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IV. OTROS ORGANOS INTERAMERICANOS
El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines (Art. 53 de la Carta). El Capítulo XIV de la Carta define su composición, atribuciones y funciones de la siguiente forma: sirve de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del Hemisferio. Tiene su sede en Río de Janeiro y está integrado por once juristas oriundos de los Estados miembros, elegidos por la Asamblea General.
Durante el año 2002, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos períodos ordinarios de sesiones. El primero de ellos se desarrolló del 25 de febrero al 8 de marzo y el segundo de ellos del 5 al 30 de agosto. Ambos tuvieron lugar en su sede, la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
En el transcurso de ambas reuniones, el Comité Jurídico tuvo en su agenda los siguientes temas: la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP); la elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia; los carteles en el ámbito del derecho de competencia en las Américas; el perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas; el acceso a la justicia; la preparación de la conmemoración del centenario del Comité Jurídico Interamericano; la Corte Penal Internacional y la V Reunión Conjunta con los Asesores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OEA; las posibles medidas adicionales a la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas); el tráfico de armas en base a las decisiones que sobre el tema ha tomado el Comité Jurídico Interamericano; los aspectos jurídicos de la seguridad hemisférica; el derecho a la información: acceso y protección de la información y datos personales; la democracia en el sistema interamericano; la cooperación interamericana contra el terrorismo; el estudio del sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano; y la sustracción de menores por parte de uno de sus padres.
El Comité Jurídico Interamericano aprobó informes y adoptó resoluciones relativas a dichos temas.
A lo largo del año que se examina en el presente informe, el Comité Jurídico Interamericano estuvo integrado por los siguientes miembros: João Grandino Rodas, Brynmor Pollard, Jonathan T. Fried, Luis Herrera Marcano, Kenneth O. Rattray, Eduardo Vío Grossi, Sergio González Gálvez, Orlando Rebagliati, Felipe Paolillo, Carlos Manuel Vázquez, y Ana Elizabteh Villalta. Durante el segundo período de sesiones fue elegido como Presidente del Comité el doctor Brynmor Pollard, en reemplazo del doctor João Grandino Rodas, y como Vice-presidente el doctor Carlos Manuel Vázquez, en sustitución del doctor Brynmor Pollard.
Durante el XXXII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Bridgetown, Barbados, junio, 2002), fueron elegidos como miembros del Comité los doctores Luis Marchand Stens, de Perú, y Alonso Gómez Robledo Verduzco, de México, siendo reelegido el doctor João Grandino Rodas, de Brasil. Dichos miembros empezarán el nuevo mandato el 1 de enero de 2003 por un período de cuatro años. Los miembros que dejaron el Comité Jurídico Interamericano el 31 de diciembre de 2002 fueron los doctores Orlando Rebagliati y Sergio González Gálvez. Por otro lado, el doctor Brynmor Pollard presentó a la Asamblea General el Informe Anual sobre las labores que el Comité realizó durante 2001.
En representación de la Secretaría General, brindaron soporte técnico y administrativo al Comité Jurídico Interamericano los doctores Enrique Lagos, Subsecretario de Asuntos Jurídicos; Jean-Michel Arrighi, Director del Departamento de Derecho Internacional, Manoel Tolomei Moletta y Dante M. Negro, ambos Oficiales Jurídicos del Departamento de Derecho Internacional.
El Comité Jurídico Interamericano con la coordinación del Departamento de Derecho Internacional organizó el XXIX Curso de Derecho Internacional, con la participación de 21 profesores de distintos países de América y Europa, 28 becarios de la OEA elegidos entre más de 50 candidatos y 7 alumnos que sufragaron sus costos de participación. El tema central del Curso fue “Recursos naturales, energía, medio ambiente y el derecho internacional”. El encuentro tuvo lugar del 5 y al 30 de agosto en el Centro Empresarial Río, de Río de Janeiro, Brasil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, fue modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2000. La Comisión representa a todos los Estados miembros elegidos a título personal por la Asamblea General. Su función principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Carta, es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esa materia.
Períodos de sesiones de la Comisión en 2002
En el período al que se refiere el presente informe, la Comisión se reunió en tres oportunidades: en el 114º período ordinario de sesiones, del 25 de febrero al 15 de marzo de 2002; en el 115º periodo extraordinario de sesiones, del 2 al 6 de septiembre de 2002, y en el 116º período ordinario de sesiones, del 7 al 25 de octubre de 2002. Detalles adicionales referentes a los períodos de sesiones celebrados por la Comisión en el 2002 aparecen en el sitio de la Comisión en Internet (www.cidh.org).
Durante los períodos ordinarios de sesiones realizados en 2002, la CIDH sostuvo reuniones de trabajo y recibió en audiencia a representantes de los Estados miembros de la OEA, así como a representantes de los peticionarios, voceros de organizaciones no gubernamentales y otras personas del ámbito civil para tratar casos individuales y la situación general de los derechos humanos en sus países.
En el mes de febrero de 2002, la Comisión conformó su nueva mesa directiva así: Juan Méndez, Presidente; Marta Altolaguirre, Primer Vicepresidente; y José Zalaquett, Segunda Vicepresidenta. Integran igualmente la CIDH, Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Susana Villarán.
114º período ordinario de sesiones
Durante su 114º período ordinario de sesiones, la Comisión eligió a sus nuevas autoridades, constituidas por Juan E. Méndez, Presidente, la Lic. Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta, y José Zalaquett, Segundo Vicepresidente.
La Comisión examinó también numerosas peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos en que se alega la responsabilidad internacional de Estados miembros de la OEA. Aprobó un total de 49 informes sobre peticiones y casos individuales y celebró 24 audiencias sobre casos individuales, situación general de los derechos humanos en diversos países del continente, medidas cautelares, seguimiento de recomendaciones y otras cuestiones de su competencia. Además celebró una serie de audiencias y reuniones de trabajo con peticionarios y representantes de Estados miembros de la OEA para promover la solución amistosa de denuncias. En la semana de audiencias la Comisión convocó además a audiencias plenarias sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Haití y Venezuela.
Las audiencias de la Comisión comprendieron una audiencia pública plenaria sobre terrorismo y derechos humanos, en que la Comisión recibió opiniones escritas y orales sobre ese tema de los expertos Joan Fitzpatrick, David Martin, Aryeh Neier, Jorge Santistevan y Ruth Wedgwood. La audiencia se celebró en cumplimiento de la resolución de la Comisión del 12 de diciembre de 2001, en que decidió llevar a cabo un estudio sobre terrorismo y derechos humanos para ayudar a los Estados miembros de la OEA a adoptar leyes y reglamentos que sean conformes al derecho internacional.
Además, durante este período de sesiones la Comisión mantuvo reuniones con representantes de otros órganos de derechos humanos, incluida Maria Francisca Ize-Charrin, Jefa de la Dependencia de Servicios, el Dr. Roberto Garretón, Asesor para América Latina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como así también, el Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Además, la Comisión tuvo la oportunidad de reunirse con numerosas autoridades, así como con representantes de otras instituciones que se ocupan de la protección de los derechos humanos, a saber el Dr. Paulo Sergio Pinheiro, Secretario de Estado de Derechos Humanos de Brasil y la Dra. Sofía Macher y el Dr. Carlos Iván De Gregori, Miembros de la Comisión de la Verdad de Perú.
La CIDH continuó recibiendo información de sus Relatores Especiales en el curso del período de sesiones de que se trata, incluido un informe de la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Comisionada Marta Altolaguirre, referente a su visita in loco, los días 12 y 13 de febrero de 2002, para evaluar la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México, así como informes del Relator de la Comisión sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias, Comisionado Juan Méndez, y de su Relator sobre Derechos de la Niñez, Comisionada Susana Villarán, referente a sus actividades y programas de trabajo. Además la Comisión prosiguió el proceso de selección de un nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión y recibió información actualizada del Decano Claudio Grossman, observador en el proceso que se lleva adelante en Argentina para investigar el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
115º período extraordinario de sesiones
La Comisión celebró su 115º período extraordinario de sesiones en San José, Costa Rica, a invitación del Gobierno de ese país. En este período, la Comisión analizó diversos asuntos referentes a la situación de los derechos humanos en las Américas, incluido en especial el continuo estudio y análisis del borrador del informe de la Comisión sobre terrorismo y derechos humanos.
Durante el referido período de sesiones la Comisión participó asimismo en su reunión conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendiente a analizar y considerar cuestiones de procedimiento y otros temas de interés común para ambos órganos. Además de esta reunión, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno de Costa Rica, así como con el Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado de Canadá, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de Penal Reform International.
116º período ordinario de sesiones
En su 116º período ordinario de sesiones, la Comisión prosiguió el estudio de numerosas comunicaciones individuales referentes a violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Declaración Americana. En consecuencia, aprobó un total de 38 informes. La Comisión analizó asimismo los preparativos de su Informe Anual de 2002, que ha de ser presentado a la Asamblea General de la OEA durante el trigésimo tercer período ordinario de sesiones de esta última en Chile, en 2003.
En conjunción con su 116º período ordinario de sesiones, la Comisión convocó a 61 audiencias durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2002. Las mismas consistieron en audiencias sobre peticiones y casos individuales que están siendo tramitados ante la Comisión, así como audiencias de carácter general referentes a la situación de los derechos humanos en determinados Estados miembros y sobre temas especiales, como propuestas legislativas referentes a la imposición de la pena de muerte preceptiva en Barbados y Belice y la administración de justicia en Argentina y Colombia. La Comisión recibió también información general sobre la situación de determinadas personas y grupos en el Hemisferio, incluso mujeres, niños, pueblos indígenas y refugiados, de esas instituciones, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el Instituto Interamericano del Niño y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además de esas audiencias, la Comisión realizó más de 50 reuniones de trabajo con las partes en peticiones y casos referentes a diversos países y cuestiones, incluido el avance del proceso de soluciones amistosas.
Asimismo, la Comisión completó el examen de su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos y procedió a sancionarlo. Elaborada la traducción final y corregido el informe, éste fue dado a conocer a los Estados miembros y al público en diciembre de 2002. Como se indica en su Prefacio, el Informe fue preparado confiando en que "ayude a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a otros actores interesados en el sistema interamericano a asegurar que las iniciativas contra el terrorismo se ciñan fielmente a los derechos y libertades humanas fundamentales y, de esta forma, cumplan con uno de los componentes fundamentales de una campaña exitosa contra la violencia terrorista”.
Al término del 116º período de sesiones, la Comisión agradeció importantes contribuciones financieras provenientes de diversos gobiernos, tendientes a ayudar a la Comisión a cumplir sus tareas. Las mismas comprendieron financiamiento de los siguientes gobiernos: de los Estados Unidos para promoción y estudio en las esferas de la libertad de expresión y los derechos de la mujer en el Hemisferio; de España para ayudar a la Comisión a realizar sus actividades en las esferas de documentación, publicación y página de la CIDH en Internet; y de México para el cumplimiento de tareas de promoción y seguimiento referentes a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias, defensores de los derechos humanos y derechos de la mujer en el Hemisferio.
Del 6 al 10 de mayo de 2002, la Comisión realizó una visita in loco a la República Bolivariana de Venezuela por invitación del Presidente Hugo Chávez Frías, para observar la situación de los derechos humanos en ese país.
Durante su visita la Comisión se reunió con autoridades de los diferentes poderes de gobierno, incluido el Presidente de la República, y con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, dirigentes políticos, periodistas y representantes de los medios de difusión, representantes de sindicatos de trabajadores, víctimas y parientes de víctimas y otros representantes de la sociedad civil en el ámbito nacional y local.
A los efectos de reunir información en el curso de su visita, la Comisión se ocupó de aspectos específicos de la sociedad venezolana, como los referentes a la nueva Constitución venezolana, la administración de justicia, la libertad de expresión, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, derecho a crear sindicatos de trabajadores y afiliarse a los mismos, y las actividades de escuadrones de la muerte o grupos de exterminio formados por funcionarios de seguridad del Estado que operan en diversos estados de Venezuela. La Comisión expresó especial preocupación con respecto al intento de golpe de Estado perpetrado en Venezuela en abril de 2002, que provocó la muerte de por lo menos 16 personas. A juicio de la Comisión, dicho hecho es la expresión más trágica y grave de la polarización de la sociedad venezolana.
En sus comentarios finales sobre la visita, la Comisión instó a reforzar cuanto antes el imperio de la ley en Venezuela, haciendo hincapié en la importancia del pleno cumplimiento, por parte del Gobierno de ese país, de las decisiones y recomendaciones del sistema interamericano. Asimismo, señaló que seguiría observando cuidadosamente el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En dos ocasiones, del 28 al 31 de mayo y del 26 al 29 de agosto de 2002, la Comisión realizó visitas in loco a la República de Haití, a invitación de su Gobierno y en el marco de la Resolución CP/RES. 806 del Consejo Permanente de la OEA, adoptada el 15 de enero de 2002.1
En el curso de sus visitas a Haití, la Comisión estuvo reunida con numerosos funcionarios gubernamentales, incluidos el Presidente de la República, Jean Bertrand Aristide, y el Primer Ministro, Yvon Neptune, así como también, con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Director General de la Policía Nacional de Haití, el Inspector General de la Policía Nacional y el Secretario de Estado de Seguridad Nacional. También, la Comisión mantuvo reuniones con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, a saber representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de partidos políticos, representantes de iglesias protestantes, luteranas y otras, y representantes de la prensa.
En el curso de sus investigaciones, la Comisión expresó especial preocupación con respecto a las extremas dificultades causadas en Haití por la pobreza, el analfabetismo, la mortalidad materno-infantil y la desnutrición. En consecuencia, señaló que el respeto de los derechos humanos comprende no sólo el de los derechos civiles y políticos, sino también el de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión hizo hincapié en que éste es un reto importante, que no podrá enfrentarse sin amplia participación, un plan concreto de desarrollo del Gobierno haitiano y colaboración con diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional. La Comisión expresó también preocupación con respecto a la situación del proceso democrático en Haití y a los problemas que afectan al sistema judicial, incluidos los relativos a la independencia del Poder Judicial, la impunidad, la seguridad de los ciudadanos y la libertad de expresión.
Culminada la segunda visita a Haití, en agosto de 2002, la Comisión observó que no percibía avance alguno con respecto a los problemas expuestos en su visita de mayo de 2002. Señaló, en especial, que la falta de diálogo entre sectores directrices de la sociedad iba en grave detrimento de la resolución de los problemas existentes en Haití y reflejaba fallas en los elementos necesarios para el establecimiento de un Estado de Derecho conforme a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Durante ambas visitas, la Comisión expresó su determinación de trabajar con el Gobierno y con toda la sociedad haitiana para reforzar la defensa y la protección de los derechos humanos en el contexto de la democracia y de las instituciones legales.
Del 29 de julio al 6 de agosto de 2002, la Comisión realizó una visita in loco a la República Argentina a invitación del Presidente de ese Estado, Eduardo Duhalde. Durante su visita, la Comisión se reunió con representantes de diversos sectores del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto se celebraron reuniones con el Dr. Eduardo A. Duhalde, Presidente de Argentina, el Dr. Juan José Álvarez, Ministro de Seguridad y Justicia, el Dr. Oscar Luján Fappiano, Secretario de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y diversas autoridades de los gobiernos de las Provincias de Buenos Aires, Salta, Neuquén y Río Negro. Entre las diversas organizaciones no gubernamentales con que se reunió la Comisión figuraron el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como es costumbre durante estas visitas, la Comisión recibió también denuncias de numerosas personas, directamente o a través de sus representantes, que afirman haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
El programa de actividades de la Comisión se ajustó en varias peticiones y casos que están siendo procesados por la Comisión, centrados en la situación de los derechos humanos, así como en ámbitos específicos, como administración de justicia, papel de las fuerzas de seguridad pública y situación de los derechos económicos, sociales y culturales. La información recogida por la Comisión se refirió en parte al profundo impacto de la crisis social y económica sin precedentes sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Tanto las autoridades del Estado como representantes de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre los problemas crónicos que asedian a las finanzas públicas, la crisis de la seguridad jurídica y cuatro años de recesión con el consiguiente desempleo, el extraordinario aumento de la pobreza y la exclusión social. La Comisión tomó nota también de que grandes sectores de la población argentina han sido perjudicados por la congelación de los depósitos bancarios, conocida como "corralito", así como por decretos que suspenden determinados procedimientos judiciales o la ejecución de decisiones y sentencias cautelares, y por la ley antigoteo, introducida para hacer efectiva la congelación. En meses anteriores a su visita, la Comisión había recibido casi 2.000 peticiones referentes a esta situación, y durante su visita se reunió con representantes de los peticionarios y con las personas afectadas, para recoger información adicional.
En sus observaciones preliminares posteriores a la visita, la Comisión señaló que es importante, en las circunstancias imperantes en ese país, que todos los sectores de la sociedad, especialmente las autoridades nacionales y locales y los dirigentes políticos, actúen con la mayor prudencia posible y con absoluto respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Visitas especiales y otras actividades
Además de sus visitas in loco, la Comisión realizó varias visitas especiales a determinados Estados miembros y llevó a cabo algunas actividades especiales en 2002.
Los días 12 y 13 de febrero, la Relatora Especial de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer, Lic. Marta Altolaguirre, realizó una visita a Ciudad Juárez, México, y a la Ciudad de México, México, por invitación del Gobierno del Presidente Vicente Fox. La visita se realizó en vista de las preocupaciones anteriormente expresadas por diversos representantes de la sociedad civil con respecto a la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez. En especial, la Comisión había recibido comunicaciones que indicaban que desde 1993, más de 200 mujeres habían sido brutalmente asesinadas y que la gran mayoría de esos casos seguían abiertos y no resueltos. En el curso de su visita, la Relatora Especial se reunió con numerosos funcionarios gubernamentales, así como con representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la sociedad civil a nivel local, estatal y federal. En sus observaciones preliminares relativas a la visita, la Relatora Especial expresó preocupación por la falta de progreso en la resolución del grave problema de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, y reiteró su disposición de seguir colaborando con las autoridades y con la sociedad civil en el marco de los instrumentos pertinentes, para ayudar a reforzar mecanismos internos e internacionales de protección de los derechos de la mujer.
El 8 de marzo de 2002, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Relatora Especial de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer, Comisionada Marta Altolaguirre, asistió a la primera reunión conjunta con Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y con Ángela Melo, Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Africana de Derechos Humanos, organizada por Rights and Democracy, en Montreal, Canadá. La reunión dio lugar a una Declaración conjunta que reafirma el derecho de la mujer a ser libre de violencia y discriminación, y condena el hecho de que "en todos los países del mundo se cometen actos de violencia contra las mujeres”. Tras la reunión, las tres relatoras expresaron plena satisfacción por los resultados obtenidos e indicaron su interés en seguir reuniéndose periódicamente para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las principales amenazas contra el libre ejercicio de los derechos de la mujer. En el sitio de la Comisión en Internet, http://www.cidh.org, se publica el texto de la declaración conjunta.
Del 23 al 26 de julio de 2002, una delegación de la Comisión, visitó la República de Guatemala para evaluar la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país. Durante su visita, la delegación se reunió con autoridades gubernamentales y con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Asimismo, participó en la Segunda Consulta Regional sobre Defensores de los Derechos Humanos y en el Seminario Nacional sobre Defensores de los Derechos Humanos, reuniones ambas que tuvieron lugar en la Ciudad de Guatemala durante ese período.
Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Relator sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, realizó una visita de trabajo a ese país del 24 de julio al 1 de agosto de 2002. El objeto de la visita consistió en realizar varias reuniones de trabajo de seguimiento y solución amistosa de casos individuales; llevar a cabo actividades de promoción y examinar la situación de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias en México. A este respecto, la delegación de la Relatoría visitó numerosos lugares que revisten importancia en cuanto a la situación de los trabajadores migratorios, incluido el centro de migrantes de Ixtapalapa en el Distrito Federal y Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera septentrional de México.
Del 18 al 22 de agosto de 2002, la Comisión realizó una visita de trabajo a Perú para realizar reuniones de trabajo referentes a la aplicación, por parte del Estado peruano, de las recomendaciones de la Comisión, contenidos en 105 informes finales adoptados y publicados por la Comisión, y para realizar una labor de promoción. Durante su visita, la delegación de la Comisión se reunió con autoridades gubernamentales, con diferentes sectores de la sociedad civil y con el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH, establecido por el Estado peruano en procura de soluciones integrales y del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. También durante su visita la delegación de la Comisión viajó a la prisión de Challapalca, en el Departamento de Tacna, dadas las numerosas denuncias recibidas por la Comisión con respecto a condiciones inhumanas y degradantes. En su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, la Comisión había recomendado que la prisión Challapalca fuera clausurada y reiteró esa solicitud en el marco de su visita de agosto de 2002.
La Comisión prosiguió en 2002 la aplicación de su programa de capacitación "Becas Rómulo Gallegos". El programa brinda capacitación en el sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos para abogados jóvenes de países del Hemisferio seleccionados anualmente por concurso. Los abogados deben haber puesto de manifiesto su identificación con la causa de los derechos humanos, así como sólidos antecedentes académicos. A lo largo de año de 2002, la Comisión recibió diez becarios Rómulo Gallegos: cinco en el primer semestre del año correspondientes al período 2001-2002, y cinco en el segundo semestre del año, correspondientes al período 2002-2003.
A lo largo de 2002, miembros de la Comisión y de la Secretaría participaron en numerosas conferencias internacionales, talleres y cursos de capacitación sobre la protección internacional de los derechos humanos y temas conexos. Los mismos comprendieron actividades en que se trataron temas tales como el funcionamiento del sistema interamericano, la reforma penal en las Américas, el uso de la pena capital, las consecuencias y el impacto de la Carta Democrática Interamericana, la protección de los derechos a la libertad de asociación en el sistemas interamericano y los derechos de los refugiados.
Los miembros de la CIDH, el Secretario Ejecutivo y abogados funcionarios de la Comisión participaron del Séptimo Concurso Anual de Tribunales Simulados sobre el sistema interamericano de derechos humanos en mayo, organizado por Facultad de Derecho de la American University en Washington. El concurso es convocado anualmente a partir de 1996 y en él han participado más de 500 estudiantes y docentes que representan a 55 universidades de más de 20 países del Hemisferio.
Del 17 al 19 de junio, la Relatoría de la Comisión sobre los Derechos de la Niñez, a través de su Relatora Especial, Comisionada Susana Villarán y la abogada funcionaria Mary Ana Beloff, llevaron a cabo un seminario de capacitación en Asunción, Paraguay, sobre promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema interamericano. El seminario se realizó en conjunción con la Secretaría de la Niñez y Juventud de Paraguay y a él asistieron funcionarios del Poder Ejecutivo, defensores públicos, jueces, abogados y representantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. También durante el seminario, la Comisionada Villarán celebró diversas reuniones con representantes del Gobierno de Paraguay y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Comisión continuó litigando en varios asuntos planteados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, la Comisión planteó los siguientes casos contenciosos ante la Corte Interamericana: Plan de Sánchez (Guatemala); “Correccional de Menores Panchito López” (Paraguay); Ricardo Canese (Paraguay); Gómez Paquiyauri (Perú); Lori Berenson (Perú); y el Caso de Moiwana (Suriname). Con la presentación de esos casos, la Comisión mantiene actualmente un total de 38 casos contenciosos activos ante la Corte Interamericana.
También en 2002 la Comisión participó en numerosas audiencias públicas ante la Corte. Durante el 54º período ordinario de sesiones de la Corte, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2002, la Comisión participó en una audiencia sobre el fondo del asunto y eventuales reparaciones en el Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros (Trinidad y Tobago). En el curso del 55º período ordinario de sesiones de la Corte, del 6 al 21 de junio de 2002, la Comisión participó en audiencias sobre medidas provisionales en el Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia); excepciones preliminares en el caso de los 19 Comerciantes (Colombia); sobre el fondo y eventuales reparaciones en el Caso Cantos (Argentina); reparaciones en el Caso Las Palmeras (Colombia); y la audiencia pública sobre la Solicitud de Opinión Consultiva OC-17. Durante el 56º período ordinario de sesiones de la Corte, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2002, la Comisión participó en la audiencia sobre el fondo del asunto y eventuales reparaciones en el Caso de Cinco Pensionistas (Perú).
Durante el período al que se refiere este informe, la Comisión tomó nota asimismo de varias sentencias dictadas por la Corte en relación con los casos que tuvo ante sí en 2002, incluidas las sentencias sobre reparaciones en el Caso Bámaca Velásquez, dictada el 22 de febrero de 2002; la sentencia sobre reparaciones en el Caso Trujillo Oroza, dictada el 27 de febrero de 2002; la sentencia sobre excepciones preliminares en el Caso de los 19 Comerciantes, dictada el 12 de junio de 2002; la sentencia sobre el fondo del asunto en el Caso Caracazo, dictada el 29 de agosto de 2002; la sentencia sobre reparaciones en el Caso Las Palmeras, dictada el 26 de noviembre de 2002, y la sentencia sobre el fondo del asunto y reparaciones en el Caso Cantos, dictada el 28 de noviembre de 2002. Además, el 28 de agosto de 2002, la Corte emitió su Opinión Consultiva OC-17/2002 referente a la Condición jurídica y derechos humanos del niño.
1 En la Resolución CP/RES.806 (1303/02), el Consejo Permanente de la OEA solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “en su esfera de competencia, emprenda una visita in situ a Haití para consultar con la sociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno de Haití a fin de analizar las condiciones actuales y los sucesos relacionados con el 17 de diciembre de 2001 e informar al respecto”.

References: resolución 
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