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Timestamp: 2019-08-25 18:34:40+00:00

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267.- Ponencia. El acceso a la justicia y.... - RJCornaglia
El acceso a la justicia y la vigencia plena de los derechos fundamentales humanos y sociales.
Por Ricardo J. Cornaglia.(*)
Esta ponencia es presentada a la XIX Conferencia Nacional de Abogados convocada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) a celebrarse los días 23, 24 y 25 y de abril del 2019, en el Colegio de Abogados de La Plata, que actúa en la misma como Colegio anfitrión.
Su autor es presidente del Instituto de Estudios Legislativos y Director Académico de la Conferencia y en tal carácter director académico, de este evento de formación gremial, cuya organización le fue encomendada al Instituto que preside y se lleva a cabo bajo el lema “El acceso a la justicia y el rol de la Abogacía”.
La Ponencia es presentada a título personal en cuanto a su consideración formulada en particular, pero reseña las posiciones adoptadas por la abogacía en sus colegios, asociaciones y la entidad convocante, adoptadas en eventos científicos que constituyen antecedentes de la materia a debatir en esta Conferencia.
EL ROL DE LA DEFENSA EN CUANTO A LA LUCHA POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES HUMANOS Y SOCIALES.
La compleja simbiosis implícita en los derechos fundamentales, humanos y sociales, sólo alcanza a cobrar sentido cuando la ciudadanía accede a la justiciabilidad plena y directa de los litigios que a ellos refieren. La conceptualización vale en relación a conductas conflictivas, en que hay dañantes y dañados. Esto debe operar con celeridad y eficacia, cuando todo el arsenal jurídico de la prevención para evitar los daños, ha resultado ineficaz y los perjuicios, con factores atributivos de responsabilidad, culposa, dolosa o por riesgo creado, ponen en marcha las cargas propias del obrar responsable.
Esto alcanza, por supuesto, a los derechos sociales que sirven a la dignificación del trabajo humano y cobra significación especial en las normas preventivas y reparativas de daños que ese mismo trabajo causa.
En consecuencia, resulta una relación sistemática, en la que no cabe artificiales antinomias: a) entre dos ramas del derecho social, el derecho laboral de daños y el derecho de la seguridad social destinado a asegurar la cobertura de los riesgos de todo tipo: b) entre el derecho de fondo y el procesal, y c) entre el derecho administrativo (público) y el común (laboral, de la seguridad social, civil y del seguro) .
La ciudadanía en esos conflictos, actúa representada por la abogacía, en juicios de pleno y directo procesamiento, operando en todas las instancias burocráticas en que necesite ser defendido un derecho fundamental. Y la acción ordinaria por reparación de daños es la más primaria de esa forma de defensa. En especial cuando está en juego la salud y la vida.
Todo menoscabo o retaceo del ejercicio de la defensa en cuanto a esas acciones, redunda finalmente, en un ataque solapado e indirecto, a quienes se ven privados de derechos fundamentales. Culmina en la negación de un derecho de la dignidad del hombre como tal y para disfrazar su cruel propósito, es arbitrario operar sobre las vías procesales y el actuar de los defensores, (abogados que asumen la representación del otro en su dignidad).
Los derechos humanos fundamentales han cobrado universalidad. Esto puede ser apreciado en todas las ramas del derecho y en especial cuando se tiene sensibilidad para sentir como propia la afrenta de los débiles, que por condiciones objetivas de su vida social, necesitan de una representación que en ocasiones no encuentran en las instituciones, ya que en múltiples ocasiones son las mismas instituciones, el instrumento de dominación para hacer efectiva la afrenta.
La F.A.C.A, ha tratado en reiteradas oportunidades de advertir sobre esta injusticia organizada institucionalmente, con la esperanza de ayudar a cambiar un orden injusto, al que la abogacía honesta no quiere servir. No se puede actuar como un auxiliar del obrar injusto, en forma resignada y por un honorario, sin dejar de lado principios éticos elementales.
La Federación, viene poniendo el acento en el orden constitucional que se desprende de la estructura básica que implica el Estado de Derecho Social Constitucional y en particular cuando la misma se vió enriquecida a partir de la reforma del año 1994, con la adhesión a los Tratados Internacionales a los que refiere el art. 75, inciso 22, de la C.N. y el rango supralegal que se les adjudica.
Sus posiciones doctrinarias, representativas de la experiencia y el obrar de la abogacía, que gremialmente por medio de sus instituciones representativas, ha tratado de haber aportes a una profunda crisis que atada a bases del Estado Social y Constitucional de derecho. Sus advertencias han sido desoídas y contradecidas o solo tenidas en cuenta parcial y tardíamente.
En la mayor parte de los casos, vanos han sido sus declaraciones, resoluciones y consejos dados a los tres poderes en sus roles de afirmación administrativa, judicial y legislativa, que buscan apoyo en una escuela de derecho en boga en otros países, que no cuentan con las sabias y previsoras regulaciones de nuestro pacto constitucional, desafiado y subvertido éste, en actos administrativos y regulatorios, legislativos y en jurisprudencia superficial, ajena a cumplir con la delicada función propia del control, como última ratio del sistema.
En el cúmulo de esas medidas que se vienen objetando desde esta entidad que se hace vocera natural de los abogados, está es una de las causas más importante del incremento alarmante de la pobreza, el desempleo, la inseguridad generalizada y la crisis cultural y educativa. Una crisis de la cual no escapa el servicio público de justicia.
LO IMPLÍCITO EN LA CENSURA A LA LITIGIOSIDAD.
Nuestros fracasos pueden medirse en la conflictividad litigiosa que esas causas resuelve o en la negación a dar solución racional a las mismas. Temer esos litigios, como se teme a la fiebre, es manifestación de una paradójica ignorancia imposible de admitir en el saber jurídico. sin advertir que ella es el síntoma de una causa que debe ser superada.
Las reformas legales formuladas a los regímenes de la seguridad social (privatizada y gestionada por sociedades anónimas), mediante artificiosos procedimientos, han creado valladares arbitrarios a esa directa justiciabilidad ,en cuanto acciones destinadas a ejecutar deudas de dinero contraídas (subsistema de jubilaciones, en las que esas sociedades comerciales dejaron de cumplir sus fines lucrativos) y procurar reparaciones en juicios de daños referidos a deudas de valor (subsistema de accidentes y enfermedades causadas por el trabajo, en el que ese tipo de sociedades siguen operando y tercerizan y licúan ganancias a partir de la medicina privada organizada como gran negocio, con menoscabo creciente de la medicina pública).
Al servicio de ese lamentable estado de la cosa pública, en el derecho positivo vigente, se ha construido artificiosamente, estas aberraciones procesales destinadas a alcanzar quitas referidas a derechos integrales e irrenunciables, en especial en el sistema de riesgos del trabajo, objeto de sucesivas reformas legales.
Creando vallados procesales al acceso irrestricto a la justicia, se ha pretendido fundar las sancionadas reformas llevadas a cabo en:
a) La existencia de una litigiosidad inadmisible, pese a que las sentencias que se dictan demuestran que la misma tiene su razón de ser en la conducta pertinaz de los deudores.
b) En supuestas prácticas corruptas de los abogados que promueven injustificadamente esos procesos, a los que una justicia viciada termina por hacer prosperar.
c) Abaratamiento de los costos laborales a mérito de un seguro privado, a gestionar por un grupo de sociedad anónimas, que sirven de blindaje protector a empleadores causantes de daños en enfermedades y accidentes sucedidos en ocasión o con motivo de la apropiación del trabajo.
Los mismos argumentos se siguen esgrimiendo en otros proyectos de reformas ya presentados que se debaten en el Congreso de la Nación.
Ideólogos afines a la escuela de interpretación económica del derecho, construyeron vías procesales que explotan el estado de necesidad de los actores, sujetos que merecen la consideración especial tuitiva que les es negada. Si cobran algo, deben renunciar a todo o sujetarse a debatir por lustros, ante jueces que no son los naturales.
El morboso temor a la litigiosidad (la fiebre), que termina vedando el acceso a la justicia del tratamiento racional de las causas, alcanzó a la propia Corte, en su doctrina adoptada en materia del derecho de huelga, la madre de todas las batallas que dieron origen a los derechos sociales humanos fundamentales, desposeyendo a la titularidad de los mismos por los trabajadores y poniendo en cabeza de la misma únicamente a los sindicatos con personería gremial reconocida.
En el Número XVII (marzo del 2018, ver www.ladefensa.com.ar) de la revista La Defensa del IDEL-FACA, se publicó un trabajo de Rolando E. Gialdino, titulado “Una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral: derecho de huelga, libertad de expresión y libertad de asociación” al que remitimos y el editorial, titulado: “La justiciabilidad plena de los derechos humanos, económicos y sociales”, de nuestra autoría. En ambos artículos, se criticó el despojo implícito a los trabajadores, en la actual doctrina vigente de la C..S.J.N. , a partir del fallo “Orellano”, referido a la titularidad del derecho de huelga y en relación al derecho de defensa, y la garantía constitucional del debido proceso judicial, partiendo de la premisa de que un derecho sin acción es una burla y una auto contradicción en la lógica sistémica del saber jurídico y que la huelga ha sido el instrumento para alcanzar los derechos sociales que dignifican al trabajo y la vida de los trabajadores.
El temor al tratamiento de todo lo que hace a la cuestión social que se agudiza día a día, lleva a adoptar medidas legislativas y sentar doctrinas jurisprudenciales, francamente regresivas de modestas conquistas sociales alcanzadas.
No es extraño a todo ello, la escuela llamada del análisis económico del derecho, heredada de jurisprudencia y legislación anglosajona y que encuentra émulos en la Europa continental y en nuestra tierra latinoamericana.
La Corte y el Congreso argentino le vienen rindiendo pleitesía a la ciencia económica y las leyes del mercado y encandilados por el llamado Teorema de Coase, inspirado en el economista Ronald Coase.
El teorema plantea que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica suficiente, se producirá necesariamente una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, aunque los tribunales fallen en contra de estos.
El teorema parte de dos supuestos
Los costes de la negociación, para las partes, son bajos.
Quienes tienen la propiedad de los recursos pueden identificar la causa de los daños a su propiedad, e impedir por medios legales.
Rindiendo culto a la versión de la propiedad en la economía libre hegemonizada por el capitalismo, esta escuela de derecho sostiene que los tribunales deben intentar minimizar los costos asociados a sus fallos, en cuanto arrastren a la reparación de daños a la propiedad establecida.
Hace del rol de la jurisprudencia una acatada reafirmación del poder económico establecido, especialmente sensible a doblegarse en el plano nacional, al poder financiero hegemónico que ejerce su poderío en el plano internacional.
Es una doctrina tomada de la llamada Revolución Conservadora, impulsada ideológicamente por Friederich Hayek. Milton Friedman y Richard Allen Posner, este último juez y jurisconsulto que de ella hizo gala en sus fallos y como académico.
En la Argentina ya tuvo presencia durante la administración del doctor Carlos S. Menem, afianzada por las doctrina de una Corte, a la que la llamada escuela de Chicago no le resultó ajena.
No deja de ser una versión tramposa y economicista, apropiada del materialismo marxista, mal declinado, enemiga declarada del Estado de Bienestar, adoptada a partir de una dialéctica decadente, de la que sus adeptos aprenden sólo en la medida de sus intereses y para que todo debe ajustarse a las orientaciones prevalecientes entre los servidores del poder económico. (Así lo hemos sostenido en el Editorial , de la Revista La Defensa, de octubre del 2017, No. XII, titulado “El análisis económico del derecho, los derechos humanos, sociales fundamentales y la reforma laboral”. Ver: www.ladefensa.com.ar, solapa INDICE, número XII).
El rol que reserva a los abogados las reformas sancionadas, las que se encuentran en trámite parlamentario, es conformar con su intervención la simulación de defensas que no son tales, (simulacros que sirven para poder alegar la cosa juzgada administrativa), mediante pagos de honorarios predeterminados, con burla de las leyes arancelarias y del federalismo en cuanto práctica indelegable. Esto resulta notorio en las complacientes leyes provinciales que reforman las leyes de procedimientos, a medida de aceptar la delegación de la jurisdicción del trabajo y sus funciones naturales, lo que repugna a los artículo 109 y 121 de la Constitución Nacional.
Este proceder en materia de derechos de esta naturaleza y en especial propios de la seguridad social, como bien lo han resaltado autores como Juan J. Formaro, Eduardo Curutchet, Rolando Gialdino, Juan Carlos Fernández Madrid, Juan I. Orsini, Juan Amestoy y Moisés Meik, ya mereció una condena al Estado de Perú, por agravio a los derechos humanos, en la causa “Acevedo Buendía y otros” (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data del 1 de julio del 2009.
En esa sentencia se destaca la arbitrariedad constitucional y convencional colectiva, que demuestra lo vano del artificioso impedir el acceso a la justicia. Se sostuvo “ En ese sentido, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 65; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 130, y Caso Acevedo Jaramillo y otros). La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado. (Cfr. Caso “Acevedo Jaramillo y otros”).
Pasemos en consecuencia a reseñar cronológicamente y como material que aporta al debate, las posiciones que consideramos significativas, nacidas en los institutos representativos del gremialismo abogadil, que integran y se vinculan con la F.A.C.A., adoptadas desde el año 1996, en que entró en vigencia el sistema de externalización de costos empresarios, consagrado en la Ley 24.557, a los efectos de que se las tenga en cuenta en aquello que refiere al acceso de la justicia de las víctimas de infortunios del trabajo y los abogados que las representan.
MARZO DE 1996, DICTAMEN DEL INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES:
“....considerado el tema de la imposición de una instancia conciliatoria previa, en sede administrativa, para el ejercicio de las acciones judiciales destinadas a la reparación de daños y perjuicios que tienen su origen en infortunios laborales y luego de considerar antecedentes normativos y doctrinarios expuestos por sus miembros, decidió emitir el siguiente dictamen:
“El art. 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y su decreto reglamentario 84/96, constituyen una clara violación de normativa constitucional nacional y provincial y de preceptos que consagran derechos humanos y sociales en las cartas internacionales a las que se les reconoce rango constitucional.
“La obligación de tramitar una reclamación previa en sede administrativa, a particulares víctimas de infortunios laborales, implica una discriminación de las víctimas de accidentes y enfermedades causadas o sucedidas en ocasión del trabajo, fundada únicamente en un motivo clasista y reaccionario, de protección de intereses de los empleadores dañantes. Con ella se produce un impedimento inadmisible al irrestricto acceso a la justicia, que afecta al derecho de defensa y contradice las normas de no discriminación por la condición social o económica.
“Además, las citadas normas avasallan los derechos de las provincias, de dictar las normas de procedimientos, que son derechos no delegados al poder nacional y reservados por los estados provinciales. Implican una violación manifiesta a la estructura republicana y federal de la Nación, a mérito de un centralismo cargado de economicismo vasallo de políticas económicas regresivas, que no respeta la estructura básica de nuestro estado de derecho.
“Por otra parte, la imposición de ese trámite en las causas que estén motivadas en infortunios laborales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, significa una violación al principio de irretroactividad, que se desprende del art. 3 del Cód. Civil, provocando la pérdida efectiva de acceso directo a la jurisdicción de las víctimas. Y ello a mérito de una ley menos benigna, lo que también implica violación del principio de aplicación de la norma más favorable, con lo que se contradice el principio de progresividad que consagra la Constitución provincial y que se desprende también del protectorio, consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
“Por todo ello corresponde a criterio de este Instituto.
En su art. 1° "La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante, de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa, republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.
En su art. 15: "La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia;"
En su art. 39: "El trabajo es un derecho y un deber social.
En su art. 57: "Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces..."
B) POR SU PARTE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, RESULTA CONTRADECIDA POR ESA NORMA EN ESTAS DISPOSICIONES:
Art.: 5 (CONSTITUCIONES PROVINCIALES; CONDICIONES; GARANTÍA FEDERAL). Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Art. 18 (SEGURIDAD Y GARANTÍAS INDIVIDUALES) .... Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos...
Art. 75. Corresponde al Congreso:..
C) En materia de Tratados Internacionales:
La DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, APROBADA EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, 1948: Prevé en su art. 18: Toda persona puede ocurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, prevé en su art 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
En su art. 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones...
En su art. 30: Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actividades tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
La CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA ).
En su art. 24 IGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley.
En su art. 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL).
En su art. 29 (NORMAS DE INTERPRETACIÓN). Ninguna disposición de la presente Convención, puede ser interpretada en el sentido de:
LAS "JORNADAS DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO" CONVOCADAS POR LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS. LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO DE 1996.
En las "Jornadas de Análisis y Debate sobre Accidentes y Enfermedades del Trabajo", organizadas por la Asociación de Abogados Laboralistas y llevadas a Cabo en Centro Cultural Gral. San Martín, Buenos Aires, los días 29 y 30 de marzo de 1996, con una concurrencia superior a los 600 abogados acreditados, se ratificó la posición de denuncia por inconstitucionalidad del régimen creado por la LRT.. También se sostuvo el rechazo del mismo y la suspensión de la entrada en vigencia del sistema.
Se destacó en la oportunidad la ponencia oficial del doctor Isidoro H. Goldenberg, de la cual transcribimos sus conclusiones:
I.- Como lo declara la Comisión No. 9, "El derecho frente a la discriminación", de las XVa. Jornadas Nacionales de Derecho Civil (26, 27, 28 de octubre de 1995): "Es discriminatorio el art. 39 de la ley 24.557 (L.R.T.) en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común". (Conclusión Nº 23).
II.- La Ley sobre Riesgos del Trabajo contradice abiertamente el enunciado de "promover el bienestar general" contenido en el Preámbulo de la Constitución Nacional y vulnera sus artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 y 121.
SEPTIEMBRE DE 1996. EL INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES DICTAMINÓ:
La Ley sobre Riesgos de Trabajo 24.557, ha sido dictada contrariando expresas normas de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con rango supralegal, por lo que se impone su impugnación y consiguiente desactivación por inconstitucional…...
I. EL ALTERUM NON LAEDERE Y EL ARTÍCULO 19 DE LA CONST.
Tampoco puede sostenerse, como algunos autores lo hacen, que la L.R.T. pertenece al campo de la seguridad social, en cuyo ámbito se centrará la reparación de los perjuicios sufridos por los trabajadores dañados, siendo ésta la causa de la exoneración de responsabilidad de los patrones dañantes. Partiendo del programa constitucional diseñado en la materia por el artículo 14 bis de la Carta Magna, y conjugando el mismo con los postulados del artículo 26 de la Ley que define a las Asociaciones de Riesgos de Trabajo como sujetos de derecho privado, debemos coincidir con la casi totalidad de la doctrina en que el sistema creado es de responsabilidad individual con seguro obligatorio. Por ello, sin la necesaria desactivación por parte de la jurisprudencia de los mecanismos que pretenden eximir a los dañantes de su obligación de reparar las consecuencias de su obrar dañoso, la L.R.T. sólo será para las víctimas un "seguro" que las des asegurará de la responsabilidad de los dañantes; para los empleadores la compra del derecho a dañar; y para las A.R.T. un pingüe negocio de intermediación parasitaria de fondos sociales gestionados por empresas guiadas por la regla de maximizar beneficios retaceando prestaciones debidas a los accidentados.
La trama de la L.R.T. que, mediante un burdo trato discriminatorio, intenta cercenar a los trabajadores accidentados su derecho a una justa reparación de los daños sufridos, se completa con una tercera y grosera inconstitucionalidad como es la de pretender vedarle el acceso a la justicia y el derecho a un debido proceso.
Si el artículo 46 de la L.R.T. por sí mismo ya viola los derechos constitucionales de los accidentados al querer vedarle un libre acceso a la justicia (nótese que sólo se refiere a "recursos" y "expresión de agravios" dando una idea de apelaciones y no de juicios plenos), mucho peor es el panorama cuando se descifra la compleja letra del Decreto 717/96 y su regulación del procedimiento ante las Comisiones Médicas.
Asimismo, resulta violado el derecho a un debido proceso al preverse la misma ante la Justicia Federal, sin que dicha competencia sea justificable ni por la materia ni por los sujetos.
Intentando condensar las contradicciones existentes entre el sistema de la L.R.T. y las normas de rango superior a ella, y tratando de superar la dificultad que presenta el análisis de un conjunto de disposiciones que más que una ley pareciera ser un "compendio de inconstitucionalidades", se señala
1º) Preámbulo: A partir de la creación de un sistema de externalización de costos empresarios, beneficiando únicamente a las ART y empresas auto aseguradas, dejando de "afianzar la justicia" y "promover el bienestar general".
14º) Artículo 75 inciso 23: En cuanto ordena dictar leyes al Congreso que operativice los derechos constitucionales y los consagrados en los tratados mencionados en el inciso 22, dictando medidas negativas para cumplir ese fin.
V. CONCLUSIÓN: Conforme a lo reseñado en los capítulos precedentes, entendemos que, más allá de considerar en cada caso en particular las violaciones constitucionales que en él se sucedan, resulta conveniente en cada acción judicial a iniciar, el destacar que el sistema instituido por la Ley 24.557 en su conjunto resulta inconstitucional, solicitando de los Tribunales intervinientes la pertinente declaración en ese sentido y recordándoles que, como ha dicho la Excma. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires:
Este dictamen fue hecho suyo por el Foro de Institutos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
CONCLUSIONES APROBADAS EN LAS X JORNADAS BONAERENSES CELEBRADAS EN LA CIUDAD DE JUNÍN EN EL AÑO 2003.
Para el año 2003, la situación fue nuevamente denunciada en los días 6, 7 y 8 de noviembre del 2003, en la ciudad de Junín, convocadas por su Colegio de Abogados, cuando se llevaron a cabo las “X Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal, Laboral, Constitucional y Administrativo”.
Era ese un evento que convocó a casi quinientos abogados la Comisión VIII, de la rama Derecho Laboral, aprobó las siguientes Conclusiones:
a) La Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 (LRT) es un subproducto de la matriz ideológica dominante durante la década del ’90, con su propuesta privatizadora del sistema de Seguridad Social argentino. Se advierte claramente que la LRT desplazó del centro del escenario al trabajador, colocando en su lugar al lucro y la rentabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
b) Superados los siete años de aplicación, el sistema creado por la LRT ha fracasado en alcanzar sus objetivos explícitos. La prevención de los riesgos laborales ha quedado como un mero recuerdo del slogan con el que se bombardeó a la sociedad para que aceptara la nueva legislación. Por el contrario, la expe-riencia demuestra que poco o nada se ha avanzado en ajustar los establecimientos a las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo.
c) La LRT incentiva el desinterés de los empleadores, en invertir en la prevención de los riesgos laborales. La falsa promesa de inmunidad ante actos u omisiones que causen daños a sus trabajadores, aún en casos de culpa o negligencia grave (art. 39 de la LRT), ha producido un relajamiento en el cumplimiento de la obligación patronal de brindar protección a la salud de los trabajadores. Paralelamente, las ART se inhiben de controlar y denunciar a sus propios clientes, en el marco de un mercado intensamente competitivo.
d) Una vez más se comprueba que operadores que intervienen con finalidad de lucro, son incompatibles con sistemas que deberían estar guiados por los principios de la Seguridad Social. También se ha constatado que el Estado no puede “privatizar” su poder de policía, en cuestiones tales como el control de la higiene y seguridad laboral.
e) Las ART, como empresas comerciales con fines de lucro, tienen intereses contradictorios con los de las víctimas. Las partes mantienen una relación de “suma cero”: lo que una gana, la otra lo pierde. Se trata de una vinculación naturalmente conflictiva. Pero la LRT ha establecido un procedimiento para dirimir los conflictos con una enorme desigualdad en la relación de fuerzas. El trabajador transita en soledad por absurdos vericuetos procesales, teniendo enfrente a la ART y todo su poderío económico. En este aspecto la LRT involuciona a la etapa anterior al nacimiento del derecho del trabajo.
f) La competencia que se les reconoce en la LRT a las Comisiones Médicas es inconstitucional. Otorgar el poder a los médicos de decir lo que es y lo que debe ser en justicia y en derecho, priva a las víctimas de su derecho a contar con un juzgador idóneo, violando el art. 18 de la Constitución Nacional. También el procedimiento ante esas Comisiones es inconstitucional, dado que consolida una situación de clara desigualdad entre las partes en conflicto.
g) La experiencia indica que las víctimas de los siniestros laborales carecen, en la inmensa mayoría de los casos, de asesora-miento médico y jurídico. Las Comisiones Médicas, lejos de tutelar los derechos de la parte más débil y desprotegida, han resultado funcionales a los intereses de las aseguradoras. Los profesionales que las integran, muchas veces llamados a dirimir cuestiones jurídicas, demuestran en general un natural y lógico desconocimiento del derecho aplicable y, en particular, de los principios generales del derecho del trabajo y del proce-dimiento laboral.
h) Las estadísticas de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) demuestran que el 94,69% de los trabajadores que solicitan la intervención de una ART, no recurren a las Comisiones Médicas para dirimir sus discrepancias con las de-cisiones de la aseguradora. Ello, lejos de demostrar la “satisfacción” de las víctimas con las prestaciones recibidas, acredita la ausencia de asesoramiento y la ignorancia que tienen de sus derechos, establecidos en un fárrago de leyes, decretos y resoluciones, a veces desconocidos hasta por los propios especialistas. La gran cantidad de “acuerdos” que se formalizan entre las víctimas y las ART, sobre incapacidades laborales, lejos de demostrar la “salud” del sistema, como alega la SRT, acredita el estado de indefensión en el que se encuentran los trabajadores, que sin asesoramiento médico ni legal, aceptan sumisamente la determinación de la aseguradora.
i) La mejor prueba de la forma como funciona el sistema creado por la LRT es que el mismo no alcanza a dar tratamiento a las enfermedades profesionales. De todos los siniestros aceptados por el sistema durante el año 2002, sólo el 0,31% fueron enfermedades profesionales procesadas (excluidas las hipoacusias, que se atienden con un Fondo especial). El sistema es absolutamente refractario a esas patologías, contribuyendo a ese resultado la actitud de las ART y las Comisiones Médicas.
j) Aun con las mejoras introducidas por el decreto 1278/2000, la reparación de los daños que sufre la víctima de un siniestro laboral, conforme a la LRT, es manifiestamente insuficiente y está muy lejos de poder ser considerada como justa o mínimamente satisfactoria. También en este caso las estadísticas de la SRT acreditan que las prestaciones dinerarias recibidas por las víctimas constituyen un menoscabo sustancial a las garantías constitucionales y al principio “alterum non laedere”.
k) La LRT ha fracasado en alcanzar sus objetivos explícitos, pero ha sido eficiente en lo que han sido sus objetivos ocultos: Crear un nuevo negocio para los grupos económicos y separar a los trabajadores de sus abogados y, por ende, de la justicia.
“Por todo lo expuesto en las conclusiones anteriores, la Comisión VIII de Derecho Laboral, de las presentes X Jornadas Bonaerenses, recomienda a los poderes públicos la derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo y su reemplazo por un sistema que reinstale al trabajador y a la protección de su salud en el centro del escenario”.
Ver: Ponencia del autor, presentada en el VIII Encuentro del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, realizadas los días 7 y 8 de abril de 2006, en el Colegio de Abogados de Morón. En revista Derecho del Trabajo, La Ley, mayo del 2006, año LXVI, No. V. 683.
RECOMENDACIONES DE LA SECCIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO DEL IDEL-FACA DEL AÑO 2006.
En el año 2006, cuando se estaba anunciando en los medios de difusión masiva, un supuesto proyecto oficial de reforma, de la Ley 24.557, hasta entonces reiteradamente por la doctrina declarada inconstitucional, y admitida la tacha por la mayor parte de la jurisprudencia, la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL-FACA) se expidió de esta forma, encomendando al legislador respetar estas pautas :
“Desde la óptica de las víctimas que el trabajo produce, en un país en el que las normas de seguridad e higiene son violadas sistemáticamente y el trabajador por estado de necesidad debe exponerse al riesgo creado, con abandono del Estado del ejercicio del poder de policía en la materia, en la medida en que subsista un sistema de seguros obligatorios gerenciados por empresas de lucro, la reforma deberá:
a) Respetar el derecho de las víctimas a una indemnización tarifada mínima, pero razonable, y contar con las prestaciones salariales y en especie necesarias para alcanzar la rehabilitación posible.
b) Adoptar las disposiciones que respondan a los principios de celeridad y automaticidad de otorgamiento de esas indemnizaciones y prestaciones.
c) Reconocer el derecho a poder reclamar del dañante la superación de la indemnización mínima que reconozca el sistema, a partir de la prueba posible de un daño mayor y en cuanto la indemnización tarifada no sea suficiente para cubrir con la reparación integral.
d) Calificar al infortunio laboral como aquél producido en ocasión o con motivo del trabajo, superando los criterios actuales, que limitan al accidente en su definición de tal dejando fuera de cobertura a los que no revisten el carácter de súbitos y violentos y a las enfermedades únicamente como a las consideradas como profesionales, dejando en principio sin cobertura a aquellas que no están listadas por la administración.
e) Respetar el ejercicio libre de las acciones que cumplan ésos fines, ante el juez natural, con acatamiento a las normas procedimentales locales y respeto al derecho a la jurisdicción laboral sin retaceos.
f) Rechazo a implementar legalmente opciones excluyentes de acciones, que impliquen limitar de cualquier forma el acceso irrestricto a la justicia para los trabajadores.
g) Sujeción de las Comisiones Médicas a las autoridades administrativas locales.
h) Acceso de las víctimas a los recursos administrativos que correspondan a esos derechos a la jurisdicción ante las autoridades locales y revisión judicial amplia, incondicionada e irrestricta. Sin condicionar el ejercicio de las acciones de daños judiciales, al agotamiento de los trámites ante las A.R.T. o las Comisiones Médicas.
i) Reemplazo de las incumbencias jurídicas delegadas a los profesionales de las ciencias médicas en las funciones asignadas actualmente, con agravio de la abogacía, provocando con ello arbitrariedades manifiestas por falta de natural capacidad especializada de los que sin preparación técnica y científica resuelven cuestiones de derecho.
j) Respeto del fuero del trabajo, como el idóneo para el tratamiento de los derechos sociales involucrados en estos conflictos.”
Ese dictamen fue suscripto por los miembros de la Sección Néstor Rodríguez Brunengo, Moisés Meik, Eduardo O. Alvarez, Juan Carlos Fernández Madrid, Angel Eduardo Gatti y Rodolfo Capón Filas y el autor de esa nota para entonces director de la Sección. Los términos de este Dictamen fueron hechos suyos primero por la Mesa Ejecutiva del IDEL y luego por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina del Colegios de Abogados.
Esa era la forma en que se expresaba la abogacía organizada, para entonces, llevando a cabo una lectura crítica del sistema vigente y emparchado, que a todos luces resultaba necesario reformar por las tachas de inconstitucionalidad que había merecido. Pese a la reforma de octubre del 2012, practicada mediante la Ley 26.773, el Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017, la Ley 27.348 y numerosas leyes provinciales reglamentarias que acataron las mandas de esa ley.
Los requerimientos de entonces, siguen teniendo plena razón de ser, en cuanto a la mayor parte de los temas abordados.
Si alguien pensó que esa vía crucis de ocho años, que había llevado a los fallos de Corte dictados en septiembre del 2004, estaba cerca de ser superada a partir de una ley que con humildad recogiera las doctrinas jurisprudenciales, tiene motivo para una serie de nuevas frustraciones, inspiradas desde administraciones de distinto signo político.
A más de dos décadas, de la entrada en vigencia de la Ley 24.557, lo cierto es que las reformas legislativas, vienen a someter las víctimas de infortunios a un inconstitucional trato discriminatorio.
Durante el debate parlamentario de la ley 26.773, fue requerida la institución representativa de los abogados, para que informe sobre el proyecto y las posiciones adoptadas sobre el tema IDEL-FACA, se hicieron saber a los legisladores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la Nación,. En ambas Cámaras informó el autor de este trabajo designado al efecto y lo hizo reiterando esos términos, pero la ley fue sancionada el 24 de octubre del 2012, sin que los legisladores de la mayoría, se mostraran permeable a las argumentaciones vertidas.
Ya consumado el acto, el Instituto de marras, volvió a ser categórico ahora en torno a la reforma producida y el 2 de noviembre del 2012, la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , señalando en forma crítica y coherente con las posiciones antes adoptadas, tanto para sostener la necesidad de la norma para ponerla en línea con la constitución que subvierte, como en los contenidos que tiene que adoptar la programación operativa de los derechos fundamentales que alcanza. (Suscribieron el dictamen de esa Sección del IDEL-FACA, como miembros de la misma, Moisés Meik, Angel Eduardo Gatti, Carlos Vázquez Ocampo, Eduardo Curutchet, Juan Orsini, David Duarte, Juan Formaro, Guillermo Gianibeli, Guilermo Pajoni y Ricardo J. Cornaglia).
Ese dictamen, destaca que la Ley 26.773, mantiene el cuestionado régimen de reparación de los infortunios de trabajo, sin alterar su esencia. Tiene en definitiva el propósito de legitimar, como un subsistema de la seguridad social que tiene vicios constitutivos, violatorios de derechos constitucionales burlados.
Que la norma, básica, la L.R.T. 24.557 y su reforma al mantener claras contradicción con los principios constitucionales de indemnidad del trabajador, progresividad, protectorio, razonabilidad de la ley, no discriminación, igualdad ante la ley, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso judicial, (consagrados en los arts. 14 bis, 19, 16, 18 y 28 de la Constitución), no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad que la Corte, explicitó a partir de la zaga de fallos "Castillo", "Aquino", "Milone" e "Itzcovich", “Arostegui” y “Lucca de Hoz”, (entre muchas otros).
Desnuda el dictamen que los aumentos tarifarios de la reparación de daño, no purgan al sistema de sus vicios. Atenúan uno de sus aspectos, pero pretende mantener los otros, compensando la inconstitucionalidad con una magra comisión para practicarla, con lo que la víctima pasa a quedar en peor situación que antes, cuando su reclamo se apoyaba en el antecedente jurisprudencial que trabajosamente había tratado de respetar a la teoría general de la responsabilidad, cuando se la aplica a los trabajadores, como sujetos de especial consideración tuitiva constitucional.
Pone de relieve ese trabajo, que ahora pasa a tener significativa importancia ante la posibilidad de articular nuevas demandas de inconstitucionalidad, tachando a la ley 26.773, (nota del autor: esto es válido actualmente también en relaciòn al D.N.U.. 54/2017, la ley 27.348 y las legislaciones provinciales que adhieren a ellas) y puede ser usado básicamente para denunciar los vicios constitucionales que hacen a los siguientes tópicos:
2.- VEDAR EL ACCESO A LA JUSTICIA ANTE EL JUEZ NATURAL.
Tercamente, el legislador en la Ley 26.773 redobló la apuesta a favor de la censura al acceso a la justicia ante el juez natural y la anulación de la competencia del fuero de trabajo, en las acciones comunes que desde la creación de ese fuero, en la década de 1940, las leyes procesales reconocieron como de básica incumbencia.
Insistió el legislador, dando satisfacción a un reclamo del empresariado, que siempre pretendió que cuando el juicio de infortunios cobra todos los poderes que le asigna el derecho de daños, sea derivado a un juez, que trate a las víctimas trabajadores dependiente, en un plano de estricta igualdad y en función de los principios generales del derecho civil, en los juicios que tramiten contra sus patrones como dañantes demandados.
La reforma lleva al derecho positivo, la censura al acceso irrestricto a la justicia especializada, única capacitada para juzgar sobre el contrato trabajo en cuanto a los daños que tienen razón de hacer en sus prestaciones, en cuanto esos daños pueden responder a conductas culposas o dolosas, reguladas por la compleja legislación de seguridad e higiene, Ley 19.587 y sus reglamentaciones que se desgranan en decretos y resoluciones de la autoridad de aplicación, como así también en previsiones múltiples de más de dos mil convenios colectivos de trabajo.
La censura ya había sido planteada con timidez en el art. 16 de la Ley 24.028, pero se profundizó en la ley 24.557, mereciendo por ello críticas y sentencias de inconstitucionalidad en lo que hace al irrestricto acceso a la justicia por los trabajadores o sus causahabientes, en cuanto a las demandas por ante el juez natural, destinadas a acceder a justas e integrales reparaciones de daños padecidos.
De atenernos a su texto, el trabajador víctima de un infortunio laboral, no podrá seguir reclamando en forma irrestricta ante un juez laboral, la reparación de los daños y las prestaciones en especie (tratamientos médicos y rehabilitatorios), cuando éstos le sean negados por un empleador dañante, su aseguradora de riesgos del trabajo, o la autoridad de aplicación (Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Comisiones Médicas).
Se ha señalado categóricamente por el IDEL que resulta peyorativo el trato dado a la justicia del trabajo, y que la normativa sancionada se constituye en una afrenta gratuita para los abogados (por los términos en que fue fundado el proyecto de la norma) y un valladar, para acceder a jueces especializados en la rama jurídica que operativiza los derechos humanos y sociales, involucrados en la protección de salud y vida de los trabajadores asalariados, en cuanto resulten víctimas de daños, que sucedan en función de las actividades lucrativas de sus empleadores.
Sólo una justicia especializada, capaz de racionalizar los conflictos sociales propios de un Estado de Derecho moderno, ofrece garantías de objetividad e idoneidad, que no brindan los jueces que no están preparados para ello. Menos aún cumplen esa función, los órganos administrativos con que se les pretende reemplazar, con una medida violatoria del principio de progresividad, colocando a los trabajadores al margen de una conquista social que se venía manteniendo desde la década de 1940. (Conquista del derecho social, que sólo se intentó retacear en el art. 16 de la derogada Ley 24.028, criticado y resistido por los estados provinciales por sobradas razones de justicia social).
El documento que comentamos señala, que “la derivación de las acciones de daños laborales, propias del derecho común a la justicia Civil constituye un agravio gratuito y torpe al derecho de acudir ante el juez natural.”
Y que “Imponer al juez, interpretar las acciones comunes a partir de los principios generales del derecho civil, es no haber comprendido a la cuestión social y haber admitido al conflicto entre el trabajador-víctima y el empleador-dañante, como un concepto inherente a la relación de trabajo, al que la norma de Estado Social de Derecho debe racionalizar.
“En la economía moderna, la apropiación del trabajo dependiente, se cumple a partir de una relación matrizada por esa conflictividad que le es inherente, la que no se resuelve por vía de ignorarla o censurarla, en los Estados que se afirman en el constitucionalismo social.”
Por otra parte y a partir de la defensa del federalismo, valor que la F.A.C.A., entiende a partir de la representación que ejerce a rajatablas de ese tipo de organización integrando a más de ochenta colegios públicos de abogados, el documento destacó que en la mayoría de las Provincias Argentinas, las leyes de procedimientos locales y algunas de sus más avanzadas Constituciones, esa competencia está adjudicada a la justicia de trabajo, con claro fin de dar mejor protección a las víctimas y comprender, como no se lo hizo en la ley sancionada, que hay acciones comunes de reparación de daños integrales, que se fundan en normativa laboral. Esto, independientemente de otras normas del derecho civil, comercial, aeronáutico y de la navegación, que también pueden atribuir responsabilidad por daño a los trabajadores, en el marco de conductas encuadradas en ocasión y con motivo de las prestaciones del contrato de trabajo.
Y finalmente, proyectándose al plano del derecho internacional al que la Argentina debe someterse, se señala que el art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, exige a los Estados americanos implementar una “jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos”. El derecho constitucional de acceso a la justicia por parte de los trabajadores se garantiza mediante el acceso directo a un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido y el derecho a ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos).
3.- LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El trabajo hace a la dignidad del hombre y la Constitución argentina así lo reconoce.
Se ha señalado apropiadamente en el Dictamen del IDEL;, que Ley 26.773, contraría al art. 14 bis, por cuanto el legislador debe proteger mediante la ley al trabajo, “asegurando al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;...”. Y que no es trabajo digno, aquél que no cuente con el derecho a reclamar ante el poder judicial, sin impedimentos legales, prestaciones de salud y resarcimiento integral de los daños que en la salud o vida, pueda sufrir el ser humano. Esto abundando en jurisprudencia de la Corte que supo resaltarlo.. (Conf.: CSJN, Fallos: 323: 1339; 326: 4931).
4.- LA RENUNCIA DE LOS IRRENUNCIABLES DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, IMPLÍCITA EN LA OPCIÓN EXCLUYENTE.
Con agravio del derecho de defensa, el debido proceso judicial, la teoría general de la responsabilidad y la pluridimensión de los regímenes que la integran, por vía pretoriana y sin que el derecho positivo consagrado en la ley 9.688, lo autorizara, en determinados períodos históricos, se construyó la idea de que ciertas indemnizaciones percibidas en estado de necesidad, pese a ser insuficientes, implican una renuncia al derecho de la reparación integral del daño. Es más, que sólo intentar el ejercicio de una acción, veda a la posibilidad de reclamar en subsidio a las otras. (El autor abordó los temas de la opción y la pluridimensión de acciones, entre otros en estos trabajos: Acciones laborales por daños y perjuicios, conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el día 7 de abril de 1979, publicada en Temas de Derecho Procesal Laboral, cuadernos de doctrina n° 2 del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Pluridimensión de responsabilidades en materia laboral, en revista Derecho Laboral, Buenos Aires, año 1982, tomo XXIV, pág. 150. La opción de acciones de reparación del infortunio obrero y el ejercicio subsidiario de las mismas, en revista Doctrina Laboral, Errepar, Buenos Aires, mayo de 1992, Año VII, n° 81, tomo VI, pág. 532. También publicado en una versión ampliada y reformada, en la Revista del Colegio de Abogados de La Plata, marzo – diciembre de 1993, año XXXIII, n° 53, pág 95. Un debate actual: Pluridimensión de responsabilidades versus acción excluyente, en el diario La Ley, miércoles 5 de julio de 2006, año LXX, n° 128, p. 1. El capítulo VIII, titulado La opción de acciones de reparación del infortunio obrero, de su libro Derecho de Daños Laborales. Acciones comunes por infortunios, Editorial Némesis, Buenos Aires, 1992, pág. 175 y ss).
El instituto de la opción excluyente, implica una burda extorsión a partir del estado de necesidad de la víctima. Una coacción, de ese tipo, vicia el consentimiento presuntamente otorgado y constituye una ficción para transformar en renunciable, lo que por su naturaleza es irrenunciable.
Llega la norma sancionada, al derogar el art. 39, apartados 1, 2 y 3 de la Ley 24.557, a vedar la acción judicial de reparación de daños en caso de dolo del empleador por ante el juez del trabajo, dotando a los dañantes de una inmunidad que resulta groseramente inconstitucional.
Son innumerables las resoluciones de Congresos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que expresamente rechazaron a la llamada opción excluyente, por constituir una grosera violación de los arts. 18 (derecho de defensa de la víctima y garantía del debido proceso judicial) y 19 (consagratorio del deber de no dañar y el correlativo de acceder a la reparación), ambos de la Constitución Nacional. En el caso, es de aplicación el art. 28 de la Constitución Nacional, por la manifiesta irrazonabilidad de la ley operativa, lo que impone ejercer el control necesario en resguardo de derechos fundamentales.
5.- EL OBLIGADO PROCESAMIENTO DEL INFORTUNIO.
La reforma, ha ratificado los vicios del procedimiento administrativo obligatorio previo en materia de infortunios laborales, en los términos de la regulación reformada.
Que esa regulación en la práctica ha quedado demostrada que fue instrumentada en función de los intereses de la aseguradoras de riesgos del trabajo, y que ahora se encuentra robustecida por la arbitraria disposición que solo permite acceder a las acciones comunes judiciales de reparación integral, después de agotar la víctima un engorroso y lento trámite, que se tiene la certeza que en buena parte de los infortunios posibles, no tendrá otro sentido que condicionar el acceso al Juez natural.
El trámite administrativo impuesto como una carga a las víctimas, de ineludible tránsito, cuado de anticipado se conoce la inutilidad de intentarlo, no puede condicionar el derecho a acudir a la vía judicial, cuando resulta notorio, que la jurisprudencia laboral registra miles de sentencias que contradicen lo resuelto en ese expedienteo y terminan por admitir que las víctimas tuvieron que tramitar arduos y largos juicios contra los empleadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, siendo éstas condenadas.
Con esos juicios queda evidenciado que los criterios arbitrarios de la autoridad administrativa que respaldaba a los dañantes y/o sus aseguradoras en su instancia, empujó a las víctimas en el ejercicio de la defensa de sus derechos, al proceso judicial. Entre esos juicios los más notorios son los que corresponden a enfermedades no listadas.
6.- LA ENFERMEDAD QUE ENCUENTRA CAUSA EN EL TRABAJO.
El sistema de prestaciones de salud y reparación de daños de la ley 24.557, si en algo se ha mostrado ineficaz y de funcionamiento administrativo arbitrario, ha sido en la cobertura de las enfermedades que tienen causa, concausa o agravación en el trabajo prestado.
En los últimos años sólo ha otorgado prestaciones por las mismas, menores al dos por ciento del total de las que cumplimentaba, según informa la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La enfermedad, (profesional o la enfermedad-accidente), han sido sistemáticamente extrañadas en la práctica del sistema. De ello resultaron beneficiarios, los empleadores en su calidad de dañantes y sus aseguradoras. Por dieciséis años, viene el sistema funcionando a partir del subsidio que implica la asunción del daño que causan esas enfermedades por los enfermos y si ellos cuentan cómo acceder, por el hospital público y las obras sociales.
Esto ha sucedido con activa e interesada participación de los empleadores y sus aseguradoras de riesgos del trabajo, que logran mayores ganancias cuanto menos enfermedades reconozcan, debiendo otorgar prestaciones en especie y dinerarias, que omitidas se traducen en ganancias..
La ley 24.557 a partir del tratamiento operativo dado a la enfermedad, limita el juzgamiento de la causalidad laboral, mediante el listado cerrado que impusiera la Ley 24.557, lo que ya ha sido sistemáticamente impugnado por la doctrina y la jurisprudencia..
El art. 9 de la ley 26.773 pone en contradicción en contradicción a dicha norma con la jurisprudencia de la CSJN (“Silva”, sent. del 18/12/2007, Fallos, 330:5435) y de la SCBA (“Buttice”, sent. del 17/12/2008), fallos que habilitan la reclamación y es de suponer que las mismas razones que antes de la reforma determinaban la tacha de inconstitucionalidad, ahora siguen siendo planteable ahora...
7.- LA INCONSTITUCIONALIDAD ATINENTE A LA NATURALEZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE IMPLEMENTA LA LEY.
Desde el punto de visto institucional y en especial, de la arquitectura constitucional del Estado Social del Derecho y su orientación, el IDEL-FACA ha destacado anteriormente, que la reforma que se debe llevar a cabo, debe respetar el programa constitucional desarrollado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y reconocer que los organismos de la Seguridad Social deben ser entidades nacionales o provinciales cogestionadas por sus beneficiarios y ajenas a la lógica propia de los fines de lucro.
Ello determina necesariamente que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, deben dejar de constituirse en una privatización encubierta del subsistema de seguridad social que refiere a la salud y vida alcanzados por los riesgos del trabajo. Se impone el sinceramiento de la seguridad social en la materia, madurando como servicio público y, funcionando en relación directa con el sector público de la medicina y con las obras sociales.
Ese precepto constitucional sostiene que los beneficios de la seguridad social tendrán el carácter de integral e irrenunciable. Sostener como se lo hace en la Ley 26.773, que el ejercicio de acciones judiciales o la percepción de indemnizaciones magras, implica una renuncia de esos derechos, es una burla del derecho de fondo reglamentado, que merece el control de inconstitucionalidad al que desafía. Luis María Jaureguiberry, convencional constituyente de la reforma del años 1957 que implementó el art. 14 bis, desde la autoridad de haber sido uno de los informantes de la reforma, explicó en cuanto al otorgamiento de los beneficios de la seguridad social: “Es deber del Estado otorgar sus beneficios lo que importa que sea obligatorio para éste, lo que no debe confundirse con el carácter de “irrenunciable” que tiene el precepto, y que está referido a sus beneficiarios. Son dos puntos de vista distintos. Para el Estado: Deber u obligación. Para el beneficiario: Derecho de orden público y por lo tanto irrenunciable”. (Ver: Luis María Jaureguiberry, “El artículo nuevo (constitucionalismo social)”, Librería editorial Castellvi S.A., Santa Fe, 1957, p. 123).
DECLARACIÓN DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 DEL IDEL-FACA.-
El 3 de agosto del 2016, la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del IDEL.FACA, se expidió en estos términos:
“La justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de tareas. Cuando ella se torna ineficiente y no cumple su misión, a los trabajadores sólo les espera la marginalidad social y la miseria. En un país en el que la corrupción empresaria ha llegado al punto del escándalo, el trato que reciben los trabajadores y la burla sistemática y fraudulenta del orden público social es natural al abuso y la explotación. Siendo las víctimas de ese corrupción, sujetos de especial consideración tuitiva constitucional, necesitan de abogados para su defensa.
Este particular socialismo a contrapelo del que moderadamente se esboza en la Constitución, se torna en una burla de la misma, cuando los seguros sociales obligatorios, pasan a servir para liberar de los daños que produce por el despido arbitrario o el infortunio de trabajo que se debía evitar y se provocó por incuria y violación sistemática de las normas de seguridad e higiene o el deber de indemnidad de los trabajadores. En innumerables ocasiones, los tribunales del país, han tenido que ejercer el control de constitucionalidad difuso sobre normas inspiradas en esa política social que viola derechos humanos y sociales.
Buenos Aires, 3 de agosto del 2016. Ricardo J. Cornaglia (Presidente del IDEL-FACA), Miembros de la Sección del Derecho del Trabajo: Juan Carlos Fernández Madrid, Néstor Rodríguez Brunengo, Moisés Meik, Guillermo Gianibelli, Juan I. Orsini, Juan Formaro, Carlos Vásquez Ocampo.
LA SANCIÓN DEL D.N.U. 54/2017 Y DE LA LEY 27.348.
El Poder Ejecutivo con su decreto de necesidad y urgencia 54/2017 y el legislativo nacional con la ley 27.348, adoptaron contra la doctrina propia de la entidad madre de la abogacía los criterios contrarios a esa defensa del orden constitucional subvertido en el presente derecho positivo que se sanciona. Esto dio motivo a esta otra declaración y toma de posiciòn del IDEL, al que la FACA diò tratamiento.
Elevado a la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados el Dictamen de la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Instituto de Estudios Legislativos, en relación a la Reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo, el mismo fue tratado en la reunión del día 9 de marzo del 2017, en la Ciudad de Jujuy.
Luego de un intercambio de ideas y dada la importancia del tema, la Mesa Directiva hizo suyo el Dictamen que elevara la Sección de Derecho del Trabajo del IDEL, y resolvió elevarlo para su consideración a la Junta de Gobierno, quien lo trató el viernes 10 de marzo.
Luego de debatido el Dictamen en el seno de la Junta de Gobierno de F.A.C.A., con la presencia de Presidentes y Delegados de 32 Colegio de Abogados del país, el Dictamen fue aprobado por unanimidad.
DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO TITULADO: “LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DE TRABAJO” PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. COLPROBA. 7 DE DICIEMBRE DEL 2016.
1- De todo lo analizado, en nuestra opinión, es posible concluir que el aspecto central de la reforma propuesta cuál es de reafirmar el rol de las Comisiones Médicas y establecer un procedimiento obligatorio y excluyente ante ellas como paso previo e imprescindible a iniciar una demanda judicial, no puede ser compartido, dado que el articulado al respecto resulta notoriamente inconstitucional conforme lo hemos desarrollado extensamente en el Cap. II de este dictamen. - 2- Debería debatirse en profundidad una reforma integral del régimen de reparaciones de infortunios de trabajo, pero siempre pensando en que el mismo debe garantizar prioritariamente la integridad psicofísica del trabajador y sin preconceptos estériles como lo es el de adjudicar equivocadamente las falencias del sistema a la excesiva litigiosidad, cuando en realidad el eje hay que ponerlo en la prevención y en ese sentido debemos considerar que “existe una industria del incumplimiento” que es lo que en definitiva sigue produciendo una gran cantidad de accidentes y enfermedad profesionales que deben repararse y es lo que lleva a iniciar los juicios que tan injustamente se denostan.- 3- En esa idea (la indicada en el punto 2 de estas Conclusiones) existen aspectos del proyecto que si podrían considerarse: i) el patrocinio letrado obligatorio ante la instancia administrativa (sin perjuicio de reiterar que no debería ser esta que se propone y mucho menos obligatoria); ii) la forma de determinar el Ingreso Básico del trabajador y la aplicación de la tasa de interés prevista en el art. 11 del proyecto; iii) la consagración del Autoseguro Público Provincial destinado a que las provincias o municipios y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, entre otras.- 18 4- Finalmente, mantenemos nuestra postura contraria a la prohibición de los pactos de cuota litis en los procesos judiciales que en el diseño del proyecto se iniciarían al disconformarse el trabajador con la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional o en su caso ante la decisión de la Comisión Médica Central. COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LA PLATA, 7 DE DICIEMBRE DE 2016.
Artículo 19: que consagra el principio de "no dañar a otro", regla básica de convivencia en toda sociedad civilizada, consagrado por el Derecho Romano en el Digesto (Ley 10 del Libro I), ha sido reconocido por la C.S.J.N en estos términos: "...la sentencia apelada lesiona el principio del 'alterum non laedere' que tiene raíz constitucional (art. 19 de Ley Fundamental)..." ("Santa Coloma, Luis I. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos", C.S.J.N, del 5-VIII-86); y aún más explícitamente, sosteniendo: "...los artículos 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagran el principio general establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los "hombres" perjudicar los derechos de un tercero. El principio "alterum non laedere", entrañablemente vinculado a la idea de la reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" ("Fernando, Raúl Gunther c/ Nación Argentina", C.S.J.N., 5/VIII/86, Fallos Tº 308, p. 1118). En este fallo, la Corte, reconoció los derechos de reparación integral de daños sufridos sin perjuicio de prestaciones propias de la seguridad social, en un accidente sufrido por un conscripto. Tal doctrina ha sido mantenida por el más alto tribunal nacional, en "Valenzuela, Rubén c/ la Nación (Estado Mayor del Ejército) s/ Daños y perjuicios", C.S.J.N., 25/8/92). y En: "...El principio de "alterum non laedere", entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica...Corresponde dejar sin efecto la sentencia que redujo el monto de la indemnización por daño moral derivado de la pérdida de un hijo, si revela una decisiva falta de fundamentación que afecta en forma directa e inmediata el principio del alterum non laedere que tiene raíz constitucional (art. 19 de la Ley Fundamental)". (C.S.J.N., G. 433. XXIII, 1/4/92 en autos "Gómez, Máximo y otros c. Clerici, Aníbal Angel y otros", "García, Ricardo Mario y otra c/ Buenos Aires Pcia. de s/ Indemnización de daños y perjuicios", C.S.J.N. 01/09/92,G. 93. XXII). Especialmente fue resaltada en septiembre del 2004, en los fallos “Castillo c. Cerámicas Alberdi S.A.”, del 7 de septiembre de 2004 y “Aquino, Isacio c. Cargo Industrial S.A.” del 2 de septiembre de 2004,"Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino si daños y perjuicios", sentencia del 27 del de noviembre de 2012, que además invoca el control de convencionalidad propio de los Tratados de Derechos Humanos y sociales y en la zaga de posteriores resoluciones que en ellos se inspiran, hasta el presente.
Artículos 109 y 121: Se avasalla el federalismo y se legisla sobre poderes no delegados por la provincia a la Nación y se otorga competencia sobre casos de derecho común a la competencia del fuero nacional en provincias, con desmedro de los fueros locales. El artículo 109 de la Constitución Nacional de la República Argentina, dispone: "En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas", lo que debe ser considerado como un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos (conf.: Corte IDH, Caso "Reverón Trujillo vs. Venezuela, s. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197), oportunidad en que esa Corte precisó que "uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación". La normativa legal, delega las funciones jurisdiccionales y el poder administrador.
Suscribieron el dictamen, los miembros de la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: Juan Carlos Fernández Madrid, Carlos Vásquez Ocampo, Guillermo Pajoni, Eduardo Curutchet, Juan J. Formaro, Juan I. Orsini, Néstor Rodríguez Brunengo, Moisés Meik, Matías Cremonte, Gastón Valente, Juan Carlos Szeles, David Duarte, Paula Lozano, Facundo Gutiérrez Galeno y Ricardo J. Cornaglia (presidente del IDEL-FACA).
(*) Ponencia para la XIX. Conferencia Nacional de Abogados, convocada por la F.A.C.A., celebrarse los días 24, 25 y 26 de abril del 2019 en el Colegio de Abogados de La Plata.
Bibliografía del autor atinente al tema: En Revista Derecho del Trabajo, La Ley, Buenos Aires, junio del 2003, año LXIII, n° 6, pág. 893. Ponencia presentada en el VIII Encuentro del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, realizadas los días 7 y 8 de abril de 2006, en el Colegio de Abogados de Morón. “La reforma de la ley de Riesgos del Trabajo y el mandato constitucional que debe guiarla”, publicada en revista Derecho del Trabajo, La Ley, mayo del 2006, año LXVI, n° V, p. 683. “El derecho de daños laborales y la reforma de la ley de riesgos del trabajo en relación con su control de constitucionalidad y la posición adoptada por el IDEL-FACA”, publicado en Doctrina Laboral Errepar No. 328, diciembre del 2012.El acceso a la justicia y el avasallamiento de la competencia ordinaria laboral en las causas por infortunios del trabajo, publicado en La Ley del 16 de marzo del 2015, “El juez natural en la reparación de daños laborales”; “El control de constitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24.557”, publicado por la Revista Derecho del Trabajo, La Ley, Buenos Aires, febrero de 1997, año LVII, n° 2, pág. 237, revista Doctrina Laboral, Errepar, Buenos Aires, julio de 1998, año XIV, n° 155, tomo XII, pág. 681. “El control de constitucionalidad de la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo en la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires”, también publicado en el Tomo de Ponencias del 1° Encuentro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: “Crisis y Perspectivas del Derecho del Trabajo”, celebrado en la ciudad de Necochea, Pcia. de Buenos Aires, los días 20 y 21 de noviembre de 1998, pág. 19. Su libro: El control de constitucionalidad de la Ley sobr Riesgos del Trabajo. Ley 24.557”, prologado por Isidoro H. Goldenberg, editado por JFM Joaquín Fernández Madrid, 352 págs., 1997. Puede consultarse en su blog “www.rjcornaglia.com.ar”, (solapa artículos). Alcanza a más de 250 trabajos publicados, con citas de sus fuentes editoras y en la mayoría de los casos transcripción de los textos. Superan el número de cincuenta los trabajos referidos a los daños laborales, íntimamente relacionados con el tema del acceso a la justicia en esta materia, la pluridimensiòn de acciones, y la competencia de los jueces naturales competentes. Es autor de los libros que abordan en capítulos especiales el tema de la competencia laboral en el derecho de daños y el acceso a las acciones con que cuentan las víctimas: “Comentarios a la reforma de la ley de accidentes de trabajo 96.88. Ley 23.643”, con prólogo de Rodolfo Capón Filas, ediciones organización Mora, Buenos Aires, 1989, obra en la que se aborda la ley 23.643 en relación a la ley vetada 23.046, ambas de su autoría como legislador; “Derecho de Daños Laborales. Acciones comunes por infortunios. Riesgo laboral. Responsabilidad objetiva. Ley 24.028 y su reglamentación”, prologada por Juan Carlos Fernández Madrid, editorial Némesis, Buenos Aires, 1992 y “El control de constitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo. Ley 24557”, prologada por Isidoro Goldenberg, editorial JFM, Buenos Aires, 1997 y “Reforma laboral. Análisis crìtico. Aportes para una teorìa general del derecho del trabajo en la crisis”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001.
El ponente fue designado Director Académico de esta Conferencia. Se desempeña como abogado laboralista desde 1963, en forma activa. Es abogado (egresado de la Facultad de Derecho de U.N.B.A.), doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P.), director del Instituto de Derecho Social del Trabajo de Previsión y director de la Carrera de Postgrado de Especialización en Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, fue titular por concurso de la Cátedra I de la materia de su especialidad, en esa Facultad por más de 30 años. Como diputado nacional (1983-1987), fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presidente de la Comisión Redactora del Código de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y miembro de las Comisiones de Justicia y Legislación del Trabajo, de la Cámara de Diputados de la Nación. Es presidente del Instituto de Estudios Legislativos (Idel) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

References: artículo 109
 artículo 25
 ARTÍCULO 19
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 46
 Artículo 75

Artículo 19
 artículo 19
 artículo 109