Source: http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw6&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP199611220044.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-11 17:12:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 44, de 22/11/1996
Año 1996 VI Legislatura Núm. 44
Sesión Plenaria núm. 43
celebrada el viernes, 22 de noviembre de 1996
-- Proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (número de expediente 121/000019) (Página 2192)
-- Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias (número de expediente 121/000018) (Página 2192)
Se reanuda la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2192)
Proyecto de ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (Página 2192)
Proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias (Página 2192)
El señor Presidente informa que se debatirán los dos proyectos de ley de forma conjunta, debatiéndose, por tanto, también conjuntamente las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a ambos proyectos de ley.
La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza afirmando que con este trámite legislativo, que desarrolla la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas decidida por el Gobierno, se acaban 16 años de consenso político en el desarrollo del Estado de las autonomías. Señala que no existe consenso en esta reforma porque el Gobierno no lo ha querido, ya que no ha habido diálogo previo y el trámite parlamentario estaba cerrado de antemano a cal y canto para la oposición. Expone que no se puede pretender que la modificación de una ley constitucional como la que hoy se quiere modificar se debata y acuerde en un órgano consultivo como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con interlocutores que no representan a la totalidad de un proyecto político. Tampoco se puede pretender que haya voluntad de consenso cuando se tramita una reforma como ésta por un procedimiento casi de urgencia. Señala que el Grupo Socialista no va a repetir debates anteriores, en los que ha expuesto con claridad su posición, realizando una crítica rigurosa, expresando los problemas y las dificultades del nuevo sistema, crítica que viene avalada por un buen número de expertos. También han alertado de los riesgos que la situación actual y la ruptura del consenso suponen para la estabilidad del Estado de las autonomías.
Haciendo balance de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, propuesta por un gobierno de centro y aprobada por consenso, expone que ha sido desarrollada por sucesivos gobiernos socialistas a lo largo de trece años y todos esos gobiernos fueron extremadamente respetuosos con normas consensuadas y eficaces en su desarrollo. El sistema ha sido eficaz y decisivo para hacer efectivo el autogobierno de las comunidades autónomas, se ha descentralizado el gasto de forma ordenada y el sistema ha supuesto un instrumento para reducir desequilibrios territoriales. Reconoce que el sistema muestra también la necesidad de perfeccionarlo para hacer avanzar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, y en ello coinciden políticos y expertos. Es un reto que comparte, pero no así el modelo elegido, modelo que califica de improvisado, mal acabado y que ha elegido instrumentos inadecuados. Es un modelo que no cuenta con los instrumentos financieros necesarios para garantizar el sistema.
Respecto al Real Decreto-ley de cesión de tributos, manifiesta que, a través del mismo, se ha modificado la tendencia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reduciendo a 10 los 16 tramos actuales, y con su reforma, realizada igualmente de forma rápida e improvisada, el 40 por ciento de los contribuyentes pagará más, precisamente las personas con menos capacidad adquisitiva, mientras que tendrá un tratamiento más favorable un 14 por ciento de los ciudadanos, justamente el de mayor capacidad adquisitiva.
Termina reiterando la voluntad del Partido Socialista de cambiar el nuevo sistema cuando los ciudadanos españoles les otorguen nuevamente la confianza para gobernar, anunciando que lo harán desde un consenso y sin exclusiones.
El señor Ríos Martínez defiende la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya basándose en dos razones: la primera, el momento en el que se produce y la forma en la que se ha tramitado, y la segunda, la pretensión del Gobierno para tramitar estos proyectos y la voluntad que hemos venido planteando los grupos parlamentarios de manera reiterada. Respecto de la primera, manifiesta que se trata de una propuesta de financiación autonómica que ha sido tramitada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas para reformar la Lofca (algo que se hace por primera vez desde 1980) y la Ley de Cesión de Tributos, por lo que considera que también habrá que reformar los estatutos de autonomía. Desde su punto de vista, estos dos proyectos adolecen de improvisación, son una reforma parcial y no obedecen a lo que pudiéramos llamar necesidades del modelo de
financiación autonómica. Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no hay poder político sin poder financiero y no se puede hablar de capacidad de autonomía política sin autonomía financiera, por eso hay que poner en la balanza la autonomía financiera que ponemos en manos de las comunidades autónomas y las políticas de equidad y de solidaridad. Por otro lado, considera que no es posible abordar un nuevo modelo de financiación que no recoja la realidad diferente y dispar de España.
Añade que este modelo de financiación que se ha concretado se ha hecho al calor del interés de mantener un pacto de investidura, pero no cree posible gobernar España con un modelo de Estado que no invite a todos los españoles a ser parte de ese proyecto de Estado.
A continuación, pregunta sobre los parámetros y criterios que se han seguido en cuanto a la divergencia, sobre la estabilidad con que funciona este modelo, sobre cuál va a ser la cesión de tributos en regiones con capacidad económica, cuál va a ser la reducción de la presión fiscal, de qué manera se va a desarrollar el fondo de nivelación, cómo se va a garantizar el principio constitucional de igualdad de trato para todos los españoles, vivan donde vivan. Asimismo considera que el anterior modelo no consiguió ni desarrollar la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera ni desarrollar el principio de nivelación, y plantea la necesidad de lograr un modelo de Estado que sea para siempre.
A continuación se refiere a las 17 enmiendas que han presentado para corregir la desviación constitucional que para su grupo tiene esta reforma de la Lofca, y defiende la autonomía financiera para las comunidades autónomas y que los parlamentos puedan regular esa autonomía financiera.
En materia de cesión de tributos han presentado enmiendas para corregir el domicilio fiscal y para que las deducciones del IRPF sean igualmente progresivas, pero suponiendo que las mantengan, considera conveniente bajar los coeficientes de las personas que ganan menos de dos millones y medio o tres y, por el contrario, subir a los máximos.
Por último, anuncia que si los partidos que apoyan al Gobierno blindan férreamente su acuerdo y estas dos leyes, Izquierda Unida intentará, también férreamente, cambiarla. No obstante opina que el acuerdo político debe producirse con la participación de todas las comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas. Manifiesta que asisten a un debate político desgraciadamente confuso y viciado ante la opinión pública del Estado español porque no se quiere o no se puede discutir una reforma constitucional del Estado, como realmente cabría esperar después de tantos años desde la aprobación de la Constitución y, de una vez por todas, asumir el carácter plurinacional del Estado español. Añade que cuando la opinión pública piensa que en este debate se están produciendo agravios de unos contra otros, seguramente no tienen en cuenta que el primero de los más graves agravios y síntomas de confusión es que el Estado español esté dividido en 17 comunidades autónomas, que llevan a confundir más el problema administrativa y políticamente. Señala que como Galicia es realmente un país muy diferente y comienza a tener una conciencia política más aguda de lo que a veces les gustaría, ellos no pueden alinearse con negar la diferencia y enarbolar la bandera de España contra los que dicen que intentan romperla. Afirma que ellos, arropados con la bandera de España, les ha ido francamente mal. Agrega que el sistema financiero que se propone les resulta de todo punto insatisfactorio, porque no se introducen cambios sustanciales, y aún más grave es que desde la perspectiva gallega es totalmente inadecuado. Prefieren discutir el conjunto del sistema tributario y enfrentarse de una vez a un sistema fiscal que les coloque a todos en una situación de precariedad.
Concluye exponiendo el contenido concreto de las seis enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, expone que su partido siempre ha mantenido que sin autonomía financiera difícilmente se puede llegar a conseguir el objetivo de autogobierno y de verdadera autonomía de las nacionalidades como la valenciana, que aspiran a ello en toda su integridad.
Frente a las alabanzas al consenso de los años ochenta que aquí se han hecho, recuerda que si algo unía a los partidos políticos de la Comunidad Autónoma Valenciana es que el modelo de financiación del ochenta discriminaba a unas comunidades y beneficiaba a otras. Y precisamente, según todos los estudios y valoraciones sobre el particular, si hay una comunidad que ha sufrido un nefasto sistema de financiación autonómica ha sido precisamente la Comunidad Valenciana, discriminada gravemente, impidiéndola alcanzar el pleno nivel de autogobierno y la plena autonomía política.
Alude seguidamente a los antecedentes históricos del Reino de Valencia y las cuotas de autonomía política, administrativa, jurisdiccional e incluso fiscal, para terminar reiterando que la autonomía financiera es requisito indispensable para el desarrollo equilibrado de la Comunidad Valenciana y la
realización eficiente de las competencias que tiene transferidas, y a ello se dirige el nuevo sistema de financiación que proponen a través de sus enmiendas, extensible a todas las comunidades que lo soliciten.
Reconoce que el paso que hoy se da supone un avance, pero no considera la solución definitiva al tema de la financiación autonómica, y de ahí que su apoyo al mismo no sea rotundo, sino con reservas.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente intervienen la señora Montseny Masip y el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Popular.
Para réplica, hacen uso de la palabra la señora Aroz Ibáñez y el señor Ríos Martínez, duplicando la señora Montseny Masip y el señor Martínez-Pujalte López.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Hace uso de la palabra el señor Almunia Amann, en nombre del Grupo Socialista. Replica el señor Homs i Ferret, duplicando el señor Almunia Amann.
Por alusiones, interviene el señor López-Amor García, del Grupo Popular.
Asimismo, por alusiones, interviene de nuevo el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.
Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.
Sometidos a votación el artículo único, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición final y exposición de motivos, son aprobados por 180 votos a favor, 140 en contra y una abstención.
Efectuada la votación final y de conjunto del texto del dictamen, se aprueba por 179 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado
a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Sometidos a votación los artículos 2, 3, 4, 8, 10, 13 y 27, en los apartados relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas números 73 bis,74, 75, 75 bis y 83, más los artículos 28, 33, 34 y disposición final primera, son aprobados por 179 votos a favor, 141 en contra y una abstención.
Sometidos a votación los artículos 5, 6, 7, 9, 27, apartados relativos a los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas números 76, 79, 80, 81 y 82, y los artículos 31, 32, 35 y disposición final segunda, son aprobados por 187 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones.
Sometidos a votación el resto del articulado y la exposición de motivos, son aprobados por 179 votos a favor, 131 en contra y 11 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara que, en régimen de mañana tarde y noche, se han debatido 1.556 enmiendas, han intervenido 178 Diputadas y Diputados y miembros del Gobierno y se han producido 422 votaciones, alcanzándose una media de asistentes a los plenos de 325 Diputadas y Diputados.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente 121/000019)
--PROYECTO DE LEY DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS (Número de expediente 121/000018)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a reanudar la sesión para la tramitación y el debate conjunto en esta mañana de dos proyectos de ley, que son el de ley orgánica de modificacion parcial de la de 22 de septiembre de 1980 --la Ley número 8 de tal año-- de Financiación de las Comunidades Autónomas y el proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Se han presentado a ambas leyes diversas enmiendas que vamos a debatir conjuntamente. En primer lugar, enmiendas del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz adjunta, la señora Aroz.
La señora AROZ IBANEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados, hoy acaba en la Cámara el trámite legislativo de los dos proyectos de ley que desarrollan la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas decidida por el Gobierno, y con este trámite acaban 16 años de consenso político en el desarrollo del Estado de las autonomías. No hay consenso en la reforma que hoy estamos debatiendo porque el Gobierno no lo ha querido. No ha habido diálogo previo, y el trámite parlamentario estaba cerrado de antemano a cal y canto para la oposición. No ha habido diálogo porque el Gobierno no lo ha querido, porque no se puede pretender, señorías, que la modificación de una ley constitucional como la que hoy se quiere modificar se debata y se acuerde, como ha pretendido el Gobierno, en un órgano consultivo, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con interlocutores --los gobiernos autonómicos-- que no representan a la totalidad de un proyecto político. Porque no se puede pretender, señorías, que haya voluntad de consenso cuando se tramita la reforma que se está llevando a cabo en estos momentos por un procedimiento que es casi un procedimiento de urgencia.
La tramitación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, elaborada por un gobierno de centro en 1979 y debatida en las Cortes presididas por don Landelino Lavilla, tuvo un trámite en las dos Cámaras de un año y tres meses. Ahora la modificamos en un procedimiento que es casi de urgencia que, como mucho, habrá supuesto dos meses en las dos Cámaras. Pero el debate está hecho. El Grupo Socialista no va a repetir aquí debates anteriores. El Grupo Socialista ha defendido con claridad su posición, hemos hecho un ejercicio de crítica rigurosa, hemos explicado los problemas y los defectos del nuevo sistema, crítica que viene avalada por buen número de expertos. Hemos alertado de los riesgos que la situación actual y la ruptura del consenso suponen para la estabilidad del Estado de las autonomías.
En este momento de cambio y de riesgo bueno es hacer balance, porque la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas propuesta por un gobierno de centro, aprobada por consenso, ha sido desarrollada por sucesivos gobiernos socialistas a lo largo de trece años y todos los gobiernos socialistas fueron extremadamente respetuosos con las normas consensuadas y fueron eficaces en su desarrollo, incluso contando con mayoría absoluta, nunca se trató de modificar las normas constitucionales ni en las revisiones de 1987 ni en las de 1992 ni tampoco con la reforma del 15 por ciento del IRPF. Es verdad que el Partido Popular no suscribió esas reformas, pero esas reformas, señorías, estaban dentro del marco de la Lofca.
El sistema ha sido eficaz y decisivo para hacer efectivo el autogobierno de las comunidades autónomas; se ha descentralizado el gasto público de forma ordenada, hasta un 24 por ciento, que es el gasto público que gestionan en este momento las comunidades autónomas de una manera similar, con un nivel similar al de los países que cuentan con una estructura federal. El sistema ha sido también un instrumento para reducir desequilibrios territoriales.
El balance, es verdad, señorías, muestra también la necesidad de perfeccionar el sistema para hacer avanzar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y en ello coincidimos políticos y expertos. Es un reto que compartimos, pero no compartimos el modelo que han elegido. Lo diré una vez más: no hay un único modelo de corresponsabilidad fiscal y de autonomía financiera. Hay diversos modelos. Ustedes han elegido uno que nos parece inadecuado, un modelo que, además, es improvisado, un modelo que está mal acabado, un modelo que ha elegido unos instrumentos inadecuados. Han elegido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el instrumento fundamental, pero con una fórmula que no nos parece la más conveniente para nuestro país. El 30 por ciento, que es el resultado final de esa fórmula, aunque pueda parecer en su denominación que es similar a la del 15 por ciento que estuvo en vigor los años 1994, 1995 y prorrogado para 1996, poco tiene que ver con esa fórmula de participación en el Impuesto sobre la Renta en un 15 por ciento, que es una fórmula similar a la que, por otra parte, existe en la mayoría de los países federales de Europa, como, por ejemplo, Alemania. El modelo tiene graves problemas pendientes y quiero reiterarlo. Tiene el grave problema de que no cuenta con los instrumentos financieros necesarios para garantizar la solidaridad. Se han introducido dos fondos que no aparecen en las leyes que estamos debatiendo en estos momentos, el fondo de garantía, mecanismos llamados asignaciones de nivelación, con una dotación mínima, apenas diez mil millones de pesetas y estos mecanismos tienen graves problemas, se han improvisado y no garantizan los objetivos que pretenden. Señorías, en el debate que se ha producido de estas dos leyes, ha pasado desapercibido un problema que quiero señalar y sobre el que el Grupo Socialista volverá a insistir en otras oportunidades, después de estos trámites.
En la ley de cesión de tributos se ha producido la modificación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se ha reducido la tarifa de los 18 tramos existentes a 10. En este proceso, también llevado a cabo de una forma rápida e improvisada, el 40 por ciento de los contribuyentes pagará más, pero,
curiosamente, pagarán más las personas con menor capacidad adquisitiva, pagarán más las personas que tienen una renta entre un millón y un millón setecientas mil pesetas, y un 14 por ciento de los ciudadanos, curiosamente los de mayor capacidad adquisitiva, tendrán un tratamiento más favorable. Unicamente señalo ahora el problema porque el debate ha estado centrado en estas dos leyes en la reforma del sistema de financiación autonómica, pero el Grupo Socialista volverá sobre esta cuestión una vez acabado este trámite.
Hemos manifestado --y voy acabando, señor Presidente-- nuestra voluntad de cambiar el sistema que hoy se quiere aprobar cuando los ciudadanos españoles nos otorguen nuevamente la confianza para gobernar, y lo haremos desde un consenso sin exclusiones. Ustedes han rechazado nuestra oferta de diálogo, una propuesta solemne de Felipe González para parar el desarrollo legislativo hasta que se produzca un acuerdo, una propuesta razonable que no perjudica a nadie, que no había de perjudicar a nadie porque el acuerdo, en su caso, debería tener efectos retroactivos y aplicarse con fecha 1 de enero de 1997.
No voy a reiterar algo que ahora, en estos momentos, ya no parece posible, pero sí quiero decir que nuestra posición sigue estando abierta al diálogo, porque, señorías, en esta cuestión hay suficientes elementos para defender que la financiación de las comunidades autónomas no puede ser una cuestión coyuntural, táctica y moneda de cambio en virtud de las necesidades del Gobierno. La financiación de las comunidades autónomas debe seguir siendo una cuestión constitucional que debe pactarse entre el Gobierno y la oposición. Los grupos contrarios representamos en esta Cámara más de 12 millones de votos, y en esta cuestión representamos también --es necesario decirlo-- a buena parte de su electorado, que ve con preocupación la situación actual.
Señorías, hoy se modifica una ley que contará con el respaldo del Grupo Popular y de otros grupos, pero ese respaldo representa un porcentaje pequeño en esta Cámara mientras que la ley que hoy se modifica contó con el 94 por ciento de los votos de los Diputados presentes ese día, el 9 de septiembre de 1980; de los 307 votos emitidos ese día, 289 Diputados y Diputadas votaron a favor de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Señorías, son muchas las voces --no solamente voces políticas, grupos políticos-- que desde la sociedad están reclamando el pacto, voces autorizadas cuyo reclamo yo quisiera trasladar a esta Cámara.
Acabo mi intervención trayendo a este debate las palabras de dos prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional de nuestro país, catedráticos de las Universidades de Sevilla y de Barcelona, que coinciden en calificar la situación actual de muy peligrosa, los profesores Javier Pérez Royo y Francesc de Carreras; ambos, como digo, prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional de nuestro país, han alertado del riesgo de desestabilizar con esta cuestión el Estado de las autonomías, porque, como señala el profesor Francesc de Carreras, cuando se mezcla el reparto de la riqueza con sentimientos de agravio, la necesaria cohesión humana, algo más que la económica y social, en que debe asentarse todo Estado, queda muy seriamente resquebrajada.
No echen en saco roto éstas y otras reflexiones, escuchen también, señores del Partido Popular, las voces sensatas de su partido, rectifiquen y traten de restablecer un consenso, el consenso necesario para continuar el desarrollo autonómico con criterios e intereses generales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, no es la primera vez que vamos a discutir sobre estos dos proyectos de ley, pero es bueno que podamos abordar esta discusión al margen del grado y la voluntad de consenso con la que cada uno de nosotros vengamos.
Me gustaría empezar, para defender la posición del grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por argumentar dos razones: la primera, el momento en el que se produce y se ha concretado este consenso que viene a la Cámara, y la forma en la que se ha tramitado. La segunda sería cuál era la pretensión del Gobierno para tramitar estos proyectos y cuál era la voluntad que hemos venido planteando los grupos parlamentarios de manera reiterada.
Respecto de la primera, nos encontramos ante una propuesta de financiación autonómica que ha sido tramitada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas para reformar algo que se hace por primera vez desde el año 1980: la Lofca, el sistema de financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos, pero fundamentalmente la Lofca. Se han producido infinidad de acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no han tenido la necesidad de reformar la Lofca. Es la primera vez que se reforma la Lofca. Cuando se produjo el primer acuerdo con Convergència i Unió, el Gobierno originariamente decía que no era necesario reformar la Lofca ni la cesión de tributos.
Vayan anotando que esto no termina aquí. Va a hacer falta reformar también estatutos de autonomía y va a hacer falta reformarlos porque en este país se aprobaron infinidad de estatutos de autonomía desde el año 1982 a la sombra de la Lofca. Por tanto, se va tener que hacer algo que el Gobierno no tenía previsto, reformar la Lofca, reformar la cesión de tributos y los
estatutos de autonomía. Desde mi punto de vista estos dos proyectos adolecen de esa improvisación. Son una reforma parcial. No obedecen, por tanto, a la reforma de lo que pudiéramos llamar necesidades del modelo de financiación autonómica.
¿Cuáles son para Izquierda Unida las necesidades que debe compaginar un modelo de financiación autonómica? No hay poder político sin poder financiero. No podemos estar hablando de capacidad de autonomía política sin autonomía financiera. Por eso hay que unir en dos balanzas la autonomía financiera que ponemos en manos de las comunidades autónomas con la política de equidad, con la política de solidaridad. Esta reforma de la Lofca es coja en la política de solidaridad, en la política de equidad y en la de suficiencia para las comunidades autónomas. Va con un solo pie. Es bueno y positivo desarrollar la autonomía financiera, la capacidad de los parlamentos para hacer su norma financiera. Eso es positivo. Se ha incrementado la capacidad que las comunidades autónomas tenían para esa actuación.
Sin embargo, estamos poniendo en marcha dos polos que no son atrayentes entre sí, son dos polos que están en la frontera de repelerse uno con otro y debemos unirlos, por utilizar un símil de lo que ahora mismo está muy en discusión en nuestro país: inflación-déficit público. Son dos instrumentos que debemos ir controlando para un proceso de crecimiento económico. Igual pasa con esto. No es posible abordar un nuevo modelo de financiación que no recoja la realidad diferente y dispar que es nuestro país, que es España.
Tenemos una realidad territorialmente diferente, desigual, económicamente diferente y desigual y una realidad cultural y socialmente desigual. Por tanto, la forma con la que se ha concretado este modelo de financiación ha sido al calor del interés de mantener un pacto de investidura. Se ha hecho al calor no de construir y componer un modelo de Estado al que invitamos a todos los españoles con garantía de mantenerse, de perdurar en el tiempo y no es posible establecer un modelo de Estado de unos contra otros. No es posible por mucho que aquí se diga por parte del Ministro de Administraciones Públicas que ha logrado, nada más y nada menos que el consenso de quince comunidades autónomas y de no se cuántos partidos políticos, todos comprometidos en el pacto de investidura.
No obstante, no es posible gobernar España con un modelo de Estado que no concite o que no invite a todos los españoles a ser parte de ese proyecto de Estado. El gran déficit que tiene este modelo --y, por tanto, las dos leyes que después analizaré, con las propuestas que Izquierda Unida ha traído para discutir--, después de 16 años de experiencia de un modelo de financiación que sale del calor constitucional, es que no invita a todos los españoles a ser parte de ese nuevo futuro, de ese nuevo compromiso, no da estabilidad.
Ya ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ellos lo van a modificar si llegasen al poder --digo si llegasen, no sé cuándo será, mañana o pasado, y cómo llegarán, si llegarán solos o acompañados o llegarán otros--, pero es un mal anuncio, un mal presagio, que de los grupos representados en la Cámara, con maneras diferentes de entender el Estado, con maneras diferentes de entender la economía, que representan a 12 millones de españoles, uno diga ya aquí, hoy, que este modelo no les representa, no es el suyo. Pero no es que no sea el suyo y que quieran imponernos otro, como aquí se dijo, porque es sibilina la forma de argumentar y razonar: es que ustedes quieren poner veto. Pues bien, algunos quieren poder poner veto cuando se lleva al Consejo de Europa el tema de las comunidades autónomas. Piden tener el derecho de vetar cuando se vean perjudicadas.
No al derecho de veto, pero, por favor, hay 17 enmiendas a la Lofca y 14 a la cesión de tributos. Digo yo, ¿algo de nuestros razonamientos se podría recoger, algo o nada? ¿Todo o nada? Hay un laboratorio que formó la investidura de este país, entre Convergència y PP, que ya lo tiene todo medido, todo previsto. Lo tiene todo tan medido y tan previsto que no saben lo que va a costar el modelo de financiación; que no saben el grado de divergencia al que nos va a llevar.
En economía, cuando se hace el proceso monetario en Europa, para llegar a la moneda única, se dice: tantos años, tales criterios de inflación, tales criterios de déficit público, en el año 1998 confluiremos aquí. Se ha medido, porque por fortuna las matemáticas, la economía, son unas ciencias que, por lo menos, se pueden medir y valorar.
¿Dónde están los parámetros, los criterios que ustedes tienen medidos de aquí al año 2001? ¿Cuál va a ser el criterio de divergencia que se va a establecer al final? Al principio, ya lo sabemos todos. El primer año no va a haber grandes diferencias, no va a verse afectado grandemente, igual que reducir de 18 a 10 los tramos de IRPF no va a afectar sensiblemente a la progresividad de un sistema. Pero ¿cuál es la estabilidad con que funciona este modelo? ¿Partimos de unas cifras? ¿Cuál va a ser la cesión de tributos en regiones con capacidad económica, con capacidad de renta, con posibilidades? El discurso de reducir la presión fiscal, ¿cuál va a ser? Porque para competencias iguales una comunidad puede necesitar unos recursos y otra otros y, al final del proceso, podemos encontrarnos con que comunidades con poder económico pueden plantearse reducir la presión fiscal en dos, en tres, en cuatro puntos, en IRPF y en determinados impuestos a sus ciudadanos y seguir teniendo una capacidad económica para hacer frente a sus competencias, y otras que por desgracia tienen una situación económica, hoy, ya de partida, desigual, tengan que plantearse subir esa presión porque no tendrán recursos suficientes para hacer frente a las mismas competencias. ¿Se
ha medido ese grado de divergencia? Yo no digo que sea malo ni bueno, lo que pregunto es: ¿se ha medido? ¿Cuál es, con qué datos, con qué cifras, cómo lo vamos a distribuir? Y ese grado positivo de divergencia --y digo positivo porque somos desiguales de partida--, ¿cómo se acompasa con medidas de equidad? ¿De qué manera las regiones que hoy son desiguales por abajo, son débiles económicamente, tienen una estructura productiva limitada, tienen una situación de renta comprometida, de qué manera van a verse apoyadas por el conjunto federal del Estado, por el conjunto de todos los pueblos de España para corregir sus desigualdades? ¿De qué manera, dónde están las políticas de equidad desarrolladas, dónde está ese fondo compensatorio establecido, cómo van a entrar las comunidades autónomas a participar, de qué manera las comunidades autónomas van a poder producir esa realidad de fondo compensatorio, quién va a pagar ese fondo compensatorio? ¿Van a pagar las comunidades de mayor renta un porcentaje de sus mayores beneficios para corregir la desigualdad de las que tienen menos? ¿De qué manera se va a concretar legalmente? Lo desconocemos, pero está muy bien.
¿De qué manera se va a desarrollar el fondo de nivelación? ¿Cómo vamos a garantizar el principio constitucional de que todos los españoles, vivan donde vivan, tienen que tener un trato por lo menos igual o similar, cómo se va a garantizar eso? ¿De qué manera se va a poder establecer que los servicios fundamentales los recibamos con los mismos niveles de calidad, vivamos donde vivamos, en el mundo rural, en el mundo urbano, en una ciudad con más servicios o en una ciudad con menos? ¿De qué manera los servicios fundamentales, que al final son los básicos, los que nos mueven a todos, van a estar garantizados para que tengamos un mismo nivel de prestación de servicios? ¿Cómo se garantiza? Pues ya veremos, durante un año lo vamos a estudiar. ¿Y de qué manera se da estabilidad al compromiso de corrección de desequilibrios, en un momento en el que se está produciendo un proceso de no compromiso de inversión? Si se mantiene el FCI con un criterio de inversión nueva del Estado, en dos años nos podemos encontrar con que el FCI es más del cien por cien de la inversión nueva del país. Por tanto, ¿qué volumen de inversión que el conjunto del Estado va a hacer quiere comprometer, en los próximos cinco o seis años, para corregir los desequilibrios territoriales que nuestro país tiene? Desequilibrios territoriales que significan concentración de infraestructuras y de condiciones de desarrollo para unas regiones, y limitaciones de infraestructuras y desarrollo para otras regiones. ¿Cómo se establece? Tampoco está claro.
La reforma de la Lofca que ustedes hacen, como dice la memoria que acompaña a los dos proyectos, es para conseguir dos cosas: una, la cesión de tributos --o de impuestos, porque han modificado la palabra tributos; dicen que para mayor corrección la palabra tributos la cambian por impuestos, que puede estar bien-- incrementada con el IRPF, y la segunda, capacidad normativa. Pero hubo una discusión en el año 1980 sobre si había posibilidad de que, igual que un Gobierno que tiene recursos hace políticas de gastos, decide hacer escuelas y hospitales, las comunidades autónomas pudieran poner nuevos impuestos --artículo 9 de la Lofca--.
Dice el artículo 157 de la Constitución que las comunidades autónomas podrán poner en marcha impuestos propios. ¿Cuántos se han escudriñado? ¿Cuántos hemos buscado en cada comunidad? Ninguno. Que repartan los que ya existen. Pues tiene que haber el mismo desgaste en una acción política --ahí se demuestra de verdad la capacidad de autogobierno--: política fiscal y política de gastos. Lo que no es posible es, con menos recursos para todos, querer hacer más todos, porque eso no cuadra nunca. Por tanto, el artículo 9 de la Lofca, que lo facilitaba, puso unas limitaciones superiores a la Constitución. La Constitución no marcaba grandes limitaciones a la capacidad del artículo 9 de la Lofca, simplemente la voluntad de una comunidad autónoma de poner un nuevo impuesto, de buscar las fórmulas para gravar a la gente que tiene dinero, a los que producen dinero. Porque parece que en este país no se puede buscar más dinero, y dinero hay, el problema es quién tiene ese dinero.
Aquí no hay más formas de buscar dinero que sobre las rentas del trabajo o sobre el IVA, pero se puede indagar y encontrar otras figuras impositivas. Pues no se toca aquí. Eso sí, ya distribuimos unas capacidades financieras entre las distintas comunidades autónomas.
No se especifica aquí el artículo 13, el crecimiento de la PIE, de la participación en los ingresos del Estado. No se especifican, aquí, por ejemplo, en esta reforma de la Lofca, otras figuras impositivas que no sea el IRPF. El impuesto más progresivo de nuestro país --que necesita una reforma, porque el IRPF está perdiendo progresividad hoy--, que significa una recaudación de siete billones de pesetas en el país y que tiene un 25 por ciento de exención fiscal, es el que utilizamos. Y todos debemos poner en la parte que federamos, porque suponiendo que estuviésemos en una estructura autonómica profunda, los entes federados ponen una parte común para esa estructura conjunta del Estado.
Esa parte conjunta, ¿qué esqueleto impositivo va a tener? Pues ese impuesto más progresivo es típico de esa figura más federal y otros son otros. Pero bueno, supongamos que una parte la utilizamos, ¿por qué no utilizamos otros impuestos para ceder? ¿Por qué no se puede utilizar el IVA en fase minorista, todo lo que es el consumo en cada sitio, que además tiene una base imponible más homogénea? ¿Por qué no utilizamos los impuestos especiales, algunos de ellos --yo no me quiero pronunciar por ninguno, no sé si el hidrocarburo, si el tabaco, no sé cuál--, por qué no podemos utilizar
otras figuras? El tabaco mueve --escuchen un poquitín-- casi 500.000 millones de pesetas al año; digo en cuanto a impuestos, aparte está el contrabando que, ahora que no nos oye nadie, es un porcentaje casi del doble. Es un sitio donde podríamos meter las manos para cobrar, porque aquí nadie habla de lo que se podría sacar del fraude fiscal, que, por cierto, cada vez crece más. Con un compromiso de reducir uno o dos puntos ese fraude, podríamos tener más dinero para distribuir, porque lo importante aquí es cómo ingresamos más. Bueno, pues no se plantea esa discusión. El artículo 13 de la Lofca trata de la participación en los ingresos del Estado, ¿por qué el volumen de cesión de otros impuestos? Y por último, la garantía de la nivelación, el gran déficit que tenía el modelo anterior. El modelo anterior de financiación, el que ha caducado ahora, es un modelo que ya está agotado, que necesita un nuevo salto, no ha conseguido dos elementos constitucionales: ni desarrollar la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera, ni desarrollar el principio de nivelación. Está parado el artículo 15 de la Lofca, no se había puesto en marcha la corresponsabilidad fiscal.
Aquí hay como una disparadero para un lado, pero el otro está contenido y cerrado. Las cinco personas que hicieron el estudio del modelo anterior ya anunciaron que las dos cosas debían desarrollarse simultáneamente.
Deberíamos haber desarrollado simultáneamente los dos elementos: la equidad, junto con la corresponsabilidad fiscal, con la mayor autonomía financiera. Pero autonomía financiera que tuviera un nivel de suficiencia de manera similar. ¿O acaso las divergencias de origen cultural, histórico, lingüístico también son económicas con plena capacidad? ¿Es posible que tengamos que plantearnos un modelo de Estado en el que esto también sea para siempre? De partida a mí me parece lógico, porque tenemos una España que es dispar. La capacidad y voluntad de autogobierno que tiene hoy el pueblo de Cataluña o el pueblo vasco es muy superior a la de otros pueblos. Eso es verdad, nadie lo puede negar. Es una voluntad de autogobierno, una voluntad de autonomía, incluso de autodeterminación, que otros pueblos no tienen. Pero de punto de partida eso puede ser así entendido. Pero en lo que se refiere al punto final de un modelo de Estado tendremos que tener en lo económico los mismos recursos. Lo básico en una familia a la hora de distribuir un salario, lo primero a la hora de distribuir sus recursos es comer, después es vestirse y luego comunicarse y relacionarse. Ni siquiera pido eso para la financiación autonómica. No pido que primero que sea comer y vestirse y después comunicarse. A la misma vez las tres cosas.
Este modelo no garantiza ese procedimiento. Por tanto, las dos leyes que le soportan --y nunca mejor dicho, que le soportan--, la reforma de la Lofca y la reforma de la cesión de tributos adolecen de esos dos efectos.
Pero es que el trámite en el Congreso, el trámite en el Parlamento se ha hecho de hurtadillas, por encima, ha sido muy poco discutido, muy poco concretado. Nosotros hemos presentado, al calor de estos argumentos, 17 enmiendas a la Lofca. Pero olvídense de las propuestas maquiavélicas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que quiere transgredir todos los pactos que han conseguido hacer en determinados sitios. Por cierto, la bodeguilla tiene otro propietario y también se puede usar para otras cosas.
Aquí hay unos documentos que contienen las aportaciones hechas por los letrados de las Cortes a la Lofca. Hay aproximadamente siete páginas de propuestas, de limitaciones, de correcciones que tenía que tener esta ley. Y para la cesión de tributos hay también otro documento que informa esta cesión de tributos y cómo debía de ser corregida. ¿Hemos tenido el sosiego para incorporar este estudio que hacen los letrados de las Cortes, que no tienen nada que ver con la maquiavélica proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Pues no hemos tenido la serenidad. ¿Por qué? Porque a machamartillo tiene que salir esto de este horno cuando sea, lo más rápidamente posible y con el menor número de grifos abiertos. Pues abran los grifos porque si no esto no va a haber cristo que lo lo aguante y no va a ser posible que puedan desarrollar este modelo de financiación, porque tendrán que estar sistemáticamente con el maletín de los presupuestos compensando. ¿O acaso ustedes no han visto la misma discusión presupuestaria que yo? ¿No hemos visto la misma discusión presupuestaria? Ahora le damos 7.000 millones a Aragón, pero se los quitamos porque nos hemos equivocado. Ahora le damos al País Vasco, a través del PNV, 7.000 millones, pero se los quitamos porque nos hemos equivocado. Ahora le damos 3.000 millones a otro. ¿Hemos visto cómo se ha compensado o no un déficit de capacidad financiera? ¿Podemos ver cómo se han distribuido o no territorialmente las inversiones del Estado? ¿Las quieren SS. SS. ver? ¿Por qué hay una comunidad como la canaria que sube al 60 por ciento su inversión territorializada mientras otras bajan el 30 por ciento? ¿Por qué? ¿Simplemente porque ha sido un albur de necesidades? ¿Qué pasa, que otras regiones no tienen esas necesidades, como Extremadura, Murcia, Asturias? ¿No la tienen? Pues sí las tienen. ¿Saben lo que pasa? Que hemos pagado la parte de contrato para que me apoyen el contrato más grande del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así no se puede mantener la discusión presupuestaria los próximos cuatro años. ¿Pero dónde vamos a ir en este país discutiendo así los presupuestos, con chantajes sistemáticos en la discusión presupuestaria? Los cuartos son los cuartos. Los cuartos son carreteras. Los cuartos son escuelas, son hospitales, son capacidad para un pueblo. No es baladí decir que le damos aquí un 20, un 30, que es un tres, que es un dos, pero
que multiplicado son 80.000. Y no nos ponemos de acuerdo. Los números del Grupo Socialista son 80.000 millones o 90.000 millones que va a costar esto de más. Los números de no sé quién son 120.000. Los números de no sé quién son 30.000. No lo sabemos.
¿Alguna vez han visto ustedes una discusión presupuestaria sin saber lo que cuesta? Sería una innovación revolucionaria en los trámites de la discusión de los dineros. Sería tanto como decir que voy a gastarme lo que se me ocurra y lo voy a pagar como pueda. Esa sería la discusión que podríamos encontrarnos en el devenir de este modelo de financiación.
Nuestras 17 enmiendas lo que pretenden es corregir esa desviación constitucional que para nosotros tiene esta reforma de la Lofca. Hay tres artículos de la Constitución que para nosotros inspiraron la Lofca, que no inspiran este nuevo modelo de la Lofca.
Insisto, señorías, en que no soy de los que defienden un modelo según el cual la corresponsabilidad fiscal esté al 100 por cien topada y al 100 por cien sin capacidad normativa. No estoy defendiendo eso. Estoy defendiendo autonomía financiera para las comunidades autónomas, que los parlamentos y los pueblos puedan regular esa autonomía financiera y, a la vez, que eso suponga una suficiencia financiera similar.
¿Saben ustedes por qué --y los números los di en el debate de totalidad--? Porque en Madrid la recaudación del IRPF es 1,6 billones de pesetas, su 30 por ciento son 600.000 millones, y no le van a poder dar ni el 6 por ciento, porque se pasa de la PIE. En Extremadura la recaudación del IRPF es de 66.000 millones de pesetas, su 20 por ciento es de 22.000 millones de pesetas; sin educación, es el 10 por ciento de su presupuesto. Le van a tener que dar el 300 o el 400 por cien de su IRPF. ¿Cómo se lo van a dar con este modelo? ¿De qué manera? Díganme los números para que yo me lo crea y voto a favor su propuesta.
Cesión de tributos. Por lo que se refiere a la cesión de tributos, hemos presentado enmiendas para corregir su propuesta sobre el domicilio fiscal. Ustedes han dado progresividad a los tramos del IRPF reduciéndolos a 10, aunque nosotros creemos que deben seguir siendo 18, porque no sé por qué habiendo más tramos es más complicado hacer la declaración. Pero, suponiendo que mantuvieran los 10, dicen: vamos a intentar hacerlo más progresivo, y ponen por igual una deducciones de 2.500 o de 3.000 pesetas. En los impuestos debe de pagar más el que más tiene y menos el que menos tenga. Por tanto, es bueno que en las deducciones ocurra igual. Pero, suponiendo que las mantengan, ¿no sería mejor bajar los coeficientes de los mínimos de las personas que ganan menos de un millón y medio, dos millones y medio o tres millones y subir los máximos? Pues no. Ustedes lo que han hecho ha sido: a los que ganaban más, que tenían el 56, se lo han puesto en el 48 y se lo han mantenido por abajo a los que ganaban menos. ¿Eso qué quiere decir? Que renunciamos a recaudar más dinero de los que ganan 11 millones de pesetas, o más que son poquitos, pero es mucho dinero, y hemos mantenido la presión para los que ganaban un millón y medio o menos.
Nosotros hemos presentado 14 enmiendas a la ley de cesión de tributos que van dirigidas a buscar mayor progresividad en los diez tramos del IRPF, tanto en el del Estado como en los autonómicos, a buscar mayor progresividad en lo que ustedes llaman la deslocalización. Porque ustedes tienen una fórmula curiosa para buscar el domicilio habitual y es que no estén fuera más de tres años. Pienso que no es muy normal que una persona esté fuera de su domicilio tres años de manera permanente.
Yo no digo que la capacidad de autonomía signifique esto, ni tampoco que la autonomía sea solamente el recargo. El recargo ya lo tuvimos recogido en la Lofca y no funcionó. Se le ocurrió subir al señor Leguina --que no está ahora aquí-- el 3 por ciento y se montó un lío en su propia comunidad. Pero no es éste el problema. La competencia por domiciliarse y hacerse residir se crea en el momento en el que en una comunidad, al calor de lo que nos encontramos hoy, se desficaliza y, se puede ir a los patrimonios más fácilmente residuados, se puede ir a la ubicación o a la desfiscalización. Empezamos con una competencia desleal entre comunidades para asentar actividades industriales, porque tienen más garantías, con lo cual vamos a ir al mercadeo (a ver qué empresa, cómo viene, quién le da más, quién le puede recortar), seguimos con la posibilidad de que un ciudadano pague, teniendo los mismos ingresos, más en un sitio y menos en otro, y podemos terminar con la captación de ciudadanos en el futuro. Por tanto, yo creo que sería bueno que nos fuéramos planteando el tema de la residencia habitual de una manera más segura, para garantizar que este modelo no va a generar descompensación o competencia desleal a nivel fiscal en todo el territorio. Por eso defendemos, en una enmienda nuestra al principio de esta ley de cesión de tributos, que se vaya a una armonización de bases, a una armonización fiscal que marque los límites de la divergencia. Y medidos esos límites de la divergencia se compensen con los límites de la equidad establecidos con actuaciones y recursos concretos.
Este es el objetivo de nuestras enmiendas. Tienen ustedes 17 posibilidades de mejorar la Lofca a través de nuestras enmiendas, y solamente 13 posibilidades con la cesión de tributos, aunque tengo que reconocer que me han admitido una enmienda en el trámite de Comisión.
Nuestra aportación, que consideramos que es importante, es la de que el cambio de domicilio habitual esté ligado a la separación, etcétera. En todo caso, está bien. Han movido una pieza para explicar qué era eso del cambio del domicilio habitual y por qué se podía producir. Es bueno.
Además de eso, con el ruido que trae el viento, ¿suena alguna hoja más que pueda mejorar el procedimiento
y el proceso? No. Si ustedes cierran, blindan férreamente su acuerdo y estas dos leyes, nosotros férreamente intentaremos cambiarla y lo intentaremos hacer de abajo a arriba y de arriba a abajo. Antes se ha dicho aquí si el acuerdo político se debía producir entre las comunidades autónomas o entre las fuerzas políticas. Miren SS. SS., entre las dos. El acuerdo político debe producirse con la participación de todas las comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas. ¿Y saben ustedes cómo lo entendemos nosotros? Aunque la verdad es que uno tiene poca experiencia política como para poder aconsejar, diré que cuando en la diplomacia europea o en cualquier otra circunstancia no hay acuerdo en alguna cosa fundamental se aparca, se sigue con lo que se está de acuerdo y se busca cómo superar el otro aspecto. Lo que no se puede hacer cuando se busca un consenso que afecta a todo el Estado es imponer la divergencia.
Yo estoy seguro de que ustedes son conscientes de las complicaciones del proceso, que ustedes están haciendo sus números, pero sería bueno que en el desarrollo de lo que hoy vamos a aprobar aquí (que es un cuerpo legal que ustedes tienen que desarrollar, aunque hay leyes que se acuerdan y que luego se desarrollan o que no se desarrollan) abriesen la mano, porque el Estado es de todos y si no lo que ustedes pueden hacer es ponernos en estado a todos los demás.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
También han presentado enmiendas a los textos que estamos debatiendo, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez; la señora Rahola, que no se encuentra presente, y el señor Chiquillo.
Para la defensa de las enmiendas suscritas por el señor Vázquez y el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Rodríguez.
Señoras Diputadas, señores Diputados, estamos asistiendo a un debate político desgraciadamente confuso y viciado, sobre todo ante la opinión pública del Estado español, por dos motivos básicos. El primero de ellos, sin duda, porque no se quiere o no se puede --que es bastante más grave-- discutir una reforma constitucional del Estado como realmente cabría esperar después de pasados tantos años, desde 1978, y de una vez por todas asumir el carácter plurinacional del Estado español. En segundo lugar, esto está contrarrestado inevitablemente --se reconoce desde todas las bancadas-- porque existe una voluntad política de las naciones que integran el Estado español y específicas diferencias que fuerzan a reformas, a cambios, desgraciadamente sólo en el plano financiero, tributario o fiscal, pero desde luego siempre desde la legítima defensa de una autonomía financiera que tiene cierto apoyo en la Constitución española de 1978.
Pero en un país como éste, al que yo pertenezco, realizar este debate sin hablar de los problemas económicos generales y de los problemas políticos generales nos hace muchísimo más difícil ser claros y sobre todo estar mucho más fuera de juego. Cuando la opinión pública española piensa que en este debate se están dando agravios de unos contra otros no piensa que seguramente el primer agravio grande, el primer síntoma de confusión es por qué razón el Estado español está dividido en 17 comunidades autónomas que solamente hicieron confundir administrativa y políticamente más el problema.
Como realmente Galicia es un país muy diferente, naturalmente diferente, y como empieza a tener también una conciencia política más aguda de lo que a muchos le gustaría, nosotros no podemos alinearnos con aquellos que niegan la diferencia y que efectivamente enarbolan la bandera de España para decir que hay que agitarla en contra de los que intentan romperla.
Porque a nosotros, arropados con la bandera de España, nos ha ido francamente mal.
El sistema financiero que se propone para nosotros, de todas maneras, es insatisfactorio. Es cierto, además, que no debería asustar a los partidarios de la Unión Europea y de la España tradicional porque no se introducen cambios sustanciales, pero lo más grave es que desde la perspectiva gallega es totalmente inadecuado porque no reúne un perfil suficiente para nosotros. Nosotros preferimos discutir el conjunto del sistema tributario, discutir dónde está la soberanía fiscal, dónde está la fuente de las competencias, de las normas y de los perfiles de financiación; en una palabra: quién tiene la responsabilidad y la soberanía fiscal y enfrentarnos de una vez a un sistema fiscal que en esta ley también sigue estando subordinado jerárquicamente, nos coloca a todos en una situación de precariedad y, lo que es más grave, en una situación de reversibilidad. Discutamos, por lo tanto, desde la óptica de si vamos a un Estado español confederal o si queremos seguir teniendo la centralización fiscal que hubo hasta ahora.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado seis enmiendas básicas que intentan dibujar el perfil gallego del sistema ateniéndose solamente al plano tributario.
La primera, la número 23, plantea un problema fundamental para nosotros, que es que el lugar de la actividad económica debe ser el que condicione y prefigure el lugar donde se tributa. No se puede dudar de las consecuencias negativas para la economía, para la Hacienda gallega de tantas transnacionales o tantas empresas del Estado que tributan en otra parte: los nombres cantan: Citroën, Unión Fenosa, Ferroatlántica, Endesa, Ence, Alumina-Aluminio. Y no vamos a hablar de todas las grandes áreas comerciales porque sería
imparable. Solamente quería poner un ejemplo de las empresas que cotizan en Madrid pero que desenvuelven sus actividades económicas fundamentales en Galicia, y muchas de ellas sobre riquezas básicas de nuestro país.
La enmienda número 24 aboga por ampliar el abanico tributario de cesión a las comunidades autónomas, efectivamente, con la fase minorista del IVA y con el Impuesto sobre Sociedades y, además, no poner límites máximos en la cesión del IRPF.
La número 25 aboga por no limitar las posibilidades competenciales normativas en los tributos para que las comunidades autónomas puedan legislar sobre tributos cedidos, porque una parte fundamental, señorías, de la autonomía fiscal es la decisión que se tiene y no sólo la capacidad recaudatoria. Es increíble que se esté centrando la batalla ideológica sobre la unidad y la cohesión del Estado solamente en capacidades normativas que realmente no son las fundamentales para provocar diferencias.
La enmienda número 26 propone la supresión del parágrafo que se centra curiosamente en una ley que es combatida y que recurre a los mismos tópicos que los que la combaten. Hay una retórica de lugares comunes para justificar el principio de limitación de las capacidades normativas; tres lugares comunes fundamentales que son totalmente falsos, empíricamente falsos. El primero es que hoy el Estado español es desigual, gravísimamente desigual. Pero es desigual económica, culturalmente y desde el punto de vista de los salarios y también políticamente. ¿O es que ustedes me van a convencer de que todos las acciones de los representantes políticos son tratadas con la misma consideración o que todas las acciones del Estado español son tratadas con la misma consideración? Pero, ¿dónde estamos? ¿Es que ustedes pretenden convencerme de semejante tipo de cuestiones que tropiezan con la experiencia cotidiana? La desigualdad actual en el nivel de desarrollo económico y de bienestar colectivo es evidente. Es falsa la ecuación centralización fiscal/solidaridad. Está ya avalada por muchos años de historia del Estado español.
Y, por fin, señorías, el tercer tópico. Tenemos que buscar una fórmula para luchar contra la desigualdad pero desde el nivel de soberanía fiscal. Y es aquí donde tendríamos que tener el debate y la discusión más importante.
La enmienda número 27 propone la eliminación de un párrafo, lo que lleva precisamente a que nosotros podamos asumir la gestión, la liquidación, la recaudación, la inspección y la revisión del tramo cedido del IRPF, no limitar las posibilidades de actuación, aunque existan dificultades técnicas en un principio, que habría que estudiar detenidamente.
Por fin, la número 28 postula la supresión del párrafo donde se subordinan las decisiones que tomamos en favor de la descentralización fiscal, en función de decisiones que se tomen en la Unión Europea. Al Bloque Nacionalista Galego --se lo decimos sin ambigüedad de ningún tipo-- nos alarma que, en el Estado español, los partidos políticos pongamos el grito en el cielo o debatamos sobre supuestas pérdidas de unidad de España, de soberanía de España, cuando mayoritariamente, a ningún partido político le preocupan todas las cesiones que se están haciendo al exterior y se está dispuesto a entregarlas alegremente. No entendemos cómo se puede construir una Europa igualitaria sobre tales bases de cesión de soberanía real del propio Estado.
En definitiva, señorías, la finalidad de nuestras enmiendas es la siguiente: las números 24, 26 y 27, para que tributemos donde se obtienen los rendimientos; las números 29, 31 y 32, para eliminar condicionamientos en el ejercicio de la capacidad normativa; las números 33, 34, 35 y 36, para ampliar competencias en la parte cedida del IRPF, y las números 37 y 38, para que haya una composición paritaria de los consejos territoriales, donde el Estado y la respectiva comunidad autónoma tengan que llegar a acuerdo efectivamente por consenso, porque están en plano de igualdad, tres frente a tres. Este es el problema de fondo.
Desde la posición de un país que, naturalmente --entre comillas--, no existe para muchos, pero que existe en la práctica y cada vez va a existir más, seguramente para desagrado de muchos, este debate tiene un contexto y una necesidad pendientes. El primero, el debate de política institucional y constitucional; la segunda, la del desarrollo económico básico de todas las naciones que integramos el Estado español y el derecho a no vivir subsidiados, que es la clave. Si nosotros producimos, no le vamos a tener ningún tipo de miedo a un sistema tributario que nos responsabilice, fundamentalmente, de nuestro futuro.
Para la defensa de sus enmiendas, también del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo para defender la postura de Unión Valenciana respecto al debate de hoy: la reforma de la financiación autonómica, en particular, la reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la conocida Lofca.
Unión Valenciana considera que en el año 1980 se inició un camino importante, no sólo por lo que significaba el principio del actual Estado autonómico, la autonomía política de las nacionalidades y regiones del Estado español, sino que con esta ley se disponía del instrumento esencial para que esa autonomía política se hiciera realidad, es decir, que tuvieran autonomía financiera. Porque hemos dicho hasta la saciedad
que, sin autonomía financiera, difícilmente se puede llegar a conseguir ese objetivo de autogobierno y de verdadera autonomía política de las nacionalidades, como la valenciana, que aspiran a ello en toda su integridad.
Aquí se han hecho cantos de alabanza al consenso del año 1980, de esta Lofca; en su momento se entendió ese equilibrio y ese consenso, pero si algo unía a los partidos políticos de la Comunidad Valenciana es que esta ley, el modelo de financiación que sucesivamente se fue revisando sobre las premisas sentadas en el año 1980, discriminaba a unas comunidades y beneficiaba a otras. En todos los estudios, en todos los análisis, en todas las valoraciones políticas del tema que, sin duda, ha hecho gastar más litros de tinta en los últimos meses, en los últimos años, si hay una comunidad que ha sufrido un nefasto sistema de financiación autonómica, sin duda alguna, además de la Comunidad de Cataluña o la de Baleares, ha sido la Comunidad Valenciana, que ha sufrido hasta el año 1996 este sistema de financiación. Digo sufrido porque ha discriminado gravemente y ha coartado la posibilidad de tener esa autonomía financiera que nos permitiera alcanzar el pleno nivel de autogobierno y la autonomía política.
Desde esta premisa, Unión Valenciana esgrimió como uno de los principales planteamientos de la campaña electoral del 3 de marzo, hacia lo que entendemos que debe ser el futuro de las autonomías, el Estado Federal, ante la risa de algunos, la desconfianza de otros, los gritos de insolidaridad por parte de unos cuantos, que era fundamental reformar la financiación autonómica y hacer extensivo el sistema de concierto económico a aquellas comunidades que lo solicitaran, si así lo consideraban oportuno los propios parlamentos regionales. Esa propuesta en época electoral fue tachada por muchos y despreciada por otros tantos.
Hemos visto después lo que ha ocurrido desde el 3 de marzo hasta ahora y cómo los pocos argumentos que se utilizaban en contra de la postura defendida por Unión Valenciana del acuerdo o concierto económico para la Comunidad Valenciana como modelo de financiación, han quedado en nada con la reforma que se nos presenta.
Nosotros pensábamos, como paso previo a ese acuerdo económico para la Comunidad Valenciana y para aquellas otras comunidades autónomas, que podría estar hablándose del 35 por ciento de corresponsabilidad, del 40 por ciento y, por qué no, del 50 por ciento y se ha quedado en un 30 por ciento. Pero nuestro objetivo último era extender el acuerdo o concierto económico como modelo de financiación a aquellas comunidades, como la Valenciana, porque nadie puede poner en duda que tiene las mismas razones históricas que las demás. Se ha hablado mucho aquí de razones históricas, de antecedentes históricos y yo tengo que decir en voz alta que la Comunidad Valenciana actual, el Reino de Valencia, mantuvo cuotas de autonomía política, administrativa, jurisdiccional e incluso fiscal, hasta el año 1707, cuando, por la fuerza de las armas, el Gobierno central, que entonces ya daba la espalda a la Comunidad Valenciana, determinó que esa institución foral, con todo el peso que tenía el Reino de Valencia entonces, no tenía razón de subsistir por habernos alineado bélicamente con el bando perdedor. Ahora no nos hemos alineado bélicamente, pero tampoco nos hemos alineado políticamente con el bando vencedor, con el nuevo Gobierno, y por ello se nos niegan algunas cuestiones relativas a lo que es un todo, y para Unión Valenciana es un todo lo que hemos debatido esta semana: la financiación, los presupuestos, las inversiones, la corresponsabilidad fiscal y ese amplio paquete que nos ha ocupado desde el lunes por la tarde hasta el viernes a mediodía.
Unión Valenciana, con la enmienda que presentó, que mantiene y que estoy ahora intentando defender, pretende que se abra la posibilidad de que aquellas comunidades forales que lo fueron, aunque ahora no lo sean, que con planteamientos políticos serios desde sus parlamentos, con razones históricas serias y contrastadas, quieran acceder a ese modelo de financiación, que nosotros consideramos que es el ideal, el acuerdo o concierto económico como modelo global de financiación para el Estado autonómico español que avanza hacia un Estado federal, puedan acceder mediante la generalización de ese acuerdo o concierto económico, y nos pueda equiparar a aquellas comunidades que hoy en día tienen ese modelo de financiación para regir sus propios destinos de política económica, para poder hacer su verdadera política en su comunidad. El planteamiento básico es ése.
Se ha apelado aquí a economistas, a catedráticos, por parte de la portavoz del Grupo Socialista, pero también hay economistas muy prestigiosos de la Hacienda pública, a nivel nacional e internacional, que defienden la tesis del federalismo fiscal, tesis por la que los gobiernos subcentrales --que, en nuestra terminología, vendrían a ser las comunidades autónomas-- gestionan sus propios recursos y realizan la asignación más eficiente de los bienes y servicios públicos que tienen a su alcance. No es casualidad que sistemas similares, guardando las distancias, sean los que actualmente estén utilizando los países más avanzados del mundo, como son Estados Unidos, Canadá, Suiza o Alemania.
Unión Valenciana como partido nacionalista mantiene la legítima aspiración de que la Comunidad Valenciana cuente con este acuerdo económico pues estima que puede ser el instrumento político al servicio de las comunidades autónomas para alcanzar su máximo techo competencial.
Como después señalaré, es un instrumento que garantiza la solidaridad, generalizable a todas aquellas comunidades autónomas que lo deseen.
La autonomía financiera es requisito indispensable para el desarrollo equilibrado de una comunidad, en
este caso la Comunidad Valenciana, así como para la realización eficiente de aquellas competencias que tiene transferidas. El sistema de financiación que proponemos con esta iniciativa, como decimos, extensible a todas las comunidades que los soliciten, deberá en todo caso respetar la solidaridad interterritorial en los términos previstos en la Constitución y debe atender, en todo caso, la estructura general impositiva del Estado. Este acuerdo o concierto económico, que es básico para que haya un equilibrio en este Estado federal al que avanzamos inexcusablamente, permitirá una aplicación efectiva de una política económica en cada comunidad que, respetando los principios básicos de política general del Estado, pueda llevar a este proyecto global y común que es el Estado español hacia las mayores cotas de bienestar económico y social en este modelo económico que pensamos que es solidario, equilibrador y no discriminatorio, condiciones que el modelo que teníamos hasta el día de hoy no cumplía.
No nos duelen prendas en reconocer que el actual modelo es un avance --así lo dijo Unión Valenciana en el Senado-- y lo apoyamos, pero con reservas. El debate global de la política económica del Gobierno, que incluye la ley de Presupuestos Generales del Estado, las leyes de acompañamiento y la reforma de la Lofca, nos lleva a mantener nuestra reserva y no aceptar esta reforma planteada por el Gobierno. Pensamos con toda sinceridad que nuestro modelo ofrece la posibilidad de que, si se ha hecho un consenso más o menos amplio --para algunos muy amplio, para otros, trece millones de españoles no están representados en este modelo--, se abra un debate en el año 1998, por lo que hemos presentado esta enmienda. En el año 1997, el modelo puede servir. En el año 1998 se extiende al 30 por ciento, también puede servir. Pero después, qué.
Nosotros vamos más lejos y no nos conformamos con este 15 o 30 por ciento. Por eso en esta enmienda, en esta disposición adicional que mantenemos, abrimos la puerta al diálogo, al debate entre el Gobierno central y aquellas comunidades autónomas que consideren que este modelo, aun siendo un paso importante, un avance, puede ir adelante. Para Unión Valenciana ir adelante es extender el acuerdo o concierto económico a aquellas comunidades que estén capacitadas, tengan voluntad política y capacidad, sin quebrar los principios constitucionales, que Unión Valenciana respeta hasta las últimas consecuencias.
El articulado del texto que Unión Valenciana presenta, porque este debate no se cierra hoy, respeta escrupulosamente la solidaridad en los términos establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; atiende y respeta la estructura general impositiva del Estado; mantiene los principios de coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado conforme a las normas de este acuerdo y de la legislación básica en la materia; esa coordinación, armonización fiscal y colaboración se mantiene en los parámetros de la Constitución, del ordenamiento básico estatal en materia de tributos y de la Ley General Tributaria; y sobre todo es escrupulosamente respetuoso con los tratados y convenios internacionales que en la materia económica, fiscal, tributaria y presupuestaria puede haber suscrito el Estado con países terceros.
Este debate no se cierra, aunque es, indudablemente, un avance. Nadie podrá decirle a Unión Valenciana que no apoya ese paso que se da hoy, pero lo hace con reservas, no apoyándolo porque sea un punto y final a la reforma de la financiación autonómica. Para el Gobierno éste es un punto y final en la financiación autonómica, para Unión Valenciana éste es un punto y seguido. Algunos pretenden reformar esta ley cuando lleguen al gobierno, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, y otros pretenden cerrar hasta el año 2001 la financiación autonómica. Nosotros no estamos ni en un extremo ni en otro. Para nosotros, éste es un punto y seguido y, a partir de mañana, tenemos que seguir hablando del tema.
Seguir hablando del tema significa profundizar en el autogobierno. Y profundizar en el autogobierno significa avanzar en el actual modelo de Estado autonómico e ir hacia el Estado federal, hacia la generalización de los conciertos económicos. No está todo logrado, tenemos que conseguir el acuerdo económico; tenemos que hablar de las agencias tributarias autonómicas; tenemos que hablar de un sinfín de cuestiones que hoy no pueden quedar cerradas.
Unión Valenciana considera que la reforma de la Lofca es un paso adelante y que la Comunidad Valenciana puede salir beneficiada, sobre todo si tenemos en cuenta lo nefasto que era el antiguo sistema de financiación autonómica que durante dieciséis años ha perjudicado gravemente a nuestra comunidad. Pero pensamos que se pierde la oportunidad de hacer ese punto y seguido y continuar avanzando hacia ese modelo que pueda corregir desequilibrios y acabar con agravios que como los sufridos por la Comunidad Valenciana han ocurrido en otras comunidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, ¿puede concluir?
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.
Unión Valenciana estima que el actual modelo de financiación no garantiza un compromiso electoral al que es fiel: sí al avance en la corresponsabilidad, pero no a renunciar a ese modelo de financiación, que es el ideal para conseguir nuestro objetivo, legítimo o no para unos u otros, pero creemos que respetable, que es hacer efectivo el pleno autogobierno para una nacionalidad histórica como la Valenciana, hacer efectivo ese autogobierno, ese máximo techo competencial y
esa plena autonomía política. Para conseguir ese nivel de autonomía política tenemos que tener la máxima autonomía financiara. Como digo, el actual modelo de financiación no lo garantiza, de ahí nuestras reservas y nuestro voto. Puede ser o no entendido, pero Unión Valenciana tiene un compromiso al que no puede fallar: la ciudadanía valenciana.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Montseny tiene la palabra, que compartirá el turno con el señor Martínez-Pujalte, que se encargará del proyecto de ley de cesión de tributos.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo y, al mismo tiempo, hacer un turno en contra respecto de las enmiendas que han sido presentadas y que todavía permanecen vivas a este proyecto de reforma de la Lofca. Me gustaría resaltar que para el Grupo Parlamentario Popular es un privilegio continuar desarrollando el artículo 157.1 de la Constitución, puesto que desde el año 1980, en que fue aprobada la vigente Lofca, se han sucedido distintos y sucesivos modelos autonómicos.
Pero llegado este punto, y con arreglo a lo asumido por el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al actual Gobierno, somos conscientes de que había que proceder a una reforma de la Lofca para redefinir, delimitar y adecuar el principio de administración única que obraba en nuestro proyecto político.
Aquí se han dicho muchas cosas que es necesario rebatir. Pero antes de entrar en esos argumentos para contradecir lo expuesto por determinados grupos parlamentarios de la oposición, me gustaría afirmar que el objetivo primordial y principal de la reforma orgánica de la Lofca es redefinir el concepto de tributo cedido; aclarar y concretar tributos susceptibles de cesión; reformular el ámbito de recargo sobre tributos cedidos a las comunidades autónomas; dirimir el alcance y contenido de esa cesión; concretar si la cesión de los tributos cedidos es parcial o total; redefinir el alcance de la competencia normativa y, finalmente, incorporar lo que, a nuestro juicio, era importantísimo, que es el capítulo IV del mencionado proyecto de ley para poder llenar una laguna legal importante, tan sólo apuntada en el año 1992, en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Me refiero a resolver los conflictos que puedan surgir entre el Estado y las comunidades autónomas o de éstas entre sí, que para nosotros era esencial. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Quiero apuntar también que cabía hacer una alusión a las comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía han sido recientemente aprobados e incorporarlos a la mencionada reforma de la ley orgánica.
La historia se escribe en muchos sitios, en los propios «Diarios de Sesiones» que recogen los discursos pronunciados en esta Cámara, en los programas electorales que presentan los partidos políticos, etcétera. A mí me gustaría decirle, señora Aroz, a usted que tanto critica nuestro modelo de financiación autonómica, que en las recientes elecciones autonómicas catalanas su candidato, el señor Nadal --al que usted y yo conocemos bien--, manifestaba ya que de ganar estas elecciones autonómicas reivindicaría el principio de corresponsabilidad fiscal del 30 por ciento. No se puede decir aquí una cosa y lo contrario en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña o en Castilla-La Mancha. Por cierto, señora Aroz, el señor Bono ya lo empieza a tener más claro y se lo está replanteando. Replantéenselo también ustedes.
Voy a leer la declaración del Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, efectuada la semana pasada ante un medio de comunicación: Es rigurosamente cierto que hay un acuerdo autonómico prácticamente cerrado con el Partido Socialista Obrero Español. Cosa que ustedes han negado también ante los medios de comunicación. Usted y yo sabemos que esa afirmación es cierta y rigurosa, que había habido no solamente inicio de conversaciones, sino que éstas habían sido continuadas y prácticamente estaban cerradas hasta que por motivos partidistas, señora Aroz, ustedes decidieron que no convenían y se querían quedar al margen de ese pacto que ustedes ya asumieron en una pequeña parte del 15 por ciento en la pasada legislatura, consensuado con escasas fuerzas políticas, pero que el Gobierno ha sido capaz de consensuar con un número de fuerzas políticas y parlamentarias representadas en esta Cámara mucho más amplio.
Ahora ustedes presentan enmiendas de supresión al vigente proyecto de reforma de la Lofca diciendo que se quiebra el modelo cuasi constitucional de consenso establecido desde el año 1980, cuando ustedes, en trece años de gobierno socialista, no han hecho nada en ese ámbito, y conste que también en su programa electoral tienen asumida esa corresponsabilidad fiscal, aunque, mientras no necesitaron los apoyos de nadie, permanecieron totalmente insensibles al desarrollo del Estado autonómico.
Me gustaría argumentarle al señor Ríos, que ha venido aquí a defender con tanto énfasis las enmiendas que permanecen vivas al presente proyecto de ley, que hay una contradicción. Por un lado, tilda de catastrofista, de nefasto, el modelo de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en ese momento se autorizó por ese órgano, y, por otro lado, presentan unas enmiendas cuyo contenido rebasa con mucho la propia dimensión de lo que nosotros hemos asumido en nuestro programa electoral, en nuestro compromiso con la sociedad, que
está contenido en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno, esencia de lo que consideramos que debe abarcar la reforma de la Lofca.
Dice S. S. que se quiebra la solidaridad y que se producirán paraísos donde habrá una cierta desfiscalización. Le debo responder lo que le dije en la Comisión de Economía de Hacienda: se ha creado un fondo de nivelación que establece el artículo 15 de la Lofca y que, durante largos quince años nunca fue desarrollado; que, asimismo, respecto al Fondo de Compensación Interterritorial, que tuvo paralizado el aumento proporcional, ni siquiera del IPC, en los cinco últimos años, el Gobierno popular ha hecho un esfuerzo en los presupuestos, aumentando esa participación presupuestaria, al igual que las pensiones y el capítulo relativo a la sanidad; y que también hay fondos europeos para paliar las posibles diferencias. Además, señor Ríos, de todos es conocido que no presentan a las Cámaras el mismo presupuesto las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, el País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha. Ya existían diferencias presupuestarias con arreglo al número de habitantes y a la renta per capita que tiene cada una de ellas.
Antes de terminar, voy a contestar brevemente a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, diciéndoles que el presupuesto a que asciende el modelo autonómico presentado este año a los Presupuestos Generales del Estado es de dos billones 363.626 millones. Voy a leer unas palabras recientemente pronunciadas en esta tribuna por el Ministro de Administraciones Territoriales en la presentación de los presupuestos: La garantía del 90 por ciento al final del quinquenio de la financiación por habitante está asegurada y hay los mecanismos suficientes de nivelación para cumplirlo.
En relación a la enmienda presentada y defendida por el señor Chiquillo, le tengo que decir que como tuviera que reservar doce o trece minutos para cada una de las enmiendas que han sido presentadas aquí, esta tarde seguiríamos discutiéndolas, pero la pura verdad, señor Chiquillo, es que usted presenta una enmienda de adición en la que dice que el Gobierno, oídas las comunidades autónomas, procederá a extender o generalizar el acuerdo o concierto vigente en las comunidades forales. Le tengo que decir, señor Chiquillo, que usted es consciente, usted sabe y conoce igual que nosotros que esos acuerdos o conciertos económicos sólo pueden ser reservados a los territorios históricos con acceso a los derechos forales.
Respecto a las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez, tengo que manifestar también que en el espíritu van mucho más allá de nuestro compromiso en el discurso de investidura, de nuestro compromiso con las fuerzas parlamentarias que se ha podido consensuar --y digo podido porque se ha ofrecido a todas ese modelo de corresponsabilidad fiscal--, y tenemos que ser coherentes con nuestras propias ideas.
Se ha puesto en mi conocimiento por parte del letrado que estuvo presente en la discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Lofca que hubo una confusión, y existen dos párrafos similares en el enunciado de la propia ley. Quiero manifestar que mi grupo parlamentario va a presentar un escrito para retirar el párrafo penúltimo, consecuencia de la aprobación de la enmienda número 38.
Señorías, nos gustaría que ese modelo de corresponsabilidad fiscal saliera adelante, que se replantearan señora Aroz ese consenso, que creo es importante para todo el mundo, y que saliéramos fortalecidos de este debate democrático, que contribuya a esclarecer el futuro de nuestro modelo autonómico.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Montseny.
Para completar el turno en contra, en nombre del Partido Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo entendía que esta mañana íbamos a debatir dos proyectos de ley. Para manifestar nuestro voto en contra a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de modificación de la Lofca ha intervenido mi compañera y yo tenía que intervenir para manifestar nuestra posición en torno a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de cesión de tributos.
La verdad es que el debate de esta mañana ha sido distinto, ha sido un debate que se ha planteado no sobre las leyes que discutíamos, sino sobre el modelo de financiación autonómica. Estas leyes no contienen el conjunto del modelo de financiación autonómica que se debatió, se discutió y se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, son simplemente unas leyes que dan marco jurídico para que las comunidades autónomas tengan más capacidad de autonomía, más suficiencia y, además, sus propios parlamentos puedan legislar sobre los tributos cedidos. Los grupos que han intervenido en el debate lo han centrado en el modelo de financiación autonómica, y yo no me resisto a hacer unas reflexiones muy rápidas.
La primera de ellas, señorías, es que el modelo estaba agotado, 1996 era el último año para el que regía el modelo actual y el Gobierno tenía tres opciones: podía prorrogar el modelo, podía introducir reformas meramente aparentes como las que se hicieron con la falsa corresponsabilidad fiscal de 1993, o podía hacer lo que se ha hecho, poner sobre la mesa una propuesta basada en el libro blanco --libro blanco que había encargado el Gobierno anterior--, que comportaba corresponsabilidad fiscal y autonomía en el ingreso. El actual sistema estaba agotado y ninguna comunidad autónoma y ningún grupo político estaban de acuerdo con la prórroga de este sistema.
Segunda consideración. El modelo actual, que algún ponente del Grupo Socialista --no sé si será la opinión de la portavoz del Grupo Socialista que hoy ha intervenido-- ha dicho que es el suyo y es el que ustedes defienden, tiene deficiencias básicas. Yo mencionaré dos. Una. No da a las comunidades autónomas autonomía en el ingreso. Ninguna. Esa situación contrasta, por ejemplo, con las que tienen las corporaciones locales, que sí tienen autonomía para fijar tipos en impuestos tan importantes como el IBI y el IAE; por tanto, las corporaciones locales tienen una responsabilidad fiscal de la que no gozan las comunidades autónomas y esto no parece razonable. Segunda deficiencia. El modelo actual expresa una dependencia absoluta de las comunidades autónomas respecto al Gobierno central en sus ingresos, más del 80 por ciento de los ingresos en las comunidades autónomas proceden de transferencias del Estado. Estas deficiencias pusieron de manifiesto la necesidad de modificar el modelo que ya venía establecido en el libro blanco, libro blanco que no encargamos nosotros.
Tercera consideración. El nuevo modelo había que hacerlo basado en la corresponsabilidad fiscal, que demandaban todas las comunidades autónomas y todos los grupos políticos, y el libro blanco señalaba como básico ceder capacidad normativa en los impuestos ya cedidos y ceder algún otro impuesto para que las comunidades autónomas pudieran contar con autonomía financiera, que, como muy bien ha dicho el señor Ríos, es uno de los objetivos que compartimos y me alegra compartir esos objetivos con algún grupo político. Hemos elaborado un modelo que da a las comunidades autónomas suficiencia y autonomía. Es un modelo que crea unos mecanismos que garantizan la solidaridad.
Cuarta consideración. El actual modelo se ha hecho con un consenso muy amplio. Señores del Grupo Socialista, ustedes se han autoexcluido del consenso, pero en este consenso han participado doce de quince comunidades autónomas que están en el régimen común y en ese consenso han participado siete fuerzas políticas. Hemos elaborado un modelo con un gran consenso y ello queda plasmado, por ejemplo, en que solamente tres grupos políticos han presentado enmiendas a la ley de cesión de tributos.
Y quinta consideración. El Grupo Socialista se ha autoexcluido de ese consenso; no digo que le hemos excluido, se ha autoexcluido y no ha puesto sobre la mesa ningún modelo alternativo. Se ha limitado a criticar el sistema consensuado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con argumentos diversos y distintos, dependiendo del momento y de la zona geográfica en que se encontraba. Señores del Grupo Socialista, señora Aroz, no dicen ustedes lo mismo en esta tribuna que en las tribunas de cada uno de los parlamentos autonómicos. (Un señor Diputado: No es verdad.--Rumores.) Sí es verdad y a las hemerotecas me remito.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Para consensuar un modelo, señora Aroz, que usted ha dicho que quería consensuar, tendremos que conocer sus propuestas. Le quiero decir que ustedes a la ley de cesión de tributos han planteado cinco enmiendas. ¿Y sabe lo que pretenden las cinco enmiendas? Eliminar la ley, todas son de supresión; las motivaciones son todas iguales, no aportan ustedes nada. No han hecho el esfuerzo que reconozco al Grupo Mixto y a Izquierda Unida; ustedes no han hecho ningún esfuerzo por consensuar, ninguno.
Mi grupo, señores del Grupo Socialista, está muy orgulloso con el modelo de financiación autonómica, está muy orgulloso del modelo porque va a ayudar a vertebrar España. (Rumores y protestas.--Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, señorías, guarden silencio y dejen continuar al orador.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Para concluir, quiero enfatizar cinco puntos.
Primero. La financiación autonómica se ha convertido en uno de los hechos históricos más importantes de los últimos años porque supone un paso decisivo en el desarrollo del Estado de las autonomías y, además, se instaura la corresponsabilidad fiscal como núcleo de las relaciones entre el Estado y los gobiernos autonómicos.
Segundo. El nuevo modelo colaborará a reducir la actual dependencia financiera de las comunidades autónomas, impropia de unas administraciones con plena autonomía política y con potestad legislativa, y a hacer más perceptible el coste de los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas, acercando esos servicios públicos a mayores niveles de eficiencia.
Tercero. El nuevo sistema de financiación garantiza la distinción entre suficiencia y solidaridad y, además, la estructura adecuadamente. Se basa en el principio de que a idénticos servicios debe corresponder similar financiación, lo que conduce a una determinación del criterio de equidad que preside la reforma del sistema.
Cuarto. Igualmente, el nuevo sistema reconoce los objetivos de solidaridad y de cohesión interregional e introduce mecanismos que garantizan la solidaridad entre regiones y evitan que su aplicación cause perjuicios importantes a las comunidades menos desarrolladas.
Quinto. El cambio comporta una mejora sustancial respecto a la situación anterior, en la medida que el nuevo sistema es más justo al introducir mecanismos de nivelación per capita que no permitirán en ningún caso una evolución no deseable de los recursos en las distintas comunidades autónomas, hace a todas las comunidades
autónomas más autónomas en los ingresos desde el punto de vista financiero, aumenta el nivel de corresponsabilidad de todas las autonomías al dotarlas de una mayor capacidad normativa, introduce un claro incentivo para que cada autonomía busque en su propio territorio una mejora en la gestión de los impuestos, y, además, es un modelo que hace que en el tránsito del viejo al nuevo modelo no perjudique a ninguna región.
Termino. Señores del Grupo Socialista, señorías, mi grupo apoya el nuevo sistema y creemos que así España consigue una mayor vertebración. De todas maneras, quiero terminar, señora Aroz, diciendo --usted ha hecho referencia a que seguían abiertos al diálogo-- que mi grupo sigue abierto al consenso, pero ese consenso no lo planteamos, como ha manifestado alguno de los portavoces, un consenso de los partidos de ámbito estatal contra los partidos de ámbito regional o nacionalistas. Nosotros queremos que todos los grupos políticos, los de ámbito estatal, los nacionalistas y los regionalistas, participen en los grandes objetivos que tiene España y, desde luego, la vertebración de España, el desarrollo de las autonomías, es uno de ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Vale, Castelar!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora Aroz. Por favor, brevemente
Señorías, el Grupo Socialista no va a hacer uso del turno de réplica. Nos parece un esfuerzo inútil porque este trámite ha confirmado la cerrazón del Partido Popular y la irresponsabilidad de este Gobierno al modificar de manera unilateral una ley constitucional aprobada en esta Cámara con el 94 por ciento de votos, el 9 de septiembre de 1990.
Señorías, es una irresponsabilidad de la que el Grupo Socialista no se siente corresponsable en cuanto a los efectos que va a producir la ruptura de ese consenso que ustedes modifiquen una ley constitucional con la opinión contraria de dos grupos parlamentarios, los dos grupos de la izquierda, el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida, que juntos representamos doce millones de ciudadanos españoles, doce millones de votos más de los que ustedes representan en la ruptura de esta ley de carácter constitucional.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aroz.
Señor Ríos. (Rumores.) Un momento, señor Ríos.
Señorías, ¿Pueden guardar silencio, por favor? (Pausa.) Señora Riera (Pausa.), señor Fernández Marugán (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.
El arte que tiene el debate en un parlamento es intentar respondernos unos a otros a las argumentaciones. Me gustaría sacar de aquí un sabor agridulce, agrio y dulce por la última parte cuando se nos tiende la mano para continuar, pero la mejor forma de poder continuar hubiera sido antes de aprobarlo, porque ya aprobamos con un tren formado. Se nos está invitando a que subamos no ya a un tren o a un vagón, nos dicen, suban al vagón que ya le daremos un sitio. En fin más vale que te inviten a algo que no te inviten a nada.
En el arte parlamentario, señor Presidente, sería bueno que nos hubiéramos respondido a lo que hemos dicho aquí. En ningún caso he hablado de catástrofe, de nefasto, de paraísos desfiscalizados. No sé a qué ha respondido la portavoz del Grupo Popular. He preguntado --y me gustaría que me hubiese contestado-- por qué no aceptan nuestras enmiendas que añaden a la Lofca, primero, armonización fiscal reglamentada, que la participación en los ingresos del Estado suba con la PIE, que además de haber corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera se ponga en marcha un fondo compensatorio reglado, que se diga cómo se va a financiar ese fondo, que el FCI se regule con el PIB, que además tengamos un fondo de nivelación para que todos los españoles, vivan en Barcelona, en Extremadura, en Murcia o en Asturias reciban los servicios mínimos fundamentales en la misma calidad, en el mismo nivel. Esas son nuestras propuestas y no me ha respondido por qué es malo admitir nuestras enmiendas.
Ha argumentado diciendo que he dicho algo que yo no he dicho. No he hablado de paraísos fiscales; he hablado de que puede generarse una lucha por ubicar empresas en determinadas comunidades autónomas ofreciendo beneficios en una carrera por desfiscalizar y cuando se dice desfiscalizar es dejar de cobrar dinero a los que más tienen porque en este país a los que tenemos poco ya sabemos cómo se les cobra: las rentas de trabajo están fotografiadas en la nómina.
Señor Presidente, señorías, acaba de decir en su argumentación el segundo portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no tenemos el mismo discurso aquí que allá. Para información de la Cámara, el Grupo Popular en Asturias acaba de aprobar en el parlamento asturiano pedir la cesión del Impuesto de Sociedades y ustedes aquí dicen que dicho impuesto, de ninguna manera. ¿A qué canción nos quiere llevar usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular? Ustedes hacen lo mismo ¿Saben por qué en Asturias hacen esto y en Murcia hacen otra cosa? Porque tienen que aprobar los presupuestos y ése ha sido el centro de mi discusión. Desaten lo que es la distribución del dinero de la discusión de la leyes que regulan la ordenación del Estado. Invítennos a todos a participar en un modelo de Estado en el que todos seamos parte pues todos queremos formar parte de ese modelo de Estado.
Si no lo harán a jirones y cada año que distribuyamos los Presupuestos Generales del Estado todos iremos a ver quién pesca más, quién se lleva más. Eso va a pasar en Asturias. Como necesitaban el voto para aprobar los presupuestos, nos van a pedir que les demos el Impuesto sobre Sociedades, que es el que de verdad puede generar en este país un carajal fiscal. Usted lo sabe porque es un buen técnico y conoce muy bien esto.
Señorías, aprobemos un modelo al que subamos todos, comunidades autónomas y fuerzas políticas, háganlo ustedes o si no, el tren que ahora arranca no andará ni un metro. (Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Señora Aroz, a mí me gustaría que se dieran argumentos convincentes.
Señora Aroz, la he escuchado cuando usted ha hablado y considero que usted conmigo debería tener la misma deferencia. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
La señora MONTSENY MASIP: Me gustaría que usted planteara argumentos convincentes, no expresiones que son demagógicas. Nosotros consideramos bueno que las comunidades autónomas estén implicadas en el gasto de los distintos presupuestos de las comunidades autónomas y que su compromiso con los ciudadanos tengan que revalidarlo en cada convocatoria electoral.
Ustedes han acumulado déficit sucesivos que nos han llevado a la mayor deuda pública, y ustedes también hubieran tenido que tomar medidas en ese sentido. Yo le digo que es bueno, que no puede ser que sólo el Estado tenga que presentar presupuestos restrictivos y las comunidades autónomas no tengan ningún coste social por el endeudamiento que puedan tener.
También le diré otra cosa, señora Aroz. No es una ley constitucional la que estamos debatiendo; se trata de una ley orgánica que desarrolla un principio constitucional, pero en modo alguno se puede hablar de ley constitucional.
Señor Ríos, lamento que usted haya tomado expresiones mías por otras que quizá no he querido decir. Usted ha hablado de la posible falta de solidaridad entre las comunidades autónomas y ha hablado de que puede haber diferentes reglamentaciones fiscales en una comunidad autónoma respecto de otra. Pero usted sabe perfectamente que el Gobierno tiene garantizados los servicios mínimos en todas las comunidades autónomas.
¿De qué estamos hablando, señor Ríos? También le digo que no se preocupe, en todo lo que haya que reglamentar el Gobierno tomará medidas y buena nota, este grupo parlamentario toma buena nota, y reglamentaremos todo cuanto haga falta para garantizar ese equilibrio y solidaridad, que ya este año se ha preceptuado voluntariamente por parte del Gobierno al aumentar tanto el Fondo de Compensación Interterritorial como al desarrollar el fondo de nivelación.
Quiero agradecer a los portavoces la actitud que han mantenido en esta réplica, porque me parece que se ha bajado el tono del debate, y es de agradecer, pero quiero hacer dos breves comentarios. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, guarden silencio, por favor. Desde la Presidencia es imposible oír a la persona que está hablando. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: No te hacen mucho caso.) Empezando por usted, señor Hernando. (Continúan los rumores.--Varios señores Diputados reclaman silencio.) No es necesario que ayuden a la Presidencia pidiendo silencio. Señorías, cállense y atiendan a la persona que está hablando. (Pausa.) Cuando quiera, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias por este silencio.
Simplemente quiero hacer dos breves comentarios a las opiniones que aquí han vertido la portavoz del Grupo Socialista y el portavoz de Izquierda Unida.
En primer lugar, respecto a lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista sobre la falta de consenso, es un argumento reiterativo.
Entiendo, comprendo y tengo asumido que ustedes políticamente tienen que buscar algún tipo de argumentación, pero hablar de falta de consenso cuando éste modelo lo apoyan doce de las quince comunidades autónomas que están en el régimen común, me parece mucho hablar. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Me parece mucho hablar de falta de consenso cuando este modelo lo apoyan casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, Convergència, PNV, Coalición Canaria, Grupo Popular. Señorías, ustedes pueden hablar de falta de consenso, pero este modelo cuenta con un gran consenso, y no cuenta con el consenso del
Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida. Le recuerdo que la reforma de 1993 que ustedes hicieron no se debatió en la Cámara y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera tres comunidades votaron en contra, dos se abstuvieron, y eran de los distintos grupos políticos.
Se ha hecho un modelo con bastante mayor consenso que el obtenido por ustedes. Estamos debatiendo la ley de cesión de tributos y la reforma de la Lofca, que da mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas y desarrolla el Estado de las autonomías. Todavía no he oído de la portavoz socialista y del portavoz de Izquierda Unida si están o no de acuerdo en que las comunidades autónomas tengan capacidad normativa en los tributos cedidos. Me consta que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida está por la labor de que tengan más capacidad normativa, porque en el fondo, sus enmiendas indican que está de acuerdo en dotarles de mayor capacidad normativa en los tributos actualmente cedidos.
Señores del Grupo Socialista, ustedes van a votar en contra de que las comunidades autónomas tengan más capacidad normativa, ustedes van a votar en contra de los parlamentos autonómicos, van a votar en contra de que los parlamentos autonómicos, que tienen absoluta competencia en el gasto puedan determinar sus ingresos y a quién pedírselos. Ustedes van a poner freno a la eficiencia de los servicios que prestan las comunidades autónomas y van a votar en contra de que el Estado de las autonomías siga en el desarrollo normal que la mayoría de los grupos de esta Cámara va a apoyar. Ustedes se han autoexcluido, no les ha autoexcluido nadie.
Muchas gracias. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
¿Señora Aroz?
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, no había hecho turno de réplica, pero he sido aludida, ha habido un turno de la portavoz del Partido Popular en contra de una intervención que yo no había hecho. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No he escuchado la última frase, perdóneme, señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, el Grupo Socialista no ha hecho uso del turno de réplica pero la portavoz del Partido Popular ha intervenido para ratificarse en su primer turno en relación a lo que había sido el primer turno del Grupo Socialista. Le ruego que me permita hacer dos puntualizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la palabra por tres minutos.
Me dirigiré al segundo portavoz del Grupo Popular para decir que lamentamos consideren irrelevante que, en esta reforma que se produce de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, el voto contrario de dos grupos parlamentarios que representan doce millones de votos, más de los que representan los que proponen la reforma.
Señores del Partido Popular, insisto en un mensaje importante: no echen en saco roto las reflexiones, las consideraciones que les hemos dirigido a lo largo de este debate; escuchen también las voces sensatas de dentro de su partido y traten de restablecer un consenso, el consenso para continuar el desarrollo autonómico con arreglo a intereses de carácter general.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aroz.
Señor Martínez-Pujalte, obviamente le doy la palabra para cerrar el debate, y también le ruego que no exceda el tiempo de tres minutos.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser más breve.
Señora Aroz, ha hablado usted de posiciones sensatas. Una posición sensata es la de mi grupo, que ha consensuado con todas y cada una de las comunidades autónomas el modelo que discutió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una posición sensata es la de mi grupo, que ha conseguido que 12 de las 15 comunidades autónomas de régimen común lo apoye, así como que los grupos de esta Cámara, en una amplia mayoría, aprueben el modelo.
Dice usted que oigamos las voces sensatas. En su primera intervención, señora Aroz, ha citado a dos catedráticos como argumento de autoridad. Le quiero decir que el señor Lasarte, catedrático de Sevilla; don Gabriel Casado, catedrático de Madrid; el señor González Páramo, catedrático de Madrid; el señor Martín Queralt, catedrático de Valencia; don Francisco Pérez, catedrático en Valencia y además uno de los que suscribió el libro blanco junto con el señor Solé Vilanova. también catedrático en Barcelona; el señor Simón Acosta y otros muchos catedráticos han apoyado el modelo que hoy vamos a aprobar. Hoy vamos a aprobar el marco jurídico para poderlo llevar a cabo.
Señora Aroz, ustedes con su voto se han autoexcluido. El modelo se va a llevar a cabo y representa una mejora del Estado de las autonomías.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
A mí me gustaría que se respondiese a tres preguntas para el modelo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo he intentado escuchar sin hacer aspavientos. Parece que para algunos es un tormento escuchar a los demás. Para eso venimos aquí. En el sueldo lo llevamos añadido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, la Presidencia ha amparado a su señoría.
El señor RIOS MARTINEZ: Las tres preguntas son las siguientes. Primera, en el fondo compensatario ¿van a participar las comunidades que más ingresos tengan para compensar a las que menos tienen, como pasa en Europa, que los países con más recursos dan dinero para los fondos europeos? Segunda, el modelo de financiación y cesión de tributos que va a seguir el Partido Popular ¿es el que ha dicho aquí usted o el que ha hecho el Partido Popular en Asturias pidiendo la cesión del Impuesto sobre Sociedades? Tercera, el fondo de nivelación ¿qué garantías va a tener para que llegue a todas las comunidades, sobre todo a las que más necesitan, a fin de que los españoles, vivamos donde vivamos, recibamos el mismo nivel de servicio público? Esas son las propuestas que hemos traído al modelo de financiación. Por mucho que nos inviten, o abren las ventanas o no podremos pasar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor Martínez-Pujalte (Rumores.) Un momento, señor Martínez-Pujalte. Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Todavía más breve, señor Ríos.
Le voy a contestar a las tres preguntas. Además, no son tres preguntas para conseguir el Premio Nobel. Son muy sencillas. Primera, el Fondo de Compensación Interterritorial, como sabe S. S., mi grupo lo ha descongelado. Convendrá usted conmigo que es un avance respecto a lo que había hecho en el Gobierno el Partido Socialista. Nosotros lo hemos descongelado. Usted sabe que ese Fondo de Compensación Interterritorial --ha hecho referencia a los fondos de la Unión Europea-- va para las regiones que están consideradas en la Unión Europea como objetivo número uno, es decir, para las menos desarrolladas. Hay unos criterios pactados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para distribuirlos. Se va a seguir haciendo así, favoreciendo a las regiones menos desarrolladas, con un amplio consenso y con un fondo descongelado.
Segunda pregunta que usted me hacía: si mi grupo defiende este modelo u otro supuesto que parece que el parlamento asturiano a promovido. Señor Ríos, usted es conocedor de esta materia. Vamos a aprobar una reforma de la Lofca. Ahí, como usted conoce, se establece que no cabe la cesión del Impuesto sobre Sociedades. Tendríamos que ir a una nueva reforma. Usted lo sabe. Hemos aprobado el modelo que todos conocen, porque mi grupo parlamentario y mi partido político han defendido en todos y cada uno de los puntos de España el mismo modelo, con una unidad de voz, con una unidad de criterio y, además, lo ha defendido orgulloso de poderlo hacer, porque nos parece un modelo excelente.
Tercera pregunta. Cómo se va a distribuir el fondo de nivelación o el fondo de asignación de los servicios mínimos. Sabe usted, señor Ríos, que el artículo 15 de la Lofca estaba absolutamente en el olvido con el Grupo Socialista. Este es un olvido que habían tenido de muchos años. Al Grupo Socialista le importa mucho la Lofca, pero llevaban 16 años olvidando un artículo de la Lofca. Nosotros lo vamos a poner en movimiento y, además, señor Ríos, vamos a empezar las conversaciones con las comunidades autónomas para establecer los criterios del reparto de esos fondos. Nos gustaría contar con el mayor consenso posible, porque lo vamos a buscar, se lo aseguro.
¿Entre los grupos parlamentarios que no han intervenido en el debate, desea alguno fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Hemos asistido en este Pleno al debate en torno a estas dos leyes y, quizá por el cansancio de esta sesión plenaria (que, por si no lo sabe esta juventud que nos observa desde la tribuna, empezó el lunes por la tarde; llevamos cinco días continuados y con sesiones hasta las 12 de la noche) habrán podido observar poca atención en torno a una de las discusiones políticas de mayor interés en estos momentos en el país.
Mi grupo quisiera transmitir a la Cámara que esta cuestión, sin duda, es una cuestión de gran interés político. Los argumentos que se han plasmado en la defensa de las enmiendas y de las posiciones de los grupos que han intervenido, expresando su oposición a esta reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas, a nuestro entender, han contenido poco rigor, poco argumento técnico fundamentado y ha habido demasiadas argumentaciones genéricas, vacuas, de fundamentos lógicos y técnicos que pudieran clarificar lo que estamos discutiendo de fondo en este debate político.
Señorías, nuestro grupo desea aproximarse a este debate con más serenidad, saliéndonos de todos aquellos argumentos que, a veces, se utilizan, que muy sutilmente intentan alimentar discrepancias, recelos, injusticias y discriminaciones territoriales, que nada ayudan a afrontar un debate con serenidad y a ser objetivos en este debate político en torno al sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Yo quisiera pedir que no alimentemos sentimientos de confrontación territorial. Hagamos ese debate político abierto. Discutamos los argumentos y los fundamentos que tiene cada partido político y cada grupo parlamentario, pero no nos deslicemos en argumentos de discriminaciones territoriales, no hagamos uso de actitudes que intenten encrespar sentimientos que pudieran dar lugar a confrontaciones territoriales, porque el país no nos sigue, señorías. El país no está en estos momentos para comprender posiciones que se expresen en esa dirección y en ese sentido Yo quisiera transmitir que para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ésta es una reforma positiva, aunque no será la última reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas en este país. ¿Cómo podía ser ésta la última reforma? El modelo constitucional no se estableció en el texto fundamental. La Constitución no define exactamente un modelo de financiación para las comunidades autónomas. Sí abre unos principios básicos que determinan evolutivamente un modelo que debe ir configurándose a lo largo del tiempo a la par que la confrontación y que la construcción del sistema autonómico en España.
La Constitución muy sabiamente estableció los mecanismos para quinquenalmente ir revisando el sistema de financiación de las autonomías en España y todas las fuerzas políticas, señorías, en la última campaña electoral contemplaron en sus programas la urgencia de proceder a revisar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Todas denunciaban en sus programas la inconsistencia del actual sistema de financiación.
Todas decían que era conveniente y necesario, y hasta urgente, incorporar en el actual sistema el principio de la corresponsabilidad fiscal en la obtención de los ingresos por parte de las comunidades autónomas, principio de corresponsabilidad fiscal que en el modelo hoy existente no está articulado. Todas las fuerzas políticas, señorías, planteaban la conveniencia de incorporar en la revisión para el quinquenio de 1997-2001 el principio de la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor Homs.
Puede continuar, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La propuesta que aprobó en septiembre pasado el Consejo de Política Fiscal y Financiera incorpora, instrumenta, el principio de la corresponsabilidad fiscal. Se trata simplemente de indicar que las comunidades autónomas no deben ser sólo y exclusivamente responsables para decidir cómo se gastan los recursos que se les asignan, sino que también deben ser responsables en la obtención de dichos recursos. En ese principio estábamos de acuerdo todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se puede avanzar en conceder mayor corresponsabilidad en la obtención de los ingresos sin incorporar en el sistema una mayor cesión de tributos a las comunidades autónomas y sin concederles mayor capacidad normativa en la gestión y en la obtención de estos tributos? Este es el núcleo central de la reforma que se propone a esta Cámara: ampliar la cesión de los tributos del Estado, cedibles a las comunidades autónomas, y hacerlo con un nuevo concepto: elevar hasta el 30 por ciento la cesión de la recaudación del IRPF en el territorio de cada una de las comunidades autónomas. Este elemento, el 30 por ciento del IRPF cedible a partir de esta reforma a las comunidades autónomas, es cuestionado por determinados grupos políticos. Algunos de estos grupos políticos no cuestionaron el 15 por ciento, pero sí cuestionan el 30 por ciento y no conocemos todavía la razón de fondo que justifica el porqué no se está de acuerdo ahora con el 30 por ciento y sí en cambio se estuvo de acuerdo en iniciar con el 15 por ciento un gran proceso de cesión de una parte del IRPF cuando se comenzó la reforma en 1994 en esta dirección.
La verdad es que nuestro grupo político no comprende por qué el portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara dice que no le parece bien esta reforma. ¿Por qué el portavoz expresa su oposición a esta reforma cuando, por otra parte, en otros foros parlamentarios se dice que se está de acuerdo con esta cesión del 30 por ciento del IRPF? Señorías, yo quiero expresar, en nuestra fijación de posición en cuanto a las enmiendas que se han presentado por estos grupos en el debate parlamentario, que el núcleo de la reforma política que se plantea en el sistema de financiación de las comunidades autónomas en estos momentos y el núcleo del debate político está en si se acepta o no que las comunidades autónomas adquieran, mediante la cesión del 30 por ciento del IRPF recaudado en su comunidad autónoma, mayor corresponsabilidad fiscal en los ingresos, así como si se está de acuerdo o no en que las comunidades autónomas asuman responsablemente la gestión, inspección de los tributos cedidos que nutren los ingresos de
las haciendas de las comunidades autónomas. Estos son los dos elementos fundamentales.
Se nos dice que los mecanismos de la cesión del 30 por ciento y la cesión de la capacidad normativa va a generar desigualdades territoriales. Una de las críticas que se formula a esa reforma es que esta propuesta va a generar desigualdades interterritoriales. Señorías, nosotros entendemos que no va a ser así; no va a ser así, no porque lo digamos nosotros, sino porque no fue así cuando se incorporó ya el 15 por ciento en el año 1994.
La evolución de estos dos últimos años no ha puesto en evidencia que las desigualdades interterritoriales hayan crecido, y no va a ser así tampoco porque el sistema contiene las cautelas, las garantías, para que no pueda evolucionar generando desigualdades interregionales en España.
Quisiera transmitir, en nombre de mi grupo, nuestra preocupación al escuchar los elementos críticos a esta reforma, que empieza con estos dos proyectos de ley, cuando se descalifica la cesión del 30 por ciento como una de las causas de la división o del alejamiento regional. No se dice, no se expresa que ese 30 por ciento que podría generar a lo mejor diferencias regionales se aplica sobre los incrementos futuros de recaudación del IRPF que puedan experimentarse en este país. No se dice que, si hay un posible alejamiento o diferencias regionales como consecuencia de ceder el 30 por ciento, el 70 por ciento nutrirá con mayores recursos la hacienda del Estado, y que con cargo a este 70 por ciento se va a proceder a una mayor redistribución de estos recursos entre todas las comunidades autónomas que no han podido participar, por la vía del 30 por ciento, en una mayor obtención de ingresos. No se argumenta que si hay posibles mayores ingresos por la cesión del 30 habrá muchos más por la cesión del 70 a la hacienda del Estado. Irá a la hacienda del Estado el 100 por cien del IVA, el 100 por cien del Impuesto sobre Sociedades, el 100 por cien de impuestos especiales que se distribuye luego con los cuatro o cinco elementos que tiene hoy el modelo para redistribuir los recursos en España., como son el Fondo de Compensación Interterritorial; fondos estructurales; capitulo VI, inversiones reales del Estado para atender las necesidades de infraestructuras y de nueva inversión en todo el ámbito territorial, y la participación en la PIE que tienen las comunidades autónomas en todos estos recursos de la hacienda central del Estado. Sólo quiere verse un aspecto parcial de la reforma. No se argumentan ni se expresan los efectos derivados de otro elemento fundamental del sistema de financiación, que es cómo van a redistribuirse, mediante estos otros cuatro elementos, las mayores obtenciones de recursos que el sistema pueda proporcionar en un futuro.
Va a haber plena solidaridad, en el futuro, en la aplicación de este modelo en el quinquenio 1997-2001. No va a haber insolidaridad entre las comunidades autónomas. Hay los mecanismos necesarios para prever que no haya insolidaridad. Va a haber la posibilidad de corregir los efectos que pudieran derivarse de unas posibles desigualdades; si es que se producen, podrían rectificarse, y hay las cautelas que establece hoy la reforma para poder corregir estos efectos.
En el fondo, señorías, nuestro grupo no comprende la discrepancia que se expresa, cuando todas las fuerzas políticas argumentamos en nuestros compromisos electorales la voluntad de incorporar el principio de la corresponsabilidad fiscal en esta reforma que ahora estamos discutiendo.
Y, de los debates que han precedido y de la justificación de las enmiendas, no alcanzamos a comprender dónde está el elemento discrepante y en qué argumento técnico y fundamentado se justifica esta discrepancia.
¿Es la cesión de la capacidad normativa sobre el tramo del IRPF? Dígase.
Si es así, propóngase una rectificación o indíquese de qué forma debiera hacerse, alternativamente. ¿Es la cesión del 30 por ciento, sin los topes? Arguméntese. En cualquier caso, me sorprende que esa argumentación no se exprese por la Diputada Mercedes Aroz y sí se exprese, favorablemente, por el partido al que pertenece en otras cámaras parlamentarias, en España.
Señor Presidente, yo quisiera concluir en el sentido de que todas las comunidades autónomas sepan que, si se acogen a esta reforma, esta reforma va a permitir mayores recursos para todas las comunidades autónomas. Si en la reforma de 1994 hubo tres comunidades que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se opusieron y luego se acogieron al sistema que se propuso a partir del año 1994 y hoy observamos cómo hay otras tres comunidades autónomas, de signo socialista, que también se oponen al sistema que se propone, pero que muy probablemente --estoy casi seguro-- van a desear incorporarse en la nueva reforma, porque les va a proporcionar mayores ingresos a lo largo de los próximos cinco años, señorías, yo les invito a que desplacemos el balance político, crítico y analítico de esta reforma al final del quinquenio. No anticipen ustedes juicios de valor, esperen que transcurra el quinquenio, analicemos los efectos reales de este nuevo modelo que se va a incorporar a partir de ahora, veamos si realmente proporcionan --injustamente, como dicen-- desigualdades, veamos si aproximan y corrigen las actuales desigualdades o si las acrecientan. Veamos entonces si este nuevo modelo es realmente más positivo desde la perspectiva de la corresponsabilidad fiscal, veamos si nos permite una más óptima y equitativa redistribución de los recursos, veamos si da mayor suficiencia financiera al sistema, veamos, en definitiva, si el nuevo régimen que se incorpora es más justo y más moderno. Si hay discrepancias puntuales y técnicas, y así se evidencian, corríjanse en el propio mecanismo de revisión al final del quinquenio.
Señor Presidente, termino diciendo que, para nuestro grupo, esta era una reforma necesaria y prioritaria, era una reforma que podríamos calificar de prioridad
de Estado, porque no podíamos mantener por más tiempo la insuficiencia y la inconsistencia del actual sistema de financiación. El Partido Popular --y el Gobierno del Partido Popular-- ha tomado conciencia de esta prioridad, y agradecemos que hayamos coincidido en la urgencia, en la conveniencia y en la prioridad de Estado de afrontar esta reforma. En este sentido, coincidimos con el Partido Popular en que creemos que esta decisión política de priorizar urgentemente esta reforma va a servir positivamente a los intereses generales de España, y va a permitir que la evolución futura del modelo de financiación de este país avance positivamente.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención.
(El señor Almunia Amann pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
¿Señor Almunia?
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, ya que el señor Homs ha aludido al portavoz del Grupo Socialista, formulándole directamente preguntas que, al parecer, no había entendido, porque no ha asistido a todos los debates sobre esta cuestión que hemos celebrado esta semana, yo, si usted me da la palabra, le respondo y le aclaro, a la Cámara no creo, porque ya lo tiene muy claro, pero sí al señor Homs, algunas de las razones políticas fundamentales por las que el Grupo Socialista no va a votar a favor de estos dos proyectos de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la palabra durante tres minutos. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Homs, me ha concedido la palabra, generosamente, el Presidente, ya que usted había aludido al portavoz del Grupo Socialista, no sé si refería al portavoz en este debate, que es la señora Aroz, a la que también ha aludido, por cierto, o a mí, porque, al parecer, usted, que creo recordar que no asistió el lunes por la noche al debate sobre el título VII del proyecto de ley de presupuestos y sobre las secciones 32 y 33, quizá no es consciente de algunas de las profundas razones políticas que nos llevan a estar en contra de estos dos proyectos de ley. Y ya que parece que hay tiempo para que podamos celebrar este debate, yo quería darle tres razones políticas que usted parece no haber captado a lo largo de esta semana.
Primera razón política por la que nos oponemos: porque las cuestiones que afectan a los elementos nucleares del Estado de las autonomías deben seguirse resolviendo mediante el consenso, y aquí estamos asistiendo a un debate, por primera vez desde el año 1980, de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que no se ha producido con ocasión de ninguno de los anteriores modelos de financiación, ni siquiera con el 15 por ciento que debatimos en esta Cámara en el otoño de 1993, y el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, u otras fuerzas políticas parlamentarias también presentes en este hemiciclo, no fueron llamados a participar en las negociaciones y en el acuerdo del cual trae causa la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y eso, que pudo ser una necesidad política coyuntural del Partido Popular para con ustedes, es un profundo error político cuyas consecuencias todos, desgraciadamente, tendremos que valorar en los próximos años.
En segundo lugar, el contenido de ese acuerdo, señor Homs --a lo mejor, le distraía el señor Nadal--, introduce una capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre un tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es el objeto del segundo proyecto de ley que debatimos esta mañana, fuera de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que nos parece que no sólo no tiene precedente en ningún país europeo, y hay buenos ejemplos en países europeos sobre cómo se puede articular y profundizar en la corresponsabilidad fiscal, principio que compartimos como el que más en esta Cámara, y usted lo sabe bien, porque hemos negociado con ustedes mecanismos de corresponsabilidad fiscal ante el susto de aquel grupo parlamentario (Rumores.), pero una cosa es la corresponsabilidad fiscal y otras cosa es romper en pedazos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porque eso va a producir que los ciudadanos españoles dejaremos de ser iguales ante la Hacienda pública, y ése es un principio de igualdad que está recogido en la Constitución y que no cumple el proyecto de ley que ustedes someten a votación en este momento. (Aplausos.--Rumores.) Y, en tercer lugar, los paliativos que ustedes han tratado de introducir para poner una cortinilla de humo ante esa ruptura del principio de igualdad, son mecanismos que no van a valer para corregir los desperfectos y las desigualdades que este modelo introduce.
Son tres razones que no tienen nada que ver con la técnica, señor Homs; tienen que ver con profundas convicciones políticas, que sentimos que ustedes dejen de mirar hacia este lado para compartirlas y se hayan ido al otro. (Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Almunia.
Señor Homs, tiene la palabra por un tiempo no superior a tres minutos.
El señor HOMS I FERRET: La verdad, señor Presidente, es que no habíamos previsto que esta fuera la
guinda final del debate sobre la financiación del sistema de autonomías.
Parece ser que lo que más le importa a usted es que miremos hacia el otro lado; éste ha sido el final de su intervención, ¿no? (Rumores.--Protestas.)
El señor HOMS I FERRET: Convendrá conmigo que no podemos discutir seria ni políticamente la reforma del sistema de financiación si, al final, el argumento de fondo es que les inquieta que miremos hacia otro lado.
(Rumores.--Protestas.) Yo no quisiera polemizar, pero usted interviene y me da tres argumentos.
Primero: nosotros deseábamos diálogo, consenso. Nuestro grupo nunca ha privado del consenso, nunca hemos sido obstáculo en esta Cámara y en el debate político en España para consensos, jamás. Sí hemos sido por excelencia el grupo que más consensos ha reclamado para reformar las cosas de fondo de este país y más consensos hemos deseado construir. Si por excelencia nuestro grupo se caracteriza por ser políticamente un grupo que impulsa el deseo de conformar consensos. Ahora bien, no nos haga responsables a nosotros de la inexistencia de tales consensos.
He decirle que, si no se conforman tales consensos, el país debe continuar gobernándose. Usted sabe perfectamente que cuando ustedes gobernaban, también a lo mejor deseando consensos, no se pudieron alcanzar, y a pesar de ello se tuvieron que tomar decisiones y se tuvieron que iniciar reformas. La reforma del IRPF se inició también sin este consenso que usted reclama, y no por eso debemos hoy rasgarnos las vestiduras. Ese consenso que usted hoy nos pide también lo notamos a faltar entonces, cuando no pudimos conformar con el Partido Popular la mayoría necesaria para iniciar tal reforma en el IRPF. Lo único que decimos es que si entonces no hubo consenso y no fue malo, ¿por qué hoy, no habiendo consenso, es malo? Este es uno de los elementos en que nuestro grupo les invita a que despoliticemos este debate y lo situemos en el núcleo de lo que se está reformando, y lo que se está reformando es bueno y usted lo sabe, y si tiene elementos técnicos o políticos que inquieten al Partido Socialista creo que podríamos hablarlos, creo que se podrían discutir y revisar.
La segunda cuestión que nos dice usted --señor Presidente, termino-- es que no se puede romper el IRPF. Señor Almunia, yo le invito a que estas frases tan sacras que expresamos en esta Cámara las digamos con cautela, porque estamos iniciando la reforma de la financiación del sistema autonómico en España, y el modelo que estamos siguiendo o que nos inspira para esta reforma es el modelo alemán. Alemania tiene cedido a los länder el 42 por ciento del IRPF, tiene cedido a los länder el 50 por ciento del IVA y tiene cedido a los länder el 53 por ciento del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, vayamos con cuidado a la hora de sacralizar --no rompamos el IRPF-- cuando los países que van por delante en la construcción democrática de modelos políticos ajustados a sus particularidades, como es el modelo alemán de länder, hoy han avanzado, con treinta años de evolución, hacia un sistema en que los impuestos centrales y fundamentales del Estado se reparten en formas equitativas a sus responsabilidades administrativas y a las funciones que han asumido las distintas comunidades autónomas, con lo cual que no se lleve a engaño la opinión pública: ceder una parte del IRPF es una buena vía para clarificar la corresponsabilidad fiscal, no es un mal instrumento para dar corresponsabilidad fiscal, es un buen mecanismo para decir a las comunidades autónomas que, si gastan más, asuman la responsabilidad frente a sus ciudadanos de requerirles más recursos.
Por eso, señor Almunia, en su segundo argumento --no rompamos el IRPF-- le pedimos cautela. No quiero debatir con usted políticamente, simplemente animarle a que discutamos serenamente esta cuestión profundamente técnica, política también, pero que tiene unos condicionantes técnicos muy importantes, pero no sacralicemos la imposibilidad de repartir la recaudación del IRPF, porque puede ser lo más progresista, lo más justo, lo más ajustado a mayores corresponsabilidades fiscales.
Finalmente, señor Presidente, el tercer argumento es que le parecía que nuestro grupo actuaba en este tema a conveniencias conyunturales; que hoy nos convenía mirar hacia un lado y por eso hacíamos ese acuerdo político, aprovechando soterradas debilidades de un Gobierno en España que nosotros aprovechábamos. Le tengo que decir que si esto es así, son las mismas debilidades que cuando ustedes empezaron la revisión del sistema del IRPF con el 15 por ciento. No obstante, usted sabe que nuestro grupo hace muchos años que viene planteando esta reforma del IRPF, está escrita en nuestros documentos congresuales, está escrita en nuestros programas electorales, está escrita en sus programas electorales y está escrita en los programas electorales del Partido Popular. Por lo tanto, ahí no hay debilidades, no hay coyunturas ni aprovechamientos opacos de situaciones políticas en beneficio de unos y en perjuicio de los intereses generales.
Hay la responsabilidad profunda de resolver una asignatura pendiente, de avanzar en un sistema de financiación que sea más justo, más equitativo, más suficiente y que creo que será positivo para los intereses generales de España. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, ruego silencio.
Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, concluyo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Homs.
Señor Almunia. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio y que sean respetuosos con las intervenciones de los Diputados.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Con total brevedad. Ahora, que sí está usted presente en el debate, por lo menos quédese con lo que de verdad son nuestras posiciones, no con lo que a usted le gustaría que fuesen.
Nosotros estamos hablando de la necesidad de un consenso entre todos para modificar una ley orgánica como es la Lofca. En ninguno de los modelos de financiación anteriores discutidos en esta Cámara desde 1986 hasta 1993, en ninguno, ni siquiera en el del 15 por ciento, se modificaba la Lofca.
En éste, sí, y ese elemento es cualitativamente importante, políticamente importante, no es una cuestión técnica; es una cuestión política de fondo.
Segundo elemento, la capacidad normativa sobre el IRPF no está prevista en Alemania. Alemania tiene una participación en ingresos en la recaudación de un impuesto que es único en toda Alemania en el caso del impuesto de la renta, en el caso del impuesto del valor añadido y en el caso del impuesto de sociedades. Esa era la fórmula del 15 por ciento, que no les gustaba a aquellos señores y que nos gustaba a nosotros y que nos sigue gustando, y a ustedes también. Una cosa distinta es pasar de la participación en la recaudación de un único impuesto, igual para todos los ciudadanos, que romper ese impuesto en quince partes. Yo creo que usted lo entiende, señor Homs. No sé si lo entienden aquellos señores.
En tercer lugar, yo no le recrimino que usted preste apoyo para garantizar estabilidad parlamentaria, sabe bien que no se lo recriminamos, lo que recriminamos al grupo mayoritario de esa mayoría parlamentaria es que sólo vea a través de sus anteojos. (Aplausos.)
Señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Señor Presidente, me veo obligado a intervenir en un debate que ya había finalizado (Rumores.) por la apertura y por las alusiones que se han hecho al Grupo Popular por parte de algún portavoz del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Amor, tiene S. S. tres minutos, que le ruego que no exceda bajo ningún concepto.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Muchas gracias.
Simplemente decir que no era el momento para hacer este debate, pero ya que se ha hecho quería puntualizar lo siguiente. Primero, éste es un modelo de financiación autonómica en el cual hay ocho partidos políticos que lo apoyan. (Varios señores Diputados: De la derecha.) Por contra, el modelo de financiación autonómica del quinquenio anterior sólo gozaba del apoyo del Partido Socialista y de Convergència i Unió.
Por lo tanto se ve que la gran diferencia de apoyos políticos es muy notable y muy importante. Pero si esto lo trasladamos al ámbito de las comunidades autónomas, hay que decir que en este sentido doce de quince comunidades autónomas, como ya nos hemos cansado de reiterar apoyan este modelo, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que tienen regímenes forales y derechos históricos consolidados también apoyan aunque no entran a formar o a consolidar la postura de este modelo. Por tanto, jamás ha habido un modelo de financiación autonómica que haya gozado para el próximo quinquenio de mayor apoyo político, de mayor apoyo territorial y desde luego es una pena que el Partido Socialista de un tema de tanta importancia haya hecho unas interpretaciones partidarias, sesgadas y que ponen en peligro lo que es más importante en este país, la convivencia de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Amor. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Señor Ríos, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, un turno para replicar por alusiones se ha transformado en un turno de explicación. Por tanto, señor Presidente, le rogaría... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón señor Ríos.
Señorías, han disfrutado todos los grupos parlamentarios de la posibilidad de réplicas y contrarréplicas. Les ruego guarden silencio, ya que el señor Ríos, en nombre de su Grupo Parlamentario, está reivindicando exactamente lo mismo que han hecho SS. SS. anteriormente.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, le pediría un minuto solamente para precisar nuestro razonamiento sobre las dos leyes que hoy votamos, para fijar mi posición, puesto que se ha reabierto el debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le voy a conceder la palabra, señor Ríos, con un ruego, que sea efectivamente para aclarar, para
fijar su posición, y no abra de nuevo, con alusiones, un debate en el cual me vería forzado de nuevo a dar turno de réplicas y contrarréplicas.
Por tanto, para fijar su posición y aclarar aquellos malentendidos que hayan podido surgir en otras intervenciones, le concedo un tiempo de tres minutos.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a fijar su posición en cuanto a la reforma de la Lofca que hoy estamos debatiendo aquí, que es una ley orgánica que no ha sido modificada desde el año 1980 hasta el año 1996, a pesar de haberse producido varios sistemas de financiación a lo largo del tiempo.
Por tanto, una ley orgánica que desarrolla el modelo de Estado y la financiación de ese modelo de Estado se hace sin el consenso de todos los españoles para componer ese nuevo modelo de Estado. Por eso nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas, que significan que junto a la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera para las comunidades autónomas, que haya políticas, elementos en esa Lofca, que a la misma vez que aprobamos la autonomía financiera haya elementos de solidaridad fijados, reglados y actualizados, como puede ser actualizar el FCI, como puede ser fijar garantías del fondo de nivelación para que todos los españoles recibamos por igual los servicios fundamentales o como puede ser la compensación desde las comunidades con más recursos de sus mayores ingresos a las comunidades de menos ingresos a través de ese fondo compensatorio por la divergencia que se pueda producir.
Por tanto, señor Presidente, si no nos hemos podido sumar a lo tramitado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es porque se insiste en mantener un desarrollo de financiación de una parte de los españoles frente a otra parte, y no tomamos las medidas para que todos podamos incorporarnos al mismo tren, que todos queremos ser parte del mismo tren y nos dejan fuera sin abrirnos las puertas para poder sumarnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos. Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
Solamente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en este debate reabierto. Quiero decir que nuestra postura negativa se basa fundamentalmente en tres criterios, que son los siguientes. En primer lugar, que, gústenos o no, objetivamente en este tipo de negociaciones Galicia, institucionalmente, quedó al margen. En segundo lugar, que el sistema tributario que se nos presenta tiene un perfil no adecuado a nuestro país, y ya hemos expuesto en lo que consistiría para nosotros el sistema tributario competencial apetecible para Galicia; no se trata de oponernos al avance que los demás consideren interesante. En tercer lugar, que lamentamos que este debate no se dé en el contexto de un debate de política institucional, que realmente resultaría mucho más clarificador, aunque lógicamente seguiríamos estando en discrepancia, para la opinión pública del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los dos proyectos de ley que se han debatido hoy conjuntamente, y que votaremos, como es natural y reglamentario, separadamente.
En primer lugar, el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley Orgánica número 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, en las enmiendas que presentó nuestro Grupo Parlamentario a los artículos 74 y 74 bis, que fueron aceptadas en Comisión, hay un error que sería conveniente corregir, si el resto de los grupos parlamentarios está de acuerdo.
El error es por el hecho de que cuando se establecen los tramos de 1.700.000 pesetas a dos millones de pesetas, quiere decir 1.700.001, porque si no la escala tendría una repercusión importante. Como en el texto del dictamen aparece 1.700.000, si el resto de los grupos parlamentarios lo entiende oportuno, debería quedar corregida esa cifra tanto en el artículo 74.2 como en el artículo 74 bis 3, donde aparecen estas cantidades. Indudablemente quiere decir 1.700.001. Si no hay inconveniente, creo que esto es importante para que quede incorporado al texto.
El señor PRESIDENTE: Señoría, efectivamente creo que se trata de un error técnico que alcanzan a comprender de inmediato todas SS. SS. No obstante, si algún grupo desea oponerse a la admisión del error, puede manifestarlo. (Pausa.) Si no es así, como parece, votaremos el dictamen salvando ese error.
Comenzamos, en consecuencia, las votaciones de las enmiendas a la ley orgánica de modificación de la Lofca.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas que por el Grupo Mixto ha presentado el señor Vázquez, hoy defendidas por el señor Rodríguez, números 25 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 11; en contra, 308; abstenciones, dos.
Votamos ahora las enmiendas de los señores Rodríguez, Vázquez, números 23, 26 y 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, uno; en contra, 319; abstenciones, una.
La última enmienda del Grupo Mixto, perteneciente a los señores Vázquez y Rodríguez, es la número 24, que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, uno; en contra, 309; abstenciones, 11.
Se entiende, una vez más retirada por inasistencia, la enmienda presentada por la señora Rahola, y dentro del Grupo Mixto pervive la enmienda número 4, del señor Chiquillo, que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, uno; en contra, 308; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, nueve; en contra, 179; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Votación en tres grupos de las enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso. En primer lugar, las numeradas como 29, 32 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 137; en contra, 180; abstenciones, dos.
Votación sobre las enmiendas números 31 y 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 191; abstenciones, una.
Votación sobre las enmiendas números 30 y 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 129; en contra, 180; abstenciones, 11.
Vamos a proceder a dos votaciones: la votación del dictamen con la corrección del error que el señor Zabalía ha propuesto y se ha aceptado y, posteriormente, la votación final sobre el conjunto del texto que requiere carácter orgánico.
Votamos, por tanto, en primer lugar, el dictamen, artículo único, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición final y exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 180; en contra, 140; abstenciones, una.
Votación final y de conjunto sobre el texto por tener naturaleza orgánica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 179; en contra, 140; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el conjunto del proyecto con carácter orgánico al haberse superado la mayoría absoluta de la Cámara.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Votamos, en primer lugar, la enmiendas que subsisten del Grupo Mixto a nombre del señor Vázquez y defendidas por su compañero el señor Rodríguez. En primer lugar, las enmiendas números 27, 35, 37 y 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 11; en contra, 309, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 23, 24, 26, 29, 31, 32, y 36, de los señores Vázquez y Rodríguez.
Resto de las enmiendas del Grupo Mixto, señores Vázquez y Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, uno; en contra, 310; abstenciones, 10.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, nueve; en contra, 185; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Votación de las enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso.
Separadamente y en primer lugar, votamos la enmienda número 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 140; en contra, 180; abstenciones, una.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 131; en contra, 181, abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar segregará la votación correspondiente al texto del dictamen de los artículos 2, 3, 4, 8, 10, 13, 27, en los apartados relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas números 73 bis, 74, 75, 75 bis y 83, más los artículos del dictamen 28, 33, 34 y disposición final primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 179; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen en relación con los citados artículos.
Votación en relación a los artículos 5, 6, 7, 9, 27, apartados relativos a los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas números 76, 79, 80, 81 y 82 y el texto del dictamen correspondiente a los artículos 31, 32, 35 y disposición final segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 187; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen en relación a los artículos citados.
Resto del dictamen correspondiente al articulado y a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 179; en contra, 131; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Señorías, antes de levantar la sesión, y desde una perspectiva estrictamente institucional, quiero darles algunos datos sobre las sesiones desarrolladas, en régimen de mañana, tarde y noche, desde el lunes. Se han debatido 1.556 enmiendas, han intervenido 178 Diputados y miembros del Gobierno. (Algunas señoras Diputadas: Y Diputadas.) Sin duda alguna. Pido disculpas. También Diputadas y, por cierto, brillantemente.
(Aplausos.) Se han producido 422 votaciones de mañana y de tarde, distribuidas en dos turnos diarios y, en consecuencia, se alcanza una media de Diputados asistentes a los plenos, en régimen de mañana y tarde, de 325 Diputadas y Diputados.
Me resta sólo darles las gracias por el esfuerzo y agradecerlo, en nombre de todos a los servicios de la Cámara.
Se levanta la sesión. (Fuertes aplausos.)

References: artículo 157
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 157
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 74
 artículo 74