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Timestamp: 2020-02-21 14:46:04+00:00

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BOE i notícies de premsa del 18 d'octubre de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 D'OCTUBRE DE 2019
Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
(BOE, 18-10-2019)
XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
Tablas salariales para 2018 y 2019 del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de octubre de 2019
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de octubre de 2019.
Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/index.php?s=3
NOTÍCIES DE PREMSA DEL 18 D'OCTUBRE DE 2019
El Gobierno en funciones estudia la posibilidad de volver a prorrogar el actual sistema de tributación por módulos de los trabajadores autónomos en 2020 para evitar que se endurezca a partir del 1 de enero, como está previsto en la legislación actual. Fuentes del Ministerio de Hacienda no descartan que esta medida se tome, aunque apuntan a que podría llegar tras el 10N.
El Tribunal Supremo asestó ayer el cuarto varapalo en lo que va de año a las reformas sobre el fisco que aprobó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2017, anulando ahora la posibilidad de que la Agencia Tributaria denuncie a un contribuyente ante el juez o el fiscal después de haberle practicado la liquidación de la deuda o haberle impuesto una sanción.
En concreto, la Sección Segunda de la Sala III del alto tribunal ha declarado nulo el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera rechaza que la Administración Tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.
El articulado de esa norma, dice la Sala, “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.
“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega el fallo.
La sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, estima así parcialmente un nuevo recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ya ha logrado tumbar este año otras tres de las reformas legislativas de la inspección fiscal que impulsó en 2017 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un mismo paquete.
La victoria de Aedaf es parcial, eso sí, ya que el Supremo rechaza la impugnación que los asesores fiscales realizaron también sobre otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.
(Expansión, 18-10-2019)
Los Técnicos de Aduanas estiman que los aproximadamente 700 millones de euros de determinadas exportaciones españolas soportarán un nuevo coste arancelario de casi 120 millones de euros frente al cálculo preliminar realizado por el Ministerio de Agricultura, que cifró la imposición de estas tasas en 200 millones sobre 750 millones de productos exportados.
De esta manera, España será el sexto país de la UE que más sufrirá los nuevos aranceles de Estados Unidos; por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda, señala un comunicado hecho público por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de comercio exterior de la oficina estadística europea, Eurostat y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT).
A pesar de esta abultada cifra, Gestha asegura que "el impacto en España de esta política arancelaria afectará apenas el 0,7% de todas las exportaciones españolas, y para los sectores afectados por las medidas de EEUU será significativamente menor de lo esperado, pues las ventas a EE UU son solo el 4,5% de nuestras exportaciones mundiales, y de ellas solo el 5,5% estarán afectadas por el arancel".
Así, los productos españoles más afectados por el aumento arancelario que aplicará desde hoy el Gobierno de Donald Trump a partir de mañana serán el aceite de oliva virgen, las aceitunas y el aceite de oliva, cuya presencia en el mercado estadounidense es casi una quinta parte de las exportaciones de aceite y el 23,7% de las exportaciones de aceitunas.
(El País, 18-10-2019)
La Agencia Tributaria ha puesto la lupa en los centros estéticos, y este jueves ha anunciado el inicio de una macrooperación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en 15 comunidades autónomas. La actuación, denominada Nassus, implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, principalmente médicos especialistas, pero también personas de su entorno personal y familiar, informa Hacienda en una nota difundida este jueves.
(La Vanguardia, 18-10-2019)
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de comunicar que la normativa europea es compatible con la jurisprudencia española, "en la que el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija". No obstante, lo conocido hoy no es la sentencia del TJUE sino las conclusiones de la abogada general, que, aunque no son vinculantes, sí son tenidas en cuenta posteriormente para la elaboración del fallo final. De hecho, aproximadamente ocho de cada diez sentencias siguen la línea de lo argumentado por el abogado general.
No obstante, la abogada general sí considera que el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada de la UE se opone a la jurisprudencia española a la que le basta que se haya respetado la causa del nombramiento y la correspondiente limitación temporal o que las funciones que deba desempeñar el trabajador estén limitadas temporalmente, para establecer una razón objetiva para el uso de los encadenamientos temporales. Ante esta situación, la jurista opina que los jueces españoles no están valorando adecuadamente las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio en el caso concreto.
En este caso el pronunciamiento de este otro abogado general responde a una cuestión prejudicial planteada al TJUE por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, por el caso de una trabajadora que estuvo empleada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina desde 2005 hasta 2013. En ese último año fue cesada porque su puesto fue cubierto por un funcionario de carrera.
Grabar a un trabajador en su puesto de trabajo con una cámara oculta mientras roba no viola su intimidad. Así lo ha determinado la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hoy tras estimar el recurso de la Abogacía del Estado, contra la resolución de enero de 2018 en la que el mismo tribunal consideró vulnerada la intimidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron grabadas con una cámara oculta mientras robaban.
En su sentencia, el TEDH determina que no considera vulnerado el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos en cuanto al derecho a la vida privada y familiar porque la instalación de cámaras "se hizo a partir de una sospecha razonable". Además, considera la medida "proporcionada" por no haber sido utilizada más que para probar los supuestos hurtos de las trabajadoras.
El caso resuelto hoy por el TEDH se refiere a un grupo de cajeras de Mercadona de la localidad de Sant Celoni (Barcelona). Tras apreciar notables diferencias entre las existencias que figuraban en el inventario y los datos de venta, los responsables del centro instalaron videocámaras en los accesos de entrada y salida al supermercado destinadas a controlar y prevenir la posible comisión de robos por parte de los clientes. Sobre la instalación de estas cámaras se informó, como exige la normativa, a la plantilla. Sin embargo, no se les comunicó a los trabajadores (y tampoco a sus representantes) que también se instalarían otras cámaras, en este caso ocultas, dedicadas a la vigilancia de los empleados.
(El Mundo, 18-10-2019)
La gobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, alertó ayer sobre los riesgos para negocio y reputación que pueden llegar a entrañar la existencia de inadecuados estándares de buen gobierno en las entidades financieras. “Las entidades que han superado la crisis financiera, logrando afianzar en muchos casos su posición de partida, así como evitando la materialización del riesgo reputacional, son aquellas que contaban con unos esquemas de gobernanza y compliance sólidos”, refirió durante unas jornadas en la Universidad Complutense sobre Regulación Bancaria.
Delgado reconoció que, aunque la gobernanza no es objetivable ni medible de modo cuantitativo al cien por cien, es necesaria para un buen control de los riesgos. Por ello, indicó que “debe ser fomentada desde lo más alto” de la organización porque afecta al conjunto de su estructura al ser un elemento cultural. Sus declaraciones coinciden en el tiempo con el caso de BBVA y Villarejo, por las presuntas escuchas ilegales a empresarios, periodistas y políticos, o el caso de Orcel y Santander, tras el fichaje frustrado del banquero italiano en el gigante financiero español, a lo que se suma el caso de Banco Popular, primer banco de Europa resuelto y cuyo juicio acaba de comenzar.
Sin embargo, apuntó que sin un buen esquema de gobernanza “no se pueden gestionar los riesgos ni los conflictos de interés, que se producen a diario en las entidades”. Precisamente para la gestión de estos riesgos refirió que las entidades deben crear una función de control que sea independiente o se correría el riesgo de que sea “anulada o absorbida por la presión del negocio”. “Hemos podido comprobar, lamentablemente, que, sin una adecuada gobernanza, las funciones de control carecen de peso y poder efectivo”, algo que según refirió acaba otorgando a las unidades de negocio “una influencia excesiva; incluso en ocasiones, exclusiva, en la gestión diaria de las entidades”.
El Banco de España también analiza el impacto potencial de los aranceles anunciados por los Estados Unidos sobre determinados bienes europeos, entre ellos productos agroalimentarios españoles, cuya tasa pasaría del 3,5 % actual al 25 % a partir del 18 de octubre. En este caso, la aplicación de los aranceles mermaría en "al menos" un 12 % las exportaciones españolas de estos productos a los Estados Unidos, con un impacto en la economía equivalente al 0,01 % del PIB.
Para lograr el pacto con Bruselas, Boris Johnson ha tenido que hacer importantes concesiones. Entre ellas, aceptar que Irlanda del Norte seguirá en el mercado común europeo y que será regulado por la Corte de Justicia Europea. Estas medidas hacen que la región británica esté próxima a la UE, algo que los representantes del DUP querían evitar a toda costa, ya que su objetivo es tener la misma regulación que el resto de regiones de Reino Unido.
Estas medidas permitirán que no haya una frontera física entre la República de Irlanda y la región de Irlanda del Norte, una de las obsesiones de los líderes europeos en un intento por preservar la paz en esta zona, que durante años vivió en una situación casi bélica. Según el borrador del acuerdo, el DUP no podrá vetar ninguno de los acuerdos entre Londres y la UE en los próximos ocho años, algo que se barajaba en un principio.

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 36

Resolución 
 artículo 197
 Real Decreto 
 artículo 74
 resolución 
 artículo 8