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Timestamp: 2020-08-10 04:50:38+00:00

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Lineamientos Prácticos Para El Ejercicio Del Der-COMPLETO | Caso de ley | Ley procesal
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TRABAJO PRACTICO N° 3 PRACTICA PROFESIONAL
Compendio de Derecho de Daños
Está en la página 1de 437
Mariana Andrea Liksenberg Coordinadora
María Laura Abril, Mariela Alicia Capellino, Luciana Casas, Adriana De Cicco, Mariana Andrea Liksenberg, Andrea María Maine, María Alejandra Mora, Santiago Morra, María Roxana Ramos, Luciana Spila Montoto.
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La reproducción de este libro, ya sea total o parcial, en forma idéntica o con modificaciones, escrita a máquina por el sistema Multigraph, mimeógrafo, impreso, etc., que no fuera autorizada por esta Editorial, es violatoria de derechos reservados. Toda utilización debe ser solicitada con anterioridad.
Ferreyra de de la Rúa, Angelina Lineamientos prácticos para el ejercicio del derecho - 1a ed. Angelina Ferreyra de de la Rúa ; adaptado por Mariana Andrea Liksenberg. Córdoba : Advocatus, 2009.
433 p. ; 23x16 cm. ISBN 978-987-551-139-2
1. Derecho Procesal. I. Liksenberg, Mariana Andrea, adapt. CDD 347.05
Fecha de catalogación: 16/03/2009
Obispo Trejo 181 - Córdoba editorial@eadvocatus.com.ar Queda hecho el depósitoarque previene la ley 11.723 Impreso en Argentina
La presente obra tiene como propósito inicial brindar respuestas a las in- quietudes de los estudiantes del último año de la Carrera de Abogacía y satis- facer las expectativas de los profesionales noveles, quienes toman su primer contacto con el quehacer diario del ejercicio del Derecho. Actualmente se prohija la idea de repensar instituciones y reformular añe- jas estructuras procesales, que permitan administrar justicia con mayor celeri- dad, sencillez y eficiencia; a tal fin el Poder Judicial cordobés concretó un nuevo diseño de gestión judicial mediante la utilización de las disponibilidades informáticas, tecnológicas y de comunicación hoy existentes, todo ello con la finalidad de simplificar algunos estadios en los trámites procesales. Consecuentemente, corresponde al profesional del Derecho progresar en esta orientación y contribuir con una eficiente prestación de sus servicios pro- fesionales al logro de los objetivos trazados. Esta misión sólo se logrará con la adquisición de habilidades y destrezas que permitan aplicar razonable y estra- tégicamente el caudal cognoscitivo aprehendido en el decurso de la carrera. Vale decir, para lograr un exitoso desempeño profesional, el abogado necesita de la conjunción de nociones teóricas y aptitudes prácticas. Este trabajo está destinado a contribuir a la concreción de esta meta, eri- giéndose como la primera obra que compendia un breve desarrollo sistemáti- co de cada uno de los procesos que se sustancian ante los distintos fueros del Poder Judicial Provincial y Federal, abordando sus aspectos medulares y su- ministrando información de utilidad para el profesional del Derecho, que no encontrará en ningún otro material bibliográfico. En esta misma línea y con la finalidad de contribuir a la enseñanza de la práctica jurídica, incluimos modelos de escritos judiciales, legislación y juris- prudencia actualizada emanada de nuestros tribunales provinciales y federa-
les, que nos ilustran sobre las soluciones aplicables a las problemáticas jurídi- cas de nuestros tiempos. No se ha escrito en los últimos años un libro donde se conjugue la teoría con la práctica jurídica, adecuando las exigencias profesionales a los avances tecnológicos que el nuevo sistema judicial impone, analizando en una sola obra los distintos sistemas procesales y repasando la estructura, organización y funcionamiento de todos los fueros. En particular, destacamos el afán por elaborar un instrumento que reúna toda la información y conocimientos esenciales para quien comienza a dar sus pasos por este interminable camino de la realización del Derecho. Esta obra ha sido ideada como la herramienta indispensable para el operador jurídico, que le permita desenvolverse con suficiente soltura y seguridad en sus prime- ras experiencias profesionales. Hemos privilegiado la práctica jurídica misma, ofreciendo soluciones a problemas concretos, permitiendo un análisis reflexi- vo y crítico de situaciones que se presentan en la vida profesional cotidiana. Finalmente, no cabe duda que la orientación práctica de la enseñanza del Derecho en Córdoba y en la Argentina es hoy mucho más marcada que en tiempos pasados. El objetivo primordial de las Facultades de Derecho no se circunscribe a cultivar intelectualmente una disciplina científica, sino también
a preparar profesionales con una buena formación técnica para el ejercicio
del Derecho (1) . El objetivo que nos propusimos al elaborar esta obra consiste,
justamente, en sortear la posible tensión entre estos dos objetivos, porque te- nemos la convicción que “el verdadero jurista es aquél que domina los principios jurídicos de tal manera que es capaz de aplicarlos con cons- tante facilidad y seguridad a la madeja siempre enredada de los asuntos humanos” (2) . En lo personal, quiero agradecer a los integrantes de las cátedras “B” y “C” de la asignatura “Teoría General del Proceso” de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y a los integrantes de las asignaturas “Derecho Procesal I” y “Derecho Procesal II” de la Ca-
PÉREZ LLEDÓ, Juan A., La enseñanza del derecho en Estados Unidos.
TWINING, William, Karl Llewellyn and The Realist Movement, University of Oklahoma
rrera de Abogacía de la Universidad Empresarial Siglo 21 (3) , que han colabo-
rado activamente en esta tarea; y muy especialmente a la
e scribana Mariana Andrea Liksenberg ya que gracias a su empeño y dedicación la realización de esta obra ha sido posible.
a bogada y
Dra. Angelina Ferreyra de de la Rúa Córdoba, junio de 2008
(3) Quienes prestaron su colaboración en el marco del “Instituto de Derecho Procesal Alfredo Vélez Mariconde” de la Universidad Empresarial Siglo 21, bajo mi dirección, e integra- do por la Ab. Esp. Patricia Verónica Asrin (coordinadora), Ab. Esp. Mauricio Zambiazzo (secretario general), Ab. y Escr. Mariana Andrea Liksenberg (Secr. de Rel. Institucionales y Asuntos Académicos y Editoriales) y Ab. María Cecilia Pérez (Secr. de Rel. Institucionales y Formación de Recursos Humanos).
Con la finalidad de proporcionar un instrumento de estudio para el alumno del último año de la Carrera de Abogacía, que sirva a la vez como herramienta de consulta durante su primer contacto con el ejercicio profesional, hemos ideado la presente obra, orientada con propósitos eminentemente prácticos, que fusiona nociones teóricas fundamentales sobre los distintos procesos, legislación, jurisprudencia actualizada, modelos de
escritos judiciales y de decretos de los tribunales e información sobre el nuevo sistema informatizado de ingreso y administración de causas implementado en
Poder Judicial cordobés. Contiene, además, el desarrollo de la organización
funcionamiento de los Tribunales Federales de nuestra provincia y de la
Ciudad de Córdoba en particular. En cumplimiento del objetivo enunciado, estructuramos este trabajo en dieciocho módulos “autosuficientes”, anexando un capítulo con casos prácticos al final de la obra. La metodología implementada permitirá al lector obtener toda la información necesaria para iniciar, seguir y culminar un proceso en cualquier fuero, aun, en la órbita federal, atravesando por todas las instancias jurisdiccionales. Construimos dieciocho unidades temáticas, que contienen un desarrollo
conciso y sistemático de cada proceso en particular, analizando sus aspectos medulares y suministrando información de utilidad para el profesional del Derecho, que -como se señaló en el prólogo- no se encontrará en ningún
otro material bibliográfico (v.gr. ubicación física de las distintas oficinas
y reparticiones del Poder Judicial, páginas de web y links de interés para los abogados litigantes, modelos estandarizados de oficios, exhortos y decretos, entre otros).
Asimismo, incluimos modelos de escritos judiciales (demanda, interpo- sición de recurso, expresión de agravios, etc.), cédulas, decretos de los distintos tribunales, dictámenes de las fiscalías, actas de remate y de constatación, denuncias penales en sede judicial y en sede policial, orden de allanamiento y secuestro, entre muchos otros, para orientar al profesional en su redacción. También anexamos las planillas de incorporación de datos para la Mesa de Entrada General y otros formularios tipo, que permitirán al lector conocer de antemano las formalidades que deberá satisfacer para iniciar un expediente judicial y, de esta manera, actuar con mayor firmeza y confianza en sus primeras experiencias laborales. Además, incorporamos reseñas de jurisprudencia actualizada emanada de nuestros tribunales provinciales y federales, que analizan las cuestiones tratadas en cada unidad temática. Al final de cada módulo elaboramos un cuestionario sobre la materia abordada en éste, con el objetivo de colaborar en el proceso de enseñanza aprendizaje (en el caso del lector-estudiante) y, al mismo tiempo, destacar cuáles son los aspectos más relevantes de los tópicos desarrollados, para el ejercicio profesional (en el caso del lector-profesional). En la organización de los contenidos procuramos alcanzar un equilibrio entre los diferentes módulos, asignando una extensión de páginas y una estructura similares a cada uno de ellos. Dotamos a la obra de continuidad, creando un eje organizador a lo largo de todos sus módulos, desarrollándose en diferentes niveles de profundidad y complejidad. En este sentido, las primeras unidades temáticas contienen nociones básicas (ejercicio de la función jurisdiccional; atribuciones del secretario, prosecretario y empleados del tribunal; etapas del proceso; concepto, requisitos y efectos de la interposición de la demanda; en- tre otros), que posteriormente -en los módulos siguientes- se integrarán con desarrollos más profundos. El orden que siguen los módulos, responde a la secuencia cronológica que ocupa cada uno de los núcleos temáticos abordados en el proceso. En efecto, comenzamos por la Mesa de Entrada General del Fuero Civil, Comercial y Laboral, seguimos con el módulo correspondiente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, luego desarrollamos los Juzgados especializados en Ejecuciones Fiscales, posteriormente las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial (1) , hasta alcanzar los
(1) Cabe aclarar que el Fuero Civil y Comercial es el único que ha sido desarrollado en varios módulos debido, por una parte, a la necesidad de abordar separadamente el funcionamiento
módulos correspondientes a los Fueros Contencioso Administrativo, de Fa- milia, Laboral, Menores y Penal, desarrollando, también, una unidad temática sobre la Policía Judicial. El máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial Provincial también es abordado en esta obra, incorporando un módulo dedicado exclusivamente al funcionamiento y competencias del T.S.J., cuerpo que amerita un tratamiento por separado de los restantes órganos, atento la trascendencia jurídica e institucional de sus funciones jurisdiccionales y administrativas. Este módulo contiene un breve desarrollo sobre el Fuero Electoral. Incluimos una unidad temática sobre el funcionamiento de la Oficina de Notificadores y Ujieres, en la que se explican las técnicas fundamentales para la elaboración de una cédula de notificación, destacando los efectos jurídicos que produce su diligenciamiento y la importancia práctica de saber cómo redactarla. También incorporamos un módulo referido a la subasta judicial, debido a su trascendencia jurídica como acto principal de la etapa de ejecución de las sentencias de condena. A continuación, desarrollamos un módulo informativo sobre los servicios que la Biblioteca del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba -Biblioteca “Dalmacio Vélez Sársfield”- brinda a los usuarios. Una vez concluido el análisis del funcionamiento y competencias del Poder Judicial Provincial, incluimos un módulo dedicado al estudio integral de los Tribunales Federales de la Provincia y de la Ciudad de Córdoba en particular. A continuación, anexamos cuadros con la representación gráfica de la estructura orgánica del Poder Judicial cordobés y un módulo con información de utilidad, que contiene el Mapa Judicial de la Provincia de Córdoba con la indicación de la composición de cada circunscripción, su asiento y los órganos judiciales que la integran; un cuadro con la ubicación física de los tribunales, fiscalías y asesorías de la ciudad de Córdoba; los teléfonos de las distintas áreas y reparticiones del Poder Judicial Provincial y un cuadro indicativo de los aportes que se deben realizar a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, según el juicio de que se trate. Culminamos la obra con una sección destinada al planteo de casos prácticos -elaborados en base a jurisprudencia actualizada- que servirán de instrumento
de los Juzgados de Ejecuciones Fiscales y, por la otra, al sistema procesal de doble instancia que amerita el tratamiento de cada instancia jurisdiccional por separado.
integrador de los conocimientos adquiridos y como herramienta de autoevaluación, puesto que citamos el fallo tomado de referencia, para permitir su consulta y facilitar la autocorrección. Finalmente, adjuntamos a esta obra un CD que contiene el texto completo de toda la legislación citada y la jurisprudencia reseñada en los distintos módulos, como así también información de interés para el profesional del Derecho y de otras ciencias afines, tal como todos los códigos procesales cordobeses, la ley de martilleros y corredores públicos, la ley orgánica del Poder Judicial, acuerdos reglamentarios del T.S.J., la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, etc. En definitiva, nuestro designio es facilitar al abogado novel las herramientas indispensables para entablar su primer contacto con el quehacer profesional, estrechando la distancia existente entre la teoría y la práctica jurídica. Anhelamos concretarlo.
Ab. Mariana Andrea Liksenberg Córdoba, junio de 2008
A.I. art./s B.J.C. B.O. B.O.N. C.A. C.Aduan. Cám. Acus. C.Fed. C.C. C.C.C. C.Com. C.C.T. C. de P.C. C.M.C.A. C.N. CNCiv. CNCom. CNFed. conc./s Confr. Conf. Const. Pcial. C.E.N. C.P. C.P.C.C. C.P.C.C.N. C.P.P.
Auto Interlocutorio artículo/s Boletín Judicial de Córdoba Boletín Oficial de Córdoba Boletín Oficial de la Nación Código Arancelario Código Aduanero Cámara de Acusación Cámara Federal Código Civil Cámara Civil y Comercial Código de Comercio Convenio Colectivo de Trabajo Código de Procedimiento Civil (ley 1419) Código de la materia contenciosa administrativa Constitución Nacional Cámara Nacional Civil Cámara Nacional Comercial Cámara Nacional Federal concordante/s Confróntese Conforme Constitución Provincial Código Electoral Nacional Código Penal Código Procesal Civil y Comercial (ley 8465) Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación Código de Procedimiento Penal
Código de Procedimiento Penal de la Nación
decr. ley
decr. reg.
doctrina y jurisprudencia temática
fallos anotados
fallos sintetizados
inc./s
inciso/s
Ley del Fuero de Familia
La Ley Córdoba
modificatorio/a
párr./s
párrafo/s
Sistema de Administración de Causas
Sem. Jur.
MESA GENERAL DE ENTRADAS DEL FUERO CIVIL, COMERCIALY LABORAL
Mariela Alicia Capellino
“El principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según ciencia y espíritu de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias…” (Ricardo Haro).
Analizaremos en el presente módulo la Mesa General de Entradas del Fuero Civil, Comercial y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a los fines de visualizar su funcio- namiento y el rol que cumple en el desarrollo del proceso. En el marco de las atribuciones de superintendencia que le competen al Tribunal Superior de Justicia (art. 166 inc. 2 Const. Pcial,), éste tiene la facul- tad de reglamentar los turnos para la distribución de las causas entre los dis- tintos tribunales con idéntica competencia material y territorial (art. 12 inc. 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia Nº 8435). En ejercicio de esta atribución el T.S.J. ha creado la Mesa General de Entradas del Fuero Civil y Comercial de la Capital -por Acuerdo Reglamentario Nº 700 Serie A- que dependerá de la Secretaría Civil y Comercial del T.S.J La finalidad práctica de la creación de la Mesa de Entradas es establecer, por medio de un sistema informático, el sorteo de los expedientes a los juzga- dos y cámaras. El sistema de asignación de tribunal es aleatorio, de esta for- ma se asegura la equidad en el reparto de juicios. Por medio del Acuerdo Reglamentario Nº 707 Serie “A” del 26/3/04 se implementó la puesta en funcionamiento de la segunda etapa, actualizando y mejorando el sistema de distribución de causas. A partir del sistema informático desarrollado en el Poder Judicial y con la participación protagónica de magis-
trados y funcionarios, como así también de representantes del Colegio de Abogados de la Capital, se concretó un nuevo diseño de gestión judicial, que ha sido posible, además, por las nuevas disponibilidades informáticas, tecnoló- gicas y de comunicación existentes en el Poder Judicial. En este sentido, me- diante el A.R. mencionado se resolvió que los datos registrados en el Sistema de Administración de Causas (S.A.C) serían difundidos a través de Internet, salvo las medidas cautelares, los actos relacionados con incapaces, juicios por mala praxis y quiebras pedidas antes de la apertura.
Aclaración preliminar: Todas las disposiciones legales que rigen el fun- cionamiento de la Mesa General de Entradas del Fuero Civil, Comercial y Laboral han sido compiladas en el CD que acompaña esta obra. En este mó- dulo sólo se hará referencia a los aspectos más relevantes de su regulación, remitiendo a la lectura de su texto completo.
Beneficios de la instauración de la Mesa General de Entradas
Lograr un sorteo más preciso de causas en los Juzgados de Primera
Instancia y Cámaras de Apelaciones, lo que redundará en la distribución mas transparente y equitativa de la labor entre los distintos órganos juris- diccionales
Permitir al abogado litigante y público en general, conocer, vía Internet,
la existencia de causas, tribunal de radicación, saber si se encuentra a des-
pacho, a fallo o si ha sido retirada del juzgado o si se encuentra en él, aliviando de esta manera las barandillas de atención al público.
Conocer con mayor grado de precisión el tipo de causas que se
inician, su movimiento, impulso o paralización
La supresión de los registros en papel (libros de entradas, de presta-
mos, remisión, etc.) de tan engorrosa consulta, facilitando y acelerando los tiempos de recupero de información existente.
5. Facilitar el control de la tasa de justicia y demás aportes legales
6. Evitar la manipulación de turnos de los tribunales y desalentar prác-
ticas inadecuadas en orden al tratamiento de las causas judiciales
Servir de punto de partida para la informatización integral de la ges-
tión sobre el expediente judicial.
Mesa General de Entradas del Fuero Civil, Comercial y Laboral
IV. Ambito de gestión
Gestionará con información proveniente de:
1. De la propia mesa
2. De las Cámaras de Apelaciones
3. De los Juzgados de Primera Instancia
V. Sorteo informático
El sistema informático establecerá una distribución azarosa, equilibra- da y equitativa de ingresos entre los tribunales comprendidos, según la com- petencia material o de grado que corresponda. Esta distribución se realizará para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial conforme los tipos y objetos de juicio y a las cantidades ingresadas. En el caso de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial la distribución se realizará conforme sólo a las cantidades ingresadas. Entre las Cámaras de Apelaciones de Segunda y Tercera Nominación se sortearán la totalidad de las causas correspondientes a la segunda instancia en materia concursal y societaria. Ambos tribunales, recibirán además, causas de competencia no especiali- zada y correspondiente a los tribunales de alzada en cantidad adecuada y hasta compensar la proporción que reciba el resto de las cámaras (A.R. Nº 718, Serie “A”, del 2/7/04).
VI. Funciones habilitadas
Registro y asignación me- diante sorteo informático del Juzgado de Primera Ins- tancia o la Cámara de Ape- laciones que deba intervenir en las demandas, recursos o actuaciones requeridas
a- caratulado: para caratular los expedientes y/o recara- tular cuando se advierta erro- res u omisiones en los datos consignados en su confección
a- caratulado
La actuación de dicha área queda excluida en los supues- tos expresamente asignados a las Cámaras de Apelacio- nes y Juzgados de Primera Instancia.
b. Asignación por sorteo informático: causales:
por recurso de apelación o
expedientes remitidos o ini- ciados en receso judicial
- por rechazo de conexidad
cuestiones de competencia que deban ser resueltas por estas.
- por rechazo de competencia
por recusación o inhibición del titular del juzgado
de causas iniciadas en re- ceso judicial
c. Asignación directa: causales:
de recursos directos en los
por interposición de recur-
que corresponda intervenir por prevención
de exhortos, mandamientos,
so de apelación ante la Cá- mara de Apelaciones en las causas que se tramitan en ellos o por cuestiones de competencia que deban ser resueltas por un tribunal colegiado que ya hubiera prevenido
suplicatorias, oficio ley 22.172 y otras comunicacio- nes dirigidas al mismo tribu- nal de causas que por conexidad, acumulación o fue- ro de atracción con un tribu-
por exhortos, mandamien-
nal en particular deban radi- carse en él.
tos, suplicatorias, oficios ley
22.212 u otras comunicacio- nes dirigidas al propio tri- bunal
por tercerías, incidentes,
cuerpo de ejecución o de copias, rehaces, trámites auxiliares y/o cualquier otra actuación que en virtud de su accesoriedad o conexidad
instrumental con el princi- pal, deban iniciarse por ante
por los juicios tramitados
en virtud a los demás su- puestos de conexidad, acu- mulación de autos o radica-
ción por fuero de atracción
que deban radicarse en el mismo tribunal.
-por amparos, internaciones y cualquier otro proceso que corresponda, de conformi- dad con la reglamentación vi- gente.
d. Recaratulaci n de causas
-Recategorización de causa
VII. Procedimiento ante la Mesa: aspectos prácticos
Con el escrito de iniciación de la demanda, recurso o actuación pre- tendida, el profesional matriculado o el Sr. asesor letrado, deberán consignar con carácter de declaración jurada, los datos y constancias de identidad solicitados en la “Planilla de Incorporación de Datos” que proveerá la Mesa, debiendo ser firmada y sellada por el profesional requeriente (consultar en el CD las planillas de incorporación de datos para los fueros civil y comer- cial, concursos y sociedades y para los juzgados fiscales). Los datos requeridos deberán consignarse integralmente y sin abreviaturas. El personal del área asentará el día y hora de presentación de la pla- nilla con el cual se inicia una demanda, recurso o actuación, siendo rubricada por el responsable en el proceso de asignación, con sello aclaratorio de su firma. Asimismo, procederá a colocar el cargo de la demanda, recurso o ac- tuación pretendida, en su original y copias que se acompañen, consignando día, mes año y hora de presentación. Tal presentación tendrá valor de cargo judicial (art. 39 C.P.C.C.). La presentación de prueba y demás documentación, aportes, tasa de justicia o constancias que corresponda incorporar se concretará ante el juzgado o cámara de apelación asignada. Sólo podrá efectuarse el sorteo si se ha completado la totalidad de los datos exigidos en dicha planilla. Presentaciones múltiples: Cuando un mismo profesional inicia cinco (5) o más juicios y hasta un límite de veinte (20), y se trate de causas indepen- dientes entre sí, con un mismo actor y correspondientes a un mismo tipo y objeto de juicio, se efectuará el sorteo y se asignarán todos ellos a un mismo juzgado, manteniéndose la distribución igualitaria en cuanto a la cantidad de causas asignadas. Los juzgados de ejecuciones fiscales podrán recibir hasta un máximo de cincuenta (50) juicios en tal concepto.
Una vez efectuada la asignación, se reservará en la Mesa de Entra- das la “Planilla de Incorporación de Datos” firmada por el profesional o el asesor letrado y la demanda, recurso o actuación requerido.
- Una constancia de asignación que quedará en poder del profesio-
nal o del asesor letrado, cargada con fecha, hora, firma y sello aclaratorio del
operador responsable.
- Carátula y recibo para ser rubricado por personal del tribunal que
retire la demanda. La carátula tendrá un número de asignación y un código de barra, a modo de huella digital para seguridad y seguimiento, lo que implica en definitiva es que a través del mismo se podrá obtener toda la información del expediente. Además, en la carátula de inicio se consignarán: fecha de presentación, circunscripción, tribunal, secretaría, actor, demandado, causan- te, solicitante, categoría de causa y objeto del juicio. Tratándose de comunicaciones y oficios, se agregará el nombre y domicilio del letrado presentante o el asesor letrado, y el de la persona autori- zada para su diligenciamiento. Dos veces al día, como mínimo, los tribunales deberán controlar a través del Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) las asignaciones efectuadas por la Mesa. Verificada la existencia de asignaciones deberán enviar personal para retirar las demandas. La entrega de dichos escritos y su carátula se documentará en recibo previamente extendido por el sistema informático y suscripto por el personal que las retira, con aclaración de iden- tidad del agente.
VIII. Normas para el llenado de la planilla de incorporación de datos
En la planilla de incorporación de datos, se consignará:
- Apellido y nombres del actor/es, número de D.N.I., domicilio real, domi- cilio legal constituido;
- Apellido y nombres del demandado/s, número de D.N.I. si se conoce,
domicilio denunciado; - Categoría de causa;
- El o los objetos del juicio y profesional/es presentante/s, debiendo estar suscripta por él/ellos.
La Planilla de Incorporación de Datos se conservará en la Mesa de Entrada General con destino al fichero numérico de causas del fuero. Para caratular los expedientes se utilizarán los datos suministrados en la planilla.
En la confección de la planilla se observarán las siguientes normas:
ACTOR/ES y DEMANDADO/S: Se colocarán primero los apellidos y luego los nombres. Cuando se trate de más de un actor o demandado se consignará el nombre de cada uno de ellos. Si la cantidad de éstos supera los campos previstos en la planilla, se continuará en otra a ese solo fin.
En los casos de mujeres casadas, se consignará primero el apellido de soltera y -a opción de la interesada- seguido de la preposición “de”, el ape- llido del esposo y luego los nombres.
En los procesos en que no exista demandado, se consignará el apellido y el nombre en el campo “actor”.
Cuando se trate de una persona jurídica, se consignará su nombre con- forme conste en el escrito inicial del juicio.
En las tercerías, se colocará el nombre del tercerista en el campo “ac- tor” y en “auto conexo”, la carátula, número de expediente, si éste fue asignado por la Mesa, y el tribunal en que éste se tramita.
Cuando se invoque conexidad, vinculación o acumulación, en caso de tercerías, se prescindirá del sorteo, asignándose al Juzgado, con la corres- pondiente compensación.
Para las comunicaciones u oficios ley 22.172, dirigidas al Tribunal en turno del fuero, se contará con un campo determinado para ellos, donde se consignará: tribunal o dependencia exhortante, carátula del juicio en que se lo libra y letrado o persona autorizada para su diligenciamiento.
Las comunicaciones u oficios ley 22.172 dirigidos a un tribunal determi- nado, ingresarán a é sin intervención de la Mesa de Entrada General.
CATEGORÍA DE CAUSA: Se debe consignar el código de la Categoría de causa, adecuándose a la lista de códigos que proporcionará la Mesa de Entrada General y que estarán descriptos en la planilla.
VIII. Juicios, recursos o actuaciones provenientes del interior de la provincia
Cuando se trate de juicios, recursos o actuaciones provenientes del inte- rior de la Provincia que deban ser asignados por el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.), el tribunal de origen podrá:
a) Solicitar a la Mesa, por correo electrónico u oficio en soporte papel el sorteo del tribunal pertinente. Asignado el nuevo tribunal, se hará saber al requirente por igual con- ducto de recepción el tribunal que corresponda intervenir.
b) Remitir directamente la causa al tribunal que a su entender corres- ponde intervenir, quien, en caso de estimarlo pertinente procederá a su autoasignación. En ambos supuestos, las dependencias aludidas deberán ingresar en el sistema informático los datos correspondientes.
IX. Datos útiles
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: Cada demanda, recurso o actuación re- querida se identificará con un número único e irrepetible, que debe mantener- se en las distintas instancias judiciales.
Aun cuando el expediente conste de varios cuerpos, tendrá el mismo número identificatorio, podrán ser diferenciados los unos de los otros por el código de barra. Esto no sucederá cuando estemos haciendo referencia a un expediente
anexo, como puede
de ejecución o copia, etc., en estos casos
n ser los cuadernillos de prueba, los incidentes, los cuerpos
tendrán un número diferente.
El número del expediente se conformará de la siguiente manera:
8 dígitos: número de expediente: ej.: 00345678
4 dígitos: fuero: 0036 (/36)
4 dígitos: cuerpo: 0001
Así las carátulas tendrán un código de barra y por debajo de éste dirán:
00XXXXXX/36- CUERPO 1
Para ampliar esta información consultar incluida en el CD).
X. Optimización del sistema
Resolución Nº 3 del 1/9/04,
El resultado del sorteo es inmodificable, aunque al abogado le que- darán las vías procesales a los fines de modificarlo (para profundizar
sobre este tema consultar la jurisprudencia que se incluye en el anexo de este módulo). Con anterioridad al 1º de abril de 2004, una vez iniciado el expediente por la Mesa de Entradas, el abogado debía presentarlo dentro de los cinco días al juzgado asignado, en su defecto tal certificado caducaba, su presentación se encontraba vencida, por lo que debía sortearse nuevamente. Tal circunstancia traía aparejada especulación, por ello fue modificada y el cargo que anterior- mente sólo tenía valor administrativo, pasó a tener valor de cargo judicial, con sus consecuencias.
XI. Procedimiento ante el juzgado o cámara de apelaciones
Cuando corresponda la intervención directa de un juzgado de primera instancia o una cámara, el interesado deberá formalizar la demanda, recur- so o presentación ante el respectivo tribunal, el que deberá dar de alta su inicio en el S.A.C. conforme el tipo y objeto de juicio, completará los datos de regis- tro exigidos por el sistema y formulará la respectiva carátula y certificado de asignación. Si estimare que no corresponde su entretención, luego de autoasignarlo, dictará el proveído en tal sentido mandando al interesado, según corresponda, a ocurrir ante el tribunal que a su entender resulta competente o a formular el sorteo de rigor.
XII. Juicios anexos. Modificaciones del sistema
Como consecuencia de las dificultades presentadas para dar de alta jui- cios anexos, en los casos en que su correspondiente juicio principal no se encontraba cargado en el S.A.C. y a fin de evitar dejar expedientes fuera del sistema, mediante la Resolución Nº 5 del 15/12/04 (consultar el texto completo en el CD) se dispuso que sólo para el supuesto mencionado se sigan las si- guientes instrucciones:
a) Comprobar que el juicio “anexo”:
1) No esté ingresado en el S.A.C.
2) Debe ser anterior al primero de abril de dos mil cuatro b) Comprobar que el juicio “principal”:
3) No esté ingresado por la Mesa General de Entradas ni en el S.A.C. 4) Sea anterior al 1º de abril de 2004. 5) Que actualmente no se encuentre disponible en Cámara ni en el Juzgado.
Si se dan estas cinco condiciones juntas y simultánea verificación de que el expediente principal correspondía a la competencia del propio tribunal, co- rresponde: AUTOASIGNARSE el expediente “anexo”, como un expediente principal (anterior a la Mesa).
XIII. Mesa de Entradas del Fuero Laboral
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia ha previsto, a partir del 1º de mayo de 2005, la modificación en la distribución y gestión de los procesos judiciales de competencia material, territorial y de grado de las salas de la Cámara del Trabajo y Juzgados de Conciliación de la Ciudad de Córdoba, a través de la implementación del Sistema Informático de Administración de Causas (S.A.C.). Con el objetivo de mejorar el sistema actual, tanto en relación a las cate- gorías de tipos y objetos de juicio, procedimientos de trabajo, ámbitos de ges- tión involucrados y el aprovechamiento integral de la tecnología informática disponible, se conformó un Comité de Usuarios integrado por magistrados y funcionarios del fuero laboral del Centro Judicial Capital, asistido por personal jerárquico de la Dirección de Informática; habiéndose recabado la opinión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba. De las reuniones y propuestas formuladas, se ha elaborado un proyecto integral de sistema, tomando como base la experiencia recogida en el fuero civil y comercial. Las nuevas aplicaciones informáticas involucran, por el momento, la actua- ción de distintos organismos del fuero (Salas de la Cámara del Trabajo y Juzga- dos de Conciliación), a más de la creación de la Mesa de Entradas General del Fuero Laboral de la Ciudad de Córdoba (consultar en el CD las planillas de incorporación de datos para las salas laborales y los juzgados de conciliación).
Hay un nuevo escenario y pautas de gestión que exigen el conocimiento de los procedimientos y rutinas de trabajo establecidas para el futuro (1) .
XIV. ¿Qué es el S.A.C.?
El Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) es un sistema de gestión judicial que ha sido diseñado y construido por la Dirección de Informática del Poder Judicial de Córdoba. El sistema desarrollado es un prototipo de gestión integrada de los procesos judiciales, que se utiliza, dentro de una Intranet, para documentar las actuaciones que pueden realizarse en un proceso judicial. El sistema permite registrar todos los expedientes que se tramitan, quiénes son sus partes y el carácter en el que intervienen, sus sucesivos trámites procesales e incluso el contenido de algunas de las actuaciones de que se componen.
Objetivos del S.A.C.
Gestión integral de los expedientes desde su inicio por parte del letrado
asesor letrado hasta la finalización.
- eliminar la carga de información redundante
- permitir la elaboración estandarizada de informes
- facilitar la búsqueda y visualización de la información en el futuro
- identificación única de expedientes para todas las materias e instancias
Los datos registrados en el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) serán difundidos a través de Internet, salvo las medias cautelares, los actos
(1) Para ampliar la información consultar el módulo “Fuero Laboral” de esta obra.
relacionados con incapaces, los juicios por mala praxis, quiebras pedidas an- tes de la apertura y aquéllos que por especiales circunstancias revistan el carácter de confidencial (art. 34 A.R. Nº 707, Serie “A”, del 26/3/04, modifi- cado por A.R. Nº 718, Serie “A”, del 2/7/04). Para obtener esta información se debe ingresar a la página www.justiciacordoba.gov.ar, luego hacer click en el link “Juicios iniciados en el Fuero Civil”. Esta sección le brinda información acerca de los juicios iniciados en la Sede Judicial Capital del Fuero Civil y Comercial del Poder Ju- dicial de la Provincia de Córdoba. La información proporcionada se refiere a la fecha de inicio y lugar donde se tramita la causa; autos y categoría del juicio; estado y ubicación.
XV. Portal de Aplicaciones
El Portal de Aplicaciones es la página principal de las aplicaciones publi- cadas para la red interna (Intranet) del Poder Judicial de la Provincia de Cór- doba. En este portal existen dos tipos de aplicaciones:
1. Públicas: son aquéllas que estarán disponibles para todos los usuarios
de la Intranet del Poder Judicial. Por ejemplo: consulta de acuerdos, turnos
judiciales, concurso de cargos, etc.
2. Privadas: Son aplicaciones que estarán disponibles sólo para usuarios
autorizados a su acceso. Por ejemplo: S.A.C. Civil, Registro de Electores.
XVI. Cuestionario
1. ¿Qué valor tiene el cargo de la Mesa General de Entradas? ¿Cuáles
son los datos que deben consignarse en el cargo?
2. ¿Qué debe presentarse a la Mesa a los fines de dar ingreso del expe-
3. ¿Ante quién debe presentarse la documentación, aportes a la Caja, tasa
de justicia, etc.?
4. ¿Existe la posibilidad de que un expediente no sea ingresado al sistema
informático por la Mesa General de Entradas? ¿En qué supuestos?
5. ¿Cómo llega el expediente al juzgado?
6. En el supuesto de cometerse errores al momento de dar ingreso al
expediente en el sistema informático, ¿quién debe subsanar esos errores?
7. ¿Cómo se realiza la distribución de causas? ¿Qué es el S.A.C.?
8. ¿Cómo es la distribución de las causas en caso de tratarse de presenta-
ciones múltiples?
9. ¿Quién realiza el sorteo cuando se remite un expediente a otro juzgado
o cámara?
10. En caso de recusación, ¿vuelve el expediente a la Mesa General de
11. ¿Cómo se identificaran los expedientes?
12. Si un mismo expediente tuviera varios cuerpos, ¿todos tendrán el mis-
mo número?
13. ¿Qué datos se consignan en la carátula de inicio?
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 6ª Nominación, Auto N° 525 del 23/11/
05, autos:
“ Re Crespo, Florencia c/ Díaz, José María y otros - Ejecutivo - Cobro de
honorarios - Recurso de apelación (consultar el texto completo del fallo en el CD)
Tema: Recusación sin expresión de causa. Oportunidad para oponerla. Formulación de la recusación al acompañar la documental ante el tribunal designado por la Mesa. Procedencia
1. Conforme lo dispone la ley adjetiva (art. 19), la recusación sin expresión de causa
debe ser deducida en el tiempo fijado por la ley. Al respecto rige el principio de la “primera presentación”. Ahora bien, de conformidad al sistema implementado en nues- tros tribunales -Sistema de Administración de Causas (S.A.C.)- la demanda no se presenta directamente ante el juzgado sino en la Mesa de Entradas, quien asigna el tribunal interviniente conforme un sistema de distribución equilibrado y equitativo de ingresos, entre los tribunales comprendidos, según la competencia material o de gra- do que corresponda, conforme los tipos y objetos de juicio y las cantidades ingresa- das, conforme lo dispone el A.R. N° 700 Serie “A” del 24/2/04 y modif. (de creación y reglamentación de una Mesa de Entradas General y de asignación de causas). Confor- me la acordada referida, el abogado actuante debe presentar la demanda ante la Mesa de Entradas, quien asignará por sorteo informático el juzgado que intervendrá en la causa, lo cual significa que al momento de presentarse la demanda ante dicha depen- dencia, se ignora cuál será el tribunal asignado.
2. “En ningún caso, el personal de la Mesa de Entradas estará facultado a recibir
documentación y/o prueba de las demandas, las que en su caso deberán ser inmedia- tamente devueltas al interesado” (art. 12). De tal manera, resulta tempestiva la recusa- ción sin expresión de causa formulada por la parte actora, a posteriori de su presen- tación en Mesa de Entradas, una vez conocido el juzgado asignado, y en oportunidad de presentar la documentación correspondiente ante él.
3. De ninguna manera puede exigírsele al presentante que realice recusación alguna
en el mismo escrito de demanda cuando en dicha oportunidad aún ignora el tribunal que será designado informáticamente por dicha dependencia. En este sentido, el
Acuerdo Reglamentario aludido expresamente dispone que “las recusaciones sin
causa deberán formularse en la primera actuación posterior a la recepción de la de- manda, recurso o actuación sorteada por parte del tribunal asignado” (art. 19).
4. La actora procede a formular dicho planteo en la “primera actuación”, una vez conocido el tribunal actuante designado por Mesa de Entradas, en oportunidad de acompañar la documentación pertinente conforme da cuenta el propio proveído de fecha 9/9/05, dictado por el juzgado designado. Conforme lo expuesto, corresponde acoger los agravios interpuestos por la parte actora y, en consecuencia, revocar el decreto impugnado como así también el proveído que lo mantiene, debiendo apartar- se el juez recusado, de seguir entendiendo en los presentes obrados y proceder de conformidad a lo dispuesto por el art. 23, A.R. N ros 707 y 718, Serie “A”, modificatorios del A.R. N° 700, Serie “A”, del 24/2/04.
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVILY COMERCIAL
María Laura Abril, Mariana Andrea Liksenberg y Andrea María Maine
“Los jueces de primera instancia constituyen el primer peldaño de la estructura judicial, y son quienes inicialmente asumen el asunto que es presentado por el justiciable. Estos magistrados tienen un contacto di- recto con el objeto del proceso, con las partes y con las pruebas ” (Ferreyra de de la Rúa y González de la Vega de Opl) (1)
La función jurisdiccional se ejerce por personas a quienes el Estado inviste con la dignidad de magistrados y cuyo conjunto constituye la administración de justicia (2) . El tribunal es el órgano público que integra la relación procesal y es esta- blecido institucionalmente, por lo que resulta determinado previamente por la ley; su función primordial es la de impartir justicia y se personifica en la figura del juez. En este sentido, es un deber primario y fundamental de los jueces el de administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. En el presente módulo analizaremos los aspectos prácticos de la actividad jurisdiccional desarrollada por los jueces de primera instancia con competen-
FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ DE LA VEGA DE OPL, Cristina, Teoría
general del proceso, Advocatus, Cba., 2003, ps. 221, 222.
ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2ª ed.,
Ediar, Bs. As., 1957, p. 196.
cia en la materia civil y comercial, quienes conocen el objeto litigioso en toda su extensión; convocan a las partes, dirigen el proceso, reciben las pruebas y deciden sobre las pretensiones hechas valer en juicio por ellas.
III. Breve repaso de la estructura judicial del Fuero Civil y Comercial
El Poder Judicial está organizado siguiendo la forma externa tripartita que culmina en un Tribunal Superior y se integra con Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia. Esta modalidad es mantenida en los fueros organizados con sistema de juicio escrito, como es el caso del Fuero Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
Fuero Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
Mediante ley 9532 (B.O.C. 27/10/2008) se creó en la ciudad de Córdoba la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 9ª Nominación, la que no ha sido puesta en funcionamiento hasta la fecha de publicación del presente libro.
1. Juzgados de Primera Instancia (art. 35 L.O.P.J.)
Son tribunales unipersonales y constituyen la primera instancia jurisdiccio- nal en el fuero civil y comercial. Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, mediante acuerdo, adjudicó competencia exclusiva en materia de concursos y cuestiones sobre sociedades civiles y comerciales a ocho juzgados civiles y comerciales de la ciudad de Córdoba y en grado de apelación a las Cámaras de Segunda y Tercera Nominación de la Primera Circunscripción. Asimismo, mediante la ley 9024 (B.O., 25/6/02) se crearon los tribunales con competencia excluyente en lo fiscal y se reglamentó un procedimiento especial para el cobro de tributos (posteriormente se introduje- ron reformas mediante las leyes 9118, 9201, 9225 y 9268). En la ciudad de Córdoba, los tribunales con competencia fiscal son el Juzgado de 21ª y de 25ª Nominación en lo Civil y Comercial (3) .
a) Juzgados Civiles y Comerciales no especializados (cantidad: 42) b) Juzgados Civiles y Comerciales especializados:
- Concursos y Sociedades (cantidad: 8)
- Ejecuciones Fiscales (cantidad: 2)
2. Cámaras de Apelaciones (arts. 16 y 19 L.O.P.J.)
La Cámaras de Apelaciones Civiles y Comerciales son tribunales de se- gunda instancia y se componen de tres miembros cada una. Conocen y deci- den de los recursos ordinarios de apelación deducidos por las partes en contra
Para ampliar esta información, consultar el “Módulo sobre Juzgados Fiscales” de la
de lo resuelto por un juez de primera instancia. Intervienen ejerciendo un con- trol de legalidad y justicia de lo decidido por el inferior.
C ámaras de Apela-
ciones con competencia en la materia civil y comercial. En las demás circuns-
cripciones judiciales de la Provincia de Córdoba intervienen las Cámaras con competencia múltiple.
En la ciudad de Córdoba existen actualmente nueve
3. Tribunal Superior de Justicia (arts. 164 y 165, Const. Pcial.; 1º y 10, L.O.P.J.)
Es el tribunal de jerarquía suprema en la organización judicial provincial. Está integrado por siete miembros. Las causas civiles y comerciales son re- sueltas por medio de su Sala Civil y Comercial, integrada por tres miembros (ej.: recursos contra decisiones de una Cámara) o por el tribunal en pleno (ej.: cuestiones de competencia, art. 11 L.O.P.J.).
4. Ministerio Público Fiscal (ley 7826)
Este órgano forma parte del Poder Judicial; sin embargo, goza de indepen- dencia orgánica funcional (art. 1º L.O.M.P.F.).
La legitimación de la intervención de este órgano en las causas que se tramitan ante el Fuero Civil y Comercial está dada por:
- El Código Procesal (ley 8465).
- La Constitución Provincial.
- La Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 7826).
- Demás leyes de carácter sustancial y procesal.
Supuestos de actuación del Ministerio Público Fiscal en las causas civiles y concursales
Los fiscales civiles y comerciales actúan:
- En los conflictos de competencia.
- En las recusaciones con causa.
- En los beneficios de litigar sin gastos.
Actos de jurisdicción voluntaria (ej. sumaria información de rectifica-
ción de partidas, modificación o cambio de nombre, ausencias simple o con presunción de fallecimiento, ausencias forzadas).
Además, conocen y emiten opinión en los juicios universales: sucesorios
El fiscal civil por los arts. 179 y 258 de la ley 24.522 (Ley de Concursos
Quiebras):
Representa al síndico cuando no existan fondos suficientes y se deben incautar bienes en otra jurisdicción.
El fiscal de Cámara Civil interviene en caso de impugnación de la senten-
cia de verificación en todos los casos en que el síndico sea parte (art. 272 ib.).
En todos los casos de impugnación de acuerdo homologatorio (art. 51 ib.).
5. Ministerio Público Pupilar (ley 7982)
El asesor letrado en lo Civil y Comercial tiene las siguientes funciones:
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 C.C. (representación
promiscua y complementaria de menores e incapaces), debe intervenir en toda cuestión en la que está en juego la persona o los bienes del incapaz. Su función es de asistencia y control, la omisión de su intervención produce la nulidad de las actuaciones.
En el proceso civil cumple, además, la función de defensa de los
pobres y carenciados en los términos de la ley de asistencia jurídica gra- tuita (ley 7982), en cuyo caso ejerce el patrocinio letrado (brinda asesora- miento jurídico y esgrime la defensa técnica que requiera la causa).
Ejerce la función de representar a ausentes o personas inciertas o
de domicilio desconocido que hayan sido citadas previamente por edictos.
IV. Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial: aspectos prácticos
IV.a. Ejercicio de la función jurisdiccional
En el ejercicio de la función jurisdiccional, el tribunal ejerce actividades denominadas de instrucción, ordenación y decisión; ellas se desenvuelven dentro
de un régimen de autonomía funcional, que constituye uno de los soportes de la garantía de imparcialidad. Las facultades instructorias se otorgan a los jueces con el fin de facilitar su tarea tendiente a esclarecer la verdad sobre los hechos y ella puede sólo ejercitarse en la medida que no se quiebre la igualdad de las partes. Las facultades ordenatorias se ejercen a lo largo del juicio y se manifiestan por el proveimiento que efectúan los tribunales a las peticiones de las partes o a las necesidades en el trámite o, en casos excepcionales, oficiosamente. La función decisoria se realiza por medio del dictado de decretos, autos y sentencias. Esta última, constituye el acto jurisdiccional por excelencia y con- densa el poder-deber del juez de resolver en forma definitiva sobre las preten- siones esgrimidas por las partes. Además, se le conceden facultades para corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que hubieren incurrido en su sentencia y pueden requerir, en cualquier momento, la comparecencia per- sonal de las partes para intentar una conciliación. También se les otorga a los jueces facultades disciplinarias que pueden ejercer a lo largo del trámite y que se manifiestan con la imposición de multas u otras sanciones a los litigantes que violenten las reglas de la lealtad y buena fe procesal.
IV.b. Organización Interna del Juzgado
El desempeño de la función jurisdiccional por parte del juez exige la realiza- ción de numerosos actos materiales y actividad ordenatoria judicial que es desa- rrollada por el personal que se encuentra bajo las órdenes directas del juez (4) .
Juez de Primera Instancia (art. 35 L.O.P.J.)
Secretario (art. 73 L.O.P.J.)
Prosecretarios Letrados (art. 79 L.O.P.J.)
ÍAZ, Clemente A., Instituciones de derecho procesal, Abeledo-Perrot, Bs. As.,
1968, p. 436.
- Los Secretarios son los jefes de oficina, por lo tanto su función es
intervenir con el tribunal en el despacho de las causas, colaborar con el juez en general y vigilar que los empleados cumplan con sus tareas y demás deberes que el cargo impone. Además su función es la de ser fedatarios y por tal motivo, la ley les pone a su cargo la obligación de llevar los libros reglamenta- rios y conservar bajo su custodia los bienes, expedientes y documentos de la oficina, entregarlos previa constancia, a las personas que la ley autorice y protocolizar los autos y sentencias. Llevan el control del movimiento de fon- dos depositados en cada juicio y suscriben bajo su responsabilidad, juntamente con el Juez, las órdenes de pago respectivas, vigilan el cumplimiento de las leyes fiscales y previsionales, remiten al archivo los expedientes, documentos y libros en las épocas y modos previstos en los reglamentos respectivos y realizan toda otra función que le asignen las leyes y las acordadas del Tribunal Superior de Justicia (art. 76 L.O.P.J.).
- Los Prosecretarios Letrados son los colaboradores directos del Se-
cretario. Desempeñan las tareas que éste les encomiende; cumplen las fun- ciones asignadas al secretario cuando lo reemplazan; llevan estadísticas y mantienen actualizados los ficheros de jurisprudencia; firman cédulas de noti- ficación, citaciones, oficios, cargos de escritos y realizan cualquier otra fun- ción que les asignen las leyes y las acordadas del Tribunal Superior de Justicia (art. 81 L.O.P.J.).
- El asistente de juez cumple tareas de relator. Asiste al juez en el
estudio de las causas sometidas a su conocimiento y recopilan jurisprudencia.
- Los empleados del tribunal atienden la barandilla y colaboran con las tareas de la Secretaría.
V. Libros reglamentarios
En cada juzgado existen:
- Los Libros de Entrada (actualmente en desuso por la implementación del
S.A.C.) donde se registraba la fecha de iniciación de los expedientes y
- Los Libros de Préstamos (también en desuso), cuya finalidad era dejar
constancia de las fechas de retiro y devolución de los expedientes, como así también el objeto del préstamo.
Actualmente, existe en cada juzgado un Libro de Fianzas donde se asien- tan las fianzas personales que los letrados prestan para asegurar determina-
das obligaciones (ej.: firma de fianzas para trabar embargos, para solicitar medidas cautelares, para ejecutar la sentencia antes de que quede firme, etc.).
VI. Trámite procesal: paso a paso
El proceso civil y comercial se inicia con la demanda (art. 175 C.P.C.C.) y termina con la sentencia, pero entre este acto procesal inicial y la decisión final, se cumplen otros actos previstos en tiempo y forma en el Código Proce- sal Civil y Comercial de Córdoba (ley 8465 y modificatorias).
En el presente módulo tomaremos como modelo de análisis al procedi- miento declarativo ordinario, que tiene como objeto una pretensión inicial- mente incierta tendiente a lograr que el tribunal que entiende en la causa conozca el fondo del problema, reciba la prueba y dicte sentencia de mérito, decidiendo en forma definitiva la cuestión. Este juicio consta de cuatro etapas esenciales:
1. Introductoria (demanda y contestación).
3. Discusoria (alegatos).
4. Decisoria (sentencia).
Además, pueden presentarse otras etapas, denominadas eventuales, que pueden o no realizarse. Ellas son:
1. Medidas preparatorias (art. 485 C.P.C.C.).
2. Medidas cautelares (arts. 466 C.P.C.C. y 231 C.C.).
3. Impugnativa (art. 354 y ss. C.P.C.C.).
4. De ejecución de sentencia (art. 801 y ss. C.P.C.C.).
Consultar en el Anexo los modelos de los escritos judiciales más trascen- dentes correspondientes a cada una de las mencionadas etapas del proceso (*) .
(*) Los modelos de los escritos judiciales del presente módulo fueron aportados por la Ab. Andrea María Maine.
Se explicará a continuación la dinámica del procedimiento civil y comercial:
En la práctica, el expediente se inicia en la Mesa de Entradas General donde se le asigna un número en el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) y se le pone el cargo. Este trámite que señala la fecha, la hora y demás condiciones de la presentación (constancia de copias, documentos, etc.) es importante porque produce la interrupción del plazo de prescripción, por interposición de la demanda (5) .
A continuación, se remite el expediente al Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, donde se sustanciará el juicio.
VI.a.1. Demanda La demanda consiste en el acto procesal mediante el cual el justiciable intro- duce ante el órgano jurisdiccional una pretensión concreta de actividad (6) . La interposición de la demanda es un acto procesal de gran importancia por cuanto, por regla general, a través de ella el actor fija su pretensión para el caso concreto. Decimos por regla general, porque existen situaciones espe- ciales en virtud de las cuales, se produce la ampliación, morigeración o even- tualmente la introducción de hechos nuevos que moderan tal aserto. Su trascendencia radica en que junto a la contestación provocan la traba de la litis y conforman de esta manera el thema decidendum, es decir, delimi- tan toda la plataforma fáctica sobre la que versará la consecuente actividad procesal de las partes: así, se deberán ofrecer y producir prueba que sea pertinente a los hechos controvertidos, alegar respecto de ellos y, por su parte, el tribunal resolverá la cuestión litigiosa en los términos de la traba de la litis, por imperativo del principio de congruencia (7) .
VI.a.2. Requisitos de admisibilidad de la demanda
El Código Procesal Civil y Comercial detalla minuciosamente la estructu-
ra formal de este acto procesal, hecho que no aparece en otros actos que
Para una mayor información, consultar el “Módulo sobre Mesa de Entrada”.
CARLI, Carlo, La demanda civil, Lex, La Plata, Bs. As., 1977.
FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ de la VEGA DE OPL, Cristina, Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley 8465. Comentado y concordado con los Códigos de la Nación y provinciales, La Ley, Bs. As., 1999, t. I, p. 280.
también regula. La razón radica en la importancia de la interposición de la demanda, explicada precedentemente. La demanda debe interponerse por escrito y expresar los datos del de- mandante (nombre, domicilio real, edad y estado civil; tipo y número de docu- mento de identidad) y del demandado (nombre y domicilio), la cosa que se demanda designada con exactitud (si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido, cuando ello fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende del prudente arbitrio judicial), los hechos y el derecho en que se funde la acción y la peti- ción en términos claros y precisos (art. 175 C.P.C.C.) (consultar en el Anexo los modelos “A” y “B” de demandas ejecutiva y ordinaria, respectivamente). El tribunal realiza un control de admisibilidad de oficio (art. 176 C.P.C.C.) y cita al demandado para que comparezca a estar a derecho, luego decreta traslado al demandado para contestar la demanda en el término de diez días (art. 493 C.P.C.C.).
VI.a.3. Efectos de la demanda La demanda produce efectos sustanciales y efectos procesales que deben ser diferenciados:
Efectos sustanciales:
1. Interrupción de la prescripción por demanda (art. 3986 C.C.), sea defectuosa, o presentada ante juez incompetente, o aunque el deman- dante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio. La ley sustancial (Código Civil) contiene normas de carácter formal como ésta, porque lo que importa es que quede clara la voluntad del actor de que no muera su derecho y que reclama la satisfacción de su pretensión.
En los supuestos de inexistencia de mora automática en los térmi-
nos del art. 509 C.C., la notificación de la demanda opera el comienzo del cómputo del plazo de los intereses. Además, esa notificación de la demanda coloca al demandado en situación de extraneidad a la buena fe, porque si ya se le reclama la restitución de la cosa, una vez que es anoticiado de la demanda no puede argüir buena fe en la posesión de la cosa y tendrá mayo- res recargos en su obligación de restituirla, ya sea con relación a los frutos, ya sea con relación a los productos.
Impide la extinción de derechos cuyo ejercicio se encuentra so-
metido a plazos de caducidad, como la acción de impugnación de pater-
nidad del marido (art. 259 C.C.).
En el caso de las obligaciones alternativas en las que la elección
quedó a cargo del acreedor, la interposición de la demanda extingue la po-
sibilidad de opción del actor (art. 641 C.C.).
Agotamiento para el actor de la posibilidad de recusar al juez
sin expresión de causa, por ser esta la primera oportunidad y si presentó demanda y no recusó, se agotó esa oportunidad, pero se le abre nuevamen- te cuando se dicte el decreto de autos y corre el plazo de 3 días para que el decreto quede firme.
Fija para el actor la competencia del tribunal, sin perjuicio de la
actitud que posteriormente tome el demandado, y pone al tribunal en la
carga de proveer a esa demanda.
Produce la apertura de la instancia,
colocando sobre el actor la
carga procesal de instar el desarrollo del proceso para evitar ser pasible de
una eventual perención de instancia peticionada por el demandado.
VI.b. Contestación de la demanda (consultar en el Anexo los modelos “C”, “D” y “E” correspondientes a los escritos de comparendo, de contesta- ción de demanda y de declinación de citación en garantía, respectivamente)
La contestación deberá referirse a cada uno de los hechos que han sido expuestos en la demanda, ya sea reconociéndolos o negándolos. También es la oportunidad para oponer excepciones dilatorias o interponer recon - vención. En el Cuadro Nº 1 se enuncian las distintas actitudes que puede asumir el demandado en un proceso civil y comercial y se las compara con las que puede asumir un imputado en un proceso penal. En el Cuadro Nº 2 se analizan cada uno de los supuestos descriptos en el Cuadro Nº 1, referidos al proceso civil y comercial.
Cuadro Nº 1 (8)
Imputado o sindicado penal
1) abstención
El silencio del imputado ca-
rece de efecto
No contesta la
2) sumisi n
Se somete a la pretensión del actor. Puede darse:
-Allanamiento
-Oposición: Simple negativa
-Excepción:
Sentido - Amplio
Símil civil
Difiere: Aun condenado por sentencia firme; puede excepcionar afirmando la existencia de un hecho extintivo de la pena
-Modificativo
-Impeditivo
-Extintivo
4) reconvención
Los cuadros N ros 1 y 2 fueron aportados por las Ab. Mariela A. Capellino y Luciana
Spila Montoto.
ABSTENCION CIVIL
Supuestos Art. 110 C.P.C.C.
-comparece pero no consti- tuye domicilio
-frente: -muerte -incapacidad -renuncia De apoderado, el poderdante no comparece
-frente a la revocación del poder: no comparece por sí o apoderado.
Por decreto, a petición de parte. SALVO:
-ART. 509 del C P C C
ART. 755 del C.P.C.C.
Juicio ejecutivo-sent.
Notificación (art. 112) -Prueba -Ejecución (art. 116)
Demandado comparece No contesta demanda
Presunción Art. 192 C.P.C.C. Art 356 inc. 1 C.P.C.N.
SUMISION CIVIL
-Reconocimiento de los hechos y el derecho
- Art. 352 del C.P.C.C.
- Naturaleza jurídica: Acto volitivo y específicamente jurídico procesal
- Caracteres: - Recae sobre derechos disponibles -Puro y simple -Expreso o tácito -Total o parcial -Real -Oportuno
-Eliminación controversia -Si se realiza sobre derechos no disponibles: Indicio
- Admite los hechos, pero no el derecho -Cuestión de puro derecho -No apertura a prueba
-Admite el derecho, no el hecho
-SIMPLE NEGATIVA (negar la existencia fáctica y el encuadramiento jurídico)
SENTIDO: -amplio -estricto Remisión al cuadro sobre su clasificación que se incluye a continuación.
CLASIFICACION DE EXCEPCIONES
PERENTORIAS O PERPE- TUAS Versan sobre el derecho ale- gado
-Cosa juzgada -Transacción -Falta de acción -Prescripción -Pago, etc.
DILATORIAS O TEMPO- RALES
Versan sobre el proceso (pre- supuestos procesales)
-art 184 del C P C C (taxativo)
-incompetencia -falta de personería (difiere de la falta de acción) Puede ser:
a. falta de capacidad
para estar en juicio b. defecto de man- dato (ausencia de poder, ins- trumento defectuoso, poder insuficiente)
-litispendencia -defecto legal -arraigo (art. 185)
- Procedimentalmente tra- mitan como dilatorias. - Si prosperan tienen los efectos de las perentorias
- ECONOMIA PROCESAL
- SEGURIDAD JUR DICA
PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD
- EJERCICIO DE UN INTERES PROPIO (NO AJENO)
- DEBE EXISTIR UN JUICIO PENDIENTE
- IDENTIDAD DE TRAMITE
- CONEXIDAD O NEXO DE INTERDEPENDENCIA
ADMISIBLE: Declarativos Generales (ordinario, abrevia- do)
INADMISIBLE:
- AMPLIA LA LITIS
- DEMANDADO: Actor de la reconvención
- ACTOR: Demandado de la reconvención
- INTERRUMPE LA PRESCRIPCION
DEMAS EFECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES QUE PRODUCE LA DEMANDA
Con estos actos procesales se cierra el momento introductorio de las cuestio- nes, quedando delimitado el thema decidendum o plataforma fáctica del juicio.
VI.c. Etapa probatoria
La etapa probatoria se inicia con el decreto que ordena la apertura a prue- ba de la causa por el término de cuarenta días, según lo dispone el art. 498 C.P.C.C. El juez podrá designar otro menor y que se prorrogará a solicitud de parte hasta completar aquél, sin necesidad de causa justificada. Para casos especiales se prevé un período extraordinario de prueba (art. 499 C.P.C.C.). Las partes deben arrimar al tribunal los elementos probatorios que acredi- ten sus pretensiones (consultar en el Anexo el modelo “F” de ofrecimiento de pruebas).
Se puede ofrecer prueba: confesional, documental, pericial, testimonial, ins- pección ocular, presuncional e informativa. Este momento se resume en re- cepción de audiencias, notificaciones, peritajes, inspecciones oculares, diligenciamiento de oficios, etc. y participan todos los sujetos procesales y en especial, testigos, peritos, etc. Cabe agregar que el expediente es puesto “a despacho” cuando los abo- gados presentan peticiones y el tribunal debe proveerlas. Se corren los trasla- dos en los términos previstos en la ley 8465 y el letrado puede retirar el expe- diente para evacuarlos (consultar en el Anexo el modelo “G” correspondiente al escrito donde se evacua traslado).
VI.d. Etapa discusoria
Vencido el período probatorio, el tribunal corre traslado por seis días a las partes para que aleguen de bien probado (art. 505 C.P.C.C.). Los alegatos son escritos que tienen la finalidad de proporcionar al juez argumentaciones favorables al fundamento de las respectivas pretensiones, discusión crítica de la prueba, incorporación de elementos doctrinarios y jurisprudenciales útiles para fundar una sentencia que les sea favorable (con- sultar en el Anexo el modelo “H” de alegatos). Se reservan en Secretaría hasta que se ordene el llamamiento de autos para dictar sentencia definitiva.
VI.e. Etapa decisoria
La última etapa esencial del proceso es la decisoria, que se inicia con el decreto de autos dictado por el tribunal para definitiva (consultar en el Anexo el modelo “I” correspondiente al escrito de solicitud de decreto de autos) y concluye con la sentencia (arts. 121, inc. 3 y 506 C.P.C.C.). El juez en la sentencia fija las cuestiones fácticas y las subsume en el derecho positivo vigente. La sentencia debe responder al principio de con- gruencia (art. 330 C.P.C.C.), lo que significa que se resolverá conforme a los hechos fijados en los escritos de la etapa introductoria. Además, debe conte- ner decisión expresa sobre cada uno de los puntos sometidos a decisión del juez (arts. 327 y 328 C.P.C.C.), fundamentación lógica y legal (art. 155 Const. Pcial.) y una estructura determinada (art. 329 C.P.C.C.).
VI.f. Etapa impugnativa
La etapa impugnativa tendrá lugar cuando alguna de las partes o ambas se sientan perjudicadas por lo resuelto en la sentencia, interponiendo recursos ordinarios o extraordinarios ante la instancia pertinente (9) .
VI.g. Etapa de ejecución de sentencia
En todos los casos, si dictada la sentencia el condenado no la cumple voluntariamente, la parte interesada puede solicitar su ejecución (10) (consultar en el Anexo los modelos “J”, “K” y “L” correspondientes a los escritos de solicitud de ejecución de sentencia, planilla de liquidación y solicitud de libra- miento de orden de pago, respectivamente).
VI.h. Aclaración
Los juicios ordinarios especiales tienen particularidades en su tramita- ción según el fin que persiguen (ej.: división de condominio, desalojo, mensura etc.). Los ejecutivos son más concentrados y simplificados (consultar en el Anexo los modelos “M”, “N”, “Ñ” y “O” correspondientes a la solicitud de certifica- ción de no oposición de excepciones, solicitud de libramiento de oficio de em- bargo, libramiento de oficio de embargo y solicitud de sustitución de embargo, respectivamente).
Para ampliar la información sobre la etapa impugnativa, consultar los módulos sobre
“Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial” y sobre el “Tribunal Superior de Justicia” de esta obra.
(10) Para ampliar la información sobre la etapa de ejecución de sentencia, consultar el módulo “Subasta Judicial. Sala de Remate” de esta obra.
VII. Mediación (ley 8858) (*)
VII.a. Supuestos
Mediante la ley 8858 (B.O., 14/7/00) se instituyó en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba la utilización de la instancia de mediación con carác- ter voluntario, como método no adversarial de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares. Excepcionalmente será de instancia obligatoria en toda contienda judicial civil o comercial en los siguientes casos:
comercial que deban sustanciarse por el trámite del juicio declarativo abrevia- do y ordinario cuyo monto no supere el equivalente a 204 jus (modif. por ley 9031 del 31/7/02).
c) Cuando el juez por la naturaleza del asunto, su complejidad, los intere-
ses en juego, estimare conveniente intentar la solución del conflicto por la vía de la mediación.
IMPORTANTE… El intento de solución del conflicto por vía de la mediación, realizada en sede extrajudicial a través de un mediador o Centro de Mediación público o privado, debidamente acreditado, eximirá a las partes del proceso de media- ción en sede judicial.
QUEDAN excluidas del ámbito de la mediación las siguientes causas:
a) Procesos penales por delitos de acción pública, con excepción de las
acciones civiles derivadas del delito y que se tramiten en sede penal. Las causas penales donde se haya instado la constitución de actor civil y en las cuales el imputado no se encuentre privado de su libertad, podrán ser sometidas a mediación en el aspecto civil, una vez vencidos los términos de la
(*) Consultar el texto completo de esta ley y sus modificatorias en el CD.
oposición a la constitución del mismo, sin que ello implique la suspensión de término alguno;
b) Acciones de divorcio vincular o personal, nulidad matrimonial, filiación,
patria potestad, adopción; con excepción de: las cuestiones patrimoniales pro- venientes de éstas, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas y conexos con éstas;
d) Amparo, habeas corpus e interdictos;
e) Medidas preparatorias y prueba anticipada;
g) Juicios sucesorios y voluntarios, con excepción de las cuestiones patri-
moniales derivadas de éstos;
h) Concursos y quiebras;
i) En general, todas aquellas cuestiones en que esté involucrado el orden
público o que resulten indisponibles para los particulares.
VII.b. Procedimiento
El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial. Las partes, sus abogados, el o los mediadores, los demás profesionales o peritos y todo aquél que intervenga en la mediación, tendrán el deber de confidencialidad, el que ratificarán en la primera audiencia de la mediación mediante la suscrip- ción del compromiso. No deberán dejarse constancias ni registro alguno de los dichos y opinio- nes de las partes ni podrán éstos ser incorporados como prueba en un proceso judicial posterior. En ningún caso las partes, el o los mediadores, los abogados, los demás profesionales y peritos y todo aquél que haya intervenido en un proceso de mediación, podrán absolver posiciones ni prestar declaración tes- timonial sobre lo expresado en dicha mediación. Apertura: La apertura del procedimiento de mediación será dispuesta por el tribunal a solicitud de parte si fuere voluntaria o de oficio en los supuestos descriptos precedentemente. La instancia de mediación podrá ser requerida por las partes al interponer la demanda o contestarla, o en cualquier oportunidad procesal y en todas las instancias.
En los supuestos de instancia obligatoria descriptos en los acápites a) y b), el Juez lo dispondrá de oficio, en la oportunidad procesal que corresponda y en el supuesto del acápite c) en la oportunidad de tomar conocimiento de la exis- tencia de los extremos que justifican la mediación. Acuerdo: De mediar acuerdo, total o parcial, se labrará un acta en la que se dejará constancia de los términos de éste y la retribución del mediador, debiendo ser firmada por todos los intervinientes en el proceso. El mediador deberá entregar al Centro Judicial de Mediación copia del acta dentro de los tres (3) días de logrado el acuerdo. Homologación: Cualquiera de las partes puede solicitar la homologa- ción del acuerdo. El tribunal podrá negar la homologación, fundando su reso- lución, cuando el acuerdo afecte a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Esta resolución será recurrible por las partes. Firme la resolución el acuerdo le será devuelto al mediador para que junto con las partes, en una nueva audiencia, subsanen las observaciones o en su caso den por terminado el proceso. Ejecución del acuerdo: En caso de incumplimiento del acuerdo homolo- gado, podrá ejecutarse por el procedimiento de ejecución de sentencia. Plazos: El plazo para la mediación será de hasta sesenta (60) días hábiles a partir de la primera audiencia. El plazo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, de lo que deberá dejarse constancia por escrito, con comunicación al Centro Judicial de Mediación y al tribunal actuante. Acta: Vencido el plazo se dará por terminado el procedimiento de media- ción, debiendo el mediador labrar el acta correspondiente. En todos los casos, de las actas que se labren se entregarán copias a las partes y una tercera para su archivo en el Centro Judicial de Medición.
VIII. Clasificación de los procedimientos
En el punto VI del presente módulo se tomó como referencia el procedi- miento declarativo general ordinario, para analizar la actividad procesal des- plegada por las partes y el tribunal en la primera instancia jurisdiccional. Sin embargo, debemos recordar que actualmente -como consecuencia del trans- curso del tiempo y la aparición de nuevas formas de vida, debido a las profun- das transformaciones socio económicas- se crearon nuevas formas procesa- les. En este sentido, nuestro C.P.C.C. regula distintas clases de procedimien-
tos, así contempla los declarativos y ejecutivos, los que se distinguen en gene- rales y especiales y, finalmente regula los actos de jurisdicción voluntaria. A ellos se agregan los procedimientos contenidos en las diferentes leyes (ej.: ley de amparo).
Criterios de clasificación de los procedimientos (11)
Con la finalidad de facilitar el estudio de cada tipo de procedimiento, se citan a continuación los artículos que los regulan, a cuya lectura remitimos.
a. Contenciosos: (art. 408 C.P.C.C.). a.1. Declarativos:
(11) FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ de la VEGA DE OPL, Cristina, Derecho procesal civil, Advocatus, Cba., 1999, p. 17.
a.1.1. Generales:
- Ordinario (arts. 417, 485 a 506 C.P.C.C.)
- Abreviado (arts. 418, 507 a 516 C.P.C.C.)
a.1.2. Especiales:
- Desalojo (arts. 750 a 768 C.P.C.C.)
- División de condominio (arts. 725 a 727 C.P.C.C.)
- Mensura y deslinde (arts. 728 a 749 C.P.C.C.)
a.2. Ejecutivos:
a.2.1. Generales:
- Juicio ejecutivo (arts. 409, 414, 517 y ss. C.P.C.C.)
a.2.2. Especiales:
- Ejecución hipotecaria (art. 528 C.P.C.C.)
- Ejecución prendaria (ley 12.962)
- Ejecución de sentencia (arts. 801 a 827 C.P.C.C.)
a.3. Cautelares
arts. 456 y ss. C.P.C.C.
b. Actos de jurisdicción voluntaria (arts. 408, 828 a 886 C.P.C.C.).
IX. Eficientización de la administración de justicia en el fuero civil y comercial: modelos estandarizados
IX.a. La incuestionable disparidad de criterios judiciales de los diferentes tribunales que se percibe en aquellas cuestiones donde la normativa procesal no exige ajustarse a un determinado marco reglado prefijado, ocasiona com- plicaciones y demoras superables mediante la completa utilización de los re- cursos informáticos disponibles en el ámbito del Poder Judicial. En función de lo que antecede, se estimó conveniente, útil y efectivo que, para la práctica profesional consistente en la elaboración de instrumentos ta- les como: oficios, exhortos, edictos, etc., se utilicen -por letrados y tribunales- preferentemente los “modelos estandarizados” disponibles, que han sido ela- borados a tales fines por el Comité de Usuarios. Los mencionados instrumen-
tos, tienen espacios abiertos disponibles, para que sean rellenados ade- cuadamente por los letrados con los datos específicos y propios a la individualidad de cada causa. En virtud de lo expuesto, la Resolución Nº 4 del 20 de octubre de 2006,
Art. 1º. Recomendar a los Juzgados Civiles y Comerciales de primera instancia con sede en Capital la aceptación de la utilización de los modelos estandarizados que se encuentran a disposición de los operadores judiciales en el sitio Oficial en Internet del Poder Judicial y en el Portal Intranet, a partir del primero de noviembre del corriente año.
Art. 2º. Disponer que el rellenado de los documentos estandarizados es- tará a cargo de los interesados en el cumplimiento de la medida de que se trate, como que, las modificaciones o correcciones que ínterin se dispongan por el Tribunal, estarán a cargo de éstos ejecutarlas.
Art. 3º. Invitar a los Sres. Abogados a la utilización de los modelos estandarizados a la hora de la elaboración de instrumentales tales como: ofi- cios, exhortos, edictos, y aquellos otros, que de futuro se incorporen.
En la página web se publican los siguientes modelos estandarizados de oficios y exhortos:
- Constatación de remate
- Embargo bienes muebles
- Embargo sueldo
- Exhorto comunicando subasta
- Exhorto pidiendo documental
- Oficio constatación por abandono (art.767 C.P.C.C.)
- Oficio desafectación fondos cuenta a la vista
IX.b. En la búsqueda permanente de perfeccionamiento del Sistema de Administración de Causas, es necesario seguir avanzando en el proceso de informatización a fin de lograr con ello la óptima y completa utilización de los recursos informáticos del Poder Judicial, tanto por parte de su personal de-
pendiente como de los usuarios externos. Consecuentemente, corresponde progresar en esta orientación tendiente a simplificar algunos estadios en los trámites procesales, estandarizando a tales efectos ciertos documentos. Entre ellos corresponde apuntar a los decretos o proveídos que marquen etapas dentro del procedimiento, tomando modelos predefinidos, cuya genera- ción y modificación estarán a cargo del usuario, con espacios en blanco para intercalar los datos variables. A tales fines se consideró útil y efectivo proceder a dar comienzo a la carga de datos informáticos -en el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.)- relativos a los decretos o resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial de 1ª, 5ª, 31ª, 37ª, 41ª, 43ª y 46ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, que a estos efectos son considerados “Tribunales Pilotos”.
ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y co- mercial, 2ª ed., Ediar, Bs. As., 1957. DÍAZ, Clemente A., Instituciones de derecho procesal, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1968.
FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ DE LA VEGA DE OPL, Cristina,
Derecho Procesal Civil, Advocatus, Cba., 1999.
Teoría general del proceso, Advocatus, Cba., 2003.
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley 8465. Comentado y concordado con los Códigos de la Nación y pro- vinciales, La Ley, Bs. As., 1999, t. I.
XI. Cuestionario
1. ¿Cuáles son los deberes y las facultades de los jueces en el ejercicio de
la función jurisdiccional?
¿Cómo está organizado el Fuero Civil y Comercial en Córdoba?
3. ¿Quiénes integran un Juzgado de Primera Instancia? Describa la fun-
ción de cada uno de sus integrantes.
4. ¿En qué casos intervienen los fiscales civiles y comerciales?
5. ¿Cuál es la función del asesor letrado?
6. Describa brevemente las etapas esenciales del proceso ordinario.
7. Mencione las etapas eventuales del juicio ordinario.
8. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de la demanda y qué efectos
produce su interposición?
9. ¿Qué clases de procedimientos existen?
10. Explique en qué casos procede la mediación como instancia obligatoria.
11. ¿En qué supuestos el tribunal puede negarse a homologar el acuerdo
arribado en la mediación?
Modelo A - Demanda ejecutiva Modelo B - Demanda daños y perjuicios Modelo C - Comparece a estar a derecho - Fija domicilio Modelo D - Contesta demanda Modelo E - Contesta demanda – Declina citación en garantía Modelo F - Ofrece pruebas Modelo G - Evacua traslado Modelo H - Alega Modelo I - Solicita se dicte decreto de autos Modelo J - Acompaña cédula de notificación - Solicita ejecución de sentencia Modelo K - Practica liquidación de capital, intereses y costas Modelo L - Solicita libramiento fr orden de pago Modelo M - Manifiesta - Solicita Modelo N - Solicita libramiento de oficio Modelo Ñ - Oficio Modelo O - Manifiesta - Solicita sustitución de embargo Jurisprudencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, Auto Nº 523, 2/11/06, in re: “Laurita, Rosa Inés y otros c/ Gómez, Mario Gabriel y otros - Ordinario”.
ModeloA- DEMANDA EJECUTIVA
………………, por derecho propio, con domicilio real en calle … Nº…, de esta
ciudad de Córdoba, de … años de edad, casado, D.N.I. Nº …, constituyendo
domicilio a todos los efectos legales en calle … Nº
en estos autos caratulados “… c/ … - DEMANDA EJECUTIVA”. , ante V.S. comparezco y digo:
I. Que vengo a iniciar formal demanda ejecutiva en contra del Sr. …, domiciliado en calle … Nº… de la localidad de ………, Provincia de ………, persiguiendo el
cobro de la suma de pesos … ($ ocasionados por el juicio.
II. Dicha suma proviene de adeudarme el demandado un pagaré, por la suma
), con más los intereses legales y gastos
de esta ciudad de Córdoba,
depesos … ($
), con vencimiento el día ….
III. Se acompaña dicho título en original y dos copias, el primero a los efectos deser
reservado en Secretaría, el segundo para incorporarse en autos y el tercero a los fines de devolver autenticado al compareciente. IV. Se hace saber a S.S. que a pesar de los numerosos reclamos extrajudicialestendientes al cobro de lo adeudado, los mismos no han arrojado resultado positivo alguno, lo que me obliga a recurrir a esta vía.
V. Que siendo los títulos de los que traen aparejada ejecución, según lo dispuestopor
el art. 518 inc. 3 del C. de P.C. y sus correlativos y concordantes, solicito se mande llevar
adelante la ejecución promovida por la suma reclamada, más lo que V.S. estime en concepto
de intereses y costas provisorias a cuyo fin solicito se libre oficio de embargo sobre sueldo y/o toda otra remuneración y/o indemnización que perciba el demandado, el cual se desempeña como… en la empresa……., individualizado con el D.N.I. Nº…, por la suma de
pesos… ($
VI. A los fines del embargo solicitado, se ofrece la fianza personal del Dr. …, quien se ratifica en legal forma en el libro respectivo a fs. … . A los fines de la cautelar, solicito se autorice al mencionado letrado y/o a quien éste designe, para su diligenciamiento. Por todo ello, a V.S. solicito: a) Me tenga por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. b) Por presentada la documentación que se acompaña. c) Cite y
emplace al demandado a comparecer y estar a derecho, a oponer excepciones legítimas
si las hubiere, con la debida formalidad y en el término de ley. d) Líbrese el oficio de
embargo solicitado, por la suma reclamada y en la forma mencionada en el punto.
), todo en proporción de ley hasta cubrir las mismas.
V. Proveer de conformidad,
Modelo B - DEMANDA DAÑOS Y PERJUICIOS
Señor Juez: …………………
DNI Nº………, Matrícula Nº…………
constituyendo domicilio a todos los efectos legales en……………, ante S.S. comparezco
Que obro en nombre y representación del Sr. ……………………, domiciliado en
de …. años de edad, casado, DNI Nº………, según resulta de la carta poder que acompaño.
Que vengo por este acto a entablar formal demanda en contra del Sr.
, persiguiendo el cobro de los daños y perjuicios que más a bajo se describen, que importan la suma de pesos… … … … … … … , que se discriminan como sigue:
donde deberá ser citado,
domiciliado en………………
reparación del automóvil……… pesos; gastos de curación…………. pesos; pérdida de ganancias durante… meses, esto es desde el hecho y hasta la fecha………….…
pesos; inmovilización del vehículo por… días………………… pesos, y daño moral…
… , aproximadamente a las … … … … … horas, mi mandante se
, mano derecha de calle… de…, a la altura del Nº…, con el motor detenido, a la espera
que su hija saliera del colegio que se encuentra ubicado a unos metros del lugar donde estaba estacionado. Que el camión………, de propiedad del demandado y conducido por el Sr.
empleado del primero, avanzando a elevada velocidad impactó con su acoplado, la puerta trasera izquierda del vehículo de mi mandante. Que se produjeron los siguientes daños al rodado: …… …… ………………………………………, el que debió permanecer detenido para su reparación por el tiempo antes indicado.
, debiendo
someterse a varias intervenciones quirúrgicas………………………………… Que como consecuencia de ello no ha podido ejercer su profesión de arquitecto, pues al no poder movilizarse por sus propios medios y guardar reposo no pudo atender
las obligaciones contraídas con anterioridad al infortunio, ni contraer nuevas. Las ganancias líquidas obtenidas durante el último año ascendieron a un promedio men- sual de……………….pesos, y en base a esa suma se reclama este rubro.
encontraba dentro de su automóvil…………
estacionado correctamente sobre la
Que mi mandante sufrió las siguientes lesiones……………………………
Que se agrega la siguiente documentación: facturas y recibos de pago por la
reparación del vehículo y gastos de curación, certificación del contador público
, los fines de arribar a un acuerdo, título del automotor y ………. fotografías que muestran
los deterioros del automóvil de mi mandante. V. Derecho Que fundo la presente demanda en las disposiciones del artículo 1113 del Código
Civil, atento que el demandado es responsable en su doble carácter de empleador del conductor del vehículo y de dueño de éste.
e historia clínica, así como la carta documento remitida al demandado a
VI. Citación en garantía
Que estando el accionado asegurado en la Compañía…………….…, con domicilio en……………….…, solicito su citación según el art. 118, ley 17.418. VII. Petitum Que por todo lo expuesto a S.S. solicito: 1) Me tenga por presentado, por parte, en el carácter invocado, con el domicilio constituido, y por acompañada la documentación mencionada; 2) Imprima trámite y ordene la citación en garantía; 3) Oportunamente, haga lugar a la demanda, con intereses y costas. Provea de conformidad. Será justicia.
Modelo C - COMPARECE A ESTAR A DERECHO - FIJA DOMICILIO
en estos autos caratulados “…c/… - ORDINARIO”, ante V.S. comparece
y respetuosamente dice:
Comparece y fija domicilio legal I. Que viene por el presente a comparecer a estar a derecho en los mencionados autos, fijando domicilio a todos los efectos procesales en calle… Nº…de la ciudad de Córdoba. Por lo expuesto a S.S. pide:
1) Lo tenga por presentado, por parte y con el domicilio constituido. Provea de conformidad. Será justicia.
Modelo D - CONTESTA DEMANDA
fijando domicilio para todos los efectos procesales en calle… Nº… de esta
ciudad de Córdoba, ante S.S. comparece y respetuosamente dice:
Que vengo en tiempo y forma a contestar la demanda que fuera incoada en su contra, negando desde ya todos y cada uno de los dichos de la actora que no sean de su expreso reconocimiento en este responde. Niego que…(describir los hechos que niega) Niego que… Solicito que se cite como tercera interesada a la Cía. de Seguros Generales… con domicilio en calle… Nº…de la ciudad de Córdoba, en virtud de lo establecido por el art. 433 del C.P.C. y C., en razón de que es la aseguradora quien debe responder por el siniestro ocurrido. Ofrece prueba:
Que siendo el momento procesal oportuno viene a ofrecer la prueba que hace a su derecho, la que consiste en:
1) Documental en poder de terceros: Solicito se oficie al Sr. … con domicilio en calle….Nº… de la ciudad de Córdoba para que entregue al Tribunal ………………………………………………………………………………………… Por lo expuesto pido a S.S. que rechace la demanda con costas.
Por lo expuesto a S.S. pide:
1) Tenga por contestada en tiempo y forma la demanda. 2) Cite a la tercera interesada (Cía. de Seguros Generales…).
3) Rechace la demanda con costas. Provea de conformidad Será justicia.
Modelo E - CONTESTA DEMANDA - DECLINA CITACIÓN EN GARANTÍA
……., con el domicilio constituido en calle… Nº…, de esta ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados “…c/… - ORDINARIO”, ante S.S. comparezco y respetuosa- mente digo:
I. Que por la representación que ejerzo en autos en nombre de la Cía. de Seguros Generales…, conforme al Poder General para pleitos otorgado a mi favor mediante Escritura Pública Número… de fecha…. labrada por el Escribano Público………, vengo por el presente, en tiempo y forma, a evacuar el traslado de la demanda, solicitando, desde ya a V.S., por las razones de hecho y derecho que se expresarán seguidamente, su íntegro y especial rechazo con costas a la parte demandante. Niego todos y cada uno de los hechos expresados en la demanda, como en el escrito de contestación que no sean motivo de expreso reconocimiento a lo largo del presente responde. Niego, asimismo, toda autenticidad y eficacia probatoria que se le pretendiera asignar en el futuro a la totalidad de la documentación acompañada que no sea motivo de expreso reconocimiento a lo largo del presente responde. Pido a V.S. el total rechazo de la demanda en contra de mi mandante con expresa imposición de costas, ya que la misma no responde frente a la actora por ninguna causa,atentoque…………………………………………………………… Ninguna relación vinculaba a la actora ni a la demandada con mi mandante deriva- da de dicha póliza de seguro ni de ninguna otra, razón por la cual se deja declinada toda responsabilidad en garantía, con la salvedad que tampoco se responde bajo ningún otro título, y se pide a V.S. en virtud de lo expresado, el total rechazo de la demanda en contra de mi instituyente con expresa imposición de costas. En consecuencia, solicito a S.S. que tenga por declinada la citación en garantía procediendo, oportunamente, al total rechazo de la demanda en contra de la Cía. de Seguros Generales… con expresa imposición de costas.
II. FORMULA RESERVA
Se descarta el dictado de una sentencia adversa a los intereses de mi instituyente, por cuanto, en tal hipótesis, se estarían afectando gravemente sus derechos y garan- tías de rango constitucional como lo son los derechos de propiedad, defensa en juicio e igualdad ante la ley; para este hipotético supuesto dejo formulada, desde ya además de la reserva de los recursos ordinarios y extraordinarios locales- la reserva del Caso Federal para ocurrir por vía del recurso extraordinario ante la C.S.J.N.
III. POR LO EXPUESTO V.S. SOLICITO
1. Tenga por evacuado en tiempo y forma el traslado de la demanda en represen-
tación de Cía. de Seguros Generales….
2. Agréguese la póliza y demás documentación acompañada.
3. Tenga presente las reservas formuladas.
4. Corra vista del presente a los efectos de que se desista de la citación en garan-
tía de mi mandante. En su defecto, y en virtud de las defensas esgrimidas, dígnese proceder V.S. en su oportunidad al total rechazo de la demanda interpuesta en contra de mi mandante con expresa imposición de costas. Provea de conformidad. Será justicia.
Modelo F - OFRECE PRUEBAS
………, en el carácter de apoderada de la actora, con domicilio procesal constitui- do en calle…Nº…de esta ciudad, en estos autos caratulados “…c/… - ORDINARIO”, ante V.S. respetuosamente digo:
I. Siendo la oportunidad procesal oportuna, vengo en tiempo y forma a ofrecer laprueba que hace al derecho de mi parte:
1. Remito Nº…, de fecha…, por medio del cual mi mandante contrata…, de fs.
…de autos.
2. Fax enviado por…, de fecha…, de fs. …de autos.
3. Carta documento Nº…, de fecha…, enviada a…, de fs. …de autos.
La documental aquí ofrecida, ya se encuentra acompañada a la causa, desde el momento en que se inició la demanda.
B. RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
Solicito a V.S. fije día y hora de audiencia a los fines del reconocimiento de la firma,
por parte de la accionada…, de la documental de
II. Por todo lo expuesto a V.S. pido:
1) Tenga por ofrecida en tiempo y forma la prueba que se expresa. 2) Tenga presente y por acompañada la documental enumerada en el punto A del presente. 3) Fije audiencia a los fines del reconocimiento de firma solicitado. Proveer de conformidad y,
Modelo G - EVACUA TRASLADO
………., por la participación que tiene acordada en estos autos caratulados “…c/ … - ORDINARIO”, ratificando el domicilio procesal que fuera oportunamente fijado, respetuosamente comparece y como mejor proceda, dice:
Que viene por el presente a evacuar en tiempo y forma el traslado que le fuera corrido de la documental acompañada por la actora en la presente demanda. Que esta parte reconoce la documental cuyas copias se acompañan a fojas Que las copias de documentales a fs. … y a fs. …, no han emanado ni siquiera en forma parcial de nuestra parte.
1. Tenga por evacuado en tiempo y forma el traslado corrido en los términos expresados. Proveer de conformidad, Es justicia.
Modelo H - ALEGA
…………, en el carácter de apoderada de la actora, con domicilio procesal cons- tituido en calle… Nº…, en estos autos caratulados “…c/… - ORDINARIO”, ante V.S. respetuosamente digo:
I. Siendo la oportunidad procesal oportuna, vengo en tiempo y forma a evacuarel traslado de los alegatos en la presente causa, solicitando desde ya que en base a las constancias de autos, acoja la demanda en todos sus términos con costas. II. Cada una de las manifestaciones realizadas en la demanda por mi mandante,fueron debidamente acreditadas. 1. Respecto a la demandada:Con la documental de fs. … de fecha…, no cuestionada por la accionada, se probó el contrato celebrado con mi mandante. Con la misma documental se prueba………………………… Existe un único contrato agregado a la causa, y es el de fs…., que indica que las partes contratantes fueron mi mandante y la accionada, quien tiene respecto a mi mandante, una obligación de ……………… La conducta de la accionada, se encuentra circunscripta dentro de las previsiones
de los artículos…………
…………., en su trabajo “…………
ha expresado: (describir el criterio de la
doctrina sobre
materia tratada
“………………………………………………………………… ”. La Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala…, Sentencia Nº……
causa “…vs…”, con el voto de los magistrados……
del…., en la
ha expresado al respecto: (des-
cribir el criterio jurisprudencial vigente en la temática controvertida) “……………… Pido que el Tribunal así lo resuelva entonces, haciendo lugar a la demanda, con costas. 2. La demanda también debe proceder en contra de la aseguradora por estricta aplicación del art. … de la Ley de Seguros. La norma expresa…… Si la citada en garantía, no tomando las previsiones mínimas, abonó directamente
al asegurado, omitiendo a la víctima del siniestro, esa problemática deberá ser resuelta entre esas partes, pero no con la perjudicada en el contrato.
De las constancias de autos, surge con claridad nítida, que hasta la fecha la única
perjudicada es mi mandante y de ello doy razones.
La citada en garantía, omitiendo los intereses de la víctima del siniestro,
pretende en esta instancia hacer valer el contrato celebrado entre ella y el asegurado; porque dice sin probar los instrumentos privados traídos a juicio, haber abonado el siniestro al asegurado. Estimo que esta postura debe ser rechazada y una vez dictada sentencia conde- natoria en contra de los dos accionados, y para el supuesto de que la citada en garantía abone los rubros reclamados, se deberá colocar en la posición y mismo lugar que mi mandante, para perseguir en contra de la asegurada el desembolso realizado; porque
entre ellas existe un contrato, que entre ellas debe ser cumplido, sin arrastrar a terceros ajenos a dicho contrato.
La citada en garantía que pretende su liberación ante mi mandante debe ser
Y de esta manera lo ha resuelto la jurisprudencia, argumentan-
do:”……………………….”
Es por esas razones, que la demanda tal como ha sido instaurada, en todas sus
partes, debe prosperar, con costas. III. Por todo lo expuesto a V.S. pido que tenga por evacuado el traslado de los alegatos en tiempo y forma. Proveer de conformidad, Es justicia.
Modelo I - SOLICITA SE DICTE DECRETO DE AUTOS
en el carácter de apoderada de la actora, con domicilio procesal consti-
tuido en calle… Nº… de esta ciudad, en estos autos “…c/…- ORDINARIO”, ante V.S. respetuosamente digo:
La causa de marras, está en estado de dictar sentencia.
En mérito a ello y habiéndose evacuado los alegatos por las partes, solicito que se
agreguen los mismos y se dicte decreto de autos.
Modelo J - ACOMPAÑA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN - SOLICITA EJECUCIÓN DE SENTENCIA
……, en representación de la actora, con domicilio procesal ya constituido en
calle… Nº…, de esta ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados: “…c/…- EJECU- TIVO” – (Expte. Nº …/…), ante V.S. comparezco y digo:
Que vengo por la presente a acompañar la cédula de notificación de la sentencia
recaída en estos autos, diligenciada con fecha ……………
y estando firme la sentencia solicito se inicie su ejecución. Ofrezco a los fines de la ejecución la fianza personal del Dr…, quien se ratifica a fs. … del libro respectivo. Solicito que oportunamente se regulen mis honorarios de ejecución de sentencia.
Que atento lo manifestado
EN SÍNTESIS A VS. SOLICITO:
I) Se inicie la ejecución de la sentencia. II) Tenga por ofrecida y ratificada la fianza de fs. … III) Oportunamente se regulen los honorarios de ejecución. Proveer de conformidad, Será justicia.
Modelo K - PRACTICA LIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS
en representación de la actora, con domicilio procesal ya constituido en
calle…Nº…, de esta ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados: “…c/…- EJECUTI- VO” - (Expte. Nº …/…), ante V.S. comparezco y digo:
Atento el estado de autos vengo por la presente a practicar la siguiente liquida- ción, conforme lo dispone el art. 564 del C.P.C. y C. CAPITAL por… pagaré -del…/…/.….…………………………
- T.p.p. ( )…………….(al día …/
/…)
- 2% N.M. ( )…………
día…/
GASTOS -Aporte Caja…………………
-Aporte Tasa de Justicia…………
-Gastos acreditados a fs… ………
HONORARIOS - Reg. al
– Sent. Nº fs…con fecha
-T.p.p. ( )……………. (al día …/
-2%N.M. ( )…………
Asciende la presente planilla a la suma de pesos… ($
1) Tenga por presentada la liquidación pertinente. 2) Se apruebe en todas sus partes. Proveer de conformidad, Será justicia.
Modelo L - SOLICITA LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO
Córdoba,…de
de…-
Comparece el Dr. … y manifiesta: Que atento existir fondos
, a V.S. solicita se libre orden de pago a su favor por dicha suma,
depositados para estos autos por la suma de pesos……
el Banco……
imputándose del siguiente modo: $ ………- en concepto de honorarios de ejecución de sentencia y el saldo de $ …………- a cuenta de intereses. Doy fe.
Modelo M - MANIFIESTA - SOLICITA
………, en representación de la actora, con el domicilio procesal ya constituido en
calle … Nº…, de esta ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados: “…c/…- EJECU-
TIVO” (Expte. Nº …/
Que vengo por la presente a manifestar que habiendo vencido el término por el
), ante V.S. digo:
cual se citó de remate y comparendo al demandado, conforme a la cédula de fs. … y atento a que no ha opuesto excepciones legítimas al progreso de la acción, ni ha comparecido a estar a derecho, solicito se lo declare rebelde en la sentencia y se certifique por Secretaría la no oposición de excepciones por parte del demandado en los presentes autos. Por ello, a V.S. solicito:
I) Declare rebelde al demandado en sentencia. II) Se certifique por Secretaría la no oposición de excepciones por parte del de- mandado en los presentes autos. Proveer de conformidad, Será justicia.
Modelo N - SOLICITA LIBRAMIENTO DE OFICIO
Córdoba,… de… de…- Comparece el Dr.… y manifiesta: Que atento haber ratifica- do la fianza ofrecida a fs. … del libro respectivo, se peticiona libre el oficio solicitado a de autos. Doy fe.
Modelo Ñ - OFICIO
Córdoba, ……….de…….…de Señor ……………………. S / D Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “…c/…- EJECUTIVO” - (Expte. Nº …/…), que se tramitan por ante este Tribunal de … Nominación en lo Civil y Comer-
cial, Secretaría a cargo de la autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el presente a los fines de que, previos los trámites y formalidades de ley proceda a practicar el embargo ordenado en autos sobre el sueldo y todo remuneratorio que perciba el demanda-
do……………, D.N.I. Nº …, hasta cubrir la suma de pesos ……………
proporción de ley y previa la deducción de los descuentos obligatorios. Los montos así embargados, deberán ser depositados en el Banco Provincia de Córdoba - Sucursal Tribunales a la orden de esta Secretaría, y para estos autos. Diligenciado que sea el presente, para lo cual se encuentra facultado el Dr.…, Matrícula Nº…, y/o quien este indique, se servirá devolverlo con todo lo actuado, por igual vía de recepción. Dios guarde a Ud.
Modelo O - MANIFIESTA - SOLICITA SUSTITUCIÓN DE EMBARGO
……, en representación de la actora, con el domicilio procesal ya constituido en calle… Nº…, de esta ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados: “…c/…- EJECU- TIVO” - (Expte. Nº…/…), ante V.S. digo:
a recibir el oficio de
embargo sobre sueldo debidamente diligenciado, a V.S. solicito a fin de resguardar el cobro de mis acreencias y sin perjuicio de continuar contra la empresa incumplidora las acciones pertinentes, la sustitución del embargo solicitado, por el de los bienes muebles propiedad del demandado que se encuentren en el domicilio del mismo sito en calle…………………. Nº… de la localidad de……………… Provincia de Córdoba, por
la suma de pesos……………. ($ Proveer de conformidad, Será justicia.
Que conforme surge de autos, ante la negativa de…………
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, Auto Nº 523, 2/ 11/06, in re: “Laurita, Rosa Inés y otros c/ Gómez, Mario Gabriel y otros - Ordinario”. Tema: Competencia territorial del juez de primera instancia en lo civil y comercial. Pedido de remisión al juez del lugar del hecho. Admisibilidad de la competencia.
1. Son caracteres de la competencia la improrrogabilidad e indelegabilidad, aun-
que admiten excepciones que vienen a confirmar la regla. La primera cuestión es la que se trae a esta instancia y que se vincula a las condiciones temporales y locativas del ejercicio de la prórroga.
2. En ciertos casos, en atención al interés de las partes (económico y de
defensa)es que el legislador acuerda ciertas dosis de disponibilidad sobre el punto,
permitiendo la prórroga; en cuyo caso, se dice que la competencia es relativa o prorrogable. Y tal sucede con la atribución de competencia, en razón del territorio, que hace al domicilio de las partes, al lugar en que debe cumplirse la obligación, a la ubicación de la cosa, etc
3. Esta particularidad se emparenta con el principio de la perpetuatio iurisdictionis, que se define en que “la competencia del juez después de iniciada la causa queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la hayan determinado”.
4. La providencia cuestionada que rechaza la solicitud de la actora, de declaraciónde
incompetencia, luce ajustada a derecho, ya que aún no se había producido la oportunidad para que el tribunal se pronuncie sobre su propia competencia.
5. En atención al sentido teleológico a que responde la relativización de la compe-
tencia territorial (idea de economía procesal) e interés de los demandados, compartido por el actor, quien se aviene al planteo, consideramos que debe atenderse al mismo, en virtud del interés de ambas partes, que se identifica con el querido por la ley formal:
juez del lugar del hecho.
6. Si el demandado ha insinuado claramente cuál es su interés, esto es, no prorro-
gar la competencia y discutir sobre la misma, exigiendo que la causa se radique por ante el juez del lugar del hecho, no cabe postergar la cuestión, desde que el actor también coincide sobre el punto.
7. Es real que el apelante se ha precipitado en formular el planteo, pero igualsucede
respecto del actor. De lo que se sigue, que la solución que concilia al interés de las partes contrarias, es la que impone receptar la petición -a modo de convención especial- y remitir la cuestión al Juez con competencia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río Segundo.
JUZGADOS CIVILESY COMERCIALES EN LO FISCAL
“Si tenemos en cuenta la prolongada dilatación en el tiempo que irrogan hoy por hoy los procesos, ciertamente resulta conveniente propiciar una dinámica procesal que atienda a tales necesidades mediante un trámite abreviado y que, en tanto presenta defensas limitadas, impone la debida consideración de las garantías jurisdiccionales a fin de preser var el derechode defensa de las partes” (1)
a. Proceso ejecutivo
El procedimiento ejecutivo es aquél que permite a través de una sustanciación ágil obtener la realización del crédito plasmado en un título que por reunir características especiales, autorizan a presumir la autenticidad del derecho que contiene. En este tipo de proceso, no se admite que se discuta la causa, legitimidad o existencia del crédito. El art. 518 del C.P.C.C. (2) enumera los títulos a los que la ley acuerda fuerza ejecutiva, sin perjuicio de otros dotados de tal por leyes particulares,
(1) RODRÍGUEZ OCAMPO, Mariel A., “Títulos ejecutivos autocreados”, L.L. 2006-A-1249. (2) Art. 518.- Clases. Traen aparejada ejecución:
1) Los instrumentos públicos presentados en forma y los privados reconocidos judicialmente o declarados tales. 2) Los créditos por alquileres o arrendamientos de inmuebles.
mencionando en su inciso 7 a los títulos fiscales. El Estado o el municipio se encuentran investidos de autoridad suficiente para reglar los recursos que le permitan afrontar los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funcio- nes, pudiendo determinar los tributos, tasas y contribuciones que percibe, fijándolos mediante leyes u ordenanzas sancionadas en la órbita de su respecti- va competencia (3) . En este marco, se emplaza al título ejecutivo fiscal.
b. Ley 9024 de Creación de Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal
El 25/6/02 se publica en el B.O. de la Provincia de Córdoba la ley 9024, que establece la creación de los tribunales con competencia excluyente en lo
fiscal y asimismo reglamenta un procedimiento especial para el cobro de tri- butos (consultar el texto completo de la ley 9024 en el CD). Su creación obedece a los siguientes fundamentos:
- Modernizar y agilizar la gestión estatal para recaudar los tributos en sede judicial.
- Dinamizar y agilizar el proceso judicial para evitar la mora en la gestión de percepción de tributos.
- Lograr un fuero especializado y excluyente.
3) Los títulos de crédito, en las condiciones establecidas por la ley de fondo. 4) Las cuentas aprobadas judicialmente. 5) La confesión o el reconocimiento de deuda líquida y exigible, hechos judicialmente. 6) Los certificados de créditos por expensas comunes de los consorcios o comunidades similares, contra los copropietarios o comuneros, en los inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal y los asimilados a éste por la ley de fondo, emitidos por el administrador. 7) Los créditos por tributos, retribución de servicios o multas, adeudados al Estado
provincial, las municipalidades, y sus entes autárquicos, y a los concesionarios de obras y servicios públicos autorizados para el cobro, certificados según la legislación respectiva. 8) Los demás títulos a los que las leyes atribuyan expresamente fuerza ejecutiva y que no tuvieren determinado un procedimiento especial.
OPL, Cristina, Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, comentado y concordado, 2ª edición actualizada, La Ley, Bs. As., 2002, t. III, p. 943 y ss
(3) FERREYRA DE DE
RÚA, Angelina y GONZÁLEZ
Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal
- Indirectamente, combatir y erradicar la evasión dentro de la Provincia,
las municipalidades y las comunas. En la ciudad de Córdoba, los tribunales con competencia fiscal son el Juzgado de 21ª y de 25ª Nominación en lo Civil y Comercial. Además, es necesario destacar que, luego de la sanción de la ley 9024, se dictaron sucesivas leyes que la modificaron (leyes 9118, 9201, 9225, 9268). A partir del siete de agosto de 2003, mediante el Acuerdo Reglamentario Nº 677 Serie “A” del 6/8/07 (consultar el texto completo del AR en el CD), se dispuso la puesta en funcionamiento como tribunales especializados para co- nocer y resolver en el Centro Judicial de la Capital, las causas que se promue- van por cobro judicial de tributos y multas aplicadas por la autoridad adminis- trativa y por repetición por pago indebido de impuestos, tanto provinciales como municipales previstas por el art. 1º de la ley 9024, de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo Primera y Vigésimo Quinta Nominación, ambos de la ciudad de Córdoba.
a. Competencia material
La competencia material de estos tribunales puede esquematizarse en tres grandes grupos:
- Cobro de tributos entendido en sentido amplio (impuestos, tasas y contri- buciones), sean éstos provinciales o municipales.
- Actualizaciones, intereses y recargos propios de los tributos.
- Multas aplicadas por la autoridad administrativa.
Esta competencia resulta improrrogable y, por lo tanto, indisponible por el justiciable.
b. Competencia territorial
Está establecida en el art. 3º de la ley 9024 y rige para todas las ejecucio- nes fiscales, independientemente de quién sea el sujeto activo. Según dicha norma, el juicio ejecutivo será tramitado por ante los jueces en lo Civil y Co-
mercial con competencia en materia fiscal que corresponda a la sede de la jurisdicción administrativa del deudor. Cuando no se conozca el domicilio del deudor en la provincia, será tramitado ante los jueces en lo fiscal de la ciudad de Córdoba, ante los del lugar de la radicación de los bienes o ante los del lugar de realización del hecho imponible, a elección del fisco.
Lo que determina la competencia territorial entonces, es
- el domicilio tributario del deudor.
- si se desconoce el domicilio tributario del deudor, el lugar del bien o
de la actividad gravada.
En lo que se refiere a los requisitos de la demanda debemos distinguir si la parte actora es el fisco de la Provincia o no, puesto que en el primer caso resulta de aplicación el art. 125 (2) de la ley 9201 que dispone:
“Art. 125 (2).- A los efectos del procedimiento, la ejecución fiscal se ten- drá por interpuesta con la sola presentación de la demanda ante el Juzgado con competencia fiscal (Ley N° 9024). La demanda detallará, según surja del título base de la acción, el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo, concepto y monto reclamado, especificará las medidas cautelares u otras medidas alternativas a trabarse para garantizar el cobro del crédito fis- cal reclamado y fijará el domicilio especial constituido por el Fisco de la Pro- vincia para la tramitación del juicio ante el Juzgado”. En el resto de los casos rige el art. 175 del C.P.C.C
b. Acuerdos reglamentarios respecto del juicio ejecutivo fiscal
1. Acuerdo Reglamentario 702/2004.
2. Acuerdo Reglamentario 737/2004.
Con motivo del ingreso masivo de demandas en los últimos meses de los años 2003 y 2004, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia dictó estos
acuerdos reglamentarios que dispensan la carga manual de las demandas
y establecieron que la fecha de inicio de éstas es la de ingreso a la mesa de entradas, no la fecha del cargo del Tribunal. El Acuerdo Reglamentario 739/2004 dispone que cada procurador fiscal debe cargar manualmente el ingreso de las demandas ingresando a la página de Tribunales (www.justiciacordoba.gov.ar). Puede cargar hasta 50 demandas por certificado, el que funciona como el certificado de mesa de entradas.
c. Aportes a la Caja de Abogados y Procuradores
La ley 9225 difiere la realización de los aportes hasta que el Estado cobre (no se pagan aportes si la demanda no es acogida o si es acogida pero el Estado no cobró efectivamente). Esta ley establece que la Provincia, la Muni- cipalidad y las comunas, difieren el pago de los aportes.
d. Tasa de justicia
En lo que se refiere al pago de la Tasa de Justicia cabe señalar que la Provincia se encuentra exenta de abonar tal concepto.
e. Trámite
Rechazo in limine: Una vez iniciada la demanda e ingresada ésta
zar liminarmente una pretensión cuando la misma tenga un defecto notorio y aparezca manifiestamente improcedente.
Juzgado Fiscal interviniente, el tribunal se encuentra facultado para recha-
Demanda que cumplimenta todos los requisitos: Presentada la
demanda cumplimentando con todos los requisitos, se imprime el trámite de ley, es decir, se ordena sin más trámite que se trabe el embargo sobre los bienes del demandado y que se lo cite para que comparezca a estar a derecho en el plazo de ley, y de remate para oponer excepciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquél, bajo apercibimiento.
En este punto es importante señalar que en lo que se refiere a las ejecu- ciones del fisco de la Provincia, el art. 125 (3) ley 9201 dispone:
a rtículo prece-
dente y sin más trámite, el procurador fiscal -si no se hubiere indicado otra medida alternativa- queda facultado a librar bajo su firma, mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%) para responder a intereses y costas estimadas en forma provisoria. El mandamiento deberá especificar el concepto del crédito reclamado e individua- lizar el Juzgado avocado, la Secretaría interviniente y la sede del Tribunal”.
Los plazos de la citación son los mismos del juicio ejecuti-
vo común: 3 días para comparecer y 3 días más para oponer excepciones.
“Art. 125 (3).- Cumplidos los recaudos expresados en el
f. Dinámica del trámite procesal: aspectos fundamentales
Supuesto de ejecuciones provinciales (ley 9201, consultar el texto com- pleto de la ley en el CD).
- En primer lugar debemos tener presente que este tipo de ejecución re-
glada por la ley 9201 difiere de las restantes ejecuciones fiscales, en tanto tiene una normativa específica que faculta al procurador fiscal a librar bajo su firma, mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%) para responder a intereses y costas estimadas en
forma provisoria. El mandamiento deberá especificar el concepto del crédito reclamado e individualizar el Juzgado avocado, la secretaría interviniente y la sede del Tribunal. Es decir, que el procurador notifica sin necesidad que exista decreto de admisión de la demanda por parte del tribunal.
- Por ello, a los fines de efectuar un análisis del título y sus requisitos, el
tribunal ni bien ingresa la demanda, dictará un decreto por medio del cual exige a la parte actora que presente la demanda en forma, es decir, con toda la documental necesaria, esto es, planilla de aportes, poder y título ejecutivo.
- Una vez cumplimentado el decreto, el tribunal realiza un control y si
todos los recaudos se cumplieron, se decreta: “Estése a lo prescripto por la ley
9201” (en virtud de este decreto, el procurador como mencionamos anterior- mente libra bajo su firma el mandamiento de ejecución y embargo -lo que se llama primer decreto en las ejecuciones comunes-).
- Una vez librado este mandamiento, si el demandado no comparece, la
parte actora solicita la certificación de no oposición de excepciones.
- Debemos tener presente que, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 9201,
el Tribunal siempre se reserva el derecho del control de la habilidad del título, ya sea en el primer momento que tiene contacto con el expediente o, en defi- nitiva, al momento de sentenciar.
Resto de las ejecuciones:
En el resto de las ejecuciones rige el art. 4º de la ley 9024 con las modifi- caciones de la ley 9118. Los plazos son: 3 días para comparecer y otros 3 para oponer excepciones.
- En todos los casos, las citaciones se realizan al domicilio tributario.
- Debemos tener presente que la mayoría de las leyes tributarias vigentes
ponen en cabeza del contribuyente la carga de notificar el cambio de domicilio tributario, porque si ello no se realiza, se entiende que subsiste el consignado.
- Esta regla de la notificación al domicilio tributario reconoce su excepción
en el caso de tratarse de una multa, en donde las notificaciones se cursan al domicilio real del ejecutado. Esto se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho de defensa.
La ley 9024, modificada por la ley 9118, establece que en caso de desco- nocerse el domicilio se publicarán edictos por 5 días en el B.O
- Si el demandado no comparece, no hay declaración de rebeldía (art. 8º
ley 9118). Así, no hay que notificarla. Se certifica la no oposición de excepcio- nes y pasa directamente al dictado de la sentencia.
g. Medidas cautelares
Ejecución provincial:
- El art. 125 (4) de la ley 9201 introduce la facultad de los procuradores
para trabar, motu proprio, cualquiera de las medidas cautelares de las indica- das en la demanda.
Ello tiene un límite: que la medida cautelar que se va a trabar requiera un allanamiento, el auxilio de la fuerza pública o cualquier medida coactiva sobre la persona del ejecutado, en cuyo caso habrá que acudir al Tribunal para que libre la orden de la traba del embargo.
Así, los procuradores pueden trabar embargos en los registros respecto de automotores e inmuebles.
- Además de estas medidas generales, esta ley faculta a los procuradores
fiscales a trabar embargos sobre fondos y valores depositados en todas las entidades financieras públicas o privadas (ej., cajas de ahorro, depósi- tos, etc.).
Esto también encuentra un límite: que el titular de los fondos y valores depositados no sea un pequeño contribuyente, o sea, sólo se traban estas medidas respecto de grandes contribuyentes. - Si el procurador traba la cautelar antes de notificada la demanda, debe notificar al deudor dentro de los 5 días de conocer que la medida ha quedado efectivamente trabada.
No existe apercibimiento respecto de la demora en la notificación de la cautelar (sin perjuicio del derecho del demandado, quien podrá reclamar los daños que ello le causare).
- Establece que la responsabilidad civil de los procuradores fiscales por los
daños que ocasione en ejercicio de los “superpoderes” se va a fundar en lo prescripto por el art. 1112 del C.C. (responsabilidad por el ejercicio de funcio- nes públicas).
- En el resto de las ejecuciones es igual a los juicios ejecutivos comunes reglados por el C.P.C.C
h. Excepciones
El art. 6º de la ley 9024 admite sólo 3 excepciones:
EXCEPCIÓN DE PAGO: el pago debe ser documentado (debo acompañar
los comprobantes).
2. Excepción de prescripción
3. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO: sólo puede versar sobre las for-
malidades extrínsecas del título.
- Una vez interpuesta la excepción, ante el silencio de la ley 9024, rige el
art. 551 del C.P.C.C. y, por lo tanto, se corre el traslado por 6 días, y al ser
evacuado se debe acompañar la prueba que haga a su derecho.
- En lo que se refiere a la prueba, rigen las reglas generales del juicio
ejecutivo, y quien debe probar la improcedencia o la inadmisibilidad de la vía
ejecutiva es el excepcionante.
- El tribunal cuenta con la posibilidad de rechazar liminarmente la prueba con-
forme el art. 553 del C.P.C.C., siempre que ésta sea dilatoria, inadmisible, etc
- El plazo de prueba es de 15 días: igual que en el juicio ejecutivo común.
- La ley especial de ejecución fiscal no prevé el traslado para alegatos.
Debe reunir los requisitos propios de cualquier sentencia: fundamentación lógica y legal, adecuación a los términos de la litis (art. 155 de la Const. Pcial.).
En el juicio ejecutivo fiscal rigen los mismos principios que para el juicio ejecutivo común:
- Inapelabilidad incidental durante el proceso,
- Apelación de la sentencia (se pueden llevar los vicios del procedimiento
siempre que se hubiera repuesto el decreto de que se trate, es decir, que no hayan quedado consentidos los vicios). Esta apelación tiene efectos no suspensivos (art. 558 del C.P.C.C.)
k. Ejecución de sentencia
Se utiliza la vía común (art. 561 del C.P.C.C.). Aclaración: no hay necesidad de caución para la Provincia para ejecutar la sentencia.
Ejecución provincial: la ley 9201 incorpora otra prerrogativa: posibilidad de que el procurador fiscal notifique bajo su propia firma la liquidación. Es decir, no es necesario que presente la liquidación y que el Tribunal ordene la vista a la contraria, sino que basta con que el procurador haga la liquidación y él mismo se la notifique al ejecutado.
V. Sistema de ingreso y registración en las restantes sedes judicia- les de la provincia
Como consecuencia de los informes remitidos por los juzgados con com- petencia en materia de ejecuciones fiscales, de todas las sedes judiciales de la Provincia, en los cuales manifestaron la conveniencia y necesidad de agilizar el ingreso de causas fiscales, proponiendo la implementación de un sistema de ingreso y registración que contemplara la posibilidad de un registro único, cu- yos datos sean provistos por los procuradores en una planilla provista por el tribunal a tal fin y que ésta reemplace los asientos que se efectúan en los libros de entradas, el T.S.J. dictó el Acuerdo Reglamentario Nº 863, Serie “A” del 19/2/07 (consultar el texto completo en el CD), el cual comenzó a regir a partir del 1 de marzo de 2007.
Nuevo sistema implementado:
El presente Acuerdo se aplica en todas las sedes judiciales de la Provin- cia, manteniéndose vigente el sistema de turnos hoy existentes en ellas, quedando exceptuadas las sedes judiciales de Córdoba Capital y Cosquín.
El ingreso de causas fiscales, será realizado por los procuradores en una “Planilla de Registro de Causas Fiscales” (consultar el modelo de esta planilla en el anexo de este módulo) en soporte papel y digital -diskette o disco compacto-.
La planilla papel con la firma y sello del profesional, con el alcance de declaración jurada, en original y copia, será presentada ante la secretaría correspondiente, en donde se compulsarán los datos en ella consignados con los escritos de las demandas acompañadas.
Cuando en la sede el turno se encuentre establecido por cantidad de causas ingresadas, se tomarán correlativamente en unidades numéricas y
todas aquéllas que excedan el mismo, deberán ser presentadas con la res- pectiva planilla, ante la secretaría que le sigue en turno.
original y la copia papel de la “Planilla de Registro de Causas”, serán
fechadas el día de su presentación, teniendo el valor de cargo judicial (art. 39 del C.P.C.C.) para las causas que en ellas se indican. La copia de la planilla cargada, se entregará al letrado presentante, quien deberá agregar fotocopia firmada de la misma, junto con la documentación que acompañe la notificación del traslado de la demanda (art. 85 C.P.C.C.). El original se reservará en secretaría, conformándose con ella el “Libro de Entradas de Ejecuciones Fiscales”.
La planilla presentada en soporte digital será grabada en la computado- ra de la secretaría correspondiente.
Los procuradores deberán obtener la Planilla de Registro de Causas Fiscales, ingresando al sitio del Poder Judicial de la Provincia en Internet www.justiciacordoba.gov.ar.
El “Libro de Entradas de Ejecuciones Fiscales” de cada secretaría, estará formado por un registro de hojas móviles fechadas, foliadas correla- tivamente y refrendadas cada una de ellas, por el secretario del juzgado.
cada una de las demandas presentadas, se le confeccionará una ca-
rátula que contendrá los datos consignados en el respectivo “Libro de En- tradas de Ejecuciones Fiscales”, a saber: a) Fecha de presentación; b) Nombre del actor (Fisco de la Provincia, Municipalidad, Comuna, Coopera- tiva, etc.); c) Apellido y nombre o razón social del o de los demandados; d) Tipo de juicio: “Ejecutivo Fiscal”; e) Apellido, nombre y matrícula profesio- nal del procurador interviniente.
VI. Aplicación de la firma digital a las resoluciones de juzgados fiscales
Mediante el A.R. Nº 882, Serie “A” del 17/5/07 (consultar el texto com- pleto en el CD), se ponderó la conveniencia de dotar a los jueces de los juzga- dos de Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba con el sistema de firma digital respecto de las resoluciones que dicten en dichos tribunales, sean ellas sentencias o autos (4) .
En los considerandos del mencionado Acuerdo, refiere que mediante decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 1028/03 se decidió que la Oficina Nacional de Tecnologías Infor-
De esta manera, la protocolización electrónica como consecuencia in- mediata de la rúbrica digitalizada de las distintas resoluciones judiciales que se dicten, permitirá a los usuarios habilitados, una mayor rapidez y dinamismo dado el importante número de resoluciones dictadas anualmente por estos juzgados. En razón de lo expuesto, se resolvió tener por suficiente instrumento nor- mativo a los fines de la implementación del sistema de firma digital a partir del 1/6/07 respecto de las sentencias y autos dictados por los juzgados de Ejecu- ción Fiscal N° 1 y N° 2 de la ciudad de Córdoba, la mencionada Acordada.
1. ¿Cuál es el criterio que establece la ley para determinar la competencia
territorial de los juzgados fiscales?
2. ¿Cuáles son los títulos que habilitan la vía del juicio ejecutivo fiscal?
3. ¿Qué documentación debo acompañar a la demanda?
4. ¿Cuáles son las notas que caracterizan al juicio ejecutivo fiscal en don-
de interviene como actor el fisco de la Provincia?
5. Lea atentamente el fallo perteneciente al anexo de la presente guía y
mación (ONTI), dependiente de la órbita de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación, en su calidad de autoridad certificante sería el organis- mo encargado de otorgar las licencias a los certificadores, supervisar su actividad, régimen se competencia y protección de los usuarios. A su vez, regula la relación con las dependencias del sector público -nacional, provinciales y municipales- que soliciten la emisión de certificados para la utilización de la firma digital. Aclara que, uno de los objetivos de la A.C.O.N.T.I. es el de regular el empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos de algunos de los poderes del Estado que no produzcan efectos individuales en forma directa. Informa que el objetivo que se persigue al solicitar la certificación de la A.C.O.N.T.I., es el de dotar al docu- mento firmado digitalmente de los efectos propios que correspondan a los denominados docu- mentos públicos. Indica que el sistema jurídico reconoce amplitud al principio de instrumentos que pueden considerarse públicos, en tanto éstos estén confeccionados conforme el ordena- miento jurídico; constituyendo el art. 3º de la ley 25.506 -al equiparar la firma manuscrita y la firma digital- uno de los avances más importante de esa normativa, acorde los efectos prácticos que de ellos se siguen, teniendo el documento electrónico -en el caso concreto la resolución judicial firmada digitalmente- iguales características que aquél firmado en soporte papel.
a. ¿Qué establece la ley provincial 9024 respecto de las notificaciones que deban realizarse al demandado?
b. ¿Qué diferencia encuentra con lo establecido por el C.P.C.C. de Cór-
doba al respecto?
c. ¿Considera que el art. 4º de la ley 9024 viola alguna garantía constitu-
cional o principio procesal? En caso afirmativo, explique brevemente en qué consiste cada uno de ellos. 6. Describa el nuevo sistema de ingreso y registración de causas fiscales establecido en las sedes judiciales de la Provincia de Córdoba -excepto Cór- doba Capital y Cosquín- mediante el A.R. Nº 863, Serie “A”.
Planilla de registro de causas fiscales (A.R. Nº 863) Modelo de demanda ejecutiva fiscal Jurisprudencia: Cámara C., C. y Flia. de San Francisco, 21/9/05,A.I. N° 109. Trib. de origen: Juzg. 2ª C. y C. de San Francisco, “Municipalidad de Porteña c/ Anto- nio Alicio Luna - Dda. ejecutiva” (consultar el texto completo del fallo en el CD)
PLANILLA DE REGISTRO DE CAUSAS FISCALES (A.R. Nº 863)
SECRETARÍA: Dr/a:
DEMANDADO/S (Ape-
llido y nombres o razón social) Domicilio
Firma y sello del letrado presentante:
(Ciudad),

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1113
 resolución