Source: http://www.scba.gov.ar/BoletinSCBA/infojuban72.htm
Timestamp: 2019-10-20 03:11:01+00:00

Document:
Nº 72 - Febrero 2011
C 111.870, 06/10/10, “N. u. U., V. s/Protección de personas”.
Magistrados votantes: Hitters - Negri - Genoud - de Lázzari - Soria.
Vacunación obligatoria - Menores. Vacunación obligatoria - Consentimiento informado.
La Suprema corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, por mayoría, intimar a los padres de los menores a que en el plazo perentorio de dos días acrediten el cumplimiento del Plan de Vacunación Oficial (ley 22909 y sus reglamentarias), bajo apercibimiento de llevarlo a cabo en forma coercitiva. (Texto completo).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - FUNDAMENTACIÓN DEL FALLO.
1. Lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia sanciona con la nulidad de la sentencia no es la correcta o incorrecta fundamentación de la decisión sino la ausencia de base legal. (doctor HITTERS, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - DEMOSTRACIÓN DEL AGRAVIO.
2. Es insuficiente el recurso de nulidad en el que no se indica en forma clara y concreta cuál sería la cuestión esencial supuestamente omitida (doctor HITTERS, sin disidencia).
3. Solo la absoluta falta de argumentación -que no permita controlar el fallo por el cuadrante de la inaplicabilidad de ley- admite la nulidad, de lo contrario hay que manejarse por el sendero del artículo 278 del código procesal civil y comercial (doctor HITTERS, sin disidencia).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES. JUECES - DEBERES Y FACULTADES.
4. Encontrándose la potestad judicial ceñida a la resolución de las cuestiones planteadas por el recurrente (ausencia de imperium en la manda judicial que instaba a la vacunación), este extralimitó sus poderes al abordar materias cubiertas por la firmeza de la decisión del juez del trámite (opción por un programa de cuidados alternativos), desde que tales parcelas no habían sido objeto de oportuna impugnación y sustituir -en perjuicio del contenido firme favorable a la única parte recurrente- el mandato del juez del trámite que instaba a los progenitores "para que le suministren las vacunas y/o medicación que a criterio médico deban realizarse de conformidad con el Plan Obligatorio de Vacunación estatal", por otro mediante el cual requirió la presentación de un plan alternativo que garantice similar grado de inmunización al menor. (doctor HITTERS, mayoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES.
5. La ley 22.909 instituyó el "Régimen General para las Vacunaciones contra las Enfermedades prevenibles por ese medio" contemplando el suministro obligatorio de las mismas a todos los habitantes del país. Con relación a ese deber de vacunación, estableció en el artículo 11 que los padres, tutores, curadores y guardadores de menores o incapaces serán responsables con respecto a las personas a su cargo. Sin perjuicio de la sanción de multa prevista en el artículo 17 de ese plexo, dispone el art. 18 que la falta de vacunación oportuna en que incurran los obligados determinará su cargo, a la vacunación que en cada caso correspondía aplicar, sin perjuicio, en caso de incumplimiento, de ser sometidos los obligados o las personas a su cargo a la vacunación en forma compulsiva. Ese plexo normativo se complementa con las previsiones dictadas en el ámbito local. Así la ley 10393 ( y sus modificatorias, leyes 10717 y 12658) contempla un catálogo de vacunas de aplicación obligatoria en el territorio bonaerense. Vale decir que, nuestro país ha optado por un régimen de prevención de ciertas enfermedades mediante un sistema de inmunización que instituyó la administración de vacunas a toda la población, de carácter obligatorio, y contempló la posibilidad de disponer su cumplimiento coercitivo frente a la reticencia del sujeto obligado a la vacunación. (doctor HITTERS, mayoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - ALCANCE.
6. El perfil obligatorio de la inmunización dispuesta por la ley 22909 (arts. 11, 17 y 18) no colisiona con el ámbito de la autonomía de la voluntad que ha de reconocerse a los particulares respecto de las decisiones que atañen a su propia salud, y que nuestra legislación ha reglamentado recientemente a partir del art. 2 inc. e) de la ley 26.529 ("Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud"), como derecho de "aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa" (doctor HITTERS, mayoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - ALCANCE. VACUNACIÓN OBLIGATORIA - CONSENTIMIENTO INFORMADO.
7. El carácter imperativo del régimen de vacunación establecido por la ley 22909 desplaza a su respecto (aunque sólo con estricta relación a las prácticas de vacunación al que se refiere) la exigencia del consentimiento informado al que aluden los arts. 5 y siguientes de la ley 26529, no siendo la aceptación del destinatario una condicionante de su aplicación. Se trata de una excepción no incluída expresamente en la enumeración que formula el artículo 9 de la ley 26.529, cuyo contenido no constituye un numeru clausus -pues se completa con lo dispuesto en normas especiales como en la presente , aún cuando sea de interpretación restrictiva (art. 9, cit., in fine) (doctor HITTERS, mayoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - CONSENTIMIENTO INFORMADO. DERECHOS DE LOS PACIENTES - ALCANCE.
8. La inaplicabilidad del requisito del previo consentimiento informado respecto del régimen de vacunación establecido por la ley 22.909 no desplaza a las restantes directivas que emanan del Régimen de Derechos de los Pacientes (Ley 26.529), en especial, en lo que hace a los derechos a recibir un trato digno y respetuoso con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad (arts. 2 inc. "b") y a recibir la información sanitaria necesaria (ídem; inc"f"), la cual debe ser brindada de manera clara, suficiente, adecuada y comprensible (art 3), derechos que han de ser reconocidos también con relación a los representantes del menor (arg art. 2 incs. "b" y "e", y 4 in fine). (doctor HITTERS, mayoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES. DERECHOS DE LOS PACIENTES - ALCANCE.
9. Corresponde revocar la sentencia que ha subordinado el cumplimiento de una norma obligatoria e imperativa a la voluntad contraria de los progenitores, inaplicando así el mandato normativo expreso (arts. 1, 2, 11 y 18 de la ley 21.909; 1, 6 y 7 de la ley 10.939 texto según leyes 10.717 y 12.658) y sus normas reglamentarias (doctor HITTERS, mayoría).
DERECHOS DE LOS PACIENTES - ALCANCE. VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES.
10. De acuerdo a los claros términos del régimen legal aplicable (ley 22909 y normativa provincial concordante) y los derechos que asisten al menor, sus progenitores y círculo familiar íntimo, corresponde ordenar al tribunal a quo a fin de que proceda a: intimar a los padres del menor a que en el plazo perentorio de 2 (dos) días acrediten en autos el cumplimiento del Plan de Vacunación Oficial (ley 22.909 y normas reglamentarias) según corresponda a la edad y estado del menor (Res. 489/2008 Ministerio de Salud de la Nación, debiendo concurrir a esos fines al establecimiento asistencial que disponga el tribunal actuante, bajo el apercibimiento de procederse a la vacunación en forma compulsiva (arts. 11 y 18, ley 22909.) a cuyo efecto y frente a la eventualidad de su incumplimiento, el inferior deberá contar con la asistencia del equipo técnico pertinente, a fin de que se practique del modo menos traumático posible para el infante, sin perjuicio de la posibilidad de usar el auxilio de la fuerza pública si fuera estrictamente necesario, siempre con los cuidados del caso. (doctor HITTERS, mayoría).
11. Para la formulación de la pertinente propuesta decisoria ante el incumplimiento del Plan de vacunación oficial previsto en la ley 22.909 no ha de prescindirse de la consideración del tiempo transcurridos desde el nacimiento del infante -por su repercusión en el modo en que habrá de ser cumplido el cronograma de vacunación- y de la conducta omisa observada por los progenitores, así como la urgencia del caso. Ello, sin desmedro del deber de brindar una adecuada información a los padres acerca del alcance de la normativa en juego y de los riesgos y beneficios que redundan del plan de inmunización que recibirá el menor y de garantizarse el debido resguardo de la dignidad de trato y respeto a que tienen derecho durante el devenir del cumplimiento de la decisión. (doctor HITTERS, mayoría).
12. Ordenado el cumplimiento del Plan de Vacunación oficial (ley 22909 y sus reglamentarios), deberá brindarse a los progenitores la información sanitaria pertinente, a fin de dar satisfacción con lo establecido en el inc. f) del art. 2 la ley 26.529, debiéndose garantizar en todo momento que la presente no lesione el derecho a obtener un trato digno y respetuoso por parte del menor y su círculo familiar (inc. b, art. 2 ley 26.529). (doctor HITTERS, mayoría).
13. La decisión de los padres del menor de oponerse a que éste reciba las vacunas previstas en el Plan de Vacunación, se trata de una actitud deliberada, racionalmente asumida y libremente decidida en el núcleo de una familia (conf. arts. 264, C.C. y 19, Const. nac.), sin que se advierta trasgresión alguna al orden público, una actitud compulsiva en un sentido contrario sería sustituir una determinación familiar por otra estatal, invirtiendo el orden natural de las sociedades domésticas y políticas (doctor NEGRI, minoría).
VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES. PATRIA POTESTAD - EJERCICIO.
14. El ejercicio de la responsabilidad parental no es absoluto, sino que encuentra como límite el interés superior del niño (art. 3, C.D.N.) y tiene como finalidad la crianza y educación de los hijos (del voto del doctor GENOUD).
15. La autoridad parental se ejerce en beneficio del hijo. Está fuera de debate que reina la autonomía de la voluntad en la elección del método de salud a seguir cuando se trata de adultos capaces. No sucede lo mismo en relación a los hijos máxime cuando la medicina preventiva pondría a un niño pequeño al resguardo de enfermedades hoy prácticamente erradicadas; solo con darle una vacuna. (del voto del doctor GENOUD).
16. El modelo de vida seleccionado por la familia es respetable siempre que no se afecten los derechos de un tercero (del voto del doctor GENOUD).
PATRIA POTESTAD - EJERCICIO. VACUNACIÓN OBLIGATORIA - MENORES.
17. Los padres no pueden, frente a una norma imperativa del Estado (ley 22.909; ley 10.393 mod. por ley 12.658) destinada a prevenir cierto tipo de enfermedades , que una vez contraídas pueden producir secuelas irreversibles, exponer a sus hijos a padecerlas por una elección que los convence pero que excede el ejercicio de la autoridad parental. El límite a la libertad parental en lo que atañe al cuidado de la salud de sus vástagos es su propio beneficio. No exponer a los hijos a sufrir daños que la ciencia ha logrado prevenir. La patria potestad se otorga únicamente para cumplir los deberes que la misma impone. Uno de esos deberes es cuidar a los infantes en su desarrollo físico, mental y espiritual, el que sólo puede darse plenamente si está garantizada la salud. Asegurar la salud es un deber del Estado y es aquí donde encontramos la colisión entre la autonomía de los padres de elegir el sistema de salud con que protegerán a sus hijos y la obligación del Estado de garantizar el acceso a la misma a todos los niños (del voto del doctor GENOUD).
MENORES - PROTECCIÓN. PATRIA POTESTAD - EJERCICIO.
18. Cuando colisionan y no se pueden armonizar los derechos de los niños con los de los adultos, deben priorizarse los primeros (del voto del doctor GENOUD).
19. El Estado, al definirse por la vacunación obligatoria en la primera infancia (art. 11, ley 22.909/83; Resolución Nacional 147/1997 y art. 2 de la ley 12.658 de la Provincia de Buenos Aires), ha implementado una política de protección y bienestar de los niños de rigurosa fisonomía preventiva que delimita un interés de protección obligatorio. Vale decir, hay una decisión del Estado, con el fin de salvaguardar el interés del niño, que se traduce en la obligación de vacunarse y efectivizar otros tipos de controles, acompañado de los operadores sanitarios que dispone el sistema de salud, por entender que el cumplimiento de todos estos actos son facilitadores de un mejor índice de salud que ampara a todos los sectores sociales por igual, en contraposición al supuesto en que no se suministraran dichas prestaciones (del voto del doctor DE LAZZARI).
20. En función del bloque de legalidad en el que se desarrolla la tarea de juzgar, la obligatoriedad de la vacunación en un recién nacido, dentro del Plan Federal de Salud que el Estado argentino junto a las otras medidas citadas, ha sido implementado como garante de la salud pública en la primera infancia, lo que constituye, en principio, una causal objetiva de exclusión de competencia de revisión (art. 1 de la Const. Nac.; art. 19 y 28 de la Convención Americana; art. 2, 3, 4, 6, 12 y 24.3 de la Convención de los Derechos del Niño; art. 12 del PDESC, art. 75 incs. 17, 19, 22 y 23). (del voto del doctor DE LAZZARI).
C 91.622, 26/10/10, “D., A. E. c/D., C. y. o. s/Tenencia”.
Magistrados votantes: Genoud - Soria - Negri - Pettigiani.
Tenencia de menores - Tenencia compartida. Menores - Guarda.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de la tenencia compartida de los menores, la posibilidad de separar a los hermanos si el caso particular lo indica y la protección del bienestar de los menores ante estas contingencia como principio rector. (Texto completo).
TENENCIA DE MENORES - OTORGAMIENTO.
1. El statu quo es una de las circunstancias más importantes a sopesar en estas cuestiones, ya que se parte de la base de que debe evitarse todo cambio si no existen graves perjuicios o poderosas razones que lo justifiquen, pues en lo posible se debe tratar de no alterar las condiciones de hecho en las que vive el menor. En otras palabras, debe evitarse cualquier cambio en el régimen de vida de los menores, en procura de la estabilidad necesaria para la formación equilibrada de la personalidad, salvo razones graves que lo motiven (doctor GENOUD, sin disidencia).
MENORES - GUARDA. TENENCIA DE MENORES - TENENCIA COMPARTIDA.
2. La flexibilidad debe reinar en el derecho de familia, pues cada realidad es diferente y no admite pautas rígidas que puedan aplicarse a la diversidad de modelos familiares. El desmembramiento de la guarda es perfectamente posible sobre todo si nos brinda solución a la particular problemática del caso (doctor GENOUD, sin disidencia).
TENENCIA DE MENORES - TENENCIA COMPARTIDA. MENORES - INTERÉS TUTELADO.
3. Cuando se encuentran en pugna intereses de niños y adultos, debe prevalecer el del niño (doctor GENOUD, sin disidencia).
4. Las dificultades económicas y de salud de la madre no son causa para privarla de la tenencia, tal como lo dispone el art. 33 de la ley 26.061 y la ley 13.298 en su art. 9. (doctor GENOUD, sin disidencia).
MENORES - INTERES TUTELADO.
5. Si bien el principio general es la no separación de los hermanos, en algunos casos, y siempre teniendo como norte el interés superior de los niños involucrados, se ha aceptado esta posibilidad (doctor GENOUD, sin disidencia).
MENORES - INTERÉS TUTELADO. MENORES - GUARDA.
6. El desmembramiento de la guarda, es perfectamente posible en casos en los cuales se busca resolver una problemática particular. El eje de la solución no se centra en la mayor idoneidad entre padres y guardadores sino en el niño, en su superior interés, en la construcción que ha hecho de su centro de vida. Esa es su identidad dinámica, su historia de vida, la que ha formado durante todos estos años en el seno de ese grupo familiar que lo acogió, protegió, dio cobijo, afecto y contención. En el caso, su identidad estática el niño la conoce perfectamente bien, sabe quienes son sus progenitores biológicos pero eso solo, no alcanza para brindar el apoyo que todo ser humano necesita para desarrollarse sanamente (doctor GENOUD, sin disidencia).
MENORES - INTERÉS TUTELADO. FILIACIÓN - INTERÉS TUTELADO.
7. La jerarquía de los derechos vulnerados, que interesan sin duda alguna al interés público, y la consideración primordial del interés del menor deben guiar la solución del caso en orden a restablecerlos por una parte y hacerlo con el menor costo posible -entendiendo esto último en términos de economía y celeridad procesales-, atendiendo a razones de elemental equidad, todo ello sin mengua de la seguridad jurídica, valor igualmente ponderable por su trascendencia en toda decisión que tomen los jueces (del voto del doctor PETTIGIANI).
TENENCIA DE MENORES - INTERÉS TUTELADO.
8. La cuestión relativa a la tenencia de los hijos menores y el derecho de visita, o derecho de comunicación de los padres con su hijo no conviviente son sin duda alguna medidas que no sólo conciernen a los padres, sino que esencialmente interesan al niño, cuyo interés superior debe en consecuencia ser evaluado y satisfecho en todos los casos (del voto del doctor PETTIGIANI).
MENORES - GUARDA.
9. La posibilidad de desmembrar la guarda de la patria potestad no resulta una solución ajena al ordenamiento jurídico, y siempre que ella beneficie al superior interés del menor, atento las particularidades del caso, no puede ser descartada de plano (arg. arts. 9.1 y 20, Convención sobre los Derechos del Niño). (del voto del doctor PETTIGIANI).
10. En función de lo que caracteriza un régimen de tenencia, es imprescindible conocer de boca propia del niño cuáles son las sensaciones que experimenta en su realización, las modalidades que más le favorecen, y penetrar en lo más íntimo de sus preferencias en esta materia. Opinión que debe ser pasada por el rasero que implican la edad y madurez del niño, para lo cual es imprescindible que el juez analice cuidadosamente las circunstancias que lo rodean, y las pondere mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presente el caso, y particularmente con la índole del derecho en juego (del voto del doctor PETTIGIANI).
C 94.533, 03/11/10, “Transporte Atlántico del Sud S.R.L. c/A.O.M.A. y otros s/Cobro de pesos”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Negri - Genoud - Hitters.
Pago - Recibo. Pago - Integridad. Pago - Identidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de la fuerza probatoria del recibo como medio de acreditación del pago y su apreciación ante la disconformidad del acreedor plasmada en ellos, así como la necesidad de que el mismo cumpla con los requisitos de identidad e integridad respecto de la obligación pactada. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.
1. Cierto es que determinar si la expresión de agravios reúne los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial constituye una facultad propia de la Cámara que, en principio, no puede ser abordada en la instancia extraordinaria. Empero, tal doctrina, ha de ceder cuando se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
PAGO - INTEGRIDAD. PAGO - IDENTIDAD.
2. Para que el pago posea pleno efecto cancelatorio, éste debe ser exacto, reuniendo los requisitos de identidad e integridad (arts. 740 y 742, C.C.) y, por consiguiente, el deudor sólo se libera del vínculo obligacional, al entregar al acreedor aquello que se comprometió en la medida, tiempo y lugar convenidos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
PAGO - RECIBO.
3. Entre los medios probatorios, el recibo de pago es la prueba escrita por excelencia, emanada del acreedor, de haber recibido éste el pago de la obligación. De constar reparos o salvedades que disminuyan la eficacia liberatoria del mismo éstas deben interpretarse como un principio de consentimiento del deudor sobre los derechos reservados, por el hecho de haber aceptado el recibo en esas condiciones (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
PAGO - RECIBO. PAGO - PRUEBA.
4. La manifestación expresa del acreedor, plasmada y reiterada en cada uno de los recibos -que evidencia el defectuoso cumplimiento de lo debido-, acompañada por hechos y actos reveladores de tal disconformidad, importaron reclamos concretos y mantenidos en el tiempo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
PAGO - EFECTOS. CONTRATOS - INTERPRETACIÓN.
5. Un elemento esencial a los fines de apreciar el sentido de un acto jurídico es la conducta a que las partes se han ajustado después de su celebración, que es lo que se denomina la interpretación "viva" del acto. En este orden de ideas, el pago resulta un importante elemento interpretativo del alcance y circunstancias de la respectiva obligación (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
PAGO - IDENTIDAD.
6. Tratándose de un contrato de colaboración empresaria y de ejecución continuada, no puede perderse de vista el sinalagma contractual y el equilibrio de las prestaciones, que debe mantenerse a lo largo de la vida del negocio. Ello exige que se pague lo debido y no algo diferente, identidad cualitativa entre el objeto del crédito y el objeto del pago (principio de identidad) (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
C 96.107, 03/11/10, “Maxiver S.A. c/Morgan, Jeremías G. y otra s/Pago por consignación”.
Magistrados votantes: Soria - Negri - Kogan - Genoud.
Emergencia económica - Contratos. Emergencia económica - Pago por consignación.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió la aplicación de las leyes de emergencia sobre pesificación de los contratos celebrados en dólares entre particulares, así como la procedencia del pago por consignación de la deuda de esas características. (Texto completo).
PAGO POR CONSIGNACIÓN - REQUISITOS.
1. Para que la consignación tenga la fuerza del pago deben concurrir los requisitos en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo que debe reunir todo pago para ser válido.De no ser así, el acreedor no se encuentra obligado a aceptar el ofrecimiento de pago de su deudor (art.758 del C.C)y por tanto su negativa a recibirlo resulta legítima, tornando improcedente el pago por consignación (art.757 inc.1 su doc. del C.C). (doctor SORIA, sin disidencia).
CONTRATOS - EMERGENCIA ECONÓMICA.
2. La aplicación de las pautas de pesificación a los contratos celebrados entre particulares viene dispuesta por una ley de orden público y es independiente de la voluntad de las partes (doctor SORIA, sin disidencia).
EMERGENCIA ECONÓMICA - PAGO POR CONSIGNACIÓN.
3. El pago por consignación debe progresar, si desde un comienzo, el actor ofreció la integración de la pauta de recomposición prevista expresamente en las normas de emergencia, esto es, el CER, más los intereses pactados, y en el devenir del proceso, ofreció mejorar la oferta integrando una suma en concepto de "reajuste equitativo". (doctor SORIA, sin disidencia).
4. Atento la similitud de la presente, resultan de aplicación al caso de autos los lineamientos expuestos por esta Corte en la causa C89562 "Quiroga, Julio Ismael y otro contra Arias, Mario Osvaldo y otro. Ejecución Hipotecaria" (sent. del 29-XII-2008), el que a su vez remitió al precedente "Longobardi" ( CSJN L.971 XL. sent. del 18-12-2007). Ello así, cuando se encuentra en juego la aplicación de las normas de pesificación a una deuda emergente de un contrato de mutuo que alcanzaba la suma de u$s 66.000, cuyo cumplimiento fue garantizado con derecho real de hipoteca constituido sobre una fracción de campo (doctor SORIA, sin disidencia).
CORTE SUPREMA NACIONAL - JURISPRUDENCIA VINCULANTE.
5. Cuando se debate la inteligencia de normas federales la Corte Suprema de la Nación es la intérprete genuina y final, sin hallarse limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes, debiendo los tribunales ordinarios adecuarse a esa interpretación, sobre todo cuando han sido descalificadas por considerarselas inconstitucionales (del voto del doctor SORIA).
6. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan vinculantes sólo para el caso en que se dictaron, lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual (del voto del doctor NEGRI).
C 99.018, 03/11/10, “Scioli, Gustavo y otra c/Sastre, Eduardo y otro s/Indemnización de daños y perjuicios”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Soria - Negri - Genoud.
Concesión de servicio público - Naturaleza jurídica. Concesión de servicio público - Deber de seguridad.
La Suprema corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la empresa concesionaria de las rutas y el usuario, las obligaciones de seguridad de la concesionaria y su diferencia con la responsabilidad no excluyente de los dueños y guardianes de los animales que se hallaban suelto en la ruta, por lo cual se produjo el accidente. (Texto completo).
DAÑO MORAL - INDEMNIZACIÓN.
1. La indemnización por daño moral comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, en el supuesto de lesiones, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - OMISIÓN DE CUESTIÓN ESENCIAL.
2. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta ser instrumento idóneo para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales, pues para ellos se ha establecido el recurso extraordinario de nulidad (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - NATURALEZA JURÍDICA.
3. El vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de la misma constituye una típica relación de consumo (arts. 33 y 42, Constitución nacional; ley 24.240) (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONCESIÓN DE SERVIVIO PÚBLICO - DEBER DE SEGURIDAD.
4. La concesionaria vial infringe su deber de seguridad dado "que existiendo una relación contractual, cabe sostener que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio. Esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198 Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
5. La circunstancia de que aparezcan animales en la autopista no es un hecho que no se pueda preveer por la concesionaria si realmente no se pudo anticipar, debe la Empresa generar las condiciones para subsanar esa circunstancia antes de que acaezca algún accidente (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - DEBER DE SEGURIDAD.
6. La responsabilidad de la concesión vial se traduce en la obligación de garantizar la seguridad en la circulación a los usuarios en condiciones normales, suprimiendo cualquier causa que origine molestias o inconvenientes al tránsito o que represente peligrosidad a aquéllos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
DAÑOS Y PERJUICIOS - CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO. DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD POR ANIMALES.
7. La responsabilidad de los dueños y guardianes de un animal no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad -de distinta índole y causa- que puede caberle a la empresa vial por el incumplimiento de deberes propios como son los que nacen del deber de custodia y previsión para evitar daños (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - DERECHOS DEL CONSUMIDOR.
8. En el caso de accidente producidos por animales sueltos en rutas concesionadas, resultan de plena aplicación -dado que el usuario de una autopista pagó el peaje- los principios in dubio pro consumidor, el deber de información y la plena operatividad de las directivas dadas por el art. 42 de la Constitución Nacional y de la ley 24.240 (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
9. La relación entre el concesionario y el usuario debe entenderse como diversa a la que el primero tiene con el Estado (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
C 101.857, 03/11/10, “M., J. D. c/Mutual Federada Salud s/Amparo”.
Magistrados votantes: Soria - Negri - Genoud - Pettigiani.
Amparo - Admisibilidad. Derecho a la salud - Protección. Asociaciones mutuales - Responsabilidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió , a través del amparo como instrumento eficaz para concretar la protección del derecho a la salud, los alcances de las obligaciones y responsabilidades de las asociaciones mutuales que prestan servicios médicos a sus afiliados (ley 23660, 23661 y 20321). (Texto completo).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - ERROR DE JUZGAMIENTO.
1. No se violó el art.159 de la Constitución de la Provincia si el fallo se encuentra fundado en el texto expreso de la ley, siendo ajeno al recurso de nulidad el acierto en su aplicación. (doctor SORIA, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - ARGUMENTOS DE LAS PARTES.
2. Los argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones no revisten el caracter de cuestión esencial en los términos del art. 168 (156 n.a.) de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones (doctor SORIA, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - CUESTIÓN ESENCIAL.
3. Las cuestiones esenciales son aquellas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito, sin que importe, a los fines de la validez del pronunciamiento la forma o solvencia con que las mismas han sido tratadas (doctor SORIA, sin disidencia).
CORTE SUPREMA NACIONAL - JURISPRUDENCIA.
4. Las decisiones de la Corte Suprema Nacional tienen los efectos propios que surgen de su autoridad institucional en temas federales como en aquellos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de la Constitución nacional, ámbito en el que no se halla limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes. En el segundo, en principio, razones de celeridad y economía procesal sugieren su seguimiento en casos análogos, aunque sin perder de vista el respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, pues de lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes a su autonomía (doctor SORIA, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - IMPUGNACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS.
5. Ante las constancias de la causa que evidencian la grave discapacidad que padece el amparista -trastorno de desarrollo autista-, queda incólume el argumento central sobre el cual el a quo estructuró su pronunciamiento, que a su vez encuentra su base en normas especialmente valoradas por la Corte Suprema cuyos precedentes protegen la vida y salud de personas en situaciones de discapacidad, circunstancia que demuestra la insuficiencia del recurso en tratamiento (art. 279 del CPCC (doctor SORIA, sin disidencia).
AMPARO - ADMISIBILIDAD. DERECHO A LA SALUD - PROTECCIÓN.
6. En circunstancias como las de autos -el niño que sufre de un trastorno de desarrollo autista-, donde está en juego el derecho a la salud, y como corolario el derecho a la vida, la vía del amparo resulta un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada. Ello, en punto a evitar, que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional (arg. art. 43, CN). (doctor SORIA, sin disidencia).
7. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan vinculantes sólo para el caso en que se dictaron, lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual (del voto del doctor NEGRI).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CONTRATOS Y CONVENIOS.
8. El comportamiento exigible a la Mutual no puede ceñirse sin más a lo pactado en las cláusulas particulares (arts. 1137 y 1197, Cód. Civil), sino valorando los derechos de mayor relevancia, a saber: la vida y salud de la persona (arts. 12 inc. 1 y 36 inc. 8, Const. prov.; arts. 4 y 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.) (del voto del doctor GENOUD).
ASOCIACIONES MUTUALES - OBJETO.
9. Los entes regidos por la ley 20.321 tienen por fin específico brindar ayuda recíproca entre los afiliados frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual. Repárese que el mismo ordenamiento menciona a la solidaridad como fuente de la asociación (art. 2) (del voto del doctor GENOUD).
10. Las relaciones jurídicas de naturaleza contractual deben ser interpretadas en su contexto, ponderando los derechos e intereses en juego (del voto del doctor PETTIGIANI).
11. Los entes regidos por la ley 20.321 tienen por fin específico brindar ayuda recíproca entre los afiliados frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual. Repárese que el mismo ordenamiento menciona a la solidaridad como fuente de la asociación (art. 2), agregándose que dentro de las prestaciones que pueden desarrollar se encuentran las de asistencia médica, farmacéutica, etc., que los socios se brindan a sí mismos mediante contribución y ahorro. Así, el comportamiento exigible a una mutual no puede ceñirse sin más a lo pactado en las cláusulas particulares (arts. 1137 y 1197, Cód. Civil), sino valorando los derechos de mayor relevancia, a saber: la vida y salud de la persona (arts. 12 inc. 1 y 36 inc. 8, Const. prov.; 4 y 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.). (del voto del doctor PETTIGIANI).
ASOCIACIONES MUTUALES - OBJETO. ASOCIACIONES MUTUALES - RESPONSABILIDAD.
12. La no adhesión por parte de una determinada mutual al sistema de las leyes 23.660 y 23.661 cuando igualmente compromete a sus afiliados la prestación de servicios médicos, no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr el acceso pleno de aquéllos a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar sobre la materia (del voto del doctor PETTIGIANI).
C 104.935, 03/11/10, “Lisi, Ricardo N. c/Sancor C.U.L. s/Daños y perjuicios”.
Magistrados votantes: Pettigiani - de Lázzari - Hitters - Negri - Soria.
Contrato relacional - Caracteres. Contrato relacional - Rescisión. Contrato relacional - Comercialización de productos.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, ante el caso de rescisión intempestiva de la concesión privada para la comercialización de productos, por mayoría, rechazar el recurso por resultar insuficiente la queja, y el voto de la minoría, desarrolló las características y necesidad de preaviso ante la rescisión de este contrato encuadrado en las particularidades de los contratos relacionales. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - CONCEPTO. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - CARÁCTER EXCEPCIONAL.
1. No cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El mismo no queda configurado aún cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctor PETTIGIANI, mayoría).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - IMPUGNACIÓN INSUFICIENTE.
2. Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar los reparos esgrimidos en la expresión de agravios, sin hacerse cargo de rebatir la concretas razones plasmadas en el fallo de la alzada (doctor PETTIGIANI, mayoría).
CONTRATOS - INTERPRETACIÓN. CONTRATO RELACIONAL - CARACTERES.
3. No existe contrato fuera del contexto de una determinada matriz social y económica que le da significado y define sus reglas. Así es que ha nacido una nueva concepción del contrato como un proceso de proyección de intercambios en el futuro hecho en el presente: el "contrato relacional". (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - CARACTERES.
4. El contrato relacional supone vínculos complejos entre las diversas partes, en la que los vínculos personales de solidaridad, confianza y cooperación son determinantes. (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - CARACTERES. CONTRATO DISCONTINUO - CARACTERES.
5. Cabe diferenciar las características y fines de los contratos discontinuos y de los relacionales. Mientras los primeros tienen momentos definidos y únicos en torno a la transacción y son de duración exigua, culminando rápidamente por cumplimiento contractual o ruptura, los segundos no tienen tan claramente determinado el inicio y el término. Es decir, que los términos contractuales predefinidos y abruptos son propios de contratos discontinuos y no de los relacionales (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS. CONTRATO RELACIONAL - CARACTERES.
6. El contrato de concesión privada para la comercialización de productos es un típico contrato relacional (arts. 1197, 1198 y doct. 1326 Cód. Civil), donde existe una dimensión temporal fundamental, pues se enraíza con la necesidad de planificación y vinculación prolongada que tienen las partes en los contratos de este tipo (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATOS - INTERPRETACIÓN.
7. En materia interpretativa de los contratos, cabe observar la tendencia del llamado "derecho civil constitucional" a partir del cual se evidencia la preocupación en la construcción de un orden jurídico más sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, entre los cuales está el de disponer de un derecho contractual que, más allá de estampar operaciones económicas, sea primordialmente volcado a la promoción de la dignidad de la persona humana (arts. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 75 inc. 22, Const. nac.). (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATOS - OBJETO.
8. La relación a la que los sujetos particulares se pretenden unir debe tener por objeto el alcance previsto en las reglas privadas fijadas en el contrato (art. 1137, Cód. Civil), pero también el dado por la ley y, por sobre todo, por la Constitución. De esta manera, el contrato deja de ser el poder reconocido a los particulares para la creación de normas o preceptos para ser ahora la elección de resultados ya declarados en la Carta Magna, pues sólo estos son de interés para la colectividad en orden a la producción de bienes (arts. 953, 1167, 1168, 1169 y concs., Cód. Civil). (doctor DE LAZZARI, minoría).
9. La autonomía privada en materia contractual debe contextualizarse con la realidad, (cfr. doct. art. 218 inc. 2, Cód. de Comercio), lo cual no acontece cuando se pretende restringir la plenitud del contrato exclusivamente a la letra de una carta documento enviada por el actor en la que, inclusive, se admite que la relación entre las partes ya existía a la fecha de su remisión (cfr. arts. 1144, 1147, 1155 y concs., Cód. Civil). (doctor DE LAZZARI, minoría).
10. En los contratos relacionales, las expectativas de continuidad del vínculo contractual son normalmente compartidas por las partes contratantes, por lo cual en ellos se pretende evitar que la vinculación se interrumpa de una manera abrupta, previéndose la figura del preaviso a efectos de que la parte perjudicada tenga menos dificultades para celebrar nuevos contratos y continuar su vida económica con otros contratantes (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - CLÁSULAS ABUSIVAS. CONTRATO RELACIONAL - RESCISIÓN.
11. La cláusula que prevé el preaviso de 30 días de anticipación para rescindir unilateralmente el contrato de concesión privada para la comercialización de productos inserta en la carta documento, y que resulta base del razonamiento efectuado por el a quo para rechazar la acción interpuesta, se erige como abusiva en el marco de la relación contractual de las partes, teniendo en cuenta que le permite a la parte fuerte del contrato (en este caso una empresa láctea líder en el mercado), pasados más de 10 años sin interrupción de relación contractual con su distribuidor exclusivo, resolver con el escaso preaviso de 30 días su relación (arts. 1071, Cód. Civil; 216, 217 y 218, Cód. de Comercio). (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - RESCISIÓN.
12. Corresponde otorgar al co-contratante un plazo de preaviso razonable, estimando que en dicho lapso el sujeto de la relación contractual pueda resolver en forma adecuada toda su estructura comercial, previniendo los daños que probablemente acarree la cesación de este contrato (doctor DE LAZZARI, minoría).
CONTRATO RELACIONAL - RESCISIÓN. DAÑOS Y PERJUICIOS - CONTRATO RELACIONAL.
13. No respeta el contenido de las normas dispuestas por los art. 1071, 1197 y 1198 del Código Civil y 218 inc. 2 , 3 , 4 y 6 del Código de Comercio la decisión que tiene por valida la estipulación de 30 días de preaviso para la rescisión unilateral de la relación contractual entre las partes inserta en la carta documento por lo cual, la rescisión unilateral ha sido efectuada con un preaviso que, en el contexto relacional habido entre las partes, resulta por más exiguo, volviéndose de ese modo al distracto en intempestivo y, por ende, pasible de ser indemnizado a la parte que ha sufrido los daños de esa ruptura intempestiva (doct. arts. 519, 520, 1067, 1068, 1069 y concs., Cód. Civil). (doctor DE LAZZARI, minoría).
14. Son cuestiones de hecho y prueba privativas de las instancias ordinarias y exentas -por regla- de censura en casación, las que se refieren a la interpretación de las cláusulas contractuales, al análisis de la conducta de las partes posterior a su celebración, o a la determinación de si existió en el caso una actitud antifuncional de una de ellas en detrimento de la otra o si ha mediado en la especie abuso del derecho o cláusulas convencionales que vulneren el art. 1071 del Código Civil (art. 279, C.P.C.C). (del voto del doctor HITTERS).
C 90.046, 10/11/10, “L., N. B. c/G., A. A. s/Divorcio vincular”.
Magistrados votantes: Soria - de Lázzari - Kogan - Genoud - Hitters - Pettigiani - Negri.
Recurso de inaplicabilidad de ley - Divorcio. Divorcio - Separación de hecho. Divorcio - Abandono.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, por decisión de la mayoría, declarar extemporáneo el planteo del consentimiento tácito del alejamiento del cónyuge introducido en el alegato y no, como correspondiera al momento del traslado de la reconvención basada en la causal subjetiva de abandono (art. 202 inc. 5 del C.Civil). (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DIVORCIO.
1. Es procedente adentrarse en el tratamiento del agravio referido a la interpretación de los contornos de una de las notas típicas de la causal subjetiva de divorcio vincular comprendida en el artículo 214 inciso 1º, por remisión al artículo 202 inciso 5º, todos del Código Civil (doctor SORIA, minoría).
2. El abordaje por parte de la alzada del contenido integral de la disputa habilita sin cortapisa la revisión de esta Corte, en tanto persiste incólume el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión. (doctor SORIA, minoría).
DIVORCIO - ABANDONO.
3. La causal de abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal tipificada en el artículo 202 inciso 5º del Código Civil, invocada a fin de obtener el divorcio vincular por culpa del otro cónyuge no puede hacerse extensiva a aquellas situaciones en que el planteo -en el caso, la reconvención- viene precedido de una separación de hecho prolongada, que si bien, no fue en su origen acordada expresamente por quien fuera la pareja matrimonial, ha sido al menos "asentida" o "convalidada" a través del tiempo ante la pasividad asumida frente al alejamiento del cónyuge (doctor SORIA, minoría).
DIVORCIO - ABANDONO. DIVORCIO - SEPARACIÓN DE HECHO.
4. La interpretación del artículo 202 inciso 5º debe armonizar con las reglas de los ya citados artículos 204 y 214 inciso 2º, de forma de ceñir a sus verdaderos contornos dichas causales. Al mismo tiempo, corresponde enfatizar el valor jurídico de las decisiones o actitudes, incluso tácitas, que los cónyuges adoptan en relación con estas vivencias personales en el pleno ejercicio de su propia autonomía (Art. 19, C.N.) y poner en su adecuado quicio la incidencia del "orden público", a fin de no exacerbar el impacto negativo que para la solución del conflicto conyugal suele generar la imposición de los requisitos clásicos del denominado "divorcio sanción" (doctor SORIA, minoría).
DIVORCIO - RECONVENCIÓN. PROCESO - PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CUESTION NO PLANTEADA.
5. La litis determina los límites de los poderes del juez, de manera de posibilitar a las partes el pleno y oportuno ejercicio de sus defensas. Introducir el consentimiento tácito del alejamiento del cónyuge en el alegato, resulta extemporáneo, ya que hubiera correspondido el planteo al momento del traslado de la reconvención, el juzgador no esta facultado para tratarlo, pues de lo contrario se afectaría la garantía consagrada en el art. 18 de la C.N (doctor DE LAZZARI, mayoría).
6. La pasividad asumida por el cónyuge abandonado por un período prolongado genera una lectura que avala la teoría de la no configuración de la causal subjetiva regulada por el inc. 5 del art. 202. El transcurrir de los años y la inactivad han consolidado la separación de hecho que demuestra que se ha aceptado la ruptura definitiva e irreversible del matrimonio. (del voto del doctor GENOUD).
7. El transcurso del tiempo no hace desaparecer las causales de divorcio y la acción puede fundarse en hechos lejanos. (del voto del doctor PETTIGIANI).
C 105.367, 17/11/10, “Barrera, María Magdalena s/Sucesión ab intestato”.
Magistrados votantes: Pettigiani - de Lázzari - Hitters - Negri.
Recursos extraordinarios-sentencia recurrible - Acuerdo y voto individual. Recurso extraordinario de nulidad - Cuestión esencial.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió que la decisión recurrida por el letrado respecto de la clasificación de los trabajos a los fines de la regulación de honorarios, no es cuestión esencial que necesite de acuerdo y voto individual, aunque sea equiparada a definitiva. (Texto completo).
1. Para reparar eventuales errores en la aplicación de la ley está instituido el recurso de inaplicabilidad de ley, por lo que el recurso extraordinario de nulidad no es apto para canalizar denuncias en tal sentido. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSOS EXTRAORDINARIOS-SENTENCIA RECURRIBLE - ACUERDO Y VOTO INDIVIDUAL.
2. Hay determinadas decisiones a las que, si bien se les reconoce efectos de definitiva, en razón de su naturaleza no les es exigido la formalidad del acuerdo y del voto individual. La decisión que declara nulo lo actuado por el letrado por no haber acreditado el poder invocado en los términos del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial participa de tales características (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - ACUERDO Y VOTO INDIVIDUAL. RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - CUESTIÓN ESENCIAL.
3. En las decisiones equiparadas a definitiva, la exigencia de acuerdo y voto individual sólo procede si se pronuncia respecto de cuestiones esenciales, en los términos y alcances del art. 168 de la Constitución provincial. Supuesto que no ocurre cuando el letrado recurre por derecho propio respecto de cuestiones que no revisten ese carácter como la clasificación de trabajos a los fines de la regulación de honorarios ni la imposición de costas, aspectos a los que -en suma- se redujo la materia resuelta (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
C 95.241, 24/11/10, “Z., O. A. c/Club San Marco s/Daños y perjuicios”.
Magistrados votantes: Kogan - Soria - Pettigiani - de Lázzari.
Recurso extraordinario de nulidad - Cuestión ajena. Daños y perjuicios - Actividad deportiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de la posibilidad de indemnizar las lesiones sufridas por la práctica deportiva. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - ENCUADRAMIENTO LEGAL HECHOS.
1. Determinar si en un caso dado concurren los presupuestos fácticos que condicionan la aplicación de determinado precepto constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en la instancia extraordinaria si se pone en evidencia que esa conclusión está viciada por el absurdo, el que ni siquiera ha sido invocado en la queja (doctora KOGAN, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DAÑOS Y PERJUICIOS.
2. Analizar las circunstancias que incidieron causalmente en la producción del daño constituye una típica cuestión de hecho que sólo puede ser revisada en la instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra fehacientemente la existencia de absurdo (doctora KOGAN, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - CUESTIÓN DESPLAZADA.
3. La omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (doctora KOGAN, sin disidencia).
4. Resulta improcedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia falta de fundamentación legal si de la sola lectura del fallo surge que se encuentra fundado en ley más allá de la pertinencia de las normas citadas por el sentenciante para decidir (doctora KOGAN, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - ESCRITOS JUDICIALES. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - INTEGRACIÓN DE LA LITIS.
5. La interpretación de los escritos constitutivos del proceso y el establecimiento de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, las que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal ha incurrido en absurdo o violación al principio de congruencia (doctora KOGAN, sin disidencia).
6. Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de la estructura jurídica del fallo, apartándose de la idea rectora del mismo y de sus fundamentos esenciales, parcializando con ello su ataque, el que por ende resulta ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (doctora KOGAN, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - CUESTIÓN AJENA.
7. Los temas vinculados a supuestas infracciones de índole procesal, como una sentencia extrapetita resultan ajenas al recurso extraordinario de nulidad (doctora KOGAN, sin disidencia).
DAÑOS Y PERJUICIOS - ACTIVIDAD DEPORTIVA.
8. Los riesgos propios de la práctica deportiva quedan de tal modo absorbidos por la licitud de tal actividad, y no por el consentimiento de la víctima. Las lesiones deportivas sufridas por un jugador sólo dan lugar al deber de resarcir cuando media una accionar que viola el reglamento del juego y denota un obrar culposo por imprudencia o torpeza o, claro está, cuando existe un obrar intencional dirigido a provocar el daño (del voto del doctor SORIA).
9. El ejercicio de toda actividad deportiva requiere de un esfuerzo físico y/o intelectual superior al habitual, a la par que implica un riesgo en el que se ven comprometidos sus contendientes. Ello pues aun en aquellos deportes que no son esencialmente riesgosos es dable que sobrevenga alguna lesión a los participantes a causa de las alternativas normales del juego las que, conforme doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, no resultan por regla indemnizables (del voto del doctor SORIA).
C 98.058, 24/11/10, “Rossotti, Nilda Elsa c/Dabrowski, Stella Maris s/Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios”.
Magistrados votantes: Genoud - Pettigiani - de Lázzari - Soria.
Contratos - Pacto Comisorio. Contratos - Resolución.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de los alcances y efectos del ejercicio del derecho a optar conferido al contratante cumplidor (art. 1204 del C. Civil, luego de la reforma introducida por la ley 17711 y art. 216 del C. de Comercio). (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.
1. La determinación del monto indemnizatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias y sus conclusiones no son revisables en casación, salvo absurdo (doctor GENOUD, sin disidencia).
CONTRATOS - RESOLUCIÓN.
2. El art. 216 del Código mercantil (y luego de la reforma de la ley 17.711, también el 1204 del Código de Vélez) autoriza a la parte cumpliente a pedir la resolución del contrato "aunque se hubiese demandado el cumplimiento y aún cuando hubiere recaído sentencia en un primer proceso por cumplimiento si la ejecución específica se ha tornado prácticamente ineficaz para aquella parte (doctor GENOUD, sin disidencia).
3. La facultad resolutoria que otorgan los arts. 216 del Código mercantil y el 1204 del Código Civil (ley 17.711) al contratante cumpliente, cumple una clara función jurídico-económica pues se trata de un medio destinado a tutelar la condición de recíproca paridad entre las partes, no en el acto de la celebración del contrato, sino en el desenvolvimiento de la relación contractual, cuando ésta, por falta de cooperación de la contraparte, no conduzca a los objetivos típicos a cuya realización estaba destinada (doctor GENOUD, sin disidencia).
CONTRATOS - RESOLUCIÓN. CONTRATOS - PACTO COMISORIO.
4. En lo que atañe al ejercicio del "derecho de opción" contenido en el art. 1204 del Código Civil, luego de la reforma introducida por la ley 17.711, esta norma, al igual que la prevista por el art. 216 del Código de Comercio, autoriza a la parte cumpliente a pedir la resolución del contrato "aunque se hubiese demandado el cumplimiento". La situación inversa no es posible, toda vez que la opción por resolver el contrato implica la renuncia tácita a exigir su cumplimiento específico. Sin embargo, la demanda de cumplimiento forzoso no obsta a que el contratante cumpliente opte ulteriormente por la resolución, si la ejecución específica se ha tornado prácticamente ineficaz para él. (doctor GENOUD, sin disidencia).
CONTRATOS - PACTO COMISORIO.
5. La interpretación de la opción contemplada por el art. 1204 del C. C responde a los fines perseguidos por el ordenamiento al conferir al contratante cumpliente la posibilidad de liberarse del vínculo cuando la actitud de la parte incumplidora hace peligrar o de algún modo frustra, real o potencialmente, la posibilidad de concretar los objetivos económicos que aquél persiguiera con la celebración del negocio (doctor GENOUD, sin disidencia).
C 95.655, 09/12/10, “Quinteros, Eduardo R. y otro c/Galia, Perla y otro s/Cesación ruidos y molestias y daños y perjuicios”.
Magistrados votantes: Negri - Hitters - Soria - de Lázzari - Kogan - Pettigiani - Genoud.
Recursos extraordinarios-sentencia recurrible - Temeridad y malicia. Recurso de inaplicabilidad de ley-valor del litigio - Temeridad y malicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió la definitividad de la sentencia que califica la conducta procesal de las partes en los términos del art. 45 del CPCC a los efectos del recurso extraordinario, así como el valor del litigio estaría dada, en el caso, por el monto de la sanción. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
1. La no valoración de ciertas probanzas por la alzada no constituye, por sí sola, un supuesto de absurdo puesto que no se hace con ello sino ejercer un derecho otorgado por el rito (art.384 del C.P.C.) (doctor NEGRI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN.
2. El absurdo, en su condición de motivo excepcional del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no expresamente contemplado por la norma procesal, requiere, en orden a su suficiencia, no sólo su alegación sino su acabada demostración. (doctor NEGRI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - ACTIVIDADES MOLESTAS.
3. Es insuficiente el agravio vinculado al artículo 2618 del Código Civil si denunciada su transgresión no explica de modo claro y contundente en qué consiste la infracción denunciada, sino que se aproxima más a una interpretación de la norma favorable al recurrente (doctor NEGRI, sin disidencia).
RECURSOS EXTRAORDINARIOS-SENTENCIA RECURRIBLE - TEMERIDAD Y MALICIA.
4. Aunque el pronunciamiento que califica la conducta procesal en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial no resuelve sobre el fondo del litigio, debe ser asimilado a sentencia definitiva frente a la imposibilidad de debate ulterior que importa (art. 278, C.P.C.C.) (doctor NEGRI, mayoría).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-VALOR DEL LITIGIO - TEMERIDAD Y MALICIA.
5. El valor del litigio a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado por el importe de la sanción impuesta al abogado en los términos del art. 45 del C.P.C.C.. (doctor NEGRI, minoría).
6. El pronunciamiento de la Cámara, en cuanto califica la conducta procesal de la accionada y su letrado patrocinante, aplicándoles la sanción impuesta por el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial, no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 278 del citado código (doctor HITTERS, minoría).
7. La definitividad de uno o varios aspectos de una sentencia no se transmite a otros que, ya sea por su naturaleza u oportunidad, no poseen tal nota (doctor HITTERS, minoría).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-VALOR DELL LITIGIO - TEMERIDAD Y MALICIA.
8. En lo que respecta al agravio relativo a la sanción de temeridad y malicia impuesta por la alzada, el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe computarse sobre la totalidad de la condena recurrida, y no por cada uno de los conceptos que la integran. Lo que debe alcanzar ese mínimo es el recurso, y no tal o cual agravio separado. (doctor DE LAZZARI, mayoría).
9. Planteado el agravio por condenas accesorias (art. 45 del C.P.C.C., el valor del litigio estará dado por la interpretación del art. 278 del mismo cuerpo, de la cual surge que la norma no menciona uno o más agravios específicos sino "el valor del litigio". Sea que ese monto se interprete como valor del juicio, o de la condena, o del recurso, lo cierto es que la norma presupone que nos referimos a un monto global, único, y no a los segmentos o conceptos que lo integran. Si la parte tiene dos agravios cuantificables económicamente, entonces el monto es la suma de los dos (doctor DE LAZZARI, mayoría).
C 96.888, 09/12/10, “Sánchez Ismene, Isabel y otro c/Provincia de Buenos Aires s/Expropiación inversa”.
Observaciones del fallo: Por mayoría de fundamentos
Magistrados votantes: de Lázzari - Kogan - Soria - Pettigiani - Negri - Hitters - Dominguez.
Expropiación - Emergencia económica.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió que el Estado no puede desistir de la expropiación bajo el argumento de no contar con los fondos necesarios para pagar la indemnización, ante la declarada Emergencia Económica y Financiera del Estado Provincial reconocida por la ley 12727 del año 2001. (Texto completo).
EXPROPIACIÓN - EMERGENCIA ECONÓMICA. EXPROPIACIÓN INVERSA - DESISTIMIENTO.
1. El Fisco no puede desistir de la expropiación del bien ante la sentencia firme de condena por la expropiación inversa (art. 41 y 43 de la ley 5708), aunque no haya pagado la indemnización ni se haya perfeccionado el desapoderamiento, bajo el argumento de la inexistencia de fondos para asumir el pago frente al estado de emergencia administrativa, económica y financiera del Estado Provincial declarado por la ley 12727/2001, cuando la ley que declaró la necesidad de la expropiación para atender a las necesidades de vivienda propia de los ocupantes del bien data del año 1997, que en su art. 13 autorizaba al poder Ejecutivo a efectuar las previsiones presupuestarias para el cumplimiento de la misma. De ello se sigue que, la falta de previsión económica sólo al fisco es imputable (doctrina art. 1111 C.C.). (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
EXPROPIACIÓN - EMERGENCIA ECONÓMICA. DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPROPIACIÓN.
2. Corresponde al Estado resolver cuándo existe una causa de utilidad pública que justifique la expropiación, como así también decidir si dicha utilidad pública subsiste, ambos aspectos pueden ser revisados judicialmente en hipótesis de manifiesta arbitrariedad. No acreditado el cese de los motivos que justificaron oportunamente la declaración de utilidad pública del bien, el "dejar sin efecto" la misma por motivos económicos -inexistencia de fondos para asumir el pago por la falta de previsión oportuna del Fisco- deviene arbitrario (arts. 375 y 384 C.P.C.). (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
3. Aún en supuestos de leyes de emergencia, fundadas en el poder de policía del Estado, la propiedad está garantizada, en los supuestos expropiatorios, por los principios fundamentales que la tutelan (art. 17, Constitución nacional), en materia expropiatoria pierden fuerza las razones que justifican los regímenes de suspensión habida cuenta de que, al ordenar las expropiaciones, el Estado debe determinar los recursos con los cuales hará frente a las respectivas indemnizaciones (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DEMOSTRACIÓN DEL AGRAVIO.
4. Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura lógica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y no teniendo en cuenta que para estudiar el asunto desde la perspectiva que pretende debe demostrar a este Tribunal por qué media error en el modo en que la Cámara ha resuelto la controversia (del voto del doctor SORIA).
C 99.748, 09/12/10, “P. A., G. A. c/Y., D. H. s/Impugnación de paternidad-Reclamación de filiación.”.
Asesor de Menores e Incapaces - Intervención. Régimen de visitas - Legitimación. Preclusión - Efectos.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de la nulidad de las actuaciones en las causas que involucran el Superior Interés del Menor frente a los principios procesales de preclusión y congruencia, así como la legitimación del Asesor de Menores para peticionar un régimen de visitas ( arts. 59 y 376 bis del Código Civil, art. 23 de la ley 12061, art. 80 inc. 1 de la ley 5827). (Texto completo).
ADOPCIÓN - OBJETO.
1. El interés superior del menor excluye toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presente cada caso (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - COSTAS.
2. Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley relativo a la imposición de costas que no logra acreditar la alteración de la calidad de vencido con la correspondiente infracción al art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
3. Los tribunales originarios tienen amplias facultades en la aplicación, regulación y distribución de las costas por tratarse de una cuestión de hecho que sólo es susceptible de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irracional o burda meritación de las circunstancias de la causa, que conduzca a alterar la condición de vencido (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
4. La cuestión de la imposición de las costas, su eventual distribución o la excepcional exoneración de las mismas, es facultad exclusiva de los tribunales de grado, que son los encargados de analizar la situación de las partes y, en su caso, cargar o relevar a alguno de los contendientes de tal obligación (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
5. Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de la estructura jurídica del fallo, apartándose de su línea de argumentos esenciales que le dieron sustento bastante (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD - REQUISITOS.
6. El recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, la falta de fundamentación legal, el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
PROCESO - DEBERES Y FACULTADES DEL JUEZ.
7. En los procesos donde se ventilan conflictos de familia y en general cuestiones de interés social, se amplía la gama de los poderes del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice. Es evidente que en estos litigios aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal, limitarlo a lo meramente técnico e instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
MENORES - PROTECCIÓN.
8. Si bien es sabido que el derecho del menor a ser oído constituye una garantía sustancial que fluye de su consideración como sujeto y no mero objeto de derecho, cabe analizar más allá de cualquier ritualismo si en definitiva la resolución logró la finalidad protectora y si la eventual declaración de nulidad implica un avance en tal sentido o por el contrario importa un sensible retroceso. Porque de llegarse a este último resultado bajo la invocación del amparo del menor se estaría de hecho desprotegiéndolo y se transmitiría el mensaje tan paradójico como perverso de que se defiende mejor al menor desatendiéndolo. Si lo que realiza el interés minoril es brindarle adecuado cobijo, es evidente que la declaración de nulidad no lo logra. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
9. El Superior Interés del Niño es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
10. Las omisiones que se corrigen por vía de nulidad son aquellas en que el tribunal incurre por descuido o inadvertencia mas no cuando el tema que se dice preterido fue tratado expresamente por la Cámara, siendo ajeno al recurso de nulidad el acierto o mérito con que lo haya hecho (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
11. Necesariamente debe primar, por sobre todo ritualismo, la realización del bien o interés del menor concretamente establecido en una situación particular, de otro modo se corre el riesgo de despojar lo resuelto de todo contenido y desembocar en situaciones de inequidad que el derecho -máxime en casos donde se encuentra en juego aquel superior interés- debe a todo trance evitar (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
ASESOR DE MENORES E INCAPACES - INTERVENCIÓN. RÉGIMEN DE VISITAS - LEGITIMACIÓN.
12. La legitimación al asesor de incapaces para peticionar en nombre de la menor -en el caso un régimen de visitas a favor del demandado-(v. fs. 59 y 171), le está otorgada por el art. 23 de la ley 12.061, 80 inc. 1º de la ley Orgánica del podr Judicial: ley 5827 y fundamentalmente por el art. 59 del Código Civil (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
PRECLUSIÓN - EFECTOS. TENENCIA DE MENORES - RÉGIMEN DE VISITAS.
13. La petición articulada por el asesor de incapaces solicitando un régimen de visitas de la menor a favor del demandado fue hecha con anterioridad a la agregación de los alegatos y al llamamiento de autos para sentencia, el cual fue consentido por ambas partes. Es efecto de ese llamamiento el saneamiento de todos los vicios de actividad anteriores, tras la cual todos los eventuales defectos o vicios de actividad anteriores pierden virtualidad. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RÉGIMEN DE VISITAS - LEGITIMACIÓN.
14. El art. 376 bis del Código Civil debe interpretarse a la luz de una mirada integrativa, entendiendo que autoriza a fijar un régimen de visitas a favor de allegados que razonablemente justifiquen un interés afectivo legítimo, en la medida que ello sea favorable para el sano desarrollo espiritual del niño (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
ASESOR DE MENORES E INCAPACES - INTERVENCIÓN. TENENCIA DE MENORES - RÉGIMEN DE VISITAS.
15. La intervención de la Asesora de Menores para ejercitar el derecho de la niña reconocido por el ordenamiento jurídico consistente en tener comunicación con quien representa vínculos significativos y afectivos en su historia personal, los que surgen del concepto de familia comunitaria prevista en la Convención de los Derechos del Niño (art. 3, 5 y 12, art. 7 decreto 415/2006 de la ley 26.061) no puede interpretarse que afecte el principio de congruencia y preclusión, máxime cuando la petición se inscribió dentro del concepto de flexibilización de los referidos principios en el marco de una tutela diferenciada al servicio de la efectividad del derecho (del voto del doctor DE LAZZARI).
C 102.581, 09/12/10, “B., D. s/Adopción-Aciones vinculadas”.
Magistrados votantes: Kogan - Pettigiani - de Lázzari - Hitters.
Adopción - Adopción integrativa. Adopción - Adoptado mayor de edad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto de la adopción de un mayor de edad, así como los recaudos de las llamadas "adopciones integrativas" (Ley 24779, arts. 311 inc. 1, 312 último párrafo y 316 del Código Civil. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - CONCEPTO. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN.
1. Absurdo es el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Su demostración debe ser fehaciente y su percepción ostensible (doctora KOGAN, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
2. La apreciación de la prueba testimonial, de los dictámenes periciales, así como de otros medios probatorios conforman también típicas cuestiones de hecho, propias de las instancias ordinarias y no revisables en sede extraordinaria (doctora KOGAN, sin disidencia).
ADOPCIÓN - ADOPTADO MAYOR DE EDAD.
3. El art. 311, inc. 1 del Código Civil que establece que la adopción de un mayor de edad puede otorgarse, previo consentimiento del mismo, cuando se trate del hijo del cónyuge (doctora KOGAN, sin disidencia).
4. La efectiva interrogación de la adoptada con la adoptante, con los hijos de ésta y con su padre biológico constituye un entorno seguro y estable que ha sido reconocido desde lo jurídico. Pues, se respetan en el mismo las vinculaciones parentales que preexistían: entre la joven y la adoptante, entre ella y su padre biológico y entre ella y los hijos de la adoptante, y se tienen en cuenta especialmente sus requerimientos analizados en conjunción con los de todo el grupo familiar (doctora KOGAN, sin disidencia).
ADOPCIÓN - OBJETO. ADOPCIÓN - ADOPCIÓN INTEGRATIVA.
5. En las llamadas "adopciones integrativas" o de "integración familiar" no se trata de incorporar un menor abandonado a la familia, sino de integrar a uno que convive con la pretensa adoptante desde hace años, conformando una relación materno filial con fuertes vínculos afectivos enraizados en la situación fáctica de la crianza. Tiene como objetivo que el menor incorpore legalmente a su vida la figura materna (en el caso), asociándola con el vínculo ya existente del progenitor paterno (del voto del doctor PETTIGIANI).
ADOPCIÓN - RÉGIMEN LEGAL. ADOPCIÓN - ADOPCIÓN INTEGRATIVA.
6. La ley 24.779 no ha sistematizado a las "adopciones integrativas" o de "integración familiar", sino que las ha considerado aisladamente, a modo de excepciones a la regla general (así los arts. 311 inc. 1, 312 último párrafo y 316 Cód. Civ.) (del voto del doctor PETTIGIANI).
ADOPCIÓN - ADOPCIÓN INTEGRATIVA.
7. A partir de que la adopción integrativa busca un objetivo que se aparta del régimen adoptivo general, entiendo que su operatividad debe ser analizada cuidadosamente a los efectos de determinar si un pedido de este tenor -además de cumplir con la finalidad de integración familiar- no colisiona con otros derechos o intereses también merecedores de protección, como podrían ser los derechos que estuviesen eventualmente en juego, como los hereditarios, alimentarios o de eventual pérdida de la titularidad y ejercicio de la patria potestad por el progenitor desplazado. Es que cuando se peticiona una adopción de estas características se debe analizar que esta figura armonice con otros intereses también tutelables que estén presentes en el caso concreto bajo análisis. Y sólo en tales supuestos, podrá admitirse el establecimiento de la nueva filiación (del voto del doctor PETTIGIANI).
8. Cuando la adopción integrativa lo sea de un mayor de edad, habrá que indagar si ésta resulta de su verdadero interés, tomándose determinante su propio consentimiento (arg. art. 311 inc. 1 , Cód. Civil), así como que no resulte impedida por circunstancias graves que se contrapongan a ese mismo interés (del voto del doctor PETTIGIANI).
9. La solución a través de la adopción integrativa simple mantiene la subsistencia de los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado, permitiendo a éste adquirir nuevos padres sin perder a los parientes propios, ni los derechos emergentes del vinculo de origen (del voto del doctor PETTIGIANI).
C 108.748, 09/12/10, “A., S. c/T., M. C. s/Tenencia”.
Magistrados votantes: Pettigiani - Soria - Hitters - Negri.
Tenencia de menores - Tenencia compartida.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió respecto del régimen de tenencia compartida de los menores por ambos padres, cuando las circunstancias indican que es la mejor manera de resolver el desmembramiento de la guarda y en función del Superior Interés del Menor. ( art. 9 de la Convención de Derechos del Niño). (Texto completo).
MENORES - INTERÉS TUTELADO.
1. El interés superior del menor es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CUESTIÓN NO PLANTEADA.
2. No pueden ser traídas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley aquellas cuestiones que han quedado consentidas en la instancia ordinaria al no ser sometidas al tribunal de alzada mediante la pieza fundante de la apelación.(art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13812) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
3. Cuando ambos padres solicitan a su favor la tenencia unilateral el juez puede decidir que para el niño resulta preferente la custodia compartida sin que ello implique violar el principio de congruencia (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
4. Es posible afirmar inicialmente que el establecimiento de un régimen de tenencia compartida constituye la mejor manera de resolver el problema del desmembramiento de la guarda, pues posibilita que el niño mantenga un trato fluído y significativo con ambos padres. Cabe recordar que el art. 9.3 de la Convención señala que "los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño". (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
5. Con la tenencia compartida se reconoce y se le otorga la relevancia que merece al derecho que tienen los niños a ser educados por ambos padres dentro de un sistema que permite el ejercicio de la coparentalidad. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
6. La edad de los menores (diez y trece años) permite mantener la tenencia compartida, ya que los problemas y dificultades que pueden presentarse como consecuencia de la instrumentación de este mecanismo compartido de guarda suelen ser sensiblemente menores cuando mayor es la edad de los niños. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
L 86.755, 01/12/10, “Marotta, Emilio c/Club Atlético Lanús s/Despido”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Negri - Soria - Pettigiani - Kogan.
Trabajador no registrado - Indemnización.
La Suprema Corte revoca la sentencia del Tribunal del Trabajo en cuanto rechazó las indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.103 con fundamento en el hecho de que el trabajador, al intimar la registración del contrato -en situación de clandestinidad durante más de cuarenta y siete años- no pudo indicar con precisión el día y el mes de su ingreso. En tal sentido, reitera que una interpretación operativa de la Ley Nacional de Empleo debe ser consecuente con el objetivo que inspiró su sanción -cual es el de promover la registración de las relaciones laborales- de manera tal que, en el caso, la ausencia de estos datos no enervan la veracidad esencial de la misiva sino la real imposibilidad de lograr una mayor exactitud, que, por otra parte, no fue impedimento para que el órgano jurisdiccional arribara a la determinación de la indemnización por despido injustificado según la antigüedad que el trabajador concretamente invocó y acreditó en la causa. En consecuencia, declara procedente aquél resarcimiento, si bien computando sólo las remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de la entrada en vigencia de la ley 24.013, e igualmente, el incremento previsto en el art. 15 de la misma ley. (Texto completo).
TRABAJADOR NO REGISTRADO - REGULARIZACIÓN. TRABAJADOR NO REGISTRADO - INDEMNIZACIÓN.
1. Si bien la exigencia plasmada en el art. 11 de la ley 24.013 es clara y su cumplimiento imprescindible para que el trabajador acceda al cobro de las indemnizaciones que dicho cuerpo legal contempla, no es menos cierto que una interpretación operativa de la Ley Nacional de Empleo debe ser consecuente con el objetivo que inspiró su sanción, cual es el de promover la registración de las relaciones laborales (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
TRABAJADOR NO REGISTRADO - INTIMACIÓN. TRABAJADOR NO REGISTRADO - INDEMNIZACIÓN.
2. Ante la existencia de una relación laboral que se mantuvo en la clandestinidad por casi cuarenta y siete años, luce excesivo -en el caso concreto- que el Tribunal del Trabajo hubiera considerado incumplido, respecto de la intimación que de manera justificada cursó el trabajador en los términos del art. 11 de la ley 24.013, el recaudo concerniente a la denuncia de la fecha de inicio del contrato de trabajo, tan sólo porque el trabajador hubo de manifestar entonces que no podía precisar con exactitud el día y el mes en que comenzó a prestar servicios. La ausencia de estos datos -en rigor- no enervan la veracidad esencial de la misiva sino, y antes bien, redundan en la imposibilidad de lograr un mayor grado de precisión que, por otra parte, no ha constituido impedimento para que el órgano jurisdiccional arribara a la determinación de la indemnización por despido injustificado según la antigüedad que el trabajador concretamente invocó y acreditó en la causa (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
3. La indicación, en la intimación cursada en los términos del art. 11 de la ley 24.013, del verdadero monto de la remuneración, sólo es imprescindible cuando se procura el cobro de la indemnización prevista por el art. 10 del citado cuerpo normativo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
4. Si la intimación cursada por el trabajador en vigencia de la relación de trabajo (art. 11, ley 24.013) resultó justificada, y el Tribunal del Trabajo juzgó configurada la injuria invocada por aquél para colocarse en situación de despido indirecto, resulta procedente el pago de la indemnización prevista por el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo. (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CONDUCTA PROCESAL. TEMERIDAD Y MALICIA - APRECIACIÓN.
5. La declaración de temeridad y malicia constituye una facultad privativa de los jueces de grado, para cuya revisión el interesado debe acreditar que la conducta procesal cuestionada ha sido valorada de manera absurda (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CRÉDITOS LABORALES - PAGO. INTERESES - TASA.
6. Sin perjuicio de la opinión personal contraria al mantenimiento de la doctrina vinculada a la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios, y resultando insoslayable que esta Corte, por mayoría, decidió ratificarla (causas C. 101.774 "Ponce" y L. 94.446 "Ginossi", sentencias del 21-X-2009) -declarando así, en reiterados precedentes, que éstos deben liquidarse con arreglo a la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación- corresponde confirmar el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto decidió aplicar la tasa indicada por dicha doctrina (art. 31 bis, ley 5827) (del voto del doctor DE LAZZARI).
7. Pese a la extensa relación acreditada -en el caso, iniciada en el año 1952- al momento de practicar la liquidación de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013 el Tribunal del Trabajo debe computar las remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia (art. 11, último párrafo, ley 24.013) (doctor NEGRI, mayoría).
L 88.477, 01/12/10, “López, Nelly Graciela y otro c/Cuerda, Carlos Roberto s/Indemnización por despido y otros”.
Magistrados votantes: Negri - de Lázzari - Pettigiani - Soria - Kogan.
La Suprema Corte ratifica su doctrina en lo relativo a la tasa de interés aplicable a los créditos laborales reconocidos judicialmente (la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días). (Texto completo).
DESPIDO - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. MORA - EFECTOS.
1. Es privativa de los Tribunales del Trabajo la facultad que confiere a los jueces el art. 2, segundo párrafo, de la ley 25.323 para reducir prudencialmente o eximir el pago del incremento indemnizatorio que estatuye en el primer tramo de la norma, resultando insuficiente para modificar la sentencia que resolvió aplicar el agravante allí establecido la mera expresión de un criterio discrepante acerca del modo en que debieron valorarse las circunstancias ventiladas en la causa (doctor NEGRI, sin disidencia).
L 92.731, 01/12/10, “Martínez, Inés c/Raichman, Jaime s/Despido y accidente”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Pettigiani - Soria - Genoud.
Accidente de trabajo - Régimen de responsabilidad. Inconstitucionalidad - Declaración.
La Suprema Corte ratifica su doctrina en lo relativo al control de constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En el caso, revoca la sentencia del Tribunal del Trabajo en cuanto rechazó la demanda indemnizatoria -fundada en el régimen del Código Civil- por el hecho de que el actor no planteó la inconstitucionalidad de aquélla norma, y reenvía la causa al órgano judicial de grado para que, con otra integración, renueve los actos procesales necesarios y emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina que declara aplicable. (Texto completo).
1. Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que no menciona siquiera la disposición constitucional -arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial- que resultaría infringida en el fallo recurrido, o de cuyo desarrollo argumental no surge evidenciada la configuración de ninguno de los supuestos contemplados en dichos preceptos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CORTE SUPREMA NACIONAL - JURISPRUDENCIA VINCULANTE. ACCIDENTE DE TRABAJO - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.
2. Con arreglo a jurisprudencia establecida por la Corte Federal en el precedente "Aquino" (sent. del 21-X-2004), y la doctrina legal de esta Suprema Corte (L. 80.735, "Abaca", sent. del 7-III-2005; L. 87.394, "V. de C." y L. 81.826 "Yaman", sents. ambas del 11-V-2005), para declarar la inconstitucionalidad del art. 39.1. de la ley 24.557 debe verificarse, en cada caso concreto, que la prestación reparatoria prevista por dicha ley no resarce adecuada e integralmente el daño sufrido por la víctima, a comparación de cómo se lograría aplicando el régimen común de la responsabilidad. (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
JUECES - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
3. El control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho que, en cuanto tal, puede ser resuelta por el juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia). La aplicación de este principio incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (del voto del doctor DE LAZZARI).
INCONSTITUCIONALIDAD - DECLARACIÓN DE OFICIO. CORTE SUPREMA NACIONAL - JURISPRUDENCIA VINCULANTE.
4. Conforme lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra", sent. del 19 de agosto de 2004, la judicatura se encuentra habilitada para decretar de oficio la inconstitucionalidad de la normativa aplicable al caso en juzgamiento en tanto y en cuanto haya sido previamente declarado inconstitucional por ese Alto Tribunal (del voto del doctor PETTIGIANI).
5. Procede la declaración de oficio de inconstitucionalidad de una norma cuando su contenido ha sido concluyentemente descalificado por su contrariedad con la Constitución Nacional por la Corte Federal o cuando se trata de una norma que, siguiendo los lineamientos que para casos análogos sentara el Alto Tribunal, fue declarada inconstitucional por esta Suprema Corte (del voto del doctor SORIA).
L 97.520, 01/12/10, “Olivetto, Fernando A. c/Eden S.A. s/Cobro de pesos”.
Magistrados votantes: Kogan - Negri - de Lazzari - Pettigiani - Soria.
Despido - Indemnización por antigüedad. Indemnizacion laboral - Constitucionalidad.
La Suprema Corte ratifica su doctrina vinculada al control de constitucionalidad del art. 245, LCT., señalando que por aplicación del tope legalmente impuesto respecto de la base salarial (art. 245 cit., según ley 24.013), resulta confiscatorio reducir en más de un 33% el importe de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibido por el trabajador durante el último año ( o durante el tiempo de prestación de los servicios, si éste fuere menor) a los efectos de calcular la indemnización por despido. En el caso, por mayoría confirma la decisión del Tribunal del Trabajo en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma, al comprobar que la aplicación del tope legal afecta en menos de un 33% el importe de la mejor remuneración percibida por el trabajador. (Texto completo).
DESPIDO - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. INCONSTITUCIONALIDAD - DECLARACIÓN.
1. Conforme reiterada doctrina de esta Corte, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 245, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013) cuando se compruebe que la aplicación del tope que allí se refiere afecta en más de un 33 % la base salarial prevista en el primer párrafo de esa misma norma, esto es: la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año, o el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor. En tal caso, la indemnización por antigüedad deberá calcularse con arreglo al importe de dicha remuneración, reducido en aquél porcentual (doctora KOGAN, mayoría).
2. Acreditado que el actor era un trabajador no convencionado con más de 22 años de antigüedad, un salario de $ 4.109,91, y un tope convencional previsto de $ 2931,81, según el C.C.T. 36/75, la norma contenida en el art. 245 LCT resulta inconstitucional, debiendo hacerse lugar a las diferencias en la indemnización por antigüedad reclamadas tomando como base el salario acreditado de $ 4.109,91 (doctor NEGRI, minoría).
L 97.814, 01/12/10, “Billordo, Marcelo Alejandro c/Emiliozzi, Daniel y otro s/Indemnización por despido”.
Magistrados votantes: Pettigiani - Soria - Genoud - Negri..
Contrato de trabajo - Presunción de existencia. Recurso de inaplicabilidad de ley-absurdo - Demostración.
La Suprema Corte rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia que desestimó la demanda por juzgar no acreditada la relación de trabajo invocada, señalando que no es relevante la invocación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo si el Tribunal del Trabajo -apreciando en conciencia la prueba aportada- juzgó que los servicios del actor no lo fueron bajo la órbita de una relación de linaje laboral, conclusión ésta que el impugnante no acredita esté viciada de absurdo. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DISCREPANCIA DEL RECURRENTE. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN.
1. Carece de la necesaria eficacia para revertir la decisión impugnada, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo pone en evidencia a intención de disputarle al juzgador de mérito su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las constancias probatrias, y en ese contexto, apartándose de la línea reflexiva plasmada en el fallo, efectúa un nuevo análisis de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema éste que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el absurdo alegado (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
2. La selección y ponderación de la prueba es facultad privativa de los jueces de mérito, quienes pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes al cumplimiento de su labor axiológica (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
COSTAS - IMPOSICIÓN. COSTAS - DISTRIBUCIÓN.
3. La distribución e imposición de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del Tribunal de Trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una burda o evidente iniquidad en el criterio utilizado, o la alteración de la calidad de vencido (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
L 88.912, 09/12/10, “L., A. F. c/E. S. s/Daños y perjuicios (art. 1113, C.C.)”.
Magistrados votantes: Pettigiani - Kogan - Genoud - Hitters - Negri.
Accidente de trabajo - Régimen de responsabilidad. Accidente de trabajo - Responsabilidad del empleador.
La Suprema Corte ratifica su doctrina en lo relativo a la subsistencia -aun en el marco de una acción contra el empleador fundada en el régimen del Código Civil- de la responsabilidad sistémica de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que no han de quedar relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557, posibilitando así que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento. En consecuencia, resuelve que éste sólo ha de responder por la porción del daño no cubierta por el régimen legal de riesgos del trabajo y la ART deberá hacerlo hasta cubrir el importe que indique la tarifa impuesta por el régimen especial -ley cit.- la cual, una vez determinada, deberá descontarse del importe total a abonar por el primero. (Texto completo).
ACCIDENTE DE TRABAJO - ASEGURADORA DE RIESGOS.
1. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no han de quedar relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley de riesgos del trabajo, posibilitando que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
CORTE SUPREMA NACIONAL - JURISPRUDENCIA VINCULANTE. ACCIDENTE DE TRABAJO - RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR.
2. Conforme a los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa A. 2652 XXXVIII, "Aquino" y que fueran recogidos por esta Suprema Corte en las causas L. 87.394 "V. de C., M. C. Y otros" y L. 81.826, "Yaman", ambas con sentencia del 11/05/2005, se impone el deber de verificar, en cada caso en concreto, tras el análisis de las pruebas conducentes y previo cotejo a efectos de verificar que las prestaciones previstas en la ley especial reparan o no adecuadamente el daño padecido por el dependiente, para proceder, en caso negativo, a declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
ACCIDENTE DE TRABAJO - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. ACCIDENTE DE TRABAJO - PRESTACIONES.
3. El empleado -o sus derechohabientes, según el caso- que en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653- logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el Tribunal del Trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
INCAPACIDAD - INDEMNIZACIÓN. PRESCRIPCIÓN - PLAZO.
4. Lo que se indemniza no es la enfermedad misma padecida por el trabajador, sino la incapacidad laborativa de ella derivada. De tal suerte, la iniciación del plazo de prescripción se determina a partir de la fecha en que el trabajador adquiere conocimiento de la incapacidad laborativa, y no necesariamente desde que sabe de la patología o enfermedad (del voto del doctor HITTERS).
L 93.095, 09/12/10, “Poma, Pedro Benedicto c/Pallotti Hnos. S.H. y otros s/Indemnización por despido”.
Magistrados votantes: Pettigiani - Kogan - Genoud - Negri - Soria - Hitters - de Lázzari.
Trabajador no registrado - Regularización. Mora - Efectos.
La Suprema Corte revoca la sentencia del Tribunal del Trabajo en cuanto rechazó el reclamo de las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 con fundamento en que el emplazamiento efectuado en los términos del art. 11 de la citada ley resultó defectuoso, al no indicarse el verdadero monto de la remuneración percibida. En tal sentido, el alto Tribunal declara que satisface los recaudos previstos en esta última norma la intimación que, bajo apercibimiento de perseguir el cobro del resarcimiento estatuido por el art. 9 (ley cit.), tuvo por objeto la rectificación de los asientos documentales mediante la denuncia de la real fecha de inicio del contrato de trabajo, sin importar que no se hubiera indicado en la misiva el verdadero monto de las remuneraciones percibidas por el accionante, toda vez que tal indicación es exigible cuando se reclama el resarcimiento previsto en el art. 10 de la Ley Nacional de Empleo. (Texto completo).
VIAJANTE DE COMERCIO - COMISIÓN.
1. El art. 7 de la ley 14.546, en su primera parte, establece como forma de retribución obligatoria la comisión a porcentaje sobre la mercadería vendida por intermedio del viajante. Ello no excluye, empero, que las partes puedan convenir libremente otras formas de remuneración, vgr. retribuciones fijas, viáticos, gastos de movilidad, hospedaje, comida, premios variables (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
VIAJANTE DE COMERCIO - LIBRO DE REGISTRO. PRUEBA - CARGA.
2. La operatividad de lo prescripto por el artículo 11 de la ley 14.546 sólo se produce respecto del monto o cobro de la remuneración, mas no con relación a la causa jurídica en que se sustentó el reclamo, que debe ser acreditada por quien la invoca (arts. 375 del C.P.C.C..¸7 y 8, ley 14.546) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
3. Satisface los recaudos previstos en el art. 11 de la Ley Nacional de Empleo la intimación que, bajo apercibimiento de perseguir el cobro del resarcimiento estatuido por el art. 9 de la Ley Nacional de Empleo, tuvo por objeto la rectificación de los asientos documentales mediante la denuncia de la real fecha de inicio del contrato de trabajo, sin importar que no se hubiera indicado en la misiva el verdadero monto de las remuneraciones percibidas por el accionante (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - IMPUGNACIÓN ERRÓNEA. DEMANDA - CONTENIDO.
4. La denuncia de omisión de tratamiento de un reclamo incluido en la demanda es ajena al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
5. Tanto el art. 9 del la ley 25.013, como el art. 2 de la ley 25.323 -si bien con distinto ámbito de aplicación temporal, personal y material- contemplan un correctivo ante un mismo hecho desencadenante: la falta de pago en término de las indemnizaciones por despido. En la primera, el legislador incorporó una presunción a favor del trabajador (derivando la aplicación del art. 275, L.C.T.), y en la posterior (art. 2 de la citada ley 25.323), dispuso incrementar la cuantía de dichas indemnizaciones cuando la omisión del empleador -debidamente intimado- de abonarlas obligue al trabajador a iniciar las acciones judiciales, afrontando por ello las consecuencias de un juicio que, por lo general, ha de insumir varios años de tramitación, con el consecuente deterioro de la calidad de vida que de por sí el desempleo acarrea (del voto de la doctora KOGAN).
TRABAJADOR NO REGISTRADO - INDEMNIZACIÓN. MORA - EFECTOS.
6. Ordenado por el Tribunal del Trabajo el pago del incremento indemnizatorio establecido por el art. 2 de la ley 25.323, y ante la insuficiencia de la impugnación intentada respecto del rechazo del reclamo fundado en la norma del art. 9 de la ley 25.013, no se configuran motivos que desvirtúen o ameriten el tratamiento, en casación, de aquél rubro (del voto de la doctora KOGAN).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - TEMERIDAD Y MALICIA.
7. La denuncia de omisión de tratamiento por parte del a quo de la multa prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo -fundada ésta en la imputación al demandado de haber llevado a cabo actos defraudatorios- debió ser planteada a través del recurso extraordinario de nulidad (del voto del doctor NEGRI).
8. No constituye sentencia definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el pronunciamiento que decide respecto de la sanción reclamada por el actor con sustento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto dicha petición se hubiere fundado en la actitud maliciosa y/o temeraria asumida por el empleador durante el litigio (del voto del doctor HITTERS).
L 94.536, 09/12/10, “Gainza, Gerardo Miguel c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. s/Indemnización por despido, etc.”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Pettigiani - Kogan - Genoud - Soria.
Despido - Indemnización por antigüedad. Despido - Daño moral.
La Suprema Corte ratifica su doctrina relativa a que la ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley, que comprenden cualquier perjuicio -material y moral- padecido por el trabajador a causa de su despido. En el caso, rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia que acogió la pretensión indemnizatoria adicional, por juzgar insuficiente la crítica al desarrollo que llevó a declarar comprobada -mediante la prueba de la configuración de los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar- la responsabilidad civil extracontractual del empleador. (Texto completo).
DAÑO MORAL - OBJETO.
1. El agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DAÑO MORAL.
2. Dependiendo el reconocimiento y fijación de la indemnización por daño moral del arbitrio judicial, la suma que en uso de facultades privativas determine el tribunal del trabajo no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente (ar t. 279, C.P.C.C.) (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
INTERESES - TASA PASIVA.
3. A partir del I-IV-1991 los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modificada por art. 4, ley 25.561 y 622, Código Civil) (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DISCREPANCIA DEL RECURRENTE.
4. No logra evidenciar el absurdo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea reflexiva seguida por los jueces de grado, se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y de las constancias probatorias según su propio criterio valorativo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
5. La ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley, que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador a causa de su despido. En este supuesto, la ley presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de su contrato de trabajo, y establece tarifadamente la reparación correspondiente (art. 245, LC.T.). Pero si, con motivo o en ocasión de la extinción del contrato de trabajo, el empleador comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, configurándose los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar (arts. 1109, 1067 y 1078 del Código Civil), incurre en responsabilidad civil extracontractual, en cuyo caso procede la reparación del daño moral ocasionado al dependiente (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
L 99.017, 09/12/10, “Iglesias, Carlos Enrique y otro c/Obra Social Personal Municipalidad de Avellaneda s/Despido y cobro de pesos”.
Magistrados votantes: Soria - Negri - de Lázzari - Pettigiani.
Profesiones liberales - Modalidades contractuales.
La Suprema Corte declara que en el particular supuesto de los profesionales médicos que prestan servicios en un establecimiento, la determinación de la naturaleza de la relación configurada exige tener en cuenta los elementos fácticos presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole -aún permitiendo el tránsito entre una típica relación de dependencia hasta el libre ejercicio profesional- atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definan la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes. En el caso, rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia del Tribunal del Trabajo que acogió la demanda, en tanto la impugnante no evidenció que la conclusión relativa a que los servicios de los actores se prestaron en el marco de una relación laboral estuviere viciada de absurdo. (Texto completo).
CONTRATO DE TRABAJO - CONFIGURACIÓN.
1. Por aplicación del tipo contractual imperativo contemplado en el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, la exclusividad en la prestación de servicios no constituye -por sí- una nota esencial del contrato de trabajo (doctor SORIA, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CUESTIÓN DE HECHO.
2. Establecer si entre las partes medió un contrato de trabajo, constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (doctor SORIA, sin disidencia).
3. En el particular supuesto de los profesionales médicos que prestan servicios en un establecimiento resulta imprescindible tener en cuenta los elementos fácticos presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole -aún permitiendo el tránsito entre una típica relación de dependencia hasta el libre ejercicio profesional- atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definan la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (doctor SORIA, sin disidencia).
TRIBUNAL DEL TRABAJO - FACULTADES. RELACIÓN DE TRABAJO - CONFIGURACIÓN.
4. Corresponde al tribunal de grado, en una labor que le es privativa, verificar las circunstancias que concurren en el litigio a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que -aunque atenuadas quizás en ciertos aspectos- caracterizan a la relación laboral (doctor SORIA, sin disidencia).
LOCACIÓN DE SERVICIOS - CONFIGURACIÓN. PRUEBA - CARGA.
5. Si la accionada al contestar la demanda negó la existencia de la relación laboral invocada por la contraria, pero admitió expresamente que los actores desarrollaron tareas por causa jurídica de un contrato de locación de servicios, pesaba sobre ella demostrar que los trabajos realizados por los accionantes no fueron prestados -como lo afirmó- en relación de dependencia (art. 375. C.P.C.C.) (doctor SORIA, sin disidencia).
6. Por imperio del principio de primacía de la realidad que rige en materia laboral, deben prevalecer los hechos verificados en la causa sobre las formalidades o apariencias, mas allá de lo que las partes hayan pactado o entendido convenir (doctor SORIA, sin disidencia).
L 99.247, 09/12/10, “Sosa, Héctor Osmar c/Cyanamid de Argentina S.A. s/Despido”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Pettigiani - Hitters - Kogan - Soria - Genoud.
Abogados - Matrícula. Buena fe - Apreciación.
La Suprema Corte, por mayoría, declara que ninguna sanción cabe al litigante que de buena fe ha buscado la asistencia jurídica, guiado con el convencimiento de que aquél a quien eligió posee las mejores condiciones para la defensa de sus derechos en base a una relación de confianza, si éste adeuda algún saldo en la Caja profesional. En consecuencia, revoca la sentencia del Tribunal del Trabajo en cuanto, por esta última circunstancia, declaró la nulidad de lo actuado por el letrado (en el caso: el escrito de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia definitiva adversa a su mandante). (Texto completo).
ABOGADOS - MATRÍCULA.
1. Conforme surge del art. 53 del dec. ley 5177, el abogado, para su desempeño como tal, debe abonar la cuota conforme los plazos y las modalidades que las propias normas establecen. El incumplimiento de tal obligación origina en el letrado-deudor una presunción del abandono del ejercicio profesional y la exclusión automática de la matrícula respectiva, hasta regularizar su situación, vedándose toda posibilidad de actuación en tal carácter. Asimismo, en caso de no respetarse la limitación que la norma establece, ella misma califica de ilegal la actividad realizada y lo hace pasible de las sanciones que correspondieren (doctor DE LAZZARI, mayoría).
2. Si bien se reprueba la actividad del abogado que adeuda la matrícula profesional, el art. 53 de la ley 5177 nada dice de los derechos de la parte y de las consecuencias procesales de la participación -ya sea como apoderado o patrocinante- de un letrado que se encuentre en mora (doctor DE LAZZARI, mayoría).
3. Ninguna sanción cabe al litigante que de buena fe ha buscado la asistencia jurídica, guiado con el convencimiento de que aquél a quien eligió posee las mejores condiciones para la defensa de sus derechos en base a una relación de confianza, si éste adeuda algún saldo en la Caja profesional. Responder en sentido disímil atentaría contra el debido proceso legal y las garantías consagradas en los arts. 9 y 15 de la Constitución de la Provincia; y 18 de la Constitución nacional; además de perjudicar a la parte por una irregularidad que le es ajena (doctor DE LAZZARI, mayoría).
L 100.685, 09/12/10, “Quiroga, Daniel Hugo c/Brusadin, Víctor Hugo y otro s/Despido”.
Magistrados votantes: Pettigiani - Hitters - Soria - Negri.
Prueba documental - Libros del empleador. Relación de trabajo - Configuración.
La Suprema Corte reitera que las presunciones contenidas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo no son idóneas para acreditar una relación de trabajo, pues constituye condición indispensable para su operatividad que previamente se compruebe la existencia de aquella vinculación. (Texto completo).
SENTENCIA - CONGRUENCIA.
1. No se transgrede el principio de congruencia, si media conformidad entre la sentencia y el pedimento formulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
2. Los magistrados de grado tienen la facultad privativa, para apreciar la habilidad y mérito de las declaraciones testimoniales que reciben, así como de la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, resultando tales apreciaciones insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria salvo efectiva demostración de absurdo (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
3. Constituye condición indispensable para la operatividad de las presunciones contenidas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que previamente se acredite la existencia de una relación laboral entre las partes (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - REQUISITOS DE LA IMPUGNACIÓN.
4. Para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil Comercial, debe contener una clara enunciación de los agravios y la impugnación cabal del razonamiento jurídico de los sentenciantes. (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
L 102.801, 09/12/10, “Balcabao, Guillermo Eduardo c/Compañía de Teléfonos del Interior S.A. s/Despido”.
Magistrados votantes: Hitters - Negri - de Lázzari - Pettigiani.
Renuncia del trabajador - Nulidad. Recurso de inaplicabilidad de ley-absurdo - Concepto.
La Suprema Corte reitera que si el trabajador pretende la invalidación del acto de renuncia deberá alegar y demostrar que éste se encontró afectado por vicios de la voluntad que le restaron idoneidad como libre y espontánea manifestación de su voluntad. En el caso, rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia del Tribunal del Trabajo que desestimó la demanda, por juzgar no comprobada la denunciada trasgresión del art. 375, CPCC., ni la existencia de una apreciación absurda de las pruebas. (Texto completo).
RENUNCIA DEL TRABAJADOR - NULIDAD.
1. Si el trabajador pretende la invalidación del acto de renuncia deberá alegar y demostrar que éste se encontró afectado por vicios de la voluntad que le restaron idoneidad como libre y espontánea manifestación de su parte (doctor HITTERS, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - CONCEPTO.
2. La apreciación opinable, discutible u objetable, o la posibilidad de otras interpretaciones, no alcanzan para tener por verificada la existencia del vicio de absurdo. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, es decir, una anomalía extrema (doctor HITTERS, sin disidencia).
FAVOR OPERARII - DUDA.
3. No resulta de aplicación el principio "in dubio pro operari" si los jueces, manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (doctor HITTERS, sin disidencia).
L 103.061, 09/12/10, “Gorosito, Teresa Mónica y otros c/Barfield S.A. s/Despido”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Pettigiani - Hitters - Soria.
Recurso de inaplicabilidad de ley - Cuestión no planteada. Nuevos hechos - Prueba.
La Suprema Corte reitera que el traslado previsto por el art. 29 de la ley 11.653 se confiere a fin de que el actor pueda ampliar la prueba exclusivamente respecto de los nuevos hechos introducidos por el demandado, resultando inatendibles -en consecuencia- aquellos argumentos que, de manera novedosa y extemporánea, se introducen por primera vez en oportunidad de contestarlo, toda vez que no es viable entonces alterar los términos de la pretensión ni el modo en que finalmente quedó trabada la relación procesal. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - IMPUGNACIÓN PARCIAL.
1. Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en una errónea técnica recursiva formula una impugnación parcial desentendiéndose de los argumentos expuestos por el juzgador de grado que le dan sustento a su decisión (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
CONTRATO DE TRABAJO - PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA. CONTRATO DE TRABAJO - PRUEBA.
2. Si la parte demandada negó toda prestación de tareas de la actora a su favor, es claro que en tales condiciones, no resulta aplicable la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - CONTRATO DE TRABAJO.
3. Determinar si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo constituye una cuestión de hecho reservada -en principio- a los magistrados de la instancia de origen, siendo su decisión insusceptible de revisión en sede extraordinaria, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
4. La invocación de un medio de prueba aislado no es útil para invalidar un análisis en el que ha primado la consideración integral de los elementos colectados en la causa. Ello así, en tanto la valoración de las probanzas realizada de manera conjunta o integral, relacionando distintos elementos de juicio, constituye un método de razonamiento que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
5. Resultan inatendibles aquellos argumentos que -de manera novedosa y extemporánea- se introducen por primera vez en oportunidad de contestar el traslado previsto por el art. 29 de la ley 11.653, pues dicha oportunidad -reconocida a los fines de ampliar la prueba exclusivamente respecto de los nuevos hechos introducidos por el demandado- no debe ser utilizada para alterar los términos de la pretensión ni el modo en que finalmente quedó trabada la relación procesal (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
L 99.161, 15/12/10, “P., D. c/O. S. d. M. d. P. S. d. E. O. s/Salarios e indemnización”.
Magistrados votantes: Negri - de Lázzari - Pettigiani - Hitters.
Recurso de inaplicabilidad de ley - Doctrina legal. Despido - Invariabilidad de la causa.
La Suprema Corte ratifica que la excepción prevista en el artículo 55 de la ley 11.653 se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por la Suprema Corte en la interpretación de las normas que rigen las relaciones laborales, supuesto que no se configura cuando lo que se trae a consideración son cuestiones de hecho y prueba, tales como la interpretación del telegrama de comunicación del despido -a los fines de establecer el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo- la definición de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones, o la existencia de absurdo. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-VALOR DEL LITIGIO - MONTO MÍNIMO. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DOCTRINA LEGAL.
1. Si el valor de lo cuestionado -representado por la suma reconocida en la sentencia en favor del accionante, excluido, como corresponde, el cómputo de los intereses- no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y la impugnante ha denunciado que el fallo atacado viola la doctrina legal de la Suprema Corte, se impone la concesión en el acotado marco de la excepción consagrada en el art. 55 -primer párrafo in fine- de la ley 11.653 (doctor NEGRI, sin disidencia).
2. La excepción prevista en el artículo 55 de la ley 11.653 se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por la Suprema Corte en la interpretación de las normas que rigen las relaciones laborales, supuesto que no se configura cuando lo que se trae a consideración son cuestiones de hecho y prueba, tales como el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (doctor NEGRI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DOCTRINA LEGAL. DESPIDO - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD.
3. No se configura la excepción establecida en el art. 55 -primer párrafo in fine- de la ley 11.653, cuando se traen a consideración de la Suprema Corte cuestiones de hecho, como lo son las relativas a la determinación, por parte de los jueces de grado, del salario tenido en cuenta para calcular el importe de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo (doctor NEGRI, sin disidencia).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - DOCTRINA LEGAL. INJURIA LABORAL - DESPIDO.
4. La exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 se impone nítida si el interesado lejos de evidenciar la existencia de una violación de doctrina legal, se limita a cuestionar la apreciación formulada por los sentenciantes de grado respecto de la injuria legitimante del despido (doctor NEGRI, sin disidencia).
L 94.843, 22/12/10, “Talavera, Natalia V. c/Montani, Nicolás y ot. s/Accidente”.
Magistrados votantes: de Lázzari - Pettigiani - Kogan - Negri - Soria.
La Suprema Corte revoca la sentencia la sentencia del Tribunal el Trabajo en cuanto rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 por endilgarle a la actora una falencia en materia probatoria, que supuestamente haría imposible la comparación entre los eventuales resarcimientos -provenientes de la ley especial y el Código Civil- cuando ello implica, en rigor, un indebido desplazamiento de una actividad propia de los jueces e inherente al ejercicio de la magistratura. (Texto completo).
1. Para declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 debe demostrarse, en cada caso concreto, que la prestación reparatoria prevista por dicha ley no resarce adecuada e integralmente el daño sufrido por la víctima, a comparación de cómo lo cubriría el régimen común de la responsabilidad civil (doctor DE LAZZARI, mayoría).
2. Debe ser revocada la sentencia del Tribunal del Trabajo que -no obstante haber tenido por acreditada tanto la existencia del accidente de trabajo, cuanto los presupuestos de la responsabilidad civil del empleador- desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo endilgando una falencia probatoria al accionante (que, presuntamente, hizo imposible la comparación entre los resarcimientos garantizados por la ley especial y por el derecho común), si la determinación de los valores en juego para establecer la eventual irrazonabilidad del precepto en cuestión dependía, exclusivamente, de una simple operación aritmética que pudo y debió haberse efectuado fácilmente por el a quo. En ese contexto, el proceder del órgano jurisdiccional implicó un indebido desplazamiento hacia la parte actora de una actividad propia de los jueces e inherente al ejercicio de la magistratura, desentonando con lo dispuesto en los arts. 163 inc. 6 y 165 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables al procedimiento laboral en virtud de lo que prescribe el art. 63 de la ley 11.653 (doctor DE LAZZARI, mayoría).
L 97.804, 22/12/10, “Villalba, Franco Rodrigo c/The Value Brands Company de Argentina s/Amparo”.
Magistrados votantes: Kogan - Genoud - de Lazzari - Negri - Pettigiani.
Discriminación - Protección. Sindicatos - Libertad sindical.
La Suprema Corte de Justicia confirma la sentencia del Tribunal de Trabajo en cuanto -por juzgar comprobada la existencia de un despido discriminatorio por la actividad sindical desarrollada por el trabajador- condena al empleador a reincorporarlo en el puesto de trabajo, y a abonarle los salarios caídos. En tal sentido, el alto Tribunal declara que la no discriminación y la libertad sindical son derechos fundamentales, y su vulneración provoca que las normas protejan más intensamente al trabajador que la padece, salvaguarda que se traduce en la reinstalación del dependiente en su empleo como consecuencia de la ineficacia de la rescisión contractual que tuvo por fundamento el ejercicio de una actividad sindical legítima. En ese contexto, declara aplicable el régimen general de la "ley antidiscriminatoria" Nº 23.592. (Texto completo).
SINDICATOS - PRÁCTICAS ANTISINDICALES. PROCESO SUMARIO Y SUMARÍSIMO - PROCEDENCIA.
1. El art. 47 de la ley 23.551 autoriza a los trabajadores que fueren impedidos u obstaculizados en el ejercicio regular de los derechos de libertad sindical garantizados por la ley, a recabar su amparo mediante el procedimiento sumarísimo, a fin de que los jueces dispongan, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical (doctora KOGAN, sin disidencia).
SINDICATOS - LIBERTAD SINDICAL.
2. El ejercicio pleno de los derechos inherentes a la libertad sindical -individual y colectiva- se encuentra garantizado por la Constitución Nacional y por los Tratados y normas internacionales (conf. arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional; 23 inc. 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (doctora KOGAN, sin disidencia).
DISCRIMINACIÓN - PROTECCIÓN. LEY LABORAL - APLICACIÓN.
3. No es aceptable sostener que, por la supuesta preeminencia de las leyes especiales, el régimen general de la ley 23.592 no resulte aplicable en el ámbito de las relaciones laborales, porque dicha postura -que pone de manifiesto, en sí misma, un acto de discriminación- importaría reconocer que el legislador actuó con marcada inconsistencia, pues, si así fuese, al establecer que ésta rige para todos los sujetos que resulten víctimas de un acto discriminatorio, con excepción de los ilícitos que se verifiquen en el ámbito laboral, habría discriminando a todos los trabajadores sólo por su condición de tales (doctora KOGAN, sin disidencia).
4. La inconsecuencia o la imprevisión del legislador no se presume, y es regla de buena hermenéutica que las leyes deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto. Por tal razón, en el dominio del derecho del trabajo debe admitirse -cuando se reúnen los presupuestos que la tornan viable- la aplicación de la ley antidiscriminatoria (doctora KOGAN, sin disidencia).
DISCRIMINACIÓN - PROTECCIÓN. LEY - APLICACIÓN.
5. Todos los actos discriminatorios, incluidos lógicamente los que tienen como destinatario a un trabajador, deben ser juzgados bajo el juego armónico de la ley 23.592, de la Ley de Contrato de Trabajo, del Preámbulo y los arts. 14 bis, 16, 31, 33, 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional, de los Tratados Internacionales integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la discriminación, y de los arts. 11 y 39 incs. 2 y 3 de la Constitución provincial, que condenan la discriminación y garantizan la protección y libre ejercicio de la sindicalización (doctora KOGAN, sin disidencia).
6. La ley 23.592 generó una norma de contenidos sumamente amplios que posibilita que los jueces, a pedido de parte, dejen sin efecto el comportamiento discriminatorio y declaren la nulidad del mismo, sin que existan motivos, jurídicos o fácticos, que permitan excluir de su ámbito de aplicación las conductas discriminatorias originadas dentro del ámbito laboral, más cuando expresamente el segundo párrafo de su art. 1 menciona las que se susciten con motivo de la opinión gremial (doctora KOGAN, sin disidencia).
DESPIDO - NULIDAD. DESPIDO - REINCORPORACIÓN.
7. Habiendo quedado demostradas -y no es materia del recurso extraordinario- las afirmaciones vertidas por el actor en su demanda en orden a la actitud persecutoria que adoptó la empleadora ante la activa participación gremial desplegada por el trabajador en los tiempos previos al despido, como así también las amenazas -pérdida del puesto de trabajo de persistir en sus reclamos y en la actividad sindical- que aquella profirió al conjunto de los militantes sindicales, y en forma especial al reclamante, la vinculación existente -en el caso- entre el accionar de la accionada, su decisión rupturista y la actividad gremial desplegada por el promotor del juicio luce evidente. En tales condiciones, cabe confirmar la decisión arribada en la instancia ordinaria en cuanto dispuso -en el marco de la acción amparo (art. 47 de la ley 23.551)- en cumplimiento de las previsiones del art. 1 de la ley 23.592, la nulidad del despido, y por ende, la reincorporación del actor a su puesto de trabajo, por pugnar el acto con las directivas emergentes de los Convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y 111, OIT., sobre discriminación, empleo y ocupación (doctora KOGAN, sin disidencia).
DISCRIMINACIÓN - CONCEPTO.
8. Aun con antelación a la reforma constitucional de 1994, el art. 1 de la ley 23.592 ya brindaba un significado del término discriminación que iba mucho más allá del destrato a las personas por sus solas cualidades personales (del voto de la doctora KOGAN).
DISCRIMINACIÓN - CONCEPTO. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - ALCANCE.
9. Es discriminatoria toda conducta que arbitrariamente impida, obstruya o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías que consagra la constitución, y ya fuere que el motivo para tal discriminación se encuentre en cualidades personales o inherentes a la persona (como la raza, la religión, la nacionalidad, el sexo, gremial, etc.), o en cualquier otro motivo que desigualitaria y arbitrariamente impida o lastime el pleno ejercicio de un derecho o garantía constitucional (del voto de la doctora KOGAN).
DISCRIMINACIÓN - ALCANCE. PRUEBA - CARGA.
10. En lo concerniente a la prueba de la discriminación -supuesto en el que se pretende ocultar la verdadera motivación del acto- ha de aceptarse que, sin llegar a una elaboración destinada a justificar una directa inversión de la carga de la prueba, se impone, en hermenéutica destinada a optimizar la fuerza normativa de la Constitución, la aplicación de la teoría de la cargas probatorias dinámicas, de modo tal que el trabajador que invoque que su despido resultó discriminatorio deberá aportar elementos objetivos e indicios suficientes sobre el propósito real del comportamiento del empleador, y frente a ello, será éste quien deberá demostrar que la extinción del contrato se produjo por un hecho objetivo alejado, en la realidad, de dicha imputación (del voto de la doctora KOGAN).
11. La mera invocación de un tratamiento discriminatorio no provoca la inversión de la carga de la prueba, pues resulta necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad. Sólo a partir de la constatación de dichas circunstancias -que tornen verosímil la imputación- el empleador deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente (del voto de la doctora KOGAN).
DISCRIMINACIÓN - DESPIDO. PRUEBA - CARGA.
12. Ante una controversia generada por la denuncia de un despido discriminatorio, la definición de la incumbencia de la carga probatoria ha de ser tamizada con resguardos imprescindibles, y en ese marco adquiere fundamental importancia una visión desde el dinamismo que, en definitiva, importa adjudicar a quien se encuentra en mejor situación la necesidad de aportar, en beneficio de su interés, los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva (del voto de la doctora KOGAN).
DISCRIMINACIÓN - DESPIDO. DESPIDO - NULIDAD.
13. El tratamiento del despido discriminatorio, en el régimen de la ley 23.592 y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (cfr. art. 75 inc. 22 C.N.), tiene como rango distintivo que la discriminación debe 'cesar', y la única forma de lograrlo es la de reponer al trabajador en su puesto de trabajo, ya que los despidos discriminatorios son nulos y carecen de eficacia (del voto del doctor GENOUD).
DISCRIMINACIÓN - DESPIDO. DESPIDO - REINCORPORACIÓN.
14. Si ante la denuncia de un despido discriminatorio por la actividad sindical desarrollada por el trabajador, habiendo aportado éste elementos de juicio que la tornan verosímil, el Tribunal del Trabajo concluye que no se ha podido demostrar que la patronal haya tenido causas reales absolutamente extrañas a dicha discriminación -en el caso, ni siquiera invocadas- de manera tal que puedan explicar objetiva, razonable y proporcionalmente por sí mismas la decisión extintiva, eliminando toda sospecha de que aquella ocultó la lesión del derecho fundamental del trabajador, la decisión de ordenar el cese del acto discriminatorio, reincorporando al trabajador en el empleo, encuentra respaldo en las normas invocadas al efecto por el Tribunal de grado (arts. 1 y 2, ley 23.592; 47, ley 23.551) (del voto del doctor GENOUD).
15. El derecho a la no discriminación es un derecho humano fundamental y, en particular, un derecho fundamental en el trabajo (del voto del doctor NEGRI).
DISCRIMINCIÓN - PROTECCIÓN. LEY - APLICACIÓN.
16. La reprobación por parte del ordenamiento argentino a la discriminación arbitraria no es reciente. Muestra de ello resultan ser la doctrina elaborada en torno al principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, su artículo 14 bis, los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, los tratados internacionales que, en razón de la modificación introducida a la Constitución Nacional en el año 1994, han cobrado operatividad en nuestro país (art. 75 inc.22), e incluso, durante un breve período, el artículo 11 de la ley 25.013, que regulaba específicamente el despido discriminatorio (derogado por la ley 25.877). Asimismo, las leyes sindicales reconocieron especial protección a los trabajadores con condición gremial frente a posibles acciones contrarias a la acción sindical (entre ellas, la ley 23.551), y, por otra parte, la ley 23.592 -conocida como Ley Antidiscriminatoria- reguló expresamente las consecuencias de los actos discriminatorios, previéndose la posibilidad de declarar su ineficacia o hacer cesar su realización, a la vez que la de reparar el daños moral y material ocasionado. (del voto del doctor NEGRI).
DISCRIMINACIÓN - PROTECCIÓN. LEY - INTERPRETACIÓN.
17. El texto de la norma del art. 1 de la ley 23.592 no ofrece ningún argumento razonable que permita afirmar que el dispositivo legal no es aplicable cuando el acto discriminatorio es un despido y el damnificado un trabajador dependiente. Esa interpretación equivaldría, paradójicamente, a discriminar a los trabajadores afectados por un acto de esa naturaleza por el solo hecho de serlo y debería, en consecuencia, ser censurada por su inconstitucionalidad (del voto del doctor NEGRI).
18. Aun cuando se admita que la ley 23.592 es una norma general (frente a la especial Ley de Contrato de Trabajo), de ello no sigue que la discriminación en el marco de un contrato de trabajo deba ser excluida de su ámbito de aplicación. Por el contrario, el segundo párrafo de su artículo 1º alude a la discriminación arbitraria por motivo gremial, la que habrá de configurarse, en la mayoría de los casos, en el marco de relaciones de esa naturaleza (del voto del doctor NEGRI).
DISCRIMINACIÓN - PROTECCIÓN. DESPIDO - REINCORPORACIÓN.
19. La solución que provee el art. 1 de la ley 23.592, concerniente a la necesidad de ordenar la cesación del acto discriminatorio, no es portadora de una incompatibilidad que torne imposible conciliarla con el régimen de protección contra el despido arbitrario, por cuanto el sistema de estabilidad relativa impropia que reconoce al empleador una amplia facultad de despedir con la sola obligación de indemnizar en caso que lo hiciera sin causa o basado en injuria, no se agrieta con ella. La no discriminación y la libertad sindical son derechos fundamentales y su vulneración provoca que las normas protejan más intensamente al trabajador que la padece, salvaguarda que, como queda dicho, se traduce en la reinstalación del dependiente en su empleo como consecuencia de la ineficacia de la rescisión contractual que tuvo por fundamento su actividad sindical legítima (del voto del doctor NEGRI).
DIRIGENTE GREMIAL - ESTABILIDAD. DESPIDO - REINCORPORACIÓN.
20. Cuando el artículo 47 de la ley 23.551 expresa que "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el Tribunal (.), a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato de comportamiento antisindical", claramente dispone que todos los trabajadores, más allá de la función que ejerzan -e incluso quienes quedan fuera del universo protegido por las normas de los arts. 48, 50 y 52 de la misma ley (en el caso: un "activista" que al momento de la extinción del contrato realizaba gestiones por ante el sindicato, el Ministerio de Trabajo y en el ámbito de la empresa, a fin que se convocara a elecciones para la elección de delegados de personal)- gozan de la tutela que la norma indica. Tutela que, en caso de que la práctica antisindical consista en el despido del trabajador, se traduce en su reinstalación en el puesto de trabajo (cese del despido) (del voto del doctor NEGRI).
SINDICATOS - PRÁCTICAS ANTISINDICALES. DESPIDO - REINCORPORACIÓN.
21. La interpretación que conduce a reconocer que la tutela ante una práctica antisindical consiste en que el despido arbitrario del trabajador se traduce en su reinstalación en su puesto de trabajo, y que ésta procede aun cuando el afectado no aparece incluido en el universo protegido por las normas de los arts. 48, 50 y 52 de la ley 23.551, es armónica con los Convenios Nº 87 y Nº 98 de la OIT, ambos ratificados por nuestro país, y referidos, respectivamente, a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y al derecho de sindicación y de negociación colectiva (del voto del doctor NEGRI).
DISCRIMINACIÓN - PROTECCIÓN.
22. La decisión de reconocer al trabajador afectado el derecho a obtener la cesación del acto discriminatorio por motivo de su actuación sindical encuentra respaldo en definiciones brindadas por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ante diferentes quejas sometidas a su consideración -generalmente presentadas por organizaciones de trabajadores- al señalar, en ese orden, que "la existencia de normas legislativas que prohíben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si tales normas no van acompañadas de procedimientos eficaces que permitan asegurar su aplicación en la práctica". Asimismo, en cuanto afirmó [que] "nadie debería ser objeto de discriminación antisindical por la realización de actividades sindicales legítimas, y la posibilidad de reintegro en el puesto de trabajo debería estar a disposición de los interesados en los casos de discriminación antisindical", resaltando que "en ciertos casos en que en la práctica la legislación nacional permite a los empleadores, a condición de que paguen la indemnización prevista por la ley en todos los casos de despido injustificado, despedir a un trabajador, si el motivo real es su afiliación a un sindicato o su actividad sindical, no se concede una protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical cubiertos por el Convenio Nº 98" (del voto del doctor NEGRI).
L 101.639, 22/12/10, “Palavecino, Ramona Noemí y Estampres, María Elisa c/Instituto Médico Central S.A. s/Diferencias salariales”.
Beneficio de litigar sin gastos - Alcance.
La Suprema Corte declara que el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653, que ampara a los trabajadores y sus derechohabientes, no impide la imposición de costas en su condición de vencidos (art. 19, ley cit.), pues sus efectos se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que se mejore de fortuna. (Texto completo).
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-ABSURDO - DEMOSTRACIÓN. SALARIO - DETERMINACIÓN JUDICIAL.
1. Determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, es función privativa del tribunal del trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son revisables en casación, salvo el supuesto de absurdo (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
2. Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no formula una crítica pormenorizada de las motivaciones que han dado contenido a la sentencia, dejando sin réplica los factores esenciales de la decisión plasmada en ésta (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
SALARIO - PRUEBA. PRUEBA - CARGA.
3. La inversión de la carga de la prueba sólo se produce respecto del monto o cobro de las remuneraciones (art. 39, segundo párrafo, ley 11.653) y no en relación a la causa jurídica en que se sustentó el reclamo, que debe ser acreditada por quien la invoca (art. 375 del C.P.C.C.) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
BENEFICIO LITIGAR SIN GASTOS - ALCANCE.
4. El beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que se mejore de fortuna (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
FAVOR OPERARII - DUDA. LEY - INTERPRETACIÓN.
5. Con arreglo a lo establecido por el art. 9, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, en su versión anterior a la reforma de la ley 26.428, el principio "in dubio pro operario" no resultaba de aplicación en el plano de la apreciación de los hechos, sino en los supuestos de interpretación de la ley (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
JORNADA DE TRABAJO - PRUEBA. PRUEBA - CARGA.
6. La falta de exhibición en juicio de planillas horarias no trae aparejada la inversión de la carga de la prueba, pues no hay disposición legal o reglamentaria que obligue a conservar tales constancias, ni tampoco a exhibirlas. Por tal motivo, carece de virtualidad -a ese fin- la declaración jurada prestada por el trabajador en los términos del art. 39, primer párrafo, de la ley 11.653 (del voto del doctor PETTIGIANI).
L 102.937, 22/12/10, “Gómez, Atilio Mario c/Esso Petrolera Argentina S.R.L. s/Indemnización Enfermedad Accidente”.
Magistrados votantes: Hitters - Soria - Negri - de Lázzari.
Comisión Médica Central - Competencia. Inconstitucionalidad - Declaración.
La Suprema Corte ratifica su doctrina en lo relativo a que corresponde hacer extensiva la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 al art. 6. ap. 2. b. (modificado por el Decreto 1278/2000) del mismo cuerpo legal. (Texto completo).
1. Corresponde hacer extensiva la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 al art. 6 ap. 2. b (mod. por decreto 1278/2000) del citado cuerpo legal, en cuanto -ampliando las facultades que poseen las Comisiones Médicas para determinar el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, como así también, para establecer el carácter y grado de incapacidad, y su revisión- habilita a la Comisión Médica Central a considerar como profesionales a aquellas dolencias que, en cada caso concreto, dicho ente administrativo determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo (doctor HITTERS, sin disidencia).
ENFERMEDAD PROFESIONAL - DAÑO RESARCIBLE. JUECES - DEBERES Y FACULTADES.
2. Si bien el art. 6 ap. 2. b. de la ley 24.557 (mod. por decreto 1278/2000) admite que las enfermedades no incluidas en el listado deban ser indemnizadas con arreglo a la ley 24.557 cuando se demuestre que han sido provocadas por causa del trabajo, no es necesario recurrir a las Comisiones Médicas para obtener semejante declaración, desde que corresponde a la justicia provincial dilucidar si la enfermedad que afecta al trabajador y cuyo resarcimiento persigue con fundamento en la ley 24.557, ha sido provocada por el trabajo y debe ser indemnizada (doctor HITTERS, sin disidencia).
B 63.220, 22/09/10, “Giffi, Mabel Susana c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa”.
Observaciones del fallo: Dictado por mayoría de fundamentos concordantes
Magistrados votantes: de Lázzari - Hitters - Pettigiani - Negri - Soria.
Jubilaciones y pensiones - Movilidad.
La Suprema Corte resolvió por mayoría de fundamentos concordantes, hacer lugar parcialmente a la demanda, lo que importa: a) anular en lo pertinente los actos administrativos impugnados; b) reconocer el derecho de la accionante a que se determine su haber previsional con la bonificación por antigüedad correspondiente al cargo base de su haber, Director, ley 10.430, según contrato desempeñado en el Ministerio de Obras Públicas y c) condenar al Instituto de Previsión Social a pagar a la actora las diferencias de haberes resultantes del concepto antes señalado, a partir del 1º-IX-1998, en atención a la solicitud en sede administrativa, lo peticionado en la demanda y lo dispuesto por el art. 62, 1er. y 3er. párrafos del dec. ley 9650/1980, t.o. 1996. A los importes resultantes de la liquidación que con tales pautas se practique se le adicionará el correspondiente a los intereses consignados en la sentencia. (Texto completo).
1. El derecho a la prestación jubilatoria móvil adquirido conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado ya que la garantía de movilidad previsional (art. 14 de la Constitución nacional) debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación de jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, resultando irrelevante que el jubilado haya efectivamente percibido la bonificación cuya incorporación procura, pues lo que interesa es determinar si hubiese sido acreedor a la misma de continuar en actividad (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
2. El principio de proporcionalidad existe cuando se respeta la relación entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
JUBILACIONES Y PENSIONES - MOVILIDAD. EMPLEADO PÚBLICO - BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD.
3. Al admitir que se determine en el caso el haber previsional conforme se liquida al activo, esto es con la bonificación por antigüedad, se respeta el principio de proporcionalidad que justamente procura que la prestación mantenga una situación equilibrada con respecto a las variaciones que experimente el sueldo correspondiente al cargo del agente de igual categoría y antigüedad (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
EMPLEADO PÚBLICO - PERSONAL CONTRATADO. EMPLEADO PÚBLICO - REMUNERACIÓN.
4. Tal como lo dispone el artículo 116 de la ley 10.430 texto ordenado por dec. 1869/96, la relación entre el personal contratado y la Administración se rige por las cláusulas del contrato de locación de servicios, debiendo especificar -entre otras cosas- la retribución y su forma de pago (inc. "c") (doctor DE LAZZARI, mayoría).
JUBILACIONES Y PENSIONES - DETERMINACIÓN DEL HABER.
5. El monto de la prestación previsional queda determinado directamente por la remuneración

References: artículo 278
 resolución 
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 9
in fine
in fine
 Resolución 
in dubio
 artículo 214
 artículo 202
 artículo 202
 artículo 202
 resolución 
 resolución 
 artículo 2618
 resolución 
 artículo 11
in dubio
 artículo 55
 artículo 243
in fine
 artículo 55
 artículo 243
in fine
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 47
in dubio
 artículo 116