Source: https://www.gtt.es/boletinjuridico/sentencia-del-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-no-2-de-tarragona-de-13-octubre-2014/
Timestamp: 2019-08-18 15:32:29+00:00

Document:
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Tarragona, de 13 octubre 2014. | GTT
TERCERO.‐ Asimismo, y una vez finalizada la fase de prueba, realizaron las partes sucintas conclusiones sobre la prueba practicada en el acto de vista. En el mismo acto de la vista se declaró el asunto "visto para sentencia". La vista celebrada en este procedimiento quedó documentada mediante su grabación digital en soporte informático. El CD original resultante de la grabación se encuentra unido a las presentes actuaciones, tal y como se hace constar mediante la oportuna Diligencia de Ordenación del Iltre. Sra. Secretaria judicial de este Juzgado.
"SEGUNDO.‐ Debemos tener en cuenta que la cuestión planteada por el recurrente ha sido discutida y resuelta recientemente por el TSJ de Cataluña en sentencias de 21 de marzo y de 22 de mayo de 2012 .
(...)TERCERO.‐ Prácticamente la totalidad del frontispicio argumental de la demanda censura lo que denomina "disociación radical" entre la tributación que resulta exigible a partir de las expresadas ordenanzas y la situación económica efectiva sobre la que se aplican, reconduciendo dicha problemática en términos jurídicos a una infracción del principio de capacidad económica, garantizado por el artículo 31 de la Constitución.
La previsión del artículo, 31.1 CE relativa a que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio" configura un mandato que vincula no sólo a los ciudadanos sino también a los poderes públicos (SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3 , y 255/2004, de 22 de diciembre , FJ 4) ya que, si los unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica al sostenimiento de los gastos públicos, los poderes públicos están obligados, en principio, a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación ( SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7 , y 255/2004, de 22 de diciembre , FJ 4).
Sin embargo, semejante conclusión debe reconducirse y, en definitiva, contextualizarse, a través de otras muchas resoluciones del propio Tribunal Constitucional (además, con el formato de sentencia) que patrocinan la idea de que el principio de capacidad económica "debe inspirar el sistema tributario en su conjunto" ( STC 134/1996, de 22 de julio , FJ 6 y 193/2004, de 4 de noviembre , FJ 5 y 407/2007, de 6 de noviembre , FJ 4).
"El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos."
Por otra parte el margen de maniobra de la Administración tributaria municipal es inexistente a los efectos de realizar determinadas correcciones ‐ obviamente, después de fijar el correspondiente tipo ‐ a tenor del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la media que con relación a las autoliquidaciones, "el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores , bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas".
Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el término de valor real en efecto, el actual artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apunta que "la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos".
SEXTO.‐ Sin perjuicio de lo expuesto, parece evidente que la ausencia objetiva del incremento del valor dará lugar al no sujeción del impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.
Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, este habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ, de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (como ya hemos dicho, antes "real", y ahora "incremento" a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).
Si bien las conclusiones alcanzadas por las Resoluciones judiciales reseñadas, que hacen pensaren una estimación de la presente demanda, aquellos recursos conocidos por la Sala fueron desestimados no porqué les faltara razón a las recurrentes en sus alegatos y expositivos sino porque impugnaban directamente la correspondiente ordenanza fiscal partiendo de situaciones hipotéticas que se podían producir ante posibles transmisiones futuras sin atenerse a un caso en concreto en que valorar la ilegalidad de la norma a aplicar, lo que no ocurre en el caso de Autos en que el recurso se interpone contra un acto administrativo concreto, a saber las liquidaciones emitidas por el Ayuntamiento de Barcelona en concepto de IIVTNU derivadas de la transmisión de las fincas propiedad de la actora. Así siguen dichas resoluciones judiciales expresándose en los siguientes términos: "SÉPTIMO.‐ Ahora bien, a juicio de la Sala, la demanda embrida de una manera absolutamente abstracta el único argumento impugnatorio, esto es, la vulneración del principio de capacidad económica. En efecto, no debemos olvidar que nos encontramos ante la impugnación directa de una disposición administrativa de carácter general, por lo que con relación a su aplicación específica o concreta, la parte recurrente se limita a poner ejemplos sobre cómo resultaría una tributación por el IIVTNU , a formular meras hipótesis que no pueden justificar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad al no haberse acreditado el juicio de relevancia con relación al caso que nos ocupa.
Por otro lado, en el folio 23 de la demanda vuelve a sustentar su tesis sobre la base de hipótesis: "Utilizaremos un ejemplo para evidenciar aquello a lo que nos referimos. Suponemos el caso de un sujeto pasivo que adquirió una vivienda en junio de 2007, con un precio de 300.000 y que transmite dicha vivienda en julio de 2010, cuando dicha vivienda es valor catastral del suelo de 60.000..."
Evidentemente, desconociéndose el importe real obtenido como consecuencia de una eventual transmisión, faltaría uno de los términos en que asentar el silogismo comparativo con relación a que la Ordenanza abogue necesariamente al gravamen de una ganancia ficticia o irreal; dicha conclusión requeriría confrontar la cuota que se derivara de aplicara las disposiciones de la Ordenanza con la que resultaría de considerar una base fundamentada en la diferencia real entre los importes de adquisición y transmisión del inmueble".
TERCERO.‐ Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa resulta que el demandante entiende que los bienes inmuebles objeto de transmisión a la mercantil Corbion‐Europe, S.L. han perdido valor , al menos durante unos cuantos años, como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país. Pues bien al respecto es preciso señalar, como ya se le indicó a la ahora recurrente en la Sentencia dictada por este Juzgado núm. 252/2013, de 17 de septiembre de 2013, que "Nadie puede negar (por ser hecho notorio sin necesidad de prueba, art. 281.4 LECiv que nos encontramos ante una situación de crisis económica general y que ésta ha supuesto una disminución de los precios de las transacciones inmobiliarias en todo el estado español, disminución que varía en función del lugar de España o del tipo de vivienda que se transmite, pero conforme lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Anterior es preciso que el recurrente acredite de manera efectiva esa disminución de valor del inmueble para la no aplicación del impuesto de plusvalía de conformidad con el art. 217 LECiv. Y así entiende esta juzgadora que no suficiente para entender probado que en el presente caso se ha producido la disminución de valor del inmueble la documental aportada sin que se haya aportado pericial alguna que haga una comparación efectiva de la disminución del valor de los inmuebles en la zona en cuestión o incluso una prueba efectiva de la disminución del patrimonio del recurrente con la venta. Ni siquiera ha aportado el recurrente una comparativa del valor del inmueble transmitido en el momento de su adquisición y de su posterior transmisión. Las transmisiones entre particulares vienen marcadas por el mutuo acuerdo previa negociación en la que entran en juego factores de carácter subjetivo, por lo que en cuenta sólo los precios de transmisión (sin ninguna otra prueba ) aceptando la interpretación del actor podría dar lugar a que para evitar que la transmisión del bien inmueble constituyera hecho imponible se fijara, en base al principio de libertad de contratación, un precio de venta muy inferior al de su adquisición, quebrando así el principio impositivo de la plusvalía.
Por ello la primera de las pretensiones de nulidad de la liquidación efectuada por el recurrente por infracción del principio de capacidad económica. Y del mismo modo la alegada nulidad por la no concurrencia del hecho imponible del art. 104 TRLH, dado que no habiéndose probado la disminución del valor de los terrenos y la consiguiente pérdida de capacidad económica es preciso entender que se ha producido un incremento de valor su cuantía se va a determinar de forma objetiva conforme a la valoración del art. 32 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, presumiéndose la existencia del incremento de valor ."
En similares términos, se expresa el TSJCataluña en la Sentencia de fecha 21‐3‐2014 al indicar que "cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurara el tributo ( art. 104.1 LHL) , y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art.107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos".
"No podemos olvidar que esta Sentencia establece que "... Por lo que se refiere al otro motivo de impugnación, la fórmula de cálculo, en este aspecto sí que hay que dar la razón a la parte actora, por cuanto la misma, en base a los informes matemáticos que acompaña con sus escritos de recursos de reposición presentados en vía administrativa, sí que ofrece argumentos lógicos y coherentes para entender que la fórmula aplicada por el mismo y que ha determinado el resultad de la autoliquidación practicada por el recurrente, tal como el mismo refiere en su escrito de demanda, esto es, plusvalía = valor final x num. de años x coeficiente de incremento/1+(número de años x coeficiente de incremento), se ofrece como correcta, en base a las explicaciones contenidas en el escrito de demanda, a los efectos de gravar de manera correcta la plusvalía generada durante el período de tenencia del bien, tal como se aplica gráficamente en dicho escrito de demanda, partiendo de un valor de suelo de 100 euros, y las diferencias de aplicar una u otra fórmula, 54 de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, 35,06 de aplicar la fórmula de la parte actora, pues de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando sería el incremento de valor del suelo en años sucesivos no en años pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo,"..."
Dichos informes matemáticos y periciales aportados en aquel procedimiento no se han aportado a este procedimiento (por lo que no pueden hacer prueba ‐ STS 13 de octubre de 2006 ‐), por lo que aparte del tenor literal de la sentencia expresada y de la fórmula matemática expresada en el Hecho Sexto de la demanda, esta juzgadora desconoce las razones por las que se adoptó dicho criterio matemático y no el aplicado por el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita y que, por otro lado, es el aplicado por la totalidad de los Ayuntamientos en España. Si a ello le unimos que se trata de una única sentencia, dictada por el TSJ de Castilla La Mancha (sin vinculación alguna con este Juzgado) no puede entenderse que siente Jurisprudencia y que vincula al resto de órganos jurisdiccionales como sí haría, en el caso de existir, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la forma de liquidación de la base imponible del impuesto. Todo ello hace que no pueda estimarse tampoco la pretensión anulatoria formulada por (..)sobre la forma de liquidación de la base imponible del impuesto de plusvalía ."

References: artículo 31
 artículo 110
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto