Source: https://www.raadabogado.es/es/noticias-detalle/requisitos-para-certificar-una-resolucion-como-titulo-ejecutivo-europeo/
Timestamp: 2018-08-20 20:13:11+00:00

Document:
requisitos para certificar una resolución como título ejecutivo europeo
In the Judgment of 17 december 2015, in case C-300/14, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, the Court of Justice of the European Union interprets the requirements for certification a judgment as a European Enforcement Order. In particular, the compliance of minimum standards for review in exceptional cases (article 19 Regulation (EC) núm. 805/2004). This Judgment confirms that where a court in a Member State has given judgment on an uncontested claim in the absence of participation of the debtor in the proceedings, the abolition of any checks in the Member State of enforcement is inextricably linked to and dependent upon the existence of a sufficient guarantee of observance of the rights of the defence.
Título ejecutivo europeo - normas mínimas - derechos del deudor - revisión de la resolución.
European Enforcement Order - minimum standards - rights of the debtor - review of the judgment.
I. PRESENTACIÓN DE LA SENTENCIA
1. La presente Sentencia ofrece por primera vez al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar el artículo 19 del Reglamento núm. 805/2004, norma que establece una serie de requisitos procesales mínimos, que debe respetar el Derecho procesal de los distintos Estados miembros, para la revisión de la resolución en casos excepcionales. Si esos requisitos no son cumplidos no podrá certificarse la resolución como título ejecutivo europeo. La finalidad de las normas mínimas del Reglamento es garantizar que, en todo caso, en el Estado miembro de origen se ha respetado efectivamente el derecho de defensa del deudor cuando el carácter no impugnado del crédito se debió a su actitud pasiva, máxime si tenemos en cuenta que, al suprimirse el exequátur, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución no puede controlar la resolución así certificada. Además el Tribunal aclara que la certificación de la resolución como título ejecutivo europeo debe realizarla el juez, al ser un acto de naturaleza jurisdiccional.
Para analizar la Sentencia procederemos primero a presentar los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales planteadas para valorar, al hilo de la respuesta del Tribunal de Justicia, la regulación del Reglamento núm. 805/2004 (en adelante Reglamento TEE) (1) .
II. LOS HECHOS Y LAS CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS
2. La sociedad Imtech Marine Belgium NV, con domicilio social en Bélgica, prestó varios servicios a la sociedad Radio Hellenic SA, con domicilio social en Grecia, debiendo pagar por ello 23.506’99 €. De conformidad con las condiciones generales de Imtech Marine, en caso de impago se aplicarían una cláusula penal del 10% e intereses de demora devengados a un tipo anual del 12%.
Tras diversos requerimientos la sociedad griega no cumplió con sus obligaciones de pago por lo que mediante citación, notificada el 25 de marzo de 2013, Imtech Marine, solicitó al Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunal de lo mercantil de Amberes) que condenase a Radio Hellenic al pago de la cuantía debida y que certificase la resolución condenatoria como título ejecutivo europeo con arreglo al Reglamento TEE. Mediante sentencia de 5 de junio de 2013 Radio Hellenic fue condenada en rebeldía al pago de la cantidad adeudada (más una indemnización pactada en el contrato que ligaba a las dos partes, así como los intereses de demora y las costas del proceso). No obstante, el citado órgano jurisdiccional consideró que no podía certificar la sentencia como título ejecutivo europeo por entender que la normativa belga no cumplía las normas procesales mínimas que establece el Reglamento TEE.
La sociedad Imteh Marine recurrió en apelación ante el Hof van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) contra la no certificación como título ejecutivo europeo de la sentencia dictada en primera instancia.
3. El tribunal de apelación señala que la cuestión de si el Derecho belga cumple o no las normas mínimas para la revisión en casos excepcionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento TEE, suscita discrepancias en la doctrina y la jurisprudencia belgas, al igual que las atribuciones respectivas del juez y del secretario judicial en el marco de la certificación de una resolución como título ejecutivo europeo. En particular dicho órgano observa que, en el caso del procedimiento de revisión del artículo 19.1 Reglamento TEE, el plazo para interponer recurso contra una resolución dictada en rebeldía puede expirar, en Derecho belga, antes de que el deudor haya podido interponerlo. En estas circunstancias el Hof van Beroep te Antwerpen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Constituye la no aplicación directa del Reglamento núm. 805/2004 una vulneración del artículo 288 TFUE (LA LEY 6/1957), dado que
a) el legislador belga no ha transpuesto el citado Reglamento en la legislación belga, y
b) el legislador belga no ha establecido un procedimiento de revisión, aunque la legislación belga prevé la oposición y el recurso de apelación?
2) En caso de respuesta negativa, dado que un reglamento tiene efecto directo, ¿qué ha de entenderse por "revisión de una resolución" en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento núm. 805/2004? ¿Debe preverse un procedimiento de revisión únicamente si la notificación de una citación/escrito de incoación de un procedimiento ha tenido lugar del modo mencionado en el artículo 14 de dicho Reglamento, es decir, sin acuse de recibo? ¿Al prever la oposición en el artículo 1047 y siguientes del Código procesal belga y el recurso de apelación en los artículos 1050 y siguientes de dicho Código, no ofrece la legislación belga suficientes garantías para cumplir los requisitos del "procedimiento de revisión" previsto en el artículo 19, apartado 1, del referido Reglamento?
3) ¿Ofrece el artículo 50 del Código procesal belga, que permite prorrogar los plazos de caducidad previstos en los artículos 860, apartado 2, 55 y 1048 del mismo Código en casos de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a la responsabilidad del interesado, suficiente protección a los efectos del artículo 19, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 805/2004? Contra la expedición de un certificado de título ejecutivo europeo no cabe recurso alguno
4) ¿Constituye la certificación como título ejecutivo europeo para créditos no impugnados un acto de administración de justicia que debe reclamarse en el escrito de incoación? En caso de respuesta afirmativa, ¿debe certificar el juez la resolución como título ejecutivo europeo y debe el secretario entregar la prueba de la certificación? En caso de respuesta negativa, ¿puede incumbir al secretario certificar la resolución como título ejecutivo europeo?
5) En el caso de que la certificación como título ejecutivo europeo no constituya un acto de administración de justicia, ¿puede el solicitante —que no haya presentado el escrito de incoación para reclamar un título ejecutivo europeo— solicitar a posteriori al secretario una vez sea firme la resolución, que certifique la resolución como título ejecutivo europeo?».
4. El 7 de agosto de 2014 el Tribunal de Justicia dirigió al órgano jurisdiccional remitente una solicitud de información para que le aportase el texto de las disposiciones belgas a las que hacía referencia en la resolución de remisión y la jurisprudencia nacional pertinente. El Hof van Beroep te Antwerpen aportó la información y las explicaciones requeridas (2) .
En el presente procedimiento formularon observaciones escritas los Gobiernos portugués, belga y polaco y la Comisión Europea. Por su parte, el Abogado General, Sr. Cruz Villalón, presentó sus conclusiones el 8 de septiembre de 2015.
III. EL RESPETO DE LAS NORMAS MÍNIMAS COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE DEFENSA DEL DEUDOR
1. LA FINALIDAD Y EL ALCANCE DE LAS NORMAS MÍNIMAS DEL REGLAMENTO TEE
5. El Reglamento núm. 805/2004 ha sido el primer instrumento que, en materia patrimonial, ha suprimido el exequátur para un determinado tipo de resoluciones, las dictadas sobre un crédito no impugnado. Aquí reside toda la esencia del Reglamento ya que si el deudor impugna el crédito la resolución no podrá ser certificada como título ejecutivo europeo al no estar incluida en su ámbito de aplicación. A tal efecto, el artículo 3 del Reglamento considera como no impugnado el crédito si el deudor en el proceso de origen mantuvo una actitud positiva (lo aceptó de forma expresa en un procedimiento judicial, mediante una transacción judicial o en un documento público con fuerza ejecutiva) o una actitud negativa o pasiva (no impugnándolo o no compareciendo a una vista del órgano jurisdiccional tras una inicial impugnación).
Pues bien, en estos supuestos de pasividad del deudor hay que velar escrupulosamente por sus derechos de defensa y, precisamente por ello, establece el artículo 6.1.c) del Reglamento que para certificar la resolución como título ejecutivo europeo los procedimientos judiciales del Estado miembro de origen deben cumplir los requisitos procesales que se establecen en el conjunto de normas mínimas del Capítulo III.
6. La finalidad de estas normas mínimas es garantizar que el deudor ha sido informado de manera correcta del procedimiento entablado en su contra, del crédito, de los requisitos para impugnarlo y de las consecuencias que se derivarían de su no participación en el procedimiento. En suma, el órgano jurisdiccional de origen debe verificar que dicha actitud pasiva fue voluntaria y consciente y no debida a una lesión del derecho de defensa del deudor porque no tuvo conocimiento del procedimiento entablado contra él o no pudo impugnar el crédito (3) .
La estricta observancia de las normas mínimas garantiza el respeto de los derechos de defensa y justifica la supresión de cualquier control de la resolución en el Estado miembro de ejecución (4) . Recuérdese que el Tribunal de Justicia ya había afirmado expresamente que no es posible certificar como título ejecutivo una resolución dictada en rebeldía cuando se desconoce el domicilio del demandado, al no existir garantías del respeto del derecho de defensa (5) .
7. Ahora bien, estableciendo estas normas mínimas el Reglamento TEE no pretende armonizar los Derechos procesales de los distintos Estados miembros (salvo Dinamarca) ya que se deja a la discreción de los mismos la facultad de adaptar sus respectivas legislaciones a esos requisitos en el supuesto de que lo consideren necesario. Expresamente el Considerando 19 afirma que «el Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas procesales establecidas en él. Ofrece un incentivo hacia esta finalidad facilitando una ejecución más eficaz y rápida de resoluciones en otros Estados miembros solamente si se cumplen estas normas mínimas».
La consecuencia inmediata que se derivaría de una falta de conformidad de la legislación de un Estado miembro a estas normas mínimas sería la no certificación de la resolución como título ejecutivo europeo (arts. 6.1.c) y 12 Reglamento TEE) (6) .
8. Y así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia al responder a la primera cuestión prejudicial que se le plantea. Una de las normas mínimas es el artículo 19, norma que establece que, en los supuestos contemplados en los apartados a) y b), sólo puede certificarse la resolución como título ejecutivo europeo si el deudor puede solicitar, conforme a la legislación del Estado miembro de origen, la revisión de la resolución. A tal efecto el artículo 30 del Reglamento establece que los Estados miembros deben comunicar a la Comisión este procedimiento de revisión (7) .
El problema que el órgano jurisdiccional remitente se plantea es hasta qué punto la legislación belga se adaptaba o no a las exigencias del artículo 19, es decir, ¿el Reglamento TEE impone a los Estados miembros la obligación de establecer en su derecho interno un procedimiento de revisión como el previsto en la norma o es suficiente con que los recursos previstos en la legislación interna cumplan los requisitos exigidos por la citada disposición?
9. El Tribunal considera que de la literalidad del precepto y de lo previsto en el Considerando 19 puede deducirse que el Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas ni, por tanto, de establecer un procedimiento específico de revisión en el sentido del artículo 19. La consecuencia de la inexistencia de un procedimiento de revisión «es la imposibilidad de certificar una resolución como título ejecutivo europeo en las circunstancias especificadas en dicho artículo» (motivo 29). Pero ello no significa, como afirma el Tribunal, que si un Estado miembro no adapta su legislación esté infringiendo el artículo 288 TFUE (LA LEY 6/1957) (8) .
Sobre la base de estas consideraciones responde el Tribunal que el artículo 19 Reglamento TEE debe interpretarse en el sentido de que «no impone a los Estados miembros la obligación de establecer en su Derecho interno un procedimiento de revisión como el previsto en el referido artículo 19» (9) .
2. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 19 PARA LA REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN CASOS EXCEPCIONALES
10. Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que el Tribunal de Justicia examina de forma conjunta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, de un lado, cuáles son los requisitos que exige el artículo 19 Reglamento TEE para que una resolución dictada en rebeldía pueda certificarse como título ejecutivo europeo y, por otra parte, si la regulación belga de la oposición y del recurso de apelación se adapta a la citada disposición.
11. El artículo 19.1 establece que además de los artículos 13 a 18, sólo podrá certificarse una resolución como título ejecutivo europeo si el deudor puede solicitar, conforme a la legislación del Estado miembro de origen, la revisión de la resolución, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que el documento por el que se incoa el procedimiento o, en su caso, la citación para una vista se hubiera notificado a través de uno de los métodos establecidos en el artículo 14 (notificación sin acuse de recibo del deudor) y dicha notificación no se practicó con la suficiente antelación para organizar su defensa, siempre que no pueda imputársele responsabilidad por ello; o b) que el deudor no hubiera podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad, siempre que, en ambos casos, actuare con prontitud (10) .
La finalidad de esta norma mínima es proteger al deudor cuando, por causas ajenas a su voluntad, no tuvo conocimiento del proceso entablado contra él o no pudo impugnar el crédito por causas de fuerza mayor o por circunstancias extraordinarias. En estos casos el deudor tiene que tener la posibilidad de solicitar, conforme a la legislación del Estado miembro de origen, la revisión de la resolución ya que de lo contrario la resolución no podrá ser certificada como título ejecutivo europeo.
12. No obstante la norma no regula ese procedimiento de revisión al remitirse expresamente a la legislación interna del Estado miembro de origen. Tal y como afirma el Tribunal de Justicia si bien es posible que los distintos Estados miembros puedan establecer en su Derecho nacional un procedimiento de revisión específico para los supuestos del artículo 19, no puede excluirse que las distintas vías de recurso existentes en los Estados miembros permitan al deudor solicitar tal revisión. Corresponde al juez que debe certificar la resolución como título ejecutivo europeo examinar si, conforme a su derecho interno, el deudor puede solicitar la revisión de la resolución (motivo 36). Y ¿cuándo debe entenderse entonces que un recurso previsto en una determinada legislación cumple las exigencias del artículo 19? La certificación de una resolución como título ejecutivo europeo debe quedar reservada al juez
A juicio del Tribunal el pleno respeto del derecho de defensa del deudor y el derecho a un juicio justo, consagrados en el artículo 47.2 de la Carta, exigen que para una vía de recurso pueda considerarse un procedimiento de revisión en el sentido del artículo 19 Reglamento TEE debe permitir «una revisión plena de la resolución, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico» (motivo 38) (11) . Y esa revisión plena de la resolución debe preverse para los dos supuestos expresamente contemplados en las letras a) y b) del artículo 19 (12) .
13. Una vez aclarado qué debe entenderse por «revisión de la resolución» se pregunta al Tribunal de Justicia si la regulación belga de la oposición y del recurso de apelación, incluida la posibilidad de prorrogar el plazo de interposición de estos recursos en caso de fuerza mayor, se adapta a las exigencias del artículo 19 Reglamento TEE (13) . Pero el Tribunal no podía entrar a dilucidar esta cuestión ya que como viene afirmando en una jurisprudencia muy consolidada, «no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de una remisión prejudicial, pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni apreciar si es correcta la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente efectúa de éstas» (14) . La interpretación del Derecho nacional es misión que compete a los distintos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
Al Tribunal de Justicia solo le corresponde interpretar el artículo 19 Reglamento TEE, cuál es su finalidad, en qué supuestos es operativo y qué requisitos exige. Una vez realizada esa interpretación corresponderá a los distintos órganos nacionales valorar si su legislación interna cumple o no los requisitos mínimos requeridos.
14. Y para cumplir la finalidad de esa disposición el procedimiento de revisión debe permitir al deudor, en segundo lugar, «solicitar dicha revisión más allá de los plazos ordinarios establecidos en el derecho nacional para formular oposición o interponer recurso contra la resolución» (motivo 39). En sentido análogo el Abogado General considera que las vías de recurso previstas en el Derecho nacional no pueden establecer un plazo que comience a contarse en el momento en que se produce la notificación del documento ya que, en la práctica, se pueden plantear supuestos en los que el deudor no haya tenido conocimiento del mismo en el plazo establecido o tenga conocimiento sin la suficiente antelación para preparar su defensa. Se daría la paradoja de que «el plazo para la interposición del recurso puede haber expirado antes de que el deudor haya podido utilizarlo» (punto 41).
Al respecto hay que recordar que el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 34.2 del Reglamento 44/2001, ya había considerado que un demandado únicamente tiene la posibilidad de interponer un recurso contra una resolución dictada en rebeldía, si efectivamente ha conocido el contenido de la misma por medio de la entrega o notificación efectuada con tiempo suficiente para poder defenderse ante el órgano jurisdiccional del Estado de origen. Si el demandado no ha tenido conocimiento de la sentencia dictada en rebeldía en su contra no puede recurrir, por lo que sufre lesión de sus derechos de defensa (15) .
Por tanto, y por analogía, si el deudor por causas ajenas a su voluntad tiene conocimiento del procedimiento entablado contra él una vez que ha expirado el plazo para interponer recurso, la legislación interna del Estado miembro de origen debe permitir una prórroga de ese plazo. El deudor tiene que tener la posibilidad de hacer valer su defensa antes de que se certifique la resolución como título ejecutivo europeo ya que en fase de ejecución está prohibido cualquier control de dicho aspecto.
15. Y puesto que el artículo 19 Reglamento TEE prevé el recurso de revisión cuando el deudor no hubiera podido impugnar el crédito «por razones de fuerza mayor» o «debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad», el derecho interno debe permitir tal prórroga de los recursos en ambos supuestos (motivo 40) (16) . La duda que se planteaba era si la prórroga de los plazos de caducidad de los recursos prevista en el Derecho belga para los supuestos de fuerza mayor ofrecía la suficiente protección al deudor (17) .
16. Sobre la base de todas estas consideraciones afirma el Tribunal de Justicia que «el artículo 19, apartado 1, del Reglamento núm. 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que, para proceder a la certificación como título ejecutivo europeo de una resolución dictada en rebeldía, el juez que conoce de tal solicitud debe asegurarse de que su Derecho interno permite efectivamente y en todo caso llevar a cabo una revisión plena, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, de tal resolución en los dos supuestos contemplados por la referida disposición y que permite prorrogar los plazos para interponer recurso contra una resolución relativa a un crédito no impugnado, no sólo en los casos de fuerza mayor, sino también cuando concurren otras circunstancias extraordinarias, independientes de la voluntad del deudor, que le hayan impedido impugnar el crédito controvertido».
17. Si así debe ser interpretado el artículo 19 Reglamento TEE corresponde, en consecuencia, a los distintos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros valorar si su legislación interna cumple o no los requisitos procesales mínimos exigidos en esa disposición. Solo en caso de respuesta afirmativa, y siempre que se cumplan los demás requisitos, podrán certificar la resolución como título ejecutivo europeo (18) . En el supuesto que estamos analizando incumbe al Hof Van Beroep Antwerpen, único competente para interpretar las disposiciones de su derecho interno, valorar si la regulación de la oposición y del recurso de apelación del Código procesal belga se adapta a las exigencias del citado artículo 19 (19) .
IV. EL CARÁCTER JURISDICCIONAL DE LA CERTIFICACIÓN
18. Mediante las dos últimas cuestiones prejudiciales se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si la certificación de la resolución como título ejecutivo europeo es un acto de naturaleza jurisdiccional, reservado al juez, que debe solicitarse en el escrito de incoación o si se puede encomendar al secretario judicial. El órgano jurisdiccional remitente plantea esta pregunta porque en el Derecho belga se ha optado por atribuir al secretario judicial, en lugar de al juez, la función de la certificación (20) .
19. Hay que señalar, al respecto, que el artículo 6.1 Reglamento TEE establece que una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro será certificada como título ejecutivo europeo, previa petición presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento si se cumplen los requisitos que enumera. Por su parte, el artículo 9.1 del Reglamento afirma que el certificado de título ejecutivo europeo se expedirá cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo I.
De una lectura conjunta de ambas disposiciones se deduce, como afirma el Tribunal de Justicia, que hay que distinguir entre «la certificación propiamente dicha de la resolución como título ejecutivo europeo» y «la expedición del certificado». Y esta distinción se justifica, a nuestro parecer, porque las funciones que debe realizar el órgano jurisdiccional cuando «certifica» no son las mismas que cuando «expide el certificado».
20. En el Reglamento núm. 805/2004 el título ejecutivo europeo no se entiende como una resolución obtenida en un procedimiento uniforme que se ejecuta directamente en el resto de Estados miembros. El título ejecutivo europeo es un certificado de la resolución que garantiza que se han cumplido todas las condiciones o presupuestos que exige el Reglamento para suprimir el exequátur. Toda resolución así certificada gozará de fuerza ejecutiva directa (21) . Y para que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda certificar una resolución como título ejecutivo europeo debe comprobar que se cumplen todas esas condiciones siendo una de ellas, como venimos analizando, el cumplimiento de las normas mínimas cuando la resolución sobre un crédito no impugnado, se haya dictado en ausencia del deudor (22) . Por tanto, y como apuntó el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, la certificación de la resolución no puede entenderse como un «examen puramente formal», al exigir rigurosas comprobaciones que son propias de un auténtico control jurisdiccional (23) .
Este razonamiento se refuerza si tenemos en cuenta que contra la expedición de un certificado de título ejecutivo europeo no cabe recurso alguno (art. 10.4) (24) y que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución no puede controlar si en el procedimiento de origen se respetaron o no los derechos de defensa del deudor. La ejecución sólo puede denegarse si concurre uno de los motivos previstos en el artículo 21 Reglamento TEE.
El pleno respeto del derecho de defensa del deudor justifica que sólo un juez pueda decidir si certifica o no la resolución como título ejecutivo europeo.
21. En cambio la «expedición del certificado» sí que es un acto formal que no tiene que realizar necesariamente un juez ya que, en la práctica, consiste en rellenar espacios y cumplimentar los casilleros recogidos en el Anexo I del Reglamento. Por eso dicha expedición puede encomendarse al secretario judicial.
22. Por último, y en relación a la cuestión de si la certificación debe solicitarse en el escrito de incoación, establece el artículo 6 Reglamento TEE que una resolución sobre un crédito no impugnado será certificada como título ejecutivo europeo, previa petición ante el órgano jurisdiccional «en cualquier momento». Y puede realizarse en cualquier momento porque cuando el acreedor incoa el procedimiento no sabe si el deudor va a impugnar el crédito y si la resolución que se dicte cumplirá los requisitos exigidos por el Reglamento para la certificación (punto 56 conclusiones del Abogado General). A este argumento puede añadirse, a nuestro juicio, que la solicitud de la certificación como título ejecutivo europeo es opcional para el acreedor que puede elegir, en su lugar, solicitar la ejecución de la resolución conforme al Reglamento (UE) núm. 1215/2012 u otras normas en materia de eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales extranjeras (Considerando 20 y art. 27 Reglamento TEE).
23. Por consiguiente afirma el Tribunal que el artículo 6 Reglamento TEE debe interpretarse «en el sentido de que la certificación de una resolución como título ejecutivo europeo, que puede solicitarse en cualquier momento, debe quedar reservada al juez».
V. VALORACIÓN DE LA SENTENCIA
24. La Sentencia que hemos analizado confirma que solo podrá certificarse como título ejecutivo europeo una resolución dictada en ausencia del deudor si en el procedimiento de origen se observaron las normas mínimas del Capítulo III. El estricto cumplimiento de esos requisitos procesales es un presupuesto de la certificación porque la resolución así certificada goza de ejecutividad directa, sin posibilidad de que el tribunal del Estado miembro de ejecución pueda controlar si se respetaron los derechos de defensa del deudor. Además no puede olvidarse que contra la expedición de un certificado de título ejecutivo europeo no cabe recurso alguno.
Las comprobaciones que, a tal efecto, deben realizarse revisten un carácter jurisdiccional por lo que la certificación queda reservada al juez.
25. También corrobora el Tribunal de Justicia el carácter discrecional de las normas mínimas y que la consecuencia que se deriva de la no adaptación de la legislación de un Estado miembro a esas normas es la no certificación de la resolución como título ejecutivo europeo. Si es cierto que el razonamiento del Tribunal se centra en el artículo 19 Reglamento TEE entendemos que sus consideraciones son extensibles al resto de normas mínimas. Corresponderá a cada órgano jurisdiccional valorar si, conforme a su legislación, puede o no certificar la resolución dictada en rebeldía como título ejecutivo europeo.
26. Por último, y para concluir, el gran mérito de la Sentencia reside, a nuestro juicio, en dejar claro que en el Reglamento núm. 805/2004 la supresión del exequátur no se ha realizado a costa de un sacrificio de los derechos de defensa. Si alguna duda quedaba al respecto el Tribunal la despeja por completo.
— COBO SÁENZ, J.F., «El encaje del título ejecutivo europeo en el Derecho procesal de los Estados miembros: ¿necesidad de ajustes?», en Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: el Título ejecutivo europeo, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 249-251.
— FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., Derecho internacional privado, 7.ª ed, Madrid, Navarra, Civitas-Thomson Reuters, 2013, pp. 210-211.
— GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., El título ejecutivo europeo, Navarra, Thomson-Civitas, 2006.
GASCÓN INCHAUSTI, F., El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Navarra, Aranzadi, 2005.
— RAMOS ROMEU, F., El título ejecutivo europeo, Navarra, Thomson-Civitas, 2006.
— RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ªA., El título ejecutivo europeo, Madrid, Colex, 2005.
— RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ªA., «Una nueva fórmula para la supresión del exequátur en la reforma del Reglamento Bruselas I», Cuadernos de Derecho Transnacional, núm.1, 2014, pp. 330-347.
— RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ªA., «El encaje del Título ejecutivo europeo en el Derecho procesal español», en Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: el Título ejecutivo europeo, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 193-217.
Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, DOUE núm. L 143, de 30 de abril de 2004. Modificado por el Reglamento (CE) núm. 1869/2005 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2005, DOUE núm. L 300, de 17 de noviembre de 2005.
En los motivos 13 a 18 de la Sentencia se reproducen literalmente las disposiciones del Código procesal belga.
Para un estudio detallado de las normas mínimas véase GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J, El título ejecutivo europeo, Navarra, Thomson-Civitas, 2006, págs. 129-161; GASCÓN INCHAUSTI, F, El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Navarra, Aranzadi, 2005, págs. 113-151; RAMOS ROMEU, F, El título ejecutivo europeo, Navarra, Thomson-Civitas, 2006, págs. 57-79; RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ª A, El título ejecutivo europeo, Madrid, Colex, 2005, págs. 81-114.
Véase, en este sentido, los Considerandos 10, 11 y 12 del Reglamento.
Sentencia TJUE de 15 de marzo de 2012, asunto C-292/10, G c. Cornelius de Visser.
A juicio de GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., El título ejecutivo europeo…, op. cit, pág. 132, «las normas mínimas son normas de segundo orden que actúan como mero filtro de los Derechos nacionales». La falta de obligatoriedad de las normas mínimas fue muy criticada por el Dictamen del Comité Económico y Social al considerarla el talón de Aquiles del Reglamento.
Por lo que se refiere a nuestro ordenamiento hay que señalar que, aunque en la Disposición Final 21.ª LEC no se hace ninguna referencia a este procedimiento de revisión, España ha comunicado que: «La revisión en casos excepcionales a la que se refiere el artículo 19 del Reglamento (CE) núm. 805/2004 podrá llevarse a efecto por vía de la rescisión de sentencias firmes a instancia del demandado rebelde (artículo 501 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)». Véase RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ª A, «El encaje del Título ejecutivo europeo en el Derecho procesal español», en AA.VV, Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: el Título ejecutivo europeo, Universidad de Sevilla, 2006, págs. 193-217.
Las Comunicaciones realizadas por los distintos Estados miembros pueden consultarse en el Portal Europeo de e-Justicia (https://e-justice.europa.eu)
Como apunta el Abogado General en los autos se indica que hay abierto un procedimiento de infracción contra Bélgica pero no por la falta de adaptación del Derecho belga a las normas procesales mínimas del Reglamento, sino porque en Bélgica se están certificando resoluciones como títulos ejecutivos europeos pese a no haber notificado a la Comisión, con arreglo al artículo 30.1, la existencia en Derecho belga de un procedimiento que cumpla los requisitos de su artículo 19. Ese procedimiento de infracción estaba en suspenso a la espera de la respuesta del Tribunal.
En el mismo sentido se pronunció el Abogado General y las partes intervinientes en sus observaciones.
No obstante, y tratándose de una norma mínima, se aclara que los Estados miembros pueden permitir el acceso a la revisión de la resolución en condiciones más ventajosas que las descritas (art. 19.2).
Esta respuesta queda confirmada por el Considerando 14 y por el artículo 18 del Reglamento que siempre se refieren a «revisión plena». Como afirma GASCÓN INCHAUSTI, F., El título ejecutivo europeo…, op. cit, págs. 145-146, en el término revisión del artículo 19 RTEE encaja «todo cauce procesal que permita al demandado rebelde privar de eficacia a la sentencia dictada en su contra, ya se trate de un recurso, ya se trate de un medio extraordinario y especial para lograr la rescisión o la anulación de resoluciones firmes».
De esta forma el Tribunal responde implícitamente a la segunda pregunta de la segunda cuestión prejudicial. De la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente podía deducirse que el litigio principal estaba comprendido en la letra b) del artículo 19.1 Reglamento TEE, por lo que el Abogado General propuso responder a esa pregunta en el sentido de que para que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda certificar una resolución como título ejecutivo europeo no basta con que dicho ordenamiento prevea un procedimiento de revisión en el supuesto de la letra a) del artículo 19 sino que, además, debe preverse un procedimiento de revisión si se da el supuesto que establece la letra b) de dicha disposición.
Tercera pregunta de la segunda cuestión prejudicial y tercera cuestión prejudicial. El derecho belga regula dos vías de recurso: la oposición (prevista específicamente para las sentencias dictadas en rebeldía, arts. 1047 y ss Código procesal belga) y la apelación (arts. 1050 y ss. Código procesal belga). El plazo para interponer dichos recursos es de un mes, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución, plazo que se amplía si el demandado no está domiciliado en Bélgica (art. 55 Código procesal belga). Según el órgano jurisdiccional remitente el Hof van Cassatie belga ha afirmado que en casos de fuerza mayor se acepta la prórroga del plazo de interposición de los recursos (Véase los puntos 32 y 33 de las conclusiones del Abogado General).
Entre otras muchas el Abogado General cita la Sentencia TJUE de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, Padawan SL c. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).
Sentencia TJCE de 14 de diciembre de 2006, asunto C-283/05, ASML Netherlands BV c. SEMIS.
El Tribunal de Justicia ha afirmado insistentemente que si uno de los objetivos del Reglamento Bruselas I es facilitar la libre circulación de resoluciones en los Estados miembros, tal objetivo no puede conseguirse a costa de un sacrificio de los derechos de defensa. Durante los trabajos de reforma del Reglamento Bruselas I la tensión entre la supresión del exequátur y la protección de los derechos de defensa obligaron al legislador europeo a adoptar una fórmula intermedia alejada de la inicialmente prevista. Véase RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.ª A, «Una nueva fórmula para la supresión del exequátur en la reforma del Reglamento Bruselas I», Cuadernos de Derecho Transnacional, núm.1, 2014, pp. 330-347.
Ver Texto (16)
Como afirma el Abogado General, el Tribunal de Justicia en el Auto de 21 de marzo de 2013, asunto C-324/12, Novontech-Zala ha afirmado que ambos conceptos son categorías jurídicas distintas. Aunque dicha interpretación se realizó al hilo del artículo 20.1.b) del Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, a su juicio puede aplicarse al artículo 19 Reglamento TEE al emplearse en ambas disposiciones fórmulas idénticas.
Ver Texto (17)
El Gobierno belga, en sus observaciones escritas, sostuvo que el concepto de «fuerza mayor» tal como lo define el Hof van Cassatie belga cubre también las «circunstancias extraordinarias ajenas a la responsabilidad del deudor», siempre que al deudor le haya resultado imposible actuar y que tales circunstancias hayan sido imprevisibles e inevitables. Además consideró que un demandado que no estuviese al corriente de la existencia del procedimiento y a quien no se le hubiese notificado la resolución judicial podría formular oposición o recurrir en apelación dicha resolución desde el momento en que hubiese tenido conocimiento de la misma, incluso aunque el plazo habitual para interponer tales recursos ya hubiese expirado, con la condición de que actuase con prontitud.
Ver Texto (18)
Véase en nuestro ordenamiento los artículos 501 y ss., LEC. A nuestro juicio, y como así lo considera la mayoría de la doctrina, la regulación procesal española satisface las exigencias del artículo 19 Reglamento TEE. Entre otros, COBO SÁENZ, J.F, «El encaje del título ejecutivo europeo en el Derecho procesal de los Estados miembros: ¿necesidad de ajustes?», en Hacia la supresión del exequátur …, op. cit,, págs. 249-251.
Ver Texto (19)
En sus observaciones escritas los Gobiernos belga y polaco sostuvieron que la legislación belga sí responde a las exigencias del artículo 19 Reglamento TEE, mientras que la Comisión se manifestó en sentido contrario. Por su parte, el Abogado General también se pronunció en sentido negativo, aunque dejando claro que la interpretación última corresponde al órgano jurisdiccional remitente (puntos 43 y 44 de sus conclusiones).
Ver Texto (20)
Tal y como expone el Abogado General, en el punto 51 de sus conclusiones, dicha designación se ha realizado mediante la Circular ministerial de 22 de junio de 2005, solución que ha sido muy criticada por la doctrina belga que, a tal efecto, cita.
En el Derecho español esta cuestión no plantea ningún problema ya que como establece la Disposición Final 21.ª LEC «la competencia para certificar un título ejecutivo europeo corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución».
Ver Texto (21)
La consecuencia que se deriva de la certificación es la ejecutividad inmediata del título en otros Estados miembros, sin que sea necesaria ninguna declaración de ejecutividad, véase, FERNÁNDEZ ROZAS, J.C, y SÁNCHEZ LORENZO, S, Derecho internacional privado, 7.ª ed, Madrid, Navarra, Civitas-Thomson Reuters, 2013, págs. 210-211.
Ver Texto (22)
El órgano jurisdiccional de origen debe comprobar, entre otros extremos, los modos de notificación, el comportamiento del deudor, la posibilidad de subsanar el incumplimiento de normas mínimas o la existencia de un recurso en su ordenamiento que permita la revisión de la resolución. Sin lugar a dudas, y como señala el Tribunal, son indispensables cualificaciones jurídicas de un juez para realizar estas apreciaciones.
Ver Texto (23)
En sentido análogo se ha pronunciado el Abogado General, Sr. Ybes Bot, en sus conclusiones presentadas al asunto C-511/14, Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagoda Ltd (pendiente de ser resuelto, en el momento de redacción de estas páginas, por el Tribunal de Justicia).
Ver Texto (24)
La cuestión más discutida durante el desarrollo de los trabajos del Reglamento fue la irrecurribilidad del certificado de título ejecutivo europeo. La solución final del artículo 10 es permitir la rectificación o la revocación de dicho certificado.

References: resolución 
 artículo 19
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 artículo 19
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 artículo 288
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 1047
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 artículo 50
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 artículo 3
 artículo 6
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 artículo 30
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 artículo 288
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 ARTÍCULO 19
 RESOLUCIÓN 
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 artículo 6
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 artículo 30
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 artículo 18
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 artículo 20
 artículo 19
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 artículo 19
 artículo 19
 artículo 10