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Timestamp: 2019-09-18 20:11:34+00:00

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﻿ Sentencia 2013-00036 de abril 10 de 2014
SENTENCIA 2013-00036 DE 10 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:REVOCATORIA DE MANDATO. NO PUEDE AFIRMARSE QUE EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 741 DEL 2002 HAYA CIRCUNSCRITO LA REVOCATORIA DEL MANDATO AL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. LA MODIFICACIÓN QUE TRAJO ESTA DISPOSICIÓN ESTÁ REFERIDA A LA ELIMINACIÓN DEL PARÁGRAFO Y DEL REQUISITO SEGÚN EL CUAL SOLAMENTE PODÍAN SOLICITAR LA REVOCATORIA AQUELLOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LA VOTACIÓN EN LA CUAL SE ELIGIÓ AL MANDATARIO DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CUYO MANDATO SE PRETENDE REVOCAR. DE ESTA MANERA, CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY 741, PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA SE REQUIERE QUE LA SOLICITUD RESPECTIVA LA SUSCRIBAN LOS CIUDADANOS, SIN DISTINCIÓN DE UNA CONDICIÓN ESPECIAL, EN NÚMERO NO INFERIOR AL 40% DEL TOTAL DE VOTOS QUE OBTUVO EL ELEGIDO, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE ESTOS HAYAN PARTICIPADO EN LA VOTACIÓN EN LA CUAL SE ELIGIÓ AL GOBERNADOR O ALCALDE, COMO SÍ SE EXIGÍA EN VIGENCIA DE LAS LEYES 131 Y 134 DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REVOCACIÓN DEL MANDATO, GOBIERNO, GOBERNADOR
Sentencia 2013-00036 de abril 10 de 2014
Radicado interno: 2013-0036
Proceso ordinario - Fallo única instancia
Por tanto, corresponde estudiar, inicialmente, los cargos referentes a las causales que pueden originar la revocatoria del mandato y si para la implementación de este mecanismo de participación ciudadanía se deben agotar requisitos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para finalmente, y si a ello hay lugar, estudiar la competencia del Registrador Nacional del Estado Civil para proferir el acto acusado.
Para determinar sí, como lo afirma la demanda, hubo modificaciones de las causales para la procedencia de este mecanismo, se requiere i) estudiar el cambio normativo que introdujo la Ley 741 de 2002, a las leyes 131 y 134 de 1994, la primera reguló en su momento el voto programático y la segunda, los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la revocatoria del mandato, para establecer si la revocatoria únicamente procede por el incumplimiento del programa de gobierno por el que fue electo el correspondiente mandatario departamental o municipal y ii) analizar la naturaleza constitucional de la revocatoria del mandato. Veamos:
Texto de la Ley 131 de 1994 [artículo 7º] Texto de la Ley 134 de 1994 [artículo 64] Texto modificado por el artículo 1 de la Ley 741 de 2002
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Ley para la presentación e inscripción de iniciativas legislativas y normativas, un número de ciudadanos no inferior al 40% del total de votos válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario, podrá solicitar ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente, la convocatoria a la votación para la revocatoria del mandato de un gobernador o un alcalde. Sólo podrán solicitar la revocatoria quienes participaron en la votación en la cual se eligió al funcionario correspondiente.
De la comparación de los anteriores preceptos se podría concluir, como se hizo en el auto del pasado 15 de noviembre que decidió negar la solicitud de suspensión provisional del acto acusado que, en principio, en ninguno de los textos transcritos el legislador hizo alusión a las razones o motivos para la procedencia de la revocatoria del mandato para gobernadores o alcaldes, por lo que no se puede afirmar del simple cotejo normativo, que el artículo 1º de la Ley 741 de 2002 haya circunscrito la revocatoria del mandato al incumplimiento del programa de gobierno, como lo expone el actor en su demanda.
Artículo 11 Texto modificado por la Ley 741 de 2002. Artículo 2º
Sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por un número de votos no inferior al 60% de los ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 60% de la votación registrada el día en que se eligió el mandatario, y únicamente podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la cual se eligió el respectivo gobernador o alcalde. Sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes, al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario.
Como se puede deducir de la comparación de estas normativas, el precepto original de la Ley 131 de 1994 fue reformado por el artículo 2º de la Ley 741 de 2002 en los siguientes aspectos:
En ese sentido, antes de la vigencia de la Ley 741 de 2002, si se emitían 1000 votos válidos, 600 como mínimo debían ser por el SI. Con la ley vigente, se requieren 501 votos.
El número total de sufragios emitido en la revocatoria, según el texto original de la Ley 131 de 1994, no podría ser “inferior al 60% de la votación registrada el día en que se eligió el mandatario”; por su parte, con la Ley 741 de 2002 este porcentaje se redujo “al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”.
En consecuencia, si en la jornada electoral en la que resultó electo el mandatario local o departamental, participó un total de 1.000 sufragantes, se requería como mínimo que en la de la revocatoria salieran 600 como mínimo. Con la Ley 741 de 2002, se requiere que participen 550. De los cuales, se repite, 276 deben votar por el SÍ. En vigencia de la ley anterior se requería el voto afirmativo de 360 de los votantes.
“ART. 65.—Motivación de la revocatoria. El formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá contener las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno” (resaltado fuera del texto).
En consecuencia, no se puede aceptar el argumento de la demanda, según el cual, la Ley 741 de 2002 derogó el artículo 65 de la Ley 134 de 1994, pues se repite, ni de forma tácita o expresa se puede concluir que el legislador estatutario reformó el artículo 65 transcrito.
En ese orden de ideas, la revocatoria del mandato se estatuye como un medio de control del ciudadano frente a quien ejerce el poder, a efectos de limitar y poner término a su mandato. De esa forma, la teoría del mandato libre propio de la democracia representativa se contrae para dar paso al mandato imperativo, que tiene en la revocación su mayor signo distintivo.
Según el Estado de que se trate, hay diversidad de tratamiento frente a los funcionarios que pueden ser sujetos de la revocatoria, en su gran mayoría la figura se aplica para los mandatarios locales y en escasas ocasiones para el Presidente de la República y/o las corporaciones de elección popular. En Colombia solo opera para alcaldes y gobernadores.
Así, por ejemplo, en el Ecuador hasta 2008, era el incumplimiento del programa de gobierno y la corrupción declarada por sentencia judicial, para pasar a una medida que se podía adoptar sin una causal específica. En 2011 se reformó nuevamente la legislación para indicar unas causales puntuales, entre ellas, el incumplimiento del programa y violación de normas sobre participación ciudadana(11).
En Perú la revocatoria se puede generar por corrupción —no requiere sentencia judicial— e incumplimiento del mandato. En Venezuela, las causales son la insatisfacción general y el incumplimiento del mandato(12).
En Dakota del Sur en 1898, se aprobó por primera vez un referéndum de iniciativa y de protesta. Los Ángeles en 1902, incluyó por primera vez la iniciativa y el referendo de destitución(13).
En algunos Estados como Wisconsin se aplica directamente la norma constitucional sobre revocatoria, en Alaska, por el contrario se exige de la ley la reglamentación o desarrollo de la norma constitucional.
En Europa la figura de la revocatoria no es muy común y en donde existe está consagrada para los órganos colegiados de elección popular: Liechtenstein, algunos lander de Alemania, como Berlín y Baden-Württenburg, y en seis cantones de Suiza. En aquellos Estados en donde no se consagra, es porque se mantiene la idea del mandato representativo, en donde una vez se produce la elección el elegido representa a la Nación o al pueblo soberano, y por tanto no están sometidos a control distinto que la aprobación de la gestión en las urnas cuando se llame nuevamente a elección.
Si bien el artículo 259 de la Carta preceptúa que quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato, de dicho precepto no se puede concluir, sin más, que la revocatoria, como mecanismo de participación, solo proceda para materializar esta clase de voto.
Es verdad que el legislador estatutario al regular el voto programático, Ley 131 de 1994, generó como consecuencia de su desconocimiento la revocatoria, pero no por ello se puede concluir que este mecanismo de participación ciudadana solo proceda en nuestro ordenamiento por el desconocimiento del programa de gobierno, en los términos del artículo 259 constitucional, pues ha de entenderse que esta es una de las causas que le pueden dar origen, pero no la única.
Si se hace una lectura minuciosa de la Ley 134 de 1994, que desarrolló los distintos mecanismos de participación, encontramos que el legislador nunca se comprometió con adscribir este instrumento al cumplimiento del programa de gobierno, es decir, con el voto programático.
La exigencia legal de que el formulario de solicitud exprese los motivos por los cuales se convoca a la votación es razonable y ajustada a la Constitución, por cuanto fija el contenido y las causas para que los ciudadanos puedan ejercer efectiva y eficazmente el control político. Las causales que se señalan en la norma son válidas, ya que constituyen las verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación con el elegido, cuando éste o incumple su programa de gobierno —para el caso del voto programático— o genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos”(14).
Es ineludible entender, como lo hizo el legislador estatutario en la Ley 134 de 1994, que aquel también debe proceder cuando exista, por ejemplo, una insatisfacción general con el gobernante de turno, lo que sin lugar a dudas abarca una serie de circunstancias que no necesariamente tienen que estar asociadas al cumplimiento del programa de gobierno.
No se desconoce que el texto de la Ley 131, utiliza expresiones como “Sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes”, artículo 11, la que fue reproducida por la Ley 741 de 2002, artículo 2º, sin que se pueda concluir, con fundamento en una interpretación literal de la normativa, que la revocatoria solo procede en relación con dicho voto, pues se repite, el objeto de dicha ley era exclusivamente regular el denominado voto programático y, en consecuencia, esa interpretación por restrictiva y literal no puede ser de recibo.
“La revocatoria del mandato, como mecanismo establecido para la verificación del cumplimiento del programa de gobierno propuesto a los electores por los candidatos a alcaldes y gobernadores que resultan elegidos, es la forma de ejercicio de control político más directo que prevé nuestra Constitución. Sin la presencia de instancias intermedias, el ciudadano tiene la posibilidad inmediata manifestarse a través del voto para rechazar la gestión ineficiente de la autoridad política local. Obviamente, la vinculación de este mecanismo de control con la noción de voto programático, delimita el alcance del control que ejerce la ciudadanía. Éste se restringe a la verificación del cumplimiento del programa propuesto, y no a otras causas de insatisfacción con la gestión del gobernante. La revocatoria no es ni puede llegar a ser simplemente el medio para anticipar las elecciones, propuesto por los opositores del mandatario. Quiso el constituyente que se gobernara para alcanzar ciertas metas y que los mandatarios locales fueran responsables de toda la dinámica colectiva que permitiera lograrlas dentro de la división política territorial a su cargo, e instituyó para ello el mecanismo de la revocatoria como medio de control de esta responsabilidad. Carente de su objetivo constitucional relativo a la efectiva realización de la propuesta política que sacó avante la candidatura del alcalde o gobernador, se desvirtúa por completo y pierde legitimidad”.
No obstante, esta aseveración fue un dicho al pasar o obiter dicta, pues en nada afectó la ratio de la decisión que en esa providencia se adoptó, dado que las normas en análisis no hacían referencia a las causas que podían dar origen a la revocatoria y porque la misma providencia, a reglón seguido, se refirió al artículo 65 de la Ley 134 de 1994, sin hacer ningún control de constitucionalidad, precepto que señala las causas en el formulario que debe entregar la registraduría, para precisar que:
Es por ello que a una decisión que es netamente política —revocar el mandato—, no se le pueden establecer parámetros para su aplicación, como lo sería precisar qué debe entenderse por insatisfacción general, pues como el legislador no fijó elementos para su comprensión, serán directamente los ciudadanos que promuevan la correspondiente revocatoria los que le den el contenido a esta causal, al explicar en qué fundamentan su llamado a revocar el mandato, lo que a su vez permitirá que por las misma razones no se pueda volver a convocar a la ciudadanía, si la primera citación no próspera.
Se recuerdan aquí las palabras de Alexander Hamilton quien no era partidario de la revocatoria al afirmar que esta “…convertiría a los legisladores en esclavos de los caprichosos humores de los ciudadanos”(16). Es precisamente en pensamientos como este que se busca restringir la aplicación e interpretación de esta figura.
Es por ello que insiste la Sala que en el formulario en el que solicita la revocatoria debe expresarse cuál es la razón de la revocatoria y explicar a los ciudadanos brevemente lo que la origina, para que estos conozcan las razones por las que están llamados a las urnas y decidir si presentarán su apoyo o no al mandatario de turno.
Texto de la Ley 131 de 1994 [artículo 7º] Texto de la Ley 134 de 1994 [artículo 64] Texto modificado por el artículo 1º de la Ley 741 de 2002
“2. Mediar por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el elegido” (resaltado fuera de texto)
En el auto de 15 de noviembre de 2013, por medio del cual se resolvió la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, el consejero ponente manifestó que, en su criterio, el legislador estatutario modificó los requisitos en cuanto a la votación y titulares para solicitar la revocatoria y su procedencia, pero no las formalidades que la iniciativa popular debía cumplir.
En efecto, no se encuentra evidencia alguna que el legislador eliminara para efectos de la revocatoria del mandato los requisitos contemplados para las iniciativas legislativas y normativas previstas en los artículos 11 y siguientes de la Ley 134 de 1994, los cuales serán objeto de análisis más adelante.
La sentencia de la Corte Constitucional que efectuó la revisión previa del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la Ley 741 de 2000, C-172 de 2002(21), sí hizo referencia expresa a la eliminación de los requisitos previos, para señalar que se ajustaba a la Constitución, porque tales requerimientos no se ceñían plenamente a la naturaleza de la revocatoria.
“Finalmente la Corte aprecia que el artículo que se examina elimina el requisito al que se refiere actualmente el artículo 64 de la Ley 134 de 1994, según el cual previamente a la solicitud de convocatoria formulada a la Registraduría Nacional, es menester “el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley para la presentación e inscripción de iniciativas legislativas y normativas”. Esta simplificación de exigencias se acomoda plenamente a la Constitución, pues los requisitos a que alude el artículo 64 mencionado, por no ser específicamente diseñados para la solicitud de convocatoria a revocatoria de mandato, sino ideados especialmente para otros procesos participativos como lo son las iniciativas legislativas y normativas, resultan ciertamente de confusa aplicación al caso de la solicitud de revocatoria. Por ello entraban y dificultan la eficacia de este mecanismo de participación. En tal sentido, el que el legislador haya decidido eliminarlos, contribuye a la vigencia y efectividad del modelo constitucional de democracia participativa y fortalece el principio expansivo y universalizador de la misma”.
Esta conclusión del Tribunal Constitucional se hizo previa al análisis del articulado del proyecto de ley, sin consideración alguna a los antecedentes legislativos ni a los requisitos que en concepto de esa corporación resultaban innecesarios o contradictorios con el mecanismo de participación en estudio.
En ese orden de ideas, la Sala debe afirmar que, como la referencia que hizo el órgano constitucional no tenía una relación directa con la decisión que se tomó en la parte resolutiva, ha de tomarse como un obiter dicta.
Por tanto, le corresponde a la Sala analizar por qué no hubo una derogación de los requisitos previos a la convocatoria y cuáles de los enunciados en los artículos 10 a 27 de la Ley 134 de 1994 están vigentes, por ser compatibles con la naturaleza jurídica de las iniciativas populares referidas a la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes.
“la derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y aplicación de las mismas”(22).
Lo expuesto sobre el concepto de derogatoria, en concordancia con lo que se avanzó en precedencia sobre los antecedentes legislativos de la Ley 741 de 2002, lleva a la Sala a persistir en la conclusión según la cual no se puede afirmar de forma tajante que el artículo 1º de esta ley, derogó expresamente la totalidad del texto del artículo 64 de la Ley 134 de 1994 pues, se repite, la intención del legislador fue clara en modificar los requisitos de votación y sujetos llamados a hacer uso de la revocatoria. Sin embargo no hizo observación alguna frente a los requisitos de los formularios, firmas y atribuciones de la Registraduría del Estado Civil, entre otros.
Es importante recordar que corresponde al intérprete buscar el verdadero sentido de las normas y hacer uso de los principios de conservación del derecho y del efecto útil de las normas, para evitar conclusiones que puedan resultar contrarias no solo a los derechos de los ciudadanos, en este caso, el ejercicio material a la participación política, sino en contra del mismo principio democrático, al dar por excluidos del ordenamiento preceptos que el mismo legislador no quiso eliminar.
Por tanto, la Sección considera pertinente analizar qué requisitos de los regulados en la Ley 134 de 1994 son compatibles con la revocatoria del mandato, en aras de no dejar huérfano este mecanismo de participación de los elementos necesarios para su efectiva realización, pues sea pertinente decirlo de una vez, de admitir que hoy no existe normativa sobre el particular, la revocatoria no se podría llevar a la práctica, ante la ausencia de una regulación de carácter legal sobre los requisitos formales para diferenciarlos de los sustanciales referidos a los porcentajes de votación para ponerla en marcha.
En ese orden de ideas, a continuación se presenta un estudio de las normas del título II de la Ley 134 de 1994, para indicar i) si se puede aplicar al mecanismo de la revocatoria y ii) su relación con el acto acusado, para finalmente iii) determinar su compatibilidad o no con la naturaleza del mecanismo de participación en análisis.
Es claro que si se confronta esta norma con los artículos 1º y 2º de la Ley 741 de 2002, transcritos en otros acápites de esta providencia, se evidencia que estos señalan que para que proceda la revocatoria se requiere que medie un escrito “…ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el elegido”.
Es decir, corresponde a la registraduría garantizar que los ciudadanos puedan tener acceso a un formulario para la recolección de firmas para materializar la revocatoria del mandato, con una indicación clara de cuántas firmas se requieren para que pueda ser convocado y con unos contenidos mínimos, los cuales en el caso del formulario para la revocatoria, se refiere a su encabezado y casillas a la que alude el artículo 1º de la resolución acusada(23).
Igualmente, es preciso indicar que este precepto es el sustento normativo del artículo 1 del acto acusado.
a) El nombre completo y el número del documento de identificación de los miembros del comité de promotores y de su vocero, previamente inscritos ante la registraduría correspondiente.
b) La exposición de motivos de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo que promueven y el resumen del contenido de la misma.
c) En el caso de la iniciativa popular legislativa y normativa ante una corporación pública, o de la solicitud de un referendo aprobatorio, el título que describa la esencia de su contenido, y el proyecto de articulado.
d) En el caso de iniciativas legislativas y normativas o de las solicitudes de referendo presentados en el marco de una entidad territorial, un espacio en el que se indique lugar y la dirección de la residencia de quienes respaldan su inscripción.
e) El nombre de las organizaciones que respaldan la iniciativa legislativa y normativa o la solicitud del referendo con la prueba de su existencia y copia del acta de la asamblea, congreso o convención en que fue adoptada la decisión, o, en su defecto, la lista con el nombre, la firma y el número del documento de identificación de las personas que respaldan estos procesos.
f) En el caso de solicitud de referendo derogatorio, el texto de la norma que se pretende derogar, el número que la identifica y la fecha de su expedición.
De la lectura de estos dos preceptos, se puede concluir sin mayores elucubraciones que estos no aplican para las revocatorias del mandato, pues se refieren en forma específica a las iniciativas normativas y de referendo que por su naturaleza y forma, no tienen razón de ser frente al mecanismo en estudio.
“ART. 14.—Registro de iniciativas legislativas y normativas y de solicitudes de referendo. El registrador correspondiente asignará un número consecutivo de identificación a las iniciativas legislativas y normativas así como a las solicitudes de referendo, con el cual indicará el orden en que éstos han sido inscritos y la fecha de su inscripción. Así mismo, llevará un registro de todas las iniciativas legislativas y normativas y de las solicitudes de referendo inscritas, e informará inmediatamente del hecho a la corporación correspondiente o, en el caso de la revocatoria del mandato, a la persona involucrada, e informará trimestralmente a la ciudadanía, por un medio idóneo de comunicación escrito, sobre los procesos de recolección de firmas en curso (resaltado fuera de texto).
“ART. 19.—Suscripción de apoyos. Para consignar su apoyo en una iniciativa legislativa y normativa o en una solicitud de referendo, el ciudadano deberá escribir en el formulario, de su puño y letra, la fecha en que firma, su nombre, el número de su documento de identificación, el lugar y la dirección de su residencia, todo esto en forma completa y legible, y su firma. Si la persona no supiere escribir imprimirá su huella dactilar a continuación del que firme a su ruego. Si hubiere firmas repetidas, se tendrá por válida la que tenga la fecha más reciente.
Obsérvese que en este artículo, encuentra otro fundamento normativo el artículo 1º de la resolución acusada, dado que el registrador optó por transcribir el contenido del formulario a que alude el artículo 19, al indicar que este, además del encabezado para indicar las razones de la revocatoria, constará de “Cinco columnas. La primera columna corresponde a la fecha; en la segunda se registrarán los nombres y apellidos completos de los adherentes; en la tercera columna los números de las cédulas de ciudadanía; en la cuarta la dirección y, en la quinta las firmas”.
En desarrollo de esta misma preceptiva, encuentra su razón de ser el artículo 3 del acto acusado, según el cual, el informe de revisión de cada uno de los apoyos, deberá contener:
“ART. 3º—…:
“ART. 21.—Desistimiento. Por decisión de la mitad más uno de los miembros del comité de promotores, éstos podrán desistir de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo antes del vencimiento del plazo para la recolección de los apoyos. Decisión que debe ser presentada por escrito, motivada y personalmente al registrador correspondiente, junto con todas las firmas recogidas hasta el momento.
ART. 22.—Entrega de los formularios a la registraduría. Antes de vencerse el plazo de seis meses, los promotores presentaran los formularios debidamente diligenciados, al Registrador del Estado Civil correspondiente.
Este precepto, como en otros que ya han sido comentados, fundamenta la competencia del registrador para expedir el acto acusado en el proceso de la referencia, cuando en los artículos 2º y 3º(24) reguló lo relativo a la revisión de apoyos para la revocatoria.
“ART. 26.—Recolección de firmas en entidades territoriales. Cuando se realicen procesos de participación ciudadana en el ámbito de las entidades territoriales o de las comunas, corregimientos o localidades, sólo podrán consignar su apoyo quienes residan en la respectiva entidad territorial, comuna corregimiento o localidad además de estar inscritos en el correspondiente censo electoral.
REVOCACIÓN DEL MANDATO Este precepto es de suma importancia frente al mecanismo de participación de la revocatoria, pues es claro que en este solo pueden participar quienes residan en el municipio, distrito o departamento, en donde se piense efectuar la revocatoria, quienes, por demás, deben hacer parte del censo electoral.
Primera: El legislador no derogó ni tácita ni expresamente los requisitos que deben agotarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para promover el mecanismo de participación de la revocatoria del mandato. Una revisión de los antecedentes legislativos de la Ley 741 de 2002, así lo comprueba.
Segunda: Es cierto que algunos requisitos que se contemplan para las iniciativas normativas y de referendo, no resultan compatibles con la naturaleza de la revocatoria del mandato. Sin embargo, como algunas normas del título II de la Ley 134 de 1994, se ajustan plenamente a este, a ellas se debe recurrir para hacer posible la materialización este mecanismo de participación.
Tercera: No aceptar que requisitos como los referidos al contenido del formulario; los datos de los apoyos; formas de validación de estas, entre otras, son de aplicación frente al mecanismo de la revocatoria del mandato, sería aceptar que el legislador, al no hacer regulación alguna de estos aspectos en la Ley 741 de 2002, dejó sin un procedimiento este derecho al control político, lo que lo haría inane hasta tanto una ley estatutaria asuma su regulación o tendría que determinarse si estos aspectos meramente técnicos u operativos para que su regulación la pudiera hacer la autoridad electoral.
En efecto, el Registrador Nacional del Estado Civil, al expedir la Resolución 10840 de 2012 “Por la cual se establece el procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas para la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes”, no se atribuyó competencias propias del legislador estatutario, como lo afirma el demandante, porque como se demostró, el acto acusado tiene un claro fundamento en la Ley 134 de 1994.
La mencionada normativa, —Ley 134 de 1994—, no fue derogada ni expresa ni tácitamente por la Ley 741 de 2002, en consecuencia, los artículos de esta frente a la revocatoria están vigentes. En especial, aquellos que regulan los requisitos que deben contener los formularios que se deben presentar ante la Registraduría Nacional de Estado Civil y la competencia del registrador para establecer, entre otros, el procedimiento de verificación de firmas o respaldos, artículo 23 de la Ley 134 de 1994.
En ese orden de ideas, en la Resolución 10840 de 2012, el Registrador se limitó, por un lado, a ejercer y desarrollar una competencia que en forma expresa el legislador estatutario le otorgó y, por otra, a fijar un procedimiento para la verificación de firmas, cuyos requisitos fueron establecidos por aquel y no por la autoridad electoral, lo que hace compatible el acto acusado con el ordenamiento jurídico.
2. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.»
(9) Cfr. García-Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, 1ª Edición, Madrid, Ed. Alianza Universidad Textos y Alianza Editorial, 1993, pág. 636.
(10) Welp, Y. y Serdült, U. (2012). ¿Renovación, crisis o más de lo mismo? La revocatoria de mandato en los gobiernos locales latinoamericanos. Desafíos, 24 (1), Universidad del Rosario, págs. 169-192.
(16) Ob. cit., en referencia a Spivak, 2004, pág. 22.
(17) Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. Tercera Edición. México: 2003, pág. 35.
(18) http://www.registraduria.gov.co/-Revocatoria-del-mandato,615-.html
(19) Gacetas del Congreso de la República No. 325; 393 de 2000, 141, 247, 267, 285 y 332 de 2001.
(21) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-172 de 2000.
(22) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 1993.
(23) ART. 1º—Encabezado. Donde se indique las razones que fundamentan la solicitud revocatoria, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno.
(24) ART. 2º—Revisión de apoyos. Los funcionarios competentes o las personas contratadas para este fin adoptarán el siguiente procedimiento para la verificación de todos los apoyos de los ciudadanos que suscriban la solicitud de revocatoria:

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 11
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 1
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 1
 artículo 64
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 19
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 23
 Resolución