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Timestamp: 2019-09-16 09:25:42+00:00

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octubre 2013 – PRIOR ABOGADOS
Determinación del contenido y alcance del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo. Trabajadora embarazada a la que se resuelve su contrato durante el período de prueba, no constando que el estado de gestación fuera conocido por el empresario. VOTOS PARTICULARES
25 octubre, 2013 17 septiembre, 2015 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia de la sala primera del Tribunal Constitucional, de 10 de octubre de 2013, recurso nº 3773/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José González Trevijano.
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por una trabajadora embarazada a la que la empresa en la que prestaba servicios extinguió el contrato por no superación del período de prueba, no constando que la empresa conociera el embarazo.
El TC declara que no cabe extender por analogía la protección dispensada para el despido en el artículo 55.5.b) ET a la resolución contractual en período de prueba, pues las diferencias sustanciales entre una y otra institución jurídica evidencian que el legislador se ha decantado conscientemente por limitar esa tutela reforzada del artículo 55.5.b ET al caso del despido de la trabajadora embarazada, excluyendo su aplicación al supuesto de desistimiento empresarial durante el período de prueba.
6. Por otra parte, conviene advertir que las Sentencias impugnadas en amparo –y de modo particular la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo– han efectuado en el presente caso una interpretación del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) que resulta plenamente acorde con las exigencias de nuestra reiterada doctrina al respecto. En efecto, como recuerda la citada STC 17/2007, FJ 4, para determinar si las resoluciones judiciales impugnadas en amparo vulneran la interdicción de discriminación por razón de sexo este Tribunal ha de analizar, “a la vista de las circunstancias del caso concreto, si la trabajadora recurrente en amparo aportó indicios de discriminación suficientes y si, en tal supuesto, como consecuencia de la inversión de la carga de la prueba, la empleadora cumplió con su obligación de rebatirlos justificando que su actuación fue absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales”. Pues bien, a diferencia de lo que sucedía en el asunto resuelto por la citada STC 17/2007, referido a la extinción del contrato de una trabajadora embarazada por no superar un segundo periodo de prueba (y en el que la trabajadora aportó indicios racionales de que el desistimiento empresarial vino en realidad motivado por sus sucesivas bajas laborales debidas a sus embarazos y ulteriores abortos, sin que la empresa acreditase que los hechos motivadores de su decisión fueron legítimos y ajenos al móvil discriminatorio por razón de sexo que se le imputaba), en el presente caso acontece que la demandante de amparo, como bien se razona en las Sentencias impugnadas, no aportó indicios racionales de discriminación por motivo de embarazo, toda vez que ni siquiera resultó acreditado que la empresa tuviera conocimiento del estado de gestación, lo que excluía que la empresa viniese obligada a rebatir unos inexistentes indicios de discriminación por razón de sexo, sin perjuicio de que, en cualquier caso, lo que sí se acreditó en el proceso es que el mismo día en que se produjo la extinción de la relación laboral de la recurrente por no superar el período de prueba, al no alcanzar los objetivos de ventas previstos en el contrato, se extinguió por el mismo motivo el contrato de otro trabajador varón contratado en la misma fecha que la recurrente, lo que vendría a demostrar que la decisión extintiva fue completamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales, al no tener por causa el estado de embarazo de la trabajadora demandante, que la empresa desconocía.
Propiedad Horizontal. Cumplimiento de acuerdo firme y consentimiento tácito en obras que afectan a elementos comunes. Doctrina de los actos propios
25 octubre, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2013, recurso nº 572/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.
La pasividad de la comunidad no es suficiente para apreciar un consentimiento tácito o manifestación de una determinada voluntad frente al no cumplimiento de un acuerdo firme.
Se ha declarado por la Sala, con valor de doctrina jurisprudencial, que ha de estarse a los hechos concretos para decidir si el silencio cabe ser apreciado como un consentimiento tácito o manifestación de una determinada voluntad. De este modo, la resolución del conflicto radica en determinar bajo qué condiciones debe interpretarse el silencio como una tácita manifestación de ese consentimiento. Por ello deben valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la conducta o comportamiento de estas y las circunstancias que preceden y acompañan al silencio susceptible de ser interpretado como asentimiento. El motivo vincula esta relación a partir de la doctrina de esta Sala sobre los actos propios, que dice ha sido vulnerada por la sentencia recurrida, lo que no es cierto.
La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS 9 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de diciembre de 2010 , 7 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real, lo que referido al supuesto analizado, difícilmente puede haber existido consentimiento tácito a unas obras que la sentencia dice simplemente toleradas, esencialmente porque, además de que no son las mismas que existen en la actualidad, equivaldría a la utilización por su parte y en exclusiva de un elemento común sin derecho reconocido como tal por la comunidad de propietarios que es soberana para decidir en beneficio o interés general, y no meramente particular, el uso de tal elemento común, tal y como se ha materializado a partir de un acuerdo, en ningún caso viciado de nulidad absoluta o radical, que ya valoró esta ocupación, y que no fue impugnado judicialmente en plazo legal ni fuera de él, y, por tanto, ha sido convalidado, por lo que tiene eficacia y obliga a todos, debido a que, por el transcurso del tiempo, ha quedado subsanado.
Gastos de conservación del ascensor: las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, comprenden tanto a los gastos ordinarios como los extraordinarios
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2013, recurso nº 842/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
Las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto a los gastos ordinarios como los extraordinarios.
La parte recurrente (Comunidad de Propietarios) invocó doctrina jurisprudencial, entendiendo que las obras que exceden de la mera conservación o reparación no pueden integrarse en la exención pactada en los estatutos al constituir sustitución o renovación de los ascensores.
La Sala desestima el recurso de casación por infracción del art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
“F.D. 3º (…) Frente a una corriente jurisprudencial, ya superada, que entendía que los gastos extraordinarios no tenían cabida en las exenciones estatutarias que pretendían la exclusión de los gastos derivados del mantenimiento del ascensor, surge otra, reciente, que entiende que no cabe distinguir dónde los estatutos no han diferenciado, por lo que la exención a favor de locales ha de incluir también los gastos extraordinarios.
Las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1994 y 30 de diciembre de 1993 , establecen que cuando se fija un régimen peculiar en los estatutos para los locales del sótano y planta baja, basado en el «no uso» del ascensor, caracterizado por la exención de contribuir a los «gastos y obligaciones que afecten a los servicios del ascensor», tal exoneración comprende no solo los puros y simples de conservación y mantenimiento sino que debe hacerse extensiva a cuantos requiera el ascensor, con independencia de su naturaleza ordinaria o extraordinaria y por tanto, a los derivados del cambio o sustitución del ascensor existente por otro nuevo.
Esta Sala ha declarado en STS 18 de noviembre de 2009, RC n.º 956/2005 , en un supuesto de sustitución del ascensor, en el que el título constitutivo disponía que los departamentos situados en sótano y planta baja, que no tenían acceso al portal ni a la entrada, no contribuirían en los gastos de estos ni en los de la escalera ni ascensor, que las exenciones de gastos globales, genéricas deben interpretarse sin hacer distinción entre unos y otros conceptos, incluyéndose por tanto, dentro del término «gastos» tanto los ordinarios como los extraordinarios, porque donde la regla no distingue no hay razón para interpretar lo contrario, razón por la que excluye a estos propietarios de los gastos necesarios tanto para la conservación y funcionamiento del ascensor, como de los precisos para la reforma o sustitución de este.
Por ello en STS, Civil del 07 de Junio del 2011, recurso: 2117/2007, se declaró que se debe reiterar como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso
del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios. En el mismo sentido la STS de 6 de mayo de 2013, rec. 2039 de 2009.
Esta Sala solo ha establecido la excepción en los casos de instalación de un nuevo ascensor, que antes no existiera, lo cual no es el caso ( STS, Civil del 13 de Noviembre del 2012). Recurso: 173/2010. Por tanto, procede desestimar el recurso dado que la exención estatutaria mencionada exime a los demandados del pago de las cuotas que la Comunidad pretende.”
CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO CON LA ABOGACÍA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE FAMILIA.
(Madrid, 25, 26 y 27 de septiembre de 2013)
En primer lugar, es deseo unánime de los presentes recordar nuevamente la necesidad de crear la jurisdicción especializada de Familia. Esta petición, reiterada en innumerables ocasiones a lo largo de todos los Encuentros realizados hasta la fecha y desde hace ya muchos años, petición plasmada en todos los foros jurídicos de Derecho de Familia sin que exista ni una voz discrepante al respecto y, lo que es más importante, petición solicitada a gritos por la sociedad española, encuentra un nulo eco en nuestras autoridades y en nuestra clase política, quienes únicamente acogen esta pretensión en función de sus intereses políticos, solicitando la especialización cuando se encuentran en la oposición y desoyendo cualquier petición al respecto cuando se encuentran en el Gobierno, con claro desprecio a una necesidad REAL e imperiosa de nuestra sociedad. No se alcanza a comprender una actitud tan reacia al establecimiento de esta jurisdicción especializada de Familia cuando el coste económico de esta reforma sería prácticamente inexistente. En esta época que vivimos en la que se están produciendo numerosos cambios legislativos que afectan a la administración de Justicia deseamos que se tenga en cuenta esta solicitud que no beneficia a un colectivo concreto y determinado sino que beneficiará sin el menor género de dudas a toda la sociedad española, evitándose así la enorme desigualdad que se da actualmente entre los ciudadanos que pueden acceder a Juzgados que se dedican exclusivamente a la jurisdicción de Familia y el resto de la ciudadanía que no accede a este servicio público especializado tan sólo porque no existe en su lugar de residencia.
A) “Criterios para la fijación de la cuantía de la pensión por alimentos. Gastos extraordinarios”
1º.- Las tablas para la determinación de las pensiones alimenticias deben ser consideradas como un instrumento meramente orientador, nunca vinculante, pero conveniente para la mayor claridad en la fijación de alimentos, facilitador de acuerdos y útil para evitar la litigiosidad.
2º.- Se debe huir en cualquier caso de la aplicación mecánica y/o automática de las tablas, siendo necesario acudir al análisis pormenorizado caso por caso.
3º.- Se subraya la necesidad de que existan mecanismos para que los datos económicos se aporten con veracidad.
4º.- Resulta necesario que respecto de todos los gastos de los hijos incluidos en el concepto de alimentos se especifiquen qué gastos quedan incluidos y cuáles excluidos, debiéndose fijar igualmente su régimen jurídico ya sea como gastos ordinarios o extraordinarios.
5º.- En supuestos de custodia compartida siempre será de aplicación la proporcionalidad prevista en el artículo 146 del Código Civil con arreglo a la capacidad económica de los progenitores y a los tiempos de estancia con cada uno de ellos.
6º.- Del mismo modo, para la determinación de la contribución a los gastos extraordinarios se deberá acudir igualmente al principio de proporcionalidad del artículo 146 del Código Civil, huyendo de la distribución automática y/o mecánica de dichos gastos extraordinarios al 50% entre ambos progenitores.
7º.- Se plantea al legislador la necesidad de fortalecer el funcionamiento del fondo de garantía de pensiones alimenticias en el supuesto de insolvencia del deudor sin perjuicio, en su caso, del derecho de reembolso.
B) “La nueva normativa en materia de reclamación internacional de alimentos”
1º.- Los diferentes instrumentos internacionales en vigor en España en materia de alimentos son a día de hoy (27 de septiembre de 2013):
Reglamento 44/2009
Foro subsidiario art. 6
(salvo Convenio Lugano)
Forum necessitatis art. 7
Protocolo La Haya 2007
Efecto erga omnes (art 2)
Excluye art. 9,7 CC y La Haya (Ley) 1973)
Reglamento 4/2009
– Sin procedimiento: Decisiones provenientes de de los EM salvo UK y DK
– Con procedimiento, las decisiones provenientes de UK y DK
Convenio Lugano 2007
Decisiones provenientes de Suiza, Islandia y Noruega
[Convenio La Haya 2007
Decisiones provenientes de Estados que sean parte, hoy, de Albania y Bosnia-Herzegovina]
Convenio La Haya 1973
Decisiones provenientes de Estados parte que no sean parte de los anteriores. En esta fecha, [Albania], Australia, Turquía, Ucrania y Andorra
Convenio La Haya 1958
Decisiones provenientes de China (Macao), Liechtenstein y Surinam
Decisiones procedentes de otros Estados y/o materias no incluidas
Entre Estados miembros, salvo Dinamarca
Con los Estados que sean parte. Hoy, Albania, Bosnia-Herzegovina y Noruega]
Convenio Nueva York 1956
Con los Estados que sean parte: Argelia, Argentina, Australia, Barbados, Bielorrusia, [Bosnia-Herzegovina], Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Chile, Ecuador, Ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Guatemala, Haití, Israel, Kazajstán, Kirguizistán, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Níger, [Noruega], Nueva Zelanda, Pakistán, República Centroafricana, Santa Sede, Sri Lanka, Serbia, Seychelles, Surinam, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania y Uruguay.
C) “Traslados internacionales ilícitos de menores”
1º.- Se plantea al legislador la conveniencia de establecer que los procedimientos al amparo del artículo 156 del Código Civil permitan apelación en los supuestos de traslado de residencia dentro y fuera del estado, apelación que también debería contar con tramitación preferente y con arreglo a los plazos internacionales.
2º.- Igualmente, se plantea al legislador la necesidad de promover a este efecto las modificaciones legales correspondientes, en concreto la de los artículos 1901 a 1909 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, respetando igualmente los plazos establecidos en instrumentos internacionales.
3º.- En estos procedimientos de traslados ilícitos el Juez debe estudiar la ley aplicable al menor pese a que se trate de ley extranjera que no haya sido aportada por la parte.
D) “Los conflictos de intereses entre menores. El principio de proporcionalidad del interés del menor y su relación con parientes y allegados. Especial mención a los conflictos con relaciones paternofiliales yuxtapuestas”
1º.- Necesidad de que las resoluciones judiciales, como principio general, no recorten la relación de los menores con personas cercanas humana y afectivamente.
2º.- Se recuerda que no es causa suficiente para impedir la relación de los menores con abuelos y allegados la mala relación de los progenitores (uno de ellos o ambos) con aquellos.
3º.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil, para el caso de que en el convenio regulador se establezcan estancias con los abuelos siempre será requisito indispensable la previa audiencia de estos. Igualmente, si se establece un régimen de visitas para cuya eficacia sea precisa la intervención y/o cooperación de terceras personas, también será requisito indispensable la previa audiencia de éstas.
4º.- Se puede vulnerar el interés superior del menor si las estancias con los abuelos son muy esporádicas, pero se debe tener cuidado de no sustituir con los abuelos la figura del progenitor.
5º.- En principio no es necesario establecer un régimen de estancias a favor de los abuelos de forma autónoma si su hijo o hija (padre o madre de los nietos con los que desean establecer esas estancias), tiene visitas establecidas de forma ordinaria salvo que este progenitor impida a los abuelos ver a los nietos.
6º.- Resulta necesario potenciar la mediación para resolver conflictos en casos de relaciones paternofiliales yuxtapuestas.
7º.- Se recalca igualmente la necesidad de que el legislador aporte herramientas procesales y sustantivas para las familias reconstituidas y en concreto, respecto de la legitimación activa, para permitir promover demandas ejecutivas a abuelos y otros parientes y/o allegados que no fueron parte en el procedimiento original, resultando conveniente reconocer legitimación activa a quien tenga derechos reconocidos por resoluciones judiciales.
E) “Los pactos entre los cónyuges en orden a la regulación del cese de la convivencia. Cuestiones de derecho público y derecho dispositivo”
1º.- Validez entre las partes del convenio regulador destinado a un procedimiento cuyo objeto sea única y exclusivamente la liquidación de la sociedad de gananciales y que no es ratificado en el Juzgado por uno de los cónyuges: se acuerda que dicho convenio es vinculante entre las partes como negocio jurídico de familia, independientemente de dicha falta de ratificación.
2º.- Se reconoce con carácter general la validez de los pactos en los que se acuerde una compensación o indemnización por incumplimiento de los deberes previstos en los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil.
3º.- Los pactos económicos sobre hijos mayores de edad forman parte en cualquier caso de derecho dispositivo, no siendo materia de orden público, sin perjuicio de que dichos hijos mayores edad podrán, en su caso, acudir a un procedimiento de reclamación de alimentos entre parientes.
4º.- El progenitor con el que convivan los hijos mayores de edad queda siempre obligado a comunicar al otro progenitor cualquier tipo de variación en la situación económica de estos. Esta misma obligación también recae sobre dichos hijos mayores de edad.
5º.- Son válidos los pactos sobre el ejercicio de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil: La patria potestad se ejercerá (…) por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro) pero serán nulos los pactos sobre la titularidad de la misma por ser materia de orden público (artículo 170 del Código Civil: El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial).
6º.- Los pactos sobre la vivienda familiar quedarán supeditados a la regulación establecida en el artículo 96 del Código Civil según existan o no hijos menores, siendo válidos los pactos de atribución de la vivienda familiar al progenitor no custodio siempre y cuando quede garantizado el derecho de habitación de los menores en una vivienda digna y adecuada a las circunstancias económicas de la familia.
F) “El consentimiento y el asentimiento en la adopción. Procedimientos de oposición a las decisiones administrativas”
1º.- La ausencia no justificada de quienes deben prestar el asentimiento a la adopción a la realización de dicho acto pese a haber sido citados correctamente no impedirá la continuación del procedimiento, si bien será necesario que se realice una segunda citación (artículo 1831 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).
2º.- La negativa a prestar el asentimiento (dejando fuera por tanto aquellos supuestos en los que sólo se precisa la mera audiencia) vincula al Juez para no continuar con el procedimiento de adopción, para evitar así que dicho acto sea un mero trámite formal y vacío de contenido.
3º.- En los procedimientos de oposición a las decisiones administrativas no nos debemos limitar únicamente al control de la resolución administrativa (por la que se declare el desamparo, el acogimiento, etc.) sino que se debe analizar toda la intervención de la Administración.
4º.- La sentencia no se podrá imitar a confirmar o revocar la resolución administrativa, puesto que si acuerda la revocación de dicha resolución, en el fallo se deberá resolver sobre la situación personal del menor de forma ejecutiva (por ejemplo indicando y ordenando en su caso la restitución inmediata a su familia de origen), no quedándose en un mero pronunciamiento declarativo que podría dar lugar a dificultades en el momento de la ejecución.
5º.- Igualmente, si se acuerda la revocación de la resolución administrativa, se debe indicar la situación exacta en la que quedará el menor, sin que el Juez quede vinculado por una resolución judicial anterior que haya resuelto sobre un determinado régimen de custodia o de estancias. Así, podría darse el caso de que en un procedimiento de impugnación de resolución administrativa se fallase atribuyendo la custodia a un progenitor distinto de aquel al que se le hubiese podido atribuir anteriormente en un pleito anterior (separación, divorcio, modificación de medidas…) si así lo exige el beneficio del menor. Para ello, en el control de legalidad de la intervención de la administración deberá quedar acreditado el estudio como familia extensa del padre o de la madre no custodio.
