Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610674.html
Timestamp: 2019-03-20 23:32:41+00:00

Document:
as201610674
AUTO SUPREMO Nº 674/2016-RRC
Sucre, 12 de septiembre de 2016
Expediente : Beni 2/2016
Parte Imputada : Carlos Naggib Zeitun Oliva
Por memorial presentado el 7 de enero de 2016, cursante de fs. 977 a 988 vta., Carlos Rodolfo, Jorge Nelson, Glenda Celinda, Nancy y Ximena, todos de apellidos Oliva Oyola, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2015 de 25 de noviembre, de fs. 938 a 947, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, integrada por los Vocales Ramón Camargo Pedriel e Iván Carlos Candía Saavedra, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes contra Carlos Naggib Zeitun Oliva, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsedad de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203, con relación al 8, todos del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 13/2015 de 22 de mayo (fs. 800 a 806 vta.), el Tribunal de Sentencia de Riberalta del Distrito Judicial del Beni, declaró a Carlos Naggib Zeitun Oliva, absuelto de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP.
b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 818 a 820) y los acusadores particulares Carlos Rodolfo, Jorge Nelson, Glenda Celinda, Nancy y Ximena, todos de apellidos Oliva Oyola (fs. 838 a 847), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 13/2015 de 25 de noviembre, dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental del Beni, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la formulación de recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 401/2016-RA de 24 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
1) Los recurrentes alegaron que el Tribunal de alzada, al argumentar que como apelantes no habían identificado propiamente la forma o manera de la aplicación errónea o inobservancia de las normas sustantivas contenidas en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP, argumentando más propiamente una valoración errada de los medios de prueba, no tomaron en cuenta los Autos Supremos 85/2012-RA de 4 de mayo de 2012, 55/2014-RRC de 24 de febrero y 411/2014-RRC de 3 de septiembre, invocados a tiempo de su denuncia de inobservancia del art. 370 inc.1) del CPP, cuando correspondía ser valorado tomando en cuenta las normas previstas por los arts. 396 inc.3) del CPP y 17.II de la LOJ, considerando que si bien no se hubiese demostrado la autoría de los delitos establecidos en los tipos penales previstos en los arts. 198, 199 y 200 del CP, no se debió absolver el acusado por el delito de Uso de Instrumento falsificado.
2) Alegaron que en su apelación restringida se denunció el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque el Tribunal de Sentencia no señaló qué pruebas fueron las que no le permitieron conocer sobre la existencia o inexistencia de los hechos acusados, defecto reiterado en el Auto de Vista al acreditarse la falta de fundamentación al respecto, alegando nuevamente que el Tribunal de alzada no consideró la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 152/2013-RRC de 31 de mayo, 176/2012 de 16 de julio y 170/2013-RRC de 19 de junio de 2013, pues no ejerció la facultad de control y verificación de la correcta motivación de la Sentencia pese a la clara inobservancia del art. 124 del CPP y al deber impuesto por el art. 173 del CPP, de otorgar valor a cada uno de los elementos de prueba, específicamente las declaraciones de Rolando Saucedo Morales y Ademar Molina Mosquerira, además de las pruebas literales MP-D13, MP-D14, MP-D-25, PD-13 y PD-14.
3) Los recurrentes denunciaron que el Tribunal de alzada incurrió en una transgresión del debido proceso reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), al argumentar que la referencia realizada en la parte considerativa de la Sentencia, a la presunta aplicación de un procedimiento abreviado, sería un error de transcripción que no ameritaría la nulidad de la Sentencia, cuando en criterio de los recurrentes implicaría la existencia del defecto previsto por el inc. 8) del art. 370 del CPP.
Los recurrentes solicitaron que previa determinación de la existencia de contradicción en el Auto de Vista recurrido, se declare fundado su recurso dejando sin efecto la Sentencia 13/2015 de 22 de mayo, a efectos de que se pronuncie una nueva de acuerdo a la doctrina legal establecida y aplicable.
Mediante Auto Supremo 401/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 1014 a 1017 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Carlos Rodolfo, Jorge Nelson, Glenda Celinda, Nancy Oliva y Ximena, todos de apellido Oliva Oyola, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.
Concluido el juicio oral el Tribunal de Sentencia de Riberalta con la disidencia de uno de sus integrantes, declaró a Carlos Naggib Zeitun Oliva, absuelto de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP, argumentado que los acusadores no generaron la convicción de que el imputado sea autor de los ilícitos acusados, pues no se acreditó que los documentos de transferencia otorgados por Adhemar Molina Mosqueira a favor del acusado sean falsos o adulterados, tampoco se probó en la falsedad ideológica que se hubieran insertado declaraciones falsas o inexactas y finalmente respecto de estos dos tipos de falsedad se debía acreditar el perjuicio, situación no acontecida. Respecto del delito de Uso de Instrumento Falsificado, señalaron que por lógica simple debe acreditarse cualquiera de las falsedades, ya sea material o ideológica en instrumentos públicos o privados, para posteriormente evidenciarse con medios idóneos que el acusado hizo uso de dichos documentos a sabiendas; es decir, en pleno conocimiento de que eran falsos material o ideológicamente.
II.2.De la apelación restringida de los acusadores particulares.
Notificados los acusadores particulares, formularon recurso de apelación restringida, fundamentando los siguientes agravios: i) Se denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva que constituye defecto de procedimiento y nulidad absoluta, defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, con relación a los delitos previstos en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP, observando la extraña valoración del informe pericial de la perito del IDIF, con relación a lo testificado por el Notario 4to., respecto del delito de Falsedad Ideológica no se tomó en cuenta la declaración del testigo de cargo Ademar Molina Mosquera; asimismo, respecto del delito de Falsificación de Documento Privado pese a estar descrito tanto en la acusación fiscal como particular en la Sentencia no se hubiese referido nada al respecto; en cuanto, al Uso de Instrumento Falsificado no se consideró las pruebas MP-D13, MP-D14, MP-D25, PD-13 y PD-14, que acreditan que el acusado hizo uso de documentos falsificados, señalan también que no se consideró el daño ocasionado probado a través de las pruebas MP-D27, MP-D28 y MP-D29. Al respecto, pidieron se tome en cuenta lo establecido en los Autos Supremos 055/2014-RRC de 24 de febrero y 411/2014-RRC de 3 de septiembre de 2014; ii) Que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, alegando que la fundamentación descriptiva de las pruebas de cargo y descargo introducidas al Juicio y la fundamentación intelectiva de hecho y derecho deben hacer a la Sentencia; sin embargo, en la resolución apelada no se ubicaría la aplicación del art. 124 con relación al art. 173 del CPP, pues en la Sentencia se hubiese señalado que “…a las demás pruebas obtenidas en la etapa investigativa….”, sin precisar a qué pruebas en especifico se refieren, pidiendo se tome en cuenta lo establecido por los Autos Supremos 152/23-RRC de 31 de mayo, 176/2012 de 16 de julio de 2012 y 170/2013-RRC de 19 de junio; iii) Defectuosa valoración probatoria prevista en el inc. 6) del art. 370 del CPP, alegando que la fundamentación intelectiva del hecho y derecho de la sentencia transgredía lo establecido en el art. 173 del CPP; y, iv) La existencia de contradicción de la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia, vulnerando el inc. 8) del art. 370 del CPP, ya que en la Sentencia apelada se hubiese hecho mención a que el proceso se hubiera tramitado a través de: “Una audiencia de procedimiento abreviado el Ministerio Público, ha producido las siguientes pruebas” (sic); por lo que, debía tomarse en cuenta que si efectivamente se realizó un procedimiento abreviado no podía emitirse Sentencia absolutoria vulnerando lo previsto por el art. 373 del CPP, incurriendo en contradicción con la parte dispositiva.
La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dictó el Auto de Vista 13/2015 de 25 de noviembre, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas, señalando entre sus argumentos lo siguiente:
Precisados los alcances de la apelación restringida y resuelto el recurso del Ministerio Público, en el acápite tercero del Auto de Vista recurrido se procede a resolver la apelación restringida de los recurrentes señalando que: i) En cuanto al primer agravio se estableció que la parte recurrente pretendió fundar su recurso en la causal prevista en el inc. 1) del art. 370 del CPP, refiriéndose de manera exclusiva a una supuesta mala valoración de la prueba, además de los tipos penales investigados, más concretamente a la subsunción de los presuntos hechos a éstos, pero sin identificar propiamente la forma o manera de su aplicación errónea o inobservancia de las normas sustantivas establecidas en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP; toda vez, que lo alegado se referiría más propiamente a una presunta valoración errada de los medios probatorios producidos en juicio; por lo que, en cumplimiento del art. 398 del CPP, no correspondía considerarse lo denunciado en este punto; ii) Respecto de la denuncia del defecto de la Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, se concluyó que la parte recurrente no individualizó de manera específica, sobre qué puntos concretos no se realizó la fundamentación extrañada, correspondiendo en todo caso aplicar la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo 194/2015-RRC de 19 de marzo; iii) En lo que respecta al defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la parte recurrente solamente se abocó a realizar una crítica genérica a los fundamentos de los juzgadores, observándose que se desconociera cuál hubiere sido el valor que los miembros del Tribunal de Sentencia, hubiesen otorgado a cada una de ellas, pero sin establecer e identificar, cual el valor probatorio que le pudiere corresponder a las pruebas que refiere de manera genérica y en su caso la incidencia que tendría como fundamento para demostrar que el acusado subsumiría su conducta a los tipos penales investigados, esto a fin de valorar la trascendencia del defecto, citando al efecto el Auto Supremo 194/2015-RRC de 19 de marzo; y, iv) Sobre la contradicción de la Sentencia, evidentemente existiría un subtítulo de la “Descripción Probatoria, se establecería que en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público ha producido las pruebas…”, cita que no refleja veracidad del procedimiento, pues no fue así; toda vez, que la Sentencia se dictó en juicio oral, público y contradictorio; y, no en un juicio en procedimiento abreviado, argumento que resulta fuera de lugar, con la finalidad de pretender anular la sentencia; por lo que, de la revisión de los fundamentos íntegros de la Sentencia, se evidencia que se debió a un error de transcripción, en esa parte de la resolución impugnada; por cuanto, en su considerando de fs. 801 de manera clara se establece que instalada la audiencia de juicio oral y público, se efectuaron todas las actuaciones inherentes a este y así de manera congruente la relación de todos estos actuados, como así la producción de la prueba introducida legalmente al juicio dictan sentencia conforme a lo resuelto, correspondiendo sólo a una irregularidad subsanable.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS
En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por los acusadores particulares, ante su denuncia de que el Auto de Vista de manera errónea observó: i) Que, como apelantes no habrían identificado propiamente la forma o manera de la aplicación errónea o inobservancia de las normas sustantivas contenidas en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP; al respecto, no se hubiese tomado en cuenta que si bien no se acreditó la autoridad de las falsedades, no se debió absolver el acusado por el delito de Uso de Instrumento Falsificado; ii) Falta de fundamentación del Auto de Vista a tiempo de resolver la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, pues no ejerció la facultad de control y verificación de la correcta motivación de la Sentencia pese a la clara inobservancia del art. 124 del CPP y al deber impuesto por el art. 173 del CPP, de otorgar valor a cada uno de los elementos de prueba, específicamente las declaraciones de Rolando Saucedo Morales y Ademar Molina Mosquerira, además de las pruebas literales MP-D13, MP-D14, MP-D-25, PD-13 y PD-14; y, iii) Incongruencia de la sentencia en cuanto a la referencia realizada en la parte considerativa, referida a la presunta aplicación de un procedimiento abreviado, motivo que fue resuelto con el argumento de la existencia de un error de transcripción que no ameritaría la nulidad de la Sentencia.
III.1.En cuanto a la denuncia vinculada al defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP.
En el primer motivo, los recurrentes refieren que ante la denuncia de infracción del inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada de manera incorrecta observó que su recurso de apelación restringida no identificó la forma o manera de la aplicación errónea o inobservancia de las normas sustantivas contenidas en los arts. 198, 199, 200 y 203, sino que se hubiere efectuado un argumentando más propiamente referido a una valoración errada de los medios de prueba, argumento que a decir de los recurrentes no tomó en cuenta las normas previstas por los arts. 396 inc. 3) del CPP y 17.II de la LOJ, ni los precedentes contenidos en los Autos Supremos 85/2012-RA de 4 de mayo de 2012, 55/2014-RRC de 24 de febrero y 411/2014-RRC de 3 de septiembre, considerando que si bien no se hubiese demostrado la autoría de los delitos establecidos en los tipos penales previstos en los arts. 198, 199 y 200 del CP, no se debió absolver el acusado por el delito de Uso de Instrumento Falsificado.
Respecto de los precedentes invocados en el presente motivo se tiene que el Auto Supremo 85/2012-RA de 4 de mayo, fue emitido dentro de un proceso por el delito de Allanamiento de Domicilio y otro, teniéndose como antecedente generador de doctrina legal, la observación de que el Tribunal de Alzada, no obstante la denuncia expresa formulada por la apelante se limitó a realizar una revisión superficial e inadecuada del memorial de recurso de apelación restringida, sólo con respecto a los requisitos formales, sin cumplir su verdadera labor de control de todo lo obrado, donde tiene la posibilidad de constatar la existencia o no de defectos absolutos que no pueden ser convalidados por imperio del art. 169.3 del CPP; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Constituyendo un derecho fundamental el `derecho de impugnación´, conforme garantiza el 180.II de la CPE que coincide con art. 8.2 inc. h) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Tribunales de Alzada que conozcan recursos de apelación restringida, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso, revisando que el mismo se haya desplegado sin la concurrencia de vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales, que según el art. 169.3 del CPP constituyen defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación; empero, estos tienen que ser denunciados al interior del proceso”.
También se invoca el Auto Supremo 55/2014-RRC de 24 de febrero, emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Falsedad Material y otros, que estableció que la falta de acreditación de la autoría en delitos de falsedad no puede afectar a la subsunción del ilícito de Uso de Instrumento Falsificado, pues sólo es necesario acreditar que a sabiendas de su falsedad es utilizado por el imputado; al respecto, se tiene que la resolución invocada no contiene doctrina legal aplicable por haber declarado infundado el recurso de casación, consiguientemente no corresponde su contraste.
Por último, en el motivo se invoca el Auto Supremo 411/2014-RRC de 3 de septiembre, emitido dentro de un caso por el delito de Falsedad Ideológica y otros, teniéndose como antecedente generador de doctrina legal la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva señalando que, el Tribunal de Sentencia absolvió a los imputados por los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados en los arts. 199 y 203 del CP, con el argumento de que no existiendo Falsedad Ideológica, no puede hablarse de Uso de Documento Falso; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “….se establece que el tipo penal de uso de instrumento falsificado (art. 203 del CP), es un delito de pura actividad e instantáneo, pues éste se consuma el momento en que el autor hace uso de un documento falso o adulterado, esto es, con la sola realización de la conducta, razón por la que es erróneo sostener que se trate de un delito permanente, ya que se confunde la posibilidad de estar frente a un concurso ideal homogéneo (el documento falso o adulterado puede ser utilizado sucesivamente) con la conducta típica sancionada (hacer uso del documento), que como se dijo se agota con la pura actividad y de manera instantánea…” de igual manera respecto del perjuicio en este tipo de delitos se estableció, que;”… ; en los tipos penales de falsedades contenidos en el Libro Segundo, Título IV, capítulo III del Código Penal no se requiere la producción de un daño y perjuicio efectivo, es por ello que resulta exigente un estudio profundo de cada uno de los elementos del tipo analizado con relación al hecho delictivo en particular para poder establecer la culpabilidad sobre una persona, así como de aquellos supuestos que hacen determinar la voluntad del sujeto activo para actuar; el art. 203 del CP, señala: `El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad´, en principio, este precepto penal, incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico, Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la `Falsificación de Documentos en General´ del Código Penal, tiene como verbo rector del tipo penal, hacer uso del documento falso con conocimiento de su falsedad; el referido precepto normativo penal está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso, esta figura penal está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.”.
Teniendo identificados los precedentes que permiten efectuar la labor de contraste solicitada al ser similares en cuanto al agravio traído en casación corresponde establecer si efectivamente existe la contradicción alegada, la denuncia en concreto refiere que el Tribunal de alzada efectuó un incorrecto control del primer motivo de apelación, alegando que no sería evidente que su recurso no cumpliera con la fundamentación precisa de vulneración del inc. 1) del art. 370 del CPP.
Al respecto, se tiene que el Tribunal de alzada efectuando una apreciación restringida del motivo apelado, concluyó que no se realizó una correcta argumentación respecto de la casual invocada pues, el agravio se fundó en la causal prevista en el inc. 1) del art. 370 del CPP, cuando al contrario de manera exclusiva, se hubiese objetado una supuesta mala valoración de la prueba además de los tipos penales investigados, más concretamente a la subsunción de los presuntos hechos a éstos, pero sin identificar propiamente, la forma o manera de su aplicación errónea o inobservancia de las normas sustantivas establecidas en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP; toda vez, que lo alegado se referiría más propiamente a una presunta valoración errada de los medios probatorios producidos en juicio; por lo que, en cumplimiento del art. 398 del CPP, no correspondía considerarse lo denunciado en este punto. Conclusión que no resulta acorde a los antecedentes cursantes en el proceso, ya que respecto de este motivo se tiene que los recurrentes cumplieron con la carga argumentativa que permite al Tribunal de alzada efectuar el control legal sobre la Sentencia apelada, así se tiene cuando la parte apelante en ese momento denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, con relación a los delitos previstos en los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP, argumentó una presunta extraña valoración del informe pericial de la perito del IDIF con relación a lo testificado por el Notario 4to; asimismo, precisión que no se tomó en cuenta la declaración del testigo de cargo Ademar Molina Mosquera, igualmente se observó que respecto del delito de Falsificación de Documento Privado que pese a estar descrito tanto en la acusación fiscal como particular en la Sentencia no se hubiese referido nada al respecto y finalmente en cuanto al Uso de Instrumento Falsificado no se consideraron las pruebas MP-D13, MP-D14, MP-D25, PD-13 y PD-14, que acreditaban que el acusado hizo uso de documentos falsificados, estos argumentos resultan suficientes para que el Tribunal de alzada pueda ingresar a verificar el fondo de lo alegado; es decir, si en base a las observaciones efectuadas se generó o no la infracción o incorrecta aplicación de los tipos penales acusados.
Se debe tener presente, que la Constitución Política del Estado, resguarda el derecho a la impugnación, que se encuentra reconocido en el art. 180.II que refiere que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 8 señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”; además, en el art. 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho “de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior” y en su art. 25 refiere que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; derecho que posibilita –a decir del profesor Alcalá Zamora- que las partes realicen actos procesales, orientados a obtener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos, y un nuevo procedimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador estima no ajustada a derecho, sea en el fondo o en la forma, o que considera errónea en cuanto a la fijación de los hechos.
Consecuentemente, se advierte la contradicción denunciada del Auto de Vista recurrido en cuanto al presente motivo y lo sentado en la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 85/2012-RA de 4 de mayo, respecto a que pese a la denuncia expresa formulada por la recurrente, el Tribunal de alzada se limitó a realizar una observación general e inadecuada del memorial de recurso de apelación restringida, sin cumplir su verdadera labor de control de todo lo obrado.
Respecto de los Autos Supremos 55/2014-RRC de 24 de febrero y 411/2014-RRC de 3 de septiembre, conforme los argumentos expuestos precedentemente, al no existir un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal de alzada respecto a la denuncia de vulneración de la norma sustantiva en cuanto a los delitos acusados, no corresponde efectuar un control sobre la aplicabilidad o no de éstos, pues en todo caso será el Tribunal de alzada a tiempo de la emisión de un nuevo Auto de Vista recurrido el encargado de considerarlos para asumir la decisión que en derecho corresponda.
III.2.Sobre la denuncia de falta de control y verificación de la correcta motivación de a Sentencia.
En el segundo motivo de casación los recurrentes alegaron que en su apelación restringida se denunció el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque el Tribunal de Sentencia no señaló qué pruebas fueron las que no le permitieron conocer sobre la existencia o inexistencia de los hechos acusados, defecto reiterado en el Auto de Vista al acreditarse la falta de fundamentación al respecto, pues el Tribunal de alzada no ejerció la facultad de control y verificación de la correcta motivación de la Sentencia pese a la clara inobservancia del art. 124 del CPP y al deber impuesto por el art. 173 del CPP de otorgar valor a cada uno de los elementos de prueba, específicamente a las declaraciones de Rolando Saucedo Morales y Ademar Molina Mosquerira, además de las pruebas literales MP-D13, MP-D14, MP-D-25, PD-13 y PD-14.
Para fundar esta denuncia, los recurrentes invocaron el Auto Supremo 152/2013-RRC de 31 de mayo, emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Homicidio y otros, teniéndose como argumento para dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido la evidencia de que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, no ejerció la facultad de control y verificación de la correcta motivación de la Sentencia, ante la clara inobservancia del art. 124 del CPP y principalmente de la valoración de la prueba, pese al incumplimiento del Juez de Sentencia al deber impuesto por el art. 173 del CPP; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El orden constitucional establecido en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso, dentro del cual se encuentra inmerso el deber de fundamentación instituido en el art. 124 del CPP, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, siendo obligación de todo Juez o Tribunal que dicte una resolución, el de exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, mandato que en caso de ser incumplido, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en la práctica se torna en una decisión de hecho, más no de derecho que vulnera al debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones, los motivos o las argumentaciones jurídicas de la decisión adoptada por un tribunal de justicia a fin de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.
En ese sentido, esta Sala, conforme a la doctrina y jurisprudencia internacional referida al deber de fundamentación de las resoluciones, que ha sido recogida en Resoluciones precedentes, estableció en el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril, que: De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.
La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando porque considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.
Asimismo, los recurrentes invocaron el Auto Supremo 176/2012 de 16 de julio, emitido dentro de un proceso seguido por los delitos de Allanamiento y otros, teniéndose como antecedente generador de doctrina legal la denuncia de que el Tribunal Alzada vulneró el debido proceso puesto que pese a señalar el Auto de Vista que en la Sentencia concurrió el agravio referido a la prueba testifical al ser la motivación insuficiente y no encontrarse explicitadas las reglas de la sana crítica, la lógica y la psicología, no procedió a anular el fallo apelado; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “En los casos que el Tribunal de Alzada advierta la insuficiente fundamentación intelectiva en la Sentencia que vulnere la previsión del art. 173 del Código de Procedimiento Penal, y sea evidente que no puede resolver directamente por tratarse de una problemática cuya resolución está sujeta en su consideración al principio de inmediación; en aplicación del primer parágrafo del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, deberá disponer la anulación total de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio”.
También, invocaron el Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio, emitido dentro de un caso seguido por los delitos de Falsedad Material y otros, teniéndose como antecedente la denuncia de que el Tribunal de alzada; no realizó un control legal sobre la labor desplegada por el A quo en la fundamentación de la Sentencia; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:”…Por su parte el art. 124 del CPP, determina que: `las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes´. Esta norma adjetiva, impone a los Jueces y Tribunales, la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones, labor ineludible que debe plasmarse en sus resoluciones, sin que la misma pueda ser suplida con una simple relación de actuados procesales o la petición de las partes; la omisión a este deber implica un desconocimiento de los derechos y garantías, previstos por la Constitución Política del Estado, que según el art. 169 inc. 3) del adjetivo citado, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación”
Identificados los precedentes, en el caso de autos, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada, emitió el Auto de Vista sin la debida fundamentación, pues incumplió su labor de control legal sobre la Sentencia, ratificando y confirmando una resolución carente de fundamentación probatoria.
Ahora bien, de la verificación de los antecedentes a fin de establecer la concurrencia o no de la contradicción denunciada, se tiene primero de la revisión del recurso de apelación restringida formulado por los recurrentes, que se alegó el defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, señalando que la fundamentación descriptiva de las pruebas de cargo y descargo introducidas al Juicio y la fundamentación intelectiva de hecho y derecho, fueron incumplidas en la resolución apelada vulnerando los arts. 124 y 173 del CPP, pues no se hubiese señalado qué pruebas en específico fueron las que no generaban la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, así también se denunció la defectuosa valoración probatoria, prevista en el inc. 6) del art. 370 del CPP, alegando que la fundamentación intelectiva del hecho y derecho de la sentencia transgredía lo establecido en el art. 173 del CPP, agravios que fueron resueltos por el Tribunal de alzada argumentando que respecto de la denuncia del defecto de la Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, la parte recurrente no individualizó de manera específica, sobre qué puntos en concreto no se realizó la fundamentación extrañada y en lo que respecta al defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la parte recurrente solamente se hubiese abocado a realizar una crítica genérica a los fundamentos de los juzgadores, sin establecer e identificar cuál el valor probatorio que le pudiera corresponder a las pruebas que refiere de manera genérica y en su caso la incidencia que tendría como fundamento para demostrar que el acusado subsumiría su conducta a los tipos penales investigados.
Estas conclusiones no cumplen con el art. 124 del CPP; es decir, una correcta fundamentación de los agravios subidos en apelación, pues resulta una argumentación evasiva, incurriendo en un evidente vicio de falta de motivación que afecta al deber de fundamentación, vulnerando el debido proceso, ya que no se puede alegar el cumplimiento de dicha exigencia -debida fundamentación – con argumentos que no responden a lo planteado, siendo claro que se pidió se verifique si existe valoración intelectiva en la sentencia y en cuanto a las prueba se establezca si existió una correcta valoración respecto de las testificales de Rolando Saucedo Morales y Ademar Molina Mosquerira, además de las pruebas literales MP-D13, MP-D14, MP-D-25, PD-13 y PD-14, por lo que siendo claros los agravios, correspondía al Tribunal de alzada resolverlos de manera fundada.
Se tiene de lo argumentado en la resolución recurrida, que al no haber ingresado a resolver el fondo de lo apelado impide a este Tribunal efectuar la labor encomendada por ley; es decir, verificar si el Tribunal de alzada realizó un correcto control legal sobre los presuntos vicios de la Sentencia que formaron parte de la apelación restringida de los querellantes, pues de lo descrito supra se tiene un análisis carente de consideraciones argumentativas que servirán de sustento para una respuesta clara a los apelantes y sepan del porqué se asumió una determinada decisión, en conclusión se extraña una motivación y explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué no es evidente que la Sentencia emitida contenga vicios de nulidad en el caso concreto, resultando en consecuencia evidente la vulneración alegada por la parte recurrente, correspondiendo declarar fundado el presente agravio al haberse advertido la contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, al no haber cumplido el Tribunal de alzada su labor de control legal de la Sentencia y de establecer fundadamente si fue emitida conforme a los parámetros de legalidad previstos en la normativa procesal penal.
Finalmente, en cuanto a las denuncias de defectuosa valoración probatoria, el Tribunal de alzada deberá tomar en cuenta que el sistema procesal adopta el método de valoración probatoria -bajo el principio de libertad probatoria-, que exige una adecuada fundamentación de la sentencia que permita controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego, pues bien los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, tienen el deber de indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en el raciocinio, de modo que el Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano.
III.3.En relación a la denuncia referida a la mención de un procedimiento abreviado.
Finalmente en el tercer motivo de casación, se denunció que el Tribunal de alzada incurrió en una transgresión del debido proceso reconocido por el art. 115.II de la CPE, al argumentar que la referencia realizada en la parte considerativa de la Sentencia, a la presunta aplicación de un procedimiento abreviado, sería un error de transcripción que no ameritaría la nulidad de la Sentencia, cuando en criterio de los recurrentes implicaría la existencia del defecto previsto por el inc. 8) del art. 370 del CPP.
Sobre la contradicción alegada, el Tribunal de alzada señaló que evidentemente existía en la Sentencia un subtítulo que refería: “Descripción Probatoria, se establecería que en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público ha producido las pruebas…”; que no reflejaba la veracidad del procedimiento, porque la Sentencia se dictó en juicio oral, público y contradictorio y no en un juicio en procedimiento abreviado, argumentando sin embargo de la revisión de los fundamentos íntegros de la Sentencia, que se debió a un error de transcripción; toda vez, que en su considerando de fs. 801, la Sentencia de manera clara estableció que quedaba instalada la audiencia de juicio oral y público efectuándose todas las actuaciones inherentes a este y así de manera congruente la relación de todos estos actuados, como la producción de la prueba introducida legalmente al juicio dictando sentencia conforme a lo resuelto, correspondiendo sólo a una irregularidad subsanable. De lo referido por el Tribunal de alzada y verificados los antecedentes cursantes en autos, se tiene que evidentemente la cita referida a un trámite de presunto “procedimiento abreviado”, obedece a una errónea consignación en la Sentencia que de ninguna manera afecta en su legalidad y menos genera un defecto absoluto insubsanable, al carecer de relevancia que haga razonable acoger el reclamo formulado, mas al contrario oportunamente se pudo solicitar la enmienda establecida en el art. 125 del CPP, para su corrección; por lo tanto, este motivo deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Rodolfo, Jorge Nelson, Glenda Celinda, Nancy y Ximena, todos de apellidos Oliva Oyola, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 13/2015 de 25 de noviembre, disponiendo que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

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