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Timestamp: 2020-05-29 20:39:49+00:00

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El procedimiento de responsabilidad penal del menor – El blog del abogado blog
30/09/2019 01/10/2019 Alberto Infante Caballero
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, (en adelante, denominada LORPM) regula la exigencia de responsabilidad para aquellos menores de 18 años y mayores de 14 que hayan cometido hechos constitutivos de delito. El artículo 19 del Código penal fija la mayoría de edad penal en los 18 años y exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una ley independiente. La separación entre ambas normas no tiene otro sentido que remarcar las diferencias que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos.
Como destaca la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sus principios inspiradores son los siguientes:
Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento.
Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores.
Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores.
Control judicial de la ejecución de la sentencia.
Respecto a los principios del proceso, caben destacar:
Principio de presunción de defensa.
Atención y reconocimiento de los derechos de las víctimas y los perjudicados (derecho a ser informado en todo momento de aquellas resoluciones que afecten a su interés.
Uso flexible de del principio de intervención mínima.
La adopción de medidas cautelares requiere la solicitud de parte en audiencia contradictoria.
La fase de instrucción del proceso está atribuida al Ministerio fiscal y la fase de audiencia y la sentencia al Juez de Menores.
Los recursos ordinarios se atribuyen al conocimiento de las Audiencias provinciales.
2.- Principios reguladores.
La LORPM se aplicará para exhibir la responsabilidad de las personas mayores de 14 y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código penal o en las leyes penales especiales.
Las personas a las que se aplique dicha ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
2.1.- Competencia.
Corresponde a los Jueces de Menores, a los que también les corresponde la competencia para hacer ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas. Los jueces de menores serán también competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por los menores.
En cuanto a la competencia territorial, la Ley Orgánica 5/2000 establece que la misma corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, si bien también prevé la posibilidad de que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, estableciendo que la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento y la determinación de las entidades competentes para la ejecución de las medidas se hará teniendo en cuenta el domicilio del menor y, subsidiariamente, lo establecido en el artículo 18 de la LECrim.
La Ley Orgánica 8/2006 añade un nuevo apartado 4 al artículo 2 de la LORPM, disponiendo que la competencia para conocer de los delitos de los artículos 571 a 580 del Código Penal corresponderá al Juzgado Central de Menores. Asimismo, la DA 2º de la LO 8/2012, de 27 de diciembre, añade al citado apartado 4 del artículo 2 que corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero, cuando, conforme al artículo 23 de la LOPJ, corresponda su conocimiento a la jurisdicción española.
2.2.- Régimen de los menores de 14 años.
Cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad penal, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código civil y demás disposiciones vigentes.
El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto del menor, a fin de valorar su situación.
2.3.- Derechos de las víctimas y de los perjudicados.
Las víctimas y los perjudicados tendrán derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar aboga o instar el nombramiento de abogado de oficio.
Los que se personaren, podrán tomar conocimiento de lo actuado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar a las víctimas o perjudicados todas aquellas resoluciones que se adopten que puedan afectar a sus intereses.
En especial, cuando el Ministerio fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la LORPM, desista de la incoación del procedimiento, deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas.
2.4.- Bases de la responsabilidad penal de los menores.
Los menores serán responsables con arreglo a lo establecido en la LORPM, cuando hayan cometido hechos tipificados como delito en el Código penal o en las Leyes penales especiales y no concurra ninguna de las causas de exención de extinción de la responsabilidad criminal.
Las edades de aplicación de la referida LORPM han de entenderse siempre referidas al momento de la comisión de los hechos.
2.5.- Intervención del Ministerio Fiscal.
Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá la investigación de los hechos y ordenará a la policial judicial la práctica de las actuaciones necesarias para la comprobación de los mismos.
2.6.- Medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.
El artículo 7.1 de la LORPM regula las medidas que pueden imponer los jueces de menores.
2.6.1.- Internamiento en régimen cerrado.
Las personas sometidas a este régimen residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
2.6.2.- Internamiento en régimen semiabierto.
Las personas sometidas a este régimen residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.
2.6.3.- Internamiento en régimen abierto.
Las personas sometidas al mismo llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
2.6.4.- Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad.
2.6.5.- Tratamiento ambulatorio.
Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro asignado con la periodicidad requerida por los facultativos y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo, o alteración en la percepción que padezcan.
2.6.6.- Asistencia a un centro de día.
2.6.7.- Libertad vigilada.
En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo. Asimismo, esta medida obliga a seguir las pautas que señale la entidad pública o profesional encargado. Las reglas de conducta impuesta podrán ser alguna de las siguientes:
Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, acreditando ante el juez la misma.
Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de menores, para informar de las actividades realizadas.
2.6.9.- Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares y otras personas que determine el Juez.
Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares o personas que determine el juez o tribunal, impedirá al menor establecer con ellas contacto escrito, verbal o visual.
2.6.10.- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el tiempo establecido por el Juez, con otra persona, familia distinta a la suya o con grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquella en su proceso de socialización.
2.6.11.- Prestaciones en beneficio de la comunidad.
Esta medida no podrá imponerse sin el consentimiento de la persona, quien ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen.
2.6.12.- Realización de actividades socioeducativas.
La persona ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
2.6.13.- Amonestación.
Consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que de los mismos han tenido podrían haber tenido.
2.6.14.- Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.
La medida podrá imponerse cuando el delito se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o vehículo a motor, o arma.
2.6.15.- Inhabilitación absoluta.
Esta medida produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos durante el tiempo de la medida.
2.7.- Reglas generales de determinación de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.
El número 2 del artículo 7 de la LORPM dispone que las medidas de internamiento constarán de dos periodos: el primero, se llevará a cabo en el centro correspondiente; el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad efectuada por el juez. La duración total no podrá exceder del tiempo máximo establecido en la propia LORPM.
En cuanto a la determinación de la medida, el artículo 7.3 de la ley dispone que para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá entender de modo flexible, no sólo la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores.
Por último, el artículo 7.4 de la LORPM, también con relación a determinar la medida adecuada, dispone que el juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en la LORPM.
2.8.- Principio acusatorio.
El juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad consistentes en internamiento en régimen cerrado, internamiento terapéutico y permanencia de fin de semana, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se hubiera impuesto.
2.9.- Régimen general de aplicación y duración de las medidas.
Los apartados 3 y 4 del artículo 7 de la LORPM disponen que, para la elección de la medida o medidas adecuadas, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, y, asimismo, la posibilidad de que el juez pueda imponer al menor una o varias medidas de las previstas en la Ley.
No obstante lo dispuesto en los mencionados apartados 3 y 4 del artículo 7, el artículo 9 de la misma, Ley, dispone que la aplicación de las meddas se atendrá a las siguientes reglas:
Cuando los hechos cometidos sean calificados como delito leve, sólo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares que el juez determine hasta seis meses, y la realización de tareas socio-educativas hasta seis meses.
Tratándose de hechos tipificados como delitos menos graves, en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida.
Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciente o actuare al servicio de una banda, organización o asociación.
La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por menor en medida cautelar. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las 100 horas. La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana.
Cuando en la postulación del Ministerio Fiscal o en la resolución dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal de los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del Código penal. Sólo podrán aplicarse las medidas terapéuticas consistentes en internamiento terapéutico en régimen cerrado.
2.10.- Reglas especiales de aplicación de las medidas.
Cuando se trate de hechos que estén tipificados como delito grave por el Código penal o las leyes penales especiales, de hechos tipificados como delito menos grave y en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, el juez, oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, actuará conforme a las reglas siguientes:
Si, al tiempo de cometer los hechos, el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho máximo será de cinco años.
Si, al tiempo de cometer los hechos, tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de dieciséis fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista especial gravedad, el juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años.
Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 139, 179-180, y 571 a 580 del Código penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada pena de prisión igual o superior a 15 años, el juez deberá imponer las medidas siguientes:
Si al tiempo de cometer los hechos, el menor tuviera catorce o quince años, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.
Si al tiempo de cometer los hechos, el menor tuviera dieciséis o diecisiete años, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada con otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.
Las medidas de libertad vigilada referidas en dos apartados anteriores, deberán ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante del menor.
En el caso de que el delito sea de los delitos de terrorismo, el juez, sin perjuicio de otras medidas cautelares, también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta.
2.11.- Pluralidad de infracciones.
Los límites máximos de duración de medidas a imponer, serán de aplicación, aunque el menor fuera responsable de dos o más infracciones, en el caso de estas sean conexas o se trate de infracción continuada, así como cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones. No obstante, el juez, para determinar la medida a imponer, debe tener en cuenta el interés del menor y la naturaleza y el número de infracciones.
Si pese a que existiera conexión entre los hechos imputados, estos hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el último juez sentenciador señalará la medida o medidas que debe cumplir el menor.
Cuando alguno de los hechos imputados al menor sea o sean constitutivos de delito tipificado en los artículos 138, 139, 179 -180 y 571 a 580 del Código penal, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar la duración máxima de 10 años para los mayores de dieciséis para los mayores de 16 años, y de seis años para los mayores de 14, sin perjuicio de libertad vigilada.
Cuando el menor hubiera cometido dos o más infracciones sin conexión, le será de aplicación las normas previstas a la refundición de medidas impuestas.
A fines de lo previsto en el párrafo anterior, en cuanto el juez sentenciador tenga conocimiento de otras medidas firmes en ejecución impuestas al mismo menor por otros jueces de menores, y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes, ordenará al letrado que dé traslado del testimonio de su sentencio al juez que haya dictado la primera sentencia firme.
2.12.- Modificación de la medida impuesta.
El juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de éstos informe del equipo técnico, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra. En estos casos, el juez resolverá por auto motivado.
2.13.- Mayoría de edad del condenado.
Cuando el menor a quien se le hubiere puesto una medida de las establecidas en la LORPM alcanzase la mayoría de edad, continuará cumpliendo la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso.
Cuando se trate de una medida de internamiento en régimen cerrado, y el menor alcance los 18 años sin haberla finalizado, el Juez de menores, oídos los sujetos referidos en el apartado anterior, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme a la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
Cuando las medidas de internamiento en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido 21 años de edad, o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al llegar a esa edad, el Juez de menores, tras oír a los sujetos antes referidos, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme a la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estuvieren pendientes.
La medida de internamiento en régimen cerrado que imponga el juez de menores, se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General penitenciaria.
2.14.- Prescripción.
Los hechos delictivos cometidos por menores prescriben:
Con arreglo a las normas contenidas en el Código penal[1], cuando se trate de hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179-180, y 571 a 580 del Código penal.
A los cinco años, cuando se trate de un delito grave[2] sancionado en el código penal con pena superior a 10 años.
Al año, cuando se trate de un delito menos grave[3].
A los tres meses, cuando se trate de un delito leve.
Las medidas prescribirán:
A los tres años cuando tengan una duración superior a los dos años.
Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirán al año.
3.- Las fases del procedimiento.
En el procedimiento regulado en la LORPM, se distinguen dos fases: la fase de instrucción, y la fase de audiencia. La primera se practica por el Ministerio Fiscal y la segunda ante el Juez de menores.
3.1.- Fase de instrucción.
3.1.1.-Incoación del expediente.
Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código penal y leyes penales especiales.
Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el párrafo anterior, presuntamente cometido por un menor de 18 años, deberán ponerlo en conocimiento de del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, y practicará, en su caso, las diligencias pertinentes par la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones.
Una vez efectuadas las comprobaciones del párrafo anterior, el Ministerio fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al Juez de menores, quien iniciará las diligencias.
El Juez de Menores ordenará la apertura de la pieza separa de responsabilidad civil.
Cuando los delitos fueren cometidos conjuntamente por mayores y menores de edad, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa adoptará las medidas necesarias para el éxito de la actividad investigadora.
3.1.2.- Detención de menores.
Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle de los hechos que se le imputa, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a sus representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.
Toda declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor. El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad.
La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 520 bis.
Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Ministerio fiscal, éste habrá de resolver, en el plazo de 48 horas desde la detención, sobre la puesta en libertad del menor, o sobre la incoación del expediente.
El juez competente para el procedimiento de habeas corpus, será el juez de instrucción del lugar en el que se encuentre el menor y, en su defecto, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias del paradero del menor.
3.1.3.- Posibilidad de no incoación del expediente o sobreseimiento del mismo por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.
A) Desistimiento de la incoación de expediente en el ámbito educativo y familiar: el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, o delitos leves. En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para valorar la situación.
B) Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima: también podrá el Ministerio fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación grave en la comisión de los hechos.
El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o delito leve.
Se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado.
Una vez producida la conciliación, o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el delito cometido, el Ministerio fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.
En el caso de no cumplirse la reparación o actividad educativa, continuará la tramitación del expediente.
3.1.4.- Unidad del expediente.
El Ministerio Fiscal incoará un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo que sean delitos conexos.
Todos los procedimientos tramitados se archivarán en el expediente personal que del mismo se haya abierto en la Fiscalía.
3.1.5.- Remisión de las actuaciones al órgano competente.
Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los juzgados de menores, el fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano competente.
3.1.6.- Derechos del menor durante la tramitación del procedimiento.
Designar abogado que le defienda, o a que le sea asignado uno de oficio.
Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar la práctica de diligencias.
La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento.
El expediente será notificado al menor desde el momento mismo de su incoación.
3.1.7.- Notificación a los perjudicados.
El Ministerio fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder.
3.1.8.- Actuación instructora del Ministerio Fiscal.
Tendrá como objeto, tanto valorar la participación del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor.
El Ministerio fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor, y, en su caso, a quien haya ejercitado la acción penal, en un plazo no superior a 24 horas, tantas veces como aquél lo haya solicitado.
El Ministerio fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos.
3.1.9.- Secreto del expediente.
El Juez de menores, a solicitud del Ministerio fiscal, del menor o de su familia, podrá decretar mediante auto motivado el secreto del expediente durante la instrucción o durante un periodo de ésta.
3.1.10.- Acusación particular.
Podrán personarse en el procedimiento como acusadores particulares, salvo los actores civiles, las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que están los siguientes:
Instar la imposición de las medidas previstas en la ley de responsabilidad penal del menor.
Tener vista de lo actuado.
Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión.
Participar en la práctica de las pruebas, ya sean en fase de instrucción, ya sea en fase de audiencia.
Ser oído en todos los incidentes.
Ser oído en caso de modificación o sustitución de medidas impuestas al menor.
Formular los recursos procedentes previstos en la LORPM.
3.1.11.- Diligencias propuestas por las partes.
Las partes podrán solicitar del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias consideren necesarias. El Ministerio fiscal decidirán sobre su admisión, mediante resolución motivada que notificará al letrado y a quien en su caso en su caso ejercite la acción penal y que pondrá en conocimiento del Juez de menores.
No obstante, cuando alguna de las partes proponga que se lleve a efecto la declaración del menor, el Ministerio fiscal deberá recibirla en el expediente.
Si las diligencias propuestas pro las partes afectaren a derechos fundamentales del menor o de otras personas, el Ministerio fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se dirigirá al Juez de menores que resolverá sobre esta petición por auto motivado.
3.1.12.- Informe del equipo técnico.
Durante la instrucción del expediente, el Ministerio fiscal requerirá del equipo técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriores emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por otros 30.
El equipo técnico podrá proponer una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto aquellos aspectos del mismo que considere relevantes. De igual modo, informará sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación.
Asimismo, podrá el equipo técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención.
3.1.13.- Medidas cautelares.
El Ministerio fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor, o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar del juez la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado.
El juez de menores resolverá a instancia del Ministerio fiscal o de la acusación particular, en una comparecencia, la conveniencia de la adopción de la medida solicitada. En dicha comparecencia, el Ministerio fiscal y las partes podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de los veinte días siguientes.
El tiempo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento será de seis meses. Las medidas cautelares se documentarán en pieza separada del expediente. El tiempo de duración se abonará en su integridad.
3.1.14.- Conclusión de la instrucción y remisión del expediente.
Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela a las partes personadas, y remitirá al juzgado de menores el expediente, junto con las piezas de convicción y demás efectos que puedan existir.
En el mismo acto, propondrá el Ministerio fiscal la prueba de que intente valerse. Asimismo, podrá el Ministerio fiscal proponer la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso la conveniencia o no de la medida solicitada.
El ministerio fiscal podrá también solicitar del Juez el sobreseimiento de la causa.
3.2.- Fase de Audiencia.
3.2.1.- Apertura de la fase de audiencia.
Recibido el escrito de alegaciones y demás documentos que han de acompañarle, el Letrado de la Administración de Justicia los incorporará a las diligencias, y el Juez de Menores procederá a abrir el trámite de audiencia, para lo cual, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a quienes ejerciten la acción penal y la civil.
3.2.2.- Sentencia de conformidad.
Si el escrito de alegaciones de la acusación solicitara la imposición de alguna o algunas de las medidas consistentes en tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o las personas que el Juez determine, etc., y hubiere conformidad del menor y de su letrado y responsables civiles, el Juez de Menores dictará sentencia sin más trámites.
En dicha comparecencia, el Letrado de la Administración de Justicia informará al menor en lenguaje comprensible, de las medidas y responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal.
El Juez seguidamente preguntará al menor si se declara autor de los hechos, y si está de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase su conformidad, el juez podrá dictar resolución de conformidad. Si el letrado no estuviere de acuerdo, el juez resolverá sobre la continuación del procedimiento.
Si el menor estuviere conforme pero no con la medida solicitada, se suspenderá el trámite de la audiencia en lo relativo a este último extremo.
3.2.3.- Otras decisiones que puede adoptar el Juez.
A la vista de la petición del Ministerio fiscal y de los escritos de alegaciones de las partes, el juez adoptará alguna de estas decisiones:
Celebración de la audiencia.
Archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la entidad pública de protección de menores.
La remisión de las actuaciones al juez competente.
Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes y que hubieran sido denegadas por el fiscal durante la instrucción.
3.2.4.- Pertinencia de las pruebas y señalamiento de la audiencia.
El Juez de menores, dentro del plazo de cinco días desde la presentación de alegaciones del letrado del menor, y, en su caso, de los responsables civiles, o una vez transcurrido el plazo para la presentación sin efectuarla, acordará, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de pruebas propuestas, mediante auto de apertura de la audiencia, señalando el letrado de la AJ día y hora dentro de los 10 días siguientes.
3.2.5.- Asistentes y no publicidad de la audiencia.
La audiencia se celebrará con asistencia del Ministerio fiscal, de las partes personadas, del letrado del menor, de un representante del equipo técnico que haya evacuado el informe correspondiente, y del propio menor, el cual podrá estar acompañado de sus representantes legales, salvo que el juez acuerde lo contrario.
El juez podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la víctima, que las sesiones no sean públicas, y, en ningún caso, se permitirá que los medios de comunicación obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación.
3.2.6.- Celebración de la audiencia.
Cuando proceda la celebración de la audiencia, el juez invitará al Ministerio Fiscal, a quienes hayan ejercitado la acción penal, al letrado del menor y al actor civil y terceros responsables civilmente cuando proceda, a que manifiesten lo que tengan por conveniente.
Seguidamente, se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida, y la que, previa declaración de su pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose asimismo al equipo técnico sobre las circunstancias del menor.
En su caso, en este procedimiento se aplicará lo dispuesto en la legislación relativa a protección de testigos y peritos.
Si durante la audiencia el juez considera que el interés del menor aconseja que éste abandone la sala, podrá acordarlo motivadamente.
3.3.- Pieza separada de la responsabilidad civil.
Aunque la tramitación de la pieza separada de responsabilidad civil no constituye una fase del procedimiento, sí es una parte del mismo, que merece ser estudiada. El artículo 16 de la LORPM dispone que, cuando el Ministerio fiscal acuerde la incoación de un expediente a un menor, dará cuenta de dicha actuación al Juez de Menores.
Asimismo, el artículo 22.3 de la LORPM, dispone que el Ministerio fiscal notificará a quien comparezca como perjudicado, desde el momento en que así conste en la instrucción, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder.
Se tendrá que tramitar una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.
3.3.1.- Legitimación para exigir la responsabilidad civil en los procesos seguidos ante el Juzgado de Menores.
la acción para exigir responsabilidad civil se ejercitará por el Ministerio fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes, desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil.
3.3.2.- Personas responsables civiles y extensión de la responsabilidad civil.
Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.
Asimismo, los aseguradores que hubieran asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores, serán responsables civiles directos hasta el límite de las indemnizaciones legalmente establecidas.
3.3.3.- Tramitación de la pieza separada de responsabilidad civil.
Según dispone el artículo 64 de la LORPM, los trámites para exigir responsabilidad civil se acomodarán a estas reglas:
Tan pronto como el juez de menores reciba el parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una pieza separada de responsabilidad civil.
En la pieza de referencia, tramitada simultáneamente con el proceso principal, podrán personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto del Juez de Menores y del Ministerio fiscal.
El LAJ notificará al menor y a sus representantes legales su condición de posibles responsables civiles.
Una vez personados los presuntos responsables y perjudicados, el juez de menores resolverá sobre su condición de parte.
La intervención en el proceso se realizará en las condiciones que el Juez de menores señale con el fin de preservar la intimidad del menor.
4.1.- Plazo para dictar sentencia.
Finalizada la audiencia, el Juez dictará sentencia en un plazo máximo de 5 días.
4.2.- Contenido y registro de la sentencia.
La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente LOPJ, en su artículo 248.3, y, en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio fiscal, por las partes personas y por el letrado del menor.
En la misma sentencia se resolverá sobre la posibilidad civil derivada de delito, con el contenido indicado en el artículo 115 del Código penal[4]. También podrá ser anticipado oralmente l fallo al termino de las sesiones con arreglo al artículo 248.3 de la LOPJ. El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro.
Cada juzgado de menores llevará un registro de sentencias en el que se incluirán firmadas todas las definitivas.
