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Timestamp: 2018-04-19 17:18:36+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 53/2010 Tribunal de Cuentas
Acuerdo y Sentencia N° 192/11 - Expediente: "Isidro Hereberto Trebastoni c/ Res. N° 448/06 del 30 de noviembre de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral".
“ISIDRO HERIBERTO TREBASTONI C/ RES. N° 448/06 DEL 30/NOV/2006, DICT. POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL”.
Que, en fecha 10 de mayo de 2.007 (fojas 85/87 de autos), se presentó ante este Tribunal de Cuentas. Segunda Sala, la Abog. Silvia Patricia Centurión Ortiz, en representación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a contestar la presente demanda contencioso administrativa Funda su contestación en los siguientes términos: "Niego cada uno de los hechos alegados por la adversa que no sean expresamente reconocidos en esta presentación No es verdad que las instrumentales agregadas a fs. 1 al 11 del expediente administrativo sean fotocopias simples (ver copias autenticadas de los antecedentes administrativos traídos a la vista), ni que el sumario haya sido manejado al antojo de las autoridades de la Justicia Electoral y de los intereses de los políticos de tumo. El sumario instruido al accionante no caducó, pues conforme a lo dispuesto por el A.I. Nº 96 del 20 de febrero de 2001 dictado por la Corte Suprema de Justicia en el juicio: "Acción de inconstitucionalidad contra normas de la Ley 1626/00 (promovido por el TSJE", el artículo 78 de la Ley de la Función Pública se encuentra suspendido respecto a mi instituyente Por consiguiente la circunstancia de que el sumario haya concluido luego de los sesenta días hábiles de su inicio, no tiene como consecuencia la caducidad de la instancia ni la conclusión automática de la causa. Se acompaña copia de la resolución judicial referida Las autoridades de la Justicia Electoral, bajo ningún aspecto anti dataron resolución alguna. La grave acusación de actor en ese sentido carece de toda razón o fundamento, y no está respaldada por ninguna prueba. Mi instituyente en uso de sus atribuciones legales (inciso y del artículo 6 de la ley 635/95), ha dispuesto el procedimiento a seguirse en casos de denuncia por traslados indebidos en el marco del proceso de Depuración y Actualización del Registro Cívico Permanente. La denuncia efectuada por la Sra. Fátima Estigarribia, se ajustó a las normas pertinentes y por ello tiene valor oficial. Para mayor ilustración se adjuntan copias autenticadas de las Resoluciones Nº 28 y 53 del año 2006 dictadas por mi representado. El hecho de que la denunciante durante el sumario se haya posteriormente contradicho, no podía tener como consecuencia necesaria el sobreseimiento de denunciado, pues la jueza de instrucción debía buscar la verdad real y la falta de coincidencia entre las firmas de la inscripta-denunciante en los diversos documentos agregados al expediente administrativo, hacían presumir que probablemente se habría cometido alguna irregularidad. El sumariado no contestó el sumario y por ello el juzgado de instrucción, declaró la cuestión de puro derecho. Pero posteriormente, haciendo uso de sus facultades ordenatorias y para despejarse toda duda dispuso una prueba pericial. En este punto cabe aclarar que no existió la mentada indefensión ni las desprolijidades procesales, que refiere el demandante. El sumario administrativo se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil, en especial por las normas referentes a los juicios de menor cuantía. El juzgado de instrucción ha notificado por cédula al interesado todas sus resoluciones que conforme al artículo 133 del CPC, debían ponérsele a su conocimiento por ese medio. Las demás fueron notificadas automáticamente por imperio de la ley (artículo 131 del CPC). El accionante no puede alegar indefensión, pues a pesar de haber sido puesto en conocimiento del desarrollo del sumario y de su deber legal de colaborar con las investigaciones (artículo 57 inc. j de la Ley 1626/00); no lo contestó ni demostró el mínimo interés en las actuaciones. Mucho menos, propuso o acompañó diligencia alguna Por su parte la jueza de instrucción, actuando con absoluta independencia ha cumplido con su deber de buscar la verdad real. A tales efectos dispuso públicamente la prueba pericial caligráfica En la providencia del 05 de julio de 2006, designó a un profesional habilitado, señaló claramente cual era el objeto de la pericial y cumplió además con todos los requisitos pertinentes establecidos en los artículos 310 y 344 del CPC. Entre la fecha de la providencia y la aceptación del cargo por parte del perito calígrafo, transcurrieron suficiente días como para que el sumariado formule sus objeciones si así lo hubiera entendido procedente, pero coherente con su actitud de desidia nada hizo. Lo mismo ocurrió cuando el informe pericial fue presentado y puesto de manifiesto en secretaría por todo el término legal. El trabajo del profesional designado ha sido sumamente pulcro y ajustado a derecho El mismo actor, no se ha atrevido a desmeritar el informe pericial. Ni siquiera ha atinado a señalar el más pequeño error. Nuestra parte no encuentra mayores defectos en el expediente administrativo, y si acaso existiera alguno, no tendría suficiente entidad como para justificar una anulación y mucho menos una declaración de nulidad. Con una simple mirada al considerando de la Resolución 448/06, se nota que es falso que no se mencionen las disposiciones legales en que se funda La violación a sus deberes legales (normas individualizadas por la resolución), por parte del encargado del Registro Electoral, reviste tal gravedad que justifica la medida disciplinaria impuesta al funcionario demandante. En ese contexto, los actos administrativos impugnados son regulares y válidos, por lo que la presente demanda debe ser rechazada Prueba documental acompañada: Copias autenticadas de las Resoluciones TSJE Nº 28 y 53 del año 2006 y del A.I. Nº 96 del 20 de febrero de 2001 dictado por la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la perdidosa de conformidad al principio general establecido en el art. 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A. Martín Ávalos Valdez.

References: artículo 78
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 133
 Resolución