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Timestamp: 2018-08-19 17:57:14+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/824/2005, 14-09-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/824/2005 de 14 de Septiembre de 2006
En la villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2006 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en única instancia, promovida por Doña ..., en nombre y representación X, ESPAÑA, S.A. con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de imposición de sanción dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la ONI (...) el 30 de noviembre de 2004, en materia del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (retenciones), período 1999 y cuantía de 14.252,15 euros.
PRIMERO: En la comprobación inspectora de la entidad reclamante (Acta modelo A01- ...) se puso de manifiesto que en noviembre de 1999 ésta despidió al empleado Don ..., residente en ... y que trasladó su residencia a España en octubre de dicho año; la indemnización de despido que satisfizo la interesada fue de 55.000.000 pesetas (330.556,66 €), siendo la antigüedad del trabajador, según la Inspección, de 13,88 años. Se deducía también del Acta que la entidad no practicó retención alguna sobre la indemnización pagada y que, según consta en la diligencia nº 32, la indemnización que debería considerarse exenta ascendía a 30.910.103 pesetas (185.773,46 €). En virtud de ello, se practicaba regularización por la cuota dejada de retener e ingresar, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 41/1998, de lo que resultaba un importe de 6.022.499 pesetas (36.195,95 €).
SEGUNDO: El 23 de octubre de 2003 se inició procedimiento sancionador, al que quedaron incorporados todos los datos obrantes en el expediente de comprobación e investigación que se entendieron relevantes. A la vista de todo ello, formuló su propuesta el Instructor, una vez que la empresa formuló sus alegaciones. Al publicarse la Ley 58/2003, se suspendió el procedimiento y, una vez entrada en vigor el 1 de julio de 2004, se reanudó éste y el Instructor practicó nueva propuesta, por considerar que el nuevo régimen sancionador de dicha Ley 58/2003, era más favorable para la empresa. El 29 de septiembre de 2004 formuló ésta alegaciones en que se oponía a la sanción y el 30 de noviembre de 2004 el Inspector Jefe confirmó la propuesta formulada, lo que se comunicó a la reclamante Esta liquidación fue notificada el 2 de diciembre de 2004.
TERCERO: El 23 de diciembre de 2004 interpone la empresa la presente reclamación económico-administrativa y el 9 de junio de 2005 tiene entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones que, a la vista del expediente, formula la interesada y que, en resumen, son las siguientes: 1) Caducidad del procedimiento sancionador, porque la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 58/2003 no autoriza la paralización de los procedimientos sancionadores y en este caso han transcurrido más de seis meses desde la notificación del acuerdo de inicio del expediente y su resolución.- 2) Vulneración del derecho de presunción de inocencia, porque la incorporación automática al procedimiento sancionador, de los datos obtenidos en el de inspección, choca frontalmente con dicha presunción de inocencia.- 3) Inexistencia de responsabilidad, al existir una interpretación divergente, pero razonable, de las normas aplicables; la Inspección no considera, a efectos del número total de años de servicio del empleado despedido, los años trabajados en Y, S.A. (de 21-10-1970 a 1 de enero de 1978) ni en Z (empresa que adquirió a la primera) desde 1-1-1978 a 1-3-1985, siendo así que dichas empresas pertenecen al mismo grupo que la reclamante y el Tribunal Supremo ha conceptuado como empresario al "grupo de empresas"; el trabajador cesado prestó sus servicios en una sola empresa (Grupo X) y sus traslados no han supuesto ruptura en el cómputo de su antigüedad.
PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantean las siguientes cuestiones: primera, si se ha producido la caducidad del expediente sancionador.- Segunda, si la incorporación al mismo de los antecedentes obtenidos en el procedimiento de comprobación e investigación, vulnera el derecho a la presunción de inocencia.- Tercera, si puede invocarse, para justificar la conducta de la interesada, una interpretación razonable de las normas jurídicas, incompatible con la culpabilidad.
SEGUNDO: La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 58/2003, referente a las infracciones y sanciones tributarias, establece lo siguiente:
Es evidente que, con arreglo a esta Disposición, al expediente sancionador que nos ocupa, iniciado el 23 de octubre de 2003 (antes, por tanto, de 1 de julio de 2004), no es de aplicación el plazo máximo de seis meses que para la resolución del expediente sancionador determina la Ley 1/1998. En cambio, pasa a serle de aplicación el límite temporal contenido en el precepto que se transcribe, es decir, que hubo de concluir antes del 31 de diciembre de 2004; es también claro que en este caso se respetó este término, porque el 2 de diciembre de 2004 tuvo lugar la notificación de la sanción impuesta. La interesada alega, en esencia, lo siguiente: La Disposición Final Undécima de la Ley 58/2003 fija la entrada en vigor de ésta el 1 de julio de 2004, "salvo el apartado 2 de la disposición Transitoria cuarta, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado"; por tanto, si esta publicación data del 18-12-2003, según la reclamante no puede aplicarse el apartado 2 de la Transitoria Cuarta a los procedimientos sancionadores iniciados hasta el 18 de diciembre de 2003, sino que éstos se regirán por la normativa vigente hasta entonces y por tanto sí les será de aplicación el plazo de caducidad del artículo 34.3 de la Ley 1/1998. Pero no puede compartirse esta tesis, porque lo que viene a decir la Ley 58/2003 en este punto es que, a partir del 19 de diciembre de 2003 (día siguiente a su publicación) entra en vigor el repetido apartado 2 y por tanto, los órganos administrativos quedan obligados a aplicar, a todos los procedimientos sancionadores en curso, el término señalado (conclusión antes de 31 de diciembre de 2004) sin aplicación del plazo de caducidad que la reclamante pretende, con el único requisito de que tales procedimientos hayan sido iniciados antes de 1 de julio de 2004.
TERCERO: La segunda alegación se refiere a la pretendida vulneración del Derecho constitucional a la presunción de inocencia. La incorporación al expediente sancionador de los antecedentes fácticos que la Administración tributaria obtuvo en expediente distinto, está prevista en el artículo 34 de la Ley 1/1998, cuya adecuación a la Constitución no entra en de las competencias de los órganos económico-administrativos. Este Tribunal, en sesión de 10 de junio de 2004 (expedientes R.G. 5544-01 y 5545-01) al examinar esta misma cuestión, consideró lo siguiente:
"Pues bien, el hecho de que en dicho expediente sancionador se hayan tenido en cuenta pruebas o antecedentes obtenidos en el otro, en nada contraviene la exigencia de separación; prueba de ello es que el propio artículo (el 34 de la Ley 1/1998) prevé en su número 2 la posibilidad de que en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del infractor o responsable; en tal caso -dice este precepto- han de incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente a este último. Alega la reclamante que se ha vulnerado su presunción de inocencia y que se han utilizado en el procedimiento sancionador pruebas que no son constitucionalmente legítimas: del precepto que acabamos de citar se deduce lo carente de base legal de tal pretensión, puesto que la Ley 1/1998 contempla expresamente -aunque ello no hubiera sido necesario, por obvio- que las pruebas del otro procedimiento puedan incorporarse y utilizarse en el sancionador".
CUARTO: Por último, hemos de examinar el tercer punto controvertido, planteado por la alegación de la interesada en el sentido de que, al no practicar retención alguna cuando satisfizo la indemnización por despido, siguió una interpretación razonable de la normativa y entendió que la antigüedad del empleado extendía su cómputo al tiempo de servicios en otras entidades del grupo. Esta alegación carece de base, a juicio de este Tribunal, desde el momento en que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, al fijar el obligatorio importe de la indemnización por despido improcedente en cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, establece un máximo de cuarenta y dos mensualidades. En el caso que nos ocupa, el tiempo de servicio que la Inspección acepta es de 13,88 años, lo que excede del límite legal y de ahí la irrelevancia de extender o no ese tiempo a épocas anteriores: aún entendiéndolo así, la empresa debió retener la cantidad liquidada por la Inspección, porque el tiempo de servicios que ésta acepta excede ya, con mucho, de dicho límite. Por tanto, no puede convenirse en la tesis de la interesada acerca de una interpretación razonable de la normativa de aplicación y la sanción debe mantenerse.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por X, ESPAÑA, S.A. contra acuerdo de imposición de sanción dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la ONI (...) el 30 de noviembre de 2004, en materia del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (retenciones), período 1999, ACUERDA: Desestimar la reclamación interpuesta.
Sentencia Administrativo Nº 20202/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1182/2004, 28-04-2008
Orden: Administrativo Fecha: 28/04/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gimenez Cabezon, Jose Ramon Num. Sentencia: 20202/2008 Num. Recurso: 1182/2004
Sentencia Administrativo Nº 881/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 16693/2008, 18-12-2008
Orden: Administrativo Fecha: 18/12/2008 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Nuñez Fiaño, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 881/2008 Num. Recurso: 16693/2008
Sentencia Administrativo Nº 224/2008, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 3384/2002, 05-05-2008
Orden: Administrativo Fecha: 05/05/2008 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Ponte Fernandez, Manuel Num. Sentencia: 224/2008 Num. Recurso: 3384/2002
Sentencia Administrativo Nº 1121/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 497/2006, 12-11-2009
Orden: Administrativo Fecha: 12/11/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gomez Ruiz, Jose Luis Num. Sentencia: 1121/2009 Num. Recurso: 497/2006
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 30.702, 19-12-2012

References: Resolución 
 artículo 30
 resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 56

Resolución