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Timestamp: 2019-08-22 21:58:34+00:00

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4- Casos práctico. La denuncia de tráfico / La denuncia y la querella - El Rincón del Policía
27. mayo 2011
CONTENIDO DE LA 4ª CLASE DE CASOS PRACTICO:
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Una denuncia de tráfico es lo que se conoce coloquialmente como MULTA, y es la voluntad de poner en conocimiento a la autoridad competente en materia de tráfico, la infracción producida por un usuario de la vía.
Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución mientras la autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución que le ponga fin.
Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y una vez acordada la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.
Las denuncias de tráfico han de contar, al menos, con la hora y fecha de cuando se producen, una exposición de los hechos denunciados, los datos del vehículo, su conductor y el agente denunciante.
De no identificarse al conductor, se entenderá denuncia NULA, salvo por los casos que establece la ley, que son cuando el conductor esta ausente, condiciones meteorológicas adversas o por motivos de tráfico, así como cualquier motivo que pueda producir un riesgo grave.
El conductor es casi siempre el responsable de las infracciones cometidas contra el reglamento general de circulación, no obstante, el propietario es el responsable del estado de su vehículo y las autorizaciones administrativas necesarias. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de 3 ó 4 ruedas o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.
El conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 cuando se trate de conductores profesionales.
Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.
En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.
En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo.
En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 9 bis. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.
En cualquier caso, se entenderá notificado, por lo que tendrá abiertos los plazos para recurrirla o pagar con descuento del 50%. En algunos sitios se entiende notificado si firma y no notificado si no firma, no obstante, en cualquier caso, es mejor tener como referencia para alegaciones dicho plazo.
En caso de que este ausente, el boletín de denuncia que se le pondrá en el parabrisas es solo informativo, y no notifica al infractor, así pues, le llegará una notificación por correo certificado a su domicilio, el cual tendrá que recogerla en mano.
La denuncia puede ser verbal o escrita, es decir, podemos ir a la Policía o directamente al juzgado correspondiente y denunciar mientras el funcionario público la transcribe literalmente, o llevar nosotros la denuncia escrita y presentarla.
Es necesario que nos identifiquemos ante las denuncias mediante el DNI, estamos obligados a ello. Suele pasar que se reciben llamadas telefónicas denunciando hechos delictivos pero que la persona no quiere identificarse por miedo a ser citada en juicio, en estos casos, comprobaremos la veracidad de los hechos y de ser falsos, lo haremos constar en el informe policial diario.
Toda persona esta obligada a presentarse ante el Juez si es requerida por éste, cuando sea testigo de un ilícito penal. Ante la Policía puede negarse a declarar su versión de los hechos, no obstante esta obligada a identificarse y de cierta forma a colaborar.
La denuncia es gratuita, aunque suene extraño escucharlo así, quiere decir que el proceso judicial de instrucción opera por sus propios medios, sin tener que intervenir en él, si no somos requeridos.
Por otro lado, existe la querella, que similar a la denuncia, pero esta se hace por medio de un abogado y procurador, quién tramitaran la voluntad de iniciar el proceso judicial por una infracción penal al juzgado.
Cuando se vulnera el C.P., se inicia, o al menos debiera iniciarse, el proceso judicial oportuno para tal acto. Como hemos visto, ante el delito y la querella iniciamos el proceso, pero éste también puede iniciarse de oficio si es el caso.
El proceso judicial, o bien la investigación por la causa del delito, puede, como hemos visto, iniciarse de oficio, denuncia o querella, bien la infracción penal en cuestión sea pública, semipública o privada.
En el C.P. el 95% de los delitos (o en su caso faltas penales) son públicos, delitos de robo, hurto, delito de lesiones ó receptación, ya que se sobre entiende que afectan a la población y han de investigarse de oficio.
Cuando decimos que el proceso judicial se inicia de oficio, hay que entender que cuando los funcionarios públicos tienen conocimiento de tal delito, por cualquier medio, han de iniciar el proceso judicial, en el caso de la Policía dar cuenta a la autoridad judicial, de forma automática y obligatoria, sin que sea necesaria persona afecta que denuncie.
La Policía tiene conocimiento del delito por varios testigos, lo cual iniciaría las investigaciones oportunas para esclarecerlo, y de ser el caso, dar cuenta a la autoridad judicial.
Cuando hablamos de delitos semipúblicos, ha de entenderse, que la victima que lo ha sufrido, ha de ser quién inicie el proceso judicial mediante la denuncia, pero que una vez se haya iniciado, ya no podrá detener tal proceso.
En éstos casos, (muy frecuentes en los delitos de violencia de género que son públicos) cuando el delito es semipúblico, no hay anulación tal para cancelar la denuncia, ya que una vez iniciado el procedimiento (cuando ella denuncio) no hay forma de pararlo. Esto es así, para evitar en gran medida las amenazas que podría sufrir una victima para que retirara la denuncia, consiguiendo tal propósito el agresor quedaría impune ante la justicia.
Esto no quita, que por ejemplo, en un patrullaje observásemos una violación y actuásemos de oficio ante tal acto, siendo aún así un delito semipúblico, no obstante sería imprescindible la posterior denuncia de la victima para determinar que realmente no fue consentido, o de lo contrario, aun siguiendo con el procedimiento, sería viciado y no podría concluir.
Ya por último, nos quedan los delitos privados. Estos son, los que se inician siempre mediante una denuncia o querella, pero que cuando la persona que los denuncia desea desistir, o anular el proceso, puede hacerlo en cualquier momento.
Es necesario el conocimiento superficial, al menos, para entender la forma de iniciar el procedimiento judicial oportuno, y así resolver un supuesto práctico de dificultad que intentará complicar ó confundir al opositor.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 9