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Timestamp: 2018-05-23 09:00:10+00:00

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emisores de estándares
1. La Convención de Viena
2. La Convención de Palermo
3. La Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo
4. Resolución 1373 del Consejo de
5. Programa Mundial contra el Lavado de activos
6. El Comité contra el Terrorismo
B. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos
1. Las cuarenta recomendaciones sobre el lavado de activos
2. Seguimiento del progreso de los miembros
3. Reportes sobre las técnicas y tendencias del lavado de activos
4. La lista de PTNC
5. Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo
6. Metodología para las evaluaciones ALD/ LFT
C. Comité de Basilea de Supervisión Bancaria
1. Declaración de principios sobre el lavado de activos
2. Principios centrales de las operaciones bancarias
3. Debida diligencia del cliente
D. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
E. Organización Internacional de Comisiones de Valores
F. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
Como respuesta a la creciente preocupación sobre el lavado de activos y las activida­ des terroristas, la comunidad internacional ha tomado medidas en varias esferas. La reacción internacional ha sido, en gran parte, reconocer el hecho de que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se aprovechan de los mecanismos internacionales de transferencia de alta velocidad, como las remesas electrónicas, para lograr sus fines. Por tanto, se requieren cooperación y coordinación transna­ cionales concertadas para frustrar los planes de los delincuentes y terroristas.
Los esfuerzos internacionales comenzaron con el reconocimiento de que el nar­
cotráfico era un problema internacional y que sólo podría abordarse eficazmente
sobre una base multilateral. Por lo tanto, la primera convención internacional sobre el lavado de activos consideraba a los delitos relacionados con el narcotráfico como los únicos delitos subyacentes. Un delito subyacente es el delito que produce las ganancias objeto del lavado de activos. Puesto que muchos más tipos de delitos constituyen ahora preocupaciones internacionales, la mayoría de los países incluyen hoy una amplia gama de delitos graves como delitos subyacentes de lavado de activos.
Este capítulo trata sobre los diversos organismos internacionales considerados como las entidades que emiten estándares. Además, describe los documentos y medios que han sido creados para fines de antilavado de activos (ALD) y lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el primer organismo internacional que emprendió acciones significativas para combatir el lavado de activos sobre una base verdaderamente universal.1 La ONU es importante en este aspecto por diversas razones. En primer lugar, es el organismo internacional con la más amplia variedad de miembros. Fundada en octubre de 1945, la ONU tiene actualmente 191 Estados miembros en el mundo.2 Segundo, la ONU dirige activamente un programa para combatir el lavado de activos: el Programa Mundial contra el Lavado de activos (GPML),3 cuya sede está en Viena, Austria, y que forma parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).4 En tercer lugar, y quizás lo más importante, la ONU tiene capacidad para aprobar tratados o convenciones con fuerza de ley en un país, una vez que dicho país haya firmado, ratificado y aplicado la convención, dependiendo de su constitución y su ordenamiento jurídico. En algunos casos, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la facultad para obligar a todos los países miembros, por medio de una Resolución del Consejo de Seguridad, sin reparar en otra acción por parte de un país específico.
1 También ha habido otros esfuerzos internacionales, por ejemplo, “Las medidas contra la transferencia y custodia de fondos de origen delictivo”, aprobadas por el Comité del Consejo de Europa, el 27 de junio de 1980. Sin embargo, no es parte del objetivo de esta Guía analizar en detalle la historia de los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos.
2 “Lista de Estados miembros”, www.un.org/Overview/unmember.htlm
3 Ver http://www.imolin.org/imolin/gpml.html.
4 En 1997, el nombre de la UNDCP fue cambiado por Oficina para el Control de las Drogas y la Prevención de la Delincuencia (ODCCP), y en octubre de 2002 por Oficina de Drogas y Delincuencia (ODC).
Como resultado de la preocupación cada vez mayor con respecto al aumento del narcotráfico internacional y la gran cantidad de dinero relacionada con éste que entra al sistema bancario, la ONU, a través de su Programa para el Control de las Drogas (UNDCP) dio inicio a un acuerdo internacional para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. En 1988, este esfuerzo llevó a la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de Viena).5 La Convención de Viena, denominada así por la ciudad donde fue firmada, y que cuenta con la participación de 169 países, trata principalmente sobre las medidas para combatir el tráfico ilícito de narcóticos y los problemas conexos de la aplicación de la ley.6 Aunque no utiliza el término lavado de activos, la Convención define el concepto y apela a los países para que tipifiquen esta actividad.7 Sin embargo, la Convención de Viena se limita al narcotráfico como delito subyacente y no aborda los aspectos preventivos del lavado de activos. La Convención entró en vigor en noviembre de 1990.
Con el fin de ampliar los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada internacional, la ONU aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (Convención de Palermo).8 Esta Convención, también denominada así por la ciudad donde fue firmada, contiene una amplia gama de medidas para combatir la delincuencia organizada y compromete a los países que ratifican esta Convención a aplicar sus medidas mediante la aprobación de leyes nacionales. Con respecto al lavado de activos, la Conven- ción de Palermo obliga específicamente a cada país que la ratifica a:
• tipificar el lavado de activos y considerar todos los delitos graves como delitos subyacentes al lavado de activos, tanto los cometidos dentro como fuera del país, y permitir que el conocimiento o la intención criminal que se requieren como elemento de un delito tipificado puedan inferirse de circunstancias objetivas;9
5 http://www.incb.org/e/conv/1988/
6 A partir del 1 de agosto de 2004. Ver http://www.unodc.org/unodc/treaty_adherence.html
7 La Convención de Viena, Artículo 3 (b) y (c) (i).
8 http://www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html
9 La Convención de Viena, Artículo 3 (b) y (c) (i).
• establecer regímenes fiscalizadores para impedir y detectar todas las for­ mas de lavado de activos, que incluyan la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y el reporte de operaciones sospechosas;10
• autorizar la cooperación y el intercambio de información entre autoridades
administrativas, fiscalizadoras, encargadas de hacer cumplir las leyes y otras autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, y considerar el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera para recopilar, analizar y difundir información;11 y
• promover la cooperación internacional.12
Esta convención entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, habiendo sido firmada por 147 países y ratificada por 82 países.13 La Convención de Palermo es importante porque sus disposiciones ALD tienen el mismo enfoque adoptado anteriormente por el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI), en sus Cuarenta recomendaciones sobre el lavado de activos.14
3. Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo
El financiamiento del terrorismo era una preocupación internacional ya antes de los ataques en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En respuesta a esta inquietud, la ONU aprobó la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (1999).15 Esta convención entró en vigor el
10 de abril de 2002, con la firma de 132 países y la ratificación de 112.16 (Ver el Anexo 3 de esta Guía de referencia, donde encontrará una lista de conven­ ciones específicas.)
Esta convención exige a los Estados que la han ratificado que tipifiquen como delito el terrorismo, las organizaciones terroristas y los actos terroristas. Bajo esta convención, es ilegal que cualquier persona proporcione o recaude
10 Id., Artículo 7 (1) (a)
11 Id., Artículo 7 (1) (b).
12 Id., Artículo 7 (3) y (4)
13 A partir del 1 de agosto de 2004. Ver http: //www.undcp.org/odccp/crime_cicp_signatures. html
14 Ver el análisis en este capítulo, GAFI.
16 A partir del 20 de marzo de 2003. Ver http://www.untreaty.un.org/ENGLISH/Status/Chapter_
xviii/treaty11.asp
fondos con (1) la intención de que estos fondos se usen para, o (2) el conoci­ miento de que estos fondos se usarán para, llevar a cabo cualquiera de los actos de terrorismo definidos en las otras convenciones específicas que se anexan a esta convención.
4. Resolución 1373 del Consejo de Seguridad
A diferencia de una convención internacional, que requiere ser firmada, ratificada y puesta en ejecución por el país miembro de la ONU para tener la fuerza de una ley dentro de ese país, una Resolución del Consejo de Seguridad, aprobada en respuesta a una amenaza a la paz y seguridad internacionales bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, es válida para todos los países miembros de la ONU.17 El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373,18 que obliga a los países a tipificar las acciones para financiar el terrorismo. Además, exige a los países que:
• nieguen toda forma de apoyo a los grupos terroristas;
• eliminen la provisión de refugios o el apoyo a los terroristas, incluyendo la congelación de fondos o capitales de personas, organizaciones o entidades que participan en actos terroristas;
• prohiban la asistencia activa o pasiva a los terroristas; y
• cooperen con otros países en las investigaciones criminales e intercambiando información sobre actos terroristas.
5. Resolución 1267 del Consejo de Seguridad y resoluciones siguientes
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también ha tomado medidas bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, para exigirles a todos los Estados miembros que congelen los capitales de los talibanes, Osama Bin Laden y Al­Qaeda, así como de las entidades controladas por estos últimos, tal como fuera señalado por el “Comité de Sanciones” (ahora llamado el Comité 1267). La Resolución inicial 1267 del 15 de octubre de 199919 trataba sobre los talibanes, y fue seguida por la Resolución 1333 del 19 de diciembre de 2000,20 sobre Osama Bin Laden y Al­Qaeda. Otras resoluciones posteriores esta­ blecieron acuerdos de seguimiento (la Resolución 1363 del 30 de julio de
17 http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
18 http://www.state.gov/p/io/rls/othr/2001/5108.htm
19 http://www..un.org/Docs/sres/1999/sc99.htm
20 http://www..un.org/Docs/sres/2000/sc2000.htm
200121), fusionaron las listas anteriores (Resolución 1390 del 16 de enero de
200222), estipularon algunas exclusiones (Resolución 1452 del 20 de diciembre de 200223), y medidas para mejorar la puesta en ejecución (Resolución 1455 del 17 de enero de 200324).
El Comité 1267 emite la lista de individuos o entidades cuyos capitales van a ser congelados, y tiene procedimientos establecidos para añadir nombres o borrarlos de la lista, basándose en las representaciones de los Estados miembros. La lista más reciente está disponible en el sitio web del Comité
6. Programa mundial contra el lavado de activos
El Programa mundial de la ONU contra el lavado de activos (GPML) forma parte de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD).26 El GPML es un proyecto de investigación y asistencia, cuyo fin es incrementar la eficacia de las medidas internacionales contra el lavado de activos mediante el ofrecimiento de conocimientos técnicos, adiestramiento y asesoría a los Estados miembros, a solicitud. Sus esfuerzos están centrados en las siguientes áreas:
• aumentar la concienciación de personas clave en los Estados miembros de la ONU;
• ayudar a crear marcos jurídicos con el apoyo de una legislación modelo, tanto para los países basados en los principios del derecho consuetudinario como para aquéllos basados en los del derecho civil;
• desarrollar la capacidad institucional, especialmente con la creación de unidades de inteligencia financiera;
• proporcionar adiestramiento a fiscalizadores legales, judiciales y encargados de hacer cumplir las leyes, así como a los sectores financieros privados;
• promover un enfoque regional para abordar los problemas; desarrollar y mantener relaciones estratégicas con otras organizaciones; y
21 http://www..un.org/Docs/sres/2001/sc2001.htm
22 http://www..un.org/Docs/sres/2001/sc2002.htm
23 http://www..un.org/Docs/sres/2001/sc2002.htm
24 http://www..un.org/Docs/sc/unsc_resolutions03.html
25 http://ods­dds­ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.PDF?Open
26 “Programa mundial contra el lavado de dinero”, http://www.imolin.org/imolin/pml.htm
• mantener una base de datos de información y emprender análisis de infor­
mación pertinente.
Por tanto, el GPML es una fuente de información, conocimientos espe­ cializados y asistencia técnica para establecer o mejorar la infraestructura ALD de un país.
7. El Comité contra el Terrorismo
Tal como se mencionó, el 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución (Resolución 1373) como respuesta directa a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.27 Esta resolución obligaba a todos los Estados miembros a tomar medidas específicas para combatir el terrorismo. La resolución, que es obligatoria para todos los países miembros, también estableció el Comité contra el Terrorismo (CCT) para supervisar el desempeño de los países miembros en el desarrollo de una capacidad mundial contra el terrorismo. El CCT, que está compuesto por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, no es un organismo encargado de hacer cumplir las leyes; no impone sanciones, ni enjuicia o condena a países específicos.28 El Comité busca más bien establecer un diálogo entre el Consejo de Seguridad y los países miembros sobre la forma de alcanzar los objetivos de la Resolución
La Resolución 1373 pide a todos los países que presenten un informe al CCT sobre las gestiones hechas para poner en práctica las medidas de la resolución y notificar regularmente sobre los avances realizados. A este respecto, el CCT ha solicitado a cada país que lleve a cabo una autoevaluación sobre su legislación y mecanismos existentes para combatir el terrorismo contemplados en las exi­ gencias de la Resolución 1373. El CCT identifica las áreas donde un país necesita fortalecer su base e infraestructura legal y facilita asistencia a los países, aunque el CCT en sí mismo no proporciona asistencia directa.
El CCT mantiene un sitio web con un directorio para los países que buscan ayuda para mejorar sus infraestructuras contra el terrorismo.29 Contiene una legislación modelo y otra información útil.
27 Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.
28 Ver http://www.un.org/sc/ctc
B. El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos
Creado en 1989 por los países del G­7,30 el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyos fines son desarrollar y promover una respuesta internacional para combatir el lavado de activos.31 En octubre de 2001, el GAFI amplió su mandato para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo.32
El GAFI es un organismo que elabora políticas y reúne a expertos legales, finan­ cieros y encargados de hacer cumplir las leyes para lograr reformas nacionales legislativas y reglamentarias ALD y LFT. Actualmente, sus miembros son 31 países y territorios, y dos organismos regionales.33 Además, el GAFI trabaja conjuntamente con varios organismos34 y organizaciones35 internacionales. Estas entidades tienen condición de observadores dentro del GAFI, lo cual no les da derecho de voto, pero sin
30 Id., Los países del G­7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino
31 Sobre el GAFI y Financiamiento del terrorismo, en http://www.fatf­gafi.org/
32 Id., en Financiamiento del terrorismo.
33 Los 31 países y territorios miembros son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong­ China, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Los dos organismos regionales son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
34 Los organismos internacionales son grupos regionales estilo GAFI (GREG), cuya composición y funciones son similares a las del GAFI. Algunos miembros del GAFI también participan en los GREG. Estos organismos son: el Grupo Asia/Pacífico sobre el Lavado de Dinero (GAP), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Comité MONEYVAL del Consejo de Europa (anteriormente llamado PC­R­EV), Grupo del Este y Sur de África contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG), y el Grupo de Acción Financiera de Suramérica (GAFISUD). Para un análisis de estos organismos, ver el Capítulo 4, Organismos regionales y grupos pertinentes, Grupos regionales estilo GAFI. El GAFI también trabaja con el Grupo Egmont.
35 Las organizaciones internacionales que tienen, entre otras funciones, una misión o función específica contra el lavado de dinero, son el Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, la Secretaría de la Commonwealth, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Central Europeo (BCE), el Europol, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Interpol, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), la Organización de Estados Americanos/ Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (OEA/CICAD), el Grupo Extraterritorial de Supervisores Bancarios (OGBS), el Programa de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas (UNDCP), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
embargo les permite tener una participación total en las sesiones plenarias y grupos de trabajo.
Las tres funciones principales del GAFI con respecto al lavado de activos son:
1. Supervisar el progreso de los miembros en la aplicación de medidas contra el lavado de activos;
2. Analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y contramedidas del lavado de activos; y
3. Promover la aprobación y aplicación de los estándares de antilavado de activos del GAFI en todo el mundo.
1. Las cuarenta recomendaciones
El GAFI ha aprobado un conjunto de 40 recomendaciones, Las cuarenta reco- mendaciones sobre el lavado de activos (Las cuarenta recomendaciones), que constituyen un marco general para el ALD y están diseñadas para ser aplicadas en todo el mundo.36 Las cuarenta recomendaciones establecen principios para la acción; otorgan a un país flexibilidad para poner en práctica estos principios, según las circunstancias específicas del país y sus exigencias constitucionales. Aunque no tienen validez de ley en un país, Las cuarenta recomendaciones han sido ampliamente reconocidas por la comunidad internacional y las organizaciones pertinentes como los estándares internacionales para el ALD.
Las cuarenta recomendaciones son, en realidad, mandatos para que un país tome medidas si quiere ser considerado por la comunidad internacional como un país que cumple con los estándares internacionales. Cada una de las recomendaciones se analiza en detalle a través de esta Guía de referencia y, particularmente, en los Capítulos 5, 6, 7 y 8.
Las cuarenta recomendaciones fueron establecidas inicialmente en 1990 y han sido revisadas en 1996 y 2003 para tener en cuenta las nuevas tendencias en el área del lavado de activos y para mostrar el desarrollo de mejores prácticas a nivel internacional.
2. Supervisar el progreso de los miembros
La supervisión del progreso de los miembros hacia el cumplimiento de las exigencias de Las cuarenta recomendaciones se realiza mediante un proceso de dos etapas: las autoevaluaciones y las evaluaciones mutuas. En la etapa de autoevaluación, cada miembro responde todos los años un cuestionario estándar sobre su aplicación de Las cuarenta recomendaciones. En la etapa de
36 Las cuarenta recomendaciones, http://www.fatf­gafi.org/pdf/40Recs­2003_en.pdf
evaluación mutua, cada miembro es examinado y evaluado por expertos de otros países miembros.
En el caso de que un país no esté dispuesto a tomar las medidas necese­ rias para lograr el cumplimiento de Las cuarenta recomendaciones, el GAFI recomienda que todas las instituciones financieras den especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las compa­ ñías e instituciones financieras, de tales países que no se ajustan a estas re­ comendaciones, y cuando sea oportuno, denuncien a las autoridades compe­ tentes las operaciones dudosas, es decir, aquéllas que no tienen un propósito económico claro o un objetivo legal evidente.37 En última instancia, si un país miembro no toma las medidas necesarias para lograr el cumplimiento, puede ser suspendido como miembro de la organización. Sin embargo, antes de imponer estas sanciones, existe el proceso de presión entre pares.
3. Reportes sobre las tendencias y técnicas del lavado de activos
Una de las funciones del GAFI es analizar y reportar las tendencias, técnicas y métodos del lavado de activos (también conocidos como tipologías). Para lograr esta parte de su mandato, el GAFI publica informes anuales sobre las novedades en el lavado de activos, a través de su Informe de Tipologías.38 Estos informes son muy útiles para todos los países, no sólo para los miembros del GAFI, para que se mantengan al corriente de las nuevas técnicas o tendencias del lavado de activos y de otras novedades al respecto.
Uno de los objetivos del GAFI es promover la aprobación de estándares ADL/ LFT internacionales para todos los países. Por lo tanto, su mandato va más allá de sus propios miembros, aunque el GAFI sólo puede imponer sanciones a sus países y territorios miembros. Así, con el fin de exhortar a todos los países a que aprueben medidas para prevenir, detectar y enjuiciar a los blanqueadores de dinero, es decir, poner en ejecución Las cuarenta recomendaciones, el GAFI ha adoptado un proceso para identificar las jurisdicciones que representan obstáculos para la cooperación internacional en esta área. El proceso utiliza
25 criterios, que son consecuentes con Las cuarenta recomendaciones, para
37 Id., Rec. 21.
38 Ver Documentos del GAFI, Tendencias y técnicas del lavado de dinero en http://www.fatf­
gafi.org/pdf/TY2004_en.PDF
identificar dichos países y territorios no cooperantes (PTNC) y colocarlos en una lista pública.39
A un PTNC se le exige que arregle rápidamente estas deficiencias. En el caso de que un PTNC no realice los avances necesarios, se pueden imponer medidas. Estas medidas son acciones específicas tomadas por los países miembros del GAFI contra un país que aparece en la lista de PTNC.
Además de dar atención especial a las relaciones comerciales y operaciones provenientes de dichos países,40 el GAFI también puede imponer más medidas, que serán aplicadas de manera gradual, proporcionada y flexible. Estas comprenden:
• requisitos estrictos de identificación de clientes y mejoramiento de las ase­ sorías, incluidas las asesorías financieras específicas de una jurisdicción, prestadas a las instituciones financieras para identificar a los beneficiarios, antes de establecer relaciones comerciales con individuos o compañías de esos países;
• aumentar los mecanismos de reporte pertinentes o los reportes sistemáticos
de operaciones financieras basándose en el hecho de que las operaciones financieras con dichos países son más sospechosas;
• considerar las solicitudes de autorización de filiales, sucursales y oficinas de
representación de los bancos en los países miembros del GAFI, teniendo en cuenta el hecho de que el banco en cuestión es de un PTNC;
• advertir a las empresas no financieras que las operaciones con entidades
de los países conocidos como PTNC pueden correr el riesgo de lavado de activos.41
Por último, estas medidas pueden hacer que los países miembros del GAFI pongan fin a las operaciones con instituciones financieras de tales países. La mayoría de los países realizan esfuerzos coordinados para ser excluidos de la lista de PTNC porque esto ocasiona problemas importantes a sus instituciones financieras y empresas en las operaciones internacionales, así como a su repu­ tación internacional.
39 Iniciativa,3C, http://www.fatf­gafi.org/NCCT_en.htm
40 Las cuarenta recomendaciones, Rec. 21.
41 GAFI, Declaraciones y documentos del GAFI sobre los PTNC. Ver, por ejemplo Nota de prensa,
20 de diciembre de 2002, http://www.fatf­gafi.org/pdf/PR­20021220_en.pdf
5. Financiamiento del terrorismo
El GAFI también se centra en los esfuerzos globales para combatir el financia­ miento del terrorismo. Para lograr su cometido, el GAFI ha aprobado nueve Recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo (Recomenda- ciones especiales).42 Como parte de esta tarea, los miembros del GAFI utilizan un cuestionario de autoevaluación43 de las medidas tomadas por su país para ajustarse a las Recomendaciones especiales. El GAFI continúa orientando sobre las técnicas y mecanismos usados en el financiamiento del terrorismo. El Capítulo 9 de esta Guía de referencia contiene un análisis más detallado sobre las Recomendaciones especiales y el cuestionario.
6. Metodología para las evaluaciones ALD/LFT
En 2002, luego de un largo período de consultas, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, aprobaron una metodología única de evaluación, para que fuera utilizada tanto por el GAFI en sus evaluaciones mutuas, como por el FMI y el Banco Mundial en las suyas, dentro del contexto de la evaluación de su sector financiero y los programas de centros financieros en paraísos fiscales. Los grupos regionales estilo GAFI (GREG) y las organizaciones de sectores geográficos, que han participado en el desarrollo de la metodología, han aceptado posteriormente usarla en sus evaluaciones mutuas.
La metodología fue revisada en 2004, luego de la revisión de Las cuarenta recomendaciones, realizada en 2003. La metodología presenta más de 200 “cri­ terios esenciales”, que los asesores deberían considerar al llevar a cabo eva­ luaciones de un régimen ALD/LFT. Esta metodología comprende el marco legal e institucional ALD/LFT de un país, incluidas las unidades de inteligencia financiera. También incluye elementos pertinentes de las resoluciones y convenciones internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU, así como las normas de supervisión y reglamentarias para los sectores bancario, de seguros y de valores. Estos criterios esenciales describen los elementos obligatorios que deben estar presentes para cumplir adecuadamente con cada una de Las cua- renta recomendaciones y Recomendaciones especiales.
La metodología también incluye una serie de “elementos adicionales”, que son opciones para un mayor fortalecimiento de los sistemas ALD/LFT. Aunque se revisa el funcionamiento de estos elementos, como parte de la evaluación
42 Ver Recomendaciones especiales. Estas Recomendaciones especiales se presentan en el Anexo
5, http://www.fatf­gafi.org/pdf/SrecTF_en.pdf
43 http://www.fatf/SAQTF_en.htm
general, no son obligatorios y no son evaluados con el objetivo de verificar su cumplimiento.
La aprobación de esta metodología de evaluación única e integral por el GAFI, el FMI, el Banco Mundial y los GREG significa que habrá un enfoque más uniforme en todo el mundo para realizar evaluaciones y clasificaciones sobre el rendimiento de un país. Al país que está siendo evaluado se le solicitará, en la primera etapa de la evaluación, que prepare una autoevaluación de su sistema ALD/LFT, según el documento de metodología. El documento también es una guía detallada útil para un país sobre las medidas que deben tomarse para cumplir con los estándares internacionales.44
C. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (Comité de Basilea)45 fue creado en
1974 por los directores de los bancos centrales de los países del G­10.46 Cada uno de los países está representado por su banco central o por la autoridad pertinente, responsable de la supervisión prudencial de las operaciones bancarias cuando dicha autoridad no sea el banco central. El Comité no tiene una autoridad de supervisión formal supranacional o fuerza de ley. Más bien, formula estándares y lineamientos de supervisión y recomienda prácticas óptimas en una amplia gama de temas de supervisión bancaria. Estos estándares y lineamientos se adoptan con la esperanza de que las autoridades pertinentes dentro de cada país realicen las gestiones necesarias para aplicarlas a través de medidas específicas, ya sean estatutarias, reglamentarias o de otro tipo, que mejor se adapten al sistema nacional de dicho país. Tres de los estándares y lineamientos de supervisión y del Comité de Basilea se refieren a temas de lavado de activos.
En 1988, el Comité de Basilea publicó su Declaración sobre la prevención del uso delictivo del sistema bancario para fines de lavado de activos (Declaración
44 La metodología puede encontrarse en Metodología sobre ALD/LFT, http://www.fatf­gafi.org/ pdf/Meth_2002_en.pdf. Para un análisis más detallado de la metodología y su uso por el Banco Mundial y el FMI, ver Capítulo 10, Desarrollo de una metodología de evaluación de ALD/LFT universal
45 http://www.bis.org/index.htm
46 El Grupo de los 10 países es un nombre inapropiado, ya que en realidad son 13 los países miembros. Los miembros del Comité de Basilea (así como los del Grupo de los 10) son: Ale­ mania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.
sobre la prevención).47 La Declaración sobre la prevención resume las políticas y procedimientos básicos que los órganos de gestión de los bancos deberían asegurarse de establecer en sus instituciones para ayudar a eliminar el lavado de activos a través del sistema bancario, tanto en el plano nacional como internacional. La Declaración advierte que los bancos pueden ser utilizados “inconscientemente” como intermediarios por los delincuentes. Por lo tanto, el Comité considera que la primera y más importante protección contra el lavado de activos es la “integridad de los propios órganos de gestión de los bancos y su actitud vigilante para evitar que sus instituciones se relacionen con delincuentes o sean usadas como un medio para el lavado de activos”.48
La Declaración sobre la prevención contiene básicamente cuatro principios:
• identificación adecuada del cliente;
• estándares éticos elevados y cumplimiento de las leyes;
• cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes; y
• políticas y procedimientos para observar la declaración.
En primer lugar, los bancos deberían realizar esfuerzos razonables para determinar la verdadera identidad de todos los clientes que solicitan los ser­ vicios de la institución.49 Debería ser una política explícita del banco para que no se lleven a cabo operaciones comerciales significativas con clientes que no presenten pruebas de su identidad. Segundo, los bancos deberían ase­ gurarse que la actividad comercial se realice de conformidad con estándares éticos elevados y que los bancos se ajusten a las leyes y reglamentos sobre operaciones financieras.50 Aquí, los bancos no deberían ofrecer servicios o ayudar activamente en operaciones sobre las que existan buenas razones para creer que están relacionadas con el lavado de activos.
En tercer lugar, los bancos deberían cooperar totalmente con las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir las leyes hasta los límites permitidos por éstas y reglamentos locales relacionados con la confidencialidad del cliente.51 No se debería dar apoyo ni asistencia a los clientes que buscan engañar a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, proporcionando
47 http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf
48 Id., En el párrafo 6 del Preámbulo.
49 Id., en Identificación de los clientes.
50 Id., en Acatamiento de las leyes.
51 Id., en Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes.
información alterada, incompleta o falsa. Cuando un banco tiene una sospecha justificada de que los fondos de un depósito provienen de actividades delictivas o que las operaciones iniciadas tienen un propósito delictivo, el banco debería tomar medidas adecuadas, entre las cuales se incluyen la negativa de asistencia, relaciones más estrictas con el cliente y el cierre o la congelación de la cuenta.
Cuarto, los bancos deberían adoptar políticas formales consistentes con la Declaración sobre la prevención.52 Además, los bancos deberían cerciorarse de que todos los miembros del personal conozcan las políticas internas y reciban adiestramiento adecuado. Entre éstas se deberían adoptar procedimientos es­ pecíficos para la identificación del cliente. Por último, el servicio de auditoría interna debería establecer un medio eficaz para verificar el cumplimiento de las políticas.
2. Principios básicos de las operaciones bancarias
En 1997, el Comité de Basilea publicó sus Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz (Principios básicos),53 los cuales ofrecen un pro­ grama básico general para una supervisión bancaria eficaz y cubren una amplia gama de temas. Del total de los 25 principios básicos, uno de ellos, el No. 15 trata sobre el lavado de activos. Éste estipula lo siguiente:
Los supervisores bancarios deben determinar si los bancos cuentan con polí­ ticas, prácticas y procedimientos adecuados, incluyendo reglas estrictas de “conozca a su cliente”, que promuevan estándares éticos y profesionales de alto nivel en el sector financiero y eviten que el banco sea utilizado, voluntaria o involuntaria­ mente, por delincuentes.54
Estos procedimientos y políticas de “conozca a su cliente” o “CSC” son ele­ mentos importantes de un marco institucional ALD/LFT eficaz para todos los países.
Además de los Principios básicos, el Comité de Basilea publicó en 1999 una “Metodología sobre los principios básicos”, que contiene once criterios específicos y cinco criterios adicionales para ayudar a evaluar la adecuación de las políticas y los procedimientos CSC.55 Estos criterios adicionales com­
52 Id., en adhesión a la Declaración.
53 http://www.bis.org/publ/bcbs30.pdf
54 Id., Principio Básico 15.
55 Metodología sobre los principios básicos, en http://www.bis.org/publ/bcbs61.pdf
prenden referencias específicas sobre el cumplimiento de Las cuarenta recomen- daciones.56
3. Debida diligencia con el cliente
En octubre de 2001, el Comité de Basilea publicó un extenso documento sobre los principios CSC, titulado Debida diligencia con los clientes para los bancos (Debida diligencia con los clientes). Este documento fue publicado en respuesta a las conocidas deficiencias en todo el mundo de los procedimientos CSC. Estos estándares CSC se basan en la Declaración sobre la prevención y en el Principio No. 15, y proporcionan información más específica57 sobre ambos. Los elementos fundamentales de los estándares CSC se explican en detalle en este documento.
Es importante señalar que estos estándares CSC propuestos en el documento Debida diligencia con el cliente pretenden beneficiar a los bancos más allá de la lucha contra el lavado de activos, al proteger su seguridad y solidez, así como la integridad de los sistemas bancarios. Además, el Comité de Basilea apoya firmemente en este documento “la aprobación y puesta en práctica de las recomendaciones del GAFI, especialmente aquéllas relacionadas con los bancos”, y tiene la intención de que estos estándares de Debida diligencia con el cliente “sean consistentes con las recomendaciones del GAFI”.58
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), establecida en 1994, es una organización de supervisores de seguros de más de cien países y jurisdicciones diferentes.59
• promover la cooperación entre los reguladores de seguros,
• establecer estándares internacionales para la supervisión de seguros
• proporcionar adiestramiento a los miembros, y
56 Id., Anexo 2, Extractos de las recomendaciones del GAFI.
58 Id., en el párrafo III.
59 Para obtener una lista de países y jurisdicciones miembros, ver Miembros en http://www. iaisweb.org/132_176_ENU_HTML.asp. La lista contiene hiperenlaces a sitios web de miem­ bros específicos.
• coordinar el trabajo con los reguladores en los otros sectores financieros e instituciones financieras internacionales.60
Además de los países y jurisdicciones miembros, la AISS tiene más de sesenta observadores, que representan a asociaciones industriales, asociaciones profesiona­ les, compañías de seguros y reaseguros, consultores e instituciones financieras inter­ nacionales.61
Aunque la AISS cubre una amplia gama de temas, incluidas casi todas las áreas de supervisión de seguros, en uno de sus documentos se refiere específicamente al lavado de activos. En enero de 2002,62 la asociación publicó el Documento de orientación No. 5: Comentarios de orientación para supervisores de seguros y entidades de seguros (Comentarios de orientación ALD). Este documento constituye un análisis general sobre el lavado de activos en el contexto de la industria de seguros. Como cualquier otro documento internacional de este tipo, los Comentarios de orientación ALD pre­ tenden ser puestos en práctica por cada país, teniendo en cuenta las compañías de seguros participantes, los productos ofrecidos dentro del país, así como el sistema financiero, la economía, la constitución y el sistema legal propios del país.
Los Comentarios de orientación ALD contienen cuatro principios para las entidades de seguros:
• acatar las leyes de antilavado de activos,
• tener procedimientos “conozca a su cliente”,
• cooperar con todas las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, y
• tener políticas, procedimientos y programas de adiestramiento internos para los empleados sobre ALD.
Estos cuatro principios son análogos a la Declaración sobre la prevención del Comité de Basilea. Los Comentarios de orientación ALD son completamente consistentes con Las cuarenta recomendaciones, incluso con respecto a los reportes de actividades sospechosas y otras exigencias. De hecho, Las cuarenta recomendaciones se incluyen en un anexo de los Comentarios de orientación ALD de la AISS.
60 Id., en la página de inicio.
61 Id., en Observadores, para obtener una lista de las organizaciones observadoras.
62 Id., en Documento de orientación No. 5, Notas de orientación sobre el antilavado de dinero para los supervisores de seguros y compañías de seguros, enero, 2002.
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV)63 es una organización de comisiones e intermediarios de valores que tienen la responsabilidad cotidiana de encargarse de la regulación de los valores y la administración de las leyes de valores en sus países respectivos. Actualmente, los miembros de la OICV son organismos reguladores de 105 países.64 En caso de que no exista una autoridad gubernamental encargada de la administración de las leyes de valores en un país dado, un organismo autorregulado, como por ejemplo la bolsa de dicho país, puede reunir las condiciones para ser miembro con derecho a voto. También hay miembros asociados, que son los organismos internacionales, y miembros afiliados, que son las organizaciones autorreguladas; ninguno de estos dos tipos de miembros tiene derecho a voto.
La OICV tiene tres objetivos centrales con respecto a la regulación de valores:
• proteger a los inversionistas;
• asegurarse de que los mercados sean justos, eficaces y transparentes; y
• reducir el riesgo sistémico.65
En relación con el lavado de activos, la OICV aprobó en 1992 una “Resolución sobre el lavado de activos”. Como otros organismos internacionales de este tipo, la OICV no tiene facultad para la elaboración de leyes. Del mismo modo que el Comité de Basilea y la AISS, depende de sus miembros para poner en práctica sus recomendaciones dentro de sus países respectivos. La resolución estipula lo que cada miembro de la OICV debe considerar:
1. Hasta qué punto las instituciones financieras bajo supervisión de la OICV, reúnen y registran información sobre la identidad del cliente, con miras a mejorar la capacidad de las autoridades para identificar y procesar a los blanqueadores de dinero;
2. El alcance y la adecuación de las exigencias de mantenimiento de registros, desde la perspectiva de proporcionar herramientas para reconstruir operaciones financieras en el mercado de valores y los mercados de futuros;
3. Junto con sus reguladores nacionales encargados de entablar acciones judiciales contra los delitos de lavado de activos, la forma adecuada para abordar la identificación y los reportes sobre operaciones sospechosas;
63 http://www.iosco.org/iosco.html
64 Ver Listas de miembros, http://www.iosco.org/iosco.html
65 http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD125.pdf
4. Los procedimientos existentes para evitar que los delincuentes obtengan el control de los valores y las empresas de futuros, con miras a trabajar junto con colegas extranjeros para compartir dicha información cuando sea necesario;
5. Los medios adecuados para asegurarse que las sociedades de valores y empresas de futuros mantengan procedimientos de vigilancia y cumplimiento diseñados para impedir y detectar el lavado de activos;
6. El uso de dinero en efectivo y equivalentes en operaciones de valores y de futu­ ros, incluidas la adecuación de la documentación y la capacidad para recons­ truir cualquiera de dichas operaciones;
7. Los medios más adecuados, dadas sus autoridades nacionales y atribuciones específicas, para compartir información, con el fin de combatir el lavado de activos.66
Como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de activos, los gobiernos han creado organismos para analizar la información presentada por las entidades y per­ sonas cubiertas, que están de acuerdo con las exigencias de reportar el lavado de activos. Dichos organismos son denominados, por lo general, Unidades de Inteligencia financiera (UIF). Estas unidades funcionan como centros de coordinación para los programas nacionales ALD, porque facilitan el intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. Debido a que el lavado de activos se lleva a cabo globalmente, también ha sido nece­ sario compartir información en el ámbito transnacional.67
En 1995, varias unidades gubernamentales, conocidas actualmente como UIF, comenzaron a trabajar en conjunto y formaron el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont) (denominado así por el lugar donde se rea­ lizó su primera reunión, el Palacio Egmont­Arenberg, en Bruselas).68 La finalidad del grupo es ofrecer un foro a las UIF, con el fin de mejorar el apoyo dado a cada uno de sus programas nacionales ALD y coordinar las iniciativas ALD. Este apoyo incluye ampliar y sistematizar el intercambio de información de inteligencia financiera, mejorar los conocimientos técnicos y aptitudes del personal, promover una mejor comunicación entre las UIF a través de la tecnología, y ayudar a crear UIF en todo el mundo.69
66 http://www.iosco.org/library/index.cfm?whereami=resolutions
67 Ver el análisis en el Capítulo 7 de esta Guía de referencia.
68 http://www.egmontgroup.org/
69 Ver Declaración de Principios, Grupo Egmont. http://www.egmontgroup.org/statement_of_
En 2004, la misión del Grupo Egmont se amplió para incluir específicamente la inteligencia financiera sobre el financiamiento del terrorismo.70 Para ser miembro del Grupo Egmont,71 la UIF de un país debe primero satisfacer la definición del Grupo Egmont sobre una UIF, que es la siguiente: “un organismo central, nacional, respon­ sable de recibir (y, cuando sea permitido, solicitar), analizar y difundir información financiera a las autoridades competentes: (i) con respecto a las ganancias que se sos­ pecha que provienen de actos delictivos y el financiamiento potencial del terrorismo, o (ii) exigida por la reglamentación nacional, con el fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.72 Un miembro debe comprometerse a actuar de acuerdo con los Principios del Grupo Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera en los Casos de Lavado de activos.73 Estos principios comprenden condiciones para el intercambio de información, restricciones en los usos de información autorizados, y confidencia­ lidad.
Actualmente, entre los miembros del Grupo Egmont se incluyen 94 jurisdicciones.74
Los miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio web seguro de intercambio de información, que no está disponible para el público.
El Grupo Egmont es un organismo informal sin una secretaría ni una sede per­ manente. El Grupo Egmont se reúne anualmente en una sesión plenaria, y tres veces al año en sesiones de grupos de trabajo. Dentro del Grupo Egmont, los directivos de las UIF toman todas las decisiones de principio, incluso con respecto a los miembros. El Grupo estableció el Comité Egmont para ayudar a coordinar con los grupos de trabajo y los directivos de las UIF durante el tiempo que transcurre entre las sesiones plenarias anuales.
Por último, el Grupo Egmont ha producido material de capacitación con acceso al público. El Grupo ha elaborado una compilación de casos depurados sobre la lucha contra el lavado de activos, a partir de las unidades de inteligencia financiera integrantes del Grupo.75 También ha preparado un video y documentos relacionados con el Grupo Egmont, que están disponibles en su sitio web.
71 Para una discusión sobre la membrecía, ver el artículo del Grupo Egmont, que aparece en su sitio web, sobre los trámites para asociarse al Grupo Egmont, http://www.egmontgroup.org/ procedure_for_being_recognised.pdf
72 http://www.egmontgroup.org/info_paper_final_092003.pdf
73 Ver Declaración de Principios, Grupo Egmont. http://www.egmontgroup.org/statement_of_
74 A partir del 2 de junio de 2004. Ver http://www.egmontgroup.org/list_of_fius062304.pdf
75 http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf
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 Artículo 3
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 Artículo 7
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