Source: http://suontraj-merida.blogspot.com/2011/07/
Timestamp: 2017-12-17 02:08:00+00:00

Document:
SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: julio 2011
Mario Villegas criticó en su columna a la magistrada del TSJ Luisa Estela Morales
Después de que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, con sus honrosas excepciones, se confabularon para asignarse un súper bono de 10 mil bolívares mensuales que ha concitado la repulsa general, la magistrada Luisa Estela Morales nos viene con el cuento de que van a revisar exhaustivamente desde el punto de vista legal esta decisión y a corregirla de ser necesario.
No faltará quien aplauda este impulso de aparente humildad por parte del máximo tribunal, pero yo lo interpreto como una confesión de magistrales ligerezas. ¿No se supone que las luminarias del derecho que integran el TSJ revisan exhaustivamente todas y cada una de sus decisiones antes de tomarlas?.
Nos dice la dama que no se trata de un bono o de un cestaticket sino de un gasto de representación, aunque se contradice al precisar que está destinado al consumo alimenticio o a medicinas de cada magistrado a razón de Bs. 333,33 diarios.
Pero el conflicto, según ella, se origina porque el tema fue llevado en forma desacertada al conocimiento público. Y menos mal que así fue, porque de no haber sido publicado en los medios de comunicación, los magistrados disfrutarían en silencio de esa suprema manguangua mientras los trabajadores de a pie sólo reciben entre media y una unidad tributaria.
Lo que en verdad pasó es que cuando la ley de emolumentos rebajó los elevados salarios que devengaban nuestros magistrados, estos se fueron por los caminos verdes para restituir parcialmente sus ingresos. Por eso al oponerse al bono, la también magistrada Blanca Rosa Mármol de León dijo que la aprobación de éste comporta un fraude a la ley. Si es así, ¿Bastará con que el acto sea revocado y devuelto el dinero ilegalmente cobrado, o los honorables magistrados que incurrieron en el fraude sufrirán los rigores que fijan las leyes para este delito?
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s domingo, julio 24, 2011 Vínculos a esta publicación
Presidenta del TSJ: El bono de Bs 10 mil no es un beneficio salarial, sino “un gasto de representación”
Foto: Yoset Montes / ABN / Archivo
La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, indicó que el máximo tribunal realizará una revisión exhaustiva desde el punto de vista legal del bono otorgado a cada Magistrado por 10 mil bolívares. No obstante, dijo que se trata de un gasto de representación y no de beneficio salarial.
“Fue de alguna manera desacertada llevada a la opinión pública, y por supuesto se creo una desviación en lo que realmente estaba ocurriendo, en relación a esta tarjeta, que es un gasto de representación”.
Dijo que el gasto de representación “de acuerdo con lo previsto en la primera parte del artículo 4 de la Ley de Emolumentos que señala que quedan exentos a la regulación de salarios, esos gastos que no son convertibles en beneficios salariales ni en dinero, sino que sencillamente son gastos de consumo”.
Dijo que hubo un cálculo del Tribunal Supremo, de acuerdo al cual 10 mil bolívares mensuales equivalen a 333,33 bolívares diarios para el consumo alimenticio de cada uno de los Magistrados, “eso también puede ser utilizado en medicina”.
De modo pues que no se trata ni de un bono, ni de un cesta ticket, sino de un gasto de representación para el ejercicio del cargo”.
Vallas de bebidas alcohólicas continúan en la vía pública pese a decisión del TSJ
Las vallas de bebidas alcohólicas continúan ocupando un lugar predominante en la vía pública, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia publicada el pasado 13 de julio -, que declaró constitucional la prohibición de la publicidad de este tipo de mensajes tanto en la infraestructura vial del país, como en las unidades de transporte terrestre.
En un recorrido realizado ayer se evidenció la existencia de 19 vallas de licores de diversos tipos en la autopista Francisco Fajardo y la autopista de Prados del Este.
De acuerdo al abogado Henry Contreras, especializado en Gerencia Municipal, desde el mismo día en que se publicó la medida tiene legalidad y vigencia plena: “Mañana mismo el Gobierno podría comenzar la remoción de los avisos“, afirmó.
El ente encargado de hacer cumplir la disposición es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que tiene la potestad de fiscalizar las vías. Sin embargo, a diez días de publicada la sentencia, no se observan esfuerzos en hacerla cumplir, ni del INTT ni de otras autoridades.
Contreras duda que la remoción de las vallas se aplique de forma compulsiva, pero indica que “las empresas deben retirar los avisos; si no lo hacen y el Estado debe encargarse, luego podría cargarles los costos”.
Decisión del TSJ. La medida de la Sala Constitucional del Tribunal se sustenta en que auspiciar el consumo de bebidas alcohólicas “resulta atentatorio de la seguridad de las personas y, con ella, de su integridad física y patrimonial e, incluso, del derecho a la vida”, y refiere que la utilización de este tipo de vallas es “una permanente incitación a consumir una sustancia que causa afectación de las condiciones motoras y, con ella, de la seguridad vial”.
La sentencia, a cargo del magistrado Francisco Carrasqueño, también apunta la penetración indiscriminada de este tipo de publicidad que puede llegar a niños y adolescentes que “no tienen ni la capacidad ni el discernimiento para evaluar adecuadamente ni el mensaje, ni el producto en sí mismo y, mucho menos, los efectos del consumo de bebidas alcohólicas”.
Alfredo Cilento, profesor de desarrollo tecnológico de la construcción en la Universidad Central de Venezuela, fue enfático en decir que “las vallas son un impedimento visual permanente y crean distracciones en los conductores“, pero opina que la remoción de las vallas no va a incidir en nada en el consumo de alcohol.
las leyes venezolanas han sido laxas en la aplicación de normativas para su regulación, en general. Para ella la colocación arbitraria ha sustituido la calidad del paisaje urbano. “Nos hemos acostumbrado a una mala calidad del paisaje urbano. Es lamentable como las vallas se han apropiado de los espacios colectivos”.
De la misma opinión es el arquitecto Marco Negrón, para quien “nadie se convertirá en alcohólico ni dejará de serlo por la presencia de unas vallas en las autopistas”.
En cuanto al impacto que este tipo de decisiones generan en la forma que se percibe la ciudad, Negrón aseveró que se trata de un tema complicado, por cuanto las vallas “son odiadas por unos y defendidas a muerte por otros“.
Para Ariana Tarhan, directora de Planificación Metropolitana del Instituto Metropolitano de Urbanismo, los avisos publicitarios no afectan la identidad de la ciudad. “El problema es el exceso de vallas, en general, que afean el paisaje, interfieren con la naturaleza y con la arquitectura”, dijo.
Por su parte, Aura Zapata, ex presidenta del Colegio de Arquitectos, sí es de la opinión de que la eliminación de las vallas va a incidir en la disminución de los accidentes de tránsito: “Las vallas son un elemento que distrae, en especial las de alcohol, por eso comparto plenamente cualquier acción tomada para evitar que continúen”, manifestó.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s sábado, julio 23, 2011 Vínculos a esta publicación
La Justicia de Paz: “una manera expedita de resolver conflictos”
(Caracas, 19-07-2011 / AN) “Esta Reforma es pertinente tomando en cuenta el clamor del pueblo venezolano sobre el tema de la seguridad, por eso consideramos que el mismo no sólo es atacable por la vía policial, sino que requiere de la profundización en los valores y la prevención del delito”.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s miércoles, julio 20, 2011 Vínculos a esta publicación
La Alianza Sindical Independiente acusa el gobierno de irrespetar la Constitución tras la detención de Aida Martínez
–Por Comunicación CSA-TUCA
El último 23 de abril, la policía venezolana detuvo en la ciudad de Maracay a la sindicalista Aida Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Economía No Dependiente (ASOTRACEN).
Aida participaba del movimiento de resistencia a la expropiación de un terreno comprado por el colectivo de trabajadores hace más de siete años, y que sería destinado a un programa sindical de construcción de viviendas sociales para los afiliados y miembros de la comunidad local. Alrededor de 200 familias serán beneficiadas por el proyecto.
Según Carlos Navarro, secretario-general de la Alianza Sindical Independiente (ASI), en los siete años en que están de pose del terreno, los trabajadores y trabajadoras organizados en la ASOTRACEN han realizado una serie de mejorías. Poco a poco se fueron instalando los servicios de luz elétrica, agua, gas y teléfono. También construyeron una vivienda-tipo de las que van a ser viabilizadas en el local.
“Siete años después y cancelados los planos del proyecto, realizados los movimientos de tierra correspondientes, cubiertos los estudios de suelos, impactos ambientales y todos los permisos obligatorios para su construcción, todo con los propios recursos de los trabajadores y trabajadoras, el terreno y su proyecto se revalorizaron significativamente”, explica Carlos Navarro.
El secretario-general de la ASI no sabe por qué razón el gobernador de Maracay, Rafael Vicea, quiso expropiar el terreno, pero dice que los trabajadores y trabajadoras resistieron a la llegada de la policía. Y, por ello, la dirigente Aida Martínez fue detenida. Hasta el momento, el sindicato ha sido victoriso en mantenerse de pose del terreno. Sin embargo, desde el 23 abril, Aida Martínez se encuentra en el Retén de Mujeres Comando del Cuartelito.
“Se le acusa de desorden público, de crear inestabilidad en el país y hasta de fraude”, explica Carlos Navarro. “Intereses políticos y mercantiles y la manipulación del poder judicial se conjugaron para detenerla, violando todos sus derechos y fundamentalmente los contenidos en el artículo 49 de la Constitución Nacional“, según la cual “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s viernes, julio 15, 2011 Vínculos a esta publicación
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, julio 14, 2011 Vínculos a esta publicación
Conozca el reino de los “pranes”
Jorge Chávez Morales – Airam Fernández
jchavez@cadena-capriles.com-afernandez@cadena-capriles.com
ÚN trajo un especial sobre el fenómeno carcelario de los "pranes" jefes sanguinarios que ejercen el liderazgo negativo en los penales. Vea este resumen web y consulte los gráficos en la edición impresa
4.506 presos muertos. Ese es el número de reclusos que perdieron la vida desde 1.999 en las diferentes reyertas ocurridas en las prisiones.
1.100 privados de libertad que se encuentran secuestrados en el penal Rodeo II se mantienen encerrados en sus celdas con cadena y candados.
Los “jefes” de los reclusos llegan a ese estatus a través del homicidio, el dinero y las armas.
Cuando Wilmer Brizuela “Wilmito” hablaba, no se escuchaba ni un susurro en el penal.
El silencio era absoluto. Sus palabras o deseos se convertían de inmediato en órdenes que eran acatadas sin cuestionamiento alguno por el mifiar de detenidos en el penal de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar (Bol).
Todos prestaban atención a lo que decía “el pran” o dueño “del carro” mientras permanecían en una correcta formación, similar a las de cualquier cuartel militar.
Siempre estaba armado, al igual que los seis luceros que no se separaban de él ni a sol ni sombra. Su autoridad era incuestionable, por ejemplo, no aceptaba que nadie botara basura en el penal, quien lo hiciera era reprendido; si persistía en la falta, sancionado.
Sentenciado a nueve años por secuestro, Wilmer Brizuela, de quien alguna vez el presidente Hugo Chávez en uno de sus programas dijera, en tono socarrón y dirigiéndose al gobernador de Bolívar.. - “ese Wilmito parece que manda más que tú”, controló él sólo el penal de Vista Hermosa.
Historia de poder. Llegar a ocupar ese "estatus" dentro del penal no es algo que llega de la noche a la mañana, ni es igual en todos los centros penitenciarios. Aunque es a partir de 1995 cuando se conoce la denominación de pran, como tal, a raíz de una protesta liderada por un reo del ex Retén de Catia, la existencia de reclusos con poder que controlaban y sometían a otros por la fuerza y el terror, ha sido una constante desde que se inventaron las prisiones.
De Puerto Rico. Hay varias opiniones sobre el significado de la palabra 'pran', la que más se acerca a la realidad es aquella que sostiene que esa denominación proviene de Puerto Rico, donde significa "cochecito".
Trasladada a Venezuela, los reclusos la hicieron suya, toda vez que en las cárceles los pranes o sus seguidores, conforman el "carro" y su jefe es el que lleva el volante.
No obstante, otras versiones señalan que, por sus siglas, pran significa Preso; Rematado; Asesino; Nato. (Vea: Así hablan en las cárceles: Palabras claves)
Llegar a ese estatus, cuesta. Llegar a ese estatus, cuesta. Quienes lo logran son aquellos que supieron “aprovechar” las oportunidades, son los más sanguinarios y cuentan con recursos económicos suficientes como para comprar armas y hacerse del poder.
Generalmente, quienes llegan a ese nivel son presos por homicidio, secuestro o narcotráfico, es decir, los más brutales.
Hay otros que son recibidos con mucho respeto por la población penal que inmediatamente les busca una habitación y les da cierta jerarquía, ellos son los que han asesinado o herido a algún funcionario policial.
De allí a ser pran, hay una distancia muy corta.
Nacimiento de un pran. Lo primero que hace ese tipo de reclusos es conseguir un arma, o varias. Hace las compras con mucho sigilo, tratando que el pran de turno no se entere. Si tiene dinero, inicialmente busca cinco o seis reclusos a quienes nombra como su personal de seguridad o 'luceros'. Luego los arma, y espera el momento ideal para matar al pran y hacerse del control total del penal.
Algunas veces esas reyertas, también conocidas en el lenguaje carcelario como “cambio de poder”, son muy sangrientas y producen decenas de muertos, como la ocurrida el primero de enero de 2007 en el penal Uribana, ubicado en el estado Lara, cuando un grupo de reclusos asesinó a los líderes de todos los pabellones para tomar el control. La riña causó 16 víctimas fatales y 13 heridos, algunos de los cadáveres fueron mutilados.
Los beneficios, producto del control del penal, son innumerables. Por ejemplo, el pran se encarga de cobrar a través de sus “luceros”, que son otros presos que forman parte de su anillo de seguridad, una cuota semanal que sencillamente garantiza la vida de los demás reos. Esa cuota obligatoria se conoce como “la causa” y es el impuesto que debe pagar cada uno de los reos para que el pran no los mate.
Pagar para vivir. El líder del penal cobra por todo. Para que un recluso pueda salir a tribunales, primero debe cancelar entre BsF 200 y BsF 500. Cuando el pran lo autoriza, previo pago, el reo deberá volver a pagar BsF 100 a los guardias nacionales para que le permitan subir al vehículo que lo trasladará a los juzgados. Pero los beneficios económicos se multiplican, controla, además, la cantina, la venta de licor, cigarrillos, drogas, el alquiler de teléfonos celulares, el ingreso de artefactos eléctricos, neveras, televisores, computadoras, el alquiler de minitecas, contrato con artistas, autorizaciones para que los internos puedan vender artesanías, perros calientes, empanadas, etc.
Danza de millones. En Rodeo II, el jefe de los delincuentes, apodado "el Oriente", sólo por el cobro de "la causa" obtiene un ingreso semanal mínimo de BsF 60.000, aparte del pago que hacen los reclusos que se encuentran en situación "especial", viviendo en los pabellones administrativos. (Vea más cifras en nuestra edición impresa). Esos presos también tienen que hacer un pago doble. El primero es al director del penal para que le permita ocupar un área administrativa. Esa “contribución económica” puede variar entre BsF 4.000 a BsF 10.000. El segundo pago es el que hacen a los pranes para que les permitan seguir con vida, ocupando esos espacios físicos y puede variar entre BsF 1.000 a BsF 5.000 mensual.
El enorme poder económico que detenta el jefe de los presos le permite sobornar a las personas responsables de la custodia del penal, para que les permitan ingresar armas, drogas, municiones y licores. Por ejemplo, el líder de los presos paga a los custodios BsF 100 por cada botella de licor que ingresa al penal; por cada kilo de cocaína, pagan entre BsF 8.000 y BsF 10.000.Por permitir el ingreso de una panela de marihuana, la vacuna de los funcionarios es de BsF 3.000 mientras que por una porción de “piedras” que son unas drogas sintéticas, los presos pagan BsF 100.
Comodidades insólitas. Desde sus cómodas celdas, que generalmente cuentan con televisores pantalla plana, nevera, aire acondicionado, cocina, DVD, computadoras, colecciones de gorras, zapatos y ropa de marca y licores en abundancia, esos delincuentes dirigen los secuestros, atracos, robo de vehículos, asesinatos, apoyados por las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Hampa tecnológica. Como lo que les sobra es tiempo, los pranes cuentan con uno o dos reos que conocen el manejo de Internet y las redes sociales. Algunas veces, son ellos mismos los que se dedican muchas horas del día a buscar posibles víctimas, sobre todo a través del Facebook.
Creando diferentes cuentas en Facebook con identidades falsas, logran que sus invitaciones sean aceptadas y es allí cuando comienzan su trabajo de recabar datos de sus probables víctimas, generalmente jóvenes que, sin ningún cuidado, colocan en la red social fotos e información detalladas de las propiedades de sus padres, la dirección donde viven, los carros que tienen, viajes que hacen al exterior, direcciones, números telefónicos y correos personales, de tal manera que el acopio de información es relativamente sencillo para los líderes de los internos.
Tras elegir la víctima y consumar el secuestro, es el pran quien directamente -y desde el penal- dirige la negociación con los familiares.
Cada vez que cuentan con el permiso para organizar alguna actividad con presencia masiva de familiares, autoridades, grupos musicales o reos de otros penales, consultan a través de sus computadoras páginas sobre el reporte del tiempo, perspectivas, predicciones, si va a llover o no y así deciden el día y la hora de su actividad.
Los pranes de Tocorón y Unbana contaban con computadoras personales con acceso a Google Earth en tiempo real, para poder vigilar las casas y propiedades de sus víctimas, así como sus “caletas” y lugares donde mantienen al secuestrado; es decir la tecnología al servicio del hampa.
Corta vida. El reinado de los pranes generalmente suele durar entre uno y quizás tres años. La ambición por el poder y el dinero es tan grande que, en el momento menos pensado, se produce un enfrentamiento que los presos llaman “cambio de poder” y otro grupo toma el control. Casi siempre es otro recluso del entorno el que se hace con el mando, uno de sus luceros.
En ese momento no hay contemplaciones ni fidelidades, simplemente es un desplace por otro y listo, un quítate tú para ponerme yo, pero a balazos. No, allí prevalece la muerte. La única manera de que haya un nuevo líder es que el anterior muera y así es. En las cárceles no existen “ex pranes”.
Cambio de Gobierno. La madrugada del jueves 23 de junio, fueron asesinados cuatro “principales” de la cárcel de Uribana en una reyerta en el que el grupo rival se hizo del control del penal.
El área de media seguridad del penal, lugar donde estaban recluidos los pranes, fue tomada por cinco reos quienes llegaron y mataron a sus jefes. Allí murieron Jesús Álvarez, Abel Cira Terán, Jarly Domínguez y Johan José Tarazona.
El “cambio de mando” fue por los excesivos cobros de la “causa”. El pago que hacen los reos para que no los maten lo habían subido a BsF 150 semana y eso produjo la revuelta. El martes 28 de junio, el penal de Tocorón amaneció con “nuevo gobierno”. Un día antes, y tras un enfrentamiento que duró cuatro horas, mataron a tres reclusos: Jaime Francisco Torres (El Goajiro), segundo al mando; Nelson Esteban Sánchez Soto y a Oscar Humberto Bermúdez Silva “el Papá”, quien lideraba el área de La Torre y tenía el control absoluto del penal. Ahora hay “nuevo gobierno”.
ÚN - 03.07.2011
“Exigimos la calificación de falta grave a los Magistrados del TSJ que cobraron Bs 10.000 en cesta ticket”
Caracas, 11 de julio de 2011.- El diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, acompañado del coordinador nacional de la tolda amarilla Julio Borges; presentó a la Fiscal General de la República, un escrito para solicitar la apertura de un proceso a los magistrados del TSJ que recibieron en días pasados BsF 10.000, en cesta ticket desconociendo la Ley de Emolumentos.
“A la Fiscal General, le corresponde la presidencia del Poder Moral y en ese sentido venimos a exigir la calificación de falta grave de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se “embucharon” un cesta ticket de diez mil bolívares en violación flagrante de la Ley de Emolumentos, aprobada por la Asamblea Nacional saliente”.
“Hemos tenido una posición contraria a la Ley de Emolumentos por considerarla inconstitucional, pero mientras no sea derogada, es una Ley de la República y por tanto todos los funcionarios públicos deben acatarla, no pueden haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda, venezolanos que ganan BsF 532 en cesta ticket que sería la mayoría en el país y unos Magistrados que se meten BsF 10.000 en cesta ticket”, resaltó.
Juan Carlos Caldera explicó que “cada cesta ticket de diez mil bolívares se traduce en 20 jubilados y pensionados que esperan que se les apruebe el bono de alimentación, son también 20 familias venezolanas que se les niega el derecho a cesta ticket”.
