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Timestamp: 2020-01-25 22:56:02+00:00

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Exp.-02576-2011-THC-TC-Legis.pe_ | Ley procesal | Habeas corpus
Exp.-02576-2011-THC-TC-Legis.pe_
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Sánchez Vásquez contra la resolución de la Sala Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 85, su fecha 16 de marzo de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos.
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EXP. N.O 02576-2011-PHC/TC
FREDDY DANIEL ZEVALLOS LÓPEZ
En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2011, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
. /'\ / Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Sánchez Vásquez
UV ~ontra la resolución de la Sala Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 85 , su fecha 16 de marzo
de 20 11, que declaró improcedente la demanda de autos.
/ ANTECEDENTES
Con fecha 7 de octubre de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas
corpus contra la juez del Segundo Juzgado Penal de Lima, doña Sonia Pacora Portella,
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 25 de mayo de 2009 y
que en su lugar se expida una nueva resolución fundamentando la concurrencia o no de
los presupuestos del mandato de detención establecidos en el artículo 135° del Código
Procesal Penal (D.L. N.O 638).
Al respecto, afirma que el mandato de ción contenido en la Resolución de fecha 25
de mayo de 2009 carece de un ebid motivación ya que se sustenta en hechos
subjetivos que en ningún mom to se r (eren al peligro procesal que debe contener la
medida para resultar razonable y pr orcional. Señala que al haberse interpuesto el
correspondiente recurso de apelació , la Sala Superior confirmó la medida de detención
decretada señalando que basta l s indicios de la responsabilidad penal y que el
procesado tiene dos domicilios.
El Trigésimo Noven Jugado Penal de Lima, con fecha 7 de octubre de 20 l O,
declara la improcedencia iminar de la demanda por considerar que la resolución
cuestionada está motivad , estando razonada y coherente la decisión adoptada, tanto es
así que fue confirmada or la Sala Superior, contexto en el que corresponde e l rechazo
del hábeas corpus en plicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo
inciso 1, del Cód' o Procesal constitucional.
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EXP. N. O02576-2011-PHC/TC
FREDDY DANI EL Z EVALLOS LÓP EZ
La Sala Superior revisora confirma la resolución apelada por considerar que no
se aprecia que la resolución cuestionada no se encuentre debidamente motivada como
alega el actor, pues dicha resolución cumple con la justificación externa e interna.
l . El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 25 de
mayo de 2009 y de su confirmatoria por Resolución de fecha 13 de julio de 2009, a
través de las cuales se decretó y confirmó el mandato de detención provisional en
contra del recurrente (Expediente N.O 19455-2009-0-180 I-JR-PE-02).
/ A tal efecto se denuncia que el mandato de detención carece de una debida
¡ motivación, lo que implica la presunta afectación al derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales en conexidad con la libertad individual, que es el derecho
fundamental materia de tutela del hábeas corpus.
2. Es menester señalar que este Colegiado no concuerda con el rechazo liminar de la
demanda decretada por las instancias judiciales del hábeas corpus, máxime si a tal
efecto realizaron una sustanciación del fondo de la controversia al afirmar que el
mandato de detención se encuentra debidamente motivado. Al respecto este
Colegiado debe señalar que si bien el Tribunal Constitucional ha admitido el rechazo
liminar de una demanda de hábeas . n casos concretos en los que la
improcedencia es manifiesta [Cfr. RTC 01531- Oll-PHC/TC, RTC, entre otras] , en
el caso de autos no se presenta dicho supue o, en el que los hechos denunciados sí
guardan relación con el contenido cons' cionalmente protegido del derecho a la
libertad individual y no se presenta usal de improcedencia que haga viable su
En el presente caso, en princ' 10, correspondería que este Tribunal revoque el auto
concesorio del recurso de ravio constitucional y deje sin efecto todo lo actuado a
fin de que el Juez de be as corpus admita a trámite la demanda; no obstante,
atendiendo a los princ' ios de celeridad y economía procesal, y advirtiendo que de
actuados obran las instrumentales necesarias, se procederá a emitir un
nunciamiento del fondo de la controversia constitucional planteada en la
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3. El derecho a la libertad personal no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el
artículo 2 0 , inciso 24, ordinales a y b, de la Constitución, está sujeto a regulación, de
modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Al respecto, este Tribunal
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una
medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es per se
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de
inocencia que asiste a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y
cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser
apreciado en cada caso en concreto.
4. A tal efecto, el artículo 135 0 del Código Procesal Penal (D.L. N.o 638) establece que
para el dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia
VV simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos probatorios de
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo ;
b) que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena
privativa de libertad; y c) que existan suficientes elementos probatorios para concluir
que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad
probatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia
recaída en el Expediente N. o 1091-2002-HCrrC, caso Vicente Ignacio Silva Checa,
que la justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de
cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva,
lo cual es tarea que le compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su
atribución verificar si estos presupuestos c rren de manera simultánea y que su
imposición sea acorde a los fines y al aráct subsidiario y proporcional de dicha
institución, lo que debe estar motivado en la solución judicial que lo decreta
Al respecto, se debe indicar que "[1] onstitución no garantiza una determinada
extensión de la motivación, por lo e su contenido esencial se respeta siempre que
exista fundamentación jurídica, c gruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por
sí misma exprese una suficient Justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es
breve o concisa, o se presen el supuesto de motivación por remisión" [Cfr. STC
N.o 41 07-2004-HC/TC, F.J 14].
5. resente caso, a justicia penal ordinaria ha cumplido con la exigencia
cional de motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las
ones legales de la materia, al expresar en los fundamentos de las resoluciones
lidad se pretende (fojas 9 y 19) una suficiente motivación que termina por
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FREDDY DANI EL ZEVALLOS LÓPEZ
validar el mandato de detención provisional decretado en contra del recurrente. En
ese sentido se argumenta en cuanto al peligro procesal, cuyo defecto alega el actor, que:
"( . .. ) respecto a la posibilidad de [que el mismo perturbe] ( ... ) la actividad probatoria se
tiene en cuenta los antecedentes penales y judiciales de diversas judicatura ( ... )
hac[iéndo] un total de 82 procesos, aunado a ello que por ante esta judicatura fue
sentenciado a una pena condicional ( ... )". Señala la Sala Superior que confirmó la
medida "( . . . ) a lo largo de la investigación preliminar se ha observado que existe una
inminente intención evasiva o perturbadora por parte del apelante que hace necesaria la
aplicación excepcional de la detención preventiva, con fines cautelares del proceso ( ... ),
Q/\ ~aciendo caso omiso hasta en tres oportunidades a las citaciones cursadas por la
11 ~IRINCRIIDIVPIDDMP ( ... )", motivación de la imposición de la medida
cuestionada que debe ser validada en esta sede en tanto resulta acorde a la exigencia
constitucional de la motivación de la resoluciones judiciales recogida en el artículo
139°, inciso 5, de la Norma Suprema, pues conforme a lo anteriormente expuesto, la
descripción razonada y suficiente que sustente su decisión adoptada denota la
ausencia de la acusada inconstitucionalidad, lo que acontece en el caso de autos.
6. Finalmente, este Colegiado advierte que la resolución del juzgado penal emplazado
presenta el argumento inapropiado a efectos de la concurrencia del peligro procesal
al referir a los antecedentes penales y judiciales del actor; sin embargo ello fue
corregido por la Sala Superior que conoció del incidente de apelación al sustentar la
concurrencia del peligro procesal en la conducta evasiva del actor a concurrir a la
investigación preliminar, pues la renue 1 procesado a concurrir a las citaciones
en el marco de la investigación pe imin comporta elementos razonables de la
concurrencia del peligro procesal: "( ... ) . desde el inicio de la investigación penal a
nivel preliminar el inculpado muestr una conducta renuente a la sujeción de las
actuaciones y/o requerimientos de a autoridad competente en el marco de la
investigación de un delito, pued concluirse la configuración del peligro procesal,
que valida la imposición de la edida coercitiva de la libertad personal" [Cfr. STC
06097-2009-PHC/TC] , lo qu Sebe ser motivado en cada caso, como ocurre en autos.
7. En consecuencia, la de anda debe ser desestimada al no haberse acreditado la
vu lne ración del derec a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad
con el derecho a la l' ertad individual del actor.
r estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
n titución Política del Perú
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EXP . N.O02576-2011-PHC/TC
FREDDY DANIEL Z EVALLOS LÓPEZ
Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho
a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad
individual del favorecido.
CALLEHAYEN
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