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Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo. TITULO VI. Procedimientos especiales.
Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.
Publicado en BOE núm. 171 de 18 de Julio de 1958
Vigencia desde 05 de Mayo de 1997
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
Artículos 129 a 132 derogados por la letra d) de la disposición derogatoria única de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («B.O.E.» 28 noviembre).
1. La elaboración de disposiciones de carácter general y de anteproyectos de ley se iniciará por el Centro directivo correspondiente, con los estudios e informes previos que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquéllos, con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y en el Capítulo I del Título I.
2. Se conservarán, junto con la moción, providencia o propuesta de quien tenga la iniciativa de la disposición de que se trate, los dictámenes y consultas evacuados, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o puedan facilitar su interpretación.
3. No podrá formularse ninguna propuesta de nueva disposición sin acompañar al proyecto la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, y sin que en la nueva disposición se consignen expresamente las anteriores que han de quedar total o parcialmente derogadas.
Artículo 129 derogado por Ley 50/1997, 27 noviembre, del Gobierno («B.O.E.» 28 noviembre).
Téngase en cuenta que conforme a lo establecido en La Disp. Derog. única de la Ley 6/1997, 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado («B.O.E.» 15 abril), conservan su vigencia el Capítulo I del Título VI, con excepción del apartado 2 del artículo 130 y con rango reglamentario, en tanto no sean modificados por el Ministro de Administraciones Públicas de acuerdo con la competencia atribuida por el artículo 66 de la Ley 6/1997, 14 abril, los artículos 31, 32 y 33, el apartado 1 del artículo 34 y los artículos 36, 37, 38 y 39.
1. Los proyectos de disposición de carácter general, antes de ser sometidos al órgano competente para promulgarlos, habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica o, en su defecto, la Subsecretaría del Departamento respectivo, o el Estado Mayor, si se trata de los Ministerios militares.
2. Cuando se trate de las materias señaladas en el apartado 7 del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se requerirá, además, la aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley. Se entenderá concedida la aprobación si transcurren ocho días desde aquel en que se hubiese recibido el proyecto en la Presidencia sin que ésta haya formulado objeción alguna.
Téngase en cuenta que la Disp. Derog. única de la Ley 6/1997, 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado («B.O.E.» 15 abril), deroga la presente Ley, salvo el capítulo I del Título VI, con excepción del apartado 2 del artículo 130 que queda derogado. No obstante conservan su vigencia con rango reglamentario, en tanto no sean modificados por el Ministro de Administraciones Públicas de acuerdo con la competencia atribuida por el artículo 66 de la Ley 6/1997, 14 abril, los artículos 31, 32 y 33, el apartado 1 del artículo 34 y los artículos 36, 37, 38 y 39.
3. Cuando alguna disposición así lo establezca o el Ministro lo estime pertinente, el proyecto se someterá a dictamen del órgano consultivo que proceda.
4. Siempre que sea posible y la índole de la disposición lo aconseje, se concederá a la Organización Sindical y demás entidades que por ley ostenten la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo afectados por dicha disposición, la oportunidad de exponer su parecer en razonado informe en el término de diez días, a contar desde la remisión del proyecto, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público debidamente consignadas en el anteproyecto.
5. Cuando, a juicio del Ministro, la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo que en cada caso se señale.
6. Por razones de urgencia, y mediante acuerdo motivado del Ministro, podrán exceptuarse de lo prevenido en los párrafos anteriores las Ordenes ministeriales que no sean sobre materias de estructura orgánica, régimen de personal o procedimiento.
Artículo 130 derogado por Ley 50/1997, 27 noviembre, del Gobierno («B.O.E.» 28 noviembre).
1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno se remitirán, con ocho días de antelación, a los demás Ministros convocados, con el objeto de que se formulen las observaciones que estimen pertinentes. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo de Ministros o Comisión Delegada, podrá abreviarse u omitirse este trámite.
2. El mismo procedimiento se observará para la aprobación por el Gobierno de los proyectos de Ley que hayan de ser sometidos a las Cortes.
Artículo 131 derogado por Ley 50/1997, 27 noviembre, del Gobierno («B.O.E.» 28 noviembre).
Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones de carácter general, habrán de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º del Código Civil.
Artículo 132 derogado por Ley 50/1997, 27 noviembre, del Gobierno («B.O.E.» 28 noviembre).
Capítulo II del título VI derogado por la letra b) del número 2 de la Disposición Derogatoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27 noviembre).
Capítulo III del título VI derogado por la letra b) del número 2 de la Disposición Derogatoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27 noviembre).
1 Se derogan: la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, de
1 19 de octubre de 1889; los Reglamentos dictados para la ejecución de la misma y sus disposiciones complementarias; el Real Decreto de 23 de marzo de 1886, sobre la vía gubernativa previa a la judicial; la Ley de 26 de septiembre de 1941, sobre reclamaciones previas a los procesos laborales, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.
2. Quedan en vigor, para los supuestos a que hacen referencia las especialidades que, en relación con las reclamaciones en vía administrativa previa a la judicial, establecen los artículos: 6.º de la Ley del Tribunal de Cuentas, de 3 de diciembre de 1953, 229 y 230 del Estatuto de Recaudación, de 29 de diciembre de 1948; 11, 12 y 14 de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, y el Decreto-ley de 9 de mayo de 1958, sobre determinadas reclamaciones laborales.
3. A efectos de lo establecido en el número 2 del artículo 1.º, el Gobierno señalará, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente Ley, cuáles son los procedimientos especiales que por razón de su materia continuarán vigentes. Las normas reglamentarias de procedimiento se adaptarán por los Ministerios interesados, en el plazo de un año, a las directrices de la presente Ley.
Se faculta a la Presidencia del Gobierno para dictar cuantas disposiciones complementarias fueran precisas, singularmente para adaptar los preceptos de la presente Ley al peculiar carácter y estructura de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, a propuesta de los mismos.
Por la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda se redactará y propondrá a la aprobación del Consejo de Ministros, en el plazo de un año, un nuevo Reglamento de las reclamaciones económico-administrativas, ajustado a las prescripciones de la presente Ley, sin perjuicio de las especialidades que exija la peculiaridad de esta materia. En tanto no se dicte el aludido Reglamento, regirá el vigente de 29 de julio de 1924 y sus disposiciones complementarias.
Se faculta al Gobierno para revisar las disposiciones de procedimiento contenidas en la legislación de Régimen Local, ajustando sus normas a las prescripciones de la presente Ley, sin perjuicio de las especialidades que exija el procedimiento de las Corporaciones Locales. En el plazo de un año los Organismos autónomos elevarán al Gobierno una propuesta de adaptación de sus normas de procedimiento a la presente Ley.
El Gobierno, a la vista de los datos y resultados que suministre la experiencia en la aplicación de la presente Ley, promoverá cada tres años las reformas que convenga introducir.
El Gobierno, a propuesta de los organismos afectados o de la Presidencia, revisará los casos de duplicación de funciones de los órganos de la Administración, con objeto de suprimir dichas duplicaciones.
En relación con lo dispuesto en el artículo 35, por todos los Departamentos ministeriales y Organismos autónomos se efectuará trienalmente una determinación de sus puestos de trabajo con carácter predominantemente burocrático, técnico o facultativo; y, con arreglo a tales necesidades, promoverán la adaptación de los actuales Cuerpos y Escalas, mediante las modificaciones que procedan, sin que ello ocasione aumentos de personal ni para los funcionarios perjuicios derivados de la paralización de sus plantillas.
Disp. Fin. 8
Esta Ley comenzará a regir el día 1 de noviembre de 1958.

References: Artículo 129
 artículo 130
 artículo 66
 artículo 34
 artículo 13
 artículo 130
 artículo 66
 artículo 34

Artículo 130

Artículo 131
 artículo 1

Artículo 132
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 35