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Timestamp: 2019-09-22 08:43:48+00:00

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﻿ SENTENCIA 18983 DE DICIEMBRE 12 DE 2002
SENTENCIA 18983 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:MIEDO INSUPERABLE. PRESUPUESTOS DE ESTA CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:MIEDO INSUPERABLE, CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:375 DE MARZO DE 2003, PÁG.421
Sentencia 18983 de diciembre 12 de 2002
PRESUPUESTOS DE ESTA CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD
Radicación 18.983
Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil dos.
Juzga la Corte en sede de casación la sentencia de segundo grado del 24 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Superior de Montería, por medio de la cual modificó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, condenando al procesado Oscar Enrique Anichiriaco Portilla a la pena principal de 8 años y 11 meses de prisión como autor de los delitos de homicidio “cometido en estado de intenso miedo” y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
En horas de la tarde del 7 de diciembre de 1996, Esteban de Jesús Jiménez Peinado, luego de celebrar con amigos y familiares su llegada a la ciudad de Montería, arribó al establecimiento público “Congo Tropical Terraza”, ubicado en la vía al Camajón de la referida ciudad, donde solicitó al propietario Oscar Enrique Anichiarico Portillo le vendiera una cerveza, pero no fue atendido aduciéndose por el último que por su estado de ebriedad probablemente no tendría dinero para cancelar su pedido. Jiménez Peinado sacó entonces un billete de $ 10.000 y comenzó un altercado con Anichiarico, quien lo sacó a golpes del negocio, tirándole al suelo. Jiménez se incorporó y se entró nuevamente al establecimiento, emprendiendo el ataque contra el dueño con botellas, lo que propició que éste sacara una pistola que disparó contra el pecho de la víctima causando su deceso.
El fiscal 17 delegado de la unidad de reacción inmediata abrió investigación y escuchó en indagatoria al imputado Oscar Enrique Anichiarico Portillo, contra quien se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y en cambio ordenó su libertad inmediata.
Perfeccionada en lo posible la investigación, se cerró el 13 de agosto de 1997 y el 5 de diciembre del mismo año, el fiscal instructor calificó el mérito sumarial acusando al procesado como presunto autor de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, al tiempo que decretó su detención preventiva y ordenó su captura. La decisión fue impugnada, pero mediante resolución del 5 de febrero de 1998, la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Montería declaró desierto el recurso.
Asumió la etapa del juzgamiento el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, despacho que dictó sentencia de primer grado el 14 de septiembre de 2000, condenando al acusado Oscar Enrique Anichiarico Portillo a la pena principal de 102 meses de prisión como autor del delito de homicidio en exceso de legítima defensa y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Interpuesto y sustentado el recurso de apelación contra el mencionado fallo por el defensor y el procurador 134 judicial II en asuntos penales, el Tribunal Superior de Montería lo modificó en el suyo del 24 de julio de 2001, en el sentido de excluir el exceso en la legítima defensa y en su lugar le reconoció al procesado la diminuente punitiva del artículo 60 del Código Penal de 1980, razón por la cual le impuso la pena arriba especificada.
El defensor ha impugnado en casación el fallo del tribunal, exponiendo un único cargo al amparo de la causal primera, por la vía de la violación directa de la ley sustancial que condujo a la indebida aplicación del artículo 60 del Código Penal de 1980, que consagra la diminuente punitiva por la ira e intenso dolor, y a la falta de aplicación del numeral 9º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal), que consagra el “miedo insuperable” como causal de ausencia de responsabilidad.
La fundamentación del cargo puede resumirse del siguiente modo:
Empieza señalando que la parte que representa acepta integralmente los hechos y la valoración probatoria efectuada por el fallador, pero lo que no comparte es la selección de la atenuante tratada en el referido artículo 60 del anterior Código Penal, pues si el tribunal concluyó que el homicidio perpetrado por Anichiarico Portillo había sido cometido “en estado de intenso miedo”, mal podía equiparar tales expresiones con los conceptos de “la ira e intenso dolor”, pues en el primer evento la conducta no es antijurídica por cuanto que se subsume en la causal 9ª del artículo 32 del nuevo Código Penal, aplicable “retroactivamente en este caso concreto en virtud del principio de favorabilidad de la ley penal”, pues, agrega, dicha norma se hallaba vigente para la fecha en que fue emitido el fallo de segundo grado, esto es el 24 de julio de 2001, pues la Ley 599 de 2000 se publicó el 24 de julio de 2000.
De haberse aplicado la norma vigente, reguladora del caso, la sentencia habría sido de carácter absolutorio, porque el homicidio perpetrado se cometió con justa causa, impulsado por un miedo insuperable.
Indica que en el proceso aparece probado y así se declaró en el fallo impugnado, que su defendido fue atacado y acorralado por Esteban de Jesús Jiménez Peinado, quien se hallaba colérico y embriagado portando “picos de botella en mano”, circunstancias que lo impulsaron a defender su vida, impulsado por un miedo insuperable y “bajo ese turbión psicológico que atormentaba si (sic) psiquis, disparó por una sola vez contra su irreversible agresor”, como única alternativa para eliminar el peligro que le rodeaba.
Aduce que esa indebida aplicación de la atenuante del artículo 60 del anterior Código Penal condujo a que se le impusiera al procesado una pena de 8 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio, cuando debió absolvérsele en aplicación de la tantas veces mencionada causal de no responsabilidad.
Como normas infringidas cita los artículos 29-3 de la Carta Política, 44 de la Ley 153 de 1887, 6-2, 11 y 32-9 del Nuevo Código Penal y 60 del anterior.
Finaliza solicitando a la Corte que se case la sentencia y en su lugar se dicte la que deba reemplazarla.
Como se parte de la base de que el fallo de segunda instancia aplicó indebidamente el artículo 60 del Decreto 100 de 1980 y dejó de aplicar el numeral 9º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, el procurador segundo delegado para la casación penal considera necesario aclarar en primer lugar si para el 24 de julio de 2001, fecha en que se profirió el fallo, ya había entrado en vigencia la última normatividad, pues de lo contrario no sería procedente el recurso extraordinario por esta causal porque mal podría reprochársele al tribunal que dejó de aplicar una norma que no estaba vigente para el momento de la decisión recurrida.
En ese orden, destaca cómo el artículo 476 de la Ley 599 de 2000 dispuso que “este código entrará a regir un (1) año después de su promulgación”, y como se incorporó al Diario Oficial Nº 44097 del 24 de julio del mismo año, quiere ello decir que empezó su vigencia el 24 de julio de 2001, tal como lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia C-581 del 6 de junio de 2001. Tal concepto, agrega, resulta coherente con la Ley 4ª de 1913, pues si la ley hubiera ordenado su vigencia a partir de la promulgación sería lógico que sólo empezara a aplicarse al día siguiente de su publicación, pero cuando señala una fecha distinta y posterior a la inserción en el Diario Oficial ha de estarse a ella sin necesidad de deferirlo al día siguiente.
Así las cosas, agrega, cuando el Tribunal Superior de Montería decidió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, le era exigible aplicar el nuevo código cuya vigencia habla comenzado, siempre que esta normatividad fuese favorable al acusado, y por lo tanto es viable la alegación que por la vía directa se hace del nuevo ordenamiento punitivo.
Sobre el fondo del asunto, encuentra que el demandante no fue fiel al fallo atacado cuando sostiene que el tribunal reconoció que el procesado había actuado en estado de miedo insuperable, pues lo que se declaró en el fallo es que el homicidio fue cometido en estado de intenso miedo, pues a pesar de que ambos hacen parte del aspecto emocional, tienen sus propias manifestaciones psicológicas y distintas incidencias en el plano del derecho penal.
El miedo como excitación anímica que puede perturbar las facultades psíquicas del individuo, es considerado como una emoción que reviste el carácter de asténica cuando impide la acción o esténica en cuyo caso la persona puede llegar a emprender acciones muchas veces incontroladas.
Está emoción, agrega, puede tener diversos grados que según los estudiosos comprende seis fases bien caracterizadas y a las cuales se refiere ampliamente.
El nuevo código incluyó el miedo insuperable como causal excluyente de responsabilidad en el numeral 9º del artículo 32. Pero no cualquier perturbación puede calificarse como tal, sino sólo aquella que no deje al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres, y para su configuración es necesario la presencia de varios presupuestos esenciales, a saber: a) el miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado un estado emocional de tal intensidad que no le permita razonar normalmente y lo conduzca a un déficit en su capacidad para autodeterminarse; b) que sea producto de una serie de estímulos, ciertos, graves, inminentes y no justificados; c) la imposibilidad física del sujeto para neutralizar el miedo y d) una cierta relación entre la amenaza que produce el miedo y el compromiso de bienes jurídicos por el sujeto activo.
Para algunos autores, agrega, el miedo intenso se ubica dentro de los denominados grados de prudencia y cautela, mientras que el miedo insuperable aparece en las etapas denominadas de alarma y angustia, razón por la cual no es correcto asimilarlos como pretende el recurrente, pues en el primero, al cual se refirió el tribunal en el fallo, el sujeto puede sentir cierta perturbación debido a una impresión real o imaginaria, pero todavía es capaz de enfrentar la amenaza del daño, y por lo tanto no se considera como una causal excluyente de responsabilidad sino una circunstancia que disminuye la punibilidad.
Por lo tanto, la delegada considera que no hubo falta de aplicación, por favorabilidad, del numeral 9º del artículo 32 del nuevo Código Penal, ya que los supuestos fácticos probados en el proceso y reconocidos en el fallo no son de miedo insuperable, como erróneamente lo afirmó el censor.
No obstante, si la sentencia de segunda instancia hubiera sido consistente, sólo habría reconocido la circunstancia de menor punibilidad que establece el numeral 3º del artículo 55 del nuevo Código Penal, y no la atenuante del estado de ira e intenso dolor, porque no se exhibe diligencia alguna que demuestre que el procesado actuó movido por un enfado de suficiente entidad que lo llevase a disminuir el equilibrio sobre sí mismo o por un sentimiento aflictivo, sensación de tristeza o padecimiento de tal magnitud, desencadenado por un acto ajeno, grave e injusto, aspectos constitutivos de la emoción.
En cambio, para el Ministerio Público, el exceso en el ejercicio de la legítima defensa, reconocido por el fallador de primera instancia, sí guarda íntima relación con el miedo, pues es evidente que el sujeto ante una situación de peligro despliega una reacción de defensa porque tiene miedo de perder su vida, por lo tanto responde motivado por un instinto de conservación.
A pesar de tales inconsistencias, advierte, por el principio de limitación que rige el extraordinario recurso, no puede solicitar que se case la sentencia de manera oficiosa porque no se advierten errores in procedendo que afecten de manera ostensible la estructura del proceso o las garantías fundamentales de los sujetos procesales.
En consecuencia solicita que no se case la sentencia, desestimándose la demanda por los motivos aducidos.
Conforme con el artículo 476 de la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal), este estatuto entró a regir “un (1) año después de su promulgación”, lograda con su inserción en el Diario Oficial Nº 44.097 del 24 de julio del citado año. El acto de promulgación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 4ª de 1913, quedó consumado a la medianoche del día indicado, lo cual significa que sólo al comenzar el día 25 de julio de 2001 se inició la vigencia del nuevo ordenamiento sustantivo, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, así por ejemplo en la sentencia de única instancia del 3 de septiembre de 2001, con ponencia de quien aquí cumple igual cometido (rad. 16.837).
En efecto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 52 de la Ley 4ª de 1913, el acto de promulgación “consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada, en la fecha del número en que termine la inserción”, al tiempo que el referido artículo 60 ídem, establece que “cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo”.
De allí que si la promulgación se entiende consumada a la medianoche del día de su inserción en el Diario Oficial, sólo a partir de dicha consumación podía contabilizarse el término de un (1) año, que entonces empezó a correr en el primer minuto del 25 de julio de 2000 y se completó con la última campanada de las 12 de la noche del 24 de julio de 2001, todo lo cual conduce a la inconcusa afirmación de que el nuevo Código Penal empezó su vigencia en el primer minuto de la madrugada del 25 de julio de 2001.
Y si se aplica la regla del artículo 59 de la referida Ley 4ª de 1913, citada por el Procurador en su concepto, se llega a la misma conclusión, pues si todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, “se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo” el término de un año a partir de la fecha de la promulgación se terminó a la medianoche del día en que se completó el año después de su promulgación, esto es la medianoche del 24 de julio de 2001.
En este orden de ideas, se aparta la Sala del concepto del procurador delegado, pues es claro que para la fecha en que se profirió el fallo impugnado, esto es el 24 de julio de 2001, no había entrado a regir el nuevo Código Penal (L. 600/2000), de donde no resulta viable alegar la violación directa del artículo 32-9 del nuevo ordenamiento punitivo, por cuanto su observancia no era exigible al fallador.
No obstante, como es cierto que el tribunal declaró que el homicidio cometido por Oscar Enrique Anichiarico Portillo se realizó determinado por un estado de “intenso miedo”, la Sala encuentra necesario dilucidar a qué tipo de miedo se refirió el fallador, pues dependiendo de la naturaleza del mismo podría configurarse, a la luz del Código Penal vigente al momento del fallo, una causa de inimputabilidad, o incluso de exoneración de responsabilidad por una situación emotiva anormal, a la cual el hombre medio hubiera sucumbido, porque en este evento se entiende que el derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional excepcional que la naturaleza humana no esté facultada para soportar.
En este punto, no puede argumentarse una restricción a la oficiosidad favorable, pues semejante interpretación resultaría desconocedora de la propia Constitución Política, porque ante la posibilidad de aplicar una disposición benigna al incriminado, estando aún en el momento procesal para su reconocimiento, no es admisible que el juez se niegue a hacerlo sacrificando los principios y postulados que lo inspiran, con el único fin de sacar avante el ámbito formal de una demanda, que por lo demás satisfizo en lo esencial la pretensión casacional. A una solución semejante arribó la Sala en la casación del 10 de septiembre de 1991, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Velásquez, cuando sostuvo:
“Verificadas las omisiones que originan el falso juicio de existencia, la Sala se ve autorizada para profundizar un poco más en el asunto y explanar unas explicaciones que bien pudo consignar el recurrente pero cuya privación no restan mérito a sus alegaciones y sólo complementan su punto de vista, tratamiento que debe ofrecer la Sala porque ya colocado en el terreno del juez de casación, puede y debe ahondar en glosas propias sobre defectos de la sentencia. Lo esencial y a cargo del recurrente, se satisfizo y por eso la admisión de sus objeciones”.
Así las cosas, se abordará el estudio de fondo del caso y por cuanto en este punto el concepto de la procuraduría delegada propone una solución material satisfactoria del problema, la Sala recogerá en sus premisas el contenido de algunas de sus reflexiones, y además adelantará otros juicios que precisan el punto en discusión.
Pues bien, remontándonos al fallo impugnado se observa que el Tribunal de Montería después de estimar que no había legítima defensa ni exceso en la causal de justificación, esta última reconocida por el juez de primera instancia, consideró en la parte motiva que condenaría “por homicidio simple cometido en estado de intenso miedo, causado por un comportamiento injusto derivado de la persona de Estaban de Jesús Jiménez Peinado”, para destacar luego en el acápite de la tasación punitiva y después de transcribir el artículo 60 del Decreto 100 de 1980, que “como consecuencia del reconocimiento del estado de intenso dolor en punto al homicidio simple, surge para la Sala la necesidad de rediseñar la pena impuesta al autor”, concluyendo en la parte resolutiva en la confirmación de la condena con la modificación en el monto de la pena, “por los delitos de homicidio simple, cometido en estado de intenso miedo, y de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal” (se ha resaltado).
El confuso planteamiento del tribunal se torna evidente, pues tras reconocer el estado de “miedo intenso” derivó de allí la atenuante de la “ira e intenso dolor” que tipificaba el artículo 60 de la anterior normatividad (hoy 57 de la L. 600/2000), sin adicionar razón argumentativa alguna demostrativa de los elementos configurativos de la diminuente, ampliamente estudiados por la jurisprudencia de esta Corte, con una indebida asimilación de dos estados emocionales distintos tanto desde el punto de vista psicológico como desde el jurídico.
El miedo, según el Diccionario de la Academia, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario; “recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que se desea”. Esta circunstancia puede afectar la conducta del sujeto dependiendo de su intensidad, del grado que alcance el estado emocional, que según el tratadista Emilio Mira y López comprende seis fases bien caracterizadas, a saber:
Primera fase que se denomina prudencia, en la que el sujeto todavía es previsor, reflexivo, en el plano objetivo no quiere entrar en conflicto; una segunda llamada cautela, en la que el sujeto está atemorizado pero domina sus respuestas ante la situación, hay exaltación anímica pero controla sus movimientos; la tercera fase denominada alarma en la cual el sujeto ya es consciente de la situación intimidante, hay alarma y gran desconfianza, su conciencia y prospección disminuyen; la cuarta corresponde a la angustia donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso y angustiado, hay mezcla de temor y furor incontenibles, aparece la cólera; la quinta llamada la fase del pánico, en la que la dirección de la conducta es automática, es decir que el sujeto no obra con conciencia y dominio, pueden presentarse impulsos motores de extraordinaria violencia en los cuales no se puede interferir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que ocurre o realiza; y la sexta, grado máximo de intensidad del miedo desencadena en terror, estado en el que hay una anulación del individuo, quien apenas conserva las actividades neurovegetativas mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegar hasta la muerte (1) .
(1) MIRA Y LÓPEZ, Emilio. Cuatro Gigantes del alma. Librería el Ateneo Editorial, Florida 340-Buenos Aires, 1962, págs. 43 y ss.
Dependiendo de la fase emocional que alcance el sujeto, la conducta se verá afectada en distintos grados y por consiguiente son diversas las consecuencias jurídicas, según si se encuentra en una situación en la que no puede exigírsele un comportamiento distinto al desplegado, caso en el cual el estado emocional podrá incidir en el ámbito de la culpabilidad, o si definitivamente se altera la capacidad mental, caso en el cual se afectará el ámbito de la imputabilidad.
En este punto, la doctrina no ha sido uniforme, pues mientras unos se inclinan por considerar que el miedo insuperable excluye la antijuridicidad, otros opinan que es una causa de inimputabilidad análoga al trastorno mental transitorio, y los demás, que se inscriben en la posición dominante, propugnan por una causa de inculpabilidad por “constituir un supuesto de inexegibilidad de otra conducta a un sujeto concreto en una situación concreta al ser legítima la resolución parcial del conflicto conforme a sus propios intereses bajo ciertos y determinados respectos” (2) .
(2) BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de Derecho Penal. Volumen II, Editorial Trotta S.A., Madrid, 1999, págs. 381 y 382.
Tal como lo recuerda el procurador delegado, la legislación colombiana no tiene tradición en la previsión del miedo como causal excluyente de responsabilidad, pero sí como circunstancia atenuante de la punibilidad, así, por ejemplo, el Código Penal de 1936 incluía en el artículo 38-3 como circunstancia de menor peligrosidad “el obrar en estado de pasión excusable, de emoción determinada por intenso dolor o temor, o en ímpetu de ira provocada injustamente”; por su parte, el artículo 64-3 del Decreto 100 de 1980, incluía como circunstancia de atenuación punitiva “el obrar en estado de emoción o pasión excusables, o de temor intenso”, y en el nuevo Código Penal, artículo 55-3, se reitera como circunstancia de menor punibilidad “el obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso”.
El “miedo intenso” de que habla el tribunal, asimilable en el mejor de los casos al temor intenso, estado de emoción o pasión excusable, contemplado en nuestra codificación como circunstancia de menor punibilidad, y al cual se refirió el tribunal de manera expresa en la sentencia impugnada, no puede confundirse con el miedo insuperable, que consagra el nuevo Código Penal como causal de ausencia de responsabilidad en el artículo 32-9, bajo la formula de que no habrá lugar a responsabilidad cuando “se obre impulsado por miedo insuperable”.
En la exposición de motivos al proyecto de ley por el cual se expidió el nuevo código, se afirma la necesariedad de su regulación “toda vez que tal situación, que desde el punto de vista sicológico está muy cercana a la insuperable coacción ajena, no queda comprendida en ésta por la exigencia de una conducta proveniente de un tercero”.
El miedo al que aquí se alude es aquél que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término “insuperable” ha de entenderse como “aquéllo superior a la exigencia media de soportar males y peligros” (3) . Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad.
(3) MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993, pág. 410.
La Sala, acogiendo en este punto algunos aspectos destacados por el procurador delegado, encuentra que para la configuración del miedo como eximente de responsabilidad es necesario que converjan los siguientes presupuestos esenciales:
a) La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por el temor al advenimiento de un mal.
b) El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no deje al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres.
c) El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse.
d) El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados.
En cambio, en el temor intenso, aunque el sujeto padece cierta perturbación debido a una impresión real o imaginaria, todavía es capaz de enfrentar con algún grado de ecuanimidad la amenaza de daño. Por ello, algunos autores lo ubican dentro de las denominadas fases de prudencia o cautela, arriba especificadas, que no excluyen la responsabilidad sino que disminuyen la punibilidad, porque de todas maneras la situación emocional atenúa en cierto grado la culpabilidad.
Y fue precisamente a este estado emocional al cual se refirió expresamente el tribunal en el fallo impugnado, cuando consideró que Oscar Anichiarico Portillo cometió el homicidio “en estado de intenso miedo”, asimilando erradamente la situación motivacional con el “intenso dolor” del artículo 60 del Código anterior, causado supuestamente por un “comportamiento injusto derivado de la persona de Esteban de Jesús Jiménez Peinado”.
El miedo intenso lo dedujo el tribunal del relato del propio procesado, quien refiriéndose al comportamiento de la víctima apuntó que “el tipo parecía un toro, porque todos teníamos miedo”, miedo que “hizo que Anichiarico Portillo gritara que llamaran a la policía —fl. 15—, y que los clientes salieran por la puerta de la casa. Manifestación de miedo a la cual la Sala ha atendido oficiosamente teniendo en cuenta, como respaldo objetivo de ese sentimiento del victimario, el estado en que quedaron las puertas del establecimiento” (fl. 129, cdno. tribunal).
Como puede verse, el argumento del tribunal es equívoco, pues si pretendía reconocer la aminorante de la “ira e intenso dolor”, dejó de lado que la razón filosófica y jurídica de esta circunstancia atenuante de la responsabilidad reside, como en otras oportunidades lo ha expresado la Corte y ahora lo reitera, en la gravedad e injusticia de la provocación generadora de tales actos. En otros términos, son los valores desencadenantes de la causa los que, en último análisis, debieron determinar el reconocimiento de la atenuante, aspectos sobre los cuales nada dijo el tribunal.
Por ello, tiene razón el procurador delegado cuando sostiene que si la sentencia hubiese sido coherente con su argumentación, sólo habría reconocido la circunstancia de menor punibilidad establecida en el artículo 64-3 del Código Penal vigente para la fecha de su proferimiento. No obstante, nada se puede remediar porque el error finalmente favoreció al procesado, cuya situación no puede desmejorarse.
Ahora bien, doctrina y jurisprudencia han admitido que el miedo puede ser lo que lleve a una persona a excederse en la legítima defensa, como se afirmó en la sentencia de casación del 21 de abril de 1998 con ponencia de quien aquí cumple igual cometido, que sobre el punto precisó:
“El concepto básico del exceso en la legítima defensa, cuando surge de la desproporción entre la agresión y la reacción, precisa en todo caso de una valoración que por naturaleza es esencialmente subjetiva e implica un juicio ex ante, tomando en consideración, entre otros aspectos, el conjunto de circunstancias concretas en que se manifiesta la reacción; la identidad del propósito asumido, es decir, que el agente obre con la finalidad de defenderse; los medios escogidos y utilizados para repeler o hacer cesar la agresión; y la imagen o idea que de los hechos se formó el agredido ante la presión sicológica del temor, en forma tal que la decisión tomada se ajuste en lo posible a la situación vivida por los protagonistas”.
Pero como en el fallo de segunda instancia el tribunal desechó la configuración de la legítima defensa, presupuesto necesario para el reconocimiento del exceso, tampoco en este aspecto podría considerarse la modificación del fallo.
Por consiguiente, no prospera el cargo.
Como en este caso no hay lugar a la casación y, por ende, se le tributará ejecutoria a la sentencia, cualquier decisión sobre la eventual favorabilidad en la pena por la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, deberá adoptarla el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según lo previsto en el numeral 7º del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)
No casar la sentencia recurrida.
Cópiese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.
Fernando Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Herman Galán Castellanos—Carlos A. Gálvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Marina Pulido de Barón—Yesid Ramírez Bastidas.

References: resolución 
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 32
 artículo 476
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 55
 artículo 476
 artículo 60
 artículo 52
 artículo 60
 artículo 59
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 60
 resolución 
 artículo 38
 artículo 64
 artículo 55
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 64
 artículo 79