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TRIBAINAL CONSTITUCIONAL
111111111 1111111 11 111
EXP N ° 03708 2013-PA/TC
FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES
En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto de los magistrados
Urviola Hani, Ledesma Narváez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera y el
voto singular del magistrado Ramos Núñez y el que se agregan.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Enrique Guerrero
Morales contra la resolución de fojas 166, de fecha 4 de abril de 2013, expedida por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica que, confirmando la apelada,
declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 29 de mayo de 2012, Félix Enrique Guerrero Morales interpone
demanda de amparo contra los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República: Javier Villa Stein, Duberli Rodríguez Tinco, Josué Pariona
astrana • Ye Luis Salas Arenas y José Antonio Neyra Flores; y contra los jueces de la
iquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica: Renán
rdenas, Alfredo Sedano Núñez y Wilmer de la Cruz Gutiérrez, con el objeto
se declare: (1) la nulidad de la resolución de fecha 23 de enero de 2012, que
claró infundado el recurso de queja excepcional interpuesto contra la resolución que
declaró improcedente el recurso de nulidad; y (2) la nulidad de la sentencia de vista de
fecha 25 de abril de 2011 que, confirmando la sentencia apelada, condenó al ahora
demandante Félix Enrique Guerrero Morales por el delito de lesiones graves y abuso de
autoridad, en agravio de Nemesio Timoteo Enciso Ríos y el Estado peruano. Alega la
violación de los derechos al debido proceso y a la prescripción de la acción penal.
Sostiene que fue sentenciado porque supuestamente el 12 de febrero de 2008
cometió un acto de abuso de autoridad y lesiones graves, en agravio de Nemesio
Timoteo Enciso Ríos. Agrega que el delito de abuso de autoridad prevé una pena no
mayor de 2 años, y que el plazo de la prescripción extraordinaria es de 3 años, por lo
que la acción penal por este delito prescribía el 11 de febrero de 2011. Al respecto,
manifiesta que si bien el 28 de enero de 2011 —esto es, faltando solo 16 días para la
prescripción— fue declarado reo contumaz y se dispuso la suspensión de la prescripción,
esta medida cesó el 22 de marzo de 2011, día en que fue puesto a disposición del juez.
Agrega que los 16 días que faltaban para la prescripción de la acción penal vencían,
como máximo, el 7 de abril de 2011; y que, no obstante ello, los jueces superiores
confirma la apelada y declara infundada la demanda. en agravio de Nemesio Timoteo Enciso Ríos y del Estado. las contestaciones a la demanda de los jueces superiores Alfredo José Sedano Nuñez y 1 Cruz Gutiérrez fueron declaradas improcedentes. declaró infundada la demanda por considerar que los jueces superiores y supremos demandados expresaron y justificaron extensamente las razones que sustentan su criterio jurisdiccional. lo cual vulnera los derechos que voca. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. con fecha 4 de abril de 2013. por lo que la acción penal no había prescrito. Admitida a trámite la demanda. que declaró infundado el recurso de queja excepcional interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el recurso de nulidad. a través de su escrito de contestación (fojas 100). declararon infundado el recurso de queja excepcional con el argumento e que no se configuró la prescripción extraordinaria. El Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Ica. los jueces supremos. al haber sido presentadas lazo que señala la ley (fojas 96 y 112. La demanda tiene por objeto que se declare: (1) la nulidad de la resolución de fecha 23 de enero de 2012. Asimismo. respectivamente). con la finalidad de que se declare la prescripción del delito de abuso de autoridad. y lo que es peor. por considerar que lo que invoca el actor es una tesis diferente de la planteada en las resoluciones objeto de nulidad. lo que no ha ocurrido en el caso de autos. mediante la resolución de fecha 23 de : -nero de 2012. solicita que ella sea declarada improcedente debido a que el juez de la causa dispuso la suspensión de los plazos de prescripción. y (2) la nulidad de la sentencia de vista de fecha 25 de abril de 2011. tras haber sido impugnada. . que confirma la sentencia apelada y condena al demandante Félix Enrique Guerrero Morales por el delito de lesiones graves y abuso de autoridad. lo cual ya fue objeto de valoración al interior del proceso penal.TRI 1NAL CONSTITUCIONAL 19)11111 117 u3 /00112013-PA/TC ter ICA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES emplazados confirmaron la condena impuesta en su contra por el delito de abuso de autoridad a través de la sentencia de vista de fecha 25 de abril de 2011. el procurador público del Poder Judicial. Alega la violación del derecho al debido proceso y del derecho a la prescripción de la acción penal. con fecha 31 de octubre de 2012. y porque la persecución penal cesa solo cuando han transcurrido los plazos ordinario y extraordinario de la prescripción de la acción penal sin haberse emitido sentencia condenatoria alguna.
en esta función de configuración del contenido del derecho a la prescripción.. en tanto parte integrante del derecho al debido proceso. El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal. Así. en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción. que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado. así como prefigurar el procedimiento que se deba seguir para ello. excepciones. con la infracción a . jj. f. dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho ina. el indulto. etc". Es decir. el legislador penal ha considerado establecer algunas distinciones o precisiones relacionadas con la fecha de inicio del cómputo del plazo de la prescripción (dependiendo de si se trata de una tentativa o de un delito instantáneo.). j. 5.Tc FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES a prescripción de la acción penal en la Constitución El artículo 139. se elimine toda incertidumbre jurídica y la dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente.13_. STC Exp. STC Exp.. entre Asimismo.TRI=Lr AL CONSTITUCIONAL EXP ICA 91111. el acceso a su declaratoria). 8 y 9. plazos. pues al legislador le corresponde configurar los presupuestos o elementos (clases. con él. y. este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que dicha institución es "una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi. 4. ff. ff. existiendo apenas memoria social de la misma. consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica. STC Exp. etc. 4. condiciones. este Tribunal ha manifestado que.) que han de cumplirse para que ella opere. Ahora bien. j. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada". jj. inciso 13. N° 7451-2005-HC. la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo" (STC 1805-2005-HC. 6 y 7. continuado o permanente).° 7451-2005-HC. a saber: causas naturales (muerte del infractor). en virtud de la figura de la prescripción. Señalado lo anterior. N° I 805-2005-HC. "la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva contemplando la necesidad de que. entre otros)". pasado cierto tiempo. la prescripción (mejor aun. f. criterios de pacificación o solución de conflictos sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía). de la Constitución establece que: "La amnistía. (Cfr. en virtud de las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva. N. en relación con la prescripción de la acción penal. Precisamente. puede considerarse prima facie como un derecho fundamental de configuración legal.
su determinación 40 en ocasiones requiere que la justicia ordinaria previamente haya dilucidado algunos . del contenido de las resoluciones judiciales mencionadas se advierte que el ahora demandante. conviene recordar que este Tribunal también ha destacado que. artículos del 80 al 88 del Código Penal). fueron dictadas respetando o no el derecho al debido proceso. confirmando la apelada. En estos supuestos. entonces. no obstante la relevancia constitucional que ostenta la prescripción. Así. 40> t. N. 9 y 10. según se aprecia de la sentencia condenatoria de primera instancia y su confirmatoria (fojas 4 y 21). etc. si se trata de un concurso real o ideal de delitos). entre otros).sCA De¿ Ñ ep C. los cuales permiten el cómputo del plazo de la prescripción. Estos aspectos il y' que ver. ff. sepk. (cfr. que declaró infundado el recurso de queja excepcional interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el recurso de nulidad.° 4959-2008-PA. Félix Enrique Guerrero Morales. y más específicamente. ff.spe e que son de su competencia exclusiva (cfr. la alegación de que en el marco de un proceso penal el plazo de la prescripción de la acción penal ya ha vencido. jj. 5. Análisis del caso materia de controversia constitucional 6. TRIB NAL CONSTITUCIONAL 1111111 I EXP N ° 03708 2013-PA/TC 4r 11 ICA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES los bienes jurídicos (dependiendo de si se trata de un concurso real o ideal de delitos). N. por ejemplo. con la dilucidación de la fecha en que se consumó el ito. 7.° 3523-2008-PA/TC. las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente del delito más grave". si se respetó el mandato de prescripción de la acción penal por el delito de abuso de autoridad. STC Exp. Al respecto. fue procesado y condenado por haber cometido un delito de abuso de autoridad y lesiones graves en agravio de Nemesio Timoteo Enciso Ríos el 12 de febrero de 2008. del Código Penal establece que "kin caso de concurso ideal de delitos. con la fecha en que cesó la permanencia del delito. con las penas previstas (dependiendo de si se trata de una pena privativa de la libertad u otro tipo de penas). Por último. sólo podrá ser analizada por la justicia constitucional si es que en sede ordinaria se hubiera determinado previamente estos elementos. por ejemplo. en lo que se refiere a la infracción de los bienes jurídicos protegidos. con la naturaleza de la /actividad delictiva (es decir. condenó al ahora demandante Félix Enrique Guerrero Morales por el delito de lesiones graves y abuso de autoridad. este Tribunal debe determinar si la resolución de fecha 23 de enero de 2012. así como la sentencia de vista de fecha 25 de abril de 2011 que.. . el artículo 80. con el cumplimiento del plazo de la prescripción (dependiendo si se trata del plazo ordinario o del plazo extraordinario). tercer párrafo. En el caso de autos. entre 1 otros. STC Exp.
en su voto concurrente. con lo cual. 8. esta tesis debe rechazarse. Efectivamente. lo que es peor. sucede que lo alegado or parte de la idea de que los delitos que cometió (abuso de autoridad y graves) suponen un concurso real de delitos. asimismo. al ser impugnada los jueces supremos declararon infundado el recurso de queja excepcional con el argumento de que no se ha configurado la prescripción extraordinaria. en el peor de los casos. al haberse dispuesto judicialmente la suspensión del plazo de la prescripción. DE( f. que en el caso se está ante un concurso ideal de delitos. tercer párrafo. de ello se desprende que la pena impuesta corresponde al delito más grave en el concurso ideal de delitos (en este caso. el cual prevé una pena privativa de la libertad de 8 años (acción penal que en su plazo extraordinario ocurriría a los 12 años). En efecto. ello se pone fácilmente en evidencia a la luz de los siguientes elementos: (1) la pena para el delito de abuso de autoridad es no mayor a dos años. No obstante ello. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11 111111111111111111 1M111111 1 EXP N ° 03708 2013-PA/TC ICA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES Al respecto. in fine). esto conforme al artículo 80. cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito de lesiones graves. . Pese a lo indicado por el recurrente. (2) a contrario sensu. en el fundamento 4. sin embargo el actor fue condenado a cuatro años. en su plazo extraordinario (plazo de tres años). según alega. Así las cosas. dado que tamos ante delitos independientes. las acciones prescribirían separadamente en el plazo señalado para cada uno de ellos. debe tenerse en cuenta que la prescripción opera cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. (3) el juez superior Wilmar de la Cruz Gutiérrez ha explicitado. la condena impuesta en su contra por el delito de abuso de autoridad y. en este caso. este Tribunal discrepa de la línea argumentativa formulada por el demandante. a través de la sentencia de vista de fecha 25 de abril de 2011. lo que no ha ocurrido. Sin embargo. si bien en las sentencias de primer y segundo grado (salvo el voto concurrente) no se menciona de manera expresa que se está ante un concurso ideal de delitos. el delito de lesiones graves). esta debió operar como máximo el 7 de abril de 2011. del Código Penal (y como fue reseñado supra. sobre la base de lo que obra en autos. en el sentido de que se ha producido la prescripción de la ac n penal del delito de abuso de autoridad. dado que lo resuelto en sede ordinaria se refiere a un concurso ideal de delitos (y no a un concurso real como sostiene el demandante). si se hubiera tratado de un concurso real de delitos en el fallo se habría fijado una pena para cada uno de los delitos. 9. y que. el accionante sostiene que la acción penal por el delito de abuso de autoridad prescribía el 11 de febrero de 2011. los jueces superiores emplazados confirmaron. ello mediante la resolución de fecha 23 de enero de 2012. 10.
SS. HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda. el Tribunal Constitucional. Por estos fundamentos. por lo tanto. de autos se aprecia que las resoluciones cuestionadas fueron expedidas estando aún vigente la acción penal.. En este marco. no habiéndose producido la violación de los derechos a la prescripción de la acción penal y al debido proceso. URVIOLA HANI MIRANDA CANALES BLUME FORTINI SARDÓN DE TABOADA LEDESMA NARVÁEZ ESPINOSA-SALDAÑA B Lo. Publíquese y notifíquese._que certifico: 3 o ENE 2017 SUSANA SPINOZA Secretaria Relatora (e) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . la demanda debe ser desestimada en todos sus extremos. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11111111 11111111'1 EXP N ° 03708 2013-PA/rc ICA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES 11.
to cipe E"' 2017 11:. pasado cierto tiempo. es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi.. cfr. fundamento 2. por el transcurso del tiempo. fundamento 8). Visto lo anterior. en la parte en que afirma que la prescripción puede considerarse un derecho fundamental. Exp. 4900-2006-PHC/TC. la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.)" (STC 1805-2005-HC/TC. 7 y 8. desde la óptica penal. salvo con su fundamento 4. 1 EXP N. fundamento 2). la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. sino que ella goza de "relevancia constitucional" en tanto que puede vincularse con derechos constitucionales. con él. 331-2007-PHC/TC. en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro homine. que forma parte del derecho fundamental al debido proceso (cfr. Y. dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y. desde un punto de vista general. la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva contemplando la necesidad de que. fundamento 3. SS.° 03708-2013-PA/TC TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ICA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI LEDESMA NARVÁEZ. fundamentos 6. como el derecho al plazo razonable del proceso. fundamento 6.c. 03523-2008-PHC/TC. sino que la define así: "La prescripción. 2466- 2006-PHC/TC. emitimos el presente fundamento de voto ya que estamos de acuerdo con la parte resolutiva de la ponencia recaída en autos y sus fundamentos. la prescripción de la acción penal no puede entenderse como un derecho fundamental. Dicho de otro modo. La jurisprudencia de este Tribunal no califica a la prescripción como derecho fundamental.111-11 SUSANA TAVARA E PINOZA Secretaria Relatora (e) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado. es la institución jurídica mediante la cual. LEDESMA NARVÁEZ URVIOLA HANI SARDÓN DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA c. se elimine toda incertidumbre jurídica y la dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente. también SSTC 2506-2005-PHC/TC. Es decir. en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción. 003587-2011- HC/TC. existiendo apenas memoria social de la misma. SSTC 04959-2008-PHC/TC. consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica (. fundamento 7. SARDÓN DE TABOADA Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA Sin perjuicio del respeto que nos merece la opinión de nuestros colegas magistrados..
Y porque la pretensión está relacionada con un derecho protegido por el Habeas Corpus.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. a un inexistente "derecho a la prescripción penal". que como tantas veces hemos declarado. La prescripción penal no es un derecho fundamental. Estoy en desacuerdo con la decisión y con las razones que la justifican. con los argumentos que se exponen en los "Antecedentes" de esta sentencia. al que ha calificado como de configuración legal. No. por lo que su concreción legislativa está asociada a exigencias de previsibilidad. dictada fuera del plazo que tenía el Estado para investigar o condenar a una persona. soy de la opinión que la demanda debió declararse improcedente. la sentencia condenatoria dictada fuera del plazo legal que tenía el Estado para ejercer su ius puniendi constituye un típico supuesto de privación ilegal de la libertad que. RAMOS NÚÑEZ Lo jjue certifico: ENE 2e17 :tan SUSANA TAV RA PINOZA Secretaria Relatora e) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . El Tribunal ha asentido que la prescripción penal forma parte del debido proceso y que aquella es un derecho fundamental. garantiza que una persona no sea objeto de "privaciones" a su libertad que puedan calificarse como ilegales o arbitrarias. que es una de las proyecciones del principio de seguridad jurídica en el ámbito del proceso penal. En mi opinión. considera que se le condenó extemporáneamente y que ello viola sus derechos al debido proceso y a la prescripción penal. Es un instituto cuyas normas que lo desarrollan establecen límites temporales al ejercicio del ius puniendi estatal. y no co Am o. El problema que aquí se ha planteado gira alrededor de la legitimidad de la condena impuesta al recurrente. Por supuesto que el desconocimiento de las reglas que limitan temporalmente la persecución penal tiene incidencia en el ámbito de los derechos fundamentales. desde luego. Estoy completamente en desacuerdo con tal aseveración y con las consecuencias que de ello se derivan. Una sentencia condenatoria. 1 11111E11 EXP N ° 03708-2013-PArFC TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LIMA FELIX ENRIQUE GUERRERO MORALES VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ El Tribunal ha resuelto declarar infundada la demanda. Este último. sino al derecho a la libertad personal. constituye desde todo punto de vista una lesión iusconstitucional. viola el derecho a la libertad personal. Sr. como recuerda el artículo 7.
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
in fine
 artículo 80
 resolución 
 artículo 7