Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-369-2012-ap-sevilla-sec-4-rec-926-2012-03-07-2012-10680731
Timestamp: 2017-05-27 00:27:59+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 369/2012, AP - Sevilla, Sec. 4, Rec 926/2012, 03-07-2012 | Iberley
Identificación InicioJurisprudencia PenalAP - Sevilla2012de Paul Velasco, Jose ManuelEstimaSentencia369/2012926/2012
Sentencia Penal Nº 369/2012, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4, Rec 926/2012 de 03 de Julio de 2012
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 296/2014, AP - Castellon, Sec. 2, Rec 406/2014, 19-09-2014 Órden: Penal
Gomez Santana, Eloisa
Se aceptan los de la sentencia de instanciaPRIMERO .- Contra la sentencia de instancia en la que se condena a Donato como penalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de amenazas leves en el ámbito de la violencia de genero con la concurrencia de la circunstancia atenuante del art. 21.7 en relación con el 20.1 del CP , a las penas que el fallo de dicha resolución especifica, se alza el referido condenado interesando su revocación y que se dicte otra en su lugar por la... Sentencia Penal Nº 487/2015, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 1024/2015, 09-11-2015 Órden: Penal
Num. Sentencia: 487/2015
Num. Recurso: 1024/2015
No se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, que quedan sustituidos por los que a continuación se exponen:
PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal condenó al acusado
Erasmo como autor de una falta de amenazas leves tipificada en el
art. 620.2 CP (hoy
art. 171.7 CP ), al estimar que no procedía la aplicación del tipo penal de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género tipificadas en el
art. 171.4 CP . Se fundamenta dicha decisión en ... Sentencia Penal Nº 113/2010, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 111/2010, 29-10-2010 Órden: Penal
De La Cruz Mora, Juan Manuel
Num. Sentencia: 113/2010
Sentencia Penal Nº 630/2016, AP - Madrid, Sec. 26, Rec 1516/2016, 05-10-2016 Órden: Penal
Num. Sentencia: 630/2016
Num. Recurso: 1516/2016
Se alza la parte apelante, en primer lugar, contra la sentencia recaída en la primera instancia por considerar que en la misma se habría producido un pretendido quebrantamiento de garantías procesales. Así, explica la recurrente que en el presente procedimiento se formuló acusación por el Ministerio Fiscal frente a
Luis Miguel , imputándole la posible comisión de un delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia d... Sentencia Penal Nº 463/2015, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 557/2015, 30-07-2015 Órden: Penal
Num. Recurso: 557/2015
PRIMERO.- La representación procesal de doña
Otilia recurre la
sentencia de fecha 14 de abril de 2015 dictada respecto de la misma y de don
Blas por el Juzgado de lo Penal nº 6 de los de Santa Cruz de Tenerife en su Juicio Rápido por Delito nº 116/15, alegando en primer lugar la nulidad de dicha resolución por infracción del principio acusatorio, al sostener que en la misma se recogían importantes errores referentes a las peticiones de las partes, los cuales, a su entender, determinab... Ver más documentos relacionados
El delito de amenazas Órden: Penal
NOVEDAD: Desaparece la falta leve de ame... El delito de tráfico de drogas Órden: Penal
Los delitos relacionados con el tráfico de drogas, se regulan en el Código Penal dentro de los Delitos contra la Salud Pública, concretamente, en los Art. 368-378 ,CP. Se encuentra regulado dentro del Capítulo III "Delitos contra la salud pública", dentro del Título XVII, rubricado como "De los delitos contra la seguridad colectiva" NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Art. 374 ,CP ya que ordena el decomiso (Art. 127 ,CP y siguientes del Código Penal ) respec... Delito de denegación de sometimiento al test de alcoholemia Órden: Penal
El Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entid... Prestaciones para víctimas de actos terroristas o violencia de género Órden: Laboral
a) Que disfruten de Permisos laborales retribuidos o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa por tener la c... Las medidas cautelares en el proceso penal Órden: Penal
Las medidas cautelares son un instrumento del Derecho Procesal Penal que permite asegurar el cumplimiento de la ley. Dichas medidas se encuentran reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de modo disperso; así en el Capítulo II, del Título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 489-501 ,LECrim), se regulan las denominadas medidas precautelares, género al que pertenece la detención; el Capítulo III, del Título VI, del libro II del mismo Texto legal (Art. 502-519 ,L... Ver más documentos relacionados
Escrito de acusación en juicio rápido por delito de violencia de género Fecha última revisión: 10/03/2016 NOTA: En cuanto al procedimiento de juicio rápido, si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días.
Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, a la vista de la acusación formulada, el acusado podrá en el mismo acto prestar su conformida... Denuncia por violencia de género solicitando medida de alejamiento Fecha última revisión: 07/03/2016 NOTA: Con la publicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, se prevé que el Juez deberá pronunciarse en todo caso, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas civiles como por ejemplo, sobre el régimen de guarda y custodia; visitas; comunicación y estancia, etc (Cfr. 544 ter LECrim)
Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección, tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instan... Recurso de apelación contra auto de prisión provisional en proceso abreviado Fecha última revisión: 04/04/2016 NOTA: Para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 505 LECrim. Según el apartado 2 del 507 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la libertad del investigado o encausado podrá ejercitarse el recurso de... Denuncia por delito de amenazas Fecha última revisión: 29/03/2016 NOTA: En las amenazas condicionales, si el culpable hubiere conseguido su propósito,se castiga con la pena de uno a cinco años si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición. De no conseguirlo, la pena será menor, de seis meses a tres años de prisión
Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Proc... Denuncia por delito de chantaje Fecha última revisión: 08/03/2016 NOTA: La denuncia de este delito, tiene el efecto particular de que el juez o tribunal podrá abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, si estuviera castigado con una pena de prisión inferior a dos años. En caso de que el delito, objeto de las amenazas, estuviera castigado con más de dos años, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados. Esta particularidad, se fundamenta en la facilitación del castigo del delito de chantaje, ya que de... Ver más documentos relacionados
En el año 20XX: No hay indicios de un pa... Caso práctico: Dudas sobre el contenido de la carta de despido disciplinario por amenazas e insultos a compañeros de trabajo. Fecha última revisión: 22/04/2016 PLANTEAMIENTO
" los días .. y .. de … de .. Ud. y su compañero de trabajo ... fueron denunciados por sus otros compañ... Análisis respuesta del ICAC sobre rotación de auditor y amenazas a tener en cuenta por el auditor por familiaridad en Entidades de Interés Público Fecha última revisión: 06/04/2017 Consulta:
La consulta versa sobre dos temas:
a). Sobre el cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoria en Entidades de Interés Público, a efectos de determinar la obligación de rotación de auditores.
b). Sobre la consideración por el auditor de amenazas por familiaridad con la empresa auditada.
a). Para el cómputo de plazos, el inicio del periodo será el del primer ejercicio del encargo del auditor en que dicha entidad cumpla con las condiciones para ser una... Caso práctico: Amenazas leves a personas del artículo 173.2 del CP Fecha última revisión: 10/01/2013 PLANTEAMIENTO
Si el sujeto pasivo es quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o ... Caso práctico: Estado de necesidad y tráfico de drogas Fecha última revisión: 02/01/2013 ¿Puede alegarse la eximente de estado de necesidad en un delito de tráfico de drogas? ¿Existe proporcionalidad entre los bienes en conflicto?¿Cabe alegar un miedo insuperable a ser desahuciado en un delito de tráfico de drogas?
La jurisprudencia en general viene siendo muy restrictiva a la hora de admitir la eximente por necesidad económica en los delitos de tráfico de drogas, ya que considera que el bien lesionado que es la salud pública, es muy superior a cualquier problema económico... Ver más documentos relacionados
En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de losTribunales don José Luis Fernández Muñoz, ennombre de «Drogas Vaquero, Sociedad Anónima» ,contra la negativa del Registrador de Zamora número 1, donJosé Martínez Ruiz, a practicar una anotaciónpreventiva de embargo, en virtud de apelación derecurrente.HechosI En autos de juicio ejecutivo número 291/96, seguidosante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamora ainstancia de «Drogas Vaquero, Sociedad Anónima», cont... Resolución Vinculante de DGT, V0895-07, 30-04-2007 Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas
Normativa LIRPF 35/2006, Art. 68-1, 78; RIRPF RD 1775/2004, Art. 53-1Cuestión Posibilidad de vender la vivienda sin haber llegado a residir durante tres años en la misma, sin pérdida de las deducciones practicadas por su adquisición. DescripciónLa consultante adquirió su actual residencia habitual hace menos de dos años, antes de transcurrir tres años se siente en la necesidad de cambiar de domicilio por la inseguridad que le transmite un vecino, señalando que ha recibido múltiples ame... Resolución de TEAF Bizkaia, 12412, 05-10-2010 Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia
ResumenAlquiler de vivienda por motivos de alejamiento del ex-maridoCuestiónLa consultante se ha visto obligada a abandonar su vivienda habitual y su empleo en otra provincia por las amenazas, persecuciones y el acoso de su ex-marido, tanto hacia ella como a sus hijos. Actualmente, reside en un piso de alquiler en una localidad vizcaína por el que abona 600 € mensuales, y ha puesto en venta el inmueble que, hasta enero de 2009, constituyó su residencia habitual. Desea saber si, a la ho... Resolución de TEAC, 00/2768/2007, 10-02-2009 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada (10/02/2009) y en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. A, con domici... Resolución de ICAC, 109/MARZO DE 2017, 01-03-2017 Órgano: Instituto Contable Y Auditoria De Cuentas
Núm. Sentencia: 369/2012 Núm. Recurso: 926/2012
Núm. Cendoj: 41091370042012100280
Encabezamiento Juzgado : Penal-5
Causa : P.A.582/2010
Rollo : 926 de 2012
S E N T E N C I A Nº369/12 Ilmos. Sres.: D. José Manuel de Paúl Velasco D.ª Margarita Barros Sansinforiano D. Carlos Luis Lledó González En la ciudad de Sevilla, a tres de julio de 2012.- ____________________________________ La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de procedimiento abreviado número 582 de 2010, seguidos en el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla por delitos de maltrato y amenazas leves en la pareja imputados a
Porfirio ;
autos venidos al Tribunal en virtud de recurso interpuesto por dicho acusado
, representado por la procuradora D.ª María de Flores Hidalgo Morales y defendido por la letrada D.ª M.ª Teresa Crespo Gallardo. Ha sido parte en la alzada el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Antonio José Muñiz Antequera. Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel de Paúl Velasco, que expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes PRIMERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2011, la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla dictó sentencia en la causa arriba referenciada, declarando probados los hechos siguientes:
PRIMERO .- El día 3 de diciembre de 2009 el acusado,
Porfirio se encontró por la calle, en la localidad de El Arahal (Sevilla) a su expareja
Modesta , se dirigió a ella, la cogió del pecho y le profirió la siguiente expresión: "te tengo que hincar un puñal en el pecho y ten cuidadito cuando vayas por la noche a casa de tu tío, que puede que no llegues", todo ello en presencia del hijo menor de ambos. Así mismo, aprovechando idéntica ocasión, desde aquel día y cada vez que se ha encontrado a su mujer por la calle le ha vuelto a repetir expresiones como "te voy a matar" y te tengo que hincar un puñal en el pecho.
Porfirio , es mayor de edad y no tiene antecedentes penales.
Y sobre esta base fáctica, la parte dispositiva de la sentencia es del tenor literal siguiente: FALLO: Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a
Porfirio como autor responsable de un delito continuado de amenazas, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad, a la pena de un año de prisión, con accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del permiso para la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años y prohibición de acercarse a
Modesta , al lugar donde vive o cualquier otro que frecuente a una distancia inferior a 300 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de tres años, y al pago de las costas. Y que DEBO ABSOLVERLE Y LE ABSUELVO del delito de maltrato que se le venía imputando.
Hasta que la presente resolución alcance firmeza, manténgase en vigor la medida cautelar de alejamiento e incomunicación dictada el día 18 de diciembre de 2009 a favor de
SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, la defensa del acusado interpuso contra ella recurso de apelación, alegando sustancialmente error en la apreciación de la prueba y subsiguiente aplicación indebida del
artículo 171.4 del Código Penal . Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que interesó su desestimación, y a la acusación particular apelada, que no presentó escrito de impugnación o adhesión dentro del plazo conferido.
TERCERO.- Evacuado así el trámite de alegaciones, se remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial, donde su conocimiento correspondió por especialización a esta Sección Cuarta, a la que fue turnado el asunto el día 3 de febrero de 2012; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 21 de junio de 2012, en cuya fecha quedó el recurso visto para sentencia.
Hechos No se aceptan los que como tales se declaran en la sentencia de primera instancia, y en su lugar se establecen definitivamente como tales los siguientes: PRIMERO.- El acusado D.
Porfirio mantuvo durante nueve o diez años una relación de pareja estable con D.ª
Modesta , de la que fue fruto un hijo común y que concluyó en el otoño de 2009.
SEGUNDO.- El 3 de diciembre de 2009 la Sra.
Modesta compareció ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Marchena, denunciando que desde la ruptura de la pareja el acusado, cada vez que la veía por la calle, le amenazaba con clavarle un cuchillo en el pecho; hechos que el acusado niega y no resultan acreditados.
Fundamentos ÚNICO.- Debe reconocerse la razón que asiste a la defensa del acusado apelante cuando alega en su recurso que la condena del Sr.
Porfirio como autor de un delito continuado de amenazas leves en la pareja, sobre la exclusiva base probatoria de la declaración inculpatoria de la sedicente víctima, no respeta suficientemente las garantías derivadas de la presunción constitucional de inocencia, porque el testimonio impropio de la sedicente víctima, carente de cualquier corroboración externa, carece en este caso de la consistencia suficiente como para acreditar la culpabilidad del acusado sin margen de duda razonable.
En efecto, por mucha "rotundidad y congruencia" que la magistrada
a quo aprecie en la declaración en juicio de la Sra.
Modesta , y por mucho que se despache la versión negativa del acusado por el sencillo expediente de considerarla como mero "ejercicio de su legítimo derecho a no autoincriminarse", sin mayor análisis de una ni de otra y sin efectuar entre ellas un verdadero juicio comparativo de credibilidad asentado en reglas generalmente aceptadas de crítica probatoria, este órgano de apelación, aun privado de la inmediación necesaria para una valoración precisa de las pruebas personales, no puede por menos de constatar una serie de elementos que ponen en entredicho la credibilidad del testimonio inculpatorio, al menos hasta el punto suficiente para generar una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Cabe señalar a este respecto lo siguiente:
1.- Ciertamente, la naturaleza y características de los hechos imputados (amenazas verbales proferidas en persona) impide de antemano que pueda contarse con una corroboración objetiva de tales hechos. Pero es la misma denunciante la que afirmó (folio 12) que las amenazas se producían en la vía pública y en ocasiones ante varios testigos presenciales; de los que sin embargo solo identificó a una vecina, que cuando declaró en fase instructoria a instancias del Ministerio Fiscal (folio 38) se limitó a relatar que "a veces ha escuchado voces, pero que no puede determinar si la han amenazado o no", de modo que ante la irrelevancia de su testimonio no fue siquiera llamada como testigo al juicio oral. Parece claro que no es lo mismo no poder disponer de testigos de hechos ocurridos en la intimidad que afirmar que los hechos sucedieron ante testigos y que el único al que se identifica no confirme lo que se supone que presenció. No ignora el tribunal que en los casos relacionados con la violencia de género en la pareja es frecuente que los posibles testigos ajenos a la misma se muestren reacios a inmiscuirse en lo que consideran problemas privados; pero incluso así no deja de llamar la atención que, cuando los hechos se dicen sucedidos de forma continuada y en la vía pública, en ninguna de las ocasiones la denunciante se encontrase acompañada de parientes o amigas, que la misma experiencia forense muestra como más propicias a prestar un testimonio inculpatorio.
2.- La versión inculpatoria tampoco está a cubierto de la sospecha de una posible motivación espuria; y no porque lo diga el acusado -que apunta a ello de forma vaga en su primera declaración judicial-, sino porque es la propia denunciante quien desde su comparecencia inicial proporciona un posible móvil desviado de su denuncia, al manifestar que "la compareciente le ha dicho [al imputado] que no le va a dejar ver al niño, porque
Porfirio está metido en líos de droga y se lleva con él al niño". Huelga decir que de esos posibles "líos de droga" del acusado nada consta en las actuaciones.
3.- La persistencia de la denunciante en la incriminación tampoco es precisamente diamantina, si se tiene en cuenta la existencia, reconocida por ambos implicados, de una denuncia anterior por hechos similares, que también ambos están de acuerdo en que concluyó sin declaración de responsabilidad porque la Sra.
Modesta no acudió a declarar ante el Juzgado; hecho del que la denunciante da explicaciones contradictorias, afirmando en su comparecencia inicial haber "retirado" la denuncia, en coincidencia con lo que afirma el acusado, para poco después desmentirlo y narrar en cambio que si no acudió a declarar fue porque perdió el autobús (folio 11), contingencia que en sí misma puede ser cierta, pero que es obviamente absurda para explicar el archivo de la causa.
