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Timestamp: 2018-12-11 09:02:23+00:00

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DECRETO 1759.72
CNPE, FRIGORÍFICO CHIVILVOY (juicio por jurados) INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN Y EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PLANTEADO POR LA DEFENSA
DE HERMENEGILDO VÁZQUEZ Y ESTEVEZ, EN CAUSA N° 20.513 CARATULADA: “FRIGORÍFICO Y MATADERO CHIVILCOY S/INFRACCIÓN LEY 24.769" Causa N° 57.573, Folio N° 61, Nro. 25.336, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 3, Sala “A”. ///nos Aires, 4 de abril de 2008. VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de Hermenegildo Vazquez Estévez contra la resolución que no hizo lugar a las excepciones previas de falta de jurisdicción y de extinción de la acción penal. La memoria escrita presentada en sustento del recurso. El escrito presentado por la representante de la parte querellante en procura de que se confirme lo resuelto. Que la resolución apelada concierne a dos planteos diversos del apelante cuya resolución, en caso de ser favorable, da lugar a consecuencias diversas conforme está establecido en los arts. 343 y 344 del Código Procesal Penal de la Nación. Que como uno de esos planteos debe resolverse en primer lugar por expresa disposición del art. 341 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde tratar separadamente y en forma subsidiaria una respecto de la otra, cada cuestión. CONSIDERARON: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es ajustada a derecho la resolución que no hace lugar a la excepción previa de falta de jurisdicción? El Dr. Hendler: Que la cuestión planteada se refiere a la jurisdicción del tribunal con fundamento en las disposiciones de la Constitución Nacional que ordenan el juicio por jurados. Que la resolución apelada no hizo lugar al planteo por entender que la cláusula constitucional que establece que deben terminarse por jurados todos los juicios criminales ordinarios, se encuentra supeditada al criterio discrecional del Congreso de la Nación en cuanto a la oportunidad de su implementación. Que, como he sostenido en mis votos en disidencia en todos los casos en que se ha suscitado la misma cuestión, el carácter programático de las cláusulas de la Constitución Nacional que se refieren al juicio por jurados no implica que carezcan de obligatoriedad o que el Congreso pueda decidir discrecionalmente proceder o no al dictado de las leyes necesarias para su instrumentación (conforme registro 221/88 “Fainstein Jaime Isidoro s/art. 302 del C.P.” de la ex Sala II, publicado en la revista El Derecho, Tomo 130, pág. 602; registro 118/89 “e Marco Patricia s/ art. 302 del C.P.” de la ex Sala II; registro 90/91 “Martellos Gino Antonio s/art. 302 del C.P.” de la ex Sala II, publicado en la revista La Ley Tomo 1991-E, pág. 215; registro 110/05 de Sala A “Valicenti, Abel y otros s/contrabando”, publicado en la revista El Derecho, tomo 212, Pag. 127). Que al imputado en este caso se le atribuye un delito castigado con hasta seis años de prisión –el del artículo 6 de la ley 24769— lo que implica que le asiste el derecho a ser juzgado por jurados. Las leyes que establecen la jurisdicción de los jueces para juzgar sin intervención de jurados son válidas en aquellos casos en que por la menor gravedad del delito no quepa emplear esa forma de enjuiciamiento o bien en aquellos casos en que el derecho hubiera sido declinado (conforme mis votos en los casos citados, “Fainstein” y “De Marco”). Que los fallos de la Corte Suprema Nacional que convalidaron los juicios sin jurados basándose en que la obligación del Congreso de implementarlos no era exigible en forma inmediata, fueron dictados hace ya muchos años. El más reciente de ellos data de 1947 y en la actualidad han transcurrido más de ciento cincuenta años desde que se estableció la Constitución por lo que aquélla fundamentación ha perdido todo sustento. Que, por consiguiente la resolución apelada no se ajusta a derecho. El Dr. Repetto: Que por expresa disposición constitucional se establece que los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados. Asimismo, la manda constitucional determina que la promoción y establecimiento de esa institución estará a cargo del Congreso (conf. arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional). Que no se ha concretado el propósito de la Ley Fundamental en tanto ésta “no ha fijado al Congreso plazo alguno para la regulación del instituto y ha dejado a criterio de los legisladores, la determinación de la época en que debe ser establecida” (conf. nota del Dr. Obarrio al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública Dr. Eduardo Wilde, Jofré Tomás,
720/04 de Sala A). en oportunidad de pronunciarse en casos análogos al de autos. la resolución que no hace lugar a la excepción se ajusta a derecho. para el dictado de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados. Que sin embargo. Asimismo. sólo tuvo ese valor a partir del año 2005 al sancionarse la ley 25990. de conformidad con lo que establece el artículo 40. Hendler vertida en la segunda cuestión. 2° párrafo del Reglamento para la Justicia Nacional. El Dr. el llamado a prestar declaración indagatoria. Que. el Sr. Repetto a la primera cuestión en cuanto a que si bien por expresa disposición constitucional se establece que los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados. juez a quoseñalado competente por la Constitución Nacional debe continuar sustanciando y juzgando en este proceso. Fallos 165: 258.Manual de Procedimiento T. Antes de eso se encontraba vigente el artículo 67 del código penal según la redacción establecida por la ley 25188. Que también el máximo tribunal. reg. Bonzón: Que coincido con la respuesta dada por el Dr. la manda constitucional determina que la promoción y establecimiento de esa institución estará a cargo del Congreso y no ha establecido un plazo perentorio para ello. corresponde no hacer lugar a la excepción previa de falta de jurisdicción. el que deberá cursarse a la Secretaría de Superintendencia del alto tribunal. la resolución que no hace lugar a la excepción se ajusta a derecho. Repetto: Que en virtud de las consideraciones expuestas en relación a la primera cuestión planteada. por actuaciones procesales que tuvieron lugar en febrero de 2002 y en diciembre de 2005 o si esos actos carecen de valor interruptivo como sostiene el apelante. Bonzón: Que en virtud de las consideraciones expuestas en relación a la primera cuestión planteada. 62 del Código Penal y 6 de la Ley Penal Tributaria. Que el acto procesal que la jueza considera que interrumpió en primer lugar el curso de la prescripción. de dirigir un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que realice las diligencias conducentes. corresponde no hacer lugar a la excepción previa de falta de jurisdicción. 208:21 y 225). en esas condiciones. II pág. Lo que se discute es si el plazo fue interrumpido. el Sr. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? El Dr. Hendler: Que las consideraciones expuestas por la mayoría conducen a que el tribunal deba pronunciarse sobre la anómala situación que se produce por la demora en el cumplimiento de lo que ordena la Constitución Nacional. en esas condiciones. El Dr. juez a quoseñalado competente por la Constitución Nacional debe continuar sustanciando y juzgando en este proceso. TERCERA CUESTIÓN: ¿Es ajustada a derecho la resolución que no hace lugar a excepción previa de extinción de la acción penal? El Dr. el 18 de abril de 2002 (conf. ante el Poder Legislativo. El Dr. 248). coincido con la iniciativa del Dr. como entiende la jueza a quo. sostuvo que los preceptos constitucionales mencionados no han impuesto al Congreso el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados y tampoco existe un término perentorio para eso (conf. Asimismo. Que la gestión para que se dicten las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados debe hacerse ante las cámara que integran el Poder Legislativo de la Nación y. fallo del 21/9/2004. Tampoco hay discusión en que los hechos tuvieron lugar en marzo de 1996. a fin de que gestione ante el Poder Legislativo el dictado de las leyes necesarias al establecimiento de juicio por jurados. Que esta última causal de interrupción recién puede entenderse producida en este caso con el apercibimiento de cargos que se comunicó al imputado en la ocasión en que se presentó a declarar. Que. De acuerdo con esa norma la prescripción se interrumpía únicamente por la comisión de otro delito o por secuela de juicio. tiene que ser realizada por intermedio de la Corte Suprema de Justicia. Hendler: Que se encuentra fuera de discusión que el plazo a tomar en cuenta para computar la prescripción de la acción penal es de seis años de conformidad con lo previsto en el art. En el mes . Que lo que corresponde en este caso –una vez resuelto por mayoría que la resolución apelada se ajusta a derecho y dejando a salvo mi opinión a ese respecto ya expresada en la contestación a la primera cuestión— es: dirigir un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que se ajusta a derecho esa interpretación en tanto la ley en vigencia. el curso de la prescripción de seis años fue interrumpido en dos oportunidades. Bonzón: Que en el caso traído a estudio.2710. Que esa providencia tiene ese alcance tanto en la antigua como en la actual redacción del art. por lo demás. fs. entre otros). El Dr. por el voto de los Dres. el plazo de prescripción es de seis años que corresponde al delito que se atribuye a Vázquez Estevez (conf. 1694 de los autos principales). lo resuelto se ajusta a derecho. Repetto: Que corresponde confirmar la resolución apelada y no hacer lugar a la excepción de falta de acción. no asiste razón al abogado defensor en cuanto a que esa providencia fue ordenada al solo efecto de interrrumpir el cómputo del término. el art. los plazos legales no pueden entenderse transcurridos en tanto las constancias del proceso indican que antes y después de esa medida el expediente tuvo un trámite normal. inc b) texto modificado por la ley 25990). la declaración de prescripción de la acción penal debe aplicarse en resguardo de la garantía de un juicio rápido en aquellos casos en que. en febrero de 2002 y luego por el requerimiento de elevación a juicio de febrero de 2006. En primer lugar. El Dr. (conf. por otra parte. regía el texto anterior y el plazo había transcurrido sin ninguna interrupción. confiere valor interruptivo del curso de la prescripción al primer llamado a prestar declaración indagatoria y también al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio realizado de acuerdo a las exigencias de la legislación procesal. por otra parte. M. debe desestimarse la aplicación de la ley posterior que se hace en la resolución apelada. II)Por mayoría. por el voto de los Dres. III) Por mayoría. . Reg. Que. en esas condiciones. El Dr.de marzo del año 2002. rta el 2/6/92. el que no ha vuelto a transcurrir hasta el momento (conf. Que el cómputo se interrumpió con la citación a prestar declaración indagatoria que data del 27 de febrero de 2002(conf.1021 de los autos principales). En el primer caso. al transcurrir seis años desde que tuvieron lugar los hechos. XLII) Que. en consecuencia. también la antigua redacción de la norma confería valor interruptivo a la primera citación a prestar declaración indagatoria. por último. debe aplicarse siempre la ley más benigna. Que. 6 de la Ley Penal Tributaria). Con costas. se verifica una injustificada demora del proceso (fallo del 27 de octubre de 2007 “Moyal. CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? El Dr. en febrero de 2006 se presentó el requerimiento de elevación a juicio que interrumpió nuevamente el plazo. Por ende. como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reciente pronunciamiento. Hendler y Bonzón: DIRIGIR un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que gestione ante el Poder Legislativo el dictado de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados. El Dr Bonzón: Que corresponde confirmar la resolución apelada y no hacer lugar a la excepción de falta de acción. 67 del Código Penal modificado por la ley 25990. José Armando s/asociación ilícita”. la resolución que no hace lugar a la extinción de la acción penal no se ajusta a derecho. Causa “Erre-A y otros”. Hendler: Que estando resuelto por mayoría y dejando a salvo mi opinión corresponde resolver en consecuencia. 1055/98. Por todo lo cual. por el primer llamado a prestar declaración indagatoria. porque constituye una de las causales taxativamente enunciadas en la disposición (conf. en el segundo. fs. en tanto se trataba de un acto que investía el mencionado carácter de “secuela de juicio” y. Que. como ocurre en el presente. en marzo de 1996. toda vez que “implica un avance de la pesquisa y traduce la voluntad inequívoca y fundada de vincular al sujeto al proceso con carácter de imputado” (conf. art. La conducta habría tenido lugar en marzo de 1996. SE RESUELVE: I) Por mayoría. En el caso. Con costas. 67 del Código Penal. por imperio de lo establecido en el artículo 2 del Código Penal. Repetto y Bonzón:CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto no hace lugar a la excepción de falta de jurisdicción. Fallos 315:1155) Que. si la ley vigente a la fecha del hecho es distinta de la que rige al dictarse el fallo. dentro del cual la citación no aparece como intempestiva o infundada. Que. Que. haciendo suyas las consideraciones expuestas por la Procuración General de la Nación. Repetto: Que lo resuelto se funda en que desde que habría ocurrido el hecho imputado. 2/01de esta Sala “A”.
Repetto y Bonzón:CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto no hace lugar a la extinción de la acción penal por prescripción. notifíquese. remítanse los autos principales al Juzgado de origen y devuélvase. . Regístrese.por el voto de los Dres. Con costas.
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