Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/08/despidos-colectivos-el-caso-celsa.html
Timestamp: 2019-12-16 01:56:06+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Despidos colectivos. El caso “Celsa Atlantic SL”: segunda sentencia del TS. Desestimación del recurso de casación interpuesto por la empresa. Notas al auto de 26 de marzo y a la sentencia de 18 de julio (I).
En el momento de redactar este comentario no tengo constancia de la publicación de la sentencia en la base de datos del CENDOJ ni en las redes sociales. Sólo he encontrado una nota de prensa del Poder Judicial, de fecha 17 de julio, con el título “El TS declara nulo el despido colectivo de Celsa Atlantic por vulnerar el derecho a la huelga y a la libertad sindical”, y el siguiente contenido: “El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ha declarado nulo el despido colectivo de 358 trabajadores de Celsa Atlantic (Grupo Barna Steel) despedidos en dos centros de trabajo del País Vasco en mayo 2012, al día siguiente de la huelga que hicieron con motivo de un expediente de regulación de empleo tramitado inmediatamente antes en el que se pretendía el despido de una parte de la plantilla (91 trabajadores). El Tribunal Supremo, en una nueva deliberación del recurso, ha considerado que la finalidad contraria al derecho de huelga vicia de nulidad todo el despido como acto unitario. Asimismo, estima que el despido vulnera la libertad sindical porque afecta a un medio de acción sindical colectiva como es la huelga convocada por un sindicato, cuestión que es propia del proceso de despido colectivo, con independencia de los procedimientos de despido individual que pueda interponer cada trabajador”.
Hasta aquí, nada de particular. Es decir, se trataría en principio del comentario de una sentencia dictada por el TS en un recurso de casación interpuesto contra la decisión de un TSJ en un procedimiento de despido colectivo, y así será… pero sólo en parte, ya que no es la primera sentencia que se dicta en el caso ahora analizado, ya que justamente la dictada el 18 de julio resuelve en sentido contrario a la primera dictada el 20 de septiembre de 2013, de la que fue ponente el magistrado Antonio Martín Valverde y que tuvo dos votos particulares de varios magistrados y magistradas. Contra dicha sentencia se interpuso por la parte trabajadora incidente de nulidad de actuaciones que fue estimado por la Sala mediante auto de 26 de marzo, con voto particular de varios magistrados que habían votado favorablemente la sentencia de 20 de septiembre. La declaración de nulidad de la sentencia impugnada ha llevado a la emisión de una nueva por el alto tribunal, que es la referenciada al inicio de mi exposición.
2. Vayamos por partes. La sentencia de 20 de septiembre ha sido una de las que ha merecido mayor atención, bastante crítica, por mi parte al analizar la doctrina jurisprudencial del TS en materia de despidos colectivos desde la entrada en vigor de la reforma laboral operada por el Real Decreto-Ley 3/2012 primero y la Ley 3/2012 después. Baste ahora señalar para confirmar esta apreciación crítica las tres preguntas que formulaba en la primera parte de mi amplio comentario: “¿Puede “resolver” un tribunal un ERE que no ha existido? ¿Puede dictar una sentencia que estima la validez del ERE para una parte de los afectados por un solo ERE aunque el Tribunal entienda que ha habido dos? ¿Puede entrar a resolver sobre cuestiones no planteadas en el recurso por la parte recurrente en casación?
Dado que la sentencia de 18 de julio resuelve el recurso de la empresa, me parece oportuno recordar qué dije en su momento sobre la sentencia de 9 de octubre del TSJ vasco, y para el análisis de la sentencia del TS de 20 de septiembre remito al texto publicado en entradas anteriores del blog, sin perjuicio de referirme a dicha sentencia y a mi comentario si fuere oportuno al analizar la prehistoria y el contenido de esta segunda sentencia.
“La vulneración del derecho fundamental de libertad sindical con motivo de un ERE ya había sido analizada, con aceptación de la demanda, en la sentencia del TSJ del País Vasco de 4 de septiembre de 2012, y vuelve a plantearse, con igual estimación de la demanda, en la dictada el 9 de octubre con ocasión de la interpuesta por ELA-STV y el Comité Intercentros de la empresa Celsa Atlantic SA. Se trata, sin duda, de dos sentencias que aportan un punto de novedad con respecto a las dictadas por otros TSJ y por la AN, ya que aquí el eje central del debate es la posible vulneración de ese derecho por razón de los concretos trabajadores afectados por la decisión extintiva y su militancia sindical en el sindicato nacionalista (mayoritario en el País Vasco, no se olvide) que ha presentado la demanda, porque las extinciones se han producido en dos centros de trabajo sitos en esa Comunidad Autónoma, aunque la empresa también tiene centros fuera de la misma. En los hechos probados queda constancia de un conflicto entre empresa y trabajadores con ocasión de la propuesta empresarial de modificación de condiciones de trabajo al amparo del art. 41 de la LET, la convocatoria de una huelga indefinida por los trabajadores a partir del 8 de mayo de este año, y la comunicación al día siguiente de un escrito de la dirección de la empresa citando a la representación del personal (comité intercentros) para iniciar el período de consultas por presentación de una ERE por razones productivas y económicas, versando las primeras “sobre descenso de pedidos, ventas y facturación”, y la segundas en resultado neto de explotación negativo en el ejercicio 211 y unas pérdidas acumuladas a 31 de marzo de 2012 de 79 millones de euros. Consta acreditado igualmente que de las 178 extinciones contractuales operadas por la empresa 97 han sido de trabajadores afiliados a ELA-STV. Es ciertamente muy importante para la resolución del conflicto, y así lo ha tenido en consideración el TSJ, el informe preciso de la ITSS, en el que se manifiesta que la razones económicas, que implican el cierre de los dos centros de trabajo ubicados en el País Vasco, “podrían justificar la adopción de medidas tendentes a reducir el gasto social vía extinción colectiva, pero en ningún caso el cierre definitivo y la extinción de contratos de toda la plantilla”, con mención expresa al hecho de “la no disminución de ingresos ordinarios o ventas de manera persistente durante tres trimestres consecutivos”. El núcleo fundamental de la sentencia, que desestima en primer lugar cuestiones formales sobre la pretendida, y no aceptada, falta de legitimación del Comité Intercentros y de ELA.STV para interponer la demanda, es la posible vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga, por lo que la Sala acude a las reglas procesales de la inversión de la carga de la prueba previstas en el art. 181.2 de la LRJS y examina si se han aportado indicios suficientes para trasladar la carga de la prueba a la parte demandada, concluyendo que tales indicios “se nos han proporcionado sobradamente”, por la clara relación entre la huelga iniciada el día 8 de mayo y el ERE iniciado el 20 de abril, siendo así que las medidas planteadas en este son mucho más duras que las presentadas en la propuesta de modificación sustancial de condiciones de trabajo, pasando en pocos días, y sin que haya justificación económica al parecer de la Sala, de una propuesta que incluía extinción de 91 contratos a otra que implica la decisión de extinguir 358 contratos en dos centros de la provincia de Álava. Del conjunto de la prueba practicada, y del importante informe de la ITSS, la Sala concluye que la empresa sí ha acreditado que tiene una situación económica complicada, “pero en modo alguno se prueba que esta situación sea suficiente para poder adoptar la medida extintiva de la intensidad de la adoptada”. La Sala considera suficientemente probada, y mucho más ante la inexistencia de causa económica, “una directa e inmediata conexión entre el ejercicio del derecho de huelga por la plantilla de los centros de trabajo de la demandada en Araba y la decisión empresarial impugnada”. Sobre la vulneración del derecho de libertad sindical se ha de de partir de un dato objetivo, que el 54,49 % son de afiliados a un solo sindicato, en concreto a ELA.STV, dato que para la Sala es suficiente indicio como para trasladar la carga de la prueba a la demandada, prueba que no puede aportar, e incluso “ni lo ha intentado” según la Sala, ya que no hay criterios conocidos que haya podido seguir la empresa para tomar las decisiones sobre trabajadores concretos, pues tal como consta en el FJ séptimo “tampoco ha expresado ni un solo criterio de determinación o designación de los concretos trabajadores a los que va extinguiendo los contratos, desconociéndose si se está haciendo por sectores en relaciones a las necesidades productivas, o si se están siguiendo criterios personales tales como la antigüedad…”.
La citada empresa también se ha visto afectada por otra sentencia, en esta ocasión dictada por la AN el 1 de abril de 2013 en el caso de un ERE de suspensión de contratos. La sentencia declara la nulidad de la decisión empresarial porque la negociación constituyó “un claro fraude de ley”, y destaca que además no se negoció propiamente dicho por centros de trabajo, ya que en Álava se negocio con un comité intercentros de dos centros de trabajo y en Galicia sólo en el centro afectado, posibilidad no prevista en el RD 1483/2012 (más allá de la consideración jurídica de ultra vires), “que no permite de ningún modo negociar agrupadamente en algunos centros y separadamente en otros”. Fraude de ley que la Sala entiende que se refuerza aún más porque no se ha puesto en marcha el acuerdo suspensivo del centro de trabajo de Laracha, y que el hecho de que se hayan anunciado cuatro días de suspensión en el mes de abril “no se compadece, de ningún modo, con las urgencias suspensivas contenidas en la memoria explicativa (del ERE)..”.Por último, se aborda la petición de nulidad de la decisión empresarial por falta de entrega de la documentación a que obliga el RD 1483/2012 en los supuestos de grupo de empresas, y habiendo quedado probada la existencia de un grupo (CELSA), al no haberse aportado la documentación del grupo a que obligan los arts. 4.4 y 18 de la citada norma se declara también la nulidad “puesto que la falta de aportación de dicha documentación impidió objetivamente que la negociación del período de consultas alcanzara sus fines, así como el control judicial de la medida…”.
Dejo aquí constancia de que la sentencia del TSJ del País Vasco mereció atención desde el plano procesal en el artículo del profesor de la Universidad de Jaén José Mª Moreno Pérez, que lleva por título “Los efectos de la declaración de nulidad dedespido colectivo entre el Real Decreto-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012”, publicado en la revista Temas Laborales, núm. 117 de 2012. Igualmente, cabe indicar que la sentencia del TS de 20 de septiembre ha merecido atención fuera de nuestras fronteras, siendo prueba de ello el artículo publicado por Fanny Pierson con el título “Refus de la nullité totale du licenciement collectif prononcé enviolation du Droit de grève par l'employeur : Commentaire de l’arrêt duTribunal Supremo du 20 septembre 2013 (STS 11/2013)”, publicado en el blog de la Universidad de Paris Ouest (Nanterre La Défense) dedicado al “Master d’Etudes bilingues des droits de l’Europe”.
3. Como he indicado, contra la sentencia del TS de 20 de septiembre se interpuso incidente de nulidad de actuaciones por el sindicato ELA-STV y por el comité de empresa de Celsa Atlantic SL.
A) En apoyo de la petición de nulidad se invocaban varios artículos de la Constitución, en concreto los relativos al principio de igualdad y no discriminación (art. 14), derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24), derecho de libertad sindical (art. 28.1) y derecho de huelga (art. 28.2), todos ellos en relación con lo dispuesto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”).
La inicialmente parte demandante argumentaba que “de no anularse el procedimiento en el momento en el que se comete el error, la Sentencia se consolidará en base a un error judicial objetivable y sin posibilidad de defensa para los demandantes, pues no existe Recurso ordinario ni extraordinario con el que afrontar una sentencia en los términos en los que quedaría formulada la presente, con el agravante, de que dicha formulación está basada en una decisión inicial de despido colectivo parcial de 91 trabajadores inexistente y por ende no enjuiciada ni en el TSJP Vasco, ni, en consecuencia, ante la Sala en el recurso empresarial, amén del resto de motivos que se han articulado a lo largo del presente escrito”, para concluir el escrito con la petición de que “… declare la nulidad de actuaciones, anulando y dejando sin efecto la referida sentencia y reponiendo las mismas al estado en que se hallaban en el momento anterior de dictarse la sentencia, a fin de que se dicte una nueva que, respetando los derechos fundamentales señalados, de respuesta a las cuestiones esenciales planteadas, y en concreto a la calificación de la decisión final de extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de los centros de trabajo de la empresa CELSA ATLANTIC, S.L. de Álava adoptada el 18.06.2012 y, por ende, resuelva en consecuencia CONFIRMANDO ÍNTEGRAMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su día recurrida”.
A los efectos de mi explicación, y por la importancia que pudo tener sobre la resolución del incidente, me interesa destacar que el Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, se manifestó a favor de la procedencia del incidente y de retrotraer las actuaciones para una nueva deliberación y fallo por el TS. La Fiscalía (informe de 16 de enero) analizó si existía una incongruencia genérica en la sentencia y más concretamente si se había producido “una concesión extrapetitum”, y llegó a una respuesta afirmativa en los términos recogidos en el hecho décimo y que ahora reproduzco: a) interpretando literalmente las peticiones de ambas partes “se deduce claramente que lo pedido por ambas partes es una decisión jurídica sobre el ERE que extingue la totalidad de la plantilla, y en concreto sobre las 178 extinciones laborales que se llevaron a cabo”; b) la cuestión que se ha debatido en el recurso de casación es la “procedencia o improcedencia de la totalidad de dicho despido” y que “ninguna de las partes ha introducido en el debate el tema de la nulidad parcial”; c) la argumentación sobre el alcance parcial de la decisión de despido impugnada “aunque puede ser lógica y cierta, la realidad es que no ha sido pedida por ninguna de las partes”; y d) La Sala “de manera mayoritaria ha introducido de oficio una cuestión que nunca fue solicitada por las partes y ha quedado reflejada en el fallo”.
B) Conviene ahora recordar el contenido del fallo de la sentencia de 20 de septiembre, que “casa y anula la sentencia de instancia” y resuelve sobre “el fondo de las cuestiones planteadas”, algunos de cuyos contenidos me suscitan las mismas dudas, ahora acrecentadas por tratarse de una sentencia del TS, que me suscitó una anterior sentencia del TSJ de Canarias, es decir, si puede haber despidos conforme a derecho para unos trabajadores y nulos para otros en el mismo ERE, y justamente esa es la tesis de la sentencia cuando afirma “1) que la conducta de la empresa de elevar el número de trabajadores afectados por el despido colectivo ha incurrido en vulneración del derecho de huelga de los trabajadores; 2) que la nulidad consiguiente a la declaración anterior no afecta a los 91 despidos anunciados en el primer período de consultas..”. En sintonía con lo antes explicado, la Sala declara “5) que no son acogibles las alegaciones formalizadas en la demanda de fraude de ley y abuso de derecho en lo que afecta al despido colectivo parcial acordado por Celsa Atlántic S.A”, y que “al concurrir en el caso las causas económicas alegadas por la empresa respecto de la decisión inicial de despido colectivo parcial, se declara conforme a derecho dicho acuerdo de despido de 91 trabajadores adoptado por la empresa demandada en su comunicación de 18 de junio de 2012”. Obsérvese los conceptos con los que opera la sentencia y la complejidad jurídica que plantean, tales como nulidad parcial de un ERE, despido colectivo parcial, o decisión inicial de ese despido colectivo parcial.
C) El auto, del que fue ponente el magistrado Fernando Salinas, inicial ponente de la sentencia de 20 de septiembre y que fue sustituido por otro ponente, el magistrado Antonio Martín Valverde, al quedar su ponencia en minoría, realiza un análisis detallado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el incidente de nulidad de actuaciones, con una amplia reproducción de la sentencia núm.9/2014 de 27 de enero, de la que me interesa destacar su doctrina de que “En definitiva, el incidente de nulidad de actuaciones sirve, como así ha querido el legislador orgánico, para reparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental que no puedan serlo a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley y su función en materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de aplicación que le otorga el art. 241.1 LOPJ, que la realizada como consecuencia de la interposición de un recurso ordinario o extraordinario y como tal debe ser atendida por los órganos judiciales”. Igualmente, trae a colación otras sentencias del TC sobre la procedencia o no de interponer este incidente con carácter previo al recurso de amparo, en concreto las núms. 208/2013 de 16 de diciembre y 176/2013 de 21 de octubre.
Para la Sala la cuestión nuclear a resolver es la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la incongruencia que se hubiera podido cometer en la sentencia de 20 de septiembre, y recuerda la complejidad del asunto enjuiciado, tesis que comparto plenamente ya que recuerdo el esfuerzo que tuve que dedicar no sólo a la lectura sino muy en especial al correcto entendimiento de la sentencia. Con esta manifestación previa, el auto llegará a la conclusión de que tal dificultad “fáctica y jurídica” pudo llevar a confusión al tribunal al resolver el conflicto, creyendo que existían dos despidos colectivos cuando en realidad sólo se trataba de uno, tesis que ya defendieron los votos particulares de la sentencia de 20 de septiembre y que es también el sostenido por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe. En este punto el auto recuerda lo recogido en los hechos probados de instancia, y en concreto en el 6º, y las manifestaciones empresariales sobre la voluntad “implícita” de la empresa de extinguir 91 contratos de trabajo, si bien no acepta esta tesis ya que considera que “ello no es suficiente para entender que la solución judicial cuestionada esté dentro de los límites de lo propuesto oportunamente por las partes al no poderse incluir en el debate la alegada “voluntad implícita” empresarial”.
La Sala recuerda la doctrina constitucional sobre el vicio procesal de incongruencia y qué impacto puede tener sobre la tutela judicial efectiva, trayendo a colación la sentencia núm. 169/2013 de 7 de octubre, que se remite a otras anteriores, con la manifestación clara e indubitada de que la congruencia o incongruencia de una sentencia “ha de estimarse mediante la confrontación de la parte dispositiva con los términos en que en las demandas o en los escritos fundamentales del pleito se configuran las acciones o las excepciones ejercitadas. En suma, la prohibición de incongruencia extra petita impide al Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, debiéndose ajustar al objeto del proceso, sin omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse sobre cuestión no alegada ni discutida, porque ello supone violar el principio de contradicción procesal en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que sólo, y no antes, se deciden inaudita parte en la Sentencia”. La aplicación de esta doctrina al caso concreto planteado en el incidente de nulidad llevará a la Sala a decretar la nulidad de la sentencia de 20 de septiembre y a reponer las actuaciones al estado en que se hallaban antes de dictarse, “, a fin de que, tras la oportuna deliberación, se dicte una nueva resolviendo las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito”. Para la Sala, la nulidad encuentra su razón de ser, tal como se manifestó en los votos particulares de la sentencia de 20 de septiembre, en el hecho de “haberse sustraído a la parte actora la posibilidad de contradecir u oponerse a una decisión sobre un tema no propuesto con la posible incidencia, además, en la resolución dada sobre otros derechos fundamentales cuya vulneración se planteó oportunamente, en especial del derecho de huelga”.
Obviamente el auto del TS fue recibido de forma muy distinta por las partes. Para la empresa, decisiones judiciales como esta “abonan un panorama de inseguridad jurídica que en nada contribuyen a la estabilidad que necesitan las empresas para seguir operando sus actividades”. Por su parte, el presidente del comité de empresa,se congratuló de que el TS reconociera “su error” y afirmara ahora “que solo ha existido en el conflicto laboral un único expediente de extinción y no dos, como argumentó en su sentencia anterior "para así dividir los despidos entre readmisiones y no readmisiones".
D) No encontramos en el Auto, pero sí en la sentencia de 18 de julio, los “avatares” de este incidente, y me refiero a la actuación procesal empresarial y la estrategia utilizada tendente a evitar que la Sala dictara nueva sentencia.
En apretada síntesis (y remito a quien esté interesado a la lectura de los hechos probados decimoprimero a decimocuarto), la primera estrategia consistió en presentar recurso de reposición contra la providencia de 27 de febrero por la que se fijó la fecha de debate y resolución del incidente presentado, al objeto de que fueran los mismos magistrados que deliberaron y fallaron la sentencia de 20 de septiembre los que resolvieran sobre el incidente, “incluyendo por lo tanto al magistrado ponente y redactor de la misma y excluyendo a los que no participaron en este debate, deliberación y fallo”. Dicho recurso, al que se opuso el Ministerio Fiscal, fue desestimado por auto de 19 de marzo.
Frente al auto de 26 de marzo, dictado por el Pleno de la Sala de lo Social, “integrada por 14 Magistrados y por su Presidente Don Jesús Gullón Rodríguez”, la parte empresarial interpuso incidente de nulidad de actuaciones, solicitando, con idéntica estrategia (fallida) a la utilizada en el recurso de reposición, que se repusieran las actuaciones “al estado en que se encontraban en el momento previo a la asignación de un ponente para la resolución de la petición de nulidad de actuaciones presentada por la parte actora en fecha 18 de diciembre de 2013, cumpliéndose esta vez las normas de reparto y asignación de ponencias que tiene establecido el Tribunal Supremo por acuerdo de su Sala de Gobierno”. Mediante auto de 11 de junio, y con estimación de la tesis defendida por el Ministerio fiscal en su informe de 5 de junio, que alegaba que la cuestión ya había sido resuelta al responder al recurso de reposición, la Sala acordó "Rechazar de plano la pretensión de declaración de nulidad de actuaciones formulada por la representación de la empresa 'Celsa Atlantic, S.L.', contra el Auto de fecha 26-marzo-2014”.
E) Vuelvo al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por las demandantes en instancia para destacar que contó con el voto particular del magistrado Aurelio Desdentado, al que se adhirieron cuatro magistrados y una magistrada, y que en gran medida recoge las tesis defendidas por la mayoría de la Sala en la sentencia de 20 de septiembre. Pero antes, cabe indicar que ya hay en sede doctrinal un interesante comentario del profesor Cristóbal Molina Navarrete, publicado en la Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 375 del mes de junio, con el provocador título de “El Tribunal Supremo se anula a sí mismo: avueltas con el despido colectivo de Celsa Atlántic”, en el que llama la atención sobre la importancia de la decisión y pide (y creo que la sentencia de 18 de julio va en el sentido de tal petición, aunque no de manera absoluta) que la doctrina del TS en materia de despidos colectivos sea “solida y consolidable, al menos por un amplio espacio de tiempo, que ofrezca la seguridad jurídica – y la justicia social, claro -, que esta entera materia merece y urge para el conjunto de la sociedad, más allá de las batallas ideológicas y de los narcisismos judiciales”.

References: resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
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