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Timestamp: 2017-07-26 12:47:39+00:00

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derechos humanos Archives - Andrés Delgado
Pienso mucho, escribo un poco. Mi ciudad es el mundo.	derechos humanos	Sociedad civil y gobernanza de Internet en Ecuador: 2013-2015
24/05/2016 Leave a reply	Esta es la primera de dos entregas que tratan el tema de Limitaciones de la sociedad civil en la gobernanza de Internet en Ecuador
El día 24 de mayo al medio día, se realizó el foro “Regulación de Internet & Derechos Digitales en Ecuador”, organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. La idea, según nos comentaron a los panelistas, era realizar una reflexión académica al respecto, por lo cual la visión de actores de la sociedad civil les resultaba indispensable (si bien asistí como co-fundador de Apertura Radical, me invitaron básicamente por las reflexiones que comparto en este blog y redes sociales). También participaron como panelistas Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales y Daniela Viteri, representante ecuatoriana en el Observatorio de la Juventud de Gobernanza en Internet. Pese a que la USFQ realizará una publicación que detalla nuestras ponencias, voy a escribir acá —en un lenguaje menos cargado— lo que fue mi presentación.
El punto fue discutir los límites que hemos encontrado las personas —no empresas o el Estado— al trabajar por la defensa de derechos humanos en Internet en Ecuador. Para ello dividí a mi presentación en cuatro secciones: qué características tienen los grupos de sociedad civil acá, cómo operan, qué alcanzan a hacer con las circunstancias en las que se desenvuelven, y qué les resulta demasiado difícil.
¿Cuál sociedad civil?
Para realizar un análisis de las circunstancias en las que opera la sociedad civil, decidí escoger un periodo de tiempo de dos años (que va de agosto de 2013 a julio de 2015) y estudiar tres escenarios en los que la sociedad civil se había involucrado decididamente en el ejercicio de gobernanza de Internet. Estos se describen a continuación:
Eliminación del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (Nov. 2013): La aprobación de un nuevo código penal a fines de 2013, motivó la formación del colectivo #InternetLibre, el cual logró exitosamente eliminar el artículo 474 que, entre otras cosas, que los usuarios accedamos a ser filmados mientras usamos Internet. Adicionalmente, la idea era que los intermediarios, como el dueño de un cibercafé o algún amigo que te de la clave del WiFi de su casa, tengan un registro de todas las páginas web que visitemos por un período mínimo de seis meses. #InternetLibre, formado por una serie de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector —entes privados sin fines de lucro—detuvo esto.
Organización del Primer Encuentra Nacional de Gobernanza de Internet (Nov. 2014): Realizado en CIESPAL, el encuentro buscó marcar la agenda de la gobernanza de internet en el país basándose “en el principio de interés público y en un enfoque de derechos humanos a través de un proceso participativo, abierto e inclusivo”. Se realizó un análisis preliminar de la situación de Internet en Ecuador y acogió a expertos nacionales e internacionales para discutirlo.
Pronunciamiento en Defensa de la Privacidad en Ecuador (Jul. 2015): Se dio como respuesta a la filtración de documentos privados de Hacking Team. Esta empresa— cuyo malware infecta computadoras, laptops y celulares con el fin de acceder a toda la información (almacenada y en tiempo real)— mantenía vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Y poco después, se conoció que algunos de los targets del software usado por esta empresa, eran políticos y activistas. En Ecuador, esto es ilegal e inconstitucional, lo cual motivó un fuerte pronunciamiento por parte de la sociedad civil. Ninguna de las ocho peticiones realizadas por las organizaciones fue acogida.
Realicé una lista con las organizaciones que participaron en a menos dos de estos escenarios y excluí a las organizaciones que pertenecían al sector empresarial o al Estado. La lista que obtuve fue la siguiente:
Organizaciones de sociedad civil involucradas en actividades de defensa de DDHH en Internet entre agosto de 2013 y julio de 2015
Las instituciones a la izquierda (aquí en azul) son aquellas que cuentan con una personalidad jurídica, y las de la derecha aquellas que carecen de la misma. Creative Commons Ecuador y el colectivo Central Dogma, se dedican principalmente acceso al conocimiento y la promoción de la cultura libre. Radialistas trabaja en la “democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía”. Infodesarrollo trabaja principalmente en la reducción de las brechas digitales y ASLE se dedica a la promoción y adopción del software libre en Ecuador. Apertura Radical trabaja también en esto último, en la promoción de hardware abierto y en la defensa de derechos humanos en la red. Finalmente, Usuarios Digitales trabaja por el “libre ejercicio de nuestros derechos en plataformas digitales”. Estas dos últimas (en verde), son aquellas organizaciones que se dedican principalmente a la defensa de derechos humanos en Internet, ambos carecían de una figura jurídica durante el periodo de estudio siendo principalmente una presencia en la red.1
En la región, casi todos los países cuentan con al menos una organización de sociedad civil —constituida jurídicamente— que se dedica a la defensa de derechos humanos en la red. Existen organizaciones internacionales que brindan apoyo financiero y técnico a estas organizaciones, lo que les ha ayudado a florecer en toda Sudamérica. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay son la excepción. Este último es el único reconocido por la unidad de inteligencia de The Economist como una democracia completa (“full democracy“) y quizá eso explique porque la ausencia de una organización fuerte de sociedad civil que trabaje temas de Internet. Los otros tres países—Venezuela, Ecuador y Bolivia— tienen gobiernos con una ideología política muy parecida dominada por un fuerte poder ejecutivo, lo que sugiere una especie de correlación que merece ser estudiada.
Organizaciones de sociedad civil que trabajan en DDHH en Internet en América Latina
¿Cómo se explica la ausencia de organizaciones de sociedad civil en la defensa de derechos humanos en Internet en el país? Pues de manera similar a la que se explica en otros sectores: Trámites dificultosos que pueden tomar años, falta de seguridad jurídica —causada por los decretos presidenciales 16 y 739—, la obligación de las ONG a trabajar en una política de gobierno (toda organización debe adherirse a una de los principios del plan nacional del buen vivir) y de adscribirse a algún ministerio —usualmente aquel al que deben vigilar y observar. Finalmente, la polarización de la política genera dificultades para organizaciones que deben trabajar pensando más allá de las ideologías. El momento en que las organización toman una posición respecto a un tema específico, tienden a ser clasificadas por los actores políticos y la opinión pública dentro de un “bando”, el oficialismo o la oposición. Esto genera una estigmatización de las organizaciones que amenaza su capacidad de generar un diálogo adecuado en temas que usualmente ya son difíciles de explicar. Finalmente, este tipo de organizaciones de sociedad civil, al no involucrarse con la provisión de servicios, dependen casi siempre de donaciones por parte de actores privados internacionales, y eso en el país ha sido usado como una herramienta de deslegitimación por parte del poder ejecutivo.
¿Qué mecanismos usa la sociedad civil?
Creemos que podemos cambiar las cosas explicando detalladamente cómo funcionan a la gente, ofreciendo propuestas y amplificando nuestras voces. Para ello, requerimos en un primer instante consultar con expertos en ley, política pública y tecnología. Estos diálogos se llevan de una manera bastante informal dada las circunstancias en las que operamos. A partir de esto, creamos propuestas específicas (“fiscalice”, “derogue”, “establezca”, “exija”, “cree”, etc.) usualmente dirigidas al Estado en su papel de garante de derechos, aunque ocasionalmente se pueden también dirigir a la empresa privada. Cuando se tiene una línea clara de acción se producen manifiestos, pronunciamientos, peticiones en línea, boletines de prensa. Finalmente, si esto se ha hecho bien, mediante manifestaciones y lobbying, se logra hablar con quienes toman las decisiones. Muchas veces, el éxito o fracaso de las propuestas de sociedad civil, depende de la presión que puedan ejercer estos dos úlitmos elementos que funcionan a manera de policía bueno y policía malo: el cabilldeo y las manifestaciones, respectivamente.
¿Qué NO puede hacer la sociedad civil?
Debido a las limitaciones arriba mencionadas, muchos de los voluntarios (pues ese es el Estado de prácticamente todos aquellos que trabajan en la defensa de DDHH en internet en Ecuador) no pueden realizar una serie de acciones que es deseable y común en otros países de la región:
Trabajar a tiempo completo en la defensa de DDHH en Internet.
Trabajar estableciendo una agenda propia y no sólo respondiendo a problemas de coyuntura.
Realizar estudios a nivel nacional (similares a los que se realizan en otros países) sobre cuestiones específicas como el estado de la privacidad en el país, o el marco regulatorio sobre el anonimato.
Recibir financiamiento. Aunque se hace, se lo realiza en asociación con otras organizaciones que sí pueden manejar legalmente los fondos.
Tomar acciones legales, que a veces son el único recurso frente a un potencial abuso de poder de parte de actores privados o estatales.
1Tras dos años de iniciar el proceso, a Usuarios Digitales finalmente se le otorgó su personalidad jurídica en agosto de 2015.
20/08/2015 1 Reply	¿Cómo se sentirían ustedes si un hombre inteligente de repente se transforma en un monstruo? Si esa faceta macabra está fuera de su control y las defensas a mano son inútiles porque no hay nada que supere su uso de la fuerza —y no lo digo en el sentido Jedi—. La palabra que ustedes buscan es impotencia, miedo, desesperanza. Resumido en cuatro sílabas, lo que tienes es indefensión.
Imaginen que se encuentran caminando en son de protesta, como cuando te ponen una mala nota aunque tienes todas las respuestas correctas. Vas caminando a hacer un reclamo y, de repente, te ves rodeado por cinco guardias que amenazan no solo con castigarte sino con dejarte sin carrera —sin familia, sin país—. Imagina que se hace justicia y empiezan a investigar a los guardias pero, al poco tiempo, dejan la decisión final a uno de ellos; ese es el caso de Manuela Picq.
Jueza elevó a consulta ante .@ppsesa la sentencia que fue dictada en favor de #ManuelaPicq. http://t.co/vPJ8Ln4g6w pic.twitter.com/dJK6dLDab8
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) August 20, 2015
Imagina que tu delito sea izar la bandera frente a la policía que custodia una marcha. No importa de donde seas, teniendo sesenta y un años ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pero alguien más piensa que eres importante —una líder— y esa persona no te va a aguantar. Te golpean, te apresan, tu edad y los moretones hacen que la policía te deba llevar al hospital, te diagnostican trombosis venosa y recomiendan reposo absoluto. Tu familia pelea con la autoridad para que no te cambien de ciudad, te llaman a una audiencia y luego la adelantan una semana para que no puedas descansar. Es es el caso de Margoth Escobar.
#Ecuador a #MargothEscobar injustamente detenida, 61 años, herida le cambian la audiencia a la UNA de la mañana RT pic.twitter.com/FdphS6rVzj
— Silvia Buendía (@silvitabuendia) August 20, 2015
¿Te indigna? ¿Quieres transmitir tu ira frente a este abuso como los demás? Usas tu cuenta de twitter y opinas, porque además eres periodista y, como dijo Orwell, “periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”. Pero tu empleador piensa que tus opiniones afectan la imagen del diario y El Comercio apenas cambió de dueño, bajo la vigilancia de gente poderosa del Estado. Si quieres quejarte ya no podrás trabajar. Ese es el caso de Martín Pallares.
Martín Pallares es despedido de El Comercio por sus comentarios en… http://t.co/3kAIAWf0cc via @larepublica_ec
— El Pais Ecuador (@ElPaisComEc) August 21, 2015
Asustado, te escondes en tu casa. Como otros, has hablado y seguro también te quieren atrapar. Un volcán explota, el presidente se manda un decreto que le permite usar la fuerza militar, espiar en conversaciones ajenas y entrar en las casas de los demás. Escribe con letras grandes que esto se usará “exclusivamente en la medida y proporción necesarias para enfrentar la emergencia” en todo el territorio nacional. Te hace tragar sus palabras, y luego te va a visitar.
Policías utilizan balas de goma contra manifestantes y allanan viviendas de dirigentes http://t.co/Vo9jRjzFwU
Quisiera que se equivoquen un poco los que dicen que el pasado no volverá. Yo no viví la época de Febrés Cordero y esto es lo más funesto que he vivido hasta hoy.
Cámaras en los moteles: “Solo vigilamos los pasillos”
08/03/2015 2 Replies	¿Es realmente tan inofensiva la disposición de colocar cámaras en los moteles?
Tras responder los insultos de Lourdes Tibán al presidente, defenderse de las observaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas a las pésimas políticas y leyes sobre salud sexual y reproductiva les quedaba muy grande, así que la última cruzada de la red social de Alianza País –Somos Más– es defender la colocación de cámaras de vigilancia en los “pasillos y áreas públicas” de moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita dispuesta por el Ministerio del Interior.
Dice Alianza País –asumo que es una posición del movimiento pues ellos son quienes financian esta red social, el manejo de sus cuentas y a su diseñador gráfico– que la prensa privada está manipulando la información, que esto no es una invación a la intimidad. Inclusive Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, se tomó la molestia de explicar vía tuit que dichas grabaciones “solo pueden ser obtenidas para investigaciones, ordenadas por un juez y a través de un fiscal” y que las cámaras “son exclusivamente para sectores de ingreso y salida” y que esto ya se hace en otros países del mundo como Estados Unidos.
Todo es por seguridad y nadie se mete en la alcoba, es más o menos el argumento manejado desde el oficialismo. A eso añádanle que siempre se va a respetar la ley y que esos videos están a buen recaudo hasta que lo ordene la justicia ecuatoriana. Suena bien, igual de bien que sonaba el hoy extinto artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Como muchos de ustedes recordarán, a fines de 2013, en un momento de conmoción social –debe haber sido un campeonato de fútbol– se aprobó el COIP. Duró poco, pues había tantas observaciones por parte de la sociedad civil que Alianza País anunció una revisión exhaustiva “artículo por artículo”, se dividieron en mesas y, en una de ellas, recibieron a varias personas del colectivo #InternetLibre para discutir la disposición de la recolección masiva de “datos sobre números telefónicos, direcciones IP estáticas y dinámicas, así como el tráfico de conexión, acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbricas del servicio y la vía de comunicación por un tiempo mínimo de seis meses, a fin de poder realizar las investigaciones correspondientes”. Se pretendía además que si tu proveías de internet a alguien, lo grabes. Esto apuntaba a los “cybercafés” pero la redacción era tan inespecífica que creaba una situación bastante incómoda incluso si querías compartir el wifi casero con tus amigos.
Anuncio a los amigos que vengan a la casa: Traigan foto para el formulario del internet y vengan presentables para el video surveillance. JF
— JuanFernando Velasco (@juanfervelasco) October 15, 2013
El 29 de noviembre de 2013, María Augusta Calle hace público que el bloque de PAÍS decidió eliminar el artículo 474, y en días posteriores señaló que la adhesión de Ecuador a la resolución de las Naciones Unidas que hace referencia al derecho a la privacidad “fue clave en la discusión”, el asambleísta Diego Vintimilla señaló que esa resolución de la ONU fue la base para el análisis de lo que se haría con el artículo 474 del Código Penal.
Casi un año después, a través de la Ley de Telecomunicaciones, se hizo un segundo intento para conservar “los registros de acceso, registros de llamadas, entre otros, en las condiciones y por el tiempo que se dispongan en las regulaciones específicas”. Una vez más la ciudadanía alzó su voz y se obtuvo un veto parcial por parte de la presidencia. A diferencia de lo que pasó con el 474, esta vez si quedó un registro por escrito de las razones para el veto parcial a este artículo. Aclara:
La Declaración Universal de Derechos Humanos franquea en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, determinando que en la ley se establecerá la protección adecuada frente a tales injerencias. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 11 la misma garantía. En ese sentido, la Constitución de la República consagra en el número 20 del artículo 66 el derecho a la intimidad personal. Permitir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que conserven información tan específica sobre los usuarios, evidentemente podría traducirse en una transgresión al derecho a la intimidad, tanto más que en la actualidad hemos sido testigos de la vulnerabilidad de los mecanismos de seguridad informática.
Es importante notar que la Ley de Telecomunicaciones no buscaba conservar el contenido de las comunicaciones, es decir lo que sucede en la alcoba, sino únicamente los registros de acceso y llamadas, es decir quien entra, cuando, con quién; el equivalente a las cámaras en los pasillos y áreas públicas. Entendemos entonces que así como el derecho de una persona a la intimidad no se limita al contenido de las comunicaciones, sino también al hecho de la comunicación y a la información sobre la comunicación. La privacidad y la no injerencia en la vida privada y familiar, no incluye únicamente a lo que pasa dentro de la habitación de un centro de diversión nocturna, sino también a la información relativa a ese encuentro, a los “metadatos” que uno puede encontrar en un motel.
También es notable que el Estado se preocupe de la recolección por parte de terceros, en este caso los prestadores de servicio de internet, puesto que el mismo caso se puede aplicar a la recolección en video por parte de los dueños de centros de diversión nocturna. La sola existencia de registros, como bien señala el veto de la presidencia, vulnera el derecho a la intimidad, puesto que la seguridad informática es vulnerable a ataques por parte de terceros y a veces ni siquiera hace falta un ataque para acceder a una webcam –que hoy por hoy es el mecanismo más difundido de vigilancia. Como dice Assange: la mejor manera de proteger un secreto es que no exista.
Adicionalmente, como bien indica un editorial de El Telégrafo, “una vez que los datos han sido acumulados y el Estado tiene la posibilidad de acceder a ellos, los puede usar de muchas maneras incorrectas”. Ya se han dado casos donde algunos agentes de inteligencia usaron los sistemas de vigilancia de los EE. UU. para rastrear a sus amantes. Eso por no hablar de las posiblidades de extorsión que abre el simple hecho de visitar uno de estos sitios, una denuncia legítima puede desaparecer en el olvido por un ataque al mensajero. Imaginen un caso como el de Mery Zamora cada semana.
La privacidad en un mundo donde la capacidad de conservación, análisis y agregación de datos se vuelven cada vez más barata exige que la ciudadanía tenga una adecuada defensa legal pero sobretodo técnica de su privacidad, la colocación de cámaras en calles, unidades de transporte, colegios, moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita supone una grave amenaza a la privacidad y una potencial herramienta para atacar la libertad de expresión y la capacidad de fiscalización al Estado.
La medida fue finalmente derogada, según comentó el presidente Rafael Correa citando algunas de las razones aquí expuestas, concluyó diciendo algo como “igual el 70% de estos centros ya cuenta con cámaras”. Nada de qué preocuparse.
Sitio y ocupación de Intag
18/12/2014 1 Reply	Nuevo microdocumental de Pocho Álvarez sobre Intag y la minería: sitio, ocupación y resistencia

References: artículo 474
 artículo 474
in fine
 artículo 474
 artículo 474
 resolución 
 resolución 
 artículo 474
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 66