Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9806
Timestamp: 2019-12-09 17:41:28+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-0095-2011
Las entidades estatales no están obligadas a acudir al juez del contrato para obtener la declaratoria de la ocurrencia de los siniestros, ya que gozan de potestad unilateral en virtud de la Ley
GEODINÁMICA INGENIERÍA LTDA VS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
En el mes de diciembre de 2004, el IDU inició convocatoria pública con el fin de contratar el diagnóstico de las fallas presentadas en la tubería pluvial comprendidas entre la calle 153 y el canal La Salitrosa de la Avenida Ciudad de Cali sin que se tuviera que reemplazar ni intervenir el pavimento de la citada avenida.
El IDU suscribió contrato de consultoría con la sociedad Lascano y Esguerra CIA. LTDA.
El IDU contrató la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para el anterior contrato, suscribiéndolo con el Consorcio VIAL conformado por las sociedades Geodinámica Ingeniería Ltda. y Geocing LTDA.
Iniciada la ejecución del contrato, mediante sendos oficios el IDU solicitó al Consorcio VIAL las correcciones que en materia ambiental se le solicitaron sobre el producto contratado y la respuesta a las inquietudes planteadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Ante el incumplimiento de las obligaciones del consorcio, por medio de oficio el Director Técnico del IDU puso de manifiesto cada una de las irregularidades en el desarrollo del contrato suscrito con la interventoría y por medio de resolución No. 176 del 16 de enero de 2007 se dispuso:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la ocurrencia del siniestro, cubierto por la Garantía Única de Cumplimiento en su amparo de calidad No. 0512232266 del 19 de agosto de 2005, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que dicha garantía se haga efectiva en un monto igual a UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.752.064.oo) con cargo a la garantía única de cumplimiento mencionada en el artículo anterior.
Dicha resolución se notificó por edicto fijado el 13 de febrero de 2007 por el término de diez días hábiles y se desfijó el 26 de febrero de 2007
¿Puede una entidad pública declarar el siniestro referido a la inestabilidad de la obra contratada y hacer efectiva la póliza de seguro que el contratista constituyó a su favor, sin acudir al juez administrativo para tal efecto?
«(...) Lo anterior denota que conforme al desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad que orienta la celebración de los actos jurídicos bilaterales en general, se acepta que las partes en ejercicio del libre consentimiento pueden estipular cláusulas que autoricen a una de ellas a imponer determinadas cargas y obligaciones ante el incumplimiento de los deberes contractuales, como el caso del pacto de las multas y la cláusula penal y la declaratoria de siniestro por medio de la garantía única de cumplimiento si es del caso.
Sobre la facultad de la administración para declarar siniestros amparados con las pólizas de seguros que los contratistas constituyen, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de junio de 2010 manifestó:
Lo anterior, sin embargo, no obsta para considerar, como lo hizo la Sala en la sentencia del 24 de mayo de 2001, que son válidos los actos administrativos por los cuales la entidad contratante decidió hacer efectiva la póliza que garantiza la estabilidad de la obra contratada, al declarar la ocurrencia del riesgo amparado. En efecto, no cabe duda de que aquélla contaba, para hacerlo, con una facultad legal expresa, prevista en los numerales 4° y 5º del art. 68 del C.C.A., en los cuales se relacionan los actos que prestan mérito ejecutivo, y allí se incluyeron, entre otros:
5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación . (Se subraya).
Para la Sala, estas dos normas contemplan la posibilidad de que las garantías constituidas a favor de las entidades estatales, incluida la de estabilidad de la obra, presten mérito ejecutivo
Así, puede considerarse que la Administración sí tiene una facultad especial consagrada en la ley, de declarar ocurrido el riesgo amparado en virtud de las garantías que en su favor se hayan otorgado, facultad que no tienen los particulares en el desarrollo de su actividad contractual y que, por esa razón, constituye una auténtica prerrogativa del poder público, que no es más que un privilegio de que goza la administración. Se aclara, entonces, que no es cierto lo expresado por el apelante, en el sentido de que el Tribunal consideró que las facultades exorbitantes de la Administración no son taxativas. Es evidente que las mismas -que, más que facultades exorbitantes, son prerrogativas de poder público-, tienen tal carácter, sin perjuicio de que puedan encontrarse establecidas en normas diferentes a los artículos 60 y siguientes del Decreto 222 de 1983 o a los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993.
Ahora bien, en el caso concreto, teniendo en cuenta los hechos probados en el proceso, así como las consideraciones expuestas anteriormente, se concluye que el Director Ejecutivo del FOSOP, en su condición de representante legal de la entidad, tenía competencia para declarar el siniestro referido a la inestabilidad de la obra contratada, a través de un acto administrativo debidamente motivado, como en efecto lo hizo, así como para evaluar el monto de las fallas presentadas y ordenar allí mismo el pago correspondiente. Al respecto, además de los expresado, se precisa que el citado funcionario, conforme a los artículos 5, 8 y 9 del Acuerdo 21 de 1990, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá que obra en el expediente en copia auténtica , era el mismo Secretario de Obras Públicas del Distrito y tenía, entre sus funciones, la de suscribir, como representante legal del Fondo, los actos y contratos necesarios para dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de todas las funciones o programas del mismo. Por esa razón, es obvio que, contrario a lo expresado por el demandante, resultaba pertinente la invocación de estas disposiciones en la Resolución 0311 de 1993. y que, al expedir ésta y la Resolución 0598 de 1994, no se violó el artículo 6º de la Carta Política, en la medida en que el Director Ejecutivo del FOSOP no infringió la Constitución o la ley, ni incurrió en extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Volviendo al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, la Sala reitera que éste se aplica tanto para los contratos de derecho privado como para los contratos estatales, pues tales estipulaciones no resultan excepcionales al derecho común, y derivan del ejercicio de la autonomía de la voluntad, según lo previsto en los artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993, sin perder de vista el cumplimiento de los fines estatales para los cuales el contrato sirve de instrumento, como tampoco la facultad de declarar la ocurrencia de un siniestro, máxime cuando se busca garantizar el resultado del objeto contratado.
Así las cosas, la Sala deduce que las entidades estatales no están obligadas a acudir al juez del contrato para obtener la declaratoria de la ocurrencia de los siniestros, ya que gozan de potestad unilateral en virtud de la Ley. Es decir que no son de recibo los argumentos del apelante al discrepar de la decisión del Juez de instancia sobre la declaratoria del siniestro, razón para confirmar la sentencia apelada. (…)»
Una entidad pública puede declarar el siniestro referido a la inestabilidad de la obra contratada y hacer efectiva la póliza de seguro que el contratista constituyó a su favor, sin acudir al juez administrativo para tal efecto, porque:
Conforme al desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad que orienta la celebración de los actos jurídicos bilaterales en general, se acepta que las partes en ejercicio del libre consentimiento pueden estipular cláusulas que autoricen a una de ellas a imponer determinadas cargas y obligaciones ante el incumplimiento de los deberes contractuales, como el caso del pacto de las multas y la cláusula penal y la declaratoria de siniestro por medio de la garantía única de cumplimiento.
De acuerdo a los numerales 4 y 5 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, las entidades públicas cuentan con una facultad legal expresa para hacer efectiva la póliza que garantiza la estabilidad de la obra contratada, al declarar la ocurrencia del riesgo amparado. Las garantías constituidas a favor de las entidades estatales, incluida la de estabilidad de la obra, prestan mérito ejecutivo.
La Administración tiene una facultad especial de declarar ocurrido el riesgo amparado en virtud de las garantías que en su favor se hayan otorgado, facultad que no tienen los particulares en el desarrollo de su actividad contractual y que, por esa razón, constituye una auténtica prerrogativa del poder público, que no es más que un privilegio de que goza la administración.
El director ejecutivo de la entidad, en su condición de representante legal de la entidad, tenía competencia para declarar el siniestro referido a la inestabilidad de la obra contratada, a través de un acto administrativo debidamente motivado, como en efecto lo hizo, así como para evaluar el monto de las fallas presentadas y ordenar allí mismo el pago correspondiente.
Las entidades estatales no están obligadas a acudir al juez del contrato para obtener la declaratoria de la ocurrencia de los siniestros, ya que gozan de potestad unilateral en virtud de la Ley.
PRIMERO.- Confirmar en su totalidad la sentencia del 24 de noviembre de 2009, proferida por el Juzgado Treinta y tres Administrativo de Circuito de Bogotá. SEGUNDO.- Sin condena en costas. TERCERO.- En firme la presente decisión, devuélvase el expediente al juzgado de origen.
Ley 80 de 1993. Articulo 14 y 32
Ficha: Las entidades estatales no están obligadas a acudir al juez del contrato para obtener la..

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 artículo 6
 artículo 68