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Timestamp: 2018-03-17 07:24:12+00:00

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Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo
Publicado en BOPV núm. 146 de 01 de Agosto de 2000 y BOE núm. 299 de 13 de Diciembre de 2011
Vigencia desde 02 de Agosto de 2000
CAPITULO II. REGIMEN COMPETENCIAL
Artículo 3 Régimen competencial
CAPITULO III. REGIMEN JURIDICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD
Artículo 4 De los usuarios
Artículo 5 De los transportistas
Artículo 8 De las licencias y las autorizaciones
Artículo 9 De los vehículos
Artículo 10 De los conductores
CAPITULO IV. CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Artículo 11 Desempeño de la actividad y requisitos para su ejercicio
Artículo 12 Contratación del servicio
Artículo 13 Objeto del servicio
Artículo 16 Clases de servicios: generales y especializados
CAPITULO V. REGIMEN TARIFARIO
Artículo 17 De las tarifas
CAPITULO VI. INTERACCION DE SERVICIOS
Artículo 18 Ambito territorial del desempeño del servicio
Artículo 19 Areas territoriales de prestación conjunta
Artículo 20 Zonas de régimen especial
CAPITULO VII. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. LAS COMISIONES DEL TAXI DE LOS TERRITORIOS HISTORICOS
Artículo 21 Relaciones interinstitucionales
Artículo 22 Comisiones del Taxi
CAPITULO VIII. REGIMEN DE CONTROL, INSPECCION Y SANCION
Artículo 23 Control de la actividad por la Administración
Artículo 24 Función inspectora de la Administración
Artículo 26 Infracciones del transporte. Sus clases
Artículo 27 Infracciones de los usuarios
Artículo 30 Competencia y procedimiento
DISPOSICIONES TRANSITORIAS . .
Véase D [PAÍS VASCO] 243/2002, 15 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de automóviles de turismo («B.O.P.V.» 5 diciembre).
LEY 2/2000, DE 29 DE JUNIO, DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO E INTERURBANO DE VIAJEROS EN AUTOMOVILES DE TURISMO.
En relación con la distribución de competencias entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los órganos forales de los territorios históricos y los Ayuntamientos, se ha respetado la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales citados, así como los desarrollos reglamentarios en materia de traspaso de funciones y servicios operados en la materia que nos ocupa.
En esta sección, aun a riesgo de incurrir en un excesivo casuismo, más propio de la actividad reglamentaria, se ha querido definir el mayor número posible de comportamientos, tanto de los usuarios como de los transportistas, susceptibles de ser sancionados, a fin de garantizar los principios constitucionales de legalidad y tipicidad que deben inexcusablemente presidir esta materia. De esta suerte, bajo la distinción entre tres clases de infracciones -muy graves, graves y leves- se han recogido los tipos básicos de cada infracción, centrando su posterior desarrollo reglamentario.
1.- A los efectos de esta ley, se entiende por transporte urbano el que discurre íntegramente por el término municipal de un único municipio, teniendo el resto de los transportes la consideración de transporte interurbano.
2.- Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.
3.- Son vehículos de turismo, a los efectos de esta ley, los vehículos automóviles distintos de las motocicletas concebidos y construidos para el transporte de personas con una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor.
1.- Corresponde al Gobierno Vasco el desarrollo normativo de la ley así como la alta inspección, que se llevará a cabo mediante actuaciones de coordinación y la elaboración de planes de inspección de los servicios objeto de esta ley.
2.- Corresponde a las Diputaciones forales de los territorios históricos el otorgamiento y anulación de las autorizaciones de transporte interurbano residenciadas en sus respectivos territorios, dentro de los contingentes, en su caso, así como la inspección y sanción de los servicios de carácter interurbano.
3.- Corresponde a los Ayuntamientos, dentro del ámbito del transporte urbano, el otorgamiento y anulación de licencias de transporte; la planificación, la inspección y sanción de los servicios; la fijación de tarifas, con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre control de precios, y la acreditación, en su caso, de la aptitud de los conductores.
REGIMEN JURIDICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD
1.- Las Administraciones públicas señaladas en el artículo 3 deberán mantener informados a los usuarios de las condiciones en que se prestarán los servicios de transporte objeto de la presente ley.
2.- Los usuarios deberán cumplir las reglas de utilización del servicio que se establezcan, y en todo caso tendrán las siguientes obligaciones:
1.- Podrán ser titulares de las autorizaciones y licencias a que se refiere esta ley las personas físicas que acrediten el cumplimiento de los requisitos siguientes:
2.- El incumplimiento sobrevenido de estos requisitos dará lugar a la revocación de los títulos habilitantes, en la forma que reglamentariamente se establezca.
1.- El ejercicio de la actividad objeto de la presente ley estará sujeto a la preceptiva concesión de la licencia y autorización de las Administraciones competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.- La licencia habilitará para la realización de transporte urbano. La autorización habilitará para la realización de transporte interurbano en el ámbito al que se refiere esta ley.
3.- El número de autorizaciones y licencias se podrá limitar atendiendo a la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, que vendrá determinada por criterios de población a la que haya que atender y/o las circunstancias socio-económicas que concurran en la zona.
4.- Con carácter general, por motivos de coordinación de servicios de diferente ámbito, se exigirá la obtención de las licencias o autorizaciones de menor ámbito para la concesión de las de ámbito superior. Reglamentariamente se regularán los supuestos en que tal condición no resulte necesaria por la escasa trascendencia de los servicios u otras circunstancias relacionadas con la demanda de los mismos.
1.- Las licencias y autorizaciones ampararán exclusivamente el ejercicio de la actividad de transporte público de viajeros realizado en vehículos de turismo a un solo titular, realizada por un solo conductor y por medio de un solo y determinado vehículo, siendo presupuesto esencial para su otorgamiento la identificación de los mismos con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Una misma persona no podrá ser, en ningún caso, titular de más de una licencia.
2.- Las licencias y autorizaciones serán intransmisibles, salvo en los siguientes supuestos:
e) Cuando el titular de la licencia tenga antigüedad superior a diez años. Este podrá transmitirla, previa autorización de la entidad local, no pudiendo obtener nueva licencia en el plazo de diez años.
3.- Se determinarán reglamentariamente los supuestos y casos en que los títulos habilitantes hayan de ser visados periódicamente. La falta de visado, en los supuestos en que sea preceptivo y en los plazos que se establezcan, dará lugar a la revocación de los títulos habilitantes.
1.- Se consideran aptos para el transporte de viajeros los vehículos turismo que reúnan las características establecidas en la legislación vigente.
2.- Los Ayuntamientos, a través de su ordenamiento municipal, podrán determinar los requisitos que estimen oportunos con el objeto de garantizar una adecuada prestación del servicio a los usuarios.
1.- Toda persona que devenga, por cualquier circunstancia o causa, titular de una licencia de auto-taxi tendrá la obligación de prestar el servicio personalmente. Sólo excepcionalmente, y en la forma en que se fije reglamentariamente (viudas/os, situaciones de invalidez del titular, incapacidad laboral transitoria y aquellas situaciones sobrevenidas que impidan la prestación personal del servicio), podrá explotarse la licencia mediante la contratación de un conductor asalariado (trabajador por cuenta ajena), no pudiendo cada licencia tener adscrito más que un solo conductor.
2.- Los conductores deberán poseer el permiso de conducción correspondiente establecido en la legislación vigente y cumplir los requisitos de aptitud profesional que puedan establecerse reglamentariamente, que vendrán determinados por la acreditación de conocimientos relativos a la normativa aplicable a los servicios objeto de la ley, itinerarios y callejero, y en general los necesarios para la correcta prestación del servicio.
3.- En todo caso, el titular de la licencia acreditará ante el organismo otorgante de la misma y de la autorización el cumplimiento de las prescripciones legales en materia laboral y de seguridad social, así como las que se deriven de la presente ley, relativas al conductor.
CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
1.- La titularidad de una licencia o autorización habilita a su poseedor para prestar el servicio objeto de la presente ley, de conformidad a su articulado y al resto de la normativa vigente.
2.- Con carácter general, toda persona titular de una licencia y autorización tendrá la obligación de iniciar la prestación del servicio en el plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de notificación de la concesión de las mismas, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante los órganos competentes señalados en el artículo 3 de la presente ley.
3.- La prestación del servicio se realizará en régimen de exclusiva dedicación, salvo en los supuestos que reglamentariamente se establezcan, y que vendrán determinados por la concurrencia de circunstancias socio-económicas o de escasa población de la zona a que afecte.
4.- La prestación del servicio se realizará cumpliendo el régimen de horarios, turnos, vacaciones y periodos de interrupción que puedan establecerse normativamente.
1.- Los servicios que se presten al amparo de esta ley se realizarán, con carácter general, mediante la contratación de la capacidad total del vehículo.
2.- Reglamentariamente se determinarán los supuestos excepcionales en que se podrá autorizar la contratación de servicios por plaza con pago individual.
1.- Los servicios de transporte público urbano e interurbano en vehículos de turismo se prestarán ordinariamente a las personas con sus equipajes.
2.- Reglamentariamente podrá regularse la realización del servicio de transporte de encargos, en atención a las circunstancias socio-económicas y de población de los municipios donde se hayan de prestar fundamentalmente los servicios. La realización del servicio de transporte de encargos será opcional para el taxista.
1.- El transportista está obligado a prestar el servicio que se le demande, siempre que la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas en el artículo 4 para los usuarios.
2.- El transportista no podrá transportar un número de viajeros superior al de las plazas autorizadas al vehículo.
3.- El transportista podrá negarse a la prestación del servicio cuando éste sea demandado para fines ilícitos, así como cuando concurran circunstancias de riesgo para la seguridad o integridad física de los viajeros, del conductor o de otras personas o para la integridad del vehículo.
4.- En caso de negativa del transportista a la prestación del servicio, vendrá obligado a expresar al usuario la causa de este hecho por escrito, si así se le demanda.
5.- El transportista deberá observar el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los servicios, y el conductor observará un comportamiento correcto con los usuarios.
6.- En los casos en los que se realicen servicios de transporte escolar o de menores, se deberán cumplir todos aquellos requisitos que con arreglo a las normas que regulan la seguridad de dichos transportes son preceptivos.
1.- El servicio de transporte de viajeros en automóviles de turismo puede prestarse bajo alguna de las siguientes modalidades:
2.- Los títulos habilitantes para la prestación de los citados servicios especializados, así como el régimen jurídico de prestación de los mismos, se desarrollarán reglamentariamente.
1.- Tarifas de los servicios de uso exclusivo.
2.- Tarifas de los servicios de transporte por plaza.
3.- Tarifas de los servicios especiales.
4.- Las tarifas deberán cubrir la totalidad de costes reales en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así como una correcta prestación del servicio o realización de la actividad.
5.- Las tarifas se fijarán por el órgano competente según lo dispuesto en el artículo 3, con audiencia de transportistas y usuarios, y serán revisadas periódicamente, teniéndose en cuenta las variaciones que hayan sufrido las partidas que integran la estructura de costes y que supongan alteración significativa del equilibrio económico del servicio o actividad.
6.- Cuando por razones de política económica el precio de los transportes estuviera incluido en alguna de las modalidades de intervención reguladas en la normativa general de precios, el órgano competente para fijar tarifas deberá someter el establecimiento o modificación de las mismas a los órganos competentes sobre control de precios.
7.- Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la vigente normativa ni amparados por la preceptiva autorización administrativa.
8.- Reglamentariamente se determinará cuál debe ser el momento en que, contratado un servicio, se pondrá en marcha el taxímetro.
Véase O [PAÍS VASCO] 8 enero 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las nuevas tarifas de los servicios de transporte público interurbano de viajeros en automóviles de turismo, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.P.V.» 19 enero).
INTERACCION DE SERVICIOS
1.- Los servicios regulados en la presente ley deberán iniciarse en el término municipal a que corresponda la licencia que ampare el desempeño de la actividad.
2.- Se exceptúan, en su caso, los servicios realizados en áreas territoriales de prestación conjunta y zonas de régimen especial y aquellos otros en que exista contratación previa o hayan de cubrir zonas carentes de licencias o autorizaciones, y los servicios especiales, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
1.- Son áreas territoriales de prestación conjunta las que así se determinen por las respectivas Diputaciones forales, bien de oficio, bien a instancia de los Ayuntamientos a que el área se refiera. En el supuesto de actuación de oficio, lo será con la anuencia de al menos el 50% de los Ayuntamientos afectados, que a su vez supongan el 75% de la población existente en el área.
2.- Las áreas territoriales de prestación conjunta se establecerán en las zonas en que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de varios municipios, de manera que la adecuada ordenación de los mismos trascienda el interés de cada uno de ellos.
3.- La prestación de servicios en las citadas áreas estará sujeta igualmente al régimen establecido en la presente ley.
4.- Cuando el área territorial de prestación conjunta afecte a más de un territorio histórico, las funciones atribuidas en este artículo a las Diputaciones forales serán ejercidas por el Gobierno Vasco, que podrá llevarlas a cabo por sí mismo o bien delegarlas en las Diputaciones forales correspondientes.
1.- Las zonas de régimen especial se establecerán cuando, como consecuencia de actividades tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, centros hospitalarios, ferias, mercados u otras similares, o cuando por existir interacción de tráfico entre dos o más municipios, se genere un tráfico importante que afecte a varios municipios y que no se encuentre suficientemente atendido por personas titulares de autorizaciones y licencias correspondientes a municipios en que dichos centros están situados.
2.- Son zonas de régimen especial aquellas determinadas por las respectivas Diputaciones forales, previo informe de los Ayuntamientos a que afecten, y en las cuales los vehículos con licencia de distintos municipios a aquellos en que se origine el servicio pueden prestar los oportunos servicios.
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. LAS COMISIONES DEL TAXI DE LOS TERRITORIOS HISTORICOS
1.- En cada territorio histórico, la respectiva Diputación foral creará una Comisión del Taxi.
2.- Las Comisiones del Taxi serán, dentro de cada ámbito territorial, el órgano consultivo y asesor de las diversas instancias administrativas en el marco de la regulación de la presente ley.
3.- Sin perjuicio de otras competencias que por ley o reglamento le sean atribuidas, la Comisión del Taxi prestará asesoramiento al órgano administrativo correspondiente, con carácter preceptivo, mediante informe emitido al efecto, en los siguientes supuestos:
4.- Asimismo, asesorará a las Administraciones competentes y a los transportistas, trabajadores y usuarios de cuantos extremos considere de interés en relación con las diferentes modalidades de prestación de los servicios, transmisión de licencias y obtención de los certificados de aptitud.
5.- Podrá también emitir informe sobre cualquier asunto de interés relativo a la materia de la presente ley o al desenvolvimiento de los distintos servicios.
6.- En la Comisión del Taxi estarán representados el Gobierno Vasco, la Diputación foral correspondiente, los Ayuntamientos, siendo al menos uno de éstos el representante de la respectiva capital, y los representantes de los usuarios y del sector del taxi.
7.- Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los órganos colegiados.
Véase D. Foral [ÁLAVA] 53/2008, 27 mayo, por el que se aprueba la creación de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico de Álava («B.O.T.H.A.» 11 junio). Véase D. Foral [GIPUZKOA] 37/2004, 27 abril, sobre la creación de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 10 mayo).
REGIMEN DE CONTROL, INSPECCION Y SANCION
1.- Las actividades reguladas en esta ley se someterán al pertinente control administrativo en la forma que reglamentariamente se determine.
2.- Dicho control garantizará la adecuada protección de los usuarios de acuerdo con la legislación vigente, facilitando los medios oportunos para que éstos no vean vulnerados sus derechos.
1.- La inspección de los servicios regulados en esta ley será ejercida por los órganos administrativos competentes, según lo dispuesto en el artículo 3. Los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública a todos los efectos, y gozarán de plena independencia en su actuación.
2.- Los transportistas y conductores y, en general, cuantos intervengan en la prestación de los servicios regulados en la presente ley tienen la obligación de facilitar a quien tenga encomendada la función inspectora, el acceso a los vehículos y a la documentación que de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollen sea obligatoria, así como a las instalaciones que hayan de ser objeto de autorización o licencia.
3.- La Inspección contará con la colaboración de los órganos administrativos encargados de la vigilancia del transporte, coordinando la actividad de inspección con la de vigilancia.
1.-Se considerarán infracciones muy graves:
2.-Se considerarán infracciones graves:
d) La negativa u obstaculización a los usuarios de la disposición de la documentación destinada a quejas y reclamaciones relativas al servicio.
La ocultación o demora injustificada en la puesta en conocimiento de la Administración de dichas reclamaciones o quejas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
3.-Se considerarán infracciones leves:
1.- Constituye infracción leve el incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley.
2.- Tales infracciones se depurarán sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil que, en su caso, pueda demandar el transportista al usuario o al ocupante del vehículo.
1.- Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 46.000 pesetas y/o retirada del título habilitante por un tiempo máximo de quince días. Las graves, con multa de 46.001 a 230.000 pesetas y/o retirada del título habilitante por un tiempo máximo de seis meses.
Las muy graves, con multa de 230.001 a 460.000 pesetas y/o retirada del título habilitante por un tiempo máximo de un año. La cuantía de las sanciones que se impongan, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero.
2.- Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta ley, la comisión reiterada de infracciones muy graves o con quebranto de la sanción impuesta podrá dar lugar a la revocación del título habilitante.
1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves a los seis meses.
2.- Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año.
3.- En relación con el cómputo del plazo de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones impuestas, así como en relación con la interrupción y reanudación del plazo, se estará a lo preceptuado en la Ley 2/1998, de 20 de febrero.
1.- La imposición de las sanciones previstas en esta ley será ejercida por los órganos administrativos competentes, según lo dispuesto en el artículo 3.
2.- El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley, así como su ejecución, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero.
3.- El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa será requisito necesario para la realización del visado, así como para la transmisión de las licencias y autorizaciones.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 30
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 resolución