Source: http://www.gacetaoficial.gob.cu/html/decretoley2.html
Timestamp: 2016-10-24 23:31:35+00:00

Document:
Decretro-Ley 197 Sobre las Relaciones Laborales del Personal Designado para Ocupar Cargos de Dirigentes y de Funcionarios CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II: FORMALIZACION DE LA RELACION LABORAL CAPITULO III: SUSPENCION DE LA RELACION LABORAL CAPITULO IV: MOVIMIENTOS DE CARGOS CAPITULO V: TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CAPITULO VI: REGIMEN DISCIPLINARIO DISPOSICION ESPECIALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES DECRETO-LEY No. 197 SOBRE LAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL DESIGNADO PARA OCUPAR CARGOS DE DIRIGENTES Y DE FUNCIONARIOS CONSEJO DE ESTADO ________ FIDEL CASTRO RUZ, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.
POR CUANTO: La legislación referente a las relaciones laborales del personal designado para desempeñar cargos de dirigentes y de funcionarios data de más de dieciocho años y se encuentra dispersa en varias normas jurídicas, por lo que debe ser actualizada y unificada en correspondencia con los cambios estructurales, organizativos y jurídicos que se han venido operando en nuestro país.
POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el Artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República de Cuba, resuelve dictar el siguiente
DECRETO-LEY No. 197 SOBRE LAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL DESIGNADO PARA OCUPARCARGOS DE DIRIGENTES Y DE FUNCIONARIOS CAPITULO I : DISPOSICIONES GENERALES
a) los órganos estatales, incluidos los órganos locales del Poder Popular, los organismos de la Administración Central del Estado; las dependencias administrativas de éstos y las entidades nacionales;
b) las empresas, uniones, otras organizaciones económicas estatales con personalidad jurídica propia, las unidades presupuestadas y las empresas y unidades dependientes de las organizaciones políticas, sociales y de masas;
c) las entidades empleadoras de la inversión extranjera;
d) otras entidades con capacidad jurídica para establecer relaciones laborales que sean determinadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
a) dirigentes: los designados para desempeñar cargos de dirección en la función pública que cumplen los órganos estatales de niveles superior e intermedios, los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y en las uniones, empresas, entidades empleadoras, otras organizaciones económicas estatales y unidades presupuestadas, con independencia de la denominación que en cada lugar se utilice;
b) funcionarios: los designados para desempeñar cargos de carácter profesional de complejidad y responsabilidad en la función pública o en las entidades de producción, servicios, administración y otras, teniendo atribuciones específicas y alguna esfera de decisión limitada. Pueden organizar, distribuir y controlar la labor de un pequeño grupo de trabajadores. Ocupan cargos como los de asesores, auditores, inspectores, supervisores, especialistas principales y otros análogos, así aprobados en la legislación específica;
c) organismos: a los conceptuados de la Administración Central del Estado, en el Artículo 8 del Decreto-Ley No. 147 de 21 de abril de 1994;
d) órganos: a los de carácter estatal como la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, y las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, los tribunales populares y la Fiscalía General de la República;
e) entidades nacionales: las instituciones y organizaciones estatales, con personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, que no están adscritas a los organismos;
f) cargos de condiciones laborales distintas: a los que aun pudiendo ser de la misma jerarquía del que ocupa el trabajador, tenga el horario, lugar y ambiente de trabajo u organización de turnos, y otros factores, de peor índole.
Los designados no pueden realizar actividades por cuenta propia, ni desempeñar otro cargo o empleo remunerado, con excepción de los cargos docentes, de investigación científica u otros que les sean igualmente aprobados por decisión expresa de la autoridad u órgano que los designó.
Mediante disposiciones legales pueden establecerse incompatibilidades específicas para determinados cargos y actividades, acorde con las características del trabajo de que se trate. CAPITULO II : FORMALIZACION DE LA RELACION LABORAL
a) dominio y conocimiento de la actividad a desarrollar;
b) nivel profesional o técnico adecuado;
c) capacidad de organización y, en su caso, de dirección;
d) prestigio y reconocimiento social;
e) comportamiento laboral y personal ético;
f) resultados satisfactorios en el trabajo.
ARTICULO 8.-Las autoridades, órganos u organismos facultados para designar, seleccionan la persona que reúna los requisitos o condiciones para ocupar adecuadamente cada cargo, conforme a los procedimientos establecidos en la ley o el reglamento del órgano, organismo o entidad nacional de cual se trate.
Durante el proceso evaluativo se tendrá en cuenta el conjunto de cualidades que posean y los requisitos que cumplan los propuestos, lo cual permitirá definir con objetividad y determinar el más idóneo para ocupar el cargo de dirigente o funcionario, aun cuando temporalmente no logre cumplir determinados aspectos de los requisitos específicos fijados en los incisos a), b) y c) del artículo anterior.
a) licencia de maternidad;
c) cursar estudios a tiempo completo;
d) llamado al servicio militar activo;
ARTICULO 12.-Al que ocupe provisionalmente un cargo por designación hasta que se emita el nombramiento, o en condición de sustituto provisional, cuando lo haga con carácter temporal, le son aplicables las disposiciones del presente decreto-ley, por el término en que desempeñe las funciones de dicho cargo.
ARTICULO 13.-EI movimiento de cargo de dirección o de funcionario consiste en el cambio de la situación laboral del designado, lo cual trae aparejado que la autoridad u órgano facultado adopte una decisión con respecto al nombramiento, sin que concluya necesariamente la relación laboral.
a) promoción para ocupar un cargo de mayor jerarquía;
b) traslado o reubicación para un cargo de igual o inferior jerarquía, por necesidades de la producción o los servicios; para regresar al cargo anterior al vencimiento del término del nombramiento provisional por invalidez parcial o debido a cambios estructurales u organizativos;
d) democión para un cargo de inferior jerarquía debido a medida disciplinaria o pérdida de alguno de los requisitos o condiciones para permanecer en el cargo.
En el caso de que la propuesta de reubicación no sea aceptada sin causa justificada, se podrá dar por terminada la relación laboral.
Cuando el nombramiento se haya emitido por una autoridad u órgano del nivel superior de dirección al de la entidad donde laboraba el designado, la propuesta de reubicación laboral deberá hacerse por decisión de la mencionada autoridad u órgano.
CAPITULO V : TERMINACION DE LA RELACION LABORAL ARTICULO 16.-La relación laboral de los designados termina por las causas siguientes:
a) declaración de disponibilidad del trabajador por amortización de la plaza que ocupaba, siempre que no exista reubicación laboral o existiendo, no sea aceptada por él;
b) separación definitiva por medida disciplinaria o por la pérdida de los requisitos o condiciones de los incisos d) y e) del Artículo 7 de este decreto-ley;
c) invalidez parcial acreditada por peritaje médico, cuando no acepte injustificadamente las propuestas de reubicación laboral;
d) sanción de privación de libertad por sentencia firme o medida de seguridad, en ambos casos, cuando excedan de seis meses;
e) renuncia;
g) vencimiento del plazo de licencia no retribuida para el cuidado de los hijos, sin que la trabajadora se haya reintegrado al trabajo;
h) extinción de la entidad laboral; cuando no exista otra que se subrogue en su lugar;
i) jubilación;
a) las ausencias y faltas de puntualidad al trabajo;
b) la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para la actividad en que labora;
c) la falta de respeto o maltrato, a sus superiores jerárquicos, subordinados o terceras personas;
d) traspasar los límites de su autoridad o hacer mal uso de ella; la negligencia en el cumplimiento de las funciones y atribuciones;
e) retrasar o dilatar la solución de los asuntos puestos a su consideración;
f) incumplir las orientaciones de sus superiores o los acuerdos de los órganos colectivos de dirección;
g) la pérdida, sustracción y apropiación de los bienes del centro de trabajo o de terceros y otros hechos o conductas que puedan ser constitutivos de delitos;
h) incurrir en las incompatibilidades establecidas para el cargo o actividad;
i) producir daños a la entidad o actividad;
j) no adoptar las medidas pertinentes para evitar que los bienes del centro de trabajo sean utilizados con fines diferentes a lo previsto;
k) falta de honradez y honestidad;
l) no aplicar alguna de las medidas previstas en este decreto-ley para las violaciones de la disciplina consideradas graves o muy graves;
m) ser responsable colateral de las violaciones e infracciones que por razón de su cargo debió enfrentar, conocer o adoptar medidas para evitar que ocurrieran.
A los efectos de este decreto-ley se considera responsable colateral al dirigente que siendo superior jerárquico inmediato de los violadores o infractores, y sin tener participación directa en los hechos por su falta de exigencia o por su actuar negligente o no aplicación de los controles establecidos, facilitó la realización de las acciones violatorias de la disciplina por parte de los mismos, o que habiendo conocido de dichas violaciones e infracciones, no las enfrentó o no informó de inmediato dichas ocurrencias, a los niveles correspondientes.
n) promover a cargos de dirigentes o funcionarios o admitir el empleo de trabajadores o permitir que sus subordinados lo hagan, por la sola razón de amistad o parentesco, o por cualquier otra motivación ajena al interés social de aplicar la correcta política en ese sentido y en su caso no verificar los antecedentes laborales de la persona que se vincule para el caso de dirigentes y funcionarios.
Las violaciones generales de la disciplina en el centro de trabajo o en ocasión del trabajo, consignadas en los incisos g), h), i), j), k), l), m) y n) precedentes, constituyen infracciones graves de la disciplina. Dichas violaciones se consideran infracciones muy graves, atendiendo a la magnitud de sus consecuencias económicas, financieras o sociales, y al nivel jerárquico que determina una mayor responsabilidad personal del infractor, y que evidencien una conducta incompatible con los principios éticos del actuar de un dirigente o funcionario del Estado y Gobierno.
Además de los hechos o conductas señaladas anteriormente, constituyen también violaciones de la disciplina las establecidas para los trabajadores en la legislación de aplicación general, y en los reglamentos de los órganos, organismos o entidades nacionales donde laboran.
b) amonestación ante el Consejo de Dirección de la propia entidad a la que pertenece el infractor o ante el de la entidad de nivel superior de aquella;
c) amonestación ante el colectivo laboral en el que se desenvuelve el infractor;
d) amonestación ante el colectivo del centro laboral al que pertenece el infractor;
e) democión temporal a un cargo de inferior categoría y de condiciones laborales similares, por el término de seis meses hasta un año, devengando el salario de ese nuevo cargo, y sin derecho a recibir estímulos adicionales, aunque dicha plaza los tenga asignados según los resultados del trabajo;
f) democión temporal a un cargo de inferior categoría y condiciones laborales diferentes, por el término de seis meses hasta un año, devengando el salario de ese nuevo cargo, y sin derecho a recibir estímulos adicionales, aunque el cargo los tenga asignado, según los resultados del trabajo;
g) democión definitiva a un cargo de inferior categoría, no pudiendo recibir estímulos adicionales a su salario oficial durante un término de entre seis meses y un año, según se decida al aplicarle la medida disciplinaria, aunque dicho cargo los tenga establecidos, según los resultados del trabajo;
h) democión definitiva a un cargo de inferior categoría y de condiciones laborales distintas, no pudiendo recibir estímulos adicionales a su salario oficial, durante un término de entre seis meses y un año, según se decida al aplicarle la medida disciplinaria, aunque dicho cargo los tenga establecidos, según los resultados del trabajo;
i) separación definitiva de la entidad;
j) separación definitiva del sector o actividad.
Las medidas consignadas en los casos de los incisos e) hasta el j), atendiendo a la trascendencia de los hechos y el número de personas implicadas, o a la gravedad de sus consecuencias, pueden ser informadas al colectivo laboral en que se desenvuelve el infractor, según la decisión que casuísticamente se tome por las autoridades inmediatas a las que se encuentra subordinado, añadiendo a esa información una exposición de los hechos que las originaron, así como el historial, las virtudes y cualidades del mismo, de manera de evitar cualquier distorsión de la justeza de las medidas aplicadas.
En los casos que la autoridad facultada así lo considere, puede ofrecer una información adecuada a las organizaciones de masa y sociales a las cuales pertenezca el infractor, respecto a los motivos y las medidas disciplinarias aplicadas a un cuadro, cuando se traten de las consignadas en los incisos h) hasta el j), del presente artículo, para lo cual realizará las coordinaciones oportunas con los organismos políticos y de masa de la zona donde el mismo tenga establecida su residencia.
Tal proceder no constituye, ni se hace constar en su expediente, una medida disciplinaria adicional, sino una forma de ejecución complementaria de la medida impuesta, que tiene como fin propiciar el mejor apoyo al mismo, de parte de la colectividad que le rodea, en su actuar dirigido a superar sus errores.
Asimismo, en los casos de separación definitiva de la entidad, las autoridades correspondientes quedan obligadas a velar por la ubicación futura del infractor corregido disciplinariamente, a fin de garantizar que las condiciones laborales del nuevo cargo, esté en correspondencia con la rigurosidad requerida en la ejecución de la medida impuesta, atendiendo a la magnitud de las infracciones cometidas.
De tratarse de la medida de separación definitiva del sector o actividad, las autoridades u órganos facultados a los que se encontraba subordinado el infractor, al conocer de la nueva ubicación laboral del mismo, ante la solicitud de su expediente laboral personal de parte del nuevo centro laboral, velarán
porque de manera adicional se envíe a la autoridad u órgano facultado que lo solicitó, una información lo más completa posible, de las infracciones cometidas, y de las sanciones aplicadas, de manera que este jefe pueda valorar adecuadamente las tareas y cargos que asignará a dicha persona.
En todos los casos, las medidas disciplinarias impuestas son informadas a la autoridad u órgano facultado, que sea superior jerárquico de quien las aplicó.
Las medidas disciplinarias de los incisos a), b), c) y d) del artículo anterior, se imponen por el jefe inmediato superior dentro de los 30 días hábiles, y las de los incisos e), f), g),h), i) y j), por la autoridad u órgano facultado para emitir el nombramiento, dentro de los 60 días hábiles, en ambos casos, siguientes a la fecha en que llegue a su conocimiento la infracción.
Cuando las violaciones cometidas por los infractores sean de las consideradas graves o muy graves, a tenor de lo establecido en el penúltimo párrafo del Artículo 19, la autoridad u órgano facultado impone, atendiendo a su magnitud y trascendencia, una de las medidas consignadas en los incisos e) hasta el j), del Artículo 20.
Cuando el infractor haya incurrido por lo menos en dos ocasiones anteriores, dentro del término de tres años, en las violaciones consignadas en el párrafo penúltimo del Artículo 19, la autoridad u órgano facultado impone una de las siguientes medidas: separación definitiva de la entidad o separación definitiva del sector o actividad.
La acción para imponer la medida disciplinaria a un dirigente o funcionario prescribe por el transcurso de tres años naturales, contados a partir de la fecha en que se conoció la ocurrencia de la infracción, sin haberse iniciado procedimiento disciplinario contra el mismo durante ese tiempo.
a) nombre, apellidos y cargo del trabajador;
b) los hechos que motivan la imposición de la medida disciplinaria;
c) las pruebas practicadas para comprobar su responsabilidad; valoración de la trascendencia, gravedad y consecuencias de los hechos;
d) valoración de la conducta y comportamiento anteriores;
e) la medida disciplinaria que se aplica;
f) el término para impugnar la medida y ante quién;
g) fecha y lugar de la resolución o escrito;
h) nombre, apellidos, cargo y firma del que aplica la medida;
ARTICULO 24.-La resolución o escrito de la medida disciplinaria se notifica al designado en la entidad, y cuando éste no asista a ella, se realiza en su domicilio, al interesado, a sus familiares o convivientes mayores de edad.
Las administraciones de los centros de trabajo no concederán baja, liberación ni aceptarán la renuncia a solicitud del cuadro, dirigente o funcionario infractor de la disciplina, antes de la aplicación de la medida que corresponda, y de agotarse su cumplimiento, en los casos en que tenga carácter temporal.
En cualquier caso estarán obligadas además a dar seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas, a fin de garantizar su ejecución efectiva.
ARTICULO 25.-La autoridad u órgano facultado para aplicar la medida, cuando resulte necesario debido a la gravedad de los hechos, o con el fin de realizar una investigación, puede imponer mediante
escrito la medida cautelar de suspensión provisional del cargo y del salario o de traslado provisional a otro cargo, ambas por un término de hasta 30 días hábiles.
En este caso, se considera que la decisión definitiva fue aplicada desde la fecha en la cual se adoptó la medida cautelar, con excepción del término para reclamar, el que comienza a decursar al día siguiente al de la notificación de la medida definitiva.
ARTICULO 26.-En el caso de violaciones consistentes en hechos o conductas que puedan ser constitutivas de delitos contra los bienes de la entidad o de terceros, o que sin tener esa consideración constituyen violaciones de las calificadas como graves o muy graves, detectadas dentro de un término de hasta cinco años, a partir de haber sido cometidas, siempre que el infractor se encuentre desempeñando un cargo u ocupación con categoría ocupacional de dirigente o funcionario, dentro del sistema del mismo sector o actividad, por decisión de la autoridad u órgano facultado al cual se encuentre subordinado, podrá aplicársele una medida disciplinaria, con independencia del proceso penal que pudiera iniciarse.
Con ese fin, se dará traslado de los documentos concernientes al caso a esta autoridad u órgano facultado. Dicha autoridad u órgano, al momento de decidir sobre la aplicación de la medida disciplinaria que corresponda, tendrá en cuenta las previstas en la legislación aplicable para los casos que ocupen esa categoría ocupacional.
Si el infractor se encuentra laborando en otro órgano u organismo estatal o entidad nacional, ocupando un cargo de los incluidos en la categoría ocupacional de dirigente o funcionario, la autoridad u órgano que detectó o conoció de las violaciones arriba mencionadas, lo informa a la autoridad máxima u órgano superior de dirección del órgano, organismo o entidad nacional rector del sistema del sector o actividad donde se encuentre laborando el infractor, para que encamine y decida el destino legalmente procedente, para la instrucción del expediente disciplinario correspondiente, a dichas violaciones o infracciones, con el fin de que la autoridad u órgano facultado al cual se encuentre subordinado dicho infractor, pueda aplicar una medida disciplinaria de las previstas en la legislación vigente, acorde con la categoría ocupacional que tenga.
Para los demás casos de violaciones o infracciones de la disciplina que no tengan la consideración de las mencionadas en el primer párrafo de este artículo, se mantiene el término de prescripción de tres años consignado en el Artículo 21 precedente.
Asimismo, la autoridad u órgano facultado para disponer el traslado de la documentación, en los casos arriba referidos, puede decidir, si no se trata de una violación o infracción que pueda ser constitutiva de algún delito de los consignados anteriormente o de las consideradas como graves o muy graves, teniendo en cuenta sus consecuencias y de la mayor o menor entidad de la misma, si procede dar o no ese traslado, cuando el infractor se encuentre laborando en otro sector o actividad diferente, ocupando un cargo de categoría ocupacional distinta, pero de menor jerarquía, y en consecuencia decidir archivar el asunto.
ARTICULO 27.-El dirigente o funcionario inconforme con la medida disciplinaria impuesta, puede apelar proponiendo las pruebas que estime pertinente, en el término de 10 días hábiles siguientes al de su notificación ante el jefe inmediato superior del que la aplicó, quien debe resolver la apelación, dentro de los 30 días hábiles siguientes.
El jefe máximo del órgano, organismo o entidad nacional que dictó la última resolución recaída en un proceso disciplinario, dentro del término de 180 días naturales posterior a la fecha de la notificación de dicha resolución, puede reformar de oficio o a instancia de parte su propia decisión o la del que la hubiere dictado, de inferior jerarquía, atendiendo a los motivos siguientes:
a) cuando se percate de que la medida impuesta sea significativamente benigna o particularmente severa, teniendo en cuenta la magnitud de los resultados de la indisciplina cometida;
b) cuando por las características personales del infractor corregido disciplinariamente, o por haber comprobado la existencia de hechos desconocidos en el momento de imponer la medida o conocer del recurso, en su caso, y en consecuencia considere que dicho infractor tuvo participación en una indisciplina de mayor o menor gravedad que la que determinó la imposición de la medida o la declaración de no responsabilidad que decida revocar, modificar o en su caso, si procede, apreciar su inocencia y declarar su no responsabilidad, anulando las decisiones precedentes.
ARTICULO 28.-Cuando la medida inicial impuesta sea la separación definitiva de la entidad o la separación definitiva del sector o actividad, el jefe máximo del órgano, organismo, o entidad nacional puede admitir la solicitud de procedimiento de revisión presentada por la parte que se considere afectada, contra la decisión de la autoridad facultada.
La solicitud de revisión, debe ser presentada dentro del término del año posterior a la fecha de la notificación de la decisión de la apelación.
La revisión procede cuando se conozcan hechos de los que no se tuvieron noticias antes, aparezcan nuevas pruebas o se demuestre fehacientemente la improcedencia, ilegalidad, arbitrariedad o injusticia notoria de la decisión impugnada.
ARTICULO 29.-La autoridad competente que exonere a un dirigente o funcionario de la medida disciplinaria indebidamente impuesta o la sustituya por otra de menor severidad, dispondrá de oficio el reintegro al cargo, si procediere y, en ambos casos, el abono de la indemnización por daños y perjuicios que le corresponda.
ARTICULO 30.-La autoridad u órgano facultado para sancionar laboralmente, de oficio, o a solicitud del interesado, efectúa la rehabilitación del designado al que se le haya aplicado una medida disciplinaria, lo cual consiste en la extracción del expediente laboral de los documentos referidos a ésta por haber transcurrido, a partir de la fecha de su cumplimiento, los términos siguientes:
a) un año natural, en los casos de las medidas disciplinarias consignadas en los incisos a), hasta el d) inclusive, del Artículo 20 de este decreto-ley;
b) dos años naturales, en los casos de las medidas disciplinarias consignadas en los incisos e) y f), del Artículo 20 de este decreto-ley;
c) tres años naturales, en los casos de las medidas disciplinarias consignadas en los incisos g) y h), del Artículo 20 de este decreto-ley;
d) cuatro años naturales, contados a partir de la fecha de la nueva vinculación laboral, en el caso de la medida disciplinaria consignada en el inciso i), del Artículo 20 de este decreto-ley;
e) cinco años naturales, contados a partir de la fecha de la nueva vinculación laboral, en el caso de la medida disciplinaria consignada en el inciso j), del Artículo 20 de este decreto-ley.
De forma excepcional y mediante resolución debidamente fundamentada, la autoridad u órgano facultado podrá disponer la rehabilitación antes del vencimiento de los términos señalados, cuando el trabajador mantenga un comportamiento ejemplar o se destaque por alguna actitud meritoria.
Quedan exceptuados de la aplicación del tratamiento excepcional previsto en el párrafo precedente, aquellos a quienes se les haya aplicado alguna medida disciplinaria por la comisión de violaciones de la disciplina consideradas graves o muy graves, y en consecuencia deben cumplir los términos establecidos en el presente artículo para la rehabilitación.
Durante el tiempo que transcurra para la rehabilitación de un dirigente o funcionario al cual se le aplicó una medida disciplinaria, pierde el derecho a ser promovido a cargos de dirección superior o de categoría ocupacional más elevada.
ARTICULO 31.-EI término de rehabilitación se interrumpe cuando durante su transcurso el infractor cometa una nueva violación.
En este caso la rehabilitación se produce cuando transcurra el término establecido para la primera rehabilitación más el correspondiente a la segunda.
ARTICULO 32.-En todos los casos que se produzca la rehabilitación, la autoridad u órgano facultado lo hará público tanto en el colectivo laboral donde se desenvuelve el dirigente o funcionario rehabilitado como en el que se encontraba laborando al resultar corregido disciplinariamente, explicando los fundamentos que motivaron esa decisión.
TERCERA: En el sistema de órganos aduaneros y en la Fiscalía General de la República, la aplicación de las medidas disciplinarias a los designados, y la solución de las reclamaciones que por ellos se presenten, se continuarán efectuando de conformidad con lo establecido en la legislación específica vigente, en todo lo que no se oponga a lo que se establece en el presente decreto-ley.
CUARTA: Las medidas disciplinarias aplicables a los auditores por las infracciones de la disciplina durante el ejercicio de su función y las autoridades facultadas para imponerlas y para resolver los recursos, son las reguladas en la disposición jurídica que norma la actividad de auditoría, en todo lo que no se oponga a lo que se establece en el presente decreto-ley.
PRIMERA: Se derogan:
el Decreto-Ley No. 36, de 29 de marzo de 1980, “Disciplina de los dirigentes y funcionarios administrativos estatales”;
el Decreto No. 93, de 18 de junio de 1981, “Reglamento del Decreto-Ley No. 36/80”;
el Decreto-Ley No. 78, de 28 de marzo de 1984, “Complementario del Decreto-Ley No. 36/80”;
los artículos del 171 al 178 y del 193 al 195 de la Ley No. 49, de 28 de diciembre de 1984, “Código de Trabajo”.
Se derogan también las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido por el presente decreto-ley y su legislación complementaria.
SEGUNDA: Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social a dictar las disposiciones complementarias a este decreto-ley con respecto a las relaciones laborales de los dirigentes y funcionarios designados, y a emitir la legislación aplicable a los trabajadores de las categorías ocupacionales de obreros, administrativos y de servicios, ocupantes de cargos que debido a sus características se cubren por designación.
TERCERA: Este decreto-ley comenzará a regir en un plazo de 180 días naturales a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en Ciudad de La Habana, a 15 de octubre de 1999.

References: Artículo 90
 Artículo 8
 Artículo 7
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 19
 resolución 
 resolución 
 Artículo 21
 resolución 
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20
 resolución