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Timestamp: 2013-12-09 00:32:30+00:00

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Reforma universitaria: más que tasas y docencia. La situación financiera de las universidades | Más que universidad - Gestión y finanzas universitarias
Modificado: abril 21, 2012
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21abr2012 0
Por Tomás Gómez Gómez | Publicado: abril 21, 2012
Tal y como comentábamos en nuestra entrada La hora de la reforma universitaria, el Gobierno ha puesto su mirada reformista en la Universidad. El Ministro Wert llevaba ya varios meses avanzando algunas ideas, entre ellas la subida de tasas o la ordenación de las titulaciones. El primer paso de la reforma se dio el pasado 13 de abril, cuando el Ministro Wert anunció que una comisión de expertos evaluará en el plazo de seis meses la situación de la enseñanza superior española y elevará sus recomendaciones al Ejecutivo.
El segundo paso se ha dado hoy sábado 12 de abril con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo. Este real Decreto Ley recoge medidas dedicadas a la educación no universitaria y a la universitaria. Las medidas en el ámbito no universitario se recogen en el ANEXO del presente artículo. En el ámbito universitario, las medidas van en la línea de lo comentado esta semana y en la rueda de prensa tras el consejo de ministros del 20 de abril: incremento de tasas, revisión de la dedicación del profesorado; principio de estabilidad presupuestaria de las universidades; y limitación en la incorporación de nuevo personal en las universidades. No vemos en el Boletín la anunciada racionalización de las titulaciones fijando un número mínimo de alumnos de nuevo ingreso. Quizás una de las medidas de la que se ha hablado menos en esta semana es la que puede tener un mayor calado para el futuro de las universidades: las obligaciones en materia financiera para las universidades, así como la habilitación de mayores mecanismos de control a las Comunidades Autónomas. El Ministerio deja claro que estas medidas no son la reforma universitaria, sino que son la condición previa y necesaria para llevarla a cabo y que permitirán a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo, buscando la eficiencia tanto en el ámbito universitario como en el no universitario y dejando claro que el grado de aplicación de estas medidas corresponde a las Comunidades Autónomas. Las medidas en el ámbito universitario se habían presentado previamente a las Comunidades Autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria del jueves 19 de abril Definitivamente.
El Decreto se estructura en una breve exposición de motivos (aunque no la denomine como tal), 7 artículos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. En la exposición de motivos se indica la necesidad de que las administraciones públicas sean eficientes en el uso de los recursos públicos para apoyar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria dentro del marco constitucional y de la Unión Europea, introduciendo importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable. Afirma el legislador que se combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo español.
En este contexto, las medidas que se aplican en el ámbito universitario son las siguientes: se determina la actividad docente a desarrollar por el personal docente e investigador de las Universidades, que se gradúa en atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigadora; se prevé la racionalización del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, de acuerdo con los requisitos mínimos que se fijen reglamentariamente, al tiempo que se facilita la cooperación interuniversitaria para la impartición conjunta de titulaciones (aunque no existe un desarrollo específico en el decreto ley); se ajusta el régimen económico y financiero de las Universidades públicas al principio de estabilidad presupuestaria; se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el esfuerzo académico; y se somete expresamente la incorporación de personal de nuevo ingreso a la normativa básica en materia de oferta de empleo público, dado que las mismas se incluyen en el artículo 22.Uno.a) de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (o artículo equivalente en las sucesivas leyes de presupuestos) así como en el artículo 23 de la misma ley (hay que recordar que está pendiente la aprobación de la ley de PGE del estado para 2012 en el momento de aprobarse estas medidas).
Además justifica su intervención el legislador, tratando de anticiparse a posibles impugnaciones ante el Tribunal constitucional por invasión de competencias, en la necesidad de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable. Y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la intervención del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª de la Constitución), según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, competencia en este caso convergente con los títulos competenciales recogidos en las reglas 1.ª, 18.ª y 30.ª del mismo artículo 149.1 de la Constitución, en cuanto constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos o disposiciones básicas que garantizan la igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 27 de la Constitución.
Las medidas en el ámbito universitario se recogen en el Título II del Real Decreto, artículos 6 y 7. El artículo 6 modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 7 se dedica a la financiación de las becas y ayudas al estudio. Veamos, a continuación, las diferentes medidas:
Se modifica el artículo 7 de la LOU (Centros y estructuras), de modo que se añade un nuevo párrafo que establece que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, determinará con carácter general los requisitos básicos para la creación y, en su caso, mantenimiento de estos centros y estructuras.
Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la LOU para recoger la referencia a esta modificación del artículo 7.
Cooperación entre universidades:
Se modifica el artículo 30 bis de la LOU, de modo que “las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación, con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas estratégicas que permitan desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o programas y proyectos de excelencia internacional.» Hay que decir que en la anterior redacción de la LOU esta cooperación se establecía “para desarrollar programas y proyectos de excelencia nacional e internacional”.
Parece que, por tanto, hemos cambiado el desarrollo de los programas y proyectos de excelencia por desarrollar titulaciones de forma conjunta.
Régimen de dedicación del profesorado universitario, para lo cual se modifica el árticulo 68 de la LOU.
Según la nota de prensa del ministerio, aunque el profesor universitario tiene una doble función: la docente y la investigadora, solo el 50% de los mismos está investigando (tiene un sexenio de investigación vivo). Por ello se recoge en el Decreto-Ley la adaptación del régimen de dedicación del profesorado universitario según si cumplen sólo con la función docente o con ambas (la docente y la investigadora). Las modificaciones añadidas son las siguientes:
De forma general se establece que, el personal docente e investigador funcionario de las Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS.
No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función de la actividad investigadora reconocidade conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes reglas:
Aquellos que muestren excelencia en la investigación reducirán su dedicación máxima docente a un máximo de 16 créditos ECTS.
Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.
Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.
Aquellos profesores que no muestren una dedicación investigadora deberán dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 32 créditos ECTS, de acuerdo con la siguientes reglas:
Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período.
De acuerdo con el Ministerio, el resto del profesorado, es decir aquellos que mantengan los sexenios activos o vivos, seguirían en la misma situación de dedicación máxima, los 24 créditos anuales, siendo este grupo el mayoritario dentro de la Universidad (más del 50%).
Por último, el apartado 3 del nuevo artículo establece que el Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Universidades, regulará las bases del régimen general de dedicación del personal docente e investigador funcionario.
A la luz del real Decreto Ley, habrá que tener en cuenta en qué situación queda la normativa específica de universidades que fija otros criterios de dedicación menores, reduciendo la docencia del profesorado por diversas causas. Además puede tener un impacto importante en el número de profesores de las Universidades, de modo que si supone un incremento efectivo en el número de horas del profesorado existente, es previsible que sobre profesorado, tal y como se está planteando en la educación secundaria.
Incorporación del principio de estabilidad presupuestaria a las Universidades, modificando el artículo 81 de la LOU.
Es en este apartado donde quizás se incluyen las medidas de mayor alcance y que afectan a la autonomía universitaria: presentación de cuentas, control del déficit (y consecuente reducción de gastos en el presupuesto siguiente) y posibilidad de que las Comunidades Autónomas penalicen a las universidades que no cumplan estas medidas .
En primer lugar, se añaden dos obligaciones a las universidades en el apartado 2 del citado artículo para garantizar el mejor cumplimiento de la Ley Orgánica del Estado de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
Además se establece un sistema punitivo para aquellas universidades que incumplan y que estaría en manos de las Comunidades Autónomas, para lo cual se hace una rescritura completa del apartado 5 del artículo 81, añadiendo a la obligación de rendir cuentas de las Universidades ante los órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas y del Tribunal de Cuentas, acortándose el plazo de liquidación y parece abrirse la opción de “intervención” autonómica de la universidad si no se ajusta a los plazos establecidos. Así el artículo incluye las siguientes precisiones:
Las Universidades deberán confeccionar la liquida

References: Real Decreto 
 real Decreto 
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 2
 real Decreto 
 artículo 81
 artículo 81