Source: https://www.adere.org.ar/post/la-justicia-entrerriana-rechaz%C3%B3-el-amparo-colectivo-interpuesto-en-la-ciudad-de-concordia-por-aument
Timestamp: 2020-06-01 22:13:19+00:00

Document:
La justicia Entrerriana rechazó el amparo colectivo interpuesto en la ciudad de Concordia por aument
Las presentes actuaciones caratuladas "ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS c/ COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA. S/ ACCIÓN DE AMPARO -colectivo-" (Expte. N° 2688), venidos a resolver a este tribunal unipersonal de amparos –Acuerdo Nº 38/14 del S.T.J.E.R.–;
Que la entidad actora, mediante apoderados, promueve acción de amparo colectivo de conformidad con los arts. 42 de la Const. Nacional y 56 de la Const. Provincial contra la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., con el objeto de que:
(1) se declare la ilegitimidad y/o inconstitucionalidad de las modificaciones efectuadas por la demandada al cuadro tarifario, aproximadamente a partir del 1 de diciembre de 2017;
(2) se condene a la demandada a refacturar los consumos verificados desde el 1/12/2017 conforme al cuadro vigente al 30/10/2017 aprobado por resolución EPRE N° 186/16 y se fije una fecha de vencimiento adecuada para los usuarios, y
(3) se ordene a la demandada la devolución de las sumas de dinero percibidas como consecuencia del cuadro tarifario cuestionado, que se acrediten con vencimientos inmediatos posteriores, con más sus intereses. Acompaña y ofrece prueba, funda en derecho constitucional, convencional e infraconstitucional, cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión y solicita la admisión de la acción, con costas.
Que además peticionó como medida cautelar que se decrete la prohibición de innovar respecto a la provisión de servicio de energía eléctrica a los usuarios que se encontraran en condiciones de serle suspendido el servicio por falta de pago de las facturas que contuvieran los incrementos objeto de cuestionamiento y que se abstenga de emitir nuevas facturas con esos incrementos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, sin perjuicio de la facultad de la Cooperativa de solicitar el pago provisional de los montos correspondientes a la tarifa anterior hasta que la cuestión se resuelva en forma definitiva.
Que los principales fundamentos de la demanda son que: (1) la relación que vincula al universo de usuarios afectados y la demandada se enmarca en el derecho de consumo, en la que que esta última asume el carácter de proveedora del servicio y los actores componen "la clase" afectada, en tanto consumidores y usuarios que contratan de manera onerosa el servicio de suministro eléctrico en beneficio propio y de su grupo familiar, como destinatarios finales, conforme a los arts. 1, 2, 3 de la ley 24240 (LDC) y art. 1092 del CCC, por lo que son aplicables los principios y reglas de interpretación a favor del consumidor, la aplicación de la norma más favorable al consumidor y el carácter de orden público e irrenunciable de este régimen, así como el de justicia gratuita, conforme los arts. 25, 42, 43, 55 y 65 de la LDC; se encuentran reunidos los recaudos para otorgar carácter colectivo a la acción deducida y legitimación activa de la asociación actora, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 42 y 43 de la Const. Nacional, 56 de la Const. Provincial, 52 de la LDC y disposiciones de las Acordadas 33/2016 y 23/2017 del STJER, a saber: un hecho complejo (homogeneidad fáctica); la pretensión refiere a los efectos comunes que suscita la controversia; la ventaja del abordaje de la problemática y su solución con dimensión colectiva; la clase está compuesta por los usuarios residenciales urbanos, suburbanos y rurales de la categoría "pequeñas demandas", en los que se destaca la homogeneidad y la vulnerabilidad; la actora satisface el recaudo de la adecuada representación para defender los derechos e intereses de la clase afectada;
(2) el colectivo representado por la amparista, en tanto consumidores, goza del derecho constitucional a una información adecuada, veraz, eficaz, cierta, clara, detallada, oportuna y gratuita;
(3) el 31/08/2016 se celebró en la ciudad de Villaguay la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), la que se llevó a cabo de acuerdo al Reglamento de Audiencias Públicas del EPRE aprobado por Res. N° 110/13 en la que participó la entidad actora y el 31/10/2016 el actual interventor del EPRE emitió la Res. N° 168/16 en que aprobó el cuadro tarifario eléctrico que debería regir hasta el mes de junio de 2021;
(4) sin embargo, a principios de febrero de 2018 la demandada comenzó a emitir a los usuarios residenciales las facturas por el consumo del servicio eléctrico correspondiente al período diciembre de 2017 a enero 2018 con sumas exorbitantes que ubican las tarifas fuera de todo parámetro normal y razonable, cuyas fechas de vencimiento son a partir del mes de febrero de 2018;
(5) que ello causó conmoción y se efectuó de manera sorpresiva, porque la Cooperativa jamás notificó una modificación del cuadro tarifario, sino que después de que la energía había sido consumida, los usuarios se enteraron de que ella costaba mucho más cara;
(6) está en juego la prestación de un servicio público básico, esencial, en el que existe un monopolio de hecho en cabeza de la demandada, por lo que el usuario residencial está en una situación de debilidad extrema;
(7) el obrar de la demandada viola el derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada y veraz y lo dispuesto en el art. 21, inc. h) del Contrato de Concesión celebrado con el poder concedente de la provincia de Entre Ríos y tampoco se garantizó la participación previa de los usuarios;
(8) el precio excesivo incluido en la nueva facturación vulnera el derecho reconocido en el art. 30 de la Const. Provincial a un cuadro tarifario razonable, lo que genera el peligro serio y cierto para los usuarios de no poder cumplir con la obligación de pagar la factura de luz con el consiguiente desenlace de la suspensión del suministro;
(9) la irrazonabilidad del nuevo cuadro tarifario lo torna inasequible y, por ende, inconstitucional;
(10) la energía es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social que permite el acceso a otros derechos fundamentales como el agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, la vivienda y la vida digna;
(11) los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en el art. 75 inc. 22 de la CN, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración y a otras instituciones a las que el Estado delega su autoridad;
(12) cada vez que se fija o se autoriza una tarifa que resulta inaccesible para la mayor parte de la población, se ejerce violencia institucional, se frustra la dignidad del ciudadano y se vulneran los derechos humanos; (13) existe interdependencia entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin jerarquía entre sí; (14) en caso de que resultara necesario, se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de toda disposición normativa infralegal y/o convencional que se contraponga a las normas constitucionales invocadas.
Que mediante resolución de fs. 118/120 vta. se calificó el proceso como colectivo, se definió el objeto de la pretensión, la composición del colectivo actor y se identificó al demandado; se ordenó integrar la litis con el Ente Provincial Regulador de la Energía (E.P.R.E.) y se decretó la cautelar interesada bajo exclusiva responsabilidad de la parte actora, con el siguiente alcance: ordenar a la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., domiciliada en calle 1° de Mayo N° 40/47 de esta ciudad: (1) se abstenga de proceder al corte o suspensión de la provisión del servicio eléctrico a aquellos usuarios que se encuentren en condiciones de ser pasibles de esa medida, por falta de pago de las facturas emitidas a partir del mes de diciembre de 2017 que no se ajusten al cuadro tarifario vigente al 30/10/2017 a aprobado por la Resolución EPRE N° 168/16, y (2) se abstenga de emitir nuevas facturas que contengan aumentos tarifarios, hasta tango recaiga resolución definitiva en esta causa.
Diligenciado el mandamiento previsto en el art. 8° de la ley 8369 comparece a través de apoderados la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. y, luego de una puntual negativa de los hechos invocados en el promocional, en especial niega haber obrado con ilegitimidad o arbitrariedad manifiestas y afirma que existen razones de forma, fondo y de lógica jurídica y sentido común que tornan improcedente la acción promovida en su contra, sobre los siguientes fundamentos: (a) la Cooperativa es ajena a los cuestionamientos que se le endilgan en el promocional, siendo víctima y también perjudicada por el estado actual del sistema energético e inclusive ahora como consecuencia de la medida cautelar dispuesta en estos autos, que le ordenó abstenerse de emitir nuevas facturas que contengan aumentos tarifarios, hasta tango recaiga resolución definitiva en esta causa; (b) en cumplimiento de la citada medida cautelar, la Cooperativa sigue pagando a CAMMESA el valor aprobado en la Res. 1091/17 y al no poder trasladar esos costos –o sea, tener que cobrar con el cuadro tarifario anterior– no los recupera, lo cual le provoca un déficit económico financiero de magnitud que afectará la normal distribución del servicio eléctrico que en definitiva perjudicará a los propios socios cooperativos; (c) la Cooperativa no se beneficia en nada, cobra y paga; es una especie de pasamanos que en el sector eléctrico se lo llama “passtroug” (pass-through); (d) la demandada no es una empresa privada sino que está integrada por socios cooperativos y usuarios, quienes se verán perjudicados porque al no contar con el dinero suficiente para pagar a CAMMESA la venta de energía, esta podrá suspender la venta o aplicar severas sanciones, entre las cuales está previsto el corte de la tarifa social que en la actualidad beneficia a 12.000 usuarios de escasos recursos, o incrementar la deuda con recargos, multas e intereses y otras restricciones; (e) la mayorista le aumentó el precio de la energía a la Cooperativa y si no traslada ese aumento a los usuarios se vería perjudicada económica y financieramente; (f) los dueños de la Cooperativa son los propios socios que supuestamente quiere representar la entidad actora, es un “agente” del sistema eléctrico nacional, compra energía y traslada el precio a los socios o usuarios sin quedarse con ningún beneficio por dicho concepto; (g) la actora ni siquiera intentó intimar o requerir información a la accionada y tampoco ha probado que esta negara información, como también ha omitido en todo momento mencionar la frondosa publicidad efectuada por ella; (h) la Cooperativa sufre las consecuencias del enorme problema que se presenta con la crisis energética, la eliminación de los subsidios, el incremento de los precios impuestos exclusivamente por organismos nacionales y provinciales, en lo cual no tiene injerencia, tampoco tiene participación en la convocatoria de audiencias públicas, ni en la aprobación de aumentos o modificaciones o en la formación del cuadro tarifario; (i) la demandada publicitaba y alertaba a los socios cooperativos y usuarios de la quita de subsidios, aconsejando la utilización responsable de la electricidad, que evitaran grandes consumos; proporcionó información en la prensa escrita, radial y televisiva, además de haberse reunido con distintos sectores y asociaciones de Concordia incluyendo concejales y funcionarios municipales, brindando explicaciones, dando charlas, conferencias y entregando folletería; (j) se configura un abuso con la promoción del amparo, produciéndose un grave perjuicio económico y financiero a la Cooperativa; (k) la acción deducida es inadmisible por cuanto la demandada no ha obrado con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, por requerir mayor debate y prueba y por existir otras vías ordinarias para obtener el objeto perseguido; (l) la demandada no fija el precio de la tarifa eléctrica ni participa en sus aumentos o modificaciones, de acuerdo con el marco normativo aplicable, son el EPRE y el ENRE en sus respectivas jurisdicciones quienes fijan el precio de la energía; (m) CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) es la responsable de la elaboración y actualización permanente de los procedimientos para la operación y despacho del Sistema Argentino de Interconexión (SADI); (n) la Res. EPRE N°168/16 no aprobó un "cuadro tarifario", sino que estableció el "régimen", que es la estructura técnica y jurídica que determina el modo de calcular las tarifas; (ñ) en la demanda se omite el cuadro tarifario aprobado por Res. N° 199/17 en noviembre de 2017 respecto del cual el amparo es extemporáneo; (o) el contenido de las facturas del servicio eléctrico está determinado en la normativa vigente y la Cooperativa no puede agregar otros componentes; (p) los socios cooperativos, asociados y usuarios, a pesar del incremento vigente a partir del 1/12/2017, en el mes de enero de 2018, consumieron y pagaron más que en el mismo mes del año anterior.
Con el responde acompaña y ofrece prueba, funda en derecho constitucional e infraconstitucional, nacional y provincial, cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura, introduce la cuestión federal y solicita el rechazo de la demanda, con lo que se deberá dejar sin efecto la medida cautelar decretada. Con costas.
Por resolución de fs. 202/vta. se ordenaron los despachos previstos en el Reglamento aprobado en el Anexo II del Ac. General Nº 33/16 del STJER, a saber, la inscripción en el Registro creado por esa disposición y se ordenó a la Cooperativa demandada: incorporar en los lugares de pago y oficinas de atención al público carteles en los que de manera visible y ostensible se informe sobre la medida cautelar dispuesta en estos autos, así como en su página web, coloque un banner que contenga los datos relativos al proceso: las partes, su objeto, la medida cautelar dictada, el tribunal unipersonal interviniente, número de expediente y fecha de inicio.
A su turno, comparece mediante apoderados el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (E.P.R.E.), quien fuera citado a integrar la litis. Luego de una puntual negativa de los hechos invocados en el promocional, solicita el levantamiento de la medida cautelar dispuesta y el rechazo de la acción de amparo. Respecto del primer tópico, sostiene que no se hallan reunidos en la especie ninguno de los recaudos para la procedencia de la precautoria, porque: la amparista carece de legitimación para actuar en defensa de los intereses que alega (en representación de la clase "usuarios residenciales urbanos, suburbanos y rurales") y con ello no se configura el fumus bonis iuris alegado, en primer lugar porque no existen en el ámbito de jurisdicción donde ejerce la distribución la demandada usuarios residenciales rurales y suburbanos y, además, porque no basta con la mera inscripción como persona jurídica para admitir la acción colectiva y tampoco están cumplidos los recaudos sentados por la CSJN. Agrega que de acuerdo al estatuto de la entidad acompañado, está dentro de su objeto el de promover acciones judiciales en defensa de los derechos de consumidores y usuarios, pero no dice cómo habrán de adoptarse las decisiones como las que nos ocupa, porque implica facultar a un profesional para representar a un colectivo en un tema tan trascendente como el de autos. Además, señala que la demanda debió estar suscripta por el presidente de la asociación, porque con el estatuto no se acompañó la nómina de autoridades vigente al momento de su promoción y no alcanzaría con el poder general presentado por el letrado. Se queja de la traspolación de institutos jurídicos extranjeros, como son las "class actions", injustificado en un sistema como el argentino, donde rige la cosa juzgada secundum eventum litis, además de la regla de que las transacciones no vinculan a los consumidores que no las suscribieron (cfr. art. 54 de la LDC). Por último, sostiene que los intereses involucrados no constituyen un derecho de incidencia colectiva, no son individuales homogéneos, sino patrimoniales, divisibles, en razón de que cada usuario/consumidor es distinto uno de otro, de ahí las situaciones diferenciales que existen en el ámbito del servicio público eléctrico. Luego, señala que no surge que al menos un mínimo decoroso universo de usuarios del servicio eléctrico provincial hubieran avalado la promoción de esta acción. Que de lo contrario se podría correr el riesgo de sustituir la voluntad de los interesados a quienes les corresponde en forma exclusiva el ejercicio y tutela de sus derechos. Es decir que está ausente la ineludible homogeneidad fáctica y normativa. También alega que este tipo de acciones deben estar concentradas en lo efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar y que no se ha demostrado que el ejercicio individual de la acción no parezca plenamente posible, por lo que no puede corroborarse, con un mínimo de certeza, que se encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que resulta necesaria para habilitar esta vía. Por último, duda de que los costos y costas de iniciar acciones individualmente permita suponer que resultarían muy superiores a los beneficios derivados de un eventual pronunciamiento favorable y refiere a antecedentes resueltos por el STJER en los que fijó costas bajas cuando actuaban empresas y cuando lo hacían los particulares, las impuso en el orden causado. Se pregunta ¿cuál es efectivamente el universo que ha visto afectados sus derechos fundamentales que dice representar la actora? Y en su respuesta afirma la sola apariencia del derecho que alega y remite a las múltiples instancias que tiene previstas el ordenamiento local, tanto ante el organismo estatal de Defensa del Consumidor, como ante el EPRE, por la vía administrativa pertinente.
Alega que la medida cautelar decretada constituye un adelanto temporal de la solución final del litigio.
Argumenta que más notoria es la ausencia del peligro en la demora, porque es la única acción judicial presentada durante 2017 y lo que va de 2018 frente a un universo de más de 420.000 usuarios, lo que permite concluir que el peligro alegado no es tal y agrega que el nivel de cobrabilidad durante los años 2014, 2015 (plan de convergencia), 2016, 2017 y enero de 2018 se ha mantenido estable y llamativamente en este último mes se refleja el índice de morosidad más bajo de todo ese período. Concluye que al no haber un peligro cierto, real, concreto e inminente de afectación a derechos fundamentales no puede considerarse configurado el requisito del peligro en la demora.
Cuestiona también la deficiente integración de la litis porque se ha omitido citar a quienes tienen gran parte de la responsabilidad en los aumentos del mes de diciembre de 2017 y febrero de 2018, como son el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, de quienes denuncia sus domicilios en la CABA. Señala que la cautelar decretada y una futura admisión del amparo proyectarán sus efectos sobre el Despacho Nacional y sobre todas las Distribuidoras Provinciales, que se verían afectadas por la masificación de una medida cautelar como la aquí otorgada.
Para fundar su defensa incorpora citas de fallos dictados por la justicia provincial y la Corte Federal.
Respecto de la acción de amparo, alegan su inadmisibilidad y su improcedencia. Lo primero, por cuando no se configura la ilegitimidad y arbitrariedad manifiestas requeridas para ello, toda vez que tanto las resoluciones dictadas por el EPRE como lo dispuesto por las distintas distribuidoras que actúan en la Provincia –dentro de las cuales se halla la Cooperativa demandada–, responden a las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional (Secretaría de Energía y ENRE) y en el marco normativo aplicable (ley 8916 y Dto. reglamentario Nº 1300). Tampoco es la vía idónea por existir procedimientos administrativos aptos para ejercer los derechos que por este proceso se pretende, tales como los regulados en la ley regulatoria del sistema eléctrico en Entre Ríos (ley 8916 y Dto. reglamentario Nº 1300) como procesos judiciales ordinarios que permitan un mejor ámbito de debate y prueba.
También aduce que en todas las instancias previas y concomitantes a la aprobación y las sucesivas modificaciones del cuadro tarifario, tanto en el orden nacional como provincial, se garantizó la participación de los usuarios y hace hincapié en un ámbito creado bajo su dependencia llamada "Mesa Conjunta de Diálogo y Trabajo, al que están llamados a concurrir los interesados para discutir las cuestiones que fueran de su interés.
Para culminar, responde el informe requerido en el punto VI- del proveído inicial (fs. 120/vta.).
A fs. 247/249 vta. comparece el apoderado de Fiscalía de Estado de la Provincia. En lo sustancial, adhiere a los términos de la presentación formalizada por el E.P.R.E., pero argumenta adicionalmente la extemporaneidad de la acción, conforme lo dispuesto en el artículo 3º, apartado c) de la LPC. Funda su planteo en que el cuadro tarifario actual responde a la Resolución Nº 1091-E/2017 emanada de la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la implementación de nuevos precios de referencia de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (20/11/2017) y en orden a la exposición de la propia actora cuando solicita en el inicial como parte de su pretensión que "se declare la ILEGITIMIDAD y/o INCONSTITUCIONALIDAD de las modificaciones al cuadro tarifario aplicado por la demandada a partir del 1º de diciembre de 2.017 –aproximadamente", debe considerarse anoticiada tanto de la norma como del día de su entrada en vigencia.
Agrega que la normativa emanada del EPRE simplemente readecua las tarifas conforme los nomencladores ya prefijados a través de un mecanismo reglado que se verificó de manera irrestricta, en franco respeto de todos los procedimientos constitucionales y no implican una reforma al plexo tarifario vigente.
Expresa que el plazo para interponer el amparo debe computarse desde el conocimiento que la actora tuvo de la presunta ilegitimidad y resulta improcedente y abusivo computar el término a partir de la recepción de las respectivas factura por cada uno de los usuarios, pretendiendo "resucitar" aquel cómputo tridecenal, porque conforme lo establece la normativa aplicable, el cálculo se inicia desde el efectivo conocimiento del agravio.
Dice que el plazo legal de caducidad constituye una carga procesal obligatoria, un parámetro objetivo revelador de la trascendencia jurídica y premura de la petición y, con cita de jurisprudencia del máximo Tribunal Provincial, peticiona se tenga presente la adhesión formulada y la caducidad opuesta y se rechace la acción, con costas.
Con lo que quedaron los obrados en estado de ser resueltos; y
1-) Preliminarmente he de analizar si en el caso se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad de la acción intentada (conf. art. 42 Const. Nac., art. 56 Const. Entre Ríos y art. 3 de la Ley Nº 8369), dentro de los cuales iniciaré por tratar la aptitud de las partes para postularse en el proceso (legitimación activa y pasiva)
Como lo señalé, solo el EPRE cuestiona la legitimación de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos para promover la presente acción, con los fundamentos que mencioné antes.
Vale recordar que la capacidad de obrar o legitimatio ad causam es aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en un proceso determinado y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva). Por lo que habrá falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso (cfr. Arazi, Roland - Rojas, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, T. II, Sta. Fe, 2014, ps. 522/523).
Como lo sinteticé en el proveído inicial, a fin de calificar este proceso como "colectivo", hallo presentes los recaudos que nuestro Máximo Tribunal Federal ha sentado como indispensables para ello, a partir de la causa "Halabi" (Fallos: 332:111) y reiterado en "Padec c/ Swiss Medical S.A. s/Nulidad de cláusulas contractuales" (del 21/8/2013, P.361.XLIII), "Unión de Usuarios y Consumidores" (U.2.XLV del 6/03/2014) y "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo" (FLP 8399/2016/cs1 del 18/08/2016), extremos que fueran receptados por la doctrina y la jurisprudencia local y nacional.
Para dar respuesta al planteo, con la sumariedad que impone el proceso de amparo, diré que en el objeto enunciado en el estatuto de la entidad cuya copia luce a fs. 22/28 se lee, entre otras acciones, la de promover, proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, enunciados en el Artículo 42 de la Constitucional Nacional, la ley 24.240 y la ley provincial 8973 y modificatorias, y asesorar, asistir y representar a consumidores y usuarios ya sea judicial o extrajudicialmente, así como en cualquier otra alternativa de resolución de conflictos, cuando resulten objetivamente afectados o amenazados sus intereses (art.1), es decir que la promoción de esta acción de amparo colectivo integra el objeto social.
Además, como lo ha reconocido también la doctrina, la divisibilidad de la pretensión deducida no es óbice para la calificación colectiva de la acción, porque precisamente, cuando se está en presencia de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, también llamados "derechos difusos", cada uno de los miembros del grupo es titular indivisible del derecho invocado, siendo imposible concebir una solución material distinta para cada uno de ellos al cierre del pleito (v. gr. la remediación de un curso de agua degradado por vertidos contaminantes, la remoción de una publicidad engañosa, etc.); en los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos, en cambio, está presente la divisibilidad de su objeto, es decir que se busca tutelar colectivamente derechos de naturaleza individual, que permitirían en caso de no accederse a una respuesta concentrada, una solución material distinta para cada uno de los afectados (por ej. el resarcimiento de los perjuicios sufridos en su persona o en sus bienes por los vecinos ribereños al curso de agua contaminado, la anulación de las cláusulas contractuales aceptadas por cada consumidor al amparo de la publicidad ilícita y/o la reparación de los daños y perjuicios correspondientes) (cfr. Giannini, Leandro J. - Verbic, Francisco -Directores-, "Los Procesos Colectivos y Acciones de Clase en el Derecho Público Argentino", Rubinzal-Culzoni Editores, 2017, ps. 37/38).
Bajo tales premisas, considero que en autos se reclaman los efectos comunes que provoca en el "colectivo" la actuación de la demandada y no los particulares y específicos que podría ocasionar a cada uno de los miembros de la clase; esto es, el aumento tarifario de la energía eléctrica, como actuación de la Cooperativa que en la demanda se califica como ilegítima, arbitraria e inconstitucional y los efectos que ello produjo en la facturación efectuada por la accionada, sin perjuicio de los diversos daños –económicos– de cada usuario.
La Corte Suprema de Justicia tiene dicho: "puede no haber un bien colectivo involucrado, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño (conf. cons. 12 del fallo citado)..." (CSJN, "PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales", 21/08/2013, Considerando 10).
En lo que respecta a la personería, entiendo que no es necesario reclamar a la asociación la presentación de la nómina de autoridades vigente al momento de la interposición de la demanda para tener por suficiente el poder otorgado al Dr. Raúl Muñoz; no es atendible porque es sabido que el ejercicio del derecho de postulación puede ser delegado en un tercero, configurándose el supuesto de la "representación voluntaria". En este sentido, es eficaz el poder otorgado para estar en juicio por Oscar Gabriel Vargas, quien manifestó al escribano ante quien otorgó el poder, Guillermo Sebastián Larrarte –fs.2/3– ser el Presidente de la asociación por él representada, que le exhibió los documentos acreditativos de las inscripciones ante los organismos provinciales competentes y entregó fotocopias certificadas que agregó el notario y le aseguró "la plena vigencia de las mismas y que sus facultades no le han sido modificadas y/o revocadas".
2-) Aclarado que la legitimación de la asociación actora está suficientemente demostrada con el carácter colectivo asignado por la suscripta, analizaré lo propio respecto de la demandada.
La Cooperativa esgrime su falta de legitimación por entender –en síntesis– que ella no participa de la fijación del precio de la tarifa eléctrica ni de sus modificaciones y que tampoco es la autoridad competente para convocar a las audiencias públicas, que deben serlo por las autoridades de contralor, nacional y provincial, según corresponda de acuerdo a la normativa actualmente en vigencia. Destaca que carece de toda posibilidad de discutir el precio de la energía eléctrica e, incluso, dice ser perjudicada por las políticas públicas dispuestas por el Gobierno Nacional en esta materia.
En esa misma línea, el EPRE denuncia la deficiente integración de la litis, por entender que debió llamarse al proceso a las autoridades nacionales competentes: al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a la Secretaría de Energía de la Nación.
Ambos emplazados se quejan porque la actora de manera indirecta, bajo el ropaje de un reclamo encuadrado en el microsistema del derecho consumeril, a través de la denuncia de violación del derecho a la información constitucionalmente reconocido, en esencia pretende cuestionar la razonabilidad, justicia y oportunidad del nuevo régimen tarifario. Dicen que lo que se reclama es que se deje sin efecto la aplicación de las tarifas que fueron aprobadas legal y legítimamente tanto en el orden nacional como provincial y que se proceda a emitir nuevas facturas a los integrantes del colectivo representado, conforme los precios vigentes al mes de diciembre de 2017.
Aquí debo darles la razón.
Para ello es necesario recordar cuál es el objeto de la pretensión actora: (1) que se declare la ilegitimidad y/o inconstitucionalidad de las modificaciones efectuadas por la demandada al cuadro tarifario, aproximadamente a partir del 1º de diciembre de 2017; (2) que se condene a la demandada a refacturar los consumos verificados desde el 1/12/2017 conforme al cuadro vigente al 30/10/2017 aprobado por resolución EPRE N° 186/16 y se fije una fecha de vencimiento adecuada para los usuarios; y (3) que se ordene a la demandada la devolución de las sumas de dinero percibidas como consecuencia del cuadro tarifario cuestionado, que se acrediten con vencimientos inmediatos posteriores, con más sus intereses y costas.
Todo ello, a partir de encuadrar la relación del "colectivo" representado y la Cooperativa en el ámbito del derecho de consumo y de afirmar que la demandada incumplió con el deber impuesto en el art. 4º de la ley Nº 24240 (LDC) y el art. 1100 del CCC que la obligan, en su carácter de proveedora del servicio de energía eléctrica, a proporcionar información cierta, clara, veraz, detallada, gratuita y oportuna, de tal modo que permita su comprensión por los usuarios.
En sentido similar al argumentado por la accionada principal, el E.P.R.E. pormenorizadamente discrimina en su presentación, la competencia, funciones y atribuciones de los organismos encargados de fijar las políticas públicas en materia de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tanto en el orden nacional como provincial, así como en materia de determinación y modificación del cuadro tarifario pertinente. También aclara la composición de la tarifa eléctrica, en especial, los porcentajes de incidencia que tienen los tributos correspondientes a las tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y los alcances de los beneficios de que gozan ciertos usuarios (tarifa social y otras).
Poniendo en crisis la real pretensión actora, la Cooperativa alega que en el hipotético caso de que su parte hubiera incumplido o cumplido deficientemente el deber de proveer información adecuada a los usuarios, la orden judicial que así lo declarara se agotaría en el emplazamiento a la prestadora para que en un plazo determinado garantice a los usuarios la información debida.
Ello es solo parcialmente cierto, porque si de lo que se trata es de garantizar a los usuarios una información con los caracteres exigidos, tanto por la Carta Magna (art. 43) como por la Provincial (arts. 13 y 30) con la esencial finalidad de ejercer debidamente la participación que también constitucionalmente se les garantiza, no basta con cumplir un mandato judicial de proveer la información, sino que además se deben contemplar y ofrecer a los usuarios y consumidores instancias reales y eficaces para manifestar su opinión acerca de las decisiones a adoptar. Tampoco podría escudarse la distribuidora en el deber de información que pesa sobre los organismos públicos, porque el derecho que reconocen las normas citadas antes, le corresponde a los usuarios y consumidores frente al proveedor y en esta categoría está perfectamente encuadrada la Cooperativa.
Pero ello no alcanza para dar respuesta positiva a la amparista. Se requiere una prudente ponderación de la pretensión contenida en el promocional para dilucidar si ella merece recepción y, en su caso, por esta vía.
Releyendo los tópicos que integran el objeto de la demanda no observo que allí se exija a la Cooperativa que brinde la información necesaria para el ejercicio oportuno y eficaz de la participación de los usuarios. El incumplimiento del deber de informar integra los argumentos del promocional, pero no su objeto.
En palabras del profesor Lino E. Palacio, el elemento objetivo del proceso puede hallarse constituido por una pretensión o por una petición extracontenciosa, según que la intervención del órgano sea requerida para resolver un conflicto o para constituir, integrar o acordar eficacia a una relación jurídica. Define la pretensión procesal como "el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial (...) y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación" ("Derecho Procesal Civil", T. I, Bs. As., 1994, p. 385).
Señala el autor citado que se denomina objeto de la pretensión (petitum) al efecto jurídico que mediante ella se persigue; y distingue un objeto inmediato, cual es el pronunciamiento que se reclama (condena, declaración, ejecución, etc.) y otro mediato, consistente en el bien de la vida sobre el cual debe recaer esa decisión, v. gr., la suma de dinero reclamada o el inmueble a cuya restitución debe condenarse al demandado; el hecho que este debe realizar; la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe aclararse (op. cit., p.388).
Entonces, si lo que pretende A.DE.C.EN. es la declaración de ilegalidad y/o inconstitucionalidad de las modificaciones verificadas en las tarifas eléctricas a partir del 1º de diciembre de 2017, retrotraer la facturación a esa fecha y devolver a los usuarios lo percibido por encima de tales valores, lo que se está atacando es el complejo régimen de determinación de los precios de la energía y sus sucesivas correcciones.
Y aquí es donde entran a jugar los argumentos expuestos y pruebas aportadas por las emplazadas, para facilitar a la suscripta una buena comprensión del andamiaje jurídico en el que se enmarca la cuestión debatida, suficiente a los fines de la resolución del conflicto.
En esa inteligencia, se hacen presentes los obstáculos insalvables para que la Cooperativa de respuesta favorable al reclamo de la actora, por carecer en absoluto de competencia, atribuciones y funciones respecto de la fijación de los precios, tanto en el orden nacional como provincial.
Aun en el supuesto de que, del estudio de las constancias de la causa, pudiera inferirse que la Cooperativa no ha cumplido acabadamente –con los caracteres de oportunidad, certeza, eficacia– el deber de informar a los usuarios y consumidores, en los términos que manda la normativa constitucional e infraconstitucional vigente, ello devendría en una sentencia declarativa, que no satisfaría en modo alguno la pretensión expuesta en la demanda, dirigida a la modificación del cuadro tarifario vigente al 1º de diciembre de 2017 y el efecto que ello tuvo en la facturación del servicio eléctrico a los usuarios.
Para evitar caer en explicaciones farragosas que pudieran impedir una correcta comprensión de mi posición, he de sintetizar algunas cuestiones que considero de especial interés:
l Por las propias características de nuestra organización político-institucional, el sistema eléctrico provincial está enmarcado dentro del nacional y consecuentemente debe analizarse lo ocurrido en el orden normativo y administrativo en ambas jurisdicciones.
l Por ley nacional Nº 24065 se reguló la generación, transporte y distribución de la electricidad, se establecieron los principios del régimen tarifario y se creó el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
l Por ley Nº 8708 la Provincia de Entre Ríos adhirió a los principios tarifarios establecidos en la ley 24065.
l Por ley provincial 8916/95 se aprobó el Marco Regulatorio Provincial de la energía eléctrica y se creó el EPRE, en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, como organismo competente para dictar la normativa regulatoria de la actividad eléctrica en la Provincia y controlar que las tarifas sean aplicadas conforme lo establecido en los contratos de concesión y a las disposiciones de la citada ley, entre otras funciones.
l Las autoridades nacionales que finalizaron su mandato en diciembre de 2015 habían decidido el otorgamiento de subsidios a las distribuidoras de energía eléctrica y con ello se congelaron las tarifas correspondientes.
l Entre el gobierno nacional y las provincias se suscribió un convenio denominado "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina", en virtud del cual quedaron suspendidos los aumentos tarifarios del sector a partir del año 2014.
l Con la asunción del nuevo gobierno nacional se fijó como política del sector la eliminación –progresiva– de los subsidios otorgados a las distribuidoras de energía.
l En 2016 cesó la vigencia del citado "Programa de Convergencia", lo que determinó que la distribuidora ENERSA elevara al Ente Provincial su propuesta de corrección del cuadro tarifario ya aprobado y suspendiera en su aplicación.
l Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a partir de la declaración de la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional (Dto. Nº 134/15 del 16/12/2015) aprueba periódicamente el precio de referencia de la potencia y la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Lo señalado en los últimos dos puntos significa que de manera simultánea el precio del servicio de electricidad para el usuario se haya visto incrementado por una doble vía, las que se encuadran en el ordenamiento legal aplicable, por lo que no resultan susceptibles de reproche, al menos no en el marco de la presente acción y con la integración subjetiva de esta litis.
En efecto, si lo que está en juego es el cuestionamiento de la tarifa eléctrica, como precio que debe ser abonado por el consumidor –en el caso, el residencial– a la distribuidora pertinente –la Cooperativa demandada–, necesariamente debe observarse el proceso que ha precedido, tanto en el orden nacional como en el provincial, la aprobación de los incrementos que se han venido sucediendo desde que el Gobierno Nacional decidió abandonar paulatinamente el sistema de subsidios a la energía y con el cese de la vigencia del Programa de Convergencia antes referido.
De lo contrario, se estaría abordando la problemática a partir del efecto que se produce después de haber transcurrido el complejo proceso de formación de los sucesivos cuadros tarifarios, esto es, el precio final que se cobra a los usuarios del servicio.
Analizada la frondosa documental acompañada, verifico que la Res. EPRE Nº 168/16 agregada tanto por la actora como por la demandada, en sus considerandos sintetiza, entre otros fundamentos, lo acontecido en la audiencia pública celebrada en la ciudad de Villaguay, el 31/08/2016 y a la que asistió la entidad actora a través de su presidente, Oscar Vargas y también el letrado apoderado, Dr. Raúl O. Muñoz, de lo cual se desprende que todo lo acontecido en esa oportunidad es conocido por ellos y por la persona jurídica que representan.
En la citada audiencia, profesionales pertenecientes al ente de contralor –EPRE–, a ENERSA, a la Cooperativa Eléctrica de Concordia y a otras distribuidoras tuvieron ocasión de manifestar su opinión al respecto, así como también quienes participaron como defensores de los usuarios y consumidores –Dr. Alejandro Canavesio e Ing. Elvio Woefray–, representantes del Sindicato de Luz y Fuerza, tanto de jurisdicción provincial como nacional –Germán Mildenberger, Sergio Menéndez, Yamil Caramaya–, representantes de los organismos públicos de defensa del consumidor –Dr. Hernán Poidomani, Cr. Juan Patat, Juan Carlos Albornoz–, entre otros.
Me resultó sumamente ilustrativa la lectura –aunque resumida– de las versiones de cada una de esas personas que, sin ningún lugar a dudas, representó la voz de todos los sectores involucrados en la problemática, públicos y privados, individuales y colectivos. Algunos de ellos se manifestaron irreductiblemente en contra de todo incremento de tarifas, otros a favor y otros, por fin, en una postura que podríamos decir ecléctica, aceptaban el aumento tarifario, aunque escalonado.
Precisamente, el Dr. Alejandro Canavesio, en su carácter de Defensor del Usuario, hace alusión a esa simultánea suba del cuadro tarifario que mencioné más arriba, es decir, que "...con el cambio de Gobierno, la progresiva quita de subsidios en los costos de energía y potencia a nivel Nacional y la aplicación de la revisión tarifaria provincial suspendida en 2014, generó un efecto combinado que motivó el inicio de la judicialización del tema tarifario".
Como corolario de esta audiencia, el EPRE dictó la Res. Nº 168/16 (ver el texto completo de la resolución a fs. 144/236 del Legajo de prueba de la Cooperativa y a fs. 165/200 del Legajo Documental EPRE Nº IV y fs. 201/318 del Legajo Nº V) donde quedó aprobada la revisión tarifaria que se aplicaría entre el 1º de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021 de acuerdo al siguiente detalle: un 15% en enero 2017 más un 8% en marzo de 2017 y un 9% en mayo de 2017, para que su impacto final del 32% se produzca gradualmente y se vea reflejado recién en el segundo semestre del año 2017, como se desprende de sus considerandos.
Ahora bien, luego de la citada resolución, y paralelamente a esta instancia provincial, en la que se llevó a cabo la audiencia pública que en síntesis referí, las autoridades nacionales (Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación) aprobaron los cuadros tarifarios vigentes en el llamado Mercado Energético Mayorista (MEM).
Ese procedimiento es el que se desprende del análisis cronológico de las decisiones administrativas que en el orden provincial y nacional se dictaron por las autoridades competentes, las cuales no fueron cuestionadas por ilegítimas, arbitrarias o inconstitucionales en este amparo. Así:
- el 26/09/2013 se dicta la Res. EPRE Nº 134/13 por la que se realiza la Revisión Tarifaria Inicial con vigencia entre el 1/03/2014 al 30/06/2016 y por Res. EPRE Nº 171/13 del 20/12/2013 se convocó a audiencia pública para el 5/02/2014 para su tratamiento (fs. 1/7 del Legajo Documental EPRE Nº IV).
- el 13/03/2014 se dicta la Res. EPRE Nº 24/14 por la que se suspenden a partir de esa fecha los plazos administrativos para el dictado de la resolución definitiva de la Revisión Tarifaria Inicial para el período 2014/2016 (fs. 8/9 del Legajo Documental EPRE Nº IV).
- el 21/05/2014 se dicta la Res. EPRE Nº 67/14 que en su art. 2º difiere la aplicación de la Tarifa Inicial 2014-2016 hasta el cese del Acuerdo Marco "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina y del Convenio Instrumental para Obras de Distribución Eléctrica en la Provincia de Entre Ríos" (fs. 10/51 del Legajo Documental EPRE Nº IV)
- el 31/08/2016 se celebró la audiencia pública provincial en la ciudad de Villaguay, que había sido convocada por Res. EPRE Nº 70/16 del 30/06/2016 (fs. 132/135 del Legajo Documental EPRE Nº IV).
- el 31/10/2016 se dicta la Res. EPRE Nº 168/16, a la que ya me referí. Se publicó en el B.O. del 04/11/2016 (fs. 165/200 del Legajo Documental EPRE Nº IV y fs. 201/318 del Legajo Nº V).
- por Res. Nº 601/2016 del 21/11/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), modificada por Res. Nº 616/2016 del 2/12/2016 se convocó a audiencia pública nacional (fs. 1052/1057 del Legajo de Documental EPRE Nº IX)
- el 14/12/2016 se celebra la audiencia pública nacional en la C.A.B.A. (fs. 1058 del Legajo de Documental EPRE Nº IX) y en los centros de participación de las ciudades de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES; Mendoza, Provincia de MENDOZA; Neuquén, Provincia de NEUQUÉN; Salta, Provincia de SALTA; Formosa, Provincia de FORMOSA y Puerto Madryn, Provincia de CHUBUT.
- el 27/01/2017 la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación Argentina dicta la Res. N° 20/2017 que aprueba los nuevos valores correspondientes al mercado mayorista (fs. 1059/1065 del Legajo de Documental EPRE Nº IX), publicada el 1/02/2017.
-Por Res. EPRE 105/17, del 02/08/2017 (fs. 434/464 del Legajo de Documental EPRE Nº VI); 199/17 del 07/11/2017 (fs. 465/496 del Legajo de Documental EPRE Nº VI); 215/17 del 12/12/2017 (fs. 497/510 del Legajo de Documental EPRE Nº VI), y 11/18 del 26/01/2018 (fs. 511/524 del Legajo de Documental EPRE Nº VI) se considera la aplicación de los Precios Mayoristas Aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación.
- Por Res. Nº 403/2017 del 25/10/2017 el Ministerio de Energía y Minería de la Nación Argentina, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26/10/2017 (fs. 1065/1068 del Legajo de Documental EPRE Nº IX), Convocatoria a la Audiencia Pública Nacional (modificación CAE/MEM), se convoca a audiencia pública nacional para la modificación del cuadro tarifario mayorista.
- el 25/10/2017 se convoca la Audiencia Pública Nacional mediante Resolución N° 527/2017 ENRE, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26 y 27/10/2017 (fs. 1069/1071 del Legajo de Documental EPRE Nº IX).
- 17/11/2017: Celebración de Audiencia Pública Nacional en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en los centros de participación, en las ciudades de (i) Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES; (ii) Mendoza, Provincia de MENDOZA; (iii) Neuquén, Provincia de NEUQUÉN; (iv) Salta, Provincia de SALTA; (v) Formosa, Provincia de FORMOSA y (vi) Puerto Madryn, Provincia de CHUBUT (f. 1071 del Legajo de Documental EPRE Nº IX).
- por Resolución N° 1091-E/2017 Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación Argentina del 30/11/2017 se fijan los nuevos valores CAE/MEM (fs. 1072/1077 del Legajo de Documental EPRE Nº IX), publicada el 01/12/2017.
- el 01/12/2017: se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 1091-E/2017 de la Secretaría de Energía de la Nación (fs. 1072/1077 del Legajo de Documental EPRE Nº IX).
- el 07/12/2017 ENERSA presenta el nuevo cuadro tarifario con vigencia entre el 1/12/2017 y el 31/01/2018 (fs. 526/545 (fs. 1072/1077 del Legajo de Documental EPRE Nº VI).
- por Resolución N° 215/17 EPRE del 12/12/2017 se aprueba el nuevo cuadro tarifario con vigencia en el período 1/12/2017 a 31/01/2018 (fs. 497/510 del Legajo de Documental EPRE Nº VI y B.O. agregado a fs. 258/276 del Legajo de Documental de la Cooperativa)
- el 25/01/2018 ENERSA presenta el nuevo cuadro tarifario con vigencia entre el 1/02/2018 y el 30/04/2018 (fs. 713/729 del Legajo de Documental EPRE Nº VII).
- por Resolución N° 11/18 EPRE del 26/01/2018 se aprueba el nuevo cuadro tarifario con vigencia en el período 01/02/2018 al 30/04/2018 (fs. 244/257 del Legajo de Documental de la Cooperativa y fs. 244 730/743 el Legajo de Documental EPRE Nº VII).
En otro orden, debo destacar el contenido del informe brindado por el EPRE en el punto VI.- de su responde (fs. 233 vta/236 vta.), cuyos puntos coinciden con lo solicitado como prueba en la demanda (Punto C), fs.113 vta./114) del cual extraigo las siguientes afirmaciones: a) la tarifa aplicada por la Cooperativa accionada y por todas las distribuidoras de la Provincia de Entre Ríos, corresponde al cuadro tarifario aprobado por Resolución EPRE Nº 215/17 del 12/12/2017, dictada en consideración de la aplicación de los Precios Mayoristas establecidos en la Resolución Nº 1091-E/2017 SEN; b) la Resolución Nº 1091-E/17 SEN es consecuencia de la Audiencia Pública Nacional convocada para la modificación Costo de Abastecimiento Eléctrico (MEM/CAMMESA) y celebrada el 17/11/2017 en la CABA y centros de participación del resto del país; c) se acompaña un cuadro en el que figuran los incrementos de la tarifa media desde la salida del Plan Nacional de Convergencia hasta la fecha (fs. 1103/1106 del Legajo EPRE Nº IX); d) por Res. EPRE Nº 11/18 del 26/01/2018 se aprobó el cuadro tarifario para el período 1/2/2018 al 30/04/2018.
Surge con toda evidencia que la Cooperativa Eléctrica no es la responsable de la aprobación del cuadro tarifario eléctrico, ni tan siquiera de elevar al EPRE la propuesta correspondiente, por lo que tampoco lo son, de las "readecuaciones" o incrementos que reflejen aquellos.
A esta altura se patentiza la imposibilidad de retrotraer el esquema de tarifas al aprobado por Res. EPRE 168/16 en el marco de esta acción, por diversas y sustanciales razones:
En primer lugar, porque después de ese acto administrativo emanado del E.P.R.E. se dictaron otras resoluciones tanto por ese mismo organismo como por las autoridades nacionales tal como surge del detalle precedente, los que no han sido materia de crítica.
En este sentido, la Sec. de Energía de la Nación convocó a audiencia pública realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los demás centros de participación del resto del país –conforme señalé antes–, el 17 de noviembre de 2017 y como corolario de ello, mediante Res. Nº 1091/2017 aprobó el cuadro tarifario de los nuevos valores CAE/MEM.
Por otra parte, estando en juego decisiones de autoridades administrativas nacionales, cuya validez y eficacia no está atacada y ni siquiera mencionada en este proceso, resulta a todas luces impertinente que me expida acerca de la alegada ilegalidad e inconstitucionalidad del cuadro tarifario cuestionado.
Afirmada la carencia de legitimación pasiva de la accionada, ello obstaculiza todo análisis de los restantes requisitos tanto de admisibilidad como de procedencia del amparo, esto es, sobre la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta de la accionada, la temporaneidad de la acción, los derechos constitucionalmente amparados que se invocan violados o amenazados (cfr. arts. 1, 2, 3 de la LPC).
Frente a la ausencia de un elemento esencial para la correcta integración de litis, como es la carencia de legitimación pasiva de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., me resulta procesalmente imposible expedirme sobre la ilegalidad y/o arbitrariedad de la decisión adoptada por ella -la facturación-, sin avanzar en el análisis de la corrección jurídica de decisiones del Gobierno Provincial y Nacional que no han sido parte en este proceso, resulta inocuo avanzar en el examen de los restantes requisitos de admisibilidad y, menos, en la procedencia fondal de la acción.
Respecto de las costas causídicas, las impondré en el orden causado, en atención a la naturaleza de la pretensión deducida en autos, conforme la doctrina sentada por la Sala Civ. y Com. del STJER, en los autos caratulados "Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos c/Swiss Medical S.A. s/Diligencias preliminares", del 25/04/2017 en los que, con citas de pronunciamientos de la Corte Federal (autos "Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/Sumarísimo" Expte. Nº U.66.XLVI.REX; "C.,J. y otro c/ Swiss Medical s/ Amparo" Expte. Nº C.36.XLVI; "Unión de usuarios y Consumidores y otros c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. S/ Ordinario" Expte. Nº U. 10. XLIX. REX), estableció que por haber adherido la Provincia de Entre Ríos a la Ley 24240, mediante el dictado de la Ley 8973, tiene plena vigencia lo dispuesto en el art. 55 de la norma nacional, que consagra el beneficio de justicia gratuita, por lo que no correspondía aplicar las costas a la parte actora vencida.
1-) DESESTIMAR la acción de amparo colectivo promovida por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos –A.DE.C.EN.- contra la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., por las razones expresadas en los considerandos.
2-) DISPONER el levantamiento inmediato de la medida cautelar decretada a fs. 118/120, punto VII-.
3-) IMPONER las costas en el orden causado, conforme art. 20 de la Ley 8369 y lo expuesto en el considerando.
4-) REGULAR los honorarios profesionales del DR. ROBERTO BEHÈRÁN en la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($9.750), del DR. LUCIANO G. PAULÍN, en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($4.875), del DR. PABLO J. FRANCO en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($4.875), del DR. EDUARDO G. EMBON en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($3.900), de la DRA. DANIELA AGUSTINA DE SANTI y del DR. RAÚL O. MUÑOZ en las respectivas sumas de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($3.690) a cada uno, y al DR. PABLO DANIEL FERNÁNDEZ en la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000), conforme los arts. 1, 3, 5, 12, 26, 29, 30, 91 y ccdtes. de la ley 7046. La presente regulación no incluye I.V.A.
Estela Beatriz Méndez Castells

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 artículo 3
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 Artículo 42
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