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﻿ Sentencia 2012-00866 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2012-00866 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:TOPE MÁXIMO DEL MONTO DE LA PRESTACIÓN CAUSADA POR EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL. SE AFIRMA QUE EL LÍMITE MÁXIMO DE 25 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, EN EL CASO DE LAS PENSIONES QUE SE RIGEN POR REGÍMENES DE TRANSICIÓN DISTINTOS AL DE LA LEY 4 DE 1992, DEBE APLICARSE RESPETANDO LA FECHA DE VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, ES DECIR, A LAS PENSIONES CAUSADAS A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2010, DEBIENDO EN CONSECUENCIA RESPETARSE EL DERECHO ADQUIRIDO DE QUIENES OBTUVIERON SU PENSIÓN SIN LÍMITE DE CUANTÍA POR HABERSE CAUSADO ANTES DE ESA FECHA Y CON BASE EN FACTORES DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL PERCIBIDOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia 2012-00866 de abril 9 de 2014
Ref.: Expediente 25000232500020120086601
Número interno: 1980-13
Actor: Carlos Eduardo Prado Cifuentes
Bogotá, D.C. nueve de abril de dos mil catorce.
El problema jurídico se contrae a determinar si procede el reajuste de la pensión de jubilación del señor Carlos Eduardo Prado Cifuentes, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
— El señor Carlos Eduardo Cifuentes nació el 1º de junio de 1941 (fl. 6).
— Cajanal por medio de la Resolución 2690 de 9 de febrero de 2001 le reconoció su pensión de vejez, en cuantía de $ 587.659, efectiva a partir del 23 de noviembre de 1999. El monto de la prestación se determinó con el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 5 años y 5 meses “conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de agosto de 1999” y teniendo en cuenta asignación básica, bonificación por servicios y prima de antigüedad (fls. 26-29, cdno. 3).
— Mediante la Resolución UGM 39079 de 21 de marzo de 2012, el liquidador de Cajanal EICE denegó la reliquidación de la pensión al considerar que los factores aducidos por el demandante no se encuentran establecidos en el Decreto 1158 de 1994 (fls. 27-29).
— De acuerdo con la certificación rendida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca - Dirección de Personal de Establecimientos Educativos, el señor Carlos Prado Cifuentes durante el último año de servicios (ago. 1º/2005 a ago. 1º/2006) devengó los siguientes factores: sueldo, prima técnica, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación (fls. 7-8).
De conformidad con el anterior acervo probatorio, procede la Sala a desatar la controversia teniendo en cuenta: a) el régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993; b) el régimen pensional aplicable al caso concreto; c) la liquidación de la pensión reconocida por la entidad accionada y d) De los factores de salario para liquidar pensiones.
a) Régimen de transición
No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptuó lo siguiente:
Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas.
b) Régimen pensional aplicable al caso concreto
La normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las leyes 33 y 62 de 1985, pues aunque el actor es beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993 no lo es de las excepciones previstas por la Ley 33 de 1985, las cuales hacen referencia a los empleados oficiales “que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente”; a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”; y, a quienes a la entrada en vigencia dicha ley hubieren cumplido más de 15 años continuos o discontinuos de servicio, porque a ellos se les continuarán aplicando las normas especiales, de excepción o generales anteriores que sean pertinentes en cada caso concreto.
Entre tanto, como en otras oportunidades lo ha expresado esta corporación, cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación.
c) Liquidación pensional
Sin embargo, respecto de los factores salariales que deben constituir el ingreso base de liquidación pensional, esta corporación, en sus subsecciones A y B de la Sección Segunda, ha presentado criterios oscilantes respecto del alcance del citado artículo 3º de la Ley 33 de 1985, pues mientras en algunas ocasiones se consideró que al momento de liquidar la pensión debían incluirse todos los factores salariales devengados por el trabajador, en otras se expresó que solo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizado los aportes; y, finalmente, se expuso que únicamente podían tenerse en cuenta los taxativamente enlistados en la norma.
Así, esta Sala en la sentencia de sección del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), Expediente 0112-2009, actor: Luis Mario Velandia, unificó los criterios en mención, para llegar a la conclusión de que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945, precisó:
Así, si bien la norma aplicable al presente caso es la Ley 33 modificada por la Ley 62 de 1985 y no el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, lo cierto es que ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación pensional.
d) De los factores de salario para liquidar pensiones
Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1393 de 18 de julio de 2002, precisó el sentido y alcance de las expresiones salario y factor salarial, así:
“(...) El salario (...) aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador (...)”. En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) “constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.” En similar sentido el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 establece que “además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios”.
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, además de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.
Sobre el particular es pertinente dilucidar, que existen algunas prestaciones sociales —a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación—, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
No desconoce la Sala que el mencionado decreto no es aplicable al presente caso, tal y como ya se expuso en consideraciones precedentes, por cuanto el presente asunto se rige por la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; empero, constituye un referente normativo que demuestra el interés del legislador de tener dichas primas como factores de salario que se deben incluir al momento de efectuar el reconocimiento pensional(1).
Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido, incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al reliquidar su prestación, tales como las primas técnica, de navidad, de servicios y de vacaciones.
Resulta de vital trascendencia señalar que la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, cuando analizó de manera detallada el contenido del artículo 17(2) de la Ley 4ª de 1992 a la luz de las distintas interpretaciones judiciales, fue clara en señalar que las decisiones adoptadas y las consideraciones realizadas en la misma, se aplican respecto al régimen pensional previsto en él, y no pueden extenderse de manera general a otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en otras normas, por el carácter rogado de la acción pública de inconstitucionalidad, y en atención a las características de cada régimen, que impiden extender automáticamente las consideraciones realizadas frente a uno u otro.
En términos generales las anteriores son las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el fallo C-258 de 2013; sin embargo es necesario precisar, como ya se vio, que se referían al régimen pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
De esta manera, concluye la Sala que en el sub lite la entidad debió liquidar la pensión de jubilación de la actora observando la Ley 33 de 1985, esto es, incluyendo los factores devengados en el último año de servicios, efectuando, por supuesto, el respectivo descuento por concepto de los aportes. Esta tesis ha sido adoptada por esta subsección toda vez que no sería justo que fueran los beneficiarios los que estuvieran llamados a responder por los errores de la administración cuando omite el deber de efectuar los aportes que la ley ordena.
Agotado lo anterior, es preciso señalar que con este pronunciamiento no se está desconociendo el Acto Legislativo 1 de 2005 que fijo, entre otros aspectos, que 1) ninguna pensión podrá superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y 2) para la liquidación de pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, pues se destaca que esta regla pensional, rige para todas las pensiones que se causen “a partir del 31 de julio de 2010” , de manera que no puede aplicarse a las que se hayan causado antes de esa fecha, como es el caso sub lite en que la pensión de jubilación del señor Carlos Eduardo Prado Cifuentes le fue reconocida el 9 de febrero de 2001, mediante la Resolución 2690.
Por las razones previamente expuestas, se desprende que el límite máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el caso de las pensiones que se rigen por regímenes de transición distintos al de la Ley 4ª de 1992, debe aplicarse respetando la fecha de vigencia de la norma constitucional, es decir, a las pensiones causadas a partir del 31 de julio de 2010, debiendo en consecuencia respetarse el derecho adquirido de quienes obtuvieron su pensión sin límite de cuantía por haberse causado antes de esa fecha y con base en los factores de liquidación pensional percibidos durante el último año de servicios, como es el caso particular del demandante.
CONFÍRMASE la sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013), dentro del proceso promovido por Carlos Eduardo Prado Cifuentes, contra la Caja Nacional de Previsión Social - EICE en Liquidación.
Se reconoce personería a la abogada Gizethe Estefanía Rico Díaz, como apoderada especial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los términos y para los efectos de la sustitución que obra a folio 135 del expediente.
(1) Al respecto, ver el Concepto 1393 de 18 de julio de 2002, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
(2) “ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

References: Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 127
 artículo 14
 artículo 42
 artículo 45
 artículo 17
 artículo 17
 Resolución