Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arbitraje-127126
Timestamp: 2019-07-20 16:38:39+00:00

Document:
Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127126
Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre)
Publicado en: BOE Num. 293 (1988)
TÍTULO II. Del convenio arbitral y sus efectos - arts. 5 a 11
TÍTULO III. De los árbitros - arts. 12 a 20
TÍTULO IV. Del procedimiento - arts. 21 a 29
TÍTULO V. Del laudo arbitral - arts. 30 a 37
TÍTULO VI. De la intervención jurisdiccional - arts. 38 a 44
TÍTULO VII. De la anulación del laudo - arts. 45 a 51
TÍTULO VIII. De la ejecución forzosa del laudo - arts. 52 a 55
TÍTULO IX. De la ejecución en españa de los laudos arbitrales extranjeros - arts. 56 a 59
TÍTULO X. De las normas de derecho internacional privado - arts. 60 a 63
Norma citada en: 1660 sentencias, 319 artículos doctrinales, 272 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 27 resoluciones administrativas, 3 noticias
Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje corregida por la Corrección de errores de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 04 de agosto de 1989.
La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de derecho privado vigente viene siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad. Sin embargo, la ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de derecho civil en el mas estricto sentido de la palabra; la practica ha demostrado, en cambio, que dicha ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral las controversias que surgen en el tráfico mercantil, ni menos aun para las que surgen en el trafico mercantil internacional.
La ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para que esta institución resulte apta no solo para resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jurídico-civiles, sino tambien para eliminar conflictos como los que se producen en el trafico jurídico en masa, mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El comité de ministros del consejo de Europa, en su recomendación 12/1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, postula que los gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que "en los casos que se presten a ello, el arbitraje pueda constituir una alternativa mas accesible y mas eficaz a la acción judicial".
Artículo citado en: 95 sentencias, 17 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 62 sentencias, 19 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
El arbitraje para ser valido deberá ajustarse a las prescripciones de esta ley.
Cuando en forma distinta de la prescrita en esta ley dos o mas personas, pacten la intervención dirimente de uno o mas terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será valido y obligatorio para las partes si en el concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.
Artículo citado en: 28 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad, según su saber y entender, a elección de las partes.
En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de derecho, los árbitros resolverán en equidad, salvo que hayan encomendado la administración del arbitraje a una corporación o asociación en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento.
Artículo citado en: 27 sentencias, 8 artículos doctrinales
TÍTULO II Del convenio arbitral y sus efectos Artículos 5 a 11
El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o mas árbitros, asi como expresar la obligación de cumplir tal decisión.
Si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de este pacto y su interpretación se acomodarán a lo prevenido por las disposiciones en vigor respecto de estas modalidades de contratación.
Artículo citado en: 74 sentencias, 17 artículos doctrinales, 9 resoluciones administrativas
El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse como cláusula incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente del mismo.
Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no solo cuando este consignado en un único documento suscrito por las partes, sino tambien, cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
Artículo citado en: 23 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros y a la determinación de las reglas de procedimiento. Si las partes no hubieren pactado sobre estos extremos podrán completar, en cualquier momento, mediante acuerdos complementarios, el contenido del convenio arbitral.
Las partes podrán deferir a un tercero, ya sea persona física o jurídica, la designación de los árbitros.
Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las partes en cualquier situación de privilegio con respecto a la designación de los árbitros.
Artículo citado en: 7 sentencias, 2 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
Las partes podrán tambien encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a:
Corporaciones de derecho publico que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.
Los reglamentos arbitrales de las corporaciones de derecho publico y de las asociaciones y sus modificaciones, se protocolizarán notarialmente.
La corporación o asociación quedará obligada, desde su aceptación, a la administración del arbitraje.
Artículo citado en: 6 sentencias, 10 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque inmediatamente a la oportuna excepción.
Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderán que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o todos los demandados, si fuesen varios, realicen, después de personados en juicio, cualquier gestión procesal que no sea proponer en forma la declinatoria.
Artículo modificado por Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 141 sentencias, 16 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
TÍTULO III De los árbitros Artículos 12 a 20
Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a derecho, los árbitros habrán de ser abogados en ejercicio.
No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de un juez, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 17.2. 4. Tampoco podrán actuar como árbitros los jueces, magistrados y fiscales en activo, ni quienes ejerzan funciones publicas retribuidas por arancel.
La designación se comunicará fehacientemente a cada uno de los árbitros para su aceptación.
Si los árbitros no hubiesen aceptado por escrito ante quien los designo en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a su notificación, se entenderá que no aceptan el nombramiento.
En la misma forma y con los mismos efectos se procederá en los casos en que la designación se hiciera por medio de una corporación o asociación o en el caso del Artículo 9.2.
La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la corporación o asociación, a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa. En los arbitrajes encomendados a una corporación o asociación el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquella contra los árbitros.
Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la corporación o asociación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender a los honorarios de los árbitros y a los gastos que puedan producirse en la administración del arbitraje.
Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces, con las especialidades de los párrafos siguientes.
Los árbitros solo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su designación. Tambien podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido nombrados directamente por las partes o cuando aquellas fueren conocidas con posterioridad.
Las personas designadas árbitros están obligadas a poner de manifiesto las circunstancias que puedan determinar su recusación tan pronto como las conozcan.
Si el árbitro recusado acepta la recusación será apartado de sus funciones, procediéndose, al nombramiento de otro en la forma prevista para las sustituciones.
Si no la aceptare, el interesado podrá, en su caso, hacer valer la recusación al solicitar la anulación del laudo.
De acuerdo con las partes, los árbitros podrán nombrar un secretario.
En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe las funciones de secretario, que en ningun caso deberá ser el presidente del colegio arbitral.
TÍTULO IV Del procedimiento Artículos 21 a 29
El procedimiento arbitral se ajustará en todo caso a lo dispuesto en esta ley, con sujeción a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.
El desarrollo del procedimiento arbitral se regira por la voluntad de las partes o por las normas establecidas por la corporación o asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros.
Las partes podrán actuar por si mismas o valerse de abogado en ejercicio.
El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado a las partes por escrito la aceptación del arbitraje.
Si los árbitros estimaren la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo anterior quedará expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra la decisión arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso, al solicitarse la anulación judicial del laudo.
En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá ser apreciada de oficio por estos aunque no hubiese sido invocada por las partes.
Salvo lo acordado en el convenio arbitral o lo que dispongan los reglamentos arbitrales, los árbitros decidirán el lugar donde se desarrollará la actuación arbitral, asi como el lugar en el que deban realizar cualquier actuación concreta y lo notificarán a las partes.
Salvo acuerdo de las partes, los árbitros determinarán el idioma o idiomas en que haya de desarrollarse el procedimiento arbitral y lo notificarán a las partes. No podrán elegir un idioma que ninguna de las partes conozca o que no sea oficial en el lugar en que se desarrollará la actuación arbitral.
Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su defecto, se entenderá como domicilio el del propio interesado o, en su caso, el de su representante.
Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados, salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo establecido en esta ley respecto del plazo para dictar el laudo.
No obstante, los árbitros fijarán a las partes plazos preclusivos para formular las alegaciones.
TÍTULO V Del laudo arbitral Artículos 30 a 37
Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que hubieren aceptado la resolución de la controversia o desde el día en que fuera sustituido el ultimo de los componentes del colegio arbitral. Este plazo solo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial.
Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el convenio arbitral y expedita la vía judicial para plantear la
En los procedimientos arbitrales que traigan causa de contratos sometidos al régimen jurídico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a falta de pacto expreso de las partes, los árbitros deberán dictar el laudo en el término de tres meses, contado como se dispone en el número 1 de este artículo.
Artículo modificado por Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos.
Artículo citado en: 19 sentencias, 5 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
El laudo deberá dictarse por escrito. Expresará al menos las circunstancias personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral.
El laudo será motivado cuando los árbitros decidan la cuestión litigiosa con sujeción a derecho.
El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su parecer discrepante. Si alguno de los árbitros no lo firmase, se entenderá que se adhiere a la decisión de la mayoria.
El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo fehaciente a las partes.
Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la practica de las pruebas y, en su caso, el coste del servicio prestado por la corporación o asociación que tenga encomendada la administración del arbitraje.
Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer los gastos efectuados a su instancia y los que sean comunes por partes iguales, a no ser que los árbitros apreciasen mala fe o temeridad en alguna de ellas.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cualquiera de las partes podrá pedir a los árbitros que corrijan cualquier error de calculo, de copia, tipográfico o similar o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del laudo.
Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán su decisión notarialmente y harán que se notifique fehacientemente a las partes.
Artículo citado en: 38 sentencias, 8 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
TÍTULO VI De la intervención jurisdiccional Artículos 38 a 44
Si las partes no se pusieren de acuerdo con la designación de los árbitros, se procederá a instancia de cualquiera de los interesados a la formalización judicial del arbitraje conforme a las reglas establecidas en los Artículos siguientes.
No obstante, no procederá la formalización judicial del arbitraje si los árbitros hubieren sido designados directamente por las partes y todos o alguno de ellos no aceptasen o se imposibilitasen para emitir el laudo o si la corporación o asociación a la que se encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo. En estos casos, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial para la resolución de la controversia.
Será competente para conocer de la formalización judicial del arbitraje el juez de primera instancia del lugar donde deba dictarse el laudo; en su defecto, a elección del actor, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados.
El actor se dirigirá por escrito al juzgado, indicando las circunstancias concretas de la falta de acuerdo.
El juez procederá conforme a las formalidades previstas para el juicio verbal.
La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados o de sus representantes no suspenderá la celebración del acto.
La incomparecencia del demandante o de todos los demandantes o de sus representantes dará lugar a que se les tenga por desistidos de su pretensión, condenándoseles al pago de las costas, salvo que el demandado o alguno de los demandados o sus representantes manifestaren su interés por la formalización judicial del arbitraje, en cuyo caso se verificará la celebración del acto.
En el acto de la comparecencia el juez oirá a las partes o sus representantes y les invitará a ponerse de acuerdo sobre la designación de los árbitros.
Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designarlos y las partes no se ponen de acuerdo, procederá el juez a la designación de los árbitros mediante sorteo de entre los nombres incluidos en la lista de abogados en ejercicio que solicitará del colegio profesional de la circunscripción judicial correspondiente o del consejo general de la abogacía.
La lista estará formada por abogados con mas de cinco años de ejercicio profesional que voluntariamente se hayan ofrecido, que no estén en el caso del Artículo 14 y sin nota desfavorable en su expediente personal.
El sorteo se hará, en proporción de tres titular y dos suplentes , por cada plaza de árbitro. En caso de renuncia, abstención, recusación aceptada o incapacitación sobrevenida, sustituirá al titular el primer suplente y a este el segundo.
Si mediante las reglas indicadas no fuere posible proceder al nombramiento de los árbitros, el juez designará libremente a abogados en ejercicio, si se tratare de arbitraje de derecho; cuando los árbitros deban decidir en equidad, el juez solicitará de los colegios profesionales, cámaras de comercio, industria y navegación y otras corporaciones, o a su órgano representante de carácter general, la remisión de las listas de profesionales colegiados para la libre designación de los que estime convenientes, oyendo la propuesta de las partes, o bien de entre los que estos propongan de común acuerdo.
El juez únicamente podrá rechazar la formalización judicial del arbitraje cuando considere por los documentos aportados que no consta de manera inequívoca la voluntad de las partes.
El auto accediendo a la formalización judicial del arbitraje, que no prejuzgará la validez del convenio arbitral, no es susceptible de recurso alguno.
El auto denegatorio de la formalización será apelable. Contra la resolución de la audiencia provincial no cabra recurso alguno y los puntos que hayan sido objeto de debate no podrán motivar en su día la declaración de nulidad a que se refiere el Título VII de esta ley.
Los jueces de primera instancia rechazarán fundadamente la practica de pruebas contrarias a las leyes, sin que contra sus resoluciones quepa recurso alguno.
TÍTULO VII De la anulación del laudo Artículos 45 a 51
Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la anulación afectará solo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal.
Cuando el laudo fuese contrario al orden publico.
Artículo citado en: 406 sentencias, 12 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
El conocimiento del recurso de anulación corresponderá a la audiencia provincial del lugar donde se hubiere dictado el laudo.
El recurso se interpondrá por medio de un escrito motivado que habrá de ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo o de la aclaración a que se refiere el Artículo 36, si alguna de las partes la hubiere solicitado.
En dicho escrito se expondrán los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo o motivos de anulación invocados, proponiéndose la prueba que sea necesaria y pertinente.
Al escrito de recurso se acompañarán los documentos justificativos del convenio y del laudo arbitrales.
La sala dispondrá los apremios necesarios para compeler a los árbitros a la entrega de las actuaciones arbitrales, si fueren necesarias y el recurrente no hubiere podido obtenerlas.
Las demás partes podrán impugnar por escrito el recurso dentro de veinte días desde el traslado de la copia del mismo, proponiendo, si fueren necesarias, las pruebas que reúnan los requisitos anteriormente expresados.
Las pruebas habrán de practicarse en el plazo máximo de veinte días.
Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la practica de las pruebas, las partes podrán solicitar vista publica. La sala accederá a ella dentro de los dos días siguientes, si al menos una parte la pidiere.
Dentro de los diez días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior sin petición de vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de esta, la audiencia provincial dictará sentencia contra la que no cabra ulterior recurso.
Recurrido el laudo, la parte a quien interese podrá solicitar del juez de primera instancia que fuere competente para la ejecución las medidas cautelares conducentes a asegurar la plena efectividad de aquel una vez que alcanzare firmeza.
El juez podrá señalar los afianzamientos que considere oportunos en el auto que dicte autorizando la adopción de las medidas, que no será susceptible de recurso.
La petición se formulará por escrito, acompañando copia del laudo y el juez resolverá en el plazo de tres días, previa comparecencia de las partes.
Las medidas cautelares se mantendrán hasta la resolución del recurso de anulación.
TÍTULO VIII De la ejecución forzosa del laudo Artículos 52 a 55
Al escrito solicitando la ejecución se acompañarán necesariamente copia autorizada del laudo y los documentos acreditativos de la notificación a las partes y del convenio arbitral.
Se acompañará igualmente, en su caso, testimonio de la resolución judicial a que se refiere el Artículo 49.2 de esta ley.
El juez dará traslado de la petición de ejecución y de los documentos presentados a la otra parte, quien, en el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia del recurso de anulación regulado en el Título VII, siempre que se acredite documentalmente con el escrito de oposición, en cuyo caso el juez dictará sin dilación auto suspendiendo la ejecución hasta que recaiga resolución de la audiencia, o la anulación judicial del laudo, acreditada mediante testimonio de la sentencia a que se refiere el Artículo 49.2 de esta ley, en cuyo caso, el juez dictará auto denegando la ejecución.
Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, el juez dictará auto despachando la ejecución.
Los autos a que se refieren los párrafos anteriores no son susceptibles de recurso alguno.
TÍTULO IX De la ejecución en españa de los laudos arbitrales extranjeros Artículos 56 a 59
Los laudos arbitrales extranjeros serán ejecutados en España de conformidad con los tratados internacionales que formen parte del ordenamiento interno y, en su defecto, de acuerdo con las normas de la presente ley.
Se entiende por laudo arbitral extranjero el que no haya sido pronunciado en España.
La ejecución del laudo se llevará a efecto según las reglas establecidas en el ordenamiento procesal civil para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
Denegada por defectos formales la ejecución del laudo arbitral extranjero, la parte a quien interese aquella podrá, una vez subsanados dichos defectos, volver a solicitarla.
En los casos del numero 2 del Artículo 45, conforme a la ley que resulte
TÍTULO X De las normas de derecho internacional privado Artículos 60 a 63
La presente ley será de aplicación a los arbitrajes a que se refieren la ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios; el Artículo 34.2 de la ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del seguro privado; la ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y el Artículo 143 de la ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en todo lo no previsto en las mismas y en las disposiciones que las desarrollan. No obstante, no será precisa la protocolización notarial del laudo, que se dictará por los órganos arbitrales previstos en dichas normas.
Los arbitrajes a que se refiere el párrafo anterior son gratuitos.
Disposición citada en: 13 sentencias, 7 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
El gobierno establecerá reglamentariamente la denominación, composición, carácter, forma de designación y ámbito territorial de los órganos arbitrales y demás especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del sistema arbitral que prevé, en sus características básicas, el Artículo 31 de la ley 26/1984.
Se adiciona un párrafo final en el Artículo 10.1 de la ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, con la siguiente redacción:
'los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este Artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto del previsto en el Artículo 31 de esta ley no podrá impedir por si misma la celebración del contrato principal.
Apartado derogado por la ley 7 /1998, sobre condiciones generales de la contratación.
Disposición citada en: 28 sentencias, 12 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Se añade un nuevo numero al Artículo 533 de la ley de enjuiciamiento civil con la siguiente redacción:
'8. La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.'
La excepción 10 del Artículo 1.464 de la ley de enjuiciamiento civil tendrá la siguiente redacción:
'10. La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.'
Quedan derogados el numero 4 del Artículo 1.687 y la sección IX del Título XXI del libro segundo de la ley de enjuiciamiento civil.
El Capítulo II del Título XIII del libro cuarto del código civil queda sin contenido.
Orden APA/4089/2004, de 14 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
Reglamento número 35, sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en los que concierne a la disposición de los pedales de mando, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíproco de homologación para equipos y piezas de vehículos de motor.
Ley de 8 de Junio de 1984 por la que se crea el Instituto de Fomento de la Region de Murcia.

References: Artículo 17
 Artículo 9
 resolución 
 resolución 
 Artículo 14
 resolución 
e contrario
 Artículo 36
 resolución 
 resolución 
 Artículo 49
 resolución 
 Artículo 49
 Artículo 45
 Artículo 34
 Artículo 143
 Artículo 31
 Artículo 10
 Artículo 31
 Artículo 533
 Artículo 1
 Artículo 1