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Timestamp: 2020-04-08 13:39:49+00:00

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Orden de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2018, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención
Publicado en BOIC núm. 98 de 22 de Mayo de 2018
Artículo 2 Coeficiente multiplicador sobre el valor catastral
La realización de actuaciones de comprobación de valores constituye una de las funciones administrativas de la gestión tributaria de las señaladas en el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que permite verificar la corrección y exactitud de los valores declarados por los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Dichas actuaciones pueden realizarse bien como un procedimiento autónomo, cuando la comprobación sea el único objeto, bien como una actuación concreta en el seno de otro procedimiento de aplicación de los tributos. Dichas actuaciones tienen especial incidencia en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). En ambos impuestos, la base imponible estará constituida por el valor real de los bienes y derechos transmitidos, tal y como señala el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El artículo 57.1 de la Ley General Tributaria establece los distintos medios o métodos a disposición de la Administración tributaria para llevar a cabo la comprobación de los valores declarados por el obligado tributario. De entre los medios señalados, el artículo 57.1.b) de la citada Ley, dispone que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Concretamente, se recoge en este artículo que "dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario".
Dicha previsión se contempla en el artículo 22.2 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, al establecer que el valor de los bienes inmuebles determinante de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria Canaria mediante la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. A tal efecto, al valor que figure en el citado registro actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario. La Consejería competente en materia de Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables y la metodología seguida para su obtención.
La idoneidad de la utilización de este método de valoración ha sido respaldada por el Tribunal Supremo en las recientes sentencias número 639/2017 y 640/2017, de 6 de abril. El Alto Tribunal aunque cuestiona la indefinición del concepto de "valor real", que, "lejos de arrojar una cifra exacta, incontrovertible o, al menos previsible dentro de un margen razonable, normalmente da lugar a tantos resultados como peritos la lleven a cabo", reconoce el respaldo legal de la Administración Tributaria para aplicar cualquiera de los medios de comprobación regulados en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, "lo que implica que la Administración tenga libertad en cuanto a la elección del medio a emplear". Todo ello, sin menoscabo del legítimo derecho a la defensa del obligado tributario: "de no estar conforme, podrá promover tasación pericial contradictoria, como determina el apartado 2 del propio artº. 57, o impugnar el acto de valoración y la liquidación mediante el recurso de reposición o la reclamación económica administrativa, quedándole, finalmente, abierta la vía judicial para demostrar que el valor asignado no se corresponde al valor real, porque la estimación solo puede considerarse válida y admisible en tanto en cuanto su aplicación refleje el valor real. Por tanto, si, en algún caso, no es así, lo que procede es corregir la extralimitación, pero no la anulación con carácter general del sistema".
En cuanto al contenido de la Orden, debe señalarse que la misma tiene en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuyo artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del medio de comprobación de valores previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria se exigirá que "la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar".
El desarrollo del medio de comprobación de valores de bienes inmuebles establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias permitirá dotar de un marco de seguridad jurídica al contribuyente en las transacciones de bienes inmuebles a efectos del ITPAJD y del ISD, al mismo tiempo reducirá las elevadas tasas de conflictividad que se generan en el ámbito administrativo y contencioso como consecuencia de la comprobación de valores. Las últimas Memorias publicadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central señalan que las reclamaciones relativas a esta cuestión en el ITPAJD y el ISD superan el 20% del total de las presentadas, siendo las comprobaciones de valores, una permanente fuente de litigiosidad. En definitiva, la presente Orden supone una manifestación más del principio de transparencia, por cuanto permite al contribuyente conocer anticipadamente el valor que la Agencia Tributaria Canaria va a atribuir al bien objeto de la adquisición o transmisión que se propone llevar a cabo, facilitando a las personas interesadas y a los operadores jurídicos que intervengan o tengan relación con el hecho imponible conocer su valor, haciendo efectivo el ejercicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la Ley General Tributaria y el artículo 11 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
De esta manera, la presente Orden establece los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a cada municipio de Canarias para aquellos hechos imponibles que se devenguen durante 2018, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, al tiempo que establece la metodología utilizada y reglas concretas para su aplicación entre las que se incluye la previsión contenida en el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en la que se establece que: "Cuando el valor declarado por las personas interesadas fuese superior al resultante de la comprobación, aquel tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible".
Cabe señalar que en esta Orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, la aprobación, exigida por norma legal, de los índices, módulos y demás parámetros del régimen especial simplificado, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a las personas interesadas.
En su virtud, en el ejercicio de la habilitación señalada y en uso de las facultades que me confieren los artículos 6.b) y 22.2 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias,
La presente Orden tiene por objeto aprobar los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y cuya aplicación tiene encomendada la Agencia Tributaria Canaria, que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2018 y establecer las reglas para la aplicación de los citados coeficientes.
Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen durante la vigencia de la presente Orden. Dichos coeficientes figuran en el Anexo II de la presente Orden para cada municipio de Canarias.
1. La estimación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, excepto los bienes de interés cultural, con construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los siguientes usos: residencial (viviendas y anejos), oficinas, almacenamiento, comercial (excepto mercados y supermercados) e industrial (excepto industrias fabriles y servicios de transportes), se realizará aplicando los coeficientes aprobados en el artículo anterior al valor catastral a la fecha del devengo del tributo.
La aplicación de los coeficientes, como medio de comprobación de valores previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estará condicionada a la verificación de que la referencia catastral corresponde al bien inmueble objeto de declaración.
2. En las transmisiones de bienes o derechos sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prevalecerá el precio o contraprestación pactada cuando resulte superior al valor declarado o al estimado de acuerdo con lo establecido por esta Orden. A tal efecto, la Administración podrá comprobar la veracidad y exactitud del precio o contraprestación pactada.
3. Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana a los que no sea de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del presente artículo, la Administración podrá estimar su valor aplicando los coeficientes aprobados en el artículo anterior al valor catastral a la fecha del devengo del tributo, una vez comprobada la coincidencia de las características físicas, económicas y legales de las bases de datos catastrales con las reales del mismo.
4. Si a la fecha del devengo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hubiesen actualizado todos los valores catastrales de un mismo municipio, y esta circunstancia no se hubiese tenido en cuenta en el cálculo de los coeficientes aplicables sobre el valor catastral para 2018, el coeficiente multiplicador a aplicar será el recogido para el municipio en el Anexo II de la presente Orden, dividido por el coeficiente de actualización catastral publicado en las leyes de presupuestos generales del Estado para el municipio y año en cuestión.
Las personas interesadas en conocer el valor que la Agencia Tributaria Canaria asigna a los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de adquisición o transmisión podrán calcular dicho valor en la forma establecida en el artículo anterior para los bienes especificados en su apartado
1. Los valores así obtenidos podrán consignarse en las autoliquidaciones tributarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
Si durante la vigencia de la presente Orden, se creara un nuevo municipio en la Comunidad Autónoma de Canarias, por segregación o incorporación a otro, al nuevo municipio se le aplicarán los coeficientes asignados al municipio del que se segregó o al que se incorporó.
Se autoriza a la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria, en el ámbito de su competencia, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.
El coeficiente multiplicador del valor catastral (K1) se obtiene como cociente entre el coeficiente de variación del mercado inmobiliario (KM), desde el año de aprobación de las ponencias de valores totales hasta el año 2017, y el producto del coeficiente de relación al mercado (RM) por el coeficiente de actualización del valor catastral (Kact) desde el año de aplicación de la revisión catastral hasta el año 2018, aplicando la siguiente fórmula:
Multiplicando los coeficientes de actualización previstos en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, donde se dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. Los municipios a los que se aplican estos coeficientes para el año 2018 vienen recogidos en la Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En el caso de que la aprobación de dicha Ley no se realizará antes de la entrada en vigor de la presente Orden, para la actualización a 2018 se tomarán los mismos coeficientes que para 2017.
El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se obtiene dividiendo el valor tasado de la vivienda libre en el año 2017 por el valor del año de aprobación de la ponencia de valores. Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anuales. En el primer caso, cuando se utilizan datos trimestrales, se comparan los valores del segundo trimestre de cada año. En el segundo caso, se utilizan los valores medios anuales.
El valor tasado de la vivienda libre en el año 2017 y el valor del año de aprobación de la ponencia de valores se obtienen de las estadísticas elaboradas por los departamentos de la Administración del Estado competentes en materia de Vivienda sobre valores medios de la vivienda libre, con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias de las compraventas formalizadas en escritura pública.
- Media municipal para aquellos municipios de los se disponen datos publicados por la Administración del Estado competente en materia de vivienda.
a. Operaciones de compraventa de vivienda libre, por municipio, elevadas a escritura pública, en los últimos 12 meses (desde noviembre de 2016 a octubre de 2017), de las que se ha recibido ficha notarial en cumplimiento de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de 11 de septiembre de 2014, por la que se regula la remisión por los Notarios a la Administración Tributaria Canaria de la ficha resumen de los documentos notariales y de la copia electrónica de las escrituras y demás documentos públicos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
b. Estadísticas publicadas por el Ministerio competente en materia de vivienda para el segundo trimestre de 2017, para los municipios mayores de 25.000 habitantes, del valor medio de venta en el mismo de las viviendas libres.
d. Valor obtenido, para cada municipio, de la relación entre el Valor catastral medio por distrito de uso residencial, ponderado en función de la cantidad y tipología del uso, obtenido del Anuario Estadístico de la Dirección General del Catastro para 2017; y el correspondiente coeficiente de relación al mercado (RM).
e. Valor tasado medio provincial de vivienda protegida, del segundo trimestre del año 2017, procedente de las estadísticas publicadas por el Ministerio competente en materia de Vivienda.
Como paso previo a la determinación del coeficiente multiplicador del valor catastral por municipio (K), se debe realizar un ajuste sobre el coeficiente K3 obtenido en el apartado anterior. Para ello, se calcula el coeficiente (K4) resultante de dividir los promedios de todos los municipios de Canarias, de los coeficiente K1 entre los del coeficiente K2.
En función del desarrollo de la metodología expuesta en el Anexo I, son los Coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efecto de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones de los hechos imponibles que se devenguen durante la vigencia de la presente Orden.
Municipio Año aplicación de la última revisión catastral
Valor del coeficiente multiplicador del valor
Agaete 2006 1,50
Agüimes 2012 1,36
Antigua 2002 1,55
Arrecife 2008 1,04
Artenara 2006 2,72
Arucas 2006 1,12
Betancuria 1995 1,53
Firgas 2007 1,60
Gáldar 2001 1,88
Guía 2008 1,48
Haría 2008 1,53
Ingenio 2008 1,54
La Aldea de San Nicolás 2006 1,56
La Oliva 1995 1,96
Las Palmas de Gran Canaria 1996 2,20
Mogán 1995 2,87
Moya 2006 1,64
Pájara 1998 2,01
Puerto del Rosario 2000 2,09
San Bartolomé de Lanzarote 1999 2,31
San Bartolomé de Tirajana 1997 2,97
Santa Brígida 2002 1,40
Santa Lucía de Tirajana 1998 2,40
Teguise 2006 1,46
Tejeda 2007 2,03
Telde 2002 1,48
Teror 2006 1,26
Tías 2008 1,78
Tinajo 2006 1,67
Tuineje 2002 1,62
Valsequillo 2008 1,48
Valleseco 2000 2,37
Vega de San Mateo 2002 1,47
Yaiza 1999 1,63
Adeje 2009 1,68
Agulo 2007 1,82
Alajeró 2007 1,51
Arafo 2008 1,67
Arico 2001 1,76
Arona 2000 1,85
Barlovento 2008 1,81
Breña Alta 2013 1,68
Breña Baja 2006 1,56
Buenavista del Norte 2009 2,00
Candelaria 2010 1,54
Fasnia 2009 1,79
Frontera 2006 1,49
Fuencaliente de la Palma 2008 1,88
Garachico 2009 1,64
Garafía 2008 1,84
Granadilla de Abona 2008 1,54
Guancha, La 2008 2,23
Guía de Isora 2006 1,95
Güímar 2000 1,96
Hermigua 2007 1,62
Icod de los Vinos 1997 2,26
Llanos de Aridane, Los 2000 1,75
Matanza de Acentejo, La 2005 1,51
Orotava, La 2000 1,58
Paso, El 2002 1,52
Pinar de El Hierro, El 2006 1,25
Puerto de la Cruz 2001 1,66
Puntagorda 2008 2,24
Puntallana 2003 2,33
Realejos, Los 2010 1,61
Rosario, El 2000 1,69
San Andrés y Sauces 2008 1,49
San Cristóbal de La Laguna 2003 1,50
San Juan de la Rambla 2008 2,18
San Miguel de Abona 2009 1,61
San Sebastián de la Gomera 2007 1,23
Santa Cruz de la Palma 2009 1,32
Santa Cruz de Tenerife 1995 1,84
Santa Úrsula 2008 2,02
Santiago del Teide 2006 1,40
Sauzal, El 2007 1,64
Silos, Los 2009 1,31
Tacoronte 2002 1,71
Tanque, El 2002 1,57
Tazacorte 2000 1,75
Tegueste 2001 1,46
Tijarafe 2005 2,23
Valle Gran Rey 2007 1,96
Vallehermoso 2007 2,26
Valverde 2005 1,63
Victoria de Acentejo, La 2008 1,67
Vilaflor 2005 1,77
Villa de Mazo 2010 1,43

References: Artículo 2
 artículo 117
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 22
 artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 158
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 22
 artículo 11
 artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 129
 artículo 32
 artículo 57
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto