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OPINIÓN La nueva ley para la resolución voluntaria de conflictos
La nueva ley para la resolución voluntaria de conflictos
Carmen MUÑOZ DE BENAVIDES
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la UMA
Diario La Ley, Nº 7840, Sección Tribuna, 18 Abr. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY
LA LEY 3366/2012
Con este artículo se pretende poner de relieve la importante reforma introducida por Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles recientemente aprobada y que ha entrado en vigor el 6 de marzo de 2012.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 2 de marzo ha aprobado un Real Decreto-Ley de Mediación Civil y Mercantil. Se pone, por tanto, a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible, económico y, sobre todo, práctico, que sirva para dar un paso más hacia la desjudicialización.
Entre las funciones de un Estado de Derecho se encuentra la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, consagrada en el art. 24 de nuestra Carta Magna. Dicha tutela judicial debe ser de calidad, capaz de resolver los conflictos que surgen en una sociedad como la actual, moderna y compleja.
La mediación, alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, es una forma voluntaria de resolución de controversias entre dos partes con la ayuda de una tercera persona, cualificada, imparcial y neutral que les guía en la consecución de un acuerdo por sí mismas, denominado mediador. El mediador, a diferencia del árbitro en el arbitraje, no tiene capacidad de decisión en la resolución del conflicto, ya que ésta corresponde por entero a las partes.
El objetivo del Real Decreto-Ley es dotar a la sociedad de un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible. Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio. Es un medio de solución de conflictos eficaz y económico cuya consecuencia será la reducción de los asuntos que actualmente se dirimen ante la jurisdicción ordinaria.
El Real Decreto-Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Si bien la Directiva se centra en los acuerdos de mediación transfronterizos, el Real Decreto-Ley conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España, y pretenda tener un efecto jurídico vinculante, si bien circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles, con expresa exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas.
La mediación, como veremos más adelante, se configura con carácter voluntario y de libre decisión por las partes, de forma que no se regula ninguna obligación legal de acudir a ella. No obstante, cuando el juez aprecie que en atención a la naturaleza del litigio éste podría resolverse de forma más ágil y menos costosa a través de la mediación, podrá instar a las partes a que se informen sobre la posibilidad de recurrir a la mediación.
Según manifiestan diversos estudios, los acuerdos de mediación —a los que se reconoce ejecutividad— tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes muy superior al de los laudos arbitrales y las sentencias. Por lo que nos encontramos ante una institución que está muy bien valorada y que seguramente va a ser bien recibida.
II. ESTRUCTURA DEL REAL DECRETO-LEY 5/2012, DE 5 DE MARZO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
Este Real Decreto-Ley se estructura en cinco títulos.
En el título I, sobre las disposiciones generales, se regula el ámbito material y espacial de la norma, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, así como las instituciones de mediación.
El título II enumera los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador.
El título IV regula el procedimiento de mediación, un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio.
El título V establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, ajustándose a las previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer diferencias con el régimen de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos cuyo cumplimiento se haya de producirse en otro Estado, para ello se requerirá su elevación a escritura pública como condición necesaria para su consideración como título ejecutivo.
Finalmente, se reforman: la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar la aplicación de la mediación dentro del proceso civil y para incluir los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos que llevan aparejada ejecución.
III. CONTENIDO DEL REAL DECRETO-LEY 5/2012, DE 5 DE MARZO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
Con respecto a las Disposiciones Generales, define el art. 1 el concepto de mediación como aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.
El art. 2 establece el ámbito de aplicación del RD-ley. Será de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable quedando excluida la mediación penal, con las Administraciones Públicas, laboral y de consumo.
Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquel en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable ( art. 3).
La mediación suspende la prescripción o caducidad de las acciones desde el momento en que se presenta la solicitud ante la institución de la mediación y se prolongará durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación.
Las instituciones de mediación ( art. 5) serán las instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades. Deberán dar publicidad de los mediadores que actúen en su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia.
Por lo que respecta a los principios informadores de la mediación, el art. 6 recoge el principio de voluntariedad y libre disposición. La mediación es voluntaria y nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. El art. 7 recoge el principio de imparcialidad e igualdad de las partes; el principio de neutralidad se recoge en el art. 8, y el de confidencialidad en el art. 9. A estos principios se añaden las reglas que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador ( art. 10). Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación de las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto.
El Estatuto del Mediador se recoge en los arts. 11 a 14.
Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida el ejercicio de su profesión. No obstante, deberá contar con una formación específica que se adquirirá a través de la realización de cursos impartidos por instituciones acreditadas. Deberá suscribir seguro de responsabilidad civil.
Entre las actividades que se le encomienda está la de facilitar la comunicación entre las partes, velar porque dispongan de información y asesoramiento suficiente, desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento con respecto a los principios recogidos en el Título II del RD-Ley... Podrá renunciar a desarrollar la mediación y deberá abandonar cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. En cualquier caso, deberá revelar cualquier circunstancia que afecte a su imparcialidad o genere conflicto de intereses.
El mediador responderá por los daños y perjuicios que en su actividad pueda causar por mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador.
El coste de la mediación, haya o no concluido con acuerdo, será satisfecho por ambas partes por igual, salvo pacto en contrario. Cabe exigir provisión de fondos.
Por lo que respecta al procedimiento ( arts. 16 a 24), se inicia por solicitud de común acuerdo entre las partes o por una de ellas en cumplimiento de un pacto de sumisión. Se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas.
Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un procedimiento judicial, las partes podrán solicitar de común acuerdo la suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal (por plazo de 60 días que se acordará siempre que no se cause perjuicio a tercero).
Recibida la solicitud, el mediador citará a las partes a una sesión informativa. La inasistencia por alguna de las partes se entenderá como desistimiento.
El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación. De la sesión constitutiva se levantará un acta que será firmada por las partes y por el mediador o mediadores. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.
El procedimiento será lo más breve posible y sus sesiones, las mínimas.
El acta final determinará la conclusión del procedimiento y reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa. Deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas.
El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación. En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de este Real Decreto-Ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento.
El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo ( art. 23.3in fine).
Determinadas actuaciones se podrán desarrollar por medios electrónicos si así lo acuerdan las partes. En cualquier caso, la mediación que consista en una reclamación de cantidad inferior a 600 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que alguna de las partes no pueda emplearlo.
Sobre la formalización del título ejecutivo, el art. 25 preceptúa que las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. Dicha escritura, a efectos de honorarios, se considerará «Documento sin cuantía».
Será competente para ejecutar el acuerdo de mediación, el Tribunal que homologó el acuerdo, si hay un proceso en curso. Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación.
No podrán ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a Derecho, de conformidad con lo establecido en el art. 28.
El art. 27 recoge la ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.
Mediante Disposición Final Primera se reforma la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación.
Igualmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica por Disposición Final Segunda. Es necesaria dicha reforma para facilitar la aplicación de la mediación dentro del proceso civil y para incluir los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos que llevan aparejada ejecución.
Con este nuevo Real Decreto-Ley se conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España, y pretenda tener un efecto jurídico vinculante, trasponiendo una Directiva comunitaria que debió haberse incorporado al ordenamiento jurídico español antes del 21 de mayo de 2011. Si bien pudiera parecer que un Real Decreto-Ley no es el tipo de norma adecuada para la trasposición de una Directiva, la Exposición de Motivos alega que el trascurso del plazo de incorporación justifica el recurrir a esta norma y ello con el objeto de poner fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea.
No obstante, y dada la premura, no se ha remitido el texto de la norma al Consejo General del Poder Judicial para informe preceptivo, lo que puede ser objeto de crítica por parte de los Jueces.
A pesar de esto, el contenido de esta normativa sobre resolución voluntaria de conflictos, a través de la mediación, no debe ser muy criticable y esperemos que sirva para modernizar la justicia y desjudicializar determinados asuntos.
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