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Timestamp: 2020-01-18 06:04:57+00:00

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Ley de Simplificacion Aduanera Reformada | aduana | Pagos
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Cosmovisión Oriental Cosmovisión Maya
Nombre: LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA
Materia: Derecho Aduanal Categoría: Derecho Aduanal Origen: ORGANO EJECUTIVO, (MINISTERIO DE HACIENDA) Estado: VIGENTE
Nº: 529 D. Oficial: 23
Fecha:13/1/99
Tomo: 342
Publicación DO: 02/03/1999
Reformas: (3) D. L. N° 906, del 14 de diciembre del 2005, publicado en el D.O. N° 8, Tomo 370, del 12 de enero del 2006.
DECRETO Nº 529.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLIA DE EL SALVADOR,
I.- Que el crecimiento del tráfico internacional de mercancías y la profusión de negociaciones comerciales en que se encuentra inmerso el país imponen la necesidad de adecuar los servicios aduaneros a los estándares mundiales de calidad y eficiencia en términos de facilitación del comercio internacional, control de la recaudación fiscal y protección de la sociedad;
II.- Que en este mismo contexto, los países del área también han realizado esfuerzo para adecuar la legislación regional a las exigencias de simplificación y facilitación de los procedimientos aduaneros, habiéndose autorizado en tal sentido la modalidad de despacho conocida como autodeterminación o autoliquidación, regulada por el Art. 75 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, la cual debe ser desarrollada para su implementación en la legislación interna de cada país;
Art. 1-A.- La Dirección General requerirá de los auxilios de la función pública aduanera y de los demás usuarios, la transmisión electrónica desde las terminales remotas ubicadas en sus propias oficinas o desde el propio recinto fiscal, accesando en línea al servidor central de la
Dirección General, o por otros medios, de la información relativa a los actos, operaciones y regímenes aduaneros en que participen. (1)
Los sujetos pasivos y demás usuarios del servicio aduanero, podrán transmitir por la vía
electrónica, entre otros documentos, declaraciones de mercancías, certificados o certificaciones de origen, manifiesto de carga, conocimientos de embarque y cualquier otro documento requerido para realizar operaciones de comercio exterior, conforme a los requisitos
y formalidades establecidos en la legislación aduanera o disposiciones administrativas de carácter general emitidas por la Dirección General. (3)
Art. 2.- Previo al arribo de las mercancías al territorio aduanero nacional, los transportistas ya sean terrestres, marítimos o aéreos, o los agentes de transporte en su caso, están obligados a proporcionar a la aduana de ingreso, mediante transmisión electrónica u otros medios autorizados por la Dirección General, la información contenida en el manifiesto general de carga.
a) Transporte regional terrestre de carga: 1.25% sobre el valor FOB de las mercancías;
b) Transporte internacional de carga, sin consideración de la modalidad de transporte:
1.50% sobre el valor FOB de las mercancías. (3)
Para la determinación del valor flete, el Servicio de Aduanas, podrá establecer de manera periódica valores de referencia, en consulta con las gremiales de transporte o empresas del rubro, los cuales serán publicados para conocimiento de los importadores y Auxiliares de la Función Pública Aduanera. (3)
En los casos en los cuales no se pueda acreditar un valor de flete, por parte del importador, el Servicio de Aduanas, establecerá el 10% sobre el valor FOB de las mercancías. (3)
Los gastos de transporte de las mecánicas importadas hasta el puerto o lugar de importación, así como los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las
mercancías importadas hasta el puerto de importación y el costo del seguro, estarán incluidos en el valor en aduana de las mercancías, para los efectos del Número 2 del Art. 8 del Acuerdo
a la aplicación del Art.VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
El transportista que ejecuta una operación de tránsito aduanero y el agente de transporte,
serán responsables ante el Fisco por la entrega de las mercancías a la aduana de destino, en consecuencia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones, responderán solidariamente por el pago de los derechos e impuestos a la importación si las mismas no arriban en su totalidad a dicha aduana.
A los efectos de cubrir esta responsabilidad, tanto el transportista como el agente de
transporte, como condición para ejecutar o hacer ejecutar el tránsito aduanero de mercancías, deberán rendir a favor del Fisco, una garantía global que será fijada por el Dirección General, de conformidad a los Convenios internacionales que regulan la materia del transporte internacional de mercancías, suscritos y ratificados por El Salvador. (1)
Art. 3.- En el sistema de autodeterminación o autoliquidación, corresponde al declarante la determinación de la obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de las demás regulaciones establecidas en las leyes respectivas, y además, la presentación de la declaración de mercancías y el pago de los tributos que se causen. (3)
Excepcionalmente, la autoridad aduanera efectuará la determinación de la obligación tributaria aduanera sobre la base de la información entregada por el declarante y el reconocimiento de las mercancías. Tales casos de excepción, serán determinados por la Dirección General a través de normas administrativas de aplicación general.
Cuando en el ejercicio de sus facultades de verificación inmediata o fiscalización a posteriori, establecidas en la Ley, la Autoridad Aduanera competente determine el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera, procederá a la liquidación oficiosa de los tributos a la importación dejados de pagar y a imponer las sanciones respectivas. (3)
Art. 4.- Para efectos de la autodeterminación de las obligaciones aduaneras, el declarante o su representante tendrá derecho a efectuar, de acuerdo al procedimiento que establezca al efecto la Dirección General, el examen previo de las mercancías, que consiste en el reconocimiento físico de las mismas, previo a su despacho, para determinar sus características generales y los elementos determinantes de las obligaciones tributarias aduaneras y demás requisitos que se requieren para la autorización del régimen u operación aduanera a que serán destinadas.
Asimismo, el declarante deberá efectuar el pago de sus obligaciones tributarias aduaneras en los bancos del sistema financiero, mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria del declarante, agente de aduanas o de terceros en su caso, a la cuenta corriente de la Dirección General de Tesorería, o a través de cualquier otro medio que al efecto se autorice. En este caso, el banco que perciba el pago de tributos, estará obligado a transmitir inmediatamente a la Dirección General de Tesorería y a la Dirección General, toda la información referida a dicho pago. (1)
Los bancos que transmitan a la Dirección General, información errónea, incompleta o falsa sobre el pago de obligaciones tributarias aduaneras, en virtud de lo cual la autoridad aduanera autorice la entrega de mercancías que se encuentren en depósito temporal o almacenadas en cualquier otro recinto fiscal, tendrán por este hecho, responsabilidad subsidiaria frente al Fisco, por el pago de los respectivos derechos e impuestos que total o parcialmente no hubiere sido efectivamente percibidos. A estos efectos, los bancos tendrán responsabilidad patrimonial por las actuaciones de sus dependientes. (1)
Art. 5.- Cualquier persona con un interés legítimo podrá efectuar consultas a las autoridades aduaneras, como acto previo a la presentación de la declaración, relacionadas con la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que regulan los
procedimientos aduaneros, la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, los tributos que se causan con motivo de las opresiones aduaneras o sobre cualquier otro asunto que tenga relevancia tributaria aduanera; para tales efectos el sujeto pasivo, su representante o apoderado debidamente acreditado, deberá presentar escrito, en el que detalle el criterio razonado que sobre el asunto consultado tenga; además, de proporcionar todos los elementos
y documentos necesarios, y de ser posible la muestra correspondiente. Dichas consultas serán
evacuadas por la autoridad aduanera a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes
a su recepción, y sólo surtirán efecto en el caso concreto específicamente consultado; dicho
plazo podrá ser ampliado de oficio por un período igual por la autoridad aduanera, cunado por la naturaleza de la consulta sea necesario efectuar investigaciones y análisis que requieran un mayor tiempo que el señalado. (3)
Si la evacuación de consultas requiere necesariamente de un análisis de laboratorio, el interesado podrá requerir los servicios del Departamento de Laboratorio de la Dirección General, o presentar dictámenes emitidos por cualquier laboratorio público o privado debidamente autorizado por la autoridad gubernamental competente y certificado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. (3)
La presentación de la consulta no suspende el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias aduaneras. La respuesta que haya sido emitida por escrito por la Autoridad Aduanera y que se haga del conocimiento al interesado, no tiene carácter de resolución y no es susceptible de impugnación o recurso alguno. (3).
Art. 5-A.- En el caso de solicitudes relacionadas con Criterios o Resoluciones Anticipadas, presentadas ante la Dirección General, en el marco de los acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia comercial, éstas deberán ser resueltas dentro de los plazos establecidos en dichos instrumentos legales, mediante resolución razonada. De la resolución emitida procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, conforme al procedimiento, formalidades y plazos establecidos en su Ley de organización y funcionamiento. (3)
Las solicitudes de Criterios o Resoluciones Anticipadas únicamente procederán en los casos previos en los acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia comercial, y deberán cumplir con los requisitos de tiempo y forma establecidos en los mismos, debiendo la Dirección General, tramitarla conforme al procedimiento regulado en dichas disposiciones legales. (3)
Los Criterios o Resoluciones Anticipadas, se aceptarán cuando se presente antes que se realice la importación de la mercancía en cuestión, los cuales conservarán su validez por tres años, siempre y cuando no hayan cambiado las condiciones que fundamentaron su emisión; lo anterior, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de que dispone la Dirección General. (3)
Art. 6.- La declaración para destinar aduaneramente las mercancías, deberá efectuarse mediante transmisión electrónica de la información, conforme a los lineamientos y formatos físicos y electrónicos establecidos por la Dirección General, a través del sistema conocido como teledespacho, el cual, para asegurar la integridad de los flujos de información, deberá estar estructurado por procedimientos que aseguren la autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudiación de la información transmitida, Excepcionalmente, la declaración podrá efectuarse por otros medios legalmente autorizados o por disposiciones administrativas de carácter general dictadas por la Dirección General.
Para efectos de esta Ley, teledespacho constituye el conjunto sistematizado de elementos tecnológicos de carácter informático y de comunicaciones que permiten, dentro de un marco de mutuas responsabilidades y mediante los procedimientos autorizados, el intercambio por vía electrónica de información de trascendencia Tributaria entre la Dirección General y los usuarios y auxiliares del servicio aduanero, bancos y en general, los operadores e instituciones contraloras del comercio exterior.
Los documentos contenidos en un soporte magnético, digital o electrónico producirá los mismos efectos jurídicos que los escritos en un soporte de papel; en consecuencia, lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable a la declaración del valor en aduana y a cualquier otro documento en formato electrónico que conforme la legislación requiera adjuntarse a la declaración de mercancías. Cuando la Ley requiera que la información conste o que la misma sea presentada y conservada o archivada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, siempre que la información contenida en éste sea accesible para su ulterior consulta.
En todo trámite legal, no se dará aplicación a disposición alguna que sea óbice para la admisión como prueba de un mensaje de datos. (1)
Art. 7.- El uso de medios informáticos y de la vía electrónica para el intercambio de información, gozará de plena validez para la formulación, transmisión, registro y archivo de la declaración de mercancías, de la información relacionada con la misma y de los documentos que a ésta deban adjuntarse, así como para certificar el pago del adeudo, y su utilización producirá los mismos efectos jurídicos que produciría la entrega de esa misma información en soportes Físicos.
En caso que se detectare una disconformidad de datos de un mismo documento, registrados en los archivos de los bancos, usuarios o auxiliares del sistema aduanero en relación con los registrados y archivados por la aduana, se considerarán como correctos los datos sobre los cuales la entidad certificadora hubiera otorgado fe pública, o en su defecto, los que consten en el documento físico cuya información se transmitió, siempre que el mismo no tenga borrones, tachaduras o alteraciones. (1)
Art. 8.- A efectos de garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información y de impedir su posterior repudiación, se establecen sistemas de certificación de la información transmitida, para lo cual, se autorizará la intermediación de empresas que provean servicios de certificaciones de dicha información llamadas en adelante entidades certificadoras. La autorización para operar, la fiscalización y la facultad sancionatoria relacionadas con las entidades certificadoras, será ejercida por el Ministerio de Hacienda, en tanto no se dicte una Ley que regule de manera general todos los aspectos ralacionados con el comercio electrónico, en cuyo caso, dicha potestad corresponderá a la autoridad acreditante o licenciante de entidades certificadoras que en la misma se establezca. A estos efectos, el Ministerio de Hacienda tendrá, otras, las facultades siguientes:
a) Autorizar la operación de las entidades certificadoras en el territorio nacional;
b) Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las
c) Realizar visitas de auditoría a las entidades certificadoras;
d) Revocar o suspender la autorización para operar como entidades certificadoras;
e) Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones de control;
f) Imponer sanciones a las entidades certificadoras, cuando de conformidad con la Ley
g) Ordenar la revocación de certificados cuando la entidad certificadora los emita sin el
cumplimiento de las formalidades legales;
Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las entidades certificadoras;
i) Impartir instrucciones a través de disposiciones administrativas de carácter general, sobre el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales deben sujetar las entidades certificadoras y los suscriptores de éstas.
Las entidades certificadoras, deberán ser personas jurídicas que además de estar capacitadas tecnológicamente para prestar servicios de generación y certificación de firma digital, deberán cumplir para su autorización con los requisitos legales y reglamentarios, que al efecto se establezcan. Una vez autorizadas para operar, dichas entidades estarán dotadas de la potestad de otorgar fe pública respecto a que una fecha y horas específicas, personas perfectamente individualizadas realizaron una transmisión electrónica de datos en determinados términos. La información así certificada, no podrá ser negada o repudiada posteriormente.
Para la ejecución de las distintas actuaciones que conforman el sistema de teledespacho y para el intercambio de la información general, cada usuario autorizado, contará con una pareja de claves o llaves únicas y correspondientes entre sí, una pública y otra privada, de manera tal que ambas se correspondan de manera exclusiva y excluyente, debiendo además la entidad certificadora, administrar un sistema de publicidad de llaves públicas. La vinculación de ambas llaves o clases constituyen la firma digital o electrónica, que para todos los efectos legales se constituye en el sustituto digital de la firma manuscrita que en el marco del intercambio electrónico de datos permite al receptor de un mensaje electrónico verificar con certeza la identidad proclamada por el transmisor, impidiendo a este último desconocer en forma posterior la autoría del mensaje. Los usuarios del sistema, conocidos además como suscriptores, tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las llaves privadas que les hayan sido asignadas y responderán por las consecuencias legales que se deriven de un uso indebido de tales llaves, ya sea por parte de él mismo o de terceras personas no autorizadas.
Las entidades certificadoras que sean autorizadas para operar, emitirán los respectivos certificados que permitan a los usuarios del sistema una interacción segura en la red informática habilitada para el intercambio electrónico de datos. El certificado emitido por una entidad certificadoras deberá ser reconocido por las demás entidades certificadoras autorizadas. (1)
Se prohíbe a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, revelar o permitir el uso a terceros de su clave de acceso o firma digital, inclusive revelarla o permitir el uso de la misma a sus asistentes autorizados. (3)
Art. 8-A.- Las entidades certificadoras autorizadas tendrán las funciones siguientes:
a) Ejercer la potestad jurídica de otorgarle fe pública en el marco de intercambio
electrónico de datos, respecto de la pertenencia de las firmas digitales a personas naturales o jurídicas y de los términos en que se ha generado y transmitido un mensaje de datos;
b) Generar el par de llaves privada y pública, a solicitud expresa, virtualmente o por
escrito, de una persona natural o jurídica;
c) Asignar las llaves públicas a los suscritos o a las personas naturales o jurídicas que
así lo soliciten, verificando el cumplimiento de los requisitos que al efecto se establezcan y determinando fehacientemente la identidad y la capacidad de obrar de las personas naturales y la personería jurídica de los representantes legales de las personas jurídicas;
d) Expedir o emitir los certificados respectivos, esto es, los documentos electrónicos
que, añadidos a la llave pública como datos e información características del firmante, acreditan o respaldan la vigencia y la correspondencia entre una clave pública y la persona que es titular de dicha llave, utilizando sistemas que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación. Para estos efectos, la entidad certificadora podrá publicar el certificado en su sitio WEB de internet, otorgarlo directamente o enviarlo a los sistemas del suscriptor de la llave pública, o entregarlo sin costo a cualquiera que lo solicite;
e) Llevar un registro magnético o directorio público en línea, tanto de las llaves públicas
como de los certificados o documentos electrónicos que acrediten o respalden la correspondencia entre dicha clave pública y la persona que sea su titular;
f) Tomar medidas técnicas y administrativas tendientes a evitar la falsificación de llaves públicas y certificados; y,
g) Las demás que otras disposiciones legales o reglamentarias les otorguen.
En todo caso, las entidades certificadoras deberán previamente a la asignación de llaves a los usuarios de los servicios aduaneros, corroborar que los mismos han sido autorizados por la Dirección General para actuar por si mismos ante el servicio de aduanas de la República, en términos previstos por el Art. 9 de esta Ley. (1)
Art.- 8-B.- Se establece la obligación de secreto y reserva respecto a los datos personales o normativos de quienes firmen y sean certificados digitalmente, que archiven o almacenen las entidades certificadoras en bases de datos que para todos los efectos legales serán consideradas de acceso privado, con el objeto de asegurar la confidencialidad de la información y el respeto y la protección de la privacidad de las personas, salvo que la Fiscalía General de la República o un Tribunal competente requiera el conocimiento de dichos antecedentes por motivos fundados. En ningún caso, dichos datos personales podrán ser cruzados, perfilados o utilizados para otros fines que los regulados por esta Ley, salvo que el titular de los datos consienta expresamente y por escrito en su uso para una finalidad distinta de aquella con la cual fueron recolectados, procesados y registrados o almacenados.
No obstante lo anterior, la Dirección General podrá publicar por cualquier medio que estime conveniente, las declaraciones y estadísticas de importación o exportación, reservándose únicamente el nombre y demás datos personales del declarante. (1)
Art. 8-C.- Las entidades certificadoras tendrán además, entre otros, los siguientes deberes:
firmas digitales, la conservación y archivo de certificados y documentos en soporte de mensaje de datos;
suministrada por el suscriptor;
d) Rendir a favor del Fisco una garantía global, bancaria o de compañía de seguros,
por el monto que se le fije por el Ministerio de Hacienda;
e) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación;
f) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores;
g) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto por esta Ley;
h) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas o judiciales
competentes en relación con las firmas digitales y certificados emitidos y en general
sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración;
i) Permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte del Ministerio de Hacienda o de la entidad a quien corresponda dicha función de acuerdo con las normas que a futuro regulen el comercio electrónico;
j) Elaborar los reglamentos que definan sus relaciones con el suscriptor y la forma de prestación del servicio; y,
k) Llevar un registro de los certificados emitidos. (1)
Art. 8-D.- Son deberes de los suscriptores:
a) Generar la firma electrónica asignada por la empresa certificadora, utilizando un
método autorizado por ésta;
b) Suministrar la información que requiera la entidad certificadora;
c) Mantener el control de la firma digital, especialmente de su clave o llave privada;
d) Solicitar oportunamente la revocación de los certificados; y,
e) Los demás que les impongan las Leyes o Reglamentos de la República;
Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la entidad certificadora y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor, así como del mal uso, abuso o daño que en cualquier forma causen a los sistemas informáticos utilizados por la Dirección General en el marco del intercambio electrónico de información. (1)
Art. 8.-E.- El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el debido proceso y el derecho de defensa, podrá imponer según la naturaleza y la gravedad de la falta, las siguientes sanciones a las entidades certificadoras:
b) Suspender la autorización para operar de la entidad certificadora infractora, hasta
por el plazo de seis meses, cuando se compruebe que ha autorizado, ejecutado o tolerado conductas violatorias de la Ley, que pudieren provocar un perjuicio Fiscal o
daño a los sistemas informáticos de la Dirección General, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a las personas naturales que hubieran acordado, autorizado, permitido o ejecutado tales actos;
c) Revocar definitivamente la autorización para operar, cuando la entidad certificadora
se hubiere hecho acreedora a una segunda suspensión en el lapso de un mismo año,
contando desde la fecha de la comisión de los hechos que motivaron la primera suspensión.
Para la aplicación de las sanciones establecidas en los literales b) y c), del inciso anterior, se utilizará el procedimiento establecido por el Art. 17 de la presente Ley. (1)
Art. 9.- Los datos y registros recibidos y archivados en el sistema informático constituirán plena prueba de que el usuario del servicio aduanero realizó los actos que le corresponden y que el contenido de esos actos y registros fue suministrado por éste, haciendo uso de su clave de acceso confidencial.
Los empleados, funcionarios o autoridades que intervengan en la operación del sistema, serán responsables civil, administrativa y penalmente de sus actos y de los datos que suministren.
Cualquier información transmitida electrónicamente por medio de un sistema informático autorizado por la Dirección General será admisible en los procedimientos administrativos o judiciales como evidencia de la transmisión y del contenido de esa información.
Para garantizar el acceso generalizado al teledespacho, la participación de los agentes de aduana o agentes aduaneros en la gestión de los trámites aduaneros que tengan por objeto mercancías destinadas a su procesamiento o comercialización, será optativa para el usuario, siempre que éste sea una persona jurídica, quien podrá obtener una autorización de la
Dirección General para efectuar por sí misma sus declaraciones aduaneras, para lo cual deberá otorgar poder de representación en escritura pública a favor de cualquiera de sus empleados que la representará en calidad de apoderado especial aduanero ante las Aduanas de la República, quienes serán sometidos a un examen de suficiencia que versará sobre materias aduaneras y que podrá comprender además pruebas psicotécnicas, debiendo cumplir con los requisitos que la normativa aduanera o la Dirección General establezcan a través de disposiciones administrativas de carácter general, que deberán ser debidamente publicadas en el Diario Oficial.
