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Timestamp: 2018-09-23 05:06:55+00:00

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﻿ Sentencia T-781 de septiembre 30 de 2010
SENTENCIA T-781 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:DERECHO A LA EDUCACIÓN Y OBLIGACIONES ESTATALES EN MATERIA EDUCATIVA DE CONFORMIDAD CON EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, OBLIGACIONES DEL ESTADO
Sentencia T-781 de septiembre 30 de 2010
Sentencia T-781 de 2010
Ref.: Expediente T-2.567.364
Acción de tutela instaurada por Luis Enrique Barragán Mateus en nombre propio y como representante de la junta de acción comunal de la vereda Montecristo contra la Secretaría Departamental de Educación de Santander
1. El accionante, señala que hace aproximadamente 7 años fue clausurada la institución educativa de la vereda en la que habita, llamada Escuela Montecristo, por no contar con el número de alumnos requeridos para el funcionamiento de esta.
2. Debido a esta situación, indica el peticionario que los niños que se encuentran en edad escolar pertenecientes a la vereda Montecristo fueron matriculados en la Escuela Gallegos que está a hora y media de camino.
3. Este trayecto, afirma el actor se encuentra lleno de obstáculos que los estudiantes tienen que sortear para poder llegar a su destino, como por ejemplo el cruce de una quebrada, la cual en época de invierno crece su cause y hace imposible que sea atravesada.
4. El 3 de noviembre de 2008, sostiene el petente que la comunidad elevó una petición ante el director de núcleo educativo del municipio de Bolívar (Santander) con el objetivo que le fuera asignado un profesor para la Escuela Montecristo, por cuanto existen ocho niños en dicha vereda que no han podido recibir clases debido a que las inclemencias del clima imposibilitan el arribo a la Escuela Gallegos, a pesar de contar con la infraestructura necesaria en el lugar que habitan para este fin.
5. La Secretaría de Educación Departamental de Santander, asevera el demandante, informó que no era posible el nombramiento de un docente para la Escuela Montecristo, por cuanto la demanda educativa de la vereda era satisfecha por la Escuela Gallegos y debido a la “política de recorte de la secretaría de educación respecto de los profesores”.
6. Con fundamento en los hechos narrados, el ciudadano Luis Enrique Barragán Mateus, en nombre propio y como representante de la junta de acción comunal de la vereda Montecristo, solicitó la protección del derecho a la educación de los niños que habitan dicha vereda, puesto que lo considera vulnerado por la demandada al no realizar el nombramiento de un profesor para la Escuela Montecristo.
7. La parte accionada por medio de escrito del 24 de noviembre de 2009, respondió la acción de tutela de la referencia y solicitó denegar el recurso de amparo.
8. Indicó que el departamento está obligado a seguir los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación respecto del número de estudiantes por docente y que específicamente según el Decreto 3020 de 2002 corresponde a un promedio de 32 niños para el área urbana y 22 para el área rural.
9. También señaló que en el momento la demanda educativa se está satisfaciendo por la Escuela Gallegos y “que no sería racional desde el punto de vista organizativo y financiero reabrir la Escuela Montecristo porque implicaría hacer adecuaciones locativas, adquirir dotación y nombrar otro educador”.
10. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Vélez (Santander) denegó por improcedente el amparo solicitado pues consideró que no se dan los presupuestos para el nombramiento de un docente en la vereda Montecristo exigidos por la Ley 60 de 1993 y por el Decreto 3020 de 2002.
2. En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si la Secretaría Departamental de Educación de Santander vulneró el derecho a la educación de los infantes que habitan en la vereda Montecristo al negarse a realizar el nombramiento de un profesor para dicha institución educativa.
A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) el derecho fundamental a la educación; (ii) el contenido del derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad, (iii) las obligaciones estatales de cumplimiento inmediato y de cumplimiento progresivo en lo relativo al derecho a la educación y luego (iv) se referirá al estudio del caso concreto.
3. El derecho fundamental a la educación —reiteración de jurisprudencia—.
Este derecho se configura como un bien de suma importancia para la sociedad puesto que, en primer lugar, permite a la persona “disponer de una mente instruida, inteligente y activa con libertad y amplitud del pensamiento, [la cual] es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana”(2), por lo que su realización efectiva la dignifica.
En segundo lugar porque constituye un factor de desarrollo humano crucial para adquirir las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio en que se habita(3) y con ello permite a los hombres y a las mujeres salir o evitar la pobreza, facilitando de este modo la satisfacción del resto de sus derechos humanos. En este mismo sentido, el comité de derechos económicos, sociales y culturales, organismo que interpreta y vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 13 sobre el derecho a la educación, afirmó que este “es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”(4), razón por la cual cobra vital importancia en un país como el nuestro.
En tercer lugar, tal y como lo ha mencionado la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la asamblea general, “la educación, a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz”(5), es decir, es una herramienta para edificar en el conglomerado social un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados, entre otros, en el respeto a la vida, a la soberanía e independencia de los Estados, el respeto y promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el respeto y protección del derecho al desarrollo, el respeto y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, opinión, la información y la adhesión, entre otros a los principios de tolerancia, libertad, justicia, democracia, diversidad cultural, solidaridad y pluralismo(6).
La Constitución Política de 1991 ha reconocido este derecho en el artículo 67(8), en el cual se establece que todas las personas son titulares del mismo, y en el artículo 44 de la Constitución en el cual hace referencia a los niños y las niñas como sus titulares específicos(9). Además, el derecho a la educación es reconocido por varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia —que hacen parte del bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la Carta de 1991— como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 13)(10), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales —en adelante Pacto de San Salvador— (art. 13)(11) y la Convención sobre los Derechos del Niño(12) (art. 28)(13).
Durante ese periodo de tiempo, a pesar de reconocer el carácter marcadamente prestacional del derecho a la educación(14), la Corte Constitucional admitió en ciertos eventos su fundamentalidad y, en consecuencia, la procedencia de la acción de tutela para su protección en algunas hipótesis.
Así, en ocasiones afirmó que el derecho a la educación era fundamental al menos en el caso de los niños y las niñas debido al tenor literal del artículo 44 de la Constitución que prescribe “son derechos fundamentales de los niños: (...) la educación”(15). En otras señaló que, con independencia del titular, el derecho a la educación era fundamental “por la estrecha vinculación existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura, entre otros”(16), lo cual no se traducía automáticamente en su exigibilidad judicial inmediata mediante la acción de tutela pues “no es uno de los enumerados en el artículo 85 de la Carta como derecho de aplicación inmediata, esto es, aquellos que no requieren de desarrollo legal o de realización material progresiva para poder exigirse su efectividad”(17). También, como lo hizo para la generalidad de los llamados derechos de segunda generación, admitió que el derecho a la educación, aunque no era fundamental, podía ser amparado por vía de tutela cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre este derecho de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad”(18).
No obstante, desde hace algunos años, esta corporación, en concordancia con los valores y principios establecidos en nuestra Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos ha sostenido que la educación es un derecho fundamental de aplicación inmediata por su importancia en el texto constitucional de 1991 o para el goce de otros derechos(19).
Según el artículo 1º de la Declaración Mundial de Educación para Todos de 1990, la enseñanza primaria es aquella que se imparte en la escuela primaria y que busca que las personas tengan las “herramientas esenciales para el aprendizaje (como lectura, escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” y constituye el principal modo de proveer educación básica fuera de la familia(20).
El Estado debe garantizar que la enseñanza primaria sea, en primer lugar, universal, es decir que debe impartirse a todas las personas sin excepción alguna. En segundo lugar debe ser gratuita(21), lo que significa que la prestación del servicio educativo no exija una contraprestación económica para su acceso. En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y Bosico contra República Dominicana de 2005, en el cual señaló: “el Estado debe proveer educación primaria gratuita a todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual”. Finalmente, el Estado debe garantizar que sea obligatoria(22), esto es, que aquellos que tengan a cargo o bajo su cuidado a los niños o niñas —padres, tutores o Estado— no pueden decidir de modo optativo sobre su acceso a este nivel de enseñanza, deben hacerlo de modo imperativo, según señala la Observación General 11 del comité de derechos económicos, sociales y culturales.
Esta misma observación sostiene que la enseñanza secundaria “implica la conclusión de la educación básica y la consolidación de los fundamentos del desarrollo humano y del aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Este tipo de educación, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, el Protocolo de San Salvador(23) y la Convención de los Derechos del Niño(24), presenta un mayor grado de flexibilidad que aquel correspondiente a la enseñanza primaria en cuanto a los requisitos establecidos para esta. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja fuera este nivel de formación.
De acuerdo a la Convención de la Unesco sobre la enseñanza técnica y profesional, citada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 13, esta “se refiere a todas las formas y niveles del proceso de educación que incluye además de los conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de las habilidades prácticas y conocimientos prácticos y de aptitudes, y la comprensión de los diferentes oficios en los diversos sectores de la vida económica y social” y debe estar disponible para todas las personas.
4. Contenido del derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad.
Como se señaló, el derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones)(25).
Tales componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos (hoy Comité de Derechos Humanos) por la relatora especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999(26) y han sido acogidos tanto por el comité de derechos económicos, sociales y culturales en su Observación General 13 sobre el derecho a la educación(27), como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad (C.P. art. 93)(28).
a) La disponibilidad o asequibilidad hace referencia a que “debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente”(29).
El Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de impedir, arbitrariamente, a los particulares fundar instituciones educativas, a (ii) crear y/o financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todas aquellas personas que demandan su ingreso al sistema educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre otros) para la prestación del servicio(30). Compromisos que no son ajenos al texto de la Constitución, si se recuerda que el artículo 68 reconoce el derecho de las particulares de fundar establecimientos educativos y que el inciso 5º del artículo 67 indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo.
Es necesario enfatizar, en lo relativo a las obligaciones (ii) y (iii), que hay diferencias en la forma en la cual el Estado debe cumplir su compromiso de asequibilidad según (a) el nivel de enseñanza y según (b) el titular del derecho, criterios que, como se indicó, debe tener en cuenta el juez de amparo al analizar, en un caso concreto, si se ha violado el derecho fundamental a la educación por incumplimiento de la obligación de disponibilidad.
(a) En lo que respecta al nivel de enseñanza, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Esta disposición constitucional, según la jurisprudencia de esta corporación(31), se traduce en que si bien el Estado tiene la obligación de disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior), se prioriza la consecución de un mínimo: un año de preescolar y nueve de educación básica, correspondiendo esto último a cinco años de primaria y cuatro de secundaria.
La priorización referida no coincide completamente con la estipulada en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de secundaria que están contemplados en la Carta del 1991(32). Idéntica disposición contiene el Protocolo de San Salvador en el artículo 13(33) y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 2834.
Según la jurisprudencia constitucional, la contradicción entre una norma constitucional y una norma internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad se debe resolver de acuerdo con el principio de la favorabilidad, bajo el cual “el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”(35), en este caso la norma constitucional.
(b) Tratándose del titular del derecho, al tenor del artículo 67 de la Constitución, la educación “será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad”. Esta norma no significa que el Estado colombiano no tenga el compromiso de hacer que la educación sea asequible a las personas de todas las edades en todos los niveles educativos, sino que, de nuevo, privilegia el logro de un mínimo: disponibilidad de la educación para niños y niñas entre los cinco y los quince años en los grados de educación también preferentes antes señalados —un año de preescolar, primaria y cuatro años de secundaria—. A partir de este mínimo el Estado tiene el deber de progresar hacia la asequibilidad de la educación de las demás personas en los demás grados educativos.
Ahora bien, aunque el artículo 67 de la Constitución alude de los niños y niñas entre los cinco y los quince años, según la jurisprudencia constitucional el límite superior debe ser entendido hasta los 18 años. Al respecto, en la Sentencia T-163 de 2007(36) se indicó:
Lo anterior, por cuanto, de una parte, el artículo 44 superior reconoce que la educación es un derecho fundamental de todos los niños, y conforme al artículo 1º de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991 —la niñez se extiende hasta los 18 años(37), y de otra por que según el principio de interpretación pro infans —contenido también en el artículo 44—, debe optarse por la interpretación de las disposiciones que menos perjudique el derecho a la educación de los niños.
b. La accesibilidad implica que “las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos”(38), y consta de tres dimensiones:
(i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”(39), por lo que no están excluidas las medidas de acción afirmativa(40). La obligación correlativa del Estado en este punto es, obviamente, la eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, compromiso que es desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad.
(ii) Accesibilidad material: “la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia)”(41). La obligación estatal es garantizar, por los medios más adecuados, que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico, lo que hace parte del mandato contenido en el inciso 5º del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
(iii) Accesibilidad económica: “La educación ha de estar al alcance de todos”, lo que se traduce en que se ha de ofrecer educación pública gratuita en todos los niveles(42).
A la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13)(43) y del Protocolo de San Salvador (art. 13)(44) mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos de forma prioritaria, se exige a los Estados que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
Lo anterior contrasta, en lo que tiene que ver con la educación primaria, con el artículo 63 de la Constitución que la indica (sic) que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado pero, al mismo tiempo, autoriza el cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Tal como se señaló, la Corte ha resuelto en anteriores ocasiones las contradicciones entre normas constitucionales y disposiciones internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el principio de favorabilidad(45).
c) La adaptabilidad consiste en que “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”(46). En otras palabras, el Estado está obligado a garantizar que la educación se adapte al estudiante y no que el estudiante se adapte a la educación, lo cual tiene plena correspondencia con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art 16) y al respeto y reconocimiento de las diferencias (art. 13 ídem).
d) Finalmente, la aceptabilidad significa que “la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres”(47). Por lo cual, de conformidad con el inciso 5º del artículo 67 de la Carta el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad.
5. Obligaciones estatales de cumplimiento inmediato y progresivo en lo relativo al derecho a la educación.
Como se puede deducir del aparte anterior, las obligaciones del Estado en materia educativa aunque implican gran número de abstenciones, contienen también un marcado acento prestacional, el cual implica considerables erogaciones económicas en un contexto de escasez de recursos. Esta consideración remite indefectiblemente al tema del momento en el cual el Estado debe honrar los mencionados compromisos, criterio que, sin duda alguna, debe tener en cuenta el juez de tutela al determinar, en un caso concreto, si se ha violado el derecho fundamental a la educación por incumplimiento de las obligaciones estatales relacionadas con la educación.
Al respecto, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia —que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución— distinguen entre las obligaciones de cumplimiento inmediato y las de cumplimiento progresivo(48). Las primeras son aquellas que deben efectuarse a cabalidad desde el momento mismo de ratificación del instrumento internacional y las segundas son las que, debido a la limitación de los recursos disponibles, están sujetas a un avance gradual pero constante en el nivel de satisfacción del derecho, lo cual también incluye, en principio, la prohibición de las denominadas medidas regresivas que disminuyen el grado de goce del mismo.
Las obligaciones estatales de cumplimiento inmediato en materia educativa que a su vez constituyen el mínimo y que, por tanto, no están sometidas a la disponibilidad de recursos, según el comité de derechos económicos, sociales y culturales, son (i) las obligaciones de respeto, que implican abstenerse de impedir la realización del derecho(49), (ii) las obligaciones de protección, que comprometen a los Estados a evitar interferencias ilegítimas de terceros(50), (iil) la accesibilidad a la educación sin discriminación alguna(51), (iv) la obligación de empezar a adoptar medidas de diversa índole, utilizando todos los recursos disponibles, para alcanzar la plena vigencia de los cuatro contenidos del derecho a la educación(52) y (v) la disponibilidad y gratuidad (accesibilidad económica) de la enseñanza primaria(53). La idea que los niveles mínimos son de exigibilidad inmediata también ha sido avalada por la jurisprudencia de esta corporación(54).
La inclusión de este último punto dentro de las obligaciones de cumplimiento inmediato se justifica en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia en 1969, que impuso a los Estados partes un plazo específico de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del tratado, para la elaboración y ejecución de un plan detallado que se dirija a lograr progresivamente, pero en un número razonable de años fijado en el mismo, educación primaria obligatoria y gratuita(55).
Los demás compromisos estatales a los que se hizo referencia en el acápite anterior, que son básicamente las obligaciones de cumplimiento(56) efectivo y pleno de los cuatro elementos del derecho a la educación, son progresivos o graduales.
Tanto el comité de derechos económicos, sociales y culturales(57) como esta Corte(58) han indicado que tal calidad “constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo”(59) pero, al mismo tiempo, han enfatizado que ello no priva de efectividad a este tipo de compromisos pues se impone la obligación de avanzar cada día en la consecución de este objetivo usando el máximo de los recursos disponibles lo cual, además, lleva consigo prohibición prima facie de todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo, salvo que se justifiquen plenamente.
El artículo 4º de la Constitución Política consagra la figura de la excepción de inconstitucionalidad, como la posibilidad de cualquier autoridad que ejerza jurisdicción de inaplicar una ley o un acto administrativo, sea este de carácter general o particular, en un caso concreto que sean contrarios a la Carta.
En este sentido, el funcionario público encargado de la ejecución de una ley o un acto administrativo, tiene la obligación de inaplicarlo cuando en el caso concreto resulte abiertamente contrario a la Carta Política y más aún, a los derechos fundamentales en ella contenidos. En el caso de no hacerlo, la tutela es el mecanismo procedente para la protección de estos derechos, de no existir otro medio de defensa judicial, o en caso afirmativo, se busque evitar la causación de un perjuicio irremediable(60).
En efecto, aunque, según el artículo 6º, numeral 5º, del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no cabe contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, esta debe proceder en los casos en que se persigue la inaplicación en el caso concreto de un acto administrativo abiertamente contrario a los derechos fundamentales.
Se tiene entonces que lo que se busca con la acción de amparo es que se apliquen las prescripciones fundamentales y no las reglas inferiores incompatibles con ellas. En estos términos se pronunció la Sentencia T-067 de 1998(61) señalando:
Así las cosas, cuando en la aplicación de un acto administrativo, cobijado por presunción de legalidad, resulten vulnerados claros preceptos contenidos en la Constitución, el operador jurídico debe darle prevalencia a esta, aplicándola de manera preferente. Sin embargo, los efectos tienen una repercusión exclusiva en la situación particular.
La primera verificación que se debe realizar es determinar si los derechos fundamentales presuntamente vulnerados son susceptibles de protección por medio de la acción de tutela. Como se expuso, al derecho a la educación se le ha conferido el rango de fundamental por esta Corte, por lo que siguiendo el artículo 86 constitucional este cuenta con la protección reforzada de la acción de tutela.
La segunda constatación que se debe llevar a cabo en este caso es la legitimación activa de la acción de tutela, pues en este evento el amparo fue interpuesto por el ciudadano Luis Enrique Barragán Mateus en nombre propio y como representante de la junta de acción comunal de la vereda Montecristo. De conformidad con el numeral inciso segundo del artículo 10 del Decreto 2591 la acción de tutela podrá ser ejercida: “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de ejercer su defensa”. En el caso objeto en estudio la acción de amparo es incoada para la protección de los niños que habitan la vereda en mención, los cuales no están jurídicamente en condiciones de salvaguardar sus derechos por sí mismos, por lo que es procedente la acción de tutela.
Respecto al fondo del asunto, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los pronunciamientos del comité de derechos económicos, sociales, y culturales, ha señalado que el Estado está en la obligación de asegurar la demanda educativa a través de la oferta privada o la oferta pública, por lo que es necesario que existan instituciones, programas de enseñanza y docentes en cantidad suficiente y en condiciones adecuadas, es decir, que haya escuelas, colegios, docentes, entre otros, que alcancen para cubrir las necesidades de la población, de acuerdo con cada nivel de formación y que estos sean aptos para brindar de modo satisfactorio la instrucción pertinente.
Así en Sentencia T-467 de 1994, esta corporación, señalo:
“De otra parte, el derecho subjetivo a la educación comprende el adecuado cubrimiento del servicio, de tal manera que asegure a los menores lo necesario para su acceso y permanencia en el sistema educativo (C.P. art. 67). Ahora bien, la continuidad del servicio es una condición indispensable para que el derecho a la permanencia del alumno en el sistema educativo se haga efectivo. Dicho en otros términos, cuando la Constitución protege el derecho de los niños a la educación, con ello está protegiendo, a su vez, las condiciones básicas que lo hacen posible, incluidas aquellas que implican obligaciones prestacionales del Estado. Por eso, cuando un establecimiento educativo carece de la planta de profesores mínima para cubrir la enseñanza de los diferentes cursos programados, se encuentra desprovisto de uno de los elementos esenciales —quizás el más esencial— del servicio educativo”.
La Sala observa que las anteriores circunstancias, aunado a los costos financieros para llegar a la Escuela Gallegos y volver de esta, impone exigencias excesivas a los presupuestos de las familias de los menores que habitan en la vereda Montecristo, lo que constituye una vulneración de los menores que habitan dicha vereda, pues la mencionada institución educativa no es accesible geográficamente para los menores en cuestión y atenta contra el mandato contenido en el inciso 5º del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Así las cosas, la aplicación del artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 realizada por la Secretaría Departamental de Santander, deviene en inconstitucional, debido a las particularidades del caso concreto y constituye una infracción a las obligaciones de cumplimiento inmediato asumidas por el Estado.
1. CONCEDER la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Vélez (Santander) por los motivos expuestos en esta sentencia.
2. ORDENAR a la Secretaría de Educación del departamento de Santander PROVEA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia un docente para la Escuela Montecristo.
(3) Sentencias T- 543 de 1997, T-019 de 1999, T-780 de 1999 y T-1290 de 2000, entre otras.
(8) “ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
(9) “ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: (...) la educación”.
(10) “ART. 13.1.—Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
(11) “ART. 13.1.—Toda persona tiene derecho a la educación.
(13) “ART. 28.1.—Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
(19) Sentencias T-236 de 1994, T-235 de 1997, T-526 de 1997 y T-029 de 2002; entre otras.
(20) Declaración Mundial de Educación para Todos.
ART. 5.—Ampliar los medios y el alcance de la educación básica
El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede, conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones, según convenga.
Estos elementos deben constituir un sistema integrado y complementario, de modo que se refuercen mutuamente y respondan a pautas comparables de adquisición de conocimientos, y contribuir a crear y a desarrollar las posibilidades de aprendizaje permanente (destacado fuera del texto).
(21) Articulo 67 Constitución Política de Colombia, articulo 13 y 14 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc) y articulo 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(23) “ART. 13.1.—Toda persona tiene derecho a la educación (...) 3. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (...)” (destacado fuera de texto).
(24) “ART. 28.1.—Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (…) “(destacado fuera de texto).
(25) Véase páragrafo 9º de la presente sentencia.
(26) Párr. 50.
(27) Párr. 6.
(28) Sentencias T-1227 de 2005, T-787 de 2006, T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
(29) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
(30) Sentencias T-787 de 2006, T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
(32) “ART. 13.1.—Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la• educación. (...) 2. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (...)” (destacado fuera de texto).
(33) “ART. 13.1.—Toda persona tiene derecho a la educación (...) 3. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (...)” (destacado fuera de texto).
(34) “ART. 28.1.—Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (...)“ (destacado fuera de texto).
(35) Sentencia T-1319 de 2001. En el similar sentido, Sentencia T-263 de 2007.
(36) En el mismo sentido, las sentencias T-323 de 1994, T-787 de 2001 y T-805 de 2007.
(37) Artículo 1º.
(38) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
(40) Ibídem, párr. 32.
(41) Ibídem, párr. 6.
(43) “ART. 13.1.—Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación (...).
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (...)” (destacado fuera del texto original).
(44) “ART. 13.1.—Toda persona tiene derecho a la educación. (...) 3. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” (destacado fuera del texto original).
(45) Sentencias T-1319 de 2001. En similar sentido, T-263 de 2007.
(46) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
(48) Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación General 13 sobre el derecho a la educación, párr. 43. En el mismo sentido, para la generalidad de los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3 sobre la índole de las obligaciones de estados partes, párr. 1.
(49) Véase párr. 9 de la presente sentencia.
(50) Véase párr. 9 de la presente sentencia.
(51) Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación General 13 sobre el derecho a la educación, párrs. 31 y 43.
(52) Ibídem. Párr. 43. En el mismo sentido, Sentencia C-251 de 1997 (control de constitucionalidad del Pacto de San Salvador).
(53) Ibídem. Párrs. 51 y 57.
(54) Ver sentencias T-805 de 2007 y T-305 de 2008, entre otras.
(55) “ART. 14.—Todo Estado parte en el presente pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos”. Sobre el contenido de esta obligación puede verse la Observación General 11 sobre el plan de acción para la enseñanza primaria elaborada por el comité de derechos económicos, sociales y culturales.
(56) Véase párr. 9 de la presente sentencia.
(57) Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación General 13 sobre el derecho a la educación, párrs. 44 y 45. En el mismo sentido, para la generalidad de los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3 sobre la índole de las obligaciones de Estados partes, párr. 9.
(58) Sentencia C-251 de 1997. En el mismo sentido, Sentencia C-251 de 1997 (control de constitucionalidad del Pacto de San Salvador).
(59) Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación General 3 sobre la índole de las obligaciones de estados partes, párr. 9.
(60) Confrontar Sentencia T-1015 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(61) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En la providencia referida, la Corte Constitucional analizó el caso de una acción de tutela interpuesta contra la Sección de Tesorería de la Administración Judicial de Antioquía, con el objeto de evitar que esta le practicara a la accionante el descuento del valor correspondiente a tres días de la prima vacacional, con destino a Prosocial, acción que consideraba violatoria de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

References: artículo 67
 artículo 44
 artículo 93
 artículo 44
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 68
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2834
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 63
 artículo 67
 artículo 93
 artículo 14
 artículo 4
e contrario
 artículo 6
e contrario
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 67
 artículo 11
 Artículo 1