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Timestamp: 2017-05-24 00:30:03+00:00

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27: Convenio de 14 de marzo de 1978 sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación
1-V-1992
Convenio[1] sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación
(entrado en vigor el 1º de mayo de 1992)
Deseando establecer disposiciones comunes relativas a la ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la representación,
Artículo 1 El presente Convenio determinará la ley aplicable a las relaciones de carácter internacional que se crean cuando una persona, el intermediario, tiene el poder de actuar, actúa o pretende actuar en sus relaciones con un tercero por cuenta de otra persona, el representado.
Incluye la actividad del intermediario consistente en recibir y en comunicar proposiciones o en realizar negociaciones por cuenta de otras personas.
El Convenio se aplicará tanto si el intermediario actúa en nombre propio como en nombre del representado y tanto si su actividad es habitual como ocasional.
Artículo 2 El Convenio no se aplicará a:
a) la capacidad de las partes;
c) la representación legal en el Derecho de familia, regímenes matrimoniales y sucesiones;
d) la representación en virtud de una decisión de una autoridad judicial o administrativa, o que se ejerza bajo control directo de una autoridad de esta naturaleza;
f) la representación por el capitán de navío actuando en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 3 A los fines del presente Convenio:
a) no se considerará como intermediario al órgano, gerente o socio de una sociedad, de una asociación o de cualquier otra entidad legal, dotada o no de personalidad jurídica, en la medida en que, en el ejercicio de sus funciones, actúe en virtud de poderes conferidos por la ley o por los actos constitutivos de dicha entidad legal;
b) no se considerará como intermediario al trustee que actúe por cuenta del trust, del constituyente o del beneficiario.
Artículo 4 La ley designada por el Convenio se aplicará incluso si se trata de la ley de un Estado no contratante.
Artículo 5 La ley interna escogida por las partes regirá la relación de representación entre el representado y el intermediario.
La elección de esta ley deberá ser expresa o resultar con una razonable certidumbre de las disposiciones del contrato y de las circunstancias del caso.
Artículo 6 En la medida en que no haya sido escogida en las condiciones previstas en el artículo 5, la ley aplicable será la ley interna del Estado en que, en el momento de la creación de la relación de representación, el intermediario tuviera su establecimiento profesional o, en su defecto, su residencia habitual.
No obstante, se aplicará la ley interna del Estado en que el intermediario deba ejercer a título principal su actividad si el representado tiene su establecimiento profesional o, en su defecto, su residencia habitual en dicho Estado.
Cuando el representado o el intermediario tuvieran varios establecimientos profesionales, el presente artículo se referirá al establecimiento con el que la relación de representación se vincule más estrechamente.
Artículo 7 Cuando la creación de la relación de representación no sea el objeto exclusivo del contrato, la ley designada por los artículos 5 y 6 sólo se aplicará si:
a) la creación de esta relación es el objeto principal del contrato, o
b) esta relación es separable del conjunto del contrato.
Artículo 8 La ley aplicable en virtud de los artículos 5 y 6 regirá la formación y la validez de la relación de representación, las obligaciones de las partes y las condiciones de ejecución, las consecuencias de la inejecución y la extensión de estas obligaciones.
Esta ley se aplica en particular:
a) a la existencia, extensión, modificación y cese de los poderes del intermediario, así como a las consecuencias de su uso excesivo o de su empleo abusivo;
b) a la facultad del intermediario de delegar la totalidad o parte de sus poderes y de designar un intermediario adicional;
c) a la facultad del intermediario de concluir un contrato por cuenta del representado, cuando exista un riesgo de conflicto de intereses entre él mismo y el representado;
d) a la cláusula de no competencia y a la cláusula de solvencia del comprador[2];
e) a la indemnización de clientela;
f) a los tipos de daños que pueden dar lugar a reparación.
Artículo 9 Cualquiera que sea la ley aplicable a la relación de representación, se tendrá en cuenta la ley del lugar de ejecución en lo que concierne a las modalidades de ejecución.
Artículo 10 El presente capítulo no se aplicará cuando el contrato que cree la relación de representación sea un contrato de trabajo.
Artículo 11 En las relaciones entre el representado y los terceros, la existencia y el ámbito de poderes del intermediario, así como los efectos de los actos del intermediario en el ejercicio real o pretendido de sus poderes, se regirán por la ley interna del Estado en el que el intermediario tuviera su establecimiento profesional en el momento en que actúa.
No obstante, la ley interna del Estado en el que el intermediario actúa es aplicable si:
a) el representado tiene su establecimiento profesional o, en su defecto, su residencia habitual en este Estado y el intermediario ha actuado en nombre del representado; o
b) el tercero tiene su establecimiento profesional o, en su defecto, su residencia habitual en dicho Estado; o
c) el intermediario ha actuado en bolsa o ha tomado parte en subastas; o
d) el intermediario no tiene establecimiento profesional.
Cuando una de las partes tenga varios establecimientos profesionales, el presente artículo se referirá al establecimiento con el que el acto del intermediario se conecte más estrechamente.
Artículo 12 A los fines de la aplicación del párrafo primero del artículo 11, cuando el intermediario que actúa en virtud de un contrato de trabajo que le vincula al representado no tiene un establecimiento profesional personal, se entenderá que tiene su establecimiento en el lugar en que está situado el establecimiento profesional del representado al que está vinculado.
Artículo 13 A los fines de la aplicación del párrafo segundo del artículo 11, cuando el intermediario ha comunicado con el tercero de un Estado a otro por correo, telegrama, télex, teléfono u otros medios similares, se entiende como si hubiera actuado en el lugar de su establecimiento profesional o, en su defecto, de su residencia habitual.
Artículo 14 No obstante lo dispuesto en el artículo 11, cuando la ley aplicable a las cuestiones cubiertas por dicho artículo ha sido objeto, por parte del representado o del tercero, de una designación escrita expresamente aceptada por la otra parte, la ley así designada se aplicará a dichas cuestiones.
Artículo 15 La ley aplicable en virtud del presente capítulo regirá igualmente las relaciones entre el intermediario y el tercero que deriven del hecho de que el intermediario haya actuado en el ejercicio de sus poderes, más allá de sus poderes o sin poderes.
Artículo 16 En la aplicación del presente Convenio podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de todo Estado con el que la situación presente un vínculo efectivo y en la medida en que, según el Derecho de dicho Estado, estas disposiciones sean aplicables cualquiera que sea la ley designada por sus normas de conflicto.
Artículo 17 La aplicación de una de las leyes designadas por el presente Convenio no podrá excluirse mas que si es manifiestamente incompatible con el orden público.
Artículo 18 Todo Estado contratante, en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación, de la aprobación o de la adhesión, podrá reservarse el derecho de no aplicar el Convenio:
3. a los actos de un funcionario público que actúe en el ejercicio de sus funciones por cuenta de una persona privada.
Todo Estado contratante podrá igualmente, en el momento de notificar una extensión del Convenio conforme al artículo 25, hacer una o varias de estas reservas con efecto limitado a los territorios o a ciertos de los territorios considerados en la extensión.
Todo Estado contratante podrá en cualquier momento retirar una reserva que hubiera formulado; el efecto de la reserva cesará el día primero del tercer mes siguiente a la notificación del retiro .
Artículo 19 Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales que tengan sus propias normas en materia de contratos de intermediarios y de representación, cada unidad territorial se considerará como un Estado a los fines de la determinación de la ley aplicable según el Convenio.
Artículo 20 Un Estado en que diferentes unidades territoriales tengan sus propias reglas jurídicas en materia de contratos de intermediarios y de representación, no estará obligado a aplicar el presente Convenio cuando un Estado cuyo sistema jurídico esté unificado no estaría obligado a aplicar la ley de otro Estado en virtud del presente Convenio.
Artículo 21 Un Estado contratante que comprenda dos o más unidades territoriales que tengan sus propias normas jurídicas en materia de contratos de intermediarios y de representación, podrá en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que el presente Convenio se extenderá a todas esas unidades territoriales o a una o varias de ellas y podrá en todo momento modificar esta declaración haciendo una nueva declaración.
Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos e indicarán expresamente las unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.
Artículo 22 El Convenio no afectará a los instrumentos internacionales en los que un Estado contratante sea o llegue a ser parte y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas en el presente Convenio.
CAPITULO V - CLAUSULAS FINALES
Artículo 23 El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que eran miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de la celebración de su Decimotercera Sesión.
Artículo 24 Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio.
El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Artículo 25 Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión podrá declarar que el Convenio se aplicará al conjunto de los territorios a los que representa en el plano internacional o a uno o varios de ellos. Esta declaración producirá efecto en el momento en que el Convenio entre en vigor para dicho Estado.
Esta declaración, así como toda ulterior extensión, se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Artículo 26 El Convenio entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente al depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previsto en los artículos 23 y 24.
Posteriormente, el Convenio entrará en vigor:
1. para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o se adhiera posteriormente, el día primero del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
2. para los territorios a los que se extienda el Convenio de acuerdo con los artículos 21 y 25, el día primero del tercer mes siguiente a la notificación a que se refieren dichos artículos.
Artículo 27 El Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo primero del artículo 26, incluso para los Estados que lo hubieran ratificado, aceptado o aprobado posteriormente o que se hubieran adherido.
La denuncia se notificará, al menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años, al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Podrá limitarse a ciertos territorios o unidades territoriales a los que se aplique el Convenio.
La denuncia sólo producirá efecto respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio continuará en vigor para los demás Estados contratantes.
Artículo 28 El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los Estados miembros de la Conferencia, así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad con las disposiciones del artículo 24:
1. las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 23;
2. las adhesiones a que se refiere el artículo 24;
3. la fecha en que el Convenio entrara en vigor de conformidad con las disposiciones del artículo 26;
4. las extensiones a que se refiere el artículo 25;
5. las declaraciones mencionadas en el artículo 21;
6. las reservas y el retiro de las reservas previstas en el artículo 18;
7. las denuncias a que se refiere el artículo 27.
Hecho en La Haya, el 14 de marzo de 1978, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que se depositará en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática copia auténtica a todos los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimotercera Sesión.
[2] También denominada " cláusula del credere" o "cláusula de garantía del precio".

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 11

Artículo 13
 artículo 11

Artículo 14
 artículo 11

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 25

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 26

Artículo 28
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 27