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Timestamp: 2019-08-20 08:05:13+00:00

Document:
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio en materia de gestión electoral con la Comunidad Autónoma de Cantabria
Habiéndose suscrito el 28 de marzo de 2019 el Convenio en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Convenio en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
a veintiocho de marzo de 2019.
De una parte, el Ministro del Interior, señor don Fernando Grande-Marlaska Gómez, nombrado por el Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, actuando en representación de este Ministerio de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra, el señor Consejero de Presidencia y Justicia, don Rafael Ángel de la Sierra González, nombrado por Decreto 4/2015, de 10 de julio (BOC extraordinario de 10 de julio de 2015), en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con CIF nº S3933002B y con sede en la c/ Peña Herbosa, nº 29, 39003 Santander, en virtud de las facultades que legalmente tiene atribuidas por el artículo 33, K, bis) de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al amparo de la autorización conferida al efecto, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2019.
Tercero.Que la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente Ley Orgánica, a las Comunidades Autónomas por sus respectivos Estatutos en relación con las elecciones a las respectivas Asambleas Legislativas. Asimismo, dispone que, en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 50 1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. Los restantes artículos del Título I de esta Ley tienen carácter supletorio de la legislación que en su caso aprueben las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación en las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen sobre ellos.
La Ley de Cantabria 5/1987, de 27 de marzo, de elecciones al Parlamento de Cantabria establece el marco jurídico para la convocatoria y la celebración de las elecciones al Parlamento de Cantabria, dando cumplimiento a las previsiones estatutarias y a las disposiciones comunes para todas las elecciones por sufragio universal directo contenidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Quinto.Que la normativa en vigor establece determinadas obligaciones para el Estado con independencia de la naturaleza autonómica o estatal de la convocatoria electoral (como, por ejemplo, gestión del censo electoral, voto de los españoles residentes en el exterior, actuaciones postales...) y que por lo tanto no son actuaciones objeto del presente Convenio.
El objeto del presente Convenio es determinar actuaciones de colaboración en materia de gestión de procesos electorales que permitan a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Cantabria gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos necesarios para la gestión de los procesos electorales, tanto en los supuestos de concurrencia electoral como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia.
I. Mesa electoral común
En el marco de la responsabilidad que corresponde a ambas Administraciones en la correcta dotación de medios y recursos a los miembros de las Mesas electorales, las partes entienden que la coordinación de actuaciones hace conveniente la asunción de determinadas obligaciones por el Ministerio del Interior, ya que con motivo de la existencia de una Mesa común para los casos de concurrencia, prevista en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no se genera un incremento de gasto electoral para éste con respecto al supuesto de que las elecciones de su competencia se celebrasen por separado. A ello se une que la eficacia de la gestión aconseja la asunción de determinadas actuaciones por una sola Administración.
1.1 Dieta. El Ministerio del Interior asumirá las dietas que corresponden a los miembros de las Mesas electorales de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y con la Orden INT/378212007, de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los miembros de las Mesas electorales.
2.1 Urnas, cabinas y soportes señalizadores. El Ministerio del Interior prestará las urnas necesarias para el proceso autonómico, previa solicitud de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta solicitud deberá incorporar una previsión de necesidades y habrá de comunicarse directamente a la Delegación del Gobierno en Cantabria. La Comunidad Autónoma deberá devolver el material prestado en perfecto estado y, en su caso, asumirá el coste de los desperfectos que hubieran podido producirse en el mismo.
A estos efectos, las partes acuerdan que el total de desperfectos que se produzcan en las urnas utilizadas en ambos procesos se prorrateará como corresponda al número de procesos que se celebren y a la competencia estatal y/o autonómica de cada uno de ellos. Así, si se produce la concurrencia electoral entre un proceso estatal y uno autonómico, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá el coste de la mitad de los desperfectos que se produzcan. Si fueran dos procesos autonómicos y uno estatal, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá las dos terceras partes del coste correspondiente a los desperfectos, y así sucesivamente con las distintas posibilidades que pudieran producirse.
Este coste será devuelto bien mediante ingreso en el Tesoro Público o bien en forma de nuevo material (nuevas urnas con las mismas características a las prestadas) que habrá de devolverse a la Delegación del Gobierno en Cantabria o a los Ayuntamientos que ésta indique, en los tres meses siguientes a la celebración de las elecciones.
2.3 Manual de instrucciones para los miembros de las Mesas electorales. El Ministerio del Interior asumirá el coste de la elaboración, fabricación y distribución del Manual de Instrucciones para !os miembros de las Mesas Electorales que, una vez supervisado por la Junta Electoral Central, será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. En su elaboración se tendrán en cuenta las consideraciones que sobre su contenido pueda realizar la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.4 Distribución del material. Al objeto de agilizar y optimizar la gestión electoral, la Delegación del Gobierno en Cantabria coordinará con la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En aquellos países donde no haya sido posible la apertura de apartado de correos la Administración General del Estado asumirá igualmente la devolución, al elector, del coste del envío (que es único para todos los procesos concurrentes en los que los electores CERA puedan votar) mediante giro postal a la dirección proporcionada por éste.
Cuando no exista concurrencia con un proceso estatal en el que los electores CERA puedan votar, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá el coste de la devolución y el de la fabricación de sobres.
3. Accesibilidad de los procesos electorales.
Tal y como establece la disposición adicional primera del Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, aprobado por el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, ambas administraciones se comprometen a colaborar para garantizar que las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales concurrentes se cumplan de manera homogénea, eficaz y eficiente.
El Ministerio del Interior, salvo en los supuestos en los que la concurrencia solo se produzca con elecciones locales (en las que este procedimiento no es de aplicación) se compromete a poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria el servicio de atención telefónica a los solicitantes del procedimiento de voto accesible regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.
4. Acondicionamiento de locales.
La Delegación del Gobierno en Cantabria precisará y determinará coordinadamente con la Comunidad Autónoma de Cantabria la distribución de tareas y costes relativos al acondicionamiento de locales electorales.
II. Uso compartido de recursos e infraestructuras
En el marco de la responsabilidad que corresponde a ambas Administraciones en la correcta información sobre el proceso que convocan y sus resultados provisionales, así como en la dotación de medios para la Administración electoral, las partes reconocen la conveniencia del uso compartido de tecnologías en la gestión electoral, así como la utilización conjunta de sistemas de recogida, transmisión y tratamiento de datos electorales.
1.2 Apoyo a la Junta Electoral Provincial. En el caso de la Junta Electoral Provincial, ambas Administraciones. a quienes en virtud del artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio les corresponde dotarla de medios (comunicaciones, hardware y software para gestión de candidaturas y escrutinio...), instarán a aquella el uso de los que ya disponga la Administración de Justicia, así como a utilizar los locales donde habitualmente estén ubicadas las Audiencias Provinciales.
Si la concurrencia electoral del proceso autonómico solo se produjese con las elecciones locales, como proceso de competencia estatal, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá la dotación de medios necesarios para la Junta Electoral Provincial.
En todo caso, el Ministerio del Interior pone a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria sus aplicaciones informáticas de apoyo a las Juntas tanto para la gestión de las candidaturas, como para la realización del escrutinio general o definitivo.
La Comunidad Autónoma de Cantabria facilitará, en caso necesario, la instalación de medios complementarios por el Ministerio del Interior, y permitirá que las comunicaciones con todas las Juntas Electorales del territorio de la Comunidad Autónoma se realicen a través de la infraestructura de comunicaciones propia de las sedes judiciales en que se ubican dichas Juntas.
Teniendo en cuenta que no existe una normativa reguladora sobre esta materia, las partes acuerdan:
2.1 Selección y nombramiento. El representante de la Administración será único. Su designación deberá ser consensuada entre el Delegado del Gobierno en Cantabria y la Comunidad Autónoma de Cantabria, procurando que sean preferentemente empleados públicos, salvo en circunstancias debidamente justificadas.
2.2 Retribución. La retribución de los representantes de la Administración correrá a cargo de ambas Administraciones al 50 %, de forma que la contribución que perciba el representante de la Administración por su participación en los procesos electorales, estatales y autonómicos no podrá superar, en ningún caso, el tope máximo establecido en las Instrucciones Económico Administrativas del Ministerio del Interior.
2.4 Formación. La Comunidad Autónoma del Cantabria colaborará con la Delegación del Gobierno en Cantabria en la organización de las sesiones de formación necesarias para los representantes de la Administración.
3.2 Punto de control periférico. El Ministerio del Interior pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria, un punto de control periférico, en la ubicación que ella determine, con las mismas funcionalidades y requisitos que los establecidos para el seguimiento de las elecciones de competencia estatal.
III. Concreción de otros aspectos de la colaboración
1. Campaña institucional. Teniendo en cuenta que ello no supone incremento de gasto alguno para el Ministerio del Interior, este incluirá en las campañas institucionales que tiene previsto realizar, la alusión a todos los procesos concurrentes. Además, el Ministerio del Interior cede estas campañas institucionales para su adaptación y difusión por la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que la adaptación que se realice haga referencia también a las elecciones de competencia estatal y mantenga la imagen institucional del Gobierno de España/Ministerio del Interior.
3. Transporte de electores. El coste del transporte gratuito para los electores correrá a cargo de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Delegación del Gobierno en Cantabria, con cargo al presupuesto electoral del Ministerio del Interior, al 50 %
4. Información sobre jornada laboral y permisos. La Comunidad Autónoma de Cantabria informará al Ministerio del Interior, a medida que se vayan aprobando, sobre las disposiciones autonómicas que se adopten en materia de jornada laboral y permisos de las personas que intervienen en el proceso electoral.
5. Decretos de convocatoria. El Ministerio del Interior pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria las instrucciones que elabore el «Boletín Oficial del Estado» para la publicación del Decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas.
6. Papel de la Delegación del Gobierno en Cantabria. El desarrollo y ejecución de lo previsto en los presentes criterios se realizará de forma coordinada por la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Delegación del Gobierno.
1. Material electoral. En virtud del principio de colaboración administrativa, la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá solicitar a la Administración General del Estado el material electoral (urnas, cabinas, soportes señalizadores, etc.) que se estime necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cantabria, y en los términos que se establezcan por ambas administraciones. En el caso de que se produzcan desperfectos en estos materiales, la Comunidad Autónoma asumirá el coste de los mismos bien mediante ingreso en el Tesoro Público o bien mediante la devolución de nuevo material en los tres meses siguientes a la celebración del proceso.
En el caso de los impresos y documentación electoral reutilizable, fabricados por la Administración General del Estado, se determinará en qué casos concretos procede su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y esta asumirá la devolución del mismo en los términos establecidos en el párrafo anterior.
La Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá con cargo a la partida presupuestaria 02.00.921M.227.05, los costes generados por los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
La aportación económica que realice la Comunidad Autónoma de Cantabria de acuerdo con lo previsto en este Convenio se realizará mediante ingreso en el Tesoro Público. Estos ingresos podrán dar lugar a generaciones de crédito en la aplicación presupuestaria 16.01.924M.227.05 del presupuesto del Ministerio del Interior.
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria:
– La persona titular de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma o persona en quien delegue.
– Dos personas designadas por el titular de la Consejería de Presidencia y Justicia para asistir a las reuniones de la Comisión.
a) articular la colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de gestión electoral, para contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en dicha gestión, a través de la homogeneización de criterios técnicos, de la optimización de recursos así como del intercambio de información sobre los procesos electorales.
Se acuerda resolver el Convenio suscrito por los firmantes el 28 de noviembre de 2013 y prorrogado el 12 de diciembre de 2017, dando lugar a su liquidación y extinción desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.
Desde la fecha en que el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por las partes el 28 de noviembre de 2013, Convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto.

References: Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 33
 artículo 25
 artículo 28
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13