4.3.- Suspensión de la ejecución del fallo.
El juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal, o del letrado del menor, y oídos éstos, así como el representante del equipo técnico y de la entidad de protección o reforma de menores, podrá acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia.
Las condiciones a las que estará sujeta la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia serán las siguientes:
No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serles aplicada medida en sentencia firme.
Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad.
Además, el juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa.
5.1.- Recurso de apelación contra sentencias.
5.1.1.- Objeto del recurso.
Las sentencias dictadas por los Jueces de menores y por el Juez Central de Menores en los procedimientos seguidos ante los mismos, regulados en la LORPM.
5.1.2.- Plazo y órgano ante el que se interpone recurso.
El recurso se interpondrá ante el juez que dictó sentencia en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
5.1.3.- Requisitos.
No establece la ley causa o motivo determinado para la interposición de este recurso. Tampoco existe ningún requisito formal en la ley.
5.1.4.- Legitimación.
Estarán legitimados para interponer el recurso quienes hayan sido parte en el proceso (Ministerio fiscal, perjudicados, letrado del menor, etc.).
5.1.5.- Órgano competente para su resolución.
Corresponde la resolución de los recursos contra sentencias dictadas por los Jueces de Menores a las Audiencias Provinciales correspondientes y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
5.1.6.- Tramitación.
Se resolverá previa celebración de vista pública salvo que en interés de la persona imputada o de la víctima, el juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista deberán asistir las partes y, si el tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores.
5.2.- Recurso de reforma.
El artículo 41.2 de la LORPM dispone que contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio órgano.
5.3.- Recurso de apelación contra autos.
5.3.1.- Objeto.
El artículo 41.3 de la LORPM establece que son susceptibles de recurso de apelación los siguientes autos:
Los autos que pongan fin al procedimiento.
Los autos en los que se resuelva el incidente de modificación de la medida impuesta, en el que el juez de oficio, o a instancia del Ministerio fiscal o del letrado del menor, deje sin efecto la medida impuesta, reduzca su duración o la sustituya por otra.
El auto resolutorio de petición de adopción de medidas cautelares.
El auto resolutorio de la petición de medidas cautelares en supuestos de exención de responsabilidad criminal[5].
El auto acordando suspensión de la ejecución del fallo de la sentencia.
Asimismo, el artículo 41.2 de la LORPM dispone que el auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de apelación.
5.3.2.- Órgano competente para su resolución.
Los órganos competentes son las Audiencias provinciales correspondientes.
5.3.3.- Tramitación.
El artículo 41.3 de la LORPM establece que la tramitación de estos recursos se ajustará a las normas que regula la LECrim para el procedimiento abreviado.
5.3.4.- Recursos contra las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia.
El artículo 41.5 LORPM dispone que contra las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia caben los mismos recursos que los expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se sustanciarán por lo previsto en ella.
5.4.- Recurso de casación para la unificación de doctrina.
5.4.1.- Resoluciones recurribles.
Son recurribles en casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias provinciales cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que el artículo 10 de la LORPM se refiere, el cual dispone que cuando se trate de hechos que estén tipificados como delito grave por el CP, o las leyes penales especiales, de hechos tipificados como delito menos grave y en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas o si los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuara al servicio de una banda, organización o asociación que se dedicare a la realización de tales actividades, el juez, oído el Ministerio fiscal, las partes y el equipo técnico, actuará conforme estas reglas:
Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 14 ó 15 años, la medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio a la comunidad, dicho máximo será de 150 horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana.
Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 16 ó 17 años, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio a la comunidad o permanencia de 16 fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con medida de libertad vigilad con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años.
Cuando el hecho sea constitutivo de algunos de los delitos tipificado en los artículos 138, 139, 179-180, y 571 a 580, del CP, el juez deberá imponer las medidas siguientes:
Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 14 ó 15 años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso, con otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.
Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 16 ó 17 años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso con otra de libertad vigilad con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración de la medida de internamiento.
En el caso de que el delito cometido sea alguno de los cometidos en los artículos 571 a 580 del Código penal (delitos de terrorismo), el juez también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta.
5.4.2.- Objeto del recurso.
El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en apelación que fuera contradictorias entre sí, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar a pronunciamientos contradictorios.
5.4.3.- Preparación del recurso.
El recurso podrá prepararlo el Ministerio fiscal o cualquiera de las partes que pretende la indicada unificación de doctrina dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional o Provincial.
El escrito de preparación deberá de contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con indicación de las sentencias aludidas.
5.4.4.- Tramitación ante la Audiencia Nacional o Provincial.
Si la Audiencia Nacional o provincial ante quien se haya preparado el recurso estimara acreditados los requisitos del apartado anterior, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá testimonio de las sentencias citadas a los tribunales que las dictaron.
5.4.5.- Interposición, sustanciación y resolución del recurso.
El recurso de casación se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo de aplicación en la interposición, sustanciación y resolución lo dispuesto en la LECrim.
6.- Principios generales en la ejecución de medidas.
6.1.- Principio de legalidad.
No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en la LORPM sino en virtud de sentencia firme dictad de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma. Tampoco podrá ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita.
6.2.- Control judicial.
La ejecución de las medidas se realizará bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente, salvo que, en virtud de lo previsto en los artículos 14 y 47 de la LORPM sea otro, el cual resolverá por auto motivado, oídos el Ministerio fiscal, el letrado del menor y la representación de la entidad pública que ejecute aquella sobre las incidencias que se pueda producir.
Para ejercer el control de la ejecución, corresponde al Juez de Menores las funciones siguientes:
Adoptar las decisiones necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las medidas impuestas.
Resolver las propuestas de revisión.
Conocer la evolución de los menores.
Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas.
Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados.
Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas de trabajo.
Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación la organización y régimen de ejecución.
Adoptar las resoluciones que les atribuya la ley[6].
Cuando por aplicación del artículo 14 de la LORPM, la medida de internamiento se cumpla en un establecimiento penitenciario, el Juez de Menores competente para la ejecución conservará la competencia para decidir sobre la pervivencia, modificación o sustitución de la medida.
6.3.- Competencia administrativa.
La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con a la D.A. 22ª de la LO 1/1995, de 15 de enero.
La ejecución de las medidas corresponderá a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia.
Las CCAA y Ciudades Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, privadas sin ánimo de lucro.
6.4.- Reglas para la ejecución.
6.4.1.- Liquidación de la medida y apertura del expediente de ejecución.
Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Menores competente para la ejecución, practicará la liquidación de la medida, indicando las fechas de inicio y terminación de la misma, con abono, en su caso, del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al interesado.
De la liquidación mencionada y del testimonio de particulares que el juez considere necesario y que deberá incluir los informes técnicos que obren en autos, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la entidad pública de protección o reforma de menores para el cumplimiento de las medidas acordadas.
Recibidos por la entidad el testimonio y la liquidación de la medida, aquélla designará de forma inmediata un profesional que se responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, y, si ésta fuera de internamiento, designará el centro más adecuado para su ejecución.
6.4.2.- Refundición de las medidas impuestas.
a) Si se hubieran impuesto al menor varias medidas en la misma resolución judicial, y no fuera posible su cumplimiento simultáneo, el juez competente para la ejecución ordenará su cumplimiento sucesivo, conforme a las reglas a las que se refiere el apartado e) de este epígrafe.
b) Si se hubieren impuesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más medidas de la misma naturaleza, el juez competente, previa audiencia del letrado del menor, refundirá dichas medidas en una sola, sumando la duración de las mismas, hasta el límite del doble de la más grave.
c) En caso de que, estando sujeto a la ejecución de una medida, el menor volviera a cometer un hecho delictivo, el juez competente para la ejecución, previa audiencia del letrado del menor, dictará la resolución que proceda en relación a la nueva medida que se haya impuesto.
d) A los fines de refundición de las medidas impuestas, cuando el juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes de ejecución, pendientes de ejecución o suspendidas condicionalmente, y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes, ordenará al Letrado de la Administración de Justicia que dé traslado del testimonio de su sentencia, por el medio más rápido posible.
e) Cuando las medidas de distinta naturaleza hubieran de ejecutarse directamente o resultantes de la refundición hubieren de ejecutarse directamente, se atenderá a los siguientes criterios:
La medida de internamiento en régimen cerrado se ejecutará con preferencia al resto de medidas de internamiento.
La medida de internamiento se cumplirá antes que las no privativas de libertad.
Las medidas de libertad vigilada del artículo 10 se ejecutarán una vez finalizado el internamiento en régimen cerrado.
En atención al interés del menor, el Juez podrá, previo informe del Ministerio fiscal, de las demás partes y de la entidad pública de reforma o protección, acordar motivadamente la alteración del orden de cumplimiento.
f) Lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio de que en el supuesto de que el menor alcanzase la mayoría de edad y pasase a cumplir el internamiento en centro penitenciario, quedarían sin efecto el resto de medidas a cumplir sucesivamente.
g) Cuando una persona que se encuentre cumpliendo una o varias medidas impuestas con arreglo a la LORPM sea condenada a una pena o medida de seguridad prevista en el Código penal o en leyes penales especiales, se ejecutarán simultáneamente aquéllas y éstas si fuere materialmente posible. No siendo posible, se cumplirá la sanción penal, quedando sin efecto la medida o medidas impuestas en aplicación de la LORPM.
6.4.3.- Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.
La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes relativos a aquél, las resoluciones que le afecten y el resto de la documentación.
Dicho expediente tendrá carácter reservado, y solamente tendrán acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad Autónoma, los jueces de menores competentes, el Ministerio fiscal y personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública.
6.4.4.- Informes sobre la ejecución.
La entidad pública remitirá al Juez de Menores y al Ministerio fiscal, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal de los menores.
En los indicados informes la entidad pública podrá solicitar del Ministerio fiscal la revisión judicial de las medidas en sentido de dejarla sin efecto, reducir su duración o sustituirla.
6.4.5.- Quebrantamiento de la ejecución.
Cuando el menor quebrantase una medida privativa de libertad, se procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus necesidades.
Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio fiscal podrá instar del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma naturaleza. Excepcionalmente el Juez de menores podrá sustituir la medida por otra de internamiento en régimen semiabierto.
Asimismo, el Juez de Menores acordará que el Letrado de la Administración de Justicia remita testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal.
6.4.6.- Sustitución de las medidas.
Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores competente para la ejecución podrá de oficio o a instancia del Ministerio fiscal, del letrado del menor o de la Administración competente, y oídas las partes, así como el equipo técnico y la representación de la entidad púbica de protección o reforma de menores, dejar sin efecto aquéllas o sustituirlas por toras que se estimen más adecuadas.
Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en régimen cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto o abierto, y el menor evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, podrá dejar sin efecto la sustitución. Igualmente, si la medida impuesta es de internamiento en régimen semiabierto y el menor evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá sustituirla por la de internamiento en régimen cerrado, cuando el hecho delictivo por el que se impuso, constituya delito grave, delito menos grave y en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación.
La conciliación del menor con la víctima podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio fiscal o del letrado del menor, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.
6.47.- Recursos contra las resoluciones dictadas durante la ejecución de las medidas.
Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier resolución adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido impuestas, lo presentará ante el Juez o el director del centro de internamiento.
El menor también podrá presentar un recurso ante el juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal su intención de recurrir al director del centro.
El letrado del menor también podrá interponer los recursos ante las autoridades indicadas en el párrafo anterior.
Si el juez de menores admitiese a trámite el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia recabará el informe del Ministerio fiscal, y, previa audiencia del letrado del menor, aquél resolverá el recurso en el plazo de dos días por auto motivado.
6.4.8.- Cumplimiento de la medida.
Una vez cumplida la medida, la entidad pública remitirá al Juez de Menores, al Ministerio fiscal y, si lo hubiere solicitado, también al letrado del menor, un informe final, y el Juez de Menores dictará auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa.
El juez, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal o del letrado del menor, podrá instar a la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores que se arbitren los mecanismos de protección del menor.
6.5.- Reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
El Capítulo III de la LORPM está destinado a regular las reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad, pudiendo destacarse los siguientes principios:
Las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan, se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria.
Toda actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad.
Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena.
Asimismo, también se establece en la Ley los deberes de los menores internados, implantando como obligaciones de éstos, la de permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente, a respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno, a observar las normas higiénicas y sobre vestuario y aseo personal.
También se establece un régimen disciplinario para corregir disciplinariamente a los internos, las sanciones que pueden imponerse y la posibilidad de recurso contra las resoluciones sancionadoras cuya resolución corresponde al Juez de menores.
[1] El artículo 131 del Código penal dispone que los delitos prescriben: Los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años. A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.
[2] El artículo 13.1 del Código penal dispone que son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. A este respecto, el artículo 33 del Código penal regula la clasificación de las penas y determina las penas graves, menos graves y leves.
[3] El artículo 13.2 del Código penal determina que son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, y, como se ha dicho anteriormente, el artículo 33 del Código penal regula la clasificación de las penas.
[4]El artículo 115 del CP estable lo siguiente: Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.
[5] La adopción de medidas cautelares en este supuesto está prevista en el artículo 29 de la LORPM
[6] Artículo 60 LORPM.
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