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Timestamp: 2018-06-25 02:34:24+00:00

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Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la corte Interamericana de derecho humanos - Ilustrados!
Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la corte Interamericana de derecho humanos
Resumen: El día 5 de marzo de 1995, el señor Genero Rincón Miesse, se presentó a la Oficina del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá, para registrar a veinte niños, incluyendo a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, presentando como documentos según declaraciones del él la cédula de identidad y electoral de la madre de Yean y la constancia de nacimiento del hospital de Sabana Grande de Boyá, y en caso de Violeta Bosico, la cédula de la madre y la constancia de nacimiento expedida por el Alcalde Pédaneo de Sabana Grande de Boya.
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Autor: Francisco Suazo Rosario
Un análisis académico
El 8 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia respecto al caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. A la luz de esta sentencia y las lecturas abordadas en clase, desarrolle este temario:
1.	¿Cuáles son los derechos fundamentales violados a las niñas según los denunciantes? ¿Por qué no se han violado según el estado Dominicano? ¿Por qué si se han violado de acuerdo a la Corte? ¿Cuáles son los textos de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) invocados?
2.	¿Cómo se concibe el derecho a la nacionalidad en la sentencia de la Corte? ¿Puede ser limitada la nacionalidad ius solis por medio de la ley como se pretende en la nueva Ley de Inmigración al definirse el concepto de persona en tránsito? ¿Qué opina la doctrina dominicana más reciente más reciente sobre el tema?
3.	¿Qué reflexiones provoca esta sentencia respecto a la teoría de las fuentes del Derecho? ¿Es evidente de que emerge un “constitucionalismo global o mundial? ¿Qué rango ocupa la CADH en nuestro sistema de fuentes? ¿Cuál es la doctrina de la Suprema Corte de Justicia al respecto? ¿Cómo se ubica esta doctrina respecto a las tesis Herrera Billini, Álvarez Aybar y Pellerano Gómez? Cite textos jurisprudenciales y doctrinales.
4.	¿Qué consecuencias jurídicas acarrearía para la República Dominicana el incumplimiento de la sentencia de la Corte? ¿Existen precedente en el área?
5.	¿Hay que ser ciudadano dominicano para tener derechos fundamentales? ¿Qué opina ferrajoli? ¿y la más reciente doctrina dominicana?
6.	¿Están obligados los propietarios de las casas donde viven los haitianos, a mantener el contrato de inquilinatos a estos.
El presente análisis pretende responder las preguntas formuladas por el Profesor Eduardo Jorge Prats, en el temario que antecede este preámbulo, como Examen Final de la Asignatura correspondiente al Análisis de los Derechos Fundamentales, de la Especialidad de Derecho Público, que imparte la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana.
El día 5 de marzo de 1995, el señor Genero Rincón Miesse, se presentó a la Oficina del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá, para registrar a veinte niños, incluyendo a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, presentando como documentos según declaraciones del él la cédula de identidad y electoral de la madre de Yean y la constancia de nacimiento del hospital de Sabana Grande de Boyá, y en caso de Violeta Bosico, la cédula de la madre y la constancia de nacimiento expedida por el Alcalde Pédaneo de Sabana Grande de Boyá.
A ambas se le negó la inscripción en el registro civil, porque según la señora Telam Bienvenida Reyes, oficial del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá, la declaración no procedía porque no presentaron la cédula de identidad y electoral, solamente presentaron la certificación del Alcalde Pédaneo y otra del hospital.
Esta negación de inscripción de las niñas Yean y Bosico en el registro civil crea una situación de derecho, referente al status civil de esta dos niñas y aviva la llama de un problema medular de otorgamiento de la nacionalidad dominicana a hijos de residentes ilegales en la República Dominicana, sentido en el cual hay una polémica abierta en torno a la pregunta de: ¿puede una situación de ilegalidad generar una situación de legalidad? ¿Hereda el niño (a) la ilegalidad de sus padres?, a esta situaciones jurídicas esperamos darle respuesta en este análisis.
La negativa de la Oficina del Estado Civil de Sabana Grande Boyá, de inscribir a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, culminó con una demanda por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una breve cronología del caso ante de apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permitirá ubicarnos en el tiempo y el espacio respecto al siguiente análisis:
Octubre 28, 1998 : Se presenta denuncia ante la Comisión Interamericana, Fundada en la negación a las niñas Yean y Bosico de Sus actas de nacimiento que le permitiera tener una Nacionalidad y una identidad.
Abril 27, 1999 : La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recibe una denuncia enmendada en ingles y una Solicitud de medidas cautelares.
Junio 11, 1999 : La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recibe en Español la versión final de la denuncia.
Julio 07, 1999 : La Comisión abre el caso, transmítanlo al Estado Dominicano, las partes pertinentes de la denuncia.
Según los denunciantes a las niñas Yean y Bosico se les violaron los siguientes derechos fundamentales:
- Reconocimiento de su personalidad jurídica. (Artículo 3, Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADDHH-).
- Integridad psíquica y moral. (Artículo 5, numeral 1, CADDHH)
- Garantías Judiciales. ( Artículo 8, CADDHH)
- Protección familiar (Artículo 17, CADDHH)
- Derecho al nombre: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. (Artículo 18, CADDHH).
- Derechos del niño: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (Artículo 19, CADDHH).
- Derecho a la nacionalidad: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.” (Artículo 20, CADDHH).
- Derecho de circulación y de residencia. (Artículo 22, CADDHH).
- Igualdad ante la ley: “Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la Ley. (Artículo 24, CADDHH).
- Protección Judicial: “Toda persona tiene derecho a un recursos sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convección, aun cuando tal violación sea cometida por persona que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales. (Artículo 25, CADDHH).
Además los denunciantes alegaron la violación a los artículos II, VI, VII, VIII, XII, XVII, XIX, XX y XXIII, referente a: Derecho de igualdad ante la ley, derecho a la Constitución y a la protección de la familia, a la protección de la maternidad y a la infancia, de residencia y tránsito, derecho a la educación, reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, derechos de nacionalidad, derecho de sufragio y de participación en el gobierno y derecho a la propiedad respectivamente.
El Estado Dominicano argumentó que no faltó a las debidas garantía de que las niñas tuvieran una nacionalidad, por que estas aún en el caso de no ser dominicanas, serían en todo caso de nacionalidad haitiana. (La Constitución haitiana, consagra el ius sanguini como medio de adquirir la nacionalidad, por lo que a los hijos de haitianos los persigue la nacionalidad de sus padres). Las peticionarias no encausaron su demanda ante el tribunal competente ratione materiae, que era el Juzgado de Primera Instancia, que pudo haber conocido de una acción de reclamación de Estado Civil, y que conoce también, de los asuntos de la nacionalidad.
Las niñas no acudieron ante la propia Junta Central Electoral, que es el órgano superior jerárquico que tiene a su cargo las oficialias de Estado Civil. El Estado por tanto no violó los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 8,19, 20, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni el derecho a la educación consagrado en el Artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las peticionarias no presentaron completo los requisitos que establece la ley 659 sobre acto del estado civil, para emitir un acta de nacimiento.
El Estado Dominicano argumento además: las presuntas víctimas no ejercieron el recurso jerárquico, recurso interno existente dentro del Derecho Administrativo, establecido en el artículo 1 de la Ley 1494 del 2 de agosto de 1947. La participación del Procurador Fiscal forma parte del proceso de declaración tardía y no constituye una instancia ante la cual debe presentarse un recurso.
Las presuntas víctimas no agotaron el recurso de reconsideración ante el oficial del Estado Civil, ni llevaron el asunto directamente al juzgado de primera instancia que tiene competencia para intervenir en todo lo relacionado con el derecho de las personas. Tampoco interpusieron una acción de Amparo, la cual existe en la República Dominicana desde 1978, en razón de la ratificación por el Estado Dominicano de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En 1999 la “Suprema Corte de Justicia –SCJ- mediante sentencia estableció que el procedimiento para los recursos de Amparo será el mismo que de los referimientos en materia civil, habiendo además decisiones judiciales de amparo, producidas por varios tribunales dominicano, ante de esta decisión de la SCJ.
Las presuntas víctimas no interpusieron el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que le negó el acceso al reconocimiento de su nacionalidad, y, la corte debe declararse incompetente para conocer del presente caso, ya que dentro del Estado Dominicano existen los mecanismos y las oportunidades idóneas para la resolución del presente conflicto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos esgrimió los siguientes argumentos: Los Argumentos presentados por el Estado Dominicano en relación con la falta de agotamiento de los recursos internos son extemporáneos e infundados. El señalamiento de los recursos internos existentes (jerárquicos, de amparo y de inconstitucionalidad), es improcedente, el Estado no ha proporcionado las pruebas de la efectividad de dichos recursos, limitándose sólo a mencionar su existencia; además de que los recursos de amparo e inconstitucionalidad, no fueron señalados en la etapa de admisibilidad ante la Comisión.
Los recursos disponibles para un justiciable no solo deben existir formalmente, sino también deben ser adecuados y efectivos. La excepción de no agotamiento de recursos internos debe plantearse, para que sea oportuna, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea antes de cualquier consideración en cuanto al fondo; si no es así, se presume que el Estado renuncia tácitamente a valerse de ella; por lo que el Estado renunció implícitamente a un medio de defensa que la Convención Americana establece a su favor.
La Constitución Dominicana establece en su artículo 11: “Son dominicanos: 1) Todas las personas que nacieren en el territorio de la República con excepción de los hijos legítimos de las extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él.”
La Corte Interamericana alega que han sido violados los artículos 3, 18, 19, 20 y 24, de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En la sentencia de la Corte, el derecho a la nacionalidad se concibe bajo la protección convencional, expresada en el párrafo 111 de la sentencia acápite a) y b): a) “en la Constitución se estableció el uso de ius solis como principio para adquirir la nacionalidad dominicana, por lo que el derecho a la nacionalidad por haber nacido en el territorio dominicano adquiere protección convencional, sin importar la nacionalidad o estatus legal de los padres.
Cualquier restricción del derecho a la nacionalidad que no se base en el lugar de nacimiento de las niñas contradice directamente dicho principio.” b) es inaceptable calificar a las presuntas víctimas del presente caso “extranjeros en tránsito”, ya que las personas que viven por diez quince o más años en un país no pueden tener calidad de transeúntes.
Es importante además señalar los razonamientos del Juez Concado Trindade en su voto razonado: “La nacionalidad no puede ser considerada desde la sola óptica de la pura discrecionalidad estatal, pues sobre el inciden principio generales del derecho internacional, así como deberes que emanan directamente del derecho internacional, como el deber de protección”. (…) “Aún en el plano del derecho interno, la adquisición de la nacionalidad es una cuestión de ordre public, -orden público-, que condiciona y reglamenta las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mediante el reconocimiento y la observación de derechos y deberes recíprocos. La atribución de nacionalidad, materia de orden publico.”
La corte ha establecido además respeto a la nacionalidad: “la nacionalidad conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos limites a la discrecionalidad de los Estados y que en su estado actual en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. (…) .
En efecto, de la perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que, junto al de ser competencia del Estado, reviste carácter de un derecho de la persona humana”.
La Corte establece también los párrafo 139 y 140 de la sentencia del 8 de septiembre del 2005 lo siguiente: (139) “ La Convención recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto: el derecho a tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones, al establecer su vinculación con un Estado determinado, y el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo”.
(140) “La determinación de quienes son nacionales sigue siendo competencia interna de los Estados. Sin embargo su discrecionalidad en esa materia sufre un constante proceso de restricción conforme a la evolución del derecho internacional, con vistas a una mayor protección de la persona frente a la arbitrariedad de los Estados. Así que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación y, por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia.”
Tiene siempre presente en el plano del derecho interno, principios y deberes emanados del derecho internacional, en testimonio de la interacción o interpretación de los ordenamientos jurídicos nacional e internacional. (…) “El derecho a la nacionalidad es efectivamente un derecho inherente a la persona humana, consagrado como derecho inderogable bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Artículos 20 y 27).
Es decir los Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa. De acuerdo con lo señalado la Corte considera que: a) el status migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho de nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el status migratorio de una persona no se transmite a sus hijos, y c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para adquisición de la nacionalidad, en lo que refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron.
¿Puede ser limitada la nacionalidad IUS Solís por medio de una ley, como se pretende en la nueva Ley de Inmigración al definirse el concepto de persona en tránsito?
El legislador es soberano al momento de producir leyes, pero esta soberanía esta limitada por principios intangibles, principios constitucionales y principios generales del derecho, en ese sentido el legislador no puede producir leyes con carácter de inconstitucionalidad, o leyes que vulneren principios intangibles o principios fundamentales del derecho, o contradigan principios establecidos en tratados internacionales firmados y ratificados por los poderes públicos del país, porque de acuerdo al 3 de la Constitución los mismos a pertenecer a nuestro ordenamiento jurídico interno con rango constitucional.
Es evidente que el Párrafo I del artículo 36 de la Ley 285-04 que establece: “Los No Residentes con considerados persona en transito, para los fines de aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República (Dominicana)” ; lo que busca es dar una interpretación precisa al artículo 11 de la Constitución Dominicana, que establece que: “Son dominicanos: 1) “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”.
Como se observa el párrafo I del artículo 36 de la Ley 285-04, pretende dar sustancia a la expresión “de tránsito”, y no contraviene en este sentido a la Constitución; pero si colige con disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando establece: “Los Estados tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas, condición que es derivada de la falta de nacionalidad, cuando un individuo no califica bajo las leyes de un Estado para recibirla, como consecuencia de su privación arbitraria, o bien por el otorgamiento de una nacionalidad que no es efectiva en la práctica.
La apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona, y ocasionándole una condición de extrema vulnerabilidad”.
La doctrina dominicana más reciente sobre el tema, esta contenida en la sentencia No. 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictada el 16 de octubre de 2003, referente a la inscripción en el registro civil de los menores, cuyos padres son haitiano y viven en la República Dominicana, establece que: (…) no puede asimilarse la condición de ilegalidad del extranjero al concepto de tránsito, por tratarse de figuras distintas, y además, ni el reglamento para la aplicación de la ley sobre migración ni en el informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana en el año 1999, se establece la condición de legalidad como requisito para tener derecho a la nacionalidad del lugar de nacimiento; (…) que en la especie no hay posibilidad de que pueda considerarse en tránsito a los padres de los menores que reclaman la inscripción de su nacimiento, en razón de que (de) los documentos depositados el expediente se desprende que hace varios años viven en el país (… , y) que, por otra parte, si bien es cierto que los padres del menor viven en el país en un Estado de ilegalidad, no menos cierto es que dicho estado de ilegalidad no puede, en modo alguno afectar a los menores, quienes pueden beneficiarse de la nacionalidad dominicana con solo demostrar que han nacido en el territorio dominicano, y que sus padres no están cumpliendo función diplomática en el país, ni están de tránsito en el él.”
Es evidente que esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (sentencia del 8-09-2005), apunta hacia la consolidación de lo que ya autores como Ferrajoli llaman Constitucionalismo Mundial. Estamos ante la transformación de paradigmas jurídicos existentes, como el de la Nacionalidad y el de la protección judicial, que han estado sufriendo una desnacionalización y asumido como paradigma del Derecho Internacional, caracterizando un período transicional, donde se involucran cambios políticos, sociales y de mercado, que han empujado a la hipótesis de una Constitucionalismo de carácter universal, apunta Ferrajoli, que: “aunque nacido y pensado para el Estado nacional, el paradigma del Estado Constitucional de derecho es en efecto aplicable a cualquier ordenamiento incluso internacional.
De allí pueden deducirse dos vías de acción, en primer lugar, la superación de la soberanía a través de la refundación del sistema de fuentes y de la dislocación (también) al plano internacional de las instancias tradicionalmente estatales de garantías constitucionales. En segundo término, la superación de las actuales fronteras estatales de la ciudadanía a través de la instauración de una ciudadanía universal.”
