Source: http://www.domingorondina.com.ar/2013/03/mas-sobre-el-plazo-en-el-amparo.html
Timestamp: 2017-05-22 17:33:50+00:00

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Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: Mas sobre el plazo en el amparo
Al efecto, en primer lugar podría discutirse si la instancia de un proceso de amparo es pasible de perimir, puesto que la ley 16.986 no contiene ninguna prescripción expresa sobre el particular, y la caducidad de la instancia es de interpretación restrictiva. En estos términos, podría llegar a entenderse que los arts. 310 y sigtes. del Cód. Procesal no serían de aplicación supletoria en la especie, estando excluidos de la previsión del art. 17 de la ley 16.986. De aceptarse esta opinión, nada quedaría que discutir al respecto.
De ser así, ¿cuál sería el plazo de perención de la instancia de un proceso de amparo? II. El plazo de caducidad de la primera instancia de los procesos de amparo es de seis meses
Consecuentemente, el proceso de amparo en análisis es un proceso especial que, como tal, tiene un trámite de rito propio. Y como este proceso permite el conocimiento judicial exhaustivo del litigio, se trata de un proceso plenario rápido, cuya sentencia hace cosa juzgada en sentido material en lo que respecta a la existencia (o inexistencia) del hecho u omisión lesiva (cfr. art. 13, ley 16.986) ([9]). Por consiguiente, el proceso de amparo en cuestión no es un “proceso sumarísimo” en los términos de los art. 321 y 498 del Cód. Procesal, pues tal es la denominación –y sólo eso- de otro tipo de proceso plenario rápido, que cuenta con un trámite de rito distinto del previsto por la ley 16.986 para el proceso de amparo. Entiéndase bien: ambos son técnicamente procesos especiales plenarios rápidos, pero el proceso de amparo tiene su rito procesal propio, distinto del trámite procesal de ese otro plenario rápido que se ha dado en llamar “proceso sumarísimo”. Por lo tanto, decir -por ejemplo- que el proceso de amparo se caracteriza “por una tramitación sumaria y expeditiva” ([10]), sino que se trata de un proceso “sumario” o “sumarísimo”, no significa otra cosa –si se quiere hablar con propiedad- que se trata de un proceso de trámite “rápido” (cfr. art. 43, párr. 1ro., in limine, CN; art. 25., inc. 1°, in limine, CADH) o “rapidísimo”. Y es por ello que no cabe confundir a un aspecto de su naturaleza jurídica propia –trámite rápido, tradicionalmente llamado “sumario” (sino por exageración y con cierta impropiedad, “sumarísimo”)- con la denominación convencional dada en el ritual a otro tipo de proceso plenario rápido (el de los arts. 321 y 428 del Cód. Procesal), lo cual importa un desconocimiento supino de esta cuestión –la cual, como se advierte, no es simplemente terminológica- y, por ende, un error de derecho que no es dispensable (cfr. arts. 20 y 923, Cód. Civil).
Ahora bien, el art. 321, inc. 2°, del ritual contempla como “proceso sumarísimo” a la acción de amparo contra actos de particulares ([11]), y el art. 310, inc. 2° del mismo Código indica que el plazo de perención de la instancia “del juicio sumarísimo” es de tres meses. Ello así, advirtiendo que “el amparo contra actos de autoridad” está contemplado en la ley 16.986, en tanto que “el amparo contra actos de particulares –en cambio- está legislado en el Código Procesal” ([12]) y cuenta con el trámite de rito perteneciente al “proceso sumarísimo” (muy distinto que el establecido por dicha ley), cabe preguntar si el art. 321, inc. 2°, del ritual es aplicable a los procesos de amparo iniciados conforme a la ley 16.986. La única respuesta posible es un rotundo no.
Ello así, cabe recordar que, antes de tomada la medida cautelar, “el proceso se suspende porque de lo contrario la medida precautoria perdería su eficacia”, lo cual “no sucede cuando los trámites referidos a la obtención de la medida cautelar tramitan por un incidente aparte” ([26]), esto es, cuando la pretensión principal tramita en un expediente, y la pretensión accesoria en otro, anexo al anterior. Por lo tanto y en otros términos, cuando la pretensión principal (de amparo) y la pretensión accesoria (cautelar) tramitan en el mismo expediente, el plazo de caducidad de la instancia no corre de estar pendiente la satisfacción de un recaudo previo al traslado de la demanda, de ser tal recaudo previo una medida cautelar, “porque de lo contrario se le quitaría a la medida el carácter de sorpresa inaudita pars, desnaturalizando la medida y con evidente perjuicio para quien la toma” ([27]), lo cual resulta claro en el caso de que tratamos. En el cual el plazo de perención de la instancia comienza a correr recién a partir del día en el cual se ejecutó –y con ello se notificó- la medida cautelar indicada.
Más allá de lo dispuesto por el art. 313, inc. 3° del Cód. Procesal, cabe recordar que autorizada doctrina y jurisprudencia entienden que “«en todos los casos en que se den las circunstancias de fuerza mayor o causas graves a que alude»” el art. 157, párr. final, del mismo Código ([28]), “«o en todos los casos en que las partes se encuentran imposibilitadas o inhabilitadas para activar la marcha del proceso, la suspensión opera de hecho. Puede haber mediado una resolución judicial declarando la suspensión; pero puede no haber existido ninguna resolución al respecto. En estos últimos supuestos, en oportunidad de pronunciare el juez sobre la caducidad de la instancia, deberá reconocer a esas circunstancias la eficacia suspensiva si las mismas han sido alegadas y probadas por la parte interesada»” ([29]). Por lo tanto, “se puede decir que el término de perención se suspende cuando por razones de hecho o de derecho, las partes se hallan impedidas de activar el procedimiento, pues median en tal caso las mismas circunstancias que para la prescripción prevé el artículo 3980 del Código Civil” ([30]).
Pues bien, llevando estos exactos conceptos a la situación de colapso judicial antes indicada, siendo que, en ocasiones, en algunas Secretarías de los Juzgados antes indicados el despacho y firma, por ejemplo, de una providencia de mero trámite suele llevar, días más, días menos, aproximadamente un mes, va de suyo que dicha situación, traducida en esas demoras, importa una notoria causa grave fincada en circunstancia de fuerza mayor, encontrándose las partes imposibilitadas, inhabilitadas e impedidas para activar la marcha del proceso, siendo así que, por ende -lo afirmamos-, la suspensión del plazo de perención de la instancia aquí opera de hecho. En efecto, resultándole imposible a los jueces cumplir con lo normado por el art. 34, inc. 3°, del Cód. Procesal, y menos aún dictar resoluciones en los breves plazos contemplados por la ley 16.986, permaneciendo los expedientes “a despacho” o “a la firma” durante considerables tiempos, la conclusión no puede ser otra que la arriba indicada. Y que no se nos diga que, pese a encontrarse a despacho, la parte actora igualmente puede presentar algún escrito que resulte impulsorio de la instancia, dado que, a más de que, en ocasiones, nada hay objetivamente que solicitar al órgano jurisdiccional (sino esperar pacientemente al proveído del caso), con la presentación de escritos tales (máxime cuando se solicita algo superfluo, al sólo efecto de interrumpir al plazo de caducidad de la instancia) lo único que se logra es dilatar aún más la tramitación de la causa, demorándose el despacho de la petición que realmente revista utilidad para la prosecución del proceso conforme a su secuela regular, aquí temporalmente afectada.
Por supuesto, de darse el caso, el juez deberá reconocer a esas circunstancias la eficacia suspensiva de que tratamos, no siendo necesario que aquellas hayan sido alegadas, y menos aún probadas, por la parte interesada, por la simple razón de que se trata de una contingencia expresamente reconocida por el mismo Poder Judicial, incluso en diversas sentencias ([31]), siendo, por tanto, de público y notorio. En definitiva, es evidente que se está aquí ante una “razón de dificultades o imposibilidades de hecho” (art. 3980, Cód. Civil), y que, por lo expuesto, “respetar” los plazos procesales de caducidad de la instancia en beneficio exclusivo de quién la solicite importaría violar escandalosamente al art. 34, inc. 5º, c), del Cód. Procesal, en cuanto establece como deber de los jueces “mantener la igualdad de las partes en el proceso”, norma que no es otra cosa que una aplicación particular del art. 16 de la CN en materia procesal, siendo que, por tanto, también resultaría así lesionada la garantía consagrada por tal precepto y por otras normas de rango constitucional que contemplan al principio de igualdad ([32]).
Por supuesto, de admitirse que la primera instancia de los procesos de amparo es pasible de perimir, corresponde entender que la resolución que declare la caducidad de la instancia es recurrible, en los términos del art. 317 del Cód. Procesal. Por ende, la resolución de primera instancia que declare procedente la perención de la instancia es aquí apelable, pues esta peculiar situación hace excepción a lo normado por el art. 15, párr. primero, in limine, de la ley 16.986. Porque si se considera que las normas del Código de rito son supletoriamente aplicables en esta materia, no puede sostenerse coherentemente que sí lo serían sus arts. 310 a 316 y 318, pero no su art. 317, lo cual importaría incurrir en un razonamiento erístico ([33]) y por tanto, en definitiva, en una causal de arbitrariedad de la resolución judicial del caso, pues tamaña interpretación menoscabaría al derecho de defensa en juicio de quién obtuviese resolución desfavorable, violentando así a la garantía de igualdad de las partes en juicio –sino a la garantía misma de la defensa en juicio- y al derecho al debido proceso adjetivo.
Es sabido que, desde 1976 en adelante, nuestro país ha sido sometida una política económica propia de un modelo rentístico-financiero devastador, impuesto en dicho año y aún vigente, basado principalmente en la apertura y especulación financiera, el endeudamiento externo (agravado a partir de 1990) y la extranjerización de la economía, con sus conocidos y perniciosos efectos (debacle industrial, educativa y sanitaria; desocupación e indigencia, etc.), presencia, “pupilaje” y errores del F.M.I. mediante ([34]), con más el consecuente dictado de una constante normativa apócrifa “a pedir de bancos” -recordemos al “Plan Bonex” (dec. 36/90) (Adla, L-A, 58)- y alguna jurisprudencia conteste con tal normativa “de favor”, como lo fue el fallo “Peralta” ([35]), cuya doctrina judicial, dicho sea de paso, fue considerada inaplicable en la especie –correctamente, por cierto- en los casos “Smith” ([36]) y “San Luis”. El “corralito” financiero, que ha sido definido como “un «campo de concentración y exterminio» de los ahorros, que ya ha cobrado varias vidas en circunstancias que lindan con el abandono de persona” ([37]), ha sido un producto histórico de dicho modelo económico y un acabado ejemplo de la indicada normativa, siendo que su origen radicó -en parte- en querer mantener la falacia de la convertibilidad a toda costa ([38]), y que su hipertrofia (la pesificación) se debió -también en parte- a la consecuente devaluación, efectuada sin tener a la vista plan de reactivación alguno, sin medidas protectivas para los asalariados y las personas endeudadas en dólares, y careciendo el Estado de crédito externo e interno.
Fuera de ello, la normativa propia del “corralito” financiero ha puesto en discusión la aplicación de determinados principios jurídicos cardinales –por ejemplo, el de los actos propios (nemo contra factum proprium venire potest) ([39]) en materia de “desafectaciones” efectuadas sin protesta y/o reserva de derechos- ([40]), ha producido una serie de curiosas contingencias inéditas de orden procesal ([41]) y ha obligado a recapitular acerca de otras cuestiones de rito largamente discutidas, tales como la “vigencia” del nefasto plazo de caducidad de la acción de amparo (art. 2°, inc. e., ley 16.986) ([42]). Pues bien, siendo que la cuestión de que tratamos, de algún modo, también encuentra su origen en dicha normativa apócrifa, es de ver que como esta última no ha “suspendido” ([43]) al art. 310, inc. 1°, del Cód. Procesal, sólo cabe reiterar que el plazo de caducidad de la primera instancia de los procesos de amparo en trámite conforme a las disposiciones de la ley 16.986 es de seis meses.
([2]) Por todos, ver EKMEKDJIAN, Miguel A, “Tratado de Derecho Constitucional”, t. IV, ps. 58/62, Ed. Depalma, Bs. As. 1997. ([3]) BLANCO, Luis G., “Las nulidades de expresa fuente constitucional”, Zeus Córdoba, N° 40, 2003/02/11, ps. 29 y ss.
([10]) EKMEKDJIAN, M. A, ob. cit., t. IV, p. 46. ([11]) En general, ver SALGADO, A. J. y VERDAGUER, A. C., ob. cit., ps. 261 y ss.
([12]) EKMEKDJIAN, M. A, ob. cit., t. IV, p. 50. ([13]) FALCÓN, Enrique M., “Caducidad o perención de la instancia”, p. 21 y jurisprudencia citada en su nota 44, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1996.
([36]) PÉREZ HUALDE, Alejandro, “«Smith» o el final del «sistema» jurídico de la emergencia”, La Ley Supl. Especial Dep. Banc. Restric., II, marzo de 2002, ps. 3 y ss. ([37]) MALDONADO, Raúl J., en su comentario a nuestro libro “El «corralito» financiero, los depósitos bancarios y el derecho de propiedad” (Prólogo del Dr. Jorge MOSSET ITURRASPE), Ed. Librería Cívica, Santa Fe, 2002, en “Le Monde diplomatique «el Dipló»”, Año IV, N° 41, p. 38, sec. “Los libros del mes”, Ed. Capital Intelectual S.A., Bs. As., Noviembre 2002.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3980
 resolución 
 resolución 
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