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Timestamp: 2016-09-25 15:43:13+00:00

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artículo 37 Delegación para contratar en cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional la delegación a que hace referencia este artículo podrá hacerse en relación con contratos hasta por un valor de diez mil salarios mínimos legales mensuales. b.. artículo 2
. Sea igual o inferior a cien salarios mínimos legales mensuales.
Decreto 855 de 1994. ejecutivo o equivalentes. Cuando se trate de entidades que no tengan dichos órganos directivos. la delegación podrá realizarse respecto de contratos cuya cuantía corresponda a cualquiera de los siguientes montos: a. artículo 107 Delegación para operaciones de Crédito Público. Decreto 679 de 1994. terminación. Sea igual o inferior al doble de los montos fijados por la ley a la respectiva entidad para que el contrato sea de menor cuantía o no requiera formalidades plenas.Decreto 162 de 1997 Delegación a los coordinadores regionales de las regiones de planificación. de la Ley 80 de 1993. Decreto 2150 de 1995. numeral 10. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la delegación realizada por el Presidente de la República para celebrar contratos a nombre de la Nación por los Decretos 1789 de 1991. la adjudicación. *Nota: Modificado parcialmente por el artículo 2 del Decreto 1985 de 1994. artículo 14 Delegación de la facultad de celebrar contratos.
ARTÍCULO 14°. adición y prórroga de contratos y los demás actos inherentes a la actividad contractual en las cuantías que señalen las juntas o consejos directivos de las entidades. Decreto 2150 de 1995. modificación. 1929 de 1991 y 94 de 1994. los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar en los funcionarios que desempeñen cargos en los niveles directivo. Los delegados no podrán subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos o la celebración de los contratos objeto de la delegación.DE LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE CELEBRAR CONTRATOS. liquidación. (Modificado)* En virtud de lo previsto en el artículo 25. celebración.
Aspectos a tener en cuenta en caso de delegación. previa autorización legal para efectuarla. en el artículo 209 de la Carta estableció que la misma habrá de desarrollarse acudiendo a la mencionada descentralización. La Constitución Política de 1991 eligió. diversas y complejas. posteriormente son demandados ante el juez de lo contencioso administrativo. representantes legales de entidades descentralizadas. ya concretamente en relación con la función administrativa. Discrecionalidad técnica.
. en las cuales la inmediación entre decisores públicos y coasociados cobra mayor importancia para garantizar mayores posibilidades de acierto. La delegación administrativa y su incidencia en la legitimatio ad causam. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. en unas sociedades cada vez más plurales. Acción de repetición.2. Sentencia C-693 de 2008 Delegación para contratar. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.Delegación administrativa. Entidades del estado sin junta o consejo directivo.Contratación Directa. 1150/07. cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o
. la unitaria. Sentencia 13503 de 2007 Delegación de funciones . En ese orden de ideas. a la desconcentración y a la delegación de funciones. 21 de la L. Esta última. superintendentes. por pasiva. gobernadores. aunque con los trascendentales atenuantes que a la centralización como característica inherente a la misma. a otra que las ejerce en nombre de aquella. una vez proferidos por el delegatario. (Derogado) Decreto 1985 de 1994 Delegación en la celebración de contratos. suponen las nociones de descentralización y autonomía de sus entidades territoriales. alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. directores de departamentos administrativos. Exequible condicionalmente el inciso segundo del art. de ciertas funciones que corresponden a una determinada autoridad pública(10). de la entidad delegante de la facultad de expedir los actos administrativos que. cuestión que vino a ser objeto de regulación en el artículo 211 constitucional. el propio constituyente de 1991 previó otros elementos atemperadores del centralismo al cual conduciría la versión más “extrema” del Estado Unitario y. en los siguientes términos: «La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros. La delegación exime de responsabilidad al delegante. de eficacia y de aceptabilidad social de las determinaciones adoptadas por aquellos. las cuales simplemente vienen a constatar la inviabilidad de unos poderes públicos rigurosa e inflexiblemente jerarquizados. como forma de organización del Estado colombiano. Responsabilidad solidaria. como figura jurídica por medio de la cual el Estado emprende la acción administrativa enderezada a alcanzar sus cometidos valiéndose de la cesión.3.
que facilite el cumplimiento de las tareas a ella asignadas con mayores eficiencia.. bajo su responsabilidad.(14) b. Corolario de lo anterior es la exigencia de autorización legal previa para que pueda producirse la delegación o. arts. algunas veces de modo general. La delegación de funciones administrativas constituye. 209. las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble finalidad: de un lado. se ha indicado que la delegación es una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia. legal y constitucionalmente les han sido asignadas. en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de los fines esenciales del Estado (C. la restricción consistente en que las autoridades públicas sólo podrán delegar el ejercicio de aquellos asuntos que el legislador expresamente ha autorizado como susceptibles de la multicitada
.. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios». en precedentes ocasiones. siempre y cuando se encuentre legalmente autorizado para ello. De allí que con base en los mencionados y otros preceptos constitucionales que se ocupan de la comentada noción. como una garantía institucional para el correcto funcionamiento del aparato estatal”(13). en virtud de la cual. otras de manera específica. En segundo término.revocar aquél. un importante mecanismo para desarrollar la gestión pública con eficacia. diluya o desdibuje la gestión a cargo de las autoridades públicas» (cursivas en el texto original).(11) Son varias las características de la delegación a las cuales. En ese sentido. a uno de sus subalternos o a otro organismo. en las condiciones señaladas en el acto de delegación y en la ley. se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación: a. En primer término. como quiera que mal podría desconocerse que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas las más de las veces carecen de la posibilidad de atender directamente todas las funciones que estatutaria.P. eficacia y celeridad(12). 2º y 209).. y de otro lado. para que sean ejercidas por éste. se ha señalado que la finalidad para la cual ha sido creada consiste en posibilitar una distribución de competencias entre las diversas instancias de la Administración. una determinada atribución o facultad. dentro de los términos y condiciones que fije la ley». reasumiendo la responsabilidad consiguiente. igualmente. Por ello. o como «una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (art. La delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo. 196 inciso 4 y 305). ha sostenido la Corte Constitucional: «a) La finalidad de la delegación. la figura de la delegación administrativa pueda conceptualizarse como un instrumento jurídico de la actividad pública mediante el cual un funcionario u organismo competente transfiere. 211. entonces. se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro. en otros términos. evitar que se desatienda. evitar la concentración de poder en una autoridad y preservar “la separación de funciones como uno de los principios medulares del Estado. razón por la cual la antedicha delegación debe estar regulada por la ley(15). economía y celeridad.
Un ejemplo de restricción expresa en materia de delegación se encuentra en la prohibición para que el Vicepresidente de la República asuma funciones de ministro delegatario (C. 202). También se ha remarcado que “la delegación no implica la pérdida de la titularidad sino la transferencia del ejercicio de la competencia”(17).(26) f) Discrecionalidad para delegar.) e) El delegante. como se ha dicho. a los elementos a tener en cuenta en el acto administrativo mediante el cual se delega y a las diversas posibilidades que en cuanto al sujeto delegatario ofrece el ordenamiento. art. el carácter de delegante está reservado al titular de la atribución o del empleo público. contra las decisiones que aquél adopta en ejercicio de las atribuciones delegadas proceden los mismos recursos que sería viable ejercer en contra de los actos administrativos proferidos por éste(22) —quien. e. de acudir a la delegación. el segundo. Dos aspectos interesa destacar de esta afirmación: el primero. a la naturaleza discrecional de la facultad de delegar. que si bien tanto la ley(18) y la jurisprudencia —recién citada— como la doctrina(19) han señalado. Y.. se requiere “que las funciones delegadas estén asignadas al delegante”. a las calidades que deben concurrir en el delegante. en no pocas ocasiones que “el objeto de la delegación es la competencia o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo”(20). que en la medida en que la delegación es esencialmente revocable y en cualquier momento el delegante puede reasumir la competencia delegada. se transfiere tan sólo el ejercicio. ninguna autoridad puede “delegar funciones que no tiene”(25). Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable. mas no la titularidad de la misma. (. pues. En lo atinente a la improcedencia. d.(16) c. al
.delegación. la jurisprudencia constitucional ha explicado cada uno de dichos extremos de la siguiente manera: «d) Improcedencia de la delegación. En cuanto a los recursos que proceden contra los actos administrativos expedidos por el delegatario. sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite la delegación. se ha señalado que “como quiera que el delegatario actúa como si lo estuviera haciendo el delegante”. El delegante es designado por la Constitución o la ley. como lo ha señalado la Corte. es decir.(24) Adicionalmente. Aunque se disponga de la autorización para delegar. en algunos eventos. el artículo 211 de la Constitución otorga la calidad de delegante al Presidente de la República(23) y faculta al legislador para que señale las “autoridades administrativas” que pueden actuar como delegantes. en ejercicio de las facultades delegadas —asunto cuya determinación el artículo 211 de la Constitución Política defiere al legislador— según la redacción del primer inciso del artículo 12 de la Ley 489 de 1998(21). Por ejemplo. mantiene la titularidad de la competencia delegada —. es lo cierto que el propio Constituyente colombiano zanjó la cuestión al establecer que lo delegable son las funciones propias del cargo del cual se trate —artículos 196 inciso 4º.P.. En esta lógica encuadra la previsión contenida en el artículo 211 de la Carta en el sentido de que la ley deberá fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar. 209 y 211 constitucionales—. la cual se mantiene siempre en el catálogo de funciones asignadas por la ley al empleo público correspondiente..
el carácter solidario de tal vinculación. solidariamente con el delegatario. la delegación se presenta entre superior-inferior jerárquicos(30)». por la naturaleza específica de la actividad contractual y por la titularidad de la función en el jefe o representante de la entidad estatal. modo y lugar para el ejercicio de la delegación(28). el delegatario y las condiciones de tiempo. puede ser llamado a responder solidariamente con el delegatario por vía de acción de repetición o de llamamiento en garantía. en caso de hacerlo. a través de un acto administrativo motivado. toda responsabilidad corresponde exclusivamente al delegatario. en materia contractual.delegante se le garantiza un amplio margen de discrecionalidad para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo y. y 2ª) el delegante. en el cual se exprese la decisión del delegante.(29) h) Subordinación del delegatario. en comienzo. la posibilidad de vincular al delegante en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía. la cuestión parecería no ofrecer complejidad alguna si se tiene en cuenta que la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución parece ser contundente: “La delegación exime de responsabilidad al delegante. Expuso el Juez Constitucional. responde siempre por las decisiones que éste
. se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo. la Corte Constitucional abordó el punto al estudiar la constitucionalidad del parágrafo 4º del artículo 2 de la Ley 678 de 2. aparecen. en concordancia con la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política(32).(27) En este punto debe considerarse que en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución. de manera inmediata. en esa ocasión. en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo o general o específica”.(31) f. norma por cuya virtud. para fijar los parámetros y condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de los delegatarios. el delegante no podrá tomar decisiones en asuntos cuyo ejercicio haya sido delegado. g) El acto de delegación. al dar aplicación a los principios constitucionales sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Sobre este requisito señaló la Corte que: “la posibilidad de transferir su competencia —no la titularidad de la función— en algún campo. en este caso. los siguientes razonamientos: «Prescribe el parágrafo 4º del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 que en materia contractual el acto de delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. Por lo tanto. aunque. En ella. el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley “fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”. el objeto de la delegación. el legislador incluyó dos normas que son objeto de reparos de constitucionalidad: una. en consecuencia. En relación con el primer aspecto. dos alternativas en relación con la responsabilidad del delegante: 1ª) el acto de delegación constituye. En relación con el carácter jerárquico de la delegación. el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con la ley 678. y dos. junto con el delegatario. el delegatario puede ser o no un funcionario subordinado al delegante. Sin embargo. en relación con la responsabilidad de delegante y delegatario una vez se ha producido la delegación. Por último. el acto de delegación no exime de responsabilidad al delegante.001. quien. La delegación requiere de un acto formal de delegación. una barrera de protección o de inmunidad al delegante y.
y en ese evento “la delegación exime de responsabilidad al delegante. total o parcialmente. no puede darse al artículo 211 de la Constitución una lectura aislada y meramente literal para considerar que la delegación protege o aparta total y automáticamente a la autoridad delegante de todo tipo de responsabilidad en relación con el ejercicio indebido o irregular de la delegación pues con esta interpretación se dejarían de lado los principios de unidad administrativa y de titularidad de los empleos públicos. dé al traste con la presunción de legalidad del acto administrativo
. incluso en supuestos en los cuales a éste último pueda achacársele responsabilidad de algún tipo en la configuración del vicio cuya declaratoria. en criterio de la Sala. por parte del juez de lo contencioso administrativo.. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. quien utiliza al delegatario como un mero instrumento de su conducta. de tal manera que inexorablemente respondan por las decisiones de otros. por el contrario. Considera la Corte que estas alternativas constituyen dos extremos incompatibles con los principios referentes a la responsabilidad del servidor público en general y del delegante en especial. la segunda y la tercera hipótesis son las reguladas por la norma demandada pues no puede ser constitucional una medida del legislador que diga que un funcionario está exonerado de responsabilidad así participe con dolo o culpa grave en la consumación de un daño antijurídico por el cual el Estado se vio condenado a indemnizar a quien no estaba obligado a soportar dicha lesión». de acuerdo con la participación del delegante o del delegatario: 1ª) el dolo o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegatario. en todos los casos. sin la participación del delegante.. para determinar la responsabilidad del delegante no es suficiente el artículo 211 de la Carta Política y será necesario considerar otros principios constitucionales sobre la materia. opera. puede darse de tres maneras diferentes. sin ningún tipo de matiz. y 3ª) hay concurso de dolo y/o culpa grave de delegante y delegatario en la conducta que ocasiona el daño antijurídico.tome en ejercicio de la delegación. Pues bien. en dilucidar si tratándose de la delegación efectuada no ya para celebrar contratos. al ejercer la delegación otorgada. La primera hipótesis es a la cual hace referencia el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política. entonces. el mandato del inciso segundo del artículo 211 constitucional(34) o si. la delegación efectuada con el propósito de que el delegatario expida actos administrativos con base en las competencias delegadas. la igualdad o la imparcialidad (C. en aplicación de la figura de la delegación.) 11. (. 209). Por lo tanto. sino con el fin de proferir actos administrativos. 90). la eficacia. las disquisiciones efectuadas por la Corte Constitucional en el pronunciamiento que se viene de referir.P. el daño antijurídico que dé lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado y a la acción de repetición (CP.. como fundamento de la competencia de las autoridades públicas. art. 2ª) el dolo o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegante. no puede constituirse en una infranqueable barrera de protección que mantenga a resguardo. Entonces.(33) El asunto que ineludiblemente se plantea consiste. En efecto. art. Tampoco es admisible el extremo opuesto según el cual el delegante responderá siempre por las actuaciones del delegatario. La delegación no es un mecanismo para desprenderse del cumplimiento de las funciones del cargo y menos aún para utilizarse con fines contrarios a los principios que rigen la función administrativa como la moralidad. son aplicables. al funcionario o entidad delegante. por cuanto se abandonaría el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores públicos.
el sentido. De igual forma que será responsable —el delegante. por parte del delegatario. en este sentido. se reitera— si no se ha percatado de la ocurrencia de las anotadas irregularidades y la falta de advertencia de las mismas tiene lugar por razón de un inadecuado cumplimiento bien de la obligación legal de mantenerse informado. sino también un claro poder de instrucción en cuanto al alcance. Por lo demás. Lo anterior si se tiene en cuenta que no resulta impensable o descabellado plantearse la ocurrencia de supuestos concretos en los cuales la actividad del delegante puede resultar decisiva en la configuración de un vicio que afecte la validez del acto administrativo judicialmente cuestionado. será responsable por omisión cuando no lleve a cabo dicha reasunción si la misma resultare necesaria por haber advertido que el delegatario ha incurrido —o podría incurrir. excluye de entrada la
. los ministros. no sólo la responsabilidad de vigilar y controlar la manera como el delegatario ejerce las correspondientes competencias. el cual impone a la autoridad delegante el deber de “informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas”. bien por no haber impartido las instrucciones requeridas para asegurar el correcto y adecuado ejercicio de las funciones delegadas o bien por no haber supervisado y constatado el estricto y riguroso acatamiento de sus respectivas directrices. en irregularidades al ejercer las atribuciones delegadas. directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas». los criterios y los parámetros a los cuales habrá de atender el mencionado delegatario. el aludido poder de instrucción puede ser ejercido por el delegante tanto a través del mismo acto administrativo mediante el cual se efectúa la delegación. como se ha dicho. de manera permanente y directa. de suerte que sin duda puede llegar a tener evidente y decisiva incidencia en el trámite y el fondo de las decisiones contenidas en los actos administrativos expedidos con fundamento en las facultades que han sido objeto de delegación. clara incidencia en la forma en que el delegatario ejerce las competencias que le han sido transferidas. como valiéndose de mecanismos o de decisiones posteriores.demandado. En tales circunstancias. las cuales pueden tener. Es menester. acerca de la forma en que se vienen ejerciendo las facultades delegadas. sostener —como lo propone el Ministerio de Minas y Energía en el sub júdice— que la sola circunstancia de haber sido delegadas las facultades con base en las cuales se expiden los actos administrativos demandados. A ello conviene agregar que el delegante siempre mantendrá la obligación de asumir la responsabilidad que pueda corresponderle frente a dos tipos de supuestos: (i) en virtud de lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. de manera inminente—. y (ii)toda vez que el delegante siempre mantiene la facultad de reasumir el ejercicio de las competencias que ha delegado. en relación con las facultades delegadas. precepto en cuya virtud se tiene que aquélla deberá responder por la inobservancia de la aludida carga de llevar a cabo el control directo y permanente que puede y debe ejercer respecto de la gestión y los actos del delegatario. la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 489 de 1998(35) hace todavía más evidente que puede tener lugar la ocurrencia de eventos como los planteados: «El Presidente de la República. recordar que la autoridad delegante mantiene. De hecho.
Delegación: Responsabilidad. Contrato estatal. 4º art. sirve para reafirmar todas y cada una de las conclusiones hasta ahora planteadas en relación con los rasgos distintivos de la figura de la delegación. es esto último. en la configuración de la desviación de poder. Responsabilidad del delegante. Sentencia C-372 de 2002 Delegación administrativa. el vicio de procedimiento. en materia de delegación. en el caso concreto. la cual. etcétera. el concepto de la violación del ordenamiento en la cual se aduce que incurren las resoluciones atacadas y la actividad probatoria propuesta y desplegada. en el cual encuentre el juez incurso al acto administrativo sobre cuya legalidad decide. Sin embargo. la falsa motivación.(36) En consecuencia. Exequible par. en aras de acreditar que el delegante tuvo participación o incidencia. atendidas las circunstancias del caso concreto. Código de Minas vigente para la época en la cual fueron expedidos los actos administrativos demandados en el sub júdice.posibilidad de que el funcionario o entidad delegante pueda tener legitimidad material en la causa. siempre que el demandante dirija sus ataques en la demanda y satisfaga las exigencias probatorias correspondientes. en el cual las pretensiones de la demanda. Es la anterior —y no el hecho de que la delegación en ningún caso posibilitaría deducir responsabilidad al delegante respecto de facultades conducentes a la expedición de actos administrativos— la razón que justifica que se declare que el Ministerio de Minas y Energía carece de legitimación material en la causa por pasiva en el presente caso. anterior y necesario.
Sentencia AP-2458 de 2005 Moralidad administrativa. por pasiva. simplemente. sin que a dicho aserto se introduzca matización alguna. podría determinar el que la delegación se convirtiese —como lo anota la Corte Constitucional tratándose de la delegación en materia contractual— en un artilugio para desentenderse del cabal cumplimiento de las funciones del cargo y para avalar procederes eventualmente contrarios a los fines y principios que rigen la función administrativa. cuando se demandan actos administrativos dictados en ejercicio de las competencias delegadas. 2 L. por ejemplo. incompatibilidades y de prohibiciones. A lo anterior no obsta el sentido de la normatividad que. preveía el Decreto 2655 de 1988. lo que no ocurre en el caso sub examine. precisamente. Régimen de inhabilidades. sin que se formulase cargo alguno —ni mucho menos se aportase el soporte probatorio pertinente— en contra de la autoridad delegante o de su actividad en relación con el ejercicio que la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Antioquia hizo de las atribuciones delegadas.
. nada obsta para que. apuntaron de manera única y exclusiva en contra del trámite y el sentido de las decisiones adoptadas por el delegatario de las facultades para resolver sobre las solicitudes de licencia de explotación minera implicadas. Acción popular. más allá de la que le quepa al funcionario o entidad pública delegataria. circunstancia de la cual se deriva —según se explicó en apartado precedente— la ausencia de un requisito. indispensable para proferir una eventual condena en su contra. también pueda deducirse responsabilidad al delegante.
.678/01. Concepto 623 de 1994 Capacidad de contratación. Sentencia 8180 de 1993 Delegación para contratar. Delegación para contratar. descentralización y desconcentración administrativas. Sentencia C-727 de 2000 Delegación. Sentencia C-949 de 2001 Delegación para celebrar contratos y exoneración de garantías en contratos celebrados con organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado. Regulación mediante convenio.
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e contrario