Source: https://nestoravendano.wordpress.com/2013/11/
Timestamp: 2019-11-22 18:50:22+00:00

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noviembre | 2013 | Blog de Néstor Avendaño
INVERCASA tiene la mejor calidad entre los puestos de bolsa de valores del país
Por primera vez en la historia económica y financiera de Nicaragua se conoce un ranking de los cinco puestos de bolsa de valores de Nicaragua, que por orden cronológico son INVERCASA, LAFISE VALORES, BAC VALORES, INVERNIC y PROVALORES. La fuente de la información utilizada para realizar esta clasificación es la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
El miércoles 27 de noviembre Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), a través de este servidor, presentó a la prensa hablada, escrita y televisiva la caracterización de los puestos de bolsa al 30 de junio de este año, en la que se destaca que el INVERCASA es el puesto más grande por el tamaño de sus activos, tiene mayor liquidez y cuenta con el mayor patrimonio, mientras que el puesto más pequeño, con menor liquidez y menor patrimonio es INVERNIC. El puesto de bolsa que realizó el mayor volumen de transacciones en el primer semestre del año en curso es LAFISE VALORES, con el 37% del total negociado, y el BAC VALORES es el que realizó menos transacciones al participar con el 3% de dicho total.
Como una institución financiera, los socios de un puesto de bolsa persiguen los objetivos de que el puesto sea el más rentable, el más productivo y el que disponga de una liquidez apropiada para hacer frente a sus pasivos. Tomando en cuenta esos tres objetivos o parámetros, se procedió a estimar tres razones financieras para cada puesto de bolsa y los hallazgos al 30 de junio de este año se muestran a continuación.
INVERCASA tuvo la mayor rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 23.47% y LAFISE VALORES mostró pérdidas con un ROE negativo de 3.59%; BAC VALORES tenía la mayor liquidez, al reflejar una liquidez total igual a 289.85% de sus pasivos (deudas) totales e INVERCASA tenía la menor liquidez, pero cubría su total de pasivos, con el 155.26%; y la mayor eficacia en la generación de ingresos financieros expresada con la razón financiera de las utilidades financieras con respecto a los gastos administrativos, que ayuda a determinar la productividad de una entidad financiera, correspondió a INVERCASA con un valor de 1.92 (veces) y la menor productividad se observó en BAC VALORES con 0.86 (veces).
Con esos tres parámetros financieros, cada uno de ellos respaldado por una razón financiera, se determinó que INVERCASA es el puesto de bolsa de mejor calidad de Nicaragua en junio de 2013. Entre los cinco puestos de bolsa de valores, INVERCASA tiene la más elevada tasa de rentabilidad sobre patrimonio con un 23.47%, el monto de liquidez más apropiado para hacer frente a sus deudas de corto y largo plazo con una disponibilidad igual a 155.3% del total de sus pasivos, y la mayor productividad al registrar una aceptable eficacia en la generación de ingresos financieros al computarse que esos ingresos financieros equivalen a 1.92 veces los gastos administrativos, esto último reconfirmado con el hecho que la rentabilidad promedio del portafolio de INVERCASA, es decir, la razón financiera de los ingresos financieros con respecto al volumen negociado es iguala 1.22%.
INVERCASA ha elevado su índice de calidad en forma continua desde diciembre de 2012 hasta junio de este año. El ranking del segundo trimestre de este año elaborado por COPADES muestra que el segundo lugar correspondió a PROVALORES, el tercer lugar a INVERNIC, el cuarto lugar a BAC VALORES y el quinto lugar a LAFISE VALORES.
Sugiero a la Bolsa de Valores de Nicaragua, cuyo gerente general es el competente colega Gerardo Argüello, que informe a la población en general sobre las ventajas financieras que ofrecen los puestos de bolsa debidamente autorizados por la BOLSA, la SIBOIF y los puestos de bolsa de valores, que promuevan la confianza entre los agentes económicos, o sea, las empresa emisoras de bonos y títulos valores que al venderlos obtienen liquidez para llevar a cabo sus proyectos, y los inversionistas financieros que están dispuestos a comprarlos y ganar cierta tasa de rendimiento apropiada.
También sugiero a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) que modernice la publicación de datos relacionados con el mercado bursátil de Nicaragua. Independientemente del nivel de desarrollo del mercado de valores, la SIBOIF debería poner a disposición del público en general y de los inversionistas financieros en particular, toda la información de los cinco puestos de bolsa de valores, sin contagiarla del sigilo bancario que es nocivo para el buen desempeño de la economía. Por ejemplo, para el público es imposible conocer cuántos inversionistas financieros y cuántas empresas emisora de bonos fueron contactados y realizaron transacciones por cada puesto de bolsa.
Felicito a INVERCASA porque ocupó el primer lugar del ranking de los puestos de bolsa de valores de Nicaragua en junio de 2013 e invito a los otros cuatro puestos de bolsa existentes a promover una mayor competitividad en el mercado bursátil de nuestro país. Es importante mencionar que INVERCASA es el único puesto de bolsa de valores de Nicaragua independiente de la banca comercial del país.
Etiquetas: bolsa de valores de Nicaragua, mercado de valores
Pido la reforma de un artículo constitucional
Hoy que se discuten las reformas parciales de la Carta Magna de nuestro país, y tomando en cuenta que desde el 6 de octubre de 2008 se me ha negado el acceso a la Justicia para defenderme de las graves injurias y calumnias que el diputado Eduardo Montealegre Rivas escribiera contra mi persona en el Diario La Prensa del 31 de julio de 2008, le solicito que presente a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su consideración la siguiente reforma al Artículo 130, párrafo 4, que les propongo a continuación.
El párrafo 4 antes mencionado dice así: “La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia.”
La reforma que les pido en relación con dicho párrafo es que se agregue en la excepción del procedimiento para privar de inmunidad a los funcionarios una tercera causa relativa al atropello de la honra y reputación de las personas, que seguiría a las causas relativas de los derechos de familia y laborales.
Como es de su conocimiento, el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas ha hecho gala de su inmunidad para evadir la Justicia de nuestro país, al no responder a dos Jueces Locales de lo Penal de Managua por su presunta delincuencia contra mi persona, la cual no tiene ninguna relación con sus funciones legislativas.
No omito recordarle que continúo esperando su respuesta a mi petición de que incluyan en el Orden del Día del Poder Legislativo los dos mandatos judiciales para que se inicie el proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas.
Etiquetas: asamblea nacional, eduardo montealegre
Hoy que se ha puesto de nuevo en la picota el fraude en nuestro país y el defraudador aparenta una extravagante honorabilidad y una espléndida rectitud, especialmente si es rico, invita a reflexionar sobre este problema social que continúa carcomiendo no sólo la economía nacional sino también el bienestar de las personas defraudadas, o sea, los nicaragüenses.
El primer jueves de este mes de noviembre invité a un excelente profesional de las ciencias económicas a que expusiera un tema de su elección a representantes de empresas que asisten al Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial que este servidor dirige. Alfredo Antonio Artiles, socio director de la firma auditora Peat Marwick Nicaragua, S. A. (KPMG), de quien fui profesor de macroeconomía en sus estudios de maestría y tutor de su tesis que versó sobre el riesgo-país de Nicaragua, aceptó mi invitación y, con base en su intervención ante el GEA escribo estas líneas de interés para los nicaragüenses.
¿Se ha preguntado usted como identificar a una persona que se confabula con sus intereses opuestos o que actúa contra la verdad y la rectitud y, así, perjudica a una organización o a una persona o a varias? El perfil de un defraudador se puede elaborar basado en el estudio de varios casos de fraude, principalmente “relacionados con crímenes de cuello blanco”. Su retrato genérico no es complejo y facilita su identificación.
En la mayoría de los casos, el defraudador es un hombre con una edad de 36 a 55 años que se desempeña en la cúspide de una jerarquía institucional, es decir, en las gerencias de las empresas, en la dirección de organismos no gubernamentales o en los despachos presidenciales, ministeriales y de entes autónomos del sector público, labora entre gerentes, directores y asistentes de la alta gerencia y también en la sección de ventas, con un tiempo de laborar en la organización de más de 3 años, especialmente en el rango de más de 10 años.
La duración promedio de un fraude es de casi 3 años y 5 meses, tiempo en que el defraudador comete sus malsanas acciones principalmente en el robo de activos, por ejemplo, dinero o bienes, la tergiversación de la contabilidad, la ejecución de sobornos y el crimen informático. Este último es posible con los equipos de computación y el internet, y se caracteriza por la distribución de virus, la obtención inapropiada de datos y el robo de información personal, delitos que son tipificados como económicos (muy organizados), espionaje (contra la propiedad intelectual y la investigación y desarrollo), activismo (Wikileaks), terrorismo (contra la infraestructura de energía eléctrica y telecomunicaciones) y guerra (ataques entre Estados u organizaciones).
En menor escala el defraudador comete crímenes fiscales, pero en un país aún muy endeudado en términos de producción, y en el que el Estado no castiga penalmente la evasión del pago de impuestos como es Nicaragua, se puede observar que el monto de la evasión tributaria varía entre 5% y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que obliga a señalar que la diferencia entre una evasión y una elusión tributaria es sólo el grosor de una pared de cárcel.
La mayoría de las instituciones defraudadas responden drásticamente contra el defraudador con acciones civiles y penales en el 77% de los casos o notifican a las autoridades competentes en el 40% de la muestra de estudio, o lo despiden de inmediato en el 39% del total de fraudes observados. Sin embargo, es lamentable que el 61% de las instituciones defraudadas continúa manteniendo relaciones comerciales con el defraudador.
Las actividades económicas más apetecidas por los defraudadores son las comunicaciones y las compañías de seguros. Le sigue, siempre en orden de importancia, el gobierno, lo cual nos hace recordar el complot contra el Estado de Nicaragua de un grupo de servidores públicos que abusaron del presupuesto nacional cuando les asignaron la tarea de rescatar a los depositantes de los cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001. Entre las personas acusadas por la Fiscalía General de la República se distinguieron 14 funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) encabezados por Noel Ernesto Ramírez Sánchez y Mario Bernardo Alonso Icabalceta, 14 miembros de juntas liquidadoras, 4 funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) encabezados por Esteban Benito Duquestrada Sacasa y Eduardo Montealegre Rivas, 2 altos cargos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) con Noel José Sacasa Cruz a la cabeza, 2 delegados del Despacho Presidencial de la República, 1 socio del BANCENTRO y 2 funcionarios de la firma auditora Grant Thorton. Este crimen social nunca prescribirá, aun con el hecho que uno de los acusados, el actual diputado de la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI) de la Asamblea Nacional Eduardo Montealegre Rivas, impidió el inicio del juicio penal porque prefirió ser un impune más de nuestra nación al escudarse inapropiadamente con la inmunidad que le confería su cargo público.
Otras actividades económicas preferidas por los defraudadores son los hoteles, los restaurantes, las instituciones financieras y el comercio minorista. En sus actividades institucionales o empresariales diarias, el defraudador raramente toma vacaciones y pide que se las paguen; descarta las promociones, a veces sin dar razones y otras veces con la insistencia que se siente muy a gusto en su cargo; se rodea sólo de su “gente favorita” y grita e intimida a sus colegas; los proveedores de bienes y servicio de la organización empresarial o institucional sólo quieren tratar con el defraudador, quien lleva un estilo de vida que no es consistente con el sueldo que devenga en su cargo. También es fácil de notar que no está contento con su trabajo y que le falta motivación, acepta regalos excesivos o contrarios a las políticas de la organización, se ve estresado bajo la presión y tiene oportunidad para definir la compensación financiera y otorgar los reconocimientos con muestras de una gran magnanimidad.
Entonces, estimado lector, hay que tener cuidado de los defraudadores, quienes siempre están al acecho. El ejemplo más reciente de un fraude que ha sido muy publicitado en nuestro país es el caso de las monjitas del Colegio Teresiano, que han perdido 500 mil dólares con una presunta estafa realizada por Álvaro Montealegre Rivas, y a la cual se han sumado otras más y totalizan casi 5 millones de dólares.
Ojalá que el perfil de un defraudador, que les he presentado con la información que compartiera con el GEA de COPADES mi amigo y excelente profesional Alfredo Antonio Artiles, les ayude a estar alerta y prevenir daños contra su persona, su organización empresarial, su institución estatal, su organismo no gubernamental, en fin, contra la economía nacional y el bienestar de los nicaragüenses, crímenes que no deben ser tolerados.
Vigésima carta al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua
Vuelvo a escribirle en respuesta a su magnífico silencio ante mi petición que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua introduzca en el Orden del Día las dos solicitudes emitidas el 6 de octubre de 2008 y el 15 de junio de 2011 por los Jueces Locales de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares respectivamente, para desaforar al diputado Eduardo Montealegre Rivas y responda por su presunta delincuencia cometida contra la honra y reputación de mi persona.
Es inimaginable que el Poder del Estado responsable de la emisión de las leyes no cumpla un mandato judicial ni respete la Carta Magna de nuestro país, al politizar mi querella personal y proteger al presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas. El Artículo 26, Numeral 3 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que ahora es propuesto a ser reformado, dice “Toda persona tiene derecho … Al respeto de su honra y reputación”, pero ¿para qué reformarlo si no se cumple?
Por el inapropiado uso de la inmunidad que hace el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, desde el 8 de mayo de 2012 he recurrido a usted, Señor Presidente de la Asamblea Nacional, al escribirle veinte cartas con la presente para que la Asamblea Nacional de Nicaragua me facilite mi derecho humano de acceso a la Justicia. Cabe recordar que a finales de enero de 2012 la Primera Secretaria de la Junta Directiva, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, no quiso atenderme personalmente en su despacho e intentó politizar mi querella personal, al sugerirme, por vía telefónica, que conversara con el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para conocer el resultado de mi reiterada solicitud.
Siempre en espera de su respuesta, hago propicia esta ocasión para reiterarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.
Etiquetas: asamblea nacional de nicaragua, Eduardo Montealegre Rivas
El artificio macroeconómico y el riesgo soberano
He observado bastante euforia política en el plano económico después de la conjetura del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Alberto Guevara, que Nicaragua se había graduado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Recientemente, el gerente general del BCN, el amigo y distinguido economista Ovidio Reyes, se ha dejado llevar de esa ola triunfalista, por lo menos debería simularla, al anunciar que el Gobierno de Nicaragua se prepara para emitir bonos de deuda pública con un monto mínimo de US$250 millones en el mercado internacional.
El Índice de Riesgo-País tiene tres componentes, dos de los cuales, el económico y el financiero presentan niveles bajos en Nicaragua desde hace varios años por la política macroeconómica responsable del gobierno del presidente Daniel Ortega, pero el riesgo político del país no ha bajado lo suficiente al pasar de alto a moderado en los últimos años.
A finales de 2012, Nicaragua ya había abandonado el pantanoso estadio de crecimiento económico de 3% y 4% anual al haber alcanzado una tasa superior a la del 5% en dos años consecutivos; la tasa de inflación acumulada anual ha sido de un dígito en los últimos cuatro años consecutivos y oscila en un rango del 7% al 8%; el déficit del presupuesto nacional fue equivalente a 0.7% del PIB y ha sido menor del 3% del PIB desde 2006; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, no obstante el flujo importante de remesas familiares, continuaba siendo muy alto al ser igual a 12.8% del PIB, influenciado grandemente por un gigantesco déficit comercial del orden de 20.6% del PIB y que oscila alrededor de ese nivel desde 1999.
El colega Ovidio Reyes no debería generar expectativas de corto plazo irrealistas, mucho menos provocar confusión entre la población, porque él conoce muy bien que el riesgo económico se ha minimizado con un espléndido y fino corte de nuestro presupuesto nacional que ayuda a mostrar unas finanzas públicas prácticamente equilibradas, pero gracias al registro de la asistencia financiera de Venezuela como una deuda privada externa. Si el monto anual de la asistencia financiera de Venezuela de US$556 millones correspondiente a 2012 se hubiese registrado debajo de la línea del déficit fiscal, éste hubiese sido igual a 6% del PIB y nos hubiera sacado del diálogo macroeconómico con el policía financiero internacional.
El Índice de Riesgo-País de Nicaragua elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que presido y que es la única firma consultora que estima este índice dentro de Nicaragua, muestra desde hace muchos años el riesgo del elevado déficit en cuenta corriente. Con el ánimo de ejemplificar este desequilibrio económico externo, no viajemos más allá en el pasado: en el quinquenio 2008-2012, el déficit en cuenta corriente más bajo en Centroamérica es el de Guatemala con un 2.4% del PIB y el más alto es el de Nicaragua, con un 12.9% del PIB y 3 veces mayor que el promedio del nivel observado de 4.4% del PIB de los otros 4 países de la región.
Otra variable que nos pondría en una situación incómoda ante cualesquiera de las tres casas calificadoras internacionales -Mood’ys Investors Service que nos califica con la nota muy baja de B negativa, Standard & Poor’s y Fitch-, es el raquítico Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita, que en 2012 fue de 1 mil 762 dólares e igual al 52% del ingreso promedio por habitante de los otros cuatro países centroamericanos.
El riesgo financiero también es bajo en nuestro país, porque en 2012 el saldo de la deuda externa pública fue equivalente al 40.8% del PIB; el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, gracias a la condonación de 14 mil 334 millones de dólares del saldo de la deuda pública externa desde 1990, es igual a 3% del valor de las exportaciones de bienes y servicios domésticos; las reservas internacionales netas financian 3.5 meses de importaciones de bienes CIF, un indicador aceptable para un país agropecuario como el nuestro; y se observaba la estabilidad del tipo de cambio oficial real, que nos dejaría una buena calificación, pero ésta se degradaría con el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que sigue mostrando el alto nivel de 30% del valor de las exportaciones de bienes FOB, lo cual es explicado en gran parte por la apreciación del córdoba, es decir, el córdoba vale más de lo que debería valer.
Así como el déficit fiscal no nos mete a problemas con el riesgo económico de nuestro país debido al artificio macroeconómico de la deuda con Venezuela, la deuda pública externa tampoco nos conduciría a bajas notas en el riesgo financiero por ese mismo artificio. Si se registrara el crédito petrolero venezolano como deuda pública externa, el saldo de ésta en 2012 sería del orden de 6 mil 697 millones y equivalentes a 63.7% del PIB de ese año, por lo que Nicaragua sería un país de ingreso medio bajo y aun severamente endeudado con el exterior en términos de producción.
La capacidad de pago no se demuestra sólo con dialogo y sin ocultar cuentas que demuestren que Nicaragua honra sus compromisos, tal como lo diera a entender el colega Ovidio Reyes. No es fácil que nos acepten como un sujeto de crédito en el mercado financiero internacional mostrando esos indicadores económicos y financieros, peor aún si agregáramos el riesgo político que, a pesar de su tendencia declinante en los últimos años, podría acelerarse con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución Política de la República de Nicaragua, tal como fue presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Qué persigue la reforma parcial de la Constitución (Tercera Parte)
En esta tercera y última entrega presento mi opinión sobre los últimos 16 artículos de nuestra Carta Magna que el Poder Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Nacional (AN) para su reforma, que corresponden a la organización del Estado, la división política administrativa y la supremacía de la Constitución.
Comparto la propuesta de reformar el Artículo 130, “Estado social de derecho. Principio de legalidad y probidad. Inmunidad”, de mantener en sus cargos a funcionarios elegidos por la AN cuando concluyan su mandato, siempre y cuando la AN no haya realizado los nuevos nombramientos. Las instituciones no pueden quedar acéfalas y el Estado no puede quedar inhabilitado en su funcionamiento si los diputados no se ponen de acuerdo para nombrar a los nuevos funcionarios. Cabe recordar que la oposición política de hoy cuando fue mayoría en la AN en el período 2007-2012 ni la mayoría simple, absoluta y relativa de la AN de ahora no han facilitado el nombramiento de más de 30 funcionarios con cargos vencidos.
Dado el incipiente desarrollo democrático del país y, en términos generales, la poca cultura política de los así llamados representantes del pueblo, también comparto la reforma del Artículo 131, “Responsabilidad de funcionarios públicos y del Estado”, para que los funcionarios electos mediante sufragio universal sean destituidos de sus cargos si cambian de opción electoral en el ejercicio de su cargo. Esta reforma surge porque los diputados son electos “en plancha” (se agregan los concejales municipales y regionales), gracias a la escogencia o preferencia del caudillo o del político con más poder en la cúpula de los partidos, por lo cual la lealtad del diputado es a una persona o a un partido político y no a la población. Hubiese sido preferible que se reformara la forma en que elegimos a los diputados, es decir, llevarlos a los escaños de la AN en forma uninominal, para que esa lealtad sea exclusivamente para el pueblo.
No observo ninguna contradicción en la propuesta de reforma del Artículo 138, “Atribuciones de la Asamblea Nacional”, que en el caso de la separación de sus cargos de los funcionarios públicos elegidos por la AN será posible con el 60% de votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, que es el mismo porcentaje con el cual son nombrados.
Tiene mucha lógica económica la propuesta mostrada en el Artículo 146, “Elección del Presidente y del Vice-Presidente”, de que serán elegidos presidente y vice-presidente de la República quienes obtengan la mayoría relativa de votos, porque Nicaragua es un país muy endeudado en términos de producción en la actualidad, y se agrega un párrafo del Artículo 147 de la actual Constitución Política que dice si un candidato a Presidente o a Vicepresidente de la República no continúa en la carrera electoral por motivos de renuncia, incapacidad o falta definitiva, pueda ser sustituido por la persona que designe el partido político al que pertenecieron, lo cual es obvio.
La ley es la ley, aunque no nos guste. Si tomamos en cuenta la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habilitó al Presidente Daniel Ortega para que fuese candidato en las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, es razonable la eliminación de los acápites a) y b) del Numeral 4 del Artículo 147 de la actual Constitución de la República “Calidades para ser Presidente y Vice-Presidente. Prohibiciones”, que ya no impide a ser candidato a Presidente a quien ya haya sido en el período anterior y a quien haya ejercido el cargo por dos períodos, y a Vicepresidente de la República si hubiere ejercido el cargo de Presidente durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa la elección para el período siguiente.
En la reforma del Artículo 150, ”Atribuciones del Presidente de la República” es bastante cuestionable, intolerable e injustificable incluir la atribución de “Dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa”, porque nuestra historia política demuestra que este tipo de decisión ha dejado ingratos recuerdos en materia económica –por ejemplo, creación y destrucción de impuestos, confiscaciones de la propiedad, trato preferencial a ciertos sectores económicos, entre otros- y en materia social –la exclusión social, es decir, poca o ninguna educación, sin servicios de salud y sin pensión o jubilación-, con el riesgo adicional de que ha conducido al establecimiento de regímenes autoritarios y, posteriormente, dictatoriales. Esto no es conveniente para nuestra Nación ni para el desarrollo democrático de nuestro país.
Me abstengo de analizar y opinar sobre la reforma parcial a 8 artículos de nuestra Carta Magna, comprendidos entre el 160 y el 166, así como los Artículos 184 y 190, porque entran en el dominio de los expertos jurídicos.
Finalmente, no encuentro objeción alguna en las reformas propuestas para el Artículo 178, “Autoridades municipales. Elección. Calidades” y el Artículo 180, “Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica”, que se circunscriben en que el período de las autoridades municipales y regionales, incluyendo a los concejales, será de cinco años y que en el ejercicio del poder municipal deberá mantenerse el principio de igualdad y equidad de género, o sea, un 50% de hombres y un 50% de mujeres.
Sólo resta una reflexión final sobre la Reforma Parcial a la Constitución Política de nuestro país. Con más democracia, más clima de negocios y más desarrollo hay menos violencia social. Siempre habrá actores poderosos que ejercen poderes fácticos y los dominios reservados que impiden el escrutinio y las decisiones democráticas. El acuerdo político deber ser duradero con los propósitos de generar empleo, propiciar garantías laborales y mantener una política social expansiva. Los ciudadanos estamos obligados a demandar ese acuerdo, los partidos políticos deben quererlo, el Estado debe hacerlo y los grupos poderosos no deben impedirlo. Se requiere, pues, como siempre decimos y oímos, que exista voluntad política.
Etiquetas: asamblea nacional, reforma
Qué persigue la reforma parcial de la Constitución (Segunda Parte)
Como una ciencia social, la Economía persigue el bienestar de la población de un país en vez del bienestar de un pequeño grupo de privilegiados de una Nación, como lo es el ya famoso y reconocido 1% de la población de una gran mayoría de países de todo el mundo cuyas constituciones se declaran democráticas, y que en Nicaragua ese 1% se apodera al menos del 20% del ingreso nacional. En esta segunda ocasión, me referiré a la propuesta del Ejecutivo para reformar siete artículos de nuestra Constitución Política relacionados con la economía.
La función más amplia del Estado, “lograr el desarrollo humano sostenible”, está refrendada en el Artículo 98, “Función del Estado en la economía”, y es complementada con las de mejorar el nivel de vida y distribuir más justamente la riqueza. Para cumplir esas tres funciones, la reforma apunta muy bien en reiterar el protagonismo de las personas, las familias y las comunidades en la planificación del desarrollo humano y en la ejecución y control de los planes de desarrollo; facilitar la actividad productiva del sector privado en el marco de la gobernabilidad democrática y seguridad jurídica plena; facilitar el desarrollo del sector privado; y establecer el modelo del gobierno con todo el sector empresarial –micro, pequeña, mediana y grandes empresas- y los trabajadores.
Lo preocupante sería que esas tres funciones estatales se redujeran a simples enunciados y continuáramos observando no sólo el ir y venir de personas del sector público a la empresa privada en ambas direcciones, sino también la reducción del crecimiento económico y de la eficiencia por la desigualdad imperante, la influencia política de los más ricos para que los beneficios del crecimiento económico se concentren en la cima, y la abundancia de buscadores de rentas políticas que no presentan alternativas distintas a las planteadas por el Poder Ejecutivo.
Bastante tímido y un poco decepcionante es el último párrafo del Artículo 99, “Promoción de desarrollo integral. Formas de propiedad”, que enuncia la participación de todos los agentes económicos, público y privados para estimular “un amplio acceso al crédito, … que profundicen y amplíen el microcrédito hacia los sectores rurales y urbanos”. La timidez estriba en que el Estado no se pronunció específicamente por el restablecimiento de una efectiva banca de fomento –el banco Produzcamos es menos importante que una caja rural- y la decepción aparece por la ingenuidad gubernamental de que la mayoría de propietarios de microempresas y pequeñas empresas sea sujeto de crédito en el sistema financiero convencional. Permanece, pues, la incertidumbre de la disminución del costo del crédito y de la posibilidad de la entrega simultánea de la tecnología y del crédito.
Por otro lado, es positivo los señalamientos de la garantía estatal para la inversión extranjera y la consolidación de los derechos laborales en estas empresas, con especial énfasis en la ampliación de la infraestructura económica a través de proyectos de propiedad mixta, es decir, pública y privada, sin poner en riesgo la soberanía nacional, tal como lo indica el Artículo 100, “Inversión extranjera”. Además, el Artículo 103, “Economía mixta y función social de la propiedad”, garantiza también la seguridad del derecho de propiedad, cualquiera sea su forma, en Nicaragua, lo que fortalece la confianza de los inversionistas nicaragüenses y extranjeros, porque esa garantía es vital para el crecimiento económico como también lo es la libre convertibilidad del córdoba.
Lo novedoso y muy bien formulado del Artículo 101, “Participación de sectores productivos en la elaboración de planes económicos”, es que con el nuevo modelo de alianza gobierno-empresarios-sindicatos en los niveles nacional, local y regional, se buscará el consenso para aumentar la productividad de la economía mediante educación, capacitación, transferencia de tecnología, infraestructura económica y mejor organización empresarial. En esta importante tarea, que la podría denominar como la del rescate de nuestra economía, sólo tengo dos observaciones: primero, no dejar fuera de ese modelo de alianza el dialogo efectivo con las microempresas empresas y pequeñas empresas, que son dos sectores empresariales que concentran en gran forma la informalidad laboral y el subempleo y, segundo, evitar que los Consejos de Poder Ciudadano, mencionado específicamente por primera vez en este proyecto de reforma parcial de nuestra Constitución, sean utilizados para fines de confrontación partidaria, como lo hemos observado en nuestra reciente historia política, sino para garantizar los objetivos del desarrollo socioeconómico de nuestro país.
El megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua, una idea actual que espera su factibilidad a finales del próximo año, que es apoyado por unos y vilipendiado por otros a sabiendas que nuestro país necesita acelerar su crecimiento económico para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza, provoca cierto sesgo indeseado al Artículo 102, “Recursos naturales y medio ambiente” al ser mencionado en su carácter legal con el voto del 60% del total de diputados. Es de mi opinión que el Gran Canal de Nicaragua no es ni será el único megaproyecto que se podría ejecutar en nuestro país, por lo que sería conveniente no darle una mención particular ni concederle su legalidad particular en la Constitución, pero sería necesario establecer que la ejecución de cualquier megaproyecto requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional porque afecta los intereses de nuestra Nación.
La legalidad y la transparencia de las concesiones de explotación de servicio públicos básicos otorgados a la empresa privada son introducidas en el Artículo 105, “Servicios públicos”, exigiendo “para su operación criterios de eficiencia y competitividad, satisfacción de la población y cumplimiento de las leyes laborales”. Es indudable que estos dos aspectos de la generación de servicios públicos por parte de inversionistas privados serán respaldados por la población.
En conclusión, los avances que muestran estos siete artículos de la Constitución Política de nuestro país son el mejoramiento de la principal función del Estado en la economía al sustituir el desarrollo material con el desarrollo humano sostenible, el carácter constitucional de la alianza gubernamental-empresarial-sindical a lo largo y ancho del país, el fortalecimiento de la garantía estatal y de la seguridad del derecho de propiedad de las inversiones extranjeras, el consenso de las políticas públicas de la alianza antes mencionada para elevar la productividad de la economía, y la transparencia del entorno legal de la concesión de explotación de servicios públicos a la empresa privada y sus resultados operativos.
Las principales dudas que dejan estos artículos son su aplicación efectiva por parte de los servidores públicos en el sentido que el crecimiento económico continúe fluyendo principalmente hacia la cima, engañados por la teoría del derrame que enriqueciendo a los de arriba se beneficia a toda la población; la timidez gubernamental al no especificarse el restablecimiento de la banca de fomento y la ingenuidad estatal que se amplíe el acceso al crédito a los agentes económicos que no son sujetos de crédito en el sistema financiero nacional; y el riesgo que los Consejos de Poder Ciudadano sean alejados de la concreción del consenso nacional de políticas públicas sectoriales, nacionales, locales y regionales y sean utilizados para confrontaciones partidarias como instituciones del sector público de nuestro país.
Etiquetas: Constitución Política, la economía

References: Artículo 130
 resolución 
 resolución 
 Artículo 26
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 138
 Artículo 146
 Artículo 147
 resolución 
 Artículo 147
 Artículo 150
 Artículo 178
 Artículo 180
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 103
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 105