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Timestamp: 2020-08-11 03:34:07+00:00

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Derecho Civil | HH Juridico
Vasto campo que regula el derecho Civil, abarca la persona física y jurídica, sus capacidades, el régimen de bienes muebles e inmuebles, los actos jurídicos lícitos e ilícitos, el derecho de las obligaciones, de los diversas especies de contratos, sus consecuencias y formalidades, del mandato y sus obligaciones, de las sociedades civiles, derechos reales, (propiedad y posesión, hipoteca etc.), el derecho sucesorio (testamentario o ab-intestato), herencia, legados etc. ), régimen de prescripción y demás aspectos que por razones de síntesis, se omite su mención.
El amplio abanico de situaciones que la interrelación humana y jurídica presenta en el transcurso de las vida, al igual que las instituciones o empresas creadas por el hombre, encuentra en gran medida su regulación en esta disciplina del derecho, que sin lugar a dudas, implica un alto porcentaje de los temas motivo de consulta o de los juicios que atendemos diariamente.
Sin duda podemos asesorar, orientar y atender los requerimientos en cualquiera de estas materias del derecho, como así también regular, contratos de cualquier naturaleza, como atender las contingencias jurídicas o litigiosas que presenten, con la dedicación, y atención personalizada, y debida profesionalidad y reserva.
Formule su consulta y recibirá inmediata respuesta sin cargo.
La ley 17.344 establece la posibilidad de cambiar los nombres o apellidos o ambos por una sola vez, en los siguientes casos:
– Cuando sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente a la persona.
– Cuando la persona haya sido conocida por más de cinco año, por motivos atendibles, con otros nombres o apellidos diferentes a los propios.
– Cuando la persona fue inscrita con un solo apellido o con dos iguales en caso de no estar determinada la filiación de los padres o sólo de uno de ellos.
– En el caso que los nombres, apellidos o ambos no sean de origen español, puede solicitarse la autorización para traducirlos al idioma castellano o o cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es difícil en un medio de habla castellana. Se trata de un procedimiento judicial, quién autoriza es el tribunal civil correspondiente al domicilio del peticionario previas gestiones, como la publicación de la solicitud de cambio de nombre en el Diario Oficial, recibir la información de testigos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos para el cambio, y escuchar la opinión de la Dirección General del Registro Civil e identificación.
La sentencia que autoriza el cambio de nombres, apellidos, o de ambos a la vez o la supresión de nombres propios sólo surte efecto una vez inscrita en el Servicio de Registro Civil modificando el acta de nacimiento.
Se podría negar la solicitud , ya que desde la publicación señalada se abre un plazo de treinta días para que cualquier persona que tenga interés se oponga a la solicitud, y en este caso el oponente deberá allegar conjuntamente con su oposición los antecedentes que la justifiquen y el juez con todos los antecedentes dicta sentencia.
Además se negará cuando el solicitante se encuentre procesado o haya sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez años desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.
La persona sólo podrá usar en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre, apellidos, en la forma que determine el juez en la sentencia que autoriza.
Importante es señalar que el cambio de apellidos no altera la filiación, pero alcanza a los hijos menores de edad y los mayores que consientan en ello.
La Indemnización de Perjuicios o indemnización por daños y perjuicios, consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o la reparación del mal causado.
En relación a esta materia, se dice que: «Todo perjuicio que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, deber ser reparado por ésta».
Toda indemnización de daños y perjuicios debe ser declarada en sentencia judicial, tarea en la cual se requiere necesariamente la intervención de abogados competentes.
La indemnización de perjuicios puede comprende el daño emergente, lucro cesante y/o daño moral.
El plazo general para interponer una demanda por indemnización de perjuicios es de 4 años, según el artículo 2332 del Código Civil chileno. Sin embargo, cuando el perjuicio proviene del incumplimiento de un contrato por una de las partes, el plazo se aumenta a 5 años, según el artículo 2515 del mismo Código.
En ambos casos, la ley señala que el plazo debe comenzar a contarse desde la comisión del hecho que causa perjuicio, lo que a veces puede conducir a situaciones injustas, ya que una cosa es el momento de comisión del daño, y otra cosa muy distinta es el momento en que el afectado toma real conocimiento del daño que sufrió. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una familia cuyos integrantes sufren graves daños en su salud como consecuencia de los residuos tóxicos que emite una empresa ubicada cerca de su domicilio. En este caso concreto, dado los efectos progresivos y acumulativos de la contaminación ambiental, la aplicación literal de la norma llevaría a que al tiempo de tomar efectivo conocimiento del daño (por ej., al conocer los primeros síntomas de una enfermedad) esta familia no podría demandar a la empresa que los causó, si ha transcurrido el plazo de 4 años desde la emisión de las sustancias que causaron la enfermedad.
Los tribunales de justicia chilenos, a fin de subsanar los efectos de una interpretación literal de la ley, han establecido en reiteradas oportunidades que el plazo para demandar debe computarse desde la fecha en que pueda establecerse una real conocimiento de las víctimas del perjuicio sufrido, ya que ésta es la única manera de proteger eficazmente a las personas afectadas.
Este procedimiento es bastante rápido comparado con los demás juicios civiles, el cual podría demorar entre 3 a 5 meses hasta obtener la respectiva sentencia definitiva, lo cual dependerá de las gestiones de los abogados de las partes y de los trámites de notificación, entre otras cosas. Ahora, si una vez obtenida la sentencia, el demandado no restituye la propiedad, habrá que iniciar los tramites correspondientes al lanzamiento, pudiendo el juicio demorar hasta 7 u 8 meses incluso. La última etapa es el lanzamiento con fuerza pública, sin embargo, en la mayoría de los casos el demandado restituye antes.
​La norma especial que regula este procedimiento está contenida en la Ley 18.101, modificada por la 19.866, ambas sobre arrendamiento de predios urbanos.
​El procedimiento comienza con la interposición de la demanda ante los tribunales civiles. Una vez presentada, el tribunal dictará una resolución admitiendo la demanda a tramitación y citando a las partes a un comparendo de conciliación, contestación y prueba, para el quinto día hábil después de que se efectúe la notificación, fijando una determinada hora. Esta audiencia es de suma importancia y constituye básicamente el cuerpo del juicio de arrendamiento. Se llama “audiencia de conciliación, contestación y prueba”. En dicha audiencia el tribunal requiere de pago por segunda vez al arrendatario (en que caso de que el juicio sea por no pago de rentas), posteriormente consulta a las partes respecto a una posibilidad de llegar a acuerdo. En caso de no llegar a acuerdo, se recibirá la causa a prueba pudiendo las partes aportar todas las pruebas pertinentes para acreditar sus pretensiones. Una vez rendida la prueba, el tribunal dará por finalizada la audiencia y quedarán las partes a la espera de la sentencia respectiva.
​El tribunal generalmente fija un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la sentencia para hacer el desalojo al arrendatario, pudiendo el demandado por motivos graves y fundados solicitar una prórroga hasta por 30 días.
Contra la sentencia se podrá interponer un recurso de apelación, sin perjuicio de continuar con los trámites de cumplimento de la sentencia relativos al pago de las rentas adeudadas, al lanzamiento o desocupación forzada del inmueble ocupado por el arrendatario.
– Quiénes pueden pedir la interdicción
– Procedimiento especial de la ley Nº 18.600
– Interdicción provisoria
-Que carezcan de curador/a o no se encuentren sometidos a patria potestad.
– Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador/a provisorio(a o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría.
– Quiénes pueden ser curadores
La posesión efectiva, es un trámite que se debe realizar cuando una persona, al morir, ha dejado bienes (casas, vehículos, ahorros, etc.). Los herederos para disponer de tales bienes, deben realizar el trámite de posesión efectiva.
Si la herencia es intestada (cuando el causante no dejó testamento), el trámite de posesión efectiva se hace en el Registro Civil.
Si la herencia es por medio de un testamento, el tramite de posesión efectiva se realiza ante los tribunales civiles.
La posesión efectiva puede tramitarse por cualquier persona que tenga el carácter de heredero a posesión efectiva de una herencia sin testamento, deberá solicitarse a través de un formulario confeccionado para tal efecto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho formulario debe contener, al menos, los siguientes antecedentes:
1) Individualización de todos los herederos (indicándolos por sus nombres, apellidos, roles únicos nacionales, domicilio y calidades con que heredan);
2) El nombre, apellido, rol único nacional, profesión u oficio, estado civil, lugar y fecha de la muerte y último domicilio del causante (artículo 3º);
3) El inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante (artículo 4º).del causante.
Sin lugar a dudas el tema de las negligencias profesionales es un tema sensible, crítico y delicado, toda vez que puede afectar profundamente la vida de un persona y la de su entorno familiar, en muchos aspectos, tales como el ejercicio de derechos, el acceso a beneficios, menoscabo económico o patrimonial, limitación de libertades, etc.
Esto, cuando se trata del ámbito de la salud, se agudiza aún más, porque lo que está en juego es la vida de la persona o el riesgo de una secuela muy grave para ella…
Ahora, se debe tener presente que el actuar negligente de un profesional de la salud sólo puede ser determinado por los Tribunales de Justicia.
En efecto, la Ley Orgánica que creó la Superintendencia de Salud dispuso que a este Organismo Fiscalizador le corresponderá, en relación a los prestadores de salud, sean públicos o privados, personas naturales o jurídicas, su fiscalización en lo referido a su acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la acreditación. También este cuerpo normativo que frente a los reclamos que presenten los beneficiarios de Las leyes Nº 18.469 (del FONASA) y Nº 18.933 (de Isapres), la Superintendencia de Salud no será competente para pronunciarse sobre el manejo clínico individual de casos.
Por otro lado, la Ley N° 19.966, que establece el Régimen General de Garantías en Salud (RGGS), estableció la creación de un sistema de mediación prejudicial para los conflictos surgidos con ocasión de las actividades asistenciales de salud.
Como lo comenté en otra oportunidad, la idea de incorporar este recurso al Sector Salud surgió en la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre Régimen General de Garantías en Salud (RGGS), como una forma de enfrentar la llamada judicialización de la medicina, referida al gran incremento de demandas judiciales que tienen un alto costo.
Esto significa que si usted, ante un eventual caso de negligencia médica, desea iniciar una acción en los Tribunales de Justicia para hacer efectiva la responsabilidad del prestador por los daños derivados del otorgamiento de las prestaciones de salud, debe someter previamente su reclamo a un procedimiento de mediación, en el que usted y el prestador evaluarán la posibilidad de un acuerdo extrajudicial.
Para el funcionamiento de este modelo, hay que tener en claro que tratándose de prestadores institucionales públicos o sus funcionarios (red pública atención, consultorios, policlínicos, hospitales e institutos), el mediador será designado por el Consejo de Defensa del Estado de entre sus funcionarios, empleados de otros servicios o privados idóneos. En cambio, en el caso de daños ocasionados por prestadores privados (médicos, clínicas, hospitales particulares), el procedimiento de mediación se realizará ante mediadores inscritos en la Superintendecia de Salud.
En consecuencia, ante un eventual caso negligencia médica, a usted le asiste el derecho de recurrir a los Tribunales de Justicia para que ellos se pronuncien, sin embargo, la legislación actual obliga a que previamente se explore la posibilidad dada por la mediación, esto es, que mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a una solución extrajudicial de la controversia.
El Juicio de Particion:
Se puede definir como el conjunto de actos tendientes a poner fin al estado de indivisión propio de la sucesión por causa de muerte cuando existen dos o más herederos.
Se puede llevar a cabo de tres formas:
Por el propio causante .
Por los herederos de común acuerdo .
Por el juez partidor.
Partición efectuada por el propio causante
Es la realizada por el propio causante, mediante acto entre vivos o testamento: la partición hecha por el propio causante por acto entre vivos se efectuará por escritura pública. La partición hecha por testamento debe ajustarse a todas las solemnidades del testamento.
Partición hecha por los herederos de común acuerdo
En la práctica, es la forma más común de efectuar la partición, ya que es más sencilla, rápida y económica. En este caso nuestros Abogados, redactarán los documentos necesarios para radicar legalmente en el patrimonio de los herederos, los bienes que se determine.
Que no hayan cuestiones previas que resolver;
Que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición;
Que la tasación se haga por peritos, por regla general o común acuerdo; y
Que la partición, una vez terminada, sea aprobada por la justicia ordinaria.
quienes son los interesados;
cuáles son los bienes sobre los que recae la partición;
cuáles son los derechos que corresponden a cada comunero.
2° Que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición: Resulta obvio, pues de otra forma los comuneros no efectuarían la partición de esta forma.
siempre que se trate de bienes muebles;
en el caso de los bienes inmuebles, cuando:
– se trata de fijar un mínimo para la subasta del bien raíz, cuyo verdadero valor queda determinado por los licitadores en la subasta;
– existen en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes, como la evaluación del bien raíz. Cabe indicar que la expresión “autos” no debemos entenderla sólo como referida al juicio de partición, sino que también a la propia escritura pública de partición.
La modificación del Código de Procedimiento Civil se recogió en parte en el Código Civil, en su artículo 1335, cuando señala “o en que se liciten las especies, en los casos previstos por la ley”.
cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados;
cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa, tengan interés personas bajo tutela o curaduría.
Partición hecha por el juez partidor
La partición en cuestión se produce cuando los interesados no estuvieren de acuerdo en cómo hacer la partición, ésta debe ser hecha por el juez partidor, en cuyo caso la partición se regirá por las normas del CC y del CPC (arts. 1325 inciso 5° del CC y 646 del CPC).
