Source: http://www.scribd.com/doc/232951404/Moralidad-25-05-1-YepesAlberto-040714
Timestamp: 2015-04-21 10:25:29+00:00

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P. 1Moralidad (25-05) (1)YepesAlberto(040714)Moralidad (25-05) (1)YepesAlberto(040714)Ratings: (0)|Views: 5|Likes: 0Published by lasillavaciaMore info:Published by: lasillavacia on Jul 07, 2014Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/232951404/Moralidad-25-05-1-YepesAlberto-04071407/07/2014pdftextoriginal Moralidad ¿Qué significa “la moralidad”, erigida en el artículo 209 de la Constitución
como uno de los principios que guían el ejercicio de la función administrativa? La relación entre moral y derecho es un tema clásico de la filosofía del derecho, a partir del cual se diferencian las distintas escuelas iusfilosóficas; entre ellas el positivismo, que defiende la separación o independencia entre el derecho y la moral, o el antipositivismo, que defiende la existencia de una relación necesaria entre el derecho y la moral. Para responder la pregunta sobre el alcance del artículo 209 de la Carta no es indispensable tomar partido en este histórico debate teórico. El Constituyente de 1991 ya tomó partido y decidió erigir la moralidad, entre otros criterios, en principio constitucional que fundamenta el desarrollo de las actuaciones administrativas. La incorporación de la moralidad –por ejemplo bajo la forma de derechos, principios o deberes fundamentales– en los textos constitucionales es un extendido fenómeno en el mundo luego de la segunda guerra mundial y de la execrable experiencia del nacismo. Tanto así que, para algunos, el clásico debate entre iusnaturalismo y positivismo se habría disuelto o superado en lo que hoy en día se conoce como positivismo “incluyente” o “inclusivo”, en la formulación de Jules Coleman (2001). Lo que antes se planteaba como un problema ontológico o metafísico, entre el derecho promulgado por los seres humanos y una realidad moral superior que dotaría de validez o legitimidad al derecho positivo, ha pasado a convertirse en un problema de cómo interpretar la moralidad incorporada en y por el derecho positivo. De la pregunta abstracta sobre la relación derecho moral se pasa a la pregunta por el alcance del artículo 209 de la Constitución, puesto que éste incluye “la moralidad”, junto a la igualdad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, en los principios que enhebran o conducen la función administrativa. Tal aclaración es importante porque nos 1
Artículo 209 de la Constitución: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” ahorra interminables debates sobre la naturaleza y el concepto del derecho. Incluso una postura positivista no podría negar el valor normativo reconocido a “la moralidad” en el artículo 209 de la Constitución, disposición axial del derecho público colombiano. ¿Cómo debemos interpretar el concepto abierto e indeterminado de “la moralidad”, incluido ente los principios rectores de la función administrativa, de forma que no se coarten la discrecionalidad necesaria al ejercicio razonable de la función pública? Para absolver el interrogante lo primero sea desechar interpretaciones inaceptables. Estas incluyen el escepticismo valorativo
, para el cual no sería posible precisar el concepto de “moralidad” sin incurrir en arbitrariedad y en el recorte ilegítimo de las competencias de la administración, en este caso la facultad de elegir en forma directa a magistrados para ocupar un alto cargo administrativo en la rama judicial del Estado. Según este orden de cosas, para el escepticismo valorativo la moralidad sería un término vacío pese a adoptarse por el derecho positivo, puesto que su contenido sólo podría determinarse mediante valoraciones subjetivas de los intérpretes. Bajo este enfoque, las proposiciones morales –hacer o omitir x es “bueno” o “malo”– carecen de verdad o falsedad, no son objetivas, sino que obedecen a las convicciones, valoraciones o emociones individuales de los sujetos, por lo que no podrían pretender validez o aceptación general. Esta interpretación no es admisible por varias razones: 1) evade el desafío de determinar el sentido de un concepto abierto o indeterminado, ejercicio con el cual se ven confrontados los intérpretes del derecho todo el tiempo en su práctica profesional; 2) vacía parcialmente el contenido normativo del artículo constitucional; 3) traiciona la intención constituyente consistente en regular la actividad administrativa según principios, fines y valores que dotan de legitimidad al Estado; 4) iguala las proposiciones morales a expresiones de deseo, querer o emoción, desconociendo las diferencias lingüísticas y prácticas entre unas y otras: no hacemos lo mismo al decir “es bueno el helado de fresa y malo el de vainilla” que cuando decimos que “ser comprensivo es bueno y malo ser cruel”, puesto que los juicios de gusto y los juicios morales no están a un mismo nivel ni tienen las mismas implicaciones prácticas en la vida colectiva. Una segunda interpretación inadecuada del término “moralidad” contenido en el artículo 209 de la Constitución se asocia a una atractiva e influyente corriente de pensamiento, identificada con el no cognitivismo ético
. Al igual que el escepticismo valorativo
, el no cognitivismo ético
no tendría mucha importancia si no fuera por su gran poder de convicción. Dos autores se destacan aquí: Georg Moore y Ludwig Wittgenstein. Según el primero, lo que distingue el uso del término “bueno” en sentido moral es que algo, una acción o alguien es moralmente bueno sí y sólo sí ello vale atendidas todas las cosas, o sea, en sentido absoluto, no meramente en sentido relativo, como cuando decimos “este auto es un ‘buen’ auto” o “esta cuchara es una ‘buena’ cuchara”. Una acción sería buena en sentido moral solo si fuera incondicionalmente buena, para todos y en todos los casos. Lo anterior lleva a Wittgenstein a negar la posibilidad de conocer que algo es (moralmente) “bueno” atendidas todas las cosas en el mundo. El uso del término “bueno” en sentido moral carecería así de sentido, ya que no podemos adoptar una perspectiva “fuera del mundo” desde la cual apreciar, cual si se tratara del ojo de Dios, cuando algo o alguien es bueno sin excepción o en sentido absoluto. El término bueno sólo tendría significado usado en sentido relativo (Wittgenstein 1990: 37). Pese a todo lo anterior, es importante anotar que cuando el constituyente incorpora “la moralidad” como uno de los fundamentos del desarrollo de la actividad administrativa (quizás para combatir lo que consideraba prácticas inmorales extendidas), las dudas por la imposibilidad de conocer el contenido de la moralidad se desvanecen. Esto porque qué entendamos por “moralidad” dependerá ya no del uso incondicionado o absoluto del término bueno, sino de normas convencionales intersubjetivamente acordadas por la comunidad de intérpretes y agentes autorizados para aplicar el ordenamiento jurídico (ver infra “moralidad como calificativo de la acción intencional”) Una tercera interpretación desencaminada o “no ha lugar” del concepto de moralidad contenida en el texto constitucional es aquella que confunde “la moralidad” con una determinada moralidad positiva
. Una cosa es que el constituyente haya querido positivizar (constitucionalizar) la moralidad en relación con el derecho público y darle carácter de principio fundante que guía el desarrollo de la función administrativa; otro asunto diferente es que haya querido llenar de contenido sustantivo dicho concepto. La moralidad a la que hace referencia el artículo 209 constitucional, siendo la nuestra una Constitución no confesional, sólo puede ser una moralidad crítica, esto es, una moral que puede justificarse “dentro de los límites de la mera razón” (en el decir Activity (0)FiltersAdd to collectionReview Add NoteLikeShowingAllMost RecentReviewsAll NotesLikesYou've already reviewed this. Edit your review.Rating 0/5Post notePost reviewPost replyPost note and likeNo activity yetLoad more

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