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﻿ Sentencia C-572 de julio 18 de 2012
SENTENCIA C-572 DE 18 DE JULIO DE 2012
CONTENIDO:CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL ORDEN NACIONAL, LA CUAL HACE PARTE DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORRESPONDE A UN DESARROLLO PRECISO DE LAS FACULTADES ENTREGADAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN, DICHA ENTIDAD SE ENCARGA DEL ESTUDIO, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL DECRETO 3573 DEL 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Sentencia C-572 de julio 18 de 2012
Ref.: Expediente D-8856
Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 3573 de septiembre 27 de 2011, “por la cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y se dictan otras disposiciones”.
A continuación se trascribe el texto de la norma demandada.
Diario Oficial 48.205 de 27 de septiembre de 2011
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y se dictan otras disposiciones.
Elizabeth Rodríguez Taylor”.
En virtud de lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra decretos con fuerza de ley.
2.1. Para el demandante, el Decreto 3573 de 2011, “por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y se dictan otras disposiciones”, es inconstitucional debido a que contraría los numerales 7 y 10 del artículo 150 de la Constitución, en cuanto “excede las facultades extraordinarias de las cuales se revistió al Presidente de la República en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011”.
Además, en términos generales argumentó que los artículos 11 y 12 de la Ley 1444 de 2011, referidos a la escisión y reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fijaron “con claridad que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, continúa con las funciones y competencias asignadas en la Ley 99 de 1993”.
Para definir lo demandado, la Corte expondrá i) sus lineamientos jurisprudenciales frente al otorgamiento de facultades extraordinarias por el legislador al Presidente de la República; ii) examinará específicamente las conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, lo cual iii) cotejará con cada uno de los cargos expuestos por el actor.
3.1. La demanda se dirige contra el Decreto 3573 de 2011, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Presidente de la República mediante la Ley 1444 de 2011, sin que la censura se extienda a ésta, frente a lo cual se observa que el contenido autónomo del precepto acusado permite adelantar el juicio de constitucionalidad, no siendo necesario aplicar una técnica de integración normativa con la ley habilitante(1). Sin embargo, como esta preceptiva constituye un referente de estudio obligado, resulta pertinente señalar las características que han de observar las leyes de facultades y los lineamientos que deben seguir los decretos expedidos en virtud de aquellas(2).
3.2. El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución permite al Congreso revestir al Presidente de la República, hasta por seis meses, de precisas facultades extraordinarias, expresamente solicitadas por el gobierno, para expedir normas con fuerza de ley, siempre que la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, sin que ellas puedan ser conferidas cuando se trate de la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas, decretar impuestos, ni crear “servicios administrativos y técnicos de las cámaras”(3).
Esta corporación ha señalado que de allí deriva un precepto habilitante extraordinario,
“que plantea ventajas pero a su vez implica riesgos. Así, de un lado, resulta útil para la regulación de temas particularmente complejos por su contenido técnico, acelera la expedición de normas con fuerza de ley cuando resulta necesario para conjurar crisis, o facilita ajustes atendiendo razones de conveniencia pública. Pero, de otro, su utilización excesiva debilita el principio democrático ante el empobrecimiento de la deliberación al interior del Congreso, relativiza el principio de separación de poderes y acentúa el carácter presidencialista del régimen político”(4).
Esa misma Sentencia C-691 de 2003 que acaba de ser citada, puntualizó:
“... la Constitución de 1991 hizo más exigentes los requisitos para el otorgamiento al Presidente de facultades extraordinarias, los cuales pueden reseñarse así: (i) No pueden conferirse para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco(5), ni decretar impuestos, y en general para regular asuntos que tengan reserva exclusiva del Congreso; (ii) la aprobación de la ley habilitante requiere de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara; (iii) el Congreso no puede otorgarlas motu proprio, sino que deben ser expresamente solicitadas por el gobierno, ya sea por el Presidente de la República o por uno de sus ministros(6); (iv) el término máximo por el cual pueden conferirse es de seis meses; (v) sólo pueden otorgarse cuando la necesidad lo exija o por razones de conveniencia pública; (vi) el Congreso conserva la potestad de modificar en cualquier tiempo y por iniciativa propia los decretos dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias; y finalmente, (vii) las facultades deben ser claras y precisas”.
De igual forma y en esa misma línea(7), la jurisprudencia ha enfatizado que en el otorgamiento de las facultades extraordinarias al ejecutivo, merece aclaración y relevancia que los conceptos de precisión y amplitud no son excluyentes entre sí.
La precisión constitucional exigida para que el Presidente de la República pueda ser revestido de dichas facultades, se torna imprescindible para determinar claramente la materia objeto de autorización extraordinaria, pero ello no significa que la ley de delegación tenga que predeterminar en detalle el cabal desarrollo de todo lo que se le está encomendando al ejecutivo, lo cual constituiría una duplicación sin sentido, donde resultaría superfluo no estar simplemente a lo que expidiera el Congreso.
Efectuada esa salvedad, recuérdese entonces la doctrina constitucional que ha desarrollado esta Corte sobre los requisitos que ha de reunir la habilitación legislativa para que se respete el mandato constitucional de precisión y se cumpla una de las exigencias contenidas en el artículo 150.10 superior.
Tales requisitos pueden resumirse en el deber del Congreso de i) indicar la materia que delimite, como ámbito sustantivo, el campo de acción del ejecutivo; ii) señalar la finalidad que encaminará al Presidente de la República en el ejercicio de las facultades; y iii) enunciar los criterios que han de orientar las decisiones de la Rama Ejecutiva, respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito material general de la habilitación.
El alcance de dichos requisitos se ha detallado en la jurisprudencia, así(8):
3.2.1. El señalamiento de la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción de la Rama Ejecutiva, donde la precisión “se refiere no al grado de amplitud de la ley de facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la delimitación de la materia a la que se refiere”, de manera que puedan ser “individualizados, pormenorizados y determinados”(9), según se desprende del artículo 150.10 de la Constitución.
3.2.2. La indicación de la finalidad a la cual debe dirigirse el Presidente de la República al ejercer las facultades. Es necesario que el Congreso haga claridad sobre los propósitos o finalidades que animan la concesión de las facultades extraordinarias al Presidente, debiendo orientarse al legislador extraordinario, de forma que pueda respetar el mandato otorgado.
3.2.3. La enunciación de criterios inteligibles y claros que orienten las decisiones de la Rama Ejecutiva, respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito general de la habilitación para alcanzar la finalidad que motivó al Congreso a otorgar las facultades extraordinarias.Este tercer requisito para que se cumpla el mandato constitucional de precisión, se relaciona con los estrictos criterios específicos y restrictivos que permiten la delimitación del ámbito de la competencia atribuida al Presidente, sin los cuales sería en extremo difícil determinar si Presidente actuó dentro del marco establecido por la habilitación.
De esa manera, la exigencia de tal precisión en la ley de facultades contenida en la carta política, determina de manera precisa e inequívoca la materia sobre la cual el Presidente de la República puede expedir normas con fuerza de ley, a través del ejercicio de las facultades extraordinarias que le han sido conferidas, concluyendo siempre que es suficiente con que en ellas se establezcan los límites claros dentro de los cuales actuará el ejecutivo, sin que su generalidad implique un desconocimiento del mandato superior.
4. Facultades otorgadas al Presidente mediante la Ley 1444 de 2011.
Referidos los parámetros constitucionales que rigen el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente y la ley habilitante para el ejercicio de la misma, señalados por la jurisprudencia, frente a los cargos formulados en la demanda de la referencia, esta corporación considera necesario efectuar el análisis, en cuanto a dichas potestades extraordinarias, del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 (“Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”) que estableció:
4.2. Esta corporación en Sentencia C- 240 de marzo 22 de 2012, con ponencia de quien funge ahora como sustanciador, al efectuar el estudio sobre vicios de procedimiento en su formación, junto a otro, declaró “exequible, por los cargos analizados” ese artículo 18 trascrito, inciso 1º y literal j).
En tal providencia, proferida dentro del expediente D-8629, con la cual se supera la reserva expuesta por el Procurador General de la Nación en el concepto rendido dentro de la presente actuación, se analizó la exposición de motivos del proyecto de ley en su trámite legislativo y se indicó que su objeto era i) garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público; ii) hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública; y iii) lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos.
A esos efectos, desde el proyecto de ley se planteaba la concesión de facultades extraordinarias que permitiesen, no solo i) definir la estructura orgánica y los objetivos de los ministerios que serían creados, sino ii) la supresión de departamentos administrativos; iii) la reasignación de funciones; iv) la integración de sectores administrativos; y v) “en general la toma de todas aquellas decisiones que se consideren necesarias en relación con la estructura de la Administración Pública Nacional en el propósito de propender por la eficacia y eficiencia del uso de los recursos públicos y hacer coherente la organización y funcionamiento de la administración”.
Al respecto, es de señalar que en el proyecto de ley también se recordó que, acorde con la Constitución, el Congreso de la República y el gobierno poseen competencias compartidas para la definición de la estructura y el funcionamiento de la administración nacional.
Aunado a lo anterior, por disposición expresa del numeral 7º del artículo 150 superior, el Congreso mediante leyes está facultado para “determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos”, entre otras entidades del orden nacional, función que constitucionalmente puede delegarle al Presidente de la República, según el numeral 10 ibídem, permitiéndole, con el otorgamiento de facultades extraordinarias, expedir normas con fuerza de ley, salvo las excepciones allí contenidas, entre las cuales no está la estructuración de la administración central.
Así, el Presidente como suprema autoridad administrativa de la República, quedó facultado, con ceñimiento a la Constitución (art. 150.10) y a lo determinado en la Ley 1444 de 2011, artículo 18, para i) reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la Administración Pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado (lit. d); ii) crear, escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama ejecutiva del orden nacional (lit. e); y iii) señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de los entes resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y de aquellos a los cuales se trasladen las funciones de los suprimidos, escindidos, fusionados o transformados, y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (lit. f).
Bajo esos lineamientos constitucionales, una vez establecidos por el legislador los parámetros correspondientes, la Rama Ejecutiva puede desarrollar las facultades recibidas, circunscribiéndose al marco que ha sido indicado.
5. Análisis de los ejes temáticos planteados en la demanda de inconstitucionalidad.
Los cargos planteados por el demandante están orientados en dos sentidos:
5.1. En primer lugar, arguye que el Decreto 3573 de 2011 es inconstitucional porque vulnera el numeral 10 del artículo 150 superior, puesto que “excede las facultades extraordinarias de las cuales se revistió al Presidente de la República en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011”.
Igualmente reitera y enfoca sus argumentos desde los artículos 11 y 12 de la Ley 1444 de 2011, referidos a la escisión y reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, señalando que “el Congreso de la República, al otorgar las facultades extraordinarias al Gobierno Nacional, le fijo con claridad que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, continúa con las funciones y competencias asignadas en la Ley 99 de 1993, dentro de las que se cuenta la de otorgar o negar licencias ambientales y que de ninguna manera se desnaturalizaría este ministerio”.
5.2. En segundo lugar, estima que el referido decreto quebranta el numeral 7º del artículo 150 en cuestión, pues “el Presidente de la República, no tenía facultades extraordinarias, para crear una nueva unidad administrativa o una nueva Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, lo cual es de competencia exclusiva del Congreso de la República”.
6. Frente a tales planteamientos, debe la Corte estudiar si el ejecutivo al expedir el Decreto 3573 de 2011 (“Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y se dictan otras disposiciones”), excedió las precisas facultades extraordinarias que le fueron conferidas en “los literales d), e) y f), del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011”, todo bajo las estrictas pautas constitucionales.
6.1. Como considerando para la expedición del cuestionado, se observa: “Que es necesario contar con un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible”.
La ANLA fue creada por el ejecutivo, con la finalidad de desconcentrar la función de otorgamiento de licencias ambientales; tal autoridad hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía exclusivamente administrativa y financiera, sin personería jurídica propia, adscrita a la administración central del Estado, con ejecución a cargo del Director General, designado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de lo cual se desprende la jerarquía concerniente a la expedición, otorgamiento y concesión en materia de licencias ambientales.
La Ley 1444 de 2011 (“Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública...”), no solo señaló las materias sobre las cuales trasladaba temporalmente su competencia legislativa al ejecutivo, sino que las delimitó, estableciendo disposiciones claramente relacionadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:
ART. 12.—Reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Reorganícese el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados en las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 11de la presente ley.
ART. 18.—Facultades extraordinarias...
f) Señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades u organismos resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas entidades u organismos a los cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas, fusionadas o transformadas, y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado; ...”.
Esto bajo el propósito general de “garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos”(10).
6.2. Aunado a lo anterior, es necesario en este punto hacer referencia a recientes pronunciamientos efectuados por esta Corte, respecto a asuntos similares, como en la Sentencia C-366 de mayo 16 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, donde la Corte entró a resolver “si el Presidente de la República desbordó las facultades legislativas extraordinarias otorgadas por el Congreso mediante la Ley 1444 de 2011, al expedir el Decreto-Ley 3565 de 2011, comoquiera que la ley habilitante no lo facultó expresamente para modificar las funciones de las CAR, los períodos de los sus órganos de dirección, ni los planes de acción de los mencionados establecimientos estatales”, pronunciamiento en el cual se declaró la inexequibilidad de los artículos 1º, 2º y 3º del decreto demandado, por haber sido proferidos por el Ejecutivo “con extralimitación de las facultades que le fueran otorgadas por el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Se desconoció el principio de precisión derivado del numeral 10 del artículo 150 de la Carta, que como se explicó, en virtud de esta reciprocidad en las obligaciones, vincula tanto al órgano que otorga las facultades extraordinarias, como al que las desarrolla”.
Pronunciamiento en el cual, pese a desarrollar cargos disímiles, son equiparables debido al estudio efectuado respecto a la ley que otorgó facultades al Presidente de la República y a las disposiciones relacionadas con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tales como su escisión (L. 1444, art. 11); su reorganización y cambio de denominación a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (art. 12 ib.), así como la creación del Sector administrativo del medio ambiente y desarrollo sostenible (art. 13 ib.), donde también de manera explícita se prevé que este ministerio “continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados en las normas vigentes”, salvo en lo concerniente a la separación del mismo de las funciones asignadas por las normas vigentes a los despachos de los viceministros de Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Aguas y Saneamiento Básico (arts. 11 y 12 ib.).
6.3. Así, de manera clara y asertiva el legislador ordinario estableció en el parágrafo del artículo 12 de la ley de facultades: “Serán funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en todo caso, las asignadas al Ministerio de Ambiente en la Ley 99 de 1993y en la Ley 388 de 1997, en lo relacionado con su competencias”.
Por su parte, la Ley 99 de 1993 en su artículo 5º numeral 15, entre otras funciones, asigna al Ministerio de Ambiente la función de “evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el título VIII de la presente ley”. Frente a ello se infiere que dicha función, por razones de eficiencia, eficacia y efectividad, fue desconcentrada por el legislador extraordinario, mediante el Decreto 3573 de 2011, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la cual depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, gozando de autonomía exclusivamente administrativa y financiera.
6.4. Por otra parte, en la Sentencia C- 570 de julio 18 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, fueron analizados apartes de los numerales 10 y 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, definiéndose que “el Presidente... no excedió las facultades legislativas extraordinarias que le otorgó el Congreso”.
6.5. Repítase que a partir de lo consagrado en el numeral 7º del artículo 150 superior, el Congreso tiene la facultad de expedir leyes para definir la estructura de la administración, creando, suprimiendo o fusionando ministerios y departamentos administrativos, entre otras entidades del orden nacional, función que constitucionalmente puede deferir en el Presidente de la República, de conformidad con lo estatuido por el numeral 10º ibídem, dotándole excepcionalmente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, con las salvedades ya comentadas.
De allí que el Decreto 3573 de 2011, que dispone la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no constituye un exceso de las precisas facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República.
La Corte Constitucional ha observado que, contrario a los planteamientos efectuados por el demandante, fue válida y perfectamente realizada, a la luz de la carta política, la desconcentración por el Gobierno Nacional de lo concerniente al otorgamiento de licencias, permisos y trámites ambientales en una entidad administrativa como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ello “sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración”(11).
En síntesis, efectuado el estudio normativo armónico y sistemático en precedencia, se dedujo clara y precisamente que la ley habilitante, 1444 de 2011, sí facultaba al efecto al Presidente de la República, existiendo la necesidad de contar con un organismo que se encargue “del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible”, lo cual condujo a que válidamente emergiera la unidad administrativa especial del orden nacional denominada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998(12), con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y haciendo parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A tal conclusión se arribó una vez agotado el análisis de los reproches expuestos en los dos cargos incluidos en la demanda, demostrado como quedó que la preceptiva acusada en nada contraviene lo instituido en los numerales 10 ni 7º del artículo 150 de la carta política, por lo cual la Corte Constitucional declarará que el Decreto 3573 de 2011 demandado es exequible.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el Decreto 3573 de 2011, “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y se dictan otras disposiciones”.
(1) En la Sentencia C-670 de junio 28 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, al pronunciarse sobre la procedencia de la integración normativa con la ley habilitante, cuando ello fuere estrictamente necesario para adelantar el juicio de constitucionalidad de un decreto-ley, la Corte señaló: “(...) 2. Por estas razones, para respetar las reglas básicas del procedimiento constitucional, asegurar la efectividad de los derechos de participación y permitir una deliberación institucionalizada, el estudio que realiza la Corte Constitucional respecto de los decretos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias debe restringirse a los preceptos acusados. Será posible ampliar el objeto del juicio de constitucionalidad a la ley de facultades, en aquellos casos en los que la unidad o integración normativa sea estrictamente necesaria, esto es, cuando para ejercer el control de constitucionalidad sobre el decreto demandado tal operación resulta indispensable, puesto que la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con contenidos jurídicos de la ley habilitante, que resulta imposible estudiar cabalmente su constitucionalidad sin analizar la ley de facultades”.
(2) Cfr., C-691 de agosto 12 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(3) Numeral 20 del artículo 150 de la Constitución Política, pero obsérvese lo acotado a continuación, en el pie de página 3.
(4) Cfr. C-691 de agosto 12 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, donde se sintetizó lo consignado en los fallos C-510 de septiembre 3 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-074 de febrero 25 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón; C-050 de febrero 6 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; C-1316 de septiembre 26 y C-1493 de noviembre 2 de 2000, ambas con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz; C-895 de agosto 22 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-417 de mayo 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1028 de noviembre 27 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-097 de febrero 11 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(5) “Aun cuando en todas las ediciones de la Carta de l991 aparece citado este numeral 20 del artículo 150, que se refiere a ‘crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras’, todo parece indicar que se trata de un error de codificación y que el constituyente quiso señalar como excluidas de las facultades extraordinarias las llamadas ‘leyes cuadros’ o ‘leyes marco’ de que trata el numeral 19 (...)’. Corte Constitucional, Sentencia C-417/92. Ver también C-097/03”.
(6) “Ver también C-119/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell”.
(7) C-074 de febrero 25 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón; C-119 de marzo 21 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-050 de febrero 6 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; C- 032 de enero 27 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-503 de mayo 16 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-895 de agosto 22 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(8) C-097 de febrero 11 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) C-1493 de noviembre 2 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(10) Ley 1444 de 2011, art. 18, par. 1º.
(11) Ley 489 de 1998, art. 8º “Desconcentración Administrativa”.
(12) “ART. 67.—Organización y Funcionamiento de Unidades Administrativas Especiales. Las unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquélla les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo”.

References: ARTÍCULO 150
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 67
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150