Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-01193-de-agosto-1-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e5bad3d046be0056e0430a0101510056&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-15 02:31:00+00:00

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SENTENCIA 2013-01193 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:EL SOBRESUELDO CONSTITUYE FACTOR DE SALARIO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPEC. SE AMPARARÁ EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DEL ACCIONANTE, EN TANTO SE OBSERVA QUE EN LA PROVIDENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ACCIONADO INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO, AL TOMAR UNA DECISIÓN CONTRARIANDO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE REGULA EL TEMA PRESTACIONAL DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA NACIONAL, PUES NO TUVO EN CUENTA QUE EL SOBRESUELDO FUE DEVENGADO POR EL ACCIONANTE EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO Y EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN EL DECRETO 446 DE 1994, ESTE EMOLUMENTO CONSTITUYE FACTOR DE SALARIO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE VEJEZ DEL HOY ACTOR EN TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, PENSIÓN DE VEJEZ, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN
Sentencia 2013-01193 de agosto 1º de 2013
Rad.: 11001-03-15-000-2013-01193-00(AC)
Actor: Javier de Jesús Alzáte Acevedo
Decide la Sala la acción de tutela presentada por Javier de Jesús Álzate Acevedo, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
El señor Javier de Jesús Álzate Acevedo, por conducto de apoderado judicial en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la decisión adoptada el 30 de abril de 2012, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el hoy el actor contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.
Indicó que laboró al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, desde el 7 de mayo de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2008, y de conformidad con las disposiciones que regulan el régimen prestacional y pensional del personal de cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, el 7 de junio de 2004, adquirió el estatus pensional por haber cumplido el tiempo de servicio de 20 años.
Señaló que la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, mediante Resolución 48688 de 5 de octubre de 2007, le reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación en cuantía de $686.048.90, a partir del 1º de enero de 2006, aplicando el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el cual la base para liquidar la pensión, corresponde al “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliando durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión”.
Inconforme con la anterior decisión, mediante escrito de 14 de julio de 2009, solicitó a la entidad demandada que procediera a reliquidar el monto de su pensión, teniendo en cuenta el promedio mensual del salario que devengó en el último año de servicio, toda vez que le era aplicable el régimen pensional especial establecido en los artículos 1º, 2º, 86 y 114 de la Ley 32 de 1986 y 1º, 126, 168, 184 del Decreto 407 de 1994.
Manifestó que Cajanal mediante Resolución PAP 003100 de 12 de febrero de 2010, ordenó la reliquidación del monto de su pensión en cuantía de $896.201, así como determinó que el pago debería hacerse a partir del 1º de enero de 2009.
En virtud de lo anterior formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Único Administrativo de Cartago-Valle del Cauca, quien mediante sentencia de 12 de abril de 2011 accedió a las pretensiones de la demanda ordenando a la entidad demandada reliquidar su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Considera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en defecto material o sustantivo, porque no le aplicó las disposiciones especiales que regulan el régimen prestacional de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que le otorgan al sobresueldo la naturaleza de factor salarial.
Mediante providencia del 6 de junio de 2013, se ordenó la notificación a las partes accionadas y se puso en conocimiento la admisión de la demanda de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso (fls. 104-105).
Surtidas las comunicaciones de rigor, el Juzgado Primero Oral Administrativo de Cartago-Valle del Cauca (fls. 116-120) manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de excluir como factor el sobresueldo devengado por el actor a pesar de que este fue reconocido por Cajanal EICE en vía gubernativa, y no era objeto de discusión en el proceso, incurrió en defecto fáctico, que hace procedente el amparo de tutela.