De esta forma y en caso de existir desacuerdo de uno o más herederos, corresponderá iniciar acciones judiciales adecuadas para la designación de un Juez Árbitro o Juez Partidor, que en definitiva liquide la comunidad. En este caso, nuestros abogados, asesorarán en el diseño de la mejor estrategia judicial, que permita maximizar las utilidades en el juicio particional.
Para iniciar un juicio de partición en caso desacuerdo entre los herederos es necesario que cualquiera sin importar el porcentaje de sus derechos aunque sea mìnimo en los bienes del causante contrate uno de nuestros abogados parta interponer un demanda de designación de juez partidor ante el tribunal civil del último domicilio del cusante y notificar a los domicilios de los demas herederos.
Una vez notificada la demanda hay comparendo único al 5 día hábil donde se nombrará al juez partidor.
Posteriormente el juez partidor que nombre el tribunal realizara el jucio en las oficinas que disponga donde se desarrollarán los comparendos y tiene un plazo máximo de 2 años para liquidar la herencia y repartir los bienes entre los herederos.
Procedimiento de Juicio ejecutivo.
Importante es decir que lo primero es siempre la notificación. Una vez que usted sea notificado sigue el requerimiento de pago: el receptor judicial le solicitará que pague en ese acto el monto total de la deuda; la notificación y el requerimiento se producen en ese mismo momento. Si usted no se encuentra en su domicilio, el receptor dejará una citación para que concurra dentro de tres días a su oficina, a fin de requerirle de pago en ese momento. Si usted señala que no puede pagar la deuda o no concurre a la oficina del receptor, comienza a correr un plazo de 4 días -en ciertas circunstancias puede ser mayor- para oponerse judicialmente a la demanda. Las excepciones que pueden oponerse a la demanda ejecutiva es un tema que será tratado en un artículo independiente.
Luego del requerimiento de pago, si éste último no se produce, el receptor procede al embargo de bienes. El embargo en un principio no implicará ningún cambio material para el estado de las cosas y lo único que con seguridad se hará es incluir en un inventario todos los bienes que se encuentren en su domicilio. Con el embargo los bienes de su casa muy probablemente no se moverán de allí, sino que permanecerán bajo su custodia en calidad de depositario. En otras palabras, una vez embargados sus bienes, éstos continúan siendo de su propiedad y permanecerán en el mismo lugar, pero no podrán venderse ni retirarse de allí sin autorización del juez.
Si en el lugar existen bienes que no son de su propiedad, esto debe probarse de forma fehaciente en ese mismo momento, ya que en caso contrario se procederá al embargo de bienes ajenos y su dueño deberá ejercer luego una tercería de dominio o de posesión, según corresponda.
Si el juicio ejecutivo sigue adelante, finalmente se ordenará el retiro y remate de las especies embargadas.
El tiempo que puede tomar este procedimiento varía de caso a caso. Pueden ser algunos meses, varios meses, o puede que nunca se produzca el retiro y remate de las especies, ya que lo obtenido con el producto de éstas no alcanzaría siquiera para pagar los gastos del procedimiento mismo, por lo que el juicio pierde todo sentido.
Bienes embargados y responsabilidad por estos:
En este punto resulta de suma importancia saber si los bienes fueron efectivamente embargados o no. Lo que puede parecer una pregunta sin sentido, en realidad tiene efectos tremendos, según se verá. La manera de saber si determinados bienes muebles fueron efectivamente embargados es conociendo si se incluyeron en el inventario por el receptor judicial. Así, cualquier bien no inventariado, no está legalmente embargado y por tanto se puede vender.
Respecto de los bienes efectivamente embargados no es posible celebrar ningún tipo de contrato que implique enajenación, como ocurre precisamente en la compraventa. No se puede celebrar un contrato de compraventa sobre estos bienes porque el contrato sería nulo por objeto ilícito, tecnicismo jurídico que no es del caso detallar. La prohibición se encuentra en el artículo 1464 Nº 3 del Código Civil, que dispone “Hay objeto ilícito en la enajenación: […] 3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.
En todo caso, cabe destacar la responsabilidad que cabe al dueño respecto de las cosas embargadas, ya que si las destruye fraudulentamente incluso habría responsabilidad penal por este hecho, de conformidad al artículo 469 Nº 6 del Código Penal, que dispone “Se impondrá respectivamente el máximum de las penas señaladas en el artículo 467 [penas del delito de estafa]: […] 6º. Al dueño de la cosa embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho la traba”.
Esta situación poco feliz se produce ya que existe una presunción legal que señala que los bienes que se encuentran en el domicilio del ejecutado son de su propiedad, y por tanto, constituye una garantía general para responder a sus acreedores.

References: artículo 2332
 artículo 2515
 resolución 
 artículo 1335
 artículo 1464
 artículo 469
 artículo 467