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Timestamp: 2018-07-22 06:24:45+00:00

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CAPÍTULO II. De la historia social única
Artículo 3 Concepto y caracteres
Artículo 5 Contenido de la historia social única
Artículo 6 Cumplimentación de la historia social única
Artículo 7 Acceso profesional a la historia social única
Artículo 8 El acceso por la persona usuaria a la historia social única
Artículo 9 Coordinación interadministrativa e interdepartamental
Artículo 10 Accesos especiales a la historia social única
Artículo 11 Gestión, custodia y conservación
CAPÍTULO III. Del registro único de personas usuarias
Artículo 12 Registro único de personas usuarias
Artículo 15 Finalidad del tratamiento de datos
Artículo 16 Inscripción, acceso y comunicación
Primera Datos sobre víctimas de violencia de género
Segunda Desarrollo del soporte informático
Tercera Interoperabilidad en la gestión colaborativa de la historia social única
Cuarta Extractos de información compartida
DISPOSICIÓN TRANSITORIA Eficacia de la Orden FAM/1525/2006, de 21 de septiembre
Primera Modificación del Decreto 22/2015, de 12 de marzo, de organización y funcionamiento del registro unificado de víctimas de violencia de género en Castilla y León
La configuración legal del registro único de personas usuarias es la de un instrumento que hará posible el acceso compartido a la información social para todos los profesionales vinculados a los agentes del sistema de servicios sociales. Para hacerlo efectivo, la misma ley autoriza la comunicación y cesión entre dichos agentes y sus profesionales de los datos de carácter personal de las personas usuarias del sistema de servicios sociales cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de las funciones y cometidos que tienen atribuidos, cumpliendo así con el mandato de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto a la excepción a la prestación del consentimiento de la persona interesada para el tratamiento y comunicación de sus datos personales. Los términos en que las entidades que integran el sistema de servicios sociales deben comunicarse dichos datos se han de determinar reglamentariamente.
La ley atribuye, en sus artículos 47.2, letra m) y 48.i), la competencia para la gestión de este registro a la consejería competente en materia de servicios sociales, con la colaboración de las entidades locales competentes en la materia. Por su parte, el artículo 80 de la ley considera al registro único de personas usuarias, desde su condición de elemento de uso común y acceso compartido por los agentes del sistema de servicios sociales, como un instrumento para la coordinación de las actuaciones de la Administración de la Comunidad y las entidades locales competentes en la materia.
En otro orden de cosas, la configuración electrónica de la historia social única que sustentará el registro único de personas usuarias, se revela como el soporte más adecuado para cumplir los mandatos de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en materia de derechos, investigación e innovación en los servicios sociales y coordinación y cooperación administrativa. Así, en primer lugar, en el artículo 11.2 i) se recoge el derecho de los beneficiarios del sistema al acceso a los datos obrantes en su historia social; en segundo lugar, entre los derechos de los profesionales de los servicios sociales que enumera el artículo 56, se encuentra el derecho a contar con los medios y apoyos necesarios para desarrollar su actividad con calidad, eficacia y eficiencia; en tercer lugar, en el capítulo V del título V, la ley encomienda a la Administración de la Comunidad, fomentar acciones destinadas a la investigación e innovación, al objeto de contribuir a la mejora de la eficacia y calidad del sistema de servicios sociales; en el desarrollo de dichas acciones, juega un papel muy importante el intercambio de información; y por último, el título VII de la ley se dedica a la coordinación y cooperación administrativa, de forma expresa, se refiere en el artículo 77.3, a la coordinación que debe desarrollarse con los sistemas y servicios de salud, educación, empleo, justicia, vivienda y cultura, y a la necesidad de que el intercambio de información sirva de manera especial para detectar situaciones de riesgo social e intervenir en las mismas.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de diciembre de 2015
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 5, 6.2 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sin perjuicio del cumplimiento del deber de información a la persona usuaria de los servicios sociales sobre los extremos que establece el primer artículo citado, la información registrada se recoge para el ejercicio de las competencias en materia de servicios sociales que le corresponden a las Administraciones Públicas de Castilla y León, y para ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que forman parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, a los que se autorice el acceso y la consulta.
«Artículo 4 Información contenida en el registro

References: Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 80
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 77