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Timestamp: 2020-07-10 10:03:40+00:00

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Derecho de Familia - Abogados Ortega en Jaén
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Expecialistas en cada una de las áreas del Derecho, en especial en Derecho de Familia. Te asesoramos y prestamos el servicio solicitando en las distintas materias de familia.
Proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial, el mediador, para generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias. Se diferencian distintos objetivos, entre ellos evitar conflictos, reducir la contenciosidad de los juzgados, asegurar la protección del menor y su bienestar, procurar la corresponsabilidad de ambas partes en la toma de decisiones.
La única diferencia respecto a la separación es que con el divorcio se procede a la disolución del matrimonio pudiendo establecer otro diferente. Antes de la reforma del Código Civil era necesario esperar un año desde la separación pero ahora sólo deben transcurrir 3 meses desde el matrimonio, salvo que incurra un riesgo a la vida o a la indemnidad. Podemos destacar entre otros:
Divorcio de mutuo acuerdo: Este tipo de divorcios suele durar unos 3 meses, por esto también se le atribuye el nombre de divorcio express. Al igual que en la separación de mutuo acuerdo, se debe adjuntar un convenio regulador con los diferentes acuerdos a los que lleguen respecto a su aspecto familiar (relación con los hijos, guarda y custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos) como en su aspecto patrimonial (uso de la vivienda familiar, cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico, etcétera). Junto con la demanda de divorcio, que deberá ser redactada y firmada por un Abogado y Procurador, deberá acompañarse el certificado literal del matrimonio expedido por el Registro Civil donde se halle inscrito, así como los certificados de nacimiento de los hijos, si los hubiere, además es imprescindible que se acompañe la propuesta del convenio regulador firmado por los cónyuges. Una vez presentada la demanda de divorcio, se citará por el Juzgado competente a las partes para que ratifiquen el convenio regulador a presencia judicial, previo informe del Ministerio Fiscal que deberá emitir en caso de que el matrimonio tuviere hijos menores de edad, ya que es la figura que vela por sus intereses en este procedimiento.
Ratificado el convenio, se dictará la correspondiente sentencia de divorcio que se inscribirá de oficio en el Registro Civil correspondiente.
Divorcio contencioso: Este proceso dura alrededor de unos 6 meses, aunque se intenta que dure menos. Cuando no hay acuerdo se interpone demanda en base al artículo 770 LEC. Este tipo de divorcio es el más costoso y en relación con el de mutuo acuerdo existe una diferencia relevante económicamente hablando. Se debe acompañar la demanda con las pruebas relativas a las circunstancias que han dado lugar a la ruptura, tanto como las que se necesiten para el juicio.
Hasta el año 2005 era necesario divorciarse para proceder a tal situación, pero con la reforma del Código Civil se ha modificado el procedimiento. La separación podría considerarse como un procedimiento en el que los cónyuges rompen su convivencia e inician una vida separada e independiente. Esto produce una suspensión del matrimonio pero no disolución de tal ya que esto únicamente podrían producirlo el fallecimiento, declaración de fallecimiento o divorcio. Las causas existentes al cese del vínculo podrían consistir en situaciones tales, como enfrentamientos o desafecto en la pareja que podrían incluso afectar al estado anímico de los hijos afectándoles psicológicamente, por lo que esta opción sería la más viable.
Se debe realizar un procedimiento judicial para determinar las relaciones familiares presentes y futuras, estableciéndose una serie de medidas:
Con carácter previo a la petición de separación, las medidas provisionalísimas.
Una vez interpuesta la demanda de separación y con carácter previo a obtener la sentencia. Medidas provisionales.
Una vez que se dicte sentencia. Medidas definitivas.
En los procesos de Separación y Divorcio de Mutuo Acuerdo, las medidas las acuerdan los cónyuges en un convenio regulador, siendo este el que el Juez, en la sentencia, eleva a las medidas definitivas.
Existen varios tipos de separaciones, las cuales podemos añadir que son:
Separación de mutuo acuerdo: Para que los cónyuges puedan separarse es necesario que hayan transcurrido 3 meses de la celebración del matrimonio, aportando junto a la demanda un convenio regulador estableciendo pactos acordados entre ellos en relación al patrimonio e hijos. Este tipo de separaciones son las que menos duran.
Separación contenciosa: En este procedimiento las partes no consiguen llegar a ningún a ningún acuerdo, por lo que se formula demanda y no se aporta convenio regulador. Aquí no es necesario aportar ningún tipo de causa, lo único que se debe tener en cuenta es que deben transcurrir 3 meses de la celebración del matrimonio. Una solución viable para esta situación sería la mediación, para intentar gestionar y tratar de forma adecuada este tipo de conflictos para así llegar a un acuerdo que conforme a las dos partes.
Separación de hecho: En esta situación se termina completamente la convivencia matrimonial ya sea por acuerdo de los dos cónyuges o sólo de uno, por ejemplo abandonando el domicilio familiar. Uno de los problemas de este tipo de separaciones es que no se liquida el régimen económico matrimonial, pueden surgir conflictos como abandono de familia y aun así no se suele acudir al juzgado para terminar de formalizar la situación. A pesar de esto, se puede hacer mediante Notario para desarrollar las relaciones patrimoniales e hijos de los cónyuges como también puede requerir la ayuda de un abogado para ayudar a las partes a realizar los procedimientos de la forma más conveniente.
Según el artículo 777 LEC es necesario aportar un convenio regulador junto a la demanda en los procesos de separación o divorcio. El convenio, una vez firmado por las dos partes se presenta ante el juzgado para que lo ratifique si no perjudica a ninguno de ellos. Si esto no es así, se tendrá que volver a redactar una nueva propuesta para su aprobación.
Según el artículo 90 CC en el convenio se deben incluir aspectos tales como:
Pensión de alimentos y compensatoria: la pensión de alimentos no sólo incluye la dieta diaria o la alimentación, también lo necesario para el sustento y educación del niño. Esto no es lógico pedirlo mensualmente, ya que el padre debe estar pendiente constantemente de las necesidades de su hijo. La pensión compensatoria, alude a un desequilibrio económico, el cual se cubre con unas cantidades mensuales que se le otorga al cónyuge no titular, en forma temporal, indefinida o asimismo se puede realizar en una prestación única.
Respecto a la patria potestad, se puede añadir que elude a la representación general de los hijos y la guardia y custodia de los hijos se refiere al régimen de visitas establecido. Si la patria potestad es denegada, la labor de mantener el sustento económico y docente del hijo seguiría pertinente.
También podemos hablar del régimen económico. Una vez que se separan los cónyuges se procederá a la liquidación de bienes, es decir al reparto de bienes, por lo que lo que antes pertenecería a los dos, ahora sería individual, estableciendo un nuevo régimen.
Las medidas previas y provisionales se contextualizan en los artículos 102 a 106 del Código Civil. Según la normativa, en un proceso de crisis matrimonial sería viable interponer medidas para satisfacer el cumplimiento de la obligación por parte del otro cónyuge que pueda derivar en separación o divorcio. Estas medidas tienden a confundirse, por lo que la diferencia podríamos establecerla así:
Medias previas serían aquellas que se interpondrían con anterioridad a la demanda de divorcio, separación o nulidad en base al artículo 771 LEC. La demanda interpuesta por el cónyuge se presentará ante el tribunal del domicilio y una vez concedidas, subsistirán si se presenta demanda en los 30 días posteriores a su adopción. El plazo empieza a contar al día siguiente de dictar la notificación del auto. Una vez realizada la demanda, el Tribual puede considerar que se puede hacer una modificación de las medidas o mantenerlas hasta que se dicte sentencia.
Medidas provisionales se regulan en el artículo 103 CC que establece las medidas que el juez puede adoptar. Estas se solicitan una vez presentada y admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio. Las medidas y efectos son las mismas que las fijadas en las medidas previas.
Este concepto es independiente de la patria potestad. Se entiende como la función vivir, cuidar y asistir a los hijos. La guarda y custodia se puede establecer a uno de los cónyuges, compartida entre ambos o a una tercera persona. Existen cuatro tipos de custodias establecidas:
Custodia compartida: Aquella en la que ambos progenitores se encargan de forma conjunta, periódica o rotatoria del cuidado, atención y educación de los hijos. Se puede establecer en el convenio regulador o mediante el procedimiento llegar a un acuerdo. Prevalece el criterio de no separar a los hermanos y el mismo no procede en casos de violencia doméstica o cuando el juez emita indicios fundados de tales actos.
Dícese del deber impuesto a una o varias personas para asegurar la subsistencia de tales. Se compone de dos partes, alimentista y alimentante. La pensión comprende todo lo indispensable para el sustento de la persona. El derecho es establecido para:
La obligación puede ser acordada de mutuo acuerdo en el convenio regulador y se cuantifica de forma proporcional estudiando la situación individual de cada persona respecto a ingresos, edad, educación, etc.
En el caso de hijos mayores no se extingue, sino que se sigue percibiendo si carecen de ingresos propios o están estudiando. Igualmente, tanto en el caso de los hijos menores como mayores, el legitimado para recibir la prestación es el cónyuge que tiene la patria potestad y es totalmente viable que se pueda discutir ante el Juzgado una extinción o modificación cuando resulte procedente.
Más que un derecho, se considera obligación del cónyuge no custodio de comunicación, visita y estancia sobre su hijo. En los procedimientos de separación o divorcio el cónyuge al que no se le ha otorgado la custodia tiene el deber de cumplir con el régimen de visitas establecido y a la comunicación paternal. No existe un régimen de visitas mejor que otro, este tiene que ser el consensuado por los progenitores y que mejor convenga para la situación de cada uno y por supuesto, a las necesidades de cada hijo.
Según el Código Civil, se trata de un conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados, así como el conjunto de derechos que tienen los progenitores sobre sus hijos. Después de la separación, como norma general los padres siguen ejerciendo la patria potestad sobre sus hijos. Nunca se debe confundir con la guarda y custodia, puesto que esta se trataría de la convivencia con uno de los cónyuges atribuyéndole el cuidado diario.
La diferencia con el divorcio es que con la nulidad, el matrimonio se considera como inexistente, por sufrir un vicio esencial en el momento de su celebración. Existen una serie de causas que invalidan el matrimonio pudiendo acudir a los Tribunales Eclesiásticos para obtener un pronunciamiento sobre la nulidad matrimonial.
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
El TC en su sentencia ha decidido no declarar la nulidad de la Ley de 1998 porque ya estaba nula, pero sin caer en la cuenta que de esta forma impiden la supresión de la Ley actual (Ley 35/2006) que cobija un precepto inconstitucional que, no obstante, no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico.
Sin embargo ello no es óbice para reclamar de la Administración la tutela de derechos del ciudadano al que están obligados por el Estatuto del Empleado Público y por la propia Constitución, por lo que los padres/ madres pagadores que no hayan ostentado la custodia pero sí un régimen de visitas, más o menos amplio y que siempre ha de implicar verdadera convivencia, podrían instar la correspondiente reclamación. Con ello se promocionaría la CUSTODIA COMPARTIDA, pues la máxima presión para su implantación, por cuestiones tributarias y por cosas del destino, vendrá impuesta por el propio Ministerio de Hacienda que vendría obligado a multimillonarias devoluciones de ingresos indebidos en los últimos CUATRO AÑOS.
ABOGADO MEDIACION FAMILIAR
Se basa en un asesoramiento por parte de profesionales expertos en mediación familiar, generando una transacción o negociación que inicia una pareja en crisis. No excluye ni descarta el proceso judicial, ni por supuesto la labor del abogado. Existen unos diversos requisitos tales como la preexistencia de igualdad de condiciones y no existencia de violencia de género. La finalidad a la que se quiere llegar es evitar un contencioso judicial e intentar llegar a un acuerdo unánime. Se ha de reservar la mediación a los asuntos en los que se observe una elevada carga de conflictividad:
– Cuestiones económicas, en menor medida ( uso de instrumentos como las tablas orientativas de pensiones)
– Cuestiones sobre atribución de uso y disfrute del domicilio familiar.
– Cuestiones que afectan a las medidas sobre atribución de la guarda y custodia y régimen de visitas.
-Conflictos en ejecución
– Conflictos en procedimientos de protección de menores, familia biológica/ familia de acogida.
Una pareja de hecho es una unión entre dos personas que quieren convivir de forma estable, en una relación similar a la conyugal, y que para ello deciden hacerlo constar en un registro para que figure de forma oficial. No podrán constituirse como parejas de hecho: Aquellos que mantengan un vínculo matrimonial o inscripción anterior de pareja de hecho, aquellos que sean menores de edad no emancipados y aquellos que sean parientes por consanguinidad en línea recta o por adopción. La inscripción se realiza en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acudiendo a cualquiera de las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. También se puede formalizar la inscripción en el ayuntamiento de la localidad donde alguno de los miembros de la pareja tenga su vivienda habitual, es decir, donde esté empadronado. Sobre los derechos que se conceden se equiparan en diversas materias: viviendas públicas, regulación autonómica en materia fiscal y tributaria, en materia de acogimiento familiar, intervención sanitaria, diversas relaciones jurídicas.
Declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho
En las relaciones económicas entre los miembros de la pareja de hecho caben dos posibilidades.
Por un lado, que pacten lo que crean conveniente en cuanto a las normas que van a regir su convivencia, al amparo de la libertad de pacto del artículo 1.255 del Código Civil. Los únicos límites serán los contrarios a la lay y a la moral, al orden público, y los que vayan contra la igualdad entre la pareja.
Por otro lado, cabe que no acuerden nada en cuanto a la forma de regular su situación. En este caso no se va a aplicar en defecto de pacto el régimen legal que les correspondería si fueran un matrimonio, pues se entiende que si no se casan es porque no desean estar sometidos a él.
PAREJAS DE HECHO Y PENSION DE VIUDEDAD
Desde la reforma efectuada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre se establece el derecho a la pensión de viudedad en parejas de hecho, cumpliendo ciertos requisitos.
Artículo 174 Ley General Seguridad Social: “Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.(…) A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.”
Conforme a lo establecido en los Art. 90 y 91 C.C, las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo Convenio Regulador “cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”. Asímismo, las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior.
Consiste en la realización de todas aquellas operaciones particionales que sean pertinentes, conforme a lo establecido en los arts. 1396 a 1410 CC, para proceder a la determinación, conforme al art. 1344 CC, de las ganancias obtenidas indistintamente por cualquiera de los cónyuges y posterior reparto de remanente entre los cónyuges o ex-cónyuges, o entre uno de ellos, y los herederos del cónyuge premuerto, para ello es fundamental contar con un Abogado especialistas en matrimonial y concretamente en liquidación de bienes gananciales. En los divorcios y las separaciones de mutuo acuerdo los cónyuges se ponen de común acuerdo sobre el reparto de los bienes gananciales, en el divorcio y separación de mutuo acuerdo habrá que plantearle al Juez una propuesta de liquidación y posteriormente a través de valoraciones y tasaciones periciales se llevará a cabo el reparto de los bienes.
Negocio jurídico cuyo objetivo es que los cónyuges determinen cual es el régimen económico matrimonial que quieren tener, pero también modificarlo o para sustituirlo. Los cónyuges pueden elegir entre un régimen de bienes gananciales o uno de separación de bienes. Se realizan ante notario y se recogen en un documento público: la escritura. Las capitulaciones se pueden efectuar antes o después de contraer matrimonio. El único requisito es que los dos cónyuges estén de acuerdo y acudan a un notario para que les asesore, redacte y autorice la escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro Civil. El régimen establecido sería sociedad de gananciales, separación de bienes, régimen de participación en las ganancias.
A través de este régimen se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos de forma indistinta por cualquiera de ellos, según el artículo 1344.
Cuando esta sociedad se disuelva, ya sea por fallecimiento de uno de los cónyuges, ya sea por separación, etc. Los bienes y derechos que se hubieran generado bajo ese régimen (gananciales) se atribuyen por mitades a ambos cónyuges. Pero dentro de este régimen existen tanto bienes privativos como gananciales.
El régimen de separación de bienes se encuentra regulado en los artículos 1435 a 1444. Es aquel en el que cada cónyuge posee el dominio y administración de sus bienes, tanto los que le pertenecen al contraer matrimonio como los que adquiera posteriormente. Por tanto, este régimen supone la independencia patrimonial entre los cónyuges:
Independencia en cuanto a la titularidad de los bienes. Artículo 1437.
Implica que hay independencia patrimonial en cuanto a la gestión, administración, goce y disfrute de los bienes.
Responsabilidad por deudas. Artículo 1440.
La herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos. Al fallecimiento de una persona se abren una serie de actos en los cuales, es importante, que la familia, cuente con asesoramiento profesional desde el principio hasta el final, incluyendo el pago de impuestos, y también la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes de los nuevos propietarios, es decir, la inscripción de propiedad que proviene por título de herencia.
Una persona puede haber fallecido sin hacer testamento, en cuyo caso comenzaremos por la declaración de herederos ab intestato, esta declaración determinará quiénes son los herederos del causante, entre los cuales, se repartirá la herencia.
Con posterioridad habrá de llevarse a cabo la adjudicación y reparto de los bienes, si los herederos tienen claro qué quiere cada uno y entra dentro de la legalidad, se lleva a cabo el reparto sin más negociación, el problema se plantea cuando los herederos no llegan a un acuerdo sobre el reparto de los bienes, en cuyo caso es necesario peritaciones de los mismos, y llegar a acuerdos, en el peor de los casos, se llevará a cabo una división judicial de herencia, y será el juez, el que determine qué heredero se queda cada bien, a través de la lista del contador-partidor, o la venta en pública subasta.
CONCEPTO DE INCAPACIDAD JUDICIAL
Pero además de la capacidad jurídica, es necesario tener capacidad de obrar, que es la posibilidad de poder gestionar y decidir por sí mismo sobre los actos que incumben a su persona.
Una persona solo puede ser declarada incapaz por sentencia judicial, en virtud de las causas establecidas en la ley.
Institución por la cual se encomienda a una persona, tutor, la representación de los hijos menores de edad sin padres y de los incapaces. El art. 215 CC establece que el objeto de la tutela es la guarda y protección de la persona y sus bienes, o solamente de la persona o de los bienes de menores o incapacitados. Se hallan sujetos a tutela los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad, los sujetos a patria potestad prorrogada al cesar ésta, si no procede la cúratela, y los menores en situación de desamparo, según el artículo 222 CC.
La sucesión es la transmisión de bienes,derechos y obligaciones que se transmite de una persona a otra. Puede ser:
Mortis Causa: Provocada por la muerte del causante, que implica la transmisión de la masa hereditaria a los herederos.
Asimismo existen diferentes tipos de testamentos, los cuales son:
El concepto «violencia de género» da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte de la vida personal de las personas; era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respeto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad.
La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos». Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar, y que perpetra al menos un miembro de la familia contra algún otro familiar.
La sustracción internacional de menores ocurre cando un progenitor u otro pariente se lleva a un menor a otro país distinto del que tiene establecida su residencia habitual, sin el consentimiento o contra la voluntad de quién tiene su custodia.
Pero también puede ocurrir que sea el progenitor que tiene atribuida al custodia el que se marche con el menor a otro país, privando al otro padre de la posibilidad de seguir viendo a su hijo.
Hay que acudir a ciertos Convenios Internacionales, el de más relevancia el Convenio de la Haya de 1.980.
También el Reglamento 2201/2003 contiene previsiones específicas sobre visitas y algunas muy concretas sobre sustracción internacional de menores.
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 artículo 777
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 Artículo 1437
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