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Timestamp: 2019-10-20 13:36:55+00:00

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STS 95/2014, 20 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 496767538
Número de Recurso: 1507/2013
ABUSO SEXUAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto. Se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Belarmino , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16ª, que condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual a menor; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Estanislao , representado por la Procuradora Sra. Hoyos Moliner, y dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Romero García.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, incoó Procedimiento Abreviado con el número 3070 de 2011, contra Belarmino , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección 16ª, con fecha 25 de junio de 2.013, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Se declara probado que el acusado, Belarmino , nacido en Colombia, con residencia legal en España, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 23,30 horas del día 28 de Mayo de 2011, estando en el bar denominado "Punto y Pelota" de la localidad de Villanueva de la Cañada, se sentó en una mesa del citado bar, en una silla contigua a la que ocupaba, Valle , de 5 años de edad, en cuanto nacida el día NUM000 /2006, y con animo libidinoso de menoscabar su indemnidad sexual, procedió a tocar a la menor en sus genitales, frotando su mano contra ellos, hasta que la menor se levantó asustada de la silla.
FALLO: Que debemos condenar y condenamos al acusado Belarmino como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de abuso sexual a menor de trece años, ya definido, sin concurrencia de circunstancias, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la prohibición de aproximación a Valle a menos de 500 metros, a su domicilio o lugar de trabajo, así como a ponerse en contacto con ella por cualquier medio durante cinco años; y a indemnizar a la menor Valle en la persona de su representante legal en la cantidad de 1.000 euros por daños morales, cantidad que se incrementarán en el interés legalmente previsto; con la obligación de abonar el pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación Particular.
Para el cumplimiento de la pena se le abonará al acusado todo el tiempo de privación de libertad sufrida por esta causa, si no se le hubiera aplicado a otra.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Belarmino que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
ÚNICO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 CE .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día seis de febrero de dos mil catorce.
El motivo primero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , por haber mediado vulneración del art. 24 CE ya que no hay datos suficientes para destruir el principio de presunción de inocencia del recurrente, al condenarle en base a hechos circunstanciales y impresiones de terceros, ya que la exploración de la menor no viene corroborada por el resto de la testifical y pericial medica practicada que no apreció ningún tipo de lesión física en los genitales externos, perine y región anal ni en la exploración extragenital, como tampoco se observaron ningún tipo de secuelas de tipo psicológico. Y no es lógico ni creíble que los hechos sucedieran en un bar lleno de gente y con la compañía de dos adultos, el abuelo y un amigo de éste.
Como hemos dicho en reciente STS. 758/2013 de 24.10 el desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar que los delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afecten a menores de edad, merecen un especial reproche moral y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela de dichas personas merecen como víctimas de los mismos. Pero siendo todo ello cierto, en ningún caso puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determina una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Por ello, siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos de jurisdicción ordinaria a reinterpretar, conforme al principio de constitucionalidad de las normas jurídicas, los preceptos que afecten o pueden afectar a la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, de modo que aquellos preceptos resulten compatibles con aquella Super Ley, por tanto, atendiendo el derecho constitucional ala presunción de inocencia presente en el art. 24.2 CE , se impone reinterpretar el "dogma" de la libre valoración con las pautas ofrecidas por el Tribunal Constitucional, singularmente en la ya histórica sentencia de 27.8.81 , complementada en la de 26.7.82 , lo que en definitiva, impone un modelo constitucional de valoración de la prueba e implica que para que se de un Fallo condenatorio es preciso deslindar como fases perfectamente diferenciadas dentro del proceso de análisis de las diligencias, las dos siguientes:
) Una segunda fase de carácter predominante subjetivo, para la que habría que reservar «strictu sensu» la denominación usual de «valoración del resultado o contenido integral de la prueba», ponderado en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal. En la primera fase operaria la presunción de inocencia, en la segunda el principio «in dubio pro reo». Así, la presunción de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone (ver STC 31 mayo 1985 ) que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo, y por su parte, el principio «in dubio pro reo», presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal a quien compete su valoración en conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos ( art. 741 LECrim ). La importancia de esta distinción es fundamental en la práctica dado que al juzgador de instancia compete realizar en toda su extensión el íntegro proceso de análisis de las diligencias probatorias practicadas comprensivo, por tanto, de las dos fases indicadas. De igual manera estimamos obvio afirmar que compete al Tribunal de la apelación, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, concretar si en las resoluciones judiciales impugnadas se ha realizado escrupulosamente el análisis o examen que aquella primera fase «objetiva» impone, y en caso negativo es de su propia incumbencia el corregir los posibles errores judiciales que se hayan cometido, con las diversas consecuencias jurídicas inherentes en una y otra forma de control. Ello es aplicación ineludible del derecho constitucional a la presunción de inocencia, como asimismo el escrupuloso respeto por el Juzgador de instancia de tal principio, debe llevar a éste, cuando de tal examen resultare la inexistencia de «pruebas de cargo» obtenidas con las garantías procesales, a la libre absolución del acusado. No hacerlo así sería un «error judicial» revisable por las vías indicadas. Sin embargo, respecto de la segunda fase, dentro de lo que hemos calificado como predominantemente subjetiva, en la que el Juez de instancia valora el resultado de la prueba, ponderando en conciencia los distintos elementos probatorios presentes en las actuaciones y formando ya en base a tales datos objetivos libremente su convicción, con la importante precisión de que también en esta segunda fase sigue operando, respecto del juzgador de instancia, el derecho constitucional analizado, pero ahora ya con la clásica formulación de «in dubio pro reo».
En este sentido habrá que señalar que dicho principio es una condición o exigencia subjetiva del consentimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso ( sTC. 44/89 ) de forma que si no es plena la convicción judicial se impone el fallo absolutorio.
Es decir, que la significación del principio "in dubio pro reo" en conexión con la presunción de inocencia equivale a una norma de interpretación derogada al sentenciador que debe tener en cuenta al pondera todo el material probatorio y tiene naturaleza procesal ( sTS. 15.5.93 y 30.10.95 ) por lo que resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo las dudas sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del delito, pero no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional en uso de las facultades otorgadas por el art. 741 LECrim ., llega a unas conclusiones, merced a la apreciación en conciencia de una bagaje probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la resolución. Como precisa la sTS. 27.4.98 el principio "in dubio pro reo", no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo.
Dicho en otros términos, la aplicación de dicho principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas ( ssTS. 1.3.93 , 5.12.2000 , 20.3.2002 , 18.1.2002 , 25.4.2003 ). Por ello no puede equipararse la duda externamente derivada de existir dos versiones contrapuestas -como ocurre en casi todos los procesos de cualquier índole- a la que nazca en el ánimo del Juez, cuando oídas por el directamente las personas que, respectivamente, las sostienen, llega la hora de acoger una u otra, ya que solo y exclusivamente en ese momento decisivo debe atenderse al principio pro reo, inoperante cuando el Juez ha quedado convencido de la mayor veracidad de una de las versiones, es decir, que a través del examen en que se constata esa situación de versiones contradictorias tan frecuente en el proceso penal, el Juez puede perfectamente valorar la prueba, esto es, graduar la credibilidad de los testimonios que ante él se viertan y correlacionar toda la prueba, sentando la culpabilidad de los denunciados cual acontece en el caso que nos ocupa.
Y en cuanto a la presunción de inocencia, la doctrina de esta Sala en orden a su vulneración, precisa, sTS. 16.4.2003 , que se debe comprobar si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); si esta pruebas son de contenido incriminatorio; si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es si accedió lícitamente al juicio oral; si ha sido practicada con regularidad procesal; si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y finalmente, si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sancionador: Mas allá no se extiende nuestro control cuando de vulneración de presunción de inocencia se trata. El intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso ( sTS. 28.2.2003 ).
Por ello, el derecho a la presunción de inocencia alcanza sólo a la total carencia de prueba y no a aquellos casos en los que en los autos se halle reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las sabidas garantías procesales ( sTS. 26.9.2003 ).
En el caso presente la sentencia de instancia considera probado que el acusado sobre las 23,30 horas del 28.5.2011 estando en un bar, se sentó en una mesa en una silla contigua a la que ocupaba la menor de 5 años y procedió a tocarla en sus genitales, frotando su mano contra ellos, hasta que la menor se levantó asustada de la silla.
