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Doctrina jurídica fuera de concurso… de agua
cercadelasretamas — marzo 31, 2011 — 1 Comentario
La todavía candidata de la derecha al Ayuntamiento de Cáceres, Elena Nevado, se ha reunido, acompañada por Valentín Pacheco, Joaquín Rumbo y Domingo Nevado con representantes de la Federación Empresarial Cacereña, organización que hace unos días criticó con dureza y con seguridad en los argumentos, la actitud de la derecha que representa Elena Nevado en el concurso del agua convocado por el Ayuntamiento de Cáceres.
Hoy tenemos una respuesta, la dada por Elena Nevado a la FEC para justificar la decisión de paralizar, primero, la resolución provisional del concurso, y para reclamar, después, por vía de una moción de urgencia, el desestimiento del concurso y el inicio de un nuevo proceso.
Cuando hablamos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y cuando, sobre todo, estamos ante un caso práctico, hay que tener los argumentos sólidamente construidos, amparados en doctrina jurídica asentada y en jurisprudencia contrastada. No valen, no sirven, los argumentos que no llevan detrás aquello de “como establece el artículo” que sea, o “como se reconoce en la STS” que corresponda por analogía o similitud con el caso de que se trate. Fuera de todo esto, los argumentos exclusivamente políticos carecen de valor probatorio en un juzgado, y, en todo caso, su valor probatorio será el que tenga como resultado un acto administrativo impugnable.
Pues bien, en esta situación, la todavía candidata de la derecha y licenciada en derecho Elena Nevado ha expuesto a la FEC los argumentos jurídicos suficientes para haber promovido la aplicación del artículo 135 de la Ley de Contratos y haber conseguido, con el voto mamporrero del talibán Pavón, que el pleno acuerde el desestimiento del concurso y que deba iniciarse un nuevo procedimiento.
Paso, a continuación, a copiar, literalmente, lo que dice la sucursal de Monago en Cáceres, según publica ww.digitalextremadura.com recogiendo un comunicado emitido por la propia filial de la pedanía:
Primero: “Porque el comienzo del mismo [el concurso] se ha realizado con un año de retraso y dos prórrogas”.
Que yo sepa, el comienzo del concurso comienza con la aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas y su convocatoria pública. Lo que sucede antes, por ejemplo, la elaboración del Pliego, son trabajos previos. Respecto a las prórrogas, debe entenderse por la redacción del comunicado pepero, son las realizadas respecto del vigente contrato con Canal de Isabel II, actual concesionaria del servicio. Prórrogas perfectamente legales y que, además, han sido necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Si para la jurisconsulta Elena Nevado las prórrogas fueran ilegales, debería haberlas recurrido. Si no lo ha hecho, mejor haberse callado.
Además, la abogada Elena Nevado “olvida” que el Pliego de Condiciones se aprobó con su voto favorable. Un pequeño detalle que solamente demuestra que su voto o fue ignorante sobre la materia o fue inconsciente. Pero es algo consustancial al Partido Gurtelar, prefieren pasar por incompetentes antes que dar su brazo a torcer.
Segundo. Porque “el concurso se ha gestionado mal desde el principio hasta el fin, por parte del equipo de gobierno”.
Que yo sepa, las decisiones políticas, el trabajo político de un equipo de gobierno es sometido a control por la oposición, en tanto que los actos administrativos, además, están sometidos a su control, si procediera, por la jurisdicción contencioso-administrativa. O lo que es lo mismo. Si el partido de la derecha catovi ha observado mala gestión, su obligación ha sido durante toda la legislatura ejercer el control político. Y en el caso que nos ocupa, si las decisiones políticas del equipo de gobierno hubieran derivado, en el caso del concurso del agua, en actos administrativos contrarios a la ley, deberían haberlos recurrido conforme a derecho. Si no lo han hecho, es porque no se ha infringido la ley o porque, si se hubiera hecho, demuestran su incompetencia.
A todo esto, ningún argumento de doctrina jurídica ni de referencia jurisprudencial en torno al artículo 135 de la Ley de Contratos.
Tercero. Porque “hay tres empresas de las cuatro que se han presentado, que han estado en primer lugar para la adjudicación de la concesión del Agua”. Bueno, ¿y qué? La mesa de contratación ha ido haciendo sus trabajos, si se quiere mal que bien, y a lo largo de esos trabajos, a la vista de los diferentes informes técnicos, las puntuaciones de las empresas han ido variando. Por cierto, que una de las variaciones se debe a la expulsión que forzó la concejal del Partido Popular de Cáceres de la empresa gobernada por el Partido Popular de Madrid, Canal de Isabel II, y que el juzgado, ahora sí, qué mala suerte, obligó a readmitir.
Aquella exclusión le costó a la candidata tener que esconderse en el asunto y dejarle todo el marrón a V.P. (lo puso ella en su caralibro), que luego supimos que era Valentín Pacheco.
Finalmente, y como no viene en la información derivada del comunicado de prensa de la célula derechista, hay que referirse a la moción que presentó de urgencia en el pleno para forzar el desestimiento. La referencia es a la acusación a un funcionario de estar en el origen de las causas jurídicas (inexistentes, como los espías cospedalianos), y que hoy el talibán Pavón pone la guinda, al establecer una relación entre el trabajo de ese funcionario y el hecho de que su esposa trabaje en una de las empresas… que casualmente no merecería la adjudicación porque hay otra con mejores merecimientos.
Creo recordar que hace tiempo, en una cierta ciudad, un cierto concejal relacionó la suerte de un cierto músico de conservatorio que formaba parte de una determinada formación sinfónica gracias que el padre del citado músico era concejal del municipio que auspiciaba aquella formación sinfónica. Me gustaría saber la opinión del perfecto coherente Pavón sobre el asunto del músico.
Entre las tonterías del talibán Pavón, y la doctrina jurídica de altísimo nivel que nos brindan los sesudos juristas que inundan las listas de la filial de Celdrán en la pedanía cacereña, creo que los cacereños estamos alcanzando notables niveles de conocimientos en los campos musical, familiar y de la jurisdicción contencioso-administrativa… rama grouchista.
en Elena Nevado, Partido Gurtelar
cercadelasretamas — marzo 22, 2011 — Deja un comentario
“Todas las guerras son crueles, pero las guerras civiles lo son aún más”.
Ahora que Naciones Unidas ha decidido intervenir ante la represión llevada a cabo por Gadafi contra el pueblo libio, conviene hacer alguna matización. La primera, y fundamental, que cualquier guerra es un fracaso del hombre.
La segunda matización es que no existen guerras ni santas ni paganas, ni justas ni injustas. En todo caso, existen, por su extensión, guerras totales y guerras limitadas. Pero todo conflicto en el que las armas sustituyen a las palabras es una tremenda derrota de los hombres.
Dicho esto, la realidad, tozuda, nos demuestra que sabiendo que las guerras son crueles, que los conflictos armados comienzan pero nunca se sabe cuándo ni cómo acaban, aunque las estrategias prevean elementos limitados, debemos conocer cómo afrontar estas situaciones.
Ahora, la comunidad internacional (entendida como conjunto, no como suma) ha decidido una intervención militar limitada sobre el régimen de Gadafi. Limitada a la exclusión aérea para tratar de eliminar la capacidad represora del coronel libio y al embargo de armas (para que no pueda comprar más). La exclusión aérea se ha impuesto por la capacidad superior de la fuerza aérea norteamericana y el embargo se impone por mar con navíos de diversos países. La Resolución de la ONU no avala ningún tipo de invasión terrestre.
En este contexto, los pacifistas (utópicos, pero necesarios, muy necesarios) siguen gritando “no a la guerra”, el mismo grito que la derechona mediática recrimina tanto al partido en el gobierno como a todos aquellos que apoyaron las manifestaciones en contra de la decisión de Aznar en apoyo de su amigo Bush. No se trata de igualar, ni mucho menos, la nobleza (y un punto de ingenuidad utópica) pacifista, las dos versiones del “no a la guerra”, pero si constatar que el mismo grito aparece en dos puntos distintos, opuestos, del espectro sociológico.
En lo real, en los hechos que tenemos delante, en la resolución de la ONU (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011)) encontramos la legitimidad internacional para la intervención, algo que en 2003 no existió. En ese año, a nivel nacional, Aznar atentó contra la constitución ante la pasividad (omisión de su deber) de los jueces del Tribunal supremo.
Ahora, la resolución de la ONU faculta para intervenir. Y en esa resolución se apoya la decisión del gobierno de contribuir, con otros países, a hacer cumplirla. Otra cosa es que la resolución haya llegado tarde, sea suficiente o insuficiente.
en Aznar, No a la guerra, ONU
cercadelasretamas — marzo 17, 2011 — Deja un comentario
En el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado hoy, 17 de marzo de 2011, el Partido Gurtelar ha llevado al límite de lo legal el filibusterismo político. Ha propiciado que el Ayuntamiento renuncie a la celebración del contrato de suministro de agua y a desistir del procedimiento de adjudicación, diciendo que se basan en el artículo 139 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La primera consecuencia será la de evaluar cuánto le va a costar el capricho de Elena Nevado a las arcas públicas, es decir, a las arcas de todos. Porque el artículo 139 de la ley determina que deberá compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la cuantía que se hubiera previsto en el Pliego o, en caso contrario, con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. O lo que es lo mismo: ¿cuánto cuestan los estudios técnicos y jurídicos de una contratación cuyo valor para el tiempo que estaba prevista la contrata es de 300 millones de euros? En el mejor de los casos, si solamente fuera el 1%, ya serían 3 milloncitos de nada. De nada, paga doña Elena.
La segunda, el Partido Gurtelar de Cáceres, o sea, doña Elena, deberá establecer sin ningún género de dudas cuál es la razón de interés público que impide resolver el concurso y adjudicar la contratación a Acciona (primera en puntuación), a Canal de Isabel II (segunda, en caso de no resolverse a favor de Acciona), etc. Porque cualquier razón de interés pública no puede ser motivada, originada o propiciada por ninguna de las empresas que han acudido a la licitación. Y si dichas empresas consideran que la razón esgrimida para no resolver no tiene un auténtico interés público podrán reclamar, y ganar, al Ayuntamiento indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios.
Además, en caso de determinarse una causa de interés público debidamente justificada, ¿cuándo podría realizarse un nuevo procedimiento?
Estamos ante una situación que, sin duda, terminará por reventar judicialmente, porque la única “razón” que se esconde detrás de esta salvajada jurídica y de este atentado a los intereses públicos, es el ansía de Elena Nevado que piensa que va a ganar de calle las elecciones. Pero lo que está haciendo es ponerse delante de una corriente de agua que se la terminará llevando por delante.
Si en vez de considerarse lo previsto en el apartado 2 (renuncia a la celebración del contrato antes de la adjudicación) se plantea el asunto en base, exclusivamente, al desestimiento de continuar con el concurso, ¿cuál es la infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato? ¿No aprobó el Partido Gurtelar el pliego de condiciones? ¿No ha sido incluso el procedimiento, en algún momento, sometido a decisión judicial?
Si el Partido Gurtelar plantea el desistimiento en base a irregularidades deberá sustentarlas muy bien, deberá argumentarlas muy seriamente, porque, de entrada, las empresas puntuadas, especialmente Acciona (a quien debería adjudicarse provisionalmente, por ser la mejor valorada), y el Canal de Isabel II (que quedó en segundo lugar, y actualmente, como Acciona, en situación de indefensión legal) pueden recurrir las causas que se aleguen, e, incluso, interpretarlas lesivas desde el punto de vista económico, social y de la imagen pública de dichas empresas y emprender acciones legales, tanto civiles, como administrativas e incluso penales contra quienes les privan del derecho, conforme a la Ley, de obtener una resolución.
Por otra parte, el Partido Gurtelar debe detallar, una a una las irregularidades de todo tipo que parece que denuncia, y señalar el momento en que se han producido.
Ahora, también los técnicos municipales que han intervenido en el proceso se encuentran en situación de entredicho, no solamente desde la ética de su condición de funcionarios, sino desde la puesta en entredicho de sus capacidades profesionales para el ejercicio de los cargos que ocupan.
En la práctica, el Partido Gurtelar lo que ha hecho hoy, junto con el talibán de IH (Izquierda Hundida) es huir hacia adelante y tratar de evitar lo que ayer parecía claro (no había más que escuchar lo acojonado que estaba el actor secundario Pavón en un corte de sonido de la Cadena SER): la próxima presentación de demandas de Acciona y, probablemente, de Canal de Isabel II.
en actor secundario Pavón, Elena Nevado, Partido Gurtelar
Doctrina VillaBolos
cercadelasretamas — marzo 14, 2011 — Deja un comentario
Hace unos días, la diputada pepera Celia Villabolos aludió en tono despectivo a la enfermedad del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esa alusión era una continuación natural del desparpajo mediático de los medios de comunicación al servicio, incluido el servicio previo pago, del Partido Gurtelar.
La exquisitez con la que la izquierda trató a Esperanza Aguirre contrasta con la desvergüenza de la extrema derecha mediática y de gente como Celia VillaBolos, pero la realidad es tozuda y esa desvergüenza tiene su precio.
El pasado viernes, a última hora de la tarde, las agendas de prensa para el sábado 12 de marzo recogían una convocatoria del Partido Gurtelar para un acto a celebrar en Talavera de la Reina, con la participación de la candidata a la presidencia de Castilla La Mancha y Secretaria General María Dolores de Cospedal, la presidenta de la comunidad de Madrid y de nuevo candidata, Esperanza Aguirre, y el candidato a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago. El tema era el AVE.
La señora Aguirre no asistió. Sencillamente, dio plantón a Cospedal y Monago.
En los discursos, según las referencias que he podido ver en los medios de comunicación, ninguno de los dos abandonados candidatos, Cospedal y Monago, aludió para nada a la ausencia de Esperanza Aguirre. La convocatoria no puede achacarse a los medios de comunicación. Esa convocatoria salió de la sede del Partido Gurtelar, de cualquiera de sus sedes. Y colocar a Esperanza en los carteles era un señuelo. Si la presidenta de la comunidad de Madrid no estaba en condiciones de asistir, Cospedal y Monago deberían haber consultado a la doctora Villabolos, que les podría haber explicado, por ejemplo, que a doña Esperanza le traía al pairo las chorradas que se montan dirigentes de medio pelo como Cospedal y Monago.
Quizás, también, la presidenta de la Comunidad de Madrid estará indignada con el Partido Gurtelar extremeño por la actuación de la candidata a la alcaldía de Cáceres en la contrata del servicio de agua, que ha puesto en entredicho la capacidad técnica y jurídica del Canal de Isabel II, y su solvencia empresarial.
Solamente el boletín oficial de Esperanza Aguirre, el ABC, por supuesto, se refería a que no habría podido asistir al encuentro debido a su reciente enfermedad. En Extremadura, el órgano oficial del comité central del Partido Gurtelar, el diario HOY, se refería a que la señora Cospedal había comