Source: https://www.todolex.cl/2011/05/interpretacion-de-la-ley.html
Timestamp: 2020-08-08 11:50:23+00:00

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Interpretación de la Ley. Aprende de forma fácil los sistemas, clases, elementos y criterios de interpretación de las normas jurídicas.
Acerca de la interpretación de la ley
Criterios y elementos de interpretación en nuestro ordenamiento jurídico
Elementos de la interpretación
Reglas auxiliares de la interpretación
Analogía jurídica
Conflicto de normas o la colusión jurídica
Acerca de la interpretación de la ley.
Interpretar es una voz derivada del latín, interpretari, de interpreto, derivada a su vez de ínter-proesum, significa estar presente o servir de mediador entre dos. Según su sentido etimológico interpretar, es encontrar la explicación, declaración o determinación del sentido de una ley, de un contrato o de una sentencia, cuando aparece oscura u ofrece alguna duda, en su aplicación.
Puede ser objeto de interpretación, entonces, una ley, un contrato, una sentencia, pero también un testamento, una lengua, etc.
Nosotros nos limitaremos en esta clase a estudiar la interpretación de la ley.
De Diego nos dice que interpretar es la investigación dirigida a adquirir el sentido y alcance de la norma jurídica.
En nuestra doctrina nacional, particularmente Alessandri. Somarriva y Vodanovic, entienden por interpretar la ley “la determinación de su significado, alcance, sentido o valor en general frente a las situaciones jurídicas concretas a que dicha ley debe aplicarse”.
Carlos Ducci nos dice que “la interpretación de la ley consiste en lijar su verdadero sentido y alcance, pero además, incluye el conjunto de actividades indispensable para aplicar el derecho”.
De ahí que la interpretación de la ley tenga dos elementos:
Uno abstracto, que es la interpretación propiamente tal y radica en fijar el sentido de la ley; y uno concreto, que es la aplicación, que consiste en adaptar la ley al hecho concreto.
Para nosotros, interpretar la ley es un proceso intelectual complejo, que parte de una determinación del sentido y alcance de la norma, en cuya virtud se encuadran los términos de la abstracción normativa, para ver enseguida si corresponde o no aplicarla al caso concreto. En esta tarea, el juez debe determinar si calza la hipótesis del caso abstracto y general al hecho concreto y particular.
De ahí que no siempre sea la norma confusa o contradictoria la que siempre corresponde interpretar, la ley clara también es objeto de interpretación no sólo en caso de las lagunas o vacíos o dudas o contradicciones.
Pues cuando el juez estima la adecuación del caso a la norma, esta estimación será correspondiente o no a la que hagan las partes, que pueden abstraer de otra manera la norma general al caso concreto.
La hermenéutica: “Es el arte de interpretar los textos”.
Sistemas de interpretación. (teorías o escuelas de la interpretación de la ley)
La “Hermenéutica legal” es el arte de interpretar los textos legales y constituye aquel conjunto, formas y métodos para realizar la interpretación.
Cuando estos principios están establecidos por el legislador, tenemos el sistema de interpretación reglado (el legislador señala cuáles son las pautas al juez para resolver; establece los criterios de interpretación).
En el sistema de interpretación no reglado, aquí las pautas no se encuentran establecidas por el legislador (este sistema deja todo al arbitrio del juez y podrían producirse más fácilmente arbitrariedades).
Nuestro Código, a diferencia del Código Civil francés, establece normas aplicables a la interpretación de la ley en los artículos 19 al 24 y en otras disposiciones como los artículos 3°, 4°, 11 y 13.
Las preguntas que buscan saber cuál es el sentido de la ley y a quién corresponde determinar este sentido han planteado diferentes soluciones:
Teoría legalista o legislativa.
Teoría de la exégesis.
Teoría de la Escuela de Derecho histórico.
Teoría de la Escuela de Derecho libre.
Teoría teleológica.
Teoría del Derecho puro.
Teoría legalista o legislativa o Escuela de la exégesis
Los seguidores de la Escuela de la exégesis rechazan absolutamente la interpretación de todo aquel que no sea el legislador. Para esta teoría, "la ley debe ser interpretada por el Poder Legislativo”.
Esta teoría encuentra su origen en el Derecho Romano, cuando algunos emperadores delegaron esta facultad en determinadas personas, hasta que Justiniano recabó para sí dichas facultades interpretativas. En España, la novísima recopilación, el ordenamiento de Alcalá, el Código de las siete Partidas contenían referencias a este tipo de interpretación.
Lista teoría tiene su máximo apogeo con el absolutismo en el siglo XVlll, con la dictación del Código de Napoleón.
Se basa en la existencia de la separación de los poderes, el Poder Legislativo dicta e interpreta la ley, el Ejecutivo y el Judicial la aplican, no la comentan ni la interpretan.
Luego, fue desarrollada en el siglo XIX, por los grandes comentaristas del Código de Napoleón, como Duranton, Aubry et Rau, Demolombe, Troplong, Laurent, etc., que formaron lo que se ha llamado “la Escuela de la exégesis”.
Se caracteriza por el culto del texto de la ley, el predominio de la búsqueda de la intención del legislador en la interpretación del texto de la ley. Para ellos, el legislador es omnipotente e infalible, y la ley es la única fuente de las decisiones jurídicas, por ello, desarrollan un respeto sacramental por las autoridades y los precedentes.
En síntesis, interpretar consiste en buscar cuál es la voluntad del legislador a través de la letra de la ley. De ahí que el exegeta investiga, paso a paso, el texto legal. Interpretar se reduce a la explicación o interpretación doctrinal, histórica y filosófica de los textos.
Los principios de la Escuela de la exégesis.
Hay un culto al texto de la ley.
Hay un predominio de la voluntad del legislador por sobre el alcance de la ley.
Hay una omnipotencia del legislador (es el único quien interpreta la ley y resuelve los conflictos que surgen).
Esto lleva a la plenitud hermética de la ley; la ley soluciona todos los conflictos que se presentan.
Se le critica fuertemente, pues impide toda evolución y progreso del Derecho. Impide que el derecho, a través de una interpretación progresiva, pueda adaptarse a la evolución de los tiempos y a los cambios sociales.
Escuela científica o teoría de la libre investigación científica.
Es una reacción a la anterior escuela tradicionalista o de la exégesis. Tiene su origen en el tratadista Francois Geny.
Esta doctrina postula un método libre para llegar no sólo a las fuentes formales de las reglas de derecho, que son la costumbre y la ley, sino a las fuentes reales de dichas normas. Estas fuentes reales están constituidas por un elemento racional, que es la noción de Derecho, y un elemento experimental, que es la aspiración del Derecho a la armonía colectiva que existe en el medio social.
Cuando hay dudas sobre el sentido de la ley y del texto se consideran para la interpretación el precepto y el fin social de la ley.
Escuela histórica del Derecho.
Tuvo sus orígenes con el autor alemán Hugo, pero conoce su máxima expresión con Federico Carlos von Savigny, quien postula que: “el derecho no es sólo obra de la razón, sino que es mucho más que eso; es una expresión del espíritu popular del pueblo”.
Hay otras formas de manifestación del Derecho, y no sólo la razón, como puede ser el Derecho como objeto de estudio, etc.
Postulados y aportes a la doctrina por Savigny.
La interpretación no necesariamente está unida a disposiciones oscuras o contradictorias; la interpretación hay que hacerla siempre.
Descubre cuatro elementos para auxiliar al juez:
Elemento gramatical.
Elemento lógico.
Elemento sistemático.
Elemento histórico.
La utilización de la analogía jurídica como elemento de integración para llenar los vacíos legales, nos da cuenta de la fuerza orgánica de] Derecho positivo (plantea la analogía jurídica como método de integración del Derecho).
Escuela del Derecho libre.
Obra de Germán Kantorowicz, surge como una reacción directa a la “Plenitud hermética de la ley”. Coloca al juez en una función mucho más protagónica, a éste le toca una función más creadora del Derecho, al momento de realizar la interpretación del Derecho. El juez se transforma en protagonista.
Él sostiene que, frente al derecho estatal, hay un derecho libre, que pueden o no coincidir, la jurisprudencia no puede basarse exclusivamente en el derecho estatal y si la ciencia del Derecho posee fuerza creadora, la jurisprudencia no será nunca mera servidora de la ley.
Se le critica señalando que esta doctrina destruye la certeza creadora del Derecho.
La aplicación del Derecho ya no es un proceso intelectual, sino un proceso de intuición jurídica (así fallará el juez).
Podrá considerar la ley (esta es una opinión), pero puede o no aplicarla el juez (no es una obligación para este).
Escuela teleológica.
Es autoría de Tomás Ihering. Busca esta teoría llegar a la finalidad de la ley, ya que, según el autor, el fin es el creador de todo Derecho.
Se desarrolla io que se conoce como “jurisprudencia de intereses”, según la cual el intérprete debe decidir el conflicto de intereses, dando preeminencia a los que han sido preferidos por el legislador.
Su autor nos es conocido: Hans Kelsen. Según ella, todo derecho deriva de la voluntad del Estado y no hay más derecho que el Derecho positivo. Los ideales jurídicos pertenecen a la moral, pero no a la jurisprudencia. Propugna la jerarquización de las normas jurídicas. De ahí que cuando, por indeterminación de la norma o por no existir una única determinación correcta, el juez debe optar, puede hacerlo libremente dentro del margen de posibilidades que le brinda la ley, sin necesidad de recurrir a ningún criterio director.
Clases de interpretación.
Según de la persona de quien emane.
Según que la interpretación emane de la propia autoridad que la dictó o de la doctrina, podemos clasificar, primeramente, la interpretación legal como:
1. Interpretación doctrinal o privada.
2. Interpretación de autoridad o auténtica; que puede ser, a su vez:
Interpretación emanada del legislador.
Interpretación judicial o emanada del juez.
Interpretación emanada de otras autoridades.
Interpretación doctrinal o privada.
Es aquella que es realizada por los especialistas en el Derecho, abogados, académicos, juristas, y tratadistas. Ella no está sujeta a reglas de ninguna especie. es efectuada, por lo tanto, de manera absolutamente libre o no reglada.
Regularmente, la encontramos en la cátedra de Derecho, en libros de Derecho de los tratadistas. El producto de esta interpretación privada se denomina doctrina, bien que el término doctrina se refiera a la opinión, estudio e investigación de instituciones de Derecho en general y no sólo a la interpretación de la ley.
Esta interpretación doctrinal o privada, no tiene fuerza obligatoria, su influencia va a tener validez en base al peso académico, al prestigio de su autor, pero también, a la pertinencia del comentario jurídico, aun sin una base de prestigio académico previo.
Interpretación auténtica.
Es, en general, la que emana de la propia autoridad que dictó la norma. No sólo, entonces, es la que emana del legislador, pues un juez puede interpretar su sentencia y esa interpretación es también una interpretación auténtica, Eas demás autoridades administrativas pueden interpretar sus actos administrativos y también cae esta interpretación dentro de la interpretación auténtica.
Veamos las tres clases de interpretación auténtica.
Interpretación legal.
Es aquella que realiza el legislador a través de otra ley.
El artículo 3°, inciso 1°, establece que: “Sólo toca al legislador interpretar o explicar la ley de un modo generalmente obligatorio”.
La interpretación legal se realiza a través de otra ley, y por lo tanto, tiene fuerza general obligatoria.
El artículo 9°, inciso 2°, señala los alcances de la ley interpretativa, pues en cuanto dispone que la ley interpretativa se va a incorporar a la ley interpretada, por ello tiene efecto retroactivo, por cuanto al incorporarse a la ley interpretada regirá todas las situaciones ocurridas con anterioridad a la dictación de la ley interpretativa, con la limitación ya estudiada que si en el tiempo intermedio se dicta una sentencia quedando ésta ejecutoriada, no alertará sus efectos.
Las leyes, en general, van precedidas de una exposición de motivos que, del mismo modo que un preámbulo constitucional o contractual, servirá de base para fijar el objetivo de la ley, los motivos que causaron la legislación, en fin, los antecedentes que deberán tomarse en cuenta al momento de interpretarse sus disposiciones.
Se dice, no sin razón, que es impropio denominar interpretación auténtica a este tipo de leves interpretativas, pues la declaración de Derecho hecha por el propio legislador es, por su propia naturaleza, una ley y no hay que calificar de interpretación lo que tiene su propio nombre, ya que los preceptos en que el legislador aclare el sentido de leyes que hayan sido dictadas con anterioridad constituirá una clase especial de ellas, pero no una propia y verdadera interpretación.
Se considera también interpretación auténtica, la que realiza el juez de su propia sentencia, a través del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, por cuya virtud el mismo sentenciador interpreta su resolución aclarándola, rectificándola o enmendándola, si es necesario.
Pero no debemos confundir esta interpretación auténtica que hace el juez de su propia sentencia con la interpretación que hace el juez de la ley, esta interpretación llamada comúnmente jurisprudencia, la estudiaremos a continuación.
Interpretación judicial.
Es aquella interpretación de la ley que realiza el juez a través de sus sentencias judiciales.
Esta interpretación judicial no tiene fuerza obligatoria, sino para las panes que en el juicio específico intervienen, es lo que se conoce como efecto relativo de las sentencias.
Dispone, en efecto, el artículo 3°, inc. 2°: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.
Esta interpretación es absolutamente reglada. Las disposiciones contenidas en los artículos 19 al 24 y los demás artículos pertinentes que complementan este proceso interpretativo, son una muestra de que estas reglas obligan al juez.
Interpretación administrativa.
Es aquella que es realizada por determinados órganos de la administración pública en el ejercicio de su función fiscalizadora.
Ejemplo: la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos (SU), la Inspección del Trabajo.
Tampoco tienen fuerza obligatoria para los tribunales; pero, sin duda, la especificidad de las materias sobre las que versa su interpretación representa una opinión no descartable, sobre todo para el juez generalista.
De acuerdo al resultado de la interpretación.
Interpretación Declarativa
Es declarativa la que se hace estando acorde la letra y el espíritu o intención del legislador y sin que, como resultado de la misma, se dé preponderancia a una u otro.
En otras palabras, es aquella en que la letra de la ley coincide perfectamente con la voluntad del legislador. Se ejemplifica con el artículo 74 del Código civil.
Interpretación Restrictiva.
La interpretación restrictiva es aquella en donde se da una preponderancia al sentido estricto de la letra sobre el que pudiera significar su intención.
En otras palabras, la voluntad del legislador alcanza a un menor número de casos que la letra de la ley. Lo que quiso decir el legislador es menos de lo que se encuentra en el texto de la ley, por ello hay que aplicar estrictamente el texto de la ley.
Ej.: piénsese en la norma que prohíbe escupir en la vía pública u orinar en la vía pública. Un señor se trapica o atora con un pan y las convulsiones que le producen lo hacen escupir en el suelo. El de otro señor que sufre incontinencia urinaria y orina sin poder controlarlo en la vía pública. Ed juez debería interpretar la norma restrictivamente, pues el bien que se quiere proteger es la correcta conducta ciudadana y los atentados a la moral.
Interpretación Extensiva.
Es aquella que consiste en extender el texto legal a supuestos comprendidos en su verdadero sentido, por encima del que la letra revela.
Es decir, interpretando extensivamente una ley, la voluntad del legislador alcanza a un mayor número de casos que el que señala su letra.
Piénsese el caso de una ley que prohíba copiar en los exámenes de Derecho. Dicha norma establece que será considerada copia el solo hecho de mirar el material de estudio propio o ajeno o el contenido de la respuesta del compañero, aun cuando no se utilice esa información. El profesor se da cuenta de que un alumno está escuchando por teléfono una respuesta, mientras otro está escuchando el contenido del curso en su VIP3. Aquí, el juez debe interpretar extensivamente la norma y aplicarla a esos casos, pues el objetivo o fin de la norma era evitar el fraude en los exámenes y si mirar la respuesta ya constituye fraude, escucharla, con mayor razón.
Criterios y elementos de interpretación en nuestro ordenamiento jurídico.
Filos están consagrados en los artículos 19 al 24 del Código civil.
Los criterios de interpretación que priman son dos:
Subjetivo o histórico: Trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.
Objetivo o normativo: Pretende que la ley tiene una significación propia, independiente del pensamiento de sus autores.
El primer criterio ha sido largamente criticado por dos razones, primeramente, por la imposibilidad de determinar una voluntad subjetiva del legislador. En seguida porque, si ello fuera posible, conduciría al inmovilismo jurídico. Finalmente, por cuanto la ley es la voluntad del Estado, no de los que participaron en su elaboración.
El Código civil es claro en cuanto a que privilegia el criterio objetivo. Lo curioso está en que la mayoría de los autores y profesores civilistas buscan siempre la voluntad del creador del Código civil cuando interpretan sus textos, lo que va en franca oposición a las propias directivas que éste dio para su interpretación.
Elementos de la interpretación.
Se presentan los mismos cuatro elementos de Savigny: el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico, a los que se suman los del artículo 24, que son el espíritu general de la legislación y la equidad natural.
Elemento gramatical
Según Ducci, este elemento implica el análisis de la semántica y de la sintaxis del precepto legal. Fn otros términos, consiste en determinar cuál es el sentido contenido en la formulación gramatical o verbal empleada por el texto de la ley.
Así lo señala claramente el artículo 19: '"Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu’'.
Los artículos 20 y 21 nos permiten entender qué sentido darles a las palabras de la ley.
La regla general se encuentra en la primera idea del artículo 20: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras...”.
Durante mucho tiempo, los tribunales estimaron que el sentido natural y obvio era el que le fija nuestro diccionario de la lengua, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Hoy, a pesar de los esfuerzos de la Real Academia Española de la Lengua por incorporar términos propios de los particularismos de cada país, se piensa que el sentido natural y obvio de las palabras es el que se encuentra en el uso corriente que se les da a las palabras en la comunidad o medio en el que se las emplea.
Ello se encuentra, además, en concordancia con el propio Código, véase por ejemplo el artículo 51 que alude “al sentido general y popular…”
Hay, sin embargo, dos excepciones a esta regla general, contenidas en el mismo Código:
1°. El Contenida en el mismo artículo 20, en su segunda parte: “... pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”.
Sabemos que dentro del título preliminar, la ley ha dado a ciertas palabras un significado distinto al de su uso corriente. Piénsese en la voz “infante o niño”, que la ley se la atribuye al o a la menor de 7 años (artículo 26), en circunstancias que otras ciencias pueden considerar niño o infante a un mayor de 7. La cultura popular no sigue en ese sentido al legislador.
2°. Contenida en el artículo 21: “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso".
Ducci nos dice que consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean contradictorias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio.
Este elemento busca, en definitiva, determinar cuál es el propósito perseguido por el legislador, cuál es la razón de la ley, por eso que algunos autores hablan de la ratio legis.
Algunos también la llaman la ocassio legis: Las circunstancias particulares que han rodeado la dictación de la ley (se ve en el elemento histórico).
El elemento lógico lo encontramos en dos disposiciones:
1°. El artículo 19, inciso 2° (excluyéndose la parte final), cuyo tenor nos dice: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma…”.
Nos dice esta norma que el contexto de la ley nos servirá para fijar el sentido de cada una de sus partes.
El término contexto se define como el conjunto del texto, lo que rodea una frase citada y del que depende su verdadera significación, sin embargo, hay que tomarlo aquí como el conjunto de la ley en el cual se encuentra inserto el texto materia de interpretación.
De ahí que la segunda disposición lo diga expresamente.
2°. El artículo 22 inciso 1° conocido como “la regla de contexto”: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.
Podemos decir que hay dos objetos que pretende alcanzar este elemento histórico, primeramente la indagación del Estado de Derecho existente al momento de la dictación de la ley, aunque, en segundo lugar y más particularmente, lo que busca es indagar cuáles son los antecedentes históricos de la ley.
Los antecedentes históricos de la formación de la ley son fundamentales. Determinar a quién correspondió la iniciativa, si al Presidente o a un Parlamentario y a qué bancada pertenecía éste, sobre todo, el examen de las actas de las comisiones, donde se encuentran las discusiones, las opiniones de expertos que se consultaron, son los conocidos informes en derecho, etc.
Todos estos antecedentes constituyen lo que se llama el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, al que se refiere el Código en la parte final del artículo 19, inciso 2°: “...pero bien se puede interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”.
Hay que tener bien en claro que la historia fidedigna se utiliza aquí, de partida, con carácter supletorio, enseguida, sólo para fijar la intención intrínseca o el espíritu intrínseco de la ley y no para buscar una supuesta voluntad del legislador.
