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Timestamp: 2019-10-15 01:02:01+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 7 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 31642540
El licenciado S.M. en nombre y representación de A.M. ha propuesto recurso de casación laboral contra la Resolución de 5 de julio de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: A.M. -vs- INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., dado que considera que se ha quebrantado lo preceptuado en los artículos 149 del Código de Trabajo; cláusula Nº18 y tabla de indemnización para trabajadores que se acojan a la liquidación de la Convención Colectiva del INTEL; artículo primero del Decreto Ejecutivo Nº33 de 19 de mayo de 1997; y la cláusula 7ª (7.3) del Contrato de Compra-Venta de las acciones del INTEL, S. A.
Del recurso se le corrió traslado a la empresa de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma no hizo uso del derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario.
ANTECEDENTES DEL RECURSO DE CASACION
Los precedentes de este recurso de casación tienen sus inicios en un proceso común laboral en reclamo de la diferencia de prestaciones laborales, tales como décimo tercer mes, prima de antigüedad, e indemnización.
El Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, dictó la Sentencia Nº56 de 27 de octubre de 1998, mediante la cual absolvió a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. (antes INTEL, S.A.) del pago de las prestaciones reclamadas por el señor A.M., dado que consideró que el Estado Panameño era el responsable de las reclamaciones del trabajador, como gasto de la privatización del INTEL, S. A. y no la empresa demandada.
Disconforme el trabajador con la decsión de primera instancia propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.
DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO
El Tribunal Superior de Trabajo, se pronunció sobre el recurso de alzada por medio de la Resolución de 5 de julio de 2000, confirmando la Sentencia de Primera Instancia.
Las razones fundamentales en que se apoyó el Tribunal Superior para coincidir con el criterio expuesto por el Juzgador a-quo fueron:
"Esta Superioridad coincide con el A quo en que no es a la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. a quien corresponde responder por las diferencias que se produjeran por razón del pago de liquidación de los trabajadores de la emprea Intel, S.A. con motivo de la restructuración de la misma.
Ello es así porque, de acuerdo con las constancias que reposan en el expediente, el señor A.M. ejerció la opción prevista en el nuemral 2 del artículo 26 de la Ley 5 fe 1995, dentro del término establecido en el Artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº33 de 19 de mayo de 1997, mediante la cual se reglamenta el artículo 26 de la mencionada Ley.
Como puede apreciarse el trabajador presentó renuncia al cargo que desempeñaba en la empresa Intel, S.A., el día 15 de junio de 1997, con el propósito de que se le hiciera efectiva la totalidad de las prestaciones laborales e indemnización, las cuales fueron pagadas, conforme lo dispone el artículo 4º del mencionado Decreto, por el Estado mediante cheque girado contra la cuenta de fideicomiso.
Posteriormente el trbajador suscribió un nuevo contrato con la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. el día 16 de junio de 1997, el cual reposa a fojas 41 y siguientes del proceso.
El artículo primero del Decreto 33 de 19 de mayo de 1997 señala que el Estado se hace responsable, y en consecuencia asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores de INTEL, S. A. incluyendo la indemnización de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley nº5 como un gasto en la privatización de INTEL, S. A.
También señala dicho artículo que el pago de las prestaciones se efectuará mediante el mecanismo del fideicomiso y que cualquier diferencia que surja del cálculo de esta liquidación será responsabilidad del Estado.
Como puede apreciarse, el Estado asumió la responsabilidad del pago de las prestaciones de los trabajadores como motivo de la restructuración de INTEL, S.A., asumiendo de igual forma el pago de cualquier diferencia que surgiera en el cálculo de las mismas".
Este discernimiento jurídico que confirma la decisión del Juzgador de Primera Instancia, ha sido señalado como ilegal por parte del trabajador A.M., por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 149 del Código de Trabajo; el artículo 26 de la Ley Nº5 de 1995; el artículo 18 y el Anexo B literal A de la Convención Colectiva de Trabajo del INTEL, S.A. y la Cláusula 7ª (7.3) del contrato de compraventa de acciones del INTEL, S.A. celebrado entre el Estado y la sociedad CABLE & WIRELESS PANAMA PCL. el 20 de mayo de 1997 y el artículo primero del Decreto Ejecutivo Nº33 de 19 de mayo de 1997, supuesto éste que condujo al trabajador a proponer el presente recurso de casación.
Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.
La primera norma que estima infringida el casacionista es el artículo 149 del Código de Trabajo cuyo tenor literal es el siguinete:
ARTÍCULO 149. Para la determinación del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador.
La presunta violación se apoya en que no se aplicó dicha norma para calcular el pasivo laboral del trabajador, dado que el mismo debió calcularse en base al último sueldo mensual declarado por la empleadora, que fue de B/.882.71 y que corresponde a junio de 1997, antes de la liquidación y pago del pasivo laboral del trabajador en julio de 1999. Además asegura el casacionista que la parte empleadora procedió a hacer las liquidación de las prestaciones laborales en base a un promedio mensual de B/584.64, por lo que existe un error en la prima de antigüedad, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y la indemnización.
Frente a los argumentos vertidos por la parte trabajadora estima este Tribunal que no le asite la razón en virtud de lo siguiente:
Por medio de la Ley Nº 5 de 9 de febrero de 1995, se restructuró el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), convirtiéndose dicha entidad autónoma en una sociedad anónima. En esta normativa jurídica, entre otras regulaciones, previó lo concerniente a las relaciones obrero patronal, tal como se evidencia en los artículos 26 y 27 del mismo Cuerpo Legal. El referido artículo 26 preceptuaba que, desde el momento que se hicieran la transferencia de activos y pasivos a dicha sociedad, le serían aplicables a las relaciones laborales entre INTEL, S,A. y sus trabajadores las normas del Código de Trabajo, el Reglamento Interno vigente y una Convención Colectiva que contenga como mínimo las prestaciones, derechos y garantías establecidas en la Ley Nº 8 de 1975, además que esta Ley regiría mientras no se hubiese celebrado convención colectiva. En este mismo orden de ideas, de igual manera dicha disposición previó, opciones para los trabajadores, después de la venta de cualquier porcentaje de las acciones de INTEL, S. A. Estas opciones consistían en las siguientes:
"1. Mantener y continuar acumulando sus prestaciones laborales con todos sus derechos; o
Solicitar la liquidación de sus prestaciones laborales en efectivo, incluyendo la indemnización; con garantía de un nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido, en los mismos términos y condiciones del que tenían al momento de la liquidación."...
Posteriormente, el artículo 26 de la Ley Nº5 de 1995, fue reglamentado por medio del Decreto Ejecutivo Nº 33 de 19 de mayo de 1997, promulgado en la Gaceta Oficial Nº 23,294 del 23 de mayo de 1997, cuyo artículo primero, considera el casacionista que de igual forma ha sido violado por el Tribunal Superior de Trabajo. En dicha reglamentación se señaló básicamente los siguiente:
"PRIMERO: El Estado se hace responsable, y en consecuencia asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laboerales de los trabajadores de INTEL, S.A. incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley No.5 como un gasto en la privatización de INTEL, S. A. El pago de dichas prestaciones se efectuará mediante el mecanismo de fideicomiso. Cualquier diferencia que surja del cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Estado.
Los trabajadores de INTEL, S. A. que deseen ejercer la opción contemplada en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 1995, deberán presentar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la Fecha del Cierre, una carta dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos según modelo provisto oportunamente por dicha gerencia.
La fecha del Cierre y la fecha de vencimiento del plazo de quince días calendarios para ejercer la opción de liquidación se notificarán a los trabajadores mediante publicación en dos (2) diarios de circulación nacional por tres (3) días calendario consecutivos.
El cálculo de las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, a que se refiere el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 1995, se efectuará al 15 de junio de 1997. Las prestaciones laborales se calcularán aplicando la regla contenida en el artículo 149 del Código de Trabajo, la indsemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo y la prima de antigüedad según el artículo 224 del Código de Trabajo.
Por otro lado el contrato de compraventa celebrado entre el Estado y Cable and Wireless PLC., el cual consta en la Gaceta Oficial Nº23,365 de 29 de agosto de 1997 establece que es el Estado quien se hará responsable por el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores del INTEL, S.A. incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 5 como un gasto de la privatización del INTEL, S.A. De igual manera las cláusulas 5.29.7 y 7.3 (también esta última cláusula ha sido señalada como transgredida por la parte trabajadora) del referido contrato de compraventa que trata sobre declaraciones adicionales, expresan textualmente lo siguiente:
"5.29.7. El Vendedor se hace responsable, y en consecuencia asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la Fecha de Cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores de INTEL, S.A., incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 5 como un gasto en la privatización de INTEL, S. A. El pago de dichas prestaciones se efectuará mediante mecanismo del fideicomiso que se contempla en el Anexo 28. Cualquier diferencia que surja en el cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Vendedor.
El Vendedor pagará a los trabajadores que hayan ejercido la opción de solicitar la liquidación de sus prestaciones laborales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 26 de la Ley 5, el monto correspondiente a las mismas, siempre que tal opción haya sido ejercida dentro del período de sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de Cierre. Para efectos de esta cláusula el Vendedor pagará a los trabajadores que hayan ejercido la opción contemplada en este literal, dentro del término de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre.
Para los efectos correspondientes el Vendedor se obliga a realizar todos los actos necesarios para cumplir con las obligaciones descritas en esta cláusula.
El Vendedor renuncia absoluta e incondicionalmente a cualquier derecho a repetir contra el Comprador o INTEL, S.A. como consecuencia de los pagos que se obliga a efectuar de acuerdo a esta Cláusula." (Subrayado es de la Sala)
"7.3 Leyes Laborales y la Convención Colectiva de Trabajo. El Comprador reconoce: (i) el alcance jurídico del Contrato de Fideicomiso, las leyes laborales de la República de Panamá, incluyendo las provisiones del artículo 26 de la Ley No. 5 y las obligaciones de INTEL, S.A acordadas en la Convención Colectiva de Trabajo, (ii) las obligaciones de INTEL, S. A. de responder, pagar, asumir e indemnizar cualquier reclamo o responsabilidad de dicha empresa por prestaciones u otras obligaciones laborales por servicios prestados por sus trabajadores antes de la firma de este Contrato"(Subrayado es de la Sala)
Lo expresado en líneas anteriores, confirma nuestra apreciación jurídica, en el sentido de que no procede el reclamo del trabajador, pues consta en autos que el señor A.M. al momento de que el INTEL, S,A le propuso las opciones a que podía acogerse, optó por lo previsto en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley Nº5 de 1995. Esto lo afirmamos dado que, a foja 40 del expediente reposa la solicitud que hiciera el trabajador demandante a la empresa Cable and Wireless (Panamá), S. A.(antes INTEL, S.A.) en estos términos:
"Yo A.A.M., Cédula Nº 8-160-1431 según lo previsto en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 9 de febrero de 1995 y a fin de que se me haga efectiva la totalidad de mis prestaciones laborales incluyendo la indemnización, presento formal renuncia de la relación laboral al 15 de junio de 1997 tal y como lo señala el Decreto Ejecutivo Nº33 de 19 de mayo de 1997, en los artículos 4º y 6º.
Esta renuncia está condicionada a la previa suscripción de un nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido con Cable and Wireless (Panamá), S. A. (antes Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A.) que regirá a partir del 16 de junio de 1997, en los mismos términos y condiciones que tengo al momento de la liquidación.
(Firma)"...
Lo anterior demuestra indubitablemente, que el casacionista estaba claro y anuente en las condiciones de su renuncia y las prestaciones a que tenía derecho a recibir en relación a tal terminación unilateral de la relación laboral. Por otro lado la Ley y el documento contractual referente a la privatización del servicio telefónico apunta de manera clara y contundente, al Estado como el responsable de las prestaciones e indemnización de los trabajadores de la empresa INTEL, S. A.
No es la Convención Colectiva la que es aplicable al caso del señor M., tal como lo sostiene en su recurso, pues la Ley tiene jerarquía superior frente a ella; además de que el propio trabajador suscribió un acuerdo con la empresa Cable and Wireless de manera voluntaria y con sujeción a la Ley, tal como lo hemos explicado en párrafos precedentes. A foja 12 de los antecedentes de este proceso laboral reposa la constancia del pago del pasivo laboral al señor A.M., que fue computado hasta el 15 de junio de 1997, desembolso éste proviniente del Gobierno Nacional, y cuya suma ascendía de B/.8,592.06.
Es por esto que no es viable la reclamación del señor A.M., en el sentido que no existe diferencia salarial, ni indemnizatoria alguna adeudada a su persona. A parte de que, en todo caso debió dirigir su disconformidad laboral por los canales jurídicos adecuados, para que la reclamación se encausara contra el Estado.
Estos aspectos esbozados ya han sido tratados y decididos en la misma orientación por este Tribunal Colegiado mediante Sentencias de 9 de octubre, y 23 de noviembre de 2000. Como se aprecia a continuación:
Sentencia de 9 de octubre de 2000
Como consecuencia de lo antes planteado la Sala observa que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá el 4 de agosto de 2000, tampoco ha violado el artículo 149 del Código de Trabajo; el artículo 18 y el Anexo B de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre el INTEL, S.A. y el Sindicato de Trabajadores del INTEL ni el artículo 26 de la Ley Nº 5 de 1995, puesto que el juzgador no los aplicó en el fallo recurrido, porque la demanda fue dirigida contra el INTEL, S.A. y Cable and Wireless Panamá, S.A. y no contra el Estado panameño, quien es el ente jurídico que ha asumido la responsabilidad que pudiera derivarse del pago de las liquidaciones e indemnizaciones de los trabajadores que optaron por el derecho establecido en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley Nº 5 de 1995. En virtud de lo anterior, no era procedente el análisis de la forma en que se calcularon las prestaciones laborales del señor C.C., puesto que la demanda no fue incoada contra la persona jurídica responsable del pago de las mismas.
Sentencia de 23 de noviembre de 2000
"La Sala se identifica con la decisión adoptada por el ad-quem, la cual se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 33 de 19 de mayo de 1997, `Por el cual se Reglamenta el artículo 26 de la Ley No.5 de 9 de febrero de 1995"...
Se colige de la norma transcrita, que las diferencias surgidas, manifiestas a través del proceso in examine, no pueden ser dilucidadas en esta esfera, toda vez que al asumir el Estado responsabilidad sobre las mismas, la parte actora debe recurrir a la vía contencioso administrativa, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico interno.
Dentro de ese contexto, observa la Sala que a foja 6 obra documento identificado como `Pago de pasivo laboral por restructuración- Acumulado al 15 de junio de 1997- Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A.´, a través del cual el demandante señor E.R., dexclara que ha recibido del Gobierno Nacional un cheque por la suma de b/8,182.52 en concepto de pago del pasivo laboral como trabajador del INTEL, al 15 de junio de 1997, referente a las vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad e indemnización con fecha de 23 de julio de 1997"
Por consiguiente, es claro que los artículos primero del Decreto Ejecutivo Nº 33 de 1997; 149 del Código de Trabajo; 26 de la Ley Nº 5 de 1995; 18 y Anexo B del literal A de la Convención Colectiva de Trabajo del INTEL, S.A. y la cláusula 7ª (7.3) del contrato de compraventa de acciones del INTEL, S. A. celebrado entre el Estado y la sociedad Cable & Wireless el 20 de mayo de 1997, no han sido violados por la Sentencia de 5 de julio de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: A.M. -vs- INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.
En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Resolución de 5 de julio de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: A.M. -vs- INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Septiembre de 1999 (caso Recurso de casación civil de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 20 de Septiembre de 1999)

References: Resolución 
 artículo 927
 Resolución 
 artículo 26
 Artículo 2
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 18
 artículo 149

ARTÍCULO 149
 artículo 26
 artículo 26
 Artículo 26
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 artículo 225
 artículo 224
 artículo 26
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 artículo 18
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