Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve21nov2017.html
Timestamp: 2017-12-13 18:43:35+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 21 de noviembre de 2017
De diputadas y de diputados, con retiro de iniciativas; de la Secretaría de Hacienda y del Ifetel, con informes; de la CNDH, con diagnóstico; de la Fiscalía de Jalisco, contestación a punto de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con minuta e iniciativa
David Sánchez Isidoro, PRI
Diego Valente Valera Fuentes, PRD
Por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año como Día Nacional del Tequila, discusión en lo general
Por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentación
Por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fundamentación
Miguel Alva y Alva, Morena
Javier Pinto Torres, PNA
Erika Irazema Briones Pérez, PRD
Que solicita a la Secretaría de Salud establezca las acciones necesarias a fin de que se incluya al cáncer de pulmón en el Programa Nacional de Normalización 2018
Con cambios en presidencias y secretarías de comisiones
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría –buenos días a todas y a todos–. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 257 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (12:00 horas): Se abre la sesión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se informa que se encuentra publicadas en la Gaceta Parlamentaria solicitudes de retiro de iniciativas que remiten los diputados Francisco Martínez Neri, María Luisa Beltrán Reyes, Jesús Zambrano Grijalva y Delia Guerrero Coronado.
1. Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de octubre de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2016.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: 2. Informe del Servicio de Administración Tributaria, correspondiente al mes de octubre de 2017, relativo al destino de los bienes aptos para su uso o consumo, que se dio a través de las autoridades aduaneras.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: El Instituto Federal de Telecomunicaciones remite el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2017.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos remite el Diagnóstico de la Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de Elección Popular en México.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Fiscalía General del Estado de Jalisco remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos 2o y 8o de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 172 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora de la República, Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Nos pide el uso de la palabra la diputada Erika Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sonido en la curul de la diputada. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Para hacer conocimiento de esta asamblea que la semana pasada dio inicio la campaña Construyendo en Igualdad, organizada por la Unidad para la Igualdad de Género de esta Cámara, con el objeto de hacer conciencia al interior de este Palacio Legislativo, sobre la violencia por motivo de género que sufrimos las mujeres.
Es un hecho por demás condenable que el pasado día jueves se registraron actos vandálicos en algunas de las áreas donde fueron colocados los adhesivos de la campaña, destruyéndolos y dibujando imágenes obscenas. No hay duda de que hay quienes el tema de la violencia contra las mujeres aún les incomoda y responde con más actos de violencia, y además cobardes.
Como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género he solicitado formalmente a la Presidencia de la Mesa Directiva, se hagan las investigaciones que sean necesarias para que se condene este lamentable hecho. Y nos vamos a permitir ningún hecho más de violencia que atente contra nosotras las mujeres. Alto a la violencia. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, por supuesto que sus aseveraciones quedan registradas en el Diario de Debates, sin embargo, creo que la Mesa Directiva, y el señor presidente estará de acuerdo, nos sumamos a este extrañamiento de los actos vandálicos que ocurrieron en este recinto, y pedimos la pronta clarificación de quiénes son los responsables de los mismos. Nos sumamos a su exigencia, diputada, usted y todas las integrantes de la comisión. Muchas gracias. Diputada.
Sonido en la curul del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Sí, presidenta. Con el objeto de recordar que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Niño, y son importantes estos días, precisamente porque nos hacen recordar que hay agendas pendientes en nuestro país.
Le debemos mucho a la niñez, porque somos vergonzosos primeros lugares en turismo sexual infantil, en pornografía, en embarazo adolescente, en matrimonio infantil, entre otras cuestiones que tenemos que recordar para trabajar para erradicarlo, y precisamente por eso, como nos llama a trabajar mucho más esto, hemos nosotros inscrito una iniciativa para hacer honor a este sector y que el Parlamento Infantil, que se ha celebrado trianualmente por el Congreso sea ya una obligación legal, tanto el infantil como el Parlamento Juvenil, que tendremos en las próximas semanas también aquí en este Congreso, que son cuestiones que materializan el derecho de participación de la niñez y la juventud, presidenta. Le agradezco que me haya permitido anunciarlo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Al contrario, un tema muy importante, diputado. Quedan registradas sus aseveraciones en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Me pide el uso de la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Sonido en su curul, por favor.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta, muchas gracias, muy buenos días a mis compañeras y compañeros diputados. Solamente para hacer mención y que quede anotado en el Diario, que el día de ayer se conmemora, años tras año, la Revolución Mexicana y en esta revolución no se mencionan los nombres y apellidos de cientos de mujeres que no solamente participaron en la Revolución, sino que dejaron ahí su vida.
Mujeres que fungieron como enfermeras, coronelas, correos, costureras, y que se les redujo al nombre de Adelitas, cuando cada una de ellas tenía nombre y apellido y tuvieron un papel fundamental en la vida de esta nación. Por eso quisiera que el día de hoy también les rindiéramos un tributo a todas esas mujeres que quedaron en el silencio y sin apellidos, nombres y sus historias. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Flores Gómez. Sus aseveraciones quedan registradas en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Iniciamos la sección de iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 Bis al Código Civil Federal.
Y por favor, mientras llega el diputado, le suplico a la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, prepare también su intervención. Adelante, diputado.
El diputado David Sánchez Isidoro: Buenos días, diputadas y diputados, público en general y medios de comunicación que nos acompañan. Con su venia, señora presidenta. Nuestra legislación contempla que todo niño y niña tiene derecho a la identidad, y conforme al artículo 4o. política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de la identidad a ser registrado y el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos.
Cuando un niño o niña nace dentro del matrimonio llevará el primer apellido del padre y la madre indistintamente y la ley presupone que si es hijo que procede de este matrimonio efectivamente es hijo del cónyuge, pero cuando el hijo o hija no procede del matrimonio entran en juego las otras formas de reconocer la paternidad ya fijadas en la ley, que hacen una división entre el reconocimiento voluntario y las formas que no lo son, así tenemos que cuando el reconocimiento es voluntario, la modalidad más común de hacer efectivo este reconocimiento es por medio de la comparecencia del padre y madre ante el Registro Civil, y proporcionar los datos para inscribir la partida del nacimiento del niño o la niña.
Hoy por hoy, en los hogares monoparentales, es sumamente común que ellos no cuenten con filiación paterna o materna en algunos de los casos, por lo tanto, existe la necesidad de facilitar a las madres o padres de escasos recursos que puedan exigir el reconocimiento de su menor hijo por el progenitor faltante, que lleve al efectivo cumplimiento del principio constitucional de igualdad de los hijos nacidos fuera, a fin de establecer el desconocimiento que el padre o madre omitió o negó en su momento por razones que fueren.
El objetivo es que se ampare también a los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio, para que puedan gozar, incluso, accediendo al órgano jurisdiccional para ello de los derechos que le confiere el establecimiento de la paternidad, como por ejemplo, el derecho a acceder a los alimentos, el derecho a que establezcan un régimen de visitas y el derecho a suceder abintestato a su padre, etcétera.
Actualmente el padre o madre se enfrentan a un sinnúmero de complicaciones, para que su menor hijo o hija fuera del matrimonio cuenten con el apellido de alguno de los progenitores, y uno de ellos es la cuestión económica a la que se enfrentan día a día estas cabezas de familia, y quienes resultan más afectados, en este caso, son los menores hijos o hijas que no son reconocidos, eximiéndolos de los derechos que con esto conlleva. Cada niña o niño merecen tener un buen comienzo en su vida con las mejores condiciones para un futuro exitoso.
No obstante, muchas niñas y niños de nuestro país no están teniendo las mismas oportunidades para desarrollar y alcanzar todo su potencial, reconociendo que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados por la Carta de las Naciones Unidas.
Y en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, resulta indispensable mejorar el presente y futuro de niñas y niños también. Pasa por impulsar mejores leyes que garanticen el cumplimiento de sus derechos. Para ello tenemos la obligación de blindar su perfecto desarrollo en la sociedad, y de conformidad con los principios proclamados por la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
El niño y la niña serán registrados, es decir, reconocidos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán el derecho, desde que nacen, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de sus posibilidades, a conocer a sus padres y a ser ciudadanos por ellos.
Es decir, el Estado debe velar por la aplicación de estos derechos de conformidad con la legislación, y a su vez, pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligación común en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, siempre velando por el interés superior de la niña y el niño.
Es importante resaltar que el gasto que tendría que erogar cualquiera de los progenitores de los menores oscila entre los 6 mil y 10 mil pesos, dependiendo de las clínicas particulares en donde sea realizado el estudio, garantizando una vez más el deterioro económico para estas madres o padres cabezas de familia, que dicho sea de paso, hacen un esfuerzo día a día para poder dar a los menores la mejor calidad de vida posible, de conformidad a sus posibilidades.
Esta iniciativa valora la importancia de contar con un respaldo para los menores de edad a través de alguno de sus progenitores, padre o madre, que conlleve toda la responsabilidad, la representación legal y la protección integral del menor en sus aspectos físico, psicológico y moral, y la administración de sus bienes, a efecto de que se garantice la realización y otorgamiento gratuito de la pericial en genética molecular, con la finalidad de que los menores hijos fuera del matrimonio sean reconocidos por el progenitor faltante.
Con esta propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional da una muestra más de que es prioridad para la atención de los grupos vulnerables y que nuestra propuesta busca ser útil a beneficio de los ciudadanos que más lo necesiten. Por lo anteriormente expuesto...
El diputado David Sánchez Isidoro: ...someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona el artículo 83 Bis del Código Civil Federal, para quedar como sigue.
Artículo 83 Bis. En la omisión del registro de reconocimiento de hijos por cualquier causa y mediante alguno de los progenitores, se ordena a petición de parte pericial genética molecular ADN, a efecto de...
El diputado David Sánchez Isidoro: ...a efecto de comprobar la paternidad, previa valoración de la situación económica determinada por el Estado.
En esta ocasión agradezco la atención de todas y de todos los presentes y abogo por que la iniciativa que presenta su servidor, que no solo es parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, sino que la hagan suya todos los presentes en esta asamblea general. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado David Sánchez Isidoro. Pido por favor túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la segunda, la diputada presenta reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presento a esta soberanía dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera busca definir y reglamentar el llamado teletrabajo.
Las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando las formas de interactuar y organizar en el trabajo. A nivel mundial hoy hay organizaciones e individuos que se relacionan en tiempo real, independientemente del lugar y la hora en que se necesitan los servicios.
El teletrabajo tiene un gran potencial para constituirse en una alternativa real de empleo para muchas personas, entre las que destacan personas con discapacidad, los jóvenes, mujeres jefas de trabajo, adultos desempleados o personas que viven en lugares de difícil acceso.
Esta modalidad permite al teletrabajador tener un mejor equilibrio entre su vida personal como la laboral, con beneficios como trabajar en casa, podría dedicarse más tiempo, por supuesto, a la familia, e incluso participar en las tareas y en el cuidado de sus hijos, ancianos o personas con discapacidad, así como reducir el estrés que causan los desplazamientos de casa a oficina y viceversa.
Para las empresas y organismos del sector público y privado, adoptar esquemas de mayor flexibilidad como el teletrabajo adquiere relevancia en varios sentidos, significa menos espacios físicos utilizada en las oficinas, lo cual implica una reducción de gastos en energía, agua y costos asociados y les permite transitar hacia un sistema de control por objetivos y resultados, donde exista más flexibilidad y por lo tanto mayor productividad y motivación por parte de los trabajadores.
México estableció este tema de teletrabajo en la reforma integral de la Ley Federal de Trabajo en 2012, aunque solo se limitó a caracterizarlo como trabajo a domicilio, que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación dentro del Capítulo XII del Trabajo a domicilio, en el Título Sexto sobre Trabajos Especiales, artículo 311.
Con esta iniciativa que presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, avanzamos en el cumplimiento de la plataforma de nuestro partido en incidir en una economía competitiva y en crecimiento, con empleos con calidad y oportunidades para todos.
Legislar a favor del teletrabajo nos permite velar por la economía familiar al emplear las fuentes de empleo y generar ingresos para las familias mexicanas, aumentando su calidad de vida.
Por lo anterior expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto donde se considera como teletrabajo, a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleado.
La segunda iniciativa busca reconocer los derechos de las niñas y los niños por nacer. En 1959 la Asamblea General de la ONU realiza la Declaración de los Derechos del Niño, en donde resaltamos en el Principio IV: “El niño debe de gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse con buena salud, con este fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.
En América Latina varios países han legislado a favor de los derechos de los niños por nacer. Fue una iniciativa del expresidente de Argentina Carlos Saúl Menem. El exmandatario aprobó mediante decreto, en 1998, en donde se asegura que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. El derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino emana de la naturaleza del ser humano.
En Guatemala se legisló el 20 de mayo a favor del niño no nacido. En Chile el 18 de mayo de 1999 en la Cámara de Senadores. En Costa Rica, la primera dama, Lorena Clara de Rodríguez, proclamó el 27 de julio como el Día Nacional de la Vida.
El reconocimiento del niño por nacer es fundamental para garantizar sus cuidados durante el periodo de gestación. Esta ley permitirá la lucha que el Estado debe hacer para la mortalidad infantil en el momento del nacimiento.
En 2013 en México existen 14.3 descensos de menores de un año por cada mil nacidos vivos. En los años 70 la tasa de mortalidad infantil era de 68.4 menores de un año por cada mil nacidos.
La revisión prenatal es de suma importancia para la salud del ser humano por nacer y la madre, por eso mi propuesta es se adicione la fracción VI del artículo 1 y se adicione VI al artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:
VI. Reconocer desde el comienzo de su existencia prenatal al ser humano. Es un sujeto que tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona.
Desde el comienzo de su existencia prenatal, el ser humano es un sujeto que tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Alemán Olvera. La primera iniciativa túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen; y la segunda iniciativa, correspondiente a modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Alejandra Reynoso, por favor.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Gracias, presidenta. Para felicitar a la diputada magus Alemán por esta iniciativa y pedirle que si puedo adherirme. La conciliación de la vida laboral y familiar es clave para muchos temas: seguridad, desarrollo, crecimiento, economía, y por supuesto el fortalecimiento de la familia. Muchas felicidades.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La diputada expresa su anuencia para que pasen, por favor, aquí a la Secretaría a suscribir junto con ella las distintas iniciativas que ha presentado esta mañana. Felicidades, diputada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados, y de la Ley de Inversión Extranjera. Le pido a la diputada Concepción Villa González, se prepare también para su intervención a continuación de la diputada García Bravo. Adelante, diputada.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Gracias Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa que someto a su consideración propone reformar y adicionar disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera, a fin de que los tratados comerciales y de inversión extranjera que México suscriba y ratifique, se incluyan términos de cooperación internacional y de inversión extranjera con integración industrial internacional y de inversión extranjera con integración de tecnología, para que den impulso al desarrollo nacional a través del respeto al medio ambiente, a la igualdad de género y al desarrollo sostenible.
La iniciativa se sustenta en que la Ley sobre Tratados, en México, no se incluye una definición sobre cooperación internacional y que en los tratados comerciales no se incorporan aspectos como el respeto a las reglas medioambientales, la equidad de género y el desarrollo sostenible de las partes que lo conforman.
A ello se suma que en la Ley de Inversión Extranjera se busca actualizar su contenido para que dicha inversión se canalice a la ciencia y tecnología, a efecto de impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que contribuyan con el desarrollo sostenible.
Lo cierto es que México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, nueve acuerdos de alcance limitado, en el marco de la Asociación Latinoamericana y de Integración, y es miembro del Tratado de la Asociación Transpacífico que proporcionó acceso preferencial a 46 países.
No hay que olvidar que el presidente Miguel de la Madrid comenzó una reforma estructural cuyos elementos fueron la desregulación y privatización de las empresas públicas, sí como la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior.
En 1996 México se convirtió en miembro del pleno derecho del GATT. En 1993 se aprobó la nueva Ley de Inversión Extranjera que simplificó los procedimientos administrativos y eliminó las restricciones sobre inversión directa en la industria, liberación comercial y financiera, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó el 17 de diciembre de 1992 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993, consta de ocho partes, más de 2 mil 100 artículos y 22 capítulos.
En 2012 el comercio trilateral ascendió a mil 56 mil millones de dólares, cifra récord experimentando un crecimiento del 265 por ciento desde su entrada en vigor. El acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación conocido como el acuerdo global, firmado en 1997 y en vigor desde el 2000, es la piedra angular del marco jurídico en el que se han desarrollado las relaciones entre la Unión Europea y México.
El acuerdo global entre la Unión Europea y México es más que un acuerdo de libre comercio, mientras se podría decir que la columna vertebral de la relación es la parte económica, también es muy significativo para fomentar el diálogo político y la cooperación.
Sin duda, el acuerdo global organiza la relación desde una perspectiva horizontal y en tres áreas temáticas principales: diálogo político, asociación económica y cooperación. De ahí que la diferencia entre el TLCAN y el acuerdo global, éste se incluye en aspectos de género, medio ambiente y desarrollo sustentable.
Por ello recordamos que en México el 99.8 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, y se distribuyen de la siguiente manera; 47.1 por ciento en servicios, 26 por ciento en el comercio, 18 por ciento en la industria manufacturera y el resto de las actividades representan el 8.9 por ciento, y que pese a que los tratados han impulsado las exportaciones de México, se encuentran documentados en diversas investigaciones y análisis que las Pymes cierran por falta de apoyo y de una política industrial que fomente el desarrollo de industrias de soporte y genere empleos, así como el fortalecimiento del mercado interno y el ingreso de la población.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, son importantes las reformas y adiciones que se plantean en las diversas disposiciones a la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera, a efecto de que los tratados comerciales y de inversión extranjera que el Estado mexicano suscriba y ratifique, se incluyan términos de cooperación internacional y de inversión extranjera con integración industrial y de transferencia de tecnología para que den impulso al desarrollo nacional a través del respeto al medio ambiente, la igualdad de género y al desarrollo sostenible. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada María Cristina García Bravo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada presenta dos iniciativas
La primera con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16 Bis y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Le pido al diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, prepare su intervención. Adelante, diputada.
La diputada Concepción Villa González: Muchas gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, la primera iniciativa establece el esquema de corresponsabilidad entre los propietarios de carga o usuarios y las personas con permiso para prestar servicios de transporte.
De enero de 2015 al mes de agosto de 2016 se registraron 9 mil 900 hechos de tránsito, 4 mil 873 personas perdieron la vida como consecuencia de los mismos y 18 mil 879 personas resultaron heridas en tales eventos.
De mayo de 2015 a septiembre de 2016 las autoridades federales impulsaron 59 mil 671 sanciones por infracciones a normas de circulación vehicular: exceder los límites de peso de carga y de velocidad o incumplir con las dimensiones de plataforma de carga. De manera particular, en la revisión a los vehículos articulados y doblemente articulados, en el 30 por ciento de los casos se detectó un exceso de carga.
Actualmente en ninguno de los supuestos legados se considera la responsabilidad para el dueño de carga o usuario del servicio de autotransporte de carga, no obstante que también tiene el beneficio de disminución en los costos de transporte, por el transporte de bienes o productos en los vehículos que sufren algunos accidentes por el exceso en el peso de carga autorizada o incumplir con especificaciones técnicas y condiciones mecánicas que deben observar los vehículos de doble remolque.
Por lo anterior, es necesario incluir la responsabilidad solidaria entre los permisionarios y usuarios o dueños de carga, quienes pueden tener un aliciente socialmente perverso en el transporte de bienes o productos a tiempos de permitir no cerciorarse, solicitar o prohijar, alentar o aspirar que se excedan los límites en el peso de la carga de dimensiones autorizadas o no exigir que los vehículos de remolque que no se transporte la carga cumpla con las prescripciones reglamentarias y normas aplicables o no asegurarse a solicitar con el operador asignado esté debidamente capacitado y conduzca bajo las condiciones de seguridad que permitan prevenir, disminuir las acciones.
Es necesario que desde la ley se establezca la obligación para la Secretaría, de llevar no solo un registro de licencias otorgadas, sino de aquellas que se han suspendido o revocado en el registro que sea público.
La segunda iniciativa de violencia en la comunidad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia sexual contra las mujeres ha sido reconocida en el ámbito internacional y nacional como una violación de los derechos humanos y un problema estructural de escala mundial, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y adolescentes.
Existen numerosas disposiciones internacionales que hacen referencia a este término y establecen obligaciones estatales para prevenir y atenderlas. De forma más específica, la violencia sexual en el espacio público es una forma de violencia sexual contra las mujeres. En la actualidad es la más común en el país.
Por ejemplo, un estudio del Colegio Mexicano asegura que en la Ciudad de México el 93 por ciento de las mujeres han sufrido miradas lascivas, y el 50 por ciento han sido tocadas por la vía pública. La Ciudad de México no es un caso aislado, la violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos ha sido señalada por organizaciones de la sociedad civil en diversas entidades federativas y se materializa en acciones como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, pero también en prácticas sexuales no voluntarias, acoso o violación.
En esta lista de acciones no es limitada la comprensión de este tipo de violación en espacios públicos debe ser de forma amplia.
No prevenir y atender la violencia sexual en el espacio público tiene como resultado el menoscabo del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su plena participación en la vida pública del país, ya que este tipo de violación limita su movilidad y modifica su comportamiento.
A pesar de los efectos que tiene en las mujeres la violencia sexual en el espacio público, legalmente no se cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir y atenderla.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la ley que contempla y describe la violencia en la comunidad. Sin embargo, esta ley no cuenta con los reconocimientos específicos sobre violencia sexual contra las mujeres en espacio público.
En este sentido, la presente iniciativa busca enriquecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando una definición específica de violencia sexual en el espacio público, ya que es un tipo de violencia que se representa en la comunidad y, debido a que no ha sido nombrada e identificada en el Estado se cuenta con poca información al respecto y, por lo tanto, con una incorrecta o deficiente planeación política pública para prevenir y atenderla.
También la presente iniciativa prevé estrategias de prevención de violencia contra las mujeres en el espacio público, tanto para modificar patrones socioculturales, como para crear espacios públicos seguros para las mujeres y niñas, considerando que estas acciones contribuyen efectivamente a la erradicación de violencia sexual en los espacios públicos. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Concepción Villa González. Solicito que la primera iniciativa, la que corresponde a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se turne a la Comisión de Transportes, para dictamen. La segunda, la que corresponde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se turne a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para pedirle a la compañera, nos permita adherirnos a sus iniciativas, compañeros de Morena que estamos deseosos de hacerlo. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Por el abrazo, presumo que la diputada no tiene ningún inconveniente de que sus compañeras y compañeros se sumen. Está a sus órdenes aquí en la Secretaría. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el propio diputado Celis Aguirre y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Le pido, por favor, a la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos se prepare, porque a continuación a ella correspondería su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Gracias, diputada presidenta. Saludo también a los compañeros y las compañeras, diputados y diputadas, a los medios de comunicación presentes.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presentamos el día de hoy propone adicionar una nueva fracción I Bis al artículo 12 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de establecer que de manera obligatoria se cuente con un padrón de prestadores de servicios para el manejo de residuos, de acuerdo a la categoría específica de cada tipo de residuos a tratar, ya que por su importancia existen residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que requieren de un manejo especial y controlado por parte de las personas físicas o morales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la actualidad la recolección de basura en el país es de más de 86 mil toneladas diarias de desechos. Lamentablemente la separación de la basura aún no forma parte de una cultura ambiental.
Uno de los desechos que ha crecido en los últimos años son los aparatos eléctricos y electrónicos, resultan alarmantes las cifras en el mundo al señalar que anualmente se producen entre 40 y 50 millones de toneladas de basura electrónica, estos desperdicios conocidos como RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tienen componentes altamente nocivos para la salud, para el agua, para la tierra, al contener metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio y sus componentes plásticos o metálicos, que no son biodegradables.
En nuestro país, a efecto de atender el serio problema de los residuos, en 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, a efecto de proteger al medio ambiente mediante la prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional.
La necesidad de contar con una ley de esta naturaleza fue para poner atención en la regulación del uso, manejo y tratamiento en la gestión integral de los residuos como factores contaminantes que ponen en riesgo la salud de la población y el entorno ambiental.
La generación nacional de residuos electrónicos se estima entre 150 mil y 180 mil toneladas al año. Sin embargo, con la reconversión tecnológica en las comunicaciones por el famoso apagón analógico, se estimó que se desecharon por lo menos 34 millones de televisores, los cuales en su componente del tubo de rayos catódicos contiene óxido de plomo con un peso de 1.595 kilogramos por aparato. Y hasta la fecha no nos hemos enterado del manejo de dichos componentes o sustancias, que son más de 67 mil toneladas liberadas al medio ambiente.
Por otro lado, México genera anualmente 8 millones de toneladas de residuos peligrosos, como lo hemos señalado, sin contar con cifras precisas sobre el manejo de este tipo de desechos que repercuten al deterioro ambiental del país.
Se estima que en el país se procesa al año únicamente el 7 por ciento de los residuos peligrosos que se generan. Esto debido a que aún no contamos con la tecnología adecuada para tratar o eliminar dichos desechos.
El contar con una legislación que regule este tipo de desechos no garantiza que seamos un país que esté luchando por tener un ambiente sano, como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello la importancia que tiene la presente iniciativa al crear un padrón de gestores por tipo de actividad en el manejo de los residuos o desechos, tanto urbanos como industriales, y también crear un sistema de rastreabilidad de los materiales de manejo delicado.
Finalmente, esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, con apego a los acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental, para poder cumplir con los derechos constitucionales en materia de salud y con ello fomentar un medio ambiente sano.
Con esta reforma se pretende dar viabilidad, certidumbre y aprovechamiento integral a los residuos, por lo que es necesario establecer un padrón de gestores, prestadores de servicio de manejo integral de residuos, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos...
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ...que por su peligrosidad para el medio ambiente y para la salud requieren de un manejo especial y controlado. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Juan Manuel Celis Aguirre. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos diputada María Candelaria Ochoa Avalos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Le pido a la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza que prepare su intervención. Adelante, diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, estamos a 4 días de conmemorar el 25 de noviembre como el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como el día en donde recuperamos la presencia de las hermanas Mirabal. Como el día en que las feministas de América latina propusieron que conmemoráramos a las Mirabal, pero sobre todo, que cada una y cada uno de nosotros luchara contra la violencia hacia las mujeres.
Por eso, que en nuestro país se maten a siete mujeres al día es verdaderamente vergonzante. Lo que ha mostrado el Estado es que ha sido incapaz ante estas cifras y que no ha podido dimensionar el problema, porque el asesinado de mujeres no es una cosa menor ni es, como insisten muchos, una manifestación cualquiera de violencia.
El asesinato de mujeres se llama feminicidio y es la expresión más extrema de violencia contra las mujeres. Es producto de la desigualdad, es producto de un sistema de relaciones de poder que históricamente ha oprimido, ha acosado, violentado y matado a mujeres.
Siendo la violencia contra las mujeres producto de la cultura y de las prácticas institucionales profundamente machistas, es una responsabilidad del Estado diseñar e implementar todos los mecanismos que se requieran para contrarrestar las expresiones de violencia contra las mujeres.
Como firmante de la Convención Belém do Pará y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México tiene la obligación de seguir el debido proceso en todos los casos de violencia contra las mujeres, haciendo especial hincapié en el feminicidio, en ese sentido, el mecanismo de la Alerta de Género tendría que funcionar, por ello proponemos reformarlo.
Este mecanismo de Alerta de Violencia de Género tiene 10 años desde que se diseñó y aprobó en esta Cámara la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su objetivo es identificar geográficamente en donde se está produciendo más violencia contra las mujeres y diseñar estrategias específicas para disminuirla. Las alertas de género se emiten por los municipios y es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales darles seguimiento.
El problema surge cuando la declaratoria de alerta es producto de trabas burocráticas o en razón de intereses políticos. Las alertas de género cuando logran ser declaradas, muchas veces se hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres que desde la sociedad civil son vigilantes.
Por ello, creemos que estas mujeres pueden hacerse cargo del proceso para declarar las alertas de género, crear un comité de expertas quienes sean electas después de una convocatoria pública, ya no queremos dejar nuestra vida y nuestra suerte al arbitrio de intereses políticos y negligencias, queremos y necesitamos un mecanismo eficiente que resguarde las vidas de las mujeres.
Esta iniciativa la presenté desde el primer año de la legislatura y precluyó porque en la Comisión de Igualdad nunca se dictaminó. Nuestra propuesta surge de un lugar de preocupación, de indignación y de consciencia, pero también de un profundo dolor de pérdida de vidas que no son reemplazables, las de las mujeres. Ellas, que son víctimas de feminicidio, no tienen otra vida.
No queremos que nos maten, queremos que se haga todo, todo para evitarlo. Estamos cansadas de que no se haga justicia, de que nos vean solamente como una cifra, de que vean pasar las muertes de las mujeres y no se haga nada. Estamos cansadas de la indiferencia y de la incomprensión, y a veces hasta del choteo ante el aumento de cifras y cuando se denuncia.
El feminicidio es una afrenta para esta sociedad. Basta ya. Ni una más. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada María Candelaria Ochoa Avalos. Su iniciativa se turna a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, como se anunció, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud.
Le suplico al diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, prepare su intervención. Adelante, diputada.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado, mientras que la del médico es mantenerlo informado. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud.
Lo anterior, con la finalidad de establecer la obligación de las autoridades sanitarias de orientar a los pacientes sobre el tratamiento que se les aplicó durante la hospitalización, dejando constancia en el expediente clínico, y que dicha información sea entregada al interesado de manera impresa, biométrica o de forma electrónica.
Nuestra Constitución Política en su artículo 4o. garantiza el derecho a la protección de la salud. Dicho precepto señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud establece que el sistema nacional de salud se constituye por las dependencias y entidades de la administración pública tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones y que tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
Dicha norma también contiene una serie de derechos entre los cuales se encuentra el de obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno por parte de los profesionales técnicos y auxiliares.
A pesar de lo anterior en muchas ocasiones este precepto no llega a cumplirse. Prueba de ello es que tan sólo el año pasado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió más de 14 mil asuntos.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es indispensable mejorar el trato a los usuarios de los servicios de salud. Por esta razón pretendemos adecuar la ley para lograr un trato mucho más humanitario y cercano al paciente.
En este sentido la propuesta de Nueva Alianza consiste en que se haga del conocimiento del paciente la función, frecuencia y efecto de los medicamentos que se le suministren, así como toda la información sobre la terapia o tratamiento a seguir.
La rehabilitación física o cualquier otra medida preventiva que el usuario deba adoptar para cumplir eficazmente con las recomendaciones del personal de salud.
Asimismo se propone que exista una constancia que indique que se orientó correctamente al paciente o a su familia en cuanto al tratamiento médico dado, que la falta de una orientación más precisa puede llevar a los pacientes a cometer equívocos en su tratamiento, perjudicando así su propia salud.
También será obligatorio almacenar el expediente clínico por la vía biométrica o electrónica en aras de conservar los datos contenidos en el historial clínico, de modo que se tengan al alcance del médico tratante de forma inmediata.
Las y los diputados de Nueva Alianza estamos decididos a realizar las modificaciones necesarias para que el Estado garantice que la prestación de los servicios sanitarios se conduzcan por la vía de la imparcialidad pero, sobre todo, la transparencia.
Antes que nada buscamos que la calidad sea un sello distintivo de nuestros servicios públicos de salud. Trato digno a nuestra población. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, debido a que el diputado presenta tres iniciativas en una sola intervención. Una es iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda es, iniciativa que reforma los artículos 84, 85 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, la tercera, es iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Diputado, permítame nada más suplicarle al diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, prepare también su intervención. Adelante, diputado, muchas gracias.
El diputado José Máximo García López: Gracias, diputada presidenta. Diputadas y diputados muy buen día, saludo también a quienes nos dan seguimiento a través de las redes sociales y del Canal del Congreso, y en esta oportunidad presento ante esta honorable asamblea tres iniciativas de la cual la primera de ellas tiene el propósito de adicionar dos fracciones al artículo 30 de nuestra Constitución, con el objeto de ampliar las causales por las que sea reconocida la nacionalidad mexicana a miles de nuestros compatriotas que por diversas razones de carácter administrativo o burocrático, la perdieron o desean recuperarla.
Son múltiples las causas por las que en su momento los padres de mexicanos que nacieron en el extranjero no realizaron dichos trámites para el reconocimiento de la nacionalidad mexicana.
Pero ello no debiera restringirle su derecho humano a nuestra nacionalidad y el Estado mexicano está obligado a darles tal reconocimiento, y el Estado mexicano está obligado a darles también consiguiente, el resto de sus derechos fundamentales como mexicanos.
Las adiciones al artículo 30 de nuestra Constitución irían este sentido, que son mexicanos por nacimiento: fracción II Bis, los que nazcan en el extranjero, nietos de abuelo mexicano nacido en el territorio nacional, de abuela mexicana nacida en el territorio nacional. Y también son mexicanos por nacimiento, fracción III Ter, los que nazcan en el extranjero, nietos de abuelo mexicano por naturalización o de abuela mexicana por naturalización.
Por otra parte, la siguiente iniciativa, que tiene el propósito de adicionar un último párrafo al artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en todas las medidas cautelares que dicten las autoridades donde haya fijación monetaria, las cauciones a las que haya lugar cubran enteramente los montos y las prerrogativas y las restricciones que amparen, atiendan al contexto real de los beneficiarios, víctimas u ofendidos por hechos delincuenciales.
Lo anterior servirá para empoderar más a las víctimas u ofendidos de delitos en una reparación del daño más justa, proporcional y acorde a los hechos delictivos por los que hayan atravesado.
Finalmente, la tercera iniciativa de la ley que presento tiene como propósito reformar también al Código Nacional de Procedimientos Penales para reforzar aún más el nuevo sistema penal acusatorio que reconoce derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia.
Como ustedes saben, el nuevo sistema acusatorio en México brinda a la sociedad una serie de exigencias que deben satisfacerse, y ello para corregir y poner fin a los usos y costumbres de un sistema inquisitorio anterior a las luces, es violatorio a los derechos humanos.
Aún deben enmendarse deficiencias en las prácticas de los organismos encargados de la procuración, administración e impartición de justicia, y no son menores. Esta iniciativa propone, entre otras cosas, que las autoridades resuelvan los asuntos sometidos a su consideración a la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, evitando actos dilatorios, evasivos que pudiera perjudicar la acción de la justicia.
Asimismo, en que todas las notificaciones expresen en forma clara, completa y precisa el contenido de la resolución con los elementos legales necesarios para asegurar su defensa. De ser el caso, el ejercicio de los derechos y las facultades de las partes en los términos que se establecen para el desahogo de cada etapa procedimental conforme al artículo 91 de dicho Código.
Con estas iniciativas le daremos más certeza jurídica a nuestros connacionales y empoderamos más a la sociedad mexicana, y en el ejercicio de sus derechos, por lo que el nuevo sistema de justicia penal requiere de un mayor seguimiento y coordinación entre los tres poderes del Estado. Los ciudadanos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, gobernadores, alcaldes, han manifestado su inconformidad en el delito de portación de arma de fuego que no está sujeto a un delito grave o a prisión preventiva oficiosa.
En este espacio que tengo quisiera manifestar que se ha presentado en 2016 y en febrero de 2017, una iniciativa para que la portación de arma de fuego sea catalogada como delito grave o con la responsabilidad para que sea un delito con prisión preventiva oficiosa, derivado de lo siguiente, 7 de cada 10 homicidios dolosos se cometen en nuestro país con arma de fuego.
Las investigaciones por portación o acopio ilegal de armas de fuego en esta administración han descendido un 30 por ciento. Esto contrasta con el incremento de homicidios con armas de fuego que tan solo en los últimos dos años se han disparado más del 70 por ciento.
Según la PGR, los delitos relacionados con armas de fuego como homicidio, robo y lesiones, son los ilícitos federales más numerosos, pero en 2016 la violencia comenzó a dispararse, de enero a abril de ese año se registraron 3 mil 5060 homicidios dolosos con armas de fuego y en ese mismo periodo, pero ya de este año, el saldo ya ascendió hasta 5 mil 75 asesinatos en esta modalidad.
En México, el incremento de un mil 700 por ciento en la compra de armas por parte de civiles en este último año. Más de 115 mil personas han perdido la vida a causa de una herida de bala, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Concluyo haciendo un llamado a la Comisión de Justicia, para dictaminar a la brevedad las iniciativas relacionadas de un servidor y también de otros grupos parlamentarios, en relación a la prisión preventiva oficiosa a la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Pasemos ya del discurso a las acciones, tenemos casi 3 mil iniciativas por dictaminar, estamos a punto de terminar un periodo y sería muy lamentable que este tipo de iniciativas que se presentan para beneficiar y sobre todo construir un sistema de justicia penal mucho más eficiente, mucho más eficaz, se nos vaya por cuestión de tiempo y falta de atención a este tema que así lo requiere. Es cuanto, diputada presidenta.
La primera iniciativa... sonido en la curul del diputado César Rendón, por favor.
El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): Diputada presidente, para solicitarle al diputado García si nos permite adherirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le pregunta al diputado si permite que se adhieran. Adelante, diputado, en la Secretaría está a sus órdenes la iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Agundis, por favor. Adelante.
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidenta, buenas tardes a todos. Nada más solicitarle de igual manera al diputado Max, adherirnos.
Esto que él comentaba con el tema de las armas, se han presentado varias iniciativas en este sentido. Los diputados de Guanajuato, antes de finalizar el periodo pasado también, solicitamos reformar el artículo 19, esto está en comisión, no se ha dictaminado.
Este fin de semana fue un fin de semana muy violento para México. Personalmente, en el periodo de receso, presenté un exhorto al Cisen, porque hay más de mil a mil 500 armas que entran diario de manera clandestina a este país. Nos estamos rompiendo y sí tenemos que hacer algo al respecto, todos. Muchas gracias, diputado Max y aquí estamos con ese tema al pendiente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Sánchez, por favor.
La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Sí, diputada presidenta, para solicitar, en el mismo sentido, que el diputado me permita adherirme a sus iniciativas y felicitarlo y hacerle un reconocimiento, por esta labor que está haciendo por nuestros compatriotas mexicanos. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Al igual que sus compañeros, está a sus órdenes la iniciativa aquí en la Secretaría, ya que el diputado presentante ha dado su anuencia.
Por lo que toca a los turnos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 constitucional, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La tercera iniciativa, que modifica el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Como se anunció, se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, al diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera. Suplico a la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, prepare su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Gracias, presidente. Agradezco mucho la oportunidad de presentar esta iniciativa y también pedirle a mis compañeros, que seguramente en algún momento de su vida, cuando alguno de sus hijos estaba pequeño, le puso una pequeña piedra de ámbar, ya sea en la muñeca o en la ropa, para cuidar de las malas vibras, cuidar del ojo, pues el ámbar es una joya, es una joya con denominación de origen chiapaneca, orgullosamente chiapaneca, y esta joya que ha sido premiada, que tiene su propia feria, que de aquí en memoria de don Froylan Camacho, en la Secretaría de Economía, que esta piedra que es símbolo de identidad chiapaneca, que es símbolo de nuestras tradiciones y de nuestros pueblos originarios, ha sido utilizada como ofrenda ceremoniales, ha sido utilizada como protección, como medicina y también como investigación por los residuos vegetales y animales que en ella se han encontrado.
Es una resina fósil de 25 millones de años, qué bonita historia la del ámbar. Municipios como Simojovel de Allende, como Huitiupán, Totolapa, como El Bosque, San Andrés Duraznal, Pantelhó, Pueblo Nuevo Solistahuacán, se han dedicado por muchos años a la actividad del ámbar.
Pero, ¿dónde radica el problema y el espíritu de esta iniciativa? Cuando fui diputado local platicaba con muchos productores de ámbar y me decían que no había una legislación del ámbar, que se estaba saqueando el ámbar, que se estaba en precios en ese entonces de casi 300 mil pesos el kilo y que lo estaban saqueando de otros países. Entonces, como diputado local propuse una iniciativa para proteger el ámbar y resulta que como es bajo un proceso minero tenía que ser legislado en el Congreso federal y cuando llegué a la diputación federal hicimos la propuesta del ámbar decían que era una resina fósil y por lo tanto no era un mineral y tenía que ser legislado en el Congreso local.
Entonces, el ámbar se encontraba en una pequeña laguna, en una pequeña laguna legislativa, que no permitía que se tuviera ninguna regla para cuidar. Hoy esos 300 mil pesos el kilo se han vuelto 50, se han vuelto problemas sociales y, sobre todo, que aunque 3 mil familias sólo en Simojovel se dedican al ámbar, hay miles que se dedican a la artesanía, al trabajo y que venden en municipios tan mágicos, como San Cristóbal de las Casas.
Y es por eso que me permito hacer esta iniciativa para reformar el artículo 4o., en su fracción IV, de la Ley Minera, y poder incorporar al ámbar como parte de los minerales de México, al hacer esto también quiero aprovechar para pedir a la Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para que pudiera pasar esta iniciativa lo antes posible y pudiera incorporarse al ámbar en la Ley Minera, de esta manera podemos desarrollar una legislación que lo proteja.
No estamos en contra de que países quieren trabajar el ámbar, pero que lo trabajen aquí, que lo trabajen en Chiapas, que pongan empresas, que paguen artesanos, que generen empleo. Pero no permitir que siga saqueándose por kilo el ámbar de Chiapas, que se siga exportando en las peores condiciones laborales para la gente. Que el dinero no se quede en nuestro estado, que se estén generando conflictos sociales allá en los municipios y que los beneficios de nuestra joya, que los beneficios de esta resina fósil o de este mineral puedan quedarse para nuestro estado, para nuestros artesanos, para nuestros mineros, porque trabajan en condiciones inimaginables.
Es por eso, compañeros legisladores, que presumiendo una pieza de ámbar aquí en tribuna, les pido que se adhieran a esta iniciativa y que me ayuden y ayuden a los chiapanecos a defender una de nuestras más grandes identidades, el ámbar chiapaneco. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen. Al contrario, diputado.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Le pido, mientras llega a esta tribuna la diputada, al diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, prepare su intervención. Adelante, diputada.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país y en el mundo en la actualidad existen graves problemas de salud pública que azotan a las poblaciones, entre ellos se encuentran los trastornos alimentarios más reconocidos: bulimia, anorexia y obesidad. Enfermedades que están influyendo de manera alarmante en las sociedades, y por tanto, alterando su funcionamiento y cotidianeidad.
La anorexia es un trastorno de la alimentación potencialmente fatal, en el que la persona voluntariamente decide estar en ayuno para evitar el sobrepeso. Por su parte, la bulimia describe episodios incontrolables de comer en exceso y como síndrome presenta un conjunto de síntomas entre los cuales destaca la preocupación por el peso, la forma corporal, la pérdida de control sobre la ingesta y la adopción de estrategias que contrarresten los efectos engordantes.
El otro gran problema de salud pública es el de la obesidad, enfermedad multifactorial y compleja en cuyo desarrollo intervienen factores genéticos, conductuales y ambientales. Es un proceso que se presenta lento y gradual y es el resultado de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Detona en enfermedades crónico-degenerativas que llevan a la muerte, por ello se ha convertido en un grave reto para todos los países del mundo.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, revelaron que el sobrepeso y la obesidad continuaban su aumento en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos.
Como contraste con esta encuesta, pero del año 2012, se alcanzaron los siguientes resultados: 35 por ciento de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional esto representa que de 6 millones, 325 mil individuos entre 12 y 19 años de edad. Además indica que más de 1 de cada 5 adolescentes tiene sobrepeso y 1 de cada 10 presenta obesidad.
Recientemente también la prensa dio a conocer que ya en el caso de los adultos la obesidad alcanza el 70 por ciento.
En 2012 el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3 en un periodo de 10 años, y la obesidad, de 9.5 a 35.2.
Cabe señalar que la obesidad en las mujeres adquiere diversas connotaciones debido a una mayor prevalencia. En las mujeres el control de pesos tiene una fuerte motivación estética y presenta importantes componentes emocionales relacionados con la comida y la aceptación social.
No podemos desestimar la marcada influencia de los medios masivos de comunicación y tampoco podemos olvidar que bajo esta tendencia se encuentra toda una industria del adelgazamiento que se mueve por fuertes intereses económicos.
Sobre todo, las personas obesas se enfrentan cada vez a actitudes y acciones discriminatorias, solo equiparables al racismo y la homofobia. Muchas de ellas se consideran víctimas de una sociedad cruel y prejuiciosa.
A las determinaciones médicas catastróficas se une la problemática económica, además del escarnio público en medios de comunicación, películas y revistas. Peor aún, cuando se les descalifica para actividades diversas en razón de su peso y talla.
Las personas obesas sufren constantemente la humillación y la discriminación de una sociedad que no estás adaptada para ellos, que les temen y los rechaza. Se debe aceptar y respetar a la persona excedida de peso y brindarle las mismas posibilidades que al resto de los individuos, por lo general se percibe a la persona obesa como alguien carente de voluntad y compromiso, un prejuicio incierto e infundado. Muchos empleadores toman estos y otros argumentos para rechazarlos, así mismo creen que es una enfermedad que condiciona el desempeño de los quehaceres laborales.
La obesidad no afecta la capacidad intelectual. Mencionamos lo anterior, porque cada vez es más frecuente el encontrar anuncios clasificados con vacantes laborales, donde se solicita que los y las aspirantes que presenten sí, y solo sí cumplen con una serie de requisitos donde se incluye con carácter de obligatorio cumplir con requisitos puntuales de edad, talla y peso, de no ser así será inútil aspirar al logro de la contratación. Por ello es reprobable, por decir lo menos, el que de manera abierta y sin ningún pudor se publiquen avisos donde se estipulen requisitos como los anteriormente señalados.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, reconocemos que existen una gama de problemas que requieren reformas legales y mecanismos institucionales que permitan a las personas y particularmente a las mujeres de este país, acceder a la igualdad de oportunidades, así como al goce y ejercicio de sus derechos plenos.
Asimismo, con esta propuesta se erradicarían acciones discriminatorias y se tendría un acercamiento a la eliminación de determinados estereotipos estéticos que afectan la salud física y emocional de las personas, por lo que se propone la reforma y adición al párrafo segundo del artículo 3o., la fracción XI del artículo 5o. y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. A los artículos 11 y 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 1, fracción III y la fracción XXXIII del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad de Género, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. de la Ley General de Salud, suscrita...
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Norma Xóchitl, por favor.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (desde la curul): Disculpe, diputada. Se adelantó al trámite, pero quisiéramos hacer la petición en el grupo parlamentario para suscribir la iniciativa de la compañera que acaba de leer su iniciativa sobre obesidad.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le pregunta a la diputada Patricia Elena si está de acuerdo.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a sus órdenes en la Secretaría, diputada, la iniciativa para suscribirla para adherirse, junto con las diputadas que lo crean conveniente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Reitero. Tiene la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 1o. Ter a la Ley General de Salud, suscrita por el propio diputado Sandoval y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. México requiere de un sistema nacional de salud universal centrado en las necesidades de las personas, capaz de ofrecer servicios de calidad que respondan con rapidez y que además rindan cuentas claras a los contribuyentes. Necesitamos un sistema de salud basado en principios claramente definidos y garantizados por la ley.
Por lo anterior, en este acto vengo a presentar una iniciativa de reforma que propone adicionar el artículo 1 Ter a la Ley General de Salud de nuestro país, a efecto de establecer los principios sobre los cuales se debe regir el derecho a la protección a la salud. La propuesta enumera ocho principios rectores en la materia, los cuales son:
El de universalidad, consistente en homologar la capacidad de respuesta de las instituciones de salud.
El principio de equidad, que garantiza el acceso imparcial a los servicios de salud disponibles.
El de gratuidad, entendido como una responsabilidad social que comparte el Estado, la sociedad y los interesados eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlo.
El principio de disponibilidad, que implica que el sector salud debe contar con un número suficiente de establecimientos y de servicios.
El de accesibilidad, que establece que los ciudadanos podamos contar con todos los servicios que presenta el sector salud.
El principio de aceptabilidad, que supone el respeto a la ética médica y a la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades.
El principio de calidad, el cual señala que las entidades y los servicios del sector salud deberán ser eficaces y apropiados.
Finalmente el principio de rendición de cuentas, que estipula que las instituciones garantes del derecho a la salud, deben ser responsables de las observancias de las leyes de transparencia.
Con la propuesta que hoy planteo, quedará formalizado en nuestra Ley General de Salud parte de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en donde se estableció avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal, así como garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad. Además se da cumplimiento a la Observación General número 14 que emitió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que señala que todos tenemos derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud.
Lo que busca esa iniciativa es transitar hacia un enfoque de salud basado en los derechos humanos que ofrezca estrategias y que ofrezca soluciones que permitan afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la falta de equidad que tenemos en el sector salud.
Actualmente la Ley de Salud de aquí de la ciudad de México, ya reconoce tres de estos principios: el de universalidad, el de equidad y el de gratuidad.
Como país necesitamos afrontar las necesidades de salud complejas y demandantes que vivimos día a día, ya que esto permitirá asegurar la cobertura de salud universal y dignificará la vida de todas y de todos los mexicanos, pues un verdadero sistema de salud debe abarcar a la totalidad de la población con servicios de calidad, sobre todo que tenga una base de igualdad y de responsabilidad que todas y todos los mexicanos se merecen. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Quiero hacer un paréntesis para saludar la presencia en este recinto legislativo de alumnos de la Preparatoria Licenciado Adolfo López Mateos, de Ciudad de Hidalgo, Michoacán, sociedad de alumnos, docentes, directivos y padres de familia que fueron invitados por nuestro compañero el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. Cabe destacar que hoy nos visitan los mejores promedios, tengo hasta las calificaciones de las alumnas y de los alumnos que hoy nos visitan. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 300 de la Ley del Seguro Social. Y, suplico a la diputada Verónica Delgadillo se prepare para su intervención.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: No estando la diputada Rocío Rebollo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Delgadillo García, quien a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, de la Ley Minera y del Código Penal Federal.
La diputada Verónica Delgadillo García: Señoras y señores, compañeras y compañeros, las áreas naturales protegidas debemos entenderlas como un espacio y un mecanismo de protección ambiental de suma relevancia, ya que permiten la conservación de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente natural, lo cual resulta fundamental para combatir los efectos negativos del cambio climático.
Actualmente México cuenta con 182 áreas naturales protegidas, con ella son cerca de 90 millones de hectáreas. Lamentablemente en los últimos años, la política ambiental de nuestro país ha sido secuestrada por los intereses de un partido que dice protegerla, y por un gobierno federal que solo ve en la agenda medioambiental, una moneda de cambio electoral.
Esto ha provocado que, por un lado, la preservación del medio ambiente quede en segundo plano. Y dos, que las áreas naturales estén en constante peligro porque un gobierno federal sigue privilegiando los intereses de las grandes empresas, sigue privilegiando los intereses de los grandes capitales y los negocios que pueden representar para su gobierno y para los miembros de su gabinete, en lugar de pensar en la salud de todos los mexicanos y en las graves consecuencias para el medio ambiente y para millones y millones de especies que viven en esos ecosistemas.
Ejemplos de esto que menciono hoy, hay muchísimos. Por ejemplo, Tajamar y el complejo hotelero es un claro ejemplo de cómo se privilegia el interés del capital por encima del interés de los mexicanos, porque también se puede mencionar lo que están haciendo con el Nevado de Toluca o lo que están intentando hacer. Incluso podríamos mencionar la insensibilidad de algunos legisladores del partido en el poder, que han viajado a reservas naturales como el Arrecife de Alacranes sin importar que sus helicópteros dañan el patrimonio de todos los mexicanos.
Ante este panorama, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y a lo largo de esta legislatura hemos presentado en diversas ocasiones iniciativas y exhortos para promover la preservación de nuestras áreas naturales e impulsar políticas públicas que estén centradas en la construcción de una verdadera agenda medio ambiental.
Hemos propuesto desde llevar a nuestra legislación los derechos de la naturaleza hasta medidas concretas de protección de las áreas naturales de nuestro país. Bajo esta misma lógica, el día de hoy mi compañero Clemente Castañeda y yo presentamos una iniciativa para fortalecer la preservación de nuestro patrimonio natural.
Esta iniciativa que proponemos tiene diferentes propuestas muy interesantes: la primera es la prohibición de manera expresa para realizar construcciones hoteleras o de alojamiento en áreas naturales protegidas o en sus zonas limítrofes, para que nunca más se repita el caso de Tajamar.
La delimitación de una zona de transición entre las áreas naturales y este tipo de construcciones. También que cualquier instalación para brindar servicios turísticos deba ser de bajo impacto ambiental.
Proponemos que el 100 por ciento de los recursos obtenidos por multas generadas en torno a los daños a las áreas naturales protegidas deban ser destinados a la conservación de estas áreas naturales, porque quien daña nuestro patrimonio natural tiene que pagar por ello.
Y establecer también el concepto de patrimonio natural en nuestra legislación, para que este sirva como un parámetro en la identificación de áreas naturales y en el diseño de las políticas púbicas de todo el país.
Además proponemos prohibir cualquier tipo de actividad minera en las áreas naturales y en sus zonas limítrofes, y establecer tanto sanciones penales como la revocación de la concesión que ya se haya otorgado.
Señoras y señores, para Movimiento Ciudadano nuestra riqueza natural es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por eso seguiremos alzando la voz, seguiremos luchando para preservar nuestro medio ambiente y la salud de todos los mexicanos, seguiremos luchando en contra de aquellos que tienen secuestrada esta agenda, y también seguiremos luchando en contra de quienes defienden la naturaleza pero con sus acciones la utilizan como una moneda de cambio. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 300 de la Ley del Seguro Social.
La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta.
Dentro del sistema de seguridad social, las pensiones por invalidez, vida, retiro, cesantía en edad o vejez, junto con los servicios de salud, ocupan un lugar preponderante en nuestra nación por dos razones. La primera, por su importancia en el objetivo de conservar y mejorar las condiciones de vida de las personas, y la segunda, por su magnitud en el gasto de seguridad social que debe programar el gobierno mexicano.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para propiciar un marco jurídico de protección a los trabajadores, con un claro sentido tutelar, procurando mejorar su nivel de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salario más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral.
La legislación vigente establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, así como el bienestar social individual y colectivo. Para cumplir con tales propósitos, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con cuatro ramos de aseguramiento, que son invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, así como guarderías.
A pesar de esas realizaciones, se debe reconocer que para construir el sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará México en este siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas, para que la seguridad social sea, en mayor medida, la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales.
No obstante lo anterior, encontramos un precepto en la Ley del Seguro Social, que en mi opinión contradice lo sustentado en el párrafo que precede, lo cual atenta en contra de los postulados constitucionales y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que tutelan las prestaciones de seguridad social a favor de nuestros trabajadores. Ello constituye las razones que me inspiran para proponer la modificación del precepto que se precisa en el párrafo siguiente.
Dicho artículo es el número 300, que estatuye lo siguiente: El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones de dinero respecto a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año, de acuerdo con las siguientes situaciones:
1. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo;
2. Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad;
3. La ayuda para gastos de funeral, y;
4. Los finiquitos que establece la ley.
Los subsidios por incapacidad para trabajar derivada del riesgo de trabajo prescriben en dos años, a partir del día en que se hubiera generado el derecho a la percepción.
Como se advierte en este precepto, establece la figura denominada prescripción y dicha figura legal es un modo de adquirir bienes o también es un medio para librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la propia ley. Así lo establece el artículo 1135 del Código Civil Federal.
Luego, si la seguridad social, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, de la propia Constitución es un derecho humano cuyo surgimiento se ubica en los denominados de la segunda generación, que tutela el derecho a la vivienda y al disfrute de las prestaciones de seguridad social, que entre otras instituciones otorga el IMSS, entonces poseen los atributos que caracterizan a los derechos humanos, entre otros la imprescriptibilidad. Esto es, que su goce y disfrute no se pierden con el transcurso del tiempo, sino que la persona la conserva durante toda su existencia.
Lo anterior significa que en el artículo 300 antes transcrito, la Ley del Seguro Social se aparta por completo del propósito proteccionista, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, a favor del trabajador derechohabiente, dado que establece la figura de la prescripción como un medio de perder la titularidad del derecho del asegurado o sus beneficiarios, no obstante, que dicho derecho es, por su propia naturaleza imprescriptible.
En ese sentido, la única manera de lograr la protección integral del derecho a la seguridad social de los trabajadores o sus beneficiarios sobre los recursos de su subcuenta de vivienda en la Ley del Seguro Social, es que se establezca de manera expresa que es imprescriptible.
Toda vez que atenta a la naturaleza de la Ley del Seguro Social, esta debe ser la de la protección a los derechos de los trabajadores, para lo cual me permito proponer a la asamblea la siguiente reforma para el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, para quedar de la siguiente forma.
Artículo 300. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios, para reclamar el pago de las prestaciones en dinero respecto a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales, es imprescriptible.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarse a esta propuesta, que busca lograr que la seguridad social mexicana sea acorde a las garantías constitucionales y al derecho internacional, eliminando la figura de la preclusión por la prescripción de los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Rocío Rebollo Mendoza. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen. Continuando...
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Ramírez.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Felicitar a la diputada Rebollo, porque realmente el sentido de pertenencia y de identidad con los trabajadores del pueblo de México a todas luces se plasma en esta iniciativa, y pedirle, de favor, me permita firmar la misma.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputada. Diputada Rebollo. Sí, me dice la diputada que está a sus órdenes su iniciativa, para adherirse, en la Secretaría de esta Mesa Directiva.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuando con el orden del día iniciamos el apartado de dictámenes y su discusión. Se pone a su consideración el dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año como Día Nacional del Tequila.
Y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le concedo el uso de la palabra a la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien además es la proponente de dicha iniciativa. Su tiempo, diputada, es hasta por cinco minutos.
La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, “en mis novelas exhibo virtudes y lacras sin paliativos ni exaltaciones, y sin otra intención que la de dar con mayor fidelidad posible una imagen fiel de nuestro pueblo y de lo que somos”. Mariano Azuela, escritor y revolucionario jalisciense.
El tequila es un destilado original del municipio de Tequila, del estado de Jalisco, y éste se elabora a partir de la fermentación y destilado, al igual que el mezcal. Jugo extraído del agave, en particular el llamado agave azul, agave tequilana, con denominación de origen en cinco estados de la República Mexicana: Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Jalisco.
Es quizás la bebida más conocida y representativa de México en el mundo. El nombre tequila es una denominación de origen controlado, reconocido internacionalmente y que designa el destilado de agave elaborado en regiones determinadas de Jalisco, en las inmediaciones de las localidades de Tequila y Amatitán, así como de Arandas y Atotonilco el Alto, en la zona de los altos y Nayarit en el municipio de Ixtlán del Río.
Desde 1974 se considera como un producto con denominación de origen, es decir, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad y características se deba exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en estos los factores naturales y humanos, por lo que tiene la protección y el reconocimiento de las leyes de nuestro país y de los tratados internacionales, y que lleva más de 40 años de ser la primera denominación de origen reconocida en México.
La denominación de origen es una calificación que se emplea para proteger legalmente los productos de ciertos alimentos que se elaborar en una zona determinada, contra otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han creado las fábricas originales.
El tequila se produce a partir de la destilación obtenida del corazón de una planta conocida como agave azul. El proceso de elaboración conlleva de 8 a 10 años, desde plantar el agave hasta su colocación en barricadas de roble para su maduración.
Es una bebida de calidad, con altos estándares internacionales que, además de otorgar identidad a nuestro país y a nuestro estado, promueve un desarrollo económico y cultural para todos.
Por ello, con el fin de garantizar la representación del sector tequilero y la transparencia en su operación, el Consejo Regulador del Tequila es la organización dedicada a verificar y certificar el cumplimiento de la norma oficial del tequila, así como para promover la calidad, la cultura y el prestigio de la bebida nacional por excelencia. Esta integra en su seno a los productores del agave, a los industriales tequileros, a los envasadores, a los comercializadores y a las empresas gubernamentales.
Su alcance es nacional e internacional, teniendo como fin primordial el certificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana del tequila. Todos sus integrantes ayudan a generar credibilidad y confianza, tanto hacia el interior de sus representados como hacia el exterior del consejo de manera equilibrada y participativa.
Las empresas tequileras nacionales promueven la generación de más de 70 mil empleos y la integración del sector del campo mexicano. La industria tequilera va mucho más allá porque nos representa a todos como mexicanos.
Desde la industria automotriz, el sector tequilero es de suma importancia para nuestro país, ya que se comercializa en países como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia, etcétera. En promedio, la industria del tequila envía al extranjero 60 por ciento de su producción y a más de 90 países, solo por debajo de un 82 por ciento de la automotriz.
Hoy el tequila es un producto reconocido y preferido en todo el mundo. Es una gran fuente de ingresos para el país, además de dar empleo a miles de mexicanos.
Por otro lado, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila desde hace cuatro años organiza cada tercer semana de marzo el Festival del Tequila, con el objetivo de promover y exponer la vasta cultura y tradición que rodea la bebida nacional, donde participan diversas empresas tequileras para exhibir sus botellas de tequila, para darlas a conocer al público en general, logrando así fomentar el posicionamiento del tequila como la bebida mexicana por excelencia en los paladares extranjeros.
Asimismo, cabe destacar que el valor de sus exportaciones asciende a 1.2 billones de dólares americanos. Ese reconocimiento internacional crece día a día en nuestro mercado y es el mejor argumento para afirmar que el tequila es orgullo de México y un regalo para el mundo, por lo que se le debe dar reconocimiento a nivel nacional conmemorando el tercer domingo de marzo de cada año como el Día Nacional del Tequila. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Mercado Sánchez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañero que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 347 votos, 21 abstenciones, 0 en contra, de un total de presentes de 368. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos el proyecto de decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año como Día Nacional del Tequila. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Desde 1998 fue creada la Comisión de Equidad y Género, órgano de apoyo legislativo que entró en funciones durante el inicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, y que ha servido como modelo para que en los diversos congresos de las entidades federativas sea reproducida una instancia que promueva la participación de género en asuntos que atañen a las necesidades de las sociedades en cada estado, y por supuesto, en todo el país.
Otro ejemplo de un organismo ex profeso creado para auxiliar de manera especializada el trabajo de las diputadas y diputados durante las legislaturas de esta Cámara, es el denominado CEAMEG, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que a partir del año 2006 realiza trabajos a través de los cuales identifica programas, políticas públicas y acciones ejercidas por la administración del gobierno cuya finalidad es la atención de problemas y necesidades del género femenino, además de gestionar apoyo en el mismo sentido para la elaboración de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En complemento a lo anterior durante el mes de marzo del año 2015, el pleno de esta soberanía aprobó una modificación a nuestra Ley Orgánica cuyo objetivo fue el dotar de una Unidad de Género en esta Cámara de Diputados como organismo técnico responsable de la implementación de la perspectiva de género en el quehacer legislativo, dotándole de la atribución de propuesta e instrumentación, de acciones orientadas a la igualdad, así como el apoyo a las instancias competentes para promoción de ambientes libres de acoso laboral, hostigamiento sexual y la implementación de políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva entre géneros. Todos somos iguales ante la ley.
Esta complejidad en el reconocimiento y protección de los derechos de los géneros es parte de la justicia, de esa imparcialidad que busca en la igualdad permitir la agrupación de individuos que tienen características comunes, la defensa y control de los bienes y servicios en pro de la igualdad frente a otros individuos afines, aboliendo privilegios de una persona sobre otra, o de un grupo sobre un grupo de personas diferentes.
Es así que en esta misma dinámica se llevó a cabo en el mes de julio de 2015, la presentación por un grupo de legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, una propuesta que englobase los compromisos en materia de igualdad de género que México había suscrito a través de instrumentos internacionales para promover, respetar y garantizar la igualdad de género, no solo en la práctica parlamentaria y en el ejercicio de la actividad legislativa, sino en todos y cada uno de los órdenes de gobierno e instituciones de los poderes del Estado.
Proponiendo con ello la modificación del Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para dotar a la Cámara de Senadores de la unidad técnica para la igualdad de género del Senado de la República, cuyo proceso legislativo tuvo su origen en aquella Colegisladora, y que hoy tenemos el honor, en esta Cámara revisora a través de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Con la aprobación de este dictamen a la minuta en comento, hemos de dar continuidad al ánimo plasmado por el Constituyente del 17, en el primer párrafo del artículo 4o. del decreto que reformó la Constitución Política de 1857: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley sin distingo.
Pido respetuosamente su aprobación a la presente minuta de la Cámara de Senadores. Es cuanto, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputado. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras estamos recabando la votación quiero saludar a alumnas y alumnos de la Universidad Olmeca de Tabasco, que el día de hoy nos honran con su presencia. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este recinto legislativo.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Alguna diputada o diputado que haga falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señoras presidenta, se emitieron 376 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 376 diputados presentes.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce: Con su venia, presidente. Muy buenas tardes, estimados compañeros legisladores de este Parlamento mexicano. Me es grato este día subir a tribuna a posicionar a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual tengo el honor de formar parte.
En la Comisión nos hemos destacado por discutir y analizar a profundidad cada uno de los asuntos que la Mesa Directiva tiene a bien turnarnos, muestra de ello es el asunto que el día de hoy se somete a discusión ante esta asamblea, donde las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aducimos la preocupación constante y legítima que tiene todo ciudadano al ejercer su derecho a un medio ambiente sano, cuya directriz está consagrada en el artículo 4o constitucional, lo cual implica una diversidad de aspectos en los que están involucrados la salud integral de la población y los límites máximos de tolerancia humana para contaminantes.
Es por ello que consideramos respetar este derecho e implementar mecanismos legislativos que permitan la integridad de la población y la protección del medio ambiente.
Es de señalar que los iniciadores parten de una preocupación local que de prosperar esta iniciativa estaremos atendiendo un tema a nivel nacional. Por ello reconocemos el espíritu de los promoventes.
En esta tesitura, distinguimos los datos de la Organización Mundial de Salud, en la que señalan que la ciudad de Monterrey es la más contaminada de la República Mexicana, el cual consta de índices de sulfato, nitrato y carbono negro, al lograr que esta ciudad de Monterrey concentre de 86 PM 10 y de 36 PM 2.5.
Por otra parte, en su comunicado del 6 de marzo de 2017, en Ginebra, presentó informes de los alcances que tiene la afectación al medio ambiente, entre los más destacados fueron el número de defunciones de menores de cinco años a consecuencia del cambio climático, debido a problemas en las vías respiratorias como principal causante, la contaminación del agua y del aire, así como de estudios, por otra parte, con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Georgia, que señalan que el cambio climático desencadena un sinnúmero de enfermedades y permite la transmisión de enfermedades infecciosas a nivel mundial.
Valoramos que las políticas ambientales establecidas en los últimos años han sido significativas para el control de los contaminantes. Es así, que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 021 SSA1 1993 Salud Ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al monóxido de carbono, con la Norma Oficial Mexicana 021 SSA 1993 Salud Ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al monóxido de carbono y la Norma Oficial Mexicana 022 SSA1 2010, Salud Ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de azufre.
No obstante, estimamos de gran importancia acciones legislativas que logren coadyuvar en las acciones locales para mitigar los factores contaminantes, de manera que la iniciativa propuesta por los diputados iniciadores más que pretender logar la prevención y el control de la contaminación, logra establecer un equilibrio entre el medio ambiente y los habitantes de la población.
La prerrogativa estipulada en implementar esta restricción en una ley federal, genera la posibilidad de no sólo aplicarse en particular en algún municipio o entidad federativa, como lo han sido las políticas sustentables de la región, sino que de igual forma, será coercible en cada uno de los estados donde están establecidas las industrias extractivas dentro del territorio nacional.
Del mismo modo, rememoramos las responsabilidades internacionales a las que el Estado mexicano se comprometió con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, en su principio 9, en donde señala que las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica, que completamente logran los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que de estos pueda requerirse.
En esta tesitura señalamos, con los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde se muestra que la contaminación atmosférica del área metropolitana de Monterrey les cuesta al gobierno y a particulares entre 4 mil y 8 mil millones de dólares anuales.
Igualmente, existe una inestabilidad en llevarse a cabo las actividades laborales y escolares por las múltiples contingencias ambientales que se presentan día con día.
Por concluyente, la contaminación está ejerciendo un gasto mayor para la nación, que el beneficio sectorial presupuestal que pueda proporcionar la industria extractiva, aunado que la salud de los habitantes que residen en los horizontes de las industrias tienen su salud en detrimento, perjudicando a los sectores más vulnerables.
Es relevante abrir el panorama a los municipios para peticionar la celebración de convenios y acuerdos, no obstante, deben contar con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica.
En un estado federal, el acuerdo de voluntades para lograr un fin público es de gran trascendencia. Los municipios, al tener una competencia directa con la población son testigos inmediatos de las necesidades de la sociedad.
Por ello, la concurrencia es indispensable para la solución de problemas a través de la solicitud correspondiente.
El diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce: Las y los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos pertinente el restructurar las actividades con fines lucrativos de las industrias extractoras, debido a la ponderación de bienes jurídicos que están involucrados exaltamos el interés jurídicos sobre el bienestar de la salud y la vida de los habitantes, que el beneficio económico de ciertos sectores económicos.
El diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce: Con base en las anteriores consideraciones, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, después de profundizar en los motivos expuestos en la iniciativa estimamos oportuna y viable la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Muchas gracias, asamblea. Es cuanto, diputado presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien además habla a nombre de los proponentes.
La diputada Ximena Tamariz García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se discute nace de una problemática muy sentida de la población de la zona metropolitana de Monterrey, en especial en el municipio de Santa Catarina, que se encuentra en el distrito al que represento, la cual, los diputados de Acción Nacional nos hemos propuesto atender.
Esta propuesta se deriva de la iniciativa que presentamos los diputados federales del PAN por Nuevo León, en coordinación con el alcalde, el licenciado Héctor Castillo, con el único fin de contribuir a mejorar la calidad del aire en la zona del área metropolitana, donde operan las empresas mejor conocidas como pedreras. Industria que extrae y procesa materiales de las rocas, principalmente destinados a la construcción que está afectando la salud pública de los regiomontanos.
En 2016 la Organización Mundial de la Salud alertó sobre los altos niveles de contaminación del aire en esta región del país, especialmente por partículas suspendidas, las llamadas PM10 y PM2.5, que alcanzaron para 2017 niveles muy por arriba de los establecidos en la norma oficial mexicana.
Los efectos de la contaminación por estas partículas han derivado principalmente en problemas de vías respiratorias y dermatológicos, en especial en niños menores de cinco años y población de la tercera edad, mermando la calidad de vida de los ciudadanos, los gastos familiares y del Estado, para atender los efectos causados por la contaminación del aire que aumentan año con año.
Como bien apunta la comisión dictaminadora, las emisiones que genera la industria de las pedreras representan un gasto mayor para la nación que el beneficio sectorial.
En 2016 el Inegi calculó que el costo por la degradación ambiental representó el 4 por ciento del PIB, y del total del gasto nacional por agotamiento y degradación el 64.5 por ciento se utilizó en las emisiones atmosféricas contaminantes.
La propuesta que hoy se presenta busca subsanar este vacío y atender los efectos en el medio ambiente y en las personas en la actividad de las pedreras, a través de la concurrencia entre los tres niveles de gobierno. Esto contribuirá a resolver el problema de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, pero además, fijará normas para atender casos similares en otras regiones del país.
Los diputados de Acción Nacional impulsamos y apoyamos este dictamen y los invitamos, compañeras y compañeros diputados, a votarlo a favor, ya que además de atender una problemática ambiental que surgió como una demanda ciudadana, concretamos principios en los cuales creemos y que son la base del buen gobierno y del desarrollo sustentable, la solidaridad y la subsidiariedad en el ejercicio del gobierno y del Estado. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 379 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria diputada. Por lo tanto, el proyecto de decreto queda aprobado en lo general y en lo particular por 379 votos, y reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el señor diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputado Alva, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Alva y Alva: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Quiero pedir a este pleno de la honorable Cámara de Diputados, que considere esta iniciativa como una pieza clave para construir un camino institucional digno para la migración mexicana en Estados Unidos.
Convencido de que la complementariedad de los mercados laborales de América del Norte encuentran un camino acorde con los derechos humanos en la regulación de los programas de trabajadores huéspedes, donde los gobiernos nacionales asumen un liderazgo y conducción que brinde confianza y seguridad a los empleadores, a los trabajadores y a sus familias.
Hay que recordar que cuando inició la discusión sobre una posible reforma migratoria, durante la administración del presidente Barack Obama, los senadores demócratas y republicanos tomaron como referencia el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá.
Como ustedes saben este programa es un modelo de movilidad laboral en el mundo y desde hace 43 años los gobiernos de México-Canadá se han empeñado en perfeccionar este esquema de política pública ejemplar. Es conveniente que como legisladores que tendemos la actualidad de la relación de México con Estados Unidos avancemos en la construcción de marcos legales y políticas públicas que brinden protección y seguridad y dignidad a los trabajadores que cumplen un rol fundamental en la economía de los Estados Unidos principalmente, pero también de Canadá. Es por ello que propongo a consideración de ustedes los siguientes argumentos.
El servicio nacional del empleo con corte al mes de julio de 1917 señala en su resumen de los servicios de vinculación laboral que las solicitudes de visa para programa de trabajadores agrícolas temporales de Canadá, fue de un total de 25 mil 297 y que los eventos de colocación fueron de 23 mil 308.
El informe de proyectos de jornaleros Safe, jornaleros mexicanos en Estados Unidos con visa –los modernos olvidados– señala que los trabajadores huéspedes, importados principalmente de las áreas rurales de México a través del programa de visas H2A, constituyen uno de los pilares de la seguridad nacional ya que proporcionan a los Estados Unidos seguridad alimentaria.
En ausencia de estos trabajadores, los consumidores norteamericanos dependerían de la importación de productos agrarios, sin embargo la seguridad alimentaria estadounidense se asienta sobre la sobreexplotación de los jornaleros foráneos cuyos bajos salarios muchas veces se condicionan a niveles mínimos de rendimiento laboral. Paradójicamente la emigración de jornaleros con visas H2A incrementa la inseguridad alimentaria en México que se ha tomado como dependiente de la importación de alimentos.
Por su parte, el Global World Justice Alliance en su informe de reglas de reclutamiento– países de empleo–, el reclutamiento de migrantes de la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá, concluye que la estructura de los sistemas de visas de trabajo temporal ha permitido el abuso del trabajador migrante durante el reclutamiento en sus países de origen.
La vulnerabilidad a la explotación se ve agravada por la absoluta falta de transparencia, permitida por el diseño de estos programas. El hecho de que ni los Estados Unidos ni Canadá regulen el reclutamiento internacional, permite la continuación de esta realidad.
En el mes de diciembre de 2016 el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y la directora del Consejo CCJ –siglas– de Estados Unidos, Laura Safer Espinoza, firmaron un acuerdo que permite garantizar una migración laboral legal, ordenada y segura de jornaleros mexicanos elegidos para trabajar en granjas del vecino país del norte. Ambas partes se comprometen a que los derechos de los empleados elegibles con visa H2A que deseen contratarse con granjeros afiliados en el programa CCJ no sean violados por terceros en el proceso de reclutamiento y que la movilidad laboral se realice en conformidad con las leyes mexicana y estadounidenses.
El artículo 1 de la Constitución Política establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como la garantía para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta...
El diputado Miguel Alva y Alva: ...Constitución establece. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.
Concluyo. Por lo anteriormente expuesto y como digno integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 20, 25, 28, 28 A, 28 B, 31, 32, 33 y 537 de la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos que prestan sus servicios fuera de la República, que son contratados en territorio nacional, para un empleo concreto en el exterior con duración determinada. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Su propuesta, su iniciativa se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora al diputado Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o. y 7o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Adelante, diputado.
El diputado Javier Pinto Torres: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, estimadas y estimados ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, muy buenas tardes.
Para Nueva Alianza la defensa del medio ambiente tiene sustento en un cambio de visión económico-político, el cual logra introducir mejores prácticas con el objetivo primordial de preservar los recursos naturales renovables y no renovables. En este sentido asumimos la responsabilidad de promover acciones afirmativas en aras de proteger y salvaguardar dichos recursos.
En ese contexto pongo a su consideración la iniciativa por la que se adicionan diversas fracciones de los artículos 5o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objetivo consiste en involucrar a las actividades de los distintos órdenes de gobierno para que en el ámbito, cada uno de su competencia, entonces asuma sus atribuciones, desarrollen mecanismos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental, pues creemos que la política de desarrollo sostenible y la sustentabilidad ambiental deben ir encaminadas a propiciar la armonización entre el proceso económico, la conservación de la naturaleza, favoreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y de las futuras generaciones.
Desafortunadamente, a pesar de que México posee una extraordinaria riqueza natural, en las últimas décadas lo que ha persistido es una visión exclusivamente orientada a beneficiar los intereses económicos, poniendo en jaque a todos nuestros ecosistemas, ocasionando que nuestro país registre uno de los mayores índices de degradación ambiental en el mundo.
Prueba de ello es que, de acuerdo con cifras del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos 30 años se ha perdido el 40 por ciento de toda la fauna que había en el país, y de acuerdo con el Inegi, la destrucción ambiental representa el 5 por ciento del producto interno bruto, lo que es equivalente a 907 millones de pesos, estas cifras nos exigen cambiar nuestros paradigmas, a fin de alcanzar un equilibrio que garantice la sustentabilidad, y la sustentabilidad se convierta en un eje rector de crecimiento económico y social de nuestro país.
Con la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en lo que respecta a la utilización de los recursos naturales que se plantea en la presente iniciativa, se favorece el mejor desempeño macroeconómico, además de disminuir la corrupción y aumentar los beneficios derivados de las actividades de este sector.
Compañeras y compañeros, en México contamos con una importante dotación de recursos naturales. Eso creo que no está a discusión y nadie lo duda. Que si bien administramos, y los administramos bien, daría un paso a un verdadero desarrollo sustentable, el cual aseguraría el presente y el futuro de nuestra nación haciéndola más competitiva y eficiente, pero sobre todo siempre amigable con nuestro medio ambiente. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado Pinto Torres. Su iniciativa se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 116 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La diputada Minerva Hernández Ramos hablará por cinco minutos y, como ella suele hacerlo, no se pasará de ese tiempo.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Así será, diputado presidente. Hoy presento a nombre propio y de los integrantes del Caucus Legislativo Anticorrupción esta reforma constitucional y legal porque la corrupción representa un fenómeno de particular relevancia para la vida política democrática e institucional de nuestro país.
Su existencia y constante práctica es una realidad innegable que genera afectaciones de grandes consideraciones para el desarrollo económico, jurídico y democrático de nuestra sociedad , que a su vez erosionan de manera constante la credibilidad ciudadana en sus instituciones que deben representarla y administrar los recursos económicos para su constante mejoramiento.
La necesidad de generar mecanismos de trasparencia y distribución adecuada de recursos económicos se alinea con el cumplimiento no solo de las obligaciones constitucionales que orientan a nuestro sistema jurídico, sino también de todas aquellas suscritas por México a través de la firma de tratados internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La necesidad de combatir las condiciones estructurales de corrupción se relacionan en gran medida con el goce y aseguramiento de los derechos humanos de las personas. De hecho, tal como lo ha señalado la ONU, la corrupción se ha transformado en un importante motivo de preocupación internacional que ha asumido diversas formas, que van desde los casos ordinarios de soborno o abuso de poder de poca gravedad hasta la acumulación de riquezas personales espectaculares a través del desfalco o de otras medidas fraudulentas.
Todo este contexto ha derivado en que actualmente nuestro país viva un profundo proceso de transición y rearticulación de su entramado constitucional que intenta armonizarse con las obligaciones emanadas a nivel internacional asociadas al cumplimiento de diversos objetivos, entre los que se encuentran la disminución de los niveles y el combate a la corrupción, el aseguramiento efectivo de los derechos humanos y la implementación de mecanismos de justicia penal y administrativa para el beneficio de la sociedad en general, entre otros.
La adopción de un sistema nacional anticorrupción en el escenario mexicano es un aspecto que sin duda debe celebrarse, pues su operación abona a la articulación y efectiva implementación de los mecanismos de transparencia y exigencia de las obligaciones estatales, a la vez que promueven la generación de condiciones para la transformación social y cultural que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de su historia.
La operación de un sistema nacional anticorrupción no debe verse como un camino que privilegia la consolidación de conocimientos técnicos en la materia, los cuales sin duda resultan no solo idóneos, sino también exigibles, o bien como una obligación que incumbe únicamente a las autoridades de orden federal. Por el contrario, dicho sistema debe articularse desde la perspectiva integral y holística que responda a las necesidades particulares de nuestro contexto social y jurídico, y que refleje el cumplimiento de los mandatos constitucionales que han derivado en importantes reformas constitucionales que han tenido lugar durante los últimos años, así como del constante acercamiento a las instituciones y actores sociales y gubernamentales que a través de sus acciones y estrategias promueven el desarrollo económico de nuestro país.
El involucramiento y fomento de la participación de autoridades locales constituye un aspecto esencial para la adecuada implementación de este sistema, así como para el combate de esta práctica que evidentemente ha cobrado dimensiones inexorables en los últimos años.
La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción prevé precisamente la posibilidad de articular en un gran sistema coordinado entre las autoridades federales y locales, con el único objetivo de emprender un combate frontal a la corrupción y con esto disminuir su práctica y sancionar a quienes la cometan. Sin embargo, la ley no señala de manera clara la manera en que las auditorías locales deben funcionar de cara a la implementación y diseño de este sistema, como sí sucede en el caso de la Auditoría Superior de la Federación.
Podría pensarse que en un primer momento la determinación en torno al funcionamiento de órganos de auditoría estatal, es una facultad que escapa a las facultades del Congreso de la Unión, sin embargo, lo cierto es que precisamente la idea de una ley general es la de generar mecanismos de articulación, coordinación y coadyuvancia entre autoridades locales y autoridades federales.
Tan es así, que la propia Constitución señala, en su artículo 73, la facultad a cargo del Congreso de la Unión para expedir la ley general que establecen las bases de coordinación de este sistema, al que se refiere el artículo 113 de la Constitución.
Por eso es muy importante, compañeros diputados, esta articulación y tener muy en cuenta los procesos locales en la construcción de los sistemas locales anticorrupción.
No se pretende restar autonomía de gestión presupuestal a los organismos locales, sino únicamente tratar una línea para un buen funcionamiento, mucho más coordinado y uniforme, que reduzca los riesgos de las auditorías locales de que estas puedan verse sometidas a riesgos de coerción, coacción o falta de independencia en el marco de las condiciones políticas y económicas que caracterizan los escenarios de las entidades federativas.
En este sentido, este tipo de determinaciones no es ajeno ni inusual para nuestro sistema jurídico, por el contrario, un aspecto similar puede encontrarse en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Título Segundo, Capítulo II, establece una serie de rangos básicos que configuran un esquema coordinado de integración y funcionamiento de los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública...
La diputada Minerva Hernández Ramos: Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, estimada diputada Minerva Hernández Ramos. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en la parte correspondiente y a la de Transparencia y Anticorrupción, por la parte que se refiere a este sistema, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora la intervención de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella también es sumamente respetuosa del tiempo reglamentario.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, la violencia en contra de las mujeres es desafortunadamente un fenómeno cada vez más cotidiano en nuestro país, cada día se registran más casos de agresividad con mujeres y niñas, por el simple hecho de ser mujeres.
Actualmente, la legislación en la materia, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo que prevé erradicar este tipo de violencia. Al igual que otros ordenamientos no queda exento de interpretación a la hora de ser aplicable.
Es por ello necesario delimitar los términos y la redacción vigente, para no crear una laguna jurídica que se traduzca en impunidad y en un mecanismo débil para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres.
La legislación federal vigente ha sido interpretada por algunos impartidores de justicia a manera que dentro de esta no se incluyen las relaciones afectivas, como lo es una amistad, un noviazgo o cualquiera otra relación temporal, esto contribuyendo a que los delitos cometidos en contra de las mujeres en esta índole sean considerados menores y dando como resultado la libertad inmediata.
La propuesta de la modificación que se presenta tiene por objeto incluir dentro de la ley una definición de las relaciones interpersonales y afectivas, por ello se considera pertinente adicionar el artículo 7 Bis, a efecto de que se incorpore la violencia en las relaciones interpersonales afectivas, para generar un marco más amplio que genere menor impunidad ante los hechos lamentables de los agresores.
Esta propuesta se suma a aquellas que han querido incluir la violencia en el noviazgo, sin embargo se considera que esta definición, incluso más amplia, englobaría todas las relaciones interpersonales sin necesidad de establecer un statu quo definido como novio, amigo o pareja, etcétera.
Es decir, cualquier persona que tenga una relación afectiva con la víctima entraría en este tipo, que serviría para incentivar y adaptar legislaciones locales e incluso poder considerar como agravantes, puesto que se abusa de la confianza, respeto o afecto de la víctima.
Por ello, proponemos adicionar, entre varios artículos, el 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define las relaciones interpersonales y afectivas, que es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho. Los artículos siguientes que se pretenden reformar, es para adaptar este artículo al resto de la ley.
En este tema ya no podemos seguir siendo omisos, es importante valorar el tema de la violencia. Hemos encontrado actos donde han fallecido mujeres, no podemos seguir omisos a tan grave problema, en el tema de salud, de seguridad pública y, sobre todo, en la cultura que atenta contra nuestros derechos y contra los derechos de las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Irazema Briones Pérez. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Kathia Bolio. ¿En qué sentido, diputada?
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Muy buenas tardes, diputada presidenta, para felicitar a la diputada Erika Briones y a nombre de los diputados del PAN suscribirnos a su iniciativa. Todo lo que sume a favor de la no violencia en contra de las mujeres será una causa de lucha para Acción Nacional.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La diputada ha expresado su beneplácito porque se adhieran a su iniciativa y está a sus órdenes en la Secretaría de esta Mesa Directiva.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y una segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez: Con su venia, señora presidenta. Este día tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentar dos iniciativas a favor de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Una de las dichas más grandes que he tenido en mi vida es el convertirme en madre. No me dejarán mentir, compañeras y compañeros, definitivamente, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y el Estado mexicano debe garantizar sus derechos para lograr que se desarrollen de la mejor manera.
Muchos padres de familia salen de la casa para trabajar y sacar a sus familias adelante y dejan a sus hijos en centros de atención y cuidado infantil. En ellos buscan la mejor atención y el mejor cuidado, por lo que es nuestra responsabilidad evitar que existan vacíos legales en nuestras normas que afecten a nuestros derechos, y por supuesto, que afecten a los derechos fundamentales de nuestras niñas y niños.
La tragedia dela Guardería ABC marcó a nuestra sociedad y mostró un camino para que por ningún motivo se repitan hechos tan lamentables en México, por lo que la primera iniciativa que me permito presentar a nombre de mis compañeras, Aurora Cavazos, Soledad Sandoval y Julieta Fernández, tiene como objetivo modernizar y adecuar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y el Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y así impedir violaciones a los derechos de nuestras niños y niños de México.
Planteamos incluir en los requisitos para los centros de atención, el establecimiento de un procedimiento para detectar violaciones a los derechos de las niñas y niños, así como la restitución de sus derechos conforme a lo estipulado en la Ley General de los Derechos de nuestras Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, proponemos reformar y endurecer las medidas precautorias, así como las infracciones y sanciones, con el fin de evitar las posibles faltas. Y finalmente la inclusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención del Cuidado y Desarrollo Integral.
Con estas acciones reforzamos los mecanismos de supervisión y sanción de las autoridades competentes, velamos por la integridad física y psicológica de nuestras niñas y niños, y evitamos la violación de sus derechos fundamentales en los centros de atención.
Respecto a la segunda iniciativa, me gustaría que recordáramos lo ocurrido en este recinto, en esta tribuna el pasado mes de febrero, donde los legisladores más jóvenes de esta legislatura nos dieron una demostración de civismo.
Diana, Gloria, Camila, Erick, representantes duranguenses junto con 296 parlamentarios infantiles más, con su voz franca nos mostraron sus perspectivas, necesidades y sus propuestas para transformar nuestro entorno a través de este ejercicio de participación, que promueve y fija uno de los principios fundamentales de la democracia: la participación ciudadana.
La Convención sobre los Derechos del Niño señala que las niñas, niños y adolescentes son protagonistas de su propia vida, por lo que deben participar en las decisiones que les afecte. De ahí la importancia de abrir lugares de participación, como el Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes en México.
El Palacio Legislativo de San Lázaro es un espacio de pluralidad y debate, por ello es necesario reforzar nuestro trabajo legislativo con la voz y las ideas de nuestras niñas, niños y adolescentes, que han demostrado su interés por formar parte de la transformación de nuestro querido México.
Por lo anterior y con la finalidad de asegurar la continuidad de este ejercicio, propongo reconocer dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al Parlamento de Niñas y Niños de México como un espacio elemental para impulsar la participación ciudadana.
Como les comentaba hace un inicio, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y nosotros tenemos la oportunidad de hacer y mejorar las condiciones de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. En esta legislatura podemos hacer la diferencia.
Compañeras y compañeros, consolidemos el derecho al bienestar y el desarrollo de las niñas y niños adecuando el marco legal que regula los centros de atención. Garanticemos su derecho a la participación y en un futuro cercano recojamos los frutos de formar una generación de mexicanos con espíritu libre y democrático.
Que las acciones que realicemos hoy a favor de la niñez resuenen en el México próspero y justo del mañana. Trabajemos, compañeras y compañeros diputados, por las niñas, niños y adolescentes de nuestro querido México. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Alis Guadalupe Gamboa Martínez.
Por lo que respecta a la primera iniciativa, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Por lo que toca a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, también para dictamen.
La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Daniel de los Santos. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la diputada Alicia Gamboa y preguntarle si me permite suscribir su iniciativa.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, la diputada Gamboa ha dado su anuencia para que su iniciativa pueda tener las adhesiones de las compañeras y compañeros que lo deseen, aquí en la Secretaría de esta Mesa Directiva.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud establezca las acciones necesarias a fin de que se incluya al cáncer de pulmón en el Programa Nacional de Normalización 2018. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta si se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de Juntas Directivas de las comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
Honorable asamblea, se informa que los cambios en las Juntas Directivas de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Asuntos Frontera Norte, propuestos por la Junta de Coordinación Política y aprobados por el pleno, fueron debidamente notificados.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (15:01 horas): Se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar el jueves 23 de noviembre de 2017 a las 11 horas.

References: artículo 106
 artículo 35
 artículo 83
 artículo 4
 artículo 83

Artículo 83
 artículo 311
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 30
 artículo 173
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 173
 resolución 
 artículo 91
 artículo 19
 artículo 30
 artículo 173
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 300
 artículo 300
 artículo 1135
 artículo 123
 artículo 300
 artículo 300

Artículo 300
 artículo 104
 artículo 106
 artículo 104
 artículo 4
 artículo 144
 artículo 106
 artículo 104
 artículo 4
 artículo 104
 artículo 1
 artículo 116
 artículo 42
 artículo 73
 artículo 113
 artículo 7