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BOE.es - Documento BOE-A-2013-12186
Documento BOE-A-2013-12186
«BOE» núm. 278, de 20 de noviembre de 2013, páginas 49 a 62 (14 págs.)
BOE-A-2013-12186
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2033-2004, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, contra los arts. 33.2.a); 46.15 y 17; 120; 127.3; 128.2; 129.7 y 21, disposición adicional vigésima tercera; disposición adicional trigésima, y el apartado 7 de la disposición adicional cuadragésima primera, todos ellos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
Antes de comenzar con el análisis de los concretos preceptos impugnados, analiza la demanda la inconstitucionalidad de las leyes de acompañamiento. Señala que la Ley impugnada ha venido a modificar ciento diecinueve leyes cuyo alcance y dimensión afecta a materias heterogéneas. Cita como ejemplo la reforma de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social operada por el art. 46 de la Ley impugnada, que ha modificado un número significativo de preceptos con contenido socio laboral. Por otra parte, el art. 46 se ubica en el capítulo IV titulado «otras normas en materia social» donde se incluyen normas especialmente heterogéneas. Examinado el contenido de los distintos capítulos y títulos que conforman la Ley impugnada, entiende la Letrada que la Ley no respeta el principio de seguridad jurídica como consecuencia de la utilización de una mala técnica legislativa. En ese sentido, señala la existencia de un importante bloque normativo, que transpone dos directivas comunitarias, encabezado por el art. 27 de la Ley impugnada y que supone la traslación al derecho positivo del contenido del art. 14 CE, que cuenta con un sólido desarrollo por la doctrina constitucional, por lo que la ubicación de esta regulación en la ley de acompañamiento constituye la mayor objeción a la utilización de este tipo de normas legales. Entiende, además, que la doctrina constitucional ha censurado esta técnica legislativa a partir de los límites que ha impuesto a la Ley de presupuestos y considera que éstos son extrapolables a las leyes de acompañamiento, en especial en lo relativo a la incertidumbre que se ocasiona a los destinatarios de las leyes con motivo de la deslocalización legislativa (STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3).
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, que creó una red ecológica de zonas especiales de conservación, «Natura 2000», fue traspuesta a nuestro Derecho por el Real Decreto 1997/1995, en ejercicio de la competencia que al Estado atribuye el art. 149.1.23 CE. Pues bien, el precepto impugnado, además de unificar en un solo instrumento la evaluación ambiental, ha previsto que las medidas compensatorias que en su caso se tengan que aprobar en aplicación del mencionado real decreto se fijarán previa consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente. Ello implica que la nueva disposición adicional, al integrar la intervención administrativa prevista en el Real Decreto 1997/1995, traslada al Estado la competencia autonómica para todos aquellos proyectos o planes cuya autorización corresponda a la Administración estatal. De acuerdo con la normativa en materia de impacto ambiental y la doctrina constitucional, corresponde al Estado la competencia para realizar el estudio de impacto ambiental cuando se trata de planes o programas de la Administración estatal. El precepto impugnado elimina una competencia ejecutiva en materia de medio ambiente que corresponde a la Generalitat a partir del art. 10.1.16 EAC, sin contemplar forma alguna de colaboración.
e) El art. 129 de la Ley 62/2003 modifica varios artículos del texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, con la finalidad de transponer al derecho interno la Directiva marco del agua. Entiende la Letrada del Parlamento que el título que justificaría esta regulación es el art. 149.1.22 CE, mientras que la competencia en materia de aguas de Cataluña viene determinada por el art. 9.16 EAC que, en el caso de que se proyecten distintos títulos competenciales sobre un mismo espacio físico, entra en juego la exigencia del principio de cooperación (STC 118/1998, de 4 de junio), debiéndose recordar que la trasposición de la directiva comunitaria no altera el orden interno de distribución de competencias.
2. Mediante providencia de 28 de abril de 2004, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; dar traslado de la demanda para personación y alegaciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
En cuanto a la determinación por el Gobierno de las demarcaciones hidrográficas, la previsión del apartado 7 del art. 129 sólo está referida a las demarcaciones en tanto que unidades de gestión de las cuencas de competencia estatal, esto es, de las cuencas intercomunitarias, por lo que no afecta a las cuencas intracomunitarias. En cuanto al apartado 21 del art 129, la demanda se limita a la impugnación del inciso referido a la actuación subsidiaria del Gobierno a falta de propuesta, lo que no supone innovación alguna, pues ya está recogido en el art. 41.2 sobre elaboración de los planes de cuenca, lo que debe ser interpretado conforme a la STC 118/1998, FJ 26.
La misma suerte debe correr la impugnación del art. 46.15 de la Ley impugnada, que añade una disposición adicional tercera, intitulada: «Competencia sancionadora en materia de prestaciones por desempleo», al Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que contiene el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones del orden social. Esta disposición adicional reza de la siguiente forma:
«Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 48 de esta ley se entiende sin perjuicio de las funciones en materia de empleo delimitadas por los reales decretos de traspasos a las Comunidades Autónomas de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formación, así como de la coordinación entre los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
El art. 127.3 de la Ley impugnada añade al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, una disposición adicional cuarta intitulada «Evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad». Este Real Decreto Legislativo fue derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, pero ello no ha hecho perder objeto al proceso, pues la regulación contenida en la disposición adicional cuarta de éste último ha reproducido el precepto impugnado en similares términos a los que son objeto de impugnación en este recurso (STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2).
9. Cumple, finalmente, referirse a la disposición adicional cuadragésima primera intitulada «conversión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora a cuyo tenor:
«Las entidades que dispongan de título habilitante para prestar el servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia podrán solicitar autorización al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para la realización de sus emisiones con tecnología digital utilizando el dominio público radioeléctrico que tengan reservado, siempre que existan normas armonizadas elaboradas por un organismo de normalización europeo reconocido y que el nivel de interferencia en el mismo canal o en los canales adyacentes no sea superior al que se produciría con modulación de frecuencia.»
Para resolver la cuestión planteada resulta requisito sine qua non encuadrar la materia regulada en el título competencial que resulte más específico. La Letrada del Parlamento la reconduce, por tratarse de emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, y sin mayores argumentos que la cita de la STC 168/1993, de 27 de mayo, a las normas básicas de radio, prensa y televisión y de todos los medios de comunicación social —art. 149.1.27 CE—, titulo competencial que arbitra, tal y como hemos señalado en reiteradas ocasiones, una competencia compartida en la que corresponde al Estado dictar las normas básicas, y a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y reglamentario, y las competencias ejecutivas (por todas la STC 7/2012, de 17 de enero, FJ 5). Pero colindante con éste título competencial es el contemplado por el art. 149.1.21 CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
1.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del presente recurso en lo que respecta a los apartados quince y diecisiete del artículo 46 y a las disposiciones adicionales vigésimo tercera y trigésima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
DICTADA en el Recurso 2033/2004 (Ref. BOE-A-2004-8990).
DECLARA la desaparición sobrevenida del objeto respecto al art. 46.15 y 16 y a las disposiciones adicionales 23 y 30 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 46