Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531282.html
Timestamp: 2019-03-19 19:04:37+00:00

Document:
as201531282
Auto Supremo Nº 282
Expediente: 610/2010-S
Demandante: Cipriana Marca Tenorio
Demandado: Luis Arce Ruiz y Daysi Vega de Arce
VISTOS: Los recursos de casación de interpuestos por Luis Arce Ruiz y Deysi Vega de Arce (fs. 225 a 226 vta.) y Hugo Cornelio Chávez Alarcón en representación de Cipriana Marca Tenorio (fs. 231 a 232), contra el Auto de Vista Nº 197/2010 de 28 de septiembre, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Cipriana Marca Tenorio contra Luis Arce Ruiz y Daysi Vega de Arce, el Auto de fs. 238, que concedió los recursos, los antecedentes del proceso; y:
Tramitada la demanda, el Juez Séptimo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 019/2010 de 22 de marzo (fs.180 a 184), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que los demandados procedan al pago de Bs.11.993.- a favor de la actora, por concepto de indemnización, vacación y sueldos devengados.
En grado de apelación interpuesta por los demandados (fs. 198 a 199 y vta.) y Hugo Cornelio Chávez Alarcón en representación de la actora (fs. 208 a 209 y vta.), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció Auto de Vista Nº 197/2010 de 28 de septiembre (fs. 221 y vta.) por el que confirmó la Sentencia apelada.
Contra el referido Auto de Vista, tanto los demandados como el representante legal de la actora interpusieron los recursos de casación en el fondo y en la forma salientes de fs. 225 a 226 y de fs. 231 a 232, respectivamente, con los siguientes fundamentos:
I.2.1 Recurso de casación interpuesto por Fernando Arce Ruiz y Mercedes Daysi Vega de Arce.
Acusa que el Auto de Vista impugnado no consideró que el procedimiento es de orden público y cumplimiento obligatorio, transgrediendo los arts. 3.3), 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), así como haber aplicado erróneamente el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), puesto que habiendo planteado la nulidad de notificación con la demanda, conforme el art. 128 del CPC, no fue considerada, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso con igualdad de oportunidades y seguridad jurídica, consagrados por los arts. 115, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), tramitándose un proceso con vicios de nulidad que no les dio la oportunidad de defenderse ni de impugnar las falsas afirmaciones de la demanda.
Por otra parte, denunciaron la mala apreciación de las pruebas producidas en el proceso y la errónea aplicación de los arts. 397 y 476 del CPC concordantes con los arts. 71 y 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), debido a que la demandante no demostró la prestación de servicios por 19 años, 5 meses y 26 días, cuando en posición del recurso, sólo fueron 18 años.
Solicitaron que una vez concedido el recurso, “la Excelentísima Corte Suprema de Justicia se digne casar el fallo emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda y deliberando en el fondo dejar sin efecto el Auto de Vista y consignar como periodo de indemnización solamente por 18 años de servicios en aras de la majestad de la justicia, sea con las formalidades de la ley” (sic)
II.2.2 Recurso de casación interpuesto por Hugo Cornelio Chávez Alarcón en representación de Cipriana Marca Tenorio.
Señala que el Auto de Vista Nº 197/2010, en el penúltimo párrafo del segundo considerando afirmó que fueron notificados con la Sentencia el 6 de mayo de ese año y que la apelación fue presentada el 14 del mismo mes y año, cuando el plazo para apelar había vencido. Al respecto, el Tribunal de Alzada no revisó el proceso basándose en su memorial de fs. 208, donde por error indicó que fue notificado con la Sentencia el 6 de mayo de 2010, cuando no existe ninguna notificación personal y la que se practicó fue conforme al art. 136 del CPC, razón por la que el término para interponer comenzó desde la saca del expediente, que en el caso aconteció el 11 de mayo, conforme la nota de la auxiliar, por lo que su recurso fue presentado dentro de plazo legal, a cuya consecuencia la resolución impugnada violó los arts. 90, 3.I) y 136 del CPC.
II.2.2.1 Petitorio
Solicitó, que previa concesión de su recurso el superior en grado case en parte el Auto de Vista Nº 197/2010 y deliberando en el fondo declare probada su demanda.
II.2.2.2 Respuesta al recurso de casación
Luis Fernando Arce Ruiz y Mercedes Daisy Vega de Arce, mediante memorial cursante a fs. 237 y vta., contestaron el recurso de casación interpuesto por el representante de la actora, señalando que de los antecedentes del caso la parte demandante presentó el recurso de apelación fuera de plazo y que no existía indebida interpretación de la Ley.
Se impugna el Auto de Vista Nº 197/2010 de 28 de septiembre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de La Paz, cursante a fs. 221 y vuelta, por los siguientes motivos: (i) los demandados sostienen que la resolución transgredió los arts. 3.3), 90, 252 del CPC y 15 de la LOJ, puesto que su solicitud de nulidad de notificación con la demanda no fue considerada, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso con igualdad de oportunidades y seguridad jurídica; también acusaron la mala apreciación de las pruebas producidas en el proceso y la errónea aplicación de los arts. 397 y 476 del CPC concordantes con los arts. 71 y 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), debido a que la demandante no demostró la prestación de servicios por 19 años, 5 meses y 26 días cuando solo fueron 18 años; (ii) por su parte, la actora a través de su representante legal denunció que la resolución impugnada vulneraba los arts. 90, 3.I y 136 del CPC al sostener, que su recurso de apelación fue presentado de manera extemporánea, pues de haber revisado el proceso hubieran advertido que no existe notificación personal con la sentencia y que la misma se practicó conforme al art. 136 del CPC, por la que el término para interponer el recurso comenzaba desde la saca del expediente, que en el caso fue el 11 de mayo, por lo que su recurso fue presentado dentro de plazo legal.
A los efectos de la resolución de la presente causa, esta Sala considerara en primer lugar los recursos de casación en la forma y, posteriormente el recurso de casación en el fondo.
Ambas partes solicitaron la nulidad de obrados. Los demandados denunciando la falta de notificación con la demanda y acusando la vulneración de sus derechos a la defensa, el debido proceso con igualdad de oportunidades y seguridad jurídica. La actora, por su parte, denunció el indebido rechazo del recurso de apelación que interpuso.
A efectos de la resolución del presente motivo, es necesario revisar la resolución impugnada en cuanto a la petición de las nulidades solicitadas, así:
“En lo que se refiere a que el proceso se hubiere tramitado con vicios de nulidad este tribunal no advierte que el proceso se hubiere tramitado violando el derecho a la defensa o limitándose el derecho a impugnar las declaraciones de los testigos, toda vez que con el ofrecimiento de las pruebas testificales de fs. 77 los demandados fueron legalmente notificados, así como todas las actuaciones procesales, como se evidencia de la diligencia de fs. 82, y en audiencia, no se hicieron presentes los demandados como reza del acta de fs. 87, por lo tanto la negligencia de las partes no puede ser subsanada por ningún tribunal, pues conforme se tiene dicho la parte demandada ha tenido conocimiento de todas las actuaciones dispuestas por el juez inferior”.
“Que, en lo que respecta a la apelación de la parte actora, el apoderado de la misma señala mediante memorial de fs. 208 que fue notificado con la sentencia de fecha 6 de mayo y la apelación fue presentada el 14 de mayo de 2010 como se evidencia del cargo de fs. 209 vta., es decir que la apelación fue presentada luego de que el término para apelar se hubiera vencido pues el art. 205 del Código Procesal del Trabajo señala que las partes pueden interponer su apelación dentro de cinco días, lo que en el presente caso no ha ocurrido, por lo precedentemente señalado la apelación de la parte actora no se puede considerar en esta instancia procesal”.
Respecto a la falta de notificación con la demanda, debe precisarse que el derecho a la defensa, es la potestad o facultad que tiene toda persona para desarrollar los actos procesales necesarios, así como producir y presentar todas las pruebas pertinentes, para desvirtuar los términos y extremos de la demanda instada en su contra, es la oportunidad para desvirtuar la demanda.
Por otra parte, el debido proceso se halla reconocido en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión tanto como derecho, garantía y principio. El debido proceso como derecho se encuentra establecido en el art. 115.II de la CPE, que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; como garantía, el art. 117.I de la referida Ley fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente, como principio procesal, el art. 180.I de la CPE, declara que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
En el caso de autos, los demandados denuncian la vulneración de su derecho de defensa, al debido proceso y la seguridad jurídica, manifestando que no fueron legalmente notificados con la demanda de beneficios sociales interpuesta por la actora y que por ello no pudieron ejercer su derecho de defensa ni desvirtuar las afirmaciones de la demandante.
De la revisión y análisis de antecedentes, se evidencia que los demandados fueron citados con la demanda mediante cédula en el domicilio señalado en la demanda: Calle Murillo 826 esquina Mariscal Santa Cruz, el 3 de diciembre de 2008 (fs. 14 y 15), cumplidos que fueron las formalidades legales, ante testigo de actuación. Posteriormente, mediante Auto de 9 de mayo de 2009, se declaró rebeldes y contumaces a los demandados, bajo apercibimiento de nombrárseles defensor de oficio que les represente en el proceso, actuado con el que fueron notificados mediante cedula.
Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2009 (fs.40) los demandados se apersonaron al proceso purgando la rebeldía para asumir su defensa. El 8 de junio de 2009, suscitaron incidente de nulidad de notificación, pidiendo se anule obrados hasta el vicio más antiguo, mismo que fue rechazado por Auto de 21 de agosto del mismo año, contra el que interpusieron recurso de apelación resuelto por Auto de Vista de 30 de octubre de 2009, pronunciado por la Sala Social y Administrativa que confirmó la resolución apelada. Por Auto de 30 de septiembre del mismo año se sujetó la causa a término de prueba comunes y perentorios a las partes, las que legalmente notificadas ofrecieron y produjeron prueba.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que no toda anomalía constatada al interior de un proceso laboral constituye una violación al debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que para esto se requiere la constatación de una vulneración a un derecho de contenido constitucionalmente protegido. En ese sentido, del examen de autos se tiene que si bien los demandados no fueron citados personalmente con la demanda laboral sino mediante cédula, dicho acto procesal no significó una situación de indefensión, puesto que una vez declarados rebeldes y contumaces se apersonaron al proceso purgando su rebeldía asumiendo su defensa; de ese modo impugnaron la supuesta falta de notificación con la demanda y ofrecieron prueba, como bien lo advierte el Auto de Vista impugnado, sin advertirse por ello vulneración a su derecho a la defensa ni al debido proceso por cuanto la finalidad de la notificación con la demanda se cumplió puesto que los demandantes se apersonaron al mismo para asumir su defensa.
Sobre éste particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1845/2004 de 30 de noviembre, estableció: “… los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16:II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión ), es válida”.
Lo anotado, así como la jurisprudencia señalada, permite concluir que, la notificación por cédula efectuada en el domicilio fijado en la demanda, cumplió la finalidad procesal esperada, no otra cosa significa que los demandados se hubieran apersonado al proceso y hubieran asumido defensa en el curso del trámite; por consiguiente, al no verificarse la alegada indefensión que sustenta el recurso de casación de los demandados no es evidente, debiendo por ello declararse infundado su recurso.
Con relación a la nulidad solicitada por el representante legal de la actora, porque no se hubiera revisado el proceso para determinar que su recurso de apelación fue planteado fuera de plazo, el Tribunal de apelación justificó su determinación en la confesión del propio representante de la actora, quien en el memorial de interposición del recurso de apelación confesó que fue notificado con la sentencia el 6 de mayo de 2009, habiendo presentado su recurso de apelación el 14 del mismo mes y año, fuera del plazo legal. Este argumento es rebatido por la parte demandante señalando que la notificación con la Sentencia se practicó conforme lo dispone el art. 136 del CPC y, que por lo tanto su plazo para la interposición del recurso de apelación debía computarse desde la saca del expediente por lo que su recurso fue interpuesto dentro del plazo legal, dicho alegato no cuenta con ningún sustento legal más aún si como advirtió el Tribunal de Alzada existe confesión de parte de cuál fue la fecha de notificación con la Sentencia, por lo que tampoco corresponde dar curso su petición.
Se denuncia mala apreciación de las pruebas producidas en el proceso y la errónea aplicación de los arts. 397 y 476 del CPC concordantes con los arts. 71 y 252 del CPT, debido a que la demandante no demostró la prestación de servicios por 19 años, 5 meses y 26 días cuando solo fueron 18 años.
Del contenido del recurso de casación en el fondo, se advierte prima facie que el mismo adolece de los requisitos formales que la ley constriñe, por cuanto expresamente señala recurrir de casación en el fondo, para luego acusar infracción legal de dispositivos que hacen a la instrumentalidad del proceso. En efecto, los acusados arts. 397 476 del ritual civil se encuentran referidos a las facultades del Juez al momento de la ponderación de las pruebas.
La incongruencia anterior resulta determinante para impedir a este Tribunal, abrir su competencia a efectos de pronunciar y expedirse sobre el fondo de la causa, por cuanto la solución jurídica que corresponde a las infracciones in procedendo es la nulidad, con o sin reposición, mas no la casación.
En efecto, los errores en la instrumentalidad del proceso, regulado por el código adjetivo, se debe impugnar vía recurso de casación en la forma o nulidad a efectos de retrotraer el trámite hasta el momento en que pudo haberse incurrido en el error in procedendo.
Sobre la materia, el Tribunal de casación tiene dicho en su jurisprudencia que:
"En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones "in judicando" como "in procedendo" para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin "reenvío" (artículo 274), fallando en lo principal del litigio ("iudicium rescissorium") y, en el segundo, anulando ("iudicium rescindens") y "reenviando" el expediente para que, según el caso, se pronuncie el juez de origen o el siguiente en número." (AS 344-Social I, de 15/11/05).
Entonces, conforme a la jurisprudencia glosada y los términos en que el recurrente estructura su escrito, no es posible considerar el fondo de la causa para la casación impetrada, sino la nulidad, aspecto que sin embargo no se encuentra demandado.
Asimismo, se debe recordar que conforme al art. 274 del CPC, el Tribunal, para casar el auto de vista, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de Ley alguna y, luego, si en el Auto de Vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo “aplicando” esas “leyes conculcadas”.
En el marco de la inteligencia de éste dispositivo legal, mal podría este Tribunal casar un Auto de Vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias.
Lo anterior demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de las formalidades reclamadas por el art. 258.2) del CPC referida a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, por cuanto el legislador está cuidando que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna. Esas formalidades son las que el recurrente no ha cumplido en su recurso y esa es la razón precisamente para que este Tribunal se vea imposibilitado de hacer cabida a la casación impetrada.
En efecto, dado el hipotético caso de que con lo que el recurrente tiene denunciado este Tribunal haga lugar a la casación, tendría que aplicar los arts. 397 476 de la referida norma; las mismas que no tienen ninguna relación con el derecho subjetivo controvertido, por tratarse de normas procedimentales materia del recurso de nulidad o casación en la forma.
Por lo relacionado, corresponde resolver el recurso de nulidad o casación, en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y en la forma de fs. 225 a 226 y 231 a 232, interpuesto por los demandados Fernando Arce Ruiz y Mercedes Daysi Vega de Arce y Hugo Cornelio Chávez Alarcón en representación de Cipriana Marca Tenorio, respectivamente.

References: resolución 
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