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Timestamp: 2020-08-14 05:19:26+00:00

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C-590 de 1995
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020033604CC-SENTENCIAC590199507/12/1995CC-SENTENCIA_C_590__1995_07/12/1995200336041995Sentencia No. C-590/95 MUNICIPIO -Categorías No obstante que sea viable el que legalmente se establezcan diferentes categorías de municipios, y ello vaya acompañado de la posibilidad de señalar categorías con respecto a los órganos internos que lo conforman, no es admisible que adelantada la categorización, pueda el legislador establecer diferencias que no encuentren una justificación razonable y objetiva, como es el caso de los salarios asignados a los contralores municipales pertenecientes a aquellos municipios clasificados por la ley como de tercera categoría. CONTRALOR MUNICIPAL -Igualdad salarial La Corte observa en la norma acusada, una discriminación y por tanto una violación del derecho a la igualdad, pues no existe una justificación seria y razonable que permita comprender porqué en los municipios de las categorías especiales, primera y segunda la asignación del contralor es diferente en porcentaje (100%) a la de los contralores de los demás municipios (70%), más concretamente en relación con aquellos que pertenecen a la tercera categoría. Ciertamente, el que la Constitución Política permita al legislador la categorización de los municipios, es un reconocimiento al hecho cierto de que entre ellos se presentan diferencias de orden socioeconómico y fiscal; por tanto, en lo relacionado con el salario de los funcionarios, este debe ser proporcional a la capacidad financiera y fiscal del respectivo municipio. Lo anterior no significa, sin embargo, que el legislador pueda establecer diferencias de este tipo entre los funcionarios de un mismo municipio, cuando frente a otros sí consagra la igualdad salarial para sus funcionarios. Ref: Expediente D-970 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 159 de la Ley 136 de 1994.
VLADIMIRO NARANJO MESAD970CONSTITUCIONALIDADJorge Ortiz RubioDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.Identificadores20020033605true51939Versión original20033605Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 159 de la Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
Sentencia No. C-590/95
MUNICIPIO-Categorías
No obstante que sea viable el que legalmente se establezcan diferentes categorías de municipios, y ello vaya acompañado de la posibilidad de señalar categorías con respecto a los órganos internos que lo conforman, no es admisible que adelantada la categorización, pueda el legislador establecer diferencias que no encuentren una justificación razonable y objetiva, como es el caso de los salarios asignados a los contralores municipales pertenecientes a aquellos municipios clasificados por la ley como de tercera categoría.
CONTRALOR MUNICIPAL-Igualdad salarial
La Corte observa en la norma acusada, una discriminación y por tanto una violación del derecho a la igualdad, pues no existe una justificación seria y razonable que permita comprender porqué en los municipios de las categorías especiales, primera y segunda la asignación del contralor es diferente en porcentaje (100%) a la de los contralores de los demás municipios (70%), más concretamente en relación con aquellos que pertenecen a la tercera categoría. Ciertamente, el que la Constitución Política permita al legislador la categorización de los municipios, es un reconocimiento al hecho cierto de que entre ellos se presentan diferencias de orden socioeconómico y fiscal; por tanto, en lo relacionado con el salario de los funcionarios, este debe ser proporcional a la capacidad financiera y fiscal del respectivo municipio. Lo anterior no significa, sin embargo, que el legislador pueda establecer diferencias de este tipo entre los funcionarios de un mismo municipio, cuando frente a otros sí consagra la igualdad salarial para sus funcionarios.
Ref: Expediente D-970
Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
El ciudadano Jorge Ortiz Rubio, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad del artículo 159 de la Ley 136 de 1994.
"Artículo 159. Salario del contralor. El monto de los salarios asignados a los contralores de los municipios y distritos de categoría especial, primera y segunda será del ciento por ciento (100%) del salario mensual fijado por el Concejo municipal para el respectivo alcalde. En los demás municipios, será el setenta por ciento (70%) del salario mensual del respectivo alcalde. (Se subraya la parte demandada).
Estima el actor que la disposición acusada es violatoria del artículo 13 de la Constitución Política.
Según el demandante la disposición acusada en el texto parcial indicado, es violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional "la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad, es decir que se debe establecer un criterio de comparación -tertium comparationis-, al cual se debe acudir para contrastar el utilizado por el legislador e incorporado en la norma."
Señala igualmente el actor, que "la misma jurisprudencia ha indicado fórmulas para precisar la relevancia de una diferenciación; es decir, para determinar cuando se está en presencia de un trato discriminatorio. Así, se han indicado los principios de razonabilidad de la norma, de proporcionalidad de la norma, de la igualdad y la justicia distributiva y la carga de la argumentación, entre otros relevantes."
Por ello, afirma el demandante, no puede el legislador señalar en forma arbitraria tratamientos desiguales y si lo hace, debe justificarlo en forma objetiva, razonable y proporcionada. En el caso del artículo 159 de la ley 136 de 1994, "no existe ningún criterio razonable que permita justificar por que razón un contralor municipal de tercera categoría, debe devengar apenas el 70% del salario mensual que devengue el respectivo alcalde, mientras los contralores de los municipios de categoría especial, primera y segunda, si pueden devengar el 100% de dicho salario."
- Indica que una norma de similar redacción referida a los personeros municipales, fue objeto de decisión por la Corte Constitucional, mediante la sentencia No. C-223 de 1995. En esa oportunidad señaló la Corte, "que no es posible al efectuar dicha categorización de municipios que el legislador estableciese diferenciaciones que no tuvieren una justificación razonable y objetiva, como lo era el que se le asignara a los personeros en los municipios y distritos de categorías especiales, primera y segunda, el ciento por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el Concejo para el Alcalde, mientras que para los demás municipios se determinaba que este seria igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual del Alcalde, lo cual a juicio del Alto Tribunal no contaba con un sustento serio, objetivo y razonable que justificara la diferenciación (...)".
"El actual principio de igualdad ha retomado la vieja idea aristotélica de justicia, según la cual los casos iguales deben ser tratados de la misma manera y los casos diferentes de diferente manera.Así, salvo que argumentos razonables exijan otro tipo de solución, la regulación diferenciada de supuestos iguales es tan violatoria del principio de igualdad como la regulación igualada de supuestos diferentes." (Sentencia No. T-526 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Ciro Angarita Barón), (negrillas fuera de texto).
"Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática." (Sentencia No. C-221 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero)., (negrillas fuera de texto).
Así, entonces no puede el legislador en forma arbitraria, es decir, sin justificación lógica, establecer tratamientos desiguales, pues en cumplimiento de su deber constitucional señalado en el artículo 150 de la Carta -hacer las leyes-, debe procurar la realización de la igualdad material y efectiva, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, bajo el entendido de que el derecho a la igualdad es un factor de diferenciación y de igualación al mismo tiempo.
En lo que tiene que ver con el régimen municipal, las Contralorías son entidades que hacen parte de la estructura orgánica y funcional de los municipios, y por disposición constitucional -artículo 272- tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal a nivel local, en aquellos municipios donde hayan sido creadas.
"Artículo 154-. Régimen de control fiscal. El régimen de control fiscal de los municipios se regirá por lo que dispone la Constitución, la Ley 42 de 1993, lo previsto en este capítulo y demás disposiciones vigentes.
"Artículo 155-. Contralorías. Las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.
Ahora bien, sobre la posibilidad de que se establezcan por ley diferentes categorías de municipios, el artículo 320 de la Constitución Política faculta al legislador para adelantar dicha labor, de acuerdo con la densidad poblacional, los recursos fiscales, la importancia económica y la situación geográfica de cada entidad territorial. En desarrollo de dicho precepto constitucional, la ley 136 de 1994, artículo 6o., estableció en forma expresa la categorización de los municipios, así:
"Categorización. Los municipios de Colombia se clasificarán, atendiendo su población y sus recursos fiscales como indicadores de sus condiciones socioeconómicas así:
"Categoría especial. Todos aquellos municipios con población superior a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos anuales superen los cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
"Primera categoría. Todos aquellos municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil habitantes y cuyos ingresos mensuales oscilan entre cien mil (100.000) y cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
"Segunda categoría. Todos aquellos municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos anuales oscilan entre cincuenta mil (50.000) y cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.
"Tercera categoría. Todos aquellos municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos anuales oscilan entre treinta mil (30.000) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales.
"Cuarta categoría. Todos aquellos municipios con población comprendida entre quince mil uno (15.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos anuales oscilan entre quince mil (15.000) y treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
"Quinta categoría. Todos aquellos municipios con población comprendida entre siete mil uno (7.001) y quince mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos anuales oscilan entre cinco mil (5000) y quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.
"Sexta categoría. Todos aquellos municipios con población inferior a siete mil (7.000) habitantes y con ingresos anuales no superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales."
"No obstante, estima la Corte que si bien es procedente que el legislador establezca diferentes categorías de municipios, con fundamento en el art. 320 de la Constitución, el cual le permite igualmente establecer distintas categorías de personerías y de personeros en consonancia con aquellas, no es posible cuando se hace la categorización de los municipios, establecer diferenciaciones que no tengan una justificación razonable y objetiva. Así vemos, que la asignación mensual de los personeros en los municipios y distritos de las categorías especiales, primera y segunda será igual al ciento por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el consejo para el alcalde. Sin embargo en los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual del alcalde, lo cual a juicio de la Corte no tiene un sustento serio, objetivo y razonable que justifique la diferenciación, pues no encuentra razón para que con respecto a los municipios de las categorías especiales, primera y segunda la asignación del personero sea diferente en relación con el resto de los municipios. (Sentencia No. C-223 de 1995, Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell).
En conclusión, el legislador a la hora de hacer la ley debe tener en cuenta el criterio de diferenciación (juicio de proporcionalidad), entendido éste como la razón que motiva la diferencia frente a situaciones iguales, para no incurrir en una desigualdad que genere discriminación. Frente al caso concreto, éste no esgrimió los argumentos tendientes a justificar la diferencia establecida, ni los mismos se pueden deducir del texto de la ley; por el contrario, el ordenamiento constitucional permite establecer claramente que en la disposición demandada hay una desigualdad no justificada de orden salarial, razón por la cual, la parte acusada del artículo 159 de la ley 136 de 1994, será declarada inexequible.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "de categoría especial, primera y segunda" y "en los demás municipios será el setenta por ciento (70%) del salario mensual del respectivo alcalde" contenidas en el artículo 159 de la ley 136 de junio 2 de 1994.
Inexequibles las expresiones ... Artículo 159 LEY_136_1994_02/06/1994

References: artículo 159
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 159
 artículo 150
 artículo 13
 artículo 320
 artículo 6
 artículo 159
 artículo 159
 Artículo 159