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Timestamp: 2018-10-19 08:42:15+00:00

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H. Corrales: "Las MATEPs y su lugar en el Sistema de Seguridad Social" | Asociación Española de Salud y Seguridad Social
H. Corrales: “Las MATEPs y su lugar en el Sistema de Seguridad Social”
X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Madrid, 24-25 de octubre de 2013
“Las MATEPSS y su lugar en el Sistema de Seguridad Social”
D. Heraclio Corrales, Director General de Ibermutuamur
Introducción. Configuración actual del Sector y principales datos
El nacimiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con su denominación actual, se remonta a 1900, con la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo (conocida como la Ley Dato). Inicialmente se constituyeron como entidades privadas cuya actuación estaba centrada exclusivamente en el aseguramiento del propio accidente de trabajo, cuestión que fue obligatoria para las empresas desde años posteriores.
Es a partir de la Ley de Bases de 1963 y de la promulgación de la primera Ley General de Seguridad Social de 1966, cuando se excluye de la participación a las aseguradoras privadas en la protección de las contingencias profesionales y se acuña el concepto de colaboración en la gestión, desarrollándose ésta por entidades asociativas sin ánimo de lucro, centradas en el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional. Por tanto, desde 1967 es cuando se empieza a manejar un concepto más similar al que entendemos hoy día de las Mutuas.
A partir de esta colaboración en la gestión de la Seguridad Social, los ingresos por cotizaciones y las prestaciones que gestionan las Mutuas pasaron a tener la consideración de recursos de la Seguridad Social y de ello se deriva que, como se verá posteriormente, se establezcan sistemas de supervisión y control por parte de la Administración a su actividad.
Por tanto, existen dos elementos inherentes a la naturaleza de las Mutuas en la actualidad que deben destacarse. Por un lado, se trata de entidades de naturaleza privada, de acuerdo con su configuración asociativa y mutualista puesto que estamos ante asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Y por otro lado, gestionan recursos y prestaciones públicas de la Seguridad Social, con los consiguientes requerimientos de supervisión y control por la Administración.
En la conjunción de ambos elementos se centrará buena parte de esta ponencia, puesto que el equilibrio y la convivencia de ambos factores es una de las claves que deben permitir generar mayores beneficios para nuestro Sistema de Protección Social. De esta manera, la consecución de un escenario que no desvirtúe la naturaleza pública de los servicios y las coberturas que prestan las Mutuas, junto con la necesaria capacidad gestora privada en el ámbito económico y funcional, redundará en una colaboración más eficiente del sector en sus distintas dimensiones y perspectivas, aportando mayores retornos y beneficios a empresas y trabajadores protegidos, así como a la Seguridad Social.
Configuración actual del Sector
Actualmente, el Sector de Mutuas está compuesto por veinte entidades, si bien en los años ochenta – noventa llegaron a actuar simultáneamente más de doscientas, muchas de ellas en ámbitos territoriales muy limitados y con una actividad centrada en sectores económicos muy concretos.
De este proceso de concentración, que ha sido especialmente intenso en los últimos años, han quedado sólo veinte entidades, aunque todavía el volumen de gestión es muy desigual entre las diferentes Mutuas, ya que seis de ellas agrupan aproximadamente al 75% de las cotizaciones sociales gestionadas por el Sector. Por tanto, es previsible que este proceso continúe en los próximos años, concentrándose en entidades de mayor tamaño y/o de clara identificación con un ámbito territorial. En el siguiente cuadro se muestran las Mutuas que operan en la actualidad, así como el peso en porcentaje de trabajadores protegidos que tiene cada una de ellas respecto al conjunto del Sector, de acuerdo con datos al cierre del ejercicio 2012:
A esta situación se añade además que en los últimos años han surgido nuevas fórmulas asociativas bajo la figura de la mancomunidad, las llamadas Corporaciones, que ponen en común su modelo de gestión y sus recursos para generar mayores eficiencias, y todo ello sin perder su identidad y personalidad jurídica. A día de hoy, existen 2 entidades de este tipo, que agrupan a 12 de las Mutuas del Sector, tal y como se resumen en el siguiente cuadro:
Corporación Mutua: 23,00%
Suma Intermutual: 11,34%
Ibermutuamur, MC Mutual, Mutualia, Unión de Mutuas, Mutua Gallega, MAC, Cesma Umivale, MAZ, Egarsat, Mutua Navarra, Montañesa
Principales magnitudes sectoriales
Las Mutuas protegen en la actualidad las contingencias profesionales del 95% de los trabajadores de nuestro país y al 98% de las empresas españolas. En total, 12 millones de trabajadores protegidos y en torno a un millón y medio de empresas.
Lo anterior se traduce, en términos económicos, en que el Sector gestionó un total de 9.400 millones de euros de cuotas de la Seguridad Social, de los que 5.900 correspondieron a las contingencias profesionales (62,9%) y 3.300 a las contingencias comunes (35,6%). El resto, es decir el 1,5% son cuotas para la gestión de la prestación de Cese de Actividad para los Trabajadores Autónomos, recientemente asumida por las Mutuas, como se tratará posteriormente. Por tanto, estas entidades gestionan aproximadamente el 1% del PIB del país o, dicho de otro modo, una cantidad próxima al 10% del presupuesto de la Seguridad Social.
Las Mutuas cuentan con una red de servicio próxima a 1.200 centros, la mayor parte de ellos de carácter asistencial, y con más de 20.500 profesionales. En la actualidad, la dotación y capacidad instalada de las Mutuas permite ser aprovechada más intensamente, especialmente por la reducción de la siniestralidad laboral así como por la caída de la población protegida y el descenso de la afiliación al Sistema de Seguridad Social.
Respecto a la gestión de las prestaciones de Incapacidad Temporal, los gastos se sitúan en el 10,8% de las cuotas en el caso de la incapacidad de origen laboral y en el 84,6% en el caso de la incapacidad temporal por contingencias comunes.
El Sector ha tenido un resultado agregado en 2012 del 9,1% sobre el total de cuotas devengadas, lo que facilita la solvencia de las Entidades y la estabilidad del propio Sector. Por su parte, el volumen total de las provisiones y reservas obligatorias asciende a 6.500 millones de euros.
Del mismo modo, los resultados obtenidos han permitido retornar al Sistema de Protección social importantes cantidades en los últimos años. Así, en los 5 últimos años han aportado 2.550 millones de euros al Fondo de Prevención y Rehabilitación y 835 al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, garante de nuestro sistema de pensiones. En total, en torno a 3.400 millones, cifra que cobra un especial valor dado que nos estamos refiriendo al periodo de mayor crisis económica vivido en nuestro país en las últimas décadas.
