Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00005-de-febrero-26-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_4cb8818c6444431fabeacef31b964505&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-07 09:41:18+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2007-00005 DE FEBRERO 26 DE 2018
CONTENIDO:PAPEL DESEMPEÑADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CUANTO SUJETO PROCESAL EN JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS. EL INTERÉS CON QUE ACTÚA EL MINISTERIO PÚBLICO EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ES SIEMPRE GENERAL, PÚBLICO, FORMAL Y SUSTANTIVOJAMÁS ÚNICAMENTE FORMAL O INTERESADO EN FAVORECER PER SE A UNA DE LAS PARTES DEL PROCESO, O PENDIENTE DE RELEVARLAS DE CARGAS QUE ELLAS DEBEN CUMPLIR O ATENTO A SUSTITUIRLAS EN SUS OBLIGACIONES PROCESALES. EN ESE SENTIDO, OCASIONALMENTE, PUEDE SUCEDER QUE QUIEN DEMANDA POR MÚLTIPLES MOTIVOS, PERO ESPECIALMENTE POR ENCONTRARSE EN ESPECIAL SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN (ARTÍCULO 13 SUPERIOR) NO ESTÉ EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON UNA CARGA O DEBER PROCESAL. EN TAL CASO, LA OBLIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA Y DE SUS AGENTES JUDICIALES –HASTA TANTO EL LEGISLADOR DISPONGA OTRA COSA–, ES RESTABLECER EL EQUILIBRIO PERDIDO SIN QUE LE PUEDA SER ACHACADO EL HABER OBRADO EN INTERÉS PARTICULAR DE ALGUNA DE LAS PARTES DEL PROCESO. EN SUMA, RESTRINGIR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL IMPEDIR QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AGENTES IMPUGNEN DECISIONES EN EL MARCO DE PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS BAJO EL PRETEXTO DE QUE SOLO ACTÚAN COMO PARTE EN SENTIDO FORMAL, RESULTA A TODAS LUCES INJUSTIFICADO, PUES SI LA PROCURADURÍA IMPUGNA UNA DECISIÓN ADOPTADA EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ES PORQUE LOS BIENES JURÍDICOS DEBEN SER PROTEGIDOSDE LO CONTRARIO, NO LE ESTÁ PERMITIDO SIQUIERA INTERVENIR Y MENOS IMPUGNAR. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LO QUE SÍ ES CLARO ES QUE EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN INSTAURADO POR LA PROCURADURÍA O POR SUS AGENTES JUDICIALES EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA HA DE CONTENER LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y HA DE EJERCERSE DE CONFORMIDAD CON LAS FORMALIDADES EXIGIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, COMO SE EXIGE RESPECTO DE TODOS LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALESSI CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN O NO SE AJUSTA A LAS FORMALIDADES REQUERIDAS, ENTONCES LA IMPUGNACIÓN NO ESTARÁ LLAMADA A PROSPERAR. POR TANTO, EL HECHO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EVENTUALMENTE INTERPONGA UN RECURSO DE APELACIÓN QUE NO ENCUENTRE FUNDAMENTO EN EL ORDEN JURÍDICO, EL PATRIMONIO PÚBLICO O LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL RECURSO PROSPERE PUES DEBE PASAR POR EL ANÁLISIS JUDICIAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEBERES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Sentencia 2007-00005 de febrero 26 de 2018
Rad.: 660012331000200700005 01
Exp.: 36853
Bogotá, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
El 24 de septiembre de 2006 el soldado regular Luis Carlos Durán, adscrito al Batallón de Artillería Nº 8 de Pereira, resultó lesionado por arma de fuego –fusil–, por parte de un compañero. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto por la Procuraduría y posteriormente se allegó apelación adhesiva de la parte demandante.
1. Mediante escrito y su reforma presentado el 1º de diciembre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda (fls. 29-143, c. 1), los señores Luis Carlos Durán; Blanca Ruddy Durán Ladino en nombre propio y en representación de sus menores hijos Andrés Torres Durán, Laura Sofía Torres Durán y Viviana Marcela Bueno Durán; Ramiro Alonso Durán Ladino, Ananias Durán y María Orfelina Ladino presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de reparación directa, para que le fueran reconocidas las siguientes pretensiones:
PRIMERA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA (Ejército Nacional) es administrativamente responsable de las lesiones causadas al soldado regular Luis Carlos Durán, perteneciente al Batallón de “San Mateo” de Pereira (Risaralda) en hechos acaecidos el día 24 de septiembre del año 2006, dentro del Batallón San Mateo en Pereira (Risaralda), al ser herido con arma de dotación oficial, por parte del compañero de armas de apellidos GODOY BAMBY perteneciente al mismo Batallón, lo cual le produjo lesiones personales con consecuencias de perturbación funcional permanente en el pie izquierdo y una consecuente afectación en los tendones.
SEGUNDA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA (Ejército Nacional), pagará a cada uno de los señores Luis Carlos Durán, Blanca Ruddy Ladino, Andrés Torres Durán, Laura Sofía Torres Durán, Viviana Marcela Bueno Durán, Ramiro Alonso Durán, Ananias Durán Suárez, María Orfelina Ladino Guarumo, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo con el equivalente en pesos a trecientos salarios mínimos legales mensuales, para no desconocer la indemnización integral, para la fecha de esta sentencia, atendiendo la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor, entre la fecha en que se actualizó por primera vez por el H. Consejo de Estado y la fecha en que se produzca el fallo definitivo, por concepto de perjuicios morales ocasionados por las lesiones inferidas a Luis Carlos Durán en su calidad de lesionado, hijo, nieto y hermano respectivamente, al ser objeto de un disparo con arma de dotación oficial por parte del soldado regular Godoy Bamby, en hechos acaecidos el día 24 de septiembre del año 2006, dentro del Batallón Nº 8 de San Mateo en Pereira (Risaralda). Lo cual le produjo lesiones personales con consecuencias de perturbación funcional permanente en el pie izquierdo que se valorarán en salarios mínimos mensuales, entendiéndose esta condena en concreto y de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 en cuanto a la valoración de daños.
TERCERA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA (Ejército Nacional) pagará al señor Luis Calos Durán, por perjuicios MATERIALES.
También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas correspondientes a primas, cesantías y vacaciones, o por lo menos, el aumento del 30% que por este concepto ha ordenado el H. Consejo de Estado, en sentencia del 4 de julio de 1997. Actores: Abraham Ávila Rondón y otro. EXP. 10098 Consejero de Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.
EL VENCIDO O CONSOLIDADO Y EL FUTURO, con la filosofía que en forma reiterada viene aplicando la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, actualizada teniéndose en cuenta la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor, consultando los principios de equidad y de justicia, por ser la indemnización íntegra y completa, de acuerdo a su reiterada jurisprudencia, en sentencia de fecha junio 25 de 1.992. Exp. 7214 actor. María Mercedes López de Paredes. Consejero Ponente. Dr. Carlos Betancur Jaramillo y en sentencia de fecha julio 15 de 1993. Exp. 7452 actor. Aldemar Arana Abadia. Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo, entre otras.
SUBSIDIARIAMENTE a falta de bases suficientes para la liquidación matemático-actuarial de los perjuicios que se le debe al lesionado reclamante, se condenará mínimo a por este concepto, o el tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos a la fecha de la ejecutoria de la sentencia en cuarenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($40.800.000), tomando como base el salario mínimo legal $408.000 cuatrocientos ocho mil pesos por CIEN (100) salarios, de conformidad con lo reglado en el artículo 97 del C.P., arts. 4º y 8º de la Ley 153 de 1.887, arts. 137, 307 y 308 del C.P.C., en concordancia con el art. 172 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998, Decreto 2282 de 1.989 y art. 97 del C.P. así como el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que ordena la REPARACIÓN INTEGRAL.
Perjuicio que aún cuando no se deja de reconocer desde tiempo atrás, ha sufrido una variación jurisprudencial denominándose ahora “DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN”, por corresponder a un concepto mucho más comprensivo, resultando entonces inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, lo cual permite concluir que se debe condenar por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, para compensar el daño causado, tal y como lo establece el H. Consejo de Estado en sentencia de fecha 19 de julio de 2000, Expediente 11842, actor: José Manuel Guitérrez Sepúlveda, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Atendidos los dictámenes periciales que habrán de producirse en el proceso, el H. Tribunal se servirá fijar estos daños y perjuicios en la suma que los estime pertinentes a fin de reemplazar en parte de la supresión de las actividades vitales, pero en todo caso a falta de bases suficientes se condenará mínimo a ochenta millones de pesos m/cte. ($80.000.000.oo) por este concepto o de conformidad con lo establecido en el art. 107 del C.P., hasta el equivalente en pesos a cuatro mil quinientos (4.500) gramos de oro fino.
CUARTA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - (Ejército Nacional) dará cumplimiento a la sentencias en el término de 30 días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el art. 176 del Decreto 01 de 1984 y en la forma y modo indicados en los arts. 177 y 178 de la misma obra, de acuerdo al criterio jurisprudencial actual.
Con fundamento en lo dispuesto en el art. 1653 del C.C., todo pago se imputará primero a intereses.
Se pagarán intereses moratorios desde el momento de la ejecutoria de la sentencia, tal y como lo estableció la Corte Constitucional a través de la sentencia C-188 de fecha 24 de marzo de 1.999, magistrado ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, que declaró inconstitucional apartes del artículo 177 del C.C.A.
SEXTA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA (Ejército Nacional) pagará a los demandantes LAS COSAS Y AGENCIAS EN DERECHO, que se causen como consecuencia de la acción instaurada por los demandantes, de acuerdo con lo establecido por el art. 171 del C.C.A., modificada por el art. 55 de la Ley 446 de 1.998, bajo los términos del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia administrativa y de conformidad con lo señalado por la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional (fls. 31-35, c. 1).
4.2. Añadió que es una obligación legal –en virtud del Decreto 1796 de 2000– del comandante o jefe describir las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y para tal efecto debe elaborarlo y tramitarlo dentro de los dos meses siguientes a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente, pero que en el caso en particular y pese a varias solicitudes de Luis Carlos Durán, “hasta la fecha” por ningún medio se ha logrado el informativo.
6. Surtido el trámite de rigor, y practicadas las pruebas decretadas(1), el 29 de enero de 2009, el Tribunal Administrativo del Risaralda profirió fallo de primera instancia (fls. 245-269 c. p.) mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa de la demandada y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda así:
1. Se declara la responsabilidad administrativa de la demandada La Nación Ministerio de Defensa-Ejército Nacional representada legalmente por el señor Ministro de la Defensa, del daño causado a los demandantes por la lesión padecida el día 24 de septiembre de 2006 por el señor Luis Carlos Durán, mientras se encontraba activo y en servicio de sus funciones como soldado regular, dentro del marco de las circunstancias que se dejaron establecidas en la parte motiva.
2. Como consecuencia de la anterior declaración condénase a la demanda (sic) Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades, así: Para el señor Luis Carlos Durán, directamente lesionado, el equivalente en pesos a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para la señora Blanca Ruddy Durán Ladino, (madre) quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para los hermanos Viviana Marcela Bueno Durán, Ramiro Alonso Durán Ladino, Laura Sofía Torres Durán y Andres Torres Durán, para cada uno, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para Ananías Durán Suárez y Maria Orfelina Ladino Guarumo, abuelos, para cada uno, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8. Por secretaría expídanse las copias que sean solicitadas por las partes interesadas, a su costa, precisando cuál presta mérito ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 numeral 2º inc. 3º del C. de P. Civil.
La Sala no comparte las consideraciones del Ministerio Público en cuanto a la denegación de las súplicas de la demanda ni en el mismo sentido las razones expuestas por la demandada, por virtud de la alegada ausencia del nexo de causalidad entre el daño padecido por el demandante y el servicio, pues para la Sala es claro que el señor Luis Carlos Durán al momento de sufrir la lesión en el pie izquierdo, el día 24 de septiembre de 2006 se hallaba no sólo vinculado al Ejército Nacional en calidad de conscripto o soldado regular sino que como lo enseña la certificación visible a folio 27 C. 2 “SE ENCONTRABA ACTIVO Y EN SERVICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES COMO SOLDADO INTEGRANTE DEL SÉPTIMO CONTINGENTE DE 2005”.
7. Contra la sentencia de primera instancia, el Ministerio Público interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación, el 11 de febrero de 2009 (fl. 271 c. p.), con el objeto de que sea revocada, toda vez que insiste en que si bien se demostró que para la fecha de los hechos el señor Luis Carlos Durán se encontraba en servicio activo, no se demostró que las lesiones de que fue objeto la víctima surgieran con ocasión de la prestación del servicio “es desierto el expediente en lo referente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el acaecimiento de los hechos que propiciaron el daño”:
8. El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público fue admitido en segunda instancia mediante auto del 29 de mayo de 2009 (fl. 287 c. p.).
8.1. El 21 de julio del mismo año, la parte actora interpuso apelación adhesiva, en la que advirtió que sustentaría el recurso en la oportunidad debida “una vez el ad quem corra traslado del auto que lo admite” (fl. 291 c. p.).
8.2. La apelación adhesiva fue admitida en esta instancia mediante auto del 15 de septiembre de 2009. El magistrado ponente de la época consideró innecesario correr traslado para sustentar el recurso con fundamento en la jurisprudencia de la Sala que citó así (fls. 295-297 c. p.):
En tercer lugar, este recurso es dependiente del principal, en varios sentidos -de ahí el nombre de “adhesión”; pues sólo puede presentarse en tanto alguna de las partes hubiere apelado. En otras palabras, no existe apelación adhesiva sin apelante principal. La razón es lógica, pues no se estaría adhiriendo a nada.
9. El 12 de noviembre de 2009 se celebró audiencia de conciliación en la que las partes llegaron a un acuerdo, que posteriormente resultó improbado mediante auto del 25 de noviembre de 2009 por considerar que (fls. 302 y 320 c. p.):
10. Dentro del término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, la parte actora reiteró sus pretensiones con fundamento en argumentos ya expuestos en las anteriores etapas procesales (fls. 329-343 c. p.). Por su parte, el Ministerio Público también reiteró sus anteriores argumentos y adicionó lo siguiente (fl. 308 c. p.):
El señor Jhon Alexander Bolívar Carvajal, entregó al Tribunal Administrativo de Risaralda, el resumen de la historia clínica del señor Durán Luis Carlos, de la Clínica Confamiliar, en dos folios, sin oficio remisorio ni firma de la persona responsable por su emisión.
Respecto de documentos proferidos por terceros, calidad que tiene el resumen de la historia clínica, según el art. 10 de la Ley 446 de 1998, son apreciables por el juez sin necesidad de ratificación de su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación, situación esta última que no fue solicitada por el Ejército Nacional.
13.1. Luis Carlos Durán, identificado con la C.C. 4520592, para el día 24 de septiembre de 2006 se encontraba activo y en servicio de sus funciones y atribuciones como soldado regular, integrante del séptimo contingente de 2005 (certificado expedido por el jefe de personal, Batallón de Artillería Nº 8 “Batalla de San Mateo” del Ejército Nacional, orden del día Nº 246 del comando del batallón de artillería Nº 8, f. 27-31 c. de pruebas y copia del carnet de la institución f. 18 c.1).
13.2. El 24 de septiembre de 2006, a las 10:34 AM, el soldado regular Luis Carlos Durán fue atendido en la clínica Comfamiliar de Risaralda, como consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en dorso de pie izquierdo. En la historia clínica se anotó lo siguiente (resumen de historia clínica f. 15-16 c. de pruebas):
Nombre: DURAN LUIS CARLOS
Información Ingreso: Sept 24 2006 10:34 AM
PACIENTE DE OFICIO SOLDADO QUE HACE +/- 1 HORA SUFRIO HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO ACCIDENTALMENTE POR COMPA[Ñ]ERO EN DORSO DE PIE IZQUIERDO REFIERE DOLOR ALTA INTENCIDAD
ALERGICOS NIEGA
TOXICOS 3 CIGARRILLOS DIA
FARMACOLOGICOS NIEGA
(…) PIE IZQUIERDO CON ORIFICIO DE ENTRADA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN DORSO MEDIO DE 0.8 CM DE DIAMETRO
PERFUSION DISTAL CONSERVADA MOVILIDAD DISTAL PRESENTE
Sep 24 2006 11:22 AM – RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL
FECHA: SEP 24 2006 12:36PM
SUBJETIVO: SE REALIZA LAVADO CURACION DE HERIDAS EN PIE IZQUIERDO NO SANGRADO PROFUSO
FECHA: SEP 24 2006 12:51 PM
SUBJETIVO: HERIDA DORSO DE PIE POR ARMA DE FUEGO CON DOLOR Y LIMITACION FUNCIONAL
PLAN REDUCCION CERRADA DE FRACTURA DE METATARSIANO PIE IZQUIERDO
INMOVILIZACION FERULA DE YESO
AUTOR: ANDRES TRUJILLO ARANGO
FECHA: SEP 24 2006 1:38PM
13.3. Luis Carlos Durán, oriundo de la vereda Naranjal del municipio de Quinchía-Risaralda, es hijo de Blanca Ruddy Durán Ladino, nieto de Ananías Durán y María Orfelina Ladino, sobrino de Ramiro Alonso Durán Ladino y hermano de Viviana Marcela Bueno Durán, Laura Sofía Torres Durán y Andrés Torres Durán (registros civiles de nacimiento f. 6-16 c.1), personas con las que convivía para el momento de los hechos como lo confirma el testimonio de Gerardina Vélez de Suárez (f. 11 c. de pruebas):
14.1. En caso de existir interés para apelar por parte del Ministerio Público, debe la Sala determinar si la lesión de Luis Carlos Durán en los hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2006, cuando prestaba el servicio militar obligatorio, le resulta imputable a la entidad demandada Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Acerca del interés jurídico del Ministerio Publico para interponer recurso de apelación
Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público –como representantes de la sociedad– actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera –o todos– de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991 (negrita y subraya fuera de texto).
15.2. Esta postura sujeta la posibilidad de actuación del Ministerio Público o de sus agentes judiciales –específicamente la facultad de impugnación en los procesos contencioso administrativos–, a cargas adicionales de argumentación no previstas en el ordenamiento jurídico que, únicamente, pueden imponerse por vía legislativa.
15.3. Es de amplio conocimiento que quienes –como sujetos procesales– ejercen el derecho de impugnar decisiones judiciales deben argumentar de manera clara, precisa y completa el por qué de su inconformidad con la decisión que cuestionan y han de hacerlo observando las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico; de otra forma sería impensable que tuviera éxito su impugnación. Lo que no se puede admitir es que, a partir de las modificaciones introducidas por la Carta de 1991, se pretenda, vía judicial, restringir el campo de acción de la Procuraduría y de sus agentes judiciales en un ámbito tan sensible como el que tiene que ver con el acceso a la administración de justicia.
15.4. En efecto, la postura que hoy abandona la Sala reconoce la importancia que se le otorga al Ministerio Público en el marco de la Carta Política que hoy nos rige –y el rol que le corresponde jugar tan diametralmente distinto al que le confirió a esta institución la Constitución de 1886–. Sin embargo, la argumentación desarrollada en el auto pierde de vista algo básico: el Ministerio Público representa a la sociedad, en su conjunto; y en desarrollo de tan importante atribución, desempeña tareas de gran complejidad. Ello por cuanto, como representante de una sociedad pluralista, debe estar atento y ser sensible a las diferencias y a la diversidad cultural tanto como de preferencias religiosas, ideológicas y de concepciones de mundo que la Constitución ordena promover y proteger (artículos 7º; 13, entre otros).
15.5. En esa línea de pensamiento, el Ministerio Público no ejerce su función en calidad de representante de la sociedad en procesos contencioso administrativos para favorecer el interés individual de una parte –demandante– o de la otra parte –demandado–. Su autonomía e independencia convierten a la institución en instrumento al servicio del interés público al paso que la tornan en factor generador de balance, equilibrio e igualdad de cargas, cuandoquiera que el desconocimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales lo rompan. Por ello mismo, resulta poco factible fijar de antemano cómo y con qué alcances deberán proceder en cada asunto particular el Ministerio Público o sus agentes judiciales para restaurar el balance o el equilibrio perdido y para asegurar la igualdad de cargas de modo que se sirva óptimamente el interés público.
15.7. La autonomía e independencia características de la institución, a lo que se añade las tareas que le son confiadas por Constitución y por ley, convierten al Ministerio Público –como ya se dijo–, en un órgano de moderación, balance y restablecimiento de equilibrio al servicio del interés general. En el marco de sus actuaciones en procesos contencioso administrativos debe cumplir fines de servicio público y no puede soslayarlos: i) la efectiva protección del patrimonio público; ii) la defensa del orden jurídico; iii) la protección y garantía de los derechos fundamentales.
15.8. Brevemente: al actuar en calidad de representante de una sociedad diversa como la colombiana en sede contencioso administrativa el Ministerio Público tiene la obligación de velar por el interés público y de equilibrar las cargas allí donde ellas se inclinan hacia un extremo o hacia el otro de modo desproporcionado o arbitrario, contrariando mandatos constitucionales o legales; así que no es dable afirmar que en sus actuaciones como sujeto procesal en los juicios contencioso administrativos la Procuraduría y sus agentes judiciales al impugnar las decisiones puedan obrar en interés –particular–, de una parte o de la otra.
15.9. El interés con que actúa el Ministerio Público en sede contencioso administrativa es siempre y a un mismo tiempo general, público, formal y sustantivo; jamás únicamente formal o interesado en favorecer per se a una de las partes del proceso, o pendiente de relevarlas de cargas que ellas deben cumplir o atento a sustituirlas en sus obligaciones procesales. En ese sentido acierta la Sala cuando, de manera insistente, sostiene que la tarea de la Procuraduría no consiste en “desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal” –folio 27 del auto de unificación–. Y es que prima facie ello es así. De cualquier modo, vale recordar que los procesos contencioso administrativos tienen una particularidad, esto es, que la parte demandada es el Estado.
15.10. Ocasionalmente, puede suceder que quien demanda por múltiples motivos, pero especialmente por encontrarse en especial situación de indefensión (artículo 13 superior) no esté en posibilidad de cumplir con una carga o deber procesal. En tal caso, la obligación de la Procuraduría y de sus agentes judiciales –hasta tanto el legislador disponga otra cosa–, es restablecer el equilibrio perdido sin que le pueda ser achacado el haber obrado en interés particular de alguna de las partes del proceso, pues, como ya se vio, uno de los principios que rigen su función consiste precisamente en velar por el interés público asegurando la protección de los derechos constitucionales fundamentales.
15.12. Según el auto, cuando obra como parte en sentido formal, no le es dado a la Procuraduría, ni a sus agentes judiciales, impugnar las decisiones adoptadas en el curso de un proceso contencioso administrativo, toda vez que al hacerlo asumen de inmediato “la posición de coadyuvante[s] en el proceso para defender un interés individual con miras a ‘sostener las razones de un derecho ajeno’, o suplir la negligencia de las partes demandante o demandada en el plano estrictamente procesal, lo cual de contera, lo ubicaría en un plano de desigualdad” –folio 6 del auto–. Y más adelante agrega que le es totalmente lícito al Ministerio Público y a sus agentes judiciales cuestionar decisiones en sede de procesos contencioso administrativos “[p]articularmente cuando se trata de la impugnación de providencias, la protección de los intereses públicos, [que] es lo que determina, de manera general, el interés para recurrir por parte del Ministerio Público” –folio 7 del auto–.
15.13. Este deslinde artificial de las atribuciones que corresponde ejercer a la Procuraduría y a sus agentes judiciales riñe, con el sentido y alcance que le otorga la Constitución a dicho organismo y a sus funcionarios. Como ya antes se señaló, sus actuaciones siempre deberán estar motivadas por el interés público, a saber, bien sea para lograr la efectiva protección del patrimonio público; la defensa del orden jurídico o la protección y garantía de los derechos fundamentales, de modo que, si no obra inspirada en cualquiera de estos objetivos –o en todos a la vez–, su actuación carecería de justificación formal y material.
15.15. Gran parte de la providencia se dedica a mostrar cómo, pese a esa distinción poco pertinente –al menos en lo que hace relación a la regulación actual de sus atribuciones–, puede la Procuraduría a través de sus agentes judiciales ejercer el derecho de impugnación –folios 13 y siguientes del auto–. Ahora bien, al desdoblar la actuación del Ministerio Público en dos, a saber, parte en sentido formal y parte en sentido material reconoce, expresamente, la providencia que está restringiendo el contenido y alcance de los preceptos constitucionales y legales encaminados a regular la participación del Ministerio Público y de sus agentes judiciales en procesos contencioso administrativos. Así, refiriéndose a un fallo precedente sostiene que “la anterior postura ha tenido matices en diferentes decisiones proferidas por la Subsección A de esta Sección, al grado tal que se han introducido nuevos argumentos con la finalidad de restringir el contenido y alcance mencionado en el numeral anterior” –folio 6 del auto; se destaca–.
15.16. Empero, ese deslinde del sujeto procesal Ministerio Público en parte en sentido formal y parte en sentido material no tiene un peso o relevancia constitucional suficiente para permitir o autorizar –vía judicial–, restringir el derecho que se le reconoce a los sujetos procesales a impugnar las decisiones adoptadas en el marco de procesos contencioso administrativos. Tal diferenciación resulta contraria al orden constitucional –al desconocer lo dispuesto por el artículo 277 superior y 127 C.C.A.–. Adicionalmente, la referida diferenciación podría calificarse también de irrelevante, superflua o inútil, dado que –como ya atrás se indicó–, el Ministerio Público y sus agentes judiciales en el marco de procesos contencioso administrativos siempre deben actuar, tanto en la forma como en el fondo, movidos por servir al interés general, así que resulta imposible deslindar acá lo formal de lo material.
Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público –como representantes de la sociedad– actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa(7) la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera –o todos– de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991 (negrita y subraya fuera de texto).
16. La Sala, de conformidad con los hechos probados, tiene por demostrado el daño alegado por la parte actora, esto es, la lesión por arma de fuego padecida en el pie izquierdo por parte del señor Luis Carlos Durán, ocurrida el 24 de septiembre de 2006, cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio a órdenes del Batallón de Artillería Nº 8 del Ejército Nacional, en Pereira - Risaralda –supra párr. 13.1-13.2–.
En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación –conducta activa u omisiva– del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la administración y se constituye en un juicio de reproche.(13)
17.3. En el tema relacionado con la responsabilidad del Estado por daños causados a soldados, debe precisarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico(14), en la segunda eventualidad, por su parte, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.
17.4. Así, si se trata de determinar la responsabilidad por los daños causados a quienes prestan servicio militar obligatorio –conscriptos–, el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo –daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso(15)–, siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la falla del servicio. En cambio, si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, de manera que no cabe imputar responsabilidad al Estado por ello. No obstante, si el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas, el Estado será obligado a indemnizar los perjuicios causados bajo un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo(16).
18.4. De otra parte, la Sala comparte el reproche que hace el tribunal de primera instancia a la entidad demandada en el sentido de que no aportó un informe de los hechos en los cuales resultó herido el soldado regular, ni un certificado acerca de las condiciones de terminación de la prestación del servicio militar obligatorio por parte de este sujeto –siendo su deber elaborar esta clase de documentos–, sino que se limitó a guardar silencio y no hizo ningún esfuerzo probatorio por desestimar los hechos probados por la parte demandante, ni por acreditar algún eximente de responsabilidad.
20. Con respecto a los perjuicios morales solicitados en la demanda, la Sala recuerda que, según la jurisprudencia de esta Corporación, basta la acreditación del parentesco para que pueda inferirse su causación a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad(19) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos –mayores o menores–, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en: a) que la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (artículo 42 de la Constitución Política)(20). En caso de no llegar a demostrarse el parentesco, quienes se consideren afectados moralmente por la muerte de alguien, corren con la carga de demostrar el dolor que dicen haber sufrido por esta causa(21).
Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente de la Sala—Stella Conto Díaz Del Castillo—Marta Nubia Velázquez R.—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—María Adriana Marín—Carlos Zambrano Barrera—Ramiro Pazos Guerrero—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Rodríguez Navas.
3 “La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01, Exp. 25.022, C. P. Enrique Gil Botero.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Auto del 27 de septiembre de 2012, Exp. 08001-23-31-000-2008-00557-01(44541), C. P. Enrique Gil Botero.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Auto del 27 de septiembre de 2012, Exp. 08001-23-31-000-2008-00557-01(44541), C. P. Enrique Gil Botero.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C. P. Hernán Andrade Rincón.
9 Sobre la referida función, la doctrina jurídica ha sostenido: “Sin embargo, la responsabilidad no es un término que se pueda confundir con resarcimiento, pues las reglas de la responsabilidad civil pueden cumplir otras funciones diferentes a la de la compensación de los daños; así, se habla de una función preventiva, según la cual la responsabilidad puede servir de mecanismo para evitar que se produzcan daños, función que se traduce en la influencia que las reglas de la materia pueden tener sobre la forma en que una persona despliega determinada actividad que podría dar lugar a la producción de un daño. La función preventiva se inscribe como una función social (…) y teniendo en cuenta que en el centro del análisis de la responsabilidad se encuentra el sujeto que ha sufrido el daño, la prevención se manifiesta también con un importante contenido económico, toda vez que la forma del resarcimiento que reciba la víctima de un daño tendrá la capacidad de señalar modelos de comportamiento para los potenciales causantes de daños, pues estos podrán traer indicaciones claras sobre costos y sobre incentivos, según la forma en que el daño haya sido liquidado”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona. El daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un Momento para América Latina? Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2012, p. 62-63.
10 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota n.° 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C. P. Mauricio Fajardo Gómez”.)”. Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, Exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
11 [2] Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada -sentencia de octubre 21 de 1982- con alguna incursión en la presunción de culpa -sentencia de octubre 24 de 1975, Exp. 1631-. Pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, Exp. 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor sólo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la administración sólo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el daño fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad -sentencias de agosto 24 de 1992, Exp. 6.754 y, de septiembre 16 de 1999, Exp. 10922- en el entendido de que la falla sólo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad –sentencias de julio 14 de 2004, Exp. 14308; de febrero 24 de 2005, Exp. 13967 y; de marzo 30 de 2006, Exp. 15441–.
12 [3] Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C. P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C. P. Ruth Stella Correa.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C. P. (e) Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido ver de la Subsección B, sentencia de 31 de julio de 2014, Exp. 27900, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
14 De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución “… todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. // La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.
15 La Sala ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; mientras que el régimen de riesgo excepcional ha sido aplicado a aquellos casos en los cuales el daño proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 15 de octubre de 2008, Exp. 18.586, C. P. Enrique Gil Botero; del 10 de agosto de 2005, Exp. 16.205, C. P. María Elena Giraldo; y del 2 de febrero de 2005, Exp. 15.445, C. P. María Elena Giraldo.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010, Exp. 18.111, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, y del 3 de mayo de 2007, Exp. 16.200, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, Exp. 18.586, C. P. Enrique Gil Botero.
20 Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, Exp. 13834, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, Exp. 14955, C. P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, Exp. 14335, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, Exp. 14808; 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, Exp. 16186, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, Exp. 28259, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 23308, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
21 Sobre el particular ver, por ejemplo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 29 de marzo de 2012, Exp. 16448, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 50001231500019990032601 (31172), C. P. Olga Mélida Valle de la Oz.

References: artículo 16
 artículo 97
 artículo 16
 artículo 177
 artículo 115
 artículo 277
 artículo 216