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Timestamp: 2019-05-25 09:23:56+00:00

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Los efectos suspensivos del recurso de casación en los casos del art. 87.1.c) de la Ley Jurisdiccional - El Derecho
Foro 15-01-2014	Coordinador: Diego Córdoba Castroverde
A diferencia de lo que sucede en el recurso de casación contra sentencias (art. 91 LJCA -EDL 1998/44323- a contrario sensu) y en el art. 80 LJCA, que claramente establece el efecto suspensivo del recurso de apelación contra autos ("Son apelables en un solo efecto..."), nada se dice del efecto suspensivo del recurso de casación en los supuestos en los que se recurra un Auto de ejecución de sentencia (art. 87.1 c) de la LJ).
La cuestión no ha sido muy tratada en la jurisprudencia, aunque existe algún pronunciamiento aislado de los Tribunales Superiores de Justicia que ha admitido el efecto suspensivo.
Los pronunciamientos emitidos por un tribunal en ejecución de su sentencia pueden exceder de lo acordado en el fallo, o la parte entenderlo así, y causar perjuicios que la parte tenga interés en que no se lleven a efecto hasta que no se dicte la sentencia en casación.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de enero de 2014.
El art. 87.1.c- de la LJCA -EDL 1998/44323-, permite el recurso de casa...
El art. 87.1.c de la LJCA -EDL 1998/44323-, permite el recurso de casación contra los autos dictados -... en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta-, siempre, claro está, que la sentencia se haya dictado en instancia única y, cualquiera que sea la materia -salvo personal que no afecte al nacimiento o extinción de la relación de servicios de funcionarios de carrera, derecho de reunión y contencioso electoral-, su cuantía sea superior a 600.000 Eur., -excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso-.
Por su parte el art. 91.1 de la LJCA -EDL 1998/44323 dispone que -La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida -en idénticos términos se pronuncia el art. 84.1, respecto del recurso de apelación, en sintonía con el art. 83.1: -El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa--.
Sin embargo, a diferencia de lo que establece el art. 80.1 -EDL 1998/44323-, respecto del recurso de apelación contra autos --Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo...-, que sólo tiene efectos meramente devolutivos -no suspensivos-, nada se dice en el recurso de casación contra autos.
De la regulación legal que se acaba de transcribir parece claro que el recurso de casación contra sentencias tiene efectos suspensivos, dado el paralelismo entre los preceptos que disciplinan el recurso de apelación y casación contra sentencias.
El silencio respecto de los efectos del recurso de casación contra autos -el art. 91.1 -EDL 1998/44323 alude específicamente a la sentencia-, puede interpretarse como una indefinición deliberada del Legislador. Indefinición deliberada que, en mi opinión, cabe inferir del examen conjunto de los preceptos que se acaban de transcribir, habida cuenta que existe un paralelismo en los efectos del recurso de apelación y casación contra sentencia, mientras que, por el contrario y no obstante establecer expresamente que la apelación contra autos no tiene efectos suspensivos, se guarda silencio en el recurso de casación, probablemente por las peculiaridades de los autos frente a los que cabe recurso de casación.
Así, cuando se trata de autos que declaran la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, la casación no tendrá, por la naturaleza del pronunciamiento recurrido, efectos suspensivos, quedando paralizado el proceso contencioso-administrativo inadmitido hasta tanto se resuelva el recurso.
Si el auto recurrido en casación ha denegado una medida cautelar, no se alterará la situación y se permanecerá sin medida cautelar hasta que se resuelva el recurso de casación. Si, por el contrario, el auto recurrido había adoptado la medida, la casación, considero, no producirá efectos suspensivos, pues se desvirtuaría la finalidad y esencia de las medidas cautelares.
Tratándose de un recurso de casación contra un auto dictado en ejecución de sentencia, en el que, precisamente, lo que se cuestiona es su conformidad con lo ejecutoriado, parece razonable -sin que exista obstáculo legal que lo impida atribuir al recurso de casación efectos devolutivos y suspensivos.
El art. 91.1 de la Ley Jurisdiccional dispone, en su párrafo primero -...
El art. 91.1 de la Ley Jurisdiccional dispone, en su párrafo primero -EDL 1998/44323-, que -la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida-. El propio precepto, en el párrafo siguiente de ese mismo número, disciplina someramente el régimen de la ejecución provisional -legitimación para instarla, medidas para evitar eventuales perjuicios y caución con referencia, exclusivamente, a -la sentencia-.
Aunque nada se diga en punto a los efectos de la interposición del recurso de casación contra los autos que son susceptibles del mismo, tal omisión no permite concluir que el legislador haya previsto unas consecuencias distintas según el carácter de la resolución que se impugna mediante el recurso de casación. Y ello por las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar, la exclusión del efecto suspensivo en estos casos debería haber sido objeto de previsión legal expresa, como sucede en el recurso de apelación, pues respecto de éste la propia Ley de la Jurisdicción -art. 80 -EDL 1998/44323 prevé su admisión -en un solo efecto -el devolutivo cuando el objeto de impugnación son los autos, y -en ambos efectos -art. 83 cuando se trata de sentencias. Quiere ello decir, por tanto, que el legislador, cuando ha querido otorgar diversa eficacia -suspensiva o no a la apelación en atención a la naturaleza de la resolución recurrida, así lo ha establecido expresa e indubitadamente, lo que no ha efectuado al regular la casación.
En segundo lugar, el art. 91.4 de la Ley -EDL 1998/44323-, al exigir que se deje testimonio bastante en los autos a efectos de la ejecución provisional que regula en los números anteriores, señala expresamente que dicha copia autenticada será de los autos -las actuaciones y -de la resolución recurrida-, expresión en la que se comprenden -obvio es decirlo tanto las sentencias, como los autos, pues ambos son -las resoluciones recurridas-.
Si ello es así, no parece que la determinación de los efectos de un recurso de casación -en atención a la naturaleza de la resolución impugnada tenga que venir establecida por las previsiones legales referidas a un recurso distinto -el de apelación-, que resultarían aplicables analógicamente, aunque solo sea por el hecho de que es la propia norma jurídica -la Ley de la Jurisdicción -EDL 1998/44323- la que, en sede de apelación, ha querido distinguir claramente entre los dos supuestos posibles, distinción que -pudiendo hacerlo no ha considerado procedente al regular la casación.
En definitiva, el régimen del recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan cuestiones no decididas en la misma o que contradigan sus términos no puede diferir, en cuanto a los efectos, del régimen de impugnación de las sentencias, de suerte que la interposición del recurso suspenderá la eficacia de los unos -los autos-, y de las otras -las sentencias-, sin perjuicio de la ejecución provisional en los términos establecidos en el ya citado art. 91 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-.
Con ello no se produce, a mi juicio, un agravamiento de la situación del interesado en la ejecución de la sentencia -que podría ver cómo ésta no se ejecuta por la impugnación del auto por el que se da cumplimiento al fallo-, pues la posibilidad de acudir a la ejecución provisional -en los mismos términos que los previstos para las sentencias permitiría enervar las consecuencias de la dilación derivada de la tramitación del recurso de casación: podría darse cumplimiento, aunque provisional, al auto de ejecución de sentencia, con la única restricción de la caución que sería exigida al interesado.
A mi juicio, en los recursos de casación admitidos en incidentes de ej...
A mi juicio, en los recursos de casación admitidos en incidentes de ejecución de sentencias es de aplicación, al igual que en los recursos contra las sentencias el art. 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323 que dispone que -1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en auto.
2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el art. 133.2 -EDL 1998/44323-.
4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Secretario judicial dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo-.
Es decir, cabe la ejecución provisional, en su caso acompañada de la medida cautelar correspondiente. Entiendo que la aplicación del mismo régimen de las sentencias se deriva de la formula general que emplea el art. 87.1 de la ley jurisdiccional -EDL 1998/44323-, ante el silencio de una norma especial. Naturalmente habrá que ser prudente a la hora de ejecutar dichos autos para no producir efectos difícilmente reversibles.
El planteamiento conduce a analizar si el recurso de casación contra a...
El planteamiento conduce a analizar si el recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia produce un efecto suspensivo, añadido, claro está, al efecto devolutivo que se predica de todos aquellos recursos que deben resolverse por un órgano situado en un nivel más alto de la jerarquía orgánica jurisdiccional respecto de aquel que dicta la resolución recurrida.
La incertidumbre viene propiciada por la circunstancia de que no existe ningún precepto legal que reconozca el efecto suspensivo del recurso de casación interpuesto contra los autos, a diferencia de lo que ocurre respecto del recurso de casación contra sentencias, supuesto en el que el art. 91.1 LRJCA -EDL 1998/44323 viene a reconocer implícitamente dicho efecto suspensivo desde el momento que la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
A los efectos de contextualizar esta cuestión conviene recordar que la hermenéutica desplegada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a partir del Auto de 11 enero 1993 -posteriormente mantenida en AATS de 2 de diciembre de 1993 -EDJ 1993/10984 y de 19 de junio de 1997 respecto del art. 98 de la LRJCA de 1956, en la redacción que le dio la Ley 10/1992, de 30 abril, de medidas urgentes de reforma procesal -EDL 1992/15187 -que introdujo el recurso de casación-, consideró que cuando dicho precepto -al igual que en la actualidad previene el art. 91 de la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323 establecía que la «preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida», no estaba estableciendo de modo inexorable la ejecución definitiva y automática regulada en la Ley jurisdiccional y la exigencia de la iniciación inmediata de las actuaciones para las sentencias firmes, sino sólo la provisional, otorgando así al recurso de casación un efecto suspensivo.
Consecuentemente, cualquier indagación que se haga sobre la cuestión que se plantea, debe enmarcarse en la específica naturaleza jurídica que nuestro ordenamiento jurídico procesal dispensa al recurso de casación que, como se compartirá, no debe presentar alteraciones significativas según que su objeto sea una sentencia o un auto.
No faltan argumentos a favor de reconocer un efecto suspensivo a un recurso de casación interpuesto contra un auto en ejecución de sentencia.
En primer lugar, manteniéndonos sobre la senda del criterio literal, si bien es cierto que el primer apartado del art. 91 LRJCA -EDL 1998/44323 alude a la sentencia recurrida, no lo es menos que el apartado cuarto del expresado precepto ordena al secretario judicial dejar testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida cuando se tenga por preparado un recurso de casación, obviamente, a los efectos de proceder en su caso a la ejecución provisional.
Genera cierta perplejidad que el mismo precepto constriña en su apartado primero la ejecución provisional únicamente a la sentencia para ampliar con posterioridad -ya en el apartado cuarto el posible objeto de dicha ejecución provisional al referirse en términos más genéricos a la resolución recurrida -donde, evidentemente, tendrían cabida no sólo las sentencias sino también los autos-
En segundo lugar, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en el sentido de derecho a la ejecución de las sentencias, comprende como parte integrante de su contenido, la garantía de inmodificabilidad del fallo, lo cual se deriva asimismo de los arts. 9.3 y 117 de la Constitución -EDL 1978/3897-, que impiden que los Jueces y Tribunales puedan revisar el juicio efectuado en un caso concreto, poniéndose de manifiesto, incluso, en las SSTC 49/2004 -EDJ 2004/10848 y 190/2004 -EDJ 2004/156811-, que el derecho a la intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de la resoluciones judiciales firmes supone un -presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado, por lo que, el derecho a ejecutar las sentencias firmes -en sus propios términos entra así a formar parte también de las garantías que el art. 24.1 CE consagra -STC 121/07, de 21 mayo -EDJ 2007/39875--.
Pues bien, a fin de preservar lesiones irreversibles para tal derecho fundamental, proclamar que el recurso de casación interpuesto contra un auto dictado de ejecución de sentencia deba producir un efecto suspensivo constituye una salvaguarda adecuada para reforzar la integridad e invariabilidad de la sentencia, evitando, de este modo, que una inadecuada actividad jurisdiccional ejecutiva pueda adicionar, contradecir o desconocer aquello que, con carácter firme, ha sido ya decidido -SSTS de 25 septiembre 2007 -EDJ 2007/159315-, de 2 julio 2008 -EDJ 2009/217532 y de 18 marzo 2009 -EDJ 2009/32248--.
