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Timestamp: 2019-01-18 03:41:27+00:00

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20/04/2016 | LEGAL CLOUD MRCI
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de un amparo directo en revisión en el que se impugna la constitucionalidad del artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo en un asunto relativo a un crédito fiscal.
A continuación se presentan los antecedentes que dieron origen a la presentación del amparo en comento:
El veinticinco de junio … la Dirección de Auditoria Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Estado … ordenó la práctica de una visita domiciliaria respecto del cumplimiento de obligaciones tributaria en materia de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado, …
Así por oficio …, la autoridad fiscal comunicó la conclusión de la visita domiciliaria por autocorrección, …
Posteriormente, … la Administración Local de Auditoría Fiscal … ejerció sus facultades de comprobación mediante una revisión de gabinete, derivado de lo cual, mediante resolución …, le determinó al hoy recurrente un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas respecto del ejercicio fiscal …
En contra de ello interpuso recurso de revocación administrativa, en el que se resolvió confirmar la resolución determinante del crédito fiscal.
Derivado de lo anterior presentó demanda de nulidad …
Mediante sentencia emitida el … la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
Inconforme con lo anterior la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, en el que .. se resolvió revocar la sentencia revisada.
En cumplimiento a dicha sentencia, mediante resolución … la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas.
En contra de dicho cumplimiento la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, en el cual se resolvió, … revocar la sentencia impugnada.
La Sala Fiscal dio cumplimiento al emitir sentencia … en la que declaró la nulidad para efectos.
Inconforme, la hoy recurrente solicitó amparo mismo que se negó.
Cabe hacer mención que la parte quejosa señala en los agravios primero, segundo, tercero y cuarto la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del numeral 170, fracción II, de la Ley de Amparo, por considerar que transgrede los principios de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.
Dicha norma se refiere a la procedencia del amparo contra sentencias y resoluciones cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas:
En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo”.
De la exposición de motivos de fecha quince de febrero de dos mil once, se desprende lo siguiente:
Estas comisiones coinciden en que un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo.
La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias. Para resolver esta problemática, se propone prever en el texto constitucional la figura del amparo adhesivo, además de incorporar ciertos mecanismos que, si bien no se contienen en la iniciativa, estas comisiones dictaminadoras consideran importante prever a fin de lograr el objetivo antes señalado”.
Ahora bien, el día de ayer 19 de abril de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio respecto de la constitucionalidad de este numeral, de donde podemos encontrar los siguientes argumentos:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN, Ponente, sostiene que: “El particular tiene la carga procesal de promover el juicio de amparo directo para el caso en que si la autoridad interpuso la revisión administrativa o revisión fiscal y queda sin efectos la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, en términos de legalidad, se abra el análisis de constitucionalidad”,.
Para algunos ministros, la procedencia del amparo en la norma impugnada debe entenderse como un derecho del quejoso.
“Me parece que estamos realmente no ante una carga procesal, es decir, estamos ante un derecho que puede ejercer o no, por no existir una afectación, pero no una carga procesal donde exista una afectación que esté impulsando la secuela procesal”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.
“Lo que me parece que se está otorgando aquí es una acción de carácter preventivo para efectos de que esta persona trate de colocarse en una situación en la cual pueda –todo es aquí condicional: trate, pueda– garantizar aquello que le fue otorgado”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
Para otros ministros el artículo si restringe el acceso al amparo, y por lo tanto debería declararse su inconstitucionalidad.
“Restringe, porque el quejoso que quiera hacer valer esa demanda de amparo tiene que depender de que la autoridad, vencida en el juicio contencioso administrativo, haga valer a su vez el recurso de revisión respectivo; y en esa medida el ejercicio de la acción constitucional se hace depender del ejercicio de un recurso por parte de la autoridad vencida en el procedimiento contencioso administrativo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
“Está dejando en estado de indefensión al quejoso en muchas circunstancias, ¿por qué razón? en primer lugar, porque está limitando mi acceso a un juicio de amparo a la promoción de otro diverso, que no soy yo quien lo decide, lo decide la autoridad”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.
El debate sobre este asunto continuará en la sesión pública del próximo jueves.

References: artículo 170
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 104