Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1102528
Timestamp: 2019-11-17 18:35:14+00:00

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El Decreto Ley 4/2012, tiene por objeto regular las condiciones, requisitos y funciones, y la creación del registro de los organismos de certificación administrativa (OCA) que, con independencia del lugar de su domicilio, efectúen las funciones de comprobación, informe y certificación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Un organismo de certificación administrativa (OCA), es toda persona física o jurídica con capacidad de obrar que, debidamente inscrita en el registro que se crea, ejerza funciones de comprobación, informe y certificación en el ámbito de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
El Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero , del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana, se dictó, dentro del contexto de la “extraordinaria y urgente necesidad” que lo justifica, con el fin de desarrollar “una serie de iniciativas dirigidas de forma expresa a revitalizar y apoyar el tejido productivo y a favorecer la puesta en marcha de nuevas actividades económicas que generen empleo en el ámbito de la Comunitat Valenciana “.
Asimismo, su finalidad se centra en coadyuvar el “impulso de la iniciativa empresarial y del emprendimiento”, “impulsar la creación de empresas y la generación de empleo” y, en general, en el apoyo a la “reactivación económica” dentro de un marco basado en la confianza y el bienestar social.
En este sentido, dicho decreto ley, entre sus diversas novedades e iniciativas, ha introducido modificaciones sustanciales en el procedimiento de apertura de establecimientos públicos mediante declaración responsable previsto en el artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
Este tipo de entidades certificadoras resultan una novedad en este ámbito. En particular, si bien ya mencionadas en el Decreto 52/2010, de 26 de marzo , del Consell, fueron introducidos en su actual dimensión en virtud de la referida Ley 14/2010; una ley que, como tal, necesita ser objeto de complemento normativo a los efectos de fijar la naturaleza, funciones y régimen jurídico de dichas entidades.
Sin perjuicio de ello, con la nueva regulación operada en virtud del citado Decreto Ley 2/2012, estos organismos pasan a ostentar un mayor protagonismo y responsabilidad dentro del procedimiento de apertura de locales abiertos a la pública concurrencia.
En este contexto, los cambios introducidos por dicho decreto ley configuran un modelo de apertura por el que, si obra certificación de OCA junto con la documentación anexa presentada con la declaración responsable, el titular o prestador podrá abrir el establecimiento de manera inmediata sin que sea necesario el otorgamiento de licencia municipal. En otras palabras, se atribuye al OCA una función en cierto modo equivalente a la labor administrativa, de modo que su labor, efectuada de acuerdo con los requisitos normativamente establecidos, sea suficiente para la referida apertura.
Con estas premisas, si el Decreto Ley 2/2012 es una norma basada en la “extraordinaria y urgente necesidad”, sobre todo por el substrato socioeconómico actual, la presente norma supone una continuación y una vía directa de desarrollo de aquél, concebida para posibilitar su necesaria aplicación práctica.
El vínculo inmediato entre una y otra norma supone, entre otros motivos, la consolidación de una normativa destinada al fomento de la economía, a la necesidad de dotar al sistema de elementos o mecanismos prácticos para este fin, a la creación de herramientas que favorezcan el quehacer de los emprendedores, así como, en definitiva, en asentar el principio de “confianza en la ciudadanía” tal y como se desprende de la regulación estatal y europea en esta materia.
Además de lo anterior, este decreto ley regulador de los OCA goza de personalidad propia. Una autonomía motivada en la aparición de una figura inexistente en el panorama jurídico valenciano en este ámbito, de modo que su actividad, siguiendo una serie de premisas, se considera plena respecto a los requisitos, condiciones y aplicación de la diversa normativa sectorial a los efectos de apertura de un local público destinado al ocio y al entretenimiento.
En este sentido, la elección de la forma de decreto ley para aprobar esta norma está plenamente justificada, constituyendo el hecho habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, que exige el artículo 44 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el dotar de continuidad a otras normas concebidas para aportar medidas urgentes en tiempos requeridos de ello y, de igual modo, presentar en el panorama jurídico una herramienta que haga posible la aplicación práctica de este objetivo sin más dilación ni tardanza.
Por todo lo anterior, a propuesta del conseller de Gobernación y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 29 de junio de 2012,
2. Las funciones y obligaciones asignadas a los OCA reguladas en la presente norma estarán referidas a la apertura de los establecimientos públicos, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
2. Las funciones de los OCA no sustituirán las potestades de comprobación propias de la Administración. En este sentido, tanto la Administración local como la autonómica podrán, en cualquier momento, verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por aquellos.
Los colegios profesionales que se constituyan como OCA atenderán al régimen de incompatibilidad indicado en el artículo 16 de esta norma.
2. A los efectos de la realización de las comprobaciones, inspecciones y certificaciones en el ámbito de la contaminación acústica y seguridad industrial, los OCA, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 9 de la presente norma, deberán estar acreditados por el organismo o departamento competente de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial.
2. Esta cantidad deberá ser objeto de actualización de acuerdo con las variaciones anuales del Índice de Precios de Consumo, a computar desde la fecha de entrada en vigor de este decreto ley.
4. Los OCA deberán disponer del material y equipamiento apropiado para realizar las tareas de comprobación, informe y certificación a que hace referencia este decreto ley.
Artículo 8. Requisitos de los medios personales 1. En función de la clasificación de los OCA previsto en el artículo 4 de esta norma, los requisitos de los medios personales mínimos serán:
b) Emitir un documento-resumen en el que consten los requisitos principales del establecimiento de acuerdo con lo indicado en el artículo 13 del presente decreto ley. Este documento deberá ubicarse por el titular o prestador en un lugar visible y legible para terceros.
Artículo 10. Obligaciones de los OCA Serán obligaciones de los OCA:
2. Mantener los expedientes y la documentación derivada de sus funciones en formato que permita su consulta, garantizando la confidencialidad de los datos obrantes en los mismos.
8. Las demás obligaciones que se deriven de este decreto ley.
El contenido mínimo del documento-resumen previsto en el artículo 9.2.b de este decreto ley será el siguiente:
5. El resto de requisitos y condiciones considerados esenciales en función de la tipología del establecimiento de acuerdo con lo indicado en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre , de la Generalitat.
Los OCA deberán garantizar la confidencialidad respecto de la información que obtengan en el desarrollo y ejecución de sus funciones.
El incumplimiento de esta obligación será considerada como causa de revocación de la inscripción en el registro previsto en esta norma.
1. En ningún caso, el OCA podrá tener relación de dependencia respecto a las personas, entidades o empresas que los contraten, a los efectos del menoscabo de su capacidad o independencia profesional.
Esta circunstancia será aplicable, asimismo, respecto al redactor del proyecto de actividad, al ejecutor de las obras y a las entidades u organismos de control en materia de contaminación acústica y seguridad industrial que, en su caso, se subcontraten, garantizándose que a título personal o societario el OCA o alguno de sus componentes no podrá ser coincidente o tener alguna relación de dependencia con el técnico o sociedad redactora del proyecto o ejecutora de las obras.
A tal efecto, se considerará que existe tal dependencia cuando se den las causa de abstención y recusación previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se crea el Registro de Organismos de Certificación Administrativa (OCA). La regulación de este registro se efectuará mediante norma de desarrollo de lo previsto en este decreto ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Regla de no gasto
La implementación y posterior desarrollo de este decreto ley no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a las consellerias y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de las consellerias competentes por razón de la materia.
Segunda. Inaplicación del procedimiento de apertura de establecimientos públicos previsto en la Ley 2/2006, de 5 de mayo , de la Generalitat
No resultará aplicable el procedimiento, ni el régimen de licencias, contemplados en la Ley 2/2006, de 5 de mayo , de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, cuando estén referidos a la apertura de locales o establecimientos públicos sujetos a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre , de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto ley.
DISPOSICIONES FINALES Primera. Modificación del artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
“2. Realizar, sin efectuar oportuna declaración responsable, modificaciones sustanciales en los establecimientos o instalaciones cuando dichas modificaciones presupongan el otorgamiento de una nueva licencia, certificación del OCA o la presentación de la oportuna declaración responsable ante el órgano competente”.
“3. La dedicación de los establecimientos e instalaciones a actividades distintas de las indicadas en la licencia, declaración responsable o documento certificado por el organismo de certificación administrativa (OCA)”.
“32. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o la apertura de establecimientos públicos sin haber presentado ante el Ayuntamiento la declaración responsable y toda o parte de la documentación anexa indicada en esta ley”.
“33. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o la apertura de establecimientos públicos en contra o sin contar con el certificado emitido por un OCA de acuerdo con lo indicado en esta ley”.
“34. Prestar o efectuar actividades en contra o modificando las condiciones establecidas en la licencia de apertura, declaración responsable o certificación del OCA, cuando no supongan, en este último caso, una modificación sustancial”.
“Artículo 6 bis. Procedimiento único 1. El procedimiento para la apertura de los establecimientos públicos en que se celebren espectáculos públicos y/o actividades recreativas será el regulado en la presente Ley de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10.
2. No obstante, los informes y certificaciones incluidos en dicho procedimiento, así como los controles, inspecciones y régimen sancionador determinados en las distintas normativas sectoriales relacionados con aquél, serán, en todo caso, competencia de los órganos administrativos que los tengan atribuidos como propios por la normativa sectorial correspondiente”.
Tercera. Desarrollo formativo
Se autoriza al conseller competente en la materia regulada en el presente decreto ley para desarrollar las previsiones contenidas en el mismo mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes.

References: artículo 9
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 9

Artículo 8
 artículo 4
 artículo 13

Artículo 10
 artículo 9
 artículo 51