En tercer lugar, el argumento utilitarista refuerza la tesis que se viene manteniendo. En efecto, siguiendo a Jesús González Pérez --comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa--, la doctrina del ATS de 11 enero 1993 es aplicable, en principio, a los recursos de casación contra autos.
Ahora bien, el propio autor introduce una serie de distinciones según la tipología del auto recurrido en casación, toda vez que no cabría predicar efectos suspensivos al recurso de casación interpuesto contra aquellos autos que hubiesen declarado la inadmisión del recurso contencioso-administrativo -artículo 87.1 a -EDL 1998/44323- o los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares -art. 87.1 a pues, en el primer caso, el auto de inadmisión desplegará sus efectos pese a la interposición del recurso de casación y en el segundo caso si el auto hubiera denegado la medida cautelar, el recurso de casación no altera en absoluto la situación y, para el caso de que se hubiera adoptado a través del auto recurrido en casación una medida cautelar, de admitirse el efecto suspensivo podría desvirtuarse la finalidad y esencia de las medidas cautelares.
Por el contrario, respecto de los autos recurridos en casación, dictados en ejecución de sentencia -sea ejecución definitiva -art. 87.1 c -EDL 1998/44323- o ejecución provisional -art. 87.1 d --, según González Pérez no parece que exista razón alguna para que, en principio, se aplique la regla general y, en consecuencia, el recurso de casación produzca efectos suspensivos.
Esta posición ha sido mantenida por algunos Tribunales Superiores de Justicia, como ilustran, por ejemplo, los AATSJ Madrid de 14 julio -EDJ 2010/133071 y de 22 abril 2010 -EDJ 2010/36971 rechazando los tres argumentos que, quizás, con mayor intensidad podrían desvirtuar el efecto suspensivo del recurso de casación contra un auto dictado en ejecución, a saber -1 la posible aplicación analógica de la admisión del recurso de apelación en un solo efecto -sobre la base del art. 80.1.b LRJCA -EDL 1998/44323--, -2 la aplicación supletoria del art. 565.1 LEC -EDL 2000/77463 -sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución y -3 la invocación del artículo 105.1 LRJCA --no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo--.
De los AATSJ Madrid de 14 julio -EDJ 2010/133071 y de 22 abril 2010 -EDJ 2010/36971 cabe inferir:
-1 Por lo que se refiere a la aplicación analógica de la regulación relativa al recurso de apelación -ni la naturaleza de la apelación es la misma que la de la casación, a efectos de aplicar, sin más, por analogía el art. 80.1.b LJ -EDL 1998/44323 al recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, ni el solo hecho de que no exista un precepto expreso equivalente en la regulación legal de la casación, permite, por sí solo, entender que el recurso de casación interpuesto contra estos autos no tiene efecto suspensivo.
Por un lado, el Tribunal Supremo ha mantenido una constante doctrina -STS de 13 de noviembre de 2008 -EDJ 2008/217256 y las SSTS que en ella se citan de 16 de febrero de 2005 -EDJ 2005/71594 y de 27 de junio de 2006 -EDJ 2006/98801 ATS de 28 de octubre de 2002, FJ 5, entre otras sobre la muy diversa naturaleza de los recursos de apelación y de casación, diversa naturaleza que, a nuestro juicio, impide trasladar, sin más los preceptos de la apelación a los de la casación en los supuestos de silencio de la norma reguladora de la casación.-
-2 En lo atinente a la aplicación supletoria del art. 565 LEC -EDL 2000/77463 -resulta difícil acudir con carácter supletorio en esta materia a la LEC, en la medida en que la LJ -EDL 1998/44323 diseña un sistema completo y distinto de ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo -SSTS de 28 de mayo de 2008, FJ 4 -EDJ 2008/103391 17 de noviembre de 2008, FJ 3 -EDJ 2008/222397 18 de marzo de 2009, FJ 2 -EDJ 2009/38253 12 de mayo de 2009 -EDJ 2009/92451 14 de julio de 2009, FJ 4 -EDJ 2009/158115--.
-3 Finalmente, por lo que se refiere al art. 105.1 LRJCA -EDL 1998/44323 -la invocación de [...] dicho precepto no resulta, a nuestro juicio, decisivo o determinante de la solución que haya de darse, ante el silencio expreso de la ley, al problema concerniente al carácter suspensivo o no del recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia.
Y es por estas razones por las que entendemos que no es posible deducir del art. 105.1 LJ -EDL 1998/44323-, invocado por los recurrentes en súplica, la naturaleza no suspensiva del recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia, porque la finalidad de dicho precepto, según entendemos, es la de poner fin a ese privilegio de la Administración condenada en sentencia de suspenderla o inejecutarla por su propia decisión unilateral, privilegio dudosamente compatible con los preceptos constitucionales citados, y no la de abordar la cuestión de los posibles efectos suspensivos que pudieran derivarse de la interposición de recursos ante los propios órganos de la jurisdicción.-
Para dar respuesta a la cuestión planteada, acerca del eventual efecto...
Para dar respuesta a la cuestión planteada, acerca del eventual efecto suspensivo del recurso de casación contra autos recaídos en ejecución de sentencia, creo que la mejor aproximación es partir de la consideración del derecho a la ejecución de sentencias como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva -art. 24.1 CE -EDL 1978/3879--. Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional desde la sentencia n.º 32/1982, de 7 junio de 1982 -F.J. 2º -EDJ 1982/32-, en la que se expresó esta vertiente del derecho fundamental en términos que podríamos calificar como canónicos: --el derecho a la tutela efectiva exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido: lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones-.
Esta manifestación del derecho fundamental, en relación con la cuestión planteada, encuentra un límite temporal derivado del art. 24.2 CE -EDL 1978/3879 y que supone que la ejecución de sentencias ha de producirse sin dilaciones indebidas o injustificadas -en palabras de la STC n.º 18/1983, de 14 marzo de 1983, F.J. 4º -EDJ 1983/18--, derecho que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, -si bien no se confunde con el derecho a la ejecución de las Sentencias de 24.2, se encuentra en íntima relación con el mismo -por ejemplo, en sentencia n.º 149/1989, de 22 de septiembre de 1989, F.J. 3º -EDJ 1989/8275--.
Lo anterior determina una consecuencia nítida desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ha resumido el Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 22/2009, de 26 enero 2009, F.J. 3º -EDJ 2009/11715-: -el principio general es la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y que sólo, de forma excepcional, cuando, en los términos previstos legalmente, concurran circunstancias de imposibilidad legal o material, debidamente justificadas, cabe inejecutar o suspender su cumplimiento-.
Descendiendo desde este marco constitucional a la cuestión de legalidad ordinaria, el legislador de 1998 sí ha aclarado que son apelables en un solo efecto, es decir, el devolutivo, los autos recaídos en ejecución de sentencia -art. 80.1.b de la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323--, negando a contrario sensu el efecto suspensivo. En cambio, en relación al recurso de casación contra dichas resoluciones ha omitido efectuar la aclaración de si resulta admisible en uno o en ambos efectos, surgiendo la duda acerca de si cabría plantear la solicitud de suspensión de la ejecución del auto impugnado mientras se sustancia aquél recurso.
En mi opinión, existen tres razones por las que ha de desecharse de plano tal posibilidad.
La primera, derivada directamente de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque tal y como hemos visto, existe un principio general a favor de la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y un mandato de evitar dilaciones injustificadas. Por otro lado, no cabe olvidar el principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, que el Tribunal Constitucional ha consagrado reiteradamente -por ejemplo, sentencia n.º 223/1988, de 24 noviembre 1988 -F.J. 7º -EDJ 1988/539-.
La segunda, por razones finalistas vinculadas al éxito del incidente en que se incardina el auto recurrido en casación por los motivos del art. 87.1.c de la Ley 29/1998, de 13 julio -EDL 1998/44323-. En estos términos se pronuncia SANTAMARÍA PASTOR en -La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Comentario-, Iustel, 2010 al afirmar que --en algunos casos del art. 87.1 la ejecución provisional puede ser, incluso imprescindible para que puedan surtir algún efecto en el futuro así sucede... con los autos recaídos en ejecución de sentencia -cuya ejecución provisional es imprescindible para evitar la prolongación in aeternum del litigio--. Se trata, por tanto, de evitar -sentencias platónicas-, como las llegó a calificar la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -XVI -EDL 2000/77463-.
Y la tercera, de orden sistemático. Así, por una parte, el art. 91 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, al regular la ejecución provisional, alude implícitamente al efecto suspensivo del recurso de casación pero sólo se refiere a la modalidad de este medio de impugnación dirigido contra sentencias, no contra autos. Y ello a diferencia de la regulación contenida en la Ley de 27 diciembre 1956 -EDL 1956/42 en la que la preparación del recurso de casación no impedía la ejecución de la resolución -art. 98.1-, no la ejecución provisional. Por otra parte, la regulación de los efectos del recurso de casación en la Ley Jurisdiccional puede entenderse completada, por vía de analogía o de supletoriedad en lo no expresamente previsto, por la regulación establecida para el recurso ordinario por excelencia, el recurso de apelación. En este sentido, la omisión del art. 87 LJCA puede ser colmada acudiendo a la regulación de los efectos del recurso de apelación contra autos en el art. 80 LJCA, es decir, considerarlo admisible en un solo efecto. Finalmente, la interpretación contraria a esta tesis debería poder argumentar por qué los recursos de apelación contra autos dictados en ejecución de sentencia carecen de efecto suspensivo, en tanto que los recursos de casación sí tendrían atribuido dicho efecto. Parece más lógico sostener la afirmación de que en uno y otro caso está en juego el mismo derecho fundamental, o mejor dicho, la misma manifestación del derecho fundamental, y que el régimen de impugnación está, por tanto, presidido por los mismos principios rectores.
El recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentenci...
El recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia, regulado en el art. 87.1.c LJCA -EDL 1998/44323-, se configura por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que es ejemplo la reciente sentencia de 25 marzo 2013 -EDJ 2013/43493 como -un remedio «sui generis », que se aparta del recurso de casación tipo-, ó como se afirma en la de 5 de abril de 2013 -EDJ 2013/43488 como -atípico, excepcional, y, en consecuencia, de carácter restrictivo -Auto de 10 de enero del 2013, Recurso de casación 70/2012 -EDJ 2013/11852--.-, dado que -en ejecución de sentencia no se trata de enjuiciar la actuación del Tribunal de Instancia, bien al juzgar, bien al proceder, objetivo al que responden los motivos del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino de garantizar la exacta correlación entre lo resuelto en el fallo y lo ejecutado en su cumplimiento-, pudiéndose alegar únicamente los motivos que el citado art. 87.1.c cita, sin perjuicio de los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, que también pueden ser alegados. Se añade en la última sentencia del TS antes referida que -Con la misma orientación el Tribunal Constitucional, en la Sentencia num. 99/1995 -EDJ 1995/2619-, tiene declarado que -la única finalidad que persiguen este tipo de recursos radica, estrictamente, en el aseguramiento de la inmutabilidad del contenido de la parte dispositiva del título objeto de ejecución, evitando, de este modo, que una inadecuada actividad jurisdiccional ejecutiva pueda adicionar, contradecir o desconocer aquello que, con carácter firme, haya sido decidido con fuerza de cosa juzgada en el previo proceso de declaración. Se trata, por tanto, de medios de impugnación dirigidos exclusivamente a evidenciar las posibles irregularidades que hubieran podido cometerse en la actuación judicial por la que se dota de efectividad al título sometido a ejecución y, como tales, sujetos a motivos predeterminados de fundamentación que se diferencian claramente de aquellos otros que, con carácter general, fundamentan los recursos de suplicación o casación cuando los mismos persiguen una finalidad distinta a la de la simple garantía de la integridad de la efectividad del título de ejecución-.-
A lo que debemos añadir que la jurisprudencia constitucional sobre el principio de intangibilidad de las sentencias puede resumirse del siguiente modo, según la STS de 25 marzo 2013 -EDJ 2013/43493-:
-1º El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a que el fallo judicial se cumpla, habiéndose configurado la ejecución de las resoluciones firmes como un derecho fundamental de carácter subjetivo, incorporado al artículo 24.1 de la Constitución -EDL 1978/3879-, pues el obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho.
2º La ejecución de las resoluciones judiciales ha de llevarse a cabo en sus propios términos, de suerte que la forma de cumplimiento o ejecución de las sentencias depende, según las reglas establecidas en la legislación ordinaria, de las características de cada proceso y de los concretos términos en que se manifiesta el contenido del fallo.
3º Las cuestiones que pudieran suscitarse con respecto a la ejecución de las sentencias deben interpretarse conforme al sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental a una tutela judicial, de forma que lo resuelto en cada caso por Jueces y Magistrados pueda llevarse a cabo, en los propios términos establecidos, de manera real y efectiva».-
Una vez afirmado lo anterior, hemos de tener en cuenta que la LJCA -EDL 1998/44323 no regula de forma expresa si el recurso de casación del art. 87.1.c LJCA tiene ó no efectos suspensivos. Partiendo de tal hecho y del carácter -sui generis de aquél, debemos inclinarnos por afirmar que no puede reconocerse el efecto suspensivo cuando el legislador no lo ha establecido, pues existen otros casos -recursos de casación contra sentencias y de apelación contra autos-, en que bien a sensu contrario bien de forma expresa, se aborda tal cuestión. En este sentido debemos recordar que el art. 565.1 LEC -EDL 2000/77463 dispone que -Sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.-
Abunda en la tesis interpretativa que aquí sostenemos que la Exposición de Motivos de la LJCA -EDL 1998/44323 indique que -La Ley ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantías de ejecución de las sentencias-, de modo que el art. 105.1 LJCA dispone que -No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo-. Y aunque la redacción de este precepto legal responda a la supresión del privilegio, que en la anterior LJCA de 1956 -EDL 1956/42-, tenía la Administración de acordar la suspensión de las sentencias, lo cierto es que el contenido del art. 105.1 es claro y terminante.
Resulta difícil, pues, admitir el efecto suspensivo del recurso de casación contra un auto dictado en ejecución de una sentencia, pues siendo ésta firme, la misma debe ser cumplida en sus propios términos. Ciertamente puede suceder que el auto que se dicte en su ejecución pueda incurrir en alguno de los defectos a que se refiere el art. 87.1.c LJCA -EDL 1998/44323-, pero no estando previsto de forma expresa por el legislador su efecto suspensivo, en principio, mi opinión es que el auto recurrido debe ser ejecutado. Y digo en principio porque toda regla general puede admitir excepciones que permitan al juzgador adoptar una decisión de suspensión de ejecución basada en la evitación de perjuicios de imposible o difícil reparación. A este respecto es clarificador el art. 563 de la LEC -EDL 2000/77463-, según el cual, cuando el tribunal competente para la ejecución de sentencias o resoluciones judiciales provea en contradicción con el título ejecutivo, -la parte que recurra podrá pedir la suspensión de la concreta actividad ejecutiva impugnada, que se concederá si, a juicio del Tribunal, presta caución suficiente para responder de los daños que el retraso pueda causar a la otra parte, aunque de difícil aplicación supletoria en el ámbito del proceso contencioso-administrativo que cuenta en la LJCA con una regulación propia en materia de ejecución de sentencias.
La falta de regulación expresa de la materia que nos ocupa, aunque no se ha planteado hasta el momento en muchas ocasiones, podrá originar resoluciones contradictorias, no existiendo un cuerpo de doctrina hasta el momento. No obstante lo anterior y a modo de ejemplo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, Sección 9ª, en auto de 14 julio 2010 resolvió a favor del efecto suspensivo partiendo de una desviación en la ejecución de la sentencia que pudiera ser irreversible.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 105
 resolución 
sui generis
 artículo 88
 artículo 24
sui generis