Source: https://trizelegal.es/2020/04/
Timestamp: 2020-08-11 15:45:30+00:00

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abril 2020 - Trize Legal
por Trize Legal | Abr 27, 2020 | Derecho
La Union Europea, China y Latinoamérica han realizado importantes avances legislativos en los últimos meses. Los cambios de 2019 se han asentado y existen unas tendencias claras que se darán en 2020.
La propiedad intelectual es un derecho activo. Aunque sus reglas llevan fijadas décadas, la evolución de la sociedad provoca que este derecho vivo necesite de nuevos ajustes legislativos. Aprovechando el día mundial de la propiedad intelectual, Ecija ha elaborado un informe en el que presenta los hitos alcanzados en 2019 y trata de destacar las tendencias de futuro para 2020.
En los últimos años ha quedado patente que la transformación digital ha invadido todos los sectores económicos y que su uso se ha convertido en un elemento competitivo. Sin embargo, para que esta tecnología se utilice correctamente, necesita de un marco normativo que asiente unas bases que le permitan funcionar, así como evolucionar.
En este sentido, hay que destacar, como apunta Cristina Villasante, manager de IP de Ecija y coordinadora del documento, que en un futuro no muy lejano, «el papel de las infraestructuras, el 5G y la interconexión de las cosas o la inteligencia artificial obligarán a la configuración de un marco normativo que se adapte a las nuevas realidades que imponen estas tecnologías y que sea suficientemente flexible para resistir al constante cambio que supone la innovación».
Los cambios normativos y la aprobación de nueva legislación ha sido significativa tanto en la Unión Europea (UE), muy centrada en desarrollar el Mercado Único Digital -como en estados miembro como Francia, Portugal, Reino Unido o la propia España-, así como en China o países de Latinoamérica. «Sin lugar a dudas, 2019 pasará a la historia legislativa europea como el año de una de las directivas más polémicas en el campo de propiedad intelectual, como ha sido la directiva sobre derechos de autor», destaca Diego de la Vega, letrado de IP de Ecija.
Estos son, según el informe elaborado por el despacho de abogados, los principales hitos alcanzados en 2019 y las tendencias que se esperan en los próximos meses en cuanto a la propiedad intelectual.
El asunto más importante tuvo que ver con la aprobación de la directiva sobre derechos de autor. En este texto, especialmente polémico, se ha establecido que «los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público», es decir, que deberán llevar a cabo un control previo de los contenidos cargados por sus usuarios.
El pasado año, también se aprobó la directiva sobre radiodifusión, que pasó algo desapercibida, aunque ésta busca acabar con el geobloqueo mediante la explotación secundaria de determinadas obras a través de Internet.
En cuanto a los temas legislativos que marcarán el futuro de la UE, De la Vega apunta que, por un lado, «la Estrategia Europea Digital desembocará en una serie de normas que harán más eficaz el ecosistema de start up y pymes europeas, y mejorará las regulaciones de competencia, al tiempo que establecerá un nuevo marco para los servicios digitales que regule la responsabilidad de las plataformas y otros servicios en línea. Además, la economía ambientalmente más sostenible tendrá un impacto evidente en la regulación digital, con la deberá estar perfectamente coordinada».
Los últimos esfuerzos legislativos relacionados con la propiedad intelectual en España han desembocado en la aprobación de la Ley de Marcas, la Ley de Secretos Empresariales y la Ley de Propiedad Intelectual.
Esta última norma ha introducido novedades como la nueva regulación de las entidades de gestión, así como la habilitación para acordar el bloqueo de sitios web que infrinjan derechos de PI sin necesidad de autorización judicial, entre otros asuntos.
Con la nueva Ley de Marcas se han ampliado las posibilidades de representar el signo a efectos del registro; se ha eliminado la distinción entre marca notoria y renombrada; y se ha ampliado la prohibición de registro basada en la funcionalidad.
La aprobación de la Ley de Secretos Empresariales ha servido para establecer un marco sólido en España sobre este asunto que, anteriormente, no estaba correctamente regulado, puesto que había que acudir a otras normativas como la Ley de Competencia Desleal.
En cuanto a lo que está por venir, Villasante afirma que el futuro de la propiedad intelectual en nuestro país pasa por la inteligencia artificial (IA). «La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial buscará alinear las políticas nacionales destinadas a fomentar el desarrollo y el uso de la IA en España».
La experta también destaca que durante los próximos meses el destino normativo de nuestro país estará marcado por la agenda de la UE y la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español las recientes directivas aprobadas en Europa en el marco del Mercado Único Digital, los derechos de autor y derechos afines y el sector audiovisual.
«Igualmente, la apuesta por la transformación digital tendrá un fuerte impacto en el sector financiero y fintech. En los últimos años hemos visto cómo los medios y servicios de pago han sufrido una gran revolución. El proyecto de ley que está en marcha para la creación del sandbox español y espera su trámite parlamentario en los próximos meses, supondrá, sin lugar a dudas, nuestro posicionamiento a la vanguardia en el sector financiero y favorecerá la entrada de inversión en tecnologías como blockchain«, concluye Villasante.
El hito más destacado del país vecino en 2019 es que se convirtió en el primer estado en acometer la transposición de la previsión de la directiva (UE) 2019/790 en relación con la remuneración reconocida a las empresas editoras de prensa por la comunicación pública online, por parte de terceros, de materiales propios.
Para el año 2020 se espera en Francia que continúe el debate en torno a la aprobación del proyecto de ley relativo a la comunicación audiovisual y la soberanía cultural en la era digital.
Toda la actividad legal en el ámbito de la propiedad intelectual en Reino Unido ha estado marcada por el Brexit. En materia de propiedad industrial, se ha establecido un régimen transitorio especialmente en materia de marcas y diseños.
Respecto al futuro, el informe de Ecija señala que, en 2020, los proyectos buscarán establecer un marco regulatorio propio en las materias que hasta el momento dependían de regulación europea y que ahora pasan a ser competencia exclusiva británica.
El país de Península Ibérica entró en vigor el nuevo Código de Propiedad Industrial y se
realizaron cambios en el Código de Derechos de Autor y de Derechos Conexos en 2019.
En cuanto al futuro, la principal tendencia legislativa se centrará la creciente preocupación del legislador por seguir la rápida evolución tecnológica, que abocará a una mayor atención a su protección, como, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial.
El principal cambio normativo del gigante asiático tuvo que ver con la modificación de la Ley de Marcas, con la que el legislador incluye el registro de marca de mala fe y la no utilización de esta como nuevo motivo de denegación; modifica la indemnización por los daños y perjuicios causados por el registro de mala fe, aumentar la cuantía máxima de 300% al 500% del daño causado; añade una cláusula concreta que permite el juzgado destruir todo las materias de fabricación y los productos terminados en el caso de falsificación de registro de marcas; y crea una cláusula nueva para proteger el secreto empresarial: la carga de prueba recaerá sobre el demandado en el caso de que el demandante aprueba unas evidencias iniciales.
En cuanto al futuro, Ecija destaca una directriz del Gobierno chino que fija como objetivo la disminución considerable de los casos de infracción de propiedad intelectual para 2022, y pretende conseguir un sistema de protección completo para 2025. El informe destaca entre las medidas más importantes que el país asiático aumentará del grado de sanción; mejorará del sistema de colaboración entre los distintos órganos (agilizando los procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad intelectual); establecerá un sistema de protección internacional; y que incrementará la inversión en materia de protección y formación de especialistas en dicha materia.
México, Honduras y República Dominicana
Los países sur y centro americanos y del Caribe no son ajenos a los cambios normativos en cuestión de propiedad intelectual.
Uno de los estados más activos es México, que prevé importantes actualizaciones a lo largo de este año en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en asuntos como las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, así como en los derechos de autor.
La tendencia legislativa de Honduras pasará por fijar una mayor protección y regulación de los derechos de propiedad intelectual en el sector fintech, así como incrementar la resolución de disputas de propiedad intelectual a través de métodos alternativos a los juzgados como la conciliación y arbitraje.
En cuanto a la República Dominicana, el futuro legislativo se centrará en implementar medidas y responsabilidades para proteger los derechos de autor de los contenidos ubicados en Internet. En este sentido, desde Ecija apuntan que se espera la actualización de las garantías de estos derechos para hacer frente a los crecientes delitos cibernéticos.
Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/26/5ea4b36ce5fdea936c8b4572.html
por Trize Legal | Abr 8, 2020 | Derecho
Los abogados de familia llevan varios días recibiendo una avalancha de consultas de padres y madres con dudas sobre cómo afecta el estado de alarma a las medidas adoptadas tras el divorcio.
El estado de alarma, la prohibición de circular por la calle y el miedo al contagio instalado en muchas familias ha disparado las consultas legales de padres y madres separados con hijos sobre cómo deben gestionar el régimen de visitas de los menores. ¿Se mantiene lo establecido en el convenio aunque resulte de difícil aplicación? ¿qué pasa si uno de los dos progenitores tiene una profesión de riesgo? ¿es legal salir a la calle para entregarle a los niños a la expareja? Según relatan los abogados de familia, la actual situación plantea una serie de dudas legales que no siempre tienen una respuesta clara. De hecho, según reclaman algunos de ellos, sería conveniente que la autoridad competente (las consejerías de familia o el Ministerio de Justicia, sugieren) publicara algún tipo de guía o protocolo que resolviera algunas cuestiones básicas.
Rosa López, socia de ABA Abogadas, explica que mientras no exista una resolución judicial que modifique lo recogido en el convenio regulador o sentencia que establece los términos de la separacion, «estos deben cumplirse en su estrictos términos». No obsante, más allá de legalismos, la letrada recomienda aplicar en todo caso «el sentido común y el interés del menor y de quienes nos rodean». Es decir, si se produce alguna situación de riesgo o excepcional que aconseje no aplicar lo contenido en dichos documentos, los padres deberán acordar la mejor solución. Una opinión que comparte Delia Rodríguez, socia directora del bufete Vestalia Asociados. «Salvo nuevos acontecimientos, lo acordado sigue vigente. Nada apunta a que lo contenido en el convenio o en la sentencia sea se tenga que suspender».
Sentada la premisa anterior, la duda que plantean muchos padres y madres es si pueden bajar a la calle para entregar a los menores a su expareja o, si trabajan, para dejarlos el familiar que se haga cargo de ellos normalmente. Delia Rodríguez cree que sí. El artículo 7,1.e) del Real Decreto del estado de alarma determina que, entre las personas que pueden circular por las vías de uso público, se encuentran aquellas que se dediquen a la «asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables». En todo caso, como ella misma aclara, esta conclusión la extae haciendo una «interpretación expansiva» del precepto. «Estos traslados son necesarios para garantizar el cuidado de los niños y dar cumplimiento a una resolución judicial vigente», reflexiona; «en todo caso, se echa de menos una declaración oficial que dé tranquilidad a las familias y se aclare esto».
Rosa López, por su parte, entiende que esta situación podría encajar en el artículo 7.1.d) del real decreto, cuando se refiere al «retorno al lugar de residencia habitual». Aunque, de nuevo, el literal de texto podría plantear alguna objeción.
Es indiferente que los padres vivan en provincias distintas o a una distancia considerable, unos 40 o 50 kilómetros. El traslado, mientras no haya un cierre de fronteras provinciales, en principio, deberá realizarse.
¿Cómo justificarlo ante la policía?
Aquí sí que el vacío legal es total. En todo caso, Rodríguez recomienda, cuando se salga a la calle para entregar a los hijos a la expareja, llevar consigo una copia del convenio regulador o de la sentencia que contiene las medidas, así como el libro de familia. «Es la mejor manera para demostrar que has salido a la calle con una razón amparada por la norma. El libro de familia permite acreditar que tienes menores a tu cargo», explica.
¿Puede un progenitor negarse a entregar a los menores?
Las realidades familiares son diversas y no siempre sencillas de manejar, especialmente tras una situación tan conflictiva como una separación. Por ello, Mónica Ruiz, también socia de ABA Abogados, aconseja a los padres y madres «no adoptar decisiones unilaterales de suspensión del régimen de visitas o incluso del régimen de custodia compartida». Los menores, explica, incluso en una situación tan difícil como el estado de alarma, «tienen derecho a seguir manteniendo relación con ambos progenitores y a recibir su afecto».
¿Qué debe hacer un padre o una madre si el otro adopta la decisión unilateral de no entregarle a los niños? La letrada recomienda acudir al procedimiento fijado en el artículo 158 del Código Civil, que regula el procedimiento a través del cual un juez puede dictar las medidas que considere oportunas para evitar que se causen perjuicios a un menor. A través de este mecanismo, «y en defecto de acuerdo, se pueden establecer de manera inmediata las medidas a ejercer si es que la fijada en convenio o resolución judicial pudieran ser de imposible cumplimiento. Y hasta abogaría por la fijación de sanciones», asevera Ruiz.
Delia Rodríguez, por su parte, entiende que existen casos de fuerza mayor en los que se deberá aplicar el sentido común y el interés superior de los niños más que nunca. «Pero aquí es donde vienen los problemas, porque la casuística es infinita». Y pone como ejemplo, un progenitor que no quiera entregar al otro a sus hijos comunes porque tenga una profesión de riesgo o conviva con alguien que esté contagiado del coronavirus. En todo caso, advierte que estas son situaciones excepcionales y que, quien adoptara una decisión así, «deberá justificarla el día de mañana ante un juez».
¿Es delito incumplir el régimen de visitas?
Desde 2015 no es delito incumplir el régimen de visitas. Sin embargo, una decisión unilateral en este sentido puede tener consecuencias civiles en forma de una revisión de las medidas en contra de quien ha tomado esa determinación «si se demuestra que la adoptó de manera irracional o injustificada», aclara Rodríguez.
¿Puede los padres adoptar acuerdos temporales?
Las abogadas coinciden en que el acuerdo entre progenitores y sentido común es la mejor solución en estos casos, siempre guiado por el interés superior del menor. «Cualquier pacto que se alcance durante el estado de alarma no vincula a posteriori. Es decir, no genera actos propios ni condiciona la resolución de futuros conflictos, porque se trata de un periodo excepcional con circunstancias no habituales que desaparecerán cuando cese esta crisis», aclara Mónica Ruiz.
«Que prime el sentido común», pide Rodríguez, que recuerda, además, que los deberes de información y comunicación de los pequeños con los padres con los que no están fisicamente «se mantienen absolutamente todos». De hecho, insiste en que es obligatorio dar detalle en cuanto a su salud a la expareja e, incluso, facilitar llamadas «que den tranquilidad y sensación de seguridad a los niños».
FUENTE: https://elpais.com/economia/2020/03/17/mis_derechos/1584433986_403759.html
por Trize Legal | Abr 3, 2020 | Derecho
Se pueden encontrar argumentos para solicitar la suspensión de la renta en las normas generales del Código Civil (CC) en materia de arrendamientos. El artículo 1554.3.a establece como obligación del arrendador «la de mantener al arrendatario en la posesión útil y pacífica de la cosa», obligación que ahora resulta de imposible cumplimiento. El Tribunal Supremo ha entendido que el arrendador responde de las perturbaciones causadas por él mismo tanto de hecho como de derecho y de las perturbaciones de derecho causadas por terceros.
El artículo 1105 de nuestro CC regula la figura de la fuerza mayor: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.»
El brote del Covid-19 podría encuadrarse dentro de lo que la jurisprudencia entiende como «acto de fuerza mayor» al ser un suceso imprevisible e inevitable, y que resulta objetivamente irresistible para las partes, derivándose de un origen externo. Así se ha determinado en supuestos de emergencia sanitaria similares, como en el caso de la gripe A.
Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/30/5e7e4cd0e5fdea323a8b4597.html

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 158
 resolución 
 resolución 
 artículo 1554
 artículo 1105