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Timestamp: 2019-09-15 16:21:06+00:00

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Noviembre 2014 | Perseo – PUDH UNAM
Perseo comienza esta copiosa aventura dando noticia de que la Fundación ‘Martín Ennals’ para Defensores de Derechos Humanos —en la que participan varias importantes organizaciones humanitarias, entre ellas Human Rights Watch—, ha premiado a la mexicana Alejandra Ancheita por su ardua labor como activista en favor de los derechos humanos de migrantes, trabajadores y comunidades indígenas de México.
Luego, Perseo recuerda el inicio de la Revolución Mexicana en su ducentésimo cuarto aniversario a través de la reflexión de Juan Miguel Zunzunegui —”El mito revolucionario o el pueblo unido jamás será vencido”—, quien la despoja de los afeites de la historia oficial para que no siga siendo usada engañosamente.
El Vaticano y el mundo siguen sacudiéndose con las ideas transformadoras del Papa Francisco, quien convocó el 6 de octubre último al Sínodo Extraordinario de la Familia para buscar que la iglesia católica adopte postura y acciones nuevas hacia los homosexuales y los divorciados, más acordes con la doctrina cristiana. Y en audiencia del 23 de octubre, a través de varias organizaciones internacionales de penalistas, criminólogos y victimólogos, ha pedido a todos los juristas del mundo que se humanice el enjuiciamiento penal, que se erradiquen la pena de muerte, la tortura y los malos tratos y degradantes, que se dignifiquen los sistemas carcelarios y que se ponga especial atención a delitos especialmente lesivos como la trata de personas y la corrupción de los servidores públicos.
En clásicos, Agatha Christie nos relata en El nido de avispas una de las aventuras más emocionantes y conmovedoras de Hercules Poirot, quien va a enfrentarse al asesinato —a la traición, al dolor, a la venganza, a la muerte— de manera insólita, muy distinta a la que predomina en sus otras hazañas.
En la misma sección, Xavier Villaurrutia, nuestro gran poeta de la desolación y la muerte, nos presta su Nocturno muerto, para estar a tono con las celebraciones necrológicas con que comienza este penúltimo mes del ya falleciente año.
El máximo tribunal del país nos da cuenta de un par de resoluciones importantes vinculadas con el derecho pensionario de jubilados, viudas, deudores alimentarios y menores.
La ONU condena las desapariciones y matanzas de jóvenes en Iguala. Su Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad destaca algunos avances de México en cuanto a la atención de tales derechos, pero formula 58 observaciones para mejorar esa atención conforme a los principios humanitarios internacionales. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide la liberación de opositores detenidos arbitrariamente en Venezuela y la Asamblea General aprueba nueva resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos declara que República Dominicana es responsable internacionalmente por la expulsión de personas haitianas y dominicanas, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta un resumen de su recomendación 6/2014 dirigida al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en relación con actos de hostigamiento y discriminación contra mujeres pertenecientes a esa corporación.
Amnistía Internacional señala que Malala Yousafzai, la joven activista paquistaní del derecho a la educación, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y Kailash Satyarthi, activista indio de los derechos de la infancia, son una auténtica inspiración para la defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños. Declara que la liberación del preso de conciencia torturado, Ángel Amílcar Colón Quevedo, llega con años de retraso. Manifiesta que la respuesta de México ha sido insuficiente frente a las desapariciones. Denuncia que decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales en México sufren innecesariamente dolores severos y otros síntomas, debido a que no tienen acceso a una atención médica apropiada al final de sus vidas. Y finalmente condena la ejecución por ahorcamiento de Reyhaneh Jabbari, mujer iraní que supuestamente mató —cabe la posibilidad de que lo haya hecho otra persona que se encontraba presente— a un sujeto que la atacaba sexualmente.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta los estudios “Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México” y “Evolución y determinantes de la pobreza de las principales ciudades de México, 1990-2010”, y, entre otras conclusiones señala que: La mayor incidencia de pobreza de la ciudad se relaciona con menor nivel educativo, mayor tamaño de la familia y mayor presencia de mujeres como jefas de familia.
Cosas veredes nos enfrenta ahora —”Ni impunidad ni chivos expiatorios”— con el caso Tlatlaya, inicialmente disimulado mediante las inverosímiles versiones oficiales —enfrentamiento armado entre militares y delincuentes— hasta que se reveló su terrible realidad —ejecución sumaria de personas sometidas—, y propone que no haya impunidad para los responsables ni chivos expiatorios. Con la tragedia —”Fosas”— de Iguala en la que confluyen varios horrores: matanza, desapariciones, fosas repletas de cadáveres que no corresponden a los jóvenes desaparecidos, fuga de los servidores públicos aparentemente responsables… Con la luminosa joven —”Malala”— que lucha valientemente por el derecho a la educación de las niñas en Pakistán, agobiado por un sombrío régimen islamista talibán. Con las confusas y hasta hoy infructuosas investigaciones —”Salto al vacío”— de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Y finalmente con el procedimiento inadecuado de designación de los ombudsmen nacionales, que se presta perfectamente a la manipulación política y que puede tener como consecuencia que un candidato idóneo sea descartado y que sea nombrado otro por motivos distintos a su aptitud para el cargo.
Para mitigar la inclemencia de la jornada, Perseo nos procura como siempre algunas curiosidades, destellos y humoradas. Ω
—¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante?
—Que el elefante puede tener pulgas, pero la pulga no puede tener elefantes.
Un abogado toma el sol en un parque. Pasa una vecina que lo saluda y le pregunta:
—Hola, abogado. ¿Qué haciendo?
—Aquí, robándole al sol unos rayitos.
—¡Ah, qué usted, abogado!, siempre trabajando.
Algunas curiosidades asociadas al número 211
21 Suma de los puntos de un dado.
21 Nombre de un popular juego de cartas (en inglés: blackjack), uno de los más jugados en los casinos de todo el mundo.
21 Edad mínima para ser diputado en México.
21 Mayoría de edad en Estados Unidos.
21 Número de letras del alfabeto italiano (no tiene j, k, ñ, w, x ni y).
21 Número atómico del escandio (Sc).
21 Número del siglo actual.
21 Disparos de cañón con que se honra a los militares o policías muertos en cumpimiento de su deber.
21 Gramos que, se dice, en promedio pierde el cuerpo humano al morir, y que se atribuyen al alma.
21 Día de cada mes que Luis XVI de Francia consideraba de mal agüero según opinión de su astrólogo, por lo que en esos días evitaba hacer cosas delicadas o importantes. El 21 de junio de 1791 María Antonieta y él mismo fueran arrestados, el 21 de septiembre de 1792 la monarquía fue abolida en Francia y el 21 de enero de 1793 fue condenado a muerte y decapitado. Ω
[1] A esta edición de la revista le corresponde el número 21.
San José, Costa Rica, 22 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a la jurisdicción de la Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos.
El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños[1], ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. En esta situación, los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad. La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria. La Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente por la violación de los derechos que se detallan a continuación.
La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones de Willian, Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, todos de apellido Medina, así como de Rafaelito Pérez Charles, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que acreditaban su nacionalidad. Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del niño en el caso de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés superior. Igualmente, el Estado es responsable de la violación de los referidos derechos en perjuicio de Víctor, Miguel, Victoria y Natalie, todos de apellido Jean, quienes nacieron en el territorio dominicano, pero no habían sido registrados ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad.
Por otra parte, a la luz del principio iura novit curia, la Corte determinó el incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, respecto a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana emitida el 23 de septiembre de 2013 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 de 23 de mayo de 2014. En esencia consideró que tales actos, al dar un trato de extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la luz de la Convención Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en el tratado.
La sentencia TC/0168/13 interpretó que, de acuerdo a “todas las Constituciones dominicanas a partir de […] 1929”, aun en ausencia de un señalamiento expreso de esos textos legales, los hijos de “extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal” no podían adquirir la nacionalidad dominicana, pues no es posible, a partir de “una situación ilícita”, “fundar el nacimiento de un derecho”. No obstante, la Corte Interamericana advirtió que tal situación ilícita refiere a los padres, y no a las personas nacidas en República Dominicana. Por ende entendió que ello, por sí mismo, no mostraba una justificación válida para diferenciar las personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres son extranjeros en situación migratoria regular de aquellas cuyos padres estuvieran en una situación migratoria irregular. Asimismo, la Corte Interamericana entendió que la orden dada por la sentencia TC/0168/13 de efectuar una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar “extranjeros” privaba a las víctimas de seguridad jurídica en su derecho a la nacionalidad. Por otra parte, la Ley No. 169-14, adoptada sobre las premisas sentadas por la sentencia TC/1068/13, estableció un procedimiento por el que podían adquirir la nacionalidad dominicana por “naturalización” aquellas personas nacidas en territorio dominicano y no inscriptas en el Registro Civil que sean hijas de padres extranjeros en situación migratoria irregular. La Corte Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal
En cuanto al derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención, la Corte concluyó que tanto los miembros de las familias Jean, Medina, Fils-Aimé, como los señores Rafaelito Pérez Charles y Bersson Gelin, fueron privados de su libertad arbitrariamente antes de ser expulsados hacia Haití. Lo anterior, debido a que las detenciones realizadas por los agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana. Además, no fueron informados de las razones específicas por las cuales fueron sujetos a deportación, de acuerdo a la normativa interna vigente y no pudieron acudir ante una autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad.
Adicionalmente, la Corte concluyó que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor, y Markenson Jean, todos de nacionalidad haitiana, fueron detenidos y expulsados en menos de 48 horas junto a sus familiares y otras personas, sin evidencia alguna de que hayan sido sujetos a un examen individualizado. Consecuentemente, la Corte determinó que el Estado es responsable de la violación de la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, establecida por el artículo 22.9 de la Convención.
En cuanto a la prohibición de la expulsión de una persona del territorio del Estado del cual es nacional, la Corte constató que Rafaelito Pérez Charles, Willian Medina Ferreras, Víctor Jean y los entonces niñas y niños Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean eran dominicanos y fueron expulsados. Por ello, este Tribunal declaró la violación del derecho de circulación y de residencia consagrados en los artículos 22.1 y 22.5 de la Convención, en su perjuicio.
Además, la Corte determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, plasmados en los artículos 8.1 y 25.1 del tratado, en perjuicio de Willian Medina Ferreras, Lilia Jean Pierre, Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina (fallecida), Jeanty Fils-Aimé (fallecido), Janise Midi, Antonio Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Rafaelito Pérez Charles, Bersson Gelin, Víctor Jean, Marlene Mesidor, Miguel Jean, Markenson Jean, Victoria Jean (fallecida), y Natalie Jean, debido a que su expulsión no siguió las pautas de debido proceso establecidas en normas internacionales, ni los procedimientos previstos en la normativa interna, y dado que las víctimas no contaron con la posibilidad de un acceso real o efectivo al derecho a presentar un recurso que amparara sus derechos.
En cuanto al derecho a la protección a la familia, regulado en el artículo 17 de la Convención, el Tribunal determinó que Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia y Reyita Antonia, ambas de apellido Sensión, permanecieron separadas de Antonio Sensión entre el 25 de marzo de 1999, fecha en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, hasta el año 2002, lapso en que el Estado no adoptó medida alguna para facilitar su reunificación, la cual fue resultado de las propias diligencias del señor Sensión. En el caso de Bersson Gelin y su hijo William Gelin, como consecuencia de la expulsión del primero ambos fueron separados, y el Estado omitió adoptar medidas para la reunificación familiar. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación al indicado artículo 17.
Por último, la Corte determinó, con base en el artículo 11.2 del tratado, que las injerencias en los domicilios de los miembros de las familias Jean, Medina y Fils-Aimé no fueron justificadas por no haberse ajustado al procedimiento previsto en la ley interna, y consideró que deben de considerarse como injerencias arbitrarias en la vida privada de las familias indicadas.
De igual forma, este Tribunal concluyó, que en relación con los derechos recogidos en los artículos 7, 8.1, 11.2, 17.1, 22.1, 22.5 y 22.5 y 25.1 de la Convención Americana, el Estado incumplió con el deber establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de respetar los derechos sin discriminación, y adicionalmente los derechos del niño, en el caso de las niñas y niños al momento de ocurrir los hechos, ya que el Estado no adoptó medidas especiales a la luz del principio del interés superior del niño.
La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las siguientes medidas de reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, inter alia: i) adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana. En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación; ii) adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana brindar gratuitamente; iii) realizar las publicaciones ordenadas en la Sentencia; iv) realizar programas de capacitación de carácter continúo y permanente de los miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria; vi) adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 emitida el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 emitida el 23 de mayo de 2014, continúen produciendo efectos jurídicos; vii) adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana; viii) adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres, y ix) pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México). Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron de conocer la presente Sentencia, debido, tanto a una excusa presentada, como por motivos de fuerza mayor, respectivamente.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, a corteidh@corteidh.or.cr.
Fuente: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_14.pdf
[1] 1 A saber: Familia Medina integrada por: Willian Medina y Lilia Jean Pierre, y sus hijos Awilda Medina Pérez, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina (fallecida); familia Fils-Aimé integrada por: Jeanty Fils-Aimé (fallecido) y Janise Midi, y sus hijos Antonio Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé y Endry Fils-Aimé; familia Gelin integrada por: Bersson Gelin y su hijo William Gelin; familia Sensión integrada por: Antonio Sensión y Ana Virginia Nolasco, y sus hijas Ana Lidia Sensión Nolasco y Reyita Antonia Sensión Nolasco; familia Jean integrada por: Víctor Jean y Marlene Mesidor, y sus hijos Markenson Jean Mesidor, Miguel Jean, Victoria Jean (fallecida) y Natalie Jean; y Rafaelito Pérez Charles. Los nombres que se encuentran subrayados corresponden a las víctimas que al momento de los hechos eran niñas y niños.
Peor que la muerte, el miedo a morir. Peor que el miedo a morir, el miedo a vivir.
…¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?…
(letra del tango “Canción deseperada”)
El poder es siempre ilegítimo hasta que no demuestre lo contrario.
Los hombres no se relacionan como seres humanos. Se relacionan a través de las mercancías que se venden en el mercado.
El hombre es un gran dios con prótesis. Su prótesis es la técnica.
Dios está ausente de los terribles dolores que aquejan a los hombres.
Lo que se recuerda con demasiados detalles es siempre falso.
A pesar de su dudosa verosimilitud, esa versión Sigue leyendo →
La razón que se da para que el defensor público de los derechos humanos sea elegido por el parlamento sin intervención alguna del poder ejecutivo es la de que ese procedimiento es el más conveniente para favorecer la efectiva autonomía de dicho defensor. Tal argumento soslaya ciertas circunstancias que se presentan al menos en nuestro país. En primer lugar, es frecuente que Sigue leyendo →
Horror: al tiroteo que privó de la vida a varios estudiantes normalistas que habían tomado autobuses en Iguala siguió el hallazgo de otro joven más, desollado y con las cuencas de los ojos vaciadas, y de seis fosas clandestinas en las afueras de la ciudad con 28 cadáveres no identificados aún. Dos sicarios han confesado que mataron a sangre fría a 17 muchachos que les fueron entregados por la Policía Municipal, sin aportar información acerca de cuál fue la suerte de los otros 26 reportados como desaparecidos ni aclarar por qué, si los asesinados fueron 17, en las fosas yacían 28 cuerpos calcinados. La entrega de las víctimas por parte de la policía es lo más estremecedor del episodio. Es sabido que en varias ciudades del país agentes policiacos son cómplices o encubridores del crimen organizado. Lo que es aterradoramente novedoso es que Sigue leyendo →
Pero posteriormente se comprobó que Sigue leyendo →
A discusión, postura sobre homosexualidad y divorcio en la Iglesia Católica
El pasado 6 de octubre, iniciaron en la Ciudad del Vaticano los trabajos en torno al Sínodo Extraordinario de la Familia, convocado por el Papa Francisco. El objeto del Sínodo es el de delinear la postura y acciones que adoptará la Iglesia católica en su labor religiosa en los próximos años.
Durante dos semanas, los obispos católicos con voz y voto, expondrán sus puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta la familia y la pastoral católica, en un encuentro que, de acuerdo con algunos analistas, se avizora controvertido. Homosexualismo y divorcio, son entre otros, los temas que integran la agenda del Sínodo.
Límite a la cantidad que puede percibir un trabajador por pensión por jubilación y viudez a un monto máximo de 10 veces el salario mínimo transgrede el derecho a la seguridad social
Comunicado 176/2014
México D.F., a 22 de octubre de 2014
Al realizar el análisis del contenido del inciso a), fracción XI, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, en relación con lo que disponen los artículos 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado y 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expidió la referida ley, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, determinó que el precepto señalado en último término, al limitar la cantidad que puede percibir un trabajador por los conceptos de la pensión por jubilación y viudez al monto máximo de 10 veces el salario mínimo vigente, vulnera los derechos de seguridad social a que se refiere la norma constitucional citada.
En reconocimiento de paternidad, la pensión de alimentos debe retrotraerse a la fecha de nacimiento del menor
Comunicado 179/2014
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de votos, el amparo directo en revisión 2293/2013, presentado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se analizó si tratándose de un juicio de reconocimiento de paternidad, los alimentos deben retrotraerse a la fecha del nacimiento del menor o a la presentación de la demanda de reconocimiento.
En el caso, una señora después de interponer diversos recursos en un juicio ordinario civil en el cual demandó el reconocimiento de paternidad de su menor hijo, promovió amparo en contra de los artículos 18, fracción II, y 19, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, ya que, según ella, contravienen el principio de interés superior del menor y la Convención sobre los Derechos del Niño, pues, con base en ellos, la Sala responsable determinó que los alimentos eran debidos al menor desde la presentación de la demanda y no desde su nacimiento. Dicho amparo le fue negado y es el motivo de la presente revisión.
La ONU condena las desapariciones y matanzas en Iguala
08 de octubre, 2014 — El sistema de Naciones Unidas en México condenó enérgicamente los incidentes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, y urgió a las autoridades a investigar el caso.onu
En esa ocasión murieron 6 personas, una de ellas fue encontrada con signos de tortura. Además, se produjeron 14 heridos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad presenta las observaciones finales sobre la revisión a México
Ciudad de México, 8 de octubre de 2014.- El día de hoy la Sra. Ana Peláez, integrante del Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, presentó, en video conferencia, en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), las Observaciones Finales que dicho Comité adoptó en relación con el Estado mexicano sobre las medidas adoptadas para cumplir con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide liberación de opositores detenidos arbitrariamente en Venezuela
20 de octubre, 2014 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó hoy gran preocupación por la detención del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, así como de unas 70 personas arrestadas durante las protestas públicas que han tenido lugar en Venezuela, a partir de febrero de este año, y pidió su liberación inmediata.
Recomendación 6/2014 dirigida al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en relación con actos de hostigamiento y discriminación contra mujeres pertenecientes a esa corporación
La Recomendación 6/2014, se deriva de dos expedientes de queja, cuyas personas agraviadas son mujeres trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en particular dos de ellas que acudieron como peticionarias.
Las violaciones a derechos humanos acreditadas por este Organismo en la Recomendación 6/2014, corresponden a dos expedientes de queja registrados en esta Comisión durante el año 2012, en los cuales se documentaron violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, así como a la honra, dignidad e intimidad. Las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas se dieron al interior de su centro de trabajo.
En el caso de la primera peticionaria, la violación a sus derechos tuvo como motivo principal su pertenencia a un sindicato distinto al Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, configurándose por parte de autoridades actos de discriminación en su agravio, en ocasiones por tolerancia de la autoridad y otras por realización directa.
Dichas conductas generaron un contexto de violencia en los ámbitos laboral e institucional de la peticionaria, dicho contexto permaneció durante el trámite de la queja y hasta la rescisión de la relación laboral con ese Heroico Cuerpo de Bomberos. Asimismo, los actos y omisiones de las autoridades tuvieron como consecuencia la violencia psicoemocional y económica.
Al respecto la Comisión de Derechos Humanos del D.F. observó que las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos de la peticionaria tienen un impacto diferenciado en razón de su condición de mujer.
Por su parte, la vulneración de derechos humanos de la segunda peticionaria, se da en principio por la omisión de las autoridades de ese Heroico Cuerpo de Bomberos para investigar actos de hostigamiento sexual de los que presuntamente era víctima. Adicionalmente en el presente caso las autoridades fueron omisas en realizar acciones contundentes que inhibieran la difusión de imágenes sobre su vida íntima que circulaban al interior de esa Institución. Ambas situaciones, generaron para la peticionaria un contexto de violencia en sus ámbitos laboral e institucional, derivada de actos de violencia de tipo sexual y psicoemocional en su agravio.
La Comisión observó que la falta de un mecanismo al interior de esa Institución para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de los actos de violencia contra las mujeres que laboran o prestan sus servicios en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, vulneró el derecho de las mujeres que laboran en la misma a vivir una vida libre de violencia y de discriminación.
De lo anterior, se desprenden los siguientes puntos recomendatorios, dirigidos al Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal:
Primero. En un plazo que no exceda de seis meses, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, repare a las agraviadas por concepto de daño inmaterial, ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos de conformidad con los estándares establecidos en los Lineamientos para el pago de indemnización económica derivada de las Recomendaciones o Conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo. En un plazo de seis meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se elabore e implemente al interior de su dependencia un mecanismo de prevención, atención, acompañamiento, investigación, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres cuando ésta es atribuible a su propio personal, mediante la colaboración y asesoría del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, así como con colaboración de una instancia académica o de la sociedad civil. Al respecto, se deberán de garantizar los recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de dicho mecanismo.
En su diseño, se deben tomar en consideración los Protocolos y lineamientos, así como las mejores prácticas aplicables en materia de prevención, atención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia con las mujeres trabajadoras en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, considerando como mínimo lo relativo a las medidas de no repetición del presente instrumento recomendatorio.
Tercero. En un plazo no mayor a tres meses, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se adopten las medidas necesarias y pertinentes tendientes a garantizar los derechos humanos laborales de las mujeres víctimas conforme a los estándares desarrollados en el apartado de reparaciones.
Cuarto. En un plazo no mayor de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, previo consentimiento de las víctimas, adopte las medidas necesarias y realice los trámites correspondientes con el fin de proporcionarles como medida de rehabilitación, el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que requieran, en los términos expuestos en el apartado relativo a los criterios de reparación establecidos en la presente Recomendación.
Quinto. En un plazo no mayor a 60 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio en favor de las víctimas, mismo que deberá ser acordado con las mismas y con esta Comisión, y conforme a los estándares desarrollados en el apartado de reparaciones.
Y en cuanto al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en calidad de autoridad colaboradora:
Sexto. Asesorar y coadyuvar con el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en el diseño e implementación de un mecanismo de prevención, atención, acompañamiento, investigación, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres trabajadoras de dicha Institución.
Para ver la Recomendación completa:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/10/reco_1406.pdf
El nido de avispas1
John Harrison salió de su casa y se detuvo por un momento en la terraza mirando hacia el jardín. Era un hombre alto de rostro delgado y cadavérico. Su aspecto normalmente era sombrío, pero cuando, como ahora, sus rasgos se suavizaban en una sonrisa, había en él algo muy atractivo.
John Harrison amaba su jardín, que nunca había estado mejor que en esta tarde veraniega y lánguida de agosto. Las rosas del sendero estaban bellas todavía y los garbanzos dulces perfumaban el ambiente.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 22
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 123