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Timestamp: 2018-01-24 05:46:15+00:00

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Fundado en 1931, MORENO BALDIVIESO es el estudio jurídico boliviano con mayor reconocimiento internacional, en virtud a la calidad en el asesoramiento especializado que provee en las distintas áreas del derecho empresarial a clientes nacionales y extranjeros. Actualmente, MORENO BALDIVIESO cuenta con oficinas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
Nuestra prioridad por excelencia, es otorgar un servicio integral, con soluciones efectivas, creativas y responsables acorde a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en mantener una relación de largo plazo y de trabajo en equipo con nuestros clientes, brindando una atención personalizada.
Luis F. Moreno Gutierrez
Email lmorenog@emba.com.bo
Delfor Zapata Avendaño
Es socio de Moreno Baldivieso y Director de la oficina en Santa Cruz, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en Moreno Baldivieso, tanto en las oficinas de La Paz y Santa Cruz en las aéreas del derecho laboral, corporativo, administrativo y civil.
Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz - Bolivia, 2003: Postgrado: Práctica Jurídica en Regulación Sectorial.
Universidad de Barcelona, Barcelona - España, 2004-2005: Máster en Derecho Empresarial.
American University, Washington College of Law – Center on International Commercial Arbitration, Washington DC - USA, 2013: Diploma en Arbitraje Comercial Internacional.
Es socio de Moreno Baldivieso, con más de 11 años de experiencia en el ámbito del derecho. Graduado con honores, se inició y ha desarrollado toda su actividad profesional en Moreno Baldivieso, contando actualmente con amplia experiencia en las áreas de derecho corporativo, laboral y seguridad social, construcción e ingeniería y agroindustria.
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2007: Diplomado en Educación Superior e Investigación.
Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz - Bolivia, 2011: Máster en Derecho del Mercado Financiero.
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 2013: Maestría en Derecho Empresarial.
Asesoramiento Fundaciones, ONG, Asociaciones sin fines de lucro
Universidad Mayor de San Andres, La Paz –Bolivia, 1999: Licenciada en Derecho.
WIPO. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Curso General de Propiedad Intelectual I OMPI- WIPO
Fundaciones, Asociaciones y ONG´s
Universidad Católica Boliviana, La Paz- Bolivia, 2000: Licenciatura en Derecho.
Universidad de Barcelona, Escuela de Estudios Empresariales, Barcelona-España, 2002: Máster en Derecho Empresarial.
Universidad Católica del Brasilia- Universidad Salesiana, La Paz-Bolivia, 2005: Diplomado en Educación Superior.
Universidad Privada Boliviana, La Paz – Bolivia, 2008: Licenciado en Derecho.
Georgetown University Law Center, Washington D.C., 2009 : “Diplomado en Fusiones y Adquisiciones”.
Email fsanchez@emba.com.bo
Negociación, conciliación y Arbitraje Nacional
Universidad Católica Boliviana, Cochabamba – Bolivia, 1999: Licenciado en Derecho.
Universidad Privada Boliviana y Universidad de los Andes Colombia, Cochabamba – Bolivia, 2006: Máster en Derecho Empresarial.
Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.
Universidad del Valle, Cochabamba – Bolivia, 2016: Diplomado en Derecho Procesal Civil.
Francisco Vela Pocoma
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 2012: Licenciado en Derecho.
Universidad Salesiana de Bolivia, 2014: Diplomado en Derecho Administrativo y Ciencia Administrativa.
Ilustre Colegio de Abogados de La Ciudad de la Paz, 2015: Diplomado en Derecho Procesal Civil.
Nuestra práctica, cubre todo el ciclo de la construcción, desde el proceso de licitación hasta la resolución de disputas.
Representamos a clientes que están desarrollando los más importantes proyectos de ingeniería y construcción en Bolivia. Prestamos servicios en la fase de licitación, negociación de contratos y resolución de controversias. Tenemos amplia experiencia en contratos llave en mano (EPC y EPCM) y servicios en general.
Asesoramos transacciones complejas de fusiones y adquisiciones en todas las industrias.
Asesoramos de forma integral a empresas nacionales y multinacionales. Nuestro equipo asesora principalmente en operaciones relativas a constitución de sociedades, modificaciones corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), auditorias legales corporativas (Due Diligence), transformaciones, escisiones y restructuraciones societarias.
Asesoramos en el cumplimiento de las leyes laborales, migración y problemas emergentes en transacciones corporativas complejas.
Nuestros servicios incluyen la elaboración de contratos de trabajo, contratación de personal local y extranjero, procedimientos migratorios, conclusión de la relación laboral, negociación colectiva, reestructuración empresarial y representación judicial en todas las instancias procesales.
Asesoramos en todo tipo de transacciones en el Mercado de Valores.
Contamos con vasta experiencia y conocimientos técnicos de los distintos productos de financiación. Prestamos asesoramiento en la emisión de valores, ofertas públicas, salidas en bolsa, venta en bloque de acciones cotizadas y emisión de todo tipo obligaciones.
Nuestra práctica cubre la integralidad de los proyectos mineros.
Asesoramos a empresas de prestigio mundial en este sector y contamos con amplia experiencia en el diseño y administración de contratos de riesgo compartido, asociaciones accidentales, compraventa de activos mineros, fusiones y adquisiciones, financiamientos de proyectos y contratos de servicios.
El Decreto Supremo No. 3437, reglamenta la Ley No. 977 de inserción laboral obligatoria a personas con discapacidad.
Recientemente se aprobó el Decreto reglamentario a la Ley de Inserción Laboral Obligatoria de Personas con Discapacidad, estableciendo obligaciones concretas para las empresas y deberes de vigilancia a cargo del Ministerio de Trabajo
23 Noviembre, 2017 Moreno Baldivieso nuevamente premiados por Chambers and Partners.
17 Noviembre, 2017 Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.
17 Noviembre, 2017 Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.
17 Noviembre, 2017 Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.
17 Noviembre, 2017 ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.
17 Noviembre, 2017 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.
17 Noviembre, 2017 Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.
8 Noviembre, 2017 Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.
9 Octubre, 2017 Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.
13 Septiembre, 2017 Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.
14 Agosto, 2017 La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones
14 Agosto, 2017 Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla
5 Julio, 2017 “STARTUPS”: EL ASESORAMIENTO LEGAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE.
5 Julio, 2017 Chambers and Partners nomina nuevamente a Moreno Baldivieso
28 Abril, 2017 EFICACIA Y VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL EN BOLIVIA
Dicho Reglamento, establece las siguientes obligaciones principales para el sector privado:
Ratifica la obligatoriedad de inserción laboral del 2% para empresas o establecimientos que cuenten con 50 o más trabajadores.
Establece la obligación de reportar bajo el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), la planilla de dependientes, incluyendo información detallada de las personas con discapacidad.
Asimismo, señala los requisitos aplicables para identificar a los beneficiarios para la inserción laboral obligatoria, encomendando al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social vigilar el cumplimiento de la norma, bajo alternativa de expedir conminatorias e imponer sanciones.
Finalmente, la norma señala que en el mes de mayo de cada gestión, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, realizará un acto público de distinción y reconocimiento a los establecimientos laborales del sector privado que hayan insertado laboralmente a personas con discapacidad, o, a personas a cargo de personas con discapacidad en porcentajes superiores a los establecidos, otorgando incentivos administrativos, que todavía no están claramente definidos.
Moreno Baldivieso nuevamente premiados por Chambers and Partners.
Moreno Baldivieso fue recientemente reconocida por Chambers and Partners como “Bolivian Client Service Law Firm of the Year”.
Moreno Baldivieso fue recientemente reconocida por Chambers and Partners como “Bolivian Client Service Law Firm of the Year”. Este nuevo galardón es fruto de la excelencia en la prestación de nuestros servicios, confirmado por el extraordinario feedback brindado por nuestros clientes, a quienes agradecemos sinceramente la confianza depositada. El haber recibido este reconocimiento entregado por primera vez a una firma de Bolivia, nos llena de profundo orgullo y satisfacción.
Legislación Boliviana del Sector Vitivinícola.
La legislación Boliviana ha sido remozada con la Ley No. 774, que complementa a todas las anteriores sobre la materia, introduciendo conceptos actuales y de gran importancia. Uno de los aspectos más relevantes es la creación CEMVIT, encargado de controlar el uso de la Denominación de Origen para Singanis, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en coordinación con el SENAPI.
El sector de la industria vitivinícola boliviana, ha tenido un desarrollo importante a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, gracias al impulso de normas que en principio estaban más referidas a regular los sectores de bebidas alcohólicas, surgiendo la necesidad de contar con legislación acorde a dicho desarrollo. Es así que con el soporte de estas normas, se empezó a configurar y estructurar lo que vendría a denominarse la legislación boliviana del sector vitivinícola, la cual, según algunos informes divulgados, tiene un movimiento económico bastante significativo para los Departamentos productores, principalmente Tarija y Chuquisaca. El sector vitivinícola, ha adquirido notoriedad por la caracterización especial de referirse de manera a legislar de manera conjunta el vino y el singani, los cuales constituyen componentes económicos que tienen alta incidencia en el empleo, tanto directo como indirecto.
Se puede afirmar que, el sector vitivinícola cuenta con una legislación adecuada a través de normas contenidas en sendas Leyes y Decretos Supremos que de manera directa, regulan tanto la producción de los derivados de la vid como aquellos aspectos técnicos, promocionales, de investigación, de ejecución, de innovación a través de instituciones creadas especialmente como el Centro Nacional Vitivinícola – CENAVIT, cuyo funcionamiento data de 1999, sobre la base de la cooperación de organismos internacionales como la ONUDI y Cooperación Española.
Un aporte importante es el constituido por la promulgación de la Ley No. 774, de 4 de enero de 2016, que complementa con las restantes normas de la legislación vitivinícola boliviana, tales como el Decreto Supremo No. 25569, la Ley No. 1334, en lo referente a legislación nacional y las normas contenidas sobre denominación de origen en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, coincidentes con el artículo 7-f) y artículo 14-c) de la referida Ley No. 774.
Bolivia, al no ser todavía parte signataria del Arreglo de Lisboa, no tiene reconocimiento internacional de las denominaciones de origen, tanto para el vino como para el singani; sin embargo, la Ley No. 774 ha facultado al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se adhiera a los convenios internacionales que existen en el sector vitivinícola y no dudamos que en el futuro cercano Bolivia proceda a ratificar el Acuerdo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen.
También es importante remarcar que, la Ley No. 774, ha dispuesto la creación del Centro Multipropósito de Innovación Vitivinícola, dependiente del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal- INIAF, el cual realizará funciones de investigación científica, desarrollo de tecnologías, transferencia de tecnología, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades de producción para incrementar los niveles de productividad de los derivados de la uva, promoviendo la comercialización y mejorar las condiciones prácticas de los procesos de comercialización de la Uva, Singani, Uvas de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos.
Como norma articuladora, en lo que viene a denominarse Complejo Productivo de la Uva, Singani, Uvas de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, establece la promoción y apoyo, la temporada de vendimia como destino turístico de prioridad nacional, la recuperación y difusión de aspectos históricos tradicionales y culturales de los Vinos y Singanis nacionales, como así también su difusión del Complejo Productivo en el extranjero con el importante soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el plano comercial, la Ley No. 774 dispone el acceso al mercado interno a través del impulso a la comercialización de productos en el mercado nacional, la promoción de servicios de capacidad y asistencia técnica, también para el acceso del mercado nacional, la promoción geográfica de la denominación de origen o Marca País y, la promoción del mercado interno relacionado con el Complejo Productivo.
Como no podía ser de otra manera, establece el diseño de estrategias y ejecución de acciones, para la apertura de mercados de exportación, para el Complejo Productivo de la Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos.
Finalmente, dentro de la actividad turística que no existía conectividad con este sector, establece que se realizaran el diseño e implementación de circuitos o productos turísticos priorizados para el Complejo Productivo, como también establece la promoción, y fortalecimiento de las rutas productivas del Vino, Singani y del enoturismo.
Como podemos apreciar, la legislación Boliviana ha sido remozada con una norma que complementa a todas las anteriores sobre la materia, introduciendo conceptos actuales y de gran importancia desde mi punto de vista. Considero que uno de los aspectos más relevantes es la creación de una entidad como el Comité Plurinacional de Innovación de Uva, Singani y Vinos, a través del Centro Multipropósito de Innovación Vitivinícola, encargado de controlar el uso de la Denominación de Origen para Singanis, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en coordinación con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI. Asimismo, con el objeto de proyectar la imagen e identidad de Bolivia a nivel nacional e internacional, mediante Decreto Supremo No. 3357 de 11 de Octubre de 2017, se ha creado la Marca País y constituido el Comité de Gestión de la Marca País, como una herramienta necesaria para mostrar las diversidades de Bolivia ante el mundo.
Nueva Reglamentación sobre Consultas Tributarias.
El Servicio de Impuestos Nacionales aprobó recientemente una nueva Resolución Normativa de Directorio, por la cual reglamenta los procedimientos para la realización de las consultas tributarias y las consultas con carácter informativo.
Paul Aramayo
Los artículos 115 al 120 del Código Tributario Boliviano, facultan al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a responder consultas de manera vinculante, sobre casos concretos consultados, en tanto y en cuanto quien la realice tenga interés directo y personal sobre la aplicación y el alcance de una disposición normativa tributaria confusa y/o controvertible, enfocada a situaciones de hecho particulares.
En este contexto, el SIN en fecha 29 de septiembre de 2017 aprobó la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 101700000019, norma que tiene por objeto principal establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para la atención de consultas tributarias formuladas en sujeción al Código Tributario Boliviano, abrogando la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0002-04 de 16 de enero de 2004, que se encargaba de reglamentar este tema anteriormente.
La citada nueva RND, define los términos “controvertible” y “confuso” a efectos de aplicación de la misma, de la siguiente manera:
Controvertible, referente a la casuística originada cuando subsisten dos normas de igual jerarquía que regulan un mismo aspecto tributario con criterios contrarios o incoherentes entre sí.
Confuso, haciendo referencia a la falta de orden o claridad en la norma, o vacíos normativos en los cuales no es posible la aplicación del artículo 8 del Código Tributario Boliviano.
Asimismo, la RND establece la diferencia entre los siguientes dos tipos de consultas:
Consulta Tributaria, la cual, de ser admitida, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la RND, tienen efecto vinculante.
Consultas con Carácter Informativo, las cuales no tienen efecto vinculante para la Administración Tributaria, siendo únicamente criterios orientadores o informativos, cuando no se cumpla con los requisitos de los artículos mencionados con anterioridad; además de las consultas presentadas por colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales y empresariales, sindicales o de carácter gremial, que conciernan a la generalidad de sus miembros o asociados.
En este sentido, los hechos y situaciones a ser consultadas mediante el procedimiento de Consulta Tributaria, no deben ser parte de procesos de verificación o fiscalización, ni deben estar cursando impugnación en la vía administrativa o judicial, ni encontrarse en plazo para la interposición de dichos recursos. Su admisibilidad o inadmisibilidad deberá darse a conocer en un plazo de 10 días hábiles, a partir del cual correrá el plazo de 30 días prorrogables para su respuesta, la misma que deberá ser emitida mediante Resolución Administrativa expresa.
Para las Consultas con Carácter Informativo, el plazo de respuesta es de 30 días prorrogable a partir de la recepción de la misma.
Ambas clases de consultas deben ser presentadas ante la Oficina Nacional de Impuestos Nacionales, la Gerencia de GRACO, Gerencia Distrital, o Agencia de la Jurisdicción de la Consultante. Asimismo, la notificación de la respuesta de ambas puede ser realizada a través del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del SIN, o siguiendo el procedimiento del Código Tributario.
Con esta nueva norma -a criterio del SIN- estarían reglamentados los requisitos para la admisión de consultas tributarias presentadas por los contribuyentes, así como aclarado el procedimiento aplicable a las mismas, quedando en manos de los contribuyentes la utilización de esta eficaz herramienta legal en los casos confusos o contro
Medidas Cautelares en el Arbitraje: La Verosimilitud del Derecho.
La eventual ejecución de una decisión arbitral puede ser resguardada a través de la adopción de medidas cautelares. Para su procedencia, es indispensable demostrar la verosimilitud del derecho.
Uno de los requisitos esenciales que apunta la doctrina para la procedencia de una medida cautelar, es la apariencia del derecho, también conocida como verosimilitud del derecho o credibilidad del derecho.
Desde el punto de vista teórico, la verosimilitud o apariencia se podría encarar a partir de una doble perspectiva.
Primero, como un mero juicio sobre la apariencia de verdad de los hechos alegados, de algo que se presenta como un hecho o relato que ocurre normalmente en la realidad o con un grado de frecuencia relativamente alto.
En resumen, una situación que a los ojos y experiencia de los árbitros, se podría calificar como creíble, aunque eventualmente resulte no ser cierta. Verdad y apariencia no son palabras sinónimas.
En segundo lugar, la verosimilitud o apariencia del derecho puede enfocarse como un juicio o evaluación de probabilidad. Esta evaluación de probabilidad incluiría un análisis de la probabilidad que los hechos alegados sean ciertos (apariencia), que el derecho invocado sea atendible y finalmente, que la propia demanda tenga chances de éxito.
Bajo este segundo enfoque de la apariencia o verosimilitud del derecho, nos encontramos frente a un potencial conflicto de altísima relevancia en el arbitraje; en razón a que cuando un árbitro emite una opinión previa sobre el fondo del caso, prejuzgándolo, se coloca en riesgo de ser apartado del caso, al carecer de imparcialidad para dictar el futuro laudo.
Ahora bien, en la práctica, desde el punto de vista del abogado, la demostración de este requisito a los árbitros es una cuestión de persuasión. Se construye con un buen relato, creíble, pero también con buena prueba, primordialmente documental.
Asimismo, desde la óptica de los árbitros, la emisión de una decisión sobre la verosimilitud del derecho, debe contener una fundamentación suficiente, al igual que cualquier otra decisión de esta naturaleza; pero teniendo el cuidado necesario de no exteriorizar una opinión anticipada que ponga su imparcialidad en tela de juicio.
ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN BOLIVIA.
Aquellas empresas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, se encuentran en una carrera contra el tiempo, para desarrollar políticas de diseño de mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento
Con el debate en curso que se tiene sobre el denominado Código del Sistema Penal en Bolivia, uno de los temas que se habría abordado entre legisladores y empresarios, viene a ser el denominado Compliance (cumplimiento normativo), que emerge de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.
Pero, este término que parece novedoso en nuestro país, tiene sus orígenes en EEUU en la década de los 70 y 80, emergente de los grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a connotadas compañías, como el caso WATERGATE. Este hecho, implicó que se dicte la Foreign Corrupt Practices Act o sus siglas FCPA el año 1977.
¿Cuál es la situación de nuestras empresas frente a la implementación del Compliance?
El abordar la temática el Compliance resulta un reto para gran parte de nuestras empresas en Bolivia, es por ello que:
1.- Para aquellas que aún no tienen previstas en sus estructuras programas o planes como el Compliance, será una carrera contra el tiempo, para que se pongan manos a la obra, para buscar despachos de abogados o profesionales con experiencia en el desarrollo de este tipo de políticas que traten al menos, de diseñar mapas o inventarios de riesgos de cumplimiento, elementos de control interno, tales como los Códigos Éticos o de Conducta, el cumplimiento contractual, registros o licencias y en suma los riesgos que enfrenta la empresa, sus ejecutivos y las posibles sanciones a las que pueden ser pasibles.
2.- De igual modo, para las empresas que ya cuentan con estos programas, la vigencia de una norma específica, será un llamado de atención para revisarlos y actualizarlos, para que no sean como en muchos casos un tema de simple cumplimiento de nomas o solo por formalidad, cabe recordar los últimos hechos delictivos acaecidos en el sistema financiero boliviano que son de conocimiento público.
¿Quíén es el Compliance officer?
Seguramente y como avanzan las cosas, muchas empresas que puedan cubrir los costos, podrán contar en breve con el denominado Compliance officer (Director de Cumplimiento Normativo), persona que deberá ejercer sus funciones con plena independencia, contar con los recursos suficientes y también tener la autoridad necesaria para desarrollar su actividad previsora de riesgos dentro de la empresa.
¿Las normas ISO y el Compliance?
En la misma línea del camino que empieza y nos queda por recorrer en cuanto al Compliance en Bolivia, no podemos dejar de lado, mencionar que otro reto a trazarse por muchas de nuestras empresas, será el poder contar con las certificaciones que según las actividades que realicen, ya fueron abordadas por la Organización Internacional de Normalización, con la publicación de normas como la ISO 19600 (Normas de Compliance) y también con la ISO 37001 (Normas Anti-Soborno).
Para concluir, esperamos que estas consideraciones puedan aportar y convertirse en un punto de partida, para que se siga ahondando sobre esta temática, que seguramente tomará mayor relevancia una vez que se apruebe y publique el Código del Sistema Penal en Bolivia, que nos permitirá emitir otros criterios emergentes de la redacción de los artículos que estén vinculados con el Compliance.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO.
Javier Galeb Claure: La actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera resulta primordial, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.
Javier Galeb Claure
En fecha 13 de octubre del presente año, se celebró el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), desarrollándose dicho evento en la ciudad de Santa Cruz. En el marco del indicado Encuentro, se contó con la participación expositiva del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera quien destacó que de un tiempo a esta parte, el Estado ha venido a constituirse en la principal fuente de inversiones, llegando a alcanzar hasta un ochenta por ciento (80%) del Producto Interno Bruto (PIB) inclusive.
A pesar de resaltar que Bolivia es el país que estaría teniendo el mayor crecimiento en la región y que el Estado financia hasta un setenta y ocho por ciento (78%) de sus proyectos productivos, así como proyectos en educación y salud con recursos propios, comunicó acto seguido, la merma de la inversión extranjera directa de USD. 2.122 M registrada el año 2014 hasta la cifra de USD. 1.180 M registrada en 2016, aspecto que si bien no significó la disminución de la capacidad de consumo de los bolivianos, impide o cuando menos perjudica el desarrollo de la producción de valor agregado.
Es evidente que dentro de un modelo económico primario como es el que caracteriza al modelo vigente en Bolivia, si bien se fomenta el consumo, es por demás importante contar con inversión extranjera, en especial en sectores dinámicos, como el agropecuario y el de la ganadería, más aun tratándose de economías en desarrollo como la boliviana. De importancia resulta destacar también, que si bien hay interés de parte del Estado en procurar inversión extranjera directa, tal como se refleja en la Ley de Promoción de Inversiones, promulgada en fecha 4 de abril de 2014, en apariencia, no se estaría haciendo lo suficiente para lograr dicho cometido y se hace imperiosa una nueva respuesta jurídica que se adecúe a la realidad actual de la economía.
El Estado Boliviano viene normando la relación entre los inversionistas y el Estado, de tal manera que esta se caracterice por la independencia, respeto mutuo y equidad, en el marco de la soberanía y dignidad del país, en un contexto de seguridad jurídica, conforme al principio de Respeto Mutuo y Equidad previsto en el artículo 3, inciso c de la Ley de Promoción de Inversiones, no obstante, dentro de ese equilibrio, se hace necesaria la modificación, o en su defecto la actualización de las medidas destinadas a incentivar la inversión, aspecto que exige una respuesta jurídica, que se traduzca en normativa complementaria a la Ley de Promoción de Inversiones, o en una nueva disposición de fomento a la inversión de acuerdo al contexto económico actual.
En opinión del investigador en ciencias económicas Germán Molina, la inversión extranjera es fundamental para permitir a los países obtener capitales frescos, así como el acceso a la tecnología, en este sentido, es primordial la actualización jurídico normativa tendiente a establecer condiciones que resulten atractivas para la inversión extranjera, respetando las políticas de desarrollo económico y social del país.
Tratados Bilaterales de Inversión en Bolivia.
La denuncia de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversión por parte de Bolivia, genera la necesidad de encontrar mecanismos efectivos que resguarden las inversiones extranjeras, revitalizando los incentivos actualmente existentes.
Con el transcurso del tiempo y la evolución de las Leyes y Normas de Derecho Privado y Derecho Internacional Privado en el mundo, el tratamiento de las inversiones extranjeras se ha visto favorecido, toda vez que muchos años atrás dichas inversiones no contaban con protección especial de ningún tipo, en desmedro de su resguardo legal efectivo.
Posteriormente, se establece que los inversores extranjeros podrían llevar sus reclamos ante tribunales nacionales, que en su mayoría mostraban reservas en el trato frente a una inversión extranjera, lo que significaba que los procesos en su mayoría, resultaran negativos para los intereses de los inversores.
Por esta razón, en un primer momento, los Estados deciden establecer un método que sea más efectivo en cuanto a la protección de sus inversiones en otros Estados, y como consecuencia se implementa la protección de carácter diplomático.
Dicha protección diplomática implicaba ponerla en práctica de forma pacífica y voluntaria, o mediante el empleo de la fuerza militar. Sin embargo, con la intención de preservar las buenas relaciones entre los Estados, estos optan por la forma pacífica, y, después de numerosos intentos de establecer reglas específicas para el tratamiento de las inversiones en Estados extranjeros, finalmente los Estados comienzan a suscribir Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI’s).
¿Por qué se suscriben Tratados Bilaterales de Inversión?
Los TBI’s se firman entre dos Estados, con el fin de promover y proteger las inversiones de nacionales de un Estado en el territorio del otro Estado. En este sentido, el motivo principal que impulsaría la firma de los TBI’s, obedece a que los inversores extranjeros requieren protección sobre sus inversiones en Estados ajenos, y en los cuales las leyes son diferentes a las de su propio país.
Ahora bien, al mencionar que el inversor extranjero necesita protección nos referimos a acciones o conductas específicas que lo respalden frente a actos que el Estado donde se encuentre su inversión pueda desplegar en perjuicio de sus intereses, y a su vez a condiciones y medios adecuados para la resolución de controversias, medios imparciales que le permitan tener seguridad al momento de decidir realizar una inversión en un Estado extranjero.
Asimismo, cada Estado, como persona de derecho público, busca generar un ambiente apropiado para atraer inversiones extranjeras, que tienen incidencia en el desarrollo económico, extremo que lleva a los Estados a garantizar la seguridad para las inversiones a través de los TBI’s, incentivando a aquellos inversores extranjeros con el fin de promover su propia economía.
Bolivia y los TBI’s:
La protección de las inversiones extranjeras, pactada en los TBI’s firmados por Bolivia, establece obligaciones de dar, hacer y no hacer. Asimismo, incluían cláusulas de resolución de controversias que constituyen un compromiso válido para ambos Estados suscribientes, el cual solo puede quedar sin efecto mediante la denuncia del TBI y el cumplimiento de las condiciones previstas en el mismo.
Dicho esto, se entiende que para que ambos Estados estén conformes, se debe suscribir un acuerdo equilibrado, que no permita que el Estado receptor tome medias abusivas en contra del inversor extranjero.
A la fecha, los veintidós TBI’s suscritos por Bolivia, se encuentran denunciados en virtud a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (“CPE”), Disposición Transitoria Novena, que establecía un plazo de 4 años (ya vencido) para renegociar estos acuerdos, con el fin de que los mismos se adecuaran a la Ley de Promoción de Inversiones.
El objeto de la Disposición Transitoria Novena de la CPE sería claro, y su propósito consistiría en que los acuerdos de protección de inversión se encuadren dentro de los alcances y lineamientos de la Ley de Promoción de Inversiones; sin embargo, en el fondo, su finalidad no sería eliminar del todo la protección a la inversión extranjera.
Bajo ese entendimiento, una medida que podría resultar potencialmente adecuada para cumplir lo establecido por la CPE, sería la elaboración de un modelo de acuerdo, basado en dicha ley, que permita modificar o negociar nuevos TBI’; sin llegar al extremo de eliminar la protección a los inversores extranjeros; por cuanto además cabe resaltar que los TBI’s denunciados también protegerían a los inversores nacionales en el extranjero.
Modificar un TBI, vale decir, renegociarlo, debiera implicar que Bolivia establezca términos y condiciones que se adecuen a nuestras Leyes, y que determinen claramente cuestiones básicas como por ejemplo: ¿Qué se entiende por inversión?, ¿a quiénes se considera inversores extranjeros?, ¿a qué y a quiénes se les otorga la protección en virtud a un TBI? Asimismo, delimitar conceptos que prevengan posibles prácticas irregulares por parte del inversor dentro de territorio boliviano; delimitar adecuadamente el elemento subjetivo de protección y asegurarse de que la inversión realmente provenga del Estado con el que se ha suscrito el TBI.
Por otra parte también debiera ser necesario, al momento de redactar un TBI a ser suscrito por Bolivia, especificar que las inversiones que sean realizadas en el territorio boliviano deberán contribuir al desarrollo económico del país. Es más, en algunos casos y dependiendo de las particularidades de la inversión, se podría considerar incluir plazos de duración determinados, que posteriormente podrían ser ampliados de acuerdo al análisis realizado.
En base a lo expuesto, se puede concluir que Bolivia debiera buscar la forma de adecuar o suscribir nuevos TBI’s, de manera que los mismos sean consistentes con la CPE y la legislación local. Sin embargo, a efectos de promover y atraer inversiones extranjeras, que revitalizan el movimiento económico de nuestro país, resulta imprescindible evaluar y reflexionar sobre el modelo de protección que se brindará a los inversionistas extranjeros, sin descartar la idea de conceder protección individualizada a cada caso, con base en términos contractuales diseñados específicamente.
Enriquecedor intercambio de experiencias en arbitrajes relacionados a la industria de la construcción.
El 27 de octubre en Santa Cruz, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados a la industria de la construcción.
El pasado 27 de octubre, Moreno Baldivieso, Mayer Brown y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO compartieron sus experiencias en arbitrajes nacionales e internacionales, relacionados específicamente a la industria de la construcción. Este evento exclusivo se realizó en el rooftop lounge del Hotel Hampton de Santa Cruz de la Sierra y contó con la participación de veinte de las más renombradas empresas constructoras que operan actualmente en Bolivia. Desde Moreno Baldivieso, agradecemos sinceramente a Mayer Brown, el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO así como a todos y cada uno de los asistentes que hicieron posible que tengamos un intercambio tan enriquecedor y práctico.
Bolivia resguarda fuentes laborales de personas con discapacidad y sus familiares.
La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad, promueve y garantiza fuentes de trabajo a favor de personas que tengan alguna discapacidad y que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave.
La Ley 977, promulgada en fecha 26 de septiembre de 2017, tiene como objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave.
De igual manera, mediante esta norma legal se crea un Bono Mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, del cual se favorecerían únicamente aquellas personas que no se encuentren beneficiadas con la inserción laboral determinada en la norma. El pago de este bono será de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales.
La inserción laboral obligatoria significa que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.
Asimismo, implica que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollan cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la misma obligación precedentemente señalada, con la única diferencia que el porcentaje debe ser no menor al 2% de su personal.
Por otro lado, se dispone que las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en la norma reglamentaria.
De igual manera, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan las causales que justifiquen su desvinculación.
Finalmente, es obligación de las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, brindar accesibilidad al personal con discapacidad y realizar los reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a reglamentación.
Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia por octavo año consecutivo.
The Legal 500, directorio de abogados internacional, distinguió a Moreno Baldivieso como la firma líder del mercado legal Boliviano.
Moreno Baldivieso ha sido recientemente rankeada por octavo año consecutivo como la firma líder del mercado legal boliviano.
Con ocasión de este reconocimiento, agradecemos sinceramente a nuestro equipo, colegas, clientes y a todos quienes nos han brindado su continua confianza, haciendo posible que la prestigiosa publicación de The Legal 500 sitúe a Moreno Baldivieso en la cima de la práctica legal en Bolivia.
Hoy por hoy, The Legal 500 es en uno de los directorios internacionales de abogados más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo consiste en investigar y evaluar de manera independiente la práctica y desempeño de firmas de abogados en más de 100 jurisdicciones. Durante sus 29 años de trayectoria, The Legal 500 ha logrado construir una sólida reputación que le permite preciarse de ser una guía para contactar a los mejores abogados.
En el caso particular de Bolivia, la edición 2017 de The Legal 500 coloca a Moreno Baldivieso en la cúspide de las siguientes áreas de práctica sujetas a calificación:
Banca y Finanzas: Banda 1.
Corporativo, Fusiones y Adquisiciones: Banda 1.
Resolución de Disputas: Banda 1.
Energía y Recursos Naturales: Banda 1.
Propiedad Intelectual: Banda 1.
Laboral y Empleo: Banda 1.
Inmobiliario: Banda 1.
En términos comparativos, Moreno Baldivieso es la única firma legal de Bolivia que ha alcanzado una ponderación tan alta en las distintas categorías evaluadas por The Legal 500.
Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir comprometidos con la excelencia y calidad en la prestación de nuestros servicios legales. Desde Moreno Baldivieso, hacemos extensiva nuestra gratitud a todos nuestros clientes, sin quienes todo nuestro esfuerzo no tendría sentido.
Para mayor referencia sobre el ranking de Moreno Baldivieso en The Legal 500, favor visitar el siguiente enlace: http://www.legal500.com/firms/50861/offices/51754
La Autoridad de Fiscalización de Empresas aprobó un Nuevo Reglamento de Sanciones
El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables.
El pasado 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables. En sus 63 artículos, se establecen principios generales, procedimientos, se detallan requisitos y conductas que deben ser cumplidas así como actos y prácticas que las empresas deben evitar.
Bajo el nuevo Reglamento, las acciones y omisiones que podrían ser consideradas como infracciones son múltiples, en tanto que las potenciales sanciones que se impondrían podrían llegar a ser una carga pesada para el sector empresarial, ya que dichas sanciones se encuentran asociadas primordialmente a la utilidad bruta de la empresa o, ante la ausencia de utilidad, al capital de la misma.
La vigencia del Reglamento citado, representa una clara alerta que convoca a las empresas a atender de manera diligente y preventiva las diversas formalidades comerciales y contables que les son aplicables bajo la normativa en actual vigor.
El Reglamento comentado puede ser consultado en: http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones
Bolivia avanza hacia la Convención de la Apostilla
Con la Ley No. 967, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla que suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.
Bolivia ha dado un paso trascendental que se hizo esperar por más de 52 años. Con la promulgación de la Ley No. 967, de 2 de agosto de 2017, Bolivia autorizó su adhesión a la Convención de la Apostilla de 5 de octubre de 1961 que Suprime la Exigencia de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.
El propósito central de dicha Convención es eliminar los morosos y costosos requisitos de legalización consular o diplomática de documentos públicos emitidos en un país, para su ulterior validez y eficacia en un Estado extranjero. La tediosa exigencia de legalización es sustituida por un mecanismo mucho más expedito consistente en la fijación de una Apostilla en el documento público que surtirá efectos en el extranjero.
Sin embargo, la supresión de la exigencia de la legalización consular o diplomática, recién dejará sentir sus beneficios en Bolivia dentro de un lapso aproximado de ocho (8) meses, en razón a que los restantes 113 Estados que forman parte de la Convención de la Apostilla, tienen un plazo de seis (6) meses para oponerse a la adhesión de Bolivia, luego de cuyo vencimiento existe un plazo adicional de dos (2) meses para que la Convención de la Apostilla entre en vigor para Bolivia y para los Estados que no se hubiesen opuesto a su adhesión.
Para mayor referencia, del status de la Convención de la Apostilla y los Estados miembros de dicha Convención puede consultar: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41
Asimismo, el texto de la Convención puede ser encontrado en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41
Cuando hacemos referencia a una “Startup”, se viene a la mente empresas exitosas nacidas en el Silicon Valley como Facebook, UBER, AIRBNB o PINTEREST, que en la actualidad son empresas globales valuadas en miles de millones de dólares.
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