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Timestamp: 2018-10-23 01:36:10+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00140 de junio 4 de 2010
SENTENCIA 2010-00140 DE 04 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:ACCIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PRESUPONE EL CUMPLIMIENTO O DISPOSICIÓN A CUMPLIR DE UNA PARTE Y EL INCUMPLIMIENTO O RENUENCIA INJUSTIFICADA DE LA OTRA PARTE. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, INTERÉS, HABILIDAD O APTITUD JURÍDICA SE RESTRINGE AL CONTRATANTE CUMPLIDO O DISPUESTO A OBSERVAR SUS PRESTACIONES
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, ACCIÓN RESOLUTORIA, LEGITIMACIÓN PROCESAL
Sentencia 2010-00140 de junio 4 de 2010
Ref.: 05000-22-13-000-2010-00140-01
Discutido y aprobado en sesión de dos de junio de dos mil diez
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 8 de abril de 2010 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Antioquia, en la acción de tutela de Lucía de Jesús Lopera Ruiz contra los juzgados Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Rionegro, proceso al que se vinculó a la señora Marta Irene Sepúlveda Ramírez.
La peticionaria solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso, los principios de justicia, orden social justo y los demás fines del Estado consagrados en el preámbulo y en el artículo 2º de la Constitución, presuntamente vulnerados con ocasión del proceso ordinario adelantado ante los despachos accionados, identificado con radicación 2008-0382.
Marta Irene Sepúlveda demandó a la actora pidiendo la resolución de un contrato de promesa de compraventa por incumplimiento de ésta al no concurrir a la notaría para otorgar la escritura pública contentiva del contrato prometido, y a su turno, la última, demandó en reconvención solicitando la ejecución forzada y en subsidio la resolución del contrato de promesa, en cuanto su contraparte tampoco compareció a la notaría, ni liberó el inmueble de una condición resolutoria, hipoteca y afectación a patrimonio de familia que recaía sobre el mismo. Surtido el proceso, en sentencia de 3 de agosto de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro encontró una situación de mutuo disenso por mutuo incumplimiento, y denegó las pretensiones de ambas partes. Apelado el fallo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro lo confirmó mediante providencia de 29 de enero de 2010.
La actora se queja por falta de aplicación de la tesis sostenida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo de 7 de diciembre de 1982, de acuerdo con el cual es procedente la resolución del contrato en los casos de incumplimiento mutuo.
El Tribunal Superior de Antioquia admitió la acción de tutela, comunicó a los juzgados accionados y vinculó a María Irene Sepúlveda.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro se opuso a la tutela, rindió un informe del proceso y remitió el expediente para su inspección.
El tribunal concedió la protección solicitada, porque a su juicio, los fallo de os juzgados accionados no resolvieron de fondo el asunto ni las restituciones mutuas derivadas del incumplimiento, vulnerando con ello el derecho de la actora a acceder a la administración de justicia. Por tanto, dejó sin efectos las sentencias proferidas en el caso y ordenó dictar una nueva decisión solucionando el caso planteado.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro impugnó el fallo de tutela. Consideró que la sentencia proferida resolvió el fondo del asunto, al negar las pretensiones planteadas en la demanda y en la reconvención. Asimismo, consideró que la sentencia de 3 de agosto de 2009 se basó en lo dispuesto por el artículo 1546 del Código Civil, y los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los cuales sólo puede demandar la resolución del contrato quien haya cumplido con sus obligaciones o se haya allanado a cumplirlas. En fin, considera que las partes cuentan con otros mecanismos judiciales para obtener las restituciones mutuas.
Esta Sala de manera reiterada ha expresado que la tutela no procede contra providencias judiciales, a menos que salte a la vista que la decisión es caprichosa, desviada, irrazonable, o tan poco objetiva que configure una “vía de hecho”(1).
En este caso, la actora considera que los juzgados accionados vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, porque en sendos fallos negaron las pretensiones de la demanda y de la reconvención, dentro del proceso ordinario de Marta Irene Sepúlveda contra Lucía de Jesús Lopera Ruiz.
Para determinar si efectivamente existió la vulneración alegada, deberá responderse a distintos problemas jurídicos que surgen del caso.
El primero atañe a determinar si el derecho a acceder a la administración de justicia, se vulnera por una sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda.
a) El derecho a acceder a la administración consiste en la posibilidad de toda persona para acudir y solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos consagrados en la Constitución y la ley(2). Quien acude a la jurisdicción tiene derecho a obtener un pronunciamiento en torno de las pretensiones, conforme a los hechos probados, normas procesales y sustanciales pertinentes.
b) Es probable que al cabo del proceso, la sentencia niegue lo solicitado, por ejemplo, porque se demostró que quien demandó no se encontró legitimado para actuar en el juicio. En tales casos, la sentencia declara que el demandante no es el titular del derecho subjetivo que pretende hacer valer ante la jurisdicción, y con ello se está pronunciando sobre el fondo del asunto.
c) En el sub examine, el juzgador a quo se pronunció expresamente sobre las pretensiones de las demandas, y asimismo el ad quem, al decidir la apelación de las partes.
En efecto, la demanda principal solicitó la resolución del contrato de promesa de compraventa por incumplimiento de la demanda, la restitución de las cosas al estado anterior, la condena a indemnizar los perjuicios y demás prestaciones.
La reconvención, pretendió el cumplimiento o, en su defecto la resolución con la indemnización de perjuicios o la penal pecuniaria y las prestaciones consecuenciales, todas las cuales fueron denegadas, sin que en parte alguna se incoara una pretensión de terminación por “mutuo disenso tácito”, en torno de la cual, no podía pronunciarse el fallador, pues toda sentencia judicial debe proferirse “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda” y demás oportunidades procesales, así como “(...) con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas”, salvo las que deben declarar oficiosamente (CPC, arts. 304 y 305), es decir, el petitum, la causa petendi, los fundamentos fácticos y normativos de toda demanda, su réplica y las excepciones interpuestas, son parámetros de indefectible observancia por el juzgador, sometido en el ejercicio de su función a la regla nea et judex ultra, extra o citra petita partium, y en cuanto omita o disminuya el tema a decidir (citra petita), decida lo no pedido (extra petita) o conceda más de lo pretendido (ultra petita), el fallo deviene incongruente” (cas. civ., sent. de jul. 30/2008 [SC-076-2008], Exp. 11001-3103-036-1999-01458-01).
Por consiguiente, existiendo pronunciamiento expreso y concreto a la luz de lo pretendido, probado y las normas jurídicas, no se presenta una denegación de justicia, ni vulnera el derecho al libre acceso a la administración de justicia de la actora.
Por otra parte, las providencias atacadas por vía de tutela son razonables.
a) En las instancias los juzgados accionados se pronunciaron sobre las pretensiones de la demanda y de la reconvención. En ambas cuestiones, consideraron que, como las partes del contrato habían incumplido sus obligaciones, ninguna de ellas tenía derecho a pedir la resolución del contrato o su cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios.
b) Este planteamiento, se ajusta al artículo 1546 del Código Civil, a cuyo tenor, “[e]n los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”, en cuanto, esta acción, se orienta a obtener la terminación o resolución del contrato con reparación de perjuicios, presupone el cumplimiento o disposición a cumplir de una parte y el incumplimiento o renuencia injustificada de la otra parte, esto es, la legitimación en la causa, interés, habilidad o aptitud jurídica se restringe al contratante cumplido o dispuesto a observar sus prestaciones.
c) De otro lado, aún cuando esta Sala, en algún momento postuló la posibilidad de solicitar la resolución del contrato en caso de incumplimiento mutuo (en la sent. de dic. 7/82, G.J. CLXV, p. 341 y ss., que cita la actora), esta posición posteriormente fue rectificada (ver, p. ej., sents. de jul. 16/85, G.J. CLXXX, p. 125 y ss.; jun. 7/89, G.J. CXCVI, p. 162 y ss., y de dic. 1/93, G.J. CCXXXV, p. 707 y ss., entre muchas otras), porque según los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, el contratante incumplido no está legitimado para decidir la resolución del contrato por incumplimiento, y de hacerlo, podrá oponerse en su contra la excepción de contrato no cumplido.
Esta última postura fue la adoptada en ambas instancias por los Juzgados Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Rionegro, para denegar las pretensiones de ambas partes en el proceso. La Sala no encuentra esa posición irrazonable, sino, armónica con los fines y principios normativos inherentes a los contratos bilaterales y las acciones derivadas de los mismos.
d) Ahora bien tiene dicho la Sala que “en atención a lo establecido en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, en concordancia con el artículo 871 del Código de Comercio, mientras el contrato no se haya extinguido por las causales legales o por el consentimiento de las partes, los deberes de prestación que del mismo hayan surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben ser ejecutados de buena fe” (sent. sustitutiva de dic. 18/2009, Exp. 41001-3103-004-1996-09616-01). Por consiguiente, en línea de principio, en situaciones como litigiosas, los contratantes podrán perseverar y solicitar el cumplimiento del contrato sin reparación de daños ni perjuicios, desde luego el acto dispositivo conserva eficacia obligatoria mientras no se extinga en legal forma, aunque el contratante incumplido no podrá exigir el simple cumplimiento sin resarcimiento de daños, mientras no cumpla o se allane a cumplir sus obligaciones, es decir, impera el principio de conservación y eficacia obligatoria del contrato, según corresponde a la certidumbre, seriedad y regularidad del tráfico jurídico, tanto cuanto más que el acto dispositivo se celebra para su cumplimiento y obliga a éste mientras no termine por las causas legales o por decisión de las partes.
Empero, es factible como también ha sostenido de antaño esta Sala, que el recíproco incumplimiento constituya una hipótesis de “mutuo disenso tácito), en cuyo caso, tiene la virtud de extinguir las obligaciones contractuales, al tenor del inciso primero del artículo 1625 del Código Civil (sent. de jul. 16/85, G.J. CLXXX, p. 125 y ss.), y en tal hipótesis, cualquiera de los contratantes puede acudir a la jurisprudencia para solicitar su terminación, “la intervención, pues, del Juez se impone para declarar lo que las partes de una u otra forma han reflejado: desatar el vínculo para volver las cosas al estado que existía al momento de su celebración” (ibíd.), dentro de éstas las restituciones correspondientes (sen. de dic. 1/93, G. J. CCXXXV, p. 707 y ss.).
En suma, frente al cumplimiento recíproco, las partes del contrato tienen mecanismos o vías ordinarias para solucionar la problemática, o sea la terminación del contrato por “mutuo disenso” si su comportamiento claro e inequívoco la comporta o, en caso contrario, su cumplimiento, naturalmente, en uno u otro caso, sin resarcimiento de daños.
Tales vías, corresponde a la parte interesada evaluar para precisar su viabilidad de conformidad con la situación fáctica concreta y el ordenamiento jurídico, y deben formularse expresamente en la respectiva demanda.
e) Finalmente, téngase presente que, en el estado actual del ordenamiento jurídico, los jueces son autónomos en el ejercicio de la función jurisdiccional, la jurisprudencia sienta pautas, parámetros o directrices unificadoras a nivel nacional en cuanto respecta al entendimiento pragmático de las disposiciones normativas, puede ostentar el valor de doctrina legal probable cuando existen tres decisiones uniformes sobre el mismo punto (art. 10º de la L. 153/87, modif. por el art. 4º de la L. 169/96), sirve al propósito de orientar e irradiar la actividad de los jueces en procura del avance, transformación, actualización y homogeneidad del derecho objetivo, para lograr los fines de la convivencia organizada, la solución civilizada, justa, pronta y cumplida de los conflictos, la paz, armonía social y proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas. Análogamente, los jueces en el ejercicio de su función, cuando optan por separarse de los precedentes emanados de una alta Corporación, tienen la carga de argumentar en forma específica, singular y concreta las razones motivadas de tal decisión (sents. de tutela de mar. 29/2006, Exp. 00007-01, y de feb. 25/2008, Exp. 00492-01, entre otras).
En fin, tampoco se observa en el caso que se haya probado un perjuicio irremediable, que deba atenderse transitoriamente a través de la acción de tutela.
En consecuencia, y con fundamento en los argumentos expuestos, esta Sala revocará el fallo impugnado y denegará el amparo solicitado.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de primera instancia y en su lugar DENIEGA el amparo solicitado.
(1) Ver, entre otras, las sentencias de 8 de febrero de 2010, Expediente 73001-22-13-000-2009-00465-01 y de 8 de febrero de 2010, Expediente 68001-22-13-000-2009-00636-01.
(2) Ver Sala de Casación Penal, Sala de Casación Penal, sentencia de 30 de abril de 2010, Expediente T-47573.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1546
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1546
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 871
 artículo 1625