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Timestamp: 2018-06-23 21:18:29+00:00

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Foro 3 julio. Estudio de caso CIDH: Campo Algodonero. 2016-II. | Derechos humanos UDC
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Foro 3 julio. Estudio de caso CIDH: Campo Algodonero. 2016-II.
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12 respuestas a Foro 3 julio. Estudio de caso CIDH: Campo Algodonero. 2016-II.
Desde 1993 se ha registrado crimines contra la mujer en ciudad Juárez, que hasta el 2009 había cobrado más de 4oo víctimas.
El caso al que aremos referencia será al del campo algodonero donde fueron encontrados el cuerpo de 8 mujeres víctimas de homicidio brutal y con móvil sexual.
A este caso la comisión Interamericana de DH presento recomendaciones a México y dio 2 meses para adoptarlas: la eficacia por parte de la autoridad al igual que un una actitud eficaz, el estado debe prevenir, investigar a fin de identificar a los responsables y poner sanciones pertinentes además de asegurar a la víctima una reparación. E investigar si un poder público fue participe del delito.
La corte determino si bien el estado no tiene culpa en las acciones de un particular, si es culpable de no demostrar interés en los casos y se culpa también de influenciar en la existencia de este tipo de crímenes con su influencia cultura de discriminación hacia la mujer.
La comisión solicito a la corte que se le declarara culpable al estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías jurisdiccionales, del derecho del niño y de la protección judicial.
Por lo que el estado debería de adoptar medidas integrales para evitar este tipo de violaciones a casos de violencia contra la mujer: un marco jurídico, y la aplicación del mismo y políticas de prevención.
También se culpa al estado por que a pesar de tener conocimiento de estas situaciones no haber tomado las medidas necesarias ni la importancia al caso en las primeras horas después del reporte de la desaparición.
Lo que finalmente la corte determinó que el estado violo son los siguientes derechos: a la vida, integridad personal y libertad personal dichos derechos reconocidos en la Convención Americana de DH.
En este caso podemos ver como a pesar de que están los principio de convencionalidad y de pro persona en la práctica no son tan eficientes pues es necesario no solo la existencia de las leyes si no la aplicación de tales así como la capacitación de la autoridades que fue otra recomendación por parte de la corte para que dejen de suceder este tipo de violación de derechos humanos por la falta de eficiencia de las autoridades y prejuicios que presentan .
24 julio, 2016 en 03:51
Abordando el tema del campo algodonero que muy mentado tanto en el país como llego a serlo internacionalmente, y más porque las autoridades no hacían nada para parar este problema, pero un punto muy importante es que las autoridades tenían miedo o estaban compradas por el narcotráfico porque ya era mucho el abuso que estaban cometiendo a las personas, se menciona que había mucha impunidad lo que es más viable es que había mucha corrupción y esa es la razón por la que no quisieron acceder a realizar acciones contra los que estaban cometiendo estas muertes violentas.
Tanto el Estado tiene culpa como México si está mirando que el problema está en boca de todos no interviene de ninguna forma, como ciudadanos ya sabemos que no tenemos mucha seguridad y que es muy fácil de corromper entonces decidieron actuar las personas para tratar de controlar este problema y así es como lo hicieron, lucharon y lucharon hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una vez llegando a la CIDH se dieron cuenta que el Estado no contaba con las bases para poder atacar un problema tan violento donde eran mujeres, porque dejar que sean tratadas de esa manera y atacar sus derechos de esa forma, entonces donde está la autoridad. La Corte menciona que los principales derecho que se violan son derecho a la vida, integridad personal y la libertad de las personas, en pocas palabras dijo que el país no está preparado para nada en contra de una acción como la que sucedió en ese momento.
Con esa resolución podemos mirar que como país no estamos preparados para problemas mayores, tanto para atender injusticias como para atacar a los que están haciendo mal en el país, hablamos de los delincuentes, nos falta mucho para imponer respeto, y que se respete la autoridad, si no es así nunca podremos tener un bienestar para las personas que viven en el país, necesitamos preparar por jerarquía y así mismo invitar a los ciudadanos a cooperar para poder hacer una buena sociedad, pero es muy corta la distancia entre el bien y el mal y es ahí donde caen las personas y hacen el mal. Podemos mirar que hasta para el desarrollo industrial no avanzamos ya que las empresas no quieren invertir en el país después de escuchar y mirar como es la realidad aquí, y entonces volvemos a retrasarnos más.
Entonces la Corte menciona algunas medidas para avanzar y evitar problemas y esas consisten en tratamiento, cursos tanto para autoridades policiales desde municipales, estatales y federales como para personas sin alguna razón, y eso está muy bien ya que se tuvo que llegar un caso a la Corte para que nos tomaran en cuenta o pudieran actuar en contra de todas las maldades que se realizan y toda la corrupción que se encuentra y no nos damos cuenta por que no salen a la vista de todos, como Estado y país que somos debemos respetar a cualquier género ya que todos tenemos derecho a la vida y a gozar sin ser discriminado por su origen o razón social.
Hay uno de los casos más conocidos, sucedido en el contexto anteriormente descrito, es el conocido como campo algodonero, correspondiente al homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres. Hay 3 homicidios, uno cometido en contra de una mujer adulta y dos en contra de mujeres menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas, a través de diversas organizaciones de la sociedad civil protectoras de los derechos humanos, a la comisión Interamericana de derechos humanos (la comisión). La Comisión acumuló los tres casos y presentó el correspondiente informe en el que emitía una serie de recomendaciones al Estado mexicano, otorgándole 2 meses para adoptarlas. Después de la presentación del primer informe de cumplimiento por parte del Estado, éste solicitó una prórroga, misma que le fue otorgada. Los peticionarios manifestaron, a lo largo de este proceso, su interés de que el caso fuera sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte). La Comisión solicitó a la Corte declarar al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 derecho a la vida, 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 derechos del Niño y 25 protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 (obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La Corte reiteró que aquéllos que han sido declarados víctimas de una violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados “parte lesionada”. En este caso el Tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como los de sus familiares, por lo que serán considerados como “parte lesionada” y beneficiarios de las reparaciones ordenadas en la sentencia. La Corte explicó que el concepto de “reparación integral” implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fuere conocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restituido sino también correctivo. En este sentido, declaró la Corte que no era admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recordó que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación. No debe de haber discriminación ni maltratos a la mujer ni menos a las niñas porque son personas iguales y no deben de ser maltratadas porque también son ser humanos. El Estado deberá asegurar que los profesionales de las instituciones de salud especializadas que sean asignados para el tratamiento de las víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y físicas de cada víctima y tengan la experiencia y formación suficiente para tratar tanto los problemas de salud físicos que padezcan los familiares como los traumas psicológicos ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta estatal y la impunidad. Asimismo, el tratamiento debe prestarse por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro de todos los medicamentos que eventualmente requieran. Ordenó, asimismo, una indemnización económica por concepto de gastos funerarios y gastos de búsqueda
25 julio, 2016 en 01:25
Campo algodonero vs Mexico Corte interamericana de Derechos Humanos.(16 de noviembre de 2009).
El asunto se centra en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua el día 6 de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió ante la Co.I.D.H la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos; la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. Así mismo, la C.I.D.H. solicitó a la C.o.I.D.H que declarara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por su parte, las y los representantes de las víctimas, alegaron la violencia de otros derechos establecidos en la C.A.D.H. a saber: el derecho a la libertad personal y a la protección de la honra y la dignidad, y las obligaciones establecidas en los artículos 8 (obligaciones “progresivas” relacionadas con la prevención y protección) y del artículo 9 de la Convención de Belém do Pará (tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado). México reconoce haber cometido errores en la primera etapa del procedimiento de la investigación, los cuales corrigió en su momento, por lo tanto consideraba que no era responsable de la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal a la honra y a la dignidad, y los derechos de la niñez en perjuicio de las tres víctimas, por lo que solicitó a la Co.I.D.H que declarara que había cumplido con su deber de prevención, investigación y reparación en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal.
Con respecto a la violencia que existe en Ciudad Juárez, hay datos que reflejan un alto índice de muertes de mujeres con violencia sexual (aproximadamente de 379 mujeres hasta el 2005). El Estado mexicano acepta que estos asesinatos eran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. La ineficiencia e indiferencia por parte de las autoridades estatales con la investigación de dichos crímenes hizo persistir en la violencia contra la mujer y consecuentemente que la mayoría de los crímenes no se hayan resuelto. Así como también se entiende como un mensaje subliminal enviado a la sociedad de que la violencia contra la mujer es tolerada en esa entidad, lo que permite la perpetuidad y aceptación social de ese hecho y genera un gran sentimiento de desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia. Se actualizó en Ciudad Juárez el homicidio de la mujer por razones de género también conocido como feminicidio. Después de examinar el expediente, la Corte, tomando en cuenta lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumentos que complementan el corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, determinó que la violencia ejercida en contra de las tres víctimas en el caso, constituía “violencia contra la mujer” contemplada así en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Considero que el Estado tiene la obligación de contar con un marco jurídico de protección que contenga políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias y una estrategia de prevención integral que permita prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para dar una respuesta efectiva a los casos de violencia. Sin embargo, el Estado mexicano no tomó ninguna medida de prevención para estos casos a pesar de tener conocimiento de los hechos. Hizo caso omiso de la situación. En 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. El Estado debió implementar en ese momento una política general para combatir esta violencia. Sin embargo la ausencia de ésta es una falta grave del Estado en cuanto hace a su obligación de prevención. Como todos sabemos en mexico asi como en otros paises hay un alto indice de homicidios ya sea calificado, con dolo etc pero en algunos lugares se da mas a cometer este delito. considero que haya una prevencion que todos podamos actuar para disminuir este delito…
25 julio, 2016 en 04:06
25 julio, 2016 en 04:11
Desde 1993, Ciudad Juárez ha sido escenario de una sistemática violencia contra las mujeres, El 23 de febrero de 2008 las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Por medio de la corte interamericana de los derechos humanos a través de la cual se sanciono al estado de México por acciones y omisiones relacionadas con la privación de la vida de tres mujeres, los cuales sus cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001 estas presentaban signos de violencia sexual, estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte Por las deficiencias en los certificados de autopsia, fue imposible determinar con certeza cuanto tiempo duró su secuestro, Dicho acontecimiento ha logrado mover estructuras desde las raíces más profundas pero no conmover a quienes como cómplices repiten patrones de dominación y que son precisamente quienes deben contribuir a desmantelar la incultura que da pie al hecho en lo que se refiere a los hechos, la Corte observó que el Estado admitió, en términos generales, los hecho su indiferentes por parte de las autoridades en cuanto a la investigación de dichos crímenes, esta sentencia marco a la justicia para las mujeres no solo en México sino en toda Latinoamérica, realmente nadie puede afirmar cuales han sido las razones de tanta masacre hacia las mujeres indudablemente los hechos y relaciones de estas personas permanecen ocultos será que el Estado en responsable directo o indirecto al solapar y consentir el silencio por no dar una respuesta a la familias de las victimas volviéndolo como un caso común de violencia hacia las mujeres uno más sin resolver.
25 julio, 2016 en 04:44
Se sabe que desde 1993, en ciudad Juárez se han presentado aproximadamente 400 casos de homicidio hacia mujeres y niñas, y violencia manifestada en distintas formas.
Como vimos anteriormente la denuncia de “el campo algodonero” vs .México trata de homicidios efectuados brutalmente hacia 8 mujeres una de ellas mayor y dos menores de edad, la corte presento los tres casos frente al estado mexicano donde se mencionaban una serie de recomendaciones; después de esto los peticionarios a lo largo del proceso demostraron su interés de que el caso fuera sometido a la corte interamericana de derechos humanos.
En mi opinión creo que las autoridades no están desempeñando correctamente sus cargos como funcionarios, puesto que, queda demostrado en el incremento de constantes crímenes y violencia hacia las mujeres en donde se violan( el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, sus garantías judiciales, y los derechos de los niños entre otros),como podemos observar dicho problema se manifiesta desde 1993 ,si desde entonces se hubiesen adoptado medidas para eliminar la violencia contra las mujeres, serian menos los casos de homicidios presentados .
Es indígnate y entristecedor el saber que mujeres y niñas se encuentran inseguras y expuestas a violencia en cualquiera de sus formas que esta se realice, ya que, las autoridades y órganos correspondientes no están velando por la seguridad de las mujeres de esa ciudad.
La corte destacó que se presentaron respuestas ineficientes y actitudes indiferentes por parte de las autoridades competentes en cuanto a las investigaciones de dichos crímenes, aportando respuestas como “que las víctimas tenían una vida reprochable o que se habían fugado con su novio; conforme a esto la corte declaro que el estado violo los derechos de las víctimas y los de sus familiares, puesto que, también se consideraron como “parte lesionada”.
También se hace mención que hasta el año 2005 había bastantes crímenes aun sin ser esclarecidos y todos ellos presentando características de violencia sexual antes de ser efectuado el homicidio.
Finalmente la corte declara que toda violación de obligación internacional que produzca daño debe ser reparado adecuadamente.
25 julio, 2016 en 07:03
“campo algodonero”vs.mexico
Desde los años 90’s ciudad Juárez es reconocida por ser una de las ciudades más peligrosas en cuestión a homicidio de mujeres.se han presentado gran cantidad de denuncias de violencia hacia mujeres y niñas y todos presentan indicios de violación sexual y posteriormente se efectúa el homicidio.
Uno del caso más conocido fue el efectuado encontrar de una mujer adulta y dos jóvenes menores de edad encontradas en el campo algodonero, en donde sus familiares presentaron sus demandas el 04 de noviembre del 2007 y las respuestas de las autoridades no son muy favorables. El 23 de febrero de 2008 las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C., representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
la Corte concluyó que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005 habría gran cantidad de crímenes aun sin ser esclarecidos y sin repuestas contundentes.
Esto quiere decir que dichos casos han quedado impunes de justicia a falta de interés por parte de las autoridades que malas actitudes y muy pocas respuestas en cuanto a las investigaciones realizadas de dichos crímenes.
Queda esclarecido que se violan los derechos de las mujeres y uno de los principales el derecho a la vida. La corte afirmo la gravedad del problema de la violencia contra la mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
A pesar de las deficiencias presentadas en las primeras etapas de dichas investigaciones y en especial en los procedimientos que fueron realizados en las autopsias, se determinó que era posible concluir, considerando distintos factores que se dieron respecto a la desaparición de las víctimas, la corte determinó que el estado violo los derechos de todas aquellas víctimas y los de sus familiares más cercanos al no dar respuestas y por lo tanto no se haya realiza justicia.
.La Corte recordó que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados.
25 julio, 2016 en 08:50
Como sabemos Ciudad Juárez siempre se ha dado a conocer por la violencia que se vive en contra principalmente de mujeres en donde han sido miles los homicidios cometidos.
El campo algodonero fue uno de los más conocidos en contra de 8 mujeres, homicidio brutal y con móvil sexual, tres de estos homicidios y con ayuda de los familiares y otras organizaciones llego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comisión emitió una serie de recomendaciones al estado mexicano ellos al ver que no se reflejaba el cumplimiento de dichas obligaciones decidió someter el caso a la corte, la cual emitió una demanda en contra del estado mexicano el 4 de noviembre de 2007.
Esta demanda declaraba al estado responsable por la violación de derechos consagrados: a la vida, integridad personal, derechos del niño, garantías judiciales, protección judicial, entre otros.
Las autoridades del estado mexicano no le dieron la atención necesaria sino hasta que llego a la comisión interamericana de derechos humanos y después de que esta llevara a cabo la demanda ni siquiera fueron capaces de seguir las recomendaciones que esta les hacía, sino que dejaron que este problema aumentara cada vez más, que quedaran impunes y que no fueran claros pues no se hacían las investigaciones necesarias.
Esto fue lo que dejo sin aliento a la corte era impresionante la cantidad de mujeres, adolescentes y hasta niñas las que perdieron la vida y que al realizar autopsias se dieron cuenta que fue mucho el sufrimiento causado antes de su muerte así como móviles sexuales.
Todo esto fue a causa de la discriminación nuestro país aún no asumen completamente nuestro papel como mujer no existe una completa igualdad de género.
Sabiendo el peligro que corrían las mujeres nunca tomaron las medidas correctas, hicieron de lado estos casos no se preocuparon por reducir la criminalidad alarmar a la población simplemente no hicieron su trabajo no cumplieron con su deber.
En cuanto a la investigación la corte considero que debieron tener una diligencia estricta respecto a su búsqueda en las primeras horas y los primeros días.
Fueron evidentes las irregularidades por parte del estado en este problema, las violaciones a los derechos humanos, su falta de interés y de llevar a cabo su deber hacer su trabajo.
Por todo esto la corte considero que lo anterior fue una forma de discriminación y declaro que el estado violo el artículo 1.1 de la convención americana en relación con el deber de la no discriminación.
Y por tal motivo se decretó que el estado debía de llevar acabo la reparación integral, conducir eficazmente el proceso penal, sancionar por las irregularidades cometidas a los funcionarios responsables.
Si las autoridades de dicha cuidad le hubiera puesto la suficiente atención a estos casos muchas vidas se hubieran salvado es aquí en donde nos damos cuenta que todavía falta mucho por hacer que hay lugares en los que los derechos humanos no son respetados y que no importa cuántas instituciones o leyes existan para su protección si aun así en muchas ocasiones no se respetan.
González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos 16 de noviembre de 2009
Abordando el caso de Chihuahua, en el cual las victimas incluidas fueron unas niñas, a quienes se les privo de su vida de una forma muy desconcertada. Y sobre todo como el Estado de chihuahua reacciono ante ello. Es muy impertinente el ver como la seguridad que se dice tener en todo el país, se lleva a cabo de una forma muy desagradable, puesto que las autoridades responsables de ello, actúan ya muy tarde o en ocasiones hacen caso omiso de lo que pasa con los ciudadanos, en base a este tipo de actos.
La corte interamericana de derechos humanos, desde mi punto de vista argumento puntos muy buenos, lo que esclareció, que el estado de chihuahua no llevo a cabo como debería ser la situación presentada en tal lugar. Los homicidios, violaciones, entre otros delitos, siguen en aumento en contra de mujeres. Uno de los puntos que abordo la corte, es la discriminación, en donde se puede notar que el estado no puso atención suficiente por el hecho de ser mujeres o grupo étnico. El sistema de seguridad en México, es muy corriente, en otras palabas no sirve, por motivo que aluden a omitir casos que son de importancia, solo por el hecho de que la gente es de escasos recursos. Solo hacen caso de la gente que tiene relación con alguna persona que pertenezca a una institución de gobierno.
Lo que impuso la corte con respecto a tal estado, me parece bien que haya sancionado tanto a aquellos que hostigaban a los familiares de las víctimas, quienes buscaban respuestas a lo sucedido en aquella fecha. Como igual que haya ordenado al estado indemnizar a los familiares de las víctimas y también honrar a las occisas del delito cometido.
México debe complementar mejor su sistema de seguridad y protección al ciudadano, ya que no llevan un buen control para ello, a casusa de esto existen delitos que no se han logrado obtener una respuesta de ello, y que algunos quedan en el olvido.
25 julio, 2016 en 09:24
25 julio, 2016 en 17:14
Desde 1993, Ciudad Juárez ha sido escenario de una sistemática violencia contra las mujeres. Esta violencia, manifestada de diversas formas, encuentra su máxima expresión en los aproximadamente 400 homicidios de mujeres y niñas que desde esa fecha hasta hoy han tenido lugar en esa ciudad.
Uno de los casos más conocidos, sucedido en el contexto anteriormente descrito, es el conocido como “Campo Algodonero”, correspondiente al homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres. Tres de estos homicidios, uno cometido en contra de una mujer adulta y dos en contra de mujeres menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas.
La Comisión, valorando dicha petición y el informe final del Estado mexicano, en el cual no se reflejaba el cumplimiento de todas las recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte. La demanda en contra del Estado mexicano se hizo el 4 de noviembre de 2007.
En el presente caso, la Corte notó, en primer lugar, el reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con respecto a que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer.
En segundo lugar, observó lo contenido en los distintos informes proporcionados por organismos y organizaciones internacionales, mismos que señalan que muchos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones de violencia basada en género
En tercer lugar, las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez. Las mismas fueron hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero.
Lo anterior llevó a la Corte a concluir que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, consideró que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez.
La Corte recordó que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esa obligación se regula por el Derecho Internacional. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana.
La Corte reiteró que aquéllos que han sido declarados víctimas de una violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados “parte lesionada”. En este caso el Tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como los de sus familiares, por lo que serán considerados como “parte lesionada” y beneficiarios de las reparaciones ordenadas en la sentencia.
En primer lugar, la Corte decretó que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos.
En segundo lugar, la Corte consideró que como forma de combatir la impunidad, el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.
En tercer lugar, que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos.
En cuarto lugar, estimó pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro.
En quinto lugar, la Corte ordenó, como medida de rehabilitación, que el Estado brinde atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a todos los familiares considerados víctimas por este Tribunal en el caso sub judice, si éstos así lo desean.
Finalmente, explicó que, según su jurisprudencia, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Precisó que las costas y gastos, a diferencia de las medidas de indemnización, no se otorgan a quienes han sido declaradas víctimas, porque las costas no son una indemnización. Dependiendo de las circunstancias del caso, corresponde su otorgamiento a la persona o institución que representó a la víctima.

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 63