Source: http://www.cnv.gov.ar/FirmasDig/ProyLeyCamaraDiputados.htm
Timestamp: 2017-12-18 14:27:36+00:00

Document:
Proyecto de Ley de Firma Digital - con Decreto 1023
Dictamen contenido en la Orden del Dia N° 2651/01
de la H.Cámara de Diputados de la Nación
Media Sanción en Diputados:15 de agosto de 2001
Las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación General han considerado el proyecto de ley del señor diputado Fontdevila y otros señores diputados, y han tenido a la vista el proyecto de ley del señor diputado Corchuelo Blasco y otros señores diputados, el proyecto de ley de la señora diputada Puiggrós, el proyecto de ley del señor diputado Cardesa y otros señores diputados y el proyecto de ley del señor diputado Atanasof y de la señora diputada Camaño, G., por el que se establece el régimen de habilitación y regulación del empleo de la firma digital; y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente Proyecto de ley, El Senado y la Cámara, etc.
ARTICULO 1°.- Objeto. Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley.
ARTICULO 2°.- Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante encontrándose esta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
ARTICULO 3°.- Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.
ARTICULO 4°.- Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables:
ARTICULO 5°.- Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
ARTICULO 6°.- Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.
ARTICULO 7°.- Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
ARTICULO 8°.- Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.
ARTICULO 9°.- Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:
ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;
que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.
ARTICULO 10°.- Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.
ARTICULO 12.- Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permita determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/ o recepción.
b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente fijados por la Autoridad de Aplicación y contener, como mínimo, los datos que permitan:
ARTICULO 15.- Período de vigencia del certificado digital. A los efectos de esta ley, el certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado digital, o con su revocación si fuere revocado.
reúnan las condiciones que establece la presente ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República argentina y el país de origen del certificador extranjero, o;
tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 17.- Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados y presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el Ente Licenciante.
ARTÍCULO 18.- Certificados por profesión. Las entidades que controlan la matricula, en relación a la prestación de servicios profesionales, podrán emitir certificados digitales en lo referido a esta función, con igual validez y alcance jurídico que las efectuadas en forma manuscrita. A ese efecto deberán cumplir los requisitos para ser certificador licenciado.
a solicitud del titular del certificado digital
si determinara que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguro;
e) notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar para crear firmas digitales seguras y para su verificación confiable y de las obligaciones que asume por el solo hecho de ser titular de un certificado digital;
k) publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de certificados digitales revocados, las políticas de certificación, la información relevante de los informes de la última auditoria de que hubiera sido objeto, su manual de procedimientos y toda información que determine la Autoridad de Aplicación;
p) solicitar inmediatamente al Ente Licenciante la revocación de su certificado, o informarle la revocación del mismo, cuando existieren indicios de que los datos de creación de firma digital que utiliza hubiesen sido comprometidos o cuando el uso de los procedimientos de aplicación de los datos de verificación de firma digital en él contenida haya dejado de ser seguro;
r) permitir el ingreso de los funcionarios autorizados de la Autoridad de Aplicación, del Ente Licenciante o de los auditores, a su local operativo, poner a su disposición toda la información necesaria y proveer la asistencia del caso;
ARTICULO 22.- Cese del certificador. El certificador licenciado cesa en tal calidad:
d) a que el certificador licenciado le informe sobre su domicilio en la República Argentina, y sobre los medios a los que pueda acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos;
ARTICULO 26- Infraestructura de Firma Digital. Los certificados digitales regulados por esta ley deben ser emitidos o reconocido, según lo establecido por el artículo 16, por un certificador licenciado.
ARTICULO 27.- Sistema de Auditoria. La Autoridad de Aplicación, con el concurso de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, diseñará un sistema de auditoria para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el cumplimiento con las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el Ente Licenciante.
ARTICULO 29.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
a) establecer, previa recomendación de la Comisión Asesora para la Infraestructura de la Firma Digital, los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de Firma Digital;
b) determinar los efectos de la revocación de los certificados de los certificadores licenciados o del Ente Licenciante;
c) instrumentar acuerdos nacionales e internacionales a fin de otorgar validez jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por certificadores de otros países;
d) determinar las pautas de auditoria, incluyendo los dictámenes tipo que deba emitirse como conclusión de las revisiones;
e) actualizar los valores monetarios previstos en el régimen de sanciones de la presente ley;
f) determinar los niveles de licenciamiento.
g) otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar su actividad, según las exigencias instituidas por la reglamentación;
h) fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores licenciados;
i) homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, con ajuste a las normas y procedimientos establecidos por la reglamentación;
j) aplicar las sanciones previstas en la presente ley;
a) abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos utilizados para generar la firma digital de los Certificadores Licenciados;
e) supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los Certificadores Licenciados que discontinúan sus funciones;
ARTICULO 32.- Arancelamiento. La Autoridad de Aplicación podrá cobrar un arancel de licenciamiento para cubrir su costo operativo y de las auditorias realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.
ARTICULO 33.- Sujetos a auditar. El Ente Licenciante y los Certificadores Licenciados, deben ser auditados periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoria que diseñe y apruebe la Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación podrá implementar el sistema de auditoria por sí o por terceros habilitados a tal efecto. Las auditorias deben como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el cumplimiento con las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el Ente Licenciante.
ARTICULO 34.- Requisitos de habilitación. Podrán ser terceros habilitados para efectuar las auditorias las Universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales o provinciales, los Colegios y Consejos profesionales, que acrediten experiencia profesional acorde en la materia.
DE LA COMISIÓN ASESORA PARA
LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL
Los integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional por un período de cinco (5) años renovables por única vez.
ARTICULO 37.- Convenio de partes. La relación entre el certificador licenciado que emita un certificado digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la presente ley y demás legislación vigente.
El Certificador que emita un Certificado Digital, o lo reconozca en los términos del art. 16 de la presente ley, es responsable por los daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones de la ésta, por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles. Corresponderá al prestador del servicio, demostrar que actuó con la debida diligencia.
ARTICULO 40.- Procedimiento. La instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley será realizada por el Ente Licenciante. Es aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus normas reglamentarias.
Su gradación según reincidencia y/u oportunidad será establecida por la reglamentación.
El pago de la sanción que aplique el Ente Licenciante no relevará al certificador licenciado de eventuales reclamos por daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la ejecución del contrato que celebren y/o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o la prestación del servicio.
emisión de certificados sin contar con la totalidad de los datos requeridos, cuando su omisión no invalidare el certificado;
no facilitar los datos requeridos por el Ente Licenciante en ejercicio de sus funciones;
cualquier otra infracción a la presente ley que no tenga una sanción mayor.
incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 21;
si la emisión de certificados se realizare sin cumplimentar las políticas de certificación comprometida y causaren perjuicios a los usuarios, signatarios o terceros, o se afectare gravemente la seguridad de los servicios de certificación;
cualquier impedimento u obstrucción a la realización de inspecciones o auditorías por parte de la Autoridad de Aplicación y del Ente Licenciante;
incumplimiento a las normas dictadas por la Autoridad de Aplicación;
ARTICULO 46.- Jurisdicción. En los conflictos entre particulares y certificadores licenciados es competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. En los conflictos en que sea parte un organismo público certificador licenciado, es competente la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
ARTICULO 48.- Implementación. El Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.
En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.
ARTICULO 49.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
ARTICULO 51.- Equiparación a los efectos del derecho penal. Incorpórase el siguiente texto como art. 78 (bis) del Código Penal: "Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente."
ARTICULO 52.- Autorización al Poder Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que por la vía del artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional actualice los contenidos del Anexo de la presente ley a fin de evitar su obsolescencia.
ARTICULO 53.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
que dicha firma digital ha sido creada durante el periodo de validez del certificado digital del firmante;
que dicha firma digital ha sido creada utilizando los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de verificación de firma digital indicados en el certificado del firmante;
DATOS DE CREACION DE FIRMA DIGITAL: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear su firma digital.
DATOS DE VERIFICACION DE FIRMA DIGITAL: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento digital y la identidad del firmante.
DISPOSITIVO DE CREACION DE FIRMA DIGITAL: dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite firmar digitalmente.
POLITICAS DE CERTIFICACIÓN: reglas en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados digitales.
TECNICAMENTE CONFIABLE: cualidad del conjunto de equipos de computación, software, protocolos de comunicación y de seguridad, y procedimientos administrativos relacionados, que cumpla los siguientes requisitos:
cumplir con los estándares técnicos y de auditoria que establezca la Autoridad de Aplicación.
CLAVE CRIPTOGRÁFICA PRIVADA: En un criptosistema asimétrico, es aquella que se utiliza para firmar digitalmente.
CLAVE CRIPTOGRÁFICA PÚBLICA: En un criptosistema asimétrico, es aquella que se utiliza para verificar una firma digital.
CRIPTOSISTEMA ASIMÉTRICO: Algoritmo que utiliza un "par de claves", una "clave privada" para firmar digitalmente y su correspondiente "clave pública" para verificar dicha "firma digital".
Las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación General han considerado el expediente N° 3534-D-2.000, con el proyecto de ley del señor diputado Fontdevila y otros señores diputados, y han tenido a la vista los proyectos de la señora diputada Puiggros, del señor diputado Cardesa y otros señores diputados, del señor diputado Corchuelo Blasco y otros señores diputados, del señor diputado Atanasof y la señora diputada Camaño, por el que se habilita y regula el empleo de la firma digital.
Es indiscutible que las nuevas tecnologías de la información se presentan como una oportunidad para que los países menos desarrollados puedan achicar la brecha que los separa con los denominados países del primer mundo. Esta oportunidad es única y tal vez irrepetible, es responsabilidad de la clase dirigente hacer uso de ella.
En éste marco, los señores diputados concluyeron que el avance hacia una progresiva digitalización, como consecuencia del desarrollo y convergencia de la computación y las telecomunicaciones, es un fenómeno mundial incontenible e insoslayable. Por otra parte, este proceso de digitalización y la existencias de redes abiertas – tal como Internet – exigen poder identificar en forma fehaciente a las personas de modo tal de permitirles realizar todo tipo de transacciones que van desde el comercio electrónico, efectuar gestiones ante distintos organismos del Estado, trabajar en forma remota y hasta ejercer el derecho democrático de votar.
Es indudable que el Estado tiene un rol de liderazgo que cumplir en la incorporación de la cultura digital en la sociedad argentina.
Algunos esfuerzos aislados se realizaron, pero, indudablemente son insuficientes.
Las experiencias en la Argentina del uso de firma digital por parte de organismos públicos y privados que se pueden citar son: por ejemplo el sistema interbancario y bancos diversos, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores, empresas de telefonía, PAMI, ANMAT, etc.
Esto sucedió a pesar de que la única legislación vigente ha sido el decreto 427/98, que esencialmente equiparó los efectos de la firma digital con la firma ológrafa en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
También se pueden citar como antecedentes la Resolución MTSS 555/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que determina los procedimientos para la incorporación de documentos digitales y la firma digital; la Resolución N° 45/97, 212/97 y 194/98 de la Secretaría de la Función Pública que reglamentó la incorporación de la tecnología de la firma digital, estándares e infraestructura de la misma, en la Administración Pública Nacional, y la resolución SAFJP Nº 293/97 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de Incorporación del Correo Electrónico con Firma Digital.
Por último se puede citar como antecedente el Decreto 677/2.001, que establece el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública", que acepta la posibilidad de celebrar reuniones de directorio y asambleas a través de medios no presenciales y modifica la Ley Nº 24.083 y se establece una serie de pautas referidas a la designación de la COMISION NACIONAL DE VALORES como autoridad de aplicación del Decreto, otorgando a ese organismo expresas facultades para establecer regímenes de información y requisitos diferenciales, previendo el sistema de la firma digital.
Atento a estas consideraciones sobre la importancia de la materia a legislar, la Comisión de Comunicaciones e Informática constituyó en su seno una "Subcomisión Especial de Firma Digital".
Esta subcomisión se integró con asesores de los señores diputados de la Comisión de Comunicaciones, asesores de diputados autores de los proyectos considerados que pertenecen a otras Comisiones, asesor del Senador Nacional Pedro del Piero autor de un proyecto presentado en esa honorable Cámara y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
La primera actividad que desarrolló la subcomisión especial fue el llamado a una Audiencia Pública.
El 20 de septiembre de 2.000, los Diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática recibieron las ponencias presentadas por: el Lic. Leandro Popik de la Subsecretaría de la Gestión Pública; el Lic. Andrés Hall, de la Comisión Nacional de Valores; el Dr. Mauricio Devoto, del Consejo Federal del Notariado Argentino; el Dr. Guillermo Cosentino, del Superior Tribunal de la provincia de Chubut; el Lic. Francisco Díaz, decano de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata; el Ing. Pablo Viale del COPITEC; la Dra. Beatriz García, del Banco Central de la RA; el Dr. Hugo Scolnik, Profesor Titular del Dpto. de Computación de la UBA e integrante del Centro de Investigaciones en Información y Tecnología; el Lic. Ricardo Rivara, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Dr. Eduardo Molinero de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Durante aproximadamente seis meses trabajó semanalmente la subcomisión especial, con algunas jornadas de más de 10 horas de reunión, las ponencias de la Audiencia Pública fueron valiosos insumos para la redacción del dictamen. A fines del primer trimestre del presente año la subcomisión presentó ante la Comisión de Comunicaciones e Informática un primer borrador de dictamen. Los aportes recibidos por parte de los integrantes de la precitada Comisión, fueron incorporados al borrador. Por último se consensuó con representantes de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación el texto definitivo del proyecto de Dictamen.
Puede afirmarse que el de Dictamen de la Ley de Firma Digital sigue en líneas generales los parámetros establecidos en las principales regulaciones internacionales dictadas en la materia.
En efecto, La Ley Modelo aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, es un modelo de referencia que tiene en miras fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil, garantizando la seguridad jurídica y proveyendo una legislación que facilite el uso del comercio electrónico en los Estados con sistemas jurídicos diferentes, propiciando el reconocimiento jurídico de los documentos electrónicos, estableciendo estándares mínimos de requisitos de forma, dejando librado al acuerdo entre las partes las especificaciones técnicas a través de las cuales se cumplen los requisitos mínimos establecidos, y estableciendo definiciones referidas al proceso de comunicación de "mensaje de datos".
Las recomendaciones de UNCITRAL prevé en su artículo 7 (Firma) que cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos cuando:
a) se utilice un método para identificar a esa persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el mensaje de datos; y
b) ese método sea tan fiable y apropiado para los fines para los que se generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. Estos requisitos están contemplados en el dictamen en los artículos 2° y 3°.
El dictamen de firma digital intenta legislar para el presente y para el futuro, evitando el condicionamiento a la tecnología que se utiliza hoy en día pues ello llevaría a tener que modificarla a quizás breve plazo atento que la rama de la Ciencia que estudia estos temas es la Criptografía y, contra lo que habitualmente se supone, existe un marco teórico muy desarrollado con respecto a los esquemas de firma digital no relacionados a un caso particular que es el de la tecnología actualmente vigente.
El proyecto que sometemos a vuestra consideración instituye una organización institucional que prevé la existencia de una Autoridad de Aplicación en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una Comisión asesora integrada por representantes provenientes de organismos del Estado Nacional, Universidades Nacionales, Colegios Profesionales; y la existencia de Certificadores Licenciados que expedirán los Certificados y prestarán otros servicios en relación con la firma digital.
Se prevé, además, que la actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al Sector Público, presten el servicio en régimen de competencia.
A fin de facilitar el comercio electrónico internacional, se reconoce la validez de certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros cuando los mismos reúnan las condiciones que establece ésta ley y se encuentre vigente un convenio de reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o los certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país que garantice su validez y vigencia.
A fin de promover la masificación del uso de ésta herramienta e impulsar la despapelización creciente del Sector Público Nacional, el artículo 48 establece un plazo máximo de 5 años para que se aplique la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanadas de las respectivas jurisdicciones.
Por los motivos expuesto y otros que el miembro informante desarrollará es que solicitamos la aprobación del presente proyecto
Ultima actualización: 27 Ago 2001 - © 1998 Copyright CNV

References: artículo 16

ARTÍCULO 18
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 99
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 48