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PUERTO RICO 1. I. Datos generales del país - PDF
PUERTO RICO 1. I. Datos generales del país
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María Soledad Hernández Parra
1 PUERTO RICO 1 I. Datos generales del país El estado libre y asociado de Puerto Rico tiene una superficie total 2 aproximada de km². Se divide en 78 municipios y su capital es la ciudad de San Juan. La población para el año 2009 es habitantes 3.En cuanto, a la distribución de la población por edades para el año 2010, el 19.3% pertenecerá al grupo de 0 a 14 años; el 27.7% al grupo de 15 a 34, un 19.1% de 35 a 49; el 17.1% de 50 a 64 años y 16.9% tendrá más de 65 años 4. Para ese mismo año, el 98.79% habitará en zonas urbanas y un 1.22% en zonas rurales. 5 La expectativa de vida al nacer, para el periodo , es de 74,7 años para los Hombres y de 82.7 para las Mujeres con un promedio de 78,7 años. 6 Se estima, que la tasa de analfabetismo para el 2010 llegará al 4.6% de la población mayor de 15 años con un 5.0% hombres 4.3% mujeres. 7 La Tasa de Desempleo para el año 2008 es de un 11%. Por otra parte, la Población bajo el nivel de pobreza llegó a un 45.5% el año El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes para el año 2008 llegaría a US$ millones, representando un aumento de 3,8% respecto de 2007 en que se alcanzaron los US$ millones 9. En tanto, el Producto Interno Bruto Per Cápita ascendería a US$23, con un aumento de un 3,6% respecto del 2007 en que se lograron US$22, II. Hechos relevantes del sistema judicial El presupuesto asignado a la Rama Judicial para el 2008 fue 6,4% mayor al asignado en el año 2006, con una tasa de crecimiento para dicho período de 3,2%. El Tribunal General de Justicia recibió en el año fiscal un total de casos, cifra que es un 5% menor al año anterior. En relación al índice de resolución, el Tribunal General de Justicia durante el año fiscal obtuvo un 103,5%. Este índice es mayor a los años 2007 y 2006, los cuales fueron de 96,6% y 100,1%. Avances tecnológicos: en esta área se destacan el desarrollo y la puesta en vigor del Registro Único de Abogados y Abogadas (UNIRED) y el inicio del proyecto de Radicación Electrónica de Índices Notariales (REIN),así como el avance en la implantación del Sistema Único de Manejo y Administración de Casos para el Tribunal de Primera Instancia (SUMAC). Reglas de evidencia: El 24 de junio de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó las nuevas Reglas de Evidencia mediante votación unánime, las cuales toman en consideración los requerimientos de la Ley de la Judicatura del año 2003 e incorporan las transformaciones tecnológicas que han experimentado la Rama Judicial y el sistema de justicia en general durante los últimos tiempos, siendo estas reglas parte de la revisión del ordenamiento procesal y probatorio. Índice de Accesibilidad a la información en Internet: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico obtuvo en el año 2008 un acceso global a la información a través de Internet de 38,7% ubicándose en el puesto Nro2 III. Descripción de las instituciones y organización del sistema de justicia 1. Estructura y funcionamiento global del sistema de justicia El sistema judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está caracterizado por la coexistencia del sistema estatal y el sistema federal, siendo su relación jurisdiccional exclusiva o concurrente. Cabe destacar que la jurisdicción federal emana de los poderes que se le otorgan al Gobierno Federal en la Constitución de los Estados Unidos de América, mientras que el Estado Libre Asociado tiene poderes generales en los asuntos no atribuidos al Gobierno Federal. El sistema federal, integrado al sistema judicial estadounidense, tiene jurisdicción sobre las controversias que surjan de la Constitución, leyes o tratados de Estados Unidos o las que se produzcan entre ciudadanos de distintos estados. El Tribunal de Distrito Federal tiene como superior jerárquico al Primer Circuito de Apelaciones de Boston (Massachusetts), al que se recurre por disconformidad con alguna de las resoluciones del Tribunal. Incluso, quien entienda que la decisión del Circuito Apelativo de Boston es incorrecta, puede recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Washington D.C. Por su parte, el sistema judicial estatal tiene jurisdicción sobre las controversias que surgen de las leyes de Puerto Rico o en las que sólo intervienen ciudadanos de dicho Estado. 2. Rama Judicial Estructura Institucional En la constitución de Puerto Rico se establece que el Poder Judicial se ejercerá por un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley. La Ley de la Judicatura del año estableció una estructura judicial de tres niveles: el Tribunal Supremo como tribunal constitucional de máxima jerarquía; el Tribunal de Apelaciones como tribunal intermedio y el Tribunal de Primera Instancia como tribunal de jurisdicción original general, constituido por salas municipales y salas superiores. Los Tribunales antes mencionados constituyen un sistema judicial unificado en lo referente a jurisdicción, funcionamiento y administración, y conjuntamente constituyen el Tribunal General de Justicia. No obstante, la referida Ley de la Judicatura de 2003 ordena las competencias por instancia. En Puerto Rico no existe una configuración judicial particular para los asuntos civiles. Tanto los casos de naturaleza civil como los penales son considerados por la misma estructura de tribunales. Sin embargo, dentro de una misma sede del Tribunal de Primera Instancia, existen salas asignadas por materia, ya sea civil, penal, asuntos de familia, asuntos de menores, etc. En el nivel del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo consideran todo tipo de recurso, independientemente de la materia de la que traten, aunque conforme a la Ley de la Judicatura, el Juez Presidente posee facultad para crear en el Tribunal de Apelaciones paneles apelativos de jueces especializados por materia. 23 Según los datos de la tabla 1, observamos que en los dos últimos años la cantidad total de jueces se mantiene similar, sin embargo al compararla con el año 2005 se registra una disminución de 6,1%. Año Fiscal Jueces Superiores Periferales Jueces Municipales Tabla 1 Número de Tribunales por Instancia y por materia Jueces Superiores Criminal Jueces Superiores Civil Jueces Superiores Relaciones de Familia y Menores Jueces de Apelaciones Jueces Asociados Fuente: Tribunal Supremo de Puerto Rico Tribunal Supremo de Puerto Rico El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el máximo intérprete de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ninguna ley se declara inconstitucional a menos que así lo considere la mayoría del número total de los jueces que compongan el Tribunal Supremo 14. Las decisiones del Tribunal Supremo son fuente de derecho y gozan de la obligatoriedad que otorga la doctrina del stare decisis en la tradición del Derecho Común angloamericano. El máximo Tribunal está integrado por el Juez Presidente y seis jueces asociados nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. El número de jueces sólo podrá ser variado por ley a solicitud del propio Tribunal Supremo y los miembros del Tribunal Supremo permanecen en sus cargos, por disposición constitucional, hasta cumplir 70 años de edad. El Tribunal Supremo se encuentra organizado en una o más salas para el despacho de sus asuntos, excepto aquellos en que la Constitución dispone un número mínimo de jueces, como es el caso de las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes. Las salas no tienen menos de tres jueces y son presididas por el juez de mayor antigüedad en el Tribunal, salvo el caso que forme parte de una sala el Juez Presidente donde será él quien la presida. Asimismo, el Tribunal Supremo tiene competencia para conocer los siguientes asuntos 15 : - En primera instancia, de recursos de mandamus 16, hábeas corpus, quo warranto 17, auto inhibitorio y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley. Cada juez podrá conocer en primera instancia de los recursos de hábeas corpus y mandamus, pero su resolución estará sujeta a revisión por el Tribunal Supremo - Mediante recurso de apelación, cuando se plantee la existencia de un conflicto entre sentencias del Tribunal de Apelaciones - Mediante auto de certiorari a ser expedido discrecionalmente, revisará las demás sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones, en los términos dispuestos en las Reglas procesales o en leyes especiales Total 34 - De oficio o a solicitud de parte, podrá considerar cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones, cuando se plantee: la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones; cuestiones noveles de derecho; o cuestiones de alto interés público; y - Podrá conocer de cualquier asunto que le fuere certificado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, por un Tribunal de Apelaciones de Circuito, un Tribunal de Distrito, o el más alto tribunal apelativo de cualquiera de los Estados de Estados Unidos de América, cuando así lo soliciten dichos tribunales, de existir un asunto judicial en el que estén implicados cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo y respecto al cual no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este Tribunal Tribunal de Apelaciones El Tribunal de Apelaciones está integrado por 33 jueces nombrados por el Gobernador con el aval del Senado y sus miembros se desempeñan en el cargo durante 16 años. Este Tribunal tiene como función proveer a los ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual un panel de no menos de 3 jueces debe revisar como cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, y de forma discrecional, las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Corresponde a este tribunal conocer los siguientes asuntos 18 : - Mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada por el Tribunal de Primera Instancia - Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia - Mediante recurso de revisión judicial, que se conocerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas - Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá expedir autos de hábeas corpus y de mandamus. Cada juez podrá conocer en primera instancia de los recursos de hábeas corpus y mandamus, pero su resolución estará sujeta a revisión por el Tribunal de Apelaciones, en cuyo caso, siempre que ello fuera solicitado por parte interesada, el Presidente del Tribunal Supremo nombrará un panel especial no menor de tres jueces ni mayor de cinco que revisará la resolución - Cualquier otro asunto determinado por ley especial Tribunal de Primera Instancia El Tribunal de Primera Instancia está conformado por jueces superiores y jueces municipales quienes son nombrados por el Gobernador bajo el consentimiento del Senado, debiendo los jueces superiores tener 7 años de experiencia ejerciendo la abogacía en el país. El cargo tiene una duración de 12 años. Mientras que los jueces municipales deben tener 3 años de experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y su cargo tiene una duración de 8 años. 45 Este Tribunal tiene jurisdicción originaria general con autoridad para actuar en todo caso o controversia que surja dentro del territorio de Puerto Rico 19. Está dividido en 13 regiones judiciales que cubren todas las salas de las secciones superior y municipal, las cuales se distribuyen entre los 78 municipios del país. En cada cabecera de región judicial existe una Sala de la Sección Superior. El Tribunal de Primera Instancia atiende en materia civil todos los asuntos de: derecho de familia, derecho laboral, sucesiones, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho corporativo, derecho hipotecario, derecho de obligaciones y contratos, daños y perjuicios, acciones relacionadas con toda clase de contribuciones, casos de expropiaciones, recursos legales especiales y extraordinarios, procedimientos para poner en vigor las determinaciones de las agencias administrativas, o para impugnar o poner en vigor los laudos arbitrales en cualquier materia y cualquier otro asunto civil. En lo criminal, este Tribunal atiende todos los casos por delito grave y menos grave, así como toda infracción a las ordenanzas municipales. También existen jueces especializados en materias criminales y civiles e incluso, pueden participar como árbitros o mediadores en la solución de conflictos, cuando sean así certificados Gobierno y gerencia Las funciones administrativas de la Rama Judicial, recaen también en su máxima autoridad el Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien es el responsable de dirigir el Tribunal General de Justicia y posee la facultad para nombrar un Director Administrativo de los Tribunales 20. A su vez, el Director Administrativo de los Tribunales dirige la Oficina de Administración de los Tribunales, asiste al Juez Presidente, aprueba normas y procedimientos administrativos para el Tribunal General de Justicia y realiza evaluaciones de su cumplimiento. El artículo de la Ley de la Judicatura de 2003 dispone que el Director Administrativo de los Tribunales debe ser abogado admitido al ejercicio de la abogacía, ser nombrado por el Juez Presidente y desempeñar su cargo a discreción de dicho magistrado Oficina de Administración de los Tribunales La Oficina de Administración de los Tribunales cuenta con un Director Administrativo y once dependencias administrativas principales para atender áreas tales como asuntos legales, prensa, informática, programas judiciales y administración, entre otras. En tanto, el Tribunal de Apelaciones como las Regiones Judiciales del Tribunal de Primera Instancia cuentan con Jueces Administradores Regionales que responden al Juez Presidente y al Director Administrativo de los Tribunales. Los Directores Ejecutivos regionales, responden al Juez Presidente y al Director Administrativo por el cumplimiento de la normativa y operaciones administrativas de la región. Todos los Jueces Administradores regionales y los Directores Ejecutivos regionales integran un cuerpo de asesoramiento denominado Consejo Asesor Judicial. La Oficina de Administración de los Tribunales desempeña deberes que propicien el aceleramiento de los trámites judiciales, estableciendo medidas para lograr la evaluación, eficiencia y excelencia en la prestación de servicios y para el mejor funcionamiento del 56 sistema judicial. Esta Oficina tiene entre sus principales funciones desarrollar un sistema administrativo uniforme que procure la prestación de servicios judiciales a la ciudadanía de manera ágil y accesible. Además, tiene las siguientes funciones generales: solicitar y justificar los fondos públicos necesarios para el funcionamiento del sistema; servir como agente facilitador con respecto a los tribunales del país; desarrollar y mantener al día sistemas de información que sirvan de instrumento para la divulgación, planificación, dirección, operación y evaluación de la actividad judicial administrativa; representar legalmente a la Rama Judicial y a su personal en aquellos casos en que su representación no corresponda al Departamento de Justicia y hacer recomendaciones al Juez Presidente para mejorar el funcionamiento del sistema, como la asignación y traslado de jueces, entre otras. Finalmente, esta entidad como unidad administrativa de la Rama Judicial, goza de independencia de las ramas Ejecutiva y Legislativa. Asimismo, la Oficina de Administración de los Tribunales cuenta con la Oficina General del Alguacil General de la Rama Judicial, entidad responsable de mantener el orden y la seguridad en las sedes de los tribunales y sus dependencias administrativas y de diligenciar las órdenes y providencias judiciales Academia Judicial 21 La Ley de la Judicatura del 2003 reconoció, en su Artículo 2.006, la necesidad de contar con un sistema de educación judicial para promover el mejoramiento profesional de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Se estimó necesario implementar programas educativos para jueces de nuevo nombramiento, así como programas educativos y currículos. Es en La Academia Judicial, en quien recae el rol principal de contribuir a la formación inicial y la capacitación permanente de toda la judicatura puertorriqueña, así como la de los abogados que trabajan para la Rama Judicial Nombramiento Oficina de Nombramientos Judiciales El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es quien está facultado para nominar a los candidatos a jueces. Asimismo, los criterios profesionales para ocupar los puestos de jueces están establecidos por Constitución en el caso de los Jueces del Tribunal Supremo y en la Ley de la Judicatura de 2003 en el caso de los demás tribunales de la Rama Judicial. Igualmente, contribuye en el proceso de las designaciones de magistrados, La Oficina de Nombramientos Judiciales. Fue creada mediante la Ley 91 de 5 de diciembre de 1991, esta entidad forma parte de la Oficina del Gobernador y sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación, nominación, renominación, ascenso, confirmación y nombramiento de los jueces. El Gobernador nombra un Comité Evaluador adscrito a la Oficina de Nombramientos Judiciales, con el objeto de asesorarlo en la selección de las personas para ocupar los cargos de Jueces del Tribunal de Primera Instancia. Dicho Comité está compuesto por 5 personas nombradas por el Gobernador, de los cuales no más de 2 67 miembros son abogados postulantes y por lo menos uno no es abogado. El Presidente del Comité será designado por el Gobernador y todas las decisiones se toman por el voto afirmativo de la mayoría Métodos de control disciplinario En la Constitución se dispone que los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico puedan ser destituidos a través de un proceso de residenciamiento, el cual se inicia con la formulación de una acusación por parte de la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. El juicio es realizado por el Senado, teniendo el poder exclusivo de emitir una sentencia al respecto. Entre las causas de residenciamiento se señalan: el soborno, la traición, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. En cuanto a los jueces del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia, la Ley de la Judicatura en su Art dispone que esta sujeto a medidas disciplinarias todo juez que incurra en violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, a los Cánones de Ética Profesional o a la reglamentación administrativa aplicable, cuando medie una determinación final de un foro competente; que manifieste negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en el desempeño de sus deberes judiciales. Las Reglas de Disciplina Judicial 22 vigentes dieron origen a una Comisión de Disciplina Judicial, para auxiliar al Tribunal Supremo en el ejercicio de su responsabilidad en asuntos de disciplina y de retiro involuntario de jueces. Esta Comisión está compuesta por un Presidente y 5 Comisionados Asociados, nombrados por el Tribunal. El Presidente y 2 Comisionados Asociados deben ser ex jueces no postulantes del Tribunal General de Justicia, 2 Comisionados Asociados son abogados no postulantes con por lo menos 5 años de experiencia y el restante Comisionado Asociado será un ciudadano que no sea abogado. Se inicia el procedimiento disciplinario contra los Jueces del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia con la presentación de una queja juramentada por cualquier ciudadano o a iniciativa del Juez Presidente, algún juez asociado del Tribunal Supremo o del Director Administrativo de los Tribunales. La queja se evalúa y el Director Administrativo de los Tribunales determina si se inicia una investigación. Posteriormente, el informe que genera la investigación es evaluado por un integrante de la Comisión de Disciplina Judicial para determinar si existe causa probable para creer que se ha cometido una violación ética. Luego, la Oficina de Administración de los Tribunales procede a presentar una querella contra el juez imputado, lo que da inicio a un proceso adversativo ante la Comisión de Disciplina Judicial. La determinación final en torno a si se cometió la violación ética imputada corresponde al pleno del Tribunal Supremo, foro que además determina la sanción que procede imponer. La Comisión puede recomendar al Tribunal la imposición de medidas provisionales durante el procedimiento disciplinario o de retiro involuntario, tales como: desestimación y archivo; amonestación; censura; suspensión temporal; relevo de sala; asignación de tareas administrativas; destitución; sanciones como abogado y cualquier otra medida disciplinaria 78 que corresponda 23. En los casos de retiro involuntario, la Comisión puede recomendar: desestimación y archivo; suspensión temporal y separación del servicio Políticas de transparencia y acceso a la información En materia de transparencia se señala la actualización y el rediseño del Portal de Internet de la Rama Judicial, (www.ramajudicial.pr). En el sitio se encuentra un portal en la Intranet, el cual se utiliza par brindar información de referencia. Asimismo, el portal de Colaboración en la Intranet brinda puntos de acceso controlado o autorizado sólo a determinados funcionarios con información especializada o técnica. Por otro lado, se ampliaron opciones al uso del servicio de orientación telefónica Teletribunales con el fin de brindar a los ciudadanos, abogados y jueces un acceso rápido a información sobre el sistema judicial, como información sobre el estado de los casos que se ven ante los tribunales, tanto a través de Internet como por teléfono. Cabe destacar que la ciudadanía ha incrementado el uso del servicio Teletribunales, establecido desde el año 2002, alcanzando en el año 2006 un total de consultas, superando las recibidas en el 2005 y traduciéndose en un aumento del 75%. Además, se publican Informes Anuales, siendo un recuento de gestiones y actividades administrativas de la Rama Judicial con el propósito de informar las estrategias adoptadas y los avances de los principales proyectos de la Rama Judicial. En este sentido, se señala la publicación el 25 de junio de 2009 del Informe Anual para el año denominado Rindiendo Cuentas. A su vez, desde el año 2005 opera el Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio, llamado Programa Pro Se. Su objetivo es fomentar el acceso de la ciudadanía al sistema judicial por derecho propio, mediante la orientación sobre los procedimientos judiciales en los asuntos de relaciones filiales, custodia, divorcios por consentimiento mutuo o por separación y alimentos. También, la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad ha redoblado los esfuerzos de orientación en escuelas, Centros Judiciales, Tribunales Municipales y organizaciones que solicitan conocer los servicios que ofrece la Rama Judicial. En este contexto, la Rama Judicial ha trazado metas como parte del Plan Estratégico avocadas a la promoción del más amplio acceso de la ciudadanía al sistema de justicia a través del establecimiento de oficinas de atención al público; atención de áreas rurales o apartadas; apoyo de sistemas informáticos que propicien el entendimiento del quehacer judicial en la ciudadanía a través de la divulgación de información certera sobre los procesos judiciales, orientaciones sobre derechos y procedimientos legales, como también aclarar dudas específicas al respecto. Cabe destacar, que en el Índice de Accesibilidad a la Información a través de Internet del año 2008, índice elaborado por CEJA, Puerto Rico obtuvo el 52,3% en accesibilidad a información de Tribunales de Justicia, posicionándose entre los 34 países de la OEA en el puesto Nro. 15. Logró, además, un 18,1% de acceso de información del Ministerio Público posicionándose en la tabla en el puesto Nro. 18. En resumen, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico obtuvo para el año 2008 un acceso global a la información a través de Internet del 38,7% ubicándose en el puesto Nro Asistencia jurídica 25 89 En Puerto Rico las organizaciones que ofrecen asistencia jurídica gratuita no forman parte de la Rama Judicial. En su mayoría, son entidades gubernamentales o privadas las que brindan este tipo de servicio, de acuerdo a los criterios de elegibilidad a tales fines establecidos por cada organización. La sección II del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que: en todos los procesos criminales el acusado disfruta del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de ésta y a tener asistencia de un abogado. Con respecto a los procesos civiles, y aun cuando el Estado provee asistencia legal gratuita a las personas que cualifican para este tipo de beneficio, la Constitución no hace mención al respecto Proyectos de reforma o mejora 26 En esta sección se destaca el Plan estratégico , plan aprobado por la Rama Judicial con el fin de ordenar sus recursos y prioridades, pretendiendo atender en un largo plazo los siguientes imperativos estratégicos: Mejorar la administración de justicia; garantizar el acceso a la justicia; fortalecer la independencia judicial; desarrollar la competencia de su capital humano y propiciar el fortalecimiento institucional y de las estructuras de apoyo. Además, existen proyectos encaminados a la reingeniería de los trámites en las Secretarías de los Centros Judiciales, dentro de los cuales se destaca un proyecto consistente en agrupar el personal adscrito a la Secretaría del Centro Judicial y formar equipos de trabajo por áreas para redefinir las funciones de las secretarías, delimitar las tareas e identificar y automatizar procesos con sistemas de información compartidos y una organización interna que facilite el flujo de documentos, agilizando de este modo el manejo de los expedientes, la presentación de los casos y el envío de las notificaciones de órdenes, resoluciones y sentencias del Tribunal. Cabe señalar también el Estudio de Suspensiones que se inició en el mes de marzo de 2007 con el fin de identificar las causas más frecuentes en las que se fundamentan las solicitudes y concesiones de suspensiones de los casos. El estudio consiste en la recopilación periódica, cada seis meses, de las razones de las suspensiones por asunto. Con los datos de por lo menos tres periodos, será posible relacionar las causas de suspensiones más frecuentes por asunto y encaminar las medidas y estrategias concretas de manera asertiva Presupuesto La Rama Judicial tiene plena autonomía presupuestaria 27 mediante la asignación para sus gastos ordinarios de operación y funcionamiento un porcentaje fijo que aumenta escalonadamente, comenzando en un 3.3% en el año fiscal En caso que el promedio del monto total de rentas anuales sea menor que el año precedente, la cantidad base será igual a la última asignación anual recibida por la Rama Judicial. Fórmula que será revisada cada cinco años para determinar su efectividad en garantizar la autonomía fiscal a la Rama. El porcentaje fijo a ser aplicado por cada uno de los cinco años que cubre la 910 implementación inicial de la Ley fue el siguiente: 3.3% para el año fiscal , 3.4% para el año fiscal , 3.6% para el año fiscal , 3.8% para el año fiscal y 4.0% para el año fiscal Se señala que en este año fiscal , dicha fórmula se encuentra en revisión. Asimismo, la Asamblea Legislativa dispuso taxativamente (mediante la Ley Nº 59 del 10 de julio de 2007) que los ingresos derivados de los recaudos del impuesto a ventas y uso (IVU), salvo las porciones de dicho impuesto que se destinen actualmente para los municipios, así como cualquiera otro concepto de renta al erario que se legisle posteriormente, deben considerarse dentro de la base a la que se aplica la fórmula reconocida por Ley para el cómputo del presupuesto de la Rama Judicial. El sector de justicia incluye datos de las siguientes dependencias del Gobierno: Departamento de Justicia, Administración de Corrección y Rehabilitación, Administración de Instituciones Juveniles, Policía de Puerto Rico, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Tribunal General de Justicia. El presupuesto de la Rama Judicial para el 2008 fue 6,4% mayor respecto al asignado en el año 2006, con una tasa de crecimiento para dicho período de 3,2%. Llegando a US$ 327,026 millones de dólares. Años Monto en millones de dólares Tabla 2 Presupuesto público destinado al sector justicia 28 Porcentaje correspondiente al Presupuesto General de la Nación Gastos de personal (millones de dólares) Gastos operativos (millones de dólares) Inversión en mejoras permanentes (millones de dólares) ,9 7% 1.501, , ,5 7% 1.465, ,3 50, ,5 7% 1.343, ,7 68,8 Fuente: Tribunal Supremo de Puerto Rico 2.9. Medios personales y materiales En el 2008, existía un total de 12 funcionarios por juez trabajando directamente en los tribunales, destacando que el 51% eran mujeres, porcentaje que se ha mantenido similar durante los últimos cuatro años. Tabla 3 Recursos personales y materiales 29 Dato Número total de jueces (idealmente desglosados por instancia y materia ) Número total de jueces hombres Número total de jueces mujeres Número de funcionarios trabajando directamente en tribunales N/D Número de funcionarios trabajando en otras áreas de apoyo (distinto de tribunales, incluye personal en la Oficina de Administración de los Tribunales) N/D 1011 Cantidad de personal auxiliar en los tribunales 30 4,080 4,103 4,135 3,922 Cantidad de personal administrativo Cantidad de personal por contrato Número de computadoras en el Poder Judicial, en los tribunales y fuera de los tribunales N/D Número de computadoras conectadas a Internet en el Poder Judicial N/D N/D Fuente: Tribunal supremo de Puerto Rico La disminución de un 6,1% del número de jueces en el periodo , se debe a que se eliminaron 20 plazas de jueces municipales conforme a las disposiciones de la nueva Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de Asimismo, del total de computadoras de la Rama Judicial el 27,8% cuenta con acceso a Internet Movimiento de causas Proceso de elaboración de estadísticas 31 Las estadísticas judiciales del Tribunal General de Justicia están normalizadas y documentadas desde la creación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en el año El proceso mediante el cual se elaboran las estadísticas se combina con procedimientos manuales de consolidación obteniéndose entre otros: 1) Movimiento periódico de casos de la actividad judicial: compuesto de cuatro informes trimestrales y uno anual por región, conteniendo una parte estadísticas básicas detalladas por sala y asuntos; 2) Compendio del Anuario Estadístico: documento que presenta tablas, gráficos y un corto narrativo de los datos globales de la actividad judicial en las instancias del Tribunal General de Justicia y de algunos temas especiales. Se publica un año fiscal después de cada cierre de año fiscal; 3) Anuario Estadístico; y 4) Publicación en Internet: se publican estadísticas de movimiento de causas resumidas en el Informe Anual que a su vez se publica en el Portal de la Rama Judicial Movimiento de causas 32 El Tribunal General de Justicia (TGJ), constituido por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal de Apelaciones TA) y todas las salas Superior y Municipal del Tribunal de Primera Instancia (TPI), recibió en el año fiscal un total de casos, representando una reducción de 5% respecto al año anterior. Los casos presentados comprenden: casos en el Tribunal de Primera Instancia, casos en el Tribunal de Apelaciones y casos presentados ante el Tribunal Supremo. Asimismo, en el Tribunal de Primera Instancia en particular se presentaron: casos civiles, casos criminales, de relaciones de familia, casos de tránsito, querellas contra menores, señalándose además vistas preliminares. Durante el año fiscal 2008 en los Tribunales de Primera Instancia se recibieron aproximadamente casos menos que en el año 2007, sin embargo, en el Tribunal de Apelaciones se registró un aumento constante entre los años fiscales 2006 y 2008, mientras que las presentaciones en el Tribunal Supremo superaron las del año 2007 (registradas para 1112 ese año en presentaciones) y manteniéndose casi al mismo nivel que en el año 2006 (registradas para ese año presentaciones). Gráfico 1 Casos presentados en el Tribunal General de Justicia Fuente: Rama Judicial Además, el índice de resolución, relación entre el número de casos resueltos y el número de casos presentados, fue en el año fiscal de 103,5% para el Tribunal General de Justicia, representando un índice de resolución mayor que el del año 2007 el cual fue de 96,6% y que el del año 2006 de 100,1% Gráfico 2 Índice de Resolución del Tribunal General de Justicia Fuente: Rama Judicial Al considerar el total de casos resueltos en el Tribunal General de Justicia durante el 2008 se observa que fue de , representando un aumento de 1,3% respecto al año 2007 ( casos resueltos para ese año), aunque es levemente menor al total de casos resueltos en el 2006 de Entre el total de casos resueltos, el 99% corresponde al Tribunal de Primera Instancia. De los asuntos allí atendidos, destaca que el 30,6% fueron casos de lo civil, el 17,4% casos criminal grave y menos grave, y el 18,7% de lo civil municipal. También se observa que se celebraron vistas preliminares. 1213 Tabla 4 Tribunal de Primera Instancia Proyección de casos por asunto - Año Fiscal Asunto y Sala Casos Presentados Casos Resueltos Pendientes al 30 de junio de 2007 Criminal Civil Relaciones de Familia Querellas contra menores Tránsito Vistas Preliminares Fuente: Tribunal Supremo de Puerto Rico 35 Asimismo, se señala que durante el año fiscal , el Tribunal General de Justicia alcanzó un índice de congestión de 2,2. Esto significa que por cada 2,2 casos resueltos, quedó un caso en trámite a fin de año. Para el año fiscal se estima que el índice aumente a 2,3, como consecuencia de una mayor resolución de casos. A su vez, el porcentaje de casos en trámite a fin de año (pendientes) calculado 36 para el año fiscal fue para el Tribunal General de Justicia de 28,8%. Para el año fiscal esté será de 27,5% 37. Gráfico 3 Tribunal General de Justicia Casos en Trámites Año Fiscal en trámite presentados durante el año resueltos durante el año en trámite a fin de año Fuente: Rama Judicial Gráfico 4 Tribunal General de Justicia Por ciento de Casos en Trámites a fin de año (Pendientes) 1314 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 40,20% 38,70% 30,20% 31,50% 27,60% 28,80% 26,80% 24,40% TGJ TS TA TPI Fuente: Rama Judicial AF AF Gráfico 5 Tribunal General de Justicia Índice de Congestión (o razón de casos resueltos y casos en trámites a fin de año) 3,50% 3,00% 2,50% 2,30% 2,20% 3,10% 2,70% 2,60% 2,50% 2,00% 1,50% 1,50% 1,60% AF AF ,00% 0,50% 0,00% TGJ TS TA TPI Fuente: Rama Judicial 3. Oficina del Fiscal General de Puerto Rico 3.1. Estructura institucional 38 La Oficina del Fiscal General de Puerto Rico 39 se creó en junio de 2002 adscrita al Departamento de Justicia con el fin de dotar a Puerto Rico de una Fiscalía General estructurada de manera más eficaz. La Ley Orgánica del Departamento de Justicia 40 reunió en una disposición legal diversas funciones y deberes de los funcionarios adscritos al Departamento de Justicia, incluyendo el Fiscal General de Puerto Rico. La función del Fiscal General es la de investigar y procesar los casos de naturaleza penal en la jurisdicción del país, facultándolo la ley para investigar aquellos asuntos de naturaleza civil o administrativa que sean necesarios para imponer responsabilidad al sujeto de la investigación o del procesamiento penal. El Fiscal General está investido de autoridad para instar las acciones que procedan para la restitución de fondos y propiedad obtenida como producto de la comisión de delitos de corrupción gubernamental, crimen organizado, sustancias controladas y cualquier otra actuación delictiva. 1415 Al ser parte la Oficina del Fiscal General del Departamento de Justicia, responde al Secretario de Justicia. Igualmente, el jefe superior de la Oficina es el Fiscal General quien ejerce su función en el cargo por un período de 12 años. Entre las funciones establecidas por ley 41 se destacan: a) Supervisar la labor de los fiscales y del equipo de apoyo; colaborar con los fiscales en el cumplimiento de sus responsabilidades y asegurarse que cada fiscal en las fiscalías, divisiones o programas tenga una carga de trabajo razonable y equitativa; b) Supervisar, en coordinación con la Secretaria de Justicia, el funcionamiento y la implantación de los programas establecidos para brindar protección y asistencia a las víctimas y testigos de delito; c) Desarrollar un sistema para evaluar y medir la eficacia de la investigación y procesamiento penal de los asuntos que se atiendan por la Oficina; d) Desarrollar planes de trabajo y coordinación con los Tribunales de Justicia; e) Coordinar con la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y el Negociado de Investigaciones Especiales; f) Formular indicaciones al Secretario de Justicia previo a la concesión de privilegios a las personas detenidas o sentenciadas; y g) Diseñar, establecer y mantener un programa permanente de adiestramiento para Fiscales, y demás personal de apoyo técnico y profesional que colabore con ellos como parte de un equipo de trabajo Estructura de la Oficina del Fiscal General 42 La Oficina del Fiscal General está compuesta por 13 fiscalías de distrito; cuatro divisiones investigativas especializadas; dos programas; una Oficina de Coordinación y dos unidades, siendo las mismas: División para Combatir el Crimen Organizado, Drogas y Lavado de Dinero; División de Integridad Pública; División de Delitos Económicos; División de Extradiciones; Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas (DrugCourt); Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos; Oficina de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores; Unidad de Maltrato Institucional; y la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios. La sede principal está ubicada en el Departamento de Justicia en San Juan, mientras que las fiscalías de distrito se ubican en la sede del distrito judicial correspondiente, estando cada una a cargo de un Fiscal de Distrito. Las funciones primordiales que se cumplen en las fiscalías de distrito son: investigar y procesar los casos criminales de la jurisdicción. Los fiscales son asignados para que lleven a cabo la función de procesar todos los casos criminales que corresponden a una determinada sala de algún tribunal del distrito judicial o realizar funciones investigativas exclusivamente Los fiscales Los fiscales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y ejercen sus funciones como miembros del Ministerio Público categorizados como : Fiscal General de Puerto Rico, Fiscal Especial General, Fiscal de Distrito, Fiscal Auxiliar III, Fiscal Auxiliar II y Fiscal Auxiliar I 43. Los fiscales permanecen en su cargo durante el término de doce años, transcurrido el cual, si no han sido reelegidos, cesarán en sus funciones. 44 Además, el Secretario de Justicia tiene la facultad para designar fiscales especiales. 1516 3.2. Proyectos de reforma o mejora El Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas Drug Courts 45, tiene como fin establecer una coordinación interagencial de la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Sociedad para Asistencia Legal para identificar acusados que sean adictos a drogas y someterlos a tratamiento, bajo estricta supervisión judicial, a fin de lograr su rehabilitación. De esta forma se pretende reducir la reincidencia y la cantidad de casos en los Tribunales. En este contexto, en octubre de 2006 se realizó un Acuerdo de Colaboración del Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas Drug Courts, enfocado a una justicia terapéutica para proveer servicios y supervisión judicial a los imputados de delitos con problemas de adicción. Como resultado, durante el periodo de julio de 2006 a junio 2008 entraron al Programa participantes y se graduaron 988, mientras que al 30 de junio de 2008 el Programa Drug Court mantenía participantes activos Presupuesto Dado que esta Oficina forma parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico, su presupuesto es una partida del que se asigna a esta institución. El presupuesto asignado para el año fiscal fue un 12% mayor al presupuesto asignado al año Medios personales y materiales Tabla 5 Presupuesto de la Oficina del Fiscal General Año Fiscal Presupuesto * US$ US$ US$ US$ Fuente: División de Presupuesto Departamento de Justicia La cantidad total de fiscales con los que contaba la Oficina del Fiscal General para el año 2007 fueron de 284, de los cuales el 49% eran mujeres, disminuyendo la cantidad total de fiscales en comparación al año 2004 un 9%. Tabla 6 Fiscales de la Oficina del Fiscal General Año Total Mujeres Hombres Fuente: División de Recursos Humanos Departamento de Justicia En tanto, en el año 2007 se contó con 665 computadoras, de las cuales un 58% están conectadas a internet. Tabla 7 1617 4. Organizaciones de asistencia jurídica Recursos materiales en la Oficina del Fiscal General Año Cantidad de Conectadas a Internet computadoras Fuente: División de Sistemas de Información Las organizaciones que ofrecen asistencia jurídica gratuita al país no forman parte de la Rama Judicial. Mayormente, son entidades gubernamentales o privadas las que brindan este tipo de servicio. El Canon 1 de Ética Profesional que regula el ejercicio de la abogacía establece que: Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal. También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no puedan pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos Estructura institucional 46 Estas organizaciones brindan servicios legales gratuitos en casos civiles, penales y administrativos a personas que cualifiquen de acuerdo a los criterios de elegibilidad que poseen los respectivos programas. Para solicitar este servicio la persona interesada debe acudir a la institución correspondiente, de acuerdo con la clasificación de la causa y llenar una solicitud, debiendo la persona demostrar que no dispone de dinero para pagar su representación legal Servicios en general Las clínicas de Asistencia Legal de las distintas Escuelas de Derecho de Puerto Rico están facultadas por el Tribunal Supremo para atender casos civiles, penales y de menores. Estas clínicas son atendidas por estudiantes de derecho bajo la supervisión de profesores que son abogados de experiencia. Puerto Rico cuenta con las siguientes Clínicas de Asistencia Legal: Universidad de Puerto Rico; Universidad Interamericana; y Pontificia Universidad Católica Servicios en casos criminales Existen oficinas de la Sociedad para Asistencia Legal 47 que solo atienden casos criminales, no incluyendo los casos de menores. Su organización consta de trece oficinas locales, una en cada distrito judicial, desde donde se ofrecen los servicios a la ciudadanía. Además, cuenta con una Oficina especializada en recursos post sentencia, División de Apelaciones y la Oficina Central desde donde se manejan los asuntos administrativos de toda la Sociedad Servicios en casos civiles y de menores 1718 Se dispone de varios programas de ayuda a personas sin recursos, que se especializan en casos civiles siendo los mismos: Servicios Legales de Puerto Rico: Este programa ofrece asesoramiento y representación legal ante los tribunales y ante agencias administrativas en casos relacionados con: envejecientes, menores, calidad ambiental, confinados, vivienda, custodia, maltrato de menores, pensiones alimenticias y otros asuntos civiles PRO-BONO, Inc.: Este organismo provee mediante la colaboración de abogados voluntarios del Colegio de Abogados de Puerto Rico, asesoramiento y representación legal en casos de familia (alimentos, custodia, divorcio, etc.), vivienda (desahucio, ejecución de hipoteca, renta subsidiada, etc.), consumidores (cobro de dinero, garantías, etc.), menores, envejecientes, empleo y otros asuntos de naturaleza civil Servicios en casos civiles En materia civil existe: El Programa de Ayuda Legal del Municipio de San Juan: programa que ofrece servicios limitados respecto a determinados asuntos civiles.; y Proyecto Especial para Víctima de Violencia Doméstica: programa que ofrece asesoramiento y servicios legales a mujeres víctimas de violencia doméstica Proyectos de reforma o mejora El 01 de septiembre de 2008 entró en vigencia el Reglamento de Asignación de Abogados de Oficio, el cual derogó el Reglamento del 30 de junio de 1998, con el propósito de establecer un sistema uniforme para la asignación de abogados de oficio en procedimientos de naturaleza penal, sin menoscabo del deber individual de cada profesional del derecho de proveer servicios legales libres de costo a personas indigentes, como dispone el Canon 1 de los de Ética Profesional. Este nuevo Reglamento se distingue porque reduce el número de horas que un abogado de oficio debe donar anualmente (de cincuenta a treinta horas) antes de recibir compensación; se ofrece por primera vez la oportunidad a los abogados que rindan servicios de oficio puedan solicitar al Programa de Educación Jurídica Continua crédito por las horas de servicio gratuito. Asimismo, se expone que las asignaciones de oficio sólo pueden hacerse en aquellos casos donde la Sociedad para Asistencia Legal o cualquier otra entidad análoga no pueda ofrecer representación legal a una persona indigente por razones de conflictos de intereses. Finalmente, se señala que la presunción de que una persona es indigente si la Sociedad para Asistencia Legal así la califica Órganos de la Policía 49 El cuerpo principal policíaco es la Policía de Puerto Rico, regido por la Ley Nº 53 del 10 de junio de 1996, el cual se trata de un organismo civil de orden público cuya obligación resulta ser la protección de las personas y de la propiedad. Además de mantener y conservar el orden público, previene, descubre, investiga y persigue el delito, compeliendo obediencia 1819 a las leyes y ordenanzas municipales y reglamentos. Junto a este cuerpo se encuentran Cuerpos de Policía Municipal, que ejercen sus funciones dentro del respectivo municipio Gobierno y gerencia El Comandante de la Policía de Puerto Rico es el Gobernador de Puerto Rico, siendo su administración y dirección inmediata incurrida en la figura del Superintendente de la Policía, quien es nombrado por el Gobernador, y una vez confirmado por el Senado de Puerto Rico, cumple entre otras funciones: velar y asegurar el cumplimiento del debido procedimiento de ley en todo asunto de reglamentación y de adjudicación en la Policía; determinar por reglamento la organización y administración de la Policía, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, y cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del Cuerpo, desempeñándose además como Comisionado de Seguridad y Protección Pública, por este cargo se le asignan amplios poderes, de naturaleza ejecutiva, para implantar la política pública que establezcan el Gobernador y la Asamblea Legislativa en el ámbito de seguridad pública. Existe también la Comisión de Seguridad integrada por: el Superintendente de la Policía (como Presidente de la misma), el Jefe de Bomberos y el Ayudante General de Puerto Rico. Entre las funciones del Comisionado se destacan: asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos relacionados a la protección de la vida y propiedad de los ciudadanos, la seguridad pública, el mantenimiento de la ley y el orden, el control de la delincuencia, etc; implantar la política pública en el área de seguridad y protección pública, entre otros Estructura institucional Como se señaló existen dos cuerpos policiales: la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal. Cabe resaltar que la Policía de Puerto Rico está representada mediante áreas policíacas en toda la Isla, dirigidas por un Comandante de Área. De este modo, la Comandancia de Área constituye el ente de planificación, organización, administración y evaluación de las operaciones de campo, dividiéndose de este modo en trece áreas policíacas, subdivididas a su vez en zonas, distritos, precintos y destacamentos policiales. Las Comandancias de Área responden al Superintendente Auxiliar en Operaciones de Campo, el cual mantiene supervisión de las operaciones, cambios o revisiones a Planes de Trabajo. Sin embargo, el Superintendente tendrá inherencia directa en los Planes de Trabajo, a fin de aprobar, dirigir o revisar toda estrategia e iniciativa de índole operacional que se desarrolle en las áreas policíacas y en la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo. También existe en la Policía de Puerto Rico: la Oficina de Seguridad y Protección; la Policía Fortaleza; la Oficina de Operaciones Conjuntas (Task Forces); la Oficina de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (F.U.R.A.); el Negociado de Tránsito en Autopistas, Carreteras y Tren Urbano; el Cuerpo de Seguridad de Comunidad; la Oficina de Explosivos 1920 y Seguridad Pública; el Negociado de Vehículos Hurtados; el Cuerpo de Investigaciones Criminales; la Oficina de Integridad Pública; el Negociado de Asuntos Internos; el Negociado de Armas Ilegales; y el Negociado Drogas Narcóticos y Control de Vicio. Asimismo, teniendo en cuenta que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de América, la Policía de Puerto Rico mantiene estrecha colaboración con las agencias de seguridad de ese país. Razón por la cual se cuenta con los Strike Forces, policías de Puerto Rico que colaboran con agencias de seguridad federales tales como del Federal Bureau Administration (F.B.I), Food and Drugs Administration (FDA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), entre otras. Por el otro lado, la Policía Municipal 50 es un cuerpo de vigilancia y protección pública ubicado en cada uno de los municipios del país, cuya obligación es compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente, a las disposiciones sobre estacionamiento ilegal de vehículos y prevenir, descubrir y perseguir los delitos que se cometan en su presencia dentro de los límites jurisdiccionales del municipio o aún fuera de éstos cuando sea necesario para culminar una intervención iniciada en el municipio de su jurisdicción. Empero, las funciones de investigación especializada serán de competencia exclusiva de las Unidades de la Policía Estatal del Departamento de Justicia u otras agencias y del Gobierno federal. Los poderes y facultades atribuidos a la Policía Municipal no restringen los poderes y obligaciones de la Policía de Puerto Rico, por lo que en casos de conflicto de jurisdicción o competencia, siempre prevalecerá la Policía Estatal Presupuesto El presupuesto asignado para la Policía de Puerto Rico durante el año fiscal fue de US$ , el cual significó un crecimiento del 5% respecto del presupuesto asignado para el año fiscal Asimismo, el gasto en nómina de la Policía de Puerto Rico para el año fiscal fue de US$ significando un incremento del 6% del año fiscal Gastos de Funcionamiento Tabla 8 Presupuesto Asignado a la Policía de Puerto Rico 51 Años Fiscales Resolución Conjunta Fondo US$ US$ US$ US$ General Asignaciones Especiales US$ 580 US$ 580 US$ US$ Fondos Especiales Estatales US$ US$ US$ US$ Fondos Federales US$ US$ US$ US$ Otros Ingresos US$ US$ US$ US$ Fondo Presupuestario - US$ Otras Asignaciones - - US$ Fondo Mejoras Permanentes - - US$ US$ Totales US$ US$ US$ US$ Fuente: Policía de Puerto Rico 20 Mostrar más
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