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Timestamp: 2018-09-21 10:22:06+00:00

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Thomson Reuters | Lealtad comercial: sanción por no consignar el precio total del producto
Lealtad comercial: sanción por no consignar el precio total del producto
Por Thomson Reuters En 10 enero, 2018 · Añadir comentario · En Jurisprudencia
Se impuso una multa de $65.000 a una concesionaria de automotores por consignar en una publicidad el precio precedido de la palabra “desde” sin indicar el importe total que debe abonar el consumidor. Apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.
La multa impuesta a una empresa que incluyó la palabra “desde” en una publicidad sin indicar el precio total que debe abonar el consumidor por el producto, con fundamento en la Ley 22.802, debe confirmarse, pues esa circunstancia coloca a aquel en una situación de falta de certeza y la normativa indicada protege el derecho a una información adecuada, completa y veraz con relación al consumo.
Teniendo en cuenta que la infracción como la analizada reviste carácter formal y su sola verificación hace nacer por sí la responsabilidad del infractor, es posible concluir que al hallarse configurada la conducta merecedora de reproche, los argumentos expuestos por la recurrente en su recurso no poseen entidad suficiente para revocar la sanción.
53059/2017
REVOR SA c/ DNCI s/LEALTAD COMERCIAL – LEY 22802 – ART
Buenos Aires, de octubre de 2017.
31/2017, la Directora Nacional de Comercio Interior impuso a la firma
REVOR S.A una multa de $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil), por
infracción al artículo 2º de la Resolución Nº 7/02 de la ex Secretaría de la
Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, reglamentaria
de la Ley Nº 22.802 (fs. 126/129).
En dicha decisión, el organismo interviniente
indicó que en la publicidad de fojas 2 de estas actuaciones “…se consigna,
entre otras, las frases ‘C 4 Lounge, PLC: desde $ 157.000’; sin indicar el
precio de contado en dinero en efectivo que corresponderá al importe total
que deba abonar el consumidor final, ya que los precios se encuentran
precedidos de la palabra ‘desde’”, incumpliendo de esta manera con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 7/2002 S.C.D y D.C.,
reglamentaria de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial”.
Por otro lado, graduó la sanción aplicada
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el capital en giro del
establecimiento infractor, los antecedentes sumariales, el criterio según el
cual este tipo de multas no son meramente retributivas sino ejemplificadoras
o intimidatorias y el hecho de que el aviso fue publicado a página completa
II.- Que a fojas 138/141 la sociedad sancionada
interpuso recurso de apelación contra la mentada disposición.
En su memorial, sostuvo que no existían
antecedentes válidos para el dictado de la disposición impugnada, por lo
cual resultaba a todas luces arbitraria. Asimismo, alegó que la indicación del
término “desde” no inducía a error o engaño al consumidor dado que el
precio que debía pagar era el consignado en la publicidad. Concluyó que
“[n]o ha existido de parte de mi representada conducta alguna que haya
Fecha de firma: 19/10/2017
Alta en sistema: 20/10/2017
Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE FEDERICO ALEMANY, JUEZ DE CAMARA
#30292657#191389304#20171019094032135
configurado violaciones a los preceptos que emanan del art. 2 de la Res.
7/2002, mucho menos de algún tipo de daño o perjuicio ocasionado a
consumidores o usuarios de manera directa o indirecta…”.
En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar al
recurso y se revocara la disposición recurrida.
III.- Que a fojas 160/171 el Estado Nacional
(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) contestó el recurso de su
En su presentación, luego de reseñar los
antecedentes del caso, alegó que los argumentos efectuados por la
recurrente debían ser desestimados por no constituir una crítica concreta y
razonada de la disposición apelada, ya que sólo realizó una serie de
manifestaciones que traducían una mera discrepancia con el criterio de la
administración. Respaldó estos fundamentos con jurisprudencia y doctrina
que –a su entender– eran aplicables al caso.
En subsidio, contestó el traslado conferido. Al
respecto, sostuvo que la materialidad de la infracción se encontraba
acreditada debido a que la publicidad de fojas 2 no informaba el precio total
de contado en dinero en efectivo que debía pagar el consumidor por el bien
Por consiguiente, solicitó que se confirmara la
disposición impugnada, con costas.
IV.- Que en este estado de la causa, habiendo
dictaminado el Sr. Fiscal General en sentido favorable a la admisibilidad del
recurso (v. fs. 175/176), corresponde examinar los agravios vertidos por la
actora. Ello así, toda vez que –no obstante las objeciones de la parte
demandada– el escrito recursivo satisface los requisitos de fundamentación,
en tanto contiene una crítica concreta y razonada de la Disposición D.N.C.I
Nº 31/2017.
