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Timestamp: 2019-05-21 21:44:45+00:00

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Actualité juridique | Toda & Nel-lo Avocats
Esta semana empieza el registro de jornada. ¿Qué implicaciones tiene esta medida?
El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (“RDL 8/2019”), publicado en el BOE el 12 de marzo, regulaba de forma expresa el registro de jornada de los trabajadores, y entró en vigor ayer 12 de mayo de 2019.
La norma prevé que la organización y forma de documentar el registro de jornada se establezca en los convenios colectivos o a través de acuerdo de empresa.
La norma requiere que la empresa conserve los citados registros durante cuatro años, permaneciendo a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según la exposición de motivos de la citada normativa cada semana, de 2018, se realizaron una media de 6,45 millones de horas extraordinarias en España. Al 48% de los trabajadores que realizan horas extra estas no se les abonan, por lo que tampoco se cotiza por ellas a la Seguridad Social.
En este sentido, dicha reforma normativa pretende dotar de mayor efectividad a la labor de la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social así como corregir la realización de horas extraordinarias ilegales y las situaciones relacionadas con la organización del trabajo y el establecimiento de altos ritmos, a la sazón de actuar sobre factores que inciden en la prevención de riesgos laborales.
Además del coste técnico que implica la implementación de esta nueva exigencia, la medida puede suponer para las empresas reclamaciones por horas extras que pueden presentar los trabajadores y las liquidaciones de estas horas, por las que se debe cotizar, y sanciones de la Seguridad Social por los últimos cuatro años no prescritos.
En este sentido, se modifica el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, añadiéndose la tipificación como sanción grave el incumplimiento en materia de registro de jornada, lo que se concreta con multas que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros, según la calificación de su grado infractor, mínimo, medio o máximo y que se imponen por centro de trabajo.
En la práctica, la entrada en vigor de esta nueva normativa ha provocado que surjan numerosas cuestiones, ya sean relacionadas con su impacto, consecuencias o implicaciones.
¿La obligación de registro atañe a todas las empresas?
¿Debe registrarse la jornada de todos los trabajadores?
¿Es lo mismo el tiempo de inicio y finalización de la jornada que el tiempo de presencia en la empresa?
¿A quién corresponde elegir el método para registrar la jornada?
Dídac Ripollès, socio del área de Laboral Toda & Nel-lo, explica los principales aspectos de esta nueva medida en el documento en PDF que pueden descargar a continuación y en este artículo de El Economista.
Se inicia la Campaña de Renta y Patrimonio 2018
Desde el pasado 2 de abril de 2019 ya es posible presentar la declaración de la Renta 2018 mediante
el sistema Renta Web (accesible a través del portal web de la Agencia Tributaria),
la App específica de la AEAT (que puede descargarse gratuitamente y es compatible para sistemas operativos tanto Android cuanto iOS), o
el teléfono (901 12 12 24 o 91 535 73 26).
Asimismo, desde idéntica fecha puede presentarse la declaración de Patrimonio 2018, pero exclusivamente a través del sistema Renta Web.
En este sentido, el área de Fiscalidad General de Toda Nel-lo nos ponemos a su entera disposición para asesorarle y/o confeccionarle su declaración de renta y/o patrimonio.
Puede acceder al portal de Renta aquí y al de Patrimonio aquí.
¿Existe vulneración del derecho al honor del deudor por incluirlo en un fichero de morosos sin haber mediado previo requerimiento de pago?
Recientemente, la Audiencia Provincial de Badajoz, en su sentencia de 4 de febrero de 2019 , ha condenado al Registro de Insolvencia Patrimonial ASNEF («ASNEF»), por haber vulnerado el derecho al honor de un deudor al incluirlo en sus ficheros sin haberle requerido del pago previamente, a realizar las gestiones oportunas para darle de baja del fichero.
El deudor interpuso demanda contra la empresa de telefonía que solicitó su inclusión en ASNEF así como contra a la propia ASNEF por vulneración del derecho al honor al haberle incluido como morosa en el fichero sin haber mediado previo requerimiento de pago.
Entonces, la demanda fue estimada totalmente en primera instancia, declarando la vulneración o intromisión legitima en el derecho al honor del demandante y condenando a las demandadas a realizar las gestiones oportunas para dar de baja del Registro de Insolventes ASNEF al actor o en cualquier otro que se incluya. La demandada ASNEF interpuso recurso de apelación al considerar que la misma no es responsable de una indebida inclusión como morosa de determinada persona en el correspondiente fichero, sino que la responsabilidad es del acreedor.
La Audiencia desestima el recurso interpuesto partiendo de la base de que «si bien inicialmente el responsable del fichero se limita a incluir en el mismo a la persona del deudor y el origen y cuantía de la deuda la ley hace recaer en el primero determinadas obligaciones.»
Entre estas obligaciones destaca la obligación de notificar al interesado cada deuda concreta y determinada, garantizando así que el deudor tenga un conocimiento completo de su inclusión en el fichero. Por lo tanto, si no se tiene constancia de que el deudor ha recibido notificación no podrá procederse al tratamiento de los datos.
En este caso, la Audiencia considera que la omisión de ASNEF tiene entidad suficiente como para que se deba declarar su responsabilidad en la intromisión del derecho al honor.
La Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia nº 53/2019, de 24 de enero de 2019, ha resumido y sistematizado la jurisprudencia existente sobre el deber de declaración del riesgo por parte del tomador del seguro y establece cuáles son los requisitos para poder apreciar un incumplimiento de dicho deber.
Cuando el seguro se contrata con la intervención de un mediador, debe ser este quien someta al solicitante del seguro el cuestionario previsto en el art. 10 de la Ley del Contrato de Seguro (en adelante, «LCS») y la declaración del riesgo hecha ante el agente surte los mismos efectos que si se hubiera hecho directamente al asegurador, por disposición expresa del art. 12.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Igual sucede con el procedimiento de comunicación de la alteración de los factores y las circunstancias declaradas en el cuestionario, previsto en el art. 11 LCS.
A sensu contrario, la omisión del cuestionario por parte del agente debe ser entendida como omisión por la propia compañía.
Como resume la STS 621/2018, de 8 de noviembre (LA LEY 163498/2018), la jurisprudencia configura el deber de declaración del riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que, además, recaen las consecuencias que derivan de la omisión del cuestionario o de la presentación de un cuestionario incompleto.
Así, el Tribunal Supremo ha declarado que para que exista incumplimiento del deber de declaración del riesgo por parte del tomador del seguro, deben concurrir los siguientes requisitos:
Que se haya omitido o comunicado incorrectamente un dato relevante;
Que dicho dato hubiera sido requerido por la aseguradora mediante el correspondiente cuestionario y de manera clara y expresa;
Que el riesgo declarado sea distinto del real;
Que el dato omitido o comunicado con inexactitud fuera conocido o debiera haber sido conocido con un mínimo de diligencia por el solicitante en el momento de realizar la declaración;
Que el dato sea desconocido para la aseguradora en ese mismo momento;
Que exista una relación causal entre la circunstancia omitida y el riesgo cubierto.
Dichos elementos deben de tenerse en cuenta pues si el Tribunal considera que el tomador del seguro incumplió su deber de declaración del riesgo, absolverá a la aseguradora del pago de la indemnización correspondiente.
Llega el registro de la jornada efectiva: ¿para quedarse?
El 8 de marzo de 2019 se promulgó el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. La especial relevancia de este reside en que se añade un nuevo apartado (el noveno) por el que se obliga a registrar la jornada de los trabajadores.
Dicho precepto fija que, por un lado, el registro deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada; que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales se organizará y documentará este registro de jornada; y, en tercer lugar, se deberán conservar los registros durante cuatro años, debiendo permanecer a disposición de los trabajadores.
En este sentido, se modifica el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su apartado 5º, añadiéndose la tipificación como sanción grave el incumplimiento en materia de registro de jornada.
Si bien el Real Decreto Ley es de fecha de 8 de marzo, el apartado 4º de la Disposición final 6ª establece que, en el caso del registro de jornada, será de aplicación a los dos meses desde la publicación, es decir, será preceptivo el registro a partir del próximo 12 de mayo.
