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Timestamp: 2019-08-23 13:03:10+00:00

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CAPÍTULO VII DERECHOS DE LA NIÑEZ
15. En primer lugar, el Relator Especial quiere destacar que en el año 1998 Paraguay eliminó las denominadas leyes de desacato, cumpliendo de esta manera con el Informe sobre Compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos emitido por la Comisión Interamericana.152 Asimismo, señalar que si bien la Constitución de Paraguay contiene leyes que garantizan la libertad de expresión, existen todavía leyes y prácticas que limitan el ejercicio de este derecho. En el presente capítulo se hace un análisis sobre la normativa vigente en materia de libertad de expresión en Paraguay y algunos comentarios sobre principios que aún no han sido recogidos por la legislación y cuya inclusión favorecerá ampliamente la debida protección a la libertad de expresión de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
18. Si bien el artículo 26 de la Constitución establece una amplia e irrestricta protección a la libertad de expresión, la primera parte del artículo 28 impone un requisito respecto al derecho a la información que limita seriamente la libertad de expresión. Los calificativos constitucionales dados a la información: “veraz, responsable y ecuánime” son contrarios al artículo 13 de la Convención Americana que establece explícitamente que la libertad de expresión e información no debe tener ningún condicionamiento previo. Tanto el artículo 13 de la Convención, como la Declaracion de Principios sobre Libertad de Expresión,153 el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se refieren a la libertad de expresión, información y opinión. El derecho protegido en todas ellas es el acceso a toda información, no sólo a aquella que pueda ser considerada como veraz, responsable o ecuánime.
Las dos dimensiones mencionadas (individual y colectiva) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor.154
20. La Relatoría se refirió a este requerimiento en su informe del año 1999 donde se expresa la preocupación por la existencia de estas limitaciones a la libertad de expresión en varios países del hemisferio. Esta doctrina produce precisamente el efecto opuesto al que supuestamente sus promotores argumentan como fundamento para su aplicación. Es decir, la búsqueda de la verdad en la información se ve seriamente limitada al impedirse el libre flujo de la misma como consecuencia de un juicio de valor arbitrario. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y a jurisprudencia más avanzada, únicamente podría ser sancionada la información que demuestre ser errónea y producida con real malicia. Inclusive en este caso esa sanción debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad.155
21. La acción de habeas data es concebida como aquella que establece el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.156
36. El Relator Especial desea destacar que Paraguay no cuenta dentro de su legislación con las denominadas leyes de desacato. Esto representa un gran progreso en la legislación paraguaya que sirve como modelo para el resto los países de la región. Las leyes de desacato son aquellas que penalizan la expresión ofensiva dirigida a un funcionario público.157
38. Una de ellas es el artículo 151(3) del mismo Código, que sancionaría la difamación con un tipo penal amplio y ambiguo al señalar “que no exceda los límites de una crítica aceptable”, lo que podría dar lugar a interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión.158 En pos de la protección de una sociedad democrática, se requiere que el libre debate de ideas sea lo menos restrictivo posible de la libertad de expresión y que la protección de la reputación esté garantizada sólo a través de sanciones civiles cuando se trate de un funcionario público o persona pública. Asimismo, las restricciones deben ser excepcionales y específicamente señaladas en la ley.
39. Del mismo modo, se observa que dentro de la legislación paraguaya no existe una adecuada separación entre la figura pública y la privada al tratar la imagen, el honor, la honra o la reputación de las personas.159 Esto último va en desmedro de la investigación y difusión de información de interés público.
La aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y estructurar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.160
Es más, la Comisión observa que contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas- y no menos expuestas- al escrutinio y la crítica del público. La necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica.161
El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. De ello se desprende que una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión.162
(...) En la arena política en particular, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión e información es necesariamente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una sociedad democrática...163
47. El criterio a utilizar de acuerdo a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión es que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador social tuvo la intención de infligir daño o tuvo pleno conocimiento que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Dicha posición se conoce como la doctrina de la "real malicia".164
53. Durante su visita, el Relator Especial recibió y ha continuado recibiendo con posterioridad informaciones referentes a la problemática situación en que se encuentran las denominadas radios comunitarias en Paraguay. De acuerdo a la información recibida, la gran mayoría de las radios que operan legalmente en Paraguay han obtenido sus licencias basándose en criterios únicamente económicos. La Relatoría ha expresado en varias oportunidades que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos para todos los sectores que conforman la sociedad.165 Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos son incompatibles con un sistema democrático y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Relator Especial recibió información sobre la falta de seguimiento en la investigación del asesinato del periodista Santiago Leguizamón ocurrida en abril de 1991. El Relator Especial insta a las autoridades paraguayas a acelerar la investigación efectiva del asesinato y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables. La Comisión ha expresado que el asesinato de un periodista es la forma más brutal para coartar la libertad de expresión. Esta práctica tiene dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, con el fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, son utilizadas como instrumento de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todos aquellos que realizan tareas de investigación.
59. Las intimidaciones a periodistas por medio de agresiones verbales o escritas y las agresiones físicas a su persona y/o bienes produce un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad, toda vez que se está acallando violentamente la expresión primaria y principal de este derecho. A través de la utilización de estos mecanismos se busca silenciar la crítica a los gobiernos, limitando el debate y socavando las bases de una institucionalidad democrática.166
60. Conforme al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Consecuentemente, los Estados incurren en responsabilidad internacional toda vez que no adoptan las medidas necesarias para prevenir violaciones a los derechos fundamentales, o una vez consumadas, no investigan, juzgan y sancionan a los responsables.167 Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado:
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que la violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.168
61. El Relator Especial manifiesta su preocupación por la información recibida acerca de que varios comunicadores sociales habrían sido afectados directamente por el clima de inestabilidad político vivido durante el intento de golpe del 18 de mayo de 2000 contra el orden democrático y constitucional del Paraguay y otros ataques posteriores a dichos incidentes. Dentro de las informaciones recibidas se destacan las siguientes:169
Con base en todo lo expuesto, el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones al Estado paraguayo:
Adoptar una ley que reglamente el derecho de acceso a la información en poder del Estado.
Promover la distinción entre personas públicas y privadas, despenalizando las injurias y calumnias en contra de las personas públicas.
Disponer las medidas necesarias para asegurar la adecuada distribución de frecuencias radiales, de acuerdo a criterios democráticos.
Tomar las medidas necesarias para proteger la integridad física de los comunicadores sociales, investigando y sancionando a los responsables de las violaciones a la libertad de expresión y del ataque directo a los comunicadores sociales.

References: artículo 26
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 151