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Timestamp: 2020-04-02 15:27:38+00:00

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Blog de Abogados Penalistas Ortiz Almonacid: febrero 2020
Resolución ratificada durante la Asamblea General en Oporto, el 30 de octubre de 2018.
El abogado asesora. El abogado concilia. El abogado representa y defiende.
En una sociedad fundada en el respeto del derecho y de la justicia, el abogado aconseja a su
cliente en materia jurídica; examina la posibilidad y la oportunidad de alcanzar soluciones
amigables o de elegir un modo alternativo para la resolución de diferendos; asiste a su cliente
y le representa ante la justicia.
El abogado ejecuta su misión en interés de su cliente y con respeto a los derechos de las partes,
a las reglas de la profesión y en el marco de la ley.
En el transcurso de los años, cada Colegio de Abogados ha adoptado reglas deontológicas
propias que dan cuenta de las tradiciones, procedimientos y legislaciones nacionales o locales.
El abogado debe respetar estas reglas que, más allá de sus especificidades, se refieren a los
mismos valores de base que se recuerdan a continuación.
1 - Independencia del abogado y del Colegio.
Con el fin de asegurar plenamente su función de consejero y representante de su cliente, el
abogado debe ser independiente y preservar su independencia profesional e intelectual tanto
frente a los jueces, los poderes públicos, los intereses económicos como también frente a los
compañeros, al cliente mismo y a sus propios intereses.
La independencia del abogado está garantizada tanto por las jurisdicciones como por las
corporaciones profesionales, en función de las normativas nacionales o internacionales.
El cliente tiene derecho de libre elección de abogado, y éste último es libre de aceptar o no
una causa, salvo las excepciones previstas por la ley para asegurar la defensa de personas
carentes de medios económicos o para asegurar la regularidad de los procedimientos.
2 - Secreto profesional y confidencialidad.
El secreto profesional se incluye tradicionalmente como deber del abogado, éste consiste en no divulgar hechos confidenciales conocidos en el ejercicio de la profesión. Esta obligación tiene un fundamento moral y contractual (no traicionar la confianza debida al autor de una confidencia y la obligación aceptada a este respecto por el abogado, siquiera tácitamente, respecto de su cliente), tiene un fundamento deontológico (que deriva de la naturaleza de la profesión de abogado y que es su esencia misma) y tiene también una base legal de naturaleza variable. En ciertos países, la protección del secreto profesional es erigida al rango de norma constitucional; en otros, hace de ésta un principio de orden público, su violación es objeto de sanción penal; en otros, por último, es simplemente una obligación deontológica esencial del abogado.
Dependiendo de las jurisdicciones, el cliente puede, o no, relevar a su abogado del deber de secreto profesional.
Incluso en los países que hacen del secreto profesional un principio fundamental de interés público, existen excepciones que, según los casos, obligan o autorizan al abogado a comunicar una información protegida por el secreto profesional, singularmente en casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves a una persona o un grupo de personas. En cualquier caso se recomienda vivamente al abogado que se encuentre en esa situación que solicite opinión, si esto es posible, de la autoridad corporativa competente (bâtonnier, síndico, decano o presidente del Colegio de Abogados, o comisión deontológica).
3 - Prohibición de conflictos de intereses.
Con el fin de respetar el secreto profesional y los principios de independencia y de lealtad, el abogado debe evitar los conflictos de interés. No puede actuar para dos o más clientes en un mismo asunto si existe conflicto o riesgo del mismo entre ellos. Del mismo modo, debe evitar actuar para un cliente si dispone de informaciones confidenciales obtenidas de otro cliente, antiguo o actual. De la misma manera, no puede utilizar en un caso informaciones recabadas en otro bajo el sello de la confianza.
En cualquier caso, el abogado no debe intervenir para un cliente cuyos intereses fueran contrarios a los del propio abogado o se confundieran con los mismos.
Si se produce un conflicto de intereses durante su intervención, el abogado debe poner término a su actuación en el caso.
La existencia de un conflicto de intereses se valora respecto del abogado, pero también de todos aquellos con el que éste trabaje en asociación, grupo o red.
Las modalidades de aplicación de este principio general se desarrollan en las leyes o reglas profesionales nacionales o locales. En caso de divergencia entre las mismas en el supuesto de un litigio o de un asunto transfronterizo, será la ley o la regla más restrictiva la que debe aplicarse.
4 - Competencia profesional.
El abogado no puede ejercer adecuadamente su profesión sin disponer de una formación profesional apropiada que debe adquirir, mantener y desarrollar a todo lo largo de su carrera.
El abogado sólo puede aceptar intervenir en los ámbitos que conoce, o en cualesquiera otras materias, jurídicas o no, en las cuales se valga de compañeros o de expertos, después de advertir a su cliente.
5 - Dignidad, probidad, lealtad y diligencia.
El abogado debe ser digno de la confianza en él depositada respetando estos principios. No debe de actuar nunca dañando su reputación ni el prestigio de la profesión en su conjunto o la confianza pública en la profesión.
El abogado no debe en ningún caso colaborar en la realización por su cliente o por un tercero de un acto ilegal, penalmente sancionado o constitutivo de fraude fiscal.
6 - Compañerismo.
En interés de una buena administración de justicia, el abogado debe respetar las reglas de la profesión manteniendo con sus compañeros un clima de confianza, de lealtad, y de cooperación, pero consciente de que debe actuar siempre en la mejor defensa de los intereses de su cliente.
Dependiendo de las jurisdicciones, la correspondencia entre abogados es oficial, salvo excepciones, o confidencial, salvo excepciones. El abogado debe respetar las reglas de su Colegio. Cuando mantenga correspondencia con un compañero de otra jurisdicción, su correspondencia es en principio oficial. Si quiere asegurar el carácter confidencial de la correspondencia, debe previamente contrastar la posibilidad para su compañero de respetar el carácter confidencial de la correspondencia y obtener su acuerdo expreso a este respecto.
7 - Contribución a una buena administración de justicia y el respeto al Estado de derecho.
Al tiempo que demuestra respeto y lealtad hacia el juez, el abogado defiende a su cliente con toda libertad cumpliendo las reglas de procedimiento y los usos en vigor ante la jurisdicción competente y no debe dar jamás conscientemente al juez - ni a nadie - una información falsa o de tal naturaleza que induzca a error.
8 - Derecho a una justa remuneración.
El abogado tiene derecho a percibir honorarios y al reembolso de los gastos producidos en el ámbito de su actividad profesional. Estos honorarios y gastos son fijados de común acuerdo con el cliente, de conformidad a la ley y a las reglas deontológicas a las que el abogado se encuentra obligado.
Al inicio de la representación, el abogado debe informar al cliente si éste puede beneficiarse de asistencia jurídica gratuita.
De forma general, el abogado ofrece al cliente consejos en cuanto a la gestión del expediente en función del coste del asunto, y especialmente intentando buscar una eventual solución amistosa o sugiriendo la posibilidad de recurrir a modos alternativos de arreglo de controversias.
El presente memorando es obra del subcomité encargado de la redacción de los principios esenciales de la profesión, con el objetivo de explicar e ilustrar estos principios redactados de forma sucinta y de ayudar a abogados y Colegios en la aplicación de los mismos, sin tener ninguna fuerza obligatoria.
Estos principios esenciales no han sido concebidos como un Código deontológico. No tienen vocación de constituir un texto con fuerza obligatoria. Constituyen únicamente la expresión de una base común de ideas del conjunto de los Colegios, y son al mismo tiempo una síntesis de las principales reglas nacionales e internacionales que rigen la profesión del abogado, y una meta a alcanzar en un Estado de derecho ideal.
El abogado asiste a su cliente y le representa.
Previamente a la aceptación de un encargo, al abogado le compete identificar a su cliente, prestando particular atención cuando el contacto no haya sido iniciado directamente por el cliente, así como cuando se trata de la asistencia a personas jurídicas o agrupaciones cuyos representantes legales y, en algunos casos, beneficiarios económicos, debe identificar.
Seguidamente debe obtener cuantas informaciones sean necesarias para asegurarse de que se encuentra en disposición de aportar al cliente toda la ayuda jurídica que pueda solicitar, con respeto de la ley.
El objetivo de la conciliación debe considerarse en el marco de la defensa de los intereses del cliente. Estos intereses implican ocasionalmente que se soliciten - incluso unilateralmente - medidas provisionales o conservatorias, o que se inicien procedimientos inmediatamente. Incluso en estos supuestos y en todo momento durante el desarrollo del proceso, el abogado tendrá presente la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en interés de su cliente.
La representación del cliente se ejerce en el marco de un litigio judicial ante los tribunales, y también en cualquier modalidad alternativa de resolución de conflictos, como por ejemplo en el ámbito de una mediación o de un arbitraje.
A nivel mundial, la situación muestra contrastes extremos. Algunos países prohíben la actividad asalariada de un abogado dentro del despacho, otros la autorizan, y en muchos no se distingue entre actividad independiente y asalariada; en ciertos países, los juristas de empresa (in house counsels) se consideran abogados ejercientes colegiados; en otros países estos juristas no pueden colegiarse ni se consideran abogados; en ciertos países se admite la participación en el capital de las sociedades de abogados de terceros, en otros está prohibido. En todos estos casos, la independencia intelectual del abogado es un elemento esencial del ejercicio de la profesión.
El respeto de esta independencia se garantiza de dos maneras: ya sea por los jueces en los países en los que los contenciosos profesionales son competencia de jueces independientes, ya sea por las instituciones corporativas que son los Colegios que tienen competencias específicas en materia deontológica y disciplinaria. Estos dos sistemas no son, de hecho, excluyentes uno respecto del otro.
El principio de libre elección del abogado está relacionado con el de independencia ya que, si el cliente tiene en principio la libre elección del abogado, éste no se encuentra nunca obligado, como regla, a aceptar un caso. Las excepciones a este principio son de dos tipos: los diferentes sistemas de asistencia jurídica – gratuita - pueden imponer a un abogado un cliente necesitado y la mayor parte de los sistemas jurídicos prevén las designaciones de oficio por el juez o la autoridad colegial. En estos casos, salvo eventualmente por objeción de conciencia, el abogado debe intervenir quedando no obstante libre para elegir la manera en que asegure esta defensa.
La materia relativa al secreto profesional es esencial y delicada. Ya desde un plano nacional, la abundancia de doctrina y decisiones jurisprudenciales demuestran la dificultad de analizar un principio que todos estiman esencial. Esta dificultad no hace sino incrementarse cuando traspasamos fronteras y llega al máximo cuando se confrontan las tradiciones jurídicas llamadas continentales (romano-germánicas) con las tradiciones anglosajonas. Las palabras mismas plantean problemas y pululan los falsos amigos en las traducciones.
La UIA respeta todos los sistemas jurídicos existentes. Esta no tiene ni la vocación, ni el poder de uniformizarlos. Sus miembros tienen, no obstante, la convicción de que, más allá de las diferencias - aparentes o reales - de concepto o de terminología, existe una base común que queda resumida más adelante en relación al segundo principio.
Por todo ello, queda patente el deseo de crear un órgano permanente que tome el encargo de establecer una base de datos que facilite documentación regularmente puesta al día sobre los principales textos legales, decisiones jurisprudenciales y artículos de doctrina, en relación a las convenciones y jurisdicciones internacionales.
3 - Prohibición del conflicto de interés.
El abogado previene y resuelve cualquier conflicto de intereses, y de forma general cualquier situación que pueda afectar su criterio profesional, su independencia o su lealtad en razón de intereses divergentes respecto de los de su cliente.
El abogado no puede intervenir para un cliente si, en razón de sus relaciones con otro cliente o antiguo cliente:
- el secreto profesional fuera quebrantado o existiera un riesgo serio de serlo;
- el abogado se viera obligado a utilizar informaciones pertenecientes a este otro cliente o antiguo cliente, salvo si dichas informaciones son del dominio público;
- el abogado pudiera pensar razonablemente que la existencia de estas relaciones afecta a su independencia de criterio o a la lealtad en relación a cualquiera de los clientes afectados.
- la ley o las reglas de la profesión lo prohíbe.
El abogado adopta procedimientos internos, adaptados a la dimensión de su despacho, destinados a identificar, cuando entra en relación con un nuevo cliente, la eventual existencia de un conflicto de intereses con otro cliente actual o pasado. El abogado evalúa el riesgo de conflicto de intereses en todo momento.
El abogado no puede aconsejar a varios clientes, si existe conflicto de intereses entre estos o riesgo serio de tal conflicto. Así, cuando redacte un contrato, debe indicar claramente para quien interviene sobre todo cuando las otras partes carecen de consejero. Si todas las partes le piden que redacte el contrato, puede hacerlo en ausencia de un conflicto de interés previsible; en este caso, debe permanecer neutral y facilitar a sus clientes observaciones objetivas y completas sobre el alcance de lo que redacta para ellos.
El abogado debe cesar de ocuparse de los asuntos de los clientes entre los que surja un conflicto de intereses.
Los abogados que ejercen su actividad en común, o que aparecen ante el público como ejerciendo su actividad en común se encuentran sometidos entre ellos a las mismas reglas de conflicto de intereses o de incompatibilidad que aquellos abogados que ejercen la profesión individualmente.
El abogado sólo puede realizar eficazmente su misión si ha seguido una formación profesional adaptada. El título requerido para el ejercicio de la profesión constituye a este respecto una exigencia legal mínima.
La complejidad creciente del derecho, el aumento incesante de las regulaciones de todo tipo y el incremento del ritmo de las modificaciones del derecho implican la necesidad de una formación permanente. Esta formación constituye una obligación profesional del abogado que frecuentemente organizan las instituciones colegiales, pero que le incumbe vigilar al abogado en toda circunstancia.
En cualquier caso ya no es posible para un abogado dominar todas las materias del derecho. Por ello, no puede aceptar un asunto si no dispone de formación para tratarlo, salvo que sea asistido por colegas o expertos, después de prevenir al cliente sobre ello.
Cada uno de estos principios constituye una regla de buen comportamiento.
El abogado debe ser digno de confianza. Éste no debe actuar de forma que dañe su reputación, la reputación de la profesión en su conjunto, o la confianza del público en la profesión.
Un comportamiento indigno puede dar lugar a sanciones que incluso, en los casos más graves, conlleven la exclusión de la profesión.
El compañerismo va más allá de la necesaria cortesía, tan importante de mantener sobre todo en los litigios frecuentemente agresivos que pueden enfrentar a los clientes. El respeto mutuo entre los compañeros sirve en definitiva los intereses del cliente puesto que facilita una buena administración de justicia y puede ayudar a la resolución de conflictos.
Las relaciones entre abogados no deben interferir en los litigios que enfrentan a sus clientes.
Una serie de jurisdicciones adoptan el principio de confidencialidad de las comunicaciones y correspondencia entre abogados, con el objeto de ayudar al tratamiento o resolución de un litigio. Por otro lado, toda correspondencia entre abogados es en principio oficial. El abogado debe conformarse al principio aplicable en su jurisdicción. El abogado debe ser particularmente precavido en sus relaciones transfronterizas. En el seno del Consejo de los Colegios de Abogados europeos (CCBE) se aplica el artículo 5.3 del Código de deontología de los abogados europeos: la regla es el carácter oficial de la correspondencia, salvo acuerdo eventual sobre su confidencialidad. Fuera del CCBE no existe normativa que recoja regla alguna. La UIA sugiere la aplicación de la regla de conflicto de leyes adoptada por el CCBE.
7 - Contribución a una buena administración de justicia y respeto del Estado de derecho.
El principio enunciado es evidente: el abogado no debe jamás proporcionar conscientemente al juez - ni a nadie - informaciones erróneas o que induzcan a error.
Ulteriormente, sus obligaciones en relación a los tribunales varían en función de la naturaleza del procedimiento - acusatorio o inquisitorio - aplicable en su jurisdicción. En ciertos países, el abogado está obligado a facilitar al juez el conjunto de los precedentes favorables o desfavorables a su cliente; en otros no está obligado.
En todos estos procedimientos, pueden aparecer divergencias entre los intereses del cliente y los de la justicia planteando al abogado problemas delicados de resolver que debe decidir siendo consciente de que únicamente puede representar adecuadamente a un cliente si es digno de confianza como actor de una buena administración de justicia.
8 - Derecho a una justa remuneración
La fijación de honorarios debe responder a tres principios básicos:
- el abogado debe informar a su cliente de la forma de calcular los honorarios propuesta, para que el cliente pueda prestar una conformidad informada,
- el montante de los honorarios debe ser equitativo y justificado,
- los honorarios deben fijarse respetando el derecho y las reglas deontológicas.
Este último principio excluye, en ciertas jurisdicciones, los pactos de quota litis o cualquier forma de honorarios vinculados al resultado y permite en ocasiones al juez o a la autoridad colegial minorar los honorarios convenidos. En otros lugares el acuerdo de las partes es la ley.
El abogado deberá aplicar la regla local, teniendo en cuenta los tres principios que constituyen las reglas del buen comportamiento.
Fuente:https://www.uianet.org/sites/default/files/principios_esenciales_de_la_profession_de_abogado_-_final_porto.pdf
By Blog de Ortiz Almonacid & Asociados en febrero 16, 2020 No hay comentarios:
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/73934-que-republica
El día 28 de abril de 2017 debido a la consulta realizada por el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Resolución 218/17. La mayoría del tribunal (compuesta por las juezas Ledesma y Figueroa y los jueces Hornos, Borinsky y Slokar) reafirmó el trámite constitucional de los concursos para cubrir las vacantes existentes (cinco cargos: cuatro concursados y uno sin concursar) y le solicitó al Consejo de la Magistratura que se expidiera sobre dicha propuesta para que posteriormente la Casación Federal pudiese emitir la opinión requerida. De esta manera, la mayoría fijó su postura ante la solicitud de traslado: las vacantes deben cubrirse de forma definitiva mediante los mecanismos previstos en la Constitución argentina. La minoría del tribunal (integrada por la jueza Catucci y los jueces Riggi y Gemignani) prestaron acuerdo al traslado solicitado sin brindar ningún fundamento normativo.
http://underconstitucional.blogspot.com.ar/2017/05/ley-27362-correccion-de-vacio-legal-o.html
By Blog de Ortiz Almonacid & Asociados en febrero 15, 2020 No hay comentarios:
ESCÁNDALO NACIONAL POR LOS SORTEOS TRUCHOS DE CAUSAS EN COMODORO PY
Por Ari Lijalad/Carla Pelliza
AL FINAL SE SUPO, PORQUE BONADIO Y STORNELLI INTERVENÍAN EN LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS CONTRA CFK
El sistema de sorteo de causas judiciales es vulnerable, no tiene controles y puede ser manipulado para que determinadas causas queden en manos de jueces y fiscales serviciales. Así lo reveló un informe reservado de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso El Destape.
LAS 8 PARTICULARIDADES DEL LAWFARE EN AMÉRICA LATINA
Para la periodista Rusa, experta en Política de América Latina.
Existen algunas particularidades del LawFare y su aplicación en América Latina. Son 8 pasos para consagrar la Guerra Judicial y el Derecho Penal del Enemigo.
Es interesante que las repasemos una por una y veamos cuales son:
Y que observemos el Caso Milagro Sala que por ejemplo es un calco de estos 8 puntos
por Inna Afinogenova
LOS 8 PUNTOS DEL LAWFARE
1) Reorganización del sistema Jurídico para desarrollar el Lawfare
2) Designación de Jueces vinculados a una Determinada parcialidad política
3) testigos poco fiables, que confiesan hechos, pero son absueltos de los cargos
4) acusación con ausencia de pruebas pero con implicación partidista
5) Gran impacto de los grandes medios de comunicación
6) Prensa que toma partido activamente en la causa judicial
7) Condena decidida de antemano
8) Terminé o no con sentencia firme, la finalidad del LawFare, es Aniquilación política del adversario
https://www.youtube.com/watch?v=0muyRrfFhFwhttps://www.youtube.com/watch?v=0muyRrfFhFw
40 ASPECTOS VITALES QUE DEBERÍA TENER EN CUENTA UN MAGISTRADO ANTES DE DICTAR UNA SENTENCIA
En esta guía, José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, expone aquí un catálogo de las 40 cosas que un juez sensato y sensible debe tener presente a la hora de dictar sentencia. 40 cosas aderezadas con castizos refranes.Que resultan singulares y particulares, pero que sin duda, son aplicables antes de dictar una norma individual, un acto de Gobierno, como lo es una Sentencia Judicial.
Esta es una gran brújula para Magistrados, a veces atareados, enfrascados en expedientes, con algunos prejuicios. Esta guía resulta una gran propuesta, un puntapié, para que los jueces puedan acercar sus fallos a los principios de verdad y justicia.-
Por José Ramón Chavez
Pero sobre todo, me agrada un refrán de origen bíblico: “Con la vara que midas, serás medido” (Mateo 7,2).

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 artículo 5
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