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Timestamp: 2020-01-21 15:36:08+00:00

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Regulación y aspectos procesales de la inmunidad parlamentaria - Aspectos constitucionales y procesales de la inmunidad parlamentaria en el ordenamiento español - Libros y Revistas - VLEX 217442013
Páginas: 65-117
I. Regulación de la inmunidad parlamentaria 1. Antecedentes normativos en Derecho español 1.1. La Constitución de 1837 1.2. La Constitución de 1845 1.3. La Constitución "non nata" de 1856 1.4. La Constitución de 1869 1.5. El Código Penal de 1870 1.6. El Proyecto de Constitución de 1873 1.7. La Constitución de 1876 1.8. Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y Ley sobre Jurisdicción y procedimientos especiales en las causas contra Senadores y Diputados de 1912 1.9. El Código Penal de 1928 1.10. El proyecto de Constitución de 1929 1.11. La Constitución de 1931 1.12. El Código Penal de 1932 1.13. La Ley Constitutiva de... (ver resumen completo)
I. Regulación de la inmunidad parlamentaria
1. Antecedentes normativos en Derecho español.
1.1. La Constitución de 1837.
1.2. La Constitución de 1845.
1.3. La Constitución "non nata" de 1856.
1.4. La Constitución de 1869.
1.5. El Código Penal de 1870.
1.6. El Proyecto de Constitución de 1873.
1.7. La Constitución de 1876.
1.8. Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y Ley sobre Jurisdicción y procedimientos especiales en las causas contra Senadores y Diputados de 1912.
1.9. El Código Penal de 1928.
1.10. El proyecto de Constitución de 1929.
1.11. La Constitución de 1931.
1.12. El Código Penal de 1932.
1.13. La Ley Constitutiva de las Cortes Españolas.
1.14. El Código Penal de 1944.
2. Régimen normativo de la inmunidad parlamentaria tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
2.1. La Constitución de 1978 y los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
2.2. Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y Ley sobre Jurisdicción y procedimientos especiales en las causas contra Senadores y Diputados de 1912.
II. Diferenciación de los conceptos de imputado, inculpado y procesado
1. El concepto de imputado.
1.1. La Ley Orgánica 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. La inculpación y el procesamiento.
2.1. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de Creación de los Juzgados de lo Penal.
2.2. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
2.4. Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 186/1990, de 15 de noviembre.
2.5. La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2.6. El artículo 501 del Código Penal de 1995.
3. Diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales en relación al momento en que debe solicitarse el suplicatorio.
A) El Suplicatorio debe solicitarse antes de admitir a trámite la denuncia o querella.
B) El suplicatorio debe solicitarse una vez admitida a trámite la denuncia o querella.
C) En el procedimiento abreviado, el suplicatorio debe solicitarse cuando se lleve a cabo la imputación formal.
D) El suplicatorio debe solicitarse una vez se deduzcan indicios racionales de criminalidad.
E) El suplicatorio debe fundarse en una base más sólida que los indicios racionales de criminalidad.
F) Posición que diferencia entre «inculpación» e «imputación», entendiendo que sólo es necesario solicitar el suplicatorio en el primer caso.
G) El Juez de Instrucción podrá, sin haber pedido el suplicatorio, llevar a cabo investigaciones genéricas acerca del parlamentario incurso en un procedimiento.
H) No es necesario solicitar el suplicatorio cuando la condición de parlamentario se adquiere en fase de recursos de sentencia.
III. Otros conceptos procesales
1. Necesidad de solicitar el suplicatorio para el enjuiciamiento de las faltas.
1.1. Competencia para juzgar las faltas.
3. El concepto de flagrancia.
3.1. El artículo 779 LECr. antes de la reforma de 1988
3.2. La flagrancia según el Tribunal Supremo.
3.3. La flagrancia según el Tribunal Constitucional.
3.4. La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
I Regulación de la inmunidad parlamentaria
1. Antecedentes normativos en Derecho español
1.1. La Constitución de 1837
En nuestro constitucionalismo histórico, la Constitución de 1812 y el Estatuto Real de 1834, acogieron una regulación de la protección de los parlamentarios que pivotaba sobre la idea de que las causas contra parlamentarios estuvieran sustraídas al Juez ordinario, y entregadas a la propia Cámara estableciendo procedimientos inspirados en la idea del «juicio por los pares»90.
La inmunidad en sentido propio aparece en el artículo 42 de la Constitución de 1837:
Los Senadores y los Diputados no podrán ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, a no ser hallados in fraganti; pero en este caso, y en el de ser procesados o arrestados
cuando estuvieren cerradas las Cortes, se deberá dar cuenta los más pronto posible al respectivo Cuerpo para su conocimiento y resolución
Se instaura así, la inmunidad parlamentaria del modelo francés, en el sentido de que sólo comprenderá los procesos penales, quedando excluidos todos los supuestos de causas civiles. Para proceder contra los parlamentarios durante las sesiones de las Cámaras se exige la previa autorización de las mismas; no así cuando las Cortes estuvieran cerradas o el parlamentario hubiera sido sorprendido in fraganti, si bien en estos dos últimos supuestos se pondrá en conocimiento de la Cámara lo más pronto posible.
La Constitución de 1845, mantiene prácticamente la misma regulación que la Constitución anterior, estableciendo en su art. 41 que:
Los Senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolución del Senado, sino cuando sean hallados in fraganti o cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los Diputados ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso, a no ser hallados in fraganti; pero en este caso, y en el de ser procesados o arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta lo más pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolución
Ambas Constituciones, la de 1837 y la de 1845, hacen referencia a dos figuras procesales distintas: el «arresto» y el «procesamiento», debiendo tener en cuenta que el arresto puede ser llevado a cabo por autoridades gubernativas, mientras que el procesamiento es un acto exclusivamente jurisdiccional.
1.3. La Constitución "non nata" de 1856
La Constitución "non nata" de 1856 (no promulgada)91 recoge la misma regulación que la anterior, limitándose a añadir que sin la resolución de las Cámaras nunca se podrá dictar sentencia (art. 44).
1.4. La Constitución de 1869
En su artículo 56, la Constitución de 1869 establece:
Los Senadores y los Diputados no podrán ser procesados ni detenidos cuando estén abiertas las Cortes sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, a no ser hallados in fraganti. Así, en este caso, como en el de ser procesados o arrestados mientras estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta al Cuerpo a que pertenezcan tan luego como se reúnan.
Cuando se hubiere dictado sentencia contra un Senador o Diputado en proceso seguido sin el permiso a que se refi ere el párrafo anterior, la sentencia no podrá llevarse a efecto hasta que autorice su ejecución el Cuerpo a que pertenezca el procesado
A diferencia de los textos anteriores introduce, junto al «arresto» y al «procesamiento», la figura de la «detención» que sigue siendo un acto gubernativo. Pero la principal novedad es que contempla la posibilidad de que si se hubiese seguido un procedimiento contra un Diputado o Senador sin autorización de las Cámaras, se requerirá ésta para ejecutar la Sentencia.
Es decir, que sin la autorización de la Cámara respectiva cabría procesar a un parlamentario, juzgarle y dictar sentencia condenatoria, sin que ninguna de esas actuaciones judiciales fueran nulas o anulables, siendo simplemente
la ejecución de la sentencia la que quedaría sujeta a la autorización de la Cámara.
1.5. El Código Penal de 1870
A su vez el Código Penal de 1870, en su artículo 177 establece que:
El funcionario público que cuando estén abiertas las Cortes detuviere o procesare a un Diputado o Senador, a no ser hallado in fraganti, sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, incurrirá en la pena de inhabilitación temporal especial. En la misma pena incurrirá el Juez que, cuando hubiere dictado sentencia contra el Senador o Diputado, en proceso seguido sin el permiso a que se refiere el párrafo anterior, llevare a efecto dicha sentencia sin que el Cuerpo Colegislador a que pertenezca hubiere autorizado su ejecución
Con ello se sanciona penalmente al funcionario o juez que hubiera detenido o procesado a un parlamentario sin la autorización de la Cámara legislativa, o ejecutado una sentencia sin dicha autorización.
1.6. El Proyecto de Constitución de 1873
En el mismo sentido regula esta materia el proyecto de Constitución de 1873 de la I República (no promulgada)92:
Art. 67: «Los Senadores y los Diputados desde el momento de su elección no podrán ser procesados ni detenidos cuando estén abiertas las Cortes, sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, a no ser hallados in fraganti. Así, en este caso como en el de ser procesados o arrestados mientras estuviesen
cerradas las Cortes, se dará cuenta al Cuerpo a que pertenezcan, tan luego como se reúnan, las cuales decidirán lo que juzguen conveniente.
Cuando se hubiere dictado sentencia contra un Senador o Diputado en proceso seguido sin el permiso a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia no podrá llevarse a efecto hasta que autorice su ejecución el Cuerpo a que pertenezca el procesado».
1.7. La Constitución de 1876
Art. 47: «Los Senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolución del Senado, sino cuando sean hallados in fraganti, o cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los Diputados ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso, a no ser hallados in fraganti, pero en este caso y en el de ser procesados o arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes se dará cuenta lo más pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolución. El Tribunal Supremo conocerá de las causas criminales contra los Senadores y Diputados, en los casos y en la forma que...

References: artículo 501
 artículo 779
 artículo 42
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 artículo 56
 artículo 177
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