Source: https://www.scribd.com/doc/151924763/ROSALBA-BECERRIL-RECURSO-DE-REVISION
Timestamp: 2017-04-26 07:03:50+00:00

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ROSALBA BECERRIL RECURSO DE REVISIÓN
ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinROSALBA BECERRIL RECURSO DE REVISIÓNUploaded by Aristegui Noticias0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentRECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 33/2009. RECURRENTE: **********. MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.SÍNTESIS -I- AUTORIDADES RESPONSABLES: Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. - ACTO RECLAMADO:  La resolución emitida dentro de su expediente personal 2482 correspondiente a la sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante la cual decidió no ratificarla en el cargo de juzgadora federal. RECURRENTE: ********** EL PROYECTO CONSULTA: En las consideraciones, señala que: PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122, 123, fracción I; 126 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión administrativa se interpuso dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. TERCERO. Procedencia del recurso. El presente recurso de revisión administrativa es procedente. El acto impugnado se trata de la negativa de ratificación de la recurrente. Así, lo anterior se ajusta con lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 33/2009.
CUARTO.- Resolución de no ratificación emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. QUINTO.- Agravios de la recurrente. SEXTO.- Informe del Consejo de la Judicatura Federal. SÉPTIMO.- La materia del recurso. La recurrente impugna la validez de la resolución mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que no resultaba procedente su ratificación. Por tanto, la cuestión a resolver se limita a determinar si dicho órgano emitió la resolución en cuestión con base en la normativa que le resulta vinculante. OCTAVO.- Estudio de fondo. I. Estudio de las atribuciones de la Suprema Corte en el recurso de revisión administrativa. II. Estudio de los agravios. A) VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO 1.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que el procedimiento de ratificación al que fue sujeta no cumplió con lo establecido en el artículo 47 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales. En esencia, la recurrente afirma que si bien tuvo conocimiento de la reanudación del procedimiento de ratificación, con motivo de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del recurso de revisión administrativa 61/2008, en ningún momento supo que el Consejo de la Judicatura Federal tuvo tales constancias a la vista para resolver lo conducente. Este agravio es infundado. Es necesario preguntarse lo siguiente: ¿la obligación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal relativa a comunicar el inicio del trámite del procedimiento de ratificación, es aplicable al caso en cuestión? En otras palabras: dado que la recurrente impugna que nunca le fue comunicada la continuación del procedimiento de ratificación, ¿debe entenderse que el Consejo de la Judicatura Federal estaba obligado a hacerle saber tal circunstancia? Esto debe contestarse en sentido negativo. La obligación a cargo del Consejo de comunicar sobre el procedimiento debe ser satisfecha en
un momento específico del procedimiento; a saber: en su inicio. Al respecto, el Pleno del Consejo no violó formalidad alguna. En los autos del expediente consta que, mediante oficio de veintitrés de enero de dos mil siete, la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Nuevos Órganos, comunicó a la Magistrada ********** que el procedimiento de su ratificación daba inicio. Por ello, si en el caso tal procedimiento quedó suspendido por resolución del propio Pleno del Consejo y con posterioridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tal suspensión resultaba contraria a derecho —resolución que se notificó a la recurrente, tal como ella misma afirma—, entonces es claro que la recurrente nunca estuvo en imposibilidad de conocer que tal procedimiento continuaba. 2.- Agravio relativo a que la resolución combatida fue firmada por la entonces Consejera Elvia Díaz de León D´Hers, con posterioridad al haber concluido constitucionalmente con su encargo. El presente agravio es infundado. Tal como aduce la recurrente, la fecha en que la resolución impugnada fue firmada —según se indica al pie de la misma—, es posterior a aquélla en que la Magistrada Díaz de León D´Hers concluyó su mandato como Consejera. Si bien es cierto lo anterior, también lo es que la Magistrada Díaz concluyó su encargo el día veintitrés de febrero de dos mil nueve, fecha posterior a aquella en la cual el Pleno del Consejo resolvió y aprobó la resolución que es materia del recurso de revisión administrativa; a saber el dieciocho de febrero de dos mil nueve. En efecto, la Consejera Elvia Díaz contaba con plenas facultades tanto para elaborar el proyecto de resolución eventualmente aprobado, como para participar en la votación del mismo. 3.- Agravio referido a que la resolución impugnada pasó por alto lo resuelto por el Tribunal Pleno en la revisión administrativa 61/2008, la que intrínsecamente imponía al Consejo de la Judicatura Federal la obligación de resolver de conformidad con las circunstancias que imperaban al momento en que procedía resolver sobre la ratificación. El presente agravio resulta infundado. La sentencia de la revisión administrativa 61/2008 únicamente tuvo como efecto obligar al Consejo de la Judicatura Federal a dictar la resolución que, en términos del artículo 97 constitucional, debía emitir. El Tribunal Pleno no hizo mención expresa sobre alguna restricción temporal en cuanto a los elementos que debían contar para efectos de la ratificación. De
igual forma, la resolución del Pleno de esta Corte no revela o indica que la intención tácita era obligar al Consejo a tomar en cuenta únicamente aquellas circunstancias que imperaban al momento en que su resolución era obligada. En esa medida, resulta inadecuado suponer lo contrario. Aún cabe preguntarse si hay alguna norma que pudiera indicar que el argumento de la recurrente es fundado. Es decir, ¿el Consejo de la Judicatura estaba obligado a omitir considerar procedimientos de responsabilidad que ya habían culminado al momento en que, por mandato de la Corte, se vio obligado a pronunciarse sobre la ratificación aludida? Lo anterior debe contestarse en sentido negativo. El Consejo sí estaba en aptitud de tomar en cuenta los resultados que arrojaban los procedimientos de responsabilidad respectivos. El Consejo, como órgano de administración y vigilancia, cuenta con plenas facultades para valorar, en integridad, todos los factores que constitucionalmente se exigen de un juzgador para que proceda su ratificación. Tal como lo enunció el Tribunal Pleno al resolver la revisión administrativa 61/2008, el sistema de la carrera judicial, en el que se establecen las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los magistrados y jueces, no tiene como objetivo principal inmediato la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se logre que las entidades de la Federación cuenten con un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por reunir los atributos exigidos por la Constitución, hagan efectivos los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en la que la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia sean las virtudes rectoras de la actuación de los juzgadores federales. B) AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. De modo preliminar debe destacarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con facultades para revisar la legalidad de las resoluciones relativas a las quejas administrativas y denuncias en las que se atribuye responsabilidad a la recurrente. A partir de una interpretación sistemática de los artículos 140 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que existe una prohibición para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de aquellas resoluciones en las que se
impone una sanción administrativa a un servidor judicial, distinta de la destitución. Este Tribunal Pleno no pasa por alto el criterio que antes sostuvo, al resolver la revisión administrativa 10/97 —fallada el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho—. En aquella ocasión se señaló lo siguiente: si el Poder Revisor de la Constitución facultó a este Alto Tribunal para verificar la legalidad de las resoluciones de ratificación, que por identidad de razón le otorgó la potestad para revisar la de los actos emitidos durante el período constitucional de seis años de la función judicial, cuya evaluación puede motivar la no ratificación. Ahora bien, la exposición de motivos relativa a la reforma constitucional de once de junio de dos mil nueve, permite afirmar que el sentido de esta tesis ha perdido su vigencia. La anterior interpretación de la Corte resultaba perfectamente aceptable en la medida en que el Poder reformador de la Constitución aún no había señalado un criterio interpretativo distinto o preferente. Circunstancia que cambió con motivo de la reforma del año de mil novecientos noventa y nueve, en la que el Consejo se reguló como un órgano caracterizado por su independencia técnica y de gestión. Con motivo de este cambio, el Poder de reforma claramente optó por un criterio interpretativo distinto: el restrictivo. Así, todos los agravios hechos valer por la recurrente en el sentido de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió de modo irregular las denuncias y quejas administrativas instauradas en su contra, simplemente no pueden ser objeto de estudio en esta instancia. 1.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que el Consejo de la Judicatura Federal no toma en cuenta de manera integral el contenido de los dictámenes correlacionados con el informe circunstanciado, ni las visitas físicas que fueron practicadas a los órganos jurisdiccionales en los que estuvo adscrita. Con este agravio, la recurrente procura hacer notar que el Consejo de la Judicatura Federal no toma en cuenta todos los factores positivos que obran en su expediente personal y que, a su parecer, indican su buen desempeño. Este agravio debe considerarse infundado. Es cierto que en la resolución ahora impugnada no se expresa un juicio de ponderación entre los factores positivos y los negativos que caracterizan el actuar de la recurrente. Ahora bien, el hecho de que tal ejercicio ponderativo no sea expreso, no quiere decir que el mismo no se haya realizado. Resulta lógico suponer que, metodológicamente, resultaba innecesario
que el Consejo expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se estaba planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los primeros. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos. Éstos, en cambio, sí son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad de ser ratificado. En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores negativos; pues éstos, considerados en sí mismos, son suficientes para excluir la ratificación. Incluso es necesario destacar que en la resolución respectiva, el Consejo sí se hizo cargo de exponer cuáles eran los méritos académicos de la recurrente, así como sus años de experiencia al servicio de la función jurisdiccional. 2.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que la resolución reclamada omite considerar que las inasistencias están debidamente justificadas, por lo que no se podían tomar en cuenta como un aspecto que le perjudica. Al respecto, la recurrente añade que el Consejo de la Judicatura Federal actúa de modo discriminatorio al considerar las inasistencias como un criterio en su perjuicio. Este agravio es infundado. Lo que ahora debe contestarse es si el Consejo puede tomar en cuenta —como un aspecto negativo del desempeño judicial— las constantes ausencias que sí están justificadas médicamente. Esto se responde del siguiente modo: las faltas constantes con justificación médica sí pueden ser ponderadas como factor negativo para efectos de la ratificación. Ello, siempre que el número de ausencias tenga una significación suficientemente trascendente para poder incidir negativamente en el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional de que se trate. Cuestión que en el caso aconteció. La negativa de ratificación no es una resolución que busque sancionar o imputar algún tipo de responsabilidad al funcionario en cuestión. Tal resolución tiene, como se ha insistido, una función eminentemente social. El Consejo llega a la determinación en cuestión con base en un criterio que mira hacia los fines de la impartición de justicia; es decir, hacia la necesidad de contar con juzgadores que, por las razones que
fueren, sí están en posibilidades de administrar con diligencia y prontitud las cargas inherentes al cargo. 3.- Agravio relativo a que el Consejo de la Judicatura Federal realizó un estudio parcial, incorrecto y subjetivo de los requisitos previstos por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, equiparando indebidamente la denuncia oficiosa ordenada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la existencia de una queja administrativa por faltas graves. Tal agravio resulta infundado. La específica pregunta planteada por la recurrente es si la fracción IV del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (al referirse a la actualización de una conducta grave generada por una queja de carácter administrativa) debe entenderse en el sentido de que también comprende al procedimiento de responsabilidad llamado ―denuncia”. La pregunta es relevante en virtud de que el Consejo determinó que se actualizaba una falta grave atribuible a la recurrente mediante el procedimiento de denuncia 5/2005. De hecho, ninguno de los demás procedimientos instaurados culminó con tal determinación. Esta Corte llega a la conclusión de que el término ―queja de carácter administrativa‖ se refiere a cualquier procedimiento de responsabilidad administrativa que pueda ser instaurado en contra de un funcionario judicial. Debe entenderse que la expresión tiene un carácter genérico. Es lógico suponer lo anterior cuando se advierte que el legislador utilizó las palabras “con el carácter de”, justamente para poner énfasis en el carácter del procedimiento y no así, en su denominación. La tipología de los procedimientos de responsabilidad se torna irrelevante para efectos de dicha fracción, el elemento relevante es el carácter de procedimiento por responsabilidad administrativa. También resulta lógico suponer que el legislador, al expresar tal término, tuvo la intención de referirse a cualquier procedimiento de responsabilidad, poniendo especial énfasis en que éste habría de ser relevante para efectos de la ratificación siempre que culminara con la determinación de una falta grave. Sobre este punto radica la importancia de la fracción que se analiza; no sobre el específico procedimiento del cual deriva tal determinación. No se encuentra fundamento alguno para suponer que sí está justificado negar la ratificación porque existe una determinación de falta grave derivada de una queja administrativa, pero que ello no puede ser así tratándose de una denuncia. La estructura normativa de
tales procedimientos no revela alguna característica relevante que permitiera hacer esa distinción. 4.- Agravio relativo a que el Consejo no debió tomar en cuenta el informe del contralor del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se advierte que omitió presentar declaraciones por conclusión como Juez de Distrito e inicio como Magistrada de Circuito. Este agravio también debe declararse infundado. El Contralor del Poder Judicial de la Federación informa que la Magistrada omitió presentar las declaraciones por conclusión como Juez de Distrito e inicio como Magistrada de Circuito. Ahora, si bien el Consejo señala la existencia de esta circunstancia, en ningún momento realiza una ponderación o valoración sobre la misma. Es decir, el Consejo en ningún momento señala que dicha circunstancia valía como una razón más para negar la ratificación de la recurrente. Esto es claro al analizarse la estructura con la que el Consejo elaboró la resolución en cuestión. La consideración impugnada forma parte del octavo considerando de la resolución, mismo que cumplió una específica y exclusiva función; a saber: describir los hechos y circunstancias que integraban el expediente personal de la recurrente. Así, la motivación específica que realiza el Consejo puede ubicarse en el considerando noveno de la resolución, el cual se refiere a la evaluación conjunta de los elementos exigidos constitucionalmente para que proceda la ratificación. Es en este específico apartado en el que el Consejo expone los argumentos que conducen a la determinación de la no ratificación. Sólo las razones que llevan a la decisión final son susceptibles de causar agravio. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO.- Es interpuesto. infundado el recurso de revisión administrativa
―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA‖. (p. 5)
―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA‖. (p. 8) ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO‖. (p. 10 y p. 27) ―RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN‖. (p.40 y p. 52) ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN‖. (p. 42) ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE SU FUNCIÓN JUDICIAL, CUANDO LA INTERPONGAN CONTRA LA NEGATIVA DE SU RATIFICACIÓN‖. (p. 45) ―RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA‖. (p. 55)
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 33/2009. RECURRENTE: **********.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de febrero de dos mil diez.
