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Timestamp: 2017-08-23 08:37:34+00:00

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Revista Proceso 1970 by Anonimo Rolando R... 3395 views
Revista Proceso 1953
1. Índice CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co- lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 semanario de información y análisis No. 1953 • 6 de abril de 2014 JUSTICIA 32 Lluvia de amparos contra los abusos del gobierno capitalino /Arturo Rodríguez García ANÁLISIS 36 Mesa puesta /Denise Dresser 37 Despedida /Naranjo 38 INE: Consejo partidizado /Jesús Cantú 39 México prostituido /John M. Ackerman 41 Mirando al sur /Olga Pellicer 42 Los “ninis” de la SEP /Axel Didriksson INTERNACIONAL 44 FRANCIA: Ultraderecha: Nueva imagen, mismos principios /Anne Marie Mergier 49 BÉLGICA: Europa expulsa... a europeos /Marco Appel Foto portada: Archivo Procesofoto NARCOTRÁFICO 6 El caso Buendía, ligado al de Kiki Camarena /J. Jesús Esquivel 10 Michoacán: Las autodefensas, en vías de emancipación /José Gil Olmos 14 Manzanillo, más caliente que nunca 17 En Tamaulipas, violenta recaída POLÍTICA /PAN 20 El desastre que viene... /Álvaro Delgado 24 Salvador Nava: El hombre que doblegó al PRI /Alejandro Caballero TELECOMUNICACIONES 26 Foros pantalla y vasallaje denigrante /Jenaro Villamil 322010
2. VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 37, No. 1953, 6 DE ABRIL DE 2014 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. México, DF EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. agencia proceso de información agencia de fotografía Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso 51 ARGENTINA: México le tiende una mano /Francisco Olaso CORRUPCIÓN 54 Fundación para las Letras Mexicanas: Vividores en nombre de Paz /Carlos Acosta Córdova CULTURA 58 “Mi papá llorando me perdonó”: Helena Paz /Armando Ponce 62 Los medios electrónicos y el lenguaje de los jóvenes /Alejandro Alvarado 65 Páginas de crítica Arte: Restructurar la planeación museística /Blanca González Rosas Música: 150 años de Ricardo Castro /Mauricio Rábago Palafox Teatro: Homenaje a Luisa Josefina Hernández /Estela Leñero Franco Cine: Renoir /Javier Betancourt ESPECTÁCULOS 68 Críticas y homenajes a La Doña por el centenario de su nacimiento /Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES 72 Otro golpe bajo de Televisa contra la competencia /Beatriz Pereyra 76 La paradoja de Hoeness: Corrupto pero querido /Yetlaneci Alcaraz 78 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens /¡A sacársela de nuevo...! (La foto) /Helguera y Hernández 54 76 51 68
3. El caso Buendía,ligado al de “Kiki” Camarena J. JESÚS ESQUIVEL W ASHINGTON.- La Agencia Cen- tral de Inteligencia (CIA), varios políticos mexicanos, un traficante alemán de armas y el asesinato del periodista Manuel Buen- ArchivoProcesofoto día forman parte de una trama que, de una u otra manera, involucra también al Cártel de Guadalajara, el cual dirigía en los años ochenta Rafael Caro Quintero, de acuerdo con un expediente del gobierno de Estados Unidos elaborado por su De- partamento de Justicia y clasificado como de máximo secreto. Fechado el 13 de febrero de 1990, el do- cumento –con una etiqueta en la cual se es- tampó el sello de “top secret”– contiene las declaraciones del ciudadano estaduniden- seVictor Lawrence Harrison, subcontratista y operador de la CIA en México,quien en los ochenta colaboraba con el Cártel de Guada- lajara, con la desaparecida Dirección Fede- 6 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
4. Un documento estadunidense clasificado “top secret”, que forma parte de la Ope- ración Leyenda –investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique Camare- na– saca a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio en 1984 del periodista mexicano Manuel Buendía, un verdadero thriller aún en espera de desenlace. Se habla ahí de las familias jaliscienses Lea- ño y Aviña, del general Vinicio Santoyo y de Manuel Bartlett –actual senador por el PT–, y se mencionan especialmente los vínculos de la CIA con el traficante de armas Gerhard Mertins, con la llamada Contra nicaragüense y con la ultraderecha mexicana. Pero el denominador común, la punta al final de todos los hilos, es el Cártel de Guadalajara, dirigido entonces por Rafael Caro Quintero. ral de Seguridad (DFS) y con la propia agen- cia estadunidense de espionaje. “Entre 1981 y 1984, Buendía Téllez Gi- rón (sic) recibió información de parte de otro periodista de apellido Velasco, de que enVeracruz, guerrillas guatemaltecas esta- ban siendo entrenadas en un rancho que pertenecía a Rafael Caro Quintero”, se lee en uno de los párrafos de la primera de cuatro páginas del expediente. “Las operaciones/entrenamiento en el campo (rancho) eran dirigidas por la CIA, utilizando a la DFS para encubrirse”, su- braya el documento, copia del cual tiene Proceso. Las declaraciones de Harrison fueron hechas el 9 de febrero de 1990 a los agentes de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos Héctor Berrellez y Wayne Schmidt. En el expediente el nombre del decla- rante (Harrison) está tachado para prote- ger su identidad. Lo identifica Berrellez que, en entrevis- ta, explica: “Harrison era un operador de la ÁngelesTorrejón/Imagenlatina Bartlett. Presencia recurrente NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 7
5. CIA, lo sacamos de México y lo regresamos a Estados Unidos para que cooperara con la DEA en la investigación del homicidio de Enrique Kiki Camarena (en Guadalajara el 9 de febrero de 1985)”. El documento “top secret”es parte de la investigación del caso Camarena –la Ope- ración Leyenda– de la cual Berrellez era su- pervisor cuando la DEA llevó a Harrison a Estados Unidos. Berrellez sostiene que el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasificó co- mo “top secret”ese expediente y otros cen- tenares más (recopilados en el transcurso de la Operación Leyenda) y los archivó co- mo “riesgosos para la seguridad nacional” porque en ellos se menciona el involucra- miento de la CIA con el narcotráfico mexi- cano, con las guerrillas centroamericanas y políticos mexicanos que colaboraban con los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros. Delainformaciónrecopiladaeneldocu- mento cabe destacar la mención del nom- bre del periodista mexicano a quien, según Berrellez,“asesinó la CIA” (Proceso 1929). El homicidio de Buendía sigue envuelto en una nube de dudas, mitos, teorías y mis- terios. Es un verdadero thriller. Nunca se ha tenido certeza de quién o quiénes ordena- ron la eliminación del columnista, mucho de cuyo trabajo exhibía las andanzas de los agentes de la CIA en México. El asesinato Manuel Buendía, autor de Red privada, la columna periodística que publicaban dia- rios de todo el país, fue victimado el miér- coles 30 de mayo de 1984 por un individuo que le disparó a quemarropa cuatro tiros calibre .38 cuando el periodista acababa de salir de su oficina, en la avenida Insur- gentes de la Ciudad de México. Según el recuento del homicidio hecho por este semanario (Proceso 396), el indi- viduo que atacó a Buendía estaba al ace- cho; mientras el periodista esperaba su au- tomóvil afuera del estacionamiento,el ase- sino se le acercó por la espalda, lo jaló de la gabardina y le disparó. En referencia al asesinato de Buendía, Harrison le dijo a Berrellez y Schmidt que este caso podría estar ligado al descu- brimiento que hizo el periodista Velasco sobre el triángulo criminal CIA-Contras- narcotráfico. “El reportero de Veracruz, Velasco, an- tes de que lo asesinaran en 1985 estaba presuntamente descubriendo la informa- ción de que la CIA estaba usando a la DFS como un frente para operar las pistas clan- destinas donde los aviones cargados con armas paraban a reabastecer combusti- ble para luego llevar el armamento a Hon- duras y Nicaragua”, se destaca en el docu- mento “top secret”. En su libro La CIA en México, Buendía desmenuzó el sigiloso y secreto sistema de operación de organizaciones fascistas co- mo Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara o el Opus Dei,además de re- lacionar a la agencia estadunidense de es- pionaje con la ultraderecha mexicana. El asesinato del periodista se catalogó como un ajuste político de cuentas y nun- ca se dejó de mencionar entre los sospe- chosos a José Antonio Zorrilla Pérez, exti- tular de la DFS, quien durante la presiden- cia de Miguel de la Madrid dependía de la Secretaría de Gobernación, a cargo enton- ces de Manuel Bartlett Díaz. En junio de 1985 (Proceso 448) una fuen- te de la oficina de la DEA en México le di- jo al reportero Fernando Ortega Pizarro que la conexión de Buendía con Zorrilla era una “relación que no debía descartar”como par- te de la investigación del caso. En junio de 1989 Zorrilla fue detenido como presunto autor intelectual del asesi- nato del periodista. Al de participación en el homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Dis- trito Federal (PGJDF) agregó contra Zorrilla los cargos de acopio de armas, portación de armas, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e introducción clandestina al país de armas y municiones (Proceso 659). Días después de que a Zorrilla se le de- clarara auto de formal prisión por su rela- ción con el asesinato de Buendía, y entre confusiones y contradicciones en la inves- tigación, la misma PGJDF se vio inmersa en una controversia. Originalmente había señalado a José Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol, como au- tor material del homicidio, pero el fiscal especial para el caso, Miguel Ángel García Rodríguez, informó en julio de 1989 que quien disparó contra Buendía fue Juan Ra- fael Moro Ávila (Proceso 661). García Rodrí- guez añadió que en el asesinato participa- ron como autor intelectual Zorrilla Pérez y como coautores Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez. El 10 de septiembre del año pasado, por decreto de la juez de Ejecución de San- ciones delTribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez (Proceso 1924), se le concedió a Zorrilla el arresto domiciliario. El fallo de la juez se sustentó en “el es- tado precario” de salud de Zorrilla Pérez, de 71 años, quien cumpliría en su casa los cinco años que le restan de condena. Su sentencia original fue de 35 años de cár- cel, pero en 1989 se le redujo a 29. “Buendía llevo a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, con Miguel Aldana Ibarra, excomandante de la Policía Judicial Federal,y Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes”, expone el documento. La información clasificada y archiva- da bajo el estatuto de la protección a la se- guridad nacional de Estados Unidos ha- ce otra referencia a Bartlett Díaz cuando aborda nuevamente el caso del asesinato de Buendía. El documento explica “que colegas” de Buendía, a quienes no identifica por nom- bre, fueron contactados por agentes en- viados por Edward Heath, entonces jefe de la DEA en México. Los agentes de la DEA “físicamente” le enseñaron a los colegas de Buendía un do- cumento que la DFS sacó de la oficina del columnista el día de su asesinato. “No hu- bo una explicación por parte de los agen- tes de la DEA sobre la forma en que obtu- vieron el documento... los colegas de Buen- día Téllez Girón dijeron que el documento era genuino”, se destaca en el expediente que en el siguiente párrafo establece: “Los ArchivoProcesofoto Zorrilla Pérez. Presunto autor intelectual 8 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
6. colegas de Buendía Téllez Girón hicieron la observación de que al documento se le había agregado información implicando a Bartlett Díaz con el tráfico de armas de la CIA y con los narcotraficantes”. “Contras” y guerrillas Respecto a los otros asuntos, el documen- to clasificado dice: “Harrison reportó que representantes de la DFS, quienes eran los encubridores y frente (de la CIA) para el campo de entrenamiento, operaban en colaboración directa con los capos del nar- cotráfico para garantizar el flujo de drogas por México para que pudieran llegar a los Estados Unidos”. Harrison contó a los dos agentes de la DEA que la CIA, por conducto del entonces famoso traficante alemán de armas Ger- hard Mertins, metía armas a México pa- ra desde ahí enviarlas a la Contra nicara- güense, amén de entrenar a guerrilleros en Veracruz. Para cubrir el costo de las armas que la CIA le compraba a Mertins, las avione- tas que enviaba a Centroamérica con el armamento regresaban a México carga- das de cocaína colombiana que luego ven- día al Cártel de Guadalajara. Berrellez afir- ma que Harrison les insistió en el hecho de que la CIA ayudaba al Cártel de Guada- lajara a meter la cocaína y otras drogas a Estados Unidos, lo cual facilitaba el trasie- go de narcóticos. “Los pilotos de estos aviones (operados por la CIA) cargaban cocaína en Barranqui- lla, Colombia, para enviarla a Miami, Flori- da. Para reabastecer combustible los avio- nes paraban en México en pistas clandes- tinas del narcotráfico operadas y manteni- das por la CIA”, sostiene el documento. Sin un orden cronológico de los acon- tecimientos, Harrison reveló a la DEA que Mertins trabajaba para la “familia Leaño”, los fundadores de la Universidad Autóno- ma de Guadalajara. “La familia Leaño presuntamente con- trola una vasta y extensa plantación de mariguana en el área de Jalisco”, matiza el documento elaborado por Berrellez y Sch- midt con las declaraciones que les hizo el exoperador de la CIA en México. Entre otros personajes del mundo de la política, los negocios y del Ejército de Mé- xico, en el documento destacan los nom- bres de Rubén Zuno Arce, Manuel Bartlett Díaz, de los hermanos priistas jaliscienses Juan y Eduardo Aviña Bátiz, del general Vi- nicio Santoyo Feria y del abogado Everar- do Rojas Contreras. Berrellez reconoce que lo que les decla- ró Harrison eran rumores que ya había re- copilado la DEA durante la investigación del homicidio de Camarena. El exagente de la DEA recuerda que para tener garantías de veracidad de lo que les declaró Harrison lo enviaron aWashington para interrogarlo con un polígrafo. “Durante tres días conse- cutivos fue sometido a las pruebas del polí- grafo y pasó todas”, dice Berrellez. A su regreso a Los Ángeles, donde esta- ba el cuartel general de Operación Leyen- da, Harrison volvió a ser sometido a varias pruebas. Berrellez relata que para hacerle más pruebas a Harrison solicitó el apoyo del FBI para analizar la identidad del exopera- dor de la CIA en México por conducto del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés). “Le tomaron las huellas digitales y cuando le preguntaron su nombre dijo que la CIA le había cambiado el nombre. Nos aseguró que el nombre que le dio la CIA fue el de George Marshall Davis, pero que también era Victor Lawrence Harrison”, cuenta Berrellez. A Harrison la DEA le advirtió que si mentía y lo comprobaba el NCIC, sería sentenciado a cinco años de cárcel. “La NCIC comprobó que el individuo era Harrison y al mismo tiempo Davis. La CIA hizo con él un gran trabajo”, matiza el exsupervisor de Operación Leyenda. Al generalVinicio Santoyo Feria, enton- ces jefe de la Quinta Zona Militar en Gua- dalajara, el expediente lo señala por su presunta relación con los capos del Cártel de Guadalajara que reemplazaron a Caro Quintero y a Fonseca. “Everardo Rojas Contreras es un aboga- do que hizo un extenso trabajo legal para Caro Quintero y Fonseca Carrillo. En los úl- timos tres años Rojas Contreras ha fungi- do como asistente del general Vinicio San- toyo Feria para la administración y compra de propiedades con grandes sumas de di- nero, cuyo origen es inexplicable”, indica el documento. Una de las propiedades que este abo- gado adquirió para el general Santoyo, se- gún el documento, es un rancho en Puer- to Vallarta junto a una propiedad que per- tenecía al cantante Víctor Yturbe, El Pirulí, asesinado en 1987. Harrison le declaró a los dos agentes de la DEA que este cantante mexicano, “en el último año o año y medio (de su vida)” se había asociado con mafiosos del área de Puerto Vallarta. “El rancho adquirido para Santoyo Feria costo 600 mil dólares, dinero que represen- ta una porción del que Santoyo Feria extor- sionó a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ma- nuel Salcido Uzeta, Cochiloco, cuando fue- ron arrestados el 7 de noviembre de 1988 en Guadalajara por elementos que coman- da el general”, remata el documento. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 9
7. 10 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 JOSÉ GIL OLMOS T ras un año de arriesgarse al en- frentar y expulsar a Los Caballe- ros Templarios de 14 municipios de Tierra Caliente, Costa y Me- seta Purépecha, los grupos de autodefensa de Michoacán son ahora amenazados por el gobierno de En- rique Peña Nieto, que pretende obligarlos a dejar las armas con las cuales hicieron el trabajo no realizado en 12 años por las administraciones estatales y federales del PRD, del PAN y del PRI. El anuncio enardeció a las autodefen- sas, que en voz del doctor José Manuel Mi- reles rechazaron desarmarse. El artículo 10 de la Constitución, argumentan, le da el derecho a todo mexicano de poseer un arma para su defensa. El vocero de las au- todefensas de Tepalcatepec pidió el apo- yo de las poblaciones para impedir que les quiten las armas. El jueves 3 el comisionado para la se- guridad y el desarrollo integral de Michoa- cán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia que en las próximas semanas se inicia- rá el desarme de las autodefensas y ad- virtió que, al concluir este proceso, quien sea encontrado en posesión de armas será detenido. Dijo que ya no hay razones para que las autodefensas sigan armadas ni para las barricadas en las entradas de algunas comunidades y municipios, porque el Es- tado mexicano recuperó los territorios y la seguridad en Michoacán. Horas más tarde, en la noche del jue- ves 3 se reportaron enfrentamientos en Sahuayo y Jiquilpan entre delincuentes, por un lado, y autodefensas y policías fe- derales que presuntamente tenían acorra- lado a Servando Gómez Martínez, La Tuta, dirigente de Los Caballeros Templarios. Las amenazas de desarme agraviaron a las autodefensas. Son ellas, afirman sus dirigentes, las que han hecho todo el tra- bajo al enfrentar a Los Caballeros Tem- plarios y darles a las fuerzas armadas los datos de ubicación de líderes como Naza- rio Moreno, Enrique Placarte y La Tuta, sin que sea reconocida su tarea. Al conocer las declaraciones del co- misionado, de gira en el municipio de Coahuayana, Mireles rechazó el desarme y pidió unidad a la población: “Que el go- bierno nos vea unidos, porque si el mis- mo gobierno nos ve desunidos jamás nos va a ayudar, jamás nos va a brindar nin- gún apoyo, y siempre, siempre, siempre va a procurar desarmarnos. Pero si ve que el pueblo está unido y protege a sus comuni- tarios, jamás nos va a desarmar”. Recordó que ante las amenazas de desarme ya ha habido reacciones vio- lentas, como ocurrió en febrero en la te- nencia de Antúnez, donde la población impidió que los soldados los desarma- ran y hubo un enfrentamiento en el cual murieron cuatro personas, dos de ellas autodefensas. “Cuando el gobierno nos quiere desar- mar (...) el pueblo se une y viene a apo- yarnos; entonces nos regresa las armas. (...) Mantengámonos unidos para tener el apoyo, ese que viene del gobierno fede- ral, pero lo más importante: si nos man- tenemos unidos vamos a sobrevivir las familias completas que aún quedamos, porque acuérdense que a muchos de no- sotros ya nos acabaron.” Advirtió que no está de acuerdo en que la policía de mando único o la gen- Las autodefensas, en vías de emancipación MiguelDimayuga
8. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 11 El problema de las autodefensas sigue escapándose a la órbita inepta del Estado peñanietista. Ahora, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Casti- llo, advierte que deben dejar las armas de inmediato, pero aquellas se niegan escudándose en el artículo 10 constitucional. Alegan que, de no ser por su apoyo, las fuerzas federales no hubieran acabado con Kike Plan- carte y con Nazario Moreno El Chayo. Un especialista añade otro elemento de preocupación: si no se respeta a esos grupos surgidos de un reclamo popular,podrían cambiar su rostro por uno declaradamente paramilitar. darmería nacional tomen en sus manos la seguridad de su pueblo,Tepalcatepec, por- que no conocen la geografía, la gente ni a los delincuentes. “Nunca debemos aceptar el famoso mando único.Ya estamos grandes, ya abri- mos los ojos, ya pensamos, ya decidimos nosotros”, sostuvo y señaló que los únicos que deben decidir quién es su gobernan- te y su policía son los coordinadores de las autodefensas y los consejos ciudadanos. Antes, en Aquila, Mireles defendió el derecho constitucional de portar armas para la defensa legítima: “El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo mexica- no tiene derecho de poseer un arma para su legítima defensa; en ninguna parte de la Constitución dice el calibre del arma. “Después vienen las leyes. Según la de Armas de Fuego y Explosivos, las armas buenas sólo las puede utilizar el Ejército. O sea que al pueblo nada más le quedan para defenderse las resorteras, las guada- ñas y los machetes; eso es injusto y tam- bién es parte del porqué nos levantamos en armas.” Diferencias peligrosas La voz de Mireles chocó con las declara- ciones del comisionado federal. Según Salvador Maldonado Aranda, investiga- dor de El Colegio de Michoacán, estas di- ferencias entre autodefensas y gobierno podrían traerle una nueva crisis de segu- ridad al estado. Estudioso de la región de Tierra Ca- liente desde hace más de una década, Maldonado señala en entrevista que el convenio firmado a principios de año en- tre Castillo y los líderes de las autodefen- sas fue para dar certidumbre a la relación entre las partes y además que el desar- me se preveía una vez que se atendieran las demandas de aprehender a los líderes templarios. “Pero con el transcurso del tiempo es- tos acuerdos han perdido actualidad por diferentes acontecimientos, como los pro- blemas en Tepalcatepec, la aprehensión de Hipólito Mora, el accidente de Mireles... Lo que veo es que estamos en un momen- to ambiguo, lleno de tensión y de incerti- dumbre sobre cuáles van a ser los nuevos canales de interlocución entre estos nue- vos actores, y si va a haberlos.” Observa que por lo menos en estos momentos de tensión hay un alejamiento en términos prácticos entre el equipo del comisionado y las autodefensas, las cua- les se han fraccionado al menos en dos NARCOTRÁFICO OctavioGómez Especial Mireles y Castillo. Confrontación
9. 12 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 corrientes: las ligadas a Mireles y las que apoyan a Castillo. Al respecto Mireles reconoció en en- trevista radiofónica con Carmen Aristegui que hay tres líderes de autodefensas que colaboran con Castillo; los otros 34 de la Coordinación de Consejeros de los Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarios no han sido tomados en cuenta. “Creo que esta es la situación más tensa, porque no se sabe muy bien si se van a dar más acercamientos o se van a romper definitivamente las relaciones”, indica Maldonado y advierte que a las au- todefensas no se les puede desarmar de un plumazo, como pretende el gobierno peñista, pues no se ha valorado su impor- tancia para combatir al crimen organiza- do y dar gobernabilidad a Michoacán. “Más allá de si surgieron en un momen- to, con o sin apoyo gubernamental o de grandes intereses empresariales, sí fueron grupos que contribuyeron a abrir un espacio de discusión para atender el tema de la vio- lencia; este tipo de iniciativas han sido desa- provechadas políticamente o no han sido valoradas políticamente, de tal forma que ha llegado este rompimiento o alejamiento. “Sin esta interlocución me parece que se nos sitúa en un dilema grave: cómo se van a tener que dar las relaciones, los acuerdos, entre qué tipo de actores se van a generar alianzas para seguir aminorando un problema de violencia e ir generando una mayor certidumbre de gobernabilidad. Ese es el problema. “Si hay un alejamiento práctico del go- bierno federal con las autodefensas se co- rre el riesgo de que toda la fuerza política que se tenía desde un principio va a es- tar en entredicho. Si hay alejamiento no sé con quién o con qué otros actores polí- ticos puede estar jugando el gobierno fe- deral para contribuir a la pacificación o a generar mayor certidumbre de gober- nabilidad”, advierte el doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autó- noma Metropolitana. Riesgos de mutación A contracorriente de la opinión de Castillo –que las autodefensas ya no tienen razón de ser–, dice que pueden ser un interlo- cutor importante siempre y cuando se es- tablezcan nuevos acuerdos para revisar el tema de la infiltración y la labor hecha para limpiar territorios antes controlados por la delincuencia. Precisa que el gobierno federal debe- ría establecer una estrategia de largo pla- zo para dar certidumbre a la población y no esperar a que lleguen las autodefen- sas, limpien la zona y al mes nuevamente exista el problema. “Ese tipo de cosas se tiene que garan- tizar no sólo con las autodefensas, sino por el gobierno federal. Creo que ahí está el punto central: si se desaprovecha esta capacidad, esta fuerza política con la que nació la demanda social de las autodefen- sas, este tipo de proyectos corre el riesgo de descarrilarse, y eso va a ser lamenta- ble pues podemos regresar a la situación de hace un año, en la cual no hay forma de acercamiento ni negociación entre los ac- tores que puedan contribuir con más ele- mentos para la seguridad.” Aún peor, asevera, si el gobierno fe- deral no actúa con precaución y quiere desaparecer a las autodefensas podrían ocurrir fenómenos como en Perú o Colom- bia, donde grupos similares terminaron siendo un problema para la gobernabili- dad y la seguridad. “Ese es un dilema que también experi- mentaron otros grupos de América Latina, como los Comités de Defensa Civil de Perú y en cierta forma los Grupos de Autode- fensa o paramilitares en Colombia; tuvie- ron que llegar a un punto de negociación para saber qué se iba a hacer con ellos. “De este tipo de experiencias debe- mos estar alerta en el futuro, porque las autodefensas en Michoacán pueden con- vertirse en formas localizadas de protec- ción armada de ciertos intereses. Es casi imposible que el gobierno, a estas altu- ras, pueda desarmar completamente a las autodefensas. “Mireles está haciendo recorridos en varios municipios; estuvo en la costa y está estableciendo una serie de diálogos con otro tipo de autodefensas. Las autode- fensas no se pueden borrar de un pluma- zo y hay que entender que se deben hacer estos acercamientos por el bien del estado y de la población.” No obstante acota que las autode- fensas michoacanas son distintas de las peruanas o colombianas, grupos for- mados por militares y subvenciona- dos por el gobierno con intenciones de contrainsurgencia. “Hasta ahora sigo manteniendo que estos grupos de autodefensa, sobre todo deTierra Caliente, nacieron con un impul- so popular y con dos demandas: seguri- dad y justicia.” Si se mantiene el alejamiento con el gobierno, añade, y se les desaparece, se corre el riesgo de que en el mediano plazo las autodefensas adquieran otra fisono- mía y de que se incrementen otros proble- mas, porque ya no serían un peligro sólo los grupos del crimen organizado, sino también los que se crearon para combatir- lo y ahora han sido considerados ilegales. Sostiene que no cree que estos grupos vayan a dejar las armas aun cuando pasen a la clandestinidad, y en un contexto polí- tico adverso para ellos, pueden tejer alian- zas con otro tipo de actores. –¿Riesgos de insurgencia social o de que podrían relacionarse con bandas criminales? –Creo que hay múltiples escenarios en los cuales estos grupos se pueden reha- cer, pueden fortalecerse, como parece que está ocurriendo con varios de los ligados a Mireles, que vuelven a adquirir una fuer- za social importante. Pero también podría derivar en alianzas con grupos ilegales o de protección privada. Éste es el escena- rio más peligroso que vislumbro en el cor- to plazo. El problema, concluye, es que no se han tejido mecanismos más efectivos que den certidumbre en las formas de ge- nerar seguridad en Michoacán, más allá de desinflar un movimiento político y terminar con el crimen organizado. Propone un plan de seguridad ciuda- dana, más que pública, donde el centro de la estrategia sean la sociedad y su bienes- tar en el largo plazo. NARCOTRÁFICOEnriqueCastroSánchez/Procesofoto Tancitaro. Defensa activa
10. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 13
11. 14 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 M ANZANILLO, COL.- Después de la muerte en 2010 de Igna- cio Nacho Coronel Villarreal, quien controlaba el trasiego de drogas del Cártel de Si- naloa a través de este puer- to, se generó una disputa entre cárteles del narcotráfico por el control de la plaza que colocó el año pasado a este municipio a la cabeza en la cifra de homicidios dolo- sos en el estado y entre los 40 más violen- tos del país. En el mismo periodo, la introducción por este puerto de precursores químicos para drogas provenientes de países asiáti- cos pudo haber desplazado de manera sig- nificativa el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, según la tendencia regis- trada en las cifras oficiales de decomisos realizados por las autoridades federales. Apenas unos meses después de su lle- gada al cargo, durante su participación en los Encuentros por la Seguridad convoca- dos en agosto de 2010, el gobernador Ma- rio Anguiano Moreno atribuyó los brotes iniciales de violencia en la entidad al inte- rés de los cárteles por el puerto. “La problemática de Colima en ma- teria de seguridad pública –dijo–es tam- bién un tema de seguridad nacional, dada la importancia cada vez mayor del movi- miento de mercancías del puerto/frontera que es Manzanillo.” Y aunque señaló que el territorio de Colima es ruta hacia otros centros de dis- tribución de narcóticos, también recono- ció que ya es mercado para el consumo de drogas debido “al cambio en la operación del crimen organizado, que desarrolló en la venta local de estupefacientes uno más de sus negocios”. En diciembre de 2012, en el marco de su tercer informe de gobierno, el manda- tario dijo que la violencia creciente de ese año fue generada por la disputa de bandas de Jalisco y Michoacán por el mercado in- terno de las drogas, así como por la tras- cendencia de este destino turístico en la geopolítica de los enervantes. El delegado de la Procuraduría Gene- ral de la República (PGR), José Guadalupe Franco Escobar, ubica la operación de dos grupos criminales en el estado de Colima: Los CaballerosTemplarios y el Cártel de Ja- lisco Nueva Generación (CJNG). El primero es una escisión de La Familia Michoaca- na y el segundo surgió tras la muerte de Nacho Coronel a manos de elementos del Ejército en Zapopan, Jalisco. Datos de la Procuraduría de Justicia de Colima confirman la información sobre la presencia de ambos cárteles en la entidad. En una comparecencia ante el Congreso local en enero anterior, el procurador Mar- cos Santana Montes informó que duran- te 2013 fueron detenidos en Colima 397 miembros de la delincuencia organizada, de los que 293 dijeron pertenecer al CJNG y 104 a Los Caballeros Templarios. De acuerdo con el funcionario, esa ci- fra representa un incremento de 203% en el número de detenciones con relación a 2012, cuando sólo se lograron 131 apre- hensiones de ese tipo. Aunque a escala estatal en 2013 se re- dujo la incidencia de homicidios con res- pecto al año precedente, en Manzanillo aumentaron los niveles de violencia en ese año, con una tasa de 30.7 asesinatos PGR AVISO A LOS LECTORES Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo el país. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales presentando –de manera excepcional— ciertas notas y reportajes relacionados con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos se hace responsa- ble nuestra casa editorial.
12. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 15 De 2010 a la fecha, las organizaciones criminales que se disputan el control del puerto de Manzanillo –Los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Ge- neración– no sólo intensificaron su presencia; también cambiaron de giro. De acuerdo con autoridades fede- rales, la introducción de precursores químicos para la elaboración de drogas, provenientes de países asiáti- cos, desplazó al tráfico de cocaína sudamericana. En la actualidad, este municipio encabeza la lista en el rubro de homicidios dolosos en Colima. por cada 100 mil habitantes, muy por en- cima de la media nacional, que fue de 19.5. En 2012, la tasa del puerto había sido de 22.8 ante una media nacional de 17.9, de acuerdo con datos del Consejo Ciuda- dano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. El diputado local perredista Francis- co Rodríguez García, miembro de la Comi- sión de Derechos Humanos del Congreso estatal, advierte que frente a la violen- cia generada en este puerto por la dispu- ta de grupos del crimen organizado no se ha instrumentado una estrategia eficaz de las autoridades para garantizar la seguri- dad de la población en el municipio. Manzanillo, subraya, es una sede muy importante para el conflicto entre los cár- teles, que “tienen mejores tácticas y mejor armamento que la policía, porque la plaza está en disputa, eso nos queda muy claro”. La irrupción del CJNG Desde junio de 2011 el CJNG presunta- mente hizo notar su presencia en Manza- nillo a través de una manta colocada en un puente sobre el libramiento de El Na- ranjo, en la que el grupo presuntamente se deslindó de una serie de actos violentos ocurridos en la entidad con el argumento de que no secuestra ni mata gente inocen- te, pero sí respeta a las autoridades. Y advirtió: “tomen en cuenta que si apoyan a los resistoles o cartel que sea, lla- mese zetas o familia, los estados de jalisco y colima se convertirán en otro cd. juarez o monterrey, de la manera mas atenta les pedimos que tomen cartas en el asunto”. Posteriormente han aparecido en el puerto cartulinas con mensajes atribui- dos al CJNG, una de ellas en septiembre de 2013 en la colonia Benito Juárez, donde la organización decía que iba a limpiar de “lacras” esa zona de la ciudad y pedía que se le dejara trabajar. Manzanillo, más calienteque nunca NARCOTRÁFICO
13. 16 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 A mediados de febrero pasado apare- ció en esta ciudad el cadáver de un hom- bre. Atado y con signos de tortura, a su lado había un narcomensaje en el que su- puestamente se vertían amenazas con- tra un grupo criminal. Las autoridades no dieron a conocer el nombre de la organi- zación que se atribuyó la autoría. En los últimos tres años las autoridades detuvieron en diferentes momentos a tres presuntos operadores de los cárteles de Ja- lisco y Michoacán en el puerto de Manzani- llo.La más reciente fue la captura de Rubén Oseguera González, El Menchito, a finales de enero, acusado de formar parte del CJNG y de coordinar la recepción de drogas y pre- cursores químicos a través del puerto, aun cuando no han logrado establecer compli- cidades de servidores públicos. En agosto de 2012, elementos de la PGJE detuvieron a Sergio Yair Árcega Ochoa, de 28 años, presunto operador de Los Caballeros Templarios en esta ciudad colimense, según informó la entonces procuradora,Yolanda Verduzco Guzmán. Junto con él fueron arrestados sus com- pañeros Francisco Javier Arambiz Hueso, de 21 años, originario de Petatlán, Guerre- ro, así como Juan Martín Limón Gallardo, de 29, de San Juan de los Lagos, Jalisco. Antes, el 27 de mayo de 2010, el titu- lar de la Capitanía General de Puerto de Manzanillo, Jorge Castañeda Uscanga, fue detenido por la Armada de México bajo la acusación de presuntos vínculos con Is- mael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa. Tras cinco meses de arraigo, Castañe- da Uscanga quedó en libertad. Pese a que la PGR le abrió dos averiguaciones previas, no pudo comprobarle los señalamientos. En enero de 2011 fue anunciada la cap- tura de Héctor Alejandro Estrada López, El Cora, presunto encargado del CJNG en la plaza de Manzanillo y la zona occidente, junto con 11 miembros de esa organización. Como parte del mismo operativo de la Armada de México, también cayó el di- rector operativo de Tránsito y Vialidad del municipio de Manzanillo, Christian Mon- tero Ibarra, por presunta complicidad con ese cártel. Dos años y dos meses después, en marzo de 2013, Montero Ibarra fue absuel- to por una juez federal por no haber en- contrado pruebas de complicidad con el CJNG, en un caso en el que intervino la Comisión Nacional de los Derechos Hu- manos, que envió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) por torturas, detención arbitraria y tratos inhumanos. De acuerdo con el diputado Rodríguez García, los yerros de las autoridades en las detenciones han sido producto de la deses- peración y “evidencian claramente la falta de labor de inteligencia, de investigaciones con toda la profundidad y los protocolos de seguridad para realizar una detención de esa naturaleza, pues a veces simplemente se dejan llevar por el pitazo de alguien, sin haber realizado una investigación previa, y esto los hace cometer errores”. Nuevo “modus operandi” Mientras esto ocurre, las cifras de decomi- sos de sustancias ilegales en el puerto de Manzanillo sugieren un cambio en la natu- raleza del trasiego de drogas por este lugar. A diferencia de los grandes cargamen- tos de cocaína detectados en los años no- venta y en la primera década de este siglo –en octubre de 2007 fue asegurado aquí un embarque de 23.5 toneladas de cocaí- na, considerado el decomiso más grande de la historia–, en los años recientes dis- minuyeron los volúmenes descu- biertos de esta droga y se elevaron los aseguramientos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. De acuerdo con las cifras de los decomisos de estas sustancias, en 2009 la cifra sólo ascendió a 5 tone- ladas en esta localidad; en 2010 se disparó a 292; al año siguiente bajó a 267, para 2012 fue de 122, y du- rante 2013 se incautaron alrededor de 200, en su gran mayoría prove- nientes de China o Corea. Los principales compuestos decomisados fueron metilami- na, fenil acetato de etilo, ácido fe- nil acético y monomethylamine, entre otros, la mayor parte con destino final a México, aunque al- gunos de los cargamentos iban para Guatemala u otros países de Centroamérica. En tanto, durante los últimos cuatro años bajaron los volúmenes de cocaína decomisada, con cargamentos esporádi- cos que oscilaron entre 100 kilogramos y media tonelada. Respecto del cambio del tipo de sus- tancias detectadas en el puerto, el dipu- tado Rodríguez García estima que este fenómeno puede tener su explicación en una tendencia del consumo; esto es, que los mercados están demandando más drogas sintéticas y están disminuyendo el consumo de cocaína. Aunado a lo anterior, después del ase- guramiento de 119 mil toneladas de hierro ilegal en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mi- choacán, el secretario general de Gobierno de esta última entidad, Jesús Reyna Gar- cía, declaró que el tráfico de minerales no sólo se da a través de ese lugar, pues tam- bién hay indicios de que ello ocurre por el puerto colimense. Estas declaraciones fueron rechaza- das por el gobernador Mario Anguiano Moreno y el entonces director de la Admi- nistración Portuaria Integral (API) de Man- zanillo, Jesús Orozco Alfaro. El mandatario argumentó que en el puerto existen sistemas integrales de se- guridad para revisar todos los movimien- tos, en tanto que el directivo de la API señaló que se cumple el protocolo estable- cido donde participan la aduana, la PGR, la Semar y la Profepa. El 13 de marzo se informó extraoficial- mente que la Semar había intervenido y clausurado 36 patios mineros del puerto de Manzanillo. Al día siguiente el gober- nador desmintió la información y acla- ró que sólo fue revisada una bodega y se aseguró madera que se pretendía comer- cializar de manera ilegal; también fueron detenidas seis personas y les decomisa- ron vehículos y armas. El martes 1,con base en un decreto pre- sidencial publicado un día antes en el Dia- rio Oficial de la Federación, la Semar tomó el control de la administración y de la segu- ridad del puerto de Manzanillo y de 18 ter- minales marítimas más en el país. Como resultado de esta medida, fue removido Orozco Alfaro. En su lugar que- dó el vicealmirante Jorge Rubén Bustos Es- pino. El relevo fue al mediodía del viernes 4. Días antes, el capitán de navío Marceli- no Tapia Mijares sustituyó en la capitanía de puerto a Ildefonso Carrillo Mora. El diputado Rodríguez García advierte: aunque la intervención de la Semar fue po- sitiva, debe dar mayor seguridad y certeza no solamente para evitar el trasiego de dro- gas, sino para salvar vidas humanas. También alude al “riesgo visible” de que la mayor presencia de miembros de la Armada intensifique los enfrentamientos armados con la delincuencia organizada. BenjamínFlores Anguiano Moreno. Inseguridad creciente
14. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 171953 / 6 DE ABRIL DE 2014 17 R EYNOSA, TAMPS.- Ahora que Ta- maulipas se ha vuelto a incen- diar, la gran cantidad de extor- siones, secuestros y crímenes contra la población empujan al estado a una nueva etapa de caos e inseguridad. La reciente ola de violencia comen- zó el 31 de marzo. Ese día, antes de las 14:00 horas, se suscitó un inusitado mo- vimiento en un acto que presidían Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, y su se- cretario de Desarrollo Social, Luis Alfredo Biasi. Nerviosos, varios colaboradores su- bían al estrado para hablarles al oído. La alcaldesa concluyó intempestiva- mente la reunión y, sin despedirse, ambos funcionarios abandonaron el local. Antes de salir,la escolta de marinos que tienen a su disposición les colocaron chalecos an- tibalas. Abordaron camionetas blindadas y se alejaron del lugar a toda velocidad. Posteriormente Lety Salazar escribía en su página de Facebook: “Me informan que en estos momen- tos existe situación de riesgo en algunos puntos de Matamoros, incluyendo algu- nas calles bloqueadas; les exhorto a to- mar las debidas precauciones para evitar cualquier contratiempo que afecte a sus familias.” El consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza también informó en su cuenta de Twitter acerca de varios enfren- tamientos y de carreteras bloqueadas. La “situación de riesgo” había co- menzado minutos antes de las 13:30 ho- ras. Efectivos del Ejército se toparon con un convoy de camionetas blindadas que trasladaban a un capo del Cártel del Gol- fo (CDG). Cuando los militares les marca- ron el alto, los sicarios dispararon contra los soldados. El contraataque de éstos fue neutralizado por el blindaje de los vehícu- los, que emprendieron la huida. En ese momento, los mandos del CDG ordenaron aplicar la estrategia que tuvo gran éxito en Monterrey para conte- ner el despliegue de las Fuerzas Armadas: decenas de jóvenes salieron a las calles para robar vehículos del transporte urba- no, camiones pesados y autos con el fin de bloquear importantes avenidas y permitir la fuga de las camionetas perseguidas por los militares. Asimismo arrojaron, en al- gunas calles seleccionadas previamente, “estrellas” formadas por clavos para des- truir las llantas de los automotores que circularan por ellas. Un comunicado oficial emitido por el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), integrado con fuerzas de seguridad esta- tales y federales, ofreció el siguiente parte: “Elementos de la Secretaría de la Defen- sa Nacional fueron agredidos en la ciudad de Matamoros por civiles armados que se desplazaban en vehículos blindados, per- diendo la vida un soldado y resultando heridos por lo menos cinco agresores”. Durante casi dos horas se dieron nar- cobloqueos y enfrentamientos en diver- sas áreas de la ciudad. Cerca de las 14:00 horas, en las calles de Valle Real y Valle La más reciente conflagración en Tamaulipas –causante de varios muertos, entre civiles y militares– estuvo ca- racterizada por la aplicación de la estrategia de narco- bloqueos que organizaron los criminales. Pero más gra- ves aún son los altos índices de extorsiones y secuestros en la entidad, fenómenos que se han disparado porque, de acuerdo con expertos, autoridades tamaulipecas ne- gocian con los plagiarios los montos que se pedirán a las familias y se quedan con una parte de los rescates. En Tamaulipas, violenta recaída Especial
15. 18 1953 / 6 DE ABRIL DE 201418 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 Mónica, del fraccionamiento Valle, los mi- litares cayeron en una trampa y les mata- ron a un oficial. Los criminales usaron como señuelo una camioneta blanca blindada, a la cual los integrantes de las fuerzas le ordenaron detenerse. El conductor emprendió la fuga y comenzó la persecución. “Al ingresar a calles del fracciona- miento Valle Real, los militares fueron emboscados por civiles armados, perdien- do la vida uno de los elementos militares”, precisó el texto oficial. “En otros sectores de la ciudad, los soldados del Ejército mexicano fueron agredidos por civiles armados que se des- plazaban en otras camionetas blindadas, logrando lesionar a por lo menos a cinco de los agresores”,concluyó el comunicado. Narcobloqueos generalizados Un día después, hechos similares se pro- dujeron en Reynosa. La mañana del mar- tes arribó un avión Hércules con fuerzas federales que realizaron un operativo para capturar a Jesús Alejandro Leal Flo- res, alias El Simple, capo de la facción de Los Metros del CDG. Una fuente militar que solicitó el ano- nimato aseguró que Leal Flores no es jefe de plaza en Reynosa: “Es un criminal que tiene su trayectoria y que tiene familiares que también son criminales de alto rango dentro del CDG”. Tras la captura se repitió la estrategia para enfrentar y estrangular el convoy que había detenido al mafioso. Los narcoblo- queos incluyeron carreteras, autopistas y las principales vías rápidas de la locali- dad. Los intercambios de fuego se presen- taron en diversas zonas y duraron varias horas. Extraoficialmente se reportaron seis civiles muertos. Ese mismo día, en CiudadVictoria, fue ejecutado el agente ministerial Gregorio Serna en el interior de la Facultad de Co- mercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). El agente, quien tam- bién se desempeñaba como intenden- te en esa institución, recibió un tiro en la cabeza debido a que se negó a involucrar- se con Los Zetas, que controlan varias fa- cultades en el campus Ciudad Victoria de la UAT. Por otra parte,entre el lunes 31 de mar- zo y el martes 1 de abril el Ejército liberó a 101 centroamericanos y mexicanos que estaban cautivos en casas de seguridad del municipio de Miguel Alemán y en Ciu- dad Victoria. El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que el día 31 se liberó a 75 per- sonas en un domicilio localizado en la colonia Del Norte de Miguel Alemán. “El grupo se integraba con 23 ciudadanos de El Salvador, 19 de Guatemala, 14 de Hon- duras, dos de Nicaragua y 17 ciudadanos mexicanos”. A su vez, efectivos de la Armada res- cataron en Ciudad Victoria a 26 centroa- mericanos que estaban secuestrados en una casa de seguridad ubicada en el cen- tro de la localidad. Las personas liberadas eran originarias de Honduras y Guatema- la: 21 hombres, cuatro mujeres y un me- nor de edad. El secuestro, los levantones y la desa- parición de personas son el principal pro- blema de Tamaulipas. Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio- nal de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que Tamaulipas encabeza la lista de los estados con más secuestros. En los dos últimos años las cifras ne- gras dan cuenta de más de mil secuestros denunciados ante las autoridades, pero los “levantones” no entran en las estadís- ticas oficiales porque en esos casos no se solicita rescate. El administrador de la página Valor por Tamaulipas –los delincuentes ofrecen una recompensa a quien lo elimine– aseveró que las autoridades de la entidad están in- volucradas en el negocio del secuestro. “Se está haciendo un negocio redondo entre las autoridades –que deberían estar buscando a los secuestrados– y las bandas criminales”, dijo. “En la mayor parte del estado las nego- ciaciones entre el crimen organizado y las autoridades se lleva en dos líneas, la pú- blica ante la familia y la línea privada di- recta entre autoridades y secuestradores, en donde acuerdan montos de rescate de secuestros”, agregó. Además, expuso: “Hasta los mismos delincuentes secuestradores se quejan de que los negociadores de organismos de procuración de justicia local y federal se quedan con un porcentaje alto del monto NARCOTRÁFICO
16. NARCOTRÁFICO 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 19 que acuerdan solicitar a los familiares de las víctimas”. Las autoridades de Tamaulipas es- conden los secuestros debido a que no quieren que se conozca a las personas que están en esa situación, ya que la difusión de sus nombres arruinaría los acuerdos privados que las mismas au- toridades tengan con grupos específi- cos o de secuestros cuya negociación ellas mismas estén desarrollando, con- cluyó el administrador. Para Ioan Grillo, autor del libro El Nar- co, la crisis de seguridad se agudizó cuan- do los grupos que controlan el estado, Los Zetas y el Cártel del Golfo, peleaban por el control de las principales ciudades. A partir de 2010 y hasta 2012 hubo en Tamaulipas un conflicto armado. En las frecuentes confrontaciones se uti- lizaban inclusive armamento de grue- so calibre, granadas y coches bomba, precisó. La disputa concluyó en los últimos meses del gobierno de Calderón, y los cárteles se dedicaron a consolidar sus plazas. Al finalizar los enfrentamientos, los cárteles se concentraron en hacer negocios. “Incluso el CDG se ha con- vertido en un grupo criminal que pega fuerte a la población, con secuestros y extorsiones”, señaló Grillo. Para rematar: “Si el gobierno fede- ral no es capaz de reducir esos deli- tos, es predecible que las autodefensas continúen creciendo en el estado”. Fotos: Valor por Tamaulipas Violencia desbordada Bloqueos
17. 20 1953 / 6 DE ABRIL DE 201420 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 ÁLVARO DELGADO M anchados unos y otros por la corrupción, que conde- nan en el discurso pero solapan en los hechos, la disputa por el control del Partido Acción Nacional (PAN) exhibe la desmemoria, el cinismo y las truculencias de Gustavo Madero y Er- nesto Cordero. Luego de tres semanas de campaña, un tercio del total, se ha configurado un escenario incierto para la elección del 18 de mayo, como lo registran las más re- cientes encuestas, una de ellas filtrada por el propio equipo de Madero y que le da ventaja de apenas cuatro puntos. En el PAN todos lo saben: Ganará el candidato con mayores recursos para lle- var a votar a la mayoría de los 217 mil 557 panistas con ese derecho y desde ahora arman y ensayan la estructura para ese fin… por las buenas o por las malas. Ante la pasividad de la Comisión Or- ganizadora de la Elección, que preside Francisco Gárate y cuya mayoría es afín a Madero, se perfila un “cochinero” el día de la jornada electoral. Madero, a quien miembros de su pro- pio equipo lo advierten arrogante en ex- ceso, ha colocado su reelección en manos de los gobernadores y caciques locales del PAN –muchos de ellos expriistas–, quie- que viene... desastre nes controlan la estructura clientelar en los estados con mayor militancia. Cordero, apoyado en los residuos del grupo de Felipe Calderón, apuesta a la es- trategia de polarización, al castigo de la militancia a Madero por ser “comparsa” del presidente priista Enrique Peña Nieto y a la estructura que creó el exgoberna- dor Juan Manuel Oliva –su compañero de fórmula– desde su cargo como estratega electoral en 2012. La contienda tiene a Puebla como epicentro: En ese estado Madero inició su campaña nacional, el domingo 23 de marzo, donde el equipo de Cordero docu- mentó los excesos de su adversario: Aca- rreo en cientos de autobuses de miles de personas, entre ellas niños y ancianos que ni siquiera eran militantes, a cambio de dádivas. El gobernador de Puebla, Rafael More- no Valle, es señalado además como el vir- tual coordinador de campaña de Madero y, según el equipo de Cordero, ha enviado a sus principales operadores electorales, la mayoría expriistas como él, a Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala. Uno de ellos, el consejero del Instituto Estatal Electoral de Puebla Víctor Cánovas Moreno –obligado por ley a la imparcia- lidad–, era el responsable de operar para Madero en Tlaxcala por órdenes de More- no Valle, como lo confesó él mismo según una grabación: El Germán CansecoOliva y Cordero. Desmemoria
18. 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 211953 / 6 DE ABRIL DE 2014 21 “Me pidió el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con el cual tengo el gusto de trabajar, que los invitara a todos a que nos acompañen para que le demos la bienvenida a Madero y le demos la fuer- za que merece.” El arranque de la campaña nacional de Madero en Puebla tuvo el sello priista hasta por el yerro del alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, quien gritó que, en la elección del 18 de mayo, “ganará el PRI”. Justamente para neutralizar la operación electoral de Moreno Valle, Cordero nombró como su coordinador estratégico a Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del gobernador, exsecretario general de Gobierno de Puebla y abiertamente confrontado con él. Moreno Valle, quien trabaja conjun- tamente con el operador electoral Jorge Manzanera Quintana en su proyecto pre- sidencial para 2018, ha puesto al servicio de Madero inclusive a su proveedor de productos chinos para las campañas, el veracruzano Roberto Arandia Gutiérrez. El coordinador de la campaña de Ma- dero, Marko Cortés –cuyo equipo aplastó al calderonismo en Michoacán–, no da crédito a las acusaciones del equipo de Cordero y advierte que su estrategia es polarizar al PAN, como lo hizo Calderón con México en 2006. “¡Ya basta de la campaña de despres- tigio, ataque y difamación constante! ¡La gente no quiere una polarización social El “cochinero” que algunos militantes del PAN antici- pan para la elección interna de mayo próximo es una expresión que de hecho ya se observa en la campaña por la presidencia nacional de ese partido. Las acu- saciones mutuas entre los grupos de Gustavo Madero y Ernesto Cordero van y vienen, pero el denominador común en ambos es la corrupción política y moral… Muy mal signo para una organización política que no ha sido capaz de rescatarse a sí misma. POLÍTICA llevada al PAN como la que vivió México en 2006, cuando el país se partió! Ahora quieren polarizar al partido para lograr su objetivo, no importa que los panistas que- den dolidos, enfrentados y hechos garras.” Maximiliano Cortázar, quien de voce- ro de Calderón pasó a ser el coordinador de la campaña de Cordero, responde: “Lo que realmente divide y ofende al panismo son las prácticas priistas: El acarreo de gente, darle prebendas. Eso se vio en Pue- bla y hay evidencia también en el Estado de México y en Veracruz…” Si el órgano electoral solapa los exce- sos, advierte Cortázar, la elección puede convertirse en un cochinero: “Es muy im- portante que la comisión preste mucha atención a lo que ha estado haciendo Ma- dero. Es como el ladrón que sale de la tien- da y grita: ¡Agarren al ladrón!” Las estructuras El lenguaje áspero del equipo de Cordero le está dando resultados:Ya se desvaneció la imbatibilidad de Madero, una percep- ción que prevaleció todavía al inicio de la campaña, el 18 de marzo. La semana pasada se difundieron dos encuestas que muestran un cierre en la competencia, luego de que otras cuatro marcaban una ventaja amplia para Corde- ro. Una de las más recientes, la de Blanco y Asociados, fue publicitada por el equipo de Madero y le da tres puntos de ventaja. Difundida por TV Azteca, esta encues- ta le da ventaja a Madero de 47 puntos por 44 de Cordero, quien en otra de Ana María Covarrubias, hecha para el portal SDP-No- ticias, se coloca 13 puntos arriba. Para ganar la elección se debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos o al menos 37%, con una diferencia de cin- co puntos porcentuales en relación con el rival, y el temor del equipo de Cordero es la estructura que ha armado Madero. De acuerdo con los equipos de cam- paña de los dos candidatos, en los tres estados con mayor militancia el voto está dividido, aunque con tendencia hacia Ma- dero: Jalisco (20 mil 700), Veracruz (16 mil 800) y Estado de México (15 mil 200). En el primer estado, el coordinador de Madero es Hernán Cortés, expresidente estatal del PAN y discípulo de Francisco Ramírez Acuña, a su vez coordinador de Cordero, quien cuenta también con el apoyo del exgobernador Alberto Cárde- nas, regidor de Guadalajara. En Veracruz, Madero está en manos del expriista Miguel Ángel Yunes, junto con sus hijos, el del mismo nombre, alcalde de Boca del Río, y Fernando, senador, mientras que Cordero tiene a su favor al presidente estatal, Enrique Cambranis, y a Julen Rementería. En el Estado de México, los tres prin- cipales grupos apoyan a Madero: El hege- Víctor Hugo RojasMadero. Truculencias
19. 22 1953 / 6 DE ABRIL DE 201422 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 mónico, con Ulises Ramírez; el de José Luis Durán Reveles, allegado a Santiago Creel, y algunos de los juramentados de ElYunque, que liderea Luis Felipe Bravo Mena. La fortaleza de Madero son los gober- nadores y los caciques locales, muchos de ellos fortalecidos con los recursos gestio- nados desde la Cámara de Diputados por el coordinador, Luis Alberto Villarreal, el vicecoordinador Jorge Villalobos y el legis- lador veracruzano Víctor Serralde. Puebla, que es el cuarto estado con mayor militancia –con 13 mil 400–, está casi controlado por Moreno Valle a favor de Madero, aunque hay un contrapeso con los liderazgos de Ana Teresa Aranda, Francisco Fraile y Juan Carlos Mondragón. En Nuevo León, con 11 mil 500 militan- tes, el control casi total lo tiene el grupo que planea llevar a la gubernatura a Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, ligada a Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casi- nos, quien financió la campaña de Madero en 2010. Uno de los operadores de Madero en Nuevo León, según el equipo de Cordero, es el panista duranguense José Serrano, socio de los hermanos Rojas Cardona y amigo íntimo del diputado federal Ro- dolfo Dorador, coordinador de la primera campaña de Madero para presidente. En Sinaloa, donde hay 8 mil 900 panis- tas, el gobernador expriista Mario López Valdés trabaja para Madero por la vía de varios colaboradores y en coordinación con el diputado Jorge Villalobos, identifi- cado como “mano derecha” del presidente del PAN con licencia. En Baja California, el gobernador Francisco Kiko Vega mantiene un control prácticamente total para que los 7 mil 500 panistas voten a favor de Madero, lo mis- mo que el de Sonora, Guillermo Padrés, quien tiene encomendada la misión de hacer que los 6 mil 800 militantes se incli- nen por la reelección de Madero. Michoacán, donde hay 8 mil 300 pa- nistas, es otro estado donde Madero tiene fuerza: En la reciente elección de conse- jeros nacionales, su grupo aplastó a los seguidores de Calderón. En Chihuahua, donde nació Madero, tendría también la mayoría de los 8 mil 400 militantes. El Distrito Federal, donde hay 8 mil 200 panistas, es controlado por afines a Madero: Jorge Romero, delegado en Beni- to Juárez, y Federico Doring, coordinador de los diputados locales, enfrentados con la senadora Mariana Gómez del Campo, el exsubsecretario Obdulio Ávila y Carlos Gelista, expresidente del PAN local. Aunque en Morelos sólo hay 2 mil 700 militantes, el control lo tiene el exgober- nador Marco Antonio Adame, uno de los principales operadores de Madero y je- rarca de El Yunque, la organización con- fesional que tiene sembrados militantes en uno y otro equipo, además de ostentar la presidencia y la secretaría general con Cecilia Romero y Jorge Ocejo. Víctor Cánovas, evidenciado Además de los estados donde el PAN tiene gobernador o grupos locales que lo apo- yan, Madero cuenta con la operación de Moreno Valle para ganar en otros seis es- tados, según el equipo de Cordero. El gobernador de Puebla envió a Oaxa- ca, donde hay 4 mil 500 militantes, a Eukid Castañón, diputado local y exsecretario de la Contraloría de Puebla, y Néstor Gor- dillo, diputado federal y exsecretario de Desarrollo Social, fue enviado a Chiapas, donde hay 4 mil 200 panistas. Hidalgo, con 3 mil 200 panistas, le fue encomendado a Jorge Aguilar Chedraui, diputado local y exsecretario de Salud de Puebla, y a Quintana Roo, con mil 500, man- dó a ÁngelTrawitz, exsecretario deTurismo. La estrategia de MorenoValle se eviden- ció cuando su operador en Tlaxcala, Víctor Cánovas Moreno, consejero del IEE de Pue- bla, fue sorprendido como organizador del arranque de campaña de Madero, el martes 18, por instrucciones del gobernador. Cuando se difundió la información de su asistencia a un acto partidista enTlaxca- la, donde hay 3 mil panistas, alegó que fue sorprendido por el alcalde de Huamantla, Alejandro Aguilar López.“Es un error, no sa- bía de qué se trataba, así de simple”. Mintió: Una grabación difundida por el columnista Alejandro Mondragón del por- tal StatusPuebla.com –sometido a un boicot publicitario por Moreno Valle, igual que E- consulta e Intolerancia– lo evidenció a él y a su jefe. Cánovas –protegido de Beatriz Pare- des en el PRI– tuvo que renunciar como consejero electoral, aunque el alcalde de Huamantla lo contrató de inmediato co- mo asesor… “Comparsas del PRI” Cordero, mientras tanto, concentra su fuerza en Guanajuato, que gobernó Oliva y que pretende hacerlo también el dipu- tado Villarreal, identificado como el prin- cipal beneficiario de los “moches”. En esta entidad Madero sería minoría entre los 10 mil 600 militantes con derecho a voto. En Baja California Sur, el gobernador Marco Covarrubias otra vez apoya a Corde- ro, igual que en la elección interna para la candidatura presidencial. El padrón en el estado es muy marginal: Mil 64 militantes. Cordero tiene también fuerza casi to- tal en San Luis Potosí, donde hay 6 mil 800 panistas; en Aguascalientes, con 5 mil 200; Tamaulipas, con 6 mil 600; Querétaro, con 6 mil 900, y Chiapas, con 4 mil 200. Hijo del poder, miembro activo del PAN desde apenas 2008, Cordero se juega todo en esta elección luego de fracasar como aspi- rante a la candidatura presidencial,con todo el poder de la Presidencia de la República. Cordero ha integrado su equipo con funcionarios del gobierno de Calderón, mu- chos de ellos legisladores por designación como él, sin jamás haber ganado ninguna elección: Maximiliano Cortázar, su coordi- nador, y Roberto Gil Zuarth, senador y de- rrotado por Madero en la elección de 2010. El discurso de Cordero y su equipo se ha centrado en la corrupción asociada a Madero y sus allegados, como el diputado Villarreal, quien no ha aparecido en los principales actos de campaña. La propia presidenta del PAN, Cecilia Romero, pareció aludir a él y a otros legis- ladores cuando, en la inauguración de la Asamblea Nacional, el sábado 31 de mar- zo, exclamó: “Simple y sencillamente, en este partido no queremos a los corruptos”. Ante la corrupción que mancha a unos y a otros, los equipos de Madero y Cordero sólo repiten que se investigue sin ir más allá, y cruzan culpas de quiénes son peores. Cortázar, quien afirma que Cordero tiene una tendencia irreversible a la alza, afirma que Madero será sancionado por la militancia por no cuidar la unidad del partido y ser sinónimo de derrota. “Parece que tiene amnesia. Él tomó el PAN en el 2010 y la mayor derrota fue el 2012. Tuvo ese tiempo para preparar las elecciones y han sido las peores que hemos tenido.” El deterioro del PAN, juzga, fue brutal: “Incertidumbre en corrupción, derrotas tremendas y no haber cuidado la unidad del partido, que es la principal encomien- da de un presidente”. Marko Cortés afirma que la desme- moria es de Codero y su equipo, porque el sexenio de Calderón fue sólo de derrotas, imposiciones y complicidades con el PRI. “El PAN perdió todo cuando estábamos en el gobierno. Las decisiones del PAN se tomaron fuera del PAN, porque tuvimos presidentes que ni siquiera tuvieron con- tienda, sólo ratificación, porque las deci- siones eran allá (de Los Pinos).” Si en algún periodo hubo imposicio- nes fue en el de Calderón. “No nos pueden venir con ese discurso de mentiras. ¡Mien- ten cuando dicen eso! Los panistas tienen dos opciones: Optar por aquellos que han hecho tanto en tan poco tiempo o aque- llos que en todo su periodo de gobierno perdían alcaldías y gubernaturas, que so- metieron al partido y que iba de caída”. Inclusive Cortés recuerda que fue con Calderón en la Presidencia que el PAN fir- mó un pacto con Peña Nieto para no ha- cer alianzas con el Estado de México y el actual canciller, José Antonio Meade, fue subsecretario de Hacienda con Cordero. “¿Entonces quién es comparsa del PRI? ¿Quién ayuda al PRI con esos hechos?” POLÍTICA
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21. 24 1953 / 6 DE ABRIL DE 201424 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 ALEJANDRO CABALLERO E l oftalmólogo potosino que, si- tuado al frente de un movimien- to cívico avasallante, fue capaz de doblegar al PRI en distintos momentos del siglo pasado pese a las trampas y los actos autoritarios del “partido de Estado” estaría cumpliendo 100 años este lunes 7 de abril. Salvador Nava Martínez descubrió su inquietud por el servicio público desde temprana edad e hizo de su profesión mé- dica un apostolado. Sólo cobraba a los que tenían con qué pagar. Confrontado con el PRI, dos veces fue alcalde y tuvo que ver con la caída de tres gobernadores. El último, Fausto Zapata, sólo duró 13 días en el cargo. En 1958 quiso ser alcalde de la capital de San Luis Potosí por el PRI y no lo deja- ron. No se amedrentó. Creó la Unión Cívi- ca Potosina y, apoyado por sinarquistas y comunistas, ganó las elecciones del 7 de diciembre de ese año. Nava, ese doctor de pueblo metido a la política, encabezaba las movilizaciones contra Gonzalo N. Santos, el todopodero- so cacique sanluisino, y contra el gober- nador Manuel Álvarez. Nava tomó posesión del ayuntamien- to potosino el 1 de enero de 1959. Entre sus primeras decisiones destacó la de dejar de entregar a Gonzalo N. Santos los 10 mil pesos mensuales que cobraba por “respaldar” a los alcaldes. Poco después, la movilización ciuda- dana conseguía que el gobernador Álva- rez dejara el cargo. Apoyado en su exitosa gestión como alcalde, Nava buscó ser candidato a go- bernador. Lo intentó de nuevo por el PRI Este lunes 7 se cumplen 100 años del natalicio de un diri- gente cívico que fue capaz de derrotar en distintos flancos al partido de Estado en los momentos más oprobiosos del autoritarismopriista.Sunombre,SalvadorNavaMartínez,el oftalmólogo que logró movilizar en San Luis Potosí a dece- nasdemilesdeciudadanosdeesaentidadparahacervaler el principio republicano siempre negado por el Revolucio- narioInstitucional:lademocracia.Heaquíunareseñadelas gestasdeldoctorNava,fallecidoel18demayode1992. y de nuevo le cerraron el paso. Terminó siendo candidato independiente. En esa ocasión los resultados oficiales le fueron adversos. Vinieron las protestas poselec- torales. El Ejército ocupó San Luis Potosí, detuvo a Nava y lo envió al Campo Militar Número Uno, con sede en el Distrito Fede- ral. El doctor estuvo preso un mes. La represión contra el navismo se pro- longó durante 1962 y 1963. Hacinado en la cárcel de Charco Verde, en la capital potosi- na, fue torturado y el movimiento ciudada- no entró en un largo receso de casi 20 años. La llegada al gobierno de San Luis Po- tosí del cacique magisterial Carlos Jongui- tud Barrios, el antecesor de Elba Esther Gordillo, hizo resurgir al navismo. En 1983, respaldado por el PAN, el Par- tido Demócrata Mexicano (PDM) y el Fren- te Cívico Potosino, el doctor Nava ganó de nueva cuenta la alcaldía de San Luis Poto- sí. Ya en el poder, repitió la dosis. Rechazó someterse a los designios de Jonguitud. Nava estuvo sólo dos de los tres años al frente de la alcaldía potosina. En 1985 apo- yó la candidatura de Guillermo Pizutto a la presidencia municipal de San Luis Potosí. En un proceso electoral plagado de irregu- laridades, se le dio el triunfo al aspirante del PRI, Guillermo Medina de los Santos. Una vez más iniciaron las protestas po- selectorales. El 1 de enero de 1986 la multi- tud navista que protestaba por la toma de posesión del priista fue reprimida mientras manos extrañas incendiaban el palacio municipal. El gobernador en turno, Floren- cio Salazar, cayó a raíz de estos hechos en mayo de 1987. Para 1990 la idea de postular a Salva- dor Nava para candidato a gobernador co- braba fuerza, pero las condiciones en esta ocasión eran más adversas que de cos- tumbre. Al doctor le habían diagnosticado cáncer. Libró la muerte. Tras ese episodio, dirigentes potosinos del PAN, PRD y PDM lo buscaron. Le ofre- cieron ser el candidato de la oposición. Después de unos días Nava les respondió. El hombre que doblegó SALVADOR NAVA al PRI JuanMiranda
22. 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 25 POLÍTICA Aceptaba si era apoyado por toda la opo- sición. El PAN reculó. Desde el centro del país, los panistas rectificaron y aceptaron las condiciones del doctor. PAN, PRD y PDM lo hicieron candidato. Nava se anotó otro triunfo. Los en aquel entoncesenemigosamuertePANyPRDirían juntos, apoyando al candidato ciudadano. Durante la campaña se vería compartiendo templete a los adversarios Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas. Para contrarrestar la candidatura de Nava, Salinas de Gortari decidió postular a Fausto Zapata, un político de negro historial, ligado a la corrupción de periodistas.Vocero del gobierno de Luis Echeverría en los años setenta, había destacado como uno de los operadores del golpe al diario Excélsior, dirigi- do entonces por Julio Scherer García. La última batalla En la elección potosina de 1991 todas las trampas del PRI estuvieron a favor de su as- pirante. El resultado oficial de los comicios: victoria de Zapata. Nava descalificó el proce- so e iniciaba así su última lucha poselectoral. Salinas lo buscó. El potosino le dijo: “Si se convalida el fraude del candidato ofi- cial, será la peor desgracia para San Luis Potosí”. El mandatario le respondió: “Yo no puedo hacer nada”. Días después, el secretario de Gober- nación, Fernando Gutiérrez Barrios, le insinuaría: “Una solución sería que usted se quedara con la presidencia municipal pero… yo sé que usted no lo aceptaría…” Los tiempos electorales corrieron. Fausto Zapata recibió la constancia de mayoría y Nava encabezó su enésimo mi- tin en la Plaza Fundadores. Pidió el perdón de sus simpatizantes por haber confiado en “las altas autoridades del país”. Gutiérrez Barrios volvió a buscar al oftalmólogo. –Doctor,hay opciones para arreglar esto. –Dígame, le escucho. –Zapata queda como gobernador, pero usted puede meter a gente de su confian- za en el gabinete. –No acepto eso. –La otra es que se vaya Fausto y que usted entre como interino. En esta opción, nosotros nombraríamos al secretario de Gobierno, al secretario de Finanzas y al procurador de Justicia… “Me sentí como un títere, me vi col- gado de unos hilos como marioneta, mo- viéndome como un muñeco”, narró Nava. El contacto con el gobierno federal se rompió… por unos días. El 18 de agosto, el Colegio Electoral po- tosino declaró válidas las elecciones y le- gal el triunfo de Zapata. Salinas lo felicitó públicamente, aun cuando la oposición lo consideraba un “usurpador”. El movimiento navista no se dio reposo. El 14 de septiembre,cientos de simpatizan- tes del doctor bloquearon vías de acceso a San Luis Potosí. En los días subsiguientes, le dieron vuelo a la protesta cívica. El 18 de septiembre, el gobernador Leopoldino Ortiz Santos rindió su último informe de gobierno. Mujeres navistas ha- bían organizado una protesta de cacerolas que alcanzó repercusión internacional. El 26 de septiembre, al mediodía, Zapa- ta tomó posesión acompañado de Salinas. Esa noche, Nava regresó a la Plaza Fun- dadores para fijar posición. “impedir, día a día, que el usurpador pueda gobernar…” Entonces tomó protesta como “gobernador legítimo” de los potosinos y se deslindó de cualquier partido político, creciente la opo- sición panista a su estrategia de lucha. Y llegó el primer día de gobierno de Zapata: 27 de septiembre de 1991. Mujeres navistas iniciaron un plantón a las afueras del palacio de gobierno. Copaban los 10 accesos a las oficinas gubernamentales. El objetivo, impedir el ingreso de Zapata. Al día siguiente, 28 de septiembre, ini- ció la memorable Marcha de la Dignidad. Nava hizo público el objetivo: llegar el 1 de noviembre al Distrito Federal, día del informe presidencial, encabezar un mitin en el Zócalo y entregar un escrito a Sali- nas de Gortari. Las mujeres mantuvieron el plantón de ocho a 15 horas a las afueras del pala- cio de gobierno. Por la noche, a escondi- das, Zapata entró a sus oficinas. Al cuarto día de su gestión, el goberna- dor cometió un grave error: forzó su ingreso a la sede gubernamental.Dispuso que un pi- quete de mujeres afiliadas al PRI madrugara, se adelantara a las navistas y se instalaran a las afueras de las oficinas gubernamentales. No fue suficiente. Las seguidoras de Nava se sentaron enfrente de ellas. Pero Zapata estaba decidido. Pasó por encima de las mujeres y se desató la vio- lencia en el centro de la capital potosina. El saldo: ocho lesionados. Zapata despachó en sus oficinas a puer- tas cerradas y bajo un nutrido dispositivo de seguridad interno. El gobernador priista no volvería a pisar el palacio de gobierno. En la madrugada del 9 de octubre lle- gó otro enviado salinista, Fernando Silva Nieto, colaborador de Manuel Camacho, y presentó la nueva propuesta: la renuncia de Zapata, la llegada de Gonzalo Martínez Corbalá como interino, reformas a la ley electoral y nuevas elecciones en 18 meses. Unas horas después, a 13 días de ini- ciado su gobierno, Zapata, vía fax, comu- nicaba al Congreso de San Luis Potosí su renuncia. El 10 de octubre, confirmada la salida de Zapata y efectuada la toma de protesta de Martínez Corbalá, el doctor dio por concluida la marcha de la digni- dad. Siete meses después de la caída de Zapata, falleció Nava.
23. E l jueves 3, el senador Javier Lo- zano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transpor- tes, le solicitó a Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que se le autorizaran los “gastos de transporte, hos- pedaje y alimentación” de José Felipe Ote- ro Muñoz, especialista colombiano en te- lecomunicaciones, quien al día siguiente participó en uno de los foros organizados por ese cuerpo colegiado. La Mesa Directiva le respondió a Loza- no que “en antecedentes recientes (sic), el órgano de gobierno ha negado este tipo de solicitudes”. La gestión económica de Lozano a fa- vor de uno de los 49 representantes de consorcios y organismos civiles que parti- ciparon en tres días de maratónicos foros, Foros pantallay vasallaje denigrante Durante los foros celebrados en el Senado a lo largo de la semana anterior para analizar la iniciativa de Ley Se- cundaria de Telecomunicaciones (la Ley Peña-Televisa) se alzaron varias voces de advertencia sobre muchos puntos del ordenamiento que violan la Constitución. La lista de ilegalidades va desde la censura en medios electrónicos (incluida internet) hasta las prerrogativas queirregularmenteseadjudicaelEjecutivofederalpara dominar algunas áreas que no deberían ser de su com- petencia. En los foros, una voz buscó ser omnipresente y descalificar toda crítica, viniera de donde viniera: la del senador Javier Lozano Alarcón. JENARO VILLAMIL BenjamínFlores 26 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
24. contrastó con la vehemencia con la que él mismo se opuso a que los siete comisiona- dos del Instituto Federal de Telecomunica- ciones (IFT), el nuevo órgano regulador del sector,comparecieran ante el Senado,a pe- sar de las reiteradas peticiones de legisla- dores del PAN y del PRD. En clara alianza con los priistas, en es- pecial con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y con la perredista Alejandra Barrales, criticada en su propio partido por su sometimiento a la iniciativa del Ejecutivo federal, Lozano bloqueó la posibilidad de que los integran- tes del IFT respondieran a las numerosas dudas existentes sobre las violaciones a la autonomía del organismo expresadas en la llamada Ley Peña-Televisa. De los 49 participantes en los foros –con escasapresenciadelossenadores–,66%fue- ron representantes de los gigantes del sec- tor: desde Televisa y TV Azteca hasta Amé- rica Móvil, Telmex y Grupo MVS, así como las cámaras que representan los intereses de las empresas dominantes como la CIRT, la Canitec y la Asociación Internacional de la Radio, entre otras. El último intento para que el Senado lla- mara a comparecer a los integrantes del IFT se escenificó en la sesión del pleno el jue- ves 3. Javier Corral, también del PAN, propu- so un punto de acuerdo de “urgente resolu- ción” para que acudieran los comisionados de “uno de los órganos de Estado más po- derosos que se hayan construido en los úl- timos años”. Corral argumentó que los legisladores no sólo quieren recibir “un escrito” con las observaciones de los comisionados. “Que- remos el intercambio, la interlocución que merece esta legislatura que los votó con amplias facultades para regular a este sec- tor poderoso económica y políticamente”, dijo en tribuna. Con 40 votos adversos y 30 a favor, se desechó el punto de acuerdo y se turnó a comisiones. “Esta votación marca de algu- na manera lo que vendrá”,sentenció Corral. “El PRI tendrá votos tanto del PAN co- mo del PRD para darle un barniz de plurali- dad a la imposición. Hace ocho años, cuan- do se discutió la Ley Televisa, la bancada de senadores del PAN se partió en dos”, dice a Proceso. También comenzó a observarse entre los perredistas una operación para modi- ficar el rechazo original de la iniciativa del Ejecutivo a otra posición más moderada, que acepte cambios cosméticos. Los mis- mos integrantes del PRD señalan a Alejan- dra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como la operadora de esta estrategia. Televisa-Carso, pleito de gigantes Como se pronosticaba, la participación de los representantes jurídicos de Grupo Te- levisa y de América Móvil y Telcel, ambas de Carlos Slim, provocó un choque en la sesión matutina del jueves 3. “Telmex nos ha visto la cara por más de 15 años”, sostuvo Luis Mancera Arri- gunaga, vicepresidente jurídico de Regu- lación de Televisa, mientras que Joaquín Balcárcel, también representante legal del consorcio televisivo, negó que la iniciativa del Ejecutivo beneficiara a la empresa de Azcárraga Jean. A la posición de Grupo Televisa contra Telmex se sumó Francisco Borrego, vicedi- rector jurídico de TV Azteca, quien confía, dijo, en que el IFT le ponga límites al mo- nopolio telefónico. Alejandro Cantú, de América Móvil, y Javier Mondragón, director jurídico de Tel- mex, criticaron la iniciativa presidencial por desincentivar la inversión de ambas compañías al obligarlas a “regalar” su red con los competidores. Cantú reprochó a los senadores que “ciertamente en televisión de paga no hay condiciones de competencia y no las hay porque hay una barrera de entrada a que otros competidores podamos prestar esos servicios”. En la iniciativa de Peña Nieto se le da plazo hasta 2017 a las compañías telefóni- cas de Slim para dar servicio de televisión restringida, dominado por Grupo Televisa, comentó el representante jurídico de MVS, Peter Bauer. Irónico, Mondragón alabó la gratuidad para utilizar ahora las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por ca- ble (must offer-must carry),“nomás que lo es- tuvieron cobrando 30 años, ¡eh!, cobrándo- lo tres veces. Entonces, no se entiende por qué las empresas de televisión por cable le pagaban a Televisa o a TV Azteca para que TELECOMUNICACIONES 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 27
25. después esas empresas de televisión por cable aumentaran sus costos y se lo hubie- ran reflejado en los usuarios”. También recordó que desde 2006 no se le ha permitido a Telmex ingresar al mer- cado del triple play, “y como no nos han E xpertos, organizaciones civiles, aca- démicos, abogados con experien- cia en temas de regulación y no po- cos concesionarios han expresado que la iniciativa de Ley Secundaria de Te- lecomunicaciones del Ejecutivo federal y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión de México tienen aspectos anticonstituciona- les por ir en contra de la reforma promulga- da el 11 de junio de 2013. Un recuento elaborado por Proceso identifica 20 violaciones constitucionales a partir de los estudios y opiniones de Clara Luz Álvarez, abogada y exintegrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); Irene Levy, presidenta de Obser- vatel; Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom; Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información; María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y de Luis Fernando Gar- cía, de la Red por un Internet Libre. La mayoría de esas opiniones fueron expresadas la semana anterior en los foros organizados por las comisiones unidas del Senado para el análisis de la iniciativa conocida como Ley Peña-Televisa. A continuación se enlistan y explican estos puntos identificados como anticonstitucionales: Autonomía violentada El primero de esos puntos tiene que ver con la violación a la autonomía y a la cole- gialidad del Instituto Federal de Telecomu- nicaciones (IFT). El artículo 28 constitucio- nal reformado establece que éste será un organismo colegiado, con autonomía frente al gobierno federal. Pero el artículo 44 de la iniciativa violen- ta la autonomía y colegialidad al establecer: “De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y el orden público, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría (de Comunica- ciones y Transportes, SCT), podrá solicitar al comisionado presidente del instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sus- tanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos de la ley”. Los especialistas consideran que ésta es una clara atribución discrecional del Ejecutivo federal que viola la colegialidad. Feria anticonstitucionalJENARO VILLAMIL El segundo punto se refiere al apagón analógico a cargo de la SCT. La Constitución estableció que la polí- tica y operación del programa de Televisión Digital Terrestre le corresponde al IFT y que la fecha para el apagón analógico es el 31 de diciembre de 2015. Incluso hubo un litigio entre el Ejecutivo federal y la Cofetel durante el calderonismo, que la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de la segunda. En contraste, el artículo 16 transitorio de la iniciativa le da estas facultades a la SCT y se abre la posibilidad de prorrogar el llamado apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2017. El punto 3 tiene que ver con la invasión de facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en derechos de usuarios de telecomunicaciones. El artículo 6 de la Constitución estable- ció que le corresponde al Estado, por vía del IFT, fijar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los mecanismos para su protección. El artículo 8 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto le ordena a la Profeco “crear un área especializada con nivel no inferior a sub- secretaría” para vigilar los derechos de los usuarios, función que correspondería a IFT. El punto 4 trata de la vulneración de los derechos de las audiencias. En el artículo 6-B, fracción IV, de la Constitución se dispuso que la ley se- cundaria garantizará los derechos de las permitido dar servicios no se justifica mu- cho la inversión adicional, para adecuar la red a las nuevas necesidades”. Admitió que Telmex tiene una partici- pación de 70% en el mercado de telefonía fi- ja, pero advirtió: “todos somos de memoria corta”; “se nos olvidan muchas cosas, como el hecho de que se han invertido 30 mil mi- llones de dólares enTeléfonos de México”. En esa sesión del foro, una de las más concurridas, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya afirmó que los artículos 264 y 265 de la iniciativa presidencial “im- ponen medidas mucho más benévolas y accesibles para los agentes preponderan- tes en radiodifusión que en el sector de telecomunicaciones”. En contraste con la posición de Amé- rica Móvil y Telmex, Miguel Calderón Le- lo de Larrea, vicepresidente regulatorio de Telefónica Movistar, afirmó que la inicia- tiva presidencial propiciará la inversión, beneficiará al usuario y promoverá mayor competencia. Mientras en el Senado las empresas de Slim reiteraban sus quejas y adver- tencias de que la ley de Peña Nieto des- motivaría la inversión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peral- ta, justificó el plazo de dos años para que Telmex y América Móvil accedan al mer- cado de televisión de paga. Peralta negó que la iniciativa viole la autonomía constitucional y las facultades del IFT, y reiteró que se busca en la legis- lación secundaria “incrementar la efectivi- dad del Estado como rector del sector de telecomunicaciones y radiodifusión”. El protagonista En los foros hubo varias voces críticas que coincidieron en los aspectos anticonstitu- cionales de la iniciativa: la censura previa en internet, el control de los medios pú- blicos que se le confiere a la Secretaría de Gobernación y la orden a los proveedores de bloquear o inhibir comunicaciones en una determinada región. Clara Luz Álvarez, especialista en te- lecomunicaciones del Instituto de Inves- tigaciones Jurídicas de la UNAM, identifi- có 12 violaciones a derechos humanos y a la Constitución en la iniciativa. El presidente del comité de la Asocia- ción Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez, calificó la inicia- tiva como “un despojo a los derechos fun- damentales” porque “pervierte la finalidad de la reforma constitucional”, debilita al ór- OctavioGómez Barbosa y Gamboa. Diferencias 28 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
26. audiencias, “así como los mecanismos para su protección”. En los artículos 198, 207, 257 de la Ley Peña-Televisa se incluye un catálogo incompleto de derechos de las audiencias y no se prevé ningún mecanismo eficaz de protección y de sanción si son violados. Discriminación, vigilancia La discriminación se aborda en el quinto punto. El artículo 1 de la Constitución prohíbe toda discriminación por motivos “de origen étnico y nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la digni- dad humana”. En ninguna parte de la iniciativa se le otorgan facultades al IFT para la alfabeti- zación digital, y se les niega a las personas con discapacidad la accesibilidad a las telecomunicaciones. La forma en que están perfilados los medios de uso social y los medios indígenas es violatoria de la Constitución por incurrir en discriminación. El punto 6 tiene que ver con la intru- sión reguladora en modelos de costos y atribuciones del IFT. El artículo 28 le da al IFT la autoridad reguladora no sólo en otorgamiento de concesiones, revocacio- nes, autorizaciones y fijación de montos de contraprestaciones, sino también en provisión de “modelos de costos”. Lo anterior se altera en el artículo 15 fracciones VIII y XLIII, que le ponen claros candados al IFT para depender en sus funciones de la Secretaría de Hacienda y de la SCT. El punto 7: vigilancia y monitoreo de contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). En ninguno de los artículos constitu- cionales reformados en 2013 (6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105) se mencionó a la Segob como entidad vinculada en cuanto a contenidos, en garantizar el libre acceso a la información y en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En contraste, el artículo 218 de la ini- ciativa le otorga a la Segob 11 facultades de vigilancia en los contenidos mediáti- cos, de los cuales cuatro son claramente intrusivos de la autonomía del IFT y la libertad de expresión. El octavo punto habla de la violación a la prohibición de la suspensión de los actos del IFT. La reforma constitucional estableció que no habrá suspensión para todos los actos de autoridad derivados del IFT. Así lo indica el artículo 28 en su fracción VII. Pero en los artículos 295 y 300 sobre régimen de sanciones y pago de multas de los concesionarios se abre la posibilidad de ejecutarlas hasta finalizar el amparo. gano regulador, desfigura el principio de neutralidad de la red, ignora los derechos de las audiencias y a los medios públicos y de uso social. Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, subrayó que la ley “confirma el deliberado propósito por neutralizar internet como herramienta para el ejercicio de las libertades y conver- tirla en un instrumento de control político”. En específico, señaló el artículo 145 que es- tablece un mecanismo de censura previa. OctavioGómez Cervantes Andrade y Corral. Diferencias TELECOMUNICACIONES 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 29

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 28
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 15
 artículo 218
 artículo 28
 artículo 145