Source: http://jurisprudencia.tuabogado.com/sentencias/constitucional/nulidad-parcial-de-los-articulos-20-24-28-32-33-38-46-47-53-54-55-56-59-y-61-del-codigo-de-policia-del-estado-cojedes
Timestamp: 2018-10-16 08:21:10+00:00

Document:
Posteriormente, la importancia de la libertad en la modernidad se pone de manifiesto a través del reconocimiento normativo que ha experimentado a nivel internacional, tal y como lo evidencian diferentes instrumentos supranacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el denominado Pacto de San José de Costa Rica.
De hecho -y así lo resaltó también la Sala en ese fallo del 29 de mayo de 2003-, existe una acción especial que sirve para proteger la libertad personal: el habeas corpus. Basta recordar –y asimismo lo hizo la Sala- que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, acción de tanta importancia que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que reguló ciertos aspectos procesales. De esta manera, la libertad personal es principio cardinal del Estado de Derecho venezolano”. (Destacado del fallo transcrito).
“Así, en líneas generales, la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República de Venezuela, pero también constituye un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres. De allí que se pueda afirmar, que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la dignidad humana, ostenta un papel medular en el edificio constitucional venezolano, siendo que el mismo corresponde por igual a venezolanos y extranjeros.”
Considera también este Máximo Tribunal que el derecho de libertad personal se proyecta sobre otras garantías constitucionales consagradas a favor de la persona, entre ellas se tiene la prohibición de no ser sometido a torturas ni tratos crueles o inhumanos; no ser sometido a tratos degradantes; ser oído públicamente ante un tribunal independiente e imparcial; ser considerado inocente mientras no se pruebe la culpabilidad de la persona según la ley y en un juicio público; que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa en todo estado y grado de la causa, teniendo en cuenta, de igual modo, que todos estos aspectos permiten materializar la tutela judicial efectiva, según lo dispone el artículo 26 del Texto Fundamental, es decir con motivo del eventual proceso judicial o bien un procedimiento administrativo al que pudiera someterse una persona en un momento determinado.
Por otra parte, este Máximo Tribunal observa que la realización y consolidación del derecho a la libertad personal, de acuerdo con la normativa que brinda el marco constitucional de 1999 requiere de un Estado garante y al mismo tiempo protector de los derechos humanos, lo que tiene especial trascendencia para los órganos encargados de la administración de justicia y de manera relevante para la Sala Constitucional como guardián y principal responsable de la realización de los derechos y garantías establecidas en la Carta Magna.
“Ahora bien, es menester resaltar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, no es menos cierto que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse restringido en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos -taxativamente- en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del derecho: la de intervención de los jueces para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia N° 130/2006, del 1 de diciembre).´”
Así las cosas, observa esta Sala Constitucional que en el caso de autos la normativa impugnada del Código de Policía del Estado Mérida menoscaba tanto a la norma fundamental como lo dispuesto por la reiterada jurisprudencia de este Máximo Tribunal con respecto a la libertad personal y la posible restricción que la misma pueda tener, teniendo en cuenta para ello, única y exclusivamente, las propias excepciones que la normativa constitucional prevé, como es la flagrancia, en cuyo caso la autoridad policial tiene la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público y del Juez respectivo la limitación impuesta a la persona, con el fin de ajustar la actuación policial a las previsiones constitucionales.
Esta Sala Constitucional observa que de la totalidad de las normas impugnadas por parte de la Defensoría del Pueblo del Código de Policía del Estado Mérida, las que están relacionadas con la libertad personal son las contenidas en los artículos 9 ordinal 4°, 10 ordinal 6°; 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166,178, 179, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236 y 239, que contemplan la posibilidad de dictar medidas de arresto por parte de algunas autoridades administrativas del Estado Mérida.
“Otro de esos principios cardinales es el de la reserva legal. Así, la historia constitucional venezolana ha venido marcada por la permanente previsión de una reserva de ley a favor del Poder Nacional, inspirada en las más avanzadas corrientes políticas y jurídicas, a fin de evitar que ciertas materias de especial trascendencia sean reguladas por órganos distintos al Parlamento, depositario de la voluntad popular -según la concepción clásica-, ni por actos diferentes a la ley, único texto -también según la doctrina clásica- rodeado de las garantías imprescindibles para legitimar la imposición de conductas a la población.
La necesidad de proteger a la sociedad frente a ciertas conductas –castigándolas, dando con ello a la vez ejemplo de desaprobación y procurando luego la corrección de una conducta delictual- aconsejan privar a ciertas personas de su libertad, pero no implica la posibilidad de desproteger a la colectividad, sometiéndola a la incertidumbre. La reserva legal nacional, sin que sea tal vez el medio óptimo para ello, es hasta ahora el mejor que se ha ideado”.
Lo imprescindible, entonces, es precisar si se está realmente en presencia de una materia penal, que como tal está reservada al legislador nacional: la tipificación de delitos y la previsión de penas constituye el ámbito del Derecho Penal, mientras que la consagración de faltas administrativas y sus correspondientes sanciones es el centro del Derecho Administrativo Sancionador. El primer caso pertenece al Poder Nacional; el segundo a cualquiera de los entes territoriales (ver el fallo citado supra de fecha 22 de julio de 2003)”.
Asimismo, la Sala desestima la alegación de que las aludidas normas estadales son inconstitucionales por el solo hecho de limitar ciertos derechos fundamentales, pues, tal como lo ha establecido este órgano jurisdiccional en anteriores oportunidades, la limitación de los derechos fundamentales es, ciertamente, materia de estricta reserva legal, esto es, que sólo por ley pueden verse limitados los derechos inherentes a la persona humana, estén o no recogidos expresamente en el Texto Constitucional. No obstante, como bien se aclaró, entre otras, en sentencia Nº 266 del 16 de marzo de 2005 (caso: Carlos Herrera), esa reserva legal no es exclusiva del Poder Nacional, por lo que leyes estadales y ordenanzas pueden disponer ciertas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.
“Estima la Sala que no resulta necesariamente contrario a la Constitución, la imposición por la Ley de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, desde que, precisamente, el propio constituyente aceptó la posibilidad de que el Legislador ordene y limite el ejercicio de esos derechos. La violación a la Constitución sólo se producirá cuando la Ley viole el contenido esencial del derecho, esto es, cuando lo desnaturalice o cuando imponga limitaciones desproporcionadas o arbitrarias…”.
“Artículo 54. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley.”
“Ciertamente, algunos de los preceptos de la Ordenanza de Policía objeto de este juzgamiento tienen incidencia en la esfera jurídica de menores de edad, como serían la imposibilidad de que se negocie con menores (artículo 60), la vigilancia de que no asistan a prostíbulos (artículo 80), la prohibición de los dueños de expendios de bebidas alcohólicas de que suministren bebidas de esta naturaleza a los menores de edad (artículo 90) y la imposibilidad para los menores de edad de que permanezcan en espectáculos públicos “censurados”, so pena de que sean retenidos y trasladados al “retén policial” (artículo 91).
Ahora bien, la Sala juzga que, salvo el artículo 91 de la Ordenanza de Policía bajo análisis, cuya aplicación se suspendió en la sentencia n.° 3583/05 de admisión de esta demanda y fue anulado en este fallo, considera que los preceptos 66, 80 y 90 del mismo instrumento legal no violan la Constitución, sino que, por el contrario, son normas que disponen medidas de protección a niños, niñas y adolescentes que es, precisamente, el principio que recogen las normas constitucionales que se delataron como conculcadas. En todo caso, y como anteriormente se expuso, la eventual colisión entre estas normas municipales y las leyes nacionales, en el supuesto de que la regulación de estas últimas no coincida con las de los artículos cuya nulidad se solicitó, sería objeto de una demanda de colisión de leyes, porque se trata de preceptos de igual jerarquía jurídica, lo que es materia ajena a esta demanda de nulidad por inconstitucionalidad. Así se decide”.
Resulta entonces obvio que el contenido de todos estos valores, principios y derechos constitucionales antes mencionados se ve afectado por la norma aquí examinada, toda vez que ésta dispone que el carácter de ˈvagoˈ o de ˈmaleanteˈ constituirá un presupuesto para las sanciones correspondientes (a saber, las previstas en la Ley sobre Vagos y Maleantes)…”.
Al respecto, observa este Máximo Tribunal que la normativa del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, en particular los artículos 9 ordinal 16°; 35 y 228, así como también cualquier otro dispositivo que haga referencia a la Ley sobre Vagos y Maleantes, como fundamento para desarrollos normativos posteriores o bien como punto de partida para la adopción de medidas que por parte de ese órgano de policía, se encuentran viciados por razones de inconstitucionalidad, y por lo tanto se declaran nulos. Así se decide.
“Artículo 11.- Aquellas personas cuyos antecedentes les señalen como socialmente peligrosa, (sic) serán objeto de especial vigilancia por parte de la Policía.
Las casas de juegos de cualquier clase.
Las tabernas, botillerías u otros establecimientos que expendan licor al por menor.
Las casa particulares en las que habitualmente se realicen juegos de envites y azar.
Los patios, corredores y pasajes de las casas llamadas de vecindad.
Caución de buena conducta.
Artículo 59.- Cuando la pena impuesta fuese de multa, se extenderá un recibo por triplicado, uno de cuyos ejemplares quedará en el archivo de la Policía, otro se entregará al sancionado y el tercero a las respectivas rentas municipales o al tesoro del Estado.
Artículos 60.- Cuando se impongan las penas de comiso, se dará a los objetos decomisados el destino siguiente: serán vendidos en pública subasta, destinándose el producto a las respectivas rentas municipales o al tesoro del Estado.
Parágrafo único: Ejecutada la pena impuesta, el interesado tendrá derecho que se expida copia certificada de la resolución a que se refiere este artículo y concurrir en queja ante el funcionario inmediatamente superior, quien si encontrase fundada la queja ordenará la restitución de la multa, si la hubo quedando a salvo los derechos del interesado para reclamar los perjuicios que se hubieren ocasionado”.
PRIMERO: EXTENDER LOS EFECTOS de la sentencia número 191 dictada por esta Sala Constitucional el 8 de abril del 2010, a la presente causa, razón por la cual se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad ejercido por el ciudadano GERMÁN MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, en su carácter de DEFENSOR DEL PUEBLO, para la época de interposición del recurso, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, contra los artículos 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Código de Policía del Estado Cojedes sancionado el 1 de abril de 1968, por la entonces Asamblea Legislativa de dicho Estado y promulgado por el Gobernador de dicha entidad el 10 de mayo de ese mismo año.
SEGUNDO: LA NULIDAD de los artículos 12, 14, 18, 19, 26, 34, 41, 44, 45, 57, 58 y 64 del Código de Policía del Estado Cojedes.
TERCERO: LA NULIDAD PARCIAL de los artículos 20, 24, 28, 32, 33, 38, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 59 y 61 del Código de Policía del Estado Cojedes.
CUARTO: SIN LUGAR la pretensión de nulidad de los artículos 11, 21, 30, 42, 43, 48, 49, 60 y 65 del Código de Policía del Estado Cojedes.
QUINTO: SE FIJAN los efectos de la presente declaratoria con carácter ex nunc, es decir hacia el futuro.
SEXTO: SE ORDENA poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las normas cuya nulidad fue declarada en este fallo y SE ORDENA eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención de que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron las normas ahora declaradas nulas.
SÉPTIMO: SE ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de los artículos 12, 14, 18, 19, 26, 34, 41, 44, 45, 57, 58 y 64 del Código de Policía del Estado Cojedes; y la nulidad parcial, en lo que respecta a la facultad de órgano policial de restringir la libertad personal, de los artículos 20, 24, 28, 32, 33, 38, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 59 y 61 del mismo Código”.
OCTAVO: SE EXHORTA al Consejo Legislativo del Estado Cojedes para que derogue cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por este fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de julio de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación...."
Exp N° 04-0142:
Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1031-12712-2012-04-0142.html

References: artículo 2
 artículo 26
 artículo 44
e contrario
 artículo 91

Artículo 59
 resolución