Una vez autorizado el apoderado especial aduanero, la persona jurídica poderdante deberá rendir una fianza que será fijada por la Dirección General, la cual servirá para responder por los derechos e impuestos, multas y demás recargos que puedan generarse en el marco de sus actuaciones ante las autoridades aduaneras.
El apoderado especial aduanero quedará sujeto, en virtud de su intervención, a las mismas disposiciones legales que regulan lo relativo a la suspensión y revocatoria de la autorización para operar de los agentes de aduana. (1)
Art. 10.- Las instituciones públicas y entidades privadas relacionadas con el servicio de aduanas, deberán transmitir electrónicamente a las autoridades aduaneras competentes los permisos, certificados, licencias, autorizaciones y demás información inherente al tráfico de mercancías o a la comprobación del pago de las obligaciones tributarias aduaneras, de conformidad a los procedimientos acordados entre tales entidades y la Dirección General.
Por su parte, la autoridad aduanera deberá proporcionar a estas instituciones o entidades la información atinente a su competencia sobre las operaciones aduaneras de acuerdo a los procedimientos que al efecto se hubieran convenido.
Art. 11.- Toda mercancía para ser destinada a un régimen aduanero, deberá estar amparada en una declaración. La declaración de mercancías se considerará aceptada cuando se registre en el sistema informático autorizado por la Dirección General. La realización de dicho acto no implica avalar el contenido de la declaración, ni limita las facultades de comprobación, fiscalización y liquidación a posteriori de la autoridad aduanera. (3)
En el caso de transferencia o venta de mercancías importadas bajo los regímenes aduaneros suspensivos y liberatorios, la declaración de importación definitiva mediante la cual se cancela el régimen, deberá presentarse y pagarse previo a la transferencia o venta realizada. En el caso de las sanciones y liquidaciones de oficio practicadas por la autoridad aduanera competente, el pago de los tributos y multas deberá efectuarse dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a la notificación de la resolución definitiva. (3)
Las declaraciones que hayan sido teledespachadas y se encuentren registradas en el sistema informático de la Dirección General y que no se presenten dentro del plazo de diez días, serán anuladas de oficio del sistema por la autoridad aduanera competente; en el caso de las declaraciones de mercancías que se encuentre en la misma condición anterior, y que hayan sido pagados los tributos, serán anuladas del sistema de aduanas dentro del plazo de sesenta días siguientes a su registro, en este último caso el interesado podrá presentar la solicitud de devolución de impuesto ante la Autoridad Aduanera correspondiente. (3)
Art. 11.A.- Se entenderá por procedimiento simplificado para el retiro de mercancías, el retiro de éstas de los recintos aduaneros, sin la determinación final de los aranceles aduaneros, impuestos y cargos aplicables a la importación, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la llegada de la mercancía. Dicho procedimiento será autorizado mediante resolución razonada, por un plazo de un año, prorrogable a criterio de la Dirección General, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que ésta dispone de conformidad a la Ley. El procedimiento simplificado será aplicable en aquellos casos establecidos en acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia comercial. El procedimiento simplificado también podrá ser aplicado cuando así se acuerde en un convenio suscrito entre la Dirección General y un
operador de envíos de entrega rápida o courier. La Dirección General establecerá los requisitos para calificar a un operador de envíos de entrega rápida o courier. (3)
En el caso del procedimiento simplificado, el pago de los tributos determinados en la declaración de mercancías de importación deberá efectuarse dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a la presentación de la misma ante la autoridad aduanera competente, debiendo cumplir con los requisitos siguientes: (3)
a) Presentar ante la Dirección General, una solicitud de autorización para el
procedimiento simplificado para el retiro de mercancías, la cual deberá contener entre otros, la información general del solicitante, ubicación de la empresa, capacidad de almacenaje, estimación del monto y tipo de las mercancías que asignará anualmente;
En el caso de las personas jurídicas, deberá presentar los datos relativos a su
personería jurídica; (3)
c) Justificación de la operación, de conformidad a los volúmenes en número y
recaudación tributaria, así como a la clase de mercancías, régimen aduanero y demás elementos; para tales efectos deberá llenar los formularios que establezca la Dirección General; (3)
d) Que no tenga deudas pendientes con el fisco; (3)
e) Que no haya sido sancionado en forma reincidente, en los últimos seis meses por
infracciones aduaneras; (3)
f) Contar con las instalaciones adecuadas para la recepción, manejo y almacenamiento
de las mercancías; (3)
g) Rendir ante el fisco una garantía suficiente en forma de depósito o fianza, por el
monto estimado de sus operaciones que cubra el pago definitivo de los derechos aduaneros, impuestos y cargos relacionados con la importación, la cual será autorizada por la Dirección General, por un plazo de un año, y podrá ser mediante fianza o depósito en cuanta corriente a favor de la Dirección General de Tesorería; (3)
h) Presentar las respectivas solvencias de pago del Instituto Salvadoreño el Seguro
Social y de las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones, de las cotizaciones correspondientes a los treinta días anteriores, a aquel en el que se presente la solicitud; (3)
i) Cumplir con los demás requisitos y obligaciones no tributarias establecidas en la Ley;
j) Cumplir con otros requisitos que la Dirección General determine mediante disposiciones administrativas. (3)
Al momento del ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional, amparadas bajo la modalidad del procedimiento simplificado, el sujeto pasivo deberá cumplir con los requisitos siguientes: (3)
a) Transmisión y presentación del manifiesto de carga; y (3)
b) Transmitir electrónicamente la declaración de mercancías y presentarla junto con la
documentación de respaldo ante la autoridad aduanera competente al momento del ingreso de las mercancías, debiendo efectuarse el pago de los tributos y demás cargos aplicables a la importación, dentro de los ocho días hábiles siguientes a dicho acto. (3)
La Dirección General podrá revocar la autorización correspondiente, ante el incumplimiento por parte del sujeto pasivo de las condiciones y requisitos establecidos en la resolución de autorización o en el Convenio correspondiente, lo cual dará lugar a que se haga efectiva la garantía o fianza rendida a favor del fisco y dará lugar a la suspensión de sus operaciones aduaneras hasta que se verifique el ago correspondiente. (3)
Tratándose de un convenio entre la Dirección General y un operador de envíos de entrega rápida o courier, las condiciones y el plazo de vigencia serán los establecidos en el convenio y tomarán en cuenta las Directrices para el Levante Inmediato de los Envíos por parte de la Aduana, establecidas por la Organización Mundial de Aduanas. Estos convenios deberán incluir: (3)
a) Rendir ante el fisco una garantía suficiente en forma de depósito o fianza, por el
monto estimado de sus operaciones que cubra el pago definitivo de los derechos aduaneros, impuestos y cargos relacionados con la importación, la cual será autorizada por la Dirección General, por un plazo de un año, y podrá ser mediante fianza o depósito en cuenta corriente a favor de la Dirección General de Tesorería; (3)
b) Para envíos cuyo valor FOB sea inferior a doscientos dólares (US$200.00), el retiro
de las mercancías de los recintos fiscales se autorizará con la presentación de la guía aérea y la factura respectiva, presentado por el operador de envíos de entrega rápida o
courier; en caso de no tener factura será sometido a los valores de referencia emitidos por el Departamento de Valoración de la Dirección General. (3)
c) Para envíos cuyo valor FOB sea superior a doscientos dólares (US$200.00) y no
mayor a tres mil dólares (US$3.000.00), el retiro de las mercancías de los recintos fiscales se autorizará con la presentación de la declaración de las mercancías. La declaración de mercancías podrá ser consolidada siempre que el total de la suma del valor FOB de cada una de las mercancías no supere los tres mil dólares (US$3,000.00) por el operador de envíos de entrega rápida o courier. (3)
Art. 12.- La declaración de mercancías autoliquidada será sometida a un proceso selectivo y aleatorio que determine si corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado. Dicha verificación no limita las facultades de fiscalización posterior de la autoridad aduanera.
Art. 13.-Cuando de conformidad con los criterios selectivos y aleatorios, corresponda efectuar la verificación inmediata de lo declarado, el Administrador de Aduanas deberá disponer la práctica de la misma; para tales efectos, designará uno o varios Contadores Vista para que la realicen, quienes deberán practicarla dentro del mismo día en que las mercancías se encuentren a su disposición para realizar dicha diligencia, salvo que la Autoridad Aduanera requiera un plazo mayor, de acuerdo a las características y naturaleza de la misma. (2) (3)
Mientras la Dirección General no posea los medios electrónicos para la recepción y archivo de la documentación que sustenten las operaciones de importación y exportación, ésta será archivada por la Autoridad Aduanera, sea que haya operado verificación inmediata de lo declarado o levante automático de la mercancía. (2) (3)
En los casos en que el sujeto pasivo, sea objeto de un proceso de verificación de origen por parte de la autoridad competente del país importador, la Dirección General, previa solicitud del interesado podrá entregar certificación de la documentación original relacionada con las exportaciones realizadas. (3)
Los sujetos pasivos que de conformidad con las leyes respectivas estén obligados a llevar contabilidad formal, deberán tenerla a disposición de la Autoridad Aduanera competente cuando ésta la requiera en el ejercicio de sus facultades de control y verificación a posteriori. Aquellos sujetos pasivos que no estén obligados a llevar contabilidad formal, deberán llevar
registros especiales de conformidad con las leyes, los cuales deberán tenerse a disposición de la Autoridad Aduanera competente. En ambos casos el tiempo en que se deberán tener a disposición los registros contables, registros especiales y la documentación de respaldo de los mismos, será de cinco años. (3)
Los exportadores y productores deberán conservar por un mínimo de cinco años, a partir de la fecha de su emisión, las certificaciones o certificados de origen, así como todos los registros y documentos que demuestren que una mercancía, para la cual el productor o el exportador proporcionó una certificación de origen, de conformidad a lo establecido en los tratados, convenios, acuerdos y otros instrumentos en materia de comercio suscritos por el país. (3)
Art. 14.- La Dirección General tendrá amplias facultades de fiscalización, inspección, investigación y control con el fin de asegurar el exacto cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y de los demás requisitos no arancelarios que sean necesarios para la autorización del régimen solicitado, incluso respecto de los sujetos que gocen de exenciones, franquicias o incentivos tributarios, tanto en lo relativo a sus declaraciones como al cumplimiento de las condiciones que impone el régimen aduanero declarado o tratamiento tributario especial.
En su función fiscalizadora, la Dirección General podrá:
a) Practicar inspecciones en locales ocupados a cualquier título por los sujetos pasivos
de las obligaciones tributarias aduaneras;
b) Exigir a los sujetos pasivos de los derechos e impuestos a la importación, en
relación con las operaciones objeto de investigación, la exhibición de sus libros y balances; sistemas, programas, archivos y registros de contabilidad manual, mecánica o computarizada; documentos, correspondencia comercial, bienes y mercaderías; así como examinar y verificar los mismos y tomar medidas de seguridad para su conservación en el lugar en que se encuentre, aún cuando no corresponda al domicilio
del contribuyente, quedando los mismos bajo la responsabilidad de éste;
c) Requerir informaciones y declaraciones a los sujetos pasivos de la obligación
tributaria aduanera y auxiliares de la función pública aduanera, relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como la exhibición de documentación relativa a tales situaciones que se vincule con las obligaciones antes referidas;
d) Exigir a los beneficiarios de franquicias e incentivos tributarios informes sobre el
cumplimiento de los requisitos para gozar de tales beneficios;
e) Requerir, cuando no exista prohibición legal, de las personas particulares, de los
funcionarios, instituciones o empresas públicas y de las autoridades en general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control de las obligaciones aduaneras tributarias. Las personas naturales tendrán la obligación de rendir testimonio bajo juramento en calidad de terceros, pudiendo la Dirección General verificar estos testimonios, datos e informes. Se exceptúan de esta norma la Dirección General de Estadística y Censos y las entidades estatales en lo que concierne a informes confidenciales que su respectiva ley de creación o reglamento les prohíban divulgar;
f) Fiscalizar el tránsito aduanero de mercancías por cualquier medio para verificar que se cumpla con los requisitos prescritos en la normativa aduanera;
g) Citar a contribuyentes, responsables o a cualquier tercero para que conteste o
informe, verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio autorizado por la Dirección
General, las preguntas o requerimientos que se estimen necesarios para la verificación del exacto cumplimiento de las obligaciones aduaneras. De esta diligencia deberá
levantarse acta, firmada o no por el citado, que servirá de medio de prueba en los procedimientos respectivos;
h) Examinar los hechos que puedan configurar infracciones y hacer del conocimiento de la Fiscalía General de la República sobre las infracciones penales, a efecto de asegurar los medios de prueba e individualizar a los infractores.
La Dirección General deberá potenciar además la fiscalización como un instrumento de orientación a los usuarios de los servicios aduaneros, de modo que se facilite a los mismos el cumplimiento voluntario de sus obligaciones aduaneras.
El plazo para la verificación posterior caducará en cinco años contados desde la fecha de aceptación de la declaración de mercancías correspondientes.
Art. 14-A.- Para ejercer las facultades de fiscalización a posteriori y de verificación de origen, la Dirección General contará con un cuerpo de auditores y técnicos. En cada fiscalización o verificación de origen podrán tomar parte uno o más auditores o técnicos que la Dirección General designe. Los auditores y técnicos tienen las facultades que de conformidad a la legislación aduanera y acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia comercial, les asigne la Dirección General en el acto de su designación. (3)
Los auditores o técnicos al concluir su comisión, deberán formular un informe dirigido al Director General de Aduanas; dicho informe cuando se trate de fiscalizaciones a posteriori será trascrito íntegramente para conocimiento del sujeto pasivo. (3)
Los empleados, técnicos, auditores, peritos, colaboradores jurídicos, contadores vista, oficiales aduaneros y funcionarios de la Administración Aduanera, no deberán llevar por sí o por interpósita persona, contabilidades o auditorías particulares y asesorías de carácter tributario aduanero. El incumplimiento a esta disposición se sancionará de conformidad a la legislación aplicable. (3)
Art. 15.- Cuando por motivo de la verificación inmediata o de la fiscalización posteriori, la autoridad aduanera competente, determine la existencia de derechos e impuestos a la importación o cualquier tributo que no hubiere sido cancelado total o parcialmente con la declaración de importación respectiva o establezca el incumplimiento de alguna de las regulaciones determinadas en acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio, abrirá el proceso administrativo correspondiente. (3)
Art. 16.- Los resultados de la fiscalización deberán ser notificados al declarante o a su agente de aduanas en su caso de acuerdo con las reglas siguientes:
Se notificará al supuesto infractor, a su representante legal, apoderado o mandatario aduanero, curador o heredero, en el lugar señalado para recibir notificaciones o en su domicilio. Tales notificaciones se harán por cualquier Delegado de la Dirección General, por la vía electrónica, telefax o telefacsimil, por correo certificado con constancia de recepción, o por los demás medios que autoricen las leyes.
Si no se encontrare al interesado o a cualquiera de sus representantes en el lugar señalado para recibir notificaciones o en su domicilio, se le notificará por medio de su cónyuge o compañera de vida, hijo mayor de edad, socio, dependiente o sirviente doméstico, o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio del presentante, apoderado, curador o heredero, o de la empresa, oficina o dependencia establecida en el lugar señalado.
Si no se encontrare al interesado a cualquiera de sus representantes en el lugar señalado para recibir notificaciones o en su domicilio, se le notificará por medio de su cónyuge o compañera de vida, hijo mayor de edad, socio, dependiente o sirviente doméstico, o por medio de persona
mayor de edad que esté al servicio del representante, apoderado, curador o heredero, o de la empresa, oficina o dependencia establecida en el lugar señalado.
Si no se encontrare ninguna de las personas señaladas en el inciso precedente, en la dirección indicada, o se negaren a recibida, se fijará en la puerta de la casa u oficina, una esquela en la cual se notificará la resolución en extracto.
Sin no se dieren las circunstancias para que la actuación quede legalmente notificada, ésta se hará por edicto, sujetándose a las formalidades siguientes: Se fijará en el tablero de la Dirección General o de la Aduana respectiva, un extracto breve y claro del auto o resolución correspondiente por un término de setenta y dos horas, pasadas las cuales se tendrá por hecha la notificación. Los Interesados estarán obligados a concurrir a la Dirección General si desean conocer íntegramente la providencia que se ha hecho saber en extracto.
Debido a la solicitud que se establece entre el declarante y su agente de aduanas en lo que respecta a sus obligaciones tributarias aduaneras y al mandato que de acuerdo con la legislación de la materia se establece entre los mismos, la notificación que se haga al agente de aduanas se entenderá extensiva para el declarante.
Art. 17.- El progreso administrativo a que alude el Art. 15 de esta Ley, se desarrollará de la siguiente manera:
a) La apertura del proceso debe notificarse al declarante o a su Agente de Aduanas,
apoderado o representante, haciéndoles sabes el contenido íntegro del informe de
fiscalización, hoja de discrepancia o informe de investigación correspondiente, conforme a las reglas de notificación establecidas en el artículo anterior; (3)
b) El declarante contará con un plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente día de la notificación para la presentación de sus alegatos y las pruebas de descargo que estime pertinente;
c) Vencido dicho plazo, la Dirección General dictará la resolución que proceda dentro
del plazo de veinte días hábiles. La notificación de dicha resolución se hará dentro del
plazo de veinte días hábiles posteriores a la fecha de su emisión, la cual deberá contener el texto íntegro de la misma. (2)
Contra la resolución de liquidación oficiosa de impuestos que se dicte, se admitirán los recursos administrativos señalados en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, ante las autoridades competentes y conforme a los requisitos, plazos y procedimientos establecidos en la misma. (3)
Art. 18.- Los empleados, funcionarios y usuarios del servicio de aduanas y demás personas autorizadas que utilicen los sistemas informáticos y medios de transmisión electrónica de datos de enlace con la autoridad aduanera, deberán acatar las medidas de seguridad que la Dirección General establezca, incluyendo las relativas al uso de códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad.
Art. 19.- Debido al carácter especial de la presente Ley, las normas de la misma prevalecerán sobre las contenidas en cualquier otra ley, decreto, reglamento o normativa que las contraríe.
Art. 20.- La Dirección General está facultada para emitir las normas administrativas que sean necesarias para el desarrollo de los principios contenidos en esta Ley, principalmente de aquellos que regulan la emisión, transferencia, uso y control de la información relacionada con las operaciones aduaneras.
Art. 21 El Presidente de la República emitirá el reglamento de la presente ley dentro de los ciento ochenta días subsiguientes a la vigencia de la misma.
Art. 22.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.
GERSON MARTINEZ, PRIMER VICEPRESIDENTE.
CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
RONAL UMAÑA, TERCER VICEPRESIDENTE.
NORMA FIDELIA DE RAMIRIOS, CUARTA VICEPRESIDENTA
JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, PRIMER SECRETARIO.
JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, SEGUNDO SECRETARIO.
ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO.
GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCIA, CUARTO SECRETARIO.
ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA.
JORGE ALBERTO VILLCORTA MUÑOZ, SEXTO SECRETARIO.
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.
MANUEL ENRIQUE HINDS CABRERA, Ministro de Hacienda.
D.L. Nº 529, del 13 de enero de 1999, publicado en el D.O. Nº 23, Tomo 342, del 3 de febrero de 1999.
(1) D.L. Nº 523, del 30 de agosto de 2001, publicado en el D.O. Nº 188, Tomo 353, del 5 de octubre de 2001. *NOTA
LOS DECRETOS 13, 14, 15 Y 16 DE LA PRESENTE REFORMA, SE TRANSCRIBEN TEXTUALMENTE DEBIDO A QUE DICTA LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA INTERCAMBIAR Y ESTANDARIZAR LA INFORMACION ELECTRONICA PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LAS ADUANAS, ASI:
Art. 13.- En tanto las entidades certificadoras no inicien operaciones, serán los datos
registrados en el sistema de la aduana los que se presumirán correctos ante la disconformidad
a que se refiere el Artículo 7 de la Ley de Simplificación Aduanera.
Art. 14.- El Ministerio de Hacienda y la Dirección General, dispondrá de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia del presente decreto para adecuar su sistema informático
y de comunicaciones y dictar los procedimientos, manuales y directrices necesarios para
permitir el intercambio de información por la vía electrónica bajo las condiciones de seguridad y operación a que se refiere el presente decreto. Los usuarios de los servicios aduaneros contarán con el mismo plazo para adecuar sus equipos y sistemas a las exigencias del sistema
de intercambio electrónico de datos establecido mediante el presente decreto.
Las facultades de autorización y control de las entidades certificadoras a que alude el artículo 8 de la Ley de Simplificación Aduanera, será ejercida transitoriamente por el Ministerio de Hacienda, durante un plazo máximo de dos años contados desde la fecha de vigencia del presente Decreto, plazo dentro del cual, deberán aprobarse las disposiciones legales que regulen de manera general lo relacionado con el intercambio electrónico de datos y los sistemas de certificación de firma digital.
Art. 15.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables además, en lo conducente, al intercambio de información de trascendencia tributaria que por la vía electrónica se establezca entre la Dirección General de Impuestos Internos y los contribuyentes de los impuestos de esta Dependencia administra, así como a los flujos de información que se generen para efectos del pago o afianzamiento de obligaciones tributarias, entre contribuyentes, entidades del sistema bancario y a la Dirección General de Tesorería.
(2) D. L. N° 490, del 27 de octubre del 2004, publicado en el D.O. N° 217, Tomo 365, del 22 de noviembre del 2004.
(3) D. L. N° 906, del 14 de diciembre del 2005, publicado en el D.O. N° 8, Tomo 370, del 12 de enero del 2006.
Texto copiado de http://www.csj.gob.sv
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 Artículo 7
 artículo 8