Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500542.html
Timestamp: 2019-03-21 11:51:10+00:00

Document:
se201500542
SENTENCIA: 542/2015.
EXPEDIENTE Nº: 571/2010.
PARTES: Empresa Ferroviaria Andina S.A. contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Ferroviaria Andina S.A. (FCA) contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, impugnando la Resolución Ministerial Nº 264 de 31 de agosto de 2010.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo de fs. 85 a 103 vta., la contestación de fs. 153 a 160, el memorial de réplica de fs. 164 a 169, duplica de fs. 172 a 175 y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que Eduardo Maclean Abaroa, en representación de la Empresa Ferroviaria Andina S.A. en tiempo hábil, interpone demanda contencioso administrativo, con los siguientes argumentos:
Que la Empresa Ferroviaria Andina S.A., se encuentra encargada de prestar el Servicio Público Ferroviario de carga, pasajeros y equipajes en la denominada Red Ferroviaria Occidental o Andina extendida en el territorio nacional, además tiene como actividad principal la realización de actos de comercio relativos al establecimiento, desarrollo y manutención de la Línea Férrea, según se establece en los Contratos de Concesión y Licencia suscritos, entre la Superintendencia de Transportes y la Empresa Ferroviaria Andina S.A., protocolizada el 28 de agosto de 1996 ante Notaria de Fe Publica N° 054 del Distrito Judicial de La Paz, mediante Escritura Pública N° 86.
Asimismo en vigencia de los contratos mencionados, el Presidente Evo Morales Ayma, manifestó su intención de restablecer el tren para el servicio ferroviario de viajes de pasajeros por el tramo que no se encontraba habilitado Viacha Guaqui, por lo que se fijó como fecha de inauguración el 20 de octubre de 2007, contando con 44 días para rehabilitar el tramo referido; por lo que la Superintendencia de Transportes mediante nota 0397/2007 de 17 de septiembre, autorizó el traslado de rieles del ex ramal Viacha sin operación, empero mediante Auto SC-STR-DJ-A 1915/2008, formuló cargos en contra de FCA S.A., por la presunta contravención del art. 43 del Decreto Supremo (DS) N° 24179 y la Cláusula décimo tercera los incisos d) y e) y de la Cláusula décimo cuarta, Cláusula trigésima del Contrato de Licencia de 14 de marzo de 1996, al haber incumplido sus obligaciones y responsabilidad de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha- Guaqui, lo determinado en la Cláusula décimo séptima y en el numeral 30.1 de la Cláusula trigésima del Contrato al haber levantado el excedente de aproximadamente 12.5 Km de la línea ex Guaqui, que tiene un total aproximado de 20 Km, cuando la autorización precisa de la Superintendencia fue completar los tramos faltantes de rieles sustraídas en el ramal Viacha-Guaqui, con el traslado de rieles del ex ramal sin operación El Alto-Viacha.
Continúa manifestando que se cumplió con las normas contractuales previstas en las Cláusulas referidas anteriormente, porque existe la constancia de los contratos firmados con las empresas y personal para el patrullaje y custodia de los bienes, incluso existe denuncias cuando hubo robo de rieles, situación que fue de conocimiento público mediante la prensa (periódico EL Deber), sin contar con el apoyo de la ex Superintendencia de Transportes, al ser bienes del Estado, quien pudo cooperar con dichas causas, apersonándose como víctima en representación de los bolivianos, situación que no ocurrió.
En cuanto al retiro del excedente de rieles, en reiteradas oportunidades manifestaron que fue en ejercicio de nuestras obligaciones de ejecutar el Contrato de buena fe, toda vez que si las rieles hubiesen sido dejadas en un ramal desmantelado, era más fácil el robo de gran parte de la línea férrea restante, siendo responsabilidad de la Empresa Ferroviaria Andina S.A. (FCA) claro está, existiendo causal o razón que justifica el levantamiento, no esperando que sea un robo una razón para cuidar los bienes, en aplicación del principio de razonabilidad que debe primar en las decisiones administrativas.
Arguye que la posibilidad de contratar personal para la custodia de las rieles, se incrementarían de forma desmedida los gastos operativos, repercutiendo en ambos socios, debiendo tener en cuenta que todo gasto innecesario al reponer una vía que no es operativa y que no tiene a la fecha ninguna utilidad o uso económico, representa un daño económico al Estado, porque de todo gasto que efectúa FCA S.A., sufre daño económico el Estado, al ser el propietario del 50% de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., por lo que no amerita, indicar que existe autorización para el traslado de bienes, y que existe cargo o responsabilidad comprobado, no teniendo el levantamiento ningún afán de lucro, al contrario un apego a nuestras obligaciones, encontrándose tales bienes a salvo en beneficio del Estado, destacando que los gastos del traslado fue asumido enteramente por la empresa, con el convencimiento de evitar un mayor percance, aspecto realizado en cumplimiento de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato el cual debe ser valorado.
Que la Resolución Administrativa (RA) SC-STR-DS—RA 0082/2009, confirmada por Resolución Administrativa Regulatoria TR N° 003/2010 determinó la restitución o reposición del ramal ex Gauqui, sin embargo no resulta prudente, toda vez que no beneficia a nadie, al encontrarse dicho ramal sin destinó, además la plataforma, está deshabilitada habiendo la Alcaldía de El Alto realizado obras de drenaje, por lo que la autoridad demandada pretende que la FCA destruya dichas obras de alcantarillado, desalojando a los comerciantes asentados, para habilitar una vía férrea que no tendría ni uso ni beneficio alguno, por el contrario entraría al círculo vicioso de los robos y vigilancia material innecesaria.
Asimismo manifiesta que, la Superintendencia de Transporte omite la norma legal o contractual que respalde el art.3 de la R.A.SC-STR-DS-RA-0082/2009 de 19 de marzo de 2009, ratificada por la Resolución Ministerial N° 264 de 31 de agosto de 2010, que instruye la RESTITUCION, del “ramal ex Gauqui”; respaldándose en la Cláusula Vigésimo Novena del Contrato de Licencia dicha Resolución Ministerial, regulando incumplimientos de contrato, sin embargo se advierte que no hubo daño en el bien, porque al levantar el resto de las rieles no se afectó al servicio o a la operación del transporte porque el ramal ex Guaqui es una vía que la propia Superintendencia califica como vía sin operación.
Continua señalando que todos estos aspectos, conllevan a establecer que la instrucción de rehabilitación del ramal en cuestión determina que el objeto del acto administrativo es de imposible cumplimiento en franca contravención al ordenamiento jurídico vigente, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este contexto, se tiene que las sumas de dinero señaladas, devienen definitivamente en erogaciones de parte de FCA.S.A., las cuales no fueron presupuestadas y que además no cuentan con recursos para satisfacer la instrucción de la R.A.SC-STR-DS-RA-0082/2009 de 19 de marzo de 2009, evidenciándose que podría causar un daño económico al Estado Boliviano del 49 %, al ratificarse la R.M N° 264/ 2010 de 31 de agosto, con material nuevo el importe sería de $us. 1.161.862,03 (Dólares Americanos Un millón ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y dos 03/100) y con material usado el 49% en caso de ratificarse la referida Resolución el costo sería de 675.507, 57 (Dólares Americanos Seiscientos setenta y cinco mil quinientos siete 57/100), siendo la rehabilitación de un ramal inutilizado e inutilizable, por lo expuesto anteriormente.
Finalmente solicita se declare probada la demanda y en consecuencia se revoque la Resolución Ministerial N° 264 de 31 de agosto de 2010.
CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citado legalmente el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en tiempo hábil se apersonó Adriana María Del Callejo Quinteros, en representación de dicha autoridad, contestando en forma negativa, expresa en síntesis lo siguiente:
Que debido a los antecedentes del caso y los fundamentos que condujeron el rechazo del recurso jerárquico interpuesto por FCA S.A., en contra de la Resolución Administrativa Regulatoria TR N° 0003/2010 de 6 de enero, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte, la Empresa FCA SA., no desvirtuó el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha-Guaqui y tampoco el levantamiento del excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la línea ex Guaqui, sin autorización de la ex Superintendencia de Transportes encontrándose establecidos en los arts., 1, 2 y 43 del Decreto Supremo (DS) N° 24179 de 8 de diciembre de 1995 que reglamenta la prestación del Servicio Público Ferroviario, y las Cláusulas Décimo Tercera, Décimo Cuarta, Décimo Séptima, Vigésimo Novena y el Numeral 30.1 de la Cláusula Trigésima del Contrato de Licencia de 14 de marzo de 1996, suscrito entre la ex Superintendencia de Transportes y FCA S.A., normas legales que establecen el respaldo la determinación de la Resolución Ministerial N° 264 de 31 de agosto de 2010.
Que la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Licencia determina que: “El Licenciatario podrá entre otras facultades, cuando se trate de bienes tales como rieles, estructuras de puentes y otros bienes cuyo traslado implique desmantelamiento de infraestructura necesaria al Servicio Público Ferroviario, podrá trasladarlos previa comunicación al Superintendente de Transportes, elevando un informe Técnico”, situación que no ocurrió, razón por la que el Superintendente de Transportes emitió un Auto SC-STR-DJ-A-1915/2008 de 18 de diciembre, por aparentemente haber levantado el Licenciatario el excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la Línea ex Guaqui sin autorización de la Superintendencia de Transportes, debiendo ser utilizados en la red ferroviaria, empero fue depositado en una maestranza de Viacha, sin cumplir los procedimientos contractuales establecidos.
En este contexto la Cláusula Vigésimo Novena del Contrato establece: “que los incumplimientos al contrato de licencia verificados por el ex Superintendente de Transportes, a través de las inspecciones y auditorias instruidas, darán lugar a la aplicación de sanciones que se graduaran en función a la gravedad de la infracción cometida, desde un apercibimiento hasta multas, además de la reparación de los daños causados en los bienes”, en consecuencia a efecto de que remediar el perjuicio causado a la red ferroviaria producto del desmantelamiento del ramal ex Guaqui, amerita su restitución, para lo cual la Resolución Administrativa Regulatoria 0003/2010 de 6 de enero, dispuso la ampliación de 30 días a 6 meses para la reposición de la infraestructura del ramal ex Guaqui, sin embargo hasta la fecha no se dio cumplimiento, aspectos que determinaron en aplicación de las disposiciones legales y contractuales vigentes el rechazo del recurso jerárquico confirmando la Resolución Ministerial, porque lo contrario habría significado emitir un pronunciamiento contrario a lo estipulado por las partes en el Contrato de Licencia de 14 de marzo de 1996; por otro lado también es evidente que el punto tercero de la Resolución Administrativa RA. SC-STR-DS-RA-0082/2009, se encuentra jurídica y contractualmente respaldada por la referida Cláusula.
Asimismo, la parte demandante refiere que al no ser técnicamente necesaria la restitución del ramal ex Guaqui, al existir otra vía alternativa en perfecto estado de funcionamiento, la restitución ocasionaría daño al Estado, como titular del 50% de la FCA S.A., empero teniendo en cuenta que el levantamiento de la vía y su almacenamiento en una maestranza de Viacha fue determinación adoptada de modo arbitrario por FCA S.A., el daño económico al Estado sería atribuible a quienes tomaron decisiones perjudiciales para la empresa e incurrieron presuntamente en el tipo penal que acusa el Licenciatario, de daño económico al Estado establecido en el art. 224 del Código Penal (CP).
En consecuencia manifiesta que, la FCA.S.A., incumplió sus obligaciones y responsabilidades de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha- Guaqui y levanto el excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la Línea ex Guaqui sin autorización, de manera que los robos y perdidas de material ferroviario, son imputables al operador, porque a determinación de la empresa se procedió a reestructurar dicho ramal, siendo necesario utilizar material del ex ramal Guaqui, restitución que se hizo compleja y costosa cuando la Empresa FCA S.A., en forma arbitraria, determinó levantar el mencionado excedente de los kilómetros referidos, advirtiendo que el operador pretende encubrir su incumplimiento al Contrato de Licencia suscrito con la ex Superintendencia de Transportes de 14 de marzo de 1996, aduciendo que existía la autorización para utilizar el material ferroviario del ex ramal Guaqui y rehabilitar el tramo Viacha- Guaqui, que si bien es cierto tal aseveración, sin embargo no le faculto a desmantelar dichos insumos.
Finalmente refiere que el numeral 30.1 de la Cláusula Trigésima del Contrato determina que: “El Licenciatario es responsable de los daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la perdida, daño, falta de mantenimiento y/o uso inadecuado de los bienes otorgados en licencia”, por lo que al no dar ningún uso a los bienes otorgados los cuales conforman el ramal ex Guaqui, la Empresa FCA S.A., tiene responsabilidad de reparar el daño sufrido por dicha infraestructura, debiendo restituir el mencionado ramal.
Concluye solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 264 de 31 de agosto de 2010.
CONSIDERANDO III: Que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Que mediante nota GG/220/2009 de 23 de julio, dirigida a la ex Superintendencia de Transportes a la Empresa FCA. SA., se comunicó la intención del Poder Ejecutivo de inaugurar un tren de pasajeros que cubra el tramo Viacha- Guaqui a partir del 20 de octubre de 2007, por cuanto el 6 de septiembre de dicho año, en reunión con la participación del Viceministerio de Transportes y FCA. S.A., se consideró la alternativa más factible para el objetivo, que resultó ser la reasignación de la estructura ferroviaria del ramal ex Guaqui que comprendía el tramo El Alto-Viacha que se encontraba sin operaciones, al ramal Viacha- Guaqui, autorizando dicha reasignación mediante nota SC-STR-DS N-0397/2007 de 17 de septiembre, por el ente regulador.
Que mediante Auto SC-STR-DJ-A-1915/2008 de 18 de septiembre la ex Superintendencia de Transporte formuló cargos en contra de FCA S.A., por incumplimiento a sus obligaciones y responsabilidades de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha- Guaqui y por el levantamiento del excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la Línea ex Guaqui sin autorización, en consecuencia la ex Superintendencia de Transportes, por Resolución Administrativa R.A. SC-STR-DS-RA-0082/2009 de 19 de marzo, declaró fundados los cargos formulados en contra de FCA S.A., por lo que el representante de la Empresa, interpuso recurso de revocatoria contra la referida resolución. El 19 de marzo de 2009 ante la extinción de la ex Superintendencia de Transportes, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes mediante Resolución Administrativa Regulatoria TR N° 0003/2010 de 6 de enero aceptó el recurso de revocatoria, la cual instruyó la reparación del daño ocasionado a los bienes del Estado, con la restitución del ramal desmantelado.
Ante ello, la Empresa Ferroviaria Andina S.A. interpuso recurso jerárquico, y como consecuencia, se pronunció la Resolución Ministerial Nº 264 el 31 de agosto de 2010, que resolvió rechazar el recurso Jerárquico planteado por la empresa recurrente, consecuentemente confirmó la Resolución Administrativa Regulatoria TR N° 0082/2009.
Establecidos los antecedentes de hecho y derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el principal objeto de controversia, se circunscribe a determinar:
“Si la Empresa FCA. S.A. incumplió sus obligaciones y responsabilidades de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha- Guaqui al haber procedido con el levantamiento del excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la Línea ex Guaqui sin autorización”.
Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos, e identificado el punto de controversia, se establecen los siguientes extremos:
Que los autores Luis E. Chase Plate y Adilson Dallari y otros señalan que: “Como consecuencia de la celebración del Contrato de concesión, el concesionario está sometido a ciertas obligaciones y goza de determinados derechos. La obligación esencial del concesionario es la de cumplir eficientemente el servicio. Dicho cumplimiento puede ser exigido por la Administración concedente. El servicio debe iniciarse en los plazos previstos y cumplirse en forma continua, con regularidad y en igualdad de condiciones para los usuarios”. En caso de que el concesionario no cumpla con sus obligaciones, la Administración podrá imponerle una extensa gama de sanciones…..”, (Libro Contratos Administrativos pag.139), pudiendo advertir que en el caso de autos según la doctrina, la obligación del concesionario, es decir, el ex Superintendente de Transportes, es de hacer cumplir el servicio establecido en el Contrato y del Licenciatario cumplir lo previsto en dicho Contrato; existiendo sanción en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes.
Que dicha doctrina es concordante con el art. 1 del DS N° 24179 que establece licencia: “Es el acto por el cual el Superintendente de Transportes, a nombre del Estado Boliviano, mediante la suscripción de un contrato aprobado por resolución administrativa, otorga a una persona colectiva, domiciliada en la República de Bolivia, el derecho de prestación del Servicio Público Ferroviario, ….”, asimismo en su art. 2 dispone que: “El Servicio Público Ferroviario es objeto de regulación, control y supervisión por el Superintendente de Transportes, corresponde a la Superintendencia de Transportes asegurar la correcta prestación del Servicio Público Ferroviario, el cumplimiento de las obligaciones contractuales….., las normas del presente decreto supremo se aplican a las Empresas Ferroviarias, Empresas Extranjeras y Empresas Privadas”.
En este contexto, la ex Superintendencia de Transportes realizó un Contrato con la Empresa FCA. SA., encontrándose establecidas las Cláusulas que materializan dicho convenio, y por ello se comunicó a la Empresa Ferroviaria, la intención de inaugurar un tren de pasajeros que cubra el tramo Viacha- Guaqui, considerando la alternativa más factible para el objetivo, siendo esta la reasignación de la estructura ferroviaria del ramal ex Guaqui, que comprendía el tramo El Alto-Viacha que se encontraba sin operaciones, al ramal Viacha- Guaqui, autorizando dicha reasignación; sin embargo, se habría procedido al levantamiento de dicha línea férrea, sin autorización.
En consecuencia, el art. 43 incs. a), b) y c) del DS N° 24179 señala las obligaciones que tiene el Licenciatario FCA S.A., entre las cuales se encuentran garantizar la seguridad y conservación del Área Operativa, conforme al Contrato de Licencia; también prestar mantenimiento a los Bienes que conforman dicha Área, y además presentar información técnica y económica al ex Superintendente Transportes y las autoridades correspondientes en los plazos correspondientes, sin embargo la Empresa FCA S.A., incumplió sus obligaciones y responsabilidades de custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento del ramal Viacha- Guaqui, arguyendo que a fin de evitar el robo de las rieles, procedió al levantamiento del excedente de aproximadamente 12,5 kilómetros de la Línea ex Guaqui; sin previa información técnica al ex Superintendente, conforme establece el artículo referido, es decir, que sin autorización procedió al levantamiento de los rieles actuando de manera ilegal, incumpliendo lo previsto por el art. 11 del DS N° 24179, que señala en cuanto a las modificaciones: “A requerimiento de los Licenciatarios, el Superintendente de Transportes autorizara las modificaciones necesarias para mejorar la cobertura y calidad del servicio Publico Ferroviario, incluyendo la construcción de ramales de enlace o empalme entre las vías, establecer nuevas estaciones o rehabilitar las clausuradas”; por cuanto el Licenciatario no informó para que proceda el ex Superintendente de Transportes a las modificaciones que creyere convenientes en cuanto al levantamiento de los rieles, adoptando una actitud fuera del alcance del Contrato de Licencia, la Empresa FCA.S.A.
En mérito a lo expuesto, habiendo el ente regulador, ex Superintendente de Transportes, autorizado que el operador rehabilite el tramo Viacha-Guaqui, utilizando 7.5 kilómetros del ramal ex Guaqui, el cual no determina que no tenga la obligación de reponer esos 7.5 Kilómetros del mencionado ramal, aunque dicho operador considere que el ex ramal Guaqui es una vía sin ninguna utilidad, y que la restitución causaría daño económico al Estado; por lo que previamente debió comunicar cuáles eran sus apreciaciones mediante un informe técnico conforme establece la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Licencia, en su inciso e) que: “Que durante el tiempo de vigencia del contrato, se obliga al mantenimiento de los bienes, de acuerdo a su uso económico con el fin de conservarlos en condiciones adecuadas para la prestación del Servicio Público Ferroviario, incumpliendo con su obligación contractual de custodiar, vigilar, conservar y mantener el Aérea Operativa”; por lo que desde febrero de 2005 se suspendieron los servicios de serenos hasta el mes de octubre de 2007, lo que demuestra que la Empresa no contaba con mecanismos adecuados de vigilancia, que permitían cumplir su obligación de cuidado, custodia, conservación y mantenimiento del Aérea, razón por la cual el Gobierno Municipal de El Alto construyó el drenaje y alcantarillado, como también los comerciantes empezaron asentarse sobre la vía, afectando la infraestructura ferroviaria.
De lo precedentemente expuesto, se concluye que las Resoluciones Administrativas pronunciadas por la ex Superintendencia de Transportes, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicación y Transporte, si como el Ministerio de Obras Públicas, fueron pronunciadas dentro del marco legal pertinente y acorde a los antecedentes del caso, sobre todo con la facultad prevista por el numeral 30.1 de la Cláusula Trigésima del Contrato de Licencia determinando que: “ el Licenciatario es responsable de los daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la perdida, daño, falta de mantenimiento y/o uso inadecuado de los bienes otorgados en licencia”, debiendo restituir el mencionado ramal; motivo por el cual, analizando las normas legales regulatorias del sector resulta correcta la imposición de la sanción que fue impuesta como consecuencia de un proceso administrativo, sustanciado dentro de los parámetros de legalidad en el que se observaron los derechos y garantías, tales como el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, puesto que la Empresa FCA S.A., en ningún momento se encontró en indefensión, prueba de ello es que tuvo la oportunidad de interponer los recursos de revocatoria y jerárquico.
En consecuencia, la Resolución Ministerial N° 264 de 31 de agosto de 2010 pronunciada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que confirmó la Resolución Administrativa Regulatoria N° 0082/2010, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicación y Transporte, no infringió ninguna norma legal, al contrario sustentó su determinación conforme a derecho.
POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs.85 a 103, declarándose firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 264 de 31 de agosto de 2010, pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

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