Source: http://diariolasnoticias.com.ar/sanjuan/mostrarnoticia1.php?id_noticia=56318
Timestamp: 2018-04-20 12:22:38+00:00

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Ofensiva amarillo-unitaria para avasallar el federalismo y la intimidad de las personas
Soberbio artículo del soberbio Horacio Verbitsky (que tiene con qué) quien pone en primer plano que los degüellos y violaciones de los unitarios Sandes, Venancio Flores y Wenceslao Paunero tienen una continuidad casi perfecta con esta silente iniciativa del PRO con la complicidad de radichetas y transversales (como Urtubey) que se diferencian de aquellas hordas mitristas solo en que han cambiado el color celeste por el amarillo, pero que siguen siendo tan o mas sumisos a la oligarquía trans, a su vez dócil a los designios del poder imperial (es más: son ellos mismos).
Quienes aprueben esta reforma al Código Penal se convertirán (o revalidarán títulos si es que ya han votado otras leyes infames) en traidores a la Patria. Un lugar del que casi nadie vuelve,
En cuanto a las relaciones entre Duhalde y Macri, están en crisis porque aconsejado por Duhalde, Marcelo Tinelli que quiere postularse a la Presidencia de la Nación, motivo por el cual es odiado por Mauricio Macri está siendo coucheado por Carlos Piñeiro Iñiguez motivo por el cual, ha perdido el favor presidencial.
El proyecto presentado por Urtubey, quien aspiraba a suceder en la Procuración General a Alejandra Gils Carbó, acaba con el federalismo y subordina las fiscalías de todas las provincias al Ministerio Público Fiscal. El artículo 117 del Código vigente contemplaba que cuando los delitos se cometieran en más de una jurisdicción el Ministerio Público fiscal podría formar equipos para coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. El Código Urtubey suma a esa cooperación a los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los más dóciles al gobierno nacional, y añade que los federales podrán encomendar a los fiscales provinciales actividades de investigación. Ya no se trata de coordinar sino de darles órdenes.
En el Código vigente los allanamientos y detenciones en otra jurisdicción deben solicitarse por exhorto al juez del lugar. Un nuevo artículo 117 bis sostiene que el fiscal federal puede realizarlas con la sola autorización del juez del caso y recién después comunicar al juez federal del lugar la medida practicada y los resultados obtenidos. Con esta comunicación a posteriori también se castra a los jueces federales de las provincias. Los gobernadores de la oposición pueden ir poniendo sus barbas en remojo. Y esto no es una metáfora, Gildo. Tal vez por eso entre las firmas del dictamen no figura la del Senador formoseño José Luis Mayans, quien hace dos semanas ayudó a estibar las preguntas más pesadas al Ministro de Deuda y Evasión Luis Caputo, el Primo Toto.
El artículo 17 del Código dice que sólo se podrá detener a una persona cuando exista peligro real de fuga u obstaculización de la investigación. El proyecto Urtubey sólo cambia una palabra: suprime real, con lo cual no será necesario fundamentar en qué consistiría el peligro de fuga u obstrucción. Al 189, que enumera en qué consistiría el peligro de entorpecimiento, agrega un nuevo inciso d: la existencia de indicios de que el imputado intentará asegurar el provecho del delito, cosa que obviamente ocurre en cualquier delito, con lo cual la libertad durante el proceso pasará a ser otro derecho básico perdido. Ambas novedades parecen tomadas de la decisión de la justicia jujeña por la cual perdió la libertad su ex gobernador Fellner. El fiscal solicitó y el juez ordenó detenerlo porque viajó a Panamá, que es una guarida fiscal.
Los 36 incisos que Urtubey intenta agregar al artículo 175 del Código, en una ridícula jerga latina (¡del 175 bis hasta el 175 sextricies!), regulan el uso de esas técnicas especiales de investigación. Los distintos incisos permiten mantener esas medidas durante un año antes de que el juez de revisión deba controlar los motivos que fundamenten su continuidad. La vigilancia acústica autorizada incluye la escucha y grabación no ostensible de las conversaciones privadas del imputado en cualquier lado que esté y el acceso en forma no ostensible al contenido de las comunicaciones del imputado a través de la intervención de las terminales o de los medios de comunicación que utiliza; o de un software que penetre el contenido de ordenadores, sistemas informáticos, bases de datos, y medios de seguimiento y localización. Por ejemplo el conmutador telefónico de Techint, el servidor de comunicaciones de Benito Roggio, la base de datos de clientes y transacciones del Banco Provincia, o los datos de los tribunales eclesiásticos sobre pedofilia, porque hay un empleado del que se sospecha que vende cocaína, cortó una ruta, contrabandea euros falsos o abusó de una nena. Esta no es una hipótesis fantasiosa.
El procesamiento de Macrì revocado en cuanto asumió la presidencia se debió a las escuchas ordenadas por un juez de Misiones en una causa por un homicidio, que incluían a familiares de victimas del atentado a la DAIA que cuestionaban al primer jefe de la policía porteña; empresarios que competían con el hermano de un funcionario de seguridad de Macrì por los derechos de la televisación del fútbol, gerentes del supermercadista Alfredo Coto, un directivo del shopping Alto Palermo que interesaba al amigo presidencial Marcelo Mindlin y al esposo de la hermana Sandra Macrì, a quien la famiglia quería alejar de Sandra y de su herencia. Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de Macrì por consentir esas escuchas ilegales que organizaba el policía Ciro James, a órdenes directas del comisario Palacios. Los camaristas señalaron que la policía metropolitana tenía prohibido realizar el tipo de inteligencia que consta en el curriculum de James. Macrì se liberaría como presidente de esa restricción, con el proyecto que para mayor perfección presentan los compañeros del PAK. Freiler ya fue destituido, Ballestero anunció que se jubila para que no le ocurra lo mismo y Farah está negociando su traslado a Mar del Plata, la jurisdicción de la que fue importado por Javier Fernandez de Stiuso, el operador en tribunales de todos los gobiernos.
El artículo 5 del CPP vigente sostiene que nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado. El proyecto reformista suprime la parte en bastardilla del artículo. Esto no es por azar. El actual ministro de la Corte Suprema Carlos Fernando Rosenkrantz, abogado de Clarín a quien Macrì designó en la Corte por decreto, lo está planeando desde 2014, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que fue absuelta. Ese año Rosenkrantz prologó un libro con dos trabajos sobre el tema, uno del entonces secretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. En cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz designó como prosecretario letrado para asuntos de confianza a Morgenstern quien el año pasado redactó el fallo del 2×1 en una causa por crímenes de lesa humanidad.
Cuando comenzaron las protestas por la detención de Milagro Sala, los comités por su libertad denunciaron que llevaba tres meses detenida sin que se la indagara ni se dictara su prisión preventiva. El ministro de Justicia, Germán Garavano dijo que eso no era posible. Cuando le enviaron el Código Procesal Penal jujeño que lo permite no pudo reprimir una exclamación: Esto es inconstitucional. Por supuesto, no dio ni un paso para promover su modificación. El contador Morales es un pionero en la materia y su campaña de ley y orden es la base de su aspiración a suceder como vicepresidente a Gabriela Michetti.
Una aberración constitucionalLa sustitución por los jueces de las autoridades de los partidos políticos es una aberración constitucional. El artículo 37 de la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia; el 38 define a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, aporte del líder radical Raúl Alfonsín a la reforma. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas, continúa el texto.
El único fundamento que Servini atino a mencionar fue la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país y el grado de división alcanzado. Hasta ahora el resultado de las elecciones, quien gana y quien pierde, no era de competencia de la justicia electoral. Luego de esta primera alusión a CFK, agrega que reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el General Perón. Esto constituiría un vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral. Si algo faltaba para transparentar el mensaje, está en la cita de Perón que transcribe: El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Sólo faltó explicitar la unidad o la lucha con quién.

References: artículo 117
 artículo 117
 artículo 17
 artículo 175
 artículo 5
 artículo 37