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Timestamp: 2019-07-16 07:01:38+00:00

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Tradicionalmente la ordenación del territorio era problema exclusivamente administrativo, pero a partir del Código Penal de 1995 el Derecho Penal pasa también a asumir, juntamente con la Administración, la tutela de dicho bien jurídico frente a aquellos atentados que el legislador considere más graves. Posiblemente este cambio de óptica responda al hecho innegable de que el territorio, el suelo, es un bien escaso que no se puede aumentar a capricho como ocurre con otros bienes. Hay el territorio que hay, y no es posible ensancharlo. De ahí que el Estado, no obstante el principio de intervención mínima de inexcusable observancia en Derecho Penal, haya considerado oportuno el amparo penal de los ataques más graves contra la ordenación del territorio. Hay que reconocer la coherencia de esta determinación, no sólo porque la realidad evidencia la angustiosa necesidad de vivienda en nuestro país, sino porque nuestra propia Constitución lo demanda al marcar una pauta enérgica a todos los poderes del Estado en el artículo 45.2, señalando que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable seguridad colectiva», y en el 47.1 cuando reconoce el derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna y adecuada, ordenando a los poderes públicos que promuevan las condiciones adecuadas para hacer efectivo este derecho, y en el art. 45.3, en que la propia Constitución ordena el establecimiento de sanciones penales y administrativas, además de las indemnizaciones del daño para las violaciones que se realicen en esta materia.
Aunque la determinación del legislador de traer al ámbito penal estas conductas es loable, pues con ello se trata de poner coto a los desmanes y a la indisciplina que en nuestra patria existían en materia urbanística, se sustanciarán con toda seguridad varios problemas de los que, por su importancia, destacamos dos: (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).
1. La concomitancia de sanciones penales y administrativas para unas mismas conductas, por lo que habrá de entrar en juego, en más de una ocasión, el principio prohibitivo non bis in idem, así como la necesidad de suspender el expediente administrativo hasta tanto no termine la vía penal. (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).
2. El hecho evidente de que las normas penales son normas en blanco que necesitan, para ser aplicadas, elementos normativos dimanantes de disposiciones administrativas. En este punto hay que tener en cuenta -por lo que afecta al principio de legalidad- la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 1990, en cuanto al mandato de certeza que las mismas deben contener para no incidir en el derecho a la legalidad penal. Y, por otro lado, hay que subrayar que también el principio de igualdad puede quedar cuestionado, puesto que la materia urbanística es materia delegable por el Estado en las Comunidades Autónomas (art. 148.3 de la Constitución), que pueden dar a esta materia un tratamiento diferente. Incluso ocurre que la misma norma de planteamiento urbanístico procede en la mayoría de los casos del ámbito municipal, de modo que la norma penal en blanco puede quedar colmada con disposiciones autonómicas y municipales, con lo cual el justiciable puede recibir un diferente trato penal en Cataluña que en Andalucía, y, aun dentro de la misma autonomía, de forma diferente en un pueblo que en otro.
II Los tipos penales. (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).
Contiene el Código Penal en este punto dos artículos: el 319 y 320, el primero de ellos dirigido a los promotores, constructores y técnicos directores, y el segundo dirigido a la Autoridad o funcionario público.
1. Artículo 319. (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).
El artículo 319 castiga en su párrafo 1.º a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. En su párrafo 2.º castiga a las mismas personas cuando la conducta sea llevar a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable. Y en su párrafo 3.º se autoriza a los jueces y tribunales a que, motivadamente, puedan ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).
La exegesis del precepto nos obliga a comentar en primer término el concepto de los distintos sujetos activos del delito.
Por promotor la doctrina entiende que es aquel que inicia, dirige, organiza o emplea los medios conducentes a hacer posible la construcción. Por constructor, aquel que ejecuta la obra, responsabilizándose del modo de ejecución y de la calidad de los materiales: empresario de la obra le llama la Ley del Suelo de 1992 en su artículo 264.1. Más dificultades suscita el concepto de técnico director, puesto que el legislador penal no lo concreta y la legislación urbanística tampoco, pero deberían entenderse incluidos en ese concepto los ingenieros técnicos, actúen conjuntamente o sólo uno de ellos.
Este delito admite la participación del extraneus -incluso aunque se trate de obrero u operario- siempre que sea conocedor y consciente de la ilegalidad de la obra y coopere a su realización en los términos descritos en los arts. 28 b) y 29 del Código Penal.
En cuanto al elemento subjetivo del delito hay que significar que los tipos penales contenidos en los dos párrafos del artículo 319 sólo pueden ser cometidos en forma dolosa, dado que la imprudencia requiere -como apunta el artículo 12- expresa punición legal. No es preciso, sin embargo, un dolo específico; basta con el dolo genérico .
En cuanto a los tipos concretos contenidos en el artículo 319 hay que decir que este artículo contempla en sus dos párrafos dos tipos distintos: en el primero se contempla la construcción no autorizada en suelos públicos (viales, zonas verdes, bienes de dominio público, con valor paisajístico, artístico, histórico, etc.), y en el segundo, la edificación en suelo privado. (Abogado delito contra ordenación territorio Málaga).

References: artículo 45
 Artículo 319
 artículo 319
 artículo 264
 artículo 319
 artículo 12
 artículo 319