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Timestamp: 2020-05-30 01:05:53+00:00

Document:
COMUNICADO 1113
La Sala de Casación civil explica que puede denominarse como actividad peligrosa la de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Omisión de revisar y reparar el transformador de energía pese a los distintos requerimientos efectuados.
Deber del agente de no crear riesgos y de evitar los resultados dañosos. Hermenéutica del artículo 2357 del Código Civil para determinar los requisitos de solicitud de reducción de la indemnización. Análisis conjunto de pruebas indiciarias.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Por ejercicio de actividad peligrosa de conducción de energía eléctrica que ocasiona el fallecimiento delnasciturus debido a la explosión de un transformador que produjo una descarga eléctrica sobre la madre gestante. Violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho en la apreciación de pruebas.Reiteración sentencia del 9 de agosto de 2010.Análisis de causalidad por descarga eléctrica y actuación culposa de la víctima. Métodos de formulación de hipótesis con base en reglas de la lógica y la experiencia que permiten considerar las pruebas indiciarias como hechos con relevancia jurídica.Ausencia de concurrencia de culpas. Cargos incompletos y desenfocados. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Artículos 90, 2341, 2356 y 2357 del Código Civil.
Fuente jurisprudencial:
Sentencia CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01.
ACTIVIDAD PELIGROSA-De generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Omisión de revisar y reparar el transformador de energía pese a los distintos requerimientos efectuados. Deber del agente de no crear riesgos y de evitar los resultados dañosos. Hermenéutica del artículo 2357 del Código Civil para determinar los requisitos de solicitud de reducción de la indemnización. Análisis conjunto de pruebas indiciarias. (SC5674-2018; 18/12/2018)
CONCURRENCIA DE CULPAS–Carga procesal del casacionista de demostrar el comportamiento culposo de la víctima y acreditar que ella ayudó en la materialización del resultado lesivo. Reiteración sentencia del 9 de diciembre de 2013. Actuar culposo de la víctima no es factor determinante en la producción del daño y el rompimiento del nexo causal. Reducción de la indemnización. Reiteración sentencia del 16 de diciembre de 2010. Aplicación artículo 2357 del Código Civil. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Sentencia CSJ de 16 de diciembre de 2010, rad. 11001-3103-008-1989-00042-01.
Sentencia CSJ SC de 9 de diciembre de 2013, rad. 2002-00099-01.
NEXO CAUSAL-Como inferencia racional del juez de las pruebas indiciarias aportadas al proceso. Métodos de formulación de hipótesis con base en reglas de la lógica y la experiencia que permiten considerar las pruebas indiciarias como hechos con relevancia jurídica. (SC5674-2018; 18/12/2018)
APRECIACIÓN PROBATORIA–De testimonios y documentos catalogados como pruebas indiciarias con el fin de determinar la responsabilidad de la entidad prestadora de servicios de energía eléctrica por el fallecimiento delnasciturus debido a la explosión de un transformador que produjo una descarga eléctrica en la madre gestante. (SC5674-2018; 18/12/2018)
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL-De los artículos 1494, 1616 y 2341 del Código Civilpor aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho al apreciar las pruebas que acreditan el nexo causal. Cargo incompleto y desenfocado. Reiteración sentencia del 19 de diciembre de 2012. Ausencia del carácter manifiesto u ostensible del error de hecho. Reiteración sentencia del 9 de agosto de 2010. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Numeral 2 artículo 336 del Código General del Proceso.
Numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Artículos 1494, 1616 y 2341 del Código Civil.
Sentencia CSJ de 19 de diciembre de 2012, rad. 2001-00038-01.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL–De los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, por aplicación indebida, y 2357 como consecuencia de errores de hecho al apreciar la actuación imprudente de la actora por acudir al médico un día después de recibida la descarga. Carga procesal del casacionista de demostrar el comportamiento culposo de la víctima. Ausencia de concurrencia de culpas. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Artículos 2357, 2341 y 2356 del Código Civil.
ERROR DE HECHO-Ausencia del carácter manifiesto u ostensible del error de hecho. Reiteración sentencia del 9 de agosto de 2010. (SC5674-2018; 18/12/2018)
TÉCNICA DE CASACIÓN-Resolución separadas de cargos al ser presentados bajo la misma causal de casación por violación indirecta de la norma sustancial por errores de hecho en la apreciación probatoria. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Pretenden los demandantes que se declare responsable extracontractualmente a la empresa de servicios públicos de energía, por los perjuicios derivados de la muerte producida al nasciturus causada por la explosión de un transformador que produjo una descarga eléctrica sobre la madre gestante. La empresa de servicios públicos demandada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito de exoneración de responsabilidad de la empresa en el hecho por fuerza mayor, enriquecimiento sin causa, indebida estimación de las pretensiones de la demanda, inexistencia del nexo causal y rompimiento del nexo causal por el hecho de un tercero, y la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. El Juzgado de primera instancia desestimó las excepciones de fondo alegadas y declaró la responsabilidad civil extracontractual de la accionada, condenándola a pagar perjuicios morales en favor de la madre, hermanos y de la abuela de la criatura que estaba por nacer, así como negó en lo restante las peticiones de la demanda. Ambas partes decidieron apelar, en cuyo evento el Tribunal confirmó el fallo, modificando la condena por concepto de perjuicios morales en favor de la madre gestante y no del nasciturus. La sentencia fue acusada por violación indirecta de la norma sustancial por aplicación indebida y por error de hecho en la apreciación de pruebas. La Corte NO CASA la sentencia por cuanto encuentra que, respecto al cargo primero, el mismo se encuentra incompleto y desenfocado, siendo acertada la inferencia racional del juez respecto de las pruebas indiciarias aportadas al proceso. Respecto al segundo cargo consideró que no fue demostrado el actuar culposo de la víctima o la concurrencia de culpas.
SC5674-2018
Radicación n.° 20001-31-03-004-2009-00190-01
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A., E.S.P., frente a la sentencia del 9 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil – Familia, en el proceso ordinario que en su contra adelantaron los señores PIEDAD CRISTINA CASSARES CANTILLO,NILSA ELENA CANTILLO PAYARES,EDGARDO JOSÉ BERMÚDEZ CANTILLO,LESVIA ESTHER CANTILLO PAYARES,FLAVIO ENRIQUE CANTILLO PAYARES,MARÍA CONCEPCIÓN PAYARES GARCÍA,JUAN BAUTISTA CANTILLO PERTUZ,CARLOS ALBERTO CASSARES CANTILLO,JOSÉ LUIS CASSARES CANTILLO,NEIVER ENRIQUE CANTILLO PAYARES yJAIRO ENRIQUE CANTILLO PAYARES.
1. En la demanda, que obra en los folios 6 a 15 del cuaderno No. 1, se solicitó, en síntesis, declarar a la accionada “responsable civilmente, de conformidad con el Art. 2356 del C.C., (…), de la muerte por fibrilación ventricular – electrocutamiento (sic)de la menor que estaba por nacer, hija de la señora PIEDAD CRISTINA CASSARES CANTILLO”; que como consecuencia de lo anterior, se condene a aquélla a pagar los daños materiales, representados en el lucro cesante, tasado en la suma de $322.672.800.oo, “para la madre (víctima) y sus hijos”, y en el daño emergente, en cantidad de $4.300.000.oo, gastos que asumió la nombrada progenitora, y los perjuicios morales, en cuantía equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de los actores.
2. Los gestores de la controversia, en respaldo de las anteriores súplicas, adujeron los hechos que a continuación se resumen:
2.1. La señora Piedad Cristina Cassares Cantillo, el 30 de julio de 2006, se encontraba embarazada, en el octavo mes de gestación y en perfectas condiciones de salud.
2.2. Ese día, se trasladó a una tienda del barrio “Doce de Octubre”de Valledupar, con el propósito de adquirir algunos víveres para su familia, cuando de pronto, como a eso de las 8:00 A.M., explotó el transformador que se hallaba en el poste de en frente del establecimiento y se produjo una fuerte descarga eléctrica en la “vitrina donde [ella]se encontraba recostada”, que la afectó, quedando tendida en el suelo.
2.3. Llevada de urgencia al hospital “EDUARDO ARREDONDO DAZA”, fue trasladada por la gravedad de las lesiones que presentó, al hospital “ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ”, centro asistencial de tercer nivel, “donde ingres[ó]con diagnóstico ‘…Cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por dolor tipo cólico en hipogastrio luego de descarga eléctrica, acompañado de sangrado transvaginal en abundante cantidad…’ ‘…Trae reporte ecográfico: óbito fetal’ por la descarga eléctrica (Reporte de historia clínica del 31 de julio de 2006 emitida por el H.R.P.D.L.)”.
2.4. Luego de ser valorada por los galenos que la atendieron, éstos determinaron que se le debía practicar “un procedimiento de aborto”, toda vez que “al recibir la descarga esta se condu[jo]por todo el cuerpo y se aloj[ó]en el vientre de la madre, produciendo el deceso de la criatura”.
2.5. Tanto el propietario de la tienda donde ocurrieron los hechos, señor Eduardo Villarreal Angarita, como los demás vecinos del sector, “gestionaron e informaron de forma vehemente y angustiosa a la persona jurídica ELECTRICARIBE S.A. ESP[,]Distrito Cesar, para que cambiara el transformador y las redes, (…), pues estaba[n]colocando en inminente peligro a los habitantes del barrio doce de octubre de esta ciudad, aunado a que este suceso no era la primera vez que sucedía, pues ya en varias ocasiones se había presentado el mismo problema de estallido del transformador, causándole pérdida total a los aparatos eléctricos de los habitantes del sector, pero la entidad demandada hizo caso omiso a los requerimientos de la comunidad”.
2.6. La muerte de la hija de la señora Piedad Cristina Cassares Cantillo “se debió a que las redes conductoras de corriente y el transformador de energía se encontraban en mal estado, situación que la entidad demandada omitió revisar y reparar pese a los requerimientos del dueño del inmueble donde ocurrió el daño y los habitantes del sector que también se vieron afectados (…) pues todos sus electrodomésticos sufrieron daños y pérdida total”.
2.7. La mencionada progenitora, quien también resultó lesionada por la descarga eléctrica que recibió, a causa de la muerte de su hija, “sufrió trauma sicológico”por depresión y ansiedad.
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, al que le correspondió por reparto el conocimiento del asunto, admitió la demanda con auto del 16 de julio de 2009 (fl. 187, cd. 1), que notificó personalmente a la accionada, por intermedio de su apoderado general, en diligencia surtida el 17 de septiembre siguiente (fl. 187 vuelto, ib.).
4. Oportunamente, la empresa demandada contestó el libelo introductorio, escrito en el que se opuso a sus pretensiones, se refirió de distinta manera sobre los hechos allí invocados y planteó, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominó “EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ELECTRICARIBE EN EL HECHO POR FUERZA MAYOR”, “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, “INDEBIDA ESTIMACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, “INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL”y “ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL POR EL HECHO DE UN TERCERO”(fls. 198 a 206, cd. 1).
Por separado, propuso la excepción previa de “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES”(fl. 1, cd. 2), que fue denegada en la audiencia verificada el 5 de abril de 2011 (fls. 251 a 254, cd.1).
5. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 15 de junio de 2012, en la que desestimó las excepciones de fondo alegadas; declaró la responsabilidad civil extracontractual de la accionada; la condenó a pagar perjuicios morales en favor de la madre, hermanos y de la abuela de la criatura que estaba por nacer; negó en lo restante las peticiones de la demanda; e impuso el pago de las costas a la convocada (fls. 16 a 31, cd. 3).
6. Apelado que fue por ambas partes dicho fallo, el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil – Familia, mediante sentencia del 9 de octubre de 2013, decidió confirmarlo con modificación de la condena que por concepto de perjuicios morales se impuso, pero sólo en cuanto tuvo como víctima directa a la señora Piedad Cristina Cassares Cantillo, y no a la menor que estaba por nacer (fls. 37 a 51, cd. 4).
El ad quem esgrimió los razonamientos que a continuación se sintetizan:
1. En consonancia con la apelación que cada una de las partes planteó frente al fallo de primera instancia, identificó dos concretos y puntuales problemas jurídicos para resolver: de un lado, “si con las pruebas allegadas al plenario se logró demostrar la responsabilidad civil extracontractual de ELECTRICARIBE SA ESP, respecto de los daños sufridos por la parte demandante, la muerte de la menor que estaba por nacer hija de PIEDAD CASSARES CANTILLO”; y, de otro, “si el a quo fijó adecuadamente la indemnización por perjuicios morales y materiales”.
2. Luego de poner de presente el contenido del artículo 2341 del Código Civil, de referirse en abstracto tanto sobre la responsabilidad civil extracontractual en general, como de la que se deriva de las actividades peligrosas, en virtud de la cual trajo a colación el contenido del artículo 2356 de la misma obra, y de calificar como tal la “conducción de energía eléctrica”, lo que hizo con ayuda de la jurisprudencia, el ad quem, respecto de la primera de las señaladas problemáticas, observó:
2.1. El hecho dañoso fue cabalmente acreditado con la prueba documental aportada, en particular, los recortes de prensa en los que aparece registrada la noticia de la muerte de la hija que esperaba la señora Cassares Cantillo y el “CD donde se inform[ó]del hecho ocurrido en el noticiero local de esta ciudad”; así como con los testimonios de los señores Edgar Enrique de la Hoz Anaya, Eduardo Villarreal Angarita, Libeth María López Fuentes, Margarita Rosa Jiro Pitre, Analeonidas Camargo Oñates, Janine Vergel Duarte y Lesbia Esther Cantillo Payares, cuyas versiones compendió.
2.2. El daño, esto es, “la pérdida de la vida del beb[é]que estaba por nacer, hijo de la señora PIEDAD CASSARES CANTILLO, quien contaba con 7 meses de gestación”, se comprobó con los testimonios atrás relacionados, la historia clínica de la citada progenitora, el certificado de defunción que obra en el folio 146 del cuaderno principal, el protocolo de necropsia No. 174 de 2006 y su complementación del 2 de octubre del mismo año, elementos de juicio en los que “se constata que efectivamente la menor hija de PIEDAD CASSARES CANTILLO falleció el 31 de julio de 2005 (sic), con una edad gestacional de 28 a 30 semanas, luego de una hemorragia por descarga eléctrica sufrida por la madre”, en hechos ocurridos el día anterior.
2.3. La relación de causalidad se deduce de “la historia clínica, el certificado de defunción, el protocolo de necropsia, el interrogatorio de parte, los testimonios, la inspección judicial y el dictamen pericial”, pruebas con las que “se probó que efectivamente el cuadro clínico presentado por la señora PIEDAD CASSARES CANTILLO[,]consistente en cólico en epigastr[i]o y sangrado vaginal, que conllevó a la muerte del feto, se originó por el episodio de la descarga eléctrica sufrida por la madre gestante en el establecimiento de comercio PROVISIONES ELA, cuando se recostó en la vitrina y en el preciso momento se estalló el transformador que se encontraba en mal estado”.
2.4. Así las cosas, el ad quem concluyó que “se encuentra acreditado debidamente el nexo causal, el hecho y el daño, por tratarse de una actividad peligrosa como lo es la conducción y distribución de energía eléctrica, por lo que es al demandado a quien corresponde demostrar una causal de exoneración de responsabilidad para librarse de las pretensiones de la demanda”.
3. En atención a la apelación interpuesta por la demandada, el Tribunal precisó que ella alegó que el a quo “no valoró en debida forma la ausencia de culpa (…)porque dentro del dictamen de necropsia no se establecieron las causas que ocasionaron la muerte, que la parte debe demostrar la culpa del demandado”y que fue “un acto de descuido, negligencia y omisión”de “la demandante PIEDAD CASSARES CANTILLO (…)no asistir inmediatamente a un centro médico”.
Sobre esos tópicos, dicha autoridad estimó:
3.1. En primer lugar, que en el proceso se “estableció que la muerte del beb[é]que esperaba PIEDAD CASSARES CANTILLO, sobrevino como consecuencia del cólico y sangrado vaginal que [ella]sufrió (…)cuando se encontraba en la tienda PROVISIONES ELA y ocurrió el estallido del transformador”, toda vez que este suceso provocó que la gestante, “a través del enfriador en el que se encontraba recostada”, recibiera “la descarga eléctrica”, de modo que, “pese a que en el protocolo de necropsia no se dijo que la electrocución hubiese sido la causa de muerte, en la complementación del protocolo de fecha 2 de octubre de 2006 se señaló que se evidenciaba un foco inflamatorio local asociado a hemorragia en los cortes del cordón umbilical, el cual puede estar asociado con la historia de electrocución de la madre, descartando el trauma y malformaciones como causa de muerte”.
A continuación el juzgador de instancia clarificó que “en la necropsia que se h[izo]al feto se descart[ó]el trauma y malformaciones como causa de muerte, y por ende se relacion[ó]la hemorragia sufrida en el cordón umbilical con el episodio de la electrocución como causante del suceso”y que “la historia clínica, el certificado de defunción, el protocolo de necropsia, el interrogatorio de parte, los testimonios, la inspección judicial y el dictamen pericial, pruebas que fueron allegadas al plenario[,] (…) dan certeza al fallador, de que en efecto los hechos ocurrieron tal y como se han demostrado y que efectivamente la muerte del beb[é] que estaba por nacer se debió a la descarga eléctrica sufrida por su madre PIEDAD CASSARES CANTILLO”.
3.2. En segundo término, que tratándose de una actividad peligrosa, como es el “manejo de la energía eléctrica”, tiene aplicación el “régimen de presunción de culpa”, que “releva al demandante”de comprobar este elemento estructural de la responsabilidad, por lo que le basta acreditar “el hecho, el daño y el nexo causal, quedando el demandado con la carga de demostrar (…)que el hecho ocurrió como consecuencia de una fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, o culpa de un tercero”.
3.3. Y finalmente, en cuanto hace al reproche consistente en que “en el dictamen pericial, se estableció que las instalaciones eléctricas del inmueble donde ocurrieron los hechos no se encontraban acordes a reglamento técnico”, puso de presente que dicha experticia, por igual, informó que el transformador que se estalló “tampoco cumplía con el reglamento técnico, y que bajo las circunstancias en que se encontraba (…)representaba un riesgo para los habitantes del sector”, pues “entre las fallas”que evidenciaba, estaba la carencia de “polo a tierra, lo que genera[ba]un alto riesgo para la seguridad de las personas en caso de presentarse alguna falla en el mismo”.
Con tal base coligió que “si bien es cierto[,]la responsabilidad de las instalaciones eléctricas de un inmueble se encuentran en cabeza de su propietario, también es cierto que la responsabilidad de las instalaciones eléctricas están a cargo de la entidad responsable, por ser la encargada de la distribución y conducción de la energía hasta el contador de cada inmueble, luego no es posible que pretenda el demandado exonerarse de responsabilidad y querer achacar este hecho al propietario del inmueble[,]cuando quedó ampliamente demostrado que la causa de la descarga eléctrica sufrida por la víctima[,]fue el estallido del transformador que condujo la corriente hasta el enfriador donde la madre gestante se encontraba recostada”.
4. Concentrado en la apelación de los actores, el Tribunal consignó las siguientes apreciaciones:
4.1. No hay lugar a pronunciarse sobre el daño a la vida de relación, como quiera que en la demanda con la que se dio inicio al proceso, no se solicitó su resarcimiento.
4.2. La indemnización pedida con base en la expectativa de vida de la criatura fallecida corresponde al lucro cesante futuro, al que no puede accederse, por no ser un daño “cierto, real y existente”, sin que su reconocimiento pueda efectuarse con apoyo en “simple[s]hipótesis”, en una “ilusión”o en una mera “suposición”, toda vez que en el caso sub lite se trata del deceso “de un nasciturus, que no alcanz[ó]a ser persona y [que,]por ende[,]no se encontraba laborando”, a lo que se suma que “no se puede suponer que posteriormente cuando hubiese nacido y alcanzado la mayoría de edad, todos sus familiares iban a depender económicamente del mismo”.
4.3. El perjuicio moral se presume sólo en relación con los familiares más cercanos de la víctima, como son “los padres, hijos, hermanos o cónyuge”.
En el presente caso, la víctima fue la madre gestante, señora PIEDAD CRISTINA CASSARES CANTILLO, y no la criatura que estaba por nacer, quien al tenor del artículo 90 del Código Civil no alcanzó a ser persona y, por ende, titular de algún derecho distinto al de la vida, por lo que el reconocimiento del perjuicio moral procedía respecto de aquélla, sus hijos, progenitora y hermanos, con exclusión de“los demás familiares”, razón por la cual habrá de modificarse en lo pertinente la sentencia apelada.
Contiene dos cargos, que la Corte resolverá en el mismo orden de su proposición.
Con estribo en el numeral inicial del canon 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció la sentencia combatida por ser indirectamente violatoria de los artículos 1494, 1616 y 2341 del Código Civil, por aplicación indebida, como consecuencia de los “errores de hecho”en que incurrió el Tribunal, al apreciar las pruebas del proceso.
Como sustento de la acusación, su proponente, en síntesis, expuso:
1. Tras recordar las conclusiones fácticas a que arribó el sentenciador de segunda instancia, aseveró que “en el presente caso no se acreditó el vínculo o relación de causalidad”para deducir la responsabilidad de la demandada, pues “era indispensable acreditar que el hecho dañoso fue consecuencia adecuada de la falla en la prestación del servicio y conducción de energía, cosa que en el presente caso no ocurrió, toda vez que no hay en el expediente un solo medio de prueba que demuestre que las complicaciones en el embarazo de la demandante Piedad Cassares Cantillo fueron consecuencia de la descarga eléctrica”.
2. Reprochó la “indebida apreciación”de los siguientes medios de convicción:
2.1. El protocolo de necropsia No. 174-2006, militante en los folios 146 a 149 del cuaderno No. 1, cuyo contenido reprodujo en parte, y sobre el que acotó que “las autoridades competentes no pudieron determinar, en principio, la causa de la muerte, por lo cual mal podía concluir el Tribunal que el deceso obedeció a la descarga eléctrica”.
2.2. La complementación de dicho protocolo, fechado el 2 de octubre de 2006 (fls. 141 y 142, cd. 1), que igualmente transcribió en lo pertinente, toda vez que de este informe y del anterior, examinados objetivamente, no se infiere que “la muerte del nasciturus obedeció a la descarga eléctrica que dice haber sufrido la demandante”, en tanto que ellos se refieren a una “electrocución”como “posible causa de la pérdida sufrida en el embarazo”, mas no determinan de forma “clara, contundente e inequívoca”que ese hecho hubiese sido la causa del óbito.
Añadió que si el ad quem hubiese valorado las indicadas probanzas en su “real dimensión objetiva”, habría notado la falta de demostración del nexo causal.
2.3. La historia clínica de la demandante Piedad Cassares Cantillo, que obra del folio 47 al 130 del cuaderno principal, en tanto que no da fe “de que haya sido la descarga eléctrica la causa de la muerte de la criatura que estaba en el vientre de la actora”, hecho que fue mencionado pero por la propia paciente, sin que en dicho elemento figure que los galenos que la atendieron hubiesen concluido “que dicho acontecimiento”fue “la causa del deceso”.
2.4. Los testimonios rendidos por los señores Edgar Enrique De La Hoz Anaya, Eduardo Villarreal Angarita, Libeth María López Fuentes, Margarita Rosa Jiro Pitre, Analeonidas Camargo Oñate, Janine Vergel Duarte y Lesbia Esther Cantillo Payares, pues revisado su contenido se establece que ninguno hizo referencia a la causa de la muerte de la criatura esperada por la señora Cassares Cantillo, habida cuenta que los deponentes simplemente dieron cuenta de que la nombrada “sufrió un ‘corrientazo’ el día 30 de julio de 2006, el cual según lo suponen los testigos, tuvo su origen en el imperfecto del transformador de energía eléctrica ubicado cerca al inmueble en donde se encontraba la demandante”, evidenciándose que el “común denominador”de todas las declaraciones fue “la especulación”, pues varios de los expositores no presenciaron el hecho.
3. Al cierre, el censor reiteró la falta de demostración del nexo causal y la trascendencia del error en que incurrió el Tribunal, al tener por acreditado este elemento de la responsabilidad, pues si hubiese notado la orfandad probatoria al respecto, otro habría sido su fallo.
1. Mientras que el Tribunal estimó acreditado el nexo causal con las pruebas recaudadas en el proceso, que valoró en conjunto, el recurrente, en el cargo ahora auscultado, aseveró la falta de demostración de este elemento estructural de la responsabilidad reclamada, como quiera que ninguno de los medios de convicción de que aquí se dispone, da fe de que la causa de la muerte del bebé que esperaba la señora Cassares Cantillo, hubiese sido la electrocución que ésta experimentó.
2. Examinado con detenimiento el fallo del ad quem, se establece que en cuanto hace a la incidencia causal de los hechos, dicha autoridad, con apoyo en las pruebas que invocó y que valoró de forma conjunta, no aisladamente, estableció la ocurrencia de una serie de hechos que luego entrelazó, para deducir su comprobación.
Fue así como reconoció la demostración de las siguientes circunstancias fácticas:
a) El embarazo de la señora Cassares Cantillo, comprobado con la historia clínica aportada.
b) La descarga eléctrica que ella recibió el 30 de julio de 2006, en las horas de la mañana, cuando se encontraba en la tienda de abarrotes de propiedad del señor Eduardo Villarreal Angarita, ubicada en el barrio “Doce de Octubre”de Valledupar, debido al estallido del transformador existente en las afueras de la misma, hechos acreditados con los testimonios de Edgar Enrique de la Hoz Anaya, Eduardo Villarreal Angarita, Libeth María López Fuentes, Margarita Rosa Jiro Pitre, Analeonidas Camargo Oñates, Janine Vergel Duarte y Lesbia Esther Cantillo Payares.
c) El padecimiento, con posterioridad, por parte de la gestante, de “cólico en epigastr[i]oy sangrado vaginal”, registrado en el documento citado en el literal a) precedente.
d) La muerte de la criatura que llevaba en su vientre, evidenciada en la referida memoria clínica, en el certificado de defunción aportado con el libelo introductorio y en el protocolo de necropsia practicada al feto, así como en su complementación.
e) La exclusión de malformaciones y/o traumatismos como causa del deceso de la criatura, según dio cuenta de ello el relacionado informe de necropsia, considerada su posterior adición.
De la ponderación conjunta de esos hechos y, por ende, de las pruebas con las que se acreditaron los mismos, el ad quem infirió que “el cuadro clínico presentado por la señora PIEDAD CASSARES CANTILLO[,]consistente en cólico en epigastr[i]o y sagrado vaginal, que conllevó a la muerte del feto, se originó por el episodio de la descarga eléctrica sufrida por la madre gestante”, fue fruto del estallido del transformador ubicado al frente del establecimiento de comercio donde se encontraba.
3. Ese entendimiento del fallo impugnado, deja al descubierto, en primer lugar, el desenfoque del cargo estudiado, en tanto que, como se vio, él se circunscribió a esgrimir la ausencia de una prueba que acreditara que la electrocución experimentada por la señora Cassares Cantillo, fue la causa directa de la muerte de su hija por nacer, reproche que no guarda correspondencia con las genuinas razones que condujeron al Tribunal a tener por comprobado el examinado requisito estructural de la responsabilidad endilgada a la accionada.
Sobre este tópico del recurso extraordinario, la Corte, sin vacilaciones, ha sostenido que “cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (…). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se subraya).
Como con facilidad se aprecia, el censor no combatió y, por ende, no desvirtuó, ninguno de los hechos en los que se fincó el Tribunal para deducir que la descarga eléctrica sufrida por la citada gestante le provocó hemorragia que, en últimas, tuvo una incidencia causal suficiente para ocasionar la muerte de la bebé que esperaba.
Traduce lo anterior, que el raciocinio del Tribunal, al no haber sido controvertido, continúa en píe, prestándole suficiente apoyo a la sentencia emitida por esa Corporación, la cual, por consiguiente, no está llamada a derrumbarse.
4. La advertida fundamentación del fallo de segunda instancia, en segundo lugar, deja en claro que las apreciaciones del ad quem relativas al nexo causal, en sí mismas consideradas, no entrañan la comisión de yerro fáctico alguno y, menos, de uno manifiesto o rutilante, que es el que se exige en casación, para provocar el resquebrajamiento de la sentencia cuestionada, como con insistencia lo ha predicado esta Corporación al sostener que:
(…)al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto(CSJ, SC del 9 de agosto de 2010, Rad. n.° 2004-00524-01).
Es que si la señora Cassares Cantillo se encontraba embarazada, proceso que tenía un desenvolvimiento normal, como da cuenta de ello su historia clínica; y si, mediando como única circunstancia afectante de su estado de preñez, la descarga eléctrica que recibió, comprobada con la prueba testimonial recepcionada, ella presentó “cólico en epigastrio”y hemorragia abundante, como igualmente lo registra su historia clínica, sobreviniendo luego la muerte de la criatura, establecida con el certificado de defunción allegado a los autos y la necropsia practicada al feto, que descartó como causa de la muerte las malformaciones y/o los traumatismos, no se avizora errado que el Tribunal, de ese conjunto de hechos debidamente acreditados, dedujera que la circunstancia desencadenante de daño padecido por la nombrada demandante, fue la electrocución que la impactó el 30 de julio de 2006, cuando se encontraba en el establecimiento de comercio de propiedad del señor Villarreal Angarita.
Tal proceso inferencial, característico de la prueba indiciaria o indirecta, no muestra desatino en ninguno de los elementos que lo componen, toda vez que, como viene de registrarse, los hechos indicadores, figuran debidamente comprobados en el proceso y la deducción obtenida, guarda conformidad con ellos y con las reglas tanto de la lógica como de la experiencia.
Más aún, como lo destacó el propio sentenciador de segunda instancia, en la complementación del trabajo de necropsia, que data del 2 de octubre de 2006, el legista conceptuó: “(…)se descarta el trauma y malformaciones mayores como causa de muerte. El estudio histopatológico evidencia como único dato de importancia diferente a los cambios por descomposición, un foco inflamatorio local asociado a hemorragia en los cortes del cordón umbilical (funiculitis aguda), el cual puede estar asociado con la historia de electrocución de la madre”, consideración esta del experto, que amplía el margen de plausibilidad del advertido razonamiento del Tribunal.
Se concluye, en definitiva, que el error de hecho denunciado, no se cometió.
5. El cargo, por consiguiente, no prospera.
También con respaldo en el primero de los motivos de casación, se enrostró a la sentencia combatida ser indirectamente violatoria de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, por aplicación indebida, y 2357 de la misma obra, por no haberse hecho actuar, “como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de varios medios de prueba obrantes en el proceso”.
La censura discurrió por el sendero que pasa a describirse:
1. De entrada, se afirmó que en el fallo objeto impugnación “se pasó por alto que la demandante PIEDAD CASSARES CANTILLO se expuso de manera imprudente a la causación del daño[,]ya que pese a haber supuestamente recibido una descarga eléctrica el día 30 de julio de 2006, solamente acudió a recibir atención médica hasta el 31 de julio de 2006, es decir, un día después”, omisión que fue alegada en las instancias sin respuesta de los respectivos sentenciadores.
2. Así las cosas, el casacionista denunció la pretermisión por parte del ad quem de las siguientes pruebas:
2.1. La declaración rendida bajo la gravedad del juramento por la señora Piedad Cassares Cantillo el 14 de agosto de 2006 ante la Fiscalía Diecisiete Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, donde relató lo ocurrido, versión que el recurrente reprodujo en lo pertinente.
En torno de ella, el censor comentó que conforme “lo expresado por la propia demandante se evidencia claramente una conducta descuidada, negligente y poco previsiva, pues pese a encontrarse en estado de embarazo y haber recibido una descarga eléctrica, en lugar de dirigirse inmediatamente a un centro hospitalario a realizarse los chequeos del caso y recibir la atención médica pertinente, prefirió realizar otras actividades, omisión que indudablemente contribuyó en forma importante a la causación del daño”.
2.2. Los documentos que componen la historia clínica de la nombrada, en tanto que ellos dan cuenta que la afectada fue al Hospital “Eduardo Arredondo Daza”, con el propósito de recibir atención médica, solamente hasta el día siguiente a aquél en el que recibió la descarga eléctrica que la afectó.
3. Sobre la base de que en el proceso aparece probada la tardía comparecencia de la accidentada a recibir atención médica, el recurrente reprochó el silencio que al respecto guardó el juzgador de segunda instancia, omisión que, en su concepto, provocó que esa autoridad “dejar[a]de aplicar el artículo 2357 del Código Civil, norma que, como es sabido, ordena la reducción de la indemnización cuando la víctima se ha expuesto de manera imprudente”al daño.
1. Para no andar con rodeos, hay que señalar desde ya, porque así se desprende de la historia clínica de la señora Piedad Cristina Cassares Cantillo, que ella, pese a haber recibido el impacto eléctrico que la afectó, el 30 de julio de 2006, solamente ingresó al servicio de urgencias del Hospital “Eduardo Arredondo Daza”de Valledupar, el día siguiente (fl. 73, cd. 1), siendo trasladada en la misma fecha al Hospital “Rosario Pumarejo de López”con diagnóstico de “óbito fetal”y “cuadro clínico”de más o menos “24 horas de evolución[,]caracterizado por dolor tipo c[ó]lico en hipogastrio luego de descarga eléctrica[,]acompañado de sangrado transvaginal en abundante cantidad”(fl. 99, cd. 1).
2. Con apoyo en esa circunstancia, el recurrente estimó que tal demora en la obtención de ayuda médica, fue determinante en el resultado final, esto es, en el deceso de la hija que ella esperaba y que, por ende, la inobservancia, por parte del ad quem, de ese comportamiento culposo de la citada demandante, constituye un error de hecho trascendente, en la medida que condujo a que dicha autoridad dejara de aplicar el artículo 2357 del Código Civil y, correlativamente, se abstuviera de reducir, en la proporción debida, la condena que impuso a la demandada.
3. En relación con el citado precepto, la Sala, en reciente fallo, apuntó:
Cuando el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, ‘pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo, entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, prevista en el artículo 2537 del ordenamiento civil, según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción cuando la víctima interviene en su producción por haberse expuesto a él de manera imprudente.
‘Tal coparticipación causal –ha sostenido esta Corte– conducirá a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia víctima en la producción del resultado dañoso’. (Sentencia de Casación Civil de 16 de diciembre de 2010. Exp.: 11001-3103-008-1989-00042-01).
Pero como la ley nada dice acerca del método ni el porcentaje que han de tenerse en cuenta para realizar esa reducción, es al juez a quien corresponde establecer, según su recto y sano criterio, y de conformidad con las reglas de la experiencia, en qué medida contribuyó la acción del perjudicado en la producción del daño.
Claro está que ese arbitrio iuris no puede confundirse nunca con la arbitrariedad, ni siquiera con un amplio margen de liberalidad o subjetivismo, toda vez que el mismo debe estar fundamentado en un objetivo examen de las pruebas que demuestren la participación de cada uno de los agentes y su incidencia en el desencadenamiento del daño. Esa cuantificación deberá realizarse, además, en términos de prudencia y razonabilidad, a fin de establecer la equitativa proporción que corresponde a cada uno de los autores del hecho lesivo (CSJ, SC del 9 de diciembre de 2013, Rad. n.° 2002-00099-01).
3. Es evidente que el Tribunal pasó por alto la advertida circunstancia, no obstante que la empresa demandada, al sustentar la apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, alegó, entre otras inconformidades, que dicho juzgador no tuvo en cuenta tal omisión de la señora Cassares Cantillo, planteamiento frente al que el Tribunal guardó silencio.
4. Pese a ser cierta la preterición del comentado hecho por parte del sentenciador de segunda instancia, ella deviene intrascendente a efecto de obtener el quiebre de su sentencia, toda vez que en el proceso no aparece comprobada la influencia que el referido comportamiento tuvo en la producción del daño sufrido por aquélla.
En otros términos: si la Corte optara por casar el fallo impugnado, como consecuencia de la falta de apreciación del proceder culposo atribuible a la actora Piedad Cristina Cassares Cantillo, consistente en no haber buscado ayuda médica tan pronto como recibió el choque eléctrico que la afectó, o una vez empezó a sufrir los síntomas que la aquejaron (cólico y hemorragia), no podría, de todas maneras, aplicar la reducción de la condena de que trata el artículo 2357 del Código Civil, puesto que en el proceso no aparece acreditado que la descrita actuación culposa de la víctima, hubiese tenido incidencia en la generación del perjuicio cuya reparación aquí se reclamó, pues para ello ha debido demostrarse la incidencia causal de ese descuido en los resultados lo que no se probó..
5. En este caso, como en todos los que se pretenda la minimización de la condena de conformidad con el precepto sustancial en comento, no es suficiente demostrar el comportamiento culposo de la víctima sino, además, es indispensable acreditar que él, ayudó en la materialización del resultado lesivo.
6. En otro proceso de responsabilidad civil extracontractual derivada de una electrocución, la Corte, en el fallo sustitutivo que dictó, al resolver la excepción de “[c]ompensación de culpas”que propuso la demandada, manifestó:
El fenómeno de la causalidad corresponde a un juicio de valor que sirve para determinar cuál fue, en concreto, el hecho generador de un daño, independientemente de los factores subjetivos que rodeen su realización.
Se trata de establecer si el resultado dañoso es consecuencia directa de la acción o de la omisión atribuida a quien se le imputa la responsabilidad, sin que importe saber si el sujeto quiso el daño (dolo) o actuó culposamente, al producirlo.
Luego de colegir que la víctima en ese asunto actuó imprudentemente y de apreciar las circunstancias en las que se produjo el accidente allí investigado, coligió que:
Nítido resulta, pues, que la circunstancia determinante del accidente de que se trata, fue el hecho de que las redes eléctricas no se encontraban instaladas con sujeción a las normas técnicas, en particular, a las distancias de seguridad mínimas, pues si así hubiese acontecido, con todo y el proceder imprudente de [la víctima], no se habría producido su electrocución.
Se trató, pues, de un caso, en el que el comprobado actuar culposo de la víctima no fue factor determinante en la producción del daño, circunstancia esta que impidió reconocer la incidencia causal de su propia culpa aducida en su defensa por la electrificadora demandada.
7. Se sigue de todo lo expuesto, que no estando aquí demostrado que la tardanza en recibir atención médica por parte de la demandante Piedad Cristina Cassares Cantillo, así se admita que tal comportamiento califica de negligente e imprudente, fue decisiva en el fallecimiento de la hija que llevaba en su seno, mal puede admitirse la concurrencia de culpas aducida por la aquí accionada, o la incidencia de sus propios actos en el resultado dañoso y, por ende, aplicarse la reducción de la condena en los términos del artículo 2357 del Código Civil.
8. La acusación examinada, por lo tanto, naufraga.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 9 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil – Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.
Costas en casación, a cargo de su proponente. Como la demanda sustentante del recurso extraordinario fue oportunamente replicada por la parte opositora, se fija, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000.oo. La Secretaría de la Sala practique la correspondiente liquidación.

References: artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 336
 artículo 368
 artículo 2341
 artículo 2356
 artículo 90
 artículo 368
 artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 2537
 artículo 2357
 artículo 2357