Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-57096671
Timestamp: 2020-07-09 12:12:11+00:00

Document:
STC 74/2009, 23 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 57096671
Número de Recurso: 8664-2005
Recurso de amparo 8664-2005. Promovido por don Carles Arnal Ibáñez y otros Diputados de las Cortes Valencianas contra tres acuerdos de la Mesa que rechazaron varias preguntas y la petición de comparecencia ante el Pleno del Consejero de Territorio y Vivienda. Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: inadmisión de preguntas parlamentarias sin motivación (STC 107/2001); inadmisión de solicitud de comparecencia de un consejero sin justificación (STC 208/2003). Voto particular.
Sentencia citada en: 74 sentencias, 7 artículos doctrinales
STC 074/2009, de 23 de marzo de 2009
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 2005 don José Antonio Sandín Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Carles Arnal Ibáñez, don Ramón Cardona Pla y don Joan Antoni Oltra Soler, Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana en las Cortes Valencianas interpuso recurso de amparo contra las resoluciones parlamentarias a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005 don Joan Antoni Oltra Soler, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejero de Territorio y Vivienda, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:
"¿Qué razones justifican el nombramiento de don Hermenegildo Forquet como Jefe del Servicio de Coordinación Territorial en su Consejería? ¿Conocía la Consejería que este funcionario ocupaba cargos de administración en diferentes sociedades mercantiles relacionadas con tareas urbanísticas? Ante esta evidente colisión entre intereses privados y gestión pública, ¿qué medidas piensa adoptar la Consejería para evitar situaciones incompatibles en una correcta función pública?".
Mediante resolución de 17 de mayo de 2004 la Mesa de las Cortes Valencianas acordó no admitir a trámite la pregunta número RE 28.825, formulada por el Diputado don Joan Antoni Oltra Soler del Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Esquerra Valenciana (Entesa), por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona física que no tiene trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.
Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005 don Ramón Cardona Pla, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejero de Cultura, Educación y Deporte, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:
"¿Existía algún proyecto de excavación arqueológica o de seguimiento arqueológico de las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar, anterior al 20 de agosto de 2004? ¿Cuáles? ¿Con qué objeto? ¿Qué proyectos se han presentado después del 20 de agosto de 2004 respecto a excavaciones arqueológicas y/o seguimiento arqueológico de las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar y de su zona de afectación? ¿Cuáles se han aprobado? ¿Se ha presentado algún proyecto de excavación arqueológica de los yacimientos mencionados? ¿En qué fecha? ¿Por parte de quién? ¿Se ha aprobado? ¿A qué persona física o jurídica puso de manifiesto la Dirección General de Patrimonio Cultural, en fecha 20 de agosto de 2004, la necesidad de acometer actuaciones arqueológicas en la zona afectada por el vial Cabanes-Oropesa del Mar? ¿Desde qué fecha tiene conocimiento de la existencia de dichos yacimientos? ¿Se pidió algún proyecto de excavación y/o seguimiento arqueológico de las obras previo al 20 de agosto de 2004? ¿Cuál es la importancia arqueológica que puede tener la zona afectada por las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar?".
Mediante Acuerdo de 17 de mayo de 2004 la Mesa de las Cortes Valencianas inadmitió también a trámite la pregunta número 28.819, formulada por el Diputado don Ramón Cardona Pla del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida - Els Verds - Esquerra Valenciana (Entesa), por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona que no tenía trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Presentado ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución, fue resuelto por otra de 26 de julio de 2005 que, recordando que corresponde a la Mesa la calificación de los escritos y documentos de índole parlamentaria y la decisión sobre su tramitación, y tras haber manifestado la Junta de Portavoces su parecer contrario, también lo desestimó.
Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005, don Ramón Cardona Pla, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:
"Respecto a la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión ¿Quién compone el Consejo de Administración de dicha empresa? ¿Qué cantidades se han previsto, y en qué concepto, para compensar la pertenencia al Consejo de Administración de dicha empresa? ¿Cuáles han sido los objetivos fundacionales de esta empresa y cuáles han sido las actividades desarrolladas, hasta ahora, por dicha sociedad? ¿Se ha producido algún cese y nombramiento en el Consejo de Administración de esta empresa desde su constitución?".
Por Acuerdo de 17 de mayo de 2004, la Mesa de las Cortes Valencianas inadmitió también a trámite la pregunta número 28.823, formulada por el Diputado don Ramón Cardona Pla del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida - Els Verds - Esquerra Valenciana (Entesa) por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona que no tenía trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Presentado, igualmente, ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución, fue resuelto por otra de 26 de julio de 2005 que, recordando que corresponde a la Mesa la calificación de los escritos y documentos de índole parlamentaria y la decisión sobre su tramitación, y tras haber manifestado la Junta de Portavoces su parecer contrario, lo desestimó.
Por escrito registrado el 2 de agosto de 2005, don Carles Arnal i Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana, conforme al art. 162 RCV solicitó a la Mesa de las Cortes Valencianas la comparecencia ante el Pleno del Consejero de Territorio y Vivienda para explicar su posición ante la gran proliferación de proyectos urbanísticos presentados en los últimos meses en el País Valenciano y las implicaciones territoriales y medioambientales de este proceso.
Mediante escrito de 26 de septiembre de 2005, la Mesa de la Cámara comunicó al Grupo Parlamentario Entesa que la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas había acordado oponerse a la tramitación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Territorio y Vivienda para explicar su posición ante la gran proliferación de proyectos urbanísticos presentados en los últimos meses en el País Valenciano y las implicaciones territoriales y ambientales de este proceso, solicitada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Esquerra Valenciana (Entesa).
Interpuesto ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición contra dicha resolución solicitando la reconsideración de la oposición y la admisión a trámite de la solicitud de comparecencia, fue desestimado por Acuerdo de 15 de noviembre de 2005 de la Mesa, en el que el órgano parlamentario, consultada la Junta de Portavoces, resolvió que "respecto de lo solicitado por el recurrente en su escrito RE 33457, la Mesa ha considerado no separarse del criterio fijado por la Junta de Sindics, más aún cuando consultada la Junta sobre el recurso por mayoría de los presentes se manifestó en contra de lo solicitado".
En la demanda de amparo se alega con carácter principal la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.2 CE) y del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.1 CE). Complementariamente se invoca la lesión del derecho a no ser discriminado (art. 14 CE).
Se fundamenta la denuncia de tales violaciones en que la Mesa de las Cortes ha realizado, a juicio de los recurrentes, una interpretación errónea de los preceptos del Reglamento de las Cortes Valencianas (RCV) que regulan las preguntas parlamentarias. En concreto se considera que la Mesa ha realizado una interpretación extensiva e inconstitucional del art. 147.2 RCV. Este precepto establece las excepciones al derecho de los parlamentarios a presentar preguntas y literalmente dispone: "La Mesa no admitirá aquellas preguntas que sean de exclusivo interés personal por parte de quien las formula o aquéllas que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Asimismo, tampoco se admitirán las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica".
Por providencia de 18 de diciembre de 2007 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a las Cortes Valencianas a fin de que remitieran certificación o fotocopia de las actuaciones correspondientes a las decisiones y actos recurridos, debiendo previamente emplazarse, para que pudieran comparecer ante este Tribunal Constitucional, quienes hubieran sido parte en el procedimiento.
Mediante escrito del Letrado de las Cortes Valencianas, en representación de las mismas, ingresado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de febrero de 2008, la Mesa de las Cortes Valencianas se persona como parte demandada en el presente recurso.
El Letrado Mayor de las Cortes Valencianas, en representación de la Mesa de las Cortes Valencianas, formuló alegaciones mediante escrito ingresado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 22 de diciembre de 2008. En las mismas opone, en primer lugar, una objeción que califica como de orden procesal, relativa a que la demanda carece manifiestamente de contenido constitucional por deducirse contra unos actos a los que no cabe imputar la pretendida lesión del derecho fundamental, puesto que la Mesa actuó en ejercicio legítimo de sus competencias.
El Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito ingresado en el Registro General de este Tribunal el 5 de diciembre de 2008. En las mismas señala, en primer lugar, que la supuesta lesión del derecho a la igualdad del art. 14 CE ha de entenderse incluida en la del derecho fundamental garantizado en el art. 23.2 CE.
Por providencia de fecha dieciocho de marzo de 2009, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
El recurso de amparo se dirige contra una serie de resoluciones de La Mesa de las Cortes Valencianas que inadmitieron o no tramitaron diversas iniciativas parlamentarias de los recurrentes, todos ellos diputados del grupo parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana en las Cortes Valencianas. La demanda de amparo aduce que dichas decisiones lesionaron los derechos de los recurrentes a la igualdad (art. 14 CE) y a ejercer en condiciones de igualdad los cargos públicos (art. 23.2 CE), argumentando que aun cuando se remiten formalmente a motivos de inadmisión previstos en el Reglamento de las Cortes Valencianas y a decisiones de la Junta de Portavoces, ocultan, en verdad, un control de oportunidad que está vedado a la Mesa de la Cámara y restringe ilegítimamente sus facultades en cuanto parlamentarios.
El presente caso ofrece una serie de peculiaridades que exigen realizar con carácter previo algunas consideraciones de carácter procesal para la determinación de su objeto y viabilidad.
La demanda de amparo se dirige, de una parte, contra tres resoluciones de 17 de mayo de 2005 de la Mesa de las Cortes valencianas que con idéntica fundamentación vinieron a rechazar las preguntas formuladas por dos diputados del grupo parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana, así como contra tres resoluciones de 26 de julio de 2005 que, nuevamente con igual fundamentación, las ratificaron. De otra parte se dirige también contra la resolución de 26 de septiembre de 2005, ratificada por otra de 15 de noviembre de 2005, que rechazaron la petición de comparecencia ante el Pleno, a instancias del grupo parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana, del Consejero de Territorio y Vivienda. La unidad argumental de la demanda, al razonar conjuntamente sobre la restricción continuada a los Diputados adscritos a un mismo grupo parlamentario de las diversas facultades de control político del Gobierno mediante el rechazo inmotivado de sus iniciativas de control parlamentario, aconseja resolver conjuntamente las distintas vulneraciones del derecho fundamental garantizado por el art. 23 CE; sin embargo ello no obsta a que, a la vista de la especial naturaleza de cada una de las iniciativas restringidas, sea también aconsejable, como se verá, su análisis por separado.
Por su parte la facultad de instar la comparecencia ante el Pleno del Parlamento de los miembros del Consejo de Gobierno, conforme al art. 161 del Reglamento de las Cortes Valencianas (RCV), corresponde formalmente a los grupos parlamentarios. En tal sentido, "es doctrina consolidada de este Tribunal que los grupos parlamentarios ostentan una representación institucional de los miembros que los integran que les otorga capacidad procesal ante el Tribunal Constitucional para defender las eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales de dichos miembros que tengan relación con el ejercicio de su cargo representativo (por todas, SSTC 81/1991, de 22 de abril, FJ 1, y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 1)" (STC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 5). Sin embargo, resulta indudable que el reconocimiento de esta representación en ningún caso puede privar de legitimación a los propios Diputados que, individualmente, son los titulares del derecho fundamental del art. 23.2 CE. Este derecho, siguiendo con nuestra doctrina, "además del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos incorpora, como 'garantía añadida', el derecho de los parlamentarios y de los grupos en que se integran a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y dentro de la legalidad parlamentaria" (por todas, STC 39/2008, de 10 de marzo, FJ 5), de modo que también se vulnera el derecho fundamental de los parlamentarios individuales cuando se restringen de manera ilegítima, tal y como alega en este caso la demanda de amparo, las facultades reglamentarias reconocidas al grupo parlamentario en el que se integran.
Entrando en el fondo del recurso de amparo hay que señalar, ante todo, que carece de viabilidad, como señala el Ministerio Fiscal, la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), pues es doctrina de este Tribunal que el 23.2 CE "concreta, sin reiterarlo, el mandato presente en la regla que, en el artículo 14 de la misma Constitución, establece la igualdad de todos los españoles ante la Ley" (SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3, y 50/1986, de 23 de abril, FJ 4; más recientemente, en similares términos, STC 154/2003, de 17 de julio, FJ 6). De modo que el art. 23.2 CE especifica el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos, siendo éste, por tanto, el precepto que debe ser considerado de modo directo para apreciar si el acto, resolución o norma objeto del proceso constitucional ha quebrantado ese derecho, a no ser que el tratamiento diferenciado controvertido se deba a alguno de los criterios expresamente mencionados en el art. 14 CE (por todas, SSTC 191/2007, de 10 de septiembre, FJ 3, y 39/2008, de 10 de marzo, FJ 4).
Los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas que inadmitieron a trámite diversas preguntas de los Diputados recurrentes dirigidas a Consejeros del Gobierno autonómico contienen todos similar argumentación, escueta, que justifica la decisión en que el contenido de las preguntas se refería "a persona física o jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la comunidad autónoma". De ese modo, la Mesa hacía referencia al art. 147.2 del Reglamento de las Cortes de Valencia (RCV) vigente en el momento de los hechos, que literalmente rezaba: "La Mesa no admitirá aquellas preguntas que sean de exclusivo interés personal por parte de quien la formula o aquellas que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Asimismo, tampoco se admitirán las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica". Este precepto, a su vez, venía a regular el ejercicio del derecho reconocido explícitamente en el art. 146: "Los diputados podrán formular preguntas al Consell y a cada uno de los consellers".
Restan por analizar las resoluciones de la Mesa de la Cortes Valencianas de 26 de septiembre de 2005 y 15 de noviembre de 2005 comunicando que la Junta de Portavoces (Junta de Síndics) de las Cortes Valencianas se había opuesto a la tramitación de la solicitud de comparecencia de la Consejera de Turismo instada por uno de los recurrentes. Conforme al art. 161 RCV corresponde a los grupos parlamentarios la iniciativa para instar la comparecencia de los miembros del Consejo ante el Pleno de la Cámara. Su admisión requiere el acuerdo de la Mesa de las Cortes y la Junta de Síndics, si bien, puesto que el art. art. 32.1 RCV en vigor en el momento de los hechos reserva a la Mesa de las Cortes la competencia de "calificar con arreglo a este reglamento los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos", en caso de negativa de la Junta de Portavoces corresponde a la Mesa, inevitablemente, declarar la inadmisibilidad de la iniciativa. Así lo hizo en la resolución impugnada, firmada por el Secretario Primero de la Mesa de las Cortes Valencianas que se limitó a trasladar el acuerdo de la Junta de Portavoces, con el siguiente tenor literal: "La Junta de Síndics en la reunión del día 9 de septiembre de 2005, se ha opuesto a la tramitación de la solicitud de comparecencia del Conseller de Territorio y Vivienda para explicar su posición ante la gran proliferación de proyectos urbanísticos presentados en los últimos meses en el País Valenciano y las implicaciones territoriales y ambientales de este proceso, solicitada por el Grupo parlamentario Esquerra Unida - Els Verds - Entesa Valenciana". Interpuesto el recurso de reposición, el art. 32.2 RCV obligaba a la Mesa a oír al respecto a la Junta de Síndics, lo que hizo adecuadamente, concluyendo con la resolución desestimatoria también impugnada. En esta ocasión la única motivación del acuerdo era que: "respecto de lo solicitado por el recurrente en su escrito RE 35457, la Mesa ha considerado no separarse del criterio fijado por la Junta de Sindics, más aún cuando consultada la Junta sobre el recurso por mayoría de los presentes se manifestó en contra de lo solicitado".
Este Tribunal se ha ocupado ya en otras ocasiones de la naturaleza de la facultad parlamentaria de instar la comparecencia de determinadas personas y de su régimen jurídico. Con carácter general hay que entender que estas iniciativas cuando, como sucede en este caso, aparecen previstas en el Reglamento de la Cámara, se integran en el ius in officium del representante. En concreto, respecto a las solicitudes de comparecencia que aparecen previstas en las normas o usos parlamentarios, hemos destacado que, "en cuanto su finalidad sea el control del Gobierno, dicha facultad ha de entenderse incluida dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art. 23.2 CE" (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 5; 208/2003 de 1 de diciembre, FJ 5). Por ello, como dijimos en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2 b), "la Mesa de la Cámara, al decidir sobre la admisión de la iniciativa, no podrá en ningún caso desconocer que es manifestación del ejercicio del derecho del parlamentario que la formula y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho y, a su través, según hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; que reitera, STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3)". La cuestión a resolver ahora es la de si la mera remisión, por parte de la Mesa de la Cámara, a una decisión inmotivada de rechazo de la Junta de Portavoces supone una motivación suficiente a los efectos del derecho fundamental garantizado por el art. 23.2 CE.
La respuesta ha de ser necesariamente negativa, pues lo contrario supondría someter a razones de oportunidad política el ejercicio de las facultades de control otorgadas por el Reglamento a los parlamentarios y los grupos en que se integran, y que forman parte del derecho fundamental reconocido en el art. 23 CE. A tal respecto, "dado que las decisiones de inadmisión de tales escritos y documentos pueden implicar una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana, también hemos exigido que las mismas estén formal y materialmente motivadas, a fin de que tras ellas no se esconda un juicio sobre la oportunidad política" (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 4). Del mismo modo tampoco cabe entender que la decisión de la Junta de Síndics tenga carácter interno e irrevisable, pues "en la medida en que un acto parlamentario afecte a un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional sale o trasciende de la esfera irrevisable propia de los interna corporis acta y corresponde a este Tribunal el examen, pero sólo ello, de la virtual lesión de derechos o libertades" (STC 118/1995, de 17 de julio, FJ 3. En el mismo sentido SSTC 118/1988, de 20 de junio, FJ 2; 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 1).
Las anteriores conclusiones conducen necesariamente al otorgamiento del amparo solicitado contra las respectivas resoluciones de la Mesa de la Cámara, si bien es necesario precisar el alcance de nuestro fallo. Al dictarse éste nos encontramos, en efecto, con que la adopción de los acuerdos tuvo lugar en una legislatura ya finalizada. Por ello, al igual que hemos hecho y explicado en las SSTC 107/2001, de 23 de abril, FJ 10; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 6; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 11; 90/2005, de 18 de abril, FJ 8; y 141/2007, de 18 de junio, FJ 6, respecto a supuestos similares, no cabe adoptar en el fallo de nuestra Sentencia una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado por la Mesa de las Cortes Valencianas, de suerte que la pretensión de los demandantes de amparo ha de quedar satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho recogido en el art. 23.2 CE y la nulidad de los acuerdos que, en primera instancia, impidieron su ejercicio.
Declarar que se ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE).
Declarar la nulidad de los tres acuerdos de 17 de mayo de 2005 y del acuerdo de 26 de septiembre de 2005 de la Mesa de las Cortes Valencianas objeto del presente recurso.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 23 de marzo de 2009 dictada en el recurso de amparo núm. 8664-2005.
Aunque comparto la sistematización recogida en el fundamento jurídico 2 de la Sentencia, en la que se diferencian los distintos contenidos del recurso, y las argumentaciones contenidas en el fundamento jurídico 3, relativas al rechazo de las preguntas de los parlamentarios recurrentes, creo que la conclusión debiera haber sido más matizada, y que se debió diferenciar la posición de cada uno de los demandantes. A falta de esa matización, resulta que la Sentencia ha dado por bueno que dos parlamentarios, titulares cada uno de ellos de un propio derecho a la formulación de preguntas, hayan actuado de modo conjunto en el proceso, unificando así el tratamiento de su respectivo derecho, cuando debía haber sido objeto cada uno de ellos de consideración individualizada y separada.
Donde mi discrepancia es, sin embargo, de mayor entidad es en lo atinente a las resoluciones de la Mesa de las Cortes Valencianas de 26 de septiembre de 2005 y 15 de noviembre de 2005 a las que se refiere el fundamento jurídico 4 de la Sentencia, y a su consecuente reflejo en el fallo que, a mi juicio, en este punto debió haber sido de desestimación de la demanda.
En este caso parece claro que el derecho a promover ante el órgano parlamentario la iniciativa de la comparecencia ante el Pleno del Consejero de Territorio y Vivienda que postula el grupo parlamentario Ezquerra Unida - Els Verds Entesa - Valenciana, del que era portavoz el demandante don Carlos Arnal Ibáñez, tiene incuestionable cobertura normativa en el art. 162.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, en su redacción de 30 de junio de 1994, a la sazón vigente.
Debe señalarse que con arreglo al art. 162.1 del Reglamento, la comparecencia debe ser adoptada "por acuerdo de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Sindics"; esto es, no es una decisión de adopción posible sólo por la Mesa, sino que requiere el parecer favorable de ésta y de la Junta de Sindics. No cabe duda de que la Mesa tramitó la solicitud del grupo parlamentario, al dar traslado de la misma a la Junta de Sindics, respetando por lo tanto la facultad de iniciativa, y sólo de iniciativa, que el Reglamento de la Cámara atribuye en su art. 162.1 a los grupos parlamentarios. Denegada la comparencia por la Junta de Sindics, la Mesa trasladó esta decisión como respuesta a la solicitud de comparecencia. Me parece constitucionalmente irreprochable la actuación de la Mesa de la Cámara en atención a la función que reglamentariamente tiene conferida en este caso, pues tramitó la solicitud de comparecencia y trasladó al grupo parlamentario la negativa de la Junta de Sindics a que se acordase la misma, cuya celebración no era ya posible una vez manifestado el parecer desfavorable de la Junta de Sindics, fuera cual fuera ya el parecer de la Mesa de la Cámara, al requerir el Reglamento de la Cámara el acuerdo conjunto de ambos órganos para que se pudiera celebrar la comparecencia solicitada. Y en todo caso la actuación de la Mesa no resulta lesiva del derecho del grupo parlamentario autor de la solicitud de comparecencia, pues le fue íntegramente respetada la facultad de iniciativa, esto es, de mera propuesta, que le atribuye el art. 162.1 del Reglamento de reiterada cita.
La tesis de la Sentencia de la que discrepo llama en su apoyo a una serie de Sentencias de este Tribunal, ninguna de las cuales, a mi juicio, se refieren a casos que puedan asimilarse al actual, o a problemas de la misma índole.
"Ahora bien, dado que las decisiones de inadmisión de tales escritos y documentos pueden implicar una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana, también hemos exigido que las mismas estén formal y materialmente motivadas, a fin de que tras ellas no se esconda un juicio sobre la oportunidad política, en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario".
Creo que es lógico interpretar el sentido global de ese pasaje, en lo que pueda tener de orientación para la solución del presente caso, como que lo que en él se veda a la Mesa es que pueda rechazar la admisión de tramitación de escritos por motivos de oportunidad política "en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria". En otros términos, que la Mesa no puede suplantar a la Cámara en la adopción de decisiones políticas; lo que en modo alguno puede interpretarse en el sentido de que en las decisiones de carácter político de la Cámara o de un órgano reglamentario de la misma, dicha decisión exija una motivación expresa, que es en realidad la conclusión que la Sentencia actual extrae de la transcripción incompleta del pasaje que nos ocupa.
"En este contexto, la actuación de la Mesa tampoco puede considerarse que encubre una decisión que correspondía a otros órganos parlamentarios o judiciales, sino que, por el contrario, una eventual obstaculización de la disconformidad manifestada por el Gobierno hubiese excedido las funciones reservadas al órgano rector del Parlamento Vasco".
"Del mismo modo, tampoco cabe entender que la decisión de la Junta de Síndics tenga carácter interno e irrevisable de la Cámara, pues 'en la medida en que un acto parlamentario afecte a un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional sale o trasciende de la esfera irrevisable propia de los interna corporis acta y corresponde a este Tribunal el examen, pero sólo ello, de la virtual lesión de derechos o libertades' (STC 118/1995, de 17 de julio, FJ 3 [citado por error, pues corresponde la cita al FJ 1]. En el mismo sentido SSTC 118/1988, de 20 de junio, FJ 2; 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 1)".
"La resolución de la Mesa, a la vista del carácter imprescindible de la concurrencia del acuerdo de la Junta de Portavoces, podía haberse remitido a la argumentación sobre la inadmisión que hubiera formulado ésta y que podía basarse incluso en cuestiones de organización temporal del trabajo parlamentario".
Concluyo por todo ello afirmando que, a mi juicio, nuestra Sentencia se excede, cuando exige que decisiones puramente políticas de órganos de las Cámaras legislativas deban expresar una concreta fundamentación, cuya ausencia determine la vulneración del ius in officium de los diputados.
STSJ País Vasco , 24 de Febrero de 2004
SAP Córdoba 53/2004, 8 de Marzo de 2004
STS 458/1989, 25 de Abril de 1989
SAP Valencia 8/2007, 2 de Julio de 2007

References: resolución 
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
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