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Timestamp: 2016-02-11 18:58:24+00:00

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Inmuebles fuera de ordenación: concepto y consecuencias
DESDE hace ya algún tiempo, venimos escuchando a no pocos políticos que desde su escaño intentan hacer ver a los ciudadanos en general que el conflicto creado por el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, en lo que a inmuebles fuera de ordenación se refiere, no tiene la más mínima importancia y que los afectados no van a tener problema alguno, ni siquiera pérdida de valor en sus inmuebles. Incluso, algún diputado se ha atrevido a afirmar, en su afán de ver al famoso Plan General ya aprobado, que en su calidad de economista los inmuebles que se encuentren fuera de ordenación no sólo no perderán valor económico sino que alcanzarán un mayor valor ya que las nuevas edificaciones serán más bajas y por lo tanto las afectadas, es decir, las que se encuentran fuera de ordenación, por razón de sus "inmejorables vistas" y el efecto de la demanda, su precio será muy superior. En definitiva, es vergonzoso observar cómo aquellos que tienen la responsabilidad de aprobar normas de tanta importancia para una ciudad como es la aprobación de un Plan General de Ordenación carecen de los conocimientos mínimos sustantivos (que no formales) para intentar evitar a toda costa que se produzcan situaciones de injusticia social o mala distribución en los beneficios y cargas del planeamiento urbanístico. El tema es bastante sencillo para el que quiera conocerlo. Cuando hablamos de viviendas o edificios fuera de ordenación no nos estamos refiriendo a un concepto jurídico indeterminado. Más bien al contrario. Nos encontramos ante un concepto bastante depurado, tanto por los distintos textos legales que lo han contemplado, como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Los edificios fuera de ordenación son, en términos conceptuales, edificaciones legales que, erigidas al amparo de una ordenación urbanística anterior, contravienen lo dispuesto en el nuevo planeamiento y, por tanto, están llamadas a desaparecer una vez se extingan las posibilidades razonables de vida útil de sus elementos. Ello significa que deberían calificarse como fuera de ordenación los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento que resultaren disconformes con el mismo. La regulación jurídica de esta figura urbanística ha quedado en manos del Derecho autonómico como consecuencia de la conocida sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que declaró la inconstitucionalidad del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 16 de junio de 1992, por falta de competencia del Estado para regular o dictar normas relativas a derecho urbanístico que no fueran aquellas que regulasen el contenido básico de la propiedad del suelo conforme a su utilidad pública y sus distintas clasificaciones. En efecto, el famoso artículo 137 del texto refundido de 1992, que regulaba el régimen aplicable a la situación de fuera de ordenación, fue declarado inconstitucional y nulo. Sin embargo, sí existía una definición legal, no vigente hoy por una simple cuestión de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La definición era la siguiente: Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley del Suelo: 1.- Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 2.- Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor? pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble". Recogiendo las palabras de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 8-4-1999 (RJCA 1999/885), que resume la jurisprudencia sobre la cuestión, la "ratio legis" de la regulación de este tipo de edificaciones no es otra que el deseo legal de que el edificio fuera de ordenación no prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él y del estado de vida de los elementos que lo componen. Las edificaciones fuera de ordenación están sujetas a importantes limitaciones en orden a las obras que pueden realizarse en las mismas. Únicamente son posibles las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la conservación y, en casos excepcionales, obras parciales y circunstanciales de consolidación. En cuanto a las primeras, técnicamente son realizables mediante la adopción de medidas normales de construcción, ya que tienden a reparar lesiones o deterioros menos graves. En lo que respecta a las segundas, el artículo 60.2 de la Ley del Suelo de 1976 (como normativa que inspira