Source: https://ayudalegalpr.org/resource/ley-para-el-fortalecimiento-del-apoyo-familia?ref=vs6nw
Timestamp: 2020-05-25 13:06:02+00:00

Document:
Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada, Ley Núm. 168 según enmendada
La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986 fue aprobada con el propósito de crear la Administración para el Sustento de Menores ("ASUME"). La Ley estableció un mecanismo administrativo para asegurar que padres con obligaciones alimentarias para con sus hijos satisfacieran las mismas a tenor con las leyes vigentes, asegurando la protección y el bienestar de esos hijos o dependientes. Esta Ley llenó así una gran necesidad en Puerto Rico. Mediante la aplicación de esta Ley se ha logrado que miles de padres o guardianes cumplan cabal y puntualmente con sus obligaciones alimentarias.
Por sus términos, la Ley Núm. 5, supra, se limitó a establecer un mecanismo para que las necesidades de nuestros menores fueran atendidas. Al presente, esa ley ignora un segmento significativo de la población que, al amparo de nuestras leyes, tiene pleno derecho de exigir alimentos. Según lo expresa el Artículo 143 del Código Civil, existe una obligación recíproca de proveer alimentos de ascendientes para descendientes y viceversa. Los padres pueden exigir pensiones alimentarias de sus descendientes, en la medida que haya necesidad por parte del ascendiente, y capacidad financiera de parte de sus descendientes. El derecho de una persona de edad avanzada para exigir una pensión alimentaria a sus descendientes es prácticamente desconocido en Puerto Rico. En tiempos recientes, pocas solicitudes de pensión alimentaria de ese tipo han sido atendidas por los tribunales. No se puede concluir, sin embargo, que la inexistencia de peticiones de pensiones alimentarias para beneficio de personas de edad avanzada significa que no exista su necesidad. Primero, muchos de estas personas de edad avanzada ignoran el derecho existente en ley. Segundo, carecen de recursos económicos para obtener representación legal y exigir dichas pensiones alimentarias. Tercero, en Puerto Rico no existe un mecanismo administrativo como el existente a través de ASUME, que facilite la labor de lograr la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada.Los asuntos relacionados al sustento de personas de edad avanzada serán más notables en años venideros, ya que nuestros conciudadanos viven vidas más largas. El número de personas que tendrían la potencial necesidad de solicitar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada será cada vez mayor. La Asamblea Legislativa encuentra que es necesario facilitar a nuestros conciudadanos, las personas de edad avanzada que con tanto esfuerzo y sacrificio criaron generaciones subsiguientes, los mecanismos de la Administración para el Sustento de Menores, a fin de solicitar y recibir pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. La Asamblea Legislativa entiende que la Administración para el Sustento de Menores posee los medios, sistemas, y demás mecanismos para emprender la tarea que se le encomienda mediante esta Ley, únicamente con el fin de salvaguardar el pareo de fondos federales asignado a la Administración para el Sustento de Menores, se crea por esta Ley el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada como entidad separada. A pesar de esto, se faculta al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores a hacer disponible los recursos que sean necesarios, en términos de infraestructura, para cumplir los propósitos de esta Ley, disponiendo un mecanismo donde, de ser así requerido, el Administrador cargará al presupuesto del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada los gastos atribuibles a la utilización de recursos de la Administración para el Sustento de Menores.
Esta medida tiene como objetivo establecer un mecanismo administrativo que atienda el sustento de personas de Edad Avanzada, paralelo a aquél que existe para beneficio de menores en Puerto Rico. Este mecanismo será implementado y administrado por la Administración para el Sustento de Menores con el fin de permitir acceso a esta agencia a personas de edad avanzada que soliciten pensiones alimentarias para personas de edad avanzada a ser pagaderas por sus descendientes o personas legalmente obligadas a ello. Esta Ley también dispone mecanismos aplicables a la adjudicación de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada tanto en el proceso administrativo similar al ya implementado en ASUME como en el foro judicial. Se exime del pago de aranceles de presentación a escritos judiciales que, como única causa de acción, soliciten una orden de alimentos. Se añade, como criterio permisible para establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, el impacto económico que tendría el éxito de pleitos o demandas de las cuales se pueda beneficiar el alimentante. Se armoniza el lenguaje del estatuto con aquél de la Ley Núm. 5, supra, asegurándose que las asignaciones de fondos federales para ASUME no fueren afectadas por las disposiciones de esta Ley y se asignan fondos del tesoro estatal para el año fiscal 2000-2001.
Artículo 1.Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada
(1) Administración-significa la Administración para el Sustento de Menores creada por la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada.
(2) Administrador/a-significa el Administrador/a de la Administración para el Sustento de Menores.
(3) Alimentante.-significa cada una de las personas que componen la parte alimentante, que sean mayores de edad.
(4) Alimentista-significa cualquier persona de sesenta (60) años o de más edad que conforme al Código Civil de Puerto Rico, tiene derecho a recibir alimentos de sus descendientes que sean mayores de edad.
(5) Alimentante deudor-Toda persona natural que por Ley tiene la obligación de hacer una aportación económica y que ha incurrido en atrasos equivalentes a un mes o más o que tiene la obligación de hacer una aportación no económica y que ha incurrido en incumplimiento equivalente que ponga en peligro la salud y el bienestar físico, mental, familiar y social del alimentista.
(6) Alimentos-se refiere a todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Para los efectos de esta definición se incluirán las aportaciones económicas y las no económicas que comprendan todo lo necesario para el bienestar físico, mental, familiar y social de la persona de edad avanzada que cobija esta Ley.
(7) Aportación no económica-Se refiere a los cuidados, compañía, servicios, entre otros, que no pueden ser contabilizados y que se toman en cuenta al momento de establecer o modificar la pensión alimentaria para la persona de edad avanzada.Estos pueden estar incluidos como forma alternativa de pago y como parte de la orden de pensión alimentaria.
(8) Centro de Mediación-Foro establecido en la Administración para llevar a cabo el proceso de mediación.
(9) Departamento-El Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(10) Deuda-La suma total de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada vencida y no pagada.
(11) Día laborable-Día en el cual las agencias u oficinas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, están abiertas para ofrecer sus servicios regulares.
(12) Ingresos-Comprende cualquier ganancia, beneficio, rendimiento, o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de cualquier estado del Gobierno de los Estados Unidos de América, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades, en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos, o compensación derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba un alimentante, procedente de cualquier persona natural o jurídica.
(13) Mediación-Proceso de intervención no adjudicativa, en el cual un/a mediador/a ayuda a las personas de edad avanzada y a sus descendientes mayores de edad en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable en materia de alimentos. En la mediación las partes tienen la potestad de decidir si se someten o no al proceso.
(14) Mediador/a-Persona imparcial que explora todas las opciones posibles y facilita el logro de un acuerdo entre las partes que sea aceptable y beneficioso para la persona de edad avanzada y para las partes alimentantes.
(15) Nivelación-Es el derecho de uno o varios descendientes alimentantes de una persona de edad avanzada a solicitar que la responsabilidad u obligación de sustento sea prorrateada entre todos los obligados de acuerdo a sus capacidades.
(16) Orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada- Cualquier acuerdo, determinación, resolución, orden, mandamiento o sentencia para fijar, modificar o hacer efectivo el pago de una pensión por concepto de alimentos emitida a tenor con los reglamentos o mediante el procedimiento administrativo de mediación establecido al amparo de esta Ley o por un tribunal competente
.(17) Parte Alimentante-Persona o personas que conforme a la ley tenga/n la obligación de proveer alimentos a las personas de edad avanzada. Para los efectos de esta definición se entiende por alimentante: descendiente mayor de edad, alimentante mayor de edad, descendientes alimentantes y descendiente.
(18) Pensión alimentaria-Aportación económica o no económica de los alimentantes adultos para el sustento de las personas de edad avanzada.
(19) Persona de Edad Avanzada-Persona de sesenta (60) años o de más edad.
(20) Procurador/a Auxiliar-Abogado nombrado conforme dispone esta Ley para representar al Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada en la prestación de los servicios de sustento de Alimentistas de Edad Avanzada al amparo de esta Ley.
(21) Programa-Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.
(22) Secretaria/o-Significa la/el Secretaria/o del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(23) Subadministrador/a del Programa de Edad Avanzada-Persona designada por el/la Administrador/a, con la anuencia de la/el Secretaria/o, encargado/a de dirigir el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.
(24) Sustento-Aportaciones económicas y no económicas que comprenden todo lo necesario para el bienestar físico, mental, familiar y social de la persona de edad avanzada. Tribunal-Cualesquiera de las secciones del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el procurar que los descendientes adultos contribuyan, en la medida que sus recursos lo permitan, al sustento de las personas de edad avanzada, conforme a las disposiciones del Artículo 143 del Código Civil de Puerto Rico. Para llevar a cabo este objetivo se tiene que concienciar no sólo a los descendientes adultos de su obligación de alimentar a las personas de edad avanzada, sino también a éstos/as sobre su derecho de reclamar alimentos. La familia atiende a las personas de edad avanzada cuando éstas lo necesitan, y sólo deja de hacerlo en circunstancias especiales. Prácticamente todos los estudios consultados en el área de la población geronte recomiendan que la política pública debe estar dirigida a fortalecer las redes familiares de asistencia social.Las personas de edad avanzada que requieren sustento son aquellas cuyos ingresos no les permiten satisfacer sus necesidades básicas y que por su condición de salud, grado de escolaridad, falta de experiencia en el mundo laboral, entre otras razones, están incapacitadas, desempleadas o fuera del mercado de empleo por lo que no generan ingreso para su sustento o el que generan no es suficiente para su subsistencia. Es necesario tomar en consideración que hay ocasiones en que la persona de edad avanzada puede tener ingresos pero tiene una necesidad de aportaciones no económicas por parte de sus descendientes para poder mantener una calidad de vida digna.
Dado lo anterior es que surge la necesidad de establecer un mecanismo ágil y que a la misma vez fomente un ambiente adecuado para fijar, modificar, nivelar y hacer efectiva las pensiones alimentarias de aquellas personas de edad avanzada que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas
Artículo 4.-Deberes de los descendientes y sus limitaciones.
(B) Para hacer efectiva la obligación de prestar sustento a una persona de edad avanzada o para nivelar dicha obligación es necesario que se presente una petición de sustento ya sea el alimentista por sí, por conducto de su representante legal, por un/a agente del orden público, agencia o instrumentalidad pública o privada, tutor/a, por funcionario/a público/a o cualquier persona particular interesada en el sustento de dicha persona. Cualquiera de estos podrá iniciar una petición de sustento ante el Programa o ante el Tribunal o presentar una solicitud de servicios ante el Programa a tenor con lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Ley.
(C) Un alimentante adulto que ya esté proveyendo sustento a un ascendiente de edad avanzada podrá presentar ante el Tribunal una solicitud para que se ordene a otros/as alimentantes obligados/as a proveer sustento al alimentista.En estos casos se utilizará la nivelación como medio de distribuir equitativamente la obligación de sustento entre todos los obligados/as.
(E) Al momento de determinar una aportación justa y razonable, se podrá a solicitud de la parte alimentante, considerar la prudencia y razonabilidad con que el alimentista ha manejado sus asuntos financieros durante un período no mayor de treinta y seis (36) meses, contándose retroactivamente desde la fecha de solicitud de servicios hecha por, o a favor de, el alimentista de edad avanzada. Cónsono con los procedimientos establecidos por esta Ley, el Programa o el Tribunal competente tomará este aspecto en consideración al momento de determinar el monto, si alguno, de una pensión alimentaria para el alimentista.
(7) estado de salud o condición de incapacidad mental o física del /los alimentante/s que le impida hacer aportaciones económicas.No empece lo anterior, en aquellos casos en que se demuestre que el alimentante no puede proveer asistencia económica al alimentista, se le podrá ordenar como forma alternativa de pago el hacer aportaciones no económicas, tales como realizar tareas en el hogar, hacer las compras de artículos de uso del alimentista, acompañarle a hacer gestiones personales o atender sus necesidades de salud, entre otras, tomando en consideración las circunstancias del caso; o
Artículo 5.Creación del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.
Se crea el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada adscrito a la Administración, como un componente operacional y programático separado, bajo la coordinación, supervisión, evaluaciones y fiscalización del Administrador/a.
El Programa establecerá y administrará sus sistemas de contabilidad y manejo de cuentas, compras y suministros, administración de expedientes y archivos y cualquier otro sistema de apoyo administrativo y operacional, de acuerdo con la reglamentación, normas y procedimientos aprobados por el/la Secretario/a. Además, establecerá un sistema de manejo, reproducción, conservación y disposición de documentos sujeto a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada.
El/la Administrador/a, con la aprobación del/la Secretario/a, establecerá los sistemas que sean menester para su adecuado funcionamiento y operación.Por delegación del/la Secretario/a, nombrará el personal que considere necesario y llevará a cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para el mejor cumplimiento de los propósitos de esta Ley, así como de cualesquiera otras leyes locales y también de los reglamentos promulgados por el/la Secretario/a y adoptados en virtud de esta Ley, tomando en consideración que dichos reglamentos deberán ser promulgados en conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos de los Centros de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial debidamente aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y a tono con la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983 y el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos debidamente aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se autoriza al /la Administrador/a para, en el desempeño de sus funciones, delegar las facultades y deberes que le impone esta Ley, excepto la facultad para reglamentar y nombrar personal.
El Programa, en su fase inicial, comenzará sus funciones a Nivel Central, tomando en consideración la asignación presupuestaria del Programa y dado el hecho que no se puede utilizar los recursos ya existentes en la Administración para el Sustento de Menores. Dependiendo de la ejecución y la demanda del Programa se podrá extender a otras oficinas locales y regionales de la Administración.
Artículo 6.-Fondo Especial.
El/la Administrador/a utilizará los recursos de este Fondo Especial para los propósitos y fines autorizados en esta Ley, sujeto a las condiciones y restricciones aplicables, incluyendo el pago de gastos necesarios en la prestación de los servicios de sustento de personas de edad avanzada a las personas que así lo soliciten.Dichos fondos serán contabilizados sin año económico determinado y se regirán conforme las normas y reglamentos que adopte el/la Secretario/a en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares.
rtículo 7.-Funciones del/la Secretario/a.
Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el logro de los propósitos de esta Ley
Artículo 8.-Administrador/a; Facultades y Poderes.
(b) Concertar acuerdos y coordinar administrativamente con las agencias, departamentos u organismos gubernamentales pertinentes y la Rama Judicial, así como con otras instituciones, públicas o privadas, la adopción de medidas dirigidas a lograr el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley, así como sus propósitos y objetivos.(c) Identificar y localizar a descendientes mayores de edad o cualesquiera otras personas legalmente obligadas a proveer alimentos a personas de edad avanzada en todos los casos que sea necesario o cuando así se le solicite para cumplir con los propósitos de esta Ley, conforme se dispone en el Artículo 13 de esta Ley.
(d) Prestar los servicios de sustento de personas de edad avanzada autorizados por esta Ley a cualquier persona particular que así lo solicite, en acciones judiciales y administrativas para establecer o fijar, nivelar, modificar y hacer cumplir la obligación de prestar alimentos de cualquier persona obligada por ley a ello. Se incluye específicamente en esta categoría de personas aquellas personas, naturales o jurídicas, que tengan a su cargo el cuido diario del alimentista de edad avanzada. La representación legal ofrecida por el/la Administrador/a de conformidad con lo dispuesto en esta Ley será siempre en el mejor interés de la persona de edad avanzada.
(g) Establecer un amplio y vigoroso programa educativo para promover el cumplimiento de la obligación moral y legal de los descendientes y personas responsables de proveer alimentos a las personas de edad avanzada; coordinar y promover el que personas y entidades educativas, caritativas, cívicas y religiosas, sociales, recreativas, profesionales, ocupacionales, gremiales, comerciales, industriales y agrícolas fomenten la política pública de responsabilidad para el sustento de personas de edad avanzada y recabar la cooperación de todos los medios de comunicación masivos públicos y privados, con o sin fines de lucro, para que aporten al proceso educativo del cumplimiento de la responsabilidad de alimentar a personas de edad avanzada, a fin de lograr el fortalecimiento de la institución fundamental de la sociedad, la familia. Para lograr estos propósitos se faculta al Programa para organizar todo tipo de actividades y utilizar todos los medios de comunicación personal, grupal o masiva, incluyendo la producción y colocación de anuncios en la radio, prensa, televisión y otros medios de comunicación, incluyendo la red informática Internet.El Programa publicará la disponibilidad de los servicios de sustento de personas de edad avanzada por lo menos una vez al año, incluyendo la información sobre sus costos y los lugares donde podrán solicitarse. (h) Solicitar, recibir y aceptar fondos y donaciones para prestar los servicios autorizados por esta Ley y formalizar contratos y cualquier otro instrumento que fuera necesario o conveniente en el ejercicio de cualesquiera de sus poderes, lo mismo que contratar los servicios técnicos necesarios, tanto para llevar a cabo investigaciones, procesamiento de casos y datos, recaudaciones de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada y cualquier otra gestión necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley, con individuos, grupos, corporaciones, cualquier agencia federal, el Gobierno de los Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o subdivisiones políticas.
(l) Iniciar ante los Tribunales procedimientos de impugnación de transacciones, u obtener remedio en el mejor interés del alimentista, a tenor con la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, cuando exista evidencia prima facie de que un alimentante, contra quien está pendiente una acción judicial de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, transfiere propiedad o ingreso para evadir el pago corriente o futuro de pensión alimentaria.
(2) El/la Administrador/a, o la persona a quien éste designe, tendrá la facultad de realizar descubrimiento de información financiera o de otra índole en entidades públicas o privadas, con el propósito de hacer efectiva una obligación alimentaria para personas de edad avanzada
Artículo 9.-Subadministrador/a del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada
El/la Administrador/a designará un/a Subadministrador/a para Programa para Sustento de Personas de Edad Avanzada con la anuencia de la/el Secretaria/o. El Subadministrador/a asistirá al Administrador/a en el desempeño de sus funciones con respecto al Programa, y su salario será pagado de las partidas presupuestarias del Programa. Conforme a otras disposiciones de esta Ley, el/la Administrador/a podrá delegar en el/la Subadministrador/a del Programa para Sustento de Personas de Edad Avanzada todas sus atribuciones con el propósito de cumplir las funciones, obligaciones y responsabilidades del/la Administrador/a. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Administrador/a, le sustituirá como Administrador/a Interino/a del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada y ejercerá todas sus atribuciones con el propósito de cumplir las funciones, obligaciones y responsabilidades del cargo según dispone esta Ley. El Subadministrador/a del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada se desempeñará en el cargo de Administrador/a Interino/a, exclusivamente en lo referente al Programa que mediante esta Ley se crea, durante su ausencia o incapacidad o cuando el mismo quede vacante, hasta que el Gobernador o la Gobernadora, con el consejo y consentimiento del Senado, nombre al Administrador/a y éste tome posesión del cargo.
Artículo 10.-Procurador/a Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada; facultades.
