Source: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-83722019000200063&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2020-08-09 14:25:28+00:00

Document:
http://orcid.org/0000-0003-3602-9115
http://orcid.org/0000-0002-5631-6851
1 Maestría y Doctorado en Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas. Campus Universitario II 2º piso, Edificio “A” de Posgrados en Ciencias Sociales y Humanidades Av. Preparatoria s/n, C. P. 98068, Col. Hidráulica, Zacatecas, Zacatecas, México. Correo: marianateranuaz@gmail.com
2 Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Calzada Universidad 14418, C.P. 22427, Indeco Universidad, Tijuana, Baja California, México. Correo: monicaprz@gmail.com
Este trabajo explica las maneras en que el liberalismo asociado a las formas federalistas de gobierno, tuvo continuidad durante la república central en México (1836-1846) empleando el viejo derecho de petición por los ciudadanos en su condición de individuos y no como parte de corporaciones. Ejercer el derecho de petición en este periodo de la historia de las formas de gobierno en la república, permitió abrir una nueva etapa en la cultura política mexicana.
Palabras clave: Derecho de petición; centralismo; federalismo; Zacatecas; siglo XIX
This paper explains the different forms in which liberalism associated with federalist governments, manage to achieve continuity during the central republic in Mexico (1836-1846) putting into effect the old right of petition used by the citizens, as individuals, and not as part of corporations. To exercise the right of petition in this period of the history of the forms of government in the republic, to open a new stage in Mexican political culture.
Key words: Right of petition; centralism; federalism; Zacatecas; XIX century
El propósito de las siguientes líneas es explicar que el liberalismo tan acostumbrado a asociarse a la forma de gobierno federal (1824-1835), representó una continuidad durante la república central (1836-1846) al formular un catálogo de garantías individuales, al buscar el equilibrio constitucional con el diseño del Supremo Poder Conservador y al practicarse el derecho de petición por los ciudadanos. Se entiende por derecho de petición la solicitud presentada por escrito a la autoridad pública por los ciudadanos, para la observancia y cumplimiento de la Constitución ante lo que consideran un reclamo sobre un evento particular. La obligación de las autoridades es responder por escrito. Nuestra intención es mostrar que el ejercicio de ese derecho en el periodo centralista, entre otros factores, permitió abrir una nueva etapa en la cultura política mexicana: del republicanismo confederal al republicanismo federal,2 lo que implicó la transformación de las competencias administrativas entre las distintas esferas federal, estatal y municipal cuyo resultado fue un nuevo equilibrio. No es posible revalorar la experiencia de la república federal consagrada en la Constitución de 1857, sin reconocer el constitucionalismo de las décadas de 1830 y 1840 (Arroyo, 2011).
Con la interrupción del primer federalismo y la entrada en vigor de la república central en sus dos momentos -con las Siete Leyes de 1836 y las Bases Orgánicas publicadas en 1843- un acuerdo historiográfico heredado del modelo patriótico liberal explicó que el liberalismo también se había interrumpido al entrar en escena el conservadurismo mexicano. El gobernador zacatecano Francisco García Salinas sentenció en el último año de su gestión: “el pacto federal ha quedado disuelto”.3 No era para menos con una serie de eventos que, desde la interpretación de los autoridades estatales, habían puesto en jaque al pacto federal como las elecciones presidenciales de 1828, el decreto de reducción de las milicias cívicas de 1835, el ataque a la defensa de la soberanía de las entidades, el rechazo a las reformas radicales del vicepresidente Valentín Gómez Farías de 1833.
Hacia 1834 el escenario político en la República Mexicana lo definían al menos tres tendencias: los que defendían la federación (con todo y los excesos de Valentín Gómez Farías), en particular algunas legislaturas como la zacatecana; los que pugnaban por la consolidación de un gobierno nacional (como lo advirtiera en su momento Servando Teresa de Mier, insistiera Lucas Alamán y definiera en un proyecto constitucional Francisco Manuel Sánchez de Tagle), y los que se aglutinaron en el Plan de Cuernavaca con una amplia convocatoria en múltiples pueblos de los estados de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Chihuahua, Campeche, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Colima y el Estado de México, quienes sostenían la Constitución de 1824, la derogación de las reformas de 1833 de Valentín Gómez Farías, la conservación de la religión católica, la permanencia de los fueros militar y eclesiástico, la protección del general Antonio López de Santa Anna (Medina, 2004). El Plan de Cuernavaca, en mayo de 1834, hizo responsables a las legislaturas de la anarquía reinante: “Sumergida la república mexicana en el caos más espantoso de confusión y desorden a que la han sujetado las medidas violentas con que los cuerpos legislativos han llenado este periodo de sangre y lágrimas…” (Arts & Humanities Research Council, s/f).4
Ese contexto de tres tendencias permite observar no solo las tensiones que se dieron entre algunos gobiernos estatales y el central por la pretensión de controlar la administración y las decisiones políticas sobre los territorios, sino la serie de competencias -que en ocasiones se volvieron conflicto- entre autoridades estatales (en particular las legislaturas) con los ayuntamientos.5 Estados como Zacatecas, con su discurso federalista, tuvieron hacia los municipios una práctica altamente centralizadora al grado de que 14 ayuntamientos del estado encabezados por el de la capital, suscribieron representaciones críticas al federalismo y se declararon abiertamente por el establecimiento de una república central.
José María Gutiérrez de Estrada y José María Tornel expusieron las razones de su profundo desacuerdo con la posición de las autoridades zacatecanas: aquella entidad había usurpado funciones, sus pretensiones locales no tenían por qué llegar a ser legislación nacional. La manera en cómo Zacatecas había entendido el pacto federal no tenía que ser asumida por el conjunto de las entidades ni por el gobierno central; se había pasado al extremo de la subversión y desafío frente a los poderes nacionales. Mientras que Gutiérrez de Estrada señaló que quienes se habían desviado de la ley eran las autoridades de aquel estado y no los representantes de la nación, José María Tornel advirtió el “vértigo revolucionario en Zacatecas” causado por el decreto de reducción de las milicias del 31 de marzo de 1835. ¿De qué privilegios gozaba aquella entidad para tener un aparato militar como el que presumía, mientras el resto de las entidades no contaban con esa infraestructura militar? A diferencia de la opinión de Francisco García Salinas, José María Tornel sentenció que Zacatecas había roto el pacto federal al oponerse a una ley acordada por la representación nacional. El gobernador hizo un llamado a los milicianos para defender con las armas el pacto federal, la pretensión del gobierno central de invadir su territorio era una afrenta a un estado que había demostrado su apego al orden constitucional; Tornel insistió en que era una facultad del gobierno, “porque tiene la ciencia de su deber y de su poder”, conservar el orden interno de la República: “ofenden altamente al gobierno supremo aplicándole el injurioso título de invasor”.6
La general propensión que se advierte en todo supremo poder constitucional de deprimir y sujetar al local, situándolo en una rigurosa y servil dependencia; sin que se sepa, como dice uno de los modernos políticos citados (B. Constant) por qué se le tema, se le deprima y sujete, cuando todo lo contrario convendría hacer. Dejando obrar en libertad al poder local y protegiéndolo, estarían sin duda mejor gobernados en su interior los pueblos y del arreglo de esas secciones o pequeñas familias, de que se compone la gran familia del estado, resultaría el mejor gobierno total de éste.7
Los estados del México central pugnaron por diseñar una nueva constitución; en Zacatecas se propuso la reforma constitucional. Los argumentos para establecer un nuevo constituyente radicaron en que la experiencia podía ser un elemento de gran valor para mejorar las constituciones; once años de forma de gobierno federal eran suficientes para reconocer excesos y establecer nuevos límites en un código constitucional que fuera producto de una reflexión madura, donde práctica y ley condensaran una posibilidad para garantizar una mejor organización de la sociedad mexicana. Ejemplos los habían dado otras naciones. El ayuntamiento de Guadalajara, en el estado de Jalisco, hizo referencia al derecho indisputable de los pueblos de constituirse nuevamente. Para justificar otro diseño constitucional, Francisco Manuel Sánchez de Tagle formuló argumentos semejantes a los que apuntara fray Servando en 1823: los mexicanos no estaban preparados para una rápida transición; la independencia no podía cortar las costumbres, instituciones y organización prevalecientes por siglos; el proceso de tránsito debía ser gradual: “elegimos el hermoso sistema federal, el más a propósito para ese estado (…) pero quizá poco adecuado a nuestra situación de entonces y difícilmente acomodable a nuestras costumbres, educación y propensiones de aquel tiempo”.8
Las autoridades unipersonales como el jefe político, representaron una franca competencia con los ayuntamientos que lograron sobrevivir al artículo 22 de la Sexta Ley. En el caso de Zacatecas, la figura del jefe político se introdujo durante el gobierno de Francisco García Salinas con la Constitución de 1832, no como cargo de elección popular, sino designado por el gobernador. El jefe político sería nombrado por el ejecutivo a propuesta en terna de los ayuntamientos y juntas municipales.9
Más tarde sus funciones se especificaron en el “Reglamento de gobierno interior de los departamentos” de marzo de 1837; designados por el gobernador y confirmados por el gobierno general, podían ocupar el cargo en cada uno de los partidos del Departamento de manera indefinida. El jefe político se constituyó en el brazo derecho del gobernador para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones. Entre sus funciones se encargó de vigilar y sobrevigilar la administración de los bienes municipales, si los ayuntamientos celebraban contratos, cesiones o donaciones sin su supervisión y aprobación, se considerarían sin ningún valor.10
El nivel de injerencia de los jefes políticos en los temas de conocimiento de los registros de la población, seguridad, orden, protección, salud, educación, cultura cívica, sanidad, finanzas municipales y nombramiento de jueces de paz, permitió que el gobernador pudiera asomarse y hacer presente su poder en los lugares más alejados del departamento. El ayuntamiento de Aguascalientes lo etiquetó como “celador importuno”; sin embargo, también gozó de reconocimiento y legitimidad. Su consejo fue solicitado por las propias corporaciones municipales, como la de Guadalupe, frente a situaciones en donde sentían ultrajado su honor por las expresiones violentas de alguno de los vecinos; en otras ocasiones se le pidió interviniera para nombrar al juez de paz o exigir la presencia inmediata del depositario de cuentas del ayuntamiento para su glosa y aprobación.11
Según la documentación revisada, los jefes políticos se tomaron muy en serio su papel, sobre todo en lo relativo al reclutamiento y vigilancia de los vagos y malentretenidos. Dicha función fue objeto de confusión de competencias entre autoridades locales, pues en el Reglamento del Gobierno Interior de los Departamentos del 20 de marzo de 1837, una de las atribuciones de los ayuntamientos era la de procurar la seguridad, protección y policía persiguiendo “a la gente viciosa, holgazana y malentretenida”. En el artículo 69 del mismo reglamento se establecía una idea similar otorgando al jefe político la facultad de destinar a vagos y ociosos a establecimientos como obrajes o haciendas de labor; en los artículos 169 al 172, sería atribución de los alcaldes perseguir a los malhechores y conservar el orden público, imponer multas, arrestos o días de trabajo en obras públicas a los que perturbaran la tranquilidad.12 La reglamentación secundaria en los temas de policía y conservación del orden contribuyó a la confusión de atribuciones entre ayuntamientos y jefes políticos.13
Si bien el derecho de petición no estuvo contemplado en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, ni en las constituciones particulares de Zacatecas de 1825 y 1832, respondía a una larga tradición:14 “este precepto consuetudinario provenía del tiempo colonial y se utilizó por varios siglos con la denominación genérica de representación” (Arroyo, 2011, p. 184). Beatriz Rojas (2015) señala para el muy poco atendido derecho de petición, que “la representación como demanda de justicia fue uno de los recursos más utilizados en el antiguo régimen” (p. 2). Se ha considerado que su primera formulación constitucional fue hasta 1857,15 olvidando sus antecedentes en la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 en su artículo 37316 y en el artículo 27 del Decreto para la Libertad de la América Mexicana de 1814 (Rojas, 2015).17 Por su parte, en 1821, entre los integrantes de la Junta Suprema Provisional Nacional Gubernativa, se expuso su importancia recordando la tradición pactista entre el soberano y los pueblos, donde aquel tenía la obligación de escuchar las quejas y peticiones de estos en tanto fuesen justas.
Las solicitudes remitidas para pedir la intervención de las autoridades departamentales contra los agravios cometidos por autoridades unipersonales, representaron un recurso que evitara hacer justicia por propia mano. El ejercicio de este conjunto de peticiones hizo que se enarbolara la salvaguarda de otro tipo de derechos, como el de la libertad, la propiedad o el libre tránsito.
Cuando he visto que sin haber podido recabar orden alguna contra mí de la suya, me ha reducido a prisión, ejerciendo una facultad tan digna, tan honrosa y severa, propia sólo de la autoridad, de la probidad y de la justicia, me ha desesperado al ver que la calificación de si un hombre debe ser preso o, lo que es lo mismo, de si debe gozar o no de libertad, de si debe privarse o no de consideración, la hace por desgracia en Zacatecas un facineroso marcado por la opinión pública con distintas causas pendientes y sin los elementos siquiera de una educación culta para poder juzgar de los hombres sin atropellar la moral y la civilización.18
Los vecinos de Jalpa, por ejemplo, manifestaron en 1839 que no tenían garantías que los protegieran por reclamar ante la junta departamental el abuso de autoridad del subprefecto, quien conociendo de los hechos, actuaría en venganza contra ellos. Esta situación en particular hizo recordar a la comisión nombrada por junta, el decreto emitido por las Cortes de Cádiz el 24 de marzo de 1813, donde se determinaba que “un jefe político acusado no pudiese estar en el pueblo en que debiese practicar la información sumaria, ni en seis leguas en su entorno”.19 Los vocales recordaron el decreto, pero expusieron que ya no tenía vigencia, en cambio podían considerar la fracción 5 del artículo 7 de la Sexta Ley que establecía la facultad del gobernador para la “suspensión temporal y aun privación de una parte de sus sueldos a los empleados públicos”.
Los expedientes en esta materia se multiplicaron entre 1837 y 1841 a tal grado que en el dictamen de la junta departamental de Zacatecas sobre las reformas a la Constitución, los vocales se manifestaron no por el cambio en la forma de gobierno, sino por la exigencia de contar con mayor autonomía y libertad para la organización y administración de la vida pública del departamento. El dictamen dio cuenta de las coincidencias con las juntas departamentales de Guanajuato y Sonora y con el propio diputado ante el Congreso general, el licenciado Pedro Ramírez. El discurso de los vocales zacatecanos pugnaba por una reforma que evidenciara el “manifiesto y universal odio contra la Constitución de 1836”. En su opinión los males se habían radicalizado con la pérdida de derechos como el de elegir a sus gobernantes, el cierre de varios tribunales debido a la carencia de recursos para su conservación, la privación de la protección militar que habían gozado en el federalismo; ahora tenían una república desarmada por la pérdida del territorio nacional “nuestros enemigos nos han puesto de escabel de sus pies”; los males de la república se debían en gran parte “a la bastardía de los orígenes” de aquella Constitución (Vázquez, 1987, p. 29).20
En un largo dictamen, los vocales de la junta departamental de Zacatecas expusieron sus criterios y argumentos de dónde y por qué debía reformarse la Constitución de 1836: el derecho de petición encabezó la lista, circunscrito al derecho que todo mexicano debía tener para presentar por escrito iniciativas al Congreso general o juntas departamentales “sobre aquellos objetos que parezcan de necesidad o utilidad pública”. El argumento era la conservación de la sociedad política y la garantía del bien común; no se les podía privar de su derecho para que en el momento en que lo juzgasen necesario, reclamasen todo aquello que tendiera al goce de sus derechos naturales:
El constitucionalismo de la década de 1840 permite asociar el derecho de petición con el juicio de amparo. El proyecto constitucional de 1842 estableció en su artículo 150 el derecho que tienen los ciudadanos de interponer recurso para reclamar ante la Suprema Corte de Justicia contra los actos de autoridades departamentales por la violación a alguna de las garantías constitucionales. Por su parte, en el artículo 118 fracción xii de las Bases Orgánicas de 1843, se consideró como facultad de la Alta Corte “conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales superiores de los Departamentos”.21 Ambos textos hacen referencia a un mecanismo concreto a través del derecho que tuvieron los ciudadanos para asegurar el control de la constitucionalidad a través del poder judicial. En 1840, Manuel Crescencio García Rejón en su proyecto de Constitución de Yucatán, justificó la inclusión del juicio de amparo como derecho de los ciudadanos contra los actos del legislativo, del ejecutivo o de cualquier otra autoridad considerados inconstitucionales (Soberanes, 1998, p. 649). El juicio de amparo es un signo de una nueva formulación del federalismo mexicano propuesto desde la república central en donde los ciudadanos en lo individual solicitarían la intervención del poder judicial de la federación para contener los actos de autoridad de diputados, gobernadores y magistrados; hay una liga entre el derecho de petición y el juicio de amparo: se trata de un derecho ejercido de manera individual e intransferible para reclamar la violación a garantías constitucionales ante actos ejercidos por autoridad pública y evitar hacer justicia por sí mismo.
El derecho de petición quedó establecido en el Acta de Reformas de 1847;22 en el proyecto de 1856 se definió su carácter inviolable y la facultad de su ejercicio por los ciudadanos de la república. Quedó establecido en el artículo 8 de la Constitución de 1857:
Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la república. A toda petición debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.23
Acta constitutiva y de reformas sancionada por el Congreso Extraodinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos (1847). Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1847.pdf [ Links ]
Amador, E. (1892). Bosquejo histórico de Zacatecas (Tomo II). Zacatecas: Reimpreso por el Supremo Gobierno del Estado de Zacatecas. [ Links ]
Andrews, C. (2009a). El debate político de la década de 1830 y los orígenes de las Siete Leyes. En C. Noriega & A. Salmerón (coords.), México: un siglo de historia constitucional (1808-1917). México: Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto Mora, pp. 111-134. [ Links ]
Andrews, C. (2009b). Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835). En E. Pani (coord.), Conservadurismo y derechas en la historia de México (Tomo I). México: Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 86-134. [ Links ]
Arroyo, I. (2011). La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857. México: Instituto Mora/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [ Links ]
Arts & Humanities Research Council. (s/f). Acta del pronunciamiento de Cuernavaca, 25 de mayo de 1834. The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876. Disponible en https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/dates.php?f=y&pid=1004&m=5&y=1834 [ Links ]
Candelas, S. (2010). Los anales de García (1786-1841). México: Miguel Ángel Porrúa. [ Links ]
Carmagnani, M. (1993). El federalismo liberal mexicano. Federalismos latinoamericanos. México, Brasil, Argentina. México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas, pp. 135-179. [ Links ]
Carmagnani, M. (2005). Las formas del federalismo mexicano. Lecciones sobre federalismo. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. [ Links ]
Cienfuegos, D. (2004). El derecho de petición en México (Serie Doctrina Jurídica, núm. 182). México: Universidad Nacional Autónoma de México. [ Links ]
Connaughton, B. (2010). Entre la voz de Dios y el llamado de la patria. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
Constitución Política de la República Mexicana, 1857. [ Links ]
Galván, M. (1828). Colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos (3 volúmenes). México: Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo. [ Links ]
Gómez, J. (2010). La creación del departamento de Aguascalientes en el contexto del enfrentamiento con Zacatecas contra el gobierno federal. En A. Hernández & M. Terán (coords.), Federalismo, ciudadanía y representación. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 341-364. [ Links ]
Luna, A. & Sordo, R. (2012). La vida política. En M. Luna (coord.), México: la construcción nacional (Serie América Latina en la Historia Contemporánea, tomo 2). Madrid: Fundación MAPFRE, pp. 33-85. [ Links ]
Medina, L. (2004). Invención del sistema político mexicano. Formas de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
Noriega, A. (1972). El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano (Tomo i). México: Universidad Nacional Autónoma de México. [ Links ]
Ríos, R. (2002). Formar ciudadanos. Sociedad civil y movilización popular en Zacatecas (1821-1854). México: Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés. [ Links ]
Rojas, B. (2010). El municipio libre. Una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835. México: Instituto Mora-Instituto Cultural de Aguascalientes-Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. [ Links ]
Rojas, B. (2015). El derecho de petición y el sistema representativo mexicano. Istor, 61, pp. 159-186. [ Links ]
Sánchez de Tagle, M. (1835). Discurso sobre la creación de un Poder Conservador. México: Impreso por acuerdo del Congreso General en la imprenta de J. M. Fernández de Lara. [ Links ]
Soberanes, J. (1998). La Constitución Yucateca de 1841 y su juicio de amparo. En VV.AA. Liber ad honorem Sergio García Ramírez. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 647-655. [ Links ]
Sordo, R. (1993). El congreso en la primera república centralista. México: El Colegio de México-Instituto Tecnológico Autónomo de México. [ Links ]
Pantoja, D. (2005) El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas. México: El Colegio de México-El Colegio de Michoacán. [ Links ]
Terán, M. (2015). Bosquejo de un inmenso cuadro. Liberalismo constitucional y formas de gobierno en Zacatecas, 1823-1846. México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. [ Links ]
Vázquez, J. (1987). Planes en la nación mexicana, 1831-1854 (Volumen IV). México: Senado de la República-El Colegio de México, pp. 28-47. [ Links ]
Vázquez, J. (1993). El federalismo mexicano, 1823-1847. En M. Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos. México, Brasil, Argentina. México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas, pp. 15-50. [ Links ]
Vázquez, J. (1996). El fracaso del liberalismo centralista mexicano. Anuario del Instituto de Estudios Histórico Sociales, 11, pp. 109-121. [ Links ]
Vázquez, J. (2015). Francisco García Salinas y el fracaso del federalismo (Cuadernos de la Cátedra Internacional de Federalismo “Francisco García Salinas”). México: Universidad Autónoma de Zacatecas/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. [ Links ]
Vega, M. (2006). Los dilemas de la organización autónoma. Zacatecas, 1808-1835. México: El Colegio de México. [ Links ]
1 Una versión inicial se presentó en el marco de la Red temática de Cuerpos Académicos (Promep) “Historia social y política de México”. Agradecemos los comentarios de Brian Connaughton, Norma Angélica Castillo y las recomendaciones que los dictaminadores sugeridos por Letras Históricas hicieron al texto.
2En la caracterización propuesta por Carmagnani (1993, pp. 138-139) sobre las formas históricas del federalismo mexicano a lo largo de los siglos XIX y XX, el confederalismo del periodo 1824-1835 se manifestó por el predominio del poder político de las regiones a través de un fuerte apego a la defensa de la soberanía y un poder federal débil con escasas competencias. La tensión entre centralización-descentralización observada por el historiador se puso de manifiesto con gran fuerza entre las décadas de 1840 y 1850. El constitucionalismo de la década de 1840 apunta hacia la formulación de una nueva expresión del federalismo en el que el tema de las garantías constitucionales de los derechos individuales cobrará relevancia al constatar que las autoridades locales no los garantizan. Es hacia la década de 1850 en que la república, después de haber pasado por las experiencias confederal y unitaria, presentará una nueva correlación entre las autoridades federales y estatales, lo que da paso al federalismo liberal asociado con la defensa de las garantías individuales por parte de los poderes federales (Carmagnani, 2005, p. 16).
3Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ, Fondo reservado, “Memorias presentadas por Francisco García Salinas, gobernador del estado de Zacatecas al Congreso del mismo, en los años de 1829 a 1834”).
4Acta del pronunciamiento de Cuernavaca, 25 de mayo de 1834. The Pronunciamiento in independent Mexico, 1821-1876. Arts & Humanities research Council. (s/f). Disponible en https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/dates.php?f=y&pid=1004&m=5&y=1834.
5Esta contradicción fue analizada por Reynaldo Sordo (1993).
6“Una de las primeras obligaciones del ejecutivo, la que le da este carácter, es la de hacer cumplir las leyes y para hacer que las cumpla, la Constitución ha puesto a su disposición al ejército nacional. Respecto de Zacatecas, había certidumbre de que sería resistida una ley, la había de que esta resistencia se apoyaría en la fuerza turbándose en consecuencia la tranquilidad. El gobierno supremo no podía tener otra conducta que la que ha observado” (AHEZ, 1835, Fondo Arturo Romo Gutiérrez, serie Folletería, “Documentos relativos a la sublevación del general Juan Álvarez en el sur del Estado de México y los últimos sucesos del estado de Zacatecas”: José María Tornel, "Circular a los comandantes generales y principales", p. 22).
7BPB-ATV, 1835, serie Folletos, “Acta del I. Ayuntamiento y vecindario de la ciudad de Aguascalientes, sobre separarse del estado de Zacatecas, erigiéndose en territorio. Representación de los mismos al congreso de la unión y resolución de éste”.
8“Contestación del Sr. Francisco Manuel Sánchez de Tagle, presidente de la cámara de diputados, al presidente interino de la república, Miguel Barragán”, 10 de julio de 1835 (21 de julio de 1835). Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
9Huitrado. “Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, diciembre de 1832”, Artículo 119, p. 38.
10Artículos 63 al 77, “Reglamento del gobierno interior de los Departamentos”, 20 de marzo de 1837, s/p.
11AHEZ (“Los vecinos de Casablanca solicitan al jefe político nombramiento de jueces de paz” 31 de marzo de 1838, fondo Poder Legislativo, serie Correspondencia con las municipalidades, subserie Pánuco; “Comunicación del ayuntamiento al depositario de la administración”, 28 de abril de 1842, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Actas de cabildo, subserie Correspondencia).
12AHEZ, “Reglamento del gobierno interior de los Departamentos”, 20 de marzo de 1837, fondo Poder legislativo, serie Leyes, decretos y reglamentos.
13El artículo 79 establecía que los ayuntamientos tendrían la facultad, a través de los alcaldes, de recibir información en donde se comprobara el mal modo de vivir y la ociosidad de todo aquel que perjudicara las buenas costumbres. Los podrían destinar a ocho días y si reincidiesen, se multiplicarían los días de trabajo en obras públicas.
14Se considera que el derecho de petición quedó formalmente consignado desde el siglo XVII, en Bill of Rigths del 13 de febrero de 1689: “Que es derecho del ciudadano dirigir una petición al rey, y que todo encarcelamiento y enjuiciamiento como consecuencia de esa petición son ilegítimos”. El siguiente documento que incorpora el derecho de petición fue la “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano” del 24 de junio de 1793: “el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede ser, en ningún caso, prohibido, suspendido o limitado”. En la Novísima Recopilación también se toma como uno de sus antecedentes: “liberal se debe mostrar el rey en oír peticiones y querellas a todos los que a su corte vinieren a pedir justicia” (Cienfuegos, 2004). Por lo que se refiere al constitucionalismo moderno, el autor no menciona el derecho de petición en la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, aunque sí en el Decreto para la América Mexicana de 1814.
15Véase el artículo citado de Beatriz Rojas (2015): al referir la práctica de las representaciones en el antiguo régimen, la historiadora afirma que “aunque tardó varios decenios en integrarse a la Constitución, no dejó de recurrir a ella para manifestar ante las autoridades una petición o un reclamo. Su vigencia no se puso en duda, aunque no se haya constitucionalizado o legislado sobre ella sino hasta mediados de siglo”.
16Artículo 373: “Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución”, Constitución Política de la Monarquía Española, 1812 (Rojas, 2015). Para confirmar que el derecho de petición no fue contemplado en la Constitución de 1812, Beatriz Rojas (2015), cita al jurista mexicano Isidro Antonio Montiel y Duarte, quien escribiera en 1873: “La constitución española nada absolutamente dice acerca del derecho de petición, y sin embargo es un hecho que a nadie se estorbó ni se pudo estorbar que formulara sus pretensiones en materias legislativa o administrativa…”
17Artículo 37: “A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de declarar su derechos ante funcionarios de la autoridad pública”, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 1814 (Rojas, 2015).
18“Queja del preso Lázaro Hernández contra el prefecto de la capital de Zacatecas por abuso de autoridad”. AHEZ, 27 de abril de 1841, fondo Poder Legislativo, serie Gobierno.
19“Queja de un vecino de Jalpa por abuso de autoridad del subprefecto”. AHEZ, 18 de julio de 1839, fondo Poder Legislativo, serie Gobierno.
20“Dictamen de la Junta Departamental de Zacatecas sobre reformas a la Constitución, fue el más detallado y largo (1841)”, p. 29.
21Bases Orgánicas de la República Mexicana, 14 de junio de 1843, Artículo 118 “De las facultades de la Corte Suprema de Justicia”, fracción XII.
22 Acta de Reformas, 1847, Artículo 2: “Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes”.
23 Constitución Política de la República Mexicana, 1857. Título i, Sección i “De los derechos del hombre”, Artículo 8.
Recibido: 27 de Agosto de 2018; Aprobado: 10 de Mayo de 2019

References: artículo 22
 artículo 69
 artículo 37316
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 150
 artículo 118
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 119
 artículo 79
 Artículo 118
 Artículo 2
 Artículo 8