Source: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2275/ley-n-2421--reordenamiento-administrativo-y-de-adecuacion-fiscal
Timestamp: 2018-11-17 23:38:44+00:00

Document:
Ley NÂº 2421 / REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACION FISCAL
Inicio » Leyes Paraguayas » Ley NÂº 2421 / REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACION FISCAL
Escrito por Mariela Lunes 23 de Diciembre de 2013 4137 vistas
Fecha de PromulgaciÃ³n: 05-07-2004
Fecha de PublicaciÃ³n: 07-07-2004
Ley NÂ° 2421 | Ley de reordenamiento administrativo y adecuaciÃ³n fiscal
LEY NÂ° 2421
DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACION FISCAL
ArtÃ­culo 1Âº.-	ModifÃ­case el ArtÃ­culo 237 de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 â€œQue Establece el Nuevo RÃ©gimen Tributarioâ€�, el que queda redactado como sigue:
â€œArt. 237.-	AcciÃ³n Contencioso Administrativa. En contra de las resoluciones expresas o tÃ¡citas dictadas por la AdministraciÃ³n Tributaria resolviendo los recursos de reconsideraciÃ³n o reposiciÃ³n interpuestos por el contribuyente, es procedente la acciÃ³n contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas.
La demanda deberÃ¡ interponerse por el agraviado ante dicho Tribunal dentro del plazo perentorio de dieciocho dÃ­as, contados desde la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n expresa o de vencido el plazo para dictarla, en el caso de denegatoria tÃ¡cita.
RepresentarÃ¡ al Ministerio de Hacienda en el recurso, un profesional de la AbogacÃ­a del Tesoro.â€�
ArtÃ­culo 2Âº.-	La AbogacÃ­a del Tesoro del Ministerio de Hacienda ejercerÃ¡ la representaciÃ³n legal del Estado en las demandas o trÃ¡mites que deban promoverse para el cobro de crÃ©ditos fiscales, sin perjuicio de las demÃ¡s funciones establecidas en la Ley NÂº 109/91, del 6 de enero de 1992 â€�Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley NÂº 15 de fecha 8 de marzo de 1990 â€˜Que establece las funciones y estructura OrgÃ¡nica del Ministerio de Haciendaâ€�.
DE LA MODIFICACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO
ArtÃ­culo 3Â°.-	ModifÃ­canse los ArtÃ­culos 2Âº, 3Âº, 5Âº, 8Âº, 9Âº, 10, 14 y 20 del Libro I, TÃ­tulo 1, CapÃ­tulo I, â€œRentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Serviciosâ€� de la Ley NÂ° 125/91, del 9 de enero de 1992 y sus modificaciones, los que quedan redactados como sigue:
â€œArt. 2Âº.- Hecho Generador. EstarÃ¡n gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realizaciÃ³n de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carÃ¡cter personal.
Se consideran comprendidas:
a)	Las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual, de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentaciÃ³n.
b)	Las rentas generadas por los bienes del activo, excluidas las que generan los bienes afectados a las actividades contempladas en los CapÃ­tulos de las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del PequeÃ±o Contribuyente y Rentas del Servicio de CarÃ¡cter Personal.
c)	Todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, con o sin personerÃ­a jurÃ­dica, asÃ­ como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en el paÃ­s. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del PequeÃ±o Contribuyente y Rentas del Servicio de CarÃ¡cter Personal.
d)	Las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, apicultura, sericultura, suinicultura, floricultura y explotaciÃ³n forestal.
e)	Las rentas que obtengan los consignatarios de mercaderÃ­as.
f)	Las rentas provenientes de las siguientes actividades:
-	ReparaciÃ³n de bienes en general.
-	CarpinterÃ­a.
-	Transporte de bienes o de personas.
-	Seguros y reaseguros.
-	IntermediaciÃ³n financiera.
-	Estacionamiento de autovehÃ­culos.
-	Vigilancia y similares.
-	Alquiler y exhibiciÃ³n de pelÃ­culas.
-	LocaciÃ³n de bienes y derechos.
-	Discotecas.
-	Hoteles, moteles y similares.
-	CesiÃ³n del uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y privilegios.
-	Arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el arrendador sea propietario de mÃ¡s de un inmueble. A los efectos de esta disposiciÃ³n las unidades o departamentos integrantes de las propiedades legisladas en el CÃ³digo Civil y en la Ley NÂº 677 del 21 de setiembre de 1960 â€œSobre Propiedad por pisos y por departamentosâ€�, serÃ¡n consideradas como inmuebles independientes.
-	Agencias de viajes.
-	Pompas fÃºnebres y actividades conexas.
-	Lavado, limpieza y teÃ±ido de prendas en general.
-	ConstrucciÃ³n, refacciÃ³n y demoliciÃ³n.
g)	Los dividendos y las utilidades que se obtengan en carÃ¡cter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias.â€�
â€œArt. 3Âº.- Contribuyentes. SerÃ¡n contribuyentes:
a)	Las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica, las asociaciones, las corporaciones y las demÃ¡s entidades privadas de cualquier naturaleza.
b)	Las empresas pÃºblicas, entes autÃ¡rquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economÃ­a mixta.
c)	Las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades gravadas en el paÃ­s. La casa matriz deberÃ¡ tributar por las rentas netas que aquÃ©llas le paguen o acrediten.
La casa matriz del exterior tributarÃ¡ por las rentas gravadas que obtenga en forma independiente.
d)	Las Cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley NÂº 438/94 â€œDe Cooperativas.â€�
â€œArt. 5Âº.- Fuente Paraguaya. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarÃ¡n de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados econÃ³micamente en la RepÃºblica, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebraciÃ³n de los contratos.
Los intereses de tÃ­tulos y valores mobiliarios se considerarÃ¡n Ã­ntegramente de fuente paraguaya, cuando la entidad emisora estÃ© constituida o radicada en la RepÃºblica.
Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales colocados en el exterior, asÃ­ como las diferencias de cambio se considerarÃ¡n de fuente paraguaya, cuando la entidad inversora o beneficiaria estÃ© constituida o radicada en el paÃ­s.
La asistencia tÃ©cnica y los servicios no gravados en el Impuesto a la Renta del Servicio de CarÃ¡cter Personal se considerarÃ¡n realizadas en el territorio nacional cuando la misma es utilizada o aprovechada en el paÃ­s.
La cesiÃ³n del uso de bienes y derechos serÃ¡ de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la RepÃºblica aÃºn en forma parcial en el perÃ­odo pactado.
Los fletes internacionales serÃ¡n en un 50% (cincuenta por ciento) de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados entre el Paraguay y la Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, y en un 30% (treinta por ciento) cuando se realicen entre el Paraguay y cualquier otro paÃ­s no mencionado.â€�
â€œArt. 8Âº.- Renta Neta. La renta neta se determinarÃ¡ deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogaciÃ³n real, estÃ©n debidamente documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario.
AsÃ­ mismo se admitirÃ¡ deducir:
a)	Los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, bienes y derechos afectados a la producciÃ³n de rentas, con excepciÃ³n del Impuesto a la Renta.
b)	Los gastos generales del negocio tales como: alumbrado, fuerza motriz, fletes, telÃ©grafos, telÃ©fonos, publicidad, prima de seguros contra riesgos inherentes al negocio, Ãºtiles de escritorio y mantenimiento de equipos.
c)	Todas las remuneraciones personales tales como: salarios, comisiones, bonificaciones y gratificaciones por concepto de prestaciÃ³n de servicios que se encuentren gravados por el Impuesto del Servicio de CarÃ¡cter Personal. En caso contrario, las remuneraciones personales sÃ³lo serÃ¡n deducibles cuando fueren prestadas en relaciÃ³n de dependencia y hayan aportado a un seguro social creado o admitido por Ley o Decreto-Ley. En este Ãºltimo caso, si no correspondiere efectuar aportes al seguro social, la deducciÃ³n se realizarÃ¡ de conformidad con los lÃ­mites y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n. Quedan comprendidas en esta disposiciÃ³n las remuneraciones del dueÃ±o y su cÃ³nyuge, socio, directores, gerentes y personal superior.
Las deducciones serÃ¡n admitidas siempre que tales retribuciones sean corrientes en el mercado nacional, atendiendo al volumen de negocios de la empresa asÃ­ como la capacidad profesional, la antigÃ¼edad, las responsabilidades y el tiempo de trabajo dedicado por dichas personas a la empresa. Si la AdministraciÃ³n considera excesiva alguna de las remuneraciones podrÃ¡ solicitar un informe fundado a tres empresas de auditorÃ­a registradas.
El aguinaldo y las remuneraciones por vacaciones serÃ¡n deducibles en su totalidad, de acuerdo a lo establecido en el CÃ³digo Laboral.
d)	Los gastos de organizaciÃ³n, constituciÃ³n, o preparativos en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
e)	Las erogaciones por concepto de intereses, alquileres o cesiÃ³n del uso de bienes y derechos.
Las mismas serÃ¡n admitidas siempre que para el acreedor constituyan ingresos gravados por el presente impuesto. Esta condiciÃ³n no se aplicarÃ¡ a las entidades financieras comprendidas en la Ley NÂº 861/96 en lo que respecta a los intereses.
Cuando los alquileres no constituyan ingresos gravados para el locador, dicha erogaciÃ³n podrÃ¡ ser deducible en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
f)	Las pÃ©rdidas extraordinarias sufridas en los bienes del negocio o explotaciÃ³n por casos fortuitos o de fuerza mayor, como incendio u otros accidentes o siniestros, en cuanto no estuvieren cubiertas por seguros o indemnizaciones.
g)	Las previsiones y los castigos sobre malos crÃ©ditos.
h)	Las pÃ©rdidas originadas por delitos cometidos por terceros contra los bienes aplicados a la obtenciÃ³n de rentas gravadas en cuanto no fueren cubiertos por indemnizaciones o seguros.
i)	Las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento, en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
j)	Las amortizaciones de bienes incorporales tales como las marcas, patentes y privilegios, siempre que importen una inversiÃ³n real y en el caso de adquisiciones, se identifique al enajenante. La reglamentaciÃ³n establecerÃ¡ la forma y condiciones.
k)	Los gastos y erogaciones en el exterior en cuanto sean necesarios para la obtenciÃ³n de las rentas gravadas provenientes de las operaciones de exportaciÃ³n e importaciÃ³n de acuerdo con los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n. En las actividades de transporte de bienes o personas, los gastos del vehÃ­culo se admitirÃ¡n de acuerdo con los principios del Impuesto.
l)	Los gastos de movilidad, viÃ¡ticos y otras compensaciones anÃ¡logas, siempre que las rendiciones de cuentas se hallen debidamente respaldadas con la documentaciÃ³n legal desde el punto de vista impositivo. En caso que constituya gasto sin cargo a rendir cuenta, se considera parte del salario o remuneraciÃ³n y le es aplicable el inciso c) del presente artÃ­culo.
m)	Las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia CatÃ³lica y demÃ¡s entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, asÃ­ como las entidades con personerÃ­a jurÃ­dica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio pÃºblico por la AdministraciÃ³n. El Poder Ejecutivo podrÃ¡ establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas	donaciones, que no sean inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso bruto.
n)	Las remuneraciones porcentuales pagadas de las utilidades lÃ­quidas por servicios de carÃ¡cter personal, en las mismas condiciones establecidas en el inciso c) del presente artÃ­culo.
Ã±)	Los honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de servicios personales gravados por el Impuesto a la Renta del Servicio de CarÃ¡cter Personal, sin ninguna limitaciÃ³n. Los demÃ¡s honorarios profesionales y remuneraciones serÃ¡n deducibles dentro de los lÃ­mites y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
o)	Los gastos y contribuciones realizados a favor del personal por asistencia sanitaria, escolar o cultural, siempre que para la entidad prestadora del servicio dichos gastos constituyan ingresos gravados por el Impuesto establecido en este TÃ­tulo o el personal impute como ingreso propio gravado por el Impuesto a la Renta del Servicio de CarÃ¡cter Personal.â€�
â€œArt. 9Âº.- No se podrÃ¡n deducir:
a)	Intereses por concepto de capitales, prÃ©stamos o cualquier otra inversiÃ³n del dueÃ±o, socio o accionista de la empresa pagados a personas que no sean contribuyentes del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, por montos que excedan el promedio de las tasas mÃ¡ximas pasivas del mercado bancario y financiero aplicables a colocaciones de similares caracterÃ­sticas para igual instrumento y plazo, de acuerdo a la reglamentaciÃ³n de tasa mÃ¡xima dictada por el Banco Central del Paraguay. No se encuentran comprendidos dentro de esta prohibiciÃ³n los intereses pagados por las entidades bancarias o financieras al dueÃ±o, socio o accionista, siempre que sean a tasas pasivas a nivel bancario y financiero.
b)	Sanciones por infracciones fiscales.
c)	Utilidades del ejercicio que se destinen a aumento de capital o reserva, con excepciÃ³n de las reservas matemÃ¡ticas y similares establecidas por leyes y reglamentos para las compaÃ±Ã­as de seguros y de las destinadas a reservas para mantener su capital mÃ­nimo provenientes de las diferencias de cambio. Para las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley NÂº 861/96 serÃ¡n deducibles las utilidades del ejercicio que se destinen a mantener el capital mÃ­nimo ajustado a la inflaciÃ³n.
SerÃ¡n deducibles igualmente el 15% (quince por ciento) de las utilidades de las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley NÂº 861/96 destinadas a la Reserva Legal. El porcentaje de deducibilidad de las utilidades destinadas a la Reserva Legal disminuirÃ¡ tres puntos porcentuales, por cada punto porcentual de incremento de la tasa del IVA para cualesquiera de los bienes indicados en el ArtÃ­culo 91 de la presente Ley.
d)	AmortizaciÃ³n del valor llave.
e)	Gastos personales del dueÃ±o, socio o accionista, asÃ­ como sumas retiradas a cuenta de utilidades.
f)	Gastos directos correspondientes a la obtenciÃ³n de rentas no gravadas y exentas o exoneradas por el presente impuesto. Los gastos indirectos serÃ¡n deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n. No se incluye dentro del concepto de rentas no gravadas las no alcanzadas ni las exentas o las exoneradas.
g)	El Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo cuando el mismo estÃ© afectado directa o indirectamente a operaciones no gravadas por el mencionado impuesto, con excepciÃ³n de las exportaciones.â€�
â€œArt. 10.- Rentas internacionales. Las personas o entidades radicadas en el exterior, con o sin sucursal, agencia o establecimiento en el paÃ­s que realicen actividades gravadas, determinarÃ¡n sus rentas netas de fuente paraguaya, de acuerdo con los siguientes criterios, sin admitir prueba en contrario:
a)	El 10% (diez por ciento) sobre el monto de las primas y demÃ¡s ingresos provenientes de las operaciones de seguros o de reaseguros que cubran riesgos en el paÃ­s en forma exclusiva o no, o se refieran a bienes o personas que se encuentren ubicados o residan respectivamente en el paÃ­s, en el momento de la celebraciÃ³n del contrato.
b)	El 10% (diez por ciento) sobre el importe bruto proveniente de la realizaciÃ³n de operaciones de pasajes, radiogramas, llamadas telefÃ³nicas, servicios de transmisiÃ³n de audio y video, emisiÃ³n y recepciÃ³n de datos por internet protocol y otros servicios similares que se presten tanto desde el paÃ­s al exterior, asÃ­ como aquellas operaciones y servicios proveÃ­das desde el extranjero al territorio nacional.
c)	El 15% (quince por ciento) de las retribuciones brutas de las agencias internacionales de noticias, por servicios prestados a personas que utilicen los mismos en el paÃ­s.
d)	El 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos brutos de las empresas productoras distribuidoras de pelÃ­culas cinematogrÃ¡ficas o para la televisiÃ³n, de cintas magnÃ©ticas y cualquier otro medio similar de proyecciÃ³n.
e)	El 10% (diez por ciento) sobre el importe bruto proveniente de la realizaciÃ³n de operaciones de fletes de carÃ¡cter internacional.
f)	El 15% (quince por ciento) del ingreso bruto correspondiente a la cesiÃ³n del uso de contenedores.
g)	El 20% (veinte por ciento) de los importes brutos pagados, acreditados o remesados a entidades bancarias o financieras u otras instituciones de crÃ©dito de reconocida trayectoria en el mercado financiero y organismos multilaterales de crÃ©dito, radicadas en el exterior, en concepto de intereses o comisiones por prÃ©stamos u operaciones de crÃ©dito similares.
h)	El 50% (cincuenta por ciento) de los importes brutos pagados, acreditados o remesados en cualquier otro concepto no mencionado precedentemente.
i)	El 100% (cien por ciento) de los ingresos o importes brutos acreditados, pagados o remesados provenientes de las sucursales, agencias o subsidiarias de personas o entidades del exterior, situados en el paÃ­s, en todos y cualesquiera de los casos y conceptos.
Las sucursales, agencias o establecimientos de personas o entidades del exterior, asÃ­ como los demÃ¡s contribuyentes domiciliados en el paÃ­s, aplicarÃ¡n similar criterio o podrÃ¡n optar para determinar la renta neta de las actividades mencionadas en los incisos a), b), c) y e), por aplicar las disposiciones generales del impuesto. Si se adopta este Ãºltimo criterio serÃ¡ necesario que se lleve contabilidad, de acuerdo con lo que establezca la AdministraciÃ³n, siendo de aplicaciÃ³n lo previsto en el pÃ¡rrafo final del ArtÃ­culo 5Âº. Adoptado un sistema, el mismo no se podrÃ¡ variar por un perÃ­odo mÃ­nimo de cinco aÃ±os. El inciso i) no es de aplicaciÃ³n para los contribuyentes domiciliados en el paÃ­s.â€�
â€œArt. 14.- Exoneraciones
1) EstÃ¡n exoneradas las siguientes rentas:
a)	Los dividendos y las utilidades que obtengan los contribuyentes del impuesto a la renta domiciliados en el paÃ­s en carÃ¡cter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en este impuesto, cuando estÃ©n gravadas por el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las Rentas de las Actividades Agropecuarias, siempre que el total de los mismos no superen el 30% (treinta por ciento) de los ingresos brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio fiscal.
La exoneraciÃ³n no regirÃ¡ a los efectos de la aplicaciÃ³n de las tasas previstas en los numerales 3) y 4) del ArtÃ­culo 20.
b)	Las contribuciones o aportes efectuados a las instituciones pÃºblicas que administran los seguros mÃ©dicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, asÃ­ como los fondos privados de pensiÃ³n y jubilaciÃ³n por el sistema de capitalizaciÃ³n individual y el sistema nacional de seguro de salud pÃºblica, creados o admitidos por Ley, incluyendo las rentas, utilidades o excedentes que provengan de la inversiÃ³n, colocaciÃ³n, aprovechamiento econÃ³mico del fondo o capital obtenido en las Entidades del Sistema Bancario y Financiero regido por la Ley NÂº 861/96, incluyendo los Bonos o Debentures transados en el mercado de capitales. Quedan exceptuados de esta exoneraciÃ³n los actos y rentas que les generan por colocaciones, que provengan de las demÃ¡s operaciones realizadas con dichos fondos en forma permanente, habitual y organizadas en forma empresarial, conforme lo tiene definido el presente artÃ­culo en el numeral 2) inciso b).
c)	Los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursÃ¡tiles colocados a travÃ©s de la bolsa de valores, asÃ­ como los de los tÃ­tulos de deuda pÃºblica emitidos por el Estado o por las municipalidades.
d)	Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportaciÃ³n de bienes.
2)	EstÃ¡n exonerados:
a)	Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los ingresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos fines, en los lÃ­mites previstos en la Ley y en la reglamentaciÃ³n. A este efecto se entenderÃ¡ por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje siguiendo los preceptos dogmÃ¡ticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, tales como realizaciÃ³n de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses (diezmos o donaciones).
b)	Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucciÃ³n cientÃ­fica, literaria, artÃ­stica, gremial, de cultura fÃ­sica y deportiva, y de difusiÃ³n cultural y/o religiosa, asÃ­ como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos polÃ­ticos legalmente reconocidos y las entidades educativas de enseÃ±anza escolar bÃ¡sica, media, tÃ©cnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de EducaciÃ³n y Cultura, siempre que sean instituciones sin fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquellas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidos.
A los efectos de esta Ley, las entidades sin fines de lucro, mencionadas en los incisos a) y b), que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carÃ¡cter permanente, habitual y se encuentren organizados en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestaciÃ³n de servicios, quedarÃ¡n sujetos a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la actividad desarrollada tiene carÃ¡cter permanente, habitual y estÃ¡ organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementaciÃ³n de por lo menos dos factores de la producciÃ³n, de acuerdo con los parÃ¡metros que determine la reglamentaciÃ³n. Quedan excluidas de la precedente disposiciÃ³n y consecuentemente exoneradas del presente impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la enseÃ±anza escolar bÃ¡sica, media, tÃ©cnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de EducaciÃ³n y Cultura, asÃ­ como las que brindan servicio de asistencia mÃ©dica, cuando dicha prestaciÃ³n tiene carÃ¡cter social, tomando en consideraciÃ³n la capacidad de pago del beneficiario, o gratuitamente.
Las entidades con fines de lucro que se dediquen a la enseÃ±anza escolar bÃ¡sica, media, tÃ©cnica, terciaria y universitaria quedarÃ¡n sujetas al pago del Impuesto a la Renta, exclusivamente cuando distribuyan sus utilidades, en cuyo caso deberÃ¡n aplicar las alÃ­cuotas establecidas en el ArtÃ­culo 20 numerales 1), 2) y 3).
Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carÃ¡cter permanente, habitual y estÃ©n organizadas en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestaciÃ³n de servicios, conforme lo expresado precedentemente, tendrÃ¡n las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras del Impuesto a la Renta y de la Ley del Comerciante, debiendo estar inscriptas en el RUC y presentar balances y declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su obligaciÃ³n tributaria, y en los demÃ¡s casos, a los fines estadÃ­sticos y de control.
Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrÃ¡n, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentaciÃ³n legal pertinente.
c)	Las cooperativas conforme lo tiene establecido la Ley NÂº 438/94, De Cooperativas.â€�
â€œArt. 20.- Tasas.
1)	La tasa general del Impuesto serÃ¡ del 20% (veinte por ciento) para el primer aÃ±o de vigencia de la presente Ley y del 10% (diez por ciento) a partir del segundo aÃ±o, sobre las utilidades.
2)	Cuando las utilidades fueren distribuidas, se aplicarÃ¡ adicionalmente la tasa del 5% (cinco por ciento) a partir del segundo aÃ±o de la vigencia de la presente Ley, sobre los importes netos acreditados o pagados, el que fuere anterior, a los dueÃ±os, socios o accionistas. Las utilidades destinadas a la cuenta de reserva legal, o a reservas facultativas o a capitalizaciÃ³n no estarÃ¡n sujetas al impuesto establecido en este numeral.
3)	La casa matriz, sus socios o accionistas, domiciliados en el exterior deberÃ¡n pagar el impuesto correspondiente a las utilidades o dividendos acreditadas por las sucursales, agencias o establecimientos situados en el paÃ­s, aplicando la tasa del 15% (quince por ciento) sobre los importes netos acreditados, pagados o remesados, de ellos el que fuere anterior. Las utilidades destinadas a la cuenta de reserva legal, a reservas facultativas o a capitalizaciÃ³n no estarÃ¡n sujetas al impuesto establecido en este numeral.
4)	Las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior con o sin sucursal, agencia o establecimiento situados en el paÃ­s determinarÃ¡n el impuesto aplicando la suma de las tasas previstas en los numerales 1), 2) y 3) sobre las rentas obtenidas, independientemente de las mencionadas agencias, sucursales o establecimientos.
Se presume que las utilidades han sido acreditadas o pagadas en los siguientes casos:
a)	Si en un arqueo de caja por parte de la AdministraciÃ³n Tributaria, se detectare un faltante de dinero superior al 10% (diez por ciento) del monto de la cuenta â€œcajaâ€� declarada.
b)	Otorgamiento de prÃ©stamos al dueÃ±o, socio o accionistas, salvo que el objeto social sea la intermediaciÃ³n financiera y que el mismo no supere el 2% (dos por ciento) de su cartera de prÃ©stamos.
En estos casos se deberÃ¡ pagar el impuesto previsto en los numerales 2) o 3) del presente artÃ­culo, segÃºn el caso, con sus correspondientes recargos e intereses desde la fecha del ejercicio en que se produjeron las utilidades que se presumen distribuidas.
La distribuciÃ³n al dueÃ±o, socio o accionista del exceso de la reserva legal, de las reservas facultativas o del capital por reducciÃ³n del capital que fuera integrado por capitalizaciÃ³n de utilidades no distribuidas, constituyen actos gravados en concepto de distribuciÃ³n de utilidades sujetas al impuesto establecido en los numerales 2) y 3) del presente artÃ­culo, segÃºn el caso, en la fecha en que se dispuso su distribuciÃ³n. Se presume que la reducciÃ³n del capital proviene de la capitalizaciÃ³n de utilidades no distribuidas, salvo los casos de cierre o clausura de la empresa o por reducciÃ³n del capital por debajo del capital integrado con aportes de los socios distintos de la capitalizaciÃ³n de utilidades.â€�
ArtÃ­culo 4Â°.-	ModifÃ­canse los ArtÃ­culos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Libro I, TÃ­tulo 1, CapÃ­tulo II â€œRentas de las Actividades Agropecuariasâ€� de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, los que quedan ordenados y redactados como sigue:
â€œArt. 26.- Rentas Comprendidas. Las rentas provenientes de la actividad agropecuaria realizada en el territorio nacional, estarÃ¡n gravadas de acuerdo con los criterios que se establecen en este CapÃ­tulo.â€�
â€œArt. 27.- Actividad Agropecuaria. Se entiende por actividad agropecuaria la que se realiza con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilizaciÃ³n del factor tierra, capital y trabajo, tales como:
a) CrÃ­a o engorde de ganado, vacuno, ovino y equino.
b) ProducciÃ³n de lanas, cuero, cerdas y embriones.
c)	ProducciÃ³n agrÃ­cola, frutÃ­cola y hortÃ­cola.
d)	ProducciÃ³n de leche.
Se consideran comprendidos en el presente concepto, la tenencia, la posesiÃ³n, el usufructo, el arrendamiento o la propiedad de inmuebles rurales aÃºn cuando en los mismos no se realice ningÃºn tipo de actividad.
No estÃ¡n comprendidas las actividades que consisten en la manipulaciÃ³n, los procesos o tratamientos, cuando sean realizados por el propio productor para la conservaciÃ³n de los referidos bienes, como asÃ­ tampoco las comprendidas en el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Renta del PequeÃ±o Contribuyente y Rentas del Servicio de CarÃ¡cter Personal.â€�
â€œArt. 28.- Contribuyentes. SerÃ¡n contribuyentes:
a)	Las personas fÃ­sicas.
b)	Las sociedades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica.
c)	Las asociaciones, corporaciones y demÃ¡s entidades privadas de cualquier naturaleza.
d)	Las empresas pÃºblicas, entes autÃ¡rquicos, entidades descentralizadas, y sociedades de economÃ­a mixta.
e)	Las personas o entidades domiciliadas o constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el paÃ­s.â€�
â€œArt. 29.- Nacimiento de la ObligaciÃ³n Tributaria. El hecho imponible se configura al cierre del ejercicio fiscal que coincidirÃ¡ con el aÃ±o civil.â€�
â€œArt. 30.- Renta Bruta, Renta Neta y Tasa Impositiva. La determinaciÃ³n de la renta bruta se deberÃ¡ realizar en todos los casos, con independencia de que en el inmueble rural se realice o no un eficiente y racional aprovechamiento productivo.
A los efectos de esta Ley, se considera que un inmueble rural no tiene un uso eficiente y racional cuando en el mismo no se observa un aprovechamiento productivo de por lo menos el 30% (treinta por ciento) de su superficie agrolÃ³gicamente Ãºtil.
Se entiende como aprovechamiento productivo la utilizaciÃ³n del inmueble rural en actividades agrÃ­colas, granjeras, pecuarias, de manejo y aprovechamiento de bosques naturales de producciÃ³n, reforestaciÃ³n o forestaciÃ³n o utilizaciones agrarias mixtas.
La determinaciÃ³n de la Renta Bruta, la Renta Neta y el Impuesto se realizarÃ¡ en funciÃ³n a la superficie agrolÃ³gicamente Ãºtil de los inmuebles y a su explotaciÃ³n eficiente y racional segÃºn los siguientes criterios:
1)	Grandes Inmuebles.
a)	Renta Bruta. La renta bruta anual para los inmuebles rurales que individual o conjuntamente alcancen o tengan una superficie agrolÃ³gicamente Ãºtil superior a 300 has. (trescientas hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Oriental y 1500 has. (un mil quinientas hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Occidental, con un aprovechamiento productivo eficiente y racional serÃ¡ el ingreso total que genera la actividad agropecuaria.
b) Renta Neta. Para establecer la renta neta se deducirÃ¡n de la renta bruta todas las erogaciones relacionadas con el giro de la actividad, provenientes de gastos e inversiones que guarden relaciÃ³n con la obtenciÃ³n de las rentas gravadas y la manutenciÃ³n de la fuente productora, siempre que sean reales y estÃ©n debidamente documentadas, de conformidad con lo establecido en esta Ley y su reglamentaciÃ³n.
c)	TambiÃ©n serÃ¡n deducibles.
c.a)	En el caso de la actividad ganadera, para los criadores, se considerarÃ¡ como gastos deducibles en concepto de depreciaciÃ³n del 8% (ocho por ciento) del valor del ganado de las hembras en existencia destinadas a crÃ­a, declarado anualmente.
c.b)	Las pÃ©rdidas de inventario provenientes de mortandad, en ganado vacuno hasta un mÃ¡ximo del 3% (tres por ciento) de acuerdo al Ã­ndice nacional sin necesidad de comprobaciÃ³n ante la autoridad sanitaria nacional y en consecuencia no presumirÃ¡ la comercializaciÃ³n o venta de este faltante de inventario hasta el porcentaje precedentemente mencionado. De registrarse una mortandad mayor, la misma deberÃ¡ comprobarse ante dicha autoridad. En los casos de pÃ©rdida por robo, el contribuyente deberÃ¡ acreditar mediante la denuncia ante la autoridad policial y al Ministerio PÃºblico.
c.c)	La depreciaciÃ³n de mÃ¡quinas, mejoras e instalaciones con el mecanismo a ser determinado por la AdministraciÃ³n Tributaria.
c.d)	En el caso de las personas fÃ­sicas, todos los gastos e inversiones directamente relacionados con la actividad gravada, siempre que representen una erogaciÃ³n real, estÃ©n debidamente documentados y a precio de mercado, incluyendo la capitalizaciÃ³n en las sociedades cooperativas, asÃ­ como los fondos destinados conforme al ArtÃ­culo 45 de la Ley NÂ° 438/94. SerÃ¡n tambiÃ©n deducibles todos los gastos e inversiones personales y familiares a su cargo en que haya incurrido el contribuyente y destinados a la manutenciÃ³n, educaciÃ³n, salud, vestimenta, vivienda y esparcimiento propio y de los familiares a su cargo, siempre que la erogaciÃ³n estÃ© respaldada con documentaciÃ³n emitida legalmente de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.
c.e)	Los costos directos en que incurra el contribuyente en apoyo de las personas fÃ­sicas que exploten, en calidad de propietarios de fincas colindantes o cercanas, hasta 20% (veinte por ciento) de la renta bruta, siempre que dichos costos sean certificados por el Ministerio de Agricultura y GanaderÃ­a o la SecretarÃ­a de Agricultura de la GobernaciÃ³n respectiva. Las personas fÃ­sicas a que se refiere este inciso son aquellas con medianos y pequeÃ±os inmuebles, segÃºn lo establecido en esta Ley.
d)	Actos no deducibles. No serÃ¡n deducibles los actos de liberalidad. EntiÃ©ndase como actos de liberalidad aquellas erogaciones realizadas sin recibir una contraprestaciÃ³n econÃ³mica equivalente. Tampoco serÃ¡n deducibles aquellos actos cuya documentaciÃ³n no contengan al menos el nÃºmero de RUC o cÃ©dula de identidad del contribuyente, la fecha, el detalle de la operaciÃ³n y el timbrado de la AdministraciÃ³n Tributaria.
A partir de la vigencia de esta Ley, realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, dicha pÃ©rdida fiscal se podrÃ¡ compensar con la renta neta de los prÃ³ximos ejercicios hasta cinco aÃ±os, a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la misma. Si por la aplicaciÃ³n de las deducciones enunciadas en el inciso c) se generasen rentas netas negativas, las mismas no podrÃ¡n ser trasladadas a los ejercicios posteriores.
Esta disposiciÃ³n rige para las pÃ©rdidas fiscales que se generen a partir de la vigencia del presente impuesto.
e)	Tasa Impositiva. La tasa impositiva serÃ¡ el 10% (diez por ciento) sobre la renta neta determinada.
f)	Inmuebles no explotados racionalmente. Los inmuebles que no desarrollen un aprovechamiento productivo eficiente y racional de conformidad y con lo previsto en el ArtÃ­culo 30 pÃ¡rrafo segundo de la presente Ley y con las disposiciones del Estatuto Agrario, tributarÃ¡n de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.
2)	Medianos Inmuebles.
a)	Renta imponible. Para los inmuebles rurales que individualmente o conjuntamente, alcancen o tengan una superficie agrolÃ³gicamente Ãºtil inferior de 300 has. (trescientas hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Oriental y 1500 has. (un mil quinientas hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Occidental, la renta imponible anual se determinarÃ¡ en forma presunta, aplicando en todos los casos y sin excepciones, el valor bruto de producciÃ³n de la Superficie AgrolÃ³gicamente Util (SAU) de los inmuebles rurales que posea el contribuyente, ya sea en carÃ¡cter de propietario, arrendatario o poseedor a cualquier tÃ­tulo, el que serÃ¡ determinado tomando como base el Coeficiente de ProducciÃ³n Natural del Suelo (COPNAS) y los rendimientos de los productos que se citan en este artÃ­culo, multiplicados por el precio promedio de dichos productos en el aÃ±o agrÃ­cola inmediatamente anterior, conforme a la siguiente zonificaciÃ³n.
â€¢	Zona 1 o Zona Granera (COPNAS de 0.55 a 1.00): 1500 kg. de soja por hectÃ¡rea.
â€¢	Zona 2 o Zona de fibra (COPNAS de 0.31 a 0.54): 600 Kg. de AlgodÃ³n por hectÃ¡rea.
â€¢	Zona 3 o Zona Ganadera de alto rendimiento (COPNAS de 0.20 a 0.30) considÃ©rese una ganancia de 50 Kg. de peso vivo.
â€¢	Zona 4 o Zona Ganadera de rendimiento medio (COPNAS de 0.01 a 0.19) una ganancia de 25 kg. de peso vivo.
Los valores de los Coeficientes de ProducciÃ³n Natural del Suelo (COPNAS) por distrito o regiÃ³n se hallan estipulados en la tabla adjunta que forma parte de esta Ley. A los fines de los inmuebles ubicados en la RegiÃ³n Occidental, se aplicarÃ¡ lo dispuesto para la Zona 4.
b)	La renta imponible calculada de esta manera podrÃ¡ reducirse, para todo el paÃ­s o para determinadas regiones, en el porcentaje que el Poder Ejecutivo establezca para el aÃ±o, previo informe del Ministerio de Agricultura y GanaderÃ­a cuando por causas naturales o fenÃ³menos climÃ¡ticos se originen pÃ©rdidas extraordinarias y de carÃ¡cter colectivo no cubiertas por indemnizaciones o seguros. El Decreto deberÃ¡ emitirse antes del 31 de diciembre de cada aÃ±o.
c)	Tasa impositiva. La tasa impositiva serÃ¡ del 2,5% (dos y medio por ciento) sobre la Renta Imponible.
d)	CrÃ©dito Fiscal. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las compras de bienes y servicios destinados como insumos de la actividad productiva (insumos, maquinarias, etc.) constituirÃ¡ crÃ©dito fiscal siempre que la erogaciÃ³n estÃ© respaldada con documentaciÃ³n emitida legalmente de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.
e)	RectificaciÃ³n de ZonificaciÃ³n. En el caso en que el propietario se vea afectado por una zonificaciÃ³n errÃ³nea del inmueble por parte del COPNAS, ya sea total o parcialmente, tendrÃ¡ derecho a la rectificaciÃ³n de dicha zonificaciÃ³n por ResoluciÃ³n de la AdministraciÃ³n Tributaria o una entidad indicada por Ã©ste, para lo cual deberÃ¡ presentar, conjuntamente con la solicitud un estudio tÃ©cnico elaborado por profesional agrÃ³nomo idÃ³neo.
Interpuesta la solicitud, la AdministraciÃ³n deberÃ¡ dictar ResoluciÃ³n en un plazo de sesenta dÃ­as. Contra la ResoluciÃ³n denegatoria podrÃ¡n interponerse los recursos previstos en la Ley.â€�
â€œArt. 31.- Exoneraciones. EstÃ¡n exoneradas las personas fÃ­sicas que exploten, en calidad de propietarios, arrendatarios, tenedores, poseedores o usufructuarios, en los tÃ©rminos de esta Ley, uno o mÃ¡s inmuebles que en conjunto no superen una superficie agrolÃ³gicamente Ãºtil total de 20 has. (veinte hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Oriental o de 100 has. (cien hectÃ¡reas) en la RegiÃ³n Occidental. En caso de subdivisiones estarÃ¡n sujetos al presente rÃ©gimen todos aquellos predios o inmuebles en las condiciones en que venÃ­an tributando.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para determinar anualmente la disminuciÃ³n de hectÃ¡reas exoneradas de conformidad a la situaciÃ³n econÃ³mica del paÃ­s, asÃ­ como atendiendo a las limitaciones de la AdministraciÃ³n Tributaria, la que en ningÃºn caso podrÃ¡ ser inferior a lo establecido en el Estatuto Agrario.â€�
â€œArt. 32.- Superficie AgrolÃ³gicamente Util. Para la determinaciÃ³n de la Superficie AgrolÃ³gicamente Util (SAU) deberÃ¡n ser deducidas del total de las hectÃ¡reas del inmueble, las siguientes superficies:
a)	Las ocupadas por bosques naturales o cultivados, por lagunas permanentes o semi-permanentes y los humedales.
b)	Las Ã¡reas marginales no aptas para uso productivo, como afloramientos rocosos, esteros, talcales, saladares, etc.
c)	Las Ã¡reas silvestres protegidas bajo dominio privado, sometidas al rÃ©gimen de la Ley NÂº 352/94 â€œDe Areas Silvestres Protegidasâ€� o la que la modifique o sustituya.
d)	Las ocupadas por rutas, caminos vecinales y/o servidumbres de paso.
e)	Las Ã¡reas destinadas a servicios ambientales declaradas como tales por la autoridad competente.â€�
â€œArt. 33.- Para su deducciÃ³n los contribuyentes deberÃ¡n presentar la correspondiente declaraciÃ³n jurada sobre la superficie total y la SAU disponible ante la AdministraciÃ³n Tributaria o la entidad definida por la AdministraciÃ³n. En caso de que asÃ­ no lo hicieren serÃ¡n computados el total de las hectÃ¡reas. El Impuesto a las Rentas de Actividades Agropecuarias para inmuebles medianos previstos en el ArtÃ­culo 30 numeral 2) deberÃ¡ ser pagado en la Municipalidad donde se encuentra asentado el respectivo inmueble, previo convenio con el Ministerio de Hacienda. En caso que el inmueble este asentado en mÃ¡s de un municipio, el pago se harÃ¡ en el municipio donde el inmueble respectivo ocupe mayor superficie.â€�
â€œArt. 34.- Titularidad de la ExplotaciÃ³n. Se presumirÃ¡ que el propietario del inmueble rural es el titular de la renta salvo que terceros realicen las actividades gravadas mediante contrato por escrito de acuerdo con las normas legales vigentes presentado y registrado en la AdministraciÃ³n Tributaria.â€�
â€œArt. 35.- Ejercicio Fiscal y LiquidaciÃ³n. El ejercicio fiscal coincidirÃ¡ con el aÃ±o civil. El impuesto se liquidarÃ¡ anualmente por declaraciÃ³n jurada en la forma y condiciones que establezca la AdministraciÃ³n. A la referida presentaciÃ³n se deberÃ¡ adjuntar una DeclaraciÃ³n Jurada Anual de Patrimonio del Contribuyente, de conformidad con los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
Los contribuyentes sujetos al Impuesto a las Rentas de Actividades Agropecuarias sobre base presunta, en cualquier ejercicio podrÃ¡n optar por el sistema de liquidaciÃ³n y pago del Impuesto a la Renta en base al rÃ©gimen dispuesto para los grandes inmuebles o el de balance general y cuadro de resultados, siempre que comuniquen dicha determinaciÃ³n con una anticipaciÃ³n de por lo menos dos meses anteriores a la iniciaciÃ³n del nuevo ejercicio. Una vez optado por este rÃ©gimen no podrÃ¡ volverse al sistema previsto por un perÃ­odo de tres aÃ±os.â€�
â€œArt. 36.- IniciaciÃ³n de Actividades y Clausura. En los casos de inicio o clausura de actividades, la renta se determinarÃ¡ en proporciÃ³n al tiempo transcurrido durante el ejercicio fiscal, conforme a los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.â€�
â€œArt. 37.- Anticipos a Cuenta. Los contribuyentes de este impuesto ingresarÃ¡n sus anticipos en los tiempos que coincidan con los ciclos productivos agropecuarios de conformidad con lo que establezca la reglamentaciÃ³n, la que determinarÃ¡ los porcentajes, el sistema y forma. En ningÃºn caso el anticipo podrÃ¡ exceder el impuesto pagado el aÃ±o anterior.
Las tasas abonadas por los ganaderos al momento de la expediciÃ³n de las guÃ­as de traslado serÃ¡n considerados anticipos al pago del Impuesto a las Rentas de Actividades Agropecuarias, excepto las previstas en la Ley NÂ° 808/96 â€™Que Declara Obligatorio el Programa Nacional de ErradicaciÃ³n de la Fiebre Aftosa en todo el Territorio Nacional.â€�
â€œArt. 38.- DocumentaciÃ³n. Los contribuyentes de este impuesto quedan obligados a documentar las operaciones de venta de sus productos asÃ­ como las compras de sus insumos, materia prima y demÃ¡s gastos a ser deducidos. La AdministraciÃ³n Tributaria queda facultada a exigir otras documentaciones de acuerdo al giro de su actividad.â€�
â€œArt. 39.- Transferencias. La AdministraciÃ³n Tributaria transferirÃ¡ el 10% (diez por ciento) de los importes que perciba en concepto de este impuesto a las municipalidades de cada distrito en las que se genere el ingreso. Los recursos solo podrÃ¡n ser utilizados por las municipalidades en mantenimiento y conservaciÃ³n de los caminos vecinales.â€�
ArtÃ­culo 5Â°.-	DerÃ³gase el TÃ­tulo 2, â€œTributo Ãšnicoâ€� del Libro I, y sustitÃºyase por el siguiente TÃ­tulo que queda redactado como sigue:
â€œTITULO 2
RENTA DEL PEQUEÃ‘O CONTRIBUYENTEâ€�
â€œArt. 42.- Hecho Generador y Contribuyentes. El Impuesto a la Renta del PequeÃ±o Contribuyente gravarÃ¡ los ingresos provenientes de la realizaciÃ³n de actividades comerciales, industriales o de servicio que no sean de carÃ¡cter personal.
SerÃ¡n contribuyentes las empresas unipersonales domiciliadas en el paÃ­s, siempre que sus ingresos devengados en el aÃ±o civil anterior no superen el monto de G. 100.000.000 (GuaranÃ­es cien millones), parÃ¡metro que deberÃ¡ actualizarse anualmente por parte de la AdministraciÃ³n, en funciÃ³n del porcentaje de variaciÃ³n del Ã­ndice de precios al consumo que se produzca en el perÃ­odo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil que transcurre, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente. Las empresas unipersonales son aquellas consideradas como tales por el ArtÃ­culo 4Âº de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, Que Establece el Nuevo RÃ©gimen Tributario.
SerÃ¡n tambiÃ©n contribuyentes de este impuesto los propietarios o tenedores de bosques de una superficie no superior a 30 has. (treinta hectÃ¡reas), por la extracciÃ³n y venta de rollos de madera y leÃ±a.
En aquellas situaciones en que sea necesario facilitar la recaudaciÃ³n, el control o la liquidaciÃ³n del tributo, el Poder Ejecutivo queda facultado para suspender la actualizaciÃ³n anual para el aÃ±o correspondiente o a utilizar un porcentaje inferior al que resulte del procedimiento indicado en este artÃ­culo.
Quedan excluidos de este capÃ­tulo quienes realicen actividades de importaciÃ³n y exportaciÃ³n.â€�
â€�Art. 43.- Tasa Impositiva, Ejercicio Fiscal, LiquidaciÃ³n y Anticipo. La tasa impositiva serÃ¡ del 10% (diez por ciento) sobre la renta neta determinada. El ejercicio fiscal coincidirÃ¡ con el aÃ±o civil. El impuesto se liquidarÃ¡ anualmente por declaraciÃ³n jurada en la forma y condiciones que establezca la AdministraciÃ³n. Mensualmente el contribuyente junto con la declaraciÃ³n jurada del Impuesto al Valor Agregado deberÃ¡ ingresar el 50% (cincuenta por ciento) del importe que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la renta neta determinada, calculado sobre la base declarada para el pago de IVA, en concepto de anticipo a cuenta del Impuesto a la Renta del PequeÃ±o Contribuyente, que corresponda tributar al finalizar el ejercicio.
La renta neta se determinarÃ¡ en todos los casos sobre base real o presunta y se utilizarÃ¡ la que resulte menor. Se considera que la renta neta real es la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales debidamente documentados y la renta neta presunta es el 30% (treinta por ciento) de la facturaciÃ³n bruta anual.â€�
â€œArt. 44.- Registro. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta del PequeÃ±o Contribuyente deberÃ¡n llevar un libro de venta y de compras que servirÃ¡ de base para la liquidaciÃ³n de dicho impuesto asÃ­ como del Impuesto al Valor Agregado. La misma deberÃ¡ contener los datos y requisitos que establezca la reglamentaciÃ³n.â€�
â€œArt. 45.- Traslado de Sistema. Los PequeÃ±os Contribuyentes, podrÃ¡n trasladarse al sistema de liquidaciÃ³n y pago del Impuesto a la Renta en cualquier ejercicio en base al balance general y cuadro de resultados, siempre que comuniquen dicha determinaciÃ³n con una anticipaciÃ³n de por lo menos dos meses anteriores a la iniciaciÃ³n del nuevo ejercicio. Una vez optado por este rÃ©gimen no podrÃ¡ volverse al sistema previsto para el pequeÃ±o contribuyente.â€�
â€œArt. 46.- DisposiciÃ³n Suspensiva. IncorpÃ³rase al rÃ©gimen del Impuesto a la Renta del PequeÃ±o Contribuyente a todos los contribuyentes del Tributo Ãšnico, quienes abonarÃ¡n el impuesto conforme al rÃ©gimen presente, a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo.â€�
ArtÃ­culo 6Â°.-	ModifÃ­canse los ArtÃ­culos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, del Libro III, TÃ­tulo 1 â€œImpuesto al Valor Agregadoâ€� de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, los cuales quedan redactados como sigue:
â€œLIBRO III
IMPUESTO AL VALOR AGREGADOâ€�
â€œArt. 78.- Definiciones.
1)	Se considerarÃ¡ enajenaciÃ³n a los efectos de este impuesto toda operaciÃ³n a tÃ­tulo oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que otorgue a quienes los reciben la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario.
SerÃ¡ irrelevante la designaciÃ³n que las partes confieran a la operaciÃ³n asÃ­ como la forma de pago.
Quedan comprendidos en el concepto de enajenaciÃ³n operaciones tales como:
a)	La afectaciÃ³n al uso o consumo personal por parte del dueÃ±o, socios, directores y empleados de la empresa de los bienes de Ã©sta.
b)	Las locaciones con opciÃ³n de compra o que de algÃºn modo prevean la transferencia del bien objeto de la locaciÃ³n.
c)	Las transferencias de empresas; cesiÃ³n de cuotas parte y de acciones de sociedades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica si no se comunica a la AdministraciÃ³n Tributaria; adjudicaciones al dueÃ±o, socios y accionistas, que se realicen por clausura, disoluciÃ³n total o parcial, liquidaciones definitivas.
d)	Los contratos de compromiso con transferencia de la posesiÃ³n.
e)	Los bienes entregados en consignaciÃ³n.
2)	Por servicio se entenderÃ¡ toda prestaciÃ³n a tÃ­tulo oneroso o gratuito que sin configurar enajenaciÃ³n, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho, tales como:
a)	Los prÃ©stamos y financiaciones.
b)	Los servicios de obras sin o con entrega de materiales.
c)	Los seguros.
d)	Las intermediaciones en general.
e)	La cesiÃ³n del uso de bienes, tales como muebles, inmuebles o intangibles.
f)	El ejercicio de profesiones, artes u oficios.
g)	El transporte de bienes y personas.
h)	La utilizaciÃ³n personal por parte del dueÃ±o, socios y directores de la empresa, de los servicios prestados por Ã©sta.
PÃ¡rrafo Ãšnico: Se consideran servicios personales desarrollados en relaciÃ³n de dependencia aquellos que quien los realiza, debe contribuir al rÃ©gimen de jubilaciones y pensiones, o al sistema de seguridad social creado o admitido por Ley. En el caso de los docentes cuando contribuyan al Seguro MÃ©dico establecido por Ley NÂº 1725/2001 â€œQue Establece el Estatuto del Educadorâ€�.
3)	Por importaciÃ³n se entenderÃ¡ la introducciÃ³n definitiva de bienes al territorio nacional.â€�
â€œArt. 79.- Contribuyentes. SerÃ¡n contribuyentes:
a)	Las personas fÃ­sicas por el ejercicio efectivo de profesiones universitarias, independientemente de sus ingresos, y las demÃ¡s personas fÃ­sicas por la prestaciÃ³n de servicios personales en forma independiente cuando los ingresos brutos de estas Ãºltimas en el aÃ±o civil anterior sean superiores a un salario mÃ­nimo mensual en promedio o cuando se emita una factura superior a los mismos. La AdministraciÃ³n Tributaria reglamentarÃ¡ el procedimiento correspondiente. Transcurridos dos aÃ±os de vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo podrÃ¡ modificar el monto base establecido en este artÃ­culo.
En el caso de liberalizaciÃ³n de los salarios, los montos quedarÃ¡n fijados en los valores vigentes a ese momento.
A partir de entonces, la AdministraciÃ³n Tributaria deberÃ¡ actualizar dichos valores, al cierre de cada ejercicio fiscal, en funciÃ³n de la variaciÃ³n que se produzca en el Ã­ndice general de precios de consumo. La mencionada variaciÃ³n se determinarÃ¡ en el perÃ­odo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil que transcurre, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.
b)	Las cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley NÂº 438/94, De Cooperativas.
c)	Las empresas unipersonales domiciliadas en el paÃ­s, cuando realicen actividades comerciales, industriales o de servicios. Las empresas unipersonales son aquellas consideradas como tales en el ArtÃ­culo 4Â° de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 y el Impuesto a la Renta de Actividades, Comerciales, o de Servicios y a la Renta del PequeÃ±o Contribuyente.
d)	Las sociedades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica, las entidades privadas en general, asÃ­ como las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos cuando realicen las actividades mencionadas en el inciso c). Quedan comprendidos en este inciso quienes realicen actividades de importaciÃ³n y exportaciÃ³n.
e)	Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucciÃ³n cientÃ­fica, literaria, artÃ­stica, gremial, de cultura fÃ­sica y deportiva, asÃ­ como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demÃ¡s entidades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica respecto de las actividades realizadas en forma habitual, permanente, y organizada de manera empresarial, en el sector productivo, comercial, industrial, o de prestaciÃ³n de servicios gravadas por el presente impuesto, de conformidad con las disposiciones del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.
f)	Los entes autÃ¡rquicos, empresas pÃºblicas, entidades descentralizadas, y sociedades de economÃ­a mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios.
g)	Quienes introduzcan definitivamente bienes al paÃ­s y no se encuentren comprendidos en los incisos anteriores.â€�
â€œArt. 80.- Nacimiento de la ObligaciÃ³n. La configuraciÃ³n del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisiÃ³n de la factura, o acto equivalente, el que fuera anterior. Para el caso de Servicios PÃºblicos la configuraciÃ³n del nacimiento de la obligaciÃ³n tributaria serÃ¡ cuando se produzca el vencimiento del plazo para el pago del precio fijado.
La afectaciÃ³n al uso o consumo personal, se perfecciona en el momento del retiro de los bienes.
En los servicios, el nacimiento de la obligaciÃ³n se concreta con el primero que ocurra de cualquiera de los siguientes actos:
a)	EmisiÃ³n de Factura correspondiente.
b) PercepciÃ³n del importe total o de pago parcial del servicio a prestar.
c)	Al vencimiento del plazo previsto para el pago.
d)	Con la finalizaciÃ³n del servicio prestado.
En los casos de importaciones, el nacimiento de la obligaciÃ³n tributaria se produce en el momento de la numeraciÃ³n de la declaraciÃ³n aduanera de los bienes en la Aduana.â€�
â€œArt. 81.- Territorialidad. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen en este artÃ­culo estarÃ¡n gravadas las enajenaciones y prestaciones de servicios realizados en el territorio nacional, con independencia del lugar en donde se haya celebrado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, asÃ­ como quien los reciba y del lugar donde provenga el pago.
La asistencia tÃ©cnica y demÃ¡s servicios se considerarÃ¡n realizada en el territorio nacional, cuando la misma sea utilizada o aprovechada en el paÃ­s.
La cesiÃ³n del uso de bienes y derechos serÃ¡ de fuente paraguaya, cuando los mismos sean utilizados en la RepÃºblica, aÃºn en forma parcial, en el perÃ­odo pactado.
Los servicios de seguros se considerarÃ¡n prestados en el territorio nacional, cuando se verifiquen alguna de las siguientes situaciones:
a)	Cubran riesgos en la RepÃºblica en forma exclusiva o no, y
b)	Los bienes o las personas se encuentren ubicados o residan, respectivamente en el paÃ­s en el momento de la celebraciÃ³n del contrato.â€�
â€œArt. 82.- Base Imponible. En las operaciones a tÃ­tulo oneroso, la base imponible la constituye el precio neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes o a la prestaciÃ³n del servicio. Dicho precio se integrarÃ¡ con todos los importes cargados al comprador ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada.
En las financiaciones la base imponible la constituye el monto devengado mensualmente de los intereses, recargos, comisiones y cualquier otro concepto distinto de la amortizaciÃ³n del capital pagadero por el prestatario.
En las transferencias o enajenaciÃ³n de bienes inmuebles, se presume de derecho que el valor agregado mÃ­nimo, es el 30% (treinta por ciento) del precio de venta del inmueble transferido. En la transferencia de inmuebles a plazos mayores de dos aÃ±os, la base imponible lo constituye el 30% (treinta por ciento) del monto del precio devengado mensualmente.
En la actividad de compraventa de bienes usados, cuando la adquisiciÃ³n se realice a quienes no son contribuyentes del impuesto, la AdministraciÃ³n podrÃ¡ fijar porcentajes estimativos del valor agregado correspondiente.
En la cesiÃ³n de acciones de sociedades por acciones y cuota parte de sociedades de responsabilidad limitada, la base imponible la constituye la porciÃ³n del precio superior al valor nominal de las mismas.
Para determinar el precio neto se deducirÃ¡, en su caso, el valor correspondiente a los bienes devueltos, bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno, que consten en la factura o en otros documentos que establezca la AdministraciÃ³n, de acuerdo con las condiciones que la misma indique.
En la afectaciÃ³n al uso o consumo personal, adjudicaciones, operaciones a tÃ­tulo gratuito o sin precio determinado, el monto imponible lo constituirÃ¡ el precio corriente de la venta en el mercado interno. Cuando no sea posible determinar el mencionado precio, el mismo se obtendrÃ¡ de sumar a los valores de costo el bien colocado en la empresa en condiciones de ser vendido, un importe correspondiente al 30% (treinta por ciento) de los mencionados valores en concepto de utilidad bruta.
Para aquellos servicios en que se aplican aranceles, se considerarÃ¡n a Ã©stos como precio mÃ­nimo a los efectos del impuesto, salvo que pueda acreditarse documentalmente el valor real de la operaciÃ³n, mediante la facturaciÃ³n a un contribuyente del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.
FacÃºltase al Poder Ejecutivo a fijar procedimientos para la determinaciÃ³n de la base imponible de aquellos servicios que se presten parcialmente dentro del territorio nacional y que por sus caracterÃ­sticas no sea posible establecerla con precisiÃ³n. La base imponible asÃ­ determinada admitirÃ¡ prueba en contrario.
En todos los casos la base imponible incluirÃ¡ el monto de otros tributos que afecten la operaciÃ³n, con exclusiÃ³n del propio impuesto.
Cuando se introduzcan en forma definitiva bienes al paÃ­s, el monto imponible serÃ¡ el valor aduanero expresado en moneda extranjera determinado de conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarÃ¡n los tributos aduaneros, aun cuando estos tengan aplicaciÃ³n suspendida, asÃ­ como otros tributos que incidan en la operaciÃ³n con anterioridad al retiro de la mercaderÃ­a, mÃ¡s los tributos internos que graven dicho acto, excluido el Impuesto al Valor Agregado.
Cuando los bienes sean introducidos al territorio nacional por quienes se encuentren comprendidos en el inciso g) del ArtÃ­culo 79 de esta Ley, la base imponible mencionada precedentemente se incrementarÃ¡ en un 30% (treinta por ciento).â€�
â€œArt. 83.- Exoneraciones. Se exoneran:
1)	Las enajenaciones de:
a)	Productos agropecuarios en estado natural.
b)	Animales de la caza y de la pesca, vivos o no, en estado natural o que no hayan sufrido procesos de industrializaciÃ³n.
c)	Moneda extranjera y valores pÃºblicos y privados.
d)	Acervo hereditario a favor de los herederos a tÃ­tulo universal o singular, excluidos los cesionarios.
e)	CesiÃ³n de crÃ©ditos.
f)	Revistas de interÃ©s educativo, cultural y cientÃ­fico, libros y periÃ³dicos.
g)	Bienes de capital, producidos por fabricantes nacionales de aplicaciÃ³n directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario realizados por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley NÂº 60/90, del 26 de mayo de 1991.
Los montos indicados precedentemente deberÃ¡n actualizarse anualmente por parte de la AdministraciÃ³n, en funciÃ³n del porcentaje de variaciÃ³n del Ã­ndice de precios al consumo que se produzca en el periodo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil que transcurre, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente.
2)	Las siguientes prestaciones de servicios:
a)	Intereses de valores pÃºblicos y privados.
b)	DepÃ³sitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley NÂ° 861/96, asÃ­ como en las Cooperativas, entidades del Sistema de Ahorro y PrÃ©stamo para la Vivienda, y las entidades financieras pÃºblicas.
c)	Los prestados por funcionarios permanentes o contratados por Embajadas, Consulados, y organismos internacionales, acreditados ante el gobierno nacional, conforme con las leyes vigentes.
d)	Los servicios gratuitos prestados por las entidades indicadas en el numeral 4) inciso a) del presente artÃ­culo.
3)	Importaciones de:
a)	Los bienes cuya enajenaciÃ³n se exonera por el presente artÃ­culo.
b)	Los bienes considerados equipajes, introducidos al paÃ­s por los viajeros, concordantes con el CÃ³digo Aduanero.
c)	Los bienes introducidos al paÃ­s por miembros del Cuerpo DiplomÃ¡tico, Consular y de Organismos Internacionales, acreditados ante el Gobierno Nacional conforme con las leyes vigentes.
d)	Bienes de capital de aplicaciÃ³n directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario realizados por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley NÂº 60/90, del 26 de marzo de 1991.
Los montos indicados deberÃ¡n actualizarse anualmente por parte de la AdministraciÃ³n, en funciÃ³n del porcentaje de variaciÃ³n del Ã­ndice de precios al consumo que se produzca en el perÃ­odo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil que transcurre, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente.
4)	Las siguientes entidades:
a)	Los partidos polÃ­ticos reconocidos legalmente, las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucciÃ³n cientÃ­fica, literaria, artÃ­stica, gremial, de cultura fÃ­sica y deportiva, asÃ­ como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demÃ¡s entidades con personerÃ­a jurÃ­dica, siempre que no persigan fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquellas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidas.
Las entidades sin fines de lucro, a los efectos de esta Ley, que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carÃ¡cter permanente, habitual y estÃ©n organizadas en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestaciÃ³n de servicios, quedarÃ¡n sujeto a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la actividad desarrollada tiene carÃ¡cter permanente, habitual y estÃ¡ organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementaciÃ³n de por lo menos dos factores de la producciÃ³n, de acuerdo con los parÃ¡metros que determine la reglamentaciÃ³n. Quedan excluidas de la precedente disposiciÃ³n, y consecuentemente exoneradas del presente impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la enseÃ±anza escolar bÃ¡sica, media, tÃ©cnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de EducaciÃ³n y Cultura o por Ley de la NaciÃ³n. Asimismo quedan excluidas las que brindan las entidades sin fines de lucro de asistencia mÃ©dica, cuando sus servicios tienen carÃ¡cter social porque son prestados tomando en consideraciÃ³n la capacidad de pago del beneficiario, o gratuitamente.
Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carÃ¡cter permanente, habitual y estÃ©n organizadas en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestaciÃ³n de servicios, conforme lo expresado precedentemente, tendrÃ¡n las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras del Impuesto a la Renta y de la Ley del Comerciante, debiendo estar inscriptas en el RUC y presentar balances y declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su obligaciÃ³n tributaria, y en los demÃ¡s casos, a los fines estadÃ­sticos y de control. Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrÃ¡n, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentaciÃ³n legal pertinente.
b)	Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los actos provenientes exclusivamente del ejercicio del culto y servicio religioso. A este efecto se entenderÃ¡ por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje siguiendo los preceptos dogmÃ¡ticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, tales como realizaciÃ³n de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses (diezmos o donaciones).
c)	Las entidades educativas con fines de lucro reconocidas por el Ministerio de EducaciÃ³n y Cultura o por Ley de la NaciÃ³n, para la educaciÃ³n escolar bÃ¡sica, media, tÃ©cnica, terciaria y universitaria.
Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicaciÃ³n a la importaciÃ³n y la compra local de bienes, asÃ­ como la contrataciÃ³n de servicios que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquirente.â€�
â€œArt. 85.- DocumentaciÃ³n. Los contribuyentes, estÃ¡n obligados a extender y entregar facturas por cada enajenaciÃ³n y prestaciÃ³n de servicios que realicen, debiendo conservar copias de las mismas hasta cumplirse la prescripciÃ³n del impuesto.
Todo comprobante de venta, asÃ­ como los demÃ¡s documentos que establezca la ReglamentaciÃ³n deberÃ¡ ser timbrado por la AdministraciÃ³n antes de ser utilizado por el contribuyente o responsable. DeberÃ¡n contener necesariamente el RUC del adquirente o el nÃºmero del documento de identidad sean o no consumidores finales.
Todos los precios se deberÃ¡n anunciar, ofertar o publicar con el IVA incluido. En todas las facturas o comprobantes de ventas se consignarÃ¡ los precios sin discriminar el IVA, salvo para los casos en que el Poder Ejecutivo por razones de control disponga que el IVA se discrimine en forma separada del precio.
La AdministraciÃ³n establecerÃ¡ las demÃ¡s formalidades y condiciones que deberÃ¡n reunir los comprobantes de ventas y demÃ¡s documentos de ingreso o egreso, para admitirse la deducciÃ³n del crÃ©dito fiscal, la participaciÃ³n en la loterÃ­a fiscal, o para permitir un mejor control del impuesto.
Cuando el giro o naturaleza de las actividades haga dificultoso, a juicio de la AdministraciÃ³n, la emisiÃ³n de la documentaciÃ³n pormenorizada, Ã©sta podrÃ¡ a pedido de parte o de oficio, aceptar o establecer formas especiales de facturaciÃ³n.â€�
â€�Art. 86.- LiquidaciÃ³n del Impuesto. El impuesto se liquidarÃ¡ mensualmente y se determinarÃ¡ por la diferencia entre el "dÃ©bito fiscal" y el "crÃ©dito fiscal". El dÃ©bito fiscal lo constituye la suma de los impuestos devengados en las operaciones gravadas del mes. Del mismo se deducirÃ¡n: el impuesto correspondiente a devoluciones, bonificaciones y descuentos, asÃ­ como el impuesto correspondiente a los actos gravados considerados incobrables. El Poder Ejecutivo establecerÃ¡ las condiciones que determinan la incobrabilidad.
El crÃ©dito fiscal estarÃ¡ integrado por:
a)	La suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plaza realizadas en el mes, que cumplan con lo previsto en el ArtÃ­culo 85.
b)	El impuesto pagado en el mes al importar bienes.
c)	Las retenciones de impuesto efectuadas a los beneficiarios radicados en el exterior por la realizaciÃ³n de operaciones gravadas en territorio paraguayo.
No darÃ¡ derecho al crÃ©dito fiscal el impuesto incluido en los comprobantes que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y/o aquellos documentos visiblemente adulterados o falsos.
La deducciÃ³n del crÃ©dito fiscal estÃ¡ condicionada a que el mismo provenga de bienes o servicios que estÃ¡n afectados directa o indirectamente a las operaciones gravadas por el impuesto.
Cuando en forma simultÃ¡nea se realicen operaciones gravadas y no gravadas, la deducciÃ³n del crÃ©dito fiscal afectado indistintamente a las mismas, se realizarÃ¡ en la proporciÃ³n en que se encuentren las operaciones gravadas con respecto a las totales en el perÃ­odo que establezca el Poder Ejecutivo.
Quienes presten servicios personales podrÃ¡n deducir el crÃ©dito fiscal correspondiente a la adquisiciÃ³n de un auto-vehÃ­culo, hasta un valor de G. 100.000.000 (cien millones de guaranÃ­es) cada cinco aÃ±os. La venta posterior de dicho bien quedarÃ¡ igualmente gravada al precio real de la transferencia. Los restantes activos fijos afectados a dicha actividad estarÃ¡n igualmente gravados en la oportunidad que se enajenen, siempre que por los mismos se haya deducido el crÃ©dito fiscal correspondiente.
Cuando el crÃ©dito fiscal sea superior al dÃ©bito fiscal, dicho excedente podrÃ¡ ser utilizado como tal en las liquidaciones siguientes, pero sin que ello genere devoluciÃ³n, salvo los casos de cese de actividades, clausura o cierre definitivo de negocios, y aquellos expresamente previstos en la presente Ley.â€�
â€œArt. 87.- Tope del CrÃ©dito Fiscal. Los contribuyentes que apliquen una tasa inferior a la establecida en el ArtÃ­culo 91 inciso e) podrÃ¡n utilizar el 100% (cien por ciento) del crÃ©dito fiscal hasta el monto que agote el dÃ©bito fiscal correspondiente. El excedente del crÃ©dito fiscal, producido al final del ejercicio fiscal para el Impuesto a la Renta, no podrÃ¡ ser utilizado en las liquidaciones posteriores, ni tampoco podrÃ¡ ser solicitada su devoluciÃ³n, constituyÃ©ndose en un costo para el contribuyente, en tanto se mantenga la tasa diferenciada. Tampoco corresponderÃ¡ la devoluciÃ³n en caso de clausura o terminaciÃ³n de la actividad del contribuyente.â€�
â€œArt. 88.- CrÃ©dito Fiscal del Exportador y Asimilables. La AdministraciÃ³n Tributaria devolverÃ¡ el crÃ©dito fiscal correspondiente a los bienes o servicios que estÃ¡n afectados directa o indirectamente a las operaciones que realicen. Este crÃ©dito serÃ¡ imputado en primer tÃ©rmino contra el dÃ©bito fiscal, para el caso que el exportador tambiÃ©n realice operaciones gravadas en el mercado interno y consignadas en la declaraciÃ³n jurada y de existir excedente el mismo serÃ¡ destinado al pago de otros tributos fiscales vencidos o a vencer dentro del ejercicio fiscal a peticiÃ³n de parte y las retenciones, conforme lo establezca la reglamentaciÃ³n.
El saldo serÃ¡ devuelto en un plazo que no podrÃ¡ exceder los sesenta dÃ­as corridos a partir de la presentaciÃ³n de la solicitud, condicionado a que la misma estÃ© acompaÃ±ada de los comprobantes que justifiquen dicho crÃ©dito, la declaraciÃ³n jurada y la certificaciÃ³n de auditor independiente. El requerimiento de la certificaciÃ³n de auditor independiente lo establecerÃ¡ la AdministraciÃ³n Tributaria en funciÃ³n a informaciones tales como el volumen de exportaciones, tipo de actividad, entre otros. La falsa declaraciÃ³n del contribuyente y de su auditor serÃ¡ tipificada como defraudaciÃ³n fiscal y delito de evasiÃ³n fiscal.
Los exportadores podrÃ¡n solicitar la devoluciÃ³n acelerada del crÃ©dito presentando una garantÃ­a bancaria, financiera o pÃ³liza de seguros conforme al texto redactado por la AdministraciÃ³n Tributaria con el asesoramiento del Banco Central del Paraguay. En este sistema, el plazo para la devoluciÃ³n serÃ¡ de quince dÃ­as. El plazo de la garantÃ­a serÃ¡ por ciento veinte dÃ­as corridos contados desde la fecha de la solicitud.
En el caso de que la AdministraciÃ³n Tributaria no diere cumplimiento a la devoluciÃ³n del crÃ©dito dentro de los plazos establecidos, el contribuyente podrÃ¡ obtener la compensaciÃ³n automÃ¡tica con otros importes que el mismo pudiere tener en carÃ¡cter de agente de retenciÃ³n o que deba pagar como impuesto a la renta y/o sus anticipos.
Las solicitudes de devoluciÃ³n serÃ¡n tramitadas y resueltas en el mismo orden en que fueron presentadas. Para tales efectos se enumerarÃ¡n correlativamente y por listado independiente las solicitudes sin garantÃ­a bancaria y aquellas con garantÃ­a bancaria. No podrÃ¡ concederse el crÃ©dito a un solicitante posterior si un pedido anterior no se encontrase resuelto, excluyÃ©ndose del mismo las solicitudes cuestionadas por la AdministraciÃ³n.
Si la AdministraciÃ³n cuestiona todo o parte del crÃ©dito solicitado por el contribuyente por irregularidad en la documentaciÃ³n, ello implicarÃ¡ la no devoluciÃ³n o la devoluciÃ³n de la parte no objetada, debiendo en ambos casos iniciar sumario administrativo respecto de la parte cuestionada, siempre y cuando la objeciÃ³n no se refiera a una impugnaciÃ³n formal o Ã©sta fuere aceptada por el contribuyente. Los crÃ©ditos cuestionados serÃ¡n resueltos en el mismo orden en que fueron objetados.
La mora en la devoluciÃ³n por parte de la AdministraciÃ³n darÃ¡ lugar a la percepciÃ³n de intereses moratorios a la misma tasa que aplica la AdministraciÃ³n Tributaria en los casos de mora, excluidos los primeros sesenta dÃ­as corridos y pagaderos juntamente con la devoluciÃ³n del crÃ©dito fiscal. Transcurrido el plazo de sesenta dÃ­as de mora, el contribuyente podrÃ¡ denunciar el hecho al Ministro de Hacienda, debiendo disponerse, dentro de los diez dÃ­as de presentada la misma, la instrucciÃ³n de sumario administrativo a los funcionarios actuantes para la investigaciÃ³n y determinaciÃ³n de sus responsabilidades, si las hubiere. La denuncia infundada serÃ¡ sancionada con una multa equivalente a diez salarios mÃ­nimos mensuales vigentes para actividades diversas no especificadas en la RepÃºblica, pagadera dentro de los cinco dÃ­as de haberse dictado la ResoluciÃ³n correspondiente.
Los bienes ingresados al paÃ­s bajo el rÃ©gimen de admisiÃ³n temporaria con el objeto de ser transformados, elaborados, perfeccionados y posteriormente re-exportados tendrÃ¡n el mismo tratamiento fiscal de los exportadores.
De igual forma serÃ¡n considerados aquellos bienes extranjeros destinados a ser reparados o acabados en el paÃ­s, que ingresen por el mencionado rÃ©gimen.
PÃ¡rrafo Primero: Los fabricantes de bienes de capital tendrÃ¡n el mismo trato previsto en este artÃ­culo para los exportadores por las ventas realizadas en el mercado interno durante el ejercicio fiscal y por los saldos no recuperados del crÃ©dito fiscal afectado a la fabricaciÃ³n de dichos bienes, cuando dichos bienes son vendidos en los tÃ©rminos de la exoneraciÃ³n contemplada en el ArtÃ­culo 83 numeral 1) inciso g) de la presente Ley.â€�
â€œArt. 91.- Tasa. La tasa del impuesto serÃ¡:
a)	Del 5% (cinco por ciento) para contratos de cesiÃ³n de uso de bienes y enajenaciÃ³n de bienes inmuebles.
b)	Hasta 5% (cinco por ciento) sobre la enajenaciÃ³n de los siguientes bienes de la canasta familiar: arroz, fideos, yerba mate, aceites comestibles, leche, huevos, carnes no cocinadas, harina y sal yodada.
c)	Del 5% (cinco por ciento) sobre los intereses, comisiones y recargos de los prÃ©stamos y financiaciones.
d)	Del 5% (cinco por ciento) para enajenaciÃ³n de productos farmacÃ©uticos.
e)	Del 10% (diez por ciento) para todos los demÃ¡s casos.
El Poder Ejecutivo, transcurridos dos aÃ±os de vigencia de esta ley, podrÃ¡ incrementar hasta en un punto porcentual la tasa del impuesto por aÃ±o para los bienes indicados en los incisos c) y d) hasta alcanzar la tasa del 10% (diez por ciento).â€�
ArtÃ­culo 7Â°.-	ModifÃ­canse los ArtÃ­culos 106 y 108, Libro III, â€œImpuestos al Consumoâ€�, TÃ­tulo 2, â€œImpuesto Selectivo al Consumoâ€�, de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, los cuales quedan redactados como sigue:
â€œArt. 106.- Tasas Impositivas. Los bienes que se establecen en la siguiente tabla de tributaciÃ³n quedarÃ¡n gravados de acuerdo con la tasa impositiva que sigue:
El Poder Ejecutivo queda facultado a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de productos, dentro de cada numeral.â€�
â€œArt. 108.- LiquidaciÃ³n y pago. El impuesto es de liquidaciÃ³n mensual, con excepciÃ³n de los combustibles que se realizarÃ¡ por perÃ­odos semanales que abarcarÃ¡ de domingos a sÃ¡bados.
La AdministraciÃ³n establecerÃ¡ la oportunidad de la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n jurada y del pago, asÃ­ como la exigibilidad de libros y registros especiales o formas apropiadas de contabilizaciÃ³n. En las importaciones la liquidaciÃ³n se efectuarÃ¡ previamente al retiro de los bienes de la Aduana.
En los casos de bienes importados o de producciÃ³n nacional y que se hallen gravados por el Impuesto Selectivo al Consumo, cuando estos constituyan materia prima de bienes fabricados en el paÃ­s, el Impuesto abonado en la etapa anterior, serÃ¡ considerado como anticipo del Impuesto Selectivo al Consumo que corresponda abonar por la primera enajenaciÃ³n del bien final que se produce en el paÃ­s. En el caso de que el bien final fue exportado darÃ¡ derecho a reembolso o retorno.â€�
ArtÃ­culo 8Â°.-	ModifÃ­case el numeral 26) del ArtÃ­culo 128, los numerales 26) y 27) del ArtÃ­culo 133 y el â€œin fineâ€� del mismo artÃ­culo todos del Libro IV, TÃ­tulo 1, CapÃ­tulo Unico, â€œImpuesto a los Actos y Documentosâ€� de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, los cuales quedan redactados como sigue:
â€œArt. 128.-	26)	Las letras de cambio, giros, cheques de plaza a plaza, Ã³rdenes de pagos, cartas de crÃ©ditos y en general toda operaciÃ³n que implique una transferencia de fondos dentro del paÃ­s cuando el beneficiario de la misma es una persona distinta del emisor.â€�
â€œArt. 133.-	26)	1,5 %o (uno coma cinco por mil).
27)	2,0 %o (dos por mil).
El Poder Ejecutivo queda facultado a:
1) poner en vigencia la aplicaciÃ³n de los numerales 26 y 27 cuando razones de orden fiscal asÃ­ lo aconsejen; y,
2) fijar tasas menores en funciÃ³n a las necesidades de la polÃ­tica financiera que adopte el Gobierno.â€�
ArtÃ­culo 9Â°.-	ModifÃ­canse los ArtÃ­culos 188, 189, 194, 200, 239, 250 y 261 del Libro V, â€œDisposiciones de AplicaciÃ³n Generalâ€� de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 los cuales quedan redactados como sigue:
â€œArt. 188.- Vigencia y Publicidad. Las reglamentaciones y demÃ¡s disposiciones administrativas de carÃ¡cter general se aplicarÃ¡n desde el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en dos diarios de circulaciÃ³n nacional o desde la fecha posterior a su publicaciÃ³n que ellas mismas indiquen; cuando deban ser cumplidas exclusivamente por los funcionarios, se aplicarÃ¡n desde la fecha antes mencionada o de su notificaciÃ³n a Ã©stos.
La AdministraciÃ³n Tributaria, deberÃ¡ dentro de los noventa dÃ­as de vigencia de la presente Ley uniformar el criterio tÃ©cnico sustentado en las contestaciones a las consultas efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Libro V - CapÃ­tulo XIII - ArtÃ­culo 241 y siguientes de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992. Para dicho efecto, los beneficiarios de dichas resoluciones deberÃ¡n solicitar la confirmaciÃ³n o modificaciÃ³n de las contestaciones otorgadas a sus consultas dentro de los treinta dÃ­as siguientes a la fecha de vigencia de la presente Ley. Se presumirÃ¡ que los interesados que no formulen las consultas dentro de dicho plazo han perdido interÃ©s en la cuestiÃ³n planteada, quedando cualquier respuesta anterior emitida a favor de los mismos automÃ¡ticamente derogada a partir del vencimiento del plazo.
Cuando la AdministraciÃ³n Tributaria cambie de interpretaciÃ³n, o criterio no procederÃ¡ la aplicaciÃ³n con efecto retroactivo de la nueva interpretaciÃ³n o criterio.
AdemÃ¡s de la mencionada publicaciÃ³n la AdministraciÃ³n dispondrÃ¡ de una pÃ¡gina web en la que regularmente incorporarÃ¡:
a)	Las normas y demÃ¡s disposiciones de carÃ¡cter general.
b)	Las respuestas a las consultas vinculantes o no vinculantes.
c)	Las resoluciones administrativas recaÃ­das en los sumarios administrativos.
d)	La lista de los contribuyentes que no sean personas fÃ­sicas y sus respectivos RUC.
e)	Los lugares habilitados para el pago de tributos.
f)	Los lugares habilitados para la recepciÃ³n de declaraciones juradas.
g)	La lista de los comercios inhabilitados por sanciones tributarias.
h)	El calendario impositivo de pagos.
i)	Los formularios a ser utilizados para las distintas actuaciones tributarias.
j)	La lista de los contribuyentes con los montos pagados por cada impuesto.
k)	La lista de los contribuyentes morosos cuando la mora exceda de noventa dÃ­as.
l)	La lista de los beneficiarios de exoneraciones fiscales, por regÃ­menes especiales con la cuantificaciÃ³n, estimada o real del sacrificio fiscal.
m)	Los nombres y cargos de todos los funcionarios de la administraciÃ³n tributaria.
n)	Los resultados de las fiscalizaciones e intervenciones de la AdministraciÃ³n Tributaria que se encuentren firmes y ejecutoriados.
Ã±)	Los pedidos de devoluciÃ³n de crÃ©dito tributario del exportador, con indicaciÃ³n del nÃºmero de la solicitud, el nombre del exportador, el monto solicitado, indicando por separado aquellos con garantÃ­a bancaria.
o)	Los pedidos de devoluciÃ³n de crÃ©dito tributario del exportador con documentaciÃ³n observada por la AdministraciÃ³n, con indicaciÃ³n del nÃºmero asignado al expediente, el nombre del exportador y el monto pendiente de decisiÃ³n.
p)	Otra informaciÃ³n que siente las bases para una mayor transparencia.
En la difusiÃ³n de las resoluciones dictadas en las consultas vinculantes o no vinculantes y en las resoluciones recaÃ­das en los sumarios administrativos no se identificarÃ¡ al sujeto pasivo.
La pÃ¡gina web deberÃ¡ estar en servicio dentro de los treinta dÃ­as de entrada en vigencia de esta Ley y contener toda la informaciÃ³n desde el inciso a) hasta el inciso p) en un plazo que no excederÃ¡ de doce meses de la entrada en vigencia de la presente Ley. Se mantendrÃ¡ actualizada periÃ³dicamente y la informaciÃ³n incorporada a la pÃ¡gina no podrÃ¡ tener un atraso de mÃ¡s de sesenta dÃ­as.
En todos los casos, prevalecerÃ¡ toda la informaciÃ³n publicada en la Gaceta Oficial.â€�
â€œArt. 189.-	Facultades de la AdministraciÃ³n. La AdministraciÃ³n Tributaria dispondrÃ¡ de las mÃ¡s amplias facultades de administraciÃ³n y control y especialmente podrÃ¡:
1)	Dictar normas relativas a la forma y condiciones a las que se ajustarÃ¡n los administrados en materia de documentaciÃ³n y registro de operaciones, pudiendo incluso habilitar o visar libros y comprobantes de venta o compra, en su caso, para las operaciones vinculadas con la tributaciÃ³n y formularios para las declaraciones juradas y pagos.
2)	Exigir de los contribuyentes que lleven libros, archivos, registros o emitan documentos especiales o adicionales de sus operaciones pudiendo autorizar a determinados administrados para llevar una contabilidad simplificada y tambiÃ©n eximirlos de la emisiÃ³n de ciertos comprobantes.
3)	Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibiciÃ³n de sus libros y documentos vinculados a la actividad gravada, asÃ­ como requerir su comparecencia para proporcionar informaciones.
4)	Incautar o retener, previa autorizaciÃ³n judicial por el tÃ©rmino de hasta treinta dÃ­as prorrogables por una sola vez, por el mismo modo los libros, archivos, documentos, registros manuales o computarizados, asÃ­ como tomar medidas de seguridad para su conservaciÃ³n cuando la gravedad del caso lo requiera. La autoridad judicial competente serÃ¡ el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno que deberÃ¡ expedirse dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas. ResoluciÃ³n de la que podrÃ¡n recurrirse con efecto suspensivo.
5)	Requerir informaciones a terceros relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, asÃ­ como exhibir documentaciÃ³n relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributaciÃ³n.
No podrÃ¡n exigirse informe de:
a)	Las personas que por disposiciÃ³n legal expresa puedan invocar el secreto profesional incluyendo la actividad bancaria.
b)	Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio.
c)	Aquellos cuya declaraciÃ³n comportarÃ¡ violar el secreto de la correspondencia epistolar o de las comunicaciones en general.
6)	Constituir al inspeccionado en depositario de mercaderÃ­as y de los libros contables e impositivos, documentos o valores de que se trate, en paquetes sellados, lacrados o precintados y firmados por el funcionario, en cuyo caso aquel asumirÃ¡ las responsabilidades legales del depositario.
El valor de las mercaderÃ­as depositadas podrÃ¡ ser sustituido por fianza u otra garantÃ­a a satisfacciÃ³n del Ã³rgano administrativo.
Si se tratare de mercaderÃ­as, valores fiscales falsificados o reutilizados, o del expendio y venta indebido de valores fiscales o en los casos en que el inspeccionado rehusare de hacerse cargo del depÃ³sito, los valores, documentos o mercaderÃ­as deberÃ¡n custodiarse en la AdministraciÃ³n otorgÃ¡ndose los recibos correspondientes.
7)	Practicar inspecciones en locales ocupados por los contribuyentes, responsables o terceros. Si Ã©stos no dieren su consentimiento para el efecto, en todos los casos deberÃ¡ requerirse orden judicial de allanamiento de acuerdo con el derecho comÃºn. La autoridad judicial competente serÃ¡ el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno, el cual deberÃ¡ expedir en mandamiento, si procediere, dentro del tÃ©rmino perentorio de veinticuatro horas de haberse formulado el pedido.
8)	Controlar la confecciÃ³n de inventario, confrontar el inventario con las existencias reales y confeccionar inventarios.
9)	Citar a los contribuyentes y responsables, asÃ­ como a los terceros de quienes se presuma que han intervenido en la comisiÃ³n de las infracciones que se investigan, para que contesten o informen acerca de las preguntas o requerimientos que se les formulen, levantÃ¡ndose el acta correspondiente firmada o no por el citado.
10)	Suspender las actividades del contribuyente, hasta por el tÃ©rmino de tres dÃ­as hÃ¡biles, prorrogable por un perÃ­odo igual previa autorizaciÃ³n judicial, cuando se verifique cualquiera de los casos previstos en los numerales 1), 4), 6), 7), 10), 11), 13) y 14) del ArtÃ­culo 174 de la presente Ley, a los efectos de fiscalizar exhaustivamente el alcance de las infracciones constatadas y de otros casos de presunciones de defraudaciÃ³n, cuando tal clausura del local sea necesario para el cumplimiento de la fiscalizaciÃ³n enunciada precedentemente.
Durante el plazo de la medida el o los locales del contribuyente no podrÃ¡n abrir sus puertas al pÃºblico, haciÃ©ndose constar de esa circunstancia en la entrada o entradas de los mismos. La autoridad judicial competente serÃ¡ el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno de la CircunscripciÃ³n de AsunciÃ³n, el cual deberÃ¡ resolver, si procediere, dentro de veinticuatro horas de haberse formulado el pedido. La prÃ³rroga serÃ¡ concedida si la AdministraciÃ³n presenta al Juzgado evidencias de la constataciÃ³n de otras infracciones de los casos de presunciones de defraudaciÃ³n denunciados al solicitar la autorizaciÃ³n, incluso cuando las nuevas infracciones constatadas se refieran a los mismos casos siempre que se traten de hechos distintos.
La peticiÃ³n serÃ¡ formulada por la AdministraciÃ³n Tributaria y la decisiÃ³n judicial ordenando la suspensiÃ³n serÃ¡ apelable dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, la que deberÃ¡ ser otorgada sin mÃ¡s trÃ¡mite y al solo efecto devolutivo.
Para el cumplimiento de la medida decretada se podrÃ¡ requerir el auxilio de la fuerza pÃºblica, y en caso de incumplimiento serÃ¡ considerado desacato.
11)	Solicitar a la autoridad judicial competente el acceso a informaciÃ³n privada de los contribuyentes en poder de instituciones pÃºblicas nacionales, cuando ello sea necesario para la aplicaciÃ³n de las disposiciones de la presente Ley. Las informaciones asÃ­ obtenidas serÃ¡n mantenidas en secreto, y sÃ³lo serÃ¡n comunicadas a las autoridades tributarias y a los Ã³rganos y los tribunales administrativos y judiciales para el cumplimiento de sus funciones.
En el caso de que la informaciÃ³n estÃ© en poder de autoridades pÃºblicas extranjeras o internacionales, el acceso a la misma se regirÃ¡ por los tratados internacionales suscriptos entre los paÃ­ses involucrados y la RepÃºblica del Paraguay.
Para el cumplimiento de todas sus atribuciones, la AdministraciÃ³n podrÃ¡ requerir la intervenciÃ³n del Juez competente y Ã©ste, el auxilio de la fuerza pÃºblica, la que deberÃ¡ prestar ayuda en forma inmediata estando obligada a proporcionar el personal necesario para cumplir las tareas requeridas.â€�
â€œArt. 194.- RÃ©gimen de Certificados. EstablÃ©cese un rÃ©gimen de certificado de no adeudar tributos y accesorios para los contribuyentes y responsables que administra la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n.
SerÃ¡ obligatoria su obtenciÃ³n previo a la realizaciÃ³n de los siguientes actos:
a)	Obtener patentes municipales en general.
b)	Suscribir escritura pÃºblica de constituciÃ³n o cancelaciÃ³n de hipotecas en el carÃ¡cter de acreedor.
c)	Presentaciones a licitaciones pÃºblicas o concursos de precios.
d)	ObtenciÃ³n y renovaciÃ³n de crÃ©ditos de entidades de IntermediaciÃ³n financiera.
e)	AdquisiciÃ³n y enajenaciÃ³n de inmuebles y automotores.
f)	ObtenciÃ³n de pasaporte.
El certificado al solo efecto de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo siguiente acreditarÃ¡ que sus titulares han satisfecho el pago de los tributos exigibles al momento de la solicitud.
El incumplimiento de dicha exigencia impedirÃ¡ la inscripciÃ³n de los actos registrables y generarÃ¡ responsabilidad solidaria de las partes otorgantes, asÃ­ como tambiÃ©n la responsabilidad subsidiaria de los escribanos pÃºblicos actuantes, respecto de las obligaciones incumplidas.
La AdministraciÃ³n deberÃ¡ expedir dicho certificado en un plazo no mayor de cinco dÃ­as hÃ¡biles a contar del siguiente al de su solicitud. En caso de no expedirse en tÃ©rmino, el interesado podrÃ¡ sustituir dicho comprobante con la copia sellada de la solicitud del certificado y constancia notarial de la no expediciÃ³n del mismo en tÃ©rmino.
En caso de controversia en sede administrativa o jurisdiccional el certificado deberÃ¡ emitirse con constancia de la misma, lo cual no impedirÃ¡ la realizaciÃ³n de los actos referidos.
La AdministraciÃ³n reglamentarÃ¡ el funcionamiento del presente rÃ©gimen. DispondrÃ¡ asimismo la fecha de su entrada en vigencia. Hasta dicha fecha para la realizaciÃ³n de los actos enumerados en el presente artÃ­culo, se requerirÃ¡ la presentaciÃ³n de la copia certificada de la declaraciÃ³n jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del Ãºltimo ejercicio fiscal para el cual el plazo de presentaciÃ³n a la AdministraciÃ³n ya venciÃ³.â€�
â€œArt. 200.- Notificaciones Personales. Las resoluciones expresas o fictas que determinen tributos, impongan sanciones administrativas, decidan recursos, decreten la apertura a prueba y, en general todas aquellas que causen gravamen irreparable, serÃ¡n notificadas personalmente o por cÃ©dula al interesado en el domicilio constituido en el expediente y, a falta de Ã©ste, en el domicilio fiscal o real.
Las notificaciones personales se practicarÃ¡n directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, personalmente o por cÃ©dula, courrier, telegrama colacionado. Se tendrÃ¡ por practicada la notificaciÃ³n en la fecha en que se haga constar la comparecencia o incomparecencia en el expediente, si se hubieren fijado dÃ­as de notificaciones.
Igualmente, en la fecha en que se reciba el aviso de retorno del colacionado, deberÃ¡ agregarse al expediente las respectivas constancias. Si la notificaciÃ³n se efectuare en dÃ­a inhÃ¡bil o en dÃ­as en que la AdministraciÃ³n Tributaria no desarrolle actividad, se entenderÃ¡ realizada en el primer dÃ­a hÃ¡bil siguiente.
En caso de ignorarse el domicilio, se citarÃ¡ a la parte interesada por edictos publicados por cinco dÃ­as consecutivos en un diario de gran difusiÃ³n, bajo apercibimiento de que si no compareciere sin justa causa se proseguirÃ¡ el procedimiento sin su comparecencia.
ExistirÃ¡ notificaciÃ³n tÃ¡cita cuando la persona a quien ha debido notificarse una actuaciÃ³n, efectÃºa cualquier acto o gestiÃ³n que demuestre o suponga su conocimiento.â€�
â€œArt. 239.- Multas.	El funcionario actuante serÃ¡ considerado â€œdenuncianteâ€�, de cualquier infracciÃ³n a la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 y tendrÃ¡ derecho hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las multas que se aplicaren y cobraren al trasgresor. Se considera que el funcionario actÃºa en carÃ¡cter de denunciante en nombre y representaciÃ³n de los funcionarios pÃºblicos de la AdministraciÃ³n Tributaria, entre quienes se deberÃ¡ distribuir el producido de la participaciÃ³n en la multa mediante un sistema equitativo que se establecerÃ¡ reglamentariamente por resoluciÃ³n de la AdministraciÃ³n Tributaria.â€�
â€œArt. 250.-	RecaudaciÃ³n y SimplificaciÃ³n de Procedimientos en Beneficio del Contribuyente. Lo recaudado por concepto de tributos, multas, recargos o intereses, serÃ¡ depositado en las cuentas bancarias legalmente habilitadas.
La AdministraciÃ³n Tributaria habilitarÃ¡ en todos los Municipios de la RepÃºblica una o mÃ¡s agencias receptoras de declaraciones juradas, de pago de impuestos, de informaciÃ³n a los contribuyentes y responsables, de recepciÃ³n y entrega de comprobantes de venta para el timbrado, asÃ­ como los demÃ¡s documentos que establezca la AdministraciÃ³n. Asimismo, se podrÃ¡ contratar con Gobiernos locales, entidades bancarias, financieras, cooperativas, entes pÃºblicos y/o privados que la AdministraciÃ³n considere conveniente, tanto en materia de recaudaciÃ³n como de servicios conexos relacionados con la gestiÃ³n de la AdministraciÃ³n Tributaria.
Al efecto deberÃ¡ suscribirse un contrato y el contratado asumirÃ¡ las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios pÃºblicos por el mal desempeÃ±o de sus trabajos, debiendo remunerarse por dichos servicios de manera uniforme, conforme al volumen y caracterÃ­sticas propias de las operaciones.
La AdministraciÃ³n podrÃ¡ requerir al contratado garantÃ­as reales o personales sobre las gestiones que se le encomienden.â€�
â€œArt. 261.-	Sorteos y LoterÃ­as Fiscales. La AdministraciÃ³n Tributaria implementarÃ¡ un Sistema de LoterÃ­a Fiscal con sorteos mensuales, u otro sistema de incentivos, con premios en dinero en efectivo por un total anual no inferior a G. 14.000.000.000 (GuaranÃ­es catorce mil millones) ni superior a G. 20.000.000.000 (GuaranÃ­es veinte mil millones). PodrÃ¡n participar del mismo los consumidores finales, que hayan realizado compras de bienes y servicios exigiendo la documentaciÃ³n legal de carÃ¡cter fiscal.
La AdministraciÃ³n Tributaria dispondrÃ¡ las medidas administrativas y reglamentarias pertinentes para el funcionamiento del sistema, asegurando su regularidad, transparencia, publicidad y participaciÃ³n de los consumidores de todas las Ã¡reas del paÃ­s para cuyo efecto dividirÃ¡ los sorteos y premios en regionales y nacionales.
Adicionalmente, se podrÃ¡ implementar mecanismos alternativos a fin de incentivar la formalizaciÃ³n de la economÃ­a.â€�
DE LA CREACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL SERVICIO
DE CARACTER PERSONAL
ArtÃ­culo 10.-	Hecho Generador, Contribuyentes y Nacimiento de la ObligaciÃ³n Tributaria.
1)	Hecho Generador. EstarÃ¡n gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realizaciÃ³n de actividades que generen ingresos personales. Se consideran comprendidas, entre otras:
a)	El ejercicio de profesiones, oficios u ocupaciones o la prestaciÃ³n de servicios personales de cualquier clase, en forma independiente o en relaciÃ³n de dependencia, sea en instituciones privadas, publicas, entes descentralizados, autÃ³nomos o de economÃ­a mixta, entidades binacionales, cualquiera sea la denominaciÃ³n del beneficio o remuneraciÃ³n.
b)	El 50% (cincuenta por ciento) de los dividendos, utilidades y excedentes que se obtengan en carÃ¡cter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias, distribuidos o acreditados, asÃ­ como de aquellas que provengan de cooperativas comprendidas en este TÃ­tulo.
c)	Las ganancias de capital que provengan de la venta ocasional de inmuebles, cesiÃ³n de derechos y la venta de tÃ­tulos, acciones y cuotas de capital de sociedades.
d)	Los intereses, comisiones o rendimientos de capitales y demÃ¡s ingresos no sujetos al Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades Agropecuarias y Renta del PequeÃ±o Contribuyente.
2)	Contribuyentes. SerÃ¡n contribuyentes:
a)	Personas fÃ­sicas.
b)	Sociedades simples.
3)	Nacimiento de la ObligaciÃ³n Tributaria: El nacimiento de la obligaciÃ³n tributaria se configurarÃ¡ al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirÃ¡ con el aÃ±o civil.
El mÃ©todo de imputaciÃ³n de las rentas y de los gastos, serÃ¡ el de lo efectivamente percibido y pagado respectivamente, dentro del ejercicio fiscal.
ArtÃ­culo 11.-	Definiciones.
1)	Se entenderÃ¡ por servicios de carÃ¡cter personal aquellos que para su realizaciÃ³n es preponderante la utilizaciÃ³n del factor trabajo, con independencia de que los mismos sean prestados por una persona natural o por una sociedad simple. Se encuentran comprendidos entre ellos los siguientes:
a)	El ejercicio de profesiones universitarias, artes, oficios y la prestaciÃ³n de servicios personales de cualquier naturaleza.
b)	Las actividades de despachantes de aduana y rematadores.
d)	Los prestados en relaciÃ³n de dependencia.
e)	El desempeÃ±o de cargos pÃºblicos, electivos o no, sea en forma dependiente o independiente.
2)	Se entienden por dividendos y utilidades aquellas que se obtengan en carÃ¡cter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicio que no sean de carÃ¡cter personal y de las actividades agropecuarias.
3)	ConsidÃ©ranse ganancias de capital a las rentas que generan la venta ocasional de inmuebles, las que provienen de la venta o cesiÃ³n de derechos, tÃ­tulos, acciones o cuotas de capital, intereses, comisiones o rendimientos, regalÃ­as y otros similares que no se encuentren gravados por el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Renta de las Actividades Agropecuarias y Renta del PequeÃ±o Contribuyente.
ArtÃ­culo 12.-	Fuente. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarÃ¡n de fuente paraguaya las rentas que provengan del servicio de carÃ¡cter personal, prestados en forma dependiente o independiente a personas y entidades privadas o pÃºblicas, autÃ³nomas, descentralizadas o de economÃ­a mixta, y entidades binacionales, cuando la actividad se desarrolle dentro del territorio nacional con independencia de la nacionalidad, domicilio, residencia o lugar de celebraciones de los acuerdos o contratos.
Igualmente, serÃ¡n consideradas de fuente paraguaya las rentas provenientes del trabajo personal cuando consistieren en sueldos u otras remuneraciones que abonen el Estado, las Entidades Descentralizadas, las Municipalidades, Gobernaciones, Entidades Binacionales, y las sociedades de economÃ­a mixta, cuando afecta al personal nacional y a sus representantes en el extranjero o a otras personas fÃ­sicas a las que se encomiende funciones fuera del paÃ­s, salvo que tales remuneraciones abonen el Impuesto a la Renta Personal en el paÃ­s de destino, con una alÃ­cuota igual o superior a la incidencia del presente impuesto.
Los dividendos y utilidades, son de fuente paraguaya cuando dicha utilidad proviene de actividades de empresas radicadas en el paÃ­s.
Las ganancias de capital son de fuente paraguaya cuando el inmueble estÃ© ubicado en jurisdicciÃ³n paraguaya, y cuando las utilidades de la venta de los tÃ­tulos, acciones o cuotas de capital provengan de sociedades constituidas o domiciliadas en el paÃ­s.
ArtÃ­culo 13.-	Renta Bruta, PresunciÃ³n de Renta Imponible y Renta Neta.
1)	Renta Bruta. ConstituirÃ¡ renta bruta cualquiera sea su denominaciÃ³n o forma de pago:
a)	Las retribuciones habituales o accidentales de cualquier naturaleza provenientes del trabajo personal, en relaciÃ³n de dependencia, prestados a personas, entidades, empresas unipersonales, sociedades con o sin personerÃ­a jurÃ­dica, asociaciones y fundaciones con o sin fines de lucro, cualquiera sea la modalidad del contrato.
Se considerarÃ¡n comprendidas, las remuneraciones que perciban el dueÃ±o, los socios, gerentes, directores y demÃ¡s personal superior de sociedades o entidades por concepto de servicios que presten en el carÃ¡cter de tales.
b)	Las retribuciones provenientes del desempeÃ±o de cargos pÃºblicos, electivos o no, habituales, ocasionales, permanentes o temporales, en la AdministraciÃ³n Central y los demÃ¡s poderes del Estado, los entes descentralizados y autÃ³nomos, las municipalidades, Gobernaciones, Entidades Binacionales y demÃ¡s entidades del sector pÃºblico.
c)	Las retribuciones habituales o accidentales de cualquier naturaleza, provenientes de actividades desarrolladas en el ejercicio libre de profesiones, artes, oficios, o cualquier otra actividad similar, asÃ­ como los derechos de autor.
Quedan comprendidos los ingresos provenientes de las actividades desarrolladas por los comisionistas, corredores, despachantes de aduanas y demÃ¡s intermediarios en general, asÃ­ como la prestaciÃ³n de servicios personales de cualquier naturaleza.
Los consignatarios de mercaderÃ­as se consideran comprendidos en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.
d)	El 50% (cincuenta por ciento) de los importes que se obtenga en concepto de dividendos, utilidades y excedentes en carÃ¡cter de accionistas, o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicio que no sean de carÃ¡cter personal.
e)	Los ingresos brutos que generen la venta ocasional de inmuebles, cesiÃ³n de derechos, tÃ­tulos, acciones o cuotas de capital, intereses, comisiones o rendimientos obtenidos, regalÃ­as y otros similares que no se encuentren gravadas por el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias.
2)	PresunciÃ³n de Renta Imponible. Respecto de cualquier contribuyente, se presume, salvo prueba en contrario, que todo enriquecimiento o aumento patrimonial procede de rentas sujetas por el presente impuesto. En su caso, el contribuyente estarÃ¡ compelido a probar que el enriquecimiento o aumento patrimonial proviene de actividades no gravadas por este impuesto.
3)	Renta Neta. Para la determinaciÃ³n de la renta neta se deducirÃ¡n de la renta bruta:
a)	Los descuentos legales por aportes al Instituto de PrevisiÃ³n Social o a Cajas de Jubilaciones y Pensiones creadas o admitidas por Ley o Decreto-Ley.
b)	Las donaciones al Estado, a las municipalidades, a las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, asÃ­ como las entidades con personerÃ­a jurÃ­dica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio pÃºblico por la administraciÃ³n. El Poder Ejecutivo podrÃ¡ establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas donaciones.
c)	Los gastos y erogaciones en el exterior, en cuanto estÃ©n relacionados directamente con la generaciÃ³n de rentas gravadas, de acuerdo a los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n. Los gastos indirectos serÃ¡n deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
d)	En el caso de las personas fÃ­sicas, todos los gastos e inversiones directamente relacionados con la actividad gravada, siempre que represente una erogaciÃ³n real, estÃ©n debidamente documentados y a precios de mercado, incluyendo la capitalizaciÃ³n en las sociedades cooperativas, asÃ­ como los fondos destinados conforme al ArtÃ­culo 45 de la Ley NÂº 438/94. SerÃ¡n tambiÃ©n deducibles todos los gastos e inversiones personales y familiares a su cargo en que haya incurrido el contribuyente y destinados a la manutenciÃ³n, educaciÃ³n, salud, vestimenta, vivienda y esparcimiento propio y de los familiares a su cargo, siempre que la erogaciÃ³n estÃ© respaldada con documentaciÃ³n emitida legalmente de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.
e)	Para las personas que no son aportantes de un seguro social obligatorio, hasta un 15% (quince por ciento) de los ingresos brutos de cada ejercicio fiscal colocados sea en
e.a) depÃ³sitos de ahorro en Entidades Bancarias o Financieras regidas por la Ley NÂº 861/96;
e.b) en Cooperativas que realicen actividades de Ahorro y CrÃ©dito;
e.c) en inversiones en acciones nominativas en Sociedades Emisoras de Capital Abierto del paÃ­s; y,
e.d) en fondos privados de jubilaciÃ³n del paÃ­s, que tengan por lo menos 500 (quinientos) aportantes activos. Cuando el contribuyente opte por realizar una o mÃ¡s de las colocaciones admitidas, la deducibilidad por este concepto quedarÃ¡ siempre limitada al porcentaje indicado en este inciso. Para admitir la deducibilidad, las inversiones deberÃ¡n realizarse a plazos superiores a tres aÃ±os. En caso que el contribuyente retire estos depÃ³sitos o venda sus acciones antes de transcurridos tres ejercicios fiscales, se computarÃ¡ como ingresos gravados el monto inicialmente destinado a tales propÃ³sitos con un incremento del 33% (treinta y tres por ciento) anual, salvo que el contribuyente lo haya reinvertido dentro de los sesenta dÃ­as siguientes inmediatamente en cualquiera de las alternativas especificadas en el presente inciso por igual o superior monto. A efecto de control del cÃ³mputo temporal regirÃ¡ la primera operaciÃ³n financiera como fecha de referencia. Transcurrido dicho plazo estas inversiones constituirÃ¡n ingresos exentos. La AdministraciÃ³n Tributaria queda plenamente facultada a requerir a las entidades depositarias comprobaciÃ³n de las cuentas de ahorro y a las entidades emisoras la certificaciÃ³n respecto del paquete accionario del contribuyente, asÃ­ como a los depÃ³sitos centralizados de valores la certificaciÃ³n respecto del paquete accionario y de tÃ­tulos valores del contribuyente. Mientras no exista un depÃ³sito centralizado de valores, el Poder Ejecutivo determinarÃ¡ el procedimiento de aplicaciÃ³n.
f)	En el caso de sociedades simples, todas las erogaciones e inversiones que guarden relaciÃ³n con la obtenciÃ³n de rentas gravadas y la mantenciÃ³n de su fuente, siempre que las mismas sean erogaciones reales y estÃ©n debidamente documentadas. Los gastos indirectos serÃ¡n deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
En todos los casos aplicables, las deducciones estÃ¡n limitadas al monto de la renta bruta y condicionadas a que se encuentren totalmente documentadas de acuerdo a las disposiciones legales con la constancia de por lo menos el NÃºmero de RUC o cÃ©dula de identidad del contribuyente, fecha y detalle de la operaciÃ³n y timbrado de la AdministraciÃ³n Tributaria.
En el caso de las ganancias de capital por transferencia de inmuebles, cesiÃ³n de derechos, tÃ­tulos, acciones o cuotas de capital, regalÃ­as y otros similares que no se encuentren alcanzados por el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Renta de las Actividades Agropecuarias y Renta del PequeÃ±o Contribuyente, se presume de derecho que la renta neta constituye el 30% (treinta por ciento) del valor de venta o la diferencia entre el precio de compra del bien y el precio de venta, siempre que se haya materializado, por lo menos la compra, mediante instrumento inscripto en un registro pÃºblico, la que resulte menor. En el caso de las acciones, tÃ­tulos y cuotas de capital, cuando el adquirente de las mismas es un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios se tomarÃ¡ la renta real que produce la operaciÃ³n de conformidad con la documentaciÃ³n respaldatoria y las registraciones contables correspondientes.
Realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, la pÃ©rdida fiscal, cuando provengan de inversiones, se podrÃ¡ compensar con la renta neta de los prÃ³ximos ejercicios fiscales hasta un mÃ¡ximo de cinco, a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la misma.
Las pÃ©rdidas de ejercicios anteriores no podrÃ¡n deducirse en un monto superior al 20% (veinte por ciento) de los ingresos brutos de futuros ejercicios fiscales.
ArtÃ­culo 14.-	Conceptos no Deducibles.
a)	El presente Impuesto a la Renta.
c)	Los gastos que afecten directamente a operaciones no gravadas, exentas o exoneradas por el presente impuesto. Los gastos indirectos no serÃ¡n deducibles en la misma proporciÃ³n en que se encuentren con respecto a las rentas no gravadas, exentas o exoneradas.
d)	Los actos de liberalidad. EntiÃ©ndase como actos de liberalidad aquellas erogaciones realizadas sin recibir una contraprestaciÃ³n econÃ³mica equivalente.
ArtÃ­culo 15.- Exoneraciones y Renta Temporalmente Exceptuada.
1)	Se exoneran las siguientes rentas:
a)	Las pensiones que reciban del Estado los veteranos, lisiados y mutilados de la Guerra del Chaco, asÃ­ como los herederos de los mismos.
b)	Las remuneraciones que perciban los diplomÃ¡ticos, agentes consulares y representantes de gobiernos extranjeros, por el desempeÃ±o de sus funciones, a condiciÃ³n de que exista en el paÃ­s de aquellos, un tratamiento de reciprocidad para los funcionarios paraguayos de igual clase.
c)	Los beneficiarios por las indemnizaciones percibidas por causa de muerte o incapacidad total o parcial, enfermedad, maternidad, accidente o despido.
d)	Las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, siempre que se hayan efectuado los aportes obligatorios a un seguro social creado o admitido por Ley.
e)	Los intereses, comisiones o rendimientos por las inversiones, depÃ³sitos o colocaciones de capitales en entidades bancarias y financieras en el paÃ­s, regidas por la Ley NÂº 861/96, asÃ­ como en Cooperativas que realicen actividades de Ahorro y CrÃ©dito, incluyendo las devengadas a favor de sus accionistas, socios, empleados y directivos y los rendimientos provenientes de los tÃ­tulos de deuda emitidos por Sociedades Emisoras, autorizadas por la ComisiÃ³n Nacional de Valores.
f)	Las diferencias de cambio provenientes de colocaciones en entidades nacionales o extranjeras, asÃ­ como de la valuaciÃ³n del patrimonio.
2)	A los efectos de la incidencia del Impuesto establecido en el presente CapÃ­tulo queda determinado que las personas que obtengan ingresos dentro de los siguientes rangos quedarÃ¡n excluidos temporalmente de la incidencia de este impuesto.
Para el primer ejercicio de vigencia de este impuesto, el rango no incidido queda fijado en diez salarios mÃ­nimos mensuales o su equivalente a ciento veinte salarios mÃ­nimos mensuales en el aÃ±o calendario para cada persona fÃ­sica contribuyente.
El rango no incidido deberÃ¡ ir disminuyendo progresivamente en un salario mÃ­nimo por aÃ±o hasta llegar a tres salarios mÃ­nimos mensuales o su equivalente a treinta y seis salarios mÃ­nimos mensuales en el aÃ±o calendario.
El salario mÃ­nimo se refiere al establecido para las actividades diversas no especificadas en la RepÃºblica vigente al inicio del ejercicio fiscal que se liquida.
Esta exceptuaciÃ³n no es aplicable a las sociedades simples que presten alguno de los servicios personales gravados.
3)	En el caso de liberalizaciÃ³n de los salarios, los montos por concepto de rango no incidido quedarÃ¡n fijados en los valores vigentes a ese momento.
A partir de entonces, la AdministraciÃ³n Tributaria deberÃ¡ actualizar dichos valores, al cierre de cada ejercicio fiscal, en funciÃ³n de la variaciÃ³n que se produzca en el Indice General de Precios de Consumo. La mencionada variaciÃ³n se determinarÃ¡ en el perÃ­odo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil que transcurre, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.
ArtÃ­culo 16.-	LiquidaciÃ³n y Pago del Impuesto, Tasas y Anticipos a Cuenta.
1)	DeclaraciÃ³n Jurada. Las personas que ademÃ¡s de ser contribuyentes del presente impuesto sean tambiÃ©n contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Renta de las Actividades Agropecuarias y Renta del PequeÃ±o Contribuyente, deberÃ¡n presentar una sola declaraciÃ³n jurada, en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la AdministraciÃ³n.
2) LiquidaciÃ³n. El impuesto se liquidarÃ¡ anualmente por declaraciÃ³n jurada en la forma y condiciones que establezca la AdministraciÃ³n, quedando facultada la misma para establecer los plazos en que los contribuyentes y responsables deberÃ¡n presentar las declaraciones juradas y efectuar el pago del impuesto correspondiente.
Al inicio de la vigencia del presente impuesto, asÃ­ como conjuntamente con la referida presentaciÃ³n anual, se deberÃ¡ adjuntar la DeclaraciÃ³n Jurada de Patrimonio gravado del Contribuyente, de acuerdo con los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
3) Tasas. Los contribuyentes deberÃ¡n aplicar la tasa general del 10% (diez por ciento) sobre la Renta Neta Imponible cuando sus ingresos superen los 10 salarios mÃ­nimos mensuales y la del 8% (ocho por ciento) cuando fueran inferiores a ellos.
4) Anticipos a Cuenta. La AdministraciÃ³n Tributaria podrÃ¡ establecer el pago de anticipos a cuenta.
Las disposiciones de aplicaciÃ³n general dispuestas en el Libro V de la Ley NÂ° 125/91, del 9 de enero de 1992, serÃ¡n aplicadas al presente impuesto.
Los profesionales cuyos ingresos resulten de honorarios no sujetos a un sueldo o estipendio fijo periÃ³dico, no estarÃ¡n obligados a efectuar anticipos de rentas por la parte de dichos ingresos, por tratarse de renta acÃ­clica.
ArtÃ­culo 17.-	Personas no Domiciliadas en el PaÃ­s. Las personas fÃ­sicas domiciliadas en el exterior que accidentalmente obtengan rentas por la realizaciÃ³n dentro del territorio nacional de alguna de las actividades gravadas, determinarÃ¡n el impuesto aplicando la tasa del 20% (veinte por ciento) sobre la renta neta de fuente paraguaya, la que constituirÃ¡ el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos percibidos en este concepto, debiendo actuar como Agente de RetenciÃ³n la persona que pague, acredite o remese dichas rentas.
ArtÃ­culo 18.-	DocumentaciÃ³n. A los efectos del presente impuesto, la documentaciÃ³n deberÃ¡ ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por la AdministraciÃ³n Tributaria.
ArtÃ­culo 19.-	SerÃ¡n de aplicaciÃ³n al presente impuesto lo dispuesto en el Libro V, â€œDisposiciones de AplicaciÃ³n Generalâ€� de la Ley NÂ° 125/91, del 9 de enero de 1992.
DE LA CREACION DE LA PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIA
PARA AUTOVEHICULOS
ArtÃ­culo 20.-	Hecho Imponible, Contribuyentes, Nacimiento de la ObligaciÃ³n Tributaria, LiquidaciÃ³n y Pago. EstablÃ©cese una Patente Fiscal por Ãºnica vez a la tenencia de autovehÃ­culos, en que serÃ¡n contribuyentes las personas fÃ­sicas, personas jurÃ­dicas y demÃ¡s entidades pÃºblicas o privadas de cualquier naturaleza, propietarios o poseedores de cualquier tÃ­tulo de autovehÃ­culos, registrado o registrable en el Registro Automotor.
El hecho imponible se configura a partir de la vigencia de esta Ley y la liquidaciÃ³n y el pago del presente impuesto se harÃ¡ en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
ArtÃ­culo 21.-	Contralor. Los escribanos pÃºblicos y quienes ejerzan tales funciones no podrÃ¡n extender escrituras relativas a transmisiÃ³n, modificaciÃ³n o creaciÃ³n de derechos reales sobre los autovehÃ­culos sin el comprobante del previo pago de la patente fiscal, cuyos datos deberÃ¡n insertarse en la escritura.
El incumplimiento de dicha exigencia impedirÃ¡ la inscripciÃ³n de los actos registrables y generarÃ¡ responsabilidad solidaria de las partes otorgantes, asÃ­ como tambiÃ©n responsabilidad subsidiaria de los escribanos actuantes, respecto de las obligaciones incumplidas.
La presente disposiciÃ³n regirÃ¡ tambiÃ©n respecto de la obtenciÃ³n de la patente municipal.
ArtÃ­culo 22.-	Deberes, Derechos y Registros. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n al presente impuesto, las disposiciones del Libro V de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 â€œQue Establece el Nuevo RÃ©gimen Tributarioâ€�, sin perjuicio de las previstas en el CÃ³digo Aduanero.
ArtÃ­culo 23.-	Base Imponible. La base imponible la constituye el valor aforo de los autovehÃ­culos, que publicarÃ¡ la AdministraciÃ³n Tributaria.
La Base imponible determinada en el presente artÃ­culo y sujeta al presente impuesto, corresponderÃ¡ a los autovehÃ­culos cuyo valor aforo supere la suma de U$S 30.000 (DÃ³lares americanos treinta mil).
ArtÃ­culo 24.-	Tasa Impositiva. La tasa impositiva de la patente fiscal serÃ¡ del 2% (dos por ciento).
ArtÃ­culo 25.-	Exoneraciones. EstarÃ¡n exentos del pago de la Patente fiscal de autovehÃ­culos:
a)	Los vehÃ­culos oficiales.
b)	Los pertenecientes a organismos internacionales, agentes diplomÃ¡ticos, consulares y representantes de gobiernos extranjeros, a condiciÃ³n de que exista en el paÃ­s de aquellos un tratamiento de reciprocidad.
c)	Los autovehÃ­culos que constituyan bienes de cambio en los tÃ©rminos previstos en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992.
d)	Los vehÃ­culos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos reconocidos por autoridad competente, ambulancia, maquinarias agropecuarias y de construcciÃ³n, cosechadoras, tractores y motocicletas, camiones, camionetas con capacidad de cargas superiores a quinientos kilogramos, furgones, Ã³mnibus y microÃ³mnibus.
e)	Los automÃ³viles utilizados para el transporte de personas reconocidas por autoridad competente.
ArtÃ­culo 26.-	Instrumento de Control. La SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n queda facultada para exigir la utilizaciÃ³n de instrumentos de control que serÃ¡n emitidos por la AdministraciÃ³n, la que establecerÃ¡ las caracterÃ­sticas que deberÃ¡n reunir los mismos y las formalidades de su utilizaciÃ³n.
ArtÃ­culo 27.-	AutorÃ­zase a la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n, dependiente del Ministerio de Hacienda a fiscalizar y controlar el cumplimiento, por parte de los contribuyentes sin excepciones, de todas las obligaciones tributarias establecidas en la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 â€œQue Establece el Nuevo RÃ©gimen Tributarioâ€� y sus modificaciones, en todo el territorio nacional, respecto de sus propias operaciones asÃ­ como tambiÃ©n con respecto a las operaciones de otros contribuyentes, con las limitaciones establecidas en el ArtÃ­culo 189, numeral 5), de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992. TratÃ¡ndose de contribuyentes regidos por la Ley NÂº 861/96 que prevÃ© el deber del secreto, las fiscalizaciones se realizarÃ¡n en coordinaciÃ³n con la Superintendencia de Bancos, conforme al reglamento a ser dictado conjuntamente por el Ministro de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. En los casos de sumarios administrativos abiertos para la investigaciÃ³n de infracciones tributarias y mediante resoluciÃ³n fundada, la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n queda facultada a fiscalizar a terceros no contribuyentes. DerÃ³gase expresamente toda disposiciÃ³n legal anterior en contrario, que hayan sido establecidas en leyes generales o especiales, sin ningÃºn tipo de limitaciÃ³n o excepciÃ³n.
ArtÃ­culo 28.-	Cuando el contribuyente que, habiendo ejercido su defensa en los sumarios administrativos, o ante la jurisdicciÃ³n contencioso administrativo fuere condenado al pago de impuestos y multas por resoluciÃ³n o sentencia ejecutoriada, y no abonare la misma, surgiendo indicios de las constancias del proceso el ocultamiento o desapoderamiento de bienes para evitar el cobro compulsivo, la AdministraciÃ³n Tributaria remitirÃ¡ los antecedentes al Ministerio PÃºblico para su investigaciÃ³n.
ArtÃ­culo 29.-	En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el ArtÃ­culo 3Âº de la Ley NÂº 1535/99 â€œDe AdministraciÃ³n Financiera del Estadoâ€�, actÃºe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad econÃ³mica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representaciÃ³n o en representaciÃ³n de la contraparte, sean en relaciÃ³n de dependencia o no, no podrÃ¡n exceder del 50% (cincuenta por ciento) del mÃ­nimo legal, hasta cuyo importe deberÃ¡n atenerse los jueces de la RepÃºblica para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley NÂº 1376/88 â€œArancel de Abogados y Procuradoresâ€�, conforme a esta disposiciÃ³n.
ArtÃ­culo 30.-	El acceso, permanencia y promociÃ³n en los cargos en la AdministraciÃ³n Tributaria se realizarÃ¡n mediante concurso de mÃ©ritos y aptitudes.
La AdministraciÃ³n Tributaria deberÃ¡ realizar una selecciÃ³n por concurso o competencia para los funcionarios que pasarÃ¡n a formar parte del plantel de la AdministraciÃ³n Tributaria y Aduanera, asÃ­ como implementarÃ¡ por lo menos una evaluaciÃ³n anual o cuando se considere pertinente, la cual en ambos casos deberÃ¡ llevarse a cabo con una empresa, nacional o internacional, de reconocida trayectoria y solvencia moral.
El Poder Ejecutivo dentro de un plazo no mayor al de sesenta dÃ­as posteriores a la sanciÃ³n de esta ley, deberÃ¡ establecer el reglamento, el que necesariamente comprenderÃ¡:
a)	Las bases y condiciones para dicho concurso.
b)	Las faltas graves en sus funciones entre las cuales se deberÃ¡ incluir la falsificaciÃ³n o adulteraciÃ³n de instrumentos pÃºblicos, la retenciÃ³n indebida de ingresos pÃºblicos, modificaciÃ³n con intenciÃ³n dolosa en la recepciÃ³n, trascripciÃ³n y validaciÃ³n de informaciÃ³n, tanto manual como electrÃ³nica, la no aceptaciÃ³n reiterada de las fiscalizaciones realizadas a travÃ©s del proceso de revisiÃ³n o revocaciÃ³n por la autoridad superior proveniente de mala fe o impericia comprobada, entre otros.
c)	Un sistema de premiaciÃ³n por su laboriosidad y resultados positivos en las tareas encomendadas a los funcionarios de la AdministraciÃ³n Tributaria y Aduanera.
La reglamentaciÃ³n de las funciones de la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n, asÃ­ como el reglamento del funcionariado de la misma deberÃ¡n dictarse dentro de los sesenta dÃ­as de vigencia de esta Ley.
ArtÃ­culo 31.-	Las tareas de fiscalizaciÃ³n a los contribuyentes se realizarÃ¡n:
a) Las integrales, mediante sorteos periÃ³dicos entre los contribuyentes de una misma categorÃ­a de acuerdo a criterios objetivos que establezca la AdministraciÃ³n, los que serÃ¡n llevados a cabo en actos pÃºblicos con la mÃ¡xima difusiÃ³n; y,
b) Las puntuales cuando fueren determinadas por el Subsecretario de TributaciÃ³n respecto a contribuyentes o responsables sobre los que exista sospecha de irregularidades detectadas por la auditorÃ­a interna, controles cruzados, u otros sistemas o forma de anÃ¡lisis de informaciones de la AdministraciÃ³n en base a hechos objetivos. De confirmarse la existencia de irregularidades en oportunidad de dicha fiscalizaciÃ³n, la AdministraciÃ³n podrÃ¡ determinar la fiscalizaciÃ³n integral de tales contribuyentes o responsables.
La AdministraciÃ³n Tributaria reglamentarÃ¡ los plazos de realizaciÃ³n de las fiscalizaciones integrales y puntuales, en funciÃ³n a aspectos tales como el tamaÃ±o de la empresa, nÃºmeros de sucursales o depÃ³sitos, tipo de actividad o giro comercial, entre otros. Los plazos mÃ¡ximos serÃ¡n de ciento veinte dÃ­as para las fiscalizaciones integrales y de cuarenta y cinco dÃ­as para las puntuales, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por un perÃ­odo igual, mediante ResoluciÃ³n de la AdministraciÃ³n Tributaria, cuando por el volumen del trabajo no pudiese concluirse dentro del plazo inicial.
ArtÃ­culo 32.-	Si el contribuyente o la propia AdministraciÃ³n Tributaria considerase que la fiscalizaciÃ³n no se realizÃ³ de una manera correcta desde el punto de vista tÃ©cnico, o que ha concluido con imputaciones notoriamente infundadas, tendrÃ¡ derecho a solicitar u ordenar una reverificaciÃ³n. Si la AdministraciÃ³n considera, a tenor del informe de la reverificaciÃ³n, que la fiscalizaciÃ³n inicial era tÃ©cnicamente incorrecta o que las imputaciones eran notoriamente infundadas deberÃ¡ iniciar un sumario administrativo contra los fiscalizadores actuantes y, de confirmarse cualquiera de dichos extremos, la sanciÃ³n consistirÃ¡ en la suspensiÃ³n en sus funciones sin goce de sueldo por un plazo de tres meses, en el primer caso, de seis en el segundo, y en la tercera oportunidad el despido de la funciÃ³n pÃºblica, previo sumario administrativo.
ArtÃ­culo 33.-	Los contribuyentes con una facturaciÃ³n anual igual o superior a G. 6.000.000.000 (GuaranÃ­es seis mil millones), deberÃ¡n contar con dictamen impositivo de una auditorÃ­a externa, el cual deberÃ¡ estar reglamentado por la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n. Dicho monto podrÃ¡ actualizarse anualmente por parte de la AdministraciÃ³n Tributaria, en funciÃ³n del porcentaje de variaciÃ³n del Ã�ndice de Precios al Consumo que se produzca en el perÃ­odo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada aÃ±o civil, de acuerdo con la informaciÃ³n que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.
Adicionalmente, la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n podrÃ¡ establecer opcionalmente para todos o parte de los contribuyentes de una misma categorÃ­a la posibilidad de contratar una auditorÃ­a impositiva anual que serÃ¡ realizada por empresas o personas fÃ­sicas del sector privado especializadas en el ramo, cuyo costo estarÃ¡ a cargo del contribuyente, con cargo a remitir el informe a la AdministraciÃ³n Tributaria.
A los efectos del presente artÃ­culo para las auditorÃ­as de balances y cuadro de resultados, estado de origen y aplicaciÃ³n de fondos, estado de evoluciÃ³n del patrimonio neto para fines de auditorÃ­a establecidos en este artÃ­culo, la SubsecretarÃ­a de Estado de TributaciÃ³n crearÃ¡ un Registro de Auditores Externos que estarÃ¡n habilitados para efectuar esta tarea y establecerÃ¡ las normas tÃ©cnica-contables a las cuales deberÃ¡n ajustarse los informes, los criterios a ser tenidos en cuenta, asÃ­ como los datos y requisitos que deberÃ¡ contener el informe de la auditorÃ­a.
Los profesionales mencionados precedentemente serÃ¡n directamente responsables del resultado del servicio prestado, asÃ­ como de las que derivan del mal desempeÃ±o o del incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La auditorÃ­a impositiva informarÃ¡ sobre la razonabilidad de las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes. Facultase a la AdministraciÃ³n Tributaria reglamentar la presente disposiciÃ³n.
El reglamento establecerÃ¡ las causales de suspensiÃ³n o del retiro del registro de auditores externos para aquellas personas que hayan incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones, en caso de comprobarse el mal desempeÃ±o, asÃ­ como las causales de inhabilitaciÃ³n definitiva en caso de reiteraciÃ³n.
SUSPENSIONES, DEROGACIONES Y MODIFICACIONES
ArtÃ­culo 34.-	SuspensiÃ³n de vigencia. SuspÃ©ndase la vigencia de los ArtÃ­culos 5Âº incisos b), e), g) e i); 8Âº; 9Âº y 13 de la Ley NÂº 60/90, del 26 de marzo de 1991 â€œQue aprueba con modificaciones, el Decreto-Ley NÂº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, Por el cual se modifica y amplÃ­a el Decreto-Ley NÂº 19, de fecha 28 de abril de 1990, Que establece el rÃ©gimen de incentivos fiscales para la inversiÃ³n de capital de origen nacional y extranjeroâ€�.
ArtÃ­culo 35.-	Derogaciones.
1)	DerÃ³ganse las siguientes disposiciones:
a)	El inciso i) del ArtÃ­culo 3Âº, asÃ­ como el ArtÃ­culo 32 de la Ley NÂº 109/91, del 6 de enero de 1992 â€œQue Aprueba con Modificaciones el Decreto-Ley NÂº 15 de fecha 8 de marzo de 1990, Que Establece las Funciones y Estructura OrgÃ¡nica del Ministerio de Haciendaâ€�.
b)	Los ArtÃ­culos 15, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 90, 128 numerales 25) y 34), 133 numerales 25) y 34), y 235 de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 â€œQue Establece el Nuevo RÃ©gimen Tributarioâ€� y sus modificaciones.
2)	DerÃ³ganse las siguientes disposiciones en la parte que otorgan exoneraciones generales o especiales:
a)	El ArtÃ­culo 2Âº de la Ley NÂº 22, de fecha 6 de agosto de 1992, Que exonera de tributos la importaciÃ³n y comercializaciÃ³n de libros, periÃ³dicos y revistasâ€�, modificada por Ley NÂº 1450/99.
b)	Las disposiciones tributarias contenidas en la Ley NÂº 210, del 19 de junio de 1993 â€œQue modifica y amplÃ­a disposiciones legales que establecen incentivos fiscales para el mercado de capitalesâ€� y sus modificaciones.
c)	El ArtÃ­culo 4Âº de la Ley NÂº 302, del 29 de diciembre de 1993 â€œQue exonera del pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del Estado y de otras instituciones y modifica el ArtÃ­culo 184 de la Ley NÂº 1173/85â€�.
d)	El ArtÃ­culo 18 de la Ley NÂº 523, del 16 de enero de 1995 â€œQue Autoriza y Establece el RÃ©gimen de Zonas Francasâ€�.
e)	El ArtÃ­culo 24 de la Ley NÂº 548, del 21 de abril de 1995 â€œSobre RetasaciÃ³n y RegularizaciÃ³n Extraordinaria de Bienes de Empresasâ€�, y sus modificaciones.
f)	El inciso d) del ArtÃ­culo 4Âº de la Ley NÂº 797, del 13 de diciembre de 1995, â€œDe EstabilizaciÃ³n y ReactivaciÃ³n Financieraâ€�.
g)	Los ArtÃ­culos 17 y 18 de la Ley NÂº 642, del 29 de diciembre de 1995 De Telecomunicacionesâ€�.
h)	El ArtÃ­culo 64 de la Ley NÂº 811, del 12 de febrero de 1996 â€œQue Crea la AdministraciÃ³n de Fondos Patrimoniales de InversiÃ³nâ€�.
i)	Ley NÂº 833, del 17 de abril de 1996 â€œQue declara de utilidad pÃºblica y acuerda beneficios fiscales al Centro MÃ©dico Bautistaâ€�.
j)	El 2Â° pÃ¡rrafo del ArtÃ­culo 27 de la Ley NÂº 861, del 24 de junio de 1996 â€œGeneral de Bancos y Financierasâ€�.
k)	El ArtÃ­culo 37 de la Ley NÂº 1036, del 20 de marzo de 1997 â€œPor la cual se crea las Sociedades Securitizadorasâ€�.
l)	Los ArtÃ­culos 236 y 240 de la Ley NÂº 1284, del 29 de julio de 1998 â€œMercado de Valoresâ€�.
m)	El ArtÃ­culo 84 de la Ley NÂº 1295, del 6 de agosto de 1998 â€œDe locaciÃ³n, arrendamiento o leasing financiero y mercantilâ€�.
A partir de la promulgaciÃ³n de la presente Ley, quedan derogadas todas las leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones o exenciones de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo e Impuestos Aduaneros, y no mencionadas mÃ¡s arriba excepto las exenciones contempladas en:
1)	La Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, texto modificado por la presente Ley.
2)	Las contempladas en el CÃ³digo Aduanero y la Ley NÂº 1095/94 â€œDe Aranceles de Aduanasâ€�.
3)	Las leyes especiales de emisiÃ³n de bonos, letras u otros documentos similares destinados a la obtenciÃ³n de recursos econÃ³micos para el Estado y sus reparticiones o entes descentralizados o autÃ³nomos.
4)	Los acuerdos, convenios y tratados internacionales, suscripto por el Estado Paraguayo aprobados y ratificados por el Congreso Nacional, y debidamente canjeados.
5)	La Ley NÂº 302/93 (texto modificado) â€œQue exonera del pago de impuesto a las donaciones otorgadas a favor del Estado, y otras institucionesâ€�.
6)	La Ley NÂº 110/92 â€œQue establece franquicias de carÃ¡cter diplomÃ¡tico y consularâ€�.
7)	Las Leyes que reglamentan exoneraciones e incentivos fiscales de rango constitucional.
8)	La Ley NÂº 438/94 â€œDe Cooperativasâ€�.
ArtÃ­culo 36.- ModifÃ­canse las siguientes disposiciones:
1)	Los incisos f) y h) del ArtÃ­culo 5Âº de la Ley NÂº 60/90, del 26 de marzo de 1991 â€œQue aprueba con modificaciones el Decreto-Ley NÂº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, Por el cual se modifica y amplÃ­a el Decreto-Ley NÂº 19, de fecha 28 de abril de 1990, Que establece el rÃ©gimen de incentivos fiscales para la inversiÃ³n de capital de origen nacional y extranjeroâ€�, los cuales quedan redactados como sigue:
â€œf)	Cuando el monto de la financiaciÃ³n proveniente del extranjero y la actividad beneficiada con la inversiÃ³n fuere de por lo menos U$S 5.000.000 (DÃ³lares americanos cinco millones), quedarÃ¡ exonerado el pago de los tributos que gravan a las remesas y pagos al exterior en concepto de intereses, comisiones y capital de los mismos, por el plazo pactado siempre que el prestatario fue alguna de las entidades indicadas en el ArtÃ­culo 10, inciso g) de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992.â€�
â€œh)	ExoneraciÃ³n total de los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades provenientes de los proyectos de inversiÃ³n aprobados, por el tÃ©rmino de hasta diez aÃ±os, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto cuando la inversiÃ³n fuere de por lo menos U$S 5.000.000 (DÃ³lares americanos cinco millones) y el impuesto a tales dividendos y utilidades no fuere crÃ©dito fiscal del inversor en el paÃ­s del cual proviene la inversiÃ³n.â€�
2)	El ArtÃ­culo 22 de la Ley NÂº 60/90, del 26 de marzo de 1991 â€œQue aprueba con modificaciones, el Decreto-Ley NÂº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, Por el cual se modifica y amplia el Decreto-Ley NÂº 19 de fecha 28 de abril de 1990, Que establece el rÃ©gimen de incentivos fiscales para la inversiÃ³n de capital de origen nacional y extranjeroâ€�, el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 22.-	Cuando el proyecto de inversiÃ³n a que hace referencia esta Ley supere el equivalente en guaranÃ­es de U$S 5.000.000 (DÃ³lares americanos Cinco millones), deberÃ¡ ser elaborado por tÃ©cnicos y/o firmas consultoras nacionales inscriptos en el registro respectivo y cuyo funcionamiento estÃ© autorizado legalmente en el paÃ­s.â€�
3)	El ArtÃ­culo 38 de la Ley NÂº 921/96 â€œDe Negocios Fiduciariosâ€�, el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 38.-	SerÃ¡ contribuyente del impuesto al valor agregado el patrimonio autÃ³nomo, siendo el Fiduciario el responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La base imponible serÃ¡ el 1% (uno por ciento) del valor de los bienes transferidos al patrimonio autÃ³nomo. La misma base se aplicarÃ¡ cuando son transferidos del patrimonio autÃ³nomo a favor del fideicomitente.â€�
4)	El ArtÃ­culo 29 de la Ley NÂº 1064, del 3 de julio de 1997 â€œDe la Industria Maquiladora de ExportaciÃ³nâ€�, la cual queda redactada como sigue:
â€œArt. 29.-	El contrato de Maquila y las actividades realizadas en ejecuciÃ³n del mismo, se encuentran gravadas por un tributo Ãºnico del 1% (uno por ciento) sobre el valor agregado en territorio nacional o sobre el valor de la factura emitida por orden y cuenta de la matriz, el que resultare mayor.
El contrato de sub-maquila por un tributo Ãºnico del 1% (uno por ciento) en concepto de Impuesto a la Renta, tambiÃ©n sobre el valor agregado en territorio nacional.
a)	Los bienes adquiridos para cumplir con el Contrato de Maquila y Sub-Maquila.
b)	Los servicios contratados y los salarios pagados en el paÃ­s para el mismo propÃ³sito de lo dispuesto en el inciso anterior.
El impuesto se liquidarÃ¡ por declaraciÃ³n jurada en la forma, plazo y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda.
El contribuyente estarÃ¡ obligado al cumplimiento de las obligaciones formales aplicables a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la AdministraciÃ³n Tributaria.â€�
5)	El ArtÃ­culo 150 de la Ley NÂº 1264/98, â€œGeneral de EducaciÃ³nâ€�, el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 150.-	Las instituciones educativas privadas de enseÃ±anza escolar bÃ¡sica y media, sin fines de lucro estarÃ¡n exentas del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, en los tÃ©rminos y condiciones establecidos en los ArtÃ­culos 14 y 83 de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 (texto modificado).â€�
6)	El ArtÃ­culo 14 de la Ley NÂº 536/94 â€œDe Fomento, ForestaciÃ³n y ReforestaciÃ³nâ€�, el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 14.-	La explotaciÃ³n forestal de los inmuebles rurales sometidos a la presente ley, tributarÃ¡ el Impuesto a la Renta establecido en el CapÃ­tulo I, TÃ­tulo 1, de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 (texto modificado). Los gastos de implantaciÃ³n de la forestaciÃ³n y reforestaciÃ³n serÃ¡n activados como gastos preoperativos y actualizados anualmente al cierre del ejercicio fiscal, en funciÃ³n al Indice de Precios al Consumidor (IPC) calculados por el Banco Central del Paraguay, debiÃ©ndose ser utilizado proporcionalmente a la extracciÃ³n en un perÃ­odo no mayor a cinco aÃ±os, desde la etapa de la extracciÃ³n. El saldo de la cuenta activa gastos preoperativos se deberÃ¡ actualizar anualmente siguiendo el mismo procedimiento precedentemente descripto.â€�
7)	Los ArtÃ­culos 1Âº y 2Âº de la Ley NÂº 77/92 â€œQue exonera de tributos la importaciÃ³n y la comercializaciÃ³n de la insulina, los elementos para el tratamiento de la diabetes y los medicamentos para el tratamiento del cÃ¡ncer y de otras afecciones especÃ­ficasâ€�, los cuales quedan redactados como sigue:
â€œArt. 1Âº.-	ExonÃ©rase del pago de gravÃ¡menes aduaneros la importaciÃ³n de la insulina, hipoglucemiantes orales, cintas y reactivos para control de azÃºcar en el organismo humano, jeringas especiales para la aplicaciÃ³n de la insulina y aparatos computarizados para el control de azÃºcar de uso personal.â€�
â€œArt. 2Âº.-	ExonÃ©rase igualmente del pago de gravÃ¡menes aduaneros la importaciÃ³n de medicamentos de acciÃ³n especÃ­fica para el tratamiento del cÃ¡ncer, medicamentos preventivos del rechazo de los transplantes de Ã³rganos, medicamentos inmuno reguladores en tratamientos anticancerosos, antivÃ­ricos especÃ­ficos para el tratamiento del SIDA, hormonas reguladoras del calcio por pacientes dializados, gamma globulina de origen humano y animal.â€�
8)	El ArtÃ­culo 19 de la Ley NÂº 136/91 â€œDe Universidadesâ€� el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 19.-	Las donaciones y legados que se realicen a favor de las Universidades, estarÃ¡n exentos del pago de todo tributo y el monto o valor de los mismos serÃ¡ deducible, para los otorgantes del pago del Impuesto a la Renta, en los tÃ©rminos y condiciones establecidos por la AdministraciÃ³n Tributaria.â€�
9)	El ArtÃ­culo 3Âº de la Ley NÂº 302, del 29 de diciembre de 1993 â€œQue exonera del pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del Estado y de otras instituciones y modifica el ArtÃ­culo 184 de la Ley NÂº 1173/85â€� el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 3Âº.-	La introducciÃ³n al paÃ­s de los bienes y objetos donados o cedidos en uso estarÃ¡ exento de gravÃ¡menes a la importaciÃ³n, con excepciÃ³n de las tasas que corresponden por los servicios efectivamente prestados.â€�
10)	El ArtÃ­culo 17 de la Ley NÂº 523, del 16 de enero de 1995 â€œQue Autoriza y Establece el RÃ©gimen de Zonas Francasâ€�, el cual queda redactado como sigue:
â€œArt. 17.-	Cuando una misma empresa comercial, industrial o de servicios realice, ademÃ¡s de las exportaciones a terceros paÃ­ses ventas al Territorio Aduanero que excedan del 10% (diez por ciento) con respecto al total de los ingresos brutos por ventas de la empresa, dentro de un mismo ejercicio fiscal, tributarÃ¡ el Impuesto a la Renta que se encuentre vigente para las actividades comerciales, industriales o de servicios, sobre el porcentaje que las ventas al Territorio Aduanero representen sobre el total de sus ingresos brutos, y deducirÃ¡ sus gastos en la misma proporciÃ³n, sin perjuicio de tributar el â€œImpuesto de Zona Francaâ€� sobre los ingresos brutos provenientes de las operaciones de exportaciÃ³n a terceros paÃ­ses.â€�
11)	Los ArtÃ­culos 38 y 39 de la Ley NÂº 827, del 12 de febrero de 1996 â€œDe Seguros y Reasegurosâ€�, los que quedan redactados como sigue:
â€œArt. 38.-	Las empresas comprendidas en la fusiÃ³n, estÃ¡n obligadas a publicar con suficiente destaque en uno de los diarios de mayor circulaciÃ³n de la capital, la autorizaciÃ³n expresa o tÃ¡cita de la fusiÃ³n dentro de los quince dÃ­as siguientes.â€�
â€œArt. 39.-	Transferencia de carteras. Las empresas de Seguros podrÃ¡n transferir total o parcialmente su cartera, con la autorizaciÃ³n previa de la autoridad de control. A este efecto, las empresas interesadas deberÃ¡n presentar a la autoridad de control el convenio proyectado, asÃ­ como sus estados financieros mÃ¡s recientes y los demÃ¡s datos adicionales que le sean solicitados por dicha autoridad.â€�
ArtÃ­culo 37.-	El RUC de las personas fÃ­sicas serÃ¡ el que corresponda a su CÃ©dula de Identidad paraguaya. En caso de personas extranjeras sin documentaciÃ³n oficial paraguaya la AdministraciÃ³n reglamentarÃ¡ los procedimientos. El RUC de los demÃ¡s contribuyentes podrÃ¡ ser modificado por la AdministraciÃ³n comunicando a los afectados.
ArtÃ­culo 38.- Las disposiciones de la presente ley entrarÃ¡n en vigencia en la fecha que lo determine el Poder Ejecutivo, dentro del aÃ±o de la sanciÃ³n, promulgaciÃ³n y publicaciÃ³n de la Ley. El Poder Ejecutivo podrÃ¡ disponer la entrada en vigencia de las modificaciones de los impuestos existentes o de los que se establecen por esta Ley, y demÃ¡s disposiciones de aplicaciÃ³n general, en fechas diferentes, el Impuesto a la Renta del Servicio del CarÃ¡cter Personal entrarÃ¡ en vigencia el 1 de enero del aÃ±o 2006.
ArtÃ­culo 39.-	La presente Ley, asÃ­ como el Decreto presidencial que determine la fecha de entrada en vigencia de los impuestos de la presente ley y demÃ¡s disposiciones de aplicaciÃ³n general, serÃ¡n publicados en dos periÃ³dicos de gran circulaciÃ³n de la RepÃºblica.
ArtÃ­culo 40.-	Durante los tres primeros aÃ±os de vigencia de la presente Ley el Poder Ejecutivo queda facultado, a establecer que uno o varios tributos se liquiden y perciban en algunas etapas del circuito econÃ³mico o en cualquiera de ellas, sobre el precio corriente en el mercado interno a nivel minorista, cuando por razones de orden prÃ¡ctico, caracterÃ­sticas de la comercializaciÃ³n o dificultades de control, hagan recomendable simplificar la recaudaciÃ³n del tributo. A tales efectos establecerÃ¡ el procedimiento para la fijaciÃ³n del referido precio, salvo que Ã©ste sea fijado oficialmente.
El Poder Ejecutivo podrÃ¡ renovar el presente mecanismo de liquidaciÃ³n.
ArtÃ­culo 41.- Para el primer aÃ±o de vigencia de esta ley, los contribuyentes del Impuesto a la Renta y del Tributo Unico de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, determinarÃ¡n el impuesto al cierre del ejercicio fiscal, aplicando proporcionalmente las normas de dicha ley para el perÃ­odo de vigencia de la misma, y las de la presente Ley a partir de su entrada en vigencia en los tÃ©rminos y condiciones que establezca la reglamentaciÃ³n.
ArtÃ­culo 42.- Todos los beneficios fiscales acordados por las leyes generales o especiales quedarÃ¡n derogados a partir de la fecha de sanciÃ³n, promulgaciÃ³n y publicaciÃ³n de esta ley. Se exceptÃºa de esta derogaciÃ³n los acordados expresamente a las personas beneficiarias de algÃºn rÃ©gimen general o especial y que a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley tengan un plazo de aplicaciÃ³n otorgado que se encuentre vigente, los que no quedarÃ¡n derogados hasta el cumplimiento del tÃ©rmino establecido. Los beneficios fiscales se aplican sobre la tasa general de los impuestos vigentes en el momento de la promulgaciÃ³n o aprobaciÃ³n de los beneficios y franquicias previstos en los regÃ­menes mencionados. InclÃºyese dentro de esta excepciÃ³n, la tasa del 5% (cinco por ciento) prevista en el ArtÃ­culo 20 numeral 2) de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, aplicable sobre las utilidades acreditadas o distribuidas por las empresas exceptuadas de la derogaciÃ³n indicadas precedentemente. Una vez cumplido el plazo de la exoneraciÃ³n, quedan derogadas las exoneraciones, beneficios e incentivos concedidos, de pleno derecho y a partir de dicha fecha serÃ¡n aplicables las tasas previstas en el ArtÃ­culo 20 de la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992, conforme al texto modificado por la presente Ley.
ArtÃ­culo 43.- Transcurridos dos aÃ±os de la vigencia de esta ley, la Patente Fiscal de AutovehÃ­culos prevista en el CapÃ­tulo IV de la presente Ley, quedarÃ¡ derogada.
Transcurridos tres aÃ±os de la vigencia de esta Ley, los numerales 26) y 27) del Impuesto a los Actos y Documentos quedarÃ¡n automÃ¡ticamente derogados.
ArtÃ­culo 44.-	La AdministraciÃ³n Tributaria deberÃ¡ iniciar dentro del aÃ±o de vigencia de esta ley el proceso para acceder a las normas de calidad ISO o similar, aplicables a la gestiÃ³n pÃºblica.
ArtÃ­culo 45.-	Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad que se encuentra encuadrada dentro de los hechos imponibles previstos en uno, algunos o por todos los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carÃ¡cter permanente, habitual y se encuentren organizadas en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestaciÃ³n de servicios, aÃºn cuando se encuentren exonerados de los impuestos vigentes establecidos en la Ley NÂº 125/91, del 9 de enero de 1992 y sus modificaciones, podrÃ¡n reconvertirse en una sociedad comercial adoptando cualquiera de las formas jurÃ­dicas tÃ­picas previstas en la legislaciÃ³n civil, dentro del plazo de un aÃ±o de vigencia de la presente Ley, ya sea mediante transformaciÃ³n, absorciÃ³n, fusiÃ³n u otro medio legal, quedando dicha reconversiÃ³n exonerada de todo y cualquier impuesto que pudiera incidir tanto respecto de la propia transformaciÃ³n como con relaciÃ³n a la transferencia de bienes que pudiera realizarse para su concreciÃ³n.
ArtÃ­culo 46.-	AutorÃ­zase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley.
ArtÃ­culo 47.-	ComunÃ­quese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable CÃ¡mara de Senadores, a once dÃ­as del mes de junio del aÃ±o dos mil cuatro, quedando sancionado el mismo por la Honorable CÃ¡mara de Diputados, a veinticinco dÃ­as del mes de junio del aÃ±o dos mil cuatro, de conformidad con lo dispuesto en el ArtÃ­culo 207, numeral 1) de la ConstituciÃ³n Nacional.
Antecedente de la Ley NÂº 2421
AcÃ¡pite: De reordenamiento administrativo y adecuaciÃ³n fiscal
Fecha de sanciÃ³n: 25/06/04
Codigo de Expediente: Pp068-04
Tags: reordenamiento administrativo adecuaciÃ³n fiscal

References: in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine