 103), es decir, en la que se carece de la documentación pertinente que demuestre que los dineros, producto de la labor independiente que supuestamente desarrolla el trabajador, efectivamente ingresaron a su haber, no resulta viable reconocerle una pensión con apoyo en la suma de dinero que reporta al ISS.
La anterior situación, tal como lo advierte el recurrente, rompe el equilibrio económico que debe existir entre el valor del aporte del afiliado y el monto de la prestación que en el futuro legalmente le corresponde, y puede conducir, bajo circunstancias repetitivas, a que el patrimonio de la entidad de seguridad social resulte menguado e insuficiente para atender sus obligaciones frente a los demás afiliados cotizantes.
Así lo precisó la corporación en la sentencia del 16 de octubre de 2003, radicación 21375, “la libertad para elevar los montos de los aportes durante períodos breves que inciden en el monto final de las prestaciones, conduciría al desequilibrio en la financiación de! sistema, en el que los déficit han de ser enjugados por fondos comunes, los formados por aportes de todos los demás afiliados o del presupuesto nacional”.
En cuanto atañe al hecho de la demandada haber recibido de todos modos al actor los aportes, debe reiterarse, como lo dejó asentado la Corte en la providencia antes citada, que esa situación no genera derecho alguno en favor del afiliado. Así se expresó, “...que no importa que los aportes hubieran sido recibidos, si como se observa estos se hacen por el sistema de autoliquidación que conlleva un grado de confianza con el empleador y al mismo tiempo la facultad de revisión posterior por parte de la administradora de pensiones.
Son suficientes las consideraciones anteriores para que el cargo prospere.
La Sala se abstiene de estudiar el segundo cargo por estar referido única y exclusivamente al alcance subsidiario de la impugnación, limitado a la no prosperidad de la primera acusación.
En sede de instancia y con base en los mismos razonamientos que se dejaron consignados al despachar el primer cargo, concluye la Corte que el Instituto de Seguros Sociales obró con acierto al abstenerse de tener en cuenta los aumentos salariales excesivos reportados por el actor, por considerarlos que no correspondían a la realidad, con sustento en la investigación administrativa adelantada al amparo de lo previsto en la Ley 100 de 1993 artículo 53, que lo llevaron a negar el reajuste de la pensión.
Por lo visto, se revocará la condena impuesta por el Juez de primer grado, y en su lugar se absolverá a la entidad de seguridad social demandada de las peticiones impetradas en la demanda.
Las de la instancia serán a cargo de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que José Ángel Díaz Cubides le promovió al Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia, SE REVOCA la sentencia del Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá del 20 de septiembre de 2002, y en su lugar, SE ABSUELVE a la parte demandada de todas las pretensiones de la demanda.
Las costas de las instancias respectivas, correrán a cargo de la parte demandante.
Camilo Tarquino Gallego—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz.

References: artículo 141
 Resolución 
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53