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Timestamp: 2016-10-20 22:01:13+00:00

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REAL Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
REAL Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos	REAL Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos Mis Leyes
REAL Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos Estado	:
1618/2007	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.Artículo 2. Naturaleza y gestión del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.Artículo 3. Financiación del Fondo.Artículo 4. Beneficiarios de los anticipos.Artículo 5. Concepto de Unidad familiar.Artículo 6. Límite de recursos económicos.Artículo 8. Cuantía del anticipo.Artículo 9. Plazo máximo de duración de la garantía del Fondo.Artículo 10. Efectividad y pago.Artículo 11. Incompatibilidades.Artículo 12. Iniciación del procedimiento.Artículo 13. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del expediente de anticipo.Artículo 14. Documentación acreditativa.Artículo 15. Informe del Servicio Jurídico del Estado. Artículo 16. Procedimiento de urgencia.Artículo 17. Resolución, plazos y efectos. Artículo 18. Recursos.Artículo 19. Comunicación de resoluciones estimatorias a los Juzgados y Tribunales.Artículo 20. Obligaciones del perceptor.Artículo 21. Modificación de efectos de los anticipos concedidos. Artículo 22. Extinción del derecho reconocido. Artículo 23. Efectos económicos de la modificación de efectos y de la extinción.Artículo 24. Subrogación y reembolso.Artículo 25. Percibos indebidos del anticipo.Disposición adicional primera. Personas discapacitadas.Disposición adicional segunda. Residencia del deudor en el extranjero.Disposición adicional tercera. Derecho supletorio.Disposición final primera. Habilitación normativa.Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Mediante este real decreto el Gobierno de España aprueba las normas de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Con esta iniciativa política se aborda la solución de un problema social de indudable importancia y se avanza en la protección integral de las familias y de los hijos, cumpliendo el mandato del artículo 39 de la Constitución. En nuestra sociedad actual se ha detectado un problema social derivado de los incumplimientos del pago de alimentos establecidos a favor de los hijos menores de edad en los supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad del matrimonio, o en procesos de filiación o de alimentos.
Estos incumplimientos de obligaciones establecidas judicialmente se producen, muy frecuentemente, de forma deliberada por la negativa del obligado al pago de alimentos a satisfacerlos y, en otros casos, por la imposibilidad real del deudor de hacerlos efectivos. En ambos supuestos, el resultado es que se producen numerosas situaciones de precariedad para los hijos menores y, con ello, para la unidad familiar en que se integran junto con la persona que los tiene bajo su guarda y custodia. Este problema que afecta a los hijos menores y a las familias ha suscitado preocupación tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. Prueba de ello son las diversas resoluciones en la materia adoptadas por el Parlamento Europeo y las varias mociones y proposiciones aprobadas por el Parlamento español a lo largo de las Legislaturas IV, V y VII.
Finalmente, el régimen jurídico del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se ha completado con la previsión legal de que el Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el importe total de los pagos satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideración de derecho de naturaleza pública. Dicha previsión, junto con otras especialmente relevantes, como es la que contempla la colaboración entre los Tribunales y la Administración General del Estado en la ejecución de estos créditos públicos, se ha consignado en la disposición final quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos surge así para garantizar a los hijos e hijas menores de edad la percepción de unas cuantías económicas, definidas como anticipos, que permitan a la unidad familiar en la que se integran subvenir a sus necesidades ante el impago de los alimentos por el obligado a satisfacerlos. El montante de los recursos económicos de que disponga dicha unidad familiar es, lógicamente, el criterio central para determinar si concurren o no las circunstancias de insuficiencia económica que justifican la concesión de anticipos por el Fondo.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2007, D I S P O N G O :
Capítulo I Objeto y naturaleza del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
3. La concesión del anticipo se hará en todo caso previa instrucción y resolución del expediente dirigido a comprobar su procedencia. 4. En cualquier caso, será necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles.
No obstante, si el titular de la guarda y custodia fuera español bastará con que el menor resida legalmente en España al tiempo de solicitar el anticipo, sin necesidad de acreditar ningún periodo previo de residencia. b) Ser nacionales de otro Estado que, de acuerdo con lo que se disponga en los tratados, acuerdos o convenios internacionales o en virtud de reciprocidad tácita o expresa, reconozca anticipos análogos a los españoles en su territorio.
6. Para el cómputo anual de los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar se tendrán en cuenta aquellos de que disponga o se prevea que va a disponer en el año natural en el que se solicite el anticipo. Capítulo III
4.	Si la resolución judicial fijara una cuantía inferior a la prevista por el apartado anterior, la cuantía del anticipo a percibir con cargo al Fondo será la fijada por dicha resolución judicial.
Los efectos económicos del anticipo se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud. El pago se efectuará por mensualidades vencidas y lo percibirá quien tenga la guarda y custodia del menor beneficiario.
1. La solicitud contendrá, entre otras, las siguientes declaraciones: a) Declaración del solicitante referida a las rentas e ingresos de la Unidad familiar.
b) Subrogación a favor del Estado en los términos previstos en el artículo 24.1 del presente Real Decreto. 2. Asimismo, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
3. No será necesaria la presentación de documentación que estuviera en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que la Administración pueda requerir al solicitante del anticipo que facilite la fecha y el órgano o dependencia en que dicha documentación fue presentada o, en su caso, fue emitida. Artículo 15. Informe del Servicio Jurídico del Estado. El órgano instructor podrá solicitar el informe del Servicio Jurídico del Estado sobre el expediente, a los efectos de fundamentar en derecho la resolución.
b) Cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea víctima de violencia de género, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. 3. El procedimiento de urgencia se iniciará a instancia de quien ostente la guarda y custodia del menor beneficiario y no será preciso acreditar la dificultad para obtener el pago de alimentos a que se refiere el artículo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a alimentos y el transcurso de dos meses desde que se instó dicha ejecución, sin haber obtenido su pago conforme a la declaración del solicitante.
4.	Deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si ésta fuera la causa de la situación de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de prueba:
Artículo 17. Resolución, plazos y efectos. 1. Corresponderá a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas resolver el expediente, de forma motivada. 2. El plazo máximo para resolver y notificar al solicitante la resolución será de tres meses, contado desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Economía y Hacienda. Este plazo será de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el artículo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Economía y Hacienda.
4. La concesión del pago del anticipo se comunicará también al obligado al pago de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de reconocimiento. Artículo 18. Recursos.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas determine para verificar las condiciones y términos por los que se reconoció el anticipo. Artículo 21. Modificación de efectos de los anticipos concedidos. 1. La modificación de las circunstancias que determinaron el reconocimiento del anticipo o la cuantía del mismo dará lugar a la variación o, en su caso, a la suspensión definitiva de los efectos señalados en la resolución de concesión de aquél, que tendrán que ser declaradas mediante resolución motivada. En los casos en que la variación de efectos se base en hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por el interesado, se le pondrán de manifiesto dichas circunstancias para que, en el plazo de diez días, presente las alegaciones y justificaciones que estime oportunas.
Artículo 22. Extinción del derecho reconocido. 1. El derecho a que se refieren los artículos anteriores se extinguirá por: a) Por alcanzar el beneficiario la mayoría de edad.
f) Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier forma fraudulenta o con omisión deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegación o reducción del derecho. g) Por el transcurso del plazo máximo de garantía.
Las liquidaciones que no hayan sido satisfechas en período voluntario serán recaudadas en período ejecutivo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Artículo 25. Percibos indebidos del anticipo.
c) Cuando resulten cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de un procedimiento de revisión, o de modificación de efectos de la resolución de los señalados en el artículo 21 del presente real decreto. 2. Las cantidades indebidamente percibidas deberán reintegrase desde el día primero del mes siguiente a aquel en que hubiere variado la composición de la Unidad familiar o sus recursos económicos o en que produjera efectos la causa que motive el percibo indebido.
3. En todo caso, el reintegro de los pagos recibidos en cualquiera de los supuestos previstos en el apartado 1 será requisito inexcusable para poder solicitar en el futuro nuevos anticipos, salvo en el caso contemplado en la letra b) de dicho apartado, en que no podrá formularse nueva solicitud de anticipo. Las mensualidades que hayan sido objeto de reintegro no serán computables a efectos del plazo máximo de percepción previsto en el artículo 9 del presente real decreto.
El grado de discapacidad habrá de ser igual o superior al 65 por 100. Se acreditará mediante resolución o certificación emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se aportará junto con la restante documentación acreditativa prevista por el artículo 14. Disposición adicional segunda. Residencia del deudor en el extranjero.
En todo lo no previsto en el presente real decreto se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo previsto en este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor.
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se aprueba el modelo oficial de solicitud de anticipo a cargo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regulado en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembreNorma Foral 14/2008, de 3 de julio, de Medidas Fiscales para Incentivar la Actividad Económica, de adaptación del Impuesto sobre Sociedades a la Reforma Contable y otras Medidas TributariasNorma F. 3/2008 de 9-07, de aprobación de medidas fiscales para incentivar la activ. econ., de adaptación del Impto. de Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributariasEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Néstor Jiménez Betancourt el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don José María Sánchez Pedraza el obligado cumplimiento de pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Jesús María Mayoral Hidalgo el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Javier Martínez Martínez el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Pedro Jesús Ramos Terrón el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don José Alonso Felipe el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Arnaldo Gutiérrez Martínez el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialNORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributariasEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Juan Miguel Fraile Gil el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Raimundo Miguez Rodríguez el obligado pago de alimentos, en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone en conocimiento de don Antonio Mármol Aguilar, el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conocimiento de don Joaquín Martos Moral, el obligado pago de alimentos en virtud de resolución judicialEDICTO de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conocimiento de Dª María Leticia Álvarez Ruiz que se ha tenido por desistida la solicitud efectuada por la interesada en beneficio de sus hijos menores	Cerrar PDF
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