Source: http://www.jurisint.org/ohada/text/text.01.sp.html
Timestamp: 2013-05-24 21:53:55+00:00

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tratado sobre la ARMONIZACION de la LEGISLACION empresarial en AFRICA
PREAMBULO El Presidente de la República de BENIN,
El Presidente de la República del CAMERUN,
El Presidente de la República de la COSTA DE MARFIL,
El Presidente de la República del NIGER,
El Presidente de la República del SENEGAL,
Altas partes contratantes del tratado sobre la armonización de la legislación empresarial en Africa,
Resueltos a realizar nuevos progresos en la vía de la unidad africana y a establecer una corriente de confianza a favor de las economías de sus países con objetivo crear un nuevo polo de desarrollo en Africa;
Reafirmando su compromiso a favor de la institución de una comunidad económica africana;
Convencidos de que la pertenencia a la zona del franco, factor de estabilidad económica y monetaria, constituye una ventaja mayor para la realización progresiva de su integración económica y que dicha integración deberá asimismo proseguirse dentro de un marco africano más amplio;
Convencidos de que la realización de dichos objetivos implica la aplicación en sus Estados de una Legislación Empresarial armonizada, sencilla, moderna y adaptada, a fin de facilitar la actividad de las empresas;
Conscientes de que es esencial que la aplicación de dicho derecho se lleve a cabo con diligencia, en condiciones apropiadas para garantizar la seguridad jurídica de las actividades económicas, a fin de favorecer el desarrollo de éstas y fomentar la inversión;
Deseosos de promover el arbitraje como instrumento de solución de las controversias contractuales;
Decididos a cumplir conjuntamente con nuevos esfuerzos en vista de mejorar la formación de los magistrados y de los auxiliares de la justicia;
Han acordado lo siguiente : TITULO IDISPOSICIONES GENERALES
El objetivo del presente tratado consiste en la armonización de la legislación empresarial en los Estados parte mediante la elaboración y la adopción de normas comunes, sencillas, modernas y adaptadas a la situación de sus economías, por medio de la aplicación de procedimientos judiciales apropiados, y el fomento del recurso al arbitraje para la solución de las controversias contractuales.
Para los efectos del presente tratado, en el ámbito de la legislación empresarial se incluyen el conjunto de normas relativas al derecho de sociedades y al estatuto jurídico de los comerciantes, al cobro de créditos, a las garantías y vías de ejecución, al régimen de rectificación de las empresas y de la liquidación judicial, al derecho de arbitraje, al derecho laboral, al derecho contable, al derecho de compraventa y de transportes, y a cualquier otra materia que el Consejo de Ministros decidiera por unanimidad incluir en él, conforme al objeto del presente tratado y a las disposiciones del artículo 8.
La realización de las tareas previstas en el siguiente tratado será asegurada por una organización denominada Organzación pour l'armonisatión en Afrique du Droit des Affaires (OHADA- Organización para la armonización de la Legislación Empresarial en Africa) que comprende un Consejo de Ministros y un Tribunal común de Justicia y Arbitraje.
El Consejo de Ministros contará con la asistencias de una Secretaría Permanente de la cual dependerá una Escuela regional superior de la Magistratura.
El Consejo de Ministros adoptará, por mayoría absoluta, los reglamentos de aplicación del presente tratado cada vez que resulte necesario.
TITULO IIACTOS UNIFORMES.
Los actos determinados para la adopción de las normas comunes en el artículo primero del presente tratado serán denominados " actos uniformes ".
Los actos uniformes podrán incluir disposiciones de incriminación penal.
Los Estados partes se comprometen a determinar las sanciones penales en que se incurre. Artículo 6
Los actos uniformes son preparados por la Secretaría Permanente en concertación con los gobiernos de los Estados partes. Serán deliberados y adoptados por el Consejo de Ministros, previo dictamen del Tribunal Común de Justicia y Arbitraje.
La Secretaria Permanente comunicará los proyectos de actos uniformes a los gobiernos de los Estados partes, los cuales dispondrán de un plazo de noventa días a partir de la fecha de recepción de dicha notificación para hacer llegar a la Secretaría permanente sus observaciones por escrito.
Al vencimiento de dicho plazo, el proyecto de acto uniforme, acompañado con las observaciones de los Estados partes y un informe de la Secretaría Permanente, será inmediatamente transmitido por esta última al Tribunal Común de Justicia y Arbitraje a fin de obtener su dictamen. A partir de la fecha de recepción de la petición de dictamen, el Tribunal dispondrá de un plazo de treinta días para pronunciarse.
Una vez vencido este nuevo plazo, la Secretaría Permanente elaborará el texto definitivo del proyecto de acto uniforme y propondrá su inscripción en el orden del día del próximo Consejo de Ministros.
La adopción de los actos uniformes por parte del Consejo de Ministros requerirá la unanimidad de los Estados partes presentes y votantes.
La adopción de los actos uniformes sólo será válida si se encuentran representados por lo menos dos tercios de los Estados partes.
La abstención no obstaculizará la adopción de los actos uniformes.
Los actos uniformes serán efectivos noventa días después de su adopción, salvo modalidades particulares para la entrada en vigencia previstas por el acto uniforme mismo. Serán oponibles treinta días civiles después de su publicación en el diario oficial de la OHADA. Serán publicados asimismo en el diario oficial de los Estados partes o mediante cualquier otro medio que se juzgare apropiado.
Los actos uniformes eran directamente aplicables y obligatorios en los Estados partes, no obstante cualquier otra disposición contraria de derecho interno, anterior o posterior.
A propuesta de la Secretaría Permanente, el Consejo de Ministros aprobará el programa anual de armonización de la legislación empresarial.
Los actos uniformes sólo podrán ser modificados en las condiciones previstas por los artículos 7 a 9, a instancia de cualquier Estado parte.
TITULO IIICONTENCIOSO RELATIVO A LA INTERPRETACION Y A LA APLICACION DE LOS ACTOS UNIFORMES
Lo contencioso relativo a la aplicación de los actos uniformes será solucionado en primera instancia y en recurso de apelación por las jurisdicciones de los Estados partes.
El Tribunal Común de Justicia y Arbitraje asegurará en los Estados partes la interpretación y la aplicación comunes del presente tratado, de los reglamentos adoptados para su aplicación y de los actos uniformes.
Cualquier Estado parte o el Consejo de Ministros podrá consultar al Tribunal con respecto a cualquier asunto que se encuentre incluido en el campo del párrafo anterior. Se reconoce idéntica facultad para solicitar el dictamen consultivo del Tribunal a las jurisdicciones nacionales ante quienes se hubiere incoado una acción en aplicación del artículo 13.
El Tribunal, apelado por vía de recurso de casación, se pronunciara sobre las decisiones dictadas por las jurisdicciones de Apelación de los Estados partes en todos los asuntos que plantearen problemas relativos a la aplicación de los actos uniformes y de los reglamentos previstos en el presente tratado, con excepción de las decisiones que impliquen sanciones penales.
En idénticas condiciones, se pronunciará sobre las decisiones inapelables dictadas por cualquier Jurisdicción de los Estados partes en los mismos contenciosos.
En caso de casación, abocará y resolverá sobre el fondo.
Los recursos de casación previstos en el artículo 14 serán llevados ante el Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje, sea directamente por una de las partes a la instancia, o bien por remisión de una jurisdicción nacional estatuyendo en casación ante la cual se hubiere incoado un asunto que planteare problemas relativos a la aplicación de los actos uniformes.
Al someter un asunto al Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje se suspenderá cualquier procedimiento de casación incoado ante una jurisdicción nacional en contra de la decisión impugnada.Sin embargo, esta regla no afectará los procedimientos de ejecución.
Tal procedimiento no podrá reanudarse sino después de una decisión del Tribunal Común de Justicia y Arbitraje en la cual se inhibiere para conocer de un asunto.
La incompetencia obvia del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje podrá plantearse de oficio o por cualquier parte en el litigio in limine litis . El Tribunal se pronunciará dentro de un plazo de treinta días.
Cualquier parte que, después de haber planteado la incompetencia de una jurisdicción nacional que resuelva en casación, estime que en un litigio de su incumbencia dicha jurisdicción hubiere omitido la competencia del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje podrá incoar a este último dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación de la decisión impugnada.
El Tribunal se pronunciará sobre su competencia mediante una decisión que será notificada tanto a las partes como a la jurisdicción implicada.
Si el Tribunal decidiere que dicha jurisdicción se declaró competente sin razón, la decisión pronunciada será considerada nula y sin valor.
El procedimiento ante el Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje será definido mediante un Reglamento adoptado por el Consejo de Ministros en las condiciones previstas en el artículo 8 y publicado en el diario oficial de la OHADA. Será asimismo publicado en el diario oficial de los Estados partes o por cualquier otro medio que se juzgare apropiado. Dicho procedimiento será contradictorio. El concurso de un abogado será obligatorio. La audiencia será pública.
Los fallos del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje tendrán autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Dentro del territorio de cada uno de los Estados partes recibirán una ejecución por vía de apremio en condiciones idénticas a las correspondientes a las decisiones de las jurisdicciones nacionales. En un mismo asunto, ninguna decisión contraria a un fallo del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje podrá ser objeto de una ejecución por vía de apremio al interior del territorio de un Estado parte.
TITULO IVEL ARBITRAJE
En aplicación de una cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral, cualquier parte en un contrato, sea que una de las partes tenga su domicilio o residencia habitual en uno de los Esrados partes, o sea que el contrato fuere ejecutado o por ejecutar total o parcialmente en el territorio de uno o varios Estados partes, podrá someter una controversia de índole contractual al procedimiento de arbitraje previsto por el presente título.
El Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje no resolverá por sí mismo las controversias. Nombrará o confirmará a los árbitros, será informado con respecto al desarrollo de la instancia y eximanará los proyectos de sentencias, conforme a lo establecido en el artículo 24.
La controversia podrá ser resuelta por un árbitro único o por tres árbitros. En los artículos subsiguientes, la expresión " el árbitro " hará referencia indistintamente al o a los árbitros.
Cuando las partes hayan convenido en que la controversia será resuelta por un árbitro único, podrán nombrarlo de común acuerdo para someterlo a la confirmación del Tribunal. En caso de desacuerdo entre las partes dentro de un plazo de treinta días a partir de la notificación de la petición de arbitraje a la otra parte, el árbitro será nombrado por el Tribunal.
Cuando se hayan previsto tres árbitros, cada una de las partes -en la petición de arbitraje o en respuesta dada a ésta- nombrará a un árbitro independiente para someterlo a la confirmación del Tribunal. Si una de las partes se abstubiere, l$el Tribunal nombrará al tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del Tribunal Arbitral, a menos que las partes hubieren previsto que los árbitros designados por ellas deberán seleccionar al tercer árbitro en un plazo determinado.
Si las partes no hubieran fijado el número de árbitros de común acuerdo, el Tribunal nombrará a un árbitro único, salvo cuando a su parecer la controversia justifique el nombramiento de tres árbitros. En este último caso, las partes dispondrán de un plazo de quince días para nombrar los árbitros.
Los árbitros podrán ser elegidos dentro de la lista de árbitros elaborada por el Tribunal y actualizada anualmente. Los miembros del Tribunal no podrán encontrarse inscritos en dicha lista.
En caso de que una parte recusare a un árbitro, el Tribunal resolverá. Su decisión carecerá de posibilidad de recurso.
La substitución de un árbitro se llevará a cabo en caso de fallecimiento o impedimento, cuando deba dimitir como consecuencia de una recusación o por cualquier otro motivo, o cuando el Tribunal, después de haber recogido sus observaciones, comprobare el incumplimiento de sus funciones conforme a lo estipulado en el presente título o en el reglamento de arbitraje, o bien dentro de los plazos concedidos. En cada uno de los casos citados, se procederá conforme a lo enunciado en los párrafos segundo y tercero.
Cualquier Tribunal de un Estado parte ante el cual se llevare un litigio que las partes hubieren convenido someter a arbitraje se inhibirá a instancia de una de las partes y remitirá, cuando corresponda, al procedimiento de arbitraje previsto en el presente tratado.
Antes de firmar una sentencia parcial o definitiva, el árbitro tendrá que someter el proyecto al Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje.
Este únicamente podrá proponer modificaciones de forma.
Los laudos arbitrales dictados de conformidad con lo estipulado en el presente título tendrán autoridad definitiva de cosa juzgada en el territorio de cada Estado parte al mismo título que las decisiones dictadas por las jurisdicciones del Estado.
Podrán ser objeto de una ejecución por vía de apremio en virtud de una decisión en exequátur.
El Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje será el único competente para dictar tal decisión.
El exequátur podrá rechazarse únicamente en los siguientes casos : 1° ) Si el árbitro hubiere resuelto sin acuerdo de arbitraje o sobre un acuerdo nulo o caduco;
2° ) Si el árbitro hubiere resuelto sin conformarse a la misión que le fuere conferida;
3° ) Cuando no se hubiere respetado el principio del procedimiento contradictorio;
4° ) Si la sentencia fuere contraria al orden público internacional.
El Reglamento de arbitraje del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje será definido por el Consejo de Ministros en las condiciones previstas en el artículo 8. Será publicado en el diario oficial de la OHADA. Será asimismo publicado en el diario oficial de los Estados partes o mediante cualquier otro medio que se juzgare apropiado.
TITULO VINSTITUTIONES
El Consejo de Ministros estará compuesto por los Ministros encargados de la Justicia y por los Ministros encargados de Hacienda.
Cada Estado parte ejercerá la presidencia por turno durante un período de un año, de acuerdo con el orden siguiente : Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Senegal, Chad y Togo.
Cuando un Estado parte no pueda ejercer la presidencia del Consejo de Ministros durante el año correspondiente para ejercer dicha presidencia el Consejo designará al Estado inmediatamente posterior según el orden previsto antes anunciados.
El Consejo de Ministros se reunirá al menos una vez por año por convocatoria de su Presidente, la cual será formulada ya sea por iniciativa de este último o de un tercio de los Estados partes. Sus deliberaciones serán válidas cuando se encuentre representados al menos dos tercios de los Estados partes. Artículo 29
El Presidente del Consejo de Ministros fijará el orden del día del Tribunal a propuesta del Secretario Permanente.
Las decisiones del Consejo de Ministros que excedan el marco de aquellas previstas en el artículo 8 serán adoptadas por la mayoría absoluta de los Estados partes presentes y votantes. Cada uno de los Estados dispondrá de un voto.
El Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje estará compuesto por siete jueces, los cuales serán elegidos entre los nacionales de los Estados partes por un periodo de siete año renovable una vez, a fin de desempeñar las funciones y en las condiciones siguientes :
1) magistrados que dispongan de una experiencia judicial de quince años como mínimo y hayan ejercido altas funciones jurisdiccionales ;
2) abogados inscritos en el Colegio de Abogados de alguno de los Estados partes, y que dispongan de un mínimo de quince años de experiencia profesional ;
3) profesores de derecho que dispongan de una experiencia profesional mínima de quince años.
Unicamente dos miembros del Tribunal podrán pertenecer a las categorías consideradas en los apartados 2 y 3 antes enunciados.
El Tribunal se renovará cada año por séptimas partes.
El Tribunal no podrá incluir más de un nacional de un mismo Estado.
El Consejo de Ministros elegirá a los miembros del Tribunal por votación secreta a partir de una lista de personas presentadas con este efecto por los Estados partes.
Cada Estado parte podrá presentar dos candidatos como máximo.
El Secretario Permanente invitará a los Estados partes a presentar a sus candidatos al Tribunal con un plazo mínimo de cuatro meses antes de las elecciones.
El Secretario Permanente elaborará la lista alfabética de las personas presentadas y la comunicará a los Estados partes por lo menos un mes antes de las elecciones.
Una vez efectuada su elección, los miembros del Tribunal harán la declaración solemne de desempeñar correcta y fielmente sus funciones con imparcialidad completa.
Al fallecer un miembro del Tribunal, el Presidente del Tribunal informará de ello inmediatamente al Secretario Permanente, quien declarará la vacante a partir de la fecha de defunción.
En caso de dimisión de un miembro del Tribunal o si, de acuerdo con la opinión unánime de los otros miembros del Tribunal, un miembro hubiere dejado de cumplir sus funciones por cualquier causa que difiera de una ausencia de índole temporal o ya no se encontrare con condiciones de cumplir con ellas, el Presidente del Tribunal, después de haber invitado al interesado a presentar oralmente sus observaciones al Tribunal, informará de ello al Secretario Permanente que declarará la vacante en ese momento.
En cada uno de los casos antes previstos y de acuerdo con las condiciones previstas en los artículos 32 y 33, el Consejo de Ministros procederá a la substitución del miembro cuyo puesto se encuentre vacante, por un periodo equivalente a la fracción del mandato que quedare por transcurrir, salvo cuando dicha fracción fuere inferior a seis meses.
Los miembros del Tribunal serán inamovibles.
Cada miembro del Tribunal conservará su mandato hasta la fecha de la toma de posesión de su sucesor.
El Tribunal elegirá en su seno, por un periodo de tres años y medio no renovable, a su Presidente y a sus dos Vicepresidentes. Los miembros del Tribunal cuyo periodo de mandato por transcurrir en la fecha de elección sea inferior a dicho lapso de tiempo podrán ser elegidos para ejercer estas funciones hasta el vencimiento del mandato mencionado. Podrán ser renovados en dichas funciones si el Consejo de ministros les eligiere para ejercer un nuevo mandato de miembro del Tribunal. Ningún miembro del Tribunal podrá ejercer funciones políticas o administrativas. El ejercicio de cualquier actividad remunerada necesitará la autorización previa del Tribunal.
La duración correspondiente al mandato de los siete jueces nombrados simultáneamente para la constitución inicial del Tribunal será respectivamente de tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años y nueve años. Dicho periodo será determinado para cada uno de ellos mediante sorteo efectuado en Consejo de Ministros por el Presidente del Consejo. La primera renovación del Tribunal tendrá lugar tres años después de su constitución inicial.
El Presidente del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje, nombrará al Secretario permanente del Tribunal, previo dictamen de este último, entre los jefes de secretaría judicial que hubieren ejercido sus funciones durante un periodo de quince años como mínimo y que hubieren sido presentados por los Estados partes.
El resto de los empleos del Tribunal serán cubiertos por el Presidente a propuesta del Secretario permanente.
La secretaría del Tribunal será asumida por el jefe de la secretaría judicial.
El Secretario Permanente será nombrado por el Consejo de Ministros por un periodo cuya duración será de cuatro años renovable una vez.
Nombrará a sus colaboradores de conformidad con los criterios de contratación definidos por el Consejo de Ministros y dentro del limite de la plantilla prevista en el presupuesto.
Asumirá la dirección de la Secretaría Permanente.
Se instituirá una Escuela regional superior de magistratura que contribuirá a la formación y al perfeccionamiento de los magistrados y de los auxiliares de la justicia de los Estados partes.
El Director de la Escuela será nombrado por el Consejo de Ministros.
La organización, el funcionamiento, los recursos y las prestaciones de la Escuela serán definidos por un reglamento del Consejo de Ministros adoptado con base en el informe del Director de la Escuela.
El idioma de trabajo de la OHADA será el francés.
TITULO VIDISPOSICIONES FINANCIERAS
Los recursos de la OHADA estarán compuestos principalmente por :
a) las cotizaciones anuales de los Estados partes,
b) las contribuciones previstas en los acuerdos concluidos por la OHADA con Estados u organizaciones internacionales,
Las cotizaciones anuales de los Estados partes serán determinadas por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprpbará los acuerdos previstos en el apartado b) y aceptará las donaciones y legados previstos en el apartado c).
El Consejo de Ministros aprobará el baremo de las tarifas del procedimiento de arbitraje instituido por el presente tratado, así como la distribución de los ingresos correspondientes.
Al Consejo de Ministros adoptará los presupuestos anuales del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje y de la Secretaría Permanente.
Las cuentas del ejercicio cerrado serán certificadas por censores de cuentas nombrados por el Consejo de Ministros.
Serán aprobadas por el Consejo de Ministros.
TITULO VIIESTATUTO, IMMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
La OHADA dispondrá de plena personalidad jurídica internacional. En particular, tendrá capacidad para :
a) contratar ;
b) adquirir bienes muebles e immuebles y disponer de ellos ;
c) litigar.
A fin de poder cumplir con sus funciones, la OHADA gozará en el territorio de cada Estado parte de las immunidades y privilegios previstos en el presente título.
La OHADA, sus bienes y sus activos no podrán ser objeto de acción judicial alguna, salvo cuando renunciare a esta immunidad.
Los funcionarios y empleados de la Secretaría Permanente, de la Escuela regional superior de la Magistratura y del Tribunal Común de Justicia y de Arbitraje, así como los jueces del Tribunal y los árbitros nombrados por este último gozarán para el desempeño eficaz de sus funciones de los privilegios e immunidades diplomáticos. Además, los jueces solo podrán ser perseguidos judicialmente por actos efectuados fuera del ejercicio de sus funciones con previa autorización del Tribunal.
Los archivos de la OHADA serán inviolables dondequiera que se encuentren.
La OHADA, sus activos, sus bienes y sus ingresos así como las operaciones autorizadas por el presente tratado gozarán de la exención de cualquiera impuestos, tasas y derechos arancelarios. La OHADA se encuentra asimismo exenta de cualquier obligación referente a la recaudación o al pago de impuestos, de tasas o de derechos arancelarios.
TITULO VIIICLAUSULAS PROTOCOLARES
El presente tratado será sometido a la ratificación de los Estados signatarios de conformidad con sus procedimientos constitucionales.
El presente tratado entrará en vigencia setenta días después de la fecha del depósito del séptimo instrumento de ratificación. No obstante, si la fecha de depósito del séptimo instrumento de ratificación fuese anterior al centésimo octogésimo día subsiguiente al día de la firma del tratado, el tratado será efectivo el ducentésimo ciadragésimo día posterior a la fecha de su firma.
Con respecto a cualquier Estado signatario que depositare ulteriormente su instrumento de ratificación, el tratado y los actos uniformes adoptados antes de la ratificación entrarán en vigencia sesenta días después de la fecha de dicho déposito.
A partir de su entrada en vigencia, el presente tratado se encontrará abierto a la adheción de cualquier Estado miembro de la OUA y no signatario del tratado. Asimismo, se encontrará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado no miembro de la OUA invitado a adherirse de común acuerdo de todos los Estados partes.
Con respecto a cualquier Estado adherente, el presente tratado y los actos uniformes adoptados antes de la adhesión, entrarán en vigencia sesenta días después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.
Las instituciones comunes previstas en los artículos 27 a 41 serán creadas a partir de la entrada en vigencia del tratado. Los Estados signatarios del tratado que aún no lo hubieren ratificado podrán celebrar sesión en el Consejo de Ministrros en calidad de observadores desprovistos de derecho de voto.
Toda controversia que pudiere surgir entre los Estados partes con respecto a la interpretación o a la aplicación del pressente tratado y que no fuere resuelta por amigable composición podrá ser presentada por un Estado parte ante el Tribunal Común de Justicia y de Arbitaje.
Si el Tribunal cuenta en la sede con un juez de una nacionalidad de una de las partes, cualquier otra parte podrá designar a un juez ad hoc para celebrar sesión en el asunto.
Este último deberá cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 31.
Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión serán depositados ante el gobierno de Senegal, el cual será el gobierno depositario.
Cualquier Estado que ratificare el presente tratado o que se adhiriere a él con posterioridad a la entrada en vigencia de una enmienda al presente tratado, será al mismo tiempo parte del tratado tal como fuere enmendado.
El Consejo de Ministros añadirá el nombre del Estado que se hubiere adherido en la lista prevista por el artículo 27, situándolo inmediatamente antes del nombre del Estado que asume la presidencia del Consejo de Ministros en la fecha de adhesión.
El gobierno depositario registrará el tratado ante la Secretaría de la OUA y ante la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
El gobierno depositario notificará sin demora a todos los Estados signatarios o que se hubieren adherido al tratado con respecto a :
a) las fechas de firma
b) las fechas del registro del tratado
c) las fechas de depósito de los instrumentos de ratificación y de adhesión
d) la fecha de entrada en vigencia del tratado.
TITULO IXREVISION Y DENUNCIA
El presente tratado podrá ser enmendado o revisado si un Estado parte envía con este efecto una demanda por escrito a la Secretaría Permanente de la OHADA. La enmienda o revisión tendrá que ser adoptada en la misma forma que el tratado.
El período de duración del presente tratado será ilimitado. De cualquier forma, no podrá ser denunciado antes de diez años a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Cualquier denuncia del presente tratado tendrá que ser notificada al gobierno depositario y sólo tendrá efecto un año después de la fecha de dicha notificación.
El presente tratado, redactado en dos ejemplares y en idioma francés, será depositado en los archivos del gobierno de la República del Senegal que hará entrega de una copia certificada conforme con el original a cada uno de los gobiernos de los otros Estados partes signatarios.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los jefes de Estado y plenipotenciarios abajo firmantes subscribieron el presente tratado.
El Presidente de la República de Benin
Señor Nicéphore SOGLO
Señor Blaise COMPAORE
Por el Presidente de la República del Camerún Señor Paul BIYA, Ministro de Asuntos Exteriores
Señor Ange-Félix PATASSE
El Presidente de la República Federal Islámica de las Comoras
Señor SAID MOHAMED DJOHAR El Presidente de la República del Congo
Señor Pascal LISSOUBA Por el Presidente de la República de la Costa de Marfil
Señor Alassane Dramane OUATTARA, Primer Ministro
Por el Presidente de la República Gabonesa
Señor Casimir OyéMBA, Primer Ministro
Señor Alpha Oumar KONARE
El Presidente de la República del Níger
Señor Mahamane OUSMANE
Por el Presidente de la República del Senegal
Señor Moustapha NIASSE, Ministro de Estado, de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses del extranjero
El Presidente de la República del Chad
Colonel Idriss DEBY
El Presidente de la República del Togo
Señor Gnassingbé EYADEMA

References: artículo 8
 Artículo 6
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 8
 Artículo 29
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 27
 artículo 102