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Timestamp: 2017-08-18 14:38:50+00:00

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Alberto Fujimori Fujimori | SitioPeru.com
Alberto Fujimori Fujimori (1990 - 2000)
Alberto Fujimori Fujimori nació en Lima, el 28 de julio de 1938, es un ingeniero agrónomo, físico, matemático y político de nacionalidad peruano - japonesa, que ocupó la Presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre de 2000.
Alberto Fujimori fue hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Fujimori, ambos nativos de la prefectura japonesa de Kumamoto, cuando viajaron al Perú en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en 1934. Sus padres, apelaron al consulado japonés de ese entonces para registrar al niño en el Koseki familiar que después le permitiría obtener la ciudadanía japonesa.
Fujimori siguió estudios primarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, La Rectora, graduándose luego de La Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima. Cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1957, graduándose en 1961 como el primero de su clase en la carrera profesional de ingeniería agrícola.
En 1964 estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia, posteriormente obtuvo un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en los Estados Unidos que le otorgó el grado de máster en ciencias matemáticas en 1969.
Ingresó en la Universidad Nacional Agraria, en la cual a través de sucesivos ascensos fue nombrado decano de la facultad de ciencias naturales de la misma. En 1984 fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989. En 1987, Fujimori también fue dos veces presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También fue anfitrión de un programa de televisión llamado "Concertando" desde 1987 hasta 1989, que era transmitido por el canal de emisión nacional de televisión del Perú (Televisión Nacional del Perú).
Fujimori postuló a la presidencia en las elecciones de ese año al frente de la agrupación Cambio 90, que había creado el año anterior. Su candidatura fue apoyada al principio por sectores marginales de la sociedad peruana, los informales y algunos grupos de las iglesias evangélicas, que hacían su ingreso en la vida política peruana.
Fujimori obtuvo un 20% de los votos en la primera vuelta en abril de 1990, pasando a segunda vuelta contra el escritor Mario Vargas Llosa; quien lideraba el Frente Democrático (Fredemo), que agrupaba a los principales partidos de derecha del Perú; y ganando al candidato del gobierno aprista, Luis Alva Castro.
En la segunda vuelta electoral Fujimori recibió el apoyo de varios grupos de izquierda y el respaldo implícito del gobierno aprista de Alan García. Asimismo una serie de asesores, entre ellos el abogado y ex-capitán Vladimiro Montesinos empezaron a trabajar en su campaña. El 8 de junio Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 60% de los votos.
Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos evangélicos e informales que lo habían apoyado inicialmente y, debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de gobierno dependió de la asesoría del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviaron a varios técnicos peruanos para aplicar sus planes. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su gobierno.
Los principales hechos del primer gobierno fueron la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva Constitución en 1993, la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), que puso fin a un largo conflicto interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su recuperación.
La oposición en el Congreso de la República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo durante los tres períodos sucesivos de delegación de facultades legislativas dadas por el Legislativo y, además, se encontraba molesta porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley dadas por el Legislativo. Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA como del FREDEMO, Fujimori, haciendo uso de la violencia decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial, hecho que elevó sus niveles de popularidad sobre el 80%. Este acto, denominado popularmente como autogolpe, fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la llamada crisis constitucional de 1992.
3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.
El 13 de noviembre de 1992, el general de división EP Jaime Salinas Sedó lideró, junto con un grupo de militares del Ejército del Perú, un intento de golpe de estado contra su gobierno. Cuando los militares se alzaron contra Fujimori, éste buscó rápidamente refugio en la embajada del Japón y denunció la medida como un intento de asesinarlo. El golpe fue controlado y sus líderes encarcelados.
Fujimori inició entonces un gobierno de emergencia al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que fue tildado como autoritario. Ese mismo año convocó elecciones para un Congreso Constituyente Democrático que sancionaría tras ser aprobada en referéndum la Constitución de 1993, que trajo cambios en el funcionamiento del estado, dándole más poder al Presidente y recortando los poderes del Congreso; además de reducir el poder fiscalizador del estado en diferentes áreas. Esta constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993 contando a favor el 52,24% de los votos válidos.
En los inicios de su gobierno tuvo lugar una intensa campaña de atentados terroristas de Sendero Luminoso (maoístas) (que en el campo empezaba a tener serios reveses en su guerra contra el Estado) y, en menor medida, del MRTA (guevaristas). En Lima, la explosión de un autobomba el 26 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, sería la acción más sangrienta que marcaría este periodo.
Hubo asimismo actos de violencia relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 1991, ocurrió la masacre de los Barrios Altos, en que fueron asesinadas 15 personas; y en julio de 1992 tuvo lugar el asesinato de 9 alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte que funcionó durante estos años, como parte de una guerra sucia contra posibles miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Las acciones de los servicios de inteligencia, combinadas con la organización de milicias rurales en el campo, consiguieron dar golpes cada vez más duros al terrorismo. En julio de 1992 se logró la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. El 12 de septiembre se asestó el golpe decisivo al terrorismo. En esa fecha la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), dirigida por el coronel de policía Ketín Vidal logró capturar pacíficamente a Abimael Guzmán, jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso, quien pretendía establecer un régimen maoísta en el Perú, junto con varios miembros del comité central de la organización. Tras esto, Sendero Luminoso entró en un franco retroceso y en pocos años había quedado reducido a columnas en la selva alta peruana, sin representar ninguna amenaza real. De esta forma se puso fin a una década de terror de esta organización y el Perú retornó a la paz interna.
Durante el primer periodo de su gobierno, siguiendo los consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (y contra lo que había prometido como candidato) aplica una reestructuración de precios llamada Shock que permitió superar el problema de la devaluación de la moneda, pero que provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Asimismo, cambió la moneda al actual Nuevo Sol.
Su política económica, basada en la aplicación de políticas económicamente radicales, si bien estabilizó la vida económica tras la inflación del gobierno anterior, permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y llevó a la privatización de los servicios del Estado a empresas extranjeras, que obtuvieron diversos privilegios como exoneraciones de impuestos; la eliminación de muchas de las restricciones legales y laborales a las inversiones, que degeneraron en numerosas injusticias y en despidos masivos de obreros y empleados y la supresión de la protección a la industria nacional, que llevó a su práctica quiebra y al paro obrero. Asimismo se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal.
A partir de diciembre de 1996 Fujimori enfrentó la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción terrorista que vivió el Perú.
El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), liderados por el ex sindicalista Néstor Cerpa Cartolini tomaron como rehenes a 600 personas, pertenecientes a lo más alto de la vida política, social y económica peruana, lo cual sucedió en la residencia del Embajador del Japón.
La crisis concitó en las siguientes semanas y meses la atención internacional. Los secuestradores exigían la liberación de varios presos del MRTA. La Santa Sede envió como negociador a Juan Luis Cipriani, a la sazón arzobispo de Ayacucho, y se consiguió la liberación de la mayoría de los rehenes, quedando solamente 72 de ellos. La Cruz Roja Internacional fue aceptada por los miembros del MRTA como organización competente para garantizar la alimentación y los cuidados de salud de los rehenes.
La crisis finalizó en abril de 1997, cuando fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos en un operativo militar denominado Chavín de Huántar, durante el cual un comando del ejército ingresó a la residencia por túneles subterráneos especialmente construidos para el efecto. Los sucesos fueron transmitidos desde su inicio en vivo y en directo en el Perú y en varios países del mundo vía CNN y otras cadenas de televisión extranjeras. En la operación se informó que habían muerto dos comandos, un rehén y los 14 terroristas, algunos de los cuales, según varios testigos, fueron asesinados a pesar de haber sido capturados vivos. Fujimori usó el éxito de la operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción.
En el año 1996 Fujimori inició maniobras legales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia. El argumento de esta ley señalaba que si bien el artículo 112ª indicaba que el presidente sólo puede ser reelegido para un periodo inmediato, la elección de Fujimori el año 1990 no contaba porque no se encontraba vigente la Constitución de 1993 sino la de 1979. En ese sentido, Fujimori argumentó que sólo se había presentado como candidato una vez (1995), por lo que en el año 2000 se daría su segunda postulación.
"Interprétase de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el Artículo 112o. de la Constitución, está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interprétase auténticamente, que en el cómputo no se tiene en cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución."
Desde 1992, se le acusa a Fujimori de iniciar una política de intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de éstos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma se sobornó a varios de los directores de los principales medios de comunicación del país, con lo cual éstos fueron casi siempre favorables al régimen. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde las sombras.
Se denunciaron varios casos de amenazas y amedrentamiento de periodistas. Los más críticos al gobierno, como César Hildebrandt, fueron despedidos e incluso se denunciaron planes para el asesinato de éstos, con el nombre de Plan Narval. En mayo de 1997 al ciudadano israelí, nacionalizado peruano, Baruch Ivcher, director del canal Frecuencia Latina, hasta entonces cercano al gobierno, se le retiró la nacionalidad peruana (en 2007, la revista Caretas publicó evidencias de que este retiro de nacionalidad no era ilegal). Además Ivcher fue forzado a abandonar el país, por su oposición al cese de los miembros del Tribunal Constitucional.
A inicios de 1995 se produjo un conflicto armado con el Ecuador por la región fronteriza nororiental conocida como Cordillera del Cóndor. En marzo de ese año se firmó un alto al fuego en el palacio presidencial de Itamaraty en Brasilia. En los siguientes años se vivió una situación bastante tensa en las relaciones entre Perú y el Ecuador. Tras la llegada a la presidencia ecuatoriana de Jamil Mahuad en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con el Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto.
En octubre de 1998 se firmó el Acta de Brasilia, en la cual el Ecuador y el Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros en acuerdo a un dictamen de los garantes del Protocolo de Rio de Janeiro. En un acto simbólico, el Perú cedió al Ecuador como propiedad privada (es decir, sin ninguna soberanía) un kilómetro cuadrado de terreno donde se encuentra Tiwinza. El tratado trajo la oposición de varios miembros del gobierno y de la cúpula militar, que tuvo que ser reorganizada a raíz de esto. Asimismo, la oposición denunció un manejo manipulativo y poco sincero del conflicto con Ecuador.
A partir de finales de los 90, el gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad mientras se descubrían numerosos casos de corrupción, retornaban las dificultades económicas y se hacían patentes las intenciones de éste de perpetuarse en el poder. En septiembre de 1998, el congreso (en el que los partidarios de Fujimori tenían la mayoría absoluta) desestimó el pedido de nulidad de la Ley de Interpretación Auténtica.
Fujimori se presentó como candidato para las elecciones generales del 2000 sin renunciar previamente a su investidura de Presidente de la República. Tras una campaña proselitista empañada de acusaciones de fraude, tienen lugar en abril las elecciones, en las cuales surgió sorpresivamente el economista Alejandro Toledo, líder del movimiento político Perú Posible, que aglutinó en torno suyo a los grupos de oposición.
Durante la primera vuelta, Fujimori superó a su rival Alejandro Toledo quien se negó a participar en la segunda vuelta electoral (sin presentar nunca su renuncia oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones) y llamó a la población a votar en blanco en ésta, que tuvo lugar en mayo y en la que esta opción alcanzó el 17% de los votos. A raíz de la victoria de Fujimori, sus detractores incitaron protestas y el 28 de julio, durante la toma de posesión de Fujimori, tuvo lugar la Marcha de los cuatro suyos dirigida por Alejandro Toledo. Durante la marcha, se denunció la infiltración de matones para desorganizarla y ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación, en el cual murieron 6 de sus empleados. Se especuló que el gobierno había ordenado iniciar el incendio, ya que las instalaciones se desplomaron por completo a pesar de ser de material noble, y en los enfretamientos entre los vehículos policiales y los manifestantes no se manifestó el poder destructivo como para destruir un edificio al punto que quedó el del Banco de la Nación.
"Un importante contingente de ciudadanos no coincide con nuestras propuestas. Eso es previsible en el juego democrático. Sin embargo, respetando esas opiniones discrepantes, tenemos que admitir que no existe ninguna democracia en el mundo en la que gobiernen las minorías, por muy respetables que éstas sean. Menos aún que gobiernen los no elegidos, o aquellos candidatos a congresistas que han obtenido un mínimo número de votos. Eso no existe en ninguna parte del mundo, menos en el Perú."
Alberto Fujimori Fujimori, 28 de julio de 2000.
Tercer gobierno
Vladivídeos
Poco después de su elección en el 2000, y a través de la compra de un vídeo por parte de grupos opositores, salieron a la luz el 14 de septiembre de ese año, evidencias de los actos de corrupción efectuados durante su gobierno por Montesinos, su más leal asesor. Fue mediante vídeos de cámara oculta que Montesinos ordenaba grabar y en los que aparecía sobornando a miembros de otros partidos para que apoyasen a Fujimori. En ese momento estalló la última crisis de su gobierno: Fujimori se vio obligado a convocar el 17 de septiembre a nuevas elecciones generales, tanto para la elección de un presidente como de un nuevo congreso de la República. En estas elecciones, señaló, no participaría activamente como candidato.
Fujimori cesó a Montesinos de su cargo formal como asesor, agradeciéndole por los servicios prestados, en un acto que provocó indignación en muchos ciudadanos honestos. Actualmente existe una acusación formal contra Fujimori por haber entregado 15 millones de dólares a Montesinos como indemnización. Poco después, Montesinos viajó a Panamá buscando supuestamente asilo político. El 23 de octubre regresó sorpresivamente, lo que desató un nuevo escándalo. El 29 de octubre Montesinos volvía a salir del país, a bordo del velero "Carisma", llegando a recalar finalmente en Venezuela de incógnito.
"He vuelto, entonces, a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar, formalmente, a la Presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución, para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía."
Alberto Fujimori Fujimori, 19 de noviembre de 2000.
Ante lo insólito del hecho y los diversos escándalos al interior del régimen descubiertos, el Congreso de la República decidió rechazar la renuncia y declarar vacante la Presidencia de la República aduciendo "incapacidad moral permanente" y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
"De conformidad con el artículo 100° de la Constitución Política, y considerando la gravedad de los hechos denunciados contra el ex Presidente de la República, don Alberto Fujimori Fujimori y las evidentes infracciones constitucionales en que ha incurrido, se hace imperativo ejercer las atribuciones del Congreso de la República establecidas en el artículo 100° de la Carta Magna del Estado, para imponer sanción ejemplar, ha resuelto:
Inhabilitar a don Alberto Fujimori Fujimori, ex presidente de la República, para el ejercicio de toda función pública por diez años."
Resolución Legislativa, 23 de febrero de 2001.
Exilio en Japón y el inicio del proceso de extradición
Desde el momento de su renuncia y hasta su posterior detención en Chile, Fujimori residió en Japón y le fue reconocida la nacionalidad japonesa en su condición de hijo de padres japoneses.
El nuevo gobierno peruano, trasladó al Japón el pedido de las autoridades judiciales peruanas solicitando la extradición de Fujimori, pero el gobierno nipón protegió hasta el final al ex presidente. Japón nunca se pronunció sobre los cuadernillos de extradición, a cargo de las autoridades peruanas; situación que se mantuvo hasta que Fujimori viajó a Chile. Sin embargo, pese a que Japón nunca se pronunció oficialmente, es conocido que la legislación japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a terceros países. La Fiscal de la Nación, de ese entonces, Nelly Calderón Navarro insistió sobre la necesidad de que Japón extradite a Fujimori, y dijo que en caso contrario se recurriría a la Corte Internacional de Justicia.
El Canciller del Perú, el 14 de marzo de 2005, durante su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señaló: "El Gobierno del Perú reitera su invocación al Gobierno del Japón para que contribuya al acceso a la justicia, autorizando la extradición del ex presidente Alberto Fujimori." Desde su impuesto autoexilio, Alberto Fujimori sostuvo que todo el proceso seguido en su contra se debía a una venganza política, con acusaciones basadas en relatos de terceros, que no han aportado pruebas objetivas en contra suya.
Viaje, detención y extradición desde Chile
El 6 de noviembre de 2005 Fujimori llegó a Santiago de Chile procedente de Tokio, a bordo de un vuelo privado, habiendo ingresado a este país con pasaporte peruano (con lo cual escogió utilizar la peruana como nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva). Al día siguiente fue detenido por orden de un ministro de la Corte Suprema chilena, que emitió un auto de detención previa contra él, luego de un requerimiento de la Embajada del Perú en Chile (causa Rol Nº 5646-2005).
Mientras tanto, en Lima, se convocó a un Consejo de Ministros urgente para evaluar la nueva situación presentada tan de improviso, que fue presidido por el presidente Alejandro Toledo Manrique, que tomó la decisión de enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar los trámites de extradición de Fujimori al Perú, para que fuere procesado por los delitos que se le imputa haber cometido, entre los años 1990 y 2000.
Previo a su llegada a Chile, Fujimori habría pasado por Tijuana (México), pero no se le detuvo, hecho que posteriormente produciría el despido del jefe de la sección de Interpol en Tijuana. Carlos Abascal, secretario de Gobernación (Interior) mexicano, explicó que había sido imposible su detención porque no había una orden de extradición por parte del gobierno peruano, después se dijo que Fujimori había usado su pasaporte japonés, y que la orden emitida por la Interpol estaba basada en los datos contenidos en su pasaporte peruano. Lo mismo ocurrió con el Jefe de la Interpol Perú, quien no respondió las llamadas de la Interpol Chile.
El proceso de extradición al Perú se inició formalmente el 6 de enero de 2006, mediante una solicitud presentada por la Embajada del Perú en Chile ante la Corte Suprema chilena. Tras su detención, a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, Fujimori estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile.
El 18 de mayo de 2006, la Corte Suprema de Chile otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, tras haber permanecido detenido más de medio año, aunque con una orden de arraigo que le impedía salir de territorio chileno mientras se desarrolle el procedimiento.
Estando a la espera del fallo sobre la extradición y teniendo la nacionalidad japonesa en calidad de pasiva, Fujimori, decidió aceptar postular como candidato al Senado del Japón, por la agrupación política de extrema derecha llamada Kokumin Shinto (japonés: "Nuevo Partido del Pueblo"). Las elecciones se realizaron el 29 de julio de 2007 y resultó un fracaso total para el candidato Fujimori, quien no fue elegido.
El 11 de julio de 2007, el ministro de Corte Suprema de Chile, y juez de la causa contra Fujimori, Orlando Álvarez rechazó el pedido de extradición solicitado por el Estado peruano, fundado en que los delitos no estarían suficientemente acreditados. Ante ello, el Gobierno del Perú presentó un recurso de apelación ante la misma Corte Suprema, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la sala penal (Rol Nº 3744-2007). En agosto del mismo año, se decretó el arresto domiciliario, tras una petición de un representante del Perú.
En la mañana del 21 de septiembre de 2007, Alberto Chaigneau, presidente de la segunda sala (Sala Penal) de la Corte Suprema Chilena, anunció que se había acogido la solicitud de extradición de Fujimori, tras un mes desde los alegatos finales de las partes ante el tribunal. Chaigneau informó que 7 de las 13 acusaciones por delitos presentados contra Fujimori fueron aprobadas: cinco por casos de corrupción, cuya votación fue dividida y aprobada por mayoría; y dos por faltas a los derechos humanos (lesa humanidad), aprobados por unanimidad. La sentencia de la Corte Suprema de Chile, fechada el 21 de septiembre de 2007, consta de 212 páginas.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, aseguró que el Gobierno no se prestará a un espectáculo mediático mientras dure el juicio al que será sometido Alberto Fujimori.
El 10 de diciembre de 2007 se inició en Lima el juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados masacres de "Barrios Altos", y "La Cantuta" así como por los delitos cometidos en el "Sótanos del SIE", Servicio de Inteligencia Nacional.
El 11 de diciembre de 2007 la Sala Penal Especial, presidida por César San Martín Castro, condenó en primera instancia a Alberto Fujimori Fujimori a seis años de pena privativa de la libertad y dos años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad por haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra (ex esposa de Vladimiro Montesinos). De acuerdo a la sentencia el inculpado Fujimori no podrá ejercer ningún cargo público y deberá pagar una reparación de 400.000 soles. Fujimori ha solicitado la apelación parcial de la sentencia por no estar acuerdo con la pena ni con la reparación civil.
El 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel, por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta y por dos secuestros, el Tribunal acotó que la condena la realizaba sin pruebas, pero con indicios que les permitíeron llegar a la condena, más allá de toda duda razonable.

References: artículo 112
 Artículo 112
 artículo 100
 artículo 100

Resolución 
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