Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2017/refc20170908.aspx/
Timestamp: 2018-07-21 06:01:34+00:00

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La Moncloa. 08/09/2017. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
ACUERDO por el que se autoriza la inversión extranjera de la sociedad francesa "La Spirotechnique Industrielle et Commerciale, S.A." en la sociedad española "Aqua-Lung España, S.L.", por el 100% del capital social, para realizar actividades relacionadas con la defensa nacional.
ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Policía la celebración de un contrato de suministro en régimen de arrendamiento de 334 vehículos turismos radio patrulla tipo "Z", por valor estimado de 14.088.120 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Elorrio - Elorrio, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas integrada por Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A. (50%) y Rover Alcisa, S.A. (50%), por 34.023.159,38 euros, IVA no incluido.
REAL DECRETO por el que se nombra director general de Fondos Europeos a D. JORGE GARCÍA REIG.
REAL DECRETO por el que se nombra director general de Evaluación y Cooperación Territorial a D. MARCO AURELIO RANDO RANDO.
ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las siguientes personas:
D. XABIER ORMAETXEA GARAI
D. BERNARDO LORENZO ALMENDROS
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE TRANSITORIEDAD JURÍDICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 8 de septiembre de 2017, de la Generalitat de Cataluña, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de la norma impugnada.
El contenido de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República supone una vulneración de los arts. 1.2, 1.3, 2 y 9.1 de la Constitución en relación con el art. 168 de la misma, porque la declaración de una república catalana, el establecimiento de un régimen jurídico transitorio que prescinde de la regulación constitucional, con sus propias instituciones, y la regulación del proceso propiamente constituyente son claramente lesivas, tanto de la atribución de la soberanía nacional al pueblo español (art. 1.2. de la Constitución Española), como atentatoria de la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", unidad que la propia norma suprema eleva a fundamento esencial de la misma (art. 2 de la Constitución).
Esta impugnación no es solo debida por el carácter de ley formal que se atribuye al documento aprobado, sino también es precisa con el objeto de defender al Parlamento de Cataluña como institución democrática autonómica, reivindicando su papel central en el marco de la Constitución Española y de su Estatuto de Autonomía frente a la apropiación que del mismo pretende un conjunto de diputados, y al objeto de promover la defensa de la soberanía nacional contra la que atenta la disposición objeto de impugnación.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL CÓDIGO TRIBUTARIO DE CATALUÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del artículo 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero relativos a la administración tributaria de la Generalitat.
La ley impugnada es una de las leyes del denominado "proceso de desconexión" de Cataluña del Estado español, a la que se le unirían las leyes de Seguridad Social propia catalana y de transitoriedad jurídica. En el texto del recurso se hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión del artículo 5 de la Ley citada en aquello que se refiere a la aprobación de los artículos 122-10.6; 217-3.3 d) y e); 217-5.3 c); 223-1 y 223-2 del Código Tributario de Cataluña.
Los preceptos impugnados vulneran las competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles en materia de legislación civil, de Hacienda y de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, previstas, respectivamente, en los artículos 149.1.1. ª, 8. ª, 14. ª y 18.ª de la Constitución Española, así como en el artículo 14 de la Constitución, puesto que se aprecia la voluntad del legislador autonómico de regular un sistema tributario al margen del estatal.
De esta forma, se aprecia una omisión sistemática a cualquier referencia los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español, así como una pretensión codificadora al objetivo de establecer una regulación completa y cerrada de aspectos reservados a la regulación estatal que omita su aplicación, lo que supone la ruptura de la unidad legislativa que representa el Código Civil español como "Derecho común".
Preceptos de carácter técnico
Por otro lado, se impugnan también algunos preceptos de carácter técnico que contravienen específicamente previsiones de la legislación estatal aplicable en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como las relativas a la respuesta a consultas y cesión de datos relativos a tributos de competencia estatal, la facultad de calificación de la obligación tributaria, las fórmulas de colaboración con los contribuyentes, el recurso extraordinario de revisión para la unificación de doctrina y la regulación del acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat de Cataluña.
Asimismo, la norma se extralimita competencialmente por vulnerar el artículo 149.1.3 de la Constitución Española en la medida en que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para colaborar en el ámbito internacional en cumplimiento de las normas sobre asistencia mutua.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ARAGONESA DE MEDIDAS DE EMERGENCIA SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN SERVICIOS SOCIALES Y ACCESO A LA VIVIENDA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Aragón de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, se hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de dichos preceptos.
La mayor parte de los artículos y disposiciones que se impugnan reproducen, con ligeras variaciones, el contenido de los artículos y disposiciones del decreto ley del Gobierno de Aragón, del 15 de enero de 2015, de medidas de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, que fue objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional y cuya sentencia está pendiente.
En su articulado, la Ley excluye las prestaciones económicas del Sistema Público aragonés de Servicios Sociales del concepto de subvenciones, pese a que la atribución de esta consideración no deriva de la declaración efectuada por la Comunidad Autónoma sino de la concurrencia de los requisitos previstos por la legislación básica del Estado.
Además, declara la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social, excediendo el ámbito competencial autonómico, que corresponde de manera exclusiva al Estado según lo prevé el artículo 149.1.6ª de la Constitución.
Suspensión de procesos de ejecución hipotecaria
Por otro lado, se aprecia una infracción de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal, ordenación del crédito y planificación general de la economía, al introducir un supuesto de suspensión automática e incondicionada en los procesos de ejecución hipotecaria no previsto en la ley estatal, sin que exista una base constitucional que lo ampare.
El articulado también impone a determinadas personas jurídicas la obligación de ceder a la Comunidad Autónoma las viviendas procedentes de procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que dificulta y perturba la efectividad de los mecanismos arbitrados por el Estado para la regulación del sistema de ejecución hipotecaria, menoscabando su competencia para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Por último, la Ley altera el régimen jurídico establecido por el Estado para la protección de deudores hipotecarios al obligar a que las medidas contempladas en el Código de Buenas prácticas, aprobado por un Real Decreto Ley, del 9 de marzo de 2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, se desarrollen dentro del sistema de mediación hipotecario que ha implantado la Administración aragonesa.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y el Plan de Acción Bienal 2017-2018 incluido en la misma, y se ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
APROBADO EL PLAN DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA DE ESPAÑA
CONTRATACIÓN DEL SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE ALEJAMIENTO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos (pulseras) del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
El valor estimado del contrato es de 27,45 millones de euros en seis años, ya que su duración es de tres años prorrogables hasta un máximo de seis años. Este importe ha requerido su autorización previa por el Consejo de Ministros. El nuevo procedimiento de licitación para este contrato su publicará en los próximos días.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de 9.519.400 euros para el desarrollo de programas de Comunidades Autónomas de lucha contra las drogas derivados del Plan Nacional sobre Drogas durante este año 2017. La transferencia se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Su objetivo es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etcétera), el desarrollo de programas de prevención, el desarrollo de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
El importe total de estos créditos se trasfieren directamente a las Comunidades Autónomas y se destinan a planes autonómicos de lucha contra las drogas (excepto Navarra y el País Vasco debido a su régimen foral) en las siguientes cuantías:
TOTAL(en euros)
Andalucía 1.502.938,52
Aragón 371.182,60
Asturias 367.086,88
Baleares 260.231,72
Canarias 452.187,82
Cantabria 208.436,82
Castilla-La Mancha 456.665,19
Castilla y León 711.058,21
Cataluña 1.419.792,29
C. Valenciana 828.476,67
Extremadura 325.355,64
Galicia 578.565,25
Madrid 1.454.773,14
Murcia 329.190,36
Rioja 125.111,74
Ceuta 68.029,16
Melilla 60.317,99
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE LA ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO: ELORRIO-ELORRIO
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento la resolución, a través de ADIF Alta Velocidad y de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria, del contrato de construcción de plataforma del tramo Elorrio-Elorrio perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San Sebastián-Frontera francesa.
El contrato cuya resolución se autoriza fue adjudicado, por importe de 34.023.159 euros, IVA no incluido, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Construcciones Sánchez Domínguez Sando y Rover Alcisa en julio de 2015, UTE que presentó el pasado 31 de mayo de 2017 una solicitud de resolución de dicho contrato.
La solicitud ha sido estimada favorablemente atendiendo a motivos de interés público, al considerarse necesaria la revisión del proyecto vigente.
CREADO EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA
Se reconoce, así, la importancia y riqueza del depósito archivístico de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, el primero de España y uno de los más significativos del mundo
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Archivo Histórico de la Nobleza, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Archivos Estatales, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
La transformación de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional en un archivo independiente responde al mandato de la Disposición adicional tercera del Real Decreto del 18 de noviembre de 2011 por el que se estableció el Sistema Español de Archivos y se reguló el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
El órgano rector del Archivo Histórico de la Nobleza es el Patronato, que estará presidido por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y compuesto por dos vicepresidentes: los titulares de la Secretaría de Estado de Cultura y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; seis vocales natos por razón de su cargo: el alcalde de la ciudad de Toledo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el director de la Real Academia de la Historia, el presidente de la Fundación Cultural de la Nobleza Española, el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, y el subdirector general de Archivos Estatales.
Más de doscientos archivos familiares
Con la creación del Archivo Histórico de la Nobleza, se reconoce la importancia y riqueza del depósito archivístico de la Sección Nobleza, el primero de España y uno de los más significativos del mundo, así como la relevancia de su patrimonio para el estudio de la Historia de España.
Desde su apertura al público en 1993, la Sección Nobleza ha reunido más de doscientos archivos familiares, de muy diversas características, contenido y ámbito geográfico, entre los que destacan los archivos de las Casas de Osuna, Frías, Fernán Núñez, Baena, Mendigorría, Luque, Aledo y Torrelaguna.
El protagonismo social y económico de la nobleza a lo largo de los siglos ha generado un enorme volumen documental, abundante en datos de todo tipo y esencial para el conocimiento de la historia de amplios territorios. Disperso y de difícil acceso en la mayoría de los casos, este patrimonio documental podría perderse para las generaciones venideras de no conservarse adecuadamente y recibir el tratamiento técnico adecuado.
Durante los últimos años la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional ha ido consolidando un programa integral de descripción, preservación, restauración y difusión de estos fondos documentales.
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato unificado de seguros del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, con un valor estimado de 28.889.650 euros.
El Plan Anual de Contratación Centralizada para el Ministerio de Defensa del año 2017, aprobado por el secretario de Estado de la Defensa el 4 de enero de 2017, establecía que la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa deberá tramitar un contrato de seguros para el Ministerio de Defensa, de conformidad con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que los órganos de contratación de los departamentos ministeriales necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a doce millones de euros.
La contratación se llevará cabo por un procedimiento abierto. El objeto del nuevo contrato se divide en los siguientes lotes:
Lote 2: Seguros de responsabilidad civil de suscripción obligatoria y voluntaria, de accidentes para los conductores y ocupantes de vehículos, de defensa jurídica y reclamación de daños, de asistencia en viaje y rotura lunas vehículos del Ministerio de Defensa.
Lote 4: Seguros de accidentes.
Lote 5: Seguros de responsabilidad civil/patrimonial.
Lote 6: Seguros de responsabilidad civil para embarcaciones.
Lote 7: Seguros de transporte de mercancías.
Lote 8: Seguros de responsabilidad civil para aviación.
Las principales novedades del nuevo contrato respecto al vigente son las siguientes:
- Se amplía la cobertura a accidentes en todo tipo de actividades y a todo el personal de las Fuerzas Armadas, siempre que sean declaradas en acto de servicio.
- Se equiparan las cuantías de indemnización a las indemnizaciones que se establecen cuando el accidente se produce en el ámbito del Real Decreto Ley del 5 de noviembre de 2004, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.
- Se incluye la circulación por los campos de maniobras, redefiniendo lo que debe interpretarse como "hecho de la circulación" y que en el contrato actual provoca que los vehículos que circulen por un campo de maniobras puedan quedar sin cobertura, según por dónde circulen.
- Se incluyen las aeronaves no tripuladas que cada uno de los Ejércitos ha ido adquiriendo, así como las que no estaban recogidas en el primitivo contrato.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 334 VEHÍCULOS TURISMOS RADIO PATRULLA PARA LA POLICÍA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de la Policía a tramitar un contrato de suministro en régimen de arrendamiento de 334 vehículos turismos radio patrulla tipo "Z", por valor estimado de 14.088.120 euros.
El 31 de diciembre de 2017 finaliza el actual contrato de arrendamiento de 334 turismos radio patrulla tipo "Z", que están siendo utilizados en labores de patrullaje por distintas plantillas policiales. Llegada esa fecha, deberán retirarse y entregarse a la entidad propietaria de los mismos.
Por esta razón, es necesario iniciar la tramitación de un nuevo expediente de contratación para el suministro, en régimen de arrendamiento, de 334 turismos radio patrulla tipo "Z", todos ellos nuevos, con sus correspondientes kits policiales y con kilometraje ilimitado; contratación que dé la necesaria continuidad y sustituya al contrato vigente, al no poder prescindir de ninguno de estos vehículos dada su relevancia para la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las funciones que la Policía Nacional tiene encomendadas.
AUTORIZACIÓN A ARAGÓN A OTORGAR AVALES
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Aragón a otorgar avales por importe máximo de 1.090.950 millones de euros los avales se destinan, en primer lugar, a subsanar los avales concedidos en el marco del contrato básico de reafianzamiento entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad de Garantía de Reafianzamiento de Aragón AVALIA, por importe de 865.950 euros; y, en segundo lugar, para que la Fundación Zaragoza Logistic Center otorgue avales a operaciones de crédito que financian un master a estudiantes del curso académico 2017/2018, por importe de 225.000 euros.
Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla de gasto del ejercicio de 2015, así como el objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016, según el último informe elevado al Gobierno en virtud del artículo 17.3 de la citada Ley.
Una vez cubiertas estas operaciones, el saldo restante de la autorización solo podrá amparar avales formalizados hasta el 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa de la Unión Europea para que dichas operaciones no tengan la consideración de ayudas de Estado.
AUTORIZADA UNA CONSULTA POPULAR EN VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba la celebración una consulta popular.
La autorización corresponde a la celebración de una consulta con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que la 'Huevada' pase a celebrarse el sábado anterior al 15 de mayo?". A dicha pregunta el electorado deberá votar con un SI o un NO.
La solicitud efectuada por dicho Ayuntamiento con fecha 27 Julio de 2017 se estima que cumple con todos los requisitos formales y materiales exigidos por la normativa reguladora de las bases de régimen local, pues se trata de un asunto de competencia propia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no es relativo a la hacienda local.
El Consejo de Ministros ha autorizado la inversión realizada por la empresa extranjera "La Spirotechnique Industrielle et Commerciale" por el 100 por 100 del capital social en la sociedad española "Aqua Lung España" para realizar actividades relacionadas con la Defensa Nacional.
"Aqua-Lung España, S.L.", es una sociedad española que tiene por objeto social la promoción, la formación y la práctica de las actividades subacuáticas, el buceo y la inmersión; la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución y compraventa de artículos destinados al buceo, la inmersión y las actividades subacuáticas.
Además, realiza las siguientes actividades relacionadas con la defensa nacional, como es la comercialización de trajes de buceo customizados pudiendo tener estos cualidades amagnéticas, aletas, mascara, cuchillos y diversos accesorios adaptados a uso militar, así como equipos de buceo de circuito cerrado y semicerrado para unidades especiales.
La inversión a realizar por "La Spirotechnique Industrielle et Commerciale S.A.", en la Sociedad "Aqua-Lung España, S.L.", consiste en la adquisición a "Air Liquide Ibérica de Gases, S.L." (Grupo Air Liquide) del 100 por 100 del capital social, por 1.800.000 euros.
Esta autorización se produce a propuesta de la ministra de Defensa, con el informe previo de la Junta de Inversiones Exteriores que en estos casos concretos ha expresado su parecer favorable a que la inversión pueda destinarse a actividades relacionadas con la Defensa Nacional. Se cumplimenta, así, lo establecido en el Real Decreto sobre inversiones exteriores del 23 de abril de 1999.
D. MARCO AURELIO RANDO RANDO.
Nacido en 1963 en Fuentes Claras (Teruel), es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y profesor de Enseñanza Secundaria desde 1989.
Fue jefe de la Unidad de Programas Educativos en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Teruel, vocal asesor del Gabinete del ministro de Educación y Cultura, director general de Centros Educativos y subdelegado del Gobierno en Teruel. Después de regresar a la actividad docente, en 2012 fue nombrado director general de Ordenación Académica y Formación Profesional del Gobierno de Aragón y, posteriormente, fue subdirector general adjunto de Cooperación Territorial en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y subdirector general de Ordenación Académica, cargo que desempeñaba en la actualidad.

References: resolución 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 161
 artículo 5
 artículo 161
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 149
 artículo 161
 artículo 149
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto