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Timestamp: 2018-12-14 11:13:19+00:00

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Equipo Nizkor - Sentencia del TC sobre la obtención de pruebas en un procedimiento de la viuda de un militar republicano.
Sentencia del TC sobre la obtención de pruebas en un procedimiento de la viuda de un militar republicano.
Sentencia Tribunal Constitucional nº 159/2002, de 16 de Septiembre de 2002 Recurso de Amparo nº 4163/1999
En el recurso de amparo núm. 4163/99, promovido por doña Pilar G.B., representada por el Procurador don José Luis Barragués Fernández y asistida por el Abogado don José Luis Ferrer Galve, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 3 de julio de 1998 (R.G. 1426/98), así como contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de 9 de junio de 1997 (recurso núm. 676/96) y la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Segunda, de 14 de junio de 1999 (recurso de revisión núm. 55/98). Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 1999, doña Pilar G.B., representada por el Procurador don José Luis Barragués Fernández y asistida por el Letrado don José Luis Ferrer Galve, interpuso recurso de amparo contra la Resolución económico-administrativa y las dos Sentencias identificadas en el encabezamiento. Todas las resoluciones impugnadas están referidas a una solicitud de pensión de la recurrente reconocido en el Título II de la Ley 37/1984.
a) La recurrente, viuda de don Juan Gifré Vila, solicitó de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (Ministerio de Economía y Hacienda) el otorgamiento de una pensión reconocida en el Título II de la Ley 37/1984. El fundamento de aquella solicitud estaba en que su marido, ya fallecido, fue nombrado Sargento en 1926, licenciándose en 1932 con pase a la situación de reserva. Durante la guerra fue capturado y enrolado en un "Batallón de Trabajadores", del que fue definitivamente licenciado en 1940. La Dirección General, en resolución de 22 de diciembre de 1995, consideró no probado que durante la guerra don Juan Gifré Vila hubiera reingresado en el Ejército (de la República) con el empleo de Sargento, por lo que desestimó la solicitud. Formulado recurso económico-administrativo, fue también desestimado por Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 25 de abril de 1996.
d) En vista de esta resolución administrativa, la recurrente inicia dos itinerarios rescisorios: por un lado, mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 1997 promueve la revisión, por el Tribunal Económico-Administrativo Central, de la resolución del mismo órgano de 25 de abril de 1996; el Tribunal Económico-Administrativo, por resolución de 3 de julio de 1998, rechaza la petición toda vez que el asunto ya había quedado resuelto por Sentencia de la Audiencia Nacional. Por otro lado, la recurrente interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, alegando que existían documentos nuevos (fundamentalmente, la "Hoja de media filiación") recobrados después de la Sentencia de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 14 de junio de 1999, considera improcedente el recurso porque los documentos supuestamente nuevos habían sido aportados ya ante la Audiencia Nacional. Pero el propio Tribunal Supremo reflexiona, en un extenso obiter dictum, sobre la negativa de la Administración a revisar un acto administrativo (aun habiendo motivo fundado para ello) por el hecho de que la Audiencia Nacional hubiera desestimado el recurso contencioso-administrativo. Declara con contundencia el Tribunal Supremo que aquel efecto de cosa juzgada afirmado por la Administración carece de todo fundamento y que si consideraba la Administración que efectivamente había documentos nuevos, debió iniciar la revisión de oficio, y no remitir a un cauce procesal de rescisión de Sentencias firmes.
3. El recurso de amparo se inicia con un relato de las actuaciones procesales seguidas hasta el momento 'de las que se ha hecho descripción en el número anterior de estos antecedentes' concluyendo seguidamente que se ha vulnerado el art. 24.1 y 2 CE. Se dice en la demanda de amparo, textualmente, que "se interpone el presente recurso por infracción del art. 24 CE, apartados 1 y 2, en cuanto a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la proscripción de la indefensión, a la defensa, a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes"; también se invocan, sin mayor fundamentación, los arts. 6 CEDH y 14 PIDCP. Con base en esta sucinta fundamentación, se pide que "con carácter subsidiario" se declare la nulidad de: "la Sentencia dictada en revisión por el Tribunal Supremo; la Sentencia o, en su caso, la resolución acordando no haber lugar al recibimiento del pleito a prueba por la Audiencia Nacional, reponiendo el procedimiento al estado en que se hallaba en ese momento; las resoluciones dictadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas o del Tribunal Económico-Administrativo Central; finalmente, cualquier otro que en Derecho proceda, de acuerdo con el superior criterio del Tribunal Constitucional, conducente a reparar la infracción de derechos constitucionales, con su reflejo correlativo en los derechos subjetivos de mi poderdante".
4. La Sección Primera acordó, por providencia de 31 de enero de 2000, admitir a trámite la demanda de amparo. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, la Sección requirió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la Sala de lo Contencioso'Administrativo del Tribunal Supremo, y al Tribunal Económico-Administrativo Central, para que en el plazo de diez días remitieran testimonio de, respectivamente, el recurso contencioso-administrativo núm. 676/96, el recurso de revisión núm. 55/98 y el expediente R.G. 374-96 y R.S. 920-6.
6. El Abogado del Estado pidió la desestimación del recurso de amparo en escrito registrado en este Tribunal el 11 de abril de 2000. Empiezan las alegaciones del Abogado del Estado identificando y distinguiendo los dos actos que considera impugnados: la Sentencia de revisión del Tribunal Supremo, y la resolución 'en revisión administrativa' del Tribunal Económico-Administrativo Central. En relación con la Sentencia de la Audiencia Nacional, el Abogado del Estado considera que no fue impugnada a su debido tiempo, por lo que no puede ser objeto del proceso de amparo. Sentado lo anterior, el Abogado del Estado rechaza diferenciadamente la denuncia de infracción de los derechos del art. 24 CE:
7. Las alegaciones del Ministerio Fiscal fueron registradas en este Tribunal el 27 de abril de 2000. A juicio de este Ministerio, los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que denegaron la fase probatoria en el recurso núm. 7/676/96, así como la Sentencia que puso fin al litigio (de 9 de junio de 1997), vulneraron el derecho a la prueba (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial (art. 24.1 CE) de la recurrente. Esta última había intentado probar, mediante documentos incontrovertibles, que su marido fallecido había ostentado el empleo de Sargento del Ejército durante la Guerra Civil, siendo la realidad de este hecho la cuestión decisiva en el pleito. De ahí que la denegación inmotivada de toda fase probatoria en el proceso habría provocado indefensión en la recurrente. En lo que hace al proceso ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal considera que el recurso extraordinario de revisión habría agotado la vía judicial previa al amparo constitucional. Concluye el Ministerio Fiscal pidiendo la declaración de nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de junio de 1997, así como de los dos Autos dictados por el mismo órgano en los que se acordaba la no recepción a prueba del recurso núm. 676/96.
9. El 4 de agosto de 2000 fue registrado en este Tribunal un escrito remitido por el Director General de Costes de Personal y Clases Pasivas en el que se da cuenta de un expediente de revisión administrativa sobre la pensión denegada a la hoy recurrente. En ese escrito se informa de que la Dirección General había valorado positivamente el otorgamiento de la pensión solicitada por doña Pilar G.B.; pero al mismo escrito se adjunta copia del informe emitido el 12 de junio de 2000 por la Intervención Delegada en el que se "fiscaliza de disconformidad" la propuesta de reconocimiento de la pensión de viudedad en cuestión. Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2000 se concedió a la partes y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para posibles alegaciones en relación con el anterior y último escrito.
12. El Ministerio Fiscal hizo llegar su escrito de alegaciones el 16 de octubre de 2000. Precisa el Ministerio público que el objeto de este proceso de amparo no es el eventual derecho de la recurrente a una pensión, cuestión esa de estricta legalidad ordinaria y por tanto ajena a la jurisdicción constitucional. Con todo, la información remitida por el Ministerio de Hacienda valdría, a juicio del Ministerio Fiscal, para reforzar la conclusión de que la falta de prueba en el proceso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 'orillando así un documento que se ha considerado muy relevante tanto por el Tribunal Supremo como por el propio Ministerio de Hacienda' sería determinante de una infracción del art. 24 CE.
1. Como se expone detalladamente en los antecedentes, la demandante de amparo denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales enunciados en el art. 24.1 y 2 CE: a la tutela judicial efectiva, a la proscripción de la indefensión, a la defensa, a un proceso con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Todos estos derechos, invocados de forma indistinta, habrían sido vulnerados en tres actos jurídicos: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 3 de julio de 1998 (R.G. 1426/98); Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de 9 de junio de 1997 (recurso núm. 676/96); y Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Segunda, de 14 de junio de 1999 (recurso de revisión núm. 55/98). Las tres resoluciones impugnadas se refieren al otorgamiento de una pensión en virtud de lo establecido en el Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, por la que se otorgaba reconocimiento jurídico a todos los que durante esa guerra ingresaron en los Ejércitos y obtuvieron un nombramiento por parte de las autoridades de la República.
Tanto a los órganos judiciales como al órgano económico-administrativo se reprocha, en esencia, no haber prestado atención a un documento del que indubitadamente resultaba que el marido de la recurrente ejerció el empleo de Sargento 'con carácter profesional' durante la Guerra Civil (en el "Primer Grupo de Obuses 15'5", del 18º Cuerpo del Ejército). El mencionado documento consistía en una "Hoja de media filiación" del Archivo Militar General de Guadalajara, certificada después de denegarse la pensión en vía administrativa y antes de que la Audiencia Nacional dictara sentencia en relación con aquella denegación. El Abogado del Estado ha pedido la inadmisión del recurso respecto de la resolución económico-administrativa y de la Sentencia de la Audiencia Nacional, y su desestimación (en lo que hace a la Sentencia del Tribunal Supremo). El Ministerio Fiscal ha interesado el otorgamiento del amparo en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
2. Empecemos por señalar que la resolución económico-administrativa de 3 de julio de 1998, en tanto carente de contenido sancionador, no puede ser enjuiciada por este Tribunal ex art. 24 CE. La exclusión del juicio constitucional en relación con aquella resolución administrativa no se debe, como alegaba el Ministerio Fiscal, a la falta de agotamiento de la vía judicial previa. Lo determinante ahora es que la recurrente invoca los derechos del art. 24 CE respecto de una decisión no judicial, sino administrativa. Y, dado que no estamos ante una resolución sancionadora 'único supuesto en que los derechos del art. 24 CE son directamente aplicables, según viene declarando este Tribunal desde la STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2' este motivo de amparo carece de fundamento.
Debemos, por ello, abordar en primer lugar la posible concurrencia de una causa de inadmisibilidad en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Pues bien, hemos de apreciar ahora que la recurrente no impugnó la Sentencia de la Audiencia Nacional en el plazo de veinte días que establece el art. 44.2 LOTC. Aquella Sentencia fue notificada a la recurrente el 20 de junio de 1997, mientras que el recurso de amparo se interpuso 'en el Juzgado de guardia' el 6 de octubre de 1999. Ahora bien, lo cierto es que el 30 de enero de 1998 la recurrente interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Supremo por lo que debe valorarse la virtualidad del mismo o su improcedencia como vía adecuada para acceder a este recurso de amparo.
3. Partiendo de las anteriores consideraciones, y si se admite que el recurso de revisión no hizo sino agotar la vía judicial procedente, nos encontramos con un caso de indefensión material, al existir un documento que, al menos a juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, es susceptible de basar el hecho del que derivaría la pensión de la solicitante de amparo, a saber, que su esposo prestó servicios como Sargento del bando republicano durante la Guerra Civil. Tal documento no ha sido tenido en cuenta hasta ahora por circunstancias diversas: en la vía administrativa, porque no se aportó; en el recurso contencioso-administrativo, por haberse denegado el recibimiento a prueba y 'pese a su unión a los autos' no haber sido objeto de valoración por la Sala; y por el Tribunal Supremo, por no resultar idóneo el cauce del recurso de revisión para un documento ya aportado antes de que se dictase la Sentencia de instancia.
Otorgar el amparo a doña Pilar G.B. y, en consecuencia:
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