Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321449.html
Timestamp: 2019-03-20 11:57:32+00:00

Document:
as201321449
Auto Supremo: 449 /2013
Expediente: CB-59-13-S
Partes: Servicio de Impuestos Nacionales c/ Juan Carlos Titichoca Lapaca
Carlos Ramiro Sánchez García
Proceso: Acción Pauliana
VISTOS: El recurso de casación de fs. 306 a 312, interpuesto por Juan Titichoca Lapaca contra el Auto de Vista de fecha 25 de marzo de 2013 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 299 a 301 vlta., en el proceso de Acción Pauliana seguido por Servicio de Impuestos Nacionales contra Juan Titichoca Lapaca y Carlos Ramiro Sánchez García, la concesión de fs. 318 vlta., los antecedentes del proceso, y:
El Juez de Partido Doceavo en lo Civil y Comercial de la Capital dicta la Sentencia Nº 0-024/11 de 25 de junio de 2011, cursante de fs. 125 a 130 vlta. declarando improbada la demanda de fs. 18-20, probadas las excepciones perentorias de improcedencia y falsedad planteadas por los demandantes de fs. 26-27 y 57-58.
Resolución de fondo que es recurrida de apelación por Virginia Vidal Ayala en representación del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de fs. 139 a 143, y como consecuencia de ello, luego de nulidades procesales de por medio, se dicta el Auto de Vista de fecha 25 de marzo de 2013, cursante de fs. 299 a 301 vlta., que revoca la Sentencia apelada y deliberando en el fondo declara probada la demanda e improbadas las excepciones perentorias opuestas, en consecuencia dispone la revocatoria de la transferencia de las acciones y derecho que le pertenecen al demandado Carlos Ramiro Sánchez García, sobre el inmueble registrado con la matrícula 3.01.1.01.0001092; Resolución de Alzada que es recurrida de casación mediante escrito de fs. 306 a 312 por Juan Titichoca Lapaca, que merece el presente análisis.
El recurrente en lo más preponderante de su recurso expone:
Argumenta que se ha infringido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al perder de vista la obligación de ceñirse estrictamente a los puntos resueltos por el inferior a los que fueron objeto de apelación.
Enfatiza que respecto a la acción pauliana prevista por el art. 1446 parágrafo I) del Código Civil, para que proceda está figura jurídica debe necesariamente concurrir los requisitos a que hace referencia dicha norma, entre ellas la enunciada en el numeral 3), aspecto que la institución demandada en ningún momento demostró, tal cual y de manera puntual y en estricta aplicación de la ley, pero el Tribunal de Alzada hace una falsa aplicación de la ley, pese a que en su parte considerativa señala ese condicionamiento.
Señala que la compra del inmueble la suscribió el 27 de marzo de 1999, reconocida en la misma fecha ante notario, y fue recién el año 2001 el registro en derechos reales, lo que demuestra su buena fe al adquirir el inmueble, que desconocía los problemas que tenía Carlos Sánchez con los personeros del SIN , los señores Vocales no se pronuncian sobre la prueba, pese a que tenían insoslayable obligación de hacerlo, es decir dicha prueba merecía ser considerada y tener pronunciamiento expreso, sin embargo – dice- incongruentemente se refiere a que el acto de transferencia del inmueble en favor mío no fue llevado de buena fe y que por ello en estricta aplicación de lo dispuesto en el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento indica, “se presume que el comprador conocía de lo irregular de la transferencia y del perjuicio que se le acusaba a la institución demandante…”, razonamiento incongruente contradictorio e ilegal ya que de manera forzada hace una interpretación errónea del art. 1446 parágrafo I) del Código Civil.
El recurrente indica que el Auto de Vista con la cita impertinente que hace del art. 1446 del Código Civil referido a la acción pauliana revoca la Sentencia y declara probada la demanda, entra en oposición directa con el principio referido en la norma citada referido artículo, toda vez que no se cumplen los cinco requisitos esenciales para su aplicación, de tal manera se viola el texto expreso de la norma. Acota que entre los presupuestos de la acción pauliana necesariamente esta el de probar y acreditar que el tercero (comprador) tenga conocimiento del fraude que ocasiona el deudor en contra del acreedor, aspectos estos que debe estar probados de manera expresa y puntual.
El recurrente señala que el Auto de Vista peca de incongruente, insólito, inaudito y digno no solo de impugnación, ya que por un lado refiere que el Juez A quo valoró adecuadamente la causa, así como que es cierto que no existe prueba alguna de que el tercero adquiriente hubiera tenido conocimiento de perjuicio que el acto de transferencia a su favor le ocasionará a la demandante, para terminar indicando que el acto de transferencia no fue llevado a cabo de buena fe, presumiendo que el comprador conocía de lo irregular de la transferencia y del perjuicio que se le causaba a la institución, argumentación que no tiene base legal. Consecuentemente –dice- resulta errónea y equivoca la valoración, interpretación y alcances del art. 1446 del Código civil, toda vez que debe concurrir ineludiblemente todos los requisitos establecidos, sin uno de los cuales se hace imposible su aplicación.
Finalmente pide al Tribunal Supremo case el auto recurrido y declaren firme y subsistente la Sentencia de primer grado en todas sus partes.
De los antecedentes que denota el proceso es pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:
1.- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) presenta demanda de acción pauliana o revocatoria, por memorial de fs. 18 a 20, dirigida contra Juan Titichoca Lapaca y Carlos Ramiro Sánchez García, fundando en que la Resolución Determinativa Nº 81.272-036-97 fue notificado el 7, 12, y 17 de octubre de 2000 y el Pliego de Cargo Nº 1336/00 notificado el 02 y 07 de enero de 2001, que resultan anterior a la transferencia efectuada por Carlos Ramiro Sánchez García (deudor tributario) a favor de Juan Titichoca Lapaca del inmueble ubicado en Urbanización Alalay Valle Hermoso, zona central, registrado por matrícula Nº 3.01.1.01.0001092, pretendiendo se declare la revocatoria del acto de disposición, por cuanto en conocimiento de la deuda tributaria sabía que al transferir el inmueble eludía el cumplimiento de la responsabilidad de cancelar el adeudo.
2.-Por memorial de fs. 26 a 27, Carlos Ramiro Sánchez García responde la demanda rechazándola, señalando que él compro el inmueble el 13 de marzo de 1999 ignorando la existencia de proceso alguno en su contra, y la transferencia realizada de buena fe respetando lo establecido en el ordenamiento jurídico.
3.- Luego de ser citado por edictos, de fs. 57 a 58 vlta, contesta negativamente Juan Titichoca Lapaca, señalando que el bien lo adquirió de los esposos Carlos Ramiro Sánchez García y Arlet Ivonne Marza de Sánchez, teniendo posesión por más de ocho años, inmueble adquirido de buena fe pues él jamás tuvo conocimiento de las deudas de su vendedor y que el momento de la compra el inmueble no tenía ningún tipo de gravamen de particular y menos de la institución tributaria.
4.- Por Sentencia, de fs. 125 a 130 vlta., se declara improbada la demanda y probadas las excepciones de improcedencia y falsedad. Resolución de primera instancia que es revocada en apelación, por Auto de Vista de fs. 162 a 164, declarando probada la demanda e improbadas las excepciones opuestas por los demandados.
Detallados los antecedentes procesales, es adecuado verter algunas consideraciones de orden legal y doctrinal:
La acción pauliana o revocatoria es el instituto jurídico mediante el cual el acreedor está facultado para demandar que los actos jurídicos, respecto a él, de su deudor sean ineficaces y surtan efectos, conservándose de esta forma su patrimonio antes de quedar insolvente.
Conforme señala el art. 1446, el acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, debiendo concurrir ineludiblemente los siguientes requisitos: 1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor. 2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor. 3) Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. 4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor. 5) Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo no se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor.
En este contexto, es necesario incidir que cada uno de los requisitos señalados debe concurrir necesariamente para la procedencia de la revocatoria, conforme lo imperativo de la ratio legis de la norma precitada, que desde luego es conforme a la interpretación legal de la extinta Corte Suprema de Justicia y asumida por éste Tribunal Supremo de Justicia, determinada en línea jurisprudencial consolidada. Sin embargo, cabe aclarar que algunos requisitos tienen su excepción prevista por la misma norma, aún a ello, la concurrencia de estos requisitos es la regla y lo otro la excepción.
En este mismo margen, la doctrina delinea dos elementos para la acción pauliana: el perjuicio sufrido por el acreedor en razón de un contrato de enajenación que con un tercero celebre el deudor (eventusdamni), y el fraude concertado entre deudor y el tercero (consiliumfraudis); elementos que impregnan los requisitos que nuestra legislación prevé.
En el caso en cuestión, la transferencia del inmueble de propiedad de Carlos Ramiro Sánchez García y Arlet Ivonne Marsa Galindo de Sánchez en favor de Juan Titichoca Lapaca fue en fecha 27 de marzo de 1999, donde el reconocimiento de firmas en la misma fecha de la transferencia, conforme fs. 269 a 271, siendo la traslación del dominio en esa fecha por la consensualidad del contrato, aun su inscripción en el registro sea en fecha posterior, conforme señala el art. 584 del Código Civil.
Conforme los términos de la demanda la Resolución Determinativa Nº 81.272-036-97 de 15 de diciembre de 1997, cursante a fs. 3, sin embargo la notificación con ese acto administrativo fue en fechas 07, 12 y 17 de octubre del año 2000, cuando la transferencia ya se había realizado, en otras palabras, en el momento de la transferencia tanto el vendedor como comprador del inmueble no conocían formalmente de la Resolución que determina la deuda tributaria; por lo que resulta valedero el argumento del recurrente al señalar que cuando compro el inmueble él desconocía de la deuda tributaria, más aun si no existía gravamen que pesare sobre el inmueble, conforme se evidencia del folio real adjunto a fs. 17 respecto a la matrícula Nº 3.01.1.01.0001092.
En ese mismo margen de análisis, cabe resaltar que en la etapa probatoria, las partes no ofrecieron prueba a demostrar los puntos de hecho fijados por el juez de la causa por Auto de 8 de junio de 2009, en tal caso no puede estimarse otros elementos de prueba más que las literales que informan el proceso.
No obstante ello, se debe señalar que Juan Titichoca Lapaca en el contrato de transferencia suscitada, y cuestionada por la entidad impositiva, recae su actuar contractual en la presunción de buena fe, que en todo caso debió ser desvirtuada por el que alegue lo contrario, que resulta la entidad demandante, pues, es principio general del derecho que “la buena fe se presume y la mala fe se comprueba”; en tal circunstancia traemos a colación doctrina jurisprudencial para sustentar el criterio esbozado, es así que la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia Constitucional C-544 de 1994 señaló: "La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe."
Ahora bien, como se ha expuesto anteriormente, el art. 1446 del Código Civil condiciona la concurrencia de los requisitos preestablecidos en su texto, que conforme los términos del recurso de casación no se habrían cumplido a cabalidad. En tal caso el requisito situado en el numeral 3) de la precitada norma establece: “Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito”; en este caso la norma considera que el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, o sea, que exista fraude concertado entre deudor y el tercero, lo que la doctrina denomina consiliumfraudis. En tal caso, se debió demostrar que Juan Titichoca Lapaca en colusión con Carlos Ramiro Sánchez García, concertaron la transferencia del inmueble para perjudicar al Servicio de Impuestos Nacionales y evadir el cobro de la acreencia tributaria, empero, es de notar que pese a que este punto fue considerado a probar por el juez de la causa, no existió prueba por parte de la institución tributaria para comprobar ese fraude en la transferencia, y no obstante de plantearse como punto de hecho la buena fe de Juan Titichoca Lapaca, se debe presumir la buena fe de éste en el acto jurídico de transferencia, en el sentido del desconocimiento de la deuda tributaria del vendedor, lo que implica desestimar la existencia de fraude concertado entre las partes contratantes, es por ello que resulta consistente lo aducido en el recurso respecto a la incongruencia interna en el Auto de Vista sobre la presunción de conocimiento de lo irregular de la transferencia por parte del comprador, y que ambas partes no obraron de buena fe en el contrato, argumento de la decisión de alzada.
Por lo analizado, conforme los términos planteados en el recurso, se concluye que no se ha demostrado que en el contrato de fecha 27 de marzo de 1999, Juan Titichoca Lapaca haya conocido el perjuicio que ese acto jurídico ocasionaba al Servicio de Impuestos Nacionales, más aun teniendo en cuenta, que la fecha de su consentimiento el deudor no había sido notificado con la Resolución administrativa que fija la deuda tributaria, además de no existir gravamen en el registro sobre el bien inmueble transferido; por lo que se verifica la ausencia de la concurrencia de todos los requisitos estipulados en el art. 1446 del Código Civil, habiendo existido errónea aplicación de la norma citada por el Tribunal Ad quem, siendo viable el recurso de casación en el fondo deducido por la parte recurrente.
Por lo anteriormente expuesto, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y en virtud a lo previsto en la Ley del Órgano Judicial Nº 025, art. 41 que establece: "Las resoluciones que adopte la Sala especializada será por mayoría absoluta de votos de sus miembros".
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista de 25 de
marzo de 2013, cursante de fs. 299 a 301 vlta., manteniendo subsistente los términos resolutivos de la Sentencia Nº 0-024/11 de 25 de junio de 2011, con excepción del numeral 3) de la parte dispositiva, que no es condenable en costas por ser entidad estatal la parte actora.
No siendo excusable, se multa al Tribunal de Alzada con un día de haber, a tal efecto notifíquese con la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

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