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Derecho aprovechamiento de aguas Chile
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Dominio de La Organizacion Ivan Meini
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Incidente Medicamento
Acciones Reales Relaciones Posesorias
1382468834 Rn Rio Clar Illo
Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 22, pp. 299-313 [julio 2014]
dE loS biEnES y dE Su dominio,
Jaime Alcalde Silva Profesor de Derecho Privado Pontificia Universidad Católica de Chile
dErEchoS dE aprovEchamiEnto dE aguaS. Su caráctEr dE inmuEblES por dEStinación. régimEn Jurídico dE loS parquES nacionalES como biE­ nES nacionalES dE uSo público. im­ poSibilidad dE dESaFEctar adminiS­ trativamEntE laS aguaS quE Forman partE dEl ambiEntE protEgido. cortE SuprE ma, SE ntE ncia dE 27 dE J unio dE
2012, rol nº 7423­2010 1 .
Inversiones El Caudal Ltda. solicitó a la Dirección General de Aguas de la Región de los Lagos que constituyese a su favor derechos de aprovechamiento sobre las aguas del río Chaiquil, al in- terior del parque nacional Chiloé, para destinarlas a la generación de energía eléctrica. La CONAF se opuso a esta solicitud, sin mayores resultados. Por resolución Nº 446, de 24 de mayo de 2010, la mentada Dirección rechazó la oposición fundada en que las normas sobre aguas eran de aplicación priori- taria respecto de aquéllas referidas a las áreas silvestres o al ambiente, y dio
curso al procedimiento de constitución de los derechos de aprovechamiento solicitados. La CONAF interpuso, en- tonces, un reclamo de ilegalidad en contra de esa resolución ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La Dirección General de Aguas solicitó que se desechase esta reclama- ción, dado que no era efectivo que a la fecha se hubiesen constituido tales derechos de aprovechamiento a favor de Inversiones El Caudal Ltda. Esto sólo acaecería cuando se dictase la respectiva resolución, tras concluir el procedimiento administrativo previs- to y verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Además, agregó que el rechazo de la oposición estuvo ajustado a Derecho. En sentencia de 18 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la reclamación interpuesta por la CONAF e hizo lugar a la oposición presentada por ésta contra la solicitud de Inversiones El Caudal Ltda. para la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre el río Chaiquil, la que consecuencialmente fue denegada. El argumento decisorio fue que las nor- mas de preservación del patrimonio medioambiental, tanto internas como internacionales, tienen primacía sobre
la disciplina que rige las aguas y los derechos que sobre ellas pueden con- cederse a favor de particulares. En contra de dicha sentencia
Inversiones El Caudal Ltda. dedujo recurso de casación en el fondo, funda- do en que ella contravenía el artículo 10 letra p) de la LBGMA, en relación con lo dispuesto en los artículos 22 y 141 iii del CdA, y también el artículo iii de la Convención de Washington para la Protección de la Flora, la Fauna
y las Bellezas Escénicas Naturales de
América, suscrita el 12 de mayo de 1940 (DS Nº 531, de 4 de octubre de 1967, del Ministerio de Relaciones Ex- teriores). Por sentencia de 27 de junio de 2012, la Corte Suprema rechazó el
recurso por estimar que el recurrente no había señalado claramente el al- cance y sentido de las disposiciones invocadas ni precisado la forma en que éstas habrían sido quebrantadas (considerando 7°) y, además, porque aquél tenía relación con los hechos del proceso, establecidos soberanamente
por los jueces del mérito (consideran- do 11°). La Corte Suprema respaldó, en fin, la correcta aplicación del dere- cho aplicable hecha por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y que dio primacía a las normas de protección medioambiental por sobre las relativas
a las aguas (considerando 12°).
La cuestión debatida presenta dos as- pectos que el marco jurídico aplicable trata separadamente y sin que parecie- sen existir puntos de contactos entre sí, como son:
RChDP Nº 22
los requisitos necesarios para
constituir un derecho de apro- vechamiento de aguas y 2) la protección del patrimonio medioambiental. El mérito de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con-
firmada por la Corte Suprema, estriba en la integración de ambos aspectos.
Al igual que ocurre con los yacimientos mineros, las aguas tiene un régimen
dual que oscila entre lo público y lo pri- vado 2 . En cuanto recurso natural, ellas son bienes nacionales de uso público (arts. 595 del CC y 5° del CdA), vale decir, pertenecen a la nación toda y su uso corresponde indeterminadamente
a todos sus habitantes (arts. 19 Nº 23
de la CPR y 589 del CC). Por razones de equidad en el aprovechamiento, su gestión incumbe a la administración según las competencias asignadas de forma específica por ley (art. 1° del DL
1939/1977).
Sin embargo, los particulares pue- den aprovecharse de las aguas también de forma exclusiva, merced a un dere- cho real de naturaleza administrativa, que concede a su titular el uso y goce
sobre ellas de acuerdo con el volumen por unidad de tiempo que se le ha
asignado (arts. 5°, 6°, 7° y 20 del CdA). Este derecho pertenece a su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de
él en conformidad a la ley (arts. 19 Nº
24 xi de la CPR y 6° ii del CdA). En lo que atañe a su contenido, tal derecho puede ser:
i) consuntivo o no consuntivo, se- gún si faculta a su titular para consumirlas aguas totalmente o lo obliga a restituirlas a la fuen- te de extracción tras su uso (arts. 13 y 14 del CdA);
ii) de ejercicio permanente o even- tual, dependiendo de si permi- te que el agua se extraiga en la dotación que corresponde o sólo en aquellas épocas en que existe un sobrante (arts. 17 y 18 del CdA) y
iii) continuo, discontinuo o alter-
nado entre varias personas, ahora según si su titular puede usar las aguas durante todo el día, en ciertos períodos o por turnos (art. 19 del CdA). La Dirección General de Aguas es el organismo encargado de constituir un derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del re- curso (arts. 20, 22, 23, 57-60, 130, 141, 149 y 150 del CdA), de acuerdo con el procedimiento previsto en el código del ramo 3 . Para que una solicitud prospere es necesario que exista dis- ponibilidad del recurso (considerando para ello la relación existente entre las aguas superficiales y subterráneas) y que ella sea legalmente procedente (art. 141 iii del CdA). Ésta no lo será cuando perjudica o menoscaba dere- chos de terceros (art. 22 del CdA), y cuando la fuente sobre la cual se pide ha sido declarada agotada (art. 282 del CdA). Pero también cuando concurren
3 A la Dirección General de Aguas le corres- ponde también la regularización de los derechos reconocidos y no inscritos (arts. 2° transitorio del CdA y 7° DL Nº 2603/1979).
otros supuestos que quepa reconducir
a la genérica mención de procedencia
legal de la solicitud (art. 141 iii del CdA), y sobre uno de ellos ahonda la sentencia objeto de este comentario.
La cuestión debatida en el presente caso no se podía resolver únicamente
a la luz de la legislación que rige las aguas, porque los derechos de apro- vechamiento pedidos por Inversiones El Caudal Ltda. recaían sobre el río
Chaiquil, situado al interior del parque nacional Chiloé. Creado por el Minis- terio de Bienes Nacionales mediante el DS Nº 734, de 17 de noviembre de 1982, se emplaza en la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé y tiene hoy una extensión de 43.057 ha 4 . Los ambientes protegidos corresponden
a zonas de dunas, bosque valdiviano,
alerzales y turberas. La protección del patrimonio am- biental forma parte de las limitaciones
autorizadas por la función social del dominio (art. 19 Nº 24 ii de la CPR)
y comporta un deber del Estado (art.
19 Nº 8 de la CPR), el que se haya regido principalmente por las normas de la LBGMA y por la Convención de Washington para la protección de la fauna, la flora y las riquezas natu- rales de América, sancionada a través del DS Nº 531, de 4 de octubre de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de varios otros textos
4 La superficie original era mayor, pero ella se redujo en cerca de 4500 ha debido a la des- afectación de ciertos terrenos a favor de algunas comunidades huilliches.
sectoriales 5 . Esta tutela y supervisión genérica sobre el ambiente adquiere mayor concreción cuando una deter- minada área es declarada parque nacional en virtud de un decreto su- premo (arts. 11 de la Ley de Bosques, 21 del DL Nº 1939/1977 y 8° de la ley Nº 18.362). En esos casos, dicha zona sólo puede ser destinada o concedida en uso a organismos del Estado o a alguna corporación o fundación de beneficencia para finalidades de con- servación y protección del ambiente (art. 15 del DL Nº 1939/1977). La ra- zón de esta afectación es que el Estado no puede asignar un parque natural a otro objeto que el que les es propio sino en virtud de una ley (art. 11 de la Ley de Bosques). Esto concuerda con lo establecido en la Convención de
302 Washington, que señala que la altera- ción de los límites o la enajenación total o parcial de un parque nacional es una materia que queda entregada al dominio legal (art. iii) 6 . Pero no lo es con lo dispuesto en los artículos 75 de la ley Nº 17.699 y 21 ii del DL Nº 1939/1977, donde se establece que los parques nacionales y reservas fores- tales no podrán ser destinados a otro
5 La Biblioteca del Congreso Nacional ha preparado un Compendio de legislación medio- ambiental, que está disponible en: www.leychi- le.cl/Consulta/aportar_leychile. [Fecha de con- sulta: 30 de abril de 2014].
6 La Corte de Apelaciones de Puerto Montt cita la SCS 19 de diciembre de 1985 (Fallo del Mes, Nº 325, Santiago, 1985, pp. 826-832; véase, además, la n. 10 como uno de los pronuncia mientos donde se recogen las reglas de la Con- vención de Washington. La SCS, 28 de noviem- bre de 2013, rol Nº 5680-2012, agrega otros dos: SCS, 2 de abril de 2013, rol Nº 4743-2010 y SCS, 27 de junio de 2012, rol Nº 7424-2010, aquí comentada.
objetivo ni perderán esta calidad sino en virtud de un decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe
favorable del Ministerio de Agricultura
o el Ministerio del Medio Ambiente,
según corresponda. El conflicto entre ambas normas se debe solucionar a favor del criterio de la Ley de Bos- ques, vale decir, la desafectación sólo es posible merced a una ley, porque éste coincide tanto con la Constitución Política (art. 19 Nº 23) como con la
Convención de Washington (art. iii) 7 . Los parques nacionales forman parte del SNASPE, cuyo objetivo es asegurar la diversidad biológica, tu- telar la preservación de la naturaleza
y conservar el patrimonio ambiental
(art. 34 de la LBGMA). La adminis- tración y supervisión de este sistema corresponde al Servicio de Biodiver- sidad y Áreas Protegidas (art. 34 de la LBGMA), todavía en proceso de for- mación. De momento, sus funciones son ejercidas por la CONAF, que tiene también a su cargo la recuperación del bosque nativo y el fomento forestal
(ley Nº 20.283) 8 .
8 Pese a que el referido servicio no ha en- trado en vigencia, las leyes de presupuestos para
el sector público desde 2009 han contemplado dentro de la partida 13 (Ministerio de Agricul- tura), capítulo 5 (CONAF), el programa 4 relati- vo a Áreas Silvestres Protegidas, agregándose, también, una glosa que se refiere de modo expre-
so a los SNASPE. Esto significa que el legislador le ha asignado recursos a la CONAF para la ad- ministración coordinada de las áreas prote- gidas puestas bajo su tuición, entendiendo que éstas forman parte del SNASPE (dicta- men Nº 34.429, de 18 de junio de 2013, de la Contraloría General de la República). Por cierto, la anterior redacción del artículo 35 de la LBGMA establecía que la supervisión de estas áreas correspondía a la CONAF.
En fin, la ejecución de obras, pro- gramas o actividades en parques nacio- nales, así como en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, están sujetas a evaluación de impacto ambiental [art. 10 letra p) de la LBG- MA]. Pero ellas no comprenden la constitución de derechos de aprove- chamiento sobre aguas superficiales, de donde surge la duda respecto de la competencia de la Dirección General de Aguas para acceder a una solicitud de esa naturaleza 9 . He ahí la controver- sia de este caso, que se zanjó a favor de la negativa.
De la descripción precedente se sigue que la doctrina subyacente en el pre- sente caso es la imposibilidad de cons- tituir derechos de aprovechamiento de aguas sobre fuentes situadas al interior de un parque nacional, cuando la des- tinación de esas aguas sea contraria a los fines de preservación medioam- biental para los que él fue erigido. Esta decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y ratifi- cada después por la Corte Suprema, es correcta, aunque los criterios técnicos en que se sustenta queden diluidos en una genérica referencia a la inter- pretación armónica de los preceptos concurrentes. Cierto es que las reglas de interpretación de la ley llevan a dar primacía a las normas particulares por sobre las generales (art. 13 del CC), y
9 Véanse los dictámenes Nº 29.966, de 7 de junio de 2010 y Nº 7.932, de 8 de febrero de 2011, ambos de la Contraloría General de la Re- pública.
también a recurrir a otras leyes que versan sobre los mismos asuntos para interpretar un pasaje oscuro o dudoso (art. 22 ii del CC), pero ellas no son los únicos elementos de juicio. Por ejemplo, detrás están el principio de primacía constitucional, la preserva- ción del patrimonio medioambiental
como un límite impuesto al derecho de propiedad en razón de su función social o el carácter accesorio que la ley atribuye a las aguas respecto del predio a cuyo uso, cultivo o beneficio están destinadas. Interesa, entonces, detenerse en tres aspectos preteridos o no suficien- temente desarrollados de la sentencia que se comenta, como son:
1) el carácter de inmueble por des- tinación que revisten las aguas, 2) el régimen fragmentario que hoy se aplica a los parques nacio- nales y
la imposibilidad de destinar al- guno de los bienes que forman parte de tal ecosistema prote- gido para fines de explotación de comercial.
El primer punto preterido por la sen- tencia en comentario es el que atañe a la naturaleza de las aguas que atravie- san un parque nacional. Según el artí- culo 4° del código del ramo, las aguas son muebles por naturaleza (art. 567 del CC), pero se reputan inmuebles cuando están destinadas al uso, cultivo o beneficio de un bien raíz (art. 570 del CC). En el presente caso, esta destina- ción proviene del hecho de que esas aguas forman parte del ecosistema que
con la declaración de parque nacional se quiere proteger, de suerte que ellas están afectas de modo permanente a su uso y beneficio por formar parte de un conjunto natural armónico. Así se sigue del artículo i Nº 1 de la Con- vención de Washington, que define la figura de parque nacional como:
“Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas na- turales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial”.
Un concepto más completo aun- que sustancialmente coincidente ofre- ce el artículo 5° de la ley Nº 18.362,
304 sobre cuya vigencia se volverá más adelante:
“Denomínase Parque Nacional un área generalmente extensa, donde existen diversos am- bientes únicos o representati- vos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de autoper- petuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formacio- nes geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo”.
La afectación de una determinada zona como parque nacional se efectúa por decreto supremo (arts. 11 de la Ley de Bosques, 21 del DL Nº 1939/1977 y 8° de la ley Nº 18.362), y con ella se persiguen tres objetivos:
i) la preservación de muestras de ambientes naturales, así como de los rasgos culturales y escé- nicos asociados a ellos;
ii) la continuidad de los procesos
evolutivos y, en la medida que sea compatible con lo anterior, iii) la realización de actividades de educación, investigación o recreación (art. 5° ii de la ley Nº 18.362). Todo ello redunda, pues, en la preser- vación del ambiente en unas determi- nadas condiciones que han sido con- sideradas relevantes como patrimonio ambiental del país y, en consecuencia, dignas de perpetuarse a favor del pú- blico y de las generaciones futuras 10 . Más claro es todavía el artículo 11 de la Ley de bosques contenida en el DS Nº 4363, de 30 de junio de 1931, donde para establecimiento de un parque na- cional basta con una finalidad estética:
“Con el objeto de regularizar el comercio de maderas, garan- tizar la vida de determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje, el Presi- dente de la República podrá establecer reservas de bosques y parques nacionales de turis- mo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos particulares que se ad- quieran por compra o expro- piación. La expropiación se hará en la forma indicada en el artículo 8° de esta Ley”.
De acuerdo con esta última norma, los parques nacionales se establecen
sobre terrenos fiscales o expropiados
ción de un derecho de aprovecha-
esos fines, lo que significa que las
miento no puede afectar derechos pre-
aguas que por ahí corren revisten la misma naturaleza de bien nacional de uso público por su carácter accesorio.
existentes ni comprender aguas que tienen otro destino, como ocurre con aquéllas que forman parte de un embal-
Esta afectación de las aguas que corren
12 . Esto último es lo que acaece tam-
través de un parque nacional es
importante, porque ellas sólo pueden perder ese carácter desde que se sepa- ran permanentemente para darles un destino diferente (art. 573 del CC); de lo contrario forman parte integrante
bién cuando una cierta área es decla- rada parque nacional, porque, en-
tonces, ella se individualiza con el fin de perpetuar el ambiente que ahí se observa, incluidas las aguas que en él existen y que son funcionales a la flora
del ambiente que se busca proteger
fauna que lo compone. Si esto es así,
[art. 2° letra ll) de la LBGMA] 11 . La
le formula en la medida que se cum-
dado que el artículo iii de la Conven-
pregunta es si cabe darles otro destino por desafectación. La respuesta es que depende de la clase de destino de que se trate, y también de la forma en que la nueva destinación se produce. La constitución de un derecho de aprovechamiento es una competencia que la ley ha radicado en la Dirección General de Aguas (arts. 20, 22, 23, 57-60, 130, 141, 149 y 150 del CdA), quien debe acceder a la solicitud que
ción de Washington impide la enaje- nación o parcial del ecosistema prote- gido, cabe concluir que la Dirección General de Aguas carece de compe- tencia para constituir derechos de aprovechamiento sobre las aguas que integran un parque nacional, porque ello implica dar nacimiento a derechos reales a favor de particulares (enajenar) en desmedro de un cauce que se busca preservar. En otras palabras, las aguas revis- ten siempre un carácter accesorio al
plan los requisitos previstos en la ley, los que se reducen fundamentalmen-
te a la legalidad de la petición y la disponibilidad del recurso (art. 141 iii del CdA). Su competencia, empero, no alcanza a las aguas que ya tienen una destinación previa, porque la constitu-
11 La SCS 19 de diciembre de 1985, RDJ
Nº 82, Santiago, 1985, ii, sec. 5ª, pp. 261-274
= MJJ5470; véase la n. 5 donde definió el
ambiente como: “todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la
vida y tanto se refiere a la atmósfera, como a
la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo
cual conforma la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos
y el medio en que viven” (considerando 10°, p. 264).
predio al que se sirven (por ejemplo, arts. 1830 del CC y 88 del CdA), por lo que si éste es un parque nacional ellas quedan afectas al mismo régimen de exclusión o publificación previsto para ellos (arts. 19 Nº 23 de la CPR y 589 del CC). Aunque de manera implícita, es el criterio que sienta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en su considerando 5°:
“en virtud de esa calidad [la de parque nacional] toda ese siste- ma está protegido por la nor- mativa contenida en el Decre-
to ley N° 1939 de 1977 y está sujeto a las limitaciones impues- tas por la Ley de Bosques” 13 .
Ahora bien, el hecho de que las aguas de un parque nacional estén afectas a este régimen no compromete derechos adquiridos ni supone una limitación al derecho de propiedad en razón de su función social. En su estado natural, las aguas son bienes nacionales de uso público, y continúan siéndolo después de que la zona que atraviesan ha sido declarada parque nacional. Por el con- trario, si sobre esas aguas existían dere- chos de aprovechamiento ya consti- tuidos, ellos deberán ser expropiados juntamente con el predio al que sir- ven, previo pago de la indemnización correspondiente(art. 11 de la Ley de Bosques).
La sentencia que se comenta tampo- co ahonda en el régimen legal de los parques nacionales, de por sí fragmen- tario, el que no impide que en ellos se realicen actividades compatibles con los fines de su destinación (educación, investigación y recreación) con tal de que sean autorizadas por la CONAF o, dentro de un tiempo, por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que la sustituirá 14 . Para ese
13 La inclusión de las aguas en el ecosistema protegido por la declaración de parque nacional es explícita, en cambio, en los considerandos 7°, 12°, 18° y 19° de la SCS 28 de noviembre de 2013, rol Nº 5680-2012.
14 Un esfuerzo de sistematización de su régi- men en co Sta (2012).
fin se permite que este organismo pue- da celebrar toda clase de actos y con- tratos (artículos 10 de la Ley de Bos- ques y 11 de la ley Nº 18.362), siempre que ellos no contravengan la defini- ción ni los objetivos de la categoría de manejo respectiva, ni los objetivos espe- cíficos y normas establecidos en el plan de manejo del parque nacional de que se trata (art. 12 de la ley Nº 18.362) 15 . Este último documento tiene gran importancia, porque impide que en las unidades protegidas se ejecuten obras, programas o actividades distintas de las contempladas en el respectivo plan de manejo, a menos que la autoridad competente, mediante decreto supre- mo fundado en razones de interés na- cional, autorice la ejecución de deter- minadas obras, programas o activida- des (art. 32 de la ley Nº 18.362), en la medida que ellas no afecten la razón de la protección (art. iii de la Conven- ción de Washington) y que se evalúe su impacto ambiental [art. 10 letra p) de la LBGMA]. Con todo, existe un aspecto in- teresante relativo a la normativa de los parques nacionales, como es la vigencia de la ley Nº 18.362, del que se ocupa al pasar el considerando 5° de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En su artículo 39 se señala que dicha ley
“regirá a partir de la fecha en que entre en plena vigencia la Ley N° 18.348, mediante la cual se crea la Corporación Na- cional Forestal y de Protección
15 La ley Nº 18.362 establecía que dichos
planes debían ser aprobados por decreto supre- mo del Ministerio de Agricultura (artículo 14).
de Recursos Naturales Reno- vables”.
Esa ley creó (o reorganizó) la Cor- poración Nacional Forestal y de Protec- ción de Recursos Naturales Renova- bles que, aunque con el mismo acróni- mo (CONAF), debía sustituir a aquella Corporación Nacional Forestal surgida del DS de 10 de mayo de 1973, del Ministerio de Justicia 16 . Su artículo 19 señala que dicha ley, con excepción del artículo 15 que facultaba al Pre- sidente de la República para fijar la planta de tal repartición,
“entrará en vigencia el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto en cuya vir- tud el Presidente de la Repúbli- ca disuelva la corporación de derecho privado denominada Corporación Nacional Forestal a que se refiere la letra i) del ar tículo 4° o aquel mediante el cual apruebe su disolución”.
Dicho en otros términos, la vigen- cia de la ley Nº 18.348 depende de una condición todavía pendiente: que se disuelva formalmente la CONAF creada como corporación de Derecho Privado en 1973. El problema es que
16 La CONAF es una corporación de Derecho Privado surgida de la reforma de estatutos de la antigua Comisión de Reforestación (creada el 13 de mayo de 1970), que tiene a su cargo la administración de la política forestal del país y el fomento del desarrollo del sector. Forma parte de la llamada administración atípica o indivisible, y depende del Ministerio de Agricultura. Sobre su naturaleza y competencias, véase argandoña (1985), pp. 118-119 y bErtElSEn (1992), pp. 557- 561, así como la STC 1 de julio de 2008, rol Nº 1024-08, especialmente los considerandos 8° a 28°.
el mentado artículo 15 establecía que el Presidente de la República tenía un plazo de ciento ochenta días para fijar la planta de la nueva institución que sucedería a la CONAF, el cual venció a mediados de 1985. La condición a la que se sujetó la vigencia de la ley Nº 18.348 falló definitivamente (art. 1482 del CC), porque no se puede disolver la actual CONAF si no existe posibilidad de poner en funciones el organismo que por ley debía reemplazarla 17 . Este impedimento viene solventado ahora por la nueva institucionalidad del Ministerio del Medio Ambiente creada por la ley Nº 20.417, que prevé un servicio de biodiversidad y áreas protegidas con las funciones antes atribuidas a la CONAF (art. 34 de la LBGMA). A su vez, la ley Nº 18.362 subor- dinó el comienzo de su imperio a la plena vigencia de la ley Nº 18.348, por la que se establecía la nueva estructura orgánica de las zonas na- turales protegidas. Donde dicha ley tampoco rige ni puede regir, dado que es imposible poner en vigor la ley Nº 18.348. Además, ella presenta impor- tantes diferencias con la normativa ambiental posterior y también con la Convención de Washington. Por esa razón, y en cumplimiento del artículo 8° transitorio de la ley Nº 20.417, el 1 de marzo de 2011 se presentó un pro- yecto de ley por el que se pretendía crear el Servicio Nacional Forestal y se derogaba la corporación creada por la ley Nº 18.348 18 . Este proyecto fue desechado en general por el Senado.
