Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90095
Timestamp: 2019-12-15 19:33:49+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-92/90095
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY MINERA.
El suscrito, Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Minera, al tenor de la siguiente:
De acuerdo con el Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México, elaborado por la UNAM, FUNDAR y la Fundación para el Debido Proceso , a partir de la década de 1980, los gobiernos neoliberales de turno en México impulsaron un conjunto de reformas legales y políticas con el fin de disminuir el rol del Estado en la promoción y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población. Al igual que en otros países de América Latina, las consignas en torno a la “estabilización macroeconómica, austeridad fiscal, disminución del rol del Estado en la actividad productiva y liberalización de la economía” pasaron a ocupar un lugar privilegiado en el discurso de quienes ostentaban el poder político.
Para el proyecto neoliberal, la reducción de la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida económica tenía el objetivo de fomentar la expansión de las inversiones extranjeras y, a la postre, la mercantilización de bienes públicos, hasta entonces reservados a la satisfacción de una función social. Dicho proyecto fue considerado por parte de los pueblos y comunidades indígenas como una nueva agresión a sus culturas y formas de vida; y, en algunos casos, dio lugar a conflictos sociales sin precedentes en el país, entre los que de manera particular resalta el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por otro lado, de acuerdo con el estudio “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” , publicado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS ) y CARTOCRÍTICA , el desarrollo constante de la minería en nuestro país, ha generado de manera particular, múltiples conflictos en los últimos 11 años entre empresas privadas tenedoras de concesiones mineras y las comunidades locales legítimas dueñas de los territorios.
Como consecuencia del incremento del valor de la producción minero-metalúrgica, el cual creció 527 % entre 2004 y 2015 (pasando de 40 mil millones de pesos a 213 mil millones de pesos), México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales y, de acuerdo con la Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico contribuye ya con el 4 % del PIB .
Desafortunadamente, en México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales, el 22.56% se encuentra ya concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras. El bosque es el tipo de vegetación con más afectación, pues representa el 58% esta superficie forestal concesionada.
Si bien la presencia de concesiones mineras no necesariamente significa que exista un proyecto minero en producción, el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio, es en sí mismo un elemento que tiene que ver con los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y una decisión que a menudo genera una enorme incertidumbre, impactando directamente las estrategias de manejo, uso y aprovechamiento por parte de la población local.
Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En el caso de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más del 40% de la superficie forestal de cada estado. De acuerdo con la investigación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en México hay 895 proyectos mineros, de los cuales, el 44% se encuentran en áreas cubiertas por vegetación forestal.
Los estados con mayor número de proyectos mineros en superficie forestal son Sinaloa (78), Sonora (56), Chihuahua (53), Jalisco (41) y Durango (32). La extracción e industrialización de los metales en México es desarrollada por grandes empresas nacionales y extranjeras que, tomando ventaja de la legislación mexicana que le otorga a la minería carácter preferente sobre cualquier otra actividad, han logrado avanzar y crecer de manera muy importante, no sin generar afectaciones a la población local y a los ecosistemas.
Lo anterior se basa en diversas investigaciones y datos que permiten evidenciar que el desarrollo de la industria minera suele generar impactos negativos que van en contra de los derechos de las comunidades y ejidos, que son los legítimos dueños de los territorios, afectando significativamente las opciones de desarrollo local sustentable.
Los derechos de las comunidades y ejidos en México son reconocidos en diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales como son, la Ley Agraria, en donde se reconoce la propiedad que tienen los ejidos y comunidades sobre su territorio; el artículo 2° Constitucional, el cual establece la libre determinación de los pueblos indígenas; y, en especial, el Artículo 6° del Convenio 169 de la OIT (del cual México es firmante), que establece la necesidad de consultar a los pueblos indígenas en caso de que medidas administrativas o legislativas pudieran afectarles directamente.
No obstante lo anterior, lo que hoy día pasa en las regiones forestales es que los derechos de las comunidades están siendo violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y a dichas comunidades se les niega el derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre dichos proyectos.
Existen múltiples ejemplos emblemáticos de lo anterior, tales como el caso de la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp; la minera en San Luis Potosí en el área natural protegida y sitio sagrado de Wirikuta; la disputa entre las comunidades en la Sierra Norte de Puebla en contra de la minera Almaden Minerals; o bien, la presa La Parota, la presa Cerro de Oro, proyectos mineros en San Miguel del Progreso, la mayoría de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el Acueducto Independencia en el Valle del Yaqui, o el decreto de veda de agua en Valles centrales de Oaxaca.
De igual forma, el Anuario 2016, Las actividades extractivas en México , presentado por FUNDAR en mayo de 2017, señala que se han sistematizado recientemente 37 casos de conflictos relacionados a la minería. Los conflictos se relacionan con la ausencia del consentimiento previo, libre e informado, incumplimiento de contratos establecidos entre las mineras y las comunidades, violación del derecho humano a un medio ambiente sano, entre otros.
Como ya se describió más arriba, en México contamos con un marco legal que obliga claramente a las autoridades gubernamentales a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Sin embargo, se continúan impulsando y aceptando proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades.
Con este análisis, es posible constatar la creciente amenaza que la actividad minera puede representar para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y los territorios que habitan. Es alarmante encontrar que las concesiones mineras tocan al menos a 42 % de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los que más del 50 % de los bosques de propiedad social están concesionados.
Ante este panorama y dada la importancia de los conflictos que han surgido en todo el país a consecuencia de la instrumentación histórica de una mala política en materia minera, resulta necesario dimensionar esta amenaza dando especial atención a las áreas forestales de propiedad social.
Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos de afectación de derechos a los propietarios, como por sus posibles impactos sobre las actividades económicas de las comunidades, ya que los bosques y selvas de México son mayoritariamente propiedad de ejidos y comunidades.
Sus territorios han sido titulados y respaldados por múltiples decretos presidenciales, son sus legítimos dueños y, sin embargo, más de 8 millones de hectáreas de sus tierras han sido concesionados a la minería. La mayoría de estos ejidos y comunidades desconocen su situación o encuentran trabas para acceder a información sobre las concesiones otorgadas en su territorio.
De acuerdo con el diagnóstico de transparencia elaborado en 2015 por FUNDAR y otras organizaciones, entre las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras están: la confidencialidad, la inexistencia de datos económicos de los concesionarios, la dispersión de la información; la asimetría en el acceso a la información y, desde luego, la corrupción.
Para hacer frente a esta situación, proponemos incorporar en la Ley Minera, al igual que ya se contempla en otras leyes relativas a sectores prioritarios y estratégicos, tales como la Ley de Hidrocarburos o la Ley de la Industria Eléctrica, la obligación de la autoridad de garantizar, previo a la expedición de títulos de concesión, el derecho a la consulta previa, libre e informada, que permita a los ejidos y comunidades acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que detalla el sentido y alcance de la propuesta de referencia:
Artículo 6.- …l
La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada que permita a los ejidos y comunidades en los que se pretenda llevar a cabo un proyecto extractivo, acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones sobre su territorio; y solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
De esta forma, con el objeto de contribuir a garantizar la existencia y funcionamiento de mecanismos que le permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio; garantizar el respeto a los derechos de las comunidades, la sustentabilidad ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales; así como para contribuir a garantizar una coexistencia entre la actividad minera y la obligatoriedad del cumplimiento del principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo en territorios ejidales y comunitarios, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY MINERA.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera, para quedar como sigue:
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de febrero de 2019.
SALOMON JARA CRUZ
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site//index/informe-consulta-final-3570.pdf
http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Analisis_Mineria_CCMSS_light.pdf
iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada, en formatos abiertos, para alcanzar la gestión integral del territorio, el respeto a los derechos humanos y la conservación de la diversidad biológica y cultural.
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
http://fundar.org.mx/presentacion-las-actividades-extractivas-en-mexico-estado-actual-anuario-2016-martes-6-de-junio-2017/

References: ARTÍCULO 6
 artículo 6
 artículo 2
 Artículo 6

Artículo 6
 ARTÍCULO 6
 artículo 6
in fine