Source: https://tc.vlex.es/vid/inviolabilidad-exencion-responsabilidad-rey-801412601
Timestamp: 2020-05-27 23:07:44+00:00

Document:
STC 98/2019, 17 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 801412601
STC 98/2019, 17 de Julio de 2019
Número de Recurso: 5813-2018
Sentencia citada en: 10 sentencias, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas, una noticia
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de noviembre de 2018, el Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, al amparo de lo dispuesto en los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impugnó las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la “priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”, publicada en el “Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” (“BOPC”), núm. 177, de 18 de octubre de 2018.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia
La impugnación se funda en argumentos que, de acuerdo con la propia sistemática utilizada en el escrito de interposición por el abogado del Estado, que representa al Gobierno de la Nación, se subdividen del modo siguiente: (i) justificación preliminar de la “unidad de sentido” de los apartados impugnados, en cuanto se enmarcarían en el contexto del llamado “procès” soberanista; (ii) justificación de la admisibilidad del recurso, centrada en explicar los “efectos jurídicos” de la resolución que se impugna; (iii) exposición de las vulneraciones constitucionales que se imputan a la resolución impugnada.
Continúa el abogado del Estado señalando que, a tenor del precedente “fundamental” que constituye, en su opinión, la STC 42/2014 , de 25 de marzo, dictada respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, estamos también ante una resolución que produce efectos jurídicos, pues, aunque el acto parlamentario impugnado no tiene carácter vinculante, “lo jurídico no se agota en lo vinculante”. En aquel caso, según glosa el representante procesal del Gobierno, fueron dos las razones que llevaron al Tribunal a esa conclusión. De un lado, que la declaración de soberanía suponía la asunción por parte del Parlamento de Cataluña de “atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española”. De otro, que esa declaración no era meramente formal sino que iba acompañada de expresiones de “carácter asertivo”, tendentes a dar inicio a un proceso para hacer efectiva esa pretendida soberanía a través del “derecho a decidir”, expresiones que revelaban que la resolución impugnada no tenía “limitados sus efectos en el ámbito parlamentario al terreno estrictamente político”, puesto que reclamaba “el cumplimiento de unas actuaciones concretas y este cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña)”. Esta doctrina, confirmada por la STC 259/2015 , de 2 de diciembre (FJ 2), supone, en opinión del abogado del Estado, que las resoluciones recurribles por la vía del título V LOTC han de ser actos de carácter “perfecto o definitivo”, en cuanto “manifestación acabada de la voluntad de la Cámara” y han de ser capaces “de producir, al menos indiciariamente, efectos jurídicos”.
Estos elementos estarían presentes en la resolución ahora impugnada. Se trata, según refiere, de una decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña “tras debate y votación, de modo que constituye una manifestación institucional de su voluntad”, que pone fin a un procedimiento parlamentario. Una decisión, además, que tiene “naturaleza jurídica” y produce efectos de esa misma naturaleza y no meramente políticos. Tales efectos jurídicos serían, en la línea de la STC 42/2014 , de 25 de marzo, el reconocimiento, de un lado, de “atribuciones superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española”, ya que el Parlamento de Cataluña carece de competencia que le permita proceder, como ocurre en la letra c) del apartado II.15 de la resolución, a “una auténtica reprobación de una actuación de S. M. el Rey”. Las expresiones utilizadas configuran la “posición institucional de la Cámara” en relación con los concretos actos del rey de España, que son rechazados y condenados . En opinión del abogado del Estado, “puede considerarse que el mero hecho de reprobar la actuación del Rey es, en sí mismo, un acto jurídico”.
En relación con esta función de dirección política, el abogado del Estado resalta que la función de indirizzo político , que corresponde, tanto al Gobierno como al Parlamento, ha sido doctrinalmente diferenciada de las clásicas tareas estatales (legislativa, ejecutiva y judicial). Tal categorización doctrinal tiene, en su opinión, pleno reflejo normativo en el art. 55.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, según el cual “el Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno ”. La Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma ve así “reconocida explícitamente una función de orientación y estímulo de la labor gubernamental”.
Exhortaciones a la acción política institucional como las que se contienen en la letra d) de la resolución ahora impugnada tienen fuerza normativa “en sentido amplio”, en cuanto vinculan al Gobierno, previéndose un mecanismo de control de dicha vinculación en el art. 168.4 del Reglamento del Parlamento catalán, según el cual “[l]a comisión correspondiente por razón de la materia ha de controlar, de conformidad con el procedimiento establecido por el art. 162, el cumplimiento de las resoluciones aprobadas”. El art. 162 del Reglamento permite, a su vez, que tal comisión manifieste su criterio en lo referente al cumplimiento de la resolución o, incluso, que exija una rendición de cuentas, pudiendo llegar a propiciar una sesión plenaria a los efectos de determinar si el Gobierno ha cumplido la resolución adoptada. La viabilidad de un control parlamentario del cumplimiento de la resolución indica, en definitiva, que hay efectos jurídicos ad extra . Por ello, concluye el abogado del Estado afirmando que “la resolución encaja perfectamente dentro del objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, al amparo del título V de su Ley Orgánica (impugnación de disposiciones autonómicas) y de la jurisprudencia que en su interpretación ha dictado el Tribunal”.
Se vulnera el art. 1.3 CE en cuanto que el Parlamento de Cataluña procede a una reprobación del jefe del Estado ajena a sus competencias. A través de la resolución impugnada, el Parlamento autonómico asume “atribuciones superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la nación española —según se desprende de la STC 259/2015 —”. La resolución, al señalar que el rey ha apoyado “la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017”, contiene una “reprobación del jefe del Estado por un órgano manifiestamente incompetente”, con la consiguiente vulneración del art. 1.3 CE, en cuanto queda cuestionado el sistema de monarquía parlamentaria, en el que este tipo de actuación del parlamento autonómico carece de encaje. Ni en el plano territorial, de acuerdo con el art. 14.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) (que contrae la eficacia de las normas de ordenamiento catalán al territorio de la comunidad autónoma), ni en el material, de conformidad con el art. 55.2 EAC, que establece que el Parlamento de Cataluña “controla e impulsa la acción política y de gobierno”, puede encontrarse encaje normativo para una reprobación del jefe del Estado. De acuerdo con dichos preceptos estatutarios “el Parlamento de Cataluña es competente para controlar e impulsar la acción política y de gobierno en el ámbito de las funciones y tareas propias que le encomienda el ordenamiento jurídico y en relación con las instituciones propias o sistema institucional de la Comunidad Autónoma de Cataluña —apartados primero, segundo y tercero del artículo 2 EAC— entre las que no se incluye las del Estado, y dentro de ellas, la Corona”.
Se vulneran los arts. 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 CE, en cuanto que se reafirma la continuación del proceso soberanista, tendente a la constitución unilateral de una república catalana. La reprobación del rey, como jefe del Estado, implica “en el actual contexto” un “intento de restablecer por los poderes públicos de Cataluña de aquellas actuaciones encaminadas a la ruptura de la unidad a la que se refiere el artículo 2 CE respecto de las cuales el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse, apreciando su inconstitucionalidad”. Se trata, en definitiva, de reactivar “el denominado ‘procès’”, ya que el término reafirmar significa, según la Real Academia Española “afirmar de nuevo, confirmar” (primera acepción) o “reforzar una postura o una condición” (segunda acepción). Estaríamos, así, no ante un “mero pronunciamiento político relativo a la forma de gobierno”, sino ante una “reafirmación de la denominada República Catalana”. Se vulneran, con ello, “los artículos 1.2 que residencia la soberanía nacional en el pueblo español, 1.3, a tenor del cual la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, 2 y 9.1 de la Constitución, que recogen el principio de autonomía y el principio de constitucionalidad”. “Asimismo la resolución vulnera el artículo 168 CE, puesto que el camino a la constitución de la República Catalana se pretende realizar de manera completamente unilateral, esto es, sin respeto alguno de los procedimientos de reforma constitucional”.
Añade el abogado del Estado que existe igualmente “manifiesta inconstitucionalidad por vulneración de los artículos 1, 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”. El representante procesal del Gobierno recuerda que el estatuto de autonomía es una norma jurídica subordinada a la Constitución, que se integra en el bloque de la constitucionalidad, de forma tal que “la inconstitucionalidad por infracción del Estatuto es, en realidad, infracción de la Constitución, única norma capaz de atribuir (por sí o por remisión a lo que otra disponga) la competencia necesaria para la producción de normas válidas” (STC 31/2010 , de 28 de junio, FJ 4). La reafirmación del proceso de constitución de una república catalana supone, así, la infracción del art. 1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dispone que esta Comunidad ejerce su autogobierno “de acuerdo con la Constitución”. También, vulnera el art. 2.4 EAC, que señala que los poderes de la Generalitat “se ejercen de acuerdo con el presente Estatuto y la Constitución”. Quebranta, finalmente, el art. 4.1 EAC, que establece que los poderes públicos de Cataluña “deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, la Constitución”.
Tras extractar un largo fragmento del fundamento jurídico 9 de la STC 31/2010 , el abogado del Estado concluye con la siguiente consideración: “[e]n consecuencia, la legitimación democrática del Parlamento de Cataluña —como representación política del pueblo catalán del que emanan sus poderes según el art. 2.4 EAC en el sentido y con los límites que dichos quedan— no le permite reafirmar la resolución de iniciar un proceso constituyente en orden a la proclamación de una república catalana porque ello implica la autoatribución a dicho Parlamento de un poder constituyente del que carece. Sin el acto de soberanía del pueblo español que reconoció el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 137 CE) no existiría un pueblo catalán como sujeto jurídico y político del derecho a la autonomía”.
El Pleno, por providencia de 28 de noviembre de 2018, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días pudiera personarse en el proceso y formular alegaciones, así como publicar la incoación de la impugnación en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
Por escrito registrado en este Tribunal con fecha 19 de diciembre de 2018, el letrado del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cámara y, en cumplimiento del acuerdo de la mesa de 24 de julio de 2018, cumplimentó el trámite de alegaciones conferido.
El letrado reconoce que, conforme a la doctrina fijada en las SSTC 42/2014 , de 25 de marzo, y 259/2015 , de 2 de diciembre, una resolución de este tipo puede llegar a producir efectos jurídicos ad extra . Solicita, en este punto, que el Tribunal reconsidere la citada doctrina, ya que, al admitir la existencia de un control jurídico sobre un ámbito puramente político de la función parlamentaria, el Tribunal está invadiendo una esfera que no le corresponde, poniendo en tela de juicio la adecuada relación entre la justicia constitucional y la representación popular, con el consiguiente “riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces”. Dice el letrado que, “una vez más”, se ve en la obligación de “apelar al necesario self-restraint de este Tribunal para evitar extralimitarse e invadir la esfera propia de la actuación de una cámara legislativa”.
En este caso, las opiniones que se vierten sobre la concreta actuación del rey, a que se refiere la letra c) de la resolución 92/XII, quedan amparadas, según alega el letrado, por la libertad de expresión y opinión. Hace aquel especial hincapié en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que deja, según afirma, un “reducido intersticio” a las limitaciones de este derecho. Ha considerado, así, el Tribunal Europeo que no es un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión la conducta de “cubrir de pintura efigies o estatuas de personajes representativos del Estado” (STEDH de 21 de octubre de 2014, asunto Murat Vural c. Turquía ) ni “la destrucción mediante el fuego de retratos de representantes políticos institucionales” (STEDH de 2 de febrero de 2010, asunto Christian Democratic Party c. Moldavia ). Recuerda, incluso, que el Tribunal de Estrasburgo ha obligado al Estado Español a indemnizar a un político que había sido condenado a penas de prisión por el Tribunal Supremo por “injurias al Rey”. El propio Tribunal Constitucional, al fijar el alcance del art. 20 CE, ha garantizado, asimismo, que “la formación y existencia de una opinión pública libre” es “condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al fundamento de un sistema democrático, a su vez, uno de los pilares de una sociedad libre y democrática”. En esta línea, resalta el letrado que el propio dictamen 892/2018, de 25 de octubre, del Consejo de Estado entendió que no cabía impugnar la resolución 92/XII ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de un “acto de naturaleza política que no posee la fuerza de obligar y cuya eficacia se agota en su mera adopción”.
Mediante providencia de 16 de julio de 2019, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
Planteamiento general de la impugnación .
El Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales:
d) Reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía
Óbice de inidoneidad .
Por tanto, para el enjuiciamiento del óbice invocado, ha de partirse de la doctrina de este Tribunal que ha declarado que la idoneidad de una resolución “como posible objeto del proceso constitucional de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 LOTC” depende de los siguientes requisitos: “que posea naturaleza jurídica; que sea, además, manifestación de la voluntad institucional de la Comunidad Autónoma, esto es, que proceda de órganos capaces de expresar la voluntad de esta y no se presente como un acto de trámite en el procedimiento de que se trate; y, por último, que tenga, siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurídicos” (SSTC 42/2014 , de 25 de marzo, FJ 2, y 259/2015 , de 2 de diciembre, FJ 2). El letrado del Parlamento de Cataluña reconoce en sus alegaciones que se cumplen los dos primeros requisitos, aunque objeta, como se ha destacado supra , el tercero de ellos, pues entiende que se trata de una declaración de voluntad de carácter político, dirigida a los ciudadanos de Cataluña y sin eficacia jurídica alguna.
Según la doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 42/2014 , de 25 de marzo, FJ 2, y 259/2015 , de 2 de diciembre, FJ 2), la impugnación de la resolución parlamentaria solo será admisible si, además de su carácter político, “pueden apreciarse en el acto impugnado, siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurídicos. El simple enunciado de una proposición contraria a la Constitución, en efecto, no constituye objeto de enjuiciamiento por este Tribunal (ATC 135/2004 , FJ 2, en iguales términos, ATC 85/2006 , de 15 de marzo, FJ 3, en recurso de amparo)”. También, ha señalado que una resolución parlamentaria “es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues aunque pudiera entenderse carente de efectos vinculantes sobre sus destinatarios —la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma—, ‘lo jurídico —como afirmamos en la STC 42/2014 (FJ 2)— no se agota en lo vinculante’”. (STC 259/2015 , FJ 2).
El rey como titular de la Corona en una monarquía parlamentaria .
Asimismo, el rey, como jefe del Estado, goza de una especial dignidad, pero no se sitúa jerárquicamente por encima de las instituciones, ni figura investido de potestades propias de supremacía para dictar decisiones vinculantes que se impongan a los poderes del Estado. Dispone de capacidad para promover o para perfeccionar iniciativas jurídicas (arts. 65 o 99.1 CE), pero no tiene posibilidad de adoptar por sí decisiones de poder o realizar los actos necesarios para su ejecución. Se sitúa, pues, en una posición supra partes , que le permite relacionarse con los poderes e instituciones del Estado facilitando el funcionamiento efectivo de estos, pero no interfiere en la dirección política.
En definitiva, la configuración constitucional de la monarquía parlamentaria así diseñada, permite al rey, en cuanto titular de la Corona, ostentar una posición de auctoritas , pero no de potestas , con las salvedades que la Constitución le atribuye ( v.gr . arts. 65 y 99 CE). Esta configuración es la que delimita el marco de referencia necesario para poder enjuiciar más adelante los apartados impugnados de la resolución del Parlamento de Cataluña.
El rey y las comunidades autónomas .
El rey, como “Jefe del Estado”, es el “símbolo” de la “unidad y permanencia” del propio Estado (art. 56.1 CE), por lo que se trata de una institución genuinamente estatal. Como puso de manifiesto la STC 5/1987 , de 27 de enero, FJ 5, es, por la naturaleza estrictamente estatal de la institución, por lo que el monarca no interviene “dentro del ámbito de las Comunidades Autónomas en actos en que sí lo hace cuando del ámbito estatal se trata: Así —como se señala en las alegaciones— no sanciona las Leyes de las Comunidades. Tampoco nombra a los miembros de sus Consejos de Gobierno ni expide los decretos de éstos, ni realiza la convocatoria de las elecciones, ni convoca o disuelve las respectivas Asambleas legislativas, ni propone a éstas el candidato a Presidente de sus Consejos ejecutivos”.
Sin embargo, el rey interviene en los actos que afectan a la comunidad autónoma en su dimensión de parte integrante del Estado, en particular en “el nombramiento de los presidentes de las comunidades autónomas, los cuales asumen no solo la suprema representación de la respectiva Comunidad, sino también la ordinaria del Estado en aquella, tal como declara el art. 152.1 de la Constitución”. Como recordaba la referida STC 5/1987 , “[d]icho nombramiento debe ser efectuado por el rey por imperativo constitucional (art. 152.1) y/o estatutario, con lo que se ha querido hacer visible el nexo por medio del cual la organización institucional de las Comunidades Autónomas se vincula al Estado, de cuya unidad y permanencia el art. 56 de la Norma fundamental define al Rey como símbolo”.
De este modo, el ordenamiento constitucional sitúa al jefe del Estado en un plano que trasciende al de la actividad ordinaria de las instituciones autonómicas, ya que aquel no tiene ninguna intervención en el normal desenvolvimiento de estas, excepción hecha de los actos concretos en que se hace “visible la inserción en el Estado de la organización institucional de la Comunidad Autónoma”, como es el caso del nombramiento de su presidente (STC 5/1987 , de 27 de enero) y demás supuestos previstos expresamente en el bloque de constitucionalidad.
“ Inviolabilidad y ausencia de responsabilidad” del rey .
Por otro lado, esta especial protección jurídica que implican la inviolabilidad y la irresponsabilidad de la persona del rey, le garantizan una defensa eficaz frente a cualquier tipo de injerencia de los otros poderes del Estado, por los actos que aquel realice en el ejercicio de sus funciones constitucionales. El “refrendo” de los actos del rey, en la forma establecida en el art. 64 CE, por parte de las altas autoridades del Estado que se citan en el mismo, constituye un requisito de validez del acto y, al mismo tiempo, justificación del posible traslado de la responsabilidad, de tal manera que, “supone, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del mismo art. 64, la asunción de la responsabilidad de los actos del rey por las personas que los refrenden”. Además, la institución del refrendo aparece “caracterizada en nuestra Constitución por las siguientes notas: a) Los actos del Rey deben ser siempre refrendados, con la salvedad prevista en el propio art. 56.3; b) en ausencia de refrendo dichos actos carecen de validez; c) el refrendo debe realizarse en la forma fijada en el art. 64, y d) la autoridad refrendante en cada caso asume la responsabilidad del acto del Rey” (STC 5/1987 , de 27 de enero, FJ 2).
El abogado del Estado alega que las dos letras impugnadas de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, contienen una suerte de censura y reprobación de una actuación concreta del rey, la de su discurso pronunciado y difundido el día 3 de octubre de 2017 por distintos medios de comunicación, en relación con los hechos acaecidos en Cataluña en las fechas inmediatamente anteriores y, de modo particular, con los que se produjeron el día 1 de octubre de aquel año, para la que la institución representativa carece de atribuciones. Y, de otro lado, denuncia que los apartados impugnados de la resolución parlamentaria tienen la finalidad compartida de reactivar el llamado “ procés ” soberanista, cuyas manifestaciones jurídicas más relevantes han sido declaradas inconstitucionales y nulas por este Tribunal. Además, destaca que la aprobación de la resolución implica, por las características generales del procedimiento parlamentario seguido, la imposición al Gobierno autonómico de ciertos deberes de conducta, en el marco de la línea de acción política fijada por el Parlamento.
