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Timestamp: 2019-01-21 10:26:03+00:00

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﻿ Sentencia T-012 de enero 22 de 2016
SENTENCIA T-12 DE 22 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:AUTORIDADES JUDICIALES AL MOMENTO DE EMITIR SUS DECISIONES NO DEBEN DESCONOCER SITUACIÓN DE DESIGUALDAD QUE ENFRENTA LA MUJER EN DISTINTOS ESCENARIOS. SE HACE ÉNFASIS EN LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE LOS JUZGADORES DEBERÁN ANALIZAR CON RELEVANCIA CUANDO SE PRESENTEN ESCENARIOS DE DIFÍCIL ACTIVIDAD PROBATORIA. POR LO TANTO, EL ESTADO COLOMBIANO, EN SU CONJUNTO, INCLUIDOS LOS JUECES, ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE ELIMINAR CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER. POR ESA RAZÓN, ENTONCES, ES OBLIGATORIO PARA LOS JUECES INCORPORAR CRITERIOS DE GÉNERO AL SOLUCIONAR SUS CASOS. ASÍ MISMO, LOS JUECES, ADEMÁS DE RECONOCER DERECHOS, TAMBIÉN PUEDEN CONFIRMAR PATRONES DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN. PARA EVITARLO, LA DOCTRINA INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL HA DESARROLLADO UNA SERIE DE CRITERIOS Y MEDIDAS BASADAS EN EL RESPETO Y LA DIFERENCIA DE LA MUJER. SE CONCLUYE, QUE EL ENFOQUE DE GÉNERO PERMITE CORREGIR LA VISIÓN TRADICIONAL DEL DERECHO SEGÚN LA CUAL EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS Y BAJO DETERMINADAS CONDICIONES, CONSECUENCIAS JURÍDICAS PUEDEN CONDUCIR A LA OPRESIÓN Y DETRIMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. DE AHÍ QUE, ENTONCES, SE CONVIERTA EN UN “DEBER CONSTITUCIONAL” NO DEJAR SIN CONTENIDO EL ARTÍCULO 13 SUPERIOR Y, EN CONSECUENCIA, INTERPRETAR LOS HECHOS, PRUEBAS Y NORMAS JURÍDICAS CON BASE EN ENFOQUES DIFERENCIALES DE GÉNERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, PRUEBA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHOS DE LA MUJER, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Sentencia T-012 de enero 22 de 2016
Ref.: Exp. T-4.970.917
Acción de tutela instaurada por Andrea(1) contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
1.1. La señora Andrea contrajo matrimonio católico con Carlos Manuel(2), el 5 de diciembre de 1987. De esa unión nació Angélica quien actualmente es mayor de edad.
1.3. Teniendo en cuenta su situación interpuso una demanda de divorcio que le correspondió resolver en primera instancia al Juzgado 1º de Familia de Descongestión de Bogotá el cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre la accionante y Carlos Manuel, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá —Sala de Familia— confirmó la sentencia emitida por el a quo. Sin embargo, negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia entre los esposos había sido recíproca de acuerdo con los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.
1.7. De la misma forma, manifestó que su exesposo es una persona pudiente con altos recursos económicos. Pese a ello, relató que luego de todos estos incidentes, inició una persecución económica en contra de ella hasta el punto de, injustificadamente, secuestrar los bienes inmuebles que se hallaban en su apartamento. Así, denunció ante la Superintendencia de Sociedades (Rad. 34734) situaciones graves cometidas en contra de ella y de sus propiedades. Desde 2008, el acusado ha efectuado actos tendientes a apoderarse de los bienes sociales y abusando del control de la administración de los bienes como pareja. Así, pretende desfalcar a la sociedad conyugal con la creación de sociedades ficticias, para evitar acciones judiciales en su contra.
1.9. En demanda de divorcio, la señora Andrea, por conducto de apoderado judicial, solicitó ante el Juzgado Veintidós de Familia del Circuito la cesación de los efectos civiles de su matrimonio. Dicho expediente fue remitido al Juzgado Primero de Familia de Descongestión en virtud del Acuerdo Nº PSAA15-10373 del Consejo Superior de la Judicatura.
1.11. El fundamento normativo invocado por la peticionaria fueron las causales 1, 2, 3 y 4 de divorcio contenidas en el artículo 154 del Código Civil(3), de conformidad con los hechos narrados en párrafos anteriores.
1.12. El acusado Carlos Manuel formuló demanda de reconvención en los siguientes términos: la señora Andrea incumplió “con el deber de cohabitación, debido a que “echó” a su consorte del cuarto y desde hace 10 años, se resiste a tener vida marital. De igual manera en diciembre de 2008 viajó fuera del país sin pedir autorización y sin dar aviso al demandante, lugar en donde permaneció por tres meses”. Adicionalmente, señaló algunos episodios de violencia ocurridos en el año 2007 mientras se encontraban en su finca de descanso. Indicó que “lo golpeó y trató de ahorcar con la corbata, por lo que la señor (sic) Daniela Pérez(4) acudió a socorrerlo”.
Primero. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la señora Andrea, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho (i) cuáles son sus ingresos actuales, (ii) si se encuentra trabajando o si recibe alguna pensión, (ii) si se hace cargo económicamente de su hija, (iv) cuáles son sus gastos mensuales, (v) si tiene alguna deuda, (vi) indique en qué condiciones se encuentra viviendo. Así mismo, manifieste cualquier otra información que considere relevante para la resolución del caso de la referencia, y envíe los soportes que considere pertinentes.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si actualmente el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. xxxxx de Bogotá y la señora Andrea, identificada con la c.c. xxxxx de Medellín, reciben alguna pensión. En caso de que su respuesta sea afirmativa, informe el monto de cada una, si se encuentran activas y envíe los soportes pertinentes.
Tercero. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar al Magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Alejo Barrera Arias, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe si tiene algún grado de parentesco, consanguinidad o afinidad con el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. xxxxx de Bogotá. En caso de que su respuesta sea afirmativa, informe si manifestó dicha situación ante sus compañeros de Sala respecto del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido por Andrea contra Carlos Manuel radicado con el número 2009-00704-00, en el cual profirió sentencia de segunda instancia el 17 de octubre de 2012 como magistrado ponente.
Cuarto. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la Cámara de Comercio de Bogotá, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si actualmente el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. xxxxx es el controlante del grupo empresarial conformado por las empresas BDO Salud Age S.A. (830.040.378), BDO Holdings Colombia S.A. (830.053.527), BDO Avaluos Age S.A. (800.182.985), BDO Risk Managment S.A. (830.040.381), BDO Legal Age S.A. (830.040.379), BDO Audit Age S.A (860.600.063), Exxon S.A. (860.034.327), BDO Consulting Age S.A. (860.065.829) y, Consultoria y Asesorías Gerenciales Especializadas Consultage S.A. (800.024.873). Si su respuesta es negativa, informe quién controla el grupo, e indique si el señor Carlos Manuel es accionista o miembro de las juntas directivas de las mismas.
Quinto. Por la Secretaría General de esta Corporación, solicitar al Juzgado 22 de Familia de Bogotá, que en el término de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, remita a este despacho en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido por Andrea contra Carlos Manuel radicado con el número 2009-00704-00. Así mismo, informe los avances respecto de la fijación de alimentos provisionales a favor de la señora Andrea, envíe los soportes correspondientes y manifieste cualquier otro asunto que considere relevante para resolver el caso en concreto.
Sexto. Por la Secretaría General de esta Corporación, solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si el proceso de violencia intrafamiliar promovido por Andrea contra Carlos Manuel Radicado número 2009-00113 se encuentra surtiendo el trámite de casación. Si su respuesta es afirmativa, establezca el estado actual del mismo, y remita los soportes correspondientes.
Séptimo. Por la Secretaría General de esta Corporación, solicitar al Juzgado 10º Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho qué tipo de proceso responde al radicado 2013-01290, en el marco del cual llevó a cabo una diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres el 18 de febrero del año en curso, los avances del mismo y, si ha adoptado alguna decisión de fondo envíe los soportes correspondientes. Para los efectos pertinentes, envíese copia de los folios 153 a 157 del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Octavo. Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a las facultades de psicología de las Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, y Universidad de los Andes el contenido de la solicitud de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia, específicamente sobre la noción de violencia psicológica y económica contra la mujer en el marco de una relación de pareja, así como las formas para identificar su ocurrencia. Para los efectos pertinentes, envíese a cada una copia de los folios 66 a 88, 127 a 137, y 1 a 65, del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Noveno. Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y a la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género(5), con el fin de que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia. En particular sobre la discriminación en razón del género por parte de las autoridades judiciales, y el papel que deben asumir ante las denuncias de violencia intrafamiliar por parte de una mujer, en el marco de un proceso de divorcio, así como la aplicación de las medidas de protección contenidas en la Ley 1257 de 2008. Para los efectos pertinentes, envíese a cada una copia de los folios 66 a 88, 127 a 137, y 1 a 65, del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Décimo. Por la Secretaría General de esta corporación, poner en conocimientoa la Organización Sisma Mujer(6), a la Red Nacional de Mujeres(7), y a la Organización Women’s Link Worldwide(8), de la acción de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia. En particular sobre el concepto y las formas de violencia psicológica y económica frente a las mujeres en el marco de una relación de pareja; así como los factores o indicios que sirven para de identificar su ocurrencia. Para los efectos pertinentes, envíese a cada una copia de los folios 66 a 88, 127 a 137, y 1 a 65, del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Undécimo. Por la Secretaría General de esta corporación, poner en conocimiento a la Corporación Humanas Colombia(9), a ONU Mujeres(10), al Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Universidad Javeriana(11), al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia(12), y al Grupo de Investigación de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes(13) de la acción de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remitan a esta corporación concepto sobre el caso de la referencia. En particular sobre:
— El concepto y las formas de violencia psicológica y económica frente a las mujeres en el marco de una relación de pareja; así como los factores o indicios que sirven para de identificar su ocurrencia.
— La discriminación en razón del género por parte de las autoridades judiciales, y el papel que deben asumir ante las denuncias de violencia intrafamiliar por parte de una mujer, en el marco de un proceso de divorcio.
— Los estándares y/o avances internacionales en materia de definición de violencia económica frente a la mujer, y cualquier otra circunstancia que consideren relevante para resolver el caso.
De este modo, la Universidad de los Andes indicó que existen varias formas de violencia interpersonal en contra de la mujer. En particular, resaltó dos. La violencia “ejercida por un extraño en la calle, a plena luz de día, con el objeto de arrebatarle un bien a una persona de un tamaño similar es una violencia que podríamos llamar de expropiación. Esta violencia se caracteriza por la inmediatez del hecho y sus secuelas. Bien distinta es esta violencia, [en segundo término] de la que puede ejercer una persona sobre otra en una relación de largo plazo y con el objetivo de someter a esa persona a su voluntad de manera permanente(14)”.
Esta última clase de violencia se presenta más frecuentemente en las parejas afectivas, pero no es la única. Algunos psicólogos señalan que se genera “una indefensión aprendida(15) en la víctima que ha llevado a que se le compare con la situación de un secuestrado”. Dicho tipo de violencia se presenta, además, por (i) relaciones largas, (ii) diferencias trascendentales entre las parejas en cuanto a sus capacidades económicas o cualidades físicas, las que son explotadas, normalmente por el hombre, para generar dependencia a mediano y largo plazo. También existen situaciones que remplazan eventos “hito” por hechos menores “pero de desgaste continuo en el que se envía el mensaje de la inevitabilidad de la situación y de la incapacidad de la parte débil para transformarla”. En concepto de la profesora consultada, es “la credibilidad misma de la víctima lo que está en juego: si se queja, no sólo se le indicará que es algo “soportable” sino que se le recrimina por querer causar daño al agresor, si no se queja y deja avanzar las agresiones irá perdiendo progresivamente la confianza en que alguien le crea y de hecho cada vez será más difícil creer que alguien haya soportado por su “propia voluntad” esta situación(16)”.
Dentro del sistema jurídico, se ha preferido interpretar la violencia contra la mujer por fuera de relaciones afectivas. El prejuicio a favor de la imagen de la violencia de expropiación(17) “afecta la forma en la que se pondera el dicho de cada parte, se estudian las pruebas y se calcula qué podría haber hecho cada una de las partes en sus circunstancias. Por ejemplo, tiende a pensarse que la situación no parece tan “grave” como la representa la víctima, que cualquier acto defensivo de la víctima tiene el potencial de igualarla con su agresor y que la permanencia de la víctima en la relación no fue inducida sino “voluntaria”.
Belén Sanz Luque, representante de la entidad consultada, respondió los requerimientos de la Sala. En primer lugar, sobre las formas de violencia psicológica y económica frente a las mujeres, citó la definición establecida en el artículo 2º de la Ley 1257 de 2008, según la cual, violencia contra la mujer se entiende “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijin, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares y en las laborales o económicas”.
Teniendo en cuenta su situación interpuso una demanda de divorcio que le correspondió resolver en primera instancia al Juzgado 1º de Familia de Descongestión de Bogotá el cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre la accionante y Carlos Manuel, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá —Sala de Familia— confirmó la sentencia emitida por el a quo. Sin embargo, negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia entre los esposos había sido recíproca, de acuerdo con los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.
De acuerdo con la anterior exposición, corresponde a la Corte determinar si la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala de Familia— incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento directo de la Constitución, vicios que por su gravedad y entidad jurídica la hacen contraria a los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, como quiera que negó las pretensiones de la accionante relacionadas con recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia física y sicológica entre los esposos fue recíproca.
Así, la tutela no puede dejar sin efecto la actividad judicial, ni esta última ser un obstáculo para la plena vigencia de los derechos fundamentales. En efecto, los procesos judiciales ordinarios son escenarios en los que debe primar el reconocimiento, protección y respeto por las garantías constitucionales. Dichas normas constituyen parámetros ineludibles para la decisión judicial. Por tanto, la actuación de los jueces “devendrá legítima cuando (i) el procedimiento surtido para adoptar una decisión ha protegido las garantías propias del debido proceso, de la que son titulares las partes que han sometido la controversia al conocimiento de la jurisdicción; y (ii) la decisión judicial es compatible con el plexo de valores, principios y derechos previstos por la Constitución”(18). En consecuencia, cuando la decisión judicial no acredite con suficiencia estos requisitos, la obligación de los jueces de tutela de preservar la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales obliga a contar con un instrumento, la tutela, que permita restituir la vigencia de las normas constitucionales en un determinado asunto.
De conformidad con lo anteriormente establecido, la acción de tutela contra providencias judiciales es una herramienta absolutamente excepcional tendiente a resolver aquellas situaciones en las que el juez incurre en graves falencias que, a su vez, son incompatibles con la Carta Política. En ese sentido, “la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales”(19), de manera que no puede entenderse como un mecanismo para corregir el fallo o servir como una nueva instancia judicial para discutir aspectos, normativos y/o fácticos, que ya quedaron previamente establecidos en el curso del proceso ordinario. Por el contrario, su propósito es salvaguardar derechos de raigambre constitucional que fueron presuntamente afectados por la sentencia o decisión judicial.
6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.(20) En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
6.2. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios—, de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(21). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
6.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(22). De lo contrario, esto es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
6.4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.(23) No obstante, si la irregularidad comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio correspondiente.(24)
6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.(25) Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
6.6. Que no se trate de sentencias de tutela.(26) Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas.
7.1. Defecto orgánico, el cual se origina cuando el juez que adoptó la decisión carecía absolutamente de competencia para hacerlo. Como se observa, la estructuración de la causal tiene carácter calificado, pues no basta con que la competencia del funcionario judicial sea un asunto sometido a debate, sino que debe estarse en un escenario en el que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte manifiestamente irrazonable considerar que el juez estaba investido de la potestad de administrar justicia en el evento objeto de análisis. A este respecto, la Corte ha enfatizado que “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, —bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico—, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico”.(27)
7.2. Defecto procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada, pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho fundamental al debido proceso. Sobre el particular, la Corte ha insistido en que el defecto procedimental se acredita cuando “…el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”(28)
Estas consideraciones han sido reiteradas por distintas decisiones(29). De acuerdo con su jurisprudencia, la Corte ha indicado que este defecto se produce cuando un juez emite una sentencia (providencia judicial) sin que se halle plenamente probado el supuesto de hecho de la norma aplicable al caso, cuando quiera que (i) se haya producido una omisión en el decreto o valoración de una prueba, (ii) una apreciación irrazonable de las mismas, (iii) la suposición de algún medio probatorio, (iv) o el otorgamiento a una prueba de un alcance material y jurídico que no tiene.
No obstante, como ya se ha indicado, la intervención del juez de tutela debe ser de carácter reducido. Primero, porque el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio.(30) Segundo, porque las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no constituyen, en sí mismo, errores fácticos. En efecto, una cosa es un error causante de tutela contra providencia judicial y otra muy diferente aquella valoración, discutible si se quiere, que corresponde a la órbita competencial del juez de conocimiento. En su labor no solo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe(31).
Por su parte, el defecto material o sustantivo se presenta cuando se decide con base en normas inconstitucionales, inexistentes o evidentemente inaplicables al caso concreto. Dicha causal también se presenta cuando quiera que existe una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. En consecuencia, “el defecto material o sustantivo apela a la necesidad que la sentencia judicial tenga un soporte racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos preceptos de derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y debidamente recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del conocimiento”(32).
Para sustentar esta conclusión, la jurisprudencia insiste en que “…el procedimiento de tutela no puede utilizarse para obtener que un juez diferente al que conoce del proceso ordinario intervenga inopinadamente para modificar el rumbo del mismo con base en una interpretación diversa, la suya, pretendiendo que, por haber entendido las normas pertinentes de una determinada manera, incurrió el primero en una vía de hecho. || La vía de hecho —excepcional, como se ha dicho— no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela.|| Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales”(33)
Por otra parte, el error inducido se presenta cuando el juez o cuerpo colegiado fue, a través de engaños, llevado (inducido) a tomar una decisión arbitraria que afecta derechos fundamentales. Así, la jurisprudencia ha identificado los dos presupuestos que deben cumplirse para que se presente este error. En primer lugar, (i) debe probarse que la decisión judicial se ha basado en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas que hayan violado derechos constitucionales. En segundo término, (ii) debe demostrarse que esa vulneración significa un perjuicio iusfundamental para las partes que intervienen en el proceso judicial.(34)
Finalmente, la violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse en que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”(35).
En ese orden, internacionalmente, los Estados y organizaciones internacionales han adoptado, entre otros, los siguientes instrumentos: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981)(36); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993) y; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Todos estos emanados de diversas dependencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el marco del Sistema Interamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA), en las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos(37) e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1995)(38), también ha adoptado este tipo de medidas que buscan la protección integral de los derechos de la mujer y la eliminación de todo tipo de discriminación. Algunas de estas normas han sido incorporadas al bloque de constitucionalidad(39).
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Convención define discriminación en contra de la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”(40).
Este instrumento, entonces, exige a los Estados partes garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos, así como implementar políticas para eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Entre esas obligaciones se pueden destacar las siguientes: (i) consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer; (ii) adoptar sanciones que prohíban toda discriminación contra la mujer; (iii) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; (iv) abstenerse de incurrir en cualquier acto de discriminación; (v) eliminar la discriminación de la mujer en la sociedad y; (vi) derogar las disposiciones normativas que impliquen una discriminación contra la mujer(41).
Adicionalmente, los Estados se comprometieron, particularmente, con la implementación de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y específicamente, el derecho al trabajo con las mismas oportunidades, a elegir libremente profesión y empleo, al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones de servicio, a la formación profesional, al readiestramiento, a la igualdad de remuneración y de trato, a la seguridad social, a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo(42).
Por otra parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, indicó que “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”(43), constituyen actos de violencia en contra de las mujeres. Esa declaración, entonces, constituye una pauta de interpretación que llena de contenido, tanto las normas internas al tiempo que las internacionales pues reconoce, además, que la discriminación en contra de la mujer se trata de una verdadera de vulneración de los derechos humanos.
En el mismo sentido, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) se reconoció “que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz y atribuye por primera vez responsabilidades a los Estados por dichos actos”(44). Así, los Estados establecieron que la violencia efectuada con base en patrones de género tiene efectos físicos, sexuales, psicológicos, en la vida pública y privada. En consecuencia, esas prácticas constituyen la “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”.
“La Recomendación General núm. 19 “sobre violencia contra la mujer” reconoce que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre(45). En relación específica con la violencia la comisión recomendó que “los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”. De otro lado, la Recomendación General núm. 28 “relativa al artículo 2º de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, esclarece que la discriminación contra las mujeres basada en el género puede ser interseccional, es decir, puede darse simultáneamente con otros factores tales como raza, etnia, religión o creencia, salud, status, edad, clase, casta y orientación sexual. El enfoque interseccional obliga a los Estados a adoptar medidas diferentes para los distintos grupos poblacionales de mujeres discriminadas”.
En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(46) como la Corte Interamericana, han emitido una serie de pronunciamientos y decisiones de las cuales es posible extraer estándares normativos aplicables a casos concretos, al igual que un mínimo de obligaciones para los Estados parte de la Convención. Gran parte de este desarrollo se ha dado a partir de la adopción de la Convención de Belém do Pará (1994), y la influencia que el Sistema Universal tuvo sobre las decisiones regionales.
Recientemente, la Comisión publicó un documento en el cual se recopilan las principales decisiones de fondo del sistema, a la vez que sistematiza los estándares normativos referidos en el párrafo anterior. Estas obligaciones de los Estados pueden resumirse de la siguiente manera(47):
Tanto a nivel legal como jurisprudencial se han expedido una serie de normas que persiguen el propósito anteriormente descrito. Por ejemplo “en temas económicos(48), laborales y de protección a la maternidad(49), de acceso a cargos públicos(50), de libertades sexuales y reproductivas(51), de igualdad de oportunidades(52), entre muchas otras. Por supuesto, también se encuentra legislación referente a la violencia contra la mujer y las formas para combatirla(53)”(54).
La Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Ortiz Delgado) resumió los estándares legales de protección de la mujer en Colombia. Para esta Corporación, el Legislador, en 1996, expidió la Ley 294 de 1996 por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución y se dictan disposiciones para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En esa norma, entonces, se emitieron directrices y principios que toda autoridad debe acatar cuando se solucione casos de violencia intrafamiliar. Entre ellos se destacan “a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer”(55), entre otros. De la misma manera, se establecieron medidas de protección en favor de la mujer cuando ocurren este tipo de eventos y la manera sobre cómo proceder para asistir a las víctimas.
Así mismo, la Ley 1257 de 2008 incorporó una serie de daños que se ocasionan a las mujeres cuando se presentan actos de violencia y/o discriminación. La importancia de estas disposiciones radica en que el Legislador incorporó en nuestro ordenamiento un tratamiento especial para este tipo de eventos, a la vez que reconoció que cuando los actos de violencia contra las mujeres deben ser resueltos y analizados con base en criterios diferentes a los que tradicionalmente se utilizan. Con base en lo anterior, el artículo 2º, por ejemplo, establece que “por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.
Como se aprecia, esta Ley incorpora algunos estándares internacionales estudiados en párrafos anteriores. De conformidad con lo anterior, se reconoce, normativamente, que la violencia y discriminación contra la mujer no solo se presenta en el ámbito público, sino también privado. A su vez, establece que el daño que estos eventos generan puede ser, sin ser excluyentes, físicos, psicológicos, sexuales y patrimoniales o económicos(56). Igualmente, se enuncian una serie de principios y criterios de interpretación que rigen a todo tipo de autoridad que conozca casos con patrones con esta clase de patrones. Tales principios de interpretación son los siguientes(57):
• Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.
El artículo 2º de la mencionada ley, establece que la violencia en contra de la mujer se puede ocasionar por cualquier acción u omisión que cause algún tipo de daño. Este sufrimiento, sin embargo, produce distintos efectos como por ejemplo físicos, sexuales, psicológicos económico o patrimonial, cuando quiera que se generen por el hecho de ser mujer. Por su parte, el artículo 3 sintetiza esta clase de daños en los siguientes términos:
A su vez, en la Sentencia C- 408 de 1996, reiterada por la T-967 de 2014, este Tribunal Constitucional sostuvo que “las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (C.P., art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (C.P., arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer (sic), ‘la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(58)”.
Aunado a ello, la violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas “intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima”(59). Esta tipología no es excluyente con otras. Se focaliza en agresiones a la moral de la mujer, su autonomía, desarrollo personal, y se reproduce a través de conductas de intimidación, desprecio, humillación, insultos, amenazas, etc.
Según la Organización Mundial de la Salud(60), existen conductas específicas de violencia psicológica. Por ejemplo, cuando la mujer es insultada; cuando es humillada delante de los demás; cuando es intimidada o asustada a propósito; cuando es amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para ella); impedirle ver a sus amigos y/o amigas; limitar el contacto con su familia; insistir en saber dónde está en todo momento; ignorarla o tratarla con indiferencia; enojarse con ella si habla con otros hombres; acusarla constantemente de ser infiel; controlar su acceso a la atención en salud.
Como se ha podido advertir, la violencia contra la mujer se presenta en distintos escenarios. No solo en espacios públicos sino también privados. Cuando esto sucede las mujeres acuden a las autoridades públicas, como los jueces, para exigir sus derechos. No obstante, lo que la práctica(61) indica es que cuando ello ocurre, se presenta un fenómeno de “revictimización” de la mujer pues la respuesta estatal no solo no es la que se esperaba, sino que, muchas veces, se nutre de estigmas sociales que incentivan la discriminación y violencia contra esa población. Tales circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La primera por la “naturalización” de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos.
La administración de justicia no es ajena a estos fenómenos. Los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. Para evitarlo la doctrina internacional y constitucional ha desarrollado una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer. Esta Corte, por ejemplo, en materia penal(62), se ha pronunciado sobre los límites de la recolección de pruebas cuando se trate de mujeres que hayan sido víctimas de delitos sexuales. En igual sentido, recientemente, esta corporación se pronunció sobre el efecto de los celos como causal de divorcio, concluyendo que dichos eventos constituyen violencia física y/o psicológica(63) contra la mujer. En materia laboral, este Tribunal Constitucional también ha exigido a los jueces la incorporación de criterios de género para la solución de casos. Particularmente, protegió los derechos de una trabajadora que fue despedida con base en estereotipos, y que a la postre había sido víctima de violencia física por su entonces pareja, alumno de la institución(64). En decisiones sobre desplazamiento, también se han incluido estos criterios de género(65).
En esa medida, entonces, esta Corte ha reconocido distintos derechos y ha incorporado nuevos parámetros de análisis en favor de las mujeres, bien sea como una manifestación del derecho a la igualdad o a través del establecimiento de acciones afirmativas y medidas de protección especial. Entre ellas(66):
— Declaró constitucional el sistema de cuotas para garantizar la participación de la mujer en la vida política y pública del Estado(67);
— Prohibió la utilización del género como factor exclusivo o predominante para decidir el ingreso al trabajo y ha protegido el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando una mujer quiere desempeñar oficios tradicionalmente desarrollados por hombres(68);
— Ha establecido la igualdad de protección entre niñas y niños en relación con el matrimonio precoz(69);
— Ha garantizado la atención en salud durante el embarazo y después del parto a todas las mujeres y a todos los niños menores de un año, sin periodos de espera y sin diferenciar entre regímenes de afiliación(70);
— Consideró que la norma del Código Civil que declaraba nulo el matrimonio entre “la mujer adúltera y su cómplice”, pero no asignaba la misma consecuencia civil para el hombre, perpetuaba “la histórica discriminación que ha sufrido la mujer, al reproducir un esquema patriarcal en el que el hombre debía gozar de mayores prerrogativas y reconocimiento”(71).
— Determinó la inconstitucionalidad de la norma que imponía a la mujer la condición de permanecer en estado de soltería o de viudedad, so pena de perder asignación testamentaria(72).
— Ha reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, sin importar el tipo de vinculación, con el fin de evitar su despido injustificado como consecuencia de los “eventuales sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas”(73).
Esta obligación constitucional se explica por varias razones. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de varios pronunciamientos, por ejemplo, han señalado cómo la administración de justicia ha confirmado patrones de discriminación en contra de las mujeres. La Sentencia T-878 de 2014 recogió dichos pronunciamientos, concluyendo que los jueces vulneran los derechos de las mujeres cuando sucede alguno de los siguientes eventos: (i) omisión de toda actividad investigativa y/o la realización de investigaciones aparentes(74); (ii) falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o revictimización en la recolección de pruebas(75); (iii) utilización de estereotipos de género para tomar sus decisiones; (iv) afectación de los derechos de las víctimas(76).
A ese respecto se tiene, en primer lugar, que el problema jurídico puesto a consideración por la señora Andrea tiene relevancia constitucional, pues advierte que los presuntos errores en los que incurrió la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, centrados en la indebida valoración probatoria y el desconocimiento de normas sustantivas aplicables al caso, son de una entidad tal, que afectan el derecho al debido proceso del demandante en el proceso de divorcio y posterior fijación de alimentos en su favor. En efecto, se trata de una sentencia que puede afectar los derechos de la demandante a tal punto de cercenar, desproporcionadamente, su vida digna, mínimo vital y no discriminación.
En segundo lugar, la Sala constata que la sentencia acusada resolvió en segunda instancia el proceso de divorcio adelantado por la señora Andrea, razón por la cual no es posible presentar nuevos recursos ordinarios contra esa decisión. Adicionalmente, aunque la decisión cuestionada es susceptible del recurso extraordinario de revisión, contemplado por el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, este instrumento no se muestra idóneo para resolver la controversia jurídico-constitucional materia de la presente decisión. Las causales para la revisión de las sentencias ejecutoriadas, previstas en el artículo 380(77) no permiten que esas decisiones sean atacadas por la violación de normas constitucionales, fundada en defectos fácticos o sustantivos como los argumentados en el presente caso. Por tanto, habida consideración del carácter taxativo y estricto de esas causales de revisión, el mecanismo se muestra del todo insuficiente para dar respuesta a los asuntos planteados por la accionante.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá debió aplicar esta, la interpretación más razonable, al igual que criterios de género (L. 1257/2008) para evitar una doble victimización de la señora Andrea. Tal y como se mostrará a continuación, haciendo alusión al defecto fáctico, el juez no solo interpretó indebidamente la sanción prevista en nuestro Estatuto Civil, sino que, sin dar cuenta de las circunstancias particulares del caso, concluyó que los dos cónyuges concurrieron en culpa y por tanto, ninguno era merecedor del derecho de alimentos. Lo anterior, a pesar de que existían pruebas fehacientes del maltrato prolongado e intenso que el demandado en divorcio causaba sobre la accionante de tutela.
De acuerdo con todo lo anterior, la justicia penal encontró que Carlos Manuel es responsable por el delito de violencia intrafamiliar. Ahora bien, extrañamente, esta discusión probatoria no se dio en el marco del proceso de divorcio que cursó en la jurisdicción ordinaria. Correlativamente, en el proceso penal tampoco se discutió la veracidad, idoneidad y pertinencia de la declaración de la señora Daniela Pérez, quien, en el proceso de divorcio, testificó que Andrea agredió físicamente al demandado “con aruñetazos, patadas y rodillazos, así como en otra ocasión lo atacó, dejándole moretones y en otra oportunidad lo trató de ahorcar con la corbata”. Aunque los hechos pudieron alegarse, fue solo en el proceso de divorcio cuando el demandado hizo valer este medio de prueba a la postre de que esa declaración fue la razón principal que utilizó el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— para demostrar la culpa concurrente de los cónyuges en el proceso de divorcio.
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada por el Auto del 10 de noviembre de 2015.
2. REVOCAR la Sentencia emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, el 2 de marzo de 2015, en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Andrea contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la accionante.
3. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada el 17 de octubre del 2012 por parte de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso de divorcio impetrado por Andrea en contra de Carlos Manuel.
4. ORDENAR a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia, que resuelva la apelación presentada contra la decisión de primera instancia, adoptada dentro del proceso de divorcio citado en el numeral anterior. Esta sentencia deberá proferirse atendiendo las consideraciones realizadas por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
1 Con el fin de proteger el derecho fundamental a la intimidad de la actora y de su familia, la Sala ha decidido reemplazar las referencias a su identificación en el presente proceso por el seudónimo de Andrea De la misma forma, serán remplazados todos los nombres del texto de la providencia.
2 Nombre ficticio.
3 ART. 154.—Son causales de divorcio: 1a) La relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Se presumen las relaciones sexuales extramatrimoniales por la celebración de un nuevo matrimonio, por uno de los cónyuges cualquiera que sea su forma y eficacia. 2a) El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de sus deberes de marido o de padre y de esposa o de madre. 3a) Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, si con ello peligra la salud, la integridad corporal o la vida de uno de los cónyuges, o de sus descendientes, o se hacen imposibles la paz y el sosiego doméstico. 4a) La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
4 La señora Daniela Pérez declaró para el proceso en referencia, reiterando estos hechos.
5 Calle 55 Nº 10-32, Teléfono: 3147300, Bogotá.
6 Carrera 13 Nº 33-74, oficina 304 Teléfono: 2859319, Bogotá.
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14 Según hallazgos del proyecto de intervención en violencia doméstica realizado en Duluth Minnesota a principios de los años 80 y que ha transformado la forma en la que se comprenden las causas de la violencia intrafamiliar y sus expresiones, el sistema de respuesta a la violencia doméstica, falla al no adoptar políticas y procedimientos que den cuenta de las diferencias de la violencia entre conocidos y la violencia entre extraños. En la violencia entre extraños, a diferencia de la violencia doméstica, la víctima no tiene lazos económicos ni emocionales con el asaltante. No existe una historia compartida entre las partes y el contacto futuro es poco probable. En la violencia entre extraños, a diferencia de la violencia doméstica, la víctima no conoce al asaltante ni siente la necesidad de comprender el comportamiento violento. En la violencia entre extraños no existe el temor a la pérdida de la relación ni las presiones familiares para mantenerse en ella. Véase Pence Ellen. The Duluth Domestic Abuse Intervention Project. En: Hamline Law Review, Volumen 6, Nº 247 (1983)
15 La indefensión aprendida ha sido definida como la deficiencia en la percepción de la mujer maltratada a propósito de sus posibilidades de abandonar la relación abusiva. Corresponde a un ajuste psicológico a la dependencia económica, el amor y las fallas del sistema legal para responder adecuadamente a su problema, entre otras. Véase Martha R Mahoney. Legal images of Battered women: Redefining the issue of separation. En:Michigan Law Review, Volumen 90 (1991-1992).
16 Las dificultades que confrontan las mujeres a la hora de abandonar relaciones abusivas, han sido explicadas a partir de fenómenos como el síndrome de la mujer maltratada y la indefensión aprendida, entre otras. Según la literatura disponible las mujeres, a partir de las experiencias de abuso, pasan por un cambio en su personalidad que les dificulta la posibilidad de proyectarse y pensar en el futuro. La emoción primaria de la mujer maltratada es el miedo, de manera que sus pensamientos y esfuerzos se concentran en evitar el maltrato, desarrollar habilidades de supervivencia y formas de lidiar con el abuso en detrimento de su percepción sobre las posibilidades de salir de la relación. Véase Martha R Mahoney. Legal images of Battered women: Redefining the issue of separation. En:Michigan Law Review, Volumen 90 (1991-1992).
17 Violencia de un tercero que no hace parte de la relación sobre la mujer. Se llama expropiación porque se entiende que es aquella que busca expropiar de algo a la mujer. Un robo, etc.
18 Sentencia T-310/2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20 Sentencia T-173/93, M.P. José Gregorio Hernández [cita de la Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño].
21 Sentencia T-504/2000. Antonio Barrera Carbonell [cita de la Sentencia C-590/2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño].
22 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. [cita de la Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño].
23 Sentencias T-008/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159/2000, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [cita de la Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño].
24 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-591/2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
25 Sentencia T-658/98 [cita de la Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño].
26 Sentencias T-088/99, M.P. Clara Inés Vargas y SU-1219/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño [cita de la Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño].
27 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-324/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-993/2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
29 Ver, entre otras, las sentencias T-231/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-442/94. (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-567/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159/2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-025/2001, T-109/2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-639/2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
30 En la Sentencia T-055/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte determinó que, en tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
31 “En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336/95 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
32 Sentencia T-310/2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33 En este sentido, sentencias T-765/98 y T-001/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Sobre estas condiciones, Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-705/2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
35 Sentencia T-310/2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
37 Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
38 Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
39 Esta corporación ha reconocido tal valor en las sentencias C-355 y C-667 de 2006 y Sentencia T-878/2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
40 Art. 1º.
41 Art. 2º.
42 Art. 11.
43 Art. 1º.
44 Sentencia T-878/2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
46 Sobre Colombia, por ejemplo, la CIDH ha emitido una serie de medidas cautelares para proteger los derechos de mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Entre otras: MC 319/09 Miembros de Liga de Mujeres Desplazadas y la Liga Joven de la LMD; MC 339.09 Claudia Julieta Duque Orrego y María Alejandra Gómez Duque; MC 1/10 Mujeres en situación de desplazamiento; MC 99/10 Corporación Sisma Mujer
47 Puntos extraídos de: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación. Actualización 2011-2014. Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EstandaresJuridicos.pdf
48 Por ejemplo, las leyes 825 de 1993 y 1232 de 2008, por medio de las cuales se protege a la Mujer Cabeza de Familia, entre otras.
49 Por ejemplo, la protección de estabilidad laboral reforzada a la mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial, consolidada mediante la Sentencia SU-070/2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Y la Ley 1468 de 2011, por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
50 Por ejemplo, Ley 581 de 2000 o “Ley de cuotas”, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución.
51 Aunque en este aspecto, las medidas son tímidas, se puede nombrar por ejemplo la Sentencia C-355/2006, M.P. Carlos Gaviria Díaz, por medio de la cual se despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas.
52 Por ejemplo, las leyes 823 de 2003, Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres y Ley 731 de 2002, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
53 Entre las leyes que se regulan de alguna manera la violencia contra la mujer pueden verse: Ley 1639 de 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000. Ley 1542 de 2012, que tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. Decreto Ley 164 de 2010, por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres". Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Ley 882 de 2004, por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. Ley 906 de 2004, Código de procedimiento Penal Colombia Sistema Penal Acusatorio. Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
54 Sentencia T-967/2014, M.P. Gloria Ortiz Delgado.
56 ART. 3º—Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño: a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
57 Artículo 6°. Sobre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley 1257 de 2008. Cita extraída de la Sentencia T-967/2014, M.P. Gloria Ortiz Delgado.
58 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social.Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48.
59 T-967/2014, M.P. Gloria Ortiz Delgado.
60 OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005.
61 Ver conceptos enviados a esta Corporación por las organizaciones consultadas.
62 Ver sentencias T-554/2003, T-453/05 y T-458/07, entre otras
63 Sentencia T-967/2014, M.P. Gloria Ortiz Delgado.
64 Sentencia T-878/2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
65 Ver, entre otras, las sentencias C-438/2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; C-781/2012, M.P. María Victoria Calle Correa; T-973/2011; T-677/2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-1015/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-092/2008 (Sala de seguimiento a la T-025/2004), M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
66 Citas extraídas de la Sentencia T-878/2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
67 En Sentencia C-371/2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. la Corte declaró constitucional la ley estatutaria que reglamentó la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, mediante la imposición de una cuota de provisión para las mujeres, de mínimo el 30%, respecto a los cargos a proveer, como medida afirmativa.
68 En la Sentencia T-247/2010, M.P. Humberto Sierra Porto. la Corte estudió el caso de un empleador que utilizó el género como un parámetro de exclusión de una mujer para trabajar en una empresa como vigilante. En la providencia T-322/2002 indicó que no es posible que los empleadores establezcan parámetros dentro de los cuales, sin justificación alguna, opten por contratar trabajadores solo de determinado sexo. En el fallo T-624/95 amparó los derechos de una mujer que deseaba ser Oficial de Infantería de Marina en la Escuela Naval, carrera que no se ofrece en ningún otro centro docente del país.
69 En el fallo C-507/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, este Tribunal estudió la norma que disponía la nulidad del matrimonio y pérdida de todo efecto entre menores, partiendo de una diferencia de trato en las edades ya que para las niñas se establecía en 12 años, en tanto que para los niños en 14 años. Decidió que la disposición era constitucional siempre que se entendiera que la edad para la mujer es también de catorce años, como acaece para el hombre.
70 En la Sentencia C-1032/2006 la Corte declaró inconstitucional la norma que establecía un periodo de carencia de atención médica para las mujeres embarazadas y los niños menores a un año afiliados al régimen contributivo.
71 Sentencia C-082/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz, que se pronunció respecto del numeral 7 del artículo 140 del Código Civil.
72 En el fallo C-101/2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra la Corte sostuvo que la norma fue promulgada en una época en la que “el paradigma de lo humano, se construía alrededor del varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya función en la vida era servir y hacer feliz al hombre. Superada esa época, la norma lejos de perseguir una finalidad constitucionalmente admisible, lo que hace es perpetuar la histórica discriminación a la que se ha visto sometida la mujer”.
73 Sentencia T-005/2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
74 Se da cuando se deja de investigar porque la mujer decide no formular la acción penal o llega a un acuerdo de conciliación, o cuando se le traslada la carga de la investigación a la víctima (por ejemplo, alegando que el impulso procesal le corresponde a ella o porque se dice que no aportó las suficientes pruebas que soporten lo dicho).
75 Ocurre cuando se decide archivar el proceso por falta de material probatorio, sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, cuando se hace una evaluación fragmentado o cuando no se le da alcance al contexto de la mujer al momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un patrón de violencia sistemático.
76 Las mujeres que sufren actos de violencia están predispuestas a la revictimización, es decir, deben enfrentarse a otra clase de maltratos por las entidades de policía, judiciales y de salud. De entrada, la mujer que se arriesga a denunciar a su compañero sentimental debe asumir largas esperas, interminables diligencias, recorridos por distintas oficinas, múltiples citaciones, interrogatorios denigrantes y precaria atención médica y psicológica. Esta situación desincentiva a la mujer a reconocer en público la violencia padecida, y para denunciar sus sufrimientos ante la justicia.
77 El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establece como causales del recurso de revisión las siguientes:
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, siempre que no haya saneado la nulidad.

References: ARTÍCULO 13
 artículo 154
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
e contrario
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 379
 artículo 380
 artículo 113
 artículo 229
 artículo 42
 Artículo 6
 artículo 140
 artículo 380
 artículo 152