Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-03522-41249-de-diciembre-5-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_9efec90e1f304347b1b66accab1f006a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-24 01:34:46+00:00

Document:
SENTENCIA 2002-03522 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DIFIERE DEL ERROR JUDICIAL. YA QUE EN EL PRIMERO DE LOS CASOS LA NORMA EXIME DEL DEBER DE INTERPONER LOS RECURSOS DE LEY. LA POSIBILIDAD DE RECURRIR UNA DECISIÓN JUDICIAL NO TIENE LA VIRTUALIDAD DE DESDIBUJAR EL DAÑO PRODUCIDO CON LA PRIVACIÓN INJUSTA, DE MANERA QUE NO PUEDE PREDICARSE COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD LA INACTIVIDAD PROCESAL DEL DETENIDO (NO INTERPONER RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN), PUES AL ENCONTRARSE PRIVADO DE LA LIBERTAD NO TIENE OTRA OPCIÓN QUE VALERSE DE LAS ACTUACIONES QUE DESPLIEGUE SU APODERADO, QUIEN ES EL QUE ASESORA LA ESTRATEGIA DE DEFENSA A UTILIZAR EN CADA CASO, QUE BIEN PUEDE INCLUIR LA DE ABSTENERSE DE PRESENTAR RECURSOS PARA DAR CELERIDAD A LA ACTUACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO MORAL EN LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD POR ERROR DEL JUEZ, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2002-03522 de diciembre 5 de 2016
Expediente: 41249
Rad.: 05001-23-31-000-2002-03522-01
Actor: José Norbey Cifuentes Pérez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
10. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
11. La Sala es competente para resolver el caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su naturaleza. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante para ello lo relacionado con la cuantía(2).
12. Se aclara que la decisión de darle prelación al presente asunto obedece a lo acordado en la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad, pueden decidirse sin sujeción al turno:
La Sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.
13. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad que debió soportar el señor José Norbey Cifuentes.
14. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(3) o los que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(4). Al respecto, la corporación ha dicho que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(5).
15. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que el señor José Norbey Cifuentes estuvo privado de la libertad con ocasión de un proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de homicidio, desde el 20 de mayo de 1999(6) hasta el 31 de mayo del 2000(7).
15.1. También se encuentra acreditada la relación de parentesco del señor Cifuentes Pérez con su hija María Camila Cifuentes Tamayo(8), su madre Amparo Pérez Castañeda(9) y sus hermanas Ana Maribel Cifuentes Pérez(10) y Anny Elena Cifuentes Pérez(11)
16. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la privación de la libertad de José Norbey Cifuentes se produjo a raíz de una decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación, quien ordenó su captura(12), impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(13) y dictó resolución de acusación(14) por la presunta comisión del delito de homicidio cometido sobre la señora Eunice Mejía Maya.
16.1. Adicionalmente, debido a que la Rama Judicial también hace parte de la persona jurídica Nación y a dicha entidad los actores le endilgan responsabilidad por los daños sufridos, se tiene que igualmente le asiste legitimación en la causa por pasiva, máxime cuando a partir de la resolución de acusación que emitió la fiscalía en contra del procesado, este quedó a disposición del Juzgado 7º Penal de Circuito de Medellín.
17. Concerniente a la caducidad, el ordenamiento consagra esta figura como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.
17.1. En este orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.
17.2. En tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(15).
17.3. Descendiendo al caso bajo estudio, ha de tenerse en cuenta, tal como obra en el expediente, que la sentencia del Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín que absolvió al sindicado data del 30 de mayo del 2000 (fls. 81-102, cdno. 7) y quedó en firme el 6 de junio del 2000, según lo expresado por la juez titular de dicho despacho en oficio del 29 de junio del 2000 (fl. 117, cdno. 7), de manera que el término de caducidad, en principio, expiraba el 7 de junio de 2002.
17.4. No obstante, acorde con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(16), el término de caducidad se suspendió a partir del 17 de mayo de 2002, con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la parte actora ante la Procuraduría 31 Judicial II para Asuntos Administrativos, y hasta el 15 de agosto de 2002 fecha en la que se celebró y declaró fallida la diligencia de conciliación (fls. 42 y 43, cdno. 2). En consecuencia, el término de caducidad volvió a correr a partir del 16 de agosto por un término de 22 días, de suerte que expiraba el 6 de septiembre de 2002, y habida cuenta que la demanda se radicó el 15 de agosto de 2002 (fl. 99, cdno. 1), esta se interpuso dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
18. La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor José Norbey Cifuentes Pérez, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el punible de homicidio agravado, constituye una detención injusta con la virtualidad de comprometer la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la Nación – Rama Judicial. Establecido lo anterior, será menester resolver si en el presente caso se configura como causal excluyente de responsabilidad una culpa exclusiva de la víctima.
III. Validez de los medios de prueba.
19. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal, Nº 2000-0010, adelantado contra José Norbey Cifuentes Pérez serán valoradas por la Sala, dado que fueron solicitadas por la parte actora en la demanda (fl. 96, cdno. 2) y surtidas con audiencia de la entidad demandada en este caso, pues se trata de una investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación y conocida por la Rama Judicial a través del Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín.
20. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:
20.1. El 18 de mayo de 1999, en el Barrio San Joaquín de Medellín, aproximadamente a las 7.45 p.m., la señora Eunice Mejía Maya, fiscal seccional de Medellín adscrita a la Unidad 2ª de Patrimonio, conducía el vehículo marca Mazda 323 cupé, color gris plata, de placas MMJ 519 de Medellín, cuando fue atacada con arma de fuego por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, las lesiones que le fueron infligidas en cara y cuello provocaron su muerte debido a shock poli traumático(17).
20.2. El mismo día de los hechos, el 18 de mayo de 1999, el fiscal 149 seccional, Dr. Alberto Álvarez Duque en compañía de la auxiliar Carmen Astrid Loaiza, suscribieron el acta correspondiente a la diligencia de inspección judicial de levantamiento de cadáver donde se consignó (fls. 9-10, cdno. 4):
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS: (...) al momento de nuestro arribo, acordonado por personal del laboratorio de criminalística de la Sijín, allí en sentido oriente-occidente sobre el lado izquierdo se encuentra un vehículo de servicio particular, marca MAZDA 323 cupé color gris de placas MMJ-519, con sus luces delanteras y stop trasero bilateral encendidos, chocado contra la parte delantera de otro vehículo, en cual está en sentido occidente-oriente, tipo camioneta de color blanco 4 WD 200, de placas EXX-177 el cual se encontraba al parecer allí estacionado; el primero de los mencionados se encuentra (...) vidrios delanteros bilateral quebrados y en su interior sobre el asiento del conductor, se halló un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, cuerpo sujeto con el cinturón de seguridad. Se observan cantidad de esquirlas de vidrio en el piso de vehículo, en las sillas delanteras y en el sillín trasero, en la portezuela del automotor sobre el lado derecho se aprecia una abolladura ocasionada por proyectil de arma de fuego, la cual trató de salir a la parte externa donde se nota elevación pero sin salida, en el piso del mismo se recuperó una ojiva deforme, sobre el lado izquierdo en el piso se aprecia abundante charca de sangre y al lado de la pierna izquierda de la Occisa se recuperó una ojiva deforme, todas esta al parecer calibre 38 devidamente (sic) embaladas (...) VERSIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS: Manifiesta la Señora JOSEFINA MAYA Madre de la víctima que (...) el origen de su muerte no puede ubicarse por su trabajo como Fiscal sino más bien por razones personales pues entre otras cosas, sabe que su hija y su nieto fueron amenazados de muerte por el sujeto que su nieto lesionó. Por su parte el Señor ARISTIDES MEJÍA MAYA hermano de la extinta (...) manifiesta que su hermana había sido amenazada de muerte por parte de EDGAR BETANCOURTH SÁNCHEZ individuo a quien le iban a despojar el carro por parte de su sobrino JUAN DAVID en hecho que conoció el Fiscal Seccional JOSÉ VICENTE ARIAS y que actualmente tramita en etapa de juicio (...) (Se destaca)
20.3. A la inspección judicial se anexó un álbum fotográfico, cada fotografía va acompañada de una descripción de lo que la imagen contiene, se destacan las siguientes (fls. 99-106, cdno. 4):
PRIMER PLANO 08: Presente elemento material de prueba Nº 1, correspondiente a un proyectil de plomo desnudo deformado, hallado en el piso del vehículo, en la parte delantera derecha.
PRIMER PLANO 09: Presenta elemento material de prueba Nº 2, correspondiente a un proyectil de plomo desnudo, hallado en la vía al frente del edificio Centro 43, situado en la Cra. 68A Nº 43-13.
PRIMER PLANO 10: Presenta elemento material de prueba Nº 3, correspondiente a un proyectil de plomo desnudo, hallado en el piso delantero izquierdo del vehículo.
PRIMER PLANO 11: Se observa impacto ocasionado al parecer con arma de fuego en la cartera de la puerta delantera derecha, parte inferior.
PRIMER PLANO 12: Presenta impacto ocasionado al parecer con arma de fuego en la cartera de la puerta delantera derecha, parte superior.
PRIMER PLANO 13: Se observa impacto producido al parecer por arma de fuego en la puerta delantera derecha. (Se destaca).
20.4. A parte del anterior álbum fotográfico, dentro del expediente penal aparece otro elaborado por la SIJÍN de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el que se hicieron las siguientes descripciones (fls. 186-200, cdno. 3):
FOTOGRAFÍA Nº 9 DE SEMICONJUNTO: Tomada a la puerta delantera lado derecho del vehículo de placas MMJ-519, se puede aprecia (sic) que su vidrio se encuentra roto, y sobre la cartera presenta varios orificios producidos por impacto de arma de fuego.
FOTOGRAFÍA NRO. 10 DE DETALLE: La flecha indicadora señala un impacto producido con arma de fuego, encontrado en la parte interna de la puerta delantera del lado derecho, sobre el paral de la misma.
FOTOGRAFÍA NRO. 11 DE DETALLE: La flecha indicadora señala un orificio producido por arma de fuego, el cual se encontró sobre la parte interna de la puerta, dos centímetros por encima del guardamano.
FOTOGRAFÍA NRO. 12 DE DETALLE: La flecha indicadora señala un orificio producido por impacto de arma de fuego, encontrado sobre la parte interna de la puerta delantera del lado derecho. (Se destaca).
20.5. El 19 de mayo de 1999 el Fiscal 1º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín dictó orden de captura contra los señores Edgar de Jesús Betancourth Sánchez y Rubén Darío Cano Orozco (fls. 29-32, cdno. 4).
20.6. En informe Nº 0275 EOCTI, suscrito el 19 de mayo de 1999 por Luis Hernando Restrepo y Luis Hernando Calderón, investigadores judiciales I del CTI, señalaron que el día anterior, el 18 de mayo, 30 minutos después de los hechos, se procedió a la retención de una motocicleta en la que se desplazaba como parrillero el señor José Norbey Cifuentes Pérez quien portaba un revolver marca Llama, calibre 38L, con capacidad de carga para 6 cartuchos, con su respectivo salvoconducto, elemento que también fue retenido, así (fls. 36-38, cdno. 4):
Siendo las 20:00 Horas aproximadamente, en momentos en que unidades adscritas al equipo operativo, nos encontrábamos realizando diligencia en la comuna centro oriental de esta ciudad, se nos informó del homicidio de la doctora antes mencionada, procedimos a desplazarnos a dicho lugar calle 43 Nº 68A-05, donde se encontró el lugar de los hechos, una vez allí procedimos a instalar un dispositivo de seguridad de cuatro cuadras a la redonda, con el fin de establecer posibles móviles y autores del hecho a investigar; transcurridos unos treinta (30) minutos aproximadamente, en la calle 44 con carrera 68A se retuvo una motocicleta marca YAMAHA DT, de placas RRK 31 A; automotor que presentaba pendiente por hurto, por eso se retuvo. El velocípedo era conducido por el señor DIEGO LEÓN GARCÍA MIRA, C.C. Nº 71.756.681 (...)
Como pasajero tripulaba el señor JOSÉ NORBEY CIFUENTES PÉREZ, identificado con la C.C. Nº 71.760.257 (...) ocupación conductor de taxi, marca DAEWOO de placas TME 165 de taxi individual de propiedad de su madre (...).
A este señor se le retuvo un revólver marca LLAMA, con número de serie IM3789N, con capacidad de carga de seis cartuchos de calibre 38L, con su respectivo salvo conducto. Es de anotar que se retuvo este revólver para descarte de los hechos motivo de investigación, toda vez que un arma de las mismas características fue utilizada para la comisión del ilícito investigado (...)
El revólver marca LLAMA, con serie IM3789N, con capacidad de carga de 6 cartuchos fue dejado a disposiciones del coordinador de la sección de balística, mediante oficio 548 de mayo 19 de 1999.
La motocicleta Yamaha DT125 de placas RRK 31 A, recogida por automotores para estudio técnico, el mismo que se contestó mediante informe Nº 261-6382, estudio técnico Nº 81. (Se destaca).
