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Timestamp: 2018-02-24 02:00:43+00:00

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Suprema Corte de Justicia – ImperioRD.com
Category: Suprema Corte de Justicia
Nacional de la Magistratura
Acta No. 16/98
BOLETÍN JUDICIAL No. 1047, PAGINA No. 41
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy jueves 12 de febrero del año mil novecientos noventa y ocho (1998), el pleno de La Suprema Corte de Justicia, aprobó los siguientes puntos:
Disponer la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, para la formación de los Magistrados del orden judicial dominicano, cuyo reglamento será discutido posteriormente.
A unanimidad designar al Dr. Juan Manuel Pellerano como Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Hugo Alvarez Valencia, Juan Guilianí Vólquez, Víctor José Castellanos E., Ana Rosa Bergés de Farray, Margarita A. Tavares, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Rodríguez de Goris, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez y Eglys Margarita Esmurdoc. Grimílda Acosta, Sectretaria General.
Visitar la página oficial de la Escuela Nacional de la Magistratura www.enj.org/
Categories Articulo jurídico, Suprema Corte de Justicia	Tags Creación de la escuela nacional de la magistratura, escuela de la magistratura, escuela judicial, escuela juridica, escuela magistratura, escuela nacional de la magistratura, formación de los jueces dominicanos
LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.
TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.
CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.
CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.
CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.
DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.
Aprueba y promulga el siguiente:
Art. 1. Principio general de independencia
Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.
Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial
Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación
La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.
Art. 4. Independencia interna
En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.
Art. 5. Defensa de la independencia judicial
Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.
Art. 6. Condiciones materiales de la independencia
El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.
Art. 7. Principio de imparcialidad
La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Art. 8. Imparcialidad objetiva
La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.
Art. 9. Abstención y recusación
Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.
Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.
Art. 10. Incompatibilidades
El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.
SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD
Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces
Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.
Art. 12. Objetividad en la selección de jueces
Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.
Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces
En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.
Art. 14. Principio de inamovilidad
Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.
No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.
Art. 15. Nombramiento a término de los jueces
Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.
Art. 16. Inamovilidad interna
La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.
En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.
Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial
Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.
Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»
La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.
RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y
EVALUACIÓN DEL JUEZ
Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez
Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.
La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.
Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad
La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.
Art. 21. Sistema de supervisión judicial
Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.
Art. 22. Evaluación del desempeño
En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.
Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño
El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.
Art. 24. Capacitación inicial
La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.
Art. 25. Centros de capacitación
Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.
Art. 26. Costos de la capacitación inicial
Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.
Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada
La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.
Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada
La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.
Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada
La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.
Art. 30. Evaluación en la capacitación
La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.
La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.
Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación
En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.
RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES
Art. 32. Remuneración
Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.
Art. 33. Seguridad Social
El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.
Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.
Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos
Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.
El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.
En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.
Art. 35. Seguridad personal y familiar
En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.
Art. 36. Derecho de asociación de los jueces
La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.
Art. 37. Servicio y respeto a las partes
En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.
Art. 38. Obligación de independencia
El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Art. 39. Debido proceso
Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.
Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad
Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.
Art. 41. Motivación
Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.
Art. 42. Resolución en plazo razonable
Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.
Art. 43. Principio de equidad
En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.
Art. 44. Secreto profesional
Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.
No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.
Categories Derecho Internacional, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral	Tags conducta de los jueces, conducta del juez, disposición, estatuto del juez, Estatuto del Juez Iberoamericano, evaluación del desempeño del juez, inamobilidad de los jueces, independencia de los jueces, independencia del juez, ley, los magistrados latinoamericano, normas de los jueces, ordenanza, principios de los jueces latinoamericanos, reglamento, responsabilidad de los jueces, responsabilidad del juez, sistema de supervision judicial
Resolución No, 166-98
BOLETÍN JUDICIAL No. 1047
Considerando, que a través de toda la historia del Poder Judicial, éste al igual que otros organismos estatales ha venido careciendo de una insignia que tienda a simbolizar su integración y su funcionamiento;
Considerando, que el modo más expresivo de honrar el 90 aniversario de la creación de la Corte de Casación, como una función primordial de la Suprema Corte de Justicia, resulta precisamente la creación de dicha bandera;
Considerando, que en virtud de las disposiciones constitucionales y legales que nos amparan, emitimos
con respecto a la Bandera del Poder Judicial de la República Dominicana, la siguiente:
Artículo 1.- La Bandera del Poder Judicial, tiene forma rectangular, y se compone de tres franjas horizontales: la superior color morado obispo, representando la judicatura; la intermedia color blanco, representando a los abogados y la inferior, color azul Copenhague, representando al ministerio público. En la esquina izquierda de la franja superior, figura un recuadro que reproduce la Bandera Nacional y en el centro de la franja blanca, en color dorado, la balanza que simboliza la justicia.
Artículo 2.- Esta bandera deberá flotar en todos los palacios y edificaciones judiciales al lado de la Bandera Nacional, la cual acompañará mientras ésta última permanezca en su asta, así como también en las salas de audiencias de todos los tribunales.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, D. N., 23 de febrero de 1998.
Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Hugo Alvarez Valencia, Juan Guiliani Vólquez, Víctor José Castellanos E., Ana Rosa Bergés de Farray, Margarita A. Tavares, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Rodríguez de Goris, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez y Eglys Margarita Esmurdoc. Grimilda Acosta, Sectretaria General.
Categories Articulo jurídico, Suprema Corte de Justicia	Tags bandera, bandera del poder judicial, bandera suprema corte de justicia, creación, poder judicial

References: resolución 
 Resolución 
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Resolución 

Artículo 1

Artículo 2