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⭐ELABORADO POR: NOMBRE CARGO FIRMA JUBER MARTINEZ HERNANDEZ. SUBDIRECTOR REVISADO Y APROBADO POR:
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Monica Salinas Ponce
1 PLAN ANUAL DE ESTUDIOS - PAE 2006 DIRECCION SECTOR RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUBDIRECCION DE ANALISIS SECTORIAL LOS QUINCE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA DE COLOMBIA DESARROLLO DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL TIPO DE PRODUCTO: SECTORIAL RESPONSABLE: JUBER MARTINEZ HERNANDEZ. ELABORADO POR: NOMBRE CARGO FIRMA JUBER MARTINEZ HERNANDEZ. SUBDIRECTOR REVISADO Y APROBADO POR: JOSE CORREDOR SANCHEZ DIRECTOR TECNICO NOMBRE CARGO FIRMA FECHA DE ELABORACION: DIA: 31 MES: 8 AÑO: 06 FECHA DE APROBACION: DIA: 31 MES: 8 AÑO: 06 FOLIOS: 12 LOS QUINCE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA DE COLOMBIA DESARROLLO DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL Contralor de Bogotá Contralor Auxiliar Director Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente Subdirector Análisis Sectorial Óscar González Arana Oscar Molina García José Corredor Sánchez Juber Martínez Hernández 23 DESARROLLO DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL Contenido Pág. Introducción 4 1. Antecedentes El control fiscal Marco constitucional del control fiscal Marco legal del control fiscal El control externo El sistema de control interno 9 2. El control fiscal ambiental Elementos conceptuales para realizar el control fiscal ambiental Normas técnicas Políticas y directrices en materia ambiental Estrategias para el sistema de áreas naturales protegidas Plan de Gestión Ambiental Plan de Ordenamiento Territorial Declaraciones y convenios internacionales Normas que regulan la gestión ambiental Auditoría ambiental Valoración de costos ambientales Indicadores ambientales Pasivos ambientales Veeduría ambiental ciudadana Retos y perspectivas del control fiscal ambiental El patrimonio ambiental como patrimonio colectivo La responsabilidad fiscal por daños al medio ambiente La gestión ambiental como administración del patrimonio natural La responsabilidad fiscal en el ámbito ambiental La responsabilidad fiscal de los particulares La responsabilidad fiscal sobre el patrimonio ambiental por parte del particular en la propiedad privada El concepto de daño ambiental para efectos de la responsabilidad fiscal Cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente Las cuentas ambientales 78 Bibliografía 81 34 INTRODUCCIÓN Una de las grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991 es la de haber establecido como una de sus prioridades el tema ambiental, a tal punto que ha sido considerada como la Constitución Ecológica 1 o Constitución Verde 2, por cuanto estableció como derecho fundamental, que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano 3. La Constitución lo estableció como derecho colectivo y generó con ello una conexidad entre un derecho fundamental y el medio ambiente. Es por eso que una persona puede considerar que la perturbación del ambiente afecta o amenaza de modo directo su vida o la de su familia y, en este sentido, las personas tienen derecho a participar en las desiciones que lo afecten (derecho de tercera generación 4 ). Lo anterior permitió que la Carta Magna estableciera la necesidad de realizar una evaluación del estado de los recursos naturales y del ambiente 5, con el propósito de incorporar al control fiscal la responsabilidad de vigilar el patrimonio natural, frente a la evaluación de la gestión fiscal de las entidades públicas. Es por tal razón que una de los grandes retos es hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano como mecanismo de participación activa. Esta tarea obliga a las contralorías a construir herramientas que habiliten al ciudadano para el ejercicio del gobierno y el control a sus gobernantes. Este reto es una de las tareas asignadas a las entidades de control por nuestra Constitución Política, lo cual implica convertir a las contralorías en portavoces técnicos del ciudadano, para avanzar en la formación de un ciudadano informado, cumplidor de sus deberes, agente activo en el ejercicio de sus derechos y en el cuidado de lo público y habilitado para la participación en el control fiscal como parte integral del control social, contribuyendo al uso transparente de los recursos públicos. Para cumplir lo anteriormente expuesto se debe proponer como estrategia la formación en la ética de lo público, en la cultura de la participación y en el respeto a lo legal, a los sectores públicos y privados. Es por ello que este documento pretende aportar información para realizar el control fiscal ambiental a las entidades públicas y a los particulares que ejercen funciones sobre el patrimonio natural; pero igualmente definir qué es el control fiscal ambiental y aportar argumentos que permitan comprender los retos y perspectivas de las contralorías 1 Martínez Caballero, Alejandro. Corte Constitucional, sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, exp. T Rodríguez Becerra, Manuel. Ministerio del Medio Ambiente: retos y oportunidades, 1993, p Constitución Política de Colombia, 1991, Art Amaya Olaya, Uriel Alberto. La responsabilidad fiscal por daño al medio ambiente. 2001, p Numeral séptimo del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia. 45 y los ciudadanos para garantizar el cuidado y protección del patrimonio natural de nuestro país. Una parte importante del contenido de este documento es el texto denominado Bases conceptuales de control fiscal ambiental 6, el cual fue elaborado para la capacitación de auditores en la Contraloría de Bogotá, realizada en enero y febrero de ANTECEDENTES 1.1. EL CONTROL FISCAL El control fiscal, como función del Estado, está distribuido entre diversas entidades de derecho público que realizan actividades de la más variada índole, de acuerdo con la estructura y naturaleza que les es propia. Toda actividad de las entidades encargadas de ejercer el control fiscal debe tener competencia constitucional o legal y estar enmarcada estrictamente dentro de las facultades que la norma les otorga. Como se sabe, las instituciones de derecho público solo pueden hacer aquello que les permite la ley, mientras que las personas y entes privados pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Por ende, la actuación de las entidades de control debe estar enmarcada dentro de las normas constitucionales y dentro de la legalidad (leyes, reglamentos, decretos, etc.) Es innegable que el control fiscal tiene un fundamento eminentemente jurídico, tutela intereses públicos y su objeto fundamental es el fisco, denominación aceptada para designar el patrimonio del Estado. Su ejercicio está encomendado a entidades del Estado y nunca a particulares. Los principios del control fiscal son: La eficiencia: Para que la asignación de los recursos sea la más conveniente y maximice sus resultados. La economía: Para que en igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios se obtengan al menor costo. La eficacia: Para que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. La equidad: Para permitir la identificación de los receptores de la acción económica y analizar la distribución equitativa de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales. 6 Recopilación de información elaborada por diferentes instituciones y autores sobre temas ambientales y su relación con el control fiscal ambiental. 56 El principio de la eficiencia parte del marco teórico de la administración de empresas aplicada a las administraciones públicas, desarrollando para el efecto unos indicadores que la miden. En este sentido, se verifican los recursos, el proceso al cual se aplican y los resultados obtenidos. Los resultados confrontados con los recursos aplicados, nos arroja el coeficiente de productividad. En cuanto a la economía, se busca determinar si con los recursos disponibles, se obtiene el máximo desempeño de la entidad y, adicionalmente, se verifica el parámetro de los costos mínimos. La equidad se refiere a la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socioeconómica de los ingresos y las inversiones aplicadas y destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad MARCO CONSTITUCIONAL DEL CONTROL FISCAL 7 En la Constitución Política de 1991 se reconoce expresamente la función de control fiscal como una actividad independiente y autónoma y diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no solo a un criterio de división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad política y jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes de la Nación, los departamentos, distritos y los municipios, cuyo manejo se encuentra a cargo de los órganos de la administración o, eventualmente, de los particulares. El control fiscal constituye una actividad de exclusiva vocación pública que tiende a asegurar los intereses generales de la comunidad, representados en la garantía del buen manejo de los bienes y recursos públicos, de manera tal que se aseguren los fines esenciales del Estado de servir a aquella y de promover la prosperidad general, cuya responsabilidad se confía a órganos específicos del Estado como son las contralorías (nacional, departamentales, municipales), aunque con la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. Pero si bien el ejercicio del control fiscal es responsabilidad de las contralorías, ello no excluye la posibilidad de que excepcionalmente la vigilancia se realice por los particulares. Otra de las grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991 es la de haber establecido la necesidad de realizar una evaluación del estado de los recursos naturales y del ambiente 8, con el propósito de incorporar al control fiscal la responsabilidad de vigilar el patrimonio natural. Pero igualmente en la Constitución se estableció la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 7 Tomado de la Sentencia C-374/95 de la Corte Constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 8 Numeral séptimo del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia. 67 1.3. MARCO LEGAL DEL CONTROL FISCAL Para que las entidades fiscalizadoras puedan ejercer su labor de control en las distintas entidades públicas deben estar auspiciadas por un marco legal que rija el control fiscal, este marco legal se describe brevemente a continuación: Ley 42 de 1993: Sobre la organización del sistema de control fiscal, financiero y los organismos que lo ejercen, la cual estipula en su artículo 4º que el control fiscal es una función pública, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Son la Constitución Política de Colombia y esta norma, las que posibilitan el control fiscal en materia ambiental. El artículo 8º, ibídem, establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad de los bienes y servicios se obtenga el menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas [...] El mismo artículo determina el deber de cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos. De igual manera, el artículo 46 de esta ley estipula el Contralor General de la República para efectos de presentar al Congreso el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente, reglamentará la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo/beneficio sobre conservación, restauración sustitución, manejo en general de los recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la Contraloría, lo que se constituye en otra obligación legal de las contralorías. Ley 610 de 2000: Esta norma, básica en el desarrollo del control fiscal establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Su principal objeto es precisamente el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal; es decir, utilizan en su labor bienes del Estado. Este resarcimiento, estipula la mencionada ley, se debe hacer mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para que esto suceda deben existir: 78 Una conducta dolosa o culposa atribuible a quien realiza la gestión fiscal. Un daño patrimonial al Estado. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. Es importante, y esto debe ser tenido en cuenta, que cuando en el avance evaluativo de la gestión ambiental se presuma que ha existido o se ha dado por acción u omisión un daño patrimonial al Estado representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos (se incluyen desde luego los ambientales) o de los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna se debe establecer su valor y tomar las medidas de orden fiscal que las leyes determinan. Cuando se asume un cargo se tienen funciones y, como tal, responsabilidades. En el caso de la gestión ambiental, esta se desarrolla debidamente cuando se manejan los recursos destinados al sector ambiental de manera eficiente, eficaz, oportuna, económica y transparente; cuando se cuidan lo bienes ambientales del área; cuando se cumplen y hacen cumplir las normas y se atienden las políticas y metas establecidas por la entidad. En caso contrario, la ley determina herramientas para actuar y el administrador puede saber a que se hace acreedor. Cuando el dolo hallado se presente por el uso indebido de recursos destinados a la gestión ambiental, debe establecerse la cuantía y, bajo las diferentes normas y resoluciones reglamentarias que las contralorías fijen, imponer las responsabilidades y sanciones fiscales del caso. Decreto 1421 de 1993: El Estatuto Orgánico de Bogotá D. C. reitera que, para en el caso de la capital colombiana, la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo corresponde a la Contraloría de Bogotá y que dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva e incluirá el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales en los términos que señala la ley. Acuerdo 24 de 2001: Con esta norma, el Concejo de Bogotá organiza la Contraloría de Bogotá D.C., determina las funciones por dependencias, fija los principios generales inherentes a su organización, funcionamiento y se dictan otras disposiciones. Es importante anotar, que dentro de la nueva estructura organizacional se autorizó la conformación numeral 11 del artículo 10 de la Dirección Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente, precisando sus funciones en el artículo 56. 89 1.4. EL CONTROL EXTERNO 9 No se concibe un Estado moderno y democrático si este adolece de órganos de control fiscal externo, no solo autónomos, orgánica y funcionalmente, sino deslastrados de las influencias político-partidistas que han mancillado en casi todos los países del mundo, la limpieza de sus actuaciones. La existencia de sólidos y eficaces órganos de control fiscal externo, es una de las características del Estado moderno y, en buena medida, la magnitud de su trabajo refleja la salud de su régimen constitucional. Los órganos de control fiscal externo son aquellos que no forman parte de la administración activa, ubicándose por fuera de ella y sin que exista ninguna especie de subordinación o dependencia. El control externo comprende la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida por los órganos competentes del control fiscal externo sobre las operaciones de las entidades sometidas a su control. De igual forma deben los órganos de control fiscal externo evaluar la eficiencia, eficacia, economía y calidad de las operaciones, con fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas aplicables, evaluando, además, el sistema de control interno y formulando las recomendaciones necesarias para mejorarlo EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO La administración pública ha sido criticada por su capacidad y honestidad en el manejo y utilización de los recursos públicos. Para contrarrestar esta situación se ha concedido un papel importante y fundamental al régimen de control fiscal y a la implementación del control interno. Las entidades están obligadas a organizar su sistema de control interno 10 con el fin de garantizar que sus procedimientos y operaciones se realicen dentro de la legalidad, ya que se trata de actos administrativos debidamente reglados y no discrecionales. Por otra parte, en cuanto al desarrollo de la gestión de las entidades públicas, el artículo 12 del decreto 2145 de 1999 asigna a la Oficina de Control Interno la función de evaluar el proceso de planeación, tomando como base los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, lo cual implica un análisis 9 Tomado del documento sobre control externo escrito por César Augusto Otero Duno, Contraloría General de Venezuela. 10 Según lo establecido en la ley 87 de10 objetivo de aquellas variables o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de las metas propuestas. En este mismo orden, el decreto 1537 de 2001 menciona los elementos técnicos y administrativos que fortalecen el sistema de control interno en las entidades y organismos del Estado para el desarrollo racional de su gestión. 2. EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL El control fiscal ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión de las entidades públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente y, a su vez, que se dé un uso racional a los recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda la comunidad. El tema ambiental, como objeto de control dentro de las distintas entidades públicas, viene siendo evaluado en términos de inversión presupuestal año tras año, dejando a un lado la evaluación de la gestión ambiental, la cual no está limitada a meros aspectos económicos, sino que permite otro tipo de evaluación enmarcada en todos los principios del control fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y economía), siendo éste el marco de referencia para la realización de auditorías integrales llevadas a cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes niveles. El CFA busca unificar los criterios de evaluación de la gestión ambiental con el fin de permitir la confrontación de cada evaluación con otras y así establecer diagnósticos históricos sobre la gestión ambiental de las entidades públicas. Con este sistema de control fiscal ambiental se abre el campo de aplicación del control fiscal y se permite que al finalizar una evaluación se obtengan resultados tanto cuantitativos como cualitativos en el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o actividades relacionados con el medio ambiente, así como su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El CFA es aplicable a todas aquellas entidades públicas, mediante las auditorías realizadas por el organismo de control competente, y su conocimiento y dominio está dirigido al personal que labora en estos organismos de control para que ejerzan una labor de control eficaz e integral. Mediante la aplicación del CFA se logran evidenciar cuáles son los principales problemas ambientales, las acciones o actividades que han realizado las entidades públicas y en qué medida estas acciones han sido eficaces, eficientes, económicas y equitativas para el medio ambiente, que son los principios fundamentales del control fiscal. 1011 Se pueden establecer como objetivos del control fiscal ambiental los siguientes: Evaluar la gestión ambiental de las entidades del Estado, fundamentados en el marco legal ambiental existente en Colombia y de acuerdo con las políticas internas de cada entidad. Implementar metodologías precisas de evaluación ambiental, tales como indicadores y valoración de los costos ambientales. Verificar el cumplimiento de normas y políticas en el desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y actividades relacionadas o no con el medio ambiente. Conocer el sistema de control interno de cada entidad, con el fin de establecer cómo es la gestión ambiental interna. Determinar los costos y beneficios sociales de los proyectos ambientales o no, ejecutados por las entidades del Estado, con el fin de determinar la efectividad de la inversión en protección, prevención, conservación, uso, manejo, mitigación, investigación, seguimiento, regulación, evaluación, contingencia, monitoreo, restauración del deterioro y protección de los recursos naturales y del ambiente. Evaluar si el gasto público ambiental se ejecutó de conformidad con los planes, programas y proyectos, en concordancia con las políticas ambientales de Colombia. Corroborar que los proyectos, obras o programas adelantados por la entidad pública no creen pasivos ambientales, ni deterioren los recursos naturales existentes. Determinar y evaluar si las entidades del Estado tienen en cuenta la participación de la comunidad en el proceso de gestión ambiental, cuando la población resulte afectada por las actividades que la entidad realiza, así como su incidencia en el proceso de toma de decisiones que puedan afectar su entorno físico. 3. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA REALIZAR EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL Para que las entidades fiscalizadoras puedan ejercer su función en control fiscal es necesario que conozcan las herramientas existentes en todo el mundo para la evaluación ambiental; de igual manera es necesario que dichas entidades sepan cómo aplicarlas, según los casos específicos de cada empresa o entidad pública del Estado. Así mismo, es primordial fundamentar el control fiscal ambiental en el marco legal sobre el cual se rija el sujeto de control y según las políticas adoptadas por Colombia en materia ambiental. También es importante referirse a metodologías 1112 tales como indicadores ambientales y de valoración de costos ambientales, para fundamentar los criterios de evaluación de los proyectos, programas y demás actividades que realicen las entidades del Estado y que afectan positiva o negativamente el medio ambiente. A continuación se describen las principales herramientas de evaluación ambiental utilizadas en el mundo, como es el caso de las normas técnicas y los tratados internacionales ratificados por Colombia, y las aplicables en el ámbito nacional, como son la legislación ambiental y la valoración de costos e indicadores ambientales, que no se han adoptado de manera eficaz en Colombia, dado que su formulación se ha realizado solo para casos muy específicos, reduciendo su campo de acción NORMAS TÉCNICAS 11 Para la realización de las auditorías, además de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, existen las normas ISO, que fueron adoptadas por el Icontec, y que son de gran importancia, ya que orientan al auditor para la evaluación y realización de la auditoría. Adicionalmente, las autoridades ambientales o sanitarias, dependiendo de su competencia, exigen el cumplimiento de la legislación vigente y se convierten en un factor coercitivo, adicional a las presiones que de por sí el mercado ha comenzado a ejercer sobre los productos que en él se comercializan. Es por esto que el hecho de implementar las normas técnicas hace que sea más confiable el producto o actividad que se encuentra certificado en una de estas normas. Existen varias normas técnicas sobre las cuales se puede guiar el sistema de control fiscal ambiental. Estas son: NTC - ISO 9000 Su objetivo es la aptitud de la organización para colocar a disposición productos de calidad que satisfagan al cliente. La norma se concentra en la satisfacción del cliente. Las partes interesadas son propietarios, empleados, proveedores y la sociedad. Organización (Proveedor) Producto ofrecido Requisitos del cliente Satisfacción del cliente 11 Bureau Veritas. Memorias curso auditor interno de calidad. Bogotá, octubre de13 Se especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización: a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar en forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. b. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente. NTC - ISO Norma internacional sobre administración ambiental, prevista para proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema efectivo de administración ambiental, que se pueda integrar con otros requisitos administrativos, para ayudarles a lograr sus metas económicas y ambientales. Esta norma no debe usarse para crear barreras arancelarias, ni para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una organización. Su objetivo es mantener la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La evolución de las inquietudes de la sociedad por la protección del medio ambiente. Organización Empresa Contaminación / impactos ambientales Sociedad y círculos interesados Se especifican los requisitos para el sistema de gestión ambiental. Aplica solo para aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente que la organización puede controlar y en los que parece posible influir. OSHAS Su objetivo es el aumento de la seguridad ocupacional y la protección de la salud de los empleados, así como la protección ambiental en la empresa vinculada con la protección ocupacional, a cargo de los empleadores. Los aspectos ambientales solo se tienen en cuenta cuando repercuten en la salud y seguridad ocupacional. Los empleados de la organización sometidos a los riegos en el puesto de trabajo. Organización Empleador Condiciones laborales Empleados Son medidas para la prevención de accidentes de trabajo y de los riesgos para la salud derivados del trabajo, incluyendo las medidas para un diseño del trabajo apropiado para los seres humanos. El empleador tiene que tomar decisiones 1314 dirigidas a la protección laboral, tomando en cuenta las condiciones que pueden afectar la seguridad y la salud de los empleados. NTC - ISO Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar la medida con la cual se cumplen los criterios de auditoría. Se orienta sobre: - Principios de auditoría. - Gestión de programas de auditoría. - Realización de auditorías de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental. - Competencia de auditores de sistemas de gestión de calidad y ambiental. - Es aplicable a toda organización que necesite realizar y gestionar auditorías de sistemas de calidad o ambiental, internas o externas. A continuación se presentan algunos conceptos que están incluidos dentro de la norma y que son de interés tanto para las entidades fiscalizadoras, como para el público en general. Criterios de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia puede ser cualitativa a cuantitativa. Hallazgo de la auditoría: Como resultados de la auditoría se pueden determinar hechos o situaciones de importancia. Indican conformidad o no conformidad con los criterios u oportunidades de mejora. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos. Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría. El cliente puede ser el auditado o cualquier otra organización que tenga derecho reglamentario o contractual para solicitar una auditoría. Auditado: Organización que es auditada. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 1415 Equipo auditor: Uno o más auditores que desarrollan una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos, si se requiere. Se nombra un líder del equipo auditor. Este puede incluir auditores en formación. Experto técnico: Persona que suministra un conocimiento específico o experiencia al equipo auditor. No actúa como auditor, el conocimiento y la experiencia se relacionan con la organización, proceso o actividad. Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Plan de la auditoría: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una auditoría. Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. Incluye descripción de las instalaciones físicas, unidades organizacionales, actividades, procesos y períodos que cobija POLÍTICAS Y DIRECTRICES EN MATERIA AMBIENTAL 12 El área del medio ambiente y el desarrollo sostenible se han convertido en unas de las más dinámicas del derecho y la política nacional e internacional. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y hoy en día es parte de un importante número de tratados, convenciones y protocolos que regulan temas tan variados como la capa de ozono, el cambio climático global, y el movimiento internacional de desechos peligrosos. Estos acuerdos tienen importantes implicaciones para el país, en términos de obligaciones y compromisos, los cuales forman parte integral de nuestro ordenamiento jurídico ambiental, en virtud de las leyes de la República que los aprueban. Sin embargo, debido a su gran número y diversidad, en ocasiones es difícil acceder a ellos u obtener los textos actualizados de los mismos. Para las entidades fiscalizadoras encargadas de velar por el cumplimiento de las funciones de todas las entidades públicas a su cargo, es muy importante conocer el marco normativo sobre el cual se rigen ambientalmente estas entidades, lo cual permite realizar de manera acertada las evaluaciones tanto para su gestión como para el control de las inversiones que se realicen en materia ambiental. Es importante para el ejercicio de un CFA (el cual se ejecuta a través de auditorías) que el ente que realice la evaluación contextualice la labor de su objeto de control en materia de políticas, normas y legislación que rigen la actividad del 12 Elaborado con base en las políticas emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y distintos documentos de ese Ministerio. 1516 auditado y que permitan demostrar si su labor es eficaz, eficiente, equitativa y económica. La mayoría de las entidades públicas ejecutan proyectos de inversión en esta materia. Unos son de carácter puramente ambiental, ya que su propósito fundamental es el mejoramiento, conservación o recuperación de recursos naturales; y otros tienen capacidad de producir impactos ambientales, pues para desarrollar su actividad se apropian de elementos del entorno, ya sea como insumos o para depositar los residuos que su actividad genera. Es por esto que Colombia, desde 1974 y mediante el Código de Recursos Naturales Renovables, exigió la formulación de declaraciones de efecto ambiental y de estudios ecológicos previos a la ejecución de proyectos. La intención de la norma era en primer lugar forzar al dueño del proyecto a planificar ambientalmente su actividad y, en segundo término, permitir la actuación del administrador de los recursos naturales renovables con el fin de mantener control sobre la intervención. Con la Constitución Política de Colombia de 1991, el país se vio abocado a unos cambios radicales en muchos frentes, entre ellos el ambiental. La Constitución se desarrolla mediante una serie de normas conexas o directas, siendo la más importante para el sector la ley 99 de 1993, piso fundamental de una nueva gestión ambiental basada en el concepto de sostenibilidad. Mediante la ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental, se generaron los mecanismos de planificación ambiental, se fortaleció el área ambiental y la reglamentó. A continuación se presenta la síntesis de políticas que actualmente forman parte importante de la reglamentación ambiental en Colombia (documentos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y que son de aplicación directa al ejercer el control fiscal ambiental, ya que proveen elementos claves de gestión en diversos niveles, los cuales están determinados por las funciones de cada entidad POLÍTICA DE POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE El Estado colombiano tiene como principal responsabilidad la orientación de los procesos sociales y económicos hacia el logro del desarrollo humano sostenible. Los dos elementos que permiten concretar este propósito nacional son la población y el medio natural, los cuales constituyen los dos principales soportes de la nación y, por supuesto, de su desarrollo. La política nacional de población y medio ambiente está orientada al cumplimiento de dos objetivos generales: 1617 Orientar los procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población garanticen la oferta sostenible de los bienes y servicios ambientales que ésta utiliza para tal fin. Propiciar el mejoramiento y sostenibilidad de las condiciones ambientales en las que se fundamentan la calidad de vida y el desarrollo de la población colombiana. En cumplimiento de estos objetivos se plantean varios ejes orientadores de la política. El desarrollo precisa de un crecimiento económico con tasas superiores al crecimiento de la población 13. Pero este crecimiento, como condición del bienestar de la población, debe darse dentro de parámetros de equidad y sostenibilidad ambiental. La inversión real, la generación de empleo, la mayor retribución del trabajo y el crecimiento del ahorro público y privado, son factores decisivos y orientadores de la política económica. De igual manera, el desarrollo no debe obtenerse en desmedro del patrimonio natural de la Nación, ni de las condiciones que garantizan el derecho que tiene la población a un ambiente sano y productivo. Una población sana y productiva, en un ambiente sano, es uno de los fines de una política de población y medio ambiente. Bajo estas consideraciones, esta política debe contribuir al conjunto de factores que inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Desde el punto de vista de las directrices de la política ambiental y en particular de la relación población-medio ambiente interesa también la prevención y mitigación de los impactos negativos sobre el entorno y sobre la población, ocasionados por el desarrollo y la ampliación de la infraestructura física-productiva (energética, portuaria, vial y de telecomunicaciones). Interesa de igual manera la distribución equitativa de los beneficios de la apertura, su retribución ambiental, la protección del sistema alimentario nacional que soporta las economías campesinas, la protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos y, en general, la conservación y regulación de los usos del patrimonio ambiental de la Nación para garantizar su sostenibilidad. La política parte de una consideración básica: el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, tiene una relación significativa con el logro del desarrollo sostenible y con sus dinámicas demográficas. Por esta razón, llama la atención sobre la necesidad de incorporar en las políticas sectoriales la dimensión ambiental. Señala, igualmente, la necesidad de atender los procesos de población que inciden sobre los 13 Se estima que la economía colombiana debe mantener un ritmo de crecimiento promedio del producto interno bruto cercano al 6% anual. 1718 ecosistemas estratégicos, en especial, de aquellos que son relevantes por el papel que juegan en los servicios ambientales o por la riqueza y complejidad de su biodiversidad. Reconoce también la continuidad y la relación de interdependencia existente entre la población dispersa en los campos colombianos y los núcleos aglutinantes de población alrededor de los cuales se estructura la ruralidad. Esta consideración de política implica que deban ser simultáneamente consideradas las acciones en el ámbito rural y en los núcleos urbanos de influencia. Finalmente, con base en un análisis integrado de los procesos ambientales y poblacionales, nacionales y regionales, plantea la necesidad de crear las condiciones para que los procesos de ordenamiento territorial y ambiental del territorio nacional sean definidos a partir de tres ejes básicos: las necesidades y potencialidades de la población, las potencialidades de los suelos y ecosistemas en un contexto de avance tecnológico y la obligación que tiene el conjunto de la población de preservar y proteger su medio ambiente POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Es posible que debido a las características cambiantes del medio ambiente y a la turbulencia de la sociedad colombiana, y por el hecho mismo de que el desarrollo sostenible no es un producto estático sino un proceso dinámico, nunca llegue a existir una versión final de la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental. Por el contrario, la política se concibe más como un proceso en construcción permanente, que depende del contenido vital que logren otorgarle en la práctica los distintos actores sociales, tanto pertenecientes al Estado como a la sociedad civil en su heterogeneidad. De lo que sí estamos seguros es de que sin una verdadera y eficaz participación ciudadana en la gestión ambiental no puede existir desarrollo sostenible y de que en Colombia no podrá existir paz mientras no exista sostenibilidad, al igual que no podrá existir desarrollo sostenible si no hay paz. Los objetivos planteados por la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental son los siguientes: Garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y responsable de la ciudadanía en la preservación de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes ambientales y, en general, en la gestión ambiental, que cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo sostenible y que contribuya a 1819 generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera cada vez más capacidad de incidencia en el acto de gobernar. Establecer directrices conceptuales y operativas para la interpretación y aplicación del concepto de participación ciudadana por parte de las instituciones públicas que forman parte del Sina (Sistema Nacional Ambiental), y generar condiciones objetivas y subjetivas que permitan la aplicación en la práctica de esas directrices. Los principios básicos de la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental se podrían resumir en los siguientes puntos: La gestión ambiental debe tener carácter transversal, trans-sectorial, interdisciplinario y multidimensional. La participación en la gestión ambiental, en consecuencia, debe ejercerse con una visión global y holística del medio ambiente y de la sociedad. La sostenibilidad constituye el orientador final y la medida de eficacia de la gestión y en consecuencia de la participación. La participación debe medirse en función de si contribuye o no a la sostenibilidad. La participación constituye un requisito sin el cual no es posible alcanzar la sostenibilidad y es un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirles a los actores acopiar y procesar la información necesaria y convertirla en decisiones concretas dentro de procesos determinados. Sin información de calidad no puede haber participación eficaz. La participación en la gestión ambiental debe contribuir a la construcción de una cultura participativa por parte de un número cada vez más amplio de actores sociales y a generar las condiciones que posibiliten la paz en Colombia. La acción del Estado, a través del Sina, irá encaminada a posibilitar la participación, en términos de equidad, de los distintos actores que concurren a los espacios de diálogo y de concertación y que ejercen o pretenden ejercer ciudadanía, en cualquiera de los escenarios en los cuales se debe materializar el concepto de desarrollo sostenible. El reconocimiento de la biodiversidad del ambiente y del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana y el reconocimiento de la confluencia en el espacio y en el tiempo de múltiples y diversos actores, conflictos y realidades sociales. El reconocimiento y respeto al peso que tienen y deben tener las instancias y actores regionales y locales en la gestión ambiental. La participación ciudadana deberá formar parte de los planes de gestión ambiental de regiones y ecosistemas transfronterizos. Las políticas estatales sobre participación ciudadana, sobre educación ambiental y sobre población, deberán desarrollarse de manera trenzada y coherente, en función del objetivo último de hacer de Colombia una sociedad sostenible en donde la vida con calidad sea posible para todos los habitantes. 1920 La necesidad de garantizar la participación de la naturaleza en las decisiones que la afectan POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Se entiende que la política ambiental en su conjunto es educativa; que el cambio cultural debe ser un compromiso colectivo en donde cada ciudadano asuma su papel social con una mentalidad solidaria y cooperativa. En este sentido, la educación ambiental se orienta hacia la producción de cambios sustanciales en las maneras de pensar y actuar, no solo en relación con el medio sino también, y principalmente, en nuestras relaciones con el otro. La educación ambiental debe facilitar la comprensión de los grandes problemas del deterioro socioambiental, que sensibilice y comprometa a los colombianos en la urgencia de participar activamente en la formación del país que deseamos. La educación ambiental debe estar orientada hacia la creación de espacios de intercambio y comunicación en los cuales el ciudadano tendría la oportunidad de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. En este sentido, animar procesos de participación que conduzcan a la concertación de la voluntad general, sería una de las metas de la educación ambiental. Es por ello que se han propuesto los siguientes objetivos para la política nacional de educación ambiental: Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto en educación formal, como no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la educación ambiental, hacia horizontes de construcción de región y de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. En este contexto, aportar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social y que, por supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural para avanzar hacia la cualificación de las interacciones sociedad-naturaleza-cultura y la transformación adecuada de nuestras realidades ambientales. Formular estrategias que permitan incorporar la educación ambiental como eje transversal en los planes, programas, proyectos y otros, que se generen en el sector ambiental y en el sector educativo y, en general, en la dinámica del Sina, desde el punto de vista no solo conceptual (visión sistémica del ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática particular. Esto por 20 Mostrar más
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