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Timestamp: 2017-09-23 20:36:59+00:00

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RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. TÍTULO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES.
INICIACIÓN Y PROGRAMACIÓN
2. La iniciativa por parte del Parlamento requerirá que se inste el acuerdo de la Cámara por un mínimo equivalente a la sexta parte de los diputados o por dos grupos parlamentarios.
3. Asimismo, estará facultada para solicitar informes, memorias y dictámenes la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros, que a su vez representen al menos la tercera parte de los miembros de la respectiva Comisión.
4. No obstante, podrán interesar la actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas o la emisión de informes:
Efectuada una denuncia ante la Audiencia de Cuentas de Canarias por la existencia de irregularidades en la gestión económico-financiera y contable de cualquiera de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, citadas en el artículo 2 de este Reglamento, el Presidente la elevará al Pleno a fin de decidir sobre su aceptación. En caso de adopción del acuerdo de aceptación, se remitirá al auditor competente por razón de la materia la denuncia conjuntamente con la documentación en que se fundamente, para que, realizadas las oportunas verificaciones, emita informe sobre la procedencia o no de iniciar la actuación fiscalizadora. Dicho informe será remitido al Presidente para su elevación al Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, quien adoptará acuerdo decisorio sobre el inicio o no de la correspondiente actuación fiscalizadora, que será incluida en el programa anual de actuaciones en la forma prevista en este Reglamento.
1. La Audiencia de Cuentas deberá realizar sus actuaciones según programa anual aprobado por el Pleno de la misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público canario. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición que corresponda al Gobierno de Canarias y a las entidades locales.
2. El programa anual de actuaciones deberá precisar las entidades del sector público, así como la actividad o actividades y ejercicios económicos, que serán objeto de fiscalización.
3. La adopción de una iniciativa fiscalizadora propia o del Parlamento de Canarias, una vez aprobado el programa anual de actuaciones, requerirá la modificación de éste, mediante acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de inclusión de dicha actuación en el mismo.
4. Una vez aprobado el programa anual de actuaciones, la Audiencia de Cuentas lo elevará al Parlamento de Canarias, así como sus modificaciones posteriores.
1. Cuando se vaya a comenzar una actividad fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas de Canarias, por medio de escrito de su Presidente, notificará su inicio a los responsables de la entidad o entidades objeto de la misma, con una antelación mínima de diez días hábiles. También será objeto de notificación la inclusión de una actividad fiscalizadora en el programa anual de actuaciones a los responsables que corresponda.
2. Podrán quedar excluidas de esta notificación las actuaciones que tengan periodicidad anual.
Una vez aprobado el programa de actuaciones, cada auditor dirigirá las fiscalizaciones que correspondan a su ámbito o que le hayan sido asignadas por el Pleno.
El Pleno de la Audiencia elaborará y aprobará unas directrices técnicas generales a las que deberán ajustarse las actuaciones fiscalizadoras, sin perjuicio de que con carácter específico, en su caso, el auditor correspondiente elabore y someta a la aprobación del Pleno una propuesta de directrices aplicables a una actuación concreta, antes de iniciarse la ejecución de la misma.
El ejercicio de la función fiscalizadora se realizará mediante los siguientes procedimientos:
a) El examen periódico y comprobación de las cuentas que están obligadas a rendir las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) El examen y comprobación específica de toda o una parte de la gestión económica, financiera y contable de cualquiera de las entidades integrantes del sector público.
1. El examen periódico de las cuentas comprenderá:
a) El de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, por delegación del Parlamento.
b) El de las cuentas de las entidades locales.
c) El de las cuentas de las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos previstos en las leyes de Presupuestos.
d) El de las cuentas de los restantes organismos y entidades a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.
e) El de las cuentas justificativas de los ingresos y gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Canarias derivados de dichos comicios, en los términos que señala la legislación electoral autonómica y demás normas que resulten de aplicación, sin perjuicio de las competencias que con carácter general correspondan al Tribunal de Cuentas.
2. El examen específico de la gestión económico-financiera y contable de una entidad integrante del sector público consiste en comprobar el efectivo sometimiento de su actividad a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, mediante el examen de la contabilidad, estados y cuentas, libros y cualquier expediente, informe, documento o antecedente, relacionado con la actividad de la entidad sujeta a fiscalización.
1. Las cuentas habrán de presentarse a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en los siguientes plazos:
a) La general de la Comunidad Autónoma de Canarias, antes del 30 de junio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera. El mismo plazo de rendición se aplicará a las cuentas de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que conforman el sector público autonómico señaladas en el artículo 2 de este Reglamento, así como a las de las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Las cuentas de las corporaciones locales, en el plazo establecido en la legislación de régimen local.
2. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, y en todo caso:
a) Las autoridades, funcionarios y demás personal de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos, así como las demás operaciones de administración.
b) Los presidentes, directores o representantes legales de los organismos autónomos y entidades públicas a los que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.
c) Los presidentes de los consejos de administración de las empresas públicas a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.
d) Los liquidadores de las empresas públicas incluidas en el artículo 2 de este Reglamento.
e) Los representantes legales de las restantes entidades a las que se refiere el artículo 2 de este texto reglamentario, que reciben o administran fondos públicos.
f) Los particulares que excepcionalmente administren, recauden o custodien fondos o valores procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de que sean intervenidas las operaciones.
g) Las personas naturales o jurídicas, perceptoras de subvenciones u otras ayudas del sector público canario. En tal caso, la rendición de cuentas se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificar ante el órgano concedente de la subvención o ayuda, sin perjuicio de la rendición material ante la Audiencia de Cuentas de Canarias cuando ésta lo requiera.
En el ejercicio de la función fiscalizadora la Audiencia de Cuentas aplicará los principios y normas de auditoría del sector público.
1. Las potestades previstas en el artículo 13 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, podrán ser ejercitadas por los auditores cuando la actuación a realizar esté incluida en el programa de actuaciones aprobado por el Pleno o en sus modificaciones.
2. Corresponde a los auditores la fijación del plazo, no inferior a cinco días hábiles, para el ejercicio de las potestades a que se refiere el artículo 13 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
1. La Secretaría General llevará un registro permanentemente actualizado de las entidades sujetas al control de la Audiencia de Cuentas.
2. Los auditores comunicarán puntualmente a la Secretaría General las sucesivas modificaciones que se produzcan en su ámbito de actuación, para su registro.
3. En las distintas unidades de fiscalización dependientes de los auditores, se llevará un registro particular relativo al ámbito de su actuación, en el que se harán constar las cuentas de las entidades que integran ese ámbito y deban rendirse periódicamente a la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la fecha en la que se reciban. Corresponderá al secretario general la supervisión de tales registros.
La documentación preceptiva que deba ser remitida a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en los términos previstos en el artículo 17.1 de este Reglamento, la cual quedará a disposición de los auditores según su ámbito de actuación, podrá ser remitida en soporte magnético o utilizando los medios informáticos que se estimen procedentes por aquélla.
1. Toda actuación fiscalizadora llevada a cabo por la Audiencia de Cuentas, una vez tramitados los procedimientos de fiscalización a que se refiere el presente título, concluirá con un proyecto de informe redactado por el área correspondiente, que suscrito por el auditor responsable, será remitido a la Presidencia, que a su vez lo elevará al Pleno para su toma en consideración, careciendo este trámite de valor sustantivo al tener por único objeto conocer la actividad fiscalizadora desarrollada en el área del auditor responsable.
2. Tras la toma en consideración por el Pleno, se notificará, en el plazo de diez días hábiles, por la Secretaría General a los auditores competentes en función de la materia. Recibida la comunicación, se remitirá por éstos a la Secretaría General, en el mismo plazo de diez días hábiles, el texto del proyecto de informe con las correcciones, en su caso, que procedan.
1. Cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de informe se remitirá por el Presidente a los responsables legales del sector o entidades fiscalizadas, para que formulen alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no superior a treinta días hábiles, prorrogables con justa causa por un período igual, previa consulta al auditor firmante del proyecto de informe.
2. La misma audiencia se conferirá a quienes hubieren ostentado la representación del sector fiscalizado, o, en su caso, la titularidad del órgano legalmente representante de la entidad del sector público de que se trate durante el período al que se hubiera extendido la fiscalización realizada.
3. Si a la vista de las alegaciones y justificaciones presentadas de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, se acordaran otras comprobaciones o diligencias, a su conclusión se abrirá nuevo trámite de audiencia, en los términos y plazos establecidos en el apartado 1 de este artículo.
4. Concluido aquél, el auditor redactará el oportuno informe que, junto con las alegaciones presentadas, se trasladará al secretario general de la Audiencia de Cuentas para su remisión al Servicio Jurídico, a fin de que emita el correspondiente informe, en un plazo no superior a treinta días hábiles.
5. El auditor correspondiente, recibido el informe jurídico, en su caso, trasladará a la Presidencia la propuesta de informe de fiscalización para su elevación y aprobación por el Pleno si procediera.
Adoptado el acuerdo de aprobación por el Pleno, se remitirá por la Secretaría General al auditor competente por razón de la materia, al Servicio Jurídico y a la Presidencia. El auditor, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del acuerdo plenario, remitirá el texto definitivo del informe incorporando, en su caso, las enmiendas y correcciones introducidas por el Pleno, a la Secretaría General para su posterior trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
a) La observancia de la legalidad reguladora de la actividad económica financiera del sector público y de los principios contables aplicables.
b) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos, en su caso, y si la gestión económica-financiera bajo un punto de vista estrictamente técnico, se ha ajustado a los principios de economía y eficacia.
d) Las medidas de carácter técnico que se proponen, en su caso, para la mejora de la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas.
Asimismo, en dichos informes se incorporarán:
1. Las alegaciones del organismo o entidad fiscalizada.
2. Las aclaraciones o modificaciones introducidas por el Pleno de la Audiencia, a la vista de las alegaciones aceptadas, así como las puntualizaciones que pudieran haber sido realizadas por el Pleno sobre las alegaciones no aceptadas, siempre que se refieran de forma clara y directa a las conclusiones y opiniones emitidas por la Audiencia en su informe.
3. Los votos particulares de los auditores, en su caso.
El resultado de la actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas, obtenido según el procedimiento previsto en el artículo 15 de este Reglamento, se materializará por medio de informes anuales o específicos.
La Audiencia de Cuentas de Canarias emitirá preceptivamente los siguientes informes anuales:
a) Informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Informe General del Sector Público Local.
c) Informe de las cuentas de las universidades públicas canarias.
Cuando, por acuerdo plenario del Tribunal de Cuentas, se solicite de la Audiencia de Cuentas la práctica de concretas funciones fiscalizadoras referidas al sector público de su competencia, el informe correspondiente se remitirá directamente a dicho Tribunal, si se llevan a cabo las actuaciones, o bien, si no es posible, se expondrán las causas que impiden el cumplimiento del encargo, para que aquél pueda adoptar las medidas que juzgue oportunas.
OTRAS FUNCIONES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
Del procedimiento de enjuiciamiento
Cuando en el ejercicio de su función fiscalizadora o por denuncia la Audiencia de Cuentas advirtiera la existencia de hechos que pudieran implicar responsabilidad contable, los pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas con remisión de la denuncia o testimonio de lo actuado.
El Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, podrá delegar en la Audiencia de Cuentas de Canarias, la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
1. Efectuada la delegación a que se refiere el artículo anterior, se observarán las normas que sobre jurisdicción contable y sus procedimientos rijan en cada momento para el Tribunal de Cuentas.
2. Sin perjuicio de la observancia de las normas indicadas en el apartado anterior, producida la delegación, por el Pleno a propuesta del Presidente, se procederá a la designación del auditor que haya de encargarse del procedimiento, así como al nombramiento de instructor, que recaerá en un técnico auditor.
3. El cargo de instructor es de obligada aceptación por el funcionario designado, sin perjuicio de la aplicación del régimen de abstención y recusación previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El Pleno determinará el equipo de auditoría que deba prestar su colaboración en función del área afectada por la presunta responsabilidad contable detectada.
5. El equipo instructor estará auxiliado por la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
1. En caso de denuncia, será necesaria la ratificación del denunciante, salvo que se actúe en representación con poder especial otorgado al efecto.
2. Tras la ratificación, en su caso, se requerirá a la dependencia administrativa o entidad donde se hubieran producido los hechos origen de la denuncia cuantos datos y antecedentes sean precisos para concretar los hechos, su trascendencia económica y la persona presuntamente responsable.
En la instrucción se llevarán a cabo, en general, cuantas actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en particular, las siguientes:
a) Redactar los pliegos de cargos, dándole traslado a los presuntos responsables para que formulen alegaciones y propongan las pruebas que consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles.
b) Tomar declaración a los presuntos responsables, preferentemente en la sede de la Audiencia de Cuentas, previa citación al efecto.
c) Liquidar provisionalmente el alcance.
d) Practicar los embargos preventivos que fueren precisos para asegurar las responsabilidades a que hubiere lugar.
e) Practicar la liquidación definitiva.
Una vez llevadas a cabo las demás diligencias complementarias que se consideren oportunas, se elaborará una propuesta de resolución redactada por el instructor y suscrita por el auditor encargado del procedimiento, que se elevará al Pleno, para que, una vez aprobada por éste, se remita con todo lo actuado al Tribunal de Cuentas.
Si en cualquier momento de la instrucción del procedimiento se apreciaran indicios racionales de responsabilidad penal, se pondrá en conocimiento del Pleno para que por éste se acuerde que se dé cuenta al Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas.
Funciones de asesoramiento y consulta
El desarrollo de las funciones previstas en el artículo 8 del presente Reglamento por la Audiencia de Cuentas de Canarias, se tramitará de la siguiente forma:
1º) Solicitado por el Parlamento de Canarias asesoramiento a la Audiencia de Cuentas, en el ámbito de sus competencias, el Pleno, a propuesta del Presidente, asignará la función al auditor o auditores, a quien o quienes corresponda por razón de la materia, que verificarán la documentación y antecedentes que obren en la Audiencia de Cuentas, y redactarán el oportuno dictamen, que será trasladado por conducto de la Secretaría General, al Servicio Jurídico para informe, que una vez recibido por el auditor, se remitirá a la Presidencia, para su aprobación por el Pleno y posterior elevación al Parlamento.
2º) Solicitado por los entes públicos mencionados en el artículo 8 la emisión de dictamen o consulta en materia de contabilidad pública y de gestión económico-financiera, y una vez emitido en los términos indicados en el apartado precedente, se procederá a su remisión al órgano solicitante.
3º) La petición de dictámenes se cursará acompañada de sus antecedentes.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 26
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8