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AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ – PERSPECTIVA INTERNACIONAL
amnistia general, ANALISIS
Publicado por perspectivainternacional el 13 febrero, 2012 13 febrero, 2012
AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ – PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
El presente Trabajo, exhaustivo de Lavrenti Coronel Camino, la contundente argumentación y reveladores acontecimientos, como su proceso histórico de las Amnistías en el Mundo para resolver la post guerra, tanto jurídica como socialmente son una necesidad para el Perú, pero hoy no es bien entendido y por hoy se encuentran mas detractores que objetivas reflexiones. El Presente trabajo como otros que difundiremos sirven y servirán a este propósito de la búsqueda se soluciones que beneficien al Perú, la nación y el pueblo en general.
Por: R. Lavrenti Coronel Camino.
«Agua divina del olvido, en ti hay sabiduría»
El fantasma del pasado nos abruma
Qué será de mi pueblo y de su tierra?
Inflándose hasta el infinito como espuma
Queriendo romper el sendero que nos alumbra
Lavrenti Coronel Camino.
“Temer peligros sobre amnistía es
temblar delante de fantasmas.”
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA AMNISTÍA. 03
2.DEFINICIÓN Y FINES DE LA AMNISTÍA. 05
3.HISTORIA DE LA AMNISTÍA EN EL PERÚ. 07
4.AMNISTÍA EN LATINOAMÉRICA. 09
5.LA AMNISTÍA EN EL MUNDO ACTUAL. 11
6.AMNISTÍA EN EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL. 14
7.AMNISTÍA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993. 15
8.EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA AMNISTÍA. 16
9.LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA AMNISTÍA. 17
10.LOS PRESOS POLÍTICOS EN EL PERÚ. 19
11.LA GUERRA INTERNA Y LA AMINISTÍA GENERAL. 24
12.EL MOVADEF VA ABRIENDO EL CAMINO HACIA LA AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ. 27 13.DETRACTORES DE LA AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ. 28
14.LA AMINISTÍA DE LA MEMORIA, DEL OLVIDO Y LA VERDAD. 31
15.RECONCILIACIÓN NACIONAL. 34
16.CONCLUSIONES. 36
17, BIBLIOGRAFÍA. 38
RESEÑA HISTÓRICA DE LA AMNISTÍA
Por R. Lavrenti Coronel Camino.
La historia de Atenas nos presenta el primer ejemplo de amnistía que nos ofrece la antigüedad. “El concepto de la amnistía viene de la Grecia antigua, en donde fue utilizado después de grandes enfrentamientos y como señal de perdón entre los contendientes. Precisamente, la expresión amnistía viene de la palabra griega amnesia.”[1] Cuando Trasíbulo en el año 404 a.n.e, arrojó a los treinta tiranos, pero al propio tiempo estableció una ley, a la que los atenienses dieron el título de amnistía, que quiere decir olvido de todo lo pasado, durante la guerra entre las partes beligerantes. El ejército de los tiranos fue derrotado fácilmente y los vencedores no persiguieron a los vencidos. En ella se mandaba que a nadie se inquietase por sus anteriores acciones, y de aquí nos ha venido el acto y aun el nombre. “Habiendo Trasíbulo vencido a los treinta tiranos que esclavizaban a su patria Atenas, hizo decretar una ley que se llamó amnesia, por la cual se dispuso que ninguno pudiese ser perseguido por los delitos cometidos durante la tiranía, concediendo olvido general de ellos, solo fueron exceptuado los treinta tiranos y los decemviros. De esta ley y su nombre viene la palabra amnistía; pues es efecto, aquella es la primera de la que nos habla la historia.”[2]
Por otro lado, en el consulado romano de Marco Tulio Cicerón, dos días después de la muerte de Julio César en el año 42 a.n.e; defendió la amnistía de sus enemigos por el bien de Roma. Ambas posiciones seguían a quienes asesinaron a César y a quienes habían sido los aliados y privilegiados de su régimen dictatorial. Cicerón remarcaba que perdía el pueblo por “deplorar en vano un pasado que ya no le pertenece”. La conflictiva situación en Roma hizo que, “El Senado, a propuesta de Cicerón, aprobó la amnistía para los “libertadores”[3], lo que mostraba el divorcio entre los distintos estamentos de la sociedad romana.”[4]
Pero sería a partir del derecho romano, en el presidido de Augusto, con la “Indulgentia principis” y la “abolitio publica”, sobre todo la última, son formas patentes del derecho de gracia. Lo que ahí arranca el sistema de atribuir al monarca la concesión de las amnistías. Con el gobierno de Claudio -después de la muerte de Calígula-, fue proclamado emperador (41-54) por la guardia pretoriana y el Senado confirmaría esta designación y cuya primera medida fue decretar una amnistía general y un perdón para muchas penas capitales, con el fin de borrar la memoria de las disensiones civiles. El espíritu de la legislación romana, las aboliciones generales tenían un carácter e índole propia de las amnistías como actos espontáneos de la autoridad suprema.
Igualmente, Filipio Rey de Macedonia, cuando después de hacer la paz con los romanos, hizo extenso una amnistía y abandonó el derecho de castigar a los macedonios que durante la guerra habían desertado de sus banderas.
En la China antigua en el año de 1321 Yng Song proclamó una amnistía general. Igual en el siglo XIII Kublai concedió amnistía general a los delincuentes que se habían arrepentido de sus crímenes cometidos. Carlos V en el siglo XIV exigió que su nuevo Duque amnistíase a los desterrados negros y blancos de Florencia y mandó a que se les restituya sus bienes. “Luego sería una práctica más o menos corriente y más o menos restrictiva, a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la Edad Media, la palabra abolición era utilizada para expresar lo que hoy conocemos como amnistía.”[5]
La amnistía establecida en Francia en 1598 por Enrique IV, que pone fin a la guerra a muerte entre los hugonotes y el catolicismo de la Santa Liga. “Según Coceyo, Maximiliano II de Alemania [siglo XVI], consiguió por el único medio de la amnistía la tranquilidad completa de sus dominios. A la misma debió Enrique II el insigne beneficio de haberse reconciliado algunas ciudades de Lombardía, y haberlas conservado en una paz constante y sólida. Según Camdeno, el mismo remedio sirvió a la reina Isabel de Inglaterra [siglo XVI], para la completa pacificación del reino, Un decreto de amnistía fue la base la que se cimentó en Francia la paz, en medio de las escisiones de sus magnates que quedaron de hecho extirpadas, con gran ventaja de aquella monarquía, y es sabido de todos los que no son extraños al conocimiento de la historia que Enrique IV [siglo XVI] hizo su entrada en París a los gritos de perdón general, frase que significó desde luego, y más aún por los resultados, lo mismo que olvido general, o que amnistía.”[6]
Tras la muerte de Oliver Cromwell, en 1658, la fortaleza de la república se resquebrajó. Lo que el 29 de mayo de 1660 se restaura la Monarquía y es elegido nuevo monarca, Carlos II de Inglaterra, heredero legítimo del trono, decretó una amnistía para los seguidores de Cromwell en el Acta de Inmunidad y Olvido (Indemnity Act.)
Mientras las fuerzas productivas feudales se iban trocando con sus relaciones de producción y la burguesía victoriosa y revolucionaria se apoderaba del aparato estatal, que traía el “surgimiento de los Estados liberales burgueses, la división de los poderes (o funciones) entre ejecutivo, legislativo y judicial y también el surgimiento del Derecho Constitucional, se empieza a legislar al respecto de la competencia para ejercer esta facultad. Este derecho de gracia [la amnistía] que, en los orígenes de nuestra civilización indiscutiblemente reposaba en el soberano, en aquel que concentraba en sí mismo todas las funciones del Estado, posteriormente con la organización e institucionalización de los Estados debe racionalizarse de acuerdo a la lógica sistematización que impone el ordenamiento jurídico.”[7]
Grandes ejemplos son: el 14 de setiembre de 1791, se concedió un amnistía para todos los hechos relativos, delitos políticos, militares, relativos la revolución francesa de 1789. La promulgada en Francia por Luis XVIII luego de la caída de Napoleón y del “terror blanco”. En Francia el año de1816 se decretó amnistía general por todos los que directa ó indirectamente habían tomado parte en la rebelión y usurpación de Napoleón Bonaparte. La amnistía de María Cristina de Borbón del 15 de Octubre de 1832. En Roma, al mes de pontificado Pío IX el 16 de Julio de 1846, decretó una amnistía para los condenados políticos. Por haber atacado el orden social, los sagrados derechos del legítimo soberano y haber participado en las discordias políticas.
Aplastado París, por los marselleses, sometido el ejército, disuelta todas las guardias nacionales el 18 de Marzo; los consejos de guerra continuaron ametrallando al pueblo con sus condenas. Mientras Langlois decía después de la muerte de la Comuna: “Nada de piedad para los asesinos”. Por otro lado en 1875, en vísperas de las elecciones, la amnistía ya figuraba en los programas democráticos. Los radicales se comprometían a pedir una amnistía general; los liberales se comprometían a “borrar las huellas de nuestras discordias civiles”, cuando la alta burguesía quiere lavar los charcos de sangre, enrojecidos por ella. Raspail pidió amnistía general para todos los presos políticos de los acontecimientos de la Comuna, pero en Mayo se le denegó dicho derecho. Las matanzas, las deportaciones, los destierros no mermaron las fuerzas del pueblo francés para seguir luchando por una amnistía general, lo que la agitación pro amnistía no había cesado en las mentes de los francés parisinos. Por lo que el partido socialista, luego partido obrero, establecieron su lucha por una amnistía general. Lo que tuvieron que pasar nueve años, para que el gobierno francés declarase una amnistía general, y libertase a las víctimas de Versalles.[8]
En Agosto de 1941 Sikorski en plena segunda guerra mundial firmaría una declaración común de amistad y de colaboración con la Unión Soviética, liderada por Stalin. En donde Stalin concedió una amnistía general para todos los ciudadanos polacos que estuvieran detenidos en territorio soviético, incluidos los prisioneros de guerra.
Tales son los hechos más notables que la historia nos ha transmitido acerca de este medio político, tan eficaz y poderoso, para extinguir, o cuando menos templar los odios civiles, que tan funestos son a las sociedades. Lo que nos presencia que en la historia universal, los gobiernos han concedido amnistías, dentro de los límites de sus Estados, que con caracteres genéricos, han estado reconocidos en la mayor parte de los pueblos del mundo entero.
DEFINICIÓN Y FINES DE LA AMNISTÍA
La Real Academia Española define a la palabra amnistía como “el olvido legal de los delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”[9]La amnistía (del griego amnestia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del Poder Legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. La amnistía es una forma de prerrogativa soberana de “Ius Gratiandi”[10] (Giuseppe Maggiore).
La amnistía es el olvido del hecho el cual se considera que ha lesionado un interés jurídicamente protegido, razón por la cual, el hecho o acción desaparece, no hay lugar a la aplicación de una sanción. El Estado al aceptarla, se desprende de su facultad de investigar y sancionar los delitos correspondientes frente a los amnistiados.Es “aquella institución por virtud de la cual el poder público, en razones de alta política, anula la relevancia penal de ciertos hechos extinguiendo las responsabilidades punitivas dimanantes de los mismos.”[11]
Es una institución jurídica legal, por medio de la cual el Estado se abstiene de adelantar la investigación y de imponer la correspondiente sanción, asumiendo bajo tal figura que el delito no ha existido y que por tanto no hay lugar a su sanción. La amnistía hace relación a la renuncia que el Estado hace, del derecho a castigar por un delito cometido. “La amnistía realmente es un olvido que el Estado hace, por motivos de carácter social y de política criminal, de ciertas infracciones, ya sean estas comunes, ya derivadas de hechos políticos.”[12]
Es un acto jurídico, normalmente emanado del Poder Legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o a veces civil y anula los antecedentes penales, lo que lo convierte en un olvido total. “La amnistía obedece siempre a razones de alta política” la amnistía no se fundamenta “en las condiciones personales”, “sino en un interés público que exige o aconseja el olvido y el perdón.”[13]
Amnistía significa que el legislador establece que determinado hecho, considerado en un inicio como un acto ilícito de carácter penal, deja de serlo, teniendo como consecuencia el olvido de la responsabilidad penal, implicando la renuncia del Estado tanto al ejercicio de la acción penal pública así como a la ejecución de la pena. Esto último es muy relevante ya que, a diferencia del indulto (que solo extingue en forma exclusiva la ejecución de la pena), la amnistía extingue la persecución penal como la ejecución de la pena en forma paralela, además de que una ley de amnistía no puede beneficiar, en su propia definición, a una persona determinada.
Las amnistías por regla general especifican una categoría o categorías de beneficiarios, como los miembros de las fuerzas rebeldes, los agentes estatales o los exiliados políticos. Las amnistías suelen especificar con mayor frecuencia y cada vez más crímenes determinados o circunstancias determinadas en las cuales se obstaculizan el enjuiciamiento penal o las acciones civiles. En este sentido, las leyes de amnistía crean una abolición de la ley penal, en la que cesa cualquier efecto de la tipicidad penal de la conducta, en determinado tiempo o espacio de tiempo. Lo que una vez acordada la amnistía, cualesquiera sean los hechos a que se refiera, debe ser general y debe otorgársele a todos los que han cometido el hecho o los hechos que la originan, y no solo a algunos de aquellos, pues, atiende más a los hechos que a las personas. “Es por ello que la amnistía como tal conlleva una serie de efectos, entre ellos: que se aplica retroactivamente y en una forma general a una cierta categoría de crímenes, y no a grupos señalados.”[14]
La amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.Poniendo en claro además que procesos de amnistías se dan en función a los requerimientos sociales, no de individuos particulares sino desde la perspectiva del conjunto general: “La amnistía general no se personaliza, no se da en función de las personas, sino en función de la sociedad, la amnistía se da por conveniencia política.”[15]
La amnistía, es un “derecho universal” que se otorga en todos los grandes conflictos de guerra interna. Muchas veces hay que luchar junto al pueblo para lograr este beneficio en las sociedades burguesas. La amnistía está recogida en muchos ámbitos jurídicos y ha sido aplicada de tal forma que ha evitado guerras y ha solucionado problemas en sociedades.
Donde se dice que la amnistía es un “pacto de paz”. Como hemos visto arriba que, la amnistía es real, lo que quiere decir que borra la criminalidad (anula en tiempo concreto la acción penal, de la pena) a que se refiera la norma legal concreta, es decir, cualquier Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal, al ius puniendi,con el fin de atender requerimientos de interés público, en especial por motivación política, en búsqueda de ayudar a la reconciliación en una nación. Es así que la amnistía se convierte en un dispositivo jurídico extraordinario orientado a la superación de situaciones de conflictos sociales y a restablecer el orden jurídico. La amnistía significa que cualquier Estado“renuncia circunstancialmente a su potestad penal, en virtud de requerimientos graves de interés público, particularmente por causas de carácter político, que hacen necesario un llamado a la concordia y al apaciguamiento colectivo.”[16]
La amnistía en todo su término general tiene, una finalidad profunda y fundamental, que es la de restablecer las relaciones sociales, terminar con los enfrentamiento vanos y odios nacidos por un pasado entre luchas sociales, políticas. Las amnistías se conceden con la finalidad exclusiva de obtener paz social y una reconciliación nacional entre pueblos hermanos. “Los efectos de la amnistía, vistos desde los casos particulares de los que han sufrido aquello cuya persecución penal se olvida, resultan seguramente inmorales e injustos. Sólo se justifica por su capacidad para recrear la amistad política y superar la interminable cadena vindicativa de la lucha faccionaria.”[17] Se dicta una amnistía con el fin “de apaciguar las discordias civiles y de reconciliar con el Estado a los ciudadanos que se sublevaron con el orden establecido.”[18]
HISTORIA DE LA AMNISTÍA EN EL PERÚ
La amnistía, es ampliamente conocida en la historia civil del Perú y de otros muchos países. Hay expresiones numerosas de ella, que ha seguido el desarrollo de nuestra República desde sus primeras etapas y a lo largo de numerosas contiendas por las que ha pasado la vida republicana del Perú. Nuestra República en sus primeros años del siglo XIX, el gobierno peruano ha expedido amnistías. Un gran ejemplo serían las de:
Setiembre de 1822, José de La Mar, concedió amnistía a fugitivos, ausentes y acusados de contumacia, y a delitos políticos. En julio de 1834 el presidente Luis José Orbegoso, concede amnistía a los expatriados por los enfrentamientos militares de 1832 y 1833. Felipe Santiago Salaverry en mayo del 1835, considerando que las persecuciones políticas y extravíos políticos, arruinan a muchas familias; fomentan el sosiego doméstico, y privaban a la Nación de “luces y servicios”, concedió amnistía a todos los deportados y expulsados por delitos políticos desde 1821, para reconciliar a la Nación.
En agosto de 1835 Andrés de Santa Cruz, tratando de mermar las rebeliones frecuentes llevadas por Gamarra y Salaverry, concedió amnistía a los delitos políticos, para que tranquilice a la Nación y a las familias; conciliar los ánimos por medios suaves y protectores. En noviembre de 1835, nuevamente Santa Cruz, dictará una amnistía general a todos los individuos de tropas, jefes, oficiales que integraban los campos de Salaverry y de Gamarra, cuya amnistía general fue encaminada a poner en alto la guerra civil y todo levantamiento, para reconstituir la Nación.
Luis José Orbegoso en enero de 1836, concedió una amnistía general a los empleados civiles y eclesiásticos que sirvieron a la sedición de la Fortaleza de Callao del 23 de febrero. Santa Cruz en febrero de 1838, concedió amnistía a los reos que habían cometido delitos contra el Estado. Luis José Orbegoso en julio de 1838, concedió amnistía a los delitos políticos y a las opiniones pasadas de los enemigos en sedición. Agustín Gamarra en octubre de 1838, concedió amnistía general a todos los Jefes, Generales, Oficiales y tropas que se hallaban con los enemigos, siempre que hayan abandonado las filas opresoras. Santa Cruz en noviembre de 1838, concedió amnistía a los que emigraron o se enrolaron con el ejército enemigo chileno.
En mayo de 1841 Agustín Gamarra, concedió amnistía a los habitantes de Arequipa que se habían comprometido con los rebeldes. Ramón Castilla en agosto de 1849, concedió amnistía general a todas las personas enjuiciadas y deportadas por causas políticas. Y en diciembre de 1849, concedió nuevamente una amnistía a los individuos que intervinieron en la conmoción popular acaecida en la villa de Chuquibamba del 3 de mayo de 1848. José Rufino Echenique en agosto de 1851, concedió una amnistía para los delitos políticos cometidos en Arequipa. La deLópez de Romaña 1899-1903 Ley de Amnistía e Indulto general, que busca crear un ambiente de paz en el cual no haya persecuciones políticas.
En nuestra historia republicana (siglo XX) se tiene en el Perú cantidad de ejemplos ilustrativos, de cómo sublevaciones o revueltas, han sido resueltas con la promulgación de amnistías, con el fin de “cerrar heridas abiertas”. “La violencia política siempre ha estado presente en nuestro país, se han expresado diversas luchas y con distintos contenidos que en esencia son expresiones de la lucha de clases. Se han dado movimientos militares de carácter político… En la historia de nuestro país también está estampada que las salidas a estas situaciones de convulsión social también se han hecho con medidas políticas como las amnistías.”[19] Un gran ejemplo fue la de Augusto B. Leguía que, autorizó la concesión de amnistiar -pedida por Riva Agüero- a favor de los demócratas golpistas de 1909, lo que constituyó un signo de conciliación.
El 22 de setiembre de 1916, el señor Presidente de la República José Pardo y Barreda, firma la ley de amnistía a favor de los presos de la Huelga de Huacho. El 28 de noviembre de 1916 en el diario oficial El Peruano se publica la ley Nº 2320, que en su artículo único decía: “concédase amnistía a todos los enjuiciados de las huelgas producidas en Huacho y Sayán, procediéndose luego por parte de los juzgados militares y comunes a cortar los juicios iniciados por motivo de las huelgas en nuestra ciudad”. Fue así pues como después de 67 días de encarcelamiento logran su libertad los Jornaleros huachanos.
Luego de la caída del gobernante Augusto B. Leguía, el 22 de agosto de 1930, por un golpe de Estado de Luís Miguel Sánchez Cerro. Pero el gobierno de Sánchez Cerro, una vez que convocaron a elecciones y se apoderó de la presidencia, reprimió fuertemente a los apristas (con su revuelta del 7 de julio del 32) y comunistas de esos años. Lo que luego, el gobierno sánchezcerrista daría una amnistía política, para calmar los enfrentamientos políticos de los apristas y para defender su orden político amenazado por “extremistas al servicio de ideologías foráneas”.
Una vez que Oscar R. Benavides llega al Poder, su prioridad de su gobierno fue buscar el fin del conflicto con Colombia (se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934), calmar la agitación política interna y superar la crisis económica.[] Al principio de su gobierno dio la Ley de Amnistía General, el 9 de agosto de 1933, por la cual se amnistiaba a todas aquellas personas a las que se les seguía juicio político y se permitía el retorno de los deportados. Fue así como Haya de la Torre, el líder del APRA, fue puesto en libertad y retornaron al país miles de apristas desterrados.
Finalizada la dictadura de Manuel A. Odría, el hayismo dio su apoyo al candidato Manuel Prado por ser el único interesado en dar una amnistía general a los perseguidos políticos y a los partidos ilegalizados. La Ley Nº 12654 del 28 de julio de 1956, firmada en la plaza mayor por el presidente Manuel Prado, concedió amnistía e indulto político y dispuso el corte de todos los procesos seguidos contra todos los civiles y militares, procesados o condenados, por cortes marciales, fueros privativos, consejos de guerra de cualesquier clase, militares, navales, de aeronáutica y de policía y de tribunales ordinarios por causas político sociales.
Como vemos en nuestra historia peruana, en el curso histórico-constitucional, el Estado peruano ha expedido amnistías en relación con los delitos políticos. En diferentes momentos de nuestra historia nacional, se han expedido este “beneficio jurídico”, partiendo en primer lugar de un criterio general, en el siglo XX. Las sucesiones de conflictos armados ha determinado el empleo frecuente de disposiciones de amnistía general. Un ejemplo ha sido la amnistía otorga por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, según D.L. N° 18692 del 21 de diciembre de 1970, donde se concedió amnistía e indulto “a todos los inculpados, acusados y sentenciados por delitos calificados como político-sociales y conexos”. Esta amnistía, como se sabe, se refirió a los levantamientos subversivos y acciones guerrilleras que tuvieron como núcleo de acción la guerrilla de 1965 encabezada por Luis de la Puente (MIR); cuya amnistía comprendió a todos los que en relación a tales acontecimientos habían cometido delitos de diversa gravedad, así como a los que desde el punto de vista político eran propios y conexos.
La evolución posterior de la institución amnistía, reflejada tanto en las reformas legislativas como en las sucesivas prácticas impuestas, venía a marcar un camino diametral en la hora de acabar con las sublevaciones y crear un ambiente de paz. En el Perú actual, grupos de derecha y reaccionarios, tratan de maquillar la historia y, tratar de borrar cualquier evidencia sobre amnistía en nuestra historia republicana y constitucional; que furibundamente se oponen a la necesidad de promulgar una amnistía general a los presos políticos. La historia del Perú, nos ha dado muestras infinitas sobre amnistías. Pero que la gentuza es tan ciega que, rehúsa y se niega a ver y revisar la historia republicana. La historia peruana nos ha mostrado bastantes ejemplos de leyes sobre amnistías, con el fin de reconciliar al país y buscar una solución política a los problemas derivados de actos políticos y económicos.
AMNISTÍA EN LATINOAMÉRICA
La promulgación de leyes de amnistías ha sido costumbre a lo largo de la historia en varios países constitucionales de Latinoamérica. En donde las amnistías se convirtieron en instrumentos que lograron generar las circunstancias para “olvidar los acontecimientos pasados” y poder lograr así, una mejor convivencia social entre los pueblos. Varios casos ha moderado la historia. Grandes ejemplos han sido: En el Perú en 1782, los realistas proponen la paz, el perdón y la amnistía general, resuelto a poner fin a una situación que ya no podía prolongarse. Diego Cristóbal pactó y puso fin a la revuelta indígena.[20]
El Virrey de México Juan Ruiz de Apodaca en 1816, empezó a promulgar amnistías con el fin de calmar los levantamientos de los rebeldes. En Chile, Concepción, en 1819 se declaró una amnistía general para los realistas, montoneros y bandidos y para los que habían resistido al gobierno del nuevo Estado de Chile.
Desde Caracas, Bolívar dicta, el 1 de enero de 1827, en Puerto Cabello, expide un decreto en el cual expide una amnistía a todos los comprometidos en el movimiento separatista de la Gran Colombia, con lo cual se aleja el fantasma de la guerra civil; queda también detenido el proceso de convocatoria al Congreso de Venezuela y el desarrollo de la Cosiata. Este último se refería a un movimiento separatista, encabezado por Páez.
El presidente de Chile, Manuel Bulnes (1841) en gobierno, se caracterizó por la paz interior, su espíritu conciliador y aprobó una ley de amnistía a favor de los encarcelados o desterrados y por un gran desarrollo cultural y económico: para los desterrados políticos.
La reina de España Isabel II, en 1847 en el tratado de reconocimiento de la soberanía de Bolivia, concede una amnistía general para todos los españoles y bolivianos que hayan sido expulsados y desterrados y hechos presos políticos.
En Santa Fe de Bogotá, cuando estallo la rebelión de los comuneros en 1871, Antonio Caballero y Góngora, expidió una amnistía completa, abrió las cárceles y derogó el decreto que infamaba a los que habían tomado parte en la sublevación de 20, 000 rebeldes (campesinos, artesanos, notables locales, etc.).
En España podemos registrar amnistías importantes, por ejemplo: la que resolvió las huelgas revolucionarias de 1917 y 18. En 193l el rey Alfonso XIII firma un decreto de amnistía e indulto para conseguir la pacificación social en España. Y también las promulgadas por la República tras el movimiento de octubre de 1934, como también la concedida después del triunfo del Frente Popular de 16 de febrero de 1936.La amnistía general de España en septiembre de 1939 que incluía a los delitos políti­cos y conexos. Lo que tanto el uso de los indultos y de las amnistías, como instrumentos de pacificación y reconciliación entre la sociedad; es una práctica común en nuestra Latinoamérica, incluso en los parlamentos entre los españoles, venezolanos, argentinos, uruguayos, brasileños, peruanos. Pero si nos basamos en la “historia concreta”, vemos que durante el siglo XX y XXI, en la gran cantidad de países latinoamericanos en los que se han desenvuelto conflictos armados internos o guerra civiles, una vez finalizados y el Estado vencedor, ha rematado, en conceder u otorgar amnistías a los presos políticos, para que así contribuyan a “cerrar las heridas” esa etapa de la historia y así iniciar procesos de reconciliación nacional.
Como bien sabemos, Latinoamérica ha sido recurrida por fuertes convulsiones y procesos revolucionarios, por medio de los cuales, en cada uno de los países en donde explotaron los levantamientos revolucionarios, las clases explotadas y oprimidas buscaron romper el aparato estatal de dominación imperialista de potencias extranjeras y tomar el poder político y erigir su propio gobierno, con el fin de acabar con la opresión, la explotación y la injusticia a las que eran sometidas por el sistema imperialista. La historia de Latinoamérica nos ha mostrado, que la mayoría de países, han explotado movimientos y levantamientos revolucionarios, conducidos por determinadas clases, con el fin de enfrentar a los Estados opresores.
Muchos procesos revolucionarios y guerras civiles se han desarrollado en países como: en Brasil, Movimento Revolucionário 8 de Outubro(MR-8), con la sublevación de la Alianza Nacional Libertadora; en Colombia, donde han desplegado su acción armada varias organizaciones guerrilleras tales como el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, el Quintín, el Ejército Popular de Liberación, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; en Uruguay, con los guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros; en Argentina, donde se levantaron en armas los Uturuncos, Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo; en Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional incluso llegó a tomar el poder; en Venezuela, el Partido Bandera Roja; en El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; en Guatemala, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Ejército Guerrillero de los Pobres; en México, con el Grupo Popular Guerrillero, el Partido de los Pobres, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Ejército Popular Revolucionario; en Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en Puerto Rico, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), EPB-Macheteros (EPB-M); en Surinam, el Ejército de Liberación Nacional de Surinam; en España, el Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) y Euskadi Ta Askatasuna(ETA); en Italia, Brigadas Rojas; en Perú el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista del Perú y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La gran mayoría de estas organizaciones políticas (aunque algunas subsisten alzados en armas) fueron aniquiladas terminantemente por el aparato estatal, a través de sus Fuerzas Armadas y Policíacas, los vencidos ante la imposibilidad de lograr la victoria y para evitar que la sangre del pueblo se siga derramando innecesariamente, decidieron iniciar conversaciones con los vencedores, alcanzándose a concretar acuerdos de deponer las armas y firmar la paz. Con la culminación de la guerra civil, se abrió un nuevo escenario en esos países, con nuevos problemas derivados del término y desarrollo de dichas guerras. Varios gobiernos de Latinoamérica, vieron la necesidad dar una “solución política” a los problemas derivados de la guerra en sus concernientes países que pasaron conflictos armados internos. Lo que demuestra palmariamente quela forma exclusivamente histórica que, se ha utilizado siempre ha sido a través de “leyes de amnistías generales”, que involucraban a las partes contendientes en dichas guerras, para llegar así a un proceso de “reconciliación nacional”.
Es así que a mediados del siglo XX, en países como El Salvador, Brasil y España se resolvió promulgar leyes de Amnistía; que en el caso salvadoreño, se aplicó para las dos fuerzas que intervinieron en la guerra civil, y en el brasileño y español se aplicó ampliamente contra todas las organizaciones que se alzaron en armas contra el Estado, así como también a quienes representaron a éste en los conflictos internos. Pero si seguimos revisando la historia, encontramos que en más países latinoamericanos, con el fin de cerrar las heridas originadas por las guerras civiles, al querer cambiar el orden y el poder viejo y establecido, se han promulgado amnistías por parte de sus Estados en numerosos ejemplos: en Argentina en 1973; España 1977; Chile 1978; México en 1978; Brasil en 1979; Colombia en 1982 concedió amnistía a los colombianos, autores o partícipesde hechos que constituyan rebelión, sedición o asonada, y delitos conexos con losanteriores, cometidos antes de la vigencia de la esa ley; Uruguay se promulgó una ley de amnistía en 1985; La amnistías de 1987 en El Salvador[21]; en Nicaragua en 1988 por los guerrilleros del FSLN, ya habiendo tomado el poder político en su país, quienes promulgaron una amnistía para permitir a sus contrincantes, incorporarse nuevamente a la vida civil del país; Fidel Valdez Ramos, presidente de Filipinas 1992, concedió una amnistía general a 4,000 miembros del ejército; El Salvador en 1993; Guatemala en 1996 y Venezuela 1998.
“Como se sabe -y éste es un hecho comprobado en todos los países en los que se adoptó esta medida- las leyes de amnistía surgieron de parlamentos que se erigían en símbolos de la recuperación democrática de nuestros países, cada vez que se cerraba un oscuro ciclo de dictaduras. Por consiguiente el significado histórico de la amnistía fue la liberación de los luchadores políticos y el reconocimiento a la justicia de su causa.”[22]
LA AMNISTÍA EN EL MUNDO ACTUAL
Como hemos revisado la amnistía, como procedimiento político encaminado a voltear la página de la historia y a olvidar los rencores y recelos enquistados en la sociedad por conflictos civiles y en diversos países del mundo; han siempre de resolver los conflictos políticos en sus naciones a través de las amnistía. La historia actual nos plantea procesos de amnistías generales en países, que han salido de guerras civiles, y varios son los casos, revisémosla.
La violencia y los enfrentamientos civiles que se inician en 1986 en Uganda. El Parlamento aprobó una Ley de Amnistía el 1 de enero de 2000 siguiendo los deseos presidenciales para una resolución pacífica del conflicto estatal. Esta ley general, concretaba que a cualquier ciudadano ugandés que deseara abandonar la oposición armada se le garantizaría la amnistía general, sin ningún riesgo de persecución criminal ni penalización. Después de casi 20 años de violencia en el norte de Uganda, se dio inicio al proceso hacia la reconciliación, aunque todavía el gobierno no ha llegado a un acuerdo de paz con el Ejército de Resistencia del Señor (ERS). Si bien ha sido difícil pactar con el Lord’s Resistance Army, lo trascendental y el objetivo de la Ley de Amnistía del año 2000 fue detener el ciclo de violencia en la región estimulando a los combatientes de los diversos grupos rebeldes a que abandonen sus insurgencias sin temor a ser perseguidos penalmente, y con el fin de llegar a una reconciliación nacional.
El 26 de abril de 1991, el presidente de Camerún Paul Biya, volvió a instaurar la oficina de primer ministro -para la que nombró a Sadou Hayatou- y decretó una amnistía general para presos políticos y anunció elecciones legislativas anticipadas.
El Gobierno de Albania promulgó en 1993 una amnistía que parece ser un ejemplo consecuente con esta institución jurídica. La ley albanesa disponía que: «se considera inocentes a todos los que han sido condenados por delitos políticos».
Las autoridades argelinas en el 2006 excarcelaron a miles de presos políticos. Donde el 27 de febrero del 2006, el gobierno argelino en pleno, presidido por el presidente Abdelaziz Bouteflika, aprobó el Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional.
En el 2006, el gobierno de Níger trabajó en «intentar que se garantice la amnistía a todos los que estén dispuestos a dejar las armas en la región del Delta del Níger. Y esta amnistía incluirá no sólo la entrega de las armas, sino también la reincorporación y la rehabilitación de estas personas a la sociedad nigeriana», manifestó el presidente de Nigeria, Umaru Musa Yar’Adua. Por lo que le gobierno está preparando un, proyecto de amnistía general, para llegar a una reconciliación y acuerdo de paz.
El jefe de Estado de la República Centroafricana, François Bozize, en octubre de 2008, promulgó una ley que otorga una amnistía general a personalidades, militares y líderes civiles de los grupos rebeldes. La ley de amnistía estipula el aplazamiento de los procesos legales contra líderes y activistas de grupos políticos y militares que viven en el país o en el exilio, por delitos contra la seguridad nacional y la defensa, así como los delitos relacionados con estos asuntos. Además, concede amnistía general a los coautores y cómplices de desfalco de fondos públicos, asesinatos y participación en asesinato.
La Comisión Ética de Derechos Humanos y Pueblos Originarios –secretariado Europeo– Harald Edelstam, en adelante CEDHSE Harald Edelstam, hizo un llamado a la sociedad civil organizada a realizar todas las gestiones que estén a su alcance a través de la sociedad tanto como en Chile, América Latina, Europa y el mundo entero para exigir al Estado de Chile: Amnistía incondicional e inmediata para las presas y presos políticos Mapuche y no Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno, como también exigir la no aplicación de leyes antiterroristas contra Mapuche y no Mapuche. Considerando la actual situación de persecución y represión vivida por el pueblo-nación mapuche en el actual contexto histórico, que proviene de una política neoliberal del Estado chileno en conjunto con intereses económicos nacionales y de transnacionales, quienes tienen por objetivo desarticular toda movilización y demanda por los derechos políticos y territoriales.
Las Mujeres de Negro, siguen bregando para que el Gobierno Nacional, decrete una amnistía para todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela. Para Solórzano (coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Unidad) es importante seguir en la lucha por lograr la liberación de todos los presos políticos: «No descansaremos hasta que podamos decir que en Venezuela no existe una sola privada de libertad o exiliada por oponerse a una forma de pensar».
En España, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ha hecho pública su adhesión al «Acuerdo de Gernika», suscrito hace un año por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar, y en el que se emplazaba a la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a que declarara «un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional» como “expresión de voluntad para el abandono» de toda expresión de violencia. Pidiendo una «amnistía general» para los reclusos de la organización (ETA), que desde 1968, vienen luchando por la independencia del País Vasco y ahora «lograr una solución política para el conflicto». También en el Acuerdo, suscrito por diversos sindicatos, partidos y organizaciones populares españolas, plantea un alto al fuego entre el gobierno español y la organización armada ETA, así como exige mejores condiciones para los presos políticos de dicha organización, que suman más de 700 y vienen cumpliendo severas penas y en duras condiciones carcelarias. El Acuerdo de Gernika plantea que la solución al conflicto armado español debe ser «integral», «democrática», «sin perdedores ni ganadores» y «dialogada». En ese sentido, debe abarcar a todas las partes del conflicto y ser respetuoso con los derechos fundamentales de todas las personas. Frente a quienes creen que del conflicto deben salir vencedores y vencidos, los firmantes del Acuerdo responden: «la paz y la normalización política de verdad nos colocan a todos en el bando vencedor frente al conflicto armado, al temor, a la imposición y a las discriminaciones».
Durante los 23 años de mandato de Zine el Abidine Ben Alí, miles de opositores políticos fueron encarcelados, especialmente los pertenecientes a movimientos o partidos islamistas, contra quienes se desencadenó una feroz represión durante la década de los noventa. Una vez que cayó el régimen de Zine el Abidine Ben Alí, el primer Gobierno tunecino de transición había adoptado un proyecto de ley de«amnistía general» el 20 de enero. La «amnistía general” para los presos políticos ha entrado en vigor en Febrero de 2011.El secretario de Estado ante el primer ministro, Ridha Belhadj, opinó que este decreto ley pone fin a «un período de abusos y violaciones, abre una era de reconciliación y prepara las condiciones objetivas» para este período transitorio y la organización de elecciones “en las mejores condiciones posibles». Ridha Belhadj también señaló que, el decreto ley instituye les mecanismos de reintegración al trabajo y el principio de reparación a las personas concernidas.
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, ofreció en Marzo de 2011, amnistía general, para los altos cargos del ejército que el pasado lunes desertaron y ofrecieron su apoyo a los opositores gubernamentales. «Anuncio una amnistía general para todos aquellos que cometieron una estupidez», afirmó Abdullah Saleh en un discurso retransmitido por la televisión estatal y en referencia a las deserciones militares.
En Birmania, el gobierno militar U Thein Seil de Myanmar, hizo una amnistía en mayo de 2011 que puso en libertad a 15.000 presos. Pero nuevamente U Thein Seil, pondría en libertad a más de 6.359 presos políticos a través de una «amnistía general». Lo que el gobierno militar de Birmania, estaría poniendo sus miradas, en las puertas de más de 50 cárceles.
El presidente de Siria, Bashar Asad, decretó el 21 de Junio de 2011, una segunda «amnistía general» en el país. La medida beneficia a las personas inculpadas por cualquier tipo de delitos cometidos antes del 20 de junio de 2011, incluidos los que fueron perpetrados durante las manifestaciones antigubernamentales celebradas en las últimas dos semanas, después de la anterior amnistía del 31 de mayo de 2011. Los presos políticos, incluidos miembros de la organización Hermanos Musulmanes, ilegalizada en Siria, también se beneficiarán de la medida. La amnistía busca rebajar las tensiones en el país árabe envuelto en sucesivas protestas contra el régimen gobernante, que según activistas por los DD.HH, hasta el momento han acabado con la vida de más de 1.300 personas.
El rey de Jordania, Abdulah II, decretó en junio de 2011 una «amnistía general» que beneficia a miles de presos políticos, con motivo de la celebración de 12 aniversarios al frente de la monarquía del país árabe. La medida coincide con un compromiso del monarca hachemita de llevar a cabo de forma «real y rápida» las reformas políticas prometidas ante las protestas acaecidas durante los últimos cuatro meses, inspiradas en las revoluciones de Túnez y Egipto y crear un ambiente de tranquilidad y reconciliación.
El Gobierno interino de Somalia, en agosto 2011 ofreció, por primera vez, una «amnistía general» al grupo insurgente islamista de al-Shabaab, llamándolos a rendirse y renunciar a la violencia que siguen en Mogadiscio. No obstante, el líder del grupo insurgente, MuktarAbu Zubeir, aseguró que seguirán combatiendo contra el Gobierno.
En agosto del 2011, las autoridades turcomanas han concedido la amnistía a más de 3.700 prisioneros, 30 de ellos de nacionalidad extranjera, como parte de la última ronda de perdones oficiales ordenados por el autócrata presidente Kurbanguly Berdymujamedov con motivo del final de los fastos musulmanes del Ramadán. El presidente Kurbanguly Berdymujamedov recordó que es tradición en el país centroasiático que se«perdone sistemáticamente a aquellos ciudadanos descarriados que han aceptado su culpa y demostrado sincero arrepentimiento». Estas amnistías son vistas por los analistas como un intento del país para desvincularse de su imagen totalitaria y llegar a una reconciliación nacional.
En noviembre del 2009 el gobierno tayiko amnistió a unos 10.000 prisioneros, En setiembre del 2011 en Tayikistán fue promulgada una ley de «amnistía general» por el Presidente Emomalí Rajmón. Dicha ley tiene como motivo la celebración de los 20 años de independencia del país centroasiático. La ley de amnistía fue anunciada a finales de julio y pretendía la liberación de 15000 presos, incluidos rebeldes islámicos. Sin embargo, la ley promulgada recientemente contempla la liberación de unas 4000 personas, además de la reducción de la condena a 6 mil presos. Según un comunicado oficial, esta ley es una muestra de la buena voluntad del Presidente y de la construcción de una sociedad democrática, con respeto a los derechos, libertades de las personas, para llegar así a una reconciliación como hermanos.
Tanto el norte y el sur de Sudán se han enfrentado desde 1983, durante 21 años de guerra civil. En el 2011, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, ha anunciado una amnistía general para todos los que se han alzado contra las autoridades de Yuba y les ha pedido que dejen las armas, con motivo de la declaración de independencia del nuevo Estado. «Quiero aprovechar esta oportunidad para declarar una amnistía para todos los que han tomado las armas contra Sudán», afirmó Kiir poco después de tomar posesión oficial como presidente del recién creado Estado de Sudán del Sur.
La lucha de los pueblos del mundo, demuestran otra vez palmariamente, que la «amnistía general» se ha vuelto una salida indispensable para cerrar heridas después de conflictos armados y que en varios países del mundo se pregona y se lucha por el derecho de amnistía a los presos políticos.En varios países del mundo se sigue bregando por amnistías a favor de la liberación de los presos políticos como en: Perú (más adelante proseguiremos a desarrollar este tema tan importante en nuestra realidad peruana), México, Argentina, Francia, Colombia, Venezuela, España, Eritrea, Libia, Yemen y otros. Lo que la frase ecuménica que flamearía en las luchas de los pueblos se ceñiría así:
AMNISTÍA EN EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL
En el actual Código Penal en su artículo setentiocho, establece como causal o forma de extinción de la acción penal (“hecho punible”), entre otros, a la amnistía, el cual está específicamente reconocido en el artículo ochentinueve del Código Penal y referido a:
Artículo 89.- Amnistía e indulto-Efectos
La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él.
En el actual Código Penal en su Artículo 78.- Causales de extinción
La acción penal se extingue:
3. En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o transacción.”(*)
(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de la Ley N° 26993, publicada el 24-11-98
Artículo 6°: La Acción Penal: Excepciones:
a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley.
b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.
c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona.
d) Amnistía.
e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena.
Vemos que la amnistía impide la persecución de penal haciendo cesar todos sus efectos. De allí que la amnistía extinga la acción penal, puesto que no puede permanecer la pretensión punitiva por un hecho desincriminatorio que su inmediata consecuencia sea el sobreseimiento. Las causas de la extinción de la responsabilidad penal son circunstancias contenidas en la ley y extingue la responsabilidad criminal del autor de un delito ya cometido, aunque se den todos los elementos o categorías que normalmente fundamentan la exigencia de una responsabilidad criminal, y anulan la perseguibilidad en el proceso penal.
AMNISTÍA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993
La facultad para la concesión de amnistías reposa en el Congreso de la República pues se trata de una decisión que involucra una limitación a la aplicación de la ley penal y por ello ninguna otra rama del poder público se halla habilitada para tomarla. Es una institución de carácter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las conductas punibles que son objeto de amnistía. El Congreso no puede prohibir la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos. Por eso es que la amnistía constituye una atribución privativa del Congreso ya que por su naturaleza y efectos presupone el ejercicio de una función eminentemente legislativa tanto desde el punto de vista formal como material. Y considerar que la promulgación de un ley de amnistía, sea inconveniente e inconstitucional, no son más que razonamientos “huérfanos en ideas”, tachar a la amnistía como el monstruo de la impunidad, son los argumentos de los vampiros que siguen chupando la sangre de los muertos. Ya el mismo García Belaunde nos dice: “En nuestra tradición, la amnistía se considera como un atributo del Congreso, que sirve para olvidar la pena y en consecuencia se da en abstracto, si bien tiene beneficiarios concretos.” Domingo García Belaunde, La Constitución y su Dinámica, p.80, Publicado en Revista Jurídica del Perú, Trujillo (Perú), núm. 4, octubre-diciembre de 1995.
En toda nuestra historia constitucional, las constituciones del Perú han subrayado que la amnistía es un derecho imprescindible. La historia y práctica constitucional republicana en el Perú ha seguido, así la Constitución de 1867 prescribía como atribución del Congreso la concesión de amnistía en los supuestos de juicios políticos. La Constitución del 79, la observa en su artículo 186 como atribución exclusiva del Congreso.La amnistía es la facultad que tiene el Congreso según el artículo 102 inciso 6 de la Constitución, de perdonar a un procesado, la comisión de un delito político, la cual implica, el olvido de la pena y de los hechos delictuosos, es decir, es un perdón completo. La Constitución del 93, la registra en su:
Artículo 102º de la Constitución Política del Perú, nos dice:
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA AMNISTÍA
La doctrina y la jurisprudencia nacionales han indicado que: “La amnistía es una institución que otorga el olvido a las personas procesadas y condenadas por delitos políticos”[23] La amnistía es un dispositivo jurídico extraordinario orientado a la superación de situaciones de conflicto social y a restablecer el orden jurídico. El Tribunal Constitucional, aseveró que dictar amnistías es una facultad exclusiva del Congreso, con base en la Constitución. Ya en las sentencias decía:
“La amnistía es un derecho que el Congreso ejerce en nombre de la sociedad a fin de aplicar el olvido a ciertos tipos de delito, los cuales se tienen como hechos no punibles, y se considera como nunca perpetrados”[24]
“Según el artículo 102, inciso 6, de la Constitución, entre las atribuciones del Congreso de la República se encuentra la de dictar leyes de amnistía. Mediante ellas el legislador establece que determinados hechos, considerados originariamente ilícitos, dejaron de serlo. La consecuencia del olvido de la responsabilidad penal es la renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal (extinción) así como a la ejecución de la pena. Por tanto, la entrada en vigencia de una ley de amnistía impide la iniciación de un proceso penal; suspende a éste en cualquier estado en el que se encuentre y, si se hubiera dictado sentencia condenatoria, cancela todos sus efectos penales.” [25]
El Tribunal Constitucional llega a la conclusión que si bien el Poder Legislativo tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar, es decir, olvidar el delito cometido por determinadas personas, produciendo los efectos de la cosa juzgada, ello no significa, que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía violaciones a los derechos humanos (esto lo revisaremos más adelante, con las presuntas autoamnistías), por cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad, ya que la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada ni se encuentra exenta de control constitucional:
“En la medida en que la expedición de las leyes de amnistía constituye el ejercicio de una competencia jurídico-constitucional, su ejercicio se encuentra sujeto a límites constitucionales. Se trata de una competencia constitucionalmente conferida al titular de la política de persecución criminal del Estado y cuyo ejercicio, por tanto, debe realizar dentro del marco de la Constitución Política del Estado.”[26]
En función de todo lo descrito, el Tribunal Constitucional no solamente llega a la consideración de que las Leyes de autoamnistía Nº 26479 y Nº 26492 no sólo son nulas y carecen de efectos jurídicos, sino que también carecen de efectos jurídicos, siendo también nulas, las resoluciones judiciales dictadas al amparo de las mismas; en su condición de resoluciones judiciales nulas, se agrega, ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102º.6 y 139º.13 de la Constitución, en la medida en que no existe conformidad y compatibilidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra. El Tribunal Constitucional, concluyó que:
“las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. En su condición de resoluciones judiciales nulas, ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102, inciso 6 y el artículo 139, inciso 13, de la Constitución, en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra”.[27]
Según el Tribunal Constitucional ha previsto en el artículo 139º.13 de la Constitución, siendo preciso y obligatorio que la ley de amnistía no solamente deba ser válida sino también constitucionalmente legítima. Lo quiere decir que una ley puede ser válida pero no necesariamente legítima desde la perspectiva de la Constitución:
“una ley de amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de personas en particular, con exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición. Tampoco la amnistía puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución.”[28]
Por lo que vemos y queda claro, es que, el Tribunal Constitucional, en ningún momento impide al Congreso expedir leyes de amnistía. Por lo que es una mentira más por parte de los legisladores, que tratan de mancillar y tener a los presos políticos en una condiciones inhumanas, y aislamiento absoluto de los miembros del Comité Central del Partido Comunista del Perú. Queda claro esto.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA AMNISTÍA
La Legislación internacional reconoce, recomienda y ampara las leyes de amnistía principalmente para países que hayan atravesado un conflicto interno. Hemos revisado que la amnistía es la institución jurídica que mejor recoge los elementos legales necesarios para arribar a una solución política que contemple todos los intereses de la sociedad luego de finalizado un conflicto armado interno, ya que la amnistía es aplicable solo a delitos políticos y cuando este conflicto ya concluyó. La posibilidad de que dentro de un proceso de paz se concedan amnistías amplias se encuentra consagrada en el Derecho Internacional Humanitario, en el Protocolo II del 8 de junio de 1977, que adicionó a los Convenios de Ginebra de 1949 en el numeral 5 del artículo 6 que dice:
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”[29]
Asimismo, los precisos comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el referido instrumento internacional, señalan como una competencia propia de las autoridades del Estado el otorgar amnistías, agregando que el objeto de ello es “estimular gestos de reconciliación que puedan contribuir a reestablecer las relaciones normales en la vida de una nación que ha estado dividida” (párrafos 4617 y 4618).
Diversos documentos internacionales sobre derechos humanos hacen énfasis sobre amnistía. Lo que en la normatividad Internacional, la amnistía, es reconocida cabalmente en el ordenamiento internacional sobre derechos humanos. Las leyes de amnistía no son incompatibles con la Convención Americana y mucho menos ésta la suprime o limita el derecho de amnistía. La Convención Americana, que en su artículo cuarto dice que la amnistía procede en todos los casos, sin excepción:
“Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente.”[30]
La Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la superación de conflictos armados o de la transición a la democracia, ha aceptado la adopción de amnistías, indultos o medidas análogas, como un concepto jurídico aceptado y una muestra de paz y reconciliación al final de una guerra civil o de un conflicto armado interno Los argumentos internacionales de derechos humanos, y el Pacto de San José de Costa Rica, contemplan rotundamente el instituto de la amnistía. “Si nos circunscribimos al nivel interamericano, no hallamos una sola normativa expresa, obligatoria, de carácter vinculante, que prohíba a un Estado otorgar la amnistía. Existe, es cierto, una tendencia a limitar el uso de la amnistía por parte de los Estados, como se nota en ciertos informes, sobre todo aquellos vinculados con la comisión de delitos atroces o gravemente violatorios de los derechos humanos. Pero esto es todavía una opinión no dominante (ver Informe 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y no tiene carácter vinculante.”[31]
En este sentido, cabe deslindar entre las llamadas “autoamnistías” expedidas a favor de quienes ejercen el aparato estatal, y las amnistías que resultan de un proceso de reconciliación y pacificación con sustento democrático y alcances generales.
Esto ya no eran amnistías sino “autoamnistías” y la comunidad internacional y los Tribunales Internacionales no solamente las rechazaron sino que las prohibieron. En esto coincido con la comunidad internacional y como regla general rechazo las autoamnistías. Las autoamnistíasson amnistías aprobadas por los responsables de violaciones de derechos humanos para evadir su responsabilidad. Los órganos de tratados de derechos humanos, los juristas y otros han criticado enérgicamente las autoamnistías, que por su carácter, son el epítome de la impunidad.
El 16 de junio de 1995, el gobierno del Presidente Fujimori promulgó la Ley de auto-Amnistía (No. 26479) que “concede amnistía a los militares, policías y civiles que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980” (artículo 1 de la Ley No. 26479). Esta ley alcanza a todos los responsables de crímenes, así no hayan sido aún individualizados, denunciados, procesados o investigados (artículo 6 de la Ley No. 26479). A esta ley de amnistía le siguió otra Ley No. 26492, llamada “interpretativa”, que obliga al poder judicial a aplicar la amnistía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ya estableció en los casos Barrios Altos y La Cantuta que este tipo de autoamnistías no procede:
“que son inadmisibles las disposiciones de [auto]amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” [32]
“Por lo general estas leyes de autoamnistía no se han emitido para estimular el retorno a la reconciliación social o para reintegrar a los presos políticos, exiliados o refugiados, sino para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado evitar el enjuiciamiento de sus agentes.”[33]
Pues no ha prohibición de los tratados Internacionales ni de los Convenios Internacionales, de otorgar amnistías por parte de los Estados, y está acorde no sólo con la Constitución Política, sino que, está de acuerdo con los principios de derecho internacional como de los tratados y la costumbre internacional. El general no hay limitación para la promulgación de leyes de amnistía general, que promuevan o estimulen el retorno a la reconciliación social o para reintegrar a los presos políticos, exiliados o refugiados. Ya el Dr. Abimael Guzmán Reinoso decía refiriéndose a las sentencias de la Corte tratando las autoamnistías en los diferentes países de Latinoamérica:“Considera la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] que tales “autoamnistías” van contra el derecho a la justicia, al conocimiento de la verdad y la reparación de daños. En síntesis no cuestiona la amnistía como institución, ni habla de carácter de delito político de sus sentencias.”[34]
LOS PRESOS POLÍTICOS EN EL PERÚ
La Constitución Política del Perú, no delimita la denominación del delito político. Pero algunos tratadistas llegar a proferir sus opiniones al respecto del caso. El delito político y concede al legislador un amplio margen de configuración normativa en relación con dicho concepto y que históricamente se ha señalado que el delito político es un desconocimiento de la ley penal por acción u omisión cometido por móviles políticos, sociales o de interés colectivo dirigidos a la conquista y detentación del poder, tendientes a cambiar el orden político, así como aquellos actos en contra de la organización y funcionamiento del Estado. El delito político tiene por esencia la motivación y móviles de cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales. “En este sentido serán políticos los delitos ejecutados con el propósito de mantenerse en elpoder, de defenderlo de cualquier agresión, de conseguirlo, de transformarlo.”[35]
En forma general, puede considerarse que el delito político es aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otro tipo de gobierno. Por lo que los acontecimientos perpetrados en nuestra guerra interna, son delitos de naturaleza política, que comprometieron al conjunto de la sociedad peruana: Unos por revolucionar el orden y otros por defenderlo. La seguridad nacional es una cuestión política. La base política determina la norma jurídica. Los delitos que se cometieron fueron delitos de carácter neta y absolutamente políticos. Y fue así porque el Perú vivió un conflicto interno o guerra civil de dilatadas proporciones que se expandió a todo el territorio nacional e involucró a toda la población peruana. Esto lo admite la propia CVR en su primera conclusión: “El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República”.
El argumento descalificador preferido contra la subversión marxista-leninista-maoísta es que ellos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y que cometieron “genocidio”. Lo real es que las sentencias contra la dirección del Partido Comunista del Perú, no contempla ninguna de esas tipificaciones. El doctor Guzmán no fue juzgado por delitos de lesa humanidad. No hay juicio contra el Dr. Guzmán por delito de lesa humanidad. Esa es una mentira creada por toda esa cháchara pueril de los medios de comunicación al servicio de las clases explotadoras. Más aún, como lo esclareció el jurista Manuel Fajardo, cuando dijo que se le aplicó ilegalmente –y como gran aporte de la izquierda burguesa al Megaproceso- la “autoría mediata”, que no figuraba en el Código Penal Peruano. Los prisioneros políticos del Perú, ellos jamás fueron terroristas, sino que, son comunistas revolucionarios que despojándose de todo interés personal entregaron lo mejor de su vida al servicio del más grande movimiento social revolucionario en la historia de nuestro país, al servicio del pueblo. Sus delitos son políticos.
A consecuencia de acciones armadas subversivas que se desarrollaron desde inicios de la década del 80, se fueron estableciendo, una legislación penal y procesal penal «antiterrorista» fuerte y radicalmente represiva y violatorio de los derechos fundamentales. Algunas de las figuras introducidas desde el autogolpe de Estado del Presidente Fujimori (5 de abril de 1992) vulneraban la Constitución de 1979 y los Pactos Internacionales sobre derechos humanos, estableciendo, por ejemplo, el juzgamiento de civiles ante tribunales militares, la utilización de jueces anónimos o «sin rostro», la imposición de la pena de cadena perpetua, la eliminación de la evaluación del grado de responsabilidad del autor y la mera apreciación del resultado del acto delictivo, la restricción del derecho de defensa y la severa afectación del debido proceso.
El sistema jurídico antiterrorista peruano es ilegal a los principios de justicia e inconstitucional por ser contrario a un Estado constitucional de derecho.[36] Por ejemplo del llamado “megaproceso”, siendo un juicio por terrorismo, donde el Estado peruano reitera recalcitrantemente sobre el PCP, con calificaciones como “organización criminal”, “cúpula responsable de todas las acciones terroristas”, etc. etc. etc., y todo dentro de su política reaccionaria en el “proceso contra el terrorismo” presentando satánicamente a los comunistas como enemigos irreconciliables del pueblo peruano a quienes hay que destruir y aniquilar, negando su condición de seres humanos con derechos y dignidad. “Por lo tanto, el aislamiento, más aún, el aislamiento absoluto y perpetuo, es la negación de los derechos fundamentales, que se agrega a la privación de la libertad de los prisioneros de guerra, apunta a reducirlos a la condición de subhumanos y a destruir su esencia social de hombre, de seres humanos. Este es un plan de reducción y aniquilamiento, sistemático y sofisticado que el imperialismo ha creado para combatir la revolución, destruyendo a los revolucionarios, principalmente a los comunistas, y que hoy está extendiendo a las naciones oprimidas.”[37]
Todos sabemos que, condiciones políticas, económicas y sociales, llevaron al comienzo de una guerra revolucionaria en las dos últimas décadas del siglo pasado (mayo del 80), dicha guerra ya terminó en setiembre de 1992, pero quedan problemas derivados que requieren ser resueltos políticamente, pensamos que la vigencia de legislaciones antiterroristas que se vienen aplicando como arma de guerra antisubversiva implicó e implica la violación de los derechos fundamentales de los prisioneros políticos a quienes no solo se les procesó y condenó sin respetar el debido proceso, sino que fueron ultrajados a condiciones inhumanas y rigurosísimas de carcelería con lo que se buscó eliminar humana como políticamente y que hoy se centra contra el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, sometido a aislamiento absoluto y con negación de sus derechos penitenciario. Ya el mismo lo remarcaba: “El ser humano es un producto social, la sociedad lo crea, lo modela… El hombre, siendo producto de la sociedad, es eminentemente social, no puede vivir al margen de ella porque se destruye su condición esencial.” [38]
A los presos políticos –además de que fueron víctimas de toda clase de irregularidades en el proceso penal que se les siguió en el juicio, cuando lo hubo-, no se les castigó únicamente con las penas impuestas por el juez, con la privación de su libertad. Se les mantuvo como rehenes y trofeos de guerra. Cuando algún grupo realizaba alguna acción militar, los primeros en ser secuestrados y castigados ilegalmente por hechos que ellos no habían cometido, eran los presos políticos pertenecientes a la organización que presuntamente había realizado los hechos. Otro castigo permanente a que estuvieron sujetos consistió en la intención de los directores del penal y de las policías políticas de “quebrarles la voluntad” y “desmoralizarlos”.
Los presos políticos fueron sometidos a castigos prolongados de segregación y de incomunicación con sus seres queridos. En los penales eran llevados por meses a calabozos o celdas de castigo, por el único motivo, de sus ideas políticas que se expresaron con el uso de la fuerza revolucionaria. A sus familiares y amigos que los visitaban se les sometía a revisiones excesivas, degradantes y a un hostigamiento total; en ocasiones no se les permitía el acceso o el ingreso de víveres y de literatura. Más aún, se les sometió a vigilancia y espionaje por períodos prolongados y, a varios de ellos, se les sometió a detenciones arbitrarias, a tortura y a desaparición forzada. ¿Cuántos peruanos han sido juzgados por cargos falsos, y mantenidos y recluidos indefinidamente? ¿Acaso alguien ha olvidado esta historia? El en Perú se siguen violando los derechos de los presos políticos y demandar su libertad de todos los presos políticos, no es “apología al terrorismo”, sino que es un deber como peruano.
El problema de los beneficios penitenciarios es expresión de un Estado de Derecho. Todos los sentenciados, por cualquier delito deben tener derecho y beneficios. Alan García Pérez fue el primero que expolió los beneficios a los sentenciados por “terrorismo”. Veinte años después los vuelve a quitar y dice que él personalmente va a impedir que salgan en libertad, interfiriendo en los fueros del Poder Judicial presionó a los jueces, convierte el derecho en venganza, queriendo imponer internamiento absoluto, cadena perpetua sin ley, sin sentencia, porque si dice “yo voy a impedir que salgan” entonces quiere decir que no van a salir nunca jamás. ¿No hay principio de legalidad en el Perú? Apuntan a impedir las libertades de los prisioneros cuando ya cumplieron sus sentencias. ¿No fue acaso esto una acción antidemocrática de los presuntuosos “democráticos”?
Lo mismo pasa con los medios de comunicación (los Aldos Mariátegui, los Rosa María Palacios, los Nicolás Lúcar, etc.) y sectores de la “extrema derecha”, como promotores de la exacerbación de los ánimos, de la proterva campaña negra oficial y mediática montada para oponerse a las libertades condicionales de los presos políticos, y organizaciones políticas, hacen anticomunismo macartista del calibre más vil.Han armado campaña moviendo las más bajas pasiones atizando espíritu de venganza, reeditando las posiciones más retardatarias de la historia, alentando la persecución por ideología.Es tal extremo el odio de esta prensa terrorista peruana. Ya Elena Iparraguirre apunta en ese mismo sentido: “La parte más recalcitrante de la reacción peruana reaviva los momentos más negros de la historia de la humanidad al no tolerar las ideas cuestionadoras de “lo establecido”, por eso persiguen a los marxistas-leninistas-maoístas del Perú, pretenden desaparecer al PCP y extinguir a sus componentes, familiares, abogados, amigos o simpatizantes. Esto es ignominioso, las ideas se combaten con ideas no con represión”.
La ilegal negación de los beneficios penitenciarios a la que una vez más recurre el actual gobierno contra los presos políticos, esta negación de derechos es parte de la política restrictiva y represiva que el gobierno aplica contra los hijos del pueblo peruano. Ultrajan los derechos de los prisioneros políticos, lo que es la aplicación del “Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht”[39], del que tanto nos ha hablado Günther Jakobs, por eso siendo personas no se le considera como tales, sino enemigos sin derechos a quienes hay que destruirlos, aniquilarlos y hundirlos en prisión por siempre y en las peores condiciones posibles.
No olvidemos de la liberación condicional de la Señora Lori Berenson, donde el mismo Estado y los medios de comunicación, desataron una abyecta campaña negra contra los prisioneros políticos, con el presuntuoso “rebrote terrorista”; donde los grupos y la facción derechista más recalcitrantes de la reacción peruana atizada y movida por sus intereses políticos y económicos no vacilaron en seguir dirigiendo su campaña contra los prisioneros políticos y se levantaron para impedir sus libertades al haber cumplido sus sentencias tras largos años de prisión.
¿Acaso los presos políticos no tienen derecho a la libertad e incorporarse a la vida social cotidiana? En el campo político, aplican la política represiva, negación de los derechos fundamentales, no quieren ver los cambios de la realidad, persiguen libros, persiguen movilización con banderas rojas con la palabra amnistía, promueven linchamiento y discriminación por ideas políticas y quieren modificar la ley de apología que es inconstitucional, pues, la Constitución dice que no hay persecución por razón de ideas o creencias y que no hay delito de opinión. Se sigue manteniendo toda la legislación anti-subversiva, y continuando la cacería de brujas iniciada contra todos los que tomaron parte durante el conflicto armado. Cuando un preso político, una vez cumplida su pena y quiere ejercer la actividad política en el Perú, resulta que puede verse de nuevo entre rejas por ejercer sus derechos fundamentales. Entonces, es una forma de negar el derecho de lucha de la gente. Usted no puede protestar porque aunque en el papel, en la Constitución, existe ese derecho, en la práctica concreta jurídicamente no existe. Esta es la realidad.
El Estado peruano aplicando la política más reaccionaria, utilizó para perseguir a los grupos nacionales opositores, la primera fue la de penalizar derechos civiles y políticos; otra fue la inventarles delitos utilizando la legalidad como mascarada. Un gran ejemplo fueron los “7 activistas del Movadef” detenidos ilegalmente por la Dircote, haciendo creer al público que estaban haciendo “apología al terrorismo”. Por lo que se debe “descriminalizar la protesta social del pueblo”, porque cuando cualquier movimiento social explota en cualquier región, la tachan de terroristas, de sembradores de violencia que quieren traer abajo el gobierno de Humala. Y no es curioso que la prensa de la derecha política en Perú comience a hablar de los movimientos sociales, exaltando el viejo discurso de llamarlos “terroristas” y acompañar su nota con viejas mentiras históricas.
La liberación de algunos presos políticos en el gobierno de Valentín Paniagua fue una medida positiva, pero la reforma estatal, largamente requerida por el pueblo peruano, del represivo aparato judicial y de seguridad sigue sin producirse. Por lo que la liberación de presos políticos es sólo uno de los barómetros de la seriedad del gobierno sobre un cambio a la supuesta “inclusión social”.Los presos políticos siguen “recibiendo unos tratos inhumanos y degradantes”. La libertad de los presos políticos y la reintegración a la vida civil, son requisitos indispensables para formar una sociedad “inclusiva”. Si el gobierno nacionalista, bajo el timonel de Ollanta Humala Tasso, está decidido a demostrar su compromiso para la “inclusión social”, este debe ser tan sólo el primer paso hacia la liberación, lo antes posible, de todos los presos políticos y en particular de Dr. Abimael Guzmán Reinoso. Por lo que es ilegal la supresión de todos los derechos fundamentales del Dr. M Abimael Guzmán Reinoso, quien con 77 años de edad sigue en aislamiento carcelario absoluto y perpetuo, desde hace 19 años. Después de un proceso arbitrario e indebido, fue condenado a cadena perpetua, y se encuentra retenido como rehén en una prisión militar, en la Base Naval del Callao en condiciones inhumanas.[40]
Este Estado peruano sometido a un régimen policiaco y militar, en el cual interna ilegalmente en sus cárceles más de 300 presos políticos: algunos encarcelados desde hace 19 años como Elena Iparraguirre Revoredo, condenada con toda impunidad a la perpetuidad, por haber luchado por un orden democrático de justicia, bienestar social y popular. Los dirigentes del Estado peruano pisotean el sistema jurídico, las leyes y los acuerdos internacionales, y hacen caso omiso las decisiones de la ONU y de OEA. Ellos persisten en imponer; por el contrario; leyes y tribunales de excepción, suprimiendo a los prisioneros políticos los derechos carcelarios.
El gobierno ollantista lejos de ser sensible a las sugerencias de los presos políticos, de sus familiares y del pueblo peruano, favorable a una política de reconciliación, con una solución política, y una amnistía general; ellos acentúan la confrontación, la persecución, el encarcelamiento, la supresión de derechos carcelarios. Recurre al aislamiento carcelario absoluto en prisiones militares, ellos pretenden aniquilar progresivamente la fuerza, la esperanza y la vida de las presas y los presos políticos tratando de rebajarlos a cero. En Concreto el gobierno actual (el ollantismo), marginando y dejando de lado la problemática de los prisioneros políticos, de los requisitoriados, exiliados, expatriados, de los desaparecidos y desplazados. El Estado peruano no da muestras de voluntad política de resolver estos problemas latentes de la sociedad peruana. Sigue manteniendo a los presos políticos como rehenes de la democracia y como trofeos de guerra.
El gobierno del Perú defiende su régimen policiaco y militar, negándose de restablecer plenamente al estado de derecho en Perú, a restablecer los derechos democráticos del pueblo. En lugar de aceptar una solución política, para poner fin a un período de odio y de venganza, con una Amnistía General, él mantiene el conjunto del régimen policiaco y militar, decretando de atentar al derecho a la vida. Tiene mucha razón cuando nuestro compañero Alfredo Crespo dice que: “La justicia no es solamente cárcel, en el Perú todo lo vemos cárcel, nos hemos vuelto carceleros, cárcel para el ministro, cárcel para el profesor, cárcel para el policía, cárcel para el presidente, todo queremos meter a la cárcel, un estado policiaco, carcelario, necesitamos una solución política, una reconciliación nacional”[41] Estos mismos hechos descritos son los que están martillando y carcomiendo a la sociedad peruana, y lo único que puede ahorrarnos esos intentos vanos, son una “solución política” y “Amnistía general y Reconciliación Nacional”. He ahí vuestra salvación como nación, como país y como pueblo.
LA GUERRA INTERNA Y LA AMINISTÍA GENERAL
El conflicto armado desarrollado en el Perú, fue un fenómeno social eminentemente político, económico y cultural, que comprometió y se vio inmersa toda la sociedad peruana en general en los años 80s y comienzos de los 90s. Las causas estructurales que originaron o generaron la “guerra popular” o conflicto armado, tales como injusticia, explotación, inequitativa distribución de la riqueza, falta de igualdad social y económica, exclusión política, corrupción de las clases políticas, así como el desmonte de los mecanismos de represión y entre otros, que no son ni siquiera analizados por este Estado.
“Para ver la causa que dieron origen a la lucha armada, es necesario recordar brevemente las condiciones en las que se desenvolvió la sociedad peruana a fines de los años setenta del siglo pasado, donde las dos terceras partes de los peruanos no tenían satisfechas sus necesidades básicas: alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, muy en especial es ver la situación del campesino principalmente pobre sometido al hambre, la miseria, el atraso, la postergación y la ignominia, sometido a un modo de producción semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrático. Durante todo el siglo XX el Estado no ha satisfecho las necesidades básicas establecidas en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni respetado los derechos fundamentales señalados en la Constitución. Por todo eso a lo largo de los últimos cien años el camino del pueblo y el camino antipueblo han estado enfrentados. En las décadas del 60 y 70 del siglo XX el pueblo peruano se hallaba soportando profunda crisis, hundido en creciente pauperización, hambre, miseria, ausencia de derechos, ultrajes, haciendo insostenible la situación, generando una creciente protesta popular expresada en movilizaciones y luchas principalmente campesinas, el ascendente movimiento huelguístico del proletariado y del movimiento popular en general, produciéndose una crisis política en bases y cimientos mismos del Estado. En esa coyuntura casi todas las organizaciones de izquierda planteaban la necesidad de la revolución como única salida, sin embargo sólo el PCP dirigido por el Dr. Guzmán Reinoso asumió la decisión de concretarla y lo hicieron. La coyuntura descrita explica, la duración y también, el porqué la guerra popular (como lo denomina el PCP) alcanzó dimensión nacional y gran repercusión internacional, lo que no se hubiera logrado, si no hubieran contado con un amplio apoyo de las masas populares, está realidad implícitamente también es reconocida por la CVR.”[42]
El movimiento revolucionario, o sea, la guerra popular librada por el PCP, fue una guerra política por la defensa de los sectores más desfavorecidos, por promover la transformación radical de la sociedad por una más justa y humana. Lo que tomar las armas y hacer la revolución en un momento histórico definido, es una acción profundamente política y legítima como respuesta a la violencia que impone el Estado opresor con sus métodos antisociales de explotación y negación del ser humano. No es posible estar contra esta expresión de autodefensa que los pueblos revolucionarios escogen y optan como medida para salir de la miseria humana, como tampoco no es posible negar el costo y el dolor que estas expresiones sociales imponen con la lucha. Cerrar los ojos a esta realidad y calificarla de “terrorismo”, no es más que la miopía del Estado peruano, a no reconocer su responsabilidad dentro de dicho acontecimiento.
La mismísima CVR confirmó que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso y más prolongado de toda la historia de nuestra república. Asimismo que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos e intensos en la sociedad peruana. La CVR afirma que el conflicto armado abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro…. y llegó a involucrar a la generalidad de la sociedad peruana. Asimismo, Amnistía Internacional, también consideró que lo que ocurrió en el Perú desde 1980 fue un conflicto armado interno, ya en su publicación de mayo del 2003 decía: “En 1992, el conflicto armado interno entre el Estado peruano y los grupos armados de oposición, que había visto crecer sin cesar la violencia desde principios de los 80, había alcanzado un nivel sin precedente, en que la mayoría de la población se veía afectada por el estado de emergencia.”[43] ¡No se puede negar que lo que hubo en el Perú fue una guerra interna entre el PCP y el Estado peruano, y que llego a involucrar al conjunto de la sociedad peruana, la CVR y Amnistía Internacional, lo señalaron claramente!
El alemán Carl Von Clausewitz, decía que: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, esa fue la forma de enfocar el origen y desarrollo de cómo se entienden los conflictos armados. Comprendía que todo conflicto armado, tenía causas y raíces exclusivamente políticas, por lo que todo conflicto armado que se desarrolle en cualquier parte del mundo, responderían siempre a problemas netamente sociales y políticos. Lo que señala carácter político de la guerra, partiendo de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, por medios violentos y que cada clase social genera su forma específica de guerra, por tanto su estrategia; el proletariado revolucionario ha creado la suya: la guerra popular. Pero el Estado peruano no ha hecho más que, tratar de quitar todo carácter de delito político, intentando así robarle la esencia política que le corresponde a la guerra popular en el Perú.
La guerra interna, que terminó con la captura el 12 de setiembre del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, quien era la Máxima Jefatura del Partido Comunista (PCP), y gran parte de su Comité Central y el PCP “quedó descabezado y la guerra quedó sin dirección política proletaria”.[44] Es entonces que el PCP convoca a representantes del Estado para iniciar negociaciones en función a firmar un “Acuerdo de paz”, tal como sucedió en el Brasil, Salvador, Colombia y otros países, donde se promulgaron como consecuencia leyes de Amnistía que buscaron lograr una futura Reconciliación Nacional, en vez de usar represivamente el Derecho Penal como instrumento de venganza contra quienes se levantaron en armas. Pero en el Perú, con un gobierno dictatorial y autoritario, plagado del espíritu fascista y militarista y en confabulación con las mismas ONG’s y pro-DDHH y toda la izquierda putrefacta y legal, se promulgó toda una legislación anti-subversiva con tipos penales como la “apología al terrorismo” que atentaban contra la libertad de pensamiento y organización, y jueces “sin rostro” que violentaban todo el ordenamiento jurídico procesal y penal. Por lo que el PCP ha venido luchando por terminar la guerra políticamente, llamando a terminarla con un Acuerdo de Paz y posteriormente pedir Solución política a los problemas derivados de la guerra. Por que “todas las guerras civiles de la historia del mundo, cuando no han terminado por el exterminio de la facción enemiga, se han clausurado por una amnistía.”[45] En el Perú hubo conflicto interno, guerra civil, o sea un asunto absolutamente político.
La amnistía general es parte componente de una perspectiva y solución en el terreno político y no simplistamente judicial. ¿Y por qué tiene que ser un enfoque de esa naturaleza? Porque la naturaleza de los hechos que se imputa a los aún requisitoriados –que suman más de 20,000 dentro y fuera del país-, a los que se mantienen en armas o a los cientos de sentenciados –de ambos bandos- y que purgan condenas en muchos casos de más de 20 años, son de estricta naturaleza política. En segundo término, el conflicto interno ya terminó hace casi 20 años. Y lo que queda como rezagos, muchas veces usados en contra del propio movimiento popular, como las luchas cocaleras y anti-mineras, pueden resolverse también mediante la amnistía general. La “amnistía general” no es en realidad un problema jurídico, sino político y que es conveniente hacerla para buscar la reconciliación del país.
Por lo que tiene que ser una solución política evidentemente, porque el proceso vivido fue eminentemente político. No una solución jurídica que, es lo que se ha pretendido con el “Megaproceso”. Ni tampoco una solución ética, promovida por esa izquierda putrefacta a través de su Museo de la Memoria, que tanto viven de los hijos caídos del pueblo. “La amnistía no se limita a descargar el rodaje jurisdiccional del Estado de ciertas tareas persecutorias. Es un acto recíproco de olvido. No es un acto gracioso o una limosna.”[46]
Pero además, el hecho de que la legislación para tiempos de guerra siga, en lo fundamental, vigente, ha posibilitado extremas sanciones penales tanto para los casos de la lucha popular, como para los de los sucesos tipo Andahuaylas, con Antauro Humala a la cabeza. Los acontecimientos de Bagua, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac; valles del Mantaro, Ene, Tambo, Ancash, La Libertad, entre otros[47]. Estos delitos político-sociales, entran también dentro de una solución política llamada amnistía general. Dar una “amnistía general” es ir a la raíz del problema, es atacar de raíz al problema que viene carcomiendo a la sociedad peruana: Que el Estado acepte que entre los años 80s y 90s hubo una guerra civil o guerra popular, recrear la justicia, establecer un nuevo orden que impida reeditar las situaciones del pasado y llegar a una Reconciliación Nacional. De lo contrario la amnistía general quedaría reducida a una simple leguleyada jurídica, inconexa con la realidad concreta.“La amnistía tiene, pues fundamentalmente un objetivo: conseguir la paz social, restablecer la convivencia nacional, procurando eliminar odios y enconos nacidos al calor de las luchas sociales y políticas que se reflejan específicamente aun después de una sentencia expedida de modo formal por el Poder Judicial. Este es el fin, sin duda positivo, que en teoría se propone la amnistía.”[48]
Los ex presidentes Fujimori, Paniagua, Toledo, García en su gobierno no resolvieron políticamente los problemas derivados de la guerra, su error fue no darle unasolución política a los problemas derivados del conflicto interno. La guerra revolucionaria iniciada en 1980 y ya terminada en el 92, fue un hecho político, entonces, la solución a sus problemas derivados debe ser política, y la forma histórica de solución es la amnistía, una amnistía general[49], es decir, para ambas partes, solo así podremos marchar a una verdadera reconciliación nacional. Lo que una amnistía general implica también que el Estado asuma su responsabilidad política en dicha guerra interna.
Por ende, amnistía tiene que ser para los presos políticos, para aquellos que lucharon por cambiar la sociedad peruana, para los militares y policías que trataron de defender el viejo orden de las cosas establecidas, con todo su aparato estatal. Una verdadera amnistía general, es una amnistía que abarque los dos bandos, que se confrontaron en la guerra civil que pasó el Perú entre 1980 y 1992.“La amnistía debe darse en el marco de una irrestricta reconciliación nacional” (Fajardo) que, produzca una reconstrucción del tejido social en nuestro país.
EL MOVADEF VA ABRIENDO EL CAMINO HACIA LA AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ
Mientras que en el año 93 en el Dr. Abimael Guzmán Reinoso propuso “amnistía general”, el Movadef nace con el fin de seguir impulsando este pedido del Dr. Abimael Guzmán Reinoso al Estado peruano. El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), como movimiento político ligado a las masas populares, que siente las necesidades del pueblo, la nación y la sociedad peruana, pregona y brega por una: “Solución Política”, “Amnistía general y Reconciliación Nacional”. Es así que el MOVADEF ha puesto nuevamente el tema de la “solución política” a los problemas desencadenados por la guerra interna, sobre el tapete.
Se puede afirmar en la actualidad, que la amnistía general, ya en lo fundamental, se va imponiendo en la conciencia del pueblo peruano. Es una tendencia que se ha impuesto y que necesita un impulso a fin de concretarlo. Y donde amnistía general ha desatado un gran debate en el ámbito nacional como internacional, se ha convertido en una gran tendencia social en el Perú, Latinoamérica e Internacional. “La amnistía General se abre paso, ya es una tendencia social y se impondrá más temprano que tarde porque no sólo es necesidad de nuestro pueblo, el país y la sociedad peruana en su conjunto, sino es la única forma de solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra popular que el Partido Comunista del Perú inició el 17 de mayo de 1980 contra el estado peruano y que terminó con la captura de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992. Estos problemas no se resuelven con juicios ni amenazas de juicios eternos a unos ni con condenas a penas draconianas contra los revolucionarios sepultándolos vivos en la cárcel.”[50]
La amnistía general, amnistía para civiles, policías y militares que participaron en la guerra interna se abre paso y su necesidad es cada vez mejor entendida por todos los partes de la sociedad peruana como la única solución a los problemas derivados de la guerra interna vivida en nuestro país entre 1980 y 1992. La perspectiva de la amnistía general en el Perú es prometedora. Manuel Fajardo considera que la tendencia por la amnistía se ha impuesto dentro del Estado. “Que aunque pequeña y cada vez con mayor fuerza va creciendo lo nuevo y es la amnistía. Esta amnistía en la idea de las personas se ha hecho absolutamente necesaria, porque un país no puede recorrer su historia con las heridas abiertas. Tienen que cerrarse las heridas del pasado para permitir el desarrollo del pueblo”. [51]
Es así como el Movadef viene abriendo el camino para una “amnistía general”, solución política a los problemas derivados de la guerra interna; que responde a las necesidades de la sociedad peruana. Es por eso que dice nuestro compañero Crespo: “es por eso que nuestros planteamientos se están abriendo paso, la amnistía se va imponiendo”. Cuya propuesta sobre “amnistía general” por parte del Movadef, no es una propuesta aleatoria ni unilateral, sino que también esta propuesta no es aislada sino que la apoyan personalidades como Villanueva del Campo; Valle Riestra[52]; También un general del EP Wilson Barrantes está por “amnistía general”; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega[53] y el ministro de defensa Daniel Mora[54].
DETRACTORES DE LA AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ
Un puñado de reaccionarios criollos, con fines e intereses exclusivamente inconfesables, se resisten activamente a hacer realidad esta necesidad histórica. Con el vano sueño de frustrar la amnistía política, que ya no sólo es una necesidad sino que se abre paso y se concretará más pronto que tarde, cuanto más fuerzas políticas se sumen a cerrar heridas sin odios ni venganzas. La única fuerza que se opone hoy a una solución política y que optó por la judicialización de los delitos políticos de ambas partes del conflicto fue la izquierda burguesa y putrefacta, autora principal del informe de la CVR. Revisemos a los “detractores de la amnistía general en el Perú”: el ex presidente Toledo en su gobierno fue uno de los promotores después de Fujimori de impulsar y avivar el odio y recelo entre nuestro pueblo, sino recordemos cuando dijo en tono amenazante: “me las van a pagar…en mi gobierno ningún terrorista saldrá libre”, oponiéndose al interés nacional de cerrar heridas, y socavando el camino hacia una verdadera reconciliación nacional.
El legislador de la Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaunde calificó de “desacertado” un planteamiento de este tipo, porque la reconciliación no se logra con el olvido obligatorio, que se hace a través de una amnistía. “La reconciliación se hace cuando los culpables cumplen su condena”, manifestó. El legislador Víctor Andrés García Belaunde calificó de desacertado el planteamiento de Vega, “porque la reconciliación no se logra con el olvido obligatorio que se decreta con una amnistía.”
El legislador Yehude Simon dijo que esta propuesta, “tal como se ha planteado, es un error”, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el ministro Vega, ya que este es un tema “muy sensible”. “Todos queremos un país reconciliado, pero eso pasa por una serie de etapas que involucran a los principales actores y a las víctimas y la capacidad de perdón de los peruanos”, agregó Simon.
El congresista Yonhy Lescano consideró que es “inoportuna” la propuesta del titular de Trabajo. “Es un tema muy sensible, me parece que es un planteamiento poco meditado”, expresó.
En setiembre de 2011, Carlos Ferrero, ex premier y congresista de Perú Posible, afirmó que Perú Posible nunca aprobará una amnistía por actos contra los derechos humanos pues la reconciliación solo llega cuando se hace justicia, se repara y se castiga a los que atropellan la vida. Por eso dijo que el Punto Final es un atropello contra las personas que han sido dañadas y genera una sensación de impunidad.
Luis Thais noviembre 2011, aclaró que su agrupación no respalda esas declaraciones en absoluto.“Nosotros no estamos de acuerdo con las expresiones ni de Mora ni de Rudecindo. El partido rechaza lo expresado en términos de una amnistía general o parcial. La política de PP, de respeto a los derechos humanos, siempre ha sido muy clara y respetuosa de ellos. No hemos estado nunca en una actitud de impunidad”, remarcó a diario16. “En el Perú no se puede hablar cada cierto tiempo de amnistías. Los peruanos hemos optado por la justicia y la verdad como única manera de atender las múltiples violaciones de los derechos humanos y para alcanzar la reconciliación”, refirió.
García Naranjo agosto de 2011: “No habrá ni amnistía ni indulto”. “No comparto una amnistía general, no me puedo imaginar la libertad de (Alberto) Fujimori o Abimael (Guzmán), ese es el planteamiento de propuestas como la de Valle Riestra (…) para amnistiar a Fujimori tendría que amnistiar a su par, no es posible sacar a uno solo por la vía legal”, refirió.
Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros: “Creo que ha sido un error que ya rectificó el ministro. No midió las implicancias de esas palabras. Eso (la amnistía) no está en la agenda de este gobierno.”
Recordemos que el presidente Ollanta Humala Tasso, a la hora de recibir las credenciales presidenciales, en su mensaje dijo: “Mi gobierno aspira a reconciliar el país”. “Esta solo será posible con menos pobreza, más equidad, más derechos, más empleo y más democracia.” Pero como vemos sigue aplicando la misma política de odio y venganza que atizan sectores recalcitrantes de politicastros en complicidades profundamente contraria a lo que necesita la nación y sociedad peruana.
A su turno, Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sostuvo que el Perú está sujeto a obligaciones y compromisos internacionales que le impiden plantear una ley de amnistía como lo propuesta por Rudecindo Vega. Indicó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los casos de La Cantuta y Barrios Altos le impiden al Perú promulgar una ley de amnistía. “Es lamentable que un ministro, a estas alturas, haga este planteamiento que es rechazable desde todo punto de vista”, manifestó Soberón.
La amnistía siempre ha sido un tópico que dado lugar a grandes problemas de comprensión y de percepción y mucho menos en mentes que quieren vivir de muertes.Y pretenden rehuir el debate de fondo. También pensamos que sólo pueden oponerse a la “amnistía general” los grupos que por mezquinos intereses se oponen a la “reconciliación nacional” y otros que so pretexto de proteger los derechos humanos, viven de los fallecidos de ambas partes de la guerra y trafican con el dolor de sus familiares. No hacen más que vampirizar con los muertos y hacer mercancía y lucro con su sangre derramada. Con sus “cantos de sirenas” se hacen llamar los protectores a los derechos humanos y defender el estado democrático. Con respecto a la llamada izquierda caviar que viene oponiéndose furibundamente a la amnistía por interés mezquinos, nuestro compañero Crespo tuvo palabras claras y directas: “La guerra que vivió nuestro país ha sido muy dolorosa, se han perdido vidas de ambas partes, las reacciones que hay en contra, no se puede entender de manera simplista. Pero cuando una guerra termina, los muertos son de todos y nadie tiene derecho, so pretexto de derechos humanos a traficar con los muertos de la guerra. Porque hoy hay muchos que se dicen defensores de derechos humanos, ganan buenos sueldos y no quieren que haya una amnistía general, porque se quedan sin trabajo.”[55]
Los detractores de la “amnistía general en el Perú”, como ínfima minoría que quieren hacer vivir al pueblo peruano con rencores, celos y violencia., maquillada con intereses de clase. Estos detractores, sin argumentación objetiva ni seria, concluyen que una “amnistía general en el Perú”, está prohibida por el Derecho Internacional y los Tratados en que está suscrito el Perú. Llegando a proferir que, que el Derecho Internacional y los Tratados Internacionales, obstaculizan y no permiten dicha amnistía. Pero dichos “detractores”, están confusamente errados. En ningún lugar el Derecho Internacional y en los Tratados Internacionales se prohíbe la amnistía; sino que, la incita como una medida que persigue la “reconciliación nacional”. Por lo que no existe ningún Tratado Internacional como tampoco una norma del Derecho Internacional consuetudinario que la prohíba. ¡Cuentos chinos a otro lado!
Estos detractores, no hacen más que seguir los mismos ejemplos de toda la pandilla fujimorista opositora a un “acuerdo de paz” y “solución política” que concluyera con una “reconciliación nacional” y que pusiera fin al derramamiento de sangre cuando los líderes comunistas la propusieron desde prisión los años 93 y 94. Olvidando por conveniencia o dejadez, ignoran que en el Perú siempre ha habido una tradición de amnistía político social tanto para civiles como para fuerzas del orden que cometieron excesos. Ya el viejo Valle Riestra le contestaba: “No estamos hablando un lenguaje nuevo o de una situación distinta, sino que estamos tratando de repetir lo que se hizo ayer para pacificar al Perú, para eliminar de la persecución a personas que no lo merecen o que actuaron temperamentalmente por motivos ideológicos o emoción social.”
Su acción opuesta a una amnistía general que abra camino a una reconciliación nacional sin vencedores ni vencidos, sin enconos y sin persecuciones. En cualquier parte del mundo, el que los alzados en armas propongan soluciones de este tipo son bien recibidos por cualquier gobierno del mundo, pero aquí en Perú, las cárceles son las que mandan. La reacción trata como delito el pedido de amnistía y la organización para luchar por amnistía calificándolos de terroristas. Criminalizan la amnistía, tratan con todas sus fuerzas y garras convertirla en delito de apología. Tendrían que sacarla de la Constitución y meter a la cárcel a otros que también la piden: Valle Riestra, Armando Villanueva, Edgar Núñez, Giampietri, Daniel Mora, etc.
¿Pero en sí, por qué estos reaccionarios se oponen a una amnistía general? Por el simple hecho que no logran presenciar esta necesidad del pueblo, por el simple hecho que no representan los intereses del pueblo peruano y que con su presuntuosa defensa de los derechos humanos su especialidad académica y profesional los ayudan a comer del mejor plato. La otra razón de fondo de la oposición a la amnistía general es el temor a que una fuerza que atravesó consecuentemente prisión, destierro, muerte y que estuvo entrelazado con el pueblo, tenga vida en la política nacional. A la reacción peruana no le conviene que se resuelvan los problemas derivados de la guerra vivida en nuestro país del 80 al 92. Quieren seguir manteniendo la llamada “lucha contra el terrorismo” para usarla según sus intereses de clase.
LA AMINISTÍA DE LA MEMORIA, DEL OLVIDO Y LA VERDAD
Un aspecto palpable es que la sociedad peruana es un pueblo no reconciliado que se alimenta de odio y egoísmo. En la sociedad aún está muy marcada la memoria traumática de la guerra civil y la represión ejercida por los supuestos vencedores hacia los vencidos. Y ya hemos visto anteriormente, la amnistía en países ha contribuido y ha sido una necesidad para una reconciliación nacional, normalización y equilibrada convivencia, que posibiliten emprender un futuro nuevo para sus pueblos. También ha demostrado que, la amnistía tiene el efecto de borrar u olvidar en la mente del Poder estatal la realización de determinados hechos delictivos y en varios paísestiene la virtud de borrar hechos históricos no trascendentales por convivencia social, acaecidos de la realidad misma. Por lo que la amnistía: “Es un acto de alta política, por el que los gobiernos, después de las perturbaciones o trastornos de los pueblos, hacen nula la acción de las leyes, echando el velo de un eterno olvido sobre ciertos delitos que atacan al orden, la seguridad y las instituciones fundamentales de los Estados.”[56]
Cualquier “amnistía general” no puede ampararse en la mentira ni basarse en mentiras históricas. Ocultar o distorsionar el valor histórico de los hechos sólo contribuye a crear y seguir amamantando un clima de odio y venganzas personales. El país necesita saber la verdad de lo que sucedió y ocurrió en la guerra interna de los 80s y 90s; del Andahuaylazo, Baguazo, Punazo, etc. etc. El reconocimiento público de la verdad constituye un esencial primer paso, para que haya una reconciliación nacional concreta. Por quien niega a reconstruir su pasado niega a ver su historia.
Cuando Fujimori llegó al poder, no se crearon los organismos, las comisiones de búsqueda, los tribunales, las bases de datos genéticas. Peor el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)[57] creada después del gobierno fujimontesinista, inflaron y distorsionaron los datos estadísticos. En nuestro país aún no se ha hecho una verídica historia sobre lo que ocurrió en la guerra civil, e injustamente la CVR, en sus audiencias públicas, no han escuchado equitativamente a las partes que han participado en el conflicto armado que se desenvolvió en el país desde 1980, y ni siquiera se permitió un pronunciamiento público de los principales implicados por parte del PCP[58], como sí se dio en Comisiones de la Verdad como la de Sudáfrica (luego de cerca 50 años del Apartheid).[59]Los enfoques de la CVR son en su mayor trascendencia unilaterales a la realidad objetiva. Limitaciones claras la degenerada verdad que ha creado la CVR del Perú. Evocó imágenes y mitos que nada tenían con la realidad. La única verdad que podríamos creerle a la CVR es que diga: que infló los datos y distorsionó los hechos. Esa sería una gran verdad de dicha comisión.
La verdad debe ser objetiva, oficial, pública e imparcial, Pero qué lástima que la CVR no haya hecho eso. La búsqueda de la verdad sobre la guerra interna o guerra popular es importante dentro de nuestra historia. Encontrar la verdad histórica es importante para solidificar la Amnistía General y Reconciliación nacional. La CVR no ha ayudado al país a reflexionar sobre su historia y ni mucho menos a tener una visión profunda de cómo se desenvolvió la guerra interna en el país. ¿Acaso la CVR peruana ha cumplido un papel como la CVR sudafricana, de Ghana, de Sierra Leona o de Timor Oriental? No le ha llegado ni a los tobillos. ¿Acaso en las audiencias y declaraciones han participado los integrantes del Comité Central del Partido Comunista? La CVR no ha hecho más que lavar los cerebros del pueblo peruano a costa de mentiras históricas, aquilatadas a los intereses del Estado peruano.
Y tienen razón los “expertos historicistas” cuando dicen que también la desmemoria se pasea por los centros de enseñanza primaria, secundaria y superior, donde los estudiantes suelen tener una visión superficial de nuestra historia desde los 80. A ello se suman las diferentes versiones de la historia de la guerra civil interna librada desde 1980-1992 por el Partido Comunista del Perú. Es hora también de describir y escribir una historia real, objetiva y concreta, y no seguir repitiendo las viejas mentiras históricas, que han carcomido las mentes de nuestro amado pueblo.
La izquierda burguesa y la derecha reaccionaria, no sólo tiene responsabilidad en una de las más gruesas falsificaciones de la historia peruana al inflar las cifras del conflicto para cargárselas al Partido Comunista del Perú, sino también en seguir sosteniendo es clima de encono y de enfrentamiento social que crispa a la sociedad peruana. Ellos han fabricado miles de mentiras deliberadas; han deformado las fuentes y archivos, de la invención de pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes de las clases dominantes.
Algunos se equivocan y salen a gritar por los vientos y mares que la “amnistía general” es el encubrimiento y la permisión de agentes que delinquieron puedan seguir haciéndolo, o por lo menos queden impunes. En efecto, no ven los dos lados de la moneda, la “amnistía general” permite que se libere de toda responsabilidad a los actores de delitos políticos, pero a la vez también permite que sean esclarecidos debidamente, los hechos perpetrados en la lucha interna o guerra popular. Una “amnistía general”, ayuda a conocer y a desencubrir la verdad histórica manoseada a los antojos de los gobiernos dictatoriales. He ahí el “derecho a conocer la verdad”, declarado por los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y contenida en los convenios sobre Derechos Humanos que ha suscrito el Perú.
Y otros más radicales y fanáticos tratan de buscar de la verdad con una solución en una sala penal o en las rejas. Pues no ven que por eso ha fracasado la CVR, sino que la búsqueda de la verdad corresponde su solución en el ámbito político y social como ya lo ha demostrado la historia, y, leyes de amnistía como las descritas contribuyen a este objetivo, como también lo vienen demostrando los procesos históricos de diversos países. Una verdadera Reconciliación nacional permite la configuración de una verdad sin aditamentos, sin construcciones forzosas. He ahí una verdadera Reconciliación nacional.
Es así cuando alguien quiere abrir las heridas, es porque quiere dividir y vivir de rencores y odio…Las nuevas generaciones quieren fabricar una nueva sociedad, quieren transformala en una más humana y más libre. Lo que amnistía “significa olvido pero, más allá del olvido, la rigurosa prohibición de remover el pasado para nuevos actos de venganza y pretensiones suplementarias de reparación.”[60] La amnistía en términos generales, es el olvido, lo que se le suele contraponer la memoria de la verdad. Esta memoria corresponde al hombre histórico y, no como se cree en los tribunales o en las cáceles abarrotadas de egoísmo y recelo. La memoria del pueblo peruano es selectiva e inteligente. La memoria y el olvido siempre han servido exclusiva y absolutamente al futuro, no al pasado. El gobierno ollantista, cree que gobernar con la hipermemoria, como se pretende ahora, es tan reaccionario y recalcitrante, que solo en mentes cavernarias de la edad media se podían admitir.
Pues también es absurda la lógica de comparar la amnistía con el «borrón y cuenta nueva», puesto que se trata de «hechos netamente políticos», La guerra desarrollada en los años 80s hasta los comienzos del 90s, por el Partido Comunista del Perú, fue una guerra exclusivamente política, por lo que ninguna amnistía del mundo podrá borrar de las faz de todos los comunistas. Aquí no hay borrones históricos. La historia estará latente ahí, nos guste o no. El 17 de mayo de 1980 no podrá nadie borrarlo y seguirá influyendo en el destino del pueblo. En realidad ni la sociedad ni el hombre y ni un pueblo pueden olvidarse del todo. La memoria histórica enseña y orienta las directrices del un pueblo. Pero la memoria como el olvido deben conceder, la posibilidad de un nuevo comienzo. Olvido Histórico implica el olvido no de una historia sesgada y huera, sino de procesos históricos sustanciales y concretos.
Algunos creen que dar una amnistía general, es “abrir la caja de Pandora” o desenvainar la “espada de Damocles”. El Perú no quiere ser el Funes de Borges, que era incapaz de olvidar muchas cosas con las que no podía vivir. El Perú debe ser como el Shereshevski de Luria, aquél personaje que tuvo que adquirir el arte de olvidar para no morir aplastado por su hipermemoria. El Perú, por parte de sus gobernantes, ha sido condenado a rumiar siempre los mismos problemas y cargarlos como Sísifo. Para la salud de un individuo, de un pueblo, de una civilización son necesarios tanto el punto de vista histórico como el no histórico. El grupo humano debe recordar y también olvidar. A partir del olvido, lo recordable por transmisión histórica se convierte en sustancia de la vida, y permite transformar los acontecimientos de ésta en nueva historia.
Olvido implica dejar de lado los recelos históricos. Olvidar -concluyo- unos aspectos de la realidad, implica alumbrar, hacer brillar como un destello lo irreconocido en la realidad. Y es que la historia toda, incluida la peruana, no puede ser narrada y transformada, sino en cuanto está apuntalada en la interrelación dialéctica entre la memoria y el olvido. No hay pues memoria sin olvido, y no hay olvido sin memoria. Hay etapas en la historia donde es imprescindible, echar al olvido determinados hechos o acontecimientos históricos, que reculan el avance de una nación. Y esto no es un abuso, sino una condición histórica que muchos pueblos se han alimentado. Tanto la hipertrofia de la memoria, como la atrofia de la historia, han causado daños a nuestra nación, y esta es una verdad irrefutable. Por lo que es necesario ver las cosas históricamente y cuándo es necesario verlas no históricamente, para la salud de nuestra nación. Tenemos necesidad de recordar como de olvidar.
La necesidad de consolidar una amnistía amplia y general, como medida que vendría a superar los obstáculos jurídicos, y fortalecer aspectos como los sociales, para garantizar la reincorporación individual de los presos políticos a la vida civil. Una verdadera amnistía general, tiene como objetivo, promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales del pueblo peruano, como condiciones indispensables para una Reconciliación nacional.
Impulsar y alcanzar la reconciliación nacional, supone la amnistía general, absoluta e incondicional. Pero también, es igualmente importante evitar que quede gravitando sobre la sociedad la incertidumbre de la persecución judicial por un tiempo indefinido.
El proceso debe propender a la instauración de la tolerancia política como la mejor manera para conseguir la ampliación y preservación de la democracia. El éxito de la reinserción económica, social y política, depende, tanto de un esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad en general. Pero para hacer realidad esta nueva convivencia social es necesaria una “amnistía general” para impulsar un proceso de “reconciliación nacional” en el que el interés del Nación, juegue un papel importante. “La amnistía es un punto clave para procesos de pacificación y reconciliación nacional.”[61]
Lo pasado en Andahuaylas, Bagua, Puno, etc., viles asesinatos perpetrados con premeditación, ventaja y alevosía por parte del estado. ¡Basta de odio y venganza!, la necesidad hoy, es buscar una solución política que abra camino a la amnistía de los presos políticos en función de una Reconciliación nacional. Erigir la concordia de la sociedad por sobre el tumulto de las venganzas particulares. El valor de una amnistía, debe ser juzgado, desde su eficacia para reconstruir la concordia o amistad política en una sociedad determinada, luego de atravesar una situación excepcional, una guerra civil. Tenía razón Kant cuando decía: in amnestia substantia pacis consistit.[62]
Es así que, varios países del mundo, en busca de mecanismos de pacificación y reconciliación nacional, han dictado leyes de amnistía cuya consecuencia, ha sido una solución política, amnistía general y reconciliación nacional que resuelva políticamente los problemas pendientes de la guerra interna y conflictos sociales. Por lo que el Perú necesita, una amnistía general debe ser para civiles, militares y policías, ya que plenamente convencidos que, nuestro país lo que requiere es paz, democracia y desarrollo, así como producción nacional y trabajo para el pueblo.
La Reconciliación nacional implica la necesidad de resolver los problemas derivados de la guerra interna, resolver un conjunto de problemas sociales, económicos y políticos con el fin de transformar un pasado violento, en un futuro hacia la construcción de una nueva realidad social. “El proceso de Reconciliación aparece como la articulación estratégica de un conjunto de escenarios, en los que se intenta transformar una serie de condiciones sociales caracterizadas por la violencia y la represión, en búsqueda de la constitución de nuevas realidades en las que sea posible la regulación pacífica de los conflictos sociales.”[63]
Es así que la Amnistía general en Latinoamérica se convirtió en una forma tradicional en desarrollar los problemas de guerras internas vividos en los países, con el fin de abrir puertas a un nuevo momento histórico posando por la necesaria reconciliación nacional. También la historia nos planteado procesos de Amnistías Generales en países, que han salido de guerras civiles, para así alcanzar una Reconciliación nacional y varios de ellos son los casos: El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia y otros. Mediante la Amnistía General, esta figura jurídico-política en todo el mundo, se ha buscado terminar con los alzamientos en armas de manera parcial y obtener el reintegro a la vida civil y el reconocimiento de los alzados en armas de la legitimidad del sistema y poder conllevar una Reconciliación nacional. Ya Emer de Vatell decía: “La amnistía es un olvido perfecto y total de lo pasado, y como la paz está destinada à anonadar todos los motivos de discordia, este debe ser el primer artículo del tratado [de paz y reconciliación], y es como se acostumbra en el día; pero aunque el tratado no se dijese una palabra, la amnistía se comprende en él necesariamente, por la naturaleza misma de la paz.”[64]
Varios países nos han demostrado que varios procesos de promulgación de amnistía, -producto del reconocimiento de la posibilidad del cambio político, la ampliación del ejercicio democrático y la tramitación de los conflictos dentro del orden institucional-, se alcanzaron dentro de una concepción orientada, a su vez, por la recuperación y el fortalecimiento del orden civil, la necesidad de la reconciliación entre el Estado y la sociedad y la integración de zonas y poblaciones excluidas y afectadas por la debilidad institucional. “La amnistía afirma la necesidad de recuperar un valor propiamente político, cual es la concordia o amistad política, a los efectos de un nuevo comienzo, con las ventajas consiguientes para la sociedad en su conjunto.” [65]
Solo con una “amnistía general” se podrá dar el primer impulso en nuestro país para obtener una verdadera “reconciliación nacional”, que termine y aniquile con todo recelo y salvajismo contra los que se levantaron en armas para transformar la sociedad peruana y que conlleve también a tirar a la basura todas esas leyes antiterroristas, que es utilizado por el gobierno, para perseguir como caseríos de brujas a los luchadores sociales; terminar con la criminalización de las luchas del pueblo, luchas que objetivamente son por la reconquista y defensa de sus derechos fundamentales, saqueados y pisoteados por los gobiernos neoliberales de Fujimori, Toledo, García y de Humala en nuestra actualidad.
Que quede claro que, la amnistía general, no es la cesión para el fin de la lucha del pueblo, por sus derechos fundamentales y ni mucho menosel cese de la lucha de clases que se desarrolla en el Perú. Ni una institución jurídica puede marchar en contra de la historia y de los hombres que fabrican esa historia. La amnistía general no es el fin de la lucha de todo nuestro pueblo peruano, sino que, en este contexto histórico, es el comienzo pleno de todas las energías nacionales, de los grupos o sectores políticos que bregan por la reivindicación de los derechos fundamentales pisoteados y aniquilados por las clases explotadoras, que con su Estado opresor trata de mantenernos oprimidos y sumisos en la miseria. La amnistía general es la premisa para abrir un nuevo momento histórico, consagrado a transformar la sociedad.
Se ha llegado a la hora de dar el veredictus finales, que son las correspondientes:
Primero para dejar en claro que, la subsistencia de los problemas no resueltos de la guerra interna vivida en nuestro país en las décadas 80 y 90 del siglo pasado, han sido problemas que los gobiernos de facto no han logrado solucionar. Por ello es tarea pendiente y actual para llegar a una reconciliación nacional, por parte de este gobierno. El problema central de nuestra vida nacional es resolver los problemas derivados de la guerra interna, darle una SOLUCIÓN POLÍTICA y una AMNISTÍA GENERAL y RECONCILIACIÓN NACIONAL que necesita el pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. La sociedad peruana ha llegado a una conclusión clara: Ha llegado la hora de voltear la página del conflicto interno vivido –con todos sus dramas, enconos y desgarraduras- y pasar a otra etapa. Ya que “una herida abierta como es el conjunto de problemas derivados del conflicto, no favorece la gobernabilidad”.
La AMNISTÍA GENERAL para los presos políticos, civiles y militares, es la forma concreta y absoluta, de resolver nuestro problema interno contra quienes creen absurda y torpemente que, solo en las celdas y carceletas se llega a la justicia; “traficando y viviendo de los muertos de la guerra”. Y nos reafirmamos que la Guerra Popular desenvuelta en el Perú y sus problemas pendientes, son un problema político, por tanto su solución es política y corresponde una “AMNISTÍA GENERAL”, pues no se resuelve con juicios ni amenazas de juicios eternos a unos ni con condenas a penas draconianas a los revolucionarios sepultándolos vivos. La solución a los problemas que se derivaron, y aun persisten, de la fenecida guerra interna tiene que ser una SOLUCIÓN POLÍTICA; más no militar ni jurídica.
Y que para cerrar un capítulo de nuestra historia reciente, responden a la necesidad política que tiene la sociedad actual de una amnistía general para civiles, militares y policías de la guerra interna. La solución final ha de ser una SOLUCIÓN POLÍTICA con AMNISTÍA GENERAL, que traiga RECONCILIACIÓN NACIONAL. Cualquier otra forma unilateral será incompleta y terminará siendo infructuosa para la nación. La AMNISTÍA GENERAL es una necesidad insoslayable en nuestro país, no puede mantenerse el odio y el encono, manteniendo a civiles policías y militares en prisión durante décadas, con penas draconianas. La AMNISTÍA GENERAL permitirá una RECONCILIACIÓN NACIONAL, que tanto vienen proclamando distintos movimientos, grupos y sectores políticos, y debe encontrar su vía por una SOLUCIÓN POLÍTICA a todos los problemas derivados de la guerra interna acarreados en nuestro país.
Y se vuelve a poner sobre el tapete el tema de resolver los problemas derivados de la guerra interna en Perú, pero se pretende resolver parcialmente en desmedro a la reconciliación, es más se pretende ahondar más las heridas. La amnistía general en estos momentos es unanecesidad histórica, pero ello no va llegar para el beneplácito de un sector o de otro, tiene que objetivamente viabilizarse por la lucha del pueblo para encontrar una paz social, mientras que el pueblo no perciba que la amnistía le va traer ese beneficio, no la va tomar como suya. Lo que el Perú necesita una AMNISTÍA GENERAL y eso beneficia sobre todo al pueblo. Necesita cerrar el capítulo histórico de las venas abiertas de la guerra interna y entrar a un proceso de RECONCILIACIÓN NACIONAL, que no es ninguna “conciliación de clases”, sino la entrada a nuevo momento histórico, donde las partes asuman sus responsabilidades y la sociedad saque lecciones que sirvan a su futuro venidero
Segundo que, la libertad de los presos políticos, ha devenido ya en un derecho; es necesario apagar el resentimiento, odio y persecución contra los que piensan diferente a uno. Por lo que demandamos la liberación de todos los presos políticos, con una AMNISTÍA GENERAL, para una SOLUCIÓN POLÍTICA, habiendo terminado la confrontación de los años 80s. El Movadef y yo, como estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, exigimos la liberación de todos los presos políticos y prisioneros de guerra. Habiendo terminado la confrontación de los años 80s, que fue un acontecimiento eminente y absolutamente política. Lo que requiere de una solución política y una AMNISTÍA GENERAL que siente las bases para una RECONCILIACIÓN NACIONAL, y en conformidad a los convenios y tratados internacionales, y a las diferentes amnistías generales decididas en el mundo después de cada confrontación externa o interna. El tema de la amnistía es imprescindible como paso previo hacia nuestra RECONCILIACIÓN NACIONAL. AMNISTÍA GENERAL irrestricta e inmediata para los presos políticos. He ahí los problemas que le toca resolver a este Estado peruano.
Tercero que, la solución sería que el Estado peruano realmente aplicara la justicia como debe ser, pero además que cumpliera con un compromiso real; en el caso de la actual de dar una amnistía general por un lado y por el otro que asuma sus responsabilidades en la guerra interna que vivió nuestro país desde 1980 hasta 1992. Y que reconozca que lo que se vivió en el Perú no fue un supuesto “terrorismo”, sino una “guerra popular”, dirigido por el Partido Comunista del Perú. Y que se establezca una auténtica verdad de la guerra interna para hacerla conocer y comprender a nuestro pueblo y a la sociedad peruana; pero no como nos la han “contado y narrado” la estafadora CVR o senderólogos de derecha, inflando los datos y tergiversando los acontecimientos históricos.
Cuarto que, el asunto central para tal cometido se llama AMNISTÍA GENERAL. La AMNISTÍA GENERAL es necesaria para nuestro país porque lo que éste necesita es paz, democracia, trabajo y desarrollo para el pueblo. Y ha quedado claro hoy en día ha quedado claro que la subversión no es el problema principal, si lo es por ejemplo la democratización del Perú. Que la democracia llegue al pueblo, es el problema que debemos solucionar, para eso es necesario cerrar heridas, dar libertad a los que han cumplido ya con su responsabilidad. Lo que el pueblo quiere es libertad económica; revisión de los contratos con las empresas monopólicas; nueva Constitución que contemple y defienda los derechos fundamentales del pueblo; defender los recursos naturales y producción nacional y trabajo para el pueblo y restitución de las libertades, derechos, beneficios y conquistas democráticas conculcadas.
¡LIBERTAD PARA EL DOCTOR ABIMAEL GUZMÁN Y PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
1.Miguel Ángel Afanador Ulloa, “Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992)”, Bogotá, 1993.
Enrique Bernales Ballesteros, “La constitución de 1993: Análisis comparado”. Editora RAO JURÍDICA S. R. L. Lima, 1998.
3.Luis Maria Bandieri, “¿Un pasado que se resiste a pasar?”, Edición Electrónica – Buenos Aires, 2007.
“Comunicado del C.E.N. del Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales” de 26 de octubre de 2011.
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“Enciclopedia moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio”, Editorial Establecimiento Tipográfico de Mellado, Barcelona 1851.
Entrevista en el Viejo Topo a Manuel Fajardo. Lunes, 31 de octubre.
Entrevista de Álvaro Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos días Perú.
Expediente Nº 013-96-I/TC
Expediente N.° 679-2005-PA/TC
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15. Joaquín Gómez Pantoja, “Historia antigua: Grecia y Roma”, Editorial Ariel, Barcelona 2003.
16.Abimael Guzmán Reinoso, “De Puño y Letra”, Impreso por MANOALZADA, Lima 2009.
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25.Pacto de San José de Costa Rica Convención Americana Sobre Derechos Humanos art.4.6.
26.H. Prosper-Olivier Lissagraray, “Historia de la Comuna de París”, Editorial Estela, Barcelona, 1971.
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33.Elena Yparraguirre Revoredo en la presentación del libro del libro De Puño y Letra del Dr. Abimael Guzmán Reinoso.p.18, Impreso por MANOALZADA, Lima 2009.
Jorge Zavala Baquerizo. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I. Editorial Edino, Guayaquil, 2004.
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[1]Iñaki Egaña Sevilla, “Diccionario histórico-político de Euskal Herria”, Editorial Txalaparta S.L, Tafalla, 1996, Tomo I, p.46.
[2]Véase Pedro María de Olivé y Santos López Pelegrín, “Diccionario de sinónimos de la lengua castellana”.
[3]“libertadores”= eufemísticamente se les llamaba a los asesinos de Julio César.
[4]Véase a Joaquín Gómez Pantoja, “Historia antigua: Grecia y Roma”, Editorial Ariel, Barcelona 2003.
[5]Iñaki Egaña Sevilla, “Diccionario histórico-político de Euskal Herria”, Editorial Txalaparta S.L, Tafalla, 1996, Tomo I, p.46
[6]Véase “Enciclopedia moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio”, Editorial Establecimiento Tipográfico de Mellado, Barcelona 1851. p.380.
[7]Véase a Xavier Zavala Egos, “Amnistía”, en Revista jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
[8]Véase H. Prosper-Olivier Lissagraray, “Historia de la Comuna de París”, Editorial Estela, Barcelona, 1971.
[9]Véase el “Diccionario de la Lengua Española”, Vigésima segunda edición.
[10]“derecho de perdonar”
[11] Véase a Federico Puig Peña, en su colaboración a la Nueva Enciclopedia Jurídica, F. Seix Editor, Tomo II.
[12]Jorge Zavala Baquerizo. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I. Editorial Edino, Guayaquil, 2004.
[13]Federico Puig Peña, “Derecho Penal”, Ediciones Nauta S .A., Barcelona España. 1970. p. 471.
[14] Robert Norris, “Leyes de Impunidad y los Derechos Humanos en las Américas: Una Respuesta Legal” En: Revista IIDH, No. 15, San José, Costa Rica, 1992.
[15]Véase la entrevista de Álvaro Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos días Perú
[16]Véase Ricardo Núñez. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I.
[17] Luis Maria Bandieri, ¿Un pasado que se resiste a pasar?, Edición Electrónica – Buenos Aires 2007.
[18]Véase “Enciclopedia Moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio”, Editorial Establecimiento Tipográfico de Mellado, Barcelona 1851. p376.
[19]Véase Solución Política, Amnistía General Y Reconciliación Nacional, “Moción presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares”.
[20] Véase Josefina Oliva de Coll, “La resistencia indígena ante la conquista”, Siglo XXI Editores, 1991.
[21]Véase Robert. E. Norris, “Leyes de Impunidad y Derechos Humanos en las Américas: Una respuesta legal.”
[22]Véase Solución Política, Amnistía General Y Reconciliación Nacional, “Moción presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares”.
[23] Véase Expediente Nº 013-96-I/TC
[24] Véase Expediente Nº 013-96-I/TC
[25] Véase Expediente N.° 679-2005-PA/TC
[26] Véase Expediente N.° 679-2005-PA/TC
[27] Véase Expediente N.º 679-2005-PA/TC
[28] Véase Expediente N.° 679-2005-PA/TC
[29]Véase el Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en el Título II, Artículo 6º, Inciso 5.
[30] Véase Pacto de San José de Costa Rica Convención Americana Sobre Derechos Humanos art.4.6.
[31] Domingo García Belaúnde, “La Constitución y su Dinámica”, Publicado en Revista Jurídica del Perú, Trujillo (Perú), núm. 4, octubre-diciembre de 1995, p.82.
[32]Corte I.D.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001.
[33] Corte I.D.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001.
[34] Abimael Guzmán Reinoso, “De Puño y Letra”, Impreso por MANOALZADA, Lima 2009, pp. 181-182.
[35]Miguel Ángel Afanador Ulloa, “Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992)”, Bogotá, 1993, p.15
[36]“La legislación antiterrorista peruana, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, establece procedimientos que “violan derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana y la Declaración Universal” La plasmación de esta legislación ha producido la detención prolongada de una serie de personas inocentes.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1993, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, 1994, p. 513.
[37] Véase “El Hombre”, Abimael Guzmán Reinoso escrito en el Penal Militar Base Naval del Callao, 1994/ 1995.
[38] Véase “El Hombre”, Abimael Guzmán Reinoso escrito en el Penal Militar Base Naval del Callao, 1994/ 1995.
[39] Véase a Günther JAKOBS, “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”. Traducido por CANCIO MELIÁ, Manuel. En: JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. “Derecho Penal del Enemigo”. Madrid: Civitas, 2003. -¿Cómo define el “derecho penal del enemigo”? -Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos. Por Sebastián Dozo Moreno en http://www.lanacion.com&nbsp;
[40]“Y dentro del conjunto de libertades que deben de darse de los presos políticos y prisioneros de guerra, primerísima importancia tiene obviamente, la del máximo revolucionario comunista del mundo como es el Dr. Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, cualquier viento que trate el problema con amnistías incompletas particulares o centradas en una determinada persona no es lo más conveniente ni adecuado para lo que el Perú necesita, porque el Perú necesita una amnistía general.” Manuel Fajardo Cravero en la entrevista de Servando Huanca, en el Viejo Topo Jueves, 15 de septiembre de 2011.
[41] Entrevista de Augusto Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos días Perú. Noviembre de 2011.
[42]Véase Solución Política, Amnistía General Y Reconciliación Nacional, Moción presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares
[43]Véase “La legislación “antiterrorista y sus efectos: una asignatura pendiente de la transición de la democracia”.
[44]Elena Yparraguirre Revoredo en la presentación del libro del libro De Puño y Letra del Dr. Abimael Guzmán Reinoso.p.18, Impreso porMANOALZADA, Lima 2009.
[45]Carl Schmitt : “La Amnistía o la Fuerza del Olvido”, Trad. Luis María Bandieri de la versión de François Poncet, en Edición Electrónica, Buenos Aires 2007.
[46] Carl Schmitt : “La Amnistía o la Fuerza del Olvido”, Trad. Luis María Bandieri de la versión de François Poncet, en Edición Electrónica – Buenos Aires 2007.
[47]Lo que hay una necesidad de resolver los problemas derivados de la guerra interna, políticamente, incluyendo de los que aún quedan alzados en armas (VRAE). En un momento, indicó que José Flores Palomino, o camarada “Artemio”, que está levantado en armas y atrincherado en Alto Huallaga (VRAE), está de acuerdo con la amnistía general y las propuestas del MOVADEF: amnistía general, solución política y reconciliación nacional.
[48]Sigifredo Orbegoso Venegas, “Amnistía: luces y sombras de un debate nacional”. Véase en revista jurídica del Perú julio-setiembre 1996 año XLVI N° 03.
[49] Siempre ha sido costumbre y siempre “se han concedido amnistías también como consecuencia de un acuerdo de paz o de otro tipo de acuerdo negociado, como un acuerdo entre el gobierno y los grupos de oposición o las fuerzas rebeldes.” Véase instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, Amnistías, Naciones Unidas Nueva York y Ginebra, 2009.
[50](Comunicado del C.E.N. del Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales de 26 de octubre de 2011).
[51]Entrevistas en el Viejo Topo a Manuel Fajardo. Lunes, 31 de Octubre
[52]Javier Valle Riestra en los años 80s y 90s, desde la reación, mantuvo una enconada y furibunda lucha contra guerra popular; empleó los peores epítetos contra el Partido Comunista del Perú y del Dr. Abimael Guzmán que propuso un Acuerdo de Paza Estado peruano. Javier Valle Riestra antes planteaba una “Amnistía parcial”, solamente para los fujimontesinistas, Antauro Humala, luchadores sociales y “no para Sendero porque son terroristas”. Ahora un poco más lúcido sobre esta necesidad histórica, ha comprendido que no puede y debe omitirse al otro ladopartícipe de la guerrainterna, ya que “sería una amnistía hemipléjica”. Javier Valle Riestra, mayo de 2010 decía: “Considero necesaria la dación de una ley de punto final o de amnistía”. “el Perú necesita pacificación”. Lo que en diciembre de 2010 decía al gobierno entrante: “Es para todos los casos políticos sociales y, como vamos a empezar un nuevo régimen, hay que hacerlo sin el lastre de las persecuciones de naturaleza político- social, por eso creo que el Parlamento debería dar una ley de amnistía”. Valle Riestra, resaltando que en la historia peruana, la amnistía no es una cosa nueva y “no hay nada nuevo bajo el sol” y recordando que los apristas se beneficiaron de las amnistías del 45, 56, etc. en mayo de 2010 seguía diciendo que: “Las amnistías por delitos político-sociales en el Perú se han promulgado en el Perú en 1945, en que fueron excarcelados decenas de militantes y dirigentes apristas procesados, se repitieron en 1956, en 1963, en 1980. (…). Estas gracias sirven para reconciliar a la sociedad. De lo contrario, habría que suprimirlas de la Constitución”. Por lo que debemos elevarnos y buscar la pacificación nacional, evidentemente no lograda con mezquindades, el Perú necesita, sustantivamente, una ley de punto final, que acabe con todos los recelos que carcomen la sociedad peruana. Por eso en mayo de 2010 volvía a decir: “A mi lo que me interesa e importa es que Gonzalo y los aún centenares de prisioneros políticos salgan de las prisiones. Me interesa que los más de diez mil exiliados que tuvieron que salir del país por causales del conflicto interno, puedan volver donde los suyos. Que los miles de requisitoriados que hay en el país y que detienen cada cierto tiempo para montar psicosociales, tildándolos de “mandos que iban a hacer atentados”, superen ese estado de incertidumbre. Que se derogue tanta ley antisubversiva, hecha para combatir la guerra popular y que ahora las usan como ariete contra el movimiento social. Me interesa que el millón de desplazados por causas de la guerra puedan retornar a su suelo natal. Que haya planes de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto y que siguen en su honda y centenaria miseria. Que los que aún se mantienen en armas como los del Huallaga (Artemio), se incorporen a la vida social. Una Amnistía General beneficia a ambas partes: a los que se rebelaron en la búsqueda de un orden nuevo y los que defendieron al orden opresor.”
[53] El 30 de Octubre de 2011, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, lanzó una audaz y a la vez acertad propuesta: un perdón y amnistía general “para todos” para que faciliten un proceso de reconciliación nacional: “Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. Yo, lo que creo es que tenemos que dar amnistía en todos los sectores. Hay que tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, y para luchar contra la corrupción”, expresó al programa “ADN Político”. Y volvía a decir: “Cuando entras en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, tiene que haber perdón y olvido para todos”. “Yo concibo una conciliación política del Perú a través de una amnistía, pues es el pasado que desune al Perú”,
[54]El día 31 de agosto de 2011, Ideele Radio publicó declaraciones del ministro de Defensa, Daniel Mora, quien afirmó que “debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto [investigación a militares]”. Mora consideró que “no puede haber juicios que se destapen después de 40 años” y que “hay que emplear la ley con toda justicia, equilibrio”.
[55]Entrevista de Álvaro Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos días Perú.
[56] Véase Enciclopedia moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, Editorial Establecimiento Tipográfico de Mellado, Barcelona 1851. p.377.
[57] Véase a Luis Augusto Bromley Coloma, ex jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), donde revela que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) cuadruplicó e infló el número de personas que desaparecieron en el conflicto armado: “De las cifras difundidas por la CVR, sólo el 26.55% es exacto, el 73.45% son personas ‘virtuales’, es decir, materialmente nunca han existido”. Y por lo tanto: “Nosotros no podemos decirle al mundo que en el Perú murieron casi 70 mil personas cuando no fue así. No es justo, no es correcto, no es científico, y tampoco es responsable”.
[58]Decía Antauro Humala, en una entrevista a La Razón (09/09/11), respecto a la subversión maoísta que desarrolló la guerra popular 1980-1992: “No se ha agotado la evaluación del fenómeno senderista, es decir, solo se ha escuchado a una de las partes y no a la otra y corresponde hacerlo en el marco de un auténtico proceso de reconciliación nacional”.
[59]Apartheid= política de segregación racial practicada en la República de Sudáfrica. El término apartheid en lengua afrikaans significa separación y describe la rígida división racial entre la minoría blanca gobernante y la mayoría no blanca, El Partido Nacional (NP) introdujo el apartheid en su programa electoral de 1948-49 y, tras su victoria, pasó a formar parte de la política gubernamental de la República de Sudáfrica hasta principios de la década de 1990.
[60] Carl Schmitt : “La Amnistía o la Fuerza del Olvido”, Trad. Luis María Bandieri de la versión de François Poncet, en Edición Electrónica – Buenos Aires 2007
[61] Enrique Bernales Ballesteros, “La constitución de 1993: Análisis comparado”, Editora RAO JURÍDICA S. R. L. 1998, Lima.p.489.
[62] “La amnistía sustancia de la paz”
[63]José Herrera Jaramillo, “Reconciliaciones, transacciones democráticas y construcción de paz. El caso colombiano 1989-2006”, Editorial de la Universidad de Granada, España 2009, p.163.
[64]Emer de Vatell, “El Derecho de gentes o Principios de la ley natural: aplicados a la conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos”, Imprenta de D. León Amarita, Madrid. 1834, Tomo II, p. 278.
[65] Luis Maria Bandieri, ¿Un pasado que se resiste a pasar?, Edición Electrónica – Buenos Aires 2007.
Amnistia General en el Perú [Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna] 275 Kb
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PEDROPERUANO dice:
21 julio, 2012 en 2:51
Hola muy interesante tu planteamiento y tu investigacion. felicitaciones. el profe carlos ivan nos presento el ejemplo de como se habia logrado la reconciliacion en chuschi y basicamente era un anmistia general a todas las partes pero con una concepcion muy discreto pero serio de los hechos. saludos; lo seguiré leyendo.
21 julio, 2012 en 2:53
perdon me equivoque, el caso era en uchurajay. trajo un especialista
Dubai Property Solicitors dice:
21 abril, 2013 en 21:04

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