20.7. Mediante oficio del 19 de mayo de 1999, el coordinador del equipo operativo del CTI, señor Francisco Javier Mazo, dejó a disposición del coordinador de la Sección de Balística del CTI, el revólver marca Llama, con número de serie Nº IM3789N, calibre 38L, junto con seis cartuchos (fl. 50, cdno. 4).
20.8. El 19 de mayo de 1999, el área de balística y explosivos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, rindió el dictamen A.B. Nº 1702, en el que adelantó el estudio balístico, de trayectorias y comparación, respecto de los siguientes elementos: (i) el vehículo automotor Mazda 323 de placas MMJ 519; (ii) el arma de fuego marca Llama, calibre 38 especial, serial IM 3789, con 6 cartuchos; y (iii) 6 proyectiles hallados en la escena del crimen, uno de ellos encontrado en el cuerpo de la víctima. En dicha experticia se concluyó (fls. 81-87, cdno. 4):
Realizada inicialmente una observación visual al exterior al vehículo se encontró lo siguiente:
1. Presenta un golpe frontal que compromete la defensa, la persiana y el capó.
2. Presenta rotos los vidrios de la ventana de las puertas delanteras.
3. Presenta dos abolladuras de forma cóncava en la parte media y media delantera externa del tablero de la puerta lado derecha (sic), producidos por PAF (proyectil de arma de fuego).
4. Presenta impacto producido por PAF en el borde delantero del marco de la ventana lado derecho, donde se encuentra la base del espejo retrovisor, con rotura de esta.
Posteriormente se practicó examen al interior del vehículo, encontrando lo siguiente:
1. Un orificio de entrada producido por PAF (proyectil de arma de fuego), localizado en la zona media inferior de la horizontal, parte delantera interna de la cartera de la puerta derecha, con un diámetro de 0.8 mm.
2. Un orificio de entrada, producido por PAF, localizado en la parte media horizontal y vertical de la parte interna de la cartera de la puerta derecha, lado superior del descansabrazo, con un diámetro de 0.7 mm.
3. Un impacto en forma convexa, producido por PAF, localizado en la parte media interior del borde del marco de la ventana delantera derecha.
Una vez realizado este examen interior, se procedió a retirar el tablero interno de la puerta derecha, conocida como cartera, a fin de recuperar los proyectiles que la perforaron, encontrando en su interior, parte inferior delantera dos (2) que presentan las siguiente características:
PROYECTIL Nº 1
Tipo: Común, Constitución: Plomo desnudo, Forma: Cilíndrico ojival deformado, Masa (Peso): 7.37 gramos, Longitud: 19.35 mm, Calibre: 38 especial, Estriado y rotación: Parcialmente visible un campo y un macizo, que por su longitud de arco da un total de seis campos y seis macizos con rotación derecha (...)
Tipo: Revólver, Clase: De mano, Calibre: 38 especial, Marca: Llama Indumil, Modelo: Cassidy, Nº Identificativo: IM 3789 N, Fabricación: Original de marca registrada en Colombia, Capacidad de carga: Seis (6) cartuchos, Longitud del cañón: 10.2 cm o 4 pulgadas, Estriado rotación: Seis campos y macizos a la derecha, Acabado superficial: Niquelado, Cachas: En caucho grafitado no originales
Cantidad: Seis (6), Tipo: Común, Calibre: 38 especial, marca en la base: Indumil, Vainilla: En latón niquelado, PROYECTÍL: Cilíndrico ojival en plomo, Fabricación: Original en Colombia, Percusión: Central
Signos de percusión: No presenta, Observaciones: Uno presenta signos de haber sido recalzado (...)
PROYECTIL Nº 6 (Necropsia 1850)
Tipo: Común, Constitución: Plomo desnudo, Forma: Cilíndrico deformado, Masa (Peso): 9.09 gramos, Longitud: 14.84 mm, Calibre: 38 especial, Estriado y rotación: Cinco campos y cinco macizos con rotación derecha (...)
ESTADO DE FUNCIONALIDAD DEL ARMA (...)
Previa verificación que el arma de fuego no presenta alojados cartuchos o elementos de la munición (vainillas-proyectiles), se procedió a cargarla con el fin de establecer su estado de funcionamiento y al realizar los disparos se constató que se encuentra apta para producir los efectos para los cuales fue fabricada.
PRUEBA QUÍMICA DE GRIESS
Para poder establecer si un arma ha sido disparada o no después de practicarle limpieza por última vez, se realiza la prueba química mediante el reactivo de Griess; la cual tiene por objeto detectar partículas de nitritos y nitratos procedentes de la deflagración de la pólvora combustionada y sin combustionar los cuales quedan impregnados en el ánima del cañón.
Utilizando el reactivo en el interior del cañón el arma motivo de estudio, dio resultado POSITIVO; por lo tanto nos indica que el arma fue disparada después de habérsele practicado limpieza por última vez (...)
ESTUDIO DE COMPARACIÓN (...)
Con la ayuda del macroscopio electrónico de comparación para balística, marca Leica, modelo DMC, con cámara fotográfica incorporada (...) se procedió a analizar inicialmente los proyectiles incriminados encontrando que los enumerados como 3, 4, 5 y 6, presentan características de identidad e igualdad en su estriado y microrayado, estableciendo uniprocedencia entre ellos y por lo tanto determinando que fueron disparados en una misma arma. El proyectil incriminado como 1, presenta características en su microrayado que determinan que fue disparado en un arma diferente a la que disparó los anteriores. El proyectil enumerado como 2, no presenta zonas aptas, para realizar el cotejo. Acto seguido se realizó el estudio de comparación entre los proyectiles incriminados y los patrones obtenidos al realizar disparos con el arma en cuestión, encontrando que el proyectil identificado en este estudio como el número 1, presenta características de identidad, igualdad, continuidad y correspondencia, tanto microscópicas como macroscópicas en su estriado y microrayado para determinas que fue disparado en esta arma de estudio (...)
Las características de los elementos se encuentran debidamente registrados en la descripción general.
Tanto el arma como los proyectiles, pertenecen al calibre 38 especial.
Utilizado el reactivo de Griess en el arma en cuestión, dio resultado positivo, lo que nos indica que el arma fue disparada después de realizada su última limpieza. Esta es una prueba colorimétrica, indiciaria y por lo tanto no concluyente. En la actualidad no existen elementos técnico científicos que nos permitan establecer el tiempo de disparo de un arma.
Conforme a los resultados obtenidos del estudio de comparación, se estableció que existe identidad y continuidad en las características presentes en el micro rayado del proyectil Nº 1 para determinar correspondencia y por lo tanto plena identidad con los patrones obtenidos al realizar disparos con el arma tipo revolver, calibre 38 especial, marca Llama, número identificativo IM3789N, confirmando que fue disparado en este (...).
Los proyectiles número 3, 4, 5 y 6 presentan uniprocedencia entre ellos y por lo tanto no se determina que fueron disparados con un arma tipo revolver, calibre 38 especial, de posible marca Smith & Wesson o Ruger entre otras (...) (Se destaca).
20.9. El 19 de mayo de 1999, el CTI de Antioquia realizó el estudio documental del permiso de porte de arma Nº PO48858 a nombre de José Norbey Cifuentes Pérez, en el que se encontró que el salvoconducto era auténtico (fls. 89-92, cdno. 4)
20.10. A partir de las evidencias encontradas en dicho examen de balística, el 20 de mayo de 1999, el Fiscal 1º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín ordenó la captura de José Norbey Cifuentes (fl. 64, cdno. 4), la cual se hizo efectiva ese mismo día(18).
20.11. El 26 de mayo de 1999, el Fiscal 1º Delegado ante los Jueces Penales de Circuito de Medellín profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva contra José Norbey Cifuentes Pérez por el presunto delito de homicidio son sustento en lo siguiente (fls. 90-98, cdno. 3):
También es grave lo atinente a José Norbey: este fue aprehendido por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación en la propia escena de los hechos, momentos después de presentarse la muerte de Eunice —la vieja teoría de que el agresor regresa a la escena—. Su captura se dio en momentos que se desplazaba a bordo de una motocicleta color negra —vehículo que es referido por los diferentes testigos como el utilizado por los agresores— y lo que es más: en posesión de un arma de fuego, tipo Revólver, marca Llama, serie IM3789M, calibre 38 largo, con salvoconducto para su porte.
Esa arma se sometió a experticio técnico y proyectiles percutidos con la misma arma se sometieron a cotejo con los que se recuperaron en el interior del vehículo automotor en que se desplazaba la funcionaria y el que fuera recuperado en la diligencia de necropsia practicada al cadáver (...)
Se concluye entonces que uno de los proyectiles sometidos a cotejo, fue disparado por el arma que fuera incautada a Norbey, lo que aunado al color de su motocicleta y la chaqueta color negro incautada en la diligencia de allanamiento y registro practicada en su domicilio, refuerzan con creces las (sic) prueba que hemos denominado de inferencia lógica. (Se destaca).
20.12. El 21 de julio de 1999, el señor Luis Eduardo Calderón Montenegro, investigador judicial I del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, quien participó en el decomiso del arma de fuego de José Norbey Cifuentes, acerca de los hechos materia de investigación expresó (fls. 39-45, cdno. 5):
PREGUNTA: Sírvase hacerle al Despacho, una narración amplia de cómo se llevó a cabo este operativo, donde se le decomisó un arma de fuego, al señor JOSÉ NORBEY CIFUENTES PÉREZ, la cual hace relación en su informe de folio treinta y uno (31) y subsiguientes? RESPUESTA: El día de los hechos nos encontrábamos realizando labores investigativas con el fin de dar captura a una persona solicitada por una Fiscalía (...) aproximadamente media hora o una (1/2 o 1) hora, de ocurrido (sic) los hechos, se detuvo en primera instancia a dos (2) personas que se movilizaban en una motocicleta DT, no recuerdo el cilindraje, de color negro con el fin de solicitarsen (sic) antecedentes, al reportarse dicha motocicleta apareció en el sistema como hurtada, solicitándose la identificación de los dos (2) tripulantes, al efectuarse una requisa, se encontró que la persona que venía de copiloto, portaba un revólver no recuerdo la marca pero era niquelado, recuerdo que la persona mostró su salvoconducto, al preguntársele el motivo por el cual portaba dicha arma, contestó que era escolta (...) es de aclarar que las labores previas de el (sic) homicidio de la señora Fiscal, se tenía conocimiento que se había utilizado un revólver calibre treinta y ocho (38) y en vista que esta persona no aportaba datos para verificar, la veracidad de la información, se le retuvo el arma, la que posteriormente fue enviada al laboratorio científico de la Fiscalía (...) En ningún momento se hizo la prueba de absorción atómica, por cuanto no se le estaba sindicando de nada, lo único que se decomisó fue el arma, para hacer un cotejo de descarte con los elementos encontrados en el lugar de los hechos (...) PREGUNTA SEXTA: Díganos quienes participaron en el operativo y su lugar de ubicación?. RESPUESTA: (...) todos acuden pero en sí el decomiso del arma se realizó entre mi compañero LUIS HERNANDO RESTREPO y yo (...) RESPUESTA: Quiero aclarar, que en el momento en que se decomisó el arma, él manifestó que era taxista, pero que él era antes o días antes se desempeñaba como escolta (...) PREGUNTA: A folios veintisiete (27) se deja constancia, en el informe del CTI que usted suscribe, que el revólver marca Llama y el cual le fue incautado a JOSÉ NORBEY, fue dejado a disposición del coordinador de la sección de balística, mediante el oficio cinco cuarenta y ocho (548), de mayo diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve, esto es el oficio tiene fecha del día siguiente al que fue incautada el arma, sírvase decirnos dónde permaneció el arma en la noche en que fue incautada, si tenemos en cuenta, que el informe dice que la misma fue incautada a alas (sic) veinte (20) horas del día dieciocho (18) de mayo? RESPUESTA: Quiero aclarar que todos los elementos y armas decomisadas, se dejan a disposición en el momento en que se regresa a las instalaciones del CTI, por cuanto se llegó a la oficina, pasadas la doce (12) de la noche, se dio número de oficio con fecha diecinueve (19) de mayo, osea (sic) nosotros llegamos a las doce (12) de la noche, se hizo el oficio y a las cero treinta (0:30) se puso a disposición de balística, eso quiere decir que reposó en el laboratorio de balística porque allá hay servicio las veinticuatro (24) horas. PREGUNTA: Ustedes tienen constancia de la entrega del arma, recibido de las persona con la respectiva firma y sello y la hora (...) RESPUESTA: Dejo claridad que el arma es recibida pero la constancia de recibido está en horas hábiles, el único requisito es el oficio enviado por el jefe inmediato, osea (sic) cuando es de noche, tiene que llevarse el oficio, pero el recibido se le da al otro día, para no perder la prueba, el recibido se da al otro día en horas hábiles (...) (Se destaca)
20.13. El 22 de julio de 1999, la señora Astrid Loaiza Gómez, técnico judicial II de la Fiscalía Seccional de Medellín, quien participó en el levantamiento del cadáver de la víctima, rindió declaración ante la Fiscalía 1ª Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín. Acerca de los impactos de bala encontrados en el vehículo donde fue asesinada la Fiscal Eunice Mejía Maya, afirmó (fls. 49-56, cdno. 5):
PREGUNTA: Respecto, a las huellas de violencia, encontradas en el vehículo, usted qué nos puede referir, como que haya observado directamente, usted como auxiliar del Fiscal, y más concretamente respecto de las huellas dejadas por los impactos de bala, en el interior de vehículo?. RESPUESTA: Haber lo que recuerdo, unos impactos en la portezuela del lado derecho, del conductor parte delantera, haber como (sic) explico, los cuales hicieron blanco, si no estoy mal, casi cerca del descansabrazos y otro más arribita, los cuales no alcanzaron a salir, osea (sic) no había perforación externa en la portezuela, lo que nos hizo pensar que estos proyectiles ingresaron por el lado izquierdo donde estaba la obita (sic), sinceramente no recuerdo más los más latente son esos dos impactos, físicos en el vehículo, dentro del vehículo, la ventanilla del lado izquierdo estaba rota, estaba destruida, no sinceramente como más no recuerdo más (...) PREGUNTA: Por qué será ASTRID que en esta diligencia de levantamiento o de inspección judicial al lugar de los hechos, cuando el Fiscal, se refiere al estado de la portezuela del automotor sobre el lado derecho dice “se aprecia una (1) abolladura ocasionada por proyectile (sic) de arma de fuego, la cual trató de salir a la parte externa donde se nota elevación pero sin salida”, y en la diligencia de inspección o de recopilación de evidencias, encontraron los peritos al igual que usted lo manifiesta, otra abolladura perceptible por los sentidos, a qué se debe esa divergencia en este asunto de las abolladuras? RESPUESTA: Considero que posiblemente fue un error involuntario al no significar dos (2) abolladuras indicando en lo que dicen, diligencia de inspección judicial, al significar una (1) abolladura, considero que fue un error involuntario (...) PREGUNTA: ASTRID usted recuerda si en la portezuela del lado derecho, fuera de los dos (2) impactos que usted describe, o de las dos (2) abolladuras que usted describe, había otra ubicada en la parte inferior, casi entre la unión de la puerta y la trompa del carro? RESPUESTA: No recuerdo sinceramente no la recuerdo, si en algún momento la tuve a mi vista debía haber quedado inserta en el acta y en caso de algún otro error involuntario debió haber quedado plasmado en la diligencia de inspección practicada por el personal destacado para ello (...) (Se destaca).
20.14. Mediante escrito del 20 de agosto de 1999, el señor Alberto Álvarez Duque, fiscal seccional 49 delegado, quien coordinó el levantamiento del cadáver de la víctima, sobre los hechos informó:
3. Intervinieron en el lugar de los hechos el grupo de investigación y criminalística de la SIJÍN – MEVAL y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. La SIJÍN se encargó de fotografías, manipulación del cadáver, dactiloscopia, y el CTI levantó planos, fotografías, realizó pruebas de balística y escuchó versiones. El trabajo criminalístico fue en conjunto y de apoyo mutuo en el lugar de los hechos (...).
5. Con respecto al vehículo en que se desplazaba al funcionaria, éste fue conducido por personal del CTI, ya que recuerdo personal uniformado de esta institución haciendo el traslado del automotor hacia el parqueadero de la URI. (Se destaca).
20.15. El 8 de septiembre de 1999, el señor Francisco Javier Mazo Zapata, agente perteneciente del CTI, rindió declaración ante la Fiscalía 1ª Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, en la que señaló (fls. 192-197, cdno. 5):
PREGUNTA: Durante la redada que narra usted se realizó alrededor del lugar donde se escenificaron los hechos, se encontró algún tipo de evidencia o prueba, que sirvieran para adelantar la investigación? RESPUESTA. Haber, en un retén que se montó sobre la Calle San Juan, se retuvo dos personas, portaban arma, un beeper y una motocicleta, esto fue, esta diligencia fue realizada por los dos (2) funcionarios que suscriben el informe dos setenta y cuatro (274), al reportarmen (sic) por radio dicho acto, se les ordenó investigar la moto y el armamento encontrado a uno de los tripulantes de esta. PREGUNTA: Presidió usted esta diligencia, en caso negativo, qué persona la presidió y qué resultado arrojó lo concerniente a la investigación sobre el artefacto y el vehículo? RESPUESTA – No, la presidió o realizó LUIS HERNANDO RESTREPO y LUIS EDUARDO CALDERÓN (...) PREGUNTA. Dígale al Despacho bajo la gravedad de juramento qué personas intervinieron en el operativo donde se retuvo el arma de fuego decomisada al señor JOSÉ NORBEY CIFUENTES PÉREZ? RESPUESTA. Que recuerde estaba LUIS HERNANDO RESTREPO, LUIS EDUARDO CALDERÓN, WILSER MOLINA, no recuerdo quien más per (sic) había aproximadamente siete (7) personas en ese punto. PREGUNTA. Sabe usted, quién de estas personas revisó el arma que se le incautó al señor JOSÉ NORBEY? RESPUES (sic) SIGUE LA PREGUNTA Y cuál fue la persona encargada de conservare la cadena de custodia de la misma? RESPUESTA: El arma no sé quién la revisó, pero fue LUIS EDUARDO CALDERÓN, quien estuvo al tanto de la custodia del arma (...) PREGUNTA: Díganos por qué el oficio remisorio del arma tiene fecha diecinueve (19) de mayo si este fue firmado por usted el día dieciocho (18) de mayo y el arma fue trasladada inmediatamente al laboratorio? RESPUESTA: Yo firmé el oficio y solicité el examen al laboratorio, el día diecinueve (19) es al investigador a quien estaba a cargo a cargo ese momento el arma a quien compete lad/ (sic) cadena de custodia, es él quien puede dar fe de la recibida en el laboratorio de dicha arma, día y hora pertinente. PREGUNTA. Usted le puede explicar al Despacho, Doctor FRANCISCO, por qué será que en declaración obrante en este proceso el señor LUIS EDUARDO CALDERÓN MONTENEGRO, quien usted afirma tenía la custodia del arma, afirma que esta fue entregada al laboratorio de investigación criminal el día dieciocho (18) de mayo, esto es, el mismo día en que se realizó el decomiso del arma y el oficio remisorio tiene fecha de realización y recibido de fecha el diecinueve (19) de mayo? RESPUESTA. Uh, uh, el decomiso se realizó y recibido de fecha el dieciocho (18) y el oficio se hizo el diecinueve, no encuentro razón a explicar esto (...) PREGUNTA. La conducción de dicho vehículo a los patios de la URI se realizó por personal del CTI adscrito al grupo operativo, o algún otro grupo? RESPUESTA. Tengo entendido que fue un funcionario del CTI, pero no recuerdo exactamente quien fue y a qué grupo pertenece (...) (Se destaca)
20.16. El 8 de septiembre de 1999, el señor Luis Hernando Restrepo Lacharne, investigador judicial I del CTI, quien suscribió el informe Nº 0275 E.O.CTI el 19 de mayo de 1999 (v. párr. 20.6), testificó ante la Fiscalía Primera Seccional delegada ante los jueces penales del circuito, así (fls. 201-206, cdno. 5):
PREGUNTA: Haga una narración clara y detallada del procedimiento o hechos, que motivaron la suscripción del presente informe? RESPUESTA. Haber nosotros estábamos en un operativo en la parte alta de Santo Domingo, parte oriental, cuando escuchamos por radio, un siete treinta y dos (732), que significa, que algún funcionario tiene problemas y hay (sic) mismo dijeron que es un Fiscal, que habían matado, de inmediato, nos trasladamos a la Calle San Juan, (entre paréntesis, cuarenta y cuatro (44) con carrera sesenta y ocho (68), cuando llegamos al lugar todo el persona (sic) se dispersó por el sector, entonces, el compañero mío LUIS EDUARDO CALDERÓ, GERMÁN HIGUERA y mi persona, procedimos a trasladarnos a toda la esquina de la calle cuarenta y cuatro (44) con sesenta y ocho (68) con el fin de que no pasara nadie, donde había, al lugar de los hechos, pasados varios minutos bajaba una moto, un compañero mío le dijo que parara y este intentó seguir, de inmediato yo salí a adelante y los paré con el fusil, de inmediato frenaron se requisaron las dos personas, uno de ellos poseía un arma, calibre treinta y ocho (38) largo, se encontró además también un beeper, que no aparecía a nombre de los dos sujetos (...) el revólver fue enviado por el compañero mío LUIS EDUARDO A LABICI, osea (sic) al laboratorio de criminalística, me entrevisté con este muchacho el conductor de la moto, no recuerdo el nombre de él, me dijo que él era conductor de un taxi, de propiedad de un Fiscal de la estructura de apoyo llamado GABRIEL y que esa noche venía de comprar unos repuestos (...) PREGUNTA. Inmediatamente después de decomisados los bienes que (sic) actividad, en calidad de que (sic) usted realizó usted y sus compañeros, que participaren en el decomiso de dichos bienes? RESPUESTA. En, cuando (sic) nos trasladamos, la moto fue trasladada a las instalaciones del CTI, en calidad de funcionarios, nos trasladamos al CTI PREGUNTA Seguidamente el traslado que (sic) procedimiento se realizó con los bienes decomisados? RESPUESTA. La moto se dejó en los patios del CTI, el compañero mío LUIS EDUARDO CALDERÓN quedó con el revólver y el beeper, también quedó en la oficina, para el otro día hacerle el rastreo, ya que eran horas de la noche y no se podía hacer un rastreo de dicho beeper. PREGUNTA: Bajo responsabilidad de que (sic) persona quedaron en custodia dichos elementos? RESPUESTA: Nosotros, los que hicimos el procedimiento, LUIS EDUARDO CALDERÓN y el suscrito (...) PREGUNTA. Los tres (3) bienes decomisados, vehículo, beeper y armas fueron entregadas jurídica y materialmente al doctor RUBÉN DARÍO MUÑOZ? RESPUESTA. Mediante el informe de policía judicial, osea (sic) jurídicamente, se le informó al señor Fiscal que la moto quedaba en las instalaciones del CTI, el revólver quedaba en LABICI, osea (sic) en el laboratorio (...) PREGUNTA: Recuerda usted la hora, fecha y día en que fue entregada materialmente el arma decomisada al laboratorio (...) RESPUESTA. El arma de se entregó al otro día, la hora no la recuerdo, porque mi compañero LUIS EDUARDO CALDERÓN la tenía en custodia, él fue quien hizo la entrega del arma no sé si fue esa misma noche osea (sic) la noche del dieciocho (18) amanecer diecinueve (19) de mayo no sé quien recibió el arma (...) PREGUNTA. Hernando sírvase decirle al despacho, si el arma, presentaba características de haber sido dispara (sic) tales como olor a pólvora? RESPUESTA: Cuando yo cogí el arma, lo extraño de esta, era que había sido limpiada, como le dijera, como si fuera minutos antes, es decir estaba demasiado limpia, todavía tenía como baselina (sic) o aceite, como si la hubiera acabado de limpiar (...) (Se destaca).
20.17. El 4 de noviembre de 1999, el Fiscal 1º Seccional – Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad personal dictó resolución de acusación en contra de José Norbey Cifuentes Pérez como presunto autor responsable del delitos de homicidio agravado cometido en la persona de Eunice Mejía Maya, las consideraciones de la decisión fueron (fls. 29-59, cdno. 6):
La anterior diligencia conllevó a la inmovilización de una motocicleta, Yamaha DT, placas RRK 31 A, la cual registraba una “pendiente” por Hurto y era conducida por Diego León García Mira (...).
Pero, como pasajero de la moto, tripulaba José Norbey Cifuentes Pérez, quien fue encontrado en posesión de un arma de fuego, tipo Revólver, marca Llama, serie MI 3789N, calibre 38 largo, con capacidad para seis (6) proyectiles, con salvoconducto que autorizaba su porte (...)
Interesa entonces detenernos en el folio 77 frente: Conceptúa el perito, en torno al proyectil que él describe como el número uno (1) —que no es otro que el recuperado en el interior del vehículo automotor, parte delantera, lado derecho— el cual describe como perteneciente a un calibre 38 especial, con seis (6) campos e igual número de macizos, con rotación a la derecha. Sometido que fue a estudio de comparación —folio 80 frente— permitió al experto arribar a la siguiente conclusión: “Conforme a los resultados obtenidos del estudio de comparación, se estableció que existe identidad y continuidad en las características presentes en el microrayado (...) del proyectil Nº 1 para determinar correspondencia y por lo tanto plena identidad con los patrones al realizar disparos con el arma tipo revólver, calibre 38 especial, marca Llama, número identificativo MI3789N, confirmando que fue disparado en este (...).
Serios reparos ofrece a la defensa de Cifuentes Pérez la forma como se adujo la prueba anterior, concretamente en lo que toca con su génesis, pues en su sentir, la misma ocurrió con flagrante violación de la “Cadena de Custodia” (...).
No parece prosperar la tesis esgrimida por la actora procesal que encarna la defensa: Su aserto, carece de cualquier soporte probatorio, y muy contrario a su parecer, los medios de convicción que han sido arribados, de manera legal y oportuna, sobre los cuales se dio la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, convergen en señalar un norte asaz distinto al esbozado por la parte. No hubo errores —por lo menos así se desprende de las piezas procesales a la altura de esta fase procesal— en el manejo de la “cadena de custodia” —incluso, ello se convalidad con los testimonios dados por el Cuerpo Técnico de Investigación, por lo que basta remitirnos a esas actuaciones— por lo que el juicio que levanta esta delegada se basa sobre aserciones sujetas a la confutación de la defensa, y no meros juicios apriorísticos, surgidos de la nada o basados en el conocimiento privado del juez. Al reunir los requisitos intrínsecos y extrínsecos previstos para la prueba en particular, esta Fiscalía no puede desconocer, de un plumazo, el norte que impera la Legislación Penal Adjetiva en sus artículos 253 y 254. La ponderación en la valoración y análisis de esta prueba en concreto, aunada a las particulares circunstancias en que operó la aprehensión de José Norbey —administrativa la primera, judicial la segunda— la noche de los hechos —en el propio escenario donde se suscitaron los episodios, movilizarse en una motocicleta lo que se compagina y concuerda con algunas versiones dadas por personas que yacían en el sitio de los hechos y lograron una particular percepción— no pueden menos que conducirnos a la convocatoria a responder en juicio criminal en lo que toca con Cifuentes Pérez. Claro que desde ya se advierte la necesidad de ahondar en la etapa de juicio, fase probatoria —obvio: en el evento de cobrar fuerza vinculante lo resuelto— sobre el dictamen balístico que a la postre es la prueba que reúne la entidad demandada por el legislador procesal para el advenimiento de una resolución de acusación, pues se antoja sano y necesario conocer los conceptos de otros expertos en esta disciplina, lo que revestirá la instrucción de una pacífica tranquilidad tanto para el procesado como para el actor de su defensa (...) (Se destaca).
20.18. La anterior decisión fue apelada por la defensa de los otros dos procesados, señores Rubén Darío Cano y Edgar de Jesús Bustamante (fls. 64 a 87 y 88 a 107, cdno. 6), pero fue confirmada por la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medellín en providencia del 14 de diciembre de 1999 (fls. 110-127, cdno. 6).
20.19. Según oficio Nº 101 del 7 de enero del 2000, remitido por la Fiscalía 1ª Especializada en Delitos Contra la Vida e Integridad Personal, los sindicados, inclusive el señor José Norbey Cifuentes Pérez, a partir de dicha fecha quedaron a disposición del “JUEZ PENAL DEL CIRCUITO” (fl. 129, cdno. 7).
20.20. El 22 de mayo del 2000, se adelantó diligencia de audiencia pública ante el Juzgado Séptimo Penal de Circuito de Medellín, en el acta respectiva se consignó lo siguiente (fl. 24, vto. cdno. 7):
(...) Seguidamente se procede a observar el VIDEO filmado el día 18 de mayo de 1999 del levantamiento de la Doctora EUNICE MEJÍA AMAYA suministrado por el NOTICIERO hora 13. El despacho deja constancia que en el último cuadro o toma se observa la portezuela derecha y presenta dos impactos de bala, uno con orificio de salida y el otro como una abolladura inferior cerca del bicel (...)
20.21. El 30 de mayo del 2000, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que absolvió al señor José Norbey Cifuentes Pérez del delito de homicidio agravado en la persona de Eunice Mejía Maya, las razones fueron (fls. 81-103, cdno. 7):
En lo que se refiere al señor José Norbey Cifuentes Pérez, se estableció que el día 18 de mayo del año pasado, se desplazaba aproximadamente a media cuadra del sitio donde se lleva a cabo el levantamiento de la doctora Eunice Mejía Maya, media hora después de ocurrido el deceso, específicamente por la calle 44 con la carrera 68A como tripulante de una motocicleta conducida por el señor Diego León Macías Mira, ocurrió que agentes del CTI, que prestaban seguridad en cuatro cuadras a la redonda, los hicieron detener incautando al señor Cifuentes un revólver marca Llama con seis cartuchos 38L del que poseía el respectivo salvoconducto (...) No obstante ni el señor Cifuentes, ni su acompañante fueron retenidos se le advirtió al primero que debía presentarse en las instalaciones del CTI al día siguientes (sic) para reclamar tales elementos (fls. 31 fte. y ss.). Efectivamente el señor Cifuentes Pérez se presentó al CTI y según él estuvo hasta las cinco de la tarde esperando la devolución del arma (...) y lo confirma el agente Luis Eduardo Calderón a folios 457, donde refiere que efectivamente al día siguiente del decomiso del arma se presentó Cifuentes (...) Y en este punto tenemos que aludir el argumento del Ministerio Público y la defensa que no resulta lógico, ni posible, ni creíble que una persona haya cometido un homicidio agravado se desplazara en una motocicleta a la media hora del atentado, cuando aún se hacía el levantamiento portando el arma homicida y no solo esto, sino que al día siguiente se presenta voluntariamente a las instalaciones del CTI a reclamar el arma de fuego y permanezca allí por varias horas.
Y es que precisamente a la pregunta lógica de la defensa de si el arma tenía signos de haber sido disparada momentos antes, situación en la cual se imponía practicar prueba de absorción atómica a su portador, que el agente Calderón responde con la evasiva de que sólo prestaba seguridad y que no es experto en balística (fls. 455), mientras que su compañero de labor Luis Hernando Restrepo insiste en que le llamó la atención que el arma estuviera “...demasiado limpia, todavía tenía como vaselina o aceite, como si la hubieran acabado de limpiar (fls. 619 fte.). De tal respuesta se deduce que en forma alguna percibieron olor a pólvora o signos de que el arma fuera disparada momentos antes y mírese que el decomiso se dio media hora después del homicidio y según el mismo funcionario el olor se conserva por lo menos una hora después.
Ocurrió que el arma decomisada fue dejada aparentemente por quien se señala como el agente que se encargó de su custodia Luis Eduardo Calderón véase en ese sentido la declaración del mismo (fl. 473), del agente Francisco Javier Mazo (fls. 606) y del agente Luis Hernando Restrepo (fl. 615), en las instalaciones del laboratorio científico de la Fiscalía el día 19 de mayo de 1999 según recibo firmado por “Angélica” donde se informa de su decomiso el día anterior (fls. 44 fte.). Téngase en cuenta que de acuerdo con la certificación del Fiscal que realizó el levantamiento del vehículo en que se desplazaba la funcionario fue conducido por personal del CTI hacia el parqueadero de la URI (fls. 594 fte.) el mismo día del levantamiento, mayo 18/99.
Resultó que se practicó el estudio balístico por parte del perito de LABICI en relación el revólver marca Llama de propiedad de Cifuentes a tres proyectiles encontrados en el lugar del levantamiento dejados por el fiscal que lo realizó, a un proyectil recuperado en la necropsia y a dos proyectiles que fueron hallados en el vehículo conducido por la occisa después de retirar el tablero interno de la puerta derecha conocida como cartera. Igualmente a los seis proyectiles con los que se encontraba cargado el revólver.
Se estableció por parte de los peritos que uno de los proyectiles recuperados en el interior del automotor al retirar el tablero interno de la puerta derecha por parte de los expertos de LABICI y señalado como proyectil Nº 1 había sido disparado con el revólver marca Llama 38 Special de propiedad de Cifuentes Pérez. Igualmente utilizando el reactivo de Griess se determinó que dicha arma “fue disparada después de realizada la última limpieza” (fls. 81 fte.), igualmente que uno de los proyectiles decomisados dentro del arma al momento de su incautación aparecía “recalzado” (fls. 78 fte.).
De acuerdo con lo anterior es claro, que el arma fue disparada después de la última limpieza y si atendemos a la declaración del agente Luis Hernando Restrepo se encontraba completamente limpia aún con aceite o vaselina al momento de su decomiso de lo que se hace la inferencia lógica a que alude la defensa de que el arma fue disparada después de decomisada y véase que en ese momento estaba en poder de los agentes del CTI, específicamente de Luis Eduardo Calderón y que fue este organismo el que trasladó el vehículo al parqueadero de la URI, según lo afirma el Fiscal, el mismo día de los hechos, mientras el arma fue entregada al día siguiente. A lo anterior agréguese que efectivamente en la diligencia de levantamiento únicamente se alude que en la portezuela del automotor sobre el lado derecho se aprecia una abolladura ocasionada con proyectil de arma de fuego la cual trató de salir a la parte externa donde se nota una elevación sin salida (fls. 6 fte.) y así la auxiliar que digitó el levantamiento refiere que en realidad fueron dos abolladuras que se encontraron en la parte inferior de la puerta derecha y que por equivocación colocó una. Observado el álbum fotográfico que recrea la inspección realizada por el laboratorio del vehículo encontramos a folio 135 las fotografías Nº 5 y 6 donde se detallan los dos sitios donde se hizo la incisión para extraer los proyectiles y otro impacto que no dio en la cartera interna de la puerta derecha para un total de tres orificios de bala en la parte interna de la misma, no uno (1), ni dos (2) como se dice en el levantamiento o como afirma la funcionaria Carmen Loaiza y resulta que precisamente fue el proyectil Nº 1, el que resultó uniprocedente con el arma del procesado extraído de ese sitio, no coincidiendo con lo detallado en el levantamiento, de ahí que se concluya por parte de la defensa que el arma de su defendido se utilizó posteriormente a su decomiso para disparar en la parte interna de la portezuela derecha con las consecuencias anotadas y la vinculación y acusación en el proceso del joven Cifuentes Pérez, con violación evidente de la cadena de custodia, situación en la que también recaba el Ministerio Público y la Fiscalía y es que obsérvese que el proyectil no fue recuperado en el levantamiento, sino después de decomisada el arma por parte del CTI por funcionarios del mismo organismo que inspeccionaron el automotor.
A lo anterior súmese que uno de los proyectiles que fueron decomisados a Cifuentes de los seis que tenía dentro del arma, carga completa, resultó recalzado, lo que significa que fue utilizado y vuelto a recargar según los peritos con métodos que no son muy del común y que requieren de cierta tecnología o pericia, así lo refiere el cuestionario resuelto a la señora defensora (fls. 891 y ss.) y como lo anota el fiscal es más fácil conseguir un proyectil original que uno de segunda y agrega el despacho y más para Cifuentes que poseía salvo conducto y podía perfectamente adquirir la munición en la cuarta brigada como él mismo lo refiere y esta situación está indicando que muy posiblemente el proyectil recalzado fue el que reemplazó al utilizado para disparar contra la carpeta del automotor que resultó uniprocedente con el arma del procesado, ya que de debían entregar los seis proyectiles que le fueron decomisados.
De una vez quiere el despacho precisar que ante una evidente violación de la cadena de custodia y manipulación de la prueba, se impone necesariamente compulsar copias para la investigación de los agentes del CTI que efectuaron la incautación del arma y más específicamente contra el agente Luis Eduardo Calderón Montenegro, persona que es señalada como la que se encargó de la custodia del arma, las copias se dirigirán a la Fiscalía Seccional Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Por lo demás se debe insistir en que el dictamen de balística donde el proyectil resulta uniprocedente es inobjetable y no da lugar a ningún error, esto es arroja certeza de los dictaminado, disintiendo de la posición fiscal de que no es determinante, es más, se cuenta con dos conceptos técnicos de otros expertos en balística que confirman que no presenta margen de error (Véase fls. 872 y 929).
La prueba detallada era la única que comprometía la responsabilidad del señor Cifuentes Pérez, cabe anotar que no cabe ningún indicio que los relaciones con los presuntos autores intelectuales (...) (Se destaca).
20.22. Como consecuencia de la anterior decisión el señor Cifuentes Pérez quedó en libertad el 31 de mayo del 2000, luego de practicarse la correspondiente diligencia de caución prendaria y compromiso (fl. 103, cdno. 7) y expedirse la respectiva boleta de libertad (fl. 105, cdno. 7).
20.23. Posteriormente, se inició investigación penal por el presunto delito de fraude procesal en concurso con falsedad ideológica en documento público en contra de los agentes del CTI, señores Luis Eduardo Calderón Montenegro, Luis Hernando Restrepo Lacharne y Francisco Javier Mazo Zapata, la cual culminó con resolución que calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación, proferida el 6 de enero de 2004 por la Fiscalía Cincuenta y Cinco Delegada de Medellín – Unidad Seccional de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, de cuyo contenido se destaca (fls. 186-218, cdno. 1):
Nos queda el interrogante, ¿qué lapso de tiempo estuvo en poder de los servidores del CTI acá involucrado dicho revólver? ¿lo entregaron verdaderamente en las horas de la mañana del día 19 de mayo, o sacado en las horas de la tarde? No se tiene probado; y el señor ALBERTO PARDO no recuerda esta circunstancia; solo recuerda que el carro fue llevado en las horas de la mañana, el cual inmediatamente procedió a examinar; y el revolver fue llevado después el mismo 19 de mayo de 1999; que ante la connotación de los hechos hubo mucha gente pendiente del resultado del estudio balístico, que entraban y salían, preguntaban por dicho resultado, entre otros el doctor RUBÉN DARÍO MUÑOZ y FRANCISCO MAZO.
Y es que en verdad el dictamen del experto no se hizo esperar y fue así como en fecha del 20 de mayo de 1999, se rindió el informe, con una conclusión donde resultó ser el proyectil demarcado por el perito como el Nº 1, uniprocedente con el arma que había sido incautada a JOSÉ NORBEY CIFUENTES, la noche del 18 de mayo del mismo año.
Fue todo lo anterior, lo que hizo que el doctor RUBÉN DARÍO VALENCIA, emitiera orden de captura en contra de JOSÉ NORBEY CIFUENTES, por ser la persona a la cual se le incautó el revólver (...).
Se itera por este despacho, surgieron tantas dudas sobre el asunto en examen y existió tanta especulación al respecto, que por un lado se habló de que al momento de dar la noticia los medios de televisión, mostraron la imagen donde presuntamente se vio un solo orificio de proyectil en el vehículo y que posteriormente resultaron dos, para finalmente decir que no fue uno ni dos sino tres, y fue donde surgió la duda de la posible ruptura de la cadena de custodia de los elementos, por parte de los acá procesados.
Así por ejemplo, dentro de la audiencia pública se deja constancia por parte del Juzgado, según obra a folio 956 del cuaderno Nº 3 “Seguidamente se procede a observar el VIDEO filmado el día 18 de mayo de 1999 del levantamiento de la doctora EUNICE MEJÍA MAYA suministrado por el NOTICIERO hora 13. El despacho deja constancia que en el último cuadro o toma se observa la portezuela derecha y presenta dos impactos de bala, uno con orificio de salida y el otro con una aboyadura (sic) inferior cerca al bicel...” (Subrayas fuera de texto). Teniendo en cuenta lo acabado de trascribir, nos corrobora la afirmación que hace la señora ASTRID LOAIZA en su declaración bajo juramento, cuando afirma que fue un error consignado dentro del acta de levantamiento, que en inspección del vehículo se observó un orificio, pero que estaba segura que fueron dos los que pudo observar ella en el vehículo, y explica claramente que uno pudo visualizarlo en la parte superior y otro en la inferior de la puerta delantera derecha del citado automotor, y el juzgado deja constancia de una abolladura inferior del bicel (...)
Ahora, dentro del análisis de esta agencia fiscal hiciera, a la constancia dejada dentro de la audiencia pública respecto del Video, con las fotografías tomadas por los técnicos del CTI, los señores HÉCTOR PARRA BONOLIS y DERIAN DE J. LOAIZA E., técnico criminalístico respectivamente, que contribuyeron en la inspección y levantamiento del cadáver, al igual que las fotografías tomadas por los técnicos de la Sijín que estuvieron también allí en dicha diligencia y los (sic) fotografías tomadas por el perito ALBERTO PARDO para rendir el dictamen pericial de balística, es importante denotar que estas tres autoridades coinciden en mostrar en dichos albumen fotográficos cuatro orificios de impactos por proyectil de arma de fuego, pero que solamente difieren o mejor, son confusos en consignar cuantos tuvieron orificio de salida y cuantos apenas hicieron abolladura a las latas del vehículo en que se transportaba la fiscal asesinada.
Esta delegada ante la falta de nitidez de las fotocopias obrantes dentro de la foliatura de la presente investigación, consideró necesario observar y detallar los cuadernos originales; y para ello, se solicitó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito, nos permitieran los mismos para hacer las correspondientes verificaciones y encontramos:
1. A folio 93 y siguientes del cuaderno original Nº 1, obra en el plano fotográfico realizado por los técnicos del CTI, en la inspección judicial en el lugar de los hechos, al cadáver y al vehículo, donde se deja constancia que se encontraron (...) tres proyectiles –—no olvidemos que falta un proyectil y es aquel que se halló en la necropsia, para un total de cuatro proyectiles encontrados en el lugar de los hechos los mismos que fueron enviados con las diligencias del acta de levantamiento para la asignación de la investigación al doctor Rubén Darío Muñoz—; más los dos que fueron recuperados por el perito de LABICI, en la cartera interna de la portezuela del automotor, son un total de seis proyectiles recuperados y examinados.
2. Ahora continuando con el análisis, detallamos lo referente al tema que generó la duda en los funcionarios de la Rama, y la duda en la defensora de JOSÉ NORBEY CIFUENTES, tenemos:
En las mismas fotos tomadas por los técnicos del CTI que coadyuvaron con el acta de levantamiento, se observa a folio 96 PRIMER PLANO 11, que se muestra con el testigo métrico, impacto ocasionado al parecer con arma de fuego en la cartera de la puerta delantera derecha parte inferior.
PRIMER PLANO 12: el testigo métrico muestra un segundo impacto ocasionado al parecer con arma de fuego en la cartera de la puerta delantera derecha parte superior. Al observar detalladamente este plano Nº 12, se detecta un posible tercer impacto que no se dejó constancia del mismo y por ende al parecer, pasó desapercibido por los técnicos que tomaron la fotografía y es precisamente otro impacto que se encuentra ubicado encima de aquel que está mostrando el testigo métrico, en la parte superior.
En el PRIMER PLANO 13: El testigo métrico, muestra otro impacto producido al parecer por arma de fuego en la puerta delantera derecha, que observado detalladamente, es otro impacto, por cuanto aparece en otra superficie del carro, que desafortunadamente los técnicos no especificaron si se trata de otro impacto, o de un orificio de salida de los impactos producidos en la parte interna, o su se trata de una abolladura al intentar salir el proyectil, creando entonces otra duda.
Tenemos pues, que los impactos producidos en la puerta delantera derecha, parte inferior y parte superior, tal como lo muestra el testigo métrico en las fotografías, se itera tomadas en el momento de la diligencia del levantamiento, según se deduce de la secuencia de los planos donde se muestra el cadáver de la doctora Eunice, al parecer son los impactos producidos por los proyectiles recuperados por el perito Alberto Pardo, cuando tuvo el vehículo a su disposición en el laboratorio LABICI, para su correspondiente estudio balístico, lo que nos lleva a concluir que los proyectiles estaban dentro de la cartera de la puerta delantera derecha en el momento de la diligencia de levantamiento (...)
3. Observado el álbum fotográfico realizado por los técnicos del área criminalística de la policía judicial, de la policía Metropolitana, en el momento de la Inspección Judicial con levantamiento del cadáver, a folios 358 y siguientes, se observa más nitidez en las fotografías donde se aprecian los mismos impactos en la cartera de la puerta delantera derecha, y se corrobora con la fotografía Nº 10 a folio 363 el tercer impacto en la misma puerta delantera derecha parte superior, que al parecer pasó desapercibido, tanto por el video presentado en el noticiero hora 13, como por los técnicos del CTI, que, aunque aparece en la fotografía digital, no se muestra con el testigo métrico, ni se deja constancia de ello, pero que en todo caso, se itera, se observa en la parte superior un poco más abajo del vidrio lateral derecho de la puerta delantera derecha. Así entonces con esta última fotografía llegamos a un conclusión, que en el momento del levantamiento del cadáver, que fue a unos escasos minutos del vil crimen, los impactos producidos la vehículo que la fiscal conducía, fueron hasta este momento del análisis, tres en la portezuela delantera izquierda, que entonces no fue ni uno ni dos. Fueron tres impactos, los mismos que describe y muestra el perito balístico, tanto en su dictamen como en las fotografías tomadas por éste como a continuación se detalla (...)
Cuando pasa a examinar el vehículo en la parte interna, el perito Alberto Pardo, consigna: “... se practicó examen al interior del vehículo, encontrando lo siguiente: “1. Un orificio de entrada, producido por PAF... localizado en la zona media inferior de la horizontal parte delantera interna de la cartera de puerta derecha,... 2. Un orificio de entrada, producido por PAF, localizado en la zona media horizontal y vertical de la parte interna de la cartera de la puerta derecha, lado superior del descansabrazo,... 3. Un impacto de forma convexa producido por PAF, localizado en la parte media interior del borde del marco de la ventada derecha”. Importante resaltar acá la transcripción, porque encontramos que este tercer impacto, es aquel que pasó desapercibido por los técnicos del CTI, según lo consignamos en acápites anteriores, pero que en todo caso se encontraba este impacto en el momento de la diligencia de Levantamiento (...)
Como se ha reiterado, esta delegada entiende que las fotografías de las dos primeras autoridades de policía judicial fueron tomadas mientras se hacía la diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, con el levantamiento de cadáver; y haciendo una inferencia lógica, difícil sería para los investigadores del CTI que prestaban seguridad a una escasa cuadra o cuadra y media del lugar de los hechos, llegar a la escena del crimen y disparar el arma en presencia de todos los que se encontraban allí, haciendo el levantamiento (...)
(...) según el análisis hechos en el acápite anterior, no se trató de un impacto, ni dos en el interior del vehículo, sino de tres impactos según se observa folio 96 del cuaderno original en el álbum fotográfico realizado en el momento del levantamiento del cadáver por los técnicos del CTI hechos este que se corrobora no solo con las fotografías tomadas por los investigadores la Policía Metropolitana, a folios 363 y siguientes del cuaderno uno original, como puede apreciarse en la foto Nº 10 que muestra el impacto producido con arma de fuego, visto en la parte interna de la puerta delantera del lado derecho, sobre el paral de la misma. – Este fue el impacto que aunque aparece en las fotografías tomadas por los técnicos del CTI en el momento del levantamiento, no fue mostrado por el testigo métrico como sí lo hacen los técnicos de la Sijín y es entonces el que esta delegada advierte que pasó desapercibido tanto por los noticieros, por el ente investigador, como por la defensa (...)
Así entonces, teniendo en cuenta los expresado en acápite anterior, no se reúnen los presupuestos para proferir resolución de acusación en contra de los procesados LUIS EDUARDO CALDERÓN MONTENEGRO, LUIS HERNANDO RESTREPO y FRANCISCO JAVIER MAZO ZAPATA, y por el contrario habrá de precluirse la investigación en favor de los mismos, porque la conducta investigada no se cometió, lo que ocurrió fue una confusión dese el homicidio de la doctora EUNICE (...).
21. Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala es preciso resaltar primero que la libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Carta Política(19) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(20).
21.1. La libertad consiste, básicamente, en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo(21).
21.2. La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(22).
21.3. En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior, sólo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa, se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.
21.4. El mencionado derecho, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe armonizarse con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(23). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso con plenas garantías, y un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.
21.5. La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso, debe tener en consideración la gravedad del delito cometido, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes penales del sindicado, la circunstancia de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible(24).
22. En el presente caso, es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra José Norbey Cifuentes Pérez, es decir, la sentencia del 30 de mayo del 2000 proferida por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín (v. párr. 20.21), ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:
22.1. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—(26).
22.2. Además, cabe advertir que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía declararse en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(27). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(28), esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, tales causales pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional(29).
22.3. Fuera de los tres eventos contemplados en la norma en mención, la responsabilidad extracontractual de la administración puede resultar comprometida también cuando, por ejemplo, al término del proceso penal la presunción de inocencia del sindicado se mantiene incólume, lo cual ocurre en los eventos en los que la absolución se origina en la aplicación del principio indubio pro reo.
23. Descendiendo al caso concreto, está probado que el señor José Norbey Cifuentes sufrió un daño, causado por haber estado privado de la libertad desde el 20 de mayo de 1999 (v. párr. 20.10) hasta el 31 de mayo del 2000 (v. párr. 20.22), fecha en la que fue liberado luego de que el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín lo absolviera del delito de homicidio agravado.
24. Ahora, en relación con la imputación, es menester destacar que para la Sala el régimen de responsabilidad aplicable por la privación injusta de la libertad es, en principio objetivo, razón por la cual no es necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996. No obstante, ello no es óbice para que en un caso concreto, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, habida cuenta que si se encuentra acreditada la falla del servicio procede su declaración.
24.1. En el expediente se encuentra que con ocasión del asesinato de la fiscal Eunice Mejía Maya ocurrido el 18 de mayo de 1999 en la ciudad de Medellín, quien falleció producto de las lesiones infligidas al ser atacada con arma de fuego mientras conducía su vehículo (v. párr. 20.1), la Fiscalía 149 Seccional de Medellín adelantó las averiguaciones previas y sus primeras actuaciones consistieron en el levantamiento del cadáver de la víctima. De lo encontrado en la escena del crimen se levantó un acta donde se describió el lugar de los hechos, especialmente las condiciones en las que se encontraba el automotor en el que la funcionaria se transportaba (Mazda 323 Cupé, color gris de placas EXX-177), acta donde se anotó que en la puerta derecha se apreciaba, “una abolladura ocasionada por proyectil de arma de fuego, la cual trató de salir a la parte externa donde se nota elevación pero sin salida”, también se señaló que se encontraron dos proyectiles en el piso de la cabina del automotor (v. párr. 20.2).
24.2. El mismo día de los hechos, de manera paralela al levantamiento del cadáver, aproximadamente a las 8:00 p.m., miembros del CTI acordonaron el lugar e instalaron un dispositivo de seguridad alrededor de 4 cuadras de la escena del crimen. Trascurridos 30 minutos, cerca al sitio del levantamiento, agentes del CTI retuvieron una motocicleta marca Yamaha DT, de placas RRK 31 A, conducida por el señor Diego León García Mira y como pasajero se transportaba el señor José Norbey Cifuentes Pérez quien portaba un arma amparada por salvoconducto, tipo revólver, marca Llama, calibre 38, serie Nº IM3789N, con seis cartuchos en su interior y que fue decomisado para efectos de la investigación, así lo relataron los Investigadores Judiciales del CTI Luis Hernando Restrepo y Luis Hernando Calderón en el informe Nº 0275 elaborado al día siguiente, esto es, el 19 de mayo de 1999 (v. párr. 20.6.), sin embargo, los sujetos que se transportaban en la moto no fueron detenidos ni tampoco se les practicó prueba de absorción atómica.
24.3. El 19 de mayo de 1999, el área de balística y explosivos del CTI de la Fiscalía General de la Nación analizó los siguientes elementos: (i) el revólver marca Llama, calibre 38, serial IM3789N, junto con seis cartuchos; (ii) 6 proyectiles, de los cuales dos fueron encontrados en el piso del automotor, dos dentro de la cartera de la puerta delantera derecha, uno en la vía y uno hallado en el cuerpo de la víctima; y (iii) el vehículo marca Mazda 323 Cupé, de placas MMJ 519 (v. párr.. 20.8).
24.3.1. Al analizar el exterior de vehículo, el laboratorio de balística se percató de que en la puerta delantera derecha se encontraban dos abolladuras producidas por arma de fuego y un impacto en el marco de la ventada del lado derecho donde se encuentra la base del retrovisor.
24.3.2. En el interior se halló lo siguiente: (i) un orificio de entrada producido por proyectil de arma de fuego, localizado en la zona media inferior de la parte interna de la cartera de la puerta derecha; (iii) un orificio de entrada provocado por proyectil de arma de fuego, en la parte media horizontal y vertical de la parte interna de la cartera de la puerta derecha, lado superior del descansabrazo; y (iii) un impacto en forma convexa, producido por proyectil de arma de fuego en la parte media interior del borde del marco de la ventana delantera derecha.
24.3.3. El perito procedió a retirar la cartera o tablero interno de la puerta delantera derecha del carro, con el objeto de recuperar los proyectiles que la perforaron y en su interior encontró dos ojivas. Una de ellas fue rotulada como “Proyectil Nº. 1” que se identificó como plomo desnudo, de calibre 38 especial.
24.3.4. Al momento de hacer el ejercicio de comparación con el arma decomisada, marca Llama de calibre 38, se evidenció que existía continuidad entre las características presentes en el micro rayado del “Proyectil No 1” con los patrones obtenidos al realizar disparos con dicho revólver, es decir, que el mencionado proyectil había sido disparado desde dicha arma.
24.3.5. Adicionalmente, el laboratorio de balística encontró que uno de los seis cartuchos allegados con el arma se estaba “recalzado” y que el revólver había sido disparado “después de habérsele practicado limpieza por última vez.”
24.4. El hecho de haberse encontrado correspondencia entre el revólver que le fue decomisado a José Norbey Cifuentes y uno de los proyectiles hallados en el interior de vehículo donde falleció la víctima motivó para que el 20 de mayo de 1999 la Fiscalía 1ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín profiriera orden de captura en contra del sindicado (v. párr. 20.10). Así mismo, sirvió de sustento para que la misma autoridad emitiera medida de aseguramiento contra el señor Cifuentes Pérez el 26 de mayo de 1999 (v. párr. 20.11), y para que el 4 de noviembre de 1999 se dictara resolución de acusación por el presunto delito de homicidio agravado cometido sobre la persona de Eunice Mejía Maya (v. párr. 20.17)
24.5. Pese a las consideraciones de la Fiscalía, en la etapa de juicio el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín emitió sentencia absolutoria el 30 de mayo del 2000, en la que acogió la tesis planteada por la defensa, según las cual, se presentaron inconsistencias en la cadena de custodia dado que obraban elementos que llevaban a inferir que el arma decomisada fue disparada sobre el automotor donde falleció la víctima luego de haber sido retenida para efectos de incriminar al señor José Norbey Cifuentes Pérez (v. párr. 20.21).
24.6. La autoridad judicial sustentó su decisión en lo siguiente:
24.6.1. No resulta lógico que un persona que comete un homicidio se desplace en una motocicleta media hora después de perpetrado el delito y cerca al lugar de los hechos portando el arma homicida y que al día siguiente se acerque para reclamarla en las instalaciones del CTI
24.6.2. Si al momento de ser decomisada el arma esta tenía signos de haber sido disparada, los agentes del CTI que la decomisaron debieron practicarle prueba absorción atómica a su portador.
24.6.3 Uno de los miembros de CTI que participó en la retención del arma, Luis Hernando Restrepo, quien declaró en el proceso penal, aseguró que ésta se encontraba “demasiado limpia, todavía tenía vaselina o aceite, como si la hubieran acabado de limpiar” y consecuentemente el laboratorio de balística dictaminó que el revólver fue disparado después de la última limpieza, esto es, luego de ser decomisada, momento en el que estaba en poder de los agentes del CTI, especialmente de Luis Eduardo Calderón. Además, fue el CTI quien trasladó el vehículo a los parqueaderos de la URI.
24.6.4. En la diligencia de levantamiento de cadáver solo se aludió a que en la puerta de lado derecho del automotor se apreciaba una abolladura ocasionada con proyectil de arma de fuego que trató de salir por la parte externa, no obstante, la funcionaria Astrid Loaiza, quien acompañó el levantamiento, declaró que en realidad había dos orificios de entrada pero que no quedaron registrados en el acta por error. Sin embargo, al momento de realizarse el dictamen de balística, se advirtió la existencia de un tercer orificio en la cartera interna de la puerta delantera derecha de cuyo interior se extrajo el proyectil Nº 1 que resultó uniprocedente con el arma decomisada, el cual no fue recuperado en la diligencia de levantamiento sino después de decomisada el arma.
24.6.5. Uno de los seis proyectiles que le fueron decomisados a Cifuentes Pérez resultó recalzado, lo que significa que fue utilizado y vuelto a recargar con métodos que requerían cierta tecnología y pericia, siendo más fácil conseguir un proyectil original que uno de segunda, más para el detenido quien tenía salvoconducto.
24.7. La referidas consideraciones del juez 7º penal del circuito de Medellín en la sentencia absolutoria, en principio, llevarían a inferir que la captura y privación de la libertad de José Norbey Cifuentes se dio con ocasión de una falla del servicio, producto de la vulneración de la cadena de custodia, especialmente por la presunta manipulación de las pruebas recaudadas por parte de los agente del CTI que se encargaron de la incautación del arma que portaba el procesado, afirmaciones que aparentemente tienen sustento en:
24.7.1. Lo descrito en el acta de la diligencia del levantamiento de cadáver practicada el 18 de mayo de 1999, en la que se hizo referencia a solo una abolladura ocasionada con arma de fuego (v. párr. 20.2).
24.7.2 El testimonio del 22 de julio de 1999 presentado por la señora Astrid Loaiza Gómez, Técnico Judicial II de la Fiscalía Seccional de Medellín, quien manifestó que en el informe de levantamiento se había registrado un solo impacto de bala pero que en realidad se apreciaban dos, sin que recordara la existencia de más impactos (v. párr. 20.13);
24.7.3 El informe Nº 0275, presentado el 19 de mayo de 1999 por los investigadores judiciales del CTI Luis Hernando Restrepo y Luis Hernando Calderón, donde se da cuenta de la retención del revólver marca Llama, calibre 38, que portaba José Norbey Cifuentes, quien momentos después del homicidio se desplazaba en un motocicleta cerca al lugar de los hechos (v. párr. 20.6).
27.7.4. El dictamen del área de balística y explosivos del CTI Nº 1702, rendido el 19 de mayo de 1999, donde se determinó la uniprocencia del proyectil Nº 1, encontrado en la parte interna de la cartera de la puerta delantera derecha del vehículo donde se desplazaba la víctima con el arma decomisada; experticia donde también se advirtió que uno de los cartuchos estaba recalzado y que el arma había sido disparada después de la última limpieza (v. párr. 20.8).
27.7.5. La declaración rendida el 21 de julio de 1999 por el señor Luis Eduardo Calderón Montenegro, Investigador Judicial I del CTI, quien expresó que nunca se le practicó al sindicado la prueba de absorción atómica (v. párr. 20.12);
27.7.6. El informe presentado el 20 de agosto de 1999 por el Fiscal Seccional 49 Delegado, señor Alberto Álvarez Duque, quien expresó que el vehículo en el que se transportaba la funcionaria asesinada fue trasladado por agentes del CTI hasta el parqueadero de la URI (v. párr. 20.14).
27.7.7 El testimonio de Luis Hernando Restrepo Lacharne practicado el 8 de septiembre de 1999, quien aceptó que el arma retenida estaba “demasiado limpia al momento de ser decomisada” (v. párr. 20.16).
27.7.8. El video allegado por el Noticiero Hora 13, filmado el 18 de mayo de 1999, que fue exhibido en la audiencia pública del 22 de mayo del 2000, donde solo se aprecian dos impactos de bala en la puerta derecha del vehículo (v. párr. 20.20).
28. No obstante lo anterior, la ocurrencia de una falla por la violación a la cadena de custodia parece diluirse con las consideraciones consignadas en la providencia del 6 de enero de 2004, emitida por la Fiscalía 55 Delegada de Medellín – Unidad Seccional de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, que absolvió a los agentes del CTI, señores Luis Eduardo Calderón Montenegro, Luis Hernando Restrepo Lacharme y Francisco Javier Mazo Zapata, de los delitos de fraude procesal en concurso con falsedad ideológica, autoridad que después de un valoración más minuciosa del acervo probatorio encontró que desde el momento del levantamiento del cadáver ya aparecían los 3 impactos de bala en la puerta delantera derecha del automotor y no solo dos como había referido el Juez 7º Penal del Circuito de Medellín (v. párr. 20.23).
28.1. Al respecto, la Sala advierte que las afirmaciones de la referida Fiscalía 55 Delegada de Medellín, referentes a que no se produjo un tercer disparo en la puerta delantera derecha del automotor con el arma de José Norbey Cifuentes después de decomisada, sino que este estaba presente desde un inicio, se sostiene con la fotografías anexas a la diligencia del levantamiento del cadáver tomadas por técnicos del CTI en el lugar de los hechos, especialmente con los planos 11 y 12 que si bien solo refieren a dos impactos en el interior del vehículo señalados con un testigo métrico, “al observar detalladamente el plano Nº 12, se detecta un posible tercer impacto que no se dejó constancia del mismo” (v. párr. 20.3 y 20.23) (ver fl. 102, cdno. 4).
28.2. Pero más contundente aún, es una prueba a la que no se refirió el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín en sus consideraciones y es otro álbum fotográfico tomado durante la diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos por parte de la SIJÍN el 18 de mayo de 1999, pues en las fotografías 10, 11 y 12, se aprecian con detalle y con apoyo en testigo métrico, tres orificios de entrada o impactos producidos por arma de fuego (v. párr. 20.4 y fl. 191 a 192, cdno. 3), los mismos que fueron descritos por el laboratorio de balística y explosivos del CTI en el dictamen del 19 de mayo de 1999, al realizar la observación visual interna de automotor (v. párr. 20.8).
29. Así las cosas, pese a lo considerado en la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín, no es posible para esta Sala inferir con contundencia la existencia de una falla del servicio, que es el motivo principal por el cual el demandante considera que debe endilgársele responsabilidad a los entes demandados, pues si bien la tesis de la manipulación de la evidencia tuvo un sustento razonable en su momento, también se aprecian evidencias que podrían desvirtuarla.
29.1. Sin embargo, lo cierto es que el sindicado sufrió un daño con ocasión de la privación de su libertad y que finalmente la administración de justicia no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que lo ampara, pues en su favor se emitió una sentencia absolutoria en la que se llegó a la conclusión de que este no cometió el delito por el que lo acusaron, elementos suficientes para endilgarle responsabilidad al Estado con sustento en lo expresado al inicio del presente análisis.
30. Ahora, es preciso destacar que el a quo negó las pretensiones de la demanda, pues con apoyo en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, consideró que se configuraba una culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el demandante no había presentado recurso alguno contra la providencia del 4 de noviembre de 1999 de la Fiscalía 1º Seccional de Medellín mediante la cual se profirió resolución de acusación (v. párr. 20.17), en contraste, en el recurso de apelación la parte actora consideró que la defensa aportó todos los elementos que tuvo a su disposición para lograr la absolución de procesado.
