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Timestamp: 2018-01-17 04:55:15+00:00

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ADMITEN TUTELA QUE ANAV INTERPONE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AVALUADORES CONTRA LA SIC VINCULANDO A LA ERA A.N.A. | CORPORACIÓN COLOMBIANA AUTORREGULADORA DE AVALUADORES
Inicio /NORMATIVIDAD /OTROS /ADMITEN TUTELA QUE ANAV INTERPONE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AVALUADORES CONTRA LA SIC VINCULANDO A LA ERA A.N.A.
ACCIÓN DE TUTELA DE CARÁCTER PREVENTIVO EN GARANTÍA EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AFECTADOS Y PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (Reparto).
REFERENCIA: Acción de tutela por amenaza y vulneración de los derechos fundamentales contenidos directa e indirectamente en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 12 13, 14, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 38, 39, 83, 84, 85, 93, 94, y 95 de la Constitución Política de Colombia.
ENTIDADES ACCIONADAS: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO MINCIT, y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC (LA NACIÓN).
ANTONIO H. SALCEDO PIZARRO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 19.254.247; ANDRES HENAO BAPTISTE, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.687.241, GABRIEL DAVID SARMIENTO ARANGO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 19.163.731; DIEGO ALFONSO MONROY TRUJILLO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 80.772.819; DIEGO DE JESUS MONROY RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.035.154, nosotros los abajo firmantes, actuando en nuestro propio nombre y miembros representantes de la CORPORACIÓN COLOMBIANA AUTORREGULADORA DE AVALUADORES – ANAV, nos dirigimos ante esta Corporación de manera respetuosa para interponer Acción de Tutela contra el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO MINCIT con NIT 830115297-6 y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC con NIT 800176089-2 (LA NACIÓN), en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el decreto 2591 de 1991, el decreto 306 de 1992 y el decreto 1382 de 2000 y demás normas pertinentes en razón a la amenaza y vulneración de nuestros Derechos Fundamentales.
I. IMPORTANCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA
En general, el Sector Valuatorio está conformado por actores que trabajan en el oficio de dar un dictamen de valuación de bien mueble o inmueble; así, aquellos que desarrollan la actividad valuatoria están fuertemente vinculados con el desarrollo económico del país y comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la protección del bien común de la sociedad. Por estas razones, en Colombia es muy importante —para el desarrollo económico de la sociedad— que dicha actividad no se ejecute con sesgos monopólicos ni con acciones vulneradoras de los derechos fundamentales de los avaluadores y de los ciudadanos en general; en efecto, el buen desarrollo de la actividad valuatoria, conforme al principio de legalidad, conllevará siempre a respetar la participación democrática de todos los interesados y la garantía efectiva de los principios y derechos reconocidos en nuestra Constitución Política. Es por esto que la presente Acción de Tutela reviste —como se mostrará— de gran importancia por el efecto garantista que tiene en la defensa efectiva de los derechos constitucionales de los actores afectados en el Sector Valuatorio y por el alto impacto que tendría dicha protección en los recursos y la economía general del país.
1. Breve contexto histórico del Sector Valuatorio.
La actividad valuatoria es de gran importancia para la economía de una nación, pues —en la práctica— todos los bienes muebles, inmuebles y demás activos en general son susceptibles de ser sometidos a un dictamen valuatorio. De esta manera, se ve la vital importancia del Sector Valuatorio en la economía de un país, pues las decisiones que se toman en este sector son transcendentales para la garantía efectiva de los derechos de todos los ciudadanos.
La actividad valuatoria no estaba regulada en Colombia bajo una única norma. La normatividad en materia de avalúos está representada por un conjunto de reglamentaciones de diferentes jerarquías. Algunas normas versan sobre los métodos o técnicas para la realización de los avalúos y otras sobre los requisitos para ejercer la actividad valuatoria. En este sentido, en Colombia se puede ver un recorrido histórico-legal en el que vale la pena resaltar —entre otras— las siguientes normas jurídicas que se han producido en la primera etapa de la historia colombiana para el Sector Valuatorio.
Decreto 2150 de 1995. Art. 27. Avalúos Administrativos entidades públicas.
Sentencia C-492/96 DE 1996. Lonja de Propiedad Raíz.
Ley 9 de 1989. Normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento Territorial.
Resolución 762 de 1998. Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997
Ley 510 de 1999. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.
Ley 546 de 1999 (Artículo 50) Ley de Vivienda.
Ley 550 de 1999 (Artículos 60, 61 y 62) Ley de Intervención Económica.
Decreto 1420 de 1998. Reglamentan parcialmente Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.
Decreto 422 de 2000. Criterios y contenido avalúos. Registro Nacional de Avaladores.
Decreto 466 de 2000. Honorarios Avalúos.
Sentencia C-1265/2000. Registro Nacional de Avaladores.
Resolución 620 de 2008 del IGAC. Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Título IX. Sobre Avaluadores.
Ley 1673 de 2013. Ley del Avaluador.
Decreto 556 de 2014. Reglamenta la Ley del Avaluador.
Resolución 898 de 19 de agosto de 2014 IGAC. Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013.
Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015. Decreto único reglamentario sector comercio, industria y turismo que incluye Ley del Avaluador.
Resolución 64191 2015 de SIC. Imparte instrucciones Ley del Avaluador.
A partir del año 2013, la Ley 1673 determinó el régimen aplicable al Sector Valuatorio y estableció que desde la vigencia de esta se deroga (i) el artículo 50 de la Ley 546 de 1999, (ii) la lista a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC de que tratan los artículos 60 y sucesivos de la Ley 550 de 1999 y (iii) todas las demás normas que sean contrarias a la misma Ley. En consecuencia, para desarrollar un Sistema Legal del Sector Valuatorio, desde el año 2013 se generaron las siguientes normas hoy vigentes:
Ley 1673 2013. Ley del Avaluador.
Decreto 222 del 12 de febrero de 2014. Se corrigen yerros de la Ley 1673.
Decreto Reglamentario 556 de 2014 de la ley 1673.
Decreto 2046 del 16 de octubre de 2014. Modifica parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 556 de 2014.
Decreto 458 del 17 de marzo de 2015. Modifica el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 556 de 2014.
Resolución 64191 de 2015 de la SIC. Imparte instrucciones Ley del Avaluador.
Decreto 458 del 16 de marzo de 2016. Modifica parágrafo 2 del artículo 2,2,2,17,2,4 del Decreto 1074 de 2015.
Así pues, los avalúos son una herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones respecto de los bienes de los cuales disponen particulares, el sector productivo y el sector público. Con base en los avalúos se realizan múltiples y diversas transacciones; por lo tanto el papel de los avaluadores es fundamental. Los usuarios de los servicios valuatorios necesitan personas idóneas que entreguen conceptos acertados y ajustados a los más altos estándares técnicos, metodológicos y normativos; y que además ejerzan la actividad a la luz de los más elevados valores éticos y morales. La mayor parte de los avaluadores del país son personas naturales. De esta manera, se ve la vital importancia del Sector Valuatorio en la economía de un país y especialmente en el nuestro, pues las decisiones que se toman en este sector son transcendentales para la garantía efectiva de los derechos de todos los colombianos.
La información sobre el Sector Valuatorio siempre ha sido dispersa, confusa y no ha estado reunida en una entidad del estado y tampoco en una entidad privada. Los avaluadores para ofrecer sus servicios han acreditado su idoneidad a través de la afiliación o inscripción en lonjas o registros privados que agremian y/o llevan lista de avaluadores; también en diferentes listas de avaluadores de carácter oficial o haciendo parte de entidades oficiales que realizan avalúos para el Estado como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o los Catastros Municipales.
La incorporación en las leyes de los términos “Lonja de Propiedad Raíz” como del término “Registro Nacional de Avaluadores” le dio ventaja en el mercado a FEDELONJAS y a su Registro Nacional de Avaluadores RNA, que derivó en la creación de otras entidades, sean lonjas o registros de avaluadores, que en ese momento no existían, tratando de sobrevivir en el mercado y de lograr alcanzar algo de la gran tajada del negocio valuatorio que FEDELONJAS ha tratado de acaparar.
Algunos de los gremios o registros más representativos del SECTOR VALUATORIO a nivel nacional son los siguientes:
• FEDELONJAS.
• CORFELONJAS.
• CAMALONJAS.
• ASOLONJAS.
• CORPOLONJAS.
• LONJANAP.
• LONPA.
• LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAÍZ.
• LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ PERITAZGOS Y AVALÚOS D. C.
• LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D. C.
• LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ
• CORPORACIÓN REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAÍZ.
• LONJA COLOMBIANA DE FINCA RAÍZ Y DE AVALUADORES.
• LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA.
• CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ.
• LONJA DE COLOMBIA (LONPROCOL).
• LONJA INMOBILIARIA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS.
• LONJA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES.
• LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAÍZ.
• UNILONJAS.
• LINAP.
• LONJAORIENTE.
• REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES PROFESIONALES RNAP.
• REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES DE FEDELONJAS RNA.
• LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE PROFESIONALES DE BOGOTÁ D. C. Y CUNDINAMARCA.
Hasta este momento las entidades privadas sean lonjas o registros han venido cumpliendo con la labor de autorregulación de la actividad valuatoria, pero siempre a la sombra del monopolio que ha ido creando FEDELONJAS con sus diferentes Lonjas de Propiedad Raíz y el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. No existe homogeneidad en cuanto al establecimiento de los requisitos exigidos por cada entidad para acreditar a los avaluadores hasta este momento.
La llegada de Ley 1673 del 19 de julio de 2013 por la cual se Reglamenta la Actividad del Avaluador y se dictan otras disposiciones, la convierte en la única norma que regula el Sector Valuatorio exigiendo requisitos que deben cumplir los avaluadores para ejercer la actividad valuatoria, además crea unas Entidades de Autorregulación (ERA) que deben representar a todo el Gremio Valuatorio a nivel nacional y un único registro de avaluadores RAA. Por lo tanto las entidades que venían ejerciendo labores de autorregulación o de registro de avaluadores ya no lo podrían seguirlo haciendo. Esta nueva norma no versa sobre los métodos o técnicas para hacer avalúos.
Corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la reglamentación de la presente ley 1673, así como verificar la creación y puesta en funcionamiento de las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) de la actividad del avaluador. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA).
Dentro de este marco legal se presentaron las siguientes entidades gremiales:
¿SOLICITA LLEVAR RAA?
Entidad de Autorregulación y Registro Abierto de Avaluadores ERA-RAA Camalonjas Colombia Internacional
900.786.447-6
Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores A.N.A.
900.796.614-2
Asociación Lonja de Propiedad Raíz Avaluadores Constructores de Colombia
900.233.725-6
Corporación Colombiana Autorreguladora del Sector Inmobiliario y de Avaluadores ANAV
900.870.927-5
Corporación Lonja Nacional de Ingenieros Avaluadores
900.267.761-8
Consejo ERA de Colombia
900.889.220-4
Consejo Nacional de Entidades Reconocidas de Autorregulación – ERA
900.723.049-8
Corporación Colombiana de Lonjas y Registros Corpolonjas de Colombia
830.505.885-0
De estas entidades seis (6) se retiraron o no continuaron con el proceso para ser reconocidas como ERA y las otras dos (2) se encuentran en el siguiente estado.
A.N.A. (Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores) es una entidad gremial privada creada por la Federación Colombiana de Propiedad Raíz (FEDELONJAS) y la Sociedad Colombiana de Avaluadores (S.C.d.A) gremios del sector inmobiliario y valuatorio colombiano y además por el Registro Nacional de Avaluadores de FEDELONJAS (RNA) entidad privada que inscribe, acredita y certifica avaluadores. Cabe anotar que el RNA de FEDELONJAS no es un gremio y no hace avalúos. El registro de A.N.A. ante la Cámara de Comercio de Bogotá data del 3 de junio de 2014.
A.N.A. es la única Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) que hasta el momento ha sido reconocida (Resolución No. 20910 del 25 de abril de 2016) y autorizada (Resolución 88634 de Diciembre de 2016) por la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) y encargada de llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
Nota: Para el caso actual, este ente gremial está siendo beneficiado por las acciones irregulares de la SIC generadoras de la sistemática violación de derechos fundamentales a los miembros de ANAV, situación que se evidencia en la presente solicitud de amparo.
ANAV (Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores) es una Institución en formación, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, de carácter gremial privada, sin ánimo de lucro y de cobertura nacional; aspirante a convertirse en ERA conforme a la Ley del Avaluador 1673 de 2013. La institución está identificada con NIT 900.870.027-5 y se encuentra representada legalmente por ANTONIO HUMBERTO SALCEDO PIZARRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.254.247 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.
ANAV se ha presentado hasta el momento en tres oportunidades ante la SIC para ser ERA y de acuerdo a lo que se le ha requerido hizo las respectivas aclaraciones, complementaciones y correcciones; pero la SIC ha negado todas las solicitudes de reconocimientos argumentado elementos de forma y no de fondo.
Nota: para el caso actual, los miembros de este ente gremial son los accionantes de la presente solicitud de amparo.
Este recorrido por las diferentes normas y actores alrededor de la actividad valuatoria generan serias dudas en la aplicación por parte de la SIC de la nueva Ley del Avaluador en detrimento del Sector Valuatorio.
2. Alto impacto jurídico y social de la Acción de Tutela.
La presente Solicitud de Amparo tiene un alto impacto debido a la amenaza y violación de nuestros derechos fundamentales por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, que —por efecto indirecto— se convierte en una amenaza para los recursos económicos de la Nación, de los Departamentos o de los Municipios (entes territoriales), en una violación de los derechos fundamentales de los colombianos (actores del Sector Valuatorio y usuarios de esta actividad) y en un peligro para la estabilidad económica y fiscal en general. A propósito de esta relación, es conocida la tesis de la interdependencia de los derechos humanos desarrollada por la Corte Constitucional[1], en la cual se afirma que la afectación de un derecho genera la vulneración de otros; de este modo, la Corte Constitucional en sentencia C-520 del 2016 afirmó:
“En cuanto los inconvenientes dogmáticos, la jurisprudencia constitucional ha llegado a un consenso, nutrido por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acerca de la aplicación en el plano de la protección de los derechos constitucionales, de las propiedades de indivisibilidad e interdependencia que les son atribuibles. “Por ende, se ha concluido que todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales, pues cada uno de ellos encuentra un vínculo escindible con el principio de dignidad humana, fundante y justificativo del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la tesis de la conexidad entre los derechos sociales y los derechos fundamentales, como presupuesto para la justiciabilidad de aquellos, perdería sustento al preferirse esta visión integradora del carácter iusfundamental de los derechos” (Corte Constitucional, sentencia: C-520/16). [Resaltado puesto en el texto].
El lineamento jurisprudencial anterior establecido por la Corte Constitucional es apenas natural a un sistema de real protección de los derechos humanos y fundamentales; en efecto, está basado en el artículo 5 de la conferencia de Viena sobre los derechos humanos del año 1993, el cual dice que:
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Declaración de Viena, 1993: articulo 5). [Resaltado puesto en el texto].
En este caso en particular, la afectación a los derechos fundamentales de los actores del Sector Valuatorio realizada por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC genera (i) una afectación indirecta a la población colombiana por la interdependencia con los derechos constitucionales de los usuarios de esta actividad (en el sector estatal, privado, financiero, etc.) y (ii) una inestabilidad en las relaciones económicas de todos los colombianos en detrimento del artículo 366 del CP. Así las cosas, la presente Acción de Tutela, aunque específicamente se invoca para la protección de nuestros derechos fundamentales, con la garantía constitucional de estos, se verían beneficiados también otros afectados indirectos por las actuaciones arbitrarias de la SIC. Como se puede advertir, es transcendental —de esta manera— que el aumento de la calidad de vida y del bienestar general se asegure progresivamente a todos los colombianos. Por lo tanto, la presente Solicitud de Amparo reviste una vital importancia no sólo por la garantía constitucional que se solicita a favor de nuestros derechos reconocidos, sino porque con dicho amparo constitucional —por efecto indirecto— se estaría protegiendo el bienestar general de la población que potencialmente estaría afectada en sus derechos fundamentales. Es por esto que un desajuste en el Sector Valuatorio —por sesgos monopólicos y la falta de oportunidades para la participación de todos los actores— implicaría un movimiento telúrico de afectación grave de derechos fundamentales (i) en el acceso a la administración de justicia (auxiliares y peritos), (ii) en el sistema financiero (afectación del derecho a la vivienda digna, a sistemas adecuados de financiación, a la inversión de los compradores y a la garantía de las entidades financieras),(iii) en la contratación estatal (en el desarrollo de obras de infraestructura) como en la contratación privada, (iv) en el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, (v) en garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, (vi) en las indemnizaciones o compensaciones por motivos de utilidad pública o de interés social, (vii) en la transparencia de los procesos relacionados con impuestos y decisiones tributarias y, en general, (viii) en toda la economía del país, poniendo en alto riesgo el equilibrio fiscal de la nación al permitir el monopolio del mercado en la elaboración de los avalúos, facilitando la corrupción.
3. Definiciones de términos técnicos del Sector Valuatorio.
Con el objetivo de precisar los conceptos de la presente Solicitud de Amparo, es importante ver que la doctrina comúnmente aceptada sobre la actividad valuatoria y la Ley 1673 de 2013 permiten delimitar los términos técnicos del Sector Valuatorio, a saber:
3.1. Lonjas de Propiedad Raíz: Deben entenderse en sentido genérico, no referente de manera exclusiva a personas jurídicas ya existentes que hayan adoptado ese nombre y, por tanto, cobijan en materia de avalúos a las asociaciones y colegios que agrupen a profesionales dedicados a ese ramo de la economía (Sentencia C-492/96 DE 1996 Corte Constitucional).
3.2. Registro Nacional de Avaluadores: Estaba conformado por los avaluadores incluidos en la lista que lleva la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC para realizar tal actividad. Según la página web de la SIC: Dando cumplimiento al régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 556 de 2014 modificado por el artículo 1° del Decreto 2046 de 2014, la Lista del Registro Nacional de Avaluadores se mantendrá con el único fin de permitir que quienes ya se encontraban inscritos puedan recibir la constancia que les permita acreditar su calidad de avaluadores y puedan ejercer la actividad. Es importante aclarar, que la Superintendencia de Industria y Comercio cesó la competencia para adelantar actividades de registro, actualización y modificación del listado mediante el artículo 39 de la Ley 1673 de 2013. Este registro es derogado y reemplazado por el RAA Registro Abierto de Avaluadores.
3.3. Sector Valuatorio: sector de la economía compuesto por las actividades y servicios valuatorios de todo tipo de bienes, adelantada por avaladores que pueden ser personas naturales o jurídicas (por ejemplo las lonjas que agremian personas naturales que prestan el servicio de avalúo).
3.4. Valuación: actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien cualquiera sea su naturaleza, de conformidad con los métodos, técnicas, actuaciones, criterios, herramientas y normatividad vigente que se consideren necesarios y pertinentes para el dictamen.
3.5. Avalúo: dictamen de la valuación realizada por una persona natural o jurídica (gremio o lonja) dedicada a la actividad valuatoria (Ley 1673 de 2013).
3.6. Avaluador: persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la valuación de algún tipo de bien y que —después del Régimen de Transición contemplado en el Parágrafo 1 del Artículo 6 la Ley 1673 de 2013— deberá estar inscrita ante el Registro Abierto de Avaluadores RAA.
3.7. Entidades Reconocidas de Autorregulación ERA: entes gremiales de autorregulación del Sector Valuatorio que tienen a su cargo funciones normativas, de supervisión, de disciplina (en la forma determinada por la sentencia C-385 de 2015) y de registro abierto de avaluadores (en la forma determinada por la Ley 1673 de 2013). Son dos entidades que se mencionarán a lo largo de la presente Solicitud de Amparo:
a. Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV: La cual está constituida por miembros que son los accionantes de la presente Solicitud Constitucional.
b. Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores A.N.A.: La cual está constituida por miembros que están actuando de manera irregular con la SIC, como se mostrará más adelante.
3.8. Registro Abierto de Avaluadores RAA: Protocolo a cargo de la Entidad Reconocida de Autorregulación de Avaluadores en donde se inscribe, conserva y actualiza información de los avaluadores, de conformidad con lo establecido en la Ley 1673 de 2013. Por lo tanto, es el protocolo único de acceso abierto a cualquier interesado —a cargo de las Entidades Reconocidas de Autorregulación de avaluadores— en donde se registra, conserva y actualiza la información relativa a la inscripción de avaluadores, a las sanciones disciplinarias a las que haya lugar en desarrollo de la actividad de autorregulación y demás información que de acuerdo con las regulaciones deba o pueda ser registrada en él (Decreto 556 de 2014).
3.9. Función normativa: Consiste, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1673 de 2013, en la adopción y difusión de las normas de autorregulación por parte de las Entidades Reconocidas de Autorregulación para asegurar el correcto funcionamiento de la actividad del avaluador.
3.10. Función de supervisión: Consiste en la verificación del cumplimiento de las normas de la actividad del avaluador y de los reglamentos de autorregulación por parte de las Entidades Reconocidas de Autorregulación, sin perjuicio de las funciones establecidas por la Ley 1673 de 2013 en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3.11. Función disciplinaria: Consiste en la imposición de sanciones a los miembros de cada una de las Entidades Reconocidas de Autorregulación y a sus avaluadores inscritos por el incumplimiento de las normas de la actividad del avaluador y de los reglamentos de autorregulación (Ley 1673 de 2013).
3.12. Función de Registro Abierto de Avaluadores: Consiste en la actividad de inscribir, conservar y actualizar en el Registro Abierto de Avaluadores la información de las personas naturales avaluadoras por parte de las Entidades Reconocidas de Autorregulación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1673 de 2013.
3.13. Régimen de transición: Es el periodo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera Entidad Reconocida de Autorregulación ERA por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que las personas que se dedican a la actividad del avaluador podrán inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida por en el artículo 6 de la ley 1673 de 2013, acreditando: (i) certificado de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO 17024 y autorizado por una Entidad Reconocida de Autorregulación, y (ii) experiencia suficiente, comprobada y comprobable mediante, avalúos realizados y certificaciones laborales de por lo menos un (1) año anteriores a la presentación de los documentos. Nota: para el caso actual, el vencimiento de este periodo es el 11 de mayo de 2018. Igualmente vale la pena resaltar que durante el periodo de transición las personas que a la publicación de la Ley 1673 de 2.013 estuvieran inscritas en el RNA que llevaba la SIC, podrán ejercer su actividad hasta el día 11 de mayo de 2018.
4. Aclaración por incluir al MINCIT como accionado.
La Solicitud de Amparo está dirigida también contra el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO MINCIT porque la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC es un ente adscrito al MINCIT aunque tenga autonomía administrativa y presupuestal; en efecto, el Decreto 2153 de 1992 determina la dependencia jerárquica sobre la SIC. Por lo tanto, la responsabilidad del MINCIT es por su posición jerárquica en la que debió vigilar las conductas arbitrarias de los funcionarios de la SIC.
Nota de vigencia: Decreto 2153 de 1992 es derogado por el artículo 19 del Decreto 3523 de 2009, con excepción de los artículos 1 (Sobre la naturaleza y dependencia de la SIC al MINCIT), 4 (numeral 15 incisos 1 y 16), 11 (numerales 5 y 6), 24 y 44 a 54. El artículo 24 es derogado por el artículo 29 del Decreto 4886 de 2011.
II. HECHOS Y ANTECEDENTES
A continuación se presentan los hechos y antecedentes más relevantes y por los cuales se evidencia la clara vulneración de nuestros derechos fundamentales por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, los cuales son invocados en la presente Solicitud de Amparo:
1. El 26 de septiembre de 1996 se generó la Sentencia C-492/96. La demanda de inconstitucionalidad fue contra los artículos 79 (parcial) de la ley 223 de 1995 y 27 (parcial) del decreto 2150 de 1995. Gracias a esta sentencia se evitó el monopolio de las LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ vinculadas a FEDELONJAS y se garantizó el derecho de crear lonjas, asociaciones, gremios y colegios que agrupen a los avaluadores.
2. El 2 de septiembre de 1997 se crea el Registro Nacional de Avaluadores RNA por parte de FEDELONJAS con el objetivo de llevar el registro de los avaluadores afiliados a las LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ vinculadas a FEDELONJAS.
3. El 24 de julio de 1998 se expide el Decreto 1420 que hace referencia al tema de los avalúos administrativos, es el primer intento de formalizar la labor que realizan las Lonjas y sus respectivos miembros complementando el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995. Esta norma reconoció a las LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ como asociaciones que agrupan a profesionales en finca raíz, peritaje y avalúos de inmuebles. Además las LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ interesadas en que sus afiliados realicen los avalúos a los que se refiere dicho decreto deben elaborar un sistema de registro y de acreditación de los avaluadores. El registro que llevará cada lonja de sus avaluadores deberá tener un reglamento que incluirá, entre otros, los mecanismos de admisión de los avaluadores, los derechos y deberes de éstos, el sistema de reparto de las solicitudes de avalúo, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones de los avaluadores, las instancias de control y el régimen sancionatorio. La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con la ley.
4. La LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ, miembro actual de A.N.A., fue sancionada por la SIC debido a sus prácticas monopólicas; en efecto, el 20 de diciembre de 1999, la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ vinculada a FEDELONJAS es multada a través de la Resolución de la SIC número 27759 de 1999 (20 de diciembre) por conductas violatorias y restrictivas del mercado.
5. El 8 de marzo del 2000 se expide el Decreto 422 donde el Ministerio de Desarrollo Económico procuró establecer el marco para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desarrollara de manera detallada el tema de los avalúos y avaluadores dentro del ámbito de las aplicaciones de la Ley 556 de 1999 (Ley de Vivienda) y la Ley 550 de 1999 (Ley de Intervención económica). La SIC al reglamentar trató de establecer unos requisitos mínimos que permitieran garantizar la idoneidad de los avaluadores incluidos en las listas de las entidades autorizadas para llevar el “Registro Nacional de Avaluadores” y evitar la multiplicidad de listas manejadas por entidades diferentes y además evitar el monopolio de la actividad valuatoria; ya que el Registro Nacional de Avaluadores de FEDELONJAS (RNA) —como entidad privada— no tenía autorización para llevar una lista única de los avaluadores del país porque aún no se había determinado quien tenía esa función.
6. El 20 de septiembre de 2000, se dicta la Sentencia C-1265/00 integración y actualización de la lista de peritos avaluadores por la SIC. En esta sentencia se declaró EXEQUIBLE el artículo 50 de la Ley 546 de 1999, salvo las expresiones "en los términos que determine el Gobierno Nacional", que se declaran INEXEQUIBLES. La constitucionalidad de esta norma se declara únicamente bajo el entendido de que la Superintendencia de Industria y Comercio, al reglamentar lo concerniente a la integración y actualización de la lista de peritos avaluadores, sólo podrá referirse a la parte operativa y administrativa de la misma; no podrá añadir requisitos o exigencias adicionales a las de la ley para ser inscrito, e inscribirá a todo aquel que, cumpliendo los requisitos legales, así lo solicite. También se condiciona la exequibilidad de este precepto en el sentido de que el trámite para la inscripción de los peritos avaluadores en la lista deberá ser abierto y transparente, para garantizar el libre acceso de las personas al ejercicio de dicha ocupación. Bajo cualquiera otra interpretación, la norma demandada se declara INEXEQUIBLE. Finalmente el objetivo principal no se cumplió y la lista de avaluadores la terminó llevando la SIC y se llamó definitivamente “Registro Nacional de Avaluadores de la SIC”. Aunque en protección de la Constitución, esta sentencia limitó la regulación que se intentaba tener a través de la SIC sobre las personas que ejercen la actividad valuatoria y no ayudó a evitar que un peritaje deficiente pudiera afectar tanto el derecho a la vivienda como la inversión de los compradores y la garantía de las entidades financieras; lo que si permitió la sentencia fue que los avaluadores se inscribieran en una lista de avaluadores del Estado sin ningún costo, como una alternativa al Registro Nacional de Avaluadores RNA de FEDELONJAS, registro que es costoso, cerrado y elitista.
7. El 19 de julio de 2013 El Congreso de la República emitió la Ley 1673 “LEY DEL AVALUADOR”, la cual se enfoca en tratar de subsanar ese vacío normativo creado por la sentencia C-1265-2000 en lo referente al control que se debe tener con respecto a las personas que ejercen la actividad valuatoria. Esta norma se enfoca de manera general a todos los que ejercen la actividad valuatoria y propende por la transparencia y la equidad entre las personas en el desarrollo de la actividad de valuación. Adicionalmente tiene por objeto establecer las responsabilidades y obligaciones a cargo de los avaluadores en Colombia, así como prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia, falta de transparencia y el posible engaño entre compradores, vendedores o al Estado. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quienes actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos utilizados en Colombia, se regirán exclusivamente por esta ley y aquellas normas que la desarrollen o la complementen, para buscar la organización y unificación normativa de la actividad del avaluador, en busca de la seguridad jurídica y los mecanismos de protección de la valuación. Conforme lo establece el artículo 39 de la misma norma, su entrada en vigencia fue seis (6) meses después de su publicación, esto es el 19 de enero de 2014.
8. El 14 de marzo de 2014, se expide el Decreto reglamentario 556 de 2014 de la Ley 1673 de 2013 (Ley del avaluador), en el cual se enunciaron, entre otras, los requisitos para las entidades aspirantes a ser reconocidas como ERA, el Registro Abierto de Avaluadores, la Autorregulación y la Actividad Valuatoria.
9. El artículo 28 del Decreto 556 del 2014, dispone que las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA), que soliciten ser reconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el numeral 2 de este artículo, consagra que se debe demostrar que la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), cuente con un número mínimo de avaluadores que hayan manifestado por escrito su interés en inscribirse o en ser miembros de la Entidad, en por lo menos 10 departamentos del país, con un número igual o superior a un avaluador por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción del respectivo departamento o del distrito capital.
10. La CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A., se constituyó mediante Acta de Asamblea Constitutiva del 24 de abril de 2014 y registrada ante la Cámara de Comercio el 3 de junio de 2014 con matrícula S0046607. Entidad gremial privada creada por la Federación Colombiana de Propiedad Raíz (FEDELONJAS) y la Sociedad Colombiana de Avaluadores (S.C.d.A) gremios del sector inmobiliario y valuatorio colombiano y además por el Registro Nacional de Avaluadores de FEDELONJAS (RNA) entidad privada que inscribe, acredita y certifica avaluadores. Cabe anotar que el RNA de FEDELONJAS no es un gremio y no hace avalúos.
11. Los interesados en constituir a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. diseñaron una carta de intención antes de la socialización de los proyectos de resolución reglamentaria de la SIC que determinaba cual era el modelo de carta de intención para el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 556 de 2014 y antes de estar constituidos como ERA. Esta situación se deriva de actuaciones arbitrarias de la SIC en las cuales se les proporcionó a A.N.A. información privilegiada por encima de los demás aspirantes a ser reconocidos como ERA, lo cual vulnera el derecho a la igualdad.
12. El 24 de junio de 2015, la Corte Constitucional dicta Sentencia C-385/15 (Demanda a la Ley 1673 de 2013 - Ley del Avaluador). En esta sentencia se ponen límites al ejercicio de la ERA pues determina que una ERA no puede establecer procedimientos disciplinarios por lo cual no tiene la competencia de regular los procedimientos sancionatorios, dado que el legislador es quien tiene la potestad para esta regulación. La Corte en esta sentencia “ha fijado reglas y criterios para identificar cuando un tema cuenta con reserva de ley estatutaria. En el caso del derecho a ejercer profesiones u oficios se ha precisado que una norma debe ser tramitada por ese procedimiento cualificado cuando: i) regula ese derecho de forma sistemática e integral; ii) desarrolla su núcleo esencial; o iii) establece una restricción o prohibición desproporcionada e irrazonable al ejercicio de una profesión u oficio”.
13. La Superintendencia de Industria y Comercio en cumplimiento de sus funciones expidió la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015, en la cual se establecen los requisitos, condiciones y exigencias tanto técnicas como operativas y de sistema para poder tramitar el proceso de reconocimiento establecido en la ley 1673/13 y el decreto 556/14. En los considerandos refirió que el proyecto de dicha resolución fue publicada en la página web de la entidad en las siguientes fechas: 1) del 11 al 29 de Agosto de 2014, 2) del 7 al 23 de octubre de 2014 y 3) del 3 al 9 de febrero de 2015.
14. Más de 500 cartas de Intención de A.N.A. fueron recogidas sin que ni siquiera existiera un proyecto de Resolución de la SIC. Estas cartas fueron mal diligenciadas y son actualmente inválidas porque tienen fechas desde el 2013 hasta junio 3 del 2014. Las cartas de intención presentadas están dirigidas a una entidad que a esa fecha no existía legalmente y que no corresponden al nombre de la entidad CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. tal como quedó legalmente constituida. La aceptación de dichas cartas por parte de la SIC se constituye en un hecho de privilegio y violatorio del derecho de igualdad frente a los demás aspirantes a ser reconocidos como Entidades Reconocidas de Autorregulación ERA.
15. El 13 de noviembre de 2015, con radicado SIC 15-271928, la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES - A.N.A, identificada con NIT 900.796.614-2, solicitó el reconocimiento como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y manifestó su intención de llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) y de participar en su creación e implementación.
16. Para acreditar el requisito establecido en el numeral 2 del Artículo 28 del Decreto 556 del 2014, junto con el escrito de fecha 13 de noviembre de 2015, la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A, entregó a la Superintendencia de Industria y Comercio, más de 500 “cartas inválidas” con fecha de expedición que datan de los años 2013 y 2014, con el formato establecido en la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 expedida por la SIC.
17. Mediante Acta No. 6, de Reunión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional de la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – A.N.A, celebrada el 29 de enero de 2016, radicada con el escrito de subsanación de fecha 18 de febrero de 2016, se observa que dicha reunión se efectúa previa convocatoria del Representante Legal de la entidad, mediante comunicación escrita de fecha 5 de enero de 2016, cuya finalidad es poner a consideración de los Consejeros la reforma integral del Reglamento interno de A.N.A, dado que el mismo fue objeto de ajustes con el fin de adecuarlo a las observaciones realizadas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en el requerimiento del 20 de enero de 2016, dentro del proceso de solicitud de reconocimiento como Entidad reconocida de Autorregulación ERA, evidenciándose así que contaban con información privilegiada.
18. El 16 de septiembre de 2015, se expide la Resolución 64191 de 2015 SIC en la cual se imparten instrucciones relativas a la actividad del avaluador y a la creación y reconocimiento de las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) y de su respectiva autorización de operación.
19. El 17 de noviembre 2015 ANAV solicita por primera vez su reconocimiento como ERA ante la SIC y manifiesta su intención de llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) y de participar en su creación e implementación.
20. El 27 de noviembre de 2015, la SIC expide comunicado en la WEB informando que se presentaron 7 solicitudes de entidades con intención de ser reconocidas como ERA, las cuales a su vez manifiestan su intención de llevar el RAA, participando en su creación e implementación.
21. Mediante Resolución número 20910 de 2016 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, se concede a A.N.A. la solicitud de reconocimiento como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) para llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) e implementarlo. No obstante de las irregularidades en el procedimiento administrativo, en el que se aprueban las cartas antes de la existencia de A.N.A., esta entidad gremial es declarada por la SIC como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y aprobada para llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
22. El artículo 29 del Decreto 556 de 2014, dispone las condiciones para que una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), una vez reconocida, pueda entrar en operación toda vez que no basta con el reconocimiento sino que adicionalmente debe tener una autorización para operar. Sin embargo, A.N.A. es autorizada por la SIC sin el lleno de los requisitos legales para su operación contenidos (i) en la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 de la SIC, en especial lo contemplado en los anexos Nos. 5 y 6 de tal manera que en enero, febrero y marzo y meses subsiguientes de 2016 la SIC continua haciéndole requerimientos de cumplimientos, que debieron ser previamente cumplidos en su autorización (Acuerdo de niveles de servicio y sistema RAA) de dicha Resolución y (ii) en la definición legal del RAA establecida en el artículo 3 del Decreto 556 de 2014. En efecto para la implementación del RAA debería permitir su consulta a cualquier interesado (consultar nombre, especialidades, dirección, etc). Además, el RAA es un protocolo único para llevar el registro de los avaluadores, por lo cual el RNA de FEDELONJAS (miembro fundador de A.N.A.) está llevando un registro paralelo de avaluadores, el cual de acuerdo con la normatividad vigente no puede existir porque confunde al mercado y a los terceros interesados en consultar el RAA.
23. Mediante Resolución 20915 de 25 de abril de 2016 se niega la primera solicitud de ANAV para ser ERA y para llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en afectación de los derechos fundamentales y en desconocimiento al ejercicio propio de la autorregulación. Dándose en esta situación un tratamiento discriminatorio y excluyente de los requerimientos de ANA frente a ANAV.
24. El 12 de agosto de 2016 los representantes legales de las personas jurídicas, miembros fundadores de ANAV y un gran grupo de sus Avaluadores solicitaron respetuosamente a la SIC la Revocatoria Directa de la Resolución 20910 del 25 de abril de 2016 en la que se concede el reconocimiento a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. Esta solicitud fue fundamentada en la vulneración del orden constitucional y legal y del derecho a la Igualdad.
25. El 12 de diciembre de 2016 la SIC expide la Resolución 85103 por la cual resuelve la solicitud de Revocatoria Directa (RAD 15-271928) sin tener en cuenta que los hechos presentados vulneraban la Constitución, el ordenamiento legal, el interés público y los derechos fundamentales entre estos el de la igualdad.
26. El 14 de diciembre de 2016, ANAV radica ante la SIC su segunda solicitud de reconocimiento como ERA.
27. El 30 de diciembre de 2016 el apoderado de A.N.A. informa a la SIC que ha instaurado denuncia ante la FISCALÍA por la presunta comisión de delitos de fraude procesal y violación de los derechos patrimoniales de autor. Acto que la SIC da como un hecho de irregularidad en la pretensión de ANAV para ser reconocida como ERA por supuestamente violar los derechos de A.N.A.
28. El 16 de enero de 2017 la SIC expide una respuesta a un Derecho de Petición de ANAV sobre el Régimen de Transición donde aclarara que no es obligatorio estar inscrito en el RAA sino a partir del 11 de mayo de 2018, fecha en la cual termina el Régimen de Transición; lo anterior, debido a las pretensiones de A.N.A. para monopolizar el mercado, obligando a todos los Avaluadores a inscribirse en el RAA a través de la única ERA e induciendo al mercado a exigir este requisito para el ejercicio de la Actividad Valuatoria.
29. El 26 de enero de 2017 la SIC expide respuesta a la solicitud de reconocimiento como ERA por parte de ANAV con radicado 16-452511-2-0 en la cual informa que el reglamento de ANAV corresponde en fondo y forma al de A.N.A.
30. El 08 de febrero de 2017, ANAV da respuesta al requerimiento con radicación 16-452511-2-0 en la cual anexa modificaciones de forma a su reglamento y sustenta el por qué no es una copia del reglamento de A.N.A.
31. El 22 de febrero de 2017 la SIC da respuesta al radicado de la PROCURADURÍA en contra de A.N.A. y en el cual niega que se está conformando un Monopolio (Radicado 17-30069); sin embargo, la SIC dejó constancia que se radicaron 44 solicitudes con la misma intención de que se realizara la Revocatoria Directa de la Resolución 20910 del 25 de abril de 2016 en la que se concede el reconocimiento a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A.
32. El 08 de marzo de 2017 la SIC expide Resolución 10331 en la cual se niega por segunda vez la solicitud de ANAV para ser reconocida como ERA debido a que insiste en que el reglamento de ésta es una copia del reglamento de A.N.A.
33. El 08 de mayo de 2017, un miembro del Consejo de ANAV radica ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor un Derecho de Petición con el fin de saber si la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DE AVALUADORES A.N.A. tiene registrada en esa Dirección los derechos patrimoniales de autor de su reglamento, denominado por A.N.A. como una obra literaria de carácter jurídico.
34. El 17 de mayo de 2017, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) da respuesta al Derecho de Petición anterior sobre el tema de Derechos de Autor e informa que ANA no tiene registrado su reglamento informando adicionalmente que solo son sujeto de registro obras totalmente originarias y no protege ideas y que estatutos y reglamentos no son objeto de registro. Esto evidencia la mala fe de la SIC y de sus funcionarios que no pueden desconocer las normas que rigen los derechos de autor.
35. El 11 de julio de 2017 ANAV radica ante la DNDA una solicitud de registro de su reglamento interno presentado el 14 de diciembre de 2016, ante la SIC para la segunda solicitud de reconocimiento como ERA, y en la cual adujo A.N.A. que era una copia de su reglamento y la SIC dio por aceptado el argumento de ANA para negar a ANAV la solicitud de reconocimiento.
36. El 1 de agosto de 2017 la DNDA responde, NEGANDO, la solicitud de registro radicado por ANAV con el No. 2-2017-57362 de la “obra literaria” REGLAMENTO INTERNO argumentado que: “Teniendo en cuenta los criterios de originalidad y la no Protección de ideas, no es procedente el registro del documento “reglamento interno”, ya que este no satisface los criterios de originalidad, toda vez que sus textos, siguen los parámetros usuales respecto a los requisitos para la realización de un reglamento interno con el fin de regular determinadas situaciones respecto de la sociedad en cuestión, y en consecuencia no se halla aportación original de un autor en dicho reglamento. Recalcando además que, de permitirse exclusividad en un reglamento interno, se estaría obstaculizando el desenvolvimiento normal para la creación de este tipo de documento” [El resaltado puesto en el texto]
37. El 06 de agosto de 2017, se radica nuevamente ante la SIC la tercera solicitud de reconocimiento de ANAV como ERA.
38. El 22 de agosto de 2017, la SIC solicita unos requerimientos a ANAV. Entre ellos la necesidad de cambiar las cartas de intención por ser documentos del año 2015 y por tener un nombre modificado parcialmente, entre otras cosas, por exigencia de la SIC en la primera presentación, argumentando que ANAV no demostró que las personas que suscribieron las cartas seguían interesadas en continuar con la entidad. Además este hecho es violatorio del derecho a la igualdad, pues como ya se mencionó, la SIC aceptó cartas de intención de la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. que no corresponden al nombre de la entidad tal como quedó legalmente constituida, a saber sin la palabra “Corporación”, mientras que a ANAV le exige cartas de intención con su nombre textual. Por otro lado, la SIC continúa insistiendo en que el reglamento de ANAV es “supuestamente” una copia del reglamento de A.N.A.
39. El 05 de septiembre de 2017, ANAV da respuesta a los requerimientos solicitados por la SIC, soportado en el concepto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre la materia de derechos de propiedad de reglamentos, en el cual se afirma que según los criterios de “originalidad” y de “NO Protección de ideas”, no es procedente el registro de propiedad intelectual de “reglamentos internos”.
40. El 02 de octubre de 2017, la SIC expide Resolución 62261 en la cual se niega por tercera vez la solicitud de ANAV para ser reconocida como ERA, debido a supuestas inconsistencias de forma. Aquí, a pesar de que ANAV cumple con todos los requisitos exigidos por las normas vigentes, la SIC mantiene su postura de negar la solicitud y exige —ahora— el cambio de todas las cartas debido a la modificación de la razón social de ANAV al exigir la SIC eliminar “y del sector inmobiliario”, desde la primera presentación para ser ERA, no obstante que ella misma acepta que legalmente ANAV no ha sufrido ningún cambio en su constitución legal y sin que en la segunda presentación nos hubiese hecho el mismo requerimiento.
La presente Acción de Tutela solicita la protección de los Derechos Fundamentales amenazados y vulnerados por la actuación inconstitucional de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) y del MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT); por ende, se evidenciará en estas consideraciones jurídicas el carácter urgente de (i) conceder a ANAV la solicitud de reconocimiento como ERA, (ii) compulsar copias para los correspondientes procesos disciplinarios ante la Procuraduría General de Nación y (iii) que se deje sin efectos jurídicos la Resolución número 20910 de 2016 expedida por la SIC, pues la misma presenta una falsa motivación, teniendo en cuenta que la situación fáctica y los elementos jurídicos están en manifiesta oposición a la Constitución y la Ley y están vulnerando el derecho a la igualdad al reconocer a A.N.A. a pesar de los errores en su documentación (los mismos que supuestamente tiene ANAV y que lo dejan sin reconocimiento). En efecto, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC en violación directa del principio de legalidad (i) ha amenazado y vulnerado nuestros derechos constitucionales invocados en la presente Solicitud de Amparo y (ii) ha atentado contra el interés público y el bien común de todos los colombianos por la trascendencia que tiene el Sector Valuatorio en los asuntos económicos del país. Lo anterior es preocupante debido a que también se amenazan y vulneran los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y libre competencia establecidos en la Constitución y la Ley; por lo tanto, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
1. Procedencia de la presente Solicitud de Amparo y su carácter preventivo.
La presente Solicitud de Amparo Constitucional de nuestros derechos fundamentales es el único mecanismo de garantía efectiva del cual disponemos, debido a que la protección aquí referida tiene un carácter eminentemente preventivo de varios derechos amenazados por las conductas desplegadas por los funcionarios de las entidades accionadas. En efecto, los artículos 1 y 5 del Decreto 2591 de 1991 determinan que la Acción de Tutela es procedente para reclamar la protección inmediata de nuestros derechos constitucionales fundamentales, incluso cuando éstos resulten amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de particulares. En concordancia con lo expuesto se solicita respetuosamente tutelar de manera preventiva y definitiva nuestros derechos fundamentales invocados y los que el Honorable Tribunal considere deban protegerse.
2. Irregularidades en relación con las cartas de intención (interés) de A.N.A. y con los requerimientos solicitados por la SIC.
a) Irregularidades en las “cartas de intención (interés)” de A.N.A.
Conforme a los hechos de esta solicitud de Amparo Constitucional, es claro que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, antes de la Expedición de la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015, publicó el proyecto de dicha Resolución en la página web de la entidad en las siguientes fechas: 1) del 11 al 29 de agosto de 2014, 2) del 7 al 23 de Octubre de 2014 y 3) del 3 al 9 de febrero de 2015, y es a partir del 11 de Agosto de 2014 que el público en general conocería el contenido de la Resolución y los formatos que deberían presentarse para la solicitud de reconocimiento de la Entidad Reconocida de autorregulación (ERA). Antes de esta fecha, la información mencionada sólo podía ser conocida por los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO designados para la formulación de dicha Resolución, so pena de violar los principios que rigen constitucional y administrativamente las decisiones administrativas.
A través de comunicación escrita del 13 de Noviembre de 2015, la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A, identificada con NIT 900.796.614-2, solicitó el reconocimiento como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) y manifestó su intención de llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) y de participar en su creación e implementación. Con el escrito entregó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, varias “Cartas de Interés (intención)” de valuadores con fecha de expedición que datan de los años 2013 y 2014, con el formato establecido en la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de acreditar el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 28 del decreto 556 del 2014.
Como se puede apreciar en el acervo probatorio, más de 500 Cartas de Intención de A.N.A. tienen una fecha anterior al 3 de junio de 2014, en la cual se registró ante Cámara y Comercio, con lo que, se manifestó la intención de inscribirse o ser miembros de una entidad que no existía legalmente. ¿Cómo pues puede una persona tener la intención de pertenecer a una entidad que no existe? Además dichas cartas se encuentran dirigidas a una entidad cuyo nombre no corresponde al registrado por A.N.A., sin embargo, estas fueron aceptadas por la SIC sin objeción alguna; a diferencia de lo sucedido en la tercera solicitud de reconocimiento de ANAV, en la cual la SIC exige el cambio de todas las cartas, pidiendo que éstas estén dirigidas a la entidad con el nombre textual registrado por ANAV (violación del derecho a la igualdad). Otra inconsistencia está en que estas “cartas de intención” se constituyeron en el modelo de Carta para todo el Sector Valuatorio; en efecto, el primer proyecto de Resolución que tenía modelo de “carta de intención” se publicó en agosto 11 de 2014. De lo anterior se derivan dos consecuencias jurídicas evidentes: primero, las “cartas de intención de A.N.A.” con fecha anterior no serían válidas; y segundo, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC no debió proponer este modelo a los demás porque estaría favoreciendo las “cartas de intención” ya recogidas por A.N.A. Por lo tanto, estas “cartas de Intención de AN.A.” recogidas sin que existiera un proyecto de Resolución de la SIC son inválidas.
Otra inconsistencia es que el señor RAMÓN MADRIÑAN quien asesoró a FEDELONJAS en la elaboración de la ley 1673 de 2013, contesta a la SIC el día 28 de julio de 2014 sin tener un interés legítimo sobre el tema de las cartas y sin ser el abogado de A.N.A. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC informa que es A.N.A. la que participa en el proceso, pero el señor MADRIÑAN no era abogado de A.N.A. en ese momento. Es importante aclarar que el señor MADRIÑAN se constituye en abogado de A.N.A. a partir de 21 diciembre 2015.
Dentro de un marco de respeto por las formas y procedimientos constitucionales y legales, es urgente que se tutelen nuestros derechos fundamentales invocados en la presente Solicitud de Amparo, pues la misma Constitución en su artículo 95 impone a todos los ciudadanos (i) la responsabilidad de cumplir con la Constitución y las leyes vigentes y (ii) la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Las actuaciones de la SIC y de la A.N.A. están por fuera del marco constitucional y legal, pues se convierten en verdaderas transgresiones a los derechos fundamentales de los miembros de ANAV y del Sector Valuatorio en general. Aquí, una medida efectiva que permitiría la protección constitucional de nuestros derechos sería dejar sin efectos jurídicos la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, por la cual se concede a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A., identificada con NIT 900.796.614-2 el reconocimiento como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA).
No es para menos lo anterior, pues la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. diseñó y utilizó para ser diligenciada una “carta de intención” (i) antes de la socialización de los proyectos de Resolución de la SIC que contenían el modelo de carta para el cumplimiento de los requisitos legales y (ii) antes de existir como una entidad con personería jurídica. Aquí se puede evidenciar que los miembros de A.N.A. tuvieron un manejo de información privilegiada tal como responde explícitamente la SIC en su respuesta a la solicitud de revocatoria Directa de la Resolución 20910 del 25 de abril de 2016 en la que se concede el reconocimiento a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. Este privilegio no es más que un abuso del derecho que ha producido la amenaza y vulneración sistemática de los derechos fundamentales de nosotros como miembros de ANAV y del Sector Valuatorio. Cuando se ajustan los requerimientos antes que la SIC los pidiera en Resolución, se está evidenciando esta información privilegiada. No es dable —entonces— afirmar como lo dijo la SIC en su respuesta a la solicitud de Revocatoria Directa, que la información fue dada en una reunión informativa que se había hecho, pues la copia de la citación de A.N.A. para contemplar el tema es anterior a cualquier socialización.
Observando las pruebas aportadas, los tres proyectos de Resolución tenían el modelo de carta intención de A.N.A., modelo que es anterior a la socialización del proyecto de Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 la SIC. Así, el primer proyecto es con fecha 11 de agosto de 2014 (cómo aparece en las pruebas de su publicación en la web de la SIC); por lo tanto, las cartas de A.N.A. con fecha anterior al 11 de agosto de 2014 las debería anular la SIC y —de darse el caso si no alcanza el número requerido en los 10 departamentos— anular el reconocimiento y la autorización de A.N.A. para funcionar como ERA. Hasta aquí es importante observar que el artículo 28 del Decreto 556 del 2014, dispone que las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA), que soliciten ser reconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán cumplir con unos requisitos, entre ellos el numeral 2, el cual establece que se debe demostrar que la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), cuente con un número mínimo de avaluadores que hayan manifestado por escrito su interés en inscribirse o en ser miembros de la Entidad, en por lo menos 10 departamentos del país, con un número igual o superior a un avaluador por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción del respectivo departamento o del distrito capital.
Es importante analizar que las Cartas de Interés para inscribirse como avaluador ante A.N.A, tienen fecha de expedición anterior a la fecha en la que el público en general conociera los formatos que estaban siendo elaborados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; por ejemplo, fechas de las “cartas de A.N.A.” de los años 2013 y 2014, cuando el proyecto de Resolución se dio a conocer a partir del 16 de septiembre de 2015, es decir, con más de veinte (20) meses de anterioridad, lo que es alarmante pues se están vulnerando los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y libre competencia establecidos en la Constitución, en la Ley y en los principios que rigen la administración pública (Ley 1437 de 2011 CPACA) de imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
Así las cosas, la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – A.N.A, tuvo un trato preferente al de los demás solicitantes como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), al dársele a conocer los formatos con antelación a la publicación de los formatos para la solicitud de reconocimiento de la ERA, y empezar la recolección de las “cartas de intención” con anticipación a los dos meses con que contaron las demás entidades, basados en lo establecido en la Resolución 64191 en el último párrafo de la página 3 que es cuando oficialmente se da las indicaciones para que las Entidades Reconocidas de Autorregulación inicien su proceso de reconocimiento ante la SIC, pues es esta Resolución la que indica las líneas y pautas para poder presentarse ante la SIC lo que se explica en la diferencia en el número de cartas recolectadas; de esta manera, se desconocieron nuestros derechos constitucionales, y se dejaron de aplicar los principios que deben regir en las actuaciones administrativas. Lo anteriormente citado afecta de fondo el procedimiento efectuado en el reconocimiento como Entidad Reconocida de autorregulación (ERA), a la A.N.A, por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, pues se debió verificar que no existieran inconsistencias al momento de evaluar los documentos que A.N.A. aportó en su solicitud. Es por esto que se hace urgente la garantía efectiva de nuestros derechos fundamentales y de nuestra participación democrática, mediante la suspensión de los términos del Régimen de Transición del artículo 6 de la Ley 1673, con el propósito de empezar un nuevo proceso transparente e incluyente de todos los interesados del Sector Valuatorio, más teniendo en cuenta que dicha fecha está a portas de vencerse y cualquier otra ERA —en proceso de reconocimiento— no contaría con una igualdad de oportunidades para su presentación y aprobación.
b) Irregularidades en los requerimientos solicitados por la SIC.
Así pues, las inconsistencias también se evidencian porque A.N.A. conocía los requerimientos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO antes de ser expedidos. Conforme a los hechos y acervo probatorio de esta Solicitud de Amparo, mediante acta No. 6, de Reunión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional de la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A, celebrada el 29 de Enero de 2016, se observa que dicha reunión se efectúa previa convocatoria del Representante Legal de la entidad, mediante comunicación escrita de fecha 5 de Enero de 2016,cuya finalidad es poner a consideración de los consejeros la reforma integral del Reglamento Interno de A.N.A, dado que el mismo fue objeto de ajustes con el fin de adecuarlo a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso de solicitud de reconocimiento como Entidad Reconocida de autorregulación ERA.
No obstante, el comunicado mediante el cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO los requiere para que corrijan, aclaren o modifiquen los documentos allegados, tiene fecha del 20 de enero de 2016, lo que significa que la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A, conocía el requerimiento de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO antes de ser expedido, por lo que existe una absoluta inconsistencia, que no puede ser evaluada por la entidad de forma superflua. Lo anterior afecta los documentos allegados el 18 de febrero de 2016, siendo un vicio de fondo que perjudica la Resolución 20910 de 2016, en cuanto al ajuste y subsane del Reglamento Interno presentado por parte de la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A, pues si bien fue entregado ajustado su Reglamento Interno, no se entiende como es posible que la convocatoria para la reunión del Consejo Directivo, para realizar los ajustes requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se efectúe el 5 de enero de 2016, cuando el requerimiento de la Superintendencia fue realizado quince (15) días después de la convocatoria de la reunión, esto es el 20 de enero de 2016.
Así las cosas, resulta ilógico que la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A., hubiese sabido la existencia de un requerimiento antes del 20 de Enero de 2016, por lo cual debe evaluarse la veracidad y validez del documento allegado, y no sólo deben revisarse las fechas, sino los procedimientos establecidos en los Estatutos Gremiales de la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A. Por lo tanto, para el caso que se examina deben reunirse en debida forma los procedimientos de convocatoria de cada órgano de gobierno del mismo, a fin de verificar si se cumplen los términos pactados, para que las actas en las que se toman decisiones de tal envergadura gocen de plena validez.
Se puede observar entonces que el ajuste del Reglamento Interno depende de que se hayan cumplido los requisitos que exigen los estatutos gremiales de la A.N.A, para su validez, y además que concuerde con la realidad fáctica y jurídica del momento, pues es imposible saber los ajustes a requerir por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, quince (15) días después de la Convocatoria para la reunión del consejo directivo llevada cabo por la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – A.N.A.
Es importante tener presente que según el Código de Comercio, todos los documentos emitidos en virtud del desarrollo de un objeto social, incluidas las actas y la convocatoria de las mismas, son documentos públicos que dan fe de un hecho que sucedió realmente en el tiempo, por lo cual es totalmente inconsistente y afecta de fondo el reconocimiento de A.N.A. como ERA, pues los documentos con los cuales subsanó, y por los cuales la entidad otorga el reconocimiento presentan una nulidad absoluta, afectando la legalidad de los actos, vulnerando los derechos fundamentales del Sector Valuatorio y menoscabando el interés público.
Otra inconsistencia se puede evidenciar cuando se analiza que el artículo 29 del Decreto 556 de 2014, dispone las condiciones para que una ERA, una vez reconocida, pueda entrar en operación toda vez que no basta con el reconocimiento sino que adicionalmente debe tener una autorización para operar. Sin embargo, A.N.A. es autorizada por la SIC sin el lleno de los requisitos legales para su operación contenidos en (i) la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 de la SIC y (ii) la definición legal del RAA establecido en el artículo 3 del Decreto 556 de 2014. Especialmente, la SIC da autorización a A.N.A. sin que esta cumpla con los requisitos del numeral 3.5 de la Resolución 64191 relacionado con el Certificado del RAA como es (a) el número y fecha de Resolución de reconocimiento, (b) certificado de calidad de las personas y (c) los requisitos establecidos en los anexos 5 y 6, los cuales a febrero de 2017 la SIC estaba solicitando a A.N.A. según comunicación del 30 de enero de 2017 y conforme a los numerales del 2 al 7 de la misma. Vale la pena aclarar que para la implementación del RAA, A.N.A. debería permitir su consulta a cualquier interesado (por ejemplo: consultar nombre, especialidades o dirección de los Avaluadores), situación que no está sucediendo actualmente. Además, el RAA es un protocolo único para llevar el registro de los avaluadores, por lo cual el RNA (registro de FEDELONJAS, miembro fundador de A.N.A.) lleva un registro de avaluadores que —de acuerdo con la normatividad vigente— no es posible su existencia porque confunde al mercado y a los terceros interesados en consultar el RAA. Es por esto que es necesario dejar sin efectos jurídicos la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SIC, pues el reconocimiento de A.N.A. como ERA tiene inconsistencias jurídicas de fondo.
Como se puede apreciar, la ERA no debe intervenir en el mercado sino ser intermediario entre los usuarios y el RAA según el artículo 15 del Decreto 556 de 2014. Para el caso en concreto, A.N.A. como ERA no debe ser el generador del empleo para los avaluadores y su función de llevar el RAA debe ser siguiendo taxativamente la normatividad como un protocolo para ser consultado por el mercado de manera abierta; es decir, el RAA no puede estar cerrado a un circulo exclusivo de usuarios de FEDELONJAS. Vale la pena aclara que el RAA es el único protocolo abierto al mercado por lo cual, A.N.A. como ERA no debe dar o recomendar listas de avaluadores.
Ante la situación de ilegalidad, el 12 de agosto de 2016 los miembros de ANAV solicitaron a la SIC la Revocatoria Directa de su Resolución 20910 del 25 de abril de 2016 en la que se concede el reconocimiento a A.N.A. como ERA, fundamentada la solicitud en la vulneración del orden constitucional y legal y el derecho a la Igualdad; sin embargo, infortunadamente el 12 de diciembre de 2016 la SIC niega la solicitud de Revocatoria Directa a través de Resolución 85103, sin tener en cuenta que los hechos de la solicitud vulneraban la constitución, el ordenamiento legal, el interés público y los derechos fundamentales. Es por esto que —también— a través del presente Amparo Constitucional solicitamos respetuosamente que se tutelen nuestros derechos fundamentales invocados, dejando sin efectos jurídicos la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SIC y suspendiendo los términos del Régimen de Transición del artículo 6 de la Ley 1673.
3. El Trabajo y la Libre Asociación como derechos de los Avaluadores.
El 19 de julio de 2013 es sancionada la Ley 1673 y el 14 de marzo de 2014 es expedido el Decreto reglamentario 556 de 2014 de la Ley del avaluador; pero sólo es hasta el 16 de septiembre de 2015 que se expide la Resolución 64191 de 2015 SIC por la cual se imparten instrucciones relativas a la actividad del avaluador y creación de las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA). Es aquí cuando la SIC —después de una solicitud de A.N.A. con inconsistencias ya evidenciadas— toma la decisión de conceder el reconocimiento a A.N.A como ERA; sin embargo, después de este reconocimiento se ha generado una serie de situaciones por parte de la SIC que han afectado gravemente el Derecho al trabajo y la Libre Asociación que tienen los actores del Sector Valuatorio.
Una de las grandes conquistas de nuestra Constitución Política ha sido Estado Social de Derecho, lo cual implica un respeto irrestricto por la Ley y por los derechos fundamentales. Sin embargo, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC, no se ha limitado al cumplimiento de sus deberes legales sino que arbitrariamente a puesto tropiezo en la consecución de los objetivos gremiales de ANAV como actores del Sector Valuatorio. La obligación estatal de la SIC conlleva el reconocimiento y la garantía de nuestros derechos inherentes fundados en el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
Nosotros los miembros de ANAV —accionantes del presente Amparo Constitucional— con el objetivo de constituirnos como una ERA nos hemos presentado en varias ocasiones con una negativa infundada por parte de la SIC como se mostrará en el presente acápite de la Solicitud de Amparo. Lo primero de advertir es que el trabajo se ha reconocido como un derecho constitucional contemplado en el artículo 25 de la Constitución el cual goza de una especial protección por parte del Estado y las autoridades deben garantizarlo con el fin de que se desarrolle en condiciones dignas y justas. Al existir una sola ERA autorizada, esta puede imponer limitaciones o exigir requisitos que difícilmente puedan ser cumplidos por los avaluadores aspirantes a ser inscritos en el RAA, coartando así el derecho al trabajo. Es así como la sentencia C-593 de 2014, afirmó que el derecho al trabajo es un “principio fundamental del Estado Social de Derecho”, por lo cual es necesaria su protección directa al constituirse como un factor fundamental de la organización social y un principio ético constitucional:
“Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las primeras decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado que “Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. Lo anterior implica entonces que dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta. El artículo 25 de la Constitución Política dispone que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” También varias de sus disposiciones de la Constitución reflejan una protección reforzada al trabajo. Así el artículo 26 regula, entre otros temas, la libertad de escogencia de la profesión u oficio productivo; (…).” (Corte Constitucional, sentencia: C-593/14). [Resaltado puesto en el texto].
Sin duda, tal cual como lo determina nuestra Constitución Política, el trabajo “es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”; aquí es importante el reconocimiento que hace el artículo 26 de nuestra Constitución al determinar que “toda persona es libre de escoger profesión u oficio.” De este modo, la libertad de oficio y de desarrollar una actividad nos lleva el artículo 38 superior, el cual afirma como una garantía constitucional el derecho de “libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” La misma Corte Constitucional en una sentencia reciente ha afirmado que:
“Así pues, el derecho fundamental de asociación tiene dos dimensiones, que gozan de reconocimiento y protección constitucional. Por un lado, una dimensión positiva que se manifiesta en la posibilidad libre de formar parte de una organización asociativa; y, por otro lado, una dimensión negativa, que garantiza la potestad de abstenerse a formar parte o a vincularse a una organización asociativa. En este sentido, la libertad de asociación supone un ejercicio libre de parte del ciudadano, que puede decidir con base en su autonomía y proyecto de vida si desea o no ejercer el derecho de asociación.” (Corte Constitucional, sentencia: C-077/17). [Resaltado puesto en el texto].
Para el caso en concreto, el 17 de noviembre 2015, nosotros los miembros de ANAV solicitamos por primera vez ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC que se reconociera a nuestro ente gremial como ERA y que se nos autorizaran para llevar el RAA. Es de resaltar que para el momento —y según comunicado del 27 de noviembre de 2015 de la SIC en la WEB— se presentaron 7 solicitudes para convertirse en ERA con manejo RAA. Extrañamente sólo la solicitud de A.N.A. fue respondida de manera positiva con el reconocimiento de ser ERA y con la posterior autorización para llevar el RAA. Sin duda la Ley exige unos requisitos formales que deben ser exigidos para garantizar la participación democrática y los derechos de los actores del Sector Valuatorio, pero estos no deben ser interpretados para legitimar extralimitaciones y omisiones que la SIC ha incurrido como se mostrará.
El día 20 de enero de 2016, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expide una Solicitud que interfiere gravemente la garantía efectiva de nuestros derechos fundamentales; en efecto, la SIC solicita lo siguiente:
a. Una información del certificado de existencia y representación legal de ANAV con el fin de aclarar el objeto, facultades para actuar y estatutos.
b. Una información sobre el comité disciplinario de la ERA.
c. Un listado de avaluadores que han manifestado su intención de pertenecer a ANAV como ERA.
d. Aclaración sobre el Reglamento Interno.
e. Definición de reglas para la adopción y difusión de normas de auto-regulación.
En contestación del 16 de febrero de 2016 se responde —con el ánimo de avanzar en la consecución de nuestros objetivos gremiales— a todos los requerimiento que la SIC formuló; pero, infortunadamente, mediante Resolución 20915 de 25 de abril de 2016 se niega la primera solicitud de ANAV para ser ERA y para llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en afectación de muestros derechos fundamentales y en desconocimiento al ejercicio propio de la autorregulación. En efecto, nuestros derechos al Trabajo y a la Libre Asociación se vieron gravemente afectados por las actuaciones irregulares de la SIC, que infundadamente negaron la solicitud de ANAV.
Por ejemplo, en una clara intromisión ilegal en el derecho de asociación, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC exigió a ANAV el cambio de su nombre registrado en Cámara y Comercio. Nuestro ente gremial está constituido con base en las garantías constitucionales de libertad de asociación y libertad económica, y no es posible —entonces— comprender por qué la SIC interfiere en esta libertad exigiendo requisitos —que no están contemplados por la misma Constitución ni la Ley— sobre cambios de nombre a nuestro ente gremial. Por facultades legales nuestro ente gremial ANAV está conformado por el ejercicio efectivo de nuestro derecho de asociación y tiene una dedicación a la auto-regulación del Sector Valuatorio; no se entiende entonces por qué la SIC —además— nos exigió que nuestro ente gremial tuviera una dedicación exclusiva a la auto-regulación. Según la Constitución y la Ley, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC sólo debe verificar los requisitos formales exigidos por la normatividad vigente, respetando el principio de autorregulación derivado del artículo 6 de nuestra Constitución; pues a los particulares sólo le es exigible el cumplimiento de la Constitución y la Ley en términos de libertad, y no se les debe exigir su cumplimiento por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, nosotros como particulares y miembros de un ente gremial del Sector Valuatorio sólo somos responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC no puede exigirnos el cumplimiento de los requisitos formales de la Ley como si fuéramos servidores públicos. No se puede obviar que el artículo 14 superior reconoce que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”; ni más faltaba que la SIC ahora esté facultada por encima de la Constitución, para determinar cómo deben constituirse los entes gremiales. Así pues, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC sólo debe verificar que el ente gremial —en este caso ANAV— cumpla con lo mínimo exigido por las normas del Sector Valuatorio, así este ente gremial se exceda en otras funciones y en otras actividades no contempladas normativamente. En todo caso, estas exigencias de la SIC nunca se le formularon a A.N.A. en su propósito de ser ERA a pesar de las irregularidades evidenciadas en los puntos anteriores de esta Solicitud de Amparo. Máxime considerando que la ley 1673 de 2013 estableció en su artículo 26 que “sean entidades gremiales sin ánimo de lucro (…) [y que] podrán existir Entidades Reconocidas de Autorregulación que tengan como único objeto las actividades de autorregulación establecidas y permitidas por esta Ley para este tipo de entidades” [el subrayado puesto en el texto].
A pesar de todo, el 14 de diciembre de 2016, nosotros como ANAV radicamos nuevamente ante la SIC la segunda solicitud de reconocimiento como ERA; sin embargo, el 08 de marzo de 2017 la SIC expide Resolución 10331 en la cual se niega por segunda vez la solicitud de ANAV para constituirse como ERA debido a que —según ellos— el documento de reglamento interno es una copia del reglamento interno de A.N.A. Ahora la SIC, extrañamente formula una situación sin precedentes, a saber que los reglamentos (normas internas de funcionamiento) tienen derechos de propiedad intelectual o de autor; sin embargo, el 08 de mayo de 2017, un miembro del Consejo de ANAV radica ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA) un Derecho de Petición con el fin de saber si la CORPORACIÓN AUTORREGULADORA DE AVALUADORES A.N.A. tiene registrada, en esa Dirección los derechos patrimoniales de autor, representados en una obra literaria de carácter jurídico y su reglamento y el 17 de mayo de 2017, la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA) da respuesta al Derecho de Petición sobre el tema de Derechos de Autor e informa que A.N.A. no tiene registrado su reglamento, informando adicionalmente que solo son sujeto de registro obras totalmente originarias y —por lo tanto— no protege ideas y que estatutos y reglamentos no son objeto de registro:
“Teniendo en cuenta los criterios de originalidad y la no Protección de ideas, no es procedente el registro del documento “reglamento interno”, ya que este no satisface los criterios de originalidad, toda vez que sus textos, siguen los parámetros usuales respecto a los requisitos para la realización de un reglamento interno con el fin de regular determinadas situaciones respecto de la sociedad en cuestión, y en consecuencia no se halla aportación original de un autor en dicho reglamento. Recalcando además que, de permitirse exclusividad en un reglamento interno, se estaría obstaculizando el desenvolvimiento normal para la creación de este tipode documento” (DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA), en respuesta a un Derecho de Petición) [El resaltado puesto en el texto]
Pues bien, el 05 de septiembre de 2017, nosotros como ANAV damos respuesta a los requerimientos solicitados por la SIC y ratificado nuestra posición basados en el concepto de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR sobre la materia de derechos de propiedad de reglamentos internos; es decir, sobre la inexistencia de dicha propiedad. Como una sorpresa adicional y como un acto intimidatorio, el 30 de diciembre de 2016 el apoderado de A.N.A. informa a la SIC que ha instaurado denuncia ante la FISCALÍA por la presunta comisión de delitos de fraude procesal y violación de los derechos patrimoniales de autor. Sin embargo, es la SIC con la venia de A.N.A. los que están incurriendo en graves irregularidades, pues no existe un derecho de propiedad sobre los reglamentos internos de los entes gremiales.
En un acto de heroísmo, nosotros como ANAV, el 06 de agosto de 2017, radicamos nuevamente ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC la tercera solicitud de reconocimiento de ANAV como ERA. Sin sorpresas asumimos que el 22 de agosto de 2017, la SIC nuevamente nos solicita unos requerimientos, los cuales fueron respondidos de manera completa y objetiva el 05 de septiembre de 2017. Sin embargo, el 02 de octubre de 2017, la SIC expide Resolución 62261 en la cual se niega por tercera vez la solicitud de ANAV para constituirse como ERA debido a supuestas inconsistencias de forma. El motivo de negación es la exigencia del cambio de las “cartas de intención” por el hecho de tener el nombre con el que ANAV inició como ERA, a saber, CORPORACIÓN COLOMBIANA AUTORREGULADORA DEL SECTOR INMOBILIARIO Y DE AVALUADORES recogidas entre el año 2015 y 2016 a pesar de reconocer que la entidad legalmente seguía siendo la misma y —adicionalmente— que estos avaluadores no se habían presentado a ninguna otra ERA; por lo tanto, en el proceso de reconocimiento la SIC impuso indebidamente en ANAV una “carga de la prueba” debido a una afirmación ejecutada por la misma SIC sin justificación alguna y violando el debido proceso. Además, se nos dio un trato discriminatorio con esta situación, con respecto a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A., ya que las cartas presentadas por ellos en su solicitud de reconocimiento, fueron aceptadas sin objeciones por la SIC, estando estas dirigidas a una entidad cuyo nombre no corresponde textualmente al registrado ante Cámara y Comercio. Como se puede observar, esta situación insostenible de negaciones injustificadas de la SIC a nuestra solicitud de constituirnos como ERA, es una grave vulneración a nuestros derechos de Trabajo, Libre Asociación, e Igualdad, por lo cual se hace necesaria la protección inmediata nuestros derechos fundamentales amenazados.
La actividad como avaluadores es la única que hemos desarrollado por toda la vida; pues en nuestro haber tenemos “avaluadores independientes” que han ejercido su actividad por más de 30 años y “avaluadores vinculados al Estado” que han ejercido su actividad por más de 20 años (el avaluador con menos experiencia acredita más de 15 años de ejercicio en el sector). Es por esto que la negación arbitraria de las solicitudes a ANAV se ha constituido en nosotros como una trasgresión a nuestros derechos constitucionales al trabajo, libertad de asociación y debido proceso; en efecto, el Estado social de derecho tiene la obligación de proteger nuestro derecho al trabajo a través de una garantía efectiva bajo los principios universales de progresividad y la favorabilidad. La progresividad entendida como “la obligación de avanzar continuamente en la satisfacción de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales” (Corte Constitucional, sentencia: T-774/15) y la favorabilidad entendida “cuando una misma situación jurídica se haya regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador” (Corte Constitucional, sentencia: C-158/95). Es por esto que la actuación de la SIC de impedir el ejercicio real de nuestros derechos es obviar “la responsabilidad absoluta que tiene el individuo frente las demandas éticas de el-otro” (El Nosotros Originario, Fager, 2017, pp. 32).
El derecho al trabajo es —también— un principio ético respaldado por el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual se prohíbe la esclavitud y la servidumbre, pues los particulares somos libres de escoger la profesión u oficio y de asociarnos para ejercer nuestro trabajo de manera libre. Así pues, cualquier imposición externa sería una violación gravísima del derecho que tenemos a ejercer en libertad nuestro trabajo como avaluadores y miembros de un ente gremial del Sector Valuatorio:
“La disposición examinada alude a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y responsabilidad, pero para esta Corte resulta incontrovertible que ellos se refieren a la forma en que los peritos avaluadores deberán cumplir su tarea, sujetos como están a verificación posterior y a responsabilidad sobre la manera como han actuado, si al hacerlo han transgredido los enunciados postulados, la Constitución o la ley” (Corte Constitucional, sentencia: C-1265/00). [Resaltado puesto en el texto].
Para garantizar nuestros derechos al trabajo y a la libre asociación, es importante que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC realice el reconocimiento inmediato de ANAV como ERA, pues revisados todos los requisitos formales, nuestro ente gremial ha cumplido con todos los exigidos por la Ley. Este reconocimiento garantizará también la participación democrática del Sector Valuatorio con base en la protección efectiva de los principios constitucionales y de nuestros derechos fundamentales amenazados y vulnerados. Por lo tanto, el reconocimiento redundará en una protección especial al Sector Valuatorio para evitar cualquier monopolio que actualmente esté ejerciendo A.N.A. debido a las conductas antijurídicas de la SIC.
4. Debido proceso y principio de legalidad como materialización de los fines del Estado.
El debido proceso es un derecho que le pone límites al ejercicio del Estado con el fin de ejercer garantías jurídicas a los asociados; es por esto que el Estado no debe ejercer una arbitrariedad en la que se imponga el interés particular del funcionario sobre la efectiva protección de las personas. Aquí, los servidores públicos, deben respetar el principio de legalidad dentro del marco democrático y de participación real de los asociados en las decisiones que los afectan. La Corte Constitucional sobre el derecho al debido proceso ha dicho que:
“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas” (Corte Constitucional, sentencia: C-341/2014). [Resaltado puesto en el texto].
De este modo, el Debido Proceso para el presente caso es la manera como se ha debido racionalizar el ejercicio del poder de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC bajo actuaciones inscritas dentro del marco constitucional y legal; es decir, la potestad estatal de la SIC sólo ha debido ejercerse con el respeto irrestricto del principio de legalidad y a favor de los derechos de todos los actores del Sector Valuatorio. Sin embargo, la SIC ha cometido irregularidades procedimentales por dar como un hecho real y juzgado la denuncia de A.N.A., negando la presunción de defensa de ANAV y violentando el debido proceso en la solicitud que hiciera ANAV para ser reconocida como ERA. Es por esto que la Corte Constitucional ha dicho que:
“(…) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos” (Corte Constitucional, sentencia: C-980/2010). [Resaltado puesto en el texto].
El 26 de enero de 2017, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC expide respuesta con radicado 16-452511-2-0 en el cual informa que el reglamento de ANAV corresponde en fondo y forma al de A.N.A. Es por esto que la SIC nunca debió aceptar el argumento de propiedad de derechos de autor sobre reglamentos internos con el fin de negar la solicitud de ANAV, toda vez que dicho documento no es susceptible de registro ante la Autoridad Nacional de Derechos de Autor. Ahora bien, si de normas copiadas se trata, el reglamento de A.N.A. (aceptado por la misma SIC para cumplir con los requisitos de ser ERA), tomo literalmente las normas del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso administrativo) quitándole la originalidad al reglamento tal cual como aparece en la Resolución 10331 08 de marzo 2017.
El 08 de febrero de 2017, nosotros como ANAV damos respuesta al requerimiento de la SIC en el cual se anexa modificaciones de forma al reglamento de ANAV sustentando con esto el por qué no es una copia del reglamento de A.N.A. Igualmente, el 08 de mayo de 2017, radicamos ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR un Derecho de Petición con el fin de saber sobre el tema de derechos de autor de A.N.A. sobre su reglamento y la Dirección nos contesta A.N.A. no tiene registrado su reglamento interno. A pesar de todos los argumentos planteados a la SIC, ésta de manera arbitraria nos negó la solicitud. Aquí es muy importante recordar que —según el artículo 4 superior— “la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” El deber de la SIC no es creerle a las maniobras fraudulentas de A.N.A. para intimidar a los miembros de ANAV con denuncias penales sino el garantizar el orden jurídico y constitucional.
El principio de legalidad supone en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC una responsabilidad si llega (i) a infringir la Constitución y las leyes colombianas y (ii) a realizar conductas de omisión o extralimitación en el ejercicio de sus propias funciones; es por esto que la SIC, en aplicación del artículo 29 superior, ha debido respetar el debido proceso en las actuaciones administrativas adelantadas con ANAV y respetar la presunción de inocencia hasta la declaración judicial, pero en realidad prejuzgo y negó una solicitud en violación al debido proceso. Además, la SIC no contempló las actuaciones de nosotros como particulares bajo el postulado de la buena fe contenido el artículo 83 superior, el cual se presume en todas las gestiones que nosotros adelantemos ante la SIC. Una pregunta en la reflexión para el caso es ¿la prueba aportada por A.N.A. fue con violación del debido proceso y con el objetivo de sacar algún provecho en la actuación procesal? La cuestión tiene aún más relevancia cuando se puede verificar que A.N.A. no aportó ninguna prueba acerca de la supuesta propiedad intelectual o de derechos de autor sobre el reglamento interno.
Sin lugar a dudas, las actuaciones desarticuladas e irregulares de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC demuestran una falta de conocimiento por parte del ente Estatal en el Sector Valuatorio; por lo cual, es urgente la realización de un diagnóstico en el que se deba condensar una caracterización pormenorizada de la situación del Sector Valuatorio, con el propósito de plasmar un conjunto de recomendaciones puntuales orientadas a diseñar un plan especial de protección a todos los afectados del Sector Valuatorio, y realizar una asignación presupuestal para garantizar nuestros derechos fundamentales. En este punto es muy importante retomar los aspectos de la Ley del avaluador en su artículo 27 y lo contemplado en los artículos 27 y 28 del Decreto 556 de 2014, pues la SIC está excediendo los límites legales y está imponiendo exigencias que desbordan la misma Ley y que son una extralimitación de sus funcionarios; de este modo —por ejemplo— contar con el número mínimo de miembros avaluadores y asociaciones gremiales en por lo menos 10 departamentos del país, no significa imponer cargas adicionales como cambios de nombre o presumir la mala fe de los avaluadores dudando de su intención en las Cartas aportadas por ANAV:
“Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.” (Constitución Política, artículo 84) [Resaltado puesto en el texto].
En todo caso, el derecho al Debido Proceso es un conjunto de garantías jurídicas para que los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC puedan ejercer su autoridad con la prevalencia de los derechos y principios fundamentales. Es por esto que el ente Estatal contrariamente a vulnerar los derechos de los miembros de ANAV, debe velar e instar a todos los actores del Sector Avaluador para que se abstengan de promocionar prácticas contrarias a los principios y derechos fundamentales de los Avaluadores tales como: propagandas, exigencias de pertenecer a gremios determinados, de títulos profesionales o de requisitos adicionales de registro de avaluadores no autorizados por la Ley, como actualmente se está presentando en los requisitos que exigen las entidades estatales en las licitaciones referidas a avalúos, con requisitos fuera de la Ley 1673 de 2.013 de los Avaluadores, requisitos dirigidos evidentemente a miembros que deben pertenecer a algunas de las Lonjas de Propiedad Raíz que forman parte de FEDELONJAS.
5. Procedimientos Disciplinarios para frenar y sancionar las actuaciones irregulares de los servidores públicos de la SIC.
Como se mencionó anteriormente, las actuaciones de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC deben seguir el conjunto de garantías jurídicas con la prevalencia de los derechos y principios fundamentales. Sin embargo, las irregularidades de los funcionarios de la SIC son actuaciones o acciones inadecuadas que están en contra del efectivo desarrollo del Estado Social de Derecho, en especial, del respeto a la Dignidad Humana. Es por eso que es importante que la Procuraduría General de la Nación pueda hacer una vigilancia especial o seguimiento de fondo a todo el proceso de la SIC en la implementación de la Ley 1673 de 2013. En este punto, se debe tener en consideración los excesos abusivos de la SIC en sus consideraciones amañadas y arbitrarias sobre los requisitos establecidos legalmente para el Reconocimiento de ANAV; en efecto, son conductas reprochables: (i) la exigencia de cambio de nombre a ANAV; (ii) la presunción de la mala fe de los avaluadores en sus actuaciones con ANAV; (iii) la obtención de información privilegiada por parte de A.N.A.; (iv) la falta de oportunidades en la participación de los avaluadores de ANAV; (v) la aceptación de falsas imputaciones en detrimento del buen nombre y la honra de los miembros de ANAV; y (vi) la discriminación injustificada solicitándole a ANAV requisitos que la misma A.N.A. no ha cumplido.
Aquí, el derecho disciplinario como rama esencial al funcionamiento del Estado debe entrar a funcionar con el fin de regular el comportamiento de los funcionarios de la SIC por su falta a los deberes y obligaciones legales y con el fin de establecer las faltas y sus correspondientes sanciones. Como se puede observar el papel del Procurador General de la Nación, con su poder preferente para adelantar una investigación disciplinaria, es —precisamente— una manera de salvaguardar nuestros derechos fundamentales amenazados. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que la Procuraduría tiene la facultad de desplazar a quien en principio corresponde promover una investigación disciplinaria:
“Dentro de las primeras (art. 277, CP), se encuentran varias que de alguna manera reiteran las funciones básicas del Ministerio Público antes comentadas. Por ejemplo, (…) (c) ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, incluso aquellas de elección popular. Con relación a esta última misión encomendada al Procurador, la Constitución aclara que le corresponde ‘ejercer preferentemente el poder disciplinario’, para lo cual ha de ‘adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley’” (Corte Constitucional, sentencia: T-350/11). [Resaltado puesto en el texto].
Es importante resaltar que nuestros derechos fundamentales pueden —también— protegerse si se ponen límites a la actuación arbitraria de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC. Así las cosas, según el artículo 277 superior, el Procurador General de la Nación debe (i) proteger nuestros derechos humanos y asegurar su efectividad, (ii) defender los intereses de la sociedad. (iii) velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, (iv) ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de la SIC, con un poder preferente disciplinario y con el propósito de adelantar las investigaciones correspondientes para imponer las respectivas sanciones y (v) intervenir en los procesos ante las autoridades administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, de acuerdo con las conductas de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC descritas en los acápites anteriores y en los hechos, y según lo establecido en el artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, una manera de garantizar nuestros derechos frente a la amenaza real de la SIC por sus actuaciones arbitrarias, es compulsar copias a la Procuraduría general de la Nación con el fin de iniciar procesos disciplinarios en contra de los servidores responsables de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC que están incurriendo en alguna conducta sancionable por la Ley. Lo anterior en aras de proteger y garantizar los Principios y Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia.
6. Discriminación y derechos a la igualdad, a la honra y al buen nombre.
El derecho a la igualdad conlleva la prohibición de discriminar por razones o condiciones establecidas por la Constitución y la Ley; es por esto que la igualdad es uno de los derechos más importantes que tiene nuestro sistema constitucional y es un marco de garantía para la consecución de los fines del Estado:
“Como anota García Morillo a propósito del caso español, "la igualdad se configura hoy, pues, como una noción completamente diferente a la de la igualdad ante la Ley que predicaron las revoluciones liberales: se construye, sobre todo, como un límite de la actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de reacción frente a la posible arbitrariedad del poder. No se trata ya de que éstos no puedan, en sus actuaciones, diferenciar entre individuos o grupos: se trata de que, si lo hacen, su actuación no puede ser arbitraria. Es, por lo tanto, un principio negativo, limitativo, que acota un ámbito de actuaciones de los poderes públicos, que permite reaccionar frente a las actuaciones de éstos cuando sean arbitrarias"” (Corte Constitucional, sentencia: C-530/1993). [Resaltado puesto en el texto].
De este modo, la Corte Constitucional nos ha permitido entender que el derecho a la igualdad se constituye como un derecho fundamental subjetivo de las personas de esta manera:
“La igualdad se constituye en un derecho constitucional fundamental, así como en un valor fundante del Estado social de derecho y de la concepción dignificante del ser humano que caracteriza nuestro ordenamiento superior. En este sentido, se ha destacado como principio general, al tenor del artículo 13 constitucional, aquel en virtud del cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades” (Corte Constitucional, sentencia: C-033/1996). [Resaltado puesto en el texto].
Sin duda alguna, las acciones y omisiones realizadas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC (evidenciadas en los acápites anteriores y en los hechos) están produciendo profundas desigualdades en el acceso a las oportunidades que tienen los actores en el Sector Valuatorio; estas conductas arbitrarias están en una clara transgresión del artículo 13 superior, el cual ordena que el Estado —en general— debe garantizar a las personas la misma protección y trato ante las autoridades; en efecto, para que los actores del Sector Valuatorio puedan gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, la SIC debe garantizar el acceso a las oportunidades establecidas por la Ley y la Constitución. Se debe recordar, como lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 1994, que:
“El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende (…) anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales” (Corte Constitucional, sentencia: T-098/994). [Resaltado puesto en el texto].
A pesar de las irregularidades de A.N.A. en el proceso de solicitud, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC a través de Resolución número 20910 de 2016 reconoce a este ente gremial como ERA y, posteriormente, lo autoriza para llevar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA); en cambio a ANAV le ha negado por tres oportunidades su solicitud con motivaciones que extralimitan las funciones de la SIC y que evidencian un trato discriminatorio en violación al derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 superior. No es posible entender por qué —no obstante de las irregularidades en el procedimiento administrativo por parte de A.N.A.— es declarada como ERA, mientras que —teniendo todos los requisitos formales— la SIC ha puesto todos los tropiezos para negar las solicitudes de ANAV. Igualmente, no se puede comprender como la SIC reconoce a A.N.A. como ERA con unas “cartas de intención” que fueron firmadas antes de que existiera como ente gremial, a una entidad con un nombre diferente al que fue reconocido por la SIC, y antes de la socialización de la Resolución que establecía el requisito de las cartas (los miembros fundadores de A.N.A. pudieron socializar las cartas 20 meses antes de que existiera A.N.A. y de la socialización de la SIC); en cambio, ANAV sólo tuvo 2 meses después de la socialización para cumplir con los requisitos de las “cartas de intención” conforme a lo establecido en la Resolución 64191 de 2015 de la SIC. Todo lo anterior, demuestra un trato diferente injustificado que se constituye en una discriminación sistemática a nuestros derechos fundamentales y una falta a la igualdad de oportunidades establecida en la Constitución y la Ley.
Para agravar la situación de discriminación, el artículo 29 del Decreto 556 de 2014 dispone las condiciones para que una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), una vez reconocida, pueda entrar en operación toda vez que no basta con el reconocimiento sino que adicionalmente deben tener una autorización para operar. Sin embargo, A.N.A. es autorizada por la SIC sin el lleno de los requisitos legales para su operación contenidos (i) en la Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015 de la SIC y (ii) en la definición legal del RAA establecido en el artículo 3 del Decreto 556 de 2014. ¿Por qué se está dando un trato privilegiado a A.N.A.? Pues bien, nosotros como ANAV, el 12 de agosto de 2016 solicitamos respetuosamente a la SIC la Revocatoria Directa de su Resolución 20910 del 25 de abril de 2016 en la que se concede el reconocimiento a A.N.A. como ERA; sin embargo, la SIC desestima la solicitud y —en un acto más de otorgar privilegios a A.N.A.— con evasivas reitera su Resolución.
Adicionalmente a la discriminación, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC también ha permitido que sea vulnerado nuestros derechos a la honra y buen nombre, cuando se ha puesto entredicho nuestras leales actuaciones ante la entidad estatal; aquí vale la pena analizar que la Corte Constitucional ha afirmado que el derecho a la honra es:
“la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”. En correspondencia con su alcance, la vulneración del derecho a la honra se produce cuando se expresan conceptos u opiniones que generan un daño moral tangible al sujeto afectado. (Corte Constitucional, sentencia: T-714/2010). [Resaltado puesto en el texto].
E igualmente, la jurisprudencia constitucional también ha definido el derecho al buen nombre como:
“la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas” (Corte Constitucional, sentencia: C-489/2002). [Resaltado puesto en el texto].
En relación con la amenaza y vulneración de estos dos derechos es impresionante los abusos a los que se han llegado, pues el 30 de diciembre de 2016 el apoderado de A.N.A. informa a la SIC que ha instaurado una denuncia ante fiscalía por la presunta comisión de delitos por fraude procesal y por violación de los derechos patrimoniales de autor; y —pasando por alto nuestra presunción de inocencia y la buena fe de nuestras actuaciones— la SIC el 08 de marzo de 2017 expide la Resolución 10331 en la cual niega nuestra solicitud para constituirnos como ERA, fundamentándose en las falsas imputaciones de A.N.A. en relación con la supuesta copia del reglamento interno. Esta situación de A.N.A. y la actuación extralimitada de la SIC ha vulnerado nuestra honra y buen nombre hasta tal punto que se deja entredicha nuestra buena reputación en el Sector Valuatorio. Es por esto que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC debe abstenerse de actuar con base en falsas imputaciones o difamaciones e instar a todos los actores del Sector Valuatorio para que se abstengan de promocionar prácticas contrarias a los principios y derechos fundamentales de los Avaluadores.
7. Participación Democrática como fundamento del Sector Valuatorio y una práctica constitucional en contra del monopolio.
Para hacer efectiva la materialización de los derechos fundamentales como ciudadanos, se han establecido unos mecanismos de participación democrática que aseguran la efectividad del sistema jurídico y constitucional; así pues, la Corte Constitucional ha dicho que:
“El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. La participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social.” (Corte Constitucional, sentencia: C- 180/94). [Resaltado puesto en el texto].
Para el caso en concreto, la participación democrática del Sector Valuatorio es una manifestación real de los avaluadores para la materialización sus derechos constitucionales reconocidos; es por esto que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC tiene el deber jurídico de garantizar este fin constitucional con el objetivo de que todo el sector pueda tener una igualdad en el acceso a las oportunidades establecidas por la Constitución y la Ley.
“La dimensión social del Estado de derecho, implica de suyo un papel activo de los órganos y autoridades, basado en la consideración de la persona humana y en la prevalencia del interés público y de los propósitos que busca la sociedad, pero al mismo tiempo comporta el compromiso de los ciudadanos para colaborar en la defensa de ese interés con una motivación esencialmente solidaria. […] Esa participación tiene entonces, dos dimensiones: una, política, relativa a la participación en el ejercicio del poder político y a las relaciones entre el ciudadano y el Estado ; y otra social, en cuanto le otorga al ciudadano la oportunidad de representar y defender intereses comunitarios. Principios y valores como los de la solidaridad, la prevalencia del interés general y la participación comunitaria presiden la consagración en nuestra Carta Fundamental, no sólo de nuevas categorías de derechos, sino también, de novedosos mecanismos de protección y defensa del ciudadano”. (Corte Constitucional, Sentencia C-630/11) [Resaltado puesto en el texto].
Desde 1996 ya se había advertido sobre el peligro de un monopolio que afectaría de manera decidida la participación democrática de los avaluadores del país; es por esto que el 26 de septiembre de 1996 la Corte Constitucional dictó la sentencia C-492/96; aquí, la demanda de inconstitucionalidad fue contra los artículos 79 (parcial) de la ley 223 de 1995 y 27 (parcial) del decreto 2150 de 1995; gracias a esta sentencia se evitó el monopolio de las LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ vinculadas a FEDELONJAS y se garantizó el derecho de crear asociaciones, gremios y colegios que agrupen a los avaluadores.
Es por esto que las prácticas monopólicas en el Sector Valuatorio son una grave transgresión a los derechos fundamentales de participación de los avaluadores, sin embargo, el 2 de septiembre de 1997 se crea el Registro Nacional de Avaluadores RNA por parte de FEDELONJAS con el objetivo de llevar el registro de los avaluadores afiliados a LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ vinculadas a FEDELONJAS. Este hecho es un claro indicio en la demostración de una pretensión monopólica de FEDELONJAS (fundador de A.N.A.), pues a partir de ahí se ha generado una confusión en los usuarios del mercado de avalúos, por medio de un proceso de normalización y proyección excluyente de A.N.A. dentro del Estado y —en general— en la economía del país.
Vale la pena advertir que la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ, miembro actual de A.N.A., fue sancionada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC debido a sus prácticas monopólicas; en efecto, el 20 de diciembre de 1999, la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ vinculada a FEDELONJAS es multada a través de la Resolución de la SIC número 27759 de 1999 (20 de diciembre) por conductas violatorias y restrictivas del mercado.
Dadas estas prácticas monopólicas, el 20 de septiembre de 2000 la Corte Constitucional dicta la Sentencia C-1265/00 en la que se determina la integración y actualización de la lista de peritos avaluadores por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC; en esta sentencia se declaró EXEQUIBLE el artículo 50 de la Ley 546 de 1999, salvo las expresiones "en los términos que determine el Gobierno Nacional", que se declaran INEXEQUIBLES. La constitucionalidad de esta norma se declara únicamente bajo el entendido de que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, al reglamentar lo concerniente a la integración y actualización de la lista de peritos avaluadores, sólo podrá referirse a la parte operativa y administrativa de la misma; no podrá añadir requisitos o exigencias adicionales a las de la ley para ser inscrito, e inscribirá a todo aquel que, cumpliendo los requisitos legales, así lo solicite. También se condiciona la exequibilidad de este precepto en el sentido de que el trámite para la inscripción de los peritos avaluadores en la lista deberá ser abierto y transparente, para garantizar el libre acceso de las personas al ejercicio de dicha ocupación. Esta acertada interpretación constitucional permitió generar un verdadero registro de avaluadores sin sesgos monopólicos; es por esto que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC crea un Registro Nacional de Avaluadores RNA oficial (se aclara que con la entrada en vigencia de la Ley 1673 dicho registro ya no existe y no debería existir ninguno que no sea el Registro Abierto de Avaluadores RAA establecido por la misma Ley)
No hay duda que la Participación Democrática es un fundamento del Sector Valuatorio y es una facultad otorgada para la toma decisiones que afectan el futuro de todos los avaluadores; es por eso que el artículo 2 superior asegura que es un fin del Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Las actuales conductas arbitrarias de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC están afectando gravemente la participación democrática del sector; en efecto, el 12 de diciembre de 2016 la SIC expide la Resolución 85103 por la cual se niega la solicitud de Revocatoria Directa, sin tener en cuenta que los hechos vulneraban la constitución, el ordenamiento legal, el interés público y nuestros derechos fundamentales dentro de una real participación democrática. Vale la pena evidenciar que el 22 de febrero de 2017 la SIC da respuesta al radicado de la PROCURADURÍA en contra de A.N.A. y en el cual se evidencia un Monopolio Rentístico (Radicado 17-30069).
Con el fin de asegurar la participación democrática del Sector Valuatorio, es muy importante que se cierren todos los demás registros de avaluadores que operen en el país y que son distintos al Registro Abierto de Avaluadores RAA; en efecto, el RAA es por vía legal el único registro que actualmente está facultado para controlar cualquier posición monopólica del marcado y de evitar la confusión del registro con otras listas de avaluadores; es por esto que el RAA es el único protocolo para llevar un registro de avaluadores de acceso abierto a cualquier interesado (no como lo está haciendo actualmente A.N.A. de manera cerrada y confundiendo al mercado). No en vano el Gobierno Nacional a través del artículo 15 del Decreto 556 de 2014 así lo previo al señalar en el Parágrafo:
“La Superintendencia de Industria y Comercio, así como las demás entidades que cuenten con atribuciones legales para la elaboración de listas de avaluadores tendrán acceso como usuarios a la base de datos de avaluadores de que trata este Decreto, sin que se les cobre por ello. No obstante, las entidades deberán contar con los equipos y programas informáticos que se requieran para interconectarse con la base de datos” [Resaltado puesto en el texto].
Lo anterior es la razón por la cual es absolutamente necesario el cierre de cualquier registro existente de avaluadores y mucho más si este es parte constitutiva de un monopolio. En este mismo sentido es necesario el cierre de este tipo de entidades que generan confusión al mercado y se hace URGENTE la existencia como mínimo de una segunda ENTIDAD DE AUTORREGULACIÓN para garantizar la participación democrática y limitar el control monopólico del mercado, pues de no suceder estos dos hechos fundamentales se estaría asistiendo a la oficialización por parte del Estado del CARTEL DE LOS AVALÚOS al concentrar en manos de una sola organización el Registro, manejo, control, regulación, normalización y del mercado valuatorio en Colombia (se estarían violando los artículos 333, 334 y 336 de la Constitución); es claro lo establecido en la Ley y que el Gobierno consideró importante a través del parágrafo del artículo 15 del Decreto reglamentario 556 de 2014:
“Las demás entidades públicas y privadas podrán celebrar acuerdos con el operador de la base de datos para obtener la información del Registro Abierto de Avaluadores (RAA); para ello se requerirá del consentimiento del órgano o comité de gestión de las Entidades Reconocidas de Autorregulación” [Resaltado puesto en el texto].
Vale la pena aclarar que toda la estructura monopólica sobre el Sector Valuatorio se encuentra evidenciada en un mismo lugar (en la Calle 99 #7A-51, oficinas 303/304, Bogotá-Colombia), donde operan simultáneamente FEDELONJAS, A.N.A. (quien maneja el RAA) y el Registro Nacional de Avaluadores RNA. Frente a esta situación el Estado debe actuar con base en los principios constitucionales de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política y máxime cuando la Ley 1673 de 2013 en su artículo 36 establece que:
“El Estado intervendrá en la economía, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de buscar la formalización, productividad y la sana competencia en el sector inmobiliario. Para ello, la obligación de autorregulación de las personas naturales involucradas en este sector de la economía, los requisitos para el ejercicio de la actividad inmobiliaria por personas naturales y los de las Entidades Reconocidas de Autorregulación serán los mismos establecidos en la presente ley” [Resaltado puesto en el texto].
Bajo este contexto, el reconocimiento inmediato de ANAV como ERA (pues ha cumplido con todos los requisitos formales exigidos por la Ley), garantiza efectivamente la participación democrática del Sector Valuatorio y protege —con esto— los principios constitucionales y nuestros derechos fundamentales amenazados y vulnerados, eliminando cualquier monopolio que actualmente esté ejerciendo A.N.A. debido a las conductas antijurídicas de la SIC. Esta es la razón por la cual es urgente que se realice un proceso amplio de participación (i) en la que se involucre al Sector Valuatorio en la toma de decisiones al interior de la institución y (ii) en la que se permita generar líneas concretas de protección, seguimiento y control hacia la garantía efectiva de nuestros derechos fundamentales.
IV. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA EN LA CAUSA
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. Por lo cual, Honorable Tribunal, tenemos legitimación por activa para iniciar la causa judicial en defensa efectiva de nuestros derechos constitucionales fundamentales.
5.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS.
a) ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la. prevalencia del interés general
b) ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…).
c) ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
d) ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (…).
e) ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
5.2. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Y AMENAZADOS
a) ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (…). El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (…).
b) ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
c) ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (…).
d) ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.
e) ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
f) ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
g) ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. (…).
h) ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…). Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. (…). Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
i) ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
j) ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. (…).
5.3. OTRAS NORMAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS
a) ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
b) ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
c) ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.
d) ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (…).
e) ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
f) ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. (…).
g) ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.
h) ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
i) ARTICULO 334. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2011. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. (…).
j) ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. (…)
k) ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
VI. ALTO IMPACTO Y PROTECCIÓN INDIRECTA DE LA ACCIÓN EN FAVOR DE LOS MÁS NECESITADOS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
Las acciones de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC están atentando en contra de la estabilidad presupuestal, del equilibrio fiscal y —en general— de la estabilidad económica del país, creando un monopolio en clara violación de los artículos 333, 334 y 336 de la Constitución Política y a través de decisiones que afectan gravemente el bien común, en detrimento de la calidad de vida de los colombianos; en efecto, por la trascendencia que tiene el Sector Valuatorio en los asuntos económicos, cualquier injerencia indebida en el sector puede producir efectos adversos en la obtención de riqueza, la seguridad de recursos financieros y el derecho de propiedad de los más necesitados. Por lo mismo, el artículo 13 de la Constitución Política impone al Estado la obligación (i) de promover las condiciones reales para que la igualdad sea real en todos los miembros de la sociedad colombiana, (ii) de garantizar los derechos a las personas de especial protección constitucional que por su condición se encuentren discriminados o marginados y (iii) además de sancionar los abusos que se puedan cometer en contra de estas personas de especial protección. Específicamente, con la vulneración de derechos realizada por la SIC, la comunidad que tiene acceso a la Vivienda, en especial a la Vivienda de Interés Social VIS, la cual está gravemente amenazada por la falta de independencia al momento de adquirir un crédito y, por ende, se genera una violación al Libre Acceso a la Vivienda a través de créditos otorgados con base en avalúos justos (Ley 550), por la amenaza y la posible falta de transparencia en desarrollo de la contratación estatal, privada y financiera, y en detrimento de los derechos fundamentales de los usuarios del servicio del sector valuatorio.
En atención al principio de protección de los menos favorecidos, se refuerza la necesidad de adoptar sin más dilación medidas coordinadas para adoptar soluciones estructurales que permitan superar la amenaza y violación de los derechos fundamentales aquí invocados, a efectos de que las instituciones actúen de manera integral para la protección indirecta de la comunidad vulnerable que Accede a la Vivienda de Interés Social VIS y de todos aquellos que requieran los servicios del Sector Avaluador. Obsérvese a su vez que la Constitución dispone las garantías jurídicas en cuatro vertientes: primero, el respeto por la dignidad; segundo, derechos de desarrollo económico; tercero, derechos de protección; y cuarto, derechos de participación. Ámbitos que deben ser protegidos por el Estado y los particulares de manera eficiente, en condiciones dignas y reales. Se insiste en el carácter indivisible de los derechos, puesto que no existe jerarquía alguna de derechos y todos éstos son interdependientes de los otros; por ende, deben ser protegidos de manera integral. De este modo, al garantizar efectivamente nuestros derechos fundamentales con la tutela, —en un efecto integrador— en realidad se estaría garantizando también los derechos constitucionales de una gran población venerable del país. Por lo tanto, es necesario evidenciar que el Honorable Tribunal en sus funciones constitucionales puede ordenar de oficio otras medidas que determine con el fin de asegurar la garantía efectiva de los Derechos Fundamentales invocados directamente a favor de los accionantes, pero también indirectamente a favor de las comunidades menos favorecidas y del sector económico del país en general.
Finalmente, se puede advertir —entonces— que la prevalencia de los derechos fundamentales más que una obligación es una prioridad en el presente caso; en este sentido, nosotros como actores del Sector Valuatorio afectados, planteamos la urgencia de que cesen los hechos que vulneran y amenazan nuestro derechos fundamentales y —por efecto indirecto— que afectan gravemente los derechos de los sujetos mencionados de especial protección constitucional.
Honorables Magistrados, solicitamos respetuosamente —con carácter de urgencia— que de oficio se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) —o la entidad responsable que Ustedes determinen— la suspensión provisional de la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SIC, por la cual se concede a la A.N.A. el reconocimiento como ERA; igualmente y para tal efecto, también se suspendan inmediatamente los términos del régimen de transición del artículo 6 de la Ley 1673.
Lo anterior puesto que la Ley ordena que por única vez y dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera ERA, se podrán inscribir los interesados en el Registro Abierto de Avaluadores sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida por la Ley. Al quedar suspendida la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SIC, por ende quedan suspendidos los términos para dicha inscripción de los Avaluadores nacionales y extranjeros. De esta manera, con la suspensión provisional del acto administrativo y de los términos del régimen de transición, se generaría una situación de garantía constitucional de derechos fundamentales de los avaluadores.
En efecto, la presente solicitud respetuosa se fundamenta jurídicamente en la posibilidad constitucional que el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 le da a este Honorable Tribunal para que tome todas las medidas provisionales necesarias con el fin de proteger nuestros Derechos Fundamentales que están amenazados y vulnerados actualmente por las conductas antijurídicas de los servidores públicos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC y aquellos derechos constitucionales que —también— podrían estar afectados en el futuro y que pertenecen a las comunidades vulnerables que acceden a la Vivienda de Interés Social VIS.
Como ha quedado demostrado en toda la Solicitud de Amparo, estas medidas cautelares se solicitan con el fin de que el Honorable Tribunal de oficio decrete la suspensión provisional sobre la aplicación de un acto concreto que está amenazando y vulnerando nuestros derechos fundamentales, y que está generando perjuicios ciertos e inminentes al interés público y el bien común.
Por lo tanto, con base en las irregularidades cometidas por la SIC y por A.N.A. evidenciadas en todo el sustento de la presente Solicitud de Amparo, Honorable Tribunal, solicitamos respetuosamente:
1. La suspensión provisional de la Resolución 20910 de 2016 expedida por la SIC en la cual se reconoce como ERA a A.N.A.
2. La suspensión provisional del RAA hasta tanto no sea reconocida otra ERA, esta sea autorizada y se encuentre en total operación de acuerdo a las normas legales.
3. La suspensión provisional de los términos del régimen de transición del artículo 6 de la Ley 1673, hasta tanto la otra ERA este en total operación según las normas legales, pues es necesario y urgente para proteger los derechos fundamentales invocados.
En todo caso, solicitamos respetuosamente que el Honorable Tribunal dicte de oficio otras medidas cautelares necesarias de conservación o seguridad encaminadas a proteger los derechos constitucionales, para evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos reprochables realizados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC.
VIII. PRETENSIONES
En consecuencia de todo lo anterior, respetuosamente se le solicita al Honorable Tribunal que:
a) En concordancia con lo expuesto TUTELAR nuestros derechos fundamentales enunciados y los que considere deban protegerse adicionalmente.
b) Se ordene de oficio a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC el reconocimiento inmediato de ANAV como ERA, pues ha cumplido con todos los requisitos formales exigidos por la Ley y, de esta manera, se garantice la participación democrática del Sector Valuatorio con base en la protección efectiva de los principios constitucionales y de nuestros derechos fundamentales amenazados y vulnerados, eliminando cualquier monopolio que actualmente esté ejerciendo A.N.A. debido a las conductas antijurídicas de la SIC.
c) Se ordene de oficio dejar sin efectos jurídicos la Resolución 20910 de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, por la cual se concede a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A., identificada con NIT 900.796.614-2 el reconocimiento como Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA).
d) Se ordene de oficio la suspensión de los términos del Régimen de Transición del artículo 6 de la Ley 1673 en aras de garantizar los Derechos Fundamentales amenazados y vulnerados por la falta de participación democrática.
e) Se ordene de oficio el cierre de todos los demás registros o listas de avaluadores tanto privadas como oficiales que operen en el país que son distintos al Registro Abierto de Avaluadores RAA; es decir, que se ordene de oficio el cierre inmediato de cualquier entidad que lleve registro, lista o cualquier otra forma de manejo de avaluadores existentes en el país y que pueda llevar a la confusión en el mercado valuatorio, en particular la nominación de REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES (R.N.A); por lo tanto, se ordene de oficio que el RAA sea el único protocolo de registro o lista de avaluadores permitido según la Ley, el cual debe ser abierto y para todos los ámbitos valuatorios, con el objetivo de controlar cualquier posición monopólica del mercado y de evitar la confusión del registro con otras listas de avaluadores.
f) Se ordene de oficio que el RAA se ajuste a Ley como protocolo único para llevar el registro de los avaluadores, y que sea un registro de acceso abierto a cualquier interesado, siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos en la Ley 1673 y en su decreto reglamentario (no como lo está haciendo actualmente A.N.A.).
