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Timestamp: 2018-03-21 16:46:16+00:00

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CASO ODEBRECT: SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
on Septiembre 29, 2017 in SEPTIEMBRE 2017
SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
SENTENCIA ESCRITA ASOCIACIÓN ILÍCITA
BOLETÍN DE PRENSA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
SENTENCIA RECOGE TEORÍA DE LA PGE
• EL DERECHO DEL ESTADO COMO VÍCTIMA A LA REPARACIÓN INTEGRAL, NO PUEDE VERSE PERJUDICADO POR EL RETRASO
• PGE PIDE AL TRIBUNAL RESPETAR EL DERECHO DE LA VÍCTIMA DE INTERVENIR EN TODAS LAS AUDIENCIAS
• LA PGE PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR
• FGE: ACTA DE SOBRESEIMIENTO
UCS/39
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en su resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 recoge los aportes que hizo la Procuraduría General del Estado durante el proceso, que incidieron decisivamente en los siguientes aspectos:
1. Teoría del caso
La teoría del caso planteado por la Procuraduría General del Estado a lo largo del proceso, la cual señala que "altos funcionarios públicos y sus intermediarios particulares, se asociaron ilícitamente para cometer delitos en contra de la Administración Pública, penetrando en el sistema de contratación pública, afectando a los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Ecuador, con la finalidad de obtener beneficio económico".
En la ratio decidendi de la resolución dictada, el Tribunal acoge lo señalado por la Procuraduría al establecer que:
• con la participación de servidores públicos (Jorge Glas, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín) e intermediarios (Ricardo Rivera, Gustavo Massuh, José Terán, Képler Verduga y Edgar Arias);
• se conformó una organización delincuencial;
• cuya finalidad era el cometimiento de otros delitos (concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado), que afectan la eficiencia de la Administración Pública, entre otros bienes protegidos;
• respecto de los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Estado;
• para obtener beneficios económicos indebidos e ilegales.
2. Delitos fines
El delito de asociación ilícita se cometió para perpetrar otros delitos, entre los cuales se encontraban: cohecho, concusión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias. En sentencia, el Tribunal Penal dispuso que se investiguen los delitos antes referidos y añadió solamente el delito de testaferrismo.
3. Defensa de la prueba
La defensa técnica de la PGE, defendió la prueba instrumental y testimonial relacionada con un pendrive entregado por el señor Alfredo Alcívar, asistente de Ricardo Rivera.
En el contrainterrogatorio realizado por la PGE, se comprobó que el testigo Ing. Edgar Reyes, que pretendía desacreditar prueba relevante -en específico aquella relacionada con el pendrive entregado por Alfredo Alcivar- no era un experto informático, era ingeniero en electrónica y que el perito informático, Ing. Fabián Hurtado, no conocía tecnología Apple, aplicable al sistema de almacenamiento denominado "nube", fuente de la información. Por consiguiente, la información proporcionada y elevada a la calidad de prueba, fue legalmente obtenida. Este criterio fue acogido por el Tribunal Penal en su resolución oral.
4. Pena agravada
En el alegato de cierre presentado por la PGE en su condición de víctima, después de que el Tribunal Penal declaró abandonada la acusación, se solicitó se condene a los procesados en grado de autores, por sus participaciones directas, materiales y voluntarias, a la pena máxima establecida en la norma, es decir a 6 años de privación de libertad, al existir 3 agravantes:
• Conmoción social (aplicable a todos los procesados),
• perpetrar el acto prevaliéndose de su condición de autoridad (aplicable para los funcionarios públicos); y,
• haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones (aplicable para los funcionarios públicos).
5. Reparación inmaterial a costa de los funcionarios sentenciados
La Procuraduría solicitó al Tribunal Penal que, como medida de satisfacción al Estado ecuatoriano y sus instituciones, se ordene que la sentencia condenatoria sea publicada en los medios de comunicación de mayor circulación del país, a costa de los funcionarios públicos sentenciados en esta causa, lo cual se recoge en la resolución oral.
6. Gran similitud en los montos de reparación
Existe una gran similitud en los montos de reparación material a las víctimas. Conforme la prueba practicada por la PGE hasta el día 11 de la Audiencia de Juicio, la reparación ascendía a la cantidad de USD 35´828,256,33 dólares. El monto dispuesto por el Tribunal Penal asciende a USD $ 33.396.160,32, cantidad solicitada por FGE y que no considera el dinero devuelto por Tomislav Topic.
El día 05 de diciembre de 2017, dentro del juicio que por asociación ilícita siguió la Fiscalía General del Estado en el Caso Odebrecht, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado, debido al retraso de varios minutos por parte del abogado acusador. Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
La PGE fue enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin embargo, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes, representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
Al respecto, la PGE es enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
De igual forma, aún en el evento de que la acusación particular se declare abandonada, la víctima tiene el derecho a la reparación integral y en el presente caso, el Estado como víctima, tiene el derecho a la reparación integral que no puede verse perjudicado por la falta -no justificable- de un delegado en la audiencia.
La PGE continúa apoyando al Fiscal General del Estado y su equipo de abogados, para que como titular de la acción penal, siga cumpliendo su trabajo en la conclusión de la audiencia y en la presentación de sus alegatos de cierre que, con seguridad, incluirán la pretensión de que los acusados sean condenados a reparar integralmente al Estado en los montos reclamados por la PGE en representación de la víctima.
Como ya se lo señaló con anterioridad, "la PGE rechaza la decisión del Tribunal al no respetar el derecho de la víctima a intervenir en todas las audiencias conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP. Sin perjuicio de la decisión tomada por el Tribunal, el Estado no ha perdido su condición de víctima, conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el artículo 433.6 del COIP".
UCS/37
PGE PIDE AL TRIBUNAL RESPETAR EL DERECHO DE LA VÍCTIMA DE INTERVENIR EN TODAS LAS AUDIENCIAS
Frente al hecho sucedido el día 05 de diciembre de 2017, y que es de conocimiento público, dentro del juicio que por asociación ilícita sigue la Fiscalía General del Estado contra: Ricardo Rivera, Jorge Glas, Carlos Villamarín, Ramiro Carrillo, José Terán, Diego Cabrera, Edgar Arias, Kepler Verduga y Gustavo Massuh; y, en el que la PGE de manera oportuna presentó su acusación particular, interviniendo de forma activa desde la etapa preprocesal y procesal penal; y, en particular en la Audiencia de Juicio Oral iniciada el 24 de noviembre del presente año; la PGE informa que, en la continuación del día décimo primero de esta audiencia y, luego del receso dispuesto por el Tribunal, debido a un atraso de 7 minutos por parte del abogado acusador delegado del Procurador General del Estado, al momento de la continuación de la mencionada audiencia, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado.
Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
Sin perjuicio de la decisión tomada por el Tribunal, con la que la PGE no está de acuerdo, debe quedar claro que el Estado no ha perdido su condición de víctima, pues el derecho de la víctima a intervenir en las audiencias y a la reparación integral es independiente de la acusación particular, conforme lo prevé el Art. 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP.
La PGE rechaza la decisión del Tribunal al no respetar el derecho de la víctima a intervenir en todas las audiencias conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP.
De acuerdo a lo actuado durante la presentación de la prueba durante la audiencia, dentro de la cual los abogados de la PGE han practicado toda la prueba que conllevaría al Tribunal a la convicción de la materialidad de la infracción y la responsabilidad de todos los procesados, la PGE espera que en sentencia se establezca la responsabilidad de los procesados, como consecuencia de lo cual el Estado tendrá derecho a la reparación integral reclamada oportunamente.
Sin perjuicio de lo antes señalado, la PGE se encuentra analizando la actuación del funcionario delegado como acusador particular y tomará las decisiones que correspondan.
Por otra parte, la PGE reitera su compromiso de seguir impulsando las acusaciones particulares presentadas y adoptar las acciones legales que se estimen pertinentes en defensa del Estado.
Quito, 28 - 29 de septiembre de 2017
UCS/25
POR EL PRESUNTO DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, LA PGE PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR ANTES DE LA TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL
Como había sido anunciado desde el inicio de la instrucción fiscal en el caso de asociación ilícita relacionado con el esquema de corrupción de Odebrecht en el Ecuador, el día de hoy, 28 de septiembre de 2017, a inicios de la tarde, antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, la Procuraduría General del Estado, presentó acusación particular en el proceso penal número 17721-2017-00222, por el presunto delito de asociación ilícita, en contra de los representantes de la Constructora Norberto Odebrecht en el Ecuador, así como de altos funcionarios públicos del Estado, servidores públicos vinculados con los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos, representantes y accionistas de empresas intermediarias y proveedoras de Odebrecht y personas privadas que actuaron como intermediarias entre los servidores públicos y la referida empresa.
La acusación particular presentada por la Procuraduría General del Estado responde a un trabajo institucional realizado por un equipo de abogados del área de patrocinio penal que han seguido al detalle todas y cada una de las diligencias procesales desarrolladas dentro de la etapa de instrucción, manteniéndose ajena a las circunstancias políticas y al interés y seguimiento de la prensa nacional y del público en general. La Procuraduría General del Estado, representante judicial de los intereses del Estado, ha actuado y seguirá actuando con oportunidad y profesionalismo, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.
Antecedentes del caso Odebrecht
Como se desprende de la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a finales de 2016 y de la evidencia que ha sido incorporada al expediente fiscal, la empresa Constructora Norberto Odebrecht, varias de sus empresas relacionadas y representantes, habrían cometido actos de corrupción en relación a más de 100 proyectos en veinte países, incluido Ecuador. De acuerdo con la información original, este esquema de corrupción habría generado más de 33.5 millones de dólares en coimas, aunque al momento, sólo en el caso de asociación ilícita, ya se han detectado cerca de 40 millones en movimientos irregular de dinero. Para su realización, la empresa constructora se asoció ilícitamente con particulares que actuaban como intermediarios de altos servidores públicos, pertenecientes a varias instituciones del Estado.
La compañía constructora utilizó un esquema de corrupción, en el ámbito de la contratación pública, bajo un manto de aparente legalidad, propio de lo que doctrinariamente se conoce como una "desviación de poder". Para ser adjudicataria de numerosos proyectos, sus funcionarios y representantes se asociaron con servidores públicos, intermediarios y particulares, a quienes les habrían entregado gratificaciones por la información privilegiada ofrecida a la empresa respecto de los contratos y por la emisión de informes por parte de la autoridad de control, en relación a las contrataciones, sin establecimiento de responsabilidades atribuibles al accionar de la empresa o levantando las que hubieren sido previamente determinadas.
La asociación ilícita es un delito en contra la seguridad pública y afecta en consecuencia directamente el interés público que la Procuraduría General del Estado debe defender. En el caso puntual, el esquema de corrupción utilizado ha afectado directamente al interés público, irrogando graves perjuicios al patrimonio del Estado. Por consiguiente, en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 237.1 de la Constitución, artículos 2 y 3 (b) y (c), 6 inciso 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y artículos 11.1, 11.2, 441.6, 432.3, 433 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular y solicitó se ordene la reparación integral al Estado ecuatoriano, por el monto de cuarenta millones de dólares, conforme los elementos de convicción recabados por la Fiscalía General del Estado y que sirven para cuantificar la reparación integral.
La acusación particular fue presentada en la Corte Nacional de Justicia por el doctor Carlos Jurado, subdirector de lo Civil y Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE, en su calidad de delegado del Procurador General del Estado.
La PGE se reserva el derecho de presentar otras acusaciones particulares en los demás procesos iniciados o que se iniciaren en el futuro dentro del proceso de investigación del caso Odebrecht en el Ecuador.
Cumpliendo con lo dispuesto por el doctor Miguel Jurado Fabara, juez de la Corte Nacional de Justicia, el día de hoy 29 de septiembre de 2017 a las 10H00, el doctor Carlos Jurado Bedrán, subdirector de lo civil y penal y delegado del señor Procurador General del Estado compareció a la Corte Nacional de Justicia para reconocer su firma y rúbrica en la acusación particular presentada el día de ayer, dentro de la instrucción fiscal del caso de asociación ilícita Odebrecht.

References: resolución 
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 artículo 432
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 artículo 433
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