Source: https://www.scribd.com/document/2523841/derecho-informacion
Timestamp: 2018-06-22 06:47:52+00:00

Document:
Derecho a la Información* 1.
Introducción Durante 1999 continuaron vigentes muchas de las problemáticas relacionadas con el pleno ejercicio del derecho a la información. En ese sentido, aún sin las características de extrema gravedad que tuvieron sucesos ocurridos en años anteriores, las agresiones contra periodistas volvieron a hacerse presentes, señalando la pervivencia de la intolerancia y la violencia como patrones de conducta de ciertos sectores de la sociedad. El caso más preocupante lo constituyó la muerte de Ricardo Gangeme, periodista y empresario que editaba el diario “El Informador Chubutense” quien fuera asesinado el 13 de mayo de 1999. También en el Campo judicial continuaron las señales desalentadoras en tanto y en cuanto diferentes fallos de todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mostraron un retroceso en la protección de libertades como las de opinión o de crónica, constitutivas del derecho a la información que se vio así menoscabado por las resoluciones judiciales. Vinculada con esta última cuestión, debe remarcarse la apertura por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de tres casos en los cuales el Estado argentino se ve involucrado en cuestiones que afectan el derecho a la información consagrado por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se trata de los casos Verbitsky, Acher y revista “Humor”, a los que se hizo referencia en informes anteriores. Asimismo, como se señalara en el Informe correspondiente a 1998, la profundización del proceso de concentración de la propiedad de los medios fue una de las mayores amenazas sufridas por el derecho a la información, en tanto de esa manera se reduce la necesaria pluralidad de voces y se ofrecen a la opinión pública perfiles monocordes a través de los distintos órganos que integran los multimedios. De esa manera, tras una ficticia multiplicidad que aparenta el seguimiento de un tema por distintos medios, se esconde una misma voluntad que homogeiniza los discursos en un pensamiento uniforme. Otro de los peligros que produce esta concentración se relaciona con las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de las empresas, muchas veces obligados a cubrir tareas para los distintos medios que las componen aunque solamente cobren su salario por uno de ellos. Finalmente, puede indicarse que es a través de la concentración como los capitales extranjeros han encontrado la manera de participar en el sector de la radiodifusión, aprovechando los resquicios de una norma que, pese a ser producto de la dictadura militar, no ha sido todavía reemplazada por una nueva ley que contemple los problemas del sector. Ello ha posibilitado que, conforme las tendencias universales marcadas por el proceso de globalización, grupos económicos de presencia internacional hayan tomado el control de distintos medios del país.
Este capítulo fue elaborado por Eduardo Luis Duhalde, titular de Derecho a la Información (Ciencias de la Comunicación, UBA), conjuntamente con Luis H. Alén y Verónica Moñino, adjunto y ayudante, respectivamente, de dicha cátedra
Debe igualmente señalarse que la sociedad ha seguido demostrando su interés en la custodia y preservación del derecho a la información, reaccionando adecuadamente frente a los atropellos, solidarizándose con los afectados y repudiando los hechos sucedidos.
2. Cronología El 5 de enero el director de El Diario (Resistencia), Bernardo Balbuena, sufrió la tercer agresión en menos de un año. Un grupo de personas saltó la verja que protege su casa en Corrientes y con un escombro a modo de maza rompió su auto, tras escribir frases obscenas sobre el capot despedazado. Un mes antes, un grupo de desconocidos había provocado destrozos en la quinta de fin de semana de la familia, en Paso de los Libres. Y en marzo de 1998 su auto, estacionado dentro de las instalaciones de El Diario, en Resistencia, fue incendiado. Ninguno de estos hechos fue aclarado. Balbuena fundó en 1990 El Diario de Corrientes -que ya vendió-, y en 1992, su actual periódico en el Chaco; mercado periodístico en el que hasta entonces Raúl “Tato” Romero Feris tenía primacía. Si bien Balbuena aseguró no tener elementos objetivos para adjudicarle la autoría intelectual a nadie en particular, el director del diario chaqueño calificó los incidentes como “un atentado intimidatorio” y mencionó la investigación publicada en esos días sobre la poderosa familia correntina Romero Feris. El mismo día del ataque a Balbuena, el diario La Nación mencionó la advertencia que Romero Feris hizo a la periodista Mónica Colunga, socia minoritaria de FM Libre, a quien calificó de “opositora” y amenazó con enviarle inspectores municipales para fiscalizar las cuentas de la emisora. El 9 de enero, durante “El desfile del Siglo” organizado por Roberto Giordano en Punta del Este, los fotógrafos Fernando Dvoskin, de la Revista XXI, y Ramiro Souto, del Semanario Pronto, sufrieron agresiones por parte del personal de seguridad del evento. Ambos debieron ser hospitalizados por los golpes recibidos al ser arrojados de la pasarela. Un año atrás, Giordano había obligado por la fuerza a un equipo de América a entregar un cassette con imágenes de Jean Claude Van Damme, su artista exclusivo. El 31 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia formulada en el mes de enero por el periodista Horacio Verbitsky contra el Estado argentino por violaciones reiteradas a la libertad de expresión. El caso fue asignado con el Nº 12.128 y se fijó una audiencia para el 1º de octubre. El 10 de abril, en su 109º Junta de Directores, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señaló su preocupación por el aumento del IVA a los medios y se pronunció en contra de los fallos judiciales que “obstaculizaron el normal desenvolvimiento de la prensa”, en especial el que condenó al periodista Eduardo Kimel a un año de prisión en suspenso y al pago de 20.000 dólares al camarista Guillermo Rivarola, quien lo demandó por calumnias. Kimel narra en el libro "La masacre de San Patricio" el homicidio de cinco sacerdotes palotinos durante la última dictadura militar. El 17 de abril la OEA, a través del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, cuestionó duramente a la Argentina. Manifestó su “sorpresa” por el castigo al periodista argentino “que realizó una investigación de ese horroroso crimen, mientras que sus autores, sus encubridores y cómplices siguen impunes”. En el primer informe del Relator Especial, distribuido a los gobiernos de los 35 países miembros, se menciona que “en la Argentina ha habido un aumento preocupante del
número de decisiones de la Corte Suprema de Justicia restringiendo la libertad de expresión [y que] durante el último año hubo once decisiones en las cuales estuvieron involucradas autoridades de Estado argentino que la limitan”. El informe también objetó el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo que castiga con penas de prisión la filmación o grabación de actos secretos de funcionarios públicos sin su consentimiento y su reproducción en medios de comunicación. El 13 de mayo asesinaron de un balazo al editor del semanario El Informador Chubutense, Ricardo Gangeme. El periodista tenía 56 años y estaba estacionando el auto frente a su casa cuando le dispararon en la cabeza. La Policía y el Gobierno provincial descartaron el intento de robo (en su auto había, intactos, 1300 pesos en efectivo y tres cheques) y sostuvieron que se trató de una venganza. El ministro de Gobierno de Chubut, José Lizurume afirmó que “se trató de una muerte por encargo o de un ajuste de cuentas”. Entre otras cosas, Gangeme había realizado denuncias contra un empresario de la construcción, Héctor Fernandes, quien habría cobrado sobreprecios a la cooperativa de viviendas local. La investigación judicial no ha concluido. El 3 de junio se conoció el ataque sufrido por el corresponsal de La Nación en Corrientes, Jorge Requena durante una manifestación del oficialista Partido Nuevo. El reportero gráfico Guillermo Pardo (Revista Caras) fue atacado el 17 de junio por fotografiar a Juan Sebastián Verón en una fiesta de disfraces en Puerto Madero. La agresión ocurrió cuando intentó tomar fotos al futbolista. Esteban González (ayudante del cuerpo técnico de San Lorenzo) se habría aproximado al fotógrafo dándole un fuerte golpe de puño en su cabeza, provocándole la pérdida de conocimiento y causándole conmoción cerebral. Tanto Verón como González fueron eximidos de prisión por la jueza Susana Nocetti de Angeleri. En esa oportunidad, la UTPBA expresó su “repudio por ese nuevo y salvaje ataque contra un trabajador de prensa, y exigió a las autoridades adopten medidas necesarias para lograr la detención, procesamiento y condena de el o los autores materiales del aberrante episodio que se suma a los más de 1150 casos de ataques contra la prensa consumados en la Argentina desde el retorno a la democracia”. El Día del Periodista –7 de junio- la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) manifestaba que “las amenazas y agresiones sufridas por los trabajadores de prensa en los últimos 10 años llegan ya a las 1.120” agregando que “Si bien decrecieron las amenazas anónimas por teléfono, los periodistas-trabajadores de prensa sufrieron durante el último año distinto tipos de agresiones físicas, especialmente en la cobertura de manifestaciones, partidos de fútbol o directamente por funcionarios policiales... Lo llamativo de estas agresiones es que la mayoría de ellas se produjeron frente a reparticiones oficiales o con policías en el medio de los hechos”. Otro tipo de ataque fue el denunciado por el periodista de la agencia oficial Télam, Eduardo de la Fuente, quien manifestó que en su lugar de trabajo grababan sus conversaciones telefónicas privadas. El 18 de julio el periodista de Página/12, Sergio Moreno, recibió una amenaza telefónica. Una voz que dijo ser de un servicio de guardaparques pidió chequear el número de celular. Dos minutos más tarde, la misma voz dijo que ya tenía el número. Luego, el agresor sostuvo: “Sergio, soy El Chino Solís”. Cuidate, ¿eh?”. El sobrenombre coincidía con el de Rodolfo Solís, ex jefe de contrainteligencia de la SIDE. Las intimidaciones comenzaron el día del quinto aniversario de la voladura de la AMIA. Moreno había denunciado el papel de
un grupo de la SIDE integrado por Rodolfo Solís en la investigación del atentado. Alguien había interferido su teléfono celular para utilizarlo como micrófono y dirigir la llamada al domicilio del periodista. En 1994 Moreno y Laura Términe, que en ese entonces trabajaba en La Prensa, habían informado sobre su participación en los grupos de la SIDE que, teóricamente, debían trabajar contra los que produjeron el atentado a la AMIA. Solís se sintió agraviado y querelló a los periodistas que fueron absueltos por la jueza Mónica Atucha de Ares, argumentando el derecho del público a informar y ser informado. El 2 de agosto Daniel Gómez Perri, -conductor de El Primero de la Semana-, que se emite por la señal RTV Jujuy, sufrió lesiones en su rostro. El periodista acusó al concejal justicialista Américo Chocobar, quien, acompañado por el Intendente de San Pedro, Julio Moisés, habrían irrumpido en el estudio durante una tanda comercial. Minutos antes, Gómez Perri, había criticado la gestión del intendente y del Concejo Deliberante de San Pedro. El 16 de agosto una cronista, un reportero gráfico y un chofer del Diario Clarín fueron atacados por presuntos socios del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Con motivo de verificar una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, en la cual se afirmaba que el Club había cercado terrenos en disputa con el Gobierno de la Ciudad, los periodistas recibieron insultos y agresiones por parte de dos personas que se encontraban en el interior de la institución. El 7 de septiembre se realizó el “Foro Público sobre la Declaración de Chapultepec en Argentina”, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En dicho encuentro, los principales editores de los medios gráficos de la Argentina resaltaron las dificultades para ejercer una plena libertad de prensa en nuestro país. Domingo Cavallo, Eduardo Alberto Duhalde y Carlos “Chacho” Alvarez,, candidatos a la presidencia los dos primeros y a la vicepresidencia el último, firmaron un compromiso para defender tal libertad. El 9 de septiembre cuatro periodistas fueron agredidos en la ciudad neuquina Rincón de los Sauces, durante la huelga que realizó el Sindicato de Petroleros Privados de esa provincia. Jesús Chandía (camarógrafo del canal de cable local), Damián Coponi (periodista y fotógrafo del Diario Río Negro), Carlos Hernández (LU5 Radio Neuquén) y Salomón Castro (FM de Neuquén) estaban documentando el ataque de un grupo de personas a dos camionetas de YPF-Repsol cuando fueron golpeados. Además, les robaron una cámara fotográfica y les destrozaron una cámara de filmación. Al radicar la denuncia, los periodistas afirmaron que entre los atacantes se encontraba el secretario gremial del Sindicato de los Petroleros Privados de Rincón de los Sauces, Ramón Hernández. El 24 de septiembre concluyó en Salta la 37º Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). En su declaración, la entidad manifestó su negativa a establecer “cualquier modificación que suponga incrementar la presión impositiva sobre los medios de comunicación”; expresó su preocupación por los fallos contra los periodistas Tomás Sanz, Eduardo Kimel, Horacio Verbitsky y Andrés Cascioli y por la iniciativas legislativas tendientes a restringir la publicación de encuestas electorales; y reclamó el esclarecimiento del crimen del periodista Ricardo Gangeme. El 1º de octubre se celebró la audiencia entre el periodista Horacio Verbitsky y la asesora jurídica de Derechos Humanos de la Cancillería, Mónica Pinto, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sede de la OEA, en el caso Nº 12.128. El periodista propuso a la representante del Gobierno, buscar “una manera de superar las
restricciones a la libertad de expresión existentes en el sistema legal argentino a cambio de que la denuncia no siguiera su curso normal” (que podría haber derivado en una recomendación de la Comisión o en una denuncia ante la Corte Interamericana).Como resultado, se arribó a un acuerdo y se elaboró un proyecto que se comenta por separado en este informe. El 17 de octubre Daniel Tognetti, periodista del programa televisivo "Caiga Quien Caiga", fue insultado y golpeado durante el cierre del acto justicialista en Plaza de Mayo. Tognetti, a quien debieron hacerle una sutura de tres puntos en el labio superior, aseguró que se trató de un grupo de organizadores del evento y que también intentaron golpear a sus compañeros. Los agresores fueron captados por las cámaras. El 22 de octubre se realizó la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la que se denunció que fueron asesinados en América más de doscientos periodistas en los últimos diez años. Asimismo, se denunció que estaba prosperando una campaña más “sutil” contra el periodismo y que “a lo ancho y a lo largo del hemisferio, se traman maniobras legales contra la prensa en los cuerpos legislativos y tribunales”. Con relación a la Argentina reclamó el esclarecimiento por los crímenes de José Luis Cabezas y Ricardo Gangeme y mencionó algunos de los fallos más significativos en contra de la libertad de prensa como ser el dictado por la Corte Suprema de Justicia contra Horacio Verbitsky, en una querella promovida por Menem, y la sentencia de un tribunal tucumano en la cual impuso a La Gaceta el pago de 150 mil pesos por los presuntos daños morales que habría provocado al demandante con una publicación. El 11 de noviembre Olga Wornat fue atacada mientras viajaba en un taxi y mantenía una conversación telefónica desde su celular con Radio Diez. Durante la entrevista, la periodista comentaba un artículo publicado en la revista Veintidós, acerca de intimidades de Menem. Dos personas subieron al vehículo cuando estaba detenido en un semáforo y le apuntaron con un revólver en la cabeza, la golpearon y la amenazaron. Los agresores dieron varias vueltas hasta que la abandonaron en un lugar que la periodista no reconoció. El incidente quedó registrado por la radio.
3. Otras intimidaciones Además de los casos de ataques a la prensa a los que hemos hecho referencia, se registraron múltiples intimidaciones hacia medios y periodistas: amenazas de bombas contra el diario El Sol, de Quilmes y el diario Clarín; atentado contra el diario La Calle de Avellaneda; agresiones y amenazas contra Luis Gras (director de la emisora Siglo XX), Daniel Ferrer (periodista de FM Colorado), José Luis Pagés (responsable de la sección Sucesos Policiales del diario El Litoral de Santa Fe), Héctor Torres (Gral. Mosconi, San Martín, Salta), Gonzalo Delloro (colaborador de Clarín), Marcelo Castro (Todo Noticias), Daniel Castillo y Diego Ricciardi (Crónica TV), Javier Di Paola y Alberto González (Todo Noticias), Alberto Vila Ortiz (colaborador de Rosario/12), Diego Spina (Supercanal, Castelar), Lorena Cormick (Canal 5, Moreno), Ernesto Ponsati (codirector diario Hoy Día Córdoba), Pedro Scarano (director de Bajando Noticias e Identidad Virtual), Daniel Arévalo (Canal 11, Formosa), Sergio Sarik (fotógrafo de La Reforma, Gral. Pico), Martín Grande (FM Despertar), Guillermo Capellán (radio Nueva Provincia), Mario Ruiz (fotógrafo El Día), Grisel Palma y Marcelo Govoni (Transvisión Berisso Cable), Diego Levy (fotógrafo de Clarín), Martín Canay (Radio del Plata) y Ronen Swarc (Radio Diez), Valeria Burrieza (La Nación). Esta reseña de hechos, por cierto incompleta, es claramente indicativa de lo mucho que aún falta por recorrer en el camino de las garantías a la labor de los comunicadores sociales. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos no puede imputarse al Estado o a sus funcionarios ser los responsables directos de esta situación, la función de dar seguridad a los habitantes y posibilitar el correcto desempeño de la actividad periodística sí es una obligación indelegable del Estado, que hace a la misma esencia de su responsabilidad ética y social. Como señala el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), los ataques a los comunicadores sociales “tratan de infligir miedo a los hombres y mujeres de prensa para evitar que continúen cumpliendo con la tarea esencial de informar a la ciudadanía (...) Este tipo de ataques a la libertad de expresión no termina de erradicarse, lo cual genera un riesgo potencial, que resulta de asumir esta situación como algo natural de la actividad periodística”.
4. Fallos judiciales negativos La casi totalidad de los fallos negativos de la Corte Suprema fueron tomados en causas impulsadas por funcionarios del Gobierno. Entre los casos más destacados se encuentran: El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la querella promovida por Carlos Menem contra el periodista Horacio Verbitsky. Este último había informado cinco años atrás que el ex presidente no había sido torturado mientras estuvo detenido bajo la última dictadura militar. La nota individualizaba la fuente y contradecía los dichos de Menem, quien había aseguraba lo contrario. La querella fue rechazada en primera instancia y esa sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal. El Tribunal consideró que la apelación carecía de fundamento suficiente y, por otra parte, indicó que el Código Procesal Penal solamente reconoce el recurso de apelación al condenado en primera instancia y no al querellante cuya acción es rechazada. Sin embargo la Corte, por mayoría de sus miembros, revocó la sentencia por entender que la norma procesal era inconstitucional al generar una desigualdad entre las partes.
La resolución de la Corte Suprema que revocó la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había absuelto a los periodistas Tomás Sanz y Andrés Cascioli del delito de injurias, por el que habían sido querellados por María Julia Alsogaray, y ordenó que se dictara una nueva sentencia. Fueron cinco los miembros del Tribunal que consideraron que la publicación de la revista Humor que contenía fotos trucadas en las cuales el rostro de la funcionaria aparecía agregado al cuerpo de mujeres desnudas constituyó un agravio contra su honor. Cabe agregar que esa publicación fue consecuencia del reportaje publicado con anterioridad por la revista Noticias, en la que María Julia se prestaba a posar en numerosas fotografías que estuvieron en el centro del debate. La decisión de los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, López, Vázquez y Boggiano de convalidar la condena impuesta a Gabriela Acher y a la licenciataria del Canal 13 de indemnizar al Juez Omar Cancela para reparar el presunto daño que le habrían ocasionado a su honor, valuado en $ 30.000. Acher escribió un guión y puso en escena un sketch humorístico donde se relataban las peripecias de una mujer en un juzgado para que, luego de diversos trámites no le reconocieran los alimentos para su hijo. Formaba parte de la escenografía un cartel en el que podía leerse el nombre del Juez: Dr. Cancela. Si bien el apellido elegido tendía a acentuar la sátira, Omar Cancela se identificó con el personaje de ficción y solicitó una indemnización por agravios. La confirmación de la condena a un mes de prisión, con costas, aplicada al periodista Tomás Sanz, como autor responsable de delito de injurias, por reproducir una información agraviante para el senador Eduardo Menem. La publicación difundía una investigación acerca de presuntos actos de corrupción, entre los cuales se citaba una información del semanario uruguayo Brecha, sobre un depósito bancario a nombre del senador, su esposa y otra persona. La Corte Suprema de Justicia, en otro fallo sumamente cuestionado, revocó la absolución de los periodistas del diario “Página 12” Horacio Verbitsky, Ernesto Tiffenberg y Fernando Sokolowicz, que había sido dispuesta por la Juez en lo Correccional María Laura Garrigós de Rébori en un juicio que por el delito de "injurias" inició en el año 1994 el presidente Carlos Menem. Ese fallo había sido confirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal, a la cual fue devuelto el expediente tras la revocatoria de la Corte. Además de profundizar el abandono de la doctrina de la real malicia, la resolución de la Corte Suprema reviste especial gravedad en tanto no sólo se dirige contra el autor de la nota en cuestión –Horacio Verbitsky- sino que extiende sus alcances al director del medio, Tiffenberg, y a su propietario Sokolowicz. Si bien es cierto que tal criterio aparecería como justificado a la luz de la norma estatuida por el artículo 113 del Código Penal, que reprime como autores de los delitos de calumnias e injurias a quienes publiquen o reproduzcan las vertidas por otro, debe también recordarse que ambos delitos requieren un dolo específico, esto es la deliberada voluntad de causar un daño al presuntamente ofendido, y que es difícil encontrar justificativos como para extender ese dolo –si el mismo se hubiera acreditado en la persona del autor- hacia quienes no participaron directamente de la elaboración de la nota. El principio del artículo 113 del Código Penal es uno de los más cuestionados en materia de libertad de prensa, puesto que su aplicación conforme parece orientarse el fallo de la Corte Suprema, impone una presunción de culpabilidad sobre personas que
son en principio ajenas al delito en sí. Por otra parte, la aplicación de la doctrina de la real malicia, que el mismo tribunal aceptara en el caso “Morales Solá”, hubiese llevado a una solución diametralmente opuesta a la adoptada. Como sostuvo la UTPBA, el fallo revela "una vez más la delicada situación en la que realizan sus tareas los periodistas-trabajadores de prensa en la Argentina, quienes además de sufrir agresiones, intimidaciones, amenazas y querellas judiciales, en su mayoría ordenadas o impulsadas por funcionarios públicos o personas vinculadas con ellos, son objeto de una profunda precarización en su ámbito profesional y laboral".
A los mencionados fallos de la Corte Suprema, deben sumarse el caso Kimel, por la gravedad que reviste. Eduardo Kimel, autor del libro “La Masacre de San Patricio” fue condenado en segunda instancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que confirmó el fallo dictado por la Jueza a cargo del Juzgado Correccional nº 8 –Ángela Braidot- quien le había impuesto una pena de un año de prisión en suspenso y 20 mil dólares de indemnización al juez Guillermo Rivarola, actual integrante de la Sala I de esa Cámara. Rivarola, quien era juez en 1976 –época de la dictadura militar- tuvo a su cargo la investigación del asesinato irresuelto de cinco religiosos de la orden de los palotinos; cuando se publicó el libro de Kimel, decidió querellarlo y tras un complejo proceso en el cual la Corte Suprema revocó un anterior fallo absolutorio de la Cámara de Apelaciones, obtuvo la sentencia a su favor. Kimel sostuvo: "el objetivo es acallarme para lograr que ningún periodista pueda abrir juicio sobre la actuación de la justicia durante la dictadura". Su condena implicó un paso más en el abandono de la teoría de la “real malicia” por parte de los tribunales nacionales, camino que ya se había insinuado en la sentencia dictada contra el periodista de la revista “Humor”, Tomás Sanz. - El fallo provocó unánimes reacciones. La UTPBA, a través de su Secretario General Daniel das Neves, declaró sobre el caso que “calificar esta sentencia de aberrante es quedarse por debajo de lo que en verdad significa este fallo para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad democrática, ya que estos hechos se dan en un marco político y social en el que el periodismo asumió una actitud de investigación e información”. También se pronunciaron desfavorablemente sobre el fallo ADEPA y la Asociación Periodistas. También deben mencionarse los siguientes casos: -El fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, Sala III, de la Provincia de Tucumán, que confirmó la sentencia que, en primera instancia, condenó a la empresa editora del diario La Gaceta al pago de una indemnización de $ 150.000 por los presuntos daños morales que habrían provocado al demandante de la publicación: una abogada se sintió agraviada cuando dos de sus clientes manifestaron en un reportaje ser víctimas de su proceder profesional. -La condena impuesta por la Cámara Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Catamarca al Obispado de esa provincia, a pagar una indemnización por daño moral, equivalente al 70 % del valor de los ejemplares vendidos del diario La Unión durante los días en que se publicaron las notas agraviantes para la persona del demandante. -La anulación de la Sala I de la Cámara de Casación Penal del fallo de primera instancia a favor de los periodistas Sergio Moreno y Laura Términe, y la decisión de que vuelvan a ser juzgados.
- Resulta también preocupante el fallo de la Sala "I" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmando la sentencia dictada por la jueza Mabel de los Santos que condena al periodista Bernardo Neustadt por daños morales a pagar la suma de $ 80.000, por los dichos de una invitada que participaba en el programa Tiempo Nuevo, que descalificaban la actuación de la jueza Elisa Díaz de Vivar. Dicho programa se realizó "en vivo", no existiendo la posibilidad de que el canal o el periodista conocieran previamente las expresiones vertidas por la invitada. En el déficit de la actuación del Poder Judicial se inscribe el no esclarecimiento del secuestro y posterior asesinato del periodista Mario Bonino, quien desapareció el 11 de noviembre de 1993 en horas de la tarde, cuando desde su casa se dirigía hacía un seminario sobre radiodifusión que la UTPBA había organizado en la sede nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su cuerpo apareció en el Riachuelo tres días después de su desaparición. Bonino trabajaba en la Secretaría de Prensa de la UTPBA, donde recibía las denuncias sobre amenazas y agresiones a periodistas. En el expediente judicial, cuya investigación está a cargo del Juez de Instrucción de la Capital Federal Raúl Irigoyen, no se ha imputado a persona alguna ni se han establecido los móviles del suceso, la forma en que aconteció ni mucho menos quién o quiénes fueron sus responsables. Como un aspecto positivo, debe consignarse en otro caso que continúa tramitándose ante los estrados judiciales, que el Juez de Instrucción a cargo del Juzgado nº 46 de la Capital Federal, Julio César Corvalán de la Colina, dispuso el procesamiento de Armando Cavalieri, secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, por la presunta comisión del delito de coacción contra el periodista de la revista Noticias, Edi Zunino, a quien habría amenazado con "tirar al Riachuelo" si no abandonaba las investigaciones que venía realizando acerca del patrimonio del dirigente sindical. En su resolución, Corvalán de la Colina tuvo por suficientemente acreditada la amenaza contra Zunino, que se habría producido durante una comunicación telefónica realizada la noche del 7 de noviembre de 1994. Para esa época estaba por cumplirse un año del asesinato del periodista Mario Bonino, cuyo cuerpo fuera hallado justamente el 15 de noviembre de 1993.
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proyecto de reformas al Código Penal Uno de los pasos más importantes en materia de consolidación del Derecho a la Información fue la apertura en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tres casos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión. El Relator de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Cantón, había remitido a ese organismo las presentaciones efectuadas por Horacio Verbitsky, Tomás Sanz y Gabriela Acher. Corrido traslado al Estado argentino, tras la audiencia celebrada el 1º de octubre de 1999 en Washington apareció como posible fórmula de resolución del conflicto el dictado de una ley modificatoria del Código Penal. Así, el 28 de diciembre de 1999 se realizó en el Senado el primer debate sobre el proyecto de ley, que reunió a las comisiones de Legislación General, Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, y Libertad de Expresión. También
estuvieron presentes el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; el relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, Santiago Cantón; el periodista Horacio Verbitsky, vicepresidente de la agrupación Periodistas; y el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, representante de ADEPA. El proyecto fue elaborado por los senadores José Genoud y Jorge Yoma, con el asesoramiento de la agrupación Periodistas, con el objetivo de cumplir con el compromiso que asumió el Gobierno el 15 de octubre, fecha en que aceptó la propuesta de solución amistosa presentada por Verbitsky ante la CIDH. Esencialmente, se trata de incorporar a nuestra legislación la doctrina de la real malicia. Esta doctrina nace de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a partir del caso “Sullivan vs. New York Times” y con su elaboración posterior por los tribunales de los estados americanos, ha sido motivo de frecuente cita en nuestros tribunales. Sucintamente, puede decirse que su aplicación agrega, en el caso de las críticas a funcionarios públicos a causa de esta calidad o por el ejercicio de sus funciones, un nuevo requisito para que tales críticas, aún siendo ofensivas, constituyan delitos contra el honor. Este requisito es que el querellante pruebe, además del agravio, que éste ha sido motivado en razones de índole personal, es decir, ajenas a la tarea comunicativa. La Corte argentina ha ido evolucionando en la aceptación de la doctrina de la real malicia, aunque por la dispersión de los votos de sus miembros puede decirse que no todos entienden de igual manera los requisitos que configuran tal doctrina. En uno de sus fallos en materia civil, dijo por ejemplo el Dr. Boggiano que “...La doctrina de real malicia procura lograr un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas e incluso particulares que intervienen en cuestiones de interés público objeto de la información o de la crónica...”. Pero el fallo resultó contrario a los periodistas involucrados. Se trataba de una información que involucraba, aunque no de manera directa, a la juez interviniente en el divorcio del presidente Menem, ya que se decía que éste, luego de asumir su primer mandato en 1989, había recibido como regalo el expediente referido. Los fallos tanto de primera como segunda instancia condenaron a los periodistas. En la Corte, se aplicó, como dijimos, la doctrina de la real malicia para justificar la sentencia. En efecto, se sostuvo que los informadores no habían actuado con la debida diligencia que les hubiese permitido comprobar la falsedad de la noticia. Nótese que, habiendo probado la demandante que lo informado era falso, para quedar exentos de responsabilidad los acusados debían haber acreditado que agotaron sus posibilidades sin obtener constancias de esa falsedad. En materia penal, la Corte aplicó plenamente la doctrina de la real malicia en su fallo en el caso “Morales Solá”. Pero, como analizáramos antes, en varios de sus últimos pronunciamientos se deslizó hacia la orilla opuesta. De ser aprobado el proyecto, cuando los medios de comunicación o los periodistas aporten información veraz sobre figuras públicas, funcionarios o temas institucionales o de
relevante interés público, estarán, en principio, exentos de responsabilidad incluso cuando involucren a particulares, puesto que aún si la información resulta falsa o inexacta, para que un medio o un periodista tengan responsabilidad civil o penal es necesario que el supuesto perjudicado pruebe no sólo esa falsedad o inexactitud sino también que el periodista o el medio sabían tales circunstancias y pese a ello decidieron publicar la noticia igual. Es decir que se pone la carga de la prueba en cabeza del demandante, obligado a demostrar que existió en la actuación del medio o el periodista la intención deliberada de perjudicar su honor a través de la publicación de una noticia que se sabía falsa o inexacta.
6. El caso Cabezas. Si bien la sentencia se dictó concluido el año en análisis, el 14 de diciembre de 1999 se inició en Dolores el juicio oral y público contra los diez acusados por el asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista “Noticias”. El tribunal que tuvo a su cargo esta etapa judicial fue integrado por los camaristas Pedro Begué -presidente-, Jorge Dupuy y Susana Yaltone. Tras las primeras actuaciones, el 20 de diciembre comenzó la recepción de las declaraciones de los numerosos testigos convocados. Más allá del resultado final –la condena de todos los imputados, algunos como autores materiales, otros como partícipes primarios o secundarios o como instigadores- la sociedad registró la insuficiencia del proceso que no logró develar totalmente las razones que llevaron al horrible crimen, ni cuántas otras personas tuvieron algún grado de intervención en el mismo; tampoco se echó luz sobre la intrincada red de encubrimientos y destrucción de pruebas que rodeó la causa desde un comienzo.
7. Casos de censura y obstáculos a la prensa El informe producido por la Comisión de Libertad de Prensa e Información en el marco de la 37º Asamblea General de ADEPA relevó los siguientes casos de censura y trabas a la prensa: En septiembre de 1999, la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Nicolás (Prov. de Buenos Aires) habría dado la orden al personal policial de San Pedro para que se abstenga a hacer referencias o comentarios sobre resoluciones judiciales o de la misma Fiscalía en el curso de los procesos penales, a través de los medios de comunicación. El Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires prohibió la entrada de periodistas a la sala de audiencias en que se juzgaba a Guillermo Alvarez por un doble homicidio. El director de El Diario (La Pampa), Jorge Nemesio, denunció un hostigamiento por parte de la AFIP. Guillermo Damián Castro (editor) y Adrián Di Nucci (director periodístico) del periódico El Embajador, informaron que en el mes de febrero le fueron sustraídos 800 ejemplares de la publicación a uno de sus distribuidores.
El juez de instrucción Víctor Ramírez Cabrera dio la orden a personal policial de Río Negro para que procediera al allanamiento de los canales de televisión Transcable y TV Trak de Viedma para secuestrar material fílmico difundido por las emisoras. ADEPA condenó la actitud del gobierno yugoslavo de expulsar de su territorio al corresponsal del diario La Nación, Gabriel Pasquini. En la ciudad boliviana de Yacuiba, las autoridades policiales impidieron el trabajo a Darío Illanes y Walter Echazú, periodista y fotógrafo de El Tribuno (Salta), y a Marcelo López, camarógrafo de América TV. Arnaldo César Matilla, director de La Reforma (Gral. Pico), informó que funcionarios de la DGI de Neuquén se habían presentado en las oficinas del diario para realizar una auditoría, a pesar de que Gral. Pico pertenece a la localidad de Junín, lo que fue entendido como un acto de hostigamiento.
Documents Similar To derecho informacion
Texto Bosisio_Dictadura Del Capital Financiero
Leonella Infante
seppe_sai
comunicacion,gobierno y ciudadamia
Becku2011
Control Medios de Comunicacion Renzo de Felice Mussolini
Argentina Ricardo.pptx
Visita Cumbre Argentina 2016-03-25 OEyT
Argentina la herida abierta
De la democracia mediática a la democracia electrónica
Fase de Exploracion de Secuencias Didacticas en Historia (2)
Diario Olimpo 2010
Manatans
Causas Desercion en La UNMP
Transform..[1]
suheducacion
Tp 8 una infinita paciencia
Reformas Educ Paises Cono Sur
Derechos Humanos. Derecho Penal Argentino
37-historias_buscadas_conadi_15_anios.pdf
Universidad y Política en los 80 ARRIONDO
Carlos Menem Presidencia
Montserrat Cifuentes

References: artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 113
 artículo 113
 resolución