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Timestamp: 2018-08-21 19:59:04+00:00

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Narco delata a narco Revista Qué Pasa
Narco delata a narco
En Acha, el penal de Arica, nueve de cada diez internos están condenados por narcotráfico. La mitad de las mujeres y un tercio de los hombres son extranjeros, principalmente peruanos. Amparados en el artículo 22 de la Ley de Drogas, la mayoría intenta rebajar sus penas a cambio de "vender" a otros burreros que un día y hora precisos pasarán por la frontera chilena. En el Ministerio Público minimizan los casos. En la Defensoría estiman que éstos bordean el 15% del total de los condenados.
Por Cristóbal Peña, Ciper. Septiembre 19, 2009
Apenas ingresó a la cárcel de Acha, en Arica, el peruano Jhonny Ángeles Antezana escuchó del tema. En su sección, reservada a los detenidos en prisión preventiva, todos hablaban del famoso artículo 22 de la Ley de Drogas. Como viene ocurriendo desde hace algunos años en esta prisión -donde más del 90% está detenido por tráfico de estupefacientes-, la norma representa una tabla de salvación. La última para evitar una condena efectiva de cárcel. Ese artículo permite una rebaja considerable de penas a quien aporte datos para "prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad".
De seguro a Jhonny no se lo explicaron en esos términos. El mensaje para quienes llegan a la prisión de Acha es más sencillo: para ganarse una rebaja de penas hay que delatar a otro traficante. Pero como la mayoría de los que terminan en Acha no tienen a quien delatar, pues abundan los burreros primerizos, hay gente dentro o fuera de la cárcel que se encarga de subsanar eso. Gente como la que contactó a Jhonny Ángeles para ofrecerle, a cambio de una buena suma de dinero, el dato de una persona que tal día y a tal hora cruzará la frontera chilena con droga en el cuerpo.
A eso, en jerga judicial, le llaman fabricarse un artículo 22. Ganarse la libertad a cambio de mandar a un pobre diablo a la cárcel. Aunque el Ministerio Público minimiza su impacto, en la Defensoría sostienen que desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal este recurso ha beneficiado a cerca del 15% de los condenados por drogas. Las cifras de los tribunales de Arica coinciden.
Para Jhonny Ángeles, eso era una salida. En febrero de 2007, cuando ingresó a Chile por el control fronterizo de Chacalluta, fue sorprendido con 81 ovoides de clorhidrato de cocaína en el estómago. Provenía de Lima, era taxista y dijo haber sido contratado por una persona de la que no volvió a tener noticias. De no mediar una cooperación eficaz de última hora, pasaría cinco años en una cárcel chilena.
Entonces Jhonny comenzó a hacer lo mismo que muchos de los que llegan a la cárcel de Arica: buscar el modo de fabricarse un artículo 22.
La cooperación eficaz enciende la polémica en la región de Arica y Parinacota, que concentra el mayor porcentaje de decomiso de clorhidrato de cocaína del país. En esta región, que limita con Perú y Bolivia, más de la mitad de las mujeres condenadas por narcotráfico son extranjeras. Principalmente peruanas, y en menor medida bolivianas. Al 30 de marzo de 2009, sumaban 106. Entre los hombres, que suman 373, los peruanos y bolivianos superan el tercio y representan la población penal con más alto número de extranjeros. A nivel nacional, la proporción es de uno por cada diez chilenos.
"En general son hombres y mujeres indígenas, muy pobres e ignorantes sobre lo que arriesgan al ser contratados para pasar droga por la frontera chilena. Vienen de zonas rurales de los alrededores de Tacna y Puno, y son tentados por una cantidad mínima de dinero", explica Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Arica.
Allí se atiende a cerca del 95% de los detenidos por estos casos. En una región que registra el más alto porcentaje de denuncias por narcotráfico, sus abogados prácticamente se dedican sólo a eso. También los jueces y fiscales: más del 70% de los juicios orales tienen relación con el tráfico de estupefacientes. Ello ha hecho colapsar los tribunales de la región, generando un retraso generalizado y, de paso, una ilegalidad en los plazos establecidos por el Código Procesal Penal. La mayoría de las causas pendientes corresponden a personas contratadas como burreros o correos humanos.
"Finalmente, son estas personas las que terminan cumpliendo la totalidad de la condena porque pertenecen al último eslabón de la cadena del narcotráfico", dice Providel. "Es gente que no tiene a quien denunciar para beneficiarse con una rebaja de penas. En muchos casos, sin saberlo, ellos mismos han sido enviados para beneficiar a alguien de más recursos que está en la cárcel".
En estos casos, los burreros suelen cargar una cantidad menor de droga y de baja pureza, no mayor al 50%. En general provienen del sur del Perú y son detenidos apenas ponen un pie en la frontera. La policía los está esperando con los brazos abiertos. Por eso, cuando cae un nuevo burrero en Chacalluta -ocurre unas dos o tres veces a la semana-, algunos defensores sonríen al escuchar que la detención se debió a un trabajo de investigación o a la agudeza del funcionario de turno que reparó en los rasgos sospechosos de quien lleva ovoides en el estómago: nervios, sequedad bucal, ojos desorbitados. Los más suspicaces apuestan a que se trata de una nueva colaboración fabricada.
A los meses de haber asumido la defensa de Jhonny Ángeles, el abogado Ricardo Sanzana recibió la visita de la hermana de su cliente. Liz Ángeles, una atractiva limeña de 28 años, llegó por encargo de su hermano para entregar el dato de un peruano que en los próximos días pasaría la frontera con droga. Sanzana recuerda perfecto la situación, pese a que no era la primera vez que le ocurría ni tampoco sería la última. Ya sea de manera directa o a través de familiares, los imputados suelen manifestar su deseo de prestar declaración para entregar un dato.
"Les decimos que si quieren declarar, bien, pero que lo hagan ante el fiscal. No nos hacemos cargo de esa información, sea verídica o no. Es un derecho que ellos tienen y el fiscal no se puede negar a tomar declaración", dice Sanzana.
A fines de agosto de 2007, días después de que Jhonny Ángeles prestara declaración, un nuevo burrero peruano caía detenido en Chacalluta. En poder de Eduardo Díaz Ríos se encontraron 560 gramos de cocaína de baja pureza. Sin saberlo, el hombre se había convertido en el artículo 22 de Jhonny, quien cuatro meses después fue llevado a juicio abreviado y condenado a tres años y un día, lo que le permitió salir en libertad vigilada y dejar el país. "Él salió en libertad porque le reconocieron la cooperación eficaz", corrobora su abogado, para quien no se trató de un hecho desacostumbrado. "Llevo cinco años trabajando en esto y tengo un montón de causas en las mismas condiciones".
En Chile no se volvió a tener noticias de Jhonny, pero sí de su hermana. Cuatro meses después, Liz Ángeles sería detenida en Arica mientras portaba dos kilos de cocaína.
Es 27 de julio, día nacional del Perú, y el penal de Acha está de fiesta. Desde las ventanas de la sección femenina cuelgan banderas peruanas y globos blancos y rojos instalados por las internas. La tarde es ventosa y soleada, como casi todas en este penal levantado en pleno desierto, a la entrada sur de la ciudad. La fiesta se vive en uno de los patios, donde las mujeres bailan entre ellas al compás de una banda de presos peruanos. Pero es una fiesta triste, que transcurre a ritmo carcelario y concluirá a las cinco en punto, cuando bailarinas y músicos vuelvan a sus celdas.
El mensaje para quienes llegan a esta prisión es sencillo: para ganarse una rebaja de penas hay que delatar a otro traficante. Pero como la mayoría de los que terminan en Acha no tienen a quien delatar, pues abundan los burreros primerizos, hay gente dentro o fuera de la cárcel que se encarga de subsanar eso. Gente como la que contactó a Jhonny Ángeles.
Hasta marzo de 2008, cuando comenzó a cumplir condena, Liz llevaba una vida normal en Lima. Tenía tres hijos y un trabajo regular como promotora de cosméticos. Pero todo cambió con la detención de su hermano. Viajó a Chile y se prometió ayudarlo, "aunque para ello tuviera que vender mi alma al diablo… Y verdaderamente yo sentí que eso fue lo que hice", dice Liz Ángeles desde una salita del penal.
Primero lo supo por su hermano y después por experiencia propia. "Siempre cuando uno llega preso aquí hay alguien que te dice: 'Oye, ¿vas a hacer tu artículo? Te vendo un artículo'. Como era la única salida para mi hermano, me puse en contacto con las personas que lo habían contratado a él en Tacna para que me consiguieran un artículo".
El artículo resultó ser Eduardo Díaz, el señor Pucallpa, como le llaman en prisión por su ciudad de origen en el Amazonas peruano. Dice Liz que sus contactos en Tacna le aseguraron que se trataba de "una persona de la selva y mal vivir, sin familia". Poco antes de que liberaran a su hermano, se enteró de que en realidad era un padre de familia honesto, pero empobrecido. "Así que vine, hablé con él y le dije que él había sido el artículo de mi hermano. Le pedí perdón y le dije que no lo íbamos a dejar solo a él ni a sus hijos".
Sin embargo, para entonces, las cosas se habían empezado a complicar para la hermana de Jhonny.
Percy, el novio
Mientras permaneció en Tacna, reuniendo dinero para el artículo de su hermano, Liz se involucró sentimentalmente con el peruano Percy Cabellos Salvatierra, quien era parte de la organización que había contratado al señor Pucallpa. Ella asegura no haber sabido que su pareja tenía vínculos con el narcotráfico y que recién cayó en la cuenta en diciembre de 2007, días después de la liberación de su hermano, cuando Cabellos fue detenido en Chacalluta portando casi un kilo de cocaína en ovoides.
Según se lee en el fallo de la condena a Liz Ángeles, el inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Pablo Rojas Villagra testificó que a fines de 2007, tras la detención de Cabellos, recibió un llamado de Liz con el propósito de colaborar y entregar "una carta en la que aparecían nombres de posibles correos humanos, iniciándose así un procedimiento policial por el cual hubo dos detenidos por droga".
Lo que no se dice en ese fallo es que producto de la información proporcionada por Liz a la policía, en julio de 2008 Percy Cabellos sería llevado a juicio abreviado y condenado a tres años y un día. La rebaja de pena, que le permitió recobrar la libertad y volver a su país, obedeció al reconocimiento de la colaboración eficaz.
Liz podría haberse detenido cuando consiguió el artículo para Percy. Pero según la declaración del inspector Rojas, como la mujer "deseaba seguir aportando antecedentes", ésta mantuvo contacto con el policía para ayudar a desbaratar la red de narcotráfico que había contratado a su hermano. "Era mi venganza, ellos habían usado a Jhonny como artículo. El día que cayó, la policía lo estaba esperando", asegura Liz desde la cárcel.
Liz dice que se involucró demasiado en el juego. Que fue "ingenua y tonta", pues aceptó recibir un paquete con más de dos kilos de cocaína sabiendo que su contacto en la policía encontraba de vacaciones. Era el verano de 2008 y una voz anónima de acento peruano informó a la central de la PDI dónde encontrar a una mujer que portaba droga.
Desde su despacho en uno de los pocos edificios en altura de Arica, donde exhibe una colección de jockeys policiales, el fiscal regional Jorge Valladares señala taxativo que los casos en que el Ministerio Público reconoce la colaboración eficaz son "muy insignificantes" y "estadísticamente marginales". Y que en su mayoría se dan en el contexto de entregas vigiladas tendientes a perseguir grandes organizaciones.
"Hay una tendencia natural de los imputados a negar su participación, a desconocer el hecho y a desvincularse", dice Valladares, refiriéndose a los burreros. "Normalmente la gente que aporta, entrega información sobre organizaciones, lo que más nos interesa. Que otras personas quieran de alguna manera alterar el sentido legal y original de la norma, escapa a nuestro control".
Pese a que minimizan su frecuencia, en la Fiscalía Regional de Arica se niegan a dar las cifras de imputados beneficiados con el artículo 22. El defensor Ricardo Sanzana, que representó a Jhonny Ángeles, calcula que cerca del 15% de las causas que ha llevado por narcotráfico han terminado en colaboraciones eficaces.
Desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en Arica, en 2003, de las 818 personas condenadas por tráfico de drogas, 143 han recibido sentencias condenatorias en juicios abreviados. Un 17,5%. El Ministerio Público suele pedir juicios abreviados para los imputados por narcotráfico a los que se les reconoce una colaboración eficaz y cuyo testimonio no compromete a otras personas que esperan juicio.
Cuando cae un nuevo burrero en el paso fronterizo de Chacalluta, algunos defensores sonríen al escuchar que la detención se debió a un trabajo de investigación o a la agudeza del funcionario de turno que reparó en los rasgos sospechosos de quien lleva ovoides en el estómago: nervios, sequedad bucal, ojos desorbitados. Los más suspicaces apuestan a que se trata de una nueva colaboración fabricada.
Aunque son los fiscales quienes tienen la facultad de reconocer este beneficio, los jueces de Arica han comenzado a tomar nota del uso que se le ha dado a esta figura. "Hay cierta idea de que está siendo comprada y eso ha llevado a tener sospechas y a una tendencia a reducir este beneficio", sostiene el juez de garantía de Arica, José Rodrigo Urrutia. Las cifras le dan la razón. Si en 2007 hubo 43 juicios abreviados por narcotráfico que terminaron en sentencias condenatorias, el 2008 se redujeron a 17 y este año sólo a cuatro. Considerando lo ocurrido desde el año pasado, los juicios abreviados por este delito bordean el 9%.
Liz Ángeles ya no está con Percy Cabellos. Nunca más supo de él. Ahora tiene un novio chileno que habita en la sección masculina del penal de Acha. A Monito, como ella llama a Michel Sepúlveda, lo ve una vez a la semana en visita interna. Y aunque los módulos de ambos están distantes, se comunican del mismo modo que todas las parejas del penal: con mensajes de texto que escriben en el aire, letra por letra, con una botella de plástico amarillo. Ella le pregunta cómo está y él responde "bien, ¿y tú, Monita?, ¿qué has hecho hoy?". En eso se pasan la tarde los presos de Acha.
Liz conoció a Monito a través de una compañera de celda que también tenía novio en la sección masculina. Casi todos tienen novio en esta cárcel. Liz cuenta que ocurre casi igual que en la calle. Primero se conversa y después, con los meses, una vez que se intercambian fotos y cartas, "si hay feeling" se conviene una visita íntima.
Dice Liz que su pareja ha significado un gran apoyo en la cárcel. Que gracias a él, que está por narcotráfico y ya lleva nueve años de una condena de quince, ella ha aprendido a no pensar. "Ésa es la clave para sobrevivir acá. Porque si te pones a pensar en qué estará tu mamita, los niños, te vuelves loca. A veces me he tirado al suelo a llorar y a decir: '¿cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo pude arriesgar todo lo que tenía?'. Pero a la vez sé que todo es por algo, y que si no es por esto, jamás hubiera conocido a mi Monito", dice Liz.
Hay una segunda lectura que ella hace del motivo de su estadía en la cárcel. No es por haber traficado droga, cosa que ella niega. Dice que está pagando por haber llevado a prisión a Eduardo Díaz, el señor Pucallpa. "Él y muchos otros no debieran estar aquí".
Son pasadas las cinco de la tarde y Liz Ángeles vuelve a su celda del módulo C-4. La fiesta ha terminado. Ahora el viento es fresco y sopla fuerte. Es la hora en que los presos y las presas del penal de Acha asoman botellas plásticas amarillas por las ventanas de sus celdas y dibujan palabras en el aire.
Este artículo estará en www.ciperchile.cl a partir del lunes 21 de septiembre.

References: artículo 22
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