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Timestamp: 2019-01-23 03:55:27+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2000-00162 de diciembre 2 de 2010
SENTENCIA 2000-00162 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ORDINARIA DE LOS DOCENTES OFICIALES. LOS DOCENTES NO DISFRUTAN DE NINGUNA PARTICULARIDAD EN SU TRATAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE REGULAN SU ACTIVIDAD, POR LO TANTO DEBE SUJETARSE EN SU TOTALIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 33 DE 1985, Y LAS NORMAS QUE LA MODIFICARON O ADICIONARON, EN LO REFERENTE A LA EDAD, TIEMPO Y MONTO PENSIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCENTE, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN, PENSIÓN DEL DOCENTE
Sentencia 2000-00162 de diciembre 2 de 2010
Ref.: Expediente 050012331000200000162 01
Número interno: 0619 - 2010
Actor: Simón García Bustamante
El problema jurídico consiste en determinar si el actor, en su calidad de docente, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación con base en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, por ostentar un régimen especial en materia de pensiones.
• Nació el 31 de mayo de 1948, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia (fl. 88).
• Mediante Resolución 12.803 de 17 de agosto de 1999, el representante del Ministerio de Educación Nacional en Antioquia y el coordinador del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Antioquia, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor, al no cumplir con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 (fls. 3 a 5).
• El 23 de agosto de 1999 interpuso recurso contra la decisión anterior (fls. 6 a 10).
• A través de la Resolución 13.427 de 25 de octubre de 1999, expedida por el representante del Ministerio de Educación Nacional en Antioquia y el coordinador del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Antioquia, resolvió el recurso de reposición confirmando en todas su partes la resolución acusada, por considera que a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, es aplicable la Ley 33 de 1985 (fls. 11 a 14).
• Según la certificación expedida por el profesional especializado de posesiones y certificaciones del 22 de abril de 1999, el demandante prestó servicios en el departamento de Antioquia, con una vinculación desde el 20 de febrero de 1972 hasta el 15 de abril de 1999 (fecha hasta la cual tiene registros de pagos) (fl.16).
El apelante alega que por su condición de docente oficial, goza de régimen especial en pensiones.
La Ley 115 de febrero 8 de 1994, que contiene la Ley General de Educación, publicada el 8 de febrero de 1994 en el Diario Oficial 41214, dispone:
“ART. 115.—Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del estatuto docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley.
Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida (...)” (destacado por la Sala).
En virtud del proceso de nacionalización de la educación (L. 43/75) se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender, entre otras, las prestaciones sociales de los docentes nacionales, nacionalizados, y territoriales, y se señaló la manera cómo la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional de dicho personal:
Está probado en autos, que el actor en su calidad de docente territorial ha venido prestando sus servicios en el ramo de la educación, desde el 20 de febrero de 1972, por ende, se le aplica la Ley 91 de 1989, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes, esto es, la Ley 33 de 1985.
En conclusión, por remisión de la Ley 91 de 1989, resulta la aplicabilidad de la Ley 33 de 1985 que es el régimen legal general.
El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 no solo equiparó la edad de la mujer con la del varón para efectos de jubilación sino que estableció la regla general para la pensión de los empleados oficiales de todos los niveles y se consagraron unas excepciones:
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro (...)”.
El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 dispuso que no quedarán sujetos a la regla antes transcrita, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
Por disposición del artículo 3º del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital, y municipal, son empleados oficiales de régimen especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros.
Los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo (D. 224/72, art. 5º), algunos gozan de la denominada pensión gracia (leyes 114/13, 116/28 y 37/33), prestaciones que reiteran las leyes 91 de 1989, 100 de 1993, artículo 279 y 115 de 1994, artículo 115, lo que permite aceptar que, de alguna manera, gozan de un régimen especial en materia salarial y prestacional.
Ahora bien, el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagró la posibilidad para los empleados oficiales de continuar sometidos a las disposiciones anteriores, pero con la condición de que hubieren cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, al 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la ley.
Sin embargo, el actor tampoco cumplía con la exigencia señalada en esta disposición, pues, para el 13 de febrero de 1985, fecha de la promulgación de la Ley 33 de 1985, solo tenía como tiempo de servicio doce (12) años, once (11) meses y veinticuatro (24) días, debido a que entró a laborar el 20 de febrero de 1972.
En consecuencia, el reconocimiento pensional efectuado al actor debe sujetarse en su totalidad a lo establecido por la Ley 33 de 1985, y las normas que la modificaron o adicionaron, en lo referente a la edad, tiempo y monto pensional.
Y bajo esta ley para tener derecho a dicha prestación, se exige que el empleado de cualquier orden (territorial, nacional, etc.) haya servido 20 años continuos o discontinuos y tenga 55 años de edad.
Por lo expuesto, hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombrede la República y por autoridad de la ley,
CONFÍRMASE la sentencia del 3 de noviembre de 2009, por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones de la demanda formulada por Simón García Bustamante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

References: artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 279
 artículo 115
 artículo 1