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Timestamp: 2017-05-26 09:07:39+00:00

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Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. TITULO VII.�Del procedimiento.
TITULO VIIDel procedimiento
De todos los da�os e infracciones que notaren en los montes p�blicos la Guardia Civil, funcionarios del Ramo y Guardas rurales formular�n por escrito la correspondiente denuncia ante el Alcalde del t�rmino municipal donde radique el monte.
Corresponde asimismo al mencionado Instituto de la Guardia Civil, Cuerpo de Guarder�a Forestal y Guardas rurales el denunciar cuantas infracciones a lo dispuesto en este Reglamento observaren en los montes particulares, pero cuando se trate de ellos, y con excepci�n de los acogidos a lo previsto en el art�culo 285, las denuncias que competa conocer a la Administraci�n Forestal se presentar�n ante las Jefaturas de los Distritos Forestales correspondientes que las sustanciar�n oyendo a los denunciados, ordenando la pr�ctica de las diligencias que estime necesarias, dando cumplimiento a lo dispuesto en los art�culos 488 y 489 y ajust�ndose, en general, al procedimiento establecido en este t�tulo, en cuanto sea de aplicaci�n.
La ratificaci�n bajo juramento de los individuos de la Guardia Civil y de los funcionarios de Montes, en las denuncias por ellos presentadas har� fe, salvo prueba en contrario, en lo que respecta a la responsabilidad de car�cter administrativo.
En los partes de denuncia se har� constar:
A) El d�a y hora en que se note el da�o o la infracci�n y el nombre del pueblo o propietario al que el monte pertenezca.
B) El nombre del predio y el del sitio en que se haya cometido la infracci�n, especificando la pertenencia de dicho sitio.
C) La naturaleza, extensi�n, cuant�a y tasaci�n de los da�os ocasionados al monte, as� como el valor de los productos obtenidos.
D) Cuando se trate de variaci�n o destrucci�n de hitos, mojones o cualquier otra clase de indicadores de l�mites, se determinar� su n�mero, expres�ndose, adem�s, si solamente hubo cambio de lugar, en cuyo caso se medir� la superficie detentada o si arrancaron o destruyeron tales se�ales.
E) De tratarse de pastoreo, se considerar� el n�mero de cabezas y su clase, los nombres y residencia de los due�os y si el lugar en que se cometi� la infracci�n estaba declarado tallar, o su vuelo ten�a menos de diez a�os.
F) En los incendios se aforar� la superficie quemada y se har� constar el n�mero de �rboles que hubieren muerto, con su cubicaci�n aproximada, o su edad, si se trata de repoblado joven, as� como el n�mero de los que quedaron quebrantados por el fuego.
1. La presentaci�n de la denuncia ante el Alcalde, o la remisi�n de la misma a la Jefatura del Distrito Forestal, en el caso de tratarse de montes de particulares, se har� en el preciso t�rmino de veinticuatro horas de conocido el hecho. El denunciante pedir� recibo a la Alcald�a, que habr� de expedirlo, y si lo negare, dar� aqu�l cuenta de la negativa al Jefe del Servicio Forestal, quien lo comunicar� al Gobernador Civil de la provincia.
2. El Alcalde que se negare a dar el aludido recibo ser� castigado con multa de 50 a 500 pesetas.
Cuando por circunstancias muy especiales, que har� constar el denunciante, no pudiera presentar la denuncia en el t�rmino fijado en el art�culo anterior, lo har� en el de cuatro d�as, e instruir� las primeras diligencias que, con la denuncia, entregar� al Alcalde o remitir� al Distrito Forestal, en su caso.
De todas las denuncias presentadas ante la Alcald�a dar�n conocimiento �sta y el denunciante, dentro de los dos d�as siguientes, al Ingeniero Jefe del Servicio Forestal correspondiente.
Presentada la denuncia, el Alcalde, previa ratificaci�n inexcusable bajo juramento del denunciante, citar� al denunciado personalmente o por c�dula si no se le encontrare, y a los testigos, si los hubiere, se�al�ndoles el d�a y hora en que han de presentarse a su Autoridad, con el fin de recibir las correspondientes declaraciones. Estas diligencias deber�n practicarse dentro de los ocho d�as siguientes al de la presentaci�n de la denuncia.
Cuando el citado no compareciera en el sitio, d�a y hora que se le hubiere se�alado, le parar� el perjuicio a que hubiere lugar, sin que por la falta de su presentaci�n se suspenda el curso del expediente. Si el citado no residiese en el t�rmino municipal donde radique el monte a que se refiere la denuncia podr� dar sus descargos por escrito, o por persona debidamente autorizada para ello.
Si el denunciado no estuviere conforme con las tasaciones consignadas en el parte de denuncia, la Alcald�a comunicar� dicha discrepancia al Ingeniero Jefe, quien podr� ordenar a un funcionario de Montes, de mayor categor�a que la del denunciante, la pr�ctica de nuevas valoraciones, con o sin previo reconocimiento del terreno, y en primer caso, con citaci�n del denunciante y denunciado, pudiendo �ste hacerse acompa�ar de un perito competente. En caso de especial complejidad o importancia, el funcionario del Servicios ser� acompa�ado de una comisi�n del Ayuntamiento y de pr�cticos locales, y en el acta de la diligencia, que firmar�n los concurrentes se detallar�n todas las circunstancias necesarias para la exacta apreciaci�n de los hechos y para fundamentar la tasaci�n, la cual ser� formulada en informe separado, que, con la mencionada acta, se unir� al expediente.
Las diligencias de denuncia se sustanciar�n por las Alcald�as en el preciso t�rmino de veinte d�as, salvo en el supuesto previsto en el art�culo anterior, en cuyo caso, al n�mero se�alado se a�adir� el de los d�as que fueren necesarios para la pr�ctica de la retasa.
1. Tramitadas las diligencias de las Alcald�as, las remitir�n seguidamente a las Jefaturas de los Servicios Forestales. Si �stas estimasen suficientes las remitidas, proceder�n a dar cumplimiento, dentro del t�rmino de diez d�as al tr�mite establecido en el art�culo siguiente.
2. Cuando los Ingenieros Jefes crean necesario encomendar la pr�ctica de nuevas diligencias a los Alcaldes o funcionarios de Montes, el plazo de diez d�as establecido en el p�rrafo anterior se ampliar� prudencialmente, en raz�n de la importancia de las diligencias supletorias, sin que en ning�n caso pueda exceder de dos meses.
Instruidos y preparados los expedientes y antes de que en ellos se formule propuesta de resoluci�n, las Jefaturas de los Servicios Forestales lo pondr�n de manifiesto a los interesados para que �stos, dentro del plazo que se se�ale, y que no bajar� de diez d�as ni exceder� de quince, puedan alegar y presentar los documentos justificantes que consideren conducentes a su defensa.
Dentro de los treinta d�as siguientes a la terminaci�n del plazo establecido en el art�culo anterior, las Jefaturas de los Servicios Forestales dictar�n o propondr�n la resoluci�n que proceda. Esta resoluci�n se notificar� personalmente y con los debidos requisitos a los interesados, que podr�n interponer contra la misma los recursos procedentes.
Tanto si se trata de montes p�blicos como de particulares, cuando los Alcaldes incurran en responsabilidad administrativa por negligencia, extralimitaci�n o desobediencia en la tramitaci�n de los expedientes referentes a aqu�llos, ser�n corregidos por los Gobernadores civiles, a propuesta razonada de los Ingenieros Jefes, con arreglo a lo establecido en los ar++t�culos 418 y 419 de la vigente Ley de R�gimen Local.
Ley derogada por la Ley 7/1985, de 2-IV.
Todas las atribuciones o potestades que este Reglamento reconoce a los Ingenieros Jefes de los Distritos Forestales corresponden en igual medida, dentro del �mbito de sus jurisdicciones, a los Ingenieros Jefes de las Divisiones Hidrol�gico-Forestales y de las Brigadas del Patrimonio Forestal del Estado.
El Ministerio de Agricultura podr� hacer extensivas estas mismas facultades a los Ingenieros Jefes de cualquier Servicio, dependiente de la Direcci�n General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que pudiera existir con funci�n espec�fica propia y demarcaci�n definida.
Disposici�n final 1.� derogada por el art�culo 2 del R.D. 367/2010, de 26 de marzo, de modificaci�n de diversos reglamentos del �rea de medio ambiente para su adaptaci�n a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 27 marzo). No obstante mantendr� su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades Aut�nomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
Real Decreto de 11 de noviembre de 1864 sobre inscripci�n de montes en el Registro de la Propiedad.
Real Decreto de 17 de mayo de 1865 que aprob� el Reglamento de la Ley de Montes de 24 de enero de 1863.
Real Decreto de 18 de enero de 1878 aprobando el Reglamento de la Ley de repoblaci�n y mejora de montes de 11 de julio de 1877.
Real Decreto de 8 de mayo de 1884 sobre legislaci�n penal de montes.
Real Decreto de 20 de septiembre de 1896 que defini� los montes de utilidad p�blica.
Real Decreto de 1 de febrero de 1901 para constituci�n del cat�logo de montes de utilidad p�blica.
Real Decreto de 1 de febrero de 1901 sobre reconocimiento de la posesi�n del monte por su inclusi�n en el cat�logo.
Real Decreto de 10 de octubre de 1902 sobre ocupaciones y servidumbres en los montes p�blicos.
Real Decreto de 27 de diciembre de 1905 que aclar� algunos puntos del de 21 de enero de 1905 sobre ocupaci�n de terrenos en montes.
Real Decreto de 24 de febrero de 1908 referente a ocupaciones de montes p�blicos para explotaciones mineras.
Real Decreto de 8 de octubre de 1909 que promulg� el Reglamento de la Ley de conservaci�n y repoblaci�n de montes de 24 de junio de 1908.
Real Decreto de 12 de abril de 1912 sobre permutas derivadas de actuaciones de deslindes en montes p�blicos.
Real Decreto de 5 de septiembre de 1918 aprobando el Reglamento para aplicaci�n de la Ley de defensa de bosques de 24 de julio de 1918.
Real Decreto de 9 de septiembre de 1922 sobre aplicaci�n del Real Decreto de 23 de marzo de 1886 que regula la forma de agotar la v�a administrativa.
Real Decreto de 21 de septiembre de 1922 sobre repoblaci�n de rasos y calveros.
Real Decreto de 1 de diciembre de 1923 referente a legitimaci�n de roturaciones arbitrarias en montes p�blicos.
Real Decreto de 1 de febrero de 1924 que dict� el Reglamento para aplicaci�n del Real Decreto de 1 de diciembre de 1923, sobre legitimaci�n de roturaciones.
Real Decreto de 19 de febrero de 1924 concerniente a proyectos de ordenaci�n de montes de Ayuntamientos.
Real Decreto de 3 de junio de 1924 sobre ocupaciones en montes p�blicos por instalaciones metal�rgias.
Real Decreto de 3 de diciembre de 1924 que proh�be las cortas a hecho en montes, sotos y alamedas de propiedad particular.
Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 sobre repoblaci�n de claros y calveros.
Real Decreto de 17 de febrero de 1925 sobre subastas de pastos sobrantes de montes de aprovechamiento com�n y dehesas boyales.
Real Decreto de 17 de octubre de 1925 concerniente a la creaci�n de viveros y sequeros forestales.
Real Decreto de 22 de diciembre de 1925 que da normas sobre legitimaci�n de roturaciones arbitrarias.
Real Decreto de 9 de marzo de 1926 sobre pr�stamos hipotecarios con garant�a de usufructo de los montes.
Real Decreto de 22 de octubre de 1926 sobre expedici�n de licencias de aprovechamientos en montes p�blicos.
Real Decreto de 24 de marzo de 1927 dando instrucciones para la repoblaci�n forestal.
Real Decreto de 26 de julio de 1929, sobre parques nacionales.
Decreto de 1 de agosto de 1931 sobre exclusiones de montes del cat�logo, denuncias y deslindes de montes p�blicos.
Decreto de 17 de marzo de 1933 dando normas sobre previsi�n y extinci�n de plagas forestales.
Decreto de 12 de julio de 1933 que dict� el Reglamento de repoblaci�n forestal.
Decreto de 30 de enero de 1935 referente a concesiones de cultivos en montes p�blicos.
Decreto de 14 de mayo de 1936 concerniente a rescisi�n y pr�rroga de plazos de aprovechamientos en montes p�blicos.
Decreto de 30 de mayo de 1936 que ampl�a el Decreto de 13 de mayo de 1932 que cre� la Comisi�n mixta del Corcho.
Decreto de 27 de noviembre de 1939 concerniente a transformaci�n de cultivo forestal en agr�cola.
Decreto de 13 de agosto de 1948 sobre convenios para repoblaci�n forestal de entidades due�as de montes distintas del Estado con otras p�blicas o privadas.
Decreto de 25 de abril de 1952 dando normas de aplicaci�n de la Ley de auxilios para repoblaci�n forestal de 7 de abril de 1952 (R. 546).
Decreto de 1 de mayo de 1952 sobre aplicaci�n de la citada Ley de auxilios a Diputaciones, Ayuntamientos y Organizaci�n Sindical.
Decreto de 11 de diciembre de 1953 sobre aplicaci�n de la Ley de auxilios para repoblaci�n forestal a los peque�os propietarios.
Decreto de 30 de noviembre de 1958 que fija la extensi�n m�nima de fincas forestales a efectos de aplicaci�n de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre tratamiento obligatorio de plagas forestales.
Real Orden de 31 de enero de 1879 que considera como p�blicos los montes cuyo dominio �til corresponda al Estado o Corporaciones p�blicas.
Real Orden de 5 de mayo de 1881 que da normas para la previsi�n y extinci�n de incendios en los montes.
Real Orden de 16 de mayo de 1882 sobre amojonamiento de montes p�blicos.
Real Orden de 17 de febrero de 1883 aprobando el pliego general para aprovechamientos de resinas en montes p�blicos.
Real Orden de 4 de abril de 1883 referente al mantenimiento del estado posesorio en montes p�blicos.
Real Orden de 16 de mayo de 1887 sobre citaci�n de interesados en los deslindes de montes.
Real Orden de 14 de enero de 1883 sobre cumplimiento de la de 4 de abril de 1883 referente a estado posesorio en montes.
Real Orden de 21 de noviembre de 1896 sobre revisi�n del cat�logo de montes p�blicos.
Real Orden de 9 de octubre de 1902 sobre inscripci�n de montes p�blicos en el Registro de la Propiedad.
Real Orden de 10 de octubre de 1902 sobre suspensi�n de aprovechamientos en montes incendiados.
Real Orden de 25 de junio de 1903 que fij� el concepto de ganado de uso propio de los vecinos de los pueblos.
Real Orden de 1 de julio de 1905 dando reglas para aplicaci�n de los preceptos reglamentarios en materia de deslindes.
Real Orden de 27 de diciembre de 1906 sobre da�os en disfrutes forestales.
Real Orden de 25 de mayo de 1908 sobre tramitaci�n de recursos de alzada en asuntos forestales.
Real Orden de 11 de junio de 1908 que regula el r�gimen de la inspecci�n de deslindes.
Real Orden de 10 de junio de 1916 sobre concesiones de autorizaci�n provisionales para ocupaciones de montes p�blicos.
Real Orden de 6 de abril de 1921 que se�ala el plazo de entrega de expedientes de deslindes de montes.
Real Orden de 9 de septiembre de 1922 sobre reclamaciones de particulares para que respete la propiedad de enclavados en montes p�blicos.
Real Orden de 8 de noviembre de 1922 que da instrucciones para aplicaci�n del Real Decreto de 21 de septiembre de 1922 sobre repoblaci�n forestal.
Real Orden de 1 de diciembre de 1922 sobre prescripci�n de faltas en infracciones forestales.
Real Orden de 4 de marzo de 1925 sobre premios a particulares por trabajos de repoblaci�n forestal.
Real Orden de 4 de marzo de 1925 que da instrucciones para aplicaci�n del Real Decreto de 3 de diciembre de 1924 de cortas en montes particulares.
Real Orden de 20 de noviembre de 1926 sobre cuentas de mejoras en montes p�blicos.
Real Orden de 4 de noviembre de 1925 sobre ocupaci�n de terrenos en montes por instalaciones el�ctricas.
Real Orden de 11 de enero de 1926 sobre acotamiento de terrenos en montes p�blicos.
Real Orden de 29 de enero de 1927 que da reglas para la formaci�n de planes de aprovechamientos forestales.
Real Orden de 15 de julio de 1927 sobre sitios y monumentos naturales de inter�s nacional.
Real Orden de 11 de enero de 1928 sobre examen y calificaci�n por los Abogados del Estado en documentos aportados en los expedientes de deslindes de montes p�blicos.
Real Orden de 22 de enero de 1929 referente a ocupaciones de terrenos en montes p�blicos.
Real Orden de 24 de julio de 1929 sobre cultivos agr�colas en montes.
Real Orden de 18 de enero de 1930 referente a tramitaci�n de expedientes de deslinde en montes p�blicos.
Real Orden de 20 de febrero de 1930 sobre prescripci�n de los montes catalogados por particulares frente a la Administraci�n.
Real Orden de 4 de diciembre de 1930 concerniente a peticiones de aprovechamientos extraordinarios en montes p�blicos.
Real Orden de 17 de febrero de 1931 dando instrucciones para la formaci�n del cat�logo de montes protectores.
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1931 sobre aprobaci�n de planes anuales de aprovechamientos en montes p�blicos.
Orden ministerial de 22 de octubre de 1932 sobre cultivos agr�colas en montes.
Orden ministerial de 11 de noviembre de 1935 referente a servicios de estad�stica, cat�logos y legislaci�n forestal.
Orden ministerial de 31 de octubre de 1940 dando normas de adjudicaci�n de subastas de productos forestales.
Orden ministerial de 13 de agosto de 1941 sobre traspaso de montes catalogados al Patrimonio Forestal cuando existan consorcios para repoblaci�n.
Orden ministerial de 3 de diciembre de 1941 sobre adquisici�n y circulaci�n de semillas forestales.
Orden ministerial de 22 de febrero de 1943 que proh�be el arranque de la planta denominada berceo.
Orden ministerial de 29 de mayo de 1943 sobre adquisici�n y circulaci�n de semillas forestales.
Orden ministerial de 3 de julio de 1943 sobre concesi�n a S.N.I.A.C.E. de ocupaciones para repoblaci�n con eucaliptus en montes p�blicos de la provincia de Pontevedra.
Orden ministerial de 10 de diciembre de 1943 que fija el cupo de ganado vecinal de uso propio para pastoreo en montes p�blicos.
Orden ministerial de 11 de febrero de 1944 que fija el precio de kilogramo de carne para regulaci�n de multas por pastoreo en los montes.
Orden ministerial de 21 de noviembre de 1944 sobre ocupaci�n por S.N.I.A.C.E. de terrenos para repoblaci�n de montes p�blicos de la provincia de Santander.
Orden ministerial de 26 de marzo de 1947 que establece gu�as para circulaci�n de pi�as de pino en las provincias de Guip�zcoa y Vizcaya.
Orden ministerial de 13 de agosto de 1949 dando normas para tasaci�n y enajenaci�n de aprovechamientos forestales. Orden ministerial de 13 de agosto de 1949 de regulaci�n de recursos de alzada contra resoluciones de los Ayuntamientos relativas a enajenaciones de maderas y le�as.
Orden ministerial de 17 de octubre de 1950 sobre enajenaci�n de aprovechamientos forestales.
Orden ministerial de 17 de octubre de 1950 referente a recursos contra resoluciones de Ayuntamientos en enajenaciones de maderas y le�as de sus montes.
Orden ministerial de 6 de noviembre de 1951 sobre consorcio de montes catalogados con el Patrimonio Forestal del Estado.
Orden ministerial de 10 de junio de 1952 para aplicaci�n de la Ley de auxilios a la repoblaci�n a terrenos de propiedad particular.
Orden ministerial de 13 de noviembre de 1952 sobre supresi�n de limitaciones por superficie a la aplicaci�n de la Ley de auxilios para repoblaci�n forestal.
Orden ministerial de 12 de febrero de 1953 sobre repoblaci�n forestal en propiedad particular.
Ordenes ministeriales de 14 de febrero de 1953 para aplicaci�n de la Ley de auxilios a la repoblaci�n con esparto en montes de particulares y con chopos en determinadas regiones y provincias.
Orden ministerial de 3 de marzo de 1953 sobre aplicaci�n de la Ley de auxilios a la repoblaci�n con chumberas.
Orden de 8 de octubre de 1954 para aplicaci�n de la Ley de auxilios a las mejoras de pastizales de propiedad particular.
Orden ministerial de 16 de mayo de 1957 sobre aplicaciones de la Ley de Auxilios a la repoblaci�n de dunas y arenales.
Quedan tambi�n derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango al de la presente que se opusieren a lo que en este Reglamento se contiene.
Disposici�n final 4.� derogada por el art�culo 2 del R.D. 367/2010, de 26 de marzo, de modificaci�n de diversos reglamentos del �rea de medio ambiente para su adaptaci�n a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 27 marzo). No obstante mantendr� su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades Aut�nomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

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