30.1. De cara a lo anterior, se resalta que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 consagró tres eventos distintos, a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños jurídicos imputables a la administración de justicia, a saber: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(30).
30.2. En esos términos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta o indebida aplicación de la norma procedente; además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(31). Adicionalmente debe contener los siguiente elementos: “i) que el error esté contenido en una providencia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes”(32).
30.3. En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, básicamente se tiene que a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones, distintas de la expedición de providencias, necesarias para adelantar el trámite procesal respectivo o la ejecución de las mismas, concepto que igualmente comprende todas las acciones u omisiones constitutivas de falla derivadas del ejercicio de administrar justicia(33).
30.4 Atinente a la privación injusta de la libertad, ya se ha expresado con suficiencia que se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, donde no es indispensable comprobar una falla o defectuoso actuar del organismo judicial y basta con demostrar que contra el particular se impuso una medida privativa de la libertad, se profiera después una decisión favorable o absolutoria y compruebe el daño y los perjuicios surgidos de la restricción de la libertad.
30.5. Las anteriores distinciones se hacen con el propósito de destacar que es en el error judicial donde se exige el deber de agotar los recursos de ley y no en los eventos de privación injusta de la libertad.
30.6. Para mayor claridad se tiene que según las voces del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, aparte de la culpa grave o el dolo, la no interposición de los recursos de ley por los interesados exonera de responsabilidad al Estado, pues se entiende que en aquellos casos el daño se debe a la culpa exclusiva de la víctima, el tenor literal es el siguiente:
ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado. (Se destaca).
30.6(sic). No obstante, tal norma no debe interpretarse de manera aislada, sino armónicamente con otras insertas en la misma Ley 270 de 1996, esto es, los artículos 65 y 67 que rezan:
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. (Se destaca).
30.7. Nótese entonces que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad difiere del error judicial en cuanto a los presupuestos para su prosperidad, tanto que la misma normatividad exime expresamente, en el primero de los casos, del deber de interposición de los recursos de ley. Además, vale aclarar que la posibilidad de recurrir una decisión judicial no tiene la virtualidad de desdibujar el daño producido con la privación injusta, de manera que no puede predicarse como eximente de responsabilidad la inactividad del detenido, pues al encontrarse privado de la libertad no tiene otra opción que valerse de las actuaciones que despliegue su apoderado, quien es el que asesora la estrategia de defensa a utilizar en cada caso, que bien puede incluir la de abstenerse de presentar recursos para dar celeridad a la actuación.
30.8. En consecuencia, la Sala discrepa de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues el hecho de que el defensor de José Norbey Cifuentes no hubiera interpuesto recurso alguno contra la providencia del 4 de noviembre de 1999, mediante la cual la Fiscalía 1ª Seccional – Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal dictó resolución de acusación por el presunto delito de homicidio agravado en contra de José Norbey Cifuentes Pérez no es un hecho del que se pueda derivar la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad.
31. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde en todo caso al juez analizar, de oficio o a petición de parte(34), la existencia de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables también en los regímenes objetivos de responsabilidad, entre ellas, el hecho de la víctima, en los términos de la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, según el cual la víctima tiene derecho a ser indemnizada por la privación injusta de la libertad “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”, norma que aún se encontraba vigente para la época en que el señor José Norbey Cifuentes fue absuelto del delito de homicidio agravado(35).
31.1. Así, es menester aclarar que el análisis de la conducta de la víctima no implica un reproche de su culpabilidad como un elemento del tipo penal, sino un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil. En efecto, la Sala en decisión reciente afirmó que la conducta del imputado, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad(36).
31.2. Bajo los parámetros anotados, si bien es cierto que dentro del acervo probatorio aparecen elementos que eventualmente podrían llevar a considerar la existencia de una conducta reprochable de José Norbey Cifuentes, como lo es el hecho de haberse encontrado uniprocedencia entre uno de los proyectiles hallados en el vehículo donde falleció la fiscal Eunice Mejía Maya y el arma que él portaba momentos después de los hechos, no lo es menos que existen otros que impiden tener plena certeza de una conducta gravemente culposa o dolosa de su parte, pues del acervo probatorio es claro que el arma implicada quedó en poder del CTI luego de ser decomisada, sin que se hubiera practicado prueba de absorción atómica o acreditado fehacientemente que el sindicado fue quien accionó el revólver marca Llama, calibre 38 sobre el automotor. Además, dentro del proceso penal siempre quedó la duda de qué lapso trascurrió entre el momento en que el arma fue decomisada y estuvo en poder los agentes del CTI y fue entregada posteriormente al laboratorio de balística, especialmente por cuanto el oficio mediante el cual fue remitida no precisa la hora en que fue recibida (v. párr. 20.7), solo que lo fue el 19 de mayo de 1999.
31.4.1. Igualmente, no es posible enrostrarle a José Norbey Cifuentes que anduviera armado y como parrillero en una motocicleta cerca al lugar de los hechos, máxime cuando el revólver que portaba estaba debidamente amparado (v. párr. 20.9). Tampoco es posible cuestionar el hecho de que el sindicado se desplazara en una moto reportada como robada, pues finalmente se demostró que era de su propiedad y no hay elementos para determinar si la existencia del respectivo reporte obedeció a que el señor Cifuentes Pérez se abstuvo de informar a la autoridad competente que la había recuperado o fue la administración quien contaba con una afirmación imprecisa. Además, dentro del proceso penal, aparte de la prueba técnica emitida por el laboratorio de balística, no se aprecia ningún otro elemento de convicción que dé cuenta de algún proceder sumamente descuidado de su parte.
32. Así las cosas, al comprobarse que el señor José Norbey Cifuentes estuvo privado de la libertad durante 12.36 meses, entre el 20 de mayo de 1999 y el 31 de mayo del 2000, y que al finalizar la investigación en su contra fue absuelto al evidenciarse que no había cometido el delito, se concluye que la detención sufrida durante ese lapso era una carga que no estaba obligado a soportar, de manera que la Nación deberá asumir su responsabilidad patrimonial por ese hecho.
33. De otra parte, vale destacar que la demanda se dirigió en contra de la Nación Rama Fiscalía General de la Nación, como de la Nación – Rama Judicial, no obstante, en casos así, esta Sala ha considerado(37) que el daño solo le es imputable a la primera, por ser la entidad que impuso la medida de aseguramiento, en virtud de la cual se mantuvo privado de la libertad al demandante, pero no a la segunda, por cuanto en aplicación del Código de Procedimiento Penal, en este caso del Decreto 2700 de 1991, vigente en la época de los hechos, el control de la medida de aseguramiento por parte del juez de conocimiento, solo procedía a petición motivada de parte, por lo que no puede afirmarse que estaba obligado a revisar de manera oficiosa dicha medida, esto, con base en el artículo 414 - A, que disponía:
ART. 414-A.—Control de legalidad de las medidas de aseguramiento. «Artículo adicionado por el artículo 54 de la Ley 81 de 1993. El texto es el siguiente:» Las medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de la Nación o por sus agentes, una vez que se encuentren ejecutoriadas podrán ser revisadas en su legalidad por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público. La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.
Formulada la petición ante el Fiscal, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente sorteo. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y correrá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso. (Se destaca).
33.1. En esas condiciones y como no se acreditó que se hubiera promovido ante el juez de la causa el control de legalidad de la medida de aseguramiento, no hay lugar a imputarle responsabilidad en este particular caso a la Rama Judicial, cuya actuación se limitó a absolver al sindicado y disponer su libertad.
33.2. En consecuencia, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar reconocer los perjuicios que aparezcan probados
34. Finalmente, en lo que respecta al llamado en garantía, se tiene que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación, entidad de la que hace parte el CTI a cuyo servicio laboraba para la época de los hechos el señor Francisco Javier Mazo Zapata va a ser declarada responsable de los daños sufridos por los demandantes, no lo es menos que ello no obedece a la demostración irrefutable de una falla del servicio sino bajo un régimen de imputación objetivo donde no existe reproche sobre la legalidad de la actuación de la administración, así que menos lo puede haber respecto de sus funcionarios, especialmente del antes mencionado, máxime cuando dentro del proceso quedó acreditado que quien se encargó de la custodia del arma fue el agente Luis Eduardo Calderón, respecto de quien no pudo lograrse su comparecencia como llamado en garantía.
34.1. En efecto, ninguna actuación dolosa o gravemente culposa del llamado en garantía con fines de repetición se aprecia luego de la verificación del material probatorio acopiado, de modo que pueda comprometer la responsabilidad personal de dicho agente de la administración.
35 Concerniente a los perjuicios morales, es menester destacar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la privación de la libertad efectivamente genera una aflicción moral en quienes la sufren(38), padecimiento que también suele extenderse a los familiares y seres queridos más cercanos(39), especialmente a los padres, hijos, cónyuge, compañera o compañero permanente de la víctima directa(40).
35.1.En cuanto al monto de la indemnización, en aras de garantizar el principio de igualdad, la Sección Tercera en sentencia del 28 de agosto de 2013 unificó su jurisprudencia(41) y sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto formuló las siguientes reglas para la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad:
i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. (Se destaca).
35.2. La providencia antes referida se complementa con la del 28 de agosto de 2014(42), que de acuerdo con la la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera incorporó el siguiente cuadro:
35.3. Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto se demostró que la víctima directa, el señor José Norbey Cifuentes, estuvo privado de la libertad durante 12 y meses y 11 días, es menester reconocerle por perjuicios morales 90 smlmv.
35.4. En la misma medida, a la hija la víctima, María Camila Cifuentes y su madre Amparo Pérez de Cifuentes se les reconocerá el equivalente a 90 smlmv, para cada una.
35.5. Finalmente, a las hermanas de José Norbey Cifuentes, las señoras Ana Maribel Cifuentes y Anny Elena Cifuentes le serán otorgados por perjuicio moral el equivalente a 45 smlmv. Para este efecto deberá tenerse en cuenta el salario mínimo vigente en el año de ejecutoria de esta providencia.
36. En atención a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la parte demandante afirma que corresponden a los gastos que tuvo que erogar con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra, tales como los honorarios profesionales del abogado para que realizara su defensa en el proceso penal y todos las erogaciones que tuvo que asumir durante su estancia en el establecimiento de reclusión.
36.1. En relación con el pago de honorarios profesionales al abogado que se encargó de la defensa, se tiene que dentro las copias del expediente penal allegado a este proceso aparece que, efectivamente, el señor José Norbey Cifuentes estuvo representado por un profesional del derecho desde el momento mismo en que rindió indagatoria el 21 de mayo de 1999, diligencia en la que designó como su defensora a la Dra. Nora Celly Paniagua (fls. 107-110, cdno. 4); posteriormente, el 22 de mayo de 1999 le confirió poder a la profesional del derecho Arracelly Tamayo Restrepo (fl. 127, cdno. 5), quien en adelante lo asistió hasta el momento en que se dictó sentencia absolutoria por parte del Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín el 30 de mayo del 2000, excepto en el periodo comprendido entre el 2 de junio de 1999 (fls. 149 y 150, cdno. 3) y el 22 de junio del mismo año, lapso en el que lo representó el Dr. Juan Guillermo Acosta Montoya al final del cual la abogada Tamayo Restrepo reasumió la defensa del procesado (fls. 418 y 419, cdno. 5).
36.2. Ahora, pese a que está probado que el demandante recibió defensa técnica durante todo el proceso penal, no lo está el monto preciso de lo que este le canceló a los abogados que lo representaron, por lo que la Sala determinará el monto de la indemnización de ese perjuicio con base en las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados CONALBOS vigentes para el año 2000, fecha en que culminó el proceso penal, las que razonablemente presentan un criterio objetivo del posible valor, o por lo menos del valor mínimo de los gastos de defensa judicial, que sin duda debieron ser onerosos para el accionante. Tratándose de procesos de dicha naturaleza señalaba el referido acuerdo:
18.6. Asistencia a indagatoria (...)
18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes (...)
18.7 Etapa instructiva (...)
18.7.2. Ante fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales vigentes (...)
18.7.6. Procesos de competencia ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes (...)
18.12. Vocería en audiencia pública (...)
18.12.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes (...)
36.3. Sumados los anteriores valores, se tiene que por concepto de honorarios en el procesos seguidos contra la el señor José Norbey Cifuentes, de conformidad con la tarifa precitada, los mismos tenían un costo de 23 salarios mínimos, valor que deberá pagar la parte condenada por dicho concepto, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha de la ejecutoria de esta providencia.
36.4. Ahora, respecto a los gastos que dice el demandante incurrió por su mantención en el establecimiento carcelario, se tiene no hay lugar a reconocer los mismos, comoquiera que los estipendios que por tal concepto se generan son asumidos por el Estado, a través del INPEC en los términos de la Ley 65 de 1993.
37. Respecto al lucro cesante, vale afirmar que esta se refiere a la ganancia o provecho que se deja de reportar, y en tratándose de privación injusta de la libertad, se relaciona con los ingresos que se dejan de percibir dada la imposibilidad de desempeñar una actividad laboral(43) .
37.1 Adicional a lo anterior, esta corporación estimó en la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 (Rad. 36149), cuyos criterios han sido reiterados con posterioridad(44), que para la procedencia de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se exige que la víctima se haya encontrado en edad productiva para el momento de la privación de la libertad.
37.2. Así, a partir del registro civil de nacimiento de José Norbey Cifuentes Pérez (fl. 5, cdno. 2), se tiene que esta persona nació en el año 1977, de suerte que para el año 1999, cuando fue privado de la libertad, contaba con 22 años de edad, así que se encontraba en edad productiva.
37.3. Adicionalmente, se practicaron testimonios que ratifican que el señor Cifuentes Pérez era económicamente productivo, pues se dedicaba a conducir el taxi de propiedad de su señora madre, producto de lo cual percibía ingresos, verbigracia la declaración de María Luz Dary Henao de Jiménez, compañera de trabajo de la mamá de José Norbey, quien en declaración del 26 de marzo de 2007 expresó (fls. 227-228, cdno. 2):
PREGUNTADO: Puede decirle al despacho de forma previa a la detención del joven Norbey, cómo sufragaba la familia los gastos para su sostenimiento. CONTESTÓ. No sé solo sé que ella trabajaba más que podía para poder sostener. Antes de la detención yo estaba enterada de que quien llevaba los gastos económicos era Norbey con lo que trabaja en el Taxi (Se destaca)
37.4. En sentido similar declaró Emmy Johana Sánchez Duque, amiga de la familia del José Norbey Cifuentes, quien diligencia del 26 de marzo de 2007, manifestó (fls. 229-230, cdno. 2):
PREGUNTADO: Sabe usted si el joven José Norbey tenía algún trabajo para el momento de su detención, y en caso afirmativo recuerda cuál era. CONTESTO: Trabajaba en un taxi. (Se destaca).
37.5. Por su parte, el testigo Diego León Macías, amigo de la familia del detenido, en diligencia practicada el 26 de marzo de 2007 ante el Juzgado 29 Administrativo de Medellín declaró (fls. 231-232, cdno. 2):
PREGUNTADO: Indíquele al Despacho si sabe a qué se dedicaba el joven José Norbey en forma previa a que fuera detenido. CONTESTO: Él vivía de un taxi que tenía la mamá.
37.6. Las declaraciones relacionadas guardan concordancia con la certificación emitida por Tax Individual el 20 de abril de 2007, donde se hizo constar que el taxi, marca Daewoo, modelo 1994, de placas TME 165, se encontraba vinculado a dicha empresa, cuya propietaria era la señora Amparo Pérez Castañeda y figuraba como conductor José Norbey Cifuentes. También se expresó en el aludido documento que “los conductores de taxi se registran con ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente” (fl. 112, cdno. 1), hecho que no riñe con la presunción que por vía jurisprudencial a establecido el Consejo de Estado, según la cual una persona en edad productiva por lo menos devenga un salario mínimo legal mensual vigente, el cual será la base para calcular lo dejado de percibir por Cifuentes Pérez mientras estuvo privado de la libertad por 12,36 meses.
37.7. No obstante, previo a la correspondiente liquidación es menester precisar que esta corporación ha reconocido por lucro cesante un lapso de 8.75 meses, relativos al tiempo que una persona tarda en situarse laboralmente(45), conforme al estudio realizado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Sin embargo, para el presente caso tal parámetro no es aplicable, comoquiera que José Norbey Cifuentes logró retomar su actividad laboral como taxista una vez recuperó su libertad, así lo refieren los siguientes testigos:
37.7.1. El señor Diego León Macías, amigo del demandante, en diligencia practicada el 26 de marzo de 2007 ante el Juzgado 29 Administrativo de Medellín señaló (fl. 233, cdno. 2):
PREGUNTADO: Usted sabe si luego de ser colocado en libertad al joven José Norbey, logró emplearse con meridiana facilidad, y qué labores desempeñó luego de obtener su libertad. CONTESTO: El taxi, consiguió trabajo en el taxi. (Se destaca).
37.7.2. En la misma fecha declaró Román Antonio Pérez Cifuentes, primo del actor, quien relató (fl. 235, cdno. 2):
PREGUNTADO: Usted sabe si luego de ser colocado en libertad al joven José Norbey, logró emplearse con meridiana facilidad, y qué labores desempeñó luego de obtener su libertad. CONTESTO: El siguió trabando en el carro cuando salió. (Se destaca)
37.7.3. La señora María Luz Dary Henao de Jiménez, compañera de trabajo de la mamá del accionante, en audiencia del 26 de marzo de 2007, celebrada en este proceso indicó (fl. 228, cdno. 2):
PREGUNTADO: Usted sabe si luego de ser colocado en libertad al joven José Norbey, logró emplearse con meridiana facilidad, y qué labores desempeñó luego de obtener su libertad. CONTESTO: De colocarse fácil si, porque él es un joven de muy buena conducta y de buenas recomendaciones laborales; y me supongo que como taxista a él siempre le gustó manejar taxi. (Se destaca).
37.8. Así las cosas, corresponderá establecer si el salario mínimo vigente para la época de la privación de la libertad(46) (año 1999), debidamente actualizado, es mayor al de la fecha de la presente providencia, así:
Vp = Vh índice final (septiembre de 2016) (último conocido)
Índice inicial (mayo de 1999) (fecha de la detención)
Vp = (236.460) 132,78
55,44543
Vp = 566.271,35
37.9. En cuanto a la suma base de liquidación se tiene que al actualizar el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de los hechos (mayo de 1999), el guarismo resultante (566.271,35), es inferior al monto del salario mínimo a la fecha en que se hace la actualización ($ 689.454), por lo que la liquidación se efectuará atendiendo este último.
37.10. Así, conforme a la pauta trazada por la Sección Tercera del Consejo de Estado(47), previo incremento del 25% del factor prestacional ($ 172.364), se tendrá por suma base de liquidación el valor de $ 861.818. Adicionalmente, se considerará como periodo a indemnizar 12,36 meses, así:
• i= Es la constante del interés puro o técnico: 0.004867
• n= número de meses a indemnizar: 12.36
• VA = es el valor actual: $ 861.818
S = VA (1+i)n -1
S = 861.818 * (1.004867)12,36-1
S = 861.818 x 12,707496
S = $ 10.951.540
37.11 En consecuencia por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, especialmente por los ingresos dejados de percibir, se reconocerá a José Norbey Cifuentes la suma de $ 10.951.540.
38. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
REVOCAR la sentencia de 1º de marzo de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:
1. DECLARAR que la Nación – Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable por la privación injusta del señor José Norbey Cifuentes Muñoz, ocurrida entre el 20 de mayo de 1999 hasta el 31 de mayo del 2000.
2. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas:
Perjuicios morales: La suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de José Norbey Cifuentes Pérez, María Camila Cifuentes y Amparo Pérez de Cifuentes, para cada uno.
De igual forma, el equivalente a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Ana Maribel Cifuentes y Anny Elena Cifuentes, para cada una. Para el efecto se tendrá en cuenta el salario mínimo vigente al momento de la ejecutoria de la presente sentencia.
Perjuicios materiales: A favor de José Norbey Cifuentes Pérez el equivalente a 23 salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de esta sentencia por concepto de daño emergente y la suma de diez millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta pesos ($ 10.951.540), como indemnización por lucro cesante.
5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
6. En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3 El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
6 Informe E.O. Nº 274 del 20 de mayo de 1999, suscrito por el Coordinador equipo operativo del CTI, en el que se le comunica al Fiscal 1º Seccional – Unidad Primera de Vida de Medellín, que en dicha fecha se procedió a la captura de José Norbey Cifuentes, a las 8:45 p.m., en el momento que conducía un taxi (fls. 66-67, cdno. 4). Acta de derechos del capturado firmada por José Norbey Cifuentes el 20 de mayo de 1999 (fl. 68, cdno. 4).
7 El 30 de mayo del 2000, el Juzgado 7º Penal del Circuito emitió sentencia absolutoria a favor de José Norbey Cifuentes y se ordenó su libertad provisional previa constitución de caución (fls. 81-102, cdno. 7). El 31 de mayo del 2000 se practicó diligencia de caución prendaria y compromiso (fl. 103, cdno. 7) y se expidió la respectiva boleta de libertad (fl. 105, cdno. 7).
8 Certificado de registro civil de nacimiento expedido el 20 de febrero de 2001 por el Notario Cuarto del Circuito de Medellín (fl. 4, cdno. 2).
9 Certificado de registro civil de nacimiento proferido el 20 de mayo de 1995 por la Notaría Séptima del Circuito de Medellín (fl. 5, cdno. 2).
10 Certificado de registro civil de nacimiento emitido el 20 de mayo de 1995 por la Notaría Séptima del Circuito de Medellín (fl. 6, cdno. 2).
11 Certificado de registro civil de nacimiento extendido el 23 de marzo del 2001 por el Notario Noveno del Circuito de Medellín (fl. 7, cdno. 2).
12 Mediante providencia del 20 de mayo de 1999, emitida por el Fiscal Uno Delegado ante los Jueces Penales de Circuito – Unidad Primera Seccional de Delitos contra la Vida de Medellín (fl. 64, cdno. 4).
13 A través de proveído del 26 de mayo de 1999 del Fiscal Uno Delegado ante los Jueces Penales de Circuito – Unidad Primera Seccional de Delitos contra la Vida de Medellín, que resolvió la situación jurídica provisional del procesado (fls. 90-98, cdno. 3).
14 En decisión del 4 de noviembre de 1999, en la que el despacho del Fiscal Uno Delegado ante los Jueces Penales de Circuito – Unidad Primera Seccional de Delitos contra la Vida de Medellín profirió resolución de acusación contra José Norbey Cifuentes por el injusto típico de homicidio agravado (fl. 29 -59, cdno. 6).
15 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16 El artículo 21 de la Ley 640 de 2001, dispone: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Se destaca).
17 Informe de necropsia nº NC. 99.1850 del 18 de mayo de 1999 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Norocciente – Medellín (fl. 93 – 96, cdno. 4). Diligencia de Inspección Judicial con Levantamiento de Cadáver Nº 1569, suscrito por el Fiscal Seccional Nº 149 de la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín (fls. 5-15, cdno. 3). Álbum fotográfico, suscrito por Héctor Parra Bonolis, Técnico Judicial I y Derian de J. Loaiza E., Técnico Criminalístico del CTI (fls. 98-106, cdno. 4).
18 Informe E.O. Nº 274 del 20 de mayo de 1999, suscrito por el Coordinador equipo operativo del CTI, en el que se le comunica al Fiscal 1º Seccional – Unidad Primera de Vida de Medellín, que en dicha fecha se procedió a la captura de José Norbey Cifuentes, a las 8:45 p.m., en el momento que conducía un taxi (fls. 66-67, cdno. 4). Acta de derechos del capturado firmada por José Norbey Cifuentes el 20 de mayo de 1999 (fl. 68, cdno. 4).
19 Constitución Política, artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...).
20 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7º. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (...).
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C Nº 170, párr. 52.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
27 Decreto 2700 de 1991. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
28 Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derogase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2015, Exp. 36472. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, Exp. 13.258.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 36634. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre el mismo tema: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15528 y de 14 de agosto de 1997, Exp. 13258.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 30607, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, donde se expresó: “La Ley Estatutaria estableció esta modalidad de responsabilidad como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una decisión judicial”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, Exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
34 Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”.
35 Nótese que la sentencia del 30 de mayo del 2000 emitida por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Medellín, que absolvió al señor José Norbey Cifuentes del delito de homicidio agravado adquirió firmeza el 6 de junio del 2000 (v. párr. 17.3), mientras que la Ley 600 del 2000 que derogó el Decreto 2700 de 1991 se expidió el 24 de julio del 2000 y comenzó a regir un año después de su promulgación, tal como se previó en el artículo 536 de dicha norma.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
37 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Rad. 39028, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En el mismo sentido la sentencia del 26 de noviembre de 2015, Rad. 40180, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
38 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Rad. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
39 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de marzo de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
40 Cfr. Sentencia del 11 de julio de 2012, Rad. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Rad. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 39149, M.P. Hernán Andrade Rincón.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13168.
44 Verbigracia en las siguientes sentencias: 10 de febrero de 2016, Rad. 37774, M.P. Hernán Andrade Rincón y 2 de diciembre de 2015, Rad. 37936, M.P. Martha Nubia Velásquez.
45 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 de junio de 2011, Exp. 19.502 Actor: Germán Arcos Gómez y otros. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.
46 El salario mínimo vigente para el año 1999 según el Decreto 2560 de diciembre de 1998, fue fijado en $ 236.460.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 15.439, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 357
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
 artículo 21
 artículo 136
 artículo 185
 artículo 267
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 artículo 68
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 90
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 artículo 70
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 artículo 65
 artículo 70
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 artículo 414
 artículo 414
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 357
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 artículo 21
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 74
 Artículo 7
 Resolución 
 artículo 49
 Artículo 9
 artículo 164
 artículo 536