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Timestamp: 2017-12-12 06:20:44+00:00

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FORO AZUL Y BLANCO: septiembre 2016
en cuanto al enfoque de EEUU con respecto al tema de la homosexualidad
9 de septiembre 2016 (C-Fam)
Incluso la izquierda se está dando cuenta de que la postura agresiva de la administración de Obama sobre la agenda homosexual en la política exterior ha llegado a dañar el asunto. Un ensayo en la prestigiosa revista Foreign Affairs es lo más reciente.
Casi inmediatamente finalizado el conflicto del Atlántico Sur (jun/1982), comienza una estrategia de “desmalvinización” sobre la opinión pública nacional. Puede decirse que, consciente o inconscientemente, el gobierno de facto del Proceso dio el primer paso, al ocultar ante los ojos de la sociedad el retorno de los combatientes al territorio continental.
Posteriormente ya con Raúl Alfonsín a cargo del Ejecutivo nacional, esta campaña se vuelve más evidente con hechos tales como el inicio del desmantelamiento de las FFAA, o desde el plano psico social, la perseverante influencia gubernamental sobre la población, consecuente con el manejo del diferendo de límites con Chile, o la evolución del caso Malvinas luego de 1982, oportunidad esta última que fue propiciadora de lo que se terminó llamando “Los Acuerdos de Madrid”.
La posterior dupla Menem – Cavallo será quienes finalmente concreten los mencionados acuerdos. A través de estos, se consolidó el desmantelamiento del patrimonio militar y de la estructura de defensa nacional existente; propiciándose además un grave deterioro de los establecimientos de producción militar, y de los organismos dedicados a la investigación y desarrollo para la Defensa. Este proceso implicó también la supresión en el mismo rubro, de proyectos tecnológicos de avanzada que se encontraban en ejecución en el país, y sirve en un plano diferente, para materializar la anulación del servicio militar obligatorio mediante, según algunos especialistas, una operación de falsa bandera (Caso Carrasco).
No obstante, los efectos de los Acuerdos de Madrid no estuvieron centrados solamente en el sector militar, muy por el contrario, sus mayores consecuencias se sintieron (y sienten) en los siguientes aspectos:
· Argentina debió abrir su economía
· Desregular las normas de protección
· Privatizar empresas estratégicas
· Ampliar las seguridades administrativas a inversores extranjeros
· En tanto el Congreso nacional aprobó la ley 24.184 (Convenio suscripto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para la Promoción y la Protección de Inversiones; suscrito en Londres Dic/1990)
Consecuente con lo expresado, tanto Gran Bretaña como el propio EEUU (países bases de multinacionales emparentadas) pudieron mejorar las condiciones para defender sus intereses estratégicos en la región, e implantaron la llamada Fortaleza de Malvinas (Fortress Falkland), estructura militar británica ultra moderna mantenida hoy en las Islas a un costo elevadísimo, que sirve también como unidad de avanzada de la NATO en este alejado rincón del planeta.
Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, el presidente Duhalde en su momento, consigue la derogación de las leyes que penalizaban las Responsabilidades Económicas contra el Estado Nacional.
No obstante hay que remarcar que a pesar de las ventajas otorgadas, éstas no sirvieron para que Gran Bretaña accediese a entrar en conversaciones por el tema central: la soberanía de las Islas.
No está demás iniciar este subtítulo recordando la visita de descanso (mar/2016) que Macri, ya en funciones como presidente de los argentinos, realiza nada más y nada menos que al multimillonario inglés Joe Lewis, en su residencia ubicada en el sur argentino. Persona que entre otros aspectos:
1) “Privatizó” en su provecho el acceso a Lago Escondido, medida que ningún gobierno hasta ahora hizo revertir, en cumplimiento de los fallos de la justicia en favor de la comunidad.
2) Posee una pista pavimentada cercana a la costa atlántica, en la Pcia. de Rio Negro, de la cual se dice, parten y se reciben vuelos de Malvinas sin ningún tipo de control de las autoridades nacionales (es necesario recordar que Argentina en esa zona, no posee ningún medio técnico propio, como para controlar la existencia o no de estos vuelos). Al respecto de esta visita presidencial, se acota que la investidura y actitud de un presidente, más aún cuando hubo una guerra de por medio y persiste un conflicto de soberanía, debe superar cualquier amistad personal que pudiese existir. Obrar de otra manera como fue el caso, propicia todo tipo de suspicacias.
Otro factor de suma importancia a favor de Argentina, fue la declaración de la ONU en la primera mitad del año en curso, cuando este organismo mediante una resolución se expide indicando que la plataforma marítima argentina incluye a las islas Malvinas, y por tanto, toda explotación de pesca o petróleo en la zona, no puede realizarse sin el consentimiento de los argentinos. Es decir, nuestro país recibió una herramienta de primera magnitud para inducir a negociar a los británicos, especialmente cuando ya está reiteradamente demostrado que éstos se avienen a conversar mucho más fácilmente, si la presión procede más de factores económicos que militares, dada su condición de potencia mundial.
La ministro de Relaciones Exteriores argentina, en los primeros días de set/2016 declaró en Londres al diario británico The Guardian que el Gobierno argentino “desea considerar el retorno de los vuelos desde y hacia las islas y un joint-venture argentino-británico de exploración de petróleo” en las aguas circundantes. A mediados de set/2016 y como producto de la denominada “mini Davos” realizada en BsAs, se efectúa una declaración bilateral que avanza en esa dirección. En el documento firmado por el ministro británico Alan Duncan y la canciller Malcorra, se acuerda que se restablecerán conexiones aéreas adicionales entre el archipiélago y terceros países, con dos escalas mensuales en territorio argentino (actualmente ocurre una al mes en Río Gallegos), agregándose además, que se buscarán “las medidas apropiadas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
Es decir, que directamente Gran Bretaña exige que Argentina levante las sanciones previstas por ley, a aquellas empresas que en detrimento del país exploten los recursos nacionales (petróleo y pesca) en aguas del Atlántico Sur, aguas como se dijo más arriba, recientemente reconocidas por la ONU como plenamente argentinas. ¿Qué ofrecen los británicos a cambio? El compromiso de permitir a la Cruz Roja Internacional, identificar alrededor de una veintena de cuerpos de soldados argentinos. También como ya fue dicho, para mejorar el aislamiento de los kelpers, en un exceso de buena vecindad Argentina brega para que le permitan establecer conexiones aéreas adicionales con las Islas.
Al parecer ya están totalmente olvidados los resultados de experiencias similares de acercamiento a los isleños, encaradas por anteriores gobiernos argentinos: conexión aérea semanal a través de LADE, instalación en las Islas de YPF, Gas del Estado y ENTEL a efectos de mejorar la calidad de vida de los kelpers; admisión de jóvenes estudiantes en colegios de Comodoro Rivadavia y BsAs; etc. O durante la presidencia de Menem, la estrategia “de seducción” mantenida por el ex canciller Guido Di Tella, que terminó abriendo la puerta a la exploración petrolera extranjera en el mar que rodea las islas, y que al decir de los expertos, confinó a YPF a un sector alejado de las zonas más ricas en petróleo.
Dado el panorama, resulta irrebatible lo afirmado por un analista nacional “todo lo que facilite a los kelpers el manejo de una economía próspera va en contra de la aspiración argentina de recuperar alguna vez la soberanía, y atenta contra el derecho de nuestro país de explotar en su beneficio los recursos petroleros y pesqueros de los que se ve despojado”.
Otro aspecto que se estima necesario destacar, se refiere a que la mayoría de los principales medios de prensa argentinos, se esfuerzan en presentar estos hechos como buenas noticias, circunscribiendo el problema a que se están reiniciando las conversaciones y que se advierte una mejora en las relaciones. En tanto, poco se comenta que en aquello que trasciende, las ventajas se inclinan pesadamente hacia la parte británica, mientras permanece ausente lo importante de esta discusión para los argentinos: la soberanía en ese sector y el aprovechamiento de sus recursos, aspectos totalmente vinculados uno con otro.
Paradójicamente, y por más intenciones en contrario, la realidad supera la ficción y el caso toma cada vez más estado público, consecuente con lo declarado recientemente por el presidente Macri en Nueva York por una parte, y por otra, la inmediata desmentida británica a los dichos del presidente argentino. Estos traspiés, agravados por afirmaciones en un comienzo, y posteriores negativas a lo ya vertido, demuestran una actitud improvisada y dubitativa, seguramente propiciada entre otras cosas por intereses bastante alejados del bien común de la población, como por ejemplo, el posicionamiento del Gobierno ante la opinión pública de cara a las futuras elecciones. Estas fallas se tornan más evidentes, cuando los hechos se alejan del encuadre de la justicia ante la pretensión de quedar bien con todas las partes, y en realidad no se satisface a ninguna. Es muy difícil servir a varias banderas; la vigencia de la frase anterior se viene reiterando desde el fondo de la historia.
De igual manera, los funcionarios públicos que intervienen en este tema, deberían ir tomando conciencia que:
1) Los hechos tal como se muestran, se encaminan a violar la ley nacional 26.659 (que establece las condiciones para la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina)
2) Más allá de la obligación que el art. 21 de la Constitución Nacional impone a todo ciudadano argentino en defensa de la Patria, en forma exclusiva para el caso Malvinas, también nuestra Constitución contiene una Disposición Transitoria Primera, que obliga a todo el pueblo argentino a bregar por la recuperación de nuestras Islas (no hay dudas de que este mandato también incluye a nuestros gobernantes).
Asesor Bloque EVC
ante proyecto del aborto en Chile
Aica, 13 Sep. 16
Frente al avance del proyecto de aborto en Chile, el Obispo de Punta Arenas en el sur del país, Mons. Bernardo Bastres, pidió al partido Democracia Cristiana (DC) tener puesta “la mirada en sus principios que están inspirados en el humanismo cristiano y en la Doctrina Social de la Iglesia”.
El Obispo hizo estas declaraciones luego que la Presidenta del partido Demócrata Cristiano y de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goic, votara a favor de la idea de legislar sobre el proyecto de aborto, decisión que permitió el avance de la moción en el Parlamento.
Cabe destacar que en 2006, Goic firmó una declaración en la que se comprometía a “respetar y hacer respetar toda vida humana desde la concepción hasta su muerte natural”, y a “rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, de encarnizamiento terapéutico”.
Recientemente el Prelado expresó públicamente su rechazo a la decisión de Goic cuando señaló que “en la vida se pide que cada uno de nosotros sea consecuente con sus opciones (...). Entonces hay que preguntarle a la senadora cuáles son sus motivaciones, qué dicen los principios de su partido y después ver cómo actúa”.
Las declaraciones del Obispo provocaron que el esposo de Goic le respondiera que “ella es parlamentaria, que tiene que legislar para Chile y para la región, no para la religión” y que “esta actitud extrema, conservadora, propia de un sector religioso es a la que su sotana no me inspira ningún respeto”.
Al respecto y en declaraciones a ACI Prensa, el Obispo dijo que “lo que pedimos es una coherencia interna”.
“El ser cristiano no lo puedo quitar de mí cuando vaya a una votación. Cualquier diputado, senador, autoridad, incluso yo como Obispo, tengo que ser coherente entre lo que creo y lo que realizo en mi vida pública y privada”, dijo el Prelado.
El Prelado recordó el ejemplo de Santo Tomás Moro, “el prototipo más moderno del político católico”, quien fue condenado a muerte por negarse a firmar el Acta de Sucesión y de Supremacía, por la que se proclama el rey Cabeza de la Iglesia Anglicana y la independencia de Roma.
Mons. Bastres señaló además que “la DC siempre se caracterizó por estar bastante de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia y del humanismo que planteaba la Iglesia Católica”
“Yo no sé si va a cambiar sus estatutos, pero yo he estado hablando con algunos de sus integrantes y la declaración de principios que está en su sitio web sostiene todavía que es un partido de profundo humanismo cristiano y como tales defienden la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”, afirmó.
“Eso es lo que nos ha llamado la atención de la Democracia Cristiana, que en en un tema valórico que ellos tienen definido, cuando llega el momento de votar no han sido capaces de regirse por sus principios”, expresó el Obispo.
En cuanto al actual debate del proyecto de aborto, para Mons. Bastres “las iglesias cristianas no han sido escuchadas. Cuando ellas u organizaciones pro vida iban a exponer su postura a la comisión de salud, por ejemplo, normalmente había uno en la mesa y el resto se excusaba, salían o entraban, no estaban escuchando”.
Mons. Bastres advirtió que en este debate “hay una cosa que está de fondo y que va mucho más allá de lo que hace cada partido. Lo que estamos viviendo, más que una defensa o no defensa del que está en el vientre de la madre, es un problema ideológico de querer poner al país según ellos ‘a la altura’ de los países desarrollados”.
Etiquetas: Ideologías, Política, Situación internacional
renuncia a partido Democracia Cristiana por apoyo al aborto
Aica, 08 Sep. 16
Quezada dirige su carta a Goic y le señala que “oré para que ud. representando al Partido votase en consecuencia con los valores cristianos de nuestro Partido, votase en consecuencia con los acuerdos del V congreso y rechazase la idea de legislar sobre algo tan inicuo como un proyecto de aborto, pero no fue así”.
“Pensé en Santo Tomás Moro, prefiriendo ser fiel a sus convicciones antes que a su rey, a quien estimaba, y a la ‘real politik’; pensé en los mártires japoneses del siglo XVI, en los mártires sirios, libios, asirios, que hoy prefieren morir a abjurar de su fe”, insistió.
Afirmó que “no tengo opción, debo cargar mi cruz y alejarme de este Partido. (...) Tengo la impresión que no seremos muchos, pero aún sigo creyendo en un proyecto político social cristiano y lo impulsaré con todas mis energías”.
En declaraciones a ACI Prensa, Leopoldo Quezada explicó que “ingresé al partido porque me sentí parte de un proyecto que consideraba la vida como sagrada. Sin embargo, siento con pesar que en el último tiempo se ha perdido el tema de las convicciones y particularmente la DC hoy día ha sido coordinada por la ideología de género”.
Insistió en que “no puedo seguir perteneciendo a un partido que si bien en sus principios sigue declarando esto, pero en su actuar ha cambiado su ideología. La Democracia Cristiana chilena hoy día no es cristiana”.
“Han asumido un discurso respecto al ser por nacer que es propio del capitalista más capitalista que no entiende que ese es un ser vivo y no una propiedad de la cual se puede disponer”, dijo a ACI Prensa.
Leopoldo Quezada se unió a la Democracia Cristianas en su juventud cuando estudiaba terapia ocupacional en la Universidad de Chile. Asumió cargos como presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Conchalí, en Santiago, y luego como dirigente provincial.
En la actualidad se desempeña como Encargado de Transparencia de la Municipalidad de Conchalí y junto a su esposa, ambos católicos, participan en el Movimiento de Encuentros conyugales.
Pero esta nueva cifra oficial de déficit fiscal que aparece ahora para el corriente año – los 209.700 M$ - es, a su vez, discutible porque por un lado resulta muy optimista frente a la realidad fiscal y por otro, la misma se sostiene artificialmente con fuertes transferencias de utilidades no genuinas provenientes del Banco Central (BCRA) y de la ANSES, precisamente por unos 200.000 M$ en conjunto, lo que equivale a un déficit real adicional de más de 10.000 MD.
De esta información - que va a ser analizada en otro momento – surge que el stock de deuda pública declarado al 30.6.2016 es de aproximadamente 260.000 MD (258.900).
- El cuadro de Fuentes y Aplicaciones del ejercicio contempla como principales rubros del Endeudamiento Público 2017 – por un total de 1.727.200 M$ - la emisión de Títulos Públicos por 960.200 M$, Operaciones intra-Sector Público por 201.500 M$, unos 100.000 M$ por préstamos de Organismos Financieros Internacionales (BID, Banco Mundial, CAF y otros), Adelantos transitorios del BCRA por 431.000 M$ y otros ítems menores.
- La mayor parte de estos movimientos corresponden a refinanciaciones de vencimientos – que figuran dentro del total de Amortizaciones de Deuda, por 1.042.500 M$ - cuyos rubros principales, a su vez, son Títulos Públicos por 240.000 M$, cancelación de Adelantos Transitorios del BCRA por 341.000 M$, Letras del Tesoro por 200.000 M$ y otros rubros menores.
- Es decir, que la Deuda intra-Estado sigue teniendo un rol relevante como forma de financiamiento fiscal; con la importante característica que existe un proceso de licuación de este tipo de deuda pública para sostener la transición hacia la nueva ola de endeudamiento con terceros que está en curso.
- El artículo 28 establece un tope de 31.800 M$ (≡ 1.800 MD) para el pago de deudas previsionales de la Ley 26.260, llamada de Reparación Histórica a Jubilados/Pensionados.
- El artículo 29 da facultades especiales al Jefe de Gabinete (JGM) para modificar el mecanismo de pago.
- El artículo 34 autoriza – según los lineamientos presupuestarios tradicionales – las operaciones de Crédito Público, que en la planilla adjunta suman 1.280.200 M$ (≡ 71.400 MD).
- Estos importes – que serían parte del total de endeudamiento previsto por 1.727.200 M$ (≡ 96.400 MD) – tienen plazos de amortización que van de los 90 días a los 3 y 4 años, lo que supone la toma de deuda nueva y/o recontratación de deuda vencida que reduciría el perfil de vencimientos.
- El artículo 36 autoriza la toma de deuda de 270.000 M$ (≡ 15.100 MD) por parte de la Tesorería y de 50.000 M$ (≡ 2.800 MD) por la ANSES – en total 320.000 M$ (≡ 18.000 MD) - a través de Letras, que son títulos de corto plazo que técnicamente no son considerados Deuda Pública según los términos de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado.
- El artículo 37 autoriza adicionalmente la colocación de Letras del Tesoro para la compra de combustibles y otras importaciones por 1.060 MD (≡ 19.000 M$).
- El artículo 38 autoriza operaciones de crédito adicionales por 10.500 M$ (≡ 600 MD) para el programa de vivienda PROCREAR, también bajo la emisión de Letras del Tesoro.
- El artículo 44 faculta el otorgamiento de avales del Tesoro por operaciones de crédito que lógicamente no son deuda directa del Estado pero suman garantías oficiales por 23.800 MD.
- El artículo 46 autoriza 8.600 M$ (≡ 500 MD) para colocación de bonos para los pagos de deudas previsionales.
- Por último, el artículo 11 autoriza la contratación de obras y/o compras de bienes y servicios cuyo plazo exceda el 2017, es decir, que afecten ejercicios futuros, que por planillas anexas totalizan unos 12.500 MD: 2.700 en 2017, 5.300 en 2018, 3.500 en 2019 y 1.000 como resto.
Aunque este problema de claridad relativa en la exposición presupuestaria – estrictamente hablando - no es nuevo, la posibilidad de evaluar la verdadera magnitud del endeudamiento directo e indirecto del Estado Central resulta dificultosa como para poder determinar si el monto real del endeudamiento previsto en el ejercicio 2017 comprende efectivamente todos los rubros citados.
El monto de los intereses se incrementa así – entre los dos ejercicios presupuestarios - de 9.800 a 13.800 MD anuales.
El pago de los servicios por intereses de la Deuda representa un 10.5 % del Gasto Público Total (247.600 / 2.363.600 M$) pero en la práctica su incidencia – en valor absoluto y en porcentaje - es mucho mayor porque constituye el 20.5 % del Gasto de la Administración Central (247.600 / 1.205.000 M$).
Lo que se va a pagar de intereses en 2017 – los 247.600 M$ - es más que los presupuestos de Seguridad y Defensa juntos (97.500 y 94.000 M$ respectivamente), más que los de Educación (131.000 M$), Ciencia/Tecnología (14.000 M$) y Salud (46.300 M$) y más que todo lo que gasta el Ministerio de Desarrollo Social (131.200 M$).

References: resolución 
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 11