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Timestamp: 2020-01-27 12:27:19+00:00

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Incompatibilidades de los funcionarios públicos – El blog del abogado blog
La condición de funcionario al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas tiene una serie de limitaciones a la hora de compatibilizarla con otras actividades económicas.
En cuanto al régimen legal de estas incompatibilidades, se ha de señalar que “la regulación de las incompatibilidades (contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-) parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Como reza la exposición de
motivos de la LIPAP:
Como reza la exposición de motivos de la LIPAP:
“La operatividad de un Régimen General de Incompatibilidades exige, como lo
hace la Ley, un planteamiento uniforme entre las distintas Administraciones Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento común entre ellas.”
“Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos
electivos siguientes: b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo
que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación
Llegados a este punto, se debe señalar que “la normativa sobre incompatibilidades para el personal de la Administración Pública, es de aplicación a:
B. El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
D. El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados
de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
G. El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho
público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos
procedentes de las Administraciones Públicas (Letra modificada por Ley
7/2007, de 12 de abril. BOE 13.04.2007).
H. El personal que preste servicios en Empresas en que la
participación del capital, directa o indirectamente, de las
Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo,
haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades
profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender
b) La pertenencia a Consejos de Administración u Órganos rectores de
Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado .
c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que
requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual
o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones publicas solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial.
Por otro lado, cabe decir que “la legislación vigente está sujeta a la interpretación de los jueces, quienes en ciertas ocasiones han mostrado cierta flexibilidad. Es el caso de sentencias como la de la Audiencia Nacional del 5 de marzo de 2018.
El tribunal estimaba un recurso de apelación interpuesto por una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que pedía ejercer como coach de formación por cuenta propia.
La premisa general estipula que los empleados públicos pueden desarrollar actividades privadas siempre que no interfieran en la compatibilidad horaria y económica. Si bien para compatibilizar la labor pública con la privada, es requisito indispensable la obtención del reconocimiento, es decir, la autorización legal para ejercer la actividad solicitada.
No obstante, para evitar que los funcionarios se encuentren en una
situación que pueda desembocar en un conflicto de intereses, la ley
explicita lo siguiente:
Si atendemos al artículo 12 de la citada norma, los funcionarios que desempeñan
cargos públicos no pueden realizar actividades privadas que estén
directamente relacionadas con las funciones que ejerce dentro de la
entidad pública. Es decir, si usted es un profesor en el sector público no tendría opción de abrir una academia por las tardes e impartir las mismas asignaturas que imparte en horario público.
Otro supuesto de incompatibilidades de los funcionarios es la pertenencia
a Consejos de Administración de empresas cuya actividad esté
directamente relacionada con la que lleva a cabo la entidad pública
para la que trabaje. Pongamos como ejemplo a un funcionario que trabaja
en el Tribunal Administrativo del Deporte, perteneciente al Consejo
Superior de Deportes. En este caso no podría pertenecer al órgano rector
de, por ejemplo, un club deportivo en forma de Sociedad Anónima.
Tampoco podrá ejercer dicha compatibilidad si desempeña cargos en empresas contratistas de obras públicas y tiene una participación superior al 10% en las mismas”.
En cuanto a los funcionarios al servicio de la Administración de justicia, además de las incompatibilidades de cualquier funcionario público, tienen unas propias, previstas en el artículo 498 de la LOPJ:
2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad, exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con competencias
3. En todo caso, su función será incompatible con: a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales:
1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que
habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
En cuanto a las incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales, cabe señalar que “
El artículo 127 CE regula variadas materias que afectan al estatuto de Jueces, Magistrados y Fiscales: incompatibilidades, limitaciones en los derechos de asociación y prohibición de desempeño de cargos públicos. La inclusión de este precepto constitucional de este tipo debe ser entendida como una mayor concreción del artículo 117, imponiendo a la Ley Orgánica del Poder Judicial un minimum en matera de prohibiciones e incompatibilidades para garantizar la plena independencia de aquéllos. No se encuentran, sin embargo, precedentes en el Derecho Comparado.
Inicialmente este precepto se contenía en el artículo 117 del Anteproyecto constitucional bajo una redacción bastante diferente de la actual: “Los Jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a un partido político”. Las diferencias fundamentales con el texto final consisten en la inclusión de las palabras “así como los fiscales”, y la referencia a los sindicatos entre las prohibiciones que se incluyó en el Informe de la Ponencia (BOC de 17 de abril de 1978). El tema más polémico y que suscitó un intrincado debate en el Congreso de los Diputados fue, sin duda, el de la afiliación de los jueces a partidos y sindicatos al tratarse de un derecho fundamental básico. La Minoría Catalana, el Grupo Socialista y el Grupo Comunista manifestaron su oposición argumentando que para garantizar la independencia del Poder Judicial no era necesaria una limitación de ese tipo en el derecho a la libertad ideológica. Se proponía (Sr. Roca Junyent) que la limitación quedara restringida a la prohibición de actuar públicamente como miembros de un partido político, o que se limitase al ejercicio de cargos directivos (Sr. Castellanos). Se opusieron a estas propuestas los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular y de Unión de Centro Democrático, de modo que el texto aprobado por la Comisión mantuvo las limitaciones de la Ponencia, añadiendo la limitación de pertenencia a sindicatos. Además, también incluía la prohibición de asociación profesional, pero la Comisión del Congreso estableció la redacción definitiva, salvo la pequeña variación que supuso la adición del término “otros” antes de cargos públicos, por parte del Senado.
II.- El texto del artículo 127 de la Constitución se reitera en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:
2. Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos”.
Redundando en lo expuesto, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General declara la innegibilidad de los “Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo”. En el supuesto de que opten por concurrir como candidatos en unas elecciones bajo la situación administrativa correspondiente, el artículo 7.4 LOREG les reconoce la reserva de plaza o destino “en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación”.
No obstante, el problema más importante de la asunción por parte de Jueces, Magistrados y Fiscales de cargos públicos es el de su reingreso en sus funciones jurisdiccionales una vez finalizado su mandato representativo. Su inmediato paso por el mundo político podría ensombrecer su labor bajo la sospecha de la parcialidad sus decisiones judiciales. Por ello, la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre modificó el artículo 357.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de modo que “Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar como candidatos en elecciones para acceder a cargos públicos representativos de ámbito europeo, general, autonómico o local deberán solicitar la excedencia voluntaria, situación en la que quedarán en caso de ser elegidos”. Y en el caso de no ser elegidos “quedarán en situación de excedencia forzosa durante tres años, durante los cuales no podrán reingresar al servicio activo, salvo que obtengan, mediante concurso, plaza o destino en que no haya de ejercerse la potestad jurisdiccional”.
– tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
– tendrán como fines la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general,
– no podrán realizar actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos,
– deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia,
– podrán asociarse libremente a asociaciones profesionales,
– sólo podrán formar parte de ellas aquellos que ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo,
– ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.
Con respecto a la inscripción en el Registro habilitado en el Consejo General del Poder Judicial, el Pleno del Consejo en Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 denegaba la inscripción en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados a la Asociación de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos (AMSJS), alegando que no tenían la consideración de jueces profesionales, dado que su actividad es de carácter temporal. Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso de alzada que fue desestimado por el Acuerdo Plenario de 21 de Marzo de 2001 en que se reproducían las mismas razones del Acuerdo del Pleno previo. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Acuerdo plenario del Consejo en sentencia de 7 de marzo de 2003 (Nº recurso: 510/2001. Ponente: Enrique Cancer Lalanne). En esta sentencia el Tribunal Supremo entendía que: “La nota de temporalidad en el desempeño de la función jurisdiccional, no es un requisito que resulte ni de la Constitución, ni de la regulación del art. 401, LOPJ, que únicamente alude en su regla 5ª, a la condición genérica de Jueces y Magistrados en activo, que es condición que cumplen los que han de integrar la Asociación en constitución que actúa como actora por cuanto que en los Estatutos que dicha Asociación presenta, para formar parte de la misma, se exige la condición de Juez sustituto o Magistrado Suplente, que es calidad que solo se tiene en virtud de nombramiento en vigor del Consejo General del Poder Judicial -arts. 200 y concordantes de la LOPJ” y añadía que “la falta de profesionalidad, tampoco puede ser entendida en el sentido que se mantiene en el acuerdo impugnado, pues tratándose de una actividad retribuida, por cuanto que en tanto que se ejerce se es titular de los mismos derechos que los Jueces y Magistrados titulares -art. 200.3 LOPJ-, es claro que la nota en cuestión se ostenta por los componentes de la Asociación reclamante, al menos en los términos literales de la expresión utilizada por el art. 401 de la LOPJ”, es decir que, “ni la Constitución, ni la Ley hablan de Asociaciones de Jueces o Magistrados profesionales, sino de Asociaciones profesionales de Jueces o Magistrados”.
Por todo ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo entendía que “la denegación a los recurrentes de la inscripción de la Asociación que pretenden constituir en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados (…) parte de una interpretación restrictiva y formalista del derecho de asociación profesional de Magistrados y Jueces (…) que disminuye de un modo exagerado el derecho de defensa de los intereses que son propios de esos también componentes del Poder Judicial, ajenos a la Carrera Judicial, pero así mismo sometidos al mismo rígido sistema de incompatibilidades durante su permanencia en actividad, y sin que tampoco se les permita, en dicha situación la integración defensiva en sindicatos”. Y, por tanto admitió la pretensión de los recurrentes y anuló el Acuerdo plenario del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001″.
También cabe señalar en cuanto a las incompatibilidades de Jueces, Magistrados y fiscales que “
– Colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional”.
Y aunque las incompatibilidades de los fiscales coinciden básicamente con la de jueces y magistrados, cabe señalar las siguientes especialidades:
TU ABOGADO DEFENSOR: https://www.tuabogadodefensor.com/incompatibilidad-funcionarios-publicos/
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (https://elderecho.com/regimen-juridico-las-incompatibilidades-los-empleados-publicos).
Incompatibilidades de los funcionarios: https://ideasparatuempresa.vodafone.es/funcionarios-incompatibilidades-en-empresa-privada/
Análisis del artículo 127 de la Constitución por el Congreso de los diputados: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=127&tipo=2
Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-hace-publicas-las-compatibilidades-concedidas-a-jueces-y-magistrados
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/etica/Personal_normal.html
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References: artículo 12
 artículo 498
 artículo 127
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 127
 artículo 395
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 357
 artículo 127