Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500644.html
Timestamp: 2019-03-24 09:08:13+00:00

Document:
se201500644
SENTENCIA: 644/2015.
EXPEDIENTE Nº: 142/2011.
PARTES: SAMEX S.A. contra el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por SAMEX Sociedad Anónima contra el Ministerio de Minería y Metalurgia.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 134 a 1141, admisión de 6 de mayo de 2011 de fs. 151, contestación de fs. 343 a 348, la réplica de fs. 356 a 357 vta. y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: SAMEX Sociedad Anónima (SAMEX S.A.) legalmente representada por su Gerente Lorena Fernández Salinas, interpone la demanda manifestando que:
El 24 de marzo de 1995, suscribió con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) un contrato de Asociación de Riesgo Compartido para la explotación, concentración, refinación y fundición sin reserva alguna de comercialización de los productos minerales, metales y subproductos contenidos que fuesen explotados de los yacimientos situados en las propiedades de COMIBOL de la concesión minera “Goya I” en su totalidad y parte de la concesión minera “Bonete”, contrato elevado a instrumento publico el 10 de mayo de 1995.
Emitida la Resolución de Directorio 1455 de 15 de octubre de 1998, COMIBOL aprobó los informes técnicos y jurídicos emitidos para que SAMEX S.A. pase a la segunda fase de exploración, en cuya labor se presentó Walter Huarachi Velez afirmando ser propietario de la concesión “Mercedes” que se encontraba en áreas que según el plano proporcionado por COMIBOL en su licitación correspondía a las concesiones “Goya I” y “Bonete”, amenazando con iniciar acciones legales y obligando a que la empresa abandone la zona, por lo que pidió explicaciones a COMIBOL exigiéndole que garantice la quieta y pacifica posesión sobre la áreas aportadas al riesgo compartido, que luego de reuniones sostenidas entre las partes contratantes, sostiene que mediante Nota TD Nº 0247/2001 de 13 de marzo de 2001, COMIBOL reconoció que se habrían presentado dificultades de carácter legal y que se estaban efectuando los pasos legales necesarios para sanear los enclaves presentados dentro de la concesión “Bonete” solicitando a SAMEX S.A. un compás de espera que les permita dar solución, advirtiendo la empresa ahora demandante que es claro que: 1) Existía un problema legal en cuanto a la definición del derecho de COMIBOL sobre las áreas aportadas al riesgo compartido y 2) Que SAMEX S.A. no podía seguir ejecutando el contrato en tanto no se aclare el derecho sobre las áreas.
Posteriormente por nota DISC 323/2006 de 27 de marzo, COMIBOL comunicó que las condiciones no estaban dadas para que SAMEX S.A. reinicie labores, razón por la que la empresa paralizó obras y que hasta la fecha no existe comunicación oficial expresa autorizando y solicitando el reinicio de labores ni que exista solución del indicado litigio. El 30 de julio de 2009 COMIBOL envió a SAMEX SA una nota de ejecución de rescisión unilateral del contrato de riesgo compartido que después de los recursos administrativos quedó sin efecto. Asimismo el 10 de mayo de 2010, COMIBOL notificó a SAMEX S.A. con la Resolución de Directorio 4332/2010 autorizando la recisión unilateral del contrato de riesgo compartido de acuerdo a la cláusula vigésima quinta parágrafos 25.1 y 25.1.2 del indicado contrato, en razón a que: 1) SAMEX S.A. habría incurrido en inobservancia de la cláusula séptima “Plazo del Periodo de exploración” y 2) Que Solamente cancelo $us 237.141,26 desde julio de 1995 hasta mayo de 1997 de acuerdo al informe técnico de 13 de diciembre de 2006, ejecutó 23 taladros de diamantina de los cuales 5 fueron realizados en “Goya 1”, 0 en “Bonete” y 18 en las concesiones privadas de “Candelaria” y “Mercedes” cumpliendo el 22% de taladros perforados en las concesiones otorgadas por COMIBOL, por otra parte la Consultora Coopers & Lybrands certificó que la inversión ejecutada por SAMEX S.A. alcanzo $us. 1.185,327 no obstante se habría incumplido la ejecución en vista de que SAMEX S.A. ejecutó el mayor porcentaje de taladros de diamantina en propiedades privadas no estipuladas en el contrato incumpliendo también la cláusula séptima.
Resolución contra la que asevera interpuso recurso de revocatoria, se emitió la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010, suscrita por el Presidente Ejecutivo de COMIBOL, confirmando la resolución recurrida, por ello la empresa al considerar que la parte considerativa de este fallo carece de fundamento, interpuso recurso jerárquico el cual por un lapsus calami afirma que consignó una fecha inexistente de la resolución recurrida, por lo que por memorial de 12 de enero de 2011; empero el Ministro de Minería por providencia de 10 de enero de 2011 indica que ya se había emitido la Resolución Ministerial 10 que recién le fue notificada el 14 de enero de 2011. Resolución de Recurso Jerárquico luego de realizar una serie de consideraciones sobre el fondo del asunto en el penúltimo párrafo del considerando citó su memorial de recurso jerárquico transcribiendo la fecha errada, advirtiendo que esa resolución ya fue revocada por tener vicios de nulidad y que SAMEX de forma equivocada solicita nuevamente su revocatoria y que al no haber sido impugnada la resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 quedó firme en todas sus partes y dispone confirmarla, sin ingresar al fondo del asunto. Aspecto que afirma transgredió los arts. 519 y 520 del Código Civil (CC) al soslayar el derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones reciprocas en los contratos con contraprestaciones exigibles, donde concurren la fuerza obligatoria y el principio de igualdad en los contratantes citando “S.A. Nº 105 de 14 de febrero de 1995 Sala Civil I GG. JJ. Nº 1801 página 145” (sic), que en el caso de autos al rescindir el contrato COMIBOL actuó a su libre arbitrio y la suspensión no fue atribuible a la empresa SAMEX S.A. no existiendo justificativo legal para la rescisión; afirmando que la Resolución Ministerial impugnada no ingresa al análisis del asunto aprovechando del error contenido en el memorial sobre la resolución objeto del recurso vulnerando los incs. c), d), y e) del art. 4 y los arts. 43 y 68 todos de la Ley 2341 y el inc. g) del art. 62 y art. 119 del Decreto Supremo 27113, al eludir el mandato de la ley de resolver el fondo, extrañando que no se le solicitó sea subsanado, no obstante que lo hizo de forma posterior no fue tomado en cuenta, omitiendo el principio de sometimiento a la ley, negando el debido proceso, además de no buscar la verdad material al no ingresar al fondo del recurso y va en contra de la confianza, lealtad y cooperación en las actuaciones de la administración, además de vulnerar el principio de buena fe a que están sujetos los servidores públicos, concluyendo que la resolución ministerial ahora impugnada se encuentra descalificada ante el incumplimiento de normas de carácter obligatorio y pide se declare probada la presente demanda disponiendo la revocatoria de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, se apersona José Antonio Pimentel Castillo en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia, quien contesta negativamente a la demanda, señalando que:
La demanda se refiere a que la Resolución Ministerial 10 de 10 de enero de 2011 no ingresa al fondo del proceso y que se transgredió los incs. c), d) y e) del art. 4 y los arts. 43 y 68 de la Ley 2341; más adelante bajo el título de que la Resolución Ministerial 10 de 10 de enero de 2011 resuelve el fondo del proceso, argumenta que se pretende de manera maliciosa confundir con una interpretación errónea de la resolución como si no hubiese pronunciamiento en el fondo, algo que afirma es falso; asimismo, citando el art. 124 del Decreto 27113 asevera que la resolución ministerial resolvió el fondo del proceso confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 emitida por COMIBOL, analizando los aspectos más relevantes y procede a transcribir las conclusiones contenidas en la resolución ministerial ahora impugnada, reiterando que analizó y resolvió el fondo del proceso confirmando la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 y que de lo contrario se hubiese desestimado, aceptado, convalidado el acto viciado o revocado total o parcialmente de conformidad a las formas de resolución, por lo que no es evidente la infracción del art. 68 de la Ley 2341 y lo que alude la parte demandante solo corresponde a un considerando que no incide en el fondo de la decisión y mal puede aducir que no fallo en el fondo del proceso, en cuyo caso afirma que la representante legal de SAMEX S.A. tenía la vía de la aclaración y enmienda de acuerdo a los arts. 36 del Reglamento al Procedimiento Administrativo Decreto Supremo 27113, lo cual no hizo uso la empresa SAMEX S.A. denotando dejadez en el proceso.
Adicionalmente previa cita de los arts. 519 y 520 del Código Civil (CC), aclara que la recisión unilateral del contrato está estipulado en el Testimonio 97 de 10 de mayo de 1995 (contrato principal de riesgo compartido) en la cláusula vigésima quinta numeral 25.1 numeral 25.1.2 que determina la rescisión unilateral del contrato, sobre la cual las partes han dado su consentimiento al firmar el contrato, el que asevera fue analizado y considerado en la resolución ahora impugnada, por cuanto esta recisión inicialmente fue determinada por COMIBOL por Resolución de Directorio 4332 de 27 de abril de 2010, informe jurídico DGM –INF-0193/2010 de 14 de abril de 2010 que establecen que el contrato de riesgo compartido del proyecto Bonete-Coya I suscrito entre COMIBOL y la empresa SAMEX S.A. fue incumplido por dicha empresa que incurrió en inobservancia de la cláusula séptima “Plazo del Periodo de Exploración”, correspondiendo dar aplicación a la cláusula vigésima quinta numeral 25.1 y numeral 25.1.2 y al amparo del art. 525 del CC la rescisión unilateral del contrato, en consecuencia advierte que COMIBOL ha rescindido el contrato en cumplimiento al contrato de riesgo compartido y dando aplicación al citado artículo.
De otro lado respecto a la resolución de contrato y recursos administrativos, señala que es un error atribuible a la negligencia de la recurrente, por cuanto mediante Resolución Ministerial 192 de 29 de diciembre de 2009 se resolvió dejar sin efecto la Resolución Administrativa RES-P-E 1340/2009 de 30 de agosto de 2009 emitida por COMIBOL dentro del Recurso de Revocatoria planteado por SAMEX S.A. con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la diligencia de notificación efectuada por carta DIJU-2382/2009 de 30 de julio de 2009, que subsanadas las observaciones por Resolución de Directorio 4332/2010 de 27 de abril de 2010 el Directorio de COMIBOL determinó nuevamente rescindir la relación contractual al amparo del art. 525 del CC en mérito a la cláusula vigésima quinta numeral 25.1 y numeral 25.2 del contrato, contra esta resolución la representante de SAMEX S.A. interpuso recurso de revocatoria por memorial de 14 de mayo de 2010 que carecía de la firma del interesado, error que no fue percatado en la Resolución Administrativa 10 de junio de 2010, que a su vez fue objeto de recurso jerárquico emitiéndose la Resolución Ministerial 111 de 16 de 10 de junio de 2010 que al evidenciar la infracción al procedimiento, revocó la Resolución Administrativa de 10 de junio de 2010.
Al respecto afirma que la negligencia data desde ésa fecha en que la representante de la empresa SAMEX S.A. omite firmar el recurso de revocatoria, lo cual fue reconocido por la recurrente por memorial de 8 de octubre de 2010 al indicar que subsana la omisión involuntaria en la que incurrió al no haber firmado el memorial de recurso de revocatoria, evidenciando que no llevaba eficientemente los intereses de la empresa que representa.
Posteriormente señala que subsanado el error, COMIBOL emitió la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 que confirma la Resolución de Directorio “433/2010” (sic) de rescisión de contrato; empero al plantear la representante de SAMEX S.A. recurso jerárquico en contra de la Resolución de 10 de junio de 2010 con base a los mismos fundamentos del memorial de 28 de junio de 2010 cambiando únicamente la fecha, sin alterar su petitorio, según los memoriales de 5 de octubre y 25 de junio de 2010, únicamente se procedió a cambiar la fecha siendo idénticos en lo demás; no obstante pretende tergiversar la verdad de los hechos como si el error fuese únicamente en el año, cuando en realidad interpuso recurso jerárquico en contra de una resolución, que ya había sido dejada sin efecto (Resolución Administrativa de 10 de junio de 2010) no así la que correspondía (Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010), negligencia atribuible a la representante legal de SAMEX que desde el 5 de noviembre de 2010 (fecha de presentación del recursos jerárquico) hasta el 10 de enero de 2011 en que se emite a Resolución Ministerial 10 (después de dos meses) no se apersonó al Ministerio de Minería y Metalurgia para averiguar y dar seguimiento al proceso administrativo, pudiendo percatarse de la existencia de sus errores, sin embargo luego de emitida la resolución, extemporáneamente pretendió subsanar el error que no incidió en el fondo del proceso.
Concluye afirmando que la recurrente no interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución de 25 de octubre de 2010, que la Resolución Ministerial 10 de 10 de enero de 2011 analizó y considero el fondo del proceso, pronunciándose en cada uno de los puntos sometidos a impugnación por las partes, sobretodo de la representante de la empresa SAMEX S.A., independientemente de que en todo el proceso se haya evidenciado falencias que fueron atribuibles a su negligencia e inobservancia, consecuentemente la Resolución Ministerial al analizar el fondo del proceso no vulneró el marco jurídico aplicable, las normas específicas que la sustentan, ni los procedimientos del régimen del procedimiento administrativo, no existiendo infracción a los arts. 4, 43 y 68 de la ley 234, ni a los arts. 62 y 119 del Decreto Supremo 27113, por lo que pide se declare improbada la demanda y se confirme la Resolución Ministerial 10 de 10 de enero de 2011.
En el caso de autos, la controversia radica en establecer si la Resolución Ministerial 10 de 10 de enero de 2011 ingresó o no al análisis de fondo del recurso jerárquico interpuesto o si soslayó su labor por el error de la recurrente en la cita de una fecha.
Para el análisis correspondiente de la controversia planteada se debe partir señalando que de la revisión de los antecedentes procesales acompañados se establece que por Resolución de Directorio General 4332/2010 de 27 de abril de 2010 (fs. 234 a 235 del segundo cuerpo del expediente), la COMIBOL autoriza la rescisión unilateral del contrato de riesgo compartido del proyecto Bonete – Goya I suscrito entre la Corporación Minera de Bolivia y la empresa SAMEX S.A. de acuerdo a la cláusula vigésimo quinta parágrafos 25.1 y 25.1.2 del indicado contrato en aplicación del art. 525 del CC, contra esta determinación SAMEX S.A. interpuso recurso de revocatoria presentado en 14 de mayo de 2010 (fs. 236 a 238 vta. del segundo cuerpo del expediente) memorial que lleva el sello de la abogada Lorena Fernández Salinas y manuscritamente indica: “y representante legal” (sic), sin que conste firma o rubrica alguna, emitiéndose la Resolución Administrativa de 10 de junio de 2010 (fs. 239 a 252 del segundo cuerpo del expediente) por el Presidente Ejecutivo de COMIBOL que resuelve confirmar la Resolución de Directorio General 4332/2010 de 27 de abril de 2010, contra esta determinación, SAMEX S.A. interpuso recurso jerárquico presentado el 28 de junio de 2010, pronunciándose la Resolución Ministerial 111 de 16 de septiembre de 2010 que revocó la Resolución Administrativa de 10 de junio de 2010 al encontrarse vicios de nulidad en el procedimiento extrañando la firma del interesado en el recurso planteado. Posteriormente la COMIBOL por Resolución Administrativa de 1 de octubre de 2010 (fs. 274 a 276 del segundo cuerpo del expediente) otorga un término perentorio de 24 horas a efectos de subsanar la omisión de firma de abogado bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado, el recurso la representante de SAMEX S.A. por memorial presentado el 8 de octubre de 2010, subsana la omisión involuntaria en la que incurrió al no haber firmado el memorial de representación de recurso de revocatoria en contra de la Resolución de Directorio general 4332/2010 de 27 de mayo de 2010 ratificando el contenido del mismo (fs. 277 del segundo cuerpo del expediente); consiguientemente, COMIBOL emite la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 (fs. 278 a 293 del segundo cuerpo del expediente) confirmando la Resolución de Directorio General 4332/2010 de 27 de abril de 2010 manteniéndose firme e incólume. SAMEX S.A. interpuso recurso jerárquico (fs. 294 a 297 vta. del segundo cuerpo del expediente) presentado el 5 de noviembre de 2010, que en su parte in fine bajo el epígrafe IV “recurso” indica que interpone Recurso Jerárquico contra “la Resolución Administrativa sin numero de 10 de junio de 1010” (sic).
