Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531604.html
Timestamp: 2019-03-21 15:52:04+00:00

Document:
as201531604
Auto Supremo Nº 604
Sucre, 08 de septiembre de 2015
Expediente: 94/2011-A
Demandante: Alfredo Orellana Aguilar
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco apoderado Legal de la Caja Nacional de Salud (CNS) de fs. 68 a 69 vta., contra el Auto de Vista N° 207/2010 de 2 de octubre de fs. 60 a 61, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de reclamación de reembolso de gastos de atención médica hospitalaria particular seguido por Alfredo Orellana Aguilar contra la entidad recurrente ; la respuesta de fs. 75 a 76, el Auto que concedió el recurso de fs. 77, los antecedentes del proceso; y:
I.1 Antecedentes del Proceso
I.1.1 Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones de la CNS
Que, iniciado el trámite de reembolso de gastos de atención médica hospitalaria particular, la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud, emitió las Resoluciones Nos. 0219 de 24 de marzo de 2009 y 0545 de 28 de mayo de 2009 de fs. 36 a 37 y fs. 41, respectivamente, mediante las cuales resolvió declarar improcedente la solicitud de rembolso interpuesta por el asegurado Alfredo Orellana Aguilar.
I.1.2 Recurso de Reclamación y Resolución de Directorio
Las señaladas resoluciones fueron objeto del recurso de reclamación presentado por el asegurado fs. 44 vta.; mismo que fue resuelto por el Directorio de la Caja Nacional de Salud mediante Resolución de Directorio N° 193/2009 de 23 de noviembre de 2009 fs. 48 a 49, por la cual resolvió ratificar las Resoluciones Nos. 0219 de 24 de marzo de 2009 y 0545 de 28 de mayo de 2009 de fs. 36 a 37 y fs. 41, respectivamente, ambas emitidas por la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud.
I.1.3 Auto de Vista
Interpuesto por el asegurado el recurso de apelación fs. 50 a 52 contra la Resolución de Directorio N° 193/2009 de 23 de noviembre de 2009, mediante Auto de Vista N° 20720/10 de 2 de octubre de fs. 60 a 61, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito judicial de La Paz, resolvió revocar la Resolución N° 193/2009, disponiendo que la Caja Nacional de Salud, proceda al reembolso de gastos al asegurado Alfredo Orellana Aguilar, sobre los gastos en su cirugía de Trasplante Renal en base a la tarifa de la Caja Nacional de Salud, en caso de no existir éste último, será en base al monto de la factura de fs. 22.
I.1.4 Motivos del recurso de casación
Dicha resolución, motivó el recurso de casación interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco apoderado legal de la Caja Nacional de Salud (CNS), con los siguientes argumentos:
Señala que, de la lectura del Auto de Vista, la parte considerativa señala que el ente gestor conocía de la dolencia del asegurado y que este hecho constaría en el informe a fs. 14 en el referido informe se señala claramente: ”…en visita domiciliaria realizada en fecha 12 de abril, se verifica que el sr. Orellana está en periodo de recuperación post operatorio…”, es decir que la visita de la trabajadora social de la CNS fue posterior a la intervención quirúrgica del demandante y no así como señala el Auto de vista.
Continua señalando que el Reglamento de las Comisiones de Prestaciones en su art. 9 establece la prescripción de la acción para solicitar reembolsos en tres meses a partir de la fecha de alta del asegurado, habiendo el asegurado presentado su solicitud de reembolso 5 años y 5 meses después de haber sido dado de alta en el Hospital Boliviano Belga.
I.1.5 Petitorio
Concluyo solicitando casar el Auto de Vista referido y pronunciándose en el fondo declare improbado el recurso de reclamación aprobado la resolución de Directorio N° 193/2009 de 23 de noviembre de 2009 fs. Cursante a fs. 48 y 49 de obrados.
II. Fundamentos jurídicos del fallo
Resulta imperioso advertir en razón al contenido del recurso que se analiza, que el instituto jurídico de la casación, conforme lo preceptúa el Título V, Capítulo VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil (CPC), es una acción extraordinaria que se asimila a una demanda de puro derecho, a través de la cual se impugna una resolución judicial (en la especie el Auto de Vista) expresamente señalada por el art. 250 de la ya mencionada norma adjetiva; por infracciones a la ley sustantiva y procesal en el fondo y la forma; por causales previstos en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil; correspondiendo que en las diversas causales de procedencia del recurso en las que el recurrente funda su petición, cumpla con la carga legal prevista en el art. 258.2) del ritual civil, que señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la Sentencia o Auto del que se recurriere, (…), la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. (…)…” [sic], es decir, el recurrente debe evidenciar las infracciones y los errores de hecho o de derecho en los cuales pudieron incurrir las autoridades de grado o Tribunales de instancia a tiempo de resolver las pretensiones deducidas en el proceso, no siendo suficiente la cita de disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.
Examinado el recurso interpuesto sobre la base de lo expuesto supra, se advierte que el recurrente no ha llegado a vislumbrar el verdadero alcance del recurso extraordinario de casación, recurso que no puede ser considerado en una tercera instancia de revisión del proceso, como lo deduce erróneamente el recurrente en la exposición del recurso del caso de Autos; siendo deber de este Tribunal dilucidar que el instituto jurídico de la casación es una acción extraordinaria que se asimila a una demanda de puro derecho, mediante la cual se busca la invalidación de una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, conforme lo señala el art. 250 del CPC. Para este cometido es preciso que el recurrente materializarse su petición, pero esta concretización de su pedido no está sujeta al capricho y liberalidad de las partes, sino que debe fundarse en una de las causales de procedencia del recurso establecidas por ley; es decir, por infracciones en el fondo y la forma previstos taxativamente en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil; es así que el recurso de casación en el fondo se fundara en las causales de procedencia por errores de derecho referidos a la infracción de normas sustantivas violadas, erróneamente interpretadas o aplicadas indebidamente por los Tribunales de instancia; o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, conforme lo señala expresamente el art. 253 del ritual civil; mientras que el recurso de casación en la forma, se deberá fundar en errores del procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas por los tribunales de instancia identificadas expresamente en las causales de procedencia del art. 254 del CPC, ausentes en la especie.
La exigencia de la identificación de la causal de procedencia en el recurso, ya sea en el fondo o en la forma adquiere singular trascendencia, toda vez que la casación no tanto analiza las pretensiones de las partes, sino más bien comprobar el correcto proceder de las autoridades judiciales de instancia en la aplicación de la ley sustantiva o de la ley procesal; a decir en otros términos, el recurso de casación tiene como fin esencial invalidar un fallo cuando este ha sido dictado infringiendo la ley decisoria del conflicto al resolverlo, o cuando dicha decisión ha sido dictada basado en un procedimiento vicioso;
Debe tenerse presente que al igual que otros recursos judiciales, el recurso de extraordinario de la casación se encuentra regido por principios que son los elementos rectores y líneas maestras que se deben tomar en cuenta el momento de interponer y resolver, a decir del profesor Podetti, nombrado en la obra de Gonzalo Castellanos (Técnicas Recursivas), quien señala: ”los principios procesales pueden caracterizarse como las directivas o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso”. En materia recursiva rige el principio dispositivo, por el cual sólo las partes pueden interponer recursos judiciales contra las resoluciones que causen perjuicios a sus derechos e intereses, por consiguiente los recursos son a instancia de parte a los fines de invalidación de una Sentencia o Auto definitivo; de cuyo contenido es precisamente el recurrente, quien conocedor de los errores de hecho y derecho en los cuales pudo incurrir el Tribunal de Alzada y hallándose en situación de desventaja por el fallo inferido debe aportar inequívocamente con la individualización de la o las causales para la procedencia de su recurso; correspondiendo que en las diversas causales infracciónales de procedencia del recurso en las que el recurrente funde su petición cumpla con su deber de concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce, todo ello con el único fin de abrir como un primer paso la competencia del Tribunal en el conocimiento del caso.
El recurso traído a casación omite subsumir sus acusaciones tanto en el fondo como en la forma, en una de las causales de procedencia del recurso señaladas por los arts. 253 o 254 del CPC, evidenciándose de lectura del mismo que el recurrente efectúa una repetición de los argumentos expuestos en las resoluciones emitidas por instancias de la CNS, haciendo referencia al informe a fs. 14, al plazo de prescripción de solicitud de reembolsos y a la voluntad del demandante de realizar su operación en un centro no dependiente de la CNS sin especificar ni evidenciar las infracciones y los errores de hecho o de derecho en los cuales pudo haber incurrido el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el proceso, haciendo de su recurso impreciso y confuso y sin percatarse que se encontraba obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causales de procedencia que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez; sin tampoco cumplir con la carga procesal prevista por el art. 258.2).
Destaca en autos el hecho de que el recurrente no acusa norma alguna como infringida, de modo que permita a éste Tribunal abrir su competencia en el marco del art. 274 del CPC. En efecto el citado art. 274 en su primer parágrafo, previene:
“El tribunal o juez casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa al juez o tribunal infractor, a menos que encontrare excusable el error”.
Así entonces, conforme a la normativa glosada, el tribunal, para casar el auto de vista sobre cuestiones de fondo, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo “aplicando” esas “leyes conculcadas”. Ergo, en el marco de la inteligencia de éste dispositivo legal, mal podría este tribunal casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias, en flagrante desafío a la expresa previsión contenida en el art. 274 del CPC.
En el contexto señalado, al no haber cumplido el recurrente con la especificación de causal alguna de procedencia del recurso y tampoco cumplir con la carga procesal prevista en el art. 258.2) del CPC, por desconocimiento de una adecuada técnica jurídica que debe imperativamente observarse en la formulación de esta acción extraordinaria, y al no poder suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el recurrente, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, siendo compelido a obrar conforme los arts. 271.1 y 272.2 del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del RCSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco, en representación de la Caja Nacional de Salud, de fs. 668 a 69 vta. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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