Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1134193
Timestamp: 2019-12-14 11:47:20+00:00

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El Decreto 126/2014 tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
La Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid puede consultarse en el Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
La Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, supuso un importante avance en la configuración de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid al superar el mero ámbito asistencial y elevar a la categoría de derecho subjetivo la protección a personas y familias que, encontrándose en situación de necesidad, carecen de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la vida, evitando con ello procesos de exclusión.
Transcurridos más de diez años desde la promulgación de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , la situación social y económica de la Comunidad de Madrid ha cambiado sustancialmente, haciéndose necesaria la adaptación de la citada Ley a las circunstancias actuales, motivo por el cual mediante Ley 8/2012, de 28 de diciembre , de Medidas Fiscales y Administrativas, se modificó parcialmente la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción. Se pretende con dicha modificación establecer una interconexión más estrecha entre los derechos que la misma reconoce, intensificando la participación de las personas titulares en las medidas de inserción, y reforzando las medidas de inserción laboral, en el entendimiento de que el acceso al empleo es la mejor medida de inserción social, siempre y cuando la persona posea las capacidades y preparación adecuadas para acceder al mercado de trabajo. Como reconoce la propia exposición de motivos de la Ley, en ocasiones la Renta Mínima de Inserción deberá concederse sin mayores condicionamientos, propiciando la motivación de las personas para participar en aquellas medidas de inclusión activa que permitan la mejora de su situación. Por ello no se establece un plazo determinado de percepción de la prestación, sino que la misma continuará percibiéndose en tanto se mantengan las causas y requisitos que motivaron su concesión. De este modo, la salida de la Renta Mínima de Inserción debe limitarse a supuestos de pérdida de requisitos, o a actitudes que imposibiliten o dificulten los procesos de inclusión, como la negativa sistemática e injustificada a participar en las acciones de inserción, lo cual requiere, sin duda, un modelo de intervención adecuado, que deberá contar con la participación y consentimiento de la persona destinataria del mismo, para conseguir su motivación y la consecución de los objetivos.
La Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid en su nueva redacción, remite en numerosas ocasiones al desarrollo reglamentario, necesario para conseguir los objetivos que se persiguen, de manera que permita, por un lado, facilitar la actuación de los profesionales implicados en la aplicación de la norma y, por otro, garantizar los derechos de los ciudadanos, ofreciéndoles la preceptiva seguridad jurídica en el ejercicio de los mismos.
A dicha finalidad responde la promulgación del Decreto, que sustituye al Decreto 147/2002, de 1 de agosto . El Reglamento que aprueba recoge los cambios incorporados en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , al tiempo que corrige aquellos aspectos del anterior Reglamento que devinieron escasamente eficaces para lograr los objetivos de aquella.
Aprobación del Reglamento de la Renta Mínima de Inserción
Coordinación con los centros municipales de servicios sociales
La Consejería competente en materia de servicios sociales dispondrá de una aplicación informática que permita a cada trabajador social comprobar el estado del expediente de Renta Mínima de Inserción de las personas con quienes realiza las citadas medidas de inserción, con el fin de que los centros municipales de servicios sociales puedan llevar a cabo la función instructora de las solicitudes y procedimientos de revisión de la Renta Mínima de Inserción contempladas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Decreto.
1. Queda derogado el Decreto 147/2002, de 1 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
2. Se mantiene vigente la Orden 119/2010, de 8 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de los Programas de Inclusión Social regulados en el artículo 6.1.b) de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Las referencias que la misma hace al Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 147/2002, de 1 de agosto , deberán entenderse referidas al Reglamento que se aprueba por este Decreto, una vez se produzca su entrada en vigor.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales para dictar, por sí mismo o conjuntamente con los titulares de otras Consejerías implicadas en la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , y en el Decreto, cuantas disposiciones complementarias requiera el desarrollo del Decreto.
En lo no establecido en el capítulo X del título I del Reglamento, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid.
1. El Reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
2. Los apoyos personalizados para la inserción laboral y social, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa específica sobre empleo y servicios sociales, se prestarán a las personas que residan habitualmente en la Comunidad de Madrid y que así lo soliciten, a través de los Programas Individuales de Inserción y, en su caso, a través de las medidas de inserción establecidas en el título III de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
a)	Pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva o no contributiva, tales como invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y en favor de familiares.
b)	Otras prestaciones incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, prestaciones económicas por maternidad y riesgo durante el embarazo, subsidio a favor de familiares, y demás prestaciones públicas que cubran las contingencias recogidas en la normativa aplicable sobre Seguridad Social.
c)	Prestaciones económicas familiares por hijo a cargo mayor de dieciocho años y con grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
d)	Prestaciones de protección por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, así como la Renta Activa de Inserción.
e)	Otras prestaciones incluidas en regímenes públicos sustitutivos o equivalentes al de Seguridad Social, tales como pensiones de clases pasivas, mutualidades de funcionarios civiles y militares y de colegios profesionales, pensiones especiales de guerra, pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, pensiones asistenciales para emigrantes retornados, pensiones y la ayuda familiar complementaria establecida para los afectados del síndrome tóxico, y otras pensiones y prestaciones de naturaleza análoga para colectivos especiales.
4. En ningún caso la Renta Mínima de Inserción será subsidiaria de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, cuando las personas beneficiarias de estas tengan derecho a percibir pensiones y prestaciones de mayor importe en cómputo anual y no las soliciten. En tales supuestos no procederá la concesión de la Renta Mínima de Inserción.
Requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación
a)	Residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronada en alguno de sus municipios.
b)	Ser mayor de veinticinco años y menor de sesenta y cinco. También podrá reconocerse la prestación a menores de veinticinco o mayores de sesenta y cinco años cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 8 de este Reglamento.
c)	Constituir una unidad de convivencia, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
d)	Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, según los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
e)	Haber solicitado previamente de los organismos correspondientes las pensiones o prestaciones a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción, cuando la persona solicitante, titular o cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia, reúnan los requisitos para tener derecho a ellas.
f)	Tener escolarizados a los menores en edad de escolarización obligatoria que formen parte de la unidad de convivencia.
g)	Haber suscrito el compromiso de formalizar el preceptivo Programa Individual de Inserción y de participar activamente en las medidas que se contengan en el mismo.
2. Estos requisitos deberán concurrir en el momento de formular la solicitud y en el momento de dictar la Propuesta de Resolución. La pérdida sobrevenida de alguno de estos requisitos con anterioridad a que se dicte la Resolución de concesión de la Renta Mínima de Inserción determinará la denegación del derecho, salvo que concurran las circunstancias descritas en el artículo 13 del Reglamento para el Reconocimiento Excepcional de la Prestación.
Residencia permanente en la Comunidad de Madrid
a)	Certificación o volante de empadronamiento, en el que conste la antigüedad en el municipio.
b)	Informe del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
c)	Certificación de una institución pública o privada que acredite la intervención con la persona solicitante, en territorio de la Comunidad de Madrid, durante el año inmediatamente anterior a la solicitud de la prestación.
a)	El tiempo transcurrido en España en establecimientos penitenciarios o en centros de tratamiento terapéutico o rehabilitador.
b)	El tiempo de residencia en otra Comunidad Autónoma, cuando la persona solicitante o, en su caso, los familiares a su cargo hayan tenido que trasladar su residencia a territorio de la Comunidad de Madrid por ser alguno de ellos víctima de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género. Esta situación deberá acreditarse mediante la correspondiente resolución judicial o mediante certificación o informe de un organismo público con competencias en materia de protección a víctimas de violencia. En los casos en que no exista dicha documentación podrá acreditarse mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
Reconocimiento de la prestación a personas menores de veinticinco años o mayores de sesenta y cinco
a)	La existencia de menores a cargo se acreditará mediante el Libro de Familia o documentación justificativa de la relación de parentesco, o mediante el correspondiente acuerdo del organismo competente en materia de adopción, acogimiento o tutela.
b)	La existencia de personas con discapacidad a cargo, siempre que tengan reconocido un grado igual o superior al 45 por 100, se acreditará mediante certificado expedido por el órgano competente para el reconocimiento del grado de discapacidad. Si la discapacidad ha sido reconocida por la Comunidad de Madrid, dicha circunstancia será acreditada de oficio por la Consejería competente en materia de servicios sociales.
c)	Los ingresos de que, en su caso, disponga la persona menor o con discapacidad, se acreditarán conforme a lo establecido en el capítulo III del presente título.
a)	Haber estado tutelado por la Comunidad de Madrid hasta alcanzar la mayoría de edad, situación que se acreditará mediante certificación del organismo competente en materia de tutela.
b)	Orfandad absoluta.
c)	Encontrarse en situación de grave exclusión social, que se acreditará mediante el correspondiente informe del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
d)	Ser víctima de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género, circunstancia que se acreditará mediante resolución judicial o mediante certificación o informe de un organismo público con competencias en materia de protección a víctimas de violencia. En los casos en que no exista dicha documentación podrá acreditarse mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
e)	Participar en un Programa de Inclusión Social expresamente reconocido como tal por la Consejería competente en materia de servicios sociales. Dichos Programas deberán tener, como mínimo, los siguientes requisitos:
1.o	Ser promovidos por una institución pública o una entidad privada sin ánimo de lucro.
2.o	Desarrollar sus actuaciones en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
3.o	Contener entre sus actividades, acciones orientadas al desarrollo personal y adquisición de habilidades sociales básicas, acciones de carácter formativo para la obtención de un nivel educativo básico o para lograr una cualificación profesional, así como acciones que favorezcan el acceso al empleo.
4.o	Garantizar el acompañamiento social y el seguimiento de los itinerarios individuales de inserción, en coordinación con el centro municipal de servicios sociales correspondiente.
5.o	Tener continuidad en el desarrollo de actividades y garantizar la capacidad técnica y organizativa.
a)	Que se trate de una persona que viva sola o que ningún miembro de su unidad de convivencia pueda ostentar la titularidad de la Renta Mínima de Inserción.
b)	Que haya recaído resolución expresa de denegación de pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, por no reunir los períodos de residencia legal previa exigidos por la normativa de Seguridad Social. Dicho extremo será acreditado de oficio por la Consejería competente en materia de servicios sociales. No obstante lo anterior, no será necesario formular solicitud de pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, cuando de la documentación obrante en el expediente resulte acreditado que la persona interesada no reúne los períodos de residencia legal exigidos en la normativa sobre pensiones no contributivas.
Quedan exceptuadas las personas que, encontrándose en centro penitenciario, tengan reconocido el tercer grado que permita la salida de dicho centro para el cuidado de los hijos, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid y en el Reglamento. Esta circunstancia será acreditada mediante certificación del organismo penitenciario correspondiente, al que se acompañará informe social relativo a la necesidad de percepción de la Renta Mínima de Inserción como medio para lograr la inserción social.
Unidad de convivencia independiente
a)	Que la persona que pretenda constituir una unidad de convivencia independiente tenga menores a su cargo. Cuando los menores no sean hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento, será preciso acreditar la causa por la que dichos menores no conviven con sus progenitores, sin perjuicio de su derecho a recibir alimentos de estos.
b)	Que los ingresos mensuales de las unidades de convivencia independientes que comparten la vivienda o alojamiento no superen, computados los recursos de todos sus miembros, un máximo de dos veces la cuantía mensual de Renta Mínima de Inserción que correspondería a una sola unidad de convivencia con igual número de miembros, sin perjuicio de la reducción que corresponda conforme al artículo 27.4 del Reglamento.
c)	Que la solicitud se formule expresamente como unidad de convivencia independiente.
Marcos físicos de alojamiento
a)	Viviendas. Se entenderán como tales el conjunto de dependencias que, ocupando íntegramente un edificio o parte separada del mismo, están destinadas de forma permanente a fines residenciales.
b)	Alojamientos. Tendrán dicha consideración los recintos habitados que no responden al concepto de vivienda, bien por ser semipermanentes o improvisados, bien por no haber sido concebidos inicialmente con fines residenciales, o bien por ser móviles, utilizados de forma habitual con fines residenciales.
c)	Pensiones, hostales y otros establecimientos de naturaleza análoga, que se constituyen en domicilios independientes.
d)	Centros de acogida, entendiendo como tales los centros destinados a proporcionar alojamiento temporal, manutención, atención psicosocial a aquellas personas que, por diversas circunstancias, se ven desplazadas de su entorno habitual o carecen de hogar.
e)	Viviendas comunitarias. Son aquellos recursos de atención residencial organizados en viviendas normalizadas o, en su caso, en otras fórmulas de alojamiento como pensiones u hostales destinados a proporcionar alojamiento temporal o indefinido a un grupo, que cuentan con un mínimo de autonomía personal y social que recibirán, en función de sus necesidades, un grado de supervisión y apoyo que pueden ir desde visitas esporádicas hasta una supervisión de veinticuatro horas.
f)	Centros de tratamiento con apoyo residencial, entendiendo como tales aquellos recursos residenciales destinados al tratamiento o deshabituación, con etapas de tratamiento para la adquisición de niveles cada vez mayores de responsabilidad personal y social. Se considerarán como tales los centros de tratamiento dependientes de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, mini residencias y dispositivos análogos.
Estimación de la situación de carencia de recursos económicos
a)	Cuando los parientes, en atención a las circunstancias socioeconómicas concurrentes, no puedan atender las necesidades del alimentista sin desatender sus propias necesidades o las de los familiares a su cargo. Dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable del pariente civilmente obligado a la prestación alimenticia. En ningún caso podrá aplicarse esta excepción a la obligación alimenticia del progenitor hacia sus hijos.
b)	Cuando se prevea que la obligación de alimentos no pueda hacerse efectiva por la existencia de una situación de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género, relaciones familiares deterioradas, inexistentes o gravemente conflictivas. Las situaciones de violencia se acreditarán mediante resolución judicial o mediante certificación o informe de un organismo público con competencias en materia de protección a víctimas de violencia, o en defecto de los anteriores, mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales. Las relaciones familiares deterioradas, inexistentes o gravemente conflictivas se acreditarán mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
a)	Si la persona solicitante, titular o cualquier miembro de la unidad de convivencia, se encuentra en situación de excedencia voluntaria, salvo que acredite que le ha sido pospuesto o denegado el reingreso una vez solicitada la reincorporación al servicio activo.
b)	Si la persona solicitante, titular o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia ha causado baja voluntaria e injustificada en su trabajo, ha reducido de manera voluntaria e injustificada su jornada laboral o ha rechazado oferta de empleo adecuada a sus capacidades durante la percepción de la prestación, o en los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud y, en su caso, durante la tramitación de la misma.
Reconocimiento excepcional de la prestación
a)	Ser víctimas de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género. Dicha circunstancia se acreditará mediante resolución judicial o mediante certificación o informe de un organismo público con competencias en materia de protección a víctimas de violencia. En los casos en que no exista dicha documentación podrá acreditarse mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
b)	Tratarse de personas solas en grave situación de exclusión y con dificultades de incorporación socio laboral, debido, entre otras causas, a toxicomanías, adicciones, enfermedad mental u otro tipo de trastorno grave que dificulte su incorporación socio laboral.
c)	Ser personas con graves problemas de exclusión que se vean obligadas a convivir con familiares que no sean de primer grado de parentesco y que sufran los procesos de exclusión relacionados en el apartado anterior, o bien que existan relaciones familiares deterioradas o conflictivas.
d)	Encontrarse en situación de extrema necesidad socioeconómica sobrevenida. Se entenderá como tal, con carácter general, aquella situación imprevista, no imputable a la persona interesada, que produce la pérdida de los medios económicos y patrimoniales con los que atender su subsistencia, sin perjuicio de otras situaciones que, a juicio del trabajador social del centro municipal de servicios sociales, puedan considerarse equiparables.
a)	Descripción de los aspectos personales, familiares y socioeconómicos que se consideren relevantes para la valoración de la situación de necesidad, tales como composición de la unidad de convivencia, nivel de estudios, ocupación laboral, datos sociosanitarios, antecedentes en los servicios sociales, situación de la vivienda y, en general, aquellos que influyan en el diagnóstico social.
b)	En su caso, descripción de las habilidades de la persona y de las dificultades para acceder al mercado de trabajo.
c)	En caso de existir menores, descripción de su situación educativa, con especial mención a las medidas que se han puesto en funcionamiento para que reciban educación obligatoria.
d)	Previsión de duración de la situación, haciendo constar las medidas de inserción que se han puesto en funcionamiento en el Programa Individual de Inserción.
e)	Valoración motivada sobre la procedencia de la concesión de la prestación con carácter excepcional.
a)	Cuando la persona solicitante tenga a su cargo menores o personas con discapacidad, cuya acreditación se realizará en los términos establecidos en el artículo 8.1 de este Reglamento.
b)	Cuando la nueva unidad de convivencia se haya constituido como consecuencia de separación, divorcio o extinción de la unión de hecho, siempre que dicha unidad esté constituida por personas integrantes de la unidad de convivencia anterior.
c)	Cuando la persona solicitante constituya una nueva unidad de convivencia como consecuencia del fallecimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales.
d)	Cuando se trate de personas solas en situación de grave exclusión.
e)	Cuando sean víctimas de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género, circunstancia que se acreditará mediante resolución judicial o mediante certificación o informe de un organismo público con competencias en materia de protección a víctimas de violencia de género.
a)	Las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de dieciocho años, contributivas o no contributivas.
b)	Las ayudas económicas de carácter finalista, que tengan por objeto el acceso de los miembros de la unidad de convivencia a la educación, la formación profesional, la sanidad, la vivienda, el transporte o la cobertura de situaciones de emergencia social y especial necesidad. Se considerarán como tales, sin perjuicio de otros recursos que puedan considerarse no computables:
1.o	Las becas para la educación o la formación, salvo que en dichas becas estuviera incluida la manutención. No tendrán esta consideración los contratos para la formación ni las becas de posgrado.
2.o	Las ayudas de comedor y las ayudas de transporte.
3.o	Las ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual.
4.o	El subsidio de movilidad y la compensación para gastos de transporte.
5.o	El subsidio por ayuda de tercera persona.
6.o	Las ayudas económicas temporales para apoyar procesos de integración social y desarrollo personal
7.o	Las ayudas económicas a particulares para el fomento del acogimiento familiar de menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.
c)	Las cantidades retenidas por resolución judicial o establecidas en convenio regulador destinadas a hacer efectiva la obligación alimenticia.
d)	Las ayudas económicas recibidas de particulares y destinadas a atender situaciones de necesidad.
e)	La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia personal del Sistema de Atención a la Dependencia.
Valoración de los rendimientos de trabajo por cuenta propia
Valoración de los rendimientos procedentes de actividades económicas indeterminadas
Valoración de los rendimientos procedentes de retribuciones en cooperativas de trabajo asociado
Valoración de los rendimientos procedentes de pensiones y prestaciones
Valoración de los rendimientos patrimoniales
Valoración de otros ingresos
a)	Premios que hubieran obtenido los miembros de la unidad de convivencia.
b)	Indemnizaciones por despido, incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, prejubilación, jubilación, accidentes, indemnizaciones de seguros, y análogos.
c)	Ingresos por capitalización de prestaciones por desempleo, salvo que se acredite que en el mes siguiente a su percepción se ha iniciado la actividad para la que fueron otorgados.
d)	Atrasos percibidos en concepto de alimentos.
e)	Rentas derivadas de donaciones, herencias y legados.
f)	Ingresos procedentes de rescate o liquidación de planes de pensiones, fondos de inversión, y otros activos financieros.
a)	Bienes inmuebles: se valorarán por el valor catastral correspondiente. Queda exenta de valoración patrimonial, a efectos de la Renta Mínima de Inserción, la vivienda o alojamiento que constituya la vivienda habitual de la unidad de convivencia, que solo se valorará por el exceso sobre el mínimo exento en vivienda habitual que pueda establecerse en la normativa sobre el Impuesto de Patrimonio.
1.o	Cuando el inmueble propiedad de un miembro de la unidad de convivencia haya sido adjudicado, en un proceso de separación o divorcio, al otro cónyuge para que constituya su residencia habitual.
2.o	Cuando un miembro de la unidad de convivencia posea un bien que haya sido adquirido por herencia, donación o legado, y estuviera gravado con un usufructo a favor de un tercero, y resulte suficientemente acreditado que quien ostenta la nuda propiedad no puede disponer del mismo.
3.o	Cuando se acredite fehacientemente que existe un proceso de embargo del bien inmueble que imposibilita a su propietario para disponer del mismo.
b)	Depósitos en cuentas corrientes o de ahorro. Se valorarán por el saldo medio que presenten en los tres meses anteriores a la valoración de la solicitud o en el momento de proceder a la revisión de la prestación.
c)	Títulos de renta variable. Se valorarán conforme a su cotización en bolsa en el momento de valorar la solicitud o de proceder a la revisión del expediente. En caso de no cotizar en bolsa, se valorarán por su valor contable.
d)	Títulos de renta fija. Se valorarán por su valor nominal en el momento de valorar la solicitud o de proceder a la revisión del expediente.
e)	Derechos de usufructo, uso o habitación. Se valorarán conforme a la normativa fiscal que les sea de aplicación.
f)	Vehículos a motor. La valoración patrimonial se realizará conforme a las tablas establecidas por el Ministerio de Hacienda en la Orden HAP/2724/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, o norma que la sustituya, quedando exentos de valoración hasta las siguientes cuantías:
1.o	3.000 euros, con carácter general.
2.o	6.000 euros, en el caso de vehículos adaptados para personas con discapacidad.
Importe de la Renta Mínima de Inserción. Determinación de la cuantía mensual
2. La cuantía de la Renta Mínima de Inserción, aplicable a cada unidad de convivencia, se otorgará en su integridad, en el supuesto de que esta carezca de recursos económicos, con el límite establecido en el artículo 10 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción. En caso de que la unidad de convivencia disponga de recursos, del importe de la prestación se deducirán los ingresos mensuales de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, excepto aquellos relacionados en el artículo 15 del Reglamento.
a)	20 por 100 de la cuantía de Renta Mínima de Inserción aplicable en función del número de miembros que integran la unidad de convivencia, cuando la convivencia se produzca entre dos unidades de convivencia.
b)	30 por 100 de la cuantía de Renta Mínima de Inserción aplicable en función del número de miembros que integran la unidad de convivencia, cuando la convivencia se produzca entre más de dos unidades de convivencia.
a)	Fallecimiento de la persona titular, que se acreditará mediante certificación de defunción, sin perjuicio de otra documentación que pueda acreditar el fallecimiento.
b)	Ingreso en régimen de internado del titular en una institución residencial, sanitaria, social o penitenciaria por un tiempo superior a un mes.
c)	Abandono del hogar familiar por parte de la persona titular, o ejercicio de violencia sobre los miembros de la unidad de convivencia. Dicha circunstancia se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial, certificación o informe de organismo público con competencia en materia de protección a víctimas de violencia.
d)	Extinción de la prestación por causas imputables exclusivamente a la persona titular, y no vinculadas al resto de los miembros de la unidad de convivencia.
e)	Imposibilidad de conseguir con la persona titular los objetivos de inserción propuestos en el Programa Individual de Inserción, siempre que se acompañe informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales, haciendo constar las causas que imposibilitan la consecución de objetivos, y la posibilidad de conseguirlos con otro miembro de la unidad de convivencia.
f)	Ausencia temporal de la persona titular por razones socioeconómicas debidamente acreditadas, siempre que dicha ausencia sea superior a un mes e inferior a doce meses y existan menores en la unidad de convivencia. Esta circunstancia se acreditará mediante informe social del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
a)	Destinar la prestación a los fines para los que ha sido concedida.
b)	Solicitar la baja en la prestación económica cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se produzca el hecho causante de la pérdida de requisitos.
c)	Acreditar anualmente, o cuando sean requeridos para ello por el centro municipal de servicios sociales o por la Consejería competente en materia de servicios sociales, el mantenimiento de los requisitos establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
d)	Presentarse a las comparecencias o entrevistas que se fijen por la Administración.
e)	Comunicar ante el centro municipal de servicios sociales correspondiente, en el plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del momento en que acaecieran, las variaciones sobrevenidas en los hechos que pudieran afectar al mantenimiento del derecho o a la cuantía de la prestación.
f)	Residir de manera efectiva y continuada en la Comunidad de Madrid en tanto se percibe la prestación, salvo ausencias justificadas previamente notificadas ante el centro municipal de servicios sociales, sin perjuicio de la posibilidad de suspensión temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento.
g)	No causar baja voluntaria en un trabajo, ni rechazar oferta de empleo adecuada a sus capacidades y habilidades. Esta obligación será exigible a todos los miembros de la unidad de convivencia.
h)	Mantenerse en búsqueda activa de empleo, lo que implicará mantener activa la demanda de empleo, presentarse a las ofertas de empleo propuestas y aceptar empleos adecuados a sus capacidades, habilidades y circunstancias, siempre que en el Programa Individual de Inserción suscrito por la persona titular y, en su caso, por los demás miembros de la unidad de convivencia, se hayan establecido medidas de inserción laboral. Esta obligación será exigible a todos los miembros de la unidad de convivencia.
i)	Escolarizar a los menores a su cargo, realizando las actuaciones necesarias para lograr su asistencia regular al centro educativo y evitar el absentismo escolar.
j)	Suscribir el preceptivo Programa Individual de Inserción y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo, asistir a las entrevistas de seguimiento que se establezcan, y facilitar la labor del trabajador social del centro municipal de servicios sociales en el diagnóstico de su situación, ejecución y seguimiento del Programa Individual de Inserción.
k)	Hacer valer, durante todo el período de percepción de la Renta Mínima de Inserción, todo derecho a prestación de contenido económico que le pudiera corresponder, tanto a la persona solicitante, como a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
l)	Respecto a aquellas unidades de convivencia que residan en vivienda pública, usar la misma de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en la materia.
m)	Reintegrar, en su caso, las prestaciones indebidamente percibidas.
4. A la solicitud se acompañará copia cotejada del documento acreditativo de la identidad de todos los miembros de la unidad de convivencia, así como originales o copias cotejadas de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento, sin perjuicio de que las personas solicitantes puedan acompañar cuanta documentación estimen conveniente para precisar o completar los datos consignados en el modelo de solicitud.
5. Las solicitudes también podrán presentarse por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Asuntos Sociales para lo que es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y normativa autonómica aplicable.
La documentación requerida puede anexarse a la solicitud, en el momento de su envío, o autorizar a la Administración la consulta de los datos contenidos en los certificados, en aquellos casos en que exista esta opción. Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a través de lo opción “Aportación de Documentos”, disponible en el portal de Administración Electrónica de www.madrid.org. Asimismo, se podrán recibir las notificaciones que tenga que hacer la Administración de la Comunidad de Madrid, referidas a este procedimiento, a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas, disponible en el citado portal, si así lo indica en el impreso de solicitud y se ha dado de alta en el sistema.
Instrucción del procedimiento por el centro municipal de servicios sociales
Se acompañará informe social en aquellos casos en que así lo determine la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción o el Reglamento, sin perjuicio de la posibilidad de acompañar informe social para acreditar situaciones que no puedan documentarse con otros medios, siempre que el trabajador social tenga debido conocimiento de aquellas.
1. En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada del expediente en la Consejería competente en materia de servicios sociales, el órgano administrativo correspondiente dictará la correspondiente resolución, que será debidamente notificada a la persona interesada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este plazo quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.
3. La concesión de la Renta Mínima de Inserción tendrá efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de resolución de concesión. Los pagos se efectuarán por mensualidades vencidas. La prestación se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, salvo que concurran las causas de suspensión o extinción establecidas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
Revisión del cumplimiento de los requisitos
Modificación del importe de la prestación
Suspensión cautelar del pago de la prestación
Suspensión temporal de la prestación
a)	El traslado temporal de la persona titular de su residencia habitual a un municipio ubicado fuera de la Comunidad de Madrid, cuando este traslado sea superior a un mes e inferior a doce meses, y venga motivado por razones de trabajo, ingreso temporal en establecimientos públicos de estancia permanente o cualquier otra razón de urgencia temporal que así pueda ser considerada mediante el correspondiente informe social emitido por el trabajador social del centro municipal de servicios sociales.
b)	En el caso de unidad de convivencia formada por una sola persona, cuando se produjera su ingreso en establecimiento público de estancia permanente por un período superior a un mes e inferior a doce meses.
c)	La percepción de nuevos ingresos derivados del desarrollo de una actividad laboral de duración inferior a doce meses, cuando dichos ingresos sean iguales o superiores a la cuantía de Renta Mínima de Inserción correspondiente en función del número de miembros de la unidad de convivencia, siempre que dicha actividad sea superior a un mes o que el cómputo de los días trabajados efectivamente, en el caso de contratos de trabajo por días, sumen un total de treinta días durante un período de tres meses.
d)	La percepción de prestación, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción siempre que se superen los límites de la cuantía de la Renta Mínima de Inserción aplicable en función del número de miembros de la unidad de convivencia.
e)	El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción y en el artículo 30 del Reglamento, en los términos establecidos en el presente artículo.
f)	La imposición de sanción por infracción leve.
Efectos de la suspensión temporal
2. La suspensión temporal de la prestación no conlleva el mismo efecto respecto de las Medidas de Inserción contempladas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento, con excepción de aquellos supuestos en los que se acredite que la causa que motiva la suspensión impiden o dificultan la ejecución de dichas medidas.
Decaimiento de la suspensión
a)	Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid:
1.o	Traslado de la residencia efectiva a un municipio fuera de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su posible concesión por otra Comunidad Autónoma en virtud de convenios de reciprocidad.
2.o	Cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, cuando no concurren las situaciones particulares establecidas en el artículo 8.1 y 3 del Reglamento.
3.o	Pérdida de la situación particular que motivó la concesión de la Renta Mínima de Inserción para los menores de veinticinco años y mayores de sesenta y cinco años.
4.o	Contar con recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, conforme a lo establecido en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento.
5.o	Variaciones en la unidad de convivencia con salida o inclusión de nuevos miembros con ingresos iguales o superiores a la cuantía de la Renta Mínima de Inserción.
6.o	Pérdida de los requisitos establecidos para constituir una unidad de convivencia independiente.
b)	Pérdida de la residencia legal o del derecho de residencia en territorio de la Comunidad de Madrid.
c)	Fallecimiento de la persona titular, salvo que proceda el cambio de titularidad conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento.
d)	Renuncia expresa por parte de la persona titular.
e)	Mantenimiento de las causas de suspensión de la prestación por un tiempo superior al establecido en el artículo 38 del Reglamento.
f)	Realización de un trabajo de duración superior a doce meses, por el que se perciba una retribución igual o superior al de la prestación que de Renta Mínima de Inserción le correspondiera.
g)	Imposición de sanción por infracción grave o muy grave, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción, y en el capítulo VIII del presente título.
h)	Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción y en el artículo 30 del Reglamento. Se considerará reiterado, el incumplimiento de dos o más obligaciones distintas en un mismo momento o el incumplimiento, en un período de tres meses, de la misma obligación dos o más veces.
2. El centro municipal de servicios sociales podrá proponer la extinción del derecho a la Renta Mínima de Inserción en los supuestos de incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción y en el Reglamento. A tal fin, remitirá informe social, al que acompañará, en su caso, la documentación acreditativa del incumplimiento, en la forma establecida en el artículo 38 del Reglamento.
Procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidas
2. El Acuerdo de Inicio será notificado a la persona interesada, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estableciendo el preceptivo trámite de audiencia para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, formule alegaciones y, en su caso, aporte la documentación que estime pertinente para la defensa de sus intereses, con apercibimiento expreso de que, en el caso de no formular alegaciones en el plazo establecido, se emitirá resolución declarando su obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en los términos establecidos en el acuerdo de incoación.
6. Contra las resoluciones recaídas en procedimientos de reclamación de cantidades indebidamente percibidas, las personas interesadas podrán interponer recurso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Compensación de cantidades indebidamente percibidas
Plazo del procedimiento de reintegro, caducidad y prescripción
La imposición de sanción por las infracciones tipificadas en el capítulo VII del título II de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción, deberá realizarse en todo caso conforme a lo establecido en los artículos siguientes, con pleno respeto a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , respecto al ejercicio de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador.
1. El órgano competente para incoar los expedientes por presuntas infracciones de las tipificadas en los artículos 24 , 25 y 26 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción, será el titular de la Dirección General que tenga atribuidas competencias en la gestión de la prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
a)	Identificación del instructor.
b)	Identificación de la persona presuntamente responsable.
c)	Hechos que se le imputen.
d)	Infracciones que tales hechos pudieran constituir.
e)	Sanciones que se le pudieran imponer.
f)	Autoridad competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.
g)	Indicación expresa del derecho de las personas interesadas a formular alegaciones y proponer pruebas en el procedimiento en el plazo de quince días hábiles computados desde el siguiente a la notificación del Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador.
h)	Medidas de carácter provisional que puedan acordarse, sin perjuicio de aquellas otras que puedan adoptarse en cualquier otro momento del procedimiento.
4. Las resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores se notificarán conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y contra las mismas podrán interponerse los recursos administrativos reguladas en la misma.
Apoyos personalizados para la inserción social y laboral
El derecho a los apoyos personalizados para la inserción social y laboral a que se refiere el artículo 1 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción se hará efectivo mediante la suscripción de un Programa Individual de Inserción, que deberá elaborarse en los términos establecidos en dicha Ley y en el Reglamento .
Personas destinatarias del Programa Individual de Inserción
Competencia para la elaboración y seguimiento del Programa Individual de Inserción
Contenido del Programa Individual de Inserción
a)	La valoración consensuada sobre las causas y circunstancias que dan origen al Programa Individual de Inserción.
b)	El diagnóstico social de la situación.
c)	La relación de acciones a realizar por la persona a la que va destinado, mediante un itinerario de inserción personalizado que garantice la adecuación de tales acciones a los objetivos de inserción que se persiguen, haciendo constar los recursos, prestaciones y apoyos que favorezcan el desarrollo de las acciones programadas, así como la previsión de su duración y calendario de actuaciones.
d)	La periodicidad de las entrevistas de seguimiento con el trabajador social del centro municipal de servicios sociales, para la correspondiente evaluación y, en su caso, revisión del contenido del programa.
a)	Acciones encaminadas a promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.
b)	La derivación a organismos públicos o entidades de iniciativa social.
c)	Visitas domiciliarias o acompañamiento personalizado.
d)	Actividades de tipo grupal.
e)	Participación en programas de servicios sociales, de formación ocupacional y de formación en cualificaciones básicas, así como acciones que permitan la adquisición y desarrollo de conocimientos, aptitudes y hábitos necesarios para la inserción social.
f)	Participación en proyectos de integración y proyectos de inserción sociolaboral convocados por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.
g)	Actividades específicas para conseguir el acceso al mercado laboral, la cualificación profesional o, en su caso, el mantenimiento del empleo.
h)	Actuaciones específicas dirigidas a la inserción laboral, en los términos establecidos en el capítulo III del presente título, siempre que la persona destinataria del programa presente un perfil de capacidad para el empleo que permita su incorporación a un itinerario individualizado de inserción laboral.
i)	Acceso a los servicios de educación, tales como educación de personas adultas y cursos de castellano.
j)	Acciones que faciliten el acceso y la permanencia en una vivienda o alojamiento en condiciones adecuadas.
k)	Acciones que faciliten el acceso al sistema de salud, con participación, en su caso, en programas preventivos y de promoción de hábitos saludables de vida, así como el tratamiento de enfermedades o patologías, especialmente cuando exista una problemática que requiera una intervención especializada.
l)	Acciones dirigidas a garantizar la escolarización adecuada de los menores, de acuerdo a la normativa vigente, así como el acceso de los menores al sistema educativo en los ciclos de educación infantil y educación posobligatoria.
m)	Acciones dirigidas a facilitar procesos de desinstitucionalización y evitar procesos de institucionalización.
n)	Participación en programas y trabajos sociales en beneficio de la comunidad, así como acciones formativas.
o)	En general, todas aquellas acciones que promuevan la autonomía, la libertad y el desarrollo personal y que faciliten el ejercicio de los derechos sociales o que pudieran considerarse necesarias para garantizar la inserción social.
Duración de los Programas Individuales de Inserción
a)	Evaluación de las medidas y actuaciones realizadas durante la vigencia del anterior Programa Individual de Inserción, haciendo constar el nivel de cumplimiento de objetivos y, en su caso, circunstancias que han impedido la consecución de los mismos.
b)	Valoración de las posibilidades de superación de la situación actual y justificación de las modificaciones a incluir en el nuevo Programa Individual de Inserción.
c)	En el caso de perceptores de prestación económica de Renta Mínima de Inserción, las razones que justifican la continuidad en la percepción de la prestación económica, un pronóstico acerca de las posibilidades de superación de la situación, y una propuesta de acciones a medio y largo plazo adecuadas a dichas posibilidades.
a)	Desarrollar las acciones y actuaciones a las que se hubieran comprometido en el Documento de Compromisos del Programa Individual de Inserción.
b)	Comunicar, en el plazo máximo de un mes, a partir del momento en que acaecieran, los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 30 del Reglamento para las personas perceptoras de la prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
a)	Mantener activa su demanda de empleo.
b)	Realizar una búsqueda activa de empleo.
c)	No rechazar ofertas de empleo adecuadas a sus capacidades, habilidades y circunstancias.
d)	Presentarse a las ofertas de empleo que le sean propuestas.
Registro de los Programas Individuales de Inserción
Finalización del Programa Individual de Inserción
a)	Por la consecución de los objetivos de inserción.
b)	Por renuncia de la persona destinataria del programa, siempre que no sea titular de prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
c)	Por mutuo acuerdo entre el interesado y el trabajador social responsable del seguimiento, siempre que no sea titular de prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
d)	Por vencimiento del plazo de duración determinada por el centro municipal de servicios sociales, salvo en el supuesto de personas titulares de la prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
Elaboración de los Programas Individuales de Inserción por entidades administrativas o sociales distintas de los centros municipales de servicios sociales
Colaboración específica con organismos públicos o entidades de iniciativa social
a)	Orientar sus actuaciones a la prevención, promoción y desarrollo personal y apoyo a la incorporación social.
b)	Contemplar una o varias de las siguientes actuaciones: Desarrollo personal, formación básica y ocupacional, acceso al empleo y acompañamiento social.
c)	Trabajar de forma transversal y participativa la diversidad de aspectos carenciales de las personas incorporadas a los mismos.
d)	Incorporar actuaciones innovadoras en el campo de la intervención social y en la aplicación de las políticas sociales.
e)	Aplicar metodologías flexibles que permitan adaptar los procedimientos de intervención a las características de las personas y grupos en dificultad y favorecer el desarrollo de los procesos de inserción.
f)	Establecer actuaciones complementarias, desde una dimensión de intervención integral, con las medidas que puedan contemplarse en los Planes Nacionales, Regionales y Locales de Inclusión Social, así como en las estrategias y directrices de la Unión Europea en esta materia.
g)	Actuar como dinamizadores de la participación social y refuerzo del tejido social en el territorio.
a)	Ser promovidos por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro o por Corporaciones locales.
b)	Reunir las características básicas señaladas en el artículo anterior.
c)	Contar mayoritariamente con personas titulares o miembros de unidades de convivencia beneficiarias de la prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
d)	Desarrollar sus actuaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid.
e)	Garantizar el acompañamiento y seguimiento propios del trabajo social de las personas incorporadas al proyecto de integración.
f)	Asegurar la capacidad técnica y organizativa del Proyecto de Integración.
g)	Responder a las necesidades de los colectivos en situación de exclusión de acuerdo a los diagnósticos periódicos que realicen los Planes Nacionales, Regionales y Locales.
Mecanismos de cooperación con los servicios sociales
a)	Intercambiar información sobre el proceso de inserción de las personas participantes en los proyectos de integración con los centros municipales de servicios sociales y, en su caso, con la Consejería competente en materia de servicios sociales.
b)	Comunicar al centro municipal de servicios sociales la evolución y grado de cumplimiento de los objetivos y actividades acordados en el Programa Individual de Inserción.
c)	Comunicar al centro municipal de servicios sociales cualquier otra eventualidad que pueda conllevar la modificación de los contenidos o suspensión de la aplicación del Programa Individual de Inserción.
a)	Realizar una adecuada derivación de los candidatos a participar, teniendo en cuenta los diagnósticos establecidos en el Programa Individual de Inserción y los objetivos y contenidos del proyecto de integración.
b)	Mantener reuniones periódicas con las entidades para garantizar el seguimiento individual del proceso de inserción de cada uno de los participantes y de la evolución general del proyecto.
c)	Favorecer la consecución de los objetivos de inserción de los participantes en los Proyectos de Integración, con la aplicación de otras prestaciones técnicas, materiales y económicas complementarias.
d)	Favorecer la coordinación y la complementariedad de todos los proyectos de integración que actúen en su territorio y reforzar el trabajo en red.
Formas de apoyo público
Derivación a los servicios públicos de empleo
Elaboración del itinerario individual y personalizado de empleo
2. El itinerario individual y personalizado de empleo se incorporará igualmente al documento de compromisos, constituyendo, en el caso de perceptores de prestación económica de Renta Mínima de Inserción, un compromiso de obligado cumplimiento. En estos casos, la falta de participación activa en el itinerario individual y personalizado de empleo será considerada un incumplimiento de las medidas contenidas en el Programa Individual de Inserción, a los efectos de lo establecido en el título II de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
Finalización del itinerario individual y personalizado de empleo
a)	Por haber conseguido los objetivos de inserción laboral.
b)	Por imposibilidad manifiesta de consecución de objetivos de inserción laboral.
c)	Por incumplimiento reiterado de la persona destinataria del itinerario individual y personalizado de empleo de los compromisos asumidos en el mismo.
Sistemas de información para la gestión de las medidas de inserción
1. En el seno de la Consejería competente en materia de servicios sociales se constituirá una Comisión de Seguimiento de las medidas establecidas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
a)	Por parte de la Comunidad de Madrid:
1.o	El titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería con competencias en asuntos sociales, o persona en quien delegue.
2.o	El titular de la Dirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, o persona en quien delegue.
3.o	El titular de la Subdirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
4.o	Los titulares de las unidades administrativas con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que designe el Subdirector General, uno de los cuales actuará como Secretario.
5.o	El titular de la Dirección General con competencias en materia de educación primaria, o persona en quien delegue.
6.o	El titular de la Dirección General con competencia en materia de empleo, o persona en quien delegue.
b)	Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales:
1.o	Dos representantes de las Organizaciones Empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2.o	Dos representantes de las Organizaciones Sindicales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
1.o	El titular de la Dirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, o persona en quien delegue.
2.o	El titular de la Subdirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
3.o	Los titulares de las unidades administrativas con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que designe el Subdirector General.
4.o	Los titulares de las Direcciones Generales u Organismos con competencias en materia de mujer, inmigración, voluntariado, menor y familia, atención a la dependencia y atención social primaria.
6.o	Los titulares de las Direcciones Generales con competencias en materia de empleo y formación para el empleo, o persona en quien delegue.
7.o	El titular de una Dirección General de la Consejería competente en materia de salud pública, o persona en quien delegue.
8.o	El titular de la Dirección General con competencias en materia de vivienda, o persona en quien delegue.
b)	Por parte de la Administración Local:
1.o	Un representante del Ayuntamiento de Madrid.
2.o	Dos representantes de los demás Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, designados por la Federación de Municipios de Madrid, con mayor representatividad en materia de Renta Mínima de Inserción.
2. Esta Comisión estará presidida por el titular de la Dirección General competente en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, o persona en quien delegue y formarán parte de la misma como miembros:
a)	El titular de la Subdirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid los titulares de las unidades administrativas con competencia en materia de Renta Mínima de Inserción.
b)	Los titulares de las unidades administrativas con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
c)	Un técnico de la Subdirección General con competencias en la gestión de los derechos reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre , de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que actuará como secretario.
d)	Un técnico especialista en salud mental de la Consejería competente en materia de salud.
e)	Un técnico representante del Ayuntamiento de Madrid.
f)	Tres técnicos representantes de los demás Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, uno de los cuales deberá pertenecer a una Mancomunidad de Servicios Sociales, designados por la Federación de Municipios de Madrid. La Consejería con competencia en materia de servicios sociales podrá proponer a la Federación de Municipios de Madrid los Ayuntamientos a designar, en función de su representatividad en materia de Renta Mínima de Inserción.

References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 15
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 30