Source: http://enotpo.blogspot.com.ar/2012/
Timestamp: 2017-06-23 10:22:02+00:00

Document:
ENOTPO: 2012
Tucumán – Movilización por pedido de Justicia para Javier Chocobar asesinado por sicarios a sueldo de Terratenientes. El 12 de octubre de 2009 Javier Chocobar fue asesinado por
el terrateniente y empresario Darío Amin. A 3 años de los hechos los
responsables aún están libres.
El viernes 21 de diciembre la comunidad de Chuschagasta de
la Nación Diaguita marcho a los Tribunales de Tucumán para exigir “juicio y
cárcel para los asesinos de Javier Chocobar”. El Secretario de Derechos Humanos
y un vocal de la Corte Suprema se comprometieron a dar seguimiento al caso
hasta su esclarecimiento.
La plaza Independencia fue el punto de encuentro para la
movilización de Chuschagasta, de la cual participaron más de 60 comuneros y
muchos jóvenes de la comunidad, quienes marcharon junto a la familia de Javier.
La familia y autoridades de la comunidad fueron recibidos
por el Secretario de Derechos Humanos, el Dr. Rabat, en una reunión donde
expusieron sobre el caso Chocobar y denunciaron la complicidad de los jueces y
fiscales, que en su accionar negligente favorecen a los asesinos Darío Amín, José
Valdivieso y Luis Gómez. Además,
remarcaron la reincidencia de los atropellos por parte del terrateniente
(asesino), quien con total impunidad, volvió a entrar al territorio de la
comunidad, en esta ocasión con la complicidad de gendarmería nacional.
Se presentó un
documento por escrito al funcionario, quien se comprometió a coordinar acciones
con el Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad territorial de los
comuneros de Chuschagasta. Este compromiso deja, sin embargo, una sensación de
amargura e impotencia en los miembros de la comunidad, quienes cotidianamente
sufren la violencia y violación de sus derechos a manos de las mismas fuerzas
de seguridad que deberían resguardarlos, siendo a su vez cómplices en la causa.
Tras la reunión con el Secretario de Derechos Humanos,
la movilización se dirigió por las
calles del centro de la ciudad hasta los Tribunales civiles del Poder Judicial,
donde integrantes de Chuschagasta se entrevistaron
con el Dr. Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema. El mismo se comprometió a
realizar acciones para esclarecer el asesinato de Javier Chocobar. Por último
se solicitó una audiencia en la Corte Suprema para exponer el caso y la situación
actual de la comunidad.
Acompañaron a Chuschagasta comuneros del Pueblo Tolombón, Caciques
de la UPND - Tucumán y estudiantes de la Universidad, entre otros adherentes que hicieron presente su apoyo a la Nación Diaguita.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PROVINCIA DE SALTA FRENTE A LA ASAMBLEA ELECCIONARIA DEL IPPIS
Los Pueblos Originarios somos preexistentes al Estado Argentino, y en consecuencia a los Estados provinciales y a cualquier institución ajena a las nuestras, así como lo establece la Constitución Nacional en el Artículo 75, Inciso 17, adoptado en el Artículo 15 de la Constitución de la provincia de Salta. Exigimos al gobierno de la provincia de Salta, a los legisladores de ambas Cámara y al Poder Judicial el reconocimiento pleno y efectivo de las identidades culturales de los Pueblos Originarios TASTIL, LULES, IOGYS, ATACAMA y sus COMUNIDADES, dando cumplimiento al marco legal que establece la Constitución Nacional en su Art. 75, inciso 17 (“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…”), plasmado en el Artículo 15 de la Constitución de la provincia de Salta.
UNIÓN de los PUEBLOS de la NACIÓN DIAGUITA - UPND (Salta) AGRUPACIÓN de COMUNIDADES INDÍGENAS DTO. SAN MARTÍN (Salta) ASAMBLEA del PUEBLO IOGYS de la RUTA 86 (Salta)
CONSEJO del PUEBLO TASTIL. Quebrada del Toro (Salta) CASA de la CULTURA AWAWA. IRUYA (Salta)
9 D - FIESTA POPULAR POR UNA VERDADERA INDEPENDENCIA, NI UN PASO ATRÁS.
Los Pueblos Originarios hermanados, unidos y organizados.
A 29 años de la recuperación de la democracia, organizaciones de los Pueblos Originarios de distintos territorios, estuvimos presentes en la Plaza de Mayo para reafirmar una vez más nuestro compromiso con la construcción de un Estado Plurinacional, democrático y soberano. Por/ Equipo de comunicación del ENOTPO.
Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre, las organizaciones que conformamos el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, nos convocamos en Asamblea en la ciudad de Buenos Aires para evaluar el trabajo realizado a lo largo de todo el año, dar continuidad a nuestra agenda política y proyectar el nuevo periodo. Como pueblos originarios, nuestros tiempos y nuestras culturas se rigen por los ciclos naturales de los territorios, no obstante como sujetos políticos muchas veces debemos adecuarnos a la coyuntura, entendiendo que nuestra participación y presencia es fundamental para garantizar la aplicación de nuestros derechos como Pueblos preexistentes. Por más derechos y mayor pluralidad de voces
Allá por el 2009, año en el que tomo forma nuestro espacio, desde el ENOTPO asumimos el desafío de dar la batalla por una nueva la ley de medios más democrática y plural que incluyera nuestro derecho a la comunicación con identidad. Ante las expectativas generadas en relación al 7D decidimos convocarnos en esta fecha para exigir la plena vigencia de la Ley de servicios de comunicación audiovisual y defender aquel logro histórico que significo la inclusión de nuestro derecho a tener medios propios de los Pueblos Originarios.
Tras el fallo de la Cámara Civil y Comercial que prorroga la medida cautelar impulsada por el Grupo Clarín e impide la aplicación de una la Ley sancionada por el Congreso de la Nación, negando la voluntad y el derecho de todo el pueblo, queda comprobado que los intereses corporativos que existen detrás de los medios de comunicación son muy grandes y que esos monopolios aun detentan el poder económico suficiente para "comprar" su propia Justicia. Democratizar la Justicia
En este sentido, desde el ENOTPO resaltamos y acompañamos las palabras de la Presidenta durante el acto del 9 de diciembre, para profundizar la democratización de los 3 poderes del Estado, que permita la independencia del poder económico. Los Pueblos Originarios conocemos bien a esos sectores minoritarios y concentrados que detentan el poder y que son dueños y socios de las corporaciones mediáticas. Los conocemos de cerca porque son los mismos que nos han despojado de nuestros territorios, que se han proclamado dueños y amos, y que compran voluntades en la Justicia -cuando no son al mismo tiempo juez y parte- avasallando nuestros derechos y perpetuando la situación de opresión colonial.
Es fundamental revertir la realidad territorial actual de nuestros Pueblos, caracterizada por la continuidad de violencia y despojo por parte de los terratenientes, avalada por el poder judicial e invisibilizada por los medios hegemónicos de comunicación. Desde el ENOTPO seguiremos denunciando a los jueces corruptos y exigiendo justicia para nuestros hermanos asesinados por la defensa de sus derechos y Territorios.
Tal como lo hemos definido desde el principio, las organizaciones que conformamos el ENOTPO sostenemos la convicción de que la política indígena debe estar en manos de las organizaciones indígenas. Entendemos que el cambio hacia el Estado y la sociedad que queremos, con igualdad en la diversidad, solo será posible a través de nuestra participación y propuestas, con unidad y organización, articulando con el Estado la creación de normativas que regulen la aplicación del derecho indígena y políticas que garanticen su aplicación. Es por ello que seguiremos avanzando con paso firme en el compromiso que asumimos de construir un Estado Plurinacional, que nos permita desarrollarnos de forma plena en los territorios que ancestral y tradicionalmente ocupamos. Publicado por
En 2009, más de doscientas autoridades tradicionales de diversas Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios, nos reunimos para establecer un espacio de articulación y coordinación política, dando vida al Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios – ENOTPO. A partir de nuestro legado ancestral, nos unimos para fortalecer a nuestros Pueblos, generando políticas indígenas emanadas desde los territorios. Nuestras propuestas se plasmaron en un documento denominado “Construyendo el Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado: una política de interculturalidad”. Allí se estableció como política y demanda histórica de los Pueblos, “Retomar la palabra en primera persona” y se definió como prioridad el desarrollo de la “Comunicación con Identidad” como eje central de nuestra lucha y fortalecimiento. A partir del proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, hemos participado en todas las instancias de debate y movilización, con el objetivo de visibilizar la realidad territorial y fundamentar la necesidad de contar con espacios de comunicación de los Pueblos Originarios. Con nuestra participación y construcción política se logró incidir en la creación e inclusión de una nueva categoría de medios en el TITULO IX - Servicios de comunicación audiovisual de Pueblos Originarios de la actual Ley Nº 26.522. Esto es un logro histórico, que sentó precedente para los Pueblos Originarios de todo el continente. Esta Ley reconoce el derecho a la comunicación de los Pueblos Originarios y nos identifica como sujetos políticos de “derecho colectivo de carácter público- no estatal”.
Las organizaciones de Pueblos Originarios, manifestamos nuestro repudio ante los jueces que a través de una decisión arbitraria y contraria a derecho, silencian a los legisladores, organizaciones sociales y políticas que durante meses han debatido y consensuado la redacción de una Ley aprobada con el aval de diferentes sectores políticos. Como organizaciones políticas de Pueblos Originarios, hemos asumido la responsabilidad de hacer presente nuestra voz y ser protagonistas de nuestro destino. En este sentido, decimos que el 7D es para todos y todas, es deber del Estado en todos sus poderes garantizar la aplicación de la Ley y el Derecho a la Comunicación con Identidad.
Las 45 organizaciones territoriales nucleadas en el ENOTPO convocamos a todos los sectores políticos y sociales a reafirmar este proceso colectivo, uniéndonos para frenar los intentos de los monopolios mediáticos, de absorber o manipular nuestras luchas. Reafirmamos nuestro compromiso de lucha para la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con pluralidad de voces, avanzaremos en la construcción de nuestros medios, fortaleciendo nuestra cultura, nuestros idiomas, dando pasos firmes hacia la construcción de un Estado Pluricultural.
El ENOTPO REAFIRMÓ LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD CONTEMPLADO EN LA NUEVA LEY DE MEDIOS
6 de diciembre de 2012, BUENOS AIRES.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS REAFIRMARON LA LEY DE MEDIOS. Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), impulsamos la inclusión del derecho a la Comunicación con Identidad, con la creación de una nueva categoría de sujeto de derechos, en la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada en el año 2009.
En el transcurso del Foro Nacional de Comunicación Indígena realizado este jueves por la tarde en Cancillería Argentina, una vez más se destacó el impacto que conlleva la difusión de la realidad de los Pueblos Originarios hacia dentro de los territorios y hacia la sociedad en general. La comunicación comienza por el idioma. En argentina existen más de 38 pueblos originarios y se hablan mas de 17 idiomas diferentes al castellano. El nuevo Titulo IX de Servicio de Comunicación Audiovisual de los Pueblos Originarios, en cuanto a los artículo 151 y 152 de la nueva Ley 26.522, reconoce la diversidad idiomática de los pueblos y su prexistencia. El Foro, fue organizado por la Comisión de Pueblos Originarios que participa en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) a través de los delegados Luis Galvan, de la Organización Qom Mitagan, y Néstor Jerez, del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya ( CD-CA- PO), ambas integrantes del ENOTPO.
El compromiso de conformar un Estado Plurinacional y democrático que se asume desde el ENOTPO, reconoce en el 7D un punto de inflexión que abriría una nueva etapa con pluralidad de voces, diversidad de medios y democratización de la palabra para todos y todas. El fallo, que avergüenza a la justicia.
Desde el ENOTPO expresamos nuestro repudio a estos jueces que dan la espalda a una la ley sancionada por el Congreso de la Nación, burlándose de la voluntad popular. Sin embargo, todos los pueblos que conformamos la Argentina luchamos por recuperar nuestra voz en primera persona y cuando los pueblos ganan derechos, dan todo por mantenerlos. La ley de la democracia ya se ha encarnado en la sociedad, porque le dio apertura a nuevos contenidos, a las universidades, a otras formas de comunicación y a la comunicación con identidad. La resistencia de los grupos oligopólicos para no acatar el artículo 161 para la desmonopolización y democratización de la palabra, sólo reflejan las ansias de dominación y poder que quieren seguir detentando, generando desinformación y perpetuando la colonización de toda la sociedad.No se puede seguir prolongando lo inevitale, en el 2009 se ha iniciado un proceso irreversible, que camina hacia un nuevo paradigma socio cultural que se da no solo en argentina, sino en toda la región, en el que quienes quieran vivir en democracia deberán acatar las reglas de las mayorías, de los pueblos movilizados, que han elegido ser protagonistas de su propia historia. Publicado por
FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD “VOCES de los PUEBLOS ORIGINARIOS”
“VOCES de los
6 DE DICIEMBRE DE 2012 de 14 a 17 hs.
ORGANIZA ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE
PUEBLOS ORIGINARIOS - ENOTPO
COMISION DEL ENOTPO EN CANCILLERIA Y COMUNICADORES DEL
DIFUNDIR EL ORIGEN Y
LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SOBRE EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD, ESTABLECIDO EN EL TITULO IX, ART. 151 Y 152 DE LA NUEVA LEY
26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Palacio San Martin Arenales 761 o Esmeralda 1231 CABA
Salón Cedro del PSM (CASA 2 PISO 1)
A tres años de la aprobación de la LEY DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL de la democracia, apoyamos y exigimos la aplicación
efectiva de la LEY Nº 26522. La incorporación de la COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD
en la nueva ley, sancionada en el año 2009, ha dejado un precedente muy importante
sobre el reconocimiento del Derecho Indígena logrado a partir de la lucha
histórica y la construcción política de los Pueblos Originarios en Argentina. El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de
Pueblos Originarios se a realizado en marzo de ese mismo año en Almirante
Brown, provincia de Buenos Aires, del que participaron 200 referentes indígenas
de diversas organizaciones y regiones del país, fue un punto de inflexión
fundamental en el movimiento indígena. A partir de la propuesta de unidad y
organización elaborada desde este espacio de coordinación nacional de la
política indígena, fue posible reunir la fuerza necesaria para asumir el
desafío de avanzar con paso firme en el reconocimiento del Derecho Indígena con
incidencia en las políticas públicas hacia un Estado Pluricultural. Gracias a la militancia y compromiso de nuestras autoridades
y del equipo de comunicadores del ENOTPO, hoy la ley es una realidad y nuestro
derecho a la comunicación está reglamentado en el TÍTULO IX: SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, ART. 151 Y 152. Restablecer la voz y la palabra a los sin voz también es
salir de procesos de empobrecimiento y vulnerabilidad social. Para nosotros es
un gran desafío concretar la puesta en marcha de nuestros propios medios, su
instalación y administración debido a la condición histórica de colonialidad y
desigualdad en la que estamos inmersos. En este sentido, decimos que el 7D es
para todos y todas, y entendemos que parte del compromiso asumido por el
Gobierno Nacional es generar las herramientas y condiciones necesarias para
garantizar la plena y efectiva aplicación de la ley en relación a los Medios de
los Pueblos Originarios. Para sanar la herida colonial, es necesario la
democratización de la palabra y la pluralidad de voces, para que el mensaje de
los territorios llegue al conjunto de la sociedad argentina, para que todos y
todas puedan conocer y/o reconocerse en nuestra historia de lucha, nuestras
reivindicaciones, nuestras propuestas y los logros alcanzados.
El FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD “VOCES de los PUEBLOS ORIGINARIOS” se
desarrollará con el objeto de respaldar y exigir la aplicación plena de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que permitirá visibilizar el
proceso actual de la lucha de los Pueblos Originarios. Será un aporte más a la visibilización de este proceso y
permitirá generar lazos de identidad y hermandad entre los pueblos originarios
y la sociedad en general. Además, será un espacio que contribuirá a
profundizar, construir y proyectar nuevas formas de ejercer la comunicación
social en el marco de un Estado Pluricultural y democrático como lo es la República
El Foro consistirá en una jornada de debate e intercambio
-prevista para el día jueves 6 de diciembre, en la Cancillería Argentina- en la
que participarán autoridades filosóficas, referentes y comunicadores del
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios –
ENOTPO, quienes disertarán acerca de las diversas experiencias de comunicación
indígena. Además, se contará con la participación de representantes
del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Co.Fe.C.A.), de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, de la Comisión por una Comunicación Democrática, y
de otras organizaciones sociales y políticas.
- Acto de inauguración a cargo de autoridad del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) y la Comisión de Pueblos Originarios de
Cancilleria Argentina. Intervendrán las autoridades del Encuentro Nacional de
Organizaciones Territoriales.
- El proceso de conformación del Encuentro Nacional de
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO)y del Equipo de
Comunicadores. El proceso de elaboración de la propuesta de Comunicación con
Identidad del ENOTPO a cargo de
Autoridad y Comunicador.
- Panel de exposición e intercambio de experiencias de
comunicación con identidad.
(Programa en Radio Nacional Salta a cargo del equipo de
comunicadores y Radio Moqoit a cargo de OCASTAFE, provincia de Santa Fé).
- Panel con autoridades de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas(INAI), entre otros a confirmar.
- Cierre a cargo de delegado del ENOTPO en Comisión de
Pueblos Originarios en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) en
Cancillería y Autoridad del (CCSC).
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su
prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo
de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del
Pueblo Diaguita Cacano. Entre los argumentos para fundar la medida la jueza
habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el
Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re Te CI), nunca
habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley
26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en
el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay
Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia
Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui,
perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta
(Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida
luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una
comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido
informó elComité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones
Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada
por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la
vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y
solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando
cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente
año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de
ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la
existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta
información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento
Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado
juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva
inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el
desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo
por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los
cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado
municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento
de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual
Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de
vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan
trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la
jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el
Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectares
también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el
mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen
cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun,
declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy,
niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su
tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado
que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la
comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están
radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que
recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº
749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala
habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”.
A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede
ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010
la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y
Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar
documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo
ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue
de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por
parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el
14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el
juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la
detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que
vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º
“Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y,
en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre
de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art.
1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando
igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así
como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la
comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en
respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del
territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la
jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la
Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en
conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la
provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo
los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden
de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes
pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y,
único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de
El Pueblo Ocloya designó un nuevo Delegado para el Consejo de Participación Indígena (CPI)
SAN SALVADOR DE JUJUY: ASAMBLEA DEL PUEBLO OCLOYA Asamblea de autoridades de las comunidades del pueblo Ocloya en San Salvador de Jujuy
Por: COMUNICACIÓN ENOTPO
El hermano Ramón Gabino Jerez, Autoridad de la comunidad “Tilquiza”, resultó electo por mayoría como nuevo Delegado del CPI del Pueblo Ocloya (Jujuy). En la jornada de este sábado 1 de diciembre de 2012, se realizó la Asamblea del Pueblo Ocloya, en la que participaron autoridades tradicionales de las nueve comunidades, entre ellos estuvieron presentes: Carlos Cruz, comunidad Normenta Pacha; Clemente Zerpa, comunidad Corralón Abra Mayo; Ernesto Tolay, comunidad Tiraxi; Mariela Gutiérrez, comunidad Agua Blanca; Carmen Peñalva, comunidad Payhuaico; Miguel Toconas, comunidad Los Chorrillos; Ramón Jerez, comunidad Tilquiza; Rufino Zerpa, comunidad Laguna de Tesorero; José Antonio Gutiérrez, comunidad El Queñual.
Durante la mañana se generó un espacio de diálogo e intercambio de opiniones, de reflexión e información sobre el rol del Delegado y el reglamento que lo rige. En ella, las autoridades recalcaron que los designados para este mandato deben tener compromiso real para poder llevar adelante los desafíos y demandas que hoy tienen los Pueblos Originarios y sus comunidades.
El CPI se propone como una instancia de participación de los Pueblos Originarios y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, Ley Nº 23.302). Estuvieron presentes por este organismo representantes de las distintas áreas: Dra. Ángela Jaramillo (Directora de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas-DADI); Desdicación Caucota (actual CPI del Pueblo Ocloya); Lic. José Martínez (Coordinador de CPI), Ana Lía Rodríguez (Coordinadora del NOA de Re.Te.CI. Nación), Julio Peñaloza (co-coordinador de Re.Te.C.I. Jujuy), Adrián Lastra (Técnico del Re.N.O.P.I.) y referentes territoriales de la DADI (Región NOA) Germán David (Movimiento de la Nación Guaraní Kereimba Iyambae); Eduardo Carrizo (Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta) y Jacinto Aceri (organización Guaraní Ñemboat+ Guasu Tata Ogue Mbae de Salta).
En horas de la tarde, las autoridades llevaron a cabo la elección del Delegado a través de una votación, en la que Ramón Gabino Jerez, Autoridad de la comunidad “Tilquiza”, resultó electo por mayoría.
Reconocimiento de la posesión actual, tradicional y pública.
Desde las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios del ENOTPO se ha definido como prioridad acompañar la aplicación efectiva de la Ley Nº 26.160 y su prórroga Nº 26.554 llevada adelante por el INAI (organismo de aplicación). En el marco de la reunión, aprovechando la presencia de autoridades del Pueblo Ocloya y del Estado Nacional, la Coordinadora del NOA de Re.Te.CI. (Nación), se procedió a la entrega de las carpetas técnicas a las Comunidades “Tilquiza” y “Tiraxi”. La actividad se realizó en la sede del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO) con el acompañamiento y respaldo de todos sus miembros.
Pronunciamiento del Werken Ñancucheo de la Confederación Mapuche de Neuquén ante expresiones xenófobas del vice-intendente de Santa Rosa
Pronunciamiento ante expresiones xenófobas delvice-intendente de Santa Rosa, La Pampa (1).
Ante las expresiones vertidas por Ángel Baraybar, vice-intendente de Santa Rosa, en mi carácter de werken de la Confederación Mapuche de Neuquén y como funcionario del Gobierno Nacional, a cargo de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), lugar al que fui designado por mi organización en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional, me encuentro en la obligación de denunciar esas declaraciones lesivas y justificatorias de graves violaciones de derechos humanos.
En su intervención durante la sesión ordinaria del Consejo Deliberante del día 16 de noviembre de 2012, en el marco del debate generado por un proyecto que propone cambiar la denominación de la avenida “Julio Argentino Roca”, Baraybar asumió la defensa del genocidio llevado adelante contra el Pueblo Mapuche en la denominada "campaña del desierto", basándose en un discurso xenófobo y racista que degrada y agravia tanto a la sociedad chilena como también al Pueblo-Nación Mapuche, afectando directamente su derecho colectivo y atentando contra el reconocimiento de su identidad y cultura preexistente.
Más allá de las opiniones personales, el Derecho Indígena está reconocido y no queda sujeto a la libre interpretación. Baraybar forma parte de la estructura del Estado y sus palabras son emitidas desde su función pública, por lo tanto como funcionario público debe respetar las normas de derecho, sancionadas constitucionalmente. Sus dichos van en contra de la Constitución Nacional, como así también de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Derecho Indígena y una amplia jurisprudencia nacional e internacional.
En su intervención, Baraybar plantea que “los que estaban allí (en la Patagonia), que se llaman originarios, no eran tan originarios, eran indios chilenos, araucanos en su mayoría”.
Al respecto, cabe aclarar que los Pueblos Originarios somos “preexistentes” y tenemos derecho a la autodeterminación, tal como lo establecen la Constitución Nacional Art.75 Inc.17 y el Convenio Nº 169 de la OIT, respectivamente.
Esto quiere decir que nuestras identidades territoriales y culturales están ligadas a los territorios que, como pueblos-naciones, habitamos desde tiempos inmemoriales y anteriores a los límites políticos establecidos –o impuestos por la fuerza- ya sea en la época de la conquista, en el período colonial o más tarde -hace tan sólo 200 años- en el marco de la conformación de los Estados-Nación modernos.
El Pueblo Mapuche se autodetermina como tal y es anacrónico encasillarlo en identidades como la “chilena” o “argentina”. El término “araucano” que Barybar emplea es una denominación impuesta desde una categorización externa para denominar al Pueblo Mapuche. Por otro lado, el funcionario expresó “Estamos hablando de una ‘Conquista del Desierto’, podríamos hablar de recuperación territorial (…) gracias a esa recuperación de esos territorios hoy tal vez la Patagonia no sea chilena".
En primer lugar, nos preguntamos ¿cómo es posible recuperar algo que nunca fue propio? La concepción de "desierto" fue una construcción falaz acuñada por los intelectuales de la época para justificar el avance del nuevo Estado sobre territorios que estaban previamente habitados por los pueblos originarios.
La genealogía geopolítica y militar de las fronteras de los Estados “modernos” en América Latina se constituyó en un contexto de conflictividad social y política e implicó a una gran diversidad de actores con intereses contrapuestos.
En Argentina, con el fin de las guerras civiles hacia 1880 y el triunfo en manos de la burguesía y la oligarquía porteña y santafesina, se consagró el proyecto unitario-liberal-eurocentrado, el cual consistía en la incorporación del país al nuevo orden capitalista mundial como productor y exportador de materias primas, de acuerdo a las demandas provenientes del proceso de industrialización europeo.
Este proyecto demandaba la incorporación de nuevas tierras productivas, lo que implicaba el control estricto sobre la población y los límites del nuevo Estado. Para ello, se construyó sobre los Pueblos Originarios la imagen de un enemigo interno en base a postulados evolucionistas y positivistas que construyeron un discurso estigmatizante y racista, situándolos como contraparte de la civilización y el progreso, en el lugar de la barbarie, exacerbando su belicosidad y elaborando así prejuicios útiles. Del mismo modo, se elaboró la noción de “desierto”, en tanto “vacío de civilización”.
Por lo tanto, a la luz de los procesos históricos que condujeron a la conformación de las fronteras políticas y socio-culturales del Estado Argentino, no es posible hablar de “recuperación territorial”, ya que en los hechos fácticos, fue una usurpación por parte de ambos estados –argentino y chileno- del territorio de los diferentes Pueblos Originarios que allí convivían.
Del mismo modo, respecto a su afirmación: "Todavía hay indios, no fueron exterminados”, su argumentación para negar el genocidio, evidencia su ignorancia al respecto. Dado que un genocidio no implica la matanza total de un Pueblo sino que constituye la ejecución de un plan sistemático de exterminio de una determinada población. Pero más allá del “desconocimiento” del funcionario público, no cabe argumentación alguna que pueda justificar el genocidio físico y cultural de un Pueblo, como pretende hacer el vice-intendente ya sea por el origen territorial del mismo, por la jerarquía política del genocida o por los supuestos logros obtenidos.
En nombre del “progreso”, se legitimó la avanzada militar y el uso de la fuerza como herramienta de gobierno sobre nuestros pueblos. Este plan, que posibilitó la incorporación del territorio indígena (Patagonia) y la consolidación de fronteras en zonas pretendidas por Chile, tuvo como consecuencia la apropiación de esas tierras y sus bienes naturales por parte de las élites dominantes, y el desarrollo del sistema capitalista mediante la imposición sistemas de hacienda y arrendamiento en nuestros propios territorios, la reducción a la servidumbre, esclavitud y el aniquilamiento de gran parte de la población indígena que ofreció resistencia al proceso de despojo.
Es importante, entonces, tener presente que cuando se habla de Julio Argentino Roca y de su legado, no podemos olvidar que se está hablando del ejecutor político y militar de este plan de exterminio.
Por último, en relación al comentario en el que esboza que "hoy está de moda el decir, digamos, defender a la gente que tuvo su lugar acá originariamente", es alarmante que un funcionario público hable de "modas" al referirse a la aplicación de derechos fundamentales de un Pueblo. El ejercicio pleno y efectivo del Derecho Indígena es una obligación que el Estado y sus gobernantes deben aplicar, no una moda. Desconoce además la reforma constitucional de 1994, en la cual se reconoce la preexistencia de los Pueblos Originarios, como así también las políticas de derechos humanos y de justicia social, emprendidas por el actual Gobierno Nacional.
Por lo tanto, como planteamos anteriormente, lo que se debate aquí es el modelo de Estado y de Nación, como parte de la construcción de sociedad más justa y equitativa que de cuenta de su riqueza pluricultural. Muchos gobiernos de la región han asumido esta realidad y han tomado un nuevo rumbo político, generado un escenario favorable para avanzar en la restitución de nuestros derechos como Pueblos Originarios.
Es de esperar que con los cambios políticos y culturales que se vienen dando en la región de Sudamérica, con pueblos que caminan a paso firme hacia un nuevo proyecto con mayor igualdad social, entren en ebullición las discusiones con aquellos sectores hegemónicos como las élites criollas terratenientes y sus aliados como la Iglesia, las ONGs y las empresas multinacionales, que desde fines del siglo XIX se han enquistado en el poder lucrando a costa del saqueo a nuestros pueblos, territorios y bienes naturales.
No obstante, nos encontramos ante un momento histórico en el que los Pueblos somos cada vez más protagonistas. Los Pueblos Originarios a través de nuestras propias Organizaciones Territoriales hemos ganado mayor presencia y participación en la política indígena y asumimos el desafío de elevar el debate político, histórico y cultural en relación a la realidad indígena en Argentina, para construir junto a toda la sociedad, un Estado Plurinacional, representativo de sus propias raíces y de su riqueza socio-cultural. Hay una sociedad que empieza a revisar la historia, que vuelve a buscar su origen y su propia identidad. En este contexto, es necesario que el Sr. Baraybar, como así también todos aquellos que acompañan su discurso, puedan aceptar que el modelo colonialista y euro-centrista del siglo XIX se ha derrumbando ante el surgimiento de un nuevo paradigma cultural y político.
Sobre todo, es fundamental que aquellos que ocupan cargos en el Estado y que han asumido responsabilidades políticas, respeten y cumplan con el orden democrático y la normativa vigente tanto nacional como internacional. Convocamos al vice-intendente de Santa Rosa a que asuma su responsabilidad como parte de un gobierno cuya jurisdicción abarca un territorio plurinacional y pluricultural, habitado por diferentes Pueblos como el Mapuche, el Rankel y el Tehuelche. Como funcionarios públicos tenemos la obligación de gobernar para toda la sociedad, respetando y haciendo respetar los derechos establecidos en la Constitución Nacional, entre los cuales están los derechos de los Pueblos Originarios.
Werken - Confederación Mapuche de Neuquén
Director - Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales- SAYDS
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=11636
(1) http://www.diariotextual.com/politicaa/item/1442-el-audio-de-baraybar-sobre-roca.html
Urgente: Nuevos hechos de violencia contra el Pueblo Wichi en Formosa
FORMOSA: EL DERECHO INDIGENA VULNERADO
La oligarquía terrateniente y las fuerzas de seguridad formoseñas desalojaron a 15 familias de la comunidad Wichí de Pampa del Veinte, violando los derechos establecidos en la Carta Magna y en la legislación Nacional e Internacional. Por: equipo de comunicación del ENOTPO
Durante el día de ayer en horas de la tarde, 15 familias del Pueblo Wichí de la comunidad Pampa del Veinte - localidad de Las Lomitas, provincia de Formosa - fueron desalojadas por el terrateniente y abogado local, Ramón Juárez. Este último radicó una denuncia, aduciendo que las familias utilizan agua de una represa que se encuentra en el Territorio que el terrateniente se adjudica como propio, pero que el Pueblo Wichí utiliza desde tiempos inmemoriales.
A raíz de este conflicto, Ramón Juárez se presentó con 15 agentes de la policía de la provincia de Formosa en el Territorio que habitan ancestralmente las familias Wichí, haciendo un claro abuso del poder, los obligaron a abandonar el Territorio. Ante estos hechos de violencia, sólo 5 familias lograron resistir el desalojo. Sin embargo, hoy por la mañana debieron abandonar el lugar ante una nueva intromisión que en este caso implicó la quema de una de las casas y de todas sus posesiones.
La Ley Nacional de orden publico N° 26.160 y su prórroga N° 26.554 vigente, establecen la suspensión de los desalojos en territorio indígena, hasta que se complete el correspondiente relevamiento y ordenamiento territorial, con cumplimiento pleno del derecho indígena a la consulta y participación. En este sentido, las acciones llevadas a cabo por Juárez en complicidad con las fuerzas de seguridad y los funcionarios de turno, son diametralmente contrarias a la Constitución Nacional, al derecho indígena y a los derechos humanos.
Hasta el momento, los miembros de la comunidad continúan realizando trámites en la comisaría, a donde se acercaron para presentar la denuncia correspondiente. Allí está presente Mariano López, referente de la Organización Interwichi y delegado territorial de la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena – INAI, quien planteó que “estos casos son frecuentes y que van a seguir ocurriendo mientras que el Gobierno Provincial y las fuerzas de seguridad no asuman la obligación de respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional y los derechos fundamentales de los Pueblos Originarios”. Publicado por
Nuevo golpe a la Justicia tucumana
Pronunciamiento ante la nueva intromisión terrateniente con intervención de la Gendarmería Nacional, en Chuschagasta, Territorio Diaguita 21 de noviembre de 2012
El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, manifiesta su repudio ante la intervención en el territorio ancestral de la Comunidad Chuschagasta de la Nación Diaguita, por parte de la Gendarmería Nacional, en conjunto con jueces que desoyen las normas constitucionales y avalan los intereses personales de los terratenientes locales. El día 20 de noviembre de 2012 se presentaron alrededor de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional junto con el terrateniente, empresario tucumano Darío Amin con una orden judicial del Juzgado Federal Nº 2, firmada por el juez, Dr. Fernando Luis Poviña, en la que autorizaba a realizar una “inspección” en la actual localidad de El Chorro, Departamento de Trancas en Tucumán. Una vez más, las fuerzas de seguridad defienden intereses sectoriales (los privados) en lugar de velar por la defensa de todos los ciudadanos.
Desde hace tiempo, es frecuente encontrar en la zona grupos paramilitares de Darío Amín, que han abierto el fuego contra la comunidad, amedrentándolos cotidianamente para que desistan en su lucha legítima y constitucional por el derecho a la preexistencia en el Territorio. La comunidad debe convivir cotidianamente con esta violencia física y psicológica, que tiene por objetivo desmovilizar y desorganizarlos, para lograr que abandonen el Territorio que habitan desde tiempo inmemoriales. En esta nueva intervención en Territorio Diaguita, ha quedado en claro, que la interpretación de las normas por parte de la Gendarmería Nacional es siempre funcional a las oligarquías provinciales y a los terratenientes locales, legitimando la invasión, el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No es novedad el accionar autoritario de muchos miembros de estas fuerzas que haciendo uso y abuso de su lugar de poder han cometido cruentas intervenciones que persisten en la memoria de los Pueblos, tal como ha sido la “Masacre de Rincón Bomba” en 1947 (también conocido como Genocidio Pilagá).
Demandamos que la reparación histórica y el diálogo intercultural se conviertan en políticas públicas que impulsen la reflexión actual, cotidiana y permanente sobre el presente histórico de los Pueblos Originarios.
SALTA: NUEVA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA REFORMA, ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LOS CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Masiva participación de los Pueblos Originarios en la Audiencia
Un 50% de las vocerías en la audiencia estuvo a cargo de representantes de distintos Pueblos Originarios que llevaron su propuesta desde todas las regiones del país.
Ponencia de los Pueblos Originarios en la audiencia pública, Legislatura de la provincia de Salta.
Viernes 9 de noviembre de 2012 Por: Equipo de comunicación del ENOTPO. Alrededor de 150 hermanos y hermanas de Pueblos Originarios nos dimos cita este 9 de noviembre en la Legislatura provincial salteña para dar a conocer la propuesta y posicionamiento político ante la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, haciendo hincapié en la inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena.
Los Pueblos Originarios, hoy estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones y hemos unido nuestra lucha en un espacio de coordinación política denominado Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, que cuenta en la actualidad con 45 organizaciones indígenas. Desde este espacio, hemos generado una masiva movilización y participación en el proceso de reforma de los códigos civil y comercial, el cual hoy nos convoca en Salta para presentar nuestra propuesta de reglamentación de nuestros derechos contemplados en la Constitución Nacional y Convenios Internacionales en el nuevo código. La propuesta del ENOTPO aborda distintos temas como el derecho colectivo a la Propiedad Comunitaria Indígena, el carácter de la Personería Jurídica Pública no Estatal, el Derecho Colectivo, el Prenombre y el Pueblo como Sujeto de Derecho a la Participación y Consulta, entre otros. La misma tiene como objetivo dar respuesta la superación de problemáticas históricamente relegadas, como la usurpación, los desmontes, la titularidad de la tierra y la situación de desigualdad socio-cultural. Esta postura introduce modificaciones al anteproyecto de reforma, solicitando la introducción de nuevos artículos y pone en el centro la ampliación del Derecho Colectivo. Domingo Villagra, del Pueblo Tolombón – Nación Diaguita expuso: “La provincia de Tucumán fue cuna de la independencia en 1816 para el Estado nacional, y los pueblos hemos participado en esa gesta, para que seamos un país libre y soberano. Así, las evidencias dan cuenta de ello a lo largo de la historia. Por ejemplo, en estos dos últimos años la presidenta de la Nación ha exhibido las actas en diferentes idiomas, en una fecha significativa como es el 9 de julio. Sin embargo, para los que somos preexistentes, en este nuevo Estado-nación predominó una ideología política que intentó exterminarnos culturalmente, lo que significó la enajenación de nuestro territorio al conformarse un sistema feudal de subordinación política y económica ligado a la religión católica, para convertirnos en servidores de los terratenientes hasta nuestros días. (…) Nosotros queremos la reforma del Código Civil, porque en el caso de Tucumán estamos sufriendo muchos atropellos por parte de los jueces y fiscales, quienes se agarran del Código Civil para disponer desalojos y armar causas sin pruebas”. Desde las organizaciones territoriales dejamos en claro que no permitiremos que otros actores, como ONG’s, fundaciones o Iglesias se pronuncien en nuestro nombre como intermediarios entre el Estado y los Pueblos Originarios. Hemos retomado la palabra en primera persona, somos los Pueblos a través de nuestras organizaciones los interlocutores válidos y hemos asumido el desafío de proponer y construir la política pública indígena, de acuerdo al mandato desde nuestros territorios.
Salta, Territorio Originario.
Salta es la provincia con el mayor número de Pueblos Originarios de lo que hoy es la República Argentina. Entre ellos se encuentran los pueblos Wichi, Diaguita, Kolla, Tapiete, Chorote, Chulupí, Chané, Qom, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Tastil, Iogys, Atacama y Lule de los cuales los últimos cuatro aún no han sido reconocidos por el gobierno provincial. Esta situación fue denunciada por muchos de los expositores, entre ellos, Mario Tolaba expresó que “la discriminación sigue existiendo ya que la Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia reconoce tan sólo nueve pueblos en Salta, desconociendo al resto” e invocó que se cumpla el reconocimiento a la preexistencia establecido en la Constitución Nacional.
En este marco, los ponentes exigieron el cumplimiento de la Ley 26.160 y su prórroga 26.554, y el pronto inicio del Relevamiento Territorial en la provincia de Salta, denunciando el vergonzoso manejo de los fondos realizado por el Equipo Técnico Operativo (ETO) provincial, el cual fue designado por la provincia a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
Antonio Soto, de la UPND-Salta, planteó: “En la actualidad, nuestras comunidades, en un proceso de reorganización más rápido, y teniendo en cuenta que nuestra provincia es la que más ha extranjerizado la tierra, entienden que el tema principal es el Territorio y la Propiedad Comunitaria como un medio de defensa ante esa nueva extranjerización, que creo que es la misma que la mayoría de los argentinos entendemos que muchas veces llevó a la bancarrota a nuestro país”.
Santos Alankay, de la misma organización, agregó: “A pesar del marco legislativo que existe en materia de derecho indígena, de base colectiva, las familias de nuestras comunidades son denunciadas por usurpación, tratadas como ladrones de campo –irónicamente de nuestros propios lugares de origen-, y de esa manera queda reflejado el desconocimiento y a veces la indiferencia o las posiciones ideológicas de un sector (…) A ese sector, que forma parte de la sociedad, le digo que estoy seguro de que aquella persona que le lava la ropa, que le cambia los pañales a sus hijos, que le corta el pasto o le construye la casa, es descendiente de Pueblos Originarios. No podemos seguir tapando el sol con las manos. A esto se suman las recomendaciones internacionales, de las ONG y de algunos indigenistas que hoy contradicen este proceso”.
Ayelen Sánchez de la comunidad Lickan Antay Corralitos que integra la Red del Pueblo Atacama de la puna de Atacama provincia de Salta y del Salar de Atacama región de Antofagasta Chile, dijo, “Es necesario un cambio de paradigma jurídico y social, que reconozca la pluralidad de culturas que integran el Estado argentino. También los pueblos decimos que queremos el derecho indígena para nuestros intereses y que no sea usado por “especialistas de escritorio” que usan nuestra causa para sus intereses personales e institucionales los cuales salen a hablar de los derecho de los pueblos sin legitimidad ya que no se refrendan en ninguna autoridad o pueblo originario”. También agregó, “El punto 82 del informe del relator de la ONU para la Argentina sobre la situación de los pueblos indígenas indica que se debe actualizar los códigos civil, penal, minero y otras legislaciones, para que no sea contradictoria con la Constitución Nacional, la legislación federal y los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas, también en este informe el relator pide que se armonice la legislación Provincial y Nacional” Una Audiencia pública a puertas cerradas.
Las organizaciones territoriales de los pueblos originarios llegaron a la Legislatura salteña para participar de la audiencia pública y sorpresivamente se encontraron con las puertas cerradas. Al respecto, el Sr. Tolaba, manifestó en su ponencia: “Me siento un poco dolido porque ésta es una audiencia pública y hay muchos representantes de Pueblos que vinieron de lejos para estar presentes y no se les permitió entrar al recinto. Hay hermanos que vinieron del Sur, de Salta, de500 o 600 kilómetros, a expresar su postura y han quedado afuera”. Los miembros del cuerpo de seguridad y de la organización del evento, aducían que el acceso estaba restringido a los expositores, algo inaudito a lo largo de todo el proceso de las audiencias. Recién después de largos minutos de espera la totalidad de los representantes que se hicieron presentes en la audiencia pudieron ingresar al edificio.
Urgente: Nuevos hechos de violencia contra el Pueb...
SALTA: NUEVA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA R...

References: Artículo 75
 Artículo 15
 Artículo 15
 artículo 151
 artículo 161
 artículo 1
 artículo 2