No obstante, al tratarse la norma que regula el registro de jornada de un real decreto ley, deberá someterse a un trámite parlamentario consistente en la convalidación que deberá producirse no más allá del 19 de abril (30 días hábiles desde que se publicó la norma).
INSTRUCCIÓN Nº 3/2016 de la ITSS Y CRITERIOS
Traemos a colación la Instrucción 3/2016, que publicó la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, con motivo de la intensificación del control en materia Tiempo de Trabajo y de horas extraordinarias, acaecido durante los años 2016 y 2017, dada la falta de una concreta regulación de cómo deberá efectuarse ese registro de jornada y las similitudes con las recogidas en la citada instrucción. En dicha instrucción se estableció:
1.- La jornada de los trabajadores debía registrarse y totalizarse mensualmente, entregando copia al trabajador del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, junto con el recibo de salarios.
2.- No se exigía una forma específica y resultaba válido cualquier sistema o medio que permitiera registrar de modo permanente y objetivo la jornada de los trabajadores. Eso sí, que fuera un registro diario, indicando el horario concreto de entrada y salida del trabajador.
3.- La Inspección indicaba que los trabajadores debían poder acceder a los registros para comprobar que la empresa lo había registrado y totalizado correctamente. Los resúmenes no necesariamente reflejarían horas extraordinarias pues éstas solo concurrirían cuando se superase, en cómputo anual, la jornada ordinaria de trabajo.
4.- Se debían conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada, durante un período de cuatro años pudiendo la Inspección de Trabajo requerir también los registros diarios del mes en curso, para comprobar el correcto cumplimiento de la obligación de registro.
5.- Asimismo, se incluía la obligación de entrega de los resúmenes mensuales dentro de las competencias de “vigilancia” que reconoce el artículo 64.7 del ET a los representantes de los trabajadores.
La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciado una campaña de comprobación para verificar que, en relación a contratos de arrendamiento suscritos entre particulares y garantizados mediante aval personal, se haya declarado e ingresado, oportunamente, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acto Jurídicos Documentados (ITPyAJD), en su modalidad de Transmisión Patrimonial Onerosa (TPO).
a. La constitución del arrendamiento -por la que debe tributar el arrendatario-; y,
b. La constitución del aval personal -por la que debe tributar el arrendador al ser el beneficiario de la garantía-.
En la práctica, la mayoría de los arrendatarios conocen su obligación de declarar el Impuesto mientras que, con nuestra experiencia, hemos constatado que no todos los acreedores afianzados son conscientes que deben tributar por la garantía constituida a su favor.
Por ello, mediante el presente artículo recomendamos a los arrendadores que hayan suscrito contratos de arrendamiento en los últimos años que los revisen y que, si identifican que incluyeron en estos cláusulas de avales personales constituidos a su favor y no declararon el Impuesto, regularicen su situación tributaria a la mayor brevedad posible, en aras a evitar que una eventual comprobación de la ATC pueda concluir al margen de con la oportuna liquidación, con la instrucción de un procedimiento sancionador.
El portal digital de noticias jurídicas y jurisprudencia Confilegal publica un artículo en el que se recogen las diez claves que las empresas deben valorar a la hora de tomar parte en una licitación pública, en base a las recomendaciones de los socios del departamento de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo Ricard Nel-lo y Jorge Pipaón, y de Mª Antonieta Fernández, counsel.
1º. Fomento de la transparencia
2º. Se puede competir de igual a igual
3º. Hay que ofrecer una mejor Calidad-Precio
4º. Analizar la motivación de los pliegos y otros documentos para saber si nos interesa esa oferta
5º. Se limita capacidad de los criterios de selección de las administraciones
6º. Contar con un riesgo razonable en esa oferta
7º. Ofrecer un precio coherente
8º. Poder utilizar el recurso especial en materia de contratación
9º. Posibilidad de plantear la oferta via Tramitación electrónica
10º. Vincular tu oferta a una política pública de interés general
Acceda al artículo completo haciendo clic aquí.
El pasado mes de diciembre anunciaban los sindicatos en rueda de prensa haber alcanzado un acuerdo con el gobierno para la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012. Dicho acuerdo era el resultado de las negociaciones que se iniciaron entre gobierno y agentes sociales (sindicatos y patronal) el mismo mes de junio en el que accedía al gobierno el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. El acuerdo anunciado por los sindicatos, sin embargo, no contaba con el soporte de la patronal, que el mismo día que se conocía la noticia del acuerdo entre gobierno y sindicatos publicaba de forma conjunta (CEOE y CEPYME) un comunicado expresando su sorpresa e indignación.
El acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos propone la modificación de varios artículos del actual Estatuto de los Trabajadores, con especial incidencia en la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultraactividad de los convenios, la subcontratación y el registro diario de la jornada de los trabajadores.
En cuanto a la concurrencia entre convenios se propone volver a las reglas existentes antes de la Reforma laboral de 2012, de forma que desaparece la posibilidad expresa de negociar un convenio de empresa en cualquier momento durante la vigencia de un convenio sectorial, y la prioridad del convenio de empresa sobre el del sector en materias como salario, horas extras, horarios, clasificación profesional o contratación (art. 84.2 ET). En cuanto a la ultraactividad, se propone la supresión del límite máximo de 1 año introducido en 2012, de forma que una vez llegada la fecha de finalización de un convenio, si no hay nada pactado al respecto y no se llega a un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio anterior mantendría su vigencia de forma indefinida (art. 86.3 ET).
Pero lo que ha generado más expectación, sin duda, es la obligación de registro de la jornada diaria y la nueva regulación de la subcontratación. Lo primero, la obligación de registro diario de la jornada, no es algo que nos venga de nuevo, ya que estuvo en vigor desde diciembre de 2015 a raíz de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional que posteriormente – marzo 2017 – revocó el Tribunal Supremo. La propuesta del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Sindicatos pasa por incluir de forma expresa en el Estatuto de los Trabajadores la obligación de registrar no sólo la jornada, sino el horario de entrada y salida de cada trabajador de forma diaria, y entregar un resumen al empleado en periodos regulares no superiores al mes (art. 34 ET). Considerando el mero hecho de no llevar tal registro (con independencia de la realización o no de horas extraordinarias) como una infracción grave en materia laboral sancionable con multa de hasta 6.250 € por cada uno de los trabajadores afectados.
La nueva regulación de la subcontratación (art. 42 ET) sí es novedosa. Quedará bajo el ámbito de aplicación del nuevo art. 42 ET cualquier tipo de contratación, no sólo el de “propia actividad”, y de cualquier naturaleza civil, mercantil o administrativa; se incluye una definición del concepto de “propia actividad” que engloba todas las actividades inherentes al objeto social de la empresa, las necesarias para la organización y realización del trabajo, así como las que pueda establecer el convenio colectivo; En las contratas de propia actividad habrá responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a todas las deudas de cualquier naturaleza contraídas por el contratista o subcontratistas durante la vigencia de la contrata; si no se trata de propia actividad, habrá responsabilidad también pero de carácter subsidiario; se reconoce la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal a los trabajadores de la contratista cuando se trate de propia actividad; e incluso se extiende la representación de la RLT de la empresa principal a los trabajadores de la contratista (con el incremento de horas sindicales que corresponda) cuando se comparte centro de trabajo.
A diferencia de la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan cláusulas de “jubilación forzosa”, que se eliminó con la reforma de 2012 y se ha vuelto a introducir ya mediante Real Decreto Ley de 28 de Diciembre, todas estas medidas no están en vigor. Son el contenido del acuerdo alcanzado entre Gobierno y los sindicatos, pero su vigencia requerirá de la aprobación de un Real Decreto Ley o bien que se sigan los trámites legislativos ordinarios. La composición del parlamento y la situación política actual hacen difícil prever en qué momento puedan llegar a ver la luz todas estas medidas y, en su caso, en qué términos se aprobarán finalmente. Aunque su conocimiento puede servir de orientación para anticipar el sentido de los cambios que se proyectan en el ámbito laboral a corto o medio plazo.
Acceda al artículo del diario El Economista sobre la opinión de los expertos sobre la reforma laboral, con la participación de Dídac Ripollès aquí.

References: artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 64
 Real Decreto 
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