Source: http://archivo2017.justicia2020.gob.ar/foro/topic/reforma-a-la-ley-de-propiedad-intelectual/page/5/
Timestamp: 2020-02-26 22:41:35+00:00

Document:
10 agosto, 2017 a las 1:11 pm #14462
Muchas gracias por estos nuevos aportes, que señalan la complejidad y multiplicidad de intereses públicos y privados comprometidos en el tema. Dicho ello reconforta, agrada (y se agradece), la profundidad, seriedad y respeto con la que cada uno de los participantes de este equipo ha ido expresando inquietudes y puntos de vista. Esperamos en próximos días, poder anunciar una reunión presencial, de manera de intercambiar ideas a través del encuentro personal.
Orlando Pulvirenti.
25 agosto, 2017 a las 12:38 am #14607
Celebro la generación de este espacio de debate y reflexión y agradezco la posibilidad de participar.
Entrado al tema de discusión, no dudo de la necesidad de revisar y actualizar la Ley 11.723, y esta afirmación no se basa en su antigüedad, sino que responde a las falencias que la normativa presenta ante las demandas y desafíos que hoy plantean los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocios surgidos en el marco de las industrias culturales.
Además, hay cuestiones puntuales que requieren urgente atención, como por ejemplo: régimen de la obra audiovisual, obras huérfanas, voluntariedad del registro de obras publicadas, plazo de protección de la obra fotográfica, adaptación del procedimiento registral a las plataformas de expediente electrónico y trámite a distancia, modificación del sistema de publicidad registral, adecuada regulación de la gestión colectiva de derechos y del control de la sociedades de gestión colectiva, ampliación de las limitaciones y excepciones (por ejemplo: derecho de citas para mayor tipo de obras y no sólo limitado a palabras o compases, excepción de biblioteca, copia privada), Reformular el régimen sancionatorio por infracciones y generar un sistema resarcitorio tarifado, establecer un sistema, similar al del software o como ocurre en la ley de patentes, que regule la titularidad en los caso de generación de obras en el marco de una relación laboral. Rever el plazo general de protección (70 años post mortem) que pareciera excesivo, sobre todo en algunos tipos de obras como por ejemplo el software, etc.
En definitiva, estos son algunos de los tantos puntos a revisar, y sobre los que se debería dar un debate serio y responsable, dejando de lado los intereses sectoriales.
En tiempos recientes, he oído a grandes expertos expresar que “a la ley no hace falta reformarla, es un viejo Ford, sin lujo, sin tanta novedad, pero funciona”, ante eso me surge esta pregunta, ¿Por que conformarnos con un Ford si podemos tener un Mercedes?
Bueno, respetuosamente, esta es mi opinión y aporte a este foro.
Un cordial saludo a todos los participantes y organizadores.
25 agosto, 2017 a las 1:20 pm #14616
Muchas gracias por su participación, y sin mención a marca automotriz alguna, queda muy en claro el planteo que realiza y que ha sido una de las premisas que abrió este debate: ¿Es necesaria una reforma? y Luego, más importante, ¿Qué alcances debería tener?
Creo que el debate ha ido adquiriendo un volumen tal, que ya existen argumentaciones para ir generando una respuesta colectiva, consensuada mayoritariamente sobre las mismas.
1 septiembre, 2017 a las 7:59 pm #14702
Adjunto un trabajo recientemente publicado en “The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics” (LAIJLE) en el que resumo algunos postulados del Análisis Económico del Derecho (AED) en relación con la reforma de la legislación del derecho de autor (“Análisis Económico del Derecho y reforma del Derecho de Autor: Aporte para un debate ecuánime“).
Entiendo que el AED es muy útil para evaluar ex ante costos y beneficios de una eventual reforma a los derechos de autor y conexos, así como sus efectos sobre el bienestar general, ya que un hecho económico (la falla de mercado de los bienes públicos) es la razón de ser de toda legislación de Propiedad Intelectual. Ello sin desmerecer la importancia de otras aproximaciones a la cuestión. Un paso adelante sería poder realizar investigaciones empíricas.
Desde ya se agradecen comentarios, críticas y circulación.
Título: Análisis Económico del Derecho y reforma del Derecho de Autor: Aporte para un debate ecuánime
Publicación: The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics (LAIJLE) Volume 3, Issue 1 (2017)
The topics include the raison d’être of the regulation of public goods; monopoly’s deadweight loss; measures to reduce transaction costs; the duration of copyright, orphan works and the tragedy of the anticommons; the optimal scope for exceptions and limitation;, the regulation of collecting societies; and the onerous public domain in force in Argentina.
Marzetti, Maximiliano (2017) “Análisis Económico del Derecho y reforma del Derecho de Autor: Aporte para un debate ecuánime,” The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics: Vol. 3 : Iss. 1 , Article 5.
Available at: http://laijle.alacde.org/journal/vol3/iss1/5
Análisis-Económico-del-Derecho-y-reforma-del-Derecho-de-Autor-LAIJLE-2017pdf.pdf
5 septiembre, 2017 a las 6:56 pm #14736
Estimados Virginia, Julia, Pablo y Nicolás, muchas gracias por estos nuevos aportes.
Respecto del aporte de Virginia, sin duda alguna las bibliotecas cumplen un rol sumamente relevante en la educación y la cultura de un país. La decisión de política legislativa, considerando todos los intereses en juego, decidirá quién debe financiar el sostenimiento de estas instituciones. Sin duda alguna el Estado tiene la responsabilidad primaria; pero no estoy tan seguro que los autores deban aportar a ese financiamiento mediante la cesión gratuita de sus obras. La ley ya impone el depósito legal, con lo cual la comunidad se asegura al menos tres repositorios completos de toda la producción cultural del país. Es cierto que el presupuesto de las bibliotecas contempla la compra de ejemplares para dotarlas de los materiales necesarios. La discusión es si el presupuesto también debe contemplar las reproducciones parciales, o si esas reproducciones las debe pagar el usuario o el autor al permitir la copia gratuita. Más en detalle, si esas copias serán parciales o totales, si se aplicará a todo tipo de obras, beneficiará a cualquier usuario. En fin, cuestiones de reglamentación que se presentan a debate.
Si la primera decisión es permitir las reproducciones de los materiales que poseen las bibliotecas, la siguiente es quién la podrá efectuar, a costo de quién, en beneficio de quién, bajo qué circunstancias. Si el diseño de política legislativa es defectuoso, se puede convertir en un camino para la reproducción ilimitada, en perjuicio de los autores.
Respecto a las referencias de Pablo y Julia, dirigidas muy en concreto a los contratos entre traductores y editores, en el derecho comparado se pueden ver distintas soluciones. Algunos países prohíben cláusulas específicas en los contratos, considerando que pueden ser abusivas de por sí. En ese sentido, se aproximan en cierto modo al derecho laboral o del consumo, que también buscan favorecer a otras categorías de débiles jurídicos, como el trabajador o el consumidor. En algunas legislaciones, como la de Panamá, en resguardo de los autores, se establece que en caso de cesión el autor participará proporcionalmente de los ingresos:
La cesión otorgada a título oneroso le confiere al autor una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, en la cuantía convenida en el contrato. Sin embargo, puede estipularse una remuneración fija en los siguientes casos:
1. Cuando no pueda ser determinada prácticamente la base del cálculo de la remuneración proporcional
Si faltan los medios para fiscalizar la aplicación de la participación proporcional.
3. Si los gastos de las operaciones de cálculo y de fiscalización, no guardan una proporción razonable con la suma a la cual alcanzaría la remuneración del autor.
Cuando la utilización de la obra tenga un carácter accesorio en relación con el objeto explotado o si la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.
En el caso de publicaciones de libros, cuando se trate de obras científicas; de diccionarios, antologías o enciclopedias; de prólogos, anotaciones, introducciones o presentaciones; de ilustraciones de una obra; de ediciones populares a precios reducidos; o de traducciones siempre que lo solicitare el traductor.
Otros países tienen criterios más generales, como la ley alemana, que indica (art. 32) que todo autor tiene derecho a una remuneración equitativa como contrapartida de la concesión contractual de derechos de utilización. Si la remuneración acordada no es equitativa, el autor puede exigir de su socio en el contrato que acepte modificar el contrato de origen para garantizar al autor una remuneración equitativa. El modo de fijar esa remuneración equitativa debe estar definido por negociaciones colectivas entre los grupos de interés. Luego se prevén procedimientos para establecer ese valor equitativo, y en caso de no haber acuerdo se recurre a una conciliación. El autor puede también solicitar una remuneración suplementaria, si años después, lo que era balanceado al momento inicial, se torna injusto y leonino con el paso del tiempo.
Otro mecanismo podría ser que la cesión de derechos del traductor al editor (y también aplicable a otros contratos) sea por un plazo máximo de 10 años, como la ley del Paraguay. Se entiende que 10 años es el plazo que cualquier empresario toma en cuenta para amortizar una inversión. Cuando un editor hace un pago único por una traducción, no parece razonable que espere recuperar la inversión de ese nuevo libro en el comercio en un plazo mayor. Si a los 10 años el libro sigue siendo demandado en el comercio, o se requiere una reedición, se volverá a negociar el precio para otro plazo igual.
La cuestión está abierta. Celebro que podamos tener un diálogo generoso y de buena fe en estos temas.
9 septiembre, 2017 a las 4:56 pm #14778
Estimados, al igual que muchos celebro este espacio de discusión y reflexión respecto de la propuesta de reforma de la Ley 11.723. Sin más preámbulos les acerco mis breves opiniones siguiendo el orden de preguntas ofrecidas por la DNDA esperando contribuir en lo que sea necesario para que tengamos una ley apropiada a las necesidades de nuestra sociedad.
En este aspecto, si bien todas las opiniones en este foro son absolutamente enriquecedoras y respetables, resalto el artículo de Maximiliano Marzetti el cual, a mi juicio, tiene un análisis muy acertado y objetivo de nuestro sistema de Derecho de Autor especialmente desde el punto de vista económico y lo creo necesario para su análisis a la hora de iniciar la actividad legislativa que corresponda a la reforma o actualización de la ley 11.723.
La ley actual sostiene un sistema que requiere una inevitable actualización acorde a los paradigmas actuales tanto técnicos, de consumo, culturales, artísticos, económicos y sociales. Asimismo es necesaria una armonización no sólo con los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte sino con los propios sistemas internacionales en donde las obras argentinas tienen presencia.
TITULO: Coincido con Emery en cambiarle el título a la ley pero por “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos” o similar. El término Propiedad Intelectual no corresponde aplicarlo sólo a esta ley.
ESTRUCTURA: Establecer y delimitar en forma concreta los derechos morales y los patrimoniales.
