Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520695.html
Timestamp: 2019-03-20 05:28:42+00:00

Document:
as201520695
Auto Supremo: 695/2015 - L
Sucre: 14 de Agosto 2015
Expediente: LP -151 – 10 – S
Partes: Beatriz Fernández Quispe y Lucy Fernández Quispe c/ Gobierno
Proceso: Prescripción liberatoria
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 157 a 161 y vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez a nombre del Alcalde Municipal Luis Antonio Revilla Herrero contra el Auto de Vista–Resolución Nº 251, de 05 de agosto de 2010 de fs. 147 a 149 pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de prescripción liberatoria seguido por Beatriz Fernández Quispe y Lucy Fernández Quispe contra la Entidad recurrente; la respuesta al recurso de fs. 166 a 167; el Auto de concesión de fs. 168; los antecedentes del proceso, y:
I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia-Resolución Nº 461, de 04 de diciembre de 2009 de fs. 120 a 123 y vta., declaró probada la demanda y por operada la prescripción extintiva o liberatoria en favor de las actoras, disponiendo en consecuencia la cancelación del gravamen que pesa sobre el inmueble de su propiedad bajo el Folio Real Nº 2010990072049, Asiento B-1 de 20 de junio de 1967 e improbada la demanda reconvencional de daños y perjuicios sin costas, disponiendo se franquee por Secretaria el testimonio de ley dirigido a la Oficina de Derecho Reales para el fin señalado, previa ejecutoria del fallo; Sentencia que es complementada por Auto de fecha 26 de enero de 2010 disponiendo se eleve la misma en consulta ante el superior en grado.
I.2.- Apelada la indicada Sentencia por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 251, de 05 de agosto de 2010 de fs. 147 a 149, confirmó y aprobó en forma total el Auto de fs. 55-56 bajo la Resolución Nº 333/2008, Autos de fs. 62 vta., 64 vta., 68, 70 vta., 78 vta., y la Sentencia apelada y su Auto complementario de fs. 125 vta., sin costas; en contra de esta Resolución de segunda instancia, la Entidad demandada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma.
II.1.- En el fondo: Acusa violación expresa del artículo 1505 del Código Civil manifestando que dicha norma legal fue soslayada ya que la Entidad demandada habría demostrado que la parte actora se sometió voluntariamente a la vía administrativa municipal para regularizar su situación pendiente en el cumplimiento de obligación donde habría realizado expreso reconocimiento a la acreencia pecuniaria de suma líquida (Bs. 22.934,40) que tiene con respecto a la Institución Edilicia conforme la documental de fs. 28 y 40, existiendo una verdadera interrupción de la prescripción y reconocimiento de la deuda, aspectos que no habrían sido tomados en cuenta por el Ad-quem incurriendo en violación de la citada norma legal.
Manifiesta que al margen del reconocimiento expreso de interrupción de la prescripción, se suma la confesión presunta de las actoras quienes al no haberse hecho presentes a la audiencia fijada para su confesión provocada, se habría causado los efectos del art. 424 del Código de Procedimiento Civil; bajos esos antecedentes indica que correspondería casar el Auto de Vista.
II.2.- En la forma: Refiere violación del art. 192 del Cód. Pdto. Civ. indicando que el Auto de Vista no justifica de manera fundamentada cuales fueron las razones y motivos para confirmar la Sentencia y demás resoluciones que fueron apeladas (Resolución Nº 333/2008 y Autos de fs. 62 vta., 64 vta., 68, 70 vta., y 78 vta.); no habría analizado y evaluado de manera fundamentada con cita expresa de las leyes, tampoco el Tribunal se habría referido al fondo de la pretensión planteada incurriendo en discrecionalidad y dejando en incertidumbre respecto a la motivación y razonamientos jurídicos, calificando al fallo carente de fundamento, aspecto que vulneraria el derecho a la tutela efectiva y que el Tribunal simplemente se habría limitado a observar los agravios expuestos en su recurso los cuales no se encontrarían correctamente fundamentados, sin explicar las razones y los motivos jurídicos y legales para la confirmación del fallo de 1ª instancia, citando para el efecto jurisprudencia constitucional.
Bajos esos antecedentes, en su petitorio concluye indicando que se disponga la nulidad de obrados hasta fs. 146 inclusive y se emita nuevo Auto de Vista con sujeción al art. 1505 del Código Civil o en su defecto se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda y probada la acción reconvencional con costas.
Por razones de orden lógico corresponde primeramente considerar el recurso de casación en la forma ya que ser evidentes los reclamos estaríamos ante la emisión de una Resolución anulatoria, lo que haría innecesario considerar el recurso en el fondo.
III.1.- Recuro en la forma:
El apoderado de la Entidad recurrente acusa la violación del art. 192 del Código de Procedimiento Civil cuestionado a la Resolución de segunda instancia que no se encontraría debidamente fundamentada y que el Tribunal de alzada simplemente se habría limitado a cuestionar su recurso de apelación sin haberse referido al fondo de la cuestión planteada.
Al respecto es preciso referirnos a la Sentencia Constitucional Nº 1365/2005-R de 31 de octubre, misma que en su ratio decidendi, Fundamentos Jurídicos del Fallo, después de teorizar respecto a la motivación y fundamentación de las resoluciones, en su Punto III.1.2 concluye en lo siguiente: “Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. Este mismo entendimiento fue reiterado en la SC 0590/2006, SCP 2210/2012 entre varias otras.
En el caso presente, revisado el contenido del Auto de Vista impugnado se evidencia que el mismo cumple con los parámetros de motivación y fundamentación establecida por la jurisprudencia constitucional de referencia, toda vez que el Ad-quem en el primer considerando realiza una descriptiva respecto a los actos procesales más sobresalientes realizados por el Juez de primera instancia así como la forma de Resolución de la causa; en el segundo considerando se refiere de manera amplia al recurso de apelación deducido por la Entidad recurrente contra la Sentencia definitiva y demás resoluciones interlocutorias, sentando de esta manera las bases para ingresar a resolver el aspecto central de las apelaciones.
En el Considerando 3 realiza una fundamentación descriptiva haciendo referencia de manera específica y detallada a las pruebas documentales que cursan en el expediente y previo análisis de las mismas en el Considerando 4 arriba a sus propias conclusiones en tres puntos específicos respecto a la pretensión principal y en el Considerando 5 procede a realizar la consideración de las excepciones de incompetencia e impersonería que fueron apeladas en el efecto diferido y sobre la base de esos fundamentos confirma y aprueba la Sentencia y demás resoluciones que fueron apeladas.
Como se podrá advertir, el Auto de Vista impugnado a criterio de este Tribunal cumple con los parámetros de motivación y fundamentación establecida por la jurisprudencia constitucional de referencia, así como por el art. 192 de Código de Procedimiento Civil toda vez que contiene los aspectos de forma y fondo, no siendo evidente lo afirmado por el recurrente de que el Ad-quem hubiera omitido referirse al fondo de la pretensión planteada o se hubiera simplemente limitado a cuestionar su recurso de apelación, toda vez que no se advierte esas situaciones en el contenido del Auto de Vista recurrido; se debe dejar establecido que, si bien la norma legal de referencia aparentemente estaría referida únicamente a establecer los requisitos de carácter formal y la estructura que deben contener las sentencias de primera instancia, sin embargo por extensión también es aplicable a las resoluciones de segunda instancia y dentro de ese contexto el Auto de Vista cumple con el mandato de dicha norma legal, no correspondiendo disponer su nulidad.
Se debe dejar establecido que las nulidades procesales se encuentran restringidas por disposición de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y por los arts. 105, 106 y 107 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, aplicables al caso presente por estar referidas al procedimiento, conforme lo disponen las SC 0757/2003; 1421/2004; 1055/2006 y SCP 0008/2014.
Por las consideraciones realizadas, el recurso de casación en la forma deviene en infundado.
En el fondo la Entidad recurrente trae a colación dos aspectos: 1) La violación del art. 1505 del Código Civil en el entendido que las actoras al someterse voluntariamente a la vía administrativa municipal habrían realizado expreso reconocimiento a la acreencia pecuniaria (Bs. 22.934,40) con respecto a la Institución Edilicia, lo que constituiría verdadera interrupción de la prescripción de la deuda, y 2) Que existiría confesión judicial presunta de las actoras respecto a la interrupción de la prescripción por el reconocimiento de la acreencia, al no haberse hecho presentes a la audiencia señalada para el efecto, generándose las consecuencias que establece el art. 424 del Código de Procedimiento Civil; siendo esos los únicos reclamos deducidos en el recurso en el fondo, a los cuales este Tribunal de Casación se limitara a realizar su consideración.
Con respecto a la interrupción de la prescripción, es necesario dejar claramente establecido que esta situación solo puede ser posible cuando la prescripción se encuentra en curso, es decir cuando está corriendo el plazo establecido por ley para su consolidación y de ninguna manera puede existir interrupción cuando ya se ha cumplido dicho plazo, ya que al cumplirse este queda materialmente consolidado el derecho a favor de quien pretende valerse de la prescripción, faltando simplemente la declaración judicial que lo haga válida.
El art. 1505 del Código Civil acusado de infringido por el recurrente, señala: “La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho pueda hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción”; en el caso presente cuando las actoras recurrieron a la vía judicial demandando la prescripción liberatoria, se entiende que lo hacen de la obligación pecuniaria y de la hipoteca que se encuentra registrada a favor de la Alcaldía Municipal de La Paz emergente de una obligación contraída en el año 1967 presuntamente por los anteriores propietarios del inmueble, cuyo gravamen se mantiene hasta el presente afectando el ejercicio del derecho propietario sobre el inmueble de 100 m2. de las demandantes, quienes alegan que hasta la fecha de la interposición de su demanda habrían transcurrido más de 40 años sin que el Gobierno Municipal hubiera procedido en ningún momento a cobrar dicha acreencia, cuya fecha de registro del gravamen data del 07 de julio de 1967 conforme se evidencia de los documentales de fs. 4, 6, 7 y 9 expedidas por Derechos Reales.
El hecho de que una de las co-demandantes (Beatriz Fernández Quispe) haya recurrido al Gobierno Municipal de La Paz solicitando el levantamiento de la hipoteca, de ninguna manera puede considerarse como reconocimiento o aceptación del derecho de acreencia a favor de la Entidad demandada (cuya existencia de la aparente acreencia incluso está en duda por la propia Institución demandada conforme se evidencia de los distintos informes que cursan en el expediente), ni mucho menos puede constituir interrupción de la prescripción dentro de los alcances que establece el art. 1505 del Código Civil por las siguientes razones:
Primero: La prescripción de la obligación contraída por los anteriores propietarios del inmueble ya habría sido consolidada debido a la larga trayectoria del tiempo transcurrido por más de 40 años desde la fecha del registro del gravamen, ya que no existe ninguna norma legal que establezca un plazo tan largo como el indicado para que se opere la prescripción; el anterior Código Civil abrogado de 1830 (denominado Código Civil Santa Cruz) preveía un plazo máximo de treinta años para la prescripción de las acciones reales y para el caso de las hipotecas simplemente de doce años entre presentes y veinticuatro años entre ausentes (arts. 1563 y 1565), mientras que el Código Civil en actual vigencia establece como norma general para consolidar la prescripción un plazo máximo de cinco años conforme señala el art. 1507 de dicha ley sustantiva; consiguientemente de lo manifestado se colige que la acreencia de la Entidad demandada ya se encontraría prescrita y una prescripción ya consolidada no puede ser objeto de interrupción.
Segundo: El hecho de que las actoras hayan procedido a especificar en su solicitud el monto de la obligación y el registro de la hipoteca, lo hicieron simplemente a manera de exponer los antecedentes con el fin de acreditar su interés legítimo y proporcionar al Gobierno Municipal los datos precisos para la identificación del gravamen, constituyendo ese aspecto el fundamento en el cual sustentan su solicitud y de ninguna manera puede atribuírseles reconocimiento de la obligación, ya que los memoriales de solicitud que cursan a fs. 25 y 106 dirigidos a dicha Institución no tienen esa finalidad de reconocer la obligación; por el contrario las actoras cuando tomaron conocimiento de la actualización del monto de la obligación realizada por Unidad de Contabilidad del Gobierno Municipal cuya nota cursa a fs. 40, manifestaron su rotundo rechazo a esa determinación conforme se evidencia por la documental de fs. 25 y vta.
De lo manifestado anteriormente se llega a la conclusión que no existe posibilidad alguna de que se hubiera interrumpido la prescripción de la obligación en los términos que establece el art. 1505 del Código Civil como erróneamente señala la Entidad recurrente, ante esa situación el reclamo resulta siendo infundado.
Con relación a la confesión presunta de las actoras respecto a la interrupción de la prescripción por el reconocimiento del derecho de acreencia que refiere la Entidad recurrente, reiterar una vez más que este aspecto solo puede darse cuando la prescripción se encuentra en curso y no cuando ya fue cumplida, caso en el cual por más confesión que exista, ésta resulta ineficaz frente al derecho ya consolidado; al margen de lo señalado se debe indicar que ante la inconcurrencia a la audiencia de confesión por parte de las deferidas y para que las mismas se las tenga por confesas presuntas, es necesario que deba procederse a la apertura del interrogatorio antes de dictarse la Sentencia de lo contrario no se les puede dar por confesas sin antes conocer el contenido del interrogatorio, situación que no se dio en el caso presente por encontrarse los sobres completamente cerrados conforme se evidencia a fs. 82 y 83.
Con referencia a lo manifestado se tiene jurisprudencia sentando por la Ex Corte Suprema de Justicia que señala: “No se puede asignar consecuencias confesorias en determinado sentido a un interrogatorio, si el tenor es desconocido por no haberse abierto el sobre que lo contiene ya que corresponde al Juez, antes de dictar sentencia, leer el contenido del interrogatorio y dejar el cuestionario visible para cualquier confrontación de instancia y emitir juicio de valor conforme al art. 397 con relación al 192-2) ambos del Cód. Pdto. Civ.”; Autos Supremos N° 238 de 18 de noviembre; 157 de 02 de septiembre, 99 de 10 de mayo, todos de 1998, entre otros; criterio que es compartido por este Tribunal Supremo por encontrarse acorde con los derechos y principios constitucionales en favor de todo litigante; ante esa situación no puede ser aplicable al caso de Autos la literalidad del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, de donde resulta que este reclamo también deviene en infundado.
Por todas las consideraciones realizadas, no se advierte que los de instancia hubieran incurrido en infracción de las normas legales que acusa la Entidad recurrente, correspondiendo emitir Resolución para ambos recursos en la forma prevista por el art. 271 num. 2) con relación al 273 del Cód. Pdto. Civ.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2) con relación al 273 del Código de Procedimiento Civil declara, INFUNDADO los recursos en la forma y en el fondo interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez a nombre del Alcalde Municipal Luis Antonio Revilla Herrero contra el Auto de Vista–Resolución Nº 251, de 05 de agosto de 2010 de fs. 147 a 149 pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas.

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