IV.1- En primer lugar, cabe recordar que la Ley
Nº 22.802 “…regula materias cuya protección interesa al Estado Nacional en
beneficio de todos los habitantes, esto es, la defensa de la buena fe en el
ejercicio del comercio y la protección de los consumidores para que puedan
acceder a una información fidedigna sobre los elementos que han de
adquirir. Esta garantía está prevista expresamente en el art. 42 de la
Constitución Nacional y la ley -que regula la referida garantía- constituye uno
de los métodos idóneos para el cumplimiento de los deberes
constitucionales impuestos al Estado para una mejor protección de sus
ciudadanos” (conf. Fallos 324:1276, dictamen del Sr. Procurador Fiscal al
que se remitió la Corte Suprema).
En sentido concordante, esta Sala ha expresado
que dicha ley y su reglamentación tienen como objetivo evitar que los
consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas, sean
inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías, o
en la contratación de servicios protegiéndose, de este modo, el derecho de
aquéllos a una información adecuada, completa y veraz, con relación al
consumo (in rebus “Chacras Urbanas La Magdalena SA c/ DNCI- Disp.
441/10”, del 22/12/2010 y “Ferrero Argentina SA c/DNCI- Disp. 206/09”, del
25/11/2010).
Específicamente, la Resolución Nº 7/2002
prescribe: “Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores
finales deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y
forzoso en la REPUBLICA ARGENTINA –Pesos–. El mismo deberá ser el de
contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que deba abonar
el consumidor final” (conf. art. 2º).
IV.2.- Sentado ello, en atención a que los
argumentos de la recurrente importan analizar la materialidad de la
infracción, es dable señalar que la firma REVOR S.A, al realizar la publicidad
que luce a fojas 2, indicó como precio de lista al contado del automóvil
Citroen C4 Lounge: “Desde $ 157.000”. Esta circunstancia pone de
manifiesto que la forma en que fue publicado el bien ofrecido impedía
determinar el precio total de contado en dinero en efectivo que debía abonar
el consumidor si deseaba adquirirlo. En efecto, la utilización del término
“desde” revela que no se ha indicado el precio total, impidiendo conocer en
forma clara, precisa, e inmediata, el costo del bien publicitado. Es decir, el
consumidor se ve colocado en una situación de falta de certeza respecto del
precio del bien publicitado, al no consignarse de manera precisa el precio
total que debía abonar, el cual podría variar según factores que en la
publicidad no se explicitan.
En consecuencia, la materialidad de la infracción
endilgada se encuentra acabadamente comprobada, encuadrando la
conducta de la aquí recurrente en lo establecido en el artículo 2º de la
Resolución Nº 7/2002, reglamentaria de la Ley Nº 22.802.
IV.3.- Acerca de la falta de perjuicios concretos,
es oportuno recordar, siguiendo a Nieto, que en el Derecho Administrativo
Sancionador es posible sostener que la culpabilidad se configura en tanto el
infractor no ha observado la diligencia exigible, en razón de la actividad que
realiza, y que, en general, lo que se tiene en cuenta “no es el daño real, sino
el daño potencial o riesgo” (Nieto Alejandro, Derecho Administrativo
Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, pág. 348).
Además, señala este autor, y ello es plenamente
aplicable al caso de autos, que en esta materia predominan las infracciones
formales, “constituidas por la simple omisión o comisión antijurídica que no
precisa ir acompañada de un resultado lesivo” (ibid., pág. 349). Ello es así,
en tanto esta rama del Derecho “es un Derecho preventivo en cuanto
persigue las infracciones, dado que de éstas es de donde se deducen (o
pueden deducirse) ordinariamente los resultados lesivos” (ibid., pág. 350).
A partir de lo expuesto, y teniendo en cuenta que
–tal como se advirtió precedentemente– la infracción como la analizada en
autos, reviste carácter formal y su sola verificación hace nacer por sí la
responsabilidad del infractor (esta Sala, in rebus “ASATEJ SRL c/ DNCI-
Disp. 799/10, 31/10/11 y “Banco Macro S.A c/ DNCI- Disp. 125/13, del
03/04/2013), es posible concluir que al hallarse configurada la conducta
merecedora de reproche, los argumentos expuestos por la recurrente en su
recurso no poseen entidad suficiente para revocar la sanción.
V.- Que por los fundamentos vertidos,
corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente
REVOR S.A y confirmar la Disposición Nº 31/2017 de la Dirección Nacional
de Comercio Interior. Las costas se imponen a la actora vencida, por
aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).
Teniendo en cuenta el monto del proceso, el
resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional
cumplido por los letrados de la demandada, corresponde fijar los honorarios
profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 2.600 (pesos dos mil
seiscientos) y los de la Dra. Verónica Treviño en el importe de $ 1.040
(pesos mil cuarenta), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37
y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Se aclara que dichos importes no incluyen suma
alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá
adicionarse en caso de que los profesionales acrediten su condición de
que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de
apelación interpuesto por la recurrente REVOR S.A y confirmar la
Disposición Nº 31/2017 de la Dirección Nacional de Comercio Interior; 2)
Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Fijar los
honorarios profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 2.600
(pesos dos mil seiscientos) y los de la Dra. Verónica Treviño en el importe de
$ 1.040 (pesos mil cuarenta), en los términos de los artículos 6, 7, 9, 37 y 38
de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr.
Fiscal General en su despacho, y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY

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