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Timestamp: 2019-04-23 18:35:35+00:00

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﻿ Sentencia 1999-01108 de agosto 12 de 2013
SENTENCIA 1999-01108 DE 12 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL DERIVADA DE DETENCIÓN DE BIENES O DECOMISO DE MERCANCIA. PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA FALLA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR RETARDO LA ENTREGA DE BIENES DECOMISADAS, SE DEBE VERIFICAR SI LA DEMORA RESULTÓ JUSTIFICADA, PARA LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO, EL PROCEDER DEL AFECTADO, LA FORMA EN LA CUAL SE ADELANTÓ EL PROCESO O LA INVESTIGACIÓN, LA CARGA DE TRABAJO DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO Y EL PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS ASUNTOS A SU CARGO. AUNQUE EL PARTICULAR ESTÁ OBLIGADO A SOPORTAR LA INCAUTACIÓN DE SUS BIENES MIENTRAS SE ADELANTA LA INVESTIGACIÓN, ESA OBLIGACIÓN NO COMPORTA LA IRRESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE LA ENTIDAD, QUE HA QUEDADO EN CONDICIÓN DE DEPOSITARIO DE TALES BIENES. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, CUANDO LA INACTIVIDAD DE ESOS BIENES, DERIVADA DE SU INMOVILIZACIÓN, DETERMINA SU DETERIORO, COMO OCURRE CON LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORESO CUANDO LO DECOMISADO SON MERCANCÍAS PERECEDERAS, EN ESTOS EVENTOS ES UNA OBLIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR ESE DETERIORO Y EL PERECIMIENTO DE LAS MATERIAS QUE HA INCAUTADO. SI ESAS MEDIDAS NO SE TOMAN Y LOS BIENES SE DETERIORAN O PERECEN, SE ESTARÁ VIOLANDO SU OBLIGACIÓN DE CUSTODIA, LO QUE CONSTITUYE UN DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE GENERA RESPONSABILIDAD ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DECOMISO DE MERCANCÍA, VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia 1999-01108 de agosto 12 de 2013
Rad.: 50 001 23 31 000 1999 01108 01 (26542)
Actor: Carlos Alberto Gutiérrez Rojas y otros
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(1).
Previo a decidir, debe precisarse que el recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia lo interpusieron la parte demandada —Fiscalía General de la Nación— y los demandantes; pero solo fue admitido el primero. Se está entonces en presencia de un apelante único, por lo cual, la Sala deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil,(2) teniendo como fundamento los argumentos expuestos y desarrollados en el respectivo recurso de apelación,(3) pero sin hacer más gravosa la situación del apelante único, es decir, respetando el principio de la non reformatio in pejus(4). Ahora bien, cabe señalar que en el presente caso el a quo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y condenó a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar a los accionantes por perjuicios materiales en calidad de daño emergente.
La parte demandada solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y que en su lugar, se exima de responsabilidad a la entidad por los supuestos daños sufridos. A su juicio la retención e inmovilización del automotor con la mercancía fue un procedimiento ajustado a la ley conforme a lo establecido en la Resolución 0001 de 1996 del Consejo Nacional de Estupefacientes, toda vez que las mencionadas actuaciones fueron determinadas por el no acatamiento de las reglamentaciones existentes en dicha norma para el transporte de cemento. Por lo tanto, el señor Gutiérrez Rojas tenía el deber jurídico de soportar la investigación hasta tanto no se aclarara la situación ya que fue su conducta negligente la que generó el daño.
Para resolver lo que corresponda, la Sala en primer lugar abordará una cuestión previa relativa al valor de las copias simples, dado que algunos de los documentos que serán valorados fueron aportados al expediente en tal condición. Posteriormente se analizarán los elementos constitutivos de la responsabilidad; enseguida se examinarán los precedentes sobre la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Por último se hará el análisis del caso concreto.
Es necesario precisar lo concerniente a los documentos públicos, aportados en copia simple al proceso por el apoderado de la parte actora. Sobre el particular, el precedente jurisprudencial ha precisado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.
Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(5). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254(6) antes citado(7).
“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(8).
“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, “prevalecerá el derecho sustancial”. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí”(9).
“Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(10).
Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal,(11) reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(12).
En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(13)”.
Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedece, entre otras circunstancias, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que estas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.
Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(14).
Por último, se debe tener en cuenta lo preceptuado por la Corte Interamericana, toda vez que este tópico ya fue tratado por dicho tribunal internacional con ocasión de un fallo del Consejo de Estado, en el que no se tuvieron por probados unos hechos acreditados en procesos penales y disciplinarios, so pretexto de que las piezas procesales que los acreditaban fueron arrimadas al proceso contencioso administrativo en copias simples; frente a este evento la Corte determinó que de acuerdo con la convención interamericana de derechos humanos un raciocinio de ese talante, no garantizaba un acceso efectivo a la justicia.
Concretamente afirmó:
“En lo que concierne al acceso a la justicia, valga destacar que en este caso los tribunales contencioso administrativos no establecieron responsabilidad institucional por acción de funcionarios estatales en la ejecución del senador Cepeda Vargas, que considerara la transgresión de sus derechos a la vida y la integridad personal, entre otros, a pesar de que al momento de sus decisiones se contaba ya con los resultados parciales del proceso penal e incluso del disciplinario. En este sentido, no contribuyeron de manera sustancial al cumplimiento del deber de investigar y esclarecer los hechos (supra párrs. 116 a 122). Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple197. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no solo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado”(15).
Así las cosas, es preciso analizar el fenómeno del valor probatorio de las copias simples, no solamente desde el ámbito del derecho interno sino del derecho supranacional, y sobre el particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que de cara al efectivo acceso a la administración de justicia, negar el valor probatorio a unas copias que carecen de autenticidad, es contrario al principio del acceso a la justicia, consagrado como garantía judicial en la convención y dispuesto igualmente en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.
En efecto, debe tenerse presente que el artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su numeral 1º, como primera garantía fundamental que; “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter”. A estos derechos, descritos por la norma transcrita, la Corte Constitucional los ha denominado como garantía fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia(16); garantía que, con base en lo determinado por la Corte Interamericana en la decisión citada, no resulta aplicada cuando un juez niega el valor probatorio a las copias sin entrar a tener en cuenta toda la información que tiene a su disposición.
En efecto, si uno de los elementos del acceso a la administración de justicia es el debido proceso y a su vez este concepto se encuentra integrado, entre otros ítems, por el respeto a las formas propias de cada juicio; se debe tener presente que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil colombiano, concordantemente con lo afirmado por la Corte Interamericana, indica que las pruebas deben ser valoradas en su conjunto. Pues bien, no otra cosa se debe entender cuando este tribunal supranacional indica que el juez debe tomar “todas las fuentes de información que tenga a su disposición”, en forma tal que si en un proceso concreto los demás medios probatorios ratifican lo que dicen los documentos aportados en copias simples, tales documentos deberán ser valorados; no hacer esa valoración conjunta de los medios probatorios con los que cuenta el juez, implica vulnerar el debido proceso y de contera el acceso a la administración de justicia.
De otra parte, ha de tenerse presente que el acceso efectivo a la administración de justicia es considerada una garantía judicial por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cualquier ámbito del derecho; esto significa que su aplicación no está circunscrita a casos en que se debatan violaciones a la vida humana, a procesos penales, sino que se extiende a todo proceso donde se “determinen “derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter”.
En el caso de autos, dentro de los documentos que la parte actora aportó en copia simple se encuentran la resolución de fecha 4 de marzo de 1997 mediante la cual la Fiscalía se abstiene de entregar el vehículo (fls. 81-85, cdno. 1); la resolución de fecha 30 de abril 1997 en la que se precluye la investigación y se ordena la entrega del vehículo (fls. 172-175, cdno. 1); la resolución de fecha 20 de marzo de 1998, en la cual la Fiscalía delegada ante el tribunal confirma la preclusión de la investigación y la entrega del automotor (fls. 252-254, cdno. 1) y el acta de entrega del vehículo y la mercancía el 22 de abril de 1998 (fl. 238, cdno. 1)
En concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala observa que los medios probatorios así presentados han obrado a lo largo del proceso sin que hayan sido objeto de tacha por parte de la entidad demandada, en quien es claro su conocimiento pleno de la prueba por cuanto en todos sus escritos de defensa hizo alusión a la misma y tuvo oportunidad de contradecirla o usarla en su defensa.
Por los argumentos expuestos se valorarán los mencionados documentos, conforme a los rigores legales vigentes en la materia(17).
Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(18) de la responsabilidad del Estado(19) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(20) y de su patrimonio,(21) sin distinguir su condición, situación e interés(22). Como bien se sostiene en la doctrina,
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(25) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(26) tanto por la acción, como por la omisión.
“...antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otra lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”(27).
“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del estado social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(28).
De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(29).
Así mismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(30). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable,(31) anormal(32) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(33).
“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(34).
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad,(35) según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(36). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(37).
En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(38). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(39).
Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(42) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(43) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(44).
“...el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(45) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(46). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(47).
1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. V. gr. si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo — prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.
“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. V. gr. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta mas (sic) de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no solo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(50). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(51).
4.1. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la justicia.
“Habiéndose dado el movimiento de democratización y transparencia del Estado, la reflexión se ha venido matizando por la cuestión de saber si el servicio público de la justicia es un servicio público como los otros y si debe, no solamente ser responsable de todas sus faltas, sino también, indemnizar las consecuencias dañinas y los riesgos que se presenten como consecuencia de sus actividades”(52).
2. La premisa inicial, en el derecho comparado, ha sido la de afirmar que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido en incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(53).
3. Siendo esto así, se exige inicialmente precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal, que en otras latitudes jurídicas ha llevado a determinarlo a partir del “derecho a la tutela judicial efectiva”, el cual está integrado “por el derecho al proceso, el derecho a que este se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(54). Lo que se precisa al considerarse que la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento anormal o defectuoso procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(55).
“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquellos”(56).
“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “...si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(58)”(59).
“(...) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(60).
“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de estas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”. De este modo, el derecho de acceso a la administración de justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(61).
5. Sin desconocer lo anterior, el precedente de la Sala parte de la premisa que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(62).
6. Después de la primigenia formulación en el precedente de la Sala, se vino a hablar del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio,(63) por “mal servicio administrativo”(64). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial a los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(65).
7. Es cierto que antes de la Carta Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía entre la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero de estos “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(66). De acuerdo con esta definición, se encuadraron como supuestos de fallas del servicio judicial(67): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios,(68) iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(69) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor,(70) v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo,(71) vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución,(72) vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(73).
De acuerdo con lo sustentado, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”,(74) la cual encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(75). A lo que se agrega en el precedente de la Sala que se comprende,
“(...) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(76).
En la demanda se imputó el daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación por la omisión de entregar oportunamente los automotores, “una vez se produjo la decisión del instructor que ordenó la entrega de los bienes, ésta (sic) tardó de manera injustificada durante un año, pese a que el apoderado del sindicado insistentemente la reclamó”(77).
En materia de responsabilidad del Estado por estos hechos, la jurisprudencia de la Sección Tercera(78) identificó inicialmente los títulos jurídicos de imputación por los daños causados por la administración de justicia con fundamento en la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política(79).
Es así como consideró que el error judicial se configuraba ante las falencias en que incurrieran los jueces en las providencias judiciales, mientras que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(80) se materializaba cuando la responsabilidad no derivaba de una providencia judicial, sino de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución como tal de las providencias proferidas por los jueces o la ejecución de las mismas(81).
En sentencia del 22 de noviembre de 2001 la Sala, con apoyo en la doctrina, diferenció claramente el error judicial del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, así:
“...nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.
En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho(82)”(83).
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, determinó la responsabilidad del Estado por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Este último título de imputación se estableció como residual, en el sentido en que comprendería los supuestos del daño antijurídico causado como consecuencia de la función jurisdiccional, pero que no constituyeran error judicial o la privación de la libertad por no provenir de una decisión judicial(84).
Para determinar la responsabilidad del Estado por la falla en la administración de justicia por retardo en adoptar decisiones o en entregar bienes decomisados, se debe verificar si la demora resultó justificada, para lo cual se debe tener en cuenta la complejidad del asunto, el proceder del afectado, la forma en la cual se adelantó el proceso o la investigación, la carga de trabajo del juez de conocimiento y el promedio de duración de los asuntos a su cargo.
Con fundamento en lo anterior y bajo la anterior óptica, se entrará a analizar el trámite de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. Previamente a aplicar las anteriores consideraciones al caso concreto, se ocupa la Sala de reseñar las pruebas que obran en el proceso tendiente a demostrar la responsabilidad de la entidad demandada por la retención del vehículo automotor.
Obran el expediente las siguientes pruebas que resultan trascendentes para resolver el recurso de apelación interpuesto.
— Copia simple de la resolución de fecha 4 de marzo de 1997 donde la Fiscalía se abstiene de entregar el vehículo (fls. 81-85, cdno. 1)
— Copia simple de la resolución de fecha 30 de abril 1997 donde se precluye la investigación y se ordena la entrega del vehículo (fls. 172-175, cdno. 1)
— Copia simple de la resolución de fecha 20 de marzo de 1998, en la cual la fiscalía delegada ante el tribunal confirma la preclusión de la investigación y la entrega del automotor (fls. 252-254, cdno. 1).
— Copia simple del acta de entrega del vehículo y la mercancía el 22 de abril de 1998 (fl. 238, cdno. 1).
— Copia auténtica de la Resolución 0001 del Consejo Nacional de Estupefacientes (fls. 387-391, cdno. 1).
— Informe policivo suscrito por el señor C.P. Jorge Pulido Buriticá en donde se deja a disposición de la Sijín al señor Carlos Humberto Hernández, el vehículo de placas SNF-553 y 400 bultos de cemento. (fl. 2, cdno. 2).
— Declaración del señor Carlos Humberto Hernández Gutiérrez, quien se desempeñaba como conductor del vehículo de placas SNF 553 el 21 de febrero de 1997, (fls.383-383ª, cdno. 1).
(Sic) 7. Análisis del caso concreto.
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El artículo 228 de la Carta, a su vez, reitera que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. La Corte se ha pronunciado varias veces sobre este importante componente del debido proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública “hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia”(85).
Al mismo tiempo, la Corte ha afirmado reiteradamente que la mora judicial “es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”,(86) pero que muchas veces “una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”(87). La violación del derecho fundamental ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la hiperinflación procesal, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de tutela.
“...la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de trabajo está justificada y, en consecuencia, no configura denegación del derecho al acceso a la administración de justicia... Al analizar la procedibilidad de la acción de tutela por mora judicial, el juez constitucional debe determinar las circunstancias que afectan al funcionario o despacho que tiene a su cargo el trámite del proceso. Para ello (...) si es imperativo debe adelantar la actuación probatoria que sea necesaria a fin de definir ese punto. De igual manera indicó esta corporación, no puede el juez desconocer la obligación consignada el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, según la cual debe ser respetado el orden de llegada de los procesos”.
De los argumentos esgrimidos en el escrito de sustentación del recurso, aparecen que son dos las razones por las cuales el apoderado del Fiscalía General de la Nación, pretende que la sentencia de primera instancia sea revocada: 1. Que el ente investigador desarrolló una competencia atribuida legalmente, la de investigar al demandante, puesto que transportaba cemento sin portar el registro exigido por la resolución expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes; por lo tanto —concluye— no existe ningún error jurisdiccional. 2. Que no se incurrió en defectuoso funcionamiento, puesto que el trámite del grado jurisdiccional de consulta exige una duración y un tiempo.
Conforme a lo anterior son dos los problemas jurídicos que se abordarán para el análisis del caso concreto son:
7.1. ¿Existió error jurisdiccional por parte de la Fiscalía al adelantar investigación contra el señor Carlos Alberto Gutiérrez Rojas, a causa de la detención de su vehículo, cuando transportaba cemento sin el registro previsto por la Resolución 001 del 13 de mayo de 1996, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes?
A propósito de este problema jurídico, la Sala en primer lugar analizará el contenido de la resolución 001 de 1996. En dicha resolución se dispuso:
ART. 1º—Someter al control especial previsto en esta resolución la venta, transporte, distribución, consumo y almacenamiento de cemento gris y la gasolina, en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Vichada y Meta.
ART. 2º—Las personas naturales, las personas jurídicas y los establecimientos de comercio que vendan, distribuyan, consuman o almacenen gasolina o cemento gris en los departamentos a que se refiere esta resolución, en cantidades superiores a 220 galones y 600 kilos, respectivamente, deberán llevar una relación o registro diario de dichas transacciones o actividades.
PAR. 1º—Cuando el destino final sea alguno de los departamentos citados, o cuando para llegar a aquel debra (sic) transitarlos, el transportador deberá solicitar a su proveedor y portar copia del registro donde se acredite la información prevista en el artículo tercero.
PAR. 2º—Quedan exceptuados de la obligación de llevar el registro establecido en el presente artículo los vendedores, distribuidores, trasportadores, consumidores y almacenadores en las capitales de los departamentos a que se refiere la presente resolución, siempre que estas actividades se realicen dentro del área urbana de la respectiva capital.
ART. 3º—La relación o registro de que trata el artículo anterior se hará para cada transacción o actividad y deberá contener la siguiente información:
1. Fecha y lugar en que se realiza la respectiva transacción
2. Identificación completa y dirección del domicilio, tanto del distribuidor o vendedor como del comprador o consumidor y del almacenador.
3. Clase, cantidad de gasolina, o cemento gris objeto de la transacción o actividad.
4. Destinación o uso específicos
5. Municipio o corregimiento en que se consumirán las sustancias o productos adquiridos.
6. Firma de quienes intervengan en la transacción o actividad.
PAR. La información contenida en el registro de que trata el presente artículo se entiende presentada bajo la gravedad del juramento por quienes lo suscriben.
Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto, esta misma resolución autorizó a la fuerza pública a ejercer control permanente, con facultades de inmovilización de los vehículos que transportaran una de las dos sustancias, si en el registro correspondiente, o con inconsistencias entre dicho registro y la mercancía efectivamente transportada. Igualmente se dispuso la obligación de que la fuerza pública pusiera las sustancias y las personas implicadas a disposición de la autoridad competente en los términos previstos por el artículo 43 de la Ley 30 de 1986. Así lo estipulan los artículos cuarto y quinto de la citada resolución.
Pues bien, examinados los hechos probados dentro del proceso, a la luz de lo dispuesto por esta resolución que se acaba de transcribir parcialmente, la Sala observa que el proceder de la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Regionales de Villavicencio, fue legal, y que en el mismo no se verifica ningún error jurisdiccional.
Está acreditado dentro del proceso que en el camión de propiedad el señor Carlos Humberto Gutiérrez Rojas, se transportaban más de 600 kilos de cemento gris.
Igualmente se encuentra probado que el vehículo fue detenido a la altura del barrio porfía. A propósito de este hecho la Sala precisa que no le asiste razón al Ministerio Público, cuando de esta circunstancia deriva que debe ser declarada responsable la Policía Nacional, ya que al encontrarse el vehículo dentro del perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio, la situación fáctica se acomoda a la excepción prevista en el segundo parágrafo del artículo segundo de la resolución. Y no le asiste la razón, por cuanto el conductor del vehículo específicamente expuso en su declaración dentro de este proceso administrativo que:
“Yo sí tuve conocimiento de esos hechos porque yo era el conductor del vehículo, era un doble troque Dodge, de placas SNF 553, llevaba un viaje de cemento para Acacías, eran 20 toneladas o sea cuatrocientos bultos. Yo iba hacia Acacías y en la entrada a Porfía me pararon unos agentes de la Policía me pidieron el permiso para sacar el cemento de Villavicencio y lo único que yo llevaba era la planilla y la factura del viaje de cemento, yo le mostre (sic) esos documentos, inmediatamente me detuvieron y me devolvieron para la Sijín y retuvieron el vehículo, me dijeron que necesitan (sic) al patrón o dueño del cemento para el permiso o registro que pedían en ese tiempo, porque lo máximo eran siete bultos que podían salir en ese momento” (fls.383-383ª, cdno. 1)
Así las cosas, está demostrado que la sustancia transportada tenía como destino un municipio distinto a la ciudad de Villavicencio, por lo cual tanto la conducta de los agentes de la Policía Nacional, como la de los miembros de la Fiscalía General de la Nación estuvo ajustada a lo previsto por dicha resolución.
Resta resolver el segundo problema jurídico que se desprende de los argumentos expuestos en el escrito de sustentación del recurso de apelación.
7.2 ¿ Existió defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional al tardar 11 meses en resolver el grado jurisdiccional de consulta de la providencia que había precluido la investigación contra Carlos Alberto Gutiérrez?
A efectos de resolver este interrogante, la Sala tiene en cuenta los precedentes jurisprudenciales citados en el acápite anterior. Como se expuso, se ha determinado que no cualquier tardanza puede generar un daño antijurídico. En efecto, la Corte ha establecido que “la dilación en la resolución de los casos judiciales no se considera, en hipótesis de hiperinflación procesal, una violación del derecho al debido proceso”(88).
No está demostrado que el tiempo que la Fiscalía empleó en resolver la consulta de la providencia que había precluido la investigación contra el señor Carlos Alberto Gutiérrez, sea un término irrazonable. En consecuencia, en el caso sub judice no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por un retardo injustificado en la toma de la decisión.
No obstante lo anterior, la Sala no puede pasar por alto un hecho suficientemente acreditado dentro del plenario, consistente en que el vehículo automotor y la mercancía en él contenida, cuando estos fueron devueltos al demandante, el primero se encontraba en estado de marcado deterioro y el segundo había perecido.
Ante esta evidencia, se debe tener presente que si bien la Fiscalía General de la Nación tiene dentro sus poderes la incautación de objetos de propiedad de los particulares, al ejercer esta facultad la entidad asume la condición de depositario de los bienes incautados, retenidos o decomisados; y tal condición genera unas obligaciones de la entidad frente al propietario de dichos bienes. Entre las obligaciones del depositario están la custodia de las cosas dejadas en depósito, a fin de garantizar su devolución.
Aunque el particular está obligado a soportar la incautación de sus bienes mientras se adelanta la investigación, esa obligación no comporta la irresponsabilidad absoluta de la entidad, que ha quedado en condición de depositario de tales bienes. En este orden de ideas, cuando la inactividad de esos bienes, derivada de su inmovilización, determina su deterioro, como ocurre con los vehículos automotores; o cuando lo decomisado son mercancías perecederas, como sucede el sub judice con el cemento; en estos eventos es una obligación de la Fiscalía General tomar las medidas necesarias para evitar ese deterioro y el perecimiento de las materias que ha incautado. Si esas medidas no se toman y los bienes se deterioran o perecen, se estará violando su obligación de custodia, lo que constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que genera responsabilidad(89).
Si bien es cierto no existe un catálogo legal de medidas que pueden ser tomadas para la conservación de los bienes incautados, el contenido de tales medidas será determinado discrecionalmente por la Fiscalía General de la Nación, que en cada caso concreto debe analizar cuáles son las acciones más adecuadas, a efectos de evitar el deterioro o la desaparición de los bienes que ha incautado.
En el expediente está demostrado que el demandante incurrió en gastos a fin de restablecer la operatividad de su vehículo automotor (fls. 36-38, cdno. 1), los que fueron reconocidos por el juez a quo a título de daño emergente. De la misma manera, se estableció que el contenido de los 400 bultos de cemento resultó arruinado por el paso del tiempo (fl. 238, cdno. 1).
Así las cosas, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad, pero modificará la causa de tal responsabilidad, pues fue la omisión de la Fiscalía General de la Nación al deber legal de custodia de los bienes cuyo depósito ostentaba como consecuencia de la incautación, la que constituyó un flagrante defectuoso funcionamiento en la administración de justicia.
No obstante lo anterior, observa la Sala que el obrar del demandante, Carlos Alberto Gutiérrez Rojas, fue imprudente; pues al haber transportado los cuatrocientos bultos de cemento sin la relación exigida por la Resolución 001 de 1997, estaba contraviniendo esta norma y de contera exponiéndose a una investigación penal.
El Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (CC, art. 2357) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño(90). En consideración a lo anterior, la Sala decretará la concurrencia de culpas y en consecuencia, en el momento de liquidar los perjuicios reconocidos, su monto será reducido en un 50%.
8. Actualización de los perjuicios.
En la sentencia de primera instancia se reconoció por concepto de daño emergente la suma total de $ 12.249.273, suma que previamente a ser reducida, será actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática.
Ra= $ 18.593.667,70
Reducción al 50% por concurrencia de culpas: $ 9.296.833,85
Por todo lo anterior, y en virtud de los argumentos con los que se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala modificará la sentencia de primera instancia.
MODIFÍCASE la sentencia del 15 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:
1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados al señor Carlos Alberto Gutiérrez Rojas, como consecuencia de la omisión en el deber de custodia que esta entidad tenía sobre los bienes que se habían incautado al referido señor.
2. DECLARAR que en la producción de los daños concurrió la culpa de la víctima, Carlos Alberto Gutiérrez Rojas, por transportar cemento sin el registro exigido por la ley.
3. Como consecuencia de las dos declaraciones anteriores, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor del señor Carlos Alberto Gutiérrez Rojas, por concepto de perjuicios materiales la suma de nueve millones doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos m/cte. $ 9.296.833,85.
Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen
(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de 9 de diciembre de 2010. C.P.: Ruth Stella Correa. Expediente 39085, y auto de 21 de octubre de 2009. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 36913.
(2) Inciso primero: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
(3) “Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez (...). [E]l juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Sin embargo, “(...) conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 21060.
(4) “(...) [O]tra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia (...). Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (...). Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “...aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)”. Ibídem.
(5) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 26.225.
(6) “...la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ‘el mismo valor probatorio del original’ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
(7) “...la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ‘el mismo valor probatorio del original’ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
(9) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.
(10) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250.
(11) “...La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.
La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro tribunal supremo. (...) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso... En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el artículo 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el artículo 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba...”. Joan Pico I. Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J.M. Bosch. Pp. 152 a 157.
(12) Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, Expediente 22.417 M.P. Enrique Gil Botero.
(13) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999- 01250.
(14) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.
(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 26 de mayo de 2010, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.
(16) Sentencia C-228 de 2004, en la que la Corte precisa que el acceso efectivo a la administración de justicia comprende: la existencia de procedimientos idóneos, la resolución de los litigios en un tiempo razonable, el respeto al debido proceso, entre otros.
(17) La valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso. Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción(17), el sistema de la tarifa legal o prueba tasada(17) y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia (...) Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando solo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso. Consejo de Estado, sentencia de 6 de marzo de 2013, Expediente 24884.
(18) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
(20) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimpresión México, Fontamara, 2007, p. 49.
(23) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120.
(24) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pp. 120-121.
(25) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el art. 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.
(26) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
(27) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal - bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.
(28) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.
(30) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995. Expediente9550.
(31) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Radicado 2001-01541 AG.
(32) “Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Expediente12166.
(33) Sentencia de 2 de junio de 2005. Radicado 1999-02382 AG.
(34) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.
(35) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
(36) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
(37) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp. 6 y 7.
(38) “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 ss.
(39) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.
(40) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.
(41) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Expediente14170.
(42) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (resaltado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62.
(44) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “...la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, traducción William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “...no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p. 430.
(45) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 31.
(48) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlín. New York. 1993. Pp. 796 y ss.
(50) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999. Pp. 51 y ss. Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990. P. 389.
(52) Deguergue, Maryse (coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado. Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pp. 51 y 52.
(53) Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, ob. cit., p. 94.
(54) González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 57.
(55) González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 58.
(56) Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del estado-juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 518.
(57) Corte Constitucional, sentencia de C-318 de 1998.
(58) Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 2000.
(59) Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003.
(60) Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 2004.
(61) Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2007.
(62) Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Expediente: 867.
(63) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente: 10285.
(64) Sentencia de 24 de agosto de 1990, Expediente: 5451.
(65) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente: 10285.
(66) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719.
(67) En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 58.
(68) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Puede verse el precedente sentencia de 24 de mayo de 1990, Expediente 5451.
(69) Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Expediente: 11092.
(70) La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719.
(71) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164.
(72) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164.
(73) Sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente: 17301.
(74) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Expediente12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que...efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente: 17301.
(75) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Expediente12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que... efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente: 17301.
(76) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente13164. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la administración de justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 57.
(77) Folio 609 del cuaderno principal.
(78) Sentencia del 22 de noviembre de 2001. Expediente 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(79) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio: “En el nuevo orden constitucional el derecho a una pronta justicia tiene el rango de mandato superior. En efecto, el artículo 29 de la Constitución de 1991 establece como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagra los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que ‘los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado’. Por su parte, el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce esa garantía como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales y aunque en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito ‘a ser juzgado sin dilaciones indebidas’, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole (...).
Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar el artículo 6º, número 1º de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que el ‘carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente ‘la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’.
Ese mismo tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos sino que la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable”.
(80) Sobre el tema pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Tercera-Subsección C el 22 de junio de 2011. Expedientes 19.227 y 19.157. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(81) Sentencia del 10 de mayo de 2001. Expediente 12.719. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(82) Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. “La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia”. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, p. 25.
(83) Sentencia del 22 de noviembre de 2001. Expediente 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(84) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(85) T-348 de 1993.
(86) T-945 A de 1998.
(88) T-357 de 2007.
(89) La situación es asimilable a la de los bienes que han sido secuestrados, evento en el cual tanto el secuestre como el juez deben responder por la integridad de los bienes objeto de la medida cautelar, así lo ha determinado esta Sala. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 junio de 2011, Expediente 19227.
(90) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 14 de mayo de 2012, Expediente 23710.

References: artículo 73
 artículo 357
 Resolución 
 artículo 168
 artículo 253
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 254
 artículo 254
 artículo 83
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 254
 artículo 215
 artículo 308
 artículo 229
 artículo 8
 artículo 187
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 6
 artículo 229
 artículo 90
 resolución 
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 228
 artículo 18
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 254
 artículo 83
 artículo 254
 artículo 83
 resolución 
 artículo 269
 artículo 270
 resolución 
 artículo 187
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 86
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6