Igualmente, es preciso descartar ab initio el juicio de intenciones, ligado a la supuesta continuación de actuaciones expresamente declaradas inconstitucionales por este Tribunal, que sostiene el abogado del Estado en relación con la letra d) impugnada, en el sentido de que la reafirmación del compromiso con los valores republicanos y la apuesta por la abolición de la monarquía que se recoge en su texto, permita deducir una pretensión por parte de la cámara catalana de hacer revivir la república independiente proclamada en su día de forma unilateral e ilegal, en primer lugar, porque, desde una perspectiva estrictamente formal, el cauce procesal que debería haber sido instado para actuar la impugnación así formalizada, debería haber sido el del incidente de ejecución de sentencia, como ya ha tenido ocasión de destacar este Tribunal cuando ha declarado que, “para preservar el carácter objetivo del control de constitucionalidad de las disposiciones y resoluciones objeto de impugnación mediante el cauce del título V LOTC, hemos de reservar este proceso a las infracciones objetivamente verificables de la Constitución y remitir el motivo de incumplimiento, por su matiz subjetivo, a los incidentes de ejecución del artículo 92 LOTC” (STC 136/2018 , de 13 de diciembre, FJ 4). De otro lado, desde una visión material de la cuestión, tampoco la demanda del abogado del Estado ha señalado ningún término del texto de las letras c) y d) que apunte a la idea de que ambos apartados de la resolución han podido pretender la reviviscencia del procès . Además, la lectura de su enunciado tampoco revela expresión alguna que permita fundadamente deducir tal pretensión. En consecuencia, los argumentos de la demanda en relación con este extremo deben quedar descartados para la realización del juicio de constitucionalidad al que este Tribunal ha sido instado.
Sin embargo, cuando es el Pleno de un órgano legislativo, como es el caso del Parlamento de Cataluña, el que, por vía de resolución aprobada conforme a las normas procedimentales que establece su reglamento orgánico, adopta una decisión y toma posición ante un determinado hecho de relevancia pública, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del Estado. Como tal, no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribución o función. En otras palabras: “[los] poderes públicos tienen competencias y potestades fiduciarias, pero no, con carácter general, derechos fundamentales (STC 175/2001 , de 26 de julio, FFJJ 4 a 8), entendidos como garantías de ‘libertad en un ámbito de la existencia’” [STC 111/2017 , de 5 de octubre, FJ 5 b), citando las SSTC 25/1985 , de 14 de julio, FJ 5, y 81/1998 , de 2 de abril, FJ 2].
Sólo con valor puramente instrumental y con carácter excepcional ha aceptado este Tribunal que un poder público pueda invocar a su favor un derecho fundamental, como ha sido, en concreto, el caso del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 175/2001 , de 26 de julio, FJ 5), pues un derecho fundamental es, por concepto, una titularidad individual que limita la capacidad de injerencia del poder público y no lo contrario, esto es, un título por el que un poder público pueda llevar su capacidad de actuación más allá del ámbito de atribuciones que jurídicamente le corresponde. En consecuencia, tampoco es posible acoger, ab initio y como consideración preliminar, la alegada invocación del ejercicio de la libertad de expresión, como fundamento legitimador de las decisiones asumidas por el Pleno del Parlamento de Cataluña, para instar la desestimación de la demanda formalizada por el Gobierno de la Nación.
El análisis del contenido de las dos letras impugnadas, como hemos dicho anteriormente, no puede prescindir del contexto en que estas han sido enmarcadas, ni tampoco del encabezamiento del apartado decimoquinto al que pertenecen, pues ambas han sido adoptadas “en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales”, lo que, desde la perspectiva del Parlamento que aprobó esta resolución, lo que hace es transmitir al público conocimiento del ciudadano y del resto de las instituciones catalanas la existencia de una situación de conflicto institucional entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado [utiliza los términos “conflicto catalán” en la letra c)] y que el Parlamento catalán debe actuar “en defensa” de las instituciones de la primera y de las libertades fundamentales, sin mayor precisión.
Por lo que atañe a la decisión recogida en la letra c), comienza esta con el texto de dos verbos que incluyen un contenido extraordinariamente expresivo. La resolución destaca que el Parlamento de Cataluña “rechaza” y “condena” la intervención del rey. El primero de los términos, según el diccionario de la Real Academia Española y, en función del contexto en que se inserta, significa “contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece”, así como “mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc.”. Por su parte, el de “condena”, según el mismo diccionario, contiene una carga de valoración peyorativa aún más intensa que el anterior, al suponer, entre otros, el de “reprobar una doctrina, unos hechos, una conducta etc., que se tienen por malos y perniciosos”.
Si anteriormente hemos destacado que el ordenamiento constitucional sitúa al rey como jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56.1 CE) y que, dentro del ámbito propio de un sistema de monarquía parlamentaria, se mantiene totalmente ajeno a toda controversia política, al margen de los diferentes poderes públicos y, por tanto, en un plano diferente al del resto de las instituciones del Estado (en el caso de autos, las autonómicas de Cataluña), no teniendo ninguna intervención en su normal desenvolvimiento, excepción hecha de los actos concretos en que se hace visible la inserción en el Estado de la organización institucional de la Comunidad Autónoma, habrá que concluir, primeramente, que aquellas afirmaciones de “rechazo” y “condena” al rey son contrarias al art. 1.3 y 56.1 CE, que determinan el estatus constitucional del monarca. Según ha declarado este Tribunal, “la persona del Rey ‘no está sujeta a responsabilidad’, al requerir sus actos de refrendo ‘siempre’ (salvo el supuesto que excepciona la Constitución, de nula incidencia en lo que aquí interesa), según dispone la Constitución (art. 56.3); y […] porque su estatus lo regula la Norma Fundamental (caracterizándole como ‘símbolo de la unidad y permanencia’ del Estado y confiándole el arbitrio y moderación del funcionamiento regular de las instituciones: art. 56.1) en orden a asegurarle una posición de neutralidad respecto de la contienda política, posición que le hace acreedor de un respeto institucional cualitativamente distinto al de las demás instituciones del Estado” (ATC 213/2006 , de 3 de julio, FJ 6).
La letra d), igualmente impugnada, sigue la misma línea de continuidad lógica que las anteriores del apartado decimoquinto y, de modo particular, expresa unidad de sentido con la decisión recogida en la letra c). Si en la indicada letra c) la mayoría del Pleno de la cámara ha plasmado su “rechazo” y “condena” de la intervención del monarca en el “conflicto catalán” y “su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el día 1 de octubre de 2017”, el contenido de esta letra c) mantiene una conexión lógica con el de la d), que es una consecuencia del anterior juicio de valor.
Cuando el Parlamento catalán se “reafirma” en un modelo republicano de Estado y “apuesta” por la abolición de la monarquía, por reputarla como una “institución caduca y antidemocrática”, tal afirmación no puede ser extraída del contexto en que se ha incluido, para analizarla aisladamente y entender que es una mera declaración de voluntad política, individualizada y separada del resto de este apartado decimoquinto, porque se ubica en un conjunto de cuatro letras, de las que tres hacen referencia a las instituciones del Estado, la primera, en los términos analizados supra , y la tercera, inmediatamente anterior a la que ahora estudiamos, que se dirige frontalmente contra un determinado acto del rey, con motivo de la situación de “conflicto” [así viene recogido este término en la letra c)] que la institución catalana afirma que existe entre el Estado y Cataluña, al que censura con términos peyorativos respecto del “posicionamiento” que aquel adopta ante aquel conflicto.
SAP Madrid 606/2005, 21 de Julio de 2005
AAP Madrid 249/2010, 15 de Septiembre de 2010

References: Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 2
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 artículo 168
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 artículo 92
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