Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve30oct2017.html
Timestamp: 2017-12-13 18:43:00+00:00

Document:
De diputada y de diputado, con retiro de iniciativas; de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con proposición relativa al PEF 2017, minuta; De los Congreso de Chihuahua, Durango y Tamaulipas, con iniciativas;
María Eloisa Talavera Hernández, PAN
Elvia Graciela Palomares Ramírez, PRI
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, PRI
Angélica Moya Marín, PAN
Por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, fundamentación
Por el que se expide la Ley de Educación Naval, fundamentación
Comunicaciones, de diputada, que deja de pertenecer a grupo parlamentario; y de coordinador, con integración de diputada a su grupo
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:02: horas): Y, por lo tanto, iniciamos esta sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se informa a la asamblea que el orden del día con los asuntos correspondientes está en la Gaceta, está disponible en sus monitores.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente el acta de la sesión anterior ya está en la Gaceta. Así que consulte, secretaria, si es de aprobarse.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta, secretaria. Me han pedido la palabra los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios, todos ellos de Quintana Roo. Siendo que ellos han aceptado que sean consecutivas sus intervenciones, le concedo en primer término el uso de la palabra al diputado José Luis Toledo. Sonido en la curul del diputado Toledo.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Gracias, señor presidente. En un hecho totalmente insólito e indignante, violentando los derechos humanos que impactan no solo a poco más de mil familias quintanarroenses sino a todo el sistema constitucional, la SIEDO y la PGR, violentando el debido proceso en el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad en Quintana Roo, concesión que tiene la empresa First National Security, hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política, a la SIEDO y a la PGR todos los diputados de Quintana Roo que aquí nos encontramos: la diputada Patricia Sánchez, la diputada Arlet Mólgora Glover, la diputada Ivanova Pool, la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, la diputada Paloma Canales, los diputados Carlos Gutiérrez y Mario Machuca, solicitándole, presidente, la inmediata comparecencia del procurador para aclarar este tema que está dañando el patrimonio de mil 500 familias en Quintana Roo.
No estamos en contra de que se lleve el proceso judicial como tal, lo que no podemos permitir, señor presidente, es que se violente la garantía de audiencia que marca el derecho humano y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exigimos respeto para las familias de Quintana Roo, para el sistema constitucional de México y queremos el apoyo de todos los mexicanos y, por supuesto, de esta honorable Cámara de Diputados.
Queremos decirle a nuestros paisanos de Quintana Roo, que estamos con ellos y que estaremos dando la batalla para que se respeten los derechos de los quintanarroenses y de todos los mexicanos. Queremos procesos abiertos y queremos, además, que las cajas que han sido abiertas de manera indebida, las propiedades de las familias se queden en Quintana Roo y no sean trasladas a la Ciudad de México. Es cuanto y estoy también aquí con los diputados de Quintana Roo. Tiene la palabra, la diputada Ivanova Pech Pool.
La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (desde la curul): Gracias, presidente. Como ya lo comentaba quien me antecede, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, queremos solicitarle a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que nos ayuden a aprobar, y al pleno, que nos ayuden a aprobar un punto de urgente u obvia resolución, para que se llame a comparecer al procurador y al titular de la SEIDO, precisamente por este delito, porque si fuera un particular el que cometiera este tipo de acción, lo estarían acusando de robo y extorsión, y esto no lo podemos permitir por parte de funcionarios públicos.
Lo que estamos exigiendo es que haya legalidad y transparencia y justicia para estas mil 500 personas que se vieron afectadas por esta acción arbitraria de la PGR. A nombre de mis compañeros diputados, los ocho de las diferentes fracciones parlamentarias aquí en la Cámara de Diputados, pedimos al pleno de la Cámara y a la Mesa Directiva, que nos apoyen con la aprobación de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. En primer lugar, permítanme, los señores diputados de Quintana Roo, felicitarlos porque veo que es una decisión conjunta, de todos los quintanarroenses representados en esta Cámara.
La Mesa Directiva no será omisa a esta expresión de solidaridad de ustedes. Les pido nos concedan en el transcurso de la sesión para hacer las diligencias correspondientes y estoy seguro que la Junta de Coordinación Política por preocupación de su presidente, está tomando nota y seguramente hará eco de las expresiones de ustedes. Muchas gracias, señores diputados. Y por supuesto tendrán una respuesta con mucho gusto.
Les sugiero que el punto de acuerdo sea inmediatamente transmitido a la representación de la Junta de Coordinación Política para su trámite. Muchas gracias.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul). Presidente, muy buenos días. Saludo cordialmente a mis compañeras y compañeros que están presentes en el pleno.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Mirza Flores tiene la palabra.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul). Muchísimas gracias. Solamente para unirnos a las voces que expresan los diputados de Quintana Roo, pero todos los que estamos en esta Cámara representamos a la nación. En ese sentido nos importa lo que esté pasando en cualquier estado de la República, por lo que yo también le manifiesto solicitando que se investigue y que se respete el estado de derecho de Quintana Roo.
Asimismo, solicito que la reserva de Sian Ka’An se proteja, así como el pueblo mágico de Bacalar. Que se le autorice drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo que se proteja toda el área de Bacalar, porque han estado habiendo algunas voces queriendo, bajo el pretexto de nombrarlo zona natural protegida, coartar la libertad y el desarrollo económico de los habitantes de la zona. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Quedan asentadas sus expresiones en el Diario de los Debates y, por supuesto, si se convierte en un punto de acuerdo, impulsaremos su trámite lo más pronto posible.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay otras expresiones en la asamblea, continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron oficios de los diputados Paloma Canales Suárez y Waldo Fernández González, por los que solicitan el retiro de sus iniciativas que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya han sido retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la aplicación en el país de las acciones diseñadas por la política del deporte, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. A la de Deporte, perdón. Ya estamos dándole más chamba a la de Presupuesto. Adelante.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: La Cámara de Senadores remite acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que con base en sus facultades constitucionales designe, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018 y subsecuentes, una partida especial y permanente para la reconstrucción de viviendas en las entidades federativas afectadas por los sismos del día 7 19 de septiembre de 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna, ahora sí, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores por el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: El Congreso del estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen y a la Comisión de Radio y Televisión, para opinión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibieron del Congreso del estado de Durango las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., y 86 de la Ley Federal del Trabajo, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, para dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Dos. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió una iniciativa del Congreso del Estado de Tamaulipas con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI Bis Salud Bucodental al Título Tercero de la Ley General de Salud.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a pasar al capítulo de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.
La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias, presidente. Con el permiso de esta Presidencia. De los países miembros de la OCDE México ocupa el primer lugar en la lista del mayor índice de embarazos en adolescentes.
Las estadísticas son alarmantes y de gran impacto social, pues la Organización Mundial de la Salud ha determinado que todo embarazo en menores de 18 años, es de alto riesgo. Hay complicaciones durante el proceso de embarazo, partos prematuros, la vida de las adolescentes y su hijo corren riesgos y además afecta la permanencia en la escuela, los ingresos y el acceso al trabajo.
Ateniendo varios estudios, incluido el del Instituto Nacional de Perinatología, con datos de los años 2013 y 2014, en México nacen cada año cerca de 340 mil bebé cuyas madres son menores de edad, de las cuales alrededor de 8 mil 621 tienen menos de 14 años. Al mismo tiempo se precisa que la mayoría de estos últimos embarazos se da por la comisión de un delito de tipo sexual.
En ese mismo sentido el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estableció que hasta el 2015, el 60 por ciento de los casos de violencia sexual infantil fueron cometidos por personas cercanas a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y del período de cinco años del 2010 al 2015, se registraron alrededor de 2 millones 600 mil agresiones contra menores de edad, de la cuales solamente 83 mil se registraron averiguaciones previas, siendo que solo diez de cada mil agresores, fueron consignados a un ministerio público.
Se estima que al menos el 10 por ciento de los casos de violencia sexual infantil son denunciados, lo que quiere decir que hay un alto grado de impunidad.
Según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, así como la organización internacional Save the Children, existe una presunción legal de que un embarazo entre los 10 y los 14 años es producto de una violación, y un dato más, en su informe, el estado de las madres en México, embarazo y maternidad en la adolescencia, se señala que del 2013 al 2014, se registraron 394 nacimientos de bebés, cuyas madres tenían 10 años.
Todos estos datos obligan a que el Estado mexicano genere normas, políticas y leyes con el objetivo de prevenir y atender sí el embarazo en adolescentes, pero también castigar de manera contundente cuando se atenta contra la dignidad de niñas y adolescentes.
Si bien es cierto que el gobierno federal ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, que es producto de un trabajo conjunto entre 16 dependencias, organizaciones de la sociedad civil, así como académicos expertos en el tema, ha habido y se ha registrado una tendencia a la baja en el porcentaje de embarazos en adolescentes; sin embargo, todavía tenemos un índice muy alto.
También es cierto que existen normas oficiales como la 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, la cual establece, en uno de sus puntos, en el 5.2.1.9, que cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular si es adolescente menor de 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Sin embargo, para garantizar el interés superior de la niñez proponemos que dicha regulación técnica plasmada en la norma ya mencionada, se traslade a la Ley General de Salud y se eleve al rango de ley el punto ya mencionado y realizar la búsqueda intencionada del ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género, cuando se atienda a una mujer adolescente embarazada menor de 15 años. Con ello se garantice la protección y el acceso a la justicia ante la existencia de delitos cometidos en contra de mujeres adolescentes, y que a consecuencia de ello resulten embarazadas.
Es importante realizar acciones tendientes a salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes. Y en caso de embarazo se requieren medidas adicionales para garantizar su protección y sus derechos. Se requiere mayor firmeza y exigencia en la aplicación de ciertos preceptos que no están siendo debidamente aplicados en el día a día en las instituciones de salud.
Y por ello la importancia de incluir en la Ley General de Salud esta atención particular a las mujeres adolescentes embarazadas, para con ello eliminar la omisión que al día de hoy prevalece en algunas instituciones de salud, ya sea por negligencia o por desconocimiento en la aplicación de la norma ya mencionada.
Y al mismo tiempo se trabaja favorablemente en temas como la denuncia y la persecución de este tipo de delitos que laceran a nuestra sociedad. Y, en ese marco, se fortalece la prevención, la atención y la erradicación de la violencia sexual contra niñas y contra mujeres. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Rocha Aguilar. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada María Eloisa Talavera Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plasmó por primera vez el reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias, bajo la figura de concesiones sociales o de uso social, instaurando para ambas el derecho de poder prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o d servicio a la comunidad sin fines de lucro.
Lo anterior con la finalidad de dar promoción y desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, además de promover sus tradiciones y normas internas bajo los principios que respeten la igualdad de género y permitan la integración de las mujeres indígenas en la participación de los objetivos para fortalecer las culturas e identidades indígenas.
El reconocimiento a los medios indígenas y comunitarios fue sumamente importante si se considera que en México tenemos más de 7.3 millones de personas de tres o más años de edad que hablan alguna lengua indígena, por lo que la fortalecer las radios indígenas se ayuda a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura y su identidad.
Dentro de la fracción VII del artículo 89 de la ley, se estableció un esquema de financiamiento para las concesiones comunitarias e indígenas, el cual consiste en la venta de publicidad a los entes públicos federales, quienes deben destinar el 1 por ciento de su presupuesto en servicios de comunicación social y publicidad a dichas concesiones.
La publicidad oficial debe contribuir de forma equitativa en ello, prohibiéndoles poder conseguir financiamiento privado en la venta de tiempo aire en publicidad comercial. Sin embargo, solamente tres entes públicos han destinado dicho porcentaje, el IFT por el primer ente público en destinar este año 1.28 millones de pesos, los cuales distribuyó a 15 concesiones de radio comunitarias e indígenas, viéndose beneficiadas cada una de ellas con poco más de 85 mil pesos.
Otros entes públicos que han hecho lo mismo han sido el Fonacot, con 724 mil pesos, y el Consejo del Fomento Educativo, Conafe, con 153 mil pesos.
Es de señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 destinó a todos los entes públicos federales recursos por 2 mil 408 millones de pesos por conceptos de comunicación social y publicidad, de los cuales 24.8 millones debían de destinarse en la compra de publicidad a los concesionarios sociales, indígenas y comunitarios, cuestión que nunca ocurrió, mientras que para el Presupuesto de este año se destinaron a todos los entes públicos federales un total de mil 987.5 millones de pesos.
Si todos estos entes destinaran de manera obligatoria el 1 por ciento de su presupuesto de comunicación social y publicidad para este ejercicio fiscal de 2017, las radios indígenas y comunitarias se verían beneficiadas por 19.8 millones de pesos para su funcionamiento.
Aunque la norma jurídica por una parte establece obligaciones y deberes jurídicos y por la otra establece sanciones en caso de omisión, lo cierto es que la gran mayoría de los entes de la administración pública no han destinado el 1 por ciento de su presupuesto en comunicación social, en la compra de publicidad a las radios indígenas y comunitarias.
Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer de manera expresa, dentro de la ley, la obligatoriedad de los entes públicos federales a destinar el 1 por ciento del monto para servicios públicos, de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos en compras de publicidad, al conjunto de concesiones de uso social y comunitarias.
En Acción Nacional estamos convencidos de que la comunicación indígena e intercultural se convierte en una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas. Es cuanto, gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.
La diputada Lucia Virginia Meza Guzmán: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad miles de mujeres sufren de violencia obstétrica, definida como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio.
Se sabe gracias a datos de la Organización Mundial de la Salud, que diariamente mueren 800 mujeres en el mundo, por causas relacionadas con el embarazo y el parto, siendo las mujeres en situación de vulnerabilidad las más afectadas, como son aquellas que viven en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes y las que se encuentran en situación de pobreza.
Es muy alarmante que de 135 millones de partos al año, 20 millones presentes complicaciones posteriores al embarazo, como son fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad, depresión, entre muchas otras.
Se tiene registro de 16 millones de partos en niñas entre 15 y 19 años en países bajos y medianos ingresos, siendo las complicaciones del embarazo y el parto la principal causa de muerte entre estas jóvenes.
Es importante señalar, que de todas las muertes maternas que se presentan en el mundo, menos del 1 por ciento se presentan en países de ingresos elevados, además se presentan con más frecuencia en zonas rurales y comunidades más pobres y con menor nivel educativo.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, quiero puntualizar que la iniciativa que hoy les expongo permitirá que un gran número de estas muertes puedan ser evitadas con atención especializada al parto y con acceso a servicios de salud de calidad, así como atención obstétrica de urgencia.
Aunque si bien es cierto que se han realizado importantes cambios para evita las muertes maternas, los invito a seguir profundizando en cambios legislativos para asegurar que las mujeres mexicanas disfruten y vivan una maternidad segura y exenta de factores que generan, no sólo la morbilidad y mortalidad materna, sino también la violencia obstétrica.
La reducción y erradicación de la muerte materna, es un compromiso que los estados deben asumir en cumplimiento con sus obligaciones en materia de derecho de derechos humanos.
Es importante intensificar esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, adoptando una estrategia en donde se dé prioridad al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad.
Es indignante que en los centros de salud existe un evidente maltrato físico, humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento, incluida la esterilización, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado, negativa a administrar analgésicos, violaciones de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago. Todo esto en conjunto constituye la violencia obstétrica.
La morbilidad materna y la violencia obstétrica que padecen muchas mujeres, se agrava por las múltiples discriminaciones de las que son objeto por razón de género, etnia, condición social y discapacidad.
Es por ello, que los servicios de salud tienen la obligación de mejorar las condiciones de salud en general, pero sobre todo, de las mujeres que se encuentran en estas circunstancias, particularmente las que viven en municipios y comunidades rurales indígenas, pues son las que representan una vulnerabilidad y abusos mayores.
Avancemos y profundicemos en reformas que atiendan este tipo de situaciones en los servicios de salud. Y con ello, evitemos que a las mujeres se les siga violentando de esa manera. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad y Género y de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo segundo al artículo 56, así como reformar los párrafos 5 y 6 del numeral 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de garantizar equitativamente el acceso al espectro radioeléctrico para las concesiones de uso social, público y comercial.
De igual manera se busca garantizar el acceso y la reserva de las bandas de AM y de FM para las radios comunitarias e indígenas.
Uno de los obstáculos que históricamente han impedido garantizar el derecho a poseer medios de comunicación no solo para las comunidades y los pueblos indígenas sino para otros actores sociales, es la concentración de la propiedad de medios de comunicación en unas pocas manos.
Sin duda, dicha concentración es una práctica que conspira contra la democracia y contra la pluralidad al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la sociedad.
En 2007 el redactor especial para la libertad de expresión de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Organización para los Estados Americanos, así como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que en su declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión manifestaron que los diferentes tipos de medios de comunicación comerciales, de servicio público y comunitario deben ser capaces de operar en y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles.
De no ser adecuadamente regulada la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, principalmente comerciales, lo que tiene siempre que ver se convierte en oligopolios o en prácticas monopólicas.
En el caso particular de la radiodifusión en México encontramos que a nivel local, municipal y estatal, pero también nacional, los grandes consorcios de la comunicación acaparan el sector. Una misma empresa puede controlar diferentes medios electrónicos de comunicación a nivel local y nacional.
Esta práctica afecta claramente el principio de equidad, mina la pluralidad democrática e impide la libertad de expresión de sectores de la población que desean ejercer su derecho a comunicar. No pueden participar en la radiodifusión o en las telecomunicaciones.
Por un lado, la redacción actual del párrafo V del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones impone restricciones para el acceso a concesiones de uso social a las comunidades indígenas y mestizas en lo que corresponde a medios electrónicos. Mientras que por otro, la ley establece el acceso al espectro radioeléctrico a los concesionarios comerciales, públicos y sociales de manera no equitativa, sin ofrecer ningún fundamento para ello.
Por eso propongo, esa es la esencia de nuestra iniciativa, reservar al 33 por ciento de forma equitativa para las concesiones comerciales, 33 por ciento para las concesiones públicas y el 34 por ciento para las concesiones sociales que incluyen las radios comunitarias e indígenas.
Es necesario garantizar la inclusión y acceso equitativo a las frecuencias del servicio de radiodifusión a toda la sociedad mexicana, con el fin de promover el desarrollo social, la pluralidad de la información y de las opiniones, así como la diversidad cultural, garantizando la igualdad de oportunidades de la población para el acceso a los medios de comunicación electrónica.
La ley debe incluir la reserva del espectro radioeléctrico de forma equitativa para las concesiones de uso público, comunitario, indígena y comercial. No es posible seguir viviendo con un monopolio que maneja la opinión pública como un bien político y que reserva a partir de ello su posibilidad de imponerse como poder al poder. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, compañeras y compañeros, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por ella misma y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Lo sabemos bien, el sector primario en el país constituye un pilar fundamental de nuestra economía. El campo mexicano con el tiempo ha adoptado nuevas tecnologías, implementado diversas herramientas que permitieron el posicionamiento en los primeros lugares a nivel mundial, gracias a la producción y a la calidad de nuestros productos.
Por su parte, el uso de las tecnologías en este sector, ha consistido en el uso de semillas resistentes a los cambios climáticos y el uso de fertilizantes y abonos, productos necesarios para el control de las plagas que han mejorado significativamente a la calidad de los cultivos mexicanos. Estos productos han permitido la detección y erradicación de un sinnúmero de plagas.
Tan solo en el año 2015 en México fueron detectadas 247 plagas en diferentes cultivos, como el virus pulgón, la plaga que causa necrosis letal en el maíz y la enfermedad roya en el grano de café. El tiempo de estudio y elaboración de estos productos fertilizantes y plaguicidas es en promedio de 11 años debido a que cuenta con un respaldo científico y un estricto proceso de regulación. Estos son sometidos a rigurosas pruebas y estudios para garantizar su seguridad, calidad y sustentabilidad.
En su producción se involucran activamente especialistas de diversas áreas como la toxicología, química, bioeficiencia y seguridad ambiental. En nuestro país las instancias que realizan y emiten los registros de estos insumos agrícolas son: Sagarpa, quien evalúa su efectividad en el campo. Semarnat, verificando su impacto al medio ambiente. Y Cofepris, quien se encarga de verificar la salud humana.
A pesar de los rigurosos procesos a los que son sometidos estos productos, hoy en día enfrentan una amenaza diferente. El comercio ilegal. Actualmente se distribuyen productos que son falsificados o piratas, productos que están adulterados, productos que no cuentan con registro o bien productos reetiquetados o con etiqueta sobre puesta.
El uso de insumos agrícolas falsificados o adulterados ocasionan graves daños económicos, sociales, ambientales y más aún importante, estos representan gran peligro para la salud tanto de los usuarios que los manejan como para los consumidores finales al exponerse a diversos agentes químicos que no pasaron por un proceso de verificación y de seguridad.
De igual manera, su uso puede perjudicar cultivos enteros afectando a pequeños y medianos productores y puede ocasionar el rechazo de estos productos para su importación.
Asimismo, contribuyen a la contaminación del aire, del suelo, de las aguas subterráneas y al sistema de drenaje, además de generar un impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina.
En este contexto, la Ley General de Salud únicamente contempla el comercio ilegal de sustancias tóxicas o peligrosas a que se refiere el artículo 278. Sin embargo, dicho artículo también establécela definición de plaguicidas y nutrientes vegetales.
En otras palabras, esta legislación cuenta con una laguna normativa sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o físico.
Es por lo anterior que propongo la adición del artículo 456 Bis en la Ley General de Salud con la finalidad de sancionar las conductas citadas en el numeral 456 para quedar como sigue:
Artículo 456 Bis. Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de 1 a 8 año9s de prisión y multa equivalente de 100 a 2 mil unidades de medida y actualización vigente a la zona económica a la que se trate.
Con este proyecto podremos coadyuvar a la producción de nuestros campos, a la seguridad de nuestros agricultores, pero principalmente a la salud de todas y todos los consumidores de productos agrícolas. Es cuanto, muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Soraya Flores Carranza. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por diez minuto el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que expide la Ley General de Resultados Garantizados. Adelante, diputado.
El diputo Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Hay una distancia entre los políticos y los ciudadanos que es intrínseca a la democracia representativa, a la tarea que tenemos por mandato constitucional de ser representantes populares o representantes de una voluntad popular.
Hay una incompatibilidad para garantizar que esa representación se sienta, digamos, comúnmente habitada por los ciudadanos.
No hay muchas maneras en la historia en las que se haya podido enfrentar con creatividad este asunto. Una de las más notorias quejas, más recurrentes quejas, de los ciudadanos es, por un lado, que no corresponden nuestras acciones a nuestras promesas de campaña, y por otro lado es que no hay mecanismos para dar seguimiento a esas promesas de campaña.
Y la verdad es que todos escuchamos eso, atendemos ese reclamo y les decimos a los ciudadanos que con nosotros no va a pasar, que si nosotros llegamos al cargo que le estamos pidiendo su confianza para alcanzar, sí vamos a regresar a su casa, sí vamos a regresar al distrito o sí vamos a regresar al estado que representamos a dialogar con ellos y a tomar en cuenta su opinión para nuestro trabajo y que también vamos a activar un mecanismo de rendición de cuentas en el que ellos puedan verificar el sentimiento de lo que les estamos ofreciendo.
Es decir, a un problema profundo, a un problema que amenaza a la democracia en su conjunto, ustedes pueden checar hoy se publicó el Latinobarómetro y México tiene apenas un 18 por ciento de ciudadanos que apoyan la democracia. Es algo que se nos va a estampar en la cara a todos, tarde o temprano, es algo en lo que nadie puede ganar en la elección del 2018, así se crea que hay alguien que puede ganar y cultivar, digamos, ese caldo de descomposición social que existe hoy, es una situación que tarde o temprano nos va a reventar.
Pero aunque sepamos que es un problema tan complejo, siempre respondemos con voluntarismo, siempre les decimos –no va a ser mi caso–: Confía en mí o confía en mi partido, confía en los de mi grupo.
Nosotros proponemos darle un tratamiento institucional a este déficit de representación y a esta idea de que no cumplimos lo que prometemos, de que no hay una correspondencia entre lo que vamos a ofrecer en campaña y lo que hacemos desde el servicio público.
El presidente Peña Nieto hizo 296 compromisos ante notario, 266 compromisos ante notario público. De hecho el eslogan de su campaña era: te lo firmo y te lo cumplo. Y había recogido esta experiencia administrativa de su gestión en el estado de México, y se suponía que íbamos a ir avanzando en su gobierno atendiendo estos 266 compromisos y viendo cómo se cumplimentaban.
Hoy, no solamente no le importa recordarnos esos compromisos al PRI que serían entendible. La oposición nunca sube a esta tribuna a exigir, no lo retomamos en los informes de gobierno, en las glosas, en las comparecencias, para desde ahí sostener cuál es la evaluación de ese gobierno que hizo 266 compromisos firmados ante ciudadanos y que según una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, apenas lleva 93 cumplidos, es decir, mucho menos de la mitad Y sabiendo que estamos en el quinto año de gobierno no le alcanzaría.
Hay un ciudadano que fue teniente de la marina de México, entre otras cosas fotógrafo, pero que es un ciudadano muy activo en las redes sociales, que se llama Alejandro Juárez, hizo ese planteamiento hace unos días en un artículo que difundió, sobre todo en redes sociales, y él convocaba a expedir un mecanismo de resultados garantizados que nos permitiera darle seguimiento.
Les platico brevemente en ¿qué consiste ese mecanismo? Son cuatro pasos que deberíamos de seguir en nuestra relación con los ciudadanos de acuerdo a un planteamiento teórico de Guillermo O'Donnell. Guillermo O’Donnell dice que los instrumentos de control democrático pueden ser fundamentalmente horizontales, es decir, entre entes institucionales, entre diferentes poderes del Estado, lo cual necesitamos fortalecer en México, pero también habla de los instrumentos verticales en los que interactúan los representantes populares y los servidores públicos con los ciudadanos.
Nosotros lo que planteamos es: una, que cada candidato o cada candidata a un cargo de elección popular tenga la obligación de registrar sus promesas de campaña ante la autoridad electoral, sean particulares, sean generales, si se compromete a hacer algo debe de registrarlos ante la autoridad electoral para que sea un catálogo de promesas de campaña.
2. Que cada año, de ser electo o electa en ese cargo, su informe tenga que estar basado en esas promesas de campaña, su informe de resultados, y tenga que ser ante un organismo ciudadano.
3. Que haya la capacidad jurídica y técnica del Instituto Nacional de Acceso a la Información, para cuando un ciudadano solicite el informe de avance en las promesas de campaña se le tenga que dar por parte de la autoridad responsable o del servidor público responsable. Es decir, que se tengan las posibilidades de verificar el cumplimiento de las promesas de campaña; y
4. –Que es el más interesante–. Que si el ciudadano no considera satisfecha sus promesas de campaña o las promesas de campaña de su representante popular pueda activar el mecanismo de ratificación de mandato.
Para esto es central atender la discusión sobre la constitucionalidad o no de ratificación de mandato y los argumentos que dio el ministro Zaldívar sobre el tema. Él decía: es verdad que México optó por una democracia representativa, pero eso no contraviene los principios y las posibilidades de una democracia participativa.
Por lo tanto, si un mecanismo de participación directa de los ciudadanos mejora la calidad de esa democracia representativa, es obligación constitucional del Estado mexicano no solamente respetarlo, sino fomentarlo, fortalecerlo e incorporarlo a la relación pública entre ciudadanos-autoridades.
Por eso nosotros, Movimiento Ciudadano, me refiero en donde tenemos la confianza de la gente para gobernar, hemos experimentado esta tesis de que sí es posible preguntarle a la gente sobre la continuidad o no de un gobierno en su cargo.
Y desde hace muchos años, desde 2011 en particular, en el caso de Enrique Alfaro, en Tlajomulco, y desde que hemos tenido la posibilidad de ser gobierno en la zona metropolitana de Guadalajara y después en varios municipios del estado, hemos aplicado esa ratificación de mandato que centra en el ciudadano la posibilidad de darle continuidad o no a sus gobernantes, pues eso se debería extender a todos basado en este cumplimiento de las promesas de campaña.
Bastaría que un grupo de ciudadanos o quienes representamos no se sintieran comprometidos, para poderles ir a preguntar y retirar anticipadamente de su encargo a un servidor público que no está dando resultados.
El problema general de la política no es ideológico, por eso es falso que a la gente le espante una alianza u otra en particular o es falso que a la gente le esté comiendo ansias de quiénes van a ser los candidatos presidenciales o los candidatos en cada distrito en particular. Está muy probado que tres cuartas partes de la población ni siquiera se alcanza a enterar en la campaña, de quién es el candidato de cada partido que está compitiendo en su distrito para representarlo como diputado federal, o en el caso de los estados como senador, pero sí hay una insatisfacción derivada de la falta de resultados.
Por eso creemos que generar, que crear una Ley General de Resultados Garantizados, que incorpore mecanismos de vigilancia, de supervisión, de acompañamiento ciudadano a la labor de los servidores públicos, sería un hecho que la sociedad saludaría, que modificaría la relación entre gobierno y gobernados y que iniciaría un camino de virtud para reconstruir lo público.
Al final de cuentas la realidad ya nos alcanzó. Hoy como en la democracia antigua, cada ciudadano tiene un micrófono gracias a las redes sociales, y aun con problemas de conectividad y de accesibilidad que también hay que reparar, cada ciudadano cuenta con un micrófono de expresión.
Es nuestra responsabilidad transformar eso que puede ser una masa iracunda, una masa que dé like o dé caras enojadas o dé insultos en las redes sociales, a crear los mecanismos institucionales para canalizar eso.
La semana pasada recibimos un millón 600 mil firmas de una ciudadana que activó en una plataforma digital un mecanismo de este tipo. Dale seguimiento a eso, atender ese tipo de demandas va a ser lo que realmente resignifique la labor de la política en los tiempos, en la era de la información y en los tiempos de la insatisfacción democrática.
Creo que a todos nos ayudará generar mecanismos de este tipo y es una propuesta de creación de ley general, de reforma constitucional que sometemos a consideración de todas y de todos ustedes. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jorge Álvarez Máynez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde para dictamen, a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
A continuación... Sí, diputado. A sus órdenes. Sonido en la curul del diputado Agustín Basave. ¿Con qué objeto, diputado? Por favor, sonido en la curul. Adelante, diputado.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta, gracias. Es solo para pedirle que pregunte al diputado si puedo suscribir su iniciativa. Me gustaría hacerlo. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Álvarez Máynez no tiene inconveniente, su aprobación para que se puedan adherir usted y cualquier otro diputado o diputada, a esta iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Ángel García Yáñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza alcanzar el bienestar general debe ser objetivo primordial de la política. Sabemos que esto solo se puede lograr mediante una eficiente interacción de la economía de mercado, la democracia y el desarrollo social y que el Estado es el responsable de propiciar dicha interacción y garantizar el desarrollo social con igualdad de oportunidades.
Desafortunadamente las condiciones económicas, tanto nacionales como internacionales han ocasionado que países en desarrollo, como lo es México, enfrenten graves problemas de desempleo, pero también la falta de utilización de la fuerza productiva que hay disponible, aunado cada vez más la pobreza y las consecuentes brechas sociales.
En Nueva Alianza nos hemos propuesto propiciar los cambios legislativos que permitan implementar los mecanismos necesarios para reducir estas brechas.
En ese sentido, pongo a su consideración la presente iniciativa que tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de una política de desarrollo social encaminada a lograr el bienestar general de la población, principalmente en las zonas de atención prioritaria. Ello mediante el diseño y promoción de programas que incluyan la capacitación del sector social a través del gobierno, pues si bien el Estado mexicano ha logrado implementar programas y políticas sociales para combatir la pobreza y ayudar al desarrollo socialmente, a los sectores poblacionales más necesitados, estos esfuerzos han sido suficientes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante junio del año 2016, la tasa de desocupación a nivel nacional representó el 3.93 por ciento de la población económicamente activa, mientras que la población en pobreza ha ido en aumento.
Si tomamos en cuenta que no toda esa población puede acceder a mejores oportunidades de trabajo, debemos considerar otras alternativas, como son diversas opciones de capacitación que le permita a cada individuo desarrollarse de manera adecuada y productiva.
El objetivo general consiste en favorecer la igualdad de oportunidades e impulsar el mejoramiento constante del nivel de vida de los mexicanos, incorporando en la Ley de Desarrollo Social un mandato expreso, orientado a promover programas de protección social, especialmente entre los más vulnerables del país, de esta manera estaremos coadyuvando a contribuir un México más igualitario. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, buenas tardes. El día de hoy acudo ante ustedes, para presentar iniciativa para agregar un penúltimo párrafo a la fracción XIII, del Apartado B, al artículo 123 de nuestra Constitución federal, lo hago con la firme convicción de fortalecer a nuestras instituciones.
Creo que es momento de volver la mirada hacia los organismos básicos del Estado, como lo son la Policía, personal de servicio exterior, peritos y ministerios públicos. Es decir, los órganos esenciales que le sirven al Estado para gobernar.
En la actualidad, después de una serie de reformas que culminaron en el año de 2016, tales servidores públicos no son considerados constitucionalmente como trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa, por tanto, carecen de estabilidad en el cargo desempeñado y no tienen derecho a la reinstalación.
Recordemos que en un principio la relación Estado-servidor público, fue de naturaleza administrativa. Sin embargo, el derecho positivo mexicano quiso beneficiar y proteger a estos funcionarios, transformando la naturaleza de dicha relación, equiparándola a una de carácter laboral y considerando al Estado como un patrón sui géneris.
Ante este trato especial que les otorga la ley no podemos permitir que se les vulneren derechos inalienables a la función pública que desempeñan, ya que en virtud de la misma labor que realizan exponen su integridad física y su vida a cada instante, todo ello con la finalidad de servir y proteger a la sociedad, de resguardarnos a ustedes y a nosotros, quienes se enfrentan a la delincuencia de manera y de forma frontal son ellos, quienes auxilian a la población en momentos de crisis y desastre son ellos. Lo mínimo que podemos hacer es retribuirles.
Igualmente, a quienes representan y dan la cara por nuestra patria en el extranjero, dada la naturaleza de su encargo, no son considerados con alguna prestación que les recompense su esfuerzo y dedicación.
Por lo tanto, si bien es cierto, el artículo de la Constitución que se pretende reformar ya obliga a que se instrumenten programas de seguridad social para ellos. También es cierto que no establecen el mínimo de dichos programas que deberán reunir, y que dado el peligro al que se ven diariamente expuestos habrían de contener.
En consecuencia, propongo que se establezca que tendrán derecho a un seguro de vida para cuando mueran en servicio, por lo menos de la suma que resulte a 4 mil veces la unidad de medida y actualización. El pago total e inmediato de sus gastos funerarios cuando ofrendan su vida por el bienestar de los demás.
Tendrán derecho a una pensión mensual equivalente al emolumento, el que se incrementará en la proporción en que se aumente la unidad de medida y actualización, al obtener 30 años de servicio efectivo y tener cumplidos 65 años como edad mínima.
Los deudos, tales como cónyuge, hijos menores de edad y/o padres que dependan de los integrantes de cualquier institución de seguridad pública que en cumplimiento de su deber pierdan la vida.
Tendrán derecho a una pensión mensual equivalente al emolumento que venía percibiendo el elemento de seguridad pública, la cual se incrementará en el mismo porcentaje que se incremente la unidad de medida y actualización.
Los policías, ministerios públicos, peritos y miembros del servicio exterior, al igual que los familiares de estos, tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en la misma proporción que determine la ley para los trabajadores del Estado.
En este tenor, a que sean proporcionadas prótesis de la última generación tecnológica cuando pierdan alguna extremidad en cumplimiento de su deber.
Pago por pensión de la misma cantidad de su último emolumento, la que acrecentará en el mismo porcentaje que se incremente la unidad de medida y actualización, cuando sufran incapacidad parcial o total. Y apoyo psicológico y psiquiátrico para cuando se enfrenten actividades violentas propias de su función.
Compañeros diputados, hemos satanizado en buena medida el actuar de nuestros cuerpos policiacos, Ministerios Públicos y peritos. Estamos haciendo a un lado a quienes con orgullo y alejados de esta gran nación llevan muy en alto la diplomacia mexicana. Llegó el momento de reconocerles que por sus venas corre México, son parte de nosotros, son integrantes de la gran familia de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sonido, por favor.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (desde la curul): Le pregunto a la diputada Cynthia Gissel si me permite suscribirme a su iniciativa, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Cynthia Gissel, ¿acepta que se una a su iniciativa la diputada Nancy Sánchez?
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Por favor.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Está abierta aquí la iniciativa para las compañeras y compañeros diputados que deseen sumarse a ella. Adelante, diputada.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país donde la adversidad siempre se verá superada por el amor a la patria, por su solidaridad, el entusiasmo y las agallas que tenemos los mexicanos.
Somos un país donde la tragedia la superamos con unidad, unidad que nos ha dado las más grandes y valiosas lecciones de vida. Un país repleto de personas capaces de romper paradigmas a favor de una causa. Un país que nunca se dará por vencido y que siempre ha encontrado y encontrará la manera de sobreponerse a los obstáculos. Siempre solidarios, siempre mexicanos.
El pasado 19 de septiembre vivimos una de las mayores tragedias como país y como sociedad. Perdimos a consecuencia del terremoto de 7.1 grados a la escala de Richter un gran número de vidas humanas y patrimonio histórico. Es notoria la riqueza que tiene México en su gente, al ver a todos los mexicanos como se unieron y como juntos enfrentamos con valentía y con coraje esta nueva adversidad.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó a contabilizar hasta el día de hoy alrededor de 670 monumentos históricos, museos, espacios naturales y zonas arqueológicas con afectaciones de distintas magnitudes.
La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico, donde se encuentra la mayor actividad sísmica del planeta.
Nuestro país por su gran territorio también se ve afectado con otro tipo de fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales e inundaciones, dependiendo de la región del país es cómo podrían a llegar a ser afectados los monumentos históricos y es nuestra responsabilidad también estar preparados para esta clase de adversidades. Debido a la antigüedad de estos espacios, de no ser atendidos a tiempo, se podrían llegar a colapsar y de esta manera representarían un peligro para todas las familias que estén de visita o habiten en ellos.
Poseemos un patrimonio arquitectónico y cultural de calibre mundial, esto nos ha llevado a ser el país más visitado de toda América Latina. Conociendo estos datos es evidente que se requiere de mayor cuidado de los monumentos históricos del centro del país. En muchas ocasiones debido a la importancia del valor arquitectónico y cultural de nuestros monumentos históricos, el INAH no ha permitido realizar trabajos de reconstrucción y remodelación de monumentos históricos por temor a llegar a afectar o destruir el bien, sin embargo sería una negligencia de nuestra parte no remodelarlos y dejar latente el peligro para los turistas a sus visitantes.
Compañeros y compañeras, legisladores. Es imposible conocer cuándo y dónde ocurrirá un desastre natural, sin embargo es nuestra responsabilidad estar preparados para ello. Hoy vengo a proponer una iniciativa cuyo fin primordial es la de proteger dos grandes rubros que nos dan identidad, nuestra gente y nuestro patrimonio.
Con esta iniciativa queremos que el director del INAH esté facultado para la revisión y realización de trabajos de remodelación y reconstrucción de monumentos históricos con la finalidad de contar en todo momento con espacios cien por ciento seguros para sus visitantes. Debemos aprender de lo vivido y debemos tomar precauciones. No queremos que por falta de atención una visita turística se convierta en un día en una tragedia.
La idea es crear un puente de comunicación entre el INAH y Protección Civil, que garantice un ambiente seguro para visitantes y a su vez que garantice el cuidado responsable de nuestros monumentos históricos. El patrimonio histórico de México debe de ser preservado, hay que proteger nuestra riqueza, hay que proteger a nuestra gente, hay que proteger a México. Muchas gracias. Fuerza México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Elvia Graciela Palomares. Túrnese a la Comisión de Cultura, Cinematografía, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Jisela Paes Martínez: Honorable asamblea. Público que nos ve a través del Canal del Congreso en todo el país. Respetables medios de comunicación. Hoy presento ante este pleno una iniciativa de corte eminentemente social que tiene que ver con un tema de interés fundamental para los trabajadores en nuestro país.
La presente iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, tiene como propósito promover que los trabajadores cuenten con una mayor participación en el proceso de reparto de utilidades, así como para dar una mayor certeza y seguridad jurídica a los trabajadores en esta materia, que es un conquista laboral plasmada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este artículo establece de manera clara un procedimiento para obtener el monto de la participación en las utilidades de las empresas que se deba repartir entre los trabajadores. Al efecto, existe una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, que fijará el porcentaje de utilidades a repartir.
Esta comisión realizará las investigaciones y estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional y, en su caso, revisará el porcentaje fijado aun cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen.
También establece que los trabajadores podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que estimen convenientes siguiendo un procedimiento previsto en la ley.
Es decir, los trabajadores están representados desde un principio en dicha comisión nacional para fijar el porcentaje de utilidades y luego, en su caso, tienen la oportunidad de objetar ese porcentaje ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades de la empresa está debidamente tutelado en la propia Constitución Federal.
Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo está previsto el derecho de los trabajadores a conocer los documentos presentados por la empresa para la determinación de su situación fiscal y de formular observaciones o de inconformarse con los resultados expuestos por el contribuyente. Esto tiene el propósito de que la autoridad tributaria determine sobre la situación fiscal de la empresa y resuelva lo conducente sobre la determinación de la base para el reparto de utilidades.
El problema que enfrenamos y que da pie a esta iniciativa, es que el artículo 121 de la ley fue impugnado y declarado inconstitucional por generar perjuicios económicos a las personas, como lo manifiesta una tesis jurisprudencial que no se ha observado en la legislación.
Derivado de lo anterior es que se hace necesario adecuar también el artículo 122 de la ley para que no se haga nugatorio el derecho de los trabajadores a que se les haga el pago correcto de sus utilidades y también se respete el derecho del patrón a promover el juicio de nulidad y el de amparo en contra de la determinación que se emita en su contra en la que se señale modificar el monto de la utilidad gravada.
En virtud de lo anterior propongo que se modifique la fracción III del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores tendrán el carácter de terceros en todos los medios de impugnación que ejerza el patrón para combatir la resolución definitiva dictada por la secretaría en cuanto a su escrito de objeciones.
Así también se propone reformar la fracción IV ya declarada inconstitucional, para disponer en dicha porción normativa que una vez resueltos los medios de impugnación ejercidos por el patrón, y que quede firme la resolución definitiva dictada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 15 días siguientes, el patrón dará cumplimiento a la sentencia.
En el mismo orden de ideas, se pretende clarificar el contenido del artículo 122 del ordenamiento jurídico que nos ocupa y armonizarlo con la reforma al artículo 121 de la propuesta. En tal sentido se propone reformar el primer párrafo del artículo 122 para establecer que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, agregándose que aun cuando se haya formulado pliego de observaciones por pare del patrón.
Señoras y señores legisladores, considero que estas propuestas permitirán dar mayor certeza y seguridad jurídica a los trabajadores y sus empleadores, y con ello estamos fortaleciendo el espíritu constitucional respecto al reparto de utilidades. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Jisela Páez. Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por diez minutos, el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar tres iniciativas en una sola intervención. La primera de ellas con proyecto de decreto que reforma los artículos 65, 66 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la tercera, iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, diputado.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, nuestra democracia es precaria. Lo es, porque nuestras instituciones democráticas son débiles y están bajo el asedio de la restauración autoritaria que se emprendió en 2012. No debe de sorprender a nadie el nuevo resultado, los nuevos datos arrojados por el Latinobarómetro, cada vez son menos los mexicanos que creen en la democracia. Es una minoría alarmante, preocupante, la que hoy confía en la democracia en México.
Tenemos que hacer algo, nuestras instituciones democráticas, nuestros órganos electorales están también cuestionados. Tenemos un Tribunal Electoral sujeto a la voluntad del Ejecutivo federal. Tenemos una Fepade golpeada en aras de tener un fiscal a modo por parte del presidente de la República y su partido. Tenemos instituciones golpeadas, débiles, endebles, y el Congreso de la Unión no se queda atrás. Tenemos un Congreso cuestionado por la sociedad. La imagen que tenemos los legisladores ante la opinión pública es paupérrima, y lo es porque se percibe que no trabajamos bien y que no trabajamos lo suficiente.
Por eso hoy propongo una iniciativa dividida en tres vertientes: una reforma constitucional, una reforma a la Ley Orgánica del Congreso y una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados para ampliar los períodos de sesiones, por un lado, para fijar un día a la semana para el debate político, para el debate de la agenda política, que serían los miércoles; es decir, sesionaríamos no martes y jueves, sino martes, miércoles y jueves. El miércoles dedicado, salvo excepciones, a la agenda política y para también ajustar, incrementar, hacer eficaces las sanciones a quienes falten a las sesiones no solamente del pleno, sino también de las comisiones.
Me explico. En el primer caso tenemos un receso entre periodos de sesiones ordinarias, que es absolutamente injustificable, cuatro meses. Debemos ampliar los periodos de sesiones para que vayan del 15 de agosto al 15 de diciembre, salvo el año de toma de posesión del presidente de la República, que empezaría el 1o. de agosto, y para sesionar del 15 de enero al 30 de mayo.
No es posible tener periodos de sesiones tan cortos cuando tenemos un rezago tan grande. Sí, lo sé, el trabajo en comisiones es fundamental. Pero nuestro sistema legislativo, el trabajo del pleno es mucho más importante que en otros sistemas parlamentarios. Para bien o para mal el pleno decide muchas cosas, aunque a veces solo sea sancionar lo que acuerde la Junta de Coordinación Política.
Por eso tenemos que darnos más tiempo para sesionar y para trabajar. Pero tenemos que hacerlo no solamente de manera cuantitativa ese incremento, sino también cualitativamente. Y por eso propongo que en las comisiones, sobre todo en las comisiones, pero también en el pleno, haya sanción eficaz para aquellos faltistas o aquellos que llegan tarde o aquellos que simplemente no se aparecen por las reuniones de las comisiones y del pleno.
Hoy por hoy son insignificantes esas sanciones y por eso vemos que ha tanto ausentismo, y que hay un trabajo de baja calidad.
Y, en el tema de las discusiones sobre agenda política, tenemos que recordar que la función del Congreso no es solamente legislar y contrapesar, también es debatir. La Cámara de Diputados en particular debe ser una caja de resonancia, en donde se expresen los diversos puntos de vista de la pluralidad nacional. Debe ser incluso una válvula de escape para esa diferencia, esas discrepancias políticas que existen en México. Aquí se deben ventilar, aquí se deben discutir, aquí debemos hacer los legisladores eco de lo que está pensando y lo que está discutiendo la gente, de lo que le preocupa a los mexicanos en las distintas posiciones ideológicas que representamos.
En esta legislatura no se debate, la agenda política es excepción y debería de ser la regla. Parece que se le tiene miedo a las discusiones y a los debates, cuando debería de ser al revés. El miedo lo deberíamos de tener a que se desborden las pasiones de esas discrepancias entre la gente, entre a población, y no a que discutamos aquí airadamente cuando sea necesario, con rispidez si no hay otro remedio, pero que discutamos lo que le preocupa a la gente en México.
No lo hacemos, la verdad es que lo hacemos de manera excepcional. Por eso todos pedimos la palabra en ese breve espacio que hay antes de que empiece la sesión cuando se toca la campanita, desde nuestras curules, porque es el único momento que tenemos para expresar alguna preocupación, alguna inquietud para hacer alguna queja, para hacer algún señalamiento político.
No hay espacio para el debate, y debe haberlo, y debe haberlo no como una concesión graciosa de la Jucopo, sino como regla de trabajo, como norma constante. Por eso digo, debemos de sesionar los miércoles y dedicar la sesión de los miércoles a agenda política, salvo, insisto, cuando algún trabajo legislativo, algún dictamen nos exija sesionar tres días a la semana, pero de lo contrario los miércoles deberían de ser dedicados a la discusión, al debate político, a la agenda política.
Creo que sería muy saludable para México, pero recordemos el tema que acabo de mencionar y que ya se había mencionado en esta tribuna en la sesión de hoy, el latino barómetro de este año. Vean los resultados, compañeras y compañeros, vean el porcentaje de mexicanos que confía en la democracia y díganme si no es para alarmarnos y para hacer algo.
Está en peligro la democracia, no exagero, está en peligro la democracia en el mundo, porque hay una crisis de la democracia representativa, pero en México en particular porque aquí es uno de los países en América Latina, en donde está más deteriorada la imagen, la percepción de la democracia como sistema político y como sistema de vida.
No podemos permitir que esta precaria democracia se nos deshaga entre las manos, tenemos que hacer algo para salvarla. Empecemos por lo que nos toca, empecemos en casa, demos el ejemplo trabajando más y mejor en el Congreso de la Unión, con periodos suficientemente amplios para la discusión de todas las iniciativas, puntos de acuerdo que nos ocupan y con un espacio para el diálogo y la discusión política todos los miércoles.
Viene el año próximo una de las elecciones más difíciles en la historia reciente de México. Viene a darse en un momento de incredulidad, de crisis de confianza y de credibilidad en las instituciones y las autoridades electorales de este país.
Que no sea el Congreso una causa más del desprestigio de la democracia. Que no sea el Congreso una razón más para que los mexicanos descrean de esta forma de gobierno, que como dijo Churchill, es la peor que se ha inventado, con excepción de todas las demás.
Esta democracia merece nuestra atención, nuestro trabajo y México merece que la salvemos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Agustín Basave. Túrnese la primera de ellas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. La segunda, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y la tercera de ellas, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sí. Sonido por favor para el diputado. Adelante, diputado.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Gracias, presidenta. Para compartir con el diputado Basave, esta inquietud y preocupación, que Nueva Alianza ya había manifestado en el primer periodo de sesiones del primer año y que precluyó en comisiones, porque parece ser que a muchos no nos interesa el trabajar más y de mejor calidad por México. En ese sentido, le pregunto al diputado si nos permite adherirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Basave, pregunta el diputado Valles si puede adherirse a su iniciativa.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Sí, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: La diputada Verónica Agundis, por favor, sonido.
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, señora presidenta, buenas tardes. Nada más felicitar al diputado Agustín Basave y decir que en cualquier empresa, cuando tú faltas a trabajar siempre viene una sanción y cuando faltas una, dos o tres veces, siempre te despiden. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestro país.
Le agradezco la presentación de esta iniciativa y agradezco también que nos permita suscribirla y estoy completamente de acuerdo con todo lo que él expuso en tribuna. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: La presente iniciativa tiene como fin perfeccionar los lineamientos y mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión, coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas de gobierno, con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y del desarrollo urbano sostenible e integrado, compatibles con la preservación y restauración del equilibrio ecológico para el cumplimiento de los convenios, instrumentos y compromisos internacionales aplicables.
La presente iniciativa modifica artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que inciden en los temas en materia de regulación y tutela por instrumentos internacionales y las leyes generales reglamentarias del artículo 27 constitucional, como es el cambio climático, el desarrollo sostenido, el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial, la preservación de la biodiversidad y los derechos de propiedad rural y de protección a la integridad de tierras indígenas.
Esta iniciativa surge principalmente porque la ley que existe carece de un enfoque integral y sustentable, además de que omite considerar el cumplimiento de compromisos derivados de instrumentos internacionales, muchos de reciente creación, que México está obligado a atender y asimilarlos en nuestra legislación nacional para su debido cumplimiento.
El fin es regular y desarrollar acciones y funciones concurrentes en forma integral, aprovechar instrumentos administrativos, órganos de gobierno y planes de acción, que ya se desarrollan en estas materias, así como en materia de gobierno abierto será el objeto de regulación del esquema propuesto por esta iniciativa.
La Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, en materia de quehacer gubernamental tiene su génesis a partir de los principios de transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación.
La presente iniciativa afecta los puntos de la ley relativos a este tema en concurrencia, competencias y atribuciones comprendidas en los Títulos Segundo y Tercero, y los perfecciona, ya que el texto vigente de la ley que se modifica no colma las necesidades reales de una concurrencia, en efecto, eficiente.
Por tal motivo, propongo a esta soberanía la modificación de diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Ana Leticia Carrera. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos digitales.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Compañeras y compañeros diputados, desde la reforma constitucional de 2013, en materia de telecomunicaciones, quedó perfectamente establecido en el artículo 6 constitucional, una serie de disposiciones y obligaciones del Estado mexicano que desafortunadamente no se cumplen.
¿A qué me estoy refiriendo? En primer lugar se estipuló que el Estado debe garantizar a su población su integración a la sociedad de la información y a la sociedad del conocimiento, lo que incluye necesariamente el acceso a Internet.
Pero además, se estableció la necesidad que tiene también el propio Estado mexicano de impulsar una política de inclusión digital universal.
Lamentablemente ello no está sucediendo. Al contrario, parece que vamos en sentido inverso.
Desde el año 2013 que ocurrió esta reforma se puso en marcha un programa denominado México conectado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este programa tiene como objetivo garantizar el 100 por ciento de acceso a Internet para todas las mexicanas y mexicanos mayores de seis años.
En este momento, según cifras del Inegi, solo el 59.5 por ciento de las mexicanas y los mexicanos tienen acceso a Internet, de tal suerte que tenemos un largo trecho todavía por recorrer en la materia.
Lo mismo sucede en términos presupuestales. En el año 2013 el presupuesto de este programa era de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, en los últimos años, en el año 2017 –y así está proyectado para el año 2018– el presupuesto contemplado para este programa es de 500 millones de pesos. Son cifras completamente insuficientes para la tarea que tiene el Estado mexicano.
Por eso es que los diputados de Movimiento Ciudadano, por mi conducto, estamos proponiendo esta iniciativa, para garantizar el pleno derecho de acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Dicho de otra manera, queremos hacer valer el derecho de acceso a Internet, ya consagrado en la Constitución.
Por eso, estamos planteando hacer una modificación que tenga un doble alcance, dos propósitos persigue esta iniciativa. El primero de ellos propone fortalecer y garantizar el principio de neutralidad de la red, que esto no es otra cosa que establecer que el tráfico a Internet debe ser tratado sin discriminación y sin restricciones, independientemente de quien sea el remitente, quien sea el destinatario y cual sea su destino.
Hoy por hoy la neutralidad de la red se viola de manera sistemática porque hay una especie de práctica denominada cero rating, que consiste en privilegiar el acceso a cierto tipo de información sobre otra, garantizando también el uso de ciertas plataformas.
Por eso, es que lo que hace esta iniciativa es plantear un catálogo de prácticas que son contrarias a la neutralidad de la red, además de que faculta al Instituto Nacional de Telecomunicaciones para sancionar y para vigilar que los concesionarios cumplan justamente con este principio.
Y en segundo lugar, más importante aún, pide esta iniciativa garantizar la existencia de una política de inclusión digital universal, para lo cual se está proponiendo la existencia de una renta básica digital, con la que los concesionarios estarían obligados a proporcionarles a todos los ciudadanos que cuenten con un teléfono inteligente o una tableta cantidad suficiente de datos que les permita mantenerse permanentemente informados y permanentemente conectados sin obligación de que esto sea a través de una plataforma en específica o de un plan determinado de datos. Dicho en términos generales, esta iniciativa busca garantizar el derecho de los mexicanos al Internet libre.
Estamos plenamente conscientes en Movimiento Ciudadano que esta iniciativa tendrá una repercusión presupuestal importante, por eso el momento en el que se presenta es fundamental de cara a la discusión del próximo presupuesto. Pero además también debemos decir, que esta iniciativa plantea que se haga uso de lo que ya existe para garantizar la política a la inclusión digital universal, que es aprovechar la infraestructura que ya tienen los concesionarios y parte de ella también que tiene el Estado mexicano.
Con esta reforma, y con esto concluyo, Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso con la generación de una auténtica sociedad del conocimiento y buscamos darle vigor a nuestra vida democrática y al ejercicio de la ciudadanía en nuestro país en donde se fortalezca el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto y muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Clemente Castañeda. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con la venia de la presidencia.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Compañeras y compañeros legisladores, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte.
En el deporte de alto rendimiento, la participación de las mujeres se ha incrementado notoriamente, pero continúan existiendo controles sociales y económicos que la obstaculizan. El poder de dominación sobre la mujer se ha naturalizado y normalizado en diversos ámbitos de la sociedad, el ámbito deportivo no ha sido la excepción. La violencia sexual y los actos de acoso u hostigamiento son expresiones de dicho poder.
Es preciso señalar que en el ámbito del deporte no se han desarrollado acciones significativas para proteger a la mujer contra la violencia, acoso u hostigamiento. La Ley de Cultura Física y Deporte no hace referencia alguna contra el acoso sexual, el hostigamiento o violencia contra las mujeres deportistas. Tampoco establece un mecanismo para atenderlo y prevenirlo con un enfoque de igualdad y equidad de género.
En el plano nacional de internacional, existen casos conocidos de violencia sexual contra mujeres deportistas. Uno de ellos, el del exmédico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos que durante el presente año fue acusado de abuso sexual contra deportistas y exatletas, entre las que se encuentran más de 125 mujeres.
La última que hizo pública la acusación del abuso fue McKayla Maroney, gimnasta estadounidense que ganó una medalla de oro y otra de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.
En nuestro país existe un caso muy conocido pues involucró a tres clavadistas menores de edad, quienes afirmaron haber sido acosadas por el entrenador Francisco Rueda. La familia de una de ellas lo denunció, otra huyó a los Estados Unidos y la tercera afirmó que al no aceptar el acoso le fue negada la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.
En el año 2005, la Asociación Civil Deporte, Mujer y Salud, aplicó un cuestionario acerca del acoso y los abusos sexuales contra corredores y maratonistas del país. El 71 por ciento de los encuestados reveló que alguna vez fue víctima de conductas de este tipo, el 67 por ciento afirmó que el victimario era el propio entrenador y que la agresión ocurrió en una instalación deportiva.
Es necesario combatir todo acto de violencia de género que resulte o puede tener como resultado un daño físico, sexual o sicológico para la mujer. En Nueva Alianza consideramos que es urgente que la Conade intensifique acciones institucionales tendentes a proteger a las mujeres deportistas contra actos de violencia, acoso u hostigamiento sexual.
Por ello, la presente iniciativa propone que la Conade participe como integrante del sistema nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres para que en el ámbito del deporte se proporcione la seguridad a la que las mujeres deportistas tienen derecho.
Asimismo, y a fin de garantizar neutralidad en el procedimiento, se propone que se el contralor interno quien se encargue de atender las quejas y denuncias en materia de acoso u hostigamiento contra las mujeres deportistas.
Se propone que un comisionado especial designado por la junta directiva presida un órgano colegiado honorífico en el cual se apoyará para emitir opiniones resolutivas de los presuntos casos de acoso u hostigamiento sexual contra mujeres deportistas, coadyuvando con el órgano interno de control.
Los integrantes de dicho órgano serán seleccionados y nombrados por la junta directiva, entre ellos se incluirán mujeres y deberán residir y acreditar la capacitación específica en materia de prevención de violencia contra la mujer y enfoque de género.
De igual manera se propone que con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres el órgano colegiado deberá emitir un protocolo de actuación y acompañamiento jurídico de las víctimas de acoso u hostigamiento, a fin de garantizar a las víctimas la mejor atención y certeza jurídica.
Con la presente iniciativa deseo impulsar una cultura física y deportiva, libre de violencia contra las mujeres. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Melissa Torres Sandoval. Túrnese a las Comisiones Unidas de Deporte y de Igualdad de Género, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sonido en la curul del diputado Pinto Torres.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle a la diputada Melissa su aquiescencia para adherirme a su iniciativa tan importante.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada ¿no tiene usted inconveniente?
La diputada Melissa Torres Sandoval: No tengo inconveniente, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado y queda a sus órdenes en la Secretaría.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Con esto empezamos la tercera ronda de iniciativas. Tiene la palabra por diez minutos el diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos y de seguridad nacional. Adelante, diputado.
El diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela: Compañeros y compañeras, diputados, diputadas representantes de la República, de esta soberanía de este poder tan importante. Muchísimas gracias. Saludo a los medios de comunicación, al Canal del Congreso, a los ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso, y acudo ante ustedes presentando estas dos iniciativas, dos iniciativas donde reformamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear las comisiones ordinarias de seguridad nacional, para que robustezcan y fortalezcan y acompañen a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tan importante. Y también en este sentido reformamos la Constitución Política en el artículo 76, 78 y 89 para que el titular del Ejecutivo federal, con la ratificación del Senado, nombren al director general del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional.
Con esto, también, presentamos la propuesta de adición y de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Queridos compañeros, es momento de consolidar la participación del Poder Legislativo federal en materia de Seguridad Nacional, del fortalecimiento del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, y de generación de inteligencia.
Es tiempo también de crear comisiones ordinarias que permitan el debate y la deliberación en materia de seguridad nacional. Que el Congreso de la Unión, sus dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores atraigan el tema de seguridad nacional en estos tiempos tan importantes de nuestra patria.
Es tiempo de participar en la evaluación profunda de la realidad nacional de nuestras instituciones y de los órganos responsables en materia de seguridad. Las comisiones que proponemos establecer deberán trabajar por un concepto de seguridad nacional, que considere la necesidad de orientar los esfuerzos del Estado mexicano hacia la solución de los graves problemas de nuestra patria
Considero que la política es más que un ejercicio romántico, es un ejercicio real. Su insumo básico es la materia de lo que existe. Por eso, en esta Cámara debemos de trabajar en lo real, construir instituciones, fortalecer y robustecer nuestras leyes, nuestro marco jurídico, para que en un tema tan importante como es el de la seguridad nacional, este Congreso, esta Cámara de Diputados participe con atingencia, con fortaleza, con determinación en la construcción de la nueva agenda de seguridad nacional en este siglo XXI.
Es importante el debate en la Cámara de Diputados. Es importante el trabajo en las comisiones ordinarias, para que la Comisión Bicamaral cuente con el respaldo de esta creación de comisiones ordinarias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para este debate tan importante.
Esta iniciativa no solamente es hipotética, sino también es axiológica. Necesita la aportación y la sensibilidad de los diputados. Necesitamos también fortalecer no solamente la construcción de leyes éticas y estéticas, sino leyes cinéticas que permitan entender la movilidad de nuestra nación y apurarle a reformar lo indispensable en materia de seguridad nacional.
Por ello también quereos darle legitimidad al nombramiento del encargado director general del Cisen, para que pueda participar con toda la legitimidad el Senado de la República. Por eso acudo ante ustedes, ante este tema tan importante.
Es tiempo der que el Congreso de la Unión participe en los temas de seguridad nacional. Es tiempo de robustecer nuestra Constitución Política y que en esta Cámara de Diputados podamos discutir los temas que a la población y al pueblo de México le agravian, los temas que al pueblo de México le duelen, que están ubicados en materia de inseguridad en los temas de seguridad nacional. Muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Ixtláhuac Orihuela. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por diez minutos la diputada Angélica Moya Marín, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Angélica Moya Marín: Gracias, presidente.
La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, desde sus orígenes el Partido Acción Nacional ha sostenido que el municipio es la base de la organización gubernamental y social. En Acción Nacional estamos ciertos de que la democracia en el municipio no se consolidará si persisten prácticas autoritarias, verticales, centralistas y opacas del gobierno.
En la medida en que se permita la participación de la ciudadanía y las comunidades en la definición de las políticas y los programas gubernamentales, se posibilitará el tránsito hacia escenarios de legitimación y validación sociopolítica de su desempeño.
Es necesario que la administración pública de los tres órdenes de gobierno se encuentre bien acotada para dar orden a las funciones y evitar duplicidades en las atribuciones de cada uno de los ámbitos administrativos.
Hoy, la realidad nos muestra que existen rezagos en las agendas de gobernabilidad en el ámbito municipal, estos rezagos están vinculados con la disponibilidad de un marco legislativo que norme adecuadamente sus actividades y desempeño. Los límites en el ejercicio del poder gubernamental, el estancamiento económico, la distribución del bienestar social y el ingreso y el acceso de los jóvenes a oportunidades de desarrollo, la atención contra las adicciones, la participación de la sociedad civil y comunitaria en las decisiones del gobierno, la corrupción gubernamental y social, la impunidad y el acceso igualitario a la procuración e impartición de justicia y a la seguridad ciudadana.
Los problemas de la implementación de las políticas en los municipios han derivado en una falta de correspondencia entre el desempeño gubernamental y la atención de necesidades de la sociedad, es por ello que el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, que tiene por objeto establecer una diferenciación precisa entre funciones y servicios municipales y posibilitar que se asocie a esas actividades parámetros de medición y valoración de la forma en la que estas se proporcionan.
Esta propuesta legislativa se enfoca de manera explícita a los gobiernos municipales y parte de considerar que el desempeño de los gobiernos y la administración pública correspondiente se determinan en función del marco legislativo, así como de la solidez del diseño e implementación de las políticas públicas.
Es necesario propiciar un nuevo arreglo institucional progresivo y sostenido de la función pública, que conjugue el rigor técnico y la mayor creatividad posible, siempre circunscritos en procesos de protección a los derechos humanos y privilegiando la atención de necesidades y expectativas ciudadanas y comunitarias respecto a su gobierno.
No es posible suponer que la consolidación de la democracia en los gobiernos municipales se conseguirá con desempeños gubernamentales débiles, ya que el elemento referencial del análisis de la gobernabilidad es la determinación de la capacidad de las administraciones públicas para atender los problemas económicos, sociales, políticos y de estado de derecho de su sociedad, los cuales se constituyen como los referentes respecto a la capacidad de ejecución y desempeño gubernamental.
No es posible que hoy existan materias como la seguridad pública, en las que los gobiernos federal, estatal y municipal se echen la bolita respecto a sus competencias, mientras la delincuencia destruye el tejido social. Es momento de delimitar la función y los servicios públicos en la Constitución.
Que no haya dudas de lo que cada quien tiene que hacer, en el ámbito de su competencia.
Señor presidente, quisiera sugerir a la Presidencia, si fuese posible esta iniciativa también fuera turnada, en su caso, a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Con mucho gusto, diputada. Gracias, diputada Angélica Moya. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y, como lo ha sugerido, también a la Comisión de Desarrollo Municipal para opinión.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Desde hace más de un año, hemos venido escuchando conceptos como seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública. La realidad es que al ciudadano estos conceptos no le interesan ni le deben interesar, al ciudadano lo que le interesa es saber qué va a salir a la calle de su casa y saber que va a regresar.
Sin embargo, a nosotros como legisladores sí es básico entender estas tres diferencias fundamentales, para poder legislar en la materia.
Hoy vengo a presentar una iniciativa en materia de seguridad nacional, a efecto de fortalecer las facultades de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, ya que estas atribuciones prácticamente tienen únicamente que ver con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, a pesar que la ley donde se regula dice claramente que es de control legislativo, nuestro control muchas veces en el seno de la comisión es limitado.
En este sentido, hemos platicado incluso con grupos legislativos, otros grupos legislativos y hemos hablado sobre la necesidad de fortalecer las atribuciones de esta comisión.
El primer problema que enfrentamos en la Comisión es la limitada estructura con la que cuenta. Solamente tres diputados y tres senadores, es fundamental que todas las fuerzas políticas del país, estén representadas en un asunto que es fundamental para la vida del Estado mexicano.
Asimismo, otra de las condiciones que vemos necesarias a reformar, es que en el proceso de discusión y aprobación de reformas legales en materia de seguridad nacional, nuestra comisión, en virtud de que no está prevista por la ley del Congreso, no participa de la discusión respectiva. Hoy hablamos de la Ley de Seguridad Interior y la Comisión Bicamaral ni siquiera participa en el proceso legislativo de esta, por lo que proponemos establecer en la ley la obligación de que las comisiones dictaminadoras que discutan reformas o cuestiones que tienen que ver con la materia, tengan que contar con la opinión de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
En el mismo sentido, proponemos asentar que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá solicitar la opinión de la Comisión Bicamaral respecto a la asignación de recursos contemplados para las áreas que tienen que ver con la seguridad nacional.
En la misma línea, consideramos que la simple atribución de la comisión para conocer de los informes de las autoridades de seguridad nacional resulta inocua si no va acompañada de la posibilidad legal de emitir opiniones y recomendaciones a las mismas, por lo que proponemos facultar a la comisión para emitir opinión sobre los informes respectivos que rindan las autoridades de seguridad nacional, en términos de la propia ley.
Otra de las graves situaciones a mejorar y que observamos en los trabajos de la comisión, se refiere a la debida reserva de la información que obra en poder de la comisión, por tratarse de una cuestión de seguridad nacional, por lo que hemos propuesto actualizar la Ley de Seguridad Nacional para hacerla congruente con los principios de información reservada y confidencial, establecidos en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También sugerimos facultar a la comisión para citar a comparecer a los titulares de las dependencias de la administración pública federal que integran el Consejo de Seguridad Nacional, así como a los titulares de las demás dependencias, entidades y empresas productivas del Estado, que en situaciones especiales así lo ameriten.
Adicionalmente, nuestra propuesta propone facultar a la Bicamaral para impulsar y realizar estudios que versen sobre las materias de seguridad nacional e inteligencia, a fin de dotar a la comisión de mayores elementos para ser un actor en la materia y abandonar el añejo modelo que a veces nos limita a un simple espectador.
Por ello, proponemos también la adición de un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos que contendrá específicamente las atribuciones necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros, proponemos dar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional las atribuciones aquí planteadas para convertirlas en un verdadero instrumento de control, de actuación del Ejecutivo federal en la materia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Ubaldo Fernández González. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Buen día, compañeras y compañeros, buen día estimado pueblo de México. Espero tengan una buena tarde.
Con el avance de las nuevas tecnologías, la informática se ha convertido en un instrumento que proporciona infinitas posibilidades de desarrollo.
Un número cada vez más creciente de personas tiene el acceso a nuevas tecnologías y las utilizas cotidianamente para realizar actividades de muy diversa índole, tales como industriales, comerciales, educativas, culturales, financieras, de comunicación, entre otras.
Paralelamente a este avance tecnológico han surgido nuevas formas de conducta antisocial, que han hecho de los equipos y sistemas de cómputo e informáticos como un instrumento para delinquir.
En este sentido, la informática puede ser objeto del ataque o el medio para cometer delitos. Reúne en sí características que la convierte en un medio idóneo para la comisión de muy distintas modalidades delictivas, en especial las de carácter patrimonial.
La idoneidad proviene, básicamente, de la gran cantidad de datos que se acumulan con la consiguiente facilidad de acceso a ellos y la relativamente fácil manipulación de los datos informáticos.
El acceso no autorizado a computadoras o sistemas electrónicos, la destrucción o alteración de información, el sabotaje por la computadora, la intercepción de correo electrónico, el fraude electrónico, la falsificación informática y la transferencia ilícita de datos son algunas de las conductas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos.
No solo, compañeros, la cuantía de perjuicios así ocasionados es a menudo infinitamente superior a la que es usual en la delincuencia tradicional, sino que también son mucho más elevadas las posibilidades de que estos datos y esos actos delictivos no lleguen a descubrirse.
Se trata de una delincuencia de especialistas capaces muchas veces de borrar cualquier huella de sus fechorías. Los únicos bienes jurídicos que se protegen es la información contenida en sistemas o equipos de informática que tengan un mecanismo de seguridad e indirectamente también lo es la privacidad de los datos, entendida como el derecho de no permitir a nadie el acceso a la información.
El virtud de que el bien jurídico que se pretende tutelar es la privacidad y la integridad de la información, se incluyen los tipos propuestos en el título noveno del Código Penal Federal, ordenamiento que ahora solo ocupa el delito de la revelación del secreto.
Como consecuencia, al aprobarse la reforma de 1999, se omitió tipificar conductas de la delincuencia informática que atentan contra el patrimonio, contra el mercado y contra la fe pública y privada como bienes jurídicos, dando como resultado que los tradicionales delitos sean ineficaces para sancionar comportamientos que vulneran estos valores y que nacieron con el surgimiento de nuevas tecnologías, que si bien lesionan bienes jurídicos tradicionales, adoptan características que no caben dentro de las figuras ya previstas anteriormente.
Pero para llenar este vacío legal, la presente iniciativa propone adicionar los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Ter y 389 Ter al Código Penal Federal y tipificar como delitos específicos y autónomos la falsificación informática, el robo informático, el fraude informático y la oferta informática engañosa a la que muchos ciudadanos son víctimas por no tener esta cuestión, esta defensa jurídica. Por su atención, muchas gracias y les deseo que pasen una excelente tarde.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores. Una iniciativa es el acto jurídico que da comienzo al proceso legislativo. Los actores facultados para presentarlas son el presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados, de la Ciudad de México y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.
Esto se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna, en el artículo 71, específicamente, el cual también menciona que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, las cuales deberán ser discutidas y votadas en el pleno en un plazo máximo de 30 días naturales. De no ser así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno.
En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
Esta garantía de la que solo goza el presidente de la República es un privilegio en términos de democracia. Dentro de los tiempos legislativos sabemos que nada es más importante que el evitar que las iniciativas sean mandadas a la congeladora legislativa, –esa famosa congeladora–, la cual se forma gracias al gran número de iniciativas que son presentadas acumulándose en comisiones por la falta de disposición para su análisis, dictaminación y votación, entrando así en un estado permanente de rezago y olvido.
Para los diputados que tienen la oportunidad de participar en comisiones, dar seguimiento y luchar para que sus iniciativas sean dictaminadas, en muchas ocasiones estas pasan sin pena ni gloria, sin ser analizadas o dictaminadas, simplemente se desechan o se congelan.
Luego entonces imaginemos lo que sucede con las iniciativas presentadas por los ciudadanos. El presentar una iniciativa ciudadana es por sí mismo un logro digno de reconocer. Estamos ante un verdadero acto de participación ciudadana que debería de ser respaldado al menos para garantizar su discusión, así como su aprobación o rechazo dentro del Congreso de la Unión.
Una iniciativa ciudadana se traduce en interés, organización e involucramiento ante un tema que la sociedad mexicana considera de suma importancia, por lo cual debería de ser motivo suficiente para la atención de la misma.
Pues bien, lo que esta iniciativa propone es que este carácter preferente también lo tengan las iniciativas presentadas por los ciudadanos en los términos que el mismo artículo marca. El dar el carácter de preferente a la iniciativa ciudadana significa el privilegio del Poder Legislativo de trabajar directamente para y, por quien se lo merece, por los ciudadanos.
La iniciativa de trámite preferente busca el fortalecimiento y la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de manera eficiente. Estamos a tiempo de que se fortalezca la relación del Congreso de la Unión con los propios ciudadanos.
El derecho de presentar iniciativas de ley por parte de los ciudadanos en nuestro país es un derecho reciente, pues la reforma del artículo 71 de la Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012, donde también se incluyó la facultad por parte del presidente de la República de presentar iniciativas de trámite también preferente.
El elevar a carácter de preferente las primeras 2 iniciativas ciudadanas que se lleguen a recibir al inicio de cada periodo de sesiones y cumplan con los requisitos de ley, permite tomar las medidas necesarias para resolver el problema que se plantea.
Hoy en día existen importantes herramientas puestas en marcha por la ciudadanía, las cuales buscan incrementar la participación ciudadana. Un ejemplo de ella es Haz tu Ley, un portal de internet donde los ciudadanos pueden proponer una iniciativa de ley y donde un equipo de expertos las somete a estudio y a revisión para que tenga la redacción adecuada para poder ser presentada en la institución correspondiente.
El artículo 51 de nuestra Constitución, marca que los diputados son representante de la nación, y como tal, se establece la obligación de escuchar la demanda de ella misma. Y es precisamente esto lo que plantea esta iniciativa, que escuchemos a los ciudadanos, que pongamos atención a lo que la sociedad nos demanda, que legislemos tomando en cuenta sus necesidades, ya que son ellos los que las padecen día a día, ya que son ellos los que se involucran en un esquema de democracia participativa, y es nuestra responsabilidad –como sus representantes– apoyarlos y trabajar a favor de ellos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte que le corresponde, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 7o., de la Ley Minera.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, cuya finalidad es incorporar en el texto de la propia ley una visión más protectora del medio ambiente.
Todos sabemos la importancia que tiene la industria minera en nuestro país. México es el líder mundial en la producción de plata, y se encuentra entre los 10 principales productores de 19 minerales. Su trascendencia a nivel económico es innegable.
Es justo por su importancia económica que el sector minero se ha visto beneficiado mediante concesiones de todo tipo. A pesar de que en el artículo 27 constitucional establece que el uso de los recursos naturales debe ser impulsado por el Estado, y solo de forma excepcional por los particulares, la realidad es muy distinta, ya que el sector minero está dominado por un número muy reducido de empresas, principalmente de procedencia extranjera. Así lo sustenta la Cámara Minera de México, que afirma que el 70 por ciento del volumen de la producción minera proviene de compañías internacionales.
Pese a que la Minería es una actividad que genera un impulso económico, éste no necesariamente se ve reflejado en un incremento en los niveles de desarrollo humano de las comunidades donde se asienta dicha industria.
Prueba de lo anterior, es que uno de los estados con más actividad minera, como es Zacatecas, se encuentra entre los 10 estados con más bajo desarrollo humano del país, de acuerdo con los datos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Otro indicador que nos muestra algunos inconvenientes de la actividad minera, es el mencionado por la Organización Panamericana de la Salud, que advierte que la minería es la actividad económica que causa más efectos negativos en la salud.
Una de las afectaciones más grandes que origina la industria minera, es el daño al medio ambiente. Las comunidades donde se sitúan las minas sufren un severo impacto ecológico debido a que la extracción de minerales tiene graves repercusiones en su entorno desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo cuerpos de agua y suelos. Uno de los más graves ejemplos de lo anterior, fue el desastre ecológico sufrido en el río Sonora.
En Nueva Alianza no olvidamos. Nuestras propuestas pretenden incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, con el fin de evitar el deterioro de nuestros recursos naturales
La presente iniciativa busca pues eliminar la consideración de la minería como de utilidad pública que se establece en el artículo 6o. de la ley, y que propone que se le mantenga como una actividad prioritaria, solo cuando se demuestre el beneficio social con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, logar el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
De este modo se pretende armonizar lo dispuesto en la Ley Minera, con lo que es establece en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. También se propone que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente realice un estudio de impacto ambiental como parte de los requisitos para el otorgamiento de las concesiones.
Lo anterior debido a que la normatividad vigente solo pide a la Secretaría de Energía una evaluación de carácter técnico, lo que demuestra la lasitud de las exigencias de una actividad tan definida para el medio ambiente.
Compañeras y compañeros, los diputados y las diputadas de Nueva Alianza no dejaremos de señalar la importancia que debe tener la protección del ambiente en todos sus ámbitos. No hay dinero que pueda restaurar el daño ambiental. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Campa Almaral. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, México es un país multicultural en el que conviven diversas expresiones artesanales. En el territorio mexicano se producen artesanías multicolores de diferentes estilos, dependiendo de la región en la que se encuentran, las que pueden variar en la forma o procedimiento en las que son elaboradas.
Las expresiones artesanales más importantes que se registran en nuestro país son, a riesgo de omitir muchas por la riqueza nacional: el barro negro de Oaxaca, la talavera de Puebla, el reboso de San Luis Potosí, el árbol de la vida del estado de México, los alebrijes de Oaxaca, el sombrero de charro de Jalisco y, grandes entre los grandes del estado de Hidalgo, los espléndidos tenangos.
Este tipo de creaciones no solamente es en México, sino también en el ámbito internacional. Son reconocidos y admirados por miles de personas, incluso por profesionales dedicados a la valuación del arte.
Nuestras artesanías tienen una expresión particular inigualable, las figuras, expresiones o actividades que se realizan en nuestro país son únicas y a su vez son especiales para quienes las realizan.
Es usual que los verdaderos artistas que las actúan y producen con amor y de buena fe ignoran que sus diseños pueden ser sujetos a ser plagiados parcialmente o en su totalidad. En ocasiones los creadores se toman con la terrible sorpresa de que sus obras han sido reproducidas sin su consentimiento ni conocimiento, resultando que dichas producciones han obtenido un lucro indebido, del cual nada les toca a sus creadores originales.
La mayoría de los artesanos no saben, por falta de capacitación ni asesoría adecuada, proteger los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, las que han sido construidas y elaboradas por ellos, lo que los coloca en desventaja cuando no en indefensión, ya que su trabajo puede ser indebidamente reproducido viendo vulnerada con ello su integridad comunitaria e incluso familiar.
Un triste ejemplo del desamparo en materia de asesoría respecto a la protección de la propiedad intelectual es lo que viven muchos artesanos del estado de Hidalgo. En particular llama la atención lo ocurrido con los llamados tenangos, los que han sido en reiteradas ocasiones reproducidos y exhibidos por diferentes empresas en su totalidad como originales en sus marcas, y no hechos por artesanos del municipio de Tenango de Doria, de donde provienen.
Grandes corporaciones globales le dan un toque especial a sus productos con la creatividad y profundidad de nuestras artesanías, omitiendo la elemental justicia de reconocer y retribuir a los creadores.
La iniciativa que hoy se presenta abona a nuestros artesanos que puedan encontrar en el Estado mexicano el impulso, la asesoría y la protección necesarias para mejor proveer a una producción artesanal que detone la economía y genere bienestar a nuestros creadores. Se pretende que la Secretaría de Economía, con la participación de los entes competentes del gobierno federal, así como de los estados y municipios, brinden asesoría para proteger la propiedad intelectual de nuestros artesanos.
Un México que proteja y asesore la creación artesanal es una propuesta posible. Hagámoslo nosotros. Es todo y es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Garzón Canchola. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputado Fernando Moctezuma, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Gracias, presidente. Solicitarle respetuosamente a la ponente de esta iniciativa, a nombre de la bancada hidalguense, que nos permitiera adherirnos a esta iniciativa, que la vemos con los mejores ojos, que sea una propuesta en defensa de este tipo de asuntos. Muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada Garzón, ¿tiene algún inconveniente? Adelante, diputado, está a su disposición en la Secretaría.
Esta Presidencia da la bienvenida a Daniel Rubén Rojas Rodríguez y Hanz Yair Martínez Ramírez, invitados por la diputada Paola Félix Díaz, quienes ganaron su pase al mundial de robótica, en Japón, el pasado sábado 28 de octubre. Sean ustedes bienvenidos.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gretel Culin Jaime, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Gretel Culin Jaime: Con su permiso, diputado presidente.
La diputada Gretel Culin Jaime: Compañeras y compañeros diputados, me permito fundamentar el dictamen que se pone a consideración, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada María Verónica Agundis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con el presente dictamen se fortalece la plataforma denominada Atlas Turístico de México, con lo cual se permitirá promover e impulsar el turismo de una forma más detallada, con datos actuales de cada uno de los estados de la República mexicana, a través de la vinculación directa de la página electrónica de la Secretaría de Turismo, con los portales oficiales de las secretarías de Turismo de cada entidad federativa.
Es innegable que el turismo es una actividad muy importante y trascendente para nuestro país, pues la derrama de divisas que se genera por esta actividad es de tomar en cuenta, pues equivale aproximadamente a 8.7 por ciento del producto interno bruto, cual se deduce que el turismo se ha convertido en una actividad trascendental para la vida económica del país.
Es en ese orden de ideas y atendiendo la importancia de la actividad turística de nuestro país, de vasta riqueza cultural, gastronómica y artesanal, que toda la difusión y divulgación de los destinos turísticos, datos y cuestiones importantes sobre dicho tópico, resultan de gran relevancia dado que al generar este tipo de información se va creando un interés natural y legítimo por descubrir las rutas de los diferentes tipos de turismo que se ofrecen en cada una de nuestras entidades federativas.
Es por ello, que en nuestra ley de materia, Ley General de Turismo, se encuentra establecido, en el taxativo 14, lo que se denomina el atlas turístico de México, concebido este como el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales, culturales, que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, y dicho registro se encuentra desarrollado y establecido en la página electrónica de la Secretaría de Turismo de la administración pública federal.
Es por esta razón, que en el dictamen que hoy se pone a consideración, lo que pretende es que dicho atlas turístico, además de contar con los datos que pertenecen y desarrolla la Secretaría de Turismo Federal, también se tenga acceso de forma directa e inmediata, con todas las ofertas turísticas de cada una de las entidades federativas, para lo cual dichos datos serán aportados por la Secretaría de Turismo locales, mismas que tendrán un enlace directo electrónico a partir de la página oficial de la Sectur.
Con esto se pretende contar con una herramienta inmediata y eficaz, que promueva los diferentes destinos turísticos de México en todo el orbe, dado que actualmente la página Web, a través de la cual se consulta el atlas turístico de nuestro país, no cuenta con la totalidad de los datos de los diferentes destinos turísticos de México.
De la lista de sitios y destinos turísticos de los que hace referencia la página Web, a través de la cual se opera el atlas turístico, se aprecia que quedan fuera de estos lugares importantes y trascendentales que son de gran atractivo para el turista nacional e internacional, por los cuales México destaca a nivel mundial, ya que únicamente se detallan grosso modo los diferentes destinos turísticos mexicanos.
Es por todo lo anterior, que la Comisión de Turismo consideró viable que en la página del atlas turístico mexicano, misma que se encuentra establecida a través de la página electrónica de la Secretaría de Turismo, se incluyan los enlaces electrónicos que direccionan de forma directa e inmediata con los portales y sitios oficiales de la Secretaría de Turismo de las entidades federativas, pues con dicha determinación el usuario que navega en dicho sitio podrá adentrarse más a detalle en todo lo que nos ofrecen los diferentes destinos turísticos con los que cuenta nuestro país.
Esto viene a ser un impulso a la actividad turística con el esfuerzo mínimo y que sin duda recaerá en una mayor derrama económica benéfica para toda esta actividad, y máxime si tomamos en cuenta que el presupuesto asignado al turismo sufrió una reducción de 32.8 por ciento en relación del año 2016 con el 2017, razón por la cual se han tenido que buscar alternativas que apoyen y que incrementen esta actividad económica tan importante para la nación, como fue el caso del incremento al derecho del no residente, el cual representó un incremento de casi el doble de ingresos obtenidos por el pago de dicho decreto.
También es de tomarse en cuenta que lamentablemente en el proyecto de presupuesto que nos fue remitido y que en fechas próximas analizaremos, no incluya un incremento al presupuesto asignado al turismo en nuestro país. Y más aún, tomando en cuenta las graves situaciones de inseguridad que han venido viviendo y padeciendo los principales destinos turísticos internacionales de nuestro país, como lo son Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, lo que desgraciadamente ha mermado la afluencia de visitantes y de lo cual todos hemos tenido conocimiento.
Motivo por el cual resulta necesario que se busquen herramientas alternas y que no impliquen un gasto considerable, que permitan impulsar y promover el turismo en México.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les invito a votar a favor del dictamen, que sin duda será un incremento en la actividad turística, trayendo con esto grandes beneficios a nuestra sociedad. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Gretel Culin Jaime. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Gretel Culin Jaime, a nombre de la comisión. Previa lectura.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Propuesta de adenda. Transitorio. Segundo. La Secretaría de Turismo cubrirá las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de presente decreto, con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Es cuanto, presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación presentada por la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: En consecuencia, está a discusión en lo general...
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputado, Toledo, ¿con qué objeto?
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Con el objeto de suscribirme a la iniciativa presentada por...
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Es la discusión del dictamen.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Por la discusión, perdón, presentada. Aquí felicitar a mi amiga, la diputada Gretel Culin, por el posicionamiento. Gracias.
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Con su voto se entiende que está avalando la modificación y en lo general el dictamen, diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada proponente María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional.
La diputada María Verónica Agundis Estrada: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante.
La diputada María Verónica Agundis Estrada: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes a todos. México es un país maravilloso. Para nosotros los mexicanos, para quien lo visita, siempre es una experiencia que se queda en el corazón.
Esta iniciativa juega un papel muy muy importante, sobre todo en esta coordinación que deben tener los estados. México tiene gastronomía, tiene usos y costumbres, tiene turismo indígena, tiene festivales importantísimos en cada una de sus entidades.
Y aquí es muy muy importante que toda la gente que pretende visitar nuestro país desde el extranjero tenga muy claro qué es lo que puede hacer. Hay estados que tienen festivales culturales, festivales de cine muy importantes. Hay estados que tienen ciudades y sitios patrimoniales, pueblos mágicos, ciudades históricas que están muy cerca una de otras.
Nosotros ofrecemos a nuestros turistas, tanto nacionales como internacionales, una información muy clara y muy precisa de todo lo que México ofrece. Este sector se va a fortalecer.
Esta es la intención de la iniciativa, que precisamente cada una de las 32 entidades de este país pueda otorgar a la Secretaría de Turismo y al portal de la Secretaría de Turismo la información necesaria para que a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros se nos facilite asistir a los eventos y a los sitios. Esto fortalece muchísimo este sector que hoy por hoy es muy, muy importante, sobre todo por los últimos acontecimientos de nuestro país.
Hemos visto campañas muy bien fortalecidas para los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, para que la gente en el extranjero sepa que estamos listos para recibirlos, que no estamos en su totalidad destruidos y hoy a todos los mexicanos decimos: viajemos todos por México, porque de esa forma también fortalecemos la economía de nuestras ciudades. Muchas gracias.
Gracias a la comisión y gracias a todos ustedes, por supuesto el Partido Acción Nacional votaremos a favor. Y ojalá todos ustedes también se unan para contribuir a engrandecer todo lo que ofrece nuestro maravilloso país. Muy buenas tardes. Gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Agundis. No habiendo más oradores registrados, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra discutido suficientemente en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se pide a la secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 400 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado proponente Carlos Federico Quinto Guillén, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Carlos Federico Quinto Guillén: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Marina presento a esta honorable asamblea los fundamentos del dictamen sobre la iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.
En principio a la Secretaría de Marina le corresponde organizar, administrar y preparar a la Armada de México a fin de que esta cumpla con su misión: ejercer el poder naval de la federación para la defensa exterior y para la seguridad interior de nuestro país, condición imperante por la cual los elementos de la Armada mexicana deben de estar preparados para mantenerla y operarla de acuerdo a las necesidades que el impulso y desarrollo del país exige.
Para ello, se requiere una educación disciplinada e integral, con herramientas y medios de capacitación, adiestramiento, formación, especialización y posgrados. De modo que les permita enfrentar más eficientemente su función naval en un contexto moderno y de servicio hacia los ámbitos sociales, económicos y políticos.
El dictamen de ley que hoy votaremos fue producto de revisiones institucionales y de académicos especialistas destacados, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, en estas instalaciones se celebró un foro en el que analizamos las relaciones de la educación naval con la educación pública de nuestro país, y cómo éstas se relacionan con el trabajo conjunto de ambas.
Se nos presentaron y escuchamos las misiones, funciones, planes y programas curriculares que se realizan en los establecimientos que forman la gran estructura de la educación naval en México, tanto de capacitación y adiestramiento como de formación técnica y profesional, particularmente de Institutos Oceanográficos, de la Escuela Médico-Naval, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Superiores Navales. Todos estos integrando un sistema educativo que es encabezado y conducido a través de una universidad naval.
Así, este ordenamiento regirá el proceder de los establecimientos y niveles educativos citados. Sus alcances atienden los recursos humanos que integran los cuerpos y servicios de la Armada, considerando sus diversas jerarquías con el propósito de contribuir al desarrollo marítimo nacional, dotando de facultades y responsabilidades a sus actores en sus procesos y a quienes además les garantiza condiciones justas e incluyentes, incorporando conceptos como los derechos humanos y la igualdad de género.
Esta nueva ley integra, consolida y da certeza a un sistema educativo naval que se ha desarrollado durante más de 120 años, que aun manteniendo su institucionalidad hacia el interior de sus áreas y esferas de estudio también desde hace décadas ha merecido el reconocimiento de otras instituciones públicas y académicas tanto nacionales como extranjeras, con las que se han establecido vínculos e intercambios que ahora como extensión académica estarán sujetas a un cuerpo normativo que les dé validez y desde luego reconocimiento formal institucional.
Durante la discusión, integrantes de los diversos partidos, grupos parlamentarios que integran esta comisión dictaminadora, realizaron aportaciones que sin modificar el sentido de la iniciativa la enriquecieron y le dieron mayor claridad, aprobándose ahí el dictamen por unanimidad.
A todo ellos y al presidente Gustavo Cárdenas Gutiérrez, por su conducción, mi agradecimiento grato, mi reconocimiento grato. Mismo que extiendo a mi coordinador parlamentario, el doctor César Camacho, por acompañarme y apoyarme en este proceso.
Compañeras y compañeros diputados, hoy apelo al voto positivo de este pleno para aprobar este dictamen de ley que dará unidad, cohesión y eficiencia al sistema educativo naval en general, sin mayores recursos de los que ya tiene asignada la propia institución. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Quinto Guillén. Esta Presidencia saluda a graduados del postdoctorado –¿Todavía no están en el salón?–. A ver, vamos a esperar que pasen al salón de pleno.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidente. El pasado mes de diciembre, hace un año, en esta Cámara se discutieron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para otorgar a la Secretaría de Marina la competencia para el control de los puertos, de los litorales de nuestro país. Ya en aquel entonces manifestamos nuestro desacuerdo porque consideramos que la paulatina militarización de nuestro país es un riesgo.
En el caso de la Ley de Educación Naval que se expediría con el presente dictamen, consideramos que es loable que la Armada de México continúe con sus tareas de capacitación a través de sus centros educativos, empezando desde luego por la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo y los demás sitios en donde imparte formación y capacitación, sin embargo, consideramos que las tres escuelas náuticas de Veracruz, Tampico y Mazatlán, operada por civiles, y que desde hace muchos años han formado y constituido lo que se conoce como la Marina Mercante, deben fortalecerse y mantenerse en el orden civil al margen del régimen militar.
Hay que considerar que de los 175 países que tienen educación relacionada con el mar, solo 11 tienen un régimen militar, dentro de los que destacan Corea del Norte, por cierto, el resto tienen señalado claramente la diferencia entre lo naval, es decir lo militar y lo náutico, es decir lo mercante.
Consideramos que la pretensión de que lo militar absorba a lo civil sería un retroceso histórico, puesto que Díaz Ordaz ya lo intentó en 1967 mediante un decreto, y que después, un mes después de ello lo echó para atrás. Coincidimos en que la Secretaría de Marina no debe tener atribuciones sobre la Marina Mercante, que es eminentemente civil.
Por ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor con una reserva muy sencilla, agregar en el transitorio Tercero un texto que a la letra diría: La presente ley por ningún motivo incluye las facultades y competencias relacionadas con la educación náutica, contemplada ya en los artículos 31 y 32 en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Cuitláhuac. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Cuitláhuac García.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se desecha la propuesta del diputado Cuitláhuac.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 54, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 404 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien. Queda entonces, aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Estimados diputados, esta Presidencia, a nombre de todos ustedes, saluda la presencia del doctor Guillermo Escobar Roca, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá. Bienvenido a la Cámara de Diputados, señor doctor.
La razón de este saludo es un poco más trascendente, están con nosotros en este momento, en el salón de sesiones, los posgraduados en el doctorado de Control Parlamentario y Políticas Públicas, de la Universidad de Alcalá y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, AC, voy a suplicarles a ellos que se pongan de pie, particularmente porque 12 de ellos son compañeros trabajadores de esta Cámara de Diputados y nos llena de orgullo su empeño para seguirse formando y sirviendo a México. Bienvenidos y felicidades.
Entre ellos, saludo también a don Luis Molina Piñeiro, siempre es un placer darle la bienvenida, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente felicidades.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continuamos con la sesión, señor secretario. Señora secretaria, perdón.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió comunicación de la diputada Irma Rebeca López López, por el que comunica la separación del Grupo Parlamentario de Morena a partir de esta fecha.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Comuníquese.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el que comunica la integración de la diputada Irma Rebeca López López a este grupo parlamentario.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese. El día de mañana, durante la sesión, daremos curso al punto de acuerdo ofrecido a los diputados de Quintana Roo, una vez que termine de completarse el procedimiento, mañana será el primer asunto que pongamos a votación en la sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día sean turnadas a las comisiones que corresponda y se publique el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (15:08 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana martes 31 de octubre a las 11 horas.

References: artículo 14
 artículo 271
 artículo 71
 artículo 89
in fine
 artículo 89
 artículo 56
 artículo 90
 artículo 456
 artículo 278
 artículo 456

Artículo 456
 resolución 
 artículo 43
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 121
 artículo 122
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 artículo 121
 artículo 122
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 51
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 104
 artículo 14
 artículo 104
 artículo 144
 artículo 14
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 109
 artículo 54