18 Boletín, Nº 7486-01.
Esto no impide, por cierto, que las disposiciones de las dos leyes antes citadas tengan una cierta eficacia por anticipación, sobre todo teniendo en cuenta que la vigencia no es una pro- piedad intrínseca del Derecho en cuan- to conjunto de reglas para solucionar conflictos temporales 19 . Basta revisar la documentación que la CONAF ofrece al público en general para comprobar que ella tiene disponibles planes de manejo de los parques nacionales a su cargo, en afinidad con lo establecido en la ley Nº 18.362, aunque sin la aprobación ahí prescrita 20 .
La sentencia de la Corte de Apela-
308 ciones de Puerto Montt agregó una segunda razón en virtud de la cual la solicitud de Inversiones El Caudal
19 Con ocasión de la discusión del NBW se produjo un fenómeno de “interpretación por anticipación”, que se explica por la forma de
implementación que se utilizó para la reforma del Derecho Privado en los Países Bajos. Al ser conocidos los nuevos libros aprobados por el Parlamento (Staten-Generaal), pero sin que ellos hubiesen sido todavía promulgados, o mientras se esperaba el cumplimiento de su período de vacancia legal, el Tribunal Supremo (Hoge Raad) comenzó a fallar de acuerdo con las soluciones ahí ofrecidas, y su ejemplo fue seguido por los tribunales inferiores. Algo similar ha ocurrido en España respecto de la propuesta de moder- nización del Derecho de Obligaciones y Con- tratos preparada por la Comisión General de Codificación.
20 Disponibles en www.conaf.cl/parques-
nacionales/normativa-y-reglamento/planes-
de-manejo-parques-nacionales/. [Fecha de consulta: 28 de abril de 2014]. El plan corres- pondiente al parque nacional Chiloé comprende el período 1997-2007.
Ltda. debía ser rechazada. Se trata del artículo iii de la Convención de Wa -
shington, donde se señala que las rique- zas existentes en un parque nacional no se explotarán con fines comerciales (considerando 7°). El solicitante ex- presó que los derechos de aprovecha- miento que había pedido estaban des- tinados a fines hidroeléctricos, vale decir, se pretendía dar a las aguas del río Chaiquil una destinación privada
y con fines de lucro, incompatible con
su preservación medioambiental 21 . La única excepción admitida es aquélla prevista en el artículo 15 del DL Nº 1939/1977, donde se establece que los parques nacionales sólo se pueden destinar o conceder en uso a orga- nismos del Estado o a asociaciones o fundaciones de beneficencia pública,
y siempre para finalidades de educa-
ción, investigación o recreación que
sean compatibles con la conservación
y protección del ambiente. Cualquier
fin distinto exige la desafectación de
la zona por medio de una ley especial. Conviene recordar que el parque nacional Chiloé fue una iniciativa surgida precisamente para proteger la zona de un proyecto industrial que ponía en riesgo la preservación de la flora nativa. El proyecto contaba con el apoyo de la CORFO y estaba a cargo de la Sociedad Factibilidad Astillas Chiloé Ltda., creada por las compañías japonesas Marubeni Corp. y Sanyo- Kokusaku Pulp Co. Ltd. Comenzó en 1974 y durante los quince años pre-
vistos para su desarrollo pretendía talar alrededor de 125.000.000 ha de bosque nativo en la Isla Grande de
21 Véase las consecuencias de esta prohibi- ción en dE la piEdra (2010).
Chiloé (aproximadamente el 23% de su superficie total), sin considerar las exigencias ambientales vigentes ni la identidad cultural de la zona. La FUN- DECHI, creada en 1976 a instancias del obispo de Ancud Juan Luis Ysern de Arce, denunció las nefastas conse- cuencias que el proyecto traería para
la isla y su ecosistema, lo que se sirvió
de antecedente para la erección del parque nacional en 1983. Además, el destino que el solici- tante pretendía dar a las aguas reviste
importancia a la hora de juzgar la per- tinencia de su solicitud. En realidad, la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas al interior de un parque nacional no es absoluta y viene condicionada al uso que se dará
a ellas. Cualquier uso no comercial y
compatible con los fines que persigue
la declaración de parque nacional para
una determinada zona no impide que la Dirección General de Aguas constituya tales derechos de aprovechamiento. Con ese fin, dicho organismo habrá de indagar cuál es la destinación que el so- licitante pretende dar a las aguas, y sólo
constituir el derecho en la medida que
el uso declarado sea compatible con el
carácter de parque nacional que tiene la zona de captación, y siempre que ésta sea posible dellevar a la práctica. Esta exigencia es una consecuencia de la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales [art. 10 letra p) de la LBGMA], dado que, si el proyecto no puede prosperar debido a sus implica- ciones medioambientales, la concesión de un derecho de aprovechamiento de
aguas resulta innecesario 22 . El Código de Aguas sólo exige hoy que se acompañe una memoria explicativa que señale la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso que se le dará, en los casos que se solicite un volumen superior a aquél que está exento del pago de patente (art. 140 Nº 6 del CdA). Pero tal exigencia atañe a la constitu- ción de derechos de aprovechamiento sobre aguas no regidas por una nor- mativa especial, como acaece con los parques nacionales. En ellos recibirán aplicación preferente las normas sobre preservación del patrimonio ambiental, según ha quedado dicho.
laS SEntEnciaS dE 2 dE abril y 18 dE novi E mbrE dE 2013 y El cambio dEl critErio dE la dirEcción gEnEral dE aguaS
El fallo comentado ha establecido una doctrina que ya parece consolidada con las sentencias de la Corte Suprema de 2 de abril y 18 de noviembre de
recaídas en los autos rol Nº 4743-
y 5680-2012, respectivamente.
La primera de ellas se refiere a un derecho de aprovechamiento de aguas
pedido sobre el estero sin nombre al interior del parque nacional Chiloé
y contiene una fundamentación muy
similar a la sentencia de 27 de junio de
2012 aquí comentada. En la segunda,
los hechos del caso son sustancialmen-
te coincidentes, pero el razonamiento
de la Corte Suprema presenta un mayor grado de desarrollo. De ahí
22 Tal es el argumento que exponen los considerandos 7°, 12°, 18° y 19° de la SCS 28 de noviembre de 2013, rol Nº 5680-2012.
que, aunque sea de forma escueta, con- venga referirlo. La sentencia de la CS 18 de no- viembre de 2013 rechazó los recursos de
casación en la forma y en el fondo inter- puestos por Jaime Bertin Hipp en con- tra de la sentencia de la Corte de Ape- laciones de Puerto Montt, que acogió la reclamación de la CONAF respecto de la constitución de unos derechos de aprovechamiento de aguas sobre el río Blanco, al interior del parque nacional Vicente Pérez Rosales, para beneficio de una central hidroeléctrica. El recurso de casación en la forma no tiene mayor relevancia a efectos de este comentario, porque denunciaba que esa sentencia había sido dictada omitiendo algunas de las menciones que la ley exige, y fue desechado por razones procesales. El recurso de casación en el fondo, por su parte, estaba destinado a que se declarase que:
i) el parque Vicente Pérez Rosa- les no era uno de aquellos tra- tados y regulados en la Conven- ción de Washington, ya que fue creado como un parque de turis- mo en 1926 merced a una es- tinación de terrenos fiscales y
ii) a la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas del recurrente no le eran aplicables las limitaciones y prescripciones relativas a los bienes fiscales o la normativa medioambiental, puesto que la LBGMA sólo tiene cabida cuando se desean ejecutar obras, programas o acti- vidades en parques nacionales y no cuando se solicitan derechos de aprovechamiento sobre cau- ces que son parte de él.
La sentencia se hace cargo de estas argumentaciones en el considerando 7°. En primer término sostiene que la Convención de Washington obliga
a los Estados contratantes a proteger
especialmente las áreas silvestres pro- tegidas con independencia de su deno- minación, entre las que se cuenta el parque Vicente Pérez Rosales, y que la alteración del caudal hídrico de un curso de agua natural dentro de esa área inevitablemente provoca un impacto en el ecosistema involucrado. Enseguida, estima que, si se aceptase
la tesis del recurrente, las aguas de un
parque nacional (incluidas dentro de su ecosistema) se aplicarían a un fin
distinto de la conservación de un área silvestre protegida, y lo serían me- diante un acto administrativo y no por ley. Además, el DL Nº 1939/1977 sólo permite que los beneficiarios de
la destinación sean los organismos del
Estado o las corporaciones y funda- ciones de beneficencia de que trata el
Código Civil, calidades que no reviste
el solicitante de los mentados derechos
de aprovechamiento de aguas. Estas sentencias han traído consigo un cambio en el criterio de la Direc- ción General de Aguas 23 . De hecho, esta repartición acogió la petición efec- tuada por la diputada Marisol Turres Figueroa (UDI) para denegar solicitu- des de derechos de aprovechamiento con fines de explotación comercial en recursos hídricos situados en parques nacionales. Dicha solicitud fue formu-
23 Las sentencias de la CS 27 de junio de 2012 y 18 de noviembre de 2013 se pro- nunciaron sobre varias solicitudes de cons- titución de derechos de aprovechamiento de aguas por parte del mismo interesado, las que fueron acumuladas.
lada en la sesión de 27 de noviembre de 2013 después de la tercera sentencia de la Corte Suprema que aquí se ha hecho referencia; de esas sentencias, así como de aquéllas de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que las motivan, la diputada dio cuenta a la Corporación. Por su parte, la Dirección General de Aguas consultó a la Contraloría Ge- neral de la República sobre la mate- ria y este organismo señaló que ella debe resolverse bajo las normas de la Convención de Washington, particu- larmente en cuanto atañe a la explo- tación comercial del recurso hídrico (dictamen Nº 72.109, de 7 de noviem- bre de 2011). Tal fue su razonamiento:
“Pues bien, en ese contexto, es dable sostener que la constitu- ción de los derechos de apro- vechamiento de aguas emana de un procedimiento destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos que el Código de Aguas consagra para su otor- gamiento a través del acto ad- ministrativo respectivo, sin que se adviertan elementos norma- tivos que permitan colegir que la sola contingencia de recaer la respectiva solicitud de cons- titución en un parque nacional constituya una circunstancia que, por sí misma, imposibilite acceder a dicha petición, sin perjuicio, por cierto, que si de la solicitud y de sus anteceden- tes aparece que su finalidad es la explotación comercial del recurso en esos parques, la Administración, al resolver la petición, deba considerar dicho
aspecto, a la luz de la precepti- va reseñada, particularmente, la mencionada Convención de Washington”.
Con tal pronunciamiento, desde la Dirección General de Aguas se ins- truyó a las reparticiones regionales para que sea denegada cualquier nue- va solicitud de derechos de aprovecha- miento en parques nacionales, cuando se detecte que la finalidad es la explota- ción comercial del recurso hídrico. En cambio, y de acuerdo con el dictamen Nº 72.109, en las otras áreas silvestres protegidas se habrá de analizar cada caso en concreto conforme a los obje- tivos de resguardo para los cuales ellas fueron creadas, de suerte que si los fi- nes no están acordes a esos parámetros la solicitud será igualmente denegada.
La sentencia de la Corte de Apelacio- nes de Puerto Montt, que declaró im- procedente la constitución de derechos de aprovechamientos sobre las aguas de un río que atraviesa un parque nacional, constituyó un importante paso para reformar la institucionalidad medioambiental del país, a la vez que puso en evidencia los vacíos normati- vos que existen en la materia, como ha ocurrido también con la publicitada proclamación de la República Gla- ciar por parte de Greenpeace el 5 de marzo de 2014 24 . Las sentencias de la
24 En el Congreso Nacional se han presen- tado tres proyectos de ley referidos a los gla- ciares, de los cuales sólo uno se mantiene en tramitación. Boletín, Nº 4205-12.
CS 3 de abril y 18 de noviembre de 2013 demuestran que ella ha marcado una tendencia que, tras el cambio de criterio de la Dirección General de Aguas, parece asentada. La preservación del patrimonio ambiental presenta problemas que ciertamente exigen soluciones jurídi- cas, y en ese ámbito se ha avanzado en las últimas tres décadas después del reconocimiento constitucional del
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (art. 19 Nº 8 de la CPR)
y de las limitaciones que ella autoriza
en virtud de la función social del dere- cho de propiedad (art. 19 Nº 24 ii de
la CPR). Pero no se puede desconocer
que en él los desafíos son principal- mente de naturaleza política 25 y que, por consiguiente, exigen determinados
consensos sociales sobre qué es lo que
312 se desea proteger y preservar y sobre
la forma en que la acción del hombre
es compatible con esa preservación. El derrotero político de los próxi- mos años anuncia novedades en esta materia. El programa de la presidenta Michelle Bachelet recoge la necesidad de contar con una mayor equidad medioambiental, caracterizada por una protección e institucionalidad adecuadas a la promoción de un desarrollo sostenible en los ámbitos social, ambiental y económico 26 . En- tre las medidas concretas que ahí se proponen está la inclusión del carácter de las aguas como bienes nacionales de uso público en la nueva Constitu- ción Política (hoy sólo implícitamente
25 Véase, entre otros, canE (2000), p. 847; FEr­ nándEz (2004), pp. 49 y 62; pEñailillo (2006), p. 108 y, sobre todo, moro (1993). 26 bachElEt (2013), pp. 126-129.
reconocido en el art. 19 Nº 24 xi), la creación del Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas y la solución del
estatuto jurídico de la CONAF, que de-
biera queda subsumida en aquél (art.
8° transitorio de la ley Nº 20.417), así como el diseño de un régimen claro para los glaciares. Sólo cabe esperar que estas medidas de preservación del patrimonio ambiental se concreten en
el corto o mediano plazo.
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Dictamen Nº 7.932, de 8 de febrero de 2011.
contraloría gEnEral dE la rEpúbli­
ca, Dictamen Nº 72.109, de 7 de noviembre de 2011.
Dictamen Nº 34.429, de 18 de junio de 2013. SCS 19 de diciembre de 1985. RDJ. Nº 82, Santiago, 1985, ii, sec. 5ª = Fallos del Mes Nº 325, Santiago, 1985 =
MJJ5470.
SCS 2 de abril de 2013, rol Nº 4743-2011. SCS 18 de noviembre de 2013, rol Nº
5680-2012.
STC 1 de julio de 2008, rol Nº 1024-08.
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