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Timestamp: 2019-09-23 16:04:31+00:00

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﻿ SENTENCIA C-902 DE OCTUBRE 7 DE 2003
SENTENCIA C-902 DE 07 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:VIGENCIA, PRÓRROGA Y DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA. SE DECLARA EXEQUIBLE LOS ARTÍCULOS 474, 478 Y 479 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO DEL MUNICIPIO, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, DISOLUCIÓN DEL SINDICATO, CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJADOR OFICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:384 DE DICIEMBRE DE 2003, PÁG.2392
Sentencia C-902 de octubre 7 de 2003
APLICACIÓN DURANTE LA LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES
Sentencia C-902 de 2003
Ref.: Expediente D-4602
Demandante: José Roberto Herrera Vergara
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 474, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo.
ART. 474.—Disolución del sindicato contratante. Si es disuelto el sindicato que hubiere celebrado una convención, esta continúa rigiendo los derechos y obligaciones del patrono y los trabajadores.
ART. 478.—Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.
ART. 479.—(Modificado. D.L. 616/54, art. 14). Denuncia. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el departamento nacional de trabajo y para el denunciante de la convención.
En efecto, en la mencionada sentencia se declararon exequibles las normas mencionadas, pero se restringió su constitucionalidad a los cargos estudiados en la sentencia, es decir, configura una cosa juzgada relativa. Los cargos que entonces se esgrimieron en contra del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo aducían que ni en la Constitución Política ni en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 4º, se consagraba la denuncia de la convención colectiva, por lo tanto la norma demandada en cuanto establece esa institución vulnera las normas del ordenamiento superior. Se adujo también que la titularidad de la negociación colectiva radica exclusivamente en cabeza de los trabajadores, y que la denuncia de la convención colectiva es una figura extraña y ajena a la negociación colectiva, además de que ha sido empleada por los empleadores para presentar “contra-pliegos”.
4.1. La convención colectiva es un acto regulador de los contratos de trabajo, producto de una negociación colectiva, que como lo han señalado la doctrina y la jurisprudencia contiene dos elementos: el normativo y el obligacional. En efecto, según la define el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo “es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (negrilla fuera de texto).
“[E]l elemento normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los trabajadores, v. gr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional.
Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa, o las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical” (1) .
(1) Sentencia C-09 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Entendida así la convención colectiva, puede decirse que se trata de un acto jurídico de forzoso cumplimiento entre quienes lo suscriben, es decir, entre quienes se encuentran ligados por una relación laboral, so pena de incurrir en responsabilidad por su incumplimiento, según lo dispone el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, se encuentran obligados tanto el empleador como los trabajadores, como quiera que se trata del cumplimiento de convenios que resultan de una negociación colectiva, en los cuales se establecen las condiciones rectoras de los contratos de trabajo que continúan en cabeza de cada uno de los afiliados hasta la terminación del contrato, evento en el cual desaparece la responsabilidad. Ello es así, si se tiene en cuenta que las convenciones colectivas son el instrumento que mejor encarna el derecho colectivo, el cual, en palabras de esta corporación “se presenta en el ámbito constitucional, como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la solución pacífica de los conflictos laborales, y promuevan y realicen la defensa de los derechos e intereses que le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las relaciones que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo” (2) .
Adicionalmente, es preciso señalar que cuando se trate de disolución de entidades y su consecuente liquidación, que es el caso que plantea el demandante, se exige que el acto jurídico que así lo disponga, exprese con claridad las razones de interés público o social que llevan a que se tome esa medida, el cual en todo caso no puede desconocer los principios y derechos que la Constitución Política reconoce a los trabajadores. Ello es así, pues si bien la prevalencia del interés general resulta indiscutible, y la Carta Política desde su artículo 1º así lo establece, también lo es que propende por la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º), y en ese orden de ideas, el artículo 53, superior, en su inciso final, dispone que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Es más, es de tal trascendencia y relevancia la importancia que el constituyente de 1991 otorgó al reconocimiento de los derechos laborales, que ni siquiera en los estados de excepción el gobierno puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores (C.P., art. 215, in fine).
No puede ser aceptado desde el punto de vista constitucional, que los beneficiarios de una convención colectiva renuncien a sus derechos legítimamente adquiridos, producto de una negociación, de una concertación entre sectores que con intereses diversos lograron ponerse de acuerdo en procura de una paz laboral que les permita el ejercicio pleno de sus labores en beneficio de ellos y de la comunidad en general, bajo el argumento de que la misma entorpece los procesos de liquidación producto de la disolución de entidades públicas. Es en estos casos, en donde resulta aplicable el principio de la armonización concreta, el cual “implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales de modo que se asegure su máxima efectividad” (3) . Precisamente, la Corte en la Sentencia C-1050 de 2001, al analizar por los cargos allí planteados la constitucionalidad de los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, expresó que:
(3) Cfr. T-425 de 1995, T-575 de 1995, T-61 de 1996, T-75 de 1997, T-802 de 1998.
“[E]l derecho colectivo del trabajo está llamado a interpretarse a la luz del principio de armonización concreta de derechos e intereses constitucionales en las relaciones entre trabajadores y patronos. El ejercicio de dichas derechos e intereses no puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, mas aun cuando es finalidad constitucional promover la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo (C.P., art. 55, inc. 2º) este principio de hermenéutica constitucional se aplica en toda su amplitud en el ámbito del derecho colectivo del trabajo y guía el análisis de constitucionalidad de las normas demandadas”.
Ello nos lleva a preguntamos en el presente caso, si para que las entidades u organismos del orden nacional puedan adelantar y culminar procesos de disolución y liquidación, se requiere la renuncia por parte de los trabajadores a los derechos que han adquirido, no como un favor o una dádiva, sino producto de negociaciones y concertaciones a través de las cuales se ha logrado el reconocimiento de lo que justamente se han ganado con la venta de su fuerza laboral. Considera la Corte que no. Es ahí justamente en donde el Estado debe armonizar los derechos, a fin de que si por circunstancias objetivas, se concluye que una entidad debe ser disuelta, los derechos de quienes han laborado por años en la misma no sean anulados so pretexto de llevar a feliz término un proceso de liquidación.
Es por esa razón que la ley acogiendo para ello los principios, derechos y valores que consagra la Constitución Política, ha implementado procesos en los cuales se regula el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, adoptando medidas que persiguen fines constitucionales (4) . En efecto, los derechos convencionales reconocidos a los trabajadores en convenciones colectivas, en un proceso de liquidación deberán sujetarse al orden de prelación de créditos que para el efecto establece la ley. Siendo ello así, a juicio de la Corte no existe la pretendida incompatibilidad entre el cumplimiento de las convenciones colectivas y la liquidación de una entidad pública, que justifique la renuncia de los trabajadores a los derechos que les han sido reconocidos mediante una convención, menos si se tiene en cuenta que en todo proceso de liquidación corresponde al liquidador el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales, que deben ser satisfechas con el producto de la venta de los bienes de la entidad en liquidación.
(4) Según lo establecido por el artículo 32 del Decreto 254 de 2000, en la liquidación de entidades públicas que se rijan por ese decreto, en el pago de las obligaciones se observará la prelación de créditos establecida en las disposiciones legales. Como lo ha señalado esta corporación, respecto de las obligaciones laborales la prelación legal se encuentran contenida en el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 2495 del Código Civil, “que determina, por una parte, que los créditos laborales pertenecen a la primera clase de créditos de que trata el artículo 2495 del Código Civil y de otra, que tienen privilegio excluyente sobre todos los demás, con excepción de las obligaciones alimentarias a favor de menores”. Cfr. C-092 de 2002, M.P. C-291 de 2002.
Tampoco resulta acertado afirmar que la denuncia de la convención colectiva establecida en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954, no tiene ningún efecto práctico en los procesos de disolución y liquidación de entidades públicas, por cuanto la entidad respectiva sigue vinculada a pesar de haberse disuelto, como quiera que esta sigue vigente hasta tanto no se suscriba una nueva convención. Al respecto basta decir, que si la entidad se disuelve y en consecuencia se liquida, se acaba con la misma y por tanto se terminan los contratos laborales vigentes a medida que avance la liquidación, hasta que finalmente se extinga el último de ellos, momento en el cual la convención por sustracción de materia no se aplica a relaciones laborales individuales que dejaron de existir, sin perjuicio que en la liquidación se garantice la efectividad y respeto a los derechos adquiridos.
4.4. Por último en la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte, el actor considera quebrantado el artículo 55 constitucional, pues en su concepto, a pesar de que el empleador tiene la posibilidad de denuncia de una convención colectiva, en la práctica los efectos de esa facultad se ven restringidos ante la imposibilidad de que aquel presente pliegos de peticiones, con lo cual esa norma superior sufre un “menoscabo evidente con las normas acusadas en lo atinente a las entidades y empresas en liquidación”. En ese sentido, hay que señalar, que no se observa cómo se puede entorpecer un proceso de liquidación de una entidad, por el hecho de que el empleador no pueda presentar pliegos de peticiones, menos si se tiene en cuenta que el planteamiento central de la demanda es la inconstitucionalidad de la aplicación de la convención colectiva en las entidades del orden nacional que se encuentren en proceso de disolución y liquidación (5) .
(5) Ello por cuanto el artículo 2º, literal f), del Decreto 254 de 2000 “por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”, prohíbe expresamente al representante legal de la entidad realizar cualquier tipo de actividades que impliquen la celebración de pactos o convenciones colectivas.
“[A]hora bien, referido al tema de los efectos de la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador, se tiene que la armonización concreta de los derechos e intereses de las partes lleva a reconocer que el empleador tiene la facultad de manifestar su rechazo a la continuidad de la convención colectiva mediante su denuncia, pero sin que ello pueda ser entendido como rompimiento de la paz laboral, como iniciación del conflicto colectivo o como la presentación de un pliego de peticiones, potestad reservada por legislación vigente a los trabajadores. El ejercicio de la facultad de denuncia por el empleador no puede llegar al extremo de negar el carácter protector de los derechos de los trabajadores que sin ser el único, como se verá posteriormente, sí es propio de la convención colectiva de trabajo. La denuncia de la convención colectiva tiene el efecto de manifestar la intención de renegociar la convención colectiva, porque se está inconforme con la vigente.
4.5. Finalmente, la Corte considera que los argumentos planteados por el ciudadano demandante no pueden ser admitidos, pues sería tanto como aceptar que en los procesos de liquidación de entidades u organismos del Estado, luego de la orden de supresión o disolución por parte del gobierno y su posterior liquidación, se desconocieran los derechos laborales de los trabajadores, cuando es precisamente el Estado el que debe propender por una convivencia pacífica, y ello se logra, en gran medida, reconociendo los derechos derivados de las convenciones colectivas producto de negociaciones y acuerdos entre empleadores y trabajadores (C.P., art. 55), reconocidos no solamente por el derecho interno, sino por tratados y convenios internacionales incorporados a nuestra legislación y, por ello, de obligatorio cumplimiento (C.P., art. 93). En ese sentido, lo que corresponde es armonizar las normas del ordenamiento superior que reconocen y protegen los derechos de los trabajadores, con las disposiciones legales que regulan los procesos liquidatorios en las entidades públicas, a fin de que puedan tener pleno efecto tanto los derechos aludidos, como la finalidad perseguida con los procesos de reestructuración administrativa.
NOTA: La sentencia C-902 fue notificada por edicto Nº 256, fijado el 28 de octubre de 2003 y desfijado el 30 de octubre siguiente (N. del D.).

References: artículo 479
 artículo 4
 artículo 467
 artículo 468
 artículo 1
 artículo 53
in fine
 artículo 32
 artículo 157
 artículo 36
 artículo 2495
 artículo 2495
 artículo 479
 artículo 14
 artículo 55
 artículo 2