Source: https://morey-abogados.blogspot.com/2013/12/la-generalidad-valenciana-y-la.html
Timestamp: 2017-07-28 02:37:08+00:00

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Tu Blog de la Administración Pública: LA GENERALIDAD VALENCIANA Y LA INFORMACIÓN O LA ORGANIZACIÓN DE UN LÍO.
En el segundo párrafo del preámbulo de la Orden citada se dice:
En principio, pues, no distingue el tipo de información por lo que hay que apreciar una sensible generalización. Seguimos con el contenido de los párrafos cuarto y quinto por si nos ofrecen más concreción:
Si se atiende a lo que se refiere a la finalidad del Decreto que se menciona sólo se recoge cómo será el desarrollo de la política de seguridad. En su artículo 3 el mencionado decreto refleja lo siguiente:
3. El proceso de gestión de la seguridad de la información deberá estar sometido a monitorización, control y mejora continuos para confirmar su eficacia ante la constante evolución de los riesgos y de los sistemas de protección. En principio, pues, se trata de evitar la negligencia, fallos técnicos y de organización, coordinación o instrucciones inadecuadas, cuestión a la que, en principio no cabe oponer nada. Pero en cambio la Orden hace una referencia a las posibles amenazas que ponen en riesgo la seguridad de los sistemas de información. En el Anexo de la Orden que contiene el glosario consta: AMENAZA: eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. Dos conceptos pueden ser criticables y extenderse más allá de lo racional, los de incidente en la organización y pérdidas inmateriales en sus activos. Piensen en la interpretación "política" del primero y traten de desentrañar el segundo. La cuestión de las amenazas es materia importante del contenido del artículo 1:
A quién se dirige la Orden lo exponen los artículos 2 y 3:
Creo que es evidente que la norma se dirige materialmente y principalmente a los funcionarios y empleados públicos, sin perjuicio de los altos cargos.
El artículo 5 se ocupa ya de la información y su tratamiento y hay que ver si de él podemos extraer algo respecto de la información a la que alcanza la Orden:
El punto 3 del artículo suscita la cuestión de si es que hay que clasificar a las informaciones que son de acceso público, pues, salvo ignorancia de mi parte, me parece que el sistema es el contrario; es decir, clasificar lo que no es de acceso público de acuerdo con los principios y prohibiciones establecidas legalmente. De otro modo parecería que no se puede acceder a nada que no haya sido clasificado como de acceso público.
Creo que una última cuestión a destacar de la Orden es la del propietario de los medios tecnológicos, regulado en el siguiente artículo:
En el anexo queda descrito del siguiente modo la expresión información sensible:
De este modo queda indefinido lo que es información sensible, pues, depende del propietario y su compleja organización y alcanza a daños importantes producidos a cualquiera. ¿será sensible la información que afecte negativamente a un político en su carrera o valoración? Me vienen a la memoria algunos casos que prefiero no mencionar, pero que indudablemente pueden provocar órdenes como la que contemplamos.
Pero el problema es que esta Orden se pública poco antes que la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y que, como he dicho, estimo que presenta preceptos muy discutibles ante el contenido de dicha ley . Analicen estos artículos de la Ley de Transparencia y su contenido y comparen.
En el preámbulo se dice: La Ley también regula el derecho de acceso a la información pública que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica.
Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la información pública. Es el caso de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector público. Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, se sitúa en un camino en el que se avanza con esta Ley: la implantación de una cultura de transparencia que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y el empleo delos medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información.
Creo que es indudable que parte de las deficiencias pueden encontrarse en la concepción hoy del expediente como sólo los documentos en papel que llegan a conformar el expediente final y no considerar los soportes tecnológicos de los que parten o en los que se configuran o, también, la anulación de notas, comunicaciones, diligencias o informes que se eliminan del expediente y que según la Orden valenciana son fáciles de eliminar o eso se puede pretender.
Más adelante, el prámbulo sobre el acceso a la información nos dice: El capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular.
Estos son hoy claros condicionantes a la Orden valenciana y a las posibles interpretaciones del propietario o Administración de la Generalitat.
En el artículo 5 puntos 2, 3 y 4 se expone que:
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán losmecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
La normativa valenciana sólo puede persistir cuando no restrinja la publicidad más allá de los principios de esta norma estatal. Con respecto a la información la Ley mantiene lo siguiente
d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Sobre el buen gobierno la Ley mantiene los siguientes principios;
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
Valoren la norma valenciana de acuerdo con estos principios. Creo que al efecto pondré una encuesta que pueden responder si quieren. A mí con estas cosas que pasan en la Comunidad Valenciana me queda una triste impresión general, pero además creo que nuestra Administración se ha impregnado de un espíritu creativo "artístico" y fallero que nos lleva al ridículo y a la indignidad profesional. Pero es que la dependencia hoy es total. Sea como sea esta nueva Ley estatal es seguro que nos va a ofrecer, por sus principios, mucho material para el comentario.

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 105
 artículo 37
 artículo 5