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Los Recursos Administrativos a disposición del ciudadano.
Publicado en 27 diciembre, 2015 por Andrés Muñoz Barrios
En nuestro país la intervención de las administraciones públicas en nuestra vida diaria es intensa. Tenemos un gobierno central, un gobierno en cada autonomía, diputaciones provinciales y gobiernos locales en nuestros ayuntamientos, que a su vez cuentan con decenas de organismos (ministerios, secretarías, delegaciones, consejerías, concejalías, empresas públicas, etc..), y todos ellos se afanan por intervenir cada día en nuestra esfera personal y patrimonial, respecto de multitud de temáticas: vivienda, sanidad, educación, suministros, servicios municipales, agricultura, industria, comercio, urbanismo, o tráfico, por indicar algunos ejemplos.
Por ello es absolutamente necesario que el ciudadano conozca cómo puede recurrir los actos de las administraciones públicas, esto es, el sistema de recursos administrativos. Su principal regulación legal se encuentra en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común (Capítulo II, arts. 107 y ss).
¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS PODEMOS RECURRIR?
Las resoluciones y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos
Los actos que incurran en nulidad de pleno derecho:
Lo que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Los actos que incurran en anulabilidad:
Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS NO PODEMOS RECURRIR?
Las disposiciones administrativas de carácter general (como un Reglamento, una Circular, etc…).
Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. En particular, en la Administración General del Estado:
En los organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Es el recurso ordinario que se debe interponer contra las resoluciones y actos que antes hemos citado como recurribles.
Se denomina “de alzada” porque se interpone contra el órgano inmediatamente superior a aquél que dictó la resolución o acto recurrido. Si no existiese un órgano superior, se deberá interponer Recurso Potestativo de Reposición.
Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo.
También estarán legitimadas las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, que serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Por último, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
El recurso se presenta mediante una solicitud que reúna los requisitos del artículo 110 de la Ley 30/1992 : datos de identificación del recurrente, el acto que se recurre y la razón de la impugnación, domicilio para su notificación, lugar, fecha y firma del recurrente, unidad administrativa al que se dirige así como demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones específicas.
El Plazo para interponerlo es de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Por su parte, la administración recurrida cuenta con un plazo de tres meses para dictar y notificar la resolución al recurso. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado el recurso.
Contra su resolución cabe Recurso Postestativo de Reposición, en vía administrativa, o bien acudir a la vía judicial.
Se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, y que serán los siguientes:
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una Ley estableciese lo contrario).
Las resoluciones de los órganos administrativos cuándo, teniendo un superior jerárquico, se haya dispuesto por Ley o reglamento que deben ser recurridas en Reposición.
Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 (según redacción Ley 4/1999, de 13 de enero).
Este recurso se denomina “Potestativo” porque es potestad del interesado el interponerlo en vía administrativa, o acudir directamente a la vía judicial (mediante recurso contencioso-administrativo).
Las personas legitimadas para interponerlo son los interesados, según lo que ya hemos expuesto en el Recurso de Alzada.
Se inicia por escrito que contendrá requisitos similares a los explicados en el Recurso de Alzada.
Los plazos para interponer este recurso, por parte del recurrente, y para su resolución y notificación, por parte de la administración recurrida, son similares a los indicados también en el Recurso de Alzada. Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.
Está dirigido a revisar los actos firmes en vía administrativa por el órgano que lo dictó, y se puede interponer contra los actos que agotan la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.
Pero tiene carácter extraordinario, porque solo puede interponerse contra actos que concurran en alguna de las causas tasadas a que alude el artículo 118 de la Ley 30/1992:
Las personas legitimadas son los interesados en el acto administrativo, según lo ya expuesto más arriba para el Recurso de Alzada, y la forma de inicio es por escrito con similares requisitos.
Respecto del plazo que tiene el interesado para interponerlo, cuando se trate de la primera causa de las expuestas, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
La administración recurrida cuenta con tres meses para resolver y notificar la resolución.
Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.
Vía | Ministerio del Interior
Más Información | Revisión Alzada Reposición Ley 30/92
Imágenes | Wikimedia Wikimedia Pixabay
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References: resolución 
 artículo 110
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 resolución 
 resolución 
 artículo 118
 resolución 
 resolución