Source: https://llorricallavi.wordpress.com/author/vitocorleone63/
Timestamp: 2017-11-18 00:47:24+00:00

Document:
vitocorleone63 | Llorricallavi
Autor: vitocorleone63
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO DE COLECTIVACIÓN EN VILLACARRILLO.(VII y Último).COLECTIVIDADES AGRARIAS
17 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
Para la explotación de las tierras incautadas, Luis Garrido González en su libro “Colectividades Agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1936), da un pequeño extracto de la ponencia defendida en el Congreso Interregional de Andalucía y Extremadura de la FNNT celebrado en febrero del 1932 en Montilla (Córdoba), nos explica de manera clara la definición de Colectividad Agraria y los principios que motivaban la explotación de las tierras.
“Una Colectividad Agraria es una unidad de producción agrícola en la que la propiedad de la tierra pasa a ser de todos los trabajadores que la integran, que aplicando sus fuerzas de trabajo colectivamente, reciben integro el resultado de la explotación”. Significa, en la práctica, la socialización de una parte de los medios de producción, produciéndose un paso cualitativo de un sistema de producción capitalista a un sistema de producción socialista[1]….
…Era necesario, dar un contenido ideológico auténticamente revolucionario y socialista a las simples modificaciones de la estructura de la propiedad –modificaciones urgentes-, pero que no se debían producir solas y sí ese contenido revolucionario. La ideología se encontró en las teorías colectivistas, y su materialización práctica en el movimiento de creación de colectividades agrarias…
“Siempre que una Sociedad Obrera o cooperativa filial de la misma, compuesta de trabajadores del campo, solicite estas tierras en arrendamiento colectivos, tendrá preferencia sobre las demás solicitudes individuales”
En 1936, Villacarrillo, al igual que en el resto de la España Republicana inicia una revolución, levantándose contra la ofensiva del capital financiero y político; y se empieza uniéndose en asambleas populares con un funcionamiento libertario, buscando nuevas formas de funcionamiento político y social, que se plasma en la colectivización de los medios de producción.
Con la reforma agraria, se llegó a empezar el proceso de reparto de tierras.
Dentro del deseo de explotar la tierra en común, surgen tres tipos de colectivización según bajo la organización que las forme, UGT-FETT.
En Villacarrillo, la más fuerte y legalizada era la sociedad “La Blusa”, perteneciente a UGT-FETT. La CNT, que existía, pero no inscrita legalmente en el registro de asociaciones; y las mixtas, formadas por las dos asociaciones; estas últimas no llegaron a existir en Villacarrillo.
La organización se realiza de acuerdo con la base 3ª del Decreto de 18 de Julio de 1931;
“Las Comunidades de campesinos o sus individuos componentes podrán formar asociaciones, sindicatos, o equipararse en cualquier otra forma de cooperativa de compra o tenencia en común, a fin de adquirir y conservar los medios de explotación necesarios”
Y la Ley de 9 de septiembre de 1931 sobre cooperativas.
Ante esta realidad la FETT adoptaría una posición conciliadora entre los intereses de los individualistas y colectivistas, aunque seguirían preconizando y favoreciendo el colectivismo. Para poder garantizar unos intereses comunes entre los colectivistas y los individualistas organizarían las Cooperativas de Base Múltiple y Carácter Popular.
En estas colectividades, en realidad, predominó el cooperativismo sobre el colectivismo. Las colectividades tenían su propia normativa interna y sus propias reglas de funcionamiento y que, normalmente, consistían en dividir las tierras de la colectividad en parcelas equitativas que trabajaban por grupos de un número máximo de 10 individuos siendo dirigidos por un encargado.
El salario era asignado por el Consejo de Administración, que gestionaría el dinero de la colectividad asegurando cubrir todas las necesidades sociales de los colectivistas.
Al hablar de las colectividades de la UGT y citando fuentes de la sindical socialista, “hemos podido apreciar que quien se opone a nuestra colectividad son los pequeños propietarios y arrendatarios, que propagan individualismo al amparo de determinados partidos políticos”, podemos concluir que estas palabras nos describen perfectamente la situación que se estaba produciendo en la España republicana.
El horario y la distribución de las tareas, se realiza de acuerdo con las circunstancias.
Se establecía, como norma general, que los jornales ganados por los colectivistas pasarían a engrosar la Caja de la misma para atender a la compra de artículos de primera necesidad, por otra parte se les facilitaba a los colectivistas disponer de herramientas propias que no fuesen de su oficio para poder realizar trabajos extraordinarios y los beneficios de los mismos se los quedarían los interesados. Se dejaba libertad para poder criar animales de corral (aves, conejos, etc.) para consumo propio, teniendo que solicitar permiso a la Administrativa si tenían que vender animales por no poderlos consumir todos, siendo la colectividad la primera en beneficiarse con la compra de los mismos.
Por otra parte, si un colectivista abandonaba o era expulsado de la colectividad podía retirar de la misma los útiles y propiedades que había aportado a su ingreso, excluyéndose los beneficios habidos durante su permanencia en la misma. Para controlar esto se llevaba un inventario de las aportaciones materiales individuales.
La organización del trabajo se realizaría dividiendo a los campesinos en grupos bajo la supervisión de un responsable de grupo, que sería el encargado de cuñar a los trabajadores el carnet de productor, y un responsable de trabajo que representaría el nexo de unión con el Consejo.
De esta manera se forman en Villacarrillo las siguientes Colectividades Agrarias afectas a UGT, inscritas en el Instituto de Reforma Agraria y Ministerio de Agricultura.
Arrendamientos Colectivos Caleruela
Casería el Prior
Era don Pedro
Fuente Los Cepos
Gollizno y Climent
Haza las Vacas
La Alianza Agrícola (Mogón),
Molino de Maza
Mostazar
Pelotares
Piedra Cubillo
Pincaire
Sociedad Agraria Colectivos
La Unica (Mogón),
Además se establecen otras colectividades no agrícolas dentro del Sindicato Único de Oficios Varios, perteneciente a UGT que fue anterior a la creación de las colectividades agrícolas.
Colectividad de Transportes, Colectividad Mercantil, Colectividad Artes Blancas, Colectividad de Zapateros, Colectividad de sastres… .
En la dirección y administración de las colectividades estaría al frente un consejo que se elegiría en asamblea general, en votación secreta y por papeleta, compuesto por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Contador y dos Vocales, que tendrían la misión de administrar y atender todos sus servicios.
El Presidente del Consejo de Administración de Colectividades, era D. Blas Martínez de la Torre y el Secretario D. Domingo de la Torre Moya.
En pleno de 6 de Mayo de 1937, la Colectividad Agrícola “Majuelo” y la colectividad “Cortijo Alto”, acuerdan por unanimidad que por estimar mejor emplazado el Majuelo, para elevación de aguas, se instale allí el aeromotor del Ayuntamiento, que hay en el Pozo don Joaquín, siendo por cuenta de estas colectividades, los gastos su retirada y construcción de una caseta en el Pozo don Joaquín para el transformador.
El sindicato CNT, no formaba ninguna colectividad; así, en el Pleno del quince de octubre de 1937,
…“se da lectura al escrito dirigido a la Alcaldía por el Secretario General del Sindicato Único de Campesinos de la C.N.T. solicitando se le conceda tierra para trabajar en Colectividad. Manifestando el Alcalde que en relación con esta petición había recibido días pasados la visita de unos compañeros de dicho sindicato a los que había informado que en la actualidad no era posible acceder a su petición, pues todas las tierras incautadas a los propietarios de este término declarados desafectos al Régimen por la Junta Calificadora Local, estaban entregadas a Colectividades Obreras Agrícolas legalmente constituidas y que ya figuraban como tales en el Instituto de Reforma Agraria y Ministerio de Agricultura, y ellos no estaban legalizados; no obstante, tenía conocimiento de que dentro de unos días seria resuelta por la Superioridad la petición que se le tiene hecha, de concesión a este término de algunas tierras de los términos de Úbeda y Sabiote, que según sus noticias, se cederán dos cortijos de cada uno de los términos y que si tal cesión se produce, se tendría en cuenta su petición y se procuraría darles a los obreros campesinos del Sindicato de la C.N.T., las tierras que precisaran”.
El Sindicato Único de Campesinos de la CNT, estaba escasamente implantado en Villacarrillo y no estaba legalizado por no estar inscrito en el Instituto de Reforma Agraria y Ministerio de Agricultura; por lo que no era posible entregarle tierras para su explotación.
El 27 de octubre con motivo de lo anterior, se envía escrito al Jefe del Instituto de Reforma Agraria, manifestando que, “para ocupar a los 800 obreros, son precisas las fincas de Oriprelas y Teatino del término municipal de Úbeda y Almendros y Pozo Alacados del de Sabiote”.
El Sindicato CNT, insiste en que se le entregue en régimen de colectividad, la finca de este término municipal llamada “La Toba”; mientras se agregan las tierras de Úbeda y Sabiote[2], manifestando esta petición al IRA:
El I.R.A. envía un telegrama en el que manifiesta, que se están haciendo gestiones para adjudicar nuevas tierras al término de Villacarrillo; pero que la finca La Toba quedaría reservada para los evacuados del frente de Córdoba.
Esta circunstancia provoca enfrentamientos entre los obreros y el Consejo Municipal; que vuelve a insistir en la necesidad de ocupar dicha finca; a lo que en el Pleno del día 3 de Noviembre 1937, se da cuenta del telegrama dirigido a la alcaldía por el Delegado Provincial de Reforma Agraria en el que participa que la autoridad máxima para el reparto de tierras es el Instituto de Reforma Agraria y ruega indique las causas para oponerse a las resoluciones del mismo.
La presidencia dice que el Instituto de Reforma Agraria sin previo conocimiento de la Alcaldía, ni del Consejo Administrativo de Colectividades Agrícolas, ni a las Organizaciones Obreras Campesinas y valiéndose de un grupo de vecinos del Anejo de Mogón, ha acordado el asentamiento dicho, sin tener en cuenta, que como se le tiene comunicado, este término municipal es pequeño para el numero de obreros agrícolas existentes en el mismo.
El Alcalde hace relación de las comunicaciones que con este motivo ha dirigido al Gobernador Civil y Delegado del Instituto de Reforma Agraria, expresando su opinión de que tal asentamiento no debe efectuarse en atención a las gestiones realizadas para llevarlo a cabo, no han contado con la Alcaldía ni con los Organismos locales competentes; por lo tanto debe oponerse a tal resolución, teniendo en cuenta la insuficiencia del término municipal para la colocación de los obreros agrícolas del mismo; y por último, que no considera procedente que tal asentamiento se lleve a la practica en esta época en la que existe en esta finca una cosecha en pie a falta de cogedura en la que los trabajos anteriores han sido realizados por otros obreros, sin que se consideren suficientes causas para que dicho asentamiento se efectúe, en esta época en que existe en la mencionada finca “La Toba”, una cosecha en pié a falta solo de la cogedura; y en la que los trabajos anteriores han sido realizados por otros obreros; sin que considere suficientes causas para que dicho asentamiento se efectúe; el que la finca no esté bien labrada, ya que eso obedece a la oposición que los obreros del anejo de Mogón han hecho para que tales trabajos fueran realizados por otros obreros no residentes en aquel anejo, ni tampoco la alegación de que tal finca ha de ser explotada por obreros evacuados, pues ha de tenerse en cuenta que el Instituto de Reforma Agraria no es el competente para enviar a esta población, personas evacuadas; y que si las autoridades facultadas para enviar evacuados tuvieran necesidad de hacerlo, tanto la Alcaldía, como la población, obrarían con el personal que llegara en las mismas condiciones que se ha hecho anteriormente y los obreros útiles para el trabajo agrícola serian agregados a las Colectividades existentes para prestar su trabajo en la misma forma que lo hacen los demás compañeros.
Finalmente manifiesta la Presidencia que por las razones expuestas se opone terminantemente a que en la finca “La Toba” se inviertan obreros que no sean de este término, mientras no se conceda a esta población tierras de las de Úbeda y Sabiote, para poder dar colocación a los obreros agrícolas que aquí no puedan tenerla, y siempre, una vez que se haya efectuado la recolección próxima de aceituna; haciendo constar que en caso contrario la Agrupación Socialista a que pertenece renunciaría a continuar desempeñando los puestos que tiene en el Consejo, solicitando de las demás representaciones de los partidos y organizaciones que integran el Consejo que expresen su opinión sobre el particular.
Las representaciones de la J.S.U., Sociedad de Trabajadores de la Tierra, Sociedad de Oficios Varios, Sociedad de Albañiles, afectas a U.G.T., así como la de la C.N.T. se adhieren en todo en todo a la propuesta de la Presidencia y los representantes del partido Comunista e Izquierda Republicana manifiestan su conformidad con las manifestaciones hechas por la Presidencia y se remita copia certificada del acuerdo al Jefe del servicio del Instituto de Reforma Agrária.
Respecto a la industria del jabón, en el mismo pleno del 3 de noviembre el Presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra “La Blusa”, solicita le sea concedida a las Colectividades Agrícolas la caldera de hacer jabón propiedad de Francisco Rodero Romero, al objeto de poner en movimiento la industria jabonera controlada por las colectividades, por unanimidad se acuerda comunicar a dicha Organización que se accede a su petición, previo compromiso de que el jabón que se fabrique se destinara al abasto público y estará intervenido por la Consejería Municipal de Abastos, en la misma forma que para las demás fabricas existentes.
También se da lectura a la solicitud que dirige a la Alcaldía la Colectividad “La Torrecilla”, se acuerda por unanimidad que puede sembrar de verde la era de Paula Raspado, (viuda de D. Tomás Serrano San Martín), en la forma que expresa en dicho escrito, no pudiendo accederse en cuanto se refiere a las eras de Pedro Hueso y Miguel Pastor, teniendo en cuenta existen puertas accesorias a dichas eras que impediría el libre acceso de los vecinos a sus respectivas casas y asimismo podrían ocasionarse daños en la siembra, si se autorizara.
Se da cuenta de la solicitud dirigida al Alcalde por el Presidente de la Colectividad Agraria “Molino de Maza”, interesando autorización para ocupar el inmueble donde tiene su domicilio la habitación comedor, acordándose que por el Consejero de Incautaciones se proceda a retirar de la referida habitación el mobiliario existente y una vez efectuado, se haga entrega al expresado Grupo Colectivo.
Ante el comercio libre iniciado por las Colectividades Agrarias, el camarada Diego Jiménez Abellán, ruega a la Presidencia que le manifieste si el Consejo Administrativo de Colectividades Agrícolas, (presidido por José Moreno Marín), puede dedicarse al comercio de artículos de abasto.
La Alcaldía le contesta que si se constituye en cooperativa de consumo puede hacerlo, pero que en las actuales circunstancias al verificarlo ha de estar sujeto como todos los demás establecimientos a las normas de la Consejería de Abastos.
El Consejero de Abastos António Muñóz Cayuelas, hace presente a la Corporación, que debido a las actuales circunstancias no le es posible continuar desempeñando el puesto de Consejero Delegado de Abastos con la retribución de cinco pesetas diarias que hoy tiene asignadas. Previa deliberación se acuerda quede pendiente de resolución este asunto hasta que entre en vigor el presupuesto municipal del próximo año de mil novecientos treinta y ocho.
En el pleno de 16 de noviembre de 1937, se da lectura al escrito que presenta Pedro Carmona Pised, solicitando se le entregue para su uso, la máquina de reparar zapatos que obra en poder del Consejo de Administración de Grupos Colectivos; por lo que se acuerda que sea el gremio de zapateros el que haga la correspondiente petición.
También se dio cuenta al Consejo de la instancia del Comité del Consejo Administrativo de la Colectividad de Mogón, solicitando unas habitaciones del vecino de dicha aldea Modesto Rodero de la Obra, para instalar en ellas la oficina y almacén del Comité, lo cual se aprueba.
El día 3 de diciembre se dio lectura a la circular de veinte de noviembre, dirigido por el Gobernador Civil, dictando normas para la próxima recolección de aceituna.
El día tres de enero de 1938, se dio lectura a la instancia del representante de la Colectividad de Mogón, “La Alianza Agrícola”, Constantino Pérez Nieto, en la que solicita autorización para utilizar el molino de aceite de Soto, sito en las Aguascebas, y se acuerda que se gire visita al molino para comprobar el estado del mismo para su funcionamiento y se entregue a la Colectividad, siendo los gastos que se originen por cuenta de la Colectividad.
También expone el alcalde, que el I.R.A., a pesar del ofrecimiento hecho, no ha efectuado aún la cesión a este término de las tierras ofrecidas de Úbeda y Sabiote, ni tampoco ha resultado conforme se convino con el Delegado de dicho Instituto que estuvo en esta población, la cesión al sindicato CNT de la finca “La Toba”, si bien, particularmente tiene noticias de que el I.R.A. ha cedido esta finca a la Colectividad “Nosotros”.
A propuesta del Consejero Francisco Quesada Gil, se acuerda dirigir escritos a la Delegación Provincial del IRA, Dirección General del Ramo y Gobernador Civil, exponiendo lo sucedido y la conveniencia de que a la mayor brevedad se resuelva la petición sobre la cesión de tierras a este término y poder atender a la petición formulada por el Sindicato de Campesinos afecto a C.N.T., y por otros obreros agrícolas, que no tienen tierras suficientes para labrar.
Con motivo de la recogida de aceituna de la campaña 1938 – 1939, y en función de la circular enviada el día tres de diciembre pasado por el Gobernador Civil, se procede a enviar a la recolección de aceituna a las personas consideradas desafectas al Régimen; así, se envían a las siguientes:
El 16 de Enero de 1939, son sacados para recolección de aceituna en la “Colectividad Haza de las Vacas” a las siguientes personas:
Mariana Martínez, Fuensanta Martínez, Tomasa González y Juan Martínez.
Para la colectividad “Era D. Pedro”; Rosario Díaz Mansilla, Patrocinio Casado Carrión, Pilar y Remedios Aillón Colodro, Rosario Clamenar, Teresa y María Mármol, Pilar Soriano, Joaquina Maculet, Magdalena Maculet, Francisca Maculet, Catalina Olla, María Campos, Dolores campos, Sofía Escobar, Agustina Soto, Gregoria Iñiguez, Sebastiana Simón, Carmen de la Cruz Hervás, Encarnación Ruíz, María Moreno García, Antonia y Teresa Cádiz García, Manuela Berbél, Isabel Carrillo, Librada Miralles Sánchez, Ana Medina de la Paz, Magdalena Poblaciones, Aurora Poblaciones, María Victoria Poblaciones, Petra Ruíz Palomares, Trinidad Gallego, Carlos García Oliva, Joaquín Gutiérrez Carreño, Ángeles García Magaña, Concepción Urbano Espejo, Dolores Castillo Urbano, José Trujillo Afán, Rosa González Fernández, María Castillo Nevado, Isidora Cobos Pareja, Florencio Delgado Ruíz, Encarnación Lucena Medina, Ana Jiménez Campos, Luz García Castillo, Elías y Clara Domínguez Criado, Antonia Muñoz Uceda, Ana de la Torre Requena, María Aguayo Barranco, Vicente Cardeño Aguayo, Josefa Moreno Andújar, Josefa López Moreno, Encarnación y Teresa Poblaciones Román y Josefa Martínez Moya.
A la Colectividad “Pincáire”; Manuela Martínez López, Victoria Ortega López, María Teresa Izman Guarda, Ana Muñoz de la Torre, Carmen Olmedo Caballo, María y Concepción Sánchez Mármol, Josefa y Francisco Jorquera de la Torre, Ana Félix Gallego, Pilar González Tavira, Francisca Cruz Ruíz, Josefa Lorite Muñoz, Pilar Rodero de la Paz, Ana Mármol García, Ginesa Campos del Arco, María Hervás Álvarez, Carmen Setiey Mercado, Joaquina Vargas Expósito, Atanasia Ojeda Martínez y Julia Muñoz Marchena.
Colectividad “Casería el Prior”; José Montejo Martínez, Josefa Ruíz Martínez, Dolores de la Torre Madrid, Maríana Madrid Navarro, Juan de la Torre Madrid, Antonio Zamorano Madrid, Isabel Ruíz Ojeda, Isabel Martínez Pellón, Concepción de la Cruz Martínez, Daniel Rubiales Mora, Ramona Blesa Juárez, Francisco Martínez Pleita, Ramón Echevarría González, Juana Simón Bermejo, Facunda Santillana Sancho, María de la Torre Díaz, Mará Montiel Guardiola, Francisca Ramírez Burgos, Isabel Martín Millán, María Magaña Muñoz, Antonio Altarejos Coronado, Antonio Trujillo Afan, Asunción Rodríguez Córdoba y Victoria Vela Martí.
El 1de enero de 1939, para la colectividad “Pelotares”:
Teresa Dominguez, Isabel Olla Gómez, Ana Medina de la Paz, Pilar y Josefa Moreno Vela, Juan Gutierrez Navarro, Virtudes, Concepción, María Josefa y Carmen Gutierrez Alférez, Concepción Ramírez, Catalina Miras, Antonia González, Carolina y Catalina de la Torre Vizcaino, Ángeles Valenzuela, Ana y Pilar Saénz Parra, Isabel Munuera Bustos, Francisco Álvarez Poblaciones, Pilar de la Torre Hueso, Flora Pérez Sarmiento, Carmen Veneroso Galvez, Manuela y María Montoro.
Colectividad “Calares”; Teresa García Ramírez, Sacramento Maza Cañizares, Petra Almendros García, Carmen Herreros Fernández, Petra González Cerdá, Encarnación García Ramírez, Dolores Torres Claverías, Eduardo Claverías Marín, Fernanda y Guadalupe Martínez Martínez, María Caballero Muñoz, Rosa Rodríguez Melguizo, Amalia Rubiales Poblaciones, Eulalia López Jurado, Josefa Ceacero Setiey, Francisca e Isabel Bustos Caballero, Dolores Bravo Abellán, Andrés, Teresa, María y José Arévalo Díaz, Dolores del Arco Quevedo, Jerónima Oliver Hueso, Dolores Benavides Linares y Ángeles Valenzuela.
Colectividad “El Pocico”; Manuela, Pilar y Carmen Magaña Molina, Ángeles Mirones Murillo, Alfonso Gómez Moreno, Dolores Martínez Jiménez, Andrés Parra Vargas, Elena Torrente Romera, Manuel de la Torre Plaza, Isabel Mora Lozano, Juan José Camacho Santiago, Francisca Bonet Sánchez, Antonio Torres Herreros, Carlota Calvo Cumbrero y Eloísa Martínez Rubio.
Finalmente el 28 de marzo de 1939, vencido el ejército republicano y entregado el Ayuntamiento al juez D. Juan Antonio Linares, al notario D. Don Hipólito Rodríguez Esteban y al concejal D. Joaquín Martínez Salido, y una vez constituido el nuevo Ayuntamiento, se comienza a devolver la tierra y los inmuebles urbanos a sus anteriores propietarios, dando por finiquitada la Reforma agraria y el proyecto colectivizador.
Victorio Parra Arcas
Antonio Mechán, “El Proyecto de Reforma Agraria de la Comisión Técnica Agraria de 1931”
Archivo Histórico Municipal de Villacarrillo.
Aurora Bosch, Ugetístas y Libertários de.Guerra Civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia 1983, p.372
Centro de estudios de Castilla -La Mancha.
Malefakis, “Reforma Agraria”
Evellin Dillge Mischun, “La Política Agraria de los Gobiernos Republicanos del Primer Bienio”.
Francisco Ruiz Sánchez ,“El proceso Colectivizador en Huelma durante la 2ª República”.
Frank Mintz, La autogestión en la España revolucionaria, La Piqueta, Madrid 1977, p.153-164.
Historia de la UGT.
M. Santacreu Soler, “Legislación y comercio exterior en la España republicana. 1936-1938”,
Luis Garrido González, “Colectividades Agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1936)”
Manuel Azaña, Diarios 1932-1933. “Los cuadernos Robados”
Manuel Vicent Balaguer; “Revista de estudios Libertarios nº 9”.
Ramón Tamames, “Historia de España Alfaguara VII”, “La República”
Rosa Sepúlveda, Incautaciones de fincas urbanas en Albacete durante la guerra civíl .
[1] Luis Garrido González. “Colectividades Agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1936)”
[2] Las tierras prometidas de los términos de Übeda y Sabiote, nunca fueron agregadas al término de Villacarrillo.
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO DE COLECTIVACIÓN EN VILLACARRILLO.(VI). LOS CONSEJOS MUNICIPALES (Continuación).
15 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
El 22 de febrero 1937, el Alcalde Presidente, convoca a los Consejeros, para dar cuenta del informe emitido por la ponencia, nombrada por la Junta Calificadora.
Previamente, el día anterior, es decir el día 21, el Sindicato Único del Campo perteneciente a C.N.T. envía un escrito en el que manifiesta que en su asamblea del día 20, se tomo acuerdo de no participar su representante en la Comisión Calificadora de Desafectos.
En esa reunión, se reparte a todos los concurrentes, copia de la relación de individuos que a juicio de la ponencia deben ser declarados desafectos, para que cada uno estudie bien la relación, y en próxima reunión expongan su criterio.
Acordando también que se interese al pedáneo de Mogón la dicha relación.
En la reunión de la Junta Local de Clasificación del día 20 de marzo 1937, a propuesta de D. Juan Vicente Martínez, se excluye de la lista de desafectos presentada por la Ponencia, a Fructuoso Mora Martínez y a Juan Plaza Martínez; con el voto en contra de Rogelio León Rojas y Pedro Blanquer de la Torre, y por unanimidad a los individuos siguientes:
Arco Sauquier, Ángel del
Canales González, Domingo
Castillo Hueso, Luis
Castillo Hueso, Juan
Fernández Gómez, Antonia
González Mármol, Diego
López Moreno, Marcos
Martínez Díaz, Martin
Moreno Domarco, Juan
Moreno Robles, Francisco
Parra García, José
Parra García, Salvador
Mata Pérez Herrera, Juan de la
Rodero de la Obra, Modesto
Sánchez Carrascosa Juan de la Cruz
Seguidamente se da lectura a las propuestas del Pedáneo de Mogón, que se agregan por unanimidad:
Bueno y Bueno, Emilio
Consejo Almagro
González Campos, Bautista
León Rojas, Eduardo
Dado que uno de los incluidos Eduardo León Rojas es hermano de Rogélio León Rojas, miembro de la Comisión, éste solicita la suspensión de la reunión.
Al día siguiente 21 de marzo de 1937, se reanuda la sesión; y a propuesta de Ignacio Suarez Valdivia y de la Presidencia; y con el voto en contra de Pedro Blanquér de la Torre, se incluyen a Consolación y Salvador García Manjon; y por unanimidad a los siguientes:
Barberan Fernández Genoveva
Brberan Fernández Rosario
Climent Soto, Pilar
Pueyo Ruíz, Timoteo del
Fernández Mataran, José y Pedro
Fernández Velasco, Francisca e hijas
Garvín León, José
González Fernández, Agapito y cónyuge
Guerrero Olié, Eduardo
Guerrero Pastor, Antonio
Jiménez Martínez, Cristóbal
León Rojas, Ángel
Linares Hueso, Miguel
Linares Mora, Martin
Linares Moreno, María
Marín Ballesteros, Juan M.
Martí González, Dolores
Martin Fillot, Isabel
Mora López, Luz
Morillo Rodero, José
Naranjo Tortosa, Miguel y cónyuge
Navarrete Fernández, Pascual
Palacios Sanjuán, Francisco y cónyuge
Pastor Orozco, Andrés
Pastor Orozco, Inés
Pellón Carmona, Carmen
Pellón Maza, Pilar
Pellón Velasco, José
Pellón Velasco, Luisa
Pellón Villavicencio, Bárbara
Poblaciones Pellón, Joaquina
Poblaciones y Poblaciones, Demetria
Quevedo Velasco Pablo
Rodero Martínez, Carmen
Rubiales Mora, Francisca
Rubiales Mora, Leopoldo
Ruíz Huertas, León
Serrano Guerrero, José
Setiey Martínez, Juan Herederos de
Torre Santos, Soledad
Torre y Torre, José y Pedro de la
Tortosa Herreros, Isabel
Valera Cabrian, Emilio y cónyuge
Vela Sagra, Ildefonso y cónyuge
Previamente, el día 19, se envía a la Junta Calificadora Provincial, un listado de excluidos de las propuestas como desafectos que fueron enviadas con oficio nº 3449 de fecha 23 de diciembre de 1936.
Coronado de la Torre, Juan
Crespo Gómez, Andrés
Fernández Campos, Rodrigo
Fernández Gómez, Bernabé
Lorite Reyes, Manuel
Marín Narváez, Antonio
Medina Fernández, Fuensanta
Mercado López, Tomás
Mora Martínez, Fructuoso
Pinel López, Juan
Plaza Martínez, Juan
Y también en el mismo oficio se envía la relación de desafectos al Régimen, propuesta, que se envía a la Provincial como ampliación a la enviada; con oficio nº 3449 de fecha 23 de diciembre pasado:
Almagro, Consejo
Abril Ramírez Arellano, Indalecio
Arco Fauquier, Ángel del
Barberán Fernández, Rosario
Barberan Fernández, Genoveva
Benavides Guardia, Rafael
Benavides Benavidez, Pilar
Bedmar, Amalia
Bueno Bueno, Emilio
Clíment Soto, Pilar
Castilla Ponce, José
Conde Bellón, Pablo
Coréncia Serrano, Joaquín
Fernández Mataran, Pedro
Fernández Mataran, Jose
Herederos de Andrea Maza Crespo
Herederos de Antonio Mora Orozco
Herederos de Cristóbal Ruiz Martínez
Herederos de Juan Setiey Martínez
Herederos de Francisco Calle Mármol
Herederos de Luis Cabeza de Vaca
Herederos de Matilde Mármol de Gregorio
Hervera, Ana e Hijo
López Moreno Mª Francisca e Hijas
Martí González, Isabel
Martí Fillot, Victoria
Marín Lara, Luis
Mataran Martin
Naranjo Tortosa, Miguel
Navarrete Montañez, Pascual
Palacios Sanjuán, Francisco
Pastor Orozco, Andrea
Pellón Maza, Josefa
Pellón Maza Pilar
Pellón Villlavicencio, Bárbara
Poblaciones, Dolores
Poblaciones Pellón, Dolores
Poblaciones Poblaciones, Demetria
Pueyo Ruiz, Timoteo del
Quevedo Velasco, Pablo
Ramos Hervas, Francisca
Rodríguez Esteban, Hipólito
Rubiales Mora Francisco
Rubiales Mora, José
Ruiz Huertas, León
Sanjuán Moreno,, Ricardo
Sánchez Carrascosa, Juan de la Cruz
Torre Torre, José de la
Torre Torre, Pedro de la
Torres Moreno, Francisco
Valera Cebrián, Emilio
Vela Sagra, Ildefonso
Viuda de Juan Lanzas Cárdenas
Viuda de Poblaciones
Viuda de Claudio Mur
Viuda de Torafe
La relación de desafectos una vez realizada, es expuesta al público en los lugares acostumbrados.
Una vez realizada la lista de desafectos al régimen, y con el fin de determinar la titularidad de las fincas, el Ministerio de Justicia publica la orden siguiente:
ORDEN A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.
El día 11 de marzo de 1937, la Gaceta de Madrid inserta una orden procedente del Ministerio de Justicia de fecha 6 de marzo cuyo texto es:
“Iltmo. Sr: Expuesta por el Ministerio de Agricultura, la necesidad de que se faciliten por los Registros de la Propiedad a las Juntas Calificadoras Municipales los datos que, conforme a la Orden de 4 de Enero último de ese Departamento, han de acompañarse a las propuestas de expropiación de fincas rusticas propiedad de los declarados facciosos, con arreglo al artículo 2º del Decreto 7 de octubre último; este Ministerio ha acordado ordenar a los Registradores de la Propiedad pongan a disposición de la Junta Calificadora municipales, los Libros de Registro y que en aquellos cuyo personal sea escaso, se designen por dichas Juntas personas capacitadas que tomen los datos necesarios, para la labor de las mismas, siempre bajo la dirección del Registrador”.
13 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO DE COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO.(IV). Expropiaciones.
10 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
Decreto de siete de Octubre de 1936, Gaceta de Madrid nº 282.
Este decreto de 7 de octubre de 1936, es el que va a presidir la actuación gubernamental hasta mediados de junio de 1937; se trata de un decreto para la “expropiación y entrega a los campesinos de la tierra de los facciosos”. La intervención temporal, dictada por el Gobierno Giral para las tierras abandonadas, ahora era sustituida por una expropiación sin indemnización de todas las tierras propiedad de aquellas personas naturales, cónyuges y jurídicas, que se hubiesen implicado en el movimiento subversivo contra la República.
La calificación como fascistas de los implicados, debía ser formalizada a partir de la declaración pertinente de las Juntas Calificadoras Municipales integradas por representantes del municipio, Frente Popular, Organizaciones Obreras y de los pequeños propietarios y colonos.
El expediente abierto se tramitaría a la Junta Calificadora Provincial, la cual a su vez, lo remitiría al Ministerio de Agricultura por medio del IRA.
Por otro lado, la propiedad de las tierras expropiadas la detenta el Estado, el cual las cedía en usufructo a perpetuidad a las organizaciones campesinas del municipio, para su cultivo individual o colectivo[1].
El decreto de 7 de octubre, viene a decretar lo siguiente:
Articulo 1º.- Se acuerda la expropiación, sin indemnización y a favor del Estado, de las fincas rusticas, cualquiera que sea su extensión y aprovechamiento, pertenecientes en 18 de julio a personas naturales o a sus conyugues y a las personas jurídicas que hayan intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la II República.
Articulo 2º.- Para la determinación de las personas incursas en las medidas que se reseñan en el artículo anterior, se reunirá, en cada término municipal, una Junta Calificadora, integrada por el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular y una representación de cada una de las organizaciones sindicales de obreros del campo y agrupaciones de pequeños cultivadores y colonos, legalmente constituidos. Dicha Junta formara la relación de propietarios que, por haber prestado su colaboración en cualquier forma al movimiento subversivo, su ayuda con recursos en moneda o especie, auxilios, confidencias o simple resistencia o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gabinete legítimo de la República, deben ser calificados como enemigos del régimen y comprendidos en el grupo de insurrectos a que se contrae el artículo primero.
Estas relaciones, con la propuesta razonada para cada inclusión, serán elevadas a la Junta provincial y, con el informe de la misma, transmitidas al Gobierno; quien dará estado oficial en la Gaceta de Madrid a los nombres de las personas que definitivamente deban ser clasificadas.
Las Juntas Provinciales calificadoras tendrán análoga constitución que las Juntas Municipales antes citadas, siendo presididas por un delegado del Ministerio de Agricultura, nombrado entre los Jefes de de los Servicios Provinciales dependientes de dicho Ministerio, e intervendrán resolviendo en primera instancia las incidencias y cuestiones de competencia que se ofrezcan en la aplicación de este Decreto.
Contra la declaración de insurrecto, a que se contrae este artículo, cabrá un recurso, al solo efecto de rectificación de conceptos ante el Ministerio de Agricultura previo informe de las Juntas Municipales y Provinciales correspondientes.
Articulo 3º.- A los efectos de este Decreto, se consideraran como bienes rústicos los que figuren como tales en el Registro de la Propiedad, las industrias rurales, con sus útiles y edificios; los montes, las tierras de pasto y cotos de aplicaciones industriales o deportivas, y las fincas de recreo que tengan arbolado, matorrales, huertas, jardines o praderas que exijan atenciones agrícolas, aunque el valor de las edificaciones sea predominante en el total de la finca.
Artículo 4º.- El uso y disfrute de las fincas rústicas expropiadas según el artículo primero, se dará a los braceros y campesinos del término municipal de su emplazamiento o de los colindantes, según los casos, con sujeción a las siguientes normas:
a) Cuando la explotación de la finca se llevara directamente por el interesado o por medio de encargados o administradores, o cuando se explote en régimen de gran arrendamiento, será entregada en usufructo a perpetuidad, en tanto se les dé por los sufructuários y sus descendientes el destino agrícola adecuado, a las organizaciones de obreros agrícolas y de campesinos perfectamente definidas como tales. En defecto de dichas organizaciones se entregaran a los obreros agrícolas y a los campesinos que figuren en los censos municipales correspondientes.
En uno y otro caso, la explotación de estas fincas se hará colectiva o individualmente, según la voluntad de la mayoría de los beneficiados, mediante acuerdo tomado en asamblea, convocada al efecto.
Los técnicos del Ministerio aconsejaran y orientaran en cada caso la forma más racional del cultivo de la tierra.
b) En el caso en que la propiedad rustica fuera llevada en régimen de arrendamiento, colonia o aparcería por agricultores que por su extensión de tierra cultivada, que no debe pasar de treinta hectáreas en secano, cinco en regadío y tres en huerta, y beneficio industrial anual calculable a su empresa agrícola, fuesen técnica y prácticamente clasificábles como pequeños cultivadores, estos y sus descendientes serán confirmados en el usufructo a perpetuidad, siempre que se mantenga por los usufructuarios la racional explotación agrícola correspondiente del lote o finca por ellos cultivada.
Sobre las tierras comprendidas en uno y otro caso, todo combatiente encuadrado en las Milicias Populares o Unidades de Voluntarios del Ejercito que este clasificado en el Ayuntamiento de su vecindad como bracero del campo, o pequeño arrendatario o propietario, según los apartados de la base 11 de la Ley de Reforma Agraria vigente, será tenido en cuenta en primer lugar para recibir, en uso a perpetuidad, una porción de tierra de labor que en lugar de su emplazamiento dé un beneficio liquido suficiente para el sustento de su familia.
Cuando los beneficiados por esta disposición pertenezcan a una organización sindical con carácter agrario, o deseen constituirla podrán reunir sus lotes para formar una explotación colectiva.
Los beneficios a que hace referencia el párrafo anterior se hará extensivo a las familias constituidas por parientes en primer grado de los fallecidos por acción de guerra, teniendo preferencia en la aplicación y siguiendo a estos los heridos e inutilizados físicamente por consecuencia de su actuación al servicio militar de la República en este periodo.
Artículo .5.- La expropiación de las tierras señaladas en el Artc. 1º, se realizará con capital fijo de explotación rural que se considere al ser y estado en que aparecía, y en cuanto sea dable en la fecha del 18 de julio del año en curso antes mencionada.
Artículo . 6º.- El Instituto de Reforma Agraria, que será el órgano de enlace y tutelar de las fincas expropiadas, según los preceptos de este Decreto, procederá a redactar los adecuados planes de explotación y dotará a los beneficiarios de medios económicos, así como de aperos, semillas, abonos y demás elementos de capital circulante requeridos por los cultivos, para un periodo de dos años agrícolas, contados a partir de la incautación y entrega a los beneficiados; procurando alcanzar la mayor eficacia en la intensificación de esos cultivos por medio de los servicios del Banco de Crédito Agrícola, que se creara a tal efecto. Una reglamentación complementaria proveerá a la ordenación de esta propiedad y en aquella se fijara el canon de los usufructuarios de la tierra nacionalizada habrán de pagar al Estado.
Artículo 7.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto por este Decreto, del cual se dará oportuna cuenta a las Cortes.
Artículo transitorio. Este Decreto se aplicara a los términos municipales de todo el territorio nacional, poniéndose en vigor en las zonas que se hallan bajo el dominio de los elementos rebeldes en cuanto estas sean sometidas al gobierno de la República.
Manuel Azaña; el Ministro de Agricultura, Vicente Uribe Galdeano.
Este Decreto que firmó Uribe, marca un antes y un después en el proceso de expropiación, es decir en el cambio de titularidad en la propiedad de la tierra.
Hasta entonces, la expropiación se había reducido a los encartados por el golpe de Sanjurjo de 1933, y con incidencia limitada.
Es cierto que con el Frente Popular, se intensificó la reforma, pero lo hizo mediante la ocupación de tierras por las que se pagaba una renta; aunque era inevitable la incertidumbre creada por la Ley de Reforma Agraria y su temido inventario. El gran propietario español, tenía en julio de 1936, las mismas hectáreas que en abril de 1936[2].
En virtud de este Decreto, en Villacarrillo, se crea la Junta Calificadora, que estaba formada por las siguientes personas:
Diego Marín González.- Presidente de la Junta
osé Moreno Marín.- Por el Ayuntamiento
Joaquín Martínez Salido.- Por el Ayuntamiento
José Moreno Hueso.- Por el Ayuntamiento
Juan Ballesteros Garvín.- Por el Ayuntamiento
Ramón García Lozano Por el Ayuntamiento
Blas Martínez de la Torre Por el Ayuntamiento
Enrique Rojo Hueso Por el Frente Popular
José Mondejar Luz Por el Frente Popular
Ramón Fallas Carreño Por el Frente Popular
Antonio Muñoz Cayuelas Por el Frente Popular
Juan García Mascullán Por el Frente Popular
José Fernández García Por el Frente Popular
Francisco Martínez Félix Por UGT
Gonzalo Fernández “Patarreta” Por CNT
Pascual Moreno Jorquera Por el Frente Popular
Juan Marín Cruz Representante de arrendamientos
[1] Fuente; Historia de la UGT, Un sindicalismo de guerra 1936-1939. Pere Gabriel
[2] Pág. 392.- (La explotación agraria de la segunda República (1931-1939).- Ricardo Robledo, Salustiano de Dios, Javier Infante y Eugénia Torrijano.
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (III parte). El Frente Popular y la reforma agraria.
5 noviembre, 2017 5 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
Casa incautada el 18 de septiembre de 1936 a donde se trasladó el Ayuntamiento
EL FRENTE POPULAR Y LA REFORMA AGRÁRIA
El resultado de las elecciones de febrero de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular, significaron un nuevo cambio de marcha en la política agraria de la República. Desde marzo del 36 adquirió una gran celeridad a base de la utilización del principio de “utilidad social”, la abrogación de la ley de 1935 y el restablecimiento de la de 15 de septiembre de 1932 (por ley de 18 de junio de 1936); en estos cuatro meses se ocuparon 232.199 hectáreas y se asentaron 71.919 colonos, la mayor parte en Extremadura.
El 25 de marzo los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), ocuparon 3.000 fincas, sin que el Gobierno pudiera hacer otra cosa que legalizar la ocupación. La creencia de que finalmente la reforma agraria era ya irrefrenable, se extendía por doquier.
El estallido de la guerra civil significó en la España republicana, una aceleración en la distribución de la tierra y en la ocupación de ésta por los propios campesinos.
El decreto de 7 de octubre, al cual nos referiremos en su momento, dio fuerza legal a las medidas que generalmente ya habían sido aplicadas por los campesinos.
El 24 de marzo de 1936, el Alcalde Diego Marín González, convoca en el salón de sesiones del Ayuntamiento, una reunión entre el Ingeniero Delegado del Gobernador Civil de la provincia, los patronos agrícolas y una comisión de obreros de esta ciudad, de la que salen los siguientes acuerdos:
1º.- Repartir entre el número de hectáreas cultivadas, los obreros existentes en la bolsa de trabajo para efectuar las operaciones de cultivo de la época y subsiguientes hasta la terminación de la vigencia de este acta.
2º.- Que en aquellos terrenos en que a juicio de la Comisión Municipal o Policía Rural puedan efectuarse las labores de cultivo, estas se empiecen.
3º.- Que en aquellos terrenos que no reúnan la condición anterior, podrán estas demorarse hasta que concurra la circunstancia del apartado segundo, y en este caso se compromete la representación patronal a facilitar un anticipo de jornales de la mitad del importe de éste, hasta un numero de quinientos obreros que a este efecto y para que no resulten recargados los propietarios, se designara una representación patronal de la Sociedad de Labradores y otra representación de la clase trabajadora, para asignarlos en la proporción que corresponda; sin que esto tenga calidad de elección de obreros.
Estos anticipos serán reintegrados al efectuarse el trabajo por los obreros que lo hayan recibido y en cantidad de la mitad de su jornal como máximo.
4º.- A los efectos de esta acta, quedan obligados los arrendatarios o aparceros, como beneficiarios de las fincas, computándose como obreros a los hijos de estos, mayores de 18 años.
5º.- La vigencia de esta acta dura hasta la vina de arado y cava de pies de olivos y recolección de cereales inclusive.
6º.- La Comisión municipal de Policía Rural, como la legislación actual de Laboreo Forzoso le faculta, cuidara de que las labores se efectúen en todo caso.
7º.- El turno de colocación obrera, será como la disposición vigente ordene.
8º.- Las dudas y derivaciones que el presente acuerdo pudiera motivar, serán resueltas por el Ingeniero de Laboreo Forzoso o el Sr. Delegado del Exmo. Sr. Gobernador Civil.
Firmado: Diego Marín, Ignacio de Valenzuela y Carlos González Ruckerf
El doce de abril del 36, el Alcalde reúne a los presidentes de la Sociedad de Labradores y al de la del sindicato “La Blusa”, para llegar a un acuerdo en el conflicto planteado con motivo de colocación de obreros, no llegando a un acuerdo; motivo por el la Sociedad Agraria “La Blusa”, convoca una huelga General.
La consecuencia inmediata de estos Decretos publicados, es que a final de junio de 1936 y primeros días de julio, varios propietarios del término municipal de Villacarrillo, dirigen sendos escritos al Ayuntamiento cediendo gratuitamente sus tierras para que sea recogida la cosecha por los trabajadores del campo.
Los propietarios que ceden sus cosechas son los siguientes:
Copia de Originales de alguna de las cesiones
El día 29 de junio, el Ayuntamiento, tras consulta sobre este ofrecimiento con la Delegación de Trabajo de Jaén, ésta remite un telegrama en el que dice que no hay inconveniente en aceptar dichos ofrecimientos, considerando estas tierras como abandonadas por sus dueños.
Los escritos que se conservan en el archivo municipal son los siguientes:
Joaquín Corencia Serrano, Emilio Bueno y Bueno, Ana Vélez y Vélez, José Isaac Marín Millán. Julio Cesar Bueno y Bueno, Paula Raspado Soto.
Esta situación trae consigo en principio, la ocupación desordenada de las tierras por grupos de obreros del campo. Para evitar la misma, en cada ocupación se levantaba un acta y se asentaban en un libro de registro, donde se anotaba siempre, el nombre del antiguo propietario y el número de superficie incautada por “abandono de sus propietarios”.
Dada la situación prebélica que se venía viviendo desde algunos meses previos al levantamiento militar, los grandes propietarios de Villacarrillo no vinieron al pueblo para la recolección de las cosechas, dejándolas en manos de sus encargados o cediendo las cosechas al Ayuntamiento; lo que vendría a interpretarse como abandono de fincas rústicas y urbanas.
El 13 de julio se produce en Madrid el asesinato de Calvo Sotelo y en medio de esta encendida situación, el 18 de Julio de 1936, se produce el golpe de estado, sublevándose parte del ejército contra el Gobierno de la República. El país se dividirá en dos, que en un principio no tiene otro calificativo que el de zona sublevada y zona gubernamental. En esta última, la reforma deja de serlo y se convierte en una revolución agraria que se extiende rápidamente.
Ante la realidad de unas primeras ocupaciones de tierras, el Ministro de Agricultura del Gobierno, Mariano Ruíz de Funes, de Izquierda Republicana, firmó un decreto el 8 de agosto de 1936, completado a continuación con los de los días 17 y 19, que concedía a los Alcaldes de los Ayuntamientos republicanos el carácter de delegados del IRA con la obligación de elaborar un censo de las tierras abandonadas del municipio y potestad para su gestión.
Se refiere a la intervención de la tierra abandonada, y se limitaba a autorizar a los Ayuntamientos, asistidos por las organizaciones obreras, para que actuaran como delegados especiales del IRA en la intervención temporal.
También hacía una llamada a los campesinos leales a la República, para declarar que su adhesión recibiría merecido premio en la posesión de tierras. Pero el objetivo principal, aparte de dar sanción legal a determinadas actuaciones, era el que no se interrumpiera la recolección y almacenaje de cereales por el abandono de los propietarios o de administradores[1].
Mediante el decreto de 8 de agosto del 1936 se justifica la ocupación de tierras por el abandono de sus propietarios y arrendatarios.
Como consecuencia de este decreto, otros propietarios deciden entregar sus fincas al Ayuntamiento, así, en el pleno del 3 de septiembre de 1936 en uno de los puntos del orden del día dice:
…Seguidamente se dio lectura de la moción de la Alcaldía Presidencia en relación con los escritos presentados por varios propietarios de esta ciudad, cediendo con carácter gratuito y en pleno dominio al Ayuntamiento las fincas que a continuación se indican, como asimismo los útiles de labranza. Y conforme a lo propuesto por la Alcaldía, se acuerda admitir la cesión hecha.
Que se comunique así a los interesados, y que se verifiquen los trámites necesarios para que dichas fincas aparezcan en lo sucesivo, como de la propiedad de este Ayuntamiento.
Los propietarios son los siguientes:
Mª Francisca López Moreno, Paula Raspado Soto, Isabel Tortosa Herreros, Jerónima Mora Altarejos, Marcos López Moreno y Carmen Moreno Pulido.
Apelando a la necesidad de mantener el índice de “productividad normal” en el campo, reforzando una justificada obsesión por asegurar unos niveles adecuados de producción agraria y alimentaria, el Gobierno publica el Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de Septiembre de 1936; este Decreto, en concreto, instauraba unos Comités Agrícolas Locales como forma de reforzar el criterio de las disposiciones de los decretos de agosto, pero sobre todo, dirigir y ordenar la siembra y las labores en el campo. Estos Comités presididos por el Alcalde, debían contar con cuatro miembros elegidos por el Ayuntamiento, el Comité Local del Frente Popular y las Organizaciones Sindicales.
De acuerdo con los condicionantes de política internacional con que se encontró la República y con la influencia del Partido Ccomunista en España (había obtenido 17 diputados en las elecciones de febrero), los comunistas entraron en el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936; así se hizo cargo del Ministerio de Agricultura Vicente Uribe. La estrategia comunista era ente todo la de defender la República dejando de lado cualquier veleidad revolucionaria; las políticas de “Frentes Populares” que sancionó la Internacional Comunista en 1935, obligaban a los comunistas a aliarse con otras fuerzas, desde campesinos a intelectuales, y a postergar la revolución en beneficio del orden republicano, del respeto a la propiedad, todo en pro de la lucha común contra el fascismo[2].
Para aplicación del Decreto de 15 de septiembre del 1936, el día 23 del mismo mes, se recibe en Villacarrillo un comunicado de la Sección Agronómica de Jaén (registro de salida 3205 y entrada 1574), que dice:
Por Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de los corrientes (Gaceta del 16) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha de ayer y nº 222, se crea en cada Municipio un Comité Agrícola Local del Frente Popular, cuya misión específica, en los actuales momentos, ha de consistir en lograr el aumento del área de cultivo y la producción unitaria. Para lo que se dan normas en la citada disposición.
Los referidos comités han de quedar constituidos, en la forma que se previene[3], antes del día 25 del actual, debiéndose comunicar su constitución al Ministerio de Agricultura.
Inmediatamente de constituido el comité, actuará seguidamente a los fines expresados a) b) c) d) y e) del artículo 2º del mencionado decreto y conforme determinan los artículos 3º y 4º del mismo.
Para mejor acierto de la función asesora encomendada a esta Jefatura acerca de los referidos Comités, y en cumplimiento de las órdenes del Ilmo. Sr. Director General de Agricultura, se servirá esa Alcaldía comunicar a esta Sección Agronómica, la constitución del Comité correspondiente, como asimismo el desarrollo de sus funciones, y cuanto pueda interesar para la mejor marcha del servicio que realice.
Se espera que por parte de esa Alcaldía se cumplimenten exactamente los fines expresados en la presente comunicación. Jaén 23 de septiembre de 1936
Convocatoria para la formación del Comité Agrícola Local de Villacarrillo
El artículo 2º, establecía como función principal, procurar que las tierras fuesen cultivadas de forma adecuada para procurar la máxima producción.
El incumplimiento de las normas fijadas por el Comité Local, podría suponer, como se preceptúa en su artículo 4º, el levantamiento del cultivador de la tierra cultivada, en cuyo caso, dicha tierra será entregada a organizaciones de obreros agrícolas o campesinos, según los casos, para que no sufran interrupción las faenas y trabajos a realizar sobre la finca en explotación.
La reincidencia en la falta será castigada:
Si es propietario de la tierra, con la anulación del derecho de propiedad y transmisión del mismo al Municipio de su emplazamiento; y si es colono, arrendatario o aparcero, con la prohibición absoluta, por manifiesta incapacidad disciplinaria del derecho de cultivar tierras en el territorio de la República.
Incautación de fincas urbanas.
El día 1 de Agosto de 1.936, el Alcalde Diego Marín, reincorporado a su cargo de Alcalde, firma el decreto siguiente:
“Cumpliendo lo ordenado en el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de fecha 27 de Julio Anterior, tengo a bien disponer se proceda a la ocupación de los edificios y material que en los mismos exista, haciendo el oportuno inventario de todo, en armonía con lo referido Decreto y cumpliendo en todas sus partes cuanto en el mismo se ordena”. Firmado, Diego Marín.
En base a este decreto se incautan la escuela de niños Ave María en la calle Antonio de la Torre y la de niñas Cristóbal Colon, en la calle Cristóbal Ruiz (de las monjas) de esta población.
Para darle carácter legal a la incautación de las fincas urbanas el Ministerio de Hacienda publica el Decreto de de 27 de Septiembre de 1936, (Gaceta de Madrid, 29 de septiembre de 1936). Incautación de fincas urbanas.
Este Decreto, expone las razones que llevaron al Gobierno a tomar las medidas de incautación de fincas urbanas, haciendo hincapié en el abandono de estas por sus propietarios y administradores, con el consiguiente perjuicio a los inquilinos a la conservación de las fincas, y sobre todo a los ingresos de la hacienda del Estado, tan necesaria de incrementarlos en las aquellas circunstancias.
En su articulado se recogen los siguientes puntos;
1º.- Se consideran propiedad del Estado las fincas urbanas cuyos propietarios hayan sido considerados por fallo de los Tribunales de Justicia, en que se les declare responsables de haber intervenido en el movimiento sedicioso o cooperado al mismo, o los que existan suficientes indicios.
La apreciación de tales circunstancias, será determinada por la “Junta de Fincas Urbanas Incautadas”, que se constituirá en cada capital de provincia, presidida por el Delegado de Hacienda y compuesta por representantes de los partidos políticos del Frente Popular y de organizaciones sindicales. Las fincas urbanas incautadas con carácter definitivo pasaran a integrar el inventario de las “Administraciones de Propiedades”.
2º.- Las Administraciones de Propiedades incautaran de manera provisional las fincas urbanas pertenecientes a personas que se hallen detenidas por motivo de la rebelión; las que se encuentren ausentes voluntariamente sin haber nombrado un representante legal, o hubiesen abandonado el cuidado y gestión de tales fincas.
Este carácter provisional de la incautación, concluirá, bien elevándose a definitiva según el artículo 1º, o bien procediéndose a su devolución, lo cual da un rango de legalidad a las incautaciones.
3º.- Los propietarios o administradores de todas las fincas urbanas, y en su defecto, los porteros o los propios interinos, tienen la obligación de presentarse en la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, para hacer declaración en la forma y plazo establecido, del nombre del propietario de la finca, renta del inmueble y datos que se consideren oportunos.
4º.- Los edificios incautados por organizaciones afectas al Frente Popular y organismos sindicales, serán puestas a disposición del Estado por dichas organizaciones, entregando toda la documentación, así como rindiendo cuentas en las Administraciones de Propiedades de las capitales de provincia, y por medio de las Alcaldías en los pueblos.
5º.- El producto líquido que resulte de la administración de las fincas urbanas incautadas, se ingresará mensualmente en las dependencias de Hacienda del Estado.
A partir de esa fecha, hay un amplio cuerpo legislativo que desarrolla todo lo concerniente a la rebaja de rentas, a que inmuebles afecta y a cuales no, así como a la constitución de las “Juntas de Fincas Urbanas Incautadas”, legislación que aparece publicada en la “Gaceta de Madrid”[4].
Sin embargo, hay que señalar que entes de la publicación de este Decreto de 27 de septiembre, Ya el día dieciocho del mismo mes, se da cuenta en el Pleno Municipal, de la incautación del edificio nº 20 de la Avenida de 14 de Abril[5], -hoy Casa de la Cultura- propiedad de los hijos de D. Manuel Benavides España, Carlos, Manuel y Fernando Benavides García de Zúñiga, los cuales eran jefes del Centro Tradicionalista de esta ciudad; y teniendo en cuenta lo pequeño que es el actual Ayuntamiento, se acuerda trasladar el mismo al edificio incautado.
El día 3 de marzo de 1937, en sesión extraordinaria del Pleno Municipal:
Dada cuenta de la disposición publicada en el Boletín Oficial de la Provincia numero cuarenta y ocho, sobre incautaciones de fincas urbanas, se acuerda por unanimidad, proceder en su consecuencia y que la Comisión Municipal de Incautaciones sea quien las haga en nombre del Consejo Municipal; y una vez sean aprobadas por la superioridad, solicitar del Gobierno, sean cedidas a este Consejo Municipal, para que este abone al estado el importe de la Contribución, y puestas en alquiler las que no precise para sus servicios, dando a los inquilinos el máximo de ventajas dentro de la legislación vigente.
La incautación comprenderá todas las fincas urbanas del casco y de los anejos, que no se hallen habitadas por sus dueños y estos hayan sido declarados como favorecedores directa o indirectamente, por la Junta Calificadora Local, que se creó en armonía con el Decreto de siete de Octubre de mil novecientos treinta y seis.
Así mismo, se acuerda la incautación de la farmacia que fue de D. Antonio del Real, que se haga un inventario, y teniendo en cuenta que se halla suspendida por resolución Ministerial la aplicación de la Ley de Coordinación Sanitaria, crear a base de lo que exista en la farmacia dicha, una farmacia municipal, al frente de la cual estará el farmacéutico titular D. Vicente Jiménez.
Otros edificios incautados en distintas fechas son: D. Antonio Gallego, D. Gerardo Pastor, D. Pedro Lorite, Dª Agustina Régil, D. Cristóbal Millán, D. Juan Rodríguez Avial, Sres de Villavicencio, Dª Pilar García de Zúñiga, D. Ángel Pellón, Señoritas Serrano Sanmartín,….
LA REFORMA AGRÁRIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (Segunda parte)
5 noviembre, 2017 15 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
DISCUSIÓN DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA EN LAS CORTES
En mayo de 1931, descartada por el Gobierno Provisional la posibilidad de realizar la Reforma Agraria por decreto, se nombró una Comisión Técnica a fin de que preparase el proyecto de ley para someterlo a las Cortes.
El dictamen de la comisión fue presentado al Gobierno Provisional el 20 de julio de 1931. Se trataba de un proyecto de gran lucidez. En él coexistían profundidad y simplicidad, en la búsqueda de soluciones que no implicasen largas tramitaciones ni dificultades financieras insalvables.
Podemos resumirlo en los puntos siguientes;
Limitación de la reforma a las zonas de latifundio, donde los problemas – incluido el muy grave del paro estacional – eran mayores. (caso de Extremadura y la Mancha).
No expropiación, sino ocupación temporal de las tierras, para proceder de inmediato a su cesión a los campesinos en forma de arrendamiento con pago de rentas bajas. Evitando así enojosas expropiaciones y combinaba el mantenimiento de la nuda propiedad a favor del terrateniente con la posesión con todas las consecuencias funcionales, y de forma prácticamente indefinida por el campesino.
Principio de no discriminación en cuanto a las propiedades afectadas por la reforma. Podrían ser forzadas al arrendamiento los excesos de propiedades por encima de las 300 hectáreas de tierra cerealista o su equivalencia, o de más de 10.000 pesetas de líquido imponible por el propietario, considerando sus dominios a nivel nacional.
Las tierras ocupadas temporalmente podrían ser explotadas en parcelas individuales o de forma colectiva, según el deseo que libremente expresan los campesinos asentados.
Como meta de lo posible, la comisión técnica proponía el asentamiento de 60.000 a 75.000 campesinos por año, con un margen en función de los recursos disponibles para conceder ayudas a los asentamientos.
Este proyecto no salió adelante por la reacción de los grandes propietarios y sus órganos de prensa que lo calificaron de bolchevique, estos, fundaron en el mes de julio de 1931 la “Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas” y por supuesto el Partido Agrario de Martínez de Velasco, fuertemente implantado en Villacarrillo del que fue su presidente D. Manuel Benavides España. Los radicales y republicanos conservadores atacaron duramente el proyecto por estimarlo muy avanzado, en tanto que el PSOE consideraba que no satisfacía sus aspiraciones. Por todo ello, el proyecto pasó al presidente del gobierno Alcalá Zamora, quien haciendo de árbitro se ocupó de reelaborarlo.
El nuevo proyecto fue presentado a las Cortes el 25 de agosto de 1931. Las transformaciones introducidas daban un nuevo giro a la cuestión. La reforma se limitaba a tres clases de tierras: zonas de regadío no puestas en riego; tierras sistemáticamente en arrendamiento; y tierras de la nobleza procedentes de la usurpación que hicieron en 1811 al suprimirse los señoríos jurisdiccionales.
Por otra parte, en vez del sistema de ocupaciones temporales se pasaba al de expropiación con indemnizaciones (en efectivo hasta 500.000 pesetas y con deuda pública el resto), salvo en el caso de determinadas tierras de nobleza en que procedía a la confiscación.
Se mantenía la meta de 60.000 a 75.000 campesinos asentados por año.
La discusión de este proyecto, fue muy intensa y por presión de republicanos de izquierda y de los socialistas, las enmiendas fueron acercando el proyecto al primitivo texto de la comisión técnica, hasta el punto de que fue por entonces cuando Alcalá Zamora – que no olvidemos que era latifundista – empezó a pensar en dimitir del gobierno por el giro que tomaban las cosas; Aunque a efectos formales fue la aprobación del artículo 26 de la Constitución sobre relaciones Iglesia-Estado lo que le hizo dimitir el 14 de octubre.
Por las disensiones dentro del gobierno, se demoró la discusión de la reforma agraria.
El 26 de noviembre se presentó de nuevo el proyecto de ley para su discusión.
Los ataques más duros – desde la primera presentación – provinieron del Partido Radical, que empezaba a dar muestras de fatiga por su colaboración con el PSOE en el seno del gobierno.
Lerroux forcejeaba para conseguir que el presidente del gobierno Manuel Azaña redujese la presencia de socialistas en su gabinete, pero Azaña en vez de oír a los radicales, se inclinó del lado del PSOE, de este modo, el nuevo gobierno de Azaña que se formó el 14 de diciembre de 1931, al constituirse las cortes ordinarias, Lerroux y su partido dejaron de estar presentes en el gobierno, originando la escisión más importante en el frente republicano.
Al preparar Azaña su programa legislativo para el siguiente año de 1932, no dejó de incluir el proyecto de reforma agraria. En este su segundo gobierno, transformó el Ministerio de Economía en Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, del cual se hizo cargo el radical-socialista Marcelino Domingo, partidario de dar tiempo al tiempo demorando la presentación del nuevo proyecto de reforma agraria, que finalmente y por tercera vez, llegó a las Cortes el 24 de mayo de 1932.
Esta tercera versión era más moderada que la segunda, al objeto de hacer posible su aceptación por las oposiciones, que en cierto modo se habían visto potenciadas por la salida de Lerroux del consejo de ministros, por tanto, no fue extraño que las discusiones parlamentarias se prolongaran durante cuatro meses, con intervenciones que rayaban lo absurdo. Todo lo cual contribuye a realzar la trascendencia del tema, hasta que en 1936 fue una de las cuestiones irresueltas. Reiteradamente había que volver sobre la ley de reforma, para transfigurarla en función de las fuerzas dominantes en cada momento.
La discusión habría sido más larga, e incluso esterilizada por el Partido Agrario, de no haberse producido la insurrección militar de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932 en Sevilla; este hecho, volvió a unir los sentimientos de los republicanos y socialistas al nivel del 14 de abril de 1931. Esta circunstancia hizo que Azaña interviniera personalmente en las Cortes del 16 de agosto de 1932, en la que resolvió el conflictivo asunto de la expropiación sin indemnización de las tierras de la grandeza de España y de todas las procedentes de los antiguos señoríos jurisdiccionales. Finalmente, el 9 de septiembre de 1932 se sometía a votación el conjunto del articulado, que se aprobó por 318 votos contra 19.
Esta ley estuvo en vigor desde la fecha de su publicación 21 de septiembre de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1934. Durante este periodo, todo fueron trabas burocráticas dada la complejidad de la Ley, dejaba a las comunidades de campesinos la decisión de si la reforma había de tener un carácter individualista o colectivo, la tardanza en organizar el IRA, que no se organizó hasta la segunda mitad de 1933, sin olvidar la depresión económica mundial y la ineptitud de algunos junto a la resistencia de los propietarios, fue creando un clima de enfrentamientos que impidieron llevar a cabo los objetivos de la reforma.
Para hacernos una idea de incumplimiento de los objetivos durante este periodo, sólo basta con visualizar el dato que aporta el Instituto de Reforma Agraria.
Expropiaciones: Ocupaciones: Total:
Nº de fincas 468 61 529
Extensión en Ha. 89.133 27.704 117.837
Nº de asentados 8.609 3.651 12.260
Lo realizado no correspondió a las esperanzas que los campesinos habían puesto en la aplicación de la Ley, que había previsto asentar un mínimo de 60.000 campesinos anualmente.
Puede además añadirse que, cuando la reforma comenzaba a realizarse, después del inevitable tiempo empleado en su preparación, en 1933 quedó casi totalmente paralizada por el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, que dieron el triunfo a la coalición de los Radicales-CEDA. Más tarde, como consecuencia de la revolución de octubre de 1934[1], la reforma quedo “de facto” en suspendo, pues desde entonces no se realizaron más expropiaciones.
Con la caída del gobierno Azaña en septiembre de 1933, que había de dar paso al primer gabinete de Lerroux, la política agraria de la República inició paulatinamente su cambio de signo, hasta hacerse –en julio de 1935- descaradamente contraria a los propósitos fijados en la ley de 1932.
Durante los gobiernos de Lerroux, el IRA siguió ocupando tierras, el relativo progreso de la reforma se debió también al hecho de que hasta octubre de 1934 se mantuvo la presión de los socialistas en las Cortes y el propio IRA.
Después de la entrada de los hombres de la CEDA en el gobierno, con ocasión del tercer gabinete de Lerroux (4 de octubre de 1934), la violenta reacción que se produjo por parte de los socialistas, empezó a cambiarlo todo. La cartera de Agricultura recayó en el cedista Manuel Giménez Fernández, hombre fundamentalmente bueno y más sinceramente republicano y progresista dentro de su partido.
La obra de este ministro duró tan sólo ocho meses –hasta mayo de 1935- esta obra puede resumirse en tres disposiciones: ley de 21 de diciembre de 1934 sobre los yunteros de Extremadura, decreto de 9 de enero de 1935 sobre aplicación de la base 9ª de la ley de 1932, y ley de arrendamientos rústicos de 15 de marzo de 1935. Esta última fue la que provocó mayores problemas para su aprobación. Básicamente lo que perseguía era la actualización de la del anterior ministro Del Río, según el cual los arrendatarios tendrían derecho a exigir a los propietarios la venta de sus tierras después de doce años de arrendamiento ininterrumpido. La oposición más fuerte vino de los tradicionalistas, pero incluso de los propios cedistas que atacaron el proyecto, hasta el punto de eliminar el artículo referente a el acceso de los arrendatarios a la propiedad; al tiempo que redujeron de seis a cuatro años el plazo mínimo de los arrendamientos y que suprimieron de “facto” la posibilidad de ejercitar los derechos de tanteo y retracto. De este modo, el resultado final, la Ley de 15 de marzo de 1935, fue una gran decepción.
El seis de mayo de 1935 y hasta finales de año el Ministerio de Agricultura fue dirigido por Nicasio Velayos y Velayos, miembro del Partido Agrario y muy vinculado a la CEDA, presentó a principios de mayo un proyecto de revisión de la ley de 9 de septiembre de 1932. Con un Parlamento del que se habían retirado los socialistas, el proyecto tropezó desde el principio con varias diatribas, pero con escasa oposición cuantitativa.
El proyecto se elevó a ley el 1 de agosto de 1935. Suponía una autentica contrarreforma agraria dentro de la República. En primer término, se establecieron fuertes excepciones a la relación de tierras expropiables que figuraban en la base 5ª de la ley de 1932; lo que virtualmente venía a significar la reducción sustancial del área de tierras expropiables. Entre esas excepciones, las más importantes fueron las tierras situadas a menos de dos kilómetros de los pueblos, sobre las que los socialistas habían tenido un mayor interés, para satisfacer con ellas las ansias de los campesinos individualistas, lo que habría permitido crear explotaciones colectivas en las tierras más alejadas de los pueblos.
Por otra parte, se suprimió el inventario de fincas expropiables, que era la base del trabajo del IRA. Se derogaron además las expropiaciones sin indemnización de los señoríos y de las tierras de la grandeza, y se anularon las ya realizadas.
La ley de 1935 venía a representar una gran lentitud en la realización de la reforma que casi venía a desistir de ella.
Los únicos preceptos positivos fueron la facultad de expropiación forzosa, previa declaración de “utilidad social”, y la creación de los “patrimonios familiares insecuestrables” ya previstos en el artículo 47 de la Constitución. Especialmente fue importante la expropiación por razones de “utilidad social” que, por su amplia discrecionalidad a efectos de interpretación, habría de ser la base de la mayor superficie de expropiaciones y ocupaciones de tierra por el IRA durante los cinco meses del gobierno del Frente Popular.
La contra reforma tuvo escasa vigencia, los escándalos del ”Straperlo” y el asunto “Taya-Nombela” precipitaron la crisis de la coalición CEDA-Lerroux.
A los pocos meses se producirían las elecciones de febrero de 1936 y la tragedia de la guerra civil.
[1] Salieron del Gobierno los socialistas y entró la CEDA.
Aurora Bosch, Ugetistas y Libertários.Guerra Civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia 1983, p.372
Rosa Sepúlveda. Incautaciones de fincas urbanas en Albacete durante la guerra civil .
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (Primera parte)
4 noviembre, 2017 15 noviembre, 2017 / vitocorleone63	/ Deja un comentario
El estudio del proceso revolucionario español, iniciado en julio de 1936, se ha convertido en una sucesión de tópicos que lo han reducido a la simplicidad por no hacer uso de la empatía con los protagonistas del movimiento revolucionario de aquel momento; unas veces por la inquina ideológica de quienes fueron adversarios de un proceso de transformación social que superaba cualquier otro iniciado en el mundo, y otras, por el inmovilismo que representaba haber alcanzado una democracia que se demostró insuficiente para una gran parte de la población.
Con la llegada de la segunda República, llegan muchas esperanzas a los jornaleros que aspiran a una mejor vida.
Los nuevos dirigentes deseaban una reforma progresiva de la España atrasada en que se vivía, reforma que les llevara hacía la libertad deseada y hacia la propiedad de los medios de producción que les había estado negada hasta ese momento.
En el Gobierno Provisional instaurado el 14 de Abril de 1931, el Partido Socialista estaba representado por tres Ministerios, Indalécio Prieto (Hacienda), Fernándo de los Ríos (Justicia) y Francisco Largo Caballero (Trabajo); teniendo el PSOE en sus manos los ministerios clave para las reformas sociales del programa de gobierno.
Hasta la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, el 9 de septiembre de 1932, el gobierno va elaborando una serie de Decretos preparatorios a la citada Ley que son los siguientes:
Decreto del 28 de Abril de 1931, promulgado por el Ministro de Justicia del Gobierno Provisional. Mediante este decreto:
Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las mismas.
Con respecto a las tierras arrendadas, los propietarios pretenden recuperarlas ya que temían que la Reforma Agraria les dejara sin ellas; ante esto, el día 29 de abril de 1931, se promulga un nuevo Decreto; con el que se evitaba la expulsión de tierras arrendadas cuya renta no excediera de 1.500 pesetas anuales, a menos que se tratara de deudas pendientes de pago. De esta manera se evitaba la cancelación masiva de contratos de arrendamiento por parte de los propietarios.
A los arrendatarios que abandonaran voluntariamente sus tierras, se les dio el derecho de exigir el pago de cualquier mejora necesaria que hubieran realizado en ellas.
Para obligar a los propietarios a dar trabajo e los braceros, el Gobierno publica el Decreto el 7 de mayo de 1931, sobre laboreo forzoso:
Este decreto determinaba que la tierra que no fuera cultivada como de costumbre, fuera obligatoriamente trabajada por obreros del campo a cuenta del propietario.
Para dirimir las cuestiones suscitadas en aplicación de los anteriores decretos, mediante el Decreto del 7 de mayo de 1931, “se crean los Jurados Mixtos introduciendo en la agricultura comisiones paritarias” que al igual que la industria se convirtieron en instituciones de arbitraje para los conflictos colectivos, salarios y condiciones de trabajo
Según su composición, había tres clases:
a) Jurados Mixtos del Trabajo Rural, constituidos por patronos y Sociedades Obreras para reglamentar las condiciones del trabajo agrícola.
b) Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica, compuestos por los representantes de las asociaciones, tanto de propietarios de tierras, como de arrendatarios, para reglamentar las relaciones entre estos dos grupos.
c) Jurados Mixtos de la Producción y las Industrias Agrarias, estos jurados se dieron en zonas industriales y capitales de provincia; por lo tanto, poco tienen que ver en el caso que nos atañe.
Las tareas principales de los Jurados Mixtos, eran el control del cumplimiento de las Leyes Laborales, la negociación de las condiciones de trabajo, de salarios, y de las condiciones de arrendamiento así como de la mediación en casos conflictivos.
Las infracciones contra decisiones tomadas por el Jurado Mixto podían traer consigo multas de hasta 1.000 pesetas; pero también había la posibilidad de entablar recurso contra decisiones tomadas por el Jurado Mixto, dirigiéndose al Ministerio de Trabajo.
En Villacarrillo, en sesión del Pleno Municipal del día 9 de Julio de 1932, se acuerda sacar un concurso para buscar un edificio en alquiler para los servicios del Jurado Mixto del Trabajo Rural y Oficina del Trabajo, para lo que se dispone de 1.500 pesetas; el domicilio del Jurado Mixto estuvo situado en la Avenida del 14 de Abril nº 40, (hoy La Feria).
El conserje del Jurado Mixto era Francisco Marín.
El día 19 de mayo de 1931, el Ministerio de Agricultura publica un nuevo Decreto llamado de los Arrendamientos Colectivos.
Contempla el Decreto, la posibilidad de Arrendamientos Colectivos, que amparaba y ayudaba a las sociedades obreras a concertar contratos de arrendamiento de tierras; las tierras seguirían siendo propiedad de su dueño al que pagarían una renta anual, apareciendo el Ayuntamiento como garante.
“Las sociedades obreras debían tener prelacción sobre personas individuales en lo que respecta a los arrendamientos de grandes terrenos agricolamente explotables”.
Esta disposición sólo era válida para contratos nuevos de arrendamiento o por renovar, y no para tierras que fueran cultivadas por el arrendatario individual.
Por consiguiente, este decreto estaba dirigido sobre todo contra el subarriendo, altamente difundido en el sector latifundista.
Para proteger al obrero en caso de accidente o enfermedad, se publica el Decreto del 12 de Junio de 1931, sobre accidentes de trabajo; por el que se obliga al contratante a suscribir un seguro de accidentes de trabajo, lo que significaba mayor coste para el empresario.
Decreto 11 de Julio de 1931, se establece la jornada de trabajo de 8 horas, y no de “sol a sol”, lo que significa que las horas de trabajo que superen las ocho horas sean pagadas como extraordinarias.
Lo que perseguía este Decreto, era obligar a los terratenientes a contratar a obreros locales, sin posibilidad de excluirlos por razón de ideas y comportamiento político de los mismos.
Lógicamente, este Decreto fue fuertemente rechazado por terratenientes y conservadores.
Para ello, en Villacarrillo y en la mayoría de los pueblos se crea una bolsa de trabajadores, a la que los patronos deben acudir obligatóriamente, eligiendo libremente los trabajadores previamente inscritos en dicha bolsa.
La circunstancia de elección libre de obreros dentro de la bolsa de trabajo, traía consigo el que los obreros más señalados políticamente, no salieran a trabajar.
Esto ocurre hasta que el 4 de Junio de 1932, en que a propuesta del Ayuntamiento de Arjona, el Pleno de Villacarrillo se adhiere al documento enviado por aquél y dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión, al objeto de que se dicte una disposición por la cual sea anulada la clausula segunda de las condiciones generales de las Bases de Trabajo aprobadas para la provincia de Jaén, con el fin de que los obreros no puedan ser elegidos libremente de la Bolsa de Trabajo por los patronos; sino que sean sacados por orden riguroso de numeración, según estuviesen inscritos en dicha bolsa, esto conllevaba a que algunos patronos tenían que conformarse con los trabajadores que les tocaran del turno de la lista.
Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación.
Con esta disposición el gobierno pretendía «impedir que los propietarios sabotearan la reforma agraria dejando de cultivar las tierras».
Decreto 18 de Julio de 1931, sobre la prohibición de régimen de reparto de jornaleros parados durante las crisis de trabajo.
El problema clave de la reforma, es determinar o diseñar cuales son las tierras afectadas por la Reforma Agraria. Para elaborarlo, el gobierno, crea una Comisión Técnica formada por expertos; concrétamente, en la Base 5ª, que es la que contiene los criterios principales que se refieren a las tierras afectadas por la reforma.
Se establece que, queda sujeta la propiedad rústica de la naturaleza agrícola que se detalla que excediere de los siguientes tipos:
1º.- Terrenos de secano.
a) Las dedicadas al cultivo herbáceo de alternativa: 300 Ha.
b) Terrenos dedicados al cultivo arbóreo, en especial olivo: 200 Ha.
c) Terrenos dedicados al cultivo de la vid: 100 Ha.
d) Dehesas de pasto y labor o de puro pasto: 400 Ha.
2.- En regadío: Terrenos comprendidos en las grandes zonas regables merced a obras realizadas con el auxilio del Estado: 10 Ha.
3.- Todas las demás tierras: Cuando la renta catastral exceda de 10.000 pesetas.
A La Comisión Técnica, no propone en la Reforma agraria expropiar las tierras a sus propietarios, sino la ocupación por los campesinos y la redistribución de las mismas a cambio de un canon o renta. De esta manera, el propietario mantenía la nuda propiedad sin quedarse sin ella, y de paso saldría más barata al Estado, por que evitaba el gasto de indemnizaciones por la expropiación.
En la Base 3ª se dice.- Para llevar a cabo este proyecto de la Comisión Técnica; se crea el Instituto de Reforma Agraria; “Órgano encargado de transformar la Constitución Agraria Española”, dotándola de personalidad jurídica y además se regulan otros órganos de la reforma, como son, las Asambleas Locales y las Comunidades de Campesinos.
Las Asambleas Locales, son las encargadas prácticamente de llevar a cabo la reforma.
Bajo la jurisdicción del Instituto de Reforma Agraria, quedan los campesinos constituidos en Comunidades que se formarán por unidad de asentamiento, dentro de cada municipio, a fin de que ellas tengan la misión de ordenar y regir la explotación que se establezca.
La misma base 3 contempla; “Las Comunidades de campesinos o sus individuos componentes podrán formar asociaciones, sindicatos, o equipararse en cualquier otra forma de cooperativa de compra o tenencia en común, a fin de adquirir y conservar los medios de explotación necesarios”.
“La determinación de los individuos que reúnen las condiciones para ser incluidos en el cupo anual de asentamientos del Municipio, corresponde a las Juntas Locales”.
Para llevar a cabo financiéramente la reforma, la misma base 3ª añade; “El Instituto de Reforma Agraria, dispondrá de una dotación inicial de 10.000.000 pesetas y las reservas que dicho I.R.A. acumule, pudiendo ser objeto de sucesivos aumentos”.

References: resolución 
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 resolución 
 artículo 26
 artículo 47