4.- Tampoco la reanudación de la convivencia de la pareja con posterioridad a la denuncia favorece desde la perspectiva que ahora analizamos la credibilidad de la denunciante, pues, aunque episodios de ese carácter sean relativamente frecuentes en este tipo de casos, lo que parece demasiado forzado es que la denunciante lo explique en aras del bienestar del hijo común, aunque la sentencia impugnada dé acríticamente por buena esa explicación; ya que resulta inverosímil que alguien considere que lo mejor para su hijo es convivir con un padre, no ya que maltrata a su pareja (pues, en definitiva, esto es lo que imputa la Sra.
Modesta , aunque no se haya formulado acusación por ese delito) sino, sobre todo, que supuestamente involucra a su propio hijo en esos "líos de drogas" antes aludidos, de modo que las invocaciones al bienestar del menor parecen contradictorias, incluso desde la perspectiva subjetiva de la denunciante, con esa imputación formulada en la denuncia inicial, precisamente como motivo para oponerse a que el menor vea a su padre.
5.- Por último, no puede dejar de hacerse alusión al supuesto conato autolítico de la Sra.
Modesta que menciona el acusado en su primera declaración y que, de ser real y según sus circunstancias, podría haber tenido alguna influencia en el crédito que merezca la declaración de la denunciante, al poder cuestionar de algún modo su equilibrio psíquico. Ninguna comprobación, sin embargo, se ha intentado a este respecto, pese a su posible relevancia y a que no parecía difícil hacerlo, desde el momento en que el acusado afirma haber avisado él mismo a los servicios sanitarios de emergencia.
Conviene señalar que ninguno de los puntos débiles expuestos basta para desautorizar positivamente la declaración inculpatoria de la Sra.
Modesta ; pero todos ellos en su conjunto sí son suficientes para generar un margen razonable de duda sobre la realidad de los hechos imputados, a falta de otros elementos adicionales de corroboración. Seguramente, en un caso de las características del de autos, hubiera sido útil a esos efectos un informe de la unidad forense especializada en valoración de violencia de género, particularmente adecuado por cuanto la imputación, como hemos dicho, apunta hacia una situación de maltrato psíquico sostenida en el tiempo, incluso constante la convivencia de la pareja. Pero lo cierto es que esa diligencia pericial no se acordó por el juzgado instructor ni se propuso por ninguna de las acusaciones, que son las que, como consecuencia intraprocesal de la presunción de inocencia, corren con la carga material de la prueba de los hechos imputados, por lo que solo a la hipótesis acusatoria puede perjudicar esa ausencia. Como este tribunal ha dicho en otras ocasiones, un juicio penal por delito no puede reducirse a una especie de ordalía en la que el órgano judicial resuelva intuitiva y oracularmente un juicio comparativo de credibilidad entre las versiones contrapuestas de denunciante e imputado en ausencia de cualquier elemento o criterio objetivo de valoración.
Por cuanto se lleva expuesto, en conclusión, procede la estimación del recurso, la revocación de la sentencia condenatoria impugnada y la libre absolución del acusado por los hechos objeto de esta causa, con la doble e inherente consecuencia de declararse de oficio las costas de ambas instancias y de cancelarse la medida de cautelar de protección de la supuesta víctima expresamente mantenida en la resolución que ahora queda sin efecto.
VISTOS , además de los preceptos legales citados, los
artículos 142 , 239 , 240 , y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , Fallo Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Hidalgo Morales, en nombre del acusado
Porfirio ,
contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2011 por la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla, en autos de procedimiento abreviado número 582 de 2010, debemos revocar y revocamos la sentencia impugnada.
Y, en su lugar, debemos absolver y absolvemos libremente al susodicho acusado apelante por los hechos objeto de esta causa, declarando de oficio las costas procesales de ambas instancias y acordando la cancelación de la medida cautelar de protección dictada el 18 de diciembre de 2009. Notifíquese esta resolución a las partes personadas y personalmente a la víctima, haciendo saber a las mismas que contra ella no cabe recurso alguno, y devuélvanse los autos recibidos al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto para su ejecución. Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- La precedente sentencia ha sido publicada por el Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 24/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 171.
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia Extracto

References: resolución 
 resolución 
 artículo 505
 artículo 173
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

artículo 171
 resolución 
 artículo 248
 resolución 
 Artículo 171