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Timestamp: 2020-07-13 03:08:00+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 574, de 22/06/2007
162/000609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de aumentar el presupuesto destinado a la dependencia para el año 2007... (Página 3)
162/000610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la intensificación de la liberalización del mercado energético, la mejora de la competencia en el sector y la moderación del incremento de tarifas energéticas... (Página 4)
162/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación y devolución a sus legítimos dueños de los tesoros extraídos del fondo del mar en las costas del sur de España... (Página 5)
161/002337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación fiscal del personal laboral contratado localmente por la Embajada de España en Estados Unidos, que presta sus servicios en las oficinas de la Administración española en aquel país... (Página 5)
161/002339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las previsiones del Gobierno para incrementar, en esta legislatura, la dotación económica asignada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de manera que permita reducir el calendario de aplicación progresiva de la Ley y, por tanto, agilizar la incorporación del máximo número de beneficiarios... (Página 6)
161/002336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de Bolonia y su afección en las Administraciones Públicas... (Página 7)
161/002338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación y devolución a sus legítimos dueños de los tesoros extraídos del fondo del mar en las costas del sur de España... (Página 8)
161/002335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per CataIunya Verds, sobre la normativa que regula los procedimientos de eliminación de desechos bélicos por parte del Ejército español... (Página 8)
181/003421 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre previsiones acerca de la implantación del DNI electrónico en la Comunitat Valenciana... (Página 9)
181/003422 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre medidas para garantizar la seguridad durante la celebración de la Copa de América... (Página 9)
181/003419 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre explicación de la Ministra de Cultura a su prolongada negligencia en vigilar las actividades de exploración y extracción de nuestro patrimonio subacuático... (Página 10)
181/003420 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS), Julián Simón de la Torre (GS) y María del Mar Arnaiz García (GS), sobre explicación de los datos, informes y estudios, que avalen o rechacen la autenticidad de la espada conocida como "Tizona" del Cid adquirida por la Junta de Castilla y León y un grupo de empresarios por 1,6 millones de euros... (Página 10)
181/003418 Pregunta formulada por el Diputado don María Jesús Sainz García (GP), sobre razón por la que la base de la Unidad Militar de Emergencias (UME), prevista en Galicia, se ubica en León... (Página 10)
420/000088 Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el envío y participación, dentro de la misión Isaf-Afganistán, de dos equipos de instructores de las Fuerzas Armadas españolas para el adiestramiento de efectivos de las Fuerzas Armadas de Afganistán (OMLTs)... (Página 10)
162/000609
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley con el fin de aumentar el presupuesto destinado a la dependencia para este año, para su debate en Pleno.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia se aprobó el 30 de noviembre de 2006 en el pleno del Congreso de los Diputados. Este texto contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular que introdujo 63 enmiendas que mejoraban sustancialmente el texto.
Sin embargo, otras cuestiones de relevante importancia quedaron fuera de la ley, como fueron: la atención sociosanitaria, la gratuidad de los grandes dependientes, el fondo de cohesión territorial, garantizar el acceso a un mínimo común para todo el territorio nacional, etc.
La ley se publicó en el BOE el 15 de diciembre, entrando en vigor al día siguiente. La Ley establecía en su disposición adicional primera que el 1 de enero de 2007 las personas con gran dependencia podrían disfrutar de sus nuevos derechos.
Sin embargo, han pasado ya casi cinco meses y las personas con "gran dependencia" no pueden exigir las prestaciones y servicios que establece el catálogo de la ley.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La financiación anunciada por el Ministerio de Trabajo para este año es de de 1014 euros mensuales por cada gran dependiente, destinando el Gobierno 507 euros mensuales y la misma cantidad las Comunidades Autónomas.
Esta cantidad ha sido desmentida por la realidad ya que un sencillo cálculo indica que los 220 millones de euros aprobados por el Gobierno para el nivel acordado, dividido entre los doscientos mil grades dependientes, supone tan sólo 91.6 euros al mes por cada gran dependiente y no 507 euros al mes como falsamente se ha afirmado con reiteración.
Esta financiación es claramente insuficiente cuando el coste medio de un centro residencial para una persona gran dependiente es de 2.100 euros.
La partida presupuestaria destinada por el Estado para las personas dependientes en el 2007 ha sido de 400 millones de euros, una cuantía muy lejana de los 1.000 millones de euros de fondo inicial comprometidos por el PSOE en su programa electoral.
Otro aspecto que ha quedado sin regular por Real Decreto ha sido la intensidad de las prestaciones y servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, así como el copago por parte del usuario.
1. Que se cumpla íntegramente la disposición adicional primera de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia con el fin de que las personas con gran dependencia puedan disfrutar de los derechos establecidos en la ley.
2. Ampliar a 1.000 millones de euros el presupuesto destinado a atender a las personas con gran dependencia en el 2007.
3. Aprobar con urgencia los reales decretos que regulen la intensidad de protección de las prestaciones y servicios, así como la cuantía de las prestaciones económicas, según lo establecido en la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
4. Garantizar el acceso a un mínimo común para todo el territorio nacional. Que existan servicios y prestaciones comunes al que . todo el mundo pueda tener acceso (plaza residencial, horas de atención a domicilio...), un mínimo independientemente de la comunidad en la que viva.
5. Regular el mínimo exento de copago, así como la aportación que deberá hacer el usuario en función de su renta sin que se tenga en cuenta la vivienda habitual como parte del patrimonio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000610
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley relativa a la intensificación de la liberalización del mercado energético, la mejora de la competencia en el sector, y la moderación del incremento de tarifas energéticas, para su debate en Pleno.
El sector energético de un país es de vital importancia para todos los ciudadanos y para la competitividad del conjunto de la economía. Por esta razón es necesaria una regulación que garanticé una estabilidad normativa y unos precios estables.
Desde 2004, nuestro país asiste a una situación de incertidumbre regulátoria, intervencionismo en el sector y a un alza sostenida de los precios de la electricidad que pagan todos los españoles, al final, quienes sufren la falta de una política energética.
El pasado mes de diciembre de 2006, el Ministro de Industria, Joan Clos, así como la propia Vicepresidenta del Gobierno se comprometieron a que las tarifas eléctricas no se incrementarían por encima del 1PC en 2007.
La realidad es. que, en lo que llevamos de año, el Gobierno ha aumentado el precio de la electricidad por encima del IPC perjudicando con ello a todos los consumidores.
En lo que va de año el índice de Precios al Consumo se ha incrementado un 1,8%, mientras que la tarifa eléctrica ha aumentado un 4,61% tras las dos primeras subidas, que por cierto, según ha anunciado el gobierno, no serán las últimas.
El sector energético español ha disfrutado de un período de tranquilidad en los últimos años, desde la reforma acometidá por el anterior gobierno, que. se ha visto reflejada en una mejora del suministro en términos de calidad, cantidad y de precio.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos gustaría recordar que la electricidad es un bien que consumen todas las familias y empresas y que por tanto este sector debe ser regulado de forma que se garantice una estabilidad de precios. Como recordatorio, cabe señalar que durante las dos pasadas legislaturas, los precios al consumo de la energía se vieron reducidos sustancialmente y, de hecho, el precio medio Kw hora se redujo de media entorno al 15% entre 1996 y 2004.
Esta política de disminución de precios obedecía a un mercado liberalizado y a un incremento de la competencia. Durante estos añós, nuestra economía creció muy por encima de la media europea y los precios de la luz eran un factor de competitividad de la misma.
Desde 2004 los precios de la electricidad se han visto incrementados de forma notable y por encima del coste de la vida. Siendo la última subida anunciada en junio, una de las más altas en términos comparativos con las anteriores. Todo ello cuando, paradójicamente, los continuos aumentos del precio de la electricidad supuestamente debidos a los precios del combustible. se han visto acompañados de resultados récord por parte de las empresas eléctricas
El Grupo Parlamentario Popular consideró que era necesario un pacto de Estado que buscara configurar un sector energético a largo plazo, fuera de toda intervención política y que se avance en las directrices señaladas por la unión Europea para incrementar la competencia y abrir los mercados de forma que se beneficie al consumidor. Este pacto de Estado fue rechazado y nos encontramos ahora con la dura realidad de que el Gobierno sigue regulando para las empresas y no para los ciudadanos que sufren la subida de la luz.
En consecuencia, visto el incumplimiento del compromiso público dado por el Gobierno para no incrementar las tarifas por encima del IPC, y ante la incapacidad de planificación energética por parte del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con el compromiso adquirido de no aumentar las tarifas eléctricas por encima del 1PC y a seguir las indicaciones europeas para liberalizar el sector, abrirlo a la competencia y garantizar une mayor competencia que beneficie al consumidor"
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000611
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y devolución a sus legítimos dueños de los tesoros extraídos del fondo del mar en las costas del sur de España, para su debate en el Pleno de la Cámara.
El pasado 18 de mayo, los buques Odyssey Explorer y Ocean Alert, propiedad de la empresa de exploración marina, Odyssey, anunció el hallazgo de 17 toneladas de monedas de oro y plata en un barco hundido en un lugar no precisado por parte de dicha empresa aunque las autoridades españolas aseguran que se trataba de aguas jurisdiccionales españolas.
El Gobierno, ya que no lo hizo con carácter preventivo, debe mantener los mecanismos de que dispone alerta para evitar que lo hallado por Odyssey no acabe en manos privadas.
Este suceso ha puesto de manifiesto la existencia de más de 3.000 barcos hundidos en aguas jurisdiccionales españolas cuyas bodegas contienen importantes cantidades de oro y de plata y restos arqueológicos de incalculable valor económico e histórico. La organización no gubernamental Ecologistas en
Acción asegura que se puede estar hablando de 600 toneladas de oro y 12.000 de plata, cuyo valor se aproximaría a los 100.000 millones de euros.
Estos tesoros marinos proceden del pillaje al que, entre otros países, sometió España a América latina durante siglos. Durante este período, bibliotecas, archivos, ediciones únicas, piezas de arte prehispánico o colonial y de la etapa modernista y surrealista fueron arrasadas, olvidadas o expoliadas.
El Estado español tiene una responsabilidad y debe reparar, en la medida de lo posible, las trágicas consecuencias que para América Latina supuso el "descubrimiento" por parte de Cristóbal Colón, quien actuaba en nombre de los Reyes Católicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
1. Adoptar las medidas necesarias para proceder a la búsqueda, recuperación y catalogación de los restos arqueológicos que se encuentran en aguas jurisdiccionales españolas.
2. Los restos que se consideren de mayor interés arqueológico podrán ser depositados en museos españoles, tanto los dependientes de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas.
3. Destinar los beneficios económicos que se logren de la recuperación de dichos restos a proyectos de ayuda al desarrollo entre las comunidades indígenas de América Latina, sus legítimos propietarios.
4. Instar al ministerio fiscal a impulsar todas las medidas legales pertinentes, tanto en tribunales españoles como internacionales, para evitar que la empresa Odyssey se apropie de los restos hallados en aguas españolas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2007.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002337
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la situación fiscal del personal laboral contratado localmente por la Embajada de España en Estados Unidos, que presta sus servicios en las oficinas de la Administración Española en aquel país, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El pasado mes de marzo, el Personal contratado laboral de la Administración española en Estados Unidos, remitió una carta al Embajador de España en aquel país, a fin de que se iniciasen las gestiones pertinentes para afrontar un grave problema planteado por el fisco norteamericano (IRS), según el cual, todo el personal citado debía regularizar su situación fiscal a partir del 20 de febrero de 2007 con efecto retroactivo desde el año 2003.
El marco jurídico más apropiado y conveniente para tratar con toda urgencia la exención de impuestos en los EEUU al personal contratado laboral es el "Acuerdo Consular España-EEUU" de 1902 que en su artículo 28 establece la "cláusula de nación más favorecida"; según la cual, los EEUU estarían en la obligación de conceder al personal de las oficinas consulares españolas el mismo trato de exención de impuestos, que el concedido al personal consular dependiente de la Administración británica, en virtud del "Tratado entre EEUU y el Reino Unido" de 1951.
Teniendo en cuenta que la administración norteamericana ha puesto un plazo límite, el 30 de junio, para que nuestro personal contratado regularice su situación fiscal, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados. insta al Gobierno a que de manera muy urgente y a través de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establezca la decisión necesaria a fin de que la Embajada de España en Estados Unidos pueda conseguir mediante un "procedimiento de negociación amistoso" con la Hacienda Norteamericana, la exención de impuestos al personal contratado laboral por la Administración Española en aquel país, aplicando la "cláusula de nación más favorecida", según lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo Consular España-EEUU de 1902."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2007.-Santiago Lanzuela Marina, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/002339
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las previsiones del Gobierno para incrementar, en este legislatura, la dotación económica asignada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de manera que permita reducir el calendario de aplicación progresiva de la ley y, por tanto, agilizar la incorporación del máximo número de beneficiarios, para su debate en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Si algo identifica el giro social que el Parlamento comprometió en la presente legislatura es la conquista de un derecho universal y subjetivo de ciudadanía inscrito en la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia. Esta Ley garantiza el carácter universal y público de las prestaciones; el acceso a éstas en condiciones de igualdad y no discriminación; y la participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
Los cambios demográficos y sociales están produciendo en nuestro país un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, que según algunos estudios podría alcanzar ya el 9% del conjunto de la población. Por ello, la atención a la dependencia se ha convertido, en los últimos años, en uno de los retos más decisivos de los modernos sistemas públicos de protección social.
De otra parte, el Gobierno vaticina al menos dos años más de bonanza económica, con el consiguiente saneamiento y consolidación de las finanzas públicas y, por tanto, la Administración General del Estado dispondrá de la capacidad económica suficiente para hacer frente a los retos sociales que esta realidad nos demanda.
Ante estas perspectivas, las inversiones asignadas por el Estado a la aplicación de la ley de Dependencia podrían alcanzar este año una previsión de 450 millones e incluso podrían doblarse en el próximo ejercicio 2008 y en años sucesivos.
1. Reducir los plazos de implantación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y potenciar un mayor impulso y compromiso económico por parte del Gobierno para su mejora sustancial.
2. Elevar las cuantías de prestación propuestas por el Gobierno para el año 2007 correspondientes al Grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, así como la cuantía en concepto de asistencia personal y la cuantía de los cuidadores informales.
3. Acelerar la aprobación de los decretos pendientes y agilizar todo el proceso de ejecución de la ley para
las Comunidades Autónomas y Ayuntamiento puedan iniciar su desarrollo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2007.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002336
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de ley, relativa al proceso de Bolonia y su afección én las Administraciones Públicas, para su debate en Comisión.
Con la Declaración de la Sorbona, en el mes de mayo del año 1988, se inició un proceso para promover la convergencia de los sistemas educativos superiores en Europa como "medio para fomentar la movilidad y la empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo global de nuestro continente", acuerdo que fue refrendado por 29 Estados mediante la firma de la Declaración de Bolonia en el mes de junio del año 1999, con el "fin de consolidar el espacio europeo de la enseñanza superior" en un horizonte temporal fijado, inicialmente, para el año 2010.
La firma de esta declaración por parte del gobierno español supuso la adopción de una serie de compromisos que varían, desde la adopción de un sistema de títulos comprensibles y comparables, basado esencialmente en dos ciclos principales, hasta la adopción de un sistema de calificaciones que permitan una fácil conversión, la promoción de la movilidad y la cooperación Europea en el aseguramiento de la calidad, entre otras materias.
La Conferencia de Berlín celebrada en septiembre de 1993, además de incorporar a nuevos países europeos, hasta alcanzar la cifra de cuarenta los integrantes del proceso de Bolonia, sirvió para marcar nuevos objetivos referidos a los sistemas de garantía de calidad, estructura de los estudios de grado y postgrado, reconocimiento de títulos y periodos de estudio.
Con la finalidad de desarrollar criterios y metodologías uniformes sobre la acreditación en los diferentes paises y su reconocimiento por el resto, en noviembre de 1993, se creó el Consorcio Europeo de Acreditación; consorcio de agencias que pretende avanzar en la acreditación como instrumento eficaz en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
La Comisión creada por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas para el estudió y preparación del Estatuto Básico del Empleado Publico en septiembre de 2004, al referirse en su informe a la "clasificación de los funcionarios por niveles de titulación académica", si bien propuso mantener la clasificación de los grupos de funcionarios públicos en función de los niveles de titulación académica, entre sus recomendaciones, también hacía referencia a la necesidad de adecuarlos a la estructura actual y prevista en el sistema educativo, y apuntaba la oportunidad de reconsiderar el número de grupos en función de las titulaciones de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato o equivalente y titulaciones universitarias; del mismo modo, planteaba su extensión al personal laboral.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, según revela su exposición. de motivos, incorporó una nueva clasificación profesional para el acceso a la función pública, sobre la base de "la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo" y el "proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios"; prevé también la integración de los actuales Grupos de clasificación de los funcionarios en los nuevos que han quedado definidos por la Ley.
Qué duda cabe que la nueva estructuración de los estudios universitarios, los estudios oficiales de grados y postgrado, la homologación de títulos extranjeros de educación superior y las previsiones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público tendrán una afección directa, no solamente con las personas que vayan a acceder por primera vez a la función pública, sino también, para aquellas otras que estando ya incorporadas en sus puestos de trabajo, en su condición de funcionarios o personal laboral, estén inmersas, o puedan estarlo en un futuro, en procesos de promoción interna de carácter general o, en su caso, de adaptación a los nuevos Cuerpos y Escalas que pudieran dimanar de los nuevos Grupos de clasificación para el acceso a la función pública.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses elabore un estudio sobre las consecuencias que tendrá para el conjunto de las Administraciones Públicas la adaptación española al proceso de Bolonia y, previa negociación con ellas y con los agentes sociales, presente una propuesta normativa que recoja y regule los diferentes aspectos que les puedan afectar; entre otros, a los puestos de trabajo de las Administraciones, clasificación de los Cuerpos y Escalas Públicas contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público y su entrada en vigor, retribuciones, provisión de puestos de trabajo y a la promoción
profesional de funcionarios y personal laboral. Todo ello teniendo en cuenta el acervo de organización . de nuestra Administración Pública, en tanto sea conciliable con las medidas que hayan de adoptarse."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y devolución a sus legítimos dueños de los tesoros extraídos del fondo del mar en las costas del sur de España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Este suceso ha puesto de manifiesto la existencia de más de 3.000 barcos hundidos en aguas jurisdiccionales españolas cuyas bodegas contienen importantes cantidades de oro y de plata y restos arqueológicos de incalculable valor económico e histórico. La organización no gubernamental Ecologistas en Acción asegura que se puede estar hablando de 600 toneladas de oro y 12.000 de plata, cuyo valor se aproximaría a los 100.000 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la normativa que regula los procedimientos de eliminación de desechos bélicos por parte del Ejército español, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
El pasado jueves 31 de mayo, dos trabajadores resultaron heridos de distinta consideración al producirse una explosión en uno de los hornos de fundición de la empresa "Montalbán Teruel Refinería de Aluminio S.L.", ubicada en el polígono Cuencas Mineras del municipio turolense de Montalbán, siendo la causa que entre la chatarra empleada en la fundición para obtener lingotes de aluminio, había material militar de desecho consistente, parece ser, en proyectiles de mortero.
Tras la inspección realizada en la mañana siguiente, la Guardia Civil junto a la Inspección de Trabajo y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, ordenaron inmovilizar el lote de chatarra donde aparecieron los restos de explosivos, y equipos de los Técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Guardia Civil procedieron a inspeccionar ese lote de chatarra, donde luego encontraron más explosivos. Según fuentes de CCOO, se trataría de algo más de 50 obuses que fueron depositados luego en un contenedor que se mantiene precintado en la fundición.
En un primer momento se descartó que se tratase de material bélico de desecho del Ejército español, puesto que se aseguró que antes de convertirlo en chatarra, éste desmonta los explosivos e incluso rompe las carcasas de las bombas.
Desde CCOO se considera que este accidente se ha producido por el manejo descuidado e imprudente de material bélico, y que las consecuencias podrían haber sido todavía peores. Se cuestionan, también, los procedimientos de eliminación de desechos bélicos, porque en este caso ni los explosivos habían sido desmontados, ni las carcasas rotas, y muestran preocupación sobre posibles nuevos episodios en otras fundiciones y chatarrerías, de repertirse imprudencias como ésta.
La Guardia Civil, el juzgado de instrucción de Calamocha y la Inspección de Trabajo están investigando lo sucedido, y recientes averiguaciones parecen indicar que la chatarra militar procede de la empresa Hierros y Metales Ferrer, S.A., localizada en Catarroja (Valencia), si bien los desechos militares tienen su origen en Canarias (son de fabricación española). Desde la citada empresa se explica que estos desechos los adquirieron a otro chatarrero que, a su vez, los habría comprado directamente al Ejército, opinando que este material "no debería haber salido del Ejército en ningún momento", porque los desechos bélicos no pueden comercializarse como chatarra.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a extremar el cumplimiento de la normativa que regula los procedimientos de eliminación de desechos bélicos por parte del Ejército español, al objeto de evitar posibles nuevos episodios como el sucedido recientemente en Montalbán (Teruel)".
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2007.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
181/003421
¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la implantación del DNI electrónico en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2007.-Carlos González Serna, Diputado.
181/003422
¿Qué medidas ha impulsado el Gobierno para garantizar la seguridad durante la celebración de la Copa de América?
181/003419
Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza.
¿Qué explicación puede dar la Ministra sobre su prolongada, durante meses, negligencia en vigilar las actividades de exploración y extracción de nuestro patrimonio subacuático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2007.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.
181/003420
Diputados don Mario Bedera Bravo, don Julián Simón de la Torre y doña María del Mar Arnaiz García.
Explicación por parte del Ministerio de Cultura de los datos, informes y estudios, tanto históricos como técnicos, que avalen o rechacen la autenticidad de la espada conocida como "Tizona" del Cid y que ha sido adquirida por la Junta de Castilla y León y un grupo de empresarios por 1,6 millones de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2007.-Mario Bedera Bravo, Julián Simón de la Torre y María del Mar Arnaiz García, Diputados.
181/003418
¿Cuál es la razón por la que la base de la Unidad Militar de Emergencias (UME), prevista en Galicia, se ubica en León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2007.-María Jesús Sainz García, Diputada.
420/000088
(420) Otros expedientes
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el envío y participación, dentro de la misión Isaf-Afganistán, de dos equipos de instructores de las Fuerzas Armadas españolas para el adiestramiento de efectivos de las Fuerzas Armadas de Afganistán (OMLTs).
En ejercicio de las competencias que el artículo 31.1.4.º y 5.º del Reglamento confiere a la Mesa, y ante la ausencia de previsión reglamentaria, someter a la deliberación de la Comisión de Defensa a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, entendiendo que la comparecencia solicitada por el Gobierno mediante escrito número de registro 190425 sería la comparecencia para informar sobre la presente solicitud de autorización, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Gobierno.
Tengo el honor de solicitar en nombre del Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.1, de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, la autorización del Congreso de los Diputados para el envío y participación, dentro de la misión Isaf-Afganistán, de dos equipos de instructores de las Fuerzas Armadas Españolas para el adiestramiento de efectivos de las Fuerzas Armadas de Afganistán (OMLT's), en los términos que se detallan en el documento que se adjunta.
Asimismo, tengo el honor de solicitar que dicha autorización se otorgue, si así lo estima la Cámara, en la sesión de la Comisión de Defensa en que el Ministro de Defensa comparecerá para informar sobre este envío, y que fue solicitada por el Gobierno el pasado 12 de junio.
Madrid, 15 de junio de 2007.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño Domínguez.
ENVÍO Y PARTICIPACIÓN, DENTRO DE LA MISIÓN ISAF-AFGANISTÁN, DE DOS EQUIPOS DE INSTRUCTORES PARA EL ADIESTRAMIENTO DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE AFGANISTÁN (OMTL'S)
La naturaleza de la misión ISAF en Afganistán está definida por Naciones Unidas en la Resolución 1510 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 13 de octubre de 2003 "para el mantenimiento de la seguridad, para que las autoridades afganas y el personal de las Naciones Unidas y otro personal civil internacional dedicado en particular a operaciones humanitarias y de reconstrucción, pueda actuar en un entorno seguro".
España participa actualmente en la misión ISAF, al amparo de la Resolución de NNUU 1.510 y con la Autorización del Pleno del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 2006.
Lidera una Base de Apoyo Avanzada en Herat, con una unidad de helicópteros y un hospital. Presta seguridad a cuatro Equipos Provinciales de Reconstrucción de la región.
Tiene un Equipo de Reconstrucción Provincial desplegado en Qala i Naw. Da seguridad a los proyectos actualmente en curso liderados por la Agencia Española de Cooperación Internacional. También se canaliza la ayuda humanitaria.
En el marco de la misión ISAF, la instrucción del Ejército afgano es uno de los pilares clave de la Reforma del Sector de Seguridad (SSR, en sus siglas en inglés). Actualmente se ha iniciado el proceso de ir introduciendo los Equipos Operativos, de Asesoramiento y Enlace (OMLT's), bajo el control de ISAF.
España se comprometió, en la reunión de Ministros de Defensa de Sevilla celebrada el pasado mes de enero a impulsar esta iniciativa aportando el personal necesario para constituir dos OMLT's.
La formación del Ejército Nacional Afgano será un paso decisivo para que los propios afganos se hagan cargo de su seguridad y por tanto puedan extender la autoridad de su Gobierno.

References: artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 193
 artículo 31
 artículo 17
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución