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Timestamp: 2019-07-21 07:29:09+00:00

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C-504 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020029418CC-SENTENCIAC504200517/05/2005CC-SENTENCIA_C_504__2005_17/05/2005200294182005Sentencia C-504/05 PROCESO PENAL- Oportunidad de las autoridades para efectuar la persecución penal y las indagaciones pertinentes Es completamente verificable que la norma acusada hace referencia a la oportunidad que tienen las autoridades para efectuar la persecución penal y las indagaciones pertinentes, esto es, a la habilitación o disponibilidad temporal con la que cuentan para llevar cabo las diligencias y procedimientos del caso, en aras a cumplir con el objetivo de una eficaz y temprana aplicación de la justicia. En tal sentido, cuando el capítulo IV del Título IV, Libro I se refiere a los términos, no hace otra cosa que definir los días y horas hábiles para el cumplimiento de las funciones propias de quienes imparten justicia en materia penal. En ningún momento, la disposición demandada tiene como finalidad estipular el límite temporal o el plazo mínimo y máximo de las distintas actuaciones, tanto preprocesales como procesales, como lo da a entender el demandante, simplemente lo que se deduce de la norma es que cuando se cometa un delito, la persecución del o de los responsables, así como las indagaciones necesarias para el efecto, se podrán realizar cualquier día o a cualquier hora, sin que sea un obstáculo o impedimento un horario o fecha en particular. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Certeza en concepto de violación/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Falta de correspondencia entre la argumentación de la demanda y el contenido material de la norma acusada Referencia: expediente D-5507
Julián Cifuentes BolívarCONSTITUCIONALIDADHumberto Antonio Sierra PortoDemanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 157 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 (Código de Procedimiento Penal).D5507Identificadores20020029419true46550Versión original20029419Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 157 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
Para el ciudadano Julián Cifuentes Bolívar, el aparte acusado del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, al señalar que la persecución penal y las indagaciones pertinentes "podrán adelantarse en cualquier momento", vulnera los artículos 1, 2, 4, 5, 14, 29, 83 y 93 de la Carta Política, por cuanto:
Después de hacer una breve explicación, con relación a las diferencias entre el sistema penal mixto, regulado en la Ley 600 de 2000, y el sistema penal acusatorio, consagrado en la Ley 906 de 2004, en desarrollo del Acto Legislativo No. 03 de 2002, el Ministerio del Interior y de Justicia señala que el actor confunde la etapa de investigación previa del primero, con la indagación prevista en el segundo, puesto que no tiene en cuenta que éstos dos sistemas son diferentes y que, por ende, poseen figuras jurídicas distintas, ya que mientras el sistema penal mixto se subdivide en etapas, el sistema acusatorio no, pues agrega que en el nuevo sistema "las actividades de indagación e investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, con el auxilio de la policía judicial no comprenden la práctica de pruebas, que como antes se expresó se realiza en el juicio oral y público ante el juez de conocimiento ni menos aún la toma de decisiones que afecten derechos fundamentales de las personas indagadas, razón por la cual no puede ser considerada como una fase o etapa del proceso."
En dicho orden de ideas, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales en concepto No. 3774, recibido en secretaría de esta Corporación el 8 de marzo de 2005, solicitó a la Corte Constitucional se declarase inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión "podrán adelantarse en cualquier momento", contenida en el inciso primero del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.
Así las cosas, aduce que el actor "plantea una omisión legislativa del término máximo para adelantar la indagación, argumento que si bien puede resultar cierto, corresponde materialmente a la duración de los procedimientos a desarrollar en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento y no al tema regulado en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que se refiere a la habilitación temporal de que disponen los funcionarios judiciales para el ejercicio de sus competencias para la persecución penal en sus diversas etapas", razón por la que no existe correspondencia lógica ni jurídica entre la argumentación de la demanda y el contenido material de la norma acusada.
3.- Una vez resuelta la anterior petición, y en caso de que la Corte resuelva proceder al análisis de la disposición demandada, corresponde a esta Sala determinar si el aparte acusado de la Ley 906 de 2004, al señalar que la persecución penal y las indagaciones pertinentes"podrán adelantarse en cualquier momento", infringe la dignidad humana, la personalidad jurídica y el derecho al debido proceso, específicamente en lo referente a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, consagrados expresamente en la Carta Fundamental.
4.- Para el ciudadano Cifuentes Bolívar, el aparte acusado del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, al señalar que la persecución penal y las indagaciones pertinentes"podrán adelantarse en cualquier momento", vulnera la dignidad humana y la personalidad jurídica del sujeto, objeto de la investigación, así como su derecho al debido proceso, en lo que a la presunción de inocencia y al derecho de defensa se refiere, dado que no fija un término para que se adelante la etapa preprocesal de la indagación, con lo que dicha fase podría llegar a prolongarse de manera indefinida en el tiempo.
En otras palabras, el ejercicio del derecho político que se materializa con la interposición de la acción pública de inexequibilidad exige al demandante una carga mínima de argumentación que permita generar una verdadera controversia constitucional. Entonces, con la presentación de la demanda ha de entablarse un diálogo"… entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior"[3]
En dicho orden de ideas, los argumentos esgrimidos en una demanda de inexequibilidad deben reunir unas exigencias mínimas razonables, sobre las que, como ya se ha dicho, esta Corporación ha enfatizado en diversos pronunciamientos. Así las cosas, las razones formuladas por el actor para sustentar los cargos de inconstitucionalidad deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[4], pues de lo contrario la Corte se vería abocada a proferir una sentencia inhibitoria circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional"[5]
Interpreta equívocamente la norma el demandante, cuando entiende que la expresión"podrán adelantarse en cualquier momento" significa que la indagación puede prolongarse indefinidamente en el tiempo o que la misma no poseé un límite, puesto que la mencionada expresión, en modo alguno, se está refiriendo la indagación como una etapa procesal enmarcada en límite (o ausencia de límite) temporal, sino que, en dirección distinta, señala o da a entender que así como no está predefinido el momento de la comisión de un hecho delictivo, tampoco pueden colocarse barreras al seguimiento que de los presuntos responsables se haga, en el sentido de disponer de un horario para el efecto, sino que dicha persecución se realizará en cualquier horario o día de la semana, en consonancia con la inmediatez y las necesidades propias de la investigación.
"...las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente"y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita" e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto..." (Negrillas fuera de texto).
"La inhibición en estos eventos no es un capricho formalista de esta Corporación sino que deriva de la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y de las competencias limitadas de esta Corte. Y es que esta corporación ha señalado insistentemente que, salvo las hipótesis de control automático, a ella no le corresponde examinar oficiosamente las leyes sino únicamente estudiar las demandas presentadas por los ciudadanos (CP art. 241). Y para que realmente exista una demanda, es necesario que el actor formule un cargo susceptible de activar un proceso constitucional, pues no le corresponde a esta Corporación imaginar cargos inexistentes ya que ello equivaldría a una revisión oficiosa. Además, es claro que este cargo debe suficientemente estructurado desde la presentación misma de la demanda, pues de no ser así, la demanda deberá ser inadmitida, y en caso de ser admitida, la sentencia deberá ser inhibitoria, pues la Corte no puede corregir, sin afectar el debido proceso constitucional, el defecto de ausencia de cargo. Por ello esta Corte ha señalado que "la ausencia de un requisito sustancial como el concepto de la violación, no puede ser suplida oficiosamente por la Corte y, por tratarse de una demanda inepta, debe proferirse sentencia inhibitoria"[6]. En tal contexto, la Corte reitera la importancia de que, no obstante el carácter público de la acción de constitucionalidad, los ciudadanos se esfuercen en estructurar adecuadamente sus cargos, a fin de permitir un verdadero debate y proceso de constitucionalidad"[7].
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión "podrán adelantarse en cualquier momento", contenida en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad Artículo 157 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]Cfr. Auto de 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
[2]Cfr. Sentencia C-131 DE 1993.
[3]Sentencia C-1052 de 2001.
[4]Sentencia C-1052 de 2001.
[5]Sentencia C-898 de 2001.
[6]Sentencia C-1256 de 2001.
[7]Sentencia C-918 de 2002.

References: artículo 157
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