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Timestamp: 2019-02-23 21:35:30+00:00

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Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum: junio 2016
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PARA MÁS COMENTARIOS EN SU FACEBOOK
Para conseguir que el muro en tu Facebook se llene de comentarios, John Haydon expone en su blog personal, www.marketingdirecto.com, los siguientes consejos:
- Hacer preguntas específicas: lo último que quiere un fan es complicarse de la vida. Hay que facilitarles al máximo la tarea, formulando preguntas lo más específicas posibles.
- Hacer preguntas cerradas: es más probable que responda a preguntas que se puedan contestar con un simple “sí” o “no” que a las de carácter abierto.
- Hacer preguntas oportunas: hay que intentar que las preguntas tengan relación con la actualidad.
- Hacer preguntas polémicas: causa gran imparto en su muro.
- Hacer preguntas de verdadero o falso: se responde simplemente con un “sí” o con un “no”, generan mayor número de comentarios.
- Hacer preguntas sobre una fotografía: publicar una fotografía y acompañarla con una pregunta.
- Hacer preguntas divertidas: no hay que tener miedo al humor.
- Preguntar quién va a acudir a un evento: si hay un evento próximamente que sea de interés para la marca y sus amigos.
- Pedir consejos: aunque no todos, muchos se mostraran dispuestos a compartir sus experiencias y consejos.
- Hacer preguntas humanas: a menudo, la mejor manera de conseguir comentarios en una página es tocar la fibra humana del usuario.
- Hacer preguntas de elección múltiple: generan también muchas respuestas porque facilitan la tarea al usuario.
- Contestar y prestar atención: participar en la conversación y hace caso omiso a las sugerencias del otro usuarios.
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- Camine por la casa de espalda (En la China esta rutina la practican en los parques).
- Vea las fotos de cabeza para abajo (O las fotos o usted).
- Mire la hora en el espejo.
- Cambie el camino de rutina para ir y volver de su casa.
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FELICITACIONES AL ABOGADO ÁNGEL LEONARDO ANSART
FELICITACIONES AL ABOGADO ÁNGEL LEONARDO ANSART,
HERMANO DE ESTA CASA, APODERADO JUDICIAL DEMANDANTE
EN CASO DE RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTÓ EN UNA INDEMNIZACIÓN PARA SU CLIENTE POR UN MILLÓN DE BOLÍVARES
“…En base a lo antes expuesto, se debe concluir que el apoderado judicial de la demandante optó por presentar una demanda resarcitoria en los parámetros del sistema general de responsabilidad aplicable a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a fin de demostrar la culpa del agente del daño y con ello pretender una indemnización. Así se decide”.
Demanda interpuesta por Maritza Beatriz Civada
contra (I.V.S.S)
El Tribunal Supremo de Justicia declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la ciudadana Maritza Beatriz Civada de Ramírez, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), organismo que deberá pagarle un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) por concepto de indemnización por daño moral.
Asimismo, el TSJ instó al I.V.S.S a realizar los trámites que estime necesarios a los fines de evaluar si la demandante cumple con los requisitos para que le sea otorgada la pensión de incapacidad, conforme a lo previsto en la actual Ley del Seguro Social.
La sentencia 00583/2016 de la Sala Político Administrativa del Alto Juzgado, publicada este 13 de junio, señala que la referida ciudadana demandó al I.V.S.S. en virtud de la contaminación tóxica-química ocurrida en el Hospital Dr. José Antonio Vargas, sector la Ovallera, municipio Libertador, Palo Negro, estado Aragua, el 20 de marzo de 1993, que le generó graves daños a su salud.
La decisión, con ponencia del magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, indica, entre otros aspectos, que no queda duda respecto al nexo causal producido en el presente caso, entre el Instituto demandado y los daños causados a Maritza Beatriz Civada de Ramírez por efecto de la contaminación química, quien se desempeñaba en el área de Rayos X en el referido centro hospitalario.
El fallo insta al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a dirigir todos sus esfuerzos al seguimiento y tratamiento de las enfermedades desarrolladas por los afectados en aquellos casos de comprobada intoxicación, de acuerdo a las historias médicas llevadas a cada paciente, en resguardo de los derechos a la salud y a la propia vida.
Agrega el Máximo Tribunal que, en atención a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial a la norma contenida en su artículo 83, según la cual "la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida", esta medida procura que el Estado extienda su protección no solo a quienes han puesto en marcha los órganos de administración de justicia para obtener el resarcimiento del daño que se les ha ocasionado, sino a todos aquellos que habiendo resultado afectados por el evento tóxico, por cualquier motivo no han accedido a la jurisdicción.
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA LABORAL
Sala De Casación Social N° 15 / 4-2-2016
“El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo 1997, establece:
De acuerdo con lo anterior, la relación de trabajo culminó el 8 de marzo de 2012, cuando se encontraba vigente la Ley Orgánica del Trabajo 1997; y, la demanda se interpuso el 4 de abril de 2013, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial N° 6.076, el 7 de mayo de 2012.
Ahora bien, en un caso análogo, esta Sala de Casación Social se pronunció sobre la eficacia temporal de las leyes mediante sentencia Nº 1016, de fecha 30 de junio de 2008 (caso: Ángel Ernesto Mendoza contra General Motors Venezolana, C.A.); y para resolver el conflicto normativo se estableció que cuando el supuesto de hecho se haya generado bajo la vigencia de la Ley anterior, en este caso el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin concretar sus efectos jurídicos, debe aplicarse de forma inmediata lo dispuesto en la Ley posterior, es decir, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que se amplía el lapso de prescripción aplicable.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el lapso de prescripción para reclamar las prestaciones sociales es de diez años; contados a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo; y, para el resto de los conceptos provenientes de la relación de trabajo, cinco (5) años, contados también a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo”.
PRESTACIONES SOCIALES IGUAL PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
Sala De Casación Social N°15 / 4-2-2016
“En relación con el concepto de prestaciones sociales, esta Sala considera oportuno reiterar el criterio establecido en sentencia N° 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita, contra de la sociedad mercantil Maldifassi & CIA C.A.), según el cual las prestaciones sociales solo está referida a la prestación de antigüedad, puesto que no se trata de un pago indemnizatorio sino de un pago que nace por la permanencia en el trabajo. Dicho criterio quedó expresado de la manera que sigue:
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“Los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Trabajo 1997, vigente para el momento de la terminación del vínculo laboral, establecen:
Artículo 88: Existirá sustitución del patrono cuando se trasmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las labores de la empresa.
Ha sido reiterado por esta Sala el criterio establecido respecto a lo que debe entenderse por la figura de la sustitución de patronos, así en la sentencia N° 752 de fecha 10 de junio de 2014 (caso: Reynaldo José Alba Aguirre contra CNPC Services Venezuela LTD, S.A.) se determinó lo siguiente:
La sustitución de patronos consiste en que el propietario o poseedor de una empresa transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona, quien continúa con la misma actividad económica; por lo cual, en dicha institución se da un cambio de patrono o empleador en virtud de la transmisión de la propiedad, titularidad o explotación de la empresa, de una persona natural o jurídica a otra; se continúa con la actividad económica desplegada por la empresa sustituida; y se evidencia la continuación de la prestación de servicio por parte del mismo personal independientemente de haber recibido el pago por concepto de prestaciones sociales por parte del patrono anterior. La sustitución de patronos tiene como finalidad garantizar a los trabajadores sus derechos y beneficios laborales”.
Ahora bien, en relación con el alegato referido a que el accionante ha debido demandar conjuntamente a ambas empresas y traer al proceso a la sociedad mercantil Estudios y Proyectos Civiles (E.P.C.C.A.); así como, demostrar el cambio de patrono; la continuidad de la actividad empresarial; y, la continuidad de la prestación de servicio del trabajador en la empresa, la Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, en los casos en los que opera la sustitución de patronos, existiría solidaridad entre el patrono sustituto y el patrono sustituido, por las obligaciones contraídas por éste último con sus trabajadores por un lapso no mayor a un (1) año, por lo que luego de transcurrido dicho lapso, sólo subsistirá la responsabilidad del patrono sustituto frente a los trabajadores.
En ese sentido, al existir sustitución de patrono entre las empresas Estudios y Proyectos Civiles, C.A. (patrono sustituido) y Estudios Para Construcciones, S.A. (patrono sustituto) ambas resultan solidarias sin que se aplique la limitante de un (1) año para el patrono sustituido en virtud de que no consta en autos la notificación al trabajador de la referida sustitución; sin embargo, el trabajador podía demandar únicamente, como en efecto lo hizo, al patrono sustituto, sociedad mercantil Estudios Para Construcciones, S.A., razón por la cual, ésta última debe responder por el pago de las prestaciones sociales y demás beneficios laborales reclamados por el ciudadano Pedro Pérez Amaya, desde el inicio de la prestación de servicios con la empresa sustituida -6 de julio de 1998- hasta la culminación de la relación de trabajo con la empresa sustituta”
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MULTAS: POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN NO DE TRIBUNALES
Sala Político Administrativa N° 544-23-5-2016
“Sobre esta situación, cabe traer a colación lo considerado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en Sentencia Nro. 320 de fecha 2 de mayo de 2014, caso: Servinave, C.A., que sostuvo lo siguiente:
“(…) Son muchos los supuestos en los cuales el juez contencioso administrativo o tributario se ha subrogado en la Administración Pública y tanto esta Sala, como la propia Sala Político Administrativa, se han pronunciado al respecto.
Es menester citar la sentencia N° 777 del 9 de julio de 2008, de la Sala Político Administrativa, en la cual luego de declarar la nulidad del acto administrativo por incurrir en el vicio de falso supuesto, ordenó a la Administración emitir un nuevo acto por no poder sustituirla. Dicho fallo establece: (…).
Como corolario de lo antes referido, es necesario citar la sentencia de la Sala Político Administrativa N° 1866 del 21 de noviembre de 2007, en la que en un caso idéntico, en el cual se denunció el vicio de falso supuesto de derecho por no proceder la infracción contenida en el artículo 118 de la (sic) Ley Orgánica de Aduanas, se limitó a declarar la nulidad del acto administrativo, sin reponer el procedimiento administrativo ni ordenar la expedición de nuevas multas por infracción del artículo 121 eiusdem. Dicho fallo establece: (…)
El 23 de abril de 2010, el Gerente de la Aduana Principal de la Guaira impuso multa a Servinave C.A., por doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 280.000,00), de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la (sic) Ley Orgánica de Aduanas que prevé: (…)
Es de hacer notar que la Administración Tributaria siempre hizo valer en sus escritos la legalidad de su actuación e insistió en la legalidad de la multa impuesta por aplicación del aludido artículo 118 de la (sic) Ley Orgánica de Aduanas.
De lo anterior deriva una evidente conclusión, a saber, la causa petendi estaba circunscrita a delimitar si era aplicable la sanción establecida en el artículo 118 de la(sic) Ley Orgánica de Aduanas por la reexportación de mercancía fuera del plazo legalmente establecido.
No obstante lo anterior, a juicio de esta Sala, se produjo la violación del derecho a la defensa de Servinave C.A., al momento en que se impone una multa bajo la infracción de una norma que no fue mencionada durante el procedimiento administrativo constitutivo del acto sancionatorio, contenida en el cardinal 6 del artículo 121 de la (sic) Ley Orgánica de Aduanas, que es distinto el supuesto de hecho generador de la primigenia multa.
El aludido cardinal 6 del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas establece: (…)
En razón de lo expresado, debe esta Sala declarar que ha lugar la solicitud de revisión constitucional propuesta por la representación de Servinave C.A., ya que considera que hubo violación del derecho a la defensa de la solicitante, motivo por el cual se anula de la sentencia Nº 00978 publicada el 8 de agosto de 2012, dictada por la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal; y así se decide (…)”
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RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Sala Político Administrativa N° 583 / 13-6-2016
“… El régimen de la responsabilidad de la Administración contemplado al momento de la ocurrencia del hecho denunciado como generador del daño que se reclama, se encontraba establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que prescribía con relación a la responsabilidad patrimonial del Estado resultante de su actuación cuando esta comportase daños a los particulares, que “En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”.
Por otra parte, el artículo 206 de la misma Constitución de 1961, atribuyó a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia para condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la Administración, estableciendo de este modo una noción objetiva de responsabilidad; texto que en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue incorporado bajo el artículo 259. (Vid; sentencia Nro. 00128 dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 7 de febrero de 2013, caso:Romelia Aurora Contreras Ramos y Otros Vs el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)).
En la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ámbito de responsabilidad patrimonial de la Administración se extiende, de acuerdo con su artículo 140, a “(…) los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública (…)”, consagrando en definitiva y sin margen de dudas, la responsabilidad objetiva, patrimonial e integral de la Administración, cuando con motivo de su actividad ocasione daños a los particulares, no importando si el funcionamiento dañoso de la Administración ha sido normal o anormal, a los fines de su deber resarcitorio.”
Siendo determinante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto al ámbito bajo examen, cabe observar que dicho texto contempla el resarcimiento patrimonial de los daños que sufran los particulares por el funcionamiento de la Administración, en cualquiera de sus bienes y derechos, lo cual implica que el daño moral es igualmente indemnizable, si este tiene origen en una actividad imputable a la Administración”.
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR HECHO AJENO
“Llegado a este punto, es menester advertir que lo expuesto precedentemente alude a una responsabilidad directa de la Administración; sin embargo, existen otros casos como el de autos, en los que la responsabilidad del Estado surge de forma refleja, o lo que es lo mismo, el daño se origina al mediar la intervención de un tercero, supuestos en los que resulta necesario acudir, no solo a la regla general de responsabilidad antes comentada, sino también a los supuestos de responsabilidad civil que tienen una regulación específica.
Con fundamento en la normativa mencionada, será preciso establecer los siguientes elementos: 1) el daño sufrido por la parte actora; 2) la circunstancia de que el hecho dañoso fue cometido por el sirviente o dependiente; 3) la cualidad de dueño, director o principal que tiene el ente accionado”.
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REPARACIÓN DAÑO MORAL E INDEXACIÓN JUDICIAL
“Asimismo, en casos precedentes en los cuales se ha pretendido una indemnización por concepto de daño moral, la Sala ha señalado que el juez puede reducir o aumentar el monto de la cantidad demandada, atendiendo a criterios o parámetros objetivos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han delineado, toda vez que el pago que se acuerda como reparación de los daños morales no responde a la fijación de montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la víctima, sino que tiene el único propósito de otorgar un verdadero resarcimiento al daño generado en su patrimonio moral. Concretamente, quedó establecido en sentencia de esta Sala Nro. 00264 del 14 de febrero de 2007, lo que sigue:
Por otra parte, como quiera que la parte actora solicita “…que al momento de fijar la indemnización, esta Honorable Sala tome en cuenta el poder adquisitivo de la moneda para ese momento…”, es preciso destacar que conforme al criterio reiterado en la materia, sostenido por este órgano jurisdiccional y ratificado por la Sala Constitucional, la corrección monetaria de montos acordados como consecuencia del daño moral, resulta improcedente toda vez que “(…) las cantidades derivadas de las demandas de indemnización del daño moral no son susceptibles de indexación, ya que su estimación es realizada por el juez a su prudente arbitrio, sin necesidad de recurrir a medio probatorio alguno y con fundamento en la valoración de la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, de conformidad con el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.196 del Código Civil (…)”, (véase sentencia de esta Sala No. 01370 de fecha 30 de septiembre de 2009), así como decisiones de la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia Nos. 683 del 11 de julio de 2000, caso: NEC de Venezuela, C.A. y 1.428 del 12 de junio de 2003, caso: Aceros Laminados, C.A. y otro)”.
ESTAFA INMOBILIARIA Y JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA
Sala Político Administrativa N° 739/ 27-6-2013
“La falta de jurisdicción del Juez comprende su imposibilidad para dictar sentencias y pasarla por autoridad de cosa juzgada, esencialmente por haber perdido su capacidad funcional en un ámbito concreto del ordenamiento jurídico, bien sea, por estar atribuido a un órgano o ente de la Administración Pública o una autoridad extranjera. Por tal motivo, la obligación que tienen los jueces de dictar sentencias y resolver los conflictos que se le planteen, carece de sentido práctico en la medida que ésta no se tenga.
El representante de Ediperca, C.A. intentó ante un Tribunal con competencia civil una demanda por resolución de contrato de opción de compra-venta contra la ciudadana Erika Eloisa Peraza Rodríguez, razón por la cual, en principio, nos hallamos en presencia de una elemental acción civil. Sin embargo, la demandante invoca dos (2) instrumentos legales para justificar la falta de jurisdicción del Juez, como lo son, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que a su criterio disponen una fórmula o procedimiento administrativo que inviste de autoridad a un órgano de la Administración Pública para resolver las controversias referentes a la materia de viviendas.
En ese sentido, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012, conforme al artículo 1, establece un conjunto de normas dirigidas a:
“(…) regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas; considerando el proceso de la construcción y todos los convenios entre particulares, cualquiera sea su denominación contractual, mediante el empleo o artificio de engaño e incumplimiento, sancionado penalmente el delito de estafa inmobiliaria y otros fraudes afines, cumpliendo con el fin supremo y constitucional de defender, proteger y garantizar el derecho que tiene toda persona a una vivienda digna”.
Ello así, lo que pretende realizar la Ley, no es tanto, evitar que los compradores se vean sorprendidos en su buena fe y adquieran una vivienda bajo trámites fraudulentos, sino, impedir que los eventuales compradores como débiles jurídicos de la relación, suscriban contratos desprovistos de controles en los que se incorporen cláusulas leoninas, en condiciones asimétricas, que los hagan inejecutable y que en definitiva operen en detrimento del universo de adquirientes.
El Título III del referido instrumento normativo, relativo a la Preventa, Venta o Enajenación de Viviendas en Proceso de Construcción o aún no Construidas, en su artículo 9 establece que:
“La preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda en proceso de construcción o aún no construidas, sólo podrá iniciarse cuando la empresa constructora haya obtenido toda la permisología exigida por los órganos y entes competentes en materia de viviendas y desarrollo urbano, sean nacionales, regionales o municipales debiendo ser aprobadas por la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia”.
Por otra parte, el artículo 27 referente a las denuncias establece que:
“Los compradores podrán acudir ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, para denunciar la vulneración de sus derechos, sin menoscabo de la competencia que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 6072, con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, ostenta el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de supervisar a los productores de vivienda y hábitat en su condición de sujetos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, y aplicar las sanciones correspondientes, previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo”.
Y por último, el artículo 18 regula lo concerniente a la recisión de los contratos de la siguiente manera:
“No podrá, ni es válido que los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas, ofrecidas y contratadas en venta o preventa, decidan rescindir los contratos unilateralmente. Cualquier estipulación en contrario es nula, con la excepción que se produzca el incumplimiento o falta de pago por más de noventa días de cualquiera de las cuotas previstas en el contrato, por causas atribuibles al comprador. La solicitud de rescindir debe ser avalada por la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”.
Las normas arriba citadas, establecen una serie de mecanismos de protección a los adquirentes y compradores de viviendas, tendientes a proveerlos de herramientas para controlar todo el circuito que lleva consigo su construcción, vale decir, la preventa, venta o enajenación y evitar que sean víctimas de todo un sistema que funciona en condiciones desiguales. En materia de recisión establece una situación especial, puesto que, muy a pesar que entendamos la terminación de un contrato bilateral como el producto del incumplimiento culposo de una de las partes, extinguiéndose todas las obligaciones nacidas del mismo, dicha facultad se halla sujeta a un procedimiento que impide que sean resueltos unilateralmente.
Para que “los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas” puedan ser liberados de su obligación, deben pedir ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat la terminación del mismo que deberá ser avalada por ésta. Ello supone, la inclusión en la norma de un trámite que exige la sustanciación de un procedimiento en sede administrativa para dar por finalizado un contrato por recisión.
Ello así, cuando se trate de inmuebles en proceso de construcción o aún no construidas, y una de las partes pretenda rescindir el contrato, ha dispuesto la Ley, atribuirle dicha competencia a un órgano de la Administración Pública, por lo tanto, el poder judicial no tendría jurisdicción en hipótesis como la planteada. Así se declara”.
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TSJ REIMPULSA CONCURSO PARA OBTENER LA TITULARIDAD DE LOS JUECES Y JUEZAS DE LA REPÚBLICA
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó las normas que regulan y organizan el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera de los jueces y juezas del país, mediante los concursos de oposición públicos y las evaluaciones de desempeño, de conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al hacer el anuncio sobre la aprobación de esta resolución, la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado explicó: "Proseguimos el camino hacia la consolidación del nuevo modelo de servidor público judicial. Este es un paso significativo para garantizar, aún en mayor medida, la idoneidad y excelencia de las juezas y jueces, quienes podrán obtener y/o regularizar su condición de titular y encauzar con esfuerzo y compromiso sostenido, una carrera judicial de luces y provecho en lo personal y para la colectividad".
EMPLEADO DE DIRECCIÓN NO GOZA DE ESTABILIDAD
Sala De Casación Social N° 334 / 6-4-2016
“No obstante, el error en que incurrió el Juez no es determinante en el dispositivo de la sentencia impugnada, pues se observa que la demandante, para el momento en que fue despedida, ocupaba el cargo de Consultor Jurídico, en calidad de encargada, por lo que ha de considerarse una empleada de dirección y, por tanto, no gozaba de estabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 -aplicable ratione temporis-.
Cuando el empleado de dirección representa al patrono frente a terceros o frente a los demás trabajadores, debe entenderse que tal acto de representación es resultado de las apreciaciones y decisiones que él ha tomado o en cuya toma participó, y no que actúa como un mero mandatario; pues, si bien la condición de empleado de dirección implica un mandato del patrono, aun tácito, no necesariamente todo mandato implica que detrás del mismo subyace la condición de empleado de dirección”.
Sala Constitucional N° 609 / 10-6-2010
“Respecto del derecho a la igualdad esta Sala, en sentencia n.° 266/06, estableció lo siguiente:
Artículo 21 (CN). Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
De igual forma, esta Sala ha reconocido en varios fallos, que el respeto al principio o derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación es una obligación de los entes incardinados en todas las ramas que conforman el Poder Público, de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho y que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria. (vid. sentencias 536/2000, del 8 de junio; 1.197/2000, del 17 de octubre; y 1.648/2005, del 13 de julio)”.
INAMOVILIDAD LABORAL POR FUERO PATERNAL Y MATERNAL
Sala Constitucional N° 609 / 9-6-2010
“… el fuero maternal que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a la madre, se inicia con el embarazo, tal y como se desprende, inequívocamente, del artículo 384 que dispone:
Asimismo, la Sala determina que, para la demostración ante el patrono de la paternidad, cuando no sean aplicables las presunciones de Ley, bastará con el reconocimiento voluntario que se haga conforme con lo que preceptúa el artículo 223 del Código Civil”
Se fijan los efectos del presente veredicto desde su publicación, en el entendido de que gozan de fuero paternal los trabajadores padres de quienes estén concebidos actualmente. Así, igualmente, se decide”.
PRUEBA DE COTEJO CARGA DEL PROMOVENTE
Sala De Casación Social N° 111 / 29-2-2016
El artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
Artículo 90: Se considerarán como indubitados para el cotejo:
A falta de estos medios, puede el presentante del instrumento, cuya firma se ha desconocido, solicitar y el Tribunal lo acordará, que la parte contraria escriba y firme, en presencia del Juez, lo que éste dicte, si se negare a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la imposibilidad física de escribir. (Subrayado por la Sala).
De la norma supra transcrita se constata por una parte, cuales son los documentos considerados indubitados para la realización de la prueba de cotejo, y por la otra, establece, que a falta de los documentos indubitados los jueces podrán a solicitud de parte, ordenar que la parte cuya firma está entredicha, escriba y firme en su presencia, lo que éstos dicten, y en caso de negativa a escribir y firmar, se tendrá como reconocido la documental, a menos que a la parte le sea imposible firmar.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 89 y 91 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que la firma de un instrumento privado es desconocida por la parte contra quien se promueva la documental, corresponde a la parte interesada promovente evidenciar su autenticidad a través de la prueba de cotejo establecida en el artículo 90 eiusdem, y a tales efectos deberá señalar el documento indubitado. En tal sentido, el referido cotejo deberá ser solicitado en la misma oportunidad en la que se produce el desconocimiento y el Juez resolverá la incidencia en la sentencia definitiva”.
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PLANILLAS DE DEPÓSITOS BANCARIOS SON TARJAS
Sala De Casación Civil N° 877 /20-12-2005
“… Para poder resolver la presente denuncia, resulta necesario en primer termino conocer cual es la naturaleza de los depósitos bancarios y que tipo de prueba constituyen, pues dependiendo de esta calificación que se efectúe, sabremos que tratamiento deberá dar el jurisdicente a este tipo de pruebas y particularmente, que reglas deberán cumplirse en el establecimiento o incorporación de este tipo de pruebas al proceso.
“…el símbolo probatorio no indica un hecho, lo representa, y ante el signo, quien lo ve, por fuerza directa o indirecta de la ley, debe creer que un hecho en particular ha sucedido, el cual está representado (vuelto a presentar) por el símbolo…Del símbolo nace una presunción…No es puridad un medio de prueba, el no es un vehiculo de transporte de hechos al proceso, él aparece grabado o estampado en un bien y es transportado a la causa junto con ese bien, por los medios capaces de hacer el traslado; pero, cuando ingresa al expediente, como una abstracción hace presumir iuris tantum un cúmulo de situaciones que se comprendían en él sin que exista una razón lógica o natural fuera del mandato legal, entre el signo y todo lo que representa…Pero, los símbolos probatorios, al revés de los hechos que hacen presumir, no está dirigidos al Juez para que fije un hecho desconocido, sino que tiene como destinatarios al público, ya que ellos producen como otro efecto jurídico, al ser garantía, información o identificación de alto nivel masivo. Esta característica hace que los símbolos de por sí sean autenticantes…” (Cabrera Romero.Oc.II.122.).
En relación con lo anteriormente expuesto, las notas de consumo de los servicios de energía eléctrica y teléfono, poseen un símbolo probatorio, representado, a través de un logotipo en el primer caso y de las siglas identificadoras al segundo caso, los cuales son reconocidos comúnmente por todas las personas por cuanto el mismo se ha incorporado a nuestro quehacer diario, lo que quiere decir que no hace falta demostrar su autoría por medio de la firma, sino la misma la vamos a demostrar con la autenticidad que emana de un hecho público y notorio como lo son los símbolos representativos característicos de estas empresas.
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PROHIBICIÓN DE PUBLICAR LINCHAMIENTOS
Sala Constitucional / 8-6-2016
“… En razón de las consideraciones expuestas y visto que la transmisión reiterada de los videos de linchamientos podrían exaltar estos hechos contrarios a la esencia misma de la convivencia social a través de las instituciones del Estado, fomentando la anomia, el irrespeto a las leyes y a los derechos humanos en el sentido de concebir como lícita la justicia por propias manos por parte de la ciudadanía, sin prever la inocencia o no de la víctima y los derechos al debido proceso, la vida, y la integridad personal y en aras de promover el equilibrio democrático, la paz, la preeminencia de los derechos humanos y el imperio de la Ley, esta Sala declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos. Así se decide.
¿Quién dice que Dios es invisible? Podemos verlos a cada instante, cada vez que estemos dispuestos a ver más allá de nosotros mismos. Podemos ver su sonrisa en cada amanecer, su mano generosa en la lluvia que calma la sed de la tierra, el guiño de sus ojos en la presencia de la gente que nos ama.
Desde la infancia nos han enseñado que “Dios está en todas partes”, y poco a poco nos hemos ido quedando ciegos y sordos a su inmensa presencia.
Dios expresa ante nosotros su rostro de padre preocupado, cariñoso, comprensivo. Nos regala los gestos de su amor.
OPTIMIZAR EL ESTUDIO EN LOS DÍAS SIN CLASE
Sin lugar a dudas los padres tienen una tarea fundamental en estos días, lo principal es ponerse en contacto con los maestros o profesores de sus hijos, para saber si éstos les están enviando actividades, trabajos y lecciones a desarrollar durante los días de la semana que no tengan clase.
Es imperativo de los niños, aun estando en la casa un día de semana, tengan un horario programado para el estudio, realización de trabajos o investigar para una exposición.
La comunicación es fundamental entre padres, maestros y niños para que los alumnos no pierdan tiempo y no se distancien tanto de sus actividades escolares.
Recuerda que el estudio es tan valioso para los niños, como el trabajo para los adultos.
1. Consumir frutas como naranja, mandarina, guayaba o piña, ya que su alto contenido de Vitaminas C y D ayudan a aumentar las defensas de manera natural, mantienen en equilibrio el sistema inmune y evitan que la mucosa del tracto respiratorio se inflame y dé paso a virus y bacterias.
2. Mantenerse hidratado suficientemente durante el día.
3. Vacunarse contra la influenza, sobre todo los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años.
4. Si tú o algún miembro de tu núcleo familiar tiene gripe, recuerda que deben estornudar en el ángulo interno del codo si no tienes un pañuelo de papel, estar pendientes de lavarse frecuentemente con agua y jabón, o utilizar gel antibacterial.
5. Evitar lugares muy concurridos con temperaturas altas, ya son el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de virus y bacterias.
Uno de los efectos de la constante exposición de ácido gástrico en el esófago es la alteración de su mucosa, generando cambios celulares que pueden evolucionar a lesiones pre-malignas que –posteriormente- se convierten en malignas; advirtió Geylor Acosta, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Entre los factores que pueden promover la aparición de reflujo gastroesofágico figuran: hábitos como tabaco y alcohol, café, bebidas carbonatadas, chocolate, frutas cítricas, grasas, frituras, comidas muy condimentadas y menta. Y por parte de los fármacos destacan los ansiolíticos, narcóticos y algunos antihipertensivos. La obesidad y la presencia de hernia hiatal son condiciones que favorecen la aparición del reflujo gastroesofágico.
Conozca los síntomas: el medico traumatólogo Fuenmayor asegura que las personas afectadas tienen mayores dificultades para practicar actividades psicomotrices, que van desde caminar hasta tomar un objeto. El galeno indica poner atención a lo siguiente:
• Temblor en las extremidades y contracciones en mentón y labios.
• Reducción del tamaño de la letra.
• Se dejan de percibir los olores.
• Molestia para dormir.
• Rigidez en brazos y piernas. El movimiento de los brazos al caminar puede llegar a desaparecer, también se siente una gran pesadez en los pies. Aparece un dolor persistente en hombros y cadera.
• Dificultades para defecar.
• Cambios en el tono de voz.
• Rostro sin expresión.
• Desmayos y mareos.
• Espalda encorvada.
Anualmente, cada 11 de abril, la Organización Mundial de la Salud une esfuerzos para elevar conciencia en la sociedad a través de información, la erradicación de prejuicios y discriminación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta patología.
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ORDEN PÚBLICO AMPARO CONSTITUCIONAL / CADUCIDAD DE...
RECURSO DE INVALIDACIÓN / CAUSALES
APELACIÓN EXTEMPORÁNEA POR ANTICIPADA ES VÁLIDA

References: artículo 83
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 51
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Artículo 88
 artículo 90
 artículo 118
 artículo 121
 artículo 118
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 artículo 121
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 artículo 47
 artículo 206
 artículo 259
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 artículo 250
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 9
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 artículo 18
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Artículo 21
 artículo 384
 artículo 223
 artículo 445

Artículo 90
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