Source: https://beta.e-justice.europa.eu/302/ES/parental_responsibility__child_custody_and_contact_rights?ESTONIA&action=print&init=true
Timestamp: 2019-10-15 07:11:04+00:00

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La responsabilidad parental es la custodia de un menor, que incluye el deber y el derecho del progenitor a cuidar del menor. La responsabilidad parental incluye el derecho a cuidar del menor (custodia de la persona), el derecho a administrar los bienes del menor (custodia de los bienes) y el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con el menor. La custodia de los bienes incluye el derecho y el deber de administrar los bienes del menor y también de representarlo. Esto no excluye el derecho del menor a administrar sus bienes de forma independiente en los casos previstos por la ley.
Un progenitor tiene poder de decisión en relación con el menor, que consiste en el derecho a decidir en las cuestiones diarias (normalmente relacionadas con el cuidado) relativas al menor. Por norma general, decidir en cuanto a las cuestiones diarias implica tomar decisiones ordinarias que se producen con frecuencia y no tienen un efecto permanente en el desarrollo del menor. Además del poder de decisión, un progenitor con derecho de custodia también tiene derecho de representación en relación con su hijo menor. Los progenitores con custodia compartida tienen un derecho de representación compartida.
Ambos progenitores tienen derecho de visita, lo que implica el deber y el derecho de ambos progenitores a mantener un contacto directo con sus hijos. El derecho de visita no depende de la existencia de la custodia. Los progenitores también tienen una obligación alimenticia en relación con sus hijos menores.
Los derechos y deberes mutuos de los progenitores y los hijos se derivan de la filiación, que se confirma en virtud del procedimiento previsto por la ley. La mujer que da a luz a un menor es la madre de ese menor. El hombre que ha concebido un menor es el padre de ese menor. Se considerará que un menor ha sido concebido por el hombre que está casado con la madre del menor en el momento del nacimiento del menor, que ha reconocido su paternidad o cuya paternidad ha sido establecida por un órgano jurisdiccional.
Los progenitores con una relación conyugal entre sí tienen una responsabilidad parental compartida, es decir, la custodia de sus hijos. Si los progenitores de un menor no tienen una relación conyugal entre sí en el momento del nacimiento del menor, tendrán responsabilidad parental compartida a menos que hayan expresado su voluntad de ceder la responsabilidad parental a uno de los progenitores al presentar las declaraciones de intenciones relativas al reconocimiento de la paternidad o la maternidad.
Si ninguno de los progenitores del menor tiene el derecho de representación o no es posible confirmar el parentesco con el menor, se designará un tutor legal para el menor. En este caso, el tutor legal tendrá la custodia. El deber del tutor legal es garantizar la educación y el desarrollo del menor y la protección de los intereses personales y patrimoniales del menor.
El tutor legal puede ser una persona física adulta con plena capacidad jurídica activa (por ejemplo, un familiar del menor o un tercero) o una persona jurídica (una empresa o un gobierno local). Se designará una persona jurídica como tutor legal si no se encuentra a una persona física apta o si uno de los progenitores ha especificado en su testamento o contrato de sucesión que debe designarse a una persona jurídica como tutor legal. La persona jurídica deberá buscar sistemáticamente tutores que sean personas físicas para las personas bajo su tutela y facilitar asesoría y formación a dichos tutores.
Hasta el nombramiento de un tutor legal, los deberes del tutor los ejecutará temporalmente el municipio rural o el gobierno de la cuidad del lugar de residencia del menor introducido en el registro de población, siempre que se cumplan las condiciones previas para el establecimiento de la tutela. En el ejercicio de sus deberes como tutor, el municipio rural o gobierno de la ciudad tiene los derechos y deberes de un tutor legal.
Si los padres no son capaces o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre el menor, pueden dar su consentimiento para que el menor sea dado en adopción. El consentimiento de un progenitor para la adopción no entrará en vigor hasta que hayan transcurrido ocho semanas desde el nacimiento del menor y no puede presentarse una solicitud de adopción ante un órgano jurisdiccional antes de la entrada en vigor del consentimiento de un progenitor. Con el consentimiento de uno de los progenitores, podrá darse en adopción al menor a una persona que lo quiera adoptar para que cuide de este antes de la entrada en vigor del consentimiento concedido para la adopción.
Si ninguno de los progenitores de un menor tiene derecho de representación o no es posible confirmar el parentesco de un menor, el órgano jurisdiccional decidirá designar a un tutor legal por propia iniciativa o sobre la base de una solicitud del municipio rural o gobierno de la ciudad o una persona interesada.
Si los progenitores están divorciados o separados, deben decidir cómo solucionar los problemas adicionales de la custodia. Los progenitores que tienen la custodia pueden acordar la forma de ejercer su derecho de representación compartida. No obstante, la modificación del régimen de custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo podrá efectuarse a través de un órgano jurisdiccional.
Cada uno de los progenitores tiene derecho a solicitar ante un órgano jurisdiccional, en procedimientos bajo solicitud, que la custodia de un menor se le transfiera de forma total o parcial. Un órgano jurisdiccional también puede pronunciarse sobre una disputa relativa a la custodia en una acción, si se solicita de forma conjunta con el divorcio o el pago de una pensión alimenticia.
Los progenitores con custodia pueden organizar libremente el ejercicio de la custodia compartida. No obstante, la modificación del régimen custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo es posible a través de un órgano jurisdiccional. Las cuestiones relacionadas con la custodia se deciden y determinan de forma legalmente vinculante en un órgano jurisdiccional. En la vista de cualquier causa relacionada con un menor, los órganos jurisdiccionales se guían principalmente por el interés superior del menor, teniendo en consideración todas las circunstancias y el interés legítimo de las personas correspondientes. Las disputas sobre la custodia son cuestiones del Derecho de familia que son vistas por los órganos jurisdiccionales en procedimientos bajo solicitud y en las que dichos órganos jurisdiccionales se pronuncian mediante un requerimiento judicial. Para que sus derechos en relación con un menor sean determinados, un progenitor debe presentar una solicitud ante un órgano jurisdiccional.
Los progenitores con custodia pueden organizar libremente el ejercicio de la custodia compartida. No obstante, la modificación del régimen custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo es posible a través de un órgano jurisdiccional. Para llegar a un acuerdo, los progenitores pueden utilizar el servicio de mediación familiar. El gobierno local puede remitirlos al proveedor de servicios correspondiente. Por ejemplo, los progenitores pueden acordar el procedimiento de acceso al menor por su cuenta o con la ayuda de un mediador familiar pero, si se incumple el acuerdo, deberán acudir a un órgano jurisdiccional para obtener un título ejecutivo (por ejemplo, un requerimiento judicial).
Para determinar el procedimiento de acceso a un menor, los órganos jurisdiccionales también actúan como órganos de conciliación en los procedimientos judiciales y buscan la obtención de un acuerdo entre los progenitores sobre el acceso al menor. Los órganos jurisdiccionales escuchan a las partes lo antes posible y centran su atención en la posibilidad de utilizar la asistencia de un orientador familiar, en concreto para lograr una posición común sobre el cuidado y la responsabilidad respecto al menor. Un órgano jurisdiccional puede suspender los procedimientos relativos a un menor, siempre que la suspensión no produzca una demora que perjudique al interés superior del menor y si las partes están preparadas para recibir orientación fuera del órgano jurisdiccional o si, en opinión del órgano jurisdiccional, la disputa puede resolverse mediante un acuerdo entre las partes por otros motivos.
La competencia de los órganos jurisdiccionales incluye cuestiones relacionadas con el derecho de visita a los menores, los cambios en la custodia, el restablecimiento de la custodia, el deber de pagar una pensión alimenticia y los cambios en el importe de la pensión alimenticia a solicitud de un progenitor.
Los derechos y deberes mutuos de los progenitores y los menores se derivan de la filiación de los menores, lo que significa que el progenitor del que desciende un menor tiene el deber de cuidarlo. Los derechos y deberes mutuos de un progenitor y un menor dependen de quién tenga la custodia del menor, es decir, si solo un progenitor tiene la custodia del menor, dicho progenitor puede decidir en todas las cuestiones relacionadas con el menor sin consultar primero al otro progenitor.
Un progenitor puede tener la custodia exclusiva de un menor desde el nacimiento del menor, por ejemplo, en casos en que los progenitores hayan expresado su deseo de ceder la responsabilidad parental a uno de los progenitores al presentar las declaraciones de intenciones relativas al reconocimiento de la paternidad. Un progenitor también puede obtener la custodia exclusiva, por ejemplo, en los tres casos siguientes.
Un progenitor obtendrá la custodia exclusiva si ha solicitado ante un órgano jurisdiccional, en procedimientos bajo solicitud, que la custodia del menor se le transfiera de forma total o parcial. Un progenitor solicitará normalmente la custodia exclusiva si los progenitores con custodia compartida viven separados de forma permanente o por algún otro motivo no desean ejercer la custodia compartida.
Un progenitor también puede ejercer la custodia exclusiva en casos en los que los progenitores tengan la custodia compartida pero se haya suspendido la custodia de un progenitor. Si se suspende la custodia exclusiva concedida a un progenitor de conformidad con la ley o una resolución judicial y no hay motivo para prever que los motivos de la suspensión dejen de existir, un órgano jurisdiccional concederá la custodia al otro progenitor en pos del interés superior del menor.
Un órgano jurisdiccional también concederá la custodia al otro progenitor si el progenitor con custodia exclusiva ha fallecido o ha sido privado de la custodia, a menos que ello contravenga el interés superior del menor.
Si los progenitores tienen custodia compartida, ejercen la custodia compartida en relación con su hijo y ejercen el deber de custodia bajo su propia responsabilidad y de forma unánime, teniendo en consideración el bienestar general del menor. Los progenitores con custodia compartida también tienen un derecho de representación compartida.
Si los progenitores que ejercen la custodia compartida no consiguen alcanzar un acuerdo en un asunto importante para el menor, un órgano jurisdiccional, a petición de uno de los progenitores, concederá el poder de decisión en este asunto a uno de los progenitores. En caso de transferencia de los poderes de decisión, un órgano jurisdiccional podrá restringir el ejercicio de los poderes de decisión o imponer obligaciones complementarias al progenitor que ejerce el derecho.
Las disputas relativas a la custodia son resueltas por los órganos jurisdiccionales del condado. En el caso de una disputa relativa a la custodia, el solicitante debe presentar una solicitud ante un órgano jurisdiccional del condado para la resolución del asunto en un procedimiento bajo solicitud. La solicitud debe presentarse ante el órgano jurisdiccional del condado del lugar de residencia del menor.
En la solicitud debe constar el nombre del órgano jurisdiccional, los datos personales del solicitante, la persona correspondiente y sus hijos, así como la solicitud explícita del solicitante. Asimismo, la solicitud debe indicar los hechos y el solicitante debe enumerar y presentar las pruebas a su disposición. La solicitud debe estar firmada por el solicitante o el representante del solicitante. En el caso de que se trate del representante, deberá adjuntarse a la solicitud un poder u otro documento que certifique la facultad de representación.
La solicitud y las pruebas documentales deben presentarse ante el órgano jurisdiccional por escrito en estonio. Si una petición, solicitud, reclamación o declaración de oposición presentada ante un órgano jurisdiccional por un participante en el procedimiento no está redactada en estonio, el órgano jurisdiccional solicitará que la persona que presenta estos documentos facilite una traducción en la fecha establecida por el órgano jurisdiccional.
Las cuestiones relativas a la determinación de los derechos de un progenitor en relación con un menor y la organización del acceso al menor, por ejemplo, las cuestiones relativas a la custodia, podrán resolverse en una acción conjunta con el divorcio o el pago de una pensión alimenticia.
Los órganos jurisdiccionales conocen de cuestiones relacionadas con la custodia bajo solicitud de conformidad con las disposiciones relativas a acciones, teniendo en consideración las diferencias establecidas en relación con los procedimientos solicitados (véase el Código de enjuiciamiento civil [1]).
En un procedimiento de urgencia, un órgano jurisdiccional solo puede resolver una reclamación de pensión alimenticia de un progenitor que no conviva con el menor. Las cuestiones relativas a la custodia no pueden dirimirse en un procedimiento simplificado. No obstante, las cuestiones relativas a la custodia se ven bajo solicitud, por lo que difieren de una acción ordinaria. En un asunto bajo solicitud, el órgano jurisdiccional verifica los hechos y reúne las pruebas necesarias por su cuenta, a menos que la ley establezca lo contrario. El órgano jurisdiccional no estará sujeto a las solicitudes o hechos presentados por las partes en los procedimientos o a sus valoraciones de los hechos salvo que la ley establezca lo contrario. Los requisitos para las actas de las vistas y la entrega de documentos también son menos estrictos. En cuestiones relativas a la custodia, los órganos jurisdiccionales también pueden aplicar medidas para regular el ejercicio de la custodia o el acceso al menor durante los procedimientos o para garantizar el cumplimiento futuro de los acuerdos.
El órgano jurisdiccional aplicará medidas cautelares o provisionales si hay motivos para creer que la no aplicación de las medidas puede dificultar o imposibilitar la ejecución de una resolución. En un asunto relativo al Derecho de familia resuelto bajo solicitud, las medidas provisionales podrán ser aplicadas por cada uno de los órganos jurisdiccionales en cuya competencia territorial deben aplicarse las medidas. Estas medidas incluyen, por ejemplo, la restitución del menor al otro progenitor o el cumplimiento de la obligación alimenticia legal; entre otras cosas, los órganos jurisdiccionales pueden ordenar al denunciado que pague la pensión alimenticia durante el período de los procedimientos o que facilite una garantía del cumplimiento de la obligación de pago.
[1] Código de enjuiciamiento civil (RT I 2005, 26, 197; RT I, 21.06.2014, 58). En línea: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide.
Si el órgano jurisdiccional concluye que una persona física es incapaz de asumir los costes de los procedimientos debido a su situación financiera, el órgano jurisdiccional podrá eximir parcial o totalmente a la persona de los costes de la asistencia legal y el pago de una tasa federal.
Una resolución emitida en procedimientos bajo solicitud es un requerimiento en el que se aplican las disposiciones relativas a los requerimientos efectuados en acciones, salvo que la ley establezca lo contrario. Se podrá interponer un recurso contra un requerimiento sobre la custodia de conformidad con las disposiciones generales que rigen los procedimientos de interposición de recurso, si la persona que interpone el recurso considera que la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia se basa en un incumplimiento de una disposición legal (por ejemplo, si el órgano jurisdiccional de primera instancia ha aplicado de forma incorrecta una disposición legal de derecho sustantivo o procesal). Por los motivos anteriores, también podrá interponerse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Las cuestiones relativas a la custodia se dirimen en procedimientos bajo solicitud. En un asunto de Derecho de familia resuelto bajo solicitud, el órgano jurisdiccional emite un requerimiento que es ejecutivo desde el momento de su entrada en vigor, salvo que la ley establezca lo contrario. Un requerimiento emitido en un asunto bajo solicitud es un instrumento de ejecución. En el caso de que un deudor no cumpla voluntariamente el requerimiento sobre la custodia, dicho requerimiento se ejecutará en un procedimiento de ejecución basado en la solicitud presentada por el demandante. A tal efecto, el demandante debe presentar una solicitud ante un agente judicial en cuya competencia territorial tenga su residencia o domicilio el deudor o en el lugar donde se encuentren los activos del deudor. En un asunto relativo al acceso a un menor, un agente judicial, en los procedimientos de ejecución, cooperará con un representante del gobierno local del lugar de residencia del menor o, excepcionalmente, del lugar de residencia de la persona obligada, que tenga experiencia en la interacción con menores. Si fuera necesario, un agente judicial puede sugerir al gobierno local que el menor sea trasladado temporalmente a una institución de bienestar social. Si la persona obligada impide la ejecución obligatoria, estará sujeta al pago de una sanción.
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, una sentencia emitida en un Estado miembro se reconocerá en los otros Estados miembros sin que se requiera ningún procedimiento especial. El Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca.
Una sentencia sobre el ejercicio de la responsabilidad parental en relación con un menor emitida en un Estado miembro que sea ejecutiva en ese Estado miembro y haya sido entregada se ejecutará en otro Estado miembro cuando, previa solicitud de la parte interesada, haya sido declarada ejecutable ahí. A tal efecto, debe presentarse una solicitud de declaración de ejecutoriedad ante un órgano jurisdiccional.
El órgano jurisdiccional ante el que debe presentarse la solicitud puede encontrarse aquí.
Una parte que invoque o se oponga al reconocimiento de una resolución o solicite una declaración de ejecutoriedad debe presentar:
a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad; y
b) el certificado relativo a las resoluciones en materia de responsabilidad parental.
Una resolución relativa a la responsabilidad parental no se reconoce:
a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor;
b) si se ha dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado miembro requerido;
c) si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se notificó o trasladó a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución;
d) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el ejercicio de su responsabilidad parental, si el reconocimiento se dictó sin haber dado posibilidad de audiencia a dicha persona;
e) si la resolución es inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido;
f) si la resolución es inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido,
g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.
b) el certificado relativo a las resoluciones sobre responsabilidad parental mencionado en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.
De conformidad con la Ley de derecho privado internacional de Estonia [1], las relaciones entre un menor y los progenitores se rigen por el derecho del país de residencia del menor.
Asimismo, el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños es aplicable entre los Estados que firmaron el Convenio.
La determinación del derecho aplicable también estará sujeta a acuerdos sobre la asistencia legal. La República de Estonia ha suscrito acuerdos sobre asistencia legal con los países siguientes:
Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales entre la República de Estonia, la República de Lituania y la República de Letonia (1993);
Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de familia y penal entre la República de Estonia y la Federación Rusa (1993);
Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil y penal entre la República de Estonia y Ucrania (1995);
Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de derecho laboral y penal entre la República de Estonia y la República de Polonia (1999);
Todas las partes en los acuerdos sobre asistencia legal suscritos con Lituania, Letonia y Polonia también son partes del Convenio de la Haya de 1996, por lo que las partes han decidido aplicar las disposiciones del Convenio en la determinación del derecho aplicable.
[1] Ley de derecho privado internacional (RT I 2002, 35, 217). En línea: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513112013009/consolide.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 39