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Timestamp: 2018-04-25 16:15:35+00:00

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EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO - SISTEMA ACUSATORIO: 1/05/10 - 1/06/10
Laborales permanente
Si el cargo desempeñado figura en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del empleador se presume que las labores son de naturaleza permanente, por lo que debe contratarse a plazo indeterminado, precisa la sentencia de la Corte del Santa recaída en el Exp. Nº 2008-3135-0-2501-JR-CI-03.
La magistratura, de ese modo, declaró fundada una demanda de amparo y dispuso la reincorporación de una trabajadora de una universidad privada que fue contratada bajo la modalidad de necesidades de mercado para desempeñar el puesto de auditora financiera. Además, para evaluar el caso, la Corte revisó los contratos celebrados y sus sucesivas prórrogas, las resoluciones expedidas en consejo universitario por las que se aprobó la contratación, y el MOF de dicha universidad.
Tras dicho análisis, la Corte expresó lo siguiente: "(...) si se tiene en cuenta que la plaza para la que fue contratada la demandante fue cubierta mediante concurso y que, además, está previsto en el Manual de Organización y Funciones de la universidad (...), por lo que su plaza se encuentra presupuestada, de lo que se desprende que la naturaleza del trabajo es permanente y no temporal, y siendo así, es de duración indeterminada, por lo que no existe elemento que justifique la contratación temporal, ocasional o transitoria del servicio a prestar, por lo que está acreditada la existencia de simulación en el contrato de la demandante, el que debe ser considerado de duración indeterminada, de conformidad con lo preceptuado en el inc. d) del art. 77 del DS Nº 003-97-TR"
En atención a lo expuesto, podemos apreciar que nuestros tribunales siguen perfilando criterios para una adecuada contratación prevaleciendo aquella de duración indeterminada sobre la temporal, para lo cual debe evaluarse la naturaleza del puesto de trabajo a desempeñar, precisa un informe legal del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados.
El nuevo Perú criminal
No es descartable, pero cuesta pensar que el asesinato en Lima de la esposa del presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y el asesinato de cinco familiares de un suboficial PNP en Amazonas mismo sean una mera coincidencia. La cosa tiene un feo tufo a crimen organizado y ajuste de cuentas. Todavía es temprano para decir más.
Pero cabe anotar que hay un tipo de violencia que se ha vuelto parte del paisaje, del cual nos llegan las noticias sensacionales, pero sobre cuya lógica interna solo cabe especular. Es obvio que la droga, de ambos lados del mostrador, tiene que ver con la escalada de ejecuciones. Pero la organización nacional del fenómeno es un misterio.
Hay los elementos de un mosaico: en las regiones productoras y de tránsito del narcotráfico el crimen florece, en los barrios más populosos las bandas de paqueteros prosperan y se fortalecen, los asesinatos a mansalva contra autoridades se multiplican, hay una cultura que asimila el crimen sangriento como parte de la peripecia cotidiana.
Pero es un mosaico incompleto. La corrupción de parte de la policía y del sistema judicial es una cantidad desconocida, como lo son el crecimiento y el mapa de la proliferación de armas de fuego. El dinero lavado por el narcotráfico logra circular con enorme discreción. Las redes internacionales del negocio son desconocidas, al menos para el público.
El negocio en términos de producción y alijos parece bastante bien documentado, y lo mismo su impacto como secuencia de crímenes violentos. Pero hay algo esencial que falta en el medio: sus redes organizacionales, su cultura corporativa, su costo para las fuerzas del orden, su tasa de crecimiento en términos de muertos.
Existe la idea de que completar el mosaico, podría conducir a sobredimensionar el problema (volverlo algo más que una seguidilla de atentados) o a concederle una urgencia artificial. No completar el mosaico además alivia las presiones por recursos para una política anticrimen organizado más sofisticada y decidida.
Los dos crímenes vinculados a la región Amazonas son dignos de toda atención, y seguramente la van a tener. Pero el estado de la cuestión delictiva en la zona sería un dato de otra magnitud, y lo mismo vale para todas aquellas regiones donde hoy existe más dinero circulando que presencia del Estado central.
La Libertad y Lambayeque hoy son los epicentros de un problema de seguridad pública de primera magnitud. La acumulación de muertes violentas, bandas organizadas, y ciudadanos atemorizados corre riesgo de volverse un “modelo exportable” a otras ciudades del interior, el lado negro de la descentralización.
Juzgado de Huaura empieza a publicar sentencias en Internet para público en general
Lima, nov. 28 (ANDINA).- Con la finalidad de cumplir con el principio de publicidad, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Huaura viene publicando las respectivas sentencias que viene emitiendo, anunció en el encargado de dicha órgano jurisdiccional, Víctor Reyes Alvarado.
“Esta medida se da con la intención de facilitar al público en general y principalmente la comunidad jurídica y periodistas de los diferentes medios de comunicación que cubren noticias judiciales en la sede judicial de Huaura”, indicó.
Las sentencias, recordó, vienen siendo colgadas en la dirección http://jurisprudenciahuaura.blogspot.com, desde donde cualquier persona pueden bajar los archivos e imprimirlo si desea hacerlo.
Ante esta medida, la Corte de Huaura hizo de conocimiento a los demás jueces del Módulo Penal para que también publiquen sus sentencias u otras resoluciones que dicten en la dirección de Internet mencionada, coordinando con el Área de Sistemas de este distrito judicial.
De otro lado, la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal de la Corte de Huaura, acordó, en su última reunión, que por regla general las audiencias son públicas y, que la excepción a esta regla debe ser dispuesta por los magistrados en la respectiva audiencia, atendiendo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia
Como se recuerda, el distrito judicial de Huaura fue el primero en el que se implementó el nuevo Código Procesal Penal (CPP), en el año 2006.
A la fecha, este cuerpo legal se encuentra vigente en once distritos judiciales del país, faltando implementarse en Ica y Cañete el próximo martes primero de diciembre.
EJEMPLO. DESTACAN EXPERIENCIA DE CORTE TUMBESINA
La reforma judicial por dentro
Con creatividad, tribunal imprime nuevo dinamismo en judicatura
Sala Civil sienta las bases para un estilo de la Curia idóneo y eficaz
Estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias del sistema judicial que hasta hemos perdido el interés por corroborar si aquello que se dice es cierto, sólo lo admitimos y ya. Ese proceder no es bueno ni sano.
No está en duda el hecho de que alguna parte de la miseria moral que envuelve al país se fermenta en sede judicial. Sin embargo, no puede soslayarse que el periodismo –un grupo muy particular que puede descollar con una investigación de importancia nacional mientras se dedica, cotidianamente, a difundir los detritus sociales– carece de formación científica (histórica, jurídica y sociológica cuando menos) para analizar el fenómeno judicial. De hecho sólo describe la parte visible del iceberg y aún ello lo realiza con severas limitaciones.
En los últimos meses se viene intentando, desde la burocracia estatal, reformar la justicia civil, lamentablemente con la misma torpeza con que un ciego lanza bastonazos en cuarto oscuro. Un ejemplo: se afirma, irresponsablemente, que la justicia civil debe asumir -como viene ocurriendo con la reforma procesal penal- el principio de oralidad, sin advertir que éste se encuentra presente en el Código de 1993 y que, por tanto, la falencia no consiste en su ausencia sino en no haberlo concretado adecuadamente.
Por eso no debe extrañar que las reformas civiles ocurridas en el transcurso del último año propugnen la oralidad. Sin embargo, para concretarla ¡han eliminado audiencias!, esto es, precisamente el ámbito donde se hace efectiva la oralidad. No está en duda que las ideas originales requieren, a veces, cierta dosis de locura; sin embargo, no hay que confundirla con la esquizofrenia.
El gravísimo defecto que padece el principio de oralidad, por lo menos en sede limeña, se entiende mejor con un ejemplo: entre un informe oral en una sala civil –una expresión tradicional de oralidad y, por tanto, una audiencia– y la fecha en que sus miembros discuten el caso puede transcurrir en promedio no menos de dos meses. Es decir, la inminencia de la información que podría obtenerse de la audiencia es clamorosamente desperdiciada. Informar oralmente en una sala limeña es, regularmente, arar en el mar.
Sin embargo, la Sala Civil de Tumbes viene demostrando que es posible obtener utilidad de la Vista de la causa y darle al segundo grado una dinámica distinta, como a continuación serán descritos.
La primera objeción para no acoger esta experiencia sería que se trata de una Corte pequeña y que sólo por eso la aventura pudo concretarse. Es decir, que ella no sería exitosa en cortes más densas como la de Lima.
Una vez más, sólo un pretexto. Así, ¿por qué las salas superiores citan a informe oral sabiendo sus miembros que esa causa sólo será discutida por ellos dentro de tres o cuatro meses, promedio de atraso de una sala capitalina? Por costumbre, negligencia e irresponsabilidad.
La sala "vive" la impresión de que está al día cuando desperdicia dos o tres días de la semana para informes orales. Con precisión, todo lo que hace es cumplir con una rutina –antigua, morosa y antitécnica– que condena a la oralidad a ser una fórmula sacra.
La oralidad sólo funciona cuando el órgano jurisdiccional conoce el caso mejor que todos los que participan en la audiencia. Esa es la clave, lo demás son excusas. Si el juez está en desventaja informativa respecto de los otros partícipes de la audiencia, será mejor para todos que ésta no se lleve a cabo.
¿Qué ocurre en Tumbes?
Los viernes de cada semana, la sala civil de Tumbes sortea los casos que van a ser vistos la semana siguiente. Llegado el día de la Vista, las piezas pertinentes son leídas por el relator, luego se realizan los informes orales, si fueron solicitados. Toda la audiencia es grabada en audio, el cual pasa a formar parte del archivo de la sala, pudiendo las partes pedir copia.
Concluido el informe, los jueces se retiran a deliberar y luego anuncian el resultado ante los presentes. El mismo día se publica el resultado en la página web de la Corte. Si se tuviera ya la resolución completa, se firma y entrega a relatoría de inmediato para su notificación.
Si el ponente debe agregar algunas pautas surgidas de la discusión final con sus colegas, como consecuencia del intercambio de ideas surgido del informe oral, se entrega la resolución unos días después, y se sigue el mismo procedimiento a fin de proceder a su notificación.
1 La segunda objeción que podría recibir la actuación de la Corte de Tumbes es que está afectando el principio de legalidad, en tanto nada de lo que viene haciendo está expresamente regulado. Sin embargo, sería una crítica mezquina.
2 Para empezar, sabemos que “todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido” y, por otro lado, se trata de una iniciativa para mejorar un servicio público en la que no se advierte que se afecten derechos de nadie.
3 En consecuencia, lo que merecen estos jueces que han llevado adelante esta experiencia es una felicitación.
ES HORA DE INTERPRETAR LAS EXISTENTES
¿Nuevas leyes penales?
Por: Mario Amoretti Abogado penalista
Es frustrante lo que viene sucediendo en las últimas décadas respecto al Código Penal. Fue promulgado en 1991, pero tiene más de 300 modificaciones para incrementar penas, como la aprobada por el Congreso para sancionar los robos menores. Al parecer, los autores del proyecto no han reparado que estos hechos ya se encuentran legislados penalmente.
Por ejemplo, el hurto simple es la sustracción y apoderamiento de bienes que no se encuentren bajo el cuidado de la víctima, sin ejercicio de violencia y el valor no supere S/.550. La pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Alguien olvida su reloj o celular en un baño público y cuando regresa por él verifica que fue sustraído.
El hurto agravado es la misma conducta, pero la víctima tiene posesión inmediata del bien y lo sustrae utilizando la destreza, rotura de la seguridad colocada o cualquier otro medio que lo proteja; como arrebato de reloj o celular o sustracción —no interesa el monto— del bolsillo de la víctima o de vehículos o accesorios sin ejercer violencia sobre la persona que lo posee. Pena 3 a 6 años, de acuerdo con la modalidad o calidad del bien y se puede incrementar hasta 15 años.
El robo simple es cuando lo ejecuta una sola persona, mediante amenaza o violencia contra la víctima para sustraer cualquier bien. Pena hasta 8 años. Robo agravado, si es realizado por más de dos personas, en horas de la noche, a mano armada, la pena es de 10 a 20 años; y si producto de la sustracción coloca a la víctima o su familia en grave situación económica, etc., la pena es de 20 a 25 años. Si como consecuencia del robo la víctima sufre lesiones graves o muerte, la pena será de cadena perpetua.
De tal manera que carece de lógica y técnica jurídica legislar que es hurto agravado la sustracción de un vehículo automotor o de sus partes más importantes, cuando el bien constituya medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima o se causa un daño que ponga en peligro su subsistencia.
Pero lo más grave es que en esta última modalidad se equipara al autor con el jefe o cabecilla de una organización destinada al hurto agravado, en relación con la pena que debe imponerse, máxime cuando ya están legislados, tanto en el robo como el hurto agravado.
En el caso de la receptación agravada resulta absurdo que se legisle única y exclusivamente para sancionar a los que se dediquen a la compra y venta de accesorios automotores y no de otros bienes provenientes del delito contra el patrimonio, precisando que se le impondrá no menor de 2 ni mayor de 5 años de pena privativa de libertad.
En 1992 el Gobierno de aquel entonces derogó la receptación agravada que sancionaba con pena de 3 a 6 años al que se dedicara a la compra y venta de bienes provenientes de la comisión de un delito patrimonial.
Pasaron varios Congresos y ninguno pudo subsanar esta grave omisión.
Increíble, con este proyecto aprobado, para los que reciben bienes provenientes de los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas, la pena sería no menor de 6 ni mayor de 10 años. En la actualidad, se considera como lavado de activos agravado si los delitos previos son los mencionados; se sanciona con pena no menor de 25 años.
Ya están legisladas la reincidencia y habitualidad. Desde el 9 de mayo de 2006, constituye circunstancia agravante. El juez podrá aumentar la pena hasta un tercio y en una mitad por encima del máximo legal para el tipo penal, respectivamente.
Sin embargo, no han tenido en cuenta lo previsto en la exposición de motivos del Código Penal, que precisa: “Hoy no resulta válido conservar en nuestro ordenamiento jurídico la reincidencia y la habitualidad, porque son formas aberrantes de castigar que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo (derecho penal del autor).
Carece de lógica, humanidad y sentido jurídico, el incremento sustantivo de la pena correspondiente a un nuevo delito, vía la reincidencia o habitualidad, sin otro fundamento que la existencia de una o varias condenas precedentes, por lo demás, debidamente ejecutadas. Viola el non bis ídem (nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito), el mismo que se encuentra previsto en el artículo 233, inciso 11 de la Constitución Política del Estado.
Publicado en el diario EL COMERCIO – 15/09/2009.
El registro único de ladrones ayudaría a castigar reincidencia
PROPUESTA REQUIERE SER APROBADA POR EL PLENO
Proyecto de ley dispone que PNP y Ministerio Público compartan datos. Advierten que cárcel efectiva por comisión de falta afectará penales
La propuesta legislativa que busca sancionar la reincidencia de faltas menores con cárcel efectiva ha generado asombro entre quienes consideran que ello solo agravará el hacinamiento en los penales, y cierto alivio en los vecinos que hoy ven con impotencia como el ladrón de celulares o carteras es liberado a las pocas horas.
El proyecto, que fue aprobado el martes en la Comisión de Justicia, reúne 15 iniciativas legislativas sobre seguridad ciudadana, pero aún debe ser debatido por el pleno del Congreso para obtener su aprobación final. De concretarse, todo delincuente que reincida en faltas al patrimonio, es decir, hurtos menores a S/.550, ya no serán sancionados con jornadas de trabajo sino con días tras las rejas.
El alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio, y el de San Miguel, Salvador Heresi, se mostraron confiados en que la medida logrará acabar con la sensación de impunidad. No obstante, indicaron que debería ir acompañada de mayor capacidad en las cárceles y celeridad judicial.
Basado en este punto, el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Wilfredo Pedraza manifestó su total rechazo a la propuesta, no solo porque los penales están al tope, sino porque no hay una adecuada política de corrección moral y reinserción a la sociedad. En cambio, la congresista Mercedes Cabanillas, autora de una de las propuestas, señaló que las penas severas han sido exitosas en Venezuela y Chile.
BASE INFORMÁTICA DE DATOS
Otra de las novedades halladas en el texto del proyecto es que se considera hurto agravado con hasta 8 años de cárcel la sustracción de un bien “que constituya el único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima”, es decir, los taxis. Y si hubo violencia en el atraco, la sanción podría llegar a 12 años.
“Además de ello, quienes roben vehículos o repuestos no tendrán opción a que se ordene su favor la libertad restringida. Para ellos también habrá cárcel, al igual que para los jóvenes que se asocien en pandillas para hurtar objetos o lesionar personas”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Rolando Sousa.
Pero para que se concrete la propuesta legislativa se prevé la creación de un registro informático de reincidentes, a fin de evitar que un delincuente burle esta norma. A la fecha, una persona puede ser denunciada ante la fiscalía o la PNP, y el juez no necesariamente está al tanto de si la persona a quien está juzgado tiene un proceso abierto por una causa similar en otra instancia.
Para facilitar esta tarea, el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, ya lanzó una propuesta: que los municipios implementen en sus comisarías el Registro Digital de Infractores, como lo viene realizando su comuna desde mayo. Ellos ya cuentan con más de 200 registrados, 20% de los cuales son reincidentes.
¿Concuerda con dar pena de cárcel a los ladrones que reinciden en hurto?
“No es nada justo que lo que una persona adquiere con el fruto de su esfuerzo sea robado por otro y este no sea castigado. Si hubiera una colecta pública para construir un penal, creo que se recaudaría para construir cinco. Todos estamos hartos de tanta impunidad”.
“Ya era hora de tener un arma más en contra de la delincuencia común. Un delito, sea cuantioso o menor, sigue siendo delito. Comparto la opinión de muchos lectores acerca de que no hay que esperar la reincidencia”.
Firmas de vecinos a favor del endurecimiento de las penas se adjuntaron en una de las propuestas con que se elaboró el predictamen.
De faltas no se denuncia en Lima, según la PNP
Publicado en el diario EL COMERCIO 02/09/2009
El Tribunal Constitucional (TC) publicó en su página web la STC Nº 05428-2008-PC/TC, por la cual reitera el criterio establecido en las sentencias Nº 07153-2006-PC/TC y 03964-2007-PC/TC respecto al proceso de cumplimiento como mecanismo idóneo para la reincorporación de trabajadores cesados durante la década pasada.
El Estudio Echecopar Abogados recuerda a los justiciables en su reciente boletín constitucional electrónico que dicho colegiado había estipulado que en la medida en que la Ley Nº 27803 establece que la reincorporación de los ex trabajadores se sujeta a la existencia de plazas vacantes y presupuestadas, y las resoluciones con la lista de ex trabajadores cesados irregularmente no contienen un mandato incondicional; la reincorporación no podría ser resuelta vía proceso de cumplimiento. Sin embargo, el TC decidió variar dicho criterio a partir de sus sentencias Nº 07153-2006-TC y 03954-2007-PC/TC, posición ratificada en la STC Nº 05428-2008-PC/TC.
Por ello, para el citado estudio de abogados queda establecido que únicamente será necesario corroborar la existencia de una plaza vacante presupuestada en la que pueda ser reincorporado el trabajador, para que la demanda de cumplimiento sea declarada fundada.
Ministerio Público presenta equipos de alta tecnología para peritajes forenses
Lima, set. 01 (ANDINA).- La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, presentó hoy una serie de equipos de alta tecnología destinados a la evaluación con precisión de los datos de la escena de delito, así como para la detección de drogas, insumos tóxicos y explosivos a nivel nacional.
Indicó que estas adquisiciones forman parte de una inversión efectuada por el Ministerio Público por 13 millones 156 mil 186 nuevos soles, los que, colocan a este organismo como el primero en Sudamérica y al nivel de los mejores sistemas de investigación en el mundo.
“Esta inversión se da para trabajar con más exactitud en el menor tiempo las investigaciones en las que esté involucrada el Ministerio Público, (…) para que pueda realizar un trabajo más técnico y confiable”, manifestó.
Durante la ceremonia se hizo una prueba del escáner láser, adquirido por el Ministerio Público por 129 mil dólares, el mismo que permite “guardar” la escena del crimen o delito “electrónicamente” con la finalidad de hacer análisis posteriores.
“Estos equipos permitirán efectuar el análisis pericial de la escena del crimen, permitirán el recojo oportuno, eficiente y científico de los datos, además de almacenar y transportar la evidencia correctamente”, mencionó.
Asimismo, Echaíz anunció que también se adquirieron equipos e insumos para la detección de drogas, insumos tóxicos y explosivos, que servirán de apoyo a la labor que se realiza con otras instituciones, como la Policía Nacional del Perú, contra el narcotráfico.
Agregó que también se han adquirido equipos de escáner de láser, fotografía digital, laboratorios de análisis miniaturizados, kits de señalización de la escena del crimen para detección de disparos por armas de fuego y de identificación de fluidos seminales.
A estos se suman kits de reactivos portátiles para análisis de drogas, kits maestros para detección de armas de fuego, kits buscador de trayectorias láser balística y equipos portátiles para la detección de explosivos y narcóticos.
Estos equipos, informó el Ministerio Público, se encuentran garantizados por dos años, pero posteriormente se les efectuará mantenimiento con la respectiva partida presupuestal.
De otro lado, también se compraron trajes completos desechables, botas y anteojos protectores, kits de almacenaje de la evidencia recolectada, y materiales complementarios como sobres para la cadena de custodia y bolsas para el recojo de las evidencias, entre otros.
Acompañaron en la ceremonia de presentación de estos equipos el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal, Gina Dávila Hererra, así como los fiscales supremos, José Peláez Bardales, Zoraida Ávalos Rivera, Avelino Guillén Jáuregui, María Loayza Gárate, José Pereira Rivarola.
Uso eficaz y adecuado de la herramienta probatoria
ANÁLISIS. PLANTEAN ADEMÁS REGLAS PARA MAGISTRADOS CUANDO DECIDAN ORDENAR LA ACTUACIÓN DE ESTOS MEDIOS
Identifican vacíos en facultad del juez para ordenar prueba de oficio
Como enmienda, piden regular atribución conferida a los jueces
La facultad concedida al juzgador de ordenar la actuación de medios probatorios de oficio es una de las principales características del sistema inquisitivo, lo que lo diferencia del sistema acusatorio, en donde el manejo probatorio se encuentra monopolizado por las partes, convirtiendo al juez en un simple "referee".
En el sistema inquisitivo, el juzgador juega un papel vital, dado que se le concede la calidad de Director del proceso, otorgándole la facultad de ordenar la actuación de medios probatorios de oficio cuando los ofrecidos por las partes son insuficientes para producirle certeza y convicción.
Este sistema inquisitivo fue el modelo inspirador tanto del Código Procesal Civil como de la Ley Procesal del Trabajo, dado que en ambos se otorga al juez de primera instancia la facultad de ordenar prueba de oficio.
Siendo esto así, cabe preguntarse ¿Deberían existir límites a la facultad de llamar prueba de oficio por parte de los jueces?; ¿La norma procesal debería regular la prueba de oficio, o debe quedarse a la libre discrecionalidad del juzgador el convocarla y actuarla?; ¿El juez al llamar prueba de oficio no estará suplantando al litigante que incumplió su deber de demostrar sus afirmaciones?
Estas inquietudes nos colocan frente a la disyuntiva de regular esta facultad dada al juez de primera instancia a efectos de convertirla en un instrumento eficiente, o dejar a la libre voluntad del juzgador el ordenar su actuación. El art. 28 de la Ley Procesal del Trabajo no establece ninguna limitante a esta actuación oficiosa del juzgador, dejando a su libre determinación el convocarla y actuarla.
Complicaciones en la judicatura
La experiencia judicial demuestra que los jueces aplican esta facultad en forma arbitraria. Así, por ejemplo, existen casos en donde la declaración de testigo presentada por una de las partes del proceso fue declarada improcedente, al no cumplir con los requisitos para su presentación; pero, tiempo después el juez se percata que se trata de una prueba esencial para resolver la materia, motivo por el cual convoca al mismo testigo antes declarado improcedente, utilizando para tal efecto la prueba de oficio.
Luego, las salas revisoras tienden a anular sentencias de primera instancia debido a una incorrecta aplicación de técnica probatoria por parte del juez, ordenándole que haga uso de la facultad conferida por el artículo 28 de la Ley procesal del trabajo a efectos de lograr una mayor investigación de la materia controvertida.
Algunas veces los órganos revisores establecen determinados lineamientos que deben ser considerados por magistrado de primera instancia al momento de resolver, lo que atenta contra la autonomía de los jueces, consagrada en la Constitución.
(*) Doctor en Derecho de la UPSMP
Reglas a las atribuciones
A falta de una adecuada normativa procesal, se plantean algunas reglas a ser observadas cuando el juez decida llamar prueba de oficio. Entre ellas:
Pertinencia: Jueces deben llamar prueba de oficio si existe discusión de un derecho laboral irrenunciable que no haya sido debidamente acreditado por la demandante, no se haya esclarecido una afirmación o existan lagunas en lo ocurrido en el terreno de los hechos.
Oportunidad: debe ser ordenada una vez hayan sido admitidos y actuados todos los medios probatorios ofrecidos por las partes.
Traslados y cuestionabilidad: deben ser ordenadas y puestas en conocimiento de las partes, a efecto de que puedan presentar nulidades o cuestiones probatorias, dado que se puede dar el caso, por ejemplo, que el juez convoque a un testigo que se encuentre con impedimento legal para declarar.
Impugnación: se debe permitir a las partes impugnar la resolución que ordena prueba de oficio, a efectos de no contravenir el principio de pluralidad de instancias, debiendo concederse esta apelación sin efecto suspensivo.
Posibilidad de los órganos revisores y de casación de ordenar al juez que se investiguen con mayor profundidad los hechos ocurridos, mediante la prueba de oficio, pero cuidando de no invadir terrenos valorativos del juez de primera instancia.
Estas reglas pueden aplicarse tanto en un proceso oral como escrito, generando con esta regulación un uso eficiente y adecuado de esta herramienta probatoria.
Publicado en el diario oficial EL PERUANO 27/08/2009
EN DEBATE. ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CORTE DEL CALLAO, CÉSAR HINOSTROZA
Piden cambios en Ley Penal contra Lavado de Activos
Para garantizar principio de legalidad que exige tipificar las infracciones
Magistrado solicita además fijar cuantías en el juzgamiento de estos casos
A varios años de vigencia de la Ley Penal contra Lavado de Activos, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza, plantea diversas modificaciones a la norma, las cuales desarrolla ampliamente en su reciente libro El delito de lavado de activos - delito fuente, que somete a consideración de la comunidad jurídica.
¿Cómo está tipificado el delito de lavado de activos en el país?
El legislador peruano, a tono con el derecho comparado, promulgó la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, que incorpora como delitos precedentes o delitos fuentes a varios ilícitos, además del tráfico ilícito de drogas, y deroga los artículos 296 A y 296 B del Código Penal. Disposiciones que tipificaban los delitos de lavado de dinero y de receptación, consistente en la transferencia, conversión de dinero del tráfico ilícito de droga, actos de ocultamiento y otras conductas.
Ahora, el delito de lavado de activos goza de autonomía respecto del delito fuente. Luego se modifica esta norma con el D. Leg. 986, que precisa algunos elementos descriptivos y normativos del tipo penal e incorpora otros delitos fuente o delitos precedentes, en general ganancias ilícitas. Además, pone énfasis en la autonomía del delito de lavado de activos y que ya no se requiere sentencia previa por el delito fuente o delito precedente, tampoco un proceso penal respecto a ese delito fuente o delito precedente y menos una investigación, lo que será materia de discusión jurisprudencial.
Entonces, ¿una persona puede ser sentenciada por delito de lavado de activos proveniente, por ejemplo, del delito aduanero u otros sin ser investigada?
En este caso, la norma dice que los jueces pueden basarse en la prueba indiciaria y hay toda una teoría al respecto que es validamente aceptada en el derecho procesal penal.
¿Cómo observa la aplicación de la Ley penal contra el lavado de activos?
En la obra trato específicamente los fundamentos del delito de lavado de activos, la evolución de este ilícito en el derecho comparado y en la legislación penal peruana. Al respecto, propongo una reforma legal.
Se refiere a la eliminación de la frase: “u otros delitos similares”. De acuerdo con la redacción del tipo penal de lavado de activos al parecer podría estarse violando el principio de legalidad, el cual implica que para que una conducta sea sancionada, se requiere que esa conducta esté expresamente descrita en la ley como infracción punible.
El artículo 6 de la Ley N° 27765, modificado por el D. Leg. N° 986, establece que: El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico de drogas, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales...
Aparentemente, esto violaría los principios de certeza y legalidad. Aquí, se propone eliminar el término “otros similares” y fijar un criterio de tipificación de delitos fuente, en base a bienes jurídicos homogéneos o a la gravedad de las penas.
¿El tema de la cuantía también fue analizada?
Otro tema trabajado en el libro ha sido la posibilidad de establecer una cuantía, puede ser discutible, pero lo someto a debate. Por ejemplo, procesarse a una persona por haber ocultado bienes de procedencia ilícita que tengan un valor de 500 nuevos soles. ¡No se establece ninguna cuantía! y eso no recarga el sistema de administración de justicia.
Analogía en la ley penal
PROHIBICIÓN O ACEPTACIÓN
La Constitución Política del Perú en su artículo 139 inc., 9 establece: "El principio de inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal y de las normas que restringen derechos".
Asimismo, en el Artículo III del Título Preliminar del Código Penal (CP) se señala: "Que no está permitida la analogía 1. Para calificar el hecho como delito o falta; 2. Definir un estado de peligrosidad, o 3. Determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde".
La interpretación que se hace de ambos dispositivos, según posición mayoritaria es que, lo que se encuentra prohibido es la "analogía in malam partem", es decir, aquella que perjudica al reo; mas no la "analogía in bonam partem", que constituye un instrumento jurídico favorable al reo.
La creación de delitos, así como la fundamentación de la pena, únicamente puede realizarse mediante una ley previa, escrita, estricta y cierta. En consecuencia, no es admisible la "analogía in malam partem", como se puede apreciar en los siguientes casos:
1. El CP en su art. 409 considera que incurre en delito aquel testigo que falta a la verdad en causa judicial. Si faltase a la verdad en declaraciones ante la policía, tal conducta no encuadraría en el mencionado artículo, por más que se aprecie una similitud entre ambas situaciones. De lo contrario, estaríamos aplicando analogía in "malam partem."
2. El CP en su art. 107 considera que incurre en Parricidio "El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino". Sin embargo, si el sujeto activo fue acogido desde niño y tratado como un hijo, no será suficiente para configurar el delito de parricidio (homicidio agravado), por más que pueda existir alguna similitud entre ambas situaciones. En todo caso, estaremos ante un homicidio simple o asesinato, dependiendo si concurre algún agravante señalado en el art. 108 del CP.
Como ejemplo de "analogía in bonam partem" se puede citar el art. 81 del CP., según el cual los plazos de prescripción ordinarios de la acción penal se reducen a la mitad tratándose de imputables restringidos (de 18 a menos de 21 años y mayores de 65 años). Sin embargo, respecto a los plazos de prescripción de la pena, el CP guarda silencio, por lo que vía "analogía in bonam partem", también sería aplicable lo señalado en el art. 81 de este corpus iuris sustantivo, para el caso de los plazos de prescripción ordinarios de la pena; siendo que donde existe la misma razón existe el mismo derecho (argumento analógico a pari o a simili).

References: resolución 
 resolución 
 artículo 233
 artículo 28
 resolución 
 artículo 6
 artículo 139