Source: http://docplayer.es/23438226-Diputacion-provincial-de-toledo.html
Timestamp: 2018-01-22 13:10:22+00:00

Document:
Eva María Plaza Rojo
1 El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de, mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2012, registrado de entrada en esta Diputación Provincial el día 21 del mismo mes, solicita a este Departamento de Asistencia Técnica a Municipios informe jurídico, sobre la oportunidad de emitir certificado de silencio administrativo solicitado a ese Ayuntamiento por D, sobre la base de los antecedentes que, copiados literalmente, dicen: 1.- Con fecha 02/02/11, el Sr solicita a este Ay untamiento, la apertura de expediente administrativo para reconocimiento de deuda por trabajos efectuados a este Ayuntamiento, y no abonados. 2.- Este Ayuntamiento inicia expediente de reclama ción administrativa previa a la vía judicial, con el número de expediente 1/ Con fecha 11/03/11, se notifica al interesado Resolución de Alcaldía por la que se resuelve desestimar la reclamación previa interpuesta por el Sr 4.- Con fecha 24/03/11, el interesado presenta esc rito de alegaciones impugnando la Resolución decretada por defectos en notificación y falta de motivación de la misma. Este escrito de alegaciones, no fue contestado por este Ayuntamiento al haberse traspapelado en estas oficinas. 5.- Ante la falta de contestación a las alegacione s reseñadas en el punto anterior, el Sr presenta nuevo escrito con fecha 09/12/11, por el cual insta se proceda a la apertura de expediente administrativo, al cual este Ayuntamiento con fecha 01/02/12, contesta que la reclamación ya fue resuelta mediante Resolución de Alcaldía. 6.- Para finalizar, el pasado 10/02/12 se recibe e l último escrito, por el cual solicita el certificado acreditativo del silencio administrativo positivo, cuestión que es la que se interesa a esos Servicios Jurídicos, para que se informe sobre la oportunidad y efectos que pudieran tener en la responsabilidad de este Ayuntamiento. Así pues, a la vista de cuantos antecedentes han quedado expuestos y de las fotocopias que se acompañan de los documentos en que los mismos se basan, una vez consultada la legislación que consideramos de aplicación al caso, que después diremos, se procede a emitir el siguiente,
2 INFORME PRIMERO La reclamación del interesado de reconocimiento de deuda por trabajos realizados para el Ayuntamiento de, no puede tener otra consideración que la de reclamación previa a la vía judicial civil, y su régimen jurídico es el establecido en el Título VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (LRJPAC). De acuerdo con el Art , de dicha Ley, la reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este Título y por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su defecto, por las generales de esta Ley. El Título VIII, en el Art de la LRJPAC, dispone que resuelta la reclamación por el Ministro u órgano competente, se notificará al interesado, y el núm. 2 del mismo, establece que si la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda judicial. Resuelta dentro de plazo la citada reclamación por el Ayuntamiento de, ésta se desestima expresamente y así se notifica al interesado, quedando expedita la vía civil para que pueda ejercer las acciones que en defensa de su derecho puedan corresponderle, conforme establece el Art de la LRJPAC, y así se le comunica en tal resolución. SEGUNDO Ante esta resolución expresa, el interesado en vez de acudir a la vía civil en defensa de sus derechos, interpone contra la misma escrito de reclamación, que debemos calificar como recurso de reposición, toda vez que de acuerdo con el Art. 52.
3 2. a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (LBRL), las resoluciones del Alcalde ponen fin a la vía administrativa, y en el mismo refleja una serie de irregularidades que, a su juicio, se han producido en relación con la motivación y notificación de la citada resolución y, ante el silencio administrativo producido, al no haberse resuelto expresamente dicho recurso por el Ayuntamiento, el interesado pretende ahora hacer valer el silencio positivo que con carácter general establece el 43.1 de la LRJPAC. Pero este pretendido silencio positivo, solo se produciría, y así lo solicita el interesado, como no podría ser de otra forma, respecto a las posibles irregularidades de la resolución expresa que se notifica, que en modo alguno estarían incursas, a nuestro entender, en la causa de nulidad de pleno derecho del Art e) de la LRJPAC, como solicita el interesado, sino mas bien constituirían causa de anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Art de la misma, por lo que el efecto jurídico de haberlas aceptado, simplemente hubiera llevado a la retroacción del expediente al momento en que se cometió la infracción procediendo a subsanarla, sin que para nada hubiera cambiado el sentido desestimatorio de la nueva resolución rectificada. Pero es que además, el Art de la LRJPAC, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, circunstancias que, a nuestro juicio, no se dan en el presente caso, ya que en la resolución notificada, en el apartado primero se dice expresamente que se desestima, y en el segundo se comunica que el interesado podrá interponer las acciones que pudieran corresponderle en el plazo legalmente establecido. Siendo la reclamación previa a la vía judicial civil un requisito meramente formalista, que no opera como condicionante absoluto del ejercicio de la acción, primando en todo caso, y así lo tiene reconocido con carácter general la doctrina y la jurisprudencia, (por todas la Sentencia núm. 275/1998 de 21 diciembre, de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1ª), el derecho a la tutela judicial efectiva, las acciones a que alude la resolución notificada, no pueden ser otras que las oportunas acciones civiles, y así debió entenderlo el interesado en congruencia con el tipo de reclamación por él instada, por lo que no puede entenderse siquiera que los defectos formales de
4 que pudiera adolecer la resolución sean constitutivos siquiera de la causa de anulabilidad del Art de la LRJPAC. Por otra parte, el pretendido silencio administrativo positivo que reclama el interesado, solo se produce, de acuerdo con el Art. 43.1, párrafo segundo de la LRJPAC, respecto al recurso de alzada cuando éste se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo, circunstancias estas que en el presente caso no concurren, por cuanto, en primer lugar, no estamos ante un recurso de alzada, sino de reposición, y en segundo lugar, no se interpone contra una desestimación por silencio administrativo de la solicitud del interesado, sino contra su resolución desestimatoria expresa, por lo que entendemos no es de aplicación la regla del silencio administrativo positivo, al no estar en presencia del supuesto contemplado por el mencionado precepto legal. CONCLUSIÓN Conforme a lo manifestado en los puntos anteriores, y contestando directamente a la pregunta formulada en el escrito de consulta, entendemos que no sería necesario expedir la certificación de silencio administrativo solicitada, por cuanto la solicitud se desestimó por resolución expresa debidamente notificada al interesado, y los posibles defectos formales de que pudiera adolecer, no impedían a la misma ni alcanzar su fin, que no era otro que dejar expedita la vía judicial civil, ni tampoco les juzgamos suficientes para producir indefensión al interesado, ya que las acciones civiles podía haberlas ejercitado desde el momento mismo de la notificación. No obstante, si conforme al Art in fine de la LRJPAC, que impone a la administración el deber de expedir el certificado del silencio administrativo una vez solicitado, se opta por su expedición, aquél debe referirse exclusivamente al silencio administrativo producido en cuanto al recurso de reposición y su carácter es desestimatorio conforme al Art de la misma Ley.
5 Es cuanto tengo el honor de informar, a los simples efectos de que se conozca la opinión jurídica de este Departamento, que someto a otra en derecho mejor fundada, no supliendo en ningún caso a otros informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de los oportunos acuerdos. Toledo, 7 de marzo de 2012
I. Antecedentes. Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba indicado
Expte. DI-632/2011-7 Excmo. Sr. Alcalde-Presidente AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Plaza del Pilar, 18 50001 Zaragoza I. Antecedentes Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó registrado

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