Source: https://www.scribd.com/document/55582687/36932596-INMUNIDAD-PARLAMENTARIA
Timestamp: 2016-10-26 12:45:34+00:00

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36932596-INMUNIDAD-PARLAMENTARIA
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicLa inmunidad de los parlamentarios: más privilegio que garantíaRamón SORIANO
1. lAS GARANTIAS PARLAMENTARIAS:
El artículo 71, 2 de la Constitución concede a los diputados y senadores inmunidad parlamentaria, que significa que durante el período de su mandato sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva. Este precepto es complementario del artículo 71, 1º, en el que además se concede a estos parlamentarios inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Inviolabilidad significa irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. Ambas garantías, inmunidad e inviolabilidad, tienen como fundamento la protección de la función de representación que realiza el parlamentario, que sin estas garantías podría estar amenazada por quienes recurrieran contra ellos con fines políticos interesados; tratan de defender en último lugar la opción ideológica dentro del Parlamento que ostenta el parlamentario en representación de quienes le votaron. Este es el sentido originario de las garantías. Ambas garantías son protectoras de los representantes del pueblo en virtud de las funciones que éstos desarrollan, pero tienen distinta naturaleza: a) en razón de los fines la inmunidad protege la libertad personal; la inviolabilidad protege la libertad de expresión; b) en virtud de los efectos jurídicos la inmunidad comporta el impedimento de la inculpación o procesamiento, si no hay autorización de la cámara; la inviolabilidad: la irresponsabilidad jurídica plena del parlamentario. Del juego de fines y efectos resulta una distinta naturaleza de ambas garantías. La inmunidad es una garantía procesal de impedimento, que suspende durante un tiempo -en tanto el parlamentario ostente condición de tal- la aplicación de ciertas normas del ordenamiento jurídico. La inviolabilidad es una garantía sustantiva, que anula la aplicación de ciertas normas de plano y sin plazo. Por ser una garantía temporal, la inmunidad no supone el sobreseimiento libre, sino el sobreseimiento temporal de la causa contra el representante en tanto mantenga su mandato. Con razón dice P L. Murillo de la Cueva (1990, 36) que el sobreseimiento libre dictado por el Tribunal Constitucional, tras la denegación del suplicatorio por él solicitado al Parlamento para proceder contra un parlamentario, convertiría la garantía de inmunidad en una "patente de inmunidad" al liberar de plano y de por vida al parlamentario de responsabilidad criminal. La inmunidad parlamentaria es una de esas instituciones anacrónicas, que sorprenden por haber sido incorporadas a nuestra joven Constitución. No
es la única, pero quizás sí la más llamativa. Uno se pregunta cómo una institución tan desprestigiada ha podido entrar en nuestra norma constitucional. Como en otros casos, creo que debe haber pesado la influencia del derecho comparado y la premura de los constituyentes sin tiempo suficiente para reflexionar sobre la idoneidad de instituciones y normas foráneas. Pero sobre todo la singularidad del momento, destacado por los estudiosos como J. M. Morales (1987, 190) o J. Salé y M. A. Aparicio (1984, 74), en el que los recién estrenados representantes del pueblo veían en peligro y con altos riesgos la solidez del nuevo Estado democrático y pretendían protegerse frente a otros poderes estatales y poderes fácticos. Prueba de ello es que la inmunidad fue aprobada por ambas cámaras sin enmiendas, discusión y voto en contra. Los partidarios de la inmunidad han destacado que ésta consiste en una prerrogativa y no en un privilegio. Ambas -prerrogativas y privilegiosexcepcionan al derecho común, pero no por las mismas razones. Una prerrogativa es una facultad singular concedida en función de la protección de una institución. Un privilegio es una facultad singular concedida en función de la persona. La inmunidad es una perrogativa, aunque su abuso pueda parar en privilegio. Así F. Granadas (1989, 40) habla de la conveniencia de llamar a la inmunidad prerrogativa funcional y J. M. Gómez Benítez insiste en que nunca debe comportar la inmunidad parlamentaria el sobreseimiento libre de los cargos imputados precisamente porque ésta es "un obstáculo procesal fatione functionis que no debe producir efectos procesales definitivos en cuanto a exención de la responsabilidad criminal" (1982, 75) Inmunidad e inviolabilidad son garantías parlamentarias extendidas en el sistema juridico europeo -no en el anglosajón-, recibiendo diversas denominaciones en cada país, de las que previene A. Pizzorusso (1984, 27), porque pueden producir confusión. En otros lugares se llama irresponsabilidad a nuestra inviolabilidad. Los italianos emplean el término "inviolabilita" y los franceses el términmo "inviolabilité" para referirse ¡cuidado! a nuestra inmunidad. Es sólo una cuestión de nombres, pero una falta de correspondencia entre nombres y significados puede provocar indeseables contratiempos. No creo equivocarme al afirmar que desde el lado del ciudadano no se ve con las mismas simpatías a ambas garantías: la inmunidad parece más privilegio que la inviolabilidad. El ciudadano probablemente concede un listón alto en la permisividad de las opiniones de los parlamentarios para que puedan defender sus ideologías sin ataduras, pero permite solamente un listón bajo para evitar la detención o
El parlamentario electo se convierte en un agente delegado del partido. como se ha indicado. están sometidas a críticas. esto es.
. Por mi parte. 3.. del que éstos son miembros. y c) de acuerdo con este criterio finalista procede la denegación cuando los recurrentes pretenden atentar contra el funcionamiento y composición de la cámara parlamentaria. por si atentan contra la indicada finalidad de la institución de la inmunidad. al partido. sugieren una modificación de la garantía parlamentaria reduciéndola a términos estrictos: límites en el ejercicio de la garantía por el parlamentario y controles a la decisión de la cámara parlamentaria denegando la autorización para proceder contra el parlamentario. En cambio hoy la democracia de partidos y el sistema electoral convierte al partido -no al representanteen sujeto pasivo del acto de la votación. porque pueden convertirse más en un privilegio injustificado del parlamentario que en una verdadera garantía protectora de la función parlamentaria. LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA: UN TIENTO
ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER JUDICIAL La inmunidad parlamentaria significa la excepción para los parlamentarios de la detención (excepto en los casos in fraganti) y asimismo de la inculpación y procesamiento. ARGUMENTOS
CONTRA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Hoy estas garantías. siempre que la cámara a la que pertenecen lo impidan mediante la denegación de la autorización al efecto. 82) resume las críticas en una frase: "han desaparecido total o parcialmente los presupuestos que históricamente fundamentaron la inmunidad". no de culpabilidad jurídica.
Hay quienes sostienen que bastan las garantías ordinarias que protegen al parlamentario igual que al ciudadano. ya que aquél no puede inculpar o procesar a los parlamentarios. contra las actuaciones de los jueces. concedida por sus propios compañeros del Parlamento. de manera que el partido puede sustituir a unas personas por otras en las causas legalmente establecidas.2. máxime cuando la democracia liberal y los representantes nominales han sido sustituidos por la democracia de partidos y los partidos-representantes del electorado. La institución de la inmunidad tenía sentido en un momento en que el representante personal era elegido como tal y actuaba con libertad dentro del Parlamento. las cámaras no han de valorar jurídicamente los hechos. E. quien ejerce la representación de hecho. no lo autoriza. sino políticamente. b) la relevancia del órga29
3. En la democracia de partidos se vota. tienen que emitir un juicio de oportunidad política. que han sido precisados por la STC 90/1985. En la actualidad la inmunidad puede provocar un efecto contrario a su sentido inicial. que quita relevancia personal a los parlamentarios electos. cuyos criterios han sido reiterados en sentencias posteriores. a la que están sujetos todos los poderes públicos (también el legislativo). encuentro varias razones contra el mantenimiento de la inmunidad parlamentaria que expongo a continuación:
3. El cambio de la democracia liberal por la actual democracia de partidos. "perturbar el funcionamiento de las Cámaras o alterar la composición de las mismas". como intérprete nato de la Constitución. si el órgano. órgano competente para perseguir a los parlamentarios. Otros.el procesamiento del parlamentario . Kelsen (1977). en la lista tenemos que incluir al mismo H. un efecto perverso. incluso cuando realizan una función propia y específica: la persecución de hipotéticos infractores de la legalidad. especialmente la inmunidad. aparenta más un privilegio contra la división e independencia de los poderes públicos que una necesaria protección de las funciones parlamentarias.
2. tras su renuncia. b) el criterio con el que juzgar dicha constitucionalidad es un criterio finalista: la conformidad de la denegación con la finalidad propia de la institución de la inmunidad. la constitucionalidad del acto del Parlamento denegatorio de la autorización para proceder criminalmente contra los parlamentarios. Hay una serie de circunstancias. Este cambio trae como consecuencia que un partido poco pierde. porque la sobreprotección del parlamentario. Esta denegación se traduce en el rechazo del suplicatorio elevado a la cámara por el Tribunal Supremo. La merma que para la independencia del poder judicial comporta esta garantía de los miembros de otro poder (el legislativo).1. pero también estrechamente limitado por él en sus actuaciones parlamentarias. porque. al privar de libertad al parlamentario e impedirle el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Por lo tanto.. de 22 de julio. que rodean la práctica de la garantía de la inmunidad. Como asegura la STC 90/1985. protegido por él. sino el partido. que van en la línea de la merma de la independencia y autonomía del poder judicial en el ejercicio de sus funciones frente a los miembros del poder legislativo: a) la petición del suplicatorio. más numerosos. si uno de sus parlamentarios es inculpado o procesado. En dicha sentencia el Tribunal Constitucional ha declarado: a) su competencia para supervisar. Tema crucial es el de los fundamentos para tal rechazo por las cámaras. un privilegio excesivo de los miembros de un poder del Estado contra las funciones propias de otro poder estatal: el poder judicial. la institución de la inmunidad permite que las cámaras realicen lo que no pueden hacer los órganos de naturaleza jurisdiccional: "una valoración sobre el significado político de las acciones". expresión que pone de relieve la dependencia de los jueces respecto a los legisladores. puede sustituirlo por otro miembro de su partido. puesto que ante la justicia todos debemos ser iguales. que es causa legal de pérdida de la condición de parlamentario. No es la persona. García (1989.
Lo dice el preámbulo de la ley cuando expresa que el propósito de la misma es evitar que "una aplicación desmesurada de la Ley Orgánica 1/1982.3. Afortunadamente. Ya antes de la promulgación de la ley extendiendo la inmunidad a pleitos civiles contra los parlamentarios A. descrédito que crece con la actitud proteccionista del partido respecto al parlamentario que tenga problemas con la justicia. nuestros políticos nos han dado algunos sonoros ejemplos de este lamentable proceder.5. ¿Qué puede pensar el simple ciudadano cuando ve que se utilizan los honorables escaños de la representación del pueblo como trinchera y escudo contra la justicia? 3. y así es tratada en el constitucionalismo posterior-. sobre protección civil del derecho al honor. cuando los nuevos supuestos no entran en la filosofía de la institución. porque se oponía a los antecedentes históricos y legislativos de la institución y a la finalidad del artículo 71 de la Constitución. externamente la denegación del suplicatorio puede ser visualizada en un momento dado como un instrumento corporativista de un órgano para proteger a sus miembros contra las injerencias de otro órgano.no judicial (el máximo: el Tribunal Supremo). ni a la composición del Parlamento No es una razón teórica meramente. y además pretenda permanecer inmune en las filas del Parlamento. 2 Q de la Ley orgánica 1/1982 . histórico -la inmunidad surge en la Revolución francesa para prevenir contra los procesos penales. de 29 de mayo. consistente en la reserva del funcionamiento y composición de la cámara parlamentaria ante una posible privación de libertad del parlamentario al ser procesado criminalmente (privación de libertad que no acontecía en los pleitos civiles). Fernández-Miranda (1984. y teleológicos -los procesos civiles no afectan a la finalidad de la institución: la salvaguardia del funcionamiento de las cámaras y de la formación de la voluntad del Estado-. 1Q de la Constitución en pleitos civiles contra parlamentarios (vulneración debida a la no concesión de autorización por la cámara para proceder contra el parlamentario) declaró en STC 9/1990. con la protección de su partido. protegido por su partido hasta el punto de renovarle acta de diputado. procesado en el caso "GAL'. a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La colisión de estas garantías -la inmunidad y la inviolabilidadcon el ejercicio de importantes derechos fundamentales. basándose en argumentos de carácter hermeneutico -el art. La extensión de la inmunidad a los procesos civiles es un ejemplo de cómo un momento de tensión incontrolada puede conducir a los mismísimos representantes de la voluntad popular a autoprotegerse desmedidamente infringiendo el sentido y la finalidad de una institución parlamentaria. la Ley orgánica 3/1985. El uso indebido de la garantía cuando se la convierte en refugio de quienes temen el control del poder judicial. Porque la extensión de la inmunidad al ámbito material civil trae causa de un sentimiento de autoprotección de los parlamentarios contra la posibilidad de que la Ley orgánica 1/1982. En la mente de muchos está la imagen del ex ministro de Interior del gobierno socialista. La inmunidad-refugio es un privilegio no sólo contrario al principio de igualdad. estableciendo la nueva exigencia de la autorización de las cámaras (Congreso o Senado) para iniciar un proceso civil contra un diputado o senador. La colisión
3. porque fomenta su descrédito ante los ciudadanos. no de demandantes o demandados-. Fernández-Viaga (1990. 124) protestaba de una "garantía ajena a los contornos tradicionales de la inmunidad . antes citada. c) el hecho de que son los propios compañeros de la cámara quienes conceden el suplicatorio para actuar contra uno de ellos. sino a una justicia igual para todos (que es uno de los máximos vicios concebibles en la vulneración de dicho principio de igualdad). 71. sin el menor rubor. en lo que es posible entrever cierto corporativismo.
3. P. El riesgo de la injustificada extensión de esta garantía por parte de quienes pueden hacerla y se beneficiarían de ella: los legisladores. con serios defectos desde el punto de vista de su regularidad constitucional". conduciéndola a un terreno desmedidamente protector en el que la institución pierde toda su razón de ser: los pleitos civiles contra ellos. porque tal extensión ya ha sido intentada por nuestros legisladores..4. 19-21) la declaraba de dudosa constitucionalidad. pudiera aplicarse contra sus actuaciones. de 5 de mayo. de 18 de enero. que no obstante se ve obligado a pedir el suplicatorio a la cámara. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante los recursos de particulares esgrimiendo la vulneración del derecho fundamental a 30
la tutela judicial del artículo 24. convirtiendo una garantía funcional en un privilegio injustificable. porque no atentan al normal desarrollo de las funciones parlamentarias. En efecto. al parecer. coarte la libertad de expresión de diputados y senadores" La extensión de la inmunidad a pleitos civiles ha sido muy criticada por la doctrina. Sin embargo. Que un político no cargue con sus responsabilidades políticas al ser imputado y procesado. La inmunidadrefugio es el talón de Aquiles de la institución.1 de la Constitución habla de inculpados y procesados. es un plato demasiado fuerte para ser digerido por el simple ciudadano. provocando una autocensura en la libertad de expresión de los mismos fuera de las cámaras parlamentarias (en cuyo ámbito priva la inviolabilidad) ante el temor de tener que soportar fuertes sanciones impuestas por los jueces. Con tino y pertrechado de razones el Tribunal Constitucional enmendó un abuso de inmunidad perpetrado unánimemente por los parlamentarios convirtiendo una garantía institucional en un privilegio personal. regulador de la institución. de 5 de mayo. La inmunidad es entonces un privilegio injustificado y no una protección razonable de la función parlamentaria. La extensión de la garantía se convierte en un privilegio. reformó el artículo 2. inconstitucional la extensión de la inmunidad parlamentaria a los pleitos civiles. no civiles. de 5 de mayo. de derecho comparado -en las constituciones vigentes la inmunidad se refiere a los procesos penales exclusivamente-..
Aparicio aluden a que se ha hecho un mal uso de esta garantía porque no se ha empleado en "problemas políticos directos de las propias cámaras. En esta línea jurisprudencial de compaginación y ponderación de derechos implicados. antes citada.A.7. 112) acepta la inmunidad dentro de unos límites estrictos de aplicación. apelando a las responsabilidades tanto del Parlamento para no hacer un uso indebido de la misma. Salé y M.
3. tal como está en nuestro derecho. Antes la inmunidad fue un privilegio de los políticos. antes y ahora. 75). de 18 de enero. la experiencia histórica. J. que es la inmunidad. de 10 de abril. Sánchez García (1986. Ha sido una verdadera patente de corso para políticos a los que ha protegido de la incoación de procesos comunes (que en nada afectaban a la función parlamentaria) y un arma arrojadiza contra otros políticos acusados por razones políticas (parlamentarios abertzales vascos). La finalidad de la inmunidad fue adulterada constantemente. García Morilla (1994. subrayaba el sentido estricto con que debía entenderse "el ejercicio de las funciones parlamentarias". el Tribunal Constitucional ha reducido estas garantías a un sentido estricto y no como patentes de corso de los parlamentarios. La inviolabilidad debe referirse a opiniones esgrimidas por los parlamentarios exclusivamente en el ejercicio de actividades parlamentarias y la inmunidad exclusivamente a procesos penales. en los que el Parlamento se encuentra involucrado" (1984.del derecho a la libertad personal del parlamentario -que no puede ser detenido salvo en caso de flagrante delito. como es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Zagrebelsky (1979. 92-93) ya señalaba la insostenibilidad de las inmunidades de los parlamentarios de Italia por el abuso de estas prerrogativas en beneficio de los intereses partidistas. Por otra parte. es la aplicación de la jurisdicción ordinaria a los parlamentarios vigente en el sistema español. sino un contrapeso de límites para facilitar el ejercicio de todos ellos. La tutela judicial por los suelos y los políticos impunes de sus fecharías es el panorama que ofrece la aplicación de la inmunidad contemplada históricamente. PROPUESTA: UN PRIVilEGIO
A SUPRIMIR Los estudiosos de la garantía de la inmunidad han criticado su regulación en el ordenamiento jurídico español. En los primeros procesos concediendo un privilegio injustificado. 1Q de la Constitución) del recurrente que pretende iniciar un proceso penal contra el parlamentario. no se promueve este equilibrio cuando se blinda el derecho de unos contra los de otros. y no el sacrificio de uno a costa de otro. tal como está regulada en nuestro derecho. Ya la STC 51/1985. que es en lo que consiste realmente las garantías de los parlamentarios. El parlamentario está suficientemente protegido contra las maniobras de un juez cualquiera (ya actúe motu propprio o como cauce de intereses ajenos). El caso español no es una excepción. contraria a un buen uso de la inmunidad. a ello han contribuido las técnicas dilatorias del Parlamento -asegura Zagrebelskyretrasando la concesión de su autorización al Poder judicial para procesar a los parlamentarios italianos. 24. La inmunidad se ha empleado mal. leyendo la relación de casos de inmunidad de las cámaras parlamentarias. cortó de plano la extensión de la inmunidad a los pleitos civiles contra los parlamentarios. 4. Martín-Retortillo (1994) favorable a la extensión de la institución más allá de los límites indicados por la jurisprudencia constitucional es totalmente atípica. Hoy la situación no ha cambiado ostensiblemente. requisito que exige el artículo 71. 3 de la Constitución. J. no entrando en su ámbito protector los actos realizados "fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentarios" y la STC 9/1990. construida por J. continúa siendo un privilegio injustificado cuando afecta a parlamentarios de los grandes partidos. El otro polo de la inmunidad. regulando de una mane31 DE HECHO
.6. la suficiente protección procesal de los parlamentarios con la jurisdicción ordinaria. ni procesado. No estoy de parte de este argumento. sino de la supresión de la inmunidad en cuanto exigencia de una autorización parlamentaria para proceder contra un miembro del Parlamento. ni inculpado. salvo autorización del Parlamento (inmunidad)con el derecho a la tutela judicial (art. Sin embargo. Creo que la competencia de un órgano plural y amplio como el Tribunal Supremo es ya suficiente garantía de la libertad del parlamentario frente a la que resulta innecesaria y adquiere carácter de privilegio la inmunidad. y la colisión de la plena libertad de expresión del parlamentario en el ejercicio de sus funciones (inviolabilidad) con el derecho al honor (u otros derechos) del recurrente lastimado por las opiniones del parlamentario. Hace unos años G.224). ya que el constituyente no ha establecido una jerarquía de derechos fundamentales. El lector puede encontrar pruebas evidentes del uso doble de esta contaminada moneda. en los segundo negando una garantía justificada. actuadas precisamente por ellos mismos a través de las cámaras parlamentarias (no por un tercero en funciones arbitrales). La opinión contraria de L. En el derecho histórico español el suplicatorio fue negado para toda clase de procesos (no importaba la causa penal). 201. remota y próxima. quebrantando el sentido y la finalidad de la inmunidad parlamentaria.
3. porque sólo puede ser procesado por un colegio de jueces relevantes. como del Tribunal Constitucional. Precisamente en esta materia de colisión de derechos fundamentales la jurisprudencia constitucional ha sentado el principio de la compaginación y ponderación de derechos. aprovechando que el Parlamento no estaba sometido al control judicial de su decisión. La experiencia parlamentaria española ha manejado una nada inocente moneda de doble uso: ha denegado el suplicatorio para procesos comunes y lo ha concedido para procesos políticos.
Madrid. Un enfoque comparatista".A.. J. que no ha motivado o sabido motivar la implicación política de la iniciativa procesal contra un parlamentario.M. 9.. ed. FORMULACION DE LA PROPUESTA
Reforma del artículo 71.74). F. núm. Aparicio dicen de ella que es "un vestigio disfuncional e inútil" (1984. núm. Esencia y valor de la democracia. 1º de la Constitución). y por ello propongo la supresión de la previa autorización de la cámara parlamentaria para proceder criminalmente contra un parlamentario. 46."
Carro. Colección Cuadernos y Debates. "La inmunidad parlamentaria". Santaolalla (1990. Victoria-Gastéiz. Madrid. L. J.. Revista de las Cortes Generales. Tecnos. 1989. E. Fernández Viagas. 141) dice de ella que es superflua en un Estado de Derecho consolidado. 24. en el vol. Madrid. 108) asegura que "ha cumplido su función y en la actualidad subsiste por inercia de la tradición . "Las prerrogativas parlamentarias a la luz de la jurisprudencia constitucional". la obligación del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de recabar preceptivamente un informe de la cámara motivado sobre las eventuales implicaciones políticas de la iniciativa procesal. 46. Einaudi. 1994. con el requisito previo de un informe motivado del Parlamento. núm. P. "Del intento de ampliar el ámbito material de la inmunidad parlamentaria a determinados procedimientos civiles". hoy en día. por el Centro de Estudios Constitucionales. Fernández-Miranda. Madrid. Aparicio. Centro de Estudios Constitucionales. Santaolalla. J. 1990. Las Cortes Generales en el sistema constitucional. 1989 Inmunidad parlamentaria y Estado de Partidos." Por este otro texto: "Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin el previo informe motivado de la Cámara respectiva. De la misma opinión es F. 1982. y que es mejor que decaiga su uso en vez de abolirla". Es decir: actualmente el Tribunal Constitucional puede "enmendar la plana" al Parlamento. A. Madrid. núm. Morales. Barcelona. Zagrebelsky. "La inmunidad parlamentaria en la actual democracia española". Inmunidad parlamentaria y jurisprudencia.ra restrictiva su procedimiento. Granados. núm. núm. Pizzorousso. 1987. 1990 La inviolabilidad e inmunidad de los Diputados y Senadores. que comportaría una reforma de la Constitución. Revista de las Cortes Generales. Sánchez García. la garantía de la inmunidad no margina el control jurisdiccional de los actos del Parlamento. Problemas generales. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Pero muy pocos defienden abiertamente su supresión constitucional. Colección Cuadernos y Debates. 1986. Revista de Derecho Político. Madrid. G. 1990. 'las inmunidades parlamentarias. "Diputados y senadores: su igualdad ante la ley".
5. Solé y M. Labor. en 11Jornadas de Derecho parlamentario. Solé Tura.
. y así la denegación del suplicatorio por el Parlamento es recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. P. Turín. J. en el que sobrevive hoya duras penas esta institución. Revista de las Cortes Generales. Le inmunitá parlamentari. Al fin y al cabo. A. en el vol. 1984.A. Gómez Benítez. sean o no parlamentarios. col. para proceder criminalmente contra un parlamentario. García López. F. Revista española de Derecho Constitucional. 17 Kelsen. "Contenido. 12. La crisis de los "privilegios" parlamentarios. 2 de la Constitución sustituyendo el texto constitucional vigente: "Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Carro (1981. col. J. "La inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias". núm. 123). 1977. 1979. Congreso de los Diputados. Cambiar el suplicatorio por un informe es ciertamente suprimir la institución de la inmunidad. Parece que se impone el derecho constitucional comparado. A. finalidad y control de la inmunidad parlamentaria". Civitas. M. y es este órgano quien supervisa si la cámara ha actuado correctamente motivando la improcedencia política (en perjuicio del funcionamiento y composición de la cámara) de la inculpación o procesamiento del parlamentario. en su lugar. y. Tecnos. Derecho Parlamentario Español. 95. En mi estimación son más los males que los beneficios deparados por la inmunidad. 64. A. "Inmunidad parlamentaria y separación de poderes". 12. Inmunidad parlamentaria y jurisprudencia. Y J. Madrid. haciendo prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y permitiendo el procesamiento del parlamentario. núm. 1981. porque bastan los tribunales de justicia para proteger a los ciudadanos. El estatuto de los parlamentarios.M. Espasa -Cal pe. Mi propuesta consiste en otorgar plena jurisdicción al Tribunal Supremo (Sala de lo Penal). P. donde las garantías procesales deben amparar de la misma manera al parlamentario y al ciudadano. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Asimismo la sujeción de la detención del parlamentario al régimen jurídico ordinario. Lucas Murillo de la Cueva. 1994.Fernández-Viagas (1990. 2. 1984. Ponencia presentada al Seminario de Derecho Parlamentario. H. García Morillo. 1984. Parlamento Vasco Martín-Retortillo.
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