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138048-188686-1-PB
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Los contratos ilegales en el derecho privado europeo Francisco J. Infante Ruiz Francisco Oliva Blázquez
Facultad de Derecho Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
InDret 3/2009
Francisco J. Infante y Francisco Oliva
Title: Illegal Contracts in European Contract Law Palabras clave: Contratos ilegales, Orden público, Derecho privado Europeo, Derecho comparado, Principios del derecho europeo de contratos, Borrador del Marco Común de Referencia Keywords: Illegal Contracts, Public Policy, European Private Law, Comparative Law, Principles of European Contract Law (PECL), Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Este trabajo ha sido desarrollado en el seno de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC). Agradecemos al Dr. Miquel MARTÍN CASALS, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona y Director del mencionado grupo de investigación los auspicios para la publicación del mismo.
1. Introducción 2. Los contratos ilegales en el derecho comparado 2.1. Sistema causalista. La ley, el orden público y la moral respecto a la causa 2.2. Sistema germánico 2.2.1. Generalidades 2.2.2. Gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) 2.2.3. Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) a) Función normativa. Concepto de “gute Sitten” y caracteres b) Requisitos del tipo c) Supuestos 2.2.4. Efectos 2.3. El artículo 3:40 NBW. Efectos 2.4. Los contratos ilegales en el Common Law 2.4.1. Introducción 2.4.2. Contracts contrary to law 2.4.3. Contracts contrary to public policy 2.4.4. Efectos de la ilegalidad contractual 3. Los contratos ilegales en el Código Civil español 3.1. La causa ilícita: contratos contrarios a las leyes imperativas y contra bonos mores (art. 1275 CC) 3.1.1. Causa ilícita: los motivos jurídicamente relevantes 3.1.2. Los motivos opuestos a la ley o a la moral 3.2. Efectos 3.2.1. Nulidad absoluta 3.2.2. Restitución: La regla general del artículo 1303 CC y las excepciones a la restitución en los contratos con “causa torpe” (arts. 1305 y 1306 CC) 3.2.3. Indemnización del interés negativo 3.3. Consideraciones críticas 4. Los contratos ilegales en los PECL 4.1. Introducción 4.2. Supuestos de hecho 4.2.1. Contratos que infrinjan los principios fundamentales (art. 15:101 PECL y 7:301 DCFR) a) Ámbito de aplicación: moral, orden público y otros principios fundamentales del derecho comunitario europeo b) Contratos contrarios al principio de no discriminación (II.-2:101-2:105 DCFR) c) Supuestos comunes 4.2.2. Contratos que infrinjan una ley imperativa (art. 15:102 PECL y II.-7:302 DCFR) a) Ámbito de aplicación: normas imperativas aplicables ex art. 1:103 PECL b) Supuestos comunes
4.3. Efectos 4.3.1. Ineficacia del contrato ilegal a) Nulidad de los contratos contrarios a los principios fundamentales (arts. 15:101 PECL y II.-7:301 DCFR) b) Contratos contrarios a una ley imperativa: la consagración de un sistema flexible y discrecional (arts. 15:102 PECL y II.-7:302 DCFR) c) Ineficacia del contrato ilegal y derecho de propiedad [art. II.-7:303 (2) DCFR] 4.3.2. Ineficacia parcial (arts. 15:103 PECL y II.-1:108 DCFR): el principio de conservación del contrato en los PECL y en el derecho comparado 4.3.3. Restitución (art. 15:104 PECL) a) El régimen flexible del artículo 15:104 PECL b) La remisión a las normas sobre el enriquecimiento injustificado (Book VII DCFR) en el artículo II.-7:303 (1) DCFR 4.3.4. Indemnización de daños (art. 15: 105 PECL y II.-7:304 DCFR) a) Alcance: negative or reliance interest b) Requisitos 5. Conclusiones 6. Tabla de sentencias 7. Bibliografía
Todos los ordenamientos jurídicos europeos prevén normas relativas a la ineficacia de los contratos contrarios a la ley, la moral o buenas costumbres (bonos mores, bonnes moeurs, gute Sitten) y el orden público (ordre public, public policy). Con ellas se sancionan, desde la codificación francesa ―aunque no se encuentra aquí, ni muchos menos, el origen primigenio de estas normas― tanto los contratos “prohibés par la loi” (“prohibidos por la ley”) como también los contratos “contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public” (“contrarios a la moral o al orden público”). Si bien la terminología y la técnica legal varían de un lugar a otro, el principio es siempre el mismo: el derecho declara la invalidez o ineficacia de los contratos contrarios a los principios fundamentales de la moral o del orden público, así como aquellos que se oponen a las leyes imperativas y prohibitivas. La idea básica de la que se parte es que la libertad en la formación del contenido negocial finaliza allí donde el acuerdo contractual ―sea sólo mediante su contenido, sea mediante su contenido en conexión con los móviles y motivos perseguidos― resulta contrario a las buenas costumbres, es decir, va en contra de los patrones de la moral social reconocidos en la comunidad jurídica, y en particular, la moral negocial o las exigencias éticas fundamentales del ordenamiento. Se trata de un “límite inmanente a la libertad contractual” (immanente Grenze der Vertragsfreiheit), que deriva del hecho de que el ordenamiento jurídico no puede acoger aquello que viola sus propios fundamentos o principios, como tampoco tolera los actos que contravienen la ley.
2. Los contratos ilegales en el derecho comparado
2.1. Sistema causalista. La ley, el orden público y la moral respecto a la causa Bajo la denominación de “sistema causalista” proponemos estudiar los ordenamientos jurídicos de algunos países que, inspirados en el Code civil francés, anudan el fenómeno de la ilegalidad contractual a la existencia de una causa contractual ilícita, entendida, generalmente, como contraria a la ley, al orden público y a la moral o a las buenas costumbres. Efectivamente, el Code Civil francés, bajo la decisiva influencia de la auctoritas de DOMAT y POTHIER, hizo de la causa un elemento esencial para determinar la validez del contrato 1 .
“[L]'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet” (art. 1131 Code Civil). “[La] cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public” (art. 1133 Code Civil).
Debe señalarse que el concepto de causa que se maneja a estos efectos no es el de “causa objetiva” de los contratos abstractamente considerados, sino el de cause impulsive et déterminante, es decir, los motivos o móviles concretos que llevan a cada contratante (causa impulsiva) a concluir un
POTHIER (1825).
Así pues. finalmente. aunque también en los inmorales. que históricamente se ha mostrado muy oscilante y cambiante. en cuanto que. hace que los contratos no produzcan ningún efecto. lo cual. en virtud de la apreciación caso a caso del grado de culpabilidad de cada una de las partes 3 . nullum effectum producit). 2. sirve para consagrar una suerte de enriquecimiento injustificado legal. en el derecho civil francés rige el principio general de que la anulación de un contrato. que sea contrario al orden público. al denegar la restitución. por cualquier causa. la evaluación de la licitud del acto o contrato se realiza a través del expediente de la “causa”. Por otro lado. denominada “exception d’indignité”.
. debiéndose entender por tal a la ley imperativa. pp. que resulte contrario a las “bonnes moeurs”. como hemos visto. es la única forma de defender a la sociedad frente a las iniciativas individuales que pretenden atentar contra los intereses generales 2 . Teniendo en cuenta esta premisa. implica de facto otorgar eficacia a un contrato nulo. (1999. No obstante. obliga a las partes a restituirse mutuamente aquello que hubieren recibido en virtud del convenio realizado (quod nullum est.InDret 3/2009
Francisco J.2. Por otro lado. especialmente en los contratos estrictamente ilegales. en la exigencia de respetar el orden público. ninguna persona que haya contratado con inmoralidad puede obtener la restitución de ninguna prestación que hubiere realizado en el marco de tal contrato ilícito. entendidas como las reglas de moral social consideradas como fundamentales para el orden mismo de una sociedad.1. Se afirma que esta regla. además de ser contradictorio con la propia literalidad del Código civil y con el principio de que el convenio nulo no puede producir ningún efecto. mientras que sí puede serlo en presencia de una simple causa ilícita. 336-323). se funda en la “sauvegarde de la dignité de la magistrature”. Infante y Francisco Oliva
determinado acuerdo o convention (“le but du contrat”. señala el artículo 1133 del Code. considerándose posible en la actualidad la repetición en multitud de supuestos. la excepción ni siquiera ha sido aplicada de manera uniforme por la jurisprudencia. la excepción ha sido muy discutida y rebatida entre los juristas franceses. y. Generalidades En los sistemas romanistas. la jurisprudencia ha recogido una excepción al régimen general de la restitutio in integrum. el Código de Napoleón prevé tres posibles causas de ilicitud contractual: que el contrato sea contrario a la ley. Según esta excepción. p. TERRE et al. todo parece indicar un retroceso de la excepción en favor de la restitutio in integrum. se afirma. La jurisprudencia gala no ha dudado en calificar a esta ineficacia como “nullité radicale” o “nullité absolue”. deducible de los antecedentes del Code civil. para los casos en que la nulidad del contrato se funde en el carácter inmoral del mismo. En los sistemas germánicos las soluciones son
TERRE et al. Sistema germánico 2. 394). fundamentalmente al “ordre public économic”.
La apreciación del grado respectivo de turpitudes permite explicar un cierto empirismo en la soluciones jurisprudenciales: no se rechaza sistemáticamente la restitución en los contratos anulados por causa inmoral. “les mobiles”).2. La ilicitud de la causa. Un sector de la doctrina entiende que la regla. No obstante. (1999.
el comprometer gravemente el patrimonio frente al resto de acreedores. mientras que el Código Civil suizo de Obligaciones habla simplemente de “inmoralidad” (art. con independencia de que el péndulo sobre la licitud o ilicitud se incline en un sentido o en otro en relación con el supuesto concreto a valorar. por cuanto la sanción de la ilicitud se realiza a través de la enunciación de una fórmula general abstracta que tiene como referente normativo el propio concepto meta jurídico de la moral. la supresión de la libertad contractual del deudor. en los sistemas germánicos la protección contra los contratos ilegales e inmorales se instrumentaliza mediante la formulación de dos disposiciones generales: una primera cláusula relativa a la ineficacia de los actos y contratos contrarios a la ley imperativa o prohibitiva (gesetzliches Verbot) y una segunda que declara la invalidez de los actos y contratos contrarios a las “buenas costumbres” (gute Sitten). p. junto con las normas que declaran la ineficacia del contrato contrario a la ley ―salvo que en ella se disponga otra cosa para el caso de contravención―.). etc. 23. Infante y Francisco Oliva
prácticamente idénticas 4 . 7
ARMBRÜSTER (2006). pero sin la aplicación del expediente de la causa. § 134. 80). Mg. De este modo.
Véase la apreciación de este paralelismo en ZWEIGERT y KÖTZ (1995.
6 KÖTZ y PATTI (2006). pp. que debe ser probada. Se excluyen. no hay que olvidar que se extiende también a cualesquiera otros actos de la autonomía de la voluntad (testamento. LANDO et al.2. RANIERI (2003. (2003. infracciones de los códigos éticos de profesiones liberales. el orden público o la ley se encuadran en el sistema germánico dentro de la tipología normativa conocida como “Generalklauseln” (“cláusulas generales”). con breves referencias al estado legislativo de otros países. Gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) En el derecho alemán la norma que con carácter general trata la validez de los contratos contrarios a la ley es el § 134 BGB. los actos jurídicos no negociales y cualesquiera otras disposiciones. se disponen normas generales relativas a la contrariedad a las buenas costumbres. lo cual ha dado lugar a una rica ―y nunca exhaustiva― sistematización mediante la catalogación de diversos “grupos de casos” 6 (contratos de crédito de carácter desproporcionado tales como la sobregarantía. p. Así el § 138 BGB y el § 879 ABGB hablan de “violación de las buenas costumbres” (Vertoβ gegen die guten Sitten). por tanto. 20 OR) 5 . regla o principio común a otros ordenamientos. Tomemos como ejemplo el derecho alemán.). CANARIS (1983). Si bien su ámbito de aplicación material se refiere principalmente al contrato. o a la moral sexual. contrariedad a la ética común de las relaciones familiares.InDret 3/2009
Francisco J. voluntad unilateral y relaciones jurídico-familiares de carácter negocial) considerados tradicionalmente en el concepto abstracto de “negocio jurídico” (Rechtsgeschäft) y regulado éste en la Sección 3ª del Libro I del Código Civil alemán. cuyo contenido se concretiza en virtud de la intervención del juez caso por caso.
. En los sistemas germánicos. Las normas jurídicas que sancionan la nulidad de los contratos contrarios a las buenas costumbres. 2. 431 y ss. colocado en la Allgemeiner Teil (Parte General) en sede de regulación del negocio jurídico.2. siendo posible una aplicación analógica. 213). siempre que lo consienta la relación de semejanza entre el concepto de negocio jurídico y el acto jurídico de que se trate 7 .
de acuerdo con el § 138 BGB que se coloca en la misma sede normativa que aquel. sino también mediante la referencia a un orden no positivo. Mg. § 138. pp. La doctrina aclara que la realidad de una sanción diferente a la nulidad no deriva únicamente de que ley establezca expresamente otra sanción o. Infante y Francisco Oliva
Frente a la cláusula general del § 138 (1). la constitución de una obligación de indemnizar los daños. § 138. ARMBRÜSTER (2006). como por ejemplo. ARMBRÜSTER (2006). sino también cuando la falta de nulidad es el remedio que mejor se ajusta al sentido y finalidad de la ley 9 .
ARMBRÜSTER (2006). Mg. Se trata de un concepto jurídico indeterminado necesitado de concretización. el orden moral adquiere tanta importancia para la existencia de la comunidad jurídica que la ley rechaza la validez de los negocios jurídicos que no son tolerados por aquel. Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) a) Función normativa. entre otros. ARMBRÜSTER (2006).2.3. Pero cuando la infracción de la ley también alcanza al orden moral entonces debe aplicarse el precepto que se refiere a ella. 36 y ss. muy especialmente si tenemos en cuenta que en una sociedad plural como la actual existen casos delicados en los que no hay un consenso generalizado acerca de los valores morales y su jerarquía. las “buenas costumbres” (gute Sitten). Una mera violación de una norma prohibitiva no basta para la calificación del supuesto bajo el manto de la inmoralidad 8 . § 134. Concepto de “gute Sitten” y caracteres La libertad de los contratantes. 2.). ARMBRÜSTER (2006). La cuestión principal a dilucidar en relación con el § 138 evidentemente es qué se entiende por “gute Sitten”. 4. De este modo. tiene un carácter preferencial. pp. la validez del negocio prohibido. § 138.). en cualquier otro modo. 12. no queda limitada exclusivamente mediante la sanción de los contratos ilegales en el precepto acabado de estudiar. En muchas ocasiones la inobservancia de la prohibición acarrea tan sólo una “eficacia débil”. puede hablarse de que un objetivo primordial del precepto que sanciona la inmoralidad de los negocios jurídicos es el “eliminatorio” (Eliminationszweck) 10 . se produce una recepción jurídica de otros órdenes del deber como la ética o la moral que por lo general caen fuera del derecho. De este modo. Por lo demás. la doctrina alemana establece una conexión entre las buenas costumbres y el orden público. 1. Mg. CANARIS (1983). a través del cual las normas existentes fuera del derecho y determinables como tales adquieren de hecho un significado jurídico 11 . 65 y ss. 1-3.
. de TEUBNER (1971. 11. como ya se ha indicado. con cita. Mg. Este último es un concepto que resulta en Alemania tan difícil de definir como entre nosotros. En este sentido. pero que en definitiva viene a relacionarse con la moral en el sentido de que se trata de los principios de ética jurídica en los que descansan los preceptos legales 12 . el 134. § 134.InDret 3/2009
Francisco J. Mg. Véanse todas ellas en TEUBNER (1971. en cuanto norma especial que se concreta materialmente mediante cada ley de prohibición.
sino el negocio jurídico que han celebrado. de modo que un negocio que en un inicio era impensable en el momento actual ya no es contrario a la moral o. 129-130. por tanto. § 138. Mg.
MEDICUS (1997. puesto que es una cuestión superflua. pese a las buenas intenciones de las partes. Mg.
. Entre la celebración del negocio y su ejecución pueden mutar tanto la valoración moral como las relaciones fácticas. Y viceversa. MEDICUS (1997. Infante y Francisco Oliva
La descripción más usual de la jurisprudencia alemana acerca de este concepto viene repitiendo desde hace bastante tiempo una especie de fórmula de estilo: la moral es “la decencia de toda persona que se comporta justa y equitativamente” (“Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden”) 13 . en el mismo sentido. En consecuencia.). el enjuiciamiento del negocio jurídico en el momento de su celebración. Véanse. ARMBRÜSTER (2006). 261). Mg. con el fin de no perjudicar a los instituidos en caso de una desaparición de la inmoralidad de la disposición testamentaria. ARMBRÜSTER (2006). 685-686. puesto que ello se corresponde con el principio jurídico de que las relaciones obligatorias deben valorarse en el momento de su nacimiento 15 . § 138. Como quiera que sea. pp. MEDICUS (1997. según la doctrina dominante. p.
Con el fin de que la traducción al castellano tenga sentido hemos optado por una traducción libre. en el caso de la sucesión por causa de muerte la valoración moral se centra en el momento de la apertura de la sucesión y no en la fecha del testamento. puede por sí sola acaparar toda la extensión de la aplicación del § 138. No obstante. Con el fin de determinar si un negocio jurídico cae en el ámbito del § 138. ninguna de las formulaciones conocidas (el “pensamiento justo y equitativo”. 133. En Alemania tanto la jurisprudencia del Tribunal Federal como la doctrina mayoritaria cifran. 258). p. p. 691. por lo que hay que renunciar a una definición unívoca y en su lugar el intérprete debe optar por la descripción de los diferentes “grupos de casos” en los que delimitar la contrariedad a las buenas costumbres. un negocio jurídico puede ser contrario a la moral. entre otros. TEUBNER (1971.InDret 3/2009
Francisco J. Mg. el intérprete no tiene que juzgar el comportamiento de las partes. § 138. la “moral social”. 18 y ss. es indiferente el grado de conocimiento sobre la inmoralidad. ARMBRÜSTER (2006). 14. Al centrarse el enjuiciamiento en el propio negocio jurídico puede resultar. el “orden público” o el “fin de protección” de determinadas instituciones). de acuerdo con la doctrina dominante. en un principio. al contrario. cuando las consecuencias del mismo resultan insostenibles 14 . (b) Momento de la valoración de la contrariedad a las buenas costumbres. 682. 259). Mg. que éste sea válido a pesar de que el comportamiento de las partes sea objetable. puede suceder que el negocio que antes era posible ahora sea un negocio inmoral. Mg. b) Requisitos del tipo (a) El negocio jurídico mismo como objeto del enjuiciamiento. que las partes sean conscientes o no de la valoración de su negocio jurídico como contrario a la moral.
Ya la antigua jurisprudencia constitucional alemana habló de que el negocio jurídico que lesione un derecho fundamental va contra las buenas costumbres. sin ánimo de agotar la materia. más recientemente. la jurisprudencia alemana es bastante rica. últ. p.. 93 y s. Mg. BGHZ 133. En este punto. cit.
. 261). 90. Mg. evidentemente. consideraba el pactum de litis quota como contrario al principio ético del § 138 (RGZ 115. la doctrina alemana. sino que más bien debe tratarse del cumplimiento de deberes públicos o estatales puestos al servicio del bien común y ligados a una ética profesional. § 138. Exponemos aquí. MEDICUS (1997. como en otros países. si bien no puede irse tan lejos como para considerar cualquier colisión entre negocio jurídico y mandato constitucional como una vulneración de las buenas costumbres: debe realizarse un enjuiciamiento conjunto y determinar si el negocio jurídico deriva de una limitación consentida del derecho fundamental o si por el contrario supone una violación del principio constitucional 16 . los más importantes. En todos los comentarios importantes del BGB se recogen estas constelaciones de casos con exhaustividad. Un elemento especialmente importante en la labor de concretización de las buenas costumbres está representado por los derechos fundamentales. Los negocios jurídicos relativos al tráfico sexual son contrarios a las buenas costumbres por cuanto. Infante y Francisco Oliva
(c) Repercusión de los derechos fundamentales. (a) Contrariedad a la ética profesional. se cuentan los siguientes: . ha logrado establecer los “grupos de casos” más destacados sobre los que parar mientes. La antigua jurisprudencia alemana. 141. mediante una valiosa sistematización. 2499. La doctrina alemana expresa que la eficacia mediata frente a terceros de los derechos fundamentales (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte) también juega un papel importante en el marco del § 138 BGB..
Entre los supuestos más destacados dentro de este grupo sobresalen los pactos sobre el éxito de la labor del abogado (Erfolgshonorar). En este grupo. entre otras. constituyen una
ARMBRÜSTER (2006). 142. § 138. 49. en sí mismos. y remitimos para más detalles a los comentarios al uso. en NJW 1996. ARMBRÜSTER (2006). c) Supuestos Gracias a una rica jurisprudencia relativa a la apreciación de los contratos inmorales. a semejanza de otros países de la Europa continental.InDret 3/2009
Francisco J. La razón de esta proscripción se halla en la creencia de que este tipo de pactos pone en peligro la independencia del abogado y su función como servidor de la justicia. HERFERMEHL (1999b). El hecho de que en una determinada profesión exista un código ético no determina por sí solo que esta circunstancia sea relevante a efectos de la contrariedad a las buenas costumbres según el § 138. 234. En la actualidad estos acuerdos se encuentran desde el 8 de septiembre de 1994 regulados como nulos en relación con el § 134 (“contratos ilegales”) en el Reglamento de la Abogacía (§ 49 b [2] BRAO) 17 . 694. lug.
(b) Desconsideración de los principios de la moral sexual y del orden familiar. entre otros casos. 2500). Mg.Negocios jurídicos sobre el tráfico sexual.
El negocio usuario existe cuando en el caso que se está enjuiciando concurren todos los requisitos propios del supuesto de hecho del segundo párrafo del mencionado precepto. 119. sino de la relación de dependencia o de una patente falta de patrimonio del garante. en el derecho alemán el “contrato de madre de alquiler” (Leihmutter-Vertrag) es contrario a las buenas costumbres. Por todos. sin embargo. 1883.
. 1486). § 138.
Por ejemplo. todavía es posible que el negocio pueda ser reconducido al primer párrafo. 122 y ss. Rdn. 73. BGH NJW 1984.
. Desde 1987 la jurisprudencia alemana viene considerando que estos negocios pueden resultar contrarios a las buenas costumbres [MAYER-MALY/ARMBRÜSTER (4.
ARMBRÜSTER (2006). Aufl. La limitación de la propia determinación puede acordarse contractualmente. el “abuso de un poder desmesurado” (Ausnutzung der Übermacht) y el “daño de un tercero” (Schädigung Dritter) 18 . mientras que la transmisión pecuniaria es válida en sí misma en cuanto negocio de disposición neutral (BGHZ 67. 140.
(d) Usura (Wucher). Si en el caso concreto existe usura no es necesario entonces probar que el negocio jurídico va contra las buenas costumbres según el párrafo primero del § 138. La usura encuentra su formulación positiva en el segundo párrafo del § 138 BGB. 138. La inmoralidad no proviene de la naturaleza del propio negocio. Mg. 2001).
(c) Limitaciones ilícitas de la libertad. en NJW 1976. § 138.
19 Se trata de una apreciación generalizada entre los comentaristas.
En este sentido el contrato celebrado con una prostituta es contrario a la moral pues la acción de cumplimiento es imposible.InDret 3/2009
Francisco J. En la jurisprudencia alemana hay una gran cantidad de casos que han sido estudiados bajo esta materia. 797. ARMBRÜSTER (2006). 72. Mg.Negocios jurídicos contra el ordenamiento de la familia. siempre y cuando pueda probarse la contrariedad a las buenas costumbres. pero a veces llega tan lejos que entonces debe aplicarse la regla de la contrariedad a la moral. LG-Freiburg NJW 1987. sin perjuicio de los delitos que en torno a dicho tráfico puedan cometerse. Se trata de un supuesto especial de negocio contra las buenas costumbres 19 .. Infante y Francisco Oliva
lesión de la libertad sexual. Mg. como ocurre en otros ordenamientos. § 138. HERFERMEHL (1999b). Si no concurren estos requisitos. Los ejemplos de contratos inmorales por atentar contra las convicciones ético-jurídicas de la familia abarcan todos los campos del derecho de familia. 92]. desde el derecho matrimonial al derecho de la filiación. 1852). OLG Düsseldorf NJW 1970. 781. Los elementos determinantes de la contrariedad a las buenas costumbres como consecuencia de la limitación de la libertad normalmente suelen conectarse con otros criterios como la “perturbación del equilibro” (Äquivalenzstörung). puesto que se establece una comercialización de la reproducción humana que atenta tanto a la dignidad de la “madre de alquiler” como a la del hijo resultante de este procedimiento (OLG-Hamm NJW 1986.
El ejemplo más interesante de esta última idea lo encontramos en los casos de las fianzas y asunciones de deudas prestadas por personas cercanas al deudor principal (Bürgschaften und Schulbeitritte nahestehender Personen).
§ 134. Infante y Francisco Oliva
2. así como a la posibilidad de conceder la indemnización de daños. hemos de diferenciar entre negocios jurídicos ilegales (§ 134) y negocios jurídicos inmorales (§ 138). el cual establece que en caso de duda el juez decretará la nulidad total.2. sólo es nula la parte inmoral del negocio jurídico siempre que sea posible aislarla. pero en caso de duda debe decretarse la nulidad de todo el negocio jurídico según ordena el § 139. pero que hoy en día se aprecia como
HERFERMEHL (1999a). en el caso del mutuo. o bien a una modificación de sus consecuencias jurídicas en caso de que conduzca a una ejecución total o parcial del mismo 20 . en el caso de los negocios inmorales la consecuencia prevista por el § 138 BGB es siempre la nulidad. (i) Nulidad de los negocios ilegales. Efectos En este punto. haremos mención a la “restitución de las prestaciones” como efecto común y que en el derecho alemán tiene su encuadramiento legal en el denominado “derecho del enriquecimiento injustificado” (ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht). Pero esta consecuencia se aplica sólo en caso de que no se derive otra cosa de la norma infringida. Restitución de las prestaciones.InDret 3/2009
Francisco J. 29. A la cuestión de la determinación de la nulidad total o de la parcial está destinado el § 139 BGB. Por otro lado. Indemnización. el § 817 (1) que regula un supuesto independiente de la condictio indebitii. como por ejemplo. A diferencia de la reacción del ordenamiento frente a los negocios ilegales. En segundo lugar. la nulidad será total. Para la apreciación de la disciplina de las prestaciones deben contemplarse dos normas diferentes e independientes colocadas en el mismo precepto. La consecuencia general que se establece en el § 134 para el caso de contravención es la nulidad (Nichtigkeit).
. Esta consecuencia vale tanto para el supuesto general de inmoralidad (párrafo primero) como para el supuesto especial de los negocios usuarios (párrafo segundo). Sobre la base de la función de la norma de prohibición su contravención puede dar lugar a una nulidad total (totale Nichtigkeit) o una nulidad parcial (teilweise Nichtigkeit) del negocio jurídico. la nulidad del negocio por su calificación como usurario de acuerdo con el § 138 (2) conlleva la nulidad de la prestación de la víctima de la usura. (iii) Efectos comunes. es especialmente importante la interpretación de la norma prohibitiva de acuerdo con su sentido y finalidad. se mantiene la validez de la cantidad prestada. de acuerdo con el cual el accipiens de una prestación realizada mediante la contravención de la norma prohibitiva o de las buenas costumbres está obligado a la restitución. En principio. Por un lado. En el caso de los negocios usurarios. para la apreciación de los efectos jurídicos de la contravención. en primer lugar. pero la prestación a realizar o realizada por el usurero es válida (nulidad parcial). Considerado un negocio jurídico de modo unitario. los cuales pueden alcanzar el grado de eficacia previsto legalmente o que resulte del sentido y finalidad de norma de prohibición.4. si resulta la inmoralidad de la totalidad de su carácter. Mg. Por ello. el segundo párrafo establece una exclusión de la condictio que en el pasado fue considerada como una sanción por la conducta reprobable. (ii) Nulidad de los negocios inmorales.
sobre todo. 166. En cuanto al momento de la valoración de la moralidad del acto.
. Recuérdese que el antiguo Código holandés era prácticamente una traducción del Code Napoléon. pero se ha incluido en él probablemente influido por el art. observada con detenimiento. En el nuevo Código Civil holandés (NBW) el tratamiento de los contratos contrarios a las leyes y a las buenas costumbres se ha incluido en los tres apartados de un mismo precepto. siendo totalmente irrelevante cualquier cambio moral posterior. CHORUS http://civil. § 817. En los párrafos segundo y tercero del art. si bien añade la confrontación con el orden público.udg. 3:40 establece en su primer párrafo que el acto jurídico que por su contenido o necesaria implicación sea contrario a las buenas costumbres o a la moral es nulo. MAYER-MALY y ARMBRÜSTER (2001). § 138.und Schadenersatz) 22 .3. La regulación holandesa de los contratos ilegales e inmorales aparentemente muestra una formulación similar a la del BGB. el tratamiento jurídico de la restitución. El concepto de orden público es en el derecho holandés tan vago y difícil de aprehender como en el resto de ordenamientos 23 . el derecho holandés es más estricto que el alemán: sólo se tiene en cuenta el momento de la celebración del contrato. El art. 3:40. 9. BUSCH et al. el art.edu/Tossa/2000/Textos/p/2/HIJMA. 2. El artículo 3:40 NBW. 84). materialmente alcanza una dimensión diferente. Los contratos contrarios a la ley imperativa son nulos salvo que una necesaria implicación de la misma no establezca un efecto diferente. 2006). En este sentido la regulación es muy similar a la del Código Civil alemán y otras codificaciones europeas. como veremos. al hablar de esta vaguedad. En este caso el inductor del negocio ilegal o inmoral podrá ser demandado por los esfuerzos aplicados por la otra parte para la celebración del negocio y los daños causados (Aufwand. Mg. revised ed. et al.InDret 3/2009
Francisco J. Además. Para que tenga lugar la aplicación de esta norma se exige un requisito subjetivo. destacan que la mayoría de los contratos que resultan contrarios al orden público son también contrarios a la moral. Efectos (i) Regulación. 3:40 NBW se recoge la disciplina de los contratos ilegales de un modo idéntico a otros ordenamientos. No se trata de otra regla que de la aplicación del aforismo latino in pari turpitudine melior est causa possidentis. p. (4th. HIJMA (2000). lo que le da una peculiar impronta. (2002). Véanse. 1131 del Código Civil francés 24 . que el sujeto que realiza la prestación conozca la ilegalidad o inmoralidad del acto o actué con negligencia. Con la comisión del contrato contrario a la ley o a las buenas costumbres puede acontecer al mismo tiempo la lesión de los deberes precontractuales.htm. estudiar cómo ha venido a recogerse el tema en uno de los códigos europeos recientes de mayor importancia. pero. Infante y Francisco Oliva
un aspecto de la negación de la protección jurídica del derecho (nemo auditur suam turpitudinem allegans): quien se comporta de manera ilícita colocándose fuera del ordenamiento jurídico no puede recibir la protección del derecho ni tampoco pretender la restitución de la prestación que ha realizado 21 .
HARTKAMP y TILLEMA (1995. Interesa. Mg.
LIEB (2004). es genuinamente peculiar.
el derecho holandés tiene como punto de partida la restitutio in integrum que mantiene tradicionalmente como regla general.4. p. Esta regla proviene de la antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo holandés (Hoge Raad) sobre el Código Civil anterior 26 . VON MEHREN (1982.gsi. Los contratos ilegales en el Common Law 2. SCHRAGE (1994. 290. nt 57). Infante y Francisco Oliva
(ii) Restitución.uk. 2.
El consultation paper sobre “Illegal Transactions: The Effect of Illegality on Contracts and Trust” 30 . y somete la restitución de cualquier prestación pecuniaria en las transacciones ejecutadas recíprocamente a la razón y la equidad (redelijheid en billijheid) 27 .lawcommission. en el derecho holandés la previsión legal acerca de la restitución es bien diferente.gov. p. Introducción El concepto de illegality en el common law ha sido calificado como una cuestión de una “complejidad considerable” 29 porque. 6:211 NBW). A diferencia de otros ordenamientos europeos en los que en mayor o menor medida se recogen las reglas nemo auditur suam turpitudinem allegans o in pari delicto potior est conditio defendentis ―una aplicación clara la hemos visto en el § 817 (2) BGB― con el fin de excluir la repetición de quien a sabiendas se comporta inmoralmente.4. www. nt. 30. inter alia. pp. pp. p. ad rem. p. no existe en el derecho inglés una norma o fórmula general oficial que establezca qué debe entenderse por contrato ilegal. pero deja la decisión sobre si la prestación no debería evaluarse en dinero a los tribunales. Excepcionalmente. pues consiente con carácter general que el demandante pueda reclamar la repetición de las prestaciones realizadas en base a un contrato nulo aunque la nulidad provenga de la violación de la ley o de las buenas costumbres (art. p. La Hoge Raad sostiene que las acciones de enriquecimiento injusto están sometidas con carácter general al mandato de la buena fe (HR 28 de junio de 1991. negocio ilegal de trabajo temporal). pero las aplicaciones de la regla nemo auditur son escasas. purporse or performance) the commission of a legal wrong (other than the mere breach of the transaction in question) or conduct which is otherwise contrary to public policy”.
Véanse DANNEMANN (2000. el juez podrá rechazar la demanda de repetición si estima necesaria la decisión de acuerdo con la buena fe y la equidad 25 . redactado en 1999 por la “Law Commission” inglesa sugería la siguiente definición: “[a]ny transaction which involves (in its formation. El derecho holandés limita la defensa frente a la ilegalidad o la inmoralidad a los casos en los que la prestación no puede ser restituida. De este modo. 7). No. Véase acerca de la regla nemo auditur. 224)(notes). 154. 267). 1-2). FEENSTRA (1987.InDret 3/2009
Francisco J. 148). LANDO (2003.
. p. 787.1.
28 JONKERS 29
FURMSTON (1996. NJ 1992. 214) (2008. Consultation Paper No. 31-36). lo que supone que juegue un papel mínimo en la historia del derecho holandés 28 . KÖTZ y PATTI (2006.
Por ejemplo. 81) distingue entre “contracts contrary to Law” y “contracts contrary to Public Policy”. la consideration).B. ni se recurre en el common law a una cláusula general como en el derecho alemán. Royal Exchange Assurance se consideró que los sucesores de una persona insolvente que se había suicidado no podían exigir el cobro de la cantidad prevista en la póliza del seguro de vida que
Véase en nuestra doctrina. Phosphate Sewege Co. 29)
. St. Finalmente. cuya mera formación per se constituye criminal offence (contrats amounting to a legal wrong).R. BIRKS (2008. (iii) Los contratos cuya ejecución o forma de cumplimiento implique para una o ambas partes contratantes la vulneración de una ley (unlawful method of performance). o el contrato realizado para defraudar a los accionistas de una sociedad privándoles de una parte de la utilidad de sus acciones (contrats to commit a crime or a civil wrong) [Begbie v.B. 2. o la promesa de pagar una cantidad a una persona en el supuesto de que cometa un acto ilícito. (iv) Los contratos que se llevan a cabo para indemnizar frente a las responsabilidad penal o civil derivada de la comisión de actos ilícitos que implican culpabilidad o intencionalidad. Munn (1949) 2 K. p. (1875). 491.]. 340]. pp. obviamente. 10 Q. 416.C. en el caso Beresford v. la ilicitud contractual.R.InDret 3/2009
Francisco J. Para poder entender qué son los illegal and inmoral contracts en el common law es necesario acudir al repertorio de sentencias que a lo largo de los siglos han abordado supuestos concretos de contratos calificados como ilícitos. o los contratos de juego y apuesta (Gaming and Wagering Contrats) que vulneren la Gaming Act de 1968. VÁZQUEZ DE CASTRO (2002. En el derecho inglés suele distinguirse entre aquellos contratos que son contrarios a las leyes y normas imperativas (“statutory illegality”) y aquéllos que son contrarios al interés público que emana de los principios generales del common law. Infante y Francisco Oliva
En cualquier caso. Ltd. Dennis & Co. J. Tinsley v. 115-162). Es ilegal el contrato llevado a cabo para engañar al fisco sobre el importe de la renta [Corby v. Contracts contrary to law En el derecho inglés se consideran usualmente contracts contrary to law los siguientes tipos de acuerdos contractuales: (i) Los contratos expresamente prohibidos por la ley imperativa (contract forbidden by law). Morrison (1980) I. categoría que comprendería los supuestos de violación del orden público o de las buenas costumbres (“Illegality on grounds of public policy”) 32 . V.4. 327]. (ii) Los contratos cuya finalidad es la de cometer un delito o un acto ilícito (contrats to commit a crime or a civil wrong). V.
Así. p. dando lugar a una serie de precedentes judiciales vinculantes en torno a los cuales se construye la doctrina científica de la illegality 31 . L. no se hace depender de la causa (ni de su mal llamado equivalente. Los contratos de compraventa internacional o de construcción sujetos a licencia u autorización administrativa que sean realizados sin la misma son ilegales por su unlawful method of performance [Michael Richards Properties Ltd. VON MEHREN (1982. Milligan (1994) 1 A.R. Saviour’s Parish (1975) 3 All E. Se refiere en general a los “immoral or illegal agreements”. 218.R. es ilegal un contrato para amañar o especular en el mercado (rig the market) ofreciendo un precio inflado por las acciones de una determinada sociedad (criminal conspirancy).L.2.
2 K. de ahí que los contracts affecting the freedom or security of marriage se consideren ineficaces: por ejemplo. Así. Humphreys v. Vansittart v. 94. Polak (1901). Vansittart (1858). 249. Generalmente.3.& J. Richardson (1793). de acuerdo con el criterio de un “hombre razonable” (reasonable man). 1 W. Lowe v.
. Se trata de contratos típicamente inmorales en relación con los cuales. Nettlefold (1850) 3 Mac. Bl. Con la finalidad de proteger a los menores de edad sometidos a patria potestad se considera que el régimen de responsabilidad parental (Children Act 1989) no puede ser alterado bajo ningún concepto. Bajo el common law no son válidos en un principio los contratos que excluyen la jurisdicción de los tribunales en tanto que su cumplimiento podría permitir a las partes evadir la aplicación de las reglas imperativas 37 . Por ejemplo. así como los acuerdos de arbitraje que priven a las partes
Girardi v. La jurisprudencia ha ido generando a lo largo del tiempo una tipología extremadamente rica de supuestos en los que un contrato puede ser contrario a la public policy. 517. se ha calificado de inmoral el contrato de arrendamiento de un apartamento destinado a la prostitución 33 o la promesa de pagar una cantidad de dinero a una mujer a cambio de convertirse en su amante (meritricious purposes) 34 . AC 604. El derecho inglés ha considerado al matrimonio como uno de los pilares de su sociedad. o a sus herederos. (ii) Contratos que afectan a la libertad matrimonial o que pretenden debilitar el vínculo matrimonial (contracts affecting the freedom and security of marriage). Benyon v. Infante y Francisco Oliva
había suscrito en tanto que permitir a una persona.
2. que se beneficien de un acto ilícito propio es contrario a la public policy (promises to pay Money on the commission of an unlawful act). es ilegal el contrato mediante el cual los padres pretenden transmitir sus derechos y deberes respecto a sus hijos a terceros. & G. D. es ilícito el contrato por el que alguien se obliga frente a un tercero a no contraer matrimonio con una determinada persona 35 . Contracts contrary to public policy Los contratos contrarios a la public policy son definidos como aquellos cuya “[t]endency its to bring about a state of affaire of which the law disapproves on grounds of public policy”. 13. 259. Anctil v Manufacturers’ Life Insurance Co (1899).InDret 3/2009
Francisco J. Walker v. Perkins. la doctrina jurídica inglesa expone los supuestos de esta ilicitud siguiendo la siguiente sistemática: (i) Contratos cuyo objeto es promover la inmoralidad sexual (contracts promoting sexual inmorality). (iii) Contratos que afectan al ejercicio de la patria potestad (contracts affecting parental responsability).4. resultaría escandaloso que los tribunales los consideraran como eficaces. Peers (1768) 4 Vurr. 1 Esp. 2225. 385. (1764). en cuanto que tales pactos resultan “repugnant entirely to his parental duty” 36 .B. (iv) Contratos que excluyen la jurisdicción de los tribunales (contracts excluding jurisdiction of the courts).
422. 115. Emanuel (1946) P. Se consideran ilegales los contratos cuya mera conclusión constituye por sí misma “a conspiracy to pervert the course of justice”. Amalgameted Society of Railway Sevants v. 269 at 394. v.B. los contratos que implican lobbying para acceder a contratos gubernamentales 44 .B. 835. Collegue of Ambulance (1925) 2 K. Lemenda Trading Co. siempre y cuando puedan alterar las relaciones internacionales con el Reino Unido. Leemann (1846). ya que.C. son ilegales aquellos acuerdos contractuales que pretenden limitar la actividad comercial y el ejercicio libre de los negocios y profesiones. United Shoe Machinery Co. 336. v.B. Así. en determinados casos. es ilícito el contrato de compra de armas realizado en el Reino Unido destinadas a ayudar a un movimiento de rebelión en un Estado regido por un gobierno amigo 41 . de venta de oficinas públicas.C. Osborne (1910) A. Los contratos concluidos con un Estado amigo. De Wutz v. Donnell v. (vi) Contratos cuya ejecución lesiona los intereses del Estado (contracts affecting the State in its relations with other States).B. (vii) Contratos que promueven la corrupción en la vida pública (contracts promoting corruption in public life). Ltd. (1968). D.C. los siguientes casos: . atentan contra el orden público económico. 1.
R. Keir v. 448. 33]. Se trata de aquellos contratos que propagan la corrupción en la res pública. son ilegales. Brunet (1909) A. v. of Canada v. Ltd. e incluso. Por ejemplo. los de adquisición de un título honorífico o concesión de obras públicas 43 . A. (1988). Bennett (1883) Ch. Andrews (1973). 307. Q. Emanuel v.
Pueden destacarse. African Middle East Petroleum Co. 87. Parkinson v. Harper’s Garage (Stoutport) Ltd. Infante y Francisco Oliva
de su derecho a recurrir ante los tribunales o que excluyan la posibilidad de que éstos controlen la legalidad del laudo arbitral. 314. Ltd. (viii) Contratos que vulneran la libre competencia (contracts in restraint of trade).) 371. como los contratos mediante los que se compromete el voto parlamentario a cambio de una cantidad de dinero 42 . a título meramente ejemplificativo. además de causar un daño evidente a la parte perjudicada por la práctica ilícita. aquél mediante el que una parte se obliga a cambio de un precio a no denunciar al autor de un delito 39 o los acuerdos conyugales destinados a predisponer pruebas útiles para obtener el divorcio 40 . Hendricks (1824) 2 Bing. no es válido el contrato por el cual alguien se obliga a falsificar una prueba judicial 38 .Acuerdos o pactos colusorios entre suministradores de bienes o servicios para limitar la competencia entre ellos (restrictive trading agreements) [McEllistrims Case (1919) AC 548].InDret 3/2009
Francisco J. (v) Contratos dirigidos a alterar el curso normal de la justicia (contracts perverting the course of justice). Q. . 9 (Q. Finalmente.Acuerdos de exclusiva que impiden comprar o vender excepto a una determinada persona (exclusive dealing) [Esso Petroleum Co.
Francisco J.L. Spanglett Ltd]. cuando la finalidad de la norma infringida no sea la de invalidar el contrato.Restricciones en el uso del suelo relativas a la posibilidad de edificar o transmitir (restriction on land use) [Texaco Ltd. V. con carácter general. 822. La cuestión de los efectos de la ilegalidad o inmoralidad contractual dista mucho de ser nítida en el derecho inglés. se considera que un contratante no es culpable por el mero hecho de que el método o la forma de cumplir el contrato sea ilegal. se considera. Infante y Francisco Oliva
. pero esto no excluye que la confusión con la figura de la “voidness” siga siendo todavía una fuente de dificultad en los tribunales. mientras que otras sostienen que el contrato es “void”. ya que en unos casos considera que las prestaciones previstas pueden ejecutarse [Bloxsome v. Mullberry Filling Station Ltd. 92). Algunas sentencias afirman que el contrato es “unforceable”. Hosken (1933) 1 K. (1972) 1 W. la regla ha sido objeto de considerables críticas. la jurisprudencia inglesa. inexigibles 46 . “void ab initio” o “enterily void” 45 . es decir. 1].B.] y en otros no [Re Mahmoud and Ispahani (1921) 2 KB 716]. Provident Clothing and Supply Co. 273. y por ello su rigor se ha visto atenuado en virtud de ciertas matizaciones introducidas por la jurisprudencia: se excluye la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato. PitneyBowes (1967) 1 W. es decir. que no puede ejecutarse ni exigirse su cumplimiento ante los tribunales. . Classique Coaches (1934) 2 K.. p. sino un “independent tort”.R. p. ya que en tal caso la protección no se consigue rechazando el remedio instado por un miembro de dicha clase. cuando se trate de leyes establecidas para defender a una determinada clase de personas.L. Willians (1824) 3 B & C 232.Contratos entre el vendedor de un negocio y el comprador o entre empresarios y trabajadores que restringen la libertad personal para poder llevar a cabo una actividad concurrente durante un determinado período de tiempo y en ciertas condiciones (sale of business and employment) [Bull v. Mason v.4.
2. la jurisprudencia no es uniforme en cuanto a los efectos del contrato ilegal respecto a la parte inocente. Efectos de la ilegalidad contractual (i) Unenforceability. pero no la de demandar por los daños padecidos cuando la conducta de la otra parte constituya no ya un mero incumplimiento del contrato ilegal.4.
. Spanglett Ltd. En cualquier caso. 374.R. a efectos de reconocer la posible ejecución de este tipo de contratos. 448). Con relación a la parte culpable. distingue entre la posición que ocupa la parte inocente y la de parte culpable de la ilegalidad.B.C. Ltd. Haseldine v. 388.. 814.B. Foley v. sino sancionar al incumplidor [Archbolds (Freightage) Ltd. que no puede exigir el cumplimiento del contrato. Puede decirse que en la actualidad la mayoría entiende que la ilegalidad hace a los acuerdos “unenforceable”. (1961) Q. v. 47
BIRKS (2000. La doctrina que ha intentado sistematizar criterios de distinción entre una y otra solución destaca que la demanda de cumplimiento del contrato instada por la parte inocente suele estimarse en los siguientes supuestos 47 : cuando el contrato no sea ex facie ilegal. VATTIER FUENZALIDA (2003.
46 Para una comparación de la unenforceability con la categoría de la anulabilidad. 836. Por otro lado. TREITEL (1999. (1913) A.
Archbolds (Freightage) Ltd. 554). No obstante. V. 724]. p.
ENONCHONG (1995.
52 BIRKS (2000. conoce un conjunto de excepciones bastante significativas. esta regla. Goldman (1915) 1 Ch. cualquier miembro de dicha clase podrá ejercer la acción restitutoria respecto al precio o la propiedad transmitida siempre y cuando se base en un pacto que vulnere lo establecido en dicho statute.
. p. Scout v.R. de alguna forma. Bajo esta genérica excepción se incluyen aquellos supuestos en los que el demandante de la restitución demuestra suficientemente que.
49 Se denomina así porque el tribunal debería poder eliminar las palabras que provocan la nulidad de la promesa “by running a blue pencil through the offending words”. p. Rush (1966) F. por un lado. se entendía que la regla. ya que de proceder de ese modo estaría redactando nuevamente el contrato. que ha sido muy criticada por la doctrina jurídica 52 . 292. 114. En el derecho inglés la norma que ha regido tradicionalmente la cuestión de la restitución ha sido la “non-recovery rule”. Kall Kwick Printing (U. pp. Bennett (1952) 1 KB 249. La nulidad parcial de los contratos (severance) también se reconoce en el derecho inglés. si bien se exige que concurran una serie de requisitos (test of severability). Además.K. Provindent Clothing & Supply Co. en que los tribunales no pueden proporcionar auxilio legal a quien voluntariamente ha concluido un acuerdo contractual que vulnera la ley o la public policy. 94). Por lo tanto.Oppression. 934] o por otras circunstancias extrañas concurrentes (Kiriri Cotton Ltd. Infante y Francisco Oliva
(ii) Severance. Por otro lado. en el caso Mason v.
Bennett v. 207). Denby (1862) 7 H & N.
Así. la regla general es que el dinero que ha sido pagado o la propiedad que ha sido entregada a través de un contrato ilegal no puede recuperarse 51 . Tan sólo podrá ser considerado void o wholly unenforceable cuando el objetivo único o principal del contrato sea el de restringir la libre competencia. Brown (1892) 2 QB 724.) Ltd.Class-protection statutes. b) debe ser posible separar la parte ilegal mediante una simple eliminación de palabras. en los supuestos de contratos ilegales por restraint of trade suele ser habitual que la nulidad no afecte a todo el contrato. al dejar a una parte a merced de la otra. Cuando un contrato es ilegal porque así lo establece una ley creada para proteger a determinadas clases de personas. sin necesidad de redactar nuevamente el contrato con la finalidad de convertirlo en legal (blue pencil test) 49 . fue forzado a realizar el contrato por la otra parte [Atkinson v. esto es.InDret 3/2009
Francisco J. basada en el apotegma in pari delicto potior est conditio defendentis. (b) Excepciones. Dewani). (a) Non-recovery rule. y c) la división o separación no debe modificar la naturaleza del contrato 50 . 50 51
Goldsoll v. tendría un efecto disuasorio en la realización de los contratos ilegales. [(1913) AC 724] la Cámara de Lores se negó a sustituir del contrato las palabras “within 25 miles of London” por las palabras “in Islington”. Ltd. La explicación tradicional que justifica la “general rule of non-recovery” se basa en que. por otro lado. TREITEL (1999. .
(iii) Restitution. a saber: a) la promesa ilegal no debe ser tan importante como para contaminar la totalidad del contrato 48 . 252. debe impedirse que un contrato ilegal pueda llegar a tener eficacia y. sino exclusivamente a la cláusula que genera la restricción ilegal (the stipulation in restraint of trade). v. V.S. 452-455).
Repudiation of illegal purpose.B. aunque se sigue partiendo de la regla general de la irrepetibilidad de lo entregado. en ciertos casos. además. siendo su demanda estimada en tanto que su acción se basaba en su título como propietarios de los bienes y en el hecho de que los demandados incumplieron con su obligación de pago. vendieron algunos bienes y se quedaron con el resto. Milligan. Si un contratante concluye un contrato ilegal tras haber sido inducido conscientemente a equívoco por la otra parte (fraudulent misrepresentation) respecto al carácter legal del convenio (false statement).R. planteándose en tal momento la cuestión de si resultaba aplicable la non-recovery rule en virtud de la ilegalidad del contrato celebrado. Infante y Francisco Oliva
. Barnet Instruments Ltd. podrá recuperar la prestación realizada [Liverpool Victoria Legal Friendly Soc. arts. debe tenerse en cuenta que en la actualidad tanto la “non-recovery rule” como la “Bowmaker rule” se aplican indistintamente dependiendo de la justicia del caso concreto. 2 All E.. le permitirá al errans exigir el cumplimiento del propio contrato.B. 579.
El litigio versaba sobre ciertos contratos de alquiler con opción de compra que fueron declarados ilegales por contravenir la normativa sobre precios y licencias en tiempos de guerra. El desarrollo de la nueva regla no ha sustituido a la antigua 53
ENONCHONG (1995. La mayoría de los magistrados de la House of Lords entendieron que la demanda podía prosperar puesto que la actora no tenía que apoyarse en la ilegalidad contractual para defender su acción.Misrepresentation. (1944). pueda establecer o defender su derecho o título sin necesidad de invocar o recurrir al contrato o a su ilegalidad. p. no en la ilegalidad del contrato [Bowmakers Ltd. . Bruce.Mistake. 340].InDret 3/2009
Francisco J. 206). se puso a nombre de Tinsley. v. Finalmente.
Tinsley y Milligan eran dos amantes que adquirieron una casa.
(d) Pervivencia de la regla tradicional y de la nueva.
(c) No reliance on illegal transaction. Aunque ambos pagaron el precio y tenían la intención de poseerla conjuntamente como lodging house. . La jurisprudencia exige la concurrencia de dos requisitos para estimar procedente la excepción: que exista un rechazo voluntario (voluntary repudiation) y que se produzca a tiempo (“before it is too late”) [Harry Parker Ltd. Véase una solución diferente. por lo que fueron demandados por los arrendadores. 482]. con la finalidad de que éste pudiera realizar ciertas reclamaciones falsas a la Seguridad Social. Esta excepción permite que una persona reclame la restitución del dinero pagado o la propiedad transferida bajo un contrato ilegal siempre y cuando repudie o rechace “a tiempo” el propósito ilegal del mismo. en la propuesta de Código Civil inglés de MCGREGOR (1997). aun in pari delicto. sino en el hecho de ser la titular dominical al haber contribuido con una aportación económica al trust constituido sobre la vivienda [(1994). en el que se aplicó a un supuesto de equitable title. (1916) 2 K.. v. Mason (1940) 2 K. 511 y ss. (1810) 12 East 225] o incluso. 590 – 608].
La consagración de la regla llegó con el caso Tinsley v. El error en el que ha incurrido una parte respecto a la legalidad del contrato puede ser causa suficiente para instar la restitución de la prestación realizada [Oom v. la conocida como “Bowmaker rule” permite la restitución siempre y cuando el demandante. 1 AC. Milligan demandó a Tinsley alegando que éste detentaba la propiedad en trust para ambos y en igualdad de participaciones. Finalmente. Los arrendatarios no satisficieron los pagos en los plazos pactados y.
Véase. sea verdadera y lícita. estará afectado por una nulidad radical y. este precepto se refiere más bien a la causa de la obligación (“causa general” según algunos) de cada uno de los tres tipos contractuales que contempla (contratos onerosos. El esquema técnico es aparentemente muy sencillo. 55
MORALES MORENO (1994. MORALES MORENO contesta sagazmente a esta pregunta afirmando que la causa es un mecanismo de control de la autonomía de la voluntad para apreciar en qué casos los vínculos jurídicos merecen la protección del derecho 55 . además. Es en este sentido donde la causa asume una importancia destacada en el control de los fines reales perseguidos por las partes en cuanto motivos incorporados a la misma. En nuestra opinión. Los contratos ilegales en el Código Civil español
3. Aunque el artículo 1274 CC parece hacerlo. Lo importante es interrogarnos sobre la función que asume la causa en el ordenamiento jurídico español. p. evitando que puedan llegar a tener eficacia aquellos que el ordenamiento jurídico no considera dignos de tutela. El Código civil español no define qué se entiende por causa de los contratos. esto es. en el sentido de opuesto a las leyes o a la moral. DÍEZ-PICAZO (1996. La causa ilícita: contratos contrarios a las leyes imperativas y contra bonos mores (art. TORRALBA SORIANO (1966. Infante y Francisco Oliva
3.1. Un contrato con causa ilícita. 453)
. p. carece de relevancia práctica la determinación apriorística del concepto o la naturaleza de la causa.InDret 3/2009
Francisco J. El artículo 1261 CC establece que la causa es uno de los elementos esenciales del contrato. 958 y ss. Todos los contratos.1. Esta ausencia de una pauta legal ha dado lugar a una conocidísima disputa doctrinal sobre la naturaleza jurídica de la causa 54 . se distinguen tres tesis distintas: objetivista. Efectivamente. pp. 228-230). lo que no es otra cosa que preguntarnos sobre la finalidad cierta y empírica que está cumpliendo en la actualidad. p. deben tener una causa (requisito de la existencia) que. a los propósitos o motivos que han dado lugar a su celebración: si los fines o motivos que los contratantes conscientemente incorporan a la causa son ilícitos entonces el contrato será nulo por ilicitud causal 57 . subjetivista y sincrética. vincula la ilegalidad contractual a la ilicitud causal.). 661 y ss. 1275 CC) 3. pp. la causa actúa como un elemento que permite fiscalizar los pactos de los contratantes. RAMS ALBESA (2000.) DE CASTRO (1991.1. En otras palabras. por lo tanto. Los motivos no incorporados a la causa no pasan de ser simples móviles internos que permanecen en el
54 Como es sabido. no producirá efecto alguno (art. 1275 CC). gratuitos y remuneratorios). Causa ilícita: los motivos jurídicamente relevantes El ordenamiento jurídico español acoge el sistema causalista diseñado en el Code civil y. por lo tanto. la causa se vincula a la idea de “causa concreta” del contrato 56 . 189). en consecuencia.
246). 20 octubre 1961. Los motivos opuestos a la ley o a la moral El artículo 1275 CC determina que es ilícita la causa cuando sea contraria a las leyes o a la moral. siendo su origen o razón. Véase. 17 marzo 1956. el pacto de quota litis (SSTS de 5 marzo 1956. 29 abril 1951. el
Véase. los dirigidos a lesionar los intereses de un tercero (SSTS de 5 mayo 1958 y 23 noviembre 1961).1. 3. Esta línea jurisprudencial comenzó a gestarse con la STS de 2 de abril de 1941. 14 marzo y 11 diciembre 1986). p. en el sentido de que sean al menos conocidos –no necesariamente compartidos. p. 5 mayo 1995. 30 diciembre 1985…). 11 diciembre 1957. la cual señala que “[la] ilicitud causal que prevé el artículo 1275. En este sentido. 15 abril 1951. 22 noviembre 1979. a ambas partes 58 . 22 diciembre 1981 y 29 julio 1993)”. 24 abril 1934 y 6 febrero 1940).
En definitiva.InDret 3/2009
Francisco J. 4 mayo 1998). igualmente. los motivos o móviles tan sólo pueden gozar de relevancia jurídica cuando inciden realmente en la celebración del contrato. MORALES MORENO (2006.
La jurisprudencia ha considerado como contratos con causa ilícita los dirigidos a perjudicar los derechos de los legitimarios (SSTS de 12 abril 1944. 24 enero 1977. pp.
