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Timestamp: 2020-07-12 16:20:11+00:00

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Sentencia de Tutela nº 854/12 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 428260902
Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. A través de la acción de tutela se pretende que se imparta la orden de modificar una sentencia judicial dictada dentro de un proceso de exoneración de alimentos, en el que se negó la solicitud de absolver al actor de continuar suministrando una cuota de alimentos a un hijo de veintisiete años de edad argumentando que, si bien el demandado no tenía impedimento corporal ni mental que lo inhabilitara para subsistir por sí mismo, que además contaba con estudios superiores y formación técnica, no gozaba de vinculación laboral. La sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Defectos sustantivo y fáctico y, 3º. Obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad. Se concede el amparo solicitado y se ordena a la autoridad judicial accionada que decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el actor, con base en las consideraciones planteadas en la presente sentencia.
T-854-12 Sentencia T-854/12 Sentencia T-854/12
Acción de tutela interpuesta por É.D.L.M. en contra el Juzgado Once de Familia de Medellín.
La S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados N.P.P., J.I.P.C. y J.I.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, emite la siguiente:
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la S. de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por É.D.L.M. en contra el Juzgado Once de Familia de la misma ciudad.
El señor É.D.L.M. promovió acción de tutela contra el Juzgado Once de Familia por considerar vulnerado su derecho al debido proceso.
1.1. El actor expresa que demandó en proceso de exoneración de alimentos a su hijo F.A.L.F., de 27 años de edad, debido a que, en su sentir, se encontraba capacitado física y académicamente para trabajar y era capaz de procurarse su propio sustento.
1.3. Indica que el mencionado proceso le correspondió a la Juez Once de Familia de Medellín, quien dictó sentencia negando dicha pretensión con base en que () si bien el demandado no tiene impedimento corporal, o mental, que los inhabilite para subsistir por sí mismo; que cuenta con estudios superiores y formación técnica, lo cierto es que no goza de vinculación laboral[1].
El 7 de mayo de 2012 la S. de Familia del Tribunal Superior de Medellín admitió la acción de tutela, ofició a la Juez Once de Familia de Medellín e integró al contradictorio por pasivo, vinculando al joven F.A.L.F. para que ejerciera su derecho de defensa. Asimismo vinculó al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado accionado para los efectos legales a que hubiere lugar.[2]
Pese a haber sido notificados, la Juez Once de Familia de Medellín, el joven F.A.L.F., el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio Público, no se pronunciaron sobre el asunto.
La S. de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 15 de mayo de 2012, declaró improcedente el amparo constitucional con base en que la decisión tomada por la Juez Once de Familia de Medellín, esto es, la no exoneración de cuota de alimentos al señor É.D.L.M., no constituía vía de hecho que implicara el desconocimiento del debido proceso.
- Copia de la demanda presentada por el actor ante el Juzgado Once de Familia con el fin de obtener la exoneración de cuota alimentaria establecida a favor de su hijo F.A.L.F.. (Cuaderno 2, folio 2).
- Copia del auto núm. 1377 proferido por el Juzgado Once de Familia de Medellín, admitiendo la demanda de exoneración de cuota alimentaria y corriendo traslado de la misma al joven L.F. para que contestara y solicita pruebas. (Cuaderno 2, folio 9).
- Copia de los registros de nacimientos de los jóvenes F.A.L.F. y D.L.C.. (Cuaderno original, folios 5 y 6).
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor É.D.L.M.. (Cuaderno original, folio 7).
- Copia de los programas académicos cursados por F.A.L.F. que acreditan que es técnico en sistemas (realizado y aprobado en el período 2004) y diseño gráfico digital (certificado en el año 2007), y posee un diplomado en diseño de páginas Web (del 14 de marzo al 30 de junio de 2009) expedido por el instituto de formación técnica CESDE. (Cuaderno original, folios 8 a 9).
- Copia de los recibos de los pagos realizados por el accionante al colegio C. del menor D.L. de los meses noviembre y octubre por la suma de $66.000 pesos. (Cuaderno 2, folio 17).
- Copia del pago semanal del señor É.D.L.M. expedido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. donde se evidencia que: el total devengado son $385.852.35; el total deducido son $324.861.30; y el neto a pagar son $60.000.00. (Cuaderno 2, folio 21).
