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Timestamp: 2018-12-12 16:16:35+00:00

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Informes escritos allegados a la Corporación - Jorge ignacio pretelt chaljub
Informes escritos allegados a la Corporación
El 20 de septiembre de 2012, se recibió oficio por parte de la Universidad Javeriana en el cual indica que a la fecha no existen estudios sobre los temas enunciados en el numeral octavo del auto de fecha 13 de septiembre de 2012, proferido dentro de los expedientes D-9173 y D-9183, en vista que desbordan el campo y objeto de estudio estructurado hoy en día en el plan de estudio y programas propios de su especialización.
El 19 de septiembre fue allegado a ésta Corporación por parte de la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes oficio en el cual informa que ni la Facultad de Economía ni el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico –CEDE- de la Universidad, han realizado estudio alguno sobre “La situación del sistema pensional en Colombia, así como sus bondades, riesgos, problemas y las proyecciones de su sostenibilidad a futuro”.
El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, atendió el requerimiento mediante oficio recibido en ésta Corporación el 25 de septiembre de 2012, en el cual, señala que debido a la etapa pre-operativa en la que se encuentra la Entidad para asumir la administración del Régimen de Prima Media, no es posible suministrar información sobre lo indicado en los numerales 4.1., 4.2. y 4.3. del Auto del 13 de septiembre de 2012, proferido dentro del presente proceso, debido a que no se cuenta con la totalidad de las bases de datos de las entidades que actualmente administran el Régimen de Prima Media, no obstante, se pronuncia frente a los demás ítems así:
En relación con los factores que se tienen en cuenta para la liquidación de las personas beneficiadas con el régimen especial de Congresistas, normas y jurisprudencia aplicable adujo que si bien los Congresistas se encuentran regulados por la Ley 100 de 1993, dichos funcionarios cuentan con disposiciones especiales (Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1359 de 1993, 1293 de 1994 y 816 de 2002), que regulan el Régimen de Transición que les es aplicable.
Señala que los Congresistas cuentan con normativa especial, como lo es el Decreto 1293 de 1994, el cual en su artículo 6º establece como porcentaje de cotización al SGSS de Pensiones de los Congresistas un 25.5% del ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen, por su parte el Decreto 314 de 1994, dispone en su artículo 3º la viabilidad de superar los límites de base de cotización y el monto de las pensiones cuando se trate de servidores públicos que en virtud de las leyes preexistentes tienen derecho a pensiones superiores a 25 SMLMV, lo que permite que los Congresistas puedan superar el límite de la base de cotización obligatoria establecida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5º de la Ley 797 de 2003.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 1º del A.L. 01 de 2005, norma que no presenta excepción alguna, las pensiones de los Congresistas tienen la necesidad de ser ajustadas a los máximos permitidos en las disposiciones que cobijan el SGSS.
En este orden de ideas, la interpretación del A.L. 01 de 2005 implica para el presente caso: i) la terminación del régimen de transición al 31 de julio de 2010, salvo para quien siendo beneficiario de éste, tuviese adicionalmente más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, caso en el que la aplicación de este régimen se extiende hasta el año 2014 y ii) a partir de las fechas anteriores, el monto máximo de reconocimiento pensional es de veinticinco (25) SMLMV.
El Director General de FONPRECON, mediante oficio recibido el 28 de septiembre de 2012, procede a atender el requerimiento bajo los siguientes términos:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE CUANTÍA SUPERIOR A 25 SALARIOS MÍNIMOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL FONDO:
Con corte a 30 de agosto de 2012, FONPRECON, tiene a su cargo el pago de 626 pensiones superiores a 25 SMLMV, cuyo costo mensual asciende a DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($12.518.760.965).
PROMEDIO DEL VALOR DE LAS PENSIONES DEVENGADAS ACTUALMENTE POR LOS EX CONGRESISTAS A CARGO DE FONPRECON:
Con corte a 30 de agosto de 2012, dicho promedio asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN PESOS ($19.998.021), equivalente a 35.29 SMLMV.
