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Bolivia Informe alternativo de la sociedad civil sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
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Informe alternativo de la sociedad civil sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Respuestas a la lista de cuestiones - CCPR/C/BOL/Q/3)
Comunidad de Derechos Humanos (coordinador) Mesa Contra la Violencia Sexual Comercial de El Alto
Red de instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Fundación Alalay Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
Instituto de Terapia e investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Pastoral Penitenciaria
Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO) Centro de Orientación Socio Legal para el Adulto Mayor Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)
Con el apoyo del Centro para los Derechos Civiles y Políticos
Estado de Excepción (artículo 4)
No discriminación, derechos de las minorías, violencia contra las mujeres e igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículos 3, 6, 7 y 26)
Derecho a la vida, violencia contra la mujer, prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y lucha contra la impunidad (artículos 2, 6 y 7)
Informe alternativo de la sociedad civil sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(Respuestas a la lista de cuestiones - CCPR/C/BOL/Q/3)
Comunidad de Derechos Humanos (coordinador)
Mesa Contra la Violencia Sexual Comercial de El Alto
Mesa Nacional de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Coalición Boliviana por los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes.
Red de instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Fundación Alalay
Articulación de las Mujeres Por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI)
Instituto de Terapia e investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI)
Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad GLTB (ADESPROC)
Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO)
Centro de Orientación Socio Legal para el Adulto Mayor
Red de Participación y Justicia
Instituto de Investigación Medico Social (IIMS)
Bolivia 15 de septiembre de 2013
COMENTARIOS DE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL BOLIVIANA A LA LISTA DE CUESTIONES
Revisión del tercer informe periódico de Bolivia
(CCPR/C/BOL/3)
Sesión 109 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Ginebra – Octubre 2013
Marco constitucional y legislativo (artículos 1 y 2)
Cuestión 1: Sírvanse informar sobre la invocación y la aplicación de las disposiciones del Pacto ante los tribunales nacionales. Sírvanse describir el procedimiento vigente para implementar los dictámenes adoptados por el Comité en aplicación del Protocolo Facultativo
No se conocen procesos sostenidos de distribución de información e instructivos que promuevan que los jueces de tribunales locales utilicen como referencia los tratados internacionales como el Pacto.No se tiene información sobre la invocación y aplicación de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los tribunales nacionales.No se conoce sentencia de algún juez o tribunal que haga referencia a las disposiciones del Pacto.
Existen dos dictámenes del Comité contra Bolivia, derivados de las comunicaciones individuales No. 173/1984 y No. 336/1988. A pesar de ello, no existe un procedimiento para la implementación de este tipo de decisiones de organismos internacionales. No se tiene referencia sobre el estado de implementación de los dictámenes.
Capacitar a los integrantes del órgano judicial para que conozcan, invoquen y apliquen las disposiciones de instrumentos internacionales, tales como el Pacto.
Difundir los dos dictámenes del Comité contra el Estado Boliviano.
Implementar, a parir de una norma, un procedimiento adecuado para ejecutar las sentencias de organismos internacionales y realizar el seguimiento pertinente.
Cuestión 2: Favor informar si existe un proyecto de ley para regular los estados de excepción, tal y como dispone la Constitución Política del Estado; en caso positivo, informar del contenido conforme las disposiciones del Pacto y cuál es el avance en su proceso de adopción.
El artículo 139 de la Constitución Política del Estado señala “III. Los estados de excepción serán regulados por la ley”. No obstante, dicha ley no existe y hasta la fecha no se ha hecho público algún proyecto de ley para regular los estados de excepción.
Desde la entrada en vigencia, en el año 2009, de la actual Constitución Política del Estado, no se ha emitido ningún estado de excepción.
Promulgar una ley que regule los estados de excepción en consonancia con el mandato de la Constitución Política del Estado y con las disposiciones del Pacto.
Cuestión 3: Sírvanse describir las medidas tomadas para asegurar la implementación del principio de no discriminación, y erradicar los estereotipos y prejuicios que persisten en la sociedad, particularmente en contra de los indígenas y afrobolivianos. También describir las medidas adoptadas para prevenir y sancionar la discriminación a la que son sujetos los migrantes. En este contexto, favor especificar en particular las medidas adoptadas para implementar la Política del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Plan de Acción 2012 – 2015), adoptada por el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación en febrero del 2012, y detallar los recursos asignados para la implementación del Plan de Acción.
El Plan de Acción 2012-2015 aún no se constituye política pública, pues se encuentra sólo aprobado por el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y Discriminación. Si bien existe la Ley 045 de lucha contra la discriminación y el racismo, existen problemas en la implementación de la reglamentación, ya que ésta no establece los mecanismos, las instancias y los recursos para garantizar el ejercicio del derecho a la no discriminación. En Bolivia continúan ejerciéndose prácticas discriminatorias en el ámbito de la educación, la salud, el trabajo y el acceso a la justicia, entre otros.
Discriminación contra migrantes
El Plan de Acción 2012-2015 de lucha contra el Racismo y la Discriminación no incluye ninguna medida para combatir la estigmatización hacia los migrantes. Esto es particularmente grave, ya que los estereotipos negativos con respecto a los migrantes están profundamente arraigados entre la población. Tal y como lo reconoció el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, “los migrantes son víctimas frecuentes de discriminación racial y xenofobia, especialmente en las esferas del empleo, la salud, la vivienda y la educación, así como por parte de la policía y los servicios de inmigración. Además, en algunas ocasiones los medios de comunicación han estigmatizado a la población inmigrante, los refugiados y los solicitantes de asilo con la afirmación estereotipada de que son los responsables de ciertos tipos de delitos comunes cometidos en todo el país.”1
Por ejemplo, servidores públicos de alto nivel realizaron declaraciones que vinculan la presencia de ciudadanos extranjeros con la inseguridad ciudadana estigmatizando nacionalidades como la peruana, colombiana y brasilera.2 En el mismo sentido se encuentran las declaraciones del senador Isaac Avalos que señaló en el 2012 que “de 10 colombianos, 8 son delincuentes y 2 son buenos”.3Estas declaraciones las ratificó en abril de 2013 ante la creciente inseguridad ciudadana.
Otro hecho a señalar son las declaraciones del Ministro de Gobierno, sobre que “la exhibición mediática de supuestos delincuentes, a veces de personas que resultan inocentes en los casos, tiene la finalidad de brindar ‘una sensación de seguridad a la gente’”4, situación que estimula la estigmatización hacia ciertas nacionalidades en el afán de perseguir la delincuencia.
Discriminación contra pueblos indígenas
Tal y como lo reconoció el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, tras su visita a Bolivia en septiembre de 2012, “en los últimos años se han realizado progresos en la lucha contra el racismo y la discriminación de los pueblos indígenas y en el logro de una mayor inclusión e integración. Sin embargo, los pueblos y comunidades indígena originario campesinos siguen siendo objeto de trato desigual y discriminación estructural en el acceso al empleo, la educación y la atención sanitaria.”5
En lo referente al empleo, la población indígena registra una mayor tasa de desempleo que la población no indígena. Además, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2010 los hombres no indígenas percibían un salario 2,9 veces superior al de los hombres indígenas y 3,4 veces superior al de las mujeres indígenas.
En cuanto a la educación, el Relator señaló que los pueblos indígenas afrontan dos retos en relación con el acceso a la educación: un acceso insuficiente a los centros de enseñanza y la exclusión de su cultura y sus tradiciones del plan de estudios oficial. Según el censo de 2001, la tasa de analfabetismo entre la población indígena ascendía al 19,61%, frente al 4,51% en el resto de la población.
Respecto a la salud, el mencionado informe de la Defensoría del Pueblo estima que en 2010, el 80% de la población indígena carecía de servicios de salud en su comunidad y, allí donde existían, el equipamiento era vetusto o insuficiente. Como lo afirma el Relator, “la demanda de atención sanitaria ha aumentado mucho en los territorios indígenas debido a la considerable contaminación del medio ambiente, la falta de acceso al agua y la creciente exposición a substancias tóxicas como consecuencia de la explotación de los recursos naturales.”6
Otro aspecto de preocupación para el Relator es la exclusión económica de los pueblos indígenas, ya que una gran mayoría de éstos siguen estando excluidos de los principales sectores de la economía y sufren discriminación en el acceso a los seguros, el crédito y los servicios bancarios, así como a la comunicación y la vivienda.7 El Estado argumenta que para luchar contra esa exclusión se ha creado el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FODPIOCC). No obstante, las organizaciones indígenas de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) como la Coordinadora de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Sub-Central TIPNIS, Sub-Central Sécure y Capitanías que conforman la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), entre otras organizaciones que gozan de estructura orgánica y legítima representatividad, han denunciado los obstáculos técnicos y burocráticos que se presentan para la aprobación de los proyectos en el FODPIOCC, así como la tendencia de favorecer a las confederaciones nacionales, campesinas e interculturales afines al gobierno, con lo que se reduce el porcentaje que debe corresponder equitativamente a todas las organizaciones beneficiarias delImpuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH).
De manera tal que la subsistencia de varios pueblos indígenas está siendo amenazada por el modelo de desarrollo impulsado por el Estado que prioriza la economía extractivista y de mercado. Por ejemplo, la vida del pueblo indígena Weenhayek está amenazada por la contaminación minera del río Pilcomayo.La pesca, base fundamental para la alimentación de esta población indígena, es cada vez más escasa. Los representantes de esta población desde hace varios años atrás hacen gestiones ante las autoridades locales, departamentales y nacionales sin lograr resultados concretos para solucionar el problema. Otro ejemplo es el pueblo indígena Uru Murato, cuyo acceso y uso de sus medios tradicionales de subsistencia ha sido restringido por las poblaciones vecinas que desarrollan prácticas productivas articuladas a la economía de mercado; también son discriminados y excluidos por sus prácticas tradicionales, por el uso de su vestimenta y el idioma. Así, en el mes de marzo de 2013,el pueblo indígena Uru Murato protagonizó una marcha hacia la sede de gobierno para reclamar derecho a la subsistencia y la vida.
Discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT)
Actualmente la Constitución Política del Estado establece la prohibición de toda forma de discriminación, en donde se hace referencia a la población con diversidad sexual y de género, pero no incorpora derechos fundamentales para esta población como se describe a continuación.
A la fecha no existe una normativa que reconozca el matrimonio civil y la unión libre o de hecho entre personas del mismo sexo, constituyendo un acto de discriminación contra las poblaciones LGBT.
El Decreto Supremo 24547, art. 16, parágrafo I inciso d) prohíbe la donación de sangre por personas pertenecientes a la población con diversidades sexuales y genéricas por considerarlas dentro de los grupos de alto riesgo para el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
No existe sanción contra la violencia por homofobia, en instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, centros de salud y en el ámbito laboral.
La población transexual y transgénero no cuenta con una Ley de Identidad de Género, que le permita acceder a un cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género definida, generando vulneración de sus derechos.
Discriminación contra adultos mayores
A pesar de la existencia de la Ley 1886 sobre derechos de los adultos mayores, así como de la Ley 073 sobre el deslinde jurisdiccional, que protege las tierras de propiedad de los adultos mayores, en la práctica no se respeta y se siguen vulnerando sus derechos al despojarles de sus tierras por incumplimiento de deberes comunales y por la misma familia. Según datos de 2012 de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia (ANAMBO), en esa gestión 25 adultos mayores fueron despojados de sus tierras. El motivo de estos despojos es que los adultos mayores que ya no pueden realizar labores productivas ni aportar con trabajo comunal pierden la titularidad de sus tierras, sin recibir compensación y sin acceso a mecanismos que garanticen recursos económicos para que continúen su vida con dignidad.
Discriminación de personas con discapacidad
Existe preocupación en las organizaciones de personas con discapacidad porque no se cumplen las normas que disponen la inclusión en un mínimo de 4% de personas con discapacidad en las entidades públicas y cuando logran acceder a trabajos, éstos generalmente son los de menor rango jerárquico y no les dan las condiciones mínimas para ejercer el trabajo respetando su condición de discapacidad.
Según el Centro de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico (Ceindes) en Bolivia, el 94% de los niños, las niñas y los adolescentes con algún tipo de discapacidad no está registrado en el sistema educativo regular o especializado, porque su familia no lo acepta como tal o por la falta de recursos económicos.
Según datos del Ministerio de Educación, desde 2009 hasta 2011 hubo una disminución paulatina del registro escolar de los menores con discapacidad, sin embargo, para 2012 aumentó. Datos del Ceindes establecen que en 2007 había 8.067 niños con discapacidad inscritos a centros educativos, pero para la gestión 2011 sólo había 3.058. En cambio, el registro de 2012 es de 7.309 estudiantes con discapacidad que asistieron a 139 centros educativos.8 Por otra parte, de acuerdo con los datos de la Misión Moto Méndez (que depende del Ministerio de Salud y Deportes), 9.519 niños con discapacidad no acuden a ningún sistema educativo. Esto quiere decir que más del 50% de niños con discapacidad no acceden a la educación.
Cumplir con las recomendaciones del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, tras su visita a Bolivia.
Establecer como política de Estado que los funcionarios públicos deban abstenerse de realizar declaraciones públicas en las que se discrimine o atente contra la dignidad de las personas.
Promover políticas públicas en defensa de los derechos de las personas adultas mayores en el área urbana y rural.
Generar políticas públicas que promuevan y garanticen el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con diferente orientación sexual e identidad de género.
Reformar el Decreto Supremo 24547 y el reglamento de la Ley 1687, donde se prohíbe a las personas LGBT donar sangre.
Elaborar una Ley interpretativa de los artículos 63 y 64 de la Constitución Política del Estado para autorizar el matrimonio civil y la unión libre o de hecho entre las personas del mismo sexo.
Tomar medidas legislativas que permitan a las personas travestis, transexuales y transgénero el reconocimiento de sus derechos humanos e identidades.
Fomentar las campañas de sensibilización en las áreas rurales contra la discriminación, estigmatización de grupos vulnerables.
Desarrollar políticas públicas para defensa y el fortalecimiento de las formas de vida de los pueblos indígenas minoritarios en peligro de extinción.
Establecer una norma a nivel nacional para obligar a las construcciones públicas y privadas a contar con accesos y señalizaciones para personas con discapacidad.
Normar y promover las incorporaciones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a los centros de educación.
Garantizar el cumplimiento de la norma que establece que al menos 4% de los servidores públicos sean personas con discapacidad.
Fomentar más y mejores empleos para las personas con discapacidad.
Fortalecer con personal y recursos la Dirección de Lucha Contra la Discriminación y el Racismo que en la actualidad cuenta con un presupuesto insignificante tomando en cuenta la magnitud de los temas que atiende.
Cuestión 4: Favor especificar el impacto de las medidas adoptadas, inclusive en aplicación de las leyes No. 26 y 018, a favor del principio de igualdad de acceso a la función pública para hombres y mujeres, y de la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en el sector privado y en el sector público. También describir las acciones implementadas en materia de igualdad de derechos laborales, particularmente a favor de las personas con discapacidad y de las mujeres que pertenecen a los pueblos indígenas y afroboliviano, con énfasis en las que habitan en zonas rurales.
No obstante de la existencia de la Ley 026 y de la Ley 018, las mujeres siguen siendo discriminadas en la práctica, sufren acoso y violencia política (Definida en la Ley No. 243 en su artículo 7 como”…las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.). En este punto, la respuesta del Estado ha sido la promulgación de la Ley de Acoso y Violencia Política contra la Mujer. Esta Ley no tiene una aplicación efectiva por falta de reglamentación.
Asimismo, a pesar de que las normas antes descritas señalan con claridad que debe aplicarse la alternancia y paridad en las listas electorales y de representación pública, en la práctica se ha evidenciado que, con el objeto de cumplir este mandato, se posesiona a mujeres en cargos representativos, que luego son reemplazados por los suplentes hombres en la mayoría de los casos a través de la fuerza, la violencia y acoso, por su situación de mujeres; o son electas como suplentes, no llegando en ningún caso a ejercer el cargo encargado.
Los gobiernos municipales no han incorporado esta problemática en sus cartas orgánicas, es decir no existe una voluntad política por parte de estos gobiernos locales para acabar con estas prácticas. Sin embargo, a partir de las organizaciones de la sociedad civil, se están realizando talleres de sensibilización y empoderamiento a concejalas de los municipios para que sean éstas las que exijan a sus municipios la implementación práctica y efectiva de la Ley 026 en sus normativas internas.
Un ejemplo de casos de violencia política es el de la Sra. Juana Quispe Apaza, concejala del municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos de La Paz, quien fue estrangulada el 12 de marzo de 2012. Juana Quispe Apaza había denunciado “maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su población”, y había presentado dos amparos denunciando abusos físicos y verbales “que no le permitían ejercer sus derechos políticos”. A la fecha no ha habido avances en la investigación de su asesinato. Otro ejemplo es el de la Sra. Deguimar Rivera Ortiz, concejala del municipio de Guayaramerín, quien fue asesinada tras recibir tres disparos, dos en la cabeza, en el mes de junio de 2012 y a la fecha no se ha logrado esclarecer los hechos.
En lo que refiere al tema laboral, no se han establecido medidas nuevas de protección específica a mujeres indígena, originarias y afrobolivianas. No obstante, se debe reconocer que se ha reforzado con campañas la inamovilidad laboral para las mujeres embarazadas y también el cuidado de su salud relacionada al cáncer uterino y de mama.
Creemos importante mencionar el bono Juana Azurduy, creado por decreto supremo 0066 en 2009. Este bono es un incentivo económico (transferencia condicionada) que reciben las madres bolivianas, con el objetivo de objeto contribuir a disminuir la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años en todo el país. El bono está dirigido a mujeres en estado de gestación, no obstante,únicamente un número reducido de mujeres indígena originarias tiene acceso al bono, debido a que uno de los requisitos para la otorgación de este bono es la presentación de documentos de identidad, los cuales no llegan a este tipo de mujeres por su situación de discriminación, exclusión, vulnerabilidad y extrema pobreza.
Tomar medidas para implementar adecuadamente las leyes No. 26 y 018.
Reglamentar de la Ley Nº 243 Ley de Acoso y Violencia Política contra la Mujer y asignar un presupuesto especial para la aplicación de esta Ley.
Crear medidas de protección laboral específicas para mujeres indígenas originarias y afrobolivianas.
Garantizar el acceso a documentos de identidad a los y las ciudadanos y ciudadanas bolivianas, inclusive para las mujeres indígenas originarias, para que, entre otras cuestiones, puedan acceder a beneficios como el bono Juana Azurduy.
Cuestión 5: Sírvanse describir las medidas adoptadas para legalizar excepciones adicionales a la prohibición y penalización del aborto en casos tales como los embarazos por violación o incesto. Informar sobre los protocolos adoptados para regularizar la implementación del aborto terapéutico a nivel nacional, e indicar la proporción de casos en los cuales el aborto haya sido judicializado penalmente en aplicación del artículo 266 del Código penal en los últimos cinco años. Sírvanse también describir las medidas tomadas para informar adecuadamente a las mujeres sobre los métodos de contracepción y para evitar los embarazos no deseados.
Segú datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008 del Instituto Nacional de Estadísticas, el aborto en condiciones de riesgo es la segunda causa de mortalidad materna en Bolivia. De acuerdo con la misma fuente, dos de cada diez adolecentes estaban embarazadas.9
El Código Penal actual prevé algunas excepciones a la penalización del aborto, por ejemplo, en casos de violencia sexual o cuando la vida de la madre corre riesgo. Sin embargo, en la práctica el acceso para un aborto seguro, aún en estos supuestos excepcionales, es muy limitado pues el trámite se realiza por vía judicial, y al ser éste demasiado burocrático no es oportuno. Además, la objeción de conciencia del personal médico ha impedido en varias oportunidades la realización de abortos a niñas víctimas de violencia sexual, lo que muestra la inviabilidad en la práctica del acceso al aborto legal y seguro aún en los casos en los que no penalizado.
Existe una presión muy fuerte de parte de las autoridades jerárquicas de la iglesia católica y cristianas evangélicas sobre las autoridades de Estado para no permitir el acceso a la interrupción del embarazo de manera legal y segura. Al estar el aborto establecido como un delito se establece una estigmatización de las mujeres que abortan, por parte de la sociedad en general, del personal médico y de las instancias estatales que supuestamente están llamadas a proteger los derechos de las mujeres. Las instituciones de salud que atienden abortos seguros de manera clandestina son perseguidas penalmente cuando se evidencia o se realizan denuncias sobre sus prácticas, establecidas como delitos en el Código Penal.
El Seguro Universal Materno Infantil es deficiente porque los centros de salud no cuentancon información e insumos para la anticoncepción; esto se suma a la falta de recursos económicos que le impiden llegar a muchas zonas del país, y es casi inexistente en las zonas rurales. La difusión de los derechos sexuales y reproductivos no es suficiente; se impide la llegada de la información a los jóvenes, particularmente, debido a la cultura patriarcal y conservadora. No existe una Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que responda a la realidad, a las necesidades y demandas de la población, particularmente a los jóvenes. Tampoco existe la voluntad para incluir en la currícula educativa esta temática.
Garantizar el acceso rápido y oportuno a la interrupción legal y segura del embarazo en las situaciones donde el aborto no es penalizado.
Promulgar una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que incluya educación para prevenir embarazos no deseados y que se otorguen los recursos adecuados para garantizar el acceso a información y métodos anticonceptivos, inclusive en las zonas rurales.
El Estado debe valorar los argumentos de salud pública y de derechos sexuales y derechos reproductivos y no ceder a las presiones de sectores fundamentalistas religiosos que pretenden imponer políticas públicas basadas en preceptos religiosos.
Cuestión 6: Favor describir las medidas adoptadas para permitir la implementación efectiva de la Ley 348 del 9 de marzo de 2013 “para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. En este sentido, favor especificar los recursos humanos, materiales y financieros que fueron asignados a las instituciones responsables de dicha implementación. Sírvanse también especificar el número de denuncias recibidas por hechos de violencia doméstica; b) las investigaciones realizadas; c) los tipos de penas impuestas; d) las indemnizaciones concedidas a las víctimas; y e) el número de albergues que se han construido para asistir a las víctimas de la violencia doméstica.
A la fecha, la Ley 348 carece de reglamentación, lo cual impide su aplicación efectiva en favor de las mujeres. Además, a la fecha no se han asignado recursos humanos, materiales ni financieros para la implementación de la Ley 348.
Respecto a los datos de denuncias de violencia doméstica recibidas a la fecha, no existe una sistematización de todos los datos. Sin embargo, se percibe un incremento en la gravedad en los hechos de violencia cometidos contra las mujeres: entre el año 2009 y el primer semestre de la gestión 2013, el Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) ha registrado 673 muertes violentas de mujeres. De estos casos, el 65,08% han sido feminicidios y 34,92% asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana. Según los datos preliminares de la gestión 2013, cada 2 días hay una mujer víctima de asesinato o feminicidio en Bolivia. La casi totalidad de estos casos permanece en la impunidad
Si bien la Ley 348 establece la obligación de los gobiernos locales para la creación de albergues para mujeres en situación de violencia, ésta ha omitido señalar montos presupuestarios para la creación e implementación de estos albergues, que a la fecha son inexistentes en la mayoría de los municipios de Bolivia. No contamos con datos sobre el número de albergues a nivel nacional, pero los pocos que existen cuentan con escasos recursos y atienden en situación de precariedad.
Promulgar una reglamentación a la Ley 348 de manera inmediata.
Asignar recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento a la Ley 348.
Crear un registro oficial de datos sobre violencia contra las mujeres que incluya el número de denuncias, las investigaciones, los tipos de penas impuestas y las indemnizaciones concedidas a las víctimas.
Cuestión 7: Sírvanse describir las medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar los casos de linchamientos cometidos por vecinos o comunidades en contra de presuntos delincuentes.
El Estado no ha tomado medidas para prevenir, investigar y sancionar de forma efectiva los casos de linchamiento. Tras la muerte de cuatro policías en mayo de 2010 en el municipio de Uncía, Potosí,10 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la práctica del linchamiento estaba en aumento en el país. Según revisiones de información de los medios de comunicación, en Bolivia se producen entre 10 y 20 linchamientos anuales.11
En lo que va del año 2013 se registraron al menos diez casos de linchamiento, de los cuales mencionamos a los siguientes:
El 3 de marzo tres personas de sexo masculino presuntamente intentaron robar un domicilio, los vecinos reaccionaron violentamente logrando detener a uno de ellos y los hechos derivaron en la muerte de José Espinoza de 25 años, quien fue golpeado, quemado y linchado por los vecinos hasta dejarlo sin vida. El hecho se produjo en la zona de Tahuantinsuyo, de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz.
El 29 de mayo confundido por un delincuente, un policía vestido de civil fue linchado por vecinos de Ventilla, del Distrito 8 de El Alto. La víctima es el sargento segundo Rolando David Guarachi, de 33 años de edad, quien vivía en la zona Achachicala de La Paz, había llegado a Ventilla en estado de ebriedad y al parecer se confundió del sitio en el que se encontraba, de acuerdo con el relato de su hermana.
El 12 de agosto en YapacanÍ, Santa Cruz, un hombre identificado como René Vedia Quispe fue golpeado por presuntamente robar motocicletas en la localidad, fue rescatado por policías con varias heridas y fue trasladado hasta el hospital de Yapacaní. Allí un grupo de mototaxistas enfurecidos lo sacaron del hospital municipal para llevarlo hasta la plaza principal donde fue rociado de gasolina para quemarlo. La oportuna intervención policial evitó que se consume el hecho.
El 14 de agosto en San MatÍas, Santa Cruz, pobladores queman a dos brasileños acusados de asesinato. Los brasileños, Rafael Max Díaz, de 27 años, y Jefferson Castro Lima, de 22, fueron linchados por una turba. Cerca de 300 personas rebasaron a 15 policías y secuestraron a los brasileños para castigarlos, lincharlos, rociarlos de gasolina y quemarlos vivos.
En estos casos mencionados no se ha dado con los responsables y los procesos de investigación continúan con mucha lentitud, generando impunidad.
Garantizar la seguridad ciudadana con énfasis en infraestructura, equipamiento, personal y campañas de prevención, particularmente en lugares periurbanos.
Cuestión 8: Favor informar sobre las medidas adoptadas, de conformidad con las recomendaciones anteriores del Comité, para garantizar la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes de facto, incluyendo las desapariciones forzadas ocurridas de 1964 a 1982. Al respecto, sírvanse especificar las medidas adoptadas para permitir el acceso a los archivos militares. Favor también describir las medidas adoptadas para aplicar los programas de reparación, inclusive de reparación colectiva, y entregar estadísticas especificando los montos atribuidos a las víctimas y las otras medidas de reparación adoptadas, en función de las violaciones sufridas. En este contexto, especificar la manera como el Estado parte ha tomado en cuenta los aspectos de género y las necesidades de los sectores en situación de vulnerabilidad como los miembros de los pueblos indígenas, afroboliviano y las mujeres.
Las violaciones de derechos humanos cometidas en Bolivia durante los regímenes de facto no han sido investigadas ni sancionadas adecuadamente. En mayo de 2013, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) expresó su preocupación debido a que, pese a la creación en 2003 del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas, siga sin esclarecerse el paradero de muchas de las personas desaparecidas entre 1980 y 1982.12
No existe una voluntad política para apertura los archivos militares, a pesar de la existencia de una norma vigente. La negativa de las Fuerzas Armadas a desclasificar archivos que podrían contribuir a esclarecer la suerte y el paradero de personas desaparecidas, fue otro motivo de preocupación del CAT en mayo de 2013.13
Además, pese a la existencia de la Ley 2640, no se contempló una revisión clara para que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder a una reparación adecuada. En este sentido, el CAT expresó su “preocupación por el alto porcentaje de solicitudes de indemnización presentadas por actos de tortura ocurridos entre 1964 y 1982 que han sido denegadas. Según la información proporcionada por el Estado parte, sólo 558 de las 3.306 solicitudes presentadas fueron admitidas a trámite (…) El Comité advierte además que los 488 pagos efectuados hasta la fecha corresponden únicamente al 20% del monto total de las indemnizaciones previstas, mientras que el resto queda pendiente de pago en función de las donaciones que se reciban del “sector privado o extranjero y de organismos internacionales”, según lo dispuesto en el inciso b) del art. 16 de la Ley Nº 2640 (art. 14).”14
No se tomaron en cuenta aspectos de género ni las necesidades de los sectores en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, afrobolivianos y mujeres.
Adoptar medidas de investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes de facto, incluyendo las desapariciones forzadas ocurridas de 1964 a 1982.
Realizar trabajo de búsqueda de los desaparecidos y exhumaciones, aplicando las normas psicosociales en el acompañamiento a los familiares en las exhumaciones.
Poner en ejecución la Ley 2640 revisando con criterio histórico, social y político conjuntamente con representantes de los afectados, y reparar integralmente y víctimas y familiares, incluyendo indemnización adecuada.
Conformar una Comisión de investigación de las violaciones de derechos humanos durante los regímenes de facto. Esta Comisión debería estar conformada por el gobierno, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de afectados/as por gobiernos de facto. La Comisión de investigación deberá tomar en cuenta los aspectos de género y necesidades de los sectores en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, afrobolivianos y mujeres.
Cuestión 9: Favor describir las medidas adoptadas para prevenir el uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía, particularmente con ocasión de las protestas sociales, así como los avances en la investigación de tales hechos. Adicionalmente, favor especificar las acciones desarrolladas para asegurar la investigación pronta e imparcial de hechos violentos como la Masacre del Porvenir en Pando el 11 de septiembre de 2008 y los actos de racismo cometidos en Sucre en 2008. Favor especificar las medidas de protección y resarcimiento otorgadas a las víctimas en estos casos.
Ha habido algunos avances en los procesos judiciales de los casos de Pando y de Sucre. Sin embargo, los hechos continúan en la impunidad y no ha habido ninguna medida de reparación, ni ningún tipo de tratamiento hacia las víctimas de estos hechos.
El proceso por la masacre del Porvenir comenzó con un grupo de 26 personas procesadas, de las cuales siete estuvieron detenidashasta el 28 de febrero de 2013. Entre estas siete personas se encontraba el ex Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, principal procesado, quien retornó a su domicilio después de cuatro años y cinco meses de detención preventiva. Junto a él se encontraban detenidos Roberto Rea, Juan Marcelo Mejido, Máximo Ayllón, Herman Justiniano, Danilo Huari y Evin Ventura.
El resto de las personas implicadas se benefició con medidas sustitutivas y algunas aprovecharon esa condición para darse a la fuga, como el senador opositor, Roger Pinto.
Posteriormente se abrió el proceso denominado caso Porvenir II, que surgió a causa del conocimiento de la participación de otras en la masacre. En este procesoexisten 12 personas declaradas prófugas y otras 40 que son investigadas.
En lo referente al proceso por los actos de racismo cometidos en Sucre, en septiembre de 2012 se reinició el juicio denominado“24 de mayo” sin que a la fecha existe avances significativos. El juicio continúa y se ingresó a la etapa de declaraciones de los acusados, para luego continuar con la fase de presentación de pruebas y de conclusiones.
Agilizar los procesos judiciales para que los hechos del Pando y de Sucre no queden en impunidad.
Proporcionar reparación integral y adecuada a las víctimas y familiares de la Masacre del Porvenir y los acontecimientos de Sucre.
Cuestión 10: Favor informar sobre los avances realizados para la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y para la incorporación de una definición de tortura en la legislación penal que se ajuste plenamente a los artículos 1 y 4 de la Convención contra la Tortura, así como al artículo 7 del Pacto. Favor también describir las otras medidas implementadas para prevenir la tortura y los malos tratos de las personas privadas de libertad, inclusive en detención preventiva, así como los recursos disponibles para denunciar e investigar estos casos. En este contexto, informar sobre los avances de las investigaciones desarrolladas en los casos de los fallecimientos de David Olorio Apaza, del Sbtte. Grover Poma, de Fidel Hernani Jiménez y David Calisaya Mamani, , así como con relación a los tratos crueles y degradantes que sufrieron, de acuerdo a las denuncias, los miembros de las comunidades indígenas que participaron de la Octava Marcha Indígena en Defensa del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en la localidad de Chaparina en el 2011.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de ley en el que propone que la Defensoría del Pueblo sea la entidad responsable de articular el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su posición a favor de la propuesta siempre y cuando el Estado garantice los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo del mecanismo.
En lo referente a la definición de tortura en la legislación penal, tal y como lo expresó el Comité contra la Tortura (CAT) en las Observaciones finales dirigidas a Bolivia en mayo de 2013, el Estado parte no ha tipificado todavía el delito de tortura conforme a lo dispuesto por la Convención contra la Tortura.15 Si bien existe un anteproyecto de reforma del Código Penal que plantea la modificación del artículo 295 (vejaciones y torturas), el CAT considera que la redacción actual de dicho anteproyecto presenta carencias importantes al no incluir el propósito de la conducta en el tipo básico del delito y considerar los motivos para infligir tortura como circunstancias agravantes. El anteproyecto, tal y como está formulado, no contempla los actos de tortura realizados para intimidar o coaccionar a un tercero ni aquellos cometidos por una persona, distinta de un funcionario, en el ejercicio de funciones públicas. El Estado de Bolivia no ha realizado cambios al anteproyecto de reforma conforme a la recomendación del CAT.
En lo que respecta a los casos de los fallecimientos de David Olorio Apaza, del Sbtte. Grover Poma, de Fidel Hernani Jiménez y David Calisaya Mamani, no se han concluido los procesos de investigación y sanción en ninguno de los casos.
El Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones sobre las denuncias de tratos crueles y degradantes que sufrieron mujeres, niñas, niños, hombres y ancianos de las comunidades indígenas en la represión de la VIII Marcha Indígena Originaria, en la localidad de Chaparina; hechos que se volvieron a repetir cuando la IX Marcha Indígena se apostó en vigilia en la ciudad de La Paz, donde se agredieron a mujeres y niños sin importar su condición de movilización pacífica y sin importar que se encontraban en un lugar distinto a su territorio por varios días, cuestiones que ya de por sí les causaban afectaciones. Ningún responsable de los actos de represión de ambas marchas ha sido sancionado.A la fecha no existen detenidos, los procesos de investigación son lentos y sólo se ha llamado a declarar a dirigentes indígenas y algunas autoridades. No se ha esclarecidoquién fue el responsable de dar la orden de intervención violenta.
Cumplir la recomendación del CAT que pide incorporar en la legislación penal una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura.
Concluir los procesos penales en los casos de David Olorio Apaza, del Sbtte. Grover Poma, de Fidel Hernani Jiménez y David Calisaya Mamani, así como el de los hechos de Chaparina.
Cuestión 11: Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para prohibir, prevenir y sancionar por ley los castigos corporales en el hogar y aplicar la prohibición en todos los ámbitos, inclusive en el contexto de la aplicación del derecho consuetudinario.
Al igual que los linchamientos, los castigos corporales quedan en la impunidad en la gran mayoría de los casos. En el contexto de la aplicación de la justicia comunitaria, los castigos corporales son aceptados. Por ejemplo, 21 de junio de 2013 el cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, se sometió a la justicia comunitaria de los corregidores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reunidos en Cabildo. El Sr. Pradel fue amonestado públicamente por prestarse a una presunta manipulacióndel gobierno nacional, empeñado en destruir el área protegida para construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Como castigo, Pradel recibió algunos chicotazos. Luego firmó un Acta de Compromiso según la cual nunca más volverá a meterse en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) para accionar contra las subcentrales indígenas locales.
Promover la eliminación de los castigos corporales en la justicia indígena originaria campesina.
Investigar los casos de aplicación de castigos corporales y sancionar a los responsables
Catálogo: assets -> archivos
archivos -> Decreto supremo n° 3264 evo morales ayma
archivos -> Obligación de las eps de realizar todos los estudios médicos necesarios para tener un consentimiento informado al momento de decidirse por una cirugía de reasignación de sexo1
archivos -> Derecho a la salud y a la seguridad social de niño intersexual1
archivos -> Violencia contra las mujeres
archivos -> Decreto supremo n 3453
archivos -> Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes Preámbulo
archivos -> Protección a hombre bisexual víctima de violencia sexual en cárcel1

References: artículo 139
 artículo 7
 artículo 266
 artículo 7
 artículo 295
 artículo 1