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Apuntes sobre la actualidad fiscal Octubre 2013
Enviado por dpadmin el Octubre 4, 2013 - 18:06
1.- RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS OPERACIONES VINCULADAS
El Tribunal Constitucional ha considerado que la regulación del régimen sancionador de las operaciones vinculadas no vulnera los principios de legalidad sancionadora y proporcionalidad.
2.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. NO DEDUCIBILIDAD DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE CARTERA EN SOCIEDAD VINCULADA COMO CONSECUENCIA DE CAPITALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
Una Sentencia del Tribunal Supremo considera no deducible la provisión por depreciación de cartera en una empresa vinculada proveniente de capitalización de préstamos en condiciones distintas a las de mercado.
3.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. NO SUJECIÓN A RETENCIÓN DE LAS RENTAS PROCEDENTES DE ACTIVOS FINANCIEROS NEGOCIADOS EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
Se ha suprimido la obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que procedan de activos financieros negociados en el Mercado Alternativo de Renta Fija.
4.- TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA EN EL IVA
En una consulta vinculante de la DGT se contemplan las posibles diferencias en los tipos impositivos aplicables en servicios de hostelería.
5.- COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CUANDO NO SE HA REGISTRADO CONTABLEMENTE UN CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR
En consulta evacuada por el ICAC se especifica su tratamiento contable.
6.- CONCEPTO DE GRUPO DE ENTIDADES
La DGT se plantea si también se puede presumir la existencia de control en las sociedades participadas por grupos familiares que no se encuentran participadas entre ellas.
7.- CALENDARIO FISCAL DE OCTUBRE DE 2013
El Tribunal Constitucional (TC), en sentencia de 11 de julio de 2013, declara la constitucionalidad de la tipificación y el régimen sancionador previstos por el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) aplicable al incumplimiento de la obligación de documentación de las operaciones vinculadas.
La cuestión de inconstitucionalidad fue interpuesta por el Tribunal Supremo a partir de un recurso formulado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, en el que se planteaba la posible inconstitucionalidad de los apartados 2 y 10 del artículo 16 del TRLIS por la posible vulneración de los principios de legalidad sancionadora y de proporcionalidad que establece la Constitución.
El TC considera que la norma legal contiene los elementos esenciales que definen la conducta contraria al ordenamiento jurídico, puesto que incorpora la definición básica de los comportamientos prohibidos, acota materialmente el ámbito al que debe referirse el régimen sancionador, enuncia su finalidad, identifica a los sujetos pasivos a quienes les afecta y describe suficientemente los aspectos objetivos de las conductas que considera contrarias al ordenamiento jurídico. Así pues, el desarrollo reglamentario debe considerarse correcto, puesto que su desarrollo se efectúa bajo directrices suficientemente precisas.
En la parte dispositiva de la sentencia, el alto Tribunal aduce que el régimen sancionador tampoco puede ser considerado inconstitucional por incumplir el principio de proporcionalidad en base, principalmente a los mismos argumentos ya manifestados: es decir, que la norma rango legal contiene todos los elementos esenciales de la conducta descrita como contraria al ordenamiento jurídico.
En consecuencia, la regulación del régimen sancionador de las operaciones vinculadas no vulnera los principios constitucionales y, por tanto, es plenamente aplicable.
La Sentencia del alto Tribunal concluye traspasando a la jurisdicción ordinaria para que sea ésta quien dictamine si se infringe o no el principio de proporcionalidad en el desarrollo reglamentario de las infracciones, tal y como han sido definitivamente perfiladas por sus normas reglamentarias y las sanciones legalmente tasadas.
El Tribunal Supremo en Sentencia del pasado 7 de marzo considera no deducible por improcedente, una provisión por depreciación de cartera en una sociedad vinculada fruto de la capitalización de unos préstamos cuyas condiciones no se ajustaban a las condiciones de mercado.
Analizamos seguidamente la Sentencia enunciada.
Los hechos son los siguientes: la depreciación de la participación que una sociedad posee en otra del mismo grupo debido a las pérdidas de ésta. Dicha participación se adquirió mediante sucesivos préstamos previamente concedidos, con un periodo de carencia en la restitución del capital de tres años, sin garantías por parte del prestatario y sin cuantificación de las anualidades. Algunas de las operaciones de ampliación de capital van precedidas de previas reducciones de capital para compensar pérdidas (operación acordeón) y tras sucesivas operaciones de capitalización, la participación de la prestamista en la prestataria pasa a ser del 100 por 100.
La inspección no admite la deducción de las dotaciones a la provisión en base a la figura de la simulación, argumentándose que el obligado tributario está permutando créditos por participaciones en una sociedad que en ese momento tiene un valor teórico negativo, en definitiva, un acto de liberalidad. Económicamente estas operaciones resultarían impensables, ya que un tercero independiente habría exigido, antes de la ampliación de capital, la previa reposición de las pérdidas y dado el desequilibrio económico de la prestataria, se puede presumir que desde el momento mismo en que se conceden los préstamos, éstos no se esperan cobrar.
Se considera que el único objeto de la sociedad prestamista al aportar financiación a la sociedad prestataria y posteriormente, haber procedido a su capitalización, era crear artificialmente la provisión por depreciación de la cartera de valores y como consecuencia de ello un gasto fiscalmente deducible.
Analizando las operaciones efectuadas, se concluye que estas operaciones carecen de toda lógica económica y jurídica:
Económicamente por las siguientes consideraciones:
La sustitución de créditos por acciones no puede justificarse por la voluntad por parte de la prestamista de adquirir el control de la gestión de la prestataria, ya que dada la fuerte vinculación entre ambas sociedades, dicho control ya se ejercía con anterioridad.
2. Estas operaciones resultarían impensables entre partes independientes.
3. Dadas las pérdidas recurrentes de la prestataria, la sitúan en un claro desequilibrio económico, lo que permite presumir que desde el mismo momento en que se conceden los préstamos, éstos no se esperan cobrar, derivándose de todo ello una clara condonación de créditos, una transmisión lucrativa ya que la utilidad o ventaja que presta una de las partes carece de contraprestación o contrapartida, ya que la situación de insolvencia patente en la que se encuentra la prestataria determina que a la misma le sea imposible afrontar el pago de los créditos que recibe de la prestamista, encontrándose asimismo la prestataria, incursa en una de las causas de disolución legal.
4. A la misma conclusión se llegaría a la simple lectura de las condiciones con las que se otorgan los préstamos, casi todos ellos con un plazo de amortización de 13 años y 3 años de carencia de intereses y, por tanto, de difícil cumplimiento en una sociedad que se encuentra en constantes pérdidas.
5. También resulta significativo el tiempo transcurrido desde que se conceden los préstamos hasta el momento en que se capitalizan, en el que apenas si transcurre un año y en otros casos, el tiempo transcurrido entre el momento en que se conceden los préstamos y el de su novación (en algunos casos apenas de un mes).
Análisis jurídico de la posibilidad de capitalizar los préstamos concedidos: La normativa mercantil establece que cuando el aumento de capital se realice por compensación de créditos, estos habrán de ser totalmente líquidos y exigibles, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, estableciéndose para las sociedades anónimas que sólo podrá realizarse un aumento de capital por compensación de créditos cuando concurran los siguientes requisitos:
Que al menos un veinticinco por ciento de los créditos sean líquidos, vencidos y exigibles, y que el vencimiento de los restantes no sea superior a cinco años.
Respecto de los requisitos enumerados, merece destacarse:
El vencimiento de los créditos se produce en la fecha en que la obligación deba cumplirse, bien por haber transcurrido el plazo legal, bien por haber finalizado el plazo pactado por las partes del contrato del que los créditos a compensar traen origen.
La liquidez implica que la cuantía o calidad de la prestación a entregar por el deudor al acreedor debe de ser determinada, sin que sea precisa la intervención judicial o el arbitrio de tercero para su determinación, o que para su determinación sólo se precisa una simple operación matemática cuyo resultado no admita ningún tipo de discusión.
Las operaciones realizadas no cumplen con el requisito de que los créditos capitalizados en el momento de la capitalización no son vencidos ni líquidos por lo que, desde un punto de vista mercantil, la capitalización no podría efectuarse.
Desde un punto de vista jurídico, las operaciones efectuadas carecen de sentido, puesto que con las mismas la sociedad prestamista está cambiando su condición de acreedor por la de accionista, con la consiguiente desventaja que ello supone desde el punto de vista de la prelación de derechos en caso de liquidación de la sociedad prestataria.
A la vista de los argumentos expuestos, el TS avala el criterio seguido tanto por la inspección tanto en la simulación apreciada y declara no deducible la provisión por depreciación de cartera realizada.
Desde el uno de septiembre de 2013, mediante el Real Decreto 633/2013 del Ministerio de la Presidencia (BOE del día 31 de agosto), y con la finalidad de potenciar el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), se amplía la no sujeción a retención o ingreso a cuenta además de a las rentas procedentes de rendimiento de activos financieros, siempre que estén representados mediante anotaciones en cuenta y que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español, a las procedentes de activos financieros negociados en el Mercado Alternativo de Renta Fija.
De esta forma se equipara el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por inversores en el MARF y los del régimen general aplicable a los mercados secundarios oficiales.
En una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos evacuada el pasado 7 de mayo, se detallan los distintos tipos aplicables del IVA en la prestación de servicios por empresas de restauración.
Así, al margen del tipo reducido del 10 por 100 aplicable a los servicios de hostelería, acampamento, balneario y de restaurantes, los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas y análogos, tributan al tipo general del 21 por 100.
Las prestaciones de servicios de cesión del espacio de un restaurante para la celebración de bodas o de exclusividad del uso total parcial del restaurante, constituyen un fin en si mismas, por lo que dichos servicios tributarán de forma independiente de la actividad de restauración. Así, tributarán al 21 por 100 las prestaciones de servicios de cesión del espacio de un restaurante para la celebración de bodas o de exclusividad del uso total o parcial de un local para la celebración de eventos distintos. Sin embargo, tributarán al 10 por 100 los servicios mixtos de banquete de bodas constituidos por un servicio de restauración prestado conjuntamente con un servicio musical accesorio, así como los servicios de restauración prestados a grupos de personas en eventos distintos del anterior.
En consulta publicada en el BOICAC núm. 94 del pasado mes de junio se especifica el criterio contable a seguir.
En primer lugar cabe diferenciar entre la compensación de pérdidas contables, reflejadas en el balance de la sociedad, y la compensación de pérdidas fiscales (bases imponibles negativas).
La compensación de pérdidas de ejercicios anteriores reflejadas en el balance de la sociedad deberá ser aprobada por la Junta General de la Sociedad y dicho acuerdo se contabilizará abonando la cuenta 121 “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.
Por otra parte, la compensación de pérdidas fiscales se contabilizará siguiendo la norma de registro y valoración (NRV) 13ª. Impuestos sobre beneficios del Plan General de Contabilidad vigente, donde se establece que:
“El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente”.
De acuerdo con lo indicado, al cierre del ejercicio se deberá contabilizar el gasto por impuesto sobre sociedades, para lo que partirá del resultado contable antes de impuestos y se realizarán los ajustes que procedan, en su caso, derivadas de las diferencias que pudieran existir entre el resultado contable y la base imponible, como por ejemplo, en el caso de que se compensen las pérdidas fiscales que no estén registradas, lo que originará un menor impuesto corriente que se registrará en la cuenta 6300. Impuesto sobre beneficios corriente.
Adicionalmente, en el supuesto de quedar cuantías pendientes de compensar en ejercicios futuros, se reconocerá el correspondiente activo siempre que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente que permitan su aplicación.
El registro del crédito fiscal como activo por impuesto diferido se podrá realizar mediante un cargo en la cuenta 4745. Créditos por pérdidas a compensar, con abono a la cuenta 6301. Impuesto diferido.
En todo caso, cabe recordar que, en aplicación del principio de devengo el gasto por el impuesto sobre beneficios, tanto corriente como diferido, debe contabilizarse en el propio ejercicio al que se refiera, con independencia del momento del pago de la deuda tributaria resultante.
6.- CONCEPTO DE “GRUPO DE ENTIDADES”
El concepto de grupo de entidades resulta de especial importancia en el ámbito tributario en la medida que se utiliza a los efectos de determinar, entre otros supuestos, si resultan de aplicación diferentes beneficios fiscales tales como los contenidos en el régimen especial de entidades de reducida dimensión del Impuesto sobre Sociedades, si resulta necesario documentar o no determinadas operaciones vinculadas o, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, si resulta posible la aplicación de determinadas exenciones, o en el cálculo de la cuota tributaria a satisfacer.
Con posterioridad de la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (Ley 16/2007, de 4 de julio) la principal consecuencia fue la eliminación de la obligación de consolidación contable para los denominados “grupos de coordinación”, integrados por las empresas sometidas a una misma unidad de decisión; concepto jurídico que permitía identificar la obligación de consolidar cuando varias sociedades estaban controladas por terceros no obligados a consolidar, por carecer de la forma societaria mercantil.
Después de la citada reforma, el concepto de grupo del artículo 42 del Código de Comercio (CdC), y en consecuencia, la obligación de consolidar ha quedado definida a partir de la idea de “control” entre sociedades o de una sociedad sobre una empresa. La relación de subordinación a que se refiere el vigente artículo 42 del CdC es la consecuencia lógica de poseer la mayoría de los derechos de voto de una sociedad, o de la facultad de nombrar o haber designado a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, circunstancia que también requiere, con carácter general, gozar de los derechos de voto.
Definido el grupo de sociedades bajo la idea de “control”, que no bajo la idea de coordinación, la Dirección General de Tributos se plantea en la consulta vinculante V0557-13 de 21 de febrero pasado, si también se puede presumir la existencia de “control” en las sociedades participadas por grupos familiares, que no se encuentran participadas entre ellas.
La DGT tomando en consideración el informe emitido por el ICAC el 16 de enero de 2013, considera que dado que el artículo 42 del CdC en su apartado 2.2 contempla la posibilidad de que el control se pueda ejercer sin participación, conviene profundizar en dicho aspecto. Efectivamente, el ICAC en el citado informe señala que a través del artículo 2, apartado 2 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), se desarrollan una serie de supuestos a través de los cuales se pretende definir el concepto de control sin participación, o lo que es lo mismo, la identificación de una nueva tipología de sociedades dependientes, las denominadas entidades de propósito especial, para cuya identificación uno de los aspectos más relevantes a considerar es la participación de una sociedad en los riesgos y beneficios de otra.
Dentro de este marco, la DGT, aun considerando que la calificación como empresa del grupo de un entramado societario será una cuestión de hecho, que vendrá determinada por la existencia o la posibilidad de control entre sociedades o de una empresa por una sociedad, para cuya apreciación concreta será preciso analizar todos los antecedentes y circunstancias del caso correspondiente, concluye que para el supuesto de que un conjunto de personas físicas vinculadas por una relación de parentesco posean la mayoría de los derechos de voto de varias sociedades, cuando menos, deberá existir la presunción, que admitirá prueba en contrario, de que dichas sociedades, tanto las controladas a título individual por cada uno o algunas de dichas personas físicas, como las participadas por todas ellas, forman parte de un grupo de entidades.
Es decir, que las sociedades integradas en lo que se podría denominar un grupo familiar, como regla general, deberán ser consideradas grupos sometidos a la misma unidad de decisión, que podrán reconocerse a la vista de la coincidencia de las personas que componen los órganos de administración de las empresas, y de las propias relaciones económicas cruzadas que la unidad de decisión teje entre las sociedades titulares de los activos y pasivos que “administran” directa o indirectamente las personas que lo conforman, como por ejemplo, mediante el otorgamiento de asistencia financiera mutua o la presencia de esta sociedades en las sucesivas etapas de un determinado proceso productivo.
7.- CALENDARIO FISCAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013
Septiembre 2013. Modelos N-I, N-E, O-I, O-E
Tercer Trimestre 2013. Modelos 111 115, 117, 123, 124, 126, 128.
Septiembre 2013. Grandes empresas. Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128.
Tercer Trimestre 2013.
Régimen general. Modelo 202.
Septiembre 2013. Régimen General. Autoliquidación. Modelo 303.
Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual. Modelo 322.
Septiembre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Modelo 349.
Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado. Modelo 353.
Septiembre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones Modelo 380.
Tercer Trimestre 2013 Régimen general. Autoliquidación. Modelo 303.
Tercer Trimestre 2013. Declaración-Liquidación no periódica. Modelo 309.
Tercer Trimestre 2013 Régimen simplificado. Modelo 310.
Tercer Trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Modelo 349.
Tercer Trimestre 2013. Servicios vía electrónica. Modelo 367.
Tercer Trimestre 2013. Regímenes General y Simplificado. Modelo 370.
Tercer Trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones. Modelo 380.
Septiembre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC. Modelo 340.
Grandes empresas. Declaración-liquidación mes de Septiembre. Modelo 410.
Régimen general devolución mensual Declaración-liquidación mes de Septiembre. Modelo 411.
Declaración Ocasional: Declaración-liquidación mes de Septiembre. Modelo 412.
Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de Septiembre. Modelo 418.
Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de Septiembre. Modelo 419.
Régimen General: Declaración-liquidación 3er. Trimestre del año. Modelo 420
Régimen simplificado: Declaración-liquidación 3er. Trimestre del año. Modelo 421.
Solicitud de reintegro de compensaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Tercer trimestre del año. Modelo 422.
Autoliquidación correspondiente al mes de septiembre. Modelo 460.
Declaración de operaciones accesorias al modelo 460 correspondiente al mes de septiembre. Modelo 461.
Declaración-liquidación correspondiente al mes de septiembre. Modelo 430.
Régimen General. 3er. Trimestre del año. Modelo 450.
Septiembre 2013 Modelo 430.
Julio 2013. Grandes Empresas (*). Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558.
Julio 2013. Grandes Empresas. Modelos 561, 562, 563.
Septiembre 2013. Grandes Empresas. Modelo 560.
Septiembre 2013. Modelos 566, 581.
Septiembre 2013. Todas las empresas (*). Modelos 570, 580.
Tercer Trimestre 2013. Modelos 521,522.
Tercer Trimestre 2013. Actividades V1, V2, V7, F1. F2. Modelo 553
Tercer Trimestre 2013 Excepto Grandes Empresas. Modelo 560.
Tercer Trimestre 2013. Modelos 582, 595.
Tercer Trimestre 2013. Solicitudes de devolución. de:
Ventas a distancia. Modelo 508.
Consumo de hidrocarburos Modelo 572.
* Solicitud de inclusión para el año 2014. Modelo CCT.
Tercer Trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el N.I.F. a las Entidades de Crédito. Modelo 195.
Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2012.
ASESORAMIENTO INTEGRAL VIGESCO, S.L.
info@vigesco.es
Avda. Josep Tarradellas, 126-128 6º 1ª - 08029 Barcelona

References: artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 2