Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2009/as200921167.htm
Timestamp: 2020-04-09 07:19:26+00:00

Document:
200906-Sala Civil Primera-1-167
AUTO SUPREMO Nº 167 Sucre, 27 de junio de 2009
DISTRITO: Beni PROCESO: Ordinario-Cumplimiento
PARTES: Empresa Constructora "Moxos" c/ Honorable Alcaldía Municipal de
Santa Ana del Yacuma.
VISTOS:El recurso de casación de fs. 566 a 567 y vlta., interpuesto por Gustavo Humberto Antelo Chávez, Alcalde Municipal del Municipio de Santa Ana del Yacuma, contra el Auto de Vista Nº 050/07 de fecha 30 de marzo de 2007 cursante a fs. 560 - 563, pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, en el proceso ordinario de cumplimiento de obligación y pago de daños y perjuicios, seguido por José Hernán Dorado Natusch por la Empresa Constructora "Moxos" contra la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma, respuesta de fs. 570 a 574, dictamen fiscal de fs. 578, los antecedentes del proceso, y
CONSIDERANDO I: Que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Beni, emitió la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2003 de fs. 484 - 487, declarando probada en todas sus partes la demanda de fs. 65 -67, con costas debiendo la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Santa Ana del Yacuma, hacer los pagos demandados a tercero día de ejecutoriada la sentencia.
Resolución de primera instancia que apelada que fue por Martha Yashira Zambrana Hurtado en representación de la Alcaldía de Santa Ana del Yacuma, la Sala Civil de la Corte Superior mediante Auto de Vista Nº 050/07 de 30 de marzo de 2007 cursante a fs. 560- 563, CONFIRMA la sentencia apelada de fs. 484 -487, con la modificación de que los daños y perjuicios deben ser averiguados en ejecución de sentencia teniendo en cuenta el contrato de ejecución de obras, el pliego de condiciones y la verificación de los trabajos realizados, no procediendo la condena en costas al tenor de lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 1178.
Contra la referida resolución de segundo grado, Gustavo Humberto Antelo Chávez, Alcalde Municipal del Municipio de Santa Ana del Yacuma, interpone recurso de casación en el fondo, solicitando que este alto Tribunal case el auto de vista recurrido y deliberando conforme a derecho declare improbada la demanda de fs. 65 a 67 vuelta, acusando la vulneración del art. 790 del Código de Procedimiento Civil, la violación y aplicación indebida de la ley en especial de los arts. 519 y 523 ambos del Código Civil, al querer establecer responsabilidad en la Alcaldía, olvidando la responsabilidad de los órganos financiadores; así como la vulneración del art. 84 de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios en cuanto a las causas de resolución del contrato en materia de licitación, finalmente acusa la violación de los arts. 400 y 1311 del Código Civil, al darle valor de pruebas a simples fotocopias cursantes de fs. 1 a 64 en las que funda su demanda y a las que los Vocales le atribuyen toda la eficacia probatoria.
CONSIDERANDO II.- Que de la revisión de los antecedentes en función del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:
Que el recurrente, afirma en su recurso de casación que el auto recurrido contiene resoluciones contradictorias al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, aplicando indebidamente el art. 519 y 523 del Código Civil, al querer establecer responsabilidad a la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana, en este punto tal como lo han determinado los jueces de instancia, el contrato de obra ha sido suscrito entre la Empresa Constructora "Moxos" y la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma, previa licitación y adjudicación, procediéndose a la contratación de la Empresa "Moxos", contrato que es registrado debidamente en la Notaría de Hacienda en fecha 24 de mayo de 2000, testimonio en originales cursantes a fs. 17 a 22 del expediente el mismo que tiene el valor probatorio que le confiere el art. 399, 400 y 401 del Código de Procedimiento Civil. Evidenciándose asimismo que en fecha 20 de abril la empresa demandante remite carta notariada de fs. 34, solicitando a la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma el cumplimiento del contrato especialmente del inc. a) de la cláusula quinta del contrato (Anticipo del 20%), y cancelación de las planillas Nº 01 y 02 en la que hace conocer a la Alcaldía que dichos recursos por la seriedad de la Empresa han sido financiados por ellos con grandes costos financieros e incalculables daños y perjuicios por el retraso que lleva más de un año", que dicha situación coloca a la Comuna dentro de la previsión del inc 4) de la cláusula novena del contrato, por lo que anuncia que hará uso del derecho que le asigna la Cláusula Décima Séptima del contrato, solicitando el pago de las planillas de avance de obra; posteriormente mediante carta de fecha 12 de julio de 2000, la Empresa hace conocer la resolución del contrato constante en la Escritura Pública Nº 026/99 de 5 de abril de 1999, haciendo notar que tal decisión se la adopta sin intervención judicial de acuerdo al art. 569 del Código Civil, aspectos que han sido así interpretados por los jueces de grado en las resoluciones emitidas, que respetan el principio de congruencia, exponiendo los hechos y el derecho con claridad y precisión de acuerdo al sentido y alcances de las peticiones de las partes, existiendo identidad entre la pretensión con lo resuelto, sabida que fue la verdad de las pruebas del proceso, respetando la disposición del art.190 del Procedimiento Civil.
El contrato suscrito en fecha 5 de abril de 1999, protocolizado ante Notario de Gobierno en fecha 24 de mayo de 2000, tiene como partes contratantes al tenor de la cláusula segunda, a) a la Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma, y b) a la Empresa Constructora "Moxos Ltda.", en ningún momento se constituye en parte del presente contrato los órganos financiadores como ser el Banco Mundial o el Fondo de Desarrollo Campesino, por lo que el presente contrato tiene fuerza de ley sólo entre las partes contratantes de acuerdo al art. 519 del Código Civil. Aspecto que fue acogido a cabalidad por los jueces de grado, como también al haber aplicado lo dispuesto en el art. 523 del mencionado sustantivo civil, que manda imperativamente que: "Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes, no dañan ni aprovechan a un tercero", más aún si lo alegado ya ha sido resuelto mediante Auto de Vista de fecha 17 de enero de 2001 cursante a fs. 437 a 438 que declara improbada la excepción de falta de personería interpuesta a fs. 156 por la entidad edilicia recurrente, por haber sido la que firmó el documento de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto Camino Vecinal "Santa Ana-Carnavales" conforme a lo dispuesto por el Art. 519 y 523 del Código Civil, la misma que ha adquirido autoridad de cosa juzgada ejecutoriada e irrevisable.
En el caso que se examina las partes contratantes en el contrato de obra de fecha 5 de abril de 1999 cursante a fs.17 a 22 de obrados, se encuentran debidamente individualizadas en la cláusula segunda antes mencionada, por lo que los órganos financiadores por el recurrente resultan terceros ajenos a la relación contractual que une a la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma en su condición de licitadora, adjudicadora y contratista de la obra realizada, contrato de ejecución de obra, en el que en la cláusula novena inc. 4) se determina expresamente, "asumir responsabilidad legal en caso de resolución de contrato con la contratista hasta que los actuados emergentes concluyan en sentencia judicial ejecutoriada, o el FDC acepte los resultados del proceso como suficientes", aspectos tomados en cuenta por los jueces de grado, como por el representante del Estado y de la Sociedad, autoridad que previa revisión del recurso y antecedentes procesales, opina porque se declare infundado el recurso de casación interpuesto, fs. 578 y vlta., por lo que el Tribunal Supremo no encuentra mérito alguno para la casación.
A estas conclusiones cabe aclarar que las obligaciones derivan de los hechos y de los actos jurídicos que conforme al ordenamiento jurídico son los medios idóneos para producirlas, como se infiere del art. 294 del Código Civil, esta referencia básica es de suyo importante, por cuanto en el sub-lite se pretende el cumplimiento de obligaciones contraídas, es decir, de prestaciones a las que se obligaron las partes ahora en conflicto.
La fuente principal y más frecuente de las obligaciones es el contrato como sucede en la especie, el mismo que tiene la virtud de constituir, modificar o extinguir una relación jurídica nacida de la voluntad concurrente de los sujetos que lo integran, de manera que las normas del Sustantivo Civil se aplican a todos los contratos nominados e innominados, sin perjuicio de las que se establezcan para algunos de ellos en particular y existan en otros Códigos o Leyes propias, tal como se infiere de los arts. 450 y 451 del referido código sustantivo de la materia.
Los contratos debidamente formados tienen la eficacia de fuerza de ley entre las partes contratantes, las que deben ejecutar las obligaciones asumidas de buena fe y quedan obligadas no solo a lo que se ha expresado en ellos, sino también a los efectos que deriven de su naturaleza, la ley o en ausencia de ésta, de los usos y la equidad como determinan los arts. 519 y 520 del Código Civil. A tal fin, la interpretación, de ser necesaria, debe acomodarse a las reglas que traen los arts. 510 y subsiguientes del mismo cuerpo legal, con la pertinencia del caso.
Por último, en cuanto a la vulneración del art. 400 del Código de Procedimiento Civil y el art. 1311 del Código Civil denunciada en el recurso venido en examen, de los datos del expediente se evidencia, que la eficacia probatoria de los documentos que cursan a fs. 1 a 64 de obrados, la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces de grado, resultando esta operación insensurable en casación, a menos que los de grado hayan incurrido en faltas a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en el caso en estudio el recurrente no ha demostrado que los de grado en esta operación hayan incurrido en equivocación o contradicción, con actos auténticos o pruebas documentales, tal como previene el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, valorando la prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 397-I) del referido Código Adjetivo Civil concordante con el art. 1286 del sustantivo de la materia.
En conclusión y no siendo evidentes las infracciones y errores acusados en el recurso, corresponde a este Supremo Tribunal la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la potestad conferida por el numeral 1) del Art. 58 de la L.O.J., de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 578, declara INFUNDADO el recurso, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del D.S. 23215 de 22 de julio de 1992.
Para sorteo y resolución de la causa, interviene el Señor Ministro Julio Ortiz Linares, Presidente de la Sala Civil Segunda, convocado a conformar Sala mediante proveído de fs. 600 a 601 de obrados.
Proveído : Sucre, 27 de junio de 2009 .

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