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Timestamp: 2018-02-19 12:10:13+00:00

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Tema 4. Sanciones Administrativas [122546] | Actividad de las Administraciones (UPF) | Unybook
Tema 4. Sanciones Administrativas (2017)
Tema 4. Sanciones Administrativas
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES TEMA 4. SANCIONES ADMINISTRATIVAS POTESTADES SANCIONADORAS El término ius puniendi es el poder del Estado que le permite castigar los incumplimientos o las infracciones al Derecho, y está repartido en nuestro caso entre los Tribunales y las Administraciones.
El artículo 5 CE lo reconoce cuando dispone: “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.
Ambos poderes sancionadores tienen su ámbito de castigo, según la política legislativa, es decir, en un momento determinado será el legislador, conforme a cierto estado de la opinión pública, el que decidirá qué conducta se ha de considerar como infracción, cuál es el castigo y quien ha de administrar dicho castigo.
Existe un sobre entendimiento según el cual cuanto más grave sea, desde el punto de vista de los valores sociales, Poder Judicial: ámbito de las infracciones penales tipificadas por el CP.
Poder Ejecutivo: ámbito de las infracciones administrativas tipificadas en las legislación administrativa.
la infracción más imprescindible será el castigo penal, ya que es el único que puede suponer la privación de la libertad.
CARACTERÍSTICAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1. Instrumento al servicio de la eficacia de la ordenación administrativa de importantes y crecientes sectores de la actividad social.
2. Principio de subordinación a la potestad judicial (art. 106 CE): - Prioridad del enjuiciamiento judicial penal sobre el administrativo.
Vinculación de la Administración a la declaración judicial sobre los hechos.
No cabe doble sanción: es un principio básico del Estado de Derecho cuando el triple criterio (hechos, sujetos y fundamento) se cumple (non bis in idem).
En todo caso, la Administración tiene prohibida la posibilidad de imposición directa o indirecta de penas privativas de la libertad (art. 25.3 CE).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INFRACCIÓN Y SANCIÓN La ley habilita a la Administración para sancionar y concreta los elementos para su ejercicio: las infracciones y las sanciones. Además, mediante la tipificación de las infracciones y la delimitación de las sanciones, aporta seguridad jurídica a los ciudadanos.
INFRACCIÓN Las infracciones son las conductas que una Ley describe y califica como contrarias a la legalidad y las cualifica como infracción. Por lo tanto, no cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico es considerada como infracción (todas las infracciones son ilegalidades pero no todas las ilegalidades son infracciones).
Las infracciones son clasificadas en función de su gravedad por la misma Ley que las tipifica mediante un criterio clasificatorio de índole política. El legislador, en función de los bienes protegidos y las circunstancias de la infracción, en particular, la gravedad de la responsabilidad del infractor, ordena las conductas en infracciones muy graves, graves y leves.
SANCIÓN Las sanciones son un mal infligido por una Administración al responsable de las conductas tipificadas como infracciones. La sanción consistirá, usualmente, en la obligación de satisfacer una cantidad de dinero (multa), que se graduará en función de la infracción correspondiente.
CONSECUENCIAS AÑADIDAS A LA SANCIÓN La consecuencia principal de la infracción es el castigo. Pero hay otras, ya que el objetivo del Derecho es restablecer el orden jurídico y material violentado por el infractor: - La pérdida (total o parcial, temporal o definitiva) de una situación jurídica subjetiva favorable (derecho) constituida por el Derecho administrativo (licencia o autorización).
Medidas de restablecimiento de la legalidad conculcada: comiso de los medios empleados o pérdida de los beneficios ilegalmente obtenidos.
Obligación de restablecer la situación material alterada por la ilegalidad e indemnización de daños y perjuicios.
Art. 28.2. L40/2015. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ejemplo  Páginas 206-207.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com CLASES - Sanciones de policía general u orden público: tienen por finalidad la preservación o mantenimiento del orden público o seguridad ciudadana  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
- Sanciones de policías especiales o sanciones sectoriales: persiguen dispensar una específica tutela a la ordenación administrativa de sectores concretos de la realidad. La legislación administrativa de los distintos sectores contiene un listado de infracciones y sanciones. Se distingue entre: - o Sanciones de policía demanial, que son las incluidas en las leyes de ordenación de los distintos bienes de dominio público (caso de las aguas o de la costa).
o Sanciones de ordenación sectorial (banca, bolsa, telecomunicaciones, etc.).
Sanciones disciplinarias: la ley las contempla para su aplicación al personal al servicio de la Administración pública.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POSTESTAD SANCIONADORA PRINCIPIO DE LEGALIDAD (ART. 25 LEY 40/2015) El artículo 25 Ley 40/2015, consagrado al principio de legalidad, lo proyecta en tres ámbitos esenciales: 1.
El Sujeto y órgano que ha de ejercer la potestad: una norma debe atribuir a la Administración y al órgano que, dentro de esta, la ejercerá, la potestad sancionadora.
o La atribución a la Administración debe ser por Ley.
o La atribución orgánica puede serlo incluso por Reglamento.
El ejercicio de la potestad está sujeto a lo que la Ley aplicable establezca.
El procedimiento administrativo: el Estado no sólo regula el procedimiento administrativo común sino además las especialidades del procedimiento administrativo sancionador (Ley 39/2015), fruto del empeño de asegurar los derechos implicados y los del artículo 24.2 CE.
PRINCIPIO DE TIPICIDAD (ART. 27 LEY 40/2015) La Ley debe tipificar la infracción y determinar la sanción.
TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES “sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” “únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.” Por exigencia de los principios de seguridad y de libertad, la Ley debe describir con el máximo grado de precisión y rigor posible cuál es la conducta infractora.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com La tipificación de las infracciones en relación con las vulneraciones del ordenamiento local puede ser desplegada tanto por la Ley como por las Ordenanzas. La singularidad radica en que son normas reglamentarias, no de rango legal (excepción que confirma la regla: la tipificación es obra de Ley).
DELIMITACIÓN DE LAS SANCIONES “únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.” La tipificación de las sanciones es más difícil ya que el castigo ha de modularse a la vista de cada caso. Por esta razón, la tipificación de la sanción se lleva a cabo fijando un máximo y un mínimo. Un elenco de castigos posibles entre los que el aplicador deberá elegir y aplicar siempre de manera razonable y proporcionada a las circunstancias.
PAPEL DEL REGLAMENTO El reglamento, por lo tanto, puede colaborar con la ley, en relación con la potestad sancionadora.
“las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.” INTERDICCIÓN DE LA ANALOGÍA “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica” Se pretende evitar, por esta vía, que se pudiese ampliar el alcance de las determinaciones legales.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD (ART. 28 LEY 40/2015) Se refiere a la base de la responsabilidad del infractor que no es otra que la intencionalidad en la producción de la conducta tipificada como infracción. La consecuencia es la asunción de las consecuencias jurídicas.
“Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.” PERSONAS RESPONSABLE S Tanto físicas como jurídicas y otros sujetos sin personalidad jurídica pero que la Ley le reconoce capacidad de obrar (grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com TÍTULO DE LA RESPONSABILIDAD Se refiere a la razón en virtud de la cual un sujeto ha de soportar el castigo. Se entiende que ha de soportarlo todo aquel que, en ejercicio de su libertad, ha desplegado la conducta tipificada como infracción, siendo culpable de esta.
La responsabilidad se ha de basar en la culpa en sus distintos grados que, según la dogmática tradicional, van desde el dolo hasta la culpa, en sentido estricto. Grados relevantes para la graduación de la sanción.
TIPOS DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOLIDARIA “Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.” En primer lugar, la responsabilidad solidaria quiere decir que hay una “solidaridad” entre los infractores puesto que todos son así considerados. Al existir tal solidaridad, la Administración podrá dirigirse contra cualquier de ellos para que soporte las consecuencias de la responsabilidad. Luego, podrá dirigirse contra las demás para soporten igualmente las consecuencias.
En segundo lugar, la Ley admite y regula el “reparto” de la responsabilidad, además, en función, cuando sea posible, del grado de participación, siempre y cuando la sanción sea pecuniaria.
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA: CULPA IN VIGILANDO Otro supuesto de responsabilidad es el surgido en el contexto de una relación de dependencia o vinculación entre dos sujetos (relación de jerarquía).
Si la que está en una situación de dependencia o inferioridad es el responsable de la infracción, se plantean varios problemas jurídicos: 1.
¿Se puede también castigar al “superior”? Puede haber culpa in vigilando, es decir, la culpa recae sobre el superior, ya que no previene la comisión de la infracción por el subordinado.
¿Qué sucede si el “inferior” no puede soportar las consecuencias de la sanción, o sea, el importe de la multa? El superior podrá responder de manera subsidiaria.
“Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.” Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (ART. 29 L EY 40/2015) Responde a la pretensión de que exista una perfecta correspondencia entre la responsabilidad y la sanción.
Tiene una razón de justicia (el castigo se corresponda a la maldad) y otra de eficacia (si no hay correspondencia, se corre el riesgo que resulte más beneficioso para el infractor producir la infracción). Un ajuste que debe ser el estrictamente indispensable para que no surja efecto disuasorio.
PROYECCIÓN Y CONCRECIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD “En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) b) c) d) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.” Por lo tanto, debemos tener en cuenta que: - El principio se proyecta tanto al “determinar” normativamente el régimen sancionador, al “imponer” las sanciones, y en su aplicación.
Los criterios que se aluden para cualificar la sanción son en atención a la infracción: idoneidad, necesidad y adecuación.
El legislador enumera unos criterios a considerar “especialmente” cuando se trata de “graduar” la sanción a la infracción. Se trata del proceso de calibración de la sanción a la infracción para que cumpla con los criterios señalados.
LIMITES Existen dos límites: “las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.” “el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.” PRINCIPIO DE LA PRESCRIPCIÓN (ART. 30 LE Y 40/2015) La persecución de las infracciones y la imposición de sanciones están limitadas en el tiempo. La AP no puede castigar con independencia del tiempo transcurrido. La potestad sancionadora está sometida a plazo. Hay una poderosa razón de seguridad jurídica y de libertad.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PLAZOS La Ley 40/2015 fija unos plazos que sólo son aplicables en caso de silencio de la Ley correspondiente (supletorios a los que establece el régimen sancionador).
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los seis meses.
A su vez, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN INFRACCIONES: El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
SANCIONES: Las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrid el plazo para recurrirla.
Si el interesado hubiese interpuesto un recurso de alzada contra la sanción y se hubiese producido la desestimación presunta (por el transcurso del plazo sin que la Administración lo hubiese resuelto), “el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.” PRINCIPIO INTERDICCIÓN RETROACTIVIDAD (ART. 26 L40/2015).
“Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.” El requisito de la temporalidad tiene como consecuencia que no es posible la aplicación retroactiva. Este principio es una exigencia básica de la libertad.
Aun así, la L40/2015 contempla la posibilidad de la aplicación retroactiva de la legislación cuando dicho efecto pudiera tener un efecto favorable (art. 26.2). La Ley no sólo lo circunscribe a la infracción sino también a otros elementos del régimen sancionador como la sanción y los plazos de prescripción. Además, especifica “incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición”.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com NON BIS IN IDEM No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento –bien objeto de protección– (art.31 L40/2015).
Hay que tener en cuenta respecto a los Tribunales: 1.
Su prioridad procesal: si se están sustanciándose al mismo tiempo actuaciones penales y administrativas dirigidas a la imposición del castigo, la AP deberá interrumpir la tramitación del procedimiento sancionador hasta tanto los Tribunales dictan la resolución firme correspondiente.
Su preeminencia de la declaración fáctica: los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las AAPP respecto de los procedimientos sancionadores que substancien (art.
77.4 Ley 40/2015).
PROCEDIMIENTO SANCIO NADOR Recordamos que existen tres niveles de regulación del procedimiento administrativos: 1.
El nivel común a todas las AAPP y a todas las actividades.
El nivel de las especialidades dentro de la común en relación con los procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial.
El nivel de los procedimientos singulares o sustantivos que son la aplicación del procedimiento común al ámbito sectorial correspondiente.
En el caso del procedimiento sancionador, el cual tratamos, también es posible aplicar el procedimiento simplificado “cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve” (art. 96.5 L39/2015).
GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO El diseño legal del procedimiento, pretende reconocer al interesado los derechos adecuados para la mejor defensa de sus intereses. Por esta razón, la Ley es categórica: “En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento” (art. 63.2 L39/2015).
DERECHOS DE LOS INTERESADOS Los interesados disfrutan tanto de los derechos comunes a todos los interesados y de los específicos que sólo corresponden a los presuntos responsables, numerados en el artículo 53.2 L39/2015: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com SEPARACIÓN FUNCIONAL I ORGÁNICA ENTRE LAS FASES Es una garantía que refuerza la protección de los derechos e intereses de los inculpados, ya que el estar separadas funcionalmente es una característica común a todos los procedimientos. En cambio, sólo en los sancionadores, a esta separación funcional se le anuda la orgánica: está encomendada a órganos distintos.
Art. 63.1 L39/2015. Los procedimientos de naturaleza sancionadora… establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Se evita, de esta manera, que el órgano que resuelve se contamine de opiniones o juicios que aparecen durante la fase de instrucción y tan sólo conozca en el momento de resolver los hechos acreditados en el expediente reforzando, así, su imparcialidad.
INICIACIÓN ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIDAS PROVISIONALES ACTUACIONES PREVIAS (ART. 55.2 L39/2015) - - Las actuaciones previas han de ser realizadas por el órgano que tenga atribuidas las funciones de investigación, averiguación o inspección. En el caso que no existiese, se deberá designar un órgano o persona para que las lleve a cabo, el denominado instructor.
La finalidad de las actuaciones es “determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros”.
No puede entrar en calificaciones jurídicas, sólo se trata de conocer los hechos con el suficiente grado de certeza para poder elaborar un juicio sobre los mismos que no le corresponde al órgano que investiga.
- A la vista de lo averiguado el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, decidirá o no poner en marcha el procedimiento. Puede suceder que los hechos averiguados no revistan importancia jurídica porque carecen de relevancia. En tal caso, da por concluidas las actuaciones.
MEDIDAS PROVISIONALES En paralelo a las actuaciones previas, el órgano competente puede adoptar medidas provisionales. Así lo puede hacer antes del inicio o una vez iniciado el procedimiento: - Antes del inicio, lo podrá hacer el órgano competente para iniciar o instruir.
Una vez iniciado, el órgano competente para resolver.
La finalidad es, en el primer caso, “en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados”. En el segundo, “para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer” (art. 56 Ley 39/2015).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INICIACIÓN DE OFICIO Art. 63.1 L39/2015. “Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente…”.
Esto es así, porque sólo está en juego un interés público, el de preservar al legalidad, y no puede concurrir ningún otro interés y aún menos el privado.
El acuerdo de iniciación de oficio será “provocado” por iniciativa propia, por orden superior, petición razonada de otro órgano o denuncia (art. 58 y ss. L39/2015).
INICIATIVA PROPIA Art. 59 L39/2015. Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
ORDEN SUPERIOR Y PETICIÓN RAZONADA Art. 60.2 y 61.3 L39/2015. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
DENUNCIA La denuncia tiene en el procedimiento sancionador su campo usual y su régimen jurídico está detallado en el art.
62 L39/2015.
- La denuncia es “el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.” - El contenido de la denuncia deberá incluir: o o o - La identidad del denunciante y los hechos que se comunica a la Administración.
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión.
Más, si es posible, la identidad de los responsables, ya que es un elemento accesorio que dependerá de si el denunciante es capaz de hacerlo.
Los efectos jurídicos de la denuncia son varios: o Art. 62.5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
o Liberación de la sanción (art. 62.4):  El denunciante podrá ser eximido del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter pecuniario cuando: 1. Cuando haya participado y existan otros infractores.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com 2. Si ha cesado la participación de la infracción y no ha destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.
3. Cuando sea el primera en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse no se disponga de elementos suficientes para ordenar la infracción y se repare el perjuicio causado.
 El órgano competente para resolver debe reducir el importe del pago de la multa la sanción de carácter no pecuniario correspondiente, cuando no se cumplan alguna de las condiciones anteriores, pero el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
ACUERDO DE INICIACIÓN El acuerdo será adoptado por el órgano competente para iniciar el procedimiento, según la norma aplicable (art.
63.1). Este órgano suele ser el que también es competente para resolver (no le corresponde también la instrucción  separación orgánica).
El contenido mínimo del acuerdo lo detalla el artículo 64.2 L39/2015, que se pueden resumir en tres elementos básicos: (1) los hechos (con su calificación jurídica) y las personas presuntamente responsables, (2) los órganos de la AP que intervienen (instructor y sancionador) y (3) derechos del presunto responsable.
Puede suceder que la calificación jurídica de algún hecho no sea posible en el acuerdo de iniciación porque no reúne todos los elementos para su calificación. Si así sucede, la calificación se lleva a cabo mediante el Pliego de cargos, que se podrá llevar a cabo en la fase posterior a la iniciación.
Finalmente, el acuerdo de iniciación y, en su caso, el Pliego de cargos, se comunicará a los interesados y, en particular, al inculpado. También, si las normas reguladoras del procedimiento lo contempla, al denunciante.
También se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto (art. 64.1 Ley 39/2015).
INSTRUCCIÓN De oficio y en manos del órgano instructor, se practicarán todos los actos “necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución” (art. 75.1 L39/215). Todo a través de medios electrónicos “sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.” Los presuntos responsables tienen derecho a formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Lo pueden hacer, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. El órgano instructor deberá tenerlos en cuenta al redactar la correspondiente propuesta de resolución (art. 76.1 Ley 39/2015).
Ahora bien, “en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada” (art. 64.2 Ley 39/2015).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com La práctica de la prueba reviste una especial importancia. En todo caso, “los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las AAPP respecto de los procedimientos sancionadores que substancien”(art. 77.4 Ley 39/2015).
FINALIZACIÓN Al tratarse de un procedimiento que sólo puede iniciarse de oficio y en el que sólo se ventilan asuntos de interés público, el procedimiento sancionador puede finalizar mediante desistimiento o resolución, opciones que dependen de la voluntad de la Administración.
La resolución puede tener dos fuentes: 1.
El reconocimiento por parte del presunto responsable.
La completa averiguación llevada a cabo por el órgano instructor que permite a dicho órgano tener una imagen cabal de los hechos acaecidos así como su calificación jurídica.
RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD El reconocimiento por el infractor puede revestir dos modalidades (1) el expreso y formal reconocimiento y (2) el abono de la sanción.
EXPRESO Y FORMAL RECONOCIMIENTO El reconocimiento se ha de producir una vez iniciado el procedimiento y antes de haberse dictado la resolución. En tal caso, podrá dar lugar a que la AP dicte la resolución que finaliza el procedimiento “con la imposición de la sanción que proceda” (art. 85.1 Ley 39/2015).
ABONO DE LA SANCIÓN Se produce cuando el presunto responsable procede al abono voluntario de la sanción, en cualquier momento anterior a la resolución. También implicará la terminación del procedimiento “cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda”.
El procedimiento terminará “salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción”(art.85.2 L39/2015).
La Ley contempla un efecto jurídico dirigido a bonificar el reconocimiento: una reducción del importe de la multa: En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PROPUESTA DE RESOLUC IÓN La propuesta de resolución será formulada por el órgano de instrucción (art. 88.7 Ley 39/2015) y su contenido será el siguiente (art. 89.3 L39/2015): “los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado” Sin embargo, podrá finalizar, según el art. 89.1 L39/2015, “el procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) b) c) d) e) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
El instructor podrá, también, formular propuesta “cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad” y no haga uso de la posibilidad de finalizar el procedimiento en los términos indicados.
Finalmente, la propuesta será notificada a los interesados, que deberá “indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes” (art. 89.2 Ley 39/2015).
RESOLUCIÓN La resolución decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo y deberá cumplir con todas las exigencias generales (art. 88 L39/2915).
En cuanto a la motivación (art. 35 L39/2015), se construye sobre la base de dos elementos: por un lado, el propositivo de la propuesta de resolución y, por otro, el decisor asumido por el órgano sancionador.
Y en el caso, que el órgano competente para resolver “considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.” El art. 90 L39/2015 impone que la resolución incluirá, además, la valoración de la prueba y, sobre todo, la “fijación” de: (1) hechos; (2) personas responsables; (3) infracción cometida; y (4) sanción que se impone.
Así deberá suceder si el órgano sancionador aprecia la existencia de la infracción. En caso contrario, declarará la “no existencia de infracción o responsabilidad”.
Además de fijar la sanción, una de las cuestiones a las que la resolución deberá dar respuesta es la relativa a los daños que el responsable hubiese podido producir a la AP y la consiguiente obligación de indemnizar, siempre y cuando en el expediente se hayan determinado los daños y el importa de la compensación.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com En caso contrario, según el art. 90.4 L39/2015, “se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.” EFICACIA La resolución sancionadora (y todas sus consecuencias, la multa y demás efectos) será ejecutiva, o sea, eficaz, “cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa” (art. 90.3 L 39/2015).
Por consiguiente, si el infractor tiene la posibilidad de interponer recurso de alzada o el de reposición, para que la resolución pueda comenzar a producir los efectos, habrá que esperar a que se agote los plazos para recurrir (un mes) o, una vez, interpuestos, a que sean resueltos o se agoten los plazos para resolverlos (art. 98.1 L39/2015).
Hasta tanto, el órgano competente podrá adoptar, en la misma resolución sancionadora, “las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia… y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado” (art. 90.3 Ley 39/2015).
La suspensión cautelar de la resolución sancionadora ejecutiva/eficaz se podrá acordar por el órgano competente “si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa” (art. 90.3 L39/2015).
La suspensión finalizará: - Si ha transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
Si habiéndolo interpuesto, no se haya solicitado la suspensión cautelar, o el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada (art. 90.3 Ley 39/2015).
En ambos casos, la suspensión administrativa finaliza siendo sustituida por lo que resuelva el tribunal, siempre y cuando se haya solicitado que adopte una medida cautelar. Si no se solicita, se levanta la suspensión de la resolución sancionadora. Al igual que también podría suceder si el tribunal no la acuerda, caso de que se haya solicitado.
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References: artículo 5
 artículo 101
 artículo 25
 artículo 24
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 artículo 53
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 artículo 64
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RESOLUCIÓN 
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