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Timestamp: 2017-07-28 06:58:10+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0015/2015 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. EN LO PENAL 1ª SALA Nº 15/15
CAUSA: "GERARDO JAVIER PEREZ BENITEZ Y OTROS S/ PRODUC. DE DOC. PUBLICO DE CONTENIDO FALSO Y ESTAFA" EXPTE. N° 1- 1-2-1-2008-2988.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de abril del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, los Excelentísimos Miembros, ANTONIA LÓPEZ DE GÓMEZ, GUSTAVO ADOLFO OCAMPOS GONZALEZ y BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente caratulado: "GERARDO JAVIER PEREZ BENITEZ Y OTROS S/ PRODUC. DE DOC. PUBLICO DE CONTENIDO FALSO Y ESTAFA" Expte. N° 1-1-2-1-2008-2988, a los efectos de resolver el recurso de apelación especial interpuesto por el representante convencional de la Defensa Técnica, Abg. SEBASTIAN FLEITAS TRIGO, en representación del Sr. JUSTO PASTOR GALEANO FRANCO contra la S.D. N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia de la circunscripción judicial de la Capital, integrado por los magistrados: Abg. ELSA MARIA GARCIA HULSKAMP (Presidenta), Abg. ARNALDO FLEITAS y Abg. ROSA JANINE RIOS (Miembros Titulares). Efectuado el estudio de todos los antecedentes del caso, el Tribunal acordó plantear y votar las siguientes: CUESTIONES: 1°) ¿Es competente este Tribunal de Apelaciones para entender en la presente causa? 2°) ¿Es admisible el recurso deducido o se impone su rechazo? 3°) ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia impugnada? Practicado el sorteo previsto por Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Abg. ANTONIA LÓPEZ DE GÓMEZ, Dr. GUSTAVO ADOLFO OCAMPOS GONZALEZ y Dra. BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA MIEMBRO PREOPINANTE LÓPEZ GÓMEZ, DIJO: El representante convencional de la Defensa Técnica, Abogado SEBASTIAN FLEITAS TRIGO, interpuso un Recurso de Apelación Especial contra la S.D. N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia de la circunscripción judicial de la Capital, integrado por los magistrados: Abg. ELSA MARIA GARCIA HULSKAMP (Presidenta), Abg. ARNALDO FLEITAS y Abg. ROSA JANINE RIOS (Miembros Titulares), de conformidad al artículo 467 del Código Procesal Penal.
Respecto a la competencia en razón de la materia el articulo 40 inciso 1 del Código Procesal Penal confiere potestad a este Tribunal Colegiado de Alzada para entender en la sustanciación del Recurso de Apelación, según las reglas establecidas en dicho cuerpo normativo, por lo que el Tribunal de Apelación Penal Primera Sala Capital es competente para entender el recurso planteado contra la referida sentencia. ES MI VOTO. A SUS TURNOS LOS MIEMBROS DOCTORES GUSTAVO ADOLFO OCAMPOS GONZALEZ y BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA manifestaron adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA MIEMBRO PREOPINANTE LÓPEZ DE GÓMEZ, DIJO: Corresponde el examen de la admisibilidad de la interposición del recurso de apelación especial deducido en la presente causa. La Sentencia objeto de Recurso de Apelación Especial fue dictada en el marco de una audiencia de juicio oral y público, por un Tribunal Colegiado de Sentencia de la Circunscripción Judicial de la Capital, circunstancia que adecua a la misma dentro de las previsiones del articulo 466 del C.P.P. Conforme al examen de admisibilidad del recurso de apelación especial interpuesto en la presente causa, vemos que el articulo 466 del Código Procesal Penal, establece que: "OBJETO. Sólo podrá deducirse el recurso de apelación especial contra las sentencias definitivas dictadas por el juez o el tribunal de sentencia en juicio oral", asimismo el artículo 467 del mismo cuerpo legal, reza: "...MOTIVOS. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal...", asi también el articulo 468 del Código de forma preceptúa: "...El recurso de apelación se interpondrá ante el juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días luego de notificada, y por escrito fundado, en el que se expresará, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá deducirse otro motivo...". En efecto el impugnante recurre la Sentencia Definitiva N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014, la cual dicta la condena del procesado, el señor Justo Pastor Galeano Franco. Que, siguiendo con el análisis de la admisibilidad, corresponde emitir juicio con respecto a la existencia de todos los requisitos necesarios a los efectos de admitir el estudio del recurso interpuesto contra la sentencia definitiva N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014, por el Tribunal Colegiado de Sentencia, integrado por los magistrados: Abg. ELSA MARIA GARCIA HULSKAMP (Presidenta), Abg. ARNALDO FLEITAS y Abg. ROSA JANINE RIOS (Miembros Titulares), de acuerdo a las reglas de los artículos 466, 467, y 468 todos del C.P.P., y desde esa óptica vemos que la pretensión recursiva planteada debe cumplir con ciertos presupuestos básicos