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Ferreyra - CNACyCF - Sala II - 2010 - Art. 31 - Inc. d | Derecho penal | Información del gobierno
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Espectativas Que Genera Este Paradigma
Voces: DELITO ~ DELITO MARCARIO ~ FALSIFICACION DE MARCAS ~ MARCAS ~ TIPICIDAD Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II(CNFedCrimyCorrec)(SalaII) Fecha: 19/08/2010 Partes: Ferreira, Liliana Raquel Publicado en: LA LEY 18/10/2010, 18/10/2010, 10 - LA LEY2010-E, 642 Cita Online: AR/JUR/43110/2010
1. No encuadra en el delito previsto en el art. 31 inc. d de la ley 22.362 la conducta consistente en ofrecer en la
vía pública copias apócrifas de discos compactos envueltos en sobres de nylon y cuyas portadas son láminas fotocopiadas, pues tal contexto de venta y la calidad notoriamente falsa de los productos ofrecidos torna inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor.
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2. Mientras el delito previsto en el inc. c del art. 31 de la ley 22.362 comprende la simple oferta de los
elementos sobre los que se materializa la marca, como ser etiquetas, envases, envoltorios, el inc. d del citado artículo reprime al que comercialice productos o servicio con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
2ª Instancia. — Buenos Aires, agosto 19 de 2010. Vistos y Considerando:
I.- El Dr. J. M. H., defensor oficial de Liliana Raquel Ferreira, interpuso recurso de apelación contra el auto obrante en copias a fs. 11/9 del incidente mediante el cual el Sr. Juez de grado dispuso el procesamiento de la nombrada en orden a los delitos previstos en los artículos 31, inciso "c" de la ley 22.362 y 72 bis, inciso "d" de la ley 11.723, ambos en concurso ideal, y mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de doscientos siete pesos con cuarenta y siete centavos ($207,47). II.- En primer lugar, no existe discusión en punto a que el día 9 de marzo de 2008, aproximadamente a las 18:15 horas, Liliana Raquel Ferreira se encontraba ofreciendo en la vereda de la Avenida Rivadavia y Doblas, donde comienza el parque Rivadavia de esta ciudad, discos compactos apócrifos envueltos en sobres de nylon y que presentaban en sus portadas láminas fotocopiadas (conf. fs. 1/3, 26/7, todas del legajo principal). III.- Con respecto a la calificación legal asignada a tal evento, y en lo que atañe a su tipicidad a la luz de la ley de propiedad intelectual, cabe resaltar que en su anterior intervención en los presentes actuados, esta Sala señaló la necesidad de determinar si los mencionados soportes contenían o no reproducciones ilícitas (ver fs. 81/vta. ppal.). Consecuentemente, el magistrado instructor encomendó a la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina la realización de un peritaje a tal efecto, en el que se constató que "los discos contienen grabados títulos fílmicos, siendo estos grabados mediante procedimientos que escapan a los métodos convencionales empleados para su fabricación" (fs. 86/91 ppal.). Así las cosas, hallándose acreditada la exhibición de reproducciones no autorizadas de títulos fílmicos, el temperamento en crisis habrá de ser confirmado en este aspecto. Es que la sanción de la ley 23.741, que incluyó el artículo 72 bis a la normativa mencionada, estuvo inspirada en la intención de perseguir conductas relacionadas con "poner en el mercado —aunque mal y
artesanalmente (es decir sin la fidelidad propia de las grabaciones comerciales)— productos (
inferiores a los realizados por quienes se atienen a toda la legislación vigente en la materia (…) desviando así a los posibles compradores de las piezas (…) legalmente existentes en el tráfico económico", lo que "lesiona los derechos de los autores, intérpretes y casas grabadoras autorizadas por el perjuicio que causa" (conf. Emery, Miguel Ángel; Propiedad Intelectual, 1era edición, 6ta reimpresión, Bs. As., 2005, pág. 312).
Asimismo, en cuanto al error de prohibición alegado por el recurrente de conformidad con el descargo formulado por Ferreira al ser indagada, cuando sostuvo que "no sabía que era un delito vender cds porque todo el mundo lo hace" (fs. 34/vta. ppal.), es claro que la imputada estaba en condiciones de actualizar su conocimiento en relación con los objetos que tenía en su poder, máxime si se atiende a la notoriedad de las diferencias que existen entre la comercialización de los productos legítimos y el modo informal en que eran exhibidos en el sub examine.
III.- Por otra parte, el Tribunal entiende que no se ha configurado en el caso una afectación a la ley 22.362. Ello pues —primeramente— no ha sido corroborada la registración de las marcas presuntamente falsificadas. Además, se advierte que la figura escogida por el magistrado instructor luce desacertada en relación con el suceso que se tuvo por comprobado. Tal como lo ha dicho la doctrina-el inciso "c" del artículo 31 de la normativa marcaria, al reprimir a aquel que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, se dirige a supuestos
diferentes al aquí ventilado, pues "comprende (
la simple oferta de los elementos sobre los que se materializa
la marca, como ser etiquetas, envases, orillos, cintas, envoltorios, etc." (Otamendi, Jorge; Derecho de Marcas,
6ta edición, Lexis Nexis Argentina, Bs.As, 2006, pág. 275).
En consecuencia, lo que en realidad debe examinarse —como se hará a continuación— es si la conducta reviste relevancia penal a la luz del tipo previsto en el inciso "d" del artículo mencionado, que persigue al que comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
Esta Sala ha sostenido —desde antaño— que no existe afectación o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley 22.362 en los casos en que la calidad visiblemente apócrifa y ciertas circunstancias que hacen al contexto de venta, tornan inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor (conf. causa nº 5.831 "Cuenca Textil", reg. nº 6619 bis del 22/08/89, causa nº 18.875 "Ziva", reg. nº 20.397 del 31/10/02; causa nº 20.298 "Gabriel Añaños", reg. nº 21.502 del 2/09/03; causa nº 20.475 "Misci", reg. nº 21.759 del 13/11/03; causa nº 20.728 "Balmaceda", reg. nº 22.009, rta. el 3/2/04; causa nº 22.326 "Méndez", reg. nº 23.485 del 15/03/05; causa nº 22.001 "Sánchez Negreiros", reg. nº 23.486 del 15/03/05; causa nº 23.046 "Corrado", reg. nº 24.326 del 18/10/05; entre muchas otras). Más recientemente, se resaltó que tal exégesis deriva necesariamente de la propia letra del artículo 31 de la normativa citada pues tanto la falsificación como la imitación fraudulenta exigen en su literalidad la potencial confusión en el público acerca de la originalidad de un producto. De hecho, tal como surge de la exposición de motivos de la ley 22.362, la asunción por parte del Estado de la acción penal pública estuvo justificada por la necesidad de dinamizar el anterior régimen de la ley 3.975, "reconociendo en la actividad que se persigue una verdadera falsificación, con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública". De tal manera, encuadrar una acción en esta figura habiéndose descartado tal posibilidad y bajo el argumento de que aquella busca proteger —separadamente— al titular marcario y al público consumidor, implica excederse del tipo penal analizado sobrepasando los límites del principio de legalidad. En el sub examine, la simple observación de los discos compactos que le fueron incautados a Ferreira, su distinta calidad —son discos compactos conocidos comercialmente como vírgenes o grabables— (ver resultados del peritaje practicado a fs. 26/7 ppal.) y las condiciones en que eran exhibidos para su comercialización, esto es, sobre una tela en el piso, en la vía pública y con sus portadas fotocopiadas, permiten concluir que los elementos no eran idóneos para producir la posibilidad de engaño que exige la norma analizada. Por lo expuesto, se propicia al Acuerdo declarar que el hecho atribuido a la imputada no encuadra en las previsiones del artículo 31, inciso "d" de la ley 22.362.
El doctor Farah dijo:
A mi entender, debe descartarse la tipicidad del hecho endilgado a la imputada en relación al artículo 31,
inciso "d" de la ley 22.362 por los fundamentos que expondré de seguido.
este tipo de supuestos, iniciados por prevención policial y donde no existe
querellante, la afectación o potencial afectación al bien jurídico protegido por la norma, entonces, debe traducirse en la posibilidad concreta de engaño al público consumidor. Si éste fuese desechado, la conducta perseguida debe reunir una serie de características que hagan presumir un perjuicio hacia el titular de la marca —aún frente a su pasividad— vale decir, dimensiones considerables, giro comercial importante y efectos
negativos apreciables. Sólo bajo estas circunstancias se supera el umbral constitucional que resulta del principio
y la persecución penal se hace viable, pues aparece el ‘fin’ que justifica y da sentido a la
injerencia penal en la libertad de acción del individuo (Sala I de esta Cámara, causa nº 41.065 "Berardi", reg. nº 101 del 14/02/08 y su cita).
Así las cosas, la conducta investigada en autos contrasta con los parámetros señalados, dada la forma inusual
y atípica en que se ofrecían al público los discos compactos —en plena vía pública— y que a simple vista se
podría advertir su falsedad, por lo tanto, resulta imposible en tales condiciones que se haya puesto en peligro la credibilidad del fabricante —en este caso, incluso, ausente de presentación—, pues el consumidor sabe que los defectos propios de los productos que adquirió, sin duda, no son responsabilidad del dueño marcario.
En virtud de los motivos expuestos, habré de compartir la solución propuesta por mi colega preopinante. IV.- Por último, en lo relativo al embargo trabado sobre los bienes de la encartada, teniendo en cuenta las particularidades de la maniobra que se le enrostra y que el delito por el que se encuentra procesada no prevé pena de multa, el monto fijado luce excesivo a la luz de las pautas del artículo 518 del ordenamiento ritual y por
de lesividad (
He sostenido que "
ende será reducido a la suma correspondiente a la tasa de justicia. En función de lo que surge del Acuerdo que antecede, este Tribunal Resuelve:
I.- Confirmar parcialmente el decisorio recurrido en cuanto dispone el procesamiento de Liliana Raquel
Ferreira, modificando la calificación legal escogida por la prevista en el artículo 72 bis, inciso "d" de la ley
II.- Declarar que el hecho atribuido a la encausada no encuadra en las previsiones del artículo 31 de la ley
III.- Reducir el monto del embargo trabado sobre los bienes de Ferreira hasta cubrir la suma de sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos ($69,67). Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y remítase a la anterior instancia, donde deberán efectuarse las restantes notificaciones a que hubiera lugar. —Horacio Rolando Cattani. — Eduardo G. Farah.
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