. El concepto de ley empleado en el precepto alcanza a cualquier norma imperativa o prohibitiva del ordenamiento jurídico. pero resulta viciada por oponerse a las leyes o a la moral en su conjunto. 23 noviembre 1961. los delictivos (STS de 26 enero 1956). se incluyen los contratos contrarios a los principios fundamentales (derechos fundamentales y libertades públicas) constitutivos del orden público 60 . ya que aquél imprime a la voluntad la dirección finalista ilícita y reprobable del convenio (SS. 1277 CC). seguida por otras muchas otras (12 abril 1944. 191. 23 junio 1919. supone la concurrencia de causa. 1255 CC). por lo que aquél que invoque la nulidad del contrato por ilicitud causal asume la carga de probar dicha ilicitud. 181). los usurarios (SSTS 9 enero 1933.
Este planteamiento general de la causa como herramienta de control de los motivos incorporados coincide básicamente con la posición dogmática que asume el Tribunal Supremo cuando recurre a la causa ilícita para decretar la nulidad de un contrato 59 . 14 junio 1997).por ambos contratantes. VALPUESTA FERNÁNDEZ (2001. descansando a su vez la ilicitud de la causa en la finalidad negocial inmoral o ilegal común a todas las partes (SS. 8 febrero 1963. 12 abril 1946. 23 diciembre 1966.2. 246 y 247). la causa aparece como el instrumento técnico que se emplea para detectar los contratos que persiguen fines ilícitos y que. 24 marzo 1950. los realizados en fraude de acreedores (SSTS de 10 julio 1896. Igualmente. Infante y Francisco Oliva
ámbito puramente privado. 8 julio 1977. podemos destacar. conforme a reiterada doctrina jurisprudencial. DÍEZ-PICAZO (1996. CLAVERÍA GOSÁLBEZ (1998. cualesquiera que sean los medios empleados para lograr tal finalidad. En definitiva. la Sentencia de 13 de marzo de 1997. Para que se incorporen o integren en la causa hace falta que sean comunes. dentro de este extenso conjunto de resoluciones judiciales de la Sala Primera. pp. 2 octubre 1972). 22 abril 1962. 2 octubre 1972. DE CASTRO (1991. 243). no pueden ser amparados por el ordenamiento jurídico dentro de la genérica libertad de contratación y autonomía de la voluntad (art. En cualquier caso. conocidos. y cuando son comunes. como tales. debe recordarse que se presume que la causa es lícita (art. p. los destinados a eludir el cumplimiento de la condena al pago de la pensión alimenticia (STS de 26 noviembre 1955). elevándose el móvil a la categoría de causa en sentido jurídico. 332 y ss).
Efectos 3.2. la STS de 24 octubre 2006 analizó la legalidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de una sociedad de seguros que concedió al consejero delegado una “comisión de cartera del 2%”. junto con la ausencia de causa. o.3. p. que engloba tanto los contratos ilegales como los inmorales. Finalmente. alcanzando incluso a los herederos. El Tribunal Supremo. 166 y ss.
3. La resolución judicial entendió que blindar una percepción económica para el futuro. Un estudio jurisprudencial a fondo se encuentra en DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. si bien la declarabilidad de oficio de la nulidad como regla general es una cuestión muy discutida en la doctrina y ha encontrado líneas jurisprudenciales contradictorias 62 . es la nulidad de pleno derecho o absoluta (arts. En palabras de DÍEZPICAZO. el contrato concluido para evitar la interposición de una acción penal o una denuncia por infracción fiscal (SSTS de 11 de diciembre de 1986 y 30 de noviembre de 2000). pp. aclarando que el concepto de causa ilícita permite cobijar a las convenciones que “no encerrando en sí ningún elemento de directa antijuridicidad son ilícitas por el matiz inmoral que reviste la operación en su conjunto”. 6.InDret 3/2009
Francisco J. será inmoral un contrato cuyo resultado práctico repugne la conciencia social y lo considere indigno de amparo jurídico 61 . Nulidad absoluta La consecuencia general que anuda el Código Civil a la ilicitud de la causa.
En la reciente “Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos” de 2009 realizada por la Comisión General de Codificación (Sección de Derecho Civil) se concede un tratamiento conjunto a ambos supuestos de nulidad (ilegalidad e inmoralidad). En otro supuesto una persona que había donado a su amante joyas y objetos de valor solicitaba su restitución tras haberse roto la relación afectiva. se somete al régimen general de la nulidad y podrá ser apreciada de oficio por el juez. no permiten el aprovechamiento de situaciones de prevalencia o influencia personal para obtener beneficios futuros exorbitantes a cargo de otras personas. era contrario a la moral. entre otros. pues se trata de una invalidez de interés público y no de protección al particular. llegó a la conclusión de que la donación era nula por causa inmoral (STS de 16 octubre 1959). recogiéndose como causas de nulidad del contrato. que trascienden al orden jurídico. pues los principios éticos que rigen los comportamientos sociales. la falta absoluta de consentimiento y la
DÍEZ-PICAZO (1996. por el total de las cuotas que se cobren anualmente.
Por otro lado.). comprometiéndose a satisfacer una determinada cantidad fraccionada a lo largo de dos años. por cuanto en este supuesto concurren circunstancias relevantes que así lo aconsejan (STS de 12 de diciembre de 2000). son ilícitos los contratos contrarios a la moral. confirmando lo establecido por la Audiencia Provincial. 243). Infante y Francisco Oliva
contrato de transferencia de un solar a cambio de apartamento siendo el terreno inedificable (STS de 30 diciembre 1985). Por lo tanto. para sí y para sus herederos. El TS entendió que el contrato contenía una causa ilícita. La moral es un concepto jurídico indeterminado que evoca al conjunto de convicciones sociales o la común opinión del ciudadano medio que impera en un determinado momento histórico (moral social).1. 1255 y 1275).
La STS de 2 de abril de 1941 analiza el caso en el que un hombre casado concluyó un contrato con una mujer con el objeto de poner fin a las relaciones entre ambos. sin que existan razones que expliquen o justifiquen la desmesura.2.
No obstante. en el art. la naturaleza y el objetivo del acto.
Así. El caso fue el siguiente: La sociedad gestora de un casino demandó a un cliente habitual al que prestó dinero en varias ocasiones hasta un total de diez millones de Ptas. diferentes niveles de eficacia: a) la invalidez para los actos que así se prevea en la ley (por ejemplo. CARRASCO PERERA (1992a. Por ello.InDret 3/2009
Francisco J. que abre el Capítulo IX dedicado a la nulidad y la anulabilidad del contrato. en relación con el tercer grupo el juez puede considerar para la eficacia del acto ciertos factores. En el primer grupo de casos los actos ilegales quedan desprovistos de cualquier efecto y en el segundo serán válidos. o establecer la nulidad si encuentra razones para determinar que el acto es seriamente contrario a las leyes imperativas o prohibitivas (inclusive las administrativas). La jurisprudencia española así lo corrobora. Infante y Francisco Oliva
ausencia de una forma especial. 1296. la de otorgar préstamos a los jugadores o apostantes en los
Para un estudio a fondo del precepto. la previsión del art. Desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1964 (hipoteca celebrada en contra de la normativa de ordenación de la actividad bancaria) se consideran. como por ejemplo. 6. determina que debamos diferenciar entre contratos ilegales y contratos inmorales. a pesar de que la consecuencia general prevista para los actos y contratos ilegales sea la nulidad radical. sino que en muchos supuestos tras la interpretación de ésta puede llegarse a la conclusión de que la eficacia del contrato se ajusta mejor a su sentido y finalidad. En el ámbito de los actos y contratos contrarios a la ley imperativa o prohibitiva la nulidad radical no es siempre la consecuencia prevista por la norma infringida. es la STS de 10 de octubre de 2008. STS de 31 de mayo de 2005 para un caso de nulidad radical por falta de forma escrita de un contrato de edición). la seriedad de la contravención de una norma administrativa establecida en la Ley de Aguas llevó al Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de noviembre de 2006 a declarar la nulidad de un contrato por el que un particular se comprometía a abastecer de agua clandestinamente a una urbanización. el juez puede declarar la validez considerando la escasa gravedad del caso. Así pues.3 63 de que la consecuencia de la contravención del acto contrario a la ley imperativa o prohibitiva será la prevista en la norma. en estos casos se estará a la advertencia de la concreta norma de prohibición en la que se podrá encontrar un efecto distinto a la nulidad. su propósito y las circunstancias y efectos previsibles al llevarlo a cabo. por varios motivos. entregándole fichas del casino contra la firma de varios pagarés y cheques (algunos enmendados y tachados) que no tenían otra finalidad que la de documentar la deuda. Especialmente relevante. Para esta labor se hace imprescindible la interpretación del sentido y la finalidad de la norma. y c) un juego flexible de efectos a valorar por el juez en relación con aquellos actos cuya sanción no ha sido prevista en la ley (como es el caso de la STS de 18 de junio de 2002 en la que se reitera claramente la doctrina sobre los niveles de eficacia de los contratos contrarios a la ley imperativa en relación con el acuerdo de una cooperativa adoptado de forma irregular). al orden público o a la moral. (i) Nulidad de los contratos ilegales. b) la eficacia de los actos celebrados en contra de la ley pero cuyo efecto legal está previsto en ella. La concesión del crédito se hizo en contra de una prohibición administrativa. entre ellos por suponer un cambio de la jurisprudencia anterior. 769-842).
. puesto que la eficacia del contrato contrario a la ley no es necesario que resulte expresamente de la propia norma infringida. pp.
. En el derecho alemán. pues. en un principio. SSTS de 24 de abril de 1991. alegó la nulidad del préstamo de acuerdo con el art. salvo que el acto tenga una apariencia jurídica correcta pues debe darse a la otra parte oportunidad para su defensa (SS. tanto los contratos ilegales como los inmorales. 6. de modo que para su apreciación deben cumplirse los requisitos establecidos en el art. 320 y ss. SABORIDO SÁNCHEZ (2005. por ello. ALBALADEJO (1995. 309.3 CC por ser contrario a norma prohibitiva. Esta consecuencia. 7 de mayo de 2002. podrá apreciarla de oficio. 6. como por ejemplo el Código alemán cuyo § 139.
(iii) Nulidad parcial. tener eficacia. 31 de diciembre de 1979: ilicitud de una asociación de varios mayoristas del aceite con el fin de constituir una comunidad común de pérdidas y ganancias.
Cuando se trate de nulidad radical el juez. 12 de julio de 2001. A diferencia de los contratos prohibidos por la ley que pueden. Tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue estimada sobre la base de que la sanción de la prohibición debía establecerse en el orden administrativo pero no en el civil. 15 de diciembre de 1993. p. 10 del Decreto de 1977 (Reglamento de Casinos). se prevé tanto para los contratos contrarios a la moral como para los contrarios al orden público
SSTS de 24 de octubre de 2006: nulidad por ilicitud de la causa respecto de un acuerdo del consejo de administración de una sociedad de seguros que concede una comisión de cartera perdurable a favor de los herederos del consejero. distingue entre “nulidad total” (totale Nichtigkeit) y “nulidad parcial” (teilweise Nichtigkeit). además. 20 de julio de 2006: la inmoralidad de un acuerdo para la compra de votos de determinados acreedores en la junta de graduación de un expediente de quiebra. 20 de junio de 2001. 26 de octubre de 1998: contrariedad al orden público de un contrato a perpetuidad de cesión de negocio de apuestas y loterías del Estado. 82). 1306 CC (FJ 12º). Véase por todos. las normas que la establecen se erigen en normas prohibitivas que por su carácter de orden público determinan la nulidad civil de pleno derecho de los actos contrarios a tales normas. Frente a la reclamación de la cantidad. (ii) Nulidad de los contratos inmorales. 21 de febrero de 2003 y 21 de noviembre de 2006). reciben ambas sanciones dependiendo del caso. La usura no es otra cosa que un supuesto especial de los contratos inmorales. que deriva del art.). Infante y Francisco Oliva
lugares de juego contenida en el art. También es la consecuencia prevista por la Ley de Represión de la Usura de 1908 para los contratos calificados como usurarios. 31 de marzo de 1981. 1275 CC. El TS. pp. si es el caso. el demandado. los contratos inmorales encuentran siempre como sanción la nulidad de pleno derecho 64 . Algunos Códigos Civiles regulan expresamente la nulidad parcial. 33-50).InDret 3/2009
Francisco J. al poder aplicarse el art. en razón al siguiente argumento: La prohibición de préstamos o créditos se corresponde. 17 de enero de 2000). por aplicación del art. En consecuencia. la empresa explotadora del casino no tendrá derecho a exigir al jugador lo que éste perdió jugando o apostando a crédito o con dinero prestado.3 del Código Civil (FJ 10º). CLAVERÍA GOSÁLBEZ (2007. con la finalidad de “tutela y protección social” que ya el Real Decreto-Ley de 1977 consideraba como uno de sus “objetivos ineludibles” y. siendo ambos tipos de invalidez una nulidad de pleno derecho o absoluta. casa la sentencia de instancia. en cambio. p. 30 de noviembre de 2000: nulidad por causa ilícita de un reconocimiento de deuda y una dación en pago con el objeto de transigir para evitar el ejercicio de una acción penal. entre otras cosas. como ya hemos visto. 1 de la mencionada ley 65 (entre otras. según hemos visto. La doctrina española tiende a hablar de “nulidad parcial” como una modalidad distinta tanto de la
20 de abril de 1988) admiten la categoría de la “ineficacia parcial”. como ha podido apreciarse en el apartado correspondiente. 1260 –juramento-. es que resulte la inmoralidad de la totalidad de su carácter. Por su parte. 1155 –cláusula penal-. el derecho español no contiene norma general acerca de la nulidad parcial. considerado un contrato de modo unitario.y 1826 –fianza in duriorem causam-). siempre que el contrato pueda subsistir sin ellas después de haber realizado la integración del mismo) y de contrato de trabajo (si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo. y además será integrado de acuerdo con los preceptos correspondientes del ET. además. son paradigmáticas la nulidad parcial en materia arrendaticia (sólo nulidad de los pactos contrarios a las normas imperativas en arrendamientos rústicos y urbanos). la nulidad alcanzará a todo el contrato. 12 de noviembre 1987. p. pp. tanto la doctrina 67 como la jurisprudencia (entre muchas otras. 221). Lo más normal. según establece el art. Por todos. 1275 (“no producirán efecto alguno”). la moral o el orden público. Sólo es nula la parte inmoral del contrato siempre que sea posible aislarla. No obstante. 1476 –exoneración de evicción del vendedor de mala fe-. un ejemplo de nulidad parcial en el caso de la usura. éste permanecerá válido en lo restante. SSTS de 7 de julio de 1978. 215). es difícil apreciar supuestos en la práctica en los que pueda aislarse la inmoralidad del contrato a un aspecto independiente del mismo. Pero existen dudas. en el caso de los negocios ilegales. De acuerdo. 1691 –exclusión de un socio de las ganancias. DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. RUIZ MUÑOZ (1993). lo cual no es exacto. deberá atenderse a la interpretación de la voluntad de las partes en el concreto negocio realizado 68 . predominando la opinión de que procede esta consecuencia cuando se trata de normas de protección sobre la base de la interpretación de su sentido y finalidad y con el fin de evitar el fraude. si no. en particular. si se considera que la previsión legal se refiere al aspecto inmoral del contrato. pero hay algunos preceptos para casos concretos que establecen que la nulidad de una parte del contrato no afectará al resto (arts. con el § 138 (2) BGB la nulidad alcanza a la prestación realizada por la víctima de la usura. 1608 – limitación de la remisión del censo-. DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. 21 de febrero de 1984. 24 de noviembre de 1983.
. Infante y Francisco Oliva
nulidad radical como de la anulabilidad. El derecho alemán nos muestra. así como fuera del Código. 17 de octubre de 1987. de cláusulas abusivas (nulidad sólo de la cláusula o cláusulas estimadas como abusivas. compatible con la jurisprudencia acabada de comentar acerca de los diferentes niveles respecto de los efectos jurídicos de los contratos ilegales. En las siguientes líneas sólo nos ocuparemos de la ineficacia parcial de los negocios nulos por contravenir las leyes.1 ET). cuando la norma infringida no establece la nulidad parcial. En cuanto a los negocios inmorales (igualmente los contrarios al orden público) también es compatible la nulidad parcial con la consecuencia establecida en el art. pero no a la
En este sentido. Como es sabido. 9.InDret 3/2009
Francisco J. 219. Esta apreciación resulta. pues el fenómeno de la ineficacia parcial es compatible con estas dos modalidades de invalidez 66 . asimismo. GÓMEZ DE LA ESCALERA (1995).
según la jurisprudencia. 5-151). 1305 y 1306 CC). 70
Nihil amplius consequeretur quamquod haberet si facta non esset. contienen las excepciones respecto de los contratos con “causa ilícita”. 3 de la Ley de Represión de la Usura a la restitución de la cantidad recibida debe entenderse en el sentido de que habrá de devolverse la cantidad prestada a la fecha del vencimiento pactado. 315). En ellos se expresa la regla proveniente del derecho romano nemo auditur propiam turpitudinem allegans. por lo que el demandante sólo ha de probar que se entregó algo en cumplimiento de un contrato inválido. tanto nulidad como anulabilidad (entre otras. mientras que los arts. Con el fin de desproveer de cualquier efecto jurídico al negocio declarado inválido el art.InDret 3/2009
Francisco J. 11 de febrero de 2003). DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. No ocurre así en el derecho español donde el art. Infante y Francisco Oliva
prestación realizada o que deba realizar el usurero (por ejemplo. 3. Para el curso histórico de los modelos de restitución (el anglosajón y el escolástico de los teólogos y moralistas españoles). pueden decretar al declarar la nulidad del contrato la restitución de las prestaciones sin incurrir en incongruencia (entre otras. la cual corresponde exclusivamente a quien entregó algo que no debía (condictio indebitii). 1303 CC. SSTS de 9 de noviembre de 1999. CARRASCO PERERA (1987.2. 3 de la Ley de Represión de la Usura establece una nulidad total ordenando la restitución por el prestatario de la suma recibida y por el prestamista lo que exceda del capital prestado 69 . Lo recuerda. 26 de julio y 30 de noviembre de 2000). presente también en otros ordenamientos. 30 de noviembre de 2000. Se trata de una acción específica que se funda en la nulidad (o anulabilidad) del contrato a favor de quien fue parte en el contrato nulo (o anulable) con el fin de recuperar la prestación realizada. 1303 CC. pp.2. Se adhiere a este planteamiento. 52 y ss). la entrega de la cantidad de dinero pactada en el préstamo). como por ejemplo el garante de la obligación de restitución (STS de 21 de noviembre de 2006). 1305 y 1306 CC) (i) La regla general del art. Éste último sólo tiene legitimación para pedir la declaración de nulidad por el interés público de ésta. 234). pp. por ejemplo. 1305 y 1306. pero no para solicitar la restitución. SABATER BAYLE (2006). pp. la acción restitutoria no puede articularse sin una previa o simultánea declaración de invalidez. al considerar que la referencia en el art. p. se vean SSTS de 28 de septiembre de 1996. pues es una acción personal y no real. Se debe demandar al contratante que recibió la prestación en virtud del contrato inválido. por lo que no exige demandar a otras personas. El art. LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA (1995. La acción corresponde sólo a las partes del contrato inválido. 1303 contiene la regla general en materia de restitución. Por todos. (ii) Las excepciones a la restitución en los contratos con “causa torpe” (arts. Se consagra en él una formulación legal de la tradicional regla de la restitutio in integrum basada en el principio de que el estado de cosas en relación con el contrato declarado ineficaz debe quedar como si no hubiese sido realizado 70 . que se aplica a todo supuesto de invalidez declarada. Por lo tanto. A pesar de que la realidad normativa es bien clara
69 Defienden la nulidad parcial DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. p. no al tercero que pide la nulidad del contrato. Los tribunales. Restitución: La regla general del artículo 1303 CC y las excepciones a la restitución en los contratos con “causa torpe” (arts. 1055-1148) y (1988. ordena la restitución recíproca de las prestaciones con sus frutos y intereses. mientras que la acción de nulidad (también la anulabilidad) sí puede tener una existencia independiente 71 .
. en cuanto normas especiales.
igualmente excluye la aplicación del art. la tendencia de la doctrina ha sido la de fundamentar interpretaciones que permitan la regla de la restitución e incluso se ha llegado a defender la derogación práctica de ambos preceptos. la falta de causa y la causa falsa) con la ilicitud de la causa 72 . emblemática en esta materia. 30 de noviembre de 2000 (contrato simulado de compraventa que esconde un reconocimiento de deuda y una dación en pago con el fin de que la empresa no denuncie al trabajador que le sustrajo una importante cantidad de dinero.1º CC con el fin de impedir la reclamación o repetición de las prestaciones). 1305 y 1306. p. como ya hemos visto. y aplica el art. 185). 247-342). La STS de 11 de diciembre de 1986 (“caso Galletas Cuétara”) 74 . en la que se decretó la restitución de lo entregado) o.) Por su parte. restitución del equivalente). SABORIDO SÁNCHEZ (2005. pp. ha de tenerse en cuenta en relación con esta última sentencia el hecho de que el TS deniega la aplicación del art. pp. de la que son culpables ambos contratantes. 8 de febrero de 2008 73 (contrato de cesión de negocio de apuestas y loterías declarado nulo y respecto del cual se ordenó la restitución de las prestaciones de acuerdo con el art. por lo que decretó la aplicación del art. la STS de 10 de octubre de 2008. se aplicó el art. 1306. por la correcta calificación del caso enjuiciado por cuanto confunde otros vicios en la formación del contrato (sobre todo. la cual no se caracteriza ni mucho menos por una línea de doctrina clara a la hora de aplicar los arts. en la que erróneamente se apreció una causa torpe y. aplican el artículo 1305 o el 1306. ni tampoco. 338 y ss. Se adhiere a este planteamiento. amenazó con denunciar las irregularidades tributarias de la empresa si ésta no le entregaba una determinada nave 75 .). Para la interpretación de la regla nemo auditur en el derecho español poco ayuda la jurisprudencia.InDret 3/2009
―estos preceptos excluyen la reclamación de las prestaciones derivadas de un contrato con causa ilícita―. 1306 (contratos con “causa torpe”) y prefieren la regla de la restitución de acuerdo con el art. CLAVERÍA GOSÁLBEZ (1987. 615). en cambio. más recientemente. como la STS de 2 de abril de 2002 (contrato simulado de compraventa que esconde un convenio de cesión de uso de una farmacia. lo que finalmente no fue posible en forma específica por no cumplirse las condiciones administrativas para que la titularidad volviera a quien en su día transmitió.
Véase una análisis concienzudo de la jurisprudencia en SABORIDO SÁNCHEZ (2005. como por ejemplo. pp.
75 MORALES MORENO (1988. las SSTS de 16 de octubre de 1959 (donación con causa ilícita en la que se ordena la restitución de las joyas entregadas por el amante). pp. viene a establecer la nulidad del préstamo concedido al cliente por una sociedad gestora de un casino para que pueda seguir jugando por su contrariedad a la disposición administrativa que prohíbe estos préstamos. 1307.). Otras sentencias. 1303. al cesar en su relación laboral. cuando debería haberse apreciado como contrato simulado que encierra un contrato contrario a norma imperativa). 30 de octubre de 1985 (contrato simulado con el fin de sustraer los bienes a los acreedores.
Comentarios de MORALES MORENO (1988.
Hay sentencias que niegan la aplicación del art. Más recientemente. arrepintiéndose de su anterior opinión (“causa insuficiente”). 1306 en un supuesto en el que un empleado. 1306 porque fue una cuestión no solicitada en primera y segunda instancia. pp. que confunde causa falsa con causa ilícita). 1306 CC por tratarse de un contrato con “causa torpe”. 4281 y ss. No obstante. en consecuencia. 1306. en ciertas ocasiones. 1379-1399). p. Comentada por SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA (2008. de modo que cabe aplicar el art. 1303. 607 y ss. calificado como un contrato con causa ilícita. CLAVERÍA GOSÁLBEZ (1998. o la de 31 de mayo de 2005 (contrato de cesión de explotación de quiosco en contra la normativa administrativa sobre el carácter personalísimo a favor de discapacitados de la concesión administrativa.
p. Esta segunda interpretación es más convincente. La jurisprudencia más reciente parece encaminarse en este sentido (SSTS de 10 de octubre de 2008. párrafo segundo. CLAVERÍA GOSÁLBEZ (1998. 2 de febrero de 2008 y 31 de mayo de 2005). pero no distinguen entre mayor o menor culpabilidad. los arts. además. 354-357). supuestos considerados habitualmente también como de ilicitud causal. Tiene como sustento.). sin embargo. es la solución que adoptan otros Códigos cuando formulan la regla nemo auditur refiriéndola tanto a los contratos ilegales como a los inmorales (por ejemplo. 367). de modo que la exclusión de la irrepetibilidad se aplicaría al contratante que con su conducta ha sido culpable en mayor medida de la ilicitud del contrato y quedaría abierta la vía de la restitución al contratante no culpable o menos culpable 78 . § 817. 78
DELGADO ECHEVERRÍA (1991. DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. nt.InDret 3/2009
Francisco J. 1200). el hecho de ser la solución que se impone en la jurisprudencia más reciente y concordar con el derecho comparado.
77 En cierto sentido. Nótese que en este punto. Infante y Francisco Oliva
Una cuestión debatida en la interpretación del art. puesto que la primera no encuentra ningún fundamento lógico. La interpretación literal lleva a considerar que sólo la causa torpe apunta a la inmoralidad de una datio que se enfrenta a las buenas costumbres y que en el caso de la contravención de la ley la causa también es ilícita pero no se puede tachar la conducta de las partes como deshonesta. SABORIDO SÁNCHEZ (2005. 186. En verdad. No conducen a otro expediente que al de la imputación subjetiva de la conducta. 614 y ss. o exclusivamente deben quedar circunscritos a los supuestos de contravención a la moral.
. también. salvo la loable intención de restringir la exclusión de la repetibilidad. pp. es decir. pp. el
DELGADO ECHEVERRÍA (1991. La segunda interpretación posible es la sistemática: el concepto de ilicitud causal de estos artículos debe ser el mismo que el del 1275. si es el caso) corresponde el desvalor de la acción. pp. En efecto. 176. impúdica. 292). BGB). la cual no puede llevar. En realidad todo depende de la interpretación que se realice de la expresión “causa torpe” contenida en él. donde no se distingue entre inmoralidad e ilegalidad. MORALES MORENO (1988. p. Con la finalidad de mitigar el rigor de la aplicación de la regla nemo auditur y evitar los resultados injustos en los que se consolidan atribuciones patrimoniales a favor de quien ha sido el artífice de la ilicitud. indecorosa o infame que son los significados del adjetivo “torpe” según el diccionario de la Real Academia 76 . lasciva. Hay dos posibilidades. p. ignominiosa. 1305 y 1306 distinguen según la culpa esté de parte de ambos contratantes o de sólo uno de ellos. a la distorsión del sentido del Código. pp. Esta imputación sólo puede hacerse a título de dolo (a quien es consciente del desvalor) o de negligencia (a quien inexcusablemente ignora el desvalor o no hace lo posible por evitar la actuación). declarándose la ineficacia de cualquier oposición a las leyes o a la moral 77 . la doctrina ha defendido la tesis de la “graduación de la torpeza” o “culpabilidad”. a la determinación de a cuál de los dos contratantes (o a los dos. a pesar de la complicación en la formulación de la regla. 1306 (“contratos con causa torpe”) es si se aplica a los casos de contrariedad a la ley imperativa y prohibitiva. p. 177). 558-559). 309). más recientemente. CERDÁ OLMEDO (1980. DÍEZPICAZO (1991.
Francisco J. desde el punto de vista de una política jurídica adecuada. por la contravención objetiva de un orden extralegal. Infante y Francisco Oliva
Código Civil español no es muy diferente al alemán. 1305. Históricamente se ha fundamentado esta regla en tres razones que han venido alegándose indistintamente en función de la justicia del caso 79 : a) a nadie le puede estar permitido fundamentar su acción en un contrato ilegal. en el que igualmente se exige la imputación subjetiva para la exclusión de la repetición en el segundo párrafo del § 817. de modo que para que haya causa ilícita debe ser compartida por los dos. pp. el fundamento de la inclusión de la regla nemo auditur no es otro que la protección de la dignidad de los tribunales. tal y como hemos tenido la oportunidad de estudiar en el apartado correspondiente. que tiñe todo el ámbito de éste y del siguiente artículo”. Actualmente se aplican. p. De acuerdo con esta regla la demanda de repetición debe ser admitida incluso in pari delicto si no se hace depender de la propia ilegalidad 80 . debe hacerse un juicio sobre el desvalor de la acción. Con ello se olvida de que. 300): “[En] nuestro Código. tanto la regla tradicional como la regla moderna proveniente del “caso Bowmaker”. (iii) Fundamentos jurídicos. En el derecho inglés. 1305 y 1306 CC 82 . ENONCHONG (1995. Los tres principales fundamentos han sido utilizados indistintamente por la doctrina 81 : la teoría de la compensación de culpas (in pari delicto melior est causa possidentis). 1305 y 1306. La doctrina española no ha acogido esta concepción. 298-301).
DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. pp. no debe olvidarse que también
DANNEMANN (2000. de acuerdo con los arts. 3). a pesar de encontrarse expresada en el propio Código. p. establece que la causa es el fin común y determinante de ambos contratantes. la conducta ilegal o inmoral. 205). Sin embargo. incluso.
. Esta concepción. incluso penar. como es sabido. lo cual es así. ya que desde su origen siempre ha causado repulsa escuchar en los tribunales a quienes con su conducta se han comportado ignominiosamente. ya persigan la inmoralidad ambos contratantes o uno sólo de ellos con la aquiescencia. En el derecho español no se encuentra muy claro el principio filosófico en el que fundamentar la regla nemo auditur desde el punto de vista de la política jurídica. Desde un punto de vista histórico. ignorancia del otro. la cuestión de la indignidad procesal (fundamento tradicional de la regla nemo auditur) que deniega la protección del derecho a quien se coloca fuera de él y la consideración de que se trata de una pena civil (con la que se priva de protección jurídica en razón de lo infame de la conducta de las partes). Por todos. que permite la restitución. negligencia o. Para una síntesis de los mismos DELGADO ECHEVERRÍA y PARRA LUCÁN (2005. Pero no es incompatible con esto. según la justicia del caso concreto. por temor a desencajar la concepción subjetiva de la causa (“causa concreta”). b) los tribunales quedarían maculados si atendieran a las demandas de los infractores y c) las demandas fundadas en la ilegalidad deben desestimarse con el fin de disuadir. conocida como Bowmaker rule. la regla tradicional fue la de la irrepetibilidad fundada en el adagio in pari delicto potior est conditio defendentis con la que se persigue la defensa de la dignidad de los tribunales y al mismo tiempo la disuasión de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico. la finalidad penal es evidente en el art. 2. observar también un matiz sancionador a la conducta ilícita de las partes en la función normativa de los arts. Un contrato es inmoral cuando en sí mismo contraviene las buenas costumbres.
el hecho de que alguien pueda consolidar una atribución patrimonial proveniente de una conducta moral reprochable. se sanciona. 6. no hacen falta los
Cfr. en un supuesto de nulidad del contrato por contravención del derecho imperativo. En tal sentido. para decretar la nulidad de ciertos contratos en los que el propósito práctico perseguido por las partes sea contrario a las leyes imperativas o la moral. 1112-1119). no son cualesquiera que pueda sufrir la parte agraviada. sin embargo. ASÚA GONZÁLEZ (1989). De ahí que los tribunales de medio mundo acudan una flexibilización de los principios o reglas con el fin de adaptarlos a la justicia del caso concreto. 3. Los daños apreciables por esta vía. modelo de las posteriores. si bien no concedieron la indemnización que solicitaban los demandantes.2. y posteriormente las SSTS 26 de febrero de 1994 y 5 de abril y 16 de diciembre de 1999. la indemnización debe colocar al agraviado en una situación similar a la que tendría si el contrato no se hubiera celebrado. aunque la materia no es objeto del fallo por no haber sido planteado por las partes. Comentario: GARCÍA RUBIO (1989. La mayor parte de casos en los que se ha admitido la doctrina de la culpa in contrahendo ha sido por ruptura injustificada de las negociaciones o de los tratos preliminares. En el mismo sentido. Infante y Francisco Oliva
causa repulsa y. realmente. Probablemente aquí se encuentra la explicación por la que los tribunales españoles han rechazado la aplicación de los arts.3.
.InDret 3/2009
Francisco J. la doctrina ha planteado la aplicación de la tesis de la culpa in contrahendo en relación con los daños causados en contra de la buena fe tanto por la ruptura injustificada de las negociaciones como los generados como consecuencia de la celebración de un contrato nulo 83 .3. 1255 CC). hace falta recurrir a la categoría de la causa para poder controlar la legalidad de los contratos y evitar los pactos ilícitos e inmorales. Consideraciones críticas En nuestra opinión. las cuales. ha admitido la indemnización por la culpa in contrahendo. la STS de 2 de junio de 2000 admite la hipótesis de la indemnización por culpa in contrahendo. no obstante. GARCÍA RUBIO (1991). por todos. para un supuesto en el que el empleado de una banca y su esposa realizaron ciertos gastos y gestiones en previsión de un futuro puesto de trabajo que se iba a ofrecer en otro lugar y que finalmente no se realizó. es decir. sino tan sólo aquellos que comprenden su interés negativo (gastos y expensas realizados en atención al futuro contrato o al contrato que se reputa válido). Así lo ha reconocido claramente la STS de 16 de mayo de 1988 84 . algunos importantes representantes de la doctrina jurídica han afirmado que. igualmente. No obstante. La jurisprudencia. pp. hay que cuestionarse si. Entendemos que la causa no es un elemento imprescindible para regular los contratos ilícitos o contra bonos mores en tanto que tales patologías pueden ser normalmente abordadas en sede de contratos contra legem (art. 3. Indemnización del interés negativo No existe en el derecho español una norma concreta relativa a la indemnización de daños por nulidad del contrato con causa ilícita. sí acogieron la meritada doctrina. en consecuencia. 1305 y 1306 (sobre todo de este último) en numerosas ocasiones.3 CC) y de vulneración de los límites de la autonomía contractual (art. precisamente.
bajo un régimen flexible que permita al juez la adaptación de ambas reglas al caso concreto. 91). p. para determinar si un contrato es nulo basta con comprobar si su contenido o los motivos conocidos de las partes vulneran la ley. En este sentido. Es lo que se ha hecho en el sistema de los PECL y al estudio de esta materia en el próximo capítulo nos remitimos. FAJARDO FERNÁNDEZ. Por todo ello. ya que de esta manera se dotaría de mayor seguridad jurídica y claridad al sistema 87 . resultando el recurso a la institución de la causa hasta un cierto punto “artificioso” 86 . J. Es decir.
Asimismo. Efectivamente. Infante y Francisco Oliva
artículos 1271 y 1275 CC. introducir una flexibilización en el derecho de las restituciones permitiendo la restitutio in integrum con carácter general y estableciendo la regla nemo auditur para los casos más graves de culpabilidad de los contratantes en la ilegalidad o inmoralidad del contrato. (2003. en cuanto que podría funcionarse igualmente con lo establecido por los artículos 6. 1306.
DÍEZ-PICAZO et al. desde un punto de vista político legislativo. Igualmente. p. nos parece que a efectos de garantizar un control efectivo de la licitud de los contratos la supresión de la técnica de la causa es perfectamente posible. 422.
La “Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos” de 2009 realizada por la Comisión General de Codificación (Sección de Derecho Civil) mantiene la causa como elemento de referencia para determinar la ilicitud contractual. las reglas de la restitución de las prestaciones tal vez merezcan de lege ferenda una revisión con el fin de adecuarse a la realidad social. FAJARDO FERNÁNDEZ. (2003. 424). 404). en el artículo 1238 CC establece que son nulos los contratos sin causa “o cuya causa sea contraria a la ley o a la moral”. p. “Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos”. J. e incluso recomendable. GHESTIN (2005.
. nt. p. La idea es acertada en parte al consagrar el principio de la restitución de las prestaciones siempre que sea posible como medida más adecuada para privar de efectos al contrato nulo o anulable. lo más correcto habría sido. 175). 412.InDret 3/2009
Francisco J. pues basta con exigir la legalidad y moralidad del contrato considerado en su globalidad (contenido y propósitos conocidos). 80). En idéntico sentido se pronunció con anterioridad DE LOS MOZOS (1961. pp. la moral o el orden público. p. 416 y 417). puesto que la nueva propuesta de la Comisión General de Codificación es la de formular con carácter general y sin excepciones debidas a la “causa torpe” el principio de la restitutio in integrum (nuevo art. (2002. Sin embargo. 61). Últimamente parece que puede más el horror a consolidar atribuciones patrimoniales ex turpi causa que la protección de la dignidad de los tribunales. ZWEIGERT y KÖTZ (1995.3 y 1255 CC 85 . pp.
(2006. no sin obstáculos. p.1. Se aclaraba en el artículo 4:101 que “el presente capítulo –relativo a la validez contractual.
La ubicación sistemática de la ilegalidad contractual en el conjunto de los Principios. puede resultar llamativa y hasta cierto punto sorprendente. intitulado “Illegality” . El contenido normativo es similar al de los PECL. la moral o el orden público. se aprobó el régimen de los contratos ilegales en el Capítulo 15 de la Parte III de los PECL. relativo a la validez de los contratos. La razón de tal exclusión residía en la propia complejidad de la materia. MACQUEEN fue el encargado de analizar el problema y llegó a la conclusión de que los Principios tenían que incluir en su articulado la figura de los contratos ilegales ya que. Infante y Francisco Oliva
4. 550 y 551). de la inmoralidad o de incapacidad”. lo que no impide que existan ciertas diferencias. de ahí esa curiosa solución final.InDret 3/2009
Francisco J. aproximadamente en 1996. Cuando la Tercera Comisión sobre Derecho Contractual Europeo inició sus trabajos se cuestionó. No en vano. finalmente. todo parece indicar que la cuestión de la ubicación será definitivamente resuelta y aclarada en próximas ediciones de los Principios 89 . puesto que en el fondo se resuelven problemas de ineficacia de ciertos acuerdos que contravienen la ley. que aconsejaba. en su opinión. Los contratos ilegales en los PECL
4. Así pues. en los comentarios oficiales se señala que “[in] any new edition of all three Parts this Chapter would probable form a separate section in a slightly modified Chapter 4”. prácticamente al final de la Tercera Parte de los PECL y entre los capítulos dedicados a la prescripción y las condiciones. Probablemente. Da la impresión de que los redactores han entendido que se trata de una cuestión extraña y compleja a la que no había donde colocar. si debería abordar la regulación de los contratos ilícitos e inmorales. pp. en el parecer de los redactores de los Principios.no trata de la nulidad derivada de la ilicitud. bajo la rúbrica de “Infringement of fundamental principles or mandatory rules”. cierta prudencia y reflexión. Su propuesta fue aceptada y.
. 552). Introducción Inicialmente los PECL no regularon el problema de los contratos ilegales en las partes I y II.
El borrador del Marco Común de Referencia (DCFR) también aborda la cuestión de los contratos ilegales en la Sección 3ª del Capítulo II del Libro II. algunas especialmente interesantes y llamativas. LANDO et al. Hector L. si los PECL pretendían constituirse en un sistema completo de derecho contractual y en la base de un futuro Código civil europeo resultaba imprescindible que no se divorciaran de la realidad tanto del derecho nacional como del comunitario 88 . el régimen de los contratos ilegales debería insertarse en el Capítulo 4.
MACQUEEN (2005. que iremos exponiendo a lo largo de las siguientes páginas.
las buenas costumbres y el orden público. los principios fundamentales deben buscarse en una serie de textos básicos del derecho europeo: el Tratado de la Unión Europea (principio de libertad de circulación de personas. 4). orden público y otros principios fundamentales del derecho comunitario europeo Los artículos 15:101 PECL y II. 4:109 PECL). 553). incluyendo los que emanan del derecho comunitario 90 . 24).
Se trata. Por lo tanto. etc. están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 15:101 PECL 91 . derecho de propiedad (art. o public policy. en palabras de MACQUEEN (2005. derecho a la libertad (art. servicios y cosas o principio de protección de la competencia). ¿cuáles son esos principios fundamentales? Ante todo. p. art. 38)].InDret 3/2009
Francisco J. reconocidos bajo el concepto de beneficio excesivo o ventaja indebida (usura ex art. del “common weal”. la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [libertad de empresa (art. 5). Hay que señalar que algunos principios fundamentales del derecho de la Unión Europea están recogidos expresamente en otros lugares del propio texto de los PECL. Infante y Francisco Oliva
4. (2006. LANDO et al. el bien público. igualdad entre hombres y mujeres (art. derechos del menor (art. 23).1. No obstante. 4:110 PECL). o la prohibición de cláusulas abusivas (cláusulas no negociadas individualmente.]. 212). como la prohibición de los pactos usurarios.-7:301 DCFR comienzan abordando la cuestión de los contratos contrarios a los “principios fundamentales del derecho de los Estados miembros de la Unión Europea”. 8). ¿Qué son esos principios fundamentales? El comentario oficial del artículo 15:101 PECL declara que la finalidad del precepto es la de eliminar términos como “illegality” e “immorality”. Junto a estos principios reconocidos expresamente existen otros muchos cuya identificación y elucidación corresponde inevitablemente a los estudios comparatistas: habrá por lo tanto que determinar en cada caso concreto si un cierto contrato vulnera los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos europeos. 17). Supuestos de hecho 4. a través del concepto global y general de “principios fundamentales del derecho” que se encuentran a lo largo y ancho de la Unión Europea. Contratos que infrinjan los principios fundamentales (art. un neologismo que absorba los criterios de la contravención a la moral. derecho al respeto de la vida privada y familiar (art. Aclarado este extremo.2. puesto que estos principios ya cuentan con su propio régimen jurídico. ordre public y bonos mores.2.
. resulta evidente la intención de crear un nuevo concepto. p. protección de los consumidores (art. la Convención Europea de Derechos Humanos [prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. con independencia de cómo sean denominados o conocidos cada uno de estos supuestos en los diferentes Estados de la Unión Europea. 16). 15:101 PECL y 7:301 DCFR) a) Ámbito de aplicación: moral.
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios y su suministro (DOCE L 373. En el reciente derecho comunitario la prohibición de discriminación no sólo se extiende a las relaciones laborales o de empleo. así como ulteriores referencias. nº 180.-2:101-2:2105 DCFR) (i) Contexto europeo del “principio de no-discriminación”. tiene su origen en la labor desarrollada por un grupo científico vinculado al “Acquis Group”. 0016-0022).del Libro III (“Obligations and Corresponding Rights”) que contiene el derecho de obligaciones. 02.2004. denominado “Working Group on Non-Discrimitation” 94 . La inclusión en el DCFR del “principio de no-discriminación”. 022-0026). 76-89) y NAVAS NAVARRO (2007. en virtud de la cual se fija un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la educación (DOCE. (iii) Los contratos contrarios a la prohibición de discriminación como contratos inmorales. nº 303. 1619-1640). Directiva 2000/78/CE.
. L 269. de 13 de diciembre de 2004. si consideramos los arts.07.2002.InDret 3/2009
Francisco J. 0015-0020) y Directiva 2004/113/CE. la Convención de Derechos Humanos y la Carta de
92 Directiva 2000/43/CE. Directiva 2002/73/CE. La investigación de este grupo en relación con el derecho comunitario antidiscriminación llegó a la conclusión de que no hay duda de que existe un principio general de derecho comunitario relativo a la “no-discriminación”. En atención a esta regulación. por tanto. pp. (2008). 21. pueden consultarse en LEIBLE (2006. a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (DOCE.
94 Los trabajos del “Working Group on Non-Discrimitation” y el borrador de los principios generales sobre nodiscriminación. relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racional o étnico (DOCE. pp. 15:101 PECL y 7:301 del Libro II del DCFR en los que. 19.10.2000. del Parlamento y del Consejo.2000. el DCFR apuesta decididamente por la inserción con carácter general de reglas configuradoras del principio de no-discriminación en el seno del derecho privado. 93 VON BAR et
al. Se introducen en el Capítulo 2 (“Non-Discrimination”) del Libro II (“Contracts and other Juridical Acts”) dedicado la formulación de los principios y reglas generales de los contratos y otros actos jurídicos y en el Capítulo 1 (“General”) –junto con otros principios. sino que también se prevé que se aplique a las relaciones contractuales (acceso y puesta a disposición de bienes y servicios) 92 . 05. A diferencia de los PECL en los que la materia no fue tratada.12. 0037-0043). tanto en la primera como en la segunda versión 93 . del Consejo. del Consejo. de 23 de septiembre de 2002. Infante y Francisco Oliva
b) Contratos contrarios al principio de no discriminación (II. que modifica la Directiva 76/297/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo.12. como hemos visto. del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata. En esta vía la última tendencia es la inducción mediante el derecho comunitario existente de la prohibición de discriminación como principio general del derecho de la Unión. de un principio que ilumina todo el derecho de los contratos y de las obligaciones y que dota de una eficacia hasta ahora desconocida a la lucha contra la discriminación en el derecho privado. se declara la nulidad del contrato en la medida que infrinja un principio reconocido como fundamental en los derechos de los Estados miembros de la Unión Europea y el comentario oficial de que esta formulación se refiere también a los principios de Unión recogidos en el Tratado Constitutivo.
193). GARCÍA RUBIO (2007). de 22 de marzo. 15:101 PECL y 7:301 del Libro II del DCFR). es posible considerar. en menor medida. resulta conveniente presentar brevemente una serie de casos agrupados en torno a las categorías de contratos ilegales que consideramos más significativas y reiteradas en la práctica judicial europea 97 . En esta materia deberá distinguirse entre el contrato discriminatorio inmoral y el contrato que da lugar a una discriminación en su ejecución o cumplimiento. Alemania o. para el estudio de los remedios jurídicos frente a la discriminación a la luz de los arts. p. pp. a la que se refiere propiamente el Capítulo II del Libro II del DCFR. MARTÍNEZ DE AGUIRRE y ALDAZ (2003. Por otro lado. 1276).
Véase. 533) . (i) Contratos que implican una violación de la moral sexual y de los principios de la vida familiar. BEALE et al.
Véase. hay que identificar la discriminación en el acceso o suministro de bienes y servicios. España). que el contrato discriminatorio podrá resultar un contrato inmoral. la negativa a contratar.InDret 3/2009
Francisco J. c) Supuestos comunes A efectos de alcanzar una mínima uniformidad explicativa y aplicativa del concepto de “principios fundamentales del derecho de los Estados miembros de la Unión Europea”. junto con la indemnización de daños y perjuicios en el caso de que existan.O. en cuyo caso la consecuencia será el remedio indemnizatorio por responsabilidad extracontractual 96 . p.). según puede leerse en la sentencia de la Corte de Cassazione de 23 de marzo de 1985 99 ) han sido considerados en la jurisprudencia europea como un claro supuesto de contratos ilícitos y nulos. 10 y 72 de la L. VALPUESTA FERNÁNDEZ (2007). En cualquier caso. (2002. p. y se recoge en ellos como un “principio fundamental” (right not to be discriminated against). es decir. La prohibición de discriminación deriva del derecho de la Unión Europea (tanto del derecho primario como de las directivas antidiscriminación) y del derecho de algunos Estados (por ejemplo. En el pasado se ha considerado que este tipo de contratos eran nulos por vulnerar las buenas costumbres. Un tópico hasta cierto punto habitual es el de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al ejercicio de la prostitución. que incluso podrá ser disuasoria (II.
. En el primer supuesto el juez podrá establecer la nulidad del contrato o de la parte del mismo que resulta discriminatoria (arts.-2:104). p. (2003. 1:105 del Libro III del DCFR. Se ha afirmado que intentar construir un concepto unitario y uniforme de “buenas costumbres europeas” es un empeño excesivo 98 . es decir. 3/2007. para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. los contratos que vulneran la moral sexual (la decencia y el pudor sexual. tendrá lugar la aplicación de los remedios del incumplimiento de las obligaciones previstos en el Capítulo III del Libro III. 297 y ss. No
MACQUEEN (2005. Rivista del Notariato (1985. 211). Infante y Francisco Oliva
Derechos Fundamentales 95 . En el segundo caso deberán aplicarse los remedios correspondientes frente al incumplimiento adaptados al caso concreto según ordena el art. y para un estudio general de la ley. en buena lógica. LANDO et al.
1982. sobre Técnicas de Reproducción Asistida). Sin embargo. Infante y Francisco Oliva
obstante. En los comentarios oficiales a la Parte Tercera de los PECL se considera que el pactum de cuota litis atenta contra los principios fundamentales “en cualquier lugar”. 15-. puede decirse que se excluye la validez de los acuerdos de no competencia cuando por su extensión espacial y temporal implican de facto la privación de la libertad de trabajar o de comerciar. en Alemana las Sentencias del Tribunal Federal de 31 marzo 1970 -BGHZ. art. como ya hemos visto. consecuentemente. perdiendo la objetividad que como “tutor de la ley” se le exige.InDret 3/2009
Francisco J. 53. en Inglaterra. 474-. y en otros resultan prohibidos expresamente por numerosas leyes (por ejemplo España. Nº 43. Harper’s Garage (Storport) [Ltd. 14 de junio de 1972 (NJW 1972. hoy en día ésta ya no es la única aproximación al tema. (1968) AC 269] que declara ilegalidad de una duración contractual de veintiún años. o en España la STS de 18 de noviembre de 1994). es un principio fundamental de los ordenamientos jurídicos europeos. 1459). las Sentencias del BGH de 9 de junio de 1969 (BGHZ. V. Es cierto que en algunos países durante mucho tiempo la jurisprudencia ha entendido que este pacto podría provocar potencialmente que se confundiesen los intereses del abogado a su prestación con los de la parte defendida. Como regla general. Asimismo. 52.y 2 de diciembre 1981 -D. Los contratos de “alquiler” del vientre materno (maternidad subrogada). Ltd. (ii) Contratos que limitan la libertad de actuar en los ámbitos personal y económico. como por ejemplo. y 17 enero 1979 (NJW 1979. por lo que los pactos o acuerdos contractuales que de cualquier manera lo contravengan por regla general son considerados como nulos. son ilícitos los contratos que contienen pactos que restringen el libre ejercicio de la actividad económica. En este sentido. II. el caso Esso Petroleum Co. Los pactos que vulneran la libre competencia son también objeto de reproche en los Estados de la Unión Europea. 109. en la actualidad parece que tan solo pueden ser ineficaces cuando impliquen alguna suerte de abuso o explotación ilegal de las personas que llevan a cabo tales contratos. La “libertad de mercado” y. (iii) Contratos que interfieren en la administración de la justicia. profesional o artística de las personas. 171. los contratos de larga duración (normalmente contratos de distribución mercantil) también han recibido sanción en la jurisprudencia de los países europeos cuando restringen de forma indebida la libertad económica y profesional. 865) en las que se establece que la duración máxima de los contratos de distribución de cerveza es de veinte años.R. en unos países se consideran ilícitos por resultar contrarios a las buenas costumbres y al orden público (como por ejemplo Alemania). o en Alemania. Las aproximaciones legislativas a este pacto se realizan desde dos puntos
. Son muy comunes los casos de cláusulas de no competencia o no concurrencia previstas en ciertos contratos de trabajo o prestación de servicios que impiden ejercer una determinada actividad profesional durante un plazo considerable tras la finalización de la relación contractual originaria. de 26 de mayo. I. En la jurisprudencia europea existen numerosos casos en que se ha declarado la nulidad de los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual por su carácter abusivo o leonino. en Francia las Sentencias de la Court de Cassation de 3 febrero 1999 –Bull.y 17 de enero de 1983 -BGE. 176). 10 Ley 14/2006. la libertad de iniciativa empresarial. 369. Otro ejemplo paradigmático es el de los contratos realizados a raíz de una relación extramatrimonial mantenida con la/el amante (por ejemplo.
85). se va imponiendo con fuerza. la nulidad con efectos retroactivos total o parcialmente o la modificación del contrato o de sus efectos. art. pp. Según
Cfr. finalmente. que primeramente lo sancionaba a nivel jurisprudencial bajo la tacha de los contratos inmorales del § 138 y que desde 1994 lo hace expresamente a nivel legal al calificarlo como contrato contrario a la ley en el § 49 b [2] del Reglamento del a Abogacía (BRAO). ZWEIGERT y KÖTZ (1995.3 CC o § 134 BGB). como por ejemplo Alemania. La realidad de todos los ordenamientos europeos es que existe una gran cantidad de contratos que son ilegales por contravenir las leyes imperativas y prohibitivas. Comentada por GÓMEZ LIGÜERRE y RUIZ GARCÍA (2009). Cada vez más esta última visión. Estos preceptos no declaran cuando el contrato es ilegal. pero que no contravienen ni la moral ni el orden público ni ningún otro principio fundamental. Infante y Francisco Oliva
de vista contrapuestos 100 : la consideración del abogado como un agente de la justicia que debe sobreponerse a los intereses particulares y tutelar el derecho objetivo (el criterio tradicional del sistema europeo-continental) o la idea de que el abogado debe obtener con todos los instrumentos legales puestos a su disposición el resultado más ventajoso posible para su cliente (el criterio preponderante en el sistema anglosajón). de forma indirecta. a falta de previsión.UU. 16 por decisión del Consejo Nacional de la Abogacía tomada en su Sesión Plenaria del 30 de junio de 2000. 84. al prohibirlo expresamente el Código Deontológico de la Abogacía incluyéndolo en su art. lo que se encuentra acorde con la técnica legal de todos los ordenamientos que sancionan la infracción de los contratos ilegales (por ej.-7:302 DCFR) a) Ámbito de aplicación: normas imperativas aplicables ex art. Sin embargo. la STS (Sala 1ª) de 13 de mayo de 2004 declaró posteriormente que el pacto de quota litis no atenta contra la ley. el juez podrá declarar en función de una serie de factores la validez del contrato. nos encontramos con ordenamientos que lo prohíben.2.
4. la moral o el orden público. 6. sin lugar a dudas. impone unos honorarios mínimos. 15:102 PECL y II. lo que abarca. 1:103 PECL Los arts.2. más realista y acorde a la vivencia de la práctica forense.
Así.-7:302 DCFR establecen que los contratos contrarios a las normas imperativas o prohibitivas tendrán la eficacia señalada por la norma infringida y. Contratos que infrinjan una ley imperativa (art. tanto las normas imperativas como las prohibitivas. de modo que resulta implícita en esta lógica que cuando la infracción también alcanza a la violación del orden moral entonces debe aplicarse el precepto que se refiere a ella. literalmente se habla de “contracts infringing mandatory rules”. El epígrafe general de estos preceptos se refiere a los contratos que infringen el derecho necesario.InDret 3/2009
Francisco J. como es el caso paradigmático de España que lo había prohibido durante largo tiempo al declararlo la jurisprudencia como un acuerdo inmoral y. Y la reciente STS (Sala 3ª) de 4 de diciembre de 2008 101 ha acabado por admitirlo al considerar que la prohibición reglamentaria del pacto de quota litis restringe de forma injustificada la libertad de negociación de precios entre cliente y abogado y. 15:102 PECL y II. sino que para determinar la infracción deberá compararse el contrato celebrado con el supuesto de hecho de la concreta norma de prohibición.
. Otros ordenamientos siempre lo han considerado sin problemas como es el caso de EE. Hay otros ordenamientos que han acabado admitiéndolo tras un tortuoso camino.
según el derecho del último país. § 134. He aquí la razón de la gran variedad de supuestos. Mg. salvo algunos retoques de estilo. II. sin ánimo de exhaustividad. 334 y ss. lo que permite un tratamiento legal del tema más flexible.. son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato 103 . sociales y políticos. b) Supuestos comunes La gama de contratos contrarios a las leyes imperativas y prohibitivas es enormemente amplia. 15:102 PECL se refiere a las normas de derecho necesario del art. Infante y Francisco Oliva
comentan los hacedores del Capítulo 15 de la tercera parte de los PECL 102 . indudablemente.). En este punto el jurista no puede hacer otra cosa que sistematizar algunos grupos de casos. en la práctica el art. 473 y ss. pp. ya que. no modifica el art. Para el derecho alemán las exhaustivas enumeraciones de MAYER-MALY y ARMBRÜSTER (2001).
. Esta distinción sigue el art. (2003. inabarcable y a veces inextricable si atendemos al panorama de los diferentes Estados en un estudio de derecho comparado y muy compleja si el foco se centra en un solo Estado.
104 Para el derecho inglés puede verse la excelente catalogación (Statutory Invalidity) sistematizada por materias de TREITEL (1999. HERFERMEHL (1999a). al II.-7:302 ya no se encuentra el reenvío a las normas imperativas o prohibitivas aplicables. con el fin de alcanzar sus propios fines económicos. En la perspectiva del derecho comparado.-7:301 DCFR). pp. de la realidad legislativa de los Estados europeos se encuentran en los siguientes campos: leyes de defensa de la competencia. § 134. 550). p. La distinción de los PECL ha desaparecido en el DCFR. Los supuestos más comunes 104 .-7:302.-7:302 DCFR) trata las violaciones menos importantes del ordenamiento en comparación con el art.InDret 3/2009
Francisco J. p. El art. He aquí la diferencia más fundamental entre una y otra regulación.). el art. y b) las normas aplicables sin consideración al derecho elegido para gobernar el contrato de acuerdo con las reglas relevantes del derecho internacional privado. por lo que en art. 1:103. 556). 15:101 (y también el II. Mg. YOUNGS (1998. el cual prevé que cuando se aplique la ley de un país determinado podrá darse efecto a las normas imperativas de otro país con el que la situación tenga una estrecha conexión en la medida que tales normas. 50 y ss. LANDO et al. LANDO et al. 214). 7 del Convenio de Roma de 1980 sobre el derecho aplicable a las obligaciones contractuales. p. 50 y ss. todos los Estados. II. La razón estriba en que el DCFR amplía el margen de la autonomía de los contratantes para elegir cualesquiera normas derecho necesario como derecho aplicable. donde las legislaciones de todos los Estados europeos (y prácticamente de todo el mundo) prevén la invalidez de los contratos o acuerdos entre empresarios que
MACQUEEN (2005. o la también excelente catalogación (Statutory Illegality) de BEATSON (1998. p. por lo demás. Este último artículo distingue dos tipos de mandatory rules: a) las normas domésticas de derecho necesario que pueden dejarse sin aplicación por la elección de las partes de los Principios que rijan el contrato cuando esto esté permitido por una ley que de otro modo sería aplicable. establecen normas que prohíben determinados comportamientos o que condicionan la admisibilidad de ciertas actuaciones a una correspondiente autorización. 214).). pp. MACQUEEN (2005. Evidentemente. (2003. 15:102 PECL. 378 y ss. 15:102 (lo que es extrapolable.
15:101 PECL y II. debe hacerse notar que en la redacción inglesa del artículo 15:101 PECL se emplea – pensamos y esperamos que deliberadamente. ya que eluden el término “nulidad” (complejo y discutible para el derecho inglés) y en su lugar se refieren al concepto genérico de la ineficacia o la no ejecución de los contratos contrarios a los principios fundamentales. el de la libertad de mercado) podría ser eficaz siempre que la limitación del
. que puedan alterar la producción o las condiciones del mercado o falsear la competencia. en las que se encuentra la prohibición de contratar el trabajo sin el pertinente registro en el sistema de la Seguridad Social o la obligación de registrar todo contrato de trabajo. el pactum de litis quota. y mucha. como “nulidad” o “anulabilidad”. o. leyes sobre juegos y apuestas.-7:301 DCFR) El artículo 15:102 PECL establece que un contrato contrario a los principios fundamentales del derecho de los Estados miembros de la Unión Europea “is of no effect”.la expresión siguiente: “A contract is of no effect to the extent that it is contrary to the principles…”. Ahora bien. Pero. Los redactores de los Principios no han querido emplear otros conceptos acuñados y suficientemente conocidos en el derecho comparado. 4.3. Ineficacia del contrato ilegal a) Nulidad de los contratos contrarios a los principios fundamentales (art.InDret 3/2009
Francisco J. sí. parece que los PECL optan por una solución claramente anglosajona.1. En este caso el juez o árbitro tiene la obligación inexcusable de declarar al contrato ineficaz. que en algunos países ha llegado a prohibirse legal (como es el caso actualmente de Alemania) o reglamentariamente (como era hasta hace poco el caso de España). que establecen la obligación en todos los Estados de que la actividad de seguro sea realizada obligatoriamente por un determinado tipo de sociedades y que sólo pueda desarrollarse con la pertinente autorización administrativa. si el contrato vulnera los principios fundamentales no puede exigirse su ejecución o cumplimiento. Efectos 4. un contrato “in restraint of trade” (y por lo tanto ab initio ineficaz por vulnerar un principio fundamental. como acaba de verse. leyes de ordenación de la actividad de seguros. el profesor MACQUEEN . ¿qué significa exactamente que el contrato es ineficaz? Puede deducirse de los comentarios oficiales al artículo 15:101 PECL que la ineficacia implica el non-enforcement del contrato. leyes de lucha contra el “trabajo negro”.3. De acuerdo con sus propias palabras. Infante y Francisco Oliva
provoquen una restricción de la competencia. En otras palabras. ¿Por qué no se recurrió al condicional if. por concluir con un supuesto muy controvertido y extendido. y en su lugar se empleó la locución to the extent that (equivalente a la expresión in so far as)? ¿Tiene este juego de palabras alguna consecuencia jurídica? Según el padre del régimen de los contratos ilegales en los PECL. por lo que carece de la facultad discrecional que se reconoce en el artículo 15:102 PECL para los contratos contrarios a las normas imperativas. materia común de la legislación administrativa de los diferentes Estados con las que se regulan los contratos de juegos y apuestas y las circunstancias bajo las cuales los contratos de juegos y apuestas son ilícitos. A primera vista. y en su lugar han preferido acudir a un término más amplio y a la vez inconcreto como el de “ineficacia” (ineffectiveness).
VAN SCHAICK cree que la expresión “to the extent that” empleada en el artículo 15:101 PECL lo que realmente hace es introducir la posibilidad de una especie de “nulidad parcial” 106 . parece ser que el criterio a tener en cuenta es el de la verificación de la vulneración efectiva de los principios fundamentales en cada supuesto concreto. Sin embargo. Esta aproximación a la materia ―cuenta MCQUEEN― fue bastante controvertida en el seno de la “Comisión Lando” por cuanto parecía atribuir a los PECL el poder de sobrepasar el derecho positivo aplicable y una discrecionalidad excesivamente amplia al juez 107 . Según el precepto.-7:302 DCFR) Los arts. ya que los propios Principios consideran posible que un contrato contrario a los principios fundamentales puede ser parcialmente nulo (15:103 PECL). Parece ser que los redactores del proyecto han querido aclarar que la nulidad radical y total del contrato tan sólo se dará cuando resulte imprescindible para proteger la aplicabilidad del principio cuya conculcación se pretende con el contrato concluido. Infante y Francisco Oliva
mercado que implica no llegara a producir una indebida restricción en la libertad del contratante o en la competencia 105 . 15:102 PECL y II. De Montfort University.
108 LAW COMMISSION OF ENGLAND AND WALES (1999). Las dudas se disiparon cuando la “Law Commission of England and Wales” emitió en 1999 su Dictamen sobre los efectos de la ilegalidad en los contratos y trusts 108 . la nulidad total o parcial con efectos retroactivos o modificar el contrato y sus efectos.1:108 DCFR.lawcom. p. 558). Leicester. www. op. De este modo se facilita al juez una amplia gama de posibles efectos. en relación con esta materia.
MACQUEEN (2005. SPTL SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS (2002). por lo que una interpretación sistemática y armónica de ambos preceptos conduce a la “eficacia parcial”. 555). Conference 2002. En caso contrario.-7:302 conceden una amplia discreción al juez para la determinación de los efectos del contrato contrario a la norma imperativa o prohibitiva.uk.. p. Dicho Dictamen concluyó. El juez podrá declarar la validez del contrato. commercial and common law. el borrador del Marco Común de Referencia se inclina por recurrir a un concepto clásico y casi globalmente aceptado en este ámbito como el de “nulidad”. 15:102 PECL y II. el precepto añade que el contrato será nulo en tanto que (to the extent that) la nulidad se requiera para hacer eficaz al principio vulnerado (“nullity is required to give effect to that principle”).
. cit. Consultation Paper No.7:301 DCFR es diferente. un contrato contrario a los principios fundamentales reconocidos en el derecho de los Estados de la Unión Europea es nulo (is void). afectando exclusivamente a aquellas cláusulas que sean contrarias a los principios fundamentales y dejando vivo y plenamente eficaz al resto del contrato en tanto y en cuanto éste pueda mantenerse sin la parte inválida. b) Contratos contrarios a una ley imperativa: la consagración de un sistema flexible y discrecional (arts. Así pues. Illegal transactions: the effect of illegality on contracts and trusts. MACQUEEN (2005. 245.. Para un comentario pormenorizado. 154. No obstante. VAN SCHAICK.. p. Team Illegality in Contract”. Así pues. la nulidad será parcial ex artículo II.InDret 3/2009
Francisco J. Creemos que esta interpretación es más correcta. El enfoque del artículo II. “The Law Commission.gov.
. (6) La relación entre infracción y contrato: este factor exige evaluar si el contrato expresa o implícitamente ha sido estipulado para un cumplimiento ilegal por una o por ambas partes. Pongamos el ejemplo de la jurisprudencia española. teniendo en cuenta una serie de factores. MACQUEEN (2005. el juzgador podrá apreciar otras circunstancias. así como si la denegación de la demanda funciona o no como disuasión. si la norma prohíbe sólo a una de las partes la realización del contrato. En este sentido. los arts.InDret 3/2009
Francisco J. de modo que si ésta es pequeña el juzgador podrá decretar la eficacia del contrato. La jurisprudencia de la mayor parte de los países europeos la establece sobre la base de una serie de factores muy similares a los vistos. esta influencia no quiere decir que en los ordenamientos continentales la flexibilidad a la hora de apreciar la eficacia del contrato ilegal esté ausente. que podrá ser invocada por la parte contractual inocente (o alegada como fundamento de la demanda) frente a la reclamación de la otra parte que a pesar de conocer la ilegalidad ha celebrado el contrato. (5) La intencionalidad de la contravención. pp. (3) La existencia de otras sanciones. en consecuencia. Sólo gracias a la interpretación del sentido y finalidad de la norma infringida. quien señala que es una influencia aparente. 558-560). esta regla conduce a la tradicional doctrina de los actos propios. (2003. Las circunstancias o factores enumerados en estos preceptos son los siguientes 109 : (1) El propósito de la norma infringida. cuando la propia norma en cuestión prevé una sanción penal o administrativa contra el infractor la imposición de ésta suele bastar sin necesidad de que se establezca también la ineficacia del contrato. La influencia de los factores enunciados por la “Law Commission” inglesa en la formulación de estos preceptos es más que evidente 110 . Infante y Francisco Oliva
que el juez habría de gozar de un amplio margen para decidir si la ilegalidad debería valer o no como excepción frente a la demanda de cumplimiento contractual. El juego de factores a considerar por
Para el comentario de las mismas. por lo que el juez deberá interpretar de acuerdo con las reglas hermenéuticas usuales el sentido y finalidad de la norma. 15:102 PECL y II. pp. facilita o no el propósito de la norma o si esta medida resulta o no proporcionada a la ilegalidad cometida.3 CC es muy similar a la de los PECL y el DCFR. tales como la seriedad de la ilegalidad y el conocimiento o la intención de la parte que solicita el cumplimiento. podrá el juzgador fijar el objeto de la norma y con ello cuál es el remedio más adecuado para su consecución. Ahora bien. A nuestro juicio. lo que legitima al juzgador a tener en cuenta el conocimiento o la inocencia de las partes en la violación de la norma. en muchas ocasiones. pues. Asimismo. MACQUEEN (2005). esto no quiere decir que la otra parte pueda accionar la ilegalidad para prevenir los efectos del contrato. Ninguno de estos factores tiene un rango jerárquico superior sobre los demás. La interpretación del Tribunal Supremo al aplicar el 6.-7:302 DCFR invitan al juzgador a tener en cuenta una serie de circunstancias a la hora de determinar los efectos del contrato ilegal. (4) La seriedad de la infracción. a lo que coadyuvarán indudablemente el resto de las circunstancias señaladas y cualesquiera otras relevantes presentes en el caso que puedan ponerse en confrontación con la norma. Esta lista no es exhaustiva y. lo que está muy estrechamente relacionado con el anterior factor. Cfr. 216-219). LANDO et al. (2) La categoría de sujetos para los que la norma existe. salvo la necesidad de la interpretación teleológica de la norma infringida.
. se entiende que la propiedad nunca ha sido transmitida (Art. se encuentra también. lo cual provoca.. cuya infracción daba lugar a la nulidad del acto. dicha nulidad tiene efectos retroactivos y. la única diferencia formal. no de fondo. establece lo siguiente: “[The] effect of nullity or avoidance under this Section on the ownership of property which has been transferred under the void or avoided contract. VIII.2:202. a la que indudablemente se llega a través de las cláusulas generales previstas en los Códigos Civiles (art. una vez se ha transmitido la propiedad.
. El sistema opta. “[W]here. § 134 BGB. y c) leges perfectae. the underlying contract or other juridical act is avoided under Book II.. no es una realidad nueva en la historia del derecho 111 . “[W]here the underlying contract or other juridical act is invalid from the beginning. art. claramente. pero no que no daban lugar a ninguna sanción (quieta non movere).2:202). la norma general es que si el contrato es nulo ab initio no se transmite la propiedad. es que en los Principios estos factores son más numerosos y detallados. que obedecían a diferentes motivos de política jurídica. 6. Chapter 7. es anulado por considerarse ilegal. is governed by the rules on the transfer of property”.. a saber: a) leges minus quam perfectae. cuando el contrato. p. en consecuencia. b) leges imperfectae.3 CC.7:303 DFCR. a transfer of ownership does not take place” (Art. La
111 Expresivamente ZIMMERMANN (1996. etc. 2). que tenga que considerarse necesariamente que no se ha transmitido en ningún momento la propiedad. como hemos visto. por la retroactividad de los efectos de la nulidad judicialmente declarada de un contrato ilegal. or part of a contract. el artículo II. Ya estaba presente en el derecho romano donde las leyes se clasificaban en atención a la sanción a la que daban lugar. after ownership has been transferred. Como puede verse. Sin embargo. Por lo tanto. 3:40 NBW…). art. c) Ineficacia del contrato ilegal y derecho de propiedad (art. 701): “[O]nly compararively recently has there been a return to a greater degree of flexibility”. ownership is treated as never having passed to the transferee (retroactive proprietary effect)”. cualquier otra sanción que pueda imponerse por la infracción. la categoría de las personas para cuya protección existe. que comenzaron a proliferar hacia la mitad del siglo II a. por lo que deben tenerse en cuenta las siguientes reglas recogidas en el Book VIII: (a) “Regla de la no-transmisión de la propiedad” (no transfer of ownership rule).. en las que se preveía una sanción pecuniaria por su incumplimiento pero no la nulidad del acto.InDret 3/2009
Francisco J. en el jurisprudencia española. C. ya presentes en los albores del derecho romano. Esta flexibilidad. Infante y Francisco Oliva
el juez (todos los factores relevantes) tales como el propósito de la norma. 1131 Code. 7:303 (2) DCFR) Los redactores de los PECL no se ocuparon de los problemas vinculados con la transmisión de la propiedad en el marco de los contratos ilegales. el DCFR opta por remitir la cuestión a lo que las normas sobre transmisión de la propiedad establezcan. (b) “Regla del efecto retroactivo de la nulidad sobre la transmisión” (retroactive proprietary effect rule). VIII. Así pues. aparecidas en la República tardía. como en el sistema francés o español.
560).. La mayor parte de los ordenamientos europeos suministra preceptos sobre la ineficacia parcial (§ 139 BGB.C. pero no lo será tanto para los procedentes del ámbito germánico o del common law. p. Ineficacia parcial (arts.
.-7:301 a 7:305). art.3.
En Alemania. art. LANDO et al. La expansión de la regla de la ineficacia parcial a todo supuesto de invalidez es un acierto. no haciendo falta causa en el acto de voluntad. 200). rige el principio de la abstracción. Este principio no aparece en la regulación concreta de los contratos ilegales e inmorales en el DCFR (arts. Según los comentarios al precepto.
4. Infante y Francisco Oliva
solución puede parecer completamente lógica para los juristas formados en el derecho continental latino.
Cfr. 15:105). si las partes habrían querido o no un contrato sólo con la parte que permanece válida y la evaluación del impacto de la invalidez parcial en el equilibrio de las obligaciones respectivas de las partes 113 . 1217 y 1218 del Código Civil belga. arts. Milligan) 112 . Provident Clothing & Supply Co. En el Derecho inglés es posible que la propiedad se transmita a raíz de un contrato ilegal (Tinsley v. 724) o España. 15:104) y la indemnización de daños (art. aunque el contrato sea ilegal en un principio hay transmisión de la propiedad. Por todo ello. II.-1:108 DCFR): el principio de conservación del contrato en los PECL y en el derecho comparado El art. art. 20 del Código suizo de obligaciones. 15:103 PECL recoge la regla de la nulidad parcial del contrato (partial ineffectiveness) que se encuentra presente en la mayor parte de los ordenamientos europeos en consonancia con el principio de conservación del contrato (principle of severability). Cfr. 181 del Código Civil griego). La misma regla se aplica con las convenientes adaptaciones en relación con la restitución (art. p.InDret 3/2009
Francisco J. art. Ltd. II. como es conocido. puesto que esta regla es compatible tanto con la nulidad como con la anulabilidad sin necesidad de distinguir las causas que dan lugar a la invalidez. y la propiedad se transmite con el consentimiento y la inscripción registral. a cuyo fin si el contrato es ilícito sólo en una parte el resto permanece válido a no ser que esto resulte irrazonable atendiendo a todas las circunstancias del caso. o se reconoce ampliamente su aplicación en la jurisprudencia como es el caso de Inglaterra (Mason v. p. Este último precepto establece que cuando sólo una parte del contrato o del acto jurídico sea inválida o ineficaz la parte restante será válida si razonablemente puede mantenerse sin la parte inválida o ineficaz. MACQUEEN (2005. 15:103 PECL y II. 221). La idea de la que se parte es la minimizar el impacto de la ilegalidad o de la inmoralidad. (2003.-1:108 (obsérvese que este Capítulo 2 del Libro II se dedica a preceptos de eficacia general para todo el derecho de contratos). 1419 del Codice Civile. sino que se recoge con mayor amplitud para cualquier supuesto de invalidez o ineficacia en el art. 3:41 NBW.2. [1913] A. ENONCHONG (1995. las circunstancias que pueden tenerse en cuenta incluyen la consideración sobre si el contrato tiene vida independiente o no sin la parte inválida.
3. Infante y Francisco Oliva
4. como lo demuestra el artículo II. Sin embargo. Del conjunto de normas que regula esta figura se deduce que. 3. 27). pues no se concederá la repetición a quien conoció o debió haber conocido el motivo de la ineficacia (núm. VATTIER FUENZALIDA (2007.InDret 3/2009
. Se incluye además una regla sobre la buena fe de quien pide la restitución (clean hands rule).. Pues bien. which is void or has been avoided under this Section.
LANDO et al. VII.. or a monetary equivalent. 15:104 consagra en su primer párrafo el principio general de la restitutio in integrum. bajo su discreción. 15:104). hay que recurrir a las normas específicas sobre el enriquecimiento injustificado recogidas en el Book VII. El párrafo segundo la flexibiliza al ordenar al juez a la hora de valorar la necesidad de la restitución a que tenga en cuenta los factores indicados en el art. b) La remisión a las normas sobre el enriquecimiento injustificado (Book VII DCFR) en el artículo II. Véase también.
Así pues. 15:102 (3) PECL. Por lo tanto.. p. Cuando el contrato es declarado nulo por contravenir la ley o algún principio fundamental ambas partes podrán exigirse la restitución de cuanto hayan entregado. el juez concederá o denegará la restitución. tras realizar una interpretación del sentido y finalidad de la norma infringida o una evaluación objetiva del orden extralegal en consideración del principio fundamental infringido. VII.3. p.7:303. 4. is regulated by the rules on unjustified enrichment”.. el art. y en ambos casos atendiendo al resto de factores señalados en el precepto. 15:104 PECL) a) El régimen flexible del artículo 15:104 PECL El art. en cuyo caso será sustituida por una suma razonable (núm.–6:102 DCFR). or part of a contract. el DCFR opta por seguir el planteamiento dogmático alemán. art. Pero la formulación de este principio no da lugar a una regla de carácter absoluto. 223). Así pues. 15:104 prevé un régimen flexible de la restitución de las prestaciones en los contratos ilegales e inmorales 114 .5:101 y VIII. 15:104). Restitución (art. (arts.6:103 prevé una excepción a la obligación general de restituir pensada exclusivamente para los casos en que el contrato haya sido anulado por contravenir los principios fundamentales de los derechos de la Unión Europea o las normas imperativas.
“[The] question whether either party has a right to the return of whatever has been transferred or supplied under a contract.1:101. art. quien haya cumplido la prestación prevista en un contrato ilegal declarado nulo tiene derecho a solicitar la restitución de la misma con el fin de impedir el enriquecimiento injustificado del otro contratante. el artículo VII.-7:303 (1) DCFR Señalábamos con anterioridad que la restitución de las prestaciones en el derecho alemán tiene su encuadramiento legal en el denominado “derecho del enriquecimiento injustificado” (ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht). El sistema se cierra con una cláusula subsidiaria para cuando no sea posible la entrega en forma específica de la restitución. (2003. con carácter general.
Por ello.3. 1).
4. 15:102 (3).-7:304 DCFR) a) Alcance: negative or reliance interest Tanto los PECL como el DCFR suministran normas sobre la indemnización de los daños sufridos como consecuencia de la invalidez del contrato contrario a la ley o a algún principio fundamental. En lo que se refiere al art. el rechazo de la misma. puede provocar problemas de adaptación y comprensión nada desdeñables. 1) y. por cuanto la indemnización no se concederá a quien conoció o debió haber conocido el motivo de la ineficacia del contrato (núm. 15:105 PECL (Damages) contiene las siguientes reglas al respecto: 1ª.–7:301 (Contracts infringing fundamental principles) or mandatory rule of law. es el juez el que debe determinar si la restitución de los bienes o.4. Negación de la indemnización (denial rule) a la parte culpable. Indemnización. especialmente en aquellos ordenamientos jurídicos que no han previsto expresamente la institución del enriquecimiento injustificado (como el nuestro o el francés) y/o que no han podido forjar a través de la experiencia una teoría avanzada sobre la restitución y el enriquecimiento injustificado (como el inglés). 2ª. Indemnización de daños (art. 15: 105 PECL y II.
Se ha dicho que los redactores del DCFR han sentido una “hypnotic fascination” hacia el BGB en este punto 115 .-7:304 DCFR (Damages for loss) dedicado a resolver la misma cuestión. según nos parece― los factores indicados en el art. El art. Legitimación: los requisitos tanto de la legitimación activa como de la pasiva son los mismos (núm. siempre y cuando no conociera el motivo de la ilicitud del contrato y no pueda esperarse razonablemente que lo debiera conocer (núm. las reglas son las siguientes: 1ª. 3). p. Legitimación activa de la parte agraviada para reclamar los daños. legitimación pasiva de quien conoció o debió conocer dicho motivo (núm. por el contrario. Pero debe recordarse que la exportación de instituciones típicas y específicas de otros ordenamientos jurídicos. Así pues.InDret 3/2009
Francisco J. pero existen algunas diferencias aparentes que han de esclarecerse. 15:104 PECL). por mucho que pueda justificarse en la aproximación metodológica comparatista de la búsqueda del better law approach.
. II. en correspondencia. Regla interpretativa: el juzgador deberá tener en cuenta ―aunque no exclusivamente. de cualquier daño. 1). 4ª. entendemos que la solución de los PECL puede resultar más clara y ser más fácilmente asumible por los operadores jurídicos europeos.
Puede observarse como la norma libera a la parte que se ha enriquecido indebidamente del deber de restituir cuando ello implique contravenir el propósito o la política que subyace en el principio o norma vulnerada (igualmente. Infante y Francisco Oliva
“[W]here a contract or other juridical act under which an enrichment is obtained is void or avoided because of an infringement of a fundamental principle (II. coadyuva mejor al cumplimiento y ejecución del objetivo perseguido con la ley violada o la moral o el orden público vulnerado. en principio. 2ª. the enriched person is not liable to reverse the enrichment to the extent that the reversal would contravene the policy underlying the principle or rule”. 3ª. Limitación de la indemnización al interés negativo (negative or reliance Interest): el demandante sólo puede exigir una indemnización que le coloque en una situación similar a la que tendría si el contrato no hubiere sido celebrado (núm. 1). puesto que el agraviado podrá pedir la indemnización de cualquier pérdida
SIRENA (2008. 450).
p. Negación de la indemnización a la parte culpable (denial rule). por lo tanto. (1) En el art. Un error que deberá corregirse en el futuro o que deberá aclarar el comentario oficial al DCFR que se espera para su próxima edición. 4ª. 2 de este precepto con la intención de no convertirlo en un “cajón de sastre”. 15:105 PECL y sus comentarios. LANDO et al.-7:302. lo que será muy aconsejable en los casos en que exista una concreta norma imperativa o prohibitiva. 1). En consideración a estos datos. al art.
. Ante este orden de cosas. las ganancias dejadas de obtener) o sólo la indemnización del interés negativo. 563). Limitación de la indemnización al interés negativo (negative or reliance Interest). colocar a la parte agraviada en la misma posición que tendría si el contrato no se hubiese celebrado. formulada expresamente en el núm.-7:304 contempla la indemnización bajo la aplicación de esta última regla. por lo que la aparente amplitud con la que se regula la indemnización en el núm. II. proteger su interés negativo 116 . con el mismo alcance que en los Principios (núm. El único modo de resolver esta cuestión es tener en cuenta el antecedente del art. como se expresa en los comentarios del art. (2003. (2) Hay una clara contradicción entre la laxitud de la regla de la indemnización de cualquier pérdida y la regla de la limitación al interés negativo. 1338 del Código Civil italiano en el que se prescribe que la parte que conoció o debió haber conocido la existencia de un motivo para la invalidez del contrato y no da noticia de la misma a la otra parte está obligada a compensar por el daño sufrido por esta última en atención a la realidad del contrato. el interés positivo queda excluido de este tipo de indemnizaciones. cabe hacer dos observaciones. aunque indudable podrá hacerlo. En efecto. Los comentarios no aclaran cuál es el origen de la concesión de la indemnización en este caso. Ante la duda sobre si cabe la indemnización de cualquier daño (por ejemplo. debe contestarse que el art. 1 no es más que un exceso lingüístico de los drafters. Infante y Francisco Oliva
sufrida como consecuencia de la invalidez: “[A] party to a contract which is void or avoid (…) is entitled to damages from the other party for any loss suffered as a result of this invalidity (…)”. 226). b) Requisitos Los presupuestos para la concesión de la indemnización sobre la base de los arts.-7:304 no se incluye ninguna regla interpretativa. p. según declara el núm. Muy probablemente la inspiración se ha encontrado en la tradicional doctrina alemana de la culpa in contrahendo incluida desde la reforma del derecho alemán de obligaciones operada por la Schuldrechtsmodernisierungsgesetz de 2001 en los §§ 241 (2) y 311 (2) y (3) del propio BGB. 2 del precepto. 3ª. es decir. por lo que el juzgador no deberá acudir obligatoriamente a los factores señalados en el art.InDret 3/2009
Francisco J. así como el sentido común. II. Se parece. 15:105 PECL. 15:105 PECL y II. además.-7:304 DCFR son los siguientes:
MACQUEEN (2005. el objetivo de la indemnización de daños por nulidad del contrato contrario a la ley o algún principio fundamental es el mismo que el de la restitución. II.
la nulidad parcial siempre que el contrato pueda subsistir sin la parte inválida. de dos técnicas legales funcionalmente equivalentes. como consecuencia de esta limitación de los daños indemnizables. las expensas o gastos que haya podido realizar en atención a la realidad del contrato que reputa válido. En otras palabras. en cambio. al orden público y a las leyes prohibitivas (illegality. No podrá alegar la ignorancia de la norma de prohibición. como por ejemplo. indudablemente. sólo se indemniza el interés negativo del agraviado. se ha detectado una transferencia histórica de un grupo a otro. Sittenwidrigkeit y Verstoβ gegen gesetzliches Verbot). Se trata. se comprenden en las modernas expresiones “contracts infringing mandatory rules” y “contracts contrary to fundamental principles” en los PECL y en el DCFR. La única diferencia se encuentra en la aproximación histórica al tema. no puede alargarse más allá. Los sistemas latinos lo hacen a través del expediente de la causa en función de los conceptos de la “causa ilícita” y la “causa torpe”. acontece en con el pactum de litis quota o con ciertos pactos de no concurrencia y pactos de exclusividad que han venido a consagrarse en las diferentes de leyes de
. Realización de expensas por la parte agraviada (incidental expenditures). en la medida que contratos que en el pasado eran contrarios al orden público o a la moral ahora resultan ilegales.InDret 3/2009
Francisco J. dependiendo del derecho doméstico. Conclusiones
En todos los ordenamientos se sancionan la ilegalidad y la inmoralidad. por lo tanto. Inocencia de la parte agraviada (clean hands rule). Infante y Francisco Oliva
1º. si el contrato ilícito celebrado no hubiese existido el demandante no habría realizado los gastos que reclama (condicio sine qua non). Por otro lado. El nexo causal debe establecerse entre estos elementos. al acabar siendo recogidos en una concreta norma prohibitiva o imperativa. deberá excluirse el daño moral. Hoy en día. Tanto para la contravención de la ley como para la contravención de las buenas costumbres también es común en los diferentes ordenamientos. es decir. siempre reciben la sanción de la nulidad radical. Las cantidades que la parte inocente haya entregado a la otra como ejecución de la prestación que le corresponde se recuperarán por la vía de la restitución. Igualmente.
5. Los contratos inmorales y contrarios al orden público. Quien reclama el daño no debe conocer o haber estado en condiciones de conocer el motivo de la nulidad. es común a todos los ordenamientos articular consecuencias menos severas para los contratos que infringen las leyes imperativas o prohibitivas. aunque sí. public policy. el error de hecho y el de derecho siempre que sean excusables. sobre la base del principio de conservación del contrato. Bajo este concepto (negative Interest) se indemnizan cualesquiera gastos imaginables que tengan relación con el contrato inválido. Conexión entre las expensas o gastos realizados y la contemplación del contrato nulo. formuladas en el derecho de los diferentes Estados como cláusulas generales o sistematizadas en el case law. Por un lado. Como hemos visto. Las convergencias son notables. mientras que los sistemas germánicos y anglosajones prefieren los conceptos de contrariedad a la moral. las ganancias dejadas de obtener. salvo que en ellas se establezca expresamente la nulidad del contrato. 3º. todos ellas. Quedan excluidas. 2º.
Unos ordenamientos las permiten con carácter general. la máxima ex turpi causa melior est conditio possidentis) 117 . el decurso histórico de todos los ordenamientos camina hacia la flexibilización de los parámetros generales. On the other hand. 8). pp. en ambos modelos los tribunales han sentido la necesidad de dotar de una alta flexibilidad a las reglas con la finalidad de buscar la justicia del caso concreto. nemo auditur propiam turpitudinem allegans. la tendencia del derecho continental ha sido la de limitar en la medida de lo posible la aplicación de la regla de la irrepetibilidad en los casos de los contratos ilegales o inmorales. En síntesis. para evitar la injusticia. 15:104 PECL. SWADLING (2000. p.). con independencia de la aparente incerteza que en un principio pueda inspirar. pero también existen algunos que son valorados como inmorales o ilegales (según el caso) en algunos Estados y no en otros. He aquí la razón de la introducción de este “principio de flexibilidad” en el art. destaca el modelo anglosajón. G. el modelo europeo continental (modelo escolástico) en el que. ENONCHONG (1995. p. se establece una regla general de restitución de las prestaciones con el fin de privar de efectos al acto o contrato declarado ineficaz y. 7). donde se parte de la regla tradicional ex turpi causa melior est conditio possidentis. But its obvious drawback is the legal uncertainty which it creates. mientras que en el derecho anglosajón la huida se ha producido hacia una mayor aplicación de la regla de la restitución a pesar de la illegality. La excepción se formula de diversas maneras dependiendo del ordenamiento. La mejor medicina contra la ilegalidad o la inmoralidad de los contratos es un sano discretionary approach. 211). en segundo lugar. this uncertainty needs to be placed in its context” (DANNEMANN. al tiempo que se admite en época más reciente la restitución de las prestaciones en los casos en que el propósito de las partes no se haga depender de la nulidad del contrato (Bowmaker rule). la moral o el orden público. Por otro lado.). DANNEMANN (2000. Hay una gran coincidencia de supuestos comunes en los países europeos. pero siempre responde al mismo principio. Como ha podido constatarse en el anterior estudio del derecho comparado. mientras que otros no.InDret 3/2009
Francisco J. los diferentes sistemas han mostrado históricamente una tensión interna entre la regla de la restitutio in integrum y la regla nemo auditur en cualquiera de sus variantes (especialmente. No obstante. 2000. 7 y ss. se articula una excepción (o excepciones) a esta regla con el fin de impedir la repetición de lo entregado en los casos en que la nulidad proviene de la contravención a la ley. pp. la ilicitud y la inmoralidad deben evaluarse en un contexto social e histórico determinado.
En definitiva. Infante y Francisco Oliva
protección de la competencia y del trabajo. primeramente. el pactum de litis quota es un buen ejemplo de esto último. Con el tiempo. p.
Véanse KÖTZ y PATTI (2006.
“[T]he obvious advantage of a discritionary approach is that it enables courts to avoid results which are unjust to one party or unwise as a matter of legal policy. No obstante. Los resultados suelen ser justos en su contexto concreto. 292 y ss. existen dos modelos de aproximación al tema. abstrayendo al máximo las reglas.
. existen divergencias a la hora de tratar el tema de la restitución de las prestaciones. Ahora bien. Por un lado.
1983 25.1983 1ª. 865 NJW 1986. 13.1998 1ª. 21. 2499]
Sentencias españolas del Tribunal Supremo
Sala y fecha 1ª. 53. 17.10. 171.1.1987 1ª. 664 NJW 1979. 797 NJW 1987.11. II.1983 7.1986 1ª. 16.6.6.7.1.11. 11.1996 Fuente BGHZ 52. Infante y Francisco Oliva
6.12.1988 1ª.1979 1ª.1999 Ref. 26. 781 BGE. 1486 BGHZ 133.1987 13.InDret 3/2009
Francisco J.2. 12.1993 1ª.1981 1ª.2.1985 1ª.4.1994 1ª.1981 17.1970 14. RJA 11452 RJA 2755 RJA 4499 RJA 1144 RJA 6499 RJA 770 RJA 5133 RJA 7432 RJA 7293 RJA 8375 RJA 3265 RJA 4308 RJA 3025 RJA 9989 RJA 1198 RJA 8777 RJA 1996/6820 RJA 2103 RJA 8237 RJA 1873 RJA 8009 RJA 8978 Magistrado ponente Emilio Aguado González Jaime De Castro García Jaime De Castro García Carlos De La Vega Benayas Carlos De La Vega Benayas Carlos De La Vega Benayas Antonio Sánchez Jáuregui Rafael Pérez Gimeno Cecilio Serena Velloso Matías Malpica González-Elipe Adolfo Carretero Pérez Manuel González Alegre y Bernardo Jaime Santos Briz Gumersindo Burgos Pérez de Andrade Alfonso Villagómez Rodil Luis Martínez-Calcerrada y Gómez Pedro González Poveda Alfonso Villagómez Rodil Francisco Morales Morales Luis Martínez-Calcerrada y Gómez Román García Varela Ignacio Sierra Gil de La Cuesta
.1997 1ª.1988 1ª. 27.1970 31.1969 27.3.1964 1ª.12.1994 1ª.1999 1ª. 26.5.4. 109.12. 90 [NJW 1996.1999 1ª. 18. 1852 BGHZ.1972 15.1979 2. 9.3.6.1996 1ª.3. 7. 1459 NJW 1982.11. 31.2.4. 15 NJW 1984.1985 17. 16.1978 1ª. 5. 20. 24.12. 31. Tabla de sentencias
Sentencias alemanas
Tribunal Bundesgerichthof [BGH] Oberlandsregericht [OLG] – Dusseldorf Bundesgerichthof [BGH] Bundesgerichthof [BGH] Bundesvewaltungsgericht [BVerwG] Bundesgerichthof [BGH] Oberlandsregericht [OLG] – Hamm Bundesgerichthof [BGH] Bundesgerichthof [BGH] Landsgericht [LG] – Freiburg Bundesgerichthof [BGH] Fecha 9.10.9. 176 NJW 1970.12.1991 1ª.1987 1ª.7.1984 1ª. 15.11. 369 NJW 1972.3. 24. 28.12.12.11. 30.
517 [1764] 4 Vurr. 30. 13 [1793] 2 Bing.2.2006 1ª. 20.1999 Fuente D. Perkins.2008 1ª. Infante y Francisco Oliva
1ª.2000 1ª.1991 Fuente NJ 1992. No. 18.5.5.11.6.2.2008 3ª.2001 1ª. 12.10. Richardson De Wutz v. 31.7.2004 1ª.2006 1ª. 20.5.2001 1ª.InDret 3/2009
Francisco J.1981 3.2002 1ª. 2.2. 8.2002 1ª.5.1. 21. 17. 30. 26.4.2005 1ª. 787
Sentencias inglesas
Caso Walker v. 2./Fecha 1 W.12. 24.6.2000 1ª. 11. Hendricks Ref. 2225 [1768] 1 Esp.2002 1ª. 1982.12.2005 1ª. 10. Lowe v.5.2006 1ª. Peers Girardi v. 31.2000 1ª.2000 1ª.11. 13. 12.2000 1ª.2003 1ª. IR 474 Bull.7.2008
RJA 222 RJA 5092 RJA 9177 RJA 9319 RJA 9890 RJA 4346 RJA 5164 RJA 2485 RJA 4045 RJA 5224 RJA 1004 RJA 2739 RJA 4251 RJA 4252 RJA 4734 RJA 6710 RJA 9488 RJA 8126 RJA 2817 RJA 5687 JUR 2800
Antonio Gullón Ballesteros Francisco Marín Castán Jesús Corbal Fernández Luis Martínez-Calcerrada y Gómez Francisco Marín Castán Antonio Gullón Ballesteros José Ramón Vázquez Sandes José De Asís Garrote Antonio Gullón Ballesteros Román García Varela Jesús Corbal Fernández Antonio Romero Lorenzo Francisco Marín Castán Alfonso Villagómez Rodil Román García Varela Jesús Corbal Fernández Francisco Marín Castán Antonio Gullón Ballesteros Clemente Auger Liñán Francisco Marín Castán Eduardo Espín Templado
Sentencias francesas
Tribunal Cour de Cassation (Chambre Civile) Cour de Cassation (Chambre Civile) Fecha 2.10.7.6. 4. 7. Bl.12. nº 43
Sentencias holandesas
Tribunal Hoge Raad [HR] Fecha 28.11.2006 1ª. 314 [1824]
Barnet Instruments Ltd.InDret 3/2009
Francisco J. 836 [1933] 2 All E. 273 [1967] A. Ltd. 340 [1994] 1 Ch. Foley v.R. 822. 327 [1949] 1 KB 249.C. 934 [1862]
. Polak Amalgameted Society of Railway Sevants v.L. Provindent Clothing & Supply Co. v. Ltd. Anctil v Manufacturers’ Life Insurance Co Humphreys v. Tinsley v. v.R.C.B. V. 94 [1850] D. 336 [1968] Ch. 292 [1915] 2 QB 724 [1892] 1 AC.C. Ltd. 579 [1944] P.& J. 252 [1952] Q. of Canada v.B.L. 87 [1910] A. R.B. 269 at 394. Denby
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138048-188686-1-PB by Natacha Branco3 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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 artículo 1303
 artículo 15
e contrario
 artículo 1133
 artículo 3
 artículo 1274
 artículo 1261
 artículo 1275
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 resolución 
e contrario
 artículo 1303
 artículo 1305
de lege ferenda
 artículo 1238
 artículo 4
 artículo 15
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 artículo 15
 artículo 15
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 artículo 15
 artículo 15
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