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Timestamp: 2020-07-09 23:58:00+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2017-1505
Documento BOE-A-2017-1505
«BOE» núm. 38, de 14 de febrero de 2017, páginas 10089 a 10102 (14 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/res/2017/02/02/(5)
La Asociación Profesional de Registradores de España (APR) y la organización sindical Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato representativo en el ámbito del II Convenio Colectivo de los Registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar (código de Convenio número 990077650011993), suscrito por las dos mencionadas únicas organizaciones el 1 de julio de 2013, registrado y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de 2013, por Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, discrepan acerca de la interpretación del artículo 8, apartado 4, del referido Convenio colectivo en relación con el cómputo del período de cinco años ininterrumpidos de prestación de servicios necesario para el acceso por los auxiliares a las pruebas de ascenso al grupo profesional V, de Oficiales. A resultas de dicha discrepancia las partes acuerdan someter expresa y voluntariamente a arbitraje la referida cuestión, manifestando que se trata de un arbitraje en equidad y designando a quien suscribe el presente laudo como Árbitra; todo ello por medio de escrito firmado el 22 de noviembre de 2016, con entrada en el Registro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Fundación SIMA) en la misma fecha, documento que consta en el correspondiente expediente y al cual nos remitimos.
El mismo día 22 de noviembre de 2016, en cumplimiento del artículo 20.1.a) del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos laborales (V ASAC), el SIMA dio traslado del compromiso arbitral a las restantes organizaciones sindicales representativas en el ámbito del conflicto interpretativo, esto es, a las representaciones de CC.OO., UGT y CIG, para notificarles su existencia a efectos de que, si así lo estimaban conveniente, se adhirieran al mismo.
Comunicado el compromiso arbitral a la Árbitra designada por las partes, ésta acepta el nombramiento y se acuerda inmediatamente a continuación que se cite a las partes de comparecencia, lo que hace el SIMA el día 28 de noviembre de 2016 emitiendo las correspondientes citaciones a la APR y a la CSI-F para la comparecencia a la reunión de arbitraje para el 5 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en la sede del SIMA. Dicha comparecencia tuvo lugar en la fecha y lugar indicados, ante la Árbitra, asistida por la Letrada del SIMA doña Eva Ruiz Colomer, y con la presencia de las partes citadas de comparecencia. En el expediente del procedimiento arbitral consta el acta de comparecencia, en el que se afirma que «Tras la celebración de un acto contradictorio entre las partes, donde cada representación hace entrega al SIMA de la documentación que a su derecho estima conveniente, para su remisión a la otra parte y a la Árbitra, las partes acuerdan que la fecha límite para dictar el laudo en equidad sea el 16 de enero de 2017», y al que nos remitimos respecto del desarrollo general de dicha comparecencia. En síntesis, en dicho acto intervienen las dos partes afectadas, formulando las alegaciones y razonamientos jurídicos que estimaron pertinentes en defensa de sus respectivas posiciones. El traslado de documentación referida se llevó a cabo por el SIMA en fecha 7 de diciembre de 2016.
Las posiciones de las partes se resumen en líneas generales como sigue. La representación de CSI-F alegó que el artículo 8, apartado 4, del vigente II Convenio colectivo de los Registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar, y el anexo de dicho Convenio colectivo, han introducido modificaciones en la regulación de las pruebas de ascenso para promocionar al grupo V de los Auxiliares respecto del Convenio colectivo de 29 de julio de 1992 (BOE de 29 de septiembre). Las convocatorias de exámenes han dejado de ser anuales para pasar a ser bienales, mejorándose, a cambio, el denominado «iter largo», que ya no requiere la autorización del registrador ni la acreditación de que se han cumplido cinco años ininterrumpidos como auxiliar para poder acceder a él, siendo la fecha de cómputo de esos cinco años la prevista para la realización del examen. La diferencia entre la fecha de la convocatoria y la de realización de las pruebas convocadas suele ser de unos quince meses, ya que la convocatoria se hace con más de un año de antelación a la fecha del examen, de modo que es posible que parte de los trabajadores cumplan el señalado requisito en el tiempo transcurrido entre ambas fechas. En el «iter corto» de licenciados y graduados en Derecho el período de antigüedad exigido se reduce a dos años, si bien para tal caso el artículo 8, apartado 4, del Convenio Colectivo citado establece de manera expresa que la antigüedad debe haberse cumplido «a la fecha de la convocatoria de las pruebas preceptivas». La interpretación en cuestión del requisito de antigüedad en el «iter largo» afecta a los auxiliares conocidos como «la generación de 2011», a los que, además, alude la propia convocatoria efectuada por la APR. Ese personal tendrá cinco años cumplidos en el momento de realización efectiva de las pruebas de ascenso, pero no en el momento de publicación de la convocatoria en la que, no obstante, la APR alude expresamente a este colectivo (doctrina de los actos propios).
Convendrá recordar, en primer lugar, que las partes del presente conflicto han decidido resolver su disputa mediante un arbitraje «en equidad» [de acuerdo con el art. 20.1. d) del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales], supuesto en que la controversia no se dilucida únicamente en Derecho, sino mediante el entendimiento de lo que es justo y equitativo. El árbitro se enfrenta a la tarea de imponer una solución definitiva y obligatoria justa, lo que le permite moderar la aplicación estricta de la norma jurídica en busca de aquella solución que resulte más justa para el caso concreto, atendidas sus circunstancias. Equidad significa, entre otras acepciones, igualdad, ecuanimidad, equilibrio moral, imparcialidad, espíritu de moderación. La resolución de equidad, en conciencia, «ex aequo et bono», exige la valoración de todas y cada una de las circunstancias que intervienen en el conflicto para ponderarlas y, habiendo sopesado el conflicto, dictar una resolución justa.
Hemos de comenzar, por ello, a resolver la controversia de las partes a partir de los términos concretos en que éstas la han situado. Se han reflejado en los antecedentes de hecho de este Laudo dichos términos, que no son otros que determinar, a partir de la regulación contenida en el II Convenio colectivo de los Registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar sobre el derecho de promoción profesional de los Auxiliares, grupo profesional IV en los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, mediante ascenso al grupo V, Oficiales, a través de la presentación y superación de las pruebas al efecto convocadas por la APR en toda España, la fecha de cumplimiento del requisito exigido para esa presentación, cual es haber cumplido cinco o dos años ininterrumpidos de prestación de servicios como Auxiliares.
Es aquí de pertinente recordatorio que nuestro ordenamiento recoge un conjunto de reglas de interpretación de las normas jurídicas aplicables a las normas convencionales colectivas, que tienen la singularidad de ser producto de la autonomía colectiva que está en su base, y que su interpretación ha de respetar respondiendo a la naturaleza dual, contractual y normativa del convenio colectivo.
Del tenor literal del artículo 8, apartado 4, del II Convenio colectivo de los Registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar, puede deducirse sin dificultad que el enunciado normativo de la disposición contenida en su primer inciso, interpretada en sí misma y sistemáticamente en relación con las restantes disposiciones del citado precepto convencional y del anteriormente referido anexo, no es clara y suscita dudas acerca del extremo que constituye el objeto de la discrepancia de las partes en relación con el cómputo del período de prestación de servicios necesarios para acceder a las pruebas de acceso. Las razones de tal conclusión son las siguientes:
El conocimiento de la voluntad real de los pactantes expresada en el apartado 4 del artículo 8 del Convenio colectivo tampoco está exento de dificultades, que se evidencian, ante todo, por el desacuerdo de las partes del conflicto, que son las partes negociadoras que han concurrido en la norma convencional que se discute. Así como por la escasez de fuentes indubitadas que prueben esa intención, a partir de la cual se pueda descubrir la significación del precepto, de su espíritu y de su finalidad, poniendo en concordancia su interpretación literal con lo verdaderamente querido por los negociadores, que, si es evidente, prevalece sobre las palabras utilizadas por la norma (artículo 1281 CC).
Tras lo expuesto conviene realizar una precisión última acerca de la equidad, cuya ponderación es siempre obligada, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 del Código Civil, en la aplicación de toda norma, si bien en este caso la resolución arbitral puede descansar totalmente en ella, al haberse comprometido las partes en un arbitraje de equidad, facultando a la Árbitra a imponer la solución que estime justa y equitativa según su leal saber y entender, ponderando las distintas circunstancias concurrentes en la regulación convencional controvertida y en el concreto conflicto planteado.
2.º En coherencia con la importancia concedida por el II Convenio Colectivo a los derechos de formación y promoción profesional de los trabajadores ha de situarse el panorama de fondo sobre el que descansa dicho Convenio Colectivo: el de la Constitución y el de la normativa laboral estatal, que se corresponden con dicho Convenio Colectivo en conferir la importancia que merece a la promoción profesional de los trabajadores, que de ordinario conlleva su promoción económica, conceptualizando esa importancia a través de la técnica formal de la atribución de derechos subjetivos a los trabajadores y correlativos deberes al empresario.
La Constitución reconoce como derecho constitucional o «constitucionaliza» el de «todos los españoles» –sin entrar ahora en la problemática del reconocimiento de los derechos constitucionales de los extranjeros– «a la promoción a través del trabajo» (artículo 35.1; SSTC 51/1982, de 19 de julio, FJ 3, 20/1991, de 31 de enero, FJ 3, y 20/1993, de 18 de enero, FJ 4). Ese derecho de los trabajadores expresa el carácter social y democrático del Estado de Derecho que nuestra Constitución erige (SSTC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 3, y 98/1983, de 15 de noviembre, FJ 2) y «no puede desvincularse de la formación profesional permanente que mantenga su cualificación profesional a lo largo de su vida laboral, y que desde el punto de vista de los poderes públicos requieren una política de fomento, tal como exige el art. 40.2 del texto constitucional» (STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 10, y 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 4).
3.º El mandato constitucional de favorecer la promoción a través del trabajo obliga a favorecer asimismo la posibilidad de que quienes desempeñen puestos inferiores puedan acceder a una plaza de nivel superior y que la antigüedad de los servicios prestados pueda ser adecuadamente valorada como requisito de los aspirantes, junto con su formación y méritos, según la titulación que ostenten, para concurrir a pruebas objetivas de ascenso y realizar éstas con éxito o sin él..
No cabe duda de que ese favorecimiento, que responde a los imperativos de los artículos 35.2 y 40.2 de la Constitución, se logra con una interpretación del apartado 4 del artículo 8 del II Convenio Colectivo que no imponga la fecha de la convocatoria de las pruebas preceptivas como término de computo del período de prestación de servicios que han de reunir los Auxiliares para presentarse a las pruebas de ascenso para promocionar al grupo V de Oficiales; excluyendo la participación de un número relevante de trabajadores, sino con una interpretación «más favorable» que permita considerar cumplido el requisito, si este se cumple efectivamente en un período superior, lógicamente en todo caso anterior a la realización de las pruebas de ascenso.
4.º Resultarían afectados por la interpretación que se efectúe del citado precepto convencional, en la actual convocatoria de las pruebas de ascenso promocional, unos 1.000 Auxiliares de la «generación de 2011» en el «iter largo», como quedó dicho, que podrían cumplir el requisito de antigüedad exigido para presentarse a los exámenes de computarse su cumplimiento en otra fecha «más favorable» –la de su realización, según la propuesta de la representación sindical–, y no en la de su convocatoria, dado el amplio lapso temporal que transcurre entre una y otra: 16 meses y 14 días en la actual convocatoria. De modo que su cómputo en el momento de la convocatoria de las pruebas significaría una larga espera de esos trabajadores para promocionar – dos años más, o un año y medio más, en el supuesto de cumplimiento del período de prestación de servicios necesario en el mismo año de la convocatoria, hasta la siguiente convocatoria, mas el tiempo entre ésta y la realización de las pruebas–, alargando en exceso, un exceso desproporcionado que podría añadir al «iter largo» el período de prestación de servicios del «iter corto», el plazo de cinco años ininterrumpidos de prestación de servicios que han de cumplir los Auxiliares sin licenciatura o grado en Derecho para poder concurrir a las pruebas, y que efectivamente han podido cumplirlo poco tiempo después de que la APR realice la pertinente convocatoria de las pruebas, en el mismo año de esa convocatoria. Este es el efecto que se desencadena, en el caso objeto de esta disputa, para los Auxiliares que iniciasen sus servicios como tales entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, para los que el requisito de antigüedad se ampliaría a siete años o a seis años y medio ininterrumpidos de servicios, precisando el derecho de promoción para ser efectivo de un período de prestación de servicios de más de ocho años de duración, sin duda desproporcionado. Tampoco la consideración como fecha de cómputo de la antigüedad de la de finalización del plazo de entrega de la documentación, procedente del anterior Convenio Colectivo, modera suficientemente, en aras de la satisfacción del derecho constitucional a la promoción profesional, de la justicia y de la ecuanimidad de la solución por tanto, el entendimiento y la aplicación de la norma convencional para favorecer la promoción a través del trabajo de los Auxiliares, ya que sólo resta a aquel largo período de espera dos meses; en la convocatoria actual, y en la de 2014, tres meses, al considerarse inhábil por la APR a tales efectos el mes de agosto.
En el extremo opuesto, de cumplirse el requisito de antigüedad de los Auxiliares en el «iter largo» en la fecha de realización de los exámenes, el período de servicios se alargaría en unos meses (siete u ocho meses) hasta la siguiente convocatoria, a los que igualmente habrían de sumarse los que se sucedan hasta la realización de las pruebas y la obtención efectiva de la promoción profesional.
Dado en Madrid, a 16 de enero de 2017.–María Emilia Casas Baamonde.
EN RELACIÓN con el art. 8 del Convenio publicado por Resolución de 26 de septiembre de 2013 (Ref. BOE-A-2013-10559).

References: Resolución 
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 8
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 resolución 
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