para ser considerado por el órgano de alzada, entre otros: a)legitimación activa; b)presentación en tiempo por quien es parte del proceso; c)cumplimiento de los requisitos formales y d)que las resoluciones recurridas sean de las afectables al mecanismo de impugnación efectivamente ejercido. Indudablemente, la proposición recursiva cumple con los requisitos establecidos como puntos a) en atención a que el presente recurso es interpuesto por las Abogadas Defensoras del procesado, quien a todas luces tiene legitimación activa en el presente juicio, por ser uno de los sujetos fundamentales del mismo, con respecto al presupuesto c), los requisitos formales, los mismos se encuentran presentes, en atención a que efectivamente ha sido interpuesto el presente recurso ante el Presidente del Tribunal Colegiado de Sentencia que dictó la resolución, por escrito fundado, el cual expresa concretamente cada punto impugnado y la solución propuesta por la parte recurrente es la nulidad de la sentencia sometida a estudio, conforme a lo ordenado por el articulo 468 del Código Procesal Penal. Con respecto al punto d), que guarda relación con la afectabilidad del recurso, cabe señalar que efectivamente se cumple con el requisito establecido en el articulo 466, en atención a que la resolución recurrida es una Sentencia Definitiva de primera instancia dictada por un Tribunal Colegiado de Sentencia en Juicio Oral. Y en lo que hace relación con el punto b), o sea, a la presentación o interposición del recurso en el plazo o tiempo fijado por la ley -que es de diez dias conforme lo establece el Art. 468 primer párrafo in fine del C.P.P.- por quien es parte del proceso, al ser interpuesto dicho recurso dentro de los diez dias estipulados por el articulo 468 del C.P.P., deviene admisible dicho recurso. Y ello es asi, porque revisadas las constancias de autos, se tiene que el A-quo, ha dictado sentencia definitiva en fecha 18 de diciembre de 2.014, habiéndose dado por notificado el entonces representante convencional de la Defensa Técnica, Abg. SEBASTIAN FLEITAS TRIGO, conforme a la nota de retiro de copias de la Sentencia Definitiva recaída en autos, en fecha 30 de diciembre de 2.014, obrante a fojas 1020 de autos. El Recurso de Apelación Especial fue interpuesto debidamente fundado por el abogado defensor, Abg. Sebastián Fleitas Trigo, en fecha 12 de enero de 2.015, obrante a fojas 1022/1028, podemos concluir que el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo y en la forma prevista en el art. 468 del C.P.P. ES MI VOTO. A SUS TURNOS LOS MIEMBROS DOCTORES GUSTAVO ADOLFO OCAMPOS GONZALEZ y BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA manifestaron adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA LA MIEMBRO PREOPINANTE LÓPEZ DE GÓMEZ, DIJO: Entrando al análisis de la cuestión planteada, debemos mencionar las disposiciones del articulo 467 del C.P.P. que dice: "...El recurso de apelación contra la sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal...". Del texto de la norma transcripta, surge que el recurso de apelación especial trata sobre el control de la sentencia y sus fundamentos, es decir, sobre el fundamento legal en que se basa la resolución o sentencia dictada por el tribunal de juicio oral. Ahora bien, por el principio de inmediación, le está vedado a éste Tribunal de Alzada, ir más allá de ese control, dicho en otros términos, no puede controlar la valoración de las pruebas que caen directamente bajo la observación del tribunal de sentencia del juicio oral. De lo referido no resulta ocioso hacer consideraciones de naturaleza jurisprudencial acerca de los motivos que hacen procedentes la via recursiva contra la sentencia definitiva de primera instancia. Asi la Corte Suprema de Justicia, por el Acuerdo y Sentencia N° 918 del 21 de junio del 2.004, en la cusa: "Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el señor MAGNO ALVAREZ, bajo patrocinio del Abogado GIGILBERGER en los autos HELIO NÚÑEZ, sobre supuesto hecho punible de difamación,- calumnia y otros", menciona: "...todo aquello atinente a la determinación de la circunstancia del tiempo, modo y lugar del hecho objeto del juicio, la valoración y selección de la prueba, la determinación del grado de participación, el elemento subjetivo de la reprochabilidad, la apreciación anímica y síquica en general, la individualización y graduación de la pena, la aplicación del principio "in dubio pro reo", etc.; no son posibles de verificación por medio de ninguno de los recursos previstos en nuestro ordenamiento procesal penal... en tal sentido, es menester mencionar que la apelación especial como la propia casación, de ninguna manera puede llegar a constituirse en una nueva instancia sobre los hechos investigados, dado de que, de ser así, se realizaría "duplicación de juicio". Por dicho motivo, atendiendo al imperativo que nos enmarca el mencionado principio de mediación-base angular sobre el que descansa todo juicio oral, sólo los jueces que presenciaron el juicio están habilitados para deliberar y votar la sentencia, y por ese mismo principio, un Tribunal posterior, que no ha presenciado el desarrollo de la prueba y el debate, carece de legitimidad para dictar un nuevo fallo, por lo menos sobre la base de los mismos hechos que determinaron la sentencia...". (Sic) Que, por S.D. N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014el Tribunal Colegiado de Sentencia, resolvió: "1) DECLARAR, la competencia del TRIBUNAL COLEGIADO DE SENTENCIA integrado por los jueces: ABG. ELSA MARIA GARCIA HULSKAMP,como Presidenta del mismo: ABG. ARNALDO FLEITAS y ABG. ROSA JANINE RIOS como Miembros Titulares, para entender en la presente causa y la procedencia de la acción penal. 2) DECLARAR operada la prescripción, respecto al hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso (art. 251 del C.P.). Declarar por unanimidad la existencia del hecho punible de ESTAFA, probado en juicio 3) DECLARAR por unanimidad acreditada la participación de JUSTO PASTOR GALEANO, como autor en el hecho punible de ESTAFA, probado en juicio. 4) CALIFICAR por unanimidad la conducta de JUSTO PASTOR GALEANO, dentro de las disposiciones del art. 187 inciso 1° y 2°, en concordancia con los Arts. 26, 27 y 29 inc. 1° todos del Código Penal 5) DECLARAR por unanimidad la reprochabilidad de JUSTO PASTOR GALEANO, por su conducta típica y antijurídica demostrada en juicio. 6) CONDENAR por unanimidad al ciudadano JUSTO PASTOR GALEANO FRANCO, paraguayo, comerciante, casado, nacido en fecha 17 de mayo de 1963, con C.I. N° 749.424, domiciliado en ZeballosCué- Teniente Acosta del Barrio San Miguel de la Ciudad de Asunción, a la Pena Privativa de Libertad de TRES (03) AÑOS SEIS (06) MESES, a ser cumplida en la Penitenciaría de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución. 7) MANTENER por unanimidad la prisión preventiva decretada contra el acusado JUSTO PASTOR GALEANO FRANCO. 8) DECLARAR no probados, por unanimidad, los presupuestos de la punibilidad en la conducta de INOCENCIA REYES, en el hecho punible de ESTAFA. 9) ABSOLVER de reproche y pena, a INOCENCIA REYES Vda. DE ALVAREZ, paraguaya, ama de casa, nacida en fecha 01 de mayo de 1939, con C.I. N° 907.425, domiciliado en Zeballos Cué - Teniente Acosta, del Barrio San de la Ciudad de Asunción. 10) LEVANTAR las medidas cautelares impuestas a la acusada INOCENCIA REYES Vda. DE ALVaREZ, paraguaya, ama de casa, nacida en fecha 01 de mayo de 1939, con C.I. N° 907.425, domiciliado en ZeballosCué - Teniente Acosta, del Barrio San Miguel de la Ciudad de Asunción. 11) IMPONER, las costas al condenado JUSTO PASTOR GALEANO, respecto a la acusada INOCENCIA REYES costas en el orden causado. 12) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Exorna. Corte Suprema de Justicia...". (Sic). El representante convencional de la Defensa Técnica del procesado Justo Pastor Galeano, Abg. Sebastián Fleitas Trigo, se agravia contra la Resolución impugnada, argumentando cuanto sigue: "...Que, el Tribunal de Sentencia ha violado el Art. 16 de la C.N. que en forma clara establece que el justificable es el que tiene el legitimo derecho de ser juzgado por Tribunales y Jueces competentes. A ese efecto, esta defensa técnica ha promovido Acción de Inconstitucionalidad contra la S.D. N° 53 de este mismo Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Cuarta Sala, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, razón por la cual la S.D. N° 53 no está firme y por lo tanto el Tribunal de Sentencia no tiene competencia para realizar el juicio oral y público, más aún cuando tenían conocimiento con mucha antelación de la promoción de la Acción al comunicárselos por escrito, obrante en el expediente judicial, que la resolución del renvió no se encontraba firme y ejecutoriada. El art. 559 del C.P.C. en forma clara establece que la solo interposición de la Acción de Inconstitucionalidad suspende los efectos de la S.D. N° 53 del 24 de Setiembre del 2014 al tratarse de sentencia definitiva, por lo cual bajo ningún sentido el Tribunal de Sentencia tenia COMPETENCIA para realizar el juicio oral y público de la presente causa. El Tribunal de Sentencia no solo se apartó de los mandatos de la Constitución Nacional sino que al mismo tiempo obro como si fuera un órgano competente para desarrollar el juicio oral y público cuestiones que eran ajenas a su competencia, con lo cual, se extralimito abiertamente en sus funciones, invadiendo a las que son propias de la Sala Constitucional, contrariando así los principios del Debido Proceso, Seguridad Jurídica, entre otros principios que rigen el nuevo proceso penal. 2) SENTENCIA ARBITRARIA Y FALTA DE FUNDAMENTACION (Art: 256 C.N.) EN CUANTO A LA AUTORIA: al realizar una simple lectura de la S.D. N° 392 fácilmente se puede observar que existe una clara violación al Art. 256 de la Constitución Nacional, al no estar fundada en las disposiciones legales señaladas, requisito que todo juzgador debe cumplir y ante la ausencia de este requisito por si sola la nulidad del auto impugnado. El Tribunal de Sentencia solo se limita a realizar frases rutinarias, comentar actos procesales, definición del hecho punible de Estafa y en absoluta fundo en ninguna ley. La supuesta fundamentación de la autoría de mí defendido es a todas luces infundada y viola las reglas de la sana crítica ya que la supuesta conducta de mi defendido no reúne un solo requisito del Art. 187 del C.P. Aquí no pretendo que se efectué una revalorización de las pruebas producidas en el juicio oral y público, ya que sabido es, que tal situación está vedada al Tribunal de Apelaciones. Lo que pretendo dibujar es el escenario factico en el que se desarrollo la construcción argumental del Tribunal de Sentencia, haciendo mención de los supuesto elementos probatorios con los que conto para acreditar la autoría. En ese sentido es ilógico e irracional lo argumentado por el Tribunal de Sentencia de que mi defendido engaño al Gerardo Javier Pérez, cuando en realidad el señor Gerardo Javier Pérez fue el que utilizo el Poder Especial con la cual transfirió el inmueble a la señora Inocencia Reyes y en ningún momento acredito fehacientemente como llego al Poder Especial a su nombre y quien le dio ese Poder Especial? EN RESUMEN LA SUPUESTA CONDUCTA DE MI DEFENDIDO NO REUNE UN SOLO REQUISITO EXIGIDO EN EL ART. 187 INC. 1° Y 2° POR LO CUAL LA CONDENA IMPUETA ES A TODAS LUCES ARBITRARIA E ILEGAL. Para el efecto la doctrina señala respecto: "La motivación de la sentencia es el conjunto razonamientos de hecho y derecho en los cuales el Juez apoya su decisión". (Oscar R. Pandolfi. Recurso de Casación Penal Ed. La Roca - Bs.As. 2011 - Pág. 419). V.V.E.E la arbitrariedad de las sentencias se manifiestan en los casos en los que el juzgador "sin brindar razón alguna y fundado en su sola opinión personal, se pronuncia haciendo caso omiso de los extremos facticos y legales del caso arribando a una conclusión jurídicamente inadmisible, provocando por ende un daño a una de las partes o bien ambas" (De Santo, Tratado de los Recursos, Tomo II, página 313). 3) EL TRIBUNAL DE SENTENCIA INBOSERVO LO DISPUESTO EN EL ART.400 DEL C.P.P.: examinadas las constancias del expediente judicial, se advierte gue efectivamente se ha condenado en virtud a una calificación jurídica distinta a la admitida en el auto de apertura a juicio oral y público (Art. 187 inc. 1o C.P.), según A.I. N° 604 de fecha 11 de agosto del 2011, (fs. 413 al 419 expte. Judicial) sin ser advertido a la defensa sobre la posibilidad del cambio de dicha calificación, conforme a lo dispuesto en el Art. 400 del C.P.P. Lo irracional y arbitrario es que en la propia S.D. N° 392 en el resuelve de su punto 4 el Tribunal de Sentencia califico la conducta de mi defendido dentro del Art. 187 inc. 1° y 2° del C.P., cuando en realidad son dos conductas totalmente diferentes una de otras. En efecto, el aludido Art. 400 C.P.P., dispone cuanto sigue: "La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio oral, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa. En la presente causa se advierte que el Tribunal de Sentencia varió la calificación jurídica que fuera admitida en el auto de apertura a juicio por A.I. N° 604 y en la acusación sin habérsele advertido a la defensa sobre tal cambio de subsunción dentro del inc. 2° Art. 187 del C.P., conforme a lo que dispone el Art. 400 del C.P.P., por tal motivo, se configuro una evidente vulneración del derecho a la defensa (Art. 17 C.N., Art. 6 C.P.P.) que debe ser reparado por la vía del recurso de apelación especial. En resumen el tribunal de sentencia al haber omitido la advertencia de la modificación de la calificación jurídica que establece el Art. 400 C.P.P., vicia dicha calificación por correcta que resulte, habida cuenta que ello implico una vulneración al derecho de la defensa del acusado. 4) S.D. N° 392 ES INCONGRUENTE Y VIOLA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, ART. 403 INC. 4 DEL C.P.P.: El Tribunal de Sentencia dio por acreditado que existió una tentativa de Estafa en la presente causa, párrafo 2do. De la pág. 20 de la S.D. N° 392, y que la ESTAFA NOSE LLEGO A CONSUMAR, sin embargo en forma totalmente incongruente y arbitraria sin la advertencia establecida en el Art. 400 del C.P.P., en el que resuelve sin numeración declararon por unanimidad la existencia del hecho punible de estaba probado en juicio. En este punto está demostrado la arbitrariedad, la incongruencia y la violación de la sana critica, ya que el Tribunal de Sentencia por un lado llega a la conclusión de que existió una tentativa de estafa y que la estafa no se llego a consumar y por la otra en el resuelve declararon por unanimidad la existencia del hecho punible de Estafa, probado en juicio. 4) S.D. N° 392 ES INFUNDADA, ARBITRARIA, CONTRADICTORIA Y VIOLA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, ART. 403 INC.4 C.P.P.: en la S.D. N° 392 existe una clara violación de la regla de la sana critica en el sentido de cómo puede ser que el Tribunal de Sentencia por unanimidad luego del debate llego a la conclusión que la conducta de mi defendido fue la tentativa de estafa tipificada en el Art. 1887 inc. 2° y en el resuelve sin numeración declaran que por unanimidad calificar la conducta de mi defendido dentro del Art. 187 inc. 1 e inc. 2°, cuando en realidad son dos conductas diferentes. Esta arbitrariedad y contradicción se comprueba fácilmente con una simple lectura en el resuelve en su punto 4 en la cual por unanimidad calificaron la conducta de mi defendido dentro del Art. 187 inc. 1 y inc. 2°. Para concluir, para justificar una decisión como esta condena el Tribunal de sentencia no recurrió a lo que manda la Ley, por el contrario se dejó llevar por la necesidad de encontrar un culpable, por el solo hecho de no dejar impune un crimen, del cual mi defendido no tiene ninguna responsabilidad. Termina peticionando Anular la S.D. N° 392 del 18 de diciembre del 2014 y Disponer el reenvió para la reposición del juicio por parte de otro Tribunal de Sentencia..." (sic.). Por su parte la representante del Ministerio Público, Agente Fiscal Abg. Silvana Otazú, al momento de contestar el traslado, ha manifestado: "...Que, el apelante señala la violación de la defensa en juicio debido a que el Acuerdo y Sentencia que revoca la Sentencia Condenatoria inicial dictada en el año 2012 fue impugnado presentando una acción de inconstitucionalidad invocada por la defensa técnica, no se pudo verificar si la misma surtió sus efectos al no haber comunicación alguna al respecto de la Sala Constitucional ni solicitud a la vista del expediente judicial. Arbitrariedad por falta de fundamentación en cuanto la autoría es otro vicio indicado pero a la largo de la sentencia condenatoria se relata así como durante el juicio oral, que JUSTO PASTOR GALEANO habiendo participado activamente en la producción mediata del documento público de contenido falso, conociéndose el carácter de falsa de la supuesta transferencia del inmueble del octogenario NIÑO BENITEZ, igualmente realizo las gestiones para su suegra Inocencia Reyes quedara como propietaria del mismo, ofreciendo al público dicho inmueble por un valor superior al obrante en el documento por lo cual la participación se encuentra plenamente delimitada.
Inobservancia del Artículo 400 del C.P.P. arbitrariedad por contradicción y violación de la sana crítica, en el que señala que se calificó la estafa no en lo previsto en el art. 187 inciso 1ro. Del Código Penal como ocurrió en la imputación y auto de apertura a juicio sino como en el inciso 2do. como un caso grave. El apelante expresa su discordancia con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, conforme a la sana critica, en virtud del principio de inmediación, por lo que esta fuera del alcance del Tribunal de Alzada estudiarlos nuevamente, verificando si las pruebas estimadas como convincentes para el Juzgador pueden ser refutadas. Al no poder individualizar en la actuación jurisdiccional ningún vicio de arbitrariedad debe considerarse la inadmisibilidad de la presente apelación en la que no se encuentra la lesión correcta sufrida. De todo lo expuesto, esta Representación Publica, basada en los antecedentes del caso precedente mente analizado y que hacen al derecho positivo vigente, concluye que corresponde NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION ESPECIAL planteado por la defensa del procesado JUSTO PASTOR GALEANO FRANCO contra la Sentencia Definitiva N° 392 del 18 de diciembre de 2014 dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado, dictada en la presente causa, por inadmisible...". (sic.) Seguidamente corresponde analizar lo manifestado por las partes, asi como las constancias de autos, a fin de determinar la procedencia o no del recurso de Apelación especial interpuesto. En ese sentido, el apelante afirma que se ha violentado el articulo 16 de la C.N. de la defensa en juicio, que existe una Acción de Inconstitucionalidad endiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia y que la S.D. N° 53 no está firme; la resolución impugnada es arbitraria y falta de fundamentación en cuanto a la autoría; el Tribunal de Sentencia inobservo el articulo 400 del C.P.P.; la Resolución es incongruente y viola las reglas de la sana critica, es infundada, arbitraria y contradictoria (Art. 403 inc. 4 del C.P.P. Una vez conceptualizado el alcance del error invocado el apelante, el primer agravio del apelante deviene improcedente por la razón de que según acta de juicio oral obrante a fs. 992/1004, observamos que el Tribunal de Sentencia ha resuelto cada incidente propuesto por las partes y no se visualiza en dicha acta que el apelante haya interpuesto recurso de reposición y la reserva de apelación ante lo resuelto por el Tribunal de Mérito, razón por la cual este Tribunal de Alzada no está habilitado para estudiar dicha petición, por no ajustar a lo establecido en el art. 467 del C.P.P., última parte.
Que, debemos destacar que en varios pasajes de la Expresión de Agravios obrante a fs. 1022/1028 de autos, los mismos se refieren a la situación fáctica debatida en el transcurso del Juicio Oral y considerada por el Tribunal de Sentencia; al respecto, debemos recordar que de acuerdo a la legislación, doctrina y jurisprudencia vigentes, el Tribunal de Alzada no puede modificar los "hechos" fijados por el Tribunal de Mérito, limitándose a verificar la existencia de la inobservancia o errónea aplicación de algún precepto legal, lo que se ha dado en llamar "principio de intangibilidad de los hechos" y sobre las pruebas que han sido valoradas por dicho tribunal "principio de intangibilidad de las pruebas", salvo, caso de evidente violación a las reglas de la sana critica, sobre medios o elementos probatorios de valor decisivo (Art. 403 numeral 4 in fine C.P.P.) por lo que el control a ejercer en segunda instancia se circunscribe a la aplicación del derecho y a la legitimidad de la sentencia (Art. 467 C.P.P.). De las constancias de autos surge que el Tribunal de Sentencia al momento de analizar la segunda cuestión, ha llegado a la convicción plena de la existencia de los siguientes hechos: "...A la luz de las reglas de la sana critica, asi como de la experiencia común, la lógica formal y la sicología, el tribunal por unanimidad ha llegado al convencimiento pleno que ha quedado demostrado en juicio que en fecha 17 de octubre de 2.007 fue otorgado un poder especial, obrante a fs. 160 de la carpeta fiscal, a favor del Señor Gerardo Pérez, autorizado por la escribana pública, Nora Riquelme por escritura N° 80 para la disposición del inmueble matriculado P839 de la localidad de Esteban Martínez, perteneciente al Sr. Niño Benítez, según título de propiedad obrante a fs. 11/18 de la carpeta fiscal; por escritura pública N° 16 de fecha 1 de diciembre de 2.007, autorizada por la escribana pública Carmen Balbuena, obrante a fs. 52 de la carpeta fiscal, Gerardo Pérez transfirió la mencionada propiedad a favor de Inocencia Reyes. Posteriormente dicha escrito, fueron anuladas por la S.D.N°181 de fecha 24 de abril de 2.012 dictadas por la Jueza de Primera Instancia en Lo Civil y Comercial LUZ MARLENE RUIZ DIAZ, en razón de que la firma que aparece en el poder especial, atribuido a Niño Benítez no le pertenece y por consiguiente resulta apócrifo. Igualmente se probó en juicio, con la declaración de la escribana Carmen Balbuena, que Gerardo Pérez y Justo Pastor Galeano mantenían relaciones comerciales, lo cual surgió de la declaración de Gerardo Pérez y de la declaración indagatoria de Justo Pastor Galeano, Es así que la escribana Balbuena manifestó que Pérez y Galeano siempre andaban juntos y que fue Justo Pastor Galeano quién le pidió realizar la transferencia de la propiedad con matricula P839. La escribana Balbuena realizó los trámites legales previos, como ser las condiciones de dominio según consta a fs. 8/10 de la carpeta fiscal y ello verificó que el poder especial otorgado a favor de Gerardo Pérez se hallaba vigente, según consta con el informe de los registros públicos obrante a fs. 33 de la carpeta fiscal. Igualmente mencionó la escribana Balbuena que la transacción se realizó por la suma de 40.000.000 Gs siendo la compradora la Sra. Inocencia Reyes; dicha suma de dinero no fue entregada en su presencia. Posteriormente, en abril de 2.008 dicha escritura de transferencia fue inscripta en los Registros Públicos, según informe obrante a fs. 21 de la carpeta fiscal. El dictamen pericial, obrante a fs. 417/433 de la carpeta fiscal concluyo que la firma obrante en el poder especial no correspondía al Sr. Niño Benítez y que presentaba similitud con la grafía del Sr. Justo Pastor Galeano, dicha conclusión es conducente con lo resuelto en el fuero civil a través de la S.D. N° 181 ya citada. Determinado los hechos de la forma expresada, el Tribunal da por acreditado que existió una tentativa de estafa en la presente causa, resultando víctima el Sr. Niño Benítez y que el autor con certeza de dicha tentativa de estafa es el Sr. Justo Pastor Galeano, ya que el mimo participo o intervino en la confección del poder especial apócrifo y el cual fue utilizado para transferir la propiedad del Sr. Niño Benítez a favor de su suegra, Inocencia Reyes" (sic). Que la conducta del acusado es además de típica, antijurídica y reprochable y por ende punible; por dicha circunstancia indicada el Tribunal de Mérito ha calificado la conducta del acusado JUSTO PASTOR GALEANO, dentro de la previsión legal del art. 187 inc. 1° y 2°, en concordancia con los artículos 26, 27 y el art. 29 inc. 1° el Código Penal. Conforme a lo mencionado líneas arriba, la primera parte de las conclusiones a que ha arribado el Tribunal de Mérito, refiere a los "hechos" que no pueden ser modificados por este Tribunal, debiendo limitarse al estudio de la aplicación de la Ley sustantiva a la plataforma fáctica considerada como cierta por el Tribunal de Sentencia; es decir, si corresponde que tales conductas sean subsumidas o no dentro de los tipos penales previstos en el art. 187 inc. 1° y 2°, en concordancia con los artículos 26, 27 y el art. 29 inc. 1° el Código Penal. Al respecto, es importante destacar que la subsunción consiste en la actividad intelectual realizada por el juez, tendiente a lograr una adecuación legal a la conducta desplegada por el agente; o como menciona Couture, el enlace lógico de una situación particular, especifica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética realizada de ante mano por el legislador, siendo una tarea fundamental por parte del juzgador la búsqueda de las premisas adecuadas para la correcta realización del silogismo judicial o sentencial.
Otro de los elementos a ser considerados, consiste en el elemento subjetivo "dolo"; el cual según la doctrina dominante se compone a su vez de dos elementos: 1) El cognoscitivo; y 2) El volitivo; del relato de hechos acreditado por el Tribunal de mérito surge que JUSTO PASTOR GALEANO, tuvo conocimiento de todos los elementos de tipo penal; es decir, ha obrado con plena capacidad de auto determinarse conforme al conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Toda gestión consciente es dirigida por la voluntad de la acción, es decir, por la cognición de lo que se intenta y por la disposición al respecto de pretender ejecutarlo (el momento volitivo). Asi las cosas, de acuerdo a la relación fáctica enunciada por el Tribunal de Sentencia, se encuentran reunidos todos los elementos objetivos y subjetivos de tipo penal previsto en el art. 187 inc. 1° y 2°, en concordancia con los artículos 26, 27 y el art. 29 inc. 1° el Código Penal. Que, siguiendo con el estudio de los agravios de la defensa de JUSTO PASTOR GALEANO, vemos que se refiere que la sentencia impugnada es incongruente, infundada, arbitraria y contradictoria (art. 403 inciso 4) del C.P.P., del examen de la sentencia impugnada se advierte que no adolecen de los vicios argumentados por el recurrente. El Tribunal Colegiado de Sentencia ha efectuado un minucioso análisis de los elementos de prueba recolectados durante la etapa de investigación, depurados en la audiencia preliminar y diligenciada en juicio oral y público, lo que ha formado en ellos una convicción que ha quedado plasmada en la resolución. No se observan defectos en la fundamentación por parte del órgano colegiado juzgador, ni defectos en la forma de valoración de las pruebas. Las decisiones vertidas en juicio oral fueron resultado de la lógica aplicada por los jueces miembros del tribunal de sentencia al momento de valorar los elementos de pruebas arrimados ante dicho órgano, valoración que también ha sido efectuada de acuerdo a las reglas de la sana critica. La sentencia recurrida fue resultado de un estudio profundo del caso sin violentar disposiciones constitucionales, procesales y penales algunas como refiere la recurrente. Que, en cuanto a las objeciones realizadas contra los argumentos sostenidos por el Tribunal Colegiado al momento de, evacuar cada punto de las bases de la medición de la pena, sostengo lo siguiente: por el principio de inmediación que sirve de sustento al proceso penal oral, la individualización de la pena y su graduación, al estar basados en hechos, corresponde únicamente al Tribunal de Mérito. Ahora bien, si al analizar una apelación se llegara a estimar un error jurídico en la medición de la pena o falta de fundamentación conforme establece el articulo 65 del C.P., por parte delTribunal Colegiado, a la instancia de Alzada únicamente le cabe anular el fallo con relación a lo apuntado y ordenar su reenvió a otro Tribunal de Sentencia a fin de la realización, de un nuevo juicio acerca de la pena a ser aplicada en definitiva. Siendo la medición de la pena un acto por el cual el Tribunal efectúa la evaluación de la conducta reprochable y propia del autor o partícipe en una actividad intelectual, individual y subjetiva, constreñido por referentes objetivos, que se hallan presentes en el hecho investigado, dicha tarea comienza con la tipificación, que no es más que la adecuación o subsunción de la conducta del autor o partícipe del hecho punible a la norma respectiva, y finalmente se llega a la parte más difícil de la determinación de la pena, cual es la determinación del marco penal que constituye la descripción de la sanción prevista para el hecho punible en cuestión. Y no olvidemos que la razón de ser de la punición se halla en la prevención y la protección de la sociedad, así como la readaptación del autor a una vida sin delinquir, circunstancia que encuentra su eco constitucional en el artículo 20 de la Carta Magna. En el caso que nos ocupa vemos que el Tribunal Colegiado ha determinado la pena impuesta al encausado JUSTO PASTOR GALEANO, sopesando todas las circunstancias generales a favor y en contra del mismo. De lo referido no resulta ocioso hacer consideraciones de naturaleza jurisprudencial acerca de los motivos que hacen procedentes la vía recursiva contra la sentencia definitiva de primera instancia. Así la C.S.J.(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA) , por el Acuerdo y Sentencia N° 918 del 21 de junio del 2004, en la causa: "Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el señor MAGNO ALVAREZ, bajo patrocinio del abogadoGIGILBERGER en los autos ELIO NUÑEZ, sobre supuesto hecho punible de difamación, calumnia y otros", menciona: "...todo aquello atinente a la determinación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar del hecho objeto del juicio, la valoración y la selección de la prueba, la determinación del grado de participación, el elemento subjetivo de la reprochabilidad, y la apreciación anímica y psíquica en general, la individualización y graduación de la faena, la aplicación del principio "in dubio pro reo", etc. ; no son posibles de verificación por medio de ninguno de los recursos previstos en nuestro ordenamiento procesal penal... En tal sentido, es menester mencionar que la apelación especial como la propia casación, de ninguna manera puede llegar a constituirse en una nueva instancia sobre los hechos investigados, dado de que, de ser así, se realizaría "duplicación de juicio". Por dicho motivo, atendiendo al imperativo que nos enmarca el mencionado principio de mediación -base angular sobre el que descansa todo juicio oral-, sólo los jueces que presenciaron el juicio están habilitados para deliberar y votar la sentencia, y por ese mismo principio un Tribunal posterior, que no ha presenciado el desarrollo de la prueba y el debate, carece de legitimidad para dictar un nuevo fallo, por lo menos sobre la base de los mismos hechos que determinaron la sentencia. (sic). Que, las conclusiones del Tribunal de Juicio Oral y Público de acuerdo a lo expuesto, han sido el producto de la valoración conjunta y armónica de las pruebas aportadas al juicio en el debate, conforme a las reglas de la sana critica, resultando la fundamentación de lo tenido por acreditado, sobre la base de los parámetros de valoración de la lógica, la racionalidad conforme a la experiencia común, por lo que los agravios en este punto resultan, sin sustento fáctico, debiendo ser desestimados. Que, con relación a la supuesta violación del artículo 400 del C.P.P, vemos no se ha violentado la defensa en juicio del procesado JUSTO PASTOR GALEANO FRANCO, entre la acusación y la sentencia dictada por el Tribunal de Mérito existe una consonancia entre ellas, el procesado no fue condenado por un tipo penal distinto al solicitado en la acusación y en la apertura de juicio oral. Luego de analizados los agravios expuestos en cada punto, procedemos al examen de la sentencia en estudio por via del recurso de apelación especial, que fuera interpuesto por el representante de la defensa del condenado, y dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio Oral, del que resulta que en cuanto a su estructura, cumple con las normas referidas a su deliberación y votación, en lo que hace a su competencia, procedencia de la acción, como de su resolución, las relativas a la existencia del hecho punible y la punibilidad, como a la individualización de la sanción. En cuanto a los requisitos de la sentencia en cuestión, en la misma se ha hecho mención de la forma de integración del Tribunal y el lugar y la fecha en que se ha dictado, la enunciación de los hechos objeto del juicio, la forma en que se votaron las cuestiones planteadas, lo que se estimó acreditado, reservándose en la parte dispositiva lo atinente a las normas aplicables, siendo rubricada finalmente por los Juzgadores intervinientes. Del examen de los vicios que pueda contener la misma, se tiene que el condenado ha sido convenientemente identificado, formulándose a su vez en la sentencia una enumeración de los hechos objeto de juicio y de lo que se estimó acreditado. Que finalmente, en mérito a todo lo precedentemente expuesto, soy del parecer que la sentencia impugnada (S.D. N°392 de fecha 18 de diciembre de 2014), debe ser confirmada por hallarse ajustada a derecho. En tales condiciones al no haberse determinado la existencia de la errónea aplicación de ningún precepto de la Ley sustantiva, se descarta los vicios referidos por la defensa, por lo que corresponde que la sentencia apelada sea confirmada.
En cuanto a las costas, siempre en concordancia con el principio general de las costas, serán soportadas por la parte vencida, en este caso, al condenado. ES MI VOTO. A SUS TURNOS LOS MIEMBROS DOCTORES GUSTAVO ADOLFO OCAMPOS GONZALEZ Y BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA manifestaron adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto, firmando la presente acta los Excmos. Señores Miembros, previa lectura yratificación de su contenido, por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Asunción, 09 de abril de 2015.
VISTOS: Los fundamentos del acuerdo precedente, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, RESUELVE: 1. DECLARAR la competencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera Sala, en la presente causa. 2. DECLARAR admisible el Recurso de Apelación Especial interpuesto por el representante de la Defensa Técnica Abg. Sebastián Fleitas Trigo, en representación de Justo Pastor Galeano Franco, en contra de la S.D. N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014. 3. CONFIRMAR la sentencia recurrida (S.D. N° 392 de fecha 18 de diciembre de 2.014), dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado integrado por los magistrados: Abg. ELSA MARIA GARCIA HULSKAMP (Presidenta), Abg. ARNALDO FLEITAS y Abg. ROSA JANINE RIOS (Miembros Titulares), de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 4. IMPONER las costas al condenado.
5. ANOTAR, registrar, notifica y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. Abog. Antonia López de Gómez. Miembro Bibiana Benítez Faria. Miembro Gustavo A. Ocampos. Miembro Ante mí:
Abog. Luz D. Jiménez. Actuaria (mc)

References: artículo 467
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 resolución 
in fine
 resolución 
in dubio
 Resolución 
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 Artículo 400
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 artículo 20
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