Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11162-2017-54408-de-julio-12-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_944d7269ca7b4a05a90345336f1a72d1&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-22 12:55:48+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SL11162-2017/54408 DE JULIO 12 DE 2017
SENTENCIA SL11162-2017 DE 12 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:DETERMINACIÓN DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL ACTO PROCESAL. SE PRECISA QUE LOS VICIOS QUE ATAÑEN AL DESCONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL ACTO PROCESAL DEL JUZGADOR, LOS CUALES LE PUEDEN SER O NO ESENCIALES, ASÍ COMO LOS QUE ORIENTAN SU JUSTEZA, PRODUCIENDO UNA DESVIACIÓN JURÍDICA CUYO REMEDIO PROCESAL NO ES LA SIMPLE CORRECCIÓN A QUE REFIEREN LOS ALUDIDOS PRECEPTOS PROCESALES, RAZÓN POR DEMÁS QUE SIRVE PARA ENTENDER QUE FRENTE A TALES CIRCUNSTANCIAS, SU ENMIENDA NO SE PUEDE PROVOCAR O PRODUCIR EN CUALQUIER MOMENTO, O SIN QUE MEDIE PETICIÓN DEL PRESUNTAMENTE AFECTADO, SINO QUE, POR EL CARÁCTER DISPOSITIVO QUE NUTRE EL PROCESO, COMO POR EL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES, SOLO LO PUEDE SER MEDIANTE MECANISMOS DE MAYOR ENVERGADURA, Y POR SUPUESTO DISTINTOS A LA SIMPLE CORRECCIÓN NUMÉRICA, LOS CUALES VAN DESDE LA IMPUGNACIÓN DE PARTE, ORDINARIA O EXTRAORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO, HASTA LA DECLARATORIA DE NULIDAD, CONFORME CORRESPONDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PROCESAL, PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTO PROCESAL, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia SL11162-2017 de julio 12 de 2017
SL11162-2017
Radicación: 54408
El cargo no incurre en los desaciertos técnicos que le endilga el Instituto opositor, por cuanto la discusión propuesta por el hoy recurrente desde el libelo inicial y que el tribunal resolvió en el fallo atacado es única y exclusivamente la relativa al entendimiento que corresponde al parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, pues, en tanto que para el recurrente el salario mensual base de liquidación de la pensión de vejez allí aludida se calcula multiplicando el factor 4.33 por la centésima parte de la suma de los salarios cotizados en las 100 semanas anteriores a la estructuración del derecho; para el tribunal, según expresó en el fallo y luego explicó en la providencia que negó la supuesta corrección por error aritmético y la solicitud de sentencia complementaria, éste se obtiene sumando la centésima parte del resultado de esa multiplicación —la de la centésima parte de la suma de los salarios de las últimas 100 semanas— al 4.33% (sic) de la misma, o sea, para el caso, $ 39.906 + $ 1.727,92 (4.33% de 39.906) = $ 41.633.
Al rompe se advierte así que lo que persigue el recurrente en la sede casacional no es simplemente que se corrija un error puramente aritmético, tal cual lo alega el opositor, sino, cosa bastante distinta, obtener la liquidación de su pensión en la forma que afirma legalmente corresponde, pues asevera diferir del entendimiento que el tribunal hizo en su fallo de la fórmula respectiva.
En tal sentido es bueno memorar que el error aritmético previsto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, y ahora en el 286 del Código General del Proceso, aplicables a los procesos del trabajo por la remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en sus respectivas vigencias, no hace relación al objeto de la litis ni al contenido jurídico de la decisión, dado que al primero lo delimitan las partes en la demanda y su contestación, y el segundo no es revocable ni reformable por el juez que dictó la sentencia. Así, tal yerro constituye un vicio ‘externo’ de la declaración del juzgador relativo a las expresiones que a esta área del saber humano corresponden a las operaciones que se cumplen en virtud de su aplicación, pero no a la forma ‘interna’ o a los elementos intrínsecos que componen el acto y que recogen, a ese respecto, el querer del juzgador, de suerte que, de manera similar al lapsus linguae o calami, el error aritmético afecta solo la comunicabilidad de la idea del juzgador, no las razones que tuvo en cuenta para introducir en su decisión conceptos o fórmulas de este particular campo del conocimiento y que vienen aplicables al caso por determinada norma jurídica. Por manera que, de producirse la corrección puramente aritmética sencillamente se supera una inconsistencia también puramente numérica, no las bases del fallo, porque de ocurrir tal cosa, como lo dijera de antaño la Corte, “se llegaría al absurdo de que a pretexto de una corrección numérica, se pretendiese, fuera de tiempo, una aclaración sobre conceptos oscuros o dudosos” (LXVI, 782).
Los vicios que atañen al desconocimiento de los elementos internos del acto procesal del juzgador, los cuales le pueden ser o no esenciales, así como los que orientan su justeza, producen una desviación jurídica cuyo remedio procesal no es la simple corrección a que refieren los aludidos preceptos procesales, razón por demás que sirve para entender que frente a tales circunstancias, su enmienda no se puede provocar o producir en cualquier momento, o sin que medie petición del presuntamente afectado, sino que, por el carácter dispositivo que nutre el proceso, como por el principio de preclusión de los actos procesales, solo lo puede ser mediante mecanismos de mayor envergadura, y por supuesto distintos a la simple corrección numérica, los cuales van desde la impugnación de parte, ordinaria o extraordinaria según sea el caso, hasta la declaratoria de nulidad, conforme corresponda. Para este caso, como lo propone el recurrente en casación ante lo infructuoso de su pedimento en la demanda inicial, como de la providencia resultado de la petición de corrección y complementariedad de la sentencia, el camino es, simple y llanamente, de ser cierto el cuestionamiento, el recurso extraordinario que aquí se impetra.
Entonces, aunque el Tribunal de Manizales señaló que el cálculo efectuado lo realizaba “con fines netamente didácticos” porque ya habían transcurrido más de 20 años desde el 17 de octubre de 1991, cuando se emitió la resolución pensional de invalidez, y el actor había intentado ya la dicha reliquidación, lo cierto es que aparte de no indicar en qué se traducía jurídicamente ese simple ejercicio didáctico, precisó que la reliquidación en estudio la había perseguido el actor “bajo premisas diferentes”, lo que permite entender a la Corte que ningún efecto jurídico reprochó a la acción y, por el contrario, habilitó la impugnación que ahora propone el recurrente, dado que aunque no expresó los fundamentos de ese mentado cálculo en el cuerpo mismo de la sentencia, al resolver la solicitud de corrección y adición de aquella, ahí sí consignó las que tuvo para concluirlo, que son los que ahora el recurrente discute en el recurso.
Pues bien, para resolver el cuestionamiento esencial al cargo, importa traer a colación el contenido de la citada disposición del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, que a la letra y en lo básico reza:
2. Gran invalidez:
De allí solo surge un concepto jurídico —salario mensual de base— que se obtiene aplicando dos premisas: 1ª) la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en la últimas cien semanas; y 2ª) el producto obtenido de multiplicar ese resultado por el factor 4.33. El factor 4.33 es igualmente otro concepto: la consecuencia de dividir el número de semanas de un año por el número de meses (52/12 = 4.33333333).
Así se obtiene el primer concepto —el salario mensual de base de liquidación de la pensión—, simplemente, multiplicando los valores de las anotadas premisas. Y al salario mensual de base que allí resulta se le aplica el porcentaje deducido de la cuantía básica, adicionado con los aumentos pertinentes al monto de las cotizaciones sufragadas (3% por cada 50 semanas de cotización cuando se superen las primeras 500) —tasa de reemplazo—, para obtener finalmente el valor mensual de la pensión.
No obstante, se recuerda, para el Tribunal de Manizales, “(1) al multiplicarse la centésima parte de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el actor en las últimas 100 semanas ($ 39.906) (2) por el factor 4.33% (sic), arroja una suma de $ 1.727.92, que al (3) sumarse a la centésima parte, da un total, de $ 41.633, ‘… valor al que se le aplica una tasa de reemplazo del 66% de acuerdo a la tabla contenida en el parágrafo 2º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 (…)’”, con lo cual, fuera de tergiversar el sentido de la norma al tomar al factor de multiplicación como un porcentaje (4.33%) y no como lo es, un factor, introdujo una tercera premisa en manera alguna contenida en la normativa: la suma del resultado del porcentaje obtenido sobre la centésima parte de los salarios semanales a la misma centésima parte de esos salarios semanales de las últimas cien semanas.
Para entender sin apuro lo anterior, así aparece expuesta la fórmula expuesta por el tribunal:
1. centésima parte de los salarios semanales cotizados = $ 39.906.
2. multiplicación de la anterior suma por el porcentaje 4.33% = $ 1.727.92.
3. sumatoria de los dos anteriores resultados = $ 41.633.
4. tasa de reemplazo del anterior valor (66%) = $ 27.477.
5. por ser resultado inferior al smmlv de la época ($ 41.025), la pensión debe ser equivalente al referido smmlv ($ 41.025).
En tanto, el cabal y genuino sentido de la norma contentiva de la antedicha fórmula, tomando como ejemplo los guarismos base de liquidación ya anunciados, conduciría a los siguientes resultados:
1. centésima parte de la suma de los salarios semanales = $ 39.906.
2. producto obtenido de multiplicar ese resultado por el factor 4.33 = $ 172’792.98.
3. deducción de la tasa de reemplazo = 66% de $ 172.792.98 = $ 114.043,36, valor superior al smmlv de 1990 ($ 41.025).
Salta de bulto que, en verdad, el juzgador de la alzada desvió la inteligencia de la norma pensional al alterar la finalidad de su dosificación, por entender erróneamente que el factor 4.33 era un porcentaje que tenía por finalidad generar la sumatoria de su resultado a la misma centésima parte de los cien últimos salarios semanales cotizados, cuando quiera que lo perseguido por el legislador fue, llanamente, establecer el salario mensual de base del cual deduciría la tasa de reemplazo, multiplicando el promedio semanal del salario sobre el cual se cotizó durante las últimas cien semanas —que es tanto como decir la centésima parte de los salarios sobre los cuales se cotizó durante esas últimas cien semanas—, por el factor 4.33 —que no es más que el promedio de semanas del mes (52/12 = 4.33)—, por ser totalmente lógico que un promedio semanal no puede dar lugar a una mesada pensional sino previa traducción a su valor promedio mensual.
Todo lo dicho llevaría a la Corte a la casación de la sentencia del tribunal, tal cual se pidió en la demanda del recurso extraordinario. Sin embargo, ello no puede ser así para este caso, dado que al estudiarse en sede de instancia la situación del demandante se arribaría a la misma conclusión absolutoria atacada, pero por las razones que pasan a verse.
En efecto, lo primero que hay que decirse es que no hay discusión alguna en el proceso en cuanto a que el Instituto demandado le reconoció al actor la pensión de invalidez de origen común a partir del 26 de junio de 1990, con fundamento en un salario mensual de base de $ 39.906 y hasta junio de 1992, prorrogable cada dos años, previo examen médico del demandado, prestación que agotado un proceso judicial, el Tribunal de Manizales dispuso que se convirtiera en vitalicia y de vejez a partir del 27 de enero de 2000, cuando aquél cumplió los 60 años de edad.
Lo segundo, que la pensión de vejez se rige por el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, específicamente por el artículo 20 atrás reseñado en el recurso extraordinario.
Y lo tercero, que, por tanto, la base de liquidación se calcula sobre las últimas 100 semanas de cotización, utilizando para el efecto las tablas de categorías y aportes del Instituto de Seguros Sociales de la época en atención al Decreto-Ley 1650 de 1977 y al Decreto 2610 de 1989, las cuales, para el caso del actor se encuentra totalmente incuestionado desde el principio del proceso, fueron 43 semanas en la categoría 25, y 57 en la categoría 12, para un total de 100 semanas de cotización.
Las 100 semanas de cotización en las dichas categorías arrojan una sumatoria de $ 921.627,00, —$ 79.920,00 para la categoría 25 y $ 9.840,00 para la categoría 12—, no de $ 3’990.644,00, como equivocadamente aparece en la Resolución 459 de 4 de febrero de 2004 (fl. 18), pues el cálculo se efectúa teniendo en cuenta el salario ‘mensual’ base de cotización para cada categoría, pero para las últimas cien ‘semanas’ cotizadas, no de ‘meses’, que es lo único que podría explicar el mentado valor calculado de $ 3’990.644.
Siendo así las cosas, la centésima parte de esa sumatoria —$ 921.627—, equivale a 9.216,27, que es el resultado que se debe multiplicar por el factor 4.33 para obtener el salario mensual de base de la pensión, esto es, 9.216,27 x 4.33 = $ 39.906,45.
Y a ese salario mensual de base se le deduce el 66%, porcentaje pensional igualmente indiscutido por el recurrente, arrojando un valor final de la pensión de $ 26.338,26. Valor que para 1990 era inferior al smmlv ($ 41.025), por lo que bien hizo el demandado al aproximar el monto de la pensión a ese valor de $ 41.025.
Las operaciones anunciadas se observan fácilmente en el siguiente gráfico:
De consiguiente, aun cuando se incluyó en la resolución de 2004 un valor de la sumatoria de los salarios semanales cotizados durante las últimas cien semanas totalmente alejado del que legalmente correspondía, según la tabla de categorías y aportes al Instituto demandado vigente para esa época, y que se tergiversó el sentido de la fórmula normativa del cálculo pensional, lo cierto es que éste culminó estableciendo correctamente el salario mensual de base para liquidar el monto de la pensión. Luego, ninguna razón asiste al demandante en las instancias y recurrente en casación en sus pedimentos iniciales, por lo que, se repite, no ha lugar al quebrantamiento del fallo atacado a pesar de los dislates jurídicos del juzgador de la alzada.
Conforme a lo anotado, y a pesar de no casarse el fallo del tribunal, no hay lugar a condena en costas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal Superior de Manizales, dentro del proceso promovido por GERARDO JURADO CIRO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Sin costas, como se dijo en la parte motiva.»

References: artículo 20
 artículo 310
 artículo 145
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 resolución