LIMITACIONES: Resulta necesario actualizar las limitaciones a los DDAA. Replantear el concepto de Derecho de Cita, Establecer claramente los usos educativos y las excepciones para bibliotecas y archivos, el uso para información y hasta la copia de salvaguardia. Asimismo debería pensarse en la implementación de doctrinas de “fair use” o “uso justo”.
MEDIDAS CAUTELARES: Coincido con varios en darle inclusión al TRIPS (art. 50) y establecer un sistema procesal claro.
GESTIÓN COLECTIVA: Es necesario que la ley establezca claros parámetros de actuación de las SGC y de la gestión propia de los derechos en forma colectiva. Se necesita una discusión profunda sobre el sistema de SGC. Es claro que la gestión colectiva es necesaria pero en muchos casos el mal manejo desalienta la inversión privada para la producción de obras que podrían favorecer mucho a sus autores y a la economía local. Debería haber mayor control sobre las SGC y su actuación debería ser más transparente, siempre en función de la protección real y efectiva de los derechos de sus representados.
PLAZOS DE PROTECCIÓN: Debería discutirse y analizarse profundamente el plazo general de protección y los plazos especiales de determinadas obras. Es importante establecer si los términos son adecuados en los tiempos que corren y si los mismos realmente benefician a los autores/titulares en tales extensiones. (en este punto hago nuevamente referencia al trabajo de Marzetti cuyo punto de vista me resulta adecuado).
OBRA POR ENCARGO: Establecer el principio de “obra por encargo” y la presunción de titularidad a favor del contratante. Establecer concretamente los requisitos para que la presunción de titularidad sea válida en una obra por encargo. Esto ayudaría a corregir profundamente ciertos mercados como el del software, el del diseño, entre otros.
SANCIONES – ACCIÓN PENAL: Revisar las sanciones establecidas por la ley y la redacción de los art. 71 y 72 específicamente. Analizar el concepto de “fin de lucro” en sí, y como causal de sanción penal ante la defraudación de los DDAA. Establecer si es una línea divisoria entre el “uso justo” o bien constituye un agravante ante cualquier uso no autorizado de la obra, etc. Analizar la viabilidad de la acción penal ante cualquier defraudación a los DDAA o establecer ciertos “estándares” para la aplicación de la acción penal (particularmente me refiero a la doctrina establecida en el Fallo “Pampa Films”. Son numerosos los magistrados y colegas del fuero penal que se resisten a aceptar la acción penal en muchos casos de derechos de autor, esgrimiendo principalmente que se trata de cuestiones meramente económicas y comerciales que podrían ser resueltas por los fueros civil y comercial sin requerir del fuero penal que debe atender otras necesidades con mayor prioridad).
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Establecer un sistema alternativo al judicial para resolver las controversias. La creación de uno o varios Tribunales Arbitrales en materia de PI me parece una medida acertada que en un futuro no muy lejano podría servir como antecedente para la eventual creación de Tribunales Judiciales en materia de Propiedad Intelectual, Privacidad de Datos, Nuevas Tecnologías, Libertad de Expresión, Acceso a la Información, entre otros ítems.
DEPOSITO DE OBRAS: Establecer un sistema de depósito/registro online de obras. Incluso la aplicación de tecnología blockchain para garantizar la fecha cierta de depósito.
REGISTRO DE CONTRATOS: Resaltar el carácter optativo del registro de contratos y eliminar la obligatoriedad de registro de aquellos casos establecidos en la ley. A mi juicio el carácter “erga omnes” de un contrato es facultativo de las partes y no puede constituir una obligación legal para su validez.
OBRAS AUDIOVISUALES: Coincido con Federico Vibes en cuando a la regulación de las obras audiovisuales como género. Incluiría también como especia las obras multimediales digitiales, además de las cinematográficas, televisivas, videográficas, etc.
INTERMEDIARIOS . SAFE HARBOR: En consonancia con la doctrina internacional y especialmente con el fallo “Rodriguez, Belén c Google”, la ley debería establecer las pautas para determinar la responsabilidad de los intermediarios en cuanto a la violación de los DDAA, los sistemas de recaudo, notificación, suspensión y supresión de contenidos, etc. Considero que es la oportunidad apropiada para cumplir con lo ordenado por la CSJN al respecto y estar a tono con los sistemas legales mayoritarios a nivel internacional.
Particularmente no soy un entusiasta de mantener intacta la ley 11.723 en la actualidad aunque reconozco que ha sido una ley precursora en el mundo al respecto. No creo que por ello no deba ser actualizada y de ser necesario reemplazada. Sin embargo creo que la estructura es muy sólida y ciertas cuestiones pueden ser modificadas para que en la actualidad y durante muchos años sea una ley clara, efectiva y sobre todo, equilibrada. Coincido con varios colegas que la redacción del articulo 1°, aún con la modificación en cuanto al software a mediados de la década de los 90, es muy ponderable y sienta fuertes principios protectorios clave para nuestro sistema.
Saludos a todos los participantes, coordinadores y organizadores de esta propuesta.
11 septiembre, 2017 a las 3:40 pm #14798
Estimados Maximiliano y Juan,
Muchas gracias por estos nuevos y valiosos aportes que demuestran la vitalidad que tiene esta discusión y el interés que evidentemente despierta el tema.
13 septiembre, 2017 a las 11:38 am #14834
En particular, me siento muy agradecida por las devoluciones recibidas en cada respuesta, señal que nos permite mantener el diálogo y debate fluido; algo muy valioso en estos tiempos y que nos hace sentir a todos, partícipes de esta gran etapa.
Respecto de la respuesta de Gustavo Schötz, me he quedado reflexionando profundamente sobre algunas de sus frases, que quisiera analizar:
“…las bibliotecas cumplen un rol sumamente relevante en la educación y la cultura de un país. La decisión de política legislativa, considerando todos los intereses en juego, decidirá quién debe financiar el sostenimiento de estas instituciones. Sin duda alguna el Estado tiene la responsabilidad primaria; pero no estoy tan seguro que los autores deban aportar a ese financiamiento mediante la cesión gratuita de sus obras…”
Para el colectivo de bibliotecas Argentinas, es crucial que hayan dudas con respecto a esto, hasta creo, positivo. No es casual “no estar seguro”, y creo que obedece a pensar en todo el contexto, actores implicados y repercusiones posibles. En particular, yo no creo que los autores estén aportando a este financiamiento, pero si creo que tienen el poder de perjudicarlo seriamente. Insisto sobre la primordial idea de que las bibliotecas promocionan sus obras, abren una fuente de difusión estratégica para el autor, bajo restricciones y limitaciones que van desde la propia limitación del préstamo bibliotecario (ejemplo, no más de 15 días por préstamo sujeto a políticas de renovación), prohibición de fotocopiado y mecanismos de prevención y toma de conciencia para con los usuarios sobre este punto, y hasta la propia limitación sobre la disponibilidad de ítems en virtud de las políticas de adquisición propias de cada biblioteca. Lo que quiero explicar entonces es, cuando un usuario accede a una obra, supongamos a un betseller, lo hace bajo ciertas reglas y circunstancias acordadas, por tiempo limitadísimo. Al mismo tiempo, otro usuario que desea leer ese ítem en particular, debe esperar a que lo devuelvan, o adquirirlo mediante compra (imaginar que esto sucede con gran cantidad de usuarios, siempre serán más los que esperan que los que leen). Entonces, las bibliotecas promueven (con estas limitaciones) el acceso a la cultura (educación, formación, etc) como una forma de garantizar el acceso igualitario a toda la población, tan diversa. Las bibliotecas posibilitan a personas de bajos recursos o imposibilitadas de adquirir todas las obras, el acceso igualitario al conocimiento. Por otro lado, y sumando relevancia, las bibliotecas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU, a los cuales Argentina aplica. Esto también es vital poder tenerlo en cuenta, y circunstancialmente sensible del tema que nos convoca.
En síntesis, las bibliotecas pueden ser mecanismos de marketing para los autores; e instituciones de igualación de derechos para la sociedad civil.
“…La ley ya impone el depósito legal, con lo cual la comunidad se asegura al menos tres repositorios completos de toda la producción cultural del país…”
No comprendo a qué alude la palabra repositorio, en bibliotecología implica al concepto de archivos donde se almacenan recursos digitales, de manera que estos pueden ser accesibles a través de internet con licencias de acceso abierto. Entiendo que en realidad se haya querido mencionar “repositorios” como ítems u obras. Esto, bajo el depósito legal, se realiza en una sola biblioteca, la Biblioteca Nacional Argentina (cita en Buenos Aires). Pero, ¿cómo se federaliza el acceso a la información? ¿Cómo accede alguien en Jujuy o Tierra del Fuego? El depósito legal asegura la preservación del patrimonio cultural y la producción nacional, pero no asegura el acceso a la información a lo largo y ancho de nuestro país, pues no otorga los mecanismos de acceso disponibles de forma igualitaria para todas las personas. Eso, solo pueden hacerlo las bibliotecas, a pesar de los contextos económicos, políticos y sociales en los que se vea inmerso a lo largo de la historia de nuestra Nación, con malos y buenos tiempos. Legislaciones como las de PI, pueden contribuir a dar garantía de estos derechos a pesar de los contextos, sin ir en detrimento de otros importantes derechos como el de los propios autores. (refuerzo con esto, la vinculación de los ODS)
“…Es cierto que el presupuesto de las bibliotecas contempla la compra de ejemplares para dotarlas de los materiales necesarios. La discusión es si el presupuesto también debe contemplar las reproducciones parciales, o si esas reproducciones las debe pagar el usuario o el autor al permitir la copia gratuita. Más en detalle, si esas copias serán parciales o totales, si se aplicará a todo tipo de obras, beneficiará a cualquier usuario. En fin, cuestiones de reglamentación que se presentan a debate…”
Sobre esto en particular, en la actualidad las bibliotecas no realizan (al menos no debieran) fotocopias totales de obras. En lo personal, y en situaciones de “uso justo”, considero que es necesario el derecho de reproducción parcial de la obra cuando se trata de cuestiones de estudio e investigación. Si la reproducción es parcial, no considero que haya que que pagar canon alguno, tampoco considero que haya cesión. Cuando las reproducciones parciales obedecen a investigación o estudio, el autor será beneficiario de visibilidad e impacto en índices de citación. Al “ceder la copia gratuita parcial” el autor permite que su obra sea analizada con resultados, que finalmente le repercuten en beneficio personal y social: el reconocimiento académico, la mejora en los índices de citación, la visibilidad científica.
Sobre reproducciones totales, nos encontramos en vinculación con las exenciones para todas las entidades autorizadas (esto es, todas las bibliotecas y servicios de información el país) entendidas en el Tratado de Marrakech, al cual Argentina aplica y se encuentra pendiente de implementación. ¿Estamos hablando de esto, verdad? Entonces, la reproducción total de obras en formatos accesibles para personas con discapacidades que impliquen dificultades de acceso a la lectura (es decir, no solo discapacidades visuales, sino limitantes físicas que impidan mecanismos de lectura tradicional tales como pasar una hoja con un dedo, o intelectuales que requieran de mecanismos de lectura fácil, son casos exclusivos de exenciones para bibliotecas, que permitirían reproducir obras en formatos accesibles adecuados a los usuarios que lo requieran (siempre con certificado de discapacidad) y con la cesión de derechos por parte de sus autores. Esto no aplicaría cuando las obras si se encuentren en mercado, en formato accesible; pero el Estado debería proveer de los mecanismos para que se pueda acceder a esta información de forma solvente.
En este caso, sobre el TM, son beneficiarias personas con discapacidades que implican dificultades de acceso a la lectura, y se trabaja en concordancia vinculante a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (también aplicada por nuestro país), por lo cual se deben gestionar los mecanismos para dar acceso a la información a personas con discapacidades (ya explicadas anteriormente) sin que esto provoque casos de discriminación indirecta por trabajar derechos en un marco de especificidad, cuando la CDPD indica la generalización. (Ejemplo de esto anterior, que el tratado (que beneficia a distintas discapacidades) en su implementación nacional beneficie a personas con discapacidad visual y no otorgue beneficios de acceso a personas con esclerosis lateral amiotrófica, autismo, síndrome de down, deterioros congnitivos…
“…Si la primera decisión es permitir las reproducciones de los materiales que poseen las bibliotecas, la siguiente es quién la podrá efectuar, a costo de quién, en beneficio de quién, bajo qué circunstancias. Si el diseño de política legislativa es defectuoso, se puede convertir en un camino para la reproducción ilimitada, en perjuicio de los autores…”
He manifestado mi postura general sobre esta frase en párrafo anterior, pero exclusivamente en el TM y sobre la posibilidad de perjudicar a los autores, hay que tener claridad sobre dos cuestiones:
– Si bien todas las bibliotecas y servicios de información en el país son entidades autorizadas para dar servicios de acceso a la información a usuarios con discapacidad; la atribución e carácter de beneficiario del TM solo se podrá ejercer contra presentación de certificado de discapacidad. Teniendo en cuenta que en el mundo, solo el 5% de la literatura es accesible (sin pensar en Argentina siquiera), no se verán perjudicados los derechos de los autores. Por el contrario, se abre un nuevo mercado para las editoriales y autores, que pueden, sin mayores costos que el de la impresión de libros, gestionar en mercado, la venta de obras accesibles en formato DAISY (por ejemplo).
– Las exenciones no aplican cuando las obras están disponibles en mercado en formatos accesibles. Lo que (como antes dije) el Estado debe, es garantizar el acceso a esta información de forma ágil.
Es importante destacar que la implementación del TM debe establecer mecanismos claros y metodología de aplicación, que integre a las bibliotecas en este proceso y promueva la elaboración de planes y programas de acción y formación federal, para garantizar las buenas prácticas y prevención de errores o perjuicio a autores.
Aprovecho la oportunidad para generar consulta formal sobre plazos de implementación del TM, entendiendo que se encuentra en estrecha relación con la ley 11723, veo que los tiempos de gestión son inminentes.
13 septiembre, 2017 a las 4:15 pm #14838
Acompaño a los participantes del foro la minuta de la reunión de trabajo que tuvimos en el Ministerio de Justicia, en conjunto con autoridades del INPI y de la OMPI, para analizar en el contexto de la actualización de la Ley 11.723, la necesidad de contar con mecanismos alternativos de resolución de controversias en temas de propiedad intelectual.
Luego adjuntaremos las recomendaciones específicas de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y del INPI.
En la reunión contamos con la participación de colegas de México y de Colombia, que nos transmitieron sus experiencias en este tipo de mecanismos.
<u>MINUTA DE REUNIÓN</u>
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, Anexo 4º Piso, CABA – 24 de Agosto de 2017, 15.30 hs.
<u>Asistentes</u>
Dr. Leandro Toscano (Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual).
Dr. Jaime Sarmiento (Dirección Nacional de Derecho de Autor – Colombia)
Dr. Marco Antonio Morales Montes (Instituto Nacional de Derecho de Autor – México)
Dr. Gustavo Schötz (Dirección Nacional del Derecho de Autor).
Dra. Graciela Peiretti (Dirección Nacional del Derecho de Autor).
Dra. Luciana Ortelli (Dirección Nacional del Derecho de Autor).
Dr. Nicolás Sommaruga (Dirección Nacional del Derecho de Autor).
Dr. Amílcar Llamosas (Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos).
Dr. Gonzalo Lavalle (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
Dr. Claudio Taddeo (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
Varios representantes del sector privado.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas vinculadas a la Solución Extrajudicial de Controversias entre Argentina, México, Colombia y la OMPI.
Analizar las posibilidades fáctico-jurídicas para establecer, en la República Argentina, un sistema de mediación y arbitraje especializado como mecanismo alternativo para la resolución de controversias en materia de propiedad intelectual.
1 – Los representantes de México y Colombia (Dr. Marco Antonio Morales Montes- Dr. Jaime Sarmiento) expusieron sobre el funcionamiento, normativa aplicable, experiencia, y dificultades surgidas en sus respectivos países a partir de la implementación del sistema de mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual. Además aportaron información estadística relevante.
