Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/811269573
Timestamp: 2020-07-10 16:35:20+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 396/19 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 811269573
Sentencia de Constitucionalidad nº 396/19 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2019
Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO AVANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO AVJOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
IMPUESTO A LA RIQUEZA. BASE GRAVABLE. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones; y contra el artículo 261 de la Ley 1753 de 20915, por la cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país. La demandante aduce que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 13, 95, 121, 354 y 363 de la Constitución Política, al disponer un tratamiento diferenciado para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza. Ante la verificación de la derogatoria y ausencia de efectos jurídicos de las normas demandadas, la Corte constató que se produjo la sustracción de materia en el escenario del control abstracto de constitucionalidad, por cuanto ambas disposiciones fueron derogadas en un caso, por la ley 1943 de 2018 y en el otro, por la ley 1955 de 2019. Con base en lo anterior la Sala Plena se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento alguno. Recibo Relatoria:
Sentencia C-396/19
Referencia: Expediente D-11780
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones” y el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”
A.: M.T.B.P.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana M.T.B.P., solicitó a la Corte que declare la inexequibilidad del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, y el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”[1], al considerar que dichas disposiciones vulneran los artículos 13, 95, 121, 354 y 363 de la Constitución Política.
En su demanda original, la señora B.P. expuso tres cargos de inconstitucionalidad: (i) por violación de los artículos 13, 95 y 363 Constitucionales, pues el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 dispondría un tratamiento diferenciado para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza. Sostuvo que la norma estableció como parámetro de referencia, para los casos en los que se presentara aumento o disminución del monto de la base gravable, el valor calculado para el año 2015, desconociendo la verdadera capacidad contributiva del obligado a 1º de enero de los años subsiguientes; (ii) por extralimitación de funciones del legislativo al impartir normas de índole contable para el sector público, ya que con el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 se estarían invadiendo las funciones asignadas constitucionalmente al C. General de la Nación; y (iii) por desconocimiento del principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior, pues el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 se insertó en un cuerpo normativo “que contiene normas de naturaleza tributaria y otras disposiciones, que permitan financiar, con cargo al recaudo proveniente de las nuevas normas tributarias el presupuesto general de la nación de 2015”[2], por lo que la regulación de materias contables le resultaría extraña.
Por medio de auto de fecha 16 de noviembre de 2016, el magistrado ponente dispuso admitir parcialmente la demanda, considerando que solo el primero de los cargos planteados contra el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Respecto de los cargos segundo y tercero, se ordenó su inadmisión y se concedió a la ciudadana B.P. el término de 3 días para corregir la demanda.
Dentro del término, el 22 de noviembre de 2016, se presentó la corrección ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, en la que se reformuló el cargo segundo. El cargo se dirigió entonces contra el artículo 161 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””, por vulnerar los artículos 121 y 354 de la Constitución Política. En vista de que se subsanó la deficiencia en los requisitos argumentales exigidos para la admisión de este cargo, fue admitido mediante auto del 9 de diciembre de 2016. La accionante se abstuvo de corregir el cargo tercero, por lo que se dispuso su rechazo en la misma providencia.
En consecuencia, a partir de lo decidido en los autos del 16 de noviembre de 2016 y del 9 de diciembre de 2016, se tuvieron como admitidos los cargos primero y segundo -que se explicarán a profundidad más adelante-; se activó el traslado al Procurador General de la Nación a fin de que emitiera su concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución; igualmente, se dispuso la fijación en lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma, la comunicación sobre la iniciación del mismo al Presidente del Congreso para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, al C. General de la Nación, al Director del Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Auditoría General de la República, y a la Junta Central de C.es – UAE.
Así mismo, se invitó a participar en el presente proceso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
En virtud de lo dispuesto en el Auto A-305/2017, del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), los términos del presente proceso se suspendieron.
A continuación se transcriben las normas demandadas, subrayando y resaltando en negrilla el texto que se solicita sea declarado inexequible:
“LEY 1739 DE 2014[3]
ARTÍCULO 4o. Adiciónese el artículo 295-2 al Estatuto Tributario el cual quedará así:
“Artículo 295-2. Base Gravable. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1o de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1o de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, determinados en ambos casos conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1o de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1o de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:
El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado.
El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop.
Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior el valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales así como los rendimientos asociados a los mismos.
Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional.
En el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior a cinco (5) años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el exterior.
Los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto, pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados.
PARÁGRAFO 1o. La base gravable, en el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, estará constituida por el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1o de enero de 2015, a 1o de enero de 2016 y a 1o de enero de 2017 menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, siempre que, tanto el patrimonio bruto como las deudas, se encuentren vinculados a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
PARÁGRAFO 2o. Los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del Impuesto a la Riqueza se determinarán de conformidad con lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1o de enero de 2015, a 1o de enero de 2016, a 1o de enero de 2017 en el caso de los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1o de enero de 2015, 1o de enero de 2016, 1o de enero de 2017 y 1o de enero de 2018 en el caso de los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas.
PARÁGRAFO 3o. Para efectos del numeral 2 del presente artículo, las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias, o las entidades aseguradoras de vida, según corresponda, certificarán junto con el valor patrimonial de los derechos o participaciones, el porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de pensiones voluntarias o las entidades aseguradoras de vida, según sea el caso.
PARÁGRAFO 4o. En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015 disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara.
PARÁGRAFO 5o. Los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en los periodos 2015, 2016 y 2017, según el caso, integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza en el año en que se declaren. El aumento en la base gravable por este concepto no estará sujeto al límite superior de que trata el parágrafo 4o de este artículo.
PARÁGRAFO 6o. En el caso de las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento permanente o sucursal durante un año o periodo gravable, se deberá elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena Competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de las otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte”.
“LEY 1753 DE 2015[4]
ARTÍCULO 261. DEPURACIÓN CONTABLE. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014. Depuración contable. La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantará, en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.
Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad.
Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercerlos por jurisdicción coactiva.
Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de prescripción.
Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago.
Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por pérdida de los bienes o derechos.
Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate”.
La actora formuló dos cargos de inconstitucionalidad, cada uno de ellos referido a una de las normas demandadas, así:
En primer lugar, la demandante manifestó que el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, no se aviene a los artículos 13, 95 y 363 Constitucionales, por el tratamiento diferenciado que dispone para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza, al quedar supeditado al valor calculado como base gravable para el año 2015. Para la accionante, la norma demandada ignora “que las personas naturales o jurídicas pueden presentar una variación representativa (positiva o negativa) en sus patrimonios líquidos de una vigencia a otra, dado el dinamismo de la economía y de las relaciones comerciales, lo cual, se ignora en la norma demandada al presumir estática y congelada la situación financiera de los contribuyentes, conllevando a un trato diferenciado sin justificación en cuanto asigna una mayor carga tributaria al sujeto pasivo que tiene menor capacidad económica y, en contraposición, asigna una menor carga tributaria al sujeto pasivo que tiene mayor capacidad económica”[5].
En opinión de la demandante, “el parágrafo 4 del artículo 4 de la ley 1739 de 2014 establece una regla para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza que puede resultar totalmente adversa al principio de igualdad, permitiendo que el impuesto se liquide sobre una base gravable que para los años 2016, 2017 y 2018 se constituye en una especie de presunción que no tiene en cuenta la real capacidad económica del contribuyente al desconocer su verdadero patrimonio al momento de causación del tributo lo cual puede producir un gran desbalance en la carga fiscal, favoreciendo a quienes en vigencias posteriores al 2015 incrementen de manera significativa su patrimonio, incremento que no se verá afectado por el impuesto, y antagónicamente, desfavoreciendo a quienes en vigencias posteriores al 2015 disminuyan de manera significativa su patrimonio, al tener que soportar una carga tributaria sobre un patrimonio que no poseen en realidad”[6]. Para ilustrar su argumento, la accionante aporta una tabla con un ejemplo explicando sus efectos y destacando cómo, en su interpretación, la determinación de la base gravable para los años 2016 y 2017, para personas jurídicas, y 2016, 2017 y 2018 para personas naturales, partiendo de la base gravable del 2015 aumentada en un porcentaje de la inflación, “atenta contra la igualdad, la justicia, la equidad y la progresividad tributarla al desconocer de plano la capacidad de pago de los contribuyentes quienes por razones de diferente índole pueden presentar variaciones muy significativas en su patrimonio, para algunos de incremento y para otros de disminución, que sin embargo, no se tendrán en cuenta al momento de realizar la liquidación y pago del impuesto para los años gravables siguientes sujetos a la norma”[7].
A continuación se presenta el ejemplo aportado por la accionante para ilustrar su argumento:
Para la demandante, “la aplicación de la norma acusada da cabida a que los grandes incrementos en los patrimonios de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza después del primero de enero de 2015 queden exonerados del Impuesto; mientras que, la disminución en los patrimonios de los sujetos pasivos del Impuesto después del primero de enero de 2015, implica una carga tributaria superior a su efectiva capacidad económica, al ser gravados sobre una base patrimonial que no es acorde con la realidad, por lo tanto, la norma es inconstitucional por atentar contra la igualdad sustancial de los contribuyentes del impuesto a la riqueza”[8].
La accionante argumentó además que, dada la íntima relación del principio de igualdad con los de justicia, progresividad y equidad tributaria, el establecimiento de un régimen como el descrito anteriormente acarrea también el desconocimiento de la Constitución por la desatención de estos fundamentos del sistema tributario.
Para la demandante, “[l]a Corte Constitucional ha mencionado que materia tributaria la justicia, equiparada con la equidad implica que en la asignación de la carga tributaria se consulte la capacidad económica de los sujetos gravados, por tanto, la norma que se examina se perfila injusta al desconocer el criterio de capacidad de pago que tendrán los sujetos pasivos en cada una de las vigencias en que deba liquidarse el impuesto a la riqueza que paradójicamente grava la riqueza pero que no tiene en cuenta la riqueza”[9], por lo que la norma resultaría inconstitucional. Además, sostiene que el medio utilizado para obtener el recaudo “es discriminatorio, desproporcionado e injusto al obligar a más al que menos tiene y obligar a menos al que más tiene, presentándose entonces una especie de regresividad en el impuesto a pesar de que la tarifa es progresiva, dado que las atribuciones dadas en el parágrafo 4 implican mayor sacrificio fiscal para el contribuyente que disminuye su patrimonio y mayor beneficio fiscal para aquel que aumenta su patrimonio quien objetivamente es quien tiene mayor capacidad de pago”[10], explicando de esta manera la vulneración alegada respecto del principio de progresividad en materia tributaria.
La demandante argumentó que el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 sería inconstitucional por “extralimitación [de] funciones del legislativo al impartir normas de índole contable que constitucionalmente son asignadas al C. General de la Nación”[11]. Señaló que corresponde al C. General de la Nación “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y dictar las normas contables para el sector público colombiano”[12], por lo que el legislador en este caso, al dictar una norma sobre contabilidad que debe regir para todas las entidades públicas, está “desconociendo que esta es una labor que constitucionalmente ha sido reservada para la Contaduría General de la Nación a través del C. General de la Nación”[13].
A efecto de explicar su argumento, afirma que “el legislativo, a través de este texto pretende impartir políticas, lineamientos y normas sobre contabilidad, a la entidad pública”[14] mientras que la potestad de regulación en la materia corresponde al C. General de la Nación, único revestido “de la potestad de regulación”[15] en la materia.
