Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1183205
Timestamp: 2019-04-21 03:08:06+00:00

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En los últimos años los derechos de las personas LGTBI (referido a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) han experimentado importantes avances en diversas partes del mundo. Sin embargo, las personas LGTBI siguen siendo víctimas de violencia y discriminación y, en muchos casos, estas personas han asistido en determinadas partes del planeta a cambios legislativos regresivos que perpetúan su opresión y subordinación. Esta es una situación penosa, de la que se hizo eco el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución 17/19 de 2011. Bajo el título “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, dicha resolución advertía de que en todas las regiones del mundo se seguían produciendo casos de violencia homofóbica y transfóbica, que se manifiesta de forma tanto física como psicológica y que suele adquirir una virulencia superior a la que sufren otras personas que son discriminadas por motivos distintos de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Además, según la misma resolución, 76 países siguen contando en su legislación con las denominadas “leyes de sodomía”, cuyo objetivo es criminalizar a las personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
En el Estado español, los recientes avances en la legislación relativa a los derechos de las personas LGTBI han traído consigo un importante cambio en las actitudes de la sociedad en general hacia la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las personas intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual o el grupo familiar de estas personas. Por ejemplo, en los últimos años, el estudio que lleva a cabo el Pew Research Center en cuarenta países ha situado a España a la cabeza del mundo en aceptación de la homosexualidad. Sin embargo, la igualdad real queda todavía lejos, especialmente para quienes son más invisibles, como lesbianas, bisexuales e intersexuales, o para quienes sufren mayor violencia, como las personas trans. No es sorprendente, pues, que siga habiendo mucho trabajo por hacer para garantizar los derechos de las personas LGTBI. De hecho, en el informe de 2016 sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, la “orientación e identidad sexual” siguen estando entre las principales causas de victimización, con 166 casos registrados. Hay que tener en cuenta, además, que estos datos solo reflejan los incidentes denunciados, que según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituyen únicamente un 20 % del total, por lo que el número de casos reales es, con toda probabilidad, muy superior al que reflejan las estadísticas oficiales.
En España, la “ley de vagos y maleantes” de 1954 perseguía “a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena” y les condenaba al infame destino de los campos de trabajo en los que, además, se separaba a los homosexuales del resto de internos, les prohibía residir en su municipio y les sometía a la vigilancia permanente de los agentes del gobierno. La Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1970, añadió a esta constante persecución la patologización de aquellas personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género no se ajustaba a los patrones culturales dominantes del momento, al someterlas a “tratamiento” en dos centros penitenciarios, el de Huelva, para los “activos”, y el de Badajoz, para los “pasivos”, creados expresamente en virtud de dicha ley.
El contexto hostil al que se ha enfrentado a lo largo de los años el colectivo LGTBI dota de especial mérito su lucha histórica, una lucha que en la Comunitat Valenciana se inició ya en el año 1976 con el nacimiento del Front d'Alliberament Homosexual del País Valencià, siguiendo el ejemplo de Barcelona del año anterior. Incluso, después del final de la dictadura, con la democracia en funcionamiento y la Constitución española acabada de aprobar, los que participaron en aquella manifestación fueron víctimas de los ataques de las organizaciones reaccionarias que sobrevivían en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. En 1981 se legalizaron las primeras organizaciones de liberación gay-lesbiano a nivel estatal, lo que facilitó en gran manera su trabajo y lucha y les otorgó mayor visibilidad. A lo largo de la década de los ochenta y el comienzo de los noventa, fueron surgiendo nuevas entidades como La Lluna en Castellón de la Plana, el Col·lectiu de Feministes Lesbianes de València, el Col·lectiu Lambda de València después con un núcleo autónomo en Alicante, Gais Lliures del País Valencià, Transexualia o la Asamblea Herakles-Safo. A mitad de los noventa el panorama organizativo se fue reorganizando, sobre todo en Alicante, y también en la Ribera, y en la década de los 2000 ya aparecieron nuevos colectivos fruto de la diversidad ideológica, identitaria, sectorial y geográfica del territorio valenciano: en Gandia, Sagunto, l'Alcoià o Alicante con el surgimiento de Decide-T, que posteriormente se integraría en Diversitat. En los últimos años hemos asistido al nacimiento de asociaciones sectoriales o en ciudades medianas. En el ámbito estatal fue en 1992 cuando la lucha por los derechos de las personas LGTBI cobró un nuevo impulso con la constitución de la que hoy es la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, que alcanzó uno de sus momentos cumbre en el año 2007 con la celebración en Madrid del Orgullo Europeo. Diez años más tarde, en el 2017, Madrid volvería a ser el centro de la igualdad y la libertad de las personas LGTBI alrededor del planeta, acogiendo las manifestaciones y festejos del World Pride.
La presente ley tiene en cuenta, además, la situación especial y diversa, de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, tan comúnmente castigadas por la estigmatización, la ignorancia y el rechazo que muestra la sociedad hacia las realidades sexuales no binarias, sobre todo en el ámbito de la salud. Además, se toman en consideración las implicaciones de esa diversidad de situaciones dentro del colectivo, pues no existe una misma comunidad integrada bajo el término “intersexualidad”, ya que la mayoría de personas a las que identificamos como tales no se reconocen bajo la categoría “intersexual”, sino bajo el nombre médico de cada una de las diferencias del desarrollo sexual. No obstante, al mismo tiempo que se reconoce dicha diversidad y se asume como elemento determinante fundamental del contenido de la ley, se intenta detectar y dar respuesta a todas aquellas necesidades presentes en el conjunto del colectivo en ámbitos como los de los derechos sanitarios, la gestión, investigación y formación relativa a la salud de dichas personas, el ámbito educativo, los espacios sociales, el deporte, el ocio y el tiempo libre.
A lo largo de la historia las diferencias del desarrollo sexual se han considerado “anomalías” o “patologías” a tratar médica y quirúrgicamente, sin tener en cuenta en absoluto la voluntad de la propia persona con variaciones intersexuales y, en muchas ocasiones, a partir de una notable falta de transparencia que provocaba que la propia persona no fuera consciente del tipo de tratamiento al que había sido sometida, ni de la finalidad y posibles consecuencias del mismo. Por esta razón, la presente ley aspira a romper con ese discurso patologizador y estigmatizador tradicional y, en línea con las demandas de grupos activistas pioneros en la cuestión como la ISNA (Intersex Society of North America) y la OII (Organización Internacional de Intersexuales), promover la consideración de los cuerpos intersexuales como elementos diversos dentro del amplio espectro que son los cuerpos humanos y no como cuerpos inacabados, alterados o equivocados.
Esta ley busca dotar de contenido a instrumentos legales y disposiciones de ámbito internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, en su artículo 2, extiende la titularidad de los derechos que consagra a todas las personas, con independencia de su “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Este mandato fue recogido de manera expresa el año 2007 por los principios de Yogyakarta, cuyo objetivo es garantizar que todas las personas, independientemente de su “orientación sexual o identidad de género” puedan “realizar esos valiosos derechos que les corresponden por su nacimiento”.
A nivel europeo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó en el año 2014 el informe Lunacek sobre la “hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, que pide a las instituciones tanto europeas como estatales que actúen en el ámbito de sus competencias para proteger los derechos fundamentales de las personas LGTBI. Este informe tiene como objetivo hacer realidad el mandato del artículo 21 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Las instituciones de la UE han aprobado en los últimos años legislación y numerosas resoluciones para acabar con la discriminación que sufren las personas LGTBI. Entre ellas, destacan la Directiva 2000/78/CE , del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y las resoluciones del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea, de 18 de enero de 2006, sobre la homofobia en Europa, y de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha contra la homofobia en Europa. Asimismo, el Consejo de Europa aprobó el 22 de abril de 2015 la Resolución 2048, sobre discriminación contra personas transgénero en Europa, que expresa una profunda preocupación por la discriminación basada en la identidad de género en nuestro continente.
El contenido de la presente ley también se ampara en algunos preceptos fundamentales de la Constitución española, así como en la legislación aprobada más recientemente en nuestro país. Nuestra Constitución establece, en su artículo 9.2, el deber de los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. Además, en su artículo 10 fija la inviolabilidad de la dignidad de la persona, de sus derechos y del libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, el artículo 14 establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A pesar de que este último artículo no menciona expresamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el desarrollo sexual o el grupo familiar como circunstancias por las que no puede tener lugar discriminación alguna, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha completado su contenido en ese sentido. Así, la Sentencia 176/2008, de 22 de diciembre, reconoce que “no existe ningún motivo” para excluir circunstancias personales como, en ese caso, la identidad de género, de la cobertura que proporciona la cláusula de prohibición de la discriminación del artículo 14 de la Constitución.
Del mismo modo, la legislación estatal ha ido introduciendo diversos avances que han dado lugar a notables mejoras en la igualdad legal de las personas LGTBI. Entre ellas destaca, en primer lugar, la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre , del Código Penal, que introduce en su concepto de discriminación la “orientación o identidad sexual” e incluye a esta como una de las circunstancias agravantes de los delitos. En un sentido similar, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que busca la aplicación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación, hace mención específica a la discriminación por la orientación sexual de las personas.
Algunos de los avances más relevantes en la igualdad de las personas LGTBI se han producido en los últimos años a través de reformas del Código civil , como la introducida por la Ley 13/2005, de 1 de julio, que equipara los requisitos para contraer matrimonio de las personas del mismo sexo, reconociéndoles así un derecho del que hasta entonces se habían visto privadas y que convirtió a España en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario después de los Países Bajos y Bélgica, y en el primer país del mundo en legalizarlo de forma plena, pues en esa fecha los Países Bajos solo permitían la adopción de niños y niñas de nacionalidad holandesa, y Bélgica no permitía la adopción por parte de parejas homosexuales casadas. Un paso más en esta dirección llegó con la Ley 14/2006, de 26 de mayo , sobre técnicas de reproducción humana asistida, que permite a la madre no biológica reconocer legalmente como hijos a los niños y niñas nacidas en el matrimonio entre dos mujeres y que supuso un importante avance en la igualdad de las parejas de mujeres lesbianas y bisexuales, aunque todavía se mantiene cierta discriminación con las parejas formadas por personas de diferente sexo, ya que estas no necesitan estar casadas para que ambas puedan reconocer legalmente a sus hijas e hijos. Por su parte, la Ley 3/2007, de 15 de marzo , reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, permite el cambio en el registro de la mención del sexo y del nombre de las personas. Finalmente, en términos de protección de la infancia y la adolescencia, la Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio establece que “a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrá en cuenta, como criterio general, la preservación de su orientación e identidad sexuales, así como la no discriminación del mismo por estas o cualesquiera otras condiciones, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”.
En la Comunitat Valenciana la lucha contra la discriminación que sufren las personas LGTBI es un mandato que se ampara en el artículo 8.2 de nuestro Estatuto de autonomía, que prevé el deber de los poderes públicos de velar por la protección y el respeto de los derechos y deberes que reconoce la Constitución española a todas las personas. Asimismo, se afirma en su artículo 10.1 que “la Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas y que constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la Comunitat Valenciana”. Esta ley, por tanto, es fruto de ese mandato y nace con el objetivo de seguir avanzando en la línea marcada por la ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, que supone un avance notable en los derechos de las personas trans y que va más allá de lo dispuesto en Ley 3/2007, que, a nivel estatal, mantenía los requisitos de la existencia de un diagnóstico de “disforia de género” y de sometimiento a tratamiento médico durante dos años para “acomodar” las características físicas de la persona al sexo reclamado. Así, la legislación de la Comunitat Valenciana se sitúa a la vanguardia de todo el Estado, al recoger una de las demandas históricas de las personas trans y de las entidades y asociaciones mediante las cuales han articulado su lucha históricamente. Del mismo modo, la existencia de una ley específica referida a la identidad de género y expresión de género viene a reconocer la situación especialmente difícil a la que han de enfrentarse en ocasiones las personas trans en una sociedad marcada por una ideología de género heteronormativa que sigue imponiendo fuertes patrones culturales en relación con las ideas dominantes de feminidad y masculinidad y el sistema sexo-género.
Por todas estas razones la Generalitat pretende, mediante esta ley, incorporar a su legislación algunos de los avances que se han producido en otras comunidades autónomas en relación con los derechos de las personas LGTBI en su conjunto, que se suman a las leyes específicas que han aprobado comunidades como Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y Madrid en materia de identidad de género. Dichos avances se han reflejado en la legislación de dichas comunidades, a través de leyes como la 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. Poco después, se aprobó en Cataluña la Ley 11/2014, de 10 de octubre , para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Con objetivos y contenido muy similares, llegó a Extremadura la Ley 12/2015, de 8 de abril , de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Ley 8/2016, de 27 de mayo , de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la Región de Murcia siguió sus mismos pasos, abarcando ambiciosos objetivos para la materialización de los derechos de las personas LGTBI. La comunidad autónoma de las Islas Baleares se sumó también a estos progresos legislativos con su Ley 8/2016, de 30 de mayo , para garantizar los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfòbia, así como la Comunidad de Madrid con la Ley 3/2016, de 22 de julio , de protección integral contra la LGTBifobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Por último, en el último año se han incorporado dos nuevas legislaciones protectoras de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito autonómico: la Ley foral 8/2017, de 19 de junio , para la igualdad social las personas LGTBI+, y la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
El capítulo V se refiere al ámbito familiar y abarca cuestiones tan fundamentales como la protección de la diversidad familiar. Igualmente, prevé la garantía de que la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual diverso o grupo familiar no puedan utilizarse como criterios para determinar la idoneidad de las familias en los procesos de acogimiento y adopción. Además, desarrolla el concepto de “violencia en el ámbito familiar” y prevé la adopción de medidas de atención y ayuda en los casos en los que esta llegue a producirse.
“4. Los centros de la red contarán con contenidos en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual respetuosos con los derechos humanos. En los municipios de más de 25.000 habitantes conformarán una sección específica.”
“5. Los cuerpos policiales de municipios de más de 50.000 habitantes contarán con un grupo especializado en la prevención de los delitos de odio.”

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 10