Source: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2007/refc20070119.htm
Timestamp: 2013-06-18 22:03:22+00:00

Document:
REAL DECRETO por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2007.
ACUERDO por el que se autoriza la denuncia del Canje de Notas de 26 de marzo de 1962 entre los Gobiernos de España y de Bolivia sobre supresión de visados para súbditos de ambos países, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Malí.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Intercambio de Cartas entre España y Naciones Unidas para la celebración del XVI Seminario Naciones Unidas/Federación Astronáutica Internacional, sobre utilización de la tecnología espacial para la gestión del agua, en Valencia el 29 y 30 de septiembre de 2006.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y el Reino de España sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ.
ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Hungría para el establecimiento y funcionamiento del Instituto Cervantes en Budapest.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las enmiendas de 2004 al Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979, aprobadas mediante la Resolución MSC. 155(78).
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las enmiendas de 2004 al Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Código de formación), aprobadas mediante la Resolución MSC. 156(78).
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las enmiendas de 2004 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, aprobadas mediante la Resolución MSC. 172(79).
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las enmiendas de 2004 al Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Código de formación), aprobadas mediante la Resolución MSC.180(79).
ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional la realización con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior, de los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica de sus proyectos y la asignación de un importe máximo de 1.931.000 euros para la financiación de dichos gastos durante el año 2007.
INFORME sobre perspectivas del proyecto de Constitución Europea.
REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
REAL DECRETO por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales de Algeciras y Fuengirola.
ACUERDO por el que se decide la entrega en extradición a las autoridades de Perú de Adolfo Olaechea Cahuas por delito de pertenencia a organización terrorista.
ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de un sistema de plataforma autónoma sensorizada de inteligencia.
INFORME sobre el Plan de acción de agricultura ecológica.
ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley de la Comunitat Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual.
INFORME sobre el balance de reuniones sectoriales con las Comunidades Autónomas.
Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de calidad del aire y protección de la atmósfera.
INFORME sobre cambio climático.
REAL DECRETO por el que se nombra Secretario General de Política de Defensa a D. LUIS MANUEL CUESTA CIVIS .
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de la Función Pública a D. JAVIER RUBIO RODRÍGUEZ .
REAL DECRETO por el que se nombra Directora General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica a Dª MAR GUTIÉRREZ LÓPEZ .
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Organización e Inspección de Servicios a D. EVENCIO GONZÁLEZ DE DIOS .
PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA PARA LOGRAR UN AIRE URBANO MÁS LIMPIO
La nueva norma se inspira en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina, paga.
La lucha contra la contaminación será determinante en las decisiones en materia de urbanismo y ordenación del territorio que adopten las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Además de las Comunidad Autónomas, los municipios de más de 250.000 habitantes deberán disponer de instalaciones y redes de evaluación, y deberán informar a la población sobre los niveles de contaminación.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, norma que refuerza la capacidad de acción frente a la contaminación atmosférica y constituye una de las principales iniciativas emprendidas por el Gobierno para alcanzar niveles saludables de calidad del aire en el marco de la Estrategia Española de Calidad del Aire, que en breve también será aprobada.
La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de una seria preocupación en España y el resto de Europa, ya que existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas. Según un reciente estudio de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año, de las que 16.000 corresponden a nuestro país.
El objetivo de la futura Ley es sustituir la vigente Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, de 1972, que ha quedado desfasada por la Constitución y por las normativas comunitarias e internacionales, a fin de disponer de una legislación básica que suponga un avance en la reducción de la contaminación y que sea acorde con las circunstancias y exigencias actuales.
Con el Proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera se pretende contribuir a alcanzar y mantener un nivel de protección elevado para las personas y el medio ambiente frente a los efectos adversos de la contaminación. A tal efecto, la norma se inspira en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina, paga.
La nueva legislación faculta a las Comunidades Autónomas para ejercer un control más riguroso y recoge el modelo de gestión de la calidad del aire vigente en Europa, basado en la fijación de objetivos de calidad, la evaluación periódica y la zonificación del territorio por parte de las autonomías según los niveles de contaminación, identificando las que superen los niveles permitidos.
Obligaciones para municipios de más de 250.000 habitantes
Paralelamente, la Ley prevé instrumentos para controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de inspección, además del régimen sancionador. Establece obligaciones para los municipios con una población superior a los 250.000 habitantes, como la de disponer de instalaciones y redes de evaluación, informar a la población de los niveles de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos fijados.
Según la nueva norma, si se superan los niveles de contaminación, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Esta obligación está ya hoy vigente para un número limitado de contaminantes, pero la nueva Ley la extiende a todos los contaminantes para los que se fijen objetivos de calidad del aire. Asimismo, la Ley refuerza de modo muy importante la efectividad de dichos planes al considerarlos determinantes para los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, de modo que, si estos instrumentos contradicen a los planes de calidad del aire, la decisión deberá motivarse y hacerse pública.
Esta Ley constituirá un elemento central de la Estrategia Española de Calidad del Aire, que será próximamente aprobada por el Gobierno para asegurar la aplicación efectiva en nuestro país de la Estrategia Temática de la Unión Europea y la nueva Directiva Marco de Calidad del Aire, actualmente en tramitación, que fijan nuevos objetivos para el año 2020.
2006 ha sido con toda probabilidad, el año más cálido de la historia y los datos del 2006 apuntan a un cambio significativo de tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Gobierno ha incluido la lucha contra el cambio climático entre las prioridades de su agenda política para el 2007.
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia será el documento de referencia sobre el que coordinar las medidas en políticas de cambio climático con las CCAA.
El Consejo de Ministros ha recibido de la Ministra de Medio Ambiente un Informe sobre el cambio climático, donde explica que, según los últimos datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMC), 2006 ha sido el sexto año más cálido registrado en el mundo.
Sin embargo, en España los datos del Instituto Nacional de Meteorología muestran que 2006 ha sido el año más cálido desde que se determina la temperatura media de acuerdo a la metodología de la Organización Meteorológica Mundial y, con toda probabilidad, el año más cálido de la historia. En concreto, 2006 ha tenido una temperatura media 1,34º C superior al promedio del periodo 1961-1990, superando la anomalía de 1,32º C registrada en 2003.
Desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha actuado de forma decidida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes tanto de la industria como de los llamados sectores difusos, los cuales, particularmente el transporte y el residencial, son los que han mostrado incrementos de emisiones más intensos en los últimos años.
En este ámbito, es muy relevante la elaboración y aprobación por el Gobierno en 2005 del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, que tiene como objetivo evitar la emisión a la atmósfera de 32,5 millones de toneladas de CO2 en el periodo 2005-2007, con un apoyo público total de 729 millones de euros.
Otros importantes instrumentos de planificación son el nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010, aprobado por el Gobierno en agosto de 2005 (que tiene como objetivo evitar la emisión a la atmósfera de 76,9 millones de toneladas de CO2, con un apoyo público total de 8.492 millones de euros) y el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustible (noviembre de 2005). También es destacable la aprobación del nuevo Código Técnico de la Edificación, que incrementa sustancialmente los requisitos de ahorro energético en los edificios, estableciendo obligaciones de incorporar en los mismos fuentes de energía solar.
En cuanto a los sectores industriales, las prioridades del Gobierno se han centrado en la puesta en marcha en España del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión mediante la transposición de la correspondiente directiva comunitaria, y la aprobación de los Planes Nacionales de Asignación 2005-2007 y 2008-2012. El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 fija la nueva senda de cumplimiento para el primer periodo de compromiso (2008-2012) en el que las emisiones totales de gases de efecto invernadero no deberían sobrepasar, en promedio, más allá de un 37 por 100 las emisiones del año base.
Esta cifra se alcanza sumando el objetivo de limitación del Protocolo de Kioto para España (+15 por 100) a la estimación de absorción por sumideros (un máximo del 2 por 100) y los créditos que se obtendrán a través de los mecanismos de flexibilidad de Kioto (20 por 100). El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 mantiene un reparto del esfuerzo entre los sectores incluidos (45 por 100) y los no incluidos (55 por 100). Debe subrayarse que el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 supone una reducción de la asignación anual media del 16 por 100 respecto al Plan Nacional de Asignación 2005-2007, y una reducción del 20 por 100 respecto a las emisiones verificadas en 2005.
2006: año del cambio de tendencia
Los datos preliminares disponibles apuntan a un significativo cambio de tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero durante 2006, que viene a confirmar las señales puestas de manifiesto durante 2005. De hecho, 2005 mostró ya una reducción de la intensidad económica de nuestra economía (es decir, el consumo de energía primaria creció menos que el PIB) por primera vez en los últimos años.
Según los datos suministrados por la patronal eléctrica UNESA, en 2006 las emisiones del sector se redujeron en un 7,8 por 100 respecto a 2005 (con una disminución en términos absolutos de más de ocho millones de toneladas). A esta reducción contribuyó el incremento de la producción hidroeléctrica y nuclear respecto al año anterior, pero también la notable moderación en el consumo, que se situó en +2,5 por 100, significativamente por debajo del incremento del PIB. Cabe señalar que el sector eléctrico representa aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en España.
Otros indicadores, como el consumo de gas natural en usos distintos del eléctrico, o el consumo de carburantes en el transporte, dan igualmente señales de moderación.
Todo ello permite anticipar que en 2006 las emisiones habrán mostrado una clara estabilización, o incluso una reducción, respecto al año anterior.
Prioridades del Gobierno en 2007
El Gobierno ha incluido la lucha contra el cambio climático entre las prioridades de su agenda política para 2007. Esta prioridad se pone de manifiesto especialmente en el ámbito de la cooperación institucional, en particular entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En la pasada Conferencia de Presidentes se acordó que el cambio climático será un tema central de la Conferencia del próximo año.
En materia de impactos y adaptación al cambio climático se ha acordado establecer un Programa Coordinado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La fase inicial de dicho Programa abordaría tres sectores especialmente relevantes para la población y economía españoles: salud, turismo y agricultura.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España.
Entre las principales acciones también se encuentra la elaboración de a Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), la cual formará parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). La EECCEL abordará diferentes medidas que contribuyan al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y energía limpia y pretende convertirse en el documento de referencia sobre el que coordinar las medidas en políticas de cambio climático con las Comunidades Autónomas.
Por último, se debe destacar la definición del régimen de compromisos futuros más allá de 2012, una cuestión de la máxima importancia tanto en el ámbito europeo como multilateral. El Gobierno está decidido a que España juegue un papel destacado en dicha definición, reclamando los esfuerzos necesarios para proteger el clima, pero repartiendo esos esfuerzos en base al principio de equidad.
APROBADA LA REFORMA DEL REGLAMENTO NOTARIAL
Se adecua a las nuevas tecnologías y garantiza el derecho a la libre elección de notario.
Persigue cinco objetivos: ahorro de costes para el ciudadano, garantizar el derecho a la libre elección de notario, reformar las formas documentales, reforzar el carácter de funcionario público de los notarios y modificar la organización corporativa notarial.
Se moderniza el régimen de fianzas y responsabilidad civil para la reparación de cualquier daño al usuario y se modifica el régimen de sustituciones para garantizar la adecuada prestación del servicio.
Refuerza las competencias de los notarios en su colaboración con la Administración en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, que mejora la prestación de la función pública notarial, incorporando las medidas necesarias para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías.
Asimismo, la reforma se propone garantizar el derecho a la libre elección del notario como derecho del usuario del servicio público notarial. También se asegura la imparcialidad del notario como medio para garantizar un adecuado control de la legalidad. Este control de legalidad resulta imprescindible no sólo respecto de los usuarios del servicio público notarial, sino respecto de las propias Administraciones Públicas, dado que el notario es el único funcionario público que interviene con generalidad en todo el tráfico mercantil y civil.
El Reglamento refuerza las competencias de los notarios en su colaboración con la Administración en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.
Reforma del Estatuto del Notario
Las modificaciones se agrupan en tres grandes bloques. El primero es la reforma del Estatuto del Notario. Dentro de este capítulo se refuerza el carácter funcionarial del notario, impidiendo cualquier dependencia de otro notario. Se modernizan el régimen de fianzas y el seguro de responsabilidad civil, como medio para garantizar que cualquier daño al usuario del servicio público notarial sea reparado. Además, se modifica el régimen de sustituciones para garantizar una adecuada prestación del servicio público notarial.
La reforma mantiene el carácter de oficina pública de la notaría y se establecen criterios de publicidad de los notarios para evitar cualquier lesión a la libre concurrencia entre los mismos y, sobre todo, cualquier menoscabo a la prestación de la función pública notarial.
En este apartado se modifica el sistema de provisión de vacantes como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 29 de diciembre de 1999 y, en consecuencia, las oposiciones entre notarios y el sistema de premio de estas oposiciones.
Por otra parte, se reforma la circunscripción notarial y el sistema de habilitaciones, sin olvidar el hecho de que el notario es un funcionario público con competencia territorial predeterminada. De ese modo se presta una especial atención al tráfico civil y mercantil cuya agilidad se ha incrementado notablemente.
En todo caso, ese refuerzo de imparcialidad exige una reforma del derecho a la libre elección de notario y del turno de documentos, evitando la concentración indebida de documentos en un notario. Se consigue así que el usuario del sistema notarial pueda encontrar en el notario un amparo para que, a través de su control de legalidad, se evite cualquier circunstancia de abuso. Debe recordarse que el notario ejerce su función en libre concurrencia y que tal hecho exige por parte de la Administración General del Estado la adopción de medidas que favorezcan tal estado. Por ello, la potenciación del derecho a la libre elección de notario es un medio básico, ya que ambas notas -libre elección de notario y libre concurrencia de éstos- son aspectos que convergen.
El segundo gran bloque de modificaciones afecta a las formas documentales, donde destaca la incorporación de la póliza y de los Libros-Registros.
Asimismo, se resalta la aplicación de los métodos de trabajo innovadores derivados de las nuevas tecnologías en esas formas documentales. Así se destacan, el desarrollo reglamentario de las copias autorizadas electrónicas; la aparición de actas derivadas de esas nuevas tecnologías y se impone al notario la obligación de acceder al registro en los términos dispuestos en la Ley Hipotecaria, según la reciente redacción dada por la Ley 24/2005, como medio de dar una seguridad jurídica íntegra a las partes. Se evitan así fenómenos tales como la transmisión de una propiedad sin un adecuado conocimiento del estado de cargas de un inmueble en el momento de su transmisión.
Igualmente, con la nueva redacción el notario estará obligado a expedir copia autorizada electrónica en el mismo día o el primer día hábil posterior, cuando sea preceptiva una inscripción. Con esta medida se conseguirá reforzar la seguridad del sistema, quedando el uso del fax como un elemento residual.
Dentro de las innovaciones de las formas documentales, se adopta la modificación de la periodicidad existente en los índices informatizados y del índice único informatizado, y se responsabiliza al notario de cualquier error cometido en ellos, así como de las demoras que se produjeran. Estos índices resultan de importancia básica para las distintas Administraciones Públicas, por la relevante información que ofrecen en temas como la prevención del fraude fiscal, blanqueo de capitales o alteraciones catastrales, sin necesidad de que quien adquiere el bien tenga que desplazarse físicamente.
Organización corporativa notarial
El tercer bloque de reformas hace referencia a la organización corporativa notarial, con una modernización de su estructura territorial, que se acomoda a la realidad de las Comunidades Autónomas. Se solucionará así la pervivencia de algunos Colegios Notariales cuyo ámbito llega a alcanzar en algunos casos a provincias de tres autonomías diferentes.
Esta reforma no entrará en vigor de manera inmediata, sino que se pospone hasta el 1 de enero del año 2009, con el fin de evitar perjuicios a los actuales miembros de los Colegios Notariales, ya que en algunos casos acaban de ser elegidos sus Decanos. Así, la reforma se posterga hasta la expiración de su mandato.
Igualmente, se establece la dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia en el ejercicio de la función pública notarial, con lo que resulta posible imponer una serie de obligaciones que hasta el momento no se podían ordenar.
Como última modificación, se amplía el plazo de mandato, pasando de tres a cuatro años, y se simplifica el sistema de elección de los miembros de las Juntas Directivas, estableciendo listas cerradas y de elección única.
INFORME SOBRE LAS REUNIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2006
Se celebraron 219 reuniones sectoriales durante 2006, de las cuales 69 fueron Conferencias Sectoriales y 150 reuniones de Comités.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Administraciones Públicas sobre el balance de las Conferencias Sectoriales durante 2006, año en el que se celebraron un total de 219 reuniones sectoriales de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Estas reuniones se dividen en dos categorías: las Conferencias Sectoriales -principal órgano de cooperación y colaboración entre ambas Administraciones-, de las que en 2006 hubo un total de 69, y los Comités Sectoriales -órganos de segundo nivel de cada Conferencia-, de los que se celebraron 150 durante el pasado ejercicio.
Las Conferencias Sectoriales, y sus correspondientes Comités, abordan diferentes temas y para ello reúnen al Ministro competente y a los correspondientes consejeros autonómicos. El objetivo final pasa por la cooperación y el trabajo conjuntamente para la consecución de unas políticas públicas más eficaces y que cuenten con la participación de todos. Actualmente hay constituidas treinta Conferencias Sectoriales.
Durante 2006 estas reuniones han servido para abordar temas como el análisis de diversas normas estatales, informar sobre iniciativas de la Unión Europea, adoptar criterios homogéneos para la cofinanciación de acciones comunes o dar cuenta de actuaciones de la Administración General del Estado en el ámbito internacional que puedan afectar a las Comunidades Autónomas.
INFORME SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
La superficie dedicada en España a la producción de agricultura y ganadería ecológicas supera las 800.000 hectáreas, un nivel similar al de Alemania, que es el segundo productor.
El 70 por 100 de la producción ecológica española se dirige a la exportación. En España hay 15.693 productores y 1.764 elaboradores de alimentos ecológicos.aada
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los objetivos y características del "Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica", que se presentará el próximo mes de febrero.
Este Plan empezó a gestarse en mayo de 2004 cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió un proceso de diálogo y consultas con todas las autoridades competentes, las asociaciones y las entidades representativas del sector con la finalidad de establecer las bases para un mejor desarrollo de la agricultura ecológica.
El "Plan Integral para el Fomento de la Agricultura Ecológica", que ha preparado el Ministerio, incide en todos los eslabones de estas producciones y persigue tres objetivos estratégicos: promover el desarrollo de la agricultura ecológica; impulsar el conocimiento y promover el consumo y la comercialización de los productos ecológicos, y mejorar la colaboración institucional y la gestión de los recursos para el sector contribuyendo a su vertebración.
Este Plan se desarrollará entre los años 2007 y 2010 en el marco de las atribuciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en colaboración con otros Departamentos de la Administración Central del Estado, y con el consenso y participación de las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Sectoriales representativas.
Más de 800.000 hectáreas
Según los últimos datos disponibles, que se refieren a 2005, España es el noveno país en superficie dedicada a la producción agroganadera ecológica que alcanza algo más de 807.000 hectáreas. A nivel europeo, España se sitúa en un tercer lugar, a un nivel muy similar con Alemania, que es el segundo productor.
El 70 por 100 de la producción ecológica española se comercializa en el exterior (exportación). En España hay 15.693 productores y 1.764 elaboradores de alimentos ecológicos.
Los ciudadanos españoles, según estudios realizados por el Ministerio, eligen los productos ecológicos por sus connotaciones saludables, su mejor sabor y su calidad. Quienes no consumen estos productos argumentan el desconocimiento y la dificultad de acceso a los mismos y su precio más alto.
Estas conclusiones decidieron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una campaña de información al consumidor y de promoción de la agricultura ecológica que empezó el pasado mes de noviembre y que está cofinanciada por la Unión Europea.
INFORME SOBRE PERSPECTIVAS DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la próxima reunión ministerial "Amigos de la Constitución Europea. Por una Europa mejor", que se celebrará en Madrid el próximo 26 de enero de 2007, sobre las perspectivas del proyecto de una Constitución Europea.
El próximo viernes, 26 de enero, se reunirán en Madrid, a iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores de España y Luxemburgo, Ministros y Secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los dieciocho países que han ratificado el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. También asistirán Portugal e Irlanda, como muestra de su compromiso con el Tratado constitucional. Estos veinte países representan más de dos tercios los Estados miembros y más de 280 millones de europeos.
España y Luxemburgo patrocinan la reunión en su condición de países que han ratificado el Tratado no sólo en vía parlamentaria, sino con el apoyo popular expresado en sendos referendos. Esta reunión será seguida por otra en Luxemburgo en fecha por determinar.
El objetivo de la reunión es asistir a la Presidencia alemana a cumplir el mandato del Consejo Europeo de diciembre, concertarse para que se oiga la voz de los países que han ratificado el Tratado y llegar a un acuerdo que preserve la sustancia del texto del Tratado constitucional. El título de la reunión, "Amigos de la Constitución, por una Europa mejor", revela que la reunión pretende que el contenido del Tratado constitucional sea la base del debate y que se está dispuesto a escuchar con espíritu constructivo las propuestas de los demás Estados miembros con el fin de mejorar el texto, respetando la sustancia y los equilibrios del mismo.
La visión de España puede resumirse en la necesidad de "Una Europa política, de valores, de ciudadanos, solidaria, democrática y eficaz".
EXIGENCIA DE VISADO A LOS CIUDADANOS BOLIVIANOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la denuncia del Canje de Notas de 26 de marzo de 1962 entre los Gobiernos de España y de Bolivia sobre supresión de visados para súbditos de ambos países, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia, cuya solicitud también se ha aprobado.
En virtud del mencionado Canje de Notas de 26 de marzo de 1962, actualmente no se exige visado a los nacionales de Bolivia. No obstante, la aprobación del Reglamento comunitario del 21 de diciembre de 2006, que modifica otro de 2001 que establecía la lista de terceros países cuyos nacionales estaban sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos ciudadanos estaban exentos de esa obligación, incluye a Bolivia en la lista común de países a cuyos nacionales se exigirá visado para cruzar las mencionadas fronteras exteriores de los Estados miembros.
Por ello, España, para dar cumplimiento a sus obligaciones como miembro de la Unión Europea, precisa denunciar el Canje de Notas de 26 de marzo de 1962. A partir de la denuncia, los nacionales de Bolivia estarán sujetos al régimen común de exigencia de visado.
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. De esta forma, dichos edificios y los que se rehabiliten o se proyecten a partir del año 2007 deberán obligatoriamente disponer de la Certificación de Eficiencia Energética, según contempla la nueva norma que no afectará, por el momento, a los edificios existentes.
La aprobación de este Real Decreto es una de las medidas de desarrollo del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el sector edificación en España, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), y es una transposición parcial de una Directiva comunitaria de 2002 sobre Eficiencia Energética de los Edificios. Además, completa el nuevo marco normativo sobre eficiencia energética de la edificación iniciado, hace unos meses, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación.
Cuando los edificios sean proyectados, construidos, vendidos o alquilados, se deberá poner a disposición del comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética que le permita comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio.
Este certificado de eficiencia energética irá acompañado de una etiqueta energética, similar a las ya utilizadas en otros productos de consumo doméstico, como electrodomésticos, lámparas y vehículos. Esta etiqueta estará incluida en toda la publicidad utilizada en la venta o arrendamiento del edificio. A cada edificio le será asignada una clase energética, de acuerdo con una escala de siete letras y siete colores que van desde el edificio más eficiente (clase A) al edificio menos eficiente (clase G). La valoración se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua calienta sanitaria e iluminación del edificio en unas condiciones de uso determinadas.
Mediante esta información objetiva sobre las características energéticas del edificio, se favorecerá una mayor transparencia del mercado inmobiliario y se fomentarán las inversiones en ahorro de energía, potenciando, así, la demanda de la calidad energética entre los compradores de viviendas.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y MALÍ
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Malí.
El actual Plan Director de la Cooperación Española vigente en el periodo 2005-2008, redactado y aprobado a raíz del mandato recogido en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 7 de julio de 1998, indica que la Cooperación Española atenderá de modo preferente a los Países Menos Avanzados, la mayor parte de los cuales se encuentran en África Subsahariana. Dentro de estos países, Malí ocupa los puestos 174 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 2005 (de un total de 177 países) y 101 en el Índice de Pobreza Humana, en el que figuran los 103 países considerados en desarrollo.
Mediante el Plan de Cooperación Internacional para 2006, Malí fue considerado como País de Atención Especial por parte de la Cooperación Española, lo que ha supuesto un fuerte impulso cualitativo y cuantitativo de parte de la cooperación. Esta consideración ha permitido la elaboración de un Plan de Actuación Especial para Malí, el cual ha facilitado la identificación de los sectores prioritarios para intervención de la Cooperación Española. En e Plan de Cooperación para 2007 se considera ya a Malí País Prioritario para la cooperación, lo que denota la importancia creciente de este país para la Cooperación Española.
En este sentido, ya para dar soporte al esfuerzo que la sociedad española realiza en aras de la cooperación al desarrollo, resulta muy conveniente la firma de este Convenio Básico de Cooperación entre España y Malí, por constituir el marco jurídico que va a regir la cooperación entre ambos países y que va a proporcionar unas garantías de la eficacia de la misma.
El Convenio Básico establece las áreas de interés principal en las que se basará la cooperación bilateral al desarrollo entre ambos países, con actuaciones dirigidas a la promoción del desarrollo humano y a la erradicación de la pobreza. También se afirma la voluntad de contribuir al desarrollo sostenible basado en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural.
En el Convenio se establecen las áreas de interés principal en relación con la cooperación al desarrollo. A este respecto, se designan los órganos competentes para coordinar la ejecución de las actividades previstas en el Acuerdo, que en el caso de España es la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Cabe destacar, además, que se contemplan múltiples instrumentos y modalidades para llevar a cabo las acciones previstas, así como privilegios y facilidades para los expertos técnicos y cooperantes enviados por cada país al territorio del otro, una previsión relativa a la financiación y, por último, otras consideraciones en relación con el establecimiento de una Comisión Mixta de Planificación, Seguimiento y Evaluación, a la que se asignan una serie de funciones concretas. Asimismo, incluye el procedimiento para su entrada en vigor, su renovación y denuncia.
PLAN GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA 2007
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2007. Este Plan incluye el conjunto de criterios y objetivos a que han de ajustarse los programas editoriales de los diecisiete Ministerios para el presente año.
El coste máximo total del conjunto de los programas editoriales de los distintos Departamentos ministeriales, financiado con cargo a los créditos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado 2007, =Pesetas/0.166386 \# "#,###.#0 euros (" será de 26.685.120 euros, con unos ingresos previstos por venta de publicaciones de 7.616.926 euros.
De acuerdo con el Plan, las publicaciones oficiales, como soporte informativo y difusor que son de las actividades desarrolladas por la Administración, deben constituir un servicio a los ciudadanos y atender necesariamente a alguno de los objetivos generales siguientes:
Difundir la cartografía, los datos estadísticos, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cultura; servir a los procesos de enseñanza; fomentar la educación de la población para la protección y promoción de la salud, y publicar estudios sobre materias incluidas en el ámbito competencial de los respectivos organismos.
Colaborar para que la Administración General del Estado forme a su personal con criterios de calidad.
El Plan establece también que, cuando las publicaciones vayan a formar parte de campañas institucionales de publicidad y de comunicación, habrán de responder a los objetivos de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, de 29 de diciembre de 2005, y respetar las previsiones contenidas en la misma.
Con el fin de favorecer el desarrollo sostenible y la concienciación y participación de todos en la aplicación de la política ambiental, las publicaciones oficiales emplearán papel libre de cloro y, preferentemente, obtenido a partir de procesos de reciclado.
Las Unidades editoras de la Administración General del Estado tendrán también este año como objetivo intensificar la implantación de las tecnologías de la información en la producción, gestión, comercialización y distribución de sus fondos editoriales.
COMPRA DE UNA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA PARA VIGILANCIA E INFORMACIÓN AÉREAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de una plataforma autónoma sensorizada de inteligencia (PASI) para labores de vigilancia y reconocimiento, en apoyo de las tropas del ejército de tierra desplegadas.
El sistema de Plataforma Autónoma Sensorizada de Inteligencia está basado en plataformas aéreas para la obtención de información, con posibilidad de empleo de día y de noche. Permite acciones de vigilancia, obtención de información y reconocimiento en profundidad de zonas. En Operaciones de Mantenimiento de Paz, su empleo se orienta precisamente a la vigilancia de zonas, sobre todo, ante posibles acciones hostiles; al control de desplazamientos de personal militar y civil; a la verificación de acuerdos, y a la comprobación de infraestructuras.
cuatro plataformas aéreas;
una estación de control en tierra;
un sistema de lanzamiento/despegue y aterrizaje;
una terminal de datos en tierra,
y una terminal de vídeo remoto.
El importe de licitación es de diecisiete millones de euros en una sola anualidad (2007).
La mala configuración orográfica de Afganistán, que requiere en ocasiones de hasta ocho horas para recorrer trayectos de cuarenta kilómetros, así como la gran cantidad de misiones a realizar por los helicópteros han puesto de manifiesto la necesidad de emplear medios como las Plataformas Autónomas Sensorizadas, ya empleadas por otras naciones de la coalición.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY AUDIOVISUAL VALENCIANA
El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Audiovisual de la Comunitat Valenciana, promulgada en abril del año pasado.
Dicho texto legal considera dentro de su ámbito de competencias las emisiones, de cobertura limitada al ámbito de la Comunitat Valenciana, realizadas por medios de comunicación cuyo ámbito de cobertura sea superior, lo cual es inconstitucional a juicio del Ejecutivo.
Igualmente, la Ley autonómica sugiere la asunción por parte de la Generalitat de la capacidad de configurar nuevos canales a partir del espectro radioeléctrico de que disponga en su territorio, cuando la planificación y gestión del dominio público es una competencia exclusiva del Estado.
Para solucionar la posible inconstitucionalidad de estos y otros artículos similares, el pasado mes de junio la Administración General del Estado acordó en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación con la Generalitat Valenciana la creación de un Grupo de Trabajo destinado a resolver las discrepancias sobre estos preceptos, con un plazo de actuación de seis meses.
Transcurrido ese periodo de tiempo y sin que se haya conseguido alcanzar una solución satisfactoria que ponga fin a las controversias, el Gobierno ha decidido interponer este recurso de inconstitucionalidad.
ACUERDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE BUDAPEST
El Consejo de Ministros ha autorizado el Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre España y Hungría para el establecimiento y funcionamiento del Instituto Cervantes en Budapest, que ya está en marcha desde el 8 de septiembre de 2004.
El Acuerdo regula los aspectos más importantes relativos al establecimiento y funcionamiento del Centro de Budapest, incluyendo el reconocimiento de su plena personalidad jurídica y capacidad de obrar; establece que la misión del Centro es la divulgación en Hungría de la lengua española y la cultura en español y relaciona sus actividades; determina el régimen de su personal, con un Director y hasta cuatro Subdirectores que gozarán de los privilegios e inmunidades reconocidos a los funcionarios diplomáticos si se les acredita como miembros del personal diplomático de la Misión; establece el régimen laboral y de seguridad social del resto del personal del Centro, y señala que el mismo no perseguirá fines lucrativos, pero podrá, para cubrir gastos de funcionamiento, cobrar por determinadas actividades, incluidos los cursos de lengua. Se estipula que el régimen fiscal aplicable será el establecido en el Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de Hungría para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo de 9 de julio de 1984.
Asimismo, se determina que los términos de establecimiento y funcionamiento de un futuro Instituto Húngaro de Cultura en España serán objeto de un Acuerdo análogo independiente, en consonancia con la naturaleza y atribuciones de los Institutos Húngaros de Cultura.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional la realización, con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos, de los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica de los distintos proyectos por un importe máximo de 1.931.000,00 euros durante el año 2007.
La práctica de la cooperación española al desarrollo, así como las tendencias de la cooperación internacional en el ámbito de los microcréditos, han reconocido durante los últimos años la importancia capital de instrumentar actuaciones de cooperación técnica con carácter complementario a las actuaciones de carácter estrictamente financiero. Asimismo, es innegable la importancia que tienen la evaluación, seguimiento e inspección de los proyectos de cooperación para alcanzar los objetivos que tienen asignados y reforzar su eficiencia.
En este sentido, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el corriente ejercicio económico se establece, respecto de la dotación de cien millones de euros que se efectúa al Fondo para la Concesión de Microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior (FCM), que los mismos se destinarán, tanto a la financiación de los microcréditos destinados a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico, como a los gastos de asistencia técnica de los correspondientes proyectos. Igualmente, en la Ley de Presupuestos, se establece que el Gobierno, dentro del importe máximo de la dotación fijada a este Fondo, atenderá los gastos de evaluación, seguimiento e inspección de los proyectos financiados con el mismo.
En cumplimiento de esta normativa, el Gobierno ha autorizado la cantidad de 1.931.000 euros para la financiación durante el año 2007 de los gastos relacionados con: A) El control de las operaciones realizadas por el Fondo para la Concesión de Microcréditos en orden a garantizar la eficacia de la ejecución de cada programa y el debido cumplimiento de las metas establecidas; B) La asistencia técnica a las entidades implicadas en las microfinanzas, incluyendo el fortalecimiento institucional que las capacite para gestionar con eficacia los recursos provenientes del Fondo, y C) La asistencia técnica para la planificación general del Fondo, así como para la formulación, valoración previa, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados con cargo al mismo.
A CTUACIÓN EN ESPAÑA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Reino de España, sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ.
La Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción de 1993 y ratificada por España en 1994, establece que la OPAQ y su personal gozarán de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, y que los mismos habrán de ser definidos en acuerdos concertados entre la Organización y los Estados firmantes.
En el Acuerdo se establece que la Organización tendrá en España plena personalidad jurídica y, en particular, tendrá capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, entablar acciones judiciales y actuar en las mismas.
También se establece que la OPAQ y sus bienes, así como el personal de la misma que se desplace a realizar inspecciones en España, disfrutarán de inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de sus funciones, y estarán exentos de todo impuesto directo y restricciones a la exportación y a la importación.
SEPARADOS LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE ALGECIRAS Y FUENGIROLA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la separación de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Algeciras (Cádiz) y Fuengirola (Málaga), con el fin de conseguir una mayor eficacia en la tramitación y resolución de los asuntos.
Con esta medida, que entrará en vigor el próximo día 1 de abril, los actuales ocho Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de cada una las localidades se convertirán en cuatro de Primera Instancia y cuatro de Instrucción.
Respecto a los Juzgados de Instrucción, la profunda modificación del proceso penal contemplada en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que estos órganos judiciales sean atendidos por jueces especializados en este orden jurisdiccional penal.
Asimismo, la separación de estos Juzgados permite compatibilizar sus funciones penales generales dentro de su partido judicial con las materias específicas propias de violencia de género contempladas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de 2004.
En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia, esta separación se hace especialmente necesaria si se tiene en cuenta el importante cambio introducido en los mismos a través de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Se exige al juez un nuevo papel en el proceso civil y se facilita su trabajo con la separación de jurisdicciones.
Además, la división permitirá que alguno de estos nuevos Juzgados de Primera Instancia pueda conseguir la especialización en Derecho de Familia.
La medida no supone ningún cambio en las actuales plantillas orgánicas existentes de Secretarios Judiciales y de los miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial en los nuevos órganos judiciales.
Nacido el 31 de diciembre de 1968 en La Pobla de Segur (Lleida), es Licenciado en Derecho e ingresó en 1993 en la Carrera Diplomática.
Ha sido Consejero de Promoción Cultural en la Agencia Española de Cooperación Internacional, Experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Consejero Cultural y de Cooperación en la Embajada de España en Colombia y Secretario de la Embajada de España en Italia. Desde agosto de 2005 era Asesor para Asuntos Internacionales del Ministro de Defensa.
D. JAVIER RUBIO RODRÍGUEZ.
Nacido el 3 de septiembre de 1959 en Madrid, casado, con dos hijos, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Unión Europea por la UNED, y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Fue Director de Hospital en el INSALUD entre 1990 y 1996 y Subdirector General de Recursos Humanos en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). En la actualidad era Subdirector General de Ordenación Profesional de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Directora General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica Dª MAR GUTIÉRREZ LÓPEZ.
Nacida el 23 de junio de 1964, es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha sido Jefa de la Unidad de Apoyo del Secretario General de Política Económica, Secretaria General de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y Subdirectora General de Gestión de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas, cargo que desempeñaba desde mayo de 2004.
Director General de Organización e Inspección de Servicios
D. EVENCIO GONZÁLEZ DE DIOS.
Nacido en Olombrada (Segovia) el 20 de agosto de 1951, casado, con dos hijos, es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha desempeñado, entre otros, los puestos de Subdirector General de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas, Subdirector de Administración del Consejo de Seguridad Nuclear, Inspector Coordinador en la Inspección General de Servicios de la Administración del Estado y Subdirector General de Gestión de la Calidad en el Ministerio de Administraciones Públicas. En octubre de 2001 pasó a ocupar el puesto de Secretario General del Parque Móvil del Estado, y desde abril de 2004 era Director General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica.

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