El Ministro de Minería y Metalurgia mediante la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico 10 de 10 de enero de 2011 (fs. 304 a 313 del segundo cuerpo del expediente), confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010 emitida por el Presidente Ejecutivo de COMIBOL; expresando las razones por las cuales llegó a esa determinación, con base en a las conclusiones contenidas en el Séptimo Considerando que en síntesis señala las causales de rescisión unilateral de la Resolución de Directorio Nº 4332 de 27 de Abril de 2010, así como del informe jurídico DGM-INF-0193/2010 donde advierte que SAMEX incurrió en inobservancia de la Cláusula Séptima “Plazo del Periodo de exploración" y que debía aplicar la Cláusula Vigésima Quinta, Numeral 25.1 y Numeral 25.1.2 al amparo del art. 525 del Código Civil para determinar la rescisión unilateral del Contrato, evidenciando que se ha tomado la decisión de rescindir el contrato con la empresa SAMEX S.A. por Inobservancia de la Cláusula Séptima “Plazo del periodo de exploración”; asimismo, hace referencia a los pagos iniciales de exploraciones, concluyendo que la primera fase de exploración de 24 meses habría vencido aproximadamente el 11 de abril de 1997 y aproximadamente el 12 de abril de 1997, se habría ingresado a la segunda fase la misma que habría sido ampliada de 24 a 36 meses vale decir hasta el 11 de abril de 2000 aproximadamente, que la última fase correría a partir del 12 de abril del 2000 hasta el 11 de abril de 2001. Al respecto en la cláusula quinta del referido contrato modificatorio se menciona que hasta esa fecha SAMEX, ha cumplido con la inversión mínima comprometida en una suma que habría sobrepasado el monto estipulado para tal efecto en el apartado 9.1 del contrato principal de 10 de mayo de 1995, con todos los antecedentes mencionados, analiza que a partir del contrato principal suscrito, se advierte que SAMEX debía haber pagado en la primera fase que consta de 24 meses la suma total de $us. 57,186.
Asimismo con relación al incumplimiento de los pagos iniciales, señala que SAMEX S.A. tenía la obligación de efectuar el pago de $us. 41.186, sin embargo no cumplió con el pago de $us. 2000 mensuales que debió haber efectuado durante el segundo año, tal como lo estipula el inciso c) del punto 8.1 de la cláusula octava del contrato principal, es decir SAMEX debió haber efectuado este pago a partir del segundo año de la exploración; empero hasta el 29 de agosto de 2006 en que se emite el referido informe, se advierte el incumplimiento, que fue corroborado y confesado por la misma empresa en los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico, demostrando el incumplimiento de SAMEX también a la cláusula octava y vigésima quinta del contrato principal.
Con relación a la suspensión temporal a solicitud escrita de COMIBOL, concluye que se trataría de las concesiones mineras MERCEDES y PODEROSO y no así a las concesiones BONETE y GOYA I, no existiendo en esta última ningún conflicto legal ni impedimento para justificar la suspensión de actividades, tampoco se solicitó la paralización de operaciones, sino un compás de espera para solucionar el tema legal, en consecuencia advierte nuevamente que el incumplimiento fue ocasionado por la empresa SAMEX, por lo que no había ningún impedimento para la continuidad de las operaciones y en la segunda fase la labor fue paralizada por decisión unilateral de la referida empresa incurriendo claramente en contravención de las cláusulas del contrato. Concluyendo que la ejecución del proyecto SAMEX ha incumplido el contrato en cuanto se refiere a los trabajos efectuados al efectuar inversiones en otra área, más aun estas áreas se encuentran dentro de los 2 kilómetros del perímetro de la concesión y que los gastos administrativos son considerados dentro de la administración y riesgos propios de las operaciones tal como lo estipula la Cláusula décimo segunda del contrato principal, por lo que dichos gastos no pueden ser considerados como inversión, en consecuencia SAMEX no habría demostrado el motivo por el cual a la conclusión de la primera fase no haya entregado a COMIBOL informe de evaluación y los resultados y tampoco el motivo por el cual no ha hecho conocer el programa de actividades de la Segunda Fase.
Conclusiones arribadas en la resolución ahora impugnada donde se contempla que además de hacer una relación de lo acontecido, da respuesta al recurso jerárquico planteado por la ahora demandante, por consiguiente no es evidente lo aducido por la parte demandante que no haya ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Ahora bien, se debe tener presente que por una parte, es evidente que en un último párrafo de la Resolución ahora impugnada, se expone que mediante Resolución Ministerial 111 de 16 de septiembre de 2010, ya se atendió la petición efectuada por SAMEX al haberse revocado la Resolución de 10 de junio de 2010, afirmando que la empresa SAMEX de forma equivocada solicita nuevamente su revocatoria; error (cita de la fecha de la resolución impugnada) en el que incurrió la recurrente a momento de plantear su recurso jerárquico y que es plenamente reconocido en la demanda ahora en análisis.
No obstante de ello, no es menos evidente que ésta conclusión forma parte de otras justificaciones que conforman la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico 10 de 10 de enero de 2011, por las que el Ministro de Minería y Metalurgia adoptó la determinación de confirmar la resolución recurrida, tal cual como se detalla en su séptimo considerando ampliamente expuesto líneas arriba; en consecuencia no es evidente lo señalado por la parte demandante de que con esa única conclusión se emitió la Resolución Ministerial ahora impugnada.
Tampoco es evidente que a raíz de dicho entendimiento no se haya ingresado a deliberar el fondo del proceso; aspecto que contradictoriamente es expresamente reconocido y advertido por la parte demandante en su memorial de demanda al indicar: “en la referida Resolución Ministerial No. 10 que resuelve el Recurso Jerárquico se hace una serie de consideraciones sobre el fondo del asunto” (sic), no obstante confusamente plantea la presente demanda extrañando que la resolución ahora impugnada no ingresó al fondo; no obstante de este aspecto según se tiene señalado en el Considerando Séptimo de la Resolución Ministerial demandada, se encuentran las conclusiones arribadas en virtud del recurso jerárquico planteado, en consecuencia al haberse definido el fondo del asunto en trámite, con la confirmación de la Resolución Administrativa de 25 de octubre de 2010, no se ha vulnerado el art. 68 de la Ley 2341 como aduce la parte demandante.
Asimismo, al observar la parte demandante la aplicación del art. 43 de la Ley 2341 referido a la subsanación de defectos cuando la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos; así como de los arts. 62 (facultades y deberes de la autoridad administrativa) y 119 (falta de requisitos) del Decreto Supremo 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, la infracción de los principios generales de la Actividad Administrativa de sometimiento pleno a la ley, verdad material y buena fe, contemplados en los incs. c), d) y e) del art. 4 de la Ley 2341; el error incurrido por la parte ahora demandante, conforme se tiene señalado líneas arriba, no fue preponderante para la decisión que ahora busca sea dejada sin efecto a través de la presente demanda, por cuyas razones al no haberse demostrado que la resolución impugnada haya incurrido en la infracción de norma legal alguna, corresponde declarar improbada la demanda.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por SAMEX Sociedad Anónima contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la que impugna la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico 10 de 10 de enero de 2011 dictada por el Ministro de Minería y Metalurgia.
No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina al constituirse como primera relatora y ser disidente a la presente Sentencia.

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