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Timestamp: 2020-02-25 07:16:23+00:00

Document:
Carátula: AYALA, FABIO EDUARDO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL AYALA, FABIO EDUARDO s/ AMENAZAS CALIFICADAS- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jueces: Daniel Aníbal ERBETTA - María Angélica GASTALDI - Rafael Francisco GUTIERREZ - Eduardo Guillermo SPULER -
Año de causa: 0
N° de tomo: 291
N° de página de inicio: 179
N° de página de fin: 189
Cita: 429/19
N° de SAIJ: 19090218
N° de CUIJ: 21 - 511853 - 8
GONZALEZ, CARLOS ALBERTO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL GONZALEZ, CARLOS ALBERTO s/ LESIONES DOLOSAS GRAVES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Santa Fe, Santa Fe; 03-set-2019; Fuente Propia; 520/19
ARANGUIZ, EZEQUIEL ALCIDES -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL ARANGUIZ, EZEQUIEL ALCIDES s/ AMENAZAS SIMPLES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Santa Fe, Santa Fe; 05-nov-2019; Fuente Propia; 723/19
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Reg.: A y S t 291 p 179/189.
En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de la titular, doctora María Angélica Gastaldi, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AYALA, FABIO EDUARDO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'AYALA, FABIO EDUARDO S/ AMENAZAS CALIFICADAS' - (CUIJ 21-06349652-6) S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511853-8). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones; PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Erbetta, Gastaldi, Gutiérrez y Spuler.
A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:
1. Mediante acuerdo registrado en A. y S. T. 281, pág. 121, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del imputado contra el fallo 329, del 15 de mayo de 2017, por medio del cual los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Lurati y Carbone confirmaron la sentencia que condenó a Fabio Eduardo Ayala a la pena de un año de prisión efectiva y costas, como autor penalmente responsable del delito de amenazas calificadas, estableciendo una pena única de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por la unificación de penas, comprensiva de la mencionada y de la impuesta por el Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 2 de Rosario -proceso 125/08-; revocando la libertad condicional y declarando su reincidencia.
Ello por entender -en una apreciación mínima y provisoria propia de ese estadio- que las postulaciones de la compareciente contaban "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importaban articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia extraordinaria.
El nuevo examen de admisibilidad que le compete efectuar a este Tribunal a mérito de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General.
A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
1. En la presente causa, y en lo que aquí es de interés, el 30.12.2016 el Juez Penal de Primera Instancia del Colegio Interdistrital de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Filocco, declaró procedente el procedimiento abreviado solicitado por la fiscalía y la defensa del imputado y, en consecuencia, condenó a Fabio Eduardo Ayala por el delito de amenazas calificadas en carácter de autor a la pena de un año de prisión, accesorias legales y costas.
En tal fallo se expidió también acerca de la declaración de reincidencia, unificación de penas y revocación de la libertad condicional de Ayala, cuestiones que habían sido dejadas libradas a la decisión judicial. En este sentido, resolvió declarar la reincidencia del condenado, revocar la libertad condicional que le fuera concedida el 13.06.2014 y unificar la presente pena con la impuesta por el Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 2 de Rosario en el proceso 125/08 -de ocho años de prisión, accesorias legales y costas-, estableciendo como pena única la de nueve años de prisión efectiva, accesorias legales y costas.
2. Contra tal sentencia interpuso recurso de apelación la defensa, cuestionando puntualmente la revocación de la libertad condicional y la unificación de penas (no así la declaración de reincidencia).
Ello con fundamento en que al momento del dictado de la condena la pena impuesta por el Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 2 de Rosario ya se encontraba agotada, por haber operado su vencimiento el 15.06.2016.
Explicó que, conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, habiendo transcurrido el término de la pena sin que se hubiera revocado la libertad condicional, aquélla se extinguió y, por tanto, no correspondía ya la revocación de la libertad condicional oportunamente otorgada ni la unificación de penas.
Citó en apoyo de su postura lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Romano" (28.10.2008) -en los considerandos 9 y 10 suscriptos por los señores Ministros doctores Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni- y por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en fallo del 30.05.2014.
3. El A quo, por mayoría, por sentencia del 15.05.2017, confirmó el pronunciamiento apelado.
3.1. En primer término, expresó su opinión el doctor Salvador, quien quedara finalmente en disidencia, postulando la revocación del resolutorio en los aspectos cuestionados.
Para sustentar su posición, relató lo expuesto en los considerandos 9 y 10 del fallo "Romano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que tal razonamiento encuentra su parangón en el pensamiento de autores como Zaffaroni, Alagia y Slokar, citando su postura coincidente.
Refirió también la opinión de Alderete Lobo -en su libro "La libertad condicional en el Código Penal Argentino"- en cuanto sostiene que la revocación de la libertad condicional por comisión de nuevo delito no puede producirse sino hasta que la sentencia condenatoria se encuentra firme y que de ello se deduce que cumplido el plazo sin que exista tal condena, opera de pleno derecho el efecto del artículo 16 porque no se habrá dictado acto revocatorio que lo impida.
Asimismo, agregó que este criterio fue plasmado en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal -Sala II- en el fallo "Méndez".
Concluyó que el Juez de grado no dio razones suficientes para apartarse de la doctrina del referido precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pesar de la similitud de la cuestión aquí analizada con la allí decidida, tratándose de situaciones fácticas idénticas.
En este sentido, señaló que en este caso la libertad condicional fue otorgada en relación a la primera pena en fecha 13.06.2014, el nuevo delito fue cometido el 18.11.2015 y se lo condenó por él en procedimiento abreviado el 30.12.2016, dejándose librado al criterio del Juez la necesidad o no de unificar penas. Y explicó que la cuestión fue controvertida por la defensa con fundamento en que la primera pena venció el 15.07.2016, es decir, antes de la sentencia por el segundo hecho, por lo que cuando se revocó la libertad condicional y se unificaron las penas, la primera ya estaba agotada.
Estimó el Magistrado que coincidiendo con el criterio del máximo Tribunal nacional y no habiéndose esgrimido en el fallo argumentos válidos para apartarse de tal precedente, correspondía dejarlo sin efecto en cuanto revocara la libertad condicional y unificara las penas impuestas a Ayala.
3.2. En segundo lugar, emitió su voto la doctora Lurati, quien siguiendo el criterio asumido en otro caso, consideró que el pronunciamiento debía ser confirmado.
Para fundar su posición, partió de afirmar que nuestra ley de fondo consagra como regla el principio general de pena total y que en el caso de unificación de penas se regula la aplicación del "sistema de pena total" cuando un sujeto que la está cumpliendo en virtud de una condena pronunciada por sentencia firme comete otro delito y se lo condena mientras sigue en vigencia la primera impuesta.
Luego de delinear diferentes hipótesis posibles, concluyó que una vez extinguida la pena, o bien agotado su cumplimiento, no deberá unificarse ésta con otra. Sin embargo, sostuvo que cuando el sujeto comete el segundo delito en libertad condicional, el juez tiene dos obligaciones: revocarla y no computar el tiempo que cumplió de tal modo.
Postuló que el criterio expuesto en el fallo "Romano" no es adecuado a una interpretación sistemática e histórica de la ley penal argentina, por cuanto implica derogar en la práctica el régimen de unificación de penas que hace décadas se viene aplicando, sin que ninguna norma nacional o convencional hubiera variado en este tiempo.
Luego de relatar las penas reguladas en el Código Penal en sus distintas versiones históricas, expresó que actualmente la Ley de Ejecución de pena privativa de libertad (24660) regula la libertad condicional como un modo de cumplimiento en el régimen progresivo y prevé consecuencias para supuestos de violación de las condiciones impuestas al concederla.
Manifestó que de una interpretación sistemática de las normas de tal ley y del Código Penal surge con claridad el límite entre los supuestos de incumplimiento que pueden ser advertidos por el juez de ejecución, de aquéllos que requieren de sentencia firme, como lo es la comisión de un nuevo delito.
Explicó que el Código Penal establece la misma consecuencia si se comete un delito en los casos de condena condicional y durante el período de libertad condicional en las penas efectivas, de modo que en la primera hipótesis la pena debe ser cumplida al unificarse con la que se imponga por el nuevo hecho y en la segunda no se toma en cuenta en el cómputo el tiempo de cumplimiento en libertad condicional. Afirmó que en ambos supuestos es el juez que declara que el sujeto cometió un delito el que revoca la condicionalidad de la condena o la libertad condicional y unifica penas por imperio legal.
Sostuvo que el artículo 16 del Código Penal debe interpretarse en este contexto normativo: si no se cometió un delito dentro del plazo de libertad condicional, el cual obviamente puede ser declarado en sentencia firme con posterioridad, la pena quedará extinguida; ello dado que el derecho debe ser interpretado acorde al sentido común y la previsibilidad.
Finalmente, expresó que la teoría de la defensa lleva a que se pueda evitar una unificación de penas dependiendo del sistema procesal de cada provincia, o bien habilitaría a dilaciones "ex profeso" para evitar una unificación de penas.
3.3. Por su parte, el doctor Carbone compartió los fundamentos de la doctora Lurati citando un antecedente en el que votara en tal sentido.
De todos modos, agregó que en el precedente "Romano" la cuestión se vinculaba con la falta de inclusión de la unificación de penas en el acuerdo abreviado, mientras que en este caso, contrariamente a lo allí acaecido, las partes dejaron las cuestiones de la declaración de reincidencia, unificación y revocación de la libertad condicional a decisión del Juez.
Concluyó que no resultaba aplicable el efecto del artículo 16 del Código Penal por haber sido cometido el segundo delito mientras gozaba de la libertad condicional.
4. Contra tal decisión interpone la defensa de Ayala recurso de inconstitucionalidad.
Postula que en la sentencia en crisis se efectuó una arbitraria intelección de una norma de fondo, a despecho de los principios de inocencia y "pro homine", con apartamiento de la doctrina judicial de la Corte nacional.
Puntualiza que el núcleo de la cuestión se reduce a un tema de interpretación y aplicación de la ley penal y a la hermenéutica que de la misma ya ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, sobre el valor de sus pronunciamientos para los tribunales inferiores.
Fundamenta que la exégesis del artículo 16 del Código Penal efectuada por la mayoría del Tribunal es asistemática, apartándose de la literalidad de su texto "in malam partem", lo cual resulta prohibido en materia penal.
Así, manifiesta que en el fallo se yerra en el reconocimiento de la norma aplicable, dado que allí se interpretó que el artículo 58 del Código Penal desplaza en el caso la aplicación del 16, cuando en realidad es este último el que regula específicamente el tema en cuestión, a diferencia del primero que se refiere a la unificación y busca materializar el principio de la unidad en la respuesta punitiva.
Argumenta que el segundo error de la sentencia se deriva de la hermenéutica que efectúa de las normas en juego, al restar valor al artículo 16 del Código Penal, lo cual contradice no sólo la literalidad de la disposición legal, sino también del principio "in bonam partem", criterio rector en materia penal.
Concluye que el desacierto en las dos actividades anteriores, es decir, reconocimiento e interpretación, lleva necesariamente a una solución equivocada en la aplicación de la norma al caso, dado que -afirma- ésta debe buscarse en el texto del artículo 16, que es claro, por lo que no requiere una exégesis sistemática ni teleológica.
Manifiesta que si alguna duda queda, debe recurrirse a la inteligencia que del precepto en cuestión efectuó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Romano".
Postula en consecuencia la anulación del voto mayoritario del fallo por errores en el reconocimiento, interpretación y aplicación de la norma al caso y por apartamiento de la doctrina judicial emanada del máximo Tribunal nacional, afirmando que ésta debe ser respetada para resguardar la seguridad jurídica y por su investidura, prestigio y autoridad.
5. Cabe anticipar que propiciaré la declaración de procedencia de la presente impugnación, por entender que merecen ser atendidos los planteos de la recurrente vinculados a que el voto mayoritario de la sentencia del A quo resulta arbitrario al confirmar la decisión de revocar la libertad condicional y unificar penas a pesar de haber sido el imputado condenado por el segundo delito una vez que la primera pena estaba agotada.
Es que, si bien la cuestión se vincula con la interpretación de normas de derecho común, temática que resulta ajena en principio al recurso previsto en la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla, dado que considero que lo decidido traspuso efectivamente el límite de razonabilidad y afecta, por tanto, la garantía del debido proceso.
De este modo, se torna procedente su anulación por no reunir las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, ello por los motivos que a continuación expongo.
6. La situación que se presentó en el caso es la siguiente: Fabio Eduardo Ayala fue condenado el 23.09.2009 a 8 años de prisión, obteniendo la libertad condicional el 13.06.2014, determinándose que el vencimiento de la pena operaría el 15.07.2016.
El 18.11.2015, es decir mientras cumplía la pena anterior en libertad condicional, cometió un nuevo delito, por el cual se lo condenó el 30.12.2016 en procedimiento abreviado a un año prisión.
En lo que aquí interesa, la controversia que se generó entre las partes al momento del acuerdo abreviado fue si correspondía o no revocar la libertad condicional otorgada en la primera pena y unificar la segunda con la anterior a 8 años de prisión, considerando que si bien la comisión del segundo delito ocurrió durante su cumplimiento, la condena por éste fue posterior a la fecha estipulada como de vencimiento de la primera pena, que había acaecido sin que la libertad condicional hubiera sido revocada.
De este modo, postuló la defensa que la unificación devenía improcedente, dado que al momento en que debía tomarse la decisión acerca de la eventual revocación de la libertad condicional y unificación, es decir, cuando se lo condenó por el segundo hecho, la primera pena ya estaba agotada.
Sin embargo, el Juez de grado concluyó que correspondía la revocación de la libertad condicional y la unificación de penas, atento a que lo determinante era la fecha del segundo hecho y no la de la declaración de su responsabilidad penal, entendiendo que si ésta acaecía, tenía efecto retroactivo al momento de comisión del delito. Esta decisión fue confirmada -por mayoría- por el Tribunal a quo.
7. De inicio, cabe delimitar la problemática en análisis, que se presenta en los casos en que el segundo delito es cometido mientras el condenado se encuentra cumpliendo pena en libertad condicional. Ello en función de lo previsto en los artículos 15 y 16 del Código Penal.
Planteada así la cuestión, estimo que la exégesis efectuada por el A quo resulta arbitraria, por cuanto contraría principios de jerarquía superior y es consecuencia de una interpretación de las normas en juego que no respeta la literalidad ni el análisis sistemático de las mismas, así como las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
8. Al respecto, en primer lugar, debe señalarse que el estado de inocencia sólo puede destruirse mediante una sentencia condenatoria firme (art. 18, C.N.), lo cual impide otorgar a la mera imputación por un nuevo hecho cualquier efecto perjudicial respecto de la primera pena que, de alcanzar su fin, debe necesariamente recibir una declaración respecto a su cumplimiento.
Así, en la postura propiciada por el A quo, la imputación por la posible comisión de un nuevo delito tiene el efecto de suspender la decisión acerca del vencimiento de la primera pena hasta que se resuelva si corresponde declarar su responsabilidad penal, lo cual no se vislumbra como compatible con el principio en cuestión.
En este sentido, la certidumbre en torno al cumplimiento de la pena no puede quedar condicionada a la eventual eficacia o demora en el juzgamiento del caso, consecuencia que no por obvio cabe reafirmar es exclusiva responsabilidad estatal. De más está decir que la alusión a posibles "dilaciones ex profeso" de los imputados no neutraliza la responsabilidad de los funcionarios estatales, en tanto existen mecanismos legales para coartar cualquier eventual intento de dilación procesal injustificada.
9. En segundo término, la solución que propicio es la que se deriva de una razonable inteligencia de las normas en juego, tanto teniendo en cuenta la literalidad de sus disposiciones, como su evaluación conjunta y coordinada.
Es que, la disposición que regula expresamente la problemática aquí abordada es el artículo 16 del Código Penal, según el cual "[T]ranscurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12".
La norma es clara en cuanto a que si al momento del vencimiento de la pena, o bien luego de 5 años en libertad condicional en las perpetuas, ésta no fue revocada, la pena debe declararse definitivamente agotada.
Consecuencia inmediata e ineludible de ello es que la evaluación de la situación del penado en relación a si debe o no revocarse la libertad condicional -verificándose si incurrió en alguna de las causales que ameritan tal efecto- puede hacerse en última instancia -si no ocurrió antes- cuando llegue el día que se estipuló como de vencimiento de la pena al efectuarse el respectivo cómputo.
Y en tal momento, si no se registra la presencia de una causal de revocación de la libertad condicional, es decir, si no se ha probado que el penado violó la obligación de residencia o cometió otro delito, la pena debe darse por cumplida.
Pero además una interpretación sistemática de las normas en juego abona la conclusión relacionada. Es que, si bien el artículo 15 del Código Penal prevé que en caso de revocación de la libertad condicional no se computará en el término de la pena el tiempo que hubiera durado la libertad, tal disposición legal no habilita a la hermenéutica efectuada por la Cámara.
De este modo, una inteligencia del mismo armónica con el artículo 16 referido, obliga a concluir sin lugar a dudas que si la comisión del nuevo delito o la violación de la obligación de residencia no se han declarado judicialmente en tiempo oportuno, es decir, antes del vencimiento de la pena, ello ya no podrá ser efectuado.
Asimismo, esta conclusión surge del análisis conjunto de estas disposiciones con las que regulan la unificación de penas. Ello es así, por cuanto el artículo 58 del Código Penal establece que la unificación procede cuando "...después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto...", exigiendo así que para que proceda la unificación, el condenado debe estar aún "cumpliendo pena", lo que no ocurre si ésta ya se agotó.
10. En el sentido explicado se pronuncian Zaffaroni, Alagia y Slokar, quienes expresan que si se "...agota el tiempo de libertad condicional sin sentencia condenatoria por el último delito, cabe entender que la pena del primer delito se ha agotado y, por ende, lo agotado no puede revocarse..." (Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, 2da. edición, 1ra. reimpresión, Bs. As., Ediar, 2008, págs. 962/963).
Esta postura también ha sido sostenida, tal como lo señala en su disidencia el doctor Salvador y la recurrente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Romano" (Fallos:331:2343). Si bien en este caso la mayoría se refiere a los alcances del juicio abreviado y a la necesidad de que si, eventualmente, se vislumbra que debe efectuarse una unificación de penas ello sea parte del acuerdo, así como a la exigencia de fundamentación del método de unificación escogido, en los considerandos 9 y 10 del voto que figura en primer término --suscripto por los señores Ministros doctores Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni--, se realiza un agregado sobre el punto.
Allí refieren, en sentido coincidente al criterio que postulo, que: "...en el presente caso se llevó a cabo la cuestionada unificación pese a que se encontraba extinguida la pena fijada en el pronunciamiento primigenio, tal como surge de la propia lectura de la sentencia condenatoria dictada el 13 de noviembre de 2003. Concretamente, en el considerando sexto, se consignó expresamente que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal n° 2 estableció que el 12 de julio de 2001 había operado el vencimiento de la pena impuesta en la causa n° 487/8, por lo que ordenó el archivo del expediente".
Concluyen así que "...la sentencia unificatoria se apoya en una exégesis (...) que contradice lo dispuesto por el art. 16 del Código Penal (en cuanto establece que la pena queda extinguida una vez transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada) y pretende dejar sin efecto una decisión anterior firme del juez de ejecución que tuvo por operado el vencimiento de la pena impuesta en la causa n° 487/8, lo que configura un caso de arbitrariedad que la descalifica como acto judicial...".
11. Esta solución propiciada en el fallo de nuestro más Alto Tribunal nacional es asimismo acorde a los criterios rectores que éste ha fijado sobre interpretación normativa, tanto en general como puntualmente en materia penal.
En efecto, como es sabido en el precedente "Acosta" (Fallos:331:858) ha dicho que "...para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos:304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos:313:1149; 327:769)".
Es decir, una hermenéutica del artículo 15 que torne inaplicable lo dispuesto en el 16 no puede ser admitida, dado que desconoce la letra de este último y, lejos de resultar conciliadora de ambas normas, termina por anular lo previsto en esta última en muchos casos.
Asimismo, la Corte agregó en tal importante antecedente, que en materia penal "...el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal".
La aplicación de este criterio al caso no deja margen de dudas, entonces, en el modo en que deben ser entendidas las disposiciones en juego, dado que una interpretación restrictiva de la norma punitiva y acorde al principio "pro homine" deriva ineludiblemente en la inadmisibilidad de la solución propuesta por el A quo.
12. Finalmente, cabe aclarar que si bien lo esperable es que, una vez agotada la pena, el juez a cargo de controlar su cumplimiento así lo disponga, de todos modos debe entenderse que acaecida la fecha prevista en el cómputo de pena como de vencimiento de la misma (o el plazo de 5 años en las perpetuas) sin que la libertad condicional hubiera sido revocada, el agotamiento opera de pleno derecho, por lo que, de todos modos, la eventual revocación posterior y unificación resultan inadmisibles.
13. En síntesis, en función de todo lo expuesto, cabe concluir que la interpretación efectuada en el voto mayoritario del fallo impugnado no puede ser convalidada en esta instancia, dado que una hermenéutica razonable de las normas en juego determina ineludiblemente que cuando los jueces de ejecución verifican que se ha cumplido el plazo de la pena (o el de 5 años en libertad condicional en las penas perpetuas) sin que exista a ese momento sentencia condenatoria firme por otro delito -cometido durante el cumplimiento de la pena anterior en cualquiera de los períodos y modos de ejecución que se establecen en el régimen progresivo-, la pena debe considerarse agotada, sin posibilidad de posterior revocación de beneficios ni de unificación de penas.
A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en el presente decisorio.
A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y así votaron.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en el presente decisorio.
Con lo que concluyó el acto firmando la señora Presidenta y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: GASTALDI - ERBETTA - GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)
Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Lurati y Carbone.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juez del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de San Lorenzo, doctor Filocco.
Sumarios del fallo 4
CONSTITUCIONAL - PENAL
Tesauro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL > CRITERIO RECTOR
Tesauro > PENA > UNIFICACION
Tesauro > UNIFICACION DE PENAS
Tesauro > PENA > EXTINCION
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > LIBERTAD CONDICIONAL > REVOCACION > COMISION DE UN NUEVO DELITO
Tesauro > LEY PENAL > INTERPRETACION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. CRITERIO RECTOR. UNIFICACION DE PENA. EXTINCION DE LA PENA. LIBERTAD CONDICIONAL. REVOCACION. COMISION DE UN NUEVO DELITO. LEY PENAL. INTERPRETACION
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Romano" refirió a la realización de una cuestionada unificación pese a que se encontraba extinguida la pena fijada en el pronunciamiento primigenio, concluyendo que aquélla se apoyaba en una exégesis que contradice lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal (en cuanto establece que la pena queda extinguida una vez transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada) y pretende dejar sin efecto una decisión anterior firme del juez de ejecución que tuvo por operado el vencimiento de la pena impuesta en la causa anterior, lo que configura un caso de arbitrariedad que la descalifica como acto judicial. - CITAS: CSJN: Romano, Fallos 331:2343. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 16.
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > LIBERTAD CONDICIONAL > REVOCACION
PENA. EXTINCION. PROCESO PENAL. IMPUTADO. LIBERTAD CONDICIONAL. REVOCACION. UNIFICACION DE PENAS
Si bien lo esperable es que, una vez agotada la pena, el juez a cargo de controlar su cumplimiento así lo disponga, de todos modos debe entenderse que acaecida la fecha prevista en el cómputo de pena como de vencimiento de la misma (o el plazo de 5 años en las perpetuas) sin que la libertad condicional hubiera sido revocada, el agotamiento opera de pleno derecho, por lo que, de todos modos, la eventual revocación posterior y unificación resultan inadmisibles.
Tesauro > ARBITRARIEDAD
Tesauro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION CONSTITUCIONAL > ARBITRARIEDAD
Tesauro > DERECHO COMUN
Tesauro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION CONSTITUCIONAL > HECHO PRUEBA Y DERECHO COMUN
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > LIBERTAD CONDICIONAL
Tesauro > DEBIDO PROCESO
Tesauro > DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Tesauro > DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES > DEBIDO PROCESO
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDENCIA. CUESTION CONSTITUCIONAL. DERECHO COMUN. ARBITRARIEDAD. PROCESO PENAL. IMPUTADO. LIBERTAD CONDICIONAL. REVOCACION. COMISION DE UN NUEVO DELITO. UNIFICACION DE PENAS. DEBIDO PROCESO
Si bien la cuestión se vincula con la interpretación de normas de derecho común, temática que resulta ajena en principio al recurso previsto en la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla, toda vez que lo decidido en el voto mayoritario de la sentencia del A quo al confirmar la decisión de revocar la libertad condicional y unificar penas a pesar de haber sido el imputado condenado por el segundo delito una vez que la primera pena estaba agotada, traspuso efectivamente el límite de razonabilidad y afecta, por tanto, la garantía del debido proceso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055.
Tesauro > PRINCIPIO PENAL DE INOCENCIA
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > PRESUNCION DE INOCENCIA
Tesauro > SENTENCIA > CONDENATORIA
Tesauro > SENTENCIA CONDENATORIA
Tesauro > SENTENCIA FIRME
PROCESO PENAL. IMPUTADO. ESTADO DE INOCENCIA. SENTENCIA CONDENATORIA FIRME. COMISION DE NUEVO DELITO
El estado de inocencia sólo puede destruirse mediante una sentencia condenatoria firme, lo cual impide otorgar a la mera imputación por un nuevo hecho cualquier efecto perjudicial respecto de la primera pena que, de alcanzar su fin, debe necesariamente recibir una declaración respecto a su cumplimiento. Así, en la postura propiciada por el A quo, la imputación por la posible comisión de un nuevo delito tiene el efecto de suspender la decisión acerca del vencimiento de la primera pena hasta que se resuelva si corresponde declarar su responsabilidad penal, lo cual no se vislumbra como compatible con el principio en cuestión. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 18.
© Copyright 2012 - Version 1.0 Rev. N° 110 del 03/05/2019

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
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 artículo 16
 artículo 16
 artículo 18