Source: http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/central-sol-macris
Timestamp: 2016-10-25 06:11:11+00:00

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La condicion de joven hoy en la com...
Diplomado “Política local de infancia y adolescencia en Bogotá" Observatorio sobre Infancia 0 Universidad Nacional de Colombia Apuntes para la comprensión del enfoque y las propuestas de atención diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento en la política de infancia y adolescencia en Bogotá. Maria Cristina Escobar Remicio Sol Indira Quiceno Forero 2.
CONTENIDO Págs 1 Contenido 1 Introducción y objetivo general 21. Marco conceptual, normativo y político 32. Marco y enfoque conceptual 32 Situación de los niños y niñas en desplazamiento en3. Bogotá 34 Apuntes para el ajuste de la política de infancia y adolescencia en reconocimiento de las afectaciones 46 de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado en el vector de desplazamiento forzado en4. Bogotá Bibliografía 52 3.
INTRODUCCION Y OBJETIVO GENERALEl Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia se ha propuesto en el marco de su plan de acción 2010, realizar el análisis y seguimiento a la actual política de infancia y adolescencia del 2distrito capital 2004‐ 2010, en referencia a ello se propuso desarrollar unas jornadas de trabajo en torno a distintos temas con los y las profesionales de los equipos técnicos de las entidades distritales y nacionales, a partir de las cuales se busca tener un acercamiento a la comprensión de de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el distrito capital, y de la respuesta institucional actual frente a la situación caracterizada lo cual permitirá proponer algunos lineamientos acordes a las situaciones que vive la población infantil en Bogotá, que permitan aportar a la actualización de la actual política de infancia y adolescencia con la que cuenta el distrito capital. Bajo este objetivo y de manera directa con la situación de los niños, niñas en situación de desplazamiento forzado, el equipo de análisis y seguimiento a la actual política de infancia y adolescencia de la Secretaría Distrital de integración realizó en conjunto con las entidades que forman parte del Sistema Distrital de atención para la población en situación de desplazamiento, cuatro jornadas de trabajo durante los meses de junio a septiembre de 2010, las tres primeras permiten tener una referencia en el presente documento de un acercamiento a la comprensión de la situación de los niños, niñas y adolescentes y una cuarta jornada de la respuesta institucional actual para el restablecimiento y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento en Bogotá. El presente documento se construye en el marco del diplomado “Política local de infancia y adolescencia”, retoma como referencia la sistematización de estas discusiones y conclusiones y busca mediante este ejercicio aportar frente al reconocimiento de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento residentes en Bogotá, a fin de contribuir en el avance de la ciudad en la comprensión de las situaciones vividas por los niños, niñas y adolescentes en este marco y así generar procesos de visibilización, discusión e inclusión en la agenda política de la situación problemática, como de la importancia y urgente necesidad de generar procesos de intervención institucional materializadas en acciones concretas, diseñadas e implementadas fundamentalmente a partir de las afectaciones ocasionadas a causa y consecuencia del desplazamiento orientadas hacia el restablecimiento y garantía de los derechos, la atención integral y el enfoque diferencial. El documento se presenta en cuatro momentos: en un primer momento refiere un marco general en lo normativo y político; en un segundo momento los enfoques conceptuales de guía señalados en el marcos de la Secretaría Distrital de Integración Social, en un tercer momento, una breve descripción de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y en un cuarto momento una propuesta general de apuntes y recomendaciones a partir de las situaciones reales en las que transcurre la vida de la población infantil desplazada en Bogotá. 4.
1. MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y POLITICOEl presente capítulo busca en términos generales brindar algunas consideraciones desde tres dimensiones: conceptual, normativa y jurídica a nivel general, teniendo en cuenta referencias internacionales, nacionales y distritales y finalmente una dimensión política distrital sobre el 3desplazamiento forzado. 1.1. MARCO CONCEPTUAL GENERALEl conflicto armado interno que ha vivido Colombia por más de seis décadas es una situación que tiene efectos para la población impactando de manera directa su dignidad, la garantía y goce efectivo de sus derechos e involucrándola en las confrontaciones y convirtiéndolas en sus víctimas. Esta realidad ha tenido repercusiones particulares en los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las comunidades étnicas. Reconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia, implica definirlo: el grupo de investigación Conflicto Armado y Primera Infancia de la Corporación Nuevo Arco Iris se ha referido al respecto de la siguiente manera: “(…) conflictos armados (…) que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. El contexto del conflicto armado en el que viven las familias, entre quienes se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes en el país, afecta profundamente su vida, su cotidianidad, su entorno y su desarrollo; entender estas situaciones requiere identificar unos elementos mínimos de comprensión para discernir, distinguir y diferenciar las responsabilidades que con respecto a quienes se son afectados, las víctimas y los implicados, lo cual es necesario tener en cuenta a la hora de formular y presentar a consideración las propuestas de atención y protección integral para niños, niñas y adolescentes afectados en el marco del conflicto armado. El conflicto armado es un tipo de violencia presente en la sociedad, en el que se ve inmersa la mayor parte de la población que habita en el territorio colombiano y entre las situaciones adversas se puede ubicar al desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es una consecuencia de la actual situación de confrontación armada en el país que pone en vilo en forma sistemática la garantía y protección del derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de la población no involucrada en esta confrontación, con especial afectación a niños, niñas y adolescentes. “Se constituye en una tragedia humanitaria al dar lugar a la vulneración múltiple, masiva y continúa de los derechos 5.
fundamentales de un número significativo de niños, niñas y adolescentes, que “han tenido que abandonar el mundo forjado con sus propias manos y que libra su suerte a poco más que la benevolencia pública y la caridad privada.” (Sentencia 215 de 2002). En la medida que el concepto de desplazado por la violencia puede prestarse a confusión con otros tipos de desplazados y migrantes, es necesario hacer un trabajo conceptual previo de diferenciación, la cual pretende acercarse a partir de la siguiente presentación conceptual, no obstante, la postura distrital retoma la definición de la Ley 397 de 1997, dada la ruta de atención que se ha construido a la luz de la política y del reconocimiento del estado a la situación de desplazamiento y de la atención a la que hay lugar para su atención. 41.1.1. MigrantesExisten tres grandes tipos de migrantes, en razón de la causa que genera el desplazamiento: 1.1.1.1. Migrantes por causas socio‐económicas, o sea, aquellos originados por el deterioro de las condiciones de producción, en especial agrícola, y la consiguiente ausencia de medios de subsistencia. 1.1.1.2. Migrantes por desastres naturales, es decir, aquellos originados por inundaciones, avalanchas, deslizamientos, etc. 1.1.1.3. Migrantes por razones políticas, es decir, aquellos que se ven obligados a migrar en razón de los procesos políticos de sus países, en especial por conflictos violentos. 1.1.2. Migraciones Forzosas Las migraciones forzosas implican razones involuntarias y/o violentas en el momento de abandonar un territorio. Conflictos sociales, conflictos armados, graves perturbaciones del orden público, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, infracciones a las normas del derecho internacional humanitario, desastres ecológicos, construcción de grandes obras, son, entre otras, causas de migraciones forzadas provocadas por el hombre. Desastres naturales (terremotos, inundaciones) son causas naturales de migraciones forzosas.1 1.1.2.1. Asilado (a) "En el derecho internacional, es el amparo que los países o estados ofrecen a los perseguidos políticos para que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión. El perseguido queda protegido por el país extranjero que concede el amparo".2 1.1.2.2. Refugiado (a)1 Conferencia Episcopal de Colombia (1995). Derechos Humanos. Desplazados por violencia en Colombia. Investigaciónsobre “Derechos Humanos y Desplazamiento Interno en Colombia”. Santafé de Bogotá. p. 372 Rozo Acuña, E (1986). Diccionario de política y derecho público. ESAP. Bogotá. p.16 6.
Por refugiado se ha entendido aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su país "debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o sucesos que alteran gravemente el orden público en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad"3 o, en otras palabras, "porque sus vidas, su seguridad o su libertad están amenazados por una violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los derechos humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público".4 También se define refugiado como la persona que “ debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 5no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”5 1.1.3. Desplazado(a) En la Enciclopedia Microsoft Encarta 98, la palabra Desplazado (a) significa “persona que a causa de guerras, revoluciones etc., abandona el lugar donde vive habitualmente”. En la normativa nacional, el desplazamiento forzado recoge las discusiones y acuerdos internacionales. La ley 387 de 1997 incorpora al ordenamiento legal la definición dada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Según la ley 387 de 1997, desplazado es: “Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazados con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones de conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras situaciones emanadas de las anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”6. Vale la pena resaltar en este punto que dentro del marco conceptual referente a los diferentes tipos de migrantes, llámense refugiados, asilados o desplazados, uno de los aspectos psicosociales implícitos en el fenómeno, el desarraigo, no es tocado en ninguna de las definiciones anteriormente mencionadas. No obstante, desde un punto de vista ideológico de la problemática y del país, diversos autores plantean otras miradas al fenómeno en las cuales el aspecto humano y subjetivo de la problemática hace presencia. Algunas de éstas son: • “El desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular que tiene lugar en el país: la violencia de los 3 Oller, J.R (1995). El Largo Éxodo de los Refugiados y Desplazados. Intermón. Barcelona. p. 74 Ibid.5 Naciones Unidas (1998). Recopilación de Instrumentos Internacionales. Centro de Derechos Humanos. Nueva York. p.2966 Ley 387 de 1997 7.
actores armados contra la población civil como arma predilecta en el marco de las dinámicas estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto”.7 • “El desplazamiento por causas políticas es una forma de violencia que produce grandes cambios y alteraciones en las condiciones de existencia psicológica, familiar, económica y social, dando lugar a un proceso de desarraigo que impide la creación del sentido de pertenencia a la cultura, la formación de una identidad y la construcción de ideales y valores”.8 • “Los desplazados por la confrontación armada y la violencia siguen siendo aquellos que huyen individual y/o familiarmente en un proceso de desarraigo disperso y silencioso que se asientan en ciudades grandes y medianas en precarias condiciones sociales y económicas y en medio de la desprotección y el abandono”.9 • “Es el desplazamiento forzado, como violación al DIH, una situación en la cual se 6materializa la vulneración simultánea de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La mayoría de los desplazados terminan en condiciones infrahumanas, hacinados en zonas subnormales de las ciudades Intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es habitual”.10 • “El desplazamiento en nuestro país es producto directo de la manera como se ha ejercido la violencia: a través de unas estructuras sociales desiguales e injustas (fenómeno ya histórico) y con agresión directa con las armas. El conflicto armado que vive el país suma ya cuatro décadas, se ha prolongado y degradado y es la población civil la que lleva el mayor sacrificio en esta guerra.”11 • “La mera voz desplazados, denuncia, bien miradas las cosas, la tentativa de velar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se “desplaza”, la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse.”12 7 CODHES (1999). Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. UNICEF. Colombia.8 Ardila, C (1996). La cosecha de la ira. Ed Arcan. Bogotá.9 CODHES (1999). Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. UNICEF. Colombia.10 Defensoría del Pueblo (1996). Niñez y sus derechos. Impacto del conflicto armado sobre la vida de los niños, niñas yadolescentes.11 Romero, F. UN periódico. “Estar de paso, siempre de paso”. No.9. Abril. 200012 Molano, A (2001). “Desterrados” en Éxodo, Patrimonio e Identidad. V Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Restrepo.Museo Nacional de Colombia. Bogotá. 8.
1.2. Marco Normativo La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en nuestro país tiene un marco normativo amplío que va desde la ratificación de tratados y convenios, pactos, convenciones y recomendaciones internacionales asumidas en la legislación nacional a partir del bloque de constitucionalidad, hasta el desarrollo legislativo, por actos administrativos del nivel nacional y distrital. Es por ello que se hace necesario en el momento de diseño, implementación, evaluación monitoreo de seguimiento a las políticas públicas diseñadas para la atención integral diferencial de niños, niñas y adolescentes en desplazamiento como un marco general a tener en cuenta. 7 Para efectos de la revisión del marco normativo general se hará en un primer momento una breve descripción del marco normativo internacional referido a los protocolos internacionales que tienen como fin la protección de los niños, niñas y adolescentes como víctimas del desplazamiento forzado; en un segundo momento una referencia general al marco normativo nacional, en un tercer momento un marco normativo y de política distrital y finalmente un marco general de política distrital siempre con la referencia a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado, dado que sería muy amplio realizar la descripción de todo el marco general del desplazamiento. 1.2.1. Marco normativo internacionalLa normatividad internacional incluida por los diferentes tratados y convenciones ratificada por el Estado Colombiano frente a los derechos humanos es amplia, para efectos del presente documento se hará una breve descripción de la normatividad internacional frente a la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en situación de desplazamiento forzado. Entre ellos se encuentran: El protocolo II de Ginebra el cual hace relación a la protección de las víctimas de los conflictos armados, especialmente a la protección que los estados le deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes contra la vinculación a los mismos, dada su edad. La Resolución 48/157 de la Asamblea General de Naciones Unidas, convoca a los estados miembros para que adopten medidas que posibiliten mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes afectados por los conflictos armados, y se solicita la participación de las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, para resolver el problema de los niños, niñas y adolescentes afectados por los conflictos armados. La Resolución 1709 de la Asamblea General de la OEA solicita a los estados miembros que ratifiquen el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños, niñas y jóvenes en conflictos armados, al igual que el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. 9.
La convención internacional de los derechos de las niñas y niños, tal y como se menciona en la directriz nacional para la atención diferencial a los niños, niñas en situación de desplazamiento en Colombia realizada por ACNUR y el ICBF de manera general y teniendo en cuenta que la convención busca la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que ha sido adoptada por Colombia por la Ley 12 de 1991todos los artículos son aplicables a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, no obstante en especial los artículos 38 y 39 de la misma así: Artículo 38: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 8para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. […] 4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”. Artículo 39: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Incita a los estados parte del Pacto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, contra la explotación económica y social; a cumplir con la obligación de reducir los niveles de mortinatalidad y mortalidad infantil, y de garantizar la enseñanza primaria obligatoria, asequible y gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”. En este instrumento, se consagran de forma puntual los derechos de la niñez en el artículo 16, en los siguientes términos: “Todo niño sea cual fuere sea su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y del Estado. Todo niño tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.13 Además, el artículo 15 del Protocolo establece como obligación de los estados partes garantizar una adecuada protección al grupo familiar y en especial a los niños, niñas y adolescentes, en los siguientes términos: 13 Artículo 16. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechoseconómicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador 10.
[…] b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención reconoce “que las niñas y los niños con discapacidad deben tener el pleno disfrute de todos los 9 derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás niños y niñas”, y recuerda “las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Artículo 7: “Niñas y niños con discapacidad: 1. Los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar el pleno disfrute por las niñas y los niños con discapacidad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás. 2. En todas las actividades relacionadas con las niñas y los niños con discapacidad, una consideración primordial será la protección de sus intereses superiores. 3. Los estados partes asegurarán que las niñas y los niños con discapacidad tengan derecho a expresar sus opiniones libremente sobre todas las cuestiones que los afectan, opiniones que recibirán la debida consideración con arreglo a la edad y madurez de aquéllos, en igualdad de condiciones con los demás, y a recibir asistencia apropiada para su discapacidad y edad para poder realizar ese derecho.”14 Las anteriores normas internacionales en específico se refieren principalmente a niños, niñas y adolescentes, sin embargo el marco normativo internacional es amplio entre otras normas se encuentran y las cuales son mencionadas ampliamente en el documento del marco normativo de las afectaciones referido anteriormente: Convenio N. 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930) La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949) Convención sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1950) Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951) Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales (1952) Convenio contra la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958) Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960) Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1963) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 14 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Articulo 7. 11.
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos (1967) Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968) Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965, entrada en vigor: 1969; entró en vigor para Colombia: 1981 en virtud de Ley 22 de 1981) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa (1973) Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado (1974) 10 Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición (1974) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional (1986) Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer ‐ “Convención de Belem do Pará” (1994) Los Principios rectores de los desplazamientos internos (1998) Convenio N. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985; entrada en vigor: 1991, entró en vigor para Colombia en 1999 en virtud de Ley 409 de 1997) Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)‐ La Organización Internacional del Trabajo – OIT15 En conclusión podemos decir que dentro de los marcos normativos internacionales en relación a niñez en situación de desplazamiento forzado, encontramos que tanto los convenios, protocolos como convenciones tienen como objetivo general la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la vinculación a los conflictos armados y de las diferentes situaciones en las que se encuentran inmersos, de igual forma les ordena a los estados a través de los diferentes protocolos, y normatividades en el marco del derecho internacional humanitario a protegerlos contra esta acción y a generar acciones de reparación del daño causado desde el restablecimiento y garantía de sus derechos, teniendo como referencia las situaciones y afectaciones a causa y consecuencia de la problemática. 15 Marco Normativo afectaciones páginas de la 34 a la 54. 12.
