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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE - PDF
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE
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Jose Maria Pacori Cari
1 SUMILLA: El principio de valoración conjunta, previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, exige que las deducciones que el juez desprenda de las pruebas no se limiten solo al examen individual de cada una de ellas, sino que se sustente, además, en una apreciación global de los medios probatorios. Lima, treinta de marzo de dos mil diecisiete. LA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandado Geovanni William Condezo Salvatierra, a fojas mil cuatrocientos veintiuno, contra la sentencia de vista dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil cuatrocientos tres, en cuanto revoca el extremo de la sentencia apelada, dictada el veintisiete de enero de dos mil diez, obrante a fojas mil ciento cincuenta y dos, que declara infundada la demanda, y, reformándolo, la declara fundada en parte, declarando resuelto el contrato de compraventa celebrado entre las partes el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. II. ANTECEDENTES. Para analizar esta causa civil y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones: 1
2 1. DEMANDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Por escrito obrante a fojas cuarenta y cinco, Ena Agustina Noriega Condezo interpone demanda civil contra Geovanni William Condezo Salvatierra y Julia Galván Soto, con el propósito que el órgano jurisdiccional: (i) declare la resolución del contrato de compraventa celebrado el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve respecto al inmueble ubicado en la manzana B-3, lote 09, Segunda Etapa, Asociación de Empleados del Ministerio de Guerra, distrito de La Molina; (ii) ordene el pago de una indemnización a cargo de los emplazados por la suma de veinticinco mil dólares (US$ 25,000.00); y, (iii) ordene a los emplazados la entrega del inmueble. Funda su pretensión en lo siguiente: 1) Que el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve celebró con su sobrino, el codemandado Geovanni William Condezo Salvatierra, un contrato de compraventa sobre un área de 111 m2 del bien inmueble ubicado en la manzana B-3, lote 09, Segunda Etapa, Asociación de Empleados del Ministerio de Guerra, distrito de La Molina, fijando el precio de veinticinco millones de intis (I/ ,000.00) por dicha área de terreno. Tal precio fue cancelado en parte, a través de un adelanto de diez millones de intis (I/ ,000.00,) acordando que el saldo de quince millones de intis (I/ ,000.00) sería cancelado la primera quincena del año mil novecientos noventa. Sin embargo, el saldo del precio nunca fue pagado por el demandado, aprovechándose de los vínculos familiares que los unen; razón por la cual es su voluntad resolver el contrato, con la correspondiente restitución del inmueble; y, 2) Agrega que los hechos narrados le han causado daños económicos, pues de no haberse producido hubiera podido vender la misma área de terreno a otra persona, por lo que corresponde la entrega de la indemnización solicitada. Además, con fecha posterior, ha tomado conocimiento que su sobrino estaba casado con la codemandada Julia Galván Soto. 2
3 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito obrante a fojas seiscientos tres, la codemanda Julia Galván Soto contesta la demanda, sosteniendo que: 1) Es falso que el saldo del precio de venta, de quince millones de intis de (I/ ,000.00), no haya sido pagado; que, debido al parentesco existente entre las partes, los acuerdos referidos a la compraventa se hicieron de modo verbal y de buena fe; y que dentro de este contexto, el saldo de quince millones de intis (I/ ,000.00) fue cancelado a la demandante en marzo de mil novecientos noventa, en un visita realizada al centro de trabajo de la demandada (Hospital Militar), en la que se le hizo entrega del dinero en efectivo, sin haber suscrito ningún recibo, debido a que la demandante adujo que no contaba ni con papel ni con lapicero y, además, se encontraba en horario de trabajo; y, 2) Agrega que la cancelación del saldo del precio de venta se realizó de buena fe y teniendo en cuenta a familiaridad con la vendedora, por lo que no se exigió recibo; y prueba de ello es que por casi diez años no se ha requerido pago alguno. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. En el presente proceso se han fiado los siguientes puntos controvertidos: a) declarar si resulta judicialmente procedente o no la declaración de resolución del contrato celebrado el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; y, b) establecer si resulta oponible o no a la parte demandada la obligación de dar suma de dinero ascendente a la suma de veinticinco mil dólares (US$ 25,000.00), a título de indemnización por incumplimiento de contrato. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 3
4 Por sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diez, obrante a fojas mil ciento cincuenta y dos, el juez de la causa declara infundada la demanda, al considerar que, a partir de lo actuado en los autos, puede concluirse válidamente que el precio del contrato de compraventa, celebrado por las partes respecto al inmueble ubicado en la manzana B- 3, lote 09, Segunda Etapa, Asociación de Empleados del Ministerio de Guerra, distrito de La Molina sí fue cancelado en su totalidad. Para ello, explica lo siguiente: 1) En las relaciones familiares es usual que los pactos se realicen en forma verbal. Por tanto, teniendo en cuenta que entre las partes existe un vínculo de familiaridad, es probable que los actos relativos al contrato de compraventa de fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve hayan mantenido tal forma; 2) Todo indica que el contrato de compraventa hubiere sido celebrado entre las partes en forma verbal, puesto que aun cuando la actora afirma que él se encontraba contenido en un documento que ha sido sustraído de su hogar, ha entrado en contradicción respecto a esta versión, pues: (i) en el Acta de Audiencia que obra a fojas ochocientos uno ha sostenido que tal documento se le perdió en una mudanza e, incluso; (ii) en la documental de fojas siete ha señalado expresamente que no existe contrato alguno con los demandados. Conducta que, además, debe ser tomada en cuenta al decidir la causa; y, 3) Con mayor razón, es probable también que la cancelación del saldo del precio de venta, de quince millones de intis (I/ ,000.00), hubiere sido efectuada bajo la misma modalidad verbal, lo cual se acredita teniendo en cuenta que desde la fecha de celebración del contrato han transcurrido más de nueve años para incoar el incumplimiento y, asimismo, que los demandados han levantado una construcción en el área de terreno que fue objeto de compraventa, lo cual haría pensar que el saldo fue cancelado; tanto más si en el expediente penal obra la declaración de una vecina del lugar (Mariana de Jesús Lavalle Becerra) que da fe de 4
5 que el precio fue pagado y, del mismo modo, existe en los autos una conversación telefónica mantenida entre el codemandado Geovanni William Condezo Salvatierra y la actora, en la que esta última reconoce el pago del saldo. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. La sentencia de primera instancia es apelada por la demandante, alegando que a quo ha incurrido en una valoración parcializada de los medios probatorios, llegando a conclusiones inaceptables, como el hecho de considerar que las construcciones o una testimonial demuestran el pago del precio. 6. SENTENCIA DE VISTA. A través de la sentencia de vista, objeto de impugnación, la Cuarta Sala Civil de Corte Superior de Lima revoca la sentencia de primera instancia, en el extremo que declara infundadas las pretensiones de resolución del contrato y entrega del inmueble, y, reformándola en esto último, declara fundada en parte la demanda y, en consecuencia, resuelto el contrato de compraventa de fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve e improcedente la entrega del área de terreno que fue objeto de venta, los demás extremos en tanto que de la sentencia apelada han sido confirmados. Fundamenta la decisión en que en los autos no existe prueba que el saldo del precio del contrato de compraventa hubiere sido cancelado, por dos razones fundamentales. Primero, la declaración testimonial de la vecina Mariana de Jesús Lavalle Becerra solo puede constituir un indicio débil respecto al pago del saldo, dado que ella ha reconocido que no tiene conocimiento directo de la cancelación del precio, sino que únicamente ha oído a los demandados haberlo efectuado. Segundo, la conversación telefónica, cuya transcripción obra a fojas trescientos treinta y tres, mantenida entre la demandante y el 5
6 codemandado Geovanni William Condezo Salvatierra, tampoco puede probar la cancelación, dado que en ella la actora ha negado enfáticamente que el precio hubiere sido cancelado. Tercero, el hecho de que la demandante haya entregado el área de terreno vendida a los emplazados para edificar la construcción actualmente existente en él no puede implicar necesariamente que el precio se hubiere pagado, pues la entrega de tal bien es una obligación que nació desde el mismo momento de la celebración del contrato y, además, las relaciones familiares existentes entre las partes bien podrían explicar tal tolerancia. III. RECURSO DE CASACIÓN El codemandado Geovanni William Condezo Salvatierra interpone recurso de casación, el cual ha sido declarado procedente por esta Suprema Sala, mediante resolución dictada el quince de diciembre de dos mil dieciséis, por las siguientes causales: A. Infracción normativa de los artículos 1428 y 1429 del Código Civil. Refiere que no se ha probado fehacientemente que se hubiere producido un incumplimiento en el contrato. Agrega que se pretende una resolución del contrato, sin previamente habérsele requerido y constituido en mora para que cumpla con el alegado pago del saldo de precio. B. Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 188, 194, 197, 198 y 275 del Código Procesal Civil. Indica que la sentencia de vista ha sido expedida sin haberse valorado debidamente y en forma conjunta la declaración testimonial de María Jesús Lavalle Becerra y sin haberse valorado adecuadamente el diálogo suscitado con la actora, lo que importa una deficiente valoración de los medios de prueba. Arguye que durante toda la secuela del proceso se ha 6
7 sostenido que el pago se hizo en forma verbal, llevado por la buena fe, dado los vínculos familiares, siendo contradictoria la posición de la Sala Superior que para acreditar la existencia del contrato, en forma verbal, se sostenga que en el transcurso del proceso se ha dejado notar un parentesco entre la accionante y el codemandado;6 sin embargo cuando se trata de merituar y acreditar el pago del saldo del precio no ha tenido el mismo criterio valorativo. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de casación objeto de pronunciamiento ha sido declarado procedente tanto en razón a infracciones normativas de carácter in iudicando como a infracciones normativas de carácter in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre estas denuncias. Del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política y los artículos 188, 194, 197, 198 y 275 del Código Procesal Civil. SEGUNDO.- Las denuncias de carácter procesal esgrimidas por el recurrente están dirigidas fundamentalmente a cuestionar la valoración que la Sala Superior ha realizado de los medios probatorios existentes en los autos, argumentando que tal valoración ha contravenido lo previsto en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política y los artículos 188, 194, 197, 198 y 275 del Código Procesal Civil. TERCERO.- A pesar de que las disposiciones legales invocadas en el recurso de casación como fundamento de esta infracción resultan diversas, lo cierto es que el argumento central empleado para cuestionar la decisión dictada por la Sala Superior se centra en afirmar que ésta ha 7
8 inobservado las reglas que nuestro ordenamiento legal prevé para regular la valoración de los medios probatorios. y, en ese sentido, es necesario recordar que el artículo 139, inciso 3, de nuestra Constitución Política consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él, las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración 1. CUARTO.- Uno de los componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la prueba, que constituye un derecho eminentemente complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darles el mérito probatorio que tengan en la sentencia. QUINTO.- Además, por ser un derecho que se materializa dentro de un proceso, está delimitado por una serie de principios que determinan su contenido, entre los cuales pueden mencionarse los principios de pertinencia, idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción, debida valoración, entre otros, previstos en el artículo 188 y siguientes del Código Procesal Civil. 1 Corte IDH. OC-9/87 Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, párr
9 SEXTO.- Interesa para los presentes efectos referirnos al principio de la debida valoración de los medios probatorios actuados, pues si el derecho a probar, como lo establece el artículo 188 del Código Procesal Civil, tiene por finalidad producir en la mente del Juzgador el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, él se convertiría en una garantía únicamente declarativa o ilusoria si el juzgador no apreciara adecuada y razonablemente el material probatorio, dando lugar a una sentencia irregular o arbitraria. SETIMO.- En efecto, las pruebas que sustentan la pretensión y la oposición de las partes tienen su correlativo en el deber del juez de merituar de manera conjunta el caudal probatorio aportado, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Adjetivo. Esta actividad, valoradora en los aspectos de prueba-valoración-motivación, no debe ser expresada en la forma de meros agregados mecánicos, sino como la expresión del juicio racional empleado por el juzgador para establecer la conexión entre los medios de prueba presentados por las partes y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio. OCTAVO.- La falta de percepción o la omisión de valorar la prueba para el esclarecimiento de los hechos puede generar errores en la logicidad que repercuten en la garantía del debido proceso. Constituye, además, un atentado contra el principio de igualdad de las partes, por vulnerar el derecho subjetivo de probar, al apartar del proceso el material probatorio de una de las partes intervinientes ocasionando un perjuicio; incurriendo así en arbitrariedad, por expedir una sentencia irregular, con errores in cogitando. NOVENO.- En este caso, la recurrente afirma que la Sala Superior ha incurrido en una indebida valoración del caudal probatorio existente en 9
10 los autos. Específicamente, sostiene que ( ) la sentencia recurrida ha sido expedida sin haberse valorado debidamente y en forma conjunta la declaración testimonial de María Jesús Lavalle Becerra de fojas cuatrocientos veintidós y sin haberse valorado adecuadamente el diálogo suscitado con la actora transcrito a fojas ciento once a ciento veintitrés corroborada con la que obra a fojas trescientos treinta y tres a trescientos treinta y ocho, lo que importa una deficiente valoración de los medios de prueba ( ). Es decir, esta denuncia se encuentra relacionada específicamente con dos medios probatorios: a) La declaración testimonial de la testigo Jesús Lavalle Becerra; y, b) el diálogo telefónico transcrito a fojas trescientos treinta y tres. DÉCIMO.- En relación a este asunto, es necesario mencionar que este Supremo Tribunal ha tenido oportunidad de avocarse al conocimiento de los autos en dos ocasiones anteriores, con motivo de los recursos de casación interpuestos contra sendas decisiones del ad quem, dictando para ello los pronunciamientos obrantes a fojas mil doscientos sesenta y uno y a fojas mil trecientos setenta y cinco. En ambos casos, se invalidó la sentencia de vista a causa de la omisión de pronunciamiento sobre las mismas pruebas antes indicadas, ordenando a la Sala Superior que se pronuncie sobre: ( ): a) La declaración Testimonial de Mariana Jesús Lavalle Becerra, quien tuvo una conversación con la actora donde ésta le comentó que vendió la mitad de su lote y que los compradores le habrían cancelado, corroborada con la declaración testimonial según el Acta de Audiencia de Prueba de fojas setecientos setenta y tres, quien al absolver su tercera pregunta también declaró que la actora le manifestó que el precio del bien inmueble le pagaron por partes; b) Si mediante la reproducción del video transcrita a fojas trescientos treinta y tres, 10
11 existirían o no indicios que revelarían la existencia del pago del saldo de la resolución contractual materia de litis ( ) 2. DÉCIMO PRIMERO.- A partir de lo anterior, puede desprenderse que en ocasiones anteriores, ya se había advertido la existencia de una apreciación deficiente ocurrida respecto a los mismos medios probatorios que ahora son causa del recurso de casación, habiéndose requerido en más de una ocasión la emisión de un adecuado pronunciamiento en atención a ellos. Sin embargo, aun cuando en esta ocasión la sentencia de vista sí contiene un análisis expreso sobre cada uno de estos medios probatorios, puede observarse que este análisis no se ha realizado en forma conjunta, como lo exige 197 del Código Procesal Civil, sino más bien aislada o fragmentaria. DÉCIMO SEGUNDO.- En efecto, en los fundamentos undécimo al décimo tercero de la sentencia de vista puede observarse que la Sala Superior ha analizado los medios probatorios que son objeto de comentario con dos deficiencias: Primero, ha aislado estos medios probatorios del resto de medios probatorios y circunstancias que, de acuerdo con el Código Procesal Civil, deben ser apreciadas en la tarea de valoración probatoria. Segundo, ha aislado también cada uno de estos medios probatorios en su análisis, examinándolos de forma fragmentada, de tal forma que, en lugar de desprender conclusiones a partir de su apreciación conjunta, ha calificado a ambas como insuficientes por sí mismas para formar convicción en el órgano jurisdiccional. DÉCIMO TERCERO.- En efecto, el ad quem ha sostenido, por un lado, que la declaración testimonial de Mariana Jesús Lavalle Becerra solo es un indicio débil pues se trata de una simple afirmación como vecina y, 2 Casación N Lima (fojas 1375). 11
12 por otro, que en la conversación telefónica transcrita a fojas trescientos treinta y tres, si bien se llega a reconocer que el demandado realizó un segundo pago de la deuda, no se acepta que lo hizo en forma total. Por estas razones, ninguno de estos medios probatorios han sido considerados suficientes por sí mismos para acreditar el pago del precio del bien. DÉCIMO CUARTO.- Empero, una apreciación propuesta en estos términos, limitándose únicamente a examinar el mérito singular de cada prueba, infringe el principio de valoración conjunta que el artículo 197 del Código Procesal Civil, el cual exige que las deducciones que el juez desprenda de las pruebas no se limiten solo al examen individual de cada una de ellas, sino que se sustente, además, en una apreciación simultánea o global de los medios probatorios. En este caso, el órgano jurisdiccional debe apreciar en forma simultánea que: (i) la señora Mariana de Jesús Lavalle ha declarado que en una conversación la actora le comentó que vendió la mitad de su lote y que los compradores le cancelaron (como lo estableció la Casación N Lima), (ii) en la conversación telefónica, cuya transcripción obra a fojas trescientos treinta y tres, la actora reconoció que sí se produjo un pago en el Hospital Militar (según se ha transcrito en el considerando décimo tercero de la propia sentencia de vista); (iii) la demandante ha entregado el bien vendido al demandado y ha permitido que construya en él su vivienda (según se indica también en la sentencia de vista); y, (iiii) se ha demostrado que la demandante ha efectuado afirmaciones falsas en su demanda (como lo señala la sentencia de primera instancia). DÉCIMO QUINTO.- Es evidente que ninguna de estas apreciaciones, valoradas en forma aislada, podría ser suficiente para hacer prevalecer las afirmaciones del demandado, en el sentido que el saldo del precio fue 12
13 cancelado. No obstante, la valoración conjunta de ellas, nos lleva necesariamente a dar crédito a tal versión, pues el peso conjunto de cada uno de estos indicios, a partir de un razonamiento lógico, nos lleva a concluir que existen hechos que, por lo menos en conjunto, no pueden ser explicados de otro modo que no sea aceptando que el pago se produjo y, por tanto, generan convicción en cuanto a este último. DÉCIMO SEXTO.- Conviene mencionar en este punto lo declarado por la doctrina en relación a este asunto, en el sentido que: ( ) para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una masa de pruebas ( ) 3. A partir de lo cual se hace tanto más evidente que una apreciación fragmentada de la prueba, como la ocurrida en el presente caso, infringe las reglas que rigen la valoración probatoria. DÉCIMO SETIMO.- Ahora bien, aun cuando la consecuencia natural de la verificación de una infracción de carácter procesal es, de acuerdo con el artículo 396 del Código Procesal Civil, la declaración de invalidez de lo actuado, debe tenerse en cuenta que, según se ha explicado precedentemente, el presente caso ya ha sido objeto de conocimiento de esta Suprema Corte hasta en dos ocasiones anteriores, habiendo sido devuelto a la instancia inferior por vicios relacionados con el mismo asunto que ahora es tratado; situación que ha generado que la tramitación del proceso se extienda por encima de los márgenes de tiempo razonable para la controversia. Razón por la cual, en aras de tutelar el derecho de las partes a un plazo razonable, este Colegiado 3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, citado por CARRIÓN LUGO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Civil, Volumen II: Teoría General del Proceso (segunda parte), Lima: Grijley, 2000, p
14 considera necesario y oportuno continuar con la absolución del recurso, a efectos de poder dictar decisión definitiva sobre la causa. De los artículos 1428 y 1429 del Código Civil DÉCIMO OCTAVO.- La denuncia de carácter material se encuentra referida a los artículos 1428 y 1429 del Código Civil. Ambos regulan dos supuestos distintos, aunque relacionados, de ineficacia contractual: 1) El artículo 1428 del Código Civil regula el supuesto conocido bajo la denominación de resolución judicial. En éste, la resolución es pretendida dentro de un proceso judicial y no fuera de él, requiriendo únicamente: a) que la parte que pretende la resolución no haya incumplido el contrato; b) que la otra parte haya incurrido en incumplimiento; y, c) que éste incumplimiento sea relevante, bajo términos de buena fe, para justificar la disolución del vínculo contractual; 2) El artículo 1429 del Código Civil regula el supuesto conocido bajo la denominación de resolución por intimación. Éste también constituye un supuesto de resolución, pero no uno ocurrido dentro del proceso, sino fuera de él,extrajudicial, a través de la intimación que la parte que no ha incumplido dirige a la otra requiriéndole el cumplimiento de su obligación dentro de un plazo determinado, bajo sanción de resolución automática del contrato. DÉCIMO NOVENO.- Entonces, si bien ambas disposiciones se refieren a supuestos de resolución contractual, no lo hacen en términos complementarios ni compatibles, pues mientras una se refiere a un caso de resolución judicial, dentro del proceso, sujeta a un régimen legal determinado, la otra se avoca a regular uno de resolución extrajudicial, fuera del proceso, sujeta a un régimen legal distinto. 14
15 VIGÉSIMO.- En este sentido, se desprende que el extremo del recurso de casación a través del cual se invoca la infracción del artículo 1429 del Código Civil debe ser desestimad por este Supremo Colegiado, puesto que, según se ha explicado, el contenido normativo de esta disposición legal no es aplicable a los supuestos de resolución judicial, como el presente, sino a los de resolución extrajudicial por intimación. En consecuencia, el requerimiento notarial al que hace mención esta disposición legal no es exigible a la ahora demandante y, por tanto, no puede ser causa para denegar su petitorio. VIGÉSIMO PRIMERO.- Ahora bien, en cuanto al artículo 1428 del Código Civil, hemos mencionado que éste prevé por lo menos tres requisitos para la resolución judicial: a) que la parte que pretende la resolución no haya incumplido el contrato, b) que la otra parte haya incurrido en incumplimiento; y, c) que éste incumplimiento sea relevante, bajo términos de buena fe, para justificar la disolución del vínculo contractual. Es decir, que la pretensión de resolución judicial no podrá prosperar mientras que no se demuestre, entre otras cosas, que la parte contra la cual se dirige incumplió el contrato. El solo hecho de encontrarnos frente a un supuesto de resolución por incumplimiento, deja claro esto último. VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el presente caso, sin embargo, al analizar las denuncias de carácter procesal contenidas en el recurso de casación, este Supremo Colegiado ha dejado sentado que la valoración conjunta de los medios probatorios pone en evidencia que el incumplimiento contractual que la actora atribuye a la parte demandada (no haber cancelado en su totalidad el precio acordado en el contrato de compraventa de fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve) no se ha producido. Por el contrario, la apreciación de los medios probatorios, bajo el canon del principio de unidad, demuestra más bien 15
16 que el saldo del precio que quedó pendiente al momento de celebrar el contrato sí fue cancelado por el codemandado Geovanni William Condezo Salvatierra. VIGÉSIMO TERCERO.- En este orden de ideas, al no haberse demostrado que dentro de la ejecución del contrato de compraventa de fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve se produjo el incumplimiento del demandado, no existe justificación válida para que la Sala Superior revoque la decisión del juez de primera instancia, que declaró infundada la demanda incoada en autos; habiéndose producido por este motivo la infracción del artículo 1428 del Código Civil. VIGÉSIMO CUARTO.- Siendo ello así, corresponde a esta Suprema Sala actuar de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, resolviendo la causa en sede de instancia, a efectos de declarar lo que corresponde con el sentido interpretativo desarrollado en los parágrafos precedentes respecto a las normas invocadas. VI. DECISIÓN: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado Geovanni William Condezo Salvatierra, a fojas mil cuatrocientos veintiuno; CASARON la sentencia de vista dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil cuatrocientos tres; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada, dictada el veintisiete de enero de dos mil diez, obrante a fojas mil ciento cincuenta y dos, que declara infundada la demanda. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; en los seguidos por Ena Agustina Noriega Condezo con 16
17 Geovanni William Condezo Salvatierra y otra, sobre resolución de contrato. y los devolvieron. Por licencia del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra este Supremo Tribunal el señor Juez Supremo de la Barra Barrera. Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema del Carpio Rodríguez. SS. TELLO GILARDI DEL CARPIO RODRÍGUEZ CALDERÓN PUERTAS DE LA BARRA BARRERA SÁNCHEZ MELGAREJO EAN/vpg 17
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 artículo 139
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 artículo 188
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 artículo 197
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 artículo 396
 artículo 1428
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 artículo 1429
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