(e) Representar al Programa en todos aquellos asuntos autorizados por esta Ley en los cuales ésta sea parte o tenga interés y en todos los recursos ante los tribunales estatales y federales. El/la Procurador/a Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada estará facultado para acudir al tribunal y solicitar que se castigue por desacato civil o criminal a cualquier persona que se niegue a descubrir la información requerida según se dispone en este Artículo, como en el caso de cualquier otra violación de ley relacionada a sus funciones.
Artículo 11.-Servicio de localización de personas; facultad para investigar e imponer penalidades.
(a)La Administración ofrecerá a los beneficiarios del Programa el servicio de localizar a las personas que incumplen su obligación de prestar alimentos a personas de edad avanzada o que son alimentantes potenciales.Para estos efectos y para lograr y hacer efectivas las pensiones alimentarias para las personas de edad avanzada, el/la Administrador/a solicitará la información y la asistencia que considere necesaria de cualquier departamento, agencia, corporación pública u organismo del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios, de otros estados o jurisdicciones, así como de individuos, entidades privadas y corporaciones o sociedades, a los fines de identificar y localizar los descendientes o a las personas legalmente obligadas a prestar alimentos, determinar ingresos, gastos y bienes del o los alimentantes, o para cualquier otra información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.
(b) El/la Administrador/a o el/la funcionario/a del Programa que éste/a asigne, tendrá facultad para llevar a cabo las investigaciones que estime necesarias, y a tales fines, podrá tomar juramentos y declaraciones y requerir, bajo apercibimiento de desacato, la comparecencia de testigos y la presentación de datos, libros, cartas, documentos, papeles, expedientes y toda la información que sea necesaria y pertinente para un completo conocimiento de los asuntos bajo investigación relacionados con las funciones que le confiere esta Ley, con el propósito de que pueda cumplir con las responsabilidades que se le asignan. Se ordena, no obstante lo dispuesto en otras leyes, a los/las directores/as o secretarios/as de otros departamentos, agencias, corporaciones públicas u organismos del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios, así como a los/las funcionarios/as o agentes de corporaciones o entidades privadas, e individuos particulares a suministrar aquella información pertinente y necesaria que el/la Administrador/a solicite, incluyendo la recopilación de datos y listas escritas o a través de medios computadorizados. Toda la información solicitada, según dispuesto en esta Ley, se suministrará libre de costos y aranceles. Se proveerá acceso por parte del Programa, a cualquier información sobre la ubicación del alimentante que obre en cualquier sistema utilizado por los negociados de vehículos de motor u organismos de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico para localizar individuos.
(c) A fin de facilitar la localización y hacer efectivas las acciones contra alimentantes, las agencias de gobierno que emiten las siguientes licencias o mantienen récords relativos a los siguientes asuntos, deberán desarrollar procedimientos apropiados para garantizar que las solicitudes para obtener dichas licencias, o los récords sobre dichos asuntos, contengan la mayor información sobre el respectivo solicitante o individuo sujeto a dicho asunto, respectivamente: licencias profesionales, licencias de vehículos de motor, licencias ocupacionales, licencias de matrimonio, decretos de divorcio, órdenes de pensión alimentaria, decretos y reconocimientos de paternidad, y récords y certificados de defunción.
(d) Si alguna persona o funcionario/a se negare a ofrecer la información solicitada, el/la Administrador/a podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia y solicitar que se ordene el cumplimiento de la solicitud.El Tribunal dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la presentación de los datos o información requerida previamente por el/la Administrador/a. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.
(e) La información obtenida será de carácter confidencial y se utilizará únicamente para los propósitos autorizados por esta Ley. Cualquier persona que divulgue, dé a la publicidad, haga uso de, o instigue al uso de cualquier información obtenida de conformidad con las disposiciones de este Artículo, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Todo empleado o funcionario que por descuido, acción u omisión, divulgue, ofrezca o publique cualquier información confidencial estará, además, sujeto a las acciones disciplinarias que correspondan.
Artículo 12.-Compras y suministros.
Todas las compras y contratos de suministros y servicios que haga el Programa se harán de acuerdo a los reglamentos que adopte el Departamento de la Familia, para la adquisición de equipos, materiales y servicios no profesionales del Departamento. El/la Administrador/a se reservará derecho de adquirir la buena pro en una subasta pública a base de otras consideraciones objetivas y razonables adicionales a las del precio."
Artículo 13.-Solicitud de servicios.
(1) Cualquier solicitud hecha por un/a alimentista por sí, por conducto de su representante legal, por un/a agente del orden público, agencia o instrumentalidad pública o privada, tutor/a, por funcionario/a público/a o cualquier persona particular interesada en el sustento de dicha persona.
(2) La solicitud de un/a alimentante que interese que se ordene que otros/as alimentantes obligados/as a proveer sustento a un alimentista cuando la/el solicitante está proveyendo para el sustento de dicho ascendiente e interesa nivelar o distribuir equitativamente el cumplimiento de la obligación entre uno/a o varios/as alimentantes.
(i) Ninguna información sobre el paradero de una parte será divulgada a otra parte contra la cual se ha emitido una orden de protección respecto a la primera parte.(ii) Ninguna información sobre el paradero de una parte será divulgada a otra parte si el Programa tiene motivo fundado para creer que el revelar la misma podrá resultar en daño físico o emocional a la primera parte.
Ningún/a empleado/a del Programa, o la Administración, o ambos, tendrá acceso o intercambiará información mantenida por la Administración más allá de lo necesario para el desempeño de las funciones del Programa, la Administración, o ambos.
(4) Cuando sean necesarios los servicios de representación legal, el/la Administrador/a designará al /la Procurador/a Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada como representante legal en el mejor interés de la persona de edad avanzada. Para propósitos de este Artículo, se considerará como hecha una solicitud de servicios que sea recibida por funcionarios/as del Programa mediante vía telefónica o visitando la oficina local más cercana a su residencia. El /la Administrador/a, con la anuencia de la /el Secretaria/o, deberá adoptar reglamentación que regule el mecanismo para la corroboración de solicitudes de servicios hechas telefónicamente
Artículo 14.-Procedimiento administrativo de mediación.
Todo/a solicitante de servicios, a tenor con el Artículo 12, ya sea por sí, por conducto de su representante legal, por un agente del orden público, agencia o instrumentalidad pública o privada, tutor, por funcionario público o cualquier persona particular interesada en el sustento de dicha persona o en la nivelación de su obligación de prestar sustento, podrá iniciar el procedimiento administrativo de mediación, en conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos de los Centros de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial debidamente aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y a tono con la Ley Núm 19 de 22 de septiembre de 1983 y el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos debidamente aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y con lo siguiente:
El /la Administrador/a preparará y proveerá a las partes un formulario para obtener información sobre la capacidad económica y no económica del alimentante y las necesidades de las personas de edad avanzada. El formulario se completará con afirmación certificada sobre la veracidad de la información ofrecida. El acto de someter el formulario es voluntario y no exime a las partes de su obligación continua de suministrar toda aquella otra información que permita lograr un acuerdo de mediación.Luego de recibido el formulario se referirá al procedimiento de mediación para su resolución.
Dicho proceso tendrá como propósito promover la participación del alimentante y el alimentista en la solución de sus conflictos y que las partes asuman responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos logrados. Las partes tienen la potestad de decidir si se someten o no a este proceso. El /la Administrador/a deberá adoptar, con la anuencia de la /el Secretaria/o, la Reglamentación que regirá los Procedimientos de Mediación a tenor con la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, y el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 25 de junio de 1998.
Acuerdos sobre pensiones alimentarias para personas de edad avanzada.
Cuando las partes logren un acuerdo o estipulación sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el mismo se someterá a la aprobación del /la Administradora/o para que éste/a imparta su aprobación.
Cuando las partes no logran un acuerdo; o
Cuando cualesquiera de las partes decide no someterse al Procedimiento Administrativo de Mediación; o Cuando el /la mediador/a determina que no procede el mecanismo de mediación administrativa; o
Confidencialidad de los Procesos de Mediación
La información ofrecida por los(as) participantes en el proceso de mediación creado mediante esta Ley, será confidencial y privilegiada; de igual manera lo serán todos los documentos y expedientes de trabajo de la oficina del mediador o de la mediadora.Dicha información o documentación no podrá ser requerida en procesos judiciales o administrativos, ni se podrá requerir al mediador o a la mediadora el declarar sobre su contenido o sobre el proceso seguido ante él o ella.
Las sesiones que se celebren en los métodos alternos para la solución de conflictos serán privadas. La participación de personas ajenas a la controversia estará sujeta al consentimiento de las partes y del mediador o de la mediadora y cuando no se haya previsto una medida o un procedimiento específico en esta Ley, el Programa podrá establecer reglamentación al respecto.
Artículo 15.- Mediador; facultades y deberes.
(5) posponer las sesiones según estime apropiado o pertinente, tomando en cuenta el interés de las partes, y (6) dar por terminada la mediación en cualquier momento, conforme a los criterios, las condiciones y el procedimiento establecido en la reglamentación aprobada por el/la Administrador/a.(b) El/la mediador/a no tiene autoridad para obligar a las partes en controversia a llegar a algún acuerdo en particular.
El /la mediador/a deberá mantener una posición de imparcialidad hacia todas las partes involucradas en la controversia. Ayudará a todas las partes por igual a llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sin abogar por los intereses de una de las partes en el proceso para la solución de la disputa.
Artículo 16.-Formas de pago.
El pago de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada podrá hacerse, entre otros, del sueldo o salario; de otros ingresos, periódicos o no, recibidos por el alimentante de otras fuentes que no sean del producto de su trabajo tales como rentas e intereses. Podrá incluirse o imponerse en la pensión alimentaria como forma alternativa de pago, el aporte no económico del alimentante. Las partes, o el Tribunal, determinarán la forma en que los alimentantes obligados harán el pago de la aportación económica de la pensión alimentaria. Se podrán hacer, sin que se entienda como una limitación, directamente al alimentista, a otro de los alimentantes, o mediante depósito a una cuenta de banco
Artículo 17.-Honorarios de abogado.
En cualquier procedimiento judicial bajo esta Ley para la fijación o modificación de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada o para hacer efectiva una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el tribunal deberá imponer al o los alimentantes el pago de honorarios de abogado razonables a favor del alimentista de edad avanzada, de éstos haberse incurrido, cuando éste prevalezca.
Artículo 18.-Penalidades; multas administrativas.
Cualquier violación de esta Ley o de los reglamentos adoptados a su amparo para la cual no se haya provisto penalidad expresa, constituirá delito menos grave y será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.El tribunal, además, retendrá la autoridad de imponer desacato civil o criminal por el incumplimiento de las órdenes del tribunal o del /la Administrador/a.
El /la Administrador/a podrá imponer multas de hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares, compensaciones, intereses, recargos, gastos, costas, honorarios, penalidades o hasta tres (3) meses de servicios comunitarios por violación de las disposiciones de esta Ley, las leyes que administra el Programa o los reglamentos u órdenes emitidas por el /la Administrador/a y mediante solicitud al tribunal desacato, civil o criminal.
El dinero recaudado por concepto de la imposición de penalidades o multas administrativas ingresará al Fondo Especial.
Artículo 19.-Disposiciones Presupuestarias.
Se asigna al Programa, con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la suma de quinientos mil (500,000) dólares para las operaciones del Programa anualmente, a partir del 1ro de julio de 2002.

References: Artículo 143

Artículo 1
 Artículo 143

Artículo 4
 Artículo 12

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8
 Artículo 13
in fine

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 Artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19