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Timestamp: 2018-01-18 06:01:45+00:00

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Derecho Civil II. Alejandro A. Taraborrelli.: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. AUTOR. ALEJANDRO TARABORRELLI.
Derecho Civil II. Alejandro A. Taraborrelli.
COMPOSICION DE LA CATEDRA
ALEJANDRO ATILIO TARABORRELLI
LAURA ZULEMA CASTRO
MARIA ALEJANDRA STOHBAVER
GABRIEL ANTONIO TALCO
SUSANA MATILDE SEVERINO
MARIA LAURA BRUNO
JORGE MARIO CARUSO
LIBROS DEL TITULAR
ACCION DE REPARACION DE DAÑOS. AUTOR: ALEJANDRO TARABORRELLI.
SERVICIOS ESENCIALES. AUTONOMIA UNIVERSITARIA. AUTOR: ALEJANDRO TARABORRELLI
CODIGO CIVIL COMENTADO DRES. GHERSI Y WEINGARTEN. COAUTOR: ALEJANDRO TARABORRELLI.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. AUTOR. ALEJANDRO TARAB...
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ANALISIS DEL CODIGO CIVIL A LA LUZ DEL PENSAMIENTO...
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. AUTOR. ALEJANDRO TARABORRELLI.
INTRODUCCIÓN. OBJETIVO DEL TRABAJO
RESPONSABILIDAD ESTATAL EN GENERAL
LA CUESTION EN EL DERECHO COMPARADO
LA JURISPRUDENCIA EN NUESTRO PAIS
1)INTRODUCION. OBJETIVO DEL TRABAJO.
Destaco y resalto en forma previa y aclaratoria que el presente es un trabajo de investigación en el cual hice hincapié en doctrina extranjera y nacional así como fallos determinantes y normativa actual y antigua del derecho extranjero.
El objeto fue desentrañar y clarificar el concepto de responsabilidad civil del estado y error judicial. Para ello, luego de una introducción y análisis previo, abordare el estudio de las funciones del estado en general para arribar a la función jurisdiccional en particular. A continuación, siguiendo el mismo método anterior (deductivo) analizare la responsabilidad del estado en general para arribar a la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional y luego el error judicial. También tratare el tema de la responsabilidad personal de los jueces como funcionarios públicos y para cerrar, voy a centrar el trabajo en la actualidad y evolución jurisprudencial del error en el caso puntual de la prisión preventiva.
2)IMPORTANCIA DEL TEMA.
Según nuestra Corte Suprema de Justicia, el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Siguiendo este precepto y lo establecido en la mayoría de doctrina, se advierte prima facie que la responsabilidad estatal derivada de la función jurisdiccional sólo será posible considerando una actividad ilícita. Cuestión diferente esta al resto de las funciones estatales de las cuales pude derivar responsabilidad por actividad licita también, tal el caso de la responsabilidad del Estado por actividad legislativa lícita tan tratado en el derecho frances a partir del caso La Fleurette . Aquel precedente permitió la reparación por parte del estado manteniendo la licitud de la norma que produjo el daño. En el caso se trataba de una empresa que fabricaba un producto llamado "Gradine" y el Estado resuelve prohibir su fabricación ya que una Ley de 1934 monopolizó a favor del Estado la fabricación de tales productos prohibiendo su fabricación a los particulares.
Son variadas la hipótesis de daños derivados de error judicial. Así, tenemos la posibilidad de advertir daños derivados de la mala concesión de medidas cautelares, prisiones preventivas mal otorgadas, prolongación irrazonable de detenciones, e irregularidades procesales en general, y al final del presente llevare adelante la evolución jurisprudencial respecto de los daños derivados de la fijación de prisiones preventivas, que advierto, prima facie, no es unánime ni regular en nuestro tribunales.
3)LAS FUNCIONES DEL ESTADO
En un Estado como el nuestro, estructurado básicamente con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, luego de la reforma constitucional de 1994 podemos hablar de 4 funciones. Función Legislativa, la cual corresponde en forma propia al Poder Legislativo aunque en forma impropia puede ser ejercida por los otros poderes y en forma excepcional. Función Gubernativa, que consiste en la función política que ejercen el Poder ejecutivo y Legislativo. Función administrativa que cumple en forma propia el Poder Ejecutivo y en forma impropia los otros poderes y función Jurisdiccional que cumple en forma propia el Poder Judicial.
Mediante la función legislativa se establecen y sancionan las normas jurídicas a la que deberán someterse todas las personas, sean de existencia visible o ideal.
La función administrativa es aquella que tiene como objetivo general llevar adelante en la practica los cometidos estatales.
Al Poder Judicial le compete originariamente llevar adelante la función jurisdiccional. Esta función jurisdiccional comprende dos facetas bien diferenciadas. Por un lado el Estado a través del Poder Judicial, aplica sanciones, refiriéndonos al caso del derecho penal. Así, el Código Penal (norma de fondo) contiene tipos penales y sanciones a las conductas que se ajustan a dichos tipos. En la esfera del derecho penal, el impulso de la parte sólo se hace indispensable en el caso de los delitos de acción privada.
La otra función del Poder Judicial es resolver litigios. Palacio señala que “siempre que medie un conflicto entre particulares , o entre un particular y el Estado , referente a derechos subjetivos privados de aquellos”, la intervención de un órgano judicial es constitucionalmente ineludible”.
Es importante destacar que en general, y en particular en nuestro país, se habla de las funciones del Poder Judicial, la constitución establece un Poder Judicial, que es quien ejerce la función jurisdiccional. Sin embargo, no debería predominar el criterio orgánico, por cuanto esa función se ejerce también fuera del Poder Judicial y en el seno de éste se realiza actividad administrativa y hasta legislativa (lato sensu), aunque desde luego ello sea excepcional. Dentro del Poder Judicial se desarrolla actividad administrativa (nombramientos, sanciones) y legislativa (dictado de acordadas, reglamentos, instrucciones de servicio) pero lo esencial sigue siendo la función jurisdiccional.
Hay además una teoría minoritaria que entiende que los fallos judiciales en muchos casos (ej. fallos plenarios) constituyen función legislativa ya que los jueces al interpretar pueden llegar a variar el objetivo inicial del legislador.
La doctrina administrativa, se manifiesta por reconocer que se ejerce función jurisdiccional fuera del Poder Judicial, como por ejemplo la que desarrolla el Poder Legislativo en el juicio político, o en el dictado de una ley de amnistía (olvido) y la gran actividad jurisdiccional que realizan los órganos administrativos, como los tribunales municipales de faltas, por ejemplo. También es reconocida por muchos autores la función jurisdiccional del presidente de la Nación al dictar un decreto de indulto.
Es importante destacar que el tema que estoy abordando es tratado en otros países como Responsabilidad del Estado-Juez, o bien directamente como responsabilidad de los jueces.
Los jueces son los sujetos que encarnan la función jurisdiccional y aparecen en el proceso como una autoridad imparcial e impartial dotada de ciertas atribuciones que ejerce independientemente en un proceso.
Es fundamental la relación de la función de los jueces y su responsabilidad. Cabe destacar allí la posibilidad de aplicación del artículo1112 del Código Civil, en la calidad de funcionario público del Juez.
Es importante recordar, previo al análisis profundo del error judicial, en que consiste la función de los jueces y cuales son sus facultades.
En doctrina a estas facultades se las denomina elementos de la jurisdicción y son las siguientes: notio, vocatio, cohertio, iudicium y excecutio.
La notio es la facultad que tienen los jueces de conocer en los asuntos a los que se los convoca. Esta cuestión esta muy relacionada con su competencia.
Con el vocablo vocatio (de vocare: llamar) se hace referencia a la potestad que tiene los jueces de citar y emplazar a las partes a comparecer a estar a derecho bajo apercibimientos de declararlos rebeldes y seguir el proceso sin su efectiva presencia.
La cohertio es la facultad de ejercer el uso de la fuerza sobre cosas y personas.
La judicium es el poder de decidir imperativamente, de decidir con fuerza obligatoria la controversia, o formular o negar la declaración solicitada, o resolver sobre la existencia del ilícito penal y de la responsabilidad del imputado, cuyos efectos en materias contenciosas vienen a constituir el principio de la cosa juzgada.
En Roma se daba el iudicium publicum y el iudicium privatum. En el caso de la “iudicium publicum” como el hecho vulneraba a la propia comunidad, entonces podía ser ejercida por cualquier ciudadano o por el magistrado correspondiente, dando en este caso lugar a este instituto. La “iudicium privatum” se trataba de una acción que pertenecía exclusivamente a la víctima del delito y se originaba ante la lesión del sólo interés particular. Estos dos casos tienen semejanza con lo que hoy serían delitos de instancia pública y delitos de instancia privada, con la diferencia que aquí un solo juez habitualmente tiene competencia para ejercer funciones.
El vocablo excecutio se hace referencia a la potestad que ostentas los jueces de hacer cumplir sus decisiones, es decir, de imponer el cumplimiento del mandato jurisdiccional. Este vocablo se relaciona con el denominado poder de imperium.
Como síntesis, puedo arriesgar a definir la función judicial como el ejercicio de las facultades judiciales o del oficio que es propio de los jueces y también la capacidad de actuar de una manera específica que caracteriza al poder judicial como poder del Estado. Es decir, la función judicial comprenderá aquellos modos de acción que pertenecen a la judicatura como departamento organizado del Estado y los medios por los cuales logra sus propósitos y ejercita los poderes que le son peculiares.
Debo destacar en este humilde trabajo que la responsabilidad estatal derivada de errores judiciales se relaciona, en principio, con las funciones antes mencionadas de cohertio, iudicium y excecutio.
4)RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
4.1)LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN GENERAL
En los comienzos existió la teoría de la irresponsabilidad. El principio de la irresponsabilidad del Estado se mantuvo durante siglos y tiene su fundamento en la noción de soberanía.
En la antigüedad los reyes tenían poder absoluto sobre su reino. Erán ellos los representantes de Dios en la tierra, Estado y gobernante se confundían en uno de origen divino.
Los actos de los gobernantes se tenían también por divinos, por lo que el gobernante era incapaz de hacer daño o equivocarse.
En tiempos pasados, la administración y sus agentes no eran responsables por los perjuicios que hubieran podido ocasionar a los administrados; tampoco lo eran por los actos legislativos y judiciales, al soberano no le cabía ningún tipo de responsabilidad, gozaba de una absoluta omnipotencia. El lema de según el cual the King can do no wrong todo lo dominaba.
Desde sus orígenes, el Estado tuvo variantes para facilitar que los particulares cuestionaran sus decisiones o actos. El rey no puede hacer el mal (The king can do no wrong) aparecía como principio en Estados Unidos permitiendo, únicamente, la demanda por responsabilidad de los funcionarios si habían actuado sin el consentimiento del Soberano. Asimismo, no era admitido que el mismo Soberano fuera cuestionado por sus propios Tribunales traduciéndose, sin más, en la total irresponsabilidad del Estado.
El Rey no se equivoca o el Rey no puede equivocarse? El Rey no puede hacer el mal o no debe hacer el mal? Estas frases también dieron lugar a discusión. Cual es la discusión? Si la frase implicaba que el rey no debía equivocarse o bien que el Rey era infalible y entonces nunca podría causar daño al ser el representante de Dios en la tierra, o bien nunca causaba un mal.
La irresponsabilidad del Estado era indiscutible para esta época. La capacidad de responder del Estado por sus actos era inconcebible gracias a una cultura que así lo establecía. Los fundamentos sociológicos que imperaron en estas sociedades obligaban al individuo a considerar los actos de los gobernados indubitablemente necesarios y de buenos fines.
Durante la Edad Media, la soberanía no se realizó de un modo absoluto por influencia de los dogmas del Cristianismo que instaban a los gobernantes a regir los destinos de la comunidad respetando las leyes de Dios y dando a cada uno lo suyo, no es menos cierto que no se realizó de un modo excluyente, ya que al recibir las ideas de los griegos (quienes concebían a la ciudad como una entidad suprema), se concibió la idea de soberanía sin restricciones.
Durante el Siglo XVI, Con el triunfo del absolutismo monárquico, se inauguró una de las épocas más inmorales del Derecho Público. El modelo de Estado se basó en el poder absoluto, tanto en lo interior como en la independencia absoluta en lo exterior. Esta concepción consolidó la irresponsabilidad del Estado porque no se concebía que el monarca o rey pudiera causar perjuicio
Desde la revolución Francesa, Si bien hubo una traspolación del concepto de soberanía (dejó de pertenecer al rey y pasó al pueblo), también se concibió al pueblo como infalible y a la soberanía sin limitaciones. Esta posición no hizo más que acentuar el despotismo y la irresponsabilidad del Estado.
Recién en el siglo XIX, con el advenimiento del constitucionalismo, se vislumbró que ningún sentido tendrían las garantías que protegían los derechos del hombre estatuidas en los ordenamientos constitucionales de cada país si no se reconocía responsabilidad al Estado.
Por ello, el Estado de Derecho no reconoció poderes absolutos ni ilimitados a favor del Estado.
Es de destacar que este cambio fue progresivo y no exactamente igual en la orbita contractual que en la orbita extracontractual.
En el derecho Frances se da un puntapié de importancia con el llamado “Caso Blanco”.
A partir del caso Blanco en Francia, resuelto en 1873, se perfiló una concepción publicista sobre la responsabilidad del Estado, la cual se montaba sobre la distinción entre "falta de servicio" y la "falta personal", abandonando con ello la noción de "culpa" que hasta ese entonces era el presupuesto inexcusable de la responsabilidad de la persona jurídica del Estado.
Por "falta de servicio", se entendía que el mismo era el "funcionamiento irregular o defectuoso del servicio", tomando el concepto de servicio público en su acepción amplia, es decir como toda actividad jurídica o material emanada de los poderes públicos que constituyen la función administrativa.
Por "falta personal" se entendía que era aquella que excede el margen de mal o irregular funcionamiento del servicio, y que para su configuración se tiene en cuanta la culpa o dolo del agente público, pudiendo darse tanto cuando se excluya la falta de servicio o cuando se vincule al servicio. Por esta falta personal se responsabilizó a los agentes públicos frente a los administrados y se delimitó la responsabilidad del Estado.
En síntesis, puede decirse que la postura francesa sobre la responsabilidad del Estado se construyó sobre la idea de falta, concebida como el funcionamiento irregular o defectuoso de la función administrativa, debiendo apreciarse la misma de acuerdo a las leyes y reglamentos que rige la función, y el daño causado al administrado, siempre circunscrito a la responsabilidad extracontractual del Estado.
4.2)LA CUESTION NORMATIVA EN EL DERECHO COMPARADO ACTUAL.
Como decía antes en los tiempos antiguos se entendía que los reyes eran los representantes de dios en la tierra, este pensamiento lo vemos trasladado a la actualidad en algunos países cuya forma de gobierno es monárquica; la Constitución de Bélgica en su artículo 63 establece que: "La persona del Rey es inviolable, sus ministros son responsables". El artículo 29 de la Constitución de Grecia por su parte sostiene que "La persona del Rey es irresponsable e inviolable, sus ministros son responsables." La Constitución del Reino Unido de Dinamarca en su Art. 13: "El Rey es irresponsable su persona es sagrada. Los ministros son responsables de la conducta del gobierno; la reglamentación especial de su responsabilidad es determinada por una ley." Y la Constitución de Marruecos establece en su artículo 23 : "La persona del Rey es inviolable y sagrada."
También debe destacarse que la no intervención de los tribunales en la actividad del gobierno fue un principio constitucional de la Revolución Francesa. El artículo 13 de la ley 16/24 de agosto de 1790 establecía:
"Las funciones judiciales son distintas y permanecen separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar, bajo ninguna circunstancia, las operaciones del cuerpo administrativo, ni citar a los administradores ante ellos por razones que tengan que ver con sus funciones."
Esta disposición se repitió en la Constitución de 1795 Art. 157.
En España la La Ley Orgánica del Poder Judicial distingue entre Error judicial: como consecuencia de la adopción de resoluciones judiciales no ajustadas a Derecho, ya sea por la incorrecta aplicación de la norma jurídica o por la valoración equivocada de los hechos u omisión de los elementos de prueba que resulten esenciales, y 2. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: como consecuencia del funcionamiento irregular de los servicios judiciales que constituyen la estructura de la Administración de Justicia.
En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia fuera causado por la conducta dolosa o culposa del perjudicado, esta situación es idudablemente coincidente con lo que ocurre en nuestro pais.
El tema de la prision preventiva, importante en este trabajo que encaro, se prevé en España como una que es aplicable a quienes hayan sufrido prisión preventiva y posteriormente sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento libre, en ambos casos por inexistencia del hecho imputado, siempre que se les hayan causado perjuicios. Comparativamente veremos luego en los fallos que transcribire, en nuestro pais no necesariamente ocurre de la misma forma.
En América salvo raras excepciones, la regla es que en las Constituciones no se consagre la responsabilidad estatal. Es notable el caso de la Constitución de la República Oriental del Uruguay que expresa en su artículo 24 que:
Artículo 24 "El Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados, y en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión".
Es importantes destacar este punto y mas aún e lo que respecta a funcionarios públicos, que en nuestra normativa se prevé en el artículo 1112 del CC y en la Constitución uruguaya se preve en su artículo 25: "Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación."
La Constitución de Chile por su parte establece en su artículo 7 que . "Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiera sido sometido a proceso o condenado a cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en proceso breve y sumario y en él la prueba se apreciará a conciencia."
4.3)LA CUESTION EN NUESTRO DERECHO
Mas allá de la irresponsabilidad estatal que devenía del derecho extranjero y que era sustentada por nuestros juristas se dio en nuestro país el tema de la demandabilidad
La indemandabilidad del soberano: el soberano no podía en el Estado de policía ser llevado ante los tribunales como un litigante común, y tampoco pudo serlo el Estado moderno durante mucho tiempo, exigiéndose en nuestro país hasta 1900 donde todavía cuesta demandar al Estado.
Antes de 1900 era necesario para poder demandar a la Nación, obtener la “venia legislativa,” esto es, una ley del Congreso autorizando la acción judicial contra el Estado. En ese año se dictó la ley 3.952, que suprimió tal requisito sustituyéndolo por la exigencia de un previo reclamo administrativo de aquello por lo que se quería demandar.
Esta ley fue interpretada en forma restrictiva, estando vigente en aquel tiempo la teoría de la doble personalidad del Estado.
Luego se dicto Ley 11.634, por la cual se estableció que cada vez que se demandara al Estado, por cualquier causa que fuera, no haría falta la venia legislativa sino el reclamo administrativo previo.
Es muy importante resaltar una vez mas que en aquellos tiempos tenía muchos adeptos entre los grandes doctrinarios la teoría de la doble personalidad del Estado. Esto es que el Estado era en algunas ocasiones persona pública y en otras ocasiones persona privada, según la índole de la actividad que desarrollara.
Finalmente el decreto-ley 19.549/72 recogió y amplió la experiencia de la aplicación de las leyes 3.952 y 11.634, consagrando como excepciones expresas al reclamo los casos que la jurisprudencia había elaborado y que decretos o leyes particulares también habían colaborado a instituir.
A partir de allí el reclamo administrativo previo quedo para ciertos casos únicamente.
Actualmente la cuestión procedimental, desde la ultima reforma del decreto ley 19.549 por la Ley 25344, es regulada por los artículos 30, 31 y 32 de la norma reformada.
El artículo 30 establece que: “El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24.
El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas. (Sustituido por art. 1 de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977 ). (Sustituido por art. 12 de la Ley N° 25.344 B.O. 21/11/2000).
El artículo 31 establece por su parte que: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa.
(Sustituido por art. 12 de la Ley N° 25.344 B.O. 21/11/2000)
Finalmente el artículo 32 díce: El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:
Sin perjuicio de lo expresado en la norma el 4 de febrero de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Gorordo se aparta de la doctrina que había sentado en Cohen y Construcciones Taddía S.A., estableciendo la posibilidad de verificar de oficio los requisitos de admisibilidad antes de correr traslado de la demanda. Esto se contrapone con los fallos antes citados, en los cuales se daba traslado y sólo en caso de rechazo de parte del Estado se atendía a lo previsto en la norma.
4.4)CLASIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN NUESTRO PAIS.
-RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. -RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Brevemente corresponde repasar los lineamientos generales de la responsabilidad del Estado actualmente en nuestro derecho.
La responsabilidad estatal tiene fundamento en la Constitución y se clasifica en precontractual, contractual y extracontractual.
La actividad del Estado puede generar responsabilidad en su accionar previo a la celebración de un contrato (responsabilidad precontractual), en la ejecución y extinción de un contrato (responsabilidad contractual) y en sus relaciones con los administrados cuando, sin que medie vínculo contractual o precontractual, ocasionan perjuicios especiales que configuran los supuestos de responsabilidad extracontractual.
4.4.A) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
La responsabilidad contractual del Estado fue la primera en ser reconocida en nuestros tribunales y en la normativa, especialmente en su relación con los contratos de concesión de servicios públicos. Para hablar de responsabilidad contractual del Estado Argentino es fundamental relacionarlo con los servicios públicos y la posibilidad de concesión que permitían las normas y todo en base a la Constitución Nacional de 1853 que instauro el S.E.C.A.P. (Sistema de Economía Capitalista de Acumulación Privada de bienes) .
La aparición en nuestro país del concepto normativo de servicio público en sentido amplio debe retrotraerse al momento de la consolidación del llamado “derecho patrio”, desde 1810 hasta 1853, siendo utilizado, concretamente, por las Asambleas Constituyentes de 1813 y 1826.
Por su parte la ley N* 24 del 27de junio de 1855, por la cual se autorizó al Poder Ejecutivo de la Confederación “...para conceder el privilegio de la construcción de un ferrocarril, desde un punto de Paraná hasta la ciudad de Córdoba. Dicha ley fue acompañada de unas “bases del servicio” que operó como reglamento del mismo, y del que surgen los primeros rasgos atribuibles al servicio público, estableciendo pautas que implican los primeros antecedentes en contratos públicos o administrativos. Como antecedente también se puede citar el Decreto Legislativo de fecha 9 de enero de 1854 que autorizó al Poder Ejecutivo del Estado y Provincia de Buenos Aires, para conceder licencia para la construcción y explotación, por particulares, de un ferrocarril al Oeste.
La existencia y el reconocimiento de contratos de concesión de servicios hacía ya tacito el reconocimiento de la responsabilidad estatal ante los incumplimientos de contrato, sin perjuicio de las prerrogativas estatales y la desigualdad expresa en la contratación que hoy sigue vigente pero ampliada a todo tipo de contratos, y cuando la Administración Pública sin más no cumplía con sus obligaciones, alterando con su conducta el equilibrio económico-financiero del contrato, abre la responsabilidad contractual del Estado por hechos de la Administración.
Al decir de la mayoría de la doctrina administrativa, que habitualmente confronta con nuestra postura civilista, los principios que rigen la responsabilidad contractual del Estado, es decir que imperan en el derecho administrativo, son los mismos que en el derecho civil. (Cassagne, Hutchinson, Diez, Dromi entre otros).
El avance de la estructura del contrato administrativo llevo a que deba tenerse en cuenta que en el contrato administrativo no hay una relación de coordinación como supuestamente ocurre con el contrato privado, puesto que hay una subordinación del cocontratante particular. Esto lleva a que pueda ocurrir que el Estado unilateralmente modifique por su parte las cláusulas y que unilateralmente la Administración Pública introduzca cuestiones en los contratos .
Además esta previsto que el estado puede resolver un contrato por cuestiones de oportunidad, merito o conveniencia haciéndose cargo de la indemnización correspondiente.
No podemos dejar de lado la situación que puede darse con lo que denominamos “hecho del príncipe”.Si el hecho o acto del Estado se manifiesta a través de decisiones jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato, lesionando los derechos del contratista, surge también responsabilidad contractual del estado.
4.4.B)RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL.
El estado a la hora de elegir el cocontratante particular en cualquier tipo de contratación debe seguir con los procedimientos de selección previstos para cada caso. El procedimiento administrativo de selección esencial es la licitación pública y opera como regla, las excepciones serían la licitación privada, la contratación directa, el concurso publico o privado y el remate publico. Cualquiera de estos procedimientos finalizan con un acto administrativo de adjudicación. Hasta la adjudicación la parte es solo oferente y si bien el oferente no tiene un derecho subjetivo a ser adjudicatario, en el caso de mediar un comportamiento antijurídico del licitante, tiene derecho a ser resarcido de los perjuicios derivados de la relación jurídica precontractual que lo liga al Estado. Aquí es donde opera lo que denomino Responsabilidad del Estado por su actividad precontractual, en la etapa del procedimiento de selección y si en la misma se lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos.
4.4.C)RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
La responsabilidad extracontractual del Estado se clasifica en Responsabilidad del Estado por su actividad Legislativa, por su actividad administrativa y por su actividad jurisdiccional.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE SU ACTIVIDAD LEGISLATIVA.
Como ya esbozara en el punto de las funciones del Estado y en la introducción, la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa puede ser lícita o ilícita. Habrá responsabilidad del Estado por su actividad lícita cuando una norma de carácter general, sin declaración de inconstitucionalidad, provoque un daño a una persona o un grupo de personas. En este caso puede citarse como antecedente lo que ocurre con la expropiación por causa de utilidad pública. La Constitución Nacional en su artículo 17 habla de previa indemnización, o sea que si se habla de indemnización es que se presupone la existencia de un daño, y la norma que lo prescribe es nuestra norma fundamental lo que garantiza la licitud. También es cierto que corresponde destacar que si la Ley que califica la Utilidad Pública es inconstitucional la cuestión pasa al ámbito de la Responsabilidad del Estado por actividad legislativa ilícita.
Cuando la norma que causa daño tiene sentencia de inconstitucionalidad entramos en la orbita de la actividad ilícita y el dictado de la norma con mas la sentencia nos daría en principio el presupuesto de inconstitucionalidad.
El antecedente mas importante para citar respecto de la responsabilidad del Estado por su actividad Legislativa Y QUE PERMITIO la reparación por parte del estado manteniendo la licitud de la norma que produjo el daño, lo constituye el caso “La Fleurette”, del Consejo de Estado Francés. La Fleurette era una empresa que fabricaba un producto lacteo llamado "Gradine". En 1934 se habia dictado en Francia una Ley que monopolizó a favor del Estado la fabricación productos lacteos y prohibio a la empresa citada la fabricación del producto.
La Doctrina del sacrificio especial, que se adopta en estos casos, implica que aunque la norma que causa daño sea licita (constitucional) hay quien debe hacer un sacrificio especial para que la misma pueda aplicarse. Nuestros tribunales al respecto se manifestaron en algunos fallos de la siguiente forma:
Debe acogerse el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la acción incoada por una entidad financiera contra el Banco Central de la República Argentina imputándole los perjuicios ocasionados por el reemplazo de los índices de corrección para préstamos de capitales ajustables según circulares BCRA RF 202 y 687 por la tasa máxima que impuso la comunicación BCRA A 144/82, si se omitió considerar la concurrencia de los recaudos inherentes a la responsabilidad del Estado por su actividad lícita -en particular, existencia de un sacrificio especial en el afectado y ausencia de deber jurídico de soportarlo-, pues sólo se cumple en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente.
Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c. Banco Central de la República Argentina. CS Fallos, 315:, 1026. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 19/05/1992. El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad -lícita o ilícita- exige para su procedencia el cumplimiento de los siguientes requisitos imprescindibles: existencia de un daño cierto, relación de causalidad entre el accionar del Estado o de sus entes y el perjuicio y, obviamente, posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado. Tratándose de actividad lícita, debe añadirse la necesaria verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado, como así también la ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño.
Osuna, Edmundo c. Banco Central.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV. 16/09/1994
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
Como señalaba en puntos anteriores, en un concepto amplio función administrativa implica aquella en la cual el Estado lleva adelante en la practica los cometidos estatales.
Dicha función es llevada adelante por la administración pública, tanto en su faceta centralizada como descentralizada, por ello vamos a encontrar actividad administrativa en lo que deriva de los actos emanados de la administración central como de los actos emanados de cada uno de los entes descentralizados creados para ejercer función administrativa.
Corresponde a modo explicativo y aclaratorio citar y transcribir distintos casos que pueden darse y que en nuestros tribunales se han resuelto ya con criterios bien marcados.
Muerte de interno en sede del Servicio Penitenciarios.
El Estado Provincial es responsable de la muerte de los internos en una cárcel en un incendio, causado por la irregular prestación del servicio por la autoridad penitenciaria.
Autos: Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. Tomo: 318 Folio: 2002 Ref.: Cárceles. Magistrados: Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, Petracchi, Levene, Boggiano, López. Disidencia: Bossert. Abstención: Fayt. 19/10/1995DAÑOS Y PERJUICIOS: Responsabilidad del Estado. Casos varios.
Muerte de una persona en Hospital Publico.
En este caso el Estado en cumplimiento de su función presta el servicio de salud y es responsable el Estado si el fallecimiento de la víctima internada en un hospital público - configuró un resultado que, como se informó en los peritajes médicos realizados, era susceptible de ser evitado de haber sido mantenido el paciente en observación durante el lapso necesario para aguardar la evolución de las lesiones, realizar los estudios que llevaran al diagnóstico correcto y, con este elemento primordial, llevar a cabo el tratamiento quirúrgico que permitiera la curación del paciente.
Autos: Brescia, Noemí Luján c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Tomo: 317 Folio: 1921 Ref.: Responsabilidad médica. Magistrados: Moliné O'Connor, Belluscio, Petracchi. Disidencia: Nazareno, Fayt, Levene, Boggiano, López, Bossert. Abstención: 22/12/1994
Daños causados por la policía de seguridad.
El Estado debe indemnizar a la viuda e hijos menores los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del homicidio simple de que fue víctima el esposo y padre de los mismos, cometido por un agente de policía con motivo del ejercicio de su autoridad y en el desempeño de sus funciones.
María C. Echegaray e Hijos c/ Nación. 01/01/41 T. 190, p. 312.
Compromete la responsabilidad indirecta del Estado provincial por el daño causado a quien se encontraba bajo su dependencia (art. 1113 del Código Civil), cumpliendo de manera irregular las obligaciones que le competían como consecuencia de su función, tal es el caso de un agente de la policía provincial responsable de un homicidio culposo cometido estando en acto de servicio.
Serú, Liliana Esther c/ Provincia de Buenos Aires. 01/01/78 T. 300, p. 867.
La responsabilidad estatal en accidentes de transito.
El Estado es responsable de los daños y perjuicios ocasionados al actor a raíz de haber sido atropellada su esposa por un automotor de propiedad del Ejército, que subió a la vereda, no porque el retroceso de otro camión le obligara a ello, sino porque al acelerar la marcha para evitar el choque no advirtió que la dirección de su vehículo estaba vuelta hacia la vereda que invadió con la maniobra, demostrando una elemental falta de prudencia. Debe tenerse en cuenta, en cuanto al monto de la indemnización respectiva, la circunstancia de que - según el dictamen del único perito médico designado en autos - el golpe afectó seria y definitivamente el miembro inferior derecho de la víctima, imposibilitándola para moverse normalmente e imponiéndole un tratamiento médico que se tradujo en diversos gastos.
Santoro, Eduardo Nicolás c/ Nación. 01/01/51 T. 220, p. 293.
Caso de los actos ilegítimos.
La responsabilidad del Estado por los actos u omisiones de los funcionarios públicos, sea que se considere a éstos como "dependientes" o como "órganos" de aquél, se encuentra en los artículos 43, 1109, 1112 y 1113 del C.C., conforme las cuales, para que a una persona pueda imputársele los efectos dañosos de un acto ilícito, es necesario que ella sea la causa material de aquel acto u omisión, es decir que entre el daño producido y el hecho obrado por la persona a quien se le atribuye responsabilidad, debe existir una relación de causalidad física o material, que constituye el presupuesto fáctico necesario e indispensable sobre el cual puede luego analizarse lo atinente a la relación de causalidad jurídica relacionada con los factores de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva de responsabilidad. (Del voto del Dr. Buján, consid. V).
Autos: "Gallego Soto Víctor Julio c/ E.N. s/ proceso de conocimiento". Buján, Licht, Coviello. 16/03/2000 C.NAC.CONT.ADM.FED. SALA I. - Nro. Exp.: 41.672/94 - Ref. Nor.: Ley 24.411.
La provincia de Buenos Aires es responsable por los daños deriva dos de las inundaciones ocurridas en la zona de las lagunas encadenadas, dado la gravitación que sobre el fenómeno tuvieron la construcción del canal Ameghino, la falta de un adecuado estudio técnico de sus consecuencias y la carencia de un plan eficaz de regulación.
Autos: Crotto Posse de Daireaux, Valeria y otro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro sumario de pesos. Tomo: 311 Folio: 233 08/03/1988
La provincia es responsable por la inundación de un establecimien to de campo, causado por las obras realizadas para evitar que las aguas afectaran sectores de alta productividad y centros poblados.
Autos: Jucalán Forestal, Agropecuaria SA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. Tomo: 312 Folio: 2266 23/11/1989
Inscripción registral errónea.
El monto de los daños y perjuicios que debe la Provincia como consecuencia del informe registral erróneo, equivale a la suma que el comprador debió pagar al acreedor embargante para obtener el levantamiento de la medida cautelar.
Siddi, Andrés c/ Provincia de Buenos Aires. 01/01/68 T. 270, p. 78.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. EL ERROR JUDICIAL.
Este, que es el punto central de mi trabajo quizás es el que mas diferencias genera entre los mas conspicuos doctrinarios. Gordillo señala que El principal y quizás único caso de responsabilidad del Estado por error judicial que se da sistemáticamente, es la responsabilidad que se produce por la denegación 1de medidas cautelares y acciones o recursos de amparo que podrían haber evitado que un daño se cometiera.
La responsabilidad estatal por la actividad judicial es en doctrina muchas veces clasificada en tres partes: 1)La responsabilidad del Estado por error judicial; 2)La responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la administración de justicia; y 3) La responsabilidad civil de los jueces por los daños producidos por su obrar, por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Respecto all error judicial, el mismo surge como consecuencia de una declaración de voluntad de un magistrado -resolución o sentencia- y puede reconocer como origen tanto un error de hecho como de derecho -equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador.
Conforme lo señala el profesor Guido Tawil, citando a Reyes Monterreal, "el error judicial capaz de acarrear la responsabilidad del Estado se producirá, cuando 'del contexto de la sentencia, de la realidad de los hechos y sus circunstancias y de la apreciación de la prueba y, por la otra, de la confrontación entre la solución dada y la que jurídicamente convenía al caso, resulte manifiesta la materialidad de la equivocación'"
La cuestión es tratar de definir los fundamentos De la responsabilidad del Estado por error judicial.
Hay quienes lo fundamentan en que debe aceptarse la responsabilidad como una falla del Servicio Público de Justicia. Dicha hipótesis indudablemente surge de los tratadistas de derecho administrativo que ahondan en servicios públicos estatales.
La falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal, no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio, pero cuando se alega no se presume ni la responsabilidad ni la culpa lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada, funcionó tardíamente o simplemente no funcionó, y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio, esto es la objetivación del tema.
Si hablo de error judicial no puedo dejar pasar el concepto de juez, mas aún cuando el tema en la mayoría de los países es denominado responsabilidad del Estado-Juez.
Como históricamente se ha definido el juez es aquella persona que tiene la autoridad y potestad para juzgar. El Juez es aquél sobre el que recae el deber de impartir justicia, entendiendo ésta como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde (definición clásica de Ulpiano, “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”) y al derecho como su objeto, es decir, la misma cosa justa.[3]
Hacer justicia no importa otra cosa que determinar lo justo en concreto, ejerciendo la virtud de la prudencia; realizar efectivamente el derecho en las situaciones reales que se presentan, conjugando los principios legales con los elementos fácticos.[4]
Para cumplir tan importante misión, independientemente de las condiciones específicas requeridas para el desempeño del cargo, se requieren otras aptitudes que, según refiere Alsina, la ley presume pero que deben acreditarse: cultura profesional y la dignidad de vida. El título habilitante hace presumir la preparación técnica necesaria pero eso no es suficiente; el juez debe poseer además conocimientos generales en todas las ciencias que tengan vinculación con los estudios jurídicos, hoy indispensable para comprender y apreciar los complejos problemas que la vida moderna plantea diariamente. Con “dignidad de vida” Alsina se refiere a que debe tenerse en cuenta su conducta, su moralidad, el concepto social de que goza. “El juez no sólo debe satisfacer las conveniencias sociales, sino que tiene que controlar escrupulosamente sus actos en su vida pública y privada, porque lo que en otros puede calificarse de falta, en él debe considerarse indecoroso”.[5]
EL ERROR JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO.
En la Constitución Española de 1812 se reglamentó de manera general la responsabilidad estatal, pero siempre se propone a Francia como la cuna de la reglamentación en esta materia. En 1855 el Consejo de Estado Francés prescindiendo
de la analogía en materia administrativa comenzó a dar aplicación a la teoría de la responsabilidad extracontractual de los entes administrativos.
En Francia encontramos un antecedente en las Ordenanzas de Felipe IV en 1341 y de Luís IX en 1479 reglamentación que se extiende aún a la Revolución Francesa. Las Ordenanzas de Leopoldo de Lorena y el Código Penal de Lorena establecieron con amplias limitaciones el derecho a indemnización derivado del error judicial, tanto que hasta la Revolución Francesa, pese a muchas insistencias, se quedó corta en el reconocimiento de estos derechos.
Los principales doctrinarios franceses diferenciaron claramente la falta personal de la falta del servicio, la primera es referida mas al hombre que a la función en sí misma, o sea la personalidad del funcionario se manifiesta en acciones tales como dolo, lo que se traduciría en una desviación de la función, como dirían los hermanos Mazeaud “...el funcionario se sirve de la función”; por su parte, la falta del servicio se presenta cuando
el daño es impersonal: se comete un error al tratar de cumplir la función y por ello se considera una falla del servicio, de la función en sí misma, en este caso sería la administración la responsable de la indemnización y no el funcionario.
Según sostiene el profesor español Luís Martín Rebollo que “La experiencia Francesa en relación a la Responsabilidad del Estado-Juez es doblemente significativa. Por un lado, porque demuestra de manera notable el largo proceso de evolución sufrido en aquel país en el cual el principio de irresponsabilidad era interpretado en algunos casos de manera inversa, esto es responsabilidad con limitaciones y por otro porque el supuesto mas importante era la responsabilidad derivada de sede penal.
Ratifica que el tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración se desarrolla en Francia bajo el decidido impulso del Consejo de Estado a partir de la conocida distinción entre “ faute de service” y “faute personelle” y desde el reconocimiento del principio general en el célebre arrèt Blanco, del Tribunal de Conflictos, de 8 de febrero de 1873.
Pero junto al sistema general, apoyado en la idea de falta, que poco a poco va objetivisándose, aparecen también una serie de regímenes particulares regulados en textos legales concretos, como ha destacado no hace mucho con amplitud y brillantez Christine Brechon-Moulènes. Uno de estos regímenes particulares, que tiende a reforzar la garantía de los derechos individuales, es el referido a los supuestos de responsabilidad del Estado- Juez y que se desarrolla en sucesivas etapas tendientes a dar mayor amplitud al criterio de la responsabilidad.
Es importante resaltar que en Francia hay que distinguir entre la responsabilidad derivada de la organización del servicio judicial, que sigue las reglas del derecho común de la responsabilidad administrativa, y el problema relativo al funcionamiento de la Justicia, a la responsabilidad derivada de la actividad jurisdiccional. Es sobre el segundo aspecto en el que hay que detener la atención porque la dificultad, el problema, estribaba –y estriba- en compaginar los supuestos de una responsabilidad patrimonial con los efectos de la cosa juzgada, con la presunción de fijación de la verdad legal predicable de los actos jurisdiccionales firmes que parece excluir cualquier tipo de responsabilidad.
Hay que recordar que la ley penal de las dos Sicilias promulgada en 1865 consagró el derecho de reparación a cargo del Estado por los errores cometidos en la administración de justicia para defender de esta manera los derechos individuales al amparo del criterio de la soberanía popular.
Pero en Italia en la actualidad y en principio:
Responde el Estado en el supuesto del error judicial comprobado en juicio de revisión, existiendo un derecho en este sentido si hay o ha habido prisión, derecho derivado del art. 24 de la Constitución y desarrollo por las leyes de 23 de mayo de 1960 y 14 de mayo de 1965.
Se tiende a ampliar la responsabilidad sobre la base del citado artículo y al error judicial reconocido en revisión, haya habido o no prisión.
El Estado responde igualmente cuando se producen daños como consecuencia de la culpa o negligencia personal del Juez. En este caso la solución Italiana, a diferencia de la Francesa que provenía de la ley de 5 de julio de 1972 y antes del procedimiento de la “ prise à partie” de la ley 5 de febrero de 1933, procede de una Sentencia de la Corte Constitucional. En efecto, la S n 2 de 14 de marzo de 1968 aplica a los jueces también lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución:
“Los funcionarios empleados del Estado y de las entidades públicas son directamente responsables, según las leyes penales, civiles y administrativas, de los actos que ejecuten violando los derechos de los ciudadanos. En tales casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a las entidades públicas”.
La situación Italiana, es similar a la francesa.
En países como España existen referencias al error judicial desde las Partidas, pero se citan de manera importante la ley expedida en 1899, el Código Penal de la Marina y el Código Penal de 1928, y sin embargo su expresión en la Constitución Española de 1978 se considera como toda una innovación en materia de instituciones jurídicas.
Hoy se sostiene que la falta del funcionario siempre está ligada al servicio con lo cual se amplía la cobertura de defensa de los intereses de los administrados por los daños que le cause la administración. Argentina pese a la insistencia de sus tratadistas mantuvo como tesis la irresponsabilidad estatal hasta 1933, año en el cual obtuvo reconocimiento jurisprudencial. Guatemala consagró la norma en 1956, pero aún con la limitación de una responsabilidad subsidiaria.
LA EVOLUCION JURISPRUDENCIAL EN NUESTRO PAIS. CASO ESPECIAL DE LA PRISION PREVENTIVA.
Autos: “ Cura, Carlos Antonio c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ daños y perjuicios”. Expte. C. 1124.XXXV. Originario.
Publicación: Fallos: 327: 1738
El actor demandó al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires , por los daños generados por la detención sufrida desde julio de 1995, hasta su absolución por un tribunal oral en lo criminal, en agosto de 1997. El reclamo indemnizatorio estuvo fundado en dos hechos: la privación ilegítima de la libertad por la policía bonaerense, y el dictado de la prisión preventiva por un juzgado federal.
El hecho que dio origen a la mencionada detención se produjo cierto día en que el actor estaba trabajando en su comercio de Ciudadela y el lugar fue allanado por policías que dijeron contar con la correspondiente orden judicial, y lo llevaron detenido. Seguidamente, el sujeto fue alojado en una comisaría y más tarde en un centro de detención, permaneciendo dos años y 46 días privado de la libertad, por imputársele la comercialización de estupefacientes. Ahora bien, la absolución estuvo basada en la nulidad del auto que había ordenado el allanamiento, viciado por graves irregularidades de la prevención policial.
La Corte Suprema, interviniendo en instancia originaria, rechazó la demanda contra el Estado Nacional, entendiendo que no se daban los requisitos que habilitasen la reparación civil por irregular ejercicio de la función judicial. Por dar acreditado el cumplimiento irregular del servicio por parte del personal de la policía bonaerense en las investigaciones que condujeron a la imputación penal y detención contra el actor.
Para decidir del modo indicado, la Corte recordó, respecto de la responsabilidad del Estado Nacional, que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario. Y en el caso no podía deducirse que la absolución implicara reconocer la arbitrariedad del auto de procesamiento y prisión preventiva, dado que tales actos se basaron en una apreciación razonada de los elementos obrantes en la causa penal y fueron reveladores de un cuadro fáctico suficientemente veraz, máxime cuando al momento de ser dictados el juez no podía advertir las graves irregularidades producidas.
En lo atinente a la responsabilidad atribuida a la provincia, se destacó que ésta tiene el deber de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernadores, y si para ese cometido se vale de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta- como las reflejadas en el caso-, debe asumir las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable.
Al cuantificar los rubros de la indemnización, se otorgaron las sumas de $ 20.000 por el lucro cesante correspondiente al lapso de detención y $ 40.000 por daño moral. Por el contrario, no se hizo lugar al reclamo por el daño psíquico, pues el actor había fallecido y ello imposibilitó la realización total de $ 60.000, con intereses, a pagar a los sucesores de demandante.
Autos: “Torres, Juan Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”. Fallo C. 79.211
Publicación: www. Sebe.gov.ar (Juba)
Un hombre imputado de homicidio fue sometido a un proceso penal en cuyo marco se ordenó su prisión preventiva, aunque finalmente fue declarado absuelto, en diciembre de 1996. Como particularidad del caso, cabe señalar que debieron tramitarse dos juicios orales; esto se debió a que el primero –que culminó en la sentencia condenatoria del 25 de junio de 1993- término resultando nulo, según lo resuelto por la máxima instancia judicial bonaerense. Durante parte del segundo proceso, el imputado permaneció detenido, hasta ser finalmente excarcelado el 23 de diciembre de 1994.
En las circunstancias descriptas, el afectado demandó a la Provincia de Buenos Aires con el fin de ser indemnizado por error judicial y anormal funcionamiento de los órganos judiciales intervinientes en la causa penal mencionado.
La cámara de apelaciones con competencia civil y comercial de La Plata, al confirmar la decisión de la anterior instancia, rechazó la demanda, con costas. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley, que fue desistimiento por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Según el voto de la mayoría formulado por el Juez Negri (que fue compartido por sus colegas Pettigiani, Hitters y Salas), la sentencia absolutoria no había implicado descalificar la prisión preventiva adoptada contra el procesado, basada en la existencia de semiplena prueba o indicios vehementes para creerlo responsable del hecho imputado.
En ese orden de ideas, se destacó que la prisión había sido resuelta sobre la base de los presupuestos necesarios para su procedencia, dentro de la regularidad de un proceso penal, lo que tornaba pertinente la jurisprudencia invocada por la cámara de apelaciones (conforme la cual no corresponde la reparación de quien en definitiva termina siendo absuelto luego del avance de la investigación). De tal modo, no podía proceder la acción de daños y perjuicios derivados de una prisión preventiva dictada legítimamente y con sustento lógico y aunque posteriormente la sentencia condenatoria hubiera sido dejada sin efecto a raíz de un recurso extraordinario de nulidad, máxime cuando la absolución del imputado había obedecido a una insuficiencia probatoria. En tales condiciones se considero correcta la decisión de la cámara al no advertirse el absurdo denunciado por el actor ni la errónea aplicación de las normas aplicables. Por lo demás la Suprema Corte no advirtió omisiones en el tratamiento de cuestiones conducentes como tampoco violación de las cláusulas constitucionales o del derecho supranacional invocados que permitieran admitir el recurso interpuesto por su parte el juez De Lazzari en disidencia estimo que el recurso era procedente. Para expedirse de este modo considero que la cámara había tergiversado los planteos del demandante, y a tal efecto preciso que la causa del daño venia dada por la sentencia errónea y nulificada del 25 de junio de 1993 de modo que delimito los daños a la detención extendida desde dicha fecha hasta el 23 de diciembre de 1994 día de excarcelación del actor ni la errónea aplicación de las normas aplicables. Por lo demás la Suprema Corte no advirtió omisiones en el tratamiento de cuestiones conducentes como tampoco violaciones de las cláusulas constitucionales o del derecho supranacional invocados que permitieran admitir el recurso interpuesto.
Por su parte el juez De Lazzari en disidencia, estimo que el recurso era procedente. Para expedirse de este modo considero que la cámara había tergiversado los planteos del demandante, y a tal preciso que la causa del daño venia dada por la sentencia errónea y nulificada del 25 de junio de 1993 de modo que limito los daños a la detención extendida desde dicha fecha hasta el 23 de diciembre de 1994 día de la excarcelación del actor a la luz de esas circunstancias, considero indemnizadle la perpetuación de la prisión preventiva, factor que tornaba innecesaria la tramitación de una acción de revisión. El Doctor De Lazzari admitió que la absolución no implicaba error de la prisión preventiva pero sostuvo que dicho principio no era aplicable al particular supuesto del caso, que evidenciaba un supuesto diferencial. En tal sentido destaco que la sentencia condenatoria de 1993 padecía deficiencias insalvables al violar el deber de motivar las decisiones judiciales sobre el que formulo diversas consideraciones. Entonces, como aquel pronunciamiento no había constituido una adecuada prestación de servicios de justicia ni satisfacía la exigencia constitucional de tutela judicial continua y efectiva, el caso no podía ser asimilado a los supuestos de mera revocación de resoluciones judiciales generadas por la disparidad de criterios o errores en encuadramiento de los hechos o la aplicación de normas lo que tornaba admisible la responsabilidad de la provincia.
A su turno el juez Ronroni, coincidió con la mayoría en rechazar el recurso interpuesto por el actor. Para así decidir, retomo varias de las argumentaciones expuestas por el juez De Lazzari y después de desarrollar diversas consideraciones sobre la reparación de las privaciones de libertad, puso de resalto que la diferencia entre una y otra sentencia de fondo radicaba solo en discrepancias en la apreciación de los hechos del caso y en la valoración de las pruebas recabadas de modo que la absolución no había importado proclamar la inocencia del procesado. Así las cosas, faltaba lo que se interpreto como un recaudo ineludible para ser viable la responsabilidad pretendida: que el imputado sea absuelto por inocencia, en el entendimiento de que no cabe indemnizar a quien se beneficie con la duda o la falta de prueba.
Autos: “Lema, Jorge Héctor c/Provincia de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios”. Expte. L.114
Fecha: 20-03-2003
Publicación: Fallos: 326:820
El actor demandó al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires, reclamando la reparación por los daños derivados de su detención y posterior prisión preventiva. La privación de libertad se produjo cierto día en un lugar del Gran Buenos Aires por parte del personal de la policía bonaerense que actuaba bajo órdenes de un Juzgado federal de Morón, en momentos en que el afectado se encontraba en su automotor, con un hombre que le iba a vender una caja de velocidades. En tales circunstancias aparecieron los efectivos policiales, dejaron fugar al supuesto vendedor y, al revisar el vehículo del actor, encontraron en el interior del rodado una bolsa con estupefacientes. Seguidamente, éste fue procesado y juzgado por un tribunal oral, si bien resulto absuelto, aunque después de permanecer detenido durante nueve meses. Para decidir del modo indicado, el Tribunal Oral interviente tuvo por probado que al otro hombre se le facilito la fuga y que no había elementos para endilgarle al actor la autoría del delito imputado. Incluso se tuvo en cuenta que durante el operativo se produjeron varias irregularidades, configuradas por las conductas de los policías quienes – entre otras actitudes impropias- le habían pedido dinero al imputado para no incriminarlo.
Cabe señalar que el actor procuro la indemnización por dos hechos diferentes: la prisión preventiva dictada por la justicia federal y la privación ilegitima de la libertad cometida por agentes de la policía bonaerense.
El primer rubro fue rechazado por la Corte Suprema, que no lo considero indemnizadle, en virtud de su jurisprudencia. Por el contrario, la demanda si procedió contra la Provincia de Buenos Aires, en virtud del irregular comportamiento de funciones de sus policías. Para decidir de este modo se describieron detalladamente las consideraciones de la sentencia absolutoria demostrativa de las irregularidades cometidas y se invoco la doctrina por la cual, siendo que el poder de policía de seguridad es un deber primario y sustancial del estado, queda comprometida la responsabilidad de éste si para desempeñarlo se vale de agentes o elementos manifiestamente ineptos para ese fin. En tales condiciones se entendió que mediaba un desamparo de los ciudadanos frente al abuso de poder mediante la sentencia absolutoria.
Respecto de los rubros indemnizatorios, se reparo el lucro cesante, suscitado por las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo de detención ( el actor tenia un taller mecánico para automotores, con una importante clientela), otorgándole la suma de $27.000. Por el contrario, la perdida de chance consistente en la disminución de clientes y el cierre del taller no fue indemnizada, por no considerarse suficientemente acreditada. Tampoco se otorgo indemnización por las secuelas psíquicas derivadas de los hechos denunciados, por no resultar permanentes. En cambio, sí se mandó pagar el tratamiento psiquiátrico recomendado (a razón de dos sesiones semanales durante un año, a $ 50 c/u) fijándose por tal concepto de $ 4.800. Por el daño moral, se otorgó la suma de $ 200.000. Todo ello totaliza una condena de $ 231.800, a la que se le adicionaron intereses desde el 20-02-96 al 31-12-99.
Autos: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios. Expte. R.134.XXXIV
Publicación: Fallos: 325:1855; Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública- Rap: 288: 145
El actor demandó a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional por los daños derivados de dos situaciones: la privación ilegítima de la libertad de que habría sido víctima por parte de efectivos de la policía provincial, y la prisión preventiva que le fue dictada por la justicia federal, en el marco de un proceso que concluyó con su absolución.
Los hechos que dieron lugar a la causa penal se produjeron en agosto de 1994, cuando el actor estaba en la Asociación de Veteranos de Guerra con varias personas integrantes de la entidad, y se hicieron presentes miembros de la policía bonaerense con una orden de allanamiento expedida por un juez federal. En el operativo, se encontró marihuana en el bolsillo de uno de los presentes (no el actor) y armas, procediéndose a la detención de aquéllos. Aunque el actor alegó no tener vinculación alguna con el hecho, y que ningún imputado lo había involucrado, en septiembre de 1994 se decretó su procesamiento y prisión preventiva. Posteriormente, durante el juicio oral, quedó comprobado que el allanamiento base del proceso había sido ilegal por estar fundado en declaraciones falsas, lo que dio lugar a la nulidad de dicho acto y de los posteriores, y al sobreseimiento se los imputados. Fue así como el actor recuperó la libertad, después de estar dos años detenido.
La Corte Suprema, por mayoría e interviniendo en la instancia originaria, rechazó la demanda, con costas. En primer término, abordó la defensa de prescripción opuesta por la provincia demandada, y lo consideró procedente por entender que la actuación ilícita del personal policial habría sido instantáneo o, en todo caso, cesó con el dictado de la prisión preventiva el 06-09-1994. Entonces, como la demanda había sido iniciada el 11-09-1996, se concluyó que el plazo del Artículo 4037 ya había cumplido. En cuanto a la prisión preventiva, se resolvió que el reclamo no estaba prescripto, pero que de todas formas era improcedente. En ese sentido, fijó como inicio de cómputo de la prescripción el 07-08-1996, fecha de la absolución. Pasando el análisis de la admisibilidad de la responsabilidad por la prisión preventiva, la Corte recordó que el presupuesto del error judicial consiste en que el acto jurisdiccional causante del daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, desbaratándose su fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, la sentencia absolutoria había liberado a los acusados no por la inexistencia del delito y de prueba en cuanto a su autoría (como interpretaba el actor), sino por haberse decretado la nulidad de las actuaciones, lo que impidió resolver sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, la absolución no importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado (basada en un serio estado de sospecha surgido de los elementos de la causa), y no cabe admitir que por la vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error de un pronunciamiento cautelar firme. Al mayor abundamiento, se sostuvo que tampoco se podría responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento.
Autos: “Lopez, Juan de la Cruz y otros c/Corrientes, provincia de s/ daños y perjuicios”.Expte. L.241.XXIII
Fecha 11-06-1998
Publicación: fallos: 321: 1712
Cuatro hombres demandaron a la provincia de Corrientes por la prisión preventiva que sufrieron entre mayo de 1983 y diciembre de 1988. El tramite de la causa penal en cuyo marco se dicto la mencionada medida termino insumiendo cinco años y medio, y culmino con una sentencia que dispuso la absolución de culpa y cargo. En la causa en cuestión se investigaba el fallecimiento de un delincuente que se había escapado de una prisión chaqueña y cruzo hacia la ciudad de corrientes. Los procesados, que se desempeñaban en la policía del chaco, fueron imputados de homicidio calificado, homicidio en riña y agresión, abandono de persona seguido de muerte y amenazas.
La Corte Suprema, por diferentes votos, e interviniendo de modo originario, rechazó la demanda. Para alcanzar dicha decisión, se comenzó realizando un minucioso examen de las vicisitudes de la causa penal, del que se dedujo que la “sentencia absolutoria no se había basado en la inexistencia del delito y de prueba” sobre el cargo de homicidio, como afirmaban los actores, sino por insuficiencia de los elementos probatorios colectados para demostrar la autoría.
Asimismo se sostuvo que el estado solo responde por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegitimo y dejado sin efecto, pues de lo contrario rige el principio de cosa juzgada.
Ahora bien la sentencia absolutoria pronunciada en función de insuficiencia probatoria, no había implicado descalificar la prisión preventiva adoptada respecto de los procesados, y no corresponde que por vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error de un procedimiento cautelar firme.. por lo demás, la Corte Suprema destaco que tampoco cabía responsabilizar al Estado por su actividad ilícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento.
Autos: “ Balda, Miguel Ángel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”. Expte. B.2.XXIII
Fecha: 19-10-1995
Publicación: Fallos: 318:1190: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública- Rap: 215:159
Cierta noche, un hombre se encontraba atendiendo su negocio de carnicería, cuando se hicieron presentes en el local tres agentes de la policía bonaerense y se lo llevaron detenido; fue puesto luego a disposición de un juez penal de la provincia de Buenos Aires. En virtud de este procedimiento, el comerciante permaneció en prisión preventiva entre mayo y diciembre de 1987, imputado de un delito (incendio doloso) cometido en territorio bonaerense. Posteriormente, los policías que habían intervenido en el hecho fueron condenados por privación ilegítima de la libertad.
El afectado demandó a la Provincia de Buenos Aires por los daños derivados de dos situaciones: la irregularidad en el procedimiento policial por el que fue privado de su libertad y la prisión preventiva dispuesta por la justicia bonaerense.
La Corte Suprema, por mayoría y votos concurrentes, e interviniendo en su instancia originaria, rechazó la demanda. A tal efecto, se tuvo en cuenta que la acción por indemnización de los daños atribuibles a la detención ilegal ya había prescripto. Por el contrario, la acción por los daños causados por la prisión preventiva dispuesto por un juez provincial, no estaba prescripta, por computarse el respectivo término desde la absolución. De todas maneras, se consideró que este último reclamo no podía proceder, en virtud del principio de cosa juzgada. Así, el Máximo Tribunal destacó que la sentencia absolutoria dictada luego de la tramitación del juicio, y en función de nuevos elementos de convicción, no había implicado una descalificación de la prisión preventiva, la que se había basado en un serio estado de sospecha sobre el actor.
En voto concurrente, los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi sostuvieron que, en principio, el Estado sería responsable de los daños causados a quienes sufran prisión preventiva y posteriormente sean absueltos por su inocencia, pero sólo en tanto medie una inocencia manifiesta. Dicha situación se configuraría en tanto el auto de auto de prisión carezca de sustento lógico en las constancias de la causa, de modo que sería fruto de un error palmario o inexcusable. Por consiguiente, al no ser ése el supuesto del caso, cabía rechazar el reclamo indemnizatorio.
Por su parte, tanto los jueces Boggiano y López como el juez Bossert (éste en voto individual) efectuaron consideraciones sobre la responsabilidad estatal derivada del desempeño del Poder Judicial.
Publicado por Civil II. Taraborrelli en 7:19
Currículum Vitae - Alejandro Atilio Taraborrelli
GUIA DEL CURRICULUM.
1)ESTUDIOS PRIMARIOS.
2)ESTUDIOS SECUNDARIOS.
3)TITULOS UNIVERSITARIOS EN CARRERAS DE GRADO.
4)MATRICULAS.
5)TITULOS EN CARRERAS DE POSGRADO.
6)CURSOS APROBADOS ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION.
7)SEMINARIOS DE POSGRADO CON APROBACION.
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9)CURSOS ESPECIALIZADOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONGRESOS EN CARÁCTER DE ASISTENTE.
10)CURSOS ESPECIALIZADOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS EN CARÁCTER DE ORGANIZADOR, COORDINADOR O DISERTANTE.
11)PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.
12)PONENCIAS.
13)PUBLICACIONES EN INTERNET.
14)ANTECEDENTES DOCENTES EN CARRERAS DE GRADO, CARRERAS Y CURSOS DE POSGRADO.
15)CARGOS Y ACTIVIDADES AD HONOREM.
16)ANTECEDENTES LABORALES EN RELACION DE DEPENDENCIA:
17)IDIOMAS.
18)ANTECEDENTES PROFESIONALES
1)ESTUDIOS PRIMARIOS:
Colegio Parroquial Pedro Ignacio de Castro Barros, Remedios de Escalada.
2)ESTUDIOS SECUNDARIOS:
Instituto Parroquial San Agustín, Remedios de Escalada.
3)TITULOS UNIVERSITARIOS EN CARRERAS DE GRADO
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES (U.B.A.)
Titulo de ABOGADO recibido el 8 de junio de 1994.
C.A.L.Z. (Provincia de Buenos Aires): Tomo XII, Folio 84.
C.P.A.C.F. (Capital Federal) : Tomo 74, Folio 441.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: C.S.J.N., C.F.A.L.P. : Tomo 200, Folio 168.
5)TITULOS EN CARRERAS DE POSGRADO
MAGISTER EN ADMINISTRACION, DERECHO Y ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, FEBRERO 2004.
MASTER EN ADMINISTRACION, DERECHO Y ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, ABRIL AÑO 2003.
MASTER EN ADMINISTRACION, DERECHO Y ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE PARIS X, NANTERRE, ABRIL 2003.
“CURSO SOBRE CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO”. DIRECTOR: DR. TOMAS HUTCHINSON. CARGA HORARIA 14 HS.
FECHA DE APROBACION. 30 de Marzo de 2005.-
7)SEMINARIOS DE POSGRADO CON APROBACION
SEMINARIO : “DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA HUMANA”. FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. MARCO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURIDICAS. CARGA HORARIA 20 HS.
SEMINARIO : “METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS JURIDICAS”. FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. MARCO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURIDICAS. CARGA HORARIA 20 HS.
8)ESTUDIOS DE POSGRADO EN CURSO
DOCTORADO EN CIENCIAS JURIDICAS, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR.
-ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURÍDICOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES, SAN SALVADOR DE JUJUY 2007.
-X ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURÍDICOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES.
-SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO S/ VIOLENCIA FAMILIAR. NOVIEMBRE DE 2007, UNLZ.
-IX ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURIDICOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES. POSADAS, MISIONES, 9 y 10 de Junio de 2005.
-CURSO DICTADO POR LA S.I.G.E.N. SOBRE: CONSOLIDACION DEUDA PUBLICA DESARROLLADO EL DIA 7 DE SETIEMBRE DE 2004, CON UNA CARGA DE 7 HORAS.
-VII ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURIDICOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES. UNIVERSIDAD DE CUYO, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2004.-
-ASISTENTE. SEMINARIO SOBRE “PERICIAS MEDICO LEGALES”, SECRETARIA DE POSGRADO, FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z., DIAS 19 Y 26 DE MAYO Y 2 DE JUNIO DE 2004, APROBADO POR RESOLUCION A nº 0881, CON UNA CARGA HORARIA DE 6 (SEIS) HORAS.
-ASISTENTE. JORNADA SOBRE “EL DERECHO DEL MENOR A SER OIDO”, SECRETARIA DE POSGRADO, FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z., DIA 17 DE MAYO DE 2004.
-TALLER SOBRE “PLANIFICACIÓN. CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS EN EL NIVEL UNIVERSITARIO”. DICTADO POR LA LICENCIADA SILVIA MARGARITA ALASTUEY. APROBADO EN U.N.L.Z. EN 22 DE MAYO DE 2003.
-I CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE. UNIVERSIDAD DE LA MATANZA. DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2002.
-JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. FECHA 6 DE JULIO DE 2001, ORGANIZADO POR LA FISCALIA DE ESTADO DE ENTRE RIOS.
-SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS CATOLICOS. ORGANIZADO POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA EN BUENOS AIRES 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2000.-
-TALLER DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE REFERIDO A NUEVO REGLAMENTO DE CONTRATACIONES (DECRETO 436/2000) EN ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, DIA 12 DE JULIO DE 2000.-
-CUMBRE CIENTÍFICA MUNDIAL JUBILEO DEL AÑO 2000, ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, LA ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATOLICAS DE AMERICA LATINA Y EL INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE ARGENTINA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 200 EN BUENOS AIRES, USHUAIA Y ANTARTIDA.
-SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURÍDICOS DE UNIVERSIADES NACIONALES EN LA U.N.P.A. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL) RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ, 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2000.
-MIEMBRO TITULAR XVII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL, CIUDAD DE SANTA FE 23, 24 y 25 DE SETIEMBRE DE 1999.-
-JORNADAS PREPARATORIAS DE LAS XVII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL. U.N.L.Z. 25 Y 26 DE JUNIO DE 1999.
-ENCUENTRO DE LA RED DE ASESORES JURÍDICOS DE UNIVERSIADES NACIONALES EN LA U.N.L.Z. LOMAS DE ZAMORA, AGOSTO DE 1999.
-SEMINARIO DE DERECHO Y ECONOMIA DEL MERCOSUR, ORGANIZADO POR UNIVERSIDAD DEL SALVADOR DE ARGENTINA, UNIVERSIDAD FASTA, SANTO TOMAS DE AQUINO Y FUNDACIÓN CEPA EN MARRIOT HOTEL, BUENOS AIRES, 17 Y 18 DE SETIEMBRE DE 1998.-
-FORO DE DERECHO Y DEPORTE, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 27 DE OCTUBRE DE 1998.
-DERECHO Y DEPORTE. 5TO ENCUENTRO DE DERECHO CIVIL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. JUNIN MAYO DE 1998.-
-PRIMERA JORNADA DE DERECHO DEPORTIVO, CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE, 7 DE AGOSTO DE 1998.-
-CURSO SOBRE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES. CENTRO DE ESTUDIOS ACADEMICOS. LOMAS DE ZAMORA, 29 DE ABRIL DE 1997.-
“VICEPRESIDENTE DE LA COMISION 2, OBLIGACIONES, EN LAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVL DEL AÑO 2007”.
“DIRECTOR DE LA JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DE DAÑOS, DESIGNADO SEGÚN RESOLUCION A/N 2845/04, EN LA CUAL DISERTARON LOS DRES. FELIX TRIGO REPRESAS Y CARLOS GHERSI, EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2004”.
COORDINADOR DEL SEMINARIO SOBRE “DERECHO DE SOCIEDADES ANONIMAS PROFUNDIZADO”, DICTADO POR LA SECRETARIA DE POSGRADO DE LA U.N.L.Z. LOS DIAS 9, 16, 23 Y 30 DE JUNIO DE 2004, CARGA TOTAL: 8 HORAS”
COORDINADOR DEL SEMINARIO: “OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LOS CONTRATOS”, ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U.N.L.Z. Y DICTADO LOS DIAS 1, 8 Y 15 DE JUNIO DE 2004, RESOLUCION 1352/04, CARGA HORARIA 6 (SEIS) HORAS”.
COORDINADOR DE LA JORNADA SOBRE “DROGAS, MITOS Y REALIDADES” A CARGO DE LOS DRES. NIÑO, VASCO MARTINEZ Y CATTANI, DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2004, REALIZADO EN LA SALA DE JUICIOS ORALES DEL DEPTO. JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA. ORGANIZACIÓN: UNION DE MAGISTRADOS LOMAS DE ZAMORA Y FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z.”
“DISERTANTE EN EL CURSO DE ACTUALIZACION SOBRE NORMATIVA DE EMERGENCIA, RESPONSABILIDAD DEL ESATADO Y REDOLARIZACION”, REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, CENTRO DE EXTENSION DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U.N.L.Z., EL 15 DE MAYO DE 2004, DESIGNADO SEGÚN RESOLUCION A/Nº 1190/04”
“COORDINADOR DEL CURSO SOBRE “RESPONSABILIDAD MEDICA”, SECRETARIA DE POSGRADO, FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z., DIA 6 DE MAYO DE 2004”.
-“CONFERENCIA SOBRE: TOMA DE REENES. SITUACIÓN DE CRISIS”, ORGANIZADO POR LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA, FISCALIA DE CAMARAS Y LA ASOCIACIÓN DERECHO PROFUNDIZADO, EN TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA LOS DIAS 3 Y 10 DE OCTUBRE DE 2002.
-“CONFERENCIA SOBRE: ANÁLISIS CRITICO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL BONAERENSE. MEDIDAS DE COERCION Y NULIDADES EN EL PROCESO PENAL”, A CARGO DE LOS DRES. LUIS MARIA CHICHIZOLA Y CARLOS ALBERTO IRISARRI, ORGANIZADO POR LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN DERECHO PROFUNDIZADO, EN TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA EL 18 DE SETIEMBRE DE 2002.
-“CONFERENCIA Y DEBATE SOBRE: MODIFICACIÓN AL REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY Nº 25.589” A CARGO DE LOS DRES. LORENTE, IGLESIAS Y TAURYSKIJ, ORGANIZADO POR LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN DERECHO PROFUNDIZADO, EN TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA EL 28 DE AGOSTO DE 2002.
-“CONFERENCIA SOBRE: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS LEYES Y DECRETOS, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, CLIENTE Y DEPOSITANTE BANCARIO”. A CARGO DE LOS DRES. CARLOS GERSCOVICH Y CARLOS GHERSI, ORGANIZADO POR LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN DERECHO PROFUNDIZADO, EN TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA A 16 DE MAYO DE 2002.
-“CONFERENCIA Y DEBATE SOBRE: EMERGENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, ANÁLISIS DE LAS LEYES Nº 25561 Y 25563 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS” A CARGO DE LOS DRES. CARLOS GHERSI, GABRIEL DI MATTEO, RODOLFO TABERNERO Y DANIEL ROMANELLO, ORGANIZADO POR LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN DERECHO PROFUNDIZADO, EN TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA EL 10 DE ABRIL DE 2002.
-Código Civil, análisis jurisprudencial. Comentado, concordado y anotado, en carácter de coautor. Directores de la Obra Dres. Carlos Ghersi y Celia Weingarten. Editorial Nova Tesis, Rosario, Santa Fe, Septiembre 2003.
-SERVICIOS ESENCIALES, EDUCACION PUBLICA EN LA ARGENTINA. Epoca. Serie Servicios Públicos. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires enero 2004.
-Acción de Reparación de Daños. Teoría y Práctica. Editorial Némesis. 2005.
-Jurisprudencia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Editada por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora 2010. Coordinador.
“PSICOANALISIS Y RESPONSABILIDAD CIVIL”. REVISTA DOCTRINA JUDICIAL DE LA LEY. Nº 32, 11 DE AGOSTO DE 2004.
“ANÁLISIS CRITICO DEL CODIGO DE VELEZ, LA REFORMA DE BORDA Y LA ACTUALIDAD” EN REVISTA DE LA UNION DE MAGISTRADOS DE LOMAS DE ZAMORA, NOVIEMBRE DE 2002.
“LA REDUCCIÓN SALARIAL A AGENTES ESTATALES. SU APLICABILIDAD A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES”. EN REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA Nº 34. JUNIO AGOSTO DE 2000.
12PONENCIAS.
-XII CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS EN HOMENAJE AL 200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DALMACIO VELEZ SARSFIELD. JUJUY. ABRIL DE 2000. PONENCIA PRESENTADA “LAS MULTAS CIVILES: ANÁLISIS ECONOMICO DE LA CUESTION Y SU CONSTITUCIONALIDAD” . AUTORIA CONJUNTA CON DRES. ALBERTO BIGLIERI Y EDUARDO MAGRI.
-JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL AÑO 2007.
PONENCIA1: EN COMISION 2 DE OBLIGACIONES “CUANTIFICACION DE LA INCAPACIDAD SOBREVINIENTE NO LABORATIVA”.
PONENCIA2: EN COMISION DE DERECHOS HUMANOS. “LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA”.
-ACTO ADMINISTRATIVO. Compilación doctrinaria, en pagina www.biglieri.org
-Acerca de los Punitive Damages - Análisis Económico del Instituto. Conjuntamente con el Dr. Eduardo Magri en página www.derechoprofundizado.org
-Las multas civiles: análisis económico de la cuestión y su constitucionalidad, conjuntamente con los Dres. Eduardo Magri y Alberto Biglieri.
-Análisis crítico del Codigo Civil en página www.dcivil.com.ar
-La reducción salarial a agentes estatales y su aplicabilidad a Universidades nacionales. En www.dcivil.com.ar
CARGOS DOCENTES EN CARRERAS DE GRADO
1997/05: Profesor en Cátedra de Derecho Admi­nistrativo, Facultad de Ciencias Económicas U.N.L.Z.
1996/01: Profesor Adjunto en la Cátedra del Dr Alberto Biglieri en Derecho Admi­nistrativo I, Facultad de Derecho U.N.L.Z.
2001/04: Profesor titular asociado, Derecho Administrativo I, cátedra Dr. Alberto Biglieri.
1997/04: Profesor Adjunto en la cátedra de Derecho Civil II a cargo del Dr José Nicolas Taraborrelli, en la U.N.L.Z.
2001/04: Auxiliar Docente Ordinario en la cátedra de Derecho Civil II a cargo del Dr. José Nicolas Taraborrelli, en facultad de Derecho U.N.L.Z. Concurso de fecha 12 de setiembre de 2001. En licencia por cargo de mayor jerarquía.
2003: Profesor asociado al titular en cátedra de Derecho Administrativo I a cargo del Dr. Tomás HUTCHINSON, Facultad de Derecho U.N.L.Z.
2003/08: Docente auxiliar regular por Concurso en Cátedra de Derecho Civil III, Contratos, Dr. Carlos Ghersi, Universidad de Buenos Aires. Resolución C.D. Facultad de Derecho Nº 1300/03.
2004/08: Docente a cargo de la materia del CPO “Responsabilidad Civil Contractual y extracontractual”, titular Dr. Carlos Ghersi, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2003/08: Profesor Asociado en Cátedra de Derecho Civil III, Contratos, Dr. Carlos Ghersi, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2004/05: Profesor Titular interino, Derecho Civil II, Obligaciones, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2005/2008: Profesor Titular Ordinario por Concurso, Derecho Civil II, Obligaciones, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
PROFESOR TITULAR EN DERECHO CIVL II EN CENTROS DE EXTENSIÓN DE: RUFINO, PROVINCIA DE SANTA FE; GOYA, PROVINCIA DE CORRIENTES; OLAVARIA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; TRENQUE LAUQUEN, PROVINCIA DE BUENOS Y ZARATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PROFESOR TITULAR ASOCIADO DE DERECHO CIVIL III EN CENTROS DE EXTENSIÓN DE RUFINO, PROVINCIA DE SANTA FE; OLAVARIA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; TRENQUE LAUQUEN, PROVINCIA DE BUENOS, ALBERTI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y ZARATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
CARGOS DOCENTES EN CARRERAS Y CURSOS DE POSGRADO.
2008/10: Profesor titular de Legislación Universitaria comparada, en carrera de Mestria en Gestion Universitaria, dictada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2007/08. DIRECTOR DEL CURSO DE POSGRADO EN DERECHO Y DEPORTE.
2006/08: Profesor de cursos de posgrado en derecho de daños en la FUNDACIÓN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (CIJUSO) dependiente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
2007: Director del Curso sobre Prácticas Procesales dictado en el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Dolores, Bs. As. De abril a diciembre de 2007.
2003/06: MAESTRIA EN CIUDAD Y MUNICIPIO, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR Y ESCUELA E.P.O.C.A.
2003/05: MAESTRIA EN ADMINISTRACION, DERECHO Y ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, UNIVERSIDAD PARIS X NANTERRE Y UNIVERSIDAD CARLOS 3º DE MADRID.
2005/08: CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO DE DAÑOS. FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z., MATERIAS: DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES, PROFESOR ADJUNTO. METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN CIENCIAS JURIDICAS. PROFESOR ADJUNTO. AMBAS POR RESOLUCION Nº CA 250/05.
2005: CURSO TEORICO PRACTICO DE ACTUALIZACION EN DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTES CON PARTICIPACION DE AUTOMOTORES. FACULTAD DE DERECHO U.N.L.Z. PROFESOR A CARGO. RESOLUCION A Nº 3716/04.
2006: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PROCESO PENAL. EN CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA.
15)CARGOS Y ACTIVIDADES AD HONOREM
-CONJUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA PERIODO 2005, SEGÚN ARTICULOS 3 Y 16 DEL REGLAMENTO DE SUBROGANCIAS APROBADO POR CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL. RESOLUCION 249/04 CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA.
-CONJUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
-CONJUEZ FEDERAL, DESIGNADO POR CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA.
-Coordinador académico de carreras de Posgrado Ad Honorem, Facultad de Derecho U.N.L.Z..
-2004/06. Director de la Revista del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
-Presidente de la Asociación DERECHO PROFUNDIZADO (A.De.P.). Asociación Civil sin fines de lucro. Actualmente en el cargo
-Consejero Académico Suplente por el claustro de auxiliares docentes, Facultad de Derecho U.N.L.Z. Actualmente en el cargo.
-Consejero Directivo en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Actualmente en el cargo.
-2000/01Secretario de Redacción Revista del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
16)ANTECEDENTES LABORALES EN RELACION DE DEPENDENCIA.
1986: Empleado administrativo Antony Confecciones, Empresa Textil.
1991/94: Subdirector Diario Autonomía de Lanús.
1988/97: Procurador y luego miembro abogado del “Estudio Jurídico Notarial Biglieri y Asociados” sito en 25 de Mayo 1564 de la ciudad de Lanús.
1993/94: Empleado del Juzgado Nº 3 del Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de LANUS, Provincia de Buenos Aires.
1998/99: Abogado Consultor permanente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
1999: Dictaminador "Ad Hoc" Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2001: Letrado Apoderado de ALVAREZ Y PATIÑO S.A. empresa de Servicios Públicos.
1999/2008: Subsecretario de Asuntos Jurídicos Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Responsable de: Departamento de Dictamenes, Departamento de Sumarios y Letrado Apoderado, actuando en representación de la Universidad en todos los pleitos por ante todos los fueros. Actualmente en el cargo.
INGLES: Maestro en Ingles en el Liceo Superior de Cultura Inglesa (Certificado 5 años).
ITALIANO: Segundo nivel.
18)ANTECEDENTES PROFESIONALES.
Especialista en Derecho Civil y Administrativo. Desde 1994 Titular de Estudio Jurídico sito en Pastor Ferreyra 3417 de Remedios de Escalada y en Estudio Jurídico sito en Sofía T. De Santamarina 516 Monte Grande.
Letrado Patrocinante y apoderado en numerosos procesos civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativos en Justicia Nacional, Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro y La Matanza.
PROGRAMA DERECHO CIVIL II
El programa de la asignatura Derecho Civil II de nuestra cátedra pretende cubrir la enseñanza de tres teorías básicas y relevantes dentro de la estructura del derecho en general, esto es, la teoría general de las obligaciones, la teoría general de la responsabilidad civil y la nueva teoría general de la reparación de daños, siendo esta última una postura metodológica de análisis distinta.
El estudio de las teorías citadas implica también introducirnos en la practica procesal y relacionar los institutos con la realidad forense.
Nuestro programa contiene dos partes y un total de 22 unidades programáticas. Debe destacarse que en la unidad XXII se incluyo la parte practica de la acción de reparación de daños. Es convicción de nuestra cátedra que debe enseñarse a esta altura de la carrera como incluír los institutos jurídicos aprendidos, en una demanda. Así se pretende aplicar la estructura de responsabilidad, el daño, su cuantificación y los principales temas en forma práctica.
En la primera parte se ve la evolución histórica de la obligación desde el derecho romano hasta la conceptualización actual. En lo referente a nuestro derecho, es premisa fundamental que los alumnos conozcan en profundidad la estructura del código civil, en especial todo el Libro Segundo en el cual transitan las obligaciones y sus fuentes. Habitualmente el alumno desconoce la ubicación de cada instituto jurídico dentro del código civil, es por ello que como tarea complementaria se aconseja realizar un cuadro con el índice del código realizado por Dalmacio Velez sarsfield. Esta tarea es elemental para comprender el método legislativo utilizado en 1869 cuando se promulgo la ley aprobatoria de la obra de Velez.
Metodológicamente nuestro programa continúa con los efectos de las obligaciones, los cuales se clasifican en principales y auxiliares.
Posteriormente continuamos con la clasificación de las obligaciones. En este punto no se sigue exactamente la clasificación metodológica del Código Civil, ya que esta última actualmente resulta incompleta.
La transmisión de las obligaciones y el reconocimiento de las mismas se trata en una unidad por separado.
La extinción de las obligaciones y sus modos son abordadas en las unidades IX y X. En ambas unidades se tratan los modos de extinción codificados en el artículo Nº 724 C.C. y los modos no codificados. Debe destacarse que la prescripción liberatoria ha sido excluida y no tratada como modo de extinción. La existencia de un instituto como lo es la “obligación natural”, hace que la prescripción liberatoria sea un “modo de extinción de la acción” y no un “modo de extinción de la obligación”. Es por ello que la prescripción liberatoria, por su importancia y por la descripción jurídica antes realizada se trata en forma exclusiva e independiente en la unidad XI con la cual finaliza la teoría general de las obligaciones.
Con la unidad XII comienza la segunda parte. En dicha parte se estudia la teoría general de responsabilidad civil y la teoría general de la reparación de daños. La metodología de estudio abordada con ambos institutos amerita una explicación desde el punto de vista teórico jurídico. El código civil en la redacción original y hasta la reforma del decreto ley nº 17.711, preveía la reparación de daños teniendo como objetivo de análisis al agente dañador, esto es, los jueces debían echar mano a un sistema basado en el artículo nº 1109 por el cual se debía probar si el agente fue responsable por culpa o dolo. De allí nace la teoría general de la responsabilidad civil. Con aplicación de esta teoría, si el agente no obraba con culpa o dolo no debía resarcir daños.
Con la reforma de 1968, a nuestro entender y de la mayoría de la doctrina dominante, se modifica el eje de análisis de los casos, con la aparición de la responsabilidad objetiva, siendo centro de análisis el daño en si y el agente dañado. Habiéndose realizado tan importante modificación, en especial con la nueva redacción del artículo nº 1113 del C.C. se comenzó a elaborar la teoría general de la reparación de daños por lo que se considera apropiado tratarla también y citar las diferencias con la teoría general de la responsabilidad civil.
En unidades programáticas independientes se trata a las llamadas responsabilidades especiales y los casos de responsabilidad por el hecho ajeno.
La unidad XXI trata básicamente de las acciones derivadas de la producción de daños y perjuicios. Luego de estudiados los contenidos teóricos se enseñará en clase a los alumnos la demanda por daños y perjuicios, se explicará sucintamente la forma de demandar y ofrecer prueba y se realizará un trabajo practico individual. De esta forma se pretende poner al alumno en condición de relacionar directamente los contenidos teóricos con la realidad de la practica forense.
Es condición de aprobación la presentación de la demanda por reparación de daños. La existencia de errores procesales no obstaculizará la aprobación, la cuestión es poder enseñar al alumno.
El objetivo básico de la asignatura esta dado en que el alumno conozca a fondo la teoría general de las obligaciones desde el derecho romano hasta la fecha, la teoría general de la responsabilidad civil y la teoría general de la reparación de daños, todo desde el punto de vista legislativo, jurisprudencial y doctrinario.
Conjuntamente con los objetivos básicos, se pretende que alumno que apruebe la materia logre los siguientes objetivos:
-Conocimiento y aplicación del lexico jurídico.
-Conocimiento íntegro de la estructura del código civil.
-Correcta relación de las teorías estudiadas con la realidad.
-Conocimiento en particular de las distintas fuentes de las obligaciones para poder iniciar en forma optima el estudio de los contratos en derecho civil III.
CONCEPTO. EVOLUCION HISTORICA. ELEMENTOS.
I)Introducción general de la teoría. Importancia de su estudio.
Evolución histórica de la obligación. Su estudio y creación como instituto abstracto. Conceptos de obligación desde la definición de Justiniano hasta nuestros días. Análisis como elemento independiente de la fuente que la crea.
Naturaleza de la obligación. La obligación como vínculo complejo. Deuda y responsabilidad. Supuestos de deuda sin responsabilidad y de responsabilidad limitada. Quid de la responsabilidad sin deuda.
Velez Sarsfield. Su vida y obra. Su posición respecto de la teoría de las obligaciones y de la responsabilidad civil. Ubicación metodológica del instituto en nuestro código civil. El método legislativo en general. Noción. Criterios acerca de su importancia. Metodología interna y externa. Comparaciones con otros cuerpos antiguos y modernos. Análisis y estudio del índice del Código Civil.
II)Elementos de la obligación.- Enunciaciones.
1)Sujeto. Quienes pueden ser sujetos. Capacidad. Determinación. Obligaciones ambulatorias o propter rem. Pluralidad de sujetos. 2)Objeto. Existencia del objeto. a) Determinación del objeto; b) Posibilidad del objeto; c) Valor pecuniario de la prestación; interés extrapatrimonial. Crítica a la teoría clásica. Distinción entre la prestación (siempre patrimonial) y el interés del acreedor (moral o material) al cual la obligación sirve. La cuestión en nuestro Código Civil. Legitimidad del objeto. Invocación y prueba de la ilegitimidad del objeto.
3)Causa o fuente de la obligación. Evolución histórica. Crítica moderna. Clasificación de Planiol. Otras clasificaciones. La teoría de la causa de las obligaciones en el Código Civil argentino. Principio de necesidad de causa. Presunción de causa. Falsedad de causa. Principio de legitimidad de causa. Quid de la cesación de la ilicitud de causa. Breve noción de cada fuente.
A)Delito. Delito penal y civil. Concepto y diferencias.
B)Contrato. Concepto: convención y contrato. Evolución del instituto, nuevas modalidades. Autonomía de la voluntad, su crítica. Elementos. Objeto del contrato. Clasificación.
C)Voluntad unilateral. Concepto. Antecedentes. El testamento.
D)Ejercicio abusivo de los derechos. a) Concepto, denominaciones. Antecedentes. Criterios de caracterización. b) Sistema del Código Civil, evolución legislativa y jurisprudencial. Régimen actual: virtualidades del acto desviado. Fundamento de la responsabilidad.
E)Enriquecimiento sin causa. a) Concepto. b) Acción "in rem verso". Requisitos; enunciado y análisis. Fundamento. Sistema del Código Civil: casos. Pago de lo indebido.
F)Gestión de negocios. Concepto. Fundamento. Requisitos. Efectos. Acciones que genera. Comparación con el contrato de mandato y el enriquecimiento sin causa.
G)Obligaciones "ex lege". a) Concepto: carácter de fuente innominada. Análisis de los diversos supuestos. b) Quid de la sentencia. Discusión. Tipos de sentencias.
4)Causa final. Conceptualización. Diferencias entre la causa fuente, la causa fin y los móviles subjetivos. Interpretación de los artículos 499, 500, 501 y 502 del Código Civil.
Interdependencia de las obligaciones. Noción. Fuentes de accesoriedad. Especies.
EFECTOS PRINCIPALES DE LAS OBLIGACIONES
Efectos de las obligaciones. Los efectos en relación al acreedor. La importancia del artículo 505 C.C. Clasificación de los efectos.
Efectos principales de las obligaciones en general. Noción. Efectos de las obligaciones y efectos de los contratos: distinción. Entre quienes se producen.
1)Efectos normales o necesarios de las obligaciones. Concepto. Distintos modos de cumplimiento específico. A) Cumplimiento voluntario. B) Cumplimiento forzado. Limitaciones al cumplimiento forzado. a) Obligaciones de dar; b) Obligaciones de hacer; c) Obligaciones de no hacer. C) Cumplimiento por otro. Campo de aplicación del cumplimiento por otro.
La "astreinte" como medio de compulsión del deudor. Antecedentes extranjeros de las "astreintes". Derecho argentino jurisprudencia.
2)Efectos anormales. Indemnización de daños y perjuicios. Función de equivalencia patrimonial. Carácter subsidiario. Otros caracteres. Disposición legal. Presupuestos de responsabilidad.
Mora. Primer presupuesto de responsabilidad. Incumplimiento. Diferentes situaciones que implican incumplimiento.
1)Mora del deudor; elementos. Distintos sistemas de constitución. Antecedentes históricos, fundamento, legislación comparada. El sistema de Vélez Sarsfield y el sistema luego de la reforma del Decreto-Ley 17.711: distintos supuestos.
1.a)Interpelación. El sistema del Código Civil y su reforma. Obligaciones con plazo expreso, cierto o incierto. Obligaciones a pagar en el domicilio del deudor. Suspenso de muerte del deudor. Casos en que no obstante el plazo expreso se requiere interpelación. Obligaciones sujetas a plazo tácito. Obligaciones con plazo indeterminado. Obligaciones de exigibilidad inmediata. Interpelación judicial. Interpretación extrajudicial: Forma. Cómo debe hacerse la interpelación. Interpelación bajo plazo o condición. Sumas ilíquidas. Oportunidad. Colaboración de acreedor. Capacidad y personería. Gastos. La interpelación en la obligación de escriturar.
1.b)Casos en que no es necesaria la interpelación.
Distintos casos: Obligaciones a plazo. Casos en que sólo el deudor está en condiciones de saber cuándo ha de hacerse efectivo el cumplimiento. Obligaciones emergentes de hechos ilícitos. Casos en que la obligación ha devenido de cumplimiento imposible. Obligaciones de no hacer. Caso de que el deudor haya manifestado que no cumplirá. Requerimiento devenido imposible por culpa del deudor. Caso en que el deudor reconoce que se encuentra en mora. Obligaciones derivadas de posesión de mala fe. Notificación de la sentencia que condena el pago. Mora en las obligaciones recíprocas.
1.c)Efectos de la mora. Enunciación.
1.d)Extinción de la mora. Causales y efectos.
2)Mora del acreedor. La cuestión en nuestro derecho. Requisitos. Efectos.
EFECTOS PRINCIPALES DE LAS OBLIGACIONES. CONTINUACIÓN.
Imputabilidad del incumplimiento del deudor. Segundo presupuesto de responsabilidad.
I)Noción general del sistema de imputación.
1)Factores subjetivos.
Dolo: Distintas acepciones. Concepto del dolo en el incumplimiento de la obligación. Efectos del dolo. Dispensa del dolo del deudor y de sus subordinados. Prohibición. Alcance de la prohibición. Sanción que recae sobre la dispensa del dolo. Prueba del dolo: Interés en probar el dolo.
Culpa. Noción. Elementos de la culpa. Unidad o dualidad de la culpa. Diversidad del régimen de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual ó aquiliana. Criterios de apreciación de la culpa. Clasificación y graduación de la culpa. Teoría romana de la prestación de la culpa. Evolución histórica. Antiguo derecho español y francés. Sistema de nuestro Código. Proyectos de reforma. Derecho comparado. Prueba de la culpa. Criterio clásico. Fundamento de la presunción de culpa.
Dispensa de la culpa. Dispensa parcial de la culpa: cláusulas limitativas de responsabilidad. Dispensa total de culpa: cláusula de no responsabilidad. Culpa concurrente. Culpa de los representantes y dependientes ó subordinados. Culpa precontractual y culpa in contrahendo. Aplicaciones legales. Quid de un tipo de Riesgo
2)Factores Objetivos. Nociones básicas. Riesgo creado. Idea del riesgo en la teoría de la responsabilidad. Evolución histórica. Accidentes industriales y transportes mecánicos. Otros factores de atribución de responsabilidad. El Código de Vélez y el sistema luego de la reforma del Decreto-Ley 17.711.
II)Supuestos de inimputabilidad, absoluta y relativa.
Caso fortuito ó fuerza mayor. Supuesto de inimputabilidad. Noción legal del caso fortuito. Distinción conceptual y asimilación legal. Extensión de los principios expuestos a la situación del acreedor moroso. Caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor. a) Hecho imprevisible; b) Hecho inevitable; c) Hecho ajeno al deudor; d) Hecho actual; e) Hecho sobreviniente a la constitución de la obligación; f) Obstáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación. Imposibilidad absoluta e imposibilidad relativa. Teoría de Exner.
Diversos casos, jurisprudencia. Fuerzas naturales. Hecho del príncipe; acto de autoridad pública. Guerra. Revolución. Huelga. Hecho de tercero. Incendio. Enfermedad. Prueba del caso fortuito. Efectos del caso fortuito: principio general y excepciones. Excepciones al principio de irresponsabilidad.
Inimputabilidad relativa. Teoría de la lesión sobreviniente o imprevisión. Noción. Origen. Evolución histórica. “Pacta sun servandae”, “Rebus sic Stantibus”. Caso “Compagnie du Gaz du Bordeaux”. El código Italiano de 1942. La teoría de la imprevisión en nuestro derecho. (Análisis del art. 1198 del Código Civil: aplicaciones). Fundamento de la teoría. Contratos a los cuales es posible su aplicación. Paralelo con el caso fortuito y la lesión prevista en el art. 954 del Código Civil; diferencias y análisis. Extremos de la aplicabilidad de la teoría. Naturaleza "fluyente" del derecho afectado; discusión. Efectos de la teoría: Jurisprudencia. Decreto-Ley 17.711. Pactos referentes a la teoría de la imprevisión. Diferencias con el caso fortuito.
Daños e intereses. Tercer presupuesto de responsabilidad.
1)Noción de daños. Daño del deudor. Distintas especies de daños. Daño compensatorio y moratorio. Daños comunes y propios. Daños inmediatos y mediatos. Daños directos e indirectos. Daños previstos e imprevistos. Daños intrínsecos y extrínsecos. Daño actual, futuro y eventual. Daño al interés positivo y daño al interés negativo. Daño patrimonial y daño moral. Indemnización de daños y perjuicios. Fundamento de la indemnización. Finalidad de la indemnización. Caracteres de la indemnización.
Requisitos del daño resarcible. Existencia y prueba del daño. Entidad del daño. Compensación del daño con el lucro.
Clasificación del daños resarcible según criterios de la C.S.J.N. Rubros básicos. Daño Patrimonial y Extrapatrimonial. Daño emergente, lucro cesante y daño moral. Subrubros.
Clasificaciones modernas. Daño Económico y Extraeconómico.
Cuantificación del daño. El resarcimiento según el código civil.
La falta de criterios y parámetros claros por parte de nuestros tribunales.
2)Reparación del agravio moral. Planteo del asunto. Concepto del daño moral. Comparación con el daño patrimonial. Fundamentos de la reparación del daño moral. Discusión doctrinaria. Tesis del "resarcimiento". Crítica de la teoría del "resarcimiento". La teoría de la "sanción ejemplar". Consecuencias del fundamento de la reparación del daño moral. a) Hechos que dan lugar a la reparación del daño moral. b)Titular de la reparación. c)Criterio para fijar la cuantía de la reparación. d)Transmisibilidad de la acción reparadora. e) Ejercicio de la acción por los acreedores del agraviado. f) Carácter punitorio de la reparación. Derecho comparado. Sistema del Código de Vélez: Discusión y crítica. El Decreto-Ley 17.711: criterio legal y consecuencias.
El problema de la cuantificación del daño moral.
Relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Cuarto presupuesto de la responsabilidad civil. Causalidad material y causalidad jurídica. Doctrinas acerca de la relación de causalidad. a) Teoría de la equivalencia de condiciones. b) Teoría de la causa próxima. e) Teoría de la condición preponderante. d) Teoría de la causa eficiente. e) Teoría de la causa adecuada. Extensión del resarcimiento. Antecedentes históricos de la cuestión. Sistema de nuestro Código Civil. Decreto-Ley 17.711. l) La extensión del resarcimiento en la responsabilidad contractual. Principio general. a) Que es consecuencia inmediata. b) Que es consecuencia necesaria. Ampliación del resarcimiento en caso de dolo del deudor. El antiguo art. 521: discusión interpretativa. Modificación del precepto por el Decreto-Ley 17.711: alcance del criterio legal. 2) La extensión del resarcimiento en la responsabilidad extracontractual. Principio general. Comparación. Ampliación del resarcimiento en caso de dolo del agente. Comparación de las distintas hipótesis de dolo.
Cláusula Penal. Concepto. Función de la cláusula penal. Método del Código: crítica. Origen histórico y finalidad práctica. Clasificación. Caracteres. Sujeto activo y pasivo de la pena. Objeto de la pena. Inmutabilidad de la pena: evolución histórica; legislación comparada. El principio de inmutabilidad en el Código Civil; jurisprudencia. Sanción que comporta la pena excesiva: nulidad parcial. Regulación del principio de inmutabilidad por el Decreto-Ley 17.711. Excepciones al principio de inmutabilidad: supuestos de cumplimiento parcial o irregular y de incumplimiento doloso.Efectos de la Cláusula Penal.
EFECTOS AUXILIARES DE LAS OBLIGACIONES.
1)Efectos auxiliares o secundarios de las obligaciones. Situación Jurídica del deudor respecto de sus bienes. El principio de la garantía colectiva. Fundamentos legales del principio. Limitaciones del principio. Distintas clases de acreedores. bienes excluidos de la garantía colectiva. Derechos y acciones provenientes de contratos. Dinamismo de la garantía común.
2)Medidas precautorias. Concepto. Caracteres. Presupuestos para su procedencia.
A)Embargo. Concepto. Caracteres. Tipos. Quid del privilegio del primer embargante.
B)Inhibición general de bienes. C)Anotación de litis. D)Prohibición de innovar. E)Intervención de sociedades. F)Cautelar genérica.
3)Acciones de integración o deslinde del patrimonio del deudor. Acción revocatoria o pauliana. Noción. Acción de simulación. Noción.
Vías de ejecución y liquidación. 1) Ejecución individual de los acreedores. Embargo ejecutivo. Subasta. Liquidación. Incidentes de la ejecución. Tercerías.
4)Ejecución colectiva de los acreedores.
5)Noción de privilegios; naturaleza jurídica. Fundamento. Caracteres, Fuentes legales. . Clasificación: privilegios generales y especiales. Explicación sucinta de cada privilegio; Concurrencia de acreedores privilegiados. Rango: Distribución del activo. Los privilegios y la ley de concursos y quiebras.
6)Derecho de retención: concepto, naturaleza, caracteres. Requisitos. Retención y privilegio.
7)Impugnación de la cosa juzgada fraudulenta. Concepto. Antecedentes, presupuestos, efectos.
8)Acción de separación de patrimonios. Concepto, requisitos, efectos. Derecho de los acreedores del heredero.
9)Acción subrogatoria. Concepto. Metodología del Código: crítica. Importancia de este remedio. Naturaleza jurídica: distintas teorías. Caracteres. Acciones y derechos susceptibles de subrogación: principio y excepciones; supuestos controvertidos. Acreedores a quienes se otorga la acción subrogatoria. Condiciones de ejercicio de la acción. Comparación de la acción subrogatoria con otras acciones protectoras de la garantía colectiva de los acreedores.
10)Acciones directas. Concepto. Importancia. Carácter excepcional. Fundamento de las acciones directas. Condiciones de ejercicio. Efectos de la acción directa. Casos de acción directa.
11)Acción revocatoria. Concepto y terminología. Método del Código: crítica. Origen, evolución y fuentes legales. Fundamento. Naturaleza y caracteres. Requisitos: generales y especiales. Quienes pueden intentarla. Actos atacables. Prueba. Efectos. Relaciones con el derecho comercial. Paralelo con la subrogatoria y la de simulación.
12)Acción de simulación. Nociones generales. Acción entre las partes: Decreto-Ley 17.711. Acción de los acreedores. Caracteres y requisitos. Paralelo con la revocatoria. Acumulación. A quienes y contra quienes se acuerda. Prueba. Efectos. Enajenación a un subadquirente de buena fe. Impugnación de sentencias en juicios simulados.
a) Por la naturaleza del vínculo: civiles y naturaleza. b) Por el tiempo de cumplimiento de la prestación de ejecución inmediata y diferida, de ejecución única y permanente. c) Por las modalidades: puras y modales; el método del Código Civil, relación con los actos jurídicos. d) Por la prestación: el modo de obrar; la naturaleza: de dar, de hacer, de no hacer; la complejidad; la determinación; el contenido. e) Por el sujeto: pluralidad conjunta y disyunta; prestación divisible e indivisible; pluralidad simple y solidaria. f) Por la interdependencia. g) Por la fuente.
1)Obligaciones naturales. Concepto, comparación con las civiles o perfectas. Antecedentes históricos y legislación comparada. Naturaleza jurídica. Régimen del Código Civil.
Caracteres. Enumeración legal: Obligaciones prescriptas. Obligaciones derivadas de actos nulos por defectos de formas.
Obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas o por error o malicia del juez. Obligaciones derivadas del juego. Supresión del inc.1º art. 515. Otros casos. Deudas parcialmente impagas como consecuencia de un concordato, quiebra o concurso. Pago de intereses no estipulados. Alquileres superiores a los fijados por las leyes de emergencia. Servicios prestados por quienes no tiene acción para reclamar su pago. Alimentos a un pariente que no tiene derecho a exigirlos. Supuesto del poseedor que ha adquirido un inmueble por usucapión y lo devuelve al dueño. Pago del legado hecho en un testamento nulo por defectos formales o que afecta la legítima. Indemnización a consecuencia de una ruptura de promesa matrimonial.
Efectos. Pago voluntario. Pago parcial. Seguridades constituidas por terceros. Conversión en obligación civil. Transmisión de la obligación. Compensación. Derecho de retención.
2)Obligaciones condicionales. Concepto de condición, acepciones impropias; condición y hecho condicionante. Caracteres. Diferencias con la "conditio juris", la "conditio necessitatis" y la suposición. Modos de establecerla. Funciones. Comparación con el plazo y el cargo; con el acto jurídico incompleto; la obligación alternativa y la facultativa. Clases: a) positivas y negativas; b) posibles e imposibles; c) lícitas, ilícitas e ilegítimas; hecho condicionante inmoral; d) casuales, potestativas y mixtas. Casos particulares.
Cumplimiento: tiempo y forma; indivisible, ficto; condición simple, conjunta y disyunta.
Efectos: modo de producirse. a) Retroactividad: concepto, crítica. b) Condición suspensiva; hecho condicionante pendiente, fracasado y cumplido; actos de disposición y administración; riesgos, aumentos y frutos; efectos frente a terceros, c) Condición resolutoria: ídem. Condición resolutoria y pacto comisorio: comparación.
3)Obligaciones a plazo. Concepto, plazo y término. Caracteres. Cómputo. A quien favorece. Comparación con la condición y el cargo.
Clases: a) inicial y final; b) cierto e incierto; c) accidental y esencial; d) expreso y tácito; e) legal, judicial y convencional. 12. Efectos: antes y después del vencimiento. Pago anticipado. Caducidad del plazo: concepto, casos.
4)Obligaciones con cargo. Concepto. Caracteres. Comparación con la condición, el plazo y el consejo; caso de duda. Cumplimiento por quien, cuando y cómo. Transmisibilidad. Cargo imposible, ilícito ó inmoral. a) Cargo simple: efectos. b) Cargo condicional: comparación con la condición, efectos.
5)Obligaciones de dar cosas ciertas.
a)Concepto y método a seguir. Efectos entre las partes.
Deberes del deudor. Pérdidas o deterioros. Las pérdidas o deterioros en la obligación de dar cosas ciertas para constituir o transferir derechos reales. Caso de que la cosa se pierda sin culpa del deudor. Caso de que la cosa se deteriore sin culpa del deudor. Caso de que en sustitución de la cosa pérdida hubiera ingresado otro bien en el patrimonio del deudor.
Caso de que la cosa se deteriore sin culpa del deudor. Supuesto de que la cosa se pierda por culpa del deudor. Deterioro por culpa del deudor. Las pérdidas o deterioros en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Supuesto de que la cosa se pierde sin culpa del deudor. Deterioro sin culpa del deudor. Pérdida de la cosa por culpa del deudor. Deterioro por culpa del deudor. Aumentos y mejoras. Loas aumentos y mejoras en las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales. Aumentos naturales. Mejoras necesarias. Mejoras útiles. Mejoras voluntarias Aumentos y mejoras en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Frutos. A quien corresponden los frutos en las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales. Supuesto de alquileres impagos. Supuesto de animales preñados. Gastos que demanda la percepción de frutos. A quién corresponden los frutos en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a sus dueños.
b)Efectos respecto de terceros.
c)Distintos casos; muebles e inmuebles.
Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir o transferir derechos reales. Obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño: Cosas mueble. Cosas inmuebles.
Transferencia del uso. Casos, crítica metodológica. Cumplimiento. Transferencia de la tenencia. Casos, crítica metodológica. Cumplimiento.
6)Obligaciones de dar cosas inciertas. Concepto. Cosas fungibles y no fungibles: caracterización.. 6.a)Obligaciones de género. a) Concepto. Especies. b) Individualización de la cosa: cómo se procede: a quien corresponde. Calidad de la cosa elegida. c) Efectos anteriores y posteriores a la elección. Riesgos y responsabilidad. d) Casos de restitución al dueño y transferencia del uso.
6.b)Obligaciones de cantidad. a) Concepto. Especies. b) Individualización de la cosa: cómo se procede; a quien corresponde. c) Efectos anteriores a la elección. Riesgos y responsabilidad.
CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES. CONTINUACIÓN.
7)Obligaciones de dar dinero: 1)Concepto, comparación con las obligaciones de valor. Régimen legal.
2)El dinero: funciones, caracteres, distintas clases de moneda.
3)Obligaciones en moneda nacional. a)Cumplimiento: tiempo y lugar de pago; el principio nominalista, valoración. b) Cláusulas estabilizadoras. c) Incumplimiento. d) El retorno al nominalismo, Ley de Convertibilidad Número 23.928, su estudio, contenido, análisis, y sus modificaciones al Código Civil. Ley 25561, e)Pesificación y redolarización. f)Intereses. Concepto. Clases. Anatocismo. Usura.
4)Obligaciones en moneda extranjera. Régimen antes y después de la ley 23.928.
8)Obligaciones de valor. Concepto, comparación con las obligaciones de dar dinero. Recepción en nuestro Derecho. Efectos. Casos de obligaciones de valor.
9)Obligaciones de hacer y no hacer. Obligaciones de hacer. a) Concepto, comparación con las de dar y de no hacer. Especies: fungibles y no fungibles; instantáneas y permanentes; de servicio y de obra. b) Efectos. Cumplimiento específico: tiempo, modo, mal cumplimiento. Ejecución forzada y por otro. Límites. Responsabilidad por incumplimiento. Obligación de escriturar: concepto, características. Otorgamiento de la escritura por el juez.
Obligaciones de no hacer. Concepto: comparación con las de dar y de hacer, y con las servidumbres. Especies: "in non faciendo" e "in patiendo"; instantáneas y permanentes. Efectos. Cumplimiento específico. Límites.
10)Obligaciones alternativas. a) Concepto. Caracteres. Comparación: con las obligaciones conjuntivas, las facultativas, las de género, las de género alternativo. Las condicionales, y la cláusula penal. b) La elección a quien corresponde, caso de negativa; modo de efectuarla; efectos. Caso de las prestaciones periódicas. c) Riesgos y responsabilidad en la obligación alternativa regular: casos de pérdida y de deterioro, singular o general; incidencia de la culpa. d) Idem en la obligación alternativa irregular. e) R‚gimen de los aumentos y mejoras.
11)Obligaciones de género limitado. Concepto. Circunstancias de la elección. Efectos; casos de pérdida singular o general.
12)Obligaciones facultativas. a) Concepto. Objeto. Fuente. Caracteres. Comparación con las obligaciones alternativas, la seña y la cláusula penal. Caso de duda. b) La opción: a quien corresponde; modo de efectuarla; tiempo; efectos. c) Riesgos y responsabilidad: incidencia sobre la prestación principal o accesoria: casos de pérdida y deterioro, relevancia de la culpa. d) Obligación facultativa con opción a favor del acreedor.
13)Obligaciones de resultado y de medios. a) Concepto. Orígenes de la teoría, difusión. b) Virtualidades de esta categorización. c) Obligaciones de resultado: casos, régimen; la producción del resultado y su eficacia. d) Obligaciones de medios: Casos, régimen. e) Extensión del criterio a la responsabilidad aquiliana. f) El incumplimiento sin culpa.
14)Obligaciones disyuntivas. Concepto. Caracteres. Comparación con las obligaciones solidarias. Efectos: régimen legal; elección del sujeto.
15)Obligaciones simplemente mancomunadas. a) Concepto. Caracteres. Modo del Código Civil; crítica. b) Casos de mancomunación simple previstos por el Código Civil. Otros casos: pluralidad de responsables, directa o subsidiaria; pluralidad acumulativa; contrato por equipo; créditos en mano común.
16)Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones divisibles. a) Concepto; divisibilidad y división. Requisitos de la divisibilidad. b) Efectos en las relaciones con la otra parte. El principio de división. Pago y otros modos extintivos. Caso de insolvencia. Prescripción. Mora o culpa. Cosa juzgada. c) Efectos en la relación interna. d) Comparación con las obligaciones indivisibles (remisión). Obligaciones indivisibles. a) Concepto. b) Efectos. Principios de prevención y propagación. Pago y otros modos extintivos. Caso de insolvencia. Prescripción. Mora o culpa. Juez competente. Cosa juzgada. c) Efectos en la relación interna. d) Comparación con las obligaciones divisibles. e) Comparación con las obligaciones solidarias (remisión). 16. Prestaciones divisibles e indivisibles. a) Obligaciones de dar: cosas ciertas, de género, de cantidad, de dinero. b) Obligaciones de hacer. c) Obligaciones de no hacer. d) Obligaciones alternativas. e) Obligaciones facultativas. f) Obligaciones con cláusula penal. Indivisibilidad impropia. Concepto, efectos, comparación con la indivisibilidad y la solidaridad. Casos.
17)Obligaciones solidarias. a) Concepto. Caracteres; consecuencias de la pluralidad de vínculo. Fundamento y finalidad. Fuentes. Prueba. Extinción absoluta y relativa. Nulidad. b) Solidaridad activa, pasiva y mixta. Quid de la solidaridad imperfecta.
Solidaridad pasiva. a) Concepto. Importancia. b) Efectos principales: derecho al cobro, caso de concurso; pago; otros modos extintivos. c) Efectos secundarios: mora; culpa; dolo; indemnización; demanda de intereses; prescripción; cosa juzgada. d) Efectos en la relación interna. Principio de contribución, medida. Acciones recursorias, casos de insolvencia y de concurso. Hechos ilícitos. 20. Solidaridad activa. a) Concepto. Importancia. b) Efectos principales: derecho al cobro, caso de prevención; pago; otros modos extintivos. c) Efectos secundarios: Pérdida inculpable de lo debido; mora; indemnización; demanda de intereses; prescripción; cosa juzgada. d) Efectos en la relación interna. Principio de participación, medida.
Efectos comunes a la solidaridad pasiva y activa. Defensas comunes, cosa juzgada. Defensas personales. Limitación de los efectos: dispensa de solidaridad, muerte.
18)Obligaciones concurrentes; concepto; casos; comparación con las solidarias. Comparación de las obligaciones solidarias con las indivisibles y la fianza.
Obligaciones principales y accesorias. a) Importancia de esta categorización. Accesorios de la obligación. Cláusulas accesorias de la obligación. b) Obligaciones accesorias. Concepto. Efectos sustanciales y procesales. Excepciones: en la cláusula penal y el cargo. Las llamadas cláusulas accesorias de la obligación. c) Derechos accesorios del acreedor. Casos de conexión necesaria y de independencia. d) Obligaciones subsidiarias y secundarias.
TRANSMISION Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
1)Transmisión de derechos. Concepto. Especies. Principio y limitaciones. Antecedentes.
2)Cesión de créditos. Concepto. Antecedentes. Método del Código Civil. Quienes son parte en el contrato. Caracteres. Objeto: principio y excepciones. Capacidad y legitimación. Forma: documentos "a la orden", endoso.
Efectos entre las partes. a) Obligaciones del cedente; transmisión del crédito; garantías. b) Obligaciones del cesionario.
Efectos con relación a terceros: a) Entre el cesionario y el cedido; b) Concurrencia de cesionarios y embargantes.
Comparaciones: con la novación; con el pago con subrogación; con la reventa. Cesión en garantía y prenda del crédito. Cesión impropia "pro soluto" y "pro solvendo".
3)Transmisión de deudas. Concepto. Antecedentes. b) Sistema argentino: viabilidad. Cesión de deuda "stricto sensu". Asunción privativa. Asunción acumulativa. Promesa de liberación. Delegación, expromisión. Cesión de patrimonios especiales. Ley 11.867. Diferencia con la transmisión de deudas.
4)Transmisión del contrato. a) Concepto. Viabilidad. Comparación con el subcontrato, la cesión de créditos, la transmisión de deudas, la novación, el pago con subrogación, con la cesión del crédito emergente de un contrato bilateral en ejecución. b) El contrato de cesión. Caracteres. Efectos entre partes: circunstancias de la aceptación. Efectos con relación a terceros. c) La transmisión "ministerio legis": régimen. Leyes de concursos, de sociedades y de contrato de trabajo.
5)Transmisión de patrimonios especiales.
Concepto. Antecedentes. Régimen legal de la transmisión: efectos, comparación con la transmisión de deudas. b) Fusión y escisión de sociedades comerciales. c) Transmisión "mortis causa" en las sociedades civiles y comerciales.
6)Reconocimiento de obligaciones. Concepto. Naturaleza. Formas y especies. Requisitos. Efectos. Diferencia con la promesa abstracta de deuda y otras figuras afines. Crítica de la metodología del Código. Legislación comparada. Proyectos de reforma.
Extinción de las obligaciones. Noción y trascendencia. Distintos modos de extinción: enunciación legal y caracterización. Otros modos no enunciados. Clasificación: distintos criterios. Modos satisfactorios y frustratorios. Actos jurídicos extintivos y hechos jurídicos extintivos. Efectos.
1)Pago. Diferentes acepciones. Función del pago. Naturaleza jurídica; distintas teorías. Elementos esenciales: causa, sujetos, objeto, animus solvendi. Personas que gozan del jus solvendi: deudor, terceros interesados. Quid de los terceros no interesados. Efectos del pago efectuado por un tercero. Acciones de reintegro; elección. Personas que pueden recibir el pago: acreedor, representantes, terceros. Figuras del adjectus solutionis gratia y del acreedor aparente. Consecuencias del pago a terceros. Capacidad para efectuar pagos; sanción por falta de capacidad y consecuencias. Capacidad para recibir pagos; nulidad del pago; titular de la acción de nulidad: cuando el pago es válido.
Objeto del pago. En que consiste. Principio de identidad: comportamiento en las distintas clases de obligaciones. Principio de integridad; excepciones reales y aparentes. Otros requisitos: a) Propiedad de la cosa con que se paga; b) disponibilidad del objeto del pago; c) ausencia de fraude.
Circunstancias del pago: Lugar y tiempo. 1) Lugar del pago: regla general. Excepciones: enumeración y análisis. Prelación de las excepciones. Trascendencia jurídica del lugar de pago. II) Tiempo del pago. Principio. Esquema del asunto: a) obligaciones puras y simples; b) obligaciones a plazo; caducidad del plazo; distintas hipótesis; pago anticipado; c) obligaciones sin tiempo de pago; procedimiento para la determinación; d) obligaciones de pago "a mejor fortuna": naturaleza jurídica; modo de fijación del tiempo de pago y requisitos; cesación del plazo; curso de la prescripción; comparación con la cláusula de pago a voluntad del deudor (cum volueris). Gastos del pago: principio y aplicaciones.
Efectos generales del pago. Enunciación y clasificación. a) Efectos necesarios: extinción del crédito; liberación del deudor; variantes de desdoblamiento. b) Efectos accesorios: recognoscitivo, confirmativo, consolidatorio, interpretativo. c) Efectos incidentales: enunciación y análisis. Liberación forzada ó liberación coactiva del deudor. Mora del acreedor: Concepto. Discusión acerca de su entidad. Reglas aplicables. Efectos. Cesación.
Pago por consignación: Concepto. Casos. Requisitos. Carácter facultativo. Efectos: momento en que se produce; incidencia sobre otros juicios. Retiro de la consignación. Gastos y costas. Modo de efectuar la consignación: obligaciones de dar sumas de dinero, cosas ciertas y cosas inciertas. Obligaciones de hacer y no hacer.
Imputación del pago. Concepto. Requisitos. Casos. Imputación por el deudor: limitaciones. Imputación por el acreedor: vicios. Criterio legal de imputación. Modificación de la imputación. Prueba del pago: carga de la prueba; medios de prueba. Recibo de pago: noción y naturaleza; forma; firma a ruego e impresión digital; contenido. Valor probatorio del recibo: quid de la fecha cierta. Recibo por saldo. Constancias no firmadas obrantes en el título de la deuda. Prueba del pago en las prestaciones periódicas.
Pago con subrogación. Noción; naturaleza jurídica. Distintas especies. Subrogación legal: diversos casos. Subrogación convencional. efectos de la subrogación: principio; limitaciones a la transmisión. Caso de pago parcial. Diferencia con la cesión de créditos.
2)Pago por cesión de bienes. Extinción por concurso o quiebra. Noción. Leyes 11.077, Decreto-Ley 19.551, ley 24.522 y sus modificatorias: casos de aplicación. Rehabilitación del concursado. Acreedores afectados por la caducidad concursal. Propiedad del remanente de bienes no realizados. Subsistencia de obligación natural por el saldo impago. Modos de extinción en el proceso concursal. Modos de extinción a partir del decreto de quiebra.
3)Dación en pago. Concepto legal y doctrinario. Terminología. Diferencia con el pago, la novación y otras figuras afines. Naturaleza jurídica. Requisitos. Carácter real. Capacidad. Personería de representantes. Prueba. Efectos: asimilación a la compraventa y a la cesión de créditos. Evicción de lo dado en pago: garantías originarias. Dación en pago y fraude.
EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. CONTINUACIÓN.
4)Novación. Concepto. Evolución histórica y legislación comparada. Sistema del Código: Especies. Elementos. Capacidad. Personería de representantes. Prueba. Comparación con el reconocimiento de deuda, la confirmación y la renuncia. Novación objetiva; noción. Pago con documentos. Modificaciones que no causan novación; supuestos controvertidos; casos de novación legal. Novación subjetiva: noción y casos. Novación por cambio de acreedor y por cambio de deudor. Delegación perfecta e imperfecta. Expromisión simple y novatoria. Requisitos. Quid de la insolvencia del nuevo deudor. Efectos de la novación: accesorios; conservación facultativa de ciertas garantías. Obligaciones de sujeto múltiple y concurrentes: fianza.
5)Transacción. Concepto vulgar y técnico. Metodología y técnica legislativa. Requisitos esenciales. Naturaleza jurídica. Caracteres. Comparación con otras figuras afines. Forma: transacción sobre inmuebles o derechos litigiosos. Prueba. Capacidad. Personería para transigir por otro. Efectos de la transacción: vinculatorio; extintivo; declarativo. Objeto de la transacción: principio y excepciones. Quid de la autoridad de cosa juzgada; ejecutoriedad de la transacción. Nulidad de la transacción; causas de nulidad: vicios de la voluntad; falsedad o ignorancia de documento esencial; sentencia ya dictada. Falta de causa.
6)Renuncia. Noción amplia y restringida. Comparación con la remisión de deuda y con la donación. Naturaleza jurídica. Especies. Caracteres. Forma y prueba. Capacidad. Personería para renunciar por cuenta ajena, Derechos renunciables: criterio legal; distintos casos; supuesto de duda. Interpretación. Retractación; situación de los terceros. Efecto de la renuncia; momento de la extinción de las facultades del acreedor. Leyes que rigen la renuncia.
7)Remisión de deuda. Concepto; proyección de régimen. Distintas especies. Remisión expresa. Remisión t cita. Entrega del documento representativo del crédito: requisitos; alcance de la presunción legal y crítica. Efectos de la remisión. Remisión y fianza. Remisión de obligaciones de sujeto plural. Devolución de la cosa prendada.
8)Compensación. Concepto. Función e importancia. Evolución histórica. Distintas concepciones teóricas. Sistema del Código: diversas clases. Compensación legal: requisitos; elementos y circunstancias indiferentes. Obligaciones no compensables: enunciación. Efectos de la compensación legal: sentido de la eficacia ipso jure. Quien puede alegar la compensación. Supuestos de fianza y de obligaciones solidarias. Imputación de la compensación. Renuncia a la compensación. Pago de deuda compensable. Compensación facultativa: efectos; momento de su producción. Compensación judicial: noción; comparación con la legal y la facultativa; efectos y momento de su producción. Compensación automática: noción y casos.
9)Confusión. Concepto. Naturaleza: teorías. Requisitos. Causas determinantes de confusión. Especies. Derechos susceptibles de confusión. Efectos. Funcionamiento del efecto impeditivo: fianza; pluralidad de acreedores o deudores; obligaciones solidarias; adjudicación al acreedor hipotecario del inmueble hipotecado. Inoponibilidad de la confusión a las embargantes del crédito. Cese de la confusión. Inoponibilidad del cese de la confusión a los terceros. Suspensión de la prescripción.
10)Imposibilidad de pago. Concepto. Método del Código; comparación con el código francés. Requisitos. Prueba. Comportamiento del principio de imposibilidad en las distintas obligaciones: de dar cosas ciertas, de género limitado, de cosas inciertas, etc. Efecto extintivo peculiar. Cesación de la imposibilidad. Transformación de la obligación en daños y perjuicios: medida de la responsabilidad.
11)Otro modos extintivos. a) Por obtención de la finalidad. Concepto. Diversos casos: el concurso de causas lucrativas. b) Por la estructura de la relación jurídica: condición resolutoria, plazo final. c) Por vía refleja: rescisión, revocación, resolución. Quid de la nulidad. d) Causas particulares a ciertas obligaciones: imposibilidad, muerte, incapacidad, abandono. Conclusión del procedimiento concursal: a) Antecedentes; Régimen Actual. b) Acuerdo preventivo y resolutorio. c) Avenimiento. d)Cesión de bienes. (Remisión a pago por cesión de bienes punto 2 unidad IX).
Prescripción liberatoria. Metodología. Noción y elementos. Prescribe la acción o se extingue la obligación? Las diferentes opiniones. Utilidad y fundamento. Naturaleza jurídica. La prescripción como excepción. Caracteres. Prohibición de deferir al juramento. Derecho transitorio: criterios del Código civil, del Decreto-Ley 17.940 y del Decreto-Ley 17.709. Sujetos: quienes pueden prescribir y contra quienes; acción de los acreedores y otros interesados. Objeto: Derechos y acciones prescriptibles: Principio de prescriptibilidad y excepciones: a) derechos indisponibles; b) acciones de estado; c) acciones reivindicatoria y negatoria; d) acción de deslinde; e) levantamiento y utilización de muros y cercos divisorios; f) acceso a la vía pública y construcción de acueductos; g) acción de partición; h) acción del ausente para recuperar sus bienes; i) acción de separación de patrimonios; j) acción de nulidad absoluta; k) facultades legales y oposición de excepciones; l) quid de la acción de simulación. Curso de la prescripción: iniciación, suspensión, interrupción y consumación. Causas de suspensión e interrupción: modificaciones del Decreto-Ley 17.711. Relatividad de la suspensión, de la interrupción y de la consumación de la prescripción.
Plazo de la prescripción. Variedad de plazo: explicación. Término ordinario; eliminación de la distinción entre presentes y ausentes. Aplicaciones legales y jurisprudenciales del término ordinario: enunciación. Quid de la petición de herencia: acción útil ó regular. Prescripción quinquenal: noción e importancia. Aplicaciones legales: enunciación. Excepciones: deuda única fraccionada; remuneraciones laborales (Decreto-Ley 17.709); jubilaciones y pensiones; impuestos. Prescripción de 4 años: supuesto legal. Prescripción bienal; aplicaciones legales: enunciación. Quid de los honorarios profesionales regulados judicialmente o correspondientes a pleito inconcluso. Daños y perjuicios emergentes de responsabilidad extracontractual: quid del desconocimiento del daño. Prescripción anual; aplicaciones legales: enunciación. Prescripción semestral: hipótesis legales. Otras prescripciones breves. Cambio de plazo de ciertas prescripciones breves: discusión y crítica: proyectos de reforma del Código Civil.
Funcionamiento de la prescripción. Oportunidad para articular la defensa de prescripción. Acción declarativa. Efecto de la prescripción: su virtualidad de pleno derecho. El principio jura curia novit y la selección del plazo de prescripción aplicable. Renuncia de la prescripción: noción, naturaleza jurídica, capacidad, legitimación, forma y prueba. Impugnación de la renuncia perjudicial. Cláusulas que amplían el término de la prescripción. Cláusulas que abrevian el término de la prescripción: discusión. Caducidad: concepto y diferencias con la prescripción: principales casos.
Dispensa de la prescripción prevista en el artículo 3980 C.C.
Y TEORIA GENERAL DE LA REPARACIÓN DE DAÑOS
1)Naturaleza de la responsabilidad civil.
2)Evolución histórica. La reacción humana frente al daño. Organización jurídica de la sanción: la venganza, la composición voluntaria y la composición legal. La diferenciación de las sanciones: represión del delito y reparación del daño.
La cuestión en Roma: La Ley de las Doce Tablas y la Ley Aquilia. Los delitos privados y los cuasidelitos. Función de la culpa. Aparición de la culpa aquiliana. La culpa contractual, prestación de la culpa.
3)La cuestión en Francia: El antiguo derecho. El Código Napoleón. La evolución de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación.
4)La cuestión en el derecho argentino: síntesis de su evolución.
El deber de responder. La ilicitud. La sanción. La sanción resarcitoria. La reparación en especie. La indemnización: naturaleza jurídica; caracteres; fundamentos; valuación. Su relación con el daño.
El cambio de situación que se da con la reforma al Código Civil en 1968 y la teoría general de la reparación de daños.
5)Sistemas de Responsabilidad.
Responsabilidad contractual y extracontractual. Responsabilidad precontractual.
6)Elementos de la Responsabilidad Civil. Doble ámbito de la responsabilidad.
TEORIA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. CONTINUACION
I)ANTIJURICIDAD
A)LA ANTIJURICIDAD EN EL ACTO ILICITO
Concepto de acto ilícito. Actos ilícitos propiamente dichos y actos ilícitos potenciales.
Actos de violación positivos y negativos.
B)LA ANTIJURICIDAD EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO. RESPONSABILIDAD
Análisis introductorio. Efecto del cumplimiento. Contrato existente y obligación exigible.Exigencia de cumplimiento conforme a los principios generales.Circunstancias de tiempo y lugar. Circunstancias de modo o forma de cumplimiento.
Efecto del incumplimiento. Incumplimiento por inadecuación de tiempo. Inadecuación de la prestación en cuanto a identidad e integridad. Consecuencias del incumplimiento. Efectos post cumplimiento. Vicios redhibitorios. Introducción. Concepto y requisitos exigidos legalmente para que se configure el vicio redhibitorio. Acciones judiciales. Efectos económicos.
Reclamo subsidiario por daños y perjuicios.
II)DAÑO
A)Concepto. Daño justificado: Inimputabilidad.
Inculpabilidad. Incausalidad.
B)Justificación del hecho. 1)Justificación por la ley. Estado de necesidad. Legítima defensa. Autoayuda. Ejercicio de un derecho.
2)Justificación por el consentimiento del damnificado. Consentimiento expreso: Cláusulas de irresponsabilidad. Dispensa del dolo y de la culpa. Aceptación de riesgos. Actos de abnegación o altruismo. Participación en una competencia riesgosa.
Situación del transporte benévolo.
C)Daño resarcible. Concepto. Categorías del daño resarcible. Rubros y subrubros.
Daño Patrimonial y Extrapatrimonial. Daño Emergente. Lucro Cesante. Daño Moral.
Incapacidad Sobreviniente. Daño Psicológico. Daño estético. Pérdida de Chance. Otros rubros resarcibles.
D)Requisitos del daño resarcible.
Daño cierto. Subsistencia. Personal. Interés legítimo.
E)Prueba del daño.
F)Determinación y valuación del daño.
I)RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y EL HECHO
a)Concepto. Teorías. Teoría de la equivalencia de las condiciones.
Teoría de la causa próxima. Teoría de la condición preponderante.
Teoría de la causa eficiente. Teoría de la causa adecuada.
Teoría del seguimiento continuo del efecto dañoso.
La causalidad en el código.
b)Extensión del resarcimiento.
1)Orbita Contractual.
Obligaciones que no tienen por objeto dar sumas de dinero. La reforma de la ley 17.711.
Obligaciones que tienen por objeto dar sumas de dinero.
Intereses. Concepto. Deudas sujetas a intereses moratorios.
Curso de los intereses moratorios. Monto de los intereses moratorios.
Resarcimiento suplementario. Indexación de deudas de dinero. Intereses represivos. El caso Aquino.
2)Orbita extracontractual.
La reparación integral.
3)Responsabilidad objetiva.
II)INTERRUPCION DEL NEXO CAUSAL
a)Causa ajena. Culpa de la victima. Exclusiva. Concurrente.
Culpa de la víctima y del demandado. Culpa de la víctima y riesgo de la cosa del demandado. b)Riego de ambas cosas (del demandado y de la víctima)
c)Culpa de un tercero. d)Caso fortuito. Remisión a la unidad 3.
I)FACTORES DE RESPONSABILIDAD. Evolución. Histórica. La estructura del código de Velez. Sistemas.
II)FACTORES SUBJETIVOS DE IMPUTABILIDAD
IMPUTABILIDAD. El esquema tradicional. Las nuevas posturas.
El acto imputable. Discernimiento. Intención. Libertad.
Imputabilidad: Incumplimiento contractual. Acto ilícito.
Los menores de 10 años. Los dementes. Los privados accidentalmente de razón.
CULPABILIDAD: DOLO. Acepciones. Dolo contractual. Concepto. Efectos. Dispensa. Prueba. Dolo delictual. CULPA. Concepto. Culpa civil y culpa penal. Apreciación de la culpa. Sistema de nuestro Código. Dispensa de la culpa. Culpa contractual. Culpa extracontractual. Prueba de la culpa. Falta de la culpa.
III)SECTORES DE APLICACIÓN DE LOS FACTORES SUBJETIVOS
A)RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
DELITO. Delitos contra las personas. Homicidio. Lesiones. Delitos contra la libertad individual. Delitos contra la honestidad. Calumnia o injuria. Acusación calumniosa. Delitos contra la propiedad. Hurto. Usurpación de dinero. Destrucción de cosa ajena.
HECHO ILICITO QUE NO ES DELITO. CUASIDELITO. Daño “con las cosas”.
B)RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
HECHO PROPIO. La base de los artículos 506 y 512
I. FACTORES OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD. Concepto.
A)SECTORES DE APLICACIÓN DEL FACTOR “GARANTIA”
1)RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
HECHO DE LOS DEPENDIENTES.
Fundamento de esta responsabilidad. Condiciones para el funcionamiento de esta factor.
Relación de dependencia. Ejercicio de la función.
Acto ilícito del subordinado. Legitimación pasiva. Acción recursoria.
2)RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
OBLIGACION DE SEGURIDAD.
Daños a las personas. Daños a los bienes.
OBLIGACION DE GARANTIA.
Principio general de responsabilidad por el hecho ajeno.
Intervención por si mismo. Tercero encargado por la ley o el deudor: Representantes legales. Representantes convencionales.
Empleo ilícito de representantes y auxiliares. Casos legales de obligación de garantía.
Responsabilidad de los dueños de hoteles y casas públicas de hospedaje.
Responsabilidad de capitanes de buques y agentes de transportes terrestres.
Crítica metodológica. Fundamento de la responsabilidad.
OBLIGACION DE SEGURIDAD CON RESPECTO AL OBJETO.
B)APLICACIÓN DEL FACTOR “EQUIDAD”
CONCEPTO. REGIMEN LEGAL
C)SECTORES DE APLICACIÓN DEL FACTOR “ABUSO DEL DERECHO”
CONCEPTO. CRITERIOS DOCTRINARIOS
Criterio intencional. Criterio técnico. Criterio económico.
Criterio funcional o finalista. Criterio ético.
D)SECTORES DE APLICACIÓN DEL FACTOR “EXCESO DE LA NORMAL TOLERANCIA ENTRE VECINOS”
AMBITO DE APLICACIÓN. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD
I)SECTORES DE APLICACIÓN DEL FACTOR “RIESGO”
1)COSAS INANIMADAS.
EL SISTEMA ANTES DE LA LEY 17.711
La reforma. Daños causados con las cosas y por las cosas.
Vicio y riego. Responsables. Carácter de la responsabilidad.
Causas de eximisión.
COSAS INANIMADAS: CASOS PARTICULARES.
AUTOMOTORES. Legitimación pasiva. Los nuevos criterios jurisprudenciales. El titular registral. El guardián. Accidentes de automotores. Régimen legal. Presunciones. Circunstancias eximentes.
TRENES: Accidentes ferroviarios. Régimen legal.
ACCIDENTES MARITIMOS. Régimen legal. Abordajes y otros accidentes. Asistencia y salvamento.
Causa del daño. Fundamento de esta responsabilidad.
Personas responsables. Límites de la responsabilidad.
EDIFICIOS. Concepto. Personas responsables.
Edificio en construcción. Acciones preventivas.
Importancia de la cuestión. Régimen legal. Acción contra el proveedor o vendedor.
Acción contra el fabricante o productor. Conclusión. Ley 24.240 de Defensa del consumidor. El artículo 40.
2)ANIMALES.
FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD.
REGIMEN LEGAL.
Personas responsables. Carácter de esta responsabilidad.
Daños por los que se responde. Cesación de la responsabilidad.
Supuesto del animal feroz. Daño recíproco.
Improcedencia del abandono.
1)ACCIDENTES DEL TRABAJO.
Fundamento de esta responsabilidad. Infortunios del trabajo.
Riesgo profesional. Relación entre el accidente y el trabajo.
La indemnización tarifada. Opción. Casación de la responsabilidad. Ley 24.557 de Riesgo de Trabajo. Objetivos. Aseguramiento de riesgos del trabajo.
2)TRANSPORTE DE PERSONAS.
Concepto. Régimen legal. Fundamento de esta responsabilidad.
Ámbito de aplicación. Causas de exoneración.
Prescripción. Prohibición de dispensa.
3)TRANSPORTE AEREO. Régimen legal; Transporte internacional. Extensión de la responsabilidad.
4)OTROS CASOS POSIBLES EN LA ORBITA CONTRACTUAL. Caso del Turismo.
II)NUEVOS FACTORES OBJETIVOS.
NUEVA TEORIA GENERAL DE REPARACION DE DAÑOS
Introducción general y explicación de la necesidad de una teoría general de reparación de daños. Diferencia básica con la teoría general de la Responsabilidad Civil. Método de análisis. Estructuras utilizables. Caracteres. Relación y crítica a la responsabilidad civil como "centro sistemático"
Cuestionamiento del modelo ideológico que sustentó la responsabilidad subjetiva como respuesta sancionatoria al daño. El daño. Esquema básico del Código Civil creado por Dalmacio Velez Sarsfield. Análisis del tema desde el punto de vista del agente dañador.
La reforma de Borda de 1968. El sistema "solidarista". Jurisprudencia y doctrina desde 1968 hasta nuestros días. Relación del sistema jurídico con el económico.
Estructura y sistemática de la teoría general de la reparación de daños.
A)Elementos comunes. 1)Hecho humano. 2)Daño reparable. 3)La relación de causalidad.
B)Vía Subjetiva. Elementos. 1) ANTIJURIDICIDAD. 2) IMPUTABILIDAD. El discernimiento. La intención. La libertad. 3) CULPABILIDAD.
C)Vía Objetiva. Factores Objetivos de responsabilidad.
1)RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICASA) INTRODUCCIÓN. Personalidad y personas jurídicas de existencia ideal. Representación. órganos y administradores dependientes . B) CARACTERIZACIÓN. EFECTOS.
Ámbito contractual. Responsabilidad contractual y precontractual.
Ámbito extracontractual. a) Daños causados por quienes dirigen o administran la persona jurídica .
b) Daños causados por los dependientes de una persona jurídica .
c) Daños causados por la persona jurídica por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. La acción de repetición de la persona jurídica contra administradores, representantes y dependientes. Responsabilidad de las personas jurídicas y conjuntos económico-empresarios frente al consumidor.2)RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO PÚBLICO.
2.a)RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
El estado como persona jurídica. El artículo 33 del C.C. Personas Jurídicas Pública Estatales. Su responsabilidad. Evolución de la responsabilidad en el derecho comparado. Evolución jurisprudencial en nuestro país. El reconocimiento del estado responsable por parte de la C.S.J.N. La Responsabilidad del Estado por actos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Daños causados por el accionar del Estado. Reparación de los daños provenientes de la actividad lícita del Estado. Reparación por actos ilícitos.2.b) RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Nociones generales. Concepto de funcionario y agente público. El artículo 1112 del Código Civil y la responsabilidad patrimonial. Presupuestos. Relaciones entre la responsabilidad patrimonial del agente y, la del Estado. Acción del damnificado contra el funcionario público. Inmunidad constitucional para ciertos funcionarios públicos.
Acción de repetición del Estado contra el funcionario público. Prescripción de las acciones.
3)RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO.
Ámbito de dicha responsabilidad. Orbita contractual extrajudicial. Orbita Contractual Judicial. Actuación como letrado apoderado, patrocinante, defensor y asesor legal. Responsabilidad extracontractual del abogado. Casos.
4)RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL MEDICO.
Ámbito de dicha responsabilidad. Naturaleza de la obligación. Responsabilidad contractual y extracontractual. Responsabilidad del médico según su especialidad. Cirugías. Responsabilidad del equipo médico. Responsabilidad de establecimientos sanatoriales públicos y privados. Responsabilidad de las obras sociales y medicinas prepagas. Validez y alcance del consentimiento de los pacientes.
5)RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PSICOLOGO. Psicología. Evolución. Psicoanálisis. Incumbencia profesional. La relación entre el paciente y el analista. Carácter especial del contrato entre el paciente y el analista. La transferencia analítica. La responsabilidad del psicoanalista por abuso de transferencia.
6)RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS ESCRIBANOS.
Naturaleza jurídica de la actividad notarial. Ámbito de actuación de los escribanos. Naturaleza de la obligación. Responsabilidad.
7)RESPONSABILIDAD DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES.
Ámbito de actuación. Naturaleza de la obligación. Responsabilidad.
8)RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL DEPORTE.
Concepto de deporte. Situaciones relacionadas con el deporte que pueden producir daño.
Espectáculo deportivo. Organizador, deportistas y público. Régimen de responsabilidades. Responsabilidad de los organizadores de los espectáculos deportivos. Responsabilidad de los deportistas. Responsabilidad del público. Responsabilidad del Estado por acción y omisión.
Análisis de casos. Scaserra Juan c/ Asoc. del Fútbol Arg. y otros s/ Daños y Perjuicios. Zacarías Claudio c/ Cordoba Provincia de y otros s/ Daños y Perjuicios.
UNIDAD XXAPLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD
POR EL HECHO AJENO.
1)RESPONSABILIDAD DEL PATRONO POR LOS HECHOS DE SUS DEPENDIENTES. El artículo 1113. El régimen legal. Jurisprudencia.
2)RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES POR EL HECHO DE SUS HIJOS MENORES.
Fundamento de la responsabilidad: distintas teorías.a) De la culpa "in vigilando". b) De la culpa en la educación. c) De la culpa en la vigilancia y en la educación acumuladas. d) Del fundamento económico. e) De la responsabilidad emanada de la autoridad de los padres: una tendencia a la objetivización de la responsabilidad con fundamento en la garantía. Requisitos para la procedencia. Eximentes de responsabilidad. Extensión del resarcimiento.
3) RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES Y CURADORES.
Tutores y curadores. Concepto. Función. Clases. Fundamentos. Requisitos. Eximentes de responsabilidad. El resarcimiento. 4)RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
Evolución. Ley 24.830 y el artículo 1117 del Código Civil. Fundamento de la responsabilidad. a) Teoría de la patria potestad delegada. b) Teoría de la culpa "in vigilando". Sujetos comprendidos en la normativa. Responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos. Requisitos. Daños causados por los alumnos a terceros. Responsabilidad extracontractual y el deber de garantía. Daños sufridos por los alumnos. Responsabilidad contractual y la obligación de seguridad. Eximentes de responsabilidad.
ACCIONES DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
1)ACCION CIVIL.
La demanda. Requisitos.
2)ACCION DE REPARACION DE DAÑOS.
Caracteres particulares. Procedencia.
Orbita Contractual. Nociones. Presupuestos de procedencia. Legitimados.
Orbita Extracontractual. Legitimación.
Delitos y cuasidelitos. Damnificados directos. Damnificados Indirectos. Legitimación activa en caso de homicidio. Legitimación pasiva. Situación especial de las aseguradoras.
Delitos y cuasidelitos contra las cosas. Legitimación activa y pasiva.
3)LA ACCIÓN CIVIL DE REPARACIÓN Y LA ACCIÓN PENAL DE PUNICIÓN.
Relación. a) Separación o independencia. b) Acumulación o unidad. c)Criterio legal. Suspensión de la sentencia civil. Excepciones para la aplicación del artículo 1101. Influencia de la sentencia penal condenatoria sobre la acción civil. a) Existencia del "hecho principal". b) Culpa del condenado. Influencia de la sentencia penal absolutoria sobre la acción civil. Influencia de la sentencia civil sobre la sentencia penal. 4) LA ACCIÓN CIVIL DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL PROCESO PENAL.
El Artículo 29 del código penal. Caracterización. El actor civil. Legitimación pasiva. Demanda de reparación del damnificado. El demandado civil en el proceso penal. Oportunidad, forma, nulidad y caducidad. Contestación de la demanda. Conclusiones. 5)FORMULACIONES DE LA REPARACIÓN.
Concepto. Efecto de componer.Daño o perjuicio sufrido material o patrimonialmente. Formas de composición. 6)MEDICIÓN DEL DAÑO EN TÉRMINOS DE VALORIntroducción. Forma de medir la extensión de la indemnización en el Código Civil de Vélez Sársfield. a) Consecuencias inmediatas. b) Consecuencias mediatas. c) Consecuencias casuales. Reparación integral. El caso Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.
Cuantificación del daño. Modos.
ACCION DE REPARACION DE DAÑOS. CONTINUACION.
1)PARTE TEORICA.
ESTRUCTURA MINIMA DE UNA ACCION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
a)La forma de dirigirse ante los tribunales. b)El objeto de la acción de reparación. Los requisitos mínimos. c)El relato de los hechos que provocaron el o los daños. d)Atribución de responsabilidad civil al o los demandados. La importancia de la resolución del caso. e)El fundamento de la acción en el derecho. f)El desarrollo y relato de cada uno de los daños del damnificado sea directo o indirecto. Clases de daños resarcibles. Daño emergente. Incapacidad Sobreviniente. Daño estético. Daño Psicológico. Pérdida de Chance. Gastos médico farmacéuticos. Lucro Cesante. Daño Moral. g)Sistemas de cuantificación a la hora de demandar. h)La existencia de contrato de seguro. La citación en garantía. i)La prueba en la acción de reparación. Quién debe probar?. Qué se debe probar? Cómo se debe o puede probar?.
2)PARTE PRACTICA
a)Elaboración de demandas por reparación de daños. Orbita contractual y extracontractual.
b)Trabajos prácticos grupales.
c)Realización individual de una demanda de daños y perjuicios volcando todos los conocimientos sobre derecho de daños y responsabilidad civil. Obligación de presentar demanda individual como parte de la evaluación.
EN CASO DE EXAMEN LIBRE EL POSTULANTE DEBERA PRESENTAR UNA DEMANDA DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS ADQUIRIDOS DEBIENDO DEMOSTRAR SU AUTORIA.

References: artículo1112
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 13
 artículo 24

Artículo 24
 artículo 1112
 artículo 25
 artículo 7
 resolución 
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 17
 Artículo 4037
 Resolución 
in fine
 artículo 505
 artículo 3980
 artículo 40
 artículo 33
 artículo 1112
 artículo 1113
 artículo 1117
 artículo 1101
 Artículo 29
 resolución