g) Se ordene de oficio que ninguna entidad pública o privada que venga realizando estas funciones de regulación o autorregulación pueda continuar con esta labor por fuera de la ley o sin la debida autorización como ERA. Igualmente, se ordene de oficio que las únicas entidades de autorregulación del Sector Valuatorio según la ley sean las ERA y que los gremios —llámense lonjas, colegios o asociaciones de avaluadores— no puedan regular a los avaluadores y tampoco tener un sistema de registro o listas de avaluadores con ningún reglamento. Por lo tanto, se ordene de oficio que dichas entidades —que están por fuera de la Ley— no puedan certificar avaluadores en ninguna categoría ni dar fe de su idoneidad y se ordene de oficio que sólo pueden agremiar o afilar avaluadores en base a los derechos constitucionales se libre asociación.
h) Para garantizar efectivamente nuestros derechos fundamentales, se ordene de oficio a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC la realización de un diagnóstico en el que se deba condensar una caracterización pormenorizada de la situación del Sector Valuatorio, y en la que se deba plasmar un conjunto de recomendaciones puntuales orientadas a diseñar un plan especial de protección a todos los afectados del Sector Valuatorio, y realizar una asignación presupuestal para garantizar nuestros derechos fundamentales.
i) Con el objetivo de garantizar efectivamente nuestros derechos fundamentales, se ordene de oficio a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC instar a todos los actores del Sector Valuatorio para que se abstengan de promocionar prácticas contrarias a los principios y derechos fundamentales de los Avaluadores tales como: falsas imputaciones, difamaciones, propagandas engañosas, exigencias de pertenecer a gremios determinados, registros o listas de avaluadores, sesgos monopólicos, certificaciones, exigencias de títulos profesionales, de profesiones especificas o de requisitos adicionales no autorizados por la Ley. Por lo tanto, se ordene de oficio a la SIC que inste al Sector Estatal, al Sector Inmobiliario, al Sector Financiero, al Sector Valuatorio, y —en general— a los actores del Sistema Valuatorio para que no exijan a ningún avaluador requisitos por fuera de la Ley distintos al RAA.
j) De acuerdo con lo relacionado en los hechos y el artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, de oficio se compulsen copias a la Procuraduría general de la Nación con el fin de iniciar procesos disciplinarios en contra de los servidores responsables de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC que están incurriendo en alguna conducta sancionable por la Ley. Lo anterior en aras de proteger y garantizar los Principios y Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y en favor de nosotros como ciudadanos.
k) Se exhorte de oficio a la Procuraduría General de la Nación a hacer una vigilancia especial o seguimiento de fondo a todo el proceso de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC en la implementación de la Ley 1673 de 2013.
l) Como mecanismo de implementación de las anteriores pretensiones se solicita que de oficio se ordene la creación en el término de tres meses, con la debida asignación presupuestal, de una mesa de interlocución en el que participen las entidades demandadas, el Honorable Magistrado, la Procuraduría General de la Nación, y los representantes de ANAV, para asegurar una adecuada coordinación interinstitucional de las medidas que permitan superar los problemas estructurales identificados en la presente acción.
m) Las demás medidas que el Honorable Tribunal determine de oficio con el fin de asegurar la garantía efectiva de los Derechos Fundamentales invocados en la presente Solicitud de Amparo.
Es competente para conocer de la presente Acción de Tutela este Honorable Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
X. PROCEDIMIENTO
El consagrado en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992 y el Decreto 1382 de 2000, así como en las demás normas que se relacionen con la Acción de Tutela.
XI. DECLARACIÓN JURADA
Bajo la gravedad del juramento manifestamos que no hemos interpuesto otra Acción de Tutela sobre los mismos hechos invocados en esta solicitud de amparo.
Honorable Magistrado pedimos respetuosamente considerar y valorar como pruebas las siguientes:
A. Documentales. Nos permitimos adjuntar los siguientes documentos, oficiales o de pública disposición, que solicitamos sean tenidos en cuenta como elementos probatorios al momento de decidir la protección que se invoca.
1. Resolución SIC 27759 BJA, en la que se evidencia el monopolio FEDELONJAS - Lonja de Bogotá.
2. El universal: avalúos tendrán mayor control con la nueva Ley (FEDELONJAS) Cartagena.
3. Dinero: avalúo de inmuebles, una actividad sin especialización.
4. Dinero: FEDELONJAS fin a los peritos informales de inmuebles.
5. Ley del Avaluador 1673 de 2013.
6. El colombiano: la Ley del Avaluador acaba mafias remates FEDELONJAS.
7. La patria: Ley de avalúos acabará con el cartel de peritos.
8. El nuevo día el periódico de los tolimenses avaluadores corrupción freno.
9. Ley del Avaluador o Ley Inmobiliaria, Nora Pabón escribe vivienda el tiempo.
10. Decreto 222 del 12 de febrero de 2014 corrigen yerros ley 1673.
11. Decreto Reglamentario 556 de 2014 de la ley 1673.
12. Radicados para que nos atienda SIC.
13. Demanda de inconstitucionalidad Ley 1673 de 2013.
14. Respuesta de la SIC hasta cuando inscripción y vigencia RNA SIC 14119662-0000300001.
15. Decreto 2046 del 16 de octubre de 2014 que modifica párrafo 2 del artículo 7 Decreto 556 de 2014.
16. Decreto 458 del 17 de marzo de 2015 que modifica párrafo 2 art 7 Decreto 556 2014.
17. Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015. Decreto único reglamentario Sector Comercio, Industria y Turismo incluye Ley Avaluador.
18. Sentencia C-385/15 (junio 24).
19. Resolución 64191 de 2015 SIC que imparte instrucciones (Ley del Avaluador).
20. Decreto 458 del 16 de marzo de 2016 que modifica párrafo 2 art 2, 2, 2, 17, 2, 4 Decreto 1074 de 2015.
21. Radicado SIC 15-271928 para la solicitud de reconocimiento de A.N.A (2015/11/13), Reglamento A.N.A.
22. Documentación para reconocimiento de ANAV como ERA y crear RAA.
23. Comunicado SIC en la WEB donde se evidencia que se presentan 7 solicitudes para convertirse en ERA.
24. Radicado SIC 15-273553 para el requerimiento que aclare, complemente o adjunte ANAV. 2016 01 20.
25. Radicado SIC 15-271928 SIC para el requerimiento aclara, complemente o adjunte A.N.A. 2016 01 20.
26. Documento en el cual A.N.A. pide más tiempo.
27. Respuesta a SIC del requerimiento de ANAV (reglamento y estatutos).
28. Radicado SIC respuesta requerimiento de información número 15-271928-5-0. A.N.A. fecha 2016 02 18. Complementan y aclaran reglamento.
29. Reconocimiento de A.N.A. Resolución 20910 de 25 abril 2016 de la SIC.
30. Se niega solicitud ANAV Resolución 20915 SIC.
31. Cronograma plan de trabajo crear e implementar RAA por parte de A.N.A.
32. Primer informe mensual A.N.A.
33. Segundo informe A.N.A.
34. Segundo informe 2 A.N.A. (enmendar error).
35. Tercer informe A.N.A.
36. SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 2016 08 29
37. Resolución 66779 07 de octubre de 2016 SIC en la cual se corre traslado de la solicitud de Revocatoria Directa 2016066779.
38. Cuarto informe de A.N.A.
39. Quinto informe de A.N.A.
40. Sexto informe de A.N.A.
41. El tiempo: Avaluadores esperan que SIC autorice ente regulador (3 de diciembre de 2016).
42. Resolución 85103 12 de diciembre de 2016 por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa (Radicado 15-271928). Y argumento de A.N.A. documento.
43. Respuesta requerimiento SIC visita A.N.A. 9 de diciembre de 2016 aplicativo A.N.A.
44. Radicado SIC sobre solicitud de reconocimiento como ERA de ANAV (2016/12/14) Incluye reglamento.
45. Comunicado A.N.A. 23 de diciembre entra en operación RAA a cargo de A.N.A.
46. Radicado SIC número 16-467620-000000-0000 del (2016/12/30) apoderado A.N.A. informa SIC instaurado denuncia ante FISCALÍA por la presunta comisión de delitos de fraude procesal y violación de los derechos patrimoniales de autor.
47. Respuesta de la SIC a ANAV Revisando 4 solicitudes de ERA, piden plazo respuesta hasta 26 de enero de 2017.
48. Comunicado SIC sobre el régimen de transición (2017/01/16).
49. El Espectador: Sabe quién hizo el avalúo de su casa.
50. El Tiempo: Expertos en avalúos se deben registrar.
51. RCN: Comenzó a operar ley que busca poner freno a la corrupción en el avaluó de bienes.
52. Respuesta SIC (2017/01/26) Radicado 16-452511–2-0 Reglamento de ANAV corresponde en fondo y forma al de ANA. Aportar acuerdo suscrito con A.N.A.
53. Respuesta requerimiento Radicación 16-452511-2-0 Trámite 137 se anexa correcciones reglamento ANAV (fecha 2017-02-08).
54. Respuesta SIC a radicado en la Procuraduría A.N.A. Monopolio Rentístico 17-30069-1-0.
55. Piden plazo hasta 23 marzo de 2017 por 4 ERAs más.
56. Resolución 10331 SIC de 08 mar 2017 en la cual niegan solicitud de ANAV. No aporte acuerdo con A.N.A. para ceñirse a reglamento.
57. Radicado SIC 2017 03 21 para la renuncia a términos de ANAV y solicitud de desglose documentos Resolución 10331 de 2017.
58. Radicado SIC Derecho de Petición sobre los Derechos de propiedad de reglamento (marzo 24 de 2017), y anuncio de respuesta para el 17 de mayo 2017.
59. El Tiempo: Antes de comprar o vender haga avalúo A.N.A. se mete con tarifas.
60. Derecho de petición ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - Radicado sobre los derechos de autor A.N.A. Reglamento. (08 Mayo 2017).
61. Email de A.N.A. a Jorge Enrique Tinoco pidiendo requisitos fuera de la ley 13 mayo 2017.
62. Respuesta Derecho de Petición sobre derechos de autor – 17 mayo 2017. La DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR contesta que no tienen registrado el reglamento los de A.N.A.
63. Respuesta al Derecho de Petición SIC (2017/05/17). Contesta que no es competente sobre temas de derechos de propiedad de un reglamento.
64. Consulta derechos de autor y reglamento 1-2017-40323, 2-2017-39699.
65. Tercera solicitud de ANAV para ser reconocida como ERA.
66. Resolución 62261 de 02 de octubre de 2017 SIC, en la cual se rechaza la solicitud de ANAV para ser una ERA.
67. Cartas de interés para inscribirse como valuador ante la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – ANA, de valuadores con fecha de expedición entre los años 2013 y 2014.
68. Copia del Acta de fecha 25 de enero de 2016 por medio de la cual la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – ANA, identificada con NIT 900.796.614-2, convoca al consejo Directivo para corregir el reglamento interno según las solicitudes de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
69. Comunicado 7 de RECONOCIMIENTO DE A.N.A. extraído de la página WEB.
70. Requisitos por fuera de la Ley. Estudio para avaluó bienes Senado de la República. 21 de octubre de 2017. RADICA SIC 17361743--0000000001. Estudio para seleccionar al oferente que realice el avaluó de los bienes muebles y vehículos de propiedad del Senado de la República en armonía con las normas internacionales de información financiera y la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. Proceso de contratación SAMC001-17.
71. Avalúos requisitos por fuera de la Ley. Alcaldía local de Suba (Bogotá). 20 de octubre de 2017. Radicado SIC 17 0361314 00. Observaciones a selección de mínima cuantía No FDLS-MC-005-2017.
72. RAMÓN MADRIÑAN se convierte Apoderado Especial ANA 2015 12 22.
73. Publicidad avaluadores de calidad según RNA (FEDELONJAS) el 28 de julio de 2017.
74. Irregularidades de la ERA (A.N.A.) y del RAA (NOV 2017).
75. Monopolio en un mismo sitio (26 de septiembre de 2017)
76. Documentos adicionales allegados por la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – ANA, identificada con NIT 900.796.614-2.
B. Un (1) DVD. Nos permitimos adjuntar el siguiente DVD con documentos adicionales y que solicitamos sean tenidos en cuenta como elementos probatorios al momento de decidir la protección que se invoca.
C. Ampliación de la solicitud de amparo. Con el propósito de declarar de parte, explicar la importancia del caso, aportar otros documentos y aclarar términos técnicos, Honorable Magistrado, solicitamos respetuosamente que se decrete de oficio “diligencia de ampliación de la presente solicitud de amparo”, en la que se citen a los siguientes accionantes:
a) ANTONIO H. SALCEDO PIZARRO identificado con cédula de ciudadanía número 19.254.247.
b) ANDRES HENAO BAPTISTE identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 79.687.241.
c) GABRIEL DAVID SARMIENTO ARANGO identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 19.163.731.
d) DIEGO ALFONSO MONROY TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 80.772.819.
e) DIEGO DE JESUS MONROY RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 17.035.154.
Todos los anteriores accionantes recibirán notificaciones para comparecer a dicha diligencia en la siguiente dirección de la ciudad de Bogotá: Carrera 7-B No. 126-49 Oficina 108. Teléfono: +57 (1) 7447372 - +57 (1) 6123350 Celular: +57 316 2696803 - +57 316 4707757 Email: autorreguladoraanav@gmail.com
D. Requerimiento de informes al órgano o a la autoridad. Con el propósito de pedir los expedientes completos de los trámites administrativos, Honorables Magistrados, solicitamos respetuosamente que se decrete de oficio un requerimiento a los órganos o autoridades accionadas en la presente solicitud de amparo, para que rindan —bajo gravedad de juramento— los correspondientes informes donde se suministre la documentación necesaria y relacionada con los antecedentes del asunto bajo examen.
Honorables Magistrados, nos permitimos adjuntar los siguientes anexos de la presente Solicitud de Amparo, insertos en folios adicionales:
1. Copias para archivo y traslados.
2. Los documentos del acápite de Pruebas.
3. Un (1) DVD con información de pruebas adicionales.
4. Certificado de existencia y representación de la CORPORACIÓN COLOMBIANA AUTORREGULADORA DE AVALUADORES – ANAV.
Los solicitantes las recibiremos en: la ciudad de Bogotá en la Carrera 7-B No. 126-49 Oficina 108. Teléfono: +57 (1) 7447372 - +57 (1) 6123350 Celular: +57 316 2696803 - +57 316 4707757 Email: autorreguladoraanav@gmail.com
Las entidades demandadas las recibirán en:
a) El Ministerio de Comercio Industria y Turismo MINCIT en la ciudad de Bogotá en la Sede Principal, Calle 28 No. 13A-15. Horarios y días de atención al público: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. PBX: +57 (1) 6067676. Línea Gratuita 018000958283. Email: notificacionesjudiciales@mincit.gov.co
b) La Superintendencia de Industria y Comercio SIC en la ciudad de Bogotá en la Sede Principal, Carrera 13 No. 27-00, Pisos. 1 y 3. Horario de Atención al Público: de lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. PBX: +57 (1) 5920400 - +57 (1) 5870000 Fax: +57 (1) 5870284. Línea gratuita nacional: 018000910165 NIT: 800176089-2. Email: contactenos@sic.gov.co
Del señor Magistrado,
ANTONIO H. SALCEDO PIZARRO
C.C. 19.254.247
ANDRES HENAO BAPTISTE
C.C. 79.687.241
GABRIEL DAVID SARMIENTO ARANGO
C.C. 19.163.731
DIEGO ALFONSO MONROY TRUJILLO
C.C. 80.772.819
DIEGO DE JESUS MONROY RODRIGUEZ
C.C. 17.035.154
[1] La Sala Plena de la Corte Constitucional es sentencias ha explicado a fondo esta concepción de interdependencia de los derechos fundamentales: C-377 de 2011, C-288 de 2012, C-313 de 2014 y C-520/16.
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EN QUE VA LA TUTELA

References: artículo 86

Resolución 
 artículo 27
 artículo 11

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 50
 artículo 7
 artículo 7

Resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 366
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 39
 Artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 29
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 39
 artículo 28
 resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 26
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 83
 artículo 27
 artículo 84
 artículo 277
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 36
 artículo 10
 ARTÍCULO 15
 artículo 1
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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