Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Speru44-00.html
Timestamp: 2016-02-11 17:11:36+00:00

Document:
Zavala Martinez v. Peru, Caso 10.820, Informe No. 44/00, Inter-Am.
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1105 (1999). I. RESUMEN
2. El 14 de marzo de 1991, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información
dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 29 de noviembre de
y el peticionario presentó observaciones a dicha respuesta el 29 de enero de
1992. En fecha 22 de abril de 1999 se solicitó a ambas partes que actualizaran
a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión
se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del
asunto. La CIDH no recibió respuesta respecto a tal ofrecimiento. En consecuencia,
la Comisión dio por agotada la posibilidad de llegar a una solución amistosa.
3. Refiere que el señor Américo Zavala Martínez, delegado sindical de la empresa contratista "Benavidez-Gutiérrez", que realizaba obras para Centromín-Perú, fue detenido el día 31 de marzo de 1990 por efectivos
4. Indica que la detención del señor Zavala Martínez se produjo a las 5:30 a.m. en su domicilio, ubicado en la ciudad de Morococha de la Provincia
de Yauli, y que fue conducido presuntamente al Cuartel Militar de Morococha.
5. Observa, en relación al alegato del Estado de haber liberado al señor Zavala Martínez, que al 29 de enero de 1992 el señor Zavala Martínez
continuaba desaparecido. Aduce que tuvo conocimiento de los hechos el 3 de
de 1990, después de la fecha en que el Estado pretende haber liberado a la
víctima, lo que evidenciaría que la víctima no había sido liberada. Agrega
supuesta liberación no participó el representante del Ministerio Público, y
por ello la sola afirmación del Estado no es suficiente para acreditar su
liberación. B. El Estado
6. El 29 de noviembre de 1991 el Estado alegó que efectivamente el señor Zavala Martínez fue detenido el 31 de marzo de 1990
en la ciudad de Morococha (La Oroya). Indicó que la detención fue efectuada
personal del Ejército peruano de la 31a. División de Infantería como presunto
delincuente terrorista, por haber sido visto pegando afiches subversivos.
IV. ANÁLISIS A. Consideraciones sobre admisibilidad La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana. a. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y rationi loci de la Comisión
8. Los alegatos del presente caso describen hechos que serían violatorios de varios derechos reconocidos y consagrados en la Convención Americana,
que tuvieron lugar dentro de la jurisdicción territorial de Perú, cuando
obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en dicho instrumento
se encontraba en vigor para dicho Estado.1 Por lo tanto, la CIDH es competente ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y rationi loci para conocer sobre el fondo de la denuncia. b. Agotamiento de los recursos internos
9. El hecho de que en las primeras etapas del proceso el Estado no haya objetado el agotamiento de los recursos internos sería suficiente
para que la Comisión tenga por satisfecho el requisito establecido en el
46(1)(a) de la Convención. 10. La Comisión decidió recientemente en forma conjunta un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos
Departamentos del Perú durante el período 1989-1993, y analizó en detalle
el fenómeno general
de las desapariciones en ese país. En tales informes la Comisión señaló que
el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad. La CIDH concluyó igualmente que a los fines de la admisibilidad de denuncias ante este organismo no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos, dado que durante el período 1989-1993 existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones. En dichos informes la Comisión señaló textualmente lo siguiente: Tal y como se ha referido anteriormente, los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante diversas autoridades, judiciales, ejecutivas (militares) y legislativas, tendientes a la localización y liberación de las víctimas. Tales gestiones incluían normalmente recursos de habeas corpus; denuncias al Fiscal de la Nación, al Fiscal Superior Decano (), al Fiscal Especial de Derechos Humanos (), a la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías Provinciales; gestiones
Sin embargo, la Corte ha también establecido que los recursos internos deben ser eficaces, es decir, que deben ser capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos y que en caso de comprobarse la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos se convierte en una formalidad sin sentido, por lo que se hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención. En el análisis del fondo del asunto, contenido en la sección VI, infra, la Comisión determina que en Perú existió durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público. Por tanto, y comoquiera que dicha práctica tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, la Comisión establece que, a los fines de la admisibilidad de denuncias a esta Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera plenamente aplicable la regla de excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2) de la Convención 2 11. La Comisión considera plenamente aplicables las anteriores consideraciones al presente caso, por tratarse de una denuncia de desaparición
forzada de una persona ocurrida en el año 1990, que ha sido imputada al ejército
peruano. Dicha desaparición habría ocurrido dentro de la época (1989-1993)
que la Comisión determinó, conforme a la cita anterior, que en Perú existió
una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas
del poder público que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, por lo que la Comisión estableció que a los fines de la admisibilidad de denuncias a la Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro-- con el objeto de agotar los recursos internos. Por tanto, la Comisión concluye que en el presente caso
conforme a la cual el requisito de agotamiento de los recursos internos de
jurisdicción interna previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención no es
aplicable cuando "no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados". c. Plazo de presentación
12. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada
dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada
la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión
observa que dicho requisito tampoco es aplicable en el presente caso, puesto
operar la excepción al requisito de agotamiento de los recursos internos prevista
en el artículo 46(2)(a) de la Convención, en los términos expuestos en el
anterior, opera también, por mandato del artículo 46(2) de la Convención, la
excepción al aludido requisito concerniente al plazo en que debe ser presentada
13. La Comisión, sin prejuzgar sobre el fondo, debe agregar que la desaparición forzada de una persona por parte de agentes estatales configura
una violación continuada por parte de los Estados que persiste como infracción
permanente de diversos artículos de la Convención Americana, hasta que aparezca
la persona o su cadáver. Por tanto, en dichos casos no opera el requisito
al plazo de presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b)
de la Convención Americana. d. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada
14. La Comisión entiende que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce
una petición ya examinada por este u otro organismo internacional. Por lo
los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) se encuentran
también satisfechos. e. Caracterización de los hechos 15. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de
derechos garantizados en la Convención, puesto que tal y como se estableció supra, el tema sometido a la decisión de la Comisión es la desaparición forzada de una persona. 16. Por todas las razones anteriormente expuestas, la Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad
con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible,
en los términos anteriormente expuestos. B. Consideraciones sobre el fondo
17. Habiendo determinado su competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana
la petición es admisible, la Comisión pasa a pronunciarse sobre el fondo
caso, tomando en cuenta que las partes no se avinieron a iniciar un proceso
de solución amistosa y que la Comisión ya cuenta con los elementos suficientes
para pronunciarse sobre los méritos.
a. Hechos no controvertidos 18. Surge de los hechos alegados por las partes que aunque el peticionario alega que la presunta víctima desapareció, mientras que el
Estado alega que la liberó, tanto el Estado como el peticionario concuerdan
la presunta víctima fue detenida el 31 de marzo de 1990 en la ciudad de Morococha
(La Oroya) por efectivos militares, que de acuerdo a lo especificado por
pertenecían a personal del ejército de la 31a. División de Infantería. La Comisión
observa al respecto que la detención de la víctima no está controvertida,
vez que el propio Estado admite expresamente haberla detenido. La CIDH nota
igualmente que no hubo ninguna investigación judicial respecto a la desaparición
denunciada. 3 b. Práctica Estatal de Desapariciones
19. A los efectos del análisis del fondo del caso bajo estudio, la Comisión estima pertinente recapitular las siguientes consideraciones sobre
el fenómeno de las desapariciones forzadas en Perú que realizó al decidir
en forma conjunta, el mencionado grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas
desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993.
Al respecto, la Comisión se pronunció en los siguientes términos, los cuales
ratifica plenamente en el presente caso: [l]a Comisión acordó acumular los casos bajo estudio, por considerar que los hechos alegados sugieren la existencia de un patrón similar de desapariciones cometidas por agentes del Estado peruano, efectuadas en una misma época (entre 1989 y 1993), dentro del contexto de actividades llamadas antisubversivas y con el mismo modus operandi. La Comisión decide, en consecuencia, analizar la posible existencia de una práctica de desapariciones forzadas llevada a cabo por el Estado peruano, o al menos tolerada por él, durante el período en análisis (1989-1993). La Comisión, al decir de la Corte Interamericana, está consciente de la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. No obstante, es fundamental que la Comisión, en cumplimiento de sus funciones, realice dicho análisis, no sólo para elaborar el presente Informe, sino para la determinación de la verdad sobre una política de violación de los derechos humanos, con las consecuencias que pueden derivarse para el esclarecimiento de otros casos bajo conocimiento de este organismo.
La gran mayoría de los 3.004 casos de denuncias sobre desapariciones en Perú ocurrieron entre 1983 y 1992, en el contexto de la lucha del Gobierno
en contra de organizaciones terroristas, especialmente Sendero Luminoso.
Al final de 1982, las fuerzas armadas y la policía emprendieron una campaña
de contrainsurgencia y las fuerzas armadas recibieron una gran margen
discreción para combatir a Sendero Luminoso y restaurar el orden público.
Aunque la mayoría de las desapariciones reportadas se produjeron en áreas
del país que se encontraban en Estado de Emergencia y bajo control militar,
especialmente en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, San Martín y
también se produjeron desapariciones en otras partes de Perú. Se ha reportado
que las detenciones eran frecuentemente llevadas a cabo abiertamente
miembros uniformados de las fuerzas armadas, algunas veces en forma conjunta
con grupos de defensa civil. Se denunció que aproximadamente otros 20 casos ocurrieron en 1993 en el Departamento de Ucayali, mayormente relacionados
con la desaparición de campesinos. [Informe del Grupo de Trabajo sobre
Forzadas o Involuntarias. Documento ONU E/CN.4/1998/43, de fecha 12 de
enero de 1998, párr. 297. (Traducción no oficial)]. Se ha documentado que la propia Fiscal Provincial ad hoc del Departamento de Junín, doctora Imelda Tumialán, declaró que en el año 1991 se habían producido más de 100 desapariciones en el referido
Una vez determinada la condición de sospechosa de la persona, se procedía a su detención, que en numerosas ocasiones era el primer paso de la desaparición. Algunas veces las detenciones se producían en plena vía pública y otras veces en el domicilio de la víctima, generalmente en horas de la madrugada y en presencia de testigos. Los encargados de practicar las detenciones eran efectivos militares o policiales, fuertemente armados, que algunas veces vestían de civil, pero la mayoría de ellas vestía sus uniformes respectivos. Por lo general, a los funcionarios militares o policiales no les importaba en modo alguno la presencia de testigos, pues procedían de todas maneras. Cuando la detención se realizaba en el domicilio de la víctima, lo usual era que se efectuara delante de los familiares que se encontraban en la casa: esposas, hijos, padres, madres, etc. El patrón general era entonces que los funcionarios detenían a la víctima en frente de quien estuviera presente, sin ningún intento de ocultar el carácter oficial con que obraban. Negación oficial de las detenciones
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ha señalado que la desaparición forzada o involuntaria de una persona es una violación particularmente odiosa de los derechos humanos, y es sin duda una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, recluidas sin saber qué suerte les espera, muchas veces
torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros
la familia, cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación,
recibir información alguna. Las víctimas saben que sus familias desconocen
su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga
a ayudarlas.
Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber desaparecido
de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos
y a merced de sus aprehensores. Si la muerte no es el desenlace final
tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden
sufrir durante largo tiempo las consecuencias físicas y psicológicas
esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan. La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren
también una tortura moral lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de
ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado
de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben
que podrían correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad
puede ser peligroso. La angustia de la familia se ve intensificada con
por las circunstancias materiales que acompañan a la desaparición. El desaparecido
suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser
el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar
el negocio de la familia. La familia no sólo resulta gravemente afectada
emocionalmente; sufre también en términos económicos, entre otras cosas,
debido a los gastos efectuados en las investigaciones posteriores. Además,
no sabe cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que
dificulta la adaptación a la nueva situación. A menudo la consecuencia
es la marginación económica y social.4
20. De acuerdo a la doctrina de la Comisión anteriormente reseñada, el principio general es que en los casos de desapariciones en donde
haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión, de que la detención
fue efectuada presumiblemente por agentes del Estado en el marco general
la política oficial de desapariciones, la Comisión presumirá que la víctima
fue desaparecida por agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya
probado lo contrario. 21. En aplicación de dichas consideraciones al presente caso, la Comisión observa que ambas partes concuerdan en que la presunta víctima
fue detenida el 31 de marzo de 1990 en la ciudad de Morococha (La Oroya)
por efectivos
militares, que de acuerdo a lo especificado por Perú pertenecían a personal
del ejército de la 31a. División de Infantería. Luego, no hay ninguna duda
que el señor Zavala Martínez fue detenido en la fecha indicada por agentes
23. El mero alegato del Estado respecto a que liberó a la víctima no puede ciertamente ser prueba suficiente de esa circunstancia. No obstante que la Comisión ya estableció anteriormente que en diversos casos "las autoridades alegaban que la víctima había sido liberada, y presentaban incluso
constancias de liberación, las cuales algunas veces contenían la firma falsificada
de la víctima y otras veces su firma verdadera, obtenida bajo tortura, sin
en realidad la liberación se hubiera producido"5, en este caso la Comisión no tiene elementos para pronunciarse sobre la supuesta constancia de liberación, puesto que Perú no la consignó ante la Comisión. 24. Con base en las razones anteriormente expuestas la Comisión concluye que el Estado peruano, a través de efectivos del ejército de la 31a.
División de Infantería, detuvo al señor Américo Zavala Martínez el 31 de
de 1990 en la ciudad de Morococha (La Oroya), y que posteriormente procedió
a desaparecerlo.
25. Dicha detención y posterior desaparición siguió el patrón característico: la detención de la víctima por parte de agentes militares;
una posición oficial de negación de responsabilidad por tal desaparición;
de investigación de las autoridades públicas sobre la situación de la víctima;
la ineficacia de los recursos internos, la tortura y posible ejecución extrajudicial
de la víctima; y la impunidad absoluta, reforzada por la subsiguiente amnistía. d. Violación de los derechos humanos de la víctima
26. La Comisión procede ahora a analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención que la desaparición
del señor Américo Zavala Martínez implica, por parte del Estado peruano. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención)
27. La Convención Americana establece lo siguiente: Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 28. Una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta
sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación
de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos
a los previstos y requeridos por la ley. La Comisión ha señalado también
la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye
una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo.
29. En el presente caso, el ciudadano peruano Américo Zavala Martínez fue detenido de manera ilegal y arbitraria por miembros del Ejército
peruano. También surge del expediente que las autoridades militares alegan
liberado, aunque su paradero nunca se supo.
30. Es necesario tomar en cuenta el contexto existente en Perú, que afectaba en general a la mayoría de los Departamentos en donde ocurrieron
las detenciones y desapariciones. Las continuas incursiones de grupos armados
habían provocado un estado de permanente zozobra sobre la población. Por
motivo se había declarado en diversos Departamentos el estado de excepción,
lo cual prima facie encontraba justificación en la crisis enfrentada por el Estado peruano para combatir el terrorismo. En virtud de tal estado de emergencia, había quedado suspendido en muchos Departamentos el artículo 2(20)(g),6 de la Constitución de Perú de 1979, de manera que las fuerzas militares estaban legalmente facultadas para detener a una persona sin orden de juez competente y sin necesidad de que existiera situación de flagrancia.
32. La suspensión de la garantía a la libertad personal, autorizada por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
nunca puede llegar a ser total. Existen principios subyacentes a toda sociedad
democrática que las fuerzas de seguridad deben observar para formalizar una
detención, aún bajo estado de emergencia. Los presupuestos legales de una
son obligaciones que las autoridades estatales deben respetar, en cumplimiento
del compromiso internacional de proteger y respetar los derechos humanos,
bajo la Convención.
33. En segundo lugar, con base en los principios anteriores, la detención policial o militar, como medida cautelar, debe tener como único
propósito evitar la fuga de un sospechoso de un acto delictivo, y asegurar
su comparecencia ante un juez competente, para que sea juzgado dentro de un
plazo razonable o, en su caso, puesto en libertad. Ningún Estado puede imponer
penas sin la garantía del juicio previo.7 En un Estado constitucional y democrático de derecho, donde se respeta la separación de poderes, toda pena establecida en la ley debe ser impuesta judicialmente y tras haberse establecido la culpabilidad de una persona dentro de un juicio justo con todas las garantías. La existencia de una situación de emergencia no autoriza al Estado para desconocer la presunción de inocencia, ni tampoco confiere a las fuerzas de seguridad el ejercicio de un ius puniendi arbitrario y sin límites.
34. En este sentido, el artículo 7(5) de la Convención Americana prescribe que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad". El numeral (6) de dicho artículo añade: "Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención (...)". La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
35. La Comisión llega a la conclusión que el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la libertad y la seguridad personal
al haber sometido a prisión arbitraria al ciudadano peruano Américo Zavala
y del derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente para que determine
sobre la legalidad de su arresto, violando de esa forma el artículo 7 de
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención)
36. La Convención Americana contempla lo siguiente: Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
37. Puesto que la desaparición forzada involucra la violación de múltiples derechos, queda implícita la violación al derecho a la integridad
personal del señor Américo Zavala Martínez.
39. En base a las anteriores consideraciones la Comisión, con fundamento en los hechos que han sido presentados, llega a la convicción, por vía de la prueba de presunción, que el señor Américo Zavala Martínez fue objeto de tortura. Las condiciones de la detención, manteniendo en la clandestinidad, incomunicada y aislada a la víctima, y la indefensión a que es reducida la víctima al impedírsele y desconocérsele toda forma de protección o tutela de sus derechos, hacen sumamente factible la aplicación de torturas sobre la víctima por parte de las fuerzas armadas, con el objeto de obtener información sobre grupos o agrupaciones subversivas. Ello cobra particular vigencia en el presente caso, en el que Perú admite expresamente que la víctima fue interrogada como presunto delincuente terrorista, debido a que habría sido visto "pegando afiches subversivos". De acuerdo a lo expresado, la Comisión concluye que el Estado peruano violó el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de la víctima. Derecho a la vida (artículo 4 de la Convención)
40. La Convención Americana contempla lo siguiente: Artículo 4. Derecho a la Vida
41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de personas implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención". La Corte estableció asimismo que el hecho de que una persona esté desaparecida
de su vida.9 42. En el caso del señor Américo Zavala Martínez ha quedado establecida su desaparición por agentes estatales, y existen elementos suficientes
para presumir su muerte, considerando que ya han transcurrido más de nueve
de su detención y desaparición, y que los responsables son agentes del Estado.
43. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado peruano violó en perjuicio de la víctima el derecho a la vida, que es un derecho fundamental protegido por la Convención en su artículo 4, conforme al cual "toda persona tiene derecho a que se respete su vida...nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención)
44. La Convención Americana establece lo siguiente: Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
45. El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica. Cuando el señor Américo Zavala Martínez fue detenido por agentes
Estado y luego desaparecido, fue excluído del orden jurídico e institucional
del Estado peruano. En este sentido, la desaparición forzada de personas
la negación de la propia existencia como ser humano revestido de personalidad
jurídica.10
46. Por tanto, la Comisión encuentra que Perú violó en perjuicio del señor Américo Zavala Martínez el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, consagrado en el artículo 3 de la Convención. Derecho a las Garantías Judiciales (artículo 25 de la Convención)
47. La Convención Americana establece que: Artículo 25. Protección Judicial
48. De acuerdo a la información aportada por las partes, se comprueba que el Estado peruano no ha cumplido con su obligación de investigar
los hechos y de iniciar procedimientos judiciales en este caso.
50. La legislación peruana establece que en todos los casos de delitos de orden público el Ministerio Público asume la representación del
Estado y de la víctima. El Ministerio Público tiene la obligación de intervenir
en la investigación del delito y promover la acción penal. En consecuencia,
debe promover y realizar todas aquellas actuaciones que el caso amerite (ofrecimiento
de pruebas, inspecciones, y cualquier otra) para llegar a establecer la veracidad
de la denuncia, y, en su caso, identificar a los presuntos responsables y
53. El derecho a ser presentado ante un juez competente es una garantía fundamental de los derechos de todo detenido. Como ha señalado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión judicial sobre
detención, a través del habeas corpus, "cumple una función esencial, como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".15 54. Precisamente por este motivo es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspenderse las garantías judiciales indispensables para salvaguardar ciertos derechos fundamentales. Como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "del artículo 27(1) se deriva la necesidad genérica de que subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a la necesidad de la situación y no excedan los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella".16
55. Asimismo, ha señalado la Corte: El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano independiente e imparcial,
Estado de excepción"17 y "[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".18 56. Esto incluye también --según la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- el derecho al debido proceso legal contenido en el artículo 8, que "abarca las condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".19 La Corte ha concluido que "los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales".20
57. Las características expuestas sobre la falta de acceso a recursos internos efectivos contra actos que violen los derechos fundamentales
constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención por parte
del Estado peruano. Obligación de respetar y garantizar los derechos
58. En el presente caso se ha demostrado que el Estado peruano no ha cumplido con la previsión del artículo 1(1) de la Convención de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción", por haber violado los derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25 de la
60. La Comisión concluye que la desaparición forzada del señor Américo Zavala Martínez constituye actos perpetrados por agentes de carácter
público, por lo cual el Estado peruano ha violado los derechos de la víctima
contemplados en el artículo 1(1) de la Convención, con relación a las violaciones
de los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25, de la Convención.
62. El Estado en un caso de "desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar
ejercicio de los derechos y garantías del señor Américo Zavala Martínez.
64. Mediante Nota No 7-5-M/562, de fecha 20 de diciembre de 1999, el Estado transmitió a la Comisión sus consideraciones al Informe No 95/99 y manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados en el mencionado informe, así como con la conclusión
a la que llegó la Comisión. El Estado alegó que el caso no debió ser admitido,
porque el peticionario no habría agotado los recursos internos, y agregó que "la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46°(2)(a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es aplicable al presente caso, por cuanto no es cierto que en el Perú haya existido una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por las autoridades del poder público".
65. El Estado peruano indicó su discrepancia específica con la conclusión de la CIDH a que se refiere el párrafo 69 infra, insistiendo al efecto que el señor Zavala Martínez fue liberado el 2 de abril de 1990.
Agregó que "en consecuencia, no resultan admisibles las recomendaciones de la CIDH, más aún cuando la investigación efectuada en su oportunidad sobre la presunta detención y posterior desaparición de Américo Zavala Martínez, considerando las circunstancias de violencia terrorista, fue seria e imparcial, y no determinó responsabilidad alguna de los agentes del Estado peruano por la desaparición del referido señor con posterioridad al 2 de abril de 1990". 66. Finalmente el Estado señaló, respecto a las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, que "ambas normas fueron aprobadas por el Congreso de la República en el ejercicio de las funciones que la Constitución política le confiere, y forman parte de la política de pacificación iniciada por el Estado peruano".
67. La Comisión se abstiene de analizar las reiteraciones del Estado peruano a argumentos efectuados con anterioridad a la adopción del
referido Informe No 95/99, y sus manifestaciones de desacuerdo con dicho Informe, pues conforme a lo establecido en el artículo 51(1) de la Convención, lo que la Comisión debe determinar en esta etapa del procedimiento es si el Estado solucionó o no el asunto. Al respecto, la CIDH observa que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que le hizo la Comisión en su mencionado informe No 95/99.
68. Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante
tanto de la Declaración Americana como de la Convención.23 Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías,24 han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser responsables de serias violaciones de la Convención o la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos.25 Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados partes tienen el deber
de "investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad".26 La Corte ha definido la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos humanos, y ha afirmado que los Estados tienen la obligación de combatir esta situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.27 Los Estados partes en la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia.28
69. La Comisión reitera su conclusión respecto a que el Estado peruano, a través de efectivos de la 31a. División de Infantería del Ejército,
detuvo al señor Américo Zavala Martínez el 31 de marzo de 1990 en la ciudad
de Morococha (La Oroya), y que posteriormente procedió a desaparecerlo por
fuerza, por lo cual el Estado peruano es responsable de la violación del derecho
a la libertad (artículo 7), del derecho a la integridad personal (artículo
del derecho a la vida (artículo 4), del derecho a la personalidad jurídica
(artículo 3) y del derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, Perú ha incumplido
su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos
consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicha
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la desaparición forzada del
señor Américo Zavala Martínez y para sancionar a los responsables con arreglo
a la legislación peruana. 2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción
de los responsables de la detención-desaparición forzada del señor Américo
Martínez. En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479
y 26492.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima, señor Américo Zavala Martínez, reciban adecuada y oportuna reparación
por las violaciones aquí establecidas.
VIII. PUBLICACIÓN 70. El 2 de marzo de 2000, la Comisión transmitió el informe 13/00 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. En fecha 31 de marzo de 2000, Perú remitió una comunicación a la Comisión en la cual reiteró consideraciones efectuadas respecto a las conclusiones de hecho y de derecho de la Comisión, y no acreditó haber efectuado ninguna acción relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. 71. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión, ésta decide reiterar la conclusión y las recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas por dicho Estado.
1 El Estado peruano depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana
el 28 de julio de 1978. 2 CIDH, Informe N° 51/99, Casos 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos
58 al 63. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99,
55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998. 3 Tal y como se menciona en el párrafo 21, infra, la Comisión ha referido, citando doctrina de la Corte Interamericana, que cuando ha quedado probada la existencia de una política de desapariciones auspiciada o tolerada por el Gobierno, es posible, mediante prueba circunstancial o indirecta, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que esta última tenga con la práctica general. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 124).
4 CIDH, Informe N° 51/99, Casos 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos
68 al 95. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99,
55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998.
5 CIDH, Informe N° 51/99, Casos 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafo
83. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99, 55/99,
y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998.
6 Conforme al cual: Toda persona tiene derecho: ... 20. A la libertad y seguridad personales.
En consecuencia: ... g) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito
y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito....
7 La Comisión ha establecido que: El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna
persona puede ser objeto de sanción sin juicio previo, que incluye la presentación
de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia. Todas estas etapas
cumplirse dentro de un plazo razonable. Este límite de tiempo tiene como objetivo
proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad
así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de
un riesgo de procedimiento injustificado. CIDH, Informe Nº 2/96, párr.
76. (Caso
11.245, Argentina), publicado en Informe Anual 1995.
23 Informe 28/92, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 41; Informe 29/92,
Uruguay, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 51; Informes 34/96
y 36/96,
Chile, Informe Anual de la CIDH 1996, párrafos 76 y 78 respectivamente; Informe
25/98, Chile, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo 71 e Informe 1/99,
Informe Anual de la CIDH 1998, párrafo 170. 24 Véase, por ejemplo el estudio sobre la impunidad preparado en 1997 por Luis
Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Impunidad (Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political), Informe Final revisado, preparado por el señor Joinet de acuerdo con la decisión 1996/119 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/20 Rev. 1, 2 de octubre de 1997. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que se encontraba profundamente preocupado por las amnistías concedida por los Decretos Leyes Nos. 26479 y 26492, y concluyó que dichas normas violan distintos derechos humanos (Observaciones preliminares del Comité de Derechos Humanos, Perú, CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996). Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura también examinó la legislación peruana de amnistía y expresó la preocupación del Comité por la práctica de promulgar leyes de amnistía que en los hechos confiere impunidad a personas culpables de tortura, en violación de muchas de las disposiciones de la Convención contra la Tortura (Actas resumidas de la parte pública de la sesión 333a.: Panamá y Perú 20/05/98. CAT/C/SR.333). 25 Informe 28/92, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 41; Informe 29/92, Uruguay, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 51;
Informes 34/96 y 36/96, Chile, Informe Anual de la CIDH 1996, párrafos 76
78 respectivamente; Informe 25/98, Chile, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo
71 e Informe 1/99, El Salvador, Informe Anual de la CIDH 1998, párrafo 170. 26 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de 1998,
párrafo 170.
27 Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie
C, No. 37, párrafo 173.
28 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre
de 1998, párrafo 168.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 Artículo 7
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 5
 artículo 5
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 25
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 1
 artículo 51