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Timestamp: 2014-09-01 07:38:46+00:00

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Ley Nº 26702. La Ley 26639, vigente desde el 26 de septiembre de 1996, reguló en su artículo - Perú - El Peruano
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596 Texto de la página 63 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos
corresponde a la realidad extrarregistral, en tanto no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. José Manuel García García en su libro Derecho inmobiliario Registral señala que "El principio de legitimación esta basado en algunos aspectos, uno de ellos es que el titular registral para estar protegido por el principio de legitimación, requiere que el título por el que adquiere el derecho previamente haya cumplido con pasar por una serie de controles del acto jurídico, es decir que sea favorablemente calificado por el registrador o por los órganos del recurso contra esa calificación. Esto significa que el acto jurídico en cuestión reúne, después de estos controles, prima facie, los requisitos de legalidad, y en consecuencia, es lógico que la ley presuma que el titular que ha accedido al registro es el titular del derecho, y que le considere legitimado para actuar como tal. Aparece aquí la legalidad como fundamento de la protección de la apariencia, y del principio de legitimación". Es por ello que la presunción de exactitud de la que gozan los asientos registrales se encuentra directamente vinculada con la calificación jurídica que realizan los Registradores, en forma previa a la admisión de los títulos al Registro. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 32 inc. a) del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, el Registrador calificará la legalidad de los títulos, para lo cual deberá confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral correspondiente y complementariamente con los antecedentes registrales, sin perjuicio de la legitimación de aquéllos. Esto, porque el contenido de los asientos en un registro jurídico se presume cierto no sólo para los terceros, sino también para efectos de la calificación registral. En tal sentido, al gozar de la presunción de exactitud los asientos registrales extendidos en la ficha 7981 que continúa en la partida N° 05008474 del Registro de Predios de la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna Oficina Registral de Juliaca, la calificación registral debe realizarse sobre la base de dicha información, razón por la que se presume, mientras no exista declaración judicial en contrario, que la inscripción extendida de cesión de derechos por la que se trasmite la hipoteca contenida en el asiento D1 de la partida precitada, es válida y surte todos sus efectos. La declaración de invalidez de dichos asientos registrales corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional, por lo que no existe posibilidad de revisión de la validez del contenido de las inscripciones en sede registral. Por otro lado, también es cierto que las inscripciones no convalidan nulidades, siendo que el principio de legitimación funciona sin perjuicio de la interposición de las acciones a que hubiera lugar. Cabe también precisar, que la cesión de derechos inscrita, de acuerdo al título que le dio mérito, se hizo al amparo del artículo 12061 y siguientes del Código Civil, según consta del término segundo de dicho título, artículo que dispone que no se requiere el asentimiento del deudor para que la cesión sea válida. El artículo 1435 del código sustantivo, señalado por el apelante, no es el dispositivo legal al amparo del cual se celebro la cesión. Asimismo, cabe señalar que la comunicación a que se refiere el artículo 12152 del Código citado, es para que tome conocimiento el deudor de la realización del negocio de cesión, y por tanto se le pueda oponer, pero no es necesaria que haya una manifestación de parte del deudor cedido para la perfección de la cesión. Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde determinar si es procedente o no el levantamiento por caducidad de la mencionada hipoteca. 3. Como se ha señalado anteriormente, la hipoteca ha sido cedida a favor del Banco del Crédito del PerúSucursal Arequipa, según así consta del asiento D2 de la partida N° 05008474 del Registro de Predios, por lo tanto, siendo el acreedor hipotecario, una persona jurídica perteneciente al sistema financiero, le resulta de aplicación la norma de excepción prevista en el artículo 172º de la Ley Nº 26702. La Ley 26639, vigente desde el 26 de septiembre de 1996, reguló en su artículo 33, entre otras, la caducidad de las hipotecas que no garantizan créditos y aquellas que si garantizan créditos. En el primer caso caducan a los 10 años de sus inscripciones, mientras que en el segundo caso caducan transcurridos 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado con dicho gravamen. Esta norma, en la fecha de su expedición era de aplicación general, sin excepción alguna, es decir, era
aplicable inclusive para las entidades reguladas por el entonces Decreto Legislativo 770 Ley de Instituciones Bancarias, Financiera y de Seguros. Sin embargo, con fecha 10 de diciembre de 1996 entró en vigencia la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (que deroga al Decreto Legislativo 770), que en su artículo 172º segundo párrafo estableció que "(...) La liberación y extinción de toda garantía real constituida en favor de las empresas del sistema financiero requiere ser expresamente declarada por la empresa acreedora. La extinción dispuesta por el artículo 3 de la Ley N 26639 no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una empresa". Es decir, el citado artículo 172º estableció una excepción, a la aplicación de la caducidad de hipotecas regulada por el artículo 3º de la Ley 26639, excepción que alcanza a todas las instituciones bancarias y financieras. Sin embargo, como se denota existe una vigencia temporal diferente entre ambas normas legales, pues mientras la Ley 29939 entró en vigencia el 26 de setiembre de 1996, en cambio, la Ley 26702 entró en vigencia el 10 de diciembre de 1996, razón por la que en un inicio se presentó la incertidumbre de qué sucedía con aquellas hipotecas que garantizaban créditos a los cuales aplicado el plazo de 10 años desde la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado, este se había cumplido entre dicho período. Por lo que para tal efecto se aprobó en el Segundo Pleno del Tribunal Registral el precedente de observancia obligatoria que establece que "Pueden cancelarse en mérito a la Ley 26639 los gravámenes cuyo plazo de caducidad se haya cumplido entre el 25 de setiembre de 1996 (fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 26639) y el 9 de diciembre de 1996 (fecha de publicación de la Ley No. 26702), aun cuando hayan sido constituidos a favor de entidades del sistema financiero". En este caso, revisados los antecedentes registrales se determina que la hipoteca se inscribió el 24 de febrero de 1998, es decir cuando ya entró en vigencia la Ley 26702, por tanto, siendo el acreedor una empresa del sistema financiero, no procede su cancelación por caducidad. 4. Por otro lado, el artículo 113 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, concordante con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 26639, establece que: El asiento de cancelación de la inscripción de un gravamen por caducidad, sólo se extenderá a solicitud de parte; para tal efecto se requiere la presentación de una declaración jurada con firma certificada por fedatario o por notario, en la que expresamente se indique la fecha del asiento de presentación que originó la inscripción y el tiempo transcurrido. El registrador cancelará el respectivo asiento con la sola verificación del tiempo transcurrido". Es decir, para la cancelación de la hipoteca por caducidad, el Registrador deberá exigir la presentación de la declaración jurada que reúna los requisitos previstos en el artículo precitado. Al título alzado no se ha cumplido con presentar el título formal para proceder a la inscripción de una cancelación de hipoteca por caducidad al amparo de la Ley 26639, esto es, la declaración jurada con firma certificada por fedatario o por notario, en la que expresamente se indique la fecha del asiento de presentación que originó la inscripción y el tiempo transcurrido. En consecuencia, por los considerandos antes expuestos, corresponden confirmar la tacha del título venido en grado.
Artículo 1206.- Cesión de derechos La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor. Artículo 1215.- Inicio de los efectos de la cesión La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es comunicada fehacientemente. Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado.

References: artículo 32
 artículo 12061
 artículo 1435
 artículo 12152
 artículo 172
 artículo 33
 artículo 172
 artículo 3
 artículo 172
 artículo 3
 artículo 113
 artículo 1

Artículo 1206
 Artículo 1215