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SCP 1600 2012 | Debido al proceso | Derecho Constitucional
SCP 1600 2012
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SOBRE EL CASO DEL OPERATIVO REALIZADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Sobre la constitucionalidad del Auto Acordado que regula la tramitación y fallo de la acción de protección
Informe Del Segundo Modulo Del Curso Final de Grado
Ultra y Extra Petita
Sobre Los Conceptos Jurídicos Indeterminados
Cesar Yahuira Huamani
Tutela Fabian
DEMANDA DE HERMELINDA LOTES 11 12 13 Y 141
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1600/2012 Sucre, 24 de septiembre de 2012
Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales
2010-22851-46-AAC
En revisión la Resolución de 15 de noviembre de 2010, cursante de fs. 63 a 69, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Quispe Cadima contra Juan Marcos Terrazas Rojas y Wilfredo Patiño Soria, Vocales de la Sala Penal Tercera; y, Gladys Oroz Aparicio, Jueza de Partido Penal Liquidador y de Sentencia de Quillacollo, todos de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba.
En el memorial presentado el 27 de septiembre de 2010 cursante de fs. 44 a 47 vta., el accionante manifestó que:
Fue demandado por los esposos Héctor Heredia Arévalo y Cirila Arébalo de Heredia -hoy fallecida-, por la supuesta comisión de los delitos de despojo, alteración de linderos y perturbación de
posesión, dictándose Sentencia en el Juzgado de Sentencia de Quillacollo, donde se le declaró autor del delito de alteración de linderos, condenándolo a dos años de cárcel, disponiéndose en consecuencia el perdón judicial a su favor en ejecución de sentencia, con costas. Apelada esta determinación por su parte y por los acusadores, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, declaró improcedentes ambos recursos, por lo que recurriendo él en casación ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema -ahora Tribunal Supremo- de Justicia, que declaró inadmisible su recurso por Auto Supremo de 20 de agosto de
El 20 de mayo de 2008, en ejecución de sentencia, la parte querellante planteó “Calificación de Responsabilidad Civil para Reparación de Perjuicios y Daños Civiles” (sic), luego de los trámites respectivos la Jueza demandada dictó la Sentencia 23/2008 de 28 de octubre, por la cual declaró probada la demanda de Calificación de Daños Civiles, disponiendo el pago de Bs100 000.- (cien mil bolivianos), por ese concepto, e imponiéndole el plazo de tres años para su cancelación. Apelada la
misma en parte, los vocales demandados dictaron el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, por la cual declararon improcedente su recurso, modificando el plazo otorgado en la Sentencia y reduciéndolo a tres días computables a partir de la ejecutoria de la resolución; Auto con el que fue notificado el 22 de junio de 2010, a su abogado y no personalmente.
El 3 de febrero del año, planteó por ante la Sala Plena del ahora Tribunal Supremo de Justicia, recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, respecto del proceso penal fenecido por la supuesta alteración de linderos, y mientras este se hallaba en pleno trámite, el 12 del mismo mes y año puso en conocimiento de los Vocales demandados, una copia del memorial de dicho recurso, quienes en vez de considerarlo y esperar que se resuelva su recurso de revisión, dictaron el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, notificándolo a través de su abogado recién el 22 de junio de 2010, dando lugar a la ejecución de la sentencia respecto al daño civil.
El accionante señaló que se vulneraron sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la tutela judicial efectiva, citando los arts. 115.II, 116, 117.I, 119.I y II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se anule el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, y se ordene la suspensión de la ejecución del proceso penal que calificó los daños y perjuicios y cualquier medida que pudiera asumir la jueza demandada, mientras no exista resolución firme en la acción de revisión extraordinaria.
Instalada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2010, según consta en el acta cursante a fs. 62 de obrados, se produjeron los siguientes actuados.
El abogado del accionante ratificó su acción y en uso del derecho a la réplica, mencionó que no se discute la sentencia que mereció en el proceso, sólo se cuestiona el hecho de que los Vocales demandados no hayan considerado la existencia de un recurso extraordinario de revisión de sentencia pendiente de resolución en Sucre, la misma que puede cambiar dicha resolución y hasta puede quedar absuelto el accionante.
Juan Marcos Terrazas Rojas y Wilfredo Patiño Soria, Vocales demandados, a través del informe presentado el 15 de noviembre de 2010, cursante a fs. 61 y vta., señalaron que: a) El Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, resolvió los recursos de apelación incidental interpuestos en ejecución de sentencia, por los solicitantes de la calificación de responsabilidad civil y por el accionante, en contra de la sentencia que calificaba y ordenaba la reparación del daño ocasionado por el delito que éste cometió; este Auto de Vista, declaró improcedente su apelación y procedente en parte la alzada de los solicitantes de la calificación, con la debida fundamentación y motivación que ni siquiera fue enervada por el accionante, limitándose a señalar que su recurso de revisión extraordinaria de sentencia planteada ante la Corte Suprema, ocasionaba la suspensión de la ejecución de la Sentencia pronunciada por la Jueza de Quillacollo y por consiguiente la Sala Penal a su cargo no podía
pronunciar resolución en los recursos planteados; b) Las normas que regulan el Recurso de Revisión se hallan previstas en los arts. 421 al 427 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en ninguna de ellas se establece que la interposición y admisión del recurso, determine la suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia que se impugna, el art 426 del CPP, demuestra sin lugar a dudas, que el trámite de ejecución de la sentencia condenatoria no se suspende durante el trámite del recurso extraordinario de revisión, y solo en caso de prosperar dicho recurso, los conceptos pagados por el condenado le deberán ser devueltos; y, c) Al parecer el accionante ha incurrido en el error de considerar las normas del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPPabrog) en cuyo art. 310, determinaba un trámite diferente para el recurso de revisión estableciendo que presentada la demanda ante el Ministerio del Interior y Justicia acompañando testimonio de las sentencias, se declarará vista al Fiscal de Gobierno y una vez evacuado el requerimiento fiscal, se dictará Resolución Suprema disponiendo la suspensión de la sentencias impugnadas y al propio tiempo se encargará al Fiscal General de la República la denuncia ante la Corte Suprema. Este artículo fue derogado por la Ley 1483 de 17 de septiembre de 1993, posteriormente a partir del Decreto Supremo (DS) 23930 de 23 de diciembre de 1994, quedó establecido un trámite diferente, de esta manera, al haber sido derogado el art. 310 del CPP de 1972, desde el año 1994, no se encuentra ya vigente la suspensión de la ejecución de las sentencias sujetas a revisión extraordinaria; pidiendo por lo expuesto se deniegue la tutela demandada.
Gladys Oroz Aparicio, autoridad codemandada, en audiencia señaló: 1) Desde la derogación del art. 310 del CPP de 1972, se impuso una nueva forma de tramitación, donde el recurso de revisión extraordinaria no suspende la ejecución de sentencia, por lo que mal puede el accionante pretender la aplicación de esta disposición legal, cuando la misma ya quedó sin efecto; y, 2) Lo único que hizo fue dar cumplimiento a la resolución dictada por un tribunal superior; y al no haber vulnerado derecho alguno, pide se deniegue la tutela solicitada.
Héctor Heredia Arévalo, en su calidad de tercero interesado, a través de su abogado indicó, que lo único que se pretende es hacer cumplir la ley, y los informes emitidos por las autoridades demandadas son claros y precisos al respecto, por lo que pide se deniegue la acción tutelar.
I.2.4.Resolución
La Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 15 de noviembre de 2010, cursante de fs. 63 a 69, la misma que denegó la tutela solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La Resolución emitida por los demandados adquirieron la calidad de cosa juzgada por no existir otro recurso en contra de la misma; consecuentemente, al pretender el accionante modificar la resolución emitida por los Vocales demandados mediante la presente acción, solicitando se anule el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, pretende convertir al Tribunal de Garantías Constitucionales en un Tribunal de casación, lo que resulta inadmisible desde todo punto de vista, ya que éste solo tiene competencia con relación a la restricción o supresión de derechos fundamentales, pero de ninguna manera para sustituir la competencia de los jueces de jurisdicción ordinaria; ii) El trámite del recurso de revisión interpuesto por el accionante el 3 de febrero de 2009, ante la entonces Corte Suprema de Justicia, se halla previsto por los arts. 421 al 427 del CPP, normas en las cuales no se prevé que se suspenda el procedimiento de ejecución de la sentencia; iii) El art. 426 del CPP, en cuanto a sus efectos es absolutamente claro y preciso; además, la normas del CPPabrog, Decreto Ley 10426, en la redacción del art. 310 establecía un trámite diferente para el recurso de revisión, disposición que quedó derogada por la Ley 1483 de 17 de septiembre de 1993 y posteriormente a partir del Decreto Supremo 23930 de 23 de diciembre de 1994, quedó establecido un trámite distinto, ya que se determinó que este recurso sería presentado
directamente a la Corte Suprema la que resolvería previa Vista al Fiscal General; iv) Al haber sido derogado el art. 310 del CPP, desde el año 1994, ya no se encuentra vigente la suspensión de la ejecución de las sentencias sujetas a revisión extraordinaria; y, v) La ejecución de la sentencia condenatoria ejecutoriada, impuesta al accionante se tramitó de acuerdo a las normas del CPP, las cuales no contemplan la suspensión de la ejecución de la sentencia alegada por éste, por ello su pretensión resulta improcedente, no existiendo vulneración o conculcación de derechos fundamentales o garantías constitucionales.
I.2.4. Consideraciones de Sala
Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados y Magistradas de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por la disposición transitoria Segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.
Arévalo, pidieron la calificación de responsabilidad civil para reparación de perjuicios y daños civiles
(fs. 1 a 2 vta.). Al respecto por Sentencia 23/08 de 28 de octubre de 2008, la Jueza ahora codemandada, declaró probada la demanda de calificación de daños civiles, disponiendo el pago de Bs100 000.-, o su equivalente en dólares estadounidenses que ascienden a $us14 287.- (catorce mil doscientos ochenta y siete dólares estadounidenses), a ser cancelados en treinta y seis meses o tres años en cuotas mensuales de Bs2 777.77.- (dos mil setecientos setena y siete 77/100 bolivianos), o $us397.- (trescientos noventa y siete dólares estadounidenses), a partir de la ejecutoria del presente fallo. Así mismo, se dispuso que el condenado restituya el terreno de los solicitantes de la calificación al estado en que se encontraba antes de la comisión del hecho delictivo, con la restitución del lindero y el camino vecinal existente en ese entonces en el plazo de sesenta días de la ejecutoria (fs. 8 a 10).
Por memorial presentado el 21 de mayo de 2008, Cirila Arévalo de Heredia y Héctor Heredia
octubre de 2008 (fs. 12 a 15 vta.); así también lo hicieron los solicitantes de la reparación civil, radicando los antecedentes en la Sala Penal Tercera a cargo de los Vocales demandados, quienes, por Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, declararon improcedentes las cuestiones planteadas por el accionante y procedente en parte la apelación de los solicitantes de la reparación civil, revocando la resolución apelada en cuanto al plazo de tres años para el pago de los daños civiles calificados en Bs100 000.- (cien mil bolivianos), disponiendo que dicho monto sea cancelado en el plazo de tres días a partir de la ejecutoria del indicado Auto de Vista (fs. 22 a 27).
El accionante, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 23/08 de 28 de
extraordinaria de la sentencia condenatoria de 20 de enero de 2006 y del Auto de Vista “06017/2006 de 24 de enero de 2007” (sic) (fs. 34 a 41 vta.).
Mediante memorial de 4 de febrero de 2009, el accionante planteó revisión
El accionante el 10 de febrero de 2009, presentó un memorial a la Sala Penal Tercera de los
Vocales ahora demandados, haciéndoles conocer la interposición de un recurso extraordinario de revisión de la sentencia condenatoria dictada en su contra (fs. 31). Al respecto, la certificación expedida por Sandra Magaly Mendivil Bejarano, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema -ahora Tribunal Supremo de Justicia- se hizo conocer que el recurso de revisión extraordinaria de sentencia interpuesto por el accionante se encontraba en turno a los fines de considerarse su admisión (fs. 33).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la
“seguridad jurídica” y a la tutela judicial efectiva, indicando que dentro del proceso de reparación de daños, donde se dictó la Sentencia 23/2008 en su contra, para que pague por ese concepto Bs100
000.-, o su equivalente en dólares estadounidenses que ascienden a $us14 287.- (catorce mil doscientos ochenta y siete mil dólares estadounidenses), el 3 de febrero de 2009, y, mientras se tramitaba la apelación contra la mencionada Sentencia, también planteó recurso de revisión de la Sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, que dio lugar al proceso de reparación de daño inicialmente mencionado, poniendo en conocimiento de los Vocales demandados ese recurso de revisión, quienes en vez de suspender la resolución de su apelación en el proceso de reparación de daño, dictaron el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, confirmando la Sentencia 23/08; la cual según su criterio, no debió emitirse mientras no se resolvía su recurso de revisión. En consecuencia, corresponde determinar, en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
Los derechos invocados por el accionante
El mencionado derecho está previsto en el art. 115.II de la CPE, y es considerado por la jurisprudencia constitucional como una ”…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SC 1534/2003-R de 30 de octubre).
En la SC 0702/2011-R de 16 de mayo, que cita a la SC 0377/2003-R de 26 de marzo, estableció que el derecho a la defensa ”…no es un derecho que concierna al querellante o víctima, sino más bien al imputado asegurándole la posibilidad de todo recurso o medio para defenderse y desvirtuar la acusación presentada en su contra, de modo que podrá presentar y producir cuanta prueba lícita la considere favorable, podrá presentar incidentes, recursos, excepciones y otros, para probar su inocencia. En cambio si bien el querellante o la víctima también puede hacer uso de los recursos,
incidentes y otros actos que le permita el procedimiento, no lo hace para asumir defensa sino que está ejerciendo su derecho de accionar para lograr el castigo al supuesto autor del delito, resultando obvio, que cuando esa posibilidad es impedida por la autoridad jurisdiccional a través de algún acto
o resolución, no hace más que incurrir en un acto ilegal que suprime el derecho de acceso a la justicia”.
La jurisprudencia constitucional, en referencia al debido proceso, a través de la SC 1145/2010-R de 27 de agosto, sostuvo que éste es: "'…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en
el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SSCC 0418/2000-R, 1276/2001-R y 0119/2003-R, entre otras).
La trascendencia del debido proceso se encuentra en su íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: “La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes"' .
”…se establece como un derecho en el art. 115 parágrafo II; al mismo tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE que dispone: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…” (SCP 270/2012 de 4 de junio.).
En cuanto a la seguridad jurídica
Al respecto y continuando con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en las SSCC 1756/2011-R de 7 de noviembre, en cuanto a la seguridad jurídica se estableció lo siguiente: ”…cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: 'A la vida, la salud y la seguridad', a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del 'derecho a la seguridad jurídica' como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE)'. (…) …se debe tener claramente establecido que «la seguridad jurídica» al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento”.
De la tutela judicial efectiva
Con referencia a la tutela judicial efectiva en la SC 1768/2011-R de 7 de noviembre, se dejó sentado que: ”Este derecho fundamental, de acuerdo con la doctrina consiste básicamente en el derecho de
acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante, por lo tanto se puede deducir que lo anteriormente desarrollado implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado. Aparte de lo anteriormente señalado, este derecho implica una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el litigante sea repuesto en su derecho, o en su caso compensado”.
Del marco legal aplicable
El recurso de revisión, se halla inmerso en el Titulo VI, del Libro Tercero titulado “Recursos” y cuyo trámite se halla contenido en los arts. 421 al 427 del CPP; y para a efectos de resolver el presente caso venido en revisión es necesario hacer referencia al procedimiento a seguirse ante su interposición y los efectos que ello produce; al respecto el art. 423 del CPP, indica: “El recurso de revisión se interpondrá por escrito, se acompañará la prueba correspondiente y contendrá; bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros”. “También podrá producir prueba de oficio en la audiencia”. “Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas de la apelación restringida, en cuanto éstas sean aplicables”.
En cuanto a los efectos que produce, el art. 426 del CPP previene: “Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y/o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados”. “Cuando la sentencia disminuya el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir al condenado, contendrá el nuevo computo precisando el día de finalización de cumplimiento de la pena”. “La sentencia dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación social de alcance nacional” (la negrilla es nuestra).
En el presente caso, el accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la tutela judicial efectiva, señalando que en ejecución de la sentencia condenatoria dictada en su contra, sus acusadores particulares solicitaron la reparación de la responsabilidad civil, dictándose la respectiva sentencia que lo condenaba al pago de los daños civiles, apelada esta determinación por él y por los solicitantes de la calificación de responsabilidad civil, los Vocales demandados dictaron el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2009, por el cual declararon improcedente su recurso y procedente en parte el opuesto por la parte solicitante de la calificación de responsabilidad; situación que no correspondía, toda vez que interpuso un recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada y que por ello, según su parecer, suspendía la tramitación de la apelación.
De la revisión de obrados y conforme a las Conclusiones II.1 y II.2 desarrolladas precedentemente, es evidente que al conocer la Sentencia 23/08 de 28 de octubre de 2008, dictada dentro de la demanda de reparación del daño, la cual disponía el pago de Bs100 000.-, por concepto de daño civil, a favor de los solicitantes de la mencionada reparación, éstos y el accionante, plantearon recursos de
apelación buscando su modificación, radicando los antecedentes en la Sala Penal Tercera a cargo de los Vocales demandados.
Paralelamente a la tramitación de los mencionados recursos y tal como se advierte en las Conclusiones II.3 y II.4, del presente fallo, el accionante planteó la revisión extraordinaria de la Sentencia condenatoria de 20 de enero de 2006 dictada en su contra, haciendo conocer dicho actuado a los Vocales demandados, quienes según su percepción, debieron paralizar la tramitación de las apelaciones, hasta tanto no se conociera el resultado de su recurso de revisión.
Al respecto y de las normas que regulan el trámite del recurso de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas, que se refieren en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que en ninguna de ellas se menciona o se deja establecido, que la sola interposición de dicho recurso, suspenda la tramitación del procedimiento de la ejecución de las sentencias de calificación de la responsabilidad civil; es más, la norma contenida en el art. 426 del CPP, al dejar sentado que: “Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, (…) se ordenará la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria…”, implica en el presente caso, que si el obligado ya habría cancelado los montos calificados por concepto de daños civiles, y posterior a ello, resulta absuelto como efecto de la revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces todo lo que haya cancelado, le será restituido; de ello se infiere, que no está previsto dentro de nuestra economía procesal, el efecto suspensivo en los trámites de la ejecución penal, a causa de la interposición del recurso de revisión señalado, como equivocadamente concibe el accionante.
De lo expuesto, además se evidencia que la errónea comprensión del accionante, sobre el procedimiento y los efectos que produjo la interposición de su recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, fue lo que motivó la presente acción que se analiza, en la cual no se advierte conculcación alguna a los derechos del accionante al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, entendidos estos conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, toda vez, que los actuados procesales que denuncia como vulneratorios a sus derechos, fueron desarrollados conforme a procedimiento, los cuales además, al ser de su pleno conocimiento, también fueron objeto de su participación activa, ya que hizo uso de los medios y los recursos previstos en la normativa procesal penal, para que estos queden sin efecto.
Con relación a la seguridad jurídica, al ser la misma un principio y no un derecho tutelable mediante la presente acción de amparo constitucional, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, no corresponde a este Tribunal manifestarse al respecto.
En consecuencia, la situación planteada, no se encuentra dentro de las previsiones del art. 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al denegar la acción de amparo constitucional, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de noviembre de 2010, cursante de fs. 63 a 69, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
No intervino la Magistrada Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco, por no haber conocido el asunto.
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