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TRIBUNAL POPULAR INTERNACIONAL PARA CASTIGAR A PINOCHET SÓLO LOS EXPLOTADOS CONDENAN A SUS VERDUGOS. | CONTRA LA CORRIENTE
TRIBUNAL POPULAR INTERNACIONAL PARA CASTIGAR A PINOCHET SÓLO LOS EXPLOTADOS CONDENAN A SUS VERDUGOS.
16 de abril de 2006 - 11:37
Un hecho como la detención del Dictador, de profundas raíces en la política chilena, y mundial, nos entrega en una primera lectura algunas cuestiones fundamentales:
1.- Que Chile es una semicolonia, cuya burguesía es enteramente impotente para desarrollar una política antiimperialista, así sea le toquen a la “madre”;
2.- Que Pinochet sigue siendo el único dirigente indiscutido de la burguesía criolla, y que su Dictadura se prolonga hasta nuestros días, bajo un manto civil que emerge exclusivamente de las elecciones. Por lo mismo, la derecha, la Concertación y el PC, desde distintas perspectivas se ubican hoy día en la extrema derecha de la política mundial, el pinochetismo es la piel de la burguesía chilena, así como para la burguesía israelita lo es el sionismo;
3.- Que la resolución de un reclamo democrático elemental, tan primario como el castigo a los genocidas, no puede ser resuelto en el marco de dominación burguesa. Las decadentes democracias imperialistas, y su podrido “Derecho Internacional Público” no escapan a esta caracterización, lo que se probará con la segura liberación de Pinochet.
4.- Que pese al alza de la lucha de los explotados en las metrópolis y en las semicolonias, cuestión que explica la detención de Pinochet, y plantea la formación de un Tribunal Popular Internacional, no emerge una nítida dirección política internacional que permita canalizar la lucha como acción directa internacionalista, como lucha revolucionaria.
POR QUÉ ES DETENIDO EN LONDRES
La noche del 16 de Octubre, el embajador chileno en Gran Bretaña, Mario Artaza, había convenido con la comitiva de Pinochet que éste abandonara Inglaterra a la brevedad el próximo martes 20. Esta medida se tomó por cuanto se pensaba que las diligencias seguidas por el juez Garzón en España, podrían repercutir en la regularidad de la gira que realizaba el senador vitalicio y que tenía entre otros objetivos interceder en negociaciones gubernamentales vinculadas a la compra de armamento, industria en la que Pinochet es un gran inversionista. Una señal, que enturbiaba la tradicional hospitalidad con que Pinochet es recibido por los gobiernos de casi todo el mundo, la dio la Cancillería francesa que se negó a visar su pasaporte.
Para el Gobierno esta gira era muy importante, al punto que se le designó en forma casi clandestina como “embajador plenipotenciario en misión especial”, categoría que perseguía exclusivamente garantizar la “impunidad” diplomática del genocida confiriéndole las prerrogativas de Jefe de Estado. Es necesario subrayar en este punto, que tanto Aylwin como Frei, en reiteradas y diversas oportunidades tomaron estos resguardos que permitían al genocida gozar internacionalmente del mismo trato que recibe en Chile. Con el amparo de la Concertación, Pinochet ha recorrido el mundo en muchas oportunidades utilizando documentación adulterada, registrándose bajo nombres supuestos (en Holanda fue sorprendido como el “Sr. Escudero”) y rodeado de un aparato de seguridad que pasea ametralladoras y explosivos por donde quiera, todo ello por supuesto costeado por el erario nacional.
Si Pinochet estaba en Inglaterra y se disponía a otra de sus giras, lo hacía no sólo con el beneplácito sino que con la complicidad de la Concertación. Esto no es ninguna novedad, ya que es el simple reflejo de lo que ocurre en el país: la Concertación se limita a seguir el derrotero señalado por la Dictadura Militar.
Por eso, cuando Scotland Yard irrumpe en la ya mítica “London Clinic”, desarma y detiene a sus guardaespaldas, acordona el edificio e incomunica a Pinochet por dos horas, el sudor helado no se apodera del decrépito asesino (que a su idiotez tradicional sumaba el embotamiento post operatorio) sino que principalmente del Gobierno concertacionista, el que construyó su imagen durante años de “defensor de los DDHH”, “antipinochetista”, “democrático”, “de plena inserción internacional”. La Concertación, la del arcoiris, la que sirve de modelo de estabilidad, la alianza ejemplar, el “non plus ultra” de la tolerancia, debió ante estos hechos a salir a defender a su aliado y lo hizo con el destemple y virulencia común en los tránsfugas: señalaron que estaba en juego la soberanía del país y que no permitirían bajo ningún respecto que se enjuiciara a un genocida que es su principal sostén político, que es quien en definitiva cohesiona a la burguesía chilena.
La imagen del Canciller José Miguel Inzulza vociferando desesperado en defensa del General que lo torturó, encarceló y exilió, no es sino la patética caricatura de la maniobra gubernamental orientada al salvataje no sólo físico, sino que principalmente político que se hizo de la figura de Pinochet. El Gobierno puso a Pinochet como la encarnación de la soberanía nacional, haciendo de su defensa un asunto de principios, “de Estado” como gustan decir los voceros del pinochetismo. Los fascistas de la UDI y RN captaron esto rápidamente y ocuparon un inmejorable lugar explotando demagógicamente el antiimperialismo. Los huevos en la Embajada Británica, la supresión de los estacionamientos de la Embajada Española, y otras manifestaciones “contra el colonialismo”, son expresión de esta formidable campaña que durante la primera semana paralizó por completo a los partidos de gobierno.
Esta idea de hacer de la liberación de Pinochet un problema de respeto a la soberanía nacional, constituye una impostura, una falsificación. La bandera antiimperialista es demasiado grande -aún para jugar con ella- para quienes han hecho de la defensa de los intereses del capital transnacional una cuestión de principios. El propio pinochetismo, que emergió autoevidente como LA política de los partidos del régimen, es esencialmente eso: la sumisión de los intereses nacionales en beneficio del imperialismo. Clara demostración de ello es que a pesar de las bravatas nacionalistas, ni el gobierno, ni los fascistas fueron capaces de promover una auténtica medida antiimperialista en contra de los intereses españoles y británicos presentes en Chile.
Mientras gobiernistas y pinochetistas simulaban una postura antiimperialista, aprobaban un presupuesto ajustado a las necesidades del capital transnacional, reprimían al magisterio que luchaba en contra de la reforma educativa imperialista, a los miles portuarios despedidos en el proceso de privatización de los puertos, a los mineros del carbón cesantes para beneficio de compañías británicas. El “antiimperialismo” de estos connotados agentes del capital imperialista, no pasa de ser una mueca impotente, porque en la práctica siguieron -aún en los momentos más graves de la crisis de Pinochet- defendiendo la “economía abierta”, los tratados de sumisión militar, económica y política al imperialismo. Cuestiones elementales como la ruptura de relaciones diplomáticas con España e Inglaterra y la expropiación de sus capitales en Chile ni siquiera fueron insinuados, por ninguno de los histéricos huerfanitos de Pinochet, ni Piñera ni Lavín, ni Zaldívar, ni mucho menos Lagos.
La burguesía chilena, no por un problema racial o religioso, sino que por un problema estructural que arranca de la formación capitalista chilena, del papel del Estado, de su ubicación en la división internacional del trabajo, es incapaz de realizar la más mínima tarea antiimperialista. Esta realidad pone en evidencia la absoluta subordinación de los partidos -desde la UDI al PC- al proyecto e intereses imperialistas. Ello es expresión de la sumisión de la burguesía chilena al gran capital, que se desprende del carácter atrasado y semicolonial de nuestra formación social y al mismo tiempo de su papel de semicolonia.
El alegato antiimperialista, que tan mal queda a los sirvientes del imperio, sólo fue esgrimido con la intención de movilizar a sectores de masas en la defensa de un objetivo reaccionario: la liberación de Pinochet en Inglaterra, la impunidad del genocida para garantizar la estabilidad del régimen chileno.
Algunos, quizás desde las filas de la propia izquierda, podrían caer en la tentación de comparar el apresamiento de Pinochet con el de Noriega el 89. Sin embargo, debemos señalar que las diferencias son abismales: Chile no ha sido invadido por un ejército metropolitano, ni ha sido secuestrado su Presidente por el mismo; como en el caso de Noriega, que hoy día purga crímenes por narcotráfico en una cárcel de Miami. El apresamiento de Noriega, además de expresar la política invasora y genocida del imperialismo, manifestaba la necesidad de los yanquis de oprimir a las masas caribeñas. Muy por el contrario, Pinochet ha sido detenido en territorio británico, fuera de la jurisdicción chilena, por lo que no cabe alegar violación a la soberanía nacional; si bien es cierto la detención fue por orden de la justicia española, es fruto a su vez del accionar multitudinario de activistas y organizaciones defensoras de los DDHH, que forman parte de un movimiento aún mayor de luchas que sacuden de cabo a rabo el orden “democrático” de las decadentes potencias europeas.
Mientras el apresamiento de un asesino como Noriega a manos de un ejército invasor constituye una agresión imperialista, la mera detención en el exterior de un genocida como Pinochet constituye un pequeño pero significativo triunfo de las masas del mundo entero que se encaminan a castigar a sus verdugos.
¿QUIÉN ES EN REALIDAD PINOCHET?
A no pocos, en Chile y el exterior, podría resultar sorprendente la actitud asumida por el Gobierno de Frei, el que sustenta su prestigio ante las masas por encabezar una alianza que ha hecho del antipinochetismo, de su democratismo, su principal capital político. El Gobierno actual es lo que fuera la “Oposición” a la Dictadura Militar. Aún en el marco de la transición, (recordemos el acto de asunción de Aylwin en el Estadio Nacional, en el que se “purificó” el recinto con una liturgia ecuménica en defensa de los DDHH), la Concertación se presentó como la redentora de la libertad, la justicia, la tolerancia, la democracia, etc..
En este marco la cuestión del genocidio quedó como un reclamo moral, vigente cuya resolución era imposible habida cuenta de la Ley de Amnistía cuya vigencia se consideró esencial para viabilizar el traspaso del mando militar al civil opositor. En esta época se acuñó la expresión pusilánime de Aylwin, de “hacer justicia en la medida de lo posible”. Este elemento es clave, y distingue por ejemplo a la transición chilena de la paraguaya que fue de militares a civiles stroessneristas; o de la argentina en la que los civiles opositores no establecieron claramente amnistía a los genocidas el 83, la que finalmente hubo de establecer Menem con su Punto Final y la liberación de Videla y Cía.
La Ley de Amnistía del 79, marca y funda el proceso de institucionalización de la Dictadura que hasta ese momento era comandada, en forma un tanto invertebrada, por una Junta Militar. Esta Ley establece la impunidad para los crímenes perpetrados por los golpistas y marca una tendencia al orden y a la resolución de la crisis interna de la burguesía chilena que sumó al Golpe del 73, la violenta conmoción -a partir del 74- de la llamada crisis del petróleo.
EE.UU. bajo la administración demócrata de Carter, observando el descontrol internacional que comenzó a generar Pinochet y la DINA, con su operación Cóndor (Coordinación de las policías políticas del Cono Sur) y con los atentados a Prats, Letelier y Leighton, impuso a Pinochet un boycot internacional que tuvo como mayor exponente la Enmienda Kennedy, que cortó el suministro de armas a la Dictadura chilena. Estas presiones, que eran expresión de la repulsa internacional que generaban los crímenes de los militares en contra de la vanguardia obrera y de izquierda en nuestro país, tuvieron como resultado la disolución de la DINA, la dictación de la Amnistía (que exceptuaba de su aplicación expresamente a los crímenes cometidos fuera de Chile, como el caso Letelier) y la llegada del equipo económico de Friedman, los lúgubres “Chicago Boys”.
En este momento el régimen chileno se encontraba extraordinariamente aislado, aislamiento que buscaba romperse precisamente con la institucionalización, lo que ocasionó un nuevo quiebre en la burguesía. La marginación definitiva de los democristianos del gobierno dio lugar a un viraje muy violento, al punto que connotados funcionarios de la propia Dictadura -como el actual precandidato Zaldívar, en ese entonces Vicepresidente de CODELCO- fueron al exilio. En esa etapa los propios militares comienzan a pensar en su transición a una forma gubernamental civil. Se da cuerpo a la Comisión Ortúzar -cuyo cerebro fue el ajusticiado Jaime Guzmán- , que comienza a elaborar la nueva Constitución Política de la República, teniendo como principal modelo la anticomunista Ley Fundamental de Alemania Federal.
Hasta 1978, los bloques políticos seguían armados tal y como se conformaron para el Golpe del 73. De un lado el CODE (Derecha y DC), del otro la UP (PC, PS, Radicales), esto era expresivo a su vez de un quiebre en la propia burguesía que fue precisamente el que posibilitó la instauración de la Dictadura. La Democracia Cristiana rompe este cuadro y pasa a integrar la “oposición” a la Junta Militar, lo que polariza a su vez al bloque gobernante que ve definitivamente en Pinochet, más allá de la Junta, el único elemento capaz de dar coherencia al régimen.
El 78, año clave en el desarrollo del proyecto de “Reconstrucción Nacional” en que se encontraba envuelta la Dictadura, es el año a su vez de Pinochet, quien tuvo la capacidad de asumir el liderazgo de importantes sectores de la burguesía. Pinochet, un simple gorila sanguinario que ganó espacio político por su determinación genocida, a la hora de reprimir y regimentar al país, era el dirigente que necesitaba la patronal. Aquél que clausuró las instituciones parlamentarias y sumió a las masas en un baño de sangre, era el hombre del momento.
Un hombre mediocre, vulgar, astuto, de escasa inteligencia; un hijo de la arruinada clase media rural del centro del país, no un aristócrata de las castas militares de tradición familiar, ni mucho menos un refinado orador de la propia burguesía, se fue transformando en una institución del régimen político chileno.
El discurso de Pinochet, cuya extraordinaria simpleza y claridad ha maravillado a más de algún filólogo con pretensiones científicas, es simple precisamente porque se sustenta no en la demagogia democrática, sino que en la amenaza pura y simple. Su escasa cultura, su filiación casi infantil con la religión (él mismo reconoció la imagen de la Virgen del Santísimo Socorro en las trizaduras provocadas por un misil Low, en la ventana blindada de su automóvil, con motivo de su el frustrado atentado del 86), lo liberaron de las trabas morales y prejuicios democráticos de un Schneider, por ejemplo. Pero por otro lado, su carácter advenedizo lo hacía al mismo tiempo que inescrupuloso, en un disciplinado y servil instrumento de la burguesía.
La ambición de Pinochet estuvo siempre subordinada a los intereses generales de la burguesía, esto lo distinguía de los típicos caudillos militares y personalistas, como por ejemplo Viaux Marambio. Prueba palpable de ello es que escoltó a Fidel en su vista a Chile durante la UP; emergió en Junio del 73 como un general “constitucionalista” que frenó la intentona del “tancazo” de Supper, lo que le valdría a la postre ser designado Comandante en Jefe del Ejército por el propio Allende; y -todos concuerdan- fue el último en sumarse al Golpe en cuya conspiración no participó.
El anticomunismo de Pinochet que es parte de la tradición de las FF.AA. chilenas, toma cuerpo teórico en la geopolítica, que es la ideología de origen prusiano según la cual se ha de regimentar la sociedad con un criterio organicista, diríase biológico, que entiende que un cuerpo político sano requiere de un Estado disciplinado, sin disensiones internas.
Dentro de las tendencias “geopolíticas” del Ejército, Pinochet se encuentra en su ala más moderada que adhiriendo a la idea de que el Estado es el organismo vivo de la nación, rechaza no obstante la visión belicosa de que esta “vida” se traduciría en una actitud expansionista, el “espacio vital” del Tercer Reich. Esta postura implica en este caso concreto la sumisión política frente al imperio opresor, frente al cual Pinochet adopta una postura colaboracionista, pugnando con la línea dominante, “dura”, de gran peso dentro del Ejército que pregona el concepto de “frontera móvil” que supone que la responsabilidad militar llega allí donde se encuentren comprometidos los intereses económicos de la nación.
Dotados de estos precarísimos rudimentos ideológicos, la Junta Militar se prepara para barrer con las masas mediante una operación de terror generalizado. En esta tarea contrarrevolucionaria, Pinochet gana espacios dentro de la burguesía por corresponderse a una concepción institucional, despersonalizada, más profesional de la Dictadura, encarnaba a los “blandos”. Por oposición en la misma Junta Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACH), representaba una línea “dura” reacia a componendas con los civiles, y de mayor autonomía de los mandos militares (tipo Junta de Videla , en Argentina). Esta última línea, de escasa proyección política, termina finalmente abandonando la escena el 78 con la salida del propio Leigh de la Junta Militar.
Nada más lejano a la concepción pinochetista que enfrentarse al imperialismo. La inequívoca vocación pro-imperialista de Pinochet, única expresión política posible de la burguesía criolla, obligaba a hacer abandono de cualquier postura de corte nacionalista, ello ha quedado marcado a fuego con la política de “restitución” de capitales y mediante el Estatuto del Inversionista Extranjero, carta blanca a las transnacionales para saquear al país. Por ello el viraje del 78-79, la institucionalización, si bien es cierto da lugar a una nueva crisis interburguesa (ruptura de la DC con los militares), en ella ambas fracciones pugnan por servir los intereses norteamericanos. Las diferencias estribaban en los plazos, no en los métodos ni en los objetivos.
Por lo anotado, Pinochet fue transformado y elevado, por el proceso histórico, en el único elemento que en medio de la aguda descomposición de las instituciones burguesas, fue capaz de ponerse a la altura de las exigencias de la contrarrevolución. Por esto la burguesía chilena es pinochetista, como lo son también sus partidos políticos, aún cuando las circunstancias exijan que para contener a las masas deba recurrirse al discurso democrático “antipinochetista”. Con Pinochet la burguesía se une, pasó por encima de una revolución obrera en curso, pero para gobernar necesita atacarlo en el discurso. He aquí la paradoja de este régimen del transfugio político que tanto sorprende a algunos reformistas. Ya lo hemos señalado el pinochetismo es el “sionismo” chileno, se podrá ser de derecha, socialista o comunista pero la defensa de su régimen es una cuestión esencial. Del mismo modo que laboristas y conservadores, discuten en el parlamento israelí construido sobre una montaña de cadáveres palestinos.
Finalmente cabe preguntarse: ¿ encarnó Pinochet efectivamente un régimen fascista?. En esta materia debemos ser claros, la dictadura pinochetista NUNCA LOGRÓ CONSTITUIRSE COMO FASCISTA, A PESAR DE TODA LA BASURA ANTICOMUNISTA Y NAZI-FASCISTA QUE LLENABA LA CABEZA DE LOS GENOCIDAS. El régimen no fue fascista por cuanto tras su movimiento contrarrevolucionario, la burguesía no logró arrastrar a amplios sectores de la población para darle sustento de masas a su accionar. Mientras los camisas pardas de Hitler apaleaban comunistas y judíos en las calles, con el apoyo de importantes sectores de las masas alemanas; Pinochet debió salir a las calles de Santiago en medio del terror y de la soledad: era la Junta Militar, las FF.AA., aplastando a las masas. La burguesía chilena se impuso por medio de las armas, no de la demagogia delirante de algún “caudillo”.
La etiqueta de “fascista” la acuñaron los stalinistas no porque correspondiera a la realidad, sino porque era funcional a su política de alianza con la DC, a la cual hasta nuestros días sigue lastimosamente llamando a formar un “Frente Antifascista”. El Golpe del 73, homologable a la intentona de Kornilov en Julio del 17 en Rusia, no logró generar un sólido régimen fascista, alcanzó a derrotar y desarticular a las masas pero fue incapaz de generar un movimiento social de amplio apoyo. En este sentido, el Movimiento de Avanzada Nacional de fines de los 70 impulsado por el propio Pinochet, podrá pasar a la historia como una de las más grandes operaciones de inteligencia de la historia (se catastró y caracterizó políticamente a millones de chilenos) pero fracasó estrepitosamente en cuanto capacidad de nuclear y dar apoyo de masas al régimen genocida.
En último término, debe constatarse que no conocemos casos de auténticos regímenes fascistas en países semicoloniales. Perón, Vargas, como nacionalistas, Banzer, Stroessner, como simples gorilas, de seguro tuvieron en su mente el ideario fascista pero fueron incapaces de generar un amplio movimiento social de apoyo a su política contrarrevolucionaria, de aniquilamiento físico del movimiento obrero. Un auténtico movimiento fascista se basa además en una concepción expansionista, colonialista, requiere de una burguesía independiente, imperialista, capaz de ejecutar por sí misma sus intereses. Ni en Chile, ni en ninguna semicolonia (ni siquiera en Irak), se observa esta capacidad por parte de las burguesías criollas
¿POR QUÉ NI LA BURGUESÍA NI EL IMPERIALISMO PUEDEN JUZGAR Y CASTIGAR A PINOCHET?
Hemos demostrado la inacapacidad de la burguesía chilena de desarrollar cualquier tarea que signifique un choque con el imperialismo. Con ello la defensa de Pinochet se explica no por un problema de defensa de soberanía nacional, sino por el papel central de Pinochet en la institucionalidad del régimen. Sin embargo, el problema de fondo del castigo al genocida es un problema democrático esencial, que muchos han creído se resolvería con el proceso seguido por el Juez Garzón en España.
La socialdemocracia, los vestigios stalinistas y algunas organizaciones de DD.HH. como Amnistía Internacional, han presentado la detención del genocida como un acto de justicia, que significaría una alerta para los violadores de los derechos humanos. Ellos señalan que sería una señal para los Husein, Milosevic, Videla, Massera, etc., acerca de lo que no se debe hacer.
En nuestro país sectores del PS, DC y el PC, se han plegado a la idea de hacer de esta instancia judicial accidentalmente abierta, un camino de justicia y de fin a la impunidad. Con esta postura se siembran ilusiones en orden a que la justicia inglesa y española, podrían responder a la tarea democrática de juzgar y castigar al octogenario ex-Dictador. Como si de la noche a la mañana, imperios construidos sobre la base de las más grandes masacres que haya conocido la historia de la humanidad, comenzasen a preocuparse de castigar a uno de sus sirvientes ejemplares. Las “democracias” inglesa y española, ambas decadentes monarquías, no sólo en sus posesiones de ultramar, sino que dentro de sus propias fronteras han generado una Justicia que legaliza las muertes, torturas y encarcelamientos de irlandeses y vascos, por poner ejemplos groseros y de amplio conocimiento. Pero pareciera que la muerte en huelga de hambre dura de Bobby Sands, del IRA; o la formación de los GAL (Grupo Armado de Liberación) por parte del propio PSOE en España, son hechos que nunca existieron para los entusiastas adoradores de la Justicia imperialista. Nada se puede esperar de la mano de jueces genocidas como lo son los de Inglaterra y España, nada que importe un castigo a sus colegas genocidas.
Ya lo hemos indicado, la detención de Pinochet es un triunfo de la lucha de las masas a escala mundial, pero como todo triunfo de las masas se trata inmediatamente de revertir y utilizarse en contra de sus propios intereses. En este caso, el imperialismo está jugando a prestigiar sus instituciones a un costo muy bajo: juzgar a un símbolo de la masacre y la represión capitalista, qué mejor que este genocida de los confines del mundo. A esta maniobra han contribuido los reformistas de todo pelaje, los que se han limitado a “celebrar”, es decir a esperar o en el mejor de los casos a “presionar” para que actúe la “justicia”.
El juzgamiento de Pinochet por parte de cualquier tribunal burgués, sea inglés, español o argentino, de hacerse efectivo y de comenzar a aplicarse la demagógica legislación internacional contra el genocidio, conllevaría un desastre para el orden imperialista. Ello por cuanto deberían iniciarse procesos por genocidio en contra de la totalidad de los gobernantes vivos de las principales potencias imperialistas. Clinton, por ejemplo, debería purgar penas por su responsabilidad directa en la muerte de cientos de personas en los bombardeos sobre Sudán y Afganistán hace un par de semanas; no sólo Milosevic, sino que Kohl, Major, Yeltsin y toda la OTAN deberían responder por los crímenes cometidos en la ex-Yugoeslavia; las NU deberían responder por las recientes masacres en Panamá, Somalía e Irak, etc.. En resumen: el consecuente juicio y castigo a Pinochet plantea necesariamente una lucha contra el orden capitalista, bajo cuyos marcos es imposible esperar una efectiva resolución de cualquier reclamo democrático.
Desde este punto de vista, el juicio a Pinochet es un negocio para regímenes tan desprestigiados como los europeos. Ello por cuanto mediante este expediente, pretenden contribuir mínimamente a embellecerse mientras dan rienda suelta a la brutal ofensiva contra las masas que significa el plan EURO. La figura de Pinochet, en este contexto resulta especialmente emblemática, ya que es presentado como un destructor de un orden democrático burgués, cuya estructura partidaria era y es típicamente europea. Es un General que organizó la sistemática eliminación de socialistas y comunistas, lo que es más claro a los ojos de las masas europeas que la persecución, por ejemplo, de los shiítas por parte de Saddam en Irak.
En este minuto resulta improbable realizar un pronóstico que corra en un solo sentido. El Gobierno inglés -las peroratas sobre la supuesta independencia del “Poder” judicial se las dejamos a los abogados- enfrenta una disyuntiva extraordinariamente compleja. Si determina la inmunidad de Pinochet y permite su regreso a Chile, perderá todo lo ganado hasta ahora con la detención; ello significará poner en evidencia a escala MUNDIAL la complicidad del imperialismo con los genocidas, y el carácter meramente decorativo de las instituciones del Derecho Internacional Público; liberar a Pinochet será una manifiesta confesión de que las Convenciones y Tratados Internacionales sobre defensa de los DD.HH., son sólo literatura cuya única finalidad es legitimar en determinados casos las intervenciones militares del imperio en sus colonias. Si, por el contrario, se decide dar curso a la extradición pedida por España, esto con justicia será percibido como un triunfo de las masas lo que podrá abrir paso a un torrente de reclamos de extradición que indudablemente pasarían a encarnarse como lucha antiimperialista. En definitiva, la capacidad de ponderar estos elementos, pero por sobre todo la potencia de las luchas que se desarrollen en Europa, decidirán este problema en uno u otro sentido.
En Chile las implicancias son parecidas, pero siempre tendrán como resultado la polarización. De resultar extraditado Pinochet, se debilitaría la postura gubernamental lo que obligaría a una extrema radicalización de la política “pinochetista” de la Concertación. Si, en contrario, es liberado, el regreso del Senador Vitalicio daría lugar a manifestaciones triunfalistas de la derecha que doblegarían la imagen democrática del Gobierno el que recibiría todo el descrédito y la ira popular ante tan infame resultado que confirmaría la impunidad internacional de Pinochet.
Más allá de las variables, con o sin extradición, Pinochet no será castigado por ningún tribunal burgués. En el mejor de los casos Pinochet podría pasar una temporada detenido en España, tras la cual el franquismo se encargaría de liberarlo por razones humanitarias, haciendo uso de sus facultades ejecutivas. Lo que realmente preocupa a la burguesía y al propio imperialismo, es la forma de responder a la polarización social que este hecho está ocasionando. La Derecha sabe que su triunfo ha costado extraordinariamente caro al régimen, las ilusiones democráticas, “antipinochetistas” de las masas están muy golpeadas y para nadie es un misterio el carácter “pinochetista” al menos de la Concertación.
Con una política legalista y servil al imperio, sólo logra salvarse el PC, pero resulta evidente que el stalinismo no tiene ninguna capacidad de conducción en términos de Gobierno, por lo que no es una alternativa de Gobierno para la burguesía, ello a pesar de la política liberal y colaboracionista de clases que desarrolla el PC, que lo ubican en sus períodos de mayor derechización.
Foco de esta preocupación lo constituyen la naturaleza de las medidas que han de tomarse luego de resuelto el tema en Inglaterra. En este orden son numerosas las señales, y hasta contradictorias. La ultraderecha reclama la formación de un Gobierno Derecha-DC, de “Unidad Nacional”. Sectores más moderados, RN, la DC los socialistas comienzan a pensar en un proceso de Reconciliación que se base en dos cuestiones: 1.- que Pinochet haga un “gesto” de constricción y se retire de la vida política (ese es el sentido de la reciente norma que regimenta el retiro de los Parlamentarios); 2.- Que se entregue información sobre la ubicación de los detenidos-desaparecidos. Con estas medidas cosméticas, se pretende sepultar el problema de los DD.HH. y salvar esta crisis. Como hemos señalado en relación con el problema europeo, nuevamente la respuesta habrá de encontrarase en el grado de actividad y lucha que desplieguen las masas, actividad que puede medirse como patrón de referencia con la enorme envergadura que alcanzaron las movilizaciones contra la llegada de Pinochet al Senado en calidad de vitalicio.
En definitiva, más allá de las variables que se impongan a la liberación de Pinochet una cosa es segura: el asesino será liberado, porque no hay tribunal burgués en el mundo con capacidad de dar resolución al problema del genocidio. La aplicación de esta medida exigiría dar vuelta atrás la rueda de la historia, y no hay maniobra política que pueda poner las instituciones imperialistas y burguesas, al servicio de los explotados y el conjunto de la humanidad. La burguesía, especialmente en medio de esta profunda crisis, sólo puede recortar libertades, aumentar la explotación y reprimir. Si incidentalmente se ve obligada a tomar una medida democrática, como es la detención del ex-Dictador, está obligada a retacearla y dejarla sin efecto. Las episódicas convulsiones sociales a que dan lugar las cíclicas crisis capitalistas, hacen que la más elemental de las conquistas de las masas tengan sus días contados mientras la burguesía siga en el poder.
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO Y LA LUCHA POR LAS REIVINDICACIONES DEMOCRÁTICAS
La lucha por las reivindicaciones de orden democrático, de conformidad a la metodología del Programa de Transición de Trotsky, en esta etapa de descomposición capitalista, adquiere un primer lugar en el orden de prioridades de la lucha revolucionaria. La estrategia proletaria, su propia revolución y dictaduras, presuponen que la clase obrera acaudille al conjunto de la nación oprimida en su lucha antiimperialista que sólo puede proyectarse como lucha de clases a condición que se exprese como lucha anticapitalista. Parte central de esta lucha la ocupan las reivindicaciones de orden democrático, como el castigo a los genocidas, la liberación de los presos políticos, cuestiones que aparecen bajo la etiqueta jurídica de “DD.HH.”
Ello explica que el juicio y castigo a Pinochet, juegue un papel trascendental en la política proletaria, toda vez que sólo bajo su conducción, será posible resolver el problema del genocidio castigando a los asesinos e imponiendo la liberación de los presos políticos en Chile. Se trata de que reclamando una cuestión democrática como es el castigo de los criminales, como es la libertad de expresión política y el derecho a la organización de los trabajadores, se pase a golpear los aparatos represivos de la burguesía ajusticiando a sus militares asesinos, abriendo sus cárceles, consagrando la irrestricta libertad de organización y de lucha de los explotados por su liberación. Estos reclamos de orden democrático, de ser exigidos consecuentemente, sólo pueden ser impuestos vía acción directa de las masas lo que plantea la expulsión de la burguesía del poder.
En consecuencia, este reclamo democrático del castigo a los genocidas, no puede ser resuelto dentro de los marcos burgueses, ni por sus tribunales, ni por sus leyes. Esta incapacidad se desprende de una realidad histórica del porte de una catedral: el capitalismo sólo puede sobrevivir a costa de la destrucción masiva de fuerzas productivas, del genocidio de millones. No otra cosa podemos concluir de este siglo, que registra los genocidios más gigantescos de la historia de la humanidad. En los últimos cien años millones y millones de seres humanos han sido eliminados en campos de concentración, en fusilamientos masivos, en explosiones atómicas, guerras bacteriológicas, etc.. Estas atrocidades no son el cumplimiento de profecías apocalípticas, sino que son la nítida corroboración del pronóstico científico del marxismo: el retraso en el triunfo de la revolución socialista conduce a la humanidad al pantano de la barbarie capitalista. La disyuntiva, hoy más que nunca, es: Socialismo o Barbarie.
Sin embargo, la izquierda socialdemócrata, stalinista y reformista en general, tanto a nivel nacional como mundial, ha venido sosteniendo una política que va del cretinismo legalista al abierto pro-imperialismo. En Europa los partidos de izquierda se han diluido en las organizaciones de DD.HH. y otros frentes por el estilo, enfrentando el problema como una cuestión de aplicación de “tratados internacionales”; en Chile el PC y algunos sectores del PS e incluso la DC, han caracterizado al hecho como un triunfo de la justicia en que ha sido la “comunidad internacional”, la que ha tomado en sus manos una cuestión que los chilenos no hemos sido capaces de resolver. El PC remata esta capitulación a los tribunales europeos con una capitulación al orden jurídico nacional: para ellos el problema se resuelve convocando un Plebiscito para una Asamblea Constituyente, que se pronuncie sobre la Anulación de la Ley de Amnistía.
En pocas palabras: la izquierda europea y la chilena (también sus colegas argentinos PC, PO, MAS, etc., no olvidemos que Garzón investiga también a la Junta de Videla) se ha limitado a saludar el accionar de la justicia burguesa, subordinándose una vez más a la legalidad y al Estado de los patrones. Con esto no han hecho más que seguir alimentando ilusiones en la democracia burguesa, que en el caso de la izquierda chilena y argentina constituye un postura además pro-imperialista, por atribuirle a la justicia imperial capacidad para resolver un problema como los genocidios de los 70 en el Cono Sur latinoamericano.
Si en Chile, en Argentina y en Europa, no emerge un poderoso movimiento de masas que se proponga la lucha por el juicio y castigo a los genocidas; que es lo mismo que decir: un sólido movimiento anticapitalista y antiimperialista, se debe a la falta de una dirección política internacional que lidere la lucha de los obreros y explotados del mundo entero. Esta dirección política de los explotados en lucha es el Partido Mundial de la Revolución Socialista, la IV Internacional. La ausencia de esta dirección política internacional ha impedido a las masas del mundo entrar a desempeñar un papel trascendente en el hecho puntual de la detención de Pinochet en Inglaterra. Para nosotros, los trotskystas del POR, esta cuestión es esencial y fundamental en el análisis y desarrollo de una política frente al problema del genocidio. Sólo la revolución castiga a sus verdugos, para ello necesitamos las tres condiciones: “el partido, el partido y el partido”.
La tarea de estructuración partidaria presupone la formulación de una línea nítidamente proletaria, pues sólo esta clase puede abordar consecuentemente esta lucha. El castigo a Pinochet, sólo podrá ser impuesto por un Tribunal Popular Internacional integrado por las organizaciones de base de clase obrera, entidad que centralizará y potenciará no sólo el castigo a Pinochet sino que servirá de punto de partida para el combate a la represión burguesa y el potenciamiento de la lucha revolucionaria. El Tribunal Popular ya ha condenado a Pinochet, lo ha hecho la conciencia lúcida de los explotados del mundo entero, como lo ha hecho con Hitler, Mussolini y otros carniceros por el estilo.
La estructuración de este Tribunal Popular no se basa en la convocatria a “notables” de izquierda, ni a intelectuales “progre”, ni a distinguidos burócratas sindicales. Su formación dependerá de la capacidad del partido revolucionario de llevar la lucha por el castigo a los genocidas, al seno de las luchas que hoy se desarrollan en Chile y el mundo entero. Debe rechazarse la impostura del PC que dirigiendo abrumadoramente la heroica huelga docente, fue incapaz de incorporar la lucha por el Castigo a Pinochet al torrente movilizado del magisterio. Impulsar el castigo a Pinochet, pasaba fundamentalmente por el apoyo y potenciamiento de la Huelga del Colegio de Profesores y por la preparación de la Huelga General. El Castigo a Pinochet no es un problema de “delincuencia” como interesadamente plantean los reformistas, es de la lucha de clases de la que emergerá su resolución. Politizar la lucha del magisterio, la lucha por los DD.HH., por el castigo a los genocidas, por la inmediata e incondicional libertad de los presos políticos de Pinochet-Aylwin-Frei, significa construir con estos reclamos un puente para el poder de los explotados: un Gobierno Obrero y de los Explotados de la Ciudad y el Campo.
El combate al legalismo, que deja la resolución del genocidio en manos de la patronal; el combate al gremialismo, que aisla la lucha contra la represión y el genocidio, de las demás luchas de masas; el combate al electoralismo, que pretende resolver con candidaturas de “izquierda”; todos estos combates, forman parte de la lucha de los revolucionarios. Legalismo, gremialismo, electoralismo, son todas expresiones de la política de la burguesía para doblegar a los trabajadores, es por eso que las convocatorias a Asambleas Constituyentes, a Plebiscitos y otras ingeniosas soluciones “jurídicas” son sólo eso: letra muerta en las páginas de la prensa reformista. Estas salidas, tantas veces planteadas por el PC, sólo son reveladoras de su impotencia frente al orden capitalista, del cual son sólo un engranaje.
Ya lo dijimos en nuestro primer volante referido a la detención de Pinochet, a él lo queremos ver como a Mussolini: ahorcado en una Plaza Pública por resolución de un Tribunal Popular. Esa es nuestra lucha: acción directa, autodeterminación de las bases, poder para los explotados, la violencia multitudinaria de los obreros transformando revolucionariamente la sociedad. Cuando esta lucha se desate, una muralla caerá sobre pinochetistas, proburgueses y burgueses de toda calaña, esa muralla aplastará al capitalismo, sobre esos muros flameará orgullosa la bandera de la revolución proletaria.
Santiago, Octubre de 1998
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