La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, esta contenida en la Resolución 1920 del año 2003, donde se establece un Bloque de Constitucionalidad y se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; estableciendo además una igualdad jerárquica de las normas constitucionales internas con aquellas emanadas de instancias supranacionales reconocidas por el país, en la misma se establece: “ATENDIDO, que la Constitución dominicana ha previsto un mecanismo de recepción del Derecho Internacional que se comprueba si se toma en cuenta el contenido del artículo 3 que dispone: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas de derecho internacional general y americano en la medida de que sus poderes públicos la hayan adoptado…”
Esta mima resolución de la SCJ establece que : ATENDIDO, a que la República tiene sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales:
a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado y
b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina integran lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, al cual esta sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva secundaria.
Que en virtud de los artículos 3 y 10 de la Constitución de la República, toda normativa sobre derechos humanos contenidas en las declaraciones, pactos, convenios y tratados internacionales, es de aplicación directa e inmediata; que lo tanto reconocido del bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, se impone su aplicación, armonizando los significados de la ley adjetiva que le fueren contradictorios, con los principios, normas y valores que lo integren, asegurando de este modo la constitucionalización del proceso judicial”.
En el área no existen precedente sobre sentencia de la naturaleza de que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a recoger esta afirmación de la voz del Juez Cancado Tindrade: “por cuanto es esta la primera vez en su historia que la Corte Interamericana se pronuncia en la resolución de un caso contencioso, sobre el derecho de la nacionalidad bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de septiembre del 2005, en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, plantea la necesaria pregunta de si el país cumplirá la sentencia, declaraciones de la representante de la OEA en país, Bertha Santoski recogida en Diario Libre del 13 de octubre del 2005, dicen: “las decisiones de la CIDH son obligatorias”, en ese mismo sentido declaraciones de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, aparecida en Diario Libre del 16 de octubre del 2005, señalan: “el país no podrá apelar la decisión de la Corte porque los dictámenes de ese organismo son inapelables… y su cumplimiento es obligatorio en virtud de la adhesión de República Dominicana a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo en otra parte de es misma declaración se califica de categóricamente inaceptable la sentencia.”
Nos inscribimos en lista de lo que creen que el Estado Dominicano no cumplirá la sentencia de la Corte, y buscara en el Derecho Internacional una razón jurídica que justifique su decisión, por de pronto los legisladores han señalado una brecha, la misma se encuentra en declaraciones aparecida en el periódico Hoy del viernes 14 de octubre del 2005: “…eventualmente el gobierno el gobierno debe ponderar la posibilidad de denunciar el tratado que establece la jurisdicionalidad de la Corte.
Pero independientemente de eso, el gobierno dominicano no está en la obligación de acatar la referida sentencia, toda vez que el Congreso no ha ratificado el convenio que reconoce dicha corte, y aún en el caso de que el Congreso lo hubiese ratificado, el asunto es una naturaleza tan delicada, difícil y compleja en lo que concierne a la convivencia pacifica de las dos naciones que coexisten en una misma isla, que por una razón de alta seguridad interna debe desacatar la referida sentencia.”
Ante un desacato del país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cuenta con mecanismos coercitivos para imponer sanciones al país, por lo que las sanciones a la que tendría que enfrentarse el Estado serían sanciones de tipo moral de los organismos y la Comunidad Internacional.
La universalización del constitucionalismo y del derecho en sentido general, han permitido o facilitado el acceso y disfrute de los derechos fundamentales para todos, esta universalización ha producido una transformación de los derechos, de derecho del ciudadano a derecho de la persona, donde prerrogativa de las legislaciones nacionales han ido pasando al Derecho Internacional, tal es el caso por ejemplo de la desnacionalización de la protección judicial y su consecuente internacionalización.
Esto indica que para tener disfrute de derechos fundamentales, no es necesario ser ciudadano de un país determinado, ahora bien hay derechos fundamentales, principalmente los de participación política, cuyo disfrute esta reservado a los ciudadanos, en el caso de la República Dominicana, estos derechos exclusivos de la ciudadanía están consignado en el artículo 13 de la Constitución. 13.1: “El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución.” (…) 13.2: “El de ser elegibles para ejercer los mismos a que se refiere el párrafo anterior.”
Schmitt, citado por Jorge Prats plantea: “los derechos fundamentales son “esencialmente, derecho del hombre individual libre, y, por cierto, derechos que el tiene frente al Estado” (…) “Todo los derechos fundamentales auténticos son derechos fundamentales absolutos, esto es, no se garantizan con arreglo a las leyes; su contenido no resulta de la Ley, sino que la injerencia legal aparece como excepción y, por cierto, como excepción limitada en principio mensurable, regulada en término generales. (…) Lo contrario ocurre con los derechos políticos: estos “no presuponen al hombre individual libre en el Estado extraestatal de libertad sino al ciudadano que vive en el
Estado. De ahí que los derechos de los ciudadanos no pueden ser libertades y por ello no son derechos fundamentales y, en consecuencia, no son ilimitados ni ilimitables”.
Esta universalización de los derechos ha ido convirtiendo tanto los derechos del ciudadano como los derechos fundamentales, en derechos del hombre, valido en todas las latitudes y en todos los tiempos, adquiriendo un carácter de inviolabilidad y universalidad en el tiempo y en el espacio.
La universalización de los derechos va tomando cuerpo ya, en países de la Unión Europeo, en España el profesor Peces-Barba dice: “Hoy el problema se plantea… por tener su raíz en la dignidad humana, fuente de la moralidad pública que cristaliza en los derechos, todos afectan a las dimensiones básicas del libre desarrollo de la personalidad y todos son derechos del hombre y no solo del ciudadano. (…) el universalismo es una exigencia de la dignidad humana, y no permite estrategia, ni cálculos, compromisos o transaciones en materia de derechos fundamentales, ni encuentra justificación racional para la distinción entre nacionales y extranjeros”
Francisco Suazo Rosario
E-mail:fsuazor@hotmail.com
[1]. Las condiciones necesarias para la actas de nacimientos tardías son:
1) papel del Alcalde (si nació en zona rural) o certificado de la clinica u hospital donde nació,
2) certificación constancia de la Iglesia o Parroquia si fue o no bautizado;
3) certificación escolar si esta estudiando;
4) certificación de todas las oficialías correspondientes al lugar donde nació;
5) copias de las cédulas de Identidad y Electoral de los padres (en caso de los padre haber fallecido copia de las actas de defunción;
6) si los padres son casados, copia del acta de matrimonio;
7) declaración jurada (Form, OC-25 firmada por tres testigos, mayores de 50 años con cédulas de identidad y electoral (cédula nueva) y que sepan firmar;
8) copias de las cédulas de Identidad y Electoral de los testigos;
9) Comunicación dirigida al Presidente de la Junta Central Electoral solicitando la declaración Tardía de Nacimiento;
10) carta dirigida al presidente de la Junta Central Electoral solicitando certificación de si o no cedulado; si es mayor de 20 años también certificación en el Edificio el Huacalito: Distrito Nacional de si es o no cedulado; 11) Dos fotografías.
[2] . Ley No. 285-04. NUEVA LEY DE MIGRACIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 15 de Agosto 2004.
[3] . Ferrajoli, Luigi. 2004. Madrid. RAZONES JURÍDICAS DEL PACIFISMO. Trota. Pág. 106.
[4] . A. A. Cancado Trindade. VOTO RAZONADO. Pág. 1.
[5] . Jorge Prats, Eduardo. 2005. Santo Domingo. DERECHO CONSTITUCIONAL VOLUMEN II. Gaceta Judicial. Pág. 23.
[6] . Peces-Barba, Gregorio. 1997. Madrid. DERECHOS HUMANOS DEL INCAPAZ, DEL EXTRANJERO, DEL DELINCUENTE Y COMPLEJIDAD DEL SUJETO. J. M. Bosch, Editor. Pág. 115 y ss.
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 artículo 1
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 artículo 11
 artículo 36
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 90