En el elemento sistemático la correspondencia de la legislación se busca más allá de la propia ley interpretada, como nos dice don Carlos Ducci, analizando otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. De este modo, la extensión del elemento sistemático en nuestra interpretación nos puede llevar al análisis de los principios generales de la legislación.
En otros términos, este elemento sistemático se basa en la adecuada relación y armonía que debe existir entre las distintas normas jurídicas y las distintas instituciones jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico. Sabemos ya que el ordenamiento jurídico hay que considerarlo como un sistema donde las distintas normas se relacionan entre sí.
La disposición que contiene este elemento sistemático está, principalmente. en el artículo 22, inc. 2°: “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.
También, el artículo 24 habla del elemento sistemático, ya lo decíamos cuando éste se hace extensivo al principio general de la legislación y la equidad natural (ambos deben ser usados en conjunto).
Además de estos elementos, ciertas reglas que pueden ser de ayuda para el juez en su interpretación.
Reglas auxiliares de la interpretación.
1°. Principio de la especialidad.
“La norma especial prevalece por sobre la general”.
Ej.: una norma especial del Código de Minería, prevalecerá por sobre una norma del Código civil.
Este principio se encuentra en el artículo 4°: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, dei Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código”.
También hace mención a este principio el artículo 13 del Código civil: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición”.
2°. Principio de lo favorable u odioso de una disposición de la ley.
El artículo 23 lo contiene, al señalar que: “Lo favorable u odioso de una disposición no se tornará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes”.
3°. Principio de la analogía jurídica o argumento a simili.
Puede ser utilizada tanto para interpretar como para integrar la norma jurídica. Esto lo veremos más adelante en detalle.
4°. Elemento a fortiori.
“Consiste en extender la aplicación de ley a un caso no previsto por ella, cuando existen poderosas razones para aplicarla".
Tiene su fundamento en dos aforismos:
I. Quien puede lo más, puede lo menos, se le conoce como argumento a maiore ad minus.
II. A quien se le está prohibido lo menos, con mayor razón se le prohíbe lo más, conocido como argumento a maiore ad maius.
Ejemplo: Quien no puede arrendar, con mayor razón no puede vender.
5°. Argumento de no distinción o a generali sensu.
“Donde la ley no distingue, no le cabe al intérprete distinguir”.
6°. Argumento del absurdo.
“Ninguna interpretación debe llevar a soluciones absurdas".
7°. Argumento de la autoridad o ab auctoritate.
“Consiste en invocar la opinión de tratadistas”.
8°. Argumento a contrario sensu.
Incluida una cosa se entienden excluidas las demás.
Cuando hablamos de laguna estamos usando una metáfora para explicar un vacío legal, una insuficiencia de tratamiento no remediada dentro del todo, dentro del cuerpo de ley en cuestión. Se dice, erróneamente por algunos, que es una insuficiencia dentro del ordenamiento jurídico, aun cuando nosotros sabemos que ello atenta contra el principio de la plenitud del ordenamiento jurídico.
De ahí que haya una diferencia conceptual entre dos tipos de lagunas:
Laguna legal: es el vacío o insuficiencia dentro de la legislación, es decir, en una de las fuentes formales del Derecho.
Laguna del Derecho: son inexistentes. No hay posibilidad de vacíos en el ordenamiento jurídico, ya que éste, el Derecho, debe tener siempre la solución y satisfacer todas las necesidades jurídicas.
El juez frente a este problema (laguna legal), recurre a la integración del Derecho.
Analogía jurídica.
Decíamos que puede ser utilizada tanto para interpretar como para integrar la norma jurídica.
La analogía como interpretación o el argumento analógico o a simili.
Supone una similitud en las situaciones, tanto en las circunstancias de hecho como para el fin jurídico a realizarse. Por ello, los hechos que tienen igual valor jurídico implican las mismas consecuencias jurídicas.
En otros términos, frente a una disposición dudosa o contradictoria, veremos si hay una disposición similar para resolver el caso.
Empleamos la analogía como elemento de interpretación cuando el alcance jurídico de una norma, lo determinamos por el sentido de otras que regulan una situación jurídica semejante.
A qué elementos puede recurrir el juez para integrar el vacío o la laguna.
Analogía jurídica como elemento de integración.
Equidad natural.
La analogía como medio de integración.
La analogía se emplea como base de integración cuando se traspone una situación jurídica a una hipótesis semejante que no se encuentra cubierta por la ley. De ahí que la analogía pueda servir de base a la razón de equidad en que se funde la sentencia.
Fundamentalmente, consiste en aplicar la ley prevista para una hipótesis, a otra situación no prevista, pero semejante a la anterior por existir en ambos casos.
Exige, entonces, que se trate de:
Dos casos semejantes;
Un caso se encuentra previsto por la legislación y el otro no, y
Que exista la misma razón de justicia en ambos. Motivo plausible para aplicar esta legislación al caso no previsto, pero semejante al caso anterior.
En nuestro país no hay disposición expresa para recurrir a la analogía, sin embargo, la jurisprudencia la acepta, porque es un medio de integración eficiente.
Limitación que debe tener en cuenta el intérprete en materia de analogía.
No se puede aplicar la analogía en el derecho penal.
Esto, por el principio de reserva o legalidad: la conducta ilícita y la pena deben existir con anterioridad al cometido del hecho tipificado como antijurídico.
Tampoco en el caso de restringir una garantía constitucional.
Conflicto de normas o la colusión jurídica.
Esta situación se produce cuando hay un conflicto entre dos o más disposiciones posiblemente aplicables. Se le denomina antinomia de normas, es decir, contradicción o colusión jurídica. Una norma afirma una situación, mientras la otra la niega.
¿Cuándo se está en presencia de contradicción?
Cuando poseyendo idéntico ámbito de validez, una afirma y la otra niega un deber jurídico determinado.
Se dice que el ámbito de validez es aquel campo donde entra a regular la norma; así, hay un ámbito de validez personal. donde la norma va dirigida a los sujetos; un ámbito de validez territorial, cuando la norma regula el territorio donde tendrá aplicación la norma, o un ámbito de validez temporal, que se refiere al período de tiempo durante el cual regirá la norma.
Principios a aplicar para solucionar las antinomias.
Principio de especialidad: la norma especial prevalece por sobre la general.
Principio de la contradicción: cuando existen dos normas que se contradicen, no pueden tener las dos normas la misma validez (no pueden ser ambas verdaderas).
Principio del tercero excluido: ambas normas no pueden ser falsas.
El asunto es que se pueden producir conflictos entre normas jurídicas de igual validez, pero emanada de distintas potestades. Veamos a continuación esa situación.
Formas de resolver conflictos de normas en el ordenamiento jurídico chileno.
1°. Conflicto entre la ley y un contrato: entre éstos prima la ley por sobre el contrato. Sabemos que la libertad contractual y la autonomía de la voluntad tienen como límite el orden público. Contrariaría el orden público un contrato en c! cual se infringe o se viola la ley. Ello, no obstante, no puede entenderse en términos vagos.
Las partes pueden determinar la ley aplicable a su contrato, io que no pueden hacer es fijar un estatuto a aplicar al contrato que sea contrario al de la ley que lo gobernará en caso de conflicto. En ese caso, evidentemente prima la ley estatal por sobre la ley del contrato.
2°. Conflicto entre ley y sentencia: la ley predomina por sobre la sentencia (porque es de mayor jerarquía). Quien estime que la sentencia es injusta o ilegal, tiene el recurso de casación por estimar que se ha hecho una mala aplicación de la ley.
3°. Conflicto entre dos normas legales: hay que distinguir tres situaciones aquí:
Conflicto entre dos normas legales de distinta jerarquía: norma general, prima la de mayor jerarquía. Entre Constitución y la ley, primará la Constitución.
Conflicto entre normas de igual jerarquía, pero de distinta fecha: primará la ley posterior en virtud del principio "Lex posteriori derogat priori” (la ley posterior deroga la ley anterior).
Conflicto entre normas de igual jerarquía, pero con igual fecha:se derogan recíprocamente, se anulan y se produce un vacío legal.
En esta situación, la doctrina nos invita a recurrir al artículo 24, es decir, a la aplicación de un tema que ya hemos estudiado, el de los principios generales de la legislación y la equidad natural, para resolver esos conflictos.
Referencia bibliográfica: Publicación basada en los apuntes de clases de Derecho Civil de Gonzálo Ruz Lártiga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca.

References: artículo 3
 artículo 9
 resolución 
 artículo 3
 artículo 74
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 51
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 24