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Timestamp: 2018-09-23 22:34:58+00:00

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SENTENCIA STL4126-2013 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PREVALENCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS EN LA JURISDICCIÓN LABORAL, PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PENSIONALES. SE DETERMINÓ QUE LA TUTELA ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DERECHO A LA JUBILACIÓN, SIN ANTES AGOTAR EL RECURSO DE CASACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. ESTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 6º DEL DECRETO 2591 DE 1991 IMPONE AGOTAR ESTA ÚLTIMA INSTANCIA, ANTES DE ACUDIR A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, SALVO QUE SE VISLUMBRE LA INMINENCIA DE UN PREJUICIO IRREMEDIABLE. ADICIONALMENTE, SE RECUERDA QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, TAMBIÉN SE GARANTIZA CUANDO ES EL JUEZ NATURAL EL QUE RESUELVE LOS CONFLICTOS, Y EN EL CASO DE PENSIONES ES LA JURISDICCIÓN LABORAL LA QUE TIENE EL CONOCIMIENTO PREVALENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JURISDICCIÓN LABORAL, PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL
Sentencia STL 4126-2013 de noviembre 26 de 2013
Rad. 34552
Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Judith Ariza Cabrera contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
I. Judith Ariza demanda la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales considera quebrantados por el organismo judicial accionado.
Dijo que demandó al Instituto de Seguros Sociales para que le reconociera la pensión de vejez, al ser beneficiaria del régimen de transición; el Juzgado Séptimo Laboral de Barranquilla dictó sentencia en la que condenó, por estimar satisfechos los requisitos para el efecto; que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, el 25 de septiembre de 2013, revocó tal determinación, de la que pidió corrección dado que en ella se hizo “un mal conteo en las semanas cotizadas, por cuanto al hacer la sumatoria de las mismas contabilizó 6992 días, equivalentes a 998,85 semanas, existiendo realmente 7334 días equivalentes a 1047 semanas, con lo cual se debió reconocer el derecho a la pensión”.
Explicó que es “una mujer desamparada y no cuento con más recursos y lo único que podría solventar mi situación es la pensión de vejez, negada injustamente por el tribunal”; que padece quebrantos de salud y requiere con urgencia de la protección constitucional; en esa medida solicitó “ordenar al tribunal la nulidad de la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2013, y en su efecto se me reconozca el derecho a la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990”.
II. Esta Sala de la Corte en proveído de 19 de noviembre de 2013 asumió el conocimiento; dio traslado para que el accionado se pronunciara sobre los hechos materia de discusión constitucional y ofició a los juzgadores de primera y segunda instancia para que remitieran el expediente del proceso ordinario laboral.
Vencido el término no se allegó pronunciamiento alguno, según constancia secretarial obrante a folio 14 del cuaderno Corte.
La garantía del debido proceso que se encuentra en el precepto 29 constitucional comprende distintas dimensiones en el marco del Estado social de derecho, esto es, las relativas a obtener decisiones motivadas, a la doble instancia y a que se cumplan las órdenes de los jueces; asimismo está relacionada con la existencia de un juez natural, que tenga competencia para resolver las actuaciones puestas en su conocimiento; la defensa, que está estrechamente ligada con la posibilidad de las partes de utilizar todos los medios legítimos previstos por el legislador; un trámite procesal público, sin dilaciones injustificadas y por último la exigencia de la independencia o imparcialidad del juez, quien debe decidir por tanto conforme a los hechos probados, fundado en el orden jurídico.
Su protección, por vía de la acción pública de tutela, está sujeta a que las partes, pese a manifestar el quebrantamiento de derechos superiores, a través de los múltiples y variados recursos para el efecto, no encuentren la respuesta ajustada y persista la vulneración, de allí que de múltiples formas, a lo largo de este periodo en el que la Corte ha habilitado la posibilidad de conocer esta acción contra providencias judiciales, se ha erigido como fundamental que los sujetos procesales hayan agotado todos los mecanismos judiciales, pues de lo contrario carecería de sentido la propia existencia del ordenamiento jurídico, si so pretexto de alegar violación de derechos fundamentales se soslayaran las herramientas erigidas precisamente para que se remedien los eventuales errores en que pueda incurrir el juzgador.
Ahora bien, previo a decidir este asunto es pertinente señalar que a la presente queja se adosó como prueba una providencia que no corresponde a la aquí debatida (fls. 18 a 33), dado que es del 30 de noviembre de 2009, y entre distintos sujetos.
Sin embargo a folio 34 consta el acta del proceso 08001310500720120014401, de 25 de noviembre de 2013, que es el que se debate en esta sede, y en la que aparece únicamente la parte resolutiva, con un cuadro anexo de semanas, y de la que se extrae que se revocó la sentencia consultada, se absolvió al ISS y no se impusieron costas en el grado jurisdiccional.
Lo anterior es pertinente, en tanto son dos los problemas jurídicos a resolver en este escenario, el primero si se quebrantó el debido proceso constitucional al adelantarse el grado jurisdiccional de consulta, y el restante si existía otro mecanismo procesal idóneo en la defensa de sus intereses.
I.I. La nación como garante del ISS
Desde la expedición de la Ley 1149 de 2007, el legislador varió la figura del grado jurisdiccional de consulta, en tanto incorporó en su artículo 69, que esta procedía contra las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas, entre otras a “aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior”.
Los pronunciamientos que esta Sala ha emitido sobre tal disposición, desde la decisión hito de 29 de septiembre de 2009, radicado 21364, han estado precedidos del estudio sobre su vigencia, pues por virtud de los artículos 15 y 17 tal ley tuvo una incorporación gradual en los diversos distritos judiciales, de manera que no eran consultables todas las decisiones que estuvieran enmarcadas en esa normativa, sino aquellas en la que fuera plenamente comprobado su vigor en el distrito respectivo.
Incluso, en lo pertinente, en la referida sentencia de tutela se consideró, entre otros que:
“Debe existir un mayor rigor jurídico, tanto para determinar en cada caso concreto, cual norma debe aplicarse, en qué lugares está vigente la Ley 1149 de 2007 y en que eventos la Nación actúa como garante de las entidades descentralizadas, pues debe desentrañarse no solo su naturaleza jurídica, sino los decretos que así lo dispongan, evento en el cual, además, debe informarse al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior, tal como se señala en la norma modificada … Lo dicho adquiere relevancia, porque si bien la inserción del procedimiento oral tiene connotaciones en el mejoramiento y la modernización de la judicatura, lo cierto es que el juez debe ser cuidadoso en la aplicación de este innovador sistema, máxime cuando, como en este caso, la infracción de alguna de sus normas o su equivocada aplicación e interpretación desconoce derechos de rango superior de los ciudadanos”.
En tal sentido, a la fecha, en ninguna de las determinaciones adoptadas por vía de tutela se ha resuelto sobre la viabilidad o no de tramitar el reseñado trámite jurisdiccional cuando la nación es garante del ISS, y si ello es violatorio o no del debido proceso; tal aspecto ha sido objeto de controversia en los distintos distritos judiciales del país, por lo que esta Sala de la Corte por virtud de su función unificadora como máximo tribunal en materia del derecho al trabajo y de la seguridad social se pronuncia al respecto.
La Ley 100 de 1993 instituyó en materia pensional, dos regímenes coexistentes pero excluyentes, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad; frente al primero que es el que aquí interesa, en la medida en que se encuentra administrado por una entidad descentralizada del orden nacional, el artículo 32 ibídem contempló en el literal c) que “El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados”; por su parte el 138 siguiente es como sigue: “Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida. El Estado responderá por obligaciones del ISS para con sus afiliados al régimen de prima media con prestación definida cuando los ingresos y las reservas de dicha entidad se agotasen, siempre que se hubieren cobrado las cotizaciones en los términos de esta ley”, aspecto que esta desarrollado en el texto íntegro del Decreto 1071 de 1995, en el que se explica la trascendencia de la garantía estatal y se acota que “se entenderá que la Nación asume tales obligaciones, cuando la sumatoria de las reservas registradas en los estados financieros de pensiones para vejez, invalidez y sobrevivencia no permitan atender en condiciones normales el pago de una cualquiera de dichas obligaciones pensionales, todo ello sin perjuicio de manejar por parte de la entidad, contabilidades separadas de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la superintendencia Bancaria, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia”, estas disposiciones fueron estudiadas por el Consejo de Estado, en providencia de 11 de julio de 1996, Expediente 3904 en la que se consideró que:
“Del texto de los artículos 1º y 2º del Decreto 1071 de 1995 se infiere que el Estado se compromete a responder por las obligaciones a cargo del Instituto de Seguros Sociales a favor de los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, cuando dicho instituto no disponga de medios suficientes para ello, es decir, cuando la sumatoria de las reservas registradas en los estados financieros de pensiones no permitan atender en condiciones normales el pago de una cualquiera de dichas obligaciones. El régimen solidario de prima media con prestación definida está referido a que sus afiliados obtengan una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas; y a que el Estado garantice el pago de los beneficios a que se hacen acreedores sus afiliados. De conformidad con el artículo 138 de la Ley 100 de 1993 el Estado garantiza que va a responder por las obligaciones que tiene el Instituto de Seguros Sociales para con sus afiliados al régimen de prima media con indemnizaciones previamente definidas. Confrontando el texto del artículo 137 de la Ley 100 de 1993 con el del artículo 138 ibídem, infiere la Sala, que este último se refiere al pago de pensiones e indemnizaciones “previamente definidas”, esto es, que no se han causado aún, pero cuando se causen ya se sabe cuál es su monto, en tanto que aquel prevé la situación de pensiones ya reconocidas, esto es, que ya se han causado. En parte alguna de los artículos acusados se observa que la garantía estatal de asumir el pago de las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales por concepto de prima media con prestación definida implique “tomar de las reservas o de sus rendimientos parte de lo que es inflación”, como lo sostiene el actor. Las normas reglamentarias acusadas no hacen más que reiterar la garantía que ofrece el Estado en el artículo 138 de la citada Ley 100 de 1993, de responder por las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales para con sus afiliados al régimen de prima media con prestación definida, en el evento de que los ingresos y reservas de dicha entidad se agotaren, razón por la cual habrán de denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia”.
Con lo anterior surge inequívoco que, en efecto, el Estado es el convocado a garantizar dichas obligaciones, e incluso el 137 del mismo Estatuto de la Seguridad Social refiere que asume el pago de las prestaciones del ISS y de la Caja Nacional de Previsión y de otras cajas o fondos del sector público, sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, con la salvedad de que se “agotasen las reservas constituidas para el efecto y solo por el monto de dicho faltante”.
Por su parte el artículo 7º del Decreto 692 de 1994 indica que “en el régimen solidario de prima media con prestación definida, el Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados, en el evento en que los ingresos y las reservas del Instituto de Seguros Sociales se agoten y esta entidad haya cobrado las cotizaciones en los términos de la Ley 100 de 1993”, y lo propio debe decirse de los artículos del 5º y 6º del Decreto 832 de 1996.
De otro lado el literal n) de la disposición 2ª de la Ley 797 de 2003 clarifica que “el Estado es responsable de la dirección, coordinación y control del sistema general de pensiones y garante de los recursos pensionales aportados por los afiliados, en los términos de esta ley y controlará su destinación exclusiva, custodia y administración”, y la cláusula 48 constitucional, en el primer inciso adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005 prevé que “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo”.
De lo expuesto es evidente que las diversas normas plantean que en el marco del régimen de prima media la nación si garantiza el pago de las pensiones, de forma que es admisible considerar que se surta la consulta, en la medida en que, en últimas lo que se protege con dicho grado jurisdiccional, es el interés público, que está implícito en las eventuales condenas por las que el Estado respondería.
Por demás no pasa por alto esta Corte que incluso en el Decreto 4970 de 2011, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la nación, para la vigencia 2012, está previsto el rubro del pago pensional, en diversos artículos, entre ellos el 59, de manera que es evidente que el aval del que tratan tales disposiciones, no es simplemente una condición futura, y por ello cabe la consulta en los términos descritos en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
II. Otro mecanismo de defensa judicial.
Como quiera que al expediente de tutela no se incorporó la providencia cuestionada, y en la medida en que no se puede constatar si en efecto se comunicó a los ministerios en los términos pertinentes, pese a que tal carga le correspondía a la actora, no es posible hacer un pronunciamiento al respecto.
Lo cierto es que, lo que trasluce la discusión, relacionada con el pago de la pensión de vejez, es que debió utilizarse el recurso extraordinario de casación para debatir en el espacio procesal pertinente lo que ahora pretende aquí proponerse, de manera que esta acción es improcedente, tal como lo dispone el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y por ello se negará el amparo.

References: ARTÍCULO 6
 artículo 69
 artículo 32
 artículo 138
 artículo 137
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 7
 artículo 69
 artículo 6