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﻿ Sentencia 2014-00040 de julio 8 de 2015
SENTENCIA 2014-00040 DE 08 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. LOS ABOGADOS DEBEN DAR CUMPLIMIENTO AL DEBER CONSAGRADO EN EL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO (LEY 1123 DEL 2007), EL CUAL LE IMPONE TENER UN DOMICILIO PROFESIONAL CONOCIDO, REGISTRADO Y ACTUALIZADO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS. DE TAL MANERA QUE ES SU DEBER INFORMAR DE MANERA INMEDIATA CUALQUIER VARIACIÓN DEL MISMO A LAS AUTORIDADES ANTE LAS CUALES ESTUVIESE ADELANTANDO CUALQUIER GESTIÓN PROFESIONAL. ASÍ, LOS ABOGADOS QUE NO INFORMAN SU NUEVO DOMICILIO NO PUEDEN EXCUSAR SU INCOMPARECENCIA A LAS ACTUACIONES PROCESALES POR INDEBIDA CITACIÓN O NOTIFICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, DOMICILIO, NOTIFICACIÓN, ABOGADO
Sentencia 2014-00040 de julio 8 de 2015
Rad.: 730011102000201400040 01
Aprobado según acta 53 de la fecha
Informante: Juzgado Segundo Penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de Ibagué.
Denunciado: J. XXXX
Primera instancia: suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir respecto de la consulta de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 112 ibídem y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.
Entra entonces esta corporación a decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 21 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima mediante la cual sancionó al abogado J. XXXX con suspensión por dos meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.
En cuanto al recurso de apelación se estudiarán únicamente los puntos de disenso del mismo, ya que la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados por cuanto se presume que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad por el sujeto que hace uso de este instrumento, es decir que no puede el juzgador de segunda instancia decidir sobre el asunto, sino que su labor se limita a realizar un control de legalidad.
La conducta por la que se le imputó y sancionó al abogado J. XXXX con suspensión por 2 meses en el ejercicio de la profesión, se encuentra descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007:
Frente a la tipicidad en materia disciplinaria, la Corte Constitucional también se ha pronunciado a través de sus fallos, definiéndola de la siguiente forma: “El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y ii) la precisión que se emplee en esta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto este que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio”.(22)
Respecto de la conducta enrostrada al litigante y contemplada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, que se refiere a la infracción contra la debida diligencia profesional, en relación de progresión, se incurre en esta falta cuando se omite la gestión encomendada, igualmente cuando se demora en instaurarla, o cuando en su curso se quebrantan términos o se pierden oportunidades legales; cuando se desatiende el asunto, se atiende de manera ineficiente o de manera esporádica y, por supuesto, cuando decididamente el asunto se deja al garete, desprendiéndose definitivamente de las obligaciones profesionales y dejando los intereses confiados sin representación efectiva, endilgándose en el presente caso al abogado investigado “dejar de hacer o descuidar”, el encargo profesional encomendado.
En el sub examine, se encuentra verificada la materialidad de la conducta a través del material probatorio obrante, específicamente del expediente contentivo del proceso 2012-3093 N.I.1075 promovido en contra del menor J.I.G.P. por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, al interior del cual el disciplinado actuando como apoderado de confianza del denunciado, dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de su mandato, pues en reiteradas oportunidades no compareció a la audiencia de imposición de sanción programada para el 15 de octubre de 2013, 28 de octubre de 2013, 19 de noviembre de 2013, 16 de diciembre de 2013 y 21 de enero de 2014, por el Juzgado Segundo Penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de Ibagué, a pesar de haber sido debidamente citado, sin mediar justificación alguna, como se pasará a explicar.
En efecto se observan las siguientes actuaciones: El 1º de octubre de 2013 el doctor J. XXXX asistió a la audiencia de verificación de allanamiento a cargos y sentido de fallo, la cual debió ser suspendida al no contarse con el estudio sicosocial por parte de la defensoría de familia de los adolescentes, señalándose como fecha para imposición de sanción el 15 de octubre de 2013, quedando el togado notificado en estrados(23); en la fecha programada, ante la inasistencia del disciplinado, a través de auto se dispuso como día para la realización de la diligencia el 28 de octubre de 2013, enviándosele al doctor J. XXXX la respectiva comunicación a la calle XX # X-XX oficina XXX edificio Pamplona, teniendo la misma constancia de recibido(24); nuevamente llegado el día señalado, el letrado no compareció a la audiencia, como se verifica de la constancia secretarial suscrita en la misma data, fijándose mediante auto del 5 de noviembre de 2013, como fecha para su realización el 19 de noviembre de 2013, a la cual una vez mas no asistió, a pesar de haber sido citado en debida forma a la dirección de notificación por el aportada, como se evidencia de la respectiva constancia secretarial.(25)
Seguidamente a través de proveído del 4 de diciembre de 2013, el despacho de conocimiento dispuso como nueva fecha el 19 de diciembre 2013 de la misma anualidad(26), audiencia a la que tampoco acudió el litigante, debiendo ser esta reprogramada mediante auto del 14 de enero de 2014, para el 21 de enero de 2014(27), sin evidenciarse que hubiera asistido a la misma, a pesar de haber sido en las dos oportunidades debidamente notificado a través de los correspondientes telegramas, y sin mediar en ninguno de los casos justificación alguna; finalmente señalándose en proveído del 7 de febrero de 2014(28), el 18 de febrero de 2014 para realizar audiencia de imposición de sanción, a la cual sí compareció el investigado, como se evidencia de la constancia secretarial de la fecha(29), manifestando que no le habían llegado las comunicaciones anteriores y aportando una nueva dirección de notificaciones.
De acuerdo al anterior recuento procesal, la Sala debe despachar desfavorablemente el primer argumento esgrimido por el apelante, quien afirmó que el a quo lo sancionó a partir de conjeturas y suposiciones, sin haber realizado un análisis del material probatorio aportado, porque por el contrario, se evidencia el suficiente recaudo probatorio para verificar la materialidad de la falta enrostrada, sustentada en un hecho puntual, la inasistencia del litigante en reiteradas oportunidades a la audiencia de imposición de sanción, no debiendo debatirse en la presente investigación circunstancia diferente, por tanto, tampoco siendo de recibo el hecho de haber participado el letrado activamente en actuaciones anteriores a las hoy cuestionadas.
Es así como en el caso sub examine, la falta atribuida al abogado inculpado, implicó el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que establece:
Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad, se determinó efectivamente con el actuar del disciplinado haberse vulnerado el deber a la debida diligencia profesional, debido a que culposamente descuido cumplir con sus obligaciones profesionales y dejó de hacer oportunamente los que su encargo le exigía, pues como se dijo en precedencia el disciplinado no asistió en reiteradas oportunidades a la audiencia de imposición de sanción, programadas por el despacho de conocimiento a pesar de haber sido citado en debida forma a la dirección que el mismo había aportado, sin mediar justificación alguna, por lo tanto no siendo de recibo los argumentos defensivos del litigante, ya que si bien, este para las fechas en las cuales se programaron las diligencias no tenía el mismo domicilio profesional, debió haber dado cumplimiento al deber consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, referente a “Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales, adelante cualquier gestión profesional,” es decir, no pudiendo ser esto una causal exculpativa (sic), sino por el contrario corroborando su omisión y negligencia, ya que solo hasta el 18 de febrero de 2014, el litigante se hizo presente al juzgado cognoscente para manifestar su cambio de dirección de notificaciones.
Por otro lado en cuanto a no haberle causado un perjuicio a su poderdante con su omisión, la Sala no comparte dicho argumento, porque por el contrario mantuvo a su prohijado a la espera de la emisión de un fallo sancionatorio en su contra, estando a la expectativa de la definición de su situación jurídica, y finalmente causando a la administración de justicia un detrimento patrimonial y un desgaste innecesario.
La falta se atribuye en la modalidad de culpa, en cuanto a que el disciplinado actuó de manera negligente e indiligente, al haber descuidado el proceso penal adelantado contra un menor por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, al no haber asistido en reiteradas oportunidades a la audiencia de imposición de sanción, programadas por el Juzgado Segundo Penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de Ibagué, a pesar de haber sido citado en debida forma a la dirección que el mismo había aportado, atentando contra el deber de (sic) debida diligencia y perjudicando a su poderdante.
Razones por las cuales resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra el abogado J. XXXX y por consiguiente impartir confirmación a la decisión del a quo.
Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se encuentra acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a que se impuso de cara a los criterios de trascendencia social de la conducta, verificada en el desgaste de la administración de justicia que perdió tiempo y se afectó patrimonialmente; debiéndose tener en cuenta también la modalidad de la falta, es decir culposa, el perjuicio causado, en el sub examine, en el sentido de haberse perjudicado a un menor adolescente, pues permaneció sin resolver su situación jurídica por más tiempo del necesario, gracias a la desidia del abogado, y finalmente la inexistencia de antecedentes disciplinarios; adicionalmente compaginando al tenor de lo previsto en el artículo 13 ibídem, con los criterios de graduación de la sanción, la cual debe tener los límites y parámetros allí señalados, consultando los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, razones por las cuales sin lugar a dudas deben generar la sanción de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, que le fue impuesta.
Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de apelación, al igual que la sanción impuesta por el a quo en torno al asunto bajo examen.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 21 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó al abogado J. XXXX con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.
3. Por secretaría judicial de esta corporación, líbrense las comunicaciones de ley.
22 Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
23 Folio 46 y 47, cuaderno primera instancia.
24 Folio 48 y 49, cuaderno primera instancia.
25 Folio 51, 53 y 54, cuaderno primera instancia.
26 Folio 55, cuaderno primera instancia.
27 Folio 58, cuaderno primera instancia.
28 Folio 61, cuaderno primera instancia.
29 Folio 69, cuaderno primera instancia.

References: ARTÍCULO 28
 artículo 112
 artículo 59
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 37