Igualmente, los resultados alcanzados durante estos años han permitido que se hayan llevado a cabo sucesivas rebajas en las cotizaciones sociales por contingencias profesionales que abonan las empresas. Así mismo, a partir de las eficiencias sectoriales, se han establecido sistemas de incentivos-bonus para la reducción de la siniestralidad laboral y se han previsto sistemas similares financiados a partir de estos ahorros, para promover la reducción del absentismo (todavía pendiente de desarrollo reglamentario), lo que supondrá una nueva disminución de los costes laborales empresariales.
Colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social:
Características generales de las Mutuas
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, de acuerdo con el art. 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de determinadas prestaciones y coberturas que tienen encomendadas, como anunciaba anteriormente.
Esta colaboración puede ser desarrollada además, tal y como recoge el artículo 67 de la citada Ley de Seguridad Social por las propias empresas, así como por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público; si bien el uso de estas fórmulas tiene un carácter residual, dado que como hemos visto las Mutuas asocian en la actualidad al 98% de las empresas de nuestro país.
Del mismo modo, se diferencian también de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, cuya regulación básica se recoge en los artículos 57 y siguientes de la LGSS y que son las responsables de la gestión y la administración de la Seguridad Social. Estas entidades sí tienen naturaleza pública, como son el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina.
La regulación básica de las Mutuas se encuentra recogida en el Real Decreto 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento General sobre su colaboración en la gestión, y sus principales características son:
En primer lugar, incidir en que las Mutuas son entidades privadas, configuradas como asociaciones de empresarios, y a la vez colaboradoras de la Seguridad Social. En ellas, los empresarios asociados tienen una responsabilidad mancomunada, es decir, comparten el riesgo de tener que hacer frente a una eventual derrama derivada de la gestión económica de las Mutuas, tal y como se recoge en el artículo 68 de la LGSS y el 8 del Reglamento de Colaboración; pero, en cambio, no comparten los excedentes de la gestión que obtienen estas Entidades, que retornan anualmente a la Seguridad Social.
A su vez, la ausencia de ánimo de lucro recogida en el artículo 68 es determinada por la naturaleza Mutual de estas Entidades y por la inexistencia de un modelo de propiedad asociado a la Mutua. Esto quiere decir que no existe una retribución en forma de dividendo destinada a las empresas que constituyen la Mutua bajo una relación asociativa; sino que solamente existe en términos de beneficios gestores y de servicio.
Por otro lado, las Mutuas, en su condición de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social gestionan recursos y servicios públicos, lo cual hace que su regulación, inspección y supervisión corresponda a la Administración del Estado, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y sus organismos adscritos.
Dicha supervisión, inspección y control se denomina, por la propia Ley General de la Seguridad Social (artículo 71.1), como facultades de “dirección y tutela”, cuestión esta última que excede de la mera supervisión de la actividad que la Administración lleva a cabo en otros sectores regulados. De hecho, se trata de un concepto el de tutela que nuestra Real Academia define como “Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil”.
Aplicado al Sector de Mutuas, se trata de una forma abierta e inconcreta de articular el esquema de relación entre la Administración y los agentes, lo que se traduce en que esta función de los poderes públicos en otros sectores se materialice en las Mutuas en una disminución de la capacidad de actuación de las entidades y en una reducción de la seguridad jurídica de las mismas, debido a la posibilidad de discrecionalidad que encierra la fórmula de tutela.
Todos estos elementos configuran nuestro sistema de Mutuas como una fórmula mixta público-privada, pues estamos ante entidades de naturaleza privada que gestionan recursos públicos. Se trata de un esquema similar al que opera en otros países de la Unión Europea, como Bélgica o Dinamarca, aunque estos Estados no tienen entidades similares a las Mutuas, ya que el caso más parecido en Europa son las Cajas alemanas, las conocidas como BG´s, si bien éstas son entidades de naturaleza pública.
Descripción funcional del Sector de Mutuas
Respecto a su ámbito de actuación, se recoge en el artículo 68.2 de la Ley de Seguridad Social. Aunque comenzaron su andadura protegiendo el accidente de trabajo, en la actualidad actúan en el resto de las contingencias profesionales, habiendo asumido además otra serie de funciones, actividades y coberturas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, destacando entre ellas la de la prestación de Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes, asumida en 1996.
Estas funciones, además, no sólo se llevan a cabo con los trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, sino que paulatinamente se han ido ampliando dichas coberturas a nuevos colectivos, como es el caso de los trabajadores autónomos o, más recientemente, a los empleados de hogar.
Y en los últimos años se han atribuido desde la Administración a las Mutuas nuevas funciones en el marco de la colaboración que desarrollan, como la gestión de las prestaciones de Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación para el Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011).
Esta asunción de nuevas prestaciones, en ocasiones incorporadas sin una dotación financiera propia específica, sumada a la citada ampliación de las coberturas a nuevos colectivos, ha complejizado especialmente la gestión que llevan a cabo las Mutuas y las han convertido en las entidades con mayor capacidad y experiencia para gestionar las llamadas prestaciones a corto plazo, con un incremento claro de su participación en el Sistema de protección social.
Y finalmente, pero no por ello menos importante, hacer referencia a la actividad de las Mutuas en prevención de riesgos laborales. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 688/2005, las Mutuas han llevado a cabo el proceso legal de separación jurídica y económica de sus servicios de prevención, constituyendo a tal efecto las Sociedades de Prevención; aunque todavía desarrollan una serie de actividades preventivas en favor de las empresas mutualistas, que se financian a través de las cotizaciones por contingencia profesional.
En definitiva, hoy las Mutuas han extendido ampliamente su actuación más allá de la cobertura del accidente de trabajo, con la que nacieron. Estamos ante entidades prestadoras de servicio a nuestro mercado de trabajo que llevan a cabo una gestión muy compleja de las prestaciones y coberturas, lo que implica un alto nivel de interlocución con empresas, trabajadores y agentes sociales. Como veremos a continuación, estas entidades aúnan prevención, asistencia sanitaria, prestaciones económicas, así como una gestión integral del absentismo laboral.
Tratamiento integral de las contingencias profesionales
En nuestro país, como en la mayoría de Estados de la Unión Europea, se presta una protección diferenciada del riesgo profesional. Ésta es llevada a cabo de forma integral por las Mutuas, cerrando el circuito completo del accidente de trabajo, que se inicia en la prevención de los riesgos profesionales para acabar en la readaptación profesional, pasando por la asistencia sanitaria, el abono de las prestaciones económicas y la rehabilitación física o psíquica del trabajador accidentado.
Los servicios sanitarios de las mutuas, que absorben a más de la mitad de sus equipos profesionales, están configurados para prestar una atención especializada con inmediatez, realizando todas las pruebas diagnósticas necesarias, interviniendo quirúrgicamente sin demoras al no existir listas de espera, e iniciando los tratamientos de manera temprana, incluyendo la rehabilitación. Además, la asistencia sanitaria que prestan incluye las urgencias, la medicina ambulatoria y hospitalaria, la realización de pruebas, así como el seguimiento de los casos en baja.
Por otro lado, dentro de las prestaciones económicas que gestionan en estas contingencias profesionales están la incapacidad temporal, la prestación de incapacidad, muerte y supervivencia, o las recientemente asumidas como el Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, citadas anteriormente.
En relación a las actividades que desarrollan en prevención de riesgos laborales, las Mutuas vienen actuando en este campo desde su nacimiento, siendo el antecedente más relevante de la prevención de riesgos en nuestro país. En primera instancia, las actividades preventivas que se llevan a cabo en la actualidad por las Mutuas, y que se financian a través de las cotizaciones sociales de contingencia profesional, se recogen en el artículo 2 de la O.M. 3623/2006 y se dirigen en general a fomentar la integración de una cultura de la prevención en la gestión empresarial, junto a otras acciones formativas y generalistas, orientadas principalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a aquellas en las que existen mayores riesgos de sufrir un accidente.
Por otro lado, y tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (1997), las Mutuas impulsaron la creación de estos servicios para las empresas tras la adecuación de la Directiva Europea 89/391 a la normativa española. En este contexto, como ya se ha mencionado, desde la entrada en vigor del Real Decreto 688/2005 las Mutuas han llevado a cabo el proceso legal de separación jurídica y económica de sus servicios de prevención, constituyendo a tal efecto las Sociedades de Prevención, cuyo titular es el patrimonio histórico de las Mutuas. Estas Sociedades actúan en el mercado al igual que el resto de servicios u operadores mercantiles, aún cuando su marco regulador no ha sido totalmente actualizado de acuerdo con esta consideración.
Finalmente, las Mutuas también desarrollan la reinserción y a la readaptación profesional de los trabajadores que han sufrido un accidente o enfermedad profesional, quizás uno de los grandes temas muchas veces olvidado por los Sistemas de Protección Social, siendo el último eslabón de la cadena de protección integral.
Se trata de una actividad con la que cerrar el círculo de la protección integral y, por tanto, que también debe ser desarrollada por las entidades que gestionan esta protección. Como se ha destacado en la doctrina internacional, es una función que, eficazmente desarrollada, aporta una indudable legitimidad social al Sistema asegurador. Además de sus avances se pueden conseguir beneficios sociales, públicos y personales.
En resumen, creo necesario destacar la necesidad de asegurar la “integralidad” de la protección frente al riesgo profesional, entendida ésta como la utilidad contrastada para los Sistemas de Protección Social de disponer de entidades especializadas a las que poder atribuir de forma conjunta las funciones relacionadas con todo el ciclo de la protección, desde la prevención a la readaptación profesional, pasando por las citadas prestaciones económicas, la asistencia sanitaria y la rehabilitación del trabajador accidentado.
La garantía de unidad de este proceso global es un bien en sí mismo. De hecho, su ruptura reduce la efectividad y sinergias del Sistema de protección social en las contingencias profesionales. Las estimaciones más frecuentes sitúan el gasto derivado de esta protección del accidente de trabajo y la enfermedad profesional entre un 2,5 y un 4% del PIB en la Unión Europea, de forma que estamos ante un asunto de enorme trascendencia.
La gestión de la prestación de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes
Por lo que respecta a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, las Mutuas comenzaron a gestionar esta prestación en 1996. Las razones por las que las Administraciones decidieron conferir esta gestión a las Mutuas provienen del incremento progresivo registrado en el gasto que el Sistema de Seguridad Social español tuvo en los años noventa, lo que originó un fuerte déficit presupuestario que llevó a buscar nuevas fórmulas que permitieran mejorar los resultados gestores y reducir el coste de esta prestación en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Pero la situación es bien diferente a la descrita para las de origen profesional en lo que se refiere a la organización y gestión de la cobertura. En este caso, la prestación de la asistencia sanitaria y la emisión de los partes de baja y alta, que condicionan el abono de la prestación económica, corresponden a los Servicios Públicos de Salud. Por su parte, las Mutuas asumen la cobertura de la prestación económica y llevan a cabo un seguimiento de la situación de incapacidad temporal que dio origen a la propia prestación, tal y como se recoge en el Reglamento de Colaboración y en el Real Decreto 576/1997, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal.
La magnitud de esta prestación, asumida hace casi ya dos décadas, la ha convertido en la que mayor coste supone para las Mutuas, de forma que el volumen de ingresos gestionados por estas contingencias ya representa aproximadamente el 40% del total de los ingresos que gestionan estas entidades; y en términos de prestaciones económicas pagadas de incapacidad temporal, supone el 80% del total de gasto, siendo cuatro veces mayor que el de la incapacidad temporal de origen laboral.
El coste de la incapacidad temporal, como factor principal del absentismo laboral, también incide y es soportado por las empresas españolas, convirtiéndose en uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral. Se trata de un asunto presente en el debate económico y también en el proceso del diálogo social, y cuya mejora se configura en la actualidad como una de las principales demandas planteadas por el entorno empresarial para la reducción de sus costes laborales y la mejora de su productividad y competitividad.
Pero lo cierto es que las Mutuas deben realizar la gestión de esta prestación con muy reducida capacidad gestora en este ámbito y en un escenario poco favorable para desarrollar su papel. De hecho, las Entidades Gestoras disponen de mayores facultades de control, como es el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y hay un resultado muy diferente en la duración de los procesos de incapacidad temporal originados por las mismas patologías según quien presta la asistencia sanitaria, como se verá más adelante.
En definitiva, las Mutuas deberían adquirir un mayor protagonismo y ocupar un papel esencial en la gestión del absentismo laboral, colaborando con las empresas en los diferentes factores asociados al mismo. En esta materia, existe una fuerte demanda empresarial para que sean estas entidades quienes favorezcan un mejor control y gestión de este fenómeno, que permita mejorar los niveles de productividad de las propias empresas, a la vez que revertirlo en mayores niveles de eficiencia para el Sector y, en consecuencia, para el Sistema de Seguridad Social.
Otras coberturas y funciones de las Mutuas
El citado artículo 68.2 de la Ley de Seguridad Social menciona en su letra d) que la colaboración también comprende “las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente”. De esta manera, en los últimos años se les han atribuido nuevas funciones en el marco de la colaboración que desarrollan, como es el caso de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, asumidas por las Mutuas en 2007 en virtud de la publicación de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres.
Se trata de unas prestaciones cuyo comportamiento económico y previsión es todavía incierto, dado que es necesario un periodo amplio para poder realizar una valoración rigurosa sobre las mismas. Pero en cualquier caso sí es destacable que las Mutuas asumieron la gestión de estas prestaciones sin financiación adicional, de forma que las mismas se financian a través de las cotizaciones recibidas por el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Debe destacarse este aspecto, ya que el gasto que suponen las mismas se incrementa anualmente en torno a medio punto, comprometiendo en 2012 aproximadamente el 5% de las cuotas gestionadas por contingencias profesionales.
Del mismo modo, las Mutuas han asumido desde 2010 dos nuevas prestaciones. En 2011, la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, financiada, igualmente, con las cotizaciones de contingencias profesionales. Y en el año anterior se hicieron cargo de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, que sí dispone de financiación propia y cuya gestión se lleva a cabo desde una cuenta de gestión singularizada, con un resultado económico diferenciado.
Además, como ya conocen, todas estas funciones no sólo se llevan a cabo con los trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, sino que paulatinamente se han ido ampliando dichas coberturas a nuevos colectivos, como es el caso de los citados trabajadores autónomos o, más recientemente, a los empleados de hogar y a los trabajadores agrarios.
En definitiva, la incorporación al ámbito de colaboración de las Mutuas de todas estas coberturas y prestaciones, así como de los nuevos colectivos protegidos, ha ampliado sus cometidos funcionales, ha ensanchado sus funciones y los colectivos a los que protege, diversificando los tipos de prestaciones y añadiendo, sin duda, una alta complejidad a su gestión. Por tanto, como comentaba anteriormente, se ha convertido a las Mutuas en las entidades con mayor capacidad, alcance y experiencia para gestionar las llamadas prestaciones a corto plazo de la Seguridad Social, con un incremento notable y claro de su participación en el Sistema de protección social.
La financiación de las Mutuas. Naturaleza pública de los recursos que gestionan
En las actividades que realizan las Mutuas como Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, sus recursos tienen la consideración de ingresos públicos y están sometidos a los mecanismos de presupuestación, control e intervención públicos, estando estos ingresos incluidos dentro de los Presupuestos Generales del Estado a través de la Seguridad Social.
La financiación de las contingencias profesionales tiene lugar a través de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios, al igual que en la mayoría de Estados del entorno de la Unión Europea, existiendo tres sistemas diferenciados en función de la configuración de sus modelos de cotización: una tarifa única, como es el caso de Austria o Suecia; una tarifa por actividad profesional o actividad de la empresa, como en nuestro caso o en Alemania, o la fijación de una tarifa por empresa, como en Francia o Portugal.
En nuestro país, en los últimos años se han modificado las tarifas de cotización por accidentes de trabajo, con un nuevo modelo que se organiza fijando tipos de cotización a través de una tarifa de primas ordenada por actividades económicas, en lugar de por puestos de trabajo como ocurría anteriormente.
El nuevo sistema ha reducido el tamaño del intervalo de los límites máximos y mínimos de cotización de las distintas actividades. En la actualidad, está compuesta por veinte tipos de cotización diferentes que oscilan entre el 0,90 % y el 7,15%, frente a la anterior que oscilaba entre 0,90% y el 11,70%. Podríamos afirmar que es una tarifa “progresiva” y no lineal, en el sentido que esta “progresividad” se modula por el grado de siniestralidad o peligrosidad de cada una de las actividades empresariales.
A la vez, estas tarifas contienen un componente “solidario” que en la nueva tarifa se ha acentuado. Esta solidaridad se traduce en que no existe una relación proporcional estricta entre la siniestralidad y el tipo de cotización. En este sentido, la relación entre la tarifa más alta y la más baja es de 8 veces, frente a la relación entre las actividades de mayor y menor siniestralidad que es de 116 veces.
Y señalar también las sucesivas rebajas de las cotizaciones sociales de accidente de trabajo y enfermedad profesional, producidas entre los años 2007 y 2010, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Estas rebajas supusieron en torno a un 10% del total de cotizaciones recibidas por las Mutuas en esos años, con la consiguiente reducción en los costes laborales de las empresas.
Por su parte, el modelo de financiación de las contingencias comunes consiste en un tipo de cotización uniforme y proporcional para todas las actividades y trabajadores, que es satisfecho por empresa y trabajador, sin distinguir ni modular ningún criterio. Esta es una cuestión relevante, porque se evidencian comportamientos fuertemente desiguales en el consumo de la prestación económica según distintas actividades o ámbitos territoriales.
Al igual que ocurrió con las rebajas de las cotizaciones sociales producidas en ejercicios anteriores en las contingencias profesionales, en el caso de la fracción de cuota que las Mutuas reciben para la gestión de la prestación de contingencias comunes, ésta se ha visto reducida desde el año 2011, a través de la Orden TIN 2100/2011, fijando la fracción de cuota en el 0,050% en lugar del anterior 0,060%, sin que se haya reducido la cotización a empresas y trabajadores por estas contingencias.
Aunque inicialmente era una situación transitoria, dicha proporción en la fracción de cuota se ha prorrogado hasta este mismo ejercicio. De acuerdo con estudios realizados, dicha modificación ha reducido, anualmente, los ingresos de las Mutuas en torno a un 16% para la gestión de esta prestación.
Por último, indicar nuevamente respecto a las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural que no tienen financiación propia, al igual que sucede con la nueva prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En ambos casos, el gasto de las mismas es soportado a través de las cotizaciones sociales de contingencias profesionales, sin que se elevasen los tipos correspondientes a partir de su introducción.
En este sentido, la lógica del equilibrio económico establece que cualquier ampliación de la acción protectora o nueva modificación regulatoria debe realizarse en términos del citado equilibrio económico y financiero de la protección, como premisa que garantice la estabilidad de la propia protección, realizada en colaboración con la Seguridad Social.
Más aún en un contexto económico recesivo como el actual, en el que asistimos a una reducción de los ingresos del Sistema de Seguridad Social y también de las Mutuas, dada la estrecha relación de la actividad de estas entidades con nuestro mercado de trabajo. Junto a las citadas reducciones de las cotizaciones sociales producidas, esta circunstancia ha provocado una reducción de los ingresos de más de 2.000 millones de euros en los últimos 5 años.
Por otra parte, las Mutuas dentro de sus gastos y proporcionalmente correlacionado con las cotizaciones sociales por contingencias profesionales que gestionan, incorporan un canon mediante el cual aportan un porcentaje de las mismas destinado a la financiación de los servicios comunes de la Seguridad Social.
Dicha aportación históricamente no ha sido desglosada, de forma que el volumen actualmente fijado se establece anualmente de forma administrativa, sin detalle que justifique la financiación de los servicios en que se materializa ni la contribución que financian. Para 2013, como en los años inmediatamente anteriores, el porcentaje es del 16%.
En este sentido, esta Aportación a los Servicios Comunes debe articularse de forma objetiva, garantizando que se inscribe en el marco del equilibrio económico financiero de todas las coberturas o modificaciones en la colaboración que tengan impacto sobre los mecanismos de financiación mutuales. Esta aportación tiene un peso importante en las cuentas de gestión de las Mutuas, y junto con el reaseguro obligatorio representaron en el último ejercicio el 27,4% de las cuotas devengadas por contingencias profesionales, en total 1.600 millones de euros.
El control y tutela de las Mutuas vs capacidad organizativa y autonomía gestora
La condición de recursos públicos que tienen los gestionados por las Mutuas, hace que la gestión que llevan a cabo estas entidades esté sujeta a la dirección y tutela por parte de la Administración de la Seguridad Social.
Como se ha indicado, uno de los problemas centrales del sector estriba en la tensión entre la naturaleza privada de las Mutuas y la gestión de los recursos y prestaciones que gestionan, que provoca la mediatización de su actividad, de forma que las Mutuas se mueven en una situación compleja y particular. Tensión que debería resolverse en términos de equilibrio entre ambos elementos, superando los problemas efectivos que la fórmula de la “tutela” ha generado históricamente.
En la actualidad existe un diagnóstico sumamente constatado respecto a que, progresivamente, el control y tutela articulado sobre las Mutuas se ha convertido en un entramado profuso y complejo de autorizaciones, controles previos y posteriores, manifestaciones de tutela y supervisiones, ejercido por numerosos agentes, a veces superpuestos, que han determinado una pérdida de autonomía gestora, de gobierno y de la necesaria seguridad jurídica.
Esta situación ha determinado fuertes niveles de discrecionalidad e intervención por parte de la Administración en las Mutuas, conformando un sistema jurídicamente inestable e impreciso que dificulta la actuación de los responsables del gobierno y de la gestión de las Mutuas. A continuación se señalan algunos ejemplos y manifestaciones de lo referido:
En primer lugar, el Ministerio ejerce la facultad de dirección recogida en el artículo 71.1 de la LGSS a través de la reglamentación del régimen de colaboración de las Mutuas, en todos los aspectos que engloban su gestión como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
En segundo lugar, tal y como recoge el artículo 23 del Reglamento de Colaboración en la Gestión, las Mutuas están sujetas a los mecanismos de presupuestación de la Seguridad Social, debiendo seguir este procedimiento oficial en términos de anteproyecto, ejecución e intervención y, conforme a la propia metodología de presupuestación por programas que sigue el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Del mismo modo, en materia presupuestaria destacar el procedimiento de elaboración y ejecución presupuestaria pública, en el que en ocasiones incluso se fijan previsiones inferiores a las del último ejercicio liquidado o a los propios créditos autorizados a través de la figura de la “no disponibilidad presupuestaria”. Combinado con los límites establecidos para las operaciones de inversión de 150.000 euros, determinan que su aplicación a las Mutuas condicione su autonomía de gestión resultando, por ejemplo, una menor capacidad de respuesta para adecuar las retribuciones de los equipos sanitarios a la realidad de estos profesionales, en un mercado de trabajo en competencia con los propios Servicios Públicos de Salud, que hoy operan mediante figuras jurídicas con mayor capacidad y autonomía.
Por otro lado, las Mutuas están incluidas dentro del Sector Público Estatal, tal y como establece el artículo 2.1.d de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, “Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social”. De esta forma, la ley General Presupuestaria incluye a las Mutuas al máximo nivel dentro del Sector Público Administrativo, en el de la Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos dependientes.
Además, y en el ámbito de la contratación, de acuerdo con la Disposición final 4ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Real Decreto Legislativo 2/2000, al sector de las Mutuas le es de aplicación la normativa pública de contratación en la ejecución de obras o en la provisión de bienes y servicios, a partir de unos montantes anuales: en el caso de los contratos de ejecución de obras, cuya cuantía económica sea igual o superior a 5.278.000 euros y los de suministros, consultoría y asistencia y de servicios cuya cuantía económica sea igual o superior a 211.000 euros.
Por otra parte, además de los mecanismos de autorización previa, existen varios procedimientos de fiscalización a posteriori de la actividad económica de las Mutuas a través de la actuación anual auditora de la Intervención General de la Seguridad Social, tal y como recoge el artículo 71.2 de la Ley General de la Seguridad Social, o del control y seguimiento del Tribunal de Cuentas del Estado.
Además, las Mutuas adaptaron su actividad gestora y contable a los sistemas de la propia Seguridad Social, con la incorporación del SICOMAT (actual PROSA) en enero de 2008 y la adopción de los elementos gestores de la contabilidad presupuestaria pública, a través de la interconexión de los sistemas informáticos y contables.
Finalmente, indicar que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social puede adoptar determinadas medidas cautelares en caso de que la Mutua se halle en una de las situaciones recogidas en el artículo 74 de la LGSS, relacionadas con eventuales déficits o desequilibrios económicos. Estas medidas pueden derivar incluso en la intervención de la entidad.
Este conjunto de condicionantes, de los que se han nombrado los más significativos, dibujan un escenario minucioso de control y limitaciones a la actuación de las Mutuas, en ocasiones además superpuesto por diferentes organismos, que incide claramente en su actividad gestora. Y sin que estos límites y restricciones diferencien lo que puede entenderse como un nivel básico de funcionamiento que, al menos, requeriría de mayor autonomía (lo que en lenguaje presupuestario serían los capítulos I y II, elementales para la gestión ordinaria).
De esta manera, se ha mermado su capacidad de gestión y de gobierno, en contradicción con su condición de entidades de naturaleza privada. Y en paralelo a esta tendencia hacia la mayor intervención y publificación de la actividad de las Mutuas, se está produciendo un progresivo aumento de cometidos funcionales en la colaboración que estas entidades desarrollan para la Seguridad Social y una mayor exigencia de responsabilidad a sus gestores.
Consecuentemente, el hecho es que este escenario tiene una doble perspectiva, una tendencia a incrementar las exigencias de gestión, responsabilidades y cometidos funcionales, por una parte, y el aumento de las restricciones y controles, por otra, lo que deja poco margen a la gestión empresarial y a la autonomía de las Mutuas en su gobierno y gestión.
Por tanto, para garantizar la eficiencia y el correcto uso de los recursos que gestionan estas entidades, debe asegurarse su plena capacidad organizativa, financiera y presupuestaria así como su autonomía gestora y de gobierno respecto de sus medios humanos y materiales. Del mismo modo, debe articularse un esquema de regulación y de gestión que, además de garantizar su naturaleza privada, evolucionase hacia un sistema de controles ex post y de resultados, compatible con una exigencia rigurosa de plena transparencia de esta gestión, a través de potentes sistemas de información, más acordes con el criterio de autonomía y responsabilidad del gestor. Resolver el equilibrio de estos factores sigue siendo, como se ha mencionado, un asunto pendiente y trascendente.
Las Mutuas como entidades de naturaleza privada y asociativa
Lo anteriormente manifestado proviene de la propia naturaleza de las Mutuas, en la medida que son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro y, por tanto, entidades privadas que colaboran con la Seguridad Social.
Estas entidades se muestran como la mayor experiencia privada de organización de los servicios públicos y las prestaciones en nuestro país en el ámbito de la Seguridad Social. Su modelo y la gestión privada que desarrollan son el auténtico valor diferencial que incorporan a su colaboración con la Seguridad Social, aportando flexibilidad, agilidad y eficiencia conjunta en términos de ahorro para las empresas y el Sistema de Protección Social.
La participación y colaboración de las Mutuas en el Sistema de Seguridad Social se basa en la obtención de sinergias y en una mayor agilidad, propiciando fórmulas gestoras más flexibles, con menores costes y adaptadas con mayor facilidad que las que se encuentran en la configuración de los organismos de la Administración Pública.
Además, en un contexto marcado por la crisis económica y financiera, se requieren mayores niveles de eficiencia de los servicios públicos, unido a los parámetros de competitividad requeridos por la Unión Europea, que demandan esquemas de contención del gasto público, impulso de la iniciativa y la participación privada de la gestión pública y el incremento de la productividad.
Por todo ello, seguir progresando en la publificación de las Mutuas es contravenir los principios de la propia colaboración y comprometer el auténtico valor diferencial que una gestión privada puede aportar.
Una vez analizada la colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, en este apartado se analizan dos aspectos fundamentales que caracterizan esta naturaleza privada y asociativa: los Órganos de Gobierno de estas entidades y su Patrimonio Histórico.
Órganos de Gobierno de las Mutuas
En el ámbito de la empresa privada, el gobierno de la Entidad corresponde a las empresas asociadas. De esta forma, las Mutuas disponen de sus propios Órganos de Gobierno, cuya composición y funcionamiento se recoge en los artículos 32 y siguientes del Reglamento de Colaboración, señalando a la Junta General y Junta Directiva como responsables del Gobierno y a la Comisión de Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales como órganos de participación institucional, con presencia de las organizaciones empresariales y sindicales. A su vez, de acuerdo con el citado artículo 32, las Mutuas deben nombrar un Director Gerente, en una persona que no tenga la condición de asociado.
La Junta General es el principal Órgano de Gobierno de la Mutua, estando integrada por todos los asociados a la misma, si bien sólo tienen derecho de voto aquellos que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. Entre sus funciones principales están la designación o remoción de los miembros de la Junta Directiva, la aprobación de presupuestos y cuentas anuales, la reforma de los estatutos de la Mutua o la decisión en procesos de fusión, absorción y disolución.
La Junta Directiva, por su parte, tiene en la actualidad un número máximo de 20 miembros, formando parte de ella un representante de los trabajadores de la Entidad. En este caso, existen incompatibilidades a la hora de formar parte de este órgano, y el nombramiento de sus miembros debe ser confirmado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su función principal es la del gobierno directo e inmediato de la Entidad, correspondiéndole la convocatoria de la Junta General y la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, así como las demás funciones que se recojan en los estatutos. También le corresponden las facultades de representación de la Mutua.
El artículo 34 del Reglamento señala también que sus miembros responden frente a la Seguridad Social, la Mutua y los asociados, por el daño que causen por llevar a cabo actuaciones contrarias a la normativa aplicable o a los estatutos. Y, del mismo modo, que responderán solidariamente de los acuerdos lesivos adoptados por la misma Junta, salvo prueba en contrario.
Por último, en el artículo 35 se recoge la figura del Director General, designado por la Junta Directiva, que delegará en el mismo las funciones que se determinen en los estatutos sociales. De forma similar a los miembros de la Junta Directiva, existen incompatibilidades para tener la condición de Gerente así como para llevar a cabo determinadas actuaciones empresariales. Del mismo modo, su nombramiento debe ser confirmado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y responde también frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados por el daño que cause por actos contrarios a la normativa aplicable o a los estatutos.
El esquema de funcionamiento de estos Órganos, por tanto, está en sintonía con el modelo de referencia de las empresas privadas. Pero como se ha descrito anteriormente, en los últimos años se ha mermado la capacidad de gestión y de gobierno de las Mutuas, en contradicción con su naturaleza privada, aumentando las restricciones tanto en aspectos de gestión como propiamente organizativos de la entidad, que deja poco margen a la gestión empresarial de las Mutuas.
De esta forma, para favorecer la eficiencia y el correcto uso de los recursos que gestionan estas entidades, la anunciada reforma normativa del Sector debe garantizar su capacidad organizativa, financiera y presupuestaria así como respetarse su autonomía gestora y de gobierno respecto de sus medios humanos y materiales, dotándoles de mayor autonomía e independencia y sometiendo sus decisiones al refrendo de sus Órganos de Gobierno.
Del mismo modo, la citada reforma podría contemplar una nueva configuración de estos órganos, reforzando el modelo de gobierno corporativo de las Mutuas y mejorando la representatividad y la diversidad de sus mutualistas en la composición de dichos Órganos de Gobierno, así como los mecanismos de participación de los agentes sociales en los de control.
El Patrimonio Histórico de las Mutuas
El patrimonio histórico de las Mutuas, aquel constituido hasta 1967 en virtud de la legislación vigente hasta ese momento y sus rendimientos, les corresponde a los empresarios, en su calidad de asociados, tal y como recoge el artículo 3.2 del Reglamento de Colaboración. Este Patrimonio está afecto a los fines sociales de la propia Entidad y su materialización se sujeta a los bienes que utiliza la propia Mutua y a activos financieros de liquidez y rentabilidad garantizados.
Cuenta con una contabilidad separada y está sujeto al régimen de inspección y control de la Seguridad Social. Además, responde económicamente ante la Seguridad Social frente a los resultados de las auditorias anuales de la Intervención General en cuanto a sus disconformidades con la actuación de las Mutuas en el plano económico y financiero.
Asimismo, indicar que el patrimonio histórico es el titular de las sociedades de prevención de las Mutuas (que ejercen la actividad de servicio de prevención ajeno de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención), en las que, tras su proceso de segregación, se ha producido una separación económica y jurídica, tal y como ha ocurrido en empresas de otros sectores de la actividad económica, donde se distinguen estas actividades, los bienes, los derechos y sus activos asociados. En cualquier caso, el proceso de liberalización de estas sociedades está todavía pendiente de concluir, para que estas entidades puedan operar en las mismas condiciones que lo hacen los operadores privados o servicios mercantiles de prevención.
La conjunción de los factores indicados anteriormente, con mayores exigencias de responsabilidad, está provocando la minoración del patrimonio histórico de las Mutuas, estando comprometida la práctica totalidad de los mismos, de tal forma que sería recomendable que pudieran estudiarse fórmulas para que el mismo pudiera acrecentarse con una parte de los excedentes anuales de la gestión de las Mutuas, o para favorecer la obtención de rendimientos derivados del propio patrimonio, otorgando mayor autonomía a los órganos de Gobierno de las Mutuas para esta labor.
Principales resultados del modelo de gestión
La gestión que llevan a cabo las Mutuas, gracias a su modelo mutual, son el auténtico valor diferencial que incorporan a su colaboración con la Seguridad Social, aportando flexibilidad, agilidad y eficiencia conjunta en términos de ahorro para las empresas y el Sistema de Protección Social. Sus resultados, vistos estos desde un punto de vista global y no exclusivamente económico, son valorados positivamente por los diferentes agentes, contando en general con el respaldo de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, aunque estas últimas vean con recelo la extensión de funciones efectuada en los últimos años, en relación a la gestión de nuevas prestaciones, como se ha comentado.
Destacar, en primer lugar, los resultados en materia de duración de los procesos de incapacidad temporal, poniendo en común los resultados de las Mutuas en relación con los procesos gestionados por los Servicios Públicos de Salud, adscritos a las Comunidades Autónomas. En un estudio realizado en 2008 con datos correspondientes a cuatro mutuas -que representan más del 50% del sector- sobre más de dos millones de procesos, con las mismas patologías (las de tipo traumatológico), la duración media en contingencia común alargaba sustancialmente la de contingencia profesional: 83,6 días frente a 42,2 días para los mismos procesos. De hecho, en algunas de estas patologías la duración se multiplicaba por tres e incluso por cinco veces. Y todo ello en un escenario nada favorable para la gestión de las Mutuas.
Esta gestión del absentismo laboral en favor de sus empresas mutualistas permite a las Mutuas disponer de unos resultados muy favorables en la gestión de las prestaciones, así como, en el plano económico conjunto, en sus cuentas de gestión anuales. Tal y como decía en el apartado introductorio, el porcentaje global de gasto dentro del Sector en 2012 se situó en el 10,8% en el caso de la incapacidad temporal por contingencias profesionales y del 84,6% en el caso de las comunes.
Por su parte, de acuerdo con los últimos datos de que disponemos en relación al Sector, el resultado agregado del conjunto de entidades sumando contingencias profesionales y comunes es del 9,1% sobre las cuotas gestionadas, si bien existen importantes diferencias en cuanto a la eficiencia entre las diferentes entidades, pues este resultado oscila entre el 0% y el 14% en función de la Mutua que se analice, de acuerdo con el siguiente gráfico:
Resultado Conjunto Contingencias Profesionales y Comunes
Cuentas formuladas del Sector de Mutuas (abril 2013)
Estos resultados aportan estabilidad y seguridad al propio Sector de Mutuas, que tiene dotadas sus reservas obligatorias en los niveles más altos de su historia, incluso en un momento de crisis económica como el actual. De acuerdo con los datos correspondientes al último ejercicio, las provisiones y reservas conjuntas del Sector ascienden a 6.500 millones de euros, lo que significa aproximadamente el 70% del volumen de cuotas que gestionan.
Del mismo modo, gracias a estos resultados es posible efectuar retornos al sistema de Seguridad Social, tanto a través del Fondo de Prevención y Rehabilitación como del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En el último ejercicio, estos retornos han supuesto 580 millones, de los que 345 se han destinado al Fondo de Prevención y Rehabilitación y 235 al Fondo de Reserva. En el conjunto de los últimos cinco años estos retornos han sido de un total de 3.400 millones de euros, cuestión con un gran significado en un momento en que se demanda, con especial intensidad, una gestión eficiente de los recursos públicos, en este caso los que gestionamos las Mutuas.
Por otro parte, destacar que estos resultados económicos son totalmente compatibles con el mantenimiento de elevados niveles de calidad de los servicios en el Sector, de forma que estas entidades disponen de unos altos niveles de satisfacción entre sus empresas mutualistas y trabajadores protegidos. A la vez, dichos resultados se producen con niveles muy bajos de litigiosidad, por debajo incluso de los datos de que disponen las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Todos estos resultados hacen que estemos ante un modelo estable, consolidado y aceptado por todos los agentes implicados, desde la propia Administración a las Organizaciones Empresariales y Sindicales, aún con los matices señalados, aportando beneficios a empresas y trabajadores protegidos y realizando importantes retornos a la Seguridad Social.
Aunque se trata con mayor detalle en el siguiente apartado, la futura reforma normativa del Sector debe favorecer precisamente esto, incentivar la generación de eficiencias en las entidades y la obtención de resultados, entendidos estos desde diferentes puntos de vista: en la gestión de las prestaciones y el control del absentismo laboral, en la solvencia y la capacidad para llevar a cabo inversiones por parte de las entidades, en la capacidad para retornar beneficios a la Seguridad Social, así como la generación de un marco de sana competencia en el que los resultados se puedan revertir de alguna manera en las propias empresas.
Las Mutuas disponen de un activo intangible de enorme valor social que debe ser utilizado más intensamente: su proximidad al mundo empresarial y laboral. Tienen una posición reconocida y valorada de relación e interlocución con las empresas y sus trabajadores que, socialmente, debe ser más utilizada. Son, en definitiva, entidades en las que su puede apostar para contribuir a la vertebración de un sistema integrado de protección social, donde estén alineados los objetivos de empresas, trabajadores y de la propia Seguridad Social.
El proceso de actualización del marco regulatorio: Ley de Mutuas. Principios de la futura reforma
Como saben, en el momento actual está abierto el debate sobre el papel de las Mutuas y el proceso de actualización de su marco de regulación. Este debate no se ha producido sólo en las mesas del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, sino que el mandato para llevar a cabo esta actualización se incluyó además en la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Aunque a lo largo del documento se ha reflexionado sobre algunas de estas cuestiones, les señalo a continuación los principios básicos que, a mi juicio, deberían inspirar esta reforma:
El eje principal de la futura reforma debe ser favorecer la eficiencia gestora de estas entidades, de forma que puedan obtenerse resultados positivos y satisfactorios, garantizando en todo caso su función como entidades colaboradoras así como los altos niveles de calidad de los servicios que atesora el Sector. Se trata de un modelo estable y consolidado, que aporta resultados y beneficios no sólo al Sector, sino también a empresas, trabajadores y al propio Sistema de Seguridad Social.
Es importante, por tanto, establecer una dinámica dirigida a reconocer los valores de la eficiencia en la gestión de las Mutuas, tanto a nivel conjunto como de cada una de las entidades. Promover su medición, su evaluación permanente y continuada, partiendo de centrar la eficiencia como objetivo de la colaboración que llevan a cabo en el Sistema de Protección Social, convirtiéndose en un consenso básico para el funcionamiento del Sector y la visualización de sus resultados.
Para favorecer esta eficiencia, debe llevarse a cabo una evaluación permanente de los resultados, desde múltiples puntos de vista:
Eficiencia entendida, en primer lugar, en relación a las prestaciones económicas que gestionan, de forma que la misma revierta en las empresas en menores costes laborales derivados del absentismo laboral, puesto que la incapacidad temporal es el componente principal de este fenómeno.
En esta materia existe una fuerte demanda empresarial para que sean las Mutuas quienes favorezcan un mejor control y gestión de este fenómeno, que permita mejorar los niveles de productividad de las propias empresas, a la vez que revertirlo en mayores niveles de eficiencia para el Sector y, en consecuencia, para el Sistema de Seguridad Social. Pero para ello deben reconocerse a las Mutuas facultades suficientes para atender esta demanda de forma ágil y eficaz. Se trata de una cuestión clave, dadas las importantes consecuencias que el absentismo tiene para la economía y las empresas en términos de productividad y competitividad.
La reforma deberá estimular la propia gestión que llevan a cabo las Mutuas, procurando mejores niveles de solvencia, que garanticen la viabilidad y la estabilidad de las entidades, así como la capacidad de las mismas para llevar a cabo inversiones orientadas a mejorar su capacidad de servicio.
En tercer lugar, una eficiencia que aporte beneficios al Sistema de Protección Social, a través de las dotaciones a los Fondos de Prevención y Rehabilitación y al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se trata de una cuestión clave en la actualidad, en la que se demanda una gestión eficiente de los recursos públicos y, por tanto, un mayor retorno al Sistema público.
Y, finalmente, unos resultados que permitan introducir mecanismos de retorno de la eficiencia a las empresas mutualistas, por ejemplo, a través de la reducción de las cotizaciones sociales. Ello permitiría evolucionar hacia un modelo de correcta competencia entre entidades basada en la propia eficiencia, en la calidad de los servicios prestados y en la percepción de los mutualistas sobre los servicios prestados. En ese caso, la propia Administración de la Seguridad Social podría fijar los objetivos estratégicos que articulasen el eventual retorno a las empresas, incidiendo en parámetros como la siniestralidad laboral, el absentismo laboral…
En cualquier caso, como entidades de naturaleza privada que son las Mutuas, la reforma debe destacar la naturaleza asociativa, privada y empresarial de estas entidades, reforzando los elementos que garanticen el carácter privado de su gestión y fomentando su capacidad de gobierno y autonomía gestora, puesto que como ya he dicho son el auténtico valor diferencial que pueden aportar en su colaboración con la Seguridad Social. Ello requerirá, entre otros extremos, superar el actual sistema de controles múltiples y autorizaciones previas, evolucionando a un sistema de controles ex post y de resultados, totalmente compatible con una exigencia rigurosa de plena transparencia en la gestión. Ello, además, propiciará un marco de seguridad jurídica, requerimiento imprescindible para los responsables de su gestión y gobierno.
Sobre el régimen económico de las Mutuas, la necesaria reforma debería articularse sobre la necesidad de asegurar un régimen económico que preservara el equilibrio económico financiero para todas y cada una de las coberturas gestionadas por estas entidades, garantizando su gestión eficiente y transparente así como su contribución a la solidez y mejora del Sistema de Seguridad Social. En este sentido, recordar la posibilidad de llevar a cabo ajustes en la aportación que las Mutuas realizan a los servicios comunes de la Seguridad Social, de acuerdo con los costes reales de los propios servicios.
Otro aspecto a destacar en la reforma tiene que ver con la dotación de medios humanos y materiales de las Mutuas, que actualmente disponen de mayor capacidad de prestación de servicios que otros agentes, como los Servicios Públicos de Salud. En este sentido, debe apostarse por una evaluación de estos medios para cuantificar esa capacidad. A partir de ahí deben revisarse los mecanismos que permitan hacer más eficiente su utilización, teniendo como objetivo final facilitar la misma tanto en los servicios públicos como en los privados, generando mayores eficiencias para el sistema de protección social, incluyendo la puesta en común de los mismos.
Otras cuestiones ya anunciadas en este documento que deberá tratar la reforma serán el desarrollo de la participación en los órganos de gobierno de las Mutuas, así como potenciar la actividad preventiva que llevan a cabo estas entidades, destinando a las mismas una proporción mayor de su presupuesto y concluyendo el proceso de liberalización de las sociedades de prevención.
En definitiva, desde el punto de vista global, la reforma debe responder a la nueva realidad sectorial, que ha llevado a las Mutuas a asumir cada vez mayor participación en el Sistema de Seguridad Social, dada su capacidad y experiencia para la gestión de las prestaciones encomendadas.
Se trata, como se ha dicho, que sobre la base de la necesaria capacidad de gobierno y autonomía gestora, las Mutuas aporten a trabajadores, empresas y a la Seguridad Social el valor diferencial de una gestión eminentemente privada y sujeta a un marco de plena transparencia.
Para finalizar, quisiera incidir en algunas ideas que ya han sido recogidas durante el documento:
En primer lugar, revindicar el papel de las Mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Nuestro modelo mutual nos permite disponer de entidades consolidadas y plenamente integradas en el Sistema de Seguridad Social, ejerciendo dicha colaboración como entidades de naturaleza privada. Son, de hecho, el mayor ejemplo de gestión privada de recursos públicos en este ámbito.
Además, la gestión privada que llevan a cabo aporta resultados y beneficios en forma de eficiencia, solvencia y recursos a trabajadores, empresas y al propio Sistema de Seguridad Social, todo ello en un marco de debida transparencia y control por parte de la Administración. Esta gestión es el principal valor que las Mutuas aportan a la Seguridad Social.
En cualquier caso, volver a incidir en que debe avanzarse en la busca de mayores eficiencias para el Sector, para las empresas españolas y sus trabajadores, así como para el Sistema de Seguridad Social. En este sentido, el proceso de actualización del marco normativo de estas entidades debe dirigirse en ese camino, con un especial valor dada la actual situación económica que atraviesa nuestro país y la exigencia de una gestión eficiente de los recursos públicos.
Dicha reforma debería en todo caso de tratar de dibujar un escenario que no desvirtúe la naturaleza pública de los servicios y las coberturas que prestan las Mutuas, junto con la necesaria capacidad gestora en el ámbito económico y financiero. En caso de lograr el equilibrio de ambos elementos, la reforma redundará en un funcionamiento económico más eficiente del sector en todas sus distintas dimensiones y perspectivas.
Finalmente, volver a insistir en que deben aprovecharse todas las ventajas y beneficios del sistema de Mutuas, como interlocutores privilegiados en el ámbito empresarial y laboral, dados los resultados contrastados de la gestión que llevan a cabo en un marco de ampliación paulatina de las prestaciones y coberturas que tienen encomendadas, así como de los colectivos protegidos. E igualmente, aprovechar y optimizar los recursos disponibles en estas entidades, con la puesta en común de su red de centros de servicio y su capacidad asistencial. Respecto a esta capacidad asistencial, muy especializada en determinadas patologías, se podrían buscar, específicamente, fórmulas de mayor colaboración con los Servicios Públicos de Salud, que tienen una mayor carga asistencial.
En este sentido, debe avanzarse en la colaboración con las diferentes administraciones e instituciones implicadas en la salud laboral de los trabajadores, propiciando escenarios de entendimiento y coordinación con la Administración de la Seguridad Social, Servicios Públicos de Salud, Servicios Ajenos de Prevención de Riesgos Laborales…
Con esta ponencia quería aportar mayor conocimiento del Sector de Mutuas que, a mi juicio, es muy desconocido por su papel y por su potencialidad, así como reflejar los beneficios de su integración armónica en el Sistema y las capacidades que proporciona la colaboración con el mejor funcionamiento de la Seguridad Social, desde una gestión eminentemente privada.

References: artículo 67
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 71
 artículo 23
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 74
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 3