2 – Los asistentes formularon preguntas a los expositores extranjeros sobre cuestiones puntuales de cada sistema, lo que dejó en evidencia algunas similitudes y diferencias.
En este sentido, de la exposición de ambos representantes pudo soslayarse que el sistema es voluntario en ambos estados, sin embargo en México es arancelado, mientras que en Colombia es gratuito. Por su parte, el rol del mediador en México es sumamente limitado, mientras que en Colombia es mucho más activo, llegando incluso a proponer soluciones a las partes.
3 – El representante de la OMPI (Dr. Leandro Toscano ) explicó los lineamientos a tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de mediación y arbitraje, destacando cuestiones como financiación (financiación gubernamental, tasas administrativas, honorarios profesionales) utilidad y oportunidad para ADR, elección del procedimiento ADR, sometimiento al procedimiento ADR, identificación de potenciales usuarios, etc. Al efecto, detalló el funcionamiento de los mecanismos de solución de controversias implementados en Singapur (Mediación IPOS), Filipinas (IPOPHL), Corea (KCC-KOCCA), como así también las actividades de concientización y promoción de los ADR llevadas adelante por la United States Patent and Trademark Office (USPTO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la IP Australia, y la ILPO Israel.
Asimismo, suministró a los asistentes una Guía de resolución extrajudicial de controversias, elaborada por la OMPI para oficinas de propiedad intelectual y tribunales judiciales.
4 – El representante de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (Dr. Amílcar Llamosas) compartió la experiencia recogida en oportunidad de la implementación de la mediación especializada en materia de Derechos de Familia, y explicó el funcionamiento general de la mediación prejudicial obligatoria establecida por la Ley Nº 26.589, como así también el actual funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las relaciones de Consumo creado por la Ley N° 26.993.
5 – Los asistentes intercambiaron ideas y establecieron líneas de trabajo respecto a la viabilidad de generar nuevos canales y mecanismos para la resolución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual. En este punto, los representantes del sector privado expresaron como idea directriz que “un sistema alternativo de resolución de controversias debe ofrecer celeridad y especialidad”. Posteriormente, fueron surgiendo diferentes opciones de implementación de un eventual sistema de mediación y arbitraje. Entre las principales se destacan:
Fomentar, en el marco de la mediación obligatoria existente en virtud de la Ley Nº 26.589, la creación de un grupo de mediadores especializados en propiedad intelectual, quienes deberían acreditar su idoneidad ante un Centro de Mediación y Arbitraje que, con la asistencia técnica de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, funcionaría bajo la órbita de la Dirección Nacional del Derecho de Autor y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en forma conjunta. La mediación se desarrollaría conforme determina la Ley Nº 25.589 y la elección de los mediadores especializados sería voluntaria para las partes. En caso de no arribarse a un acuerdo en la instancia de mediación, las partes podrían optar por someter la cuestión a arbitraje o dar por finalizada la instancia prejudicial.
Establecer un sistema de mediación y arbitraje especializado (por fuera del sistema de la Ley Nº 26.589). Dentro de esta postura surgieron dos posibles alternativas:
Que el sistema abarque tanto a la propiedad industrial, como al derecho de autor.
Que los sistemas funcionen separadamente para cada una de esas materias.
Debido a que las normas de fondo resultan de carácter nacional, pero las de procedimiento lo son de orden local, se presentó la posibilidad de generar un sistema especializado de mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual, que sea alternativo al de la Ley 26.589 y limitado a su mismo ámbito de geográfico de aplicación, e invitar a las provincias a la paulatina adopción del sistema.
También quedó planteada la necesidad de estudiar el modo de implementación jurídica de un eventual nuevo sistema, analizando si ello implicaría modificaciones legislativas, y si las mismas debieran establecerse por Ley, o podrían ser dispuestas por vía reglamentaria.
6 – Con una postura mayoritariamente favorable a la implementación de un sistema alternativo de resolución de controversias, tanto de los representantes del sector público como privado, pero sin definiciones concretas sobre el mejor sistema y modo de implementación, se cerró la reunión, con el interés y el compromiso de los asistentes de continuar trabajando y sumar aportes relevantes vinculados a la temática.
13 septiembre, 2017 a las 4:21 pm #14839
En el comentario anterior presentamos algunas de las conclusiones relativas a la posible implementación de métodos alternativos de resolución de controversias en propiedad intelectual.
La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNMYPPRC) realizó comentarios adicionales que resultan muy relevantes y pertinentes, por lo que nos pareció conveniente incluirlos de modo íntegro, para su consideración por parte de los participantes en el debate.
<u>Devolución de la DNMYMPRC:</u>
-La actual ley de mediación N° 26.589, de carácter permanente, ha obtenido el reconocimiento de los justiciables y los abogados, acumulando junto a su antecesora N° 24.573, más de 20 años de vigencia y resultados efectivos en la reducción de conflictos judicializables.
-La mediación prejudicial de la Ley N° 26589, es obligatoria en cuanto a la concurrencia a la primera audiencia, pero en ella las partes pueden libremente continuar o finalizar las negociaciones, pues no están obligadas a permanecer en el procedimiento en contra de su voluntad.
-El rol del mediador prejudicial en la Ley N° 26.589 es activo, como facilitador en cuestiones patrimoniales y con mayor intervención en las cuestiones de familia, que exigen la aplicación de métodos que trabajan desde los aspectos relacionales con las partes como responsables y protagonistas.
-El sistema de FAMILIA es una variante de especialización dentro de la Ley 26.589 y cuenta con una implementación de capacitación específica e instancia de evaluación para los mediadores que quieran actuar como mediadores familiares.
-La Ley N° 26.589 crea un Registro de Profesionales Asistentes, a efectos de contar con personas que reúnan la doble calidad de estas formadas como mediadores y académicamente, para ser idóneas en aspectos técnicos, científicos o en las ciencias sociales que puedan aportar su “expertisse” en la solución del conflicto. El profesional asistente, actuando en co-mediación facilita los diálogos, brinda una lectura experta de las situaciones de hecho, conoce la materia sobre la que versa el conflicto, ayuda a interpretar la viabilidad fáctica o legal de las vías de solución que se puedan ir proponiendo, etc.
-El sistema del COPREC es un “desgajamiento”, con la nueva Ley N° 26.993, ya que ciertos conflictos pasan a ser atendidos obligatoriamente por un organismo de la Secretaría de Comercio – el COPREC- y por conciliadores de consumo (cuestiones de consumo –objeto no identificable sino que es un concepto transversal- por montos de reclamo inferiores a 55 smvm) y el resto de las cuestiones de consumo por monto superior al indicado siguen siendo atendidas por la mediación prejudicial. Los conciliadores provienen del Registro de Mediadores y deben cumplir una capacitación específica y superar una instancia de evaluación de idoneidad.
-No hay que olvidar que ya los conflictos laborales se definieron con un organismo específico (SECLO- MTEYSS) y conciliadores laborales con formación de base especializada (Ley N° 24.635)
-La tendencia demuestra que los MARC van evolucionando a la especialización según la materia, alejándose de la idea de la “mediación genérica” original.
En orden a los proyectos o líneas de trabajo que se formulan como opciones, la DNMYMPRC entiende que:
La alternativa que se adopte debe necesariamente:
Realizarse por Ley que modifique la actual N° 26.589.
Una alternativa podría ser considerar mediadores prejudiciales especializados, en propiedad intelectual (para todos los temas), integrantes de un sub-registro del Registro de Mediadores de la Ley N° 26.589.
Otra alternativa podría ser considerar la exigibilidad de la co-mediación obligatoria, para todas las cuestiones de Propiedad Intelectual.
Los Profesionales Asistentes, (no abogados) revisten doble calidad de formación en mediación y formación académica de base idónea para cada cuestión en particular de derechos intelectuales.
La idoneidad de los mediadores y profesionales asistentes debe ser determinada por la DNMYMPRC pudiendo contar con el concurso de la DNDA / INPI y demás organismos.
Considerar el aporte que pueda realizar la OMPI en la institucionalización de los MARC en propiedad intelectual.
Las formas de selección de los mediadores (los profesionales asistentes los seleccionan las partes de común acuerdo) deben mantener las actuales de la Ley N° 26.589.
Fomentar la utilización del Arbitraje mediante la cláusula Med-Arb en los contratos con cuestiones de derechos de la propiedad intelectual.
La reforma comprendería la especialización para objetos referidos a :
<u>Derechos Propiedad Industrial:</u>
– Patentes de invención.
– Dibujos y modelos industriales.
– Marcas de fábrica y de comercio.
– Marca Colectiva.
– Agrupamientos constituidos por productores y/o prestadores de servicios inscriptos.
– Variedades vegetales.
– Indicaciones geográficas.
– Información no divulgada (know how).
– Esquemas de trazado de los circuitos integrados (microprocesadores y memorias).
<u>Derechos de Autor </u>
– Obras artísticas cinematográficas- fotográficas-cartas.
– Obras Editadas – Traducidas.
– Programas de computación.
<u>Derechos Conexos </u>
Entre las opciones definidas en la minuta la DNMYMPRC ve dificultades en:
Que serían figuras intermedias entre el actual COPREC (organismo) y el sistema FAMILIAR, pero en el actual sistema de mediación no resulta viable.
Que la figura de “Centro” no está contemplada en la Ley N° 26.589, sino para los centros gratuitos, destinados a personas vulnerables, lo que no sería del caso.
Que no se evaluó la sustentabilidad de un organismo o centro teniendo en cuenta la relativa cantidad de causas mediables.
Que no es conveniente replicar, en paralelo, un sistema similar al de la Ley N° 26.589 acotado a casos de propiedad intelectual.
Que un sistema “alternativo” al de la Ley N° 26.589 debería necesariamente ser excluyente de la mediación prejudicial.
13 septiembre, 2017 a las 4:27 pm #14840
Adicionalmente, también se recibieron comentarios específicos del INPI, los cuales se transcriben a continuación.
La participación del Dr. Gonzalo Lavalle, por el INPI, puede resumirse en los puntos que fueron preelaborados a efecto de volcarlos en la reunión, y consisten en: Alentar el uso de cláusulas que prevean la resolución de conflictos en materia de PI por medios alternativos de mediación y arbitraje para los asuntos internacionales y nacionales. Realizar tareas conjuntas con la OMPI sobre la base de la experiencia nacional e internacional para realizar actividades conjuntas de promoción sobre la materia mediante un plan de trabajo. Invitar a la DNDA y la DNMYMPRC para la adhesión al acuerdo a suscribir entre OMPI e INPI en la materia. Promover los mecanismos entre los países miembros del PROSUR, MERCOSUR e IBEPI. Conformar mesa de trabajo para la elaboración de normas y/o reglamentos tendientes a la creación de Centros de Mediación y Arbitraje Nacional y/o Regional en materia de PI.
Invitar a las asociaciones profesionales involucradas a participar de los mismos.
El debate continuó con las visiones/opiniones de las distintas personas presentes, dividiéndose a grandes rasgos entre los que propugnaban una vía de modificaciones normativas de diferente nivel y, aquéllos que considerábamos (incluyo al INPI en estos lineamientos) que debía adoptarse una vía mas expedita, bajo los siguientes lineamientos:
a) Constitución de una Instancia Arbitral (público/privada), que incluya mancomunadamente Derechos de Autor, Conexos y Propiedad Industrial
b) La “arquitectura” jurídica podría materializarse a través de un Convenio MJyDDDHH / INPI / OMPI, con los lineamientos de MARCs de este organismo.
c) No se afectaría el procedimiento regular: Conflicto – Mediación – Instancia Judicial, toda vez que esta Instancia Arbitral sería optativa y podría ensayarse antes del procedimiento regular.
13 septiembre, 2017 a las 5:45 pm #14842
Muchas gracias por estas nuevas apreciaciones, así como los aportes realizados por el Dr. Schötz, que no hacen sino demostrar la pluralidad, vitalidad y fuerza de este debate.
14 septiembre, 2017 a las 6:23 am #14851
Estimado Dr. Schötz:
Celebro la discusión de la incorporación de la mediación como método compositivo no adversarial para la resolución de conflictos relativos al a PI.
Inicialmente Ud. la había soslayado, en favor del arbitraje adversarial.
Sin embargo, quisiera manifestar lo siguiente. No considero necesario que el Estado regule una calificación específica adicional para ser mediador especializado en PI. Debería bastar con ser mediador matriculado de acuerdo a la ley Ley N° 26589 y normativa aplicable. Tal como para ejercer como abogado de PI no se requiere una submatricula adicional, ni para ser laboralista, concursalista, penalista, etc.
En las minutas no encuentro justificación para la creación de monopolios adicionales, los que al suponer una alteración de la libre concurrencia debieran proponerse con criterio restrictivo y justificarse en la solución de alguna falla de mercado (bienes públicos, información asimétrica, etc.).
El mercado premiara a los buenos y dejara sin trabajo a los malos mediadores (y árbitros) de PI. De hecho tal es el modelo de la OMPI, que no requiere a sus neutrales una certificación especifica sino idoneidad y experiencia en la materia. Al fin y al cabo la última palabra la tienen los clientes.
Asimismo, tampoco me parece necesario imponer obligatoriamente la co-mediación de un experto en PI. La decisión de incorporar un profesional asistente en PI debiera ser voluntaria, a decisión de las partes tal como establece el Art. 10 de la Ley N° 26589. De lo contrario se corre el riesgo de aumentar innecesariamente los costos de la mediación, perjudicando su desarrollo.
Si creo que la DNDA, el INPI y la OMPI tiene un rol fundamental que cumplir, capacitando a los mediadores (y árbitros) prejudiciales que quieran especializarse en la temática de PI (voluntaria y no obligatoriamente), favoreciendo y promoviendo los MARC haciéndolos mas simples y accesibles.
20 septiembre, 2017 a las 4:48 pm #14959
Estimados, dejo a continuación el análisis que realizamos desde Creative Commons sobre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea – Mercosur: https://creativecommons.org/about/program-areas/policy-advocacy-copyright-reform/el-tratado-de-libre-comercio-union-europea-mercosur-danara-los-comunes-y-los-derechos-de-los-usuarios/
El tratado contiene importantes regulaciones en materia de derecho de autor que son necesarias discutir a la luz de esta propuesta de reforma.
28 septiembre, 2017 a las 2:17 pm #15075
comparto la comunicación recibida de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por medio de la cual algunos magistrados indican algunos de los aspectos de la Ley 11.723 que merecen ser tenidos en cuenta para una eventual actulización de la normativa de derechos de autor.
Prof. Dr. Gustavo Schötz
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en respuesta a la consulta pública sobre el análisis de la posibilidad de actualización de la ley 11.723.
Recabada su inquietud, solo algunos miembros del Tribunal respondieron el pedido. En términos generales se observaron algunos puntos en común que merecerían atención del legislador, ya sea por el vacío legal o porque no está adecuado a los adelantos tecnológicos, los que paso a detallar:
– No hay normativa expresa relacionada con la responsabilidad de los buscadores de Internet a la luz de la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Rodríguez, María Belén” y “Gimbutas”.
– Hay un vacío legal en los casos de reproducción de imágenes a través de los buscadores de Internet a partir de sus propias bases de datos. Nos remitimos al fallo “Gimbutas” que pone en tela de juicio estas situaciones.
– No existen pautas para la cuantificación del daño en los casos que existe responsabilidad conforme los parámetros de la ley, tal como fija por ejemplo el art. 1746 del Código Civil y Comercial para la determinación de la incapacidad física y psíquica.
– El art. 81 de la ley 11.723 no remite a un proceso de conocimiento determinado de los Códigos Procesales —vgr. ordinario, sumario o sumarísimo, o de ejecución—, sino que hace una referencia confusa a las excepciones dilatorias.
De decidirse un nuevo texto legislativo o su actualización, no encontramos inconvenientes en poder hacerles llegar comentarios o sugerencias desde una visión judicial, en aras de poder enriquecer su trabajo, para que resulte más fructífero.
Saludos a usted muy cordialmente
Liliana E. Abreut de Becher
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