Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-134-17.htm
Timestamp: 2018-05-25 03:26:39+00:00

Document:
C-134-17
Sentencia C-134/17
NORMA PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y REGIMEN DE LA REPRESENTACION LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS-Contraría el principio de la dignidad humana establecido en el artículo primero de la Constitución Política
En la estructuración del problema jurídico la Corte Constitucional se preguntó si resultaba violatorio del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución, el hecho de condicionar la rehabilitación del incapaz relativo, a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores dentro del concurso. Para resolver el asunto la Sala efectuó el examen del segmento demandado, analizando las reglas de protección de las personas en condición de discapacidad previstas en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, procediendo luego al examen del principio y derecho fundamental de la dignidad humana en el caso concreto. Respecto de la Ley 1306 de 2009, la Corporación recordó que el objeto de esa ley es “la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, precisando además que la directriz de interpretación y aplicación de sus normas, está en “La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales”. Efectuado lo anterior la Corte Constitucional se ocupó del principio y derecho fundamental de la dignidad, refiriendo tanto el desarrollo de las líneas jurisprudenciales identificadas en la Sentencia T-881 de 2002, como el fundamento de dicho principio, bajo cuyo desarrollo fue establecida la regla que prohíbe el uso o la instrumentalización del ser humano por parte de otro de otro sujeto, de una corporación o el propio Estado, precisando que todas las personas somos un fin en sí mismas y que no podemos ser sometidos a ser medios o instrumentos para los fines de otros. Desde los anteriores presupuestos se procedió al examen del segmento demandado, en aplicación de la regla que prohíbe la instrumentalización de los seres humanos, encontrando la Sala en el caso concreto, que el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 contraría el principio de la dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico – jurídica de la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando además, que el sistema jurídico ha establecido diversas acciones procesales destinadas a la efectividad de las deudas, sin que resulte necesario mantener la condición de inhabilidad de quien clínicamente ha superado la situación de discapacidad.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones de inconstitucionalidad/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
Las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.”
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-inhibición por derogatoria del enunciado demandado
(…) El artículo 71 de la Ley 57 de 1887 establece su régimen de la siguiente manera: “Artículo 71. Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial.” (…) Finalmente se tiene la derogación orgánica que ocurre cuando la nueva ley “regula íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería”, precisando la Corte, que no se requiere de manera necesaria que haya incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, pues “puede tener características de la derogación expresa y tácita, en el sentido en que el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o que le corresponda al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva normativa”.
INHIBICION POR DEROGATORIA DEL ENUNCIADO DEMANDADO-Certeza acerca de la pérdida de vigencia de la norma derogada
Alrededor de la derogatoria tácita y de la eventual emisión de fallo inhibitorio como consecuencia de ella, la Corte ha precisado que para que proceda dicho fallo, debe existir certeza acerca de la pérdida de vigencia de la norma derogada, como se afirmó en la Sentencia C-419 de 2002 al señalar que “Cuando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría estar produciendo efectos”.
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA Y RELATIVA EN CODIGO CIVIL-Definición
“Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”, y precisa que la calificación de dicha discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, bajo una nomenclatura internacionalmente aceptada. (…) El enunciado demandado se encuentra dentro de la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa, cuya regulación comprende los artículos 32 a 39, que prevén la existencia de tres variedades: la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y la inhabilitación provisional.
INHABILITACIONES-Definición y clasificación
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Contenido y alcance
DIGNIDAD HUMANA-Principio y derecho fundamental
DIGNIDAD HUMANA-En el plano del derecho legal
El derecho legislativo presenta diversos escenarios de despliegue del principio de dignidad, en el que opera (i) como fundamento de otros derechos y (ii) como el derecho fundamental que tienen las personas, a un cierto trato, al trato digno. (…) se tiene que el derecho legal reconoce plenamente la vigencia y la importancia del principio de la dignidad, la que es incluida dentro de los principios rectores de los principales estatutos legales, bajo dos contenidos fundamentales: (i) como fundamento de los demás derechos, y (ii) como regla del trato digno que debe ser dado a todas las personas, especialmente a aquellas que son sujetos de especial protección constitucional como ocurre con los menores de edad, las víctimas y las personas en condición de discapacidad.
DIGNIDAD HUMANA-En la Constitución Política
DIGNIDAD HUMANA-Líneas jurisprudenciales/DIGNIDAD HUMANA-Precedente
Además de resolver el caso y de amparar los derechos de los accionantes y demás personas afectadas, el Sentencia T-881 de 2002 identificó los contenidos del principio de dignidad y las seis líneas jurisprudenciales dispuestas por la Corte alrededor de este derecho, las que fueron presentadas en dos grupos, articulados desde el punto desde el punto de vista de la función del derecho de dignidad (i) y desde el punto de vista del objeto de protección de la dignidad (ii). (…) La Corte Constitucional desde el comienzo de su jurisprudencia se preguntó por el fundamento y los contenidos de la dignidad, afirmando que el principio y derecho fundamental de dignidad es superior a todos los demás, hasta el punto de ser el fundamento de todos los derechos, derivando su contenido de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano que señala: “El imperativo práctico será así pues el siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca meramente como medio” (cursiva dentro del texto), todo ello en la idea concreta de impedir la instrumentalización o el uso de un ser humano por el Estado, por otro sujeto, o por una corporación, considerando a los seres humanos como sujetos y no como objetos para otro. De este modo se afirmó y aceptó desde el comienzo, que “la dignidad humana es el valor supremo del Estado social de derecho”.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados
Bogotá D.C., marzo primero (1) de dos mil dieciséis (2017)
En ejercicio de la acción pública consagrada en el numeral 6 del artículo 40 y el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Lorena Andrea Boada Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez, interpusieron acción pública de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, por considerar que violaba los artículos 1 (que establece el Estado social de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de dignidad de la persona humana, entre otros), 15 (derecho a la intimidad personal y familiar y buen nombre) y 158 (principio de identidad y unidad de materia de los proyectos de ley) de la Constitución Política.
La Corte Constitucional mediante Auto de julio 25 de 2016, resolvió inadmitir los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra los artículos 15 y 158 de la Constitución, admitiendo la demanda únicamente respecto de los cargos que señalaban la violación del artículo 1 de la Constitución Política. Adicionalmente ordenó fijar en lista el proceso durante el término de diez días, comunicar la iniciación del mismo a numerosas autoridades públicas, así como invitar a diversas universidades, a la Superintendencia de Sociedades, a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA y la Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO, para que intervinieran dentro del proceso. El numeral séptimo del auto le concedió al accionante un término de tres días, para que procediera a corregir la demanda en relación con lo inadmitido.
El anterior auto fue notificado por estado y el 29 de julio de 2016, dentro del término de ejecutoria, los demandantes presentaron escrito de corrección de la demanda, para que fuera considerado. Finalmente la Corte profirió el Auto del 12 de agosto de 2016, en el que consideró que la demanda de inconstitucionalidad no había sido subsanada en debida forma, resolviendo admitir la misma únicamente por el cargo de violación del artículo 1 de la Constitución y rechazarla definitivamente por los cargos de violación de los artículos 15 y 158 de la Constitución.
“ARTÍCULO 38. REHABILITACIÓN DEL INHABILITADO. El Juez decretará la rehabilitación del inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.
El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso.”
III. LA DEMANDA[1]
El segmento acusado establece el derecho que tiene el fallido a obtener su rehabilitación, pero dispone como condición previa, que “haya satisfecho a los deudores que se hicieren presentes en el concurso”.
En opinión de los demandantes ese enunciado es inconstitucional por ser violatorio del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, al condicionar el derecho a la rehabilitación (que el demandante considera es “personalismo”), a que se satisfagan previamente los créditos de los acreedores (afirman los demandantes que si bien la norma habla de deudores, ha de entenderse que se trata de los acreedores del inhabilitado), en el evento de encontrarse este en estado de insolvencia. De este modo, afirman los demandantes, la norma impugnada pretende que una persona inmersa en estado de quiebra o de insolvencia y adicionalmente inhabilitada, tenga que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.
Los accionantes consideraron que la anterior exigencia es “aberrante, irracional y totalmente desproporcionada desde la óptica de la dignidad humana”[2], en tanto que se hace depender una condición personal y un derecho fundamental, de la satisfacción de una prestación económica.
Como fundamento de su solicitud, los accionantes transcriben algunos pasajes de la Sentencia T-881 de 2002 de la Corte Constitucional, relacionados con dos cuestiones: Con las líneas jurisprudenciales dispuestas por la Corte alrededor del principio de dignidad humana; y con el contenido de ese mismo principio, de acuerdo con el cual, la dignidad humana está vinculada con tres ámbitos de la persona: “la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual), presupuesto para la realización el proyecto de vida”.
En su momento el Auto admisorio de la demanda de julio 25 de 2016 consideró, que el cargo de inconstitucionalidad consistía en que “El legislador, al condicionar la rehabilitación de un fallido a la satisfacción de los créditos que se reconocieron en un concurso de acreedores, vulnera el principio de dignidad humana, en la medida en que la libre disposición del patrimonio de un ser humano, no puede depender del querer de terceros”[3].
En total fueron presentadas ocho intervenciones ante la Corte Constitucional. Seis de ellas solicitaron la declaratoria de inexequibilidad del segmento demandado, y tan solo una, la de la Universidad del Rosario, solicitó la declaratoria de exequibilidad condicionada del mismo. Adicionalmente la Superintendencia de Sociedades le solicitó a la Corte Constitucional que se declarara inhibida de pronunciarse, pues en su opinión ha operado la derogatoria tácita del enunciado demandado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 531 a 576 de la Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, los que han dispuesto un nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. A continuación se describen los elementos argumentales de cada una de estas.
1. Ministerio de Justicia y del Derecho[4]
Este Ministerio solicitó la inexequibilidad del enunciado demandado, considerando que el mismo es violatorio de la Constitución, en tanto que la declaratoria de inhabilitación busca la protección de los individuos que han sido declarados inhábiles, mientras que las expresiones cuestionadas establecen una sanción que afecta la integridad de la dignidad humana. Específicamente dijo el interviniente:
“En este sentido es claro que la inhabilitación constituye una restricción al ejercicio de la capacidad jurídica para quienes no tengan afecciones que los limiten considerablemente en sus actuaciones sociales, que busca la protección patrimonial de estos individuos, pero el ámbito de aplicación de esta medida debe garantizar la individualidad y la dignidad del sujeto.
Así las cosas, condicionar la obtención del ejercicio pleno de la capacidad jurídica de los sujetos inmersos en procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes, a intereses económicos de terceros, constituye un quebrantamiento a la dignidad humana en la medida en que a cada persona se le debe garantizar su libertad de autodeterminarse con el mínimo de restricciones, de igual forma el hecho de condicionar la rehabilitación a la satisfacción de los acreedores, implicaría que esta medida pierda el sentido por el cual fue creada según la Ley 1306 de 2009, en orden a asegurar la protección del inhabilitado y no para sancionarlo”[5].
En Ministerio se preguntó si la condición de satisfacer las deudas para obtener la rehabilitación, era o no contraria a la Constitución y para responder, examinó la figura de la inhabilitación como una restricción de la capacidad jurídica que busca la protección de los sujetos que son inhabilitados, señalando desde allí su inconstitucionalidad. Para el efecto refirió el contenido de la Sentencia T-881 de 2002, que entre otros elementos, entiende la dignidad como el derecho de mantenerse socialmente activo, así como la Sentencia C-336 de 2008, de acuerdo con la cual la dignidad consiste también, en el derecho que tienen las personas a las condiciones de vida materiales e inmateriales necesarias para articular su proyecto de vida.
Como elemento concurrente señaló el Ministerio, que puede suceder que el proceso liquidatario nunca termine, con lo cual se instalaría una sanción permanente, afirmando además, que si de lo que se trata es de la recuperación de los créditos de los acreedores, estos cuentan con otras medidas judiciales que les brinda el sistema jurídico, como son las dispuestas entre los artículos 531 a 576 del Código General del Proceso, donde se consagran figuras como la liquidación patrimonial y las medidas necesarias para dar solución las obligaciones económicas de las personas naturales no comerciantes.
Finalmente la intervención hizo referencia al Concepto aportado por la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que se afirma la inconstitucionalidad del segmento demandado, precisando que medidas como las adoptadas olvidan que la dignidad humana exige un trato especial para el individuo, que permita considerar a la persona como un fin en sí mismo por parte del Estado, afirmando lo siguiente:
“Así las cosas, partimos de que la inhabilitación per se es contraria al bloque de constitucionalidad y no supera el control de convencionalidad; adicionalmente, contemplar que la figura de la rehabilitación de las personas bajo inhabilitación está supeditada a la satisfacción de obligaciones de carácter económico, no sólo es un despropósito, sino que es un precepto inconstitucional que supedita el ejercicio pleno de los derechos que son transversales a la capacidad jurídica de las personas, a la satisfacción de obligaciones monetarias”[6].
Esta entidad fue la única que consideró constitucionales las expresiones demandadas, pero bajo condición. En este sentido solicitó la exequibilidad del sintagma, “siempre que por ‘deudores’ deba o interpretarse acreedores, y que ‘haya satisfecho’ se entienda en el sentido de que no son los acreedores quienes están facultados para expresar tal satisfacción, sino que depende exclusivamente del juez la consideración de entender satisfechos los intereses de los mismos”[8]. Como consideración central señaló lo siguiente:
“Ahora bien, descendiendo al caso concreto, el artículo 38 inciso segundo de esa ley, no vulnera la dignidad humana de las personas con discapacidad sujetas a una medida de protección e inhabilidad, pues no es cierto que pretenda condicionar la decisión de devolver la plena capacidad jurídica a una persona a la voluntad de los acreedores que concurran al proceso concursal. A esta conclusión se llega, tras realizar una interpretación sistemática de la ley 1306 de 2009, de la Ley 1116 de 2006 y el Código General del Proceso.”[9]
En lo que llamó la “interpretación sistemática” de algunas normas, se tuvo lo siguiente: De la Ley 1306 de 2009 afirmó la Universidad, que las medidas de inhabilitación no son formas sancionatorias que pretendan intimidar a la comunidad, sino que son medidas de protección que se toman con base en dictámenes médicos. De la Ley 1116 de 2006 nada dijo el interviniente en su interpretación sistemática, y de la Ley 1564 de 2012 se limitó a decir, que los artículos 563 y siguientes de ese Código buscan el pago a los acreedores del concurso con los bienes del deudor, para que una vez satisfecha la obligación, pueda “reincorporarse a la vida negocial en un estado de equilibrio patrimonial”.
Por lo demás, dijo esa Universidad, que condicionar el restablecimiento del inhabilitado al pago de las deudas “resulta razonable y persigue un fin legítimo”, y que redunda en el propio bien del inhabilitado, pues le evita otros procesos judiciales.
3. Universidad Santo Tomás[10]
El Profesor Carlos Rodríguez Neira intervino dentro del proceso en nombre de la Universidad Santo Tomás, solicitando la declaratoria de inexequibilidad del inciso demandado.
Como punto de partida de su razonamiento, diferenció con la Sentencia C-021 de 2015, entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa, comprendida dentro del artículo 32 de la Ley 1306 de 2009 y relacionada con las medidas de inhabilitación que pueden ser redimidas, en el caso específico del fallido, mediante el pago de sus deudas, entre otros requisitos.
Precisado lo anterior, la intervención desarrolló el marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad, relacionando normas especiales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999, para desde allí referir otros documentos internacionales relacionados con el principio de dignidad, como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de 1988, mencionando algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poniendo de relieve el carácter protector de las normas, la importancia de la dignidad y la calidad de sujetos de especial protección que tienen las personas que han sido declaradas inhábiles. Como elemento central de su argumentación señaló el interviniente:
“Es por todo lo anterior que se solicita a la Corte Constitucional que declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la norma impugnada, pues desconoce abiertamente los postulados constitucionales y de carácter internacional que protegen y reconocen a las personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, y que al dejarlos desproveídos de mecanismos para garantizar su igualdad con las personas sin esta condición, se estaría vulnerando directamente el artículo 1 de la Constitución en lo que hace referencia a la dignidad humana, pues no conoce dicho carácter especial y no asegura las condiciones de vida adecuadas dentro de la sociedad para dichas personas que por su incapacidad relativa se les imposibilita la realización de ciertos negocios jurídicos, y más aún cuando están optando por la rehabilitación, pues durante el proceso anterior se parte de la idea que al no poder realizar negocios jurídicos tampoco pueden trabajar o conseguir los medios para solventar sus deudas.”[11] (Resaltado dentro del texto)
4. Universidad Libre. Sede Bogotá
Los profesores Jorge Kenneth Burbano Villamarín y Gustavo Alejandro Castro Escalante intervinieron dentro de este proceso, apoyando la solicitud de inexequibilidad formulada por los demandantes. Como fundamento de su intervención, hicieron un análisis de los artículos de la Ley 1306 de 2009 que diferencian entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa, refiriendo desde allí la medida de inhabilitación establecida en el artículo 32 de la ley, y la medida de inhabilitación accesoria, dispuesta en el artículo 33, censurando el carácter sancionatorio que le fue dado. Así dijeron que:
“En virtud de lo anterior, es claro que todo el concepto de inhabilitación accesoria dentro de los procesos concursales o los de insolvencia implica sanción excesiva e inconstitucional, la cual desconoce la naturaleza de los principios rectores de la Ley 1306 de 2009, puesto que la ley propende por un sistema inclusivo y además de ello respetuoso de los derechos fundamentales de quien es sometido a sus procedimientos y reglas; pero en contravía de ellos aparece la figura de la inhabilidad accesoria como una norma sancionatoria que limita la capacidad negocial por el simple resultado objetivo de entrar en uno de los procesos mencionados”[12].
Considerado lo anterior, señalaron los intervinientes que la exigencia de satisfacer las obligaciones patrimoniales para proceder a la rehabilitación resultaba inconstitucional por varias razones: en primer término, porque constituía una carga excesiva para la persona afectada; en segundo lugar, porque traía inconsecuencias, como ocurriría en aquellos casos en los que las obligaciones se extinguieran en virtud del tiempo y por lo mismo, no fuese necesario restablecerlas; y principalmente, porque la medida no tiene justificación constitucional, en tanto que no beneficia al acreedor, pues a lo sumo, impediría que el inhabilitado no contraiga nuevas deudas que tengan prelación respecto de las del acreedor ya reconocido.
5. Superintendencia de Sociedades[13]
En su escrito de intervención, la Superintendencia de Sociedades solicita la emisión de un fallo inhibitorio, por considerar que la disposición demandada fue derogada por la Ley 1564 de 2012, que contiene el Código General del Proceso. Al respecto el interviniente señaló lo siguiente:
“Nuestro régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante previó un escenario de rehabilitación automática del deudor que se acoge a él, sin necesidad de someter al deudor a la tutela de un administrador, curador o guardador. En esto se diferencia de otros regímenes, como el Inzolvenzordnung alemán, el Privatkonkurs austríaco o el Bankruptcy norteamericano, que prevén el sometimiento del deudor a mecanismos de tutela fiduciaria, a través de un trustee o fiduciario judicial, durante un período posterior a la descarga de las obligaciones del deudor.
La filosofía del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y su concreción en cada una de las figuras que lo integran son absolutamente incompatibles con un régimen de inhabilitaciones como el previsto en la Ley 1309 de 2009. Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse que el Código General del Proceso derogó tácitamente los artículos 33, 38 inciso segundo y 78 numeral 3 de la Ley 1306 de 2009”.[14]
Como argumento a su solicitud, la Superintendencia refirió algunos informes de ponencia del trámite del proyecto de ley del Código General del Proceso en el Congreso de la República, señalando que al considerar los debates surtidos durante el trámite del mismo, resulta evidente la voluntad del legislador de establecer un régimen que permitiese la rehabilitación automática del deudor persona natural no comerciante, en vez de uno que previese su inhabilitación, indicando la existencia de algunas reglas especiales del Código General del Proceso que permiten la actuación directa de la persona puesta en insolvencia para disponer de sus intereses.
6. Universidad de Cartagena[15]
El profesor Milton José Pereira Blanco intervino en nombre del Universidad de Cartagena, solicitando la declaratoria de inexequibilidad del enunciado demandado, por considerarlo violatorio del principio de dignidad y del derecho a libertad, mediante un escrito que fue dividido en tres zonas temáticas destinadas a la dignidad humana en el sistema constitucional colombiano, a la protección jurídica de las personas en condición de discapacidad mental, y a la existencia de límites del derecho de los acreedores a obtener la satisfacción de sus créditos.
El escrito efectuó una presentación del principio de dignidad humana desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como de los derechos de las personas en condición de discapacidad en tres niveles: el de las normas constitucionales, el de los instrumentos internacionales en los que Colombia es Estado Parte y desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, poniendo de relieve la obligación que tienen todos los Estados, de propiciar la plena integración a la sociedad de todas las personas en condición de discapacidad.
Al confrontar la medida con los derechos de los que son titulares los acreedores, precisó que no se cuestionaba la facultad del legislador de inhabilitar a algunas personas para realizar cierta clase de negocios, en virtud de su incapacidad relativa. Lo que se cuestiona, es que se utilice la inhabilidad de la persona como prenda general de las obligaciones del deudor, lo que ciertamente es inconstitucional.
Como tesis central señaló el interviniente, que “la norma bajo examen no puede someter a un sujeto a permanecer en estado de incapacidad relativa bajo la condición de pagar a sus acreedores que se hicieron presentes en el concurso. En ese sentido, ese condicionamiento, debe ser retirado del ordenamiento jurídico, pues, la medida es desproporcional (subprincipio de adecuación) frente a los fines que persigue, esto es, la garantía de pago a los acreedores concursales”[16], resultando por lo mismo violatorio de la dignidad humana y de la libertad personal, así como de los derechos de las personas en condición de discapacidad.
La profesora Ingrid Duque Martínez intervino en calidad de docente del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, planteando la inconstitucionalidad del segmento demandado. Como punto de partida de su análisis jurídico, ubicó lo cuestionado en el contexto general de la Ley 1306 de 2009, vinculándola con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2009, poniendo de relieve los siguientes elementos:
Que el objeto de esa ley es la protección y la inclusión social de la persona en condición de discapacidad o de aquella que ha incurrido en conductas que hayan conducido a su inhabilitación; que la directriz de interpretación y de aplicación de esa ley, es la protección de la persona en condición de discapacidad y la protección de sus derechos fundamentales; que el objetivo de las guardas y de las consejerías es la rehabilitación y el bienestar del afectado con ellas; y que el artículo 3 de esa ley estableció ocho principios de protección y garantía de los derechos de aquellas personas, siendo el primero de ellos: “a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia”, precisando además en el inciso final, que “Estos principios tienen fuerza vinculante prevaleciendo sobre las demás normas contenidas en esta ley”.
Determinado el escenario interpretativo, el texto examinó la figura de la incapacidad mental relativa, que da lugar a la medida de la inhabilitación, misma que tiene como efecto, la incapacidad relativa de la persona frente a determinados actos y negocios, que origina el nombramiento de un tercero, el consejero, que asistirá al sujeto en los actos sobre los que recayó la incapacidad, lo que será dispuesto por un juez distinto al juez de familia (quien es el juez natural en casos de incapacidad), procediendo a la formulación de la tesis:
“De todo lo anterior se puede concluir que las disposiciones analizadas de la inhabilitación accesoria y el hecho de impedir que la persona solicite su rehabilitación y adquiera nuevamente su capacidad legal plena, si no tiene posibilidades o medios económicos para pagar sus obligaciones, va en contra del fin constitucionalmente válido que busca la norma, que es la protección de la persona y de sus derechos fundamentales. Al contrario, con las disposiciones mencionadas se instrumentaliza al sujeto y se limitan sus derechos fundamentales por aspectos netamente patrimoniales, situación a todas luces contraria a los principios de dignidad humana, autonomía individual, independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”[17].
V. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO[18]
Mediante escrito radicado el 28 de septiembre de 2016, el Ministerio Público solicitó a la Corte declarar inexequible el segmento demandado. La tesis de la Procuraduría fue la siguiente:
“Finalmente es necesario señalar que una exigencia a semejanza de la contenida en la norma acusada vulnera también los principios fundamentes del Estado Social de Derecho según el cual a los ciudadanos no solo se les reconoce un listado de derechos sino que se les debe proteger la efectividad de los mismos haciendo posible su participación en las decisiones que los afecten. Si se declarase exequible el requisito demandado, la efectividad de los derechos de una persona clínicamente capaz, se verían ocluidos y no podría esta persona decidir cuál es la mejor o más rentable manera de solventar sus deudas, así como también se verían reducidos y vulnerados los derechos personalísimos que se derivan de la autonomía proveniente de la recuperación de sus capacidades mentales.
En consideración de lo anterior, esta jefatura considera que la norma acusada es contraria a los mandatos superiores concernientes a la dignidad humana y al Estado social de derecho porque en caso que se establezca, de acuerdo con las evaluaciones técnicas sobre el comportamiento que una persona puede ser declarada por el juez como rehabilitada, la efectividad de sus derechos se vería vulnerada y se le impediría ejercer su autonomía personal para escoger la mejor manera de adoptar las decisiones económicas que le afectan.”[19]
Como punto de partida de su razonamiento, el Ministerio Público se preguntó si la medida de inhabilitación se relaciona con derechos de carácter personal o únicamente con derechos de carácter patrimonial, encontrando que se trata de una medida de carácter patrimonial de conformidad con los artículos 31 a 35 de la Ley 1306 de 2009, pero relacionada con aspectos que involucran los asuntos personales, pues en casos como el demandado, bien ocurre que un mayor de edad que no necesita medidas de protección como la inhabilitación, por estar en pleno uso de sus facultades mentales, de conformidad con las determinaciones clínicas, termine siendo administrado por un perito, únicamente porque no ha satisfecho a sus deudores, razón por la cual la Procuraduría consideró que el pago de las acreencias dentro de un proceso concursal, no puede ser un condicionamiento para reconocer la autonomía de una persona clínicamente hábil para administrar su patrimonio, lo que implicaría un castigo injustificado.
Dentro de esa comprensión y a los efectos de un mejor despliegue de la acción y de la calidad de los fallos, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-1052 de 2001 comenzó a exigir que las razones de la violación señaladas por el actor en su demanda fueran claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, so pena de proferir un fallo inhibitorio, pues “de emitir la Corte un pronunciamiento de fondo con base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por los cuales se estima la violación, se estaría dando a la acción de inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza”[20].
En desarrollo de esto se dijo posteriormente en la Sentencia C-330 de 2016 (entre otros muchos fallos), citando la Sentencia C-1052 de 2001, que las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.”[21]
3.2. La Corte Constitucional ha dicho que la derogación es “el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia una disposición normativa”[22]. El artículo 71 de la Ley 57 de 1887 establece su régimen de la siguiente manera:
“Artículo 72. Alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.”
La Corte Constitucional se ha referido a las distintas modalidades de derogatoria. Así respecto de la derogatoria expresa ha dicho que ocurre “cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua, de tal suerte que no es necesaria ninguna interpretación, ‘pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o varios preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador’[23]”[24].
La derogación tácita ocurre “cuando la nueva ley regula un determinado hecho o fenómeno de manera diferente a la ley anterior, sin señalar expresamente qué disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que sólo pierden vigencia aquellas que sean incompatibles con la nueva regulación. En este evento es ‘necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer qué ley rige la materia, o si la derogación es total o parcial’.[25]” [26]
Finalmente se tiene la derogación orgánica que ocurre cuando la nueva ley “regula íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería”, precisando la Corte, que no se requiere de manera necesaria que haya incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, pues “puede tener características de la derogación expresa y tácita, en el sentido en que el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o que le corresponda al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva normativa”[27].
3.3. Alrededor de la derogatoria tácita y de la eventual emisión de fallo inhibitorio como consecuencia de ella, la Corte ha precisado que para que proceda dicho fallo, debe existir certeza acerca de la pérdida de vigencia de la norma derogada, como se afirmó en la Sentencia C-419 de 2002 al señalar que “Cuando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría estar produciendo efectos”[28].
“Artículo 1. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.
Dentro de esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha focalizado su trabajo alrededor de tres finalidades[29]: (i) procurar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas en condición de discapacidad frente a los demás miembros de la sociedad; (ii) adelantar las políticas pertinentes a lograr su rehabilitación social de acuerdo con sus condiciones y (iii) otorgar un trato especial a las personas en condición de discapacidad, que permita la eliminación de las condiciones de discriminación o marginación.
“Artículo 1. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento la dignidad humana”.
“Artículo 1. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana”.
“Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”
“Artículo 4. Dignidad. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad.”
“Artículo 3. Principios. En la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes principios:
La Sentencia T-881 de 2002 es determinante para la consideración del principio y derecho fundamental de dignidad, siendo el fallo siempre reiterado[30], por dos razones fundamentales:
i. En primer lugar, porque es el precedente obligado en materia de dignidad, hasta el punto de ser la referencia común sobre dignidad en Colombia. Se usa aquí la expresión precedente en el sentido enunciado en la Sentencia T-292 de 2006, seguido ampliamente en fallos posteriores, que lo entiende como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habrá de resolver que por su pertinencia para la solución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”[31].
ii. En segundo término, porque contiene la jurisprudencia en vigor en materia de dignidad, en el sentido de enunciar las seis líneas jurisprudenciales vigentes alrededor de este principio y derecho fundamental, que son la referencia obligada de la totalidad de los fallos en Colombia. Se usa aquí la expresión jurisprudencia en vigor en el sentido enunciado en el Auto 153 de 2015, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)”[32].
Al resolver la Corte dijo, que “los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancia en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente”[33], afirmando desde allí, que “Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución”[34] (subrayados fuera de texto)
“Esta protección especial torna constitucionalmente injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos o suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos penitenciarios, o indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana.”[35]
Además de resolver el caso y de amparar los derechos de los accionantes y demás personas afectadas, la Sentencia T-881 de 2002 identificó los contenidos del principio de dignidad y las seis líneas jurisprudenciales dispuestas por la Corte alrededor de este derecho[36], las que fueron presentadas en dos grupos, articulados desde el punto de vista de la función del derecho de dignidad (i) y desde el punto de vista del objeto de protección de la dignidad (ii).
La Dignidad como principio constitucional, como deber positivo del Estado, como mandato de optimización. En esta dimensión, la Dignidad “se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales, con el propósito de lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral”[37]. Así, se ha ordenado el trato digno de todo servidor público a las personas; los límites de las autoridades en el ejercicio de la fuerza, especialmente en situaciones de conflicto; los deberes de respeto por la integridad y dignidad de los reclusos y sus visitantes, así como deberes de abstención respecto del cuerpo de otros seres humanos.
Alrededor de la fundamentación de la dignidad han sido dispuestos diversos discursos y modelos. En este sentido Torralba describe clasificaciones que hablan de la dignidad del antrophos, dignidad del homo, dignidad del uomo, dignidad como fin en sí mismo, dignidad como autodominio, y dignidad como orden y relación entre otras ofertas. Igualmente en el plano de los sentidos de la dignidad, se habla de la dignidad ontológica, la dignidad ética y la dignidad teológica[38].
Dentro de la misma línea descriptiva Anzoátegui Roig, quien enumera algunos de los distintos modos de entender la dignidad. Así se tiene su dimensión social, que la asocia con algo externo a la persona, que el sujeto tiene en función de su posición social; o la dignidad como atributo del individuo, derivado de su propia naturaleza, que puede identificarse con un don divino o derivarse de su posición central en el cosmos, o de su naturaleza racional. Igualmente la dignidad se ha entendido como una virtud, como un mérito adquirido, como un oficio o cargo, como una cualidad intrínseca o se la ha vinculado a la posesión de derechos. Dentro de esta misma línea se ha diferenciado entre dignidad ontológica (la que tiene que ver con el valor de la persona en tanto que persona) y dignidad fenomenológica (la persona es más o menos digna en función de lo que hace o deja de hacer)[39].
7.5.1. La Corte Constitucional desde el comienzo de su jurisprudencia se preguntó por el fundamento y los contenidos de la dignidad, afirmando que el principio y derecho fundamental de dignidad es superior a todos los demás, hasta el punto de ser el fundamento de todos los derechos, derivando su contenido de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano que señala: “El imperativo práctico será así pues el siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca meramente como medio” (cursiva dentro del texto)[40], todo ello en la idea concreta de impedir la instrumentalización o el uso de un ser humano por el Estado, por otro sujeto, o por una corporación, considerando a los seres humanos como sujetos y no como objetos para otro. De este modo se afirmó y aceptó desde el comienzo, que “la dignidad humana es el valor supremo del Estado social de derecho”[41].
“3a.- Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.”[42]
El fundamento del principio de dignidad fue presentado de la siguiente manera, que se volvería punto de partida de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre dignidad[43]:
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él.”[44] (Resaltado dentro del texto)
En tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especia humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para procrear.”[45]
“En tercer lugar, porque la medida es desproporcional, en tanto que frente a la libertad de circulación reconocida en la Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, privilegia una obligación puramente patrimonial, que si bien es importante para los fines del Estado por la importancia de la fiscalidad, no es suficiente para sacrificar esa garantía fundamental e invertir la regla de separación entre las libertades públicas y la responsabilidad por deudas. Si bien no se atenta contra la buena fe de los contribuyentes extranjeros (art. 83 C.P), en la medida que la norma parte de un supuesto válido -como es que por naturaleza los extranjeros tienen ubicado su patrimonio en otro territorio donde el Estado no tiene jurisdicción para su persecución-, si se encuentra por esta Corte que el legislador interfiere desproporcionadamente en la libertad de las personas, al utilizarla como mecanismo de presión para forzar el pago de una obligación dineraria.”[46] (Resaltado fuera de texto)
La misma prohibición se contuvo en la Sentencia C-143 de 2015, oportunidad en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del inciso final del artículo 178 del Código Penal, que prevé el delito de tortura, mismo que en su tipificación proscribe la instrumentalización de las personas con el objeto de obtener información o una confesión. En dicha sentencia se reiteró que “Esta consagración se basa en la teoría iusfilosófica de origen kantiano según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana que es su dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en sí mismo”[47].
“la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tortura es un delito que atenta contra la dignidad humana para obtener resultados variados como información, castigos o coacciones; usando métodos que producen grave dolor, sufrimientos o aflicción en las víctimas, sometiendo su voluntad a la del torturador. No obstante lo anterior, también ha expresado, que los dolores o sufrimientos que son consecuencia de sanciones legítimas o inherentes a éstas quedan excluidos del concepto de tortura.”[48]
“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1).”[49] (Resaltado dentro del texto)
Si, además, a la menor se le ofrece plata para que cambie de colegio, se le insinúa que asista los sábados pero como "particular", se dice que por el embarazo se la podría entender "como una mujer dedicada a la prostitución", se le da un trato discriminatorio para "cortar el mal", habrá que concluir que se le está afectando su dignidad.”[50]
Esto mismo sucedería en otros fallos de control concreto que recogerían la misma regla y la misma fundamentación, como puede ser verificado en la Sentencia T-812 de 2008, relacionada con el caso de un trabajador con limitaciones, que fue desvinculado arbitrariamente del trabajo, respecto de la cual la Corte amparó sus derechos y ordenó el reintegro[51]; o en la Sentencia T-611 de 2013, en la que no solo se reiteró que la dignidad humana implica reconocer a la persona como un fin en sí mismo, sino que se puso de relieve su dimensión hermenéutica al señalar que esta exige “un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente a los derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los valores, derechos y libertades individuales”[52].
De acuerdo con el título asignado, esa ley contiene normas destinadas a la protección de la personas con discapacidad mental. Dentro de la misma línea, el artículo 1 reitera que la ley tiene por objeto “la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, señalando además en el inciso segundo, que la directriz de interpretación y aplicación de esas normas, está en “La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales”.
El artículo 3 de la Ley 1306 de 2009 enumera los principios para la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental, disponiendo en el inciso final, que “Estos principios tienen fuerza vinculante prevaleciendo sobre las demás normas contenidas en esta ley”. La ley prevé como principio fundamental:
“Artículo 1. Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”
8.5. La Sala considera que la condición impuesta por el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es contraria al principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico – jurídica de la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando que para tales efectos, el sistema jurídico ha establecido una panoplia de acciones procesales dispuestas en el Código General del Proceso y en otros estatutos.
En la estructuración del problema jurídico la Corte Constitucional se preguntó si resultaba violatorio del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución, el hecho de condicionar la rehabilitación del incapaz relativo, a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores dentro del concurso. Para resolver el asunto la Sala efectuó el examen del segmento demandado, analizando las reglas de protección de las personas en condición de discapacidad previstas en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, procediendo luego al examen del principio y derecho fundamental de la dignidad humana en el caso concreto.
Efectuado lo anterior la Corte Constitucional se ocupó del principio y derecho fundamental de la dignidad, refiriendo tanto el desarrollo de las líneas jurisprudenciales identificadas en la Sentencia T-881 de 2002, como el fundamento de dicho principio, bajo cuyo desarrollo fue establecida la regla que prohíbe el uso o la instrumentalización del ser humano por parte de otro, de una corporación o el propio Estado, precisando que todas las personas somos un fin en sí mismas y que no podemos ser sometidos a ser medios o instrumentos para los fines de otros.
PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009.
[1] Folios 1 a 9 del Expediente
[2] Folio 2 del Expediente
[3] Folio 17
[4] Folios 60 a 62 del Expediente
[5] Folio 61 del Expediente
[6] Folio 62 del Expediente
[7] Folios 67 a 73 del Expediente
[8] Folio 67 del Expediente
[9] Folio 70
[10] Folios 74 a 89
[11] Folio 88
[12] Folio 92
[13] Folios 96 a 99
[14] Folio 98 del Expediente
[15] Folio 123 a 130
[16] Folio 128
[17] Folio 6
[18] Folios 182 a 188 del Expediente
[19] Folio 142
[20] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 3.4.2.
[21] Sentencia C-330 de 2016 M.P. María Victoria Calle Corea, consideración jurídica No. 3.2., refiriendo los contenidos de la Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[22] Sentencia C-412 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos, consideración jurídica No. 2.1.
[23] Sentencia C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[24] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 2.1.3.1. citando las sentencias C-159 de 2004, C-823 de 2006, C-898 de 2009, C-775 de 2010 y C-901 de 2011.
[25] Cfr. Sentencias C-159 de 2004, C-775 de 2010.
[26] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 2.1.3.2. citando las sentencias C-159 de 2004, C-823 de 2006 y C-775 de 2010.
[27] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 2.1.3.3, citando Sentencia C-775 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[28] Sentencia C-419 de 2002 M.P. Margo Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3
[29] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, párrafo 31, citando la Sentencia C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa
[30] Este es el fallo de referencia en la casi totalidad de decisiones en las que esté comprometido el principio de dignidad. De hecho se viene utilizando en fallos de unificación recientes, como puede ser referenciado en la Sentencia SU-696 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[31] Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 25
[32] Auto 153 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, usando como intertexto el Auto 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[33] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 29
[34] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 29
[35] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 37
[36] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[37] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, consideración jurídica No. 24.
[38] Torralba, Francesc. ¿Qué es la dignidad humana? Herder, Barcelona, 2006
[39] Anzoátegui Roig, Francisco. Derechos fundamentales y dignidad humana. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid, Número 10, Madrid, 2011
[40] Kant, Inmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ariel, Barcelona, 1999, página 189.
[41] Sentencia C-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[42] Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía. Sección IV, Conclusiones
[43] La referencia al fundamento y la cita textual se pasaje se encuentra en numerosos fallos de la Corte en los que la variable de la decisión ha sido el principio de dignidad. Dentro de esta línea pueden ser referenciadas entre otras, las siguientes sentencias: T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-322 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T- 618 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-744 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-611 de 2013 M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre muchas otras
[44] Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía, consideración tercera
[45] Sentencia C-355 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas, consideración jurídica No. 8.1.
[46] Sentencia C-292 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 4.2.4.3.
[47] Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 3
[48] Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 4.3
[49] Sentencia T-499 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No. 1
[50] Sentencia T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[51] Sentencia T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[52] Sentencia T-611 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, consideración tercera, usando como intertexto la Sentencia T-645 de noviembre 26 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 1
 artículo 38
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 artículo 71
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 241
 artículo 38
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 artículo 32
 artículo 1
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 artículo 33
 artículo 3
 artículo 71
 artículo 178
 artículo 1
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 artículo 38
 artículo 1
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