Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17688
Timestamp: 2018-01-22 12:11:13+00:00

Document:
Decreto 367 de 2005 Alcalde Mayor
Medio de Publicación: Registro Distrital 3411 de octubre 04 de 2005
Derogado por el art. 31, Decreto Distrital 510 de 2010
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 38, numeral 4, y el Decreto 190 de 2004, artículo 458 y,
Que a nivel del Distrito Capital de Bogotá, en desarrollo de la ley 388 de 1997, fue expedido el Plan de Ordenamiento territorial (POT), contenido en el Decreto Distrital 619 de 2000, revisado mediante Decreto Distrital 469 de 2003, compilados estos dos por el Decreto Distrital 190 de 2004.
Que el artículo 458, numeral 2, del Decreto 190 del 22 de junio de 2004, establece que el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá debe expedir el decreto reglamentario del procedimiento y demás requisitos para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente.
Artículo 1. Ambito de Aplicación. El presente decreto establece el procedimiento para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, destinados a vivienda de interés social, localizados en suelo urbano, de expansión y rural, consolidados o desarrollados antes del 27 de junio de 2003, fecha limite señalada por el artículo 66 del Decreto Nacional 1600 de 2005.
PARÁGRAFO: No serán objeto de legalización los desarrollos humanos realizados clandestinamente, ubicados en suelo urbano, de expansión y rural, consolidados o desarrollados con posterioridad al 27 de junio de 2003, como tampoco los ubicados en su totalidad (100% del área del desarrollo) en zonas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, Suelo de Protección, áreas de Reserva para la Construcción de Infraestructura de Servicios Públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los Sistemas Generales, áreas de alta amenaza natural, áreas definidas como de alta amenaza y/o alto riesgo no mitigable por remoción en masa.
Artículo 2. Definiciones. Para la correcta interpretación de esta normatividad, se adoptan las siguientes definiciones:
Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre, potencialmente nocivo para las personas, bienes, infraestructura y/o el medio ambiente, dentro de un periodo específico y en un área delimitada.
Son áreas que se encuentran en amenaza por desbordamiento de cauces naturales, localizadas en inmediaciones de los ríos y quebradas existentes en el Distrito Capital.
Por remoción en masa:
Son áreas que por condiciones naturales o actividad antrópica presentan alta probabilidad de deslizamientos.
Neta Urbanizable "ANU":
Es el área total al interior de los linderos del Desarrollo Humano.
Área desarrollada o Consolidada:
Para efectos de la legalización es aquel desarrollo humano realizado clandestinamente, que presenta varios lotes construidos, con edificaciones habitadas y una estructura urbana con vías.
Espacio abierto y empradizado, de uso público, comunal o privado, destinado a la recreación y ambientación.
Son las zonas definidas por la autoridad urbanística dentro del trámite de legalización, que constituirán el Sistema de Espacio Público para el respectivo desarrollo, las cuales serán certificadas por el DADEP a partir de la legalización del desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 18 de 1999.
Documento donde se emite el criterio de la DPAE sobre áreas de amenaza de riesgo baja y medio y se identifica, a nivel de predio, las zonas de alta amenaza y alto riesgo que deben ser objeto de restricción o condicionadas en el proceso de legalización.
Desarrollos Humanos:
Es todo tipo de forma de vida humana formada alrededor del concepto de familia y comunidad, que comparten espacios públicos comunes para su interrelación, esta definición es sinónimo de asentamiento humano, desarrollo urbano o barrio.
Equipamiento Comunal:
Conjunto de espacios y edificios destinados a los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos.
Red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus distintas formas e intensidades de ocupación, y dotan al mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible. Esta compuesta por el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos, los corredores ecológicos y el Área de Manejo Especial del Río Bogotá.
Procedimiento mediante el cual la Administración Distrital, reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano, aprueba planos, regulariza y expide la reglamentación, para los desarrollos humanos realizados clandestinamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos.
Tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad de las unidades de vivienda.
Plano de loteo:
Representación gráfica de un Desarrollo Humano, realizado bajo las normas del dibujo técnico y los requerimientos de la Subdirección de Infraestructura y Espacio Público del DAPD. o la dependencia que haga sus veces.
Promotor, Gestor o enajenador:
Para este decreto es la persona que adelantó de manera directa o por interpuesta persona, todas las actividades necesarias tendientes a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
Para los efectos de este decreto, es la (s) persona(s) titular del derecho de dominio del (los) inmueble (s) objeto de legalización, según el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
Para efectos de la legalización, el término "regularizar" a que se refiere el artículo 458 del Decreto 190 de 2004, es la acción de ordenar, normalizar y establecer los parámetros urbanísticos y arquitectónicos necesarios para reconocer dichos desarrollos.
Ronda Hidráulica:
Sistema de Áreas Protegidas (SAP):
Conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito Capital, la Región o la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección.
Sistema de Espacio Público:
Es aquel que está constituido por la porción del territorio Distrital, que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia del POT.
Categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de los suelos Urbanos, de Expansión Urbana y Rural, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Constituido por las áreas del territorio Distrital destinadas a usos urbanos, que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, necesarias para su edificación.
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ):
Persona que realiza la adecuación de terrenos, ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios públicos, dotación, adaptación y equipamiento de espacios públicos y privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la organización de dichos terrenos, previamente autorizado mediante una "licencia de urbanismo". El urbanizador es ilegal cuando ejecuta las anteriores obras sin respaldo en una licencia de urbanismo, así sea el propietario o poseedor de los terrenos.
Zonas de Alta Amenaza:
Para efectos de la legalización, son aquellos sectores que por sus características de amenaza no son aptos para el desarrollo de zonas urbanas y para los cuales es necesario restringir el uso y ocupación del suelo.
Zonas de Alto Riesgo Mitigable:
Para efectos de la legalización, son aquellos sectores que por sus características de amenaza y vulnerabilidad, pueden presentar posible afectación para la vida y pérdidas económicas o de la infraestructura existente; sin embargo con una intervención adecuada con obras de mitigación (resultantes de un estudio técnico y de un análisis costo-beneficio) se pueden reducir los efectos.
Para efectos de la legalización, son aquellos sectores en donde por sus características de amenaza y vulnerabilidad, existe una alta probabilidad de que se presenten perdidas de vidas, bienes e infraestructura. La mitigación no es viable por condiciones técnico económicas, por lo cual se presentan al proyecto de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable y se incluye en la categoría de Protección por riesgo.
De conformidad con el POT o con cualquiera de los instrumentos que lo desarrollen, son las áreas necesarias para la localización y futura construcción de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de servicios públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión pública, o para protección ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición oportuna de las respectivas afectaciones.
Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital.
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente.
DADEP:
Artículo 3. Consolidación o Desarrollo para Iniciar el Procedimiento de Legalización. Para que un asentamiento humano realizado clandestinamente se considere consolidado o desarrollado y como tal susceptible de iniciar el procedimiento de legalización, debe tener una estructura urbana, como mínimo, con un trazado vial existente en terreno y los lotes ocupados con construcciones habitadas, en una proporción tal que a juicio del D.A.P.D. se pueda establecer su consolidación.
PARÁGRAFO: Las áreas libres de construcciones, superiores a 2000 M2, se excluirán de la legalización, y su manejo urbanístico y arquitectónico se adelantará de conformidad con las normas del tratamiento de desarrollo.
Artículo 4. Funciones del DAPD en el Procedimiento de Legalización.
El DAPD adelantará el procedimiento de legalización de desarrollos humanos realizados clandestinamente, para lo cual, entre otras, realizará las siguientes actuaciones:
d) Realizar el estudio técnico cartográfico y de actualización vial de cada uno de los planos correspondientes a los desarrollos en proceso de legalización
g) Elaborar el estudio urbanístico establecido en el artículo 73 del Decreto 1600 de 2005 y publicarlo de conformidad con lo indicado en el artículo 74 Ibidem.
h) Expedir el acto administrativo mediante el cual se legaliza el desarrollo humano ilegal, el cual deberá ser inscrito en el (los) respectivo(s) folio (s) de matricula (s) inmobiliaria (s) por parte del titular responsable de dicho acto.
Artículo 5. Comité Técnico de Legalización. Se crea el "Comité Técnico de Legalización" con el objeto de coordinar y definir la viabilidad de legalizar los asentamientos y adoptar las acciones a seguir, acorde con la competencia y el servicio que presta cada uno de sus integrantes. El DAPD ejercerá la secretaría técnica del comité.
Artículo 6. Participación en el Procedimiento de Legalización. Podrán participar en el procedimiento de legalización: el enajenador, urbanizador, gestor o promotor, la comunidad interesada, el propietario del globo de terreno, las juntas de acción comunal o asociaciones cívicas que demuestren su interés legítimo en la legalización, y cualquier entidad Distrital.
Parágrafo: El Acta de Entrega Material Provisional de los bienes destinados al uso público será suscrita por el titular responsable del trámite de legalización y el DADEP, para cuyo efecto el DAPD enviará la información pertinente a dicha entidad.
Artículo 7. Orden de Legalización. Los desarrollos humanos realizados clandestinamente, ubicados en suelo rural y de expansión, susceptibles de ser legalizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de este decreto, requerirán la orden de legalización del Concejo o del Alcalde Mayor del Distrito Capital en calidad de delegatario.
De conformidad con el artículo 48 de la Ley 9 de 1989, los desarrollos humanos realizados clandestinamente ubicados en suelo Urbano, no requieren orden de legalización, la cual se encuentra implícita en las reglamentaciones que rigen el suelo urbano del Distrito Capital.
Artículo 8. Pruebas en el Proceso de Legalización. La prueba de la consolidación y posesión de un desarrollo realizado clandestinamente, debe partir del análisis conjunto de dos o más de los siguientes medios:
Aerofotografías certificadas por el IGAC o la entidad que cumpla sus funciones.
Escrituras Públicas y Promesas de Compraventa.
Cualquier otro medio de prueba conducente de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.
Las áreas de cesión pública para parques y equipamientos, correspondientes como mínimo al 25% del ANU, de las cuales, el 17% del ANU corresponderá a zonas para parques (incluye espacio peatonales correspondientes a Plazas, plazoletas, paseos y alamedas, según definición del Sistema de Espacio público del POT) y el 8% del ANU para equipamiento comunal público, debidamente amojonadas y deslindadas en el plano de loteo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aceptará la localización de las cesiones destinadas para parques en las zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua, áreas de alta amenaza natural, áreas de riesgo no mitigable, en un porcentaje de hasta el 50% del área a ceder, la cual deberá incrementarse en la siguiente proporción: por cada metro cuadrado de cesión a trasladar se cederán dos metros, siempre y cuando estas áreas se encuentren al interior del lindero del desarrollo a ser legalizado. En este evento, el DPAE deberá recomendar los condicionamientos ó restricciones de su utilización (recreación Pasiva o Activa).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Aquellas áreas de cesión pública destinadas a parques y equipamiento comunal público, que no puedan localizarse al interior del desarrollo a ser legalizado, deberán localizarse fuera de éste, pero dentro de la UPZ a la cual pertenece. El DAPD en casos excepcionales evaluará la conveniencia urbanística de generarlas en una UPZ vecina.
Artículo 10. Intervención Según Disponibilidad de Generación de Cesiones Públicas para Parques. La generación de cesiones públicas para parques deberá cumplirse mediante alguna de las siguientes alternativas:
Por generación al interior del desarrollo:
Por generación al exterior del desarrollo:
PARÁGRAFO: Cuando no sea posible generar las cesiones públicas para parques total o parcialmente dentro de la UPZ a la cual pertenece el desarrollo, el DAPD en casos excepcionales evaluará la conveniencia urbanística de generarlas en otra UPZ vecina.
Artículo 11. Pago Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamiento. En el evento en que agotadas las gestiones necesarias para la entrega material de las áreas de cesión pública para parques y equipamiento comunal, ésta no fuere posible, el titular responsable del trámite se comprometerá a pagarlas al Fondo Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamiento, de conformidad con el artículo 11 y normas concordantes del Decreto Distrital 323 de 2004 o las normas que lo complementen o modifiquen. El pago será requisito indispensable para la expedición del acto administrativo de legalización, so pena de ser archivado el expediente al cabo de 15 días de surtido el requerimiento respectivo. El titular responsable del trámite podrá solicitar un plazo adicional que no supere el anterior.
Artículo 12. Usos Urbanos. Solo se asignaran usos urbanos a aquellos lotes y manzanas que no estén localizados en zonas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, Suelo de Protección, áreas de Reserva para la Construcción de Infraestructura de Servicios Públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los Sistemas Generales, áreas de alta amenaza natural y en áreas de riesgo no mitigable, las cuales mantendrán su carácter conforme al POT y sus normas reglamentarias; de lo anterior, se dejara constancia en la resolución de legalización y en el plano de loteo del desarrollo.
PARÁGRAFO: En ningún caso se reconocerá la ocupación de cualquier uso urbano en las zonas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, Suelo de Protección, Áreas de Reserva para la Construcción de Infraestructura de Servicios Públicos y en Áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los Sistemas Generales.
Articulo 13. Efectos de la Legalización. El acto administrativo de legalización, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Nacional 1600 de 2005, hace las veces de licencia de urbanización, con base en la cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o el reconocimiento de las edificaciones existentes. En ningún caso, la legalización urbanística constituirá título traslaticio de dominio, ni modo adquisitivo del derecho de propiedad.
PARÁGRAFO: La legalización urbanística implicará la incorporación al suelo urbano de aquellos desarrollos humanos realizados clandestinamente que estén ubicados en suelo rural y de expansión, que se ajusten a la normatividad nacional sobre la materia.
Artículo 14. Prevención y control. Cuando las distintas entidades Distritales tengan conocimiento por cualquier medio de la existencia de un desarrollo humano realizado clandestinamente, lo informarán a la Red Interinstitucional para la Prevención y Control de los Desarrollos Ilegales en el Distrito Capital, creada por el Decreto Distrital número 328 de 2003, para que adelante todas las acciones administrativas y promueva las acciones judiciales contra el promotor, enajenador y propietario del globo de terreno.
La situación de ilegalidad en que se encuentran.
Las obligaciones urbanísticas que tiene el enajenador, gestor, promotor o propietario.
Las obligaciones urbanísticas que les correspondería asumir en el evento que no las cumpla el enajenador, gestor, promotor o propietario.
El derecho que tienen, en los términos del artículo 55 de la Ley 9 de 1989, de no pagar el saldo del precio pendiente ni suma alguna por otro concepto y de retener sus viviendas, mientras el vendedor no cumpla con sus obligaciones urbanísticas en cuanto a dotación de infraestructura de servicios y espacios públicos.
Socializar o dar a conocer las áreas de amenaza y riesgo y ofrecer orientación sobre el manejo adecuado del sector con el fin de reducir el riesgo y/o evitar el deterioro del sector.
CAPITULO II. TRAMITE DE LEGALIZACIÓN.
Artículo 15. Documentos de la Solicitud de Legalización. Toda solicitud de legalización debe contener la siguiente información y documentos:
Formato oficial que se adopte, debidamente diligenciado, suscrito por la persona natural o jurídica titular responsable del trámite. En este último evento, deberá acreditar la existencia y representación mediante el documento legal idóneo.
Plano de loteo del desarrollo humano realizado clandestinamente, ajustado a la cartografía oficial, elaborado de conformidad con las exigencias técnicas establecidas por el DAPD. El plano deberá ser entregado en medio digital y análogo.
Copia de la escritura matriz del globo de mayor extensión, donde se pueda establecer la cabida y los linderos del área a ser legalizada.
Las escrituras o promesas de compraventa de cada uno de los lotes involucrados en el plano de loteo, o en su defecto de los lotes construidos y habitados, situación que debe ser identificada en el plano del desarrollo con un achurado que las destaque.
Cuando se trate de poseedores, deberán aportar prueba siquiera sumaria de la posesión de los lotes.
Fecha de consolidación o desarrollo del asentamiento humano, sustentada siquiera con prueba sumaria.
En el evento de que el responsable del trámite no sea el titular del derecho de dominio, la comunidad de manera directa o a través de la junta de acción comunal o asociación cívica, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que es la poseedora de las áreas públicas que serán objeto de cesión y aportar, como mínimo, prueba sumaria de tal calidad.
Artículo 16. Estudio preliminar y viabilidad del trámite. De la solicitud y las pruebas aportadas o las que reposen en la entidad, el DAPD, dentro del término de quince (15) días siguientes a la solicitud, hará un estudio preliminar en el que se establecerá la viabilidad técnica y jurídica del trámite de legalización. Para el efecto, realizará una visita ocular al asentamiento humano, de la cual dejará una constancia fílmica y fotográfica, y levantará un acta en que se consigne el resultado de la visita, al menos con los siguientes datos:
Existencia del asentamiento humano y su concordancia con lo consignado en el plano de levantamiento del loteo actual.
Grado de consolidación del asentamiento humano, el cual será señalado en una copia del plano de levantamiento de loteo actual.
Identificación, ubicación y magnitud de las áreas públicas y privadas propuestas por el responsable del trámite o registradas en el plano de loteo.
PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento que el DAPD lo considere necesario, iniciará de oficio el trámite de legalización, y requerirá a la comunidad para que aporte, dentro del término de un mes contado a partir del requerimiento, la documentación e información aquí relacionada. Si la comunidad no responde o no la suministra de manera completa, dicha entidad podrá obtener la documentación e información y proceder a elaborar o contratar el plano de loteo del Desarrollo Humano realizado clandestinamente, ajustado a la cartografía oficial, de conformidad con las exigencias técnicas que estime necesarias. En todo caso, deberá existir un titular responsable del trámite, quien deberá firmar el acta de que trata el artículo 6, inciso tercero, de este decreto.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento que el DAPD lo considere necesario, el procedimiento también se tramitará de oficio cuando el responsable del trámite no complete o corrija dentro del término de dos meses, la documentación o información requerida. Si el plano de loteo presenta problemas técnicos por sobreposición, información errada o por documentación faltante, NO se puede devolver y se convierte en insumo para que el DAPD, continúe con el procedimiento de legalización de oficio. En todo caso, deberá existir un titular responsable del trámite, quien deberá firmar el acta de que trata el artículo 6, inciso tercero, de este decreto.
PARÁGRAFO TERCERO: Si el trámite no es viable por encontrarse el desarrollo en su totalidad en zonas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, Suelo de Protección, áreas de Reserva para la Construcción de Infraestructura de Servicios Públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los Sistemas Generales, áreas de alta amenaza natural y en áreas de riesgo no mitigable, se expedirá un acto administrativo motivado que será notificado personalmente al solicitante, el cual será objeto de recursos, todo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 17. Estudio Cartográfico y Vial. El plano de loteo y demás documentación pertinente serán remitidos a la oficina competente del DAPD, para que dentro del término de dos (2) meses adelante el estudio cartográfico y vial correspondiente. En caso de encontrar la documentación e información completa, se continuará con el trámite. En su defecto se requerirá al interesado para que dentro del término de quince días lo cumpla. Si el interesado no cumple, la dependencia correspondiente evaluará si archiva el expediente o atiende de manera directa el requerimiento.
Artículo 18. Requerimiento al DACD. El DAPD, oficiará al Departamento Administrativo de Catastro Distrital DACD, para que con destino a la actuación administrativa, remita copia del plano catastral del terreno donde se encuentra el asentamiento ilegal, y la identificación del propietario del o los inmuebles sobre los cuales se encuentre ubicado. En el evento que no cuente con el plano catastral y/o la identificación del propietario, así lo manifestará por escrito.
Artículo 19. Inicio de la Actuación Administrativa de Legalización. Si la solicitud se encuentra viable se expedirá un acto administrativo de iniciación del trámite de legalización que deberá contener, entre otros aspectos, los siguientes:
La orden de adelantar el trámite de legalización respecto del desarrollo especifico, cuando ésta se requiera.
Conforme a lo previsto en el artículo 15 del Código Contencioso Administrativo, la orden de publicar el encabezamiento y la parte resolutiva del acto administrativo en un diario de amplia circulación nacional y local, para que quienes tengan interés puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos ante la Subdirección de Gestión Urbanística del DAPD o la dependencia que haga sus veces, dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación.
En el evento de que el predio o predios objeto de legalización se encuentren jurídicamente identificados y el solicitante no fuera el titular de los derechos reales principales, se consignará la orden de citar por correo certificado a la dirección conocida y en la misma publicación y para los mismos efectos, a quien aparezca como titular de los derechos reales.
Comunicación a la comunidad interesada, a través del medio más eficaz, informándole que el procedimiento de legalización se inició.
La mención de que contra el mismo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 20. Taller Informativo y Compromiso de la Comunidad. El DAPD, la Subdirección de Control de Vivienda del DAMA, el DACD y la CVP, realizarán un taller con la comunidad, a través del cual se les ilustrará sobre cual es la situación en que se encuentran, los derechos que tienen frente al titular, promotor o gestor del desarrollo, el procedimiento de legalización, las obligaciones o cargas que deben asumir, los pasos a seguir y la concertación y formalización del acuerdo en cuanto a las obligaciones y compromisos que asumen con el proceso de legalización.
De los compromisos con la comunidad se elevará un acta, en la cual, entre otros aspectos, debe quedar clara la obligación de generar el espacio público exigido en los términos del artículo 6, inciso tercero de este decreto, y la entrega material y titulación del espacio público a favor del Distrito Capital de Bogotá.
Artículo 21. Valla. El responsable del trámite está obligado a instalar una valla en el acceso principal al desarrollo en trámite de legalización y a garantizar su permanencia mientras dure el trámite, con una dimensión mínima de dos metros por un metro, de lo cual aportará constancia fotográfica y la fecha en que fue instalada. La Valla deberá contener por lo menos:
El objeto del trámite.
El titular responsable del trámite.
El número de radicación del expediente en el DAPD.
Lo pertinente al horario y lugar específico donde el DAPD puede dar información personalizada.
Manifestación de que ésta hace las veces de citación a los interesados, para que se hagan parte ante el DAPD, dentro del término de 15 días, contados a partir del día siguiente a su instalación.
Artículo 22. Presentación al Comité Técnico de Legalización. Una vez realizada la visita al terreno, sendas copias del plano en medio impreso y magnético se presentarán al Comité Técnico de Legalización, para que todos sus integrantes desde la orbita de su competencia se pronuncien sobre la viabilidad de legalizar el desarrollo humano realizado clandestinamente en lo relacionado con el estudió jurídico, técnico cartográfico, actualización vial, la prestación de los servicios públicos, definición de zonas de riesgo mitigable y no mitigable, actualización catastral y asignación de nomenclatura, y demás elementos que conforman la estructura ecológica principal y los sistemas generales.
Cada integrante del comité se debe pronunciar dentro del mes siguiente. En el evento que no lo hagan, antes del vencimiento del plazo, enviarán al secretario del comité un oficio donde expongan los motivos y solicitan la ampliación del plazo por un tiempo que en todo caso no debe superar el anterior. De manera excepcional la DPAE, en el evento de requerir más de dos meses para el desarrollo del estudio especifico, comunicará mediante oficio el tiempo concreto requerido para la emisión del concepto de riesgo.
PARÁGRAFO: Cuando una parte o la totalidad del desarrollo humano a legalizar, se encuentre en zona de alto riesgo mitigable o con amenaza por inundación, la DPAE y la EAAB, solo emitirán el concepto de viabilidad cuando se hayan ejecutado las obras de mitigación.
Artículo 23. Prestación Provisional de los Servicios Públicos. Para efectos de cumplir con el artículo 458, numeral 9) del Decreto 190 de 2004, relacionado con la prestación provisional de servicios públicos domiciliarios y con el artículo 71 del Decreto Nacional 1600 de 2005, se expedirá el acta de iniciación del proceso de legalización entre el DAPD y la Subdirección de Control de Vivienda del DAMA, en la cual se establecerán las condiciones técnicas que permitan la prestación provisional de los servicios y se indicará si existen áreas en condición de alto riesgo, de acuerdo con el informe del DPAE. Además, se dejará constancia de la entrega final de los planos y de los documentos corregidos en debida forma por los interesados.
Artículo 24. Definición de las Condiciones Urbanísticas y Estudio Urbanístico Final. El DAPD, de conformidad con las directrices establecidas en el POT, los lineamientos de la estructura urbana definidos en la UPZ, y atendiendo el estudio realizado por el comité, en el término de sesenta (60) días contados a partir del acto administrativo mediante el cual se dio inicio al trámite de legalización, definirá las condiciones urbanísticas a las que se sujetará el asentamiento objeto de legalización. Para el efecto, elaborará un estudio urbanístico que contendrá:
La delimitación del área objeto del trámite de legalización
Elementos de las zonas de protección ambiental.
Zonas de amenaza y riesgo no mitigable.
Programas, operaciones y proyectos estructurantes.
Acciones de mejoramiento previstas.
Lineamientos ambientales, y
Criterios para repartir cargas y beneficios resultantes del proceso de legalización.
Plano definitivo de loteo en el que se identifiquen las áreas a entregar y la regularización urbanística, así como las obligaciones y compromisos de las partes. El plano debe contener la firma, nombre, identificación y/o matrícula profesional del arquitecto o ingeniero responsable y del urbanizador, propietario o responsable del trámite.
Artículo 25. Publicidad del Estudio Urbanístico Final. El DAPD someterá a consideración de la comunidad y del propietario del terreno o urbanizador, cuando se haga parte dentro del proceso, por el término de diez (10) días, el estudio urbanístico final, con el fin de dar a conocer los derechos y obligaciones derivados del mismo. Para el efecto, se fijará en la cartelera de la dependencia un aviso informando el lugar y horario de consulta del estudio, advirtiendo que las objeciones o recomendaciones que se hagan frente al mismo se deben presentar por escrito hasta el último día de consulta del estudio. En el aviso se dejará constancia de la fecha y hora de fijación y de desfijación del mismo.
Artículo 26. Presunción de Tolerancia del Propietario. En los términos del artículo 54 de la Ley 9 de 1989, se presume que hay tolerancia del propietario en los siguientes eventos; los cuales serán tenidos en cuenta cuando se presente cualquier controversia administrativa o judicial con el titular del derecho del dominio:
Cuando el promotor del asentamiento ilegal no sea el propietario del inmueble, pero haya convenido con éste su ocupación;
Cuando el propietario no haya iniciado oportunamente las acciones policivas y posesorias necesarias para recuperar la posesión de su inmueble, o no haya presentado las denuncias penales correspondientes, o no haya cumplido oportunamente con todos sus deberes procesales;
Cuando el propietario sin ser el vendedor o prometiente vendedor, reciba directa o indirectamente el producto total o parcial del precio que paguen los ocupantes;
Cuando el promotor sea apoderado, corredor o administrador del propietario del inmueble, o socio accionista de la persona jurídica propietaria del mismo.
Artículo 27. Resolución de Legalización. Una vez cumplidos los requisitos que contempla este decreto, y efectuado el pago compensatorio cuando sea procedente, el DAPD elaborará y expedirá una resolución motivada que decida el procedimiento de legalización urbanística del Desarrollo Humano realizado clandestinamente. La resolución debe contener, por lo menos los siguientes puntos:
3. Identificación de lotes o manzanas que hacen parte del desarrollo humano realizado clandestinamente, que se encuentran ubicados en zonas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, al Suelo de Protección, Áreas de Reserva y/o afectación para la Construcción de Infraestructura de Servicios Públicos y a Áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los Sistemas Generales; a los cuales no se le asignaran usos urbanos. Esta situación debe reflejarse en un cuadro de áreas tanto en la resolución como en el plano de loteo, identificados con un achurado especial.
7. Si al interior del desarrollo a ser legalizado quedaran áreas libres urbanizables mayores a 2.000 M2, se excluirán de la legalización y no serán tenidas en cuenta dentro del ANU, para efectos del cálculo de generación de áreas de cesión pública y su manejo urbanístico y arquitectónico se adelantara de conformidad con las normas del Tratamiento de Desarrollo. De esta situación especial se le informará a la Subdirección de Control de Vivienda para que adopte las medidas preventivas acorde con su competencia.
Aplicación del efecto plusvalía. Establecer si se concreta algún hecho generador de plusvalía de conformidad con la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 118 de 2003, el Decreto 084 de 2004 y las normas que lo reglamenten o modifiquen.
8. Áreas excluidas del reconocimiento y legalización, por encontrase en zonas de alto riesgo por remoción en masa o inundación, lotes reservados para infraestructura de servicios públicos o por cuerpos de aguas.
9. Disposiciones finales y generales sobre los desarrollos a ser legalizados. Se incluirán temas relacionados con disposiciones generales sobre infraestructura, acciones de mejoramiento integral y obligaciones con lineamientos establecidos en la UPZ, entre oros.
10. Establecer que los ocupantes de los predios a ser legalizados están obligados a solicitar el reconocimiento de las construcciones ante las curadurías urbanas, así mismo a solicitar, cuando fuere el caso, las licencias de construcción en sus diferentes modalidades, necesarias para futuras obras o intervenciones.
11. Manifestación de que la expedición de que la Resolución de Legalización hace las veces de la licencia de urbanismo y no constituye título traslaticio de dominio o modo de adquisición del derecho de propiedad.
12. La obligación de hacer entrega definitiva al Distrito Capital de Bogotá, por intermedio del DADEP, de las zonas de cesión o de los bienes destinados al uso público.
13. La obligación de titular en cabeza del Distrito Capital de Bogotá, por intermedio del DADEP, los bienes destinados al uso público o zonas de cesión, entregados mediante acta, cuando el propietario es el titular responsable del trámite de legalización. En el evento en que la comunidad poseedora sea la titular responsable del trámite de legalización, la obligación de transferir los derechos que genera la posesión que han ejercido sobre las áreas que constituirán espacio público. Sin el cumplimiento de esta obligación no se podrán expedir licencias de reconocimiento de edificaciones o licencias de construcción.
14. La orden de realizar la anotación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, por parte del titular responsable del trámite.
15. Los recursos que proceden contra el acto administrativo, en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 28. Negativa de Legalización. Si la legalización no es procedente, la resolución deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
Una breve reseña de los antecedentes.
Todos y cada uno de los motivos por los cuales se considera que no procede la legalización.
La orden de poner en conocimiento de las entidades que regulan el tema en el Distrito, el respectivo expediente para efectos de reubicación del asentamiento.
Los recursos de la vía gubernativa que proceden contra la decisión, en los términos del Código Contencioso Administrativo.
La orden de comunicar al DADEP y a todas las entidades y empresas que intervinieron en el trámite, para los fines pertinentes.
Artículo 29. Notificación del Acto Administrativo de Legalización. El acto administrativo que decida la actuación administrativa se notificará personalmente al DADEP, al responsable del trámite y a todas las personas que se hicieron parte en el mismo, para lo cual se les citará por correo certificado a la dirección que hayan reportado al momento de intervenir. Si no concurren al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva del acto administrativo.
Artículo 30. Término para la Decisión del Trámite. El DAPD tendrá un término de ocho (8) meses para decidir el trámite de legalización del desarrollo humano realizado clandestinamente, contado a partir de la entrega de la totalidad de los conceptos a que alude el artículo 22 del presente Decreto. El Plazo podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del trámite lo ameriten.
Artículo 31. Acta de Entrega Material Definitiva de Bienes destinados al Uso Público. El titular responsable del trámite, de conformidad con lo establecido en la resolución de legalización, hará entrega material definitiva de los bienes destinados al uso público, señalados en el plano de loteo aprobado por el DAPD o en otro documento que los identifique, a través de un Acta de Entrega Material Definitiva de Bienes Destinados al Uso Público, suscrita entre el titular responsable del trámite y el DADEP.
Artículo 32. Obligación de titulación de los bienes destinados al uso público. Cuando el titular responsable del trámite sea el propietario del predio, estará obligado a transferir a favor del Distrito Capital de Bogotá, por intermedio del DADEP, el dominio de los bienes destinados al uso público contenidos en el Acta de Entrega Material Definitiva de Bienes Destinados al Uso Público, dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción de la misma, para cuyo efecto se adelantarán los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre esta materia.
Cuando el titular responsable del trámite sea la comunidad poseedora, ésta deberá transferir al Distrito Capital de Bogotá los derechos de posesión sobre las áreas usadas en comunidad y suscribir el Acta de Entrega Material Definitiva de los Bienes Destinados al Uso Público.
Artículo 33. Régimen de Transición. Los desarrollos humanos en trámite de legalización en el DAPD, se resolverán teniendo en cuenta lo siguiente:
Los desarrollos ubicados en cualquier suelo, que cuenten con orden de legalización expedida con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000, se resolverán con base en las normas contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, salvo que los interesados manifiesten de manera escrita y expresa, el deseo de acogerse a las normas contenida en el POT.
Los desarrollos humanos ubicados en suelo urbano, rural y de expansión que no se encuentren en la situación anterior y que cuenten con plano de loteo del desarrollo radicado ante el DAPD, antes del 27 de junio de 2003, se resolverán respetando el procedimiento surtido, pero teniendo en cuenta las normas sustanciales del POT y sus decretos reglamentarios, de manera especial en lo relacionado con las exigencias relativas a la generación y características de las áreas de cesión pública, reservas y/o afectaciones y plusvalía. En todo caso, los ubicados en suelo Rural y de Expansión, requerirán de la orden de legalización.
PARÁGRAFO: En el evento del literal b, el pago compensatorio de que trata el artículo 11 de este decreto, no será requisito previo para expedir el acto administrativo de legalización, el cual quedará consagrado como una obligación en la mencionada decisión. Para el efecto, el DAPD, en el acto administrativo de legalización y de conformidad con los artículos 10, 11 y demás normas concordantes del Decreto Distrital 323 de 2004, definirá los metros cuadrados de cesión pública para parques y equipamiento faltantes, y entre cuantos lotes del desarrollo legalizado se distribuirán, información que será remitida al IDRD para que liquide el valor a compensar. Este valor deberá cancelarse en su totalidad dentro de los cinco (5) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de legalización. Vencido este término sin que se hubiere realizado el pago, el IDRD adelantará las acciones necesarias para el cobro respectivo.
Artículo 34. Vigencia. El presente decreto rige a partir de de la fecha de su publicación en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra, sin perjuicio de su publicación en el Registro Distrital, y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto Distrital 688 de 1996.
Dado en Bogotá, D.C. a los cuatro (04) de Octubre de 2005.

References: artículo 38
 artículo 458
 artículo 458

Artículo 1
 artículo 66

Artículo 2
 artículo 458

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 73
 artículo 74

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 1
 artículo 48

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 11

Artículo 12
 resolución 
 artículo 66

Artículo 14
 artículo 55

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 6
 artículo 6

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 15
 artículo 49

Artículo 20
 artículo 6

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 458
 artículo 71

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 54

Artículo 27
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Artículo 28
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Artículo 29

Artículo 30
 artículo 22
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Artículo 31
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Artículo 32

Artículo 33
 artículo 11

Artículo 34