Y como precisa el Ministerio Fiscal en su documentado informe oponiéndose al motivo.
Las pruebas en las que el Tribunal, sentenciador ha basado su convicción han sido las siguientes:
-declaración del acusado: negó los hechos pero reconoció que se habla sentado en una mesa con unos señores y que la niña estaba a su derecha.
-testimonio de la menor: consta su exploración en el sumario (f.103), en el sentido recogido en la sentencia; y La declaración fue leída en el plenario, sin ser impugnada ni cuestionarse su credibilidad.
-testimonio de Sixto , abuelo de la menor: manifestó que un señor que no conocían, dijo que les invitaba y se sentó al lado de su nieta, llegando a decir qué niña tan guapa; que ésta dio un salto diciendo que el acusado le había tocado el chocho; que vio a acusado inclinado y con las manos debajo de la mesa, y que después se fue del bar.
-testimonio de Adriano , tío de la menor: manifestó que estaba fuera del bar y vino su padre con cara de preocupación contando lo que había sucedido; que la niña estaba llorando y asustada y dijo que el señor le había tocado el chocho; y que el acusado intentó escapar.
-testimonio de Estanislao , padre de La menor: manifestó que su hija le dijo que un señor la habla tocado, y estaba asustada y con miedo de ver al señor.
-testimonio del guardia civil n° NUM001 : manifestó que detuvieron al acusado que los datos que les dieron los testigos; y que anteriormente habían instruido diligencias contra el acusado por exhibición obscena.
-documental: consta que los hechos se denunciaron a las 0,45 a, habiendo ocurrido a las 23'30 del día anterior.
La valoración del Tribunal ha sido no considerar creíble la negación de la comisión de los hechos por parte del acusado, y estimar acreditados los hechos denunciados, en base a la testifical directa de la menor y del abuelo -en concreto que éste vio al acusado próximo a la menor, inclinado y con las manos debajo de la mesa, y que la menor saltó de la silla- y la testifical por referencia de los demás familiares; destacando que los hechos se denunciaron con proximidad temporal, y la testifical ha sido persistente, y sin móvil espurio alguno. Así mismo, el Tribunal ha estimado que la invitación del acusado a unos señores que no conocía era ilógica de no haber
sido su intención acercarse a la menor; que resulta significativa la reacción del acusado de huir lugar de los hechos; y que también es un dato significativo el hecho de haber estado incurso el acusado en otros sucesos similares relacionados con menores.
Por lo tanto, se pone de manifiesto que el Tribunal a quo contó con prueba testifical directa proporcionada por la menor, que relató en la declaración leída en el plenario lo que le había hecho el acusado, y por el abuelo que declaró sobre la reacción de su nieta y la postura en la que estaba el acusado; y que no han existido dudas, en orden a prontitud de denuncia, persistencia y ausencia de móviles espurios, sobre la credibilidad de estos testimonios. Y el Tribunal también ha valorado la falta de lógica de la invitación del acusado, su reacción de huir del lugar de los hechos, y el dato de constarle antecedentes policiales por hechos de parecida naturaleza.
Consecuentemente ha existido prueba valida y suficiente de signo incriminatorio, sin que la motivación del tribunal resulte ilógica, irrazonable o contraria a las máximas de experiencia.
En efecto respecto a la valoración de la testifical de referencia es cierto, que el testigo es siempre una persona física ajena al proceso que proporciona el órgano jurisdiccional datos sobre acontecimientos relevantes para la investigación en su momento y para formar una convicción definitiva en el acto del juicio oral. Nuestro sistema procesal admite de manera expresa la figura del testigo de referencia, al referirse el art. 710 LECrim ., siendo aquél la persona que no proporciona datos obtenidos por la percepción directa de los acontecimientos, sino la versión de lo sucedido obtenida a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas.
Ello no obsta, tampoco, para que el testigo de referencia puede valorarse, como cualquier otro testigo, en lo que concierne a hechos objeto de enjuiciamiento que haya apreciado directamente y a hechos relativos a la validez o fiabilidad de otra prueba, tal como ha acontecido en el caso presente con los demás familiares que si bien no vieron los hechos, si oyeron a la menor contarles que el acusado intentó escapar.
