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Timestamp: 2018-10-17 14:32:26+00:00

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﻿ Sentencia 1995-10714 de marzo 2 de 2015
SENTENCIA 1995-10714 DE 02 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. CUANDO SE DIVULGA INFORMACIÓN FALSA RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS DETENIDAS, EL ESTADO DEBE RESPONDER PATRIMONIALMENTE POR LOS PERJUICIOS QUE SE PUEDAN GENERAR CON ESA ACTUACIÓN RESPECTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES TALES COMO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL HONOR, EL BUEN NOMBRE, Y LA HONRA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAS, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
Sentencia 1995-10714 de marzo 2 de 2015
Radicación: 250002326000199510714 01
Expediente: 33.806
Actor: Alberto Alfredo Jubiz Hazbum y otros
2.1. Objeto de pronunciamiento de la presente sentencia.
Sea lo primero advertir que la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta de esta corporación el 29 de enero de 2015, se pronunció, únicamente, respecto de la responsabilidad patrimonial que le fue imputada al llamado en garantía Oscar Eduardo Peláez Carmona en la decisión de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Es decir, la decisión de tutela recayó exclusivamente sobre el análisis de responsabilidad frente a la referida persona con ocasión de la condena patrimonial que le fue impuesta a la Nación - Policía Nacional por las “falsas imputaciones” difundidas en medios masivos de comunicación a nivel nacional de que fueron objeto las víctimas directas en el presente asunto.
Así pues, la decisión que adoptó esta Sala en el sentido de proferir condena frente al otro llamado en garantía, Miguel Alfredo Maza Márquez, así como las condenas proferidas contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, permanecerán incólumes. Por consiguiente, habida cuenta que la decisión de proferir dichas condenas respecto de tales entidades y el llamado en garantía señor Alfredo Maza Márquez no fue objeto de ataque o cuestionamiento alguno por la acción de tutela, ni tampoco por la referida decisión de tutela, ningún pronunciamiento efectuará la Sala en torno a ello.
En conclusión, la Sala, en esta oportunidad, procederá a examinar y a resolver el aspecto concerniente a la responsabilidad patrimonial del llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona, respecto de la condena que mediante sentencia del 29 de enero de 2014 le fue impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (pues esta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), por las falsas imputaciones realizadas en contra de los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.2. Régimen de responsabilidad patrimonial aplicable al llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona.
En primer lugar, tal y como quedó establecido en la sentencia proferida por esta Sala el 29 de enero de 2014, la Fiscalía General de la Nación (dado que esta entidad asumió por ministerio de la ley las obligaciones del extinto DAS) y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional fueron declaradas patrimonialmente responsables con ocasión de las falsas y deshonrosas imputaciones divulgadas masivamente en contra de los demandantes, puesto que: i) se encontró que dicho daño antijurídico no había caducado y, ii) que dichas entidades participaron directamente en la producción de ese daño, salvo, claro está, la Nación - Presidencia de la República, que fue absuelta de responsabilidad patrimonial en la presente sentencia.
Así las cosas, comoquiera que las conclusiones a las cuales arribó el tribunal de primera instancia respecto de la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas y de los llamados en garantía, fueron diametralmente opuestas a las expresadas en la sentencia de segunda instancia, la Sala abordó el estudio y análisis de la responsabilidad de las personas llamadas en garantía, salvo —reitera la Sala—, la responsabilidad del entonces Presidente de la República, doctor Virgilio Barco Vargas, pues no se encontró acreditada la responsabilidad patrimonial de la Nación - Presidencia de la República en el presente asunto.
Asimismo, debe precisarse que, teniendo en cuenta que los presupuestos normativos respecto del estudio de la responsabilidad del llamado en garantía Oscar Eduardo Peláez Carmona no fueron objeto de cuestionamiento alguno por parte del juez de tutela, la Sala procede a reiterarlos. En efecto, en la referida providencia se pusieron de presente las siguientes consideraciones:
“Según lo ha manifestado la jurisprudencia de la corporación(12), en aras de garantizar el derecho al debido proceso (C.P., art. 29), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001(13), fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia(14).
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro’ (se resalta).
No obstante lo anterior, frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(15) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(16) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.
Ahora bien, en relación con la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible(17).
Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que ‘Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño’. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores, incurre en culpa grave aquel que ha ‘…obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...’ (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110)(18) y agregan que ‘… reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…’ (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, T. I, vol. II, pág. 384.).
Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, la doctrina nacional ha mencionado que ‘deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…’(19), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.
Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, por manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(20), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.
En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus ‘Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber’.
Finalmente, las nociones de culpa grave y de dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deban ser analizados y valorados a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad deben responder por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6º) como en la de 1886 (art. 20). Debe, entonces, el juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las anteriores nociones de título de culpa grave o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta.
En consideración a lo anterior, la Sala(21) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.
Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta” (resaltados adicionales).
Con fundamento en los anteriores fundamentos jurídicos se procede a abordar el estudio y análisis sobre la responsabilidad que le pudiere asistir al llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona con ocasión de la condena patrimonial que le fue impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación como consecuencia de las falsas imputaciones realizadas a través de medios masivos de comunicación en contra de los señores Alberto Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.3. Aspectos probatorios.
Con relación al aspecto que se indicó será objeto de decisión, dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:
— Providencia proferida el 29 de diciembre de 1992 por la Fiscalía Delegada ante los jueces regionales de Medellín, mediante la cual se dictó cesación de procedimiento a favor de los señores Alberto Alfredo Júbiz Hazbum y otros. Las razones que motivaron dicha decisión fueron, en lo sustancial, las siguientes (se transcribe tal como aparece en el documento original):
Además de lo anterior, no existe prueba que lleve a demostrar alguna clase de relación entre los capturados en el Mezanine y los autores materiales e intelectuales vinculados a esta investigación. (…).
“Sea este la ocasión para que se reitere el criterio expuesto en esta misma providencia respecto de estas diligencias judiciales practicadas de manera irregular, porque adolecen de los mismos vicios detallados frente a los otros reconocimientos ya criticados. Inexplicablemente, enfatiza la fiscalía, la ausencia de técnica criminalística y probatoria con que actuaron las autoridades que en principio investigaron este asunto, lo que dio pie a que se bifurcara el objetivo de la instrucción y sólo hasta la fecha, después de casi tres años se calificara”(22) (resaltados originales).
— Providencia calendada el 21 de agosto de 1989, proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho de Instrucción Penal Militar perteneciente al departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, que dispuso:
“PRIMERO: Decretar allanamiento y registro en las siguientes direcciones de esta ciudad (…), Carrera 4ª Nº 19-78 Oficina Mezanine 01 de Bogotá.
SEGUNDO: Comisionar para las diligencias de allanamiento y registro de las direcciones anotadas en el ordinal primero de esta parte resolutiva al señor capitán Hernando Arciniegas Sánchez [de la Dijin de la Policía Nacional] (…)”.
Los fundamentos para adoptar dicha decisión por parte de la instancia en comento fueron, en lo sustancial, los siguientes:
“Da cuenta el citado oficio 4950, que en la transversal 17 Nº 120-42 Oficina 204, (…), carrera 4ª Nº 19-78 Oficina Mezanine 01 de Bogotá, según conocimiento a través de escaneo de frecuencias, informantes y medidas de inteligencia pueden existir objetos vinculados directa e indirectamente con las actividades del narcotráfico en esta ciudad.
El mencionado oficial Arciniégas Sánchez se ratificó bajo la gravedad de su honor policía ante este despacho sobre lo informado en su oficio 4950, en el cual además de la información solicita orden de allanamiento y registro para las direcciones anotadas anteriormente.
El hecho tal y como se informa, está previsto como infracción a las disposiciones legales vigentes. (…). Por consiguiente es procedente ordenar el allanamiento y registro de las mencionadas direcciones con el fin de capturar a las personas que se encuentran involucradas en actividades de narcotráfico, e incautar los elementos que provengan de la ilícita actividad, directa o indirectamente”.
— Copia auténtica del boletín de prensa Nº 087 de la Dijin de la Policía Nacional de fecha 22 de agosto de 1989, el cual contiene la siguiente información (se transcribe de forma literal, tal como aparece en el documento original):
“Dirección de Policía Judicial e Investigación
Boletín de prensa 087.
El día de hoy 220889, en allanamiento efectuado en la carrera 4ª Nº 19-78 Mezanine 01 de esta ciudad, fueron retenidos por personal de la Policía Nacional, adscrito a su organismo de investigación F-2, los sujetos de nombres:
Armando Bernal Acosta
Norberto Murillo Chalarca
Pedro Zambrano Delgado
Luis Alfredo González Chacón
Jubiz Hazbvumb
Asimismo fueron encontrados en su interior los siguientes elementos:
Una subametralladora marza UZI, calibre 9mm, con dos proveedores.
59 cartuchos 9mm.
17 cartuchos, calibre 38 mm.
46 cartuchos calibre 7,65 mm.
Un proveedor para pistola calibre 6,35 mm.
Una camioneta Toyota de placas LM 1363.
Este organismo lleva una exhaustiva investigación para lograr determinar la procedencia de dichos elementos, así como también su vinculación a grupos de sicarios o de delincuencia común.
Bogotá, agosto 22 de 1989.
Oficina de información y prensa”(23).
— Copia auténtica del oficio del 23 de agosto de 1989 suscrito por el capitán de la Dijin Hernando Arciniégas Sánchez y dirigido al Juez 58 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, a través del cual se remite “los resultados de allanamiento”; en dicho documento se consignó la siguiente información:
“En atención a lo ordenado en el oficio 1438 del 210889, expedido por ese despacho me permito enviar las diligencias adelantadas en la carrera 4ª Nº 19-76, Ed. Mezanine 01, donde se aprehendieron las siguientes personas: Júbiz Hazbum Alberto cc. (…), que fueron puestas a disposición del juez tercero de orden público ya que según investigaciones adelantadas por esta dirección pueden estar vinculados en la muerte del doctor Luis Carlos Sarmiento, así como los elementos incautados en el citado inmueble y cuya acta de decomiso se adjunta al presente”(24).
— En cuanto a las pruebas referidas al despliegue noticioso sobre la captura de las personas sindicadas como las autoras materiales del homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, se tiene que dadas las circunstancias particulares del presente caso y en atención a la magnitud que para esa época tuvo esa noticia en todo el país, la Sala acude al concepto de “Hecho notorio” a nivel nacional.
En efecto, constituyó un hecho notorio a nivel nacional el despliegue noticioso que daba cuenta de la imputación a los señores Alberto Júbiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero, Norberto Hernández Romero y otros, despliegue que tuvo origen en las entidades demandadas (DAS y Dijin de la Policía Nacional), que —como destacó la providencia del 29 de diciembre de 1992 proferida por la Fiscalía Delegada ante los jueces regionales de Medellín atrás indicada—, sin que se hubiese adelantado el correspondiente proceso penal y se hubiera declarado la responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional competente o, al menos, existido elementos de prueba razonables que permitieran inferir la participación de los antes mencionados en el conocido magnicidio, con suma ligereza, y con el afán de mostrar resultados en la lucha contra el delito, vulneraron de forma grave los derechos humanos a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra de los señores Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, lo que provocó odio, desprecio público y rechazo social frente a ellos, y que, a la postre, resultaron ser absolutamente inocentes de tan grave crimen, que aún conmociona al país entero(25).
Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio” como fundamento de la acreditación del elemento fáctico de la imputación en el presente asunto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado:
“Como lo ha dicho la doctrina y lo ha reiterado la jurisprudencia, el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”(26).
En idéntica dirección, se ha afirmado:
“Los hechos notorios, como es sabido, son aquellos acontecimientos evidentes, que se convierten en verdades axiomáticas propias, que tienen tal difusión en un medio dado que se hacen incontestables y que llevan a tal grado de certeza que resulta superior a la convicción que nace de la prueba misma, cuestión que no puede predicarse respecto de las relaciones personales; mucho menos en este caso”(27).
De igual forma, la doctrina especializada en el tema, ha precisado el concepto de hecho notorio.
Leo Rosenberg(28) define los hechos notorios como “los conocimientos en un círculo mayor o menor por una multitud discrecionalmente grande o que fueron perceptibles en las mismas condiciones, en tanto también los conozca el tribunal”.
Francerso Carnelutti(29) considera que la notoriedad consiste en “la certeza del juez compartida por una generalidad de personas o adquirida de determinados modos, es decir mediante una certeza calificada”.
Para Antonio Rocha Alvira(30) el hecho notorio “guarda relación con una pública noticia de las cosas, o conocimiento claro que todos tienen de ellas, razón por la que es notorio es lo público y sabido por todos en el medio social que corresponda”.
Finalmente, para el profesor Hernando Devis Echandía existe notoriedad de un determinado hecho y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando en un medio social donde existe o tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le deje dudas sobre su existencia presente o pasada”(31).
De conformidad con las pruebas relacionadas anteriormente, se tienen acreditados los siguientes hechos:
i) Que el 22 de agosto de 1989 se realizó un allanamiento por parte de la Dijin de la Policía Nacional en la oficina ubicada en el edificio “Mezanine” de la ciudad de Bogotá, en el cual se produjo la detención del señor Alberto Júbiz Hasbum y de las otras personas antes referidas; asimismo se tiene que en dicha diligencia se incautaron varios elementos “de guerra”, entre los cuales se encontraba una ametralladora Mini Uzi, un revólver calibre 38, varios proveedores, cartuchos, entre otros elementos.
ii) Que el aludido operativo se realizó con fundamento en un “informe de inteligencia”, presentado bajo la gravedad de juramento al Juez 58 de Instrucción Penal Militar por parte del capitán de la Dijin Hernando Arciniégas Sánchez, en el cual manifestó que a partir del “escaneo de frecuencias, informantes y medidas de inteligencia”, se podía determinar la comisión de actividades delictivas relacionadas con el delito de narcotráfico en ese lugar.
iii) Que el mismo oficial que dirigió el operativo, capitán Hernando Arciniégas Sánchez, mediante oficio dirigido al Juez 58 de Instrucción Penal Militar, manifestó que dichas personas “pueden estar vinculadas en la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”.
iv) Que con base en las informaciones suministradas por parte del referido capitán Hernando Arciniégas Sánchez respecto del allanamiento y la captura del señor Alberto Júbiz Hasbum y las otras personas atrás referidas, se expidió el boletín de prensa Nº 087 de 22 de agosto de 1989 por parte de la Dirección de Policía e Investigación Dijin de la Policía Nacional.
v) Que si bien en ese boletín de prensa —087—, que obra en el expediente no se realizó una “falsa imputación” frente al señor Júbiz Hasbum y las demás personas detenidas en ese momento, lo cierto es que para la Sala fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico dado por parte del DAS y de la Dijin a la noticia de la captura de los responsables del homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. En efecto, tal y como lo describió la providencia proferida el 29 de diciembre de 1992 por la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Medellín (mediante la cual se dictó cesación de procedimiento a favor de esas personas):
“Los señores capturados en el edificio Mezanine de la dirección mencionada, se convirtieron en noticia hablada y escrita, publicando inclusive sus fotografías y mostrándolas a través de videos, sin que existiera prueba alguna que permitiese relacionarlos directa o indirectamente con el magnicidio.
“Resulta inexplicable para este despacho que la Policía y el Instructor hubiesen incurrido en esas irregularidades en cuanto al manejo de estas primeras averiguaciones, pues no se entiende cómo una vez capturados los señores en el edificio Mezanine conocido (ago. 22/89) sin que existiera sindicación en contra de aquellos por los acontecimientos del 18 de agosto de 1989 (registro y allanamiento tuvo otras motivaciones), difundieran dicha información, los filmaran, los fotografiaran y fuera de eso, mostraran sus retratos entre otros, a los habitantes de Soacha para que rindieran declaración y realizaran reconocimiento personal”.
En este punto resulta indispensable resaltar que la mencionada detención de las personas referidas en este asunto no sólo configuró una violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 13 y 28 de la Constitución Política, sino que con la conducta que a partir de ello se dio también se desconocieron sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al honor, el buen nombre y la honra(32), que están protegidos tanto en la Carta Política como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En casos similares al presente en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por la divulgación de información falsa respecto de la responsabilidad penal de las personas detenidas se han plasmado las siguientes consideraciones:
“Analizando el caso concreto, se tiene que el señor Enríquez Estrella fue presentado por el periódico de la región como integrante de la banda de secuestradores de un importante comerciante del departamento de Nariño, así mismo se publicó su fotografía al momento de la captura en las instalaciones de la Policía Nacional. Igualmente, obran en el expediente varias declaraciones, trascritas con anterioridad, en las que se indica que como consecuencia de la información divulgada por los medios locales, las relaciones laborales del actor finalizaron abruptamente.
De lo anterior se concluye fácilmente que los derechos al buen nombre, honra y honor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, fueron seriamente quebrantados con la divulgación en el periódico regional de su supuesta participación en el secuestro y posterior asesinato de un reconocido comerciante de la región. Si bien es cierto que no es ilegal la divulgación de las investigaciones penales adelantadas por los órganos competentes en los medios de comunicación, salvo las excepciones de ley, sí se debe destacar que cuando la noticia hace aparecer al investigado como responsable de los hechos cuando hasta ahora se está adelantando el proceso correspondiente, se distorsiona el concepto público que se tiene del individuo afectando gravemente su imagen, prestigio y reputación, en contravía del respeto inherente a la dignidad de la persona”(33).
En igual sentido, en lo ateniente con la garantía del derecho fundamental a la presunción de inocencia de las personas detenidas, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
“La presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al Debido Proceso reconocida en el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual ‘toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable’. Los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia —que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución— contienen dicha garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8º que ‘toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. Y, a su turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que ‘toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia acompaña a la persona investigada por un delito ‘hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad’.
De este ‘postulado cardinal de nuestro ordenamiento’, se desprenden, entre otras, las siguientes consecuencias identificadas por la jurisprudencia constitucional:
— ‘Cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad’.
— La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica”.
— ‘Ni el legislador ni los jueces ni ninguna autoridad pueden presumir la culpabilidad de nadie’. Así, ‘todo proceso penal debe iniciarse con una prueba a cargo del Estado que comience a desvirtuar la presunción de inocencia’.
Ahora bien, la presunción de inocencia no sólo tiene consecuencias relativas al proceso penal como tal. Toda persona tiene derecho a ‘ser considerada y tratada como inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario y sea declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada’, y ello aplica en todos los ámbitos”(34).
2.5. Ahora bien, en lo atinente a la responsabilidad patrimonial del llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona, con ocasión de la difusión masiva por parte de medios de comunicación a nivel nacional de las falsas imputaciones hechas en contra de los señores antes mencionados, advierte la Sala que, ciertamente, el entonces coronel Oscar Eduardo Peláez Carmona no suscribió el boletín de prensa Nº 087 de 22 de agosto de 1989, el cual, como se dejó indicado anteriormente, fue expedido en virtud de la información suministrada por el capitán de la Dijin Hernando Arciniégas Sánchez, quien dirigió el operativo de allanamiento y captura del señor Alberto Alfredo Júbiz Hasbum y de las demás personas aludidas y fue precisamente ese mismo capitán quien manifestó que “dichas personas pueden estar vinculadas en la muerte del doctor Luis Carlos Galán”.
De otra parte, debe la Sala advertir que tampoco se encuentra plenamente probado dentro del expediente el suficiente grado de control que el entonces director de la Dijin Coronel Oscar Eduardo Peláez Carmona hubiese podido ejercer respecto de la oficina de prensa de esa dependencia de la Policía Nacional y, por esa razón, no puede inferirse razonablemente una conducta deliberada —por acción u omisión—, en el cumplimiento de sus labores, menos aún en el grado de culpa grave.
En este punto, estima la Sala necesario advertir que, para el momento en que se profirió la sentencia calendada el 29 de enero de 2014, las conclusiones respecto de la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional y del hoy extinto DAS llevaron también a concluir sobre la responsabilidad del llamado en garantía, coronel Oscar Eduardo Peláez Carmona, pues se estimó que, en su calidad de director general de la Dijin, él debía tener un riguroso control sobre la oficina de prensa de esa unidad y, en general, sobre todas aquellas noticias que emitiera esa dependencia; sin embargo, con base en los argumentos expresados tanto en la acción de tutela por parte del referido llamado en garantía, como en los fundamentos expuestos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia que decidió dicha acción, se realizó una nueva valoración del material probatorio obrante en el expediente y se concluyó que, a partir de las pruebas aportadas, no era posible determinar que el entonces coronel Oscar Eduardo Peláez Carmona hubiera detentado un control general o absoluto sobre dicha oficina de prensa o sobre las noticias que se dieran a conocer a través de esa entidad.
Así las cosas, para el caso sub examine, estima la Sala que dentro del presente asunto no obran elementos de prueba suficientes que permitan concluir con certeza que el llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona, en su calidad de director de la Dijin de la Policía Nacional, hubiese actuado con culpa grave y menos en forma dolosa, frente a la producción del daño antijurídico que se le imputó a las entidades demandadas, pues si bien es cierto que constituyó un hecho notorio a nivel nacional la divulgación de las falsas imputaciones en contra de los señores Alfredo Júbiz Hazbúm, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, lo cierto es que la responsabilidad patrimonial del llamado en garantía, respecto de ese hecho, no se encuentra enteramente probada en este asunto, amén de que —como se indicó—, a partir de las pruebas relacionadas en esta providencia no resulta posible presumir la ilegalidad de las actuaciones adelantadas por él funcionario, ni mucho que su comportamiento hubiere estado prevalido de la intención de producir consecuencias nocivas en contra de las personas afectadas. Por lo tanto, al existir una duda razonable respecto de la conducta desplegada por el llamado en garantía, Oscar Eduardo Peláez Carmona, resulta del caso reconocer en su favor el principio y garantía constitucional de presunción de inocencia —C.P., art. 29—, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
En conclusión, al no estar plenamente probado el actuar gravemente culposo del señor Oscar Eduardo Peláez Carmona en el asunto sub examine, deberá ser eximido de responsabilidad patrimonial, como en efecto se dispondrá.
1. ABSOLVER de responsabilidad patrimonial al llamado en garantía, señor Oscar Eduardo Peláez Carmona, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 29 enero de 2014 dentro del presente encuadernamiento, el cual quedará así:
“QUINTO: CONDENAR al señor Miguel Alfredo Maza Márquez en su calidad de director del entonces DAS para la época de los hechos, a pagar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), el valor equivalente al 50% de las sumas de dinero que tengan que sufragar tales entidades con ocasión de las condenas por las falsas imputaciones realizadas contra los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, de conformidad con lo dispuesto en los subnumerales 2 y 2.1 de la parte resolutiva de la presente sentencia”.
3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
4. Por secretaría de la Sección, REMÍTASE copia de esta decisión a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y líbrense las comunicaciones pertinentes.
(12) En relación con lo anteriormente expuesto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, expediente 17.482 y expediente 28.448, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(13) Según Diario Oficial Nº 44.509 de 4 de agosto de 2001.
(14) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2001, expediente 34.816, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, expediente 10.865, reiterada en muchas otras decisiones.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, expediente 24.844; M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
(20) Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel; Y Vodanomic H., Antonio, Tratado de la Obligaciones Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expediente 23.049.
(22) Folios 114 a 227, cuaderno 9.
(23) Folio 217, cuaderno 5.
(24) Folio 212, cuaderno 5.
(25) Respecto de la captura y sindicación de tales personas consultar, publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo de fechas 23 y 24 de agosto de 1989, noviembre 5 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, entre muchas otras, En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-266257. Periódico El Espectador de fechas agosto 24 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, http://www.elespectador.com/opinion/quien-creerle-columna-454759. Revista Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación nacional. Además de todo lo anterior se allegaron al proceso numeroso recortes de prensa y revistas de circulación nacional relacionadas con esa ignominiosa noticia (fls. 2 a 79, cdno. 2).
(26) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, expediente 8045, C.P. Diego Younes Moreno.
(27) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2001, expediente 1109-00, C.P. Alberto Arango Mantilla.
(28) Rosemberg Leo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Edit, Ejea, 1955, T II, pág. 218-219.
(29) Carnelutti, La Prueba Civil, Buenos Aires, Ed. Arayú, 1955, pág. 16.
(30) Rocha A. Antonio, Derecho Probatorio, Bogotá, Ed. Facultad de derecho Colegio N. S. del Rosario, 1963, pág. 18.
(31) Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, T. I, Ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires, 1970, pág. 231.
(32) ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
(33) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencias del 14 de abril de 2010, expediente 18.960 y del 9 de junio del mismo año, expediente 19.283, ambas con ponencia del M.P. Enrique Gil Botero.
(34) Corte Constitucional, sentencia del 18 de abril de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto.

References: artículo 40
 artículo 177
 artículo 29
 artículo 93
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 115