Source: https://tc.vlex.es/vid/on-i-108020
Timestamp: 2019-06-16 01:29:13+00:00

Document:
STC 111/2000, 5 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 108020
Número de Recurso: 4054/1996
RA 4054/96. Promovido por A.Z., Sociedad Anónima de Promociones, frente al Auto de aclaración de Sentencia dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación para la unificación de doctrina, en un litigio sobre prestación de invalidez permanente derivada de accidente de trabajo. Supuestas vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal, inmodificabilidad de las sentencias): inadmisión de recurso de casación por inexistencia de contradicción y otras causas apreciadas razonadamente, y aclaración de Sentencia que altera el fallo, y una frase aislada de un fundamento jurídico, para corregir un error material manifiesto sobre la base reguladora.
Sentencia citada en: 1463 sentencias, 16 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 4054/96, promovido por la entidad mercantil A.Z., Sociedad Anónima de Promociones, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Esquivias Yustas y asistida por el Letrado don Nicasio Conrado Fernández Ruhi, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, que declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina y contra el Auto de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, recaído en recurso de aclaración contra la Sentencia dictada en suplicación, de 27 de febrero de 1995, en autos por invalidez permanente derivada de accidente de trabajo. Han comparecido y formulado alegaciones doña María José E.V., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistida por el Letrado don Joan Agustí Maragall, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Pulgar Arroyo y asistido por el Letrado don Ángel Cea Ayala, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por el Letrado don Manuel Alcaraz García de la Barrera, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 7 de noviembre de 1996, registrado en el Tribunal Constitucional el día 11 siguiente, doña Aurora Esquivias Yustas, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil A.Z., Sociedad Anónima de Promociones, interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, que declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, que aclaró la Sentencia dictada en el recurso de suplicación núm. 4329/94, de 27 de febrero de 1995, en autos por invalidez permanente derivada de accidente de trabajo.
En fecha 13 de marzo de 1995 fue notificada a las partes la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 27 de febrero de 1995, que estimó en parte los recursos de suplicación interpuestos por la Mutua FREMAP y la entidad ahora recurrente en amparo, revocando parcialmente la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona, de 10 de septiembre de 1993, y absolviendo a la demandante de amparo de la condena sobre ella recaída, con devolución de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir.
La representación letrada de doña María José E.V. interpuso recurso de aclaración contra la anterior Sentencia, en el que recayó Auto de fecha 28 de marzo de 1995, se modifica el fallo de la Sentencia de 27 de febrero de 1995, se confirma la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona, de 10 de septiembre de 1993, se condena a la recurrente en amparo y se modifica el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de suplicación.
La demandante de amparo interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, el cual fue inadmitido por Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996.
De las actuaciones judiciales recabadas por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el art. 51 LOTC, resultan los siguientes antecedentes fácticos:
Doña María José E.V. promovió demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua FREMAP y la entidad mercantil A.Z., Sociedad Anónima de Promociones ¿ahora recurrente en amparo¿, solicitando se le reconociera la prestación de invalidez permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo del 55 por 100 de su base reguladora de 4.912 pesetas diarias.
El Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona dictó Sentencia en fecha 10 de septiembre de 1993, en la que, estimando íntegramente la demanda, declaró el derecho de la actora a percibir pensión de invalidez permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo del 55 por 100 de su base reguladora de 147.360 pesetas mensuales con efectos desde el 23 de julio de 1992 y, en consecuencia, condenó a la Mutua FREMAP a abonarle aquella prestación hasta la responsabilidad asumida por una base de 68.820 pesetas, siendo de cuenta de la empresa demandada y ahora recurrente en amparo la mayor prestación que resultase del incremento de la base hasta 147.360 pesetas, sin perjuicio de su anticipo por la Mutua y de la responsabilidad subsidiaria del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social por el reaseguro.
En la citada Sentencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 97.2 LPL de 1990, se enumeran como cuestiones controvertidas de la litis la determinación de la profesión habitual de la actora, la fijación del salario y de la base reguladora, la valoración del alcance de las secuelas que aquejan a aquélla en relación a su profesiograma, así como la responsabilidad por infracotización (antecedente de hecho 4). Por otra parte, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, se relatan como hechos probados que la demandante venía "percibiendo un salario diario de 4.912 pesetas, cuando el 12.08.91 sufrió un accidente de circulación a la salida del trabajo" (1º); que "la empresa demandada tiene cubiertos los riesgos derivados de accidente de trabajo con la Mutua FREMAP, si bien cotizaba sólo por una base mensual de 59.290 pesetas en julio (24 días) y 68.820 en agosto" (2º); y, en fin, que "la base reguladora de la prestación asciende a 147.360 pesetas mensuales" (6º). Tales hechos los estimó probados el órgano judicial a partir del talón aportado por la actora; de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona, de 9 de junio de 1993, incorporada como prueba documental, recaída en los autos seguidos entre las mismas partes sobre incapacidad laboral transitoria por accidente de trabajo, en la que se declaró que la base reguladora de la prestación reclamada por la actora era de 4.912 pesetas diarias y se condenó a la entidad recurrente en amparo, a causa de infracotización, a abonar la diferencia que respecto a dicha prestación resultaba entre la base reguladora cotizada ¿2.220 pesetas diarias¿ y la base reguladora real ¿4.912 pesetas diarias¿; y, en fin, de los boletines de cotización aportados (FJ 1).
Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona interpusieron sendos recursos de suplicación la Mutua FREMAP y la entidad demandante de amparo A.Z., Sociedad Anónima de Promociones.
La Mutua FREMAP en su recurso interesó, por la vía de la revisión de los hechos declarados probados [art. 190 b) LPL], la adición al hecho segundo, cuyo contenido estimaba absolutamente correcto, de la frase "...68.820 pesetas en agosto, igual a 2.220 pesetas días con inclusión del prorrateo de pagas extras", y, por la vía del examen del derecho aplicado [art. 190 c) LPL], que se fijase la base anual de la pensión en 810.300 pesetas, resultante de multiplicar el salario día cotizado ¿2.220 pesetas¿ por 365 días, en vez de la cantidad de 825.840 pesetas que resultaba de multiplicar por doce mensualidades la cantidad de 68.820 pesetas que se señalaba en la Sentencia de instancia, así como denunciaba la indebida aplicación del art. 135.4 LGSS, por entender que la actora no se encontraba afecta de una invalidez permanente total para su profesión habitual.
La entidad demandante de amparo ¿A.Z., Sociedad Anónima de Promociones¿ en su recurso de suplicación solicitó, por vía del art. 190 b) LPL, la revisión de los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia, en concreto el antecedente de hecho primero y los hechos probados séptimo y octavo, así como la de los fundamentos jurídicos primero, segundo y tercero de dicha Sentencia, y, por la vía del art. 190 c) LPL, denunció la infracción del art. 135.4 LGSS al considerarse a la actora en situación de invalidez permanente en grado de incapacidad total para su profesión habitual.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó Sentencia en fecha 27 de febrero de 1995, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que estimando en parte los recursos de suplicación interpuestos por la Mutua FREMAP y la empresa A.Z. Sociedad Anónima de Promociones contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Barcelona de 10 de septiembre de 1993 debemos revocar y revocamos dicha Resolución en cuanto al importe de la base reguladora que se fija en la cantidad de 810.300 pesetas anuales, condenado a la Mutua FREMAP como subrogada en las obligaciones de la empresa A.Z. Sociedad Anónima de Promociones a que abone a la actora Dª María José E.V. pensión mensual del 55% de dicha base manteniendo los restantes pronunciamientos de dicha Sentencia y absolviendo a la empresa A.Z. Sociedad Anónima de Promociones de la condena que sobre ella recaía".
Igual suerte adversa debe correr la impugnación del hecho probado octavo de la sentencia en que se combata la descripción de las dolencias que conforme al relato histórico de la sentencia recurrida aquejan a la parte actora cuya petición revisoria ha de ser desatendida, pues siendo aquella descripción resultado de la convicción del juzgador, en uso de sus facultades legales en orden a la valoración de la prueba producida en el proceso no bastan las razones del recurso que pretenden prevalezca su personal interpretación acerca [sic] de determinados dictámenes médicos aportados al proceso en contradicción con los que ha tenido en cuenta el Magistrado a quo. No mejor suerte debe de correr la pretendida petición que se hace al amparo del aparado b) del artículo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral de revisión de los fundamentos jurídicos primero, segundo y tercero de la Sentencia ya que ello no es posible al amparo del precepto que se invoca el cual se refiere única y exclusivamente a la revisión de los hechos probados debiendo combatirse los fundamentos jurídicos bajo el amparo del apartado c) del artículo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral".
Finalmente, la Sala analiza la indebida aplicación del art. 135.4 LGSS denunciada por ambos recurrentes, motivo que es desestimado, concluyendo con la siguiente afirmación:
La representación letrada de doña María José E.V. solicitó la aclaración de la anterior Sentencia por entender que en su parte dispositiva incurría en diversos errores materiales. En primer lugar, al decirse en el fallo que se estimaban en parte los recursos de suplicación interpuestos por la Mutua FREMAP y la entidad demandante de amparo A.Z., Sociedad Anónima de Promociones, cuando según la fundamentación jurídica de la Sentencia, en la que habían sido desestimados con claridad todos los motivos formulados en su recurso por A.Z., Sociedad Anónima de Promociones (fundamentos de Derecho 2 y 4), debería de expresarse únicamente la estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por la Mutua FREMAP.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por Auto de 28 de marzo de 1995 declaró haber lugar a la aclaración de la Sentencia de 27 de febrero de 1995, en el sentido de suprimir del fundamento de Derecho 3 el párrafo en el que se dice que la empresa cotizó correctamente, y, en consecuencia, el fallo de la Sentencia quedó redactado en los siguientes términos:
La entidad demandante de amparo presentó un escrito en fecha 26 de abril de 1995 solicitando la nulidad de actuaciones desde el momento inmediatamente anterior a la admisión del recurso de aclaración promovido por doña María José E.V., al haber sido presentado el recurso transcurrido el plazo que establece el art. 363 LEC y por resultar la vía aclaratoria inadecuada para corregir errores sustantivos que alteran el sentido de la decisión objeto de aclaración.
La entidad demandante de amparo en fecha 6 de mayo de 1995 presentó escrito de preparación de recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de febrero de 1995 y contra el Auto de aclaración de la misma de 28 de marzo de 1995, teniéndose por preparado dicho recurso por providencia de la Sala de 8 de mayo de 1995.
La representación procesal de doña María José E.V. interpuso recurso de súplica contra la anterior providencia, denunciando la infracción de los arts. 215, 216 y 217 LPL, al entender que sólo las Sentencias dictadas en suplicación pueden ser objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina, no contemplándose en la LPL la posibilidad de que el recurso se interponga contra los Autos dictados en aclaración, así como al considerar que el escrito de preparación del recurso se podría haber sido presentado transcurrido el plazo de caducidad de diez días que establece el art. 217 LPL.
La entidad demandante de amparo, mediante escrito registrado en fecha 20 de julio de 1995, se ratificó en su escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina.
La entidad demandante de amparo, mediante escrito registrado en fecha 3 de noviembre de 1995, formalizó el recurso de casación para la unificación de doctrina contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por providencia de 24 de abril de 1996, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 223.1 LPL, conceder a la entidad recurrente un plazo de tres días al objeto de que formulase alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso para la unificación de doctrina, consistentes en no cumplir el escrito de interposición del recurso la exigencia de expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en relación con todas y cada una de las Sentencias invocadas como contrarias; carecer de virtualidad al objeto de acreditar la contradicción que exige el art. 217 LPL las Sentencias del Tribunal Constitucional; y, en fin, que de las Sentencias seleccionadas como contradictorias, la de 23 de febrero de 1984 no valía a tales fines por no haber sido citada en el escrito de preparación del recurso y no ser contraria a la recurrida, así como la de 17 de febrero de 1990 tampoco entraba en contradicción con la impugnada.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por Auto de 5 de julio de 1996, declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina en aplicación de lo dispuesto en los arts. 217, 222 y 223 LPL.
A la anterior consideración, añade la Sala que, de conformidad con el art. 217 LPL, las únicas Sentencias válidas al objeto de contrastar con la recurrida "son las que dicten las Salas de lo Social de los mencionados Tribunales Supremo y Tribunales Superiores de Justicia ... [por lo que] quedan así excluidas, por imperativo legal, las Sentencias del extinto Tribunal Central de Trabajo que no son aptas para viabilizar este recurso, como reiteradamente tiene declarado esta Sala en Sentencias de 24 de diciembre y 31 de diciembre de 1991, 15 de junio de 1992 y Autos de fecha 15, 25 y 30 de enero, 5 de abril y de 14 de junio, todas ellas de 1991, y de 15 y 30 de enero de 1992, entre otros; y también las Sentencias de las Salas pertenecientes a otros órdenes jurisdiccionales, ya se trate del Tribunal Supremo (Auto de 26 de septiembre de 1991 y Sentencias de 20 de enero y 20 de marzo de 1992), ya de otros Tribunales; así con respeto a las Sentencias de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo se han pronunciado los Autos de 17 de enero, 5 de abril, 10 de julio y 16 de octubre de 1991 y 5 de febrero de 1992 y las Sentencias de 20 de enero y 20 de marzo, ambas de 1992, y respecto a las Sentencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo de las antiguas Audiencias Territoriales el Auto de 30 de enero de 1992. Ni tampoco las dictadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ni por el Tribunal Constitucional (Autos de 10 de julio de 1991, 15 de enero y 6 de marzo de 1992); como tampoco las dictadas por la Sala de Conflictos de Competencia, según se expresa, entre otras, en la Sentencia de 16 de octubre de 1992" (razonamiento jurídico 3). El razonamiento expuesto lleva a la Sala a excluir como término válido para acreditar la contradicción denunciada dos Sentencias del Tribunal Constitucional mencionadas por la recurrente.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, la recurrente estima que el Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, vulnera el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al infringir el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. En este sentido, aduce que dicho Auto no sólo modifica el fallo de la Sentencia dictada en suplicación, sino también su fundamento jurídico tercero, no habiéndose limitado, por lo tanto, a rectificar un error material que se hubiera advertido en la transcripción del fallo de la Sentencia. En realidad, incurre en la aplicación de una nueva norma jurídica y efectúa un nuevo juicio valorativo, suponiendo la modificación del fundamento jurídico tercero una nueva apreciación de las pruebas y de las cuestiones discutidas.
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de marzo de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que tuviesen por conveniente, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de julio de 1997, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, en nombre y representación de doña María José E.V., y, por posterior providencia de 8 de septiembre de 1997, al Procurador de los Tribunales don Luis Pulgar Arroyo, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y al Letrado don Manuel Alcaraz García de la Barrera, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en fecha 3 de octubre de 1997, que, en lo sustancial, a continuación se resume.
En relación con el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, entiende que la carencia de contenido constitucional de la reclamación que se deduce es evidente, pues el derecho a la tutela judicial efectiva no resulta vulnerado por el solo hecho de que el Tribunal extienda sus respuestas a las cuestiones planteadas por las partes más allá de los limites estrictamente necesarios. El derecho fundamental de la demandante de amparo quedó satisfecho por la inadmisión motivada del recurso de casación interpuesto y no resultó afectado por el hecho de que la resolución abordara algún extremo que excediera del contenido puramente inadmisivo, aunque ello no fuera necesario, ni tuviera transcendencia para el resultado del proceso.
Respecto a la queja de la demandante de amparo dirigida contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, el Ministerio Fiscal, tras reproducir la doctrina constitucional sobre la inmodificabilidad e invariabilidad de las resoluciones judiciales, con cita de las SSTC 119/1988, 230/1989, 231/1991 y 142/1992, señala que el art. 267 LOPJ admite la mera aclaración de conceptos oscuros, la suplencia de cualquier omisión o la rectificación de errores materiales manifiestos, lo que exige comprobar, para determinar si el Auto de aclaración recurrido rebasa o no los límites de la autorización legislativa, la naturaleza de la modificación realizada y su alcance.
Procede, por lo tanto, estimar la pretensión de la demandante de amparo en lo que se refiere al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, anulando el mismo y las posteriores actuaciones, incluyendo la interposición e inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, así como desestimar la demanda de amparo en cuanto dirigida contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996.
La representación procesal de la demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 9 de octubre de 1997, en el que reiteró la argumentación expuesta en el escrito de demanda.
La representación procesal de doña María José E.V. evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 9 de octubre de 1997 que, en lo sustancial, a continuación se resume:
Comienza por señalar que la demandante de amparo silencia la circunstancia de que contra el Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, presentó escrito en el que solicitó la nulidad de actuaciones, la cual fue desestimada por providencia de 30 de abril de 1995, contra la que a su vez interpuso recurso de súplica, desestimado por Auto de 28 de junio de 1995. Sólo una vez fracasado el recurso de súplica, interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, el cual fue inadmitido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por Auto de 5 de julio de 1996, por cuanto "el recurrente no ha cumplido el esencial requisito de recoger y expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada".
En relación con la queja que la demandante de amparo dirige contra el Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, sostiene que aquélla hace una lectura sesgada y tendenciosa del mismo, silenciando el contenido exacto de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona, de 10 de septiembre de 1993.
En relación con el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina, entiende que con sus alegaciones la demandante de amparo lo que en realidad pretende es revisar el criterio del Tribunal Supremo, siendo doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional que no pueden ser objeto del recurso de amparo los criterios de admisibilidad del Tribunal Supremo respecto al recurso de casación para la unificación de doctrina al tratarse de una cuestión de mera legalidad ordinaria.
En cualquier caso, una hipotética estimación de la demanda de amparo no podría tener como consecuencia una pretensión como la postulada por la recurrente en su petitum. Si se apreciase que la vulneración se ha producido por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, la consecuencia no puede ser otra, en caso de estimarse la demanda de amparo, que la de anular dicho Auto y ordenar la admisión a trámite del recurso de casación para la unificación de doctrina para que el Tribunal Supremo entre en el fondo del mismo previa apreciación de que concurra la contradicción invocada. Si la vulneración se apreciase en relación con el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, lo que procedería no sería, como pide la demandante, que "se restablezca la firmeza de la Sentencia de fecha 27-2-95", sino que el propio Tribunal Superior de Justicia dicte nuevo Auto resolviendo el escrito de aclaración interpuesto por esta parte en los términos en que, llegado el caso, indique el Tribunal Constitucional.
La representación letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 9 de octubre de 1997, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
La representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 2 de octubre de 1997, en el que considera que no se ha producido ninguna de las vulneraciones denunciadas por la demandante de amparo.
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de octubre de 1988, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre la suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, otorgar un plazo común de diez días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaren pertinente sobre la suspensión interesada.
Por providencia de 28 de abril de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 de mayo .
En el presente recurso de amparo se impugnan por distintos motivos dos resoluciones judiciales. De un lado, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, dictado en aclaración de la Sentencia de 27 de febrero de 1995 recaída en el recurso de suplicación núm. 4329/94, al que se le imputa la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), en su vertiente de derecho a la invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. De otro lado, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, que declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra el mencionado Auto de aclaración, al que se le achaca la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus manifestaciones de derecho de acceso a los recursos y a obtener una resolución judicial congruente con las pretensiones formuladas.
Las representaciones procesales de doña María José E.V., del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes han comparecido en este proceso constitucional, solicitan la desestimación de la demanda de amparo, al considerar que no ha existido ninguna de las vulneraciones constitucionales denunciadas. Por su parte, el Ministerio Fiscal, si bien comparte esta opinión en relación con la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa a la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina, entiende, por el contrario, que el Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia viola el derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad recurrente, por lo que interesa la estimación en este extremo de la demanda de amparo.
Antes de examinar las cuestiones de fondo suscitadas, procede abordar, en primer término, las causas de inadmisibilidad de la demanda de amparo puestas de manifiesto por la representación procesal de doña María José E.V. en la fase de alegaciones abierta de acuerdo con el art. 52.1 LOTC, en relación con la impugnación del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, de 28 de marzo de 1995, por el posible incumplimiento de los requisitos procesales de agotar todos los recursos utilizables en la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], de invocar formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiese lugar para ello [art. 44.1 c) LOTC] y, en fin, de interponer la demanda de amparo en el plazo de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial (art. 44.2 LOTC).
El posible incumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el art. 44.1 a) y 2 LOTC lo sustenta la representación procesal de doña María José E.V. en la consideración, común para rebatir el cumplimiento de ambos requisitos, de que la demandante de amparo, tras serle notificado el Auto de aclaración dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, promovió contra el referido Auto una solicitud de nulidad de actuaciones que le fue denegada por providencia de 30 de abril de 1995, contra la que interpuso recurso de súplica, que fue desestimado por Auto de 28 de junio de 1995, siendo entonces, una vez frustrada la nulidad de actuaciones intentada, cuando interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra el Auto de aclaración, el cual fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1996, por haberse planteado defectuosamente.
Cierto es, como señala la representación procesal de doña María José E.V., que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, pese a tener ya por preparado recurso de casación para la unificación de doctrina, acordó por Auto de 28 de junio de 1995, al resolver el recurso de súplica interpuesto por la demandante de amparo contra la providencia de 30 de abril de 1995 que desestimó su solicitud de nulidad de actuaciones, que a partir de la notificación de ese Auto se iniciara el plazo para interponer recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia aclarada, el Auto de aclaración y el Auto de 28 de junio de 1995, al considerar que constituían "un todo al integrarse en la Sentencia formando un complejo jurídico". Ateniéndose a lo acordado por el órgano judicial, la entidad ahora demandante de amparo en fecha 20 de julio de 1995 presentó escrito de preparación de recurso de casación para la unificación de doctrina, ratificándose en su anterior escrito de 6 de mayo de 1995, dictándose providencia en fecha 20 de julio de 1995 en la que el órgano judicial ordenó que se estuviera a lo acordado en la providencia de 8 de mayo de 1995, en la que se tuvo por preparado recurso de casación para la unificación de doctrina.
El segundo motivo en el que se basa el posible incumplimiento del requisito procesal de agotar todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC] estriba en que la demandante de amparo ha visto frustrado por su propia impericia el recurso de casación para la unificación de doctrina que interpuso contra el Auto de aclaración de 28 de marzo de 1995, al resultar inadmitido por defectos formales, por cuanto "no ha cumplido el esencial requisito de recoger y exponer la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada".
En la misma argumentación en la que se sustentaba el incumplimiento del requisito de agotar todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], funda la representación procesal de doña María José E.V. la posible extemporaneidad de la demanda de amparo, al entender que el cómputo del plazo de veinte días que establece el art. 44.2 LOTC debió de iniciarse en este caso a partir de la notificación del Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, de 28 de marzo de 1995, habiéndose interpuesto la demanda de amparo después de haber fracasado una nulidad de actuaciones que en modo alguno puede ser considerada como un recurso ordinario utilizable dentro de la vía judicial y después de resultar inadmitido el recurso de casación para la unificación de doctrina por un mal planteamiento por parte de la ahora demandante de amparo.
Por su parte, la cuestión relativa a la procedencia o improcedencia del recurso de casación para la unificación de doctrina frente a Autos dictados en aclaración de Sentencia es un tema de estricta legalidad ordinaria, ajeno en principio a esta jurisdicción constitucional, que corresponde resolver a los órganos judiciales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional que con carácter exclusivo les confiere el art. 117.3 CE. En este caso, aquella cuestión fue resuelta en la vía judicial previa, habiéndose pronunciado respecto a la misma de manera motivada, razonada y no arbitraria la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que, en su Auto de 12 de julio de 1995, al resolver el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de doña María José E.V. contra la providencia por la que se tuvo por preparado el recurso de casación para la unificación de doctrina, consideró susceptible de dicho recurso el Auto dictado en aclaración de Sentencia, al integrarse aquél en ésta y constituir la Sentencia aclarada y el Auto de aclaración un complejo jurídico contra el que pueden interponerse los recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales que resulten admisibles. Decisión que vino a corroborar aunque sea implícitamente la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tener por interpuesto el recurso de casación para la unificación de doctrina contra el Auto dictado en aclaración de la Sentencia de suplicación y no basar la inadmisión del recurso en la inidoneidad de la resolución recurrida para ser objeto del mismo. Así pues, habiéndose estimado procedente por los órganos judiciales competentes el recurso de casación para la unificación de doctrina frente al Auto dictado en aclaración de Sentencia, no cabe estimar improcedente el mencionado recurso frente a la resolución judicial impugnada a través de él y, en consecuencia, la extemporaneidad en esta sede de la demanda de amparo.
El último de los óbices procesales que para la admisión de la demanda de amparo en relación con el Auto de aclaración de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia opone la representación procesal de doña María José E.V., radica en el incumplimiento del requisito de invocar formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiera lugar para ello. Alega en este sentido que ni en el escrito de solicitud de nulidad de actuaciones, ni en el recurso de súplica interpuesto contra la providencia que desestimó dicha solicitud, ni, en fin, en los escritos de preparación e interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina se denunció la violación del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 CE.
Despejadas las anteriores objeciones procesales, procede examinar ya las cuestiones de fondo que se plantean en el recurso de amparo, si bien, frente al orden expositivo que se sugiere en la demanda, deben abordarse en primer lugar los reproches que se dirigen al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que acordó la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina contra el Auto dictado en aclaración de Sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, puesto que, de estimarse lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva en sus manifestaciones de derecho de acceso a los recursos y de obtener una resolución judicial congruente con las pretensiones formuladas, deberían reponerse las actuaciones al momento de la fase de admisión de aquel recurso.
Es reiterada y conocida doctrina constitucional que el art. 24.1 CE garantiza el acceso a la jurisdicción como elemento esencial del contenido de la tutela judicial efectiva, consistente en promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión del Juez. En cambio, el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial efectiva en la configuración que le dé cada una de las Leyes de enjuiciamiento reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal. Situados, pues, en el terreno del derecho de acceso a los recursos, es competencia de los órganos judiciales, según la misma doctrina constitucional, determinar si en cada caso concreto el recurso reúne los requisitos legales para su admisibilidad, tarea en la que el Tribunal Supremo ostenta la condición de interprete último como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE), de modo que la intervención de este Tribunal Constitucional queda reservada a los supuestos en los que la interpretación o aplicación de los requisitos procesales resulte arbitraria, inmotivada, fundada en un error patente con relevancia constitucional o afectada de un rigorismo excesivo o una manifiesta desproporción entre la causa de inadmisión advertida y las consecuencias que se ha seguido para la efectividad de la tutela judicial. Tales criterios generales han sido reiterados, específicamente, en relación con el recurso de casación para la unificación de doctrina, en el sentido de que la apreciación de los supuestos fácticos y jurídicos, así como de los requisitos legales para la preparación o interposición del recurso pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y corresponde efectuarla al Tribunal Supremo, quedando reservada la intervención de este Tribunal Constitucional a los supuestos ya indicados (SSTC 256/1994, de 26 de septiembre, FJ 2; 132/1997, de 15 de julio, FJ 2; 39/1998, de 17 de febrero, FJ 2; 89/1998, de 21 de abril, FJ 3; 53/2000, FJ 3, por todas).
De conformidad con la doctrina expuesta, ningún reproche cabe formular desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente previstos, al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pues se limita a inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina al apreciar la Sala, en el ejercicio de su competencia, de manera razonada y fundada el incumplimiento de los requisitos procesales para recurrir, entre ellos, la omisión en el escrito de interposición del recurso de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada (art. 222 LPL), la aportación de Sentencias no idóneas para acreditar la eventual contradicción al no tratarse de Sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (art. 217 LPL) y la no mención en el escrito de formalización del recurso de una Sentencia ofrecida luego como término de contraste en el escrito de interposición (art. 219 LPL), así como también la inexistencia de contradicción entre la resolución recurrida y las Sentencias que se ofrecen como contraste (art. 217 LPL).
Tampoco puede imputarse vicio alguno de incongruencia omisiva a dicha resolución por no haber dado respuesta a la cuestión de fondo planteada, esto es, si el Auto dictado en aclaración por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia había excedido o no de la posibilidad rectificadora del recurso de aclaración, pues la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado que concurrían óbices procesales que impedían el enjuiciamiento del tema de fondo suscitado, siendo reiterada doctrina constitucional que no existe ni puede reconocerse vicio de incongruencia cuando la decisión del órgano judicial versa sobre puntos o materias, que incluso puede estar facultado para introducir de oficio, como ocurre con las materias relativas a los presupuestos procesales por su carácter de orden público, los cuales siendo de enjuiciamiento preferente determinan por su naturaleza o por la clase de conexión procesal que tengan con las cuestiones de fondo suscitadas que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas (SSTC 77/1986, de 12 de junio, FJ 2; 4/1994, de 17 de enero, FJ 2; 74/1996, de 30 de abril, FJ 2; 165/1996, de 28 de octubre, FJ 2). De forma que en modo alguno puede tildarse de incongruente la decisión judicial, como acontece en este caso, que velando por la concurrencia de los requisitos procesales legalmente previstos para la admisibilidad del recurso declara su inadmisión como consecuencia del incumplimiento de los citados presupuestos procesales.
La demandante de amparo imputa al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 1995, dictado en aclaración de la Sentencia de suplicación de 27 de febrero de 1995, la vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por infringir el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. En este sentido, alega que dicho Auto no sólo modifica el fallo de la Sentencia de suplicación, sino también su fundamento jurídico tercero, no habiéndose limitado en este caso el órgano judicial a rectificar a través del recurso de aclaración un error material que hubiera advertido en la transcripción de la parte dispositiva de la Sentencia, sino que en realidad incurrió en la aplicación de una nueva norma jurídica y en un nuevo juicio valorativo de las pruebas y de las cuestiones discutidas.
Las representaciones procesales de doña María José E.V., del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social sostienen, en síntesis, que no puede prosperar la queja de la recurrente en amparo, puesto que si bien es cierto que a través del recurso de aclaración la literalidad del fallo de la Sentencia de suplicación ha sido alterada, tal modificación se ha llevado a cabo para que resultara su parte dispositiva congruente y coherente con el propio razonamiento desestimatorio del recurso de suplicación interpuesto por la demandante de amparo, en definitiva, para subsanar un manifiesto error material, resultando inalterado por la aclaración el relato de hechos probados y la fundamentación jurídica de la Sentencia. De no haberse llevado a cabo la aclaración, entienden que habría resultado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte actora en el proceso a quo por ser incongruente la fundamentación jurídica y el fallo de la Sentencia, garantizándose a través de la aclaración, por lo tanto, la congruencia de la resolución judicial.
Delimitada en los términos expuestos la cuestión planteada, es necesario recordar la reiterada doctrina de este Tribunal Constitucional, según la cual, aunque la protección de la integridad de las resoluciones judiciales firmes se conecta dogmáticamente con el principio de seguridad jurídica que nuestra Constitución protege en su art. 9.3, que no se ha erigido por el texto constitucional en derecho fundamental de los ciudadanos ni se ha otorgado respecto a él la vía del amparo constitucional, existe una innegable conexión entre la inmodificabilidad de la resoluciones judiciales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues si éste comprende la ejecución de los fallos judiciales, su presupuesto lógico ha de ser el principio de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes que así entra a formar parte de las garantías que el art. 24.1 CE consagra (SSTC 119/1988, de 4 de junio, FJ 2; 23/1996, de 13 de febrero, FJ 2). El derecho a la tutela judicial efectiva asegura, por tanto, a los que son o han sido parte en el proceso que las resoluciones judiciales dictadas en el mismo no pueden ser alteradas o modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello, de modo que si el órgano judicial las modificara fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De esta manera, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad (SSTC 119/1988, FJ 2; 231/1991, de 10 de diciembre, FJ 5; 19/1995, de 24 de enero, FJ 2; 48/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 218/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, por todas).
En el presente supuesto, es notorio que el Auto dictado en aclaración de la Sentencia de suplicación e impugnado en amparo ha variado radicalmente el sentido de la parte dispositiva de ésta, que pasa de ser parcialmente estimatoria del recurso de suplicación de la demandante de amparo a desestimar el mismo y confirmar íntegramente respecto de ella la Sentencia del Juzgado de lo Social, así como que suprime de la fundamentación jurídica de la Sentencia la afirmación de que la empresa ahora solicitante de amparo había cotizado correctamente y que de la condena debía de responder únicamente la Mutua que se había subrogado en las obligaciones de aquélla. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia entendió, según resulta de la fundamentación jurídica del Auto de aclaración, que había incurrido en un error material manifiesto en la redacción del fallo de la Sentencia y de su fundamento jurídico tercero, consistente en confundir la base reguladora cotizada, sobre la cual debía de responder únicamente la Mutua en cuanto subrogada en las obligaciones de la empresa, de la base reguladora real sobre la que debió cotizar la empresa y no lo hizo. Error, además, que considera incardinable en los supuestos de los arts. 267 LOPJ y 363 LEC, razonando en este sentido que el fallo aclarado y la afirmación suprimida resultaban incongruentes con el relato histórico de la Sentencia.
Para ello ha de tenerse en cuenta que el Juzgado de lo Social en su Sentencia había estimado íntegramente la demanda de la parte actora, a la que reconoció el derecho a percibir una pensión de invalidez permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo del 55 por 100 de una base reguladora de 147.360 pesetas mensuales, condenando, en consecuencia, a la Mutua demandada, en cuanto se había subrogado en las obligaciones de la empresa ahora recurrente en amparo, a abonarle aquella prestación hasta la responsabilidad asumida por una base de 68.820 pesetas mensuales, cantidad que correspondía a la base reguladora cotizada por la empresa, y a ésta, por haber cotizado por una cantidad inferior a la debida, a abonar el incremento de la prestación que resultase de la diferencia entre la base reguladora cotizada ¿68.820 pesetas mensuales¿ y la base reguladora real ¿147.360 pesetas mensuales. En la citada Sentencia se recogían como hechos probados que la actora en el momento de sufrir el accidente venía "percibiendo un salario de 4.912 pesetas diarias" (1º); que si bien la empresa demandada y ahora demandante de amparo tenía cubiertos los riesgos derivados de accidente de trabajo con la Mutua también demandada, sin embargo únicamente había cotizado por "una base mensual de 59.290 pesetas en julio (24 días) y 68.820 pesetas en agosto"(2º); y, en fin, que la base reguladora real de la prestación ascendía a 147.360 pesetas mensuales (6º).
Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social interpusieron sendos recursos de suplicación la Mutua demandada y la empresa ahora demandante de amparo. Aquélla interesó en su recurso, por la vía de la revisión de los hechos declarados probados [art. 190 b) LPL], que se especificase en el hecho probado en el que se recogía la base mensual por la que había cotizado la empresa (hecho 2º) que dichas cantidades ¿59.290 pesetas en julio (24 días) y 68.820 pesetas en agosto- correspondían a las 2.200 pesetas diarias con inclusión del prorrateo de pagas extras; y, por la vía del examen del derecho aplicado [art. 190 c) LPL], que se corrigiera el error de cálculo en el que había incurrido el órgano de instancia al fijar la base anual de la prestación de la que debía de responder la Mutua, siendo ésta de 810.300 pesetas, cantidad que resultaba de multiplicar el salario día cotizado ¿2.200 pesetas¿ por 365 días, y no de 825.840 pesetas, cantidad que resultaba de multiplicar por doce mensualidades el importe de 68.820 pesetas que se fijaba en la Sentencia de instancia; así como, también por dicha vía, denunciaba la infracción del art. 135.4 LGSS, por entender que la actora no se encontraba afectada de una invalidez permanente total para su profesión habitual. Por su parte, la empresa ahora demandante de amparo solicitó en su recurso de suplicación, por la vía del art. 190 b) LPL, la revisión de los hechos declarados probados en la Sentencia del Juzgado de lo Social, en concreto, su antecedente de hecho primero, los hechos probados séptimo y octavo y los fundamentos jurídicos primero, segundo y tercero de dicha Sentencia; y, por la vía del art. 190 c) LPL, denunció la infracción del art. 135.4 LGSS, al considerarse a la actora en situación de invalidez permanente total para su profesión habitual.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en el primero de los fundamentos de Derecho de la Sentencia examina el motivo aducido por la Mutua recurrente, por la vía del art. 190 b) LPL, en el que solicitaba que se especificara que las cantidades mensuales por las que había cotizado la empresa ¿59.290 pesetas en julio (24 días) y 68.820 pesetas en agosto¿ correspondían al salario día cotizado de 2.200 pesetas, con inclusión del prorrateo de pagas extras. Motivo respecto al cual había mostrado su conformidad la parte actora y que mereció favorable acogida por la Sala por ser la base reguladora cotizada por día la de 2.200 pesetas, como se desprendía de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona de 9 de julio de 1993. Sentencia ésta que había sido incorporada como prueba documental ya en la primera instancia y que había recaído en los autos seguidos por las mismas partes sobre incapacidad laboral transitoria por accidente de trabajo, en la cual se había declarado que la base reguladora de la prestación reclamada por la actora era de 4.912 pesetas diarias y se condenó a la empresa ahora recurrente en amparo, a causa de infracotización, a abonar la diferencia que resultaba de la base reguladora cotizada ¿2.200 pesetas días- y la base reguladora real ¿4.912 pesetas día. En el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia de suplicación se examinan los motivos aducidos en el recurso por la ahora demandante de amparo por la vía de la revisión de los hechos declarados probados [art. 190.b) LPL], siendo rechazada por la Sala la petición revisoria bien porque alguno de los errores denunciados no tenían trascendencia para el fallo, bien porque el extremo referente a la base reguladora lo entiende aclarado el órgano judicial, bien porque la descripción de las secuelas de la parte actora es resultado de la convicción del órgano judicial de instancia en el ejercicio de su facultad de valorar las pruebas practicadas, bien, en fin, porque resultaba improcedente por la vía del art. 190 b) LPL instar la revisión de los fundamentos jurídicos de la Sentencia.
Así pues, en el presente supuesto, como se razona en el Auto de aclaración y puede deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia de suplicación sin necesidad de hipótesis, deducciones e interpretación alguna, el órgano judicial se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo, incurriendo en un error material al proceder a la transcripción de la parte dispositiva de la Sentencia. Error que, como se señala en el propio Auto, vino provocado por la afirmación que se desliza en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de que la empresa, ahora demandante de amparo, había cotizado correctamente. Mas esta afirmación, totalmente descontextualizada de los razonamientos que la preceden, en cuanto que confirman el relato histórico de la Sentencia de instancia tanto en lo que se refiere a la infracotización de la empresa solicitante de amparo como en lo relativo a la cuantía de la base real reguladora de la prestación ¿147.360 pesetas mensuales¿, y del propio fundamento jurídico en el que se inserta, limitado a examinar el motivo aducido por la Mutua demandada en lo que respecta al error de cálculo al fijarse la base anual de la prestación en la cuantía de la que ella debía responder, no puede alterar la conclusión alcanzada, pues en nada se compadece con el discurso de la motivación de la Sentencia de suplicación y carece por completo de sentido cuando previamente, al confirmar en lo que aquí interesa el relato histórico de la Sentencia del Juzgado de lo Social, se tiene por acreditada la base reguladora real por la que debió cotizar la empresa demandante de amparo y no lo hizo.
ATC 119/1985, 20 de Febrero de 1985
STSJ Extremadura , 30 de Enero de 2001

References: Resolución 
 artículo 190
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