Para ilustrar a fondo sobre las funciones del C. General de la Nación y de la Contaduría que preside, alude a la Ley 298 de 1996 y al Decreto 143 de 2004, destacando que la primera le encomienda a la Contaduría General y a quien la encabeza, las funciones de:
- “[F]ijar los objetivos y características del Sistema Nacional de Contabilidad Pública que es definido en la misma ley como el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad, estructurados lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la Información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública”[16];
- “Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, para efectos de la ley, la contabilidad pública comprende, además de la Contabilidad General de la Nación, la de las entidades u organismos descentralizados, territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y la de cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos”[17];
- “[D]eterminar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en el país para todo el sector público”[18].
- Imponer “las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación”[19].
La accionante señaló además que la Corte Constitucional se había pronunciado sobre la exequibilldad de la Ley 298 de 1996 “enfatizando en que de conformidad con el texto del artículo 354 de la Constitución, ‘la institución rectora y máxima autoridad administrativa a nivel nacional en materia contable son respectivamente la Contaduría y el C. General de la Nación, siendo sus subordinadas, en esa materia, todas las entidades públicas; a ella le corresponde, dice la citada norma superior, ‘...determinar las normas contables que deben regir el país, conforme a la ley...’’. De este mismo modo señala que ‘las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado’”[20].
Destacó la demandante que esta Corte aludió al C. General de la Nación como “el funcionario encargado de dictar las reglas o normas sustantivas y procedimentales que deben cumplir las entidades públicas en el registro de la información financiera, económica, social y ambiental”[21], por lo que una intervención del legislador en la materia comportaría la alteración de las funciones que le asigna la Constitución.
Finalmente, sostiene que “en el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, el legislador le imparte instrucciones de índole contable a La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que como se mencionó, es una entidad pública que hace parte del Sistema Nacional de Contabilidad Pública; estas instrucciones involucran condiciones, lineamientos y políticas contables para depurar la información contable y así establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, siendo esta, una atribución constitucional conferida a [la] Contaduría General de la Nación a través del C. General de la Nación”[22].
El Ministerio de Hacienda intervino ante la Corte Constitucional solicitando que se declarara la exequibilidad de las normas analizadas.
En primera instancia, recordó que la creación del impuesto a la riqueza se sustentó en la necesidad de reemplazar rentas, como las provenientes del impuesto al patrimonio, creado mediante la Ley 1370 de 2009 pero que ya no se encontraba vigente al momento de entrar en vigor la norma demandada.
En cuanto al trámite legislativo, señaló que la norma inicialmente presentada por el Gobierno a consideración del Congreso, proponía un esquema de base gravable similar a aquella propia de impuestos anteriores que gravaban el patrimonio, con un punto fijo en el tiempo cuyo nivel patrimonial permitiría calcular el valor del impuesto: en el caso del impuesto a la riqueza inicialmente presentado a consideración del legislador, la base gravable correspondería al valor de la riqueza poseída al 1º de enero de 2015. Ahora bien, debido a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Colombia, el modelo de base gravable única, propuesta inicialmente, debía ser modificado pues se pusieron de presente impactos contables indeseables[24]. Como resultado de lo anterior, durante los debates en el Congreso, se optó por una determinación anualizada de la base gravable del tributo, tal como quedó establecida en el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, ahora analizado. El Ministerio explicó que en impuestos pasados, y en la presentación inicial del proyecto de impuesto a la riqueza, para el cobro se utilizaba un esquema de base gravable única, correspondiente al valor del patrimonio para el 1º de enero del año en el que empezaba a hacerse exigible el tributo, es decir, sin que variara a lo largo de los años en los que se realizaban los cobros: así, para el impuesto al patrimonio creado mediante Ley 1111/2006, la base gravable correspondía al valor del patrimonio al 1º de enero de 2007, aplicable al recaudo de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, sin que variara a lo largo del tiempo; igualmente, para el impuesto al patrimonio establecido mediante la Ley 1370/2009, la base gravable correspondía al valor del patrimonio poseído para el 1º de enero de 2011, aplicable al recaudo correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014[25]. En esta ocasión, dada la necesidad de no hacer gravoso el impuesto desde el punto de vista contable, el valor a pagar año a año dependería de una base gravable determinada para cada periodo en el que debiera cancelarse el gravamen.
El Ministerio aclara que, teniendo esto en cuenta, “la norma acusada dispuso una base gravable presunta para el impuesto a la riqueza, que era completamente calculable y previsible desde el momento mismo de ocurrencia del hecho generador, el 01 de enero de 2015”[26]. Para la entidad, “la obligación tributaria se definió ese mismo día, su cálculo y contabilización durante los años siguientes no podía dejarse al arbitrio del contribuyente, y por lo tanto el legislador consideró prudente establecer límites máximos y mínimos de reducción o ampliación de la base gravable del impuesto ya generado a primero de enero de 2015, protegiendo su capacidad contributiva, pero asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de su deber objetivo de contribución al financiamiento de las cargas públicas”[27]. Este resultado corresponde con lo expresado en la exposición de motivos de la Ley 1739 de 2014, en la que se señaló la necesidad de incluir medidas anti-abuso del impuesto a la riqueza, pues dentro de las modificaciones incluidas en el primer debate se propuso “incluir una banda en la cual es posible que fluctúe la base gravable”[28]. La norma demandada, entonces, hace parte de esos mecanismos anti-abuso, que “estableció una garantía presunta en contra de aumentos desmesurados o disminuciones alarmantes de la base gravable del impuesto a la riqueza, para hechos ocurridos con posterioridad al acaecimiento del hecho generador del tributo, 01 de enero de 2015”[29].
Expuso que el argumento principal de la demanda, construido en torno a una supuesta tributación menor de las personas que aumentaron su patrimonio líquido de un año al otro, no tiene en cuenta que para el periodo gravable ese contribuyente se verá afectado por un mayor impuesto de sobretasa al CREE y de los demás impuestos indirectos, o bien por el impuesto de renta o de ganancia ocasional. De otro lado, en el caso de los contribuyentes que sufran pérdidas, existen mecanismos de compensación por vía de otros tributos que implican, por ejemplo, que quien sufra pérdidas patrimoniales no tenga un impuesto a cargo por concepto de renta, CREE o sobretasa al CREE.
El Ministerio complementó su argumento señalando que existen otras medidas en la Ley 1739 de 2014 que protegen la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza, como “la no sujeción pasiva al impuesto para las sociedades y personas jurídicas en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, o acuerdo de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia”[30], que evitan la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, justicia, equidad y progresividad tributarios.
Finalmente, se consideró que la jurisprudencia relacionada con el impuesto al patrimonio contenido en las sentencias C-243 de 2011 y C-635 de 2011, es plenamente aplicable al presente caso.
De otro lado, el Ministerio se opuso a la prosperidad del segundo cargo señalando que el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 no es contrario a las funciones que la Constitución asigna al C. General de la Nación. Así, consideró que esta norma realiza el principio de eficiencia en el sistema tributario al permitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN “efectuar la depuración contable necesaria para reflejar su verdadera realidad económica, financiera y patrimonial, y de ese modo cumplir de manera eficiente con sus deberes legales de administración de los tributos nacionales”[31].
B. en la sentencia C-452 de 2003, estimó que la función establecida para la DIAN no chocaba con las que la Constitución reconoce a la Contaduría General de la Nación. Aclaró que la contaduría no tiene “competencias de índole legislativa […], sino que el ámbito de expedición normativo se refiere a la definición de lineamientos y políticas contables para uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública y elaborar el balance general”[32] a través de reglamentos, que no comprende la definición de las condiciones para el castigo de cartera, realizar saneamientos contables y financieros. De otro lado, la labor de depurar “obligaciones prescritas, incobrables o de alto costo de recaudo, […] permite a la DIAN optimizar recursos, y hace su gestión administrativa más eficiente”[33]. En consecuencia, concluyó que esta norma no se oponía a la Constitución y debía ser declarada exequible.
La DIAN intervino ante la Corte Constitucional con el fin de solicitar que se declarara la exequibilidad de las normas demandadas.
En primera instancia, señaló que no se presentaba un tratamiento tributario diferenciado en la determinación de la base gravable del impuesto a la riqueza y mucho menos una discriminación por tratamiento injusto, desproporcionado o regresivo a partir de la norma dispuesta en el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014.
Para justificar su posición destacó que, en materia tributaria, el legislador goza de una amplia libertad de configuración que debe ser tenida en cuenta por la Corte Constitucional, lo que implica que el establecimiento de regímenes diferenciados no genera la violación de los principios de igualdad y equidad tributarios en sí mismo, y sólo conlleva la inexequibilidad de la norma analizada cuando el tratamiento dispuesto por la norma demandada se evidencia como irrazonable.
La DIAN recordó, con base en los antecedentes de la Ley analizada, que con la Ley 1739 se creó un impuesto nuevo que permitiría financiar el nivel de gasto incorporado en el marco de gasto de mediano plazo, en el que se tuvo en cuenta la capacidad contributiva para la asignación de las cargas tributarias correspondientes. En efecto, argumentó que “en el impuesto a la riqueza que creó la Ley 1739 de 2014 a la luz de la dimensión vertical de la equidad no existe violación alguna porque esta implica que, a mayor capacidad económica, mayor debe ser la carga tributaria”[35], de manera que si el sujeto pasivo era poseedor de una riqueza superior a 1.000 millones de pesos para el 1º de enero de 2015, se convertía en contribuyente del impuesto creado para los años 2015-2017, si era persona jurídica, o 2015-2018, si era persona natural, disponiendo la norma analizada de los ajustes concordantes con las fluctuaciones patrimoniales para el respectivo año.
Para la DIAN, las normas que rigen el impuesto a la riqueza establecen un sistema en el cual se respeta la equidad vertical, puesto que a mayor capacidad económica, mayor es el impuesto a cargo del contribuyente. Explica cómo el esquema tiene como pilar y hecho generador, la posesión de una riqueza mayor a los mil millones de pesos para el 1º de enero de 2015, convirtiéndose en sujeto pasivo aquel que tuviera dicha suma para ese momento, de manera que de esto “se colige que no es relevante si el patrimonio líquido del contribuyente en alguno de los años siguientes aumenta o disminuye, [puesto que] el contribuyente ya es contribuyente del impuesto a la riqueza”[36]. Sobre la base gravable, destacó que es una sola, es decir, la riqueza que se posee para el 1º de enero de 2015, pero que esta se ajusta “en la medida que se actualiza con cada año gravable”[37].
Así, para la DIAN, en el diseño normativo se aprecia que el legislador tuvo en cuenta los principios de igualdad y equidad tributaria, puesto que, a pesar de que el elemento fundamental de la base es la cantidad de riqueza poseída para el 1º de enero de 2015, se permite realizar ajustes que correspondan a las variaciones patrimoniales del obligado, que son reflejo de su capacidad contributiva.
En segundo lugar, la DIAN consideró que el artículo 261 de la Ley 1753/2015 “lo que ordena es adelantar gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad”[38], lo cual no constituye una instrucción contable, “sino propia del saneamiento de estados financieros que por tanto no se abroga una función del C. General o de la Contaduría General de la Nación puesto que sus funciones están delimitadas en el marco del Decreto 143 de 2004”[39] .
Para la entidad, debe existir un solo responsable de la depuración contable, por lo que el legislador optó por establecer que dicho procedimiento ya no debe ser realizado por todas y cada una de las entidades públicas, sino solamente por la DIAN. Afirmó que la competencia creada por el artículo 261 del Plan de Desarrollo “todos por un nuevo país”, encuadra en las funciones que le encomienda el Decreto 4048 de 2008, dentro de las que se encuentran: (i) la administración de los impuestos de renta, IVA y los derechos de aduana, que comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones; (ii) el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior; y (iii) el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios[40]. Así, la eliminación de cuentas por cobrar “que resulten prácticamente incobrables”[41] pertenecería al resorte de sus funciones, más si se tiene en cuenta que la lectura que hace la entidad de la norma apunta al saneamiento de estados financieros, no a la definición de normas contables propiamente dichas.
La Universidad Externado de Colombia intervino ante la Corte Constitucional con el fin de solicitar que se declarara la exequibilidad de las normas demandadas.
Señaló que el primer problema jurídico que se debía resolver en el presente caso consistía en determinar si la “limitación a la variación de la base gravable del impuesto a la riqueza, v.g. el patrimonio del contribuyente considerado a 1 de enero de 2015, constituye una presunción que trasgrede el principio de igualdad material”[43] y si “[r]estringir la alteración de la base gravable del impuesto a la riqueza al 25% de la inflación conduce a la injusticia del Sistema Tributario y, en consecuencia, viola los principios de justicia, equidad y progresividad”[44]. Para resolver este interrogante, destacó que la norma analizada no contiene solamente una presunción, sino que completa una norma especial anti-elusión, que permite la determinación de un elemento del impuesto: la base gravable.
Afirmó que podría considerarse que el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 “contiene una presunción en virtud de la cual el patrimonio de los contribuyentes del impuesto a la riqueza no varía en una proporción mayor al 25% de la inflación entre el primero de enero de 2015 y los años gravables subsiguientes 2016, 2017 y 2018 –para personas naturales-. Y esto es así, dado que la norma no permite al sujeto pasivo desvirtuar el supuesto de hecho a través de la acreditación de circunstancias fácticas distintas”[45]. El carácter de presunción de derecho, considera la Universidad, no es suficiente para que la norma analizada sea inconstitucional, pues desde la sentencia C-015 de 1993 la Corte Constitucional ha reconocido que “la creación de presunciones es un recurso obligado de la legislación tributaria para establecer hechos cuya prueba puede ser más fácilmente suministrada por el contribuyente o, cuando se trata de una presunción de derecho, es una herramienta efectiva para luchar contra la evasión y la elusión fiscales”[46]. De lo anterior, concluyó que la principal justificación para el establecimiento de presunciones de derecho en materia tributaria tiene que ver con la necesidad de combatir la evasión o elusión tributaria, que en este caso se concretó en una norma que evita que a partir del 1 de enero de 2015, los contribuyentes “se despatrimonialicen con el único objetivo de evitar incurrir en el hecho generador del gravamen”[47].
Ahora bien, destacó que no todo tratamiento tributario diferenciado implica la infracción del principio de igualdad, en tanto puede existir una justificación para el mismo. En el presente caso, el establecimiento de la presunción antes descrita encuentra una justificación en un esquema que busca evitar la evasión del impuesto, propósito que realiza los principios de equidad y justicia tributaria, al diseñar un tributo que debe cumplirse por todos los obligados. Adicionalmente, la medida realiza el principio de eficiencia tributaria, razón que refuerza la constitucionalidad de la disposición analizada, sin generar afectación al principio de progresividad, puesto que no introduce al sistema tributario, en su conjunto, un ingrediente de manifiesta inequidad, ineficiencia o regresividad.
El segundo problema jurídico sugerido por la Universidad busca determinar si “el Legislador [cuenta] con potestad para dictar normas en materia [de] contabilidad del sector público”[48]. A dicho interrogante se respondió afirmativamente, con base en lo dispuesto en el artículo 150 numeral 23 de la Constitución. Señaló también que el C. General, conforme con lo dispuesto en el artículo 354 de la Constitución, es un funcionario de la Rama Ejecutiva, “de modo que el ejercicio de sus competencias se encuentra sujeto a lo señalado en las normas”[49] legales. Esto implica que el C. General, en desarrollo de sus funciones, solamente puede producir actos administrativos, que por su naturaleza, se encuentran sometidos a lo establecido por la Ley. En este sentido, la determinación legislativa respecto del saneamiento contable de las entidades públicas no afecta la Constitución, ni implica una extralimitación en el ejercicio del Legislador, pues bien podía el Congreso disponer una norma de tal naturaleza, teniendo en cuenta que el constituyente sujetó el ejercicio de las competencias del C. a la legislación[50].
Cámara de Servicios Legales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI[51]
La ANDI solicitó la declaración de exequibilidad de las normas demandadas, estimando que ambas son compatibles con el texto constitucional.
Destacó que la violación al principio de igualdad, pregonada por la demandante, ocurriría en este caso sólo si (i) dos contribuyentes tuvieran un mismo patrón fáctico, (ii) en un mismo periodo determinado, pero (iii) su base gravable fuera disímil. Esta situación no ocurre en el caso analizado, y mucho menos se evidencia a partir de la demanda, pues esta partió “de la falsa premisa [de] que todos los contribuyentes, independientemente de su nivel patrimonial son asimilables”[52]. Este fundamento equivocado impide, incluso, la realización del test de igualdad, pues no existiría la similitud de supuestos necesaria para su procedencia.
Explicó la Cámara que el análisis de igualdad plasmado en la demanda yerra al partir de una premisa según la cual los contribuyentes hipotéticos se encuentran bajo un mismo supuesto de hecho, a pesar de que la realidad indicaría que para el 1º de enero de 2015 tenían niveles de riqueza diferentes: esta situación tiene como consecuencia una imposición posterior también distinta. Complementó lo anterior señalando que tampoco es correcto partir de una concepción del principio de igualdad según el cual cualquier tratamiento diferenciado respecto de situaciones iguales, implique una infracción al mismo. Lo correcto es entender que sólo cuando la diferenciación es irrazonable, desproporcionada, inadecuada o inidónea, es que se quebranta este principio, lo cual en este caso no ocurre.
La ANDI no encuentra razón en la afirmación de la demandante en torno a que la norma que regula la base gravable no atiende la verdadera capacidad contributiva de los obligados, puesto que el contexto normativo da cuenta de que el impuesto a la riqueza ha establecido tarifas diferenciales (i) para cada periodo gravable, (ii) para cada tipo de contribuyente y (iii) para cada rango de riqueza. La Cámara considera que esta norma atiende los principios de equidad, progresividad y justicia tributarios, pues grava más severamente a quienes tienen mayor riqueza. En el presente caso, lo analizado no afecta el núcleo duro de estos principios, por lo que a pesar de que la norma demandada “implica una injerencia en la órbita de la progresividad y la equidad”[53], esta no es de tal magnitud como para implicar la inexequibilidad de la norma.
Para reafirmar su posición a favor de la exequibilidad, puso de presente los antecedentes legislativos. Destacó que en la redacción original del proyecto, la base gravable era única, pues correspondía al valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1º de enero de 2015, menos las deudas a su cargo vigentes para esa misma fecha, pero por causa del efecto contable que tendría dicho mecanismo para el cálculo del valor del impuesto, se modificó la base gravable del tributo para reflejar la riqueza poseída al primero de enero del respectivo año en los que se debiera pagar. “La inclusión de bases gravables independientes para cada uno de los años de vigencia del impuesto a la riqueza generaba, en efecto, la posibilidad de variación del recaudo proyectado por el Gobierno Nacional al radicar el proyecto, lo que, por supuesto, podría producir incertidumbre sobre el cumplimiento en las metas macroeconómicas que sustentaron la reforma tributaria presentada al Congreso”[54] por lo que la solución a la variabilidad en la determinación del impuesto trató de mitigarse con la norma analizada.
Analizando la estructura normativa del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, indicó que “[b]ajo el impuesto a la riqueza de la ley 1739, la causación del impuesto es anual, mientras que su hecho generador fue único (i.e. Posesión de riqueza superior a 1.000 millones de pesos a 1 de enero de 2015)”[55], lo que hace razonable que dado que el impuesto en realidad se generó el 1 de enero de 2015, la base gravable permanezca relativamente inalterada en los periodos en los que se causa un mismo y único impuesto.
Respecto del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, señalan que no se evidencia a partir del contenido normativo, un exceso en el ejercicio de las funciones del legislador, “puesto que, tanto el artículo 150 –en sus numerales 3 y 21- como el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, habilitan al legislador para expedir normas para intervenir en la economía con el fin de regular la contabilidad pública o privada, en nuestro país, de manera que el cargo así sustentado no estaría llamado a prosperar”[56]. Adicionalmente, resaltó que la competencia del C. General de la Nación se ejerce, de acuerdo con el artículo 354 Constitucional, con “estricto apego a las leyes que haya dictado el legislativo sobre el particular, de manera que tampoco le cabe razón a la demanda cuando acusa la disposición con fundamento en el argumento de exclusividad funcional del C. General de la Nación”[57].
Destaca además, que el artículo 121 Superior, al que también se refiere la demanda, establece que “[n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, por lo que se resuelve la objeción de la demandante acudiendo a su propio texto, en tanto la ley también puede asignar funciones a las entidades, como en este caso sucede con la DIAN. Adicionalmente, la regulación de las materias contables corresponde al ejercicio de la función de intervención del Estado en la economía, que de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución le atañe al Congreso de la República.
La Universidad del Rosario solicitó la declaración de exequibilidad de las normas demandadas, mientras que el Instituto Colombiano del Derecho Tributario solicitó la declaración de inexequibilidad parcial del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014. Estas intervenciones fueron, sin embargo, allegadas a la Secretaría General de esta Corporación luego de vencido el término de fijación en lista, por lo que se consideran extemporáneas[58].
El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Señaló que “aunque la Ley 1739 de 2014 no lo dice expresamente en su articulado, tiene como fin mantener una base estable y no desestimular las nuevas inversiones”[60]. Este propósito, plasmado en la norma demandada a través del ejercicio de la amplia libertad de configuración legislativa en materia tributaria, justifica la forma de la base gravable escogida por el Congreso, que no riñe con la Constitución y se ajusta a la jurisprudencia de la Corte.
Frente al artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 consideró que “es fácil deducir que, a través de él, lo que hizo el legislador fue ordenar a la DIAN la realización de las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele de forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad pública”[61], señalando que esto no interfiere con las funciones que la Constitución atribuye a la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente, observó que así la norma fuese de naturaleza contable, el constituyente admitió la intervención del legislador en la determinación de las funciones del C., al dejar explícito en el artículo 354 Constitucional que este debía ejercer sus funciones “conforme a la ley”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, pues se dirigió contra normas contenidas en leyes, a saber, el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, y el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015.
La demanda de constitucionalidad a que se refiere la presente decisión fue admitida, en los términos antes descritos, el 9 de diciembre de 2016. Durante el trámite del proceso, por causa de la aprobación y adopción de las normas de implementación el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Corte se vio abocada a realizar los controles automáticos de constitucionalidad de dichas normas, de acuerdo a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016[62], lo que obligó a la corporación, en desarrollo de lo establecido en el Decreto 889 de 2017[63], a decretar la suspensión de los procesos ordinarios que para ese momento cursaban. En efecto, mediante el auto A-305 de 2017, del 21 de junio de 2017, se adoptó la decisión judicial de suspensión, la cual cobijó también al presente expediente[64]. Lo anterior implicó que la duración de este proceso se viera extendida por el periodo de tiempo en el que se dio prelación al control de las normas de implementación del Acuerdo Final, además del necesario para el de posterior reajuste y evacuación de procesos suspendidos, lo que significó las normas atacadas, que para el momento de la interposición de la demanda se encontraban vigentes, durante el mencionado plazo de suspensión resultaron derogadas por el legislador.
De esta forma, durante el trámite de la presente acción, tanto el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, como el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, resultaron excluidos del ordenamiento jurídico, por lo cual, la Corte debe estudiar de forma preliminar, si aún hay mérito para emitir un pronunciamiento de fondo, o si, por el contrario, la Sala debe abstenerse de efectuar el mismo. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que, en casos como estos, la Corte debe realizar un análisis en el que “deberá establecer la vigencia de las disposiciones demandadas y, con esto, determinar […] su competencia”[65]. La metodología desarrollada por la Corte Constitucional para casos en los que este Tribunal se enfrente al estudio de normas excluidas del ordenamiento jurídico impone: (i) la comprobación del fenómeno ocurrido - derogatoria explícita, tácita, orgánica, subrogación[66], o cumplimiento de la hipótesis prescriptiva; y, (ii) si se está en presencia de alguna de estas situaciones, determinar si la norma derogada, subrogada o cumplida, mantiene su producción de efectos jurídicos[67]. Así, solo en el caso de que se encuentre que la norma subsiste en el ordenamiento, o en su defecto, se verifique la producción de efectos actuales, el Tribunal Constitucional será competente para adelantar el juicio de constitucionalidad[68].
Es importante señalar que la acción pública de inconstitucionalidad no fue “concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas”[69]. En efecto, cuando la Corte se ocupa de este asunto, lo hace solamente “para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control […]”[70].
Derogación, subrogación y cumplimiento de la hipótesis prescriptiva
La Corte Constitucional, en pacífica y reiterada jurisprudencia, ha indicado que el control judicial a su cargo se ejerce, en principio, respecto de normas vigentes, esto es, que existan y mantengan su carácter obligatorio[71]. Es así como el artículo 241 de la Constitución -que establece los estrictos y precisos términos en los que debe ejercerse la labor de guarda de la integridad y supremacía del texto Superior-, señala que la competencia de la Corte, en casos como el presente[72], se orienta a decidir sobre las demandas ciudadanas en contra de “las leyes”[73]. Estas leyes a las que refiere la norma constitucional implican “que el precepto demandado integre el sistema jurídico, motivo por el cual este Tribunal no puede pronunciarse [prima facie] sobre la exequibilidad de disposiciones que han sido objeto de derogatoria”[74].
Ahora bien, en nuestro sistema jurídico, la función de “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento”[75] se concreta a través de la derogatoria, fenómeno que deriva de “la libertad política del Legislador, [a través de la cual] ese órgano político decide expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación de la materia quede sometida a los principios generales del ordenamiento”[76]. Este fenómeno se concreta de tres formas, así: “[e]s expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. || Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”[77] (negrilla fuera del texto original), o resulta ser orgánica “por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”[78]. Es importante tener en cuenta que “para que sea posible la derogación debe darse por otra [norma] de igual o superior jerarquía”[79] a la norma derogada.
La Corte Constitucional también se ha ocupado del fenómeno de la subrogación, clasificándolo como una modalidad de la derogatoria[80], que ocurre en los casos en los que se da la sustitución de una norma por otra posterior de igual jerarquía y similar o idéntico contenido[81].
La Corte también ha señalado que “carece de competencia para conocer acusaciones de inconstitucionalidad contra normas cuyo objeto ya se cumplió”[82], o en los que la norma demandada “ya agotó plenamente su contenido”[83]. En estos escenarios, este Tribunal ha entendido que no hay objeto de pronunciamiento, y ha proferido decisiones inhibitorias por sustracción de materia[84]. Al respecto se señaló que:
“Cuando se demandan normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir, cuando el precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una actividad y el cumplimiento de ésta o aquél ya ha tenido lugar, carece de todo objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe ella declararse inhibida.
En efecto, si hallara exequible la norma impugnada no haría otra cosa que dejar en firme su ejecutabilidad y, habiéndose dado ya la ejecución, la resolución judicial sería inútil y extemporánea. Y si la encontrara inexequible, no podría ser observada la sentencia en razón de haberse alcanzado ya el fin propuesto por quien profirió la disposición; se encontraría la Corte con hechos cumplidos respecto de los cuales nada podría hacer la determinación que adoptase”[85].
Al respecto, en la sentencia C-102 de 2018 se señaló que “esta Corporación ha proferido fallos inhibitorios por carencia de objeto, (i) cuando ha expirado el plazo en el que las medidas adoptadas debían regir o (ii) cuando se ha satisfecho su objeto porque se han realizado los parámetros normativos contenidos en la ley”.
Exclusión del ordenamiento jurídico del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 y cumplimiento de su prescripción normativa
Como se mostrará a continuación, el régimen del impuesto a la riqueza, en el que se inserta el parágrafo demandado, fue objeto de derogación orgánica por parte del legislador. Esto, por cuanto la regulación que lo sustentó para los años 2015 a 2018 fue reemplazada integralmente por la que desarrolla el actual impuesto al patrimonio, vigente y regulado en los artículos 35 a 41 de la Ley 1943 de 2018, para los años 2019 a 2021. Adicionalmente, se aprecia que el legislador, en materia de base gravable, dispuso una subrogación del contenido normativo incorporado al artículo 292-2 del Estatuto Tributario por el artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, reemplazando por completo el parágrafo demandado y por consiguiente, generando su expulsión del ordenamiento jurídico. También, se observa que las disposiciones contenidas en el parágrafo acusado no son aplicables en la actualidad, por cuanto este regulaba un régimen impositivo que dejó de existir en 2018.
Con el fin de demostrar lo anterior, (i) se describirá el régimen del impuesto a la riqueza y se comparará con la regulación del actual impuesto extraordinario al patrimonio, a modo de verificar la regulación integral de la materia y la ocurrencia de la derogación orgánica; (ii) se constatará la sustitución de la norma demandada a título de subrogación; y, (iii) se verificará que la norma satisfizo su propósito y expiró el plazo en el que debía regir.
Por medio de la Ley 1739 de 2014, el legislador estableció un “impuesto extraordinario”[86] señalando de manera expresa que el mismo sería exigible “[p]or los años 2015, 2016, 2017 y 2018”[87]. Sobre la vigencia del impuesto, el legislador dispuso que “[p]ara el caso de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza que sean personas jurídicas y sociedades de hecho, sean nacionales o extranjeras, el impuesto a la riqueza desaparece a partir del 1o de enero del año 2018 inclusive”[88] (subrayas fuera del texto original), lo que significó que estas debían tributar con base en la riqueza poseída “a 1o de enero de 2015, 2016 y 2017”[89], mientras que las personas naturales y sucesiones ilíquidas se encontraron obligadas por la riqueza poseída “a 1o de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018”[90].
El hecho generador del tributo fue definido como “la posesión de [riqueza] al 1o de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones de pesos”[91], entendiéndose la riqueza como el “total del patrimonio bruto del contribuyente poseído [al 1o de enero del año 2015,] menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”[92].
El artículo que se ocupó de la base gravable del impuesto a la riqueza -en el que se encuentra el parágrafo demandado-, señaló que debía calcularse tomando el patrimonio bruto poseído a primero (1º) de enero del respectivo año y restando del mismo sus deudas del obligado, vigentes en las mismas fechas. Se permitió, además, excluir algunos bienes, de acuerdo con la tipología del contribuyente[93]. La norma aquí demandada, había establecido límites a la variación del valor de la base gravable entre periodos, señalando que el incremento interanual no debería superar una cuarta parte de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado. De la misma forma, si al comparar las bases gravables de los años subsiguientes se verificaba un decremento, este no debía superar un porcentaje correspondiente a una cuarta parte de la inflación debidamente certificada. A esta última regla se le creó una excepción, contemplada en el parágrafo 5, que tenía lugar cuando se cumplían conjuntamente las siguientes condiciones: (i) se presentaba incremento patrimonial; y, (ii) este se debiera a la integración de bienes en el patrimonio, descubiertos a causa de las obligaciones relacionadas con el impuesto complementario de normalización tributaria[94].
El legislador definió, asimismo, que el impuesto se causaría, para las personas jurídicas, “el 1o de enero de 2015, el 1o de enero de 2016 y el 1o de enero de 2017”[95], y para las personas naturales “el 1o de enero de 2015, el 1o de enero de 2016, el 1o de enero de 2017 y el 1o de enero de 2018”[96]. En materia de tarifas, se establecieron clasificaciones por el tipo de contribuyente, a saber: personas naturales y asimiladas y personas jurídicas y asimiladas. Igualmente, se establecieron para cada categoría, tarifas diferenciales de acuerdo al valor de la riqueza poseída. En el caso de las personas jurídicas y asimiladas, la tarifa variaría también por año de causación del tributo.
En consonancia con lo anterior, el Decreto 1625 de 2016, en su artículo 1.6.1.13.2.25., tal como fue modificado por el artículo 1 del Decreto 1951 de 2017, determinó como fechas límite para la declaración y el pago de la primera cuota del impuesto a la riqueza para el año dos mil dieciocho (2018), aquellas comprendidas entre el nueve (9) y el veintitrés (23) de mayo, y para el pago de la segunda cuota, las comprendidas entre el once (11) y el veinticuatro (24) de septiembre del mismo año, dependiendo del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), lo que implica que para aquellos momentos, los pagos del tributo resultaron exigibles y se ejecutaron[97], así:
De otro lado, el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) se promulgó la Ley 1943 de 2018, “[p]or la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”, que estableció un tributo distinto, el impuesto al patrimonio, que reemplazó el antiguo impuesto a la riqueza.
En lo relevante, la Ley 1943 de 2018 establece un nuevo “impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio”[98]. Instituyó como hecho generador la posesión de un patrimonio líquido, definido como “el total del patrimonio bruto del contribuyente persona natural poseído [al primero de enero del año] menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”[99], en un valor “igual o superior a cinco mil ($5.000) millones de pesos […] al 1 de enero del año 2019”[100]. Se definió como tarifa la del “1% por cada año, del total de la base gravable establecida”[101], y se determinó que el impuesto se causaría el 1º de enero de los años dos mil diecinueve (2019), dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021).
En cuanto al elemento esencial de la base gravable, se estableció que correspondería al valor del patrimonio bruto, excluyendo determinados bienes para “las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras”[102], así:
“1. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación.
El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma permanente”[103].
En materia del cálculo de las bases gravables, se incluyó un parágrafo en el que también se establecen límites a la variación patrimonial para los años dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021), tomando como parámetro la base gravable calculada para el año dos mil diecinueve (2019). En esta norma, se determinó que la liquidación del tributo debe hacerse sobre “la menor entre la base gravable determinada en el año 2019 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara” en caso de incremento patrimonial, o “la mayor entre la base gravable determinada en el año 2019 disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara”, en caso de decremento del patrimonio gravado. Resulta importante destacar que el régimen del impuesto al patrimonio introducido por la Ley 1943 de 2018 se encuentra vigente hasta este momento.
Con miras a dar mayor claridad sobre el panorama normativo relacionado con la norma demandada, se presenta a continuación una tabla comparativa que permite identificar de manera más sencilla los elementos y características fundamentales de los respectivos tributos, que evidencian su correspondencia en cuanto a la materia regulada:
Impuesto a la riqueza – Ley 1739 de 2014.
Impuesto al patrimonio – Ley 1943 de 2018.
- Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
- Las personas naturales no residentes: (i) por la riqueza poseída directamente en el país; y/o (ii) por la riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país.
- Las sociedades y entidades extranjeras, respecto de (i) su riqueza poseída directamente en el país, y/o (ii) su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país.
- Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en el país.
- Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
- Personas naturales no residentes: (i) por su patrimonio poseído en el país; y/o (ii) por su patrimonio poseído indirectamente en el país, a través de establecimientos permanentes.
- Sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país respecto de su patrimonio poseído en el país.
- Sociedades o entidades extranjeras, no declarantes del impuesto de renta en el país, que posean bienes en Colombia, diferentes a (i) acciones, (ii) cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio, siempre y cuando se cumplan las obligaciones del régimen cambiario.
- NO son sujetos pasivos, las sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, que suscriban contratos de arrendamiento financiero con residentes.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Posesión de riqueza por un valor igual o superior a $1.000 millones de pesos al 01.01.2015.
Se define la riqueza como el “equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”.
Posesión de un patrimonio por un valor igual o superior a $5.000 millones de pesos al 01.01.2019.
Se define el patrimonio como el “equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente persona natural poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”.
Personas jurídicas y sociedades de hecho: riqueza poseída a cada 1º de enero, de los años 2015, 2016 y 2017, para personas jurídicas, y también del 2018, para personas naturales y asimiladas.
Se permitió excluir de la base gravable los siguientes bienes:
- Para personas naturales, las primeras 12.200 UVT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación.
- Valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales, poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual.
- Para las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público.
- Para las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria, el valor patrimonial neto de los bancos de tierras.
- Para las empresas públicas de acueducto y alcantarillado, el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente.
- El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop.
- Para las sociedades y entidades extranjeras, respecto de su riqueza poseída directa o indirectamente en el país, cuando sean entidades financieras: (i) el valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, y sus rendimientos; (ii) el valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos financieros.
- Para los extranjeros con residencia en el país por un período inferior a 5 años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el exterior.
- Para las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos de control, el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados[104].
- Para las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, las deudas vigentes a esa fecha, que estén vinculadas a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
Valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído a 01 de enero de 2019, 2020 y 2021, menos las deudas vigentes a esas fechas. Con excepción de los siguientes bienes:
- Para las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación, donde efectivamente resida el contribuyente la mayor parte del tiempo.
- El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma permanente.
Variación de la base gravable
Banda límite para incrementos positivos o negativos de la base gravable: ±25% de la inflación certificada por el DANE para el año anterior al declarado, respecto de la riqueza calculada para el año 2015.
En caso de incremento en riqueza, se aplicará la tarifa a la menor base entre la calculada para el respectivo año y la correspondiente al 2015, aumentada en un porcentaje equivalente a la cuarta parte de la inflación certificada para el año anterior.
En caso de disminución de la riqueza, se aplicará la tarifa a la mayor base entre la calculada para el respectivo año y la correspondiente al 2015, disminuida en un porcentaje equivalente a la cuarta parte de la inflación certificada para el año anterior.
Banda límite para incrementos positivos o negativos de la base gravable: ±25% de la inflación certificada por el DANE para el año anterior al declarado, respecto del patrimonio calculado para el año 2019.
En caso de incremento patrimonial, se aplicará la tarifa a la menor base entre la calculada para el respectivo año y la correspondiente al 2019, aumentada en un porcentaje equivalente a la cuarta parte de la inflación certificada para el año anterior.
En caso de disminución patrimonial, se aplicará la tarifa a la mayor base entre la calculada para el respectivo año y la correspondiente al 2019, disminuida en un porcentaje equivalente a la cuarta parte de la inflación certificada para el año anterior.
Tarifa que varía en función de:
- Tipo de contribuyente, existiendo tablas diferenciadas para personas naturales/asimiladas y jurídicas/asimiladas.
- Escalonado, por nivel de riqueza. Así, se establecen cuatro fases que van entre o y más de $5’000’000,000, asignando a cada una de ellas, una tarifa distinta.
- Por momento de causación, pues en el caso de las personas jurídicas/asimiladas, para 2015, 2016 y 2017, las tarifas son distintas.
- Dados todos estos criterios de variación, las tarifas fluctuaban entre el 0.05% y el 1.5%.
Tarifa única del 1%.
de enero de los años 2015, 2016 y 2017, para todos los contribuyentes del impuesto, y de 2018, solamente para personas naturales/asimiladas.
de enero de los años 2019, 2020 y 2021.
Derogación del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014
A partir de lo expuesto, esta Corte evidencia que se presentó una derogatoria orgánica del régimen del impuesto a la riqueza, pues el legislador, al crear el impuesto extraordinario al patrimonio para los años 2019 a 2021, dispuso un tributo nuevo, encaminado también a gravar la posesión de un patrimonio líquido, y al ocuparse de este asunto, reguló integralmente dicho espacio de tributación.
La regulación del impuesto a la riqueza y del actual impuesto al patrimonio comparten el mismo fin, lo que se aprecia en un hecho generador similar (en el que, básicamente, varía en la cuantía), al igual que en un grupo de sujetos pasivos muy parecido, mientras que difieren en asuntos relacionados con las exclusiones de la base gravable, el periodo de vigencia del tributo y la tarifa. En conjunto, se aprecia que el régimen del impuesto a la riqueza fue sustituido íntegramente por aquel del impuesto al patrimonio, lo que supone la falta de vigencia de las normas previas, incluido el parágrafo demandado.
Es importante destacar que el fin del establecimiento del impuesto al patrimonio fue el de servir de reemplazo para el impuesto a la riqueza, lo que se evidencia por su ubicación en el Estatuto Tributario[105]. En este punto conviene destacar que ambos tributos son extraordinarios, lo que supone que el legislador los adoptó para regir en un periodo determinado. El impuesto a la riqueza, por lo mismo, una vez culminara su periodo de vigencia, dejaría un espacio vacío en el sistema tributario, y en este caso el legislador optó por llenarlo mediante la introducción de un nuevo tributo, distinto del anterior, denominado impuesto al patrimonio. El nuevo régimen, creado por la Ley 1943 de 2018, determinó algunas particularidades que lo diferencian del anterior, pero mantuvo algunas de las características previas, con lo que se cumple lo decantado en la jurisprudencia según la cual se presenta la derogatoria orgánica “cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la nueva ley”[106] (subrayas fuera del texto original).
En suma, el legislador mediante su reglamentación del impuesto al patrimonio, produjo una regulación integral de los gravámenes derivados de la posesión de un determinado nivel de patrimonio líquido, generando con ello la derogación por vía orgánica del régimen del impuesto a la riqueza, dentro del que se insertaba el parágrafo demandado. Por esto, la Ley 1943 de 2018, por medio de sus artículos 35 a 41 y 122, derogó orgánicamente la regulación que estableció el impuesto a la riqueza, derogatoria que cobija al parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, acá demandado.
Adicionalmente, como se dijo con antelación (ver supra, numeral 86), el legislador dio señales acerca del reemplazo integral de las normas que regían el impuesto a la riqueza, al agrupar bajo el Capítulo I del Título III de la Ley 1943 de 2018[107], la normativa relacionada con el nuevo impuesto al patrimonio. En cada uno de los artículos que componen el capítulo, el legislador dispuso la modificación de la correspondiente norma del Estatuto Tributario, antes ocupada por disposiciones propias del régimen del impuesto a la riqueza, tal como había sido desarrollado por la Ley 1739. Así, se reemplazaron los artículos 292-2, 294-2, 295-2, 296-2, 297-2, 298-6 y 298-8 del Estatuto Tributario, cuyo Capítulo V, del Título II Del Libro Primero, quedó circunscrito al impuesto al patrimonio recién creado. Adicionalmente, mediante el artículo 122 de la Ley 1943 se derogaron expresamente otras normas sustanciales incompatibles o desuetas[108], persistiendo solamente asuntos relacionados con el procedimiento, que se traían de legislaciones anteriores[109]. Estas normas se mantuvieron en el nuevo régimen por virtud de la remisión efectuada en el artículo 41 de la Ley 1943 (que modificó el Art. 298-8 del Estatuto Tributario), destinada a regir asuntos como la declaración, pago, administración y control del tributo.
De otro lado, asuntos que resultaban incompatibles con el nuevo régimen fueron objeto de la derogatoria orgánica, por medio de una norma expresa, pues el artículo 122 de la Ley 1943 dispuso la expulsión del ordenamiento de disposiciones que resultaban innecesarias para el nuevo régimen del impuesto al patrimonio.
Para cerrar el punto relativo a la falta de vigencia del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, y como elemento de convicción adicional que quiere resaltar esta Corte, se expone cómo se presentó en este caso el cumplimiento de la prescripción normativa del aparte demandado. En efecto, el impuesto a la riqueza, en el que se inserta la norma demandada, fue instituido como un gravamen aplicable a la posesión de riqueza a 1º de enero de 2015, 2016 y 2017, para personas jurídicas y sociedades de hecho, y adicionalmente para el 1º de enero de 2018, en el caso de personas naturales y asimiladas, disponiéndose que la última oportunidad para calcular la base gravable del tributo se daría en el mes de mayo de 2018, momento para el cual el gobierno ordenó, mediante norma reglamentaria, la presentación de la declaración tributaria para ese año, y el pago de la primera cuota del impuesto. Así, el propósito de existencia de la norma demandada, se circunscribe al cálculo de la base gravable del tributo, a ser tenida en cuenta cuando los contribuyentes debieron presentar su declaración tributaria y proceder al primer pago. Es importante resaltar que, a pesar de que en el mes de septiembre se estableció una segunda fecha para la cancelación de una segunda cuota del impuesto, para ese momento la base gravable ya habría sido configurada y calculada para cada contribuyente.
Lo anterior tiene que ver con la naturaleza del impuesto a la riqueza como tributo extraordinario, situación que llevó a la Corte Constitucional a calificarlo como gravamen transitorio[110]. Este tipo de tributos son los que establece el legislador como un mecanismo de financiación para un determinado periodo de tiempo, de modo que “son los que ingresan esporádicamente”[111] a las arcas del Estado, por oposición a aquellos ordinarios, que “ingresan al patrimonio público con cierta regularidad”[112]. Así, el impuesto a la riqueza no podría gravar situaciones jurídicas más allá de los años 2015 a 2018, periodo establecido expresamente por el legislador para su vigencia, ni extenderse su cobro por fuera de estos años porque la propia regulación circunscribió su propósito y efectos a su percepción durante los mismos.
Por las anteriores consideraciones, estima la Sala que el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 carece de vigencia para el momento de la presente decisión, por lo que se procederá a analizar la eventual existencia de efectos actuales, que permitan a la Corte pronunciarse de fondo sobre la presente demanda.
La ausencia de efectos del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014
Como se señaló anteriormente, este Tribunal ha sostenido que pueden presentarse casos en los que, a pesar de la derogatoria o el cumplimiento de la prescripción normativa, lo demandado continúe produciendo efectos, o lo que es lo mismo, continúe regulando la realidad pese a su derogación, caso en el cual la Corte sería competente para emitir un pronunciamiento de fondo a pesar de la expulsión de la norma demandada del ordenamiento jurídico[113].
Es importante anotar que la Corte ha relacionado cercanamente la producción de efectos con la ultraactividad de las normas[114], al punto de señalar que “[…] aun en el evento en que la norma cuestionada haya perdido su vigencia formal, es muy posible que, desde el punto de vista material, la misma siga produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe proyectándose ultractivamente […]”[115]. Sobre este fenómeno ha precisado la jurisprudencia que: (i) es de aplicación excepcional; (ii) corresponde a aquella situación en la que una disposición continúa produciendo efectos jurídicos, aún después de haber sido derogada; (iii) con el fin único de consolidar situaciones jurídicas cuya configuración tuvo inicio bajo la normativa anterior; y (iv) deben estar expresamente previstas en el ordenamiento[116]. Ha señalado, además que “el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinadas hipótesis […] La cláusula general de competencia del Congreso de la República así lo avala, en tanto lo irradia de facultades para crear, mantener, modificar o derogar la legislación que estime oportuna y conveniente”[117].
La Corte ha aclarado que el parámetro para determinar si una norma es capaz de producir efectos a pesar de su derogatoria, obliga a verificar la posibilidad de que la misma pueda aplicarse a una situación jurídica nueva, es decir, una surgida luego de su pérdida de vigencia[118]. Esta precisión, es especialmente importante, pues permite distinguir el momento de aplicación efectiva de la norma, de aquel en el que se lleva a cabo su consecuencia normativa, por ejemplo, mediante decisión judicial o administrativa. El primer evento, es relevante para la determinación de la competencia de la Corte, mientras que el segundo, no tiene la entidad de activar la competencia de este Tribunal, pues no es indicativo del fenómeno de la ultraactividad.
La sentencia C-329 de 2001, al analizar un caso en el que se alegaba por el demandante la producción de efectos de una norma derogada, pues “una procuraduría regional aplicó los preceptos demandados en actuaciones disciplinarias a una diputada, y le impuso una sanción disciplinaria”, explicó la diferencia entre la producción positiva de efectos y la adjudicación de una situación ya consolidada con base en una norma derogada, aclarando que esto último “no supone una aplicación ultractiva (sic) de la ley, pues ésta se aplica en el momento en que ocurre la conducta establecida en el supuesto normativo, no en aquel en que la consecuencia normativa es materialmente llevada a cabo por el ente disciplinario o por el juez”[119]. Al respecto explicó que:
“[L]a competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre una disposición derogada se restringe a aquellos casos en que ésta es aun eficaz, es decir, cuando la disposición, a pesar de estar derogada, sigue siendo susceptible de producir efectos jurídicos. Los efectos que produce una disposición de carácter legal tienen tres características: son generales, impersonales y abstractos. Con ello se descartan del análisis de constitucionalidad las disposiciones legales que fueron aplicadas y cuya aplicación produjo efectos en situaciones particulares y concretas, pero que, al momento del pronunciamiento de la Corte, ya no resultan aplicables, aunque los efectos concretos de sus aplicaciones pretéritas se prolonguen más allá del pronunciamiento de la Corte. Ello no implica que la Corte esté desconociendo la existencia de situaciones particulares y concretas en las cuales se aplican disposiciones inconstitucionales que posteriormente son derogadas por el legislador. Sin embargo, tales situaciones particulares y concretas, que surgen como consecuencia de la aplicación de disposiciones legales inconstitucionales, están por fuera de la competencia de la Corte Constitucional en sede de acción pública de inconstitucionalidad. Esta competencia corresponde a otros operadores jurídicos, y de manera particular a los jueces ordinarios, quienes, conforme al mencionado principio de iura novit curia, concordado con lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución, están obligados a dejar de aplicar aquellas normas que le sean contrarias”. (Subrayado fuera del texto original).
Aclaró, seguidamente, que “[l]a firmeza de un acto sancionatorio particular, expedido con base en una disposición legal vigente en el momento de su expedición, pero posteriormente derogada, no implica por sí misma, una extensión de los efectos de la ley en el tiempo, más allá de su derogatoria. Es el acto, por sí mismo, el que surte efectos, pues la fuerza ejecutoria del acto particular proviene de un atributo propio, que es su presunción de legalidad, la cual es inmune al tránsito legislativo posterior a su expedición”[120]. Como consecuencia de la regla descrita, y en contra de lo sostenido por el entonces demandante, la Corte decidió inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la norma entonces demandada, a pesar de encontrarse pendientes de decisión uno o varios casos concretos, dependientes de la aplicación de la norma derogada.
Este parámetro fue posteriormente utilizado y reiterado en la sentencia C-377 de 2004, en la que se señaló que “los efectos jurídicos de una norma se producen en el momento en el que se atribuye la consecuencia normativa a la conducta establecida en su supuesto de hecho, independientemente de la oportunidad en la que ello sea declarado por la autoridad judicial”, por lo que, “[e]n estricto sentido, la norma derogada no estaría produciendo efectos por fuera de su ámbito temporal de vigencia, porque los mismos, en este evento, se predican a un supuesto de hecho que ocurrió antes de que fuera derogada”. Así, concluyó dicha sentencia que “cuando la aplicación de una ley da lugar al surgimiento de una situación jurídica particular y concreta, es igualmente claro que en relación con tal situación, esa ley ha agotado sus efectos, sin que la declaratoria que en relación con los mismos se haga con posterioridad a la derogatoria de la ley pueda tenerse como un caso de ultraactividad de la misma”.
Con base en lo anterior, esta Corte encuentra que el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 no es susceptible de ser aplicado a una situación jurídica acaecida luego del año 2018, pues su función y propósito normativo se agotó con la selección de la base gravable mayor o menor, de acuerdo con la banda de variación patrimonial que establecía, y con la presentación de la respectiva declaración tributaria. La situación jurídica regulada por la norma, que buscaba determinar la cuantía de la riqueza poseída para los 1os de enero de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (este último solo para personas naturales y asimiladas) y la eventual aplicación de la presunción de incremento o decremento patrimonial -de cumplirse sus presupuestos-, habría quedado cerrada a más tardar el 23 de mayo de 2018, última fecha en la que correspondía declarar a los obligados.
Se reitera que ninguna situación jurídica consolidada de manera posterior al 23 de mayo de 2018 podría regirse por la norma atacada, pues la aplicación de la base gravable presunta que dispone su parágrafo 4 es una decisión que debió adoptarse para tal fecha. En efecto, la oportunidad para determinar a qué base aplicar la tarifa correspondía al momento de realizar la declaración, es decir, a las fechas indicadas en el artículo 1.6.1.13.2.25 del Decreto 1625 de 2016, tal como fue modificado por el artículo 1 del Decreto 1951 de 2017.
Las situaciones jurídicas reguladas por la norma analizada serían entonces aquellas que se concretaron al momento de efectuar la declaración respectiva, pues en ese momento se determinó el monto de la base, con aplicación de las reglas previstas en el parágrafo acusado, frente a las fluctuaciones patrimoniales ocurridas respecto de lo declarado en 2015. Tal aplicación, ha debido tener lugar en las fechas indicadas por los referidos decretos. Se reitera en este punto, que el parámetro constitucional para determinar la ocurrencia de efectos luego de la derogación de una norma impone la identificación de efectos generales y no particulares o concretos (ver supra, numeral 97). Así, en el presente caso podría presentarse la omisión de la declaración de determinado contribuyente, pero tal circunstancia solo implicaría el inicio de un procedimiento administrativo de declaración, liquidación o cobro del impuesto por parte de la administración tributaria, es decir, efectos particulares y concretos que no configuran el fenómeno de la ultraactividad de la norma tributaria. De otro lado, sí puede afirmarse con certeza, que ninguna situación acaecida luego de estas fechas admitirá la aplicación del presupuesto normativo del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, pues el momento para su implementación se agotó con el término de declaración del impuesto a la riqueza. La opción de aplicar la base gravable presunta sobre el patrimonio poseído en las fechas establecidas, tuvo lugar hasta el 23 de mayo de 2018.
De esta manera se concluye que el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 carece de efectos actuales, susceptibles de activar la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse de fondo sobre su constitucionalidad.
Exclusión del ordenamiento jurídico del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”
Ahora bien, en lo que respecta a la segunda de las normas demandadas, esta resultó derogada expresamente por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019. En dicha norma se dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 no derogados expresamente en el siguiente I. o por otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior.
Se derogan expresamente el artículo 4o de la Ley 14 de 1983; el artículo 84 de la Ley 100 de 1993; el artículo 174 del Decreto-ley 1333 de 1986; el artículo 92 de la Ley 617 de 2000; el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, el artículo 56 y 68 de la Ley 962 de 2005; el parágrafo 1 del artículo 4o de la Ley 1393 de 2010; los artículos 51 a 59 de la Ley 1429 de 2010; el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 69, 90, 91, 131, 132, 133, 134, 138, 141, 149, 152 a 155, 159, 161, 171, 194, 196, 212, 223, 224, 272 de la Ley 1450 de 2011; los artículos 7o, 32, 34, 47, 58, 60, 90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 y los parágrafos de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 7o de la Ley 1797 de 2016; el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018; el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018; y el artículo 4o de la Ley 1951 de 2019. […]” (subrayas fuera del texto original).
Resulta importante destacar, además, que el artículo 261 de la Ley 1753, dadas sus características, también habría agotado su propósito normativo. En efecto, se encuentra en su texto que las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable a cargo de la DIAN debían adelantarse “en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la presente ley”, lo que significa que la ejecución debía darse, máximo, hasta el diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019). Ahora bien, teniendo en cuenta que la Ley 1955 de 2018 dispuso la derogatoria expresa de dicha facultad, a partir de la vigencia de dicha ley que tuvo lugar el veinticinco (25) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la aplicabilidad de la norma se hizo imposible a partir de esta última fecha. En consecuencia, situaciones actuales de depuración a cargo de esta entidad no estarían cobijadas por la competencia que reconoce la norma demandada.
Adicionalmente, es de resaltar que la Ley 1753 corresponde a una ley por medio de la cual se formuló de un Plan de Desarrollo, norma que por esencia está establecido para regir en un periodo determinado[121]. En el caso de la norma aquí analizada, se insertó en un Plan de Desarrollo destinado a regir el periodo 2014-2018, situación que robustece la idea de que el propósito normativo de lo demandado ya se habría agotado[122].
Por las anteriores consideraciones, estima la Sala que el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”, carece de vigencia para el momento de la presente decisión, por lo que se procederá a analizar la eventual existencia de efectos actuales, que permitan a la Corte pronunciarse de fondo sobre la presente demanda.
La ausencia de efectos del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015
Tal como ocurrió en el análisis de efectos relativo al cargo anterior, en relación con el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 considera la Sala que no se verifica la existencia de efectos actuales de la norma demandada. Esto, por cuanto la prescripción normativa relacionada con los ejercicios de depuración contable no puede implicar que, más allá del veinticinco (25) de mayo de dos mil diecinueve (2019)[123], la DIAN interviniera a través de gestiones administrativas, en los estados financieros de las entidades, de modo que ninguna situación jurídica actual podrá regirse por la norma demandada. Esta situación evidencia la ausencia de ultraactividad del artículo demandado.
Tal como se especificó respecto del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, debates jurídicos en torno a las actuaciones de la DIAN en cumplimiento del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 que se tramiten en el nivel administrativo, o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no permitirían señalar que este último goza de efectos ultraactivos, pues indican la existencia de posibles efectos particulares y concretos, pero no generales. Se reitera, a este respecto, que el parámetro para determinar la existencia de efectos actuales de la norma que permitan un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte, se tiene en el momento de cumplimiento del supuesto de hecho, y no en el momento en que su ocurrencia sea declarada por la autoridad judicial o administrativa[124].
Resulta forzoso concluir que el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”, carece de efectos actuales, susceptibles de activar la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse de fondo sobre su exequibilidad.
La sustracción de materia o carencia de objeto en el control abstracto de constitucionalidad a cargo de esta Corte
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha indicado que en casos en los que las normas objeto de demanda se encuentran derogadas o se evidencia que contienen mandatos específicos ya ejecutados y se verifica la ausencia de efectos actuales generados por las mismas (descartando su ultraactividad), se está ante el fenómeno de la sustracción de materia, que también se ha denominado carencia de objeto[125]. Este fenómeno tiene lugar respecto de la presente demanda, pues se ha verificado que no existe norma frente a la cual la Corte pueda dictar su sentencia de control abstracto, y más específicamente, que “no existe materia sobre la cual pueda recaer el pronunciamiento”[126]. Sobre lo anterior, se ha dicho:
“En el constitucionalismo colombiano, una condición indispensable para proferir fallos de mérito frente a demandas de inconstitucionalidad es que no carezcan actualmente de objeto. Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo en diversas oportunidades de emitir pronunciamientos de fondo, por carencia actual de objeto, frente a acciones públicas de inconstitucionalidad dirigidas por ejemplo contra normas derogadas expresa[127] o tácitamente,[128] o subrogadas.[129] Con la expedición de la Carta de 1991, la Corte Constitucional reconoció esa misma doctrina como válida para interpretar sus propias competencias, aunque con un alcance condicionado. En la sentencia C-467 de 1993 la Corte debía resolver una demanda parcialmente dirigida contra normas derogadas, que para entonces no producían efecto alguno ni tenían la virtualidad de hacerlo. Se preguntó entonces: “¿qué sentido tendría que la Corte en un fallo con alcances simplemente teóricos o puramente docentes, declarara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición legal que ya no existe, que es de por sí inaplicable por estar derogada, y que fue expedida bajo la vigencia de un régimen constitucional que también ha dejado de existir; qué efectos tendría tal pronunciamiento?”.[130] Concluyó que ninguno y, por eso, se inhibió”[131].
La sustracción de materia implica que la Corte deba, ineludiblemente, declararse inhibida de pronunciarse de fondo sobre las materias puestas a su consideración, pues con ello se atiene a los estrictos y precisos términos que le dicta el artículo 241 Superior para el ejercicio de su competencia de guardiana de la supremacía e integridad constitucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, y habiéndose verificado la derogatoria de las normas aquí demandadas, el parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones” y el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”, y constatado que las mismas no tienen efectos ultraactivos, la Corte evidencia que en el presente expediente se presenta el fenómeno de la sustracción de materia, lo que obliga a la Corte a inhibirse de proferir una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de los contenidos demandados.
La demandante solicitó a la Corte declarar declarar la inexequibilidad de lo dispuesto en el : (i) parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, por cuanto, dicha disposición vulnera los artículos 13, 95 y 363 constitucionales al disponer un tratamiento diferenciado para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza. En efecto, sostuvo que la norma estableció como parámetro de referencia, para los casos en los que se presentara aumento o disminución del monto de la base gravable, el valor calculado para el año 2015, desconociendo la verdadera capacidad contributiva del obligado a 1º de enero de los años subsiguientes; y (ii) artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, por extralimitación de funciones del legislativo al impartir normas de índole contable para el sector público, ya que con el mencionado artículo se estarían invadiendo las funciones asignadas constitucionalmente al C. General de la Nación.
Respecto del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, se verificó que el régimen del impuesto a la riqueza al que pertenecía fue objeto de derogatoria orgánica. En efecto, los artículos 35 a 41 de la Ley 1943 de 2018 reemplazaron la regulación tributaria que lo sustentaba y sustituyeron en el ordenamiento su concepto mismo por el nuevo régimen del impuesto al patrimonio, creado para los años 2019 a 2021. Adicionalmente, la Corte constató, de manera específica, la subrogación del parágrafo demandado por el parágrafo 2 del artículo 37 de la Ley 1943 de 2018, y el cumplimiento de la prescripción normativa del impuesto a la riqueza, situaciones que refuerzan la conclusión en torno a la sustracción del ordenamiento de las normas objeto de control. La Corte procedió entonces a analizar la capacidad del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 de producir efectos, frente a lo que concluyó que la norma no era susceptible de ser aplicada a una situación jurídica acaecida luego de su derogatoria. En efecto, su función y propósito normativo se agotaron con la selección de la base gravable del impuesto a la riqueza, aplicando eventualmente la banda de variación patrimonial que este establecía. Así, el hecho regulado por la norma demandada se concretó, a más tardar, el 23 de mayo de 2018 (última fecha en que correspondía declarar a los obligados), y ninguna situación posterior podría regirse por sus disposiciones, descartando con ello su capacidad de producir efectos ultraactivos.
En el caso del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, se constató su derogatoria expresa por virtud del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019. Esta segunda norma demandada tampoco se encontró susceptible de aplicación ultraactiva, al desaparecer la posibilidad de la DIAN de intervenir en la depuración contable de las entidades. Sobre esto, resultaba evidente, más allá de la derogatoria, que la depuración contable debía realizarse “en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia” del Plan de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, por lo que sus eventuales implicaciones habrían cesado máximo, para el nueve (9) de junio de dos mil diecinueve (2019), sin que fuera posible que una situación posterior a dicha fecha fuese regida por la disposición analizada. Ante la verificación de la derogatoria y ausencia de efectos jurídicos de las normas demandadas, se concluyó que se produjo la sustracción de materia en el escenario del control abstracto de constitucionalidad. En consecuencia, la Corte Constitucional determinó inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos en el expediente de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO.- DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse, por sustracción de materia, sobre la constitucionalidad del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, y del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”.
[1] Inicialmente la accionante había demandado el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, que fue subrogada mediante el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, pero en su escrito de corrección de la demanda aclaró que sus argumentos se referían a esta última disposición como norma vigente en el ordenamiento jurídico. Ver auto del 9 de diciembre de 2016.
[2] Ver cuaderno principal, folio 17.
[3] Publicado en el Diario Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014.
[4] Publicado en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.
[5] Ver cuaderno principal, folio 9.
[6] Ver cuaderno principal, folios 9-10.
[7] Ver cuaderno principal, folio 12.
[8] Ver cuaderno principal, folios 12-13
[9] Ver cuaderno principal, folio 13.
[10] Ver cuaderno principal, folio 14.
[11] Ver cuaderno principal, folio 32 (original en negrilla).
[12] Ver cuaderno principal, folio 32.
[13] Ver cuaderno principal, folio 33.
[15] I..
[17] I..
[20] Ver cuaderno principal, folio 34. La demandante cita en este aparte, la sentencia C-487 de 1997.
[21] Ver cuaderno principal, folio 34.
[22] I..
[23] A través del Dr. J.C.P.A., apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[24] El Ministerio indicó que, al momento de elaborar la norma, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió varios conceptos en los que indicó que “el impuesto a la riqueza era determinable al 01 de enero de 2015 y por lo tanto en ese momento debería registrarse y causarse contablemente el total del impuesto a cargo de los años 2015 a 2018” (Ver cuaderno principal, folio 124 reverso)
[25] Ver cuaderno principal, folio 124 anverso.
[26] Ver cuaderno principal, folio 128 anverso.
[28] Ver cuaderno principal, folio 122 reverso (subrayas en el texto original).
[29] Ver cuaderno principal, folio 125 reverso.
[30] Ver cuaderno principal, folio 128 anverso.
[31] Ver cuaderno principal, folio 130 anverso.
[32] Ver cuaderno principal, folio 131 anverso.
[33] I..
[34] A través de la Dra. M.R.C., apoderada de la DIAN - U.A.E.
[35] Ver cuaderno principal, folio 72.
[36] Ver cuaderno principal, folio 73.
[37] I..
[38] Ver cuaderno principal, folio 75.
[40] Ver cuaderno principal, folio 75.
[41] Ver cuaderno principal, folio 75.
[42] Oficio suscrito por el Dr. J.R.P., como Director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia.
[43] Ver cuaderno principal, folio 137 anverso.
[44] I..
[45] I..
[46] I..
[47] Ver cuaderno principal, folio 138 reverso.
[48] Ver cuaderno principal, folio 137 anverso.
[49] Ver cuaderno principal, folio 139 anverso.
[50] Constitución Política, Art. 354, inc. 2.
[51] A través de los Dres. S.G.B. y C.A.J., como Presidente del Consejo Directivo y Directora Ejecutiva, respectivamente, de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI.
[52] Ver cuaderno principal, folio 100.
[53] I..
[54] Ver cuaderno principal, fl.103.
[55] Ver cuaderno principal, fl. 109.
[56] Ver cuaderno principal, fls.100-101.
[57] Ver cuaderno principal, fl.101.
[58] El término de fijación en lista venció el veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017) (Cuaderno Principal, fl. 140). Ambas intervenciones fueron recibidas por la Secretaría General de la Corte Constitucional el día veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017) (Ver cuaderno principal, folios 141 y 145).
[59] Concepto No. 006261 del 22 de febrero de 2017.
[60] Ver cuaderno principal, folio 174.
[61] Ver cuaderno principal, folio 176.
[62] Arts. 1º, lit. k., y 2º.
[63] En su artículo 1º, esta norma estableció que “la Corte Constitucional, por decisión que deberá ser adoptada por la mayoría de sus miembros, podrá suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante la Sala Plena, cuando esta considere que así se justifica, para que priorice el control automático, único y posterior de constitucionalidad de que trata el literal k) del artículo 1° y el inciso 3° del artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016”.
[64] En dicho auto se dispuso que respecto el levantamiento de la suspensión de términos de cada proceso de constitucionalidad sería decidido por la Sala Plena, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá lo pertinente.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-019 de 2015. Sobre la competencia de la Corte Constitucional en casos como el que aquí se analiza, es importante destacar que el artículo 241 de la Constitución señala los estrictos y precisos términos en los cuales esta Corporación ejerce sus facultades de guarda de la supremacía e integridad de la Constitución, estableciéndose en el numeral 4 de dicho artículo que deberá “[d]ecidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. Sobre lo anterior, resulta claro que cuando dicho numeral se refiere a “las leyes”, está describiendo aquellas normas sujetas a la Constitución, dictadas por el legislador, que pertenecen al ordenamiento jurídico, entendiéndose que las normas derogadas o subrogadas, por efecto de dicho fenómeno jurídico, dejan de ser leyes. De ahí, la aplicación de la figura de la sustracción de materia o carencia actual de objeto, cuandoquiera que la Corte verifica la falta de vigencia de las normas demandadas y la ausencia de efectos actuales de las mismas (ver, entre otras, sentencias C-416 de 1992; C-022 de 1994; C-264 de 1994; C-282 de 1994; C-281 de 1995; C-583 de 1995; C-244A de 1996; C-1144 de 2000; C-353 de 2015; C-348 de 2017). Sobre esto, se ha dicho en la jurisprudencia que “la derogación es una figura que determina la existencia de una norma en un ordenamiento jurídico. Esa pertenencia de un enunciado prescriptivo es el presupuesto básico para iniciar un juicio de validez sobre una disposición de rango legal. Por ello, la Corte ha utilizado tal institución para identificar si tiene competencia para examinar la exequibilidad de una disposición de rango legal” (C-348 de 2017).
[66] Corte Constitucional, sentencias C-019 de 2015, C-898 de 2001.
[67] Corte Constitucional, sentencias C-898 de 2001 y C-019 de 2015.
[68] Por ejemplo, en un caso reciente y similar al presente, la Corte en sentencia C-044 de 2018, decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”. En aquel caso, la demanda fue admitida el 15 de febrero de 2017, el proceso suspendido por virtud del Auto 305 del 21 de junio de 2017, y la norma demandada fue derogada durante el término de suspensión, por el artículo 81 de la Ley 1861 de 2017. En dicho proceso, la Corte verificó la ocurrencia de una derogatoria expresa y posteriormente, aplicando la reiterada jurisprudencia en la materia, verificó que la norma demandada no producía efectos jurídicos. Corte Constitucional, sentencias C-019 de 2015, C-044 de 2018 y C-085 de 2019.
[69] Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2001.
[70] I..
[71] Corte Constitucional, sentencia C-031 de 2017, refiriendo a las sentencias C-505 de 1995, C-471 de 1997, C-480 de 1998, C-521 de 1999, C-758 de 2004, C-335 de 2005, C-825 de 2006, C-896 de 2009 y C-898 de 2009.
[72] Se entiende, los casos en los que se demande por parte de un ciudadano una ley de la República.
[73] Constitución Política, Art.241, num. 4.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-136 de 2018.
[75] Corte Constitucional, sentencia C-443 de 1997. Esta sentencia sigue las consideraciones de la Corte plasmadas en la sentencia C-055 de 1996, en la que, a su vez, se sigue el concepto que de derogación que elabora H.K. en su obra, “Normas jurídicas y análisis lógico” (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p 71).
[76] Corte Constitucional, sentencias C-055 de 1996, C-443 de 1997, C-159 de 2004 y C-402 de 2010.
[77] Código Civil, Art. 71.
[78] Ley 153/1887, Art. 3.
[79] Corte Constitucional, sentencia C-901 de 2011, teniendo como referencia las sentencias C-539 de 1994 y C-159 de 2004.
[80] Corte Constitucional, sentencias C-668 de 2008, C-241 de 2014 y C-085 de 2019.
[81] Corte Constitucional, sentencias C-019 de 2015 y C-085 de 2019.
[82] Corte Constitucional, sentencia C-081 de 2018.
[83] Corte Constitucional, sentencia C-145 de 1994.
[84] Corte Constitucional, sentencias C-145 de 1994, C-350 de 1994, C-491 de 1997, C-1174 de 2001, C-931 de 2009, C-081 de 2018 y C-102 de 2018.
[85] Corte Constitucional, sentencia C-350 de 1994.
[86] Ley 1739/2014, Art. 1, que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 292-2.
[87] I..
[88] I., parágrafo 1.
[89] Ley 1739/2014, Art. 4, que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 295-2.
[90] I..
[91] Ley 1739/2014, Art. 3, que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 294-2.
[92] I..
[93] Ley 1739/2014, Art. 4, que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 295-2.
[94] El impuesto de normalización tributaria al que se refiere el parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 1739/2014 es aquel creado por esta misma Ley en su Capítulo V, como un impuesto complementario al impuesto a la riqueza. Este tributo se creó exclusivamente “por los años 2015, 2016 y 2017” (L.1739/2014, Art. 35). Al respecto, ver sentencia C-551 de 2015.
[95] Ley 1739 de 2014, Art. 6, que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 297-2.
[96] I..
[97] Al respecto, consultar el art. 1.6.1.13.2.25. del Decreto 1625 de 2016, tal como fue modificado por el art. 1 del Decreto 1951/2017. Imagen tomada del calendario tributario para el año 2018, publicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en: https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2018.pdf
[98] Art. 35, que modificó el 292-2 del Estatuto Tributario.
[99] Art. 36, que modificó el 294-2 del Estatuto Tributario.
[100] I..
[101] Art. 38, que modificó el 296-2 del Estatuto Tributario.
[102] Art. 37, que modificó el 295-2 del Estatuto Tributario.
[103] I..
[104] Al hacer alusión a los bienes excluidos de la base gravable, el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, hacía alusión a la posibilidad de que los contribuyentes a que se refería el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, excluyeran de su base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados. No obstante, el artículo 19 del Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, y el numeral 4 fue suprimido.
[105] Artículos 292 a 298 – 8.
[106] Corte Constitucional, sentencias C-634 de 1996, C-826 de 2006, C-668 de 2014, C-348 de 2017 y C-046A de 2019.
[107] Relativo a las “Normas de financiamiento a través de impuestos al patrimonio, normalización y dividendos”.
[108] Del capítulo del Estatuto Tributario relativo al impuesto al patrimonio se excluyeron expresamente los artículos “292, 292-1, 293, 293-1, 293-2, 294, 294-1, 295, 295-1, 296, 296-1, 297, 297-1, 298-3, 298-4 [y] 298-5” (L.1943 de 2018, Art. 122).
[109] Se mantuvieron vigentes los artículos 298, sobre declaración y pago, que venía de la Ley 1111 de 2006, 298-1, sobre el contenido de la declaración del impuesto al patrimonio, y el 298-2, relacionados con la administración y control del impuesto al patrimonio, que venían de la Ley 863 de 2003.
[110] Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2015. En esta sentencia se señaló que “[e]l impuesto a la riqueza, que reemplazó al impuesto al patrimonio, fue creado por el artículo 1 de la Ley 1739 de 2014, que adicionó el artículo 292-2 al Estatuto Tributario. Este impuesto está previsto como un tributo transitorio y extraordinario para los años 2015, 2016, 2017 y 2018” (negrilla y subrayado fuera del texto original).
[111] Corte Constitucional, sentencia C-1006 de 2003, explicando la clasificación doctrinaria de los impuestos que distingue los ordinarios de los extraordinarios.
[112] I..
[113] Corte Constitucional, sentencias, entre otras, C-819 de 2011, C-192 de 2017 y C-046A de 2019.
[114] Corte Constitucional, sentencias, entre otras, C-1144 de 2000, C-030 de 2018 y C-089 de 2018.
[115] Corte Constitucional, sentencia C-1144 de 2000. Ver también, sentencia C-030 de 2018, en la que se afirmó que “[a]nte la necesidad de asegurar la vigencia del principio de supremacía constitucional, y considerando que en algunos casos, normas derogadas pueden seguir teniendo efectos jurídicos debido al fenómeno de la ultraactividad, la jurisprudencia ha aceptado que la Corte se pronuncie sobre la validez de disposiciones legales derogadas” (resaltado por fuera del texto original).
[116] Corte Constitucional, sentencia C-085 de 2018. Sobre esto último dijo la Corte en la sentencia C-377 de 2004 que “La retroactividad y la ultraactividad de la ley tienen carácter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento”.
[117] Corte Constitucional, sentencia C-763 de 2002.
[118] Corte Constitucional, sentencia C-248 de 2017.
[119] Corte Constitucional, sentencia C-329 de 2001.
[120] I..
[121] Constitución Política, Arts. 339-344. Ley 152/1994.
[122] La Corte Constitucional ha señalado el carácter temporal de las normas de los planes de desarrollo. A continuación se presenta una recopilación de las decisiones más recientes en la materia:
Regla/consideraciones
C–047 de 2018. Reiterada en la C-092 de 2018. MP A.R.R..
A.J.L.O.
1 La Vigencia de los Planes Nacionales de Desarrollo, en principio, corresponde al cuatrienio del periodo presidencial, sin embargo, varios son los artículos de este tipo de leyes que permanecen en el tiempo, lo que se debe a la especial naturaleza de estas normas las cuales permiten mantener la vigencia y aplicación de la Carta Política y, por consiguiente, involucran metas de ejecución continuada y progresiva, en beneficio de las políticas públicas del Estado.
2 Por consiguiente, el simple paso del cuatrienio para el cual son expedidos los Planes Nacionales de Desarrollo y la no reiteración de sus disposiciones en los Planes posteriores, no implican, per se, su derogatoria o pérdida de vigencia (…)En todo caso, según el artículo 72 de la Ley 57 de 1887, permanecen vigentes los contenidos de las leyes anteriores que no contradicen las disposiciones de la nueva ley
C–008 de 2018
J.F.R. Cuartas
La Corte ha establecido que la Ley del PND, contiene los instrumentos o estrategias que resultan necesarios para la consecución de las metas y objetivos del Plan, que se refieren al cálculo de ingresos públicos proyectados para el término de la vigencia del plan, así como la asignación de los recursos fiscales con que se cuenta la financiación de dichos programas y metas.
C–092 de 2018
La vigencia de los Planes Nacionales de Desarrollo, en principio, corresponde al cuatrienio del periodo presidencial, sin embargo, varios son los artículos de este tipo de leyes que permanecen en el tiempo, lo que se debe a la especial naturaleza de estas normas las cuales permiten mantener la vigencia y aplicación de la Carta Política y, por consiguiente, involucran metas de ejecución continuada y progresiva, en beneficio de las políticas públicas del Estado.
[123] Fecha en la que entró en vigencia la Ley 1955 de 2019, que mediante artículo 336 derogó expresamente el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015.
[124] Corte Constitucional, sentencia C-377 de 2004.
[125] Corte Constitucional, entre otras, sentencias C-324 de 2009, C-353 de 2015, C-348 de 2017, C-136 de 2018 y C-200 de 2019.
[126] Corte Constitucional, sentencia C-336 de 2016.
[127] Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Acuerdo Número 26 del 15 de junio de 1917. (MP. A.N.S.). G.J.N.. 1344, T.X., p. 89. En esa oportunidad, la Corte Plena dijo: “[…] Pero como la disposición es como si no existiera, puesto que fue expresamente derogada por el artículo 1° de la Ley número 17 de 1909, claro es que la solicitud que precede carece, en absoluto, de valor, ya que el precepto que en ella se acusa no existe, por haber sido derogado. || Por consiguiente, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no existiendo, como no existe, la disposición que se acusa, ella no tiene que decidir nada en este asunto”.
[128] Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Acuerdo Número 37 del doce de julio de 1918. (MP. A.N.S.). Gaceta Judicial T.X., pp. 300. En esa decisión sostuvo: “[…] Se observa que el Decreto número 635 de 1905 fue adicionado por los artículos 13 y 14 del número 1240 de 1905, y éstos fueron declarados insubsistentes por el marcado con el número 1309 del propio año, que suprimió totalmente la rebaja de que hablaban los primeros, quedando así, tácitamente, derogado el 635 antes nombrado. […] En resumen, hoy no rige ninguna de las disposiciones acusadas, las cuales produjeron todos sus efectos durante el tiempo que estuvieron en vigor. || Según tal estado de cosas, no es posible a esta Superioridad examinar si tales artículos pugnan o no con preceptos constitucionales, porque para que exista o pueda existir esa oposición se requiere que tanto las unas como las otras disposiciones existan, estén en vigencia”.
[129] Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de julio de 1935. (MP. P.A.G.N.). G.J.N.. 1897, T.X., p. 6.
[130] Corte Constitucional, sentencia C-467 de 1993.
[131] Corte Constitucional, sentencia C-215 de 2017.

References: artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 59
 artículo 158
 artículo 59
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 161
 artículo 244

ARTÍCULO 4
 artículo 295
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 19
 artículo 20

ARTÍCULO 261
 artículo 59
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 354
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 150
 artículo 354
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 150
 artículo 334
 artículo 354
 artículo 121
 artículo 334
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 354
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 241
 resolución 
 artículo 4
 artículo 292
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 122
 artículo 41
 artículo 122
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 336
 artículo 4
 artículo 84
 artículo 174
 artículo 92
 artículo 167
 artículo 56
 artículo 4
 artículo 81
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 110
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 336
 artículo 4
 artículo 261
 artículo 59
 artículo 261
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 27
 artículo 81
 artículo 292
 artículo 295
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 4
 artículo 297
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 140
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 72
 artículo 336
 artículo 261
 artículo 1