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Timestamp: 2017-07-26 13:59:40+00:00

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Vigencia desde 25 de Octubre de 2007. Revisi�n vigente desde 05 de Julio de 2014 hasta 06 de Octubre de 2015
��mbito temporal de la responsabilidad medioambiental
�Da�os a particulares
�Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas
�Da�os transfronterizos
�Responsabilidad de los operadores
�Responsabilidad de los grupos de sociedades
�Pluralidad de responsables de un mismo da�o
�Muerte o extinci�n de las personas responsables
�Responsables solidarios y subsidiarios
�Inexigibilidad de la obligaci�n de sufragar los costes
�Recuperaci�n de costes
�Acciones frente a terceros
�Obligaciones del operador en materia de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os
�Fomento de las medidas de prevenci�n y evitaci�n de da�os medioambientales
�Potestades administrativas en materia de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os
�Obligaciones del operador en materia de reparaci�n
�Medidas de reparaci�n
�Potestades administrativas en materia de reparaci�n de da�os
�Incumplimiento de las obligaciones de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n del da�o medioambiental
�Actuaci�n directa de la Administraci�n
�Constituci�n de una garant�a financiera obligatoria
�Responsabilidad cubierta por la garant�a
�Sujetos garantizados
�Exenciones de constituci�n de garant�a financiera obligatoria
�Costes cubiertos
�L�mites cuantitativos de la garant�a
�Vigencia de la garant�a
�Limitaciones del �mbito temporal de la garant�a
�Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros
�Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales
�Sujetos responsables de las infracciones
�Prescripci�n de infracciones y de sanciones
�Recuperaci�n de costes por parte de la Administraci�n p�blica
�Aplicaci�n de normativa medioambiental m�s exigente
�Limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo y de navegaci�n interior
�Da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente
�Remisi�n de informaci�n al Ministerio de Medio Ambiente
�Declaraci�n de inter�s social de la ocupaci�n temporal de determinados bienes y derechos de titularidad privada
�Legitimaci�n del Ministerio Fiscal
�Aplicaci�n del anexo II en los procedimientos judiciales y administrativos
�Responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas
�Evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley
�Revisi�n de los umbrales regulados en el art�culo 28 de la ley
�Responsabilidad medioambiental en el exterior
�Compensaci�n de da�os por la rotura de la presa de Tous
�Da�os anteriores a la entrada en vigor de la ley
�Aplicaci�n de la garant�a financiera obligatoria
.� Criterios a los que se refiere el art�culo 2.1.a)
.� Reparaci�n del da�o medioambiental
Reparaci�n de da�os a las aguas, a las especies silvestres y los h�bitat y la ribera del mar y de las r�as:
Reparaci�n de da�os al suelo.
.� Actividades a que hace referencia el art�culo 3.1
.� Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.a)
.� Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.b)
.� Informaci�n y datos a que se refiere la disposici�n adicional quinta
L 33/2015 de 21 Sep. (modificaci�n de la L 42/2007 de 13 Dic., del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) Ocultar / Mostrar comentarios Letra b) del n�mero 1 del art�culo 2 redactada por el n�mero 1 de la la disposici�n final primera de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (�B.O.E.� 22 septiembre).
N�mero 3 del art�culo 45 redactado por el n�mero 2 de la disposici�n final primera de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (�B.O.E.� 22 septiembre).
L 11/2014 de 3 Jul. (modificaci�n de la L 26/2007 de 23 Oct., Responsabilidad Medioambiental) Ocultar / Mostrar comentarios Letra b) del apartado 1 del art�culo 2 redactada por el apartado uno del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
N�mero 6 del art�culo 3 introducido por el apartado dos del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
N�mero 7 del art�culo 7 introducido por el apartado tres del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 17 bis introducido por el apartado cuatro del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 24 redactado por el apartado cinco del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 27 redactado por el apartado seis del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 28 redactado por el apartado siete del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 30 redactado por el apartado ocho del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
N�mero 1 del art�culo 31 redactado por el apartado nueve del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 33 redactado por el apartado diez del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Art�culo 41 redactado por el apartado once del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
N�mero 3 del art�culo 45 redactado por el apartado doce del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
Disposici�n adicional d�cima suprimida por el apartado trece del art�culo �nico de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
RDL 8/2011 de 1 Jul. (apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales) Ocultar / Mostrar comentarios Letra d) del art�culo 28 introducida por el n�mero uno del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
Letra a) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
Letra b) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
N�mero 1 del art�culo 30 redactado por el n�mero tres del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio; correcci�n de errores �B.O.E.� 13 julio).
L 40/2010 de 29 Dic. (almacenamiento geol�gico de di�xido de carbono) Ocultar / Mostrar comentarios Apartado 15 del anexo III introducido por la disposici�n final tercera de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol�gico de di�xido de carbono (�B.O.E.� 30 diciembre).
Ley 6/2009, de 17 Nov. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica) Ocultar / Mostrar comentarios T�ngase en cuenta que el presente art�culo no es de aplicaci�n a la administraci�n de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho p�blicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector p�blico auton�mico, los consorcios sujetos al ordenamiento auton�mico y a las sociedades con capital mayoritariamente p�blico, seg�n dispone sendos art�culos 36 del DLey [BALEARES] 3/2009, 29 mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 30 mayo) y de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 24 noviembre).
DL 3/2009 29 May. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears) Ocultar / Mostrar comentarios T�ngase en cuenta que el presente art�culo no es de aplicaci�n a la administraci�n de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho p�blicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector p�blico auton�mico, los consorcios sujetos al ordenamiento auton�mico y a las sociedades con capital mayoritariamente p�blico, seg�n dispone sendos art�culos 36 del DLey [BALEARES] 3/2009, 29 mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 30 mayo) y de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 24 noviembre).
El art�culo 45 de la Constituci�n reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condici�n indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligaci�n de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estar�n obligados a reparar el da�o causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que tambi�n correspondan. Este mandato ha sido objeto de desarrollo a trav�s de diferentes normas jur�dicas que, pese a su extensi�n y actualizaci�n, no han sido capaces de prevenir la producci�n reiterada de accidentes de diversa naturaleza que han tenido grav�simas consecuencias para el entorno natural. Ello pone de manifiesto la necesidad de contar con una legislaci�n ambiental que instrumente nuevos sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente los da�os medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen a producirse, aseguren una r�pida y adecuada reparaci�n. A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, que esta ley traspone, incorporando a nuestro ordenamiento jur�dico un r�gimen administrativo de responsabilidad ambiental de car�cter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevenci�n y de que �quien contamina paga�. Se trata, efectivamente, de un r�gimen administrativo en la medida en la que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Administraci�n p�blica debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicaci�n del r�gimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil cl�sica en la que los conflictos entre el causante del da�o y el perjudicado se dirimen en sede judicial. La responsabilidad medioambiental es, adem�s, una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligaci�n de reparaci�n (o, en su caso, de prevenci�n) que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales da�ados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Al poner el �nfasis en la restauraci�n total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnizaci�n dineraria. La responsabilidad medioambiental es, por �ltimo, una responsabilidad de car�cter objetivo en la que las obligaciones de actuaci�n se imponen al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Se completa de esta manera el marco legal de protecci�n de los recursos naturales, pues los da�os medioambientales con origen en la comisi�n de infracciones administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las cuales ven�an estipulando de ordinario la obligaci�n de restituci�n de los perjuicios derivados de tales actuaciones infractoras. Adem�s, de esta manera se hace efectivo el principio de que �quien contamina paga� al trasladar los costes derivados de la reparaci�n de los da�os medioambientales desde la sociedad hasta los operadores econ�micos beneficiarios de la explotaci�n de los recursos naturales. La dimensi�n reparadora del nuevo r�gimen de responsabilidad medioambiental no debe, en ning�n caso, minusvalorar su dimensi�n preventiva. Antes al contrario, debe ser objeto de especial atenci�n, tanto en su regulaci�n como en su aplicaci�n administrativa, pues no hay mejor pol�tica conservacionista que la pol�tica de prevenci�n frente a los da�os medioambientales. Esta visi�n justifica la universalizaci�n que de las obligaciones en materia de prevenci�n y evitaci�n de da�os medioambientales realiza la ley, haciendo extensiva su adopci�n para todo tipo de actividades y frente a todo tipo de comportamientos, tanto dolosos o negligentes, como meramente accidentales o imprevisibles. II
La ley de responsabilidad medioambiental consta de 49 art�culos, agrupados en seis cap�tulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, as� como de seis anexos. El cap�tulo I se ocupa de las disposiciones generales regulando, en primer lugar, el objeto de la ley y las definiciones. Como ya es com�n a otras normas comunitarias, las definiciones desempe�an un papel clave a la hora de delimitar el �mbito de aplicaci�n de la norma. Ello es especialmente relevante en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y, por extensi�n, en la ley. No todos los recursos naturales est�n protegidos por esta ley. Tan solo lo est�n aquellos que tienen cabida en el concepto de da�o medioambiental, a saber: los da�os a las aguas; los da�os al suelo; los da�os a la ribera del mar y de las r�as; y los da�os a las especies de la flora y de la fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en Espa�a, as� como a los h�bitat de todas las especies silvestres aut�ctonas. Quedan excluidos los da�os al aire y los denominados da�os tradicionales, es decir los da�os a las personas y a sus bienes (salvo que estos �ltimos constituyan un recurso natural). Igualmente, no todos los da�os que sufran estos recursos naturales generar�n responsabilidad medioambiental. Para que la ley pueda ser aplicada, se deber� estar en presencia de amenazas de da�os o de da�os propiamente dichos que produzcan efectos adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos el concepto de da�o incluye, adem�s, los riesgos significativos de que se produzcan efectos adversos sobre la salud humana. La delimitaci�n del �mbito de aplicaci�n de la ley se completa con las previsiones del art�culo 3, el cual combina tres elementos para llevar a cabo tal delimitaci�n: el tipo de actividad econ�mica o profesional de que se trate; la clase de medida que deba adoptar el operador y la naturaleza de la responsabilidad en la que �ste pueda haber incurrido. Resultan as� tres �mbitos distintos que se pueden describir en los t�rminos siguientes: a) El art�culo 3 regula, en primer lugar, un r�gimen de responsabilidad objetiva en virtud del cual el operador que desarrolle una actividad econ�mica o profesional de las enumeradas en el anexo III y ocasione da�os medioambientales o amenazas de que dichos da�os se produzcan deber� adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n reguladas en la ley. b) En segundo lugar, se regula un r�gimen de responsabilidad tambi�n objetivo pero de alcance sectorial m�s amplio, el cual afecta a las amenazas de da�os medioambientales ocasionados por cualquier tipo de actividad econ�mica o profesional, est� incluida o no en el anexo III de la ley. Este r�gimen, que posee menor contenido obligacional pues s�lo requiere la adopci�n de medidas de prevenci�n de da�os medioambientales o de evitaci�n de nuevos da�os medioambientales, constituye una novedad respecto de lo previsto en la directiva. c) En tercer lugar, se regula un r�gimen de responsabilidad subjetiva que incluye los da�os y las amenazas de da�os medioambientales ocasionados por cualquier tipo de actividad econ�mica o profesional, est� incluida o no en el anexo III de la ley, y que obliga a adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n reguladas por la ley. La novedad de este r�gimen respecto de la regulaci�n que de �l lleva a cabo la directiva consiste en la ampliaci�n de los recursos naturales que son objeto de su protecci�n. La directiva comunitaria s�lo prev� la inclusi�n en el mismo de los h�bitat y de las especies protegidos, mientras que la ley lo hace extensivo tambi�n a los da�os al suelo y al agua, as� como a la ribera del mar y a las r�as, aumentando as� el nivel de protecci�n de la norma, en sinton�a con lo ya exigido por la legislaci�n espa�ola en la materia. El car�cter objetivo del r�gimen de responsabilidad medioambiental se refuerza con una presunci�n por virtud de la cual se considera que las actividades econ�micas o profesionales del anexo III han causado el da�o o la amenaza de que el da�o se produzca cuando atendiendo a su naturaleza intr�nseca o a la forma en la que han sido desarrolladas sean apropiadas para causarlo. Por �ltimo, el propio art�culo 3 delimita determinadas actividades y determinados da�os que quedan excluidos en todo caso de la ley e identifica en qu� supuestos los da�os ocasionados por contaminaci�n difusa har�n entrar en juego los mecanismos de responsabilidad medioambiental. Por su parte, el art�culo 4 define la aplicaci�n temporal de la responsabilidad, estableciendo que la ley no se aplicar� a los da�os medioambientales si han transcurrido m�s de treinta a�os desde que tuvo lugar la emisi�n, el suceso o el incidente que lo caus�. Cuesti�n especialmente relevante dentro del cap�tulo I es la relativa a la regulaci�n de la concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la pluralidad de reg�menes actualmente existentes -de distinta naturaleza- a trav�s de los cuales se puede exigir la reparaci�n de los da�os ocasionados al medio ambiente. A este respecto, el art�culo 5 declara la no aplicaci�n de la ley para reparar los da�os que sufran los particulares en sus personas, bienes y derechos (da�os no medioambientales), pero dispone, con el fin de evitar la doble recuperaci�n de costes, que tales perjudicados no podr�n exigir reparaci�n por los da�os que se les haya irrogado en la medida en la que los mismos queden reparados por la aplicaci�n de esta ley. Y es que ocurre que, en ocasiones, tales da�os tienen la naturaleza propia de los da�os medioambientales, en cuyo caso, su reparaci�n s� puede llevarse a cabo conforme a esta ley. Por esta raz�n, los da�os no medioambientales son regulados en un art�culo independiente, en el que se expl�cita que estos da�os est�n excluidos del �mbito de protecci�n de la ley salvo en los supuestos en los que tengan la condici�n simult�nea de bien medioambiental y bien de propiedad o titularidad privada, en cuyo caso su reparaci�n se puede realizar al amparo de lo previsto en esta ley. Por su parte, el art�culo 6 se ocupa de los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con la responsabilidad que pueda derivarse de la comisi�n de infracciones o delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan imponerse y define las reglas que se deber�n observar en los supuestos en que concurra la tramitaci�n de un procedimiento de los regulados en esta ley con otros que tengan por objeto la imposici�n de sanciones administrativas o penales. La ley garantiza en todo momento una intervenci�n eficaz en materia de prevenci�n con el fin de que la misma no se vea obstaculizada por condicionantes competenciales o jurisdiccionales. Adem�s, asegura que se evite en todo caso la doble recuperaci�n de costes y respeta en todo momento el �mbito de actuaci�n de la potestad sancionadora de la Administraci�n y el del poder punitivo de los tribunales. El art�culo 7 se ocupa de las competencias administrativas, estableciendo con car�cter general la competencia auton�mica para ejecutar la ley, aunque salvaguardando las competencias que la legislaci�n de aguas y la de costas atribuyen a la Administraci�n General del Estado para proteger los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal. Adem�s, y en atenci�n al car�cter suprauton�mico que pueden tener los da�os medioambientales, la ley refuerza la obligaci�n de colaboraci�n entre Administraciones p�blicas para conseguir la mejor y m�s eficaz aplicaci�n de la ley e impone la obligaci�n de solicitar informe a aquellas administraciones cuyas competencias o intereses puedan verse afectados por la intervenci�n de otras administraciones en la aplicaci�n de la ley. Por �ltimo, y como previsi�n ante grandes cat�strofes, el precepto reconoce la facultad de la Administraci�n General del Estado para, con car�cter excepcional y cuando as� lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar da�os medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboraci�n de las comunidades aut�nomas y de acuerdo con sus respectivas competencias. La ley preserva en todo caso la facultad auton�mica para desarrollar las bases estatales y para, adem�s, adoptar normas adicionales de protecci�n. En concreto, la disposici�n adicional segunda reconoce expresamente la posibilidad de que las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus competencias, adopten decisiones m�s exigentes en materia de prevenci�n, evitaci�n o reparaci�n de da�os medioambientales, incluida la potestad de tipificar nuevas infracciones y sanciones, as� como la de que sometan otras actividades u otros sujetos al r�gimen de responsabilidad establecido en esta ley, sin perjuicio de las exclusiones adoptadas por el legislador b�sico, como las recogidas en la disposici�n adicional segunda o en la disposici�n adicional d�cima. III
Las reglas de los art�culos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador no est� obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Tales preceptos tambi�n identifican los medios a trav�s de los cuales podr� recuperar los costes en los que hubiese incurrido por aplicaci�n de la ley, tal y como exige la directiva. El art�culo 14 no incorpora causas de exenci�n de la responsabilidad, pues el operador est� obligado en todo momento a adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los da�os ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del art�culo 14, el operador puede recuperar el coste en el que hubiera incurrido al adoptar tales medidas. Las circunstancias previstas en el apartado 1 son la actuaci�n de un tercero ajeno al �mbito de la organizaci�n de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento de una orden o una instrucci�n obligatoria dictada por una autoridad p�blica. Las dos circunstancias del apartado 2 s�lo liberan del coste en el que hubiera incurrido el operador al adoptar medidas reparadoras y �nicamente operan cuando no ha existido dolo, culpa o negligencia por su parte. La primera, que quiebra la presunci�n del art�culo 9, se puede alegar cuando la emisi�n o el hecho que sea causa directa del da�o medioambiental constituyan el objeto expreso y espec�fico de una autorizaci�n administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Se requiere, adem�s, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorizaci�n y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisi�n o el hecho causante del da�o medioambiental. En cuanto a la segunda circunstancia del art�culo 14.2, se puede alegar cuando el operador pruebe que el da�o medioambiental fue causado por una actividad, una emisi�n o la utilizaci�n de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos cient�ficos y t�cnicos existentes en aquel momento. En cuanto a las v�as para la recuperaci�n de los costes, en los supuestos del apartado 1 del art�culo 14 el operador deber� reclamar contra el tercero causante del da�o o exigir de la Administraci�n que ha dictado la orden la correspondiente indemnizaci�n, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci�n civil o administrativa aplicable en cada caso. En los supuestos del apartado 2 del art�culo 14, los costes se restituir�n, bien a trav�s del Fondo Estatal de Reparaci�n de Da�os Medioambientales regulado en el art�culo 34, bien a trav�s de los instrumentos que prevean las normas que se dicten en desarrollo de la ley. IV
El cap�tulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n, as� como las obligaciones que corresponden a las administraciones p�blicas y las potestades que les reconoce la ley para llevar a cabo su cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 17 y 18, ante una amenaza de producci�n de un da�o medioambiental derivado de cualquier actividad econ�mica o profesional el operador tiene la obligaci�n de adoptar las medidas de prevenci�n y de evitaci�n y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podr� requerir al operador para que le suministre informaci�n adicional o para que adopte tales medidas. Igualmente podr� proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deber� ejecutar dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias previstas en la ley. Seg�n lo establecido en el art�culo 19, ante un supuesto de da�o medioambiental derivado de una actividad profesional de las enumeradas en el anexo III de la ley, el operador tiene la obligaci�n de adoptar las medidas de reparaci�n correspondientes y la de comunicar el suceso a la autoridad competente. Si el da�o deriva de actividades distintas de las enumeradas en el anexo III el operador s�lo debe cumplir las obligaciones mencionadas cuando medie culpa o negligencia. El art�culo 20 impone sobre el operador la obligaci�n de elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a los criterios del anexo II y de someterla a la autoridad competente, a la cual corresponder� aprobarlas formalmente y, en su caso, priorizar el orden en que tales medidas ser�n ejecutadas. Por lo dem�s, y al igual que en los supuestos de amenaza de da�o, la Administraci�n se reserva la facultad para requerir informaci�n adicional al operador, para exigirle que adopte medidas de car�cter urgente o para adoptarlas ella misma, para requerirle la adopci�n de las medidas reparadoras, para darle instrucciones sobre la forma en la que debe adoptarlas o, finalmente, para ejecutar subsidiariamente tales medidas a costa del operador cuando concurran las circunstancias previstas en la ley. El cap�tulo III se cierra con dos previsiones normativas. Por un lado, el art�culo 22 recoge las potestades que la ley reconoce a la Administraci�n para que �sta vele porque el operador cumpla las obligaciones que le impone la ley de responsabilidad medioambiental, identificando las actuaciones administrativas que habr�n de ponerse en pr�ctica en los casos en los que el operador incumpla sus obligaciones. En segundo lugar, el art�culo 23 habilita la actuaci�n directa de la Administraci�n para ejecutar por s� misma las medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n previstas en esta ley, cuando as� lo requiera la m�s eficaz protecci�n de los recursos naturales y concurran circunstancias que lo justifiquen. V
El cap�tulo IV se ocupa de las garant�as financieras cuya constituci�n es requisito imprescindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III de la ley. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondr� de recursos econ�micos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopci�n de las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de los da�os medioambientales. El art�culo 24 atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de establecer la cuant�a de la garant�a financiera para cada tipo de actividad, en funci�n de la intensidad y extensi�n del da�o que se pueda ocasionar, de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamentariamente. La determinaci�n de esta cuant�a deber� ser realizada conforme a la metodolog�a para la evaluaci�n econ�mica de la reparaci�n de los da�os medioambientales, cuya elaboraci�n prev� igualmente el apartado 3 y cuya aprobaci�n compete al Gobierno de la Naci�n, con el fin de dotarle de un car�cter b�sico que asegure su aplicaci�n uniforme en el conjunto del Estado. El art�culo 24 establece hasta tres modalidades de garant�as financieras, las cuales podr�n constituirse alternativa o complementariamente entre s�. Tales modalidades son las siguientes: a) La suscripci�n de una p�liza de seguro con una entidad aseguradora autorizada para operar en Espa�a. En este caso, corresponder�n al Consorcio de Compensaci�n de Seguros las funciones a que se refiere el art�culo 33. b) La obtenci�n de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en Espa�a. c) La constituci�n de una reserva t�cnica mediante la dotaci�n de un fondo �ad hoc� para responder de los eventuales da�os medioambientales de la actividad con materializaci�n en inversiones financieras respaldadas por el sector p�blico. Los restantes art�culos fijan las reglas que deber�n regir la constituci�n y el funcionamiento de tales garant�as; establecen los riesgos y los costes que quedar�n cubiertos por ellas; determinan las reglas sobre su vigencia y los l�mites cuantitativos de las garant�as; y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garant�as y los operadores que quedan exentos de tal obligaci�n. Tal exenci�n beneficia a aquellos operadores que realicen actividades susceptibles de ocasionar un da�o cuya reparaci�n se evalu� por una cantidad inferior a 300.000 euros y a aquellos otros en los que la reparaci�n de los da�os est� comprendida entre 300.000 y 2.000.000 euros y acrediten estar adheridos con car�cter permanente a un sistema de gesti�n y auditor�a medioambientales. Tal exenci�n tambi�n alcanza la utilizaci�n con fines agropecuarios y forestales de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo III. Por �ltimo, se prev� la intervenci�n del Consorcio de Compensaci�n de Seguros para la gesti�n del Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales, el cual se constituir� con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro. Dicho Fondo estar� destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en la p�liza original y para aquellos da�os que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas durante el periodo de autorizaci�n, se manifiesten o reclamen despu�s del transcurso de los periodos de manifestaci�n o reclamaci�n admitidos en la p�liza de seguro y dentro de un n�mero de a�os, tras finalizar la vigencia de la p�liza, igual a aquel en que dicha p�liza haya estado en vigor, la citada p�liza, con el l�mite m�ximo de 30 a�os a que se refiere el art�culo 4. Con cargo al mismo Fondo, adem�s, el Consorcio atender� las obligaciones que correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una p�liza de seguro y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta a un procedimiento de liquidaci�n intervenida o �sta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensaci�n de Seguros. Como complemento al sistema de garant�as financieras, el art�culo 34 crea un Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales que ser� gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y que se dotar� con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Este Fondo sufragar� los costes derivados de las medidas reparadoras de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal en aquellos supuestos en los que sean de aplicaci�n las causas de inexigibilidad de la obligaci�n de sufragar los costes regulados en los art�culos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo dem�s, de un Fondo que queda abierto a la participaci�n de las comunidades aut�nomas a trav�s de los instrumentos de colaboraci�n previstos en la legislaci�n vigente. VI
El cap�tulo V de la ley se ocupa del r�gimen de infracciones y sanciones. A diferencia de lo que ocurre en el r�gimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de operador engloba tanto a personas privadas como a p�blicas, el r�gimen sancionador de la ley �nicamente prev� la imposici�n de sanciones a personas f�sicas y jur�dicas privadas. Las infracciones tipificadas en el art�culo 37 definen aquellos comportamientos que constituyen incumplimientos de las obligaciones que la ley impone a los operadores, agrup�ndolas en dos categor�as, muy graves y graves, atendiendo a los perjuicios, mayores o menores, que para los recursos naturales puedan derivarse de tales conductas. Las sanciones, por su parte, prev�n multas que oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de euros, en el caso de infracci�n muy grave, y entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el caso de las infracciones graves. Adem�s, se prev� en ambos casos la posibilidad de suspender la autorizaci�n concedida al operador por un periodo m�ximo de dos a�os en las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves. El cap�tulo VI se ocupa de las disposiciones de naturaleza procedimental. La obligaci�n de adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de los da�os medioambientales emana directamente de la aplicaci�n de la ley. No obstante, cuando la administraci�n intervenga en la exigencia de la responsabilidad medioambiental determinando el sujeto responsable o las medidas que deben ser adoptadas, habr� de hacerlo siguiendo el correspondiente cauce procedimental. La ley no regula dicho procedimiento, cuesti�n que corresponde a las comunidades aut�nomas, limit�ndose a establecer determinadas garant�as procedimentales que tienen su origen, en la mayor�a de casos, en la propia directiva. En concreto, el art�culo 41 regula las formas de iniciaci�n de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, distinguiendo dos posibilidades: a) Iniciaci�n a instancia de parte, ya sea mediante solicitud del propio operador, ya sea a trav�s de solicitud formalizada por cualquier interesado distinto del operador. b) De oficio, bien por iniciativa de la propia autoridad competente, bien por petici�n de otra Administraci�n p�blica o bien por denuncia. La peculiaridad m�s sobresaliente proviene de los supuestos en los que la solicitud de intervenci�n p�blica proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos interesados son aquellos titulares de bienes, derechos o intereses leg�timos que puedan resultar afectados por el da�o medioambiental o por la amenaza de que �ste se produzca, as� como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protecci�n del medio ambiente. En otras palabras, los interesados del art�culo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, as� como las personas jur�dicas sin �nimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protecci�n del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular. b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos a�os antes del ejercicio de la acci�n y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. c) Que seg�n sus estatutos desarrollen su actividad en un �mbito territorial que resulte afectado por el da�o medioambiental o la amenaza de da�o. Las solicitudes que formulen estos interesados deber�n adecuarse a lo dispuesto en esta ley y dar�n lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habr� de ser debidamente regulado por cada Administraci�n p�blica y deber� respetar en todo caso las garant�as fijadas por la directiva comunitaria, a saber: derecho del interesado a formular observaciones y aportar datos; evacuaci�n del tr�mite de audiencia al operador y a los dem�s interesados; y obligaci�n de resolver de manera motivada y con notificaci�n expresa al solicitante y a los dem�s interesados en el plazo m�ximo de tres meses. Como contrapeso al valor jur�dico que se otorga a las solicitudes de exigencia de responsabilidad formuladas por los interesados y para evitar un uso espurio o abusivo de esta figura legal, la ley reconoce la potestad de la Administraci�n p�blica competente para denegar aquellas solicitudes que sean manifiestamente infundadas o abusivas. Tambi�n dentro del cap�tulo VI se establece la posibilidad de adoptar medidas provisionales durante la tramitaci�n del procedimiento, se regula el contenido b�sico de la resoluci�n del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, incluida la posibilidad de la terminaci�n convencional, se aborda la regulaci�n de los medios de ejecuci�n forzosa y se fija el plazo para el ejercicio de acciones de repetici�n por parte de la Administraci�n destinadas a recuperar los costes en los que hubiera podido incurrir como consecuencia de la adopci�n de las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n. Este plazo queda fijado en cinco a�os. VII
En cuanto a la parte final de la ley, la disposici�n adicional primera declara la aplicabilidad preferente de la legislaci�n reguladora de las situaciones de emergencia, tanto civiles como sanitarias, frente al r�gimen de responsabilidad regulado en esta ley; la segunda sanciona la aplicaci�n preferente de cualquier otra norma que contenga obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental m�s exigentes que las establecidas en esta ley; la tercera reconoce el derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci�n internacional sobre reclamaciones de derecho mar�timo; la cuarta se ocupa de los da�os no medioambientales ocasionados por organismos modificados gen�ticamente; la quinta establece la obligaci�n de las Administraciones p�blicas de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente los datos e informaciones recogidos en el anexo VI de la ley para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria aplicable; la sexta declara de inter�s social la ocupaci�n de determinados bienes y derechos de titularidad privada; la s�ptima prev� la inexigibilidad de la garant�as financieras obligatorias para las personas jur�dicas p�blicas; la octava reconoce la legitimaci�n del Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos contencioso-administrativos en los que se ventilen causas que tengan su origen en la aplicaci�n de esta ley; la novena hace extensiva la aplicaci�n de las reglas sobre reparaci�n de da�os medioambientales contenidas en el anexo II a cualquier obligaci�n de reparaci�n de este tipo de da�os con independencia de cual sea el origen legal de dicha obligaci�n; la d�cima concreta el r�gimen de responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas; la und�cima establece un procedimiento para la evaluaci�n de la aplicaci�n de la ley; la duod�cima regula la revisi�n de los umbrales establecidos para la exenci�n de la obligaci�n de constituir garant�as financieras; la decimotercera introduce la obligaci�n de reparar los da�os medioambientales causados en el exterior de la Uni�n Europea; y la decimocuarta regula la compensaci�n de los afectados por la rotura de la presa de Tous. La disposici�n transitoria �nica declara la no aplicaci�n de la ley a los da�os causados por una emisi�n, un suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a los causados por una emisi�n, un suceso o un incidente que se haya producido despu�s de la entrada en vigor de esta ley, cuando �stos se deriven de una actividad espec�fica realizada y concluida antes de dicha fecha. Las disposiciones finales, por �ltimo, se ocupan de la definici�n de los t�tulos de competencias; hacen expl�cita la labor de transposici�n de Derecho Comunitario que realiza la ley; autorizan al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la ley; establecen las normas que habr�n de observarse para fijar el calendario temporal de aplicaci�n de las obligaciones sobre garant�as financieras; regulan la cooperaci�n entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas para la ejecuci�n de la ley, y fijan como entrada en vigor de la ley, el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, retrotrayendo sus efectos al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus cap�tulos IV y V. En cuanto a los anexos, el I establece los criterios conforme a los cuales se deber� determinar si un da�o a una especie silvestre o a un h�bitat es o no es significativo. El anexo II se ocupa de la reparaci�n del da�o medioambiental. El III enumera las actividades profesionales a las que se refiere el art�culo 3.1 de la ley. Los anexos IV y V enumeran los convenios internacionales a los que hacen referencia los art�culos 3.5.a) y 3.5.b), respectivamente. Finalmente el anexo VI describe la informaci�n y los datos a los que se refiere la disposici�n adicional quinta. CAP�TULO IDisposiciones generales
Objeto Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales, de conformidad con el art�culo 45 de la Constituci�n y con los principios de prevenci�n y de que �quien contamina paga�. Art�culo 2
Definiciones A efectos de la presente ley, se entender� por: 1. �Da�o medioambiental�: a) Los da�os a las especies silvestres y a los h�bitat, es decir, cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservaci�n de esos h�bitat o especies. El car�cter significativo de esos efectos se evaluar� en relaci�n con el estado b�sico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I. Los da�os a las especies y a los h�bitat no incluir�n los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo establecido en las siguientes normas: 1.� El art�culo 6.3 y 4 o el art�culo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitat naturales y de la fauna y flora silvestres. 2.� La normativa, estatal o auton�mica, en materia de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el art�culo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservaci�n de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. b) Los da�os a las aguas, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos:
No tendr�n la consideraci�n de da�os a las aguas, los efectos adversos a los que les sea de aplicaci�n el art�culo 39 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio
, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificaci�n Hidrol�gica.
2.� En el estado ecol�gico de las aguas marinas, tal y como se define en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre
, de Protecci�n de Medio Marino, en la medida en que diversos aspectos del estado ecol�gico del medio marino no est�n ya cubiertos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.
Letra b) del n�mero 1 del art�culo 2 redactada por el n�mero 1 de la la disposici�n final primera de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (�B.O.E.� 22 septiembre).
c) Los da�os a la ribera del mar y de las r�as, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos sobre su integridad f�sica y adecuada conservaci�n, as� como tambi�n aqu�llos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aqu�lla. d) Los da�os al suelo, es decir, cualquier contaminaci�n del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al dep�sito, vertido o introducci�n directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo. 2. �Da�os�: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente. Quedan incluidos en el concepto de da�o aquellos da�os medioambientales que hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire. 3. �Riesgo�: Funci�n de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuant�a del da�o que puede provocar. 4. �Especies silvestres�: Las especies de la flora y de la fauna que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales o que est�n protegidas por la legislaci�n comunitaria, estatal o auton�mica, as� como por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio espa�ol, tanto con car�cter permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Cat�logo Nacional de Especies Amenazadas o en los cat�logos de especies amenazadas establecidos por las comunidades aut�nomas en sus respectivos �mbitos territoriales. Quedan excluidas de la definici�n anterior las especies ex�ticas invasoras, entendi�ndose por tales aqu�llas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su �rea de distribuci�n natural y que resultan una amenaza para los h�bitat o las especies silvestres aut�ctonas. 5. �H�bitat�: Las zonas terrestres o acu�ticas diferenciadas por sus caracter�sticas geogr�ficas, abi�ticas y bi�ticas, y que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, o que est�n protegidas por otras normas comunitarias, por la legislaci�n estatal o auton�mica, o por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte. 6. �Estado de conservaci�n�: a) Con respecto a un h�bitat, la suma de influencias que act�an sobre �l y sobre sus especies t�picas que puedan afectar a largo plazo a su distribuci�n natural, a su estructura y a sus funciones, as� como a la supervivencia a largo plazo de sus especies t�picas en el �rea de distribuci�n natural de ese h�bitat en el territorio espa�ol. El estado de conservaci�n de un h�bitat se considerar� �favorable� cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 1.� Que su �rea de distribuci�n natural y las zonas que abarque esa extensi�n sean estables o est�n en crecimiento. 2.� Que concurran la estructura espec�fica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que �stas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible.
3.� Que el estado de conservaci�n de sus especies t�picas sea favorable, tal como se define en la letra b). b) Con respecto a una especie, la suma de influencias que act�an sobre ella que puedan afectar a su distribuci�n a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el �rea de distribuci�n natural de esa especie en el territorio espa�ol. El estado de conservaci�n de una especie se considerar� �favorable� cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 1.� Que los datos de din�mica de poblaci�n para la especie de que se trate indiquen que se est� manteniendo a largo plazo como componente viable de sus h�bitat. 2.� Que el �rea de distribuci�n natural de esa especie no se est� reduciendo ni sea probable que vaya a reducirse en un futuro previsible. 3.� Que exista un h�bitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo. 7. �Aguas�: Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterr�neas, costeras y de transici�n definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, as� como los restantes elementos que forman parte del dominio p�blico hidr�ulico. 8. �Ribera del mar y de las r�as�: Los bienes de dominio p�blico mar�timo-terrestre regulados en el art�culo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 9. �Suelo�: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por part�culas minerales, materia org�nica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempe�ar tanto funciones naturales como de uso. No tendr�n tal consideraci�n aquellos permanentemente cubiertos por una l�mina de agua superficial. 10. �Operador�: Cualquier persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada, que desempe�e una actividad econ�mica o profesional o que, en virtud de cualquier t�tulo, controle dicha actividad o tenga un poder econ�mico determinante sobre su funcionamiento t�cnico. Para su determinaci�n se tendr� en cuenta lo que la legislaci�n sectorial, estatal o auton�mica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administraci�n. Sin perjuicio de lo previsto en el art�culo 14.1.b), no quedan incluidos en este concepto los �rganos de contrataci�n de las Administraciones p�blicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la legislaci�n sobre contrataci�n p�blica en relaci�n con los contratos administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de contratista, que ser� quien tenga la condici�n de operador a los efectos de lo establecido en esta ley. 11. �Actividad econ�mica o profesional�: Toda aqu�lla realizada con ocasi�n de una actividad de �ndole econ�mica, un negocio o una empresa, con independencia de su car�cter p�blico o privado y de que tenga o no fines lucrativos. 12. �Emisi�n�: La liberaci�n en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de sustancias, de preparados, de organismos o de microorganismos. 13. �Amenaza inminente de da�os�: Una probabilidad suficiente de que se produzcan da�os medioambientales en un futuro pr�ximo. 14. �Medida preventiva� o �medida de prevenci�n�: Aqu�lla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisi�n que haya supuesto una amenaza inminente de da�o medioambiental, con objeto de impedir su producci�n o reducir al m�ximo dicho da�o. 15. �Medida de evitaci�n de nuevos da�os�: aqu�lla que, ya producido un da�o medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores da�os medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el da�o, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera. 16. �Medida reparadora� o �medida de reparaci�n�: Toda acci�n o conjunto de acciones, incluidas las de car�cter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales da�ados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos seg�n lo previsto en el anexo II. 17. �Recurso natural�: Las especies silvestres y los h�bitat, el agua, la ribera del mar y de las r�as y el suelo. 18. �Servicios de recursos naturales�: Las funciones que desempe�a un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del p�blico. 19. �Estado b�sico�: Aqu�l en que, de no haberse producido el da�o medioambiental, se habr�an hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el da�o, considerado a partir de la mejor informaci�n disponible. 20. �Recuperaci�n�, incluida la �recuperaci�n natural�: Trat�ndose de las aguas y de las especies silvestres y los h�bitat, el retorno de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales da�ados a su estado b�sico; trat�ndose de los da�os al suelo, adem�s, la eliminaci�n de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana. 21. �Costes�: Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicaci�n adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de da�o medioambiental o de amenaza de da�o medioambiental, cualquiera que sea su cuant�a. En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecuci�n de las medidas preventivas, las de evitaci�n de nuevos da�os y las reparadoras; los de evaluaci�n de los da�os medioambientales y de la amenaza inminente de que tales da�os ocurran; los dirigidos a establecer las opciones de acci�n posible y a elegir las m�s adecuadas; los generados para obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisi�n. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jur�dicos, y de actividades materiales y t�cnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas. 22. �Autoridad competente�: Aquella encargada de desempe�ar los cometidos previstos en la presente Ley, que designen en su �mbito respectivo de competencias la Administraci�n General del Estado, las comunidades aut�nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecuci�n de esta Ley, conforme a lo dispuesto en el art�culo 7. 23. �P�blico�: Cualquier persona f�sica o jur�dica, as� como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicaci�n. Art�culo 3
�mbito de aplicaci�n 1. Esta ley se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Se presumir�, salvo prueba en contrario, que una actividad econ�mica o profesional de las enumeradas en el anexo III ha causado el da�o o la amenaza inminente de que dicho da�o se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intr�nseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo. 2. Esta ley tambi�n se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes t�rminos: a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n. b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n y de evitaci�n. 3. Esta Ley s�lo se aplicar� a los da�os medioambientales, o a la amenaza inminente de tales da�os, causados por una contaminaci�n de car�cter difuso, cuando sea posible establecer un v�nculo causal entre los da�os y las actividades de operadores concretos. 4. Esta ley no se aplicar� a los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas: a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrecci�n. b) Un fen�meno natural de car�cter excepcional, inevitable e irresistible. c) Las actividades cuyo principal prop�sito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo �nico prop�sito sea la protecci�n contra los desastres naturales. 5. Esta ley no se aplicar� a los siguientes da�os: a) A los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnizaci�n est�n establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a. b) A los riesgos nucleares, a los da�os medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilizaci�n est� regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ�a At�mica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo r�gimen de responsabilidad est� establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a. 6. En el caso de obras p�blicas de inter�s general, competencia de la Administraci�n General del Estado, esta ley se aplicar�:
�mbito temporal de la responsabilidad medioambiental Esta ley no ser� de aplicaci�n a los da�os medioambientales si han transcurrido m�s de treinta a�os desde que tuvo lugar la emisi�n, el suceso o el incidente que los caus�. El plazo se computar� desde el d�a en el que haya terminado por completo o se haya producido por �ltima vez la emisi�n, el suceso o el incidente causante del da�o. Art�culo 5
Da�os a particulares 1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los da�os causados a la propiedad privada, a ning�n tipo de p�rdida econ�mica ni afecta a ning�n derecho relativo a este tipo de da�os o cualesquiera otros da�os patrimoniales que no tengan la condici�n de da�os medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se regir�n por la normativa que en cada caso resulte de aplicaci�n. 2. Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podr�n exigir reparaci�n ni indemnizaci�n por los da�os medioambientales que se les hayan irrogado, en la medida en la que tales da�os queden reparados por la aplicaci�n de esta ley. El responsable que hubiera hecho frente a esa doble reparaci�n podr� reclamar del perjudicado la devoluci�n o la compensaci�n que proceda. 3. En ning�n caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera procesos o procedimientos exonerar�n al operador responsable de la adopci�n plena y efectiva de las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n que resulten de la aplicaci�n de esta ley ni impedir�n las actuaciones administrativas encaminadas a ello. Art�culo 6
Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas 1. Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 36.3, la responsabilidad establecida en esta ley ser� compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aqu�lla. 2. En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o sancionadores se aplicar�n las siguientes reglas: a) Esta ley se aplicar�, en todo caso, a la reparaci�n de los da�os medioambientales causados por los operadores de actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III, con independencia de la tramitaci�n de los restantes procedimientos. b) Esta ley se aplicar�, en todo caso, a la adopci�n de medidas de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os, por parte de todos los operadores de actividades econ�micas o profesionales, con independencia de la tramitaci�n de los restantes procedimientos. c) La adopci�n de las medidas de reparaci�n de da�os medioambientales causados por actividades econ�micas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III ser� exigible �nicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia. Se adoptar�n, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para evitar la doble recuperaci�n de costes. 3. Si por aplicaci�n de otras leyes se hubiera conseguido la prevenci�n, la evitaci�n y la reparaci�n de da�os medioambientales a costa del responsable, no ser� necesario tramitar las actuaciones previstas en esta ley. Art�culo 7
Competencias administrativas 1. El desarrollo legislativo y la ejecuci�n de esta ley corresponden a las comunidades aut�nomas en cuyo territorio se localicen los da�os causados o la amenaza inminente de que tales da�os se produzcan. En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecuci�n de esta ley. 2. Si el da�o o la amenaza de que el da�o se produzca afecta a cuencas hidrogr�ficas de gesti�n estatal o a bienes de dominio p�blico de titularidad estatal, ser� preceptivo el informe del �rgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n que se deban adoptar respecto de dichos bienes. 3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislaci�n de aguas y en la de costas, corresponda a la Administraci�n General del Estado velar por la protecci�n de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os, aquella aplicar� esta ley en su �mbito de competencias. 4. Cuando est�n afectados los territorios de varias comunidades aut�nomas o cuando deban actuar aqu�llas y la Administraci�n General del Estado conforme al apartado anterior, las administraciones afectadas establecer�n aquellos mecanismos de colaboraci�n que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en esta ley, los cuales podr�n prever la designaci�n de un �nico �rgano para la tramitaci�n de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustar�n sus actuaciones a los principios de informaci�n mutua, de cooperaci�n y de colaboraci�n. 5. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Administraci�n actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deber� aquella recabar informe de �stas antes de resolver. 6. Con car�cter excepcional y cuando as� lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administraci�n General del Estado podr� promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar da�os medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboraci�n de las comunidades aut�nomas y de acuerdo con sus respectivas competencias. 7. Corresponde a la Administraci�n General del Estado, a trav�s de la previa instrucci�n del correspondiente procedimiento de responsabilidad por da�os al medio ambiente de los previstos en esta ley, exigir la adopci�n de las medidas de prevenci�n, evitaci�n y reparaci�n que procedan, en aplicaci�n de esta ley cuando se trate de obras p�blicas de inter�s general de su competencia. Si el da�o o la amenaza de que el da�o se produzca afectan a recursos naturales, cuya tutela recaiga en las comunidades aut�nomas, ser� preceptivo recabar el informe del �rgano auton�mico competente.
Da�os transfronterizos 1. Cuando un da�o medioambiental o una amenaza inminente de que se produzca un da�o medioambiental afecte o pueda afectar a otro Estado miembro de la Uni�n Europea, la autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicar� de forma inmediata al Ministerio de Medio Ambiente. 2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraci�n con la autoridad competente afectada y a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, adoptar� las siguientes medidas: a) Facilitar� a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuanta informaci�n resulte relevante para que �stos puedan adoptar las medidas que estimen oportunas en relaci�n con el evento causante del da�o o de la amenaza de que el da�o se produzca. b) Establecer� los mecanismos de colaboraci�n con las autoridades competentes de otros Estados miembros para facilitar la adopci�n de todas las medidas encaminadas a la prevenci�n, a la evitaci�n y a la reparaci�n de da�os medioambientales. c) Tomar� en consideraci�n las recomendaciones que le formulen las autoridades competentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicar� a la autoridad competente afectada. d) Tomar� las medidas necesarias para que los operadores responsables del da�o medioambiental o amenaza inminente de da�o asuman los costes que hayan ocasionado a las autoridades competentes de los estados miembros afectados con sujeci�n a los criterios de reciprocidad que se establezcan en tratados internacionales o en la normativa de dichos estados. 3. Cuando una autoridad espa�ola competente por raz�n de la materia identifique un da�o o una amenaza inminente de da�o para su territorio, ocasionado por una actividad econ�mica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Uni�n Europea, informar� a la Comisi�n Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n. Asimismo podr�, adem�s, adoptar las siguientes medidas: a) Formular recomendaciones para la adopci�n de medidas preventivas o reparadoras, las cuales ser�n transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el da�o a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n. b) Iniciar los tr�mites para la recuperaci�n de los costes ocasionados por la adopci�n de medidas preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las restantes disposiciones aplicables. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n pondr� en conocimiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda la informaci�n procedente de otros Estados miembros sobre da�os medioambientales transfronterizos. CAP�TULO IIAtribuci�n de responsabilidades
Responsabilidad de los operadores 1. Los operadores de las actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuant�a, cuando resulten responsables de los mismos. El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones y de las condiciones establecidos por las normas legales y reglamentarias o de los fijados en cualesquiera t�tulos administrativos cuya obtenci�n sea necesaria para el ejercicio de una actividad econ�mica o profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerar� a los operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 14. 2. Los operadores de cualesquiera actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de da�os medioambientales o la amenaza inminente de dichos da�os, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar. 3. Los operadores de actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a colaborar en la definici�n de las medidas reparadoras y en la ejecuci�n de las adoptadas por la autoridad competente. 4. La Administraci�n p�blica que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una actividad cuyo desarrollo diese lugar a da�os medioambientales, o a la amenaza de los mismos, colaborar� con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad medioambiental de la Administraci�n p�blica por las actuaciones del operador, salvo en el supuesto previsto en el art�culo 14.1.b). Art�culo 10
Responsabilidad de los grupos de sociedades En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un grupo de sociedades, seg�n lo previsto en el art�culo 42.1 del C�digo de Comercio, la responsabilidad medioambiental regulada en esta ley podr� extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie utilizaci�n abusiva de la persona jur�dica o fraude de ley. Art�culo 11
Pluralidad de responsables de un mismo da�o En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su participaci�n en la causaci�n del da�o o de la amenaza inminente de causarlo, la responsabilidad ser� mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra cosa. Art�culo 12
Muerte o extinci�n de las personas responsables En los casos de muerte o extinci�n de las personas responsables seg�n esta ley, sus deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias subsiguientes, se transmitir�n y se exigir�n conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias. Art�culo 13
Responsables solidarios y subsidiarios 1. Ser�n responsables solidarios del pago de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley los sujetos a los que se refiere el art�culo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 2. Ser�n responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley y, en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos: a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jur�dicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de �stas. b) Los gestores o administradores de aquellas personas jur�dicas que hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento. c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad causante del da�o, con los l�mites y las excepciones previstos en el art�culo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jur�dicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones. 3. Estas responsabilidades pecuniarias se declarar�n y exigir�n en los procedimientos de ejecuci�n, en los t�rminos establecidos en la legislaci�n tributaria y de recaudaci�n de ingresos de Derecho p�blico. Art�culo 14
Inexigibilidad de la obligaci�n de sufragar los costes 1. El operador no estar� obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os cuando demuestre que los da�os medioambientales o la amenaza inminente de tales da�os se produjeron exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas: a) La actuaci�n de un tercero ajeno al �mbito de la organizaci�n de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas. b) El cumplimiento de una orden o instrucci�n obligatoria dictada por una autoridad p�blica competente, incluyendo las �rdenes dadas en ejecuci�n de un contrato a que se refiere la legislaci�n de contratos de las Administraciones P�blicas. Se except�an los supuestos en los que la orden o la instrucci�n se hayan dictado para hacer frente a una emisi�n o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador. La aprobaci�n de proyectos por las Administraciones p�blicas, cuando as� lo exija la normativa aplicable, no tendr� la consideraci�n de orden o instrucci�n, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administraci�n contratante no podr�n considerarse como orden o instrucci�n obligatoria a los efectos de este apartado respecto de da�os medioambientales no previstos expresamente en la declaraci�n de impacto ambiental o instrumento equivalente. Cuando los da�os medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administraci�n en un contrato de obras o de suministro de fabricaci�n, el operador no vendr� obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten. 2. El operador no estar� obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la emisi�n o el hecho que sea causa directa del da�o medioambiental constituya el objeto expreso y espec�fico de una autorizaci�n administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Adicionalmente, ser� necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorizaci�n y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la emisi�n o el hecho causante del da�o medioambiental. b) Que el operador pruebe que el da�o medioambiental fue causado por una actividad, una emisi�n, o la utilizaci�n de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos cient�ficos y t�cnicos existentes en aquel momento. 3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador estar� obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido se recuperar�n en los t�rminos previstos en el art�culo 15. Art�culo 15
Recuperaci�n de costes 1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 14.1, el operador no est� obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de da�os medioambientales, podr� recuperarlos ejerciendo las acciones de repetici�n frente a terceros a que se refiere el art�culo 16 o reclamando la responsabilidad patrimonial de las Administraciones p�blicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad p�blica que imparti� la orden o la instrucci�n. Igualmente, la autoridad competente podr� exigir al tercero que sufrague los costes de las medidas que se hayan adoptado. 2. En los supuestos previstos en el art�culo 14.2, el operador tendr� derecho a recuperar los costes imputables a las medidas de reparaci�n de da�os medioambientales en los t�rminos establecidos en la normativa auton�mica, salvo lo dispuesto en el art�culo 34. Art�culo 16
Acciones frente a terceros 1. El operador que hubiera adoptado medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n podr� ejercer acciones de repetici�n contra cualesquiera otras personas que, al amparo de �sta o de cualquier otra norma, sean causantes o responsables, con o sin culpa, del da�o medioambiental o de la amenaza de da�o medioambiental que haya motivado la adopci�n de aquellas medidas. 2. Cuando el da�o o la amenaza de da�o sean causados por el uso de un producto, el operador podr� reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los costes en que haya incurrido, siempre y cuando el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de su actividad a las condiciones establecidas para el uso del producto y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisi�n o el hecho causante del da�o medioambiental. CAP�TULO IIIPrevenci�n, evitaci�n y reparaci�n de da�os medioambientales
SECCI�N 1PREVENCI�N Y EVITACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
Obligaciones del operador en materia de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os 1. Ante una amenaza inminente de da�os medioambientales originada por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas. 2. Asimismo, cuando se hayan producido da�os medioambientales causados por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar en los mismos t�rminos las medidas apropiadas de evitaci�n de nuevos da�os, con independencia de que est� o no sujeto a la obligaci�n de adoptar medidas de reparaci�n por aplicaci�n de lo dispuesto en esta ley. 3. Para la determinaci�n de las medidas de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os se atender�, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas. 4. Los operadores pondr�n en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos los aspectos relativos a los da�os medioambientales o a la amenaza de tales da�os, seg�n lo dispuesto en el art�culo 9.2, as� como las medidas de prevenci�n y evitaci�n adoptadas. De no desaparecer la amenaza de da�o a pesar de haberse adoptado las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os, el operador lo pondr� en conocimiento inmediato de la autoridad competente. Art�culo 17 bis
Fomento de las medidas de prevenci�n y evitaci�n de da�os medioambientales
Potestades administrativas en materia de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os La autoridad competente, cuando considere que existe amenaza de da�os o de producci�n de nuevos da�os, podr� adoptar en cualquier momento y mediante resoluci�n motivada dictada de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI, cualquiera de las siguientes decisiones: a) Exigir al operador que facilite informaci�n sobre toda amenaza inminente de producci�n de da�o medioambiental cuando existan indicios de que va a producirse. b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a prevenir y a evitar tales da�os y requerir su cumplimiento. c) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto. d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas de prevenci�n o de evitaci�n cuando concurran las circunstancias previstas en los art�culos 23 y 47. SECCI�N 2REPARACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
Obligaciones del operador en materia de reparaci�n 1. El operador de cualquiera de las actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III que cause da�os medioambientales como consecuencia del desarrollo de tales actividades est� obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de reparaci�n que procedan de conformidad con lo dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia. 2. El operador de una actividad econ�mica o profesional no enumerada en el anexo III que cause da�os medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad est� obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de evitaci�n y, s�lo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las medidas reparadoras. En todo caso, quedan obligados a la adopci�n de medidas de reparaci�n los operadores que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de prevenci�n y de evitaci�n de da�os. Art�culo 20
Medidas de reparaci�n 1. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 19, cuando se hayan producido da�os medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo: a) Adoptar� todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales da�ados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas. Asimismo, informar� a la autoridad competente de las medidas adoptadas. b) Someter� a la aprobaci�n de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el cap�tulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los da�os medioambientales causados elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas. 2. Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitar� al operador para que �ste pueda optar entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecuci�n. 3. Cuando se hayan producido varios da�os medioambientales, de manera tal que resulte imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la resoluci�n fijar� el orden de prioridades que habr� de ser observado. A tal efecto, la autoridad competente tendr� en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y la gravedad de cada da�o medioambiental, as� como las posibilidades de recuperaci�n natural. En todo caso, tendr�n car�cter preferente en cuanto a su aplicaci�n las medidas destinadas a la eliminaci�n de riesgos para la salud humana. Art�culo 21
Potestades administrativas en materia de reparaci�n de da�os La autoridad competente, ante un supuesto de da�o medioambiental, podr� adoptar en cualquier momento y mediante resoluci�n motivada dictada de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI cualquiera de las decisiones que se indican a continuaci�n: a) Exigir al operador que facilite informaci�n adicional relativa a los da�os producidos. b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de todas las medidas de car�cter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores da�os medioambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores da�os en los servicios. c) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias de acuerdo con lo previsto en el anexo II. d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparadoras que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto. e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras cuando concurran las circunstancias previstas en los art�culos 23 y 47. SECCI�N 3DISPOSICIONES COMUNES
Incumplimiento de las obligaciones de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n del da�o medioambiental 1. La autoridad competente velar� para que el operador adopte las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los da�os medioambientales, as� como para que observe las dem�s obligaciones establecidas en esta ley, en los t�rminos en ella previstos. Para ello ejercer� las potestades que le atribuyen �sta y cualquier otra norma del ordenamiento jur�dico. 2. En caso de incumplimiento total o parcial de los deberes de los operadores de llevar a cabo las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los da�os medioambientales, la autoridad competente dictar� resoluci�n motivada, de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicaci�n del r�gimen sancionador que corresponda como consecuencia del referido incumplimiento. Art�culo 23
Actuaci�n directa de la Administraci�n 1. Por requerirlo la m�s eficaz protecci�n de los recursos naturales, y de los servicios que �stos prestan, la autoridad competente podr� acordar y ejecutar por s� misma las medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n previstas en esta ley, atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias: a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a ello sin peligro de que se produzcan da�os medioambientales. b) Que haya diversos operadores responsables y no sea posible una distribuci�n eficaz en el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecuci�n de las medidas. c) Que se requieran estudios, conocimientos o medios t�cnicos que as� lo aconsejen. d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones p�blicas o en los de propiedad privada de terceros que hagan dif�cil o inconveniente su realizaci�n por el operador responsable. e) Que la gravedad y la trascendencia del da�o as� lo exijan. 2. En casos de emergencia, la autoridad competente podr� actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitaci�n o de prevenci�n de los da�os medioambientales o para exigir su adopci�n. Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autoridad competente, previa la instrucci�n del correspondiente procedimiento, dictar� resoluci�n fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas en aplicaci�n de este art�culo y el obligado u obligados a satisfacerlos, la cual ser� susceptible de ejecuci�n forzosa. 3. La autoridad competente recuperar� del operador o, cuando proceda, del tercero que haya causado el da�o o la amenaza inminente de da�o, los costes en que haya incurrido por la adopci�n de tales medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n. No obstante, la autoridad competente podr� acordar no recuperar los costes �ntegros cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable. Para tomar este acuerdo ser� necesaria la elaboraci�n de una memoria econ�mica que as� lo justifique. CAP�TULO IVGarant�as financieras
SECCI�N 1GARANT�A FINANCIERA OBLIGATORIA
Constituci�n de una garant�a financiera obligatoria
Responsabilidad cubierta por la garant�a 1. La cuant�a garantizada estar� destinada espec�fica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades medioambientales del operador que se deriven de su actividad econ�mica o profesional. 2. La garant�a regulada en esta secci�n ser� ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa o de otros hechos cualesquiera y, en consecuencia, no quedar� reducida o agotada por gastos, reclamaciones o exigencias no relacionadas con dichas responsabilidades medioambientales, ni podr� aplicarse a ning�n fin distinto del que ha justificado su constituci�n. Asimismo, la cuant�a garantizada ser� independiente de la que pueda respaldar actividades que sean objeto de autorizaciones diferentes, otorgadas tanto por la autoridad medioambiental como por otras. Tampoco podr�n ser objeto de pignoraci�n o hipoteca, total o parcial. Art�culo 26
Modalidades La garant�a financiera podr� constituirse a trav�s de cualquiera de las siguientes modalidades, que podr�n ser alternativas o complementarias entre s�, tanto en su cuant�a, como en los hechos garantizados: a) Una p�liza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en Espa�a. En este caso, corresponder�n al Consorcio de Compensaci�n de Seguros las funciones a que se refiere el art�culo 33. b) La obtenci�n de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en Espa�a. c) La constituci�n de una reserva t�cnica mediante la dotaci�n de un fondo �ad hoc� con materializaci�n en inversiones financieras respaldadas por el sector p�blico. La garant�a financiera que se suscriba podr� contemplar las condiciones limitativas o delimitativas del da�o previstas en este cap�tulo u otras que reglamentariamente se determinen. Art�culo 27
Exenciones de constituci�n de garant�a financiera obligatoria
Costes cubiertos El contenido de la garant�a que se preste a trav�s de las modalidades contempladas en el art�culo 26 deber� contemplar la cobertura de los siguientes costes: a) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en el art�culo 17.
Letra a) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011
b) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en los art�culos 19 y 20. En la medida que dichos da�os afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus h�bitats o a las riberas del mar y de las r�as, los gastos garantizados se limitan a los encuadrados dentro del concepto de �reparaci�n primaria� definido en el apartado 1.a) del anexo II.
Letra b) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011
L�mites cuantitativos de la garant�a
Vigencia de la garant�a 1. La garant�a deber� quedar constituida de modo que, desde la fecha de efectividad de su exigencia, que se fijar� reglamentariamente, queden cubiertos por ella todos los eventos causantes de da�o medioambiental que se inicien despu�s de dicha fecha. El operador deber� mantener la garant�a en vigor durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo. La autoridad competente establecer� los correspondientes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garant�as, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios operadores deber�n proporcionar a la autoridad competente la informaci�n necesaria.
2. El agotamiento de las garant�as o su reducci�n en m�s de un 50 por ciento determinar� la obligaci�n del operador de reponerlas en un plazo de seis meses desde la fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado de certidumbre razonable el importe de la obligaci�n garantizada. Art�culo 32
Limitaciones del �mbito temporal de la garant�a 1. Podr� limitarse el �mbito temporal de la garant�a, de forma que queden incluidas aquellas responsabilidades en las que se den conjuntamente las siguientes circunstancias: a) Que el comienzo de la emisi�n causante de la contaminaci�n o bien el comienzo de la situaci�n de riesgo inminente de contaminaci�n sea identificado y se demuestre que ha ocurrido dentro del periodo de la garant�a. b) Que la primera manifestaci�n constatable de la contaminaci�n se haya producido dentro del periodo de la garant�a o dentro del plazo de tres a�os a contar desde la terminaci�n de la misma. Se entiende por primera manifestaci�n el momento en que se descubra por primera vez la existencia de una contaminaci�n, tanto si entonces se considera peligrosa o da�ina como si no es as�. c) Que la reclamaci�n al operador por la contaminaci�n haya tenido lugar dentro del periodo de garant�a o dentro del plazo de tres a�os a contar desde la terminaci�n de la misma. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerar� hecho generador la contaminaci�n que se produzca de forma accidental y aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se haya generado por ninguna de las siguientes causas: a) De forma intencionada. b) Como consecuencia normal y prevista de la posesi�n de edificios, instalaciones o equipos al servicio de la actividad autorizada. c) Como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el �mbito geogr�fico para el que la actividad ha sido autorizada. d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no pod�a ser ignorado por el mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia medioambiental, como en cualquier otra materia. e) Por mala utilizaci�n consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparaci�n o reposici�n de las instalaciones o mecanismos y sus componentes. f) Por abandono o falta prolongada de uso de instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de sus condiciones de protecci�n o seguridad. g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos, sabotaje y actos de terrorismo o de bandas armadas. Art�culo 33
Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros
SECCI�N 2FONDO ESTATAL DE REPARACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales 1. Se crea un Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales destinado a sufragar los costes derivados de medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal cuando sea de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 7.3, en conexi�n con los art�culos 14.2 y 15.2. Dicho Fondo ser� gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y se dotar� con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. 2. Las comunidades aut�nomas podr�n participar en la financiaci�n y gesti�n del Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales, a trav�s de cualquiera de los instrumentos de colaboraci�n previstos en el t�tulo I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. En tales supuestos, el �mbito de cobertura de dicho Fondo podr� ampliarse a otros da�os medioambientales, en los t�rminos que prevean los referidos instrumentos de colaboraci�n. CAP�TULO VInfracciones y sanciones
Sujetos responsables de las infracciones Podr�n ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en este cap�tulo las personas f�sicas y jur�dicas privadas que sean operadores de actividades econ�micas o profesionales y que resulten responsables de los mismos. Art�culo 36
Infracciones 1. Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los art�culos siguientes, as� como las que, en su caso, establezca la legislaci�n auton�mica de desarrollo de esta ley. 2. Si un mismo hecho u omisi�n fuera constitutivo de dos o m�s infracciones, se tomar� en consideraci�n �nicamente aquella que comporte mayor sanci�n. 3. No podr�n sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasar� el tanto de la culpa a la jurisdicci�n competente y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. De no haberse estimado la existencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondr� en conocimiento de la autoridad competente, que podr� continuar el expediente sancionador teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 4. La tramitaci�n de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este cap�tulo no postergar� la exigencia de las obligaciones de adopci�n de medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n previstas en esta ley, que ser�n independientes de la sanci�n que, en su caso, se imponga. Art�culo 37
Clasificaci�n de las infracciones 1. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en muy graves y en graves. 2. Son muy graves las siguientes infracciones: a) No adoptar las medidas preventivas o de evitaci�n exigidas por la autoridad competente al operador en aplicaci�n del art�culo 17, cuando ello tenga como resultado el da�o que se pretend�a evitar. b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 18 a la hora de poner en pr�ctica las medidas preventivas o de evitaci�n a que est� obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el da�o que se pretend�a evitar. c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicaci�n de los art�culos 19 y 20, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas. d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 21 al poner en pr�ctica las medidas reparadoras a que est� obligado el operador, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas. e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un da�o medioambiental o de una amenaza inminente de da�o producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como consecuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente. f) El incumplimiento de la obligaci�n de concertar en los t�rminos previstos en esta ley las garant�as financieras a que est� obligado el operador, as� como el hecho de que no se mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligaci�n. 3. Son graves las siguientes infracciones: a) No adoptar las medidas preventivas o de evitaci�n exigidas por la autoridad competente al operador en aplicaci�n del art�culo 17, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave. b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 18 al poner en pr�ctica las medidas preventivas o las de evitaci�n a que est� obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave. c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 19, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave. d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 21 a la hora de poner en pr�ctica las medidas reparadoras a que est� obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave. e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un da�o medioambiental o de una amenaza inminente de da�o producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave. f) No facilitar la informaci�n requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo con retraso, de acuerdo con lo previsto en los art�culos 18 y 21. g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad competente para la ejecuci�n de las medidas reparadoras, preventivas o de evitaci�n, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 9. h) La omisi�n, la resistencia o la obstrucci�n de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley. Art�culo 38
Sanciones 1. Las infracciones tipificadas en el art�culo 37 dar�n lugar a la imposici�n de todas o algunas de las siguientes sanciones: a) En el caso de infracci�n muy grave: 1.� Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros. 2.� Extinci�n de la autorizaci�n o suspensi�n de �sta por un per�odo m�nimo de un a�o y m�ximo de dos a�os. b) En el caso de las infracciones graves: 1.� Multa de 10.001 hasta 50.000 euros. 2.� Suspensi�n de la autorizaci�n por un periodo m�ximo de un a�o. 2. Si se ocasionaran da�os medioambientales o se agravaran los ya producidos como consecuencia de la omisi�n, retraso, resistencia u obstrucci�n por parte del operador en el cumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracci�n, el operador estar� obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n reguladas en esta ley, con independencia de la sanci�n que corresponda. 3. Anualmente las autoridades competentes dar�n a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, as� como la identidad de los operadores responsables. Art�culo 39
Graduaci�n de sanciones En la imposici�n de sanciones las Administraciones p�blicas deber�n guardar la debida adecuaci�n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci�n y la sanci�n aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el art�culo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Art�culo 40
Prescripci�n de infracciones y de sanciones 1. Las infracciones muy graves prescribir�n a los tres a�os y las graves a los dos a�os. El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse desde el d�a en el que la infracci�n se hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalizaci�n. 2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescribir�n a los dos a�os y las impuestas por faltas muy graves a los tres a�os. El plazo de prescripci�n de las sanciones comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resoluci�n por la que se impone la sanci�n. CAP�TULO VINormas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental
3. El �rgano competente se pronunciar� sobre la admisi�n de la solicitud de inicio del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y lo comunicar� al solicitante en el plazo de 10 d�as h�biles a contar desde la recepci�n de la solicitud. En los procedimientos que se inicien a solicitud de interesado distinto del operador, si el �rgano competente comprobara que la solicitud de inicio no incluye los elementos se�alados en el apartado anterior requerir� al solicitante para que, en un plazo de diez d�as h�biles, acompa�e los documentos preceptivos. En los casos en que no se produzca dicha subsanaci�n, se le tendr� por desistido de su solicitud, en los t�rminos previstos en el art�culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
. Sin perjuicio de lo anterior, el �rgano competente podr� inadmitir la solicitud, mediante resoluci�n motivada, en los casos de aquellas solicitudes que carezcan manifiestamente de fundamento o se hubieran desestimado en cuanto al fondo por resoluci�n firme anterior otras solicitudes sustancialmente id�nticas. Frente a dicha resoluci�n de inadmisi�n podr�n interponerse los recursos legalmente procedentes en v�a administrativa y judicial, en su caso.
Interesados 1. Tendr�n la condici�n de interesados a los efectos de lo previsto en esta ley: a) Toda persona f�sica o jur�dica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art�culo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b) Cualesquiera personas jur�dicas sin �nimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.� Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protecci�n del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular. 2.� Que se hubieran constituido legalmente al menos dos a�os antes del ejercicio de la acci�n y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 3.� Que seg�n sus estatutos desarrollen su actividad en un �mbito territorial que resulte afectado por el da�o medioambiental o la amenaza de da�o. c) Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de da�os medioambientales. d) Aquellos otros que establezca la legislaci�n de las comunidades aut�nomas. 2. Los interesados podr�n formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar la informaci�n que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad competente a la que se dirijan. 3. La autoridad competente dar� audiencia a los titulares de los terrenos a que se refiere el apartado 1 c), al operador y a los dem�s interesados para que �stos aleguen lo que estimen conveniente o aporten la documentaci�n adicional que consideren oportuna. Art�culo 43
Acceso a la informaci�n El p�blico podr� solicitar a la Administraci�n p�blica la informaci�n de la que disponga sobre los da�os medioambientales y sobre las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de tales da�os. Art�culo 44
Medidas provisionales 1. Durante la tramitaci�n de los procedimientos se podr�n adoptar con car�cter provisional todas aquellas medidas preventivas y de evitaci�n de nuevos da�os que sean necesarias para que no se agrave la situaci�n, ni se causen da�os medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana. 2. Con la misma finalidad, se podr�n adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciaci�n del procedimiento, con los l�mites y condiciones establecidos en el art�culo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 3. Las medidas provisionales podr�n consistir en imponer al operador la realizaci�n de las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, ser�n susceptibles de ejecuci�n forzosa, as� como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aun a costa del responsable. Art�culo 45
Resoluci�n 1. La autoridad competente resolver� motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha responsabilidad. En todo caso podr�n ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas. 2. En la resoluci�n se determinar�n, al menos, los siguientes extremos: a) Descripci�n de la amenaza o del da�o medioambiental que se ha de eliminar. b) Evaluaci�n de la amenaza o del da�o medioambiental. c) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n. d) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de reparaci�n que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n. Dicha definici�n se realizar� con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por el operador. e) Identificaci�n del sujeto que debe aplicar las medidas. f) Plazo conferido para su ejecuci�n. g) Cuant�a y obligaci�n de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad competente. h) Identificaci�n de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administraci�n p�blica. 3. La autoridad competente deber� resolver y notificar en el plazo m�ximo de 6 meses. En casos cient�fica y t�cnicamente complejos, la autoridad podr� ampliar este plazo hasta 3 meses adicionales, notificando a los interesados dicha ampliaci�n. A efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela administrativa y judicial, transcurrido el plazo mencionado, se entender� caducado el procedimiento iniciado de oficio, sin perjuicio de la obligaci�n inexcusable de la autoridad competente de resolver.
4. Las resoluciones de la autoridad competente ser�n recurribles con arreglo a lo previsto en el t�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y dem�s normativa aplicable. Art�culo 46
Terminaci�n convencional 1. En cualquier momento del procedimiento podr�n suscribirse acuerdos entre la autoridad competente para resolver y el operador o los operadores responsables con el fin de establecer el contenido de la resoluci�n final en cuanto se refiere a los siguientes extremos: a) El contenido y alcance de las medidas que se deban adoptar por el responsable o responsables. b) La forma de su ejecuci�n. c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecuci�n. d) Los medios de direcci�n o control administrativo. e) Las garant�as de cumplimiento y cuantas contribuyan a asegurar la efectividad y la viabilidad de las medidas. f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad competente, a costa de los responsables. 2. Los acuerdos deber�n garantizar en todo caso los objetivos de esta Ley. 3. Podr�n proponer el acuerdo la autoridad competente y los operadores responsables. El inicio de las negociaciones suspender� el plazo para resolver por un periodo m�ximo de dos meses, transcurrido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo la autoridad competente deber� continuar la tramitaci�n del procedimiento hasta su terminaci�n. 4. Si estuvieran personados otros interesados, se les notificar� el inicio de las negociaciones y se les dar� audiencia por un plazo de quince d�as h�biles. Igualmente se les notificar� el acuerdo. 5. Si se alcanzara un acuerdo, �ste se incorporar� a la resoluci�n salvo que, atendiendo en particular a las alegaciones de otros interesados, el �rgano competente para resolver entienda necesario su rechazo o modificaci�n por razones de legalidad, en cuyo caso dictar� la resoluci�n que proceda manteniendo en lo posible los t�rminos del acuerdo. Tambi�n podr�n iniciarse nuevas negociaciones para modificar el acuerdo en lo que resulte necesario. 6. Los acuerdos ser�n vinculantes para los firmantes. La autoridad competente velar� por su cumplimiento. Art�culo 47
Ejecuci�n forzosa 1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de realizar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales ser�n objeto de ejecuci�n forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecuci�n podr� ser instada por los interesados. 2. La autoridad competente proceder� a la ejecuci�n subsidiaria, especialmente cuando el da�o medioambiental sea grave o la amenaza de da�o sea inminente. 3. Cuando se estimara conveniente por no comportar retrasos que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados, la autoridad competente podr� imponer sucesivamente hasta un m�ximo de cinco multas coercitivas, cada una de ellas por un importe m�ximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en ejecuci�n. Art�culo 48
Recuperaci�n de costes por parte de la Administraci�n p�blica 1. Cuando la autoridad competente haya adoptado por s� misma las medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n de acuerdo con lo establecido en los art�culos 23 y 47 exigir� al operador responsable la obligaci�n de satisfacer los costes generados. 2. La autoridad competente dispondr� de un plazo de cinco a�os para exigir al operador responsable la obligaci�n de satisfacer los gastos a los que se refiere el apartado anterior. Dicho plazo se empezar� a contar a partir de la m�s tard�a de las siguientes fechas: a) Aqu�lla en que haya terminado la ejecuci�n de las medidas. b) Aqu�lla en que haya identificado al responsable. 3. El c�mputo del plazo se interrumpir� por las siguientes causas: a) Por cualquier acci�n de la autoridad competente realizada con conocimiento formal del responsable, conducente a exigirle por los mismos hechos cualquier g�nero de responsabilidad conforme a �sta o a cualquier otra ley. b) Por instrucci�n de proceso penal por los mismos hechos generadores de la responsabilidad regulada en esta ley. c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al art�culo 44. d) Por cualquier actuaci�n de reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado. 4. La resoluci�n que imponga la obligaci�n de pagar los costes y cualquier otro acto, incluso acordado como medida provisional, que imponga el pago de cantidad l�quida, se ejecutar� de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Art�culo 49
Normativa aplicable En lo no previsto en esta ley, los procedimientos que se instruyan en su aplicaci�n se regir�n por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la legislaci�n aplicable a cada Administraci�n p�blica competente. DISPOSICIONES ADICIONALES
Situaciones de emergencia Lo dispuesto en esta ley se aplicar� sin perjuicio de la legislaci�n de protecci�n civil para situaciones de emergencia; de la regulaci�n contenida en los art�culos 24, 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; de las previsiones sobre emergencias sanitarias contenidas en la Ley Org�nica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud p�blica; y de la legislaci�n auton�mica aplicable en materia de protecci�n civil y de emergencias sanitarias. Disposici�n adicional segunda
Aplicaci�n de normativa medioambiental m�s exigente 1. Esta ley se aplicar� sin perjuicio de normas comunitarias sobre responsabilidad medioambiental m�s exigentes. 2. El Estado o las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus respectivas competencias, podr�n mantener o adoptar disposiciones m�s exigentes sobre la prevenci�n, la evitaci�n y la reparaci�n de determinados da�os medioambientales o en relaci�n con determinadas actividades. 3. Esta ley no impedir� la atribuci�n de responsabilidades a sujetos distintos de los operadores, por aplicaci�n de otras normas medioambientales. 4. Las comunidades aut�nomas podr�n someter otras actividades u otros sujetos al r�gimen de responsabilidad establecido en esta ley. 5. Los da�os medioambientales producidos por las actividades cuyo principal prop�sito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los desarrollos legislativos posteriores a que hacen referencia los apartados anteriores. Disposici�n adicional tercera
Limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo y de navegaci�n interior Esta ley se entender� sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976 sobre limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo o con el Convenio de Estrasburgo sobre limitaci�n de responsabilidad en la navegaci�n interior de 1988, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a, as� como con la legislaci�n nacional de desarrollo de ambos instrumentos internacionales. Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entender� sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en su normativa de desarrollo, en relaci�n con el sistema de seguimiento y de informaci�n sobre tr�fico mar�timo de mercanc�as peligrosas. Disposici�n adicional cuarta
Da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente Los da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente se reparar�n mediante la indemnizaci�n por da�os y perjuicios que, en su caso, corresponda con arreglo a la legislaci�n civil. Disposici�n adicional quinta
Remisi�n de informaci�n al Ministerio de Medio Ambiente 1. Las Administraciones p�blicas facilitar�n al Ministerio de Medio Ambiente los datos e informaci�n recogidos en el anexo VI para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria aplicable. 2. El Ministerio de Medio Ambiente har� p�blica la informaci�n enviada a la Comisi�n. Disposici�n adicional sexta
Declaraci�n de inter�s social de la ocupaci�n temporal de determinados bienes y derechos de titularidad privada 1. Se declara de inter�s social la ocupaci�n temporal de los bienes y derechos de titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparaci�n de los da�os medioambientales o para prevenir o evitar su producci�n. Las Administraciones p�blicas podr�n declarar la urgencia de dicha ocupaci�n cuando las circunstancias concurrentes lo justifiquen. 2. Para la ejecuci�n de la ocupaci�n temporal prevista en esta disposici�n y para la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios que con ella se produzcan, se estar� a lo establecido en la legislaci�n sobre expropiaci�n forzosa en materia de indemnizaci�n por ocupaci�n temporal. Disposici�n adicional s�ptima
Inexigibilidad de la garant�a financiera obligatoria a las personas jur�dicas p�blicas 1. El art�culo 24 no es de aplicaci�n a la Administraci�n General del Estado, ni a los organismos p�blicos vinculados o dependientes de aqu�lla. Tampoco ser� de aplicaci�n a las entidades locales, ni a los organismos aut�nomos ni a las entidades de derecho p�blico dependientes de las mismas. 2. Las comunidades aut�nomas determinar�n la aplicabilidad del art�culo 24 a su administraci�n y a sus organismos p�blicos dependientes. Disposici�n adicional octava
Legitimaci�n del Ministerio Fiscal 1. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal estar� legitimado en cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicaci�n de esta ley. A los efectos de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, la autoridad competente pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambiental derivados de esta ley. 2. Las Administraciones p�blicas adoptar�n las medidas oportunas para que sus autoridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fiscal el auxilio t�cnico, material o de cualquier otra naturaleza que �ste pueda requerir para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos a los que se refiere el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el art�culo 4.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org�nico del Ministerio Fiscal. Disposici�n adicional novena
Aplicaci�n del anexo II en los procedimientos judiciales y administrativos Las normas del anexo II o las dispuestas con car�cter complementario por la normativa auton�mica con el mismo objetivo se aplicar�n en la determinaci�n de la obligaci�n de reparaci�n de da�os medioambientales, con independencia de que tal obligaci�n se exija en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento administrativo. Disposici�n adicional d�cima
Responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas
Evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley El Ministerio de Medio Ambiente elevar� al Consejo Asesor de Medio Ambiente con una periodicidad bienal, un informe en el que se eval�e la ejecuci�n de la presente ley y, la necesidad, en su caso, de poner en marcha las medidas legislativas o administrativas que fueran necesarias para mejorar la eficacia del r�gimen de responsabilidad medioambiental; en particular se revisar� la eficacia de la excepci�n establecida en el apartado b) del art�culo 28. Para la elaboraci�n del referido informe, el Ministerio consultar� preceptivamente a las comunidades aut�nomas y recabar� de �stas la informaci�n que precise. Disposici�n adicional duod�cima
Revisi�n de los umbrales regulados en el art�culo 28 de la ley Los umbrales establecidos en el art�culo 28 de esta ley para determinar los operadores que quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�as financieras ser�n estudiados y revisados por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de la aplicaci�n del m�todo al que se refiere el art�culo 24 para la fijaci�n de la cobertura de las referidas garant�as. Antes de 31 de diciembre de 2015 el Gobierno presentar� un informe proponiendo el mantenimiento o, en su caso, la modificaci�n, al alza o a la baja, de los citados umbrales. Disposici�n adicional decimotercera
Responsabilidad medioambiental en el exterior 1. Los operadores que realicen actividades econ�micas o profesionales reguladas en esta Ley en Estados que no formen parte de la Uni�n Europea estar�n obligados a prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales en aplicaci�n de lo establecido en los acuerdos, principios, objetivos y normas internacionales que, en esta materia, Espa�a suscriba, pudiendo resultar de aplicaci�n, en virtud de los mismos, cuantas medidas de prevenci�n, evitaci�n y reparaci�n de da�os que se regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en ella prevista. 2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior y que sean beneficiarios de instrumentos p�blicos de apoyo a la inversi�n espa�ola en el exterior estar�n obligados a la devoluci�n de todas las ayudas p�blicas de apoyo a la inversi�n en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad origen del da�o medioambiental y no podr�n recibir ayudas similares durante un per�odo de dos a�os, adem�s de la sanci�n de que puedan ser objeto en virtud de la aplicaci�n de los acuerdos suscritos por Espa�a a los que se hace referencia en el apartado anterior. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no eximir� del cumplimiento de cualquier otra obligaci�n legal existente en el Estado en el que se realice la actividad causa del da�o medioambiental. Disposici�n adicional decimocuarta
Compensaci�n de da�os por la rotura de la presa de Tous 1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous a que se refiere la moci�n aprobada por el Pleno del Senado de 8 de mayo de 2007 tendr�n derecho a percibir, de acuerdo con los criterios y en las condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997, las compensaciones a que hubieran tenido derecho si hubieran figurado en las listas de afectados incorporadas al proceso. En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados hubieran fallecido, el derecho a la compensaci�n se transmitir� a sus sucesores testamentarios o leg�timos. 2. Los beneficiarios de esta compensaci�n deber�n renunciar, con car�cter previo a su percepci�n, expresamente y por escrito, a todas las acciones legales que hayan entablado o pudieran tener derecho a iniciar en cualesquiera v�as administrativas o jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a obtener una indemnizaci�n por los da�os a que se refiere esta disposici�n. 3. El Ministerio de Medio Ambiente dictar� las disposiciones e instrucciones oportunas para asegurar el cumplimiento efectivo de este precepto. Disposici�n transitoria �nica
Da�os anteriores a la entrada en vigor de la ley 1. Esta ley no se aplicar� a los siguientes da�os: a) Los causados por una emisi�n, un suceso o un incidente producido antes del 30 de abril de 2007. b) Los causados por una emisi�n, un suceso o un incidente que se haya producido despu�s del 30 de abril de 2007, cuando �stos se deriven de una actividad espec�fica realizada y concluida antes de dicha fecha. 2. La irretroactividad de esta ley en los t�rminos descritos en el apartado anterior no impedir� que se adopte cualquiera de las siguientes medidas: a) Que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicaci�n. b) Que se impongan medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os conforme a lo dispuesto en la misma. c) Que se obligue a la reparaci�n respecto a la parte de los da�os no excluidos en el apartado 1. DISPOSICIONES FINALES
T�tulos competenciales 1. Esta ley tiene el car�cter de legislaci�n b�sica de protecci�n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades aut�nomas de establecer normas adicionales de protecci�n de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n, salvo las siguientes disposiciones: La disposici�n adicional octava, que constituye legislaci�n procesal dictada al amparo del art�culo 149.1.6.� de la Constituci�n. La secci�n 1.� del cap�tulo IV, que constituye legislaci�n b�sica de seguros dictada al amparo del art�culo 149.1.11.� La secci�n 2.� del cap�tulo IV, dictada al amparo del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n en materia de Hacienda general y Deuda del Estado. 2. No son b�sicos: El plazo fijado en el art�culo 45.3; los plazos fijados en el art�culo 46.3 y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la disposici�n adicional s�ptima, que ser�n s�lo de aplicaci�n a la Administraci�n General del Estado, a sus organismos p�blicos y a las agencias estatales. Disposici�n final segunda
Incorporaci�n del derecho comunitario Esta ley incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales. Disposici�n final tercera
Autorizaci�n de desarrollo 1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, dictar en su �mbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecuci�n del cap�tulo IV y de los anexos de la presente ley. En particular, el Gobierno aprobar� mediante real decreto, antes del 31 de diciembre de 2008 y previa consulta de las comunidades aut�nomas, el desarrollo de las previsiones del cap�tulo IV y la definici�n del m�todo de evaluaci�n del da�o a efectos de lo dispuesto en el art�culo 24. 2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, modificar los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria. V�ase R.D. 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 23 diciembre).
Aplicaci�n de la garant�a financiera obligatoria 1. La fecha a partir de la cual ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinar� por orden del Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, y previa consulta a las comunidades aut�nomas y a los sectores afectados. La orden establecer� un calendario espec�fico para las actividades que hubieran sido autorizadas con anterioridad a su publicaci�n. 2. Las �rdenes ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobar�n a partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboraci�n se tomar� en consideraci�n el informe de la Comisi�n Europea al que se refiere el art�culo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, as� como la capacidad de los mercados financieros para disponer de una oferta de garant�as completa y generalizada a precios razonables. V�ase la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobaci�n de las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria, previstas en la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 29 junio).
Colaboraci�n entre Administraciones p�blicas La Administraci�n General del Estado promover� la suscripci�n de instrumentos de colaboraci�n y cooperaci�n con las comunidades aut�nomas con el fin de elaborar protocolos de actuaci�n que garanticen una actuaci�n coordinada y eficaz de las Administraciones p�blicas competentes para ejecutar la presente ley. Disposici�n final sexta
Entrada en vigor La presente ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. No obstante, sus efectos se retrotraen al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus cap�tulos IV y V. Por tanto, Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. ANEXO I Criterios a los que se refiere el art�culo 2.1.a) 1. El car�cter significativo del da�o que produzca efectos desfavorables en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservaci�n de las especies o los h�bitat se evaluar� en relaci�n con el estado de conservaci�n que tuvieran al producirse el da�o, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con su capacidad de regeneraci�n natural. Los cambios adversos significativos en el estado b�sico deber�n determinarse mediante datos mensurables como: a) El n�mero de individuos, su densidad o la extensi�n de su zona de presencia. b) La rareza de la especie o del h�bitat da�ado (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), as� como su grado de amenaza. c) El papel de los individuos concretos o de la zona da�ada en relaci�n con la especie o la conservaci�n de su h�bitat. d) La capacidad de propagaci�n y la viabilidad de la especie (seg�n la din�mica espec�fica de la especie o poblaci�n de que se trate) o la capacidad de regeneraci�n natural del h�bitat (seg�n la din�mica espec�fica de sus especies caracter�sticas o de sus poblaciones) da�ados. e) La capacidad de la especie o del h�bitat, despu�s de haber sufrido los da�os, de recuperar en breve plazo, sin m�s intervenci�n que el incremento de las medidas de protecci�n, un estado que, tan s�lo en virtud de la din�mica de la especie o del h�bitat, d� lugar a un estado equivalente o superior al b�sico. Los da�os con efectos demostrados en la salud humana deber�n clasificarse como da�os significativos. 2. No tendr�n el car�cter de da�os significativos los siguientes: a) Las variaciones negativas inferiores a las fluctuaciones naturales consideradas normales para la especie o el h�bitat de que se trate. b) Las variaciones negativas que obedecen a causas naturales o se derivan de intervenciones relacionadas con la gesti�n corriente de los espacios naturales protegidos o los lugares de la Red Natura 2000, seg�n se definan en sus respectivos planes de gesti�n o instrumentos t�cnicos equivalentes. c) Los da�os a especies o h�bitat con demostrada capacidad de recuperar, en breve plazo y sin intervenci�n, el estado b�sico o bien un estado que, tan s�lo en virtud de la din�mica de la especie o del h�bitat, d� lugar a un estado equivalente o superior al b�sico. ANEXO II Reparaci�n del da�o medioambiental Este anexo establece un marco com�n que habr� de seguirse a fin de elegir las medidas m�s adecuadas para garantizar la reparaci�n del da�o medioambiental. 1.
Reparaci�n de da�os a las aguas, a las especies silvestres y los h�bitat y la ribera del mar y de las r�as: Por lo que ata�e a las aguas, a las especies silvestres y los h�bitat y la ribera del mar y de las r�as, la reparaci�n del da�o medioambiental se consigue restituyendo el medio ambiente a su estado b�sico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y compensatorias, entendi�ndose por: a) �Reparaci�n primaria�: Toda medida correctora que restituya o aproxime al m�ximo los recursos naturales o servicios de recursos naturales da�ados a su estado b�sico. b) �Reparaci�n complementaria�: Toda medida correctora adoptada en relaci�n con los recursos naturales o los servicios de recursos naturales para compensar el hecho de que la reparaci�n primaria no haya dado lugar a la plena restituci�n de los recursos naturales o servicios de recursos naturales da�ados. c) �Reparaci�n compensatoria�: Toda acci�n adoptada para compensar las p�rdidas provisionales de recursos naturales o servicios de recursos naturales que tengan lugar desde la fecha en que se produjo el da�o hasta el momento en que la reparaci�n primaria haya surtido todo su efecto. No consiste en una compensaci�n financiera al p�blico. d) �P�rdidas provisionales�: Las p�rdidas derivadas del hecho de que los recursos naturales o los servicios de recursos naturales da�ados no puedan desempe�ar sus funciones ecol�gicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al p�blico hasta que hayan surtido efecto las medidas primarias o complementarias. Si la reparaci�n primaria no da lugar a la restituci�n del medio ambiente a su estado b�sico, se efectuar� una reparaci�n complementaria. Adem�s, se efectuar� una reparaci�n compensatoria para compensar las p�rdidas provisionales. La reparaci�n de da�os medioambientales consistentes en da�os a las aguas o a las especies silvestres y los h�bitat supone asimismo eliminar toda amenaza significativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana. 1.1
Objetivos de la reparaci�n. Finalidad de la reparaci�n primaria. 1.1.1 La finalidad de la reparaci�n primaria es restituir o aproximar los recursos naturales o los servicios de recursos naturales da�ados a su estado b�sico. Finalidad de la reparaci�n complementaria. 1.1.2 Si los recursos naturales o los servicios de recursos naturales da�ados no se restituyen a su estado b�sico, se efectuar�n reparaciones complementarias. La finalidad de la reparaci�n complementaria es proporcionar un nivel de recursos naturales o servicios de recursos naturales -inclusive, si procede, en un lugar alternativo- similar al que se habr�a proporcionado si el lugar da�ado se hubiera restituido a su estado b�sico. En la medida en que sea posible y adecuado, el lugar alternativo deber� estar vinculado geogr�ficamente al lugar da�ado, teniendo en cuenta los intereses de la poblaci�n afectada. Finalidad de la reparaci�n compensatoria. 1.1.3 La reparaci�n compensatoria se efectuar� con el fin de compensar la p�rdida provisional de recursos naturales y servicios de recursos naturales durante la recuperaci�n. Esta reparaci�n compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres y los h�bitat o a las aguas, ya sea en el lugar da�ado o en un lugar alternativo, y no en compensar econ�micamente al p�blico. 1.2
Identificaci�n de medidas reparadoras. Identificaci�n de medidas reparadoras primarias. 1.2.1 Se estudiar�n opciones de acciones encaminadas a restituir directamente los recursos naturales y los servicios de recursos naturales a su estado b�sico de forma acelerada, o bien mediante la recuperaci�n natural. Identificaci�n de medidas reparadoras complementarias y compensatorias. 1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias o compensatorias se considerar� en primer lugar la utilizaci�n de criterios de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerar�n en primer lugar acciones que proporcionen recursos naturales o servicios de recursos naturales del mismo tipo, calidad y cantidad que los da�ados. De no ser esto posible, se proporcionar�n recursos naturales o servicios de recursos naturales alternativos. Por ejemplo, una disminuci�n de la calidad podr�a compensarse con un aumento del n�mero de medidas reparadoras. 1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio, se aplicar�n t�cnicas de valoraci�n alternativas. La autoridad competente podr� prescribir el m�todo para determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos pero no es posible valorar los recursos o servicios de reposici�n en un plazo o con unos costes razonables, la autoridad competente podr� optar por medidas reparadoras cuyo coste sea equivalente al valor monetario aproximado de los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos. Las medidas reparadoras complementarias y compensatorias habr�n de concebirse de tal modo que prevean que los recursos naturales y servicios de recursos naturales adicionales obedezcan a las preferencias en el tiempo y a la cronolog�a de las medidas reparadoras. Por ejemplo, cuanto m�s tiempo se tarde en alcanzar el estado b�sico, mayores ser�n las medidas de reparaci�n compensatoria que se lleven a cabo (en igualdad de otras condiciones). 1.3
Elecci�n de las medidas reparadoras. 1.3.1 Las medidas reparadoras razonables deber�an valorarse utilizando las mejores tecnolog�as disponibles, atendiendo a todos los criterios siguientes: El efecto de cada medida en la salud y la seguridad p�blicas. La probabilidad de �xito de cada medida. El grado en que cada medida servir� para prevenir futuros da�os y evitar da�os colaterales como consecuencia de su aplicaci�n. El grado en que cada medida beneficiar� a cada componente del recurso natural o servicio medioambiental. El grado en que cada medida tendr� en cuenta los correspondientes intereses sociales, econ�micos y culturales y otros factores pertinentes espec�ficos de la localidad. El periodo de tiempo necesario para que sea efectiva la reparaci�n del da�o medioambiental. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el da�o medioambiental. La vinculaci�n geogr�fica con el lugar da�ado. El coste que supone aplicar la medida. 1.3.2 Al evaluar las distintas medidas reparadoras identificadas, podr�n elegirse medidas reparadoras primarias que no restituyan por completo a su estado b�sico las aguas o las especies silvestres y los h�bitat que hayan sufrido el da�o, o que lo hagan m�s lentamente. Se podr� adoptar esta decisi�n �nicamente si los recursos naturales o los servicios medioambientales da�ados se compensan mediante un incremento de las acciones complementarias o compensatorias que proporcione un nivel similar de recursos o servicios. Esas medidas reparadoras adicionales se determinar�n de conformidad con las normas establecidas en el punto 1.2.2. 1.3.3 No obstante, las normas establecidas en el punto 1.3.2, y de conformidad con el art�culo 21, la autoridad competente podr� decidir que no han de adoptarse m�s medidas reparadoras si: 1.� Las medidas reparadoras ya adoptadas garantizan que ya ha dejado de existir un amenaza significativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana, el agua o las especies silvestres y los h�bitat; y 2.� El coste de las medidas reparadoras que deber�an adoptarse para alcanzar el estado b�sico o un nivel similar es desproporcionado en comparaci�n con los beneficios medioambientales que se vayan a obtener, en cuyo caso ser� necesario ampararse en una memoria econ�mica justificativa que tendr� el car�cter p�blico. 2.
Reparaci�n de da�os al suelo. En el marco de lo establecido en los art�culos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relaci�n de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y est�ndares para la declaraci�n de suelos contaminados, as� como en la normativa sobre protecci�n de la calidad del suelo aprobada por las Comunidades Aut�nomas, se adoptar�n las medidas necesarias para garantizar, como m�nimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate de modo que el suelo contaminado deje de suponer un amenaza significativa de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Se tendr� en cuenta el uso actual o el futuro uso planificado del suelo en el momento del da�o. Este uso del suelo se determinar� en funci�n de la normativa de ordenaci�n del territorio o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de producirse el da�o. Si �sta no existiese, ser� la naturaleza de la zona correspondiente en que se haya producido el da�o la que determine su uso, teniendo en cuenta sus expectativas de desarrollo. Se estudiar� la posibilidad de optar por una recuperaci�n natural, es decir, sin ninguna intervenci�n directa del ser humano en el proceso de recuperaci�n. ANEXO III Actividades a que hace referencia el art�culo 3.1 1. La explotaci�n de instalaciones sujetas a una autorizaci�n de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci�n y Control Integrados de la Contaminaci�n. Esto incluye todas las actividades enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigaci�n, elaboraci�n y prueba de nuevos productos y procesos. Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 2. Las actividades de gesti�n de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperaci�n y la eliminaci�n de residuos y de residuos peligrosos, as� como la supervisi�n de tales actividades, que est�n sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril. Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotaci�n de vertederos y la gesti�n posterior a su cierre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaci�n de residuos mediante dep�sito en vertedero y la explotaci�n de instalaciones de incineraci�n, seg�n establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineraci�n de residuos. 3. Todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P�blico Hidr�ulico y la legislaci�n auton�mica aplicable. 4. Todos los vertidos en las aguas subterr�neas sujetas a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legislaci�n auton�mica aplicable. 5. Todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorizaci�n previa de conformidad con lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la legislaci�n auton�mica aplicable. 6. El vertido o la inyecci�n de contaminantes en aguas superficiales o subterr�neas sujetas a permiso, autorizaci�n o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 7. La captaci�n y el represamiento de aguas sujetos a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 8. La fabricaci�n, utilizaci�n, almacenamiento, transformaci�n, embotellado, liberaci�n en el medio ambiente y transporte in situ de: a) Las sustancias peligrosas definidas en el art�culo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificaci�n de sustancias nuevas y clasificaci�n, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. b) Los preparados peligrosos definidos en el art�culo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificaci�n, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. c) Los productos fitosanitarios definidos en el art�culo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizaci�n para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. d) Los biocidas definidos en el art�culo 2.a) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluaci�n para el registro, autorizaci�n y comercializaci�n de biocidas. 9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por v�as fluviales, mar�timo o a�reo de mercanc�as peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definici�n que figura en el art�culo 2.b) del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercanc�as peligrosas por carretera en territorio espa�ol, o en el art�culo 2.b) del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, que regula diversos aspectos relacionados con el transporte de mercanc�as peligrosas por ferrocarril o en el art�culo 3.h) del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de informaci�n sobre el tr�fico mar�timo. 10. La explotaci�n de instalaciones que, estando sujetas a autorizaci�n de conformidad con la directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la contaminaci�n atmosf�rica procedente de las instalaciones industriales en relaci�n con la liberaci�n a la atm�sfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva mencionada, requieren una autorizaci�n de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci�n y Control Integrados de la Contaminaci�n. 11. Toda utilizaci�n confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados gen�ticamente, de acuerdo con la definici�n de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el r�gimen jur�dico de la utilizaci�n confinada, liberaci�n voluntaria y comercializaci�n de organismos modificados gen�ticamente. 12. Toda liberaci�n intencional en el medio ambiente, transporte y comercializaci�n de organismos modificados gen�ticamente de acuerdo con la definici�n de la Ley 9/2003, de 25 de abril. 13. El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Uni�n Europea sujeto a autorizaci�n o prohibido seg�n lo dispuesto en el Reglamento (CE) n�mero 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 14. La gesti�n de los residuos de las industrias extractivas, seg�n lo dispuesto en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gesti�n de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. 15. La explotaci�n de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol�gico de di�xido de carbono.
ANEXO IV Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.a) 1.
Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil nacida de da�os debidos a la contaminaci�n por hidrocarburos. 2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constituci�n de un Fondo internacional de indemnizaci�n de da�os debidos a la contaminaci�n por hidrocarburos. 3.
Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, sobre responsabilidad civil nacida de da�os debidos a contaminaci�n por hidrocarburos para combustible de los buques. 4. Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, sobre responsabilidad e indemnizaci�n de da�os en relaci�n con el transporte mar�timo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. 5. Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre responsabilidad civil por da�os causados durante el transporte de mercanc�as peligrosas por carretera, por ferrocarril y por v�as navegables. ANEXO V Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.b) 1. Convenio de Par�s, de 29 de julio de 1960, acerca de la responsabilidad civil en materia de energ�a nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963. 2. Convenci�n de Viena, de 21 de mayo de 1963, sobre responsabilidad civil por da�os nucleares. 3. Convenci�n, de 12 de septiembre de 1997, sobre indemnizaci�n suplementaria por da�os nucleares. 4. Protocolo com�n, de 21 de septiembre de 1988, relativo a la aplicaci�n de la Convenci�n de Viena y del Convenio de Par�s. 5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte mar�timo de sustancias nucleares. ANEXO VI Informaci�n y datos a que se refiere la disposici�n adicional quinta 1. Los informes a que se refiere la disposici�n adicional quinta incluir�n una lista de casos de da�o medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de esta ley, cada uno de ellos con los siguientes datos e informaci�n: a) Tipo de da�o medioambiental, fecha en que se produjo y/o descubri� el da�o y fecha en que se emprendieron acciones en virtud de esta ley. b) C�digo de clasificaci�n de las actividades de la persona o personas jur�dicas responsables. c) Interposici�n, en su caso, de un recurso en v�a judicial, ya sea por partes con responsabilidad o por entidades legitimadas (deber� especificarse el tipo de demandantes y el resultado del procedimiento). d) Resultado del proceso de reparaci�n. e) Fecha de conclusi�n del procedimiento. 2. Las Administraciones p�blicas podr�n incluir en sus informes cualesquiera otros datos e informaci�n que consideren �tiles para la correcta valoraci�n del funcionamiento de esta ley, por ejemplo: a) Costes ocasionados por las medidas de prevenci�n y reparaci�n, de acuerdo con la definici�n de esta ley: 1.� Sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta informaci�n; 2.� Restituidos por los responsables a posteriori; 3.� Sin restituir por los responsables (deber� especificarse el motivo de la falta de restituci�n). b) Resultados de las acciones de fomento y de la aplicaci�n de los instrumentos de garant�a financiera utilizados de conformidad con esta ley. c) Una evaluaci�n de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la Administraci�n p�blica por la creaci�n y funcionamiento de las estructuras administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.

References: Real Decreto 
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