En relación con el estimativo del número de beneficiarios del régimen especial de Congresistas cuyas pensiones aún no han sido reconocidas, indica FONPRECON, éste no puede ser determinado con exactitud, ya que, “si bien el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 estableció el Régimen de Transición de los Senadores y Representantes a la Cámara en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta en primer lugar, lo establecido por el A.L. 01 de 2005 frente a la vigencias de éste Régimen -31 de julio de 2010-, exceptuando los trabajadores que estando en dicho Régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente A.L., a los cuales se les mantendrá dicho Régimen hasta el 2014, y en segundo lugar, lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, frente a la acumulación de tiempo de servicios en diferentes entidades de derecho público y de cotizaciones realizadas a través del ISS, además del tiempo laborado para el Congreso de la República. No es posible para FONPRECON determinar cuáles afiliados contaban con 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100, y cuales lo cumplían para la fecha de promulgación del A.L. 01 de 2005.”
No obstante lo anterior, el Fondo de Previsión Social del Congreso tomando como referencia el número total de sus afiliados en calidad de Senadores o Representantes a la Cámara, señala que a 30 de julio de 2012, “cuenta con setecientos cincuenta y ocho (758) afiliados cotizantes, de los cuales cien (100) tienen la calidad de Congresistas y de estos, treinta y ocho (38) afiliados compuesto por once (11) son mujeres y veintisiete (27) hombres cumplen con el requisito de treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres a la entrada en vigencia del sistema General de Pensiones, resultando eventualmente beneficiaros del Régimen de Transición.”
Reitera este Fondo, que la anterior cifra no es absoluta, en primer lugar, al desconocer cuáles de los Congresistas afiliados cumplen con el requisito de 15 años de servicios para ser beneficiarios del régimen de transición, y en segundo lugar, ya que el número de afiliados puede aumentar con la incorporación de nuevos Congresistas que reúnan los requisitos legales y se trasladen de otros fondos.
Finalmente, indica que actualmente 10 solicitudes pensionales formuladas por Congresistas se encuentran pendientes de ser resueltas.
En cuanto a los factores que se tienen en cuenta para la liquidación de las pensiones de los Congresistas, “al tenor del Decretos 1359 de 1993 y Decreto 816 de 2002, la asignación básica, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud y prima de servicios. De igual manera aplica la Ley 4 de 1992 artículo 17, el Decreto 1359 de 1993 artículos 5º y 6º y el Decreto 816 de 2002 articulo 11.” En cuanto a la jurisprudencia, el Fondo se ha acogido a las consideraciones de la Corte Constitucional en Sentencia C- 608 de 1999, en la cual se fijó el alcance sobre la forma de liquidación de las pensiones de los Congresistas. Así mismo, frente al monto mínimo de las pensiones de los Congresistas beneficiarios del régimen de transición, se está a lo resuelto en Sentencia T-296 de 2009. La anterior línea reiterada en Sentencia T-781 de 2005. Agrega que efectúa las liquidaciones de las pensiones de los Congresistas siguiendo los parámetros de la jurisprudencia constitucional, aun existiendo postura contraria por parte del Consejo de Estado, en razón a lo establecido en la Sentencia C-654 de 2011, frente al carácter preferente de las decisiones de la Corte Constitucional.
En relación con la aplicación del Acto Legislativo, consideró que el referido Acto “derogó tácitamente el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, no obstante, la norma continúa produciendo efectos jurídicos en virtud de la excepción creada por el parágrafo 4º transitorio del mismo A.L. dicha afirmación la apoya en las sentencias C-012 de 1994 y C-840 de 2005.”
Agrega esta entidad que, “en vista que el articulo antes descrito se encuentra produciendo efectos jurídicos, es notable que el principio de sostenibilidad financiera no fue sometido a la excepción del parágrafo 4º transitorio del referido A.L., de modo que la interpretación literal de la disposición resulta contraria a la Carta Política, toda vez que la liquidación de pensiones- se realiza- con base en salarios no devengados realmente por los aspirantes a pensionarse y sobre los cuales obviamente no se realizaron cotizaciones para financiar la pensión, motivo por el cual, se cuenta con serias dificultades para la aplicación de este principio, pues mientras actualmente treinta y ocho (38) afiliados cotizan con la expectativa de adquirir una mesada pensional superior a 25 SMLMV, la Entidad tiene a su cargo el pago de seiscientas veintiséis (626) mesadas cuyo promedio es de 35 SMLMV.”
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propugna por la autofinanciación del pasivo pensional por parte de la Administradora de Pensiones, esto es, el pago de las mesadas con recursos propios, al respecto cabe destacar que el pasivo pensional de FONPRECON asciende a 2,6 billones de pesos aproximadamente.
El Liquidador de CAJANAL EICE en liquidación, mediante oficio recibido en esta Corporación el 16 de octubre de 2012, atiende el requerimiento manifestando lo siguiente:
“NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE CUANTÍA SUPERIOR A 25 SMLMV.
Sostiene que consultada la nómina de pensionados de CAJANAL EICE en liquidación, con corte al 25 de septiembre de 2012, existen doscientos ochenta y cinco (285) pensionados que perciben mesadas superiores a este monto.
PROMEDIO DEL VALOR DE LAS PENSIONES DEVENGADAS ACTUALMENTE POR AQUELLAS PERSONAS QUE POR EXPRESA DISPOSICIÓN NORMATIVA SE LES EXTIENDE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONGRESISTAS:
Al respecto, precisa la Entidad que los beneficiarios de Regímenes Especiales aplicables por transición, gozan de prestaciones por encima del tope máximo legal en virtud de órdenes judiciales, principalmente de tutela, mediante las cuales se les exime del límite, ya que por ser pensiones bajo Regímenes Especiales por efecto de transición no están sujetas a la regla de cuantía del SGSS.
ESTIMATIVO DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONGRESISTAS CUYAS PENSIONES AUN NO HAN SIDO RECONOCIDAS Y QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE ESTA ENTIDAD:
Señala CAJANAL, que en vista que la Entidad se encuentra en liquidación, en cumplimiento de lo reglado en el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009, el 30 de junio de 2009 todos los afiliados activos de la misma, fueron trasladados al ISS, sin embargo, según el Decreto 4269 de 2011 CAJANAL tiene a su cargo las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestacionales económicas radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, por aquellos afiliados que hubieren cumplido la edad y tiempo de servicios para obtener la pensión de jubilación o de vejez antes del 30 de junio de 2009.
En este orden de ideas, indica CAJANAL que dentro del inventario de represamiento no existe solicitud de reconocimiento de pensión pendiente por atender, elevada por un peticionario cobijado por el Régimen Especial de los Congresistas, no obstante, advierte que actualmente la Entidad adelanta una última revisión de expedientes pensionales involucrados en el represamiento, por lo que es posible que en la finalización de tal actividad se identifique alguna solicitud de esta naturaleza.”
Indica los grupos poblacionales que disfrutan del pago de las mesadas por encima del límite de los 25 SMLMV incluidas actualmente en la nómina de pensionados, así:
VALOR PROMEDIO DE LA MESADA PENSIONAL
Magistrados Altas Cortes
$ 18.640.667,40
$ 22.446.224,39
Beneficiarios de regímenes especiales aplicables por transición
$ 16.431.845,54
$ 19.172.912,44
Precisa CAJANAL que los pensionados bajo éste Régimen Especial, corresponden al grupo compuesto por Magistrados de Altas Cortes y cargos asimilables a éstos dentro del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual se encuentran cobijados por las normas que expide el Gobierno Nacional de forma anual para efecto de fijar el régimen salarial de la Rama Judicial y que contienen la regla de extensión referida, norma que se resume así:
STATUS PENSIONAL:
Aquellas personas que consoliden su estatus pensional entre el año 1994 y el 30 de abril de 2002, tienen una pensión equivalente al 75% de todo lo que devengara un Congresista en el último año de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por un Congresista.
FACTORES DE LIQUIDACIÓN:
Asignación básica, gastos de representación, prima local y de vivienda, prima de navidad, prima de salud y prima de servicios.
Decreto 104 de 1994, Decreto 47 de 1995, Decreto 34 de 1996, Decreto 47 de 1997, Decreto 65 de 1998, Decreto 43 de 1999, Decreto 2739 de 2000, Decreto 1474 y 2724 de 2001 y Decreto 682 de 2003.
Aquellas personas que consoliden su status pensional a partir del 1º de mayo de 2002, tienen derecho a una pensión equivalente al 75% de todo lo que devengara un Congresista a excepción de la prima de navidad, en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Decreto 816 de 2002.
Asignación básica, gastos de representación, prima local y de vivienda, prima de salud y prima de servicios.
Decreto 816 de 2002, Decreto 3568 de 2003, Decreto 4171 de 2004, Decreto 935 de 2005, Decreto 388 de 2006 y Decreto 617 de 2007.
El Director Jurídico Nacional de la Entidad, a través de oficio allegado a esta Corporación el 23 de octubre del año en curso, comunicó que ante el proceso de liquidación ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2013 de 2012, cuya vigencia inició el 28 de septiembre del presente año, carece de competencia para responder en su totalidad los requerimientos, como quiera que la Gerencia Nacional de Historia Laboral-Nómina de Pensionados fue suprimida, siendo remitida la información a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, no obstante, resuelve los siguientes requerimientos:
“NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE CUANTÍA SUPERIOR A 25 SMLMV:”
La entidad remite relación de los afiliados cuyas prestaciones superan los 25 SMLMV, ante lo cual se establece un total de 99 beneficiarios.
En cuanto a la interpretación del Acto Legislativo, señala que no es posible la aplicación del régimen especial consagrado en la Ley 4ª de 1992, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 1º de aquella reforma constitucional y en los parágrafos de la misma. En este orden de ideas, el Acto consagró una derogatoria tácita al régimen especial de los Congresistas, sin embargo, cabe referir que ante la protección de los derechos adquiridos, es posible que como régimen especial pueda producir efectos para los que siendo beneficiarios del mismo, cumplieron los requisitos antes del 31 de julio de 2010; o para los servidores que se encuentren dentro del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
De igual manera, considera que es importante precisar que no pueden ser beneficiarios de la Ley 4ª de 1992, en virtud del régimen de transición, quienes a la entrada en vigencia del SGSS, dicho régimen no fuera el aplicable anterior. Al respecto, la entidad resalta lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia T-353 de 2012 de la Sala Séptima de Revisión en relación a la indebida aplicación del régimen de transición.
Concluye la intervención, señalando que la Ley 4ª de 1992 fue derogada tácitamente con la reforma Constitucional llevada a cabo mediante el A.L. 01 de 2005, por lo que a criterio del Seguro Social, urge establecer un lineamiento definitivo sobre la correcta interpretación de aquella norma conforme al Régimen de Transición.
El 24 de octubre de 2012, se recibió en esta Corporación oficio remitido por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, por el cual atiende el requerimiento e informa que se encontraron los siguientes registros:
“Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones a algunos Congresistas, el cual se encuentra culminado e inactivo.
Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en el trámite del reconocimiento de retroactividad y reajustes de pensiones, el cual se encuentra terminado e inactivo.
Indagación Preliminar por presuntas irregularidades encontradas en el otorgamiento de la pensión de un ex congresista, se encuentra terminada e inactiva.
Indagación Preliminar con ocasión de revisión efectuada a 33 expedientes de pensiones, de los cuales 18 tenían Resolución de Reliquidación Pensional, evidenciándose giros por valores mayores, se encuentra terminada e inactiva.
Indagación Preliminar, en vista que FONPRECON no acató oportunamente providencia judicial, la presente se encuentra en estudio para decidir de fondo – apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal o Archivo-.”
En primer lugar, indica que la entidad no ha realizado estudios sobre la situación del Sistema Pensional en Colombia, no obstante, considera pertinente señalar que frente al tema se ha mantenido una postura acorde con los objetivos trazados por el artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, teniendo en cuenta que no es posible privilegiar de manera desproporcionada a grupos de personas cuando esto tiene un impacto directo sobre los demás agentes del Sistema Pensional.
Al respecto, considera pertinente anotar que la Corte Constitucional en Sentencia C-895 de 2009 se pronunció respecto a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional en Colombia.
Por otra parte, sostiene que tanto la Ley 4ª de 1992 en su artículo 17, como el Decreto 1359 de 1993 en sus artículos 5º, 6º y 7º y lo establecido en los artículo 1º y 2º del Decreto 1293 de 1994, contravienen lo implantado por el A.L. 01 de 2005, que garantiza la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones. Lo anterior, debido a que establecen condiciones más beneficiosas en la forma de liquidación de pensiones de Congresistas, sin que se establecieran fuentes de financiación que garantizaran la sostenibilidad de tales beneficios, y sin que exista razón alguna que justifique el establecimiento de los mismos, lo cual a criterio de esta Entidad, vulnera el derecho a la igualdad.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, para la UGPP es claro que de conformidad con el A.L. 01 de 2005, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 SMLMV, estando incluidos en esta regla los Congresistas beneficiarios del régimen de transición, por lo que a partir de la fecha mencionada, no podrán obtener el reconocimiento de una pensión superior a este límite, so pena de desconocer lo preceptuado en dicha materia por la Constitución Política.
No obstante, la Entidad precisa que si bien el referido A.L. mediante el parágrafo 4º extiende el régimen de transición hasta el 2014, esto no conlleva que, para los beneficiarios de dicho régimen, se mantenga la posibilidad de que el monto de las pensiones puede exceder el límite de 25 SMLMV, ya que esto haría nugatoria la prohibición que de manera expresa estableció dicho Acto Legislativo.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 por sustracción de materia y porque lo correspondiente al régimen de transición ha sido regulado por la propia Carta, en el parágrafo transitorio 4° del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2005, y debe decidirse por el juez competente en cada caso, en atención a las particulares características de cada situación jurídica individual. Para sustentar su afirmación considera:
El Señor Procurador advierte que respecto de la exequibilidad de la norma acusada en esta oportunidad, el Ministerio Público ya se pronunció en el Concepto 5181, dentro del trámite del Expediente D-8497, y por considerar que no hay nuevas circunstancias objetivas reitera todo lo dicho así:
“Es menester advertir, como lo reconoce el propio actor, que el Acto Legislativo 01 de 2005, introduce profundas modificaciones en el artículo 48 Superior, que es uno de los referentes de juzgamientos en este caso. En el artículo reformado, se precisa de manera inequívoca que la ‘seguridad social será equitativa y financieramente sostenible’ y que, en materia de pensiones, a ‘partir de la vigencia del presente acto legislativo, solamente la fuerza pública y el Presidente tendrán un régimen especial’.
La norma demandada, que establece un régimen especial en materia de pensiones para los congresistas, es contraria a lo dispuesto en el artículo 48 Superior, después de la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005. Ante esta circunstancia, es forzoso reconocer que se configura el fenómeno jurídico de la inconstitucionalidad sobreviviente, a partir de la vigencia del acto legislativo en comento. Desde esa fecha y hacia el futuro, la norma demandada no produce, ni puede producir, ningún efecto.
No sobra advertir, que si la norma acusada todavía produce algún efecto, no lo hace de manera general, impersonal y abstracta, sino de manera particular, personal y concreta, respecto de la situación jurídica individual de aquellos congresistas que a la fecha de promulgación del Acto legislativo 01 de 2005, es decir, al 25 de julio de 2005, ya habían cotizado por lo menos setecientas cincuenta (750) semanas. Estas situaciones jurídicas individuales no son, ni pueden ser objeto del control abstracto de constitucionalidad, sino que deben ser definidas por los jueces competentes en cada caso”.
Señala, además de lo anterior, que “la transición se predica de regímenes de prima media con prestación definida, y su especialidad y excepcionalidad tiene unos parámetros objetivos, respecto de tiempo y de edad, que es menester verificar en cada caso concreto”, lo cual está consagrado en el parágrafo transitorio 4, artículo 1 del Acto legislativo 01 de 2005.
Por lo anterior, el Procurador General solicita la Corte Constitucional se declare INHIBIDA para decidir de fondo.

References: artículo 6
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1