6º.- Dada la preferencia de este tipo de asuntos, se debe indicar al equipo psicosocial, para el caso de que se acuerde su intervención, la preferencia y urgencia de su informe, debiendo concretar de forma exacta los extremos sobre los que debe versar el mismo.
7º.- Se requiere al legislador para que en caso de proyectos de reforma de la legislación vigente (como sucede con el Plan Nacional de Protección de la Infancia) nunca se prescinda del necesario control judicial final y de los efectos ejecutivos de las resoluciones judiciales.
Cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido. La administración incurre en error al notificar al empleado cuándo se inicia el cómputo del plazo.
9 octubre, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 2013, recurso nº 2090/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Jordi Agusti Julia.
La cuestión que se plantea es si debe tenerse en cuenta a los efectos de acoger o no la excepción de caducidad de la acción por despido la información errónea de la Administración sobre la forma del cómputo del plazo. El TSJ de Andalucía dejó sin efecto la excepción de caducidad y declaró la improcedencia del despido y el TS desestima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento en cuestión.
SEGUNDO.- (…) 1. Como ya se ha señalado, la cuestión controvertida en el presente recurso de casación unificadora se centra en determinar si debe tenerse en cuenta a los efectos de acoger o no la excepción de caducidad de la acción por despido, la información errónea de la Administración sobre la forma del cómputo del plazo para el ejercicio de dicha acción. Pues bien, esta cuestión ha siso ya resuelta por esta Sala en sus sentencias de 17 de diciembre de 2004 (Rcud. 6005/03 ), reiterada en las de 17 de septiembre de 2009 (Rcud. 4089/08 ) y de 12 de abril de 2011 (Rcud. 1111/10 ). En esta última –citada ya en la sentencia recurrida- se razona que: “Las sentencias del Tribunal Constitucional 193 y 194/1992, en doctrina que ha sido reiterada por la sentencia de 214/2002, han establecido que las normas sobre la incidencia de la reclamación previa sobre la caducidad de la acción han de interpretarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad que respeten las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución. Así estas sentencias señalan que, aunque “los mandatos del artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores son Derecho necesario”, también “lo son aquellos preceptos de la Ley de Procedimiento Administración – hoy el artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común – que se refieren a los efectos de las notificaciones administrativas defectuosas”, “cuya aplicación hubiera supuesto la admisión de la demanda planteada ante el Juzgado de lo Social”. Por otra parte, se afirma que “la prevalencia concedida al artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores supone que de hecho la Administración ha venido a beneficiarse de sus propias irregularidades, al haber inducido a los hoy demandantes a error, y a actuar dentro de un plazo que, posteriormente, la misma Administración consideró inaplicable”. Por ello, “no puede calificarse de razonable una interpretación que prima los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales ( STC 204/1987 )”. Por el contrario, “resulta razonable estimar que el artículo 79.3 Ley de Procedimiento Administrativo -hoy artículo 58.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común – era aplicable al presente supuesto, de manera que la notificación, aun errónea, debió surtir efectos al interponerse la correspondiente demanda, que, por ello, quedaba dentro del plazo legalmente señalado”.
El Tribunal Constitucional señala además que el hecho de que se contara con asistencia de Letrado “no desvirtúa el hecho de que, efectivamente, la Administración indujo a error a los recurrentes y se aprovechó en el proceso, conscientemente, de ese mismo error”, añadiendo que “la protección de los administrados frente a las irregularidades administrativas que lleva a cabo la Ley de Procedimiento Administrativo no se hace depender de la presencia o no de Letrado”. Por último, se concluye que, aunque las indicaciones de las Administraciones sobre las vías de impugnación de sus actos carecen de fuerza vinculante para las partes, no puede considerarse falta de diligencia el seguir las instrucciones contenidas en las notificaciones administrativas, relativas a los recursos procedentes y plazos para interponerlos, pues “lo contrario supondría colocar a los ciudadanos en una situación de inseguridad ante las notificaciones administrativas, y vendría a eliminar la garantía que supone para el administrado la regulación legal de los requisitos de esas notificaciones”.
