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Timestamp: 2018-05-22 06:01:06+00:00

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No. 39 comunicado 27 de septiembre de 2011
La integración de la comisión de conciliación en el trámite de la ley 1425 de 2010, se ajustó a los artículos 29 y 161 de la Constitución Política y 187 del reglamento del Congreso
I. EXPEDIENTE D-8415 - SENTENCIA C-730/11
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1425 de 2010, “Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo”, por el cargo analizado.
El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte Constitucional en esta oportunidad, radicó en determinar si en el proceso de formación de la Ley 1425 de 2010, la integración de la Comisión Accidental de Conciliación con el senador Juan Carlos Restrepo Escobar vulnera los artículos 29 y 161 de la Constitución y los artículos 186 y 187 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), que exigen que los integrantes de una comisión de conciliación pertenezcan a las respectivas comisiones permanentes en donde se haya discutido en primer debate el proyecto de ley.
El análisis de la Corte parte del artículo 161 de la Constitución Política, que prevé la conformación de comisiones mediadoras compuestas por un mismo número de senadores y representantes, cuando quiera que surjan discrepancias entre los textos del proyecto de ley aprobados en una y otra cámara. Su función es la de conciliar esas diferencias y presentar un texto que se debate y vota en cada una de las plenarias de las cámaras legislativas, acorde con los principios de consecutividad e identidad flexible. La jurisprudencia ha resaltado “el sentido del precepto constitucional al proponer que se alcance un acuerdo vía consenso, el que constituye una clara apuesta por ampliar las bases democráticas del procedimiento”. Igualmente, ha señalado que la integración de este tipo de comisiones está guiada por el principio de composición política plural que aplica a todos los cuerpos decisorios en desarrollo de la función legislativa” (Sentencia C-141/10).
De acuerdo con el artículo 187 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), los congresistas que integren las comisiones de conciliación (i) deben pertenecer a las respectivas comisiones permanentes que participaron en la discusión de los proyectos; o (ii) ser autores o ponentes del proyecto a conciliar; o (iii) haber formulado reparos, observaciones o propuestas en las Plenarias.
Examinado el trámite que surtió la Ley 1425 de 2010, la Corte encontró que, contrario a lo aducido por el demandante, el congresista Juan Carlos Restrepo Escobar como miembro del Senado de la República y luego, como integrante de la Comisión Accidental de Conciliación participó en el debate del respectivo proyecto de ley, esto es: a) en la sesión plenaria del Senado de la República de diciembre 7 de 2010, donde éste fue votado, en donde figura su nombre en las listas de votación nominal, según Acta No. 31 de esa fecha; y b) en la sesión ordinaria de diciembre 14 de 2010, fecha en la que el proyecto de ley fue llevado con informe de la Comisión Accidental de la cual hacía parte, en donde intervino y votó nominalmente, sesión que en la que se aprobó el citado informe.
Lo anterior significa que el senador Restrepo Escobar no solamente contribuyó al debate del proyecto de ley, sino que poseía plena ilustración sobre éste, lo cual trasladado a la razón de ser y contenido de los artículos 29, 157 y 161 de la Carta Política y 187 de la Ley 5ª de 1992, permite determinar que su designación obedeció a esa actuación y entendimiento. Su participación en la sesión plenaria del Senado de la República como miembro del Congreso y de un partido político, incorporó paralelamente el principio democrático y el concepto de representación de bancada, razón por la cual su actuación en la tarea legislativa no puede considerarse individualmente ni en forma aislada. Para la Corte, la Comisión Accidental de Conciliación integrada por el representante a la Cámara y por el senador Juan Carlos Restrepo Escobar cumplió a cabalidad las previsiones de los artículos 29 y 161 de la Constitución y se adecuó en virtud del principio democrático, orientador del proceso legislativo, a las exigencias del artículo 187 de la Ley 5ª de 1992, de manera que no se configura la irregularidad alegada.
La magistrada MARÍA VICTORIA CALLE CORREA presentará una aclaración de voto relacionada con algunas de las consideraciones de la sentencia respecto del estricto cumplimiento de los requisitos de orden formal en el trámite de las leyes.
La ausencia de certeza, pertinencia y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados no permitió un examen y decisión de fondo
II. EXPEDIENTE D-8439 - SENTENCIA C-731/11
Por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones
La Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 1º (parcial) de la Ley 1184 de 2008, por ineptitud sustancial de la demanda.
La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad formulados contra varias expresiones normativas del artículo 1º de la Ley 1184 de 2008 que regula la cuota de compensación militar, no cumplen con los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia, para poder asumir un examen y decisión de fondo.
En efecto, las expresiones demandadas hacen parte del precepto que define la base gravable de la contribución y su liquidación, para lo cual tiene en cuenta una serie de situaciones de las cuales depende el valor de dicha cuota, pero sin que aluda al deber de pagar dicha contribución, como lo afirma el demandante. Tampoco, hace referencia a la personalidad jurídica ni al estado civil de la persona que debe asumir ese pago, ni se encuentra la supuesta distinción entre los ciudadanos plenamente capaces a los 18 años y quienes sólo lo serían luego de los 25 años, ni puede inferirse de su texto, sino que corresponde a una interpretación subjetiva del demandante.
Como lo observó el Procurador General de la Nación en su concepto, el actor confunde la independencia jurídica con la independencia económica a la cual hacen alusión los segmentos normativos demandados. Lo anterior, no permite a la Corte hacer una confrontación de la disposición legal impugnada con las disposiciones constitucionales que se invocan como vulneradas, de modo que lo procedente es la inhibición para emitir un fallo de fondo acerca de la constitucionalidad de las expresiones acusadas del artículo 1º de la Ley 1184 de 2008.
La derogación del parágrafo transitorio demandado determinó la inhibición de la Corte Constitucional para emitir un fallo de fondo, por carencia actual de objeto
III. EXPEDIENTE D-8492 - SENTENCIA C-732/11
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de la referencia, dirigida contra el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por haber sido derogado expresamente por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011.
En atención a que la Corte constató la derogatoria expresa del parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, sobre la formalización y generación de empleo, por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la Corte procedió a inhibirse de emitir una decisión de fondo, en la medida que no está vigente la disposición acusada ni se encuentra produciendo efectos.
En el mismo sentido, se había pronunciado la Corte en la sentencia C-690 del 21 de septiembre de 2011.

References: artículo 161
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 276
 artículo 63
 artículo 276