- Copia de la declaración juramentada del señor É.D.L. dentro de la cual señala que vive desde hace 18 años con la señora L.M.C.P., quien es ama de casa; y que de tal unión nació D.L.C.. Finalmente, manifiesta que él es el que sostiene económicamente a su núcleo familiar. (Cuaderno original, folio 1).
- Copia del interrogatorio de parte realizado al joven F.A.L.F. en el cual afirma que no presenta ninguna inhabilidad física o mental que le imposibilite procurarse los alimentos a través del trabajo; que no está realizando estudios superiores; que es técnico en sistemas y diseño gráfico en el CESDE, con diplomado de desarrollo de páginas Web; y que en su criterio tal formación es suficiente para empezar a trabajar. (Cuadernos 2, folio 40).
- Copia del acta de la audiencia de conciliación del 14 de julio de 2011, donde el señor L.M. declara que solicita la exoneración de la cuota alimentaria toda vez que cuenta con otras responsabilidades con su hijo menor de edad y su compañera. Agrega que en el tiempo en que asumió la cuota le tocó perder una casa ya que los ingresos que percibía eran escasos. Además, indica que su hijo F.A. no está incapacitado físicamente, es mayor de edad, y técnico, situación que lo habilita para trabajar. Por su parte, F.A.L. indica yo todavía tengo 25 años y yo necesito la cuota para mis propios gastos () actualmente no estoy trabajando y terminé estudios en junio, pero hice las pruebas para el ITM para empezar nuevamente. (Cuadernos 2, folio 36).
- Copia de los testimonios dados por el señor C.M.A.T. y la señora M.P.G. en la audiencia de instrucción del proceso de exoneración de la cuota alimentaria, quienes manifestaron conocer las dificultades económicas que sufre el accionante, hasta el punto que su hijo D.L. no ha podido entrar a la universidad por falta de recursos. Además, afirmaron que el demandante ha intentado obtener préstamos de entidades bancarias sin éxito en razón al embargo y retención del 25% del sueldo que lo afecta por concepto de alimentos. (Cuadernos 2, folio 40).
- Copia del fallo proferido por el Juzgado Once de Familia el 9 de diciembre de 2011, donde niega la pretensión elevada por el accionante, esto es, la exoneración de cuota alimentaria fijada a favor de su hijo F.A.L.F.. (Cuaderno original, folios 2 a 4; y cuaderno 2, folios 43 a 46).
2.1. El señor É.D.L.M. considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que en el proceso de exoneración de cuota alimentaria la Juez Once de Familia, a pesar de haber reconocido que el beneficiario de la cuota alimentaria es una persona de 26 años de edad, técnico en sistemas y diseño gráfico digital, con capacidad mental y corporal para trabajar, decidió no eximirlo de dicha obligación en razón a que el joven no goza de vinculación laboral.
2.2. Sobre la base de lo expuesto le corresponde a esta S. de Revisión determinar si la no exoneración del deber de alimentos de los padres respecto de los hijos que superan los 25 años de edad, que cuentan con cierto nivel académico y que no presentan afecciones corporales o mentales que les impidan trabajar, transgrede el derecho al debido proceso.
2.3. Para ello esta S. comenzará por reiterar su jurisprudencia constitucional en cuanto a (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Luego, (ii) abordará específicamente los defectos sustantivos y fácticos, que guardan estrecha relación con el presente asunto; a continuación (iii) se referirá a la obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad. Finalmente, y a partir de lo anterior, (iv) resolverá el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior obedece a que el artículo 86 Superior[4] establece que a través del amparo podrá solicitarse la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados por cualquier autoridad pública[5], es decir, por todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares[6].
Así, la acción de tutela procede contra las decisiones judiciales toda vez que son adoptadas por servidores públicos en ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, este Tribunal ha sostenido que con el objeto de conseguir un adecuado equilibrio entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, así como la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales, tal procedencia es excepcional y tiene que cumplir con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional[7].
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[10]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[11]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[12]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[13]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[14]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que no se trate de sentencias de tutela[15]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Las mencionadas causales constituyen el punto de partida para la procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales[18]. Teniendo en cuenta los criterios específicos, la S. precisará algunos de ellos que guardan estrecha relación con el caso objeto de revisión, así:
La Corte ha establecido que dicha falla se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica[19]. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recopilado diversos supuestos que pueden configurar este defecto y que recogió en sentencia SU-195 de 2012 de la siguiente manera:
(ii) Cuando, a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable[20] o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[21] o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial[22].
(vii) Cuando la autoridad judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
En otras palabras, el yerro en la valoración de la prueba tiene que ser de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez[25]. En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que si no se hubiera incurrido en él, el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta[26].[27].
1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[29].
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[30].
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[31].
La obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad.
Igualmente, ha señalado que los alimentos adquieren relevancia constitucional debido a que constituyen el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe a favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (arts. 2, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)[33].
Artículo 257. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella, se dirán.
Artículo 264. Los padres, de común acuerdo, dirigirán la educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual, del modo que crean más conveniente para éstos; asimismo, colaborarán conjuntamente en su crianza, sustentación y establecimiento.
Por su parte, el artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia define los alimentos como todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes ().
Conforme con el artículo 422 del Código Civil[40], la obligación alimentaria de los padres en principio rige para toda la vida del alimentario, siempre que permanezcan las circunstancias que dieron origen a su reclamo[41]. Sin embargo, en su inciso segundo indica que los alimentos se deben hasta que el menor alcance la mayoría de edad, a menos que tenga un impedimento corporal o mental o se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo. Dicha condición fue ampliada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, de manera que se ha considerado que se deben alimentos al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista prueba de que subsiste por sus propios medios[42].
No obstante, con el fin de que no se entendiera la condición de estudiante como indefinida, analógicamente la jurisprudencia ha fijado como edad razonable para el aprendizaje de una profesión u oficio la de 25 años, teniendo en cuenta que la generalidad de las normas relativas a la sustitución de la pensión de vejez y las relacionadas con la seguridad social en general[43] han establecido que dicha edad es el límite para que los hijos puedan acceder como beneficiarios a esos derechos pensionales, en el entendido de que ese es el plazo máximo posible para alegar la condición de estudiante[44].
De igual forma, se considera que la decisión de deferir la exoneración de la obligación alimentaria, hasta el momento en que el beneficiario termine las materias correspondientes al programa académico que cursa, deviene prudente, en tanto así no se permite que se prolongue indefinidamente su condición de estudiante.
La finalización de la preparación académica habilita a la persona para el ejercicio de una profesión u oficio y, por ende, da lugar a la terminación de (i) la incapacidad que le impide laborar a los (as) hijos (as) que estudian, y (ii) del deber legal de los padres de suministrar alimentos, excepto cuando la persona de nuevo se encuentre en una circunstancia de inhabilitación que le imposibilite sostenerse por cuenta propia[45].
En igual sentido, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el deber de alimentos que tienen los padres para con sus hijos se suspende cuando estos han finalizados sus estudios, toda vez que se encuentran en condiciones aptas para mantener su propio sustento. Al respecto sostuvo que cuando una persona ha cursado estudios superiores y optado un título profesional, es razonable entender que debe estar, en condiciones normales, esto es, salvo impedimento corporal o mental, apta para subsistir por su propio esfuerzo, esa circunstancia por sí puede legitimar al alimentante para deprecar y eventualmente obtener la exoneración de alimentos a través del proceso correspondiente, en el cual el juez respetará las garantías procesales de las partes y decidirá en cada caso concreto, atendiendo a la realidad que se le ponga de presente[46].
[E]s imprescindible que la interpretación de los juzgadores sobre el compromiso de los padres, se avenga con el reconocimiento de tales limites, en especial de los temporales, pues también consultan valores de tipo superior, como la solidaridad y el reconocimiento de la unidad de la familia, pero en función de conceder a sus miembros los elementos necesarios para desarrollar sus talentos, compromiso que una vez cumplido a cabalidad, significa que los hijos deben emprender el esfuerzo personal independiente y relevar a los padres de la obligación alimentaria, sin perjuicio que voluntariamente ellos puedan continuar más allá de ese hito temporal, pero sin apremio ni coerción alguna para suministrar ese sustento. Acontece que el paternalismo mal entendido, merma la autonomía del individuo que con el paso de tiempo ha de volverse amo de su propia vida[48] (Subraya fuera del texto).
Igualmente, el precitado Tribunal ha establecido que para que se dé la prórroga de la cuota de alimentos, cuando el hijo estudiante supera ampliamente la mayoría de edad, el fallador debe examinar con esmerado cuidado si aquél es merecedor del mismo, como que no resulta equitativo que se obligue a los padres mayores a continuar con la carga mencionada, cuando la falta de adquisición de una carrera o arte por parte del beneficiario, que le permita enfrentar el futuro de manera independiente, obedezca exclusivamente a su desidia o negligencia[49].
Teniendo como base el examen de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la S. entrará a analizar el caso concreto.
Indicó que la condición de impedidos (inciso 5º artículo 42 Superior) no solo hacía referencia a dicha incapacidad, sino que también se refería a los hijos mayores de 18 años que se encontraran estudiando, cuando esa formación no fuese solo un pretexto para seguir siendo beneficiario de alimentos.
Igualmente, sostuvo que cuando los hijos menores alcanzan la mayoría de edad y no se encuentran impedidos física o psíquicamente para laborar si están educándose o en formación profesional y avanzan progresivamente con éxito, la obligación permanece; terminada la carrera o formación se extingue la obligación, lo mismo si obtiene malos resultados académicos o cuando el hijo para recibir los alimentos se mantiene en ciclos continuados de estudio ()[55].
1) Ha cesado la necesidad que de los alimentos tiene el alimentario, esto es, que cuenta con solvencia económica para sostenerse por sí mismo.
3) Cuenta con capacidad para trabajar, unida a la adquisición de bienes o de rentas o de un empleo.[56]
Conforme con lo anterior y el material probatorio la juez de familia sostuvo que el caso se refería a un joven de 26 años de edad, donde no existía prueba alguna que desvirtuara la presunción de capacidad que arropa al beneficiario de la cuota, esto es, respecto de la existencia de impedimento mental o corporal que lo inhabilite para subsistir de su trabajo, lo que permite predicar que no se encuentran en las circunstancias anotadas. Además, indicó que era técnico en sistemas del CESDE y diseño gráfico con diplomado de desarrollo de páginas Web.
A partir de lo anterior el juzgado consideró que () si bien el demandado no tiene impedimento corporal, o mental, que los inhabilite para subsistir por sí mismo; que cuenta con estudios superiores y formación técnica, lo cierto es que no goza de vinculación laboral[57], por lo que estimó necesario que se le siguieran suministrando los alimentos.
5.2.1. Conforme con los criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la S. evidencia que se presentan defectos tanto sustantivos como fácticos, debido a que el Juzgado Once de Familia de Medellín no valoró en debida forma los hechos y las pruebas aportadas por el accionante en el proceso de exoneración de la cuota alimentaria, ni tuvo en cuenta los preceptos legales ni jurisprudenciales que versan sobre la materia.
Ha de decirse al respecto que la juez encontró demostrado, por una parte, la inexistencia de impedimento corporal o mental que imposibilitara al demandado para trabajar; y por la otra, que el accionado no se encontraba estudiando, circunstancias que fueron acreditadas con base en las propias aseveraciones del demandado L.F., quien al absolver el interrogatorio de parte que le fue formulado afirmó no sufrir de discapacidad física o mental que le imposibilitara procurarse los alimentos a través del trabajo; y no estar realizando estudios superiores[59].
También encontró la juez acreditado, con base en los certificados que aparecen arrimados al proceso, que aunque F.A.L.F. no contaba con bienes o un empleo, ello no significaba que estuviera inhabilitado para laborar, ya que los certificados antedichos dan fe de su idoneidad como técnico en sistemas y diseño gráfico digital, amén de poseer un diplomado en diseño de páginas Web, formación que resulta suficiente para trabajar y procurarse su sustento, como él mismo lo reconoció[60].
En síntesis, en el asunto del joven F.A.L.F. se tiene que perdió la condición de estudiante, culminó una carrera tecnológica, no sufre de limitaciones físicas ni mentales y por ello tiene la posibilidad real de comenzar a ejercer su profesión y satisfacer sus propias necesidades, por lo que no es admisible que prolongue indefinidamente su situación de estudiante para continuar obteniendo alimentos.
5.2.3. Por lo anterior, la S. protegerá el derecho fundamental invocado por el accionante. Procederá a revocar el fallo de tutela de única instancia y ordenará al Juzgado Once de Familia de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor É.D.L.M. con base en las consideraciones planteadas en esta providencia.
Primero. REVOCAR el fallo de única instancia proferida el 15 de mayo de 2012 por la S. de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se negó el amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor É.D.L.M.. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso.
Segundo. ORDENAR al Juzgado Once de Familia de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor É.D.L.M. con base en las consideraciones planteadas en esta providencia.
A LA SENTENCIA T-854/12
Referencia: expediente T-3516725.
Acción de tutela presentada por É.D.L.M. contra el Juzgado Once de Familia de Medellín.
Magistrado sustanciador: J.I.P.P..
Si bien participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que existían razones que justificaron invalidar la providencia emitida por el Juzgado Once de Familia de Medellín dentro del proceso por reducción de cuota alimentaria que inició el accionante contra su hijo mayor de edad, debo aclarar mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de vía de hecho y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[61], no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (consideración 3ª, páginas 6 a 10) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M.P.J.C.T., de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[62], de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
[4] Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. ().
[27] Í..
[35] Sentencias C-1033 de 2002, C-919 de 2001 y la Guía Básica de Procesos de Familia, M.P.G.Á.. Editorial I., 2009.
[37] Guía Básica de Procesos de Familia, M.P.G.Á.. Editorial I., 2009.
[40] Artículo 422. Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Con todo, ningún varón entiéndase hombre o mujer, desde la Constitución de 1991- de aquellos a quienes solo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido 21 años hoy 18-, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo.
[42] Sentencia T-192 de 2008 y sentencia de tutela, Exp.632. S. de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia.
[43] Ley 100 de 1993 Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de S.. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
[44] Esta Corporación, en sentencia T-192 de 2008, estudió el caso de un joven de 22 años, quien a través de la tutela buscaba que se le protegieran sus derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, ante la negativa de su padre a avalar con su firma el otorgamiento de una beca de estudios en España conferida por ECOPETROL S.A.. Del mismo modo, la sentencia T-285 de 2010 sostuvo que los 25 años es la edad límite establecida en la ley para que una persona se procure, así misma, su propio sustento, no puede deducirse la intención del alimentario de permanecer indefinidamente como beneficiario de la obligación alimentaria que le asiste a su padre.
[48] Í..
[49] Sentencia de tutela, Exp. Núm. 2005-00935 (27 de febrero de 2006). La S. Civil de la Corte Suprema de Justicia estudió el caso de un señor que interpuso tutela contra el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla con el fin de que se le protegiera su derecho constitucional al debido proceso, presuntamente transgredido como consecuencia del fallo proferido por el accionado, quien fijó una cuota a favor de su hijo hasta que este culmine su carrera, no importando ni su edad ni la constante pérdida de semestre, sin tener en cuenta que el demandante tenía 26 años de edad, y estaba en perfectas condiciones tanto físicas como psicológicas, amén de que siempre ha tenido un rendimiento académico muy bajo en las universidades en las que se había matriculado. Y sentencia de tutela Exp. Núm. 2009-00265 (3 de febrero de 2010).
[50] La jurisprudencia ha aplicado analógicamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de S.. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
También, la sentencia C-451 de 2005 indicó que el estado de hijo dependiente por asuntos académicos no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Por ello, la edad de 25 años viene a ser un criterio razonable ya que para ese momento los hijos dependientes de sus padres cuentan, por lo general, con una profesión u oficio que les permite lograr su independencia económica y proveerse su propio sustento, motivo por el cual se encuentra justificada su exclusión como beneficiarios de la sustitución pensional, pues ya no se trata de una persona en condiciones de vulnerabilidad que por lo tanto necesite medidas de protección especial.
[52] Proceso Verbal Sumario. Artículo 435. Asuntos que comprende. Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos: () 3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias.
[54] Sentencia T-703 de 2011. La Corte examinó el caso de un señor que instauró tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, S. Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, S. Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del cual consideró que cumplía con el principio de inmediatez, en tanto que el accionante acudió a la tutela el 10 de enero de 2010 y la decisión de segunda instancia fue dictada el 24 de agosto de 2009, transcurriendo aproximadamente 5 meses, término que estimó razonable y proporcionado. En igual sentido lo expuso en sentencia T-136 de 2012, donde manifestó que 5 meses era un plazo prudente para interponer el amparo constitucional. Así lo hizo saber en el asunto de una señora que interpuso dicha acción contra la S. Laboral del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma ciudad.
[60] Í. y Cuaderno 1, folio 8.
[61] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 de 2012.
[62] C-590 de 2005.

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 24
 artículo 422
 artículo 42
 resolución 
 artículo 47