2. En este caso el error existe y -como pone manifiesto la sentencia recurrida- es relevante en orden a la conducta procesal del trabajador demandante, en la forma de computar el plazo, pues se le informó que el plazo corría desde la notificación de la resolución y no desde la fecha de efectos del despido con el descuento de los días correspondientes a la reclamación previa.
TERCERO.- 1. Las consideraciones presentes nos llevan a afirmar -con el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia que se recurre y que, en su consecuencia, procede la confirmación de la misma, previa desestimación del recurso, con pérdida del depósito constituido e imposición de costas al recurrente (artículo 235.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Sentencia TS Sala Social
9 octubre, 2013 9 octubre, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia TS_pensión compensatoria
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/El_CGPJ_aprueba_el_informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_corresponsabilidad_parental
El Tribunal Supremo fija en un año el plazo de prescripción para reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros en siniestros ocurridos en Cataluña.
Sentencias del Pleno del Tribunal Supremo de 6 de septiembre de 2013, recurso nº 1471/2012 y recurso nº 2173/2012
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.
El Pleno de la Sala, unifica la jurisprudencia y declara que, por fundarse la acción directa del perjudicado en el derecho singular y extraordinario que le reconoce la legislación común, no ha de regir el plazo de prescripción de tres años establecido para estos casos en el Código Civil de Cataluña sino el plazo de un año al que alude la norma de derecho común para el ejercicio de la acción directa contra el organismo público.
En torno a esta cuestión venían dándose por las Audiencias Provinciales catalanas respuestas contradictorias, pues algunas sentencias seguían el criterio de aplicar el plazo de tres años previsto en el art. 121-21 d) del Código Civil de Cataluña, mientras que otras, en cambio, aplicaban el plazo de prescripción anual previsto en el art. 7.1 del RDLeg 8/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCSCVM).
Ahora el Pleno de la Sala, unifica la jurisprudencia y declara que, por fundarse la acción directa del perjudicado en el derecho singular y extraordinario que le reconoce la legislación común (artículos 11.1 a) del TRLRCSCVM y 11.3 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, por los que se obliga a este organismo a cumplir la obligación de indemnizar en sustitución de la aseguradora del vehículo desconocido causante del daño), y no tratarse, sin más, de una reclamación de responsabilidad extracontractual, no ha de regir el plazo de prescripción de tres años establecido para estos casos en el Código Civil de Cataluña sino el plazo de un año al que alude la norma de derecho común para el ejercicio de dicha acción directa contra el organismo público (art. 7.1 TRLRCSCVM).
Se razona en este sentido que, al ser la obligación del Consorcio una obligación legal, que nace de una ley que rige en todo el Estado, esta es la que ha de regir el plazo de prescripción aplicable para el cumplimiento de aquella (así lo establece el artículo 1090 del Código Civil cuando dice que las obligaciones derivadas de la ley “se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido”). Además, la propia Disposición Final Primera de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor refiere que su Texto Refundido se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, por lo que las normas de dicha ley rigen directamente en todo su territorio sin que pueda operar en este caso el principio de territorialidad para reclamar la aplicación de la norma catalana.
Aplicación informática de cálculo de las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia. Elaborada conforme a las tablas orientadoras que el órgano constitucional ha puesto a disposición de los Juzgados y Tribunales
Calculadora de pensiones de alimentos. Descarga de la aplicación informática desde la página web del Consejo General del Poder Judicial.
Calculadora_de_pensiones_alimenticias_de_hijos_en_procesos_de_familia__elaborada_CGPJ

References: artículo 55
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 156
 artículo 90
 artículo 96
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 59
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 79
 artículo 58
 resolución 
 artículo 1090
 artículo 149