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Timestamp: 2020-07-14 20:46:07+00:00

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SOBRE EL DERECHO DE REUNION - SAS Abogados y Asesores Zaragoza
por SAS Abogados y Asesores | Jun 16, 2015 | Derecho Administrativo | 0 Comentarios
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN ESTIMA NUESTRO RECURSO
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón estimó el pasado 29 de abril nuestro recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Teruel que denegaba la concentración a O.T.U. (sindicato de trabajadores de SARGA).
Os dejamos el link a la noticia: TSJA anula una resolución que prohibía protestas de los trabajadores de Sarga
Tenemos el gusto de trabajar para un sindicato «diferente»
Somos asesoría jurídica del sindicato ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES UNIDOS CICERO GUEDES (O.T.U.), formado por varios trabajadores de la empresa pública SARGA.
El pasado mes de abril, este sindicato, como viene haciendo desde hace tiempo atrás, comunicó a la Subdelegación del Gobierno de Teruel su intención de celebrar dos concentraciones en la provincia, ambas el día 20 de abril, en distinto horario y en distinta localización.
La comunicación era la habitual, cumpliendo todos los requisitos exigidos
La comunicación de las concentraciones reunía los requisitos que se exigen en la normativa reguladora de este derecho, estos son:
identificación de la persona física o jurídica que comunica la concentración.
fecha de la concentración (o manifestación, en su caso).
horario de comienzo y finalización.
estimación de asistentes.
en caso de ser manifestación si será por la calzada o la acera.
Una vez que se recibe por parte de la Subdelegación de Gobierno esta comunicación se nos informa de que se le ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Provincial de Teruel, debido al periodo en el que nos encontramos (previo a las elecciones). Así se establece en el art. 54 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
La decisión de la Junta Electoral Provincial fue la de NO autorizar la concentración
Una ver recibida por parte de la Junta Electoral Provincial de Teruel la comunicación de la concentración ésta resolvió, sin mas detalle, no autorizar la misma:
«Examinada la solicitud, la Junta acuerda por mayoría no autorizar dicha concentración».
La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su art 54 la obligatoriedad de motivación de los actos administrativos, es decir, una Administración no puede resolver sobre un determinado derecho sin justificar esta resolución, menos aún cuando la misma es desfavorable a los intereses del sujeto. En este caso para nosotras cobró especial importancia la necesidad de justificación de esta resolución, ya que estamos hablando de que a un grupo de trabajadores se les había prohibido concentrarse, es decir, se estaba limitando el ejercicio de un Derecho Fundamental contenido en el artículo 21 de la Constitución Española.
Contra esta resolución de la Junta Electoral interpusimos recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tal y como prevé el art. 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, alegando, además de la falta de motivación, la falta de justificación suficiente para impedir la celebración de dicha concentración.
Solo podíamos hacer suposiciones sobre los motivos para la denegación de la concentración, debido a la falta de motivación.
En la vista, cuando nos dieron el turno de palabra, en primer lugar alegamos la nulidad del acto administrativo recurrido debido a la falta de justificación del mismo, no obstante, a causa del desconocimiento de esta parte con respecto a los motivos (lo que genera indefensión), preparamos otras posibles justificaciones que el abogado del estado podía alegar para la denegación. Estas razones, insistimos, son meras suposiciones, ya que en realidad la resolución debe declararse nula desde un principio, solo por el hecho de la falta de motivación y por lo tanto no podían ser tenidas en cuenta por el tribunal.
Una de las razones que podía alegarse por la Junta Electoral para prohibir una concentración era la prevista en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el que se establece que «Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.» En cuanto a este motivo estaba totalmente fuera de lugar ya que, tal como alegamos en la vista, numerosa jurisprudencia establece que solo cuando haya razones fundadas sobre el carácter electoral de la manifestación, sobre su interés en la captación de sufragios, podrá desautorizarse la misma. En este caso, tal y como intentamos hacerle ver al tribunal, estamos ante un sindicato de trabajadores que en sus actos de protesta no tienen otra finalidad que la de reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. Estamos ante un sindicato formado por trabajadores de una empresa pública, SARGA, pero esto no significa en absoluto que traten de influenciar en el voto de los ciudadanos.
Estamos ante un sindicato de trabajadores y trabajadoras que solo reivindican la mejora de sus condiciones laborales, es dignidad, no electoralismo.
El representante del Minsiterio Fiscal se adhirió a nuestro razonamiento. En cuanto al abogado del estado planteó dos causas para la inadmisión de nuestro recurso:
Falta de agotamiento de la vía administrativa, al no haberse interpuesto recurso contra la resolución de la Junta Electoral Provincial frente a la Junta Electoral Central, previo al recurso contencioso administrativo.
Carencia sobrevenida del objeto de por causa atribuible a la actora, ya que la manifestación iba a celebrarse el 20 de abril, fecha que ya había pasado en el momento de la celebración de la vista.
En ese momento se nos dio traslado por si queríamos alegar algún motivo contra estas causas de inadmisión, aprovechando el trámite procesal para decir que:
En cuanto al primer motivo la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé un procedimiento especial para este tipo de resoluciones, el cual establece que solo cabe recurso contencioso administrativo contra la resolución. Además alegamos que el acto administrativo también adolecía de defectos de forma, es decir, no contenía un pie en el que se estableciera los posibles recursos y plazos para ejercerlos.
En cuanto al segundo motivo alegamos que teníamos consciencia de la falta de efectos prácticos de una posible sentencia estimatoria, no obstante solo pretendíamos que el tribunal estimase la vulneración de un derecho fundamental, pretensión a la que cualquier interesado puede aspirar, sin más.
El fiscal una vez más se adhirió a nuestras alegaciones.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictó sentencia estimando todas nuestras razones, alegaciones a las causas de inadmisión del recurso y declaró nula la resolución de la Junta Electoral Provincial.
Los trabajadores del sindicato ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES UNIDOS CICERO GUEDES solicitaron nueva fecha para celebrar estas concentraciones en Teruel, a las cuales respondió la Junta Electoral Provincial de Teruel, autorizando las mismas, las cuales, por cierto, se celebraron sin incidencias y con mucho éxito y apoyo popular. Aquí os dejamos una imagen de ese día.
Por estas cosas son por las que nos gusta nuestro trabajo, así que seguimos ¡Adelante!

References: resolución 
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución