Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831790.html
Timestamp: 2019-11-16 02:26:12+00:00

Document:
as201831790
AUTO SUPREMO Nº 790
Expediente: 458/2017-C
Materia: Contenciosa
Demandante: Ángel Núñez Cáceres
Demandado: Gobierno Autónomo Municipal de Macharetí
VISTOS: El recurso de casación de fs. 91 a 94 vta., interpuesto por Ángel Núñez Cáceres, contra la Sentencia N° 459/2017 de 20 de julio, cursante de fs. 84 a 88 vta., emitida por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso Contencioso de cumplimiento de contrato, pago de obligación, más daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Macharetí, el Auto Supremo Nº 458-A de 5 de octubre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 121 y vta.), los antecedentes del proceso y,
Que, tramitado el proceso contencioso, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia N° 459/2017 de 20 de julio (fs. 84 a 88 vta.), declarando improbada la demanda contenciosa de fs. 26 a 28 de obrados, con costas y costos.
Contra la referida Sentencia, Ángel Núñez Cáceres, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fs. 91 a 94 vta., recurso que fue respondido por Eduviges Chambaye Maruanda, alcalde del GAM de Macharetí, mediante memorial cursante a fs. 113 de obrados, con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 458-A de 5 de octubre de 2017 (fs. 121 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
1) Con relación a la fundamentación de la Sentencia Nº 459/2017, señala que en el inciso c) de la parte resolutiva de la misma, se puede colegir que la planilla Nº 1 se canceló según fotocopias simples de las facturas ofrecidas por la parte demandante; en el inciso e) de la citada Sentencia con relación al acta de recepción provisional, mencionan que se puede verificar una firma o rúbrica sin identificación a que autoridad corresponde y tampoco existe la firma del contratante para su validez, para continuar expresando que la parte contratante no tuvo la voluntad de firmar dicho documento pese a que su persona en reiteradas ocasiones le manifestó personalmente que se firmen dichos documentos tales cual lo establece en el contrato firmado entre ambas partes.
2) Con relación a lo establecido en el inciso f) de la Sentencia recurrida, manifiestan que se verifica la firma del contratista y la firma del presidente de la comisión de recepción Jorge W. Gutiérrez D., pero no la firma del contratante, y el plazo para la corrección de las observaciones era de siete días calendario y no de tres meses como se pude ver en el mencionada acta; haciéndose notoria la parcialización del Tribunal que emitió la Sentencia porque hace observaciones que no le competen, es más se ponen en lugar del GAM de Macharetí.
3) Así también, con relación a lo mencionado en el inciso g) de la parte resolutiva de la Sentencia, los miembros del Tribunal mencionan una serie de requisitos establecidos en el contrato que debió cumplir el GAM demandado y no lo hizo; sin embargo, señala que tal situación que no es atribuible a su persona; y nuevamente hacen mención que las actas de recepción provisional y definitiva no tienen valor legal y que no estaría demostrado que se cumplió con la integridad del trabajo contratado, por tanto no existe asidero para el pago, sino que existe un porcentaje de ejecución pendiente y así, mal podría reclamar un pago por una obra que no se encuentra concluida; señalando al respecto la parte recurrente que es evidente que ha cumplido con el trabajo encomendado, ha invertido tiempo y dinero en el mismo y el GAM de Macharetí no adjuntó prueba alguna que acredite que la obra no está concluida; al contrario, su persona aportó prueba suficiente para demostrar que la obra está concluida.
4) Con relación al inciso h) de la Sentencia recurrida, el Tribunal acepta que existe un informe final suscrito por el fiscal de obra del GAM demandado, donde informa que la obra está concluida en un 100% en todos los ítems de acuerdo a especificaciones técnicas y que se encuentra la misma en condiciones de operación; pero el Tribunal señala que este informe no cumple con lo que establece la cláusula quinta del contrato que señala que el supervisor debió comunicar el grado de avance de la obra en forma periódica; por lo que señala la parte recurrente en cuanto este aspecto que, cuestionan el trabajo del fiscal de obra como si ellos fueran su jefe, situación que le pone en total desventaja y como se ve materializado en la Sentencia emitida.
