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Timestamp: 2019-03-22 02:08:08+00:00

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Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 155139
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre)
Publicado en: BOE Num. 231 (1996)
CAPÍTULO I. Normas de organización y funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita - arts. 1 a 7
CAPÍTULO II. Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita - arts. 8 a 18
CAPÍTULO III. Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas - arts. 19 a 27
CAPÍTULO IV. Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita - arts. 28 a 37
CAPÍTULO V. Asistencia pericial gratuita - arts. 38 y 39
Norma citada en: 168 sentencias, 21 artículos doctrinales, un tema práctico, 14 resoluciones administrativas
Derogado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, del Ministro del Interior y del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los preceptos contenidos en los artículos 1, 3.1 y 7 (excepto la letra f)) del capítulo I, en los artículos 15, 17, 18.1 y 18.2 del capítulo II, y en los artículos 23, 24.1, 24.2, 26.2, 26.3 y 27.1 del capítulo III del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, serán de aplicación general en todo el territorio nacional.
Los restantes preceptos serán de aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia.
La aplicación de las medidas previstas en este Real Decreto, salvo las percepciones de letrados y procuradores o, en su caso, peritos, no suprondrá incremento de gasto.
Las solicitudes de justicia gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1996, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Dado en Madrid a 20 de septiembre de1996
Francisco Álvare.Cascos Fernández.
CAPÍTULO I Normas de organización y funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita Artículos 1 a 7
En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, Menorca e Ibiza, se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Las funciones y competencias de las Comisiones serán, dentro de su correspondiente ámbito territorial, las previstas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en este Reglamento.
Por Real Decreto, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, se podrá acordar la creación de Delegaciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en aquellos casos en los que el volumen de asuntos a tratar, las circunstancias geográficas u otras causas justificadas lo aconsejen.
El Real Decreto de creación de las Delegaciones determinará el ámbito territorial de las mismas y fijará su composición, en la que estarán representadas las mismas instituciones que integran con carácter general las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, que será designado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, de la Audiencia Provincial.
Un Abogado del Estado, designado por el Director General del Servicio Jurídico del Estado.
Un funcionario que ocupe un puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Grupo A, que será designado conforme a las siguientes reglas:
Para las Comisiones de las provincias de Badajoz y Toledo, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, el funcionario será designado por el Delegado del Gobierno, de entre los destinados en la Delegación del Gobierno respectiva.
Para las Comisiones de las restantes provincias, el funcionario será designado por el Gobernador Civil, de entre los destinados en el Gobierno Civil respectivo.
Para las Comisiones de las islas que no son capital de provincia, el funcionario será designado por el Delegado Insular del Gobierno, de entre los destinados en la Delegación Insular del Gobierno respectiva.
Las funciones de Secretario de las Comisiones corresponderán al Vocal mencionado en la letra b) del apartado anterior.
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita quedarán adscritas orgánicamente a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o, donde no existan, a las Delegaciones del Gobierno o los Gobiernos Civiles. Estos órganos prestarán el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para su funcionamiento.
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán su sede en las dependencias que los órganos mencionados en el apartado anterior pongan a su disposición o, en su caso, en las de órganos jurisdiccionales radicados en su ámbito territorial.
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirán al menos con una periodicidad de quince días.
Revocar el derecho cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias y, en especial, requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos de carácter tributario alegados por los solicitantes.
Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orientación Jurídica previstos en el artículo 21 del presente Reglamento, y actuar como órganos de comunicación con los Colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante los Colegios.
CAPÍTULO II Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita Artículos 8 a 18
El procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación del modelo normalizado de solicitud y la documentación que figuran en el Anexo I de este Reglamento.
Analizada la solicitud, y subsanados en su caso los defectos advertidos, si el Colegio de Abogados estimara que el peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá en el plazo de quince días previsto en el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a la designación provisional de abogado y lo comunicará en el mismo momento al Colegio de Procuradores para que, dentro de los tres días siguientes, se designe procurador si su intervención fuera preceptiva.
Cuando el Colegio de Abogados, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos advertidos, no haya realizado ninguna de las actuaciones previstas en los dos artículos anteriores, el solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de este Reglamento, podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente.
Reiterada la solicitud, la Comisión recabará del Colegio la inmediata remisión del expediente junto con un informe sobre la petición, ordenando al mismo tiempo la designación provisional de abogado y, si fuera preceptivo, de procurador.
Recibido el expediente por cualquiera de las vías recogidas en los artículos 11, 12 y 13 del presente Reglamento, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de un plazo de treinta días para efectuar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados por el solicitante, así como para dictar resolución.
A los efectos previstos en el apartado anterior, y de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión podrá recabar de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de los datos de carácter tributario que consten en la documentación de esta naturaleza presentada con la solicitud, siempre que lo estime indispensable para dictar resolución.
Realizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará resolución reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el artículo 14 sin que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores, con los efectos estimatorios o desestimatorios que en cada caso correspondan.
Si los Colegios tampoco hubieran adoptado decisión alguna conforme a lo previsto en el artículo 13, la falta de resolución expresa de la Comisión en plazo dará lugar a que la solicitud pueda entenderse estimada, procediendo, a petición del interesado, el Juez o Tribunal que conozca del proceso, o el Juez Decano competente si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, a requerir de los Colegios profesionales la designación de abogado y, en su caso, de procurador.
En el supuesto excepcional contemplado en el apartado 2 del artículo 9 de este Reglamento, la falta de resolución expresa de la Comisión en plazo dará lugar a que la solicitud pueda entenderse desestimada.
A los efectos previstos en los apartados anteriores, y al objeto de posibilitar eventuales impugnaciones contra la estimación o desestimación presunta de la solicitud, será de aplicación lo establecido por el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre certificación de actos presuntos.
Cuando se den las circunstancias previstas en el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión declarará la nulidad de la resolución que reconoció el derecho, en los términos establecidos por el artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en consecuencia, revocará el referido derecho.
Revocado el derecho, quienes se hubieran beneficiado de su concesión procederán al pago de todos los honorarios y derechos económicos devengados por los profesionales designados de oficio. En ningún caso, sin embargo, podrá reclamar el abogado del procurador el abono de sus honorarios.
Asimismo, dichos beneficiarios deberán reintegrar una cantidad equivalente al coste del resto de las prestaciones obtenidas en razón de aquella concesión, pudiendo la Administración competente exigir dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamento General de Recaudación.
CAPÍTULO III Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas Artículos 19 a 27
Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad, atendiendo a criterios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de profesionales lo permita, de especialización por órdenes jurisdiccionales.
Los sistemas de distribución de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
Cada Colegio de Abogados contará necesariamente con un Servicio de Orientación Jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, el asesoramiento previo a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, la información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud.
Para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido, todos los Colegios de Abogados constituirán un turno de guardia permanente, de presencia física o localizable de los letrados, y a disposición de dicho servicio durante las 24 horas del día.
Esta obligación sólo podrá ser eximida en los siguientes casos:
En aquellos Colegios de Abogados de ámbito territorial inferior al provincial, en los que la reducida dimensión de sus actividades así lo aconseje.
En las demarcaciones de los Colegios de Abogados de ámbito provincial en las que sus especiales características geográficas, o la situación y distancias de los centros de detención, lo hagan necesario.
La exención prevista en el apartado anterior será aprobada en cada caso por el Ministerio de Justicia, a propuesta motivada del Consejo General de la Abogacía Española.
Dichos requisitos, que podrán ser complementados con los que establezcan las Comunidades Autónomas competentes, serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales.
La resolución final, acordando o desestimando la indemnización reclamada, será adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del Colegio respectivo.
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conllevará, salvo en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 28 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador, en los términos establecidos por el apartado 2 del artículo 15 del presente Reglamento.
En cada ámbito territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera coordinada para efectuar las designaciones de abogado y de procurador que procedan en cada caso, no pudiendo actuar al mismo tiempo un abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito.
En el momento de efectuar la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita, o una vez reconocido éste, los interesados podrán renunciar expresamente a la designación de abogado y de procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza. Dicha renuncia habrá de afectar simultáneamente al abogado y al procurador.
A los efectos previstos en los apartados anteriores, los Colegios de Abogados y de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los profesionales a la percepción de honorarios y derechos, y de las de los interesados a las designaciones de oficio.
Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las reglas y directrices que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.
Para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido o preso, no será necesario que éste acredite previamente carecer de recursos económicos, pero el abogado que le asista deberá informarle sobre su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita.
A efectos de la organización de los turnos, el abogado que emita el informe de insostenibilidad mantendrá el mismo orden de prelación que le correspondía antes de su designación, cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 34 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Todos los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se hará constancia de los expedientes tramitados con motivo de las insostenibilidades de la pretensión formuladas por sus colegiados.
CAPÍTULO IV Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita Artículos 28 a 37
El Ministerio de Justicia subvencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.
Artículo modificado por Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, se compensará en función de la aplicación a cada expediente del siguiente módulo:
La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se devengará cuando quede constancia de que el mismo está completo y ha sido enviado a la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva.
Dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada trimestre, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga el número de expedientes completos tramitados por cada Colegio de Abogados y Procuradores que han tenido entrada en las respectivas Comisiones. En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará reglamentariamente los libramientos trimestrales que correspondan con cargo a sus dotaciones presupuestarias.
Para subvencionar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, trimestralmente los Consejos percibirán una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 % al importe que corresponda a los Colegios por los expedientes tramitados, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Artículo modificado por Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre sus respectivos Colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, durante el trimestre inmediatamente anterior al de cada libramiento, y de los baremos establecidos de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del presente Reglamento.
La retribución de los abogados y procuradores designados de oficio se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.
Para años sucesivos, el Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Economía y Hacienda, determinará, en función de las dotaciones presupuestarias, el importe económico que, en atención a su complejidad, se asignará a cada una de las actuaciones previstas en el citado Anexo II.
Los abogados y procuradores designados de oficio devengarán la indemnización correspondiente a su actuación en los porcentajes establecidos en el anexo III de este Reglamento, una vez acrediten documentalmente ante su respectivo Colegio la intervención profesional realizada. En supuestos excepcionales debidamente justificados, los Decanos de cada Colegio podrán dar por finalizada una actuación o asunto, a los solos efectos del devengo de la retribución.
Cuando se trate del servicio de asistencia letrada al detenido, la indemnización se devengará una vez finalizada la intervención profesional, bien mediante la participación en un turno de guardia o bien mediante la realización de la asistencia individualizada en aquellos Colegios en los que, excepcionalmente, no esté implantado el sistema de guardias.
Las actuaciones de un procedimiento penal posteriores a la primera declaración del detenido o preso se considerarán incluidas en la defensa por turno de oficio, a los efectos del devengo de la subvención.
En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional realizada ha de ser presentada en el Colegio dentro del plazo máximo de un mes natural contado a partir de la fecha de dicha realización.
Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada Colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a los mismos.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos trimestrales que corresponda, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes.
La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos a la que se refiere el artículo anterior, comprenderá, en el caso del Consejo General de la Abogacía Española, los siguientes extremos:
Número total de asuntos turnados de oficio, así como su distribución entre cada uno de los Colegios, desglosados ambos datos por tipo de procedimiento.
Importe destinado a atender los gastos de infraestructura y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia letrada y turno de oficio.
Relación de las cantidades distribuidas a cada Colegio por el Consejo General, para atender los gastos de organización, infraestructura y funcionamiento de los servicios, con indicación de los criterios seguidos para ello, y detalle de la aplicación que de dichas cantidades haya realizado cada Colegio.
La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, comprenderá los extremos mencionados en las letras d) a i) del apartado anterior de este artículo.
CAPÍTULO V Asistencia pericial gratuita Artículos 38 y 39
El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 6º.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, correrá a cargo del Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos:
En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.
ARTÍCULO 39 Coste económico de las pruebas periciales.
Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 6º.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá a la Gerencia del Ministerio de Justicia competente por razón del territorio, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
ANEXO I Modelo normalizado de solicitud
Domicilio: Call.plaza:
F.nacimiento:	Estado Civil (2):
Régimen económic.matrimonial:
Domicilio (3): Call.plaza:
F.nacimiento:	Estado Civil:
FAMILIARES QUE CONVIVAN CON EL DECLARANTE.
Origen (4) Tipo (6) Valoración (7) Cargas (8)
OTROS DATOS DE INTERÉS (11):
PRETENSIÓN A DEFENDER:
Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso, debiendo PERSONALMENTE solicitar al órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión de trámite.
Mis datos de carácter personal será incluidos en un fichero automatizado a los efectos del reconocimiento del derecho, siendo destinatarios de la información la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y el Ministerio de Justicia.
La desestimación de mi pretensión por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita implicará, en su caso, el abono de honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional.
La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes conllevará la revocación del reconocimiento del derecho, dando lugar a la obligación de pago de las prestaciones obtenidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que correspondan.
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Marque con una x)
- Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico (15).
(1) En el caso de tratarse de personas jurídicas, cumplimentar sólo el apartado .A, indicando denominación y domicilio social, teléfono, NIF y fecha de constitución.
(2) Si es casado, rellene el apartado .B.
ANEXO II Módulos y bases de compensación económica
ABOGADOS Pesetas
Asistencia al detenido o peso
Juicio de faltas . 10.000
Anexo modificado por Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Un 70 por 100
En procesos civiles, incluidos los de familia, a la presentación de la copia de la providencia de admisión de demanda o teniendo por formulada la contestación de la misma.
En las salidas a centros de prisión, se devengará la totalidad de la indemnización a la presentación de certificación expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la actuación realizada.
En la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se devengará la totalidad de la indemnización a la presentación de copia de la resolución o acto administrativo que suponga la finalización del procedimiento.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas...
Instrumento de Ratificación de España del Convenio de Cooperación Cultural entre España y la República de Corea, firmado en Madrid el 7 de febrero de 1977.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 17
 resolución 
 artículo 14
 artículo 13
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 artículo 44
 artículo 19
 resolución 
 artículo 102
 resolución 
 artículo 28
 artículo 15
 artículo 34
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 6

ARTÍCULO 39
 artículo 6
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 59