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Timestamp: 2017-03-29 01:35:16+00:00

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La Comisión nacional del Mercado y la Competencia propone la supresión del incentivo a las distribuidoras por la reducción del fraude y otras medidas contra el fraude en el sector eléctrico - Lexology
La Comisión nacional del Mercado y la Competencia propone la supresión del incentivo a las distribuidoras por la reducción del fraude y otras medidas contra el fraude en el sector eléctrico
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone la aprobación de un real decreto de medidas contra el fraude eléctrico que incluya la supresión del incentivo a las distribuidoras de energía por la reducción del fraude previsto en el Real Decreto 1048/2013.
Análisis GA&P | Octubre 2015 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone la aprobación de un real decreto de medidas contra el fraude eléctrico en su Informe sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico1. Según tal propuesta, la futura norma debería homogeneizar los procedimientos en las diversas comunidades autónomas, definir los tipos de fraude y su distinción de las meras «anomalías», regular los procedimientos de detección y actuación ante el fraude y el sistema de reclamaciones para salvaguardar los derechos de los usuarios, y modificar el régimen de cobro y declaración de los importes correspondientes a efectos de las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico. En este contexto, la CNMC propone la supresión del incentivo a las distribuidoras de energía por la reducción del fraude previsto en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. En el informe comentado, la CNMC constata un incremento del fraude en el mercado eléctrico en los últimos años a la luz de la diferencia entre la energía producida en barras de central y la energía demandada por los consumidores. En particular, se observa un incremento significativo del porcentaje de pérdidas de las redes de distribución a partir del cierre correspondiente a noviembre del 2012. La CNMC considera que el origen de este incremento puede estar en la propia regulación del sector eléctrico, por lo que propone su modificación. 1. La regulación sectorial como origen del problema Según se proclama en su exposición de motivos, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, pretende reforzar los mecanismos de control del sistema por parte de las autoridades públicas en materia de inspección, registro de actividades y control del fraude. Por ello establece que la metodología de retribución de la actividad de distribución deberá incluir la remuneración de las funciones reguladas efectuadas por las empresas distribuidoras, así como los incentivos que La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia propone la supresión del incentivo a las distribuidoras por la reducción del fraude y otras medidas contra el fraude en el sector eléctrico Ana I. Mendoza Losana Profesora contratada doctora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha Departamento de Gestión de Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone la aprobación de un real decreto de medidas contra el fraude eléctrico que incluya la supresión del incentivo a las distribuidoras de energía por la reducción del fraude previsto en el Real Decreto 1048/2013. 1 Informe de 16 de julio del 2015, PDN/DE/001/2015, http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/150716_INF_PDN_ DE_001_15.pdf. Análisis GA&P | Octubre 2015 2 correspondan, que podrán tener signo positivo o negativo, para mejorar la calidad del suministro, reducir las pérdidas, luchar contra el fraude o aplicar innovaciones tecnológicas, entre otros objetivos. En este contexto, el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, introduce un nuevo incentivo a las empresas distribuidoras para lograr la disminución del fraude de energía, por ser estas empresas las titulares de las redes y las encargadas de la lectura (art. 40). El incentivo regulado en el artículo 40 del Real Decreto 1048/2013 se percibe el año n y está asociado al fraude detectado y puesto de manifiesto en los dos años anteriores (n–2), considerando fraude detectado a los efectos del citado incentivo aquel cuya existencia e importe hayan sido declarados por este concepto e ingresados en el sistema de liquidaciones en el año n–2. Cada empresa distribuidora percibirá en la retribución del año n el 20 % de los peajes declarados e ingresados en el sistema en concepto de peajes defraudados al sistema en el año n–2, si bien el incentivo a la reducción de fraude no podrá superar el 1,5 % de la retribución sin incentivos de dicho año de la empresa distribuidora correspondiente. En otros términos, el fraude detectado genera para las distribuidoras el derecho a percibir una retribución con cargo a los costes del sistema eléctrico. Ello significa que la energía defraudada no supone una disminución de los resultados de las empresas eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores que cumplen sus obligaciones pues, en último término, son ellos los que sufragan el coste de los efectos del fraude eléctrico. Además del incentivo a las distribuidoras, la CNMC constata otras carencias en la normativa del sector eléctrico. Así, en relación con la facturación de los importes no facturados en los supuestos de fraude, el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, establece que, de no existir criterio objetivo, la empresa distribuidora facturará un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer. Por su parte, el artículo 96 del citado real decreto establece los criterios para llevar a cabo facturaciones complementarias en caso de detectarse un funcionamiento incorrecto de los equipos de medida y control. Estas normas resultan imprecisas en algunos aspectos relacionados, entre otros, con los plazos y responsabilidades de los agentes que intervienen en el proceso de detección y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico. La CMNC pone de manifiesto la necesidad de fomentar una acción conjunta y armonizada por parte de las Administraciones para la lucha contra el fraude, dado que con la normativa actual existe disparidad de criterios a nivel autonómico y estatal respecto a las actuaciones llevadas a cabo. 2. Nuevas medidas contra el fraude En aras de proteger mejor a los consumidores no defraudadores, la CNMC propone la aprobación de una normativa que aclare los distintos aspectos relacionados con el fraude eléctrico y su tipología, así como el tratamiento y las actuaciones que se han de llevar a cabo, con objeto de dotar a los distribuidores de los instrumentos necesarios para combatirlo y garantizar los derechos de los consumidores, evitando así todo tipo de discrecionalidad por parte de las empresas distribuidoras o comercializadoras. Se recomienda una modificación de la normativa del sector eléctrico y en particular, la supresión del incentivo a las distribuidoras por la reducción del fraude. Se exponen a continuación algunas de las medidas más significativas de la propuesta de la CNMC: 1.ª) Definición del fraude y sus tipos. La norma propuesta por la CNMC define el fraude eléctrico como la utilización de la energía eléctrica ajena sin el consentimiento de su titular por alguno de los medios indicados en la norma, la cual distingue dos tipos diferentes de fraude eléctrico: actuaciones que inciden sobre las redes y actuaciones sobre Análisis GA&P | Octubre 2015 3 los equipos de medida. A su vez, estas actuaciones presentan variantes que la norma debe detallar (enganches directos mediante conexiones no controladas a la red de distribución sin contrato de suministro o mediante conexiones a las instalaciones de enlace de otro usuario que tenga suscrito contrato, derivación en la instalación de un cliente sin pasar por el equipo de medida, realización de puentes, falseo de indicaciones o mecanismos, modificación de alarmas…). Se distinguen del «fraude» las calificadas de meras «anomalías» (p. ej., ausencia de lectura por la imposibilidad de acceder al punto de suministro en horas hábiles, aplicación de cualquier modalidad de autoconsumo en una instalación sin estar debidamente inscrita en el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica…). El procedimiento de actuación y las consecuencias jurídicas y económicas difieren en uno y otro caso. 2.ª) Regulación del procedimien to de detección del fraude. El procedimiento propuesto por la CNMC incluye ciertas garantías con el propósito de salvaguardar los derechos de los usuarios: a) Obligación de las distribuidoras de presentar planes de verificación del fraude y de informar a la Administración de los fraudes detectados. La propuesta de la CNMC prevé obligar a las empresas distribuidoras a presentar anualmente, antes del 1 de diciembre, a las comunidades autónomas donde se ubiquen los distintos puntos de suministro, a la Dirección General de Política Energé- tica y Minas y a la CNMC unos planes de verificación para la detección del fraude eléctrico y, antes del1de marzo de cada año, un informe de resultados de los planes de verificación de fraude ejecutados en el año anterior. b) Verificadores de fraude profesionales acreditados. Se propone que las verificaciones sean efectuadas, bien por personal propio de la empresa distribuidora, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bien a través de los Organismos de Control Autorizado (OCA) contratados por las empresas distribuidoras a tales efectos. En todos los casos, la acreditación será nominal para el trabajador, que tendrá la condición expresa de verificador de fraude. Independientemente de la comunidad autónoma en la que se expida la acreditación, ésta les permitirá actuar en todo el territorio nacional con una vigencia cuatrienal. c) Acta de verificación del fraude. Se define el acta de verificación de fraude como el documento que se levante una vez detectada una situación de fraude, que deberá estar firmado por el verificador de fraude y, en su caso, por el resto del personal presente durante la verificación y ser entregado al titular del punto de suministro o usuario de la energía acompañado de la información complementaria especificada en la norma (fotografías tomadas en los términos detallados por la norma en las que deberán figurar sobreimpresionadas la fecha y hora en las que fueron tomadas, históricos de lecturas registradas y consumos facturados, estimación de la energía y/o potencia defraudada, facturas proforma correspondientes a las cantidades defraudadas e información sobre los plazos y tipos de reclamación). Entre otras circunstancias (datos del punto de suministro, si la verificación está o no incluida en el plan de verificaciones y, en su caso, motivo de la verificación…), el acta deberá Análisis GA&P | Octubre 2015 4 indicar el lugar en el que se deposite el equipo de medida si éste es retirado, a efectos de que se pueda solicitar, en su caso, su verificación. El equipo retirado deberá mantenerse disponible al menos hasta el cierre del expediente de fraude o reclamación administrativa. El comercializador correspondiente remitirá fehacientemente al consumidor, en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción del acta de verificación de fraude eléctrico, la citada acta junto con la información complementaria y la factura proforma correspondiente a las cantidades defraudadas; las enviará a la dirección que conste a efectos de comunicación por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el consumidor, quedando la empresa comercializadora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación, se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por cumplido el trámite. d) Apertura de un expediente de verificación del fraude sometido al control de la Administración. Se recomienda obligar a las distribuidoras a abrir un expediente para cada una de las actuaciones previstas en los planes de verificación de fraude, así como para las que se realicen al margen de éstos, independientemente de que tales actuaciones deriven o no en la detección de fraude. El expediente, cuya apertura se comunicará a la Administración competente de la comunidad autónoma, debe contener todos los documentos que sirvan de antecedente y fundamento a cada una de las actuaciones llevadas a cabo y se completará con todos los documentos, pruebas, notificaciones y demás diligencias que se vayan generando. Durante un plazo de al menos cuatro años, dicha información deberá estar a disposición de las comunidades autónomas, de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando éstas la requieran para el ejercicio de sus funciones. Fijada por la empresa distribuidora la fecha exacta de la verificación de fraude, ésta deberá ponerse en conocimiento del órgano competente de la comunidad autónoma con una antelación mínima de una semana al objeto de que, en su caso, pueda asistir a ella personal de la citada Administración. e) Regulación del procedimiento de actuación ante la detección del fraude y en particular, del sistema de reclamaciones. La CNMC recomienda la regulación del procedimiento de actuación por el comercializador o el distribuidor, una vez detectado el fraude, haciendo especial hincapié en el sistema de reclamaciones contra la detección del fraude y la facturación asociada. Destaca la identificación del destinatario de la reclamación (la empresa distribuidora en caso de usuarios sin contrato o consumidores directos en el mercado, o el comercializador correspondiente en los demás casos); la posibilidad del usuario de presentar reclamación ante el órgano competente de la comunidad autónoma (no define si debe ser el órgano competente en consumo o en energía, aunque todo parece indicar que el regulador se refiere a este último); la eficacia suspensiva de la reclamación que obliga a paralizar cualquier proceso de cobro, suspensión del suministro o baja del contrato por causa de fraude eléctrico si no se produjo la desconexión de forma inmediata a su detección, o la regulación del procedimiento de suspensión o interrupción del suministro. Análisis GA&P | Octubre 2015 5 Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York f) Resolución del contrato con el comercializador en el mercado libre y traspaso al comercializador de referencia. En caso de que el consumidor estuviera siendo suministrado por un comercializador distinto al de referencia, se prevé la posibilidad de que dicho comercializador pueda proceder a la resolución del contrato, si así lo tuviera recogido en él. En ese caso, la empresa distribuidora debería realizar el traspaso del consumidor al oportuno comercializador de referencia, el cual asumirá la obligación de recaudar la deuda correspondiente a las cantidades defraudadas. g) Método de cálculo de las cantidades defraudadas. Además de tratar la suspensión del suministro y su reconexión, la CNMC considera necesario establecer el modo de realizar el cálculo de las cantidades defraudadas, especificando los criterios que debe seguir la empresa distribuidora para determinar la energía y, en su caso, la potencia defraudadas durante el periodo de tiempo en que se pueda acreditar la situación de fraude. Respecto a este periodo de tiempo, se propone que sea de tres años. El objetivo es que el método entrañe un riesgo económico significativo que desincentive el fraude. h) Liquidación de los costes a las distribuidoras. La CNMC propone regular también la liquidación de los ingresos y de la medida. Se trata de establecer las condiciones para la emisión de facturas de peajes por parte de las empresas distribuidoras o comercializadoras, así como prever los plazos y condiciones de abono de los importes correspondientes y su declaración a efectos de las liquidaciones de las actividades reguladas en el Real Decreto 2017/1997. La CNMC propone la supresión del incentivo a las distribuidoras de energía por la reducción del fraude previsto en el artículo 40 del Real Decreto 1048/2013 y que, para lograr el incentivo (bonificación o penalización) para la reducción de pérdidas establecido en el capítulo IX del citado real decreto, la energía facturada en concepto de fraude tenga efectos en el ejercicio en que sea declarada.

References: real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 87
 Real Decreto 
 artículo 96
 real decreto 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 40
 Real Decreto