1.2.2. Marco Normativo Nacional Colombia ha expedido una amplia normatividad respecto a la protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, a continuación se mencionarán en orden cronológico aquellas más importantes, sin embargo es significativo mencionar qué pesé a esta amplía normatividad colombiana, la Corte Constitucional desde su creación en 1992 ha expedido no menos de 115 Sentencias referidas al tema de desplazamiento forzado, lo que nos llevaría a preguntarnos qué faltaría para que el Estado le garantice los derechos a la población afectada por 11este fenómeno en especial a aquellos a los que se les vulneran más en este marco como son plenamente reconocidos, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las comunidades pertenecientes a grupos étnicos. Dentro de la normatividad nacional se encuentra: La Constitución Política de 1991. La cual establece en su artículo 44 la prevalencia de los derechos de los niños y los consagra como fundamentales. Conpes 2804 de 1995. El cual se reconoce como la primera acción gubernamental, el cual estableció el Programa Nacional de atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, dirigido a neutralizar las dinámicas de violencia y mitigar sus efectos sobre la integridad personal de los desplazados. La estrategia propuesta estaba encaminada hacia el retorno voluntario o hacia el reasentamiento, generando condiciones de sostenibilidad para la reincorporación social y económica de dichas personas, así como el desarrollo integral de las zonas expulsoras y receptoras de la población desplazada. Conpes 2924 de 1997 creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, bajo la coordinación de la entonces Consejería Presidencial para la Población Desplazada. La Ley 387 de 1997. Con esta ley se establece el marco jurídico actual para la Política de atención Integral a la Población Desplazada, así como los propósitos para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de dicha población, y se determinaron responsabilidades institucionales a nivel nacional y territorial. Acuerdo 006 de 1997, emanado de la Junta Directiva, se establece la prioridad en la atención de las familias desplazadas por la violencia, en particular de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los menores de 18 años dentro de los proyectos “Administración del Fondo de Emergencia Nacional, Asistencia y Asesoría a la Familia; Atención Integral a los niños y niñas menores de 7 años y la atención Complementaria al escolar y adolescente. Decreto 173 de 1998. Adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. El propósito fundamental es articular la acción gubernamental en el orden nacional y territorial, formula, en el marco de los principios y objetivos definidos por la Ley 387, las acciones que el Gobierno Nacional ejecutará en materia de prevención del desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia y de consolidación y estabilización socioeconómica en la perspectiva del retorno voluntario o la reubicación de la población desplazada por la violencia. Así mismo, determina las entidades responsables en las distintas estrategias de intervención. 13.
Decreto 501 de 1998. Establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones. Propiciar los mecanismos de concertación entre las autoridades de los diferentes niveles de la administración, para la ejecución de las medidas que el Gobierno Nacional adopte orientadas a la atención integral del fenómeno. Documento CONPES 3057/ 1999. Establece el plan de Acción para la prevención del Desplazamiento Forzado. Propone un plan de acción para mejorar los mecanismos e instrumentos para la prevención, la protección, la atención humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia. Se propone reorganizar y simplificar el marco institucional de la política actual y fortalecer los sistemas de información sobre desplazamiento forzado en el país. Este plan de acción es 12 parte de La estrategia de Democratización y Desarrollo Social del Plan Colombia y, en particular, desarrolla el objetivo de recuperar las responsabilidades centrales del Estado en relación con la promoción y el respeto por los derechos y la dignidad humana. En conjunto, estos elementos apuntan a la conformación de un esquema institucional más eficaz, que incentive la participación de los municipios y departamentos en desarrollo de sus responsabilidades frente al tema, facilite la rendición de cuentas y permita superar el tradicional enfoque asistencialista y de emergencia. Código Penal (Ley 599 del 2000) La Ley 599 del 2000 o Código Penal, tipifica delitos y determina medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, como el reclutamiento ilícito, (artículo 162), que es causa del desplazamiento (artículo 180) de familias que buscan proteger a sus hijos de la vinculación a las filas de los grupos armados ilegales que operan en su zona de residencia. Decreto 2569 de 2000. Reglamenta Parcialmente Ley 387 de 1997. Se pretende evitar la dispersión institucional para la atención de la problemática de la población desplazada. La Red de Solidaridad Social entidad coordinadora del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada. Se crea el registro único de la población desplazada y su reglamentación. Los alcaldes municipales, distritales y gobernadores crearán comités de atención integral para la población desplazada (art. 29). La primera autoridad civil de los entes territoriales convocará a los comités si existe amenaza inminente de desplazamiento (art. 30).Los comités territoriales (municipales, departamentales, distritales) desarrollaran funciones para la prevención del desplazamiento y para la atención a la población desplazada. (Art.31,32,33) Documento CONPES 3115 / 2001. Propone que las entidades del Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada destinen recursos para la formulación de programas y proyectos que permitan atender la demanda de la población desplazada de acuerdo con los objetivos del documento Conpes No 3057. Sentencia T‐025 de 2004 y Autos Reglamentarios. Declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. El Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia habrá de (ii) fijar la dimensión 14.
del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; (iii) definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación. Decreto 250 de 2005. Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. (modifica el 173 de 1998. El Plan tiene un enfoque de 13 derechos, contempla los principios orientadores y de intervención, define los objetivos las fases de intervención y líneas estratégicas, así como las competencias en cada una de estas líneas de intervención, establece el cese de la condición de desplazado, regula el sistema de información y seguimiento y presenta un esquema de respuesta integral. Demuestra la importancia de la Implementación de la veeduría social del Plan cuyos integrantes participarán en las diferentes instancias de concertación, coordinación y planificación. El Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada será el encargado de mirar el cumplimiento del Plan y tiene la responsabilidad de elaborar informes evaluativos semestrales de cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de atención a población en desplazamiento (SNAIPD). Las entidades que conforman el Sistema Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el nivel territorial deben adecuar y desarrollar Programas de Prevención y atención al desplazamiento forzado (art. 2, numeral 1.1). La responsabilidad de prevenir y atender el desplazamiento forzado es competencias de las entidades del Sistema Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), en todos los niveles territoriales con principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad. Funciones de los comités territoriales en cada fase de atención: Prevención y Protección, Atención Humanitaria de Emergencia y Estabilización Socioeconómica (ar2‐ No. 5). Los comités territoriales deben operar a través de mesas de trabajo regionales o comisiones temáticas. Los comités territoriales elaborarán los Planes integrales Únicos PIU, que es la Herramienta para planificar e implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado. art 2. N.6 Documento CONPES 3400/2005. Identifica las metas y prioriza los recursos para atender a la población desplazada por la violencia. Coordinación de acciones y estrategias entre los niveles nacional y territorial y la generación de mayores compromisos presupuestales por parte de las entidades territoriales, para la prevención y atención del desplazamiento forzado. Hace la estimación del esfuerzo presupuestal que deben realizar tanto el nivel nacional como las entidades territoriales para atender las necesidades de la población desplazada. Ley 1169 DE 2007. Ley de presupuesto general de la nación para la vigencia 2008. Las entidades de orden nacional, departamental, municipal y distrital responsables de la atención integral a la población desplazada por la violencia deben priorizar en la ejecución de sus respectivos presupuestos la atención a esta población. La priorización debe tener en cuenta la categoría de la entidad territorial y el número de hogares recibidos y expulsados de acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) en armonía con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 15.
La Ley 1098 del 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, hace un mayor énfasis en el concepto de protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, exigiendo la prevención de la amenaza o vulneración de derechos y “la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior” (artículo 7, Código de Infancia y Adolescencia). Así mismo llama la atención sobre situaciones que afectan la dignidad y la integridad humana de los niños, niñas y adolescentes (artículo 20, derechos de protección). Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, afectivo, la explotación económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de personas, la guerra, los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la tortura, la situación de vida en la calle, el desplazamiento forzoso, las peores formas de 14 trabajo infantil, y las minas antipersonal. El artículo 36, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, establece que “además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”. En este mismo artículo se establece que ellos tienen derecho a: i) el “respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad”; ii) “[…] recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención […]”; iii) la “habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria”; y iv) “ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas”.16 Ley 1190 /2008. El Congreso de la República declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones, entre ellas, los gobernadores de departamento y alcaldes municipales y distritales deberán en el plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha de expedición de esta ley abril 30): Diseñar e implementar estrategias para lograr mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento, definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y coordinación con cronograma para hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas, diseñar un mecanismo de evaluación que permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, informar a la población desplazada sobre la forma como las entidades territoriales están trabajando en procura de su mejoramiento. Los comités municipales, departamentales y distritales formularan Planes Integrales Únicos (PIU) articulados a los Planes de Desarrollo y en los presupuestos locales del año 2008, se ordenan los procedimientos para la adición de presupuestos en forma obligatoria. El SNAIPD, en cabeza de Ministerio del interior y de Justicia, Coordinará con los alcaldes y gobernadores acciones que garanticen el goce efectivo de derechos de las poblaciones retornadas o asentadas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. El gobernador de cada departamento y los alcaldes en desarrollo del Plan Integral único departamental o municipal deben presentar a Acción Social, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para atender a la población desplazada, dicha 16 Directriz para la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. ICBF- ACNUR 2010. 16.
información debe contener como mínimo: Identificación y caracterización de la población en situación del desplazamiento en el municipio, distrito indicando factores de riesgo que puedan incrementarlo. Información del nivel de atención a la población desplazada que ha sido identificada: No. de población atendida, evolución del presupuesto asignado y ejecutado durante los últimos dos años, discriminando componentes y programas. Prioridades de atención y cuáles son los recursos físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos con que cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada. Identificar los factores que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad territorial. Los alcaldes canalizaran y consolidarán y enviaran la información a Acción Social, envíos trimestrales. 15 Auto 251 de 2008. Protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. señala que los niños, niñas y adolescentes “son las víctimas más débiles e indefensas” expuestas a riesgos especiales: “i)ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores armados, ii) de reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales; iii) de ser víctimas inusitadamente frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, iv) de ser incorporados a comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales; v) de ser víctimas de los alarmantes patrones de violencia sexual; y vi) de soportar la estrategia de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del , las cuales llevan implícitas pautas de control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años‐, riesgos que a su vez operan como causa del desplazamiento forzado, suyo de sus familias y sus comunidades”17. Desde esta comprensión y bajo este enfoque la Corte ordena de manera corresponsable y bajo el principio de protección integral consagrado en la ley 1098 de 2006 tanto a las instituciones como garantes, a las familias y a la sociedad como interesados en general en la situación de la infancia en situación de desplazamiento forzado a comprender la situación a la luz de las afectaciones ocasionadas a causa y consecuencia del desplazamiento forzado, teniendo como principio orientador de la acción el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y a generar respuestas integrales e inmediatas y diferenciales. En esta orden la Corte Constitucional plantea la necesidad de desarrollar programas y proyectos acordes con el estatus constitucional de sujetos de protección especial que tienen los niños, niñas y adolescentes, en tanto titulares de derechos prevalecientes, merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada con un enfoque integral de prevención y protección que responda a su realidad. Así mismo, impulsa a que las propuestas sean sensibles a los riesgos especiales que sufren los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, a los problemas transversales diferenciados que vulneran sus derechos fundamentales durante el desplazamiento forzado y a reconocer los ámbitos críticos, concebidos como momentos y condiciones particulares cruciales en relación con el ciclo de vida que tienen afectaciones en su desarrollo y en su vida futura. Exige respuestas inmediatas y específicas, para el goce efectivo de los derechos de la primera infancia (entre 0 y 6 años), la adolescencia (12 a 18 años), los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas y a comunidades afrocolombianas, y quienes tengan algún tipo discapacidad. 17 Corte Constitucional, Auto 251 del 2008. Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentesdesplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T-025 del 2004, después de la sesión técnica realizada el 28 de junio del 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, 6 de octubre del 2008. 17.
De igual forma los autos 006 de 2009, frente a las personas en situación de discapacidad, el auto 092 de 2008 en referencia a las mujeres en situación de desplazamiento y los 11 autos que profiere la Corte durante el 2009 frente a las poblaciones indígenas, afrocolombianas en situación de desplazamiento a la caracterización de la población y a la articulación para el cumplimiento de la garantía de los derechos de la población. 1.2.3. Marco Normativo DistritalBogotá cuenta con el sistema distrital para la atención a la población en situación de desplazamiento, a partir de la reformulación del PIU 2010‐2020, la Fundación Social construye un esquema de este sistema el cual fue diseñado a partir de la información suministrada por los 16diferentes actores, entre ellos las instituciones, los interesados en el tema y las víctimas. El esquema a continuación permite observar una amplia y diversidad de escenarios con los que cuenta la política para la atención a la población en desplazamiento en el distrito. Sin embargo es importante anotar que además de ello, se cuenta con otros escenarios con los que se relacionan estos actores involucrados como son las diferentes instancias de decisión como son el Consejo de Gobierno, Consejo de Política Social, los comités por ciclo vital, entre ellos el comité distrital de infancia y adolescencia, entre otros. Se podría anotar que dada la complejidad de estos espacios uno de los llamados es a la articulación en la implementación de las acciones y en el diseño de las mismas, a través de estos escenarios no meramente institucionales, que en la práctica muchas veces se ven de esta forma y se termina por invisibilidad a la población participante de los mismos. 18.
Sistema de Distrital de Atención Integral a Población en Situación de Desplazamiento. 18 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) Comité Coordinador: Acción Social y Secretaría de Sistema Distrital de Atención Integral a Población Desplazada (SDAIPD) Gobierno. Consejo Distrital de 17 Atención Integral a PSD. Secretaría Técnica: Secretaria Distrital de Gobierno Unidades de Atención y Comités Locales de Atención a la Población Mesas de seguimiento Mesas de seguimiento Orientación hacia del PIU Bogotá Autos [CGSI] Desplazada UAO Suba y Usaquén 1. Bosa Mesa de Atención Humanitaria de Auto 092 UAO Ciudad Bolívar 2. Kennedy 3. Tunjuelito Emergencia UAO Puente Aranda 4. Font ibón 5. Ciudad Bolívar UAO Terminal 6. Usme 7. Rafael Uribe Uribe UAO Bosa Kennedy 8. San Cristóbal Mesa de Protección y Auto 004 9. Teusaquillo Prevención UAO Rafael Uribe 10. Engativa 11. Suba Mesa de fortalecimiento de las Organizaciones de Auto 005 Población Desplazada Mesa de estabilización socioeconómica: Auto 006 - Salud y Educación - Tierras - Vivienda Las instituciones del Distrito Capital en alianza con entidades del orden nacional e internacional, así como la sociedad civil se constituyen en garantes de la población en desplazamiento forzado, para ello cuenta con un amplia normatividad la cual respalda su acción, entre ellos se encuentran: 18 Tomado del documento borrador del PIU 2010 Página 65 19.
En Bogotá el Decreto 1189/1997 Se reglamenta el Comité Distrital para la atención integral a la población desplazada por la violencia.19 No Obstante desde la expedición de la Ley 387 de 1997 en su artículo 7. Ordena la creación de los comités municipales para la atención de esta población. 18 El Comité Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (CDAIPD) es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el nivel distrital y como tal se constituye en la instancia encargada de la elaboración e implementación de políticas, planes y programas para la prevención, atención, protección y estabilización socioeconómica de la población desplazada. El CDAIPD es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el nivel distrital, la cual se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno como lo muestra el esquema anterior, en el tienen presencia los seis representantes de la población desplazada, las delegaciones de cada uno de los 12 sectores del distrito capital, las entidades del orden nacional y la unidad territorial de Acción Social de Bogotá, así como los organismos de control a nivel distrital como la personería y la veeduría y a nivel nacional como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, al igual que los interesados no gubernamentales como las ONG. Para ello constituye cada año un plan de acción con los y las representantes de la población y se reúne de manera permanente una vez cada mes. A su vez la ciudad de Bogotá cuenta con Comités Locales de Atención a la Población Desplazada (CLAPD). Teniendo en cuenta que la problemática de desplazamiento forzado impacta de manera diferencial al territorio distrital, se identificó la necesidad de diseñar otros canales de coordinación 19 El Alcalde Mayor o su delegado, el Comandante de la Décimo Tercera Brigada de Santafé de Bogotá, El Comandante dela Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, El Secretario de Salud, El Director Regional de Santafé de Bogotá, delICBF, Un representante de la Cruz Roja Colombiana, Un Representante de la Defensa Civil, Un representante de lasiglesias, dos representantes de la población desplazada. 20.
y de articulación a nivel de los territorios [Localidades, UPZ, Barrios], reconociendo la existencia de dinámicas particulares y procesos de construcción de redes comunitarias y sociales diferentes. Es por ello que Bogotá se cuenta con doce (12) Comités Locales de Atención a la Población Desplazada creados mediante Decretos Locales, cuyas sesiones son presididas por el Alcalde Local y en donde participan dos y tres representantes de la población desplazada presente en el territorio. La secretaría técnica de los Comités son las Unidades de atención a población desplazada UAO. En estos comités a partir del 2008, la Secretaría Distrital de integración Social a nivel local delegó la participación de los y las profesionales de infancia y adolescencia a fin de generar procesos de visibilización para la atención diferencial de los niños, niñas y adolescentes y el rediseño de las rutas de atención con énfasis en la generación de espacios para la coordinación para la atención integral a niños, niñas y adolescentes a partir de los servidos existentes. En las 19localidades en donde se encuentran los comités locales son Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Engativá y Suba. En la sesión de trabajo realizada en el marco de la reformulación del PIU de Bogotá 2010‐2020 sobre el tema de Articulación Sectorial y Territorial se identificaron algunas dificultades frente al compromiso real de las Alcaldías Locales con relación a la atención de la Población en situación de desplazamiento (PSD) en sus territorios relacionados especialmente con la toma de decisiones para avanzar desde el territorio en el Goce efectivo de los derechos (GED) de la PSD. Con relación a la representación de Organizaciones de la Población desplazada (OPSD) se evidencia la necesidad de fortalecer la participación diferencial en estos escenarios; articular los sistemas de información con el nivel central de la Alcaldía Mayor, por cuanto son espacios en su mayoría institucionales y reglamentados legalmente.20 De otra forma y de manera articulada al comité distrital como a los comités distritales y en el marco de un proceso de deterritorialización de la atención a las personas en situación de desplazamiento Bogotá cuenta hoy con seis Unidades que intervienen en 19 de las 20 localidades del Distrito. Entre ellas la Unidad de Suba, Bosa‐Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal y Terminal. Unidad de Localidades que atiende COORDINADOR-A TELEFONO DIRECCION UAO atención y Secretaria de orientación Gobierno 6816216 - CARRERA 90 Nº 147 -01. SUBA/ENGATIVA. BARRIOS UAO SUBA Pilar Cohen 6810014 SUBA CENTRO (PLAZA UNIDOS. USAQUEN/SUBA 6861550 FUNDACIONAL MARTIRES, CANDELARIA, UAO PUENTE SANTAFE, CLAUDIA PATRICIA 2778311 CARRERA 36Nº 18A - 47 ARANDA/ CHAPINERO/PUENTE GUARNIZO GUZMAN 2777297 cundinamarca ARANDA UAO BOSA- CARLOS ENRIQUE 2648467 CALLE 35 A sur Nº 72 M BOSA/KENNEDY KENNEDY CABRAL TOLEDO 2735646 – 32. CARVAJAL RUBY ANDREA 7777404 CALLE 63 Sur Nº 72 – 19UAO C. BOLIVAR USME/CIUDAD BOLIVAR FORERO DUEÑAS 7760002 BARRIO CINDINAMARCA20 Documento borrador PIU 2010-2020- página 87 21.
TUNJUELITO, RAFAEL URIBE, 2095834 CALLE 24A Nº 5 -38 SUR UAO SAN LUIS ALBERTO ANTONIO NARÑO/SAN 2095859 20 de julio. Plaza de CRISTOBAL ACEVEDO VASQUEZ CRISTOBAL 2729545 mercado UAO TERMINAL Calle 22C No. 68F-37DE TRANSPORTE TERMINAL DE TRANSPORTE ALINA ARAGON Local 108 Módulo 5, /FONTIBON A través de estas unidades se realiza la atención y orientación de la PSD a la oferta distrital para PSD, siendo esta instancia la puerta de llegada al Sistema de Atención el Distrito se ha propuesto fortalecer su intervención y convertirlas en Centros de Gestión Social Integral y de Restitución de 20Derechos, bajo el direccionamiento de la estrategia Gestión Social Integral21 (GSI) planteada en el Plan de Desarrollo 2008‐2012. El proceso de reconversión busca “(…) la territorialización social de las acciones; la planeación integrada y transectorial de los sectores de gobierno; la articulación público – privada y la participación social efectiva, orientada hacia la exigibilidad de los derechos”. (Informe técnico, 2010:5). El objetivo de la estrategia de Gestión Social Integral es el fortalecimiento institucional y de las organizaciones sociales asentadas en las localidades, de manera que se pueda armonizar las intervenciones del sector central del gobierno Distrital para avanzar de manera ostensible en el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento en los territorios, situando su accionar en la prevención, protección, la atención integral y la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por otra parte, la percepción de funcionarios distritales y nacionales sobre este espacio evidencia que: “En cuanto a coordinación, es el único espacio físico que permite la concentración de las entidades que realizan atención y orientación a la PSD y es, además, el espacio de mayor conocimiento de la realidad de la PSD y que permite la articulación con otros sectores públicos y privados de la localidad.”22 Acuerdo 02 de 1998 Se crea el Consejo Distrital para la atención integral a la población desplazada por la violencia23. Se crea el Plan Distrital para la Atención Integral de los desplazados por la violencia en Bogotá. (…estará orientado a satisfacer prioritariamente las necesidades de empleo, salud, educación vivienda, seguridad y bienestar social entre otros, de tal manera que todas las instituciones distritales contribuyan a soluciones efectivas de 21 “Estrategia que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidadesterritoriales y asegurando la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente elprotagonismo de la población en los territorios”22 Fundación Social. Articulación Sectorial y Territorial “Encuentro de Pares Nacionales y Distritales”, Bogotá, 27 de julio de2010.23 El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá (resolución Distrital 103 del 2002), el Personero Distrital, el Secretario Distritalde de Salud, El Secretario de Hacienda, El Secretario de Educación, El Director del Departamento Administrativo deBienestar Social, el Director General del ICBF, Un representante de la Cruz Roja Colombiana, Dos representantes de lasiglesias con personería jurídica legalmente reconocida, tres representantes de la población desplazada, un representante dela defensoría del pueblo, un representante de la Universidad Distrital, el Veedor Distrital con derecho a voz (decreto 0624 de1998) 22.
cada uno de los problemas que afectan a dicha población.) El comité se reunirá por lo menos una vez cada dos meses. Directiva Distrital 003 de 2008. Un avance importante en el Distrito, es la expedición la Directiva No. 013 de 2008 que orienta a todas las entidades distritales responsables de la puesta en marcha de la política de atención a la PSD para que diferencien las acciones y componentes de atención a la PSD en sus Planes Operativos de Inversión Anual (POAI) con sus respectivos presupuestos, a fin de asegurar la efectividad de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales. Este compromiso se reafirma con la Circular 02 del 2009 donde las Secretarías Distritales de Gobierno y de Hacienda ratifican la obligatoriedad que tienen las entidades distritales de reportar la ejecución presupuestal de la atención a la PSD, ejercicio 21 que ha permitido que cada tres meses la Secretaría de Gobierno recoja la información sectorial de las acciones encaminadas a la atención integral de la PSD y la garantía del goce efectivo de derechos (GED), a través de la discriminación de recursos invertidos, número de los beneficiarios diferenciados por género, ciclo vital y grupo étnico, así como información acerca de los programas implementados para cada entidad del Distrito. La matriz diligenciada en el marco de la respuesta institucional a la Directiva mencionada se complementa con un informe cualitativo de la gestión e inversión por sectores en el distrito capital que permite tener un panorama de la situación de la población; en especial a partir de esta directiva se ha visibilizado la atención a la infancia en Bogotá, lo que permitió a las entidades responsables de la promoción, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizar un plan operativo para la puesta en marcha de las órdenes impartidas en la corte a través del auto 251 de 2008 y así aportar al diseño del Programa Nacional” Mis derechos Primero” para la atención diferencial de los niños, niñas en situación de desplazamiento forzado. Lo que se puede mostrar con este avance es la apuesta en la agenda pública y social de la situación problemática, en términos de acciones y presupuestos, no obstante la ciudad tiene un gran reto hacia la planeación de manera intersectorial y hacia el diseño e implementación de acciones integrales y diferenciales de la población, ya que el avance se da en términos de priorización en el acceso a servicios y no en la atención a partir de sus necesidades particulares y el reconocimiento de la diversidad de situaciones enmarcadas en el desplazamiento forzado, dadas por las variables de ciclo vital, etnia, discapacidad, genero y de sus afectaciones diferenciales. 1.2.4. Marco político 1.2.4.1. Marco de Política Nacional Colombia desde la expedición de la Ley 387 de 1997 cuenta con las directrices para la atención a la población en situación de desplazamiento, en sus dos títulos muestra la concepción de desplazado la cual se menciona en la primera parte de este marco general, las obligaciones del Estado frente a esta situación y del Sistema Nacional de atención a población desplazada. Frente a los principios y responsabilidades del Estado se evidencian en los artículos 2 y 3 de la misma así: 23.
Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se orienta por los siguientes principios: 1º. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria. 2º. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente. 3º. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. 224º. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar. 5º. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. 6º. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 7º. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 8º. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. 9º. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia social. Artículo 3º. De la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la violencia. Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la organización del Estado colombiano.24 Para ello la Nación ha establecido bajo la misma normatividad el Sistema de Atención a población en desplazamiento, a fin de llevar a cabo la política Nacional en sus fases y bajo estos principios, del Sistema habla la ley en sus artículos del 4 al 5 en donde se ordena la creación de dicho Sistema a fin de cumplir con los objetivos de política anteriormente mencionados en el artículo 3 de la misma Ley y le ordena tanto a las organizaciones públicas, como privadas su articulación para la atención integral a la población en términos de acciones y presupuestos a fin de diseñar e implementar programas y proyectos para la población en desplazamiento en el distrito Capital. De igual forma en el artículo 6 se ordena la creación del Consejo Nacional de atención a población desplazada y de sus participantes así: Articulo 6. Créase el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia como órgano consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, tienen a su cargo. Este Consejo Nacional estará integrado por: ∙ Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá ∙ El Consejero Presidencial para los Desplazados, o quien haga sus veces ∙ El Ministro del Interior ∙ El Ministro de Hacienda y Crédito Público ∙ El Ministro de Defensa Nacional ∙ El Ministro 24 Ley 387 de 1997. 24.
de Salud ∙ El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ∙ El Ministro de Desarrollo Económico ∙ El Director del Departamento Nacional de Planeación ∙ El Defensor del Pueblo ∙ El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces ∙ El Consejero Presidencial para la Política Social, o quien haga sus veces ∙ El Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga sus veces, y ∙ El Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces. Parágrafo 1º. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Consejo Nacional, podrán delegar su asistencia en los Viceministros o en los Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, éste podrá delegar en el Comandante General de las Fuerzas Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación podrá delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de Solidaridad, en el Subgerente de la misma. Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser 23invitados al Consejo otros Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos o directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional o representantes de las Organizaciones de Desplazados. Parágrafo 2º. El Director de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejercerá la secretaría técnica del Consejo Nacional. En la misma Ley en el capítulo II se menciona el Plan Nacional para la atención a la población desplazada la necesidad de su diseño y de los objetivos dentro de los cuales se encuentran:25 • Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento por laviolencia, de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas que ello genere. • Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado. • Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y la adaptación a la nueva situación. • Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados. • Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social. • Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. • Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos. 25 Ley 387 de 1997 artículo 10 25.
• Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios, y • Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias. El documento borrador plan de desarrollo 2010‐2014 “Prosperidad para todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad” desarrolla la Política Nacional para la Población en situación de desplazamiento para los próximos cuatro años, en esta se referencian específicamente las acciones que el Estado deberá realizar para contrarrestar los efectos de la problemática a fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población. En la búsqueda de la garantía del goce 24efectivo de los derechos de esta población, busca realizar acciones de prevención y protección a la población, la restitución mediante la atención integral y la aplicación del enfoque diferencial, mediante la coordinación y la intersectorial en las acciones y con la participación de ellos y ellas, a fin de generar acciones de reparación que lleven a la verdad, justicia frente al daño causado. Dentro de las acciones de atención integral el estado está llamado dentro de la Política a generar acciones para la atención humanitaria con eficiencia y la atención integral básica, acciones para la restitución de tierras, generación de ingresos y garantizar el derecho a la vivienda. Para ello la Política ha establecido su medición mediante Indicadores que miden el Goce Efectivo de los Derechos, apuntándole a la articulación y sumatoria de esfuerzos de todos sus actores para garantizar los derechos de la población, contando con la participación activa de la Población desplazada, la Sociedad Civil y el Sector Privado son fundamentales en la búsqueda de soluciones. Lo anterior por cuanto el objetivo principal de la Política es que la PD supere la situación de desplazamiento (cesación).26 En el marco de la respuesta frente a las órdenes impartidas por el Auto 251 de 2008, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a partir del diseño y ejecución de los proyectos pilotos para la prevención y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes diseña El programa para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado “Mis derechos Primero”, el cual busca garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento a través del goce efectico de sus derechos, con una cobertura de 564.760 niños, niñas y adolescentes en 12 departamentos y 12 municipios dentro de los cuales se encuentra Bogotá con 115.567 niños, niñas y adolescentes desde la gestación hasta los 18 años, pertenecientes a grupos afro, indígenas, con discapacidad, entre otras situaciones enmarcadas dentro de la problemática de desplazamiento forzado en la ciudad. Para implementar el programa, se ha diseñado una ruta de atención integral la cual busca a través de los dos componentes, el primero de prevención de la situación y el segundo atención integral de la situación garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo como marco de referencia las categorías y los derechos que implican protección, vida y supervivencia, educación y desarrollo y participación. 26 Documento borrado “Plan de desarrollo Colombiano 2010-2014” Recommended

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 38
 Artículo 39
 artículo 16
 artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 7
 artículo 44
 artículo 36
 artículo 7

Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 10