la regulación actual de las normas autonómicas) prohibía la realización de obras de consolidación, estructurales que supongan aumento de volumen, las de modernización y las que determinen un incremento del valor de expropiación". En lo que a nuestra comunidad autónoma se refiere, y tratándose de una competencia de la misma, la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, en su artículo 44.4, establece: "Las instalaciones, construcciones y edificaciones?que resultaren disconformes con los instrumentos de ordenación quedarán en la situación legal de fuera de ordenación". A tal efecto: a) Las normas y, en su caso, las instrucciones técnicas del planeamiento urbanístico y, en el marco de unas y otras, el planeamiento de ordenación definirán el contenido de la situación legal a que se refiere el número anterior (fuera de ordenación) y, en particular, los actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes instalaciones, construcciones y edificaciones. b) En defecto de normas y determinaciones del planeamiento previstas en el número anterior se aplicarán a las construcciones, edificaciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación las siguientes reglas: 1ª. Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente. Cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a un incremento del valor de las expropiaciones. 2ª. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de expropiación. Comentado lo anterior, queda absolutamente claro que aquellas construcciones, edificaciones e instalaciones que se encuentren en la situación de fuera de ordenación según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana cuentan con esta primera limitación al dominio y al contenido del derecho de propiedad, toda vez que determinadas obras de importancia que precise el inmueble no se podrán realizar ya que el espíritu de la norma, el deseo legal, es que el edificio fuera de ordenación no prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él, por el estado de vida de los elementos que lo componen (viviendas, oficinas, locales, etc.). En otro orden de cosas, es importante resaltar el Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos referidos a la regulación del mercado hipotecario y financiero. Así el artículo 11 de esta norma establece una serie de bienes inmuebles excluidos para ser admitidos como garantía para préstamos o créditos hipotecarios. Prescribe el apartado primero: "Los bienes que no pueden ser admitidos en garantía para préstamos o créditos hipotecarios por no representar un valor suficientemente estable y duradero son los siguientes? apartado d) los edificios e instalaciones situadas fuera de ordenación. Luego, es esta otra limitación al contenido del derecho de propiedad toda vez que los edificios o elementos del mismo (oficinas, viviendas, etc.) que se encuentren en situación de fuera de ordenación son excluidos y, por lo tanto, no pueden ser admitidos como garantía de préstamos o créditos hipotecarios. Consecuencia de lo anterior, el propietario o propietarios de este tipo de inmuebles verán mermada seriamente su capacidad de compra o de consumo de otro tipo de bienes, ya que su solvencia queda absolutamente mermada. Finalmente, resulta muy didáctico el estudio de la normativa catastral aprobada por Real Decreto 25/6/1993 núm.1020/1993, BOE 22/7/1993 núm.174. En la normativa de valoración catastral considerada básica y metodológicamente muy depurada, tanto para las valoraciones con finalidades administrativas así como para otras finalidades, se establecen distintos coeficientes correctores del valor catastral que afectan al suelo: Norma 10: dos fachadas, tres o más fachadas, longitud de la fachada, forma irregular, fondo excesivo, superficie distinta a la mínima, inedificabilidad temporal, determinadas afecciones de viviendas de Protección Oficial, etc. O coeficientes correctores que se aplican al valor de las construcciones: Norma 13: antigüedad de la construcción, estado de conservación, etc. En concreto, se establecen en la norma 14 coeficientes correctores de los valores que no sólo afectan al suelo o a las construcciones, sino que también afectan al valor del suelo y de las construcciones, es decir, al inmueble en su conjunto. Se trata de determinadas características intrínsecas y extrínsecas de los inmuebles que afectan de igual forma al valor del suelo y de las construcciones, por lo que los coeficientes correctores que hacen referencia a las mismas deben de ser aplicados a unos y otras. Así tenemos en coeficiente J referido a la depreciación funcional o de inadecuación. El coeficiente K para viviendas y locales interiores. El coeficiente L para fincas afectadas por cargas singulares (protección integral, protección estructural, protección ambiental, etc.) y, lo que es objeto de este artículo, el coeficiente M, referido a fincas (inmuebles) afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco. Literalmente prescribe "para fincas afectadas por futuros viales, inconcreción urbanística, expropiación, reparcelación, compensación, o fuera de ordenación? se aplicará el coeficiente 0,80". La norma es clara, contundente y se encuentra en pleno vigor. Es decir que todos los inmuebles afectados por ese concepto de "fuera de ordenación" ya hoy cuentan con un 0,80 de depreciación, que afecta tanto al valor del suelo como de la construcción y que equivale a decir que de entrada cuentan con una pérdida de valor del 20%. Ante esta situación, sería obligado para la administración pública, en concreto para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reducir el valor catastral de todos los inmuebles afectados en dicha proporción del 20% de su valor a los afectos del cobro del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, ya que, de lo contrario, la corporación municipal estaría recibiendo indebidamente, o apropiándose sin justificación, dinero ajeno. Luego, el concepto fuera de ordenación es un concepto determinado cuya finalidad no es otra que el deseo legal de que edificio no prolongue su existencia más allá de su esperanza de vida útil. Que pretende en el tiempo su desaparición. Que limita seriamente las facultades dominicales del propietario o propietarios afectados, toda vez que no se les permite, como regla general, obras de consolidación sino sólo aquellas que tienen que ver con la higiene, el ornato o la mera conservación de sus elementos. Que igualmente fulmina la posibilidad de ser dadas en garantía a entidades bancarias para solicitar préstamos o créditos hipotecarios por "no representar un valor suficientemente estable y duradero", con la pérdida de solvencia que ello acarrea para la familia o el individuo en concreto, y que sí que se contempla en la normativa referida a valoraciones inmobiliarias, no sólo a la catastral sino a las valoraciones de bienes inmuebles independientemente de la finalidad del informe, porque evidentemente disminuye el valor real o de mercado de los mismos. Claro está que es perfectamente legal y coherente que, al modificarse un Plan de Ordenación, la nueva regulación declare incorporadas a las mismas las edificaciones anteriores, con su volumen, lo que supone una norma coordinadora entre lo edificado o construido al amparo de la normativa anterior y la nueva ordenación, en el ejercicio de las facultades que para el desarrollo de los planes de ordenación tienen encomendados los ayuntamientos. Cosa que no se ha hecho en la aprobación del Pan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife.
¿ Alguién podría subir la página web de los alumnos que el pasado Viernes expusieron?...me pareció muy interesante su trabajo
Duración media de procedimientos judiciales en España.
La propuesta del Ministerio de Cultura para el cierre de webs con contenido protegido por derechos de autor contempla un plazo máximo de cuatro días para que el juez reúna a las partes y tome una decisión sobre las medidas a tomar.Datos de 2008. Los tiempos mostrados muestran el procentaje de duración media más común. Casos particulares pueden tener una duración menor o mayor a los extremos mostrados.Fuente: http://graficos.lainformacion.com/2010/01/duracion-media-de-procedimientos-judiciales-en-espana/
Aprobado el PGO de Santa Cruz con polémica sobre las viviendas que figuran como "fuera de ordenación"
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy la revisión del Plan General de Ordenación del municipio con el apoyo de CC, PP y CCN y entre la polémica política y vecinal sobre las viviendas que figuran como "fuera de ordenación"El plan contó con el rechazo de seis votos, dos de Ciudadanos y cuatro del grupo Socialista, quién anunció que utilizaran todas las herramientas judiciales posibles para evitar la aprobación definitiva de este planeamiento.La tensión durante el debate era evidente dentro y fuera del ayuntamiento donde cientos de vecinos se manifestaron contra el PGO a las puertas del Ayuntamiento coreando gritos contra los grupos municipales que apoyaron la revisión.También en el salón de plenos la tensión era evidente y el alcalde, Miguel Zerolo, tuvo que llamar la atención e incluso en alguna ocasión expulsar, a alguno de los asistentes.Zerolo lamentó el clima de crispación en la que se ha desarrollado en estos plenos y dijo que se hará una campaña para informar a los vecinos sobre la situación de sus viviendas.La sesión, que se celebró hoy tras el aplazamiento el pasado martes por un aviso de bomba, comenzó con la petición de aplazamiento del pleno por parte de Ciudadanos y del grupo Socialista que entendían, entre otros motivos, que los grupos no dispusieron de los últimos documentos agregado al expediente.El secretario municipal dijo que el plan cuenta con todos los documentos preceptivos y respecto a las viviendas fuera de ordenación, comentó que la ley del suelo, que recoge esta figura, establece que deben ser los planeamientos los que concreten los usos en los inmuebles fuera de ordenación.En defensa del plan, la concejal de urbanismo, Luz Reverón,dijo que el documento con la revisión del plan general de la capital tinerfeña ha tenido la fase de información pública mayor de toda Canarias y su tramitación, dijo, se ha caracterizado por la transparencia y por la información y entre otros aspectos, citó que el avance del plan fue aprobado por unanimidad y en el proceso de alegaciones fueron aceptadas el 95 por ciento de ellos.Reverón lamentó la alarma social que se ha creado en torno a las viviendas incluidas en el régimen fuera de ordenación y que atribuyó a intereses políticos fuera del plan y apuntó que los detractores del PGO defienden intereses particulares mientras que la obligación del Ayuntamiento es defender los intereses generales.Dijo que el Plan establece una regulación jurídica para estas edificiones y advirtió que de no aprobarse el plan general, estas viviendas continuarán con la clasificación que les dio el plan 1992.La concejal dijo que en ningun momento fuera de ordenación supone ni expolio, ni expropiación y dijo que el plan es necesario para la ciudad.José Ángel Martín, del grupo Socialista, aseveró que se ha querido cercenar el debate público al convocar el pleno en periodo navideño y señaló que lo prudente sería suspender la sesión hasta que esté elaborado un catálogo con las fichas técnicas de las viviendas afectadas.Martín agregó que una decisión política empobrecerá el patrimonio de muchos ciudadanos cuando en la mayoría de las ocasiones la vivienda es la única propiedad de la que dispone y reiteró que este plan supone un expolio.Agregó que fuera de ordenación afecta a miles de ciudadanos, supone una limitación al derecho a la propiedad y un empobrecimento de los vecinos ya que con el paso del tiempo, las viviendas fuera de ordenación pierden valor.Martín acusó a CC de querer ocultar el alcande de este término y retó al alcalde a que presente una moción de confianza para constatar el respaldo con el que cuenta.El concejal del CCN,Ignacio González, dijo que una sola persona "mala" ha conseguido crear un clima de crispación en la ciudad que no se registraba desde la Guerra Civil y estimó que el martes pasado fue un día negro "para la ciudad porque grupos extremistas con apoyo del PSOE y armados con mentiras, tomaron el pleno".González pidió al PSOE que rechace la violencia y apuntó que si no lo hace, este partido se situará en la clandestinidad al tiempo que cuestionó si el abogado Felipe Campos, que asesora a la plataforma vecinal contra el PGO, encabecerá la lista del PSOE en las próximas elecciones.Guillermo Guigou, del grupo Ciudadanos, dijo que la concejal de Urbanismo ha perdido credibilidad, consideró que ha habido falta de información a los vecinos y reprochó que no se haya esperado a la aprobación del plan para alcanzar un consenso en un asunto importante.Guigou dijo que no están en contra del plan general sino a favor de la legalidad, indicó que se están restando derechos a los propietarios de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación y pidió "reflexión" a los que votaron a favor del plan, ya que se le hará mucho perjuicio a los vecinos.Ángel Llanos, portavoz del grupo Popular, dijo que en los dos primeros años de mandato,CC no hizo ni un solo debate sobre el plan y sólo cuando le vio "las orejas al lobo", en referencia a la pérdida de la mayoría por la salida del gobierno del PP, ha comenzado el debate.Llanos criticó la lentitud en la tramitación de este plan, que es,dijo, mejorable, y dijo que aunque hubiese sido mejor que el plan incluyese un catálogo con las viviendas fuera de ordenación, en su elaboración se tardará meses y el plan debe aprobarse lo antes posible.Se congratuló de que se eliminase el límite de desaparición de la Refinería y dijo que con este plan, la playa de Las Teresitas "vuelve a ser del pueblo".José Alberto Díaz Estévanez, del grupo de Coalición Canaria, reprochó al PSOE que haya asustado a la población y estimó que lo único que le mueve a ese partido es desalojar a ATI y a Miguel Zerolo y no el interes general.Dijo que las dudas no están en las filas del PSOE, en referencia a la ausencia de dos concejales y consideró que el portavoz socialista actúa de comparsa de otra persona que está fuera del ayuntamiento.Fuente: http://www.cope.es/tenerife/04-01-10--aprobado-pgo-santa-cruz-polemica-sobre-viviendas-que-figuran-como-fuera-ordenacion-121757-2
Aviso de bomba en el Ayuntamiento de Santa Cruz
El pleno extraordinario que iba a debatirse la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital tinerfeña ha quedado aplazado.La polémica y las peticiones de aplazamiento han marcado el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que iba a debatirse la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y que finalmente ha sido suspendido por un aviso de bomba.Antes del inicio de este pleno, convocado ayer con carácter de urgencia por el primer edil, el portavoz del grupo municipal Socialista, Jose Ángel Martín, pidió su aplazamiento al argumentar que los concejales de la oposición no disponían de toda la documentación "que les permitiera estar informados" sobre el plan.Martín señaló que la convocatoria urgente de este pleno, con menos de 24 horas de antelación, "roza el fraude de la ley" y pidió la suspensión del mismo "para evitar males mayores" y porque "no cumple con los requisitos formales y legales", indicó.Estos hechos podrían suponer, según confirmó el secretario municipal del ayuntamiento tinerfeño, Luis Prieto, que los asuntos aprobados en esta sesión plenaria "fueran anulados".Tras estas afirmaciones los concejales de CC y PP se reunieron con el primer edil y decidieron proceder al inicio del pleno tras un descanso.Después de esta pausa, el alcalde, Miguel Zerolo, anunció que el pleno se aplazaba hasta el día 4 de enero por un aviso de bomba y pidió a los asistentes que abandonaran el pleno "ordenadamente".Tras conocer la noticia y mientras concejales y asistentes procedían a desalojar el salón de plenos a petición de miembros de la policía local, Guillermo Guigou, concejal por Ciudadanos de Santa Cruz, denunciaba que los concejales de la oposición no disponían del acta del Consejo Rector en la que solicitaban la suspensión del mismo", además de otra documentación sobre el PGO."La convocatoria de urgencia hay que justificarla con 24 horas de antelación y explicar sus motivos, ya que una urgencia discrecional del alcalde no puede motivar la celebración de un pleno" apuntaba, Ángel Isidro Guimerá, concejal por Ciudadanos de Santa Cruz."Se convocó con carácter de urgencia para eludir el trámite de informar a los concejales" añadió el concejal.En las inmediaciones de la casa consistorial, miembros de la Plataforma contra el PGO, por un lado y defensores del plan, por otro, exponían sus quejas con silbidos, vítores y multitud de carteles a favor y en contra del polémico planeamiento."Los que están aquí son vecinos de todas las clases sociales, con un único punto en común, luchar contra un plan que les roba sus derechos", sentenció José Arteaga, miembro de la Plataforma contra el PGO."Este plan supone más desarrollo para Santa Cruz, si no se aprueba habrás más parados y se perderán muchas subvenciones que vienen de fuera para desarrollar diversos proyectos", sentenció una de las manifestantes."Están confundiendo a la gente, asegurándoles que no podrán vender ni alquilar sus viviendas pero esto es mentira, sino ¿por qué prestigiosos arquitectos de la isla iban a apoyarlo?", preguntaba otro de los participantes en la manifestación.Efectivos de la Tedax de la Policía Nacional registraron el ayuntamiento tras el aviso de bomba sin que se hallara rastro de ningún artefacto.
El Supremo carga contra “el desastre urbanístico" que corroe España.
-Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia. Publicado por
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References: artículo 137
 Artículo 137
 artículo 60
 artículo 44
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 artículo 11
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