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Timestamp: 2018-10-17 06:10:14+00:00

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No. 18 comunicado 12 y 13 de abril de 2011
Abril 12 y 13 de 2011
Contribución solidaria de los contratistas y concesionarios a la atención de la emergencia económica, social y ecológica, guarda conexidad con las causas de la misma y se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad
I. EXPEDIENTE RE-183 - SENTENCIA C-272/11 (Abril 12)
Que el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, declaró mediante Decreto número 4580 del 7 de diciembre de 2010, "el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública";
Artículo 1°. Los contratistas y concesionarios del Estado deberán poner a disposición del Gobierno Nacional cuando este lo requiera, la maquinaria, el equipo y personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia, cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población.
Parágrafo. Para efectos de presente artículo se entiende por "zona de influencia" de los contratos, los corredores viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y las vías secundarias a los mismos que alimentan tales corredores, así como otras zonas de emergencia cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la necesidad, razonable y rápidamente atendibles con los recursos de contratistas y concesionarios.
Artículo 2°. Los costos que dicha atención causen a contratistas y concesionarios a la atención de emergencias serán debidamente reconocidos mediante resolución motivada y no afectarán, de ninguna manera, el contrato de base que actualmente se encuentren ejecutando.
Parágrafo. Las obras cuya ejecución se solicite a los concesionarios y contratistas serán reconocidas a precios de mercado y en caso de discrepancia se tomarán como referencia los precios oficiales establecidos por el Invías para las distintas regiones del país.
Artículo 3°. La anterior obligación para contratistas y concesionarios del Estado se extenderá durante el tiempo estrictamente necesario para restablecer el servicio de tránsito y transporte o adelantar las actividades de atención humanitaria requeridas.
Artículo 4°. El Estado tendrá especial cuidado de no imponer a concesionarios y contratistas cargas excesivas para lo cual deberá garantizar en todos los casos proporcionalidad y razonabilidad en los servicios requeridos.
Artículo 5°. Se faculta al Invías para intervenir las vías que no están en su inventario y donde sea preciso para atender las actuales situaciones de emergencia que requieran de su atención.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 del Decreto 4823 de 2010, en el entendido que las medidas en él contenidas sólo son aplicables al ámbito geográfico expresamente definido por el Gobierno en el inventario de vías y áreas afectadas por el fenómeno de La Niña.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto 4823 de 2010, salvo las expresiones, contenidas en su parágrafo, “a precios de mercado” y “en caso de discrepancia”, las cuales serán declaradas inexequibleS, en los términos del numeral 4.3.2.4. de la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 3 del Decreto 4823 de 2010.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 4 del Decreto 4823 de 2010.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 5 del Decreto 4823 de 2010.
Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6 del Decreto 4823 de 2010.
Examinados los requisitos formales del Decreto Legislativo 4823 de 2010, la Corte encontró que: a) se dictó en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto 4580 de 2010, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional; b) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; c) tiene una parte motiva que se refiere a la necesidad de conjurar la emergencia y versa sobre la necesidad de que los contratistas y concesionarios del Estado pongan a disposición del Gobierno Nacional cuando ésta lo requiera, la maquinaria, el equipo y el personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia, cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población; y d) fue expedido el 29 de diciembre de 2010, dentro del término de treinta (30) días de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecología por grave calamidad declarado por el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010.
En cuanto al examen de su contenido material, la Corte determinó que en su conjunto, se aprecia que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 4823 de 2010, tienen relación directa y específica con la atención de la emergencia económica, social y ecológica causada por la ola invernal que con ocasión del fenómeno de La Niña se ha desatado en todo el país y la consecuente situación de grave calamidad pública declarada mediante el Decreto 4580 de 2010. Concretamente, las disposiciones contenidas en el Decreto 4823 de 2010 están dirigidas a conjurar las causas que con motivo de la agudización de la ola invernal dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, previstas en los considerandos 2c, 2d, 2f, 3.2 y 3.10 del Decreto 4580 de 2010, como consecuencia de las precipitaciones inusitadas generadas por el fenómeno climático de La Niña, a saber: (i) se ha producido una considerable e inesperada destrucción de corredores viales; (ii) se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales; (iii) se ha afectado y destruido la infraestructura, perjudicando gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional; (iv) se ha afectado y destruido parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria, tanto concesionada, como no concesionada, ocasionando cierres totales de vías en más de treinta puntos y cierres parciales o pasos restringidos en más de ochenta lugares de la geografía nacional, así como daños de diques y obras de contención y (v) se ha presentado insuficiencia de medios de acción para atender la situación originada por el fenómeno de La Niña por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. En consecuencia, la Corte constató el cumplimiento del requisito de conexidad de las medidas de excepción, como lo exige el inciso tercero del artículo 215 de la Constitución.
De igual modo, la Corte consideró que la medida contenida en el Decreto Legislativo 4823 de 2010 está directa y específicamente orientada a conjurar las causas de la emergencia y a evitar la extensión de sus efectos, toda vez que el Gobierno ha tenido la necesidad de disponer de maquinaria y equipo que le permita atender de manera oportuna y eficaz la situación. No obstante, precisó que aunque la declaratoria de emergencia cobija todo el territorio nacional, sólo 564 municipios fueron afectados directamente y en esa medida la obligación que surge del decreto examinado tienen sentido únicamente frente al ámbito geográfico en el cual actúe el fenómeno de La Niña.
Adicionalmente, la Corte observó que las medidas se justifican en (i) la imposibilidad de obligar de manera inmediata a los contratistas y concesionarios del Estado a prestar el apoyo requerido para atender la emergencia cuando se nieguen a ello, puesto que esa colaboración no se encuentra contemplada de los objetos contractuales vigentes y de acuerdo con el Estatuto de Contratación, no pueden ejecutar obras que no estén contempladas en dichos objetos, lo que acarrearía sanciones de tipo fiscal, disciplinario y penal. (ii) la imposibilidad de adelantar un proceso de contratación lo suficientemente rápido como para atender los requerimientos de maquinaria, equipo y personal técnico requerido para su uso, que permita solventar de manera oportuna las situaciones de emergencia que la ola invernal ha ocasionado. (iii) la imposibilidad de solicitar precios unitarios por la ejecución de las obras no previstas en el objeto contractual. De esta forma, el Decreto Legislativo 4823 de 2010 supera los juicios de finalidad y necesidad.
Por otra parte, la Corte encontró que la medida analizada es idónea porque permite el rescate de las víctimas, si las hubiere, y el restablecimiento del tránsito y el transporte en las vías afectadas por la ola invernal de la manera más rápida posible. Ahora, si bien el mecanismo afecta el ejercicio de derechos de contenido económico como el derecho a la propiedad privada y la libertad de contratación y con ella a la libertad de empresa, las limitaciones a su ejercicio no tienen el alcance de suspenderlos ni de resultar desproporcionadas, pues se trata de una medida específica, temporal, que retribuye los costos generados por el servicio prestado, que no puede constituirse en una carga excesiva para quien la asume, y que ha sido concebida para salvaguardar los derechos de la población afectada con la ola invernal que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad, y que en consecuencia, requieren la especial protección del Estado y el apoyo de los ciudadanos en cumplimiento del deber de solidaridad previsto en el artículo 95 de la Constitución. Así mismo, la medida es específica porque sólo es factible exigir a los contratistas y concesionarios del Estado, que se encuentren en las zonas afectadas, poner a disposición la maquinaria, equipos y el personal respectivo para prestar atención de emergencia que involucre la vida y otros derechos de las personas como la salud o la educación. Además, la medida compensa los costos que las intervenciones exigidas en la atención de emergencias a los contratistas y concesionarios del Estado les causen, a través de una resolución motivada.
Habida cuenta de la existencia de varios criterios que se pueden consultar para cubrir los costos de la intervención exigida a los contratistas y concesionarios del Estado, el legislador excepcional privilegia los precios del mercado que se construyen sobre la base de la oferta en el momento de atender la emergencia, que dependen de distintos factores y sólo permite acudir a los precios de INVIAS ente la existencia de una discrepancia. A juicio de la Corte, desde el punto de vista constitucional, este método impone una carga desproporcionada en términos de tiempo y oportunidad de atención, frente a las necesidades y la urgencia de salvaguardar la vida, integridad, seguridad y demás derechos de las personas afectadas por la emergencia. En estas circunstancias, consideró que los precios oficiales establecidos por INVIAS para las distintas regiones del país es el parámetro objetivo que mejor cumple con la finalidad constitucional de atender de manera expedita a los damnificados de emergencia, pues es el resultado de cálculos técnicos y de la experiencia en la ejecución de obras que implican la valoración de precios unitarios de todo tipo. Adicionalmente, el establecimiento de un único referente objetivo elimina la posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras requeridas para la atención de emergencia por falta de acuerdo entre las partes y para garantizar los derechos de la población afectada de manera prioritaria. Por estas razones, se declararon inexequibles, las expresiones “a precios de mercado y en caso de discrepancia”, de modo que en precios de referencia serán los oficiales establecidos por INVIAS.
4. Salvamento de voto parciales
Los magistrados MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO manifestaron su salvamento de voto parcial, por cuanto se bien comparten en su mayor parte la sentencia adoptada, discrepan de la decisión de inexequibilidad parcial del parágrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo 4823 de 2010. En concepto del magistrado GONZÁLEZ CUERVO el método previsto para la fijación de precios era razonable y objetivo y en nada afectaba la inmediatez de la atención solicitada, toda vez que permitía convenirlos de mutuo acuerdo y en caso de que hubiera desacuerdo, contar con una tabla de precios oficiales a aplicar sin más demora. Para el magistrado SIERRA PORTO no se encontraba un fundamento de orden constitucional para declarar la inexequibilidad parcial, pues las razones esgrimidas son de mera conveniencia.
En la introducción y aprobación del art. 3º de la Ley 1382 de 2010 que establece las zonas excluidas de la minería, no se desconocieron los principios de consecutividad e identidad flexible aplicables a todo proyecto de ley
II. EXPEDIENTE D-8167 - SENTENCIA C-273/11 (Abril 12)
Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 1382 de 2010, por los cargos analizados en la presente sentencia.
En el presente caso, la Corte examinó el trámite surtido por el artículo 3º de la Ley 1382 de 2010, por la cual se modificó el Código de Minas, con el objeto de determinar si se habían desconocido los principios de consecutividad e identidad flexible, por tratarse de un artículo nuevo introducido por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
La Corte reafirmó los lineamientos jurisprudenciales referentes a los mencionados principios, a partir de las reglas constitucionales establecidas en los artículos 157, 158, 160 y 169 y el Reglamento del Congreso (arts. 160 y ss.), conforme a las cuales: (i) el principio de consecutividad exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las excepciones constitucionales o legales; (ii) el principio de identidad flexible o relativa supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los cuatro debates parlamentarios, bajo el entendido que las comisiones y las plenarias de las cámaras pueden introducir modificaciones al mismo (art. 160 C.P.) y que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra cámara se pueden superar mediante un trámite especial de conciliación por comisiones de mediación designadas por las cámaras, sin que implique repetir todo el trámite; (iii) el principio de unidad de materia sirve para establecer si durante el trámite legislativo se ha observado o no el principio de identidad, de modo que los cambios que se introduzcan al proyecto de ley durante su trámite versen sobre la misma materia general del proyecto. La jurisprudencia ha sostenido que el concepto de unidad temática es amplio, en aras de respetar el principio democrático y el margen de configuración del legislador. No obstante, esa amplitud del principio de identidad flexible o relativa no admite cualquier adición a un proyecto de ley, sino que debe tener una relación de conexidad con la materia general, clara, específica, estrecha, necesaria y evidente, de suerte que si la adición tiene autonomía normativa propia y no es de la esencia de la institución debatida en las etapas anteriores, la adición sería inconstitucional.
Según lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley de iniciativa del Gobierno Nacional, que culminó en la aprobación de la Ley 1382 de 2010, su propósito era introducir una serie de reformas al Código de Minas, Ley 685 de 2001, en la medida que había transcurrido un tiempo prudencial para evaluar la política legislativa y era posible corregir las deficiencias detectadas y fortalecer las autoridades mineras en el ejercicio de sus competencias, especialmente, en cuanto a su deber de administrar de manera racional y responsable los recursos mineros de propiedad del Estado, acorde con la preservación del medio ambiente. Así mismo, el proyecto de ley propuesto respondía a la evidencia que confirma la “urgencia de implantar en la administración de la importante riqueza minera de nuestro país criterios técnicos y económicos en la asignación y contratación de áreas”, con el fin de “lograr una mejor y más racional explotación de los recursos mineros, acorde [i] con la preservación del medio ambiente, [ii] beneficios para la economía nacional y [iii] en condiciones de mayor seguridad para los compatriotas que trabajan en las minas. En esencia, el objetivo fundamental de la reforma al Código de Minas es que la explotación de los recursos naturales no renovables se haga dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y de fortalecimiento económico y social del país.
En ese contexto, la Corte verificó que si bien es cierto que la ponencia para primer debate en la Comisión Quinta del Senado no incluyó un texto específico que modificara el artículo 34 del Código de Minas concerniente a las zonas de exclusión minera, ni tampoco la ponencia para segundo debate en el Senado, la cuestión relativa a la explotación minera en un marco ambientalmente sano siempre estuvo presente a lo largo de los cuatro debates. Es por ello, que no resultó sorpresivo que la plenaria del Senado decidiera incluir de manera más precisa aquellas zonas ambientalmente protegidas, que debían quedar excluidas de manera expresa de la posibilidad de explotación minera.
De esta forma, la Corte encontró que el texto del proyecto de ley aprobado por el Senado de la República en pleno, incluyó una modificación al inciso segundo del citado artículo 34, precisamente con el objeto de incluir como zonas excluidas de la minería, junto a las reservas forestales, los “paramos y humedales designados o que se designen de importancia internacional por la Convención Ramsar”. La decisión de la plenaria del Senado no fue improvisada, sorpresiva o arbitraria. Respondió a una preocupación clara y declarada de un asunto que fue discutido en cada uno de los debates anteriores y como se puede apreciar al examinar el curso de los debates, fue el fruto del trabajo conjunto de varios senadores, tanto para presentar la propuesta, como para pulir y definir la redacción específica del texto normativo. La Corporación verificó que la plenaria del Senado debatió, deliberó y finalmente, decidió proteger los páramos y los humedales de forma más clara y decidida, consciente del impacto que las normas y modificaciones propuestas para impulsar el progreso y desarrollo de la minería pueden tener en el respeto, protección y garantía de varios derechos constitucionales, en especial en el medio ambiente y en derechos íntimamente ligados a éste, como son el agua, la vida, la salud o el mínimo vital en condiciones de dignidad.
Posteriormente, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 160 de la Carta Política, introdujeron algunas modificaciones al texto del artículo aprobado en el Senado. A su turno, la plenaria de la Cámara, también introdujo nuevos ajustes a la disposición, con el propósito de lograr los cometidos propuestos, relativos a la protección y salvaguarda de los páramos y los humedales, sin que ello implique el desconocimiento de derechos adquiridos cuando, conservando el ambiente, puedan ser reconocidos y protegidos. Finalmente, la Comisión de Conciliación presentó un texto que fue aprobado por las plenarias de las cámaras.
A juicio de la Corte, el artículo 3º de la Ley 1382 de 2010 no vulnera los principios de consecutividad y de identidad flexible, por cuanto fue una modificación introducida en desarrollo de la atribución que el artículo 160 de la Constitución le confiere a las cámaras, concerniente a una cuestión que tiene una clara conexidad temática con los objetivos del proyecto de ley y que hace parte del contenido temático del mismo, es decir, que no se trataba de un asunto nuevo, ajeno al sentido y finalidad del mismo. Por consiguiente, procedió a declararlo exequible, por los cargos analizados.
Modificación del Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de 2010 con el fin de atender la emergencia causada por la ola invernal, se ajusta a los principios de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad de toda medida legislativa de excepción
III. EXPEDIENTE RE-172 - SENTENCIA C-274/11 (Abril 12)
Que de conformidad con el considerando 3.6 del Decreto 4580 de 2010, las apropiaciones incluidas en la Ley 1365 de 2009, “por el cual se decreta de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2010”, resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, por lo que es indispensable establecer disposiciones especiales inmediatas para destinar transitoriamente algunas rentas y reasignar otras existentes;
Que se hace necesario autorizar el gasto que permita la ejecución de los recursos correspondientes a través del Fondo Nacional de Calamidades, siendo indispensable realizar las modificaciones a la Ley 1365 de 2009 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2010”,
ARTÍCULO 1o. Los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden nacional o asimilados por la ley a estos, incluidos los fondos especiales y las contribuciones parafiscales que administran organismos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación señalados en el presente Decreto Legislativo, se destinarán a la atención de los gastos que se requieran para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
ARTÍCULO 2o. Para conjurar la crisis, los recursos a que se refiere el presente Decreto Legislativo deberán transferirse al Fondo Nacional de Calamidades a que hace mención el Decreto 1547 de 1984. Los ordenadores de gasto transferirán directamente los citados recursos al Fondo Nacional de Calamidades mediante resolución expedida en la presente vigencia fiscal.
ARTÍCULO 3o. CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Efectúanse los siguientes contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($402.587.314.790) moneda legal, según el siguiente detalle:
CONTRACREDITOS DE FUNCIONAMIENTO
CONTRA CREDITOS DE INVERSION
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL APOYO A LA GESTION DEL ESTADO
CONTRACREDITOS DE INVERSION
ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
ARTÍCULO 4o. CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2010 en la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($402.587.314.790) moneda legal, según el siguiente detalle:
CREDITOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITOS SECCION
Declarar EXEQUIBLE el Decreto 4627 de 2010, en el entendido de que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades, sólo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectados por el desastre y destinadas a la primera fase de ayuda humanitaria.
Con relación a los requisitos formales que el decreto legislativo revisado debe cumplir, la Corte observa que el Decreto 4627 de 2010: (1) se dictó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4580 de 2010, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional; (2) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; (3) tiene una parte motiva que se refiere a la necesidad de conjurar la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 y versa sobre la necesidad de aumentar los recursos disponibles legalmente para enfrentar las consecuencias de la crisis dejada por la ola invernal, concretamente; y (4) fue expedido el 13 de diciembre de 2010, es decir, dentro del término de los treinta (30) días de vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública declarado por el mencionado Decreto (Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010). En conclusión, el decreto es constitucional, en lo que al cumplimiento de los requisitos formales, constitucionalmente exigidos.
Al igual que lo advirtieron los informes de las autoridades que participaron en el presente proceso, la Corte consideró que el Decreto Legislativo 4627 de 2010 cumple con los requisitos materiales exigidos a esta clase de normas, bajo el orden constitucional vigente. En efecto, en cuanto hace a la conexidad como elemento fundamental para justificar la constitucionalidad de los decretos que se expiden al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica, debe señalar la Corte que en su conjunto se aprecia prima facie que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 4627 de 2010, tienen relación directa y específica con la atención de la emergencia económica, social y ecológica causada por la ola invernal que con ocasión del fenómeno de La Niña se ha desatado en todo el país y la consecuente situación de grave calamidad pública declarada mediante el Decreto 4580 de 2010. Debido a que la crisis supera las expectativas presupuestales que para este tipo de eventualidades se habían reservado, es claro que se requería adoptar rápidamente, las medidas con fuerza de ley que permitieran obtener los recursos adicionales necesarios.
De igual modo, la Corte verificó que las medidas contempladas en el Decreto 4627 se dirigen exclusivamente a conjurar la crisis, de forma directa y específica. De esta forma, las medidas adoptadas consisten básicamente en destinar una serie de recursos del Presupuesto Nacional al Fondo Nacional de Calamidades de forma rápida y ágil, con el propósito de atender oportunamente la crisis humanitaria que ha supuesto la ola invernal. La norma en cuestión, como se indicó, limita en tal sentido la finalidad y destinación de los recursos apropiados. Ahora bien, éstos serán dirigidos a garantizar la ayuda humanitaria de emergencia ($1’061.000.oo), por un mes, de 443.888 familias afectadas ($470.965.168.000). En la medida en que los recursos apropiados por el Decreto ($402.587’314.790.oo) son inferiores a la cifra requerida, es evidente que todos los recursos serán destinados al propósito señalado. Por otro lado, que el propósito del dinero requerido no es el de obtener los recursos básicos y elementales para emergencias ambientales, que no habían sido destinados para tal fin previamente. Esa no es la situación que enfrenta el Gobierno. Efectivamente, el costo de la ayuda humanitaria de emergencia, durante tres meses, para las familias damnificadas, no se cubrirá únicamente con el dinero que se obtenga por medio del Decreto que es objeto de estudio en el presente proceso. En tal medida, los cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones, trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($402.587’314.790.oo), destinados a atender la crisis invernal, cubren menos de la tercera parte del monto requerido. De tal suerte, que es claro que las medidas adoptadas se relacionan directa y específicamente con el aumento de la dimensión de la crisis invernal que, usualmente, ocurre a finales de todos los años. Si la crisis hubiera sido de dimensiones ordinarias, el Gobierno contaba con suficientes recursos para atenderla. La dimensión que específicamente adquirió este año la ola invernal, es la razón por la cual el dinero normalmente destinado a estas crisis se revela insuficiente, y demanda las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. En consecuencia, las medidas del Decreto 4627 de 2010 consideradas general y específicamente, guardan conexidad con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Igualmente, la Corte estableció que las medidas adoptadas mediante el Decreto 4627 de 2010 superan el juicio de finalidad. Es evidente que una de las principales dimensiones de la crisis, producto de la ola invernal, es el estado de precariedad económica en la que se encuentra un significativo grupo de familias. El mínimo vital en dignidad de estas personas, su derecho constitucional a tener condiciones de existencia dignas, ajenas a la pobreza y a la miseria, es una de las principales garantías constitucionales, propias de un estado social de derecho, que se ve considerablemente afectada. La emergencia invernal ha puesto a muchas familias damnificadas en condiciones similares a las de muchas familias desplazadas por la violencia. Es pues, en tales condiciones, indispensable garantizar, por lo menos, la ayuda de emergencia humanitaria, que mitigue el impacto de la situación hasta límites humanamente tolerables. tal como lo señalan las participaciones de las entidades gubernamentales. Es ésta la finalidad única y específica de las normas estudiadas. A saber, obtener los recursos suficientes para poder completar el monto de dinero necesario para asegurar, a 443.888 familias durante tres meses, una ayuda humanitaria de emergencia de $1’061.000 pesos mensuales. Es pues claro, que las normas del Decreto 4627 de 2010 no sólo son conexas al estado de emergencia económica, social y ecológica, sino que además su finalidad es, específicamente, solventar uno de los principales problemas de la crisis: el estado de precariedad y de desprotección en el que se encuentran las familias damnificadas por la ola invernal.
Por último, la Corte determinó que las medidas presupuestales de emergencia son necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. Para la Sala, la necesidad de la medida contenidas en el Decreto 4627 de 2010 está fundamentada tanto en razones fácticas, como en razones jurídicas. De un lado, es posible calcular el valor de los recursos mínimos que se deben entregar a las familias damnificadas, a título de ayuda de emergencia humanitaria, con el objeto de limitar en la medida de lo posible el impacto de la ola invernal sobre las personas, en especial, sobre sus derechos fundamentales más básicos. Así pues, las razones fácticas tienen que ver con la necesidad de contar con los montos de dinero suficientes para costear el valor de la ayuda humanitaria de emergencia que se va a proveer. Por otra parte, las razones jurídicas surgen de la imposibilidad del Gobierno Nacional de conseguir los recursos adicionales que se requieren, por vías diferentes a la de modificar el Presupuesto Nacional, lo cual, únicamente se puede hacer mediante una ley de la República, o mediante una norma con fuerza de ley, como lo es el caso de un decreto legislativo. Como lo señala el Gobierno, para el momento de la adopción de las medidas que se estudian, la única manera de obtener recursos de forma suficiente y oportuna, era mediante la modificación de las reglas presupuestales fijadas legalmente. Así mismo, tomar recursos monetarios disponibles y utilizables del Presupuesto Nacional, originalmente destinados a los giros ordinarios y usuales de la Administración, para garantizar las mínimas condiciones vitales de emergencia y humanitarias, a casi medio millón de familias damnificadas por la crisis invernal, es proporcionado.
En conclusión, las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 4627 de 2010 se ajustan a la Constitución, como quiera que cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos en el orden constitucional vigente. Ahora bien, como medida de protección de los recursos, la Corte procedió a condicionar la exequibilidad de la norma, a que se entienda que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades, sólo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectadas por el desastre y sólo podrán ser destinadas a la primera fase de ayuda humanitaria.
Medidas de excepción asociadas al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el no cobro a los usuarios damnificados por la emergencia invernal, cumplen con los requisitos de conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación
IV. EXPEDIENTE RE-193 - SENTENCIA C-275/11 (Abril 12)
Que el Decreto 4580 de 2010 establece expresamente: "Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre los damnificados y las personas en riesgo, los socorristas, el personal de atención y las autoridades responsables, así como asegurar que los mensajes dirigidos a la población sobre los riesgos, los lugares donde recibirán protección, los beneficios que pueden reclamar, entre otra información útil, sean transmitidos en horarios de alta audiencia por los canales públicos y privados".
Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4579 de 2010 "por el cual se declara la situación de Desastre Nacional en el Territorio Colombiano", en su artículo 5° dispone que "se entenderán como personas damnificadas o afectadas por el desastre, aquellas que se encuentren en los Censos de afectados elaborados por los Comités Locales de los municipios afectados, con el aval del respectivo Comité Regional y de una entidad operativa del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres".
Que no obstante haber realizado campañas y acciones en las cuales los diferentes agentes del sector de TIC fueron abanderados como es el caso de la iniciativa "Colombia Humanitaria", aun faltan muchos recursos y herramientas para atender la emergencia.
Declarar EXEQUIBLE el Decreto 4833 de 2010, “Por el cual se decretan medidas asociadas al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones tendientes a conjurar el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado mediante Decreto 4580 de 2010”.
En primer término, la Corte verificó el cumplimiento de los requisitos formales constitucionales y estatutarios, en la expedición del Decreto Legislativo 4833 de 2010, a saber: 1) se dictó en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto 4580 de 2010, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional; 2) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; 3) tiene una parte motiva que se refiere a la necesidad de conjurar la emergencia y versa sobre la necesidad de conjurar la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010, mediante el no cobro de los servicios de telecomunicaciones a los damnificados por la situación de desastre nacional provocado por el fenómeno de La Niña, durante el período de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica y 4) fue expedido el 29 de diciembre de 2010, dentro del término de treinta (30) días de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad declarado por el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010. En conclusión, el Decreto Legislativo 4833 es constitucional por el aspecto formal.
Por otra parte, la Corte encontró que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 4833 de 2010, tienen relación directa y específica con la atención de la emergencia económica, social y ecológica causada por la ola invernal que con ocasión del fenómeno de La Niña se ha desatado en todo el país y la consecuente situación de grave calamidad pública declarada mediante el Decreto 4580 de 2010. Las medidas extraordinarias buscan el fortalecimiento de las comunicaciones, con la finalidad de mantener informada a la población víctima de la ola invernal sobre sus derechos y programas especiales de ayudas, de la manera más expedita posible, a través de la colaboración y contribución de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, operadores de televisión comunitaria, cableada y satelital, proveedores de redes y servicios de telefonía fija, acceso a Internet, no cobrando cargo alguno a los usuarios que por su condición de damnificados no les sea posible hacer uso del servicio durante el período de vigencia del estado de excepción. Al mismo tiempo, no habrá lugar a pago de cargos de acceso entre operadores por el tráfico con origen o destino a esos usuarios. Para tal efecto, los operadores en sus procesos de facturación y recaudo deberán tener en cuenta la información suministrada por el Sistema de Atención de Desastres en relación con el Registro Único de Damnificados. En caso de que se haya remitido la factura con el cobro de esos cargos, deberá ser descontado en la próxima factura.
De manera específica, estas medidas están dirigidas por un lado, a facilitar la atención de emergencia en general a toda la población damnificada, a través de una pronta respuesta de las autoridades competentes, brigadistas y personal de rescate, suministrar información de la forma más expedita posible sobre los planes de asistencia y socorro existentes, derechos de las víctimas y cualquier otra información útil y en consecuencia, disminuir el impacto de la catástrofe; y por otro lado, a aliviar la carga económica que recae sobre los usuarios damnificados que estarían obligados a pagar por servicios a los que no pueden acceder precisamente por el estado de indefensión en que los ha sumido la catástrofe. De esta manera, las medidas adoptadas están directa y específicamente orientadas a conjurar las causas de la emergencia y a evitar la extensión de sus efectos.
En cuanto a la necesidad de las medidas, la Corte compartió parcialmente la apreciación del Gobierno respecto de la inexistencia de medidas ordinarias, como quiera que la normatividad vigente sobre la materia (arts. 4.10 y 8 de la Ley 1341 de 2009) imponen a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones por motivos de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública, las siguientes obligaciones: a) provisión de servicios y uso de su infraestructura; b) poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios; c) dar prelación a las autoridades en la trasmisión de las comunicaciones que requieran; d) dar prelación absoluta a las trasmisiones relacionadas con la protección de la vida humana; e) dar prelación a las autoridades en la trasmisión de comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquéllas se consideren indispensables y f) suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible de identificación y localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la atención eficiente en los eventos previstos en el artículo 8 de la Ley 1341 de 2009 (conmoción interna y externa, desastres o calamidad pública). Así mismo, el artículo 4.1 de la misma ley autoriza la intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otros fines, para “proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuado provisión de los servicios”. Adicionalmente, existe un Régimen de Protección de los Derechos de los Suscriptores y/o usuarios de los servicios de Telecomunicaciones (Resolución 1732 de 2007, art. 49), que prevé que cuando no sea posible la prestación del servicios a causa de entre otros, la ocurrencia de desastres naturales, los operadores no puedan efectuar cobro alguno. Sin embargo, para la Corte la normatividad ordinaria protectora de los derechos de los usuarios afectados por una emergencia, calamidad o fuerza mayor resulta insuficiente frente a las consecuencias de la emergencia ambiental, al no prever de manera expresa las herramientas complementarias contenidas en la parte final del primer inciso del artículo 2 y en los parágrafos 1º y 2º del decreto examinado, enunciadas anteriormente. Por consiguiente, las medidas cumplen con el criterio de necesidad exigido para las normas de excepción.
Por último, la Corte estableció que el Decreto 4833 de 2010 supera el juicio de proporcionalidad, por cuanto las medidas analizadas son idóneas, porque permiten aliviar la situación económica de las víctimas de la emergencia invernal, en tanto no se les cobra cargo alguno por los servicios de telefonía fija (TPBCL, TPBCLE, llamadas de larga distancia y a móvil), televisión comunitaria, televisión por suscripción cableada y satelital y acceso a Internet. Tampoco, por concepto de acceso entre operadores. Consideró que el instrumento previsto no constituye una carga excesiva o desproporcionada para los operadores de servicios que no estén obligados a soportar, pues es razonable que no se cobre por servicios que el usuario no ha podido usar por razones de fuerza mayor como la emergencia invernal desatada por el fenómeno de la Niña. De otro lado, las medidas no resultan discriminatorias pues no se basan en criterios sospechosos como la raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica.
En ese orden, el Decreto Legislativo 4833 del 29 de diciembre de 2010 fue declarado exequible.
El magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA anunció la presentación de una aclaración de voto, en relación con la vigencia de las medidas de emergencia, frente a las normas ordinarias de protección al usuario de los servicios de telecomunicaciones.
Inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 141 de 2011, mediante el cual se fusionaban las corporaciones autónomas regionales y se reestructuraba su organización interna
V. EXPEDIENTE RE-204 - SENTENCIA C-276/11 (Abril 12)
DECRETO 141 DE 2011, “Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras determinaciones”.
[ Debido a la extensión del Decreto, no se transcribe. Puede consultarse en el Diario Oficial 47.959 del 21 de enero de 2011]
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 141 de 2011.
Mediante la sentencia C-216 de 2011 (marzo 29), la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011 (enero 7), por medio del cual se declaró “el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”. De tal suerte, ha desaparecido del ordenamiento el fundamento jurídico que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011 (diciembre 12) y por tanto, éste deviene en inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislador temporal a través de decretos con fuerza de ley. Excluida del ordenamiento jurídico la norma de autohabilitación por decisión de inexequibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo, devienen inexequibles.
De esta forma, se presenta lo que la Corte ha denominado inconstitucionalidad por consecuencia, la cual significa que la declaración de inexequibilidad que declaró el estado de excepción produce como efecto necesario, la inconstitucionalidad de los decretos legislativos que lo desarrollan. Por tal motivo, resultaba obligatorio que se declarara la inexequibilidad del Decreto Legislativo 141 de 2011, sin que la Corte deba entrar a analizar su contenido.
La aprobación del parágrafo acusado del artículo 8º de la ley 1349 de 2009 estuvo acorde con los principios de consecutividad e identidad flexible. Ineptitud sustancial de la demanda respecto del cargo por violación del principio de unidad de materia.
VI. EXPEDIENTE D-8224 - SENTENCIA C-277/11 (Abril 12)
Por consiguiente, la Corte concluyó que sí existe identidad entre la modificación introducida por la norma acusada y la esencia y objeto de la ley en cuanto existe una relación de regla general y excepción perfectamente válida dentro del principio democrático y de libertad de configuración normativa del legislador, y que no hace del proyecto uno absolutamente distinto al hasta ese momento concebido. Por consiguiente, consideró que el cargo por vicios de procedimiento formulado en la demanda no estaba llamado a prosperar.
Los magistrados MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, se reservaron la presentación de una eventual aclaración de voto
Inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 125 de 2011, mediante el cual se establecía un Plan Nacional de Reforestación a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural
VII. EXPEDIENTE RE-198 - SENTENCIA C-278/11 (Abril 12)
Por el cual se crea el Programa Especial de Reforestación y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Decreto número 020 de 2011.
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, declaró mediante Decreto número 020 del 7 de enero de 2011 el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por razón de grave calamidad pública, con el fin de contrarrestar la grave crisis ocasionada por el Fenómeno de La Niña 2010-2011 y sus efectos;
Que de conformidad con los considerandos del Decreto número 020 de 2011 el Fenómeno de la Niña 2010-2011 afectó 726.172 hectáreas en todo el territorio nacional según reporte de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia del 30 de diciembre de 2010;
ARTÍCULO 1o. PROGRAMA ESPECIAL PARA LA REFORESTACIÓN. Créase el Programa Especial de Reforestación con el fin de ejecutar proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, para rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas.
ARTÍCULO 2o. CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA. El Programa Especial de Reforestación estará constituido por el Plan Nacional de Reforestación, a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como por los demás instrumentos de apoyo que trata este decreto.
ARTÍCULO 3o. CONSEJO DE REFORESTACIÓN. Créase el Consejo de Reforestación que tendrá a su cargo la formulación, dirección, coordinación y concertación del Programa Especial de Reforestación.
PARÁGRAFO 1o. El Consejo coordinará sus acciones con el Consejo Nacional de la Cadena Forestal.
PARÁGRAFO 2o. El Consejo expedirá su propio reglamento, y deliberará por lo menos una vez cada trimestre o cuando el Consejo lo estime pertinente. El Consejo podrá invitar a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a sus sesiones dependiendo de la naturaleza de los temas a tratar.
PARÁGRAFO 3o. El Consejo tendrá una Secretaría Técnica que será ejercida por un asesor de alto nivel designado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
ARTÍCULO 4o. PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN. En un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha de expedición del presente decreto, el Gobierno Nacional formulará y adoptará un Plan Nacional de Reforestación en el cual se determinarán los objetivos, las metas y las estrategias para las áreas afectadas por la inundación, las de mayor vulnerabilidad a fenómenos de remoción en masa, así como las que contribuyen a reducir los fenómenos de sedimentación y colmatación de los cuerpos de agua por deforestación.
ARTÍCULO 5o. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adecuará y fortalecerá su estructura institucional con el fin de poder atender los fines dispuestos en este decreto incluyendo el establecimiento de una ventanilla única para atender en forma centralizada los trámites que se requieran el sector productivo y demás actividades de este programa.
ARTÍCULO 6o. ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establecerá un incentivo para la asistencia técnica forestal y definirá las condiciones y requisitos para que los agentes especializados en la prestación de estos servicios accedan a dicho incentivo.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 125 del 20 de enero de 2011, “Por el cual se crea el Programa Especial de Reforestación y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Decreto No. 020 de 2011”.
La Corte encontró que en el presente caso tiene lugar la figura de la inconstitucionalidad por consecuencia, toda vez que el Decreto 020 de 2011, mediante el cual se declaró por segunda vez el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, fue declarado inexequible mediante la sentencia C-216 de 2011.
Habida cuenta que el Decreto Legislativo 125 de 2011, fue dictado en desarrollo de esta declaratoria y que por tanto ha desaparecido el fundamento jurídico de las facultades de excepción de que fue investido el Presidente de la República, la Corte debía proceder consecuencialmente, a declarar formalmente su inexequibilidad.
Derecho a la porción conyugal de las uniones maritales de hecho y las parejaS del mismo sexo
VIII. EXPEDIENTE D-8112 - SENTENCIA C-283/11 (Abril 13)
En los dos eventos, la Corte consideró que lo ideal es que el legislador, en el marco del Estado Social de Derecho, enmarcado en la separación de poderes y en ejercicio de su libertad de configuración, hubiese regulado todos los efectos civiles derivados de las uniones de hecho y los derechos para las parejas del mismo sexo, teniendo como fundamento el principio democrático y teniendo cuidado de no crear discriminaciones odiosas basadas en la naturaleza del vínculo legal, complementando en algunos casos o modificando en otros las distintas disposiciones del ordenamiento civil. Sin embargo, esa ausencia de regulación ha generado tratamientos discriminatorios entre los cónyuges y los compañeros permanentes, así como entre las parejas del mismo sexo que la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía y prevalencia de la Constitución no puede dejar de estudiar y declarar, máxime cuando la legislación que se acusa es anterior a la Constitución de 1991. En ese orden, la Corte sin desconocer su función, y conservando las competencias que la Constitución le asigna EXHORTA al Congreso de la República, como foro de la democracia y en donde la sociedad civil puede ser consultada, para que legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo, de forma tal que a futuro existan soluciones legales a las diversas controversias y reclamaciones que puedan surgir a partir de los reconocimientos que ha venido efectuando esta Corporación.
Cargos de libre nobramiento y remoción de la Contraloría General, como excepciones a la Carrera Administrativa restablecida en el art. 125 de la Constitución
IX. EXPEDIENTE D-8249 - SENTENCIA C-284/11 (Abril 13)
ARTICULO 3. CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Son cargos de carrera administrativa todos los empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:
- Contralor Delegado
- Asesor de Despacho
- Tesorero […]
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “director” contenida en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones “Gerente Departamental”, “Director de Oficina” y “asesor del despacho”, contenidas en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000.
La Corte reafirmó que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 125 de la Constitución, la carrera administrativa es el principio constitucional que orienta el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro en los diferentes empleos del Estado. En esa medida, la regla general para el acceso a los cargos públicos –salvo que se trate de cargos de elección popular, de trabajadores oficiales o de libre nombramiento y remoción- es a través del sistema de méritos propio de la carrera administrativa.
La jurisprudencia ha precisado que los cargos de libre nombramiento y remoción no pueden ser otros que los creados de manera específica por la ley, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades. En este último caso, no se trata de la confianza inherente al cumplimiento de toda función pública, que constituye precisamente uno de los objetivos de la carrera administrativa, pues el trabajador que es nombrado o ascendido por méritos va aumentando el grado de fe institucional en su gestión, sino de la confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial, aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor transcendencia para el ente de que se trata. Ahora bien, el examen de las funciones asignadas a cada cargo permite constatar si se trata de verdaderos cargos de libre nombramiento y remoción.
En el caso concreto de los cargos previstos en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000, como de libre nombramiento y remoción de la Contraloría General de la República, la Corte encontró que en relación con los cargos de Gerente Departamental, Director de Oficina y asesor del despacho, el legislador actuó de manera razonable y acorde con el principio general de la carrera administrativa. En efecto, los dos primeros son cargos de nivel directivo, por lo que les corresponde el desempeño de funciones de dirección general, de formulación de políticas y adopción de planes, programas y proyectos. El Gerente Departamental representa a la Contraloría General en el territorio de su jurisdicción y en esa calidad, debe conducir la política institucional de la entidad en el ámbito territorial asignado, bajo la inmediata supervisión del Contralor General. Por tanto, su naturaleza y funciones son las propias de un cargo de libre nombramiento y remoción, que encaja en las excepciones que puede establecer el legislador, sin desvirtuar la regla general de la carrera administrativa.
De otra parte, el Director de Oficina tiene a su cargo la responsabilidad de asesorar y contribuir a la formulación de políticas. Según la definición legal, las direcciones de oficina son dependencias de apoyo directo a la conducción y orientación institucional cuyas responsabilidades y atribuciones asignadas ubican a quien desempeña dicho empleo en un nivel indudablemente directivo, de confianza y manejo. Dentro de tal categoría se encuentran los Directores de las Oficinas Jurídica, de Control Interno, de Control Disciplinario, de comunicaciones y Publicaciones, de Planeación, de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional. Por tal motivo, resulta compatible con lo que establece el artículo 25 de la Carta, que ese cargo haya sido excluido del régimen de carrera. Por otro lado, el cargo de asesor del despacho constituye una instancia de consulta, coordinación, evaluación de los asuntos para los cuales fueron creados. Este cargo está vinculado a los despachos del Contralor y Vicecontralor, dependencias que tienen como función principal prestar los apoyos auxiliares y administrativos inmediatos que demande el Contralor General, contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus atribuciones, competencias y funciones constitucionales y legales. En esa medida, se trata de cargos intuito personae, en los que la relación de confianza autoriza su provisión discrecional, como cargo de libre nombramiento y remoción.
No ocurre lo mismo con el cargo de Director, pues aun cuando el artículo 3º del Decreto 268 de 2000 lo clasifica como un empleo de nivel directivo, tiene como responsabilidad orientar y dirigir en forma inmediata en el ámbito de su competencia, el conjunto de labores y actividades que demande el ejercicio de sus funciones; responder, en su respectivo nivel, por los resultados de la gestión misional o administrativa, según el caso; por la conducción institucional; por la orientación de las políticas y su formulación; por el apoyo inmediato de naturaleza técnica que demande cada contraloría delegada, gerencia nacional o los directivos de otras áreas. Es decir, que su competencia cobija un sinnúmero de funciones meramente administrativas que no son incompatibles con un sistema de carrera, pues no conducen a la adopción de políticas de la entidad, ni implican confianza especial, ni responsabilidad de aquel tipo que reclame este mecanismo de libre nombramiento y remoción.
De ahí que la Corte haya concluido en la exequibilidad de las expresiones “Gerente Departamental”, “Director de Oficina” y “asesor del despacho”, previstas en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000 e inexequible la expresión “Director”, incluida en la misma disposición.
El magistrado NILSON PINILLA PINILLA salvó parcialmente el voto, por considerar que todos los cargos demandados previstos en la categoría de libre nombramiento y remoción excepcional en el artículo 3º del Decreto 268 de 2000 deberían pertenecer a la carrera administrativa en la Contraloría General, ya que no encuentra una razón suficiente desde la perspectiva constitucional, que justifique su exclusión del postulado general consagrado en el artículo 125 de la Constitución. Por su parte, el magistrado MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO presentará una aclaración de voto acorde con su posición respecto de la naturaleza y alcance de la carrera administrativa.

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