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Timestamp: 2018-07-23 04:05:55+00:00

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Sala primera. sentencia 212/2003
Publicado: 2004-01-08 00:00:00
compuesta por don manuel jiménez de parga y cabrera,
presidente, don pablo garcía manzano, doña maría emilia
casas baamonde, don javier delgado barrio, don
roberto garcía-calvo y montiel y don jorge rodríguez-zapata
pérez, magistrados, ha pronunciado
en el recurso de amparo núm. 6429-2001, promovido
por don Ángel carlos figueroa fernández, representado
por el procurador de los tribunales don joaquín pérez
de rada gonzález de castejón y asistido por el abogado
don josé miguel moreno ochoa, contra el auto de 5
de noviembre de 2001 de la sección primera de la
audiencia provincial de palencia y los autos del juzgado
de vigilancia penitenciaria núm. 2 de castilla-león
(burgos) de 10 de julio de 2001 y 3 de agosto de 2001.
han intervenido el ministerio fiscal y el abogado del
estado en la representación que ostenta. ha sido ponente
la magistrada doña maría emilia casas baamonde, quien
1. por escrito registrado en este tribunal el 7 de
diciembre de 2001, don Ángel carlos figueroa
fernández solicitó se le nombrara abogado y procurador de
oficio y manifestó su voluntad de recurrir en amparo.
tras serle nombrados ambos, don joaquín pérez de rada
gonzález de castejón, procurador de los tribunales, en
nombre y representación de don Ángel carlos figueroa
fernández, formalizó la demanda de amparo contra los
autos meritados en el encabezamiento.
2. los hechos relevantes para la resolución del
presente amparo son, en síntesis, los que a continuación
se relatan:
a) el recurrente, interno en el centro penitenciario
de la moraleja -dueñas (palencia)- presentó un escrito
de queja ante el juzgado de vigilancia penitenciaria
relatando los hechos sucedidos el 18 de enero de 2001
en el centro penitenciario, en relación con el
comportamiento de un funcionario de prisiones en el cambio
de celda y el cacheo al que fue sometido dicho día.
en particular, el interno se quejaba de que se habían
esparcido sus pertenencias por la celda y de que con
posterioridad el citado funcionario se había dirigido a
él en los siguientes términos: tú eres un mierda, eres
un mierda y un asesino, eres un mierda y un asesino,
y eso te repito aquí, delante de tu compañero, te lo
digo delante de tu amiga la jueza, y donde quieras.
el interno relata también que se había dirigido al
funcionario como señor carcelero, que el funcionario le
dijo que no le llamara así y que se iba a arrepentir, a
lo que el mismo contestó que señor carcelero no es
un insulto sino el nombre de un oficio. en la queja el
interno alegó la vulneración de los arts. 15 y 18 ce
y 3 y 6 de la ley orgánica general penitenciaria, núm.
1/1979, de 26 de septiembre (en adelante, logp).
b) el juzgado de vigilancia penitenciaria, tras pedir
informes al centro penitenciario, que se tomara
declaración al funcionario mencionado en el escrito de queja
del interno, a los funcionarios de guardia en el módulo
el día del incidente y a otro interno que había presenciado
parcialmente los hechos, emitió el auto de 10 de julio
de 2001 estimando la queja del interno. en dicho auto
consta en el razonamiento jurídico segundo: dos son
las cuestiones que se van a tratar en esta resolución.
la primera, los posibles insultos de un funcionario de
prisiones al interno quejoso; la segunda, los posibles
insultos del interno al funcionario de prisiones. en el
mismo razonamiento jurídico se estima la queja del
no. en el razonamiento jurídico tercero de dicho auto
se afirma, respecto de la segunda cuestión, que de las
actuaciones deriva la actitud despreciativa del interno
al dirigirse al funcionario de prisiones y el ánimo de
menosprecio, de insultar e injuriar, en consecuencia se
ordena: debiendo abstenerse en un futuro de utilizar
tal expresión so pena de incurrir en falta disciplinaria
del art. 109 a) del reglamento penitenciario.
finalmente, en la parte dispositiva de dicho auto se dispone:
estimar la queja de Ángel figueroa fernández, debiendo
abstenerse el interno de utilizar la expresión sr.
carcelero para dirigirse a cualquier funcionario de prisiones
en los términos citados en los razonamientos jurídicos
c) el interno recurrió el citado auto en reforma y
subsidiaria apelación, alegando vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva sin indefensión, pues en el
procedimiento se habían recabado informes y se habían
realizado actuaciones sin habérsele dado traslado de las
mismas, para así poder acceder, en igualdad de
condiciones, a su evaluación y poder, con base en ellos,
realizar o no cuantas alegaciones estimase oportuno.
además, alegó que la decisión del juzgado de vigilancia
penitenciaria, en apariencia salomónica, de un lado,
corrige a un miembro de la administración penitenciaria que
es función que las leyes le dan a los juzgados de
vigilancia penitenciaria [y de otra] trata de legitimarse ante
la prisión emitiendo juicios de valor subjetivos sobre el
preso al que ha perjudicado la actuación del carcelero,
justificando de esta forma la actitud del carcelero, y le
prohíbe la utilización de la palabra carcelero en lo
sucesivo. el interno sostuvo que su comportamiento fue
correcto y que el uso de la mencionada denominación
del funcionario de prisiones no es despectivo. adujo la
lesión del art. 25.2 ce en cuanto establece que los
derechos del condenado no pueden limitarse salvo por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena
y la ley penitenciaria. denunció también la infracción
de los arts. 3 logp, y 2 y 3 del reglamento penitenciario.
sostuvo, finalmente, que no se puede limitar ni prohibir
un derecho como la libertad de expresión cuando su
ejercicio no perjudique la seguridad o el orden de la
cárcel, ni esté expresamente limitado por la pena
d) el juzgado de vigilancia penitenciaria desestimó
el recurso de reforma en auto de 3 de agosto de 2001
con un razonamiento jurídico único del siguiente tenor:
que procede mantener por sus propios fundamentos
la resolución recurrida, al no apreciarse en las nuevas
alegaciones méritos bastantes que la desvirtúen.
e) en el recurso de apelación, el interno alegó la
infracción de la libertad de expresión (art. 20.1 ce) y
del art. 25.2 ce en su segundo inciso al habérsele
limitado aquel derecho fuera de los casos previstos en el
mencionado artículo. también adujo las infracciones de
disposiciones de la ley orgánica general penitenciaria
y del reglamento penitenciario correspondientes.
respecto a la primera queja, razonó que, si conforme al
art. 25.2 ce solo se pueden limitar los derechos de los
internos si su ejercicio es incompatible con el
cumplimiento de la condena y cuando lo dispongan las leyes,
resulta de todo punto improcedente que solamente a
través de una resolución judicial no condenatoria, dictada
en un expediente sancionador, se recorten derechos
civiles de un interno como lo es el hecho de que se abstenga
de utilizar la expresión sr. carcelero en los términos
expresados en el auto objeto de recurso, toda vez que
dicha expresión, si bien puede resultar más o menos
desagradable, no puede calificarse, en sí misma, de
ofensiva cuando va dirigida a una persona que desempeña
f) la audiencia provincial desestimó el recurso de
apelación en auto de 5 de noviembre de 2001, previo
informe del fiscal favorable a la desestimación del
siguiente tenor: el fiscal interesa la desestimación del
recurso del interno contra la sanción disciplinaria y la
confirmación de la resolución recurrida por los
argumentos allí utilizados. en dicho auto la audiencia provincial
razonó que el derecho a la libertad de expresión no
autoriza faltas en el honor ajeno, y que el carácter vejatorio,
humillante e injurioso de la expresión deriva del contexto
y la intención de quien lo emite; específicamente: por
la misma razón que no es legítimo que un funcionario
de prisiones se dirija a un interno llamándole asesino,
violador, ladrón o el adjetivo que corresponda al delito
por el que cumple condena, tampoco cabe permitir que
el interno se dirija al funcionario llamándole carcelero
so pretexto de que el término gramaticalmente se
corresponda con su oficio, pues en el contexto en que se
pronuncia y dado el enfrentamiento subyacente que el
propio recurrente reconoce, tiene una indudable carga
ofensiva y con esa intención se utiliza.
3. el recurrente aduce la vulneración de los
derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), a ser
informado de la acusación, a la defensa, al proceso con
todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin
indefensión, y al principio acusatorio (art. 24.2 ce), y el
derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 ce) en relación
con el art. 25.2 ce.
a) alega, en primer término, la vulneración del
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), por
cuanto no existiría prueba sobre la cuestión relativa a que
la expresión sr. carcelero se hubiera utilizado de forma
ofensiva, con intención de faltar al honor del funcionario,
o la actitud despreciativa, ni de que existiera un previo
enfrentamiento entre el funcionario de prisiones y el
interno. de otra parte, se afirma que la expresión no
es despreciativa, insistiéndose en que es la
denominación de un oficio, y que dicho carácter ofensivo tampoco
se deduce del contexto en el que fue proferida. a este
respecto aduce que las declaraciones de los otros
funcionarios de prisiones nada aportan sobre esta cuestión,
y que el informe de la dirección del centro penitenciario
no sirve para enervar la presunción de inocencia porque
se emite en defensa del funcionario. vuelve a insistir
de forma individualizada en los elementos -intención
y contexto- en los que se basan los órganos judiciales
para entender que la expresión es despreciativa,
negando dicha conclusión.
b) en segundo término, la demanda de amparo
sostiene que se han vulnerado los derechos del sr. figueroa
fernández a ser informado de la acusación, a la defensa,
a un proceso con todas las garantías, y a la tutela judicial
efectiva sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión (art. 24 ce), dado que el juzgado de vigilancia
penitenciaria habría condenado al interno -a no poder
utilizar una determinada expresión, lo que supone una
restricción de su libertad- en un procedimiento iniciado
por el mismo. afirma que resulta curioso que una queja
iniciada por el interno haya tenido como consecuencia
una condena para éste. argumenta que en dicho
expediente nunca tuvo conocimiento de los hechos y
acusaciones que se vertían contra él, ni pudo defenderse
frente a los mismos; en particular, recibidos los informes
y declaraciones pedidos por el juzgado de vigilancia
penitenciaria al centro penitenciario, nunca se le dio
traslado de ellos al interno, a pesar de que contenían distintas
acusaciones contra él, de modo que el juzgado dictó
la resolución sin que el promotor de la queja, el interno,
pudiera defenderse y efectuar las alegaciones que
estimare oportunas, condenándosele finalmente a no poder
utilizar la expresión sr. carcelero. en definitiva, se le
condenó sin que hubiera una acusación formal contra
él, sin que hubiera un expediente promovido contra el,
sino que solo ha habido acusaciones implícitas en las
alegaciones efectuadas por el centro penitenciario.
conforme al principio acusatorio, el órgano jurisdiccional no
puede sancionar infracciones que no hayan sido objeto
de acusación, de modo que la sanción ha de recaer
sobre los hechos que se imputan. por consiguiente, se
habría vulnerado el principio acusatorio, porque de
conformidad con la jurisprudencia constitucional no cabe
acusación implícita (sentencias de 11 de diciembre
de 1985, 10 de abril de 1981, 23 de noviembre
de 1983, 6 de febrero de 1988).
c) por último, se aduce la vulneración del derecho
a la libertad de expresión (art. 20.1 ce) en relación con
el art. 25.2 ce. la demanda se remite, de un lado, a
lo expuesto en el escrito de formalización del recurso
de apelación, en el que ya adujo que al ordenársele por
el juzgado de vigilancia penitenciaria que no utilizara
tal expresión se le vulneraba su derecho a la libertad
de expresión. a ello se añade que no se pueden recortar
derechos civiles de un interno sin que ello suponga
infracción de estos preceptos constitucionales, así como de
los arts. 3 logp y 3 y 4 del reglamento penitenciario.
se aduce que la expresión sr. carcelero no es ofensiva,
ni injuriosa o humillante cuando se dirige a las personas
que realizan ese oficio. se sostiene que, en todo caso,
para concluir que una determinada expresión es ofensiva
o vejatoria habrá de demostrarse todo ello en un
proceso con todas las garantías, respetando el derecho a
tal proceso, a la defensa, a conocer la acusación, al
respeto al principio acusatorio, a la presunción de inocencia
y a la tutela efectiva sin que en ningún caso se produzca
4. por providencia de 12 de febrero de 2003, la
sección segunda de este tribunal acordó la admisión
a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en
el art. 52 lotc, dar vista de las actuaciones en la
secretaria de la sala, por un plazo común de veinte días,
al ministerio fiscal y al procurador don joaquín pérez
de rada gonzález de castejón, para que dentro de dicho
término pudieran presentar las alegaciones que a su
derecho conviniera, y al abogado del estado para que
dentro de dicho plazo pudiera personarse si lo estimare
oportuno y formular las alegaciones del mencionado
5. por escrito registrado en este tribunal el 14 de
marzo de 2003 el ministerio fiscal interesó la estimación
de la demanda de amparo al considerar que se ha
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin
indefensión del recurrente al haberse producido una
incongruencia extra petita que ha ocasionado indefensión al
recurrente, esto es, un pronunciamiento judicial que
recae sobre una cuestión no incluida en las pretensiones
de las partes, dado que se trataba de una queja instada
por el interno. considera el ministerio fiscal que al
estimarse la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva y, por ende, la del derecho a la libertad de expresión,
determina que resulte innecesario examinar la última
pretensión del demandante de amparo que guarda
relación con este último derecho porque, con independencia
de que conduciría al mismo resultado de anular la
resolución recurrida en la medida en la que restringe dicho
derecho, no parece procedente que el tribunal anticipe
su opinión sobre la compatibilidad que pueda existir
entre una resolución judicial que sancione a un interno
de un centro penitenciario por dirigirse a un funcionario
del mismo utilizando la expresión sr. carcelero y el
contenido del derecho a la libertad de expresión, cuando,
como ocurre en el presente caso, dicha resolución se
ha adoptado con vulneración de otros derechos
fundamentales que impide que propiamente hablando pueda
decirse que se está en presencia de una verdadera
resolución judicial. en consecuencia, solicita la anulación
total del auto de 5 de noviembre de 2001 y la anulación
parcial de los autos del juzgado de vigilancia
penitenciaria en la parte de los mismos que imponían al
demandante de amparo que se abstuviera de utilizar la
expresión sr. carcelero para dirigirse a los funcionarios del
6. por escrito registrado en este tribunal el 7 de
marzo de 2003 la representación del recurrente de
amparo reiteró las pretensiones de la demanda y su
fundamentación, modificando parcialmente el petitum de
la demanda al matizar que, si bien en la demanda se
solicita la anulación total de las resoluciones recurridas,
es lo cierto que solo deben anularse en la parte en la
que se condenó al recurrente a no utilizar la expresión
sr. carcelero y no en el resto de los pronunciamientos
favorables al recurrente que estimaron su queja.
7. por escrito registrado en este tribunal el 10 de
marzo de 2003 el abogado del estado interesó la
desestimación íntegra de la demanda de amparo.
sostiene el abogado del estado que de las tres
vulneraciones aducidas sólo merece examen la tercera,
porque las relativas a la presunción de inocencia y al proceso
con todas las garantías parten de considerar que el
interno ha sido sancionado disciplinariamente y no es así,
puesto que se trata de una medida judicial enderezada
a proteger el honor de los funcionarios, amén de
contribuir al buen orden penitenciario. en su opinión, no
se trata de una sanción, porque no coincide con ninguna
de las enumeradas en el art. 111 del reglamento
penitenciario, ni cabría conceptuarla como amonestación,
porque consiste en intimar un non facere para el futuro.
tampoco es una sanción material, dado que no tiene
carácter retributivo ni reactivo respecto de un previo
comportamiento ilícito, sino que se proyecta hacia el
porvenir. se trata, en opinión del abogado del estado,
de una medida protectora del honor de los funcionarios
de instituciones penitenciarias. el art. 5.2 c) del
reglamento penitenciario impone a los internos el deber de
mantener una actitud de respeto y consideración hacia
las autoridades, los funcionarios, trabajadores,
colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y demás
personas, tanto dentro como fuera del establecimiento,
y el incumplimiento de este deber puede dar lugar a
la falta disciplinaria muy grave del art. 109 a) del
reglamento penitenciario. el auto del juzgado de vigilancia
penitenciaria habría concretado ese deber de respeto
de los funcionarios ordenando al recluso abstenerse de
utilizar la citada expresión. en la medida en que no se
trata de una sanción no cabría invocar el art. 24.2 ce
en lo que concierne al derecho a la presunción de
inocencia ni en lo que se refiere a las garantías del proceso
debido. de otra parte, considera el abogado del estado
que estos derechos no fueron invocados en el recurso
de apelación ante la audiencia provincial.
en cuanto al uso de la expresión sr. carcelero
argumenta el abogado del estado que si nos atenemos a
los diccionarios o al uso histórico, la expresión sr.
carcelero aplicada a un funcionario de prisiones no podría
en si misma calificarse de ofensiva ni despectiva. de
un lado, el diccionario de la real academia española
de la lengua define carcelero como persona que tiene
cuidado de la cárcel y el diccionario del español actual
de seco, andrés y ramos, como guardián de una
cárcel. de otra parte en el derecho histórico se encuentran
citas de la expresión; así en la ley viii del título xx,
libro ix de la sexta partida como el carcelero mayor
due dar cuenta cada mes de los presos que tuviere en
guarda, a aquel que los manda guardar, o la ley i del
título xxxviii del libro xii de la novísima recopilación,
que recoge pragmáticas de don juan ii de castilla y
de los reyes católicos intitulada calidades, presentación
y juramento de los carceleros ante los alcaldes de corte
y justicias para el uso de su oficio, donde se afirma
que los oficios de los carceleros deben ser de gran
diligencia y conviene que los tengan hombres fiables.
afirma el abogado del estado que no es aventurado
pensar que con la palabra carcelero ha podido ocurrir
recientemente lo mismo que con palabras como viejo,
ciego o cojo, que en determinados tipos de
documentos, contextos y aun registros lingüísticos vemos hoy
sustituidas por mayor, invidente y discapacitado.
la palabra subnormal habría comenzado siendo
término puramente descriptivo y levemente eufemístico,
pero en pocos años se habría cargado de una valencia
lingüística negativa, hasta convertirse en un tabú o,
directamente, en un insulto. en su opinión, nos
encontramos en un proceso comunicativo social en cuya virtud
muchas condiciones y profesiones humanas buscan
eufemismos, más o menos afortunados, con los que
sustituir palabras que en el pasado fueron netamente
denotativas y emocionalmente neutras. se habría
generalizado, prosigue, una especie de reclamación del derecho
al eufemismo que sus partidarios incluirían en el
derecho al respeto y consideración (autorrespeto) cuyo
encuadramiento constitucional puede estar a caballo de
los arts. 10.1 (dignidad), 15 ce (integridad moral) y el
art. 18.1 (derecho al honor).
a partir de estas consideraciones sostiene el abogado
del estado que, en función del contexto, la expresión
sr. carcelero puede convertirse en un medio de
vejación y una forma de minar la autoridad del funcionario
a quien se dirige. en el informe del director del
establecimiento y en la declaración del funcionario se reflejan
las circunstancias relativas a la animadversión del interno
al funcionario y que habitualmente el interno trata al
funcionario con menosprecio y sorna delante del resto
de los internos con el apelativo sr. carcelero cuando
normalmente al resto de los sres. funcionarios no se
dirige de esta forma, con lo que quiere provocar la
pérdida de entidad de este sr. funcionario en su labor
cotidiana con la población reclusa y la pérdida de respeto
por parte del resto de los internos hacia este sr.
funcionario. también consta que el interno y otro actúan
con el designio evidente de perturbar el orden del
establecimiento, tomando como objetivo a funcionarios que
se esfuerzan en cumplir correctamente sus funciones.
sostiene el abogado del estado que este tribunal no
puede valorar estas circunstancias, pues el art. 44.1 b)
lotc le obliga a atenerse a la fijación judicial de los
hechos. de otra parte, señala también que ni los escritos
del interno contradicen estos datos ni ofrecen una
explicación racional para su opción lingüística cuando le
consta que su destinatario lo siente como ofensivo y vejatorio.
el interno se remite al diccionario pero, con esta
estrategia argumentativa, lejos de disipar la finalidad ofensiva
que al reiterado uso del sr. carcelero le atribuyen el
funcionario vejado, su superior y los dos órganos
jurisdiccionales, lo que hace es confirmarnos cuál es la
finalidad pretendida por el recurrente: ridiculizar, vejar y
minar la autoridad del funcionario.
8. por providencia de 5 de noviembre de 2003 se
señaló para deliberación y votación de la presente
sentencia el día 10 del mismo mes y año, en el que se
inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
1. la presente demanda de amparo se dirige contra
los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 2
de castilla-león (burgos) de 10 de julio y 3 de agosto
de 2001 y contra el auto de la sección primera de
la audiencia provincial de palencia de 5 de noviembre
de 2001. en virtud de dichas resoluciones al demandante
de amparo se le ha ordenado se abstenga de utilizar
la expresión sr. carcelero para dirigirse a cualquier
funcionario de prisiones, so pena de incurrir en la falta
disciplinaria del art. 109 a) del reglamento
penitenciario. el recurrente alega la vulneración de los derechos
a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), a ser
informado de la acusación, a la defensa, a un proceso con
todas las garantías, y a la tutela judicial efectiva sin
indefensión (art. 24.2 y 24.1 ce), y a la libertad de expresión
(art. 20.1 ce) en relación con el art. 25.2 ce.
el ministerio fiscal interesa la estimación de la
demanda al entender que se ha vulnerado el derecho del
recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión,
ya que se habría producido un pronunciamiento del
órgano judicial sobre una cuestión no incluida en las
pretensiones de la queja instada por el interno. la
estimación de la demanda por este motivo convertiría en
improcedente que este tribunal anticipe su opinión sobre la
eventual compatibilidad con la constitución de una
sanción impuesta por el uso de la expresión sr. carcelero.
la estimación de la demanda tendría como efecto la
nulidad total del auto de 5 de noviembre de 2001 de
la audiencia provincial de palencia y la nulidad parcial
de los autos de 10 de julio y 3 de agosto de 2001
del juzgado de vigilancia penitenciaria, tan sólo en
cuanto a la orden dirigida al recurrente de abstenerse de
usar dicha expresión.
por el contrario, el abogado del estado interesa la
desestimación íntegra de la demanda de amparo. de
un lado, entiende que al no poder considerarse que la
orden impuesta es una sanción, tanto en atención a su
naturaleza sólo preventiva, como a no figurar entre las
sanciones enumeradas en el art. 111 del reglamento
penitenciario, no serían de aplicación los derechos a la
presunción de inocencia y al proceso con todas las
garantías (art. 24.2 ce), cuyo ámbito queda reducido al de
la imposición de sanciones disciplinarias. de otra parte,
en opinión del abogado del estado, si bien la expresión
sr. carcelero no puede calificarse de ofensiva, ni en
atención a su significado histórico ni al que le otorgan
los diccionarios al uso, sin embargo, resulta ofensiva
del honor del funcionario de prisiones ya que en su
comprensión actual tiene un sentido despectivo genérico,
y porque, en el caso concreto, el contexto y la intención
del interno, constatada por el juzgado de vigilancia
penitenciaria, así lo avalan. de modo que la expresión dicha
no podría entenderse amparada por el derecho a la
libertad de expresión del demandante de amparo.
2. con carácter previo al examen de las
vulneraciones aducidas en la demanda de amparo resulta
pertinente precisar lo acontecido a los efectos de delimitar
las especiales características del caso. como se ha
expuesto con detalle en los antecedentes, el demandante
acudió en queja ante el juzgado de vigilancia
penitenciaria, aduciendo que se le habían esparcido sus
pertenencias por la celda y haber sido insultado por un
funcionario de prisiones. el juzgado de vigilancia
penitenciaria, en su auto de 10 de julio de 2001, estimó
la queja del interno, reconociendo derivarse de las
actuaciones obrantes en autos la actitud un tanto hostil
del funcionario de prisiones frente al interno, lo que,
en modo alguno, puede aceptarse (razonamiento
jurídico segundo). pero, además, el juzgado de vigilancia
penitenciaria, considerando que la expresión sr.
carcelero era despreciativa para el funcionario, ordenó al
interno que se abstuviera de utilizar la expresión para
dirigirse a cualquier funcionario de prisiones, so pena
de incurrir en falta disciplinaria del art. 109 a) del
reglamento penitenciario (razonamiento jurídico tercero y
parte dispositiva del citado auto).
por consiguiente, el caso que nos corresponde
enjuiciar no es el de la imposición de una sanción en el
cicio de la potestad disciplinaria atribuida a la comisión
disciplinaria y al director del establecimiento
penitenciario por la legislación (art. 44.1 de la ley orgánica
general penitenciaria, logp, en relación con el art. 232
del reglamento penitenciario), tras la tramitación del
correspondiente expediente sancionador, por considerar
que el interno, al utilizar la citada expresión en un
determinado contexto espacio-temporal, incurrió en alguna
de las infracciones tipificadas en los arts. 108, 109 o 110
del reglamento penitenciario -real decreto
1201/1981, de 8 de mayo-. se trata, por el contrario,
de una orden del juzgado de vigilancia penitenciaria
destinada al interno de abstenerse de utilizar una
determinada expresión en el futuro para dirigirse a cualquier
funcionario de prisiones, que ha sido dictada en el
marco de un procedimiento instado por el propio interno.
como advierte el abogado del estado, la medida
impuesta tiene carácter preventivo, siendo la finalidad
de la orden judicial impeditiva del uso de la expresión
evitar el eventual daño en el honor ajeno -de los
funcionarios de prisiones-, por partir de la consideración
de que la utilización de dichos términos ya efectuada
es menospreciativa del honor del funcionario a quien
el interno se dirigió con ella. a su carácter de medida
preventiva ha de añadirse su condición de ilimitada, tanto
en el tiempo, como respecto del círculo de los
funcionarios de prisiones, del establecimiento penitenciario en
el que se encuentra o de otros a los que pudiera ser
el enjuiciamiento de la adecuación a los derechos
fundamentales invocados en la demanda de amparo de
la restricción judicial impuesta al recurrente del uso de
los términos sr. carcelero debe efectuarse atendiendo
estrictamente a las características de la misma y a las
circunstancias y marco jurisdiccional en que ésta ha
tenido lugar, por cuanto todas ellas configuran la especial
singularidad del caso que nos ocupa.
3. pues bien, lo acontecido en el juzgado de
vigilancia penitenciaria constituye una vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1
ce) del recurrente de amparo, ya que la medida
restrictiva de la libertad de expresión se ha adoptado sin
que exista previsión legal al efecto, de modo que ha
sido impuesta por órgano judicial incompetente y en
el marco de un procedimiento substanciado sin las
debidas garantías; todo ello, como afirma el ministerio fiscal,
impide que se pueda decir en sentido propio que nos
hallamos en presencia de una verdadera resolución
en efecto, hay que señalar, en primer término, que
la ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general
penitenciaria, no contiene previsión alguna que habilite
al juzgado de vigilancia penitenciaria para adoptar una
medida restrictiva de la libertad de expresión del interno
como la adoptada en el caso. así, ni en los arts. 76
y 77 logp, que regulan las atribuciones del juzgado
de vigilancia penitenciaria, ni en ningún otro precepto
de dicha ley, aparece prevista la limitación del derecho
a la libertad de expresión de los internos consistente
en la prohibición general del uso de ciertos términos
o expresiones. la limitación del derecho a la libertad
de expresión del interno podrá producirse en el marco
de un procedimiento disciplinario en ejercicio de la
potestad sancionadora de la administración penitenciaria
(art. 44.1 logp en relación con el art. 232 del
reglamento penitenciario) o, en caso de que quien considera
su honor lesionado acuda a la jurisdicción ordinaria en
protección del mismo, en el marco de dicho proceso.
el juzgado de vigilancia penitenciaria solo tiene
competencia para revisar a instancias del interno sancionado
la legalidad y constitucionalidad de la sanción impuesta
por la administración penitenciaria [art. 76.2 e) logp]
o para aprobar las propuestas de sanción de aislamiento
en celda superior a catorce días [art. 76.2 d) logp].
pero el juzgado de vigilancia penitenciaria carece de
jurisdicción para amparar el derecho al honor del
funcionario de prisiones. como establece el art. 76.1 logp
y ha resaltado este tribunal en numerosas ocasiones,
al juzgado de vigilancia penitenciaria le corresponde
un relevante papel en nuestro sistema penitenciario, ya
que tiene asignada la función de salvaguardar los
derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones
que en el cumplimiento de los preceptos de régimen
penitenciario puedan producirse (por todas, sstc
73/1983, de 30 de julio, fj 6; 175/1997, de 27 de
octubre, fj 3; 9/2003, de 20 de enero, fj 3). ha de
recordarse, en fin, que en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que en exclusiva les corresponde, los
jueces y magistrados se encuentran sometidos al imperio
de la ley (art. 117.1 ce), de modo que una actuación
al margen de la ley que habilita su actuación constituye
un exceso de jurisdicción que vulnera el derecho a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 ce),
como este tribunal tiene declarado (sstc 43/1988, de
16 de marzo, fj 6; y 173/2002, de 9 de octubre, fj 6).
4. de otra parte, aunque existiera previsión legal
y fuera el juzgado de vigilancia penitenciaria el
competente para imponer la limitación de la libertad de
expresión, dicha limitación no podría ordenarse en el marco
de una queja suscitada por el interno, pues dicha queja
acota el objeto de su pronunciamiento en el caso
concreto, ya que el deber de congruencia con la pretensión
y el derecho de defensa constituyen garantías de todo
procedimiento jurisdiccional. además, teniendo en
cuenta que el juzgado de vigilancia penitenciaria tiene, como
acabamos de señalar, competencia para revisar la
sanción eventualmente impuesta por la administración
penitenciaria [art. 76.2 e) logp] o para aprobar las
propuestas de sanción de aislamiento en celda superior a
catorce días [art. 76.2 d) logp], la admonición efectuada
por aquél al interno de incurrir en la infracción del
art. 109 a) del reglamento penitenciario constituye la
manifestación de un juicio previo, si no sobre la total
corrección de la eventual imposición ulterior de una
sanción por el nuevo uso de la misma expresión, sí del
carácter lesivo del honor del funcionario de la citada
expresión; juicio previo que socava su imparcialidad y
el derecho a la tutela judicial efectiva del interno, si
eventualmente la llegase a recabar.
por lo demás, la limitación de la libertad de expresión,
o cualquier otra que afectara a otro derecho
fundamental, tampoco podría acordarse en un procedimiento como
éste en el que no se le ha dado la posibilidad al afectado
de alegar frente a ella; en este marco es en el que deben
contextualizarse las alegaciones del recurrente de que
nunca tuvo acceso al informe del funcionario afectado
ni al de otros funcionarios del mismo módulo que
declararon sobre el incidente, así como las alegaciones
relativas a que en ningún momento fue formalmente
informado de la acusación, es decir, a la quiebra, en definitiva,
de las garantías del proceso justo. quejas, todas ellas,
que, unidas a la relativa a la lesión del derecho a la
presunción de inocencia, deben enmarcarse en la
declaración que acabamos de efectuar, señalando que la
restricción del derecho fundamental a la libertad de
expresión sólo puede imponerse por el órgano judicial
competente en el marco de un proceso y con las debidas
garantías, de modo que las quiebras de garantías
producidas en el seno del proceso judicial en el que se
autoriza dicha restricción constituyen déficits de la tutela
judicial que ex constitutione el derecho fundamental
en suma, en el procedimiento que se inicia con la
queja del interno podrá decidirse su estimación o
timación, pero en cambio no resulta en modo alguno
admisible la adopción de medidas que puedan implicar
un perjuicio o menoscabo de sus derechos, que es lo
que ha ocurrido en el caso que se examina, al imponer
las decisiones judiciales impugnadas limitaciones en el
ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de
por consiguiente, y aunque pudiera asistirle la razón
al abogado del estado en que el uso de la expresión
fuera en un contexto determinado ofensivo, este juicio
no podía realizarlo el juzgado de vigilancia penitenciaria
al carecer de jurisdicción, como tampoco podía dicho
órgano judicial advertir -amonestar- al interno sobre las
eventuales consecuencias legales que la utilización de
la misma tendría. por ello, y como señala el ministerio
fiscal, el pronunciamiento de este tribunal debe ceñirse
a declarar que la ausencia de previsión legal de la
restricción, su imposición por órgano judicial incompetente
y en el marco de un procedimiento substanciado sin
las debidas garantías, sustentan la vulneración del
ce) del recurrente de amparo y de forma derivada del
derecho a la libertad de expresión (art. 20.1.a ce).
5. la reparación de la vulneración del derecho a
tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente se
satisface con la anulación total del auto de la sección
primera de la audiencia provincial de palencia de 5 de
noviembre de 2001 y la anulación parcial de los autos
del juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 2 de
castilla-león (burgos) de 10 de julio y 3 de agosto de 2001,
tan sólo en cuanto ordenan al recurrente abstenerse de
utilizar en el futuro la expresión sr. carcelero al dirigirse
a cualquier funcionario de prisiones y le advierten de
que en uso de la misma puede incurrir en la falta
disciplinaria del art. 109 a) reglamento penitenciario -real
decreto 1201/1981, de 8 de mayo.
en atención a todo lo expuesto, el tribunal
constitucional, por la autoridad que le confiere la constituciÓn
otorgar el amparo solicitado por don Ángel carlos
figueroa fernández y, en consecuencia:
1.o reconocer el derecho del recurrente a la tutela
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 ce).
2.o anular el auto de la sección primera de la
audiencia provincial de palencia de 5 de noviembre
de 2001 y anular parcialmente los autos del juzgado
(burgos) de 10 de julio y 3 de agosto de 2001, tan sólo
en cuanto ordenan al recurrente abstenerse de utilizar
en el futuro la expresión sr. carcelero al dirigirse a
cualquier funcionario de prisiones y le advierten de que
en uso de la misma puede incurrir en la falta disciplinaria
del art. 109 a) reglamento penitenciario -real
publíquese esta sentencia en el boletín oficial del
dada en madrid, a uno de diciembre de dos mil
tres.-manuel jiménez de parga y cabrera.-pablo garcía
manzano.-maría emilia casas baamonde.-javier
delgado barrio.-roberto garcía-calvo y montiel.-jorge
rodríguez-zapata pérez.-firmado y rubricado.
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2012-12-19 jajaja suena ridiculo que este hmrboe use el argumento de que vende quesos y los clientes le pagan los quesos en el casino.Osea, no solo quiere lavar su cochino dinero con el negocio de los quesos oaxaca, sino que tambien quiere usar este argumento para lavarse las manos del crimen que cometio.Si fuera verdad lo de los quesos entonces porque no se presenta a declarar y tambien jalan a los que le estan pagando los quesos segun el?Ojala y que lo hagan queso en la carcel por culero.
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2012-05-03 El derecho de acsceo es fundamental, pero insuficiente sin el ejercicio del derecho a la informacif3n; es decir el derecho a exigir a los medios de comunicacif3n que cumplan con su deber de ofrecernos informacif3n veraz, plural, completa y de relevancia pfablica,Y como complementario el derecho a la comunicacif3n; es decir, el de disponer libremente de las herramientas de comunicacif3n para difundir la informacif3n a que hayamos tenido acsceo.
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