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Timestamp: 2018-07-15 19:35:54+00:00

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CUERPO ESPECIAL 2005
1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Penitenciario, los datos de carácter personal relativos a la salud de los internos, que estén contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios, no podrán ser cedidos sin el consentimiento del afectado:
b- Sólo cuando se trate de salvaguardar el interés general de los internos.
c- Sólo atendiendo a razones de urgencia.
d- Sólo por motivos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos.
2.- El cálculo de la fecha de 1/2 condena, conforme estipula la Ley Orgánica 7/2003 para los condenados a penas superiores a cinco años de privación de libertad:
a- Marca la fecha para poder disfrutar de permisos ordinarios de salida y salidas programadas.
b.- Marca la fecha en que el interno supera el periodo de seguridad en el cumplimiento de la condena, a efectos de clasificación en 3º grado de tratamiento.
c- Marca la fecha de cumplimiento de requisitos objetivos para disfrute de la libertad condicional.
d- Marca la fecha de posibilidad de acceso al beneficio penitenciario de adelantamiento de la libertad condicional.
3.- Según dispone el artículo 214.2 del Reglamento Penitenciario, al ingreso en un Establecimiento Penitenciario, la historia clínica deberá abrirse:
a- En los casos de ingresos de penados y preventivos, dentro de las 24 horas siguientes al ingreso.
b- En todos los casos (ingresos de detenidos, presos y penados), dentro de las 24 horas siguientes al ingreso.
c- Sólo si lo estima oportuno el facultativo que examina al interno.
d- En todos los casos (ingresos de detenidos, presos y penados), en un plazo prudencial.
4.- La pena accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo:
a- Se entiende aplicada a todos los penados, sin que deba reflejarse su registro en el Expediente Personal de los internos.
b- Se entiende aplicada a todos los penados con penas superiores a 6 años, debiéndose reflejar en el Expediente Personal de los internos, en el índice de vicisitudes penales, tras la diligencia que recoja el testimonio de sentencia.
c- Solamente se aplica si expresamente así se dicta en la sentencia condenatoria, anotándose la misma en las hojas de vicisitudes penales del Expediente Personal.
d- Solamente se aplica cuando así se contemple en sentencia condenatoria, consignándose en la portada del Expediente Personal.
5.- El ingreso de una persona en prisión, excepción hecha de su presentación voluntaria, puede efectuarse, según se señala en el artículo 15 del Reglamento Penitenciario:
a- Por orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de Autoridad Judicial, así como por orden de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal, si se cumplen determinados requisitos que deben constar en la propia orden de ingreso.
b- Exclusivamente por medio de mandamiento de prisión o sentencia condenatoria a pena privativa de libertad, u orden de detención, dictada por órgano judicial.
c- Exclusivamente en los casos de preventivos y detenidos, por orden del Ministerio Fiscal, y en los penados por la autoridad judicial que dictó sentencia condenatoria a pena privativa de libertad.
d- Solamente por orden de la Policía Judicial.
6.- El interno extranjero, a su ingreso:
a- Tiene derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades diplomáticas su ingreso en un Centro Penitenciario, si así lo autoriza expresamente.
b- No es preciso que preste su consentimiento para que se ponga en conocimiento de sus autoridades diplomáticas su ingreso en un Establecimiento Penitenciario, puesto que es obligación de la Administración Penitenciaria esta comunicación, en todo caso.
c- Tendrá derecho a decidir si se comunica su ingreso a sus autoridades diplomáticas, salvo cuando hubiese ingresado en prisión de forma voluntaria.
d- El Centro Directivo ordenará en qué casos se dará conocimiento a las autoridades diplomáticas del ingreso de un determinado interno extranjero, según la naturaleza del delito.
7.- Los Directores de los Centros Penitenciarios, podrán ordenar el traslado de un interno:
a- Nunca, es competencia del Centro Directivo.
b- Cuando el tipo de conducción sea provincial, aunque el interno esté incluido en fichero FIES.
c- Cuando la conducción sea provincial, obedezca a motivos judiciales y el interno no esté incluido en el fichero FIES.
d- Cuando el tipo de conducción sea tanto provincial como interprovincial, si obedece a motivos judiciales, y el interno no está incluido en el fichero FIES.
8.- En los cacheos a los internos FIES (CD), con ocasión de la conducción de éstos a otros Centros Penitenciarios:
a- Necesariamente estará presente el Jefe de Servicios, antes de efectuarse el traslado.
b- Necesariamente estará presente el Subdirector de Seguridad, antes de procederse al traslado.
c- Necesariamente estará presente el Jefe de Servicios, tanto antes de producirse el traslado como a su ingreso en el Centro Penitenciario de destino.
d- Necesariamente estarà presente el Jefe de Servicios, a su ingreso en el Centro Penitenciario de destino.
9.- Respecto a las acumulaciones telefónicas:
a- Podrá acumularse el número de llamadas de una semana a otra, si no se agotó el máximo de cinco llamadas semanales.
b- No podrán acumularse de una semana a otra, ni el número de llamadas, ni el tiempo de duración de las mismas.
c- Podrán acumularse de una semana a otra, tanto el número de llamadas como el tiempo de duración de las mismas.
d- Podrá acumularse el tiempo de llamada de una semana a otra, si no se agotó el máximo de cinco minutos por comunicación.
10.- La comunicación telefónica a la que se tiene derecho al ingreso en un Establecimiento Penitenciario, tendrá una duración de:
a- Máxima de cinco minutos.
b- Duración máxima de cinco minutos si se comunica con la familia; si se comunica con abogado, duración máxima de ocho minutos.
c- Máxima de tres minutos.
d- Máxima de dos minutos.
11.- Cuando tras una comunicación íntima, ha sido oportuno efectuar un cacheo con desnudo integral, y siguen existiendo sospechas de introducción de objetos o sustancias prohibidas, aunque el cacheo haya sido infructuoso:
a- Deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el artículo 68.4 del Reglamento Penitenciario así como Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1996 de 11de marzo, sobre posible utilización de rayos X y ecógrafos.
b- Solo cabe aplicar el régimen del artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario.
c- Se procederá a mantener al interno en aislamiento provisional, conforme a lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, un máximo de 72 horas.
d- Deberá efectuarse conforme a lo estipulado en el artículo 68.3 del Reglamento Penitenciario.
12.- El abono de la prisión provisional en causa distinta a la que decretó la prisión, conforme a la L.O. 15/2003 que modifica el artículo 57 del Código Penal:
a- Será acordado por el Juez o Tribunal sentenciador de la causa a la que se aplica.
b- Será acordado por el Organo Judicial que decretó la prisión provisional, autorizando su abono a la otra causa.
c- Será acordado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria del que dependía el interno en la situación preventiva.
d- Será acordado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el Centro Penitenciario en que se encuentre el interno.
13.- Ante la existencia de condenas impuestas conforme al Código Penal de 1973, junto con otras del Código Penal de 1995:
a- No procede la refundición de las causas, en ningún caso.
b- Esta circunstancia no impide la refundición conjunta de todas las causas.
c- Procederán en su caso dos refundiciones: una con las condenas del Código Penal de 1973, y otra con las que correspondan al Código Penal de 1995
d- Se estará a lo que disponga el Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien atenderá a la naturaleza de los delitos.
14.- Atendiendo a la competencia funcional de los jueces y Tribunales:
a- Los Juzgados de lo Penal conocerán de las causas por delitos cuyas penas privativas de libertad lo sean hasta cinco años, y las Audiencias Provinciales de las no superiores a nueve años, salvo en los casos que el delito sea competencia del Tribunal del Jurado.
b- Los Juzgados de lo Penal conocerán de las causas por delitos cuyas penas privativas de libertad lo sean hasta nueve años, y las Audiencias Provinciales de las causas castigadas con cualquier otra pena de distinta naturaleza a la privativa de libertad, siendo indiferente su cuantía o duración temporal.
c- Los Juzgados de lo Penal conocerán de las causas por delitos cuyas penas sean inferiores a cuatro años de privación de libertad.
d- Los Juzgados de lo Penal conocerán de las causas por delitos cuyas penas sean inferiores a seis años de privación de libertad.
15.- En todo caso, quedan excluidos de la competencia del Tribunal del Jurado:
a- Los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
b- Los delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
c- Los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a la Audiencia Nacional.
d- Los delito señalados en el artículo 1º de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado.
16.- Ante la concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad:
a- Corresponde el cumplimiento de la medida de seguridad en primer lugar. Dicho periodo se abonará para el cumplimiento de la pena.
b- Corresponderá el cumplimiento de la pena en primer lugar. Dicho periodo se abonará para el cumplimiento de la medida de seguridad.
c- Corresponderá el cumplimiento de la pena en primer lugar, sin que dicho periodo pueda abonarse al cumplimiento de la medida de seguridad.
d- Corresponderá el cumplimiento de la medida de seguridad en primer lugar, sin que dicho periodo pueda abonarse para el cumplimiento de la pena.
17.- El ingreso en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria se producirá:
a- Por competencia exclusiva del Centro Directivo.
b- Por así disponerlo la autoridad judicial competente o por orden del Centro Directivo, teniendo ambos la competencia.
c- Siempre deberá ser decisión judicial: bien para observación y valoración de detenidos y presos; bien por cumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad, o por enfermedad mental sobrevenida del penado.
d- Por competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
18.- El cálculo de la fecha de los 7/8 de condena, conforme al artículo 78.3 del Código Penal, a efectos de proceder a la libertad condicional de los internos condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales ( a los que el Juez de Vigilancia Penitenciaria haya decretado el régimen general de cumplimiento):
a- Se practicará sobre la totalidad de las condenas acumuladas.
b- Se practicará sobre la pena resultante de la acumulación de condenas, poniendo en relación lo estipulado en el artículo 78.3 del Código Penal, con el artículo 76 del mismo cuerpo legal.
c- El cálculo de la fecha de los 7/8 de condena no puede calcularse a los efectos de proceder a la libertad condicional de los internos condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
d- Se practicará sobre la acumulación de condenas impuestas en virtud del Código Penal de 1995, nunca sobre la acumulación de condenas impuestas en virtud del Código Penal de 1973.
19.- En el momento de la excarcelación de un penado:
a- Siempre se deberá expedir al interno inforne sobre su situación sanitaria, y en su caso, tratamiento médico a seguir.
b- Siempre se deberá expedir informe sobre su situación sanitaria, sin que conste que parte el informe de un Establecimiento Penitenciario.
c- Se deberá expedir informe sobre su situación sanitaria, si lo solicita el interno, o debe seguir un tratamiento médico, sin que conste que es expedido por un Centro Penitenciario.
d- Se deberá remitir informe sobre su situación médica, a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
20.- En materia de beneficios penitenciarios, la normativa dispone:
a- Que el adelantamiento a las 2/3 partes de cumplimiento de condena, para en su caso conceder la libertad condicional, nunca puede aplicarse a internos condenados por delitos de terrorismo.
b- Que el adelantamiento a las 2/3 partes de cumplimiento de condena para conceder, en su caso, la libertad condicional, sólo podrá aplicarse a internos condenados por delitos de terrorismo cuando se trate de un beneficio de adelantamiento cualificado.
c- Que el adelantamiento a las 2/3 partes de cumplimiento de condena, para poder acceder en su caso a la libertad condicional, sólo podrá aplicarse a penas inferiores a 12 años de condena.
d- Este beneficio ha sido derogado por la Instrucción 2/2005 de 15 de marzo, al atender a las modificaciones normativas introducidas por la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio, sobre cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
21.- En las condenas en que se aplique el Código Penal de 1995, por ser ésta la norma más favorable, aunque el penado hubiese sido condenado conforme al Código Penal de 1973:
a- Se conservarán los periodos redimidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del actual Código Penal, teniendo baja en redención a partir de esa fecha.
b- Se conservará el beneficio de la redención de penas, hasta el cumplimiento total de la condena, salvo que por sanción disciplinaria se cause baja en la misma.
c- Se aplicará el Código de 1995 como más beneficioso para el penado, anulando de la liquidación de condena los días redimidos.
d- La conservación de los periodos redimidos con anterioridad a la entrada en vigor del actual Código Penal, se continuarán aplicando hasta que el Juez de Vigilancia Penitenciaria apruebe la propuesta de baja en redención, sin tener en cuenta la fecha de entrada en vigor del Código.
22.- Para aprobar la participación y colaboración de organizaciones no gubernamentales, como entidades colaboradoras en los Centros Penitenciarios, debiendo éstas presentar un programa concreto de intervención, en el que especifiquen los objetivos, duración temporal, colectivo de internos a los que está destinado y voluntarios participantes, será competente:
b- La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.
d- Según la entidad de la organización no gubernamental, será competente la Junta de Tratamiento, el Consejo de Dirección, o el Centro Directivo respectivamente.
23.- El pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, para la concesión de la libertad condicional, debe ser emitido por:
a- El Jurista.
d- Los expertos que el Juez de Vigilancia estime convenientes.
24.- La satisfacción de la responsabilidad civil para acceder a la libertad condicional viene exigida sólo en:
a- El Código Penal.
c- La Ley Orgánica General Penitenciaria.
d- El Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria.
25.- La revocación de la libertad condicional lleva consigo la pérdida del tiempo pasado en tal situación:
b- Cuando se cometa nuevo delito.
c- Cuando se hubiese concedido a condenados por delitos de terrorismo.
d- Cuando se deje de abonar la responsabilidad civil.
26.- La propuesta de clasificación inicial de un penado se formulará:
a- Transcurridos dos meses desde su ingreso.
b- Transcurrido un mes desde la recepción del testimonio de sentencia.
c- En el plazo máximo de dos meses desde la recepción del testimonio de sentencia.
d- A la recepción del testimonio de sentencia, si la pena es inferior a un año.
27.- Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva en otra causa:
a- Se propondrá al Centro Directivo modificación de su grado de clasificación.
b- Se propondrá al Centro Directivo deje sin efecto su clasificación.
c- Se le asignará provisionalmente nuevo grado de clasificación.
d- Quedará sin efecto su clasificación, dando cuenta al Centro Directivo.
28.- Las propuestas de clasificación inicial formuladas por la Junta de Tratamiento de condenados hasta un año, tendrán la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos:
a- En los acuerdos de clasificación inicial en Segundo o Tercer Grado.
b- Siempre.
c- En los acuerdos de clasificación en Primer Grado.
d- En los acuerdos de clasificación en Segundo o Tercer Grado, adoptados por unanimidad.
29.- No podrían disfrutar permisos ordinarios de salida los internos (artículo 48 LOGP):
a- Preventivos.
b- Penados con antecedentes de evasión de un permiso.
c- Penados que no hayan cumplido el periodo de seguridad.
d- Penados que no hayan cumplido 1/4 parte de la condena.
30.- El estudio de los permisos de salida requiere informe preceptivo de:
b- La Subdirección de Seguridad.
d- La Subdirección de Tratamiento.
31.- En procedimiento abreviado por falta leve, quién acordará que continúe por el procedimiento general si estima que la infracción pudiera ser muy grave o grave (según el artículo 251.2 del Reglamento Penitenciario):
32.- Para constituirse válidamente la Comisión Disciplinaria, es imprescindible la asistencia del:
c- El Secretario.
d- El Jefe de Servicios electo.
33.- La competencia para suspender la ejecución de las sanciones de aislamiento, por razones médicas, corresponde a:
b- Los Servicios Médicos.
d- El Juez de Vigilancia.
34.- Cual de los siguientes profesionales no es miembro de la Junta de Tratamiento:
a- El Jefe de los Servicios Médicos.
b- El Jurista.
c- El Coordinador de los Servicios Sociales.
d- El Trabajador social.
35.- La Junta de Tratamiento carece de competencia para:
a- Reducir los plazos de cancelación de sanciones disciplinarias por razones de tratamiento.
b- Proponer la aplicación del Art. 10 de la LOGP a preventivos.
c- Designar los internos que hayan de desempeñar servicios auxiliares comunes.
d- Organizar la ejecución de prestaciones de carácter social que precisen los internos o sus familiares.
36.- El empleo de medios coercitivos, por razones de urgencia, ante una posible perturbación de la vida normal del Centro:
a- Requiere autorización previa del Director.
b- Requiere autorización previa del Jefe de Servicios.
c- Pueden ser utilizados por los funcionarios, poniéndolo en conocimiento inmediato del Jefe de Servicios.
d- Requiere autorización previa del mando de incidencias.
37.- Los recuentos ordinarios de control de la población reclusa se fijarán por:
b- La Dirección del Centro.
d- La Subdirección de Seguridad.
38.- Con carácter general no podrán aplicarse medios coercitivos a:
a- Internos septuagenarios.
b- Mujeres.
c- Internos que padezcan cualquier tipo de enfermedad.
d- Mujeres que tuvieren hijos consigo.
39.- La duración máxima de permanencia en el Centro de internamiento de extranjeros, no podrá exceder de:
a- 72 horas.
b- un mes.
c- 40 días.
d- tres meses
40.- El traslado de un penado a su país de origen para seguir cumpliendo condena, en virtud de los convenios existentes, corresponde autorizarlo a:
a- El Juzgado de Vigilancia.
c- El Tribunal Sentenciador.
d- El Ministro de Justicia.
41.- La localización permanente es:
a- Una medida de seguridad.
b- Una pena privativa de derechos.
c- Una pena privativa de libertad.
d- Una pena de inhabilitación especial.
42.- La localización permanente tendrá una duración máxima de.
b- 12 días.
c- Tres meses.
d- Una semana
43.- Las incidencias en la ejecución de la pena de Trabajos en beneficio de la comunidad, se comunicarán por los Servicios Sociales al:
a- Tribunal Sentenciador.
b- Junta de Tratamiento.
c- Juzgado de Vigilancia.
d- Director del Centro
44.- Según establece el artículo 134.1 de la Constitución Española de 1978, ¿A quién corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado?
a- Al Ministro del Departamento correspondiente.
b- A la Comisión de Subsecretarios.
c- A la Comisión Interministerial designada al efecto.
d- Al Gobierno.
45.- El artículo 35.1 de la Ley General Presupuestaria denomina crédito presupuestario a:
a- Al crédito que se pretende invertir en el ejercicio presupuestario corriente.
b- A cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1 a) de esta Ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.
c- Al importe del crédito del presupuesto anual asignado a un Ministerio.
d- A las obligaciones reconocidas durante el ejercicio presupuestario corriente.
46.- A tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen:
a- De la Ley, de los Reglamentos que la desarrollan y de los compromisos adquiridos dentro del ejercicio presupuestario.
b- De la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.
c- De la ley, de los actos administrativos que realice el gestor dentro del ejercicio presupuestario.
d- De la ley, de los artículos que se adquieran a lo largo del ejercicio presupuestario.
47.- ¿Cuáles son las formas de adjudicación de un expediente de contratación a tenor de lo dispuesto por el Art. 74 Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas?:
a- Por urgencia, por concurso o por interés público.
b- Por causas excepcionales o por concurso.
c- Por interés público, por urgencia y por obligación contractual.
d- Por subasta o por concurso.
48.- El procedimiento de adjudicación del expediente de contratación puede ser, según determina el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas:
a- Abierto, restringido o negociado.
b- De urgencia, de interés público, abierto y ordinario.
c- Restringido, de emergencia y negociado con o sin publicidad.
d- Abierto, por subasta, por concurso y directo.
49.- El Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), aprobado por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994, en su punto 12, se refiere a las cuentas anuales, resultado del desarrollo contable del ejercicio, que constituyen el instrumento trasmisor de la información contable a los distintos usuarios. Dichas cuentas comprenden:
a- La cuenta de resultados, el balance y el seguimiento de objetivos económicos.
b- El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.
c- El balance, los mecanismos de control ejercidos durante el ejercicio y el análisis de los resultados.
d- El superávit o déficit de financiación, el balance, la variación neta de pasivos financieros y la memoria.
50.- La parte segunda del Plan General de la Contabilidad Pública, (PGCP) aprobado por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994, comprende un "cuadro de cuentas", que, como el anterior, mantiene la clasificación decimal. Dicho cuadro contiene:
a- Seis grupos de cuentas.
b- ocho grupos de cuentas.
c- diez grupos de cuentas.
d- doce grupos de cuentas.
51.- El Plan General de la Contabilidad Pública, aprobado por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994, se estructura en las siguientes partes:
a- Principios contables públicos, cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables, cuentas anuales y normas de valoración.
b- Cuadro de cuentas, analítica, situaciones transitorias de financiación y normas de ejecución.
c- Analítica, funcional, cuadro de cuentas y control de los programas marcados como objetivos.
d- Principios contables público, definiciones y relaciones contables, analíticas y funcionales.
52.- ¿Qué es la ordenación del gasto?
a- El conjunto de operaciones que tienen por objeto satisfacer las obligaciones contraídas mediante las oportunas salidas de fondos del Tesoro Público.
b- Las operaciones derivadas de un compromiso adquirido durante un ejercicio presupuestario.
c- Los actos encaminados a ejecutar el presupuesto asignado a un Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado.
d- El conjunto de actuaciones administrativas que permiten reconocer una obligación de pago.
53.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, la gestión del Presupuesto de Gastos del Estado y de sus Organismos Autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a- Aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.
b- Autorización del gasto, reconocimiento de la obligación y pago material.
c- Compromiso del gasto, ordenación del pago y pago material.
d- Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación y pago material.
54.- Los gastos corrientes en bienes y servicios aparecen incluidos en los Presupuestos Generales del Estado en el Capítulo:
55.- En la gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios pueden seguirse los procedimientos siguientes:
a- De pagos a justificar, de anticipos de caja fija y ordinario.
b- De contrato menor, de pagos a justificar y mixto.
c- De anticipo caja fija, mixto y de contrato menor.
d- Ordinario, mixto y pagos a justificar.
56.- Según determina el Art. 2.2 del Real Decreto 725/89, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, la cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos vigentes en cada momento en el respectivo Ministerio u Organismo Autónomo, no podrá exceder del:
b- 6%.
c- 7%
d- 8%.
57.- Según dispone el Art. 34.3 de la Ley General Presupuestaria, cuando al cierre del ejercicio existan compromisos de gastos adquiridos válidamente, de conformidad con el ordenamiento, que no pudieron ser objeto de liquidación y reconocimiento de la obligación, ¿quién es el órgano competente para determinar su imputación a créditos de ejercicio corriente?
a- Los Subsecretarios del Ministerio correspondiente.
b- Los Directores Generales que gestionan el expediente.
c- Los Ministros, previo informe de la Dirección General de Presupuestos.
d- Los Interventores Delegados.
58.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General Presupuestaria, la función interventora se ejercerá en sus dos modalidades de intervención formal y material. En la intervención material:
a- Se realizarán actuaciones de control orgánico y económico-financiero.
b- Se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
c- Se comprobará los actos administrativos.
d- Se verificará el cumplimiento de los registros legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
59.- La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas estará constituida por:
a- El Presidente, la Sección de Fiscalización y los Consejeros de cuentas.
b- El Pleno, la Fiscalía, la Secretaría General y los Consejeros de cuentas.
c- El Presidente del tribunal y los consejeros de cuentas Presidentes de Sección.
d- Los Consejeros de cuentas, el Presidente y la Secretaría General.
60.- La Ley 30/1984 establece en su artículo 23 cuatro tipos de retribuciones complementarias:
a- Complemento de destino, complemento específico, gratificación e indemnización por residencia.
b- Complemento de destino, complemento específico, gratificaciones y productividad.
c- Complemento de destino, complemento específico, productividad e indemnización por razón del servicio.
d- Complemento de destino, complemento específico, productividad, e indemnización por residencia.
61.- Las altas en nóminas pueden ser:
a- Por cambio de puesto de trabajo, por modificaciones RPT y por traslado.
b- Por cambio de cuerpo, por consolidación de grado y por reingreso al servicio activo.
c- Por nuevo ingreso, por reingreso al servicio activo o procedente de otras situaciones.
d- Por formalización, por traslado y por cambio de cuerpo.
62.- Según el apartado 5.1.5 de la Orden de 30 de junio de 1992, sobre confección de nómina, se consideran deducciones formalizables, entre otras, las siguientes:
a- Deducciones por cuota de Muface, Isfas, Mugeju y cuota al Régimen General de la Seguridad Social.
b- Deducciones por IRPF, por cuota de derechos pasivos y por reintegro de anticipos del personal de la Administración del Estado.
c- Deducciones por cuota al Régimen General de la Seguridad Soc ial, por IRPF y por cuota de Muface.
d- Deducciones de la cotización al Régimen General de la Seguridad Social, cuota de derechos pasivos y cuota de Muface.
63.- La integración de los profesores de EGB de IIPP en el Cuerpo Nacional de Maestros, se llevó a cabo por:
a- Real Decreto 1203/99, de 9 de julio.
b- Real Decreto 701/96, de 7 de marzo.
c- Real Decreto 1015/2000, de 20 de julio.
d- Real Decreto 728/2001, de 9 de abril.
64.- No corresponde a las Administraciones Públicas:
a- Llevar a cabo la actividad docente de acuerdo con las programaciones anuales que se aprueben.
b- La planificación, programación y organización de las actividades educativas.
c- La selección y el nombramiento del personal docente.
d- Asegurar la dotación económica para gastos de funcionamiento.
65.- La aprobación de la programación de cursos de formación profesional a realizar durante el año en el Centro Penitenciario, es competencia:
c- OATPYFE.
d- Coordinador de Formación.
66.- La determinación de los requisitos que deben reunir los internos participantes en los diferentes cursos de formación profesional, es competencia de:
a- Junta de Tratamiento.
b- Consejo de Dirección.
67.- La autorización de ayudas para gastos asistenciales de los internos es competencia de:
a- Gestor Económico-Administrativo.
b- Administrador.
c- Director.
d- Subdirector de Tratamiento.
68.- Entre los vocales de la Comisión de Asistencia Social no figura:
a- El Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b- Director General de Servicios Sociales y Dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
c- Un representante de la Federación de Municipios y Provincias.
d- El Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
69.- La extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará por:
b- El Director del Centro, en su calidad de Delegado del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
d- El Director General de Instituciones Penitenciarias como Presidente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
70.- El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se encuentra regulado por:
a- Real Decreto 868/2005, de 15 de julio
b- Real Decreto 755/2005, de 20 de julio
c- Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo
d- Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.
71.- La relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, se regula por:
a- Real Decreto 782/2001, de 6 de julio
b- Real Decreto 690/1996, de 26 de abril
c- Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio
d- Real Decreto 1201/2001, de 8 de marzo.
72.- La selección de internos para la realización de un puesto de trabajo en los talleres productivos del Centro, corresponde:
a- A la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
73.- Los internos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones, serán clasificados en las siguientes categorías:
a- Operario base, operario superior.
b- Operario base, operario intermedio, operario superior.
c- Aprendiz, operario base, especialista.
d- Operario base, operario especialista.
74.- La comunicación de las bajas y variaciones de los datos de los trabajadores sujetos al régimen de relación especial penitenciaria, se comunicarán por el Centro Penitenciario en el plazo de:
a- 5 días naturales.
b- 6 días naturales.
c- 10 días naturales.
d- 15 días naturales.
75.- Para la compra de materias primas para talleres productivos, cuando son gestionados por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se requiere solicitud de un mínimo de:
a- Dos ofertas cuando es superior a 200.000 pesetas.
b- Tres ofertas cuando es superior a 200.000 pesetas.
c- Dos ofertas cuando es superior a 150.000 pesetas.
d- Tres ofertas cuando es superior a 150.000 pesetas.
76.- Para la elaboración de la ficha de costes de producción se tendrá en cuenta, entre otros gastos, el beneficio industrial que oscila en un porcentaje entre el:
a- 5 y 10%.
b- 7 y 15%.
c- 7 y 20%.
d- 10 y 15%.
77.- Actualmente el valor del racionado de un interno de enfermería, conforme a la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2004, en un Centro Penitenciario de grupo I, se fija en:
a- 6,85 euros.
b- 6,04 euros.
c- 5,65 euros.
d- 5,30 euros.
78.- El trabajo desempeñado por los internos en los servicios de cafetería, tendrá la naturaleza de relación especial penitenciaria:
b- Cuando sean gestionados por el Organismo Autónomo Trabajo y Formación para el Empleo.
c- Cuando sean gestionados por el Organismo Autónomo Trabajo y Formación para el Empleo o por una empresa externa adjudicataria del servicio.
79.- En el supuesto de gestión del servicio de Economato por la propia Administración Penitenciaria, se entenderán por beneficios los obtenidos una vez deducidos:
a- Los gastos correspondientes a la compra de géneros y la depreciación de existencias.
b-Los gastos correspondientes a la compra de géneros, las recompensas a internos y la depreciación de existencias.
c- Los gastos correspondientes a la compra de géneros y la depreciación de existencias, incrementados en un 10% para hacer frente a gastos extraordinarios.
d- Los gastos correspondientes a la compra de géneros y la depreciación de existencias, incrementados en un 15% para hacer frente a gastos extraordinarios.
80.- La Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2004, por lo que se actualizan las consignaciones económicas para la alimentación de los internos, distingue entre Centros Penitenciarios de.
a- Menos de 150 internos, entre 150 a 400 internos, más de 400 internos.
b- Menos de 150 internos, entre 150 a 400 internos, más de 500 internos.
c- Menos de 200 internos, entre 200 a 400 internos, más de 400 internos.
d- Menos de 200 internos, entre 200 a 500 internos, más de 500 internos.
81.- En virtud de Acuerdo de 1 de diciembre de 1997 entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se encomienda a éste la gestión de los Economatos de los Centros Penitenciarios mediante la fórmula de taller productivo de algunos Centros, entre los que no figura:
a- Albacete.
b- Algeciras.
c- Bilbao.
d- Pamplona.
82.- La transferencia de los saldos de la cuenta restringida de ingresos del Economato a la cuenta del Banco de España, se realizará:
a- Los días 5 y 20 de cada mes.
b- Los días 1 y 15 de cada mes.
c- Los días 1 y 20 de cada mes.
d- Los días 5 y 15 de cada mes.
83.- Para la compra de materias primas para el servicio de cocina, será suficiente como justificante la factura de compras:
a- Hasta 200.000 pesetas por proveedor y mes.
b- Hasta 250.000 pesetas por proveedor y mes.
c- Hasta 500.000 pesetas por proveedor y mes.
d- Hasta 2.000.000 pesetas por proveedor y mes.
84.- Uno de los siguientes principios activos, actúa como depresor del sistema nervioso central:
a- Morfina.
b- Cafeína.
c- Atropinas.
d- Cocaína.
85.- La intervención terapéutica con drogodependencias realizada con metadona, y de acuerdo con la clasificación que de estas intervenciones realiza la OMS, es:
a- De prevención primaria.
b- De prevención secundaria.
c- De prevención terciaria.
d- Bio-psico-social.
86.- Los funcionarios de la Administración General del Estado tienen derecho a fundar un sindicato:
a- Sin autorización previa.
b- Con previa comunicación a las autoridades administrativas, sin realizar otro trámite.
c- Con conocimiento de las secciones sindicales ya constituidas que sean más representativas.
d- Con renuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de no realizar huelgas.
87.- Para que un sindicato establezca una sección sindical, es necesario:
a- Que dispongan de un mínimo de afiliados.
a- Disponer de personalidad jurídica
a- Tener implantación en el territorio donde se vaya a ubicar la misma
a- Haber participado en las últimas elecciones sindicales.
88.- El acceso a la función pública sin discriminación alguna por razón de sexo, se concreta, entre otros, en el siguiente artículo de la Constitución Española:
a- Artículo 34
b- Artículo 48
c- Artículo 23
d- Artículo 93
89.- Las unidades electorales de las Administraciones Públicas para la elección de las Juntas de Personal están determinadas:
a- Por cada centro de trabajo.
b- Solo se regulan en los servicios centrales de las Unidades Administrativas.
c- Conforme al artículo 7º de la ley 9/1987, de 12 de junio (LOR).
d- Conforme al artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores.
90.- De los siguientes órganos de representación de los trabajadores, señale el que carece de facultades de negociación:
a- Comité de empresa.
b- Mesas de Negociación.
c- Juntas de Personal.
d- Las entidades locales.
91.- En las elecciones de las Juntas y Delegados de Personal, pueden presentar candidatura:
a- Solo las organizaciones sindicales.
b- Solo las coaliciones de las organizaciones sindicales.
c- En cada unidad electoral, solo las avaladas por un número de electores que supongan al menos el triple de los miembros a elegir.
d- Cualquiera de los tres supuestos anteriores.
92.- En el ámbito funcionarial, los representantes sindicales que son elegidos mediante listas abiertas, son:
a- Los miembros de la Junta de Personal.
b- Los delegados de Personal.
c- Los miembros de los Comités de Empresa.
d- Los delegados de personal de las Comunidades Autónomas.
93.- Respecto a sistemas operativos. Señala la respuesta correcta:
a- Windows es un sistema operativo multitarea. Unix no.
b- Unix es un sistema operativo multitarea, Windows no.
c- Windows y Unix son sistemas operativos multitarea.
d- Ni Windows ni Unix son sistemas operativos multitarea.
94.- Cuál de las siguientes funciones no es realizada por el sistema operativo.
a- Gestionar el sistema de ficheros.
b- Gestionar las bases de datos del usuario.
c- Gestionar los dispositivos (monitor, teclado, disco, etc...)
d- Optimizar los recursos del sistema.
95.- El lenguaje de interrogación estándar se conoce como:
a- SQL.
b- OQL.
c- RDBMS.
d- ODBMS.
96.- El lenguaje de programación común para las bases generales de datos se denomina:
a- ACCES.
b- ORACLE.
c- LINUX.
d- ANSI SQL.
97.- El Sistema de Información de Gestión Penitenciaria (SIP) utiliza una clave para agrupar la información que sus distintos programas tienen sobre los internos penitenciarios. Esta clave se denomina:
a- FONETICA.
b- ALFAFONETICA.
c- NIS.
d- FORMULARIO.
98.- La mayoría de los programas del núcleo básico del Sistema de Información de Gestión Penitenciaria (SIP), requieren que antes de introducir datos de un hecho dado, se debe de relacionar este con:
a- Una vicisitud.
b- Una fecha.
d- Una tabla.
99.- ¿Cuál es la función de un cortafuegos o firewall?
a- Detectar y eliminar los virus ya existentes en un computador.
b- Detectar y eliminar los correos electrónicos no deseados también llamados SPAM.
c- Proteger las vías de acceso, estableciendo un control del tráfico de entrada y salida, del computador o de la red.
d- Proteger a un modem o a una tarjeta de red de fallos físicos o electrónicos, evitando su mal funcionamiento.
100.- ¿Cuál es la función de un router?
a- Interconectar distintos ordenadores o redes y realizar el encaminamiento necesario entre ellos.
b- Controlar el contenido de cada mensaje en la red para detectar virus.
c- Administrar de forma remota todos los equipos de la red a la que está conectado.
d- Almacenar los correos electrónicos que provienen de Internet a la espera de la recogida por parte de la computadora del usuario mediante POP3.

References: artículo 7
 artículo 214
 artículo 15
 artículo 68
 artículo 75
 artículo 72
 artículo 68
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 76
 resolución 
 artículo 251
 artículo 134
 artículo 35
 artículo 33
 artículo 20
 artículo 73
 artículo 73
 Real Decreto 
 artículo 150
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 34
 Artículo 48
 Artículo 23
 Artículo 93
 artículo 7
 artículo 63