V I S T O S para resolver los autos del recurso de Revisión Administrativa 33/2009, hecho valer por **********, Magistrada de Circuito adscrita al Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal.
Q U E:
PRIMERO.- Antecedentes. Al concluirse seis años en el desempeño de ********** como Magistrada de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal dio inicio a su procedimiento de ratificación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 97 constitucional. Posteriormente, el veintiuno de marzo de dos mil siete, el Pleno de tal órgano ordenó suspender el procedimiento, hasta en tanto se resolvieran diversos procedimientos administrativos de responsabilidad instaurados en contra de dicha servidora1. Inconforme con la suspensión, la Magistrada interpuso un recurso de revisión administrativa ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien el doce de enero de dos mil nueve resolvió el
Específicamente, las denuncias 5/2005, 24/2005, 10/2006 y la queja administrativa 420/2005.
recurso de revisión administrativa 61/2008 de modo favorable a los intereses de la recurrente; esto, al señalar que el Pleno del Consejo debía pronunciarse sobre su ratificación, con independencia de que se encontraran pendientes algunos procedimientos de responsabilidad en su contra.
En cumplimiento de dicha resolución, el dieciocho de febrero de dos mil nueve, el Pleno del Consejo se pronunció sobre la cuestión, determinando que no procedía ratificar a la recurrente en vista de que su desempeño como juzgadora federal no satisfizo los requisitos que el orden legal y constitucional exigen para el desarrollo de la misma, tales como el profesionalismo y excelencia, entre otros.
Es necesario destacar que para la fecha en que el Consejo de la Judicatura Federal acató el mandato de esta Suprema Corte, los procedimientos de responsabilidad que originalmente habían motivado la suspensión del procedimiento, ya habían sido resueltos. Por tanto, el Consejo los tomó en cuenta para efectos de su determinación.
La resolución reclamada en el presente asunto es aquélla en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determina que no procede ratificar a **********. El Tribunal Pleno debe, por tanto, pronunciarse sobre su validez.
SEGUNDO.- Presentación del recurso. Mediante escrito recibido el veintidós de abril de dos mil nueve2, en la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, ********** recurso de revisión administrativa en contra de: interpuso
Dicho escrito obra agregado de las hojas 39 a 246 del expediente.
 La resolución emitida dentro de su expediente personal 2482 correspondiente a la sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante la cual decidió no ratificarla en el cargo de juzgadora federal. TERCERO.- Remisión y trámite ante el Tribunal Pleno. El veintiocho de abril de dos mil nueve, la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió la demanda en que la recurrente expresó sus agravios y el informe que rinde el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Recibidos los escritos de referencia y sus anexos, el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el siete de mayo de dos mil nueve, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir a criterio del Pleno de este Alto Tribunal, admitir el recurso de revisión administrativa; tener por presentado, en tiempo y forma, el informe que rinde el Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, como representante designado por el Consejo de la Judicatura Federal para intervenir en el asunto; en su oportunidad, pasar los autos al Ministro que por turno correspondiera; tener por admitidas algunas de las pruebas ofrecidas por la recurrente y el propio Consejo de la Judicatura Federal.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal envío a esta Suprema Corte diversas pruebas ofrecidas por la recurrente, las cuales admitió el Presidente en funciones el cuatro de junio de dos mil nueve. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil nueve, el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al encontrar el asunto debidamente integrado, ordenó turnar
los autos para su estudio al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que diera cuenta con el proyecto respectivo al Tribunal Pleno.
PRIMERO.- Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122, 123, fracción I; 126 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de la resolución mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que no procedía ratificar a la recurrente en el cargo de juzgadora federal.
SEGUNDO.- Oportunidad del recurso. El presente recurso de revisión administrativa se interpuso dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De manera previa debe apuntarse que en el expediente no obra constancia de la fecha en que la recurrente fue notificada de la resolución impugnada. Sin embargo, el recurso debe considerarse presentado oportunamente. En efecto, tratándose de resoluciones de ratificación, el artículo 49 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales3, ordena al Secretario
Artículo 49.- El Secretario Ejecutivo del Pleno comunicará a los magistrados de circuito y jueces de distrito, el sentido de la resolución que se dicte en el procedimiento de su ratificación, y se procurará celebrar una ceremonia solemne para ese efecto. La Comisión asumirá la organización de las ceremonias respectivas, con el objeto de entregar las citadas constancias.
Ejecutivo del Pleno comunicar a los magistrados de circuitos y jueces de distrito, el sentido de la resolución que se dicte en el procedimiento de su ratificación, procurándose celebrar una ceremonia solemne para ese efecto. Esta norma permite entender la razón por la que no obra tal constancia de notificación en el expediente.
Ahora bien, en su escrito de revisión, la recurrente afirma que la resolución ahora impugnada le fue notificada el día quince de abril de dos mil nueve. Al no existir en autos una fecha cierta de notificación de la resolución recurrida, aquella que debe servir como criterio para el inicio del cómputo es la misma en que la recurrente alega haberse enterado del sentido de la resolución reclamada debe tomarse como fecha a partir de la cual debe hacerse el cómputo respectivo.
Lo anterior se corrobora a partir del siguiente criterio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA. El artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo, previene el recurso de revisión administrativa ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces. Dicho recurso se encuentra regulado en los artículos del 122 al 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableciéndose en el 124, que el mismo deberá presentarse ante el presidente de ese Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse. Dicha notificación, a su vez, se encuentra prevista en el artículo 72 del propio ordenamiento, que manda que las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal, constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos y notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. De esto se sigue que si se formula una revisión administrativa en contra de una de las resoluciones respecto de las que procede y el promovente afirma que la resolución que combate no le fue notificada, sin que ello llegue a
desvirtuarse durante la tramitación del recurso, el cómputo del término para determinar si se hizo valer en tiempo debe hacerse a partir de la fecha en que se ostentó sabedor del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código Federal 4 de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Bajo este contexto, la resolución ahora impugnada debe tenerse por notificada a la recurrente el día quince de abril de dos mil nueve; por tanto, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el día dieciséis de abril de dos mil nueve, por lo que el plazo de cinco días para la interposición del recurso de revisión administrativa inició el diecisiete y concluyó el día veintitrés siguiente, ambos del mismo mes y año, debiendo descontarse los días dieciocho y diecinueve del mismo mes y año por ser sábado y domingo y por tanto resultar inhábiles.
Por ello, si el citado medio de impugnación se presentó en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal el veintidós de abril de dos mil nueve, según se advierte de la constancia respectiva, es evidente que éste se presentó en tiempo.
TERCERO.- Procedencia del recurso. La procedencia del recurso de revisión administrativa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio y en forma preferente, máxime si el medio de impugnación se admitió con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie puedan surgir a criterio del Pleno. Ello se advierte del acuerdo emitido el siete de mayo de dos mil nueve por el Presidente en funciones de esta Suprema Corte.
De manera preliminar cabe recordar que, de conformidad con el párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución Política de los
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, tesis P. XXX/97, página ciento treinta y dos.
Estados Unidos Mexicanos5, las decisiones del Consejo son definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. El término ―ratificación‖ previsto en la Constitución debe ser entendido en el sentido de que comprende el supuesto relativo a la no ratificación. En efecto, es desacertada la idea de que la definición del término ―ratificación‖ contenido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo se refiere a la resolución mediante la cual se ratifica a un juzgador. No tendría sentido que el Constituyente hubiera garantizado un mecanismo de defensa solamente para aquellos juzgadores federales que resultaran ratificados en su encargo.
En efecto, la intención del Constituyente fue que el Pleno de la Suprema Corte determinara si la decisión tomada fue dictada con apego a los requisitos formales exigidos en la Ley, reglamentos y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal, ya que ello garantiza la continuidad de la adecuada impartición de justicia. Éste es el sentido de la protección contenida en el artículo 97 constitucional, al establecer que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a
Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
Ahora bien, en el caso, es claro que existe una determinación del Consejo de la Judicatura Federal con base en la cual la recurrente no fue ratificada en el cargo de juzgadora federal que venía
desempeñando. Esta circunstancia permite que este Tribunal Pleno realice el análisis de las razones que sustentaron dicha determinación.
Ahora, si bien es cierto que el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación6 no menciona expresamente a la ratificación (o su negativa) entre las resoluciones que están sujetas a control por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe entenderse que sí está incluida. En primer lugar porque, como ya se ha hecho notar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es expresa al señalar que las resoluciones que se refieren a la ratificación pueden ser objeto de impugnación en el recurso de revisión administrativa. En segundo lugar, esta Suprema Corte ya ha determinado que una resolución de remoción generada con motivo de la no ratificación de un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, debe considerarse impugnable en el recurso de revisión administrativa, justamente por tener como efecto la remoción en el cargo.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA. El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reformó, entre otros, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, excepto las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito. Por tanto, como el legislador no limitó la
ARTÍCULO 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de magistrados de circuito y jueces de distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa.
procedencia del recurso a los casos en que expresa y literalmente se utilizaran tales palabras, debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, pues el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieren un hecho idéntico. En consecuencia, si existe una resolución de remoción por no haberse ratificado a uno de los servidores públicos antes mencionados, debe entenderse que sí procede el recurso de revisión administrativa establecido en el referido precepto constitucional.7
Finalmente, debe decirse que la calificación sobre la procedencia del recurso de revisión administrativa, queda a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de asuntos que por su naturaleza le corresponde en exclusiva decidir. Es atribución exclusiva de dicho órgano velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la autonomía de sus miembros, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, el examen armónico del noveno párrafo del artículo 100 constitucional, en relación con los diversos 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros, el precepto constitucional que establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción, remoción y ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, partiendo de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés
Jurisprudencia 107/1999, Instancia: Pleno, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, Página: 34.
en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) Dar seguridad al Magistrado o Juez de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en su carácter de órgano máximo jurisdiccional del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo, obligación que también debió acatar en su intervención y en su momento el Consejo de la Judicatura Federal, órgano supremo administrativo del Poder Judicial Federal, respecto de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Resulta aplicable el criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en la siguiente tesis ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA,
RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO‖.8 En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal debe desempeñar sus funciones de conformidad con los principios básicos asentados en
Los datos de identificación son: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Marzo de 1996, Tesis: P. XXI/96, Página: 468; y su texto es del tenor siguiente: ―El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma‖. Recurso de revisión administrativa 2/95. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro González Bernabé‖.
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las normas que de ella emanen, por lo que todas las decisiones de dicho Consejo estarán sometidas ―como las de cualquier autoridad―, al estricto cumplimiento del principio de legalidad, descartando cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u oficiosos.
El medio de impugnación que nos ocupa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la no ratificación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
En esa tesitura, resulta procedente el recurso de revisión administrativa hecho valer por la recurrente.
CUARTO.- Resolución de no ratificación emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En síntesis, el Consejo de la Judicatura Federal sostuvo las siguientes consideraciones en la resolución mediante la cual determinó que no resultaba procedente la ratificación de la recurrente, misma que constituye el acto impugnado del presente asunto:
Con independencia de que ya se encuentren resueltos los procedimientos disciplinarios instaurados en contra de la Magistrada **********, se procede a resolver sobre su ratificación; ello, en acatamiento de la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en el recurso de revisión administrativa 61/2008 en la que entre otras cuestiones se determinó que, conforme al artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, no era obstáculo para que el Pleno del Consejo resolviera sobre la ratificación de la Magistrada el hecho de que existieran procedimientos de responsabilidad administrativa pendientes de resolver. Para efectos de determinar si resulta procedente la ratificación de la Magistrada **********, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal considera los siguientes aspectos: 1) ANTIGÜEDAD: Descontando los días que le fueron otorgados por las distintas licencias médicas y los correspondientes a la suspensión de un año en su encargo, la juzgadora sí satisface el término de seis años efectivos que
para la ratificación establece el párrafo primero del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN: La servidora judicial ha ocupado los cargos de actuaría judicial de juzgado, secretaria de juzgado y de tribunal, Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrada de Circuito, lo cual refleja su experiencia en diferentes categorías de la carrera judicial. 3) RESULTADO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN: Durante el período de un año, tres meses y quince días en que fungió como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se le formularon diversas recomendaciones. Mismas que quedaron asentadas en los dictámenes 292/2000, 537/2000 y 175/2001. En todos ellos se estableció que realizara mayores esfuerzos a fin de dar preferencia al dictado de las resoluciones que presentaran mayor dilación. En su desempeño como magistrada de Circuito adscrita al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, se le formularon diversas recomendaciones. Mismas que quedaron asentadas en el dictamen 478/2001, en el que se le recomendó que presentara el proyecto de resolución de un amparo directo; el informe circunstanciado 970/2004 y la visita de inspección ordinaria 418/2005. En estos dos últimos, se conminó a la que recurrente a igualar el número de asuntos pendientes que resolver que tenía su ponencia, con el de los otros magistrados integrantes del tribunal visitado, a fin de abatir el rezago que reportó el órgano jurisdiccional. De igual forma se le recomendó que en el plazo de tres meses contados desde la notificación, informara a la Comisión de Disciplina del Consejo de las medidas tomadas y el avance logrado. El dictamen concluyó sin irregularidades pero del considerando único se desprende que en la ponencia de la magistrada ********** aparecieron 250 asuntos pendientes de fallar. 4) GRADO ACADÉMICO Y DIVERSOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y DE ESPECIALIZACIÓN ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE. Se enlistan los diversos cursos acreditados por la Magistrada, así como su grado académico. 5) AUSENCIA DE SANCIÓN POR FALTA GRAVE CON MOTIVO DE UNA QUEJA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: Del expediente personal de la licenciada **********, así como de diversos informes y comunicados firmados por la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en su contra se han instaurado los procedimientos disciplinarios siguientes: Quejas administrativas: 96/2000, 241/2001, 267/2002, 69/2003, 283/2003, 307/2003, 12/2004, ,316/2005, 420/2005 y 479/2005; Varios: 381/2001; y Denuncias 4/2005, 5/2005, 24/2005 y 10/2006. De tales procedimientos destacan: - Queja Administrativa 96/2000. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la declaró fundada al estimar que la servidora judicial, en su actuación como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal incurrió en dilación en la emisión de la resolución en el juicio
de amparo directo 424/1999, calificando la conducta no grave, por lo que le impuso como sanción apercibimiento privado. - Queja Administrativa 241/2001. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la declaró fundada al estimar que la magistrada **********, en su actuación como integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dilató la emisión de la sentencia relativa al juicio de amparo 633/99, conducta que calificó como no grave; en consecuencia se le impuso la sanción de apercibimiento privado. - Queja Administrativa 267/2002. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la declaró fundada en una parte, por considerar que existió dilación injustificada en el engrose de la sentencia en el expediente de amparo 595/2001, de cuatro meses y quince días, conducta que calificó como no grave, por lo que impuso la sanción consistente en amonestación privada. - Queja Administrativa 420/2005. El Pleno del Consejo la declaró fundada al considerar que la Magistrada, en su actuación en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, incurrió en dilación en la resolución del amparo en revisión R.A 220/204-2279, porque entre la fecha en que se turnó el asunto y en la que se aprobó el proyecto, transcurrieron doscientos doce días hábiles. Por ello, se estableció que la Magistrada dejó de cumplir con los principios de excelencia y profesionalismo que rigen la carrera judicial y, a su vez inobservó lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en cuanto a la prontitud con que deben dictarse las sentencias. El Pleno calificó tal conducta como no grave, por lo que impuso sanción administrativa consistente en amonestación pública. - Denuncia 5/2005. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió en el sentido de tener por acreditada la responsabilidad denunciada. Ello, al considerar que la Magistrada ********** dilató la elaboración del engrose correspondiente a doscientos cincuenta y nueve asuntos. De igual forma, porque la citada juzgadora provocó la modificación de actuaciones judiciales correspondientes a cuatrocientos setenta y siete asuntos. Al calificarse como grave la primera de esas conductas, se le impuso la suspensión de un año en el cargo. Por lo que respecta a otros elementos a considerar, es pertinente tomar en cuenta el informe del Contralor del Poder Judicial de la Federación, emitido mediante oficio CPJF-0429/2007, mediante el cual remite el informe de evolución patrimonial de la Magistrada. En éste, se informa que la Magistrada omitió presentar las declaraciones por conclusión como Juez de Distrito e inicio como Magistrada de Circuito. Se añade que, sin embargo, la facultad sancionadora se encuentra prescrita conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 78, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al haber transcurrido más de tres años después de dicha infracción. De igual forma se dictaminó que su declaración no presentaba incrementos patrimoniales injustificados. Una vez analizados en lo particular los elementos exigidos constitucional y legalmente para que proceda la ratificación de los jueces y magistrados, se impone evaluarlos en su conjunto. Es esencial realizar un análisis integral y detallado del desempeño de la función jurisdiccional de cada servidor judicial,
a partir de la valoración de todos aquellos elementos que conforman el perfil del juzgador, cuya estructura se infiere de los principios que rigen la carrera judicial, relacionados con las condiciones relativas a la excelencia, profesionalismo, objetividad e imparcialidad. Bajo este contexto, se llega al convencimiento de que no procede la ratificación de la licenciada ********** en su cargo de juzgadora federal, por las siguientes razones: Cualquier situación que ponga en peligro la sana y correcta materialización de los principios de carrera judicial (por ejemplo: faltas constantes y carencia de organización) provocará de manera instantánea un indebido desempeño de uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la ratificación. A continuación cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se identifica con el siguiente rubro: ―RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN‖. En el caso, el examen sobre el ejercicio de la función a cargo de la licenciada ********** arroja como resultado un saldo negativo o que trae como consecuencia la falta de sostenimiento de los lineamientos que estructuran el perfil del juzgador y con ello la existencia de un indebido desempeño de la función jurisdiccional. Tal aseveración se revela a partir de tres situaciones concretas; a saber: 1) la responsabilidad configurada en diversos procedimientos disciplinarios, 2) la reiterada existencia de recomendaciones para el debido ejercicio de la función; 3) las constantes ausencias en el cargo. La primera de las conductas precisadas surge de la constante inserción de la licenciada ********** en múltiples procedimientos de responsabilidad, en el negativo resultado obtenido en algunos de ellos. Ciertamente se aprecia que a la Magistrada, en su actuación como juzgadora federal, se le ha sujetado a diversos procedimientos disciplinarios, de entre los cuales, en los relativos a las quejas administrativas 96/2000, 241/2001, 267/2002 y 420/2005, así como a la denuncia 5/2005, se ha demostrado su responsabilidad y en consecuencia, se le han impuesto diversas sanciones (apercibimiento privado, amonestación privada, amonestación pública, y suspensión de un año). Es posible apreciar que, en todas ellas, la causa común que detonó la existencia de la responsabilidad controvertida fue la dilación, ya sea en el dictado de resoluciones o en la elaboración de engroses. El conocimiento de la existencia de los diversos procedimientos a que ha sido sujeta la licenciada **********, así como de las causas que han provocado su responsabilidad en algunos de ellos, no deja lugar a dudas de que su ejercicio como juzgadora federal se ha visto opacado por una marcada tendencia a desatender la norma legal que la delimita,
concretamente lo relativo a los plazos para emitir las sentencias o elaborar los engroses a su cargo. Con tal proceder (dilación), la servidora ha faltado de manera reiterada a los principios de profesionalismo y excelencia que enmarcan su función, cuya inobservancia, al constituir atributos indispensables para el desarrollo de la función jurisdiccional, provoca la pérdida de las condiciones necesarias para continuar con su ejercicio. Igual circunstancia acontece con la segunda de las conductas que evidencian el indebido desempeño de la magistrada, relativo a las reiteradas recomendaciones que se le externaron a través de los dictámenes recaídos a las distinta vistas de inspección practicadas a los órganos a los que estuvo adscrita. El accionar de la Magistrada fue reiteradamente puesto en duda, pues de manera constante se le instó a que erradicara el retardo que imperaba en la emisión de las resoluciones relativas a múltiples asuntos bajo su cargo. En consecuencia, lejos de lograr la consecución y el sostenimiento de los principios que rigen su función, la juzgadora incurrió de manera constante en su desatención, a través de una reiterada intención por dilatar la impartición de justicia, circunstancia que provocó la existencia de diversas recomendaciones. Por tanto, es incuestionable que no posee el perfil para continuar con su ejercicio y, por ende, no procede su ratificación. El indebido desempeño de la función se acredita con la existencia de una tercera conducta, relativa a las constantes ausencias en que incurrió. Las licencias médicas de la Magistrada representan en su conjunto un total de setecientos ochenta y dos días de ausencias. Esa temporalidad no sólo rebasa sino duplica el período máximo de un año que para esos casos permite el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la época de la emisión de las licencias. La servidora judicial ha dejado de atender de manera continua su función a partir de la incapacidad que ha mostrado para ocuparse de su cargo, con independencia de las causas que haya provocado esa situación, toda vez que la administración de justicia no puede paralizarse. Queda evidenciado que el desempeño del ejercicio del cargo por parte de la licenciada ********** ha sido deficiente. De ahí que no logra cumplir con lo dispuesto por el artículo 121, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En diverso orden de ideas, la improcedencia de la ratificación de la licenciada ********** deriva de la circunstancia de que tampoco satisface las condiciones requeridas por el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativa a la necesidad de no haber sido sancionado por falta grave, derivada de un procedimiento disciplinario. Destaca la denuncia 5/2005, de cuya resolución se obtiene que la servidora judicial incurrió en las causas de responsabilidad previstas a que se refiere el artículo 131, fracciones III y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación en relación con el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La servidora incumplió con lo previsto por el artículo 188 de la Ley de Amparo, pues en su actuación como integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dilató la elaboración del engrose de doscientos cincuenta y nueve asuntos. Así mismo, de modo indebido, la funcionaria dio instrucciones orientadas a modificar las actuaciones judiciales correspondientes a cuatrocientos setenta y siete asuntos a cargo del órgano jurisdiccional en cita; trayendo como consecuencia la evidente transgresión del principio de certeza jurídica en perjuicio de los justiciables. Conforme a las consideraciones expuestas, queda demostrado que en el ejercicio de la función jurisdiccional que le fue encomendada a la licenciada **********, dejó se satisfacer los requisitos que el orden legal exige para el desarrollo de dicha función, entre ellos, el profesionalismo y la excelencia. Su desempeño no ha sido responsable ni eficiente.
QUINTO.- Agravios de la recurrente. Los agravios hechos valer por la recurrente, en lo que interesa para la materia del presente recurso, son los siguientes:
I. Escrito de veintidós de abril de dos mil nueve:
En primer lugar, la recurrente impugna diversas violaciones procesales alegando que:
PRIMERA. El procedimiento de ratificación al que fue sujeta no cumplió con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales. Si bien tuvo conocimiento de la reanudación de dicho procedimiento con motivo de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los autos de la revisión administrativa 61/2008, en ningún momento se hizo de su conocimiento que el Consejo los tuvo a la vista para conocer lo conducente a la ratificación. Circunstancia que hizo nugatorio su derecho de conocer las constancias correspondientes para estar en aptitud de objetarlas o, en su caso, ofrecer las que considerara oportunas o conducentes. Con esto –sostiene– se le ha dejado en pleno estado de indefensión, pues no se le dio participación en él. De conformidad con los artículos 46 y 47 del acuerdo antes citado, debía corrérsele traslado con las constancias que en un momento dado servirían de base para resolver sobre la ratificación.
SEGUNDA. La resolución combatida fue firmada por la entonces Consejera Elvia Díaz de León D´Hers con posterioridad al haber concluido constitucionalmente con su encargo. La Consejera concluyó su encargo el veinticuatro de febrero del dos mil nueve, mientras que la resolución se firmó el día primero de abril del mismo año. Por tanto, la Magistrada carecía de facultades constitucionales para ello. Esta violación procesal obliga a reponer el procedimiento. La irregularidad invalida la emisión de la resolución. TERCERA. En la resolución impugnada se pasó por alto lo resuelto por el Tribunal Pleno en la revisión administrativa 61/2008. Intrínsecamente tal resolución imponía al Consejo de la Judicatura Federal emitir la resolución en cuestión de conformidad con las circunstancias que imperaban en el momento de que procediera dicho estudio. Los parámetros con los cuales podía actuar jurídicamente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para proveer sobre la ratificación en términos del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se debían retrotraer al tiempo en que jurídicamente procedía el estudio de procedencia de la ratificación. La emisión de la resolución que recayó al procedimiento 5/2005 fue posterior a los seis años que deben revisarse para efectos de la ratificación, por lo que debe declararse su nulidad. Los agravios que expresa la recurrente en relación con las violaciones alegadas son los siguientes: PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal realiza un estudio parcial, incorrecto y subjetivo de los requisitos previstos por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, equiparando indebidamente la denuncia oficiosa ordenada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la existencia de una queja administrativa por faltas graves, que debe ser instaurada por parte agraviada en un juicio o procedimiento de los que conocen los órganos federales. De esta forma, la resolución combatida viola el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por tanto debe declarase su nulidad. En principio, la resolución se limita a realizar una descripción de su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación sin que de ahí derive argumentación alguna o análisis objetivo que permita concluir la no procedencia de la ratificación. Añade la recurrente que si bien no fue extraordinario ni sobresaliente su desempeño judicial, lo cierto es que fue normal y ajustado a la conducta que se puede esperar de un funcionario de tan elevado cargo. SEGUNDO. Las consideraciones que apoyan la resolución de no ratificación son imprecisas, incorrectas e ilegales. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal refiere de manera subjetiva su apreciación en cuanto a los dictámenes 292/2000, 537/2000 y 175/2001, 17
aduciendo que hacen referencia a diversos asuntos con dilación en el dictado de la sentencia respectiva, sin tomar en cuenta de manera integral el contenido de los dictámenes correlacionados con el informe circunstanciado ni las visitas físicas que fueron practicadas a los órganos jurisdiccionales en los que estuvo adscrita. No existe dato o argumento de que no se hayan cumplido las recomendaciones que le fueron realizadas. Por el contrario, el Pleno del Consejo indebidamente pretende establecer la existencia de dilación cuando en los mismos dictámenes se concluyó que no había irregularidad alguna. La dilación obedecía a una causa justificada. A partir del análisis de tales constancias se demuestra claramente que sólo se tomó en cuenta el tiempo mayor a quince días de asuntos en los que humanamente no fue posible dictar la sentencia. Afirma haber recibido un juzgado con rezago desde el día en que tomó posesión de su cargo. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar si el rendimiento del juzgado de distrito fue o no en aumento o detrimento, nunca consideró las licencias que con goce de sueldo le fueron otorgadas. Licencias que –sostiene– le fueron otorgadas con la finalidad de que ampliara sus conocimientos jurídicos en beneficio de la función que desempeñaba. Para realizar una valoración objetiva del desempeño en seis años a que se refiere el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se requiere que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal haya realizado un estudio completo y detallado de cada informe circunstanciado de cada visita física practicada y de todos y cada uno de los dictámenes rendidos por la Comisión correspondiente al Consejo y no sólo analizar las observaciones en relación con los amparos en los que no fue humanamente posible dictar la sentencia respectiva en quince días después de celebrada la audiencia. Añade que dio cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones hechas. Lo mismo ocurre con los dictámenes emitidos durante su desempeño como Magistrada de Circuito (478/2001, 970/2004, 418/2005), pues las dilaciones a que se hace referencia en los mismos no fueron consideradas irregulares, sólo se trata de recomendaciones. TERCERO. En la resolución impugnada no hay datos ciertos en cuanto a su desempeño, pues sólo se abordan aspectos negativos y se dejan de lado todos aquellos que demuestran su efectivo desempeño como juzgadora federal. Así, en la resolución impugnada no se hace un estudio real y congruente a lo que establece el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El egreso realizado en el dictado de sentencias fue de manera global, igual o ligeramente superior al de sus compañeros integrantes del Décimo Tercer y Quinto Tribunales Colegiados en los que estuvo adscrita, con lo que se demuestra la eficacia de su desempeño. CUARTO. Contrario a lo sostenido en la resolución reclamada, el otorgamiento de múltiples licencias médicas por parte del ISSSTE no indica
un actuar irregular. Las inasistencias están debidamente justificadas; por tanto, no pueden tomarse como un aspecto que le perjudica. El hecho de tomar en consideración las ausencias (con motivos de licencias médicas) como base para negar la ratificación, es un tanto discriminatorio. La Ley del ISSSTE precisa que las licencias con o sin goce de sueldo generan antigüedad. Ello significa que legalmente procede la justificación de esas inasistencias. QUINTO. No debió tomarse en cuenta el Judicial de la Federación, emitido mediante febrero del 2007, mediante el cual se declaraciones por conclusión como Juez de de Circuito. informe del contralor del Poder oficio CPJF-0429/2007 de 23 de advierte que omitió presentar Distrito e inicio como Magistrada
Ello en virtud de que tales hechos se encuentran prescritos. Además, a la fecha, el acuerdo sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su artículo 160, fracción V, ya no establece la obligación de presentar declaración de conclusión e inicio cuando se pasa a una categoría superior que implique mayores ingresos. Las quejas administrativas fundadas 91/2000, 241/2001, 267/2002 y 420/2005 son insuficientes para demostrar un incorrecto y deficiente desempeño. No puede considerarse que por cuatro asuntos en los que se dictó sentencia después del plazo de ley, se haga nugatorio el buen desempeño realizado. SEXTO. Las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que sirvieron para resolver la denuncia 5/2005 y la Queja 420/2005 fueron dictadas contra derecho y con base en irregularidades que no demuestran la verdad de los hechos injustamente atribuidos. La queja administrativa es de naturaleza diversa a la denuncia anónima y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal indebidamente equiparó la denuncia 5/2005 que inició de oficio con la queja administrativa. La recurrente destaca la jurisprudencia que ha emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que tratándose de los procedimientos de responsabilidad administrativa deben acatarse los principios que rigen en materia penal y si bien el procedimiento de ratificación está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ello no exime al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a constreñirse de manera estricta a los supuestos previstos en el artículo 121, es decir, a tomar en cuenta la existencia de queja administrativa y no considerar por analogía la existencia de una denuncia que el mismo Pleno del Consejo instauró y resolvió oficiosamente. Si el legislador sostuvo como requisito en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que para la ratificación no debe existir queja administrativa fundada por falta grave, ello obedeció a que debe considerarse el daño acreditado a las partes en los juicios que intervienen. Es decir, se refiere expresamente a la existencia de queja administrativa porque de manera objetiva se demuestra que la falta grave trascendió a las partes en el juicio o a una de las partes con la tramitación y resolución de los juicios.
En el caso, no existe queja o inconformidad alguna de las partes involucradas en los 261 asuntos por dilación y en los 477 asuntos en los que se estampó un sello para asentar la fecha de entrega de expedientes a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado respectivo, lo cual es una fecha distinta a la firma del engrose. Si el Poder Reformador de la Constitución facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar que las resoluciones del Consejo se apeguen estrictamente a los requisitos legales conducentes, por identidad de razón e inclusive por mayoría de razón debe concluirse que en el caso aquellas que determinan la no ratificación de los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, este Alto Tribunal se encuentra facultado para que al resolver sobre su legalidad se verifique la propia de todos aquellos actos emitidos por el Consejo, durante el período constitucional de la función judicial, que sirvan de base para la no ratificación. Esta conclusión tiene su fundamento en las facultades de integración legal que, ante la ausencia de normas que permitan resolver una controversia jurídica, otorga a todo juzgador, excepto en materia penal. Siendo la razón legal de la existencia del recurso de revisión administrativa la verificación del cumplimiento del principio de legalidad, debe concluirse que no existe impedimento alguno para que la Suprema Corte analice los agravios vertidos en tal recurso, en relación con las determinaciones o acuerdos del Consejo que trasciendan a la no ratificación, ya que conforme al principio general del derecho consistente en que ―donde no existe la misma razón debe regir la misma disposición‖ y, debido a que la ley no prohíbe lo contrario, si existe la potestad para revisar la legalidad de una resolución, debe existir la propia para verificar la de los acuerdos o determinaciones que le sirven de sustento. En ese orden de ideas deben estimarse operantes los agravios encaminados a controvertir la legalidad de las decisiones tomadas por el Consejo, siempre y cuando, de un primer estudio de la fundamentación y motivación de la resolución de no ratificación resulte que ponen en duda la legalidad de aquellos actos que trascienden al resultado del fallo. En caso de que los agravios planteados prosperen, el efecto de ello trascenderá únicamente, en principio, a la legalidad de la resolución de remoción, por lo que la Suprema Corte se encuentra facultada para analizar el apego al marco jurídico. La recurrente se apoya en la tesis del Pleno que se identifica con el rubro: ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO CONSTITUCIONAL DE SU FUNCIÓN JUDICIAL, CUANDO LA INTERPONGAN CONTRA LA NEGATIVA DE SU RATIFICACIÓN‖. Visto que el Alto Tribunal se encuentra facultado para analizar el apego al marco jurídico de las resoluciones del Consejo que trasciendan a tal remoción, procede la revisión de la denuncia 5/2005. Respecto de ésta, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no decretó prescrito su procedimiento de substanciación, en términos del artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Entre la fecha en que ocurrieron los hechos atribuidos (enero de 2001 y mayo del 2003) y el inicio del procedimiento de denuncia 5/2005 (2 de enero de 2007), transcurrió en exceso el plazo de tres años a que se refiere la mencionada fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Transcurrieron tres años siete meses. Al respecto añade que debe considerarse que la citación de audiencia de ley para el inicio del procedimiento de denuncia se llevó a cabo hasta el 2 de enero, pues mediante acuerdo de 12 de diciembre de 2006 no se le indicaron las responsabilidades imputadas, contrario a lo que ordena el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El desahogo del procedimiento de investigación que originó el expediente de denuncia se realizó en contravención a lo establecido por las disposiciones aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales. Por tanto, debe considerarse nula la actuación de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, específicamente la actuación ilegal de la Actuaría que realizó la notificación del acuerdo 12 de diciembre de 2006, en el que se le citaba a comparecer ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior en virtud de que –aduce– se le dejó en estado de indefensión para participar en el desahogo de las pruebas en comento, formulando a favor de sus derechos las preguntas que estimara convenientes, así como para poder objetar los diversos cuestionamientos que se formularan a los testigos y que implicaran hechos que se le atribuyeran directamente, máxime que era un hecho notorio para la comisión de disciplina que en las fechas en que se desahogaron las testimoniales de que se trata se encontraba separada del Poder Judicial de la Federación con motivo de las licencias médicas otorgadas por el ISSSTE. De esa forma, de conformidad con el artículo 216 del acuerdo 48/1998 del Consejo de la Judicatura Federal se debieron suspender las actuaciones dentro del expediente de investigación 15/2005 y expediente de denuncia 5/2005. Las dilaciones que le fueron atribuidas no debieron ser sancionadas, dado que en la sustanciación del procedimiento se acreditaron circunstancias excepcionales que justifican el retraso. Entre ellas están: la desintegración del tribunal, la falta de secretarios, el fuerte ingreso y egreso de asuntos del tribunal, aunado a la complejidad de los asuntos en materia administrativa. El ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo superó notoriamente al que podría considerarse, por lo que debe concluirse que se presentaron excluyentes de responsabilidad. Al respecto, la recurrente cita la jurisprudencia P.J.32/92, cuyo rubro es: ―TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTÚO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO‖. La recurrente también impugna el acuerdo mediante el cual se le atribuye responsabilidad por la imposición de sellos en diversos expedientes con el aparente propósito de hacer coincidente la fecha de engrose con aquélla en que realizó la notificación de la sentencia. En tal acuerdo se señala que la
corrección en un gran número de asuntos, indica que ello se hizo con el objetivo de que no corrieran los términos para la elaboración de los engroses. Al respecto, la recurrente aduce que ni en el artículo 188 de la Ley de Amparo, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que algún precepto establezca la obligación de asentar en la sentencia la fecha en que ésta queda firmada. Para verificar que se cumplen los plazos del artículo 188 de la Ley de Amparo no es necesario que el Secretario de Acuerdos haga constar la fecha de la firma o engrose. Basta con advertir la fecha de la sesión y la fecha de publicación y notificación de la sentencia por lista y por oficio. Como consecuencia de ello, la imposición de sellos no tiende ni directa ni indirectamente a procurar que no corrieran los términos para la elaboración de los engroses. La imposición de sellos, como una medida de organización interna, es una práctica común en algunos tribunales colegiados y juzgados de distrito. Por tanto, tal imposición de sellos no puede ser materia de análisis por parte del Consejo de la Judicatura Federal. A continuación, la recurrente señala que las declaraciones de quienes sostuvieron que la imposición de sellos tenía el objeto de impedir que los términos corrieran, resultan inválidas y carentes de veracidad. La recurrente también reclama la imputación relativa al retardo en la firma de engroses de las resoluciones dictadas en los expedientes del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al respecto señala que en autos se encuentra comprobado que no existe causa de responsabilidad en su contra. Respecto de la acusación consistente en que las sesiones no realizaban en fechas programadas y sus respectivas actas no se levantaban, la recurrente aduce que tampoco se acredita en autos tal responsabilidad. Añade que la circunstancia de que se sesione una vez al mes no es motivo para que se le sancione. No existe disposición alguna que señale como indebido sesionar una vez al mes. Ese hecho no genera por si sólo la dilación de engroses. De igual forma, el Consejo de la Judicatura Federal basó su determinación al considerar que en el caso a estudio se sumaba lo resuelto en la queja 420/2005. Esta queja fue emitida con base en una resolución plagada de múltiples irregularidades. Para sustentar este argumento, la recurrente señala que las responsabilidades de los servidores públicos se rigen por los principios constitucionales que imperan en la materia penal, entre ellos el de presunción de inocencia y el relativo al cargo de la prueba. La queja en mención no reunió los requisitos consistentes en la expresión precisa de los hechos (tiempo, modo y lugar que rodean el hecho infractor); de igual forma, no se acompañan pruebas al escrito de queja para acreditar el dicho y para poder establecer la existencia de la infracción atribuida. Por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no probó las imputaciones hechas a la recurrente. El promovente de la queja debía acreditar sus afirmaciones con elementos probatorios, lo que en el caso no sucedió. Incluso, ha sido criterio reiterado de la Comisión de Disciplina que las deficiencias en que haya incurrido el
denunciante en el escrito de queja no deben subsanarse por ella ni por el propio denunciante en escritos posteriores. Resultan aplicables los artículos 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 202 del Acuerdo General 48/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El primero de ellos, al disponer que las denuncias deben estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de una posible infracción y presumir la responsabilidad del servidor público. La segunda norma resulta aplicable al ordenar que el Secretario Ejecutivo de Disciplina y el Director General sólo deben dar trámite a la denuncias cuando estén apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes. En el caso, el denunciante únicamente expresó que probaba su dicho con el expediente que se pidiera al Décimo Tercer Tribunal Administrativo del Circuito respectivo. La recurrente señala que ello demuestra que no acompañó documental alguna para acreditar su dicho. Es decir, la prueba consistente en la copia autorizada de las actuaciones del recuso de revisión R.A 220/2004 y que se hace referencia en el dictamen de la Comisión de Disciplina de veinte de febrero de dos mil siete, fue ilegalmente obtenida. En todo caso, al no haberse acompañado al escrito de queja la prueba documental de referencia, lo procedente era requerirla, como inconforme, para que aportara tal elemento de convicción, lo que en la especie no ocurrió. Por todo lo anterior, la recurrente solicita a la Corte que declare improcedente la queja administrativa presentada en su contra. De igual forma solicita que se declare que no existe causa de responsabilidad derivada de la queja administrativa presentada en su contra. La recurrente insiste que, respecto a las dilaciones que le fueron atribuidas, operó una causa de excusabilidad. La Comisión de Disciplina ha sostenido diversos criterios en los que se reconoce que la carga excesiva de trabajo de un órgano jurisdiccional federal constituye una causa eximente de responsabilidad, que opera a favor del funcionario judicial a quien se atribuye la dilación. Bajo la lógica de los criterios de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que los elementos que se deben considerar para determinar la existencia de la responsabilidad por dilación en el dictado de sentencias de magistrados y jueces: a) el número de asuntos que ingresaron; b) los egresos; c) el remanente; d) la complejidad de los asuntos; e) las condiciones particulares en que se presta el servicio jurisdiccional, respecto de las cuales debe incluirse: las circunstancias personales del funcionario (como puede ser si ha solicitado licencias o incapacidades médicas, o si ha sido comisionado para atender asuntos ajenos a su función judicial); las materiales (como si cuenta o no con personal suficiente, si se la ha provisto oportunamente o no de los elementos o instrumentos de oficina, tales como equipo de cómputo y papelería. f) las condiciones propias del proceso en cada juicio. La recurrente concluye sosteniendo que las dilaciones que dieron lugar a la sanción se estudiaron sin tomar en cuenta su desempeño y
aprovechamiento como impartidora de justicia. En los errores no se puede demostrar mala fe o corrupción. Finalmente, se solicita la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en donde se le reconozca el carácter de Magistrado de Circuito; así como para que dentro del plazo de treinta días naturales dicte una nueva resolución como en derecho proceda, en la que, con excepción de lo decidido en los considerandos que la Corte considere nulos y, en su caso, se pueda tomar en cuenta tanto los elementos que ya existen en su expediente personal, así como los que decida recabar de oficio, para resolver sobre su ratificación.
SEXTO.- Informe del Consejo de la Judicatura Federal. Los argumentos esgrimidos por el representante del Consejo de la Judicatura Federal en los informes que rindió, en lo que interesa para la materia del presente recurso, son los siguientes:
I. Informe rendido el veintiocho de abril de dos mil nueve.
I.1) Certeza del acto impugnado: Es cierto el acto impugnado. I.2) Desestimación de los agravios: El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar Morales, Elvia Díaz de León D´Hers, María Teresa Herrero Tello, Indalfer Infante Gonzáles, Jorge Moreno Collado y Óscar Vázquez Marín, la resolución en la que determinó no ratificarla en el cargo de juzgadora federal. La resolución fue dictada en estricto cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el doce de enero de dos mil nueve, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el diverso recurso de revisión administrativa 61/2008, interpuesto por la propia licenciada **********, el cual declaró procedente y fundado. Cabe destacar que la Consejera Elvia Díaz de León D´Hers concluyó en su encargo el veintitrés de febrero de dos mil nueve, posterior a la fecha en que el Pleno del Consejo aprobó la referida resolución que es materia del recurso de revisión administrativa a que se refiere el presente informe. En su sustitución, fue designado el Magistrado Juan Carlos Cruz Razo quien inició sus funciones el veinticuatro de febrero de dos mil nueve. La resolución impugnada se emitió en acatamiento de lo dispuesto por los artículos 97, párrafo primero, y 100, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 81, fracción VII, 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 44 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los
Funcionarios Judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. De igual forma, la resolución se emitió con base en las constancias agregadas al expediente personal 2482 abierto a nombre de la licenciada ********** ante la Dirección General de Recursos Humanos y demás informes y constancias remitidas por la unidades administrativas del propio Consejo, entre otras, las agregadas a los expedientes relativos a las diversas denuncias y quejas administrativas instruidas en su contra.
SÉPTIMO.- La materia del recurso. Previo al estudio del fondo, conviene precisar lo siguiente:
En esencia, la recurrente impugna la validez de la resolución mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que no resultaba procedente su ratificación. Por tanto, la cuestión a resolver se limita a determinar si dicho órgano emitió la resolución en cuestión con base en la normativa que le resulta vinculante.
OCTAVO.- Estudio de fondo.
I. Estudio de las atribuciones de la Suprema Corte en el recurso de revisión administrativa. Antes de calificar los agravios del recurrente, resulta conveniente recordar cuál es el alcance de las atribuciones del Tribunal Pleno en la resolución y estudio de una revisión administrativa.
El párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, y que por tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán ser revisadas por esta Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido
adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 122 dispone que dicho recurso tiene como objeto único que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito con apego a los requisitos formales previstos en ley, reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.
Así, el legislador facultó a la Suprema Corte para verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura que determinen, entre otros casos, la no ratificación de un juzgador federal en el cargo, se apegue a los requisitos mencionados. Por tanto, este Tribunal Pleno debe realizar un análisis completo y minucioso, tanto del
procedimiento que hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar si se cumplieron o no los requisitos exigidos por la ley, ya sean éstos de forma o bien de fondo. Lo considerado se apoya en la tesis P.XXI/96 cuyo rubro establece: ―REVISIÓN ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO”.9
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, marzo de 1996, página 468. Su texto dice: ―El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan;
Así, con el fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad, se concluye que en los recursos de revisión administrativa este Alto Tribunal tiene atribuciones para realizar, con base en los agravios alegados, un análisis completo y minucioso para verificar si la resolución impugnada respeta dicha garantía.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como encomienda principal velar por el respeto de la garantía de audiencia y de seguridad jurídica de que gozan todas las personas legitimadas para acudir a este medio de defensa. Dichas garantías deben estar presentes en todos los actos de la autoridad dirigidos a los particulares. Es por ello que este Tribunal Pleno cuenta con la facultad constitucional de revisar la legalidad de todos aquellos actos que emita el Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces ―incluso sus Acuerdos Generales, únicamente cuando las garantías en comento hayan sido violadas―, siempre y cuando ello no implique una invasión de la independencia técnica y de gestión que otorga nuestra Constitución a dicho órgano.10
Bajo este contexto, procede a analizar los agravios del recurrente.
y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma .‖
Al respecto, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ―Artículo 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. (….) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.‖
II. Estudio de los agravios.
Los agravios planteados por la recurrente resultan parcialmente fundados aunque inoperantes para revocar la resolución
recurrida. A continuación se exponen las razones de ello.
Los agravios serán estudiados de acuerdo con el siguiente orden:
A) VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO: 1.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que el procedimiento de ratificación al que fue sujeta no cumplió con lo establecido en el artículo 47 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales.
En esencia, la recurrente afirma que si bien tuvo conocimiento de la reanudación del procedimiento de ratificación, con motivo de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del recurso de revisión administrativa 61/2008, en ningún momento supo que el Consejo de la Judicatura Federal tuvo tales constancias a la vista para resolver lo conducente.
Ella sostiene que el Consejo de la Judicatura Federal estaba obligado a dar a conocer a la funcionaria tal hecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. La disposición
aludida establece que una vez que se estime procedente iniciar el procedimiento de ratificación, el Presidente del Consejo debe comunicar el inicio del trámite al funcionario respectivo, para que ofrezca copia certificada de las constancias relativas a los cursos de posgrado que haya tomado, las clases que haya impartido y demás datos que estime pertinentes.11
Ahora bien, para estar en aptitud de analizar si la violación alegada por la recurrente tiene fundamento, es necesario preguntarse lo siguiente: ¿la obligación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal relativa a comunicar el inicio del trámite del procedimiento de ratificación, es aplicable al caso en cuestión? En otras palabras: dado que la recurrente impugna que nunca le fue comunicada la continuación del procedimiento de ratificación, ¿debe entenderse que el Consejo de la Judicatura Federal estaba obligado a hacerle saber tal circunstancia?
Lo anterior debe contestarse en sentido negativo. Como se ve, de la lectura del artículo 47, fracción III, del Acuerdo en cita, se desprende que la comunicación sobre el inicio del trámite del procedimiento de ratificación es, en efecto, una formalidad sin cuyo cumplimiento resulta inadmisible considerar válido tal procedimiento. Es claro que el fin de tal comunicación no es otro que el de dar al funcionario judicial la oportunidad de aportar determinados elementos, cuya ponderación considera relevantes para efectos de la resolución.
Artículo 47.- El Secretario Ejecutivo dará cuenta con la certificación a que se refiere el artículo anterior al Presidente, quien emitirá un acuerdo en el que se decretará la procedencia o improcedencia del procedimiento de ratificación. De estimarse improcedente el inicio del procedimiento de ratificación, el Presidente ordenará la devolución del expediente a Recursos Humanos. De ser procedente el inicio del procedimiento de ratificación, el Secretario Ejecutivo: (….) III. Comunicará el inicio del trámite al funcionario respectivo, para que ofrezca copia certificada de las constancias relativas a los cursos de posgrado que haya tomado, las clases que haya impartido y demás datos que estime pertinentes; (….)
Ahora bien, tal posibilidad de participación es una formalidad que se encuentra indiscutiblemente protegida por el Acuerdo en mención. Sin embargo, es necesario notar que la obligación a que se ha hecho referencia debe ser satisfecha en un momento específico del procedimiento; a saber: en su inicio. Por ello, si tal procedimiento quedó suspendido por resolución del propio Pleno del Consejo y con posterioridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tal suspensión resultaba contraria a derecho —resolución que se notificó a la recurrente, tal como ella misma afirma—, entonces es claro que: (i) el procedimiento estuvo latente, a pesar de su suspensión; y (ii) que la recurrente estuvo en conocimiento de los trámites de tal procedimiento en todo momento.
En efecto, el doce de enero de dos mil nueve, el Pleno de este Tribunal resolvió la revisión administrativa 61/2008 promovida por la misma recurrente, señalando en el punto resolutivo segundo lo siguiente:
“SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal, con plenitud de facultades, deberá dictar las resoluciones que procedan en relación con la ratificación de la Magistrada **********, en un plazo no mayor de treinta días naturales. Notifíquese; personalmente a la interesada, mediante oficio al Consejo de la Judicatura Federal; y en su oportunidad, archívese este asunto como concluido‖.
Como se ve, la recurrente tuvo conocimiento de que el doce de enero de dos mil nueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Consejo de la Judicatura Federal a pronunciarse y continuar con el procedimiento de ratificación aludido. Es decir, la recurrente nunca estuvo en imposibilidad de conocer que tal procedimiento continuaba. Incluso resulta válido suponer que la recurrente conocía que el procedimiento de ratificación debía reanudarse, pues justamente ésta era la petición en que se
fundamentó el recurso de revisión administrativa 61/2008, mismo que la Suprema Corte falló en su favor.
Por tanto, no resulta acertado considerar que el Consejo de la Judicatura Federal violó las formalidades del procedimiento de ratificación al omitir comunicar a la recurrente que, en cumplimiento de lo ordenado por la Suprema Corte, el mismo debía reanudarse. Dicho órgano no tenía una obligación de tal naturaleza a su cargo; por tanto, ni siquiera estaba en condiciones de incumplir. El único momento en que tal obligación debe ser acatada —en términos del Acuerdo de referencia—, es al inicio del procedimiento de ratificación. Al respecto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no violó formalidad alguna. En los autos del expediente consta que, mediante oficio de veintitrés de enero de dos mil siete, la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Nuevos Órganos, comunicó a la Magistrada ********** que el procedimiento de su ratificación daba inicio.
De igual forma, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, el Consejo solicitó a la recurrente que remitiera las constancias relativas a los cursos de posgrados que hubiere tomado, las clases que hubiera impartido y demás datos relevantes, a más tardar en quince días a partir de la recepción del oficio. El sello que obra en la parte posterior de tal oficio indica que éste fue recibido el veinticuatro de enero de dos mil siete en el Tribunal Colegiado de Circuito, al cual estaba adscrita la recurrente.
En atención de todo lo anterior, no resulta adecuado considerar que el Consejo de la Judicatura Federal incumplió con obligación alguna al no dar nuevo aviso a la recurrente de la continuación del procedimiento. La recurrente debía estar al tanto de este hecho, pues tal reinicio fue justamente la petición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió al resolver el recurso de revisión administrativa 61/2008. Por tanto, se insiste, la recurrente nunca se encontró en estado de indefensión para aportar los elementos a que se refiere el artículo 47, fracción III, del Acuerdo antes aludido.
2.- Agravio relativo a que la resolución combatida fue firmada por la entonces Consejera Elvia Díaz de León D´Hers, con
posterioridad al haber concluido constitucionalmente con su encargo.
El presente agravio es infundado, en atención a las siguientes razones:
Tal como aduce la recurrente, la fecha en que la resolución impugnada fue firmada —según se indica al pie de la misma—, es posterior a aquélla en que la Magistrada Díaz de León D´Hers concluyó su mandato como Consejera. En efecto, en la parte final de la resolución impugnada se lee:
―Firman el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y la Consejera Ponente, con el Secretario Ejecutivo del Pleno quien autoriza y da fe. Hasta el día de hoy uno de abril de dos mil nueve en que lo permitieron las labores de este Consejo de la Judicatura Federal‖.
Si bien es cierto lo anterior, también lo es que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió y aprobó la resolución que es materia del recurso de revisión administrativa el dieciocho de
febrero de dos mil nueve12, ―fecha anterior a aquélla en la cual, la Magistrada Díaz de León D´Hers concluyó su encargo; a saber: el día veintitrés de febrero de dos mil nueve―. En efecto, la Consejera Elvia Díaz de León D´Hers contaba con plenas facultades tanto para elaborar el proyecto de resolución eventualmente aprobado, como para participar en la votación del mismo. Esto es así, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo General 8/2007 relativo a la precisión de la duración del período constitucional de la Consejera de la Judicatura Federal Elvia Rosa Díaz de León D’Hers, emitido por este Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de marzo de dos mil siete. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 11, fracción XXI, 198 y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió en aquella ocasión el siguiente punto de acuerdo:
ÚNICO. El período constitucional del cargo de la Consejera de la Judicatura Federal Elvia Rosa Díaz de León D´Hers concluirá el veintitrés de febrero de dos mil nueve.
Como se ve, en términos de lo que establece tal Acuerdo, es claro que la resolución en cuestión no fue fallada por una autoridad carente de facultades para ello. Ahora, si bien en la resolución impugnada encontramos un claro indicativo de que su formalización culminó el primero de abril de dos mil nueve, ello resulta irrelevante para efectos de afirmar la validez de la resolución en cuestión, pues —se insiste— la Magistrada Díaz de León D´Hers participó como ponente del asunto mientras gozaba de
La fecha respectiva se asienta en la resolución motivo de reclamo, misma que aparece en las hojas 15 a 23 del toca a que este asunto se refiere.
todas sus facultades constitucionales para ello. Por tanto, la decisión tomada en ese momento está revestida de legalidad.
En otras palabras, el dicho de la recurrente resulta infundado porque, si bien el cargo de la Magistrada Díaz concluyó antes del primero de abril —día en que el Secretario dio fe respecto de la firma de aquélla y la del Ministro Ortiz Mayagoitia—, ello no trasciende en su perjuicio.
3.- Agravio referido a que la resolución impugnada pasó por alto lo resuelto por el Tribunal Pleno en la revisión administrativa 61/2008, la que intrínsecamente imponía al Consejo de la Judicatura Federal la obligación de resolver de conformidad con las circunstancias que imperaban al momento en que procedía resolver sobre la ratificación.
El presente agravio resulta infundado. A continuación se expresan las razones:
De manera preliminar debe recordarse que en la revisión administrativa 61/2008, este Tribunal Pleno únicamente se pronunció sobre la alegada violación al artículo 97 constitucional por parte del Consejo de la Judicatura Federal; ello, porque éste suspendió el procedimiento de ratificación de la recurrente, bajo el argumento de que existían procedimientos de responsabilidad en su contra pendientes de ser resueltos.
Al respecto, el Tribunal Pleno declaró que el agravio hecho valer por la quejosa resultaba fundado. Ello, en virtud de que el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los
Funcionarios Judiciales13, ordena lo siguiente: el Pleno del Consejo no puede dejar de pronunciarse sobre la ratificación de un juzgador si ha transcurrido el término previsto por el artículo 97 de la Constitución para ello, aunque existan procedimientos de responsabilidad
administrativa pendientes de resolución. Lo anterior, en atención a las tareas de administración, vigilancia y de disciplina del Poder Judicial de la Federación, que le fueron encomendadas en la propia Constitución.
Bajo este contexto, es preciso señalar que la sentencia de aquella revisión administrativa únicamente tuvo como efecto obligar al Consejo de la Judicatura Federal a dictar la resolución que, en términos del artículo 97 constitucional, debía emitir. El Tribunal Pleno no hizo mención expresa sobre alguna restricción temporal en cuanto a los elementos que debían contar para efectos de la ratificación. De igual forma, la resolución del Pleno de esta Corte no revela o indica que la intención tácita era obligar al Consejo a tomar en cuenta, para efectos de la ratificación, únicamente aquellas circunstancias que imperaban al momento en que su resolución era obligada. En esa medida, resulta inadecuado suponer que lo contrario.
Ahora bien, si la intención intrínseca a que hace referencia la recurrente no puede desprenderse de la resolución emitida por el Pleno de esta Corte, cabe preguntarse si hay alguna norma que aún pudiera indicar que el argumento de la recurrente es fundado. Esto es, cabe preguntarse si el Consejo —por mandato de alguna norma— estaba obligado a tomar en cuenta sólo aquellos elementos y circunstancias que existían al momento en que debía emitirse la resolución respectiva. En otras palabras, ¿el Consejo de la Judicatura
―Art. 48. El Secretario Ejecutivo debe vigilar la tramitación y seguimiento del procedimiento de ratificación en los términos establecidos en las disposiciones que al efecto emita el Pleno. La existencia de procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite no impide la continuación y emisión de la resolución correspondiente a la ratificación‖ .
estaba obligado a omitir considerar procedimientos de responsabilidad que ya habían culminado al momento en que, por mandato de la Corte, se vio obligado a pronunciarse sobre la ratificación aludida?
Lo anterior debe contestarse en sentido negativo. El Consejo sí estaba en aptitud de tomar en cuenta los resultados que arrojaban los procedimientos de responsabilidad respectivos. Esto es así por lo siguiente:
El Consejo, como órgano de administración y vigilancia, cuenta con plenas facultades para valorar, en integridad, todos los factores que constitucionalmente se exigen de un juzgador para que proceda su ratificación. En efecto, el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación14 prevé que, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, el Consejo debe tomar en consideración los siguientes elementos: 1) el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 2) los resultados de las visitas de inspección; 3) el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; 4) no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y 5) los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación.
ARTÍCULO 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos: I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; II. Los resultados de las visitas de inspección; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación.
Es necesario precisar que, tal como claramente indica la norma aludida, el modo en que esta facultad debe ejercerse no tiene un carácter potestativo. Por el contario, tal disposición utiliza el vocablo ―debe‖ para referir el modo en que el Consejo ha de actuar tratándose de las resoluciones de ratificación. Por esto, el Consejo no goza de discrecionalidad para tomar en cuenta tales elementos, sino que debe hacerlo. Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿existen razones constitucionales y legales que indiquen por qué el Consejo está obligado a tomar en cuenta todos los elementos a su alcance, al ejercer la facultad aludida?
Tal como lo enunció el Tribunal Pleno al resolver la Revisión Administrativa 61/2008, el sistema de la carrera judicial, en el que se establecen las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los magistrados y jueces, no tiene como objetivo principal inmediato la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se logre que las entidades de la Federación cuenten con un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por reunir los atributos exigidos por la Constitución, hagan efectivos los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en la que la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia sean las virtudes rectoras de la actuación de los juzgadores federales.
En efecto, la garantía de inamovilidad de la que puede llegar a ser titular el funcionario judicial, tiene la específica función de proteger otros bienes constitucionalmente valiosos; a saber: el qué sociedad cuente con juzgadores que satisfagan el perfil idóneo
constitucionalmente requerido para el ejercicio de tal cargo. De esta manera, el Consejo estaría incurriendo en una falta a la Constitución al omitir considerar aspectos que, sin duda, informan acerca de las
posibilidades de satisfacción de tal perfil. No es claro bajo qué parámetro podría resultar adecuado señalar que el Consejo debe garantizar la estabilidad en el cargo de un funcionario, antes que la satisfacción de ciertos requisitos y cualidades por parte de quienes desempeñen labores jurisdiccionales.
Si el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional establece cuáles son los principios que rigen la carrera judicial —excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia—, es con el objeto de que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios para determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer. Es claro que la satisfacción de tales requisitos no se agota al momento del nombramiento del juzgador; éste, como cualquier servidor del estado, está constantemente sometido a escrutinio. Sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad. Sus garantías (como la de inmovilidad en el cargo) sólo se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes.
Por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no sólo puede, sino debe, tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial en cuestión se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. Es claro que tal distanciamiento sólo puede acreditarse si la certeza de los hechos relevantes queda debidamente probada.
La garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que el de asegurar que los servidores judiciales que sí se apegan a los principios de la carrera judicial, continúen impartiendo justicia. Así, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado —atribuible al juzgador que busca la ratificación— viola la correcta
impartición de justicia y, aún así lo ratifica, entonces incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder una adecuada impartición de justicia. Este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado en idéntico sentido, reflejando su criterio en la tesis aislada cuyo rubro y texto son los siguientes:
“RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la designación de un Juez de Distrito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no ratificarlo, volviéndose inamovible, procederá realizar un análisis detallado de todo su desempeño para poder determinar fundada y motivadamente si la resolución debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando en cuenta que el servidor público de alto nivel del Poder Judicial de la Federación debe tener el perfil idóneo, a saber, honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, según su gravedad, debe inferirse que no procederá la ratificación no sólo cuando se advierten graves irregularidades en el desempeño de su función sino también cuando las faltas constantes, carencia de organización, ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y solución de asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos‖.15
En consecuencia, no asiste razón a la recurrente al señalar que el Consejo de la Judicatura Federal incurrió en una violación por tomar en cuenta elementos que surgieron con posterioridad a la fecha en que debía emitirse la resolución de ratificación. Como se ha hecho notar, dicho órgano no sólo actuó de conformidad con las facultades que le otorgan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Constitución, sino que cumplió con un deber frente a la ciudadanía, al hacer un análisis integral de todos los elementos posibles que
Los datos de localización son los siguientes: Tesis: P. XXXV/2000, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000. Página: 103.
indicaran si la juzgadora satisfacía o no el perfil idóneo. Descontar un elemento probatorio que es revelador acerca de si el actuar de la juzgadora es acorde (o no) con los principios de la carrera judicial, significaría favorecer sus intereses privados, haciéndolos prevalecer sobre los de la sociedad. B) AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES
SUSTENTADAS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.
De modo preliminar debe destacarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con facultades para revisar la legalidad de las resoluciones relativas a las quejas administrativas y denuncias, en las que se atribuye responsabilidad a la recurrente. Esto se debe a lo siguiente:
El párrafo noveno del artículo 100 constitucional dispone que las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas. Hay, sin embargo, excepciones a esta regla general. Las determinaciones que sí son impugnables están delimitadas por la propia norma; éstas son: las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces.16
En el mismo sentido, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece supuestos exhaustivos para la procedencia del recurso de revisión administrativa; a saber: nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Art. 100.- (….) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
Finalmente, el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación17 establece que las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal impone sanciones
administrativas consistentes en la destitución del cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito, pueden ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa. A partir de una interpretación sistemática de los artículos 140 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que existe una prohibición para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de aquellas resoluciones en las que se impone una sanción administrativa a un servidor judicial, distinta de la destitución. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de rubro: “REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”.18 En efecto, este Tribunal Pleno ya ha sostenido que, tratándose de aquellas resoluciones relativas a la responsabilidad administrativa
Artículo 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de magistrados de circuito y juez de distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa.
Los datos de localización son los siguientes: Tesis: P. LXXI/99, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, Página: 44. El texto de la tesis es el siguiente: ―La sanción consistente en la suspensión temporal impuesta a Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, no puede equipararse a una remoción o a una destitución, debido a que no conlleva la terminación de la relación laboral; en todo caso, constituye un acto de molestia en su esfera jurídica que no es privativo, porque transcurrido el plazo de la suspensión el sancionado regresa a desempeñar su encargo, por lo que al no ubicarse en los supuestos excepcionales de procedencia del recurso de revisión administrativa que prevé el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente su improcedencia‖.
de los servidores judiciales cuya sanción no trae consigo la destitución o remoción, es improcedente el recurso de revisión administrativa en su contra. Esto quiere decir que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia ha reconocido que, por lo que hace a tales resoluciones, el Consejo de la Judicatura Federal conserva, en su integridad, la independencia técnica y de gestión que le caracteriza, al grado en que no existe posibilidad de que un órgano distinto revise sus resoluciones.
En la exposición de motivos de la reforma constitucional del once de junio de mil novecientos noventa y nueve, presentada el seis de abril del mismo año ante la Cámara de Senadores, se expresó con claridad la intención de mantener la independencia técnica del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se puso especial énfasis en la necesidad de hacer una interpretación restrictiva de los supuestos de procedencia del recurso de revisión administrativa. Así, se señaló lo siguiente:
―(…) la precisión del Consejo de la Judicatura como un órgano del Poder Judicial lo ubica en la estructura de éste y define su relación con el resto de los órganos del mencionado Poder, preservando su independencia para la adecuada toma de decisiones. Esta independencia garantiza que sus resoluciones serán tomadas únicamente por el órgano colegiado máximo con plena libertad de sus integrantes, atendiendo a sus cualidades personales y técnicas, en procedimientos deliberatorios que priorizan la exposición de las buenas razones. (…) Respecto del citado sistema de impugnación de las resoluciones del Consejo, resulta conveniente clarificar, conforme al principio de definitividad vigente, la regla general según la cual en contra de las resoluciones del Consejo no procede recurso o juicio alguno, incluido el juicio de amparo. Por excepción el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia procede en los casos expresamente indicados en el propio texto (…)”
Por tanto, esta Suprema Corte no cuenta con facultades para conocer o revisar la legalidad de aquellas resoluciones del Consejo de
la Judicatura Federal —sobre responsabilidades administrativas— que no se traduzcan en la destitución del cargo de magistrados de circuito y juez de distrito. Ello, de acuerdo con lo previsto por el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, antes citado.
Este Tribunal Pleno no pasa por alto el criterio que antes sostuvo, al resolver la Revisión Administrativa 10/97 —fallada el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho—. En aquella ocasión se señaló lo siguiente: si el Poder Revisor de la Constitución facultó a este Alto Tribunal para verificar la legalidad de las resoluciones de ratificación, por identidad de razón le otorgó la potestad para revisar la de los actos emitidos durante el período constitucional de seis años de la función judicial, cuya evaluación puede motivar la no ratificación.
Tal criterio dio nacimiento a la tesis aislada cuyo rubro se identifica como sigue: “REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS
MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO CONSTITUCIONAL DE SU FUNCIÓN JUDICIAL, CUANDO LA INTERPONGAN CONTRA LA NEGATIVA DE SU RATIFICACIÓN”.19
Los datos de localización son los que siguen: Tesis: P. XXII/99, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Mayo de 1999, Página: 26. Su texto reza: ―Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 100, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 fracciones VIII y IX, 121, 122 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre las facultades que le otorga a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el referido artículo 100 constitucional, se encuentra la de revisar las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que determinan la no ratificación de un Magistrado de Circuito o de un Juez de Distrito, previstas en el párrafo primero del artículo 97 constitucional. Dado que el legislador ordinario señaló y reguló los parámetros que el propio consejo debe valorar al resolver sobre la mencionada ratificación, como se desprende de lo establecido en el artículo 121, fracciones II y IV, en relación con los diversos 98 a 102 y 129 a 140, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que, si el Poder Revisor de la Constitución facultó a este Alto Tribunal para verificar la legalidad de esas resoluciones, por identidad de razón le otorgó la potestad para revisar la de los actos emitidos durante el período constitucional de seis años de la función judicial, cuya evaluación puede motivar la no ratificación; conclusión que, ante la ausencia de una norma expresa que permita resolver sobre la procedencia de la impugnación de la legalidad de las resoluciones que trascienden a tal decisión, tiene su fundamento, conforme a la potestad de integración legal prevista en el párrafo cuarto del artículo
Ahora bien, la exposición de motivos relativa a la reforma constitucional de once de junio de dos mil nueve, permite afirmar que el sentido de esta tesis ha perdido su vigencia. Esto se debe a que, como se ha hecho notar, el Poder reformador de la Constitución aclaró que la interpretación de los supuestos de procedencia del recurso de revisión administrativa debe ser restrictiva. Es decir, la Corte no debe revisar la legalidad de más actos de los que están expresamente establecidos en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En efecto, cuando el Tribunal Pleno resolvió la revisión administrativa 10/97 señaló lo siguiente: ―en la normatividad que rige el recurso de revisión administrativa —artículos 122 a 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación—, no se prevé disposición expresa que permita resolver sobre la operancia de los agravios vertidos en una revisión administrativa encaminados a controvertir la legalidad de las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, que por disposición del propio cuerpo jurídico, trascienden a la determinación de no ratificación”. Ante tal laguna —reconocida por el Pleno—, parecía que un criterio interpretativo adecuado para subsanarla era la analogía o la mayoría de razón. Así operó el razonamiento del Pleno, aduciendo
14 constitucional, en el principio general de derecho consistente en que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", máxime que, de sostener lo contrario, se tornaría nugatoria la potestad de verificación encomendada constitucionalmente a esta Suprema Corte. Inclusive, dicha conclusión deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, en tanto que con el análisis integral que realice el Tribunal Pleno al resolver los recursos de revisión administrativa interpuestos contra determinaciones de no ratificación, se cumple cabalmente, por una parte, con la garantía de audiencia, ya que los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que se vean afectados por una resolución de tal naturaleza tendrán la posibilidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, por otra, se garantiza a los gobernados la certeza de que los juzgadores federales están dotados de los atributos que exigen la Constitución y la ley como presupuesto de su buen desempeño ‖.
que si tenía facultad para revisar la legalidad de la resolución de ratificación, también la tenía para revisar la legalidad de las resoluciones que le sirven como fundamento. Esta interpretación resultaba perfectamente aceptable en la medida en que el Poder reformador de la Constitución aún no había señalado un criterio interpretativo distinto o preferente. Circunstancia que cambió con motivo de la reforma del año de mil novecientos noventa y nueve, en la que el Consejo fue regulado como un órgano caracterizado por su independencia técnica y de gestión. Con motivo de este cambio, el Poder de reforma claramente optó por un criterio interpretativo distinto: el restrictivo. Esto es, a partir de tal reforma debe entenderse que hay actos del Consejo de la Judicatura Federal cuya inatacablidad es incuestionable; entre ellos, las resoluciones que se refieren a procedimientos de responsabilidad administrativa diferentes a la destitución.
El Consejo de la Judicatura Federal goza de esta atribución en razón de que es un órgano especializado de vigilancia y sanción que no se encuentra en la estructura jerárquica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, a partir de la aludida reforma, el Consejo de la Judicatura adquiere el carácter de un órgano del Poder Judicial de la Federación con plena independencia técnica y de gestión. Cuestión que, como se manifestó en la exposición de motivos de referencia, tiene el fin de garantizar que las resoluciones del Consejo sean tomadas únicamente por un órgano colegiado máximo con plena libertad de sus integrantes, atendiendo a sus cualidades personales y técnicas, en procedimientos deliberatorios que priorizan la exposición de las buenas razones.
De esta forma, debe reconocerse que el Poder de Reforma modificó los supuestos que hacían posible la anterior interpretación del Tribunal Pleno. En esa virtud, su modificación se impone.
Así, todos los agravios hechos valer por la recurrente en el sentido de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió de modo irregular las denuncias y quejas administrativas instauradas en su contra, simplemente no pueden ser objeto de estudio en esta instancia. Esto, en virtud de que tales procedimientos no culminaron con la destitución de la recurrente, supuesto en el que sí hubiera operado la excepción al principio de inatacabilidad y excepcionalidad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal. Hacer lo contrario implicaría hacer procedente, por vía indirecta, a la revisión administrativa respecto de resoluciones que no son impugnables en términos del artículo 100 constitucional.
Así, lo único que este Tribunal Pleno puede revisar es que tales procedimientos de responsabilidad administrativa efectivamente sean valorados y ponderados en la justa proporción a que alude el sentido de cada uno de ellos. Es decir, este Tribunal Pleno sí puede revisar si el Consejo cumplió o no con el deber de ponderar en justa medida el resultado de tales procedimientos.
En esa virtud, los siguientes agravios hechos valer por la recurrente son inoperantes:
- El Pleno del Consejo indebidamente pretende establecer la existencia de dilación cuando la misma obedecía a una causa justificada.
- El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar si el rendimiento del juzgado de distrito fue o no en aumento o detrimento, nunca consideró las licencias que con goce de sueldo le fueron otorgadas. Licencias que —sostiene— le fueron otorgadas con la finalidad de que ampliara sus conocimientos jurídicos en beneficio de la función que desempeñaba.
- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que sirvieron para resolver la denuncia 5/2005 y la Queja 420/2005 fueron dictadas contra derecho y con base en irregularidades que no demuestran la verdad de los hechos injustamente atribuidos.
- Es inválido el acuerdo mediante el cual se le atribuye responsabilidad por la imposición de sellos en diversos expedientes con el aparente propósito de hacer coincidente la fecha de engrose con aquélla en que realizó la notificación de la sentencia. Al respecto, la recurrente aduce que ni en el artículo 188 de la Ley de Amparo, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que algún precepto establezca la obligación de asentar en la sentencia la fecha en que ésta queda firmada. Para verificar que se cumplen los plazos del artículo 188 de la Ley de Amparo no es necesario que el Secretario de Acuerdos haga constar la fecha de la firma o engrose.
En síntesis, los agravios encaminados a combatir la validez de los procedimientos administrativos deben declarase inoperantes. Por tanto, se procede a analizar el resto de las consideraciones expuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en la resolución de ratificación, cuya validez ahora cuestiona la recurrente.
1.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que el Consejo de la Judicatura Federal no toma en cuenta de manera integral el
contenido de los dictámenes correlacionados con el informe circunstanciado, ni las visitas físicas que fueron practicadas a los órganos jurisdiccionales en los que estuvo adscrita.
Con este agravio, la recurrente procura hacer notar que el Consejo de la Judicatura Federal no toma en cuenta todos los factores positivos que obran en su expediente personal y que, a su parecer, indican su buen desempeño.
Este agravio debe considerarse infundado en virtud de lo que sigue: es cierto que en la resolución ahora impugnada no se expresa un juicio de ponderación entre los factores positivos y los negativos que caracterizan el actuar de la recurrente. Ahora bien, el hecho de que tal ejercicio ponderativo no sea expreso, no quiere decir que el mismo no se haya realizado.
En verdad resulta lógico suponer que, metodológicamente, resultaba innecesario que el Consejo expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se estaba planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los primeros.
Es decir, resulta claro que el Consejo debe ratificar a todo funcionario judicial siempre que éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, es razonable suponer que la única manera de averiguar si el funcionario respectivo cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una condición necesaria, pero no
suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos. Éstos, en cambio, sí son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad de ser ratificado.
En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores negativos; pues éstos, considerados en sí mismos, son suficientes para excluir la ratificación.
La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún elemento negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, con independencia de que existan o no, simplemente no pueden vencer.
Incluso es necesario destacar que en la resolución respectiva, el Consejo sí se hizo cargo de exponer cuáles eran los méritos académicos de la recurrente, así como sus años de experiencia al servicio de la función jurisdiccional.
El punto que debe notarse es que el Consejo no puede hacer un pronunciamiento exhaustivo acerca de los éxitos o méritos que distinguen al funcionario judicial en cuestión. Los aspectos positivos del desempeño judicial no funcionan como un valor agregado, sino que son un presupuesto sin el cual la ratificación debe negarse.
En el caso, el Consejo apreció que se actualizaba una condición suficiente para la exclusión de la ratificación; a saber: la existencia de
diversos elementos que, a su juicio, indicaban un desempeño inadecuado para los fines de la carrera judicial. En esta virtud, el agravio de análisis resulta infundado.
2.- Agravio mediante el que la recurrente sostiene que la resolución reclamada omite considerar que las inasistencias están debidamente justificadas, por lo que no se podían tomar en cuenta como un aspecto que le perjudica. Al respecto, la recurrente añade que el Consejo de la Judicatura Federal actúa de modo discriminatorio al considerar las inasistencias como un criterio en su perjuicio. Este agravio es infundado.
En primer lugar debe señalarse que este Tribunal Pleno ya ha señalado que para la procedencia de la ratificación de un servidor judicial, el Consejo debe realizar un análisis detallado de todo su desempeño. Esto significa que dicho órgano debe tomar en cuenta si se advierten graves irregularidades en el desempeño de su función, faltas constantes, carencia de organización, ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y solución de asuntos y faltas similares. Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis aislada de rubro “RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”.20
Es claro que el criterio en cita indica que la ratificación es improcedente en caso de que el funcionario judicial presente un alto índice de ausencias en el ejercicio del cargo. Sin embargo, la específica pregunta que plantea la recurrente no gira en torno a este problema. Es decir, lo que ahora debe contestarse es si el Consejo puede tomar en cuenta —como un aspecto negativo del desempeño judicial— las constantes ausencias que sí están justificadas
Pues bien, tal interrogante debe contestarse en sentido afirmativo; es decir, las faltas constantes con justificación médica sí pueden ser ponderadas como factor negativo para efectos de la ratificación. Ello, siempre que el número de ausencias tenga una significación suficientemente trascendente para poder incidir
negativamente en el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional de que se trate. Cuestión que en el caso aconteció, tal como debidamente motiva el Consejo de la Judicatura Federal en la resolución impugnada. Lo anterior es así por lo siguiente:
Es claro que, como apunta la recurrente, las ausencias justificadas imputables a enfermedades no pueden ser consideradas una causal atribuible al funcionario en cuestión. Es decir, todos los padecimientos que un funcionario judicial puede sufrir por razones ajenas a su voluntad son cuestiones que, en definitiva, no le son imputables. Nadie puede ser responsable por lo que no depende de su
Su texto completo reza: ―Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la designación de un Juez de Distrito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no ratificarlo, volviéndose inamovible, procederá realizar un análisis detallado de todo su desempeño para poder determinar fundada y motivadamente si la resolución debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando en cuenta que el servidor público de alto nivel del Poder Judicial de la Federación debe tener el perfil idóneo, a saber, honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, según su gravedad, debe inferirse que no procederá la ratificación no sólo cuando se advierten graves irregularidades en el desempeño de su función sino también cuando las faltas constantes, carencia de organización, ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y solución de asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos‖ .
voluntad. Sin embargo, es preciso notar que la negativa de ratificación no es una resolución que busque sancionar o imputar algún tipo de responsabilidad al funcionario en cuestión. Tal resolución tiene, como se ha insistido, una función eminentemente social. Su fin no es, bajo ningún supuesto, sancionar al funcionario en cuestión, sino privarlo de la posibilidad de ejercer un cargo que ha demostrado no poder ejercer debidamente, aún si ello encuentra fundamento en razones respecto de las cuales puede no tener control.
Considerar que el interés de la recurrente por ser ratificada como juzgadora, adquiere mayor importancia que la garantía de los gobernados de acceder a una justicia pronta, es tanto como afirmar que un interés particular debe tener preeminencia sobre los derechos de los gobernados.
El punto relevante de esta consideración es éste: las razones alegadas por el Consejo en cuanto a las constantes inasistencias de la recurrente, no son consideraciones que van en contra de su persona ni se dirigen a señalar un incorrecto actuar de su parte. Si las razones aducidas por el Consejo en este sentido tienen validez es porque se refieren a hechos que, si bien no procuró la servidora judicial, sí incidieron negativamente en la administración de justicia. Prueba de ello es la dilación en la resolución de distintos expedientes, cuestión a la que constantemente hace referencia el Consejo en la resolución impugnada.
Por tanto, el Consejo llega a la determinación en cuestión con base en un criterio que mira hacia los fines de la impartición de justicia; es decir, hacia la necesidad de contar con juzgadores que, por las razones que fueren, sí están en posibilidades de administrar con diligencia y prontitud las cargas inherentes al cargo.
3.- Agravio relativo a que el Consejo de la Judicatura Federal realizó un estudio parcial, incorrecto y subjetivo de los requisitos previstos por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, equiparando indebidamente la denuncia oficiosa ordenada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la existencia de una queja administrativa por faltas graves.
Al respecto, la recurrente señala que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal está constreñido a sólo tomar en cuenta los supuestos previstos en el artículo 121, es decir, sólo puede considerar como un factor negativo la existencia de queja administrativa y no considerar por analogía la existencia de una denuncia, misma que el mismo Pleno del Consejo instauró y resolvió oficiosamente. La recurrente añade que si el legislador sostuvo como requisito en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que para la ratificación no debe existir queja administrativa fundada por falta grave, ello obedeció a que debe considerarse el daño acreditado a las partes en los juicios.
Para sustentar su dicho, la recurrente apela al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, tratándose de los procedimientos de responsabilidad administrativa los principios que rigen en materia penal deben acatarse.
Ahora bien, tal agravio resulta infundado.
Es cierto que, como aduce la recurrente, el Consejo de la Judicatura Federal debe atribuir responsabilidades con todo respeto y apego a las formalidades del procedimiento y a la legalidad. En efecto,
el principio de exacta aplicación de la ley penal conserva su plena vigencia tratándose de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
Así lo ha señalado la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio de rubro: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY
FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA”.21 Ahora, si bien es cierto que tales principios deben tener aplicación tratándose de los procedimientos de revisión administrativa, no puede considerarse que ellos operan con la misma intensidad que en la materia penal. Esto es, los funcionarios públicos sí pueden ser evaluados y, posteriormente sancionados, a partir de criterios amplios, tales como los principios que rigen el actuar de los servidores judiciales: imparcialidad, excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia.
Los datos de localización son los siguientes: Tesis: 2a. CLXXXIII/2001, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Septiembre de 2001, Página: 718. El texto reza como sigue: ―La marcada diferencia entre la naturaleza de las sanciones administrativas y las penales, precisada en la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los artículos que comprende dicho título y en la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en la cual se dispone que los procedimientos relativos se desarrollarán en forma autónoma e independiente, no significa que en el ámbito sancionador administrativo dejen de imperar los principios constitucionales que rigen en materia penal, como es el relativo a la exacta aplicación de la ley (nullum crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, sino que tal principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a que no se podrá aplicar a los servidores públicos una sanción de esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley relativa. En consecuencia, la garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse, no sólo al analizar la legalidad de una resolución administrativa que afecte la esfera jurídica del servidor público, sino también al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria, aspecto que generalmente se aborda al estudiar la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales con los que aquél guarda íntima relación‖.
La específica pregunta planteada por la recurrente es si la fracción IV del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (al referirse a la actualización de una conducta grave generada por una queja de carácter administrativa) debe entenderse en el sentido de que también comprende al procedimiento de responsabilidad llamado ―denuncia”. En efecto, la pregunta es si el término ―queja de carácter administrativo‖ debe entenderse en sentido literal, en atención al principio de exacta aplicación de la ley. La pregunta es relevante en virtud de que el Consejo determinó que se actualizaba una falta grave atribuible a la recurrente mediante el procedimiento de denuncia 5/2005. De hecho, ninguno de los demás procedimientos instaurados culminó con tal determinación, es decir, en aquellos procedimientos que resultaron fundados el Consejo
determinó que la conducta era no grave. De esta forma, el resultado de la denuncia 5/2005 es el que permite al Consejo apelar a la fracción IV del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En aras de dar claridad a la cuestión por analizar conviene citar tal disposición en la parte que ahora interesa:
―ARTÍCULO 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos: IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y (….).‖
Antes de dar contestación a la específica pregunta de la recurrente, debe atenderse a lo siguiente: el estándar mediante el cual se establece una sanción que priva a una persona de un bien como el de la libertad, la propiedad o incluso, su trabajo, es distinto (por ser más estricto) a aquél que se refiere a la privación del ejercicio de un
puesto público que, se insiste, no tiene otro objetivo, fundamento o razón de existir, que el de servir adecuadamente a la ciudadanía.
Por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no sólo goza de todas las facultades para mantener un estándar estricto al momento de resolver si un servidor judicial ha cumplido su deber, sino que es su deber constitucional tenerlo. Decir que el estándar puede ser estricto no equivale a decir que puede no estar apegado a derecho. Es decir, no hay razón alguna para entender que la intensidad en que opera la evaluación del desempeño judicial autoriza a exceder los límites del principio de legalidad. Por tanto, ahora se está ante un caso en el cual resulta obligado indagar si la intensidad del escrutinio realizado por el Consejo supera tales límites. De ser así, la resolución respectiva claramente resultaría inválida. Sin embargo, este Tribunal Pleno cuenta con diversos elementos para señalar lo contrario; es decir, para confirmar la validez de la resolución.
Bajo este contexto, esta Suprema Corte considera que el término ―queja de carácter administrativa‖ se refiere a cualquier procedimiento de responsabilidad administrativa que pueda ser instaurado en contra de un funcionario judicial. Así, debe entenderse que la expresión tiene un carácter genérico. Es lógico suponer lo anterior cuando se advierte que el legislador utilizó las palabras “con el carácter de”, justamente para poner énfasis en el carácter del procedimiento y no así, en su denominación. La tipología de los procedimientos de responsabilidad se torna irrelevante para efectos de dicha fracción, el elemento relevante es el carácter de procedimiento por responsabilidad administrativa.
De esta manera también resulta lógico suponer que el legislador, al expresar tal término, tuvo la intención de referirse a cualquier
procedimiento de responsabilidad, poniendo especial énfasis en que éste habría de ser relevante para efectos de la ratificación siempre que culminara con la determinación de una falta grave. Sobre este punto radica la importancia de la fracción que se analiza; no sobre el específico procedimiento del cual deriva tal determinación. Siguiendo la lógica hasta ahora empleada debe decirse que si se atiende a los principios de objetividad y excelencia, aquello que realmente resulta indicativo de su no satisfacción es la determinación de una falta grave, más no el procedimiento respecto del cual ésta deriva.
Contrario a lo sostenido por la recurrente, no existe razón alguna para suponer que la queja administrativa debe ser considerada especialmente relevante porque supuestamente supone afectación a terceros. En términos del artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tanto la queja administrativa como la denuncia son dos procedimientos que pueden ser iniciados con motivo de una afectación a las partes. Dicho artículo dispone:
ARTÍCULO 132. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere este Título se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.
No se encuentra fundamento alguno para suponer que sí está justificado negar la ratificación porque existe una determinación de falta grave derivada de una queja administrativa, pero que ello no puede ser así tratándose de una denuncia. La estructura normativa de tales procedimientos no revela alguna característica relevante que permitiera hacer esa distinción.
Incluso debe señalarse que de acuerdo con el artículo 13622 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 13523, tanto la denuncia como la queja administrativa (entendida en sentido estricto) pueden dar lugar a la determinación de una falta grave. Se insiste, es aquí donde está puesto el énfasis de la fracción IV del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, la gravedad de una falta es motivo suficiente para considerar que no procede la ratificación de un funcionario. Resultaría absurdo suponer que la negativa de ratificación sí se justifica cuando la falta grave deriva de una queja administrativa en sentido estricto, pero no cuando deriva de una denuncia
Finalmente cabe agregar que la facultad que autoriza al Consejo a tomar en cuenta el resultado de la denuncia 5/2005 no sólo encuentra fundamento en la fracción IV del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino también en el resto de las fracciones. Como se ha insistido en la presente resolución, el Consejo de la Judicatura Federal tiene el deber de tomar en cuenta todos los elementos que permitan comprender si el desempeño del funcionario se ajusta o no con los principios que integran la carrera
ARTÍCULO 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las fracciones XI, XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 23 ARTÍCULO 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Título y en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en: I. Apercibimiento privado o público; II. Amonestación privada o pública; III. Sanción económica; IV. Suspensión; V. Destitución del puesto, y VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
judicial. De esta manera, el artículo 121 obliga al Consejo de la Judicatura Federal a tomar en cuenta el desempeño que el funcionario haya tenido en el ejercicio de su función (fracción II) y los demás elementos que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación (fracción IV).
Por todas las razones anteriores, el agravio en análisis resulta infundado.
4.- Agravio relativo a que el Consejo no debió tomar en cuenta el informe del contralor del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se advierte que omitió presentar declaraciones por conclusión como Juez de Distrito e inicio como Magistrada de Circuito.
Este agravio también debe declararse infundado en virtud de las razones que siguen:
En primer lugar debe hacerse referencia a la consideración específica que, según el dicho de la recurrente, le causa agravio. En la resolución impugnada, el Consejo señaló que:
―Por lo que hace a otros elementos a considerar, es pertinente tomar en cuenta el informe del Contralor del Poder Judicial de la Federación, emitido mediante oficio CPJF-0429/2007 de veintitrés de febrero de dos mil siete, suscrito por dicho servidor público, mediante el cual informó que de la revisión en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, así como al libro de gobierno relativo, se encontraron respecto de la licenciada ********** las quejas administrativas a que se ha hecho mención; asimismo remitió el informe de evolución patrimonial correspondiente: (….) De la transcripción precedente deriva que la licenciada ********** omitió presentar las declaraciones por conclusión como juez de distrito e inicio como magistrada de circuito; sin embargo, que la facultad sancionadora para conocer esa posible falta se encuentra proscrita‖.
Como se observa, en el dictamen de referencia el Contralor del Poder Judicial de la Federación informa que la Magistrada omitió presentar las declaraciones por conclusión como Juez de Distrito e inicio como Magistrada de Circuito. Ahora, si bien el Consejo señala la existencia de esta circunstancia, en ningún momento realiza una ponderación o valoración sobre la misma. Es decir, el Consejo en ningún momento señala que dicha circunstancia valía como una razón más para negar la ratificación de la recurrente.
El agravio es infundado porque de la resolución impugnada se advierte claramente que el Consejo en realidad nunca le otorga un peso específico al contenido del dictamen aludido. Esto es claro al analizarse la estructura con la que el Consejo elaboró la resolución en cuestión.
considerando de la resolución, mismo que se refiere al análisis de si la licenciada ********** cumple con los requisitos previstos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este considerando cumplió una específica y exclusiva función; a saber: describir los hechos y circunstancias que integraban el expediente personal de la recurrente.
En efecto, a partir de la lectura integral del considerando octavo se advierte que en éste no existe valoración o ponderación alguna por parte del Consejo sobre el hecho aludido. Es decir, las razones que dicho órgano tuvo para no ratificar a la recurrente no pueden localizarse en la parte de la resolución a que se ha hecho referencia, pues ésta únicamente se refiere a los hechos y elementos a partir de los cuales debía realizarse la ponderación.
Así, la motivación específica que realiza el Consejo puede ubicarse en el considerando noveno de la resolución, el cual —según se expresa en la misma— se refiere a la evaluación conjunta de los elementos exigidos constitucionalmente para que proceda la
ratificación. Es en este específico apartado en el que el Consejo expone los argumentos que conducen a la determinación de la no ratificación. Sólo las razones que llevan a la decisión final son susceptibles de causar agravio.
Incluso cabe destacar que el Consejo, en la resolución impugnada, señala que en el caso se actualizó un indebido desempeño judicial por tres situaciones concretas; a saber: 1.- La responsabilidad configurada en diversos procedimientos disciplinarios; 2. La reiterada existencia de recomendaciones para el debido ejercicio de la función; y 3.- Las constantes ausencias en el cargo.
El Consejo es muy claro al considerar que éstas son las tres circunstancias que indican un indebido desempeño de la función jurisdiccional.
Por tanto, dado que el Consejo fue omiso en tomar en cuenta el contenido del dictamen rendido por el Contralor, no puede considerarse que exista motivo alguno de agravio. La mención de tal circunstancia obedeció a que el Consejo debía señalar de manera exhaustiva cuáles eran los elementos que integraban el perfil de la juzgadora. Sin embargo, el contenido del aludido dictamen no constituyó una razón más para negar la ratificación. En esa virtud, el agravio en cuestión también debe considerarse infundado.
ÚNICO.- Es infundado el recurso de revisión administrativa.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Consejo de la Judicatura Federal y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diez:
El Tribunal Pleno, en términos de los artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano calificó como legal el impedimento a que se refiere la fracción II del artículo 146 de la propia Ley Orgánica, planteado por la señora Ministra Luna Ramos en virtud de tener amistad íntima con la recurrente.
Con las salvedades formuladas por los señores Ministros Gudiño Pelayo y Silva Meza el Tribunal Pleno por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano aprobó el proyecto modificado.
El señor Ministro Presidente en funciones Aguirre Anguiano hizo la declaratoria respectiva.
Durante la discusión y votación de este asunto estuvieron presentes los señores Ministros Aguilar Morales y Presidente Ortiz Mayagoitia.- Doy fe.
MINISTRO PRESIDENTE EN FUNCIONES:
LIC. RAFAEL COELLO CETINA.
En términos de lo previsto en los artículos 3° fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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