“Estamos pidiendo la calificación de falta grave que conlleva la destitución de los magistrados que recibieron este beneficio. Conocemos que hay alrededor de cinco magistrados que rechazaron esta tarjeta alegando la ilegalidad del monto de este beneficio, porque viola la Ley de Emolumentos y devolvieron este cesta ticket”.
Aseveró que “las instituciones tienen que responder y proceder de manera inmediata a citar a los magistrados que recibieron el cesta ticket y darle el derecho a la defensa y proceder a la calificación de la falta grave, para luego llevar el caso a la Asamblea Nacional, que sería la última etapa de este proceso”.
En el escrito entregado por Primero Justicia al Poder Moral se argumenta que “la aprobación de remuneraciones que exceden el tope del emolumento de los Magistrados es una conducta contraria a la honestidad y decoro, que son bienes jurídicos tutelados también por el régimen de los emolumentos (artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano). Por ello, la supuesta aprobación de esa remuneración califica como falta grave, según el numeral 1 del artículo 11 esa Ley, que tipifica como falta toda conducta que atente contra la ética pública y la moral administrativa”.
“Es más, en tanto esa decisión supone una erogación ilegal al patrimonio público, también podría aplicarse la causal de destitución del numeral 4 de ese artículo, referido a la adopción de decisiones que atenten o lesionen los intereses de la Nación. Estos mismos supuestos pueden encontrarse en el numeral 13 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues esta supuesta decisión, de existir, sería un caso de abuso o exceso de poder. Recordamos que el perjuicio al patrimonio público es además una causal especial de destitución del juez, conforme al artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana”.
“Constituye una conducta manifiestamente contraria a este marco normativo, que el Tribunal Supremo de Justicia, principal garante del Estado de Derecho en Venezuela, adopte una decisión que de manera abierta y evidente infringe el ordenamiento jurídico, al acordar una remuneración muy superior al tope máximo del emolumento fijado en la Ley, y que además, resulta también violatoria de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras”, refiere el escrito.
Juan Carlos Caldera expresó que “es una acción inmoral que los Magistrados se rebajaran el sueldo acorde a la Ley de Emolumentos y luego que el monto que les quedó por fuera, lo cobren en cesta ticket de forma ilegal. No tienen como darle la cara a los venezolanos que cobran BsF 532, en cesta ticket o a los pensionados y jubilados que no disfrutan de este bono de alimentación”.
“El Poder Moral tiene ocho días para citar a los Magistrados y ejercer su derecho a la defensa, luego a los diez días el Poder Moral debería calificar la falta y enviarlo a la Asamblea Nacional, lo importante es que este caso no se engavete y que no metan la cabeza en la tierra como el avestruz, sino que le diga al país que van a actuar, que no hay protegidos”, concluyó.
“Es una acción inmoral que los Magistrados se rebajen el sueldo acorde a la Ley de Emolumentos y luego que el monto que les quedó por fuera, lo cobren en cesta ticket de forma ilegal. No tienen como darle la cara a los venezolanos que cobran BsF 532, en cesta ticket o a los pensionados y jubilados que no disfrutan de este bono de alimentación”, dijo
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, julio 11, 2011 Vínculos a esta publicación
Magistrados se dan tarjeta de alimentación de Bs. 10 mil
La decisión de la directiva del TSJ es rechazada por los sindicatos judiciales
miércoles 6 de julio de 2011 12:00 AM
La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público supuso un duro golpe para los bolsillos de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes vieron como sus ingresos se redujeron en más de un 50% de un momento a otro. Para intentar compensar esta disminución la Directiva del máximo juzgado decidió en junio pasado otorgarle a los 32 magistrados una tarjeta de alimentación con 10 mil bolívares mensuales.
La resolución fue cuestionada dentro y fuera del organismo rector del Poder Judicial, por considerar que burla la norma legal que entró en vigencia en enero pasado y la cual estableció que los sueldos de los magistrados no pueden superar los doce salarios mínimos, lo que hoy por hoy se traduce en 16.885 bolívares.
Fuentes del TSJ informaron que al menos cinco magistrados (Blanca Rosa Mármol de León y Deyanira Nieves, de la Sala Penal; Luis Ortiz y Carlos Oberto Velez, de la Sala Civil; y Juan José Núñez Calderon, de la Sala Electoral) devolvieron las tarjetas para evitar ser multados o inhabilitados.
La Ley de Emolumentos, en su artículo 4, prohíbe al Jefe del Estado, sus ministros, a las máximas autoridades de los demás poderes públicos, a los gobernadores y a los alcaldes y a los directivos de las universidades y de las empresas públicas recibir cualquier otra remuneración o ingreso distinto a los salarios por sus servicios.
Asimismo se conoció que los magistrados que devolvieron las tarjetas criticaron que el asunto no hubiera sido debatido por todos ellos en la Sala Plena y que la Sala Constitucional no haya resuelto ninguna de las demandas que tiene contra el instrumento que estableció un tope al ingreso de los altos funcionarios del Estado.
"La Ley de Emolumentos es inconstitucional porque atenta contra los derechos laborales y contra la autonomía del TSJ, pero en la Sala Constitucional como que no quieren enfrentar este asunto", declaró uno de los magistrados que rechazó la bonificación que le permitiría adquirir comida y medicamentos.
La norma colocó al máximo juzgado en una situación sin parangón, pues de un golpe no solo ubicó a los magistrados entre los peores pagados del continente, sino que ahora sus abogados asistentes e incluso sus secretarias perciben unos ingresos superiores a ellos.
Hasta 2009, los salarios de los miembros del Supremo se encontraban dentro del rango regional, si se calculaba el cambio a mercado oficial. Los ministros de la Suprema Corte de México eran los mejor pagados de la región con 24 mil dólares mensuales.
La decisión de la Directiva del TSJ sentó mal en el Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), cuyo presidente, Luis Galviz, afirmó: "A los trabajadores tribunalicios, quienes sí están amparados por la Ley de Alimentación de los Trabajadores, siguen cobrando sus cestaticket con la unidad tributaria vieja (65 bolívares), pese a que hace meses que el Gobierno la ajustó (a 76 bolívares), pero los magistrados no resuelven esta situación, sino que se otorgan un bono para ellos".
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, julio 07, 2011 Vínculos a esta publicación
Magistrada Rosa Marmol rechaza tarjeta de alimentación
MÉRIDA: ELECCIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE CAPOJUD
Mérida (CDS) En la tarde de ayer miércoles 6 de julio de 2011 se celebraron las elecciones de la Comisión Electoral de CAPOJUD en el Estado Mérida. Las mismas estuvieron signadas por la altísima participación de asociados a la Caja de Ahorros del Poder Judicial en el Estado Mérida quienes eligieron a la Comisión Electoral que regirá el proceso eleccionario que devendrá en la escogencia del Delegado.
En este proceso electoral el SUONTRAJ apoyó la fórmula que a la postre salió electa con los votos de la amplia mayoría de asociados 77 votos encabezada por Teresita Venafro contra sólo 17 votos de la postulación de Omar Guerra.
La nueva Comisión Electoral quedó conformada por: Teresita Venafro(Presidenta) Lisbeth Belisario (Vice-presidenta) Maria Elena Orsini (Secretaria). Yelitza Sánchez y Pablo Alarcón (suplentes)
El Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela es el documento en el cual representantes de siete de las diez provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela en Sudamérica reunidas en la Capilla Santa Rosa de Lima, el 5 de julio de 1811, declararon su independencia de la Corona de España, estableciendo una nueva nación basada en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre la Monarquía bajo los valores de la igualdad de los individuos, la prohibición de la censura y la libertad de expresión.
Consagra el principio constitucional y se opone radicalmente a las prácticas políticas, culturales y sociales que habíán existido durante trescientos años en la América española. La Declaración es notable por ser el primer caso de una Colonia española de América que declara su independencia.
Hoy 5 de julio de 2011 se celebra como el Bicentenario de la Independencia de Venezuela. El Libro de Actas original del primer Congreso de Venezuela que contiene la Declaración se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s martes, julio 05, 2011 Vínculos a esta publicación
Presidenta del TSJ: El bono de Bs 10 mil no es un ...
Vallas de bebidas alcohólicas continúan en la vía ...
La Justicia de Paz: “una manera expedita de resolv...
Venezuela: detienen a sindicalista de la economía ...
DEM aumentará sueldos de trabajadores del Poder Ju...
Magistrados se dan tarjeta de alimentación de Bs. ...
Magistrada Rosa Marmol rechaza tarjeta de alimenta...
MÉRIDA: ELECCIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE CAP...

References: artículo 4
 artículo 49
 artículo 11
 artículo 62
 artículo 32
 resolución 
 artículo 4