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Timestamp: 2019-09-16 20:36:57+00:00

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﻿ SENTENCIA 20688 DE MARZO 18 DE 2004
SENTENCIA 20688 DE 18 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE PENSIONES. CUANDO LOS REQUISITOS PENSIONALES DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA Y LOS DE LA LEY SON LOS MISMOS, PERO ES DIFERENTE EL MONTO, LA PENSIÓN NO DEJA DE SER LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, PENSIÓN CONVENCIONAL, REQUISITO DE CONVIVENCIA PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 20688 de marzo 18 de 2004
Rad. 20688
Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. ESP y el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2002 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, dentro del proceso adelantado por el señor Ernesto Díaz Chaparro.
Ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió por reparto el conocimiento del litigio, el demandante Ernesto Díaz Chaparro inició proceso contra el Instituto de Seguros Sociales, para que se le condenara al pago de la pensión de vejez, declarando que la misma es compatible con la pensión de jubilación que la Empresa de Energía Eléctrica cancela a su favor, con los derechos consecuenciales correspondientes. Así mismo, para que le reintegre el valor girado por concepto del retroactivo de la pensión a favor del empleador atrás mencionado y a que le ordene seguir cancelando la pensión de vejez, independientemente de la pensión reconocida por la Empresa de Energía Eléctrica, y a las costas.
Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que fue inscrito al ISS y como tal cotizó al mismo, sin que en momento alguno esa entidad le hubiere condicionado u objetado su inscripción; que al cumplir con los requisitos establecidos para la pensión de vejez, solicitó el pago de la misma, la que le fue concedida mediante Resolución 4947 de 1992, pero ordenando cancelar el retroactivo a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá sin mediar explicación o justificación alguna para ello; que de conformidad con los reglamentos del seguro, las pensiones no son susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo lo previsto en el artículo 411 del Código Civil y en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que no se le notificó la anterior decisión y que se debe entender agotada la vía gubernativa.
Al afirmar el tribunal que al demandante se le habilitó la edad por parte de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para el reconocimiento de la pensión de jubilación, pues en ese momento contaba con 54 años de edad, resulta indiscutible que resolvió la litis con aplicación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, precepto que establecía como requisitos para la pensión jubilatoria tener 55 años de edad y 20 años de servicio a un mismo empleador.
Si se tiene en cuenta, como bien lo anota la censura, que el Código Sustantivo del Trabajo no se aplica en su parte individual a los servidores públicos de acuerdo con sus artículos 3º y 4º, es claro que el tribunal decidió la controversia con una norma no aplicable a ella.
Y como también es incuestionable que el demandante fue trabajador oficial del orden distrital de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, la norma que debió tener en cuenta el sentenciador de la alzada era el artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945, que consagraba como requisitos para la pensión que el empleado u obrero haya llegado o llegue a 50 años de edad después de 20 años de servicio continuo o discontinuo, ya que las normas del Decreto 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, en materia prestacional solo tenían como destinatarios a los servidores públicos del orden nacional y no a tales servidores de los órdenes departamental, municipal o distrital.
Así las cosas, como el actor adquirió el derecho a la pensión de jubilación con fundamento en el literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, esto es, 50 años de edad y 20 años de servicio, la única conclusión posible es que dicha pensión tuvo su fuente en la ley.
A lo anterior no se opone que el tribunal hubiera acudido a la convención colectiva de trabajo vigente en la demandada para cuando el actor consolidó el derecho, pues dicho convenio también establecía como requisitos para esa prestación los mismos exigidos por el citado precepto legal, aunque en monto diferente, aspecto que ya ha sido dilucidado por esta Sala en el sentido de que cuando hay identidad de requisitos pensionales entre una convención colectiva y la ley, pero difiere el monto, no por este solo hecho la pensión deja de ser legal.
Así quedó explicado en la sentencia del 11 de julio de 2003, con radicación 20002, en la que la Corte afirmó:
“... para “cuando se consolidó el derecho” —enero 12 de 1978, esto es, cuando cumplió 50 años de edad— “estaba vigente el literal b), artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 que exigía para la jubilación 50 años de edad indistintamente fuere varón o mujer y 20 años de servicio, condiciones que cumplía el señor Arcadio Olave”.
Hechas las anteriores precisiones, cabe hacer notar que el tribunal no apreció erróneamente la resolución mediante la cual la demandada le reconoció al demandante la pensión de jubilación (fls. 11 a 12), pues, de su simple lectura, no es posible deducir que la naturaleza jurídica de la prestación era distinta a la que concluyó el juzgador porque en ella “se adiciona el monto pensional con un 20%”, como lo afirma el recurrente, en atención a que, como ya lo asentó la Corte en sentencia de 13 de marzo de 2002 (Rad. 16.817), “el mero hecho de que el porcentaje del salario base de liquidación de la pensión legal de jubilación sea superior al previsto por el legislador, no es suficiente para aseverar, válidamente, que se trata de una pensión distinta a la legal, pues con ello, además de desconocerse la posibilidad de que por factores particulares del contrato de trabajo, como por ejemplo un mayor tiempo de servicio al indicado como mínimo por la ley, el empleador asuma el mayor valor que voluntariamente, por pacto colectivo o convención se haya establecido en beneficio de quien le prestó su fuerza laboral, se altera la naturaleza jurídica de la prestación. En este último sentido, en sentencia de la Corte de 7 de febrero de 2002 (Rad. 16.891), se dijo:
“En cada una de las resoluciones por medio de las cuales la demandada reconoció las pensiones de jubilación a que se refiere el ataque aparece consignado que su otorgamiento obedeció a que en cada caso el trabajador que la solicitó tenía cumplidos 50 años de edad y 20 de servicios (fls. 94 a 114); requisitos que anotó la ETB, en esos mismos documentos, se ajustaban a lo previsto en las leyes 6ª de 1945, 65 de 1945, 77 de 1949, 171 de 1961 y 4ª de 1966, así como a los decretos 2767 de 1945, 2567 de 1946, 1600 de 1954, 1160 de 1947 y 1611 de 1962, para conceder tales pensiones, por ser las normas vigentes en ese momento.
Al respecto es oportuno anotar que las disposiciones legales a que alude la empleadora en las resoluciones referidas eran las aplicables a los trabajadores oficiales del nivel territorial para la época en que fueron concedidas las pensiones a que ellas se contraen, luego no hay lugar a duda que estas son de origen legal y que sólo se modificaron convencionalmente en lo relativo a su monto; sin que este mejoramiento pueda ser considerado como una alteración de su naturaleza.
Adicional a lo anterior, conviene recordar que la calificación de “legal” que el tribunal dio a la pensión que la Industria de Licores del Valle le reconoció a Arcadio Modesto Olave, la dedujo de la vigencia del precepto legal que invocó al momento de la consolidación del derecho, conclusión ajena a la aceptación que del carácter convencional pudiera haber hecho la demandada en la contestación de la demanda o en otra pieza procesal y que, por ello, no sería desvirtuable con su observación. Además, la alusión genérica en la contestación de la demanda, capítulo de excepciones, relativa a la naturaleza de la pensión reconocida por la demandada, se hizo dentro del contexto de la prohibición constitucional de recibir dos erogaciones por el mismo concepto del tesoro público y no se ve que por alguna otra razón.
El tribunal no desconoció la convención colectiva de trabajo sobre la cual la demandante fundó su pretensión, pues, expresamente aseveró al relatar los antecedentes del fallo que la pensión al demandante le fue reconocida por la demandada “con base en la convención colectiva vigente” (fl. 7, cdno. 2), por lo que no resulta atinado reprocharle su olvido o desatención.
No obstante lo dicho, importa hacer notar que en situaciones similares a la presente, en las que se ha discutido la naturaleza jurídica de la pensión por aparecer esta en una cláusula convencional, aun cuando su reconocimiento esté supeditado al cumplimiento de los requisitos legales de tiempo de servicio y edad mínima; y más aún, por observarse que en tal tipo de cláusulas se establecen montos o porcentajes superiores al límite legal, la Corte ha tenido oportunidad de precisar que no por ello pierden o mutan su naturaleza; sin desconocer que en esos casos, por el fenómeno de compartibilidad, cuando el Instituto de Seguros Sociales asume la pensión por vejez, el empleador está obligado al cubrimiento del mayor valor o monto de la pensión, como aquí ocurrió.
En efecto, en la sentencia anteriormente señalada, precisó la Corte:
“Aun en el supuesto que fuera posible hacer abstracción de las irregularidades anotadas y se emprendiera el examen de fondo de la acusación se hallaría que de todas maneras el cargo no está llamado a prosperar porque en la decisión acusada se estableció que la pensión de jubilación reconocida por la entidad demandada es de origen legal, concedida conforme a las disposiciones aplicables a los trabajadores oficiales del nivel territorial que exigían 20 años de servicios y 50 años de edad, y que sólo se modificó convencionalmente en lo relativo a su monto. Modificación que no implica una alteración de la esencia de la pensión reconocida por la demandada y que obviamente es licita, porque solamente se trata de una garantía que supera el mínimo previsto en la ley sin alterar el origen y la esencia de la prestación legal sobre la cual se aplicó. Por consiguiente, no es admisible otorgar a las pensiones reconocidas por la empresa y sobre las cuales versa la controversia en este asunto, el carácter de extralegales que aduce la acusación para demostrar la supuesta equivocación jurídica que atribuye a la decisión recurrida.
En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del ISS. es oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90/46, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que previo la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “... cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley ...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al ISS conforme lo autorizó el régimen de este.
“… en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (ver por ej. los Ds. 3135/68, el Reglamentario 1848/69 y la L. 33/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez, ...”.
En consecuencia, siendo claro que la pensión que la empresa demandada reconoció al demandante es de origen legal, es indiscutible que no puede ser compatible con la pensión de vejez que le viene reconociendo al demandante el Instituto de Seguros Sociales, sino compartida de acuerdo con las previsiones reguladas por los reglamentos de la citada entidad de previsión social.
Prospera el cargo y se casará la sentencia en cuanto revocó la de primer grado y en su lugar declaró compatibles las pensiones de jubilación y de vejez otorgadas al actor por la Empresa de Energía de Bogotá y el Instituto de Seguros Sociales, respectivamente, y como consecuencia de dicha declaración, condenó a tales entidades a seguir reconociendo las citadas pensiones y además condenó a la Empresa de Energía a reintegrar al actor el retroactivo pensional que recibiera del ISS. En su lugar y en sede de instancia, confirma, aunque por razones diferentes, la mencionada sentencia de primer grado.
El resultado favorable del recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Energía de Bogotá, hace innecesario el estudio del que interpuso el Instituto de Seguros Sociales, por sustracción de materia.
No hay lugar a costas en casación ni en la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso adelantado por Ernesto Díaz Chaparro contra la Empresa de Energía de Bogotá, S.A. ESP y el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto revocó la de primer grado y en su lugar declaró compatibles las pensiones de jubilación y de vejez otorgadas al actor por la Empresa de Energía de Bogotá y el Instituto de Seguros Sociales, respectivamente, y como consecuencia de dicha declaración, condenó a tales entidades a seguir reconociendo las citadas pensiones y además condenó a la Empresa de Energía a reintegrar al actor el retroactivo pensional que recibiera del ISS. En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia de primera instancia.
Con el debido respeto nos permitimos salvar el voto respecto a la decisión proferida para desatar el recurso de casación en este asunto, ya que en nuestro sentir, si bien es cierto el tribunal se equivocó al dilucidar la controversia con referencia al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el cargo segundo, que es al que se le da prosperidad, se debió haber declarado fundado, también es verdad que ello era insuficiente para casar la sentencia recurrida, pues la pensión de jubilación que le fue reconocida al demandante Ernesto Díaz Chaparro por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, es de carácter convencional y, por ende, hay lugar a la compatibilidad de esa pensión con la de vejez que le concedió el Seguro Social.
Y es que no participamos de la afirmación y reiteración que se hace por la mayoría en el sentido de que el carácter legal de una pensión no se modifica debido a que una cláusula convencional establezca montos o porcentajes superiores al límite fijado por la ley, pues esa sola circunstancia es suficiente para que se tenga la pensión concedida como extralegal.
Magistrados: Luis Gonzalo Toro Correa—Fernando Vásquez Botero.

References: Resolución 
 artículo 411
 artículo 260
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 260