Afirmó que el sobresueldo fue reconocido como factor pensional en el procedimiento administrativo, tal y como se desprende de la Resolución PAP 0031000 de 12 de febrero de 2010, proferida por Cajanal, por lo que no es viable, por vía judicial desmejorar los derechos reconocidos en el procedimiento administrativo, más aún cuando éstos no son objeto de la litis, puesto que en el presente caso Cajanal no fue quien presentó la demanda ni reconvino, situaciones en las cuales habría sido posible examinar la legalidad de la inclusión del sobresueldo como factor pensional.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante escrito visible a folios 121-122, señaló que la acción de tutela por su naturaleza residual y subsidiaria, sólo procede en forma excepcional contra providencias judiciales por la ocurrencia de una vía de hecho, cuando el juez en forma arbitraria y caprichosa y con fundamento en su sola voluntad actúa en absoluta desconexión del ordenamiento jurídico, situación que no se presenta en el caso sub examine, pues al tutelante no se le ha violado derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que tanto las actuaciones procesales como el fallo se encuentran ajustados a derecho.
En virtud de lo anterior, solicita negar por improcedente la acción de tutela instaurada por Javier de Jesús Álzate Acevedo.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la Sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, indicando que ésta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: 1. defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; 2. defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; 3. defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, 4. defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Tales presupuestos son: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez: es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: con fundamento en este presupuesto, se precisa que la irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: indica la Corte que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f) Que no se trate de sentencias de tutela: lo anterior se justifica bajo el riguroso proceso de selección que hace la corporación.
Al respecto, indica los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga: a) Defecto orgánico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia b) Defecto procedimental absoluto: que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia de 30 de abril de 2012, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, del señor Javier de Jesús Alzate Acevedo.
En síntesis, el accionante plantea la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, por cuanto considera que la sentencia de 30 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en defecto material o sustantivo, porque no le aplicó las disposiciones especiales que regulan el régimen prestacional de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que tienen en cuenta al sobresueldo como un factor de salario.
Agregó el accionante que la referida providencia cometió un defecto fáctico al no tener en cuenta su certificación de factores salariales expedida por el Inpec y allegada al proceso ordinario, con la cual se demostraba que el sobresueldo que devengaba era factor de salario y debía incluirse en la base de liquidación de su pensión.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se destacan a continuación los siguientes hechos relevantes:
• El señor Javier de Jesús Alzate Acevedo, laboró al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, desde el 7 de mayo de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2008, y su último cargo fue de Dragoneante código 4114, grado 11, de la planta de personal de la entidad.
• Mediante Resolución 48688 de 5 de octubre de 2007, Cajanal le reconoció y ordenó pagar al señor Álzate Acevedo una pensión de jubilación, en cuantía de $686.048.90 (fls. 63-67 cdno. anexo).
• Que el pensionado solicitó ante Cajanal la reliquidación de su pensión, y la entidad mediante Resolución PAP 003100 de 20 de enero de 2010, ordenó el reajuste solicitado, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años, tomando como factores la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y el sobresueldo (fls. 56-62 cdno. anexo).
• Inconforme con la anterior decisión el señor Javier de Jesus Álzate Acevedo, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Único Administrativo de Cartago-Valle del Cauca, contra la Resolución PAP 003100 de 20 de enero de 2010, y solicitó la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio (fls. 1-25 cdno. anexo).
• Dentro del trámite del proceso ordinario, la entidad certificó que el señor Javier de Jesús Álzate Acevedo, devengó en el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2008 anterior a su retiro los siguientes factores: sueldo, sobresueldo, prima de antigüedad, bonificación por servicios, prima de servicios, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, subsidio de alimentación y transporte, prima de navidad y bonificación especial de recreación (fl. 72 cdno. anexo).
• El Juzgado Único Administrativo de Cartago Valle del Cauca, en sentencia de 12 de abril de 2011 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar la pensión con base en el 75% del salario promedio mensual devengado por el señor Javier de Jesús Álzate Acevedo, durante el último año de servicio con inclusión de los siguientes factores salariales: sueldo, sobresueldo, subsidio de alimentación y de transporte, doceavas partes de la bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad (fls. 30-40).
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al desatar el recurso de apelación interpuesto por Cajanal, mediante sentencia de 30 de abril de 2012, confirmó la sentencia de primera instancia y la modificó en el sentido de indicar que los factores a tener en cuenta al momento de la reliquidación de la pensión eran: el sueldo básico, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación y de transporte, excluyendo el sobresueldo por cuanto éste no es un factor enlistado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 (fls. 41-54):
La sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, textualmente argumentó lo siguiente, (fls. 41-54):
“(...) Ahora bien, el régimen aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, no contempló los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, por lo que por remisión del artículo 114 de la Ley 32 de 1986, debe aplicarse el régimen vigente para los empleados públicos del orden nacional.
Advierte la Sala, que las leyes 33 y 62 de 1985, si bien se encontraban vigentes al momento de expedirse la Ley 32 de 1986, no resultan aplicables al caso bajo estudio, pues estas disposiciones expresamente excluyeron a los servidores, que como el acciónate, se encuentran amparados por un régimen especial, por lo tanto, la norma a aplicar en el presente caso es la Ley 4ª de 1966, la cual ordena que la pensión de jubilación se liquida sobre todos los factores devengados en el último año de servicios. (...).
Empero la citada norma no establece los factores de salario, para liquidar la pensión se aplicará en el sub lite lo preceptuado por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, el cual señala los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la pensión de jubilación (...).
De suerte que, el acto que aquí se controvierte al negar la inclusión de todos los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicio, desconoce el régimen especial de pensión de jubilación a que se ha hecho referencia y contraviene los citados estatutos legales, tal y como lo detectó el a quo.
Bajo este contexto, con base en el material probatorio allegado al expediente es posible inferir (sic) hesitación alguna, que el accionante reunió los requisitos para gozar del régimen especial de pensiones en la Ley 32 de 1986, circunstancia que permite colegir que tiene derecho a que Cajanal le liquide su pensión incluyendo los aludidos factores salariales.
Con la certificación salarial obrante en el expediente, quedó acreditado que el actor devengó, durante el último año se servicios, comprendido entre el 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios, prima de servicios, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad y bonificación especial por recreación.
Así las cosas, la pensión reconocida a favor del actor debe reliquidarse incluyendo como factores salariales sueldo básico, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación y auxilio de transporte, excluyendo por lo tanto, los factores salariales correspondientes al sobresueldo, la bonificación especial por recreación y el sueldo por vacaciones, por cuanto éstos no aparecen dentro de los factores enlistados por el artículo 45 del Decreto 1045 de1978. En este punto, la providencia de primera instancia será modificada, habida cuenta que el a quo, incluyó para efectos de la reliquidación pensional, el sobresueldo. (...)” (negrilla fuera de texto).
Una vez revisado el contenido de la providencia acusada, procede la Sala a estudiar, el argumento expuesto por el actor referente al defecto material o sustantivo, en que incurrió la referida sentencia al no aplicarle las disposiciones especiales que regulan el régimen prestacional de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que tienen en cuenta al sobresueldo como un factor de salario.
Sobre el punto, es preciso señalar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que a la fecha de su entrada en vigencia, esto es, el 21 de febrero de 1994 se encontraran prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación en los términos previstos en la Ley 32 de 1986.
En efecto, el artículo 96 de la citada Ley 32 de 1986, disponía los requisitos necesarios para reconocer la pensión de jubilación a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del Inpec. En los siguientes términos:
No obstante lo anterior, el 1º de abril de 1994 entró a regir el Sistema de Seguridad Social en pensiones para el nivel nacional, creado por la Ley 100 de 1993 el cual dispuso la aplicación general de sus disposiciones y no incluyó al Inpec dentro de los regimenes especiales exceptuados de las mismas (art. 279). Sin embargo, la citada Ley 100 de 1993 al establecer el régimen transición, previsto en su artículo 36, permitió que la situación particular de los empleados que se encontraban, en ese momento, próximos a adquirir su estatus pensional, se siguiera rigiendo, en cuanto a la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, por las disposiciones normativas existentes con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo régimen general de pensiones. Para mayor ilustración se transcribe el artículo 36 de la Ley 100 de 1993:
Sobre este particular, debe decirse que la disposición en materia pensional vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, para los empleados oficiales del orden nacional era la Ley 33 de 1985 la cual, si bien es cierto en su artículo 1º fijó los requisitos de tiempo y edad necesarios para el reconocimiento de una pensión de jubilación, también es cierto que excluyó de esta regla a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones, como es el caso de los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del Inpec.
En efecto, el citado artículo 1º dispuso:
De este modo, para que a un empleado del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le fuera reconocida una pensión de jubilación con aplicación del régimen especial previsto en los artículos 96 del la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994 debía acreditar una de las condiciones descritas en el artículo 36 de la citada Ley 100 de 1993, estas son, edad o tiempo de servicio(9).
Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela, y lo acreditado en el proceso ordinario, resulta evidente que el hoy actor de tutela, es beneficiario del régimen de transición, tal y como lo verificó el juez del proceso ordinario.
Ahora con relación al monto pensional, se debe destacar que la jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en señalar que el régimen de transición hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión y de la forma de liquidar la misma, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no sólo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje(10).
Sobre la liquidación del derecho pensional debe precisar la Sala que acorde con el anterior planteamiento y atendiendo a que el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 no contempló los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación es procedente, remitirse a los artículos 114 de la Ley 32 de 1986(11) y 184 del Decreto 407 de 1994(12), que establecen que en los aspectos no regulados se aplicaran las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
Por lo anterior, es importante precisar que si bien la norma vigente para los empleados del orden nacional, a que hace referencia el artículo 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, lo era la Ley 33 de 1985, esta norma no aplica a los servidores cobijados por un régimen especial, dada la exclusión expresa en el artículo 1º inciso segundo(13) y por tanto en cuanto a los factores es necesario acudir al Decreto 1045 de 1978(14), tal y como lo dispuso en su parte considerativa la sentencia acusada.
Así las cosas, aun cuando el análisis normativo que efectúa el tribunal en la sentencia de 30 de abril de 2012, fue acertado, se advierte que este excluye de los factores de liquidación para determinar el monto de la pensión del señor Álzate Acevedo, el sobresueldo, argumentando que éste emolumento no se encontraba taxativamente señalado en el Decreto 1045 de1978 y por lo tanto no debía hacer parte dentro de la base de liquidación pensional de la pensión de vejez del actor.
Al respecto es preciso indicar que el Decreto 446 de 1994, por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo regula en los siguientes términos:
“ART. 17.—Sobresueldo. Los directores, subdirectores y los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, deberán laboral y estar disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio. Como contraprestación tendrán una asignación mensual fija denominada sobresueldo que constituye factor de salario y que se pagará de acuerdo con lo establecido en los Decreto 1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que lo modifiquen o sustituyan. (subrayado y negrilla fuera de texto).
De lo anterior, se colige que los miembros del cuerpo de Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, como contraprestación a sus servicios tendrán derecho a una asignación mensual fija denominada sobresueldo que constituye factor de salario, emolumento que se retribuye de manera directa al empleado junto con su asignación mensual.
Así, como quiera que existe una norma especial que establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, esto es, el Decreto 446 de 1994 y en este se determina que el sobresueldo constituye factor de salario, dicha normatividad debía haberse tenido en cuenta por el tribunal al momento de proferir la sentencia de segunda instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Álzate Acevedo, excluyendo la figura del sobresueldo.
Lo anterior, porque no se puede desconocer que este rubro fue devengado por el accionante, en el último año que prestó sus servicios al Inpec, tal y como lo acreditó al interior del proceso ordinario con la certificación de factores salariales expedida por el pagador de la entidad.
Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto, el señor Javier de Jesús Álzate Acevedo tiene derecho a la reliquidación de su prestación incluyendo los factores salariales señalados en el Decreto 1045 de 1978, y también el sobresueldo que como quedó demostrado fue devengado en el último año de servicio y es considerado por el artículo 17 del Decreto 446 de 1994 ya citado como un factor de salario para la liquidación de prestaciones sociales. Rubro este que el señor Álzate Acevedo venía percibiendo de manera habitual como contraprestación directa de sus servicios, haciendo parte integral de su salario.
Así las cosas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del accionante, en tanto se observa que en la providencia emitida por el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, al tomar una decisión contrariando el ordenamiento jurídico que regula el tema prestacional de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, pues no tuvo en cuenta que el sobresueldo fue devengado por el accionante en el último año de servicio y en virtud de lo expuesto en el referido decreto, este emolumento constituye factor de salario para liquidar la pensión de vejez del hoy actor en tutela.
En este sentido la Sala dejará sin efecto el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30 de abril de 2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el hoy accionante contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal; y ordenará a dicha corporación que dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta lo considerado en la presente providencia.
1. TUTÉLANSE el derecho fundamental al debido proceso del señor Javier de Jesús Álzate Acevedo, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
2. DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Javier de Jesús Álzate Acevedo contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
3. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que en el término de un mes a partir de la notificación del presente fallo, profiera una nueva sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento promovido por la accionante, teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se expresaron en esta providencia.
(3) El artículo 29 de la Carta dispone que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En la Sentencia T-008 de 1998 la Corte señaló al respecto:
(6) Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado:1.29 Ene. 1992, r AC-009, Dolly Pedraza de Arenas. 2. 31 Ene. 1992, r AC-016, Guillermo Chahín Lizcano. 3. 3 Feb. 1992, r AC-015, Luis Eduardo Jaramillo. 4. 27 Ene. 1993, r AC-429, Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5. 29 Jun. 2004, e 2000-10203-01, Nicolás Pájaro Peñaranda. 6. 2 Nov. 2004. e 2004-0270-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7. 13 Jun. 2006, e 2004-03194-01, Ligia López Díaz. 8. 16 Dic. 2009, e 2009-00089-01, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
(8) Entre otras, de esta Subsección pueden consultarse la siguiente providencias: 1. 28 Ago. 2008, e 2008-00779-00, Gerardo Arenas Monsalve. 2. 22 oct. 2009, e 2009-00888-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 3. 22 Oct. 2009, e 2009-00889-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 4. 3 Feb. 2010, e 2009-01268-00, Gerardo Arenas Monsalve. 5. 25 Feb. 2010, e 2009-01082-01, Victor Hernando Alvarado Ardila. 6. 19 Mayo 2010, e 2010-00293-00, Gerardo Arenas Monsalve. 6. 28 Jun. 2011, e 2010-00540-00, Gerardo Arenas Monsalve. 7. 30 Nov. 2011, e 2011-01218-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 8. 2 Feb. 2012, e 2011-01581-00, Gerardo Arenas Monsalve. 9. 23(23) Feb. 2012, e 2011-01741-00, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10. 15 marzo 2012, e 2012-00250-00, Gerardo Arenas Monsalve.
(9) Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B, Sentencia del 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(10) Sentencias proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda del 21 de junio de 2007, Radicado 0950-06, C.P. Ana Margarita Olaya Forero; del 21 de septiembre de 2000, Radicación 470-99, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda y el 5 de noviembre de 2009, Radicación 0534-08, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(11) ART. 114.—Normas subsidiarias. En los aspectos no previstos en esta ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales.
(12) ART. 184.—Normas subsidiarias. En los aspectos no previstos en este decreto o en los reglamentarios, a los empleados del instituto se les aplicarán las normas vigentes para los servidores públicos nacionales.
(13) La Ley 33 de 1985, en su artículo 1º inciso segundo establece: “No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.
(14) ART. 45.—De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

References: Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 45
 artículo 114
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 168
 artículo 11
 artículo 96
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 96
 artículo 114
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 29
 artículo 1