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Timestamp: 2019-01-24 11:09:23+00:00

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Alhen Abogados: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SIMPLE REMUNERACIÓN DE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SIMPLE REMUNERACIÓN DE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES
Dentro del denso lenguaje derivado de la propiedad intelectual en sus dos grandes ramas como lo son la propiedad industrial y los derechos de autor, se encuentran los derechos conexos. Derechos que de manera inmediata e ineludible se encuentran vinculados a una obra o creación artística, científica o literaria; y cuya más notoria función, es la de dar a conocer esa obra a través de su interpretación, ejecución o actuación, dependiendo de la naturaleza de la obra de la que emanan esos derechos conexos.
En este orden de ideas, podemos señalar que dentro de los derechos de autor no solamente existe la figura del autor como creador único y plenipotenciario de las obras y de los derechos que de éstas emanan, sino que existen otras figuras vinculadas a tales obras que pueden ser denominados como artistas, intérpretes o ejecutantes, entre otros, cuya tarea es la de dar vida a tales obras[2] para su divulgación y comercialización.
Los derechos conexos en la doctrina son considerados como "aquellos derechos que tienen como objeto de protección las figuras distintas del autor persona física, por ejemplo productores de fonogramas y videogramas, los artistas, intérpretes o ejecutantes y las entidades de radiodifusión" de acuerdo con el Diccionario de Propiedad Intelectual editado por REUS en España[3].
De la misma manera, el tratadista mexicano David Pastrana manifiesta que los derechos conexos pertenecen a "los artistas, intérpretes o ejecutantes a los productores de fonogramas, a los editores, a los organismos de radiodifusión y, en fin, a todos aquellos que intervienen para la fijación o difusión de la obra..."[4],
Así pues, de conformidad con la legislación actual en materia de Derechos de Autor, los artistas, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión, editores de fonogramas, entre otros, tienen reconocida la protección de derechos conexos derivados de las obras que a su vez hayan interpretado, ejecutado o actuado.
Para explicar lo anterior con mayor claridad, vamos a mencionar la obra musical denominada "Paloma Querida" cuyo autor[5], el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, es a través de sus causahabientes el titular de los derechos patrimoniales respecto de tal canción.
Sin embargo, al realizarse diversas versiones de esta canción por otros intérpretes como Chavela Vargas o Vicente Fernández, éstos tienen reconocidos derechos conexos por sus propias interpretaciones, teniendo la posibilidad por sí mismos, o a través de terceros, de evitar que se explote o reproduzca tal interpretación sin su autorización con fines de lucro.
Pero esta situación es más extensa cuando en este supuesto, interviene alguna casa disquera como Sony, EMI o cualquiera otra, ya que la fijación fonomecánica que éstos realicen de la interpretación que Chavela Vargas hiciera de la canción de José Alfredo Jiménez en un soporte material, tal fonograma se encuentra protegido y por lo tanto genera derechos conexos en favor de la casa productora.
Sin embargo, en caso de que alguna radiodifusora llegase a un acuerdo con la casa productora de fonogramas para transmitir esas interpretaciones derivadas de la obra primigenia de José Alfredo Jiménez, ése organismo de radiodifusión adquiere derechos conexos respecto de sus transmisiones evitando que terceros retransmitan esas interpretaciones sin su autorización.
Ahora bien, los titulares de derechos conexos tienen una amplia protección respecto de sus interpretaciones y ejecuciones, tanto en lo patrimonial respecto de la simple remuneración, como en tratándose del reconocimiento moral en créditos o menciones.
1. DERECHO A LA REMUNERACIÓN.
Uno de los principales derechos tutelados es el de la remuneración, mismo que es irrenunciable, tal como lo establece la Ley en la materia:
"LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
Existen diversas tesis aisladas que de forma muy clara expresan el alcance y contenido de este derecho irrenunciable para los artistas, intérpretes y ejecutantes, para lo cual reproducimos alguna de ellas a continuación:
Página: 1881
REMUNERACIONES Y REGALÍAS. LOS ARTÍCULOS 26 BIS, 83 BIS, 117 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, EN TANTO PREVÉN LA OBLIGACIÓN DE PAGARLAS, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. Si bien los artículos 26 bis, 83 bis, 117 bis y 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor imponen la obligación de pagar regalías o remuneraciones, su exigibilidad se condiciona a que el sujeto pasivo comunique o transmita públicamente una obra por cualquier medio, o bien, a que las interpretaciones o ejecuciones de artistas intérpretes o ejecutantes se transmitan por cualquier medio de comunicación público o puestas a disposición con fines de lucro. En consecuencia, tales disposiciones en tanto prevén la citada obligación de pago son de naturaleza heteroaplicativa, pues su individualización se condiciona a la realización de un acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular que lo coloque en la hipótesis normativa obligándolo al pago de la remuneración o regalía, acto que se traduce en la comunicación pública de una obra por cualquier medio o la transmisión con fines de lucro de las interpretaciones o ejecuciones de artistas intérpretes o ejecutantes.
Amparo en revisión 784/2003. Azteca Publishing, S.A. de C.V. y otros. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.
Amparo en revisión 184/2004. Cinemas Lumiere, S.A. de C.V. y coags. 17 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo.
Tomo: XXII, Diciembre de 2005
REGALÍAS. EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR AL PREVER SU PAGO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPE EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA MUSICAL EN FORMA REMUNERADA, NO PROPICIA UN DOBLE PAGO Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. Del análisis de los artículos 13, fracción II, 83, 83 bis y 84 de la Ley citada, se advierte que tratándose de las obras por encargo o de aquellas producidas con la colaboración remunerada de diversas personas, el titular del derecho patrimonial es precisamente la persona física o moral que tuvo la iniciativa de producir la obra en alguna de esas dos modalidades, siempre que no exista pacto en contrario. Por su parte, quien participa en forma remunerada en la obra musical tiene derecho a una regalía por su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado, ello obedece a que la participación remunerada no hace desaparecer la calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante, pues la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce expresamente esa calidad, independientemente de que por su participación en la realización de la obra recibieran una remuneración específica y determinada. En ese sentido, las razones expuestas en el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Turismo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, son precisas en determinar la finalidad de la adición del artículo 83 bis, a saber, que quienes participen en la realización de una obra musical tengan el derecho a recibir una regalía, aun cuando su participación se haga de manera remunerada, pues los autores de obras musicales deben beneficiarse económicamente en la medida y proporción de los recursos que genere su obra; es decir, deben beneficiarse según la aceptación y éxito que obtengan sus obras en el comercio, lo que no se opone a la remuneración previa que perciben por su participación, porque la obra es producto de su creación intelectual reconocida y protegida por la Ley; además, es congruente con la diferencia entre los derechos patrimoniales y el derecho de simple remuneración. Por tanto, el hecho de que el usuario de la obra tenga que cubrir una contraprestación al titular de los derechos patrimoniales y una regalía a quien haya participado en la realización de la obra en forma remunerada, no contraviene la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni implica o supone un doble pago por el mismo concepto, pues se trata de dos cuestiones distintas.
Amparo en revisión 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras. 10 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.
2. DERECHO A LA MENCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto por el legislador, el artista, intérprete o ejecutante, tiene el derecho a ser reconocido por su trabajo, es decir, a recibir el trato que le corresponde como parte de una creación artística por medio del reconocimiento a su derecho moral de artista, intérprete o ejecutante.
El artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación."
3. DERECHO OPOSICIÓN.
De conformidad con el espíritu de la Ley, el artista, intérprete o ejecutante, tiene el derecho a oponerse a que su participación se comunicada públicamente, a que se fijen sus interpretaciones o ejecuciones en un soporte material, léase fonograma o videograma, así como a que dichas fijaciones sean reproducidas, limitando ese derecho de oposición al pago de regalías previo consentimiento de las partes
Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro dichos soportes materiales, efectúen el pago correspondiente."
Sirve de apoyo a lo antes mencionado el siguiente criterio:
DERECHO DE OPOSICIÓN DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "ESTOS DERECHOS SE CONSIDERAN AGOTADOS" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. El primer párrafo del citado precepto prevé que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones; a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material y a la reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones. Por su parte, en su segundo párrafo establece que esos derechos (de oponerse a los actos descritos) se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro los soportes materiales efectúen el pago correspondiente. Por tanto, cuando la parte inicial del segundo párrafo se refiere al agotamiento del derecho, no lo hace en razón del derecho de regalías, sino en función directa con el diverso de oposición que posee el artista intérprete o ejecutante respecto de las modalidades de explotación expresamente autorizadas por él, como también se advierte del artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. En ese sentido, la adición a la parte final del segundo párrafo del referido artículo 118 es congruente con el sistema, en tanto que el agotamiento del derecho a oponerse a una determinada forma de explotación autorizada una vez fijada su actuación o interpretación sólo operará cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro dichos soportes materiales efectúen el pago correspondiente.
4. VIGENCIA DE LOS DERECHOS CONEXOS.
La Ley en la materia es clara al señalar que la vigencia en la tutela de los derechos conexos para artistas o intérpretes será de 75 años contados a partir de diversos supuestos, como se expresan a continuación:
La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes será de setenta y cinco años a partir de:
II. La primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; o
III. La transmisión por primera vez a través de radio, televisión o cualquier otro medio."
En este sentido queda claro que los titulares de derechos conexos que sean afectados podrán demandar incluso los daños y perjuicios emanados de la explotación comercial de sus interpretaciones y ejecuciones durante ese periodo.
II. MECANISMOS DE PROTECCIÓN.
La explotación ilegal de obras protegidas por el derecho de autor es un tema por demás explorado en México, en particular de música en sus diferentes interpretaciones en centros de consumo y como prueba de ello el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recientemente publicó el número de visitas de inspección en la última década, es decir, de visitas relacionadas con la violación de derechos de propiedad intelectual con un aumento considerable de acciones emprendidas por la autoridad en ese periodo[6].
Ante ello, el marco jurídico mexicano ofrece diversas alternativas para evitar la comercialización sin autorización y con fines de lucro de los derechos conexos derivados de obras protegidas por el derecho de autor.
1. AMIGABLE COMPOSICIÓN.
Como primer mecanismo de defensa, se puede iniciar un Procedimiento de Avenencia en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a través del cual las partes podrán exponer sus motivos de forma confidencial ante funcionarios federales para lo cual se llegará, en su caso, a una amigable composición sin la necesidad de iniciar un proceso litigioso.
Para ello, la Ley Federal del Derecho de Autor en sus artículos 217 y 218 establece el procedimiento a través del cual los afectados podrán acudir al propio Instituto Nacional del Derecho de Autor a efecto de incoar un procedimiento de Avenencia, en el cual se requerirá al presunto infractor a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga.
Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.
El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante el Instituto, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley."
En tal procedimiento se levantará un Acta en la que conste la resolución del mismo, mediante acuerdo entre las partes, pudiéndose continuar con un Arbitraje ante la falta de acuerdo, o bien, dejarse a salvo los derechos de las partes para iniciar cualquier otra acción.
Ante ello es necesario señalar que los artículos 137 y 138 del Reglamento ese mismo ordenamiento legal establecen la independencia de los diversos procedimientos que los afectados pueden iniciar ante diversas instancias, siempre que se acredite el interés jurídico.
"REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan."
El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislación común aplicable, así como presentar denuncia o querella en materia penal."
2. INFRACCIÓN EN MATERIA DE COMERCIO.
Sin embargo, la medida más eficaz en la mayoría de los casos es la Infracción en Materia de Comercio misma que aún cuando se sustenta en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor por la PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN de estas obras o fijaciones, se dirime ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en adelante IMPI, tal como señala el propio artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para lo cual me permito reproducirlos:
X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley."
Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos."
Tal como se observa en los artículos arriba reproducidos, en la fracción III del artículo 231 de la Ley antes señalada, se hace mención expresa de los derechos conexos, razón por la cual se presume que el procedimiento de Infracción en Materia de Comercio es el medio idóneo para reclamar cualquier violación a estos derechos.
En este sentido la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha sido exhaustiva al definir con detalle todos y cada uno de los elementos con los que se debe actualizar la violación de tal fracción:
Sin embargo, en tratándose de la fracción III del artículo 231 de la multicitada Ley, el IMPI ha resuelto en diversas ocasiones que: "solo quedan previstos en la causal invocada por el actor, lo referente a los editores de libros, los productores de fonogramas y los productores de videogramas, quedando excluidos de su protección al menos en la fracción de referencia, los artistas intérpretes ejecutantes y los organismos de radiodifusión"[7].
En este sentido, el propio órgano administrativo en funciones meramente jurisdiccionales interpreta la ley autoral y decreta que no existe protección a través de Infracciones en Materia de Comercio para los titulares de derechos conexos con motivo de interpretaciones o ejecuciones contrariando a la tesis VI-TASR-EPI-127 de la sala Especializada en Propiedad Intelectual aquí reproducida.
Ante tales criterios, resulta procedente el Juicio de Nulidad ante la mencionada Sala Especializada; sin embargo, no deja de resultar alarmante el vacío legal que deja en indefensión a los titulares de derechos conexos derivados de interpretaciones y ejecuciones.
Ante la imposibilidad material de los intérpretes o ejecutantes de obtener el beneficio irrenunciable que le otorga la Ley para percibir regalías por la reproducción sin autorización de sus interpretaciones y/o ejecuciones, los titulares de derechos conexos con base en el artículo 213 de la Ley en la materia, en concordancia con los numerales 137 y 138 del Reglamento de la Ley, reproducidos anteriormente en este documento, tienen la posibilidad de iniciar la acción de indemnización de daños y perjuicios ante los tribunales federales y/o del fuero común en arreglo a lo siguiente:
Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.
Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común."
El juicio ordinario civil ante juzgados federales del domicilio del actor, resulta un mecanismo importante para la tutela de los derechos de simple remuneración de los artistas, intérpretes y ejecutantes excluidos del procedimiento administrativo específico plasmado en la Ley Federal del Derecho de Autor.
Hacemos mención del domicilio debido a que en diversas ocasiones la autoridad jurisdiccional tiene a bien remitir los expedientes al primer circuito en razón del domicilio del Instituto Nacional del Derecho de Autor, en adelante INDAUTOR, situación que en la especie no debe ocurrir, debido a que se trata de violación a los derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes perpetrados u ocasionados por terceras personas distintas al INDAUTOR.
Es por ello, que la base para poder iniciar acción civil para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la explotación comercial de interpretaciones y ejecuciones, se contiene claramente en los artículos arriba mencionados, así como en el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor que expresamente señala lo siguiente:
Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán derecho a exigir la reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios, cuando la utilización de una interpretación o ejecución se realice en contravención a lo dispuesto por la Ley."
Con base en lo antes expuesto, resulta idónea la autoridad jurisdiccional civil para reclamar el pago de derechos por la explotación ilegal de interpretaciones y ejecuciones, aún cuando la propia Sala Especializada en Propiedad Intelectual interpretando la fracción III del artículo 231 de la Ley autoral contempla su protección a través de la Infracción en Materia de Comercio.
El criterio de la autoridad resolutoria de las infracciones en materia de comercio se contraviene a lo dispuesto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, respecto de la facultad que ostentan los artistas, intérpretes y ejecutantes para reclamar el pago irrenunciable de sus regalías.
La reclamación de daños y perjuicios por la explotación de derechos conexos ante tribunales federales, conlleva a un largo proceso legal en el que constantemente la autoridad jurisdiccional insiste en remitir los expedientes al primer Circuito en razón del domicilio del INDAUTOR, o bien, en desechar la demanda por no acreditar un interés jurídico devenido del registro de una obra, es decir, que los artistas, intérpretes y ejecutantes, no solamente se encuentran ante la imposibilidad de acreditar tal carácter ante el IMPI en una Infracción en Materia de Comercio, sino que la autoridad jurisdiccional federal de la misma forma confunde al autor con el intérprete; a la obra con el derecho conexo, y por lo tanto en la mayoría de los casos deja en estado de indefensión a los titulares de este tipo de derechos.
Por lo que se refiere a la libertad para iniciar acciones civiles ante tribunales federales y/o locales en tratándose de intereses particulares como es el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, se entiende como no puesta para la mayoría de los litigantes, debido a la falta de especialización de los jueces locales.
Sin duda los artistas, intérpretes y ejecutantes merecen una tutela real y efectiva de sus derechos, para lo cual se requiere el análisis de la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con la finalidad de hacer más ágil y claro el acceso a la justicia para estos sujetos del derecho de autor.
Para mayor información consulte en este link, en este otro o con esta liga. También con nuestros especialistas a este enlace o a este otro.
-BERCOVITZ, Rodrigo, Manual de Propiedad Intelectual, España, Ed. Triant to Blanch, 2003, ISBN 84-8442-905-9, 309 pag.
-PASTRANA, Juan David, Derechos de Autor, México, Flores Editor y Distribuidor, 2008, ISBN 970-9867-41-5, 344 pag.
-IGLESIAS, Cesar y María González, Diccionario de Propiedad Intelectual, España, Ed. REUS, 2005, ISBN 84-290-1410-1, 294 pag.
-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI Ideas Protegidas, México, 2012, ISBN 978-607-9539429, 125 pag.
-Expediente IMC 1353/2012 (I-67) 11807
-Expediente IMC 1352/2012 (I-66) 11803
[1] Abogado con Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac del Mayab y Máster Universitario en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, España; socio de la firma ALHEN Abogados®.
[2] Cfr; Bercovitz, Rodrigo, Manual de Propiedad Intelectual, España, Triant to Blanch, 2003, pp 210 y 2011.
[3] Iglesias Rebollo, César y María González Gordon, Diccionario de Propiedad Intelectual, España, Ed. REUS, 2005, ISBN 84-290-1410-1, pp 58.
[4] Pastrana Berdejo, Juan David, Derechos de Autor, México, Flores Editor y Distribuidor, 2008, ISBN 970-9867-41-5, pp 287.
[5] Recordando que los DERECHOS MORALES emanados de las obras corresponden de forma exclusiva al autor siendo para ello irrenunciables, imprescriptibles e inembargables.
[6] Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI Ideas Protegidas, México, 2012, ISBN 978-607-9539429, pp 92 y 93.
[7] Cfr; IMC 1353/2012 (I-67) 11807, así como IMC 1352/2012 (I-66) 11803.
Publicado por ALHEN Abogados Hugo Alday-Alhen Abogados en 11:49
Etiquetas: ALHEN ABOGADOS, derechos conexos, DERECHOS DE AUTOR, HUGO ALDAY, IMPI, INDAUTOR, LESLIE HENDRICKS
ALHEN Abogados Hugo Alday-Alhen Abogados 7 de febrero de 2013, 11:20
Agregamos la siguiente Tesis Aislada de la Primera Sala de la SCJN que es clara en cuanto a la procedencia de la acción de indemnización ordinaria civil sin requerir declaratoria del IMPI:
Registro: 162877
Tesis: 1a. XXIX/2011
Pag. 613 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Pág. 613
DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA A LA DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal -que no deriven de infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas en términos de los artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahí que la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración previa.

References: ARTÍCULO 83
 artículo 83
 artículo 16
 ARTÍCULO 118
 artículo 50
 artículo 118
 resolución 
 artículo 231
 artículo 234
 artículo 231
 artículo 231
 artículo 213
 artículo 231
 artículo 231
 artículo 229