5) Los jueces al emitir la Sentencia obviaron referirse a la prueba que cursan a fs. 23 consistente en el Form. 200 del SICOES de información de la declaratoria desierta y adjudicación y contrato; y a fs. 24 consistente en Form. 500 del SICOES de recepción de bienes, obras y servicios, y que después de haber valorado las pruebas ofrecidas, no tomaron en cuenta la prueba a fs. 24, que indica que la obra ya está concluida en su totalidad, documentación que cursa en original, demostrando que la obra ha sido finalizada y tales datos fueron subidos al sistema del SICOES por la parte contratante indicando los datos de la contratación, los cuales coinciden con el informe técnico final de fs. 11 a 13 emitido por el fiscal de obra del GAM de Macharetí y la factura de fs. 7 de obrados también expresa que el proyecto ya estaba concluido y por eso le hicieron efectivo un pago de Bs.50.000.- a cuenta de la planilla final de obra; demostrando que la obra fue concluida y recepcionada por la entidad demandada, pero dicha documentación ni fue mencionada, mucho menos valorada y en consecuencia, no aplicaron lo establecido en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y al no haber sido valorada la prueba de fs. 24, fue agraviado su derecho al acceso a la justicia y remuneración por el trabajo realizado, ya que esa prueba era determinante para demostrar que la obra ha sido concluida en su totalidad.
Concluye solicitando se emita el correspondiente Auto Supremo, declarando la “Revocatoria total de la Sentencia emitida por el inferior, con costas, en estricta aplicación de la numeral 3) del art. 237 del Cdgo. de Pdto. civil, esto en mérito de los fundamentos legales y de hecho que han sido ampliamente expuestos” (sic).
Eduviges Chambaye Maruanda, alcalde del GAM de Macharetí, presentó memorial de respuesta al recurso de casación interpuesto (fs. 113), bajo los siguientes términos:
En el memorial de casación se señala algunos supuestos errores de valoración de las pruebas de cargo presentadas, sin considerar que las pruebas aprobadas carecen de valor legal pues como en el mismo memorial de demanda y en la sentencia se afirma, carecen de todas las firmas para su validez, además de otros ser únicamente fotocopias simples e impresiones computarizadas, pero más importante aún, justifica su petitorio la parte recurrente en normas de derecho que ya están fuera del Derecho Positivo como son los artículos nombrados por la parte adversa que corresponden al CPC-1975 abrogado por la disposición abrogatoria segunda de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 (CPC-2013), por lo cual al estar alegando una valoración errada basada en un cuerpo legal sin valor actual no merece ser considerada.
Con relación al petitorio del memorial de recurso de casación interpuesto, hace notar que la parte actora no indica si el recurso se funda en una interpretación en la forma o en el fondo o si existiría un error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, tal cual lo señala el art. 271 del CPC-2013, donde señala las causales para el recurso de casación y más importante aún es, que en el memorial del recurso de casación se pide textualmente se dicte “el correspondiente auto supremo DECLARANDO REVOCATORIA TOTAL DE LA SENTENCIA” (sic), petitorio situado al margen de la ley, pues el art. 220 del CPC-2013, es claro al señalar las formas de auto supremo, no existiendo dentro de las mismas la revocatoria total, por lo cual sería imposible y al margen de la Ley resolver el recurso en los términos solicitados por el accionante del mismo.
Concluye solicitando que, de acuerdo al art. 276 del CPC-2013 se conceda el recurso y se otorgue el trámite de ley para que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia lo declare improcedente de conformidad al art. 220.4 del CPC-2013, sin lugar a costas ni daños o perjuicios.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 91 a 94 vta., para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
El art. 108 de la CPE impone a todas las bolivianas y bolivianos, el deber de “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, precepto constitucional que hace referencia al principio de legalidad previsto en el art. 180 de la CPE, en cuanto hace a la Jurisdicción Ordinaria; consiguientemente, toda autoridad jurisdiccional que deba emitir una resolución definitiva dentro un caso concreto, debe dar cumplimiento a dicho principio -que es parte del debido proceso- que fue definido por la Ley Nº 025 a través del art. 30.6 en los siguientes términos: “LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes”.
De acuerdo al citado principio y considerando que el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una Sentencia o Auto Definitivo en los casos expresamente señalados por Ley; es que en el caso de autos se encuentra amparada, por el art. 5.I.1 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014, “Ley Transitoria para la Tramitación de los procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”.
En ese sentido, resulta necesario mencionar a los autores: Gonzalo Castellanos Trigo y Hermes Flores Egüez, que en su obra “Proceso Contencioso, Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014”, pág. 96 a 97, señalan:
Generalidades sobre el recurso de casación.
“El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determinan la ley.
(…) Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional o extraordinario a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley procesal; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio.
Recurso de casación en el fondo.-
El recurso de casación está instituido para proteger dos finalidades esenciales en el proceso contencioso y contencioso administrativo: la defensa del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia.
“La primera finalidad, es la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales de todo el país; con ello se busca el imperio de la seguridad jurídica la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía del órgano legislativo”1.
La segunda finalidad es unificar la jurisprudencia, con el objeto de una interpretación común de la norma jurídica común en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; para ello se requiere un único órgano nacional de casación que se constituye en este momento el Tribunal Supremo de Justicia” (sic); por consiguiente, el recurso de casación, nace para el control de las infracciones que las sentencias puedan cometer en la aplicación del Derecho en el proceso contencioso y contencioso administrativo y para que el mismo sea uniforme en su interpretación judicial y debe fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho que sea gravitante en la Resolución de fondo.
Asimismo, respecto al recurso de casación en el fondo, cabe señalar que: “…la casación se da como último recurso y nace para el control de las infracciones que las sentencia puedan cometer en la aplicación de derecho, cuando exista una infracción o aplicación errónea de normas de derecho”2 (sic); por lo que, en casación sólo son juzgables, las cuestiones de derecho y no las de hecho, porque esta última corresponde exclusivamente al juez de primera instancia y tribunal de segunda instancia. En casación solo se discute el derecho, jamás se valora los hechos que son incensurables en casación.
Continuando con el análisis al recurso de casación, entre sus requisitos; es menester señalar que: “Para que exista el recurso de casación en el fondo deben concurrir necesariamente dos requisitos:
1. Que se haya producido al resolver una infracción de la ley. Hay infracción de ley cuando se contraviene su texto formal, cuando se interpreta erróneamente la ley o cuando se hace una falsa aplicación de ella.
2. Que esta infracción haya influido sustancialmente en la parte resolutiva del fallo. La infracción de ley influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuando ha sido de tal naturaleza que ha hecho que el pleito se resuelva de una manera distinta a lo que lo habría sido de aplicarse correctamente la ley”3
; por consiguiente, no se trata de una infracción cualquiera, sino que debe afectar la parte resolutiva del fallo y si una resolución contiene falsas interpretaciones de la ley en sus considerandos pero lo dispositivo está ajustado a derecho, no procede la casación en el fondo; es decir, la infracción de la ley debe ser de tal naturaleza que haga fallar de manera diferente el caso; por lo que, debe ser debidamente fundamentada la infracción en la interposición del recurso de casación.
De la misma forma, se debe aclarar que el recurso de casación debe expresar, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos conforme señala el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC-2013).
En ese mismo sentido, los anteriormente mencionados autores (Gonzalo Castellanos Trigo y Hermes Flores Egüez), en su obra “Proceso Contencioso, Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014”, pág. 107, señalan:
Requisitos para interponer el recurso de casación.
“El recurso de casación es un acto procesal complejo puesto que entre los elementos de forma esencialmente a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el presente artículo, constituyéndose su cumplimiento en un presupuesto necesario para su procedencia y viabilidad jurídica.
El recurso de casación se halla considerando como una demanda nueva de puro derecho, para cuya procedencia es necesario que el recurrente cumpla con los requisitos por la norma en análisis, vale decir, que especifique de manera clara la ley o leyes violadas, aplicadas indebidamente, interpretadas erróneamente e indicar en qué consiste la violación, cuál debería ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida. Cuando de error en la apreciación de las pruebas se trate, es necesario que indique si éste es de derecho o de hecho, habida cuenta que la apreciación, valoración de la prueba es incensurable en casación, a menos que se demuestre objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador”; por consiguiente, de acuerdo a la normativa legal establecida respecto a la interposición del recurso de casación, deben cumplir con ciertas exigencias por tratarse de una demanda nueva de puro derecho, debiendo los recurrentes cumplir con los requisitos establecidos por Ley para su consideración respectiva.
En base a la doctrina desarrollada y a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación de fs. 91 a 94 vta., de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los supuestos “agravios recibidos”, expresados en los numerales del 1) al 5) del recurso, se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a supuestos errores de valoración de las pruebas aportadas por la parte demandante; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación del presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:
Respecto a la existencia de errores en la valoración de la prueba previamente; cabe señalar que, el art. 271 del CPC-2013, referido a las causales de casación, establece: “I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial…”; por lo que, de acuerdo al art. 271.I del CPC-2013 se advierte que esta norma exige como requisito sine qua nom, que la parte recurrente al momento de interponer su recurso de casación identifique en el expediente los documentos y/o actos auténticos por los cuales se demuestran fehacientemente la equivocación en la cual hubiese incurrido el Juzgador; sin embargo, la parte recurrente no cumplió con lo exigido en el citado artículo del Adjetivo Civil, disposición legal que establece expresamente los casos en que procede el recurso de casación en el fondo; por consiguiente, los mismos no están sujetos al capricho de las partes; y menos, del juzgador.
Asimismo; resultar necesario hacer notar a la parte recurrente que, de acuerdo a la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado, e incensurable en casación, a menos que se demuestre error de hecho o de derecho, ya que las conclusiones de la Sentencia ahora recurrible, no son discrecionales, sino ofrecen un análisis que lejos de la conjetura se basan en la propia prueba producida en el proceso contencioso que fueron valoradas conforme a las previsiones del art. 397 del CPC-1975.
En este contexto, se advierte en el caso, que la parte recurrente cuestiona que no habría sido correctamente considerada la prueba arrimada al expediente, sin especificar incluso, si en el presente caso los Vocales incurrieron en error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los Juzgadores de la Sala, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, circunstancias que no existen en el reclamo efectuado por la parte recurrente, puesto que, incluso confunde ambos errores establecidos por la norma Adjetiva Civil citada, al momento interponer su recurso y ni si quiera demostraron la supuesta infracción a normativa alguna, cometida por los Vocales que emitieron la Sentencia ahora recurrida.
En ese marco, el Tribunal de casación se encuentra limitado a verificar y corregir en su caso, los yerros en que hubiese incurrido la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en la aplicación de la ley; de ahí que el juicio adquiere las características de puro derecho, a mérito que se orienta sustancialmente a discernir y resolver una cuestión entre la Ley y su infractor.
Así entonces y para casar una Resolución, deberá verificarse previamente si en tal decisión se incurrió en infracción de alguna ley y si esa infracción con identificación expresa de la norma, fue acusada expresamente en el recurso, de tal modo que permita ejercer el mandato legal de casar la Resolución que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso; luego, encontrando evidencia de tal infracción, fallar en el fondo aplicando las leyes conculcadas; es decir, aplicando aquellas leyes que hubiesen sido acusadas como vulneradas en el recurso de casación y que efectivamente se hubiese comprobado tal infracción; es decir, que debe demostrarse la equivocación manifiesta, ya sea por omisiones o excesos mediante documentos o actos auténticos, lo cual no aconteció en el presente caso, por lo que, se advierte un total incumplimiento del art. 271 del CPC-2013, como también del art. 220 del citado Adjetivo Civil porque expresamente en el recurso de casación interpuesto solicitó “…la Revocatoria total de la Sentencia emitida por el inferior…” (sic); aspecto que demuestra un total desconocimiento de las formas de resolución que existen en la ley para resolver un recurso de casación (Ver art. 220 del CPC-2013).
Por ello, se concluye que lo señalado por la parte recurrente son simples afirmaciones de carácter general, sin especificar la norma infringida y en total desconociendo del capítulo cuarto “Recurso de Casación” de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, que amerite casar (no así revocar como erradamente solicitó) la Sentencia ahora recurrida en casación.
Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes los reclamos denunciados en el recurso de casación de fs. 91 a 94 vta., al carecer de sustento legal evidente, no observándose violación de norma legal alguna, ni reclamado de infringida; corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC-2013.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 5 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, en virtud de los fundamentos expuestos, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 91 a 94 vta., interpuesto por Ángel Núñez Cáceres, contra la Sentencia N° 459/2017 de 20 de julio de fs. 84 a 88 vta., emitida por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso Contencioso de cumplimiento de contrato, pago de obligación, más daños y perjuicios. Con costas y costos conforme los arts. 221 y 223.V.2 del CPC-2013.
1 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Sistema de Recurso Judiciales. Editorial Alexander. Pág. 141.
2 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Sistemas de Recursos Judiciales. Editorial Alexander. Pág. 163.
3 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Sistemas de Recursos Judiciales. Editorial Alexander. Pág. 165.

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