Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632269.html
Timestamp: 2019-03-25 00:02:25+00:00

Document:
as201632269
Auto Supremo Nº 269/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.402/2015.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 117 a 119 vta., interpuesto por Fernando Agustín Navas Mirabal, contra el Auto de Vista N° 519/2015 de 22 de octubre, de fs. 112 a 113 vta., pronunciado por la Sala Social Administrativa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso coactivo social por concepto de aportes devengados de los meses de julio de 2004 a noviembre de 2008, de diciembre de 2008 a mayo de 2010 de junio de 2010 a noviembre de 2010, de diciembre de 2010 a enero de 2011 y de febrero de 2011 a abril de 2011, más intereses, multas y recargos de ley, seguido por la Caja Petrolera de Salud, Administración Regional Sucre, contra la Federación de Ganaderos de Chuquisaca, el memorial de contestación de fs. 125 a 126, el Auto a fs. 127 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, formulada la demanda coactiva social de fs. 16 a 18, pronunciado el auto de solvendo y notificada la acción al señor Bernardo A. Navas Mirabal como titular de la Federación de Ganaderos de Chuquisaca a fs. 32, éste mediante memorial de fs. 42 a 43 vta., opuso excepciones de impersonería en el demandado y prescripción, que previa respuesta de la entidad coactivante de fs. 48 a 50, mereció resolución por el Auto de 16 de julio de 2015 de fs. 94 a 95 vta., por el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo, Fiscal y Tributario de Sucre, que declaró improbadas las excepciones opuestas de fs. 42 a 43 vta.
En grado de apelación de fs. 98 a 99 por el representante de la sociedad coactivada, por Auto de Vista Nº 519/2015 de 22 de octubre, la Sala Social Administrativa y Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmó el Auto Motivado apelado, con costas.
Que, contra el referido auto de vista, Bernardo Agustín Navas Mirabal, interpuso el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 117 a 119 vta., en el que señala los siguientes argumentos:
Respecto al recurso de casación en la forma.- Refiere como único motivo que a momento de plantear el recurso de apelación, hizo constar que el juez de primer grado no valoró la pruebas por él presentadas, en mérito a que esta autoridad reconoció que se presentó prueba que no fue observada por la entidad coactivante, por lo que no existía razón para que no sea valorada y pronunciarse en contra de las excepciones opuestas, incurriendo el juez de primer grado en un defecto absoluto por falta de valoración de toda la prueba ofrecida legalmente, más aún si la prueba ofrecida en fotocopia simple no fue observada por la parte actora.
Añade que al no haber sido valorada aquella prueba por parte del juzgador de primer grado, hizo valer su derecho a apelar reclamando esta situación, empero, el Tribunal de Alzada no resolvió este punto de la impugnación, incurriendo en violación a derechos (no indica a que derechos se refiere), a la seguridad jurídica y al debido proceso y transgrediendo la jurisprudencia constitucional que establece que las resoluciones que dicten las autoridades judiciales deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas en la que se sustenta la parte dispositiva.
Manifiesta que, la resolución recurrida, incurre en un grave error al confirmar el rechazo de la excepción de prescripción, pues no considera que lo que prescribe es la deuda y no la nota de cargo, efectuando un análisis errado al considerar las fechas de las notas de cargo y no el momento en que se originó la deuda.
Que el Tribunal de Alzada realizó una errada interpretación del art. 3 del Decreto Supremo (DS) N° 25714 de 23 de marzo de 2000, que amplía el plazo de la prescripción a 7 años para el caso en que el empleador no se registró en una Caja de Salud, por lo que no podía ser aplicada al caso de autos.
Asimismo indicó que también el Tribunal de Apelación incurrió en error cuando sustentó su decisión en el art. 25809 (debió decir DS), pues esta norma se halla dirigida exclusivamente a los seguros a largo plazo y no a seguros a corto plazo como es el caso presente.
Finalmente afirmó que el Ad-quem, incurrió en error de interpretación del art. 1311 del Código Civil, cuando –al igual que su inferior-, señala que no puede otorgársele valor a los documentos presentados en simple fotocopia, sin considerar que dicha norma jamás señala “que las copias simples o no autenticadas por funcionario público no tengan en absoluto valor alguno si la parte no los desconoce” (sic), pues el régimen de valoración de la prueba permite al juzgador asignarle un determinado valor que eventualmente no harán la misma fe que el original por mandato legal, “sin que ello signifique que la simple observación de la contraparte inhiban al juzgador a valorar la prueba, así ella haya sido observada” – textual -.
Concluye el memorial solicitando al Tribunal Supremo, para que “…en su momento se sepa considerar los motivos del recurso acogiéndolos y según el caso se REVOQUE la resolución impugnada o se disponga la emisión de una nueva resolución por parte del a quo”.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 117 a 119 vta., para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso contiene deficiencias que denotan la falta de técnica recursiva, pues solicita se Revoque la resolución impugnada o se disponga una nueva resolución por parte del juez a quo; sin embargo y pese a que su petitorio no se enmarca a derecho, se ingresa al fondo a objeto de brindar una respuesta razonada al recurrente.
Respecto de las excepciones interpuestas por Bernardo Agustín Navas Mirabal, debe tenerse presente que el procedimiento señalado para el desarrollo del proceso coactivo social, es el que se encuentra descrito por el art. 32 del Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, modificatorio del art. 223 del Código de Seguridad Social (CSS) y que respecto de las excepciones o reclamos, en sus incisos c) y d), señala: “c) Contra el auto de solvendo el ejecutado podrá, dentro del término de 3 días, oponer las excepciones dilatorias o reclamos que pudieran favorecerle. (Las negrillas son añadidas). d) Para la resolución de las excepciones o reclamos que se plantearan, se abrirá el término de diez días perentorios y todos los cargos dentro del cual los interesados presentarán sus justificativos y el Juez dictará de oficio auto motivado en el plazo máximo de tres días, declarando probada o improbada la reclamación o modificando el monto de la nota de Cargo.”
Por su parte el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS), dispone que a falta de disposiciones expresas, se aplicarán las del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que, con la permisión remisiva del artículo citado, se considerará y resolverá el recurso en estudio.
Dentro del marco normativo supra citado, el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo, Fiscal y Tributario de la capital, Sucre, resolvió las excepciones de impersonería y prescripción opuestas por quién niega ostentar la representación de la entidad coactivada, la Federación de Ganaderos de Chuquisaca, declarándolas improbadas. Por su parte, el Tribunal de Alzada, al resolver el recurso de apelación que motivó la resolución de las excepciones, confirmando totalmente la resolución apelada, lo hizo en aplicación del art. 237-I-1) del CPC
Ahora bien, en la resolución del recurso, se hace necesario considerar que el Auto motivado de 16 de julio de 2015, se constituye en un Auto Interlocutorio que, al declarar improbada la excepción de impersonería en el demandado e improbada también la excepción de prescripción, no pone fin al litigio, menos corta procedimiento, por lo que el auto de vista, ahora recurrido en casación tiene su origen precisamente en el Auto referido de 16 de julio de 2015, no ingresando dentro de las resoluciones contra las que procede el recurso de casación.
Evidentemente, el art. 255 del CPC, es claro cuando señala: “(RESOLUCIONES CONTRA LAS QUE PROCEDE EL RECURSO DE CASACION). Habrá lugar al recurso de casación contra las resoluciones siguientes: 1) Autos de vista que resolvieren en apelación las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de árbitros de derecho, 2) Autos de Vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, 3) Autos de vista referentes a autos interlocutorios que pusieren término al litigio, 4) Autos de vista que declararen haber lugar o no a oír a un litigante condenado en rebeldía”.
De la cita legal precedente, se establece que la norma indica en términos claros cuales son las resoluciones contra las que se puede plantear el recurso de casación, no encontrándose dentro del listado el auto de vista que, como en el presente caso, confirma una decisión de declarar improbada la excepción de impersonería en el demandado y la excepción de prescripción.
Nótese, que, conforme ya se refirió párrafos precedente, la decisión del juez a quo confirmada por el Tribunal ad quem, no puso fin al litigio, mas al contrario, al declarar improbadas las excepciones opuestas determinó la prosecución del proceso, entendiéndose que el mismo debía proseguir el trámite contra el excepcionista, quién no probó con prueba idónea la excepción que planteaba a efecto de quedar separado del juicio. El auto de vista recurrido de casación al confirmar la decisión del inferior, entonces, no es susceptible de recurso ulterior.
Llama la atención a este Tribunal que, entendiéndose que la excepción de impersoneria es una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento promovida por el demandado, quién pide que se le dispense de ser parte del proceso, el mismo excepcionista plantee excepción de prescripción, en un acto que resulta contrario a la finalidad de la excepción de impersonería y a la lógica jurídica, es decir que por un lado, Bernardo Agustín Navas Mirabal al deducir la excepción de impersonería, niega cualquier representación de la Federación de Ganaderos de Chuquisaca, y por otra, plantea la excepción de prescripción en defensa de los intereses de la entidad coactivada.
Dicho de otro modo, si el excepcionista niega poseer legitimación pasiva pasa ser parte del proceso, con que facultad actúa para reclamar por los intereses de la entidad cuya representación desconoce?. Este hecho constituye fundamento suficiente para afirmar que los jueces de instancia, tanto en el auto motivado de 16 de julio de 2015, cuanto en el Auto de Vista recurrido en casación, no infringieron ninguna norma que implique otorgar razón al recurrente.
Finalmente, el fundamento precedente, permite afirmar que el recurso en estudio tanto en la forma como en el fondo deviene en improcedente.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de los arts. 272, 1) con relación al art. 262 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso deducido de fs. 117 a 119 vta., con costas, apercibiéndose severamente al Tribunal de Alzada compuesto por los vocales signatarios del Auto de Vista recurrido, por la concesión indebida del recurso y no haber observado la disposición del art. 262 del Adjetivo Civil, negando la concesión del recurso.

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