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Timestamp: 2020-08-04 09:32:14+00:00

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EUR-Lex - E2010C1216(01) - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - E2010C1216(01) - EN
Document E2010C1216(01)
OJ C 341, 16.12.2010, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Mediante Decisión no 373/10/COL, de 22 de septiembre de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. Se ha informado al Gobierno islandés mediante una copia de la Decisión.
El Órgano de Vigilancia de la AELC invita a los Estados de la AELC, a los Estados miembros de la UE y a los terceros interesados a que presenten sus observaciones sobre la medida en cuestión en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente comunicación, enviándolas a:
Los comentarios se comunicarán al Gobierno islandés. Podrá preservarse la identidad de las partes interesadas que presentan comentarios previa solicitud por escrito aduciendo las razones para ello.
El Órgano de Vigilancia tuvo conocimiento acerca de la intervención estatal islandesa en una de las principales compañías de seguros islandesas, Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá), en el verano de 2009, a través de los medios de comunicación islandeses. El 10 de marzo de 2010, el Órgano adoptó una decisión de requerimiento de información, Decisión no 77/10/COL, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Parte II del Protocolo 3, pidiendo que se proporcionara toda la información pertinente. El 7 de junio de 2010, el Órgano recibió una denuncia de un competidor contra la supuesta ayuda estatal concedida cuando el Estado intervino en Sjóvá. Las autoridades islandesas han proporcionado información al respecto.
Tras una serie de transacciones, el estado islandés había adquirido el 73 por ciento de las acciones de Sjóvá en mayo de 2010. Estas acciones fueron pagadas con bonos del Gobierno por valor de 11 600 millones ISK.
Los bonos se vendieron inicialmente a SAT Holding (una filial del Banco Glitnir), propietaria de Sjóvá, en julio de 2009. Se utilizaron para la recapitalización de Sjóvá, una medida necesaria para mantener en activo a la aseguradora. Se dio a SAT Holding un plazo de 18 meses para pagar al Estado estos bonos, y no se fijó ningún interés durante este período. Alternativamente, SAT Holding podía en cualquier momento decidir pagar al Estado con acciones de Sjóvá, una opción que utilizó en mayo de 2010.
Las autoridades islandesas han alegado que el Estado actuó como inversor/acreedor privado de mercado al intervenir en Sjóvá.
Las condiciones en las que se transfirieron los bonos (pago en 18 meses sin intereses o, alternativamente, transferencia del 73,03 % de la participación en Sjóvá) no corresponden, en opinión preliminar del Órgano, a las condiciones normalmente disponibles en el mercado. En julio de 2009, Islandia experimentaba una grave crisis financiera. Sjóvá no contaba con los 1,50 millones ISK necesarios para cumplir los requisitos normativos de capital mínimo. El Banco Glitnir estaba en procedimiento de liquidación. En opinión del Órgano, ni una empresa con tales dificultades financieras ni un banco en procedimiento de liquidación habrían podido obtener la financiación necesaria en el mercado con esas condiciones.
En lo que respecta a la inversión en nuevos fondos propios en Sjóvá, las autoridades islandesas han alegado que existía una considerable participación privada en la recapitalización de la compañía, siendo los inversores privados en este caso el Banco Glitnir (a través de SAT Holding) e Íslandsbanki. El Estado como tal no era acreedor de Sjóvá. El Estado no actuaba para proteger sus propios activos, pues no se encontraba entre los acreedores de la empresa. Por tanto, en opinión del Órgano, la actuación del Estado en esas circunstancias no puede compararse con la de un inversor o un acreedor privado de mercado que busca el pago de créditos pendientes.
Por estas razones, el Órgano concluyó a título preliminar que, en este caso, no puede considerarse aplicable el principio del inversor en una economía de mercado.
Las autoridades islandesas han alegado que su intervención, si se considera ayuda estatal, cumple con el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE, así como con la exención del artículo 61, apartado 3, letra c), y con las directrices del Órgano sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, que se basan en la última exención.
Si bien la ayuda estatal a las empresas en crisis se evalúa normalmente de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia, de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo puede permitir ayudas estatales «destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro de la CE o de un Estado de la AELC». Las autoridades islandesas no presentaron información que permitiera al Órgano evaluar la medida de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c). Ni tampoco han demostrado que los efectos sistémicos que podrían haber resultado de una quiebra de Sjóvá podrían haber alcanzado una magnitud que constituyera «una grave perturbación en la economía» de Islandia en el sentido del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE.
A la luz de las consideraciones anteriores, el Órgano ha decidido iniciar el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 1, apartado 2, del Acuerdo EEE. Se invita a las partes interesadas a que presenten sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

References: artículo 1
 artículo 10
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 1