Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-116-de-febrero-12-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f1f8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 13:44:34+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-116 DE FEBRERO 12 DE 2004
SENTENCIA T-116 DE 12 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:FALTA ABSOLUTA DEL ALCALDE. EL NUEVO MANDATARIO DEBE CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE MUNICIPAL, FALTAS DEL ALCALDE, POSESIÓN DEL ALCALDE, SUSTITUCIÓN DEL ALCALDE, PLAN DE GOBIERNO
Sentencia T-116 de febrero 12 de 2004
Sent. T-116, feb. 12/2004. Exp. T-789355.
Acción de tutela instaurada por Jaime Escrucería Gutiérrez contra la gobernación de Nariño.
En el trámite de la petición de tutela promovida por Jaime Escrucería Gutiérrez contra la gobernación de Nariño.
1. El accionante fue elegido como alcalde del municipio de Tumaco para el período que va del 5 de agosto de 2001 al 5 de agosto de 2004. Debido a la enfermedad que padece el señor Escrucería Gutiérrez, el gobernador del departamento de Nariño declaró la falta absoluta del alcalde y en su reemplazo designó a Víctor Arturo Aguirre Albán.
Para el accionante, el nombramiento de Aguirre Albán está viciado por cuanto recayó en una persona que no pertenece al partido, grupo político o coalición que lo apoyó para ser elegido como alcalde de Tumaco.
Añade que el Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración “Líder”, hizo llegar al gobernador la terna de candidatos para designar a su reemplazo y la autoridad departamental no la tuvo en cuenta, como tampoco fue considerada la terna enviada por las personas que inscribieron su candidatura.
Por estos hechos fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Nariño el Decreto 348 del 28 de marzo de 2003, acto administrativo mediante el cual fue nombrado Víctor Arturo Aguirre Albán como alcalde municipal de Tumaco.
2. El señor Escrucería Gutiérrez formuló la petición de amparo como mecanismo transitorio, pues considera que se han violado sus derechos al debido proceso administrativo, ya que el gobernador no tuvo en cuenta la terna presentada por el movimiento Líder para designar a su reemplazo, como también estima violado su derecho a la participación política, pues el nuevo alcalde no pertenece a su movimiento político ni continuará los planes de administración que él venía ejecutando. El perjuicio irremediable lo funda el accionante en el hecho de no poder cumplir con el programa de gobierno, pues mientras la jurisdicción administrativa decide sobre la demanda de nulidad, el alcalde designado como su reemplazo, habrá terminado el período.
Con la demanda de tutela el accionante pretende que se imponga al gobernador la obligación de nombrar como alcalde del municipio de Tumaco, a una de las personas integrantes de la terna presentada por el movimiento político Líder.
3. El demandado considera que no ha violado los derechos del demandante. En su concepto, el gobernador no estaba obligado a solicitar terna de candidatos para la alcaldía de Tumaco pues el Acto Legislativo 2 de 2002, modificó la manera de proveer las faltas absolutas de los alcaldes, derogando el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 (que establecía el requisito de la terna) y por cuanto el movimiento político (Líder) había desaparecido, al serle retirada la personería jurídica mediante Resolución 5659 del 30 de septiembre de 2002 expedido por el Consejo Nacional Electoral.
4. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, mediante fallo del 28 de mayo de 2003, negó el amparo por considerar que el accionante no está legitimado para agenciar los derechos de las personas incluidas en la terna presentada por el movimiento político Líder, como tampoco para actuar en representación de la coalición que lo inscribió para participar en las elecciones para la alcaldía de Tumaco.
Además, para el a quo es improcedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues no se dan las condiciones establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente las relacionadas con la inminencia y la gravedad del perjuicio irremediable. El juez basa su decisión en el artículo 1º del Decreto 306 de 1992.
5. Impugnada la decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño, mediante providencia del 7 de julio de 2003, confirmó la decisión de primera instancia. Para la corporación, el señor Jaime Escrucería Gutiérrez, al ejercer la acción de tutela en calidad de ex alcalde municipal de Tumaco, pretendiendo la designación de uno de los integrantes de la terna presentada por el movimiento Líder, dio comienzo al trámite de una petición de tutela sin estar legitimado para ello, pues la reclamación que formuló tenía que ser presentada por el Movimiento Político Líder o, en su defecto, por los integrantes de la terna enviada al gobernador de Nariño.
Además, explicó la corporación, el accionante no es representante legal del Movimiento Político Líder, como tampoco procurador judicial de los integrantes de la terna enviada al gobernador del departamento de Nariño; por lo tanto, carece de legitimación para actuar en este caso.
En concepto de los jueces de instancia, la tutela resulta improcedente pues el demandante —quien es el ex alcalde reemplazado— no demanda en realidad la protección de sus propios derechos, sino del partido o movimiento que lo apoyó, quienes no le han otorgado poder.
Además, el juez a quo considera que no se presentan los requisitos para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues conforme al artículo 1º del Decreto 306 de 1992, tal situación no se presenta cuando es posible restablecer el derecho mediante orden de dar posesión a un determinado funcionario.
Lo anterior por cuanto el centro de la discusión gira en torno a la interpretación del artículo 314 de la Constitución, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 2 de 2002. A partir de este surgen diversos debates: (i) si la nueva disposición constitucional demanda o no la presentación de ternas —conforme a la L. 136/94—; (ii) si los movimientos, partidos o coaliciones que apoyaron al candidato elegido inicialmente como alcalde, deben ser tenidos en consideración, aun cuando hayan perdido su personería jurídica.
Parámetros de interpretación constitucional para la administración
Lo anterior debe sujetarse a las restricciones que la misma Constitución impone. Así, la Corte reconoce que, conforme a las reglas que regulan el manejo del precedente judicial, el juez puede, bajo determinadas circunstancias, apartarse de la decisión de la Corte. No así la administración, que se encuentra sujeta a los parámetros definidos por la Corte Constitucional en esta materia y los jueces ordinarios en sus respectivos ámbitos de competencia. Solo así se asegura que la administración esté sujeta al derecho.
Al momento de interpretar la Constitución, la administración (al igual que los restantes operadores jurídicos) está obligada a considerar parámetros constitucionales de interpretación. En particular, ha de garantizarse que el ejercicio hermenéutico no conduzca a la ruptura de la unidad de la Constitución, ni al desconocimiento de los fines constitucionales, sean globales para todo el Estado o los precisos definidos en las normas que regulan las distintas instituciones jurídico-constitucionales.
“La Constitución, ha señalado la Corte, ha de entenderse como un texto que goza de unidad, de suerte que no resulta posible seleccionar caprichosamente las consecuencias normativas que resulten favorables o desfavorables para la solución de un problema puntual. Por el contrario, la solución de las controversias jurídicas de interés constitucional, exige que le sean aplicados al caso controvertido, todas las consecuencias —mandatos, permisiones, prohibiciones y diseños estructurales— previstos en la Carta. Ello implica que la interpretación no puede limitarse a considerar el fin de la norma constitucional, si con ello se llegan a situaciones insostenibles desde el punto de vista sistemático, se anulan contenidos normativos que se derivan de la misma disposición, se extienden los alcances de un derecho menguando injustificadamente el ámbito protegido por otro derecho o se arriban a restricciones desproporcionadas o irrazonables. Así mismo, no puede apoyarse una interpretación sistemática que desconozca los fines de las normas sistematizadas, que impidan su armonización con otros derechos constitucionales, etc.”.
13. El respeto por criterios sistemáticos es, en materia constitucional, de obligatoria observancia. La garantía de la unidad de la Constitución se soporta sobre esta premisa. Dicha unidad tiene entre sus extremos la necesidad de conciliar y armonizar la parte dogmática y la orgánica de la Carta. Esta regula la organización del Estado y define las competencias de los distintos órganos de origen constitucional, en tanto que aquella define los derechos de los ciudadanos. La relación entre ambas partes es estrecha, debiéndose reconocer la primacía de la primera sobre la segunda(1). Esta primacía es el resultado de que el Estado se organice en torno a la realización y garantía de eficacia de los derechos constitucionales de las personas (C.P., art. 2º).
Dicha apertura hermenéutica es el resultado de aplicar la Constitución a todo el ordenamiento, que torna en insuficientes los criterios de interpretación tradicionales, en particular los literales (C-600A/95(2)). En efecto, el tenor literal de la ley no puede enfrentar con éxito las exigencias derivadas de una aplicación del derecho conforme a la Constitución, porque las normas de la Carta son de textura abierta; ellas buscan dar espacio a múltiples concepciones de la vida y la sociedad.
Bajo estas consideraciones, debe admitirse que los funcionarios públicos se enfrentan a un marco interpretativo dentro del cual están, prima facie, en libertad de seleccionar la opción hermenéutica (sentido normativo) que consideren ajustada al texto positivo, tanto constitucional como legal. El carácter prima facie de la autonomía interpretativa del funcionario, se deriva de la existencia de funciones institucionales para fijar los sentidos admisibles de un texto legal o constitucional”(3).
La Corte ha señalado que, en ausencia de un sentido fijado por la Corte, la interpretación que realice la administración debe desestimarse si es absolutamente irrazonable(4).
15. La irrazonabilidad de la interpretación se deriva no solo del hecho de que, a partir del texto, no resulta posible derivar el sentido normativo propuesto, sino además que la interpretación propuesta tiene por consecuencia destruir o hacer nugatorio el orden constitucional mismo.
Este punto ha de analizarse en dos niveles, como ya se indicó. En uno, la interpretación ha de ser compatible con el sistema axiológico de la Constitución, las garantías y derechos constitucionales de los asociados, el reparto de competencias y funciones fijado por la Carta y los mecanismos mediante los cuales los órganos constitucionales realizan los propósitos constitucionales, en particular aquellos definidos en el artículo 2º de la Constitución. Es decir, han de respetarse los parámetros de sistematicidad que aseguran la unidad constitucional, así como tener presente los elementos teleológicos definidos en la Constitución.
En el nivel concreto, la interpretación ha de respetar la integridad y finalidad de la norma constitucional. La finalidad de las reglas y principios constitucionales no se definen exclusivamente a partir de sí mismas, sino que se articulan a partir de otros mandatos constitucionales, que les confiere un pleno sentido. En este punto, la administración ha de guiarse por aquella interpretación que permita, dentro del sistema de la Constitución, la mayor realización del propósito constitucional contenido en el mandato.
Los procedimientos constituyen medios para lograr ciertos fines (instrumentalidad de las formas). Si bien, en sí mismos contienen elementos sustantivos, como el respeto por el derecho de defensa y el principio de legalidad (publicidad, universalidad y predeterminación normativa), también ha de considerarse su finalidad. La realización del fin para el cual fue dispuesto el procedimiento constituye un parámetro, que ha de respetarse, so pena de invalidar el ejercicio hermenéutico.
17. No todos los aspectos del procedimiento están fijados en la Constitución. En ocasiones, la Carta fija elementos básicos en sí mismos insuficientes para la realización del fin, en cuyo caso, aumenta la relevancia constitucional de los desarrollos legales de la Carta. En otras ocasiones, de los preceptos constitucionales es posible asegurar el cumplimiento de finalidad del procedimiento, en cuyo caso, difícilmente los desarrollos legales tendrán relevancia constitucional. Por lo tanto, y exclusivamente para efectos del control constitucional, en el primer caso el margen de interpretación de la administración se encuentra sujeta a dos restricciones: la Constitución y la ley; mientras que en el segundo, prima facie, se restringe a los parámetros constitucionales.
Artículo 314 de la Constitución e interpretación constitucional
18. La necesidad de asegurar los niveles de sistematicidad y de unidad constitucional analizados en los fundamentos 12 y 13 de esta sentencia, obligan a observar detenidamente el caso, pues la elección de un alcalde es un fenómeno jurídico complejo, mediante el cual (i) se elige a una persona para que ejerza la función de alcalde y, (ii) se impone un mandato(5), contenido en la propuesta de programa sometido a consideración del pueblo (C.P., art. 259). El incumplimiento del mandato puede dar lugar a la revocatoria del mandato (C.P., art. 103). Este elemento introduce un nuevo interrogante: ¿cómo ha de armonizarse el procedimiento para suplir las vacancias de los alcaldes con la fuerza normativa que tienen los programas de gobierno adoptados por el pueblo?
19. Desde sus comienzos, la Corte Constitucional ha señalado que el sistema axiológico de la Constitución dedica un lugar central a la democracia participativa. No en vano, el artículo 2º de la Carta demanda al Estado asegurar la efectiva participación de las personas en los procesos decisorios que afectan sus derechos. Así mismo, en Sentencia T-227 de 2003, precisó que la definición de los derechos fundamentales pasa por considerar la efectiva participación de la persona en la vida en sociedad.
Como expresión de la democracia participativa, la Corte ha señalado que el voto programático constituye una de sus manifestaciones más importantes, posibilitando el efectivo control del ciudadano sobre el elegido. En Sentencia C-011 de 1994(6) señaló:
“El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mándalo un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia de esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991.
De la concordancia de los artículos 259 y 103 de la Constitución, precitados, se desprende que en el marco de la democracia participativa, que hunde sus raíces en los campos de la soberanía popular, el voto programático garantiza la posibilidad de la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores en particular si estos incumplen con su programa.
Esta revocatoria del mandato es la consecuencia lógica del derecho de participación del ciudadano en el ejercicio del poder, como lo dispone el artículo 40 superior. En otras palabras, en el nuevo esquema filosófico de la Carta el ciudadano ya no se limita a votar para la escogencia del gobernante y luego desaparece durante todo el período que media entre dos elecciones —como en la democracia representativa—, sino que durante todo el tiempo el ciudadano conserva sus derechos políticos para controlar al elegido —propio de la democracia participativa—. El ciudadano no se desentiende de su elección”.
La primera hipótesis supone que, merced a la nueva elección, habrá de adoptarse un nuevo programa; mientras que en el segundo evento, la ausencia de votación obliga a considerar que el alcalde designado sigue sujeto al programa aprobado junto al alcalde inicial(7). Lo anterior, por cuanto solo el voto popular puede modificar el programa de gobierno. Solo el pueblo, en los términos de la ley y según los parámetros de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene la potestad para revocar el mandato del alcalde que incumple con el programa.
Con lo anterior adquiere un sentido pleno la obligación del gobernador de respetar al movimiento, partido o grupo político que apoyó la candidatura del alcalde ganador de los comicios —segunda hipótesis normativa del artículo 314 de la Constitución—, pues se asegura la continuidad del programa de gobierno.
“El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático”.
20. Según los jueces de instancia, el demandante carece de legitimación para acudir a la tutela, pues no es titular de los eventuales derechos fundamentales violados, los cuales estarían en cabeza de los integrantes de la coalición, grupo, movimiento político o partido que lo respaldó en su candidatura.
La anterior consideración tiene como premisa que la designación de un alcalde nuevo en reemplazo de aquel que ha abandonado su cargo por enfermedad es un asunto que únicamente interesa al grupo, movimiento, coalición o partido político que respaldó al candidato saliente. Ello se explicaría por el hecho de que la Constitución solo se refiere a tales organizaciones en el proceso definido para designar al nuevo alcalde. Sin embargo, al introducirse la variable del voto programático, el panorama cambia.
Derecho al debido proceso y procedencia de la tutela
22. Según se desprende del argumento del demandante, la violación de su derecho a la participación en el control, ejercicio y conformación del poder, se deriva de la omisión en que incurrió la gobernación de Nariño en el proceso de designación del nuevo alcalde. Tal omisión, consiste en no solicitar una terna y no respetar el partido, o coalición que apoyó al candidato, implica una violación del derecho fundamental al debido proceso.
La gobernación, por su parte, niega tal omisión, pues considera que la disposición constitucional no demanda, dadas las circunstancias del caso —pérdida de personería jurídica del partido que apoyó al candidato—, tal procedimiento.
La protección del debido proceso en sede de tutela está reservado para tres eventos: (i) cuando la violación del procedimiento conduce a la desnaturalización del mismo, por desconocer los elementos mínimos constitucionales que permiten calificar un procedimiento como debido(8); (ii) cuando la violación del debido proceso conduce a la violación de otros derechos fundamentales(9); y, (iii) cuando se desconocen procedimientos fijados en la Constitución.
Derecho fundamental al debido proceso y procedimientos constitucionales
24.1. La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso, como derecho fundamental, no se agota en el principio de legalidad. Este derecho, en clave constitucional, apunta a que el procedimiento aplicable sea compatible con la Constitución y a que en el desarrollo del procedimiento, sea administrativo o judicial, se respeten las garantías que permiten calificar dicho procedimiento de justo (en particular, juez natural, carácter público del procedimiento, derecho de defensa, derecho a controvertir las pruebas y doble instancia en materia penal).
24.2. Tratándose de procedimientos fijados en la Constitución, no es posible realizar un juicio sobre el procedimiento que se desprende directamente de la Constitución. Solo cabe un juicio sobre la interpretación que de dicho procedimiento se hace, a fin de establecer si respeta los parámetros de unidad, sistematicidad y finalidad antes mencionados.
25. Las regulaciones constitucionales en materia de procedimientos tienen distintos grados de concreción. Así, por ejemplo, la Constitución establece un término preciso para que se tramiten las leyes estatutarias (C.P., art. 153 en armonía con el art. 138 del mismo estatuto), al igual que fija un término preciso para que el Procurador General de la Nación intervenga en los procesos de control de constitucionalidad abstractos (C.P., art. 242).
Otras regulaciones, por su parte, son abiertas, sin que ello les reste suficiencia para regular el asunto. Tal es el caso del artículo 157 de la Constitución, que establece obligaciones claras para que un proyecto de ley sea ley de la República, pero cuyos contornos están sujetos a una amplia interpretación, salvo que el reglamento del Congreso fije parámetros más precisos (Constitución, art. 151).
Por lo mismo, la violación del procedimiento (el debido proceso como garantía), solo existirá si la interpretación que del procedimiento se hace resulta incompatible con la Carta; la violación del debido proceso como derecho fundamental, por su parte, solo se presentará cuando el desarrollo del trámite conduzca al desconocimiento de los elementos que definen el carácter justo del mismo.
“(...) si la falta absoluta del mandatario local se presenta faltando menos de dieciocho (18) meses para la terminación del período del alcalde elegido, la norma constitucional es clara en señalar que se debe designar un alcalde para lo que reste del período, designación que debe recaer en un ciudadano del mismo partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido, sin tener que acudir al procedimiento de la terna consagrado en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, el cual, como quedó expuesto, se encuentra modificado por el Acto Legislativo 2 de 2002 en tal aspecto”.
Como quedó dicho, ante la ausencia de pronunciamientos judiciales y, en particular, de la Corte Constitucional, la administración goza de un amplio margen de interpretación, que se sujeta a consideraciones de razonabilidad. En este cargo, la razonabilidad de la interpretación que apoya el gobernador estriba en garantizar que efectivamente el alcalde designado cumpla el programa de gobierno adoptado por el pueblo y que, de ser posible, consulte al partido, movimiento o coalición que apoyó el alcalde elegido.
Dado que la Constitución no establece medio, no resulta incompatible con ella la regla fijada en el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, pues con ello se asegura un procedimiento para llenar la vacante.
Sin embargo, esta interpretación adolece de dos defectos. En primer lugar, traslada al régimen constitucional una norma legal dirigida a resolver una situación específica: designación de un alcalde mientras se realiza la elección. Esta situación implica que se trataba de una designación temporal, que justificaba la posibilidad de selección de la persona por parte del gobernador. En la regulación posterior al Acto Legislativo 2 de 2002, esta temporalidad desaparece. En segundo lugar, implica una intromisión legislativa en los asuntos de los partidos. Conforme a la regla constitucional vigente al momento de los hechos materia de debate, “en ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos” (C.P., art. 108). Ello abarca el mecanismo de selección de la persona que ha de representar al partido al momento de producirse una vacante y que no de lugar a nuevas elecciones. ¿Qué razón existe para que deba ser mediante una terna? ¿Qué ocurre si el partido, movimiento o coalición ha convenido un mecanismo distinto para seleccionar los reemplazos en estos casos?
Defensa del mandato constitucional impuesto al alcalde
Igual suerte sufre lo relativo al control de la realización del mandato popular. Para tal efecto, se ha previsto la figura de la revocatoria del mandato, que reclama exclusividad en razón de la tensión que pretende resolver. Es posible que una persona considere que el alcalde ha incumplido su mandato, mientras que el grueso de la población considera lo contrario. Ello implica una tensión entre el principio democrático —representado en la mayoría— y el derecho individual a que se realice el mandato. El constituyente optó por privilegiar el principio democrático, precisamente por cuanto el mandato es otorgado colectivamente.
El demandante aporta dos razones que considera son prueba del desconocimiento del programa de gobierno. De una parte, la declaratoria de insubsistencia de varios funcionarios de la alcaldía de Tumaco. Ello, primero que todo, no implica violación alguna de los derechos fundamentales del demandante y, por otra parte, no es prueba del desconocimiento del programa de gobierno, pues este no se diseña a partir de un reparto de cargos públicos, sino sobre la realización de proyectos ligados al desarrollo del municipio, en particular, la realización y satisfacción de las obligaciones constitucionalmente asignadas a los municipios.
El mandato de respeto a los partidos, movimientos o coaliciones, según el artículo 314 de la Constitución
De lo anterior se sigue que el gobernador, en este caso, tiene la obligación de seleccionar una persona que efectivamente cumpla con dicho programa. Empero, ello no implica que este tiene libertad absoluta para seleccionar una persona que cumpla con dicho programa. El programa es un proyecto político producto de una actividad política y de acción social de un grupo determinado de personas. Fueron los integrantes del grupo, partido o coalición quienes se agruparon en torno al candidato y al programa y, colectivamente, lo apoyaron hasta su victoria. Por lo mismo, no se trata de un programa huérfano.
34.1 En primer lugar, cabe preguntarse ¿cómo se establece la pertenencia de la persona con el grupo, partido o movimiento? La Constitución, en su artículo 107 (tanto en el texto vigente al momento de los hechos, como con la modificación del A.L. 2/2003), establece que los partidos o movimientos (y, por defecto, las coaliciones) son libres de organizarse como consideren pertinente (salvó el mandato de respeto por el principio democrático). Ello tiene consecuencias tanto internas como externas. Internamente implica que el Estado no puede definir la manera en que han de organizarse. Podrán existir diversos modelos de organización, siempre y cuando respeten el mencionado principio.
34.2. La misma pregunta cabe respecto de la identidad. Nuevamente, serán los partidos, grupos, movimientos o coaliciones quienes deban definir qué personas guardan identidad con el programa de gobierno.
34.3. Así las cosas, existe la obligación de seleccionar una persona que siga el programa de gobierno, la cual deberá pertenecer al grupo, partido o movimiento y, además, guardar identidad (afinidad ideológica) con el programa. La prueba de ello no es formal, sino que está sujeta a la libre apreciación —dentro de los parámetros mencionados—, por parte del nominador y ello, mientras el Congreso de la República regula la materia.
35. Ahora bien, al momento de dictar sentencia, ha entrado en vigencia el Acto Legislativo 2 de 2003, el cual introdujo cambios importantes en el comportamiento de los partidos. En particular, la Corte destaca la pretensión de que los partidos actúen en bloque o como bancadas, dirigido a fortalecer y coordinar la actuación de tales grupos.
Este mandato, que está sujeto a los estatutos de los distintos grupos, partidos o movimientos, no hace más que reforzar las reglas fijadas, pues solo se asegura dicho funcionamiento a partir de la selección de personas que mantengan la relación de fuerzas dentro de cada movimiento, grupo, coalición o partido al momento de las elecciones.
La selección realizada por el demandado
Esta ausencia de pertenencia se evidencia en el hecho de que el seleccionado fue partícipe de la campaña del gobernador y que, además, integró el gobierno de este. El gobernador, en este caso, pertenece a un partido o movimiento distinto al que ganó las elecciones en Tumaco.
La Corte señala que, el juez de tutela sólo puede hacer esta clase de valoraciones, cuando sea evidente o manifiesto que la designación no respetó el grupo, partido, coalición o movimiento político. Así mismo, que advierte buena fe del gobernador, pues este, como ya se indicó, ante un aspecto de difícil solución se amparó en los conceptos del Ministerio del Interior y de Justicia y en la ausencia de precedentes en la materia, que lo colocaban en una situación de indeterminación normativa. Esta situación, además, constituye un elemento adicional que explica la necesidad de intervención del juez constitucional para proteger los derechos fundamentales amenazados y, en particular, de la Corte Constitucional, a fin de definir el alcance de los derechos fundamentales de los asociados.
1. REVOCAR, los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño —Sala de Decisión Civil Familia—, que negaron el amparo solicitado por el señor Jaime Fernando Escrucería Gutiérrez y en su lugar se CONCEDE como mecanismo transitorio, la protección del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, se ordena al gobernador de Nariño que en el término de diez (10) días a partir de la notificación de la presente sentencia designe el reemplazo del alcalde Jaime Escrucería Gutiérrez en la alcaldía de Tumaco, respetando los parámetros fijados en la presente sentencia.
(1) Sentencias T-474 de 1992 y SU-327 de 1995 entre otras.
(3) Sentencia SU-1122 de 2001.
(4) Sentencias T-553 de 1997 y SU-1122 de 2001.
(5) Sentencia C-179 de 2002.
(6) Reiterado en Sentencia C-179 de 2002.
(7) Esta es la regla general. La Corte no entra a considerar la circunstancia de nulidad de la elección y la designación del candidato vencido, por ejemplo.
(8) Ver, entre otras, Sentencia T-685 de 2003.
(9) Sentencia SU-544 de 2001.

References: artículo 106
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 314
 artículo 3
 artículo 2

Artículo 314
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 314
 artículo 157
 artículo 106
 artículo 6
 artículo 314
 artículo 107