Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532204.html
Timestamp: 2019-03-23 12:34:50+00:00

Document:
auto 204 exp 17
Auto Supremo Nº 204/2015.
Expediente: SC-CA.SAII-OR.17/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164, interpuesto por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representado legalmente por Verónica J. Sandy Tapia contra el Auto de Vista Nº 116/2014 de 15 de diciembre de fs. 154 a 157 de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Oruro, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por Ana Lourdes Rocío Gamarra Aillón de Zambrana contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 167 a 168, el auto de fs. 170 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 014/2014 de 29 de agosto de 2014 de fs. 119 a 126, declarando probada en parte la demanda Contenciosa Tributaria interpuesta por Lourdes Roció Gamarra Aillón de Zambrana contra la Gerencia Distrital de Oruro, del Servicio de Impuestos Nacionales, disponiendo:
Primero.- Revocar en parte y modificar el importe establecido en el punto segundo y cuarto de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa 17.00354,11, debiendo aplicarse para la sanción de los errores en la presentación del Libro de compras IVA a través del módulo Da Vinci-LCV de los periodos junio y noviembre de 2008, conforme a lo contenido en la R.N.D., de 07 de octubre de 2011, subnumeral 4.2.1 adicionado al Anexo (A) de la anterior R.N.D. Nº 10.0037-07 de 14 de diciembre de 2007, llegando el total de la sanción a CIEN 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA (100 UFV’s), por los dos periodos fiscales observados.
Segundo.- Respecto al incumplimiento a deberes formales por entrega parcial de la información y documentación requerida por la fiscalización del SIN, dejó sin efecto la sanción de 1.500 UFV’s prevista en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado A de la R.N.D. Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, toda vez que no corresponde exigir otros medios de pago por compras menores a 50.000 UFV’s conforme previene el art. 37 del DS Nº 27310.
Tercero.- Mantuvo firme y subsistente el punto primero de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa Nº 17-00354-11 de 24 de octubre de 2011.
En grado de apelación, formulado por la Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Oruro, Verónica Jeannine Sandy Tapia de fs. 129 a 133, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Oruro, por Auto de Vista Nº 116/2014 de 15 de diciembre, cursante de fs. 154 a 157, confirmó totalmente la Sentencia Nº 014/2014 de 29 de agosto de 2014.
El referido fallo, motivó que el Servicio de Impuestos Nacionales Regional-Oruro, representado por Verónica J. Sandy Tapia, interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164.
CONSIDERANDO II: Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:
El recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, debiendo fundamentar por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada.
En ese contexto, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los Jueces o Tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en errores “in judicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), vale decir cuando se acredite: “que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley” o “cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias”, y finalmente cuando se demuestra: “que en la valoración de las pruebas se hubiese cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”.
Complementando lo anterior, es preciso aclarar que para la eficacia del recurso de casación en el fondo, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, toda vez que el evidenciar dicho error “in judicando” en cualquiera de sus variantes, el Tribunal estará constreñido a emitir un fallo que disponga la casación total o parcial de la resolución impugnada y emitirá un nuevo fallo que resuelva del fondo de la controversia.
De lo anterior, se demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 258.2) del CPC, relativas a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o de error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, con la conclusión de un petitorio claro acorde a los intereses demandados y a la normativa acusada como transgredida, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna.
En ese sentido, corresponde puntualizar que en el caso de autos, la institución recurrente si bien refirió que plantea recurso de casación el fondo, lo que implicaba que debió hacer un análisis sobre la existencia de errores “in judicando” en el trámite del proceso, adecuando el recurso a una o a todas las previsiones del art. 253 del CPC, con relación al inc. 2) del art 258 de la misma norma legal Adjetiva; sin embargo, se limitó a señalar que interpone recurso de casación al amparo de los tres incisos del artículo referido e hizo un relato general de los hechos desde el inicio del proceso, sin preciar y fundamentar en cuál de los incisos acomoda su agravio en el que hubiese incurrido el tribunal de alzada, citando en términos claros, concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, indicando además las disposiciones contradictorias que contuviera la resolución o en su caso establecer de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, no siendo suficiente realizar una extensa cronología de los antecedentes y referir que la Administración Tributaria de acuerdo a sus facultades realizó el proceso de fiscalización y cumplió fielmente lo que determinan las leyes, alegando aspectos legales de modo general, sin observar en lo más mínimo los aspectos formales que motivan el recurso de casación en el fondo, toda vez que la simple cita de normas legales, no constituye fundamento, conforme a los extremos señalados supra. Además de ello, la recurrente en su petitorio, si bien solicita se case el auto de vista, también hace referencia a aspectos formales, que denotan confusión y carencia recursiva, esta incongruencia también motiva su improcedencia, impidiendo a éste Tribunal la realización de mayor análisis sobre los argumentos del recurso de casación.
Por lo expuesto, se establece que el recurso en cuestión no se acomoda a las condiciones mínimas que exige la técnica recursiva prevista en el código ritual de la materia, por lo que corresponde resolver conforme a lo previsto por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicables por mandato de las normas remisivas contenidas en los arts. 214 y 297 de la parte final de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 del Código Tributario, Ley 2492 de 2 de agosto de 2003.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución