Source: http://www.atib.es/normas/3.03.19.htm
Timestamp: 2018-11-14 22:28:28+00:00

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Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas (B
Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas (B.O.E. nº 282 de 25 de noviembre)
Los tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas, previstos en el artículo 157.1.a) de la Constitución y cuyo régimen general se contiene en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), se han caracterizado tradicionalmente, en lo que aquí interesa, en función de las dos notas siguientes: en primer lugar, se trata de tributos cuyo rendimiento corresponde a la Comunidad Autónoma en la que el mismo se produce; en segundo lugar, se trata de tributos cuya exacción, esto es, cuya gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, corresponde, por delegación del Estado, a la respectiva Comunidad Autónoma.
En la disposición adicional primera se recoge la tradicional cláusula de salvaguarda de los regímenes fiscales especiales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, cláusula ésta que en el presente caso tiene una función adicional cual es la de remitir la resolución de los conflictos que se susciten con el País Vasco y Navarra a la Junta Arbitral prevista en el concierto económico y en el convenio económico, respectivamente.
En cuanto a la disposición adicional segunda, la misma contiene una equiparación referencial de las Ciudades de Ceuta y Melilla a las Comunidades Autónomas, pues conforme a lo prevenido en los Estatutos de Autonomía de dichas ciudades, éstas podrán disponer en el futuro de tributos cedidos por el Estado como recursos de sus respectivas Haciendas.
En consecuencia con tal derogación, la disposición transitoria única del propio Real Decreto establece que si a la fecha de entrada en vigor de la misma estuviesen pendientes de resolución conflictos planteados ante la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, ésta remitirá los expedientes respectivos a la Junta Arbitral a fin de su resolución por la misma. Es cierto que se está ante un precepto excepcional respecto de los principios que informan el derecho procesal general en esta materia, si bien, no es menos cierto, que en el presente caso el criterio por el que opta el Real Decreto está plenamente justificado, pues la ubicación en sede de la Junta Arbitral de los conflictos pendientes de resolución ofrece mayores garantías jurídicas tanto a las partes como a los interesados en los mismos.
En su virtud, al amparo de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, de modificación parcial de la citada Ley Orgánica 8/1980, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1998, dispongo:
Las referencias a las Comunidades Autónomas contenidas en el presente Real Decreto y en el Reglamento incluido en su anexo serán de aplicación a las Ciudades de Ceuta y Melilla en relación con lo previsto en los artículos 36.9.ª de las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, de Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, respectivamente.
Si a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto estuvieran pendientes de resolución conflictos planteados ante la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, al amparo de los artículos 73.2.b) del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 106.3.b) del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el órgano directivo de referencia remitirá los expedientes respectivos a la Junta Arbitral a fin de que sean resueltos por ésta conforme al Reglamento incluido en el anexo del presente Real Decreto. Tal remisión será notificada por la mencionada Dirección General a las Administraciones tributarias en conflicto, así como a los interesados en el mismo.
2. Los Vocales de la Junta Arbitral en representación de la Administración del Estado serán nombrados por el Ministro de Economía y Hacienda. Actuará como Secretario de la Junta aquel de sus Vocales que determine el Ministro de Economía y Hacienda. [1]
En todo lo referente a las convocatorias, sesiones, adopción de acuerdos y régimen de funcionamiento de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento-Administrativo Común, sin perjuicio de las particularidades que puedan resultar del capítulo IV del presente Reglamento.
b) Cuando, por aplicación de las normas reguladores de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual está ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administración tributaria de una Comunidad Autónoma.
a) Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en la Administración Tributaria de otra Comunidad Autónoma o del Estado, o respecto del cual cualesquiera de éstas se hayan dirigido a aquél para su declaración o ingreso.
b) Cuando, por aplicación de las normas reguladores de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual está ejerciendo o haya ejercicio dichas funciones la Administración Tributaria de cualquier otra Comunidad Autónoma o del Estado.
Durante ese período el Presidente de la Junta Arbitral podrá recabar de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y demás órganos administrativos competentes por razón de la materia, así como de los interesados en el conflicto, cuantos antecedentes, informes y documentos estime necesarios en orden a la adecuada instrucción del expediente.
Asimismo, y con idéntica finalidad, podrá solicitar la práctica de cuantas pruebas considere oportunas.
b) Formular observaciones a la propuesta de resolución elaborada por el Presidente de la Junta Arbitral. En este caso las observaciones que impliquen modificación del contenido de dicha propuesta de resolución deberán ser sometidas a votación.
[1] Orden del Ministerio de Hacienda de 1 de diciembre de 2000 (B.O.E. nº 295 de 9 de diciembre)

References: resolución 

Real Decreto 
 resolución 
 artículo 157
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución