Source: http://vetaragon.net/Opinion.htm
Timestamp: 2019-04-26 12:25:16+00:00

Document:
zaragoza@vetaragon.net
Opiniones, fotografías, ...
VETERINARIOS OLVIDADOS
Parálisis en la DGA,
.....................en lo relativo al desarrollo de la veterinaria de Salud Pública.
Toda la normativa que debía de haberse desarrollado durante el primer semestre de 2008 (organización periférica, Ley de Salud Pública, creación del organismo autónomo , ASPA,en el que deberíamos de integrarnos), se ha quedado en el cajón del Director General.
La Expo ha paralizado todas las iniciativas y mientras tanto se van a ofertar, a los que aprobaron la última oposición, plazas, como la de Zuera, que está ocupada por un funcionario con destino definitivo. Esta plaza no la puede ocupar otro funcionario, con destino provisional, ya que, NO ESTÁ VACANTE .
art.28.3 de la Ley de Función Pública de Aragón:
La plaza de Zuera no está vacante ni pendiente de la resolución de ningún concurso. ¿Seguimos dando las plazas a los amigos.........?, sin importar cómo lo hacemos...?
Se retrasa la convocatoria del concurso ordinario cuando el 70 % de los veterinarios está fuera de su plaza, en comisión de servicios.
Mientras tanto nos han subido, en los complementos, la astronómica cantidad de 36 euros al mes, a cuenta de la futura carrera profesional.
Seguimos siendo el culo de la administración aragonesa.
MOSCOSOS ADICIONALES según el Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 48.2 de la Ley 7/2007: "Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo".
A partir del octavo trienio se cumplirá el 9º, el 10º, el 11º,........etc. Por lo tanto el reparto de moscosos es el siguiente:
6 trienios= 2 días+8=10
7 trienios= 2 días+8=10
8 trienios= 3 días+8=11
9 trienios= 4 días+8=12
10 trienios= 5 días+8=13
11 trienios= 6 días+8=14...........etc.
Vamos a ser sensatos : Las crisis basadas en hipótesis no demostradas.
La crisis del pollo : Falta de información al consumidor.
Carta a don Rufino
Actuación veterinaria en materia de animales potencialmente peligrosos. En relación con el artículo de D. Juan José Jiménez Alonso, asesor jurídico del Consejo GCVE.
FOTOGRAFÍAS: Envíanos ésa fotografía de la que te sientes orgulloso, la publicaremos en esta página.
¿Reciben los colegiados las comunicaciones del Colegio?.
¿Es adecuado el sistema?.
¿Debería utilizarse el correo certificado con acuse de recibo?
¿Propone, alguien, otro sistema?.
¿Sería adecuado el correo electrónico?
¿Es una página web un vehículo adecuado de comunicación con los colegiados?.
VAMOS A SER SENSATOS
Pasado el periodo vacacional y cuando vamos a entrar en otro año lectivo y de trabajo, después de que el país entero haya estado cerrado durante un mes, vamos a ver si nos tomamos las cosas con calma.
No es probable y diría yo que puede ser menos probable que ocurra a que yo pueda cenar con un extraterrestre, que el virus de la gripe aviar mute y se recombine con el de la gripe humana, con lo que, según algunas autoridades sanitarias casi llegaría el fin de la humanidad.
Al igual que lo ocurrido con la Encefalopatía Espongiforme Bovina y la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en las que se sigue trabajando sobre hipótesis, quizá, probables, pero no demostradas, y cuyas predicciones apocalípticas no se han cumplido, esperemos que tampoco se cumplan las de la gripe aviar. Gripe de la que, por cierto, hemos tenido casos todos los años en la vieja Europa sin que ocurriera nada fuera de lo común. Resulta esclarecedora la lectura de las 8 preguntas que el consumidor debe de hacerse sobre la BSE, en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria: Hipótesis sin demostrar. Mientras tanto el Reino Unido ha "reconvertido" su cabaña de bovino de leche a cargo de las arcas comunitarias. Yo no afirmo ni niego nada puesto que soy el menos indicado para ello, tan solo me limito a observar y meditar, el tiempo dará y quitará razones.
El caso de la legionella que nos ha sobresaltado y se ha utilizado como arma política, es otro ejemplo de lo que estamos hablando. Esta enfermedad, que nadie duda que haya de combatirse, afecta, sobre todo, a personas que padecían otras patologías graves a las que se ha sumado la legionella. Lo mismo ocurre todos los años con la gripe común, que ayuda a morir a personas que ya padecían otras patologías graves con una notable disminución de defensas y a nadie se le ocurre culpar al Gobierno de Aragón por dichas muertes. Otro tanto ocurre con los fumadores, alcohólicos, drogadictos, conductores, grandes comedores, personas sedentarias, que ayudan a la fatalidad de la vida con unas condiciones personales que les hacen más vulnerables a los ataques de bacterias, virus y accidentes, que no les afectarían si sus hábitos de vida fueran otros.
Vamos, pues, a ser sensatos y a no dramatizar sin necesidad. fatman@vetaragon.net
LA CRISIS DEL POLLO
¿CRISIS DEL POLLO?. La aparición de una infección alimentaria, producida por salmonellas que, en lugar de la reincidente mayonesa, ha sido vehiculada por la salsa que acompañaba a los pollos precocinados y envasados al vacío, ha desatado el afán apocalíptico de los medios informativos junto con la pereza de las distintas entidades y administraciones implicadas para llegar a la inquietante denominación de crisis, haciéndose, también, la consabida pregunta:¿Sabemos lo que comemos?¿Son seguros los alimentos del mercado?...............
A pesar de haber afectado a más de 2.000 consumidores y haber producido una muerte, que todos lamentamos, éste, es un episodio como los que se suceden todos los veranos con la mayonesa, con la variante de que en este caso el alimento en cuestión debió de consumirse CALIENTE, para que de ésa forma tuviésemos la seguridad de acabar con las salmonellas. Una temperatura de 60 ºC durante 12 minutos o de 70-71 ºC durante 2 ó 3 minutos habría bastado para que no se hubiera producido esta crisis. Recordemos que NADIE puede garantizar que la carne sea estéril, por lo que, ya sea en la industria o en el hogar deberemos someterla a un tratamiento, casi siempre calor, para que no tengamos crisis.
Lo sucedido nos lleva a pensar que no se puede dejar en manos de las empresas y sus Planes de Autocontrol, la inspección de los alimentos. Es necesaria, más que nunca, la presencia del veterinario que inspeccione al pie del cañón y no solo inspeccionando "papeles", para poder garantizar mínimamente la salubridad de los alimentos.
¿Podemos garantizar que las anotaciones de las empresas en sus Planes de Autocontrol son veraces, en aquellas en las que no hay veterinarios de la Administración?. Yo creo que no y que el desmesurado afán de "responsabilizar" a las empresas de los productos puestos en el mercado nos va a llevar a muchas "crisis" como esta. No consiste en visitar la empresa una vez al mes y revisar los planes y las incidencias anotadas, hay que inspeccionar de verdad "todos los días".
Esta "crisis" es la típica que se ha producido por el mal uso de un alimento. ¡Amas de casa! hay que calentar los precocinados. (fatman@vetaragon.net)
Después de leer su artículo de opinión, publicado en la revista del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, nº 240 del año 2002, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre, en aras a la claridad de conceptos que debe de presidir la comunicación entre los seres humanos, me gustaría hacer unos comentarios.
La percepción que, desde los Colegios, se tiene del Consejo, a pesar del cambio de las personas, es de que todo sigue igual. Soy consciente, no obstante, de que cambiar la inercia de las instituciones es muy difícil y lo sé por propia experiencia desde mi humilde vocalía del Colegio de Zaragoza.
El desarrollo autonómico de España es un tema que no tiene, ni queremos que tenga, retroceso. La Constitución Española es muy clara en cuanto a los Estatutos de Autonomía y el desarrollo de los mismos ha establecido unas competencias también muy claras. Por ello, no es bueno ni saludable querer volver atrás y legislar desde el Estado dentro del ámbito de las competencias autonómicas, que por otro lado se sustentan en una amplia legislación básica del Estado.
Es cierto, también, que el Consejo ha perdido en este proceso una gran parte de las prerrogativas que antaño tenía (Ley del Proceso Autonómico, Estatutos de Autonomía, competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas,….), y que el papel del mismo debe de replantearse desde las reglas del juego, sin duda democráticas, que en este momento rigen los destinos de los Colegios Profesionales.
En la lectura de su artículo de opinión hay afirmaciones peculiares que, si no se explican, pueden llevar a confusiones. Habla Vd. de las injerencias de la Administración en temas de competencia legal de los Colegios….¿Cuales son ésas injerencias?, y, si es así, y son ciertas, deberían denunciarse para que los Colegios recuperen lo que, según Vd., es suyo.
El Consejo, muy a nuestro pesar, lleva mucho tiempo siendo víctima de sus propios errores de concepto al mirarse en el espejo e intentar definirse a sí mismo. Y en esta sociedad tan competitiva y rencorosa, con el paso del tiempo, cada uno tiene lo que se ha ganado a pulso.
En la Ley de Colegios Profesionales de Aragón, cuando hace alusión a los Consejos Autonómicos dice que entre sus funciones está la de "Coordinar la actuación de los Colegios que los integren, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada uno de ellos", y deja en manos de los colegiados que integran los respectivos Colegios la decisión de integrarse o no en el Consejo autonómico. En el caso del Consejo General, nos encontramos con una situación de origen pre-constitucional, que nos arrastra a todos y sobre la que nadie quiere hablar.
En estos tiempos no es de recibo el formato de previsión social que disfrutamos. Los seguros han evolucionado y en ningún caso deben de ser obligatorios. ¿Deben los funcionarios suscribir un seguro de responsabilidad civil obligatorio, cuando la Administración es responsable subsidiaria?. ¿ Se ha pedido la opinión de los colegiados para hacer o no ése seguro? ¿ Es el mas ventajoso?. No cabe plantearse estas preguntas porque es obligatorio y nadie puede darse de baja.
Nadie duda de las ventajas de la existencia del Consejo, pero creo que ya ha llegado el momento de replantearse su papel. Al igual que los Colegios, que no representan, como Vd. dice al conjunto de los veterinarios, sino al conjunto de los veterinarios colegiados, el Consejo debe de "vender" su papel en la sociedad y hacer que los veterinarios "deseen" estar colegiados por las ventajas que, para el ejercicio de su profesión, eso supone.
Habla Vd. de un grave problema económico, supongo que del Consejo, y hace alusión a que el presupuesto del Consejo se nutre de las aportaciones de sus colegiados. Mucho me temo que en este punto hay, también, un error de concepto. El Consejo no tiene colegiados. Los colegiados lo son de sus Colegios y el Consejo se nutre de las aportaciones, por otro lado obligatorias y por decisión unilateral, de los Colegios.
Por favor hablen con nosotros y explíquennos sus problemas, que en definitiva son los nuestros. Pero con claridad y sobre cifras concisas y no con llamadas a las barricadas.
Yo, desde mi ignorancia y desde la falta de información, por parte del Consejo, de los temas económicos, no conozco el alcance del problema al que Vd. alude, y en ningún momento dudo de su existencia. Otro asunto es el origen de ése problema, que también desconozco. Tampoco me atrevo a imaginar la solución que Vd. propone para, como muestra de responsabilidad institucional, contribuir a la búsqueda de un final feliz.
Espero que no vea en estas líneas afán de pelea, mas bien es desánimo e ignorancia de muchos temas que no hemos sabido explicar a los colegiados.
Zaragoza, 8 de Enero de 2003
Fdo.: José Carlos Sorribas Forcada
Nota: Las opiniones aquí vertidas, lo son del firmante.
ACTUACIÓN VETERINARIA
EN MATERIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Responsabilidades, habilitación y formación.
En relación con el artículo publicado en la revista "Información Veterinaria", nº 01, de Enero-Febrero de 2003, firmado por uno de los asesores jurídicos del Consejo, relativo a los animales potencialmente peligrosos, me gustaría hacer unas reflexiones.
Como primera apreciación me gustaría dejar claro el tema de la colegiación de los funcionarios. Creo que ya ha llegado el momento de que nos dejemos de ambigüedades y de interpretar la legislación de acuerdo con la conveniencia del que paga el informe solicitado sobre este tema.
La Ley de Colegios Profesionales 2/1974, del Estado, de origen preconstitucional y profusamente modificada, estableció el marco básico en el que deberían moverse los Colegios Profesionales. Después de la Constitución y de la adaptación de aquella norma a los preceptos constitucionales se fue desarrollando la legislación autonómica al amparo de los respectivos estatutos de autonomía y de la progresiva asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, con la promulgación de las respectivas leyes de Colegios Profesionales.
Mientras, el Tribunal Constitucional ha dictado muchas sentencias en las que dejaba muy claro que "correspondía al legislador y a la Administración Pública, por razón de la relación funcionarial, determinar, con carácter general, en qué supuestos y condiciones, por tratarse de un ejercicio profesional al servicio de la propia Administración e integrado en una organización administrativa con su inseparable carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el consiguiente sometimiento a la ordenación y disciplina colegiales, no haya de exigirse por no ser la obligación que impone proporcionada al fin tutelado", (sentencia 131/1989).
En este punto del debate resulta absurdo discutir si las leyes estatales prevalecen sobre las autonómicas. Las leyes ordinarias son leyes y todas tiene el mismo valor, cualquiera que sea la asamblea legislativa que las apruebe. Tan sólo la legislación que se establece como básica debe de ser respetada por la legislación autonómica. Respeto que no tiene nada que ver con el desarrollo de la misma. Nada impide que las comunidades autónomas desarrollen, dentro del marco constitucional y de los respectivos estatutos de autonomía, la legislación básica del estado.
La Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002 sobre animales potencialmente peligrosos va dirigida esencialmente a los propietarios de dichos animales y a las administraciones autonómica y local en lo referente al registro de los propietarios y de los animales. Nótese que el R.D. 287/2002, en sus anexos sólo hace referencia a perros y no a otros animales potencialmente peligrosos.
La única mención que se hace a los veterinarios oficiales, lo es en el artículo 2º, apartado 3 del R.D. 287/2002, pero textualmente dice: "……….veterinarios oficiales o colegiados", y lo hace en referencia a los informes que deben de emitirse en los casos de declarar "potencialmente peligroso" un animal que no está incluído en los anexos I o II del referido real decreto. Declaración que deberá de ser hecha por la autoridad local, que es la encargada de crear y de mantener al día el registro local.
En este informe, dentro de un procedimiento iniciado por una denuncia, basada en una agresión del animal a personas o a otros animales, la única responsabilidad del veterinario, que no tiene porqué ser oficial, sino que puede ser un colegiado habilitado por la autoridad competente, es la de, según su leal saber y entender, informar en uno de los trámites del procedimiento. Éste llevará a una resolución, cuya responsabilidad será del órgano que la dicte y no del veterinario que hizo el informe, que declarará o no, al animal en cuestión, como potencialmente peligroso.
Ésta declaración tan solo lleva consigo la obligación del propietario de inscribir al animal en el registro, obtener la corresondiente licencia y observar unas normas de conducta cuando el animal esté en contacto con otras personas o con otros animales. La responsabilidad de lo que, en el futuro, haga el animal es exclusiva del propietario y en nada puede afectar a la administración que dictó la resolución y mucho menos al veterinario que redactó el informe.
En cuanto a la responsabilidad penal, parece que, se parte de la base de que el veterinario "informante" va a falsificar o alterar documentos o faltar a la verdad. A pesar de determinadas excepciones, como las hay en todos los colectivos, los veterinarios que redactan informes lo hacen dentro de la mas estricta legalidad. Repito, en este punto, que lo excepcional será que dicho informe lo redacte un veterinario oficial, por lo que resulta "chocante" la abrumadora resonsabilidad que se pretende hacer recaer sobre los veterinarios oficiales. En todo caso la administración es responsable subsidiaria, y si, de los hechos, se desprende una responsabilidad penal, intencionalidad o actuación de mala fe del veterinario, tampoca le cubriría el seguro de responsabilidad civil.
Parece ser que en el informe del asesor jurídico del Consejo se intenta transmitir una defensa a ultranza de la colegiación obligatoria de los funcionarios y de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil del Consejo.
La figura del veterinario habilitado está meridianamente clara. Si es un funcionario no necesita habilitación. Tan solo es necesaria cuando se trate de un veterinario no funcionario y la habilitación le permite informar sobre aspectos que, en principio, estaban reservados a la administración y cuyo destinatario es la misma administración.
En cuanto a la responsabilidad, vuelvo a repetir que, recae en los propietarios de los animales y sobre el seguro de responsabilidad civil que debe de contratar con la compañía de seguros de su elección.
Los tres tipos de responsabilidad administrativa, civil y penal a los que se refiere la Ley 50/1999 no los refiere en ningún momento a los veterinarios "informantes", sino a los propietarios de los animales. En este contexto, las infracciones muy graves, graves y leves son susceptibles de ser cometidas por los propietarios de los animales y no por los veterinarios. Del mismo modo, las sanciones recaen sobre los propietarios, que son los responsables de su adiestramiento, transporte y del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias.
Está claro que la responsabilidad civil que un tercero afectado puede exigir, debe de hacerlo al propietario del animal. Pongamos el caso de un animal que es denunciado por una única agresión. En el procedimiento, que inicie dicha denuncia, deberá valorarse el contexto de la agresión y las circunstancias en la que se desarrolló la misma. Si el veterinario informa de manera que dicho animal se declare como potencialmente peligroso, es fácil suponer que la resolución final lo declarará así y obligará al propietario a cumplir la legislación de animales potencialmente peligrosos. La responsabilidad de lo que haga el animal en el futuro será del tenedor del mismo.
Si el veterinario, en base a las circunstancias, decide emitir un informe sobre la falta de peligrosidad del animal, es de suponer que lo hará en base a sus conocimientos técnicos. Téngase en cuenta que el veterinario no es el que declara peligroso o no al animal, ésa declaración es responsabilidad de la autoridad autonómica o municipal. En este caso el informe se incorporará al expediente y formará parte de la resolución emitida por la autoridad competente y la responsabilidad del comportamiento del animal seguirá recayendo en el propietario del mismo.
En cuanto a la responsabilidad de orden disciplinario, si el veterinario está habilitado por la administración, será ésta la que reclame dicha responsabilidad. Vuelvo a repetir que, sólo sería exigible en el caso de que el veterinario, a sabiendas, por mala fe o a cambio de dinero falseara el informe y aún así la responsabilidad de la resolución ulterior no sería suya sino del órgano que la dicte, a no ser que el contenido del informe sea vinculante para la resolución dictada.
Por otro lado si fuera la organización colegial la que reclamase dicha responsabilidad, con respecto a un veterinario de ejercicio libre, lo haría según los estatutos del Colegio al que estuviese adscrito el veterinario y no por los estatutos del Consejo.
Respecto a la habilitación, no es competencia del Ministerio de Presidencia o de Agricultura, es competencia de la autoridad autonómica o local que son los responsables de los registros central y local. Autoridades locales que, por cierto, ya cuentan con veterinarios en sus plantillas.
Si la autoridad competente juzga conveniente delegar en los Colegios Profesionales, no habrá inconveniente, por parte de éstos, para cumplir con la delegación, tal y como se hace en las campañas de vacunación antirrábica y en los festejos taurinos populares.
En cuanto a la formación de los veterinarios actuantes en el campo de pequeños animales, no hay motivos para sospechar que no estén suficientemente formados, lo que no es razón para que los Colegios no deban de poner a disposición de sus colegiados cursos de perfeccionamiento, a pesar de los pocos fondos que quedan disponibles después de liquidar las cuotas del Consejo.
Como conclusión hay que resaltar que las reclamaciones por los comportamientos agresivos de algunos animales, potencialmente peligrosos o no, irán en aumento, pero que de ninguna manera repercutirán en los veterinarios autores de los informes a los que se refiere el R.D. 287/2002.
En definitiva. Discrepo total y "cordialmente" con el contenido del artículo.
José Carlos Sorribas Forcada, veterinario. Colegiado en Zaragoza con el número 329.
Natalia Gabayet (modelo). Detalle del óleo de Waldo Zaavedra (sueños líquidos). Portada del disco de Maná, del mismo título.

References: resolución 

Artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
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