Source: https://elderecho.com/publicidad-activa-en-materia-urbanistica-y-proteccion-de-datos
Timestamp: 2020-02-22 22:58:32+00:00

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Publicidad activa en materia urbanística y protección de datos - El Derecho
Publicidad activa en materia urbanística y protección de datos
Cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad de la gestión pública urbanística (art. 25 Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana)
Foro 08-01-2019 Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
Hace cinco años se abordó en este mismo foro -EDC 2014/115608- la relación que plantea la protección de datos con el acceso a la información pública en materia de urbanismo. Conviene, ahora, indagar esa misma interacción si bien desde otra perspectiva, la que ofrece la denominada publicidad activa, teniendo en consideración que, durante este tiempo, han surgido normas como el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD -EDL 2016/48900-), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos o la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales -EDL 2018/128249-.
El cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad de la gestión pública urbanística (en general, artículo 25 Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -EDL 2015/188203-) suscita a la Administraciones Públicas, en no pocas ocasiones, dudas sobre la compatibilidad de dicha publicidad activa con la inserción o aparición de datos de carácter personal, objeto de protección.
Así, es habitual que en el ámbito de la gestión urbanística aparezcan auténticos listados o relaciones de propietarios afectados por una u otra actuación, titulares de fincas que han experimentado incrementos de edificabilidad como consecuencia de modificaciones del plan o, en fin, la inevitable aparición de datos registrales en proyectos de reparcelación, sin olvidar la problemática que entraña la publicidad activa de los convenios urbanísticos y que dio lugar a la STS de 12 marzo de 2012, rec. 2453/2009 -EDJ 2012/36326-.
¿Existen límites a la publicidad activa, derivados de la protección de datos de carácter personal? Para dar respuesta a este interrogante, resultaría conveniente indagar si la transparencia y la propia eficacia que persigue la publicidad urbanística podrían verse comprometidas como consecuencia de esos limites
Por lo demás, al ser varias las Administraciones Públicas implicadas en el procedimiento de aprobación de los instrumentos urbanísticos, ¿cabría centralizar la responsabilidad de la protección de datos únicamente en una Administración o, por el contrario, todas ellas serían responsables?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Urbanismo el 1 de diciembre de 2019".
De nuevo n...
De nuevo nos encontramos con un problema de colisión entre el derecho a la intimidad y más en concreto protección de datos de carácter personal y la necesidad de dotar de transparencia a la actividad de las administraciones públicas.
Las normas sobre transparencia y buen gobierno pretenden dotar a la acción política, incluso a la actividad administrativa de un control y un escrutinio por parte de ciudadanía que permitan neutralizar todo riesgo de uso desviado de potestades públicas.
Por tanto la transparencia y el buen gobierno son instrumentos que deben ubicarse en el ámbito de una sociedad democrática en la que los poderes públicos deben actuar de conformidad con la ley y el derecho. Esto es lo que se deriva de un análisis de la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-.
Este enfoque es necesariamente determinante de la confrontación que la protección de datos personales y la transferencia pueda generar en el ámbito de la actuación administrativa. Por tanto los procedimientos administrativos de gestión del suelo o de planificación del mismo deben de ser transparentes y esa transparencia pretende enervar cualquier atisbo de actuación administrativa que no persiga una ordenación del territorio basada en la búsqueda de fórmulas que den satisfacción a las necesidades de la ciudadanía, lo que no necesariamente exige que los datos de aquellos ciudadanos que se ven inmersos en esos procedimientos deban de ser también objeto de una transparencia indiscriminada.
Sin embargo también es cierto que ha habido muchas sospechas de corrupción derivada de la supuesta actuación urbanística de los poderes públicos en beneficio de determinados particulares, por lo que ese acceso a los datos de los propietarios o de las fincas particulares afectadas en procesos de planificación, de recalificación del parcelación etc. pueda ser importante para lograr la transparencia y el adecuado control de la actividad de los poderes públicos que afecta a esos propietarios o esas fincas. Nos situamos el nuevo en el ámbito del principio de proporcionalidad. El acceso a datos obrantes en expedientes administrativos, datos de carácter personal que afectan al derecho de intimidad de sus titulares y por tanto a un derecho fundamental necesario, puede ser preciso para garantizar la transparencia de la actuación. Pero solo para eso.
Habrá que saber disociar cuando el acceso a esa información se pretende utilizar para fines distintos de los previstos por legislador en relación al ámbito de la publicidad activa en materia urbanística y cuando ese acceso persigue fines espurios que comprometen el derecho fundamental a la intimidad.
Los listados de propietarios o titulares de derechos sobre fincas pueden ser objeto de acceso en los procedimientos administrativos de la elaboración, revisión o modificación del planeamiento, pero acceso a los efectos de controlar y poder conocer cuál es el objetivo real de esos procedimientos. Nunca estaría justificado que el acceso a esos datos pudiera suponer su ulterior uso o manipulación con fines distintos a los que ampara la transparencia y el gobierno.
Los límites a la publicidad activa son los límites del objetivo que cubre esa publicidad, es decir, conocer con transparencia el proceso de decisión y ayudar a determinar si la actuación administrativa se realizó de forma correcta y en aras de alcanzar los objetivos de toda acción urbanística o si por el contrario escondían un objetivo desviado.
Nuestra legislación de protección de datos no ampara la autorización de datos de carácter personal con ánimo de infringir el derecho a la intimidad. Ese derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y puede ceder por razones de interés público facilitando que se conozcan los mismos por quienes puedan ostentar un interés legítimo, en este caso de acceso a esos datos y a la transparencia. Pero ese acceso ha de quedar encauzado por la legislación sectorial en relación al uso de los mismos.
El tratamiento de datos está regulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-, que prevé la posibilidad de que una norma legal obliga a realizar un tratamiento de datos, articulo 8, lo que también prevé el 6.1.c del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, ya que tratamiento solo será lícito si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, incluso si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
La previsión del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -EDL 2015/188203-, es la que obligaría al encargado de la tramitación de los procedimientos administrativos allí referidos a permitir el acceso a los datos, acceso que se limitaría a aquel tratamiento que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el que podría encajar la ordenación del territorio.
En encargado de los datos deberá adoptar la medida para que el acceso sea por esas razones, exigiendo a quien accede a responsabilizarse de otro uso. El artículo 72.1.d de la LO 3/2018 -EDL 2018/128249-, tipifica como infracción muy grave la utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. En todo caso el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606 delimita las posibilidades de acceso a los datos personales en los casos de acceso al información pública y sobre todo establece con claridad que la protección de datos y la normativa aplicable obligará a quien haya obtenido los datos ejerciendo el derecho de acceso.
Por tanto y a nuestro juicio, existen límites a la publicidad activa y la responsabilidad será de quien tramita cada procedimiento administrativo, es responsable de sus datos y los suministra en cumplimiento de la obligación establecida por legislación sectorial, en este caso urbanística.
Las eventu...
Las eventuales contradicciones que pudieran producirse entre las normas que propician la publicidad activa de los instrumentos de ordenación y de gestión urbanística y aquellas que regulan la protección de datos de carácter personal, deberían resolverse a favor de las primeras si, de no ser así, pudiesen verse frustrados o comprometidos los fines que nuestro ordenamiento jurídico persigue a través de los principios de publicidad y de transparencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
El art. 62 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU -EDL 2015/188203- establece que será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Y para un adecuado ejercicio de esa acción conocer los datos de carácter personal de terceros concernidos, que puedan hallarse en la documentación de los expedientes controvertidos, puede resultar fundamental para el éxito de la iniciativa.
Aquel que ostente algún derecho sobre bienes inmuebles, debe saber que su relación con un bien natural limitado -el suelo conlleva servidumbres de diversa índole una de ellas, la de no poder oponer el derecho a la privacidad o a la protección de datos propios cuyo conocimiento puede ser relevante para que otros -titulares de la acción pública puedan hacerse una composición sobre el origen, desarrollo y desenlace, así como sobre el carácter regular o irregular de una determinada operación urbanística.
Veamos un ejemplo práctico: el apartado 3 del art. 70 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local -LBRL -EDL 1985/8184--, conforme al cual, cuando de una modificación del planeamiento se derive un incremento de la edificabilidad o de la densidad, o se modifiquen los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años precedentes.
¿Acaso en tal tesitura los Ayuntamientos deberían recabar el consentimiento de los propietarios y titulares aludidos, antes de confeccionar esa base de datos? ¿Y podrían, aquellos, oponerse a la publicidad de esos datos invocando la legislación sobre protección de datos de carácter personal, o las normas protectoras del derecho a la intimidad?
Habrá que entender que no que ni una cosa ni la otra. De lo contrario -y tal como señalaba la STS de 12 de marzo de 2012, EDJ 2012/36326 se estaría propiciando “un colapso en el funcionamiento de las Administraciones Públicas”, amén del fracaso -añadiremos aquí de un instrumento esencial para la acción pública.
Los datos personales pueden resultar precisos para el recto desarrollo de la función pública urbanística y para que con su conocimiento los ciudadanos en general -y de forma muy especial los electos pertenecientes a las minorías políticas puedan descartar o denunciar, por ejemplo, tratos de favor o episodios de corrupción.
Es cierto que el art. 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -LT -EDL 2013/232606--, en su art. 15 establece un límite a la publicidad de datos de carácter personal pero se trata de un límite que no cabe interpretar de forma extensiva pues tiene que ver, de forma específica, con datos susceptibles de revelar la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, origen racial, salud y adyacentes, vida sexual y antecedentes penales o infractores. Datos, al cabo, de nula relevancia urbanística, salvo en su vertiente estadística e impersonal -ver la Disposición final undécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos -EDL 2018/128249-, por la que se modifica la LT-.
Conviene tener presente que el art. 6.1.e del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 reconoce la licitud del tratamiento de datos de carácter personal -sin el consentimiento del interesado cuando dicho tratamiento resulta necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Hipótesis, ésta, que el art. 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018 -EDL 2018/128249 asimila al tratamiento de los datos cuando aquel derive de una competencia atribuida por una norma con rango de Ley.
En orden a la mayor amplitud posible de los principios de publicidad y transparencia, también puede resultar importante lo previsto por el art. 85 del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, en la medida en que dicho precepto obliga a los Estados de la Unión a conciliar por ley el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión e información. Libertad de información que, no por tener como protagonistas privilegiados a los profesionales del ramo, deja de ser, de consuno, un derecho vindicable y practicable por todas las personas. Derecho a la libertad de información que, como es sabido, deberá prevalecer sobre los derechos a la intimidad y al honor cuando se proyecte con el debido rigor sobre hechos de interés público y los procesos de planificación y gestión urbanística, sin lugar a dudas lo son.
Mayores dudas podría presentarnos la eventual publicidad de los datos personales asociados a los registros sobre licencias urbanísticas concedidas.
Que la concesión de las licencias debe -más que puede hacerse pública no debería ofrecer dudas, por las razones y principios apuntados más arriba.
Bien es verdad que el art. 70.3 LBRL -EDL 1985/8184 permite ver limitado -en mayor o menor medida el derecho de los ciudadanos a acceder y a obtener copias de la documentación municipal, por mor del derecho a la intimidad pero esa previsión genérica no puede proyectarse de la misma manera sobre todas las materias de competencia local, haciendo abstracción de que sobre algunas -el urbanismo sería un ejemplo siempre se ha cernido “un grito de alerta”, traducido en acción pública y máxima publicidad para los instrumentos de ordenación, gestión y ejecución.
Y lo mismo podría señalarse a propósito de los límites análogos que se contienen en la LT -EDL 2013/232606-. Es por ello que -a mi modo de ver salvo supuestos excepcionales, la información sobre las licencias debería facilitarse sin ocultar o anonimizar los datos de sus titulares. Al fin y al cabo, “todos” somos propietarios de “todo” el suelo de nuestro país. Algunos de forma más plena pero también el resto, aunque sea de forma mancomunada -a través de nuestros representantes electos para el establecimiento de deberes y cargas con los que garantizarnos bienes o beneficios colectivos para el conjunto de la ciudadanía para las generaciones futuras.
En otro orden de cosas, señalar que no parece posible -o cuando menos sencillo centralizar la responsabilidad sobre la protección de los datos obrantes en aquellos instrumentos urbanísticos en cuya tramitación van a intervenir varias Administraciones públicas.
Por lo general -si se trata de planes urbanísticos intervendrán por lo general un Ayuntamiento y una Comunidad Autónoma. Y aunque el conflicto pueda circunscribirse a datos relacionados con elementos del plan de interés municipal exclusivo, no por ello la Comunidad Autónoma dejará de tener un cometido esencial o primordial -y, por consiguiente: una cuota de responsabilidad en sede de control de legalidad. Cuestión distinta será el cómo pueda dilucidarse una responsabilidad estrictamente patrimonial, en cuyo caso será menester estar a las reglas sobre responsabilidad concurrente que se contienen en el art. 33 de la Ley básica 40/2015, de 1 de octubre -EDL 2015/167833-.
Efectivame...
Efectivamente, como señala el coordinador, el tema de la información pública en el campo urbanístico se tocó hace más -ya de cinco años, pero en referencia a la regulación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-. Ahora se trata de trasladar el ángulo de enfoque hacia la perspectiva de la protección de datos personales.
Sintéticamente, se trata de saber si cabe el tratamiento de datos personales, sin consentimiento de la persona a que se refieren, en los supuestos en que la Administración somete a trámite de información pública los documentos correspondientes a un proceso de elaboración de un instrumento urbanístico. Estos, inevitablemente, incorporan multitud de datos relacionados con personas afectadas de forma más o menos inmediata por la actuación proyectada.
Recuerdo que en aquella ocasión me cuidé de poner el acento en que la información pública está lejos de ser un trámite meramente formal y, a ese fin, hablé de «participación informada». Me pareció oportuno utilizar esta expresión -y me lo sigue pareciendo para enfatizar que la información que debe suministrarse ha de ser lo suficientemente detallada como para que las opiniones que el «público» proporcione a la Administración tengan un fundamento material sólido. De esta manera, podrá establecerse una vinculación de fondo entre la decisión administrativa y las observaciones, propuestas u objeciones presentadas.
Como ahora lo es, también resultaba pertinente contrastar los casos en que el acceso a un expediente administrativo se producía en relación con un procedimiento administrativo al que se aplican las reglas generales del «interés legítimo» -hoy regulado en el artículo 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -EDL 2015/166690- y los procedimientos urbanísticos, en que rige el principio de acción pública, pues los círculos de «destinatarios» de la información son incomparables.
Entrando en materia, voy a fijar la atención en la regulación de la cuestión en el derecho de la Unión. Las principales normas de referencia son los artículos 5 y 6 del Reglamento n. º 2016/679, de 27 de abril -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -Reglamento general de protección de datos –en lo sucesivo, «el Reglamento»-. Su redacción es equivalente a la contenida en los artículos 6 y 7 de la mencionada Directiva 95/46 -EDL 1995/16021 -en adelante, en las citas que se refieran a estos artículos de la Directiva, mencionaré sus homólogos del Reglamento-.
El artículo 5 del Reglamento -EDL 2016/48900 sienta el principio de que los datos personales sean tratados de manera lícita [apartado 1, letra a-]. A continuación, su artículo 6 contiene un listado de supuestos en que el tratamiento será lícito. El primero, obvio, si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
El Tribunal de Justicia tuvo ocasión de enfrentarse a la cuestión relativa a si la normativa de protección de datos -entonces regulada en la Directiva 95/46 -EDL 1995/16021- debía interpretarse en el sentido de que se oponía a que, sin mediar el consentimiento de los interesados, las autoridades de los Estados miembros traten datos personales a efectos del cumplimiento de sus funciones públicas -sentencia de 27 de septiembre de 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725 -EDJ 2017/188341-, que, aunque en un trasfondo relativo a actividades recaudatorias y de lucha contra el fraude fiscal, ofrece unas pautas útiles para dar respuesta a las dudas aquí suscitadas-.
Concretamente, la atención de la sentencia dirige hacia la letra e del artículo 6 del Reglamento -EDL 2016/48900 cuando dispone que el tratamiento de datos personales es lícito si «es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento». Por tanto, la clave se encuentra en la determinación de si la publicidad en materia urbanística entra dentro del concepto «misión de interés público» a efectos de esta disposición, así como si la recogida de datos personales se ha producido con fines determinados, explícitos y legítimos, tal como resulta del artículo 5, apartado 1, letra b del Reglamento.
El análisis de la concurrencia de estos requisitos no corresponde hacerlo al Tribunal de Justicia, que se limita a proporcionar los elementos de interpretación del derecho de la Unión necesarios para la resolución del pleito principal, sino al juez nacional atendiendo a las circunstancias concretas del litigio. Si se comprobase tal concurrencia, el juez nacional debe analizar si la actuación administrativa es adecuada para cumplir los objetivos perseguidos y si no existen medios menos gravosos para alcanzarlos.
Trasladando estos elementos al derecho español, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2012 -ES:TS:2012:1501 -EDJ 2012/36326- aborda esta problemática en relación con la publicidad de un convenio urbanístico. El recurso de casación planteado por la Abogacía del Estado se basaba en que el Ayuntamiento de Huesca se habría extralimitado al dar publicidad a datos que figuraban en ficheros o en el catastro. Se trataba de información relativa a personas que no suscribieron el convenio urbanístico y que no habían consentido el tratamiento de sus datos en ese ámbito. La sentencia resuelve que, en la apreciación de las circunstancias del asunto, ha de tenerse necesariamente en cuenta la regulación urbanística y que era imprescindible que todas las partes interesadas y afectadas por el procedimiento urbanístico conocieran los datos identificativos de los demás titulares de derechos afectados -pone el ejemplo de que se pueda comprobar que ha habido igualdad de trato y que un determinado titular no ha obtenido una valoración superior de sus terrenos, sin que existan circunstancias personales que lo justifiquen en su caso-.
La norma urbanística que se cita como referencia es autonómica. Se apoya, además, en artículo 37.3 de la Ley 30/92 -EDL 1992/17271-, lo que es normal porque el supuesto de hecho es de 7 de junio de 2007 y, por tanto, anterior a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de Suelo -EDL 2007/28567 -¡por 23 días!-. Hoy, la base normativa urbanística habilitante de la Administración se encuentra en el artículo 25 del TR de la Ley de Suelo -EDL 2015/188203-, que recoge las determinaciones del artículo 11 de la Ley 8/2007.
Haciendo suyos los fundamentos de la sentencia impugnada, el Tribunal Supremo da una vuelta de rosca al aseverar que son parte interesada en un convenio urbanístico no sólo quienes lo firman, sino todos los ciudadanos, al ser una pluralidad indeterminada de personas quienes son destinatarios de la acción urbanística. Nuevamente, la acción pública viene a dar un tinte especial a la relación urbanística.
Por último, concluye que el tratamiento de datos fue pertinente, adecuado y no excesivo en relación con la finalidad legítima para la que los datos personales en cuestión fueron obtenidos, por lo que se ajusta plenamente al principio de proporcionalidad. De manera lapidaria, es del parecer de que exigir el consentimiento previo de las personas afectadas supondría un colapso en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
En fin, esta causa de justificación, extrapolable a otros supuestos de publicidad activa en materia urbanística, tendrá que ser ponderada por la Administración competente para la tramitación del proceso urbanístico de que se trate, de manera que no creo que quepa concentrar en una sola Administración la responsabilidad de la protección de datos.
En un deba...
En un debate publicado hace años en esta Revista -nº 21 de 2014 -EDC 2014/115608- nos preguntábamos si la legislación de transparencia iba a restringir la participación de los ciudadanos en el proceso urbanístico y cuál sería su impacto en el derecho urbanístico y en el acceso a la información urbanística. Además, desde el momento en que el control de la legalidad urbanística puede ser instado por cualquier ciudadano en ejercicio de la acción pública -artículo 5 del TRLS -EDL 2015/188203--, la forma en que se puede gestionar el tratamiento de dichos datos personales es clave para determinar las obligaciones de transparencia y publicidad. Pero también detectábamos una cierta contradicción en la consulta, como si, paradójicamente, la legislación de transparencia trajera consigo una -patología secretista por la expansión progresiva de la protección de datos personales.
Volvemos a tratar este tema con ocasión de la entrada en vigor del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 y de la ley orgánica de protección de datos personales -LO 3/2018, LOPDP -EDL 2018/128249--, normas que profundizan en las contradicciones que detectábamos entonces.
Nuestra consulta versa ahora sobre las obligaciones de publicidad activa: acciones llevadas a cabo por las propias administraciones urbanísticas sin que haya petición expresa de los ciudadanos. Lo cierto es que las administraciones urbanísticas siguen albergando dudas sobre lo que pueden o no pueden hacer público cuando, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, aparecen datos de carácter personal relacionados con el desarrollo de la actividad urbanística. Es importante sentar bases que aclaren las posibilidades de incluir información, especialmente a través de medios telemáticos, que son soportes cada vez más utilizados por las administraciones públicas.
Aparte de los ficheros y los registros como el padrón, buena parte de las decisiones urbanísticas -planificación, información pública, contratos, convenios deben ser objeto de publicidad activa de acuerdo con la ley -artículos 7 y 8 de la Ley 19/2013 de transparencia -EDL 2013/232606--. Algunas leyes autonómicas de transparencia han incorporado determinaciones adicionales sobre la publicidad activa de los planes e instrumentos urbanísticos.
Los expedientes urbanísticos contienen datos personales, en el sentido amplísimo con que los define el artículo 4.1 del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-: datos de los propietarios de fincas afectados por actuaciones urbanísticas, incluidos expedientes sancionadores y de disciplina urbanística los datos necesarios para la elaboración, modificación o revisión de los planes urbanísticos datos registrales varios titulares de licencias solicitadas, concedidas y denegadas propietarios afectados por ventas y sustituciones forzosas dirección postal y catastral de los lugares donde se hacen obras presupuestos propietarios afectados por convenios urbanísticos adjudicatarios de viviendas de protección oficial entre otros. Además, podrían existir datos de carácter tributario, como los impuestos devengados por la realización de obras, que tienen el carácter de reservados conforme a la normativa sectorial.
Pero no todos estos datos personales están especialmente protegidos. Cuesta imaginar que la información contenida en un expediente urbanístico llegue a afectar a datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual -art. 15 de la Ley de transparencia -EDL 2013/232606--, de modo que sólo sea posible su tratamiento y publicación cuando el afectado haya dado su consentimiento o los datos se encuentren anonimizados, previa disociación de los mismos -art. 5.3 de la Ley 19/2013-. Otras veces no será precisa siquiera la identificación de los datos personales cuando el objetivo perseguido -la información de interés general pueda ser alcanzado con medidas neutrales para la intimidad de los afectados, limitándose a datos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la administración urbanística.
En cualquier caso, es necesario acotar cuáles son los límites del derecho a la protección de datos de carácter personal para que no se vean comprometidos ni el principio de eficacia ni el control de la legalidad urbanística. O dicho con otras palabras: en qué contexto prevalece el interés público en la divulgación de datos a través de los cauces de la publicidad activa, especialmente en sitios web institucionales o publicaciones oficiales. Las recomendaciones y consultas realizadas a las agencias de protección de datos de los últimos años, y también los conflictos resueltos por los tribunales, acreditan que es un tema controvertido.
En relación con los convenios urbanísticos, el Tribunal Supremo considera que la publicación de los datos personales -nombre, apellidos, NIF y domicilio completo que puedan figurar en el texto del convenio no necesita del consentimiento de los afectados -STS 1501/2012, FJ. 5 -EDJ 2012/36326--. La publicación de los datos personales que contiene un convenio urbanístico, tanto de los intervinientes en él como de los propietarios no intervinientes, es un tratamiento pertinente, adecuado y no excesivo en relación con la finalidad para la que fueron obtenidos y se ajusta al principio de proporcionalidad. Son parte interesada en un convenio urbanístico no sólo quienes firman el mismo, sino todos los ciudadanos, al ser una pluralidad indeterminadas de personas los destinatarios de la acción urbanística.
En relación con la información relativa a las listas de adjudicatarios de viviendas de protección oficial, las agencias de protección de datos avalan que las webs institucionales exhiban los nombres y apellidos de quieres resulten adjudicatarios, por ser datos suficientes para su identificación, mientras que entienden que la inclusión del DNI sería un dato excesivo o no justificado.
Un caso especialmente conflictivo afecta a las licencias y otros títulos de intervención urbanística, dado que la norma -salvo excepciones en alguna comunidad autónoma como Navarra no establece ninguna obligación de publicidad activa -sí existe un derecho al acceso a la información, con los límites generales-. Las consultas resueltas por las agencias autonómicas ilustran que los datos de expedientes pueden ser fácilmente disociados y que su difusión incrementaría notablemente la transparencia en una materia propicia al ejercicio desviado del poder.
Encontramos un límite general en el artículo 6.1.e del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, que considera que el tratamiento de los datos será lícito si se hace para -el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable del tratamiento-. Como el urbanismo es una acción pública que persigue el interés general -artículo 4 del TRLS -EDL 2015/188203--, podemos concluir que estaría cubierto por esta excepción que ampara el tratamiento y la publicidad de datos de carácter personal.
Para conciliar los intereses legítimos del titular de los datos con la legalidad urbanística es necesario un juicio de ponderación favorable a los objetivos de interés público -art. 15.3 por remisión del artículo 5.3 de la Ley de transparencia -EDL 2013/232606--, que corresponde hacer al responsable del tratamiento de los datos. Esta tarea exige atender a las circunstancias del caso y concretar algunos conceptos jurídicos indeterminados -el propio concepto de interés público en la divulgación, de -información de relevancia jurídica o de pertinencia y proporcionalidad-, de ahí que resulte difícil sistematizar criterios generales. No hay soluciones genéricas, sino que habrá́ que atender a cada instrumento de publicidad activa, analizar la previsión legal y la finalidad que se establece, y con ello conformar una regla que permita identificar los supuestos en que se deben incluir más o menos datos en la publicidad. El tiempo de la exhibición también es un factor relevante.
El responsable del tratamiento de los datos contará con la asistencia del delegado de protección de datos, cuyo nombramiento es obligatorio en las administraciones públicas -art. 37.1a del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900--, como recuerda la Agencia Española de Protección de Datos en una consulta relativa al padrón municipal -N/REF: 013704/2019-.
Por supuesto, el titular de los datos siempre tiene la posibilidad de ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, conocidos como -derechos ARCO-, previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-.
Entrando ya en la última de las preguntas que se nos formulan, relativa a la responsabilidad cuando son varias las administraciones implicadas en una actuación urbanística, hace tiempo que nuestros tribunales han tenido que enfrentarse a este problema -por ejemplo, STS 3636/2012 -EDJ 2012/103557--, si bien no en relación con el tratamiento de los datos. El artículo 26 del reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 regula la eventual corresponsabilidad del tratamiento de datos -cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios y el artículo 29 de la LOPDP -EDL 2018/128249 dispone que para depurar las responsabilidades se atenderá -a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento-. En todo caso, el artículo 26.3 del Reglamento -UE permite a los interesados ejercer sus derechos -frente a, y en contra de, cada uno de los responsables-.
El artículo 82 del Reglamento -UE -EDL 2016/48900 reconoce también el derecho a obtener una indemnización efectiva y solidaria a toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de una infracción en materia de protección de datos, y la preocupación subyacente parece ser la solidaridad frente al ciudadano. Recuérdese que el artículo 33 de la Ley 40/2015, LRJSP -EDL 2015/167833-, al regular la responsabilidad patrimonial concurrente de las Administraciones públicas, atiende a criterios tales como la competencia, el interés público tutelado o la intensidad en la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada administración en la producción del daño.
El tema qu...
El tema que ahora nos ocupa atañe a la ponderación entre el principio de transparencia en la acción de los poderes públicos y la protección de los datos de carácter personal.
Por paradójico que resulte, aquel encontró su más acabada definición en el preámbulo de la nefasta Ley de secretos oficiales de 1968 -EDL 1968/1321 -que continúa inopinadamente vigente en sus aspectos esenciales-: “las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos”. Por su parte, la protección de datos de carácter personal se ha ido transmutando de garantía de derechos en derecho autónomo, metamorfosis auspiciada por el cambio en la doctrina constitucional del artículo 18.4 CE -EDL 1978/3879-.
Dicho esto, estimo oportuno hacer expresas tres objeciones a la configuración actual del derecho a la protección de datos, rectius a su preponderancia en el debate sobre el tratamiento de la información en posesión de las administraciones públicas.
La primera de ellas versa sobre la falta de una adecuada ponderación entre la transparencia y la protección de datos. Aquella es requisito esencial del obrar de las administraciones públicas en una democracia avanzada, pues es preciso que los ciudadanos, fuente de legitimidad de todo poder y destino de la acción administrativa, tengan las herramientas suficientes para valorar el recto proceder de los titulares de los poderes públicos. Sentada esta premisa, parece obligado poner a disposición de la ciudadanía las informaciones necesarias para que los ciudadanos juzguen la probidad en el ejercicio de las potestades públicas -también la de planeamiento-, la idoneidad de las medidas para el buen servicio al interés general y la afección a su esfera de derechos e intereses legítimos.
A su vez, la protección de datos representa una garantía de que esa transparencia no se convertirá en puro exhibicionismo ni revelación de informaciones y datos que no interesan a los ciudadanos en cuanto tales sino que, acaso, satisfarán unas poco loables ansias de comadre. La administración pública debe ofrecer cuanta información sea precisa para valorar las medidas adoptadas pero ha de cuidar de no divulgar ninguna otra que no permita la recta inteligencia de sus decisiones y que pueda ser objeto de un ilegítimo tratamiento por terceros. Dicho de otro modo y asumiendo el riesgo de una excesiva simplificación, protección de datos y transparencia no debieran ponerse en el mismo plano sino que convendría establecer entre ambos términos una relación de medio -bien que negativo y fin.
Con la segunda objeción me gustaría poner sobre la mesa la consecuencia orgánica de esa indebida equiparación, cuando no reconocimiento de la primacía de la protección de datos frente a la transparencia. El caso español es paradigmático al respecto -y contrasta vivamente con otros modelos, como puede ser el mexicano, más equilibrado en este punto—, como fácilmente constatará el lector avisado. En España la creación de una agencia de protección de datos no solo ha precedido en el tiempo a la de una instancia tendencialmente similar de defensa de la transparencia, sino que todo intento de equiparación entre la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un esfuerzo intelectual inútil. La Agencia se ha venido configurando como un organismo dotado no solo de autonomía funcional y de independencia personal de su director sino que ha tenido todos los recursos a su disposición para integrarse en una amplia red de instancias de protección de datos personales. Por el contrario, el Consejo carece siquiera de potestad sancionadora y su brillante trayectoria es el fruto del trabajo abnegado de sus escasos servidores. Cabe sugerir la conveniencia de valorar la unificación de ambas instancias, de modo que también desde la perspectiva orgánica la protección de datos se incardine en la garantía de la transparencia del actuar de los poderes públicos, asegurando que no se divulguen aquellos datos cuyo conocimiento general no resulte estrictamente necesario para el ejercicio de sus derechos por la ciudadanía.
Finalmente, me gustaría apuntar, como tercera objeción, la existencia de soluciones técnicas que resuelven el conflicto entre transparencia y protección de datos. Bien sabemos que este adquiere su dimensión actual y problemática en el marco de la red global -Internet-. De igual modo, seremos conscientes de que internet de nada sirve sin unos adecuados buscadores. Sin esos motores de búsqueda, internet equivale a un almacén de libros, no a una biblioteca, en el que el interesado no logrará hallar lo que busca si no es por puro azar los buscadores introducen racionalidad en el almacenamiento de datos y permiten hallar aquello que nos interesa. Sucede, sin embargo, que por lo común cuando se habla de protección de datos apenas se mira a quien ordena la información y solemos poner todo el peso en quien “la sube” a la red y es que resulta más fácil imponer cargas y obligaciones a los suministradores de información que ordenar la actividad de los buscadores, guías y dueños en tanto que tales de la red -en un laberinto lóbrego quien porta la antorcha es el dueño del destino de los caminantes-.
No obstante, existen soluciones técnicas que permiten que una parte de la información “subida” a la red no sea fácilmente localizable por terceros. Un adecuado uso de las técnicas de encriptación permite que los buscadores no difundan los documentos en función exclusiva del nombre y apellidos de los interesados o de otros datos de carácter personal cuyo conocimiento puede ser exigido para la cabal comprensión del documento de que se trate pero que no deben ser utilizados como criterios de búsqueda.
Dicho esto, nos hallamos en condiciones de dar pronta respuesta a las preguntas que se nos formulan en este tema comenzando por la relativa a los límites para la transparencia, sub aespecie publicidad activa, derivados de la protección de datos de carácter personal. En línea de principio creo que es preciso hacer hincapié en la improcedencia de proporcionar datos personales que no sean estrictamente necesarios para la comprensión y eficacia de la norma, convenio, resolución o acto administrativo de que se trate. Esa comprensión a la que aludo es la propia de un ciudadano que ejerce sus derechos y su libertad de crítica de la acción pública precisará conocer la identidad de quienes alcancen acuerdos con la administración, de quienes se vean favorecidos o perjudicados por sus decisiones discrecionales. Pero quien no trate de ejercer sus derechos de ciudadanía y solo desee ocupar su ocio -por limitarnos a una actividad de suyo no ilícita haciendo búsquedas prospectivas introduciendo nombres y apellidos no debería tener fácil acceso a esos documentos administrativos.
No creo, finalmente, que quepa centralizar la responsabilidad en la protección de datos, pues dicha responsabilidad es predicable de quien disponga de los datos obtenidos o recabados para el ejercicio de una concreta potestad pública. Precisamente porque la obtención de datos no es una competencia autónoma sino una función instrumental, ni su ejercicio ni las consecuencias en punto a responsabilidad derivadas del mismo pueden deslindarse de la competencia sustantiva de que se trate.
Sin necesi...
Sin necesidad de abundar en otros supuestos anteriores interesa dejar debidamente anotado que en la perspectiva de Derecho Comunitario debe destacarse muy especialmente la adopción del Reglamento -UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -Reglamento general de protección de datos-, así como de la Directiva -UE 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48901-, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
En ese marco no debe dudar que se pretende superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 -EDL 1995/16021-, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. Y ello en razón a que la transposición de esa directiva por los Estados miembros se plasmó en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, condujo a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los ciudadanos.
En este punto y como se subraya en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-:
“... no se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate”
“ Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo”.
“De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse» -Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto Comisión vs. España de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia y de 15 de octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia-. Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión Europea”.
Y en su consecuencia no cabe pasar por alto que la adaptación al Reglamento general de protección de datos -EDL 2016/48900-, que será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva ley orgánica que finalmente se constituye en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-.
Pero es que esa ordenación con sus principios para con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos –de derecho comunitario y de derecho interno debe ponerse igualmente en relación y en equilibrio con otras ordenaciones y sus principios y en concreto en materia urbanística.
No debe silenciarse gran pluralidad de vertientes que en materia urbanística son singularmente sensibles de hace tan pronunciado tiempo y entre otros como:
la suscripción de convenios urbanísticos –entre otros, de planeamiento, de gestión urbanística de titulación habilitante, de protección de la legalidad urbanística tan necesitados de ser transparentes y estar sometidos a información pública o/y al principio de publicidad,
así mismo la vertiente de planeamiento urbanístico –en su caso de promoción de iniciativa privada o de modificaciones de planeamiento hasta de oficio en beneficio a determinados particulares con la obligación de identificar los propietarios favorecidos en la correspondiente documentación, sometidos igualmente a información pública y publicidad,
igualmente en materia de gestión urbanística en los que resulta capital identificar titulares para mantener en sus términos el principio de legalidad en sede de quórums o de justa distribución de beneficios y cargas y todo ello adornado de la misma forma por las debidas garantías de información pública y publicidad,
también en la vertiente de los hechos determinantes cuando concurren Sentencias firmes en su caso contencioso administrativas en favor o en contra de determinados titulares y en los supuestos en que se trata de incidir con el ejercicio de las potestades urbanísticas.
En definitiva toda una pléyade de supuestos en que inevitablemente pueden hallarse imbricados elementos a considerar también desde la perspectiva de la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En todo caso, además de las previsiones legales aplicables en materia urbanística tampoco resulta ocioso traer a colación lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-, en su triple dimensión de:
incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública -que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas-,
reconocer y garantizar el acceso a la información -regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo-
y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento -lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública-.
En definitiva y a los presentes efectos, importa no perder de vista y en los términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-:
-De una parte, su artículo 8 para con la vertiente de Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos, con sus remisiones al Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, en cuanto dispone:
“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.
1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento -UE 2016/679.
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”.
-Y, de otra parte, su Disposición Adicional Primera respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-, y con sus remisiones a la misma, al establecer.
“Disposición adicional segunda. Protección de datos y transparencia y acceso a la información pública.
La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre -EDL 2013/232606-, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 y en la presente ley orgánica”.
En definitiva y con todo, salvadas las debidas garantías tratando de buscar un equilibrio, quizá no fácil sino exigente, entre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las exigencias de transparencia, información pública y publicidad y en concreto en la materia urbanística tan necesitada de evitar espacios inmunes al conocimiento y presididos por el oscurantismo.
Espacios concurrentes en que operan las perspectivas ya expuestas y que a no dudarlo van a involucrar a cualquier Administración que resulte concernida en la actuación de que se trate. Así en sede de convención urbanística, de planeamiento urbanístico, gestión urbanística, y demás materias a que se ha hecho mención para asegurar y hacer prevalecer los principios ínsitos en el ejercicio de las correspondientes potestades urbanísticas.
Desde el prisma constitucional se destaca que la protección de datos de carácter personal ha pasado de ser concebida como una garantía de derechos a constituir un derecho autónomo.
Aunque se advierte que no todos los eventuales datos personales que aparezcan en los instrumentos urbanísticos están especialmente protegidos, se considera improcedente proporcionar datos personales que no sean estrictamente necesarios para la comprensión y eficacia de la norma, convenio, resolución o acto administrativo de que se trate.
En ese contexto, varias respuestas recorren la senda del principio de proporcionalidad, como mecanismo de conciliación entre privacidad y transparencia, que debe abordarse en clave de ponderación favorable a los objetivos de interés público, si bien se advierte que los límites a la publicidad activa son los límites del objetivo que cubre esa publicidad, es decir, conocer con transparencia el proceso de decisión y ayudar a determinar si la actuación administrativa se realizó de forma correcta.
Algunas respuestas conectan el debate con el ejercicio de la acción pública para exigir la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
No faltan quienes decantan ciertas pautas útiles para dar respuesta a las dudas suscitadas, a partir de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Puškár, C‑73/16 -EDJ 2017/188341-, específicamente por lo que atañe a la letra e) del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 -EDL 2016/48900- cuando considera que el tratamiento de datos personales es lícito si «es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento». A estos efectos, se apunta que como el urbanismo es una acción pública que persigue el interés general cabe concluir que estaría cubierto por esa excepción que ampara el tratamiento y la publicidad de datos de carácter personal.
La responsabilidad en el tratamiento de los datos se relaciona con la Administración competente para la tramitación del proceso urbanístico de que se trate y aunque algunos entienden que es una cuestión compleja, se abre paso la idea de que no cabe concentrar en una sola Administración la responsabilidad de la protección de datos.

References: artículo 25
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 72
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 5
 resolución 
 artículo 37
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 26
 artículo 82
 artículo 33
 artículo 18
 resolución 
 artículo 99
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6