Source: https://www.scribd.com/doc/134691860/Informe-Burneo
Timestamp: 2016-09-24 21:20:57+00:00

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ICTY. Prosecutor v. Tadic. Caso IT-94-1-T. Sentencia de 7 de mayo de 1997. Párr. 628. ICTR. Prosecutor v. Akayesu. Caso ICTR-96-4-T. Sentencia de 2 de setiembre de 1998. Párr. 620 y; Prosecutor v. Musema. Caso ICTR-96-13-A. Sentencia de 27 de enero de 2000. Párr. 248. 3 Comisión de la Verdad y Reconciliación. La dimensión jurídica de los hechos. Informe Final. Tomo I, Capítulo 4. Lima, 2003.
98. A modo ilustrativo. Obligaciones dimanantes de los derechos humanos para los actores no estatales en situaciones de conflicto. el tribunal penal internacional en casos como Tadic. parr. De igual modo. Caso Tadic. Limaj. por razones humanitarias. se ha hecho referencia a distintas prácticas que refuerzan lo señalado por el artículo 3 común con referencia al estatuto jurídico de las partes del conflicto. 3. Se debe subrayar que el artículo 3 común ostenta carácter de norma consuetudinaria según lo establecido en la jurisprudencia internacional. Op. Caso Tadic. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. 7 Clapham. Así ha sido señalado por el artículo 3 común al disponer que “la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirán efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. Kovac. Pág. reafirmando que se negaba el reconocimiento de beligerancia a los grupos rebeldes. Más aún. Kunarac. 2008. Revista Internacional de la Cruz Roja. Caso IT-03-66. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. pues el uso de la fuerza por parte de estos grupos
ICTY. Septiembre de 2006.444 CDH. Andrew. Uno de los casos presentados es el del “Código Operacional de conducta” de las Fuerzas Armadas de Nigeria donde se señalaba de manera expresa que se reprimiría la rebelión en Biafra y que las tropas Federales estaban obligadas al respeto de las normas de las Convenciones de Ginebra. Foca. Prosecutor v. El problema es que los Gobiernos por lo general son reticentes a admitir que se reúnen las condiciones para la aplicación del derecho internacional. Linaj y Halilovic4.Esquema caso 12. ya que aceptar tal situación equivaldría a reconocer que el Gobierno ha perdido cierto grado de control y a “elevar” el estatuto de los rebeldes”7. N. Lima. cabe indicar que el hecho que el Estado reconozca la presencia de un conflicto armado no internacional en su territorio no significa de ninguna manera que exista un reconocimiento de su legitimidad o de sus objetivos ni les concede un estatuto especial para combatir. Elizabeth. En relación con este punto. Cit. se ha sostenido que en la actualidad.
. 121. por cuanto el propósito de este artículo es brindar. 105. Prosecutor v. Cit. en particular. la doctrina autorizada también ha sostenido que “lo cierto es que ni la adopción de estos acuerdos ni la aplicación del artículo 3 común significan un reconocimiento de un estatuto jurídico a las partes enfrentadas. De manera similar. donde el Estado decidió no extender el reconocimiento de beligerancia y a la vez conminar a las Fuerzas Armadas a cumplir las normas de los del derecho internacional humanitario5. protección a las víctimas del conflicto”6. señalados) no supone sostener de modo alguno que se reconoce como legítima o válida la pretensión del grupo armado. 68. 5 Op. en el análisis desarrollado por el Tribunal Especial para la Ex – Yugoslavia en el caso Tadic. sostuvo que es posible referirse al caso de la Guerra Civil Española. 176. Pág. and Vokovic. párr. 6 Salmón. párr. “el derecho internacional impone obligaciones a ciertas partes en un conflicto armado interno independientemente del reconocimiento efectuado por el Estado contra el cual están combatiendo o por un tercer Estado. Fondo Editorial PUCP. Caso IT-96-23. párr.º 863. Sentencia de 12 de junio de 2002. El Tribunal determinó que en una guerra civil de gran escala las autoridades del gobierno veían la necesidad de aplicar toda la normativa vinculada a la protección de civiles en un conflicto armado.
Sin embargo. prohíben de manera absoluta los atentados
Op. el TC sostuvo que “las normas de Derecho Internacional Humanitario se aplican en tanto exista un conflicto armado interno entre fuerzas del Estado y grupos armados particulares”. 11 Tribunal Constitucional. 2. N° 5385-2006. La vigencia y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario no significa una renuncia a la legítima función estatal de restablecer el orden interno frente a una situación de violencia. señala que “la aplicación de las obligaciones no depende de la aceptación.444 se ubican por tanto en el contexto de un CANI. existió un CANI. 12 Corte Suprema de Justicia. Expediente Nº 2798-04-HC/TC. sean convencionales o consuetudinarias. En consecuencia. toda vez que éste no puede permitir una acción autodestructiva siendo. por el contrario. la sentencia del Poder Judicial que condenó a Abimael Guzmán Reynoso ratificó la premisa según la cual en contextos de conflicto armado se debe aplicar el derecho internacional humanitario. En la jurisprudencia. Del mismo modo. En el Perú. mucho menos les otorga un estatuto de ser prisioneros de guerra13. para determinar que el derecho internacional humanitario es el cuerpo jurídico aplicable a la situación se debe establecer la existencia de un conflicto armado. tal vez otros casos). Andrew. 10 Ibid.444 CDH. R. Cit. ni de combatientes. Pág. de que se ha alcanzado el umbral para la aplicabilidad del derecho humanitario”9. El Poder Judicial ha ratificado que la aplicación del artículo 3 común no genera para los grupos armados ninguna condición de “beligerantes”. Cit.
. el Tribunal Constitucional han señalado que el Perú vivió una situación de conflicto armado no internacional entre la década del 80 y el 200011. Salmón. Op. las disposiciones internas punitivas del Estado. Sentencia de 9 de diciembre de 2004. su obligación el mantenimiento de la paz y el orden”12. en consecuencia. ya que como ha sido previamente mencionado el Derecho Internacional Humanitario responde a una finalidad exclusivamente humanitaria que no pretende ese objetivo ni deroga. Prosecutor v.Esquema caso 12. Caso Gabriel Orlando Vera Navarrete. Sentencia del caso Abimael Guzmán Reinoso y otros. Citar la jurisp. por el Gobierno. Clapham. el mismo que requiere la conjunción de dos elementos: 1) que las hostilidades superen el umbral de la violencia y 2) que exista un nivel de organización de las partes (lo que a su vez permita que las acciones de violencia se realicen de manera concertada y constante)10. Segunda Sala Pena Transitoria. Tadic. Al igual que la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 13 Artículo 4 del III Convenio de Ginebra. sin desconocer “por cierto que la aplicación de tal regulación jurídica no desplaza en ningún caso el Derecho punitivo del Estado.N. durante el período 1980 – 2000 según el Informe final de la CVR. ni un reconocimiento colectivo. las normas del Derecho Internacional Humanitario. Pertinente del TC y de salas penales nacionales (caso Lucanamarca en las dos instancias. Elizabeth. Los hechos materia del caso 12. 6. Adicionalmente. armados puede ser sancionado por la legislación nacional8. ni les otorga un derecho a combatir.
Párr. En ese sentido. Tal premisa ha sido recogida de la jurisprudencia del Tribunal Penal para el Ex – Yugoslavia. señala que si bien el derecho internacional humanitario es la lex specialis (el régimen jurídico específico para regular los conflictos armados). siendo esta norma de obligatorio cumplimiento para el Estado y para los grupos armados 14. Republica Democrática del Congo v. Párr. Finalmente. si bien gobernados por instrumentos diferentes. En tercer lugar. Párr. dicha norma prescribe los ataques a la población civil. En esta línea. contra la vida de personas civiles y desarmadas en cualquier tiempo y lugar. En primer lugar. 19 de diciembre de 2005. párr. Prosecutor v. 17 ICTY.444 CDH. pues debe tratarse de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos hasta su máximo posible. tratos crueles. 3. 183. Uganda. prevén los mismos requisitos mínimos e inderogables respecto del trato humano de todas las personas bajo control de la autoridad y del Estado” 16. 25. Sentencia de 19 de diciembre de 1998 (Trial Chamber II). Caso Abimael Guzmán. En caso de conflicto armado se aplica concurrentemente el DIDH y el DIH. no puede únicamente utilizarse las normas del derecho internacional humanitario. pues ambos cuerpos jurídicos tienen convergencias y buscan proteger a la persona humana. 106. tanto el derecho internacional humanitario así como el derecho internacional de los derechos humanos se aplican en contextos de conflictos armados 15. el Poder Judicial indicó que los actos de terrorismo se encuentran prohibidos sin ninguna excepción por el artículo 3 común. Es decir. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. 147. ICJ. Es importante señalar que de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia. ni de beligerante ni de prisionero de guerra. Asimismo la normativa internacional indica que existe un núcleo duro de derechos humanos. 8 de julio de 1996. Furundzija. 16 CIDH. 13 de julio de 2004. que en lo atinente a las normas de trato humano y de respeto a la dignidad humana. En ese sentido. se deben aplicar los derechos humanos en la medida de lo posible. Al respecto. que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario no modifica ni deroga la ley penal del Estado donde se realizan las hostilidades y que debe ser aplicada a los que la infringen. inhumanos y
Op.Esquema caso 12. en el caso Furundzija17. De igual modo. en un conflicto armado no internacional están prohibidos los actos de terrorismo. debido a que ambos regímenes. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que “quizá no haya campo donde exista mayor convergencia entre el derecho internacional en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 220. que la existencia de un conflicto armado no internacional no otorga a los que participan en las hostilidades un derecho de combatiente. Cit. Opinión Consultiva sobre la amenaza y el uso de armas nucleares.
. el Poder Judicial subrayó las siguientes conclusiones. Case IT-95-17/1-T. Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Párr. En segundo lugar. los miembros de los grupos armados realizaron atentados y acciones armadas al margen del Derecho Internacional Humanitario e incurrieron en la violación sistemática del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra. tales como la prohibición de tortura.
los tribunales regionales en materia de derechos humanos. la Corte IDH no puede declarar la responsabilidad de los Estados por violar las normas del derecho internacional humanitario. Así lo ha dispuesto el artículo común 3 y los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos18. pues el artículo 3 común contiene disposiciones que no son derogables bajo ningún supuesto (esto es. Excepción Preliminar. se puede afirmar que estos instrumentos jurídicos tienen por finalidad proteger al ser humano. en tanto este cuerpo jurídico prohíbe la omisión del deber de protección por parte del Estado a los civiles 26. Fondo. En esa línea. los actos de terrorismo 20. Colombia. Excepciones Preliminares. Como se señaló en el caso Las Palmeras v. 21 Artículo 76. artículo 75. Serie C No. Serie C No.1 del primer instrumento. Sentencia de 31 de enero de 2006. los actos de tortura. Ello implica que existe una manifiesta correlación a nivel normativo de la convergencia de ambos cuerpos jurídicos.b a los Convenios de Ginebra. 140. la violación sexual21. 19 Artículo 3. Excepciones Preliminares. los atentados contra la dignidad. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs.d del Protocolo Adicional II. párr.a común a los cuatro Convenios de Ginebra. 20 Artículo 4.a común a los Convenios de Ginebra. Brasil. que no pueden suspenderse a pesar de tratarse de un contexto de conflicto armado. Reparaciones y Costas. el derecho internacional humanitario puede ser utilizado como un criterio de interpretación para dotar de contenido jurídico los derechos recogidos en la CADH según lo dispuesto en el artículo 29 de la CADH. 7 y 8 del Estatuto de Roma.Esquema caso 12. 25 Corte IDH. artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así. artículo 4. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. e incluso pueden llegar a ser considerados como crímenes internacionales si cumplen con lo dispuesto en los artículos 6. Reparaciones y Costas. De ahí que existan ciertas conductas. párr. Serie C No. no se han regido por la teoría de la lex specialis.1 del Protocolo Adicional I. Fondo. dado que los Estados voluntariamente acordaron otorgar competencia para que determine su responsabilidad internacional en casos de violaciones de normas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) así como otros tratados del sistema interamericano según lo dispuesto en el artículo 64. debe ser analizado desde la óptica del derecho internacional humanitario. Cabe señalar que esta postura ha sido enfatizada en diversa jurisprudencia del sistema interamericano. lo cuales son sancionados tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos. conducta
Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reparaciones y Costas. 125. el núcleo duro de derechos humanos). 133. Fondo. 67.
.c del Protocolo Adicional II.444 CDH. 26 Corte IDH.b del Protocolo Adicional I. consagrado en el artículo 4 de la CADH. Colombia. 23 Artículo 3.2. degradantes.2 del Protocolo Adicional I.c del Protocolo Adicional I. en específico la Corte IDH. en contextos de conflictos armados. el reclutamiento de niños para su participación en los grupos armados22. Sentencia de 4 de febrero de 2000. De manera incuestionable. 22 Artículo 77. el derecho a la vida. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. inhumanos y degradantes24. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.2. el respeto al debido proceso. mas de ninguna manera puede la Comisión IDH o la Corte IDH atribuir responsabilidad a los Estados por la violación de dichas normas. Caso Las Palmeras Vs. las ejecuciones extrajudiciales23. 24 Artículo 3. tales como la toma de rehenes 19. artículo 75. Sin embargo. 148. Colombia25. tratos crueles. 219. ha sostenido que. pues escapa de su competencia. Colombia. Caso de las Masacres de Ituango Vs.
recogidos en el artículo 13 y 14 del Protocolo Adicional II 27. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. expresamente condenada por la norma consuetudinaria 1 del derecho internacional humanitario y el artículo 3 común. su par europeo. Youssoupova y Bazaïeva v. Turquía e Issaïeva. la Corte IDH sostuvo que el artículo 21 de la CADH relativo al derecho a la propiedad debía ser entendido con relación a los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. roben su ganado. Rusia refiere a conceptos propios del derecho internacional humanitario a fin de visualizar las obligaciones del Estado en situaciones de conflictos armados. Turquía. Sentencia de 18 de diciembre de 1996. así como “atacar. En el primer caso. Asimismo se mantuvo el mismo criterio en el caso Aydin v. Por su parte.
párr. sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil” son contrarios a la CADH. Excepción Preliminar. Caso Aksoy v. Turquía. se condenó al Estado por no garantizar el derecho a la propiedad. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Sentencia de 25 de setiembre de 1997. Colombia. ataquen los puentes y otras instalaciones vitales para su subsistencia. Reparaciones y Costas. 148.
. 27 Corte IDH. 28 TEDH. Turquía29. 83-84. entre otros. destruir. 64.444 CDH. 121. párr. la Corte Europea de Derechos Humanos ha utilizado un criterio similar al de la Corte IDH. En el caso conocido como la Masacre de Ituango. 29 TEDH. párr. Aydin c. la Corte IDH ha utilizada el derecho internacional humanitario para dotar de contenido a los derechos consagrados en la Convención. la Corte Europea de Derechos Humanos analizó la violación de la prohibición de la tortura en relación a los tratos sufridos durante la detención de una persona en el contexto de violencia 28. Es así que a lo largo de su jurisprudencia. Siguiendo esa línea argumentativa. 180. al afectar el derecho a la vida digna.Esquema caso 12. Fondo. de dichas víctimas al momento de que los grupos armados incendien sus viviendas. La Corte IDH utilizó dichos artículos a modo de interpretación en tanto concibe que “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. pues en casos como Aksoy v. párrs.
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 Artículo 4
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 Artículo 4
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 artículo 15
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Artículo 4
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 Artículo 3
 Artículo 77
 Artículo 3
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 artículo 21