Y en relación a la ausencia de lesiones físicas y psíquicas es obvio que el abuso sexual que solo exige la falta de consentimiento y no requiere el empleo de violencia o intimidación, no precisa la acusación de lesiones, de modo que el ataque a la salud y a la integridad física no es elemento imprescindible de los delitos contra la libertad e intimidad sexual, por tanto la ausencia de señales físicas en el cuerpo de la menor o de otros signos externos no empece para la existencia del delito pues éste posibilita muchas variedades, dentro de las cuales el simple tocamiento de los genitales, no es imprescindible la acusación de lesiones.
En definitiva ha existido prueba de cargo utilizada en la sentencia para condenar (prueba existente), tal prueba fue traída al proceso con observancia de las normas legales y constitucionales, y fue practicada en el plenario con las garantías propias de este acto solemne (prueba lícita), y ha de considerarse bastante para justificar, en el aspecto fáctico la condena aquí recurrida, como se acaba de exponer a propósito de la prueba practicada sobre la forma en que ocurrieron los hechos (prueba razonablemente suficiente).
Verificada la racionalidad de lo resuelto por el Tribunal sentenciador y la existencia de prueba de cargo que desvirtúa la presunción de inocencia, el motivo ha debería ser desestimado. No obstante la voluntad impugnativa del recurrente permite a esta Sala corregir en beneficio del reo, cualquier error de derecho suficientemente constatado ( SSTS. 1044/98 de 18.9 , 212/99 de 15.2 , 401/99 de 10.4 , 306/2000 de 22.2 , 268/2001 de 19.2 , 139/2009 de 24.2 , 625/2010 de 6.7 ) por cuanto esta Sala casacional, con asunción de su plena jurisdicción va a entrar en el estudio de una cuestión jurídica de obligado estudio y resolución y que forma parte de la demanda de justicia, inevitablemente unida a la tutela judicial efectiva que como derecho fundamental implícitamente está asumido por el acusado al formular pretensión revocatoria.
Siendo así debemos plantearnos si la pena impuesta 3 años prisión ha sido suficientemente motivada y se adecua al principio de proporcionalidad.
En el caso presente la sentencia de instancia en el fundamento jurídico cuarto se limita a señalar que en la aplicación de la pena va a estar a lo dispuesto en el art. 66.1.6 CP , y para su individualización se va a tener en cuenta la muy corta edad de la menor víctima de los hechos e imponer la pena de 3 años de prisión -superior al limite mínimo 2 años- motivación insuficiente a la vista de la totalidad de las circunstancias concurrentes en el hecho. Se trata de tocamiento que en beneficio del reo y al no constar lo contrario en el factum, se realizaron sobre los genitales de la menor, por encima de su ropa interior, y cuya duración fue fugaz, mínima, ante la propia reacción de la menor, levantándose de la silla inmediatamente, lo que unido a la nula incidencia de los hechos en el desarrollo psicológico de la misma, lleva a la Sala a entender procedente y adecuada la imposición de la pena, en su grado mínimo.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente al recurso de casación, interpuesto por la representación de Belarmino , contra sentencia de 23 de junio de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16 ª, en causa seguida por abuso sexual, y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS meritada resolución, dictando segunda sentencia con declaración de oficio costas recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Candido Conde-Pumpido Touron D. José Ramón Soriano Soriano D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Alberto Jorge Barreiro D. Perfecto Andres Ibañez
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles, con el número 208 de 2012, y seguida ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16ª por delito abuso sexual, contra Belarmino , con NIE nº NUM002 , nacido en Cali Valle (Colombia) el día NUM003 .1972, hijo de Indalecio y de Celsa , en libertad provisional por esta causa; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Se aceptan sentencia recurrida incluidos hechos probados.
Tal como se ha razonado en el fundamento jurídico tercero de la sentencia precedente, la pena ha de ser impuesta en su limite mínimo.
Que manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16ª, de fecha 13 junio 2013 , la pena a imponer a Belarmino como autor responsable de un delito de abuso sexual a menor de 13 años, será de 2 años prisión.
SAP Cádiz 21/2008, 25 de Enero de 2008
STSJ Canarias 235/2010, 12 de Marzo de 2010

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