Source: http://www.sinpermiso.info/textos/economa-soberana-e-inversin-extranjera-mirada-al-dilema-cubano
Timestamp: 2018-09-19 02:53:12+00:00

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Economía, soberanía e inversión extranjera. Mirada al dilema cubano - Ariel Dacal | Sin Permiso
Ahora bien, es cierto que la soberanía nacional tiene más posibilidades de ser defendida en la medida en que sean más soberanos sus ciudadanos. Pero la ciudadanía, como concepto político que condiciona la potencialidad integradora de la soberanía, tiene que resolver la incompatibilidad que implica para la libertad la relación entre la ciudadanía asalariada y la ciudadanía propietaria, tensionada por el sacrosanto derecho de propiedad sobre los medios de producción, que es reprobable en su hábito de apropiación privada de las riquezas socialmente producidas. Una condición positiva para explayar el alcance liberador de la soberanía está en potenciar la igualdad del ciudadano en su condición de productor libre asociado.
¿En qué medida la Ley 118 de la Inversión Extranjera potencia el objetivo de garantizar la soberanía nacional, reclamada desde la perspectiva del trabajo? Sobre este problema reflexiono en lo adelante.
El capítulo IX de la Ley, que consagra el régimen laboral, es contradictorio, omiso y falta de precisión en mecanismos para la protección del derecho de las trabajadoras/es, al tiempo que reproduce las desigualdades entre trabajadores y directivos.
Al abrir el capítulo se declara, en su artículo 27, el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social vigente en Cuba, con las adecuaciones que figuran en esta Ley y su Reglamento. A lo largo del capítulo se pone en tensión la posibilidad de ese cumplimiento dado la falta de claridad en los principios y/o condiciones que sustentan las adecuaciones.
Añádase otra nota a la preocupación. Al leer el artículo 32, donde se resuelve que, no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes de este Capítulo, en la Au­torización que apruebe la inversión extranjera, a modo de excepción, puede establecerse regulaciones laborales especiales. ¿Qué significa eso? Las condiciones de ese carácter especial no aparecen explicitadas, es decir, ¿quién las define?, ¿bajo qué principios?, ¿con la participación de qué actores?
Resulta llamativo que el término excepción es utilizado seis veces en esta Ley, y en todos los casos, menos en este capítulo, quedan claras cuáles son las condiciones de tales excepciones. ¿Acaso estas incluyen la interpretación y adecuación del derecho de las trabajadoras/es?
El punto que más polémica genera es el contenido en el artículo 30: la existencia de una entidad empleadora que se encarga de contratar a personas cubanas o extranjeras residentes permanentes en Cuba, con excepción de los integrantes de su órgano de dirección y administración.
Es decir, los trabajadores/as tienen la obligación de hacer uso de los servicios de la entidad empleadora, tanto para la empresa mixta como para la de capital totalmente extranjero. Sin embargo, quienes dirigen y administran por la parte cubana, no. Estos últimos son designados, según la Ley, por la junta general de accionista en el caso de la empresa mixta, y en el caso de la empresa de capital totalmente extranjero son designados, ¿por quién?
El Reglamento de esta Ley prevé, en su Artículo 11.1, que entre los documentos requeridos para la solicitud, presentada por la máxima autoridad de la rama, subrama o actividad económica en la cual se pretende realizar la inversión, aparecerá la propuesta de directivos cubanos que asumirán cargos en los diferentes órganos de dirección.
La regulación entraña clara desigualdad de derechos para acceder a determinados empleos, sobre todo para el acceso a puestos de importancia estratégica. Quienes tienen la obligación de contratarse en la entidad empleadora establecen sus vínculos laborales con la misma. Sin embargo, dirigentes y administrativos se vinculan directamente a la empresa de capital extranjero, en los casos que corresponda. No queda explicitado cuáles son esos casos. Tampoco con qué entidad establecen sus contratos en los casos que no correspondan.
Lo llamativo es que este capítulo marca una diferencia sustancial con igual planteo en la Ley de Inversión Extranjera, No. 77 (1995), en la que se aclaraba que tal posibilidad era para personas naturales no residentes permanentes en Cuba (Artículo 16.2, a). Esa condición quedó eliminada de la nueva Ley. ¿Será este un camino para transmutar de burócrata a capitalista? ¿Será esta una potencial fuente de acumulación originaria para un sector de clase capitalista nacional?
El sensible tema salarial hace parte de la diferenciación que genera la Ley. Las entidades empleadoras negocian directamente con la empresa de capital extranjero el monto salarial de los trabajadores/as, del cual retendrán un valor no mayor al 20 % de lo pactado en CUC, por ciento que cubrirá los gastos de la gestión de estas entidades para garantizar el suministro de la fuerza de trabajo calificada, lo que implica su reclutamiento, selección, formación y desarrollo, así como un margen de utilidad.
Esta es solo una variación a la misma esencia centralizadora y burocrática con que se deciden las cuantías salariales por parte del Ministerio de Economía y Planificación, ahora con el sobrevalorado impuesto cambiario sobre el salario de los trabajadores/as para este tipo de empresas. De cualquier manera, este proceso concreta las nuevas regulaciones salariales cubanas que, bajo el pretexto de conceder mayor autonomía a las empresas, condicionan que el salario se rija por las leyes del mercado, mientras se reitera el hábito de que una decisión tan importante sobre el nivel de vida de los trabajadores/as, no se debata permanentemente con ellos.
Vuelve entonces una pregunta central ¿qué actores participan en la negociación sobre salario con las empresas de capital extranjero? ¿Con qué nivel de autonomía cuenta la entidad empleadora para ese proceso? ¿A quiénes rendiría cuenta sobre el mismo? ¿Qué uso se hará de la divisa captada con ese impuesto cambiario? ¿Los montos salariales serán específicos con relación a las negociaciones específicas?
Este proceso pone en tensión la posibilidad de cumplir con el precepto de igual salario por igual trabajo y se inhabilita el principio de distribución socialista, declarado permanentemente en el discurso oficial, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. De igual manera condiciona que se naturalice una estructura de desigualdades salariales al propiciar que los trabajadores/as sean beneficiados o penados por factores que escapan a su control directo (Nerey). En otros términos, el capital y la burocracia concentran el poder de decisión sobre el trabajo.
En la redacción de este acápite no aparece explicitado que la entidad empleadora asume entre sus funciones la responsabilidad de resolver las reclamaciones laborales de sus empleados/as. Esta omisión llama la atención pues marca un giro contrario respecto a la Ley No. 77 (1995) de la Inversión Extranjera, que en su Artículo 34 consagraba que cualquier reclamación laboral se resuelve en la entidad empleadora, la que paga a su costa al trabajador las indemnizaciones a que tuviere derecho, fijadas por las autoridades competentes. ¿Desde qué presupuesto quedó eliminada esta precisión?
Es sabido que la Ley pauta los principios básicos y las regulaciones complementarias explayan sus contenidos. No obstante, dudas esenciales presentes en la Ley no son resueltas en el Reglamento que la acompaña, o en su defecto se reafirman contradicciones y omisiones. Por ejemplo, en los requerimientos previstos para la solicitud de evaluación de propuestas para la inversión extranjera (Sección Segunda, Artículo 11,1) además de la compatibilidad con la Defensa, la certificación referida a la protección del medio ambiente, no está prevista, de manera explícita, un aval referente a la protección del derecho de los trabajadores/as.
La omisión de mecanismos para realizar la soberanía del trabajo encuentra otra ratificación en el Capítulo IX de la Regulación, la que declara que la comisión de evaluación está integrada por representantes de los organismos de la administración central del Estado, y como invitados a las sesiones de la Comisión pueden asistir representantes de otros órganos, organismos, organizaciones y entidades nacionales cuando los temas así lo requieran. Vuelve a quedar a discreción del cuerpo administrativo la participación en este proceso de organizaciones sindicales que representan directamente los intereses, derechos y demandas de las trabajadoras/es.
Una modificación esencial, a tenor con la preocupación sobre el régimen laboral contenido en esta Ley, sería en el artículo 20, el cual refiere que el Estado cubano autoriza inversiones extranjeras que no afecten la defensa y seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio ambiente. Se debe añadir, ni los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Esto obligaría a una revisión integral de la Ley que haga viable tal defensa.
Dentro del capítulo IX sería deseable que las excepciones queden especificadas, o en su defecto, que sean previstas en la Regulación que acompaña la Ley.
En el caso de la entidad empleadora es necesario preguntar ¿Estamos en presencia de una entidad neutral, mediadora, que es al tiempo juez y parte entre empresarios/as y trabajadores/as?, ¿a quién responde o protege?, ¿reproduce o evita la práctica de entidad burocrática que entorpece los procesos productivos y que es un reservorio de favoritismo, nepotismo y corrupción?
Se debería tener en cuenta, con miras a mayor justeza en este proceso, otras salidas para la entidad empleadora: 1) que contrate tanto a directivos/as como a trabajadores/as, sujetos a iguales regulaciones; 2) que sea opcional su uso, tanto para directivos/as como para trabajadores/as, y dejar en claro la utilidad de acudir a ese servicio; 3) transparentar permanentemente los términos y metodologías de la negociación salarial de los contratos e incluya la participación de representantes sindicales; 4) que se derogue su función, pues una organización sindical fuerte, controlada por las trabajadoras/es, bastaría para velar por el cumplimiento de las regulaciones, la contratación y otros derechos previstos en la Ley.
Una economía donde los/as economistas sean servidores públicos del mandato soberano y no técnicos que subordinen ese mandato a la ciencia. Donde sea hegemónica no la república del capital sino de la república del trabajo, constitutiva de un modo de producción democrático (participación y decisión) que socialice, que incluya, que haga más plena la creatividad colectiva para encauzar un desarrollo que, liberando, humaniza. Una economía donde nadie sepa ser feliz a costa del despojo y donde se asuma la vida como un único extremismo.
La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Documento informativo. CEPAL, 2009.
Coraggio, José Luis. ¿Cómo construir otra economía? Desafíos para cambiar la vida. Economía Popular y solidaria. Cuaderno de Solidaridad, No.6.Editorial caminos, La Habana, 2013.
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Nerey, Boris. El nuevo Código de Trabajo. El Trabajo en la reforma. Mirada sobre Cuba. Colección OSAL No. 36, CLACSO, Buenos Aires, Diciembre 2014

References: artículo 27
 artículo 32
 artículo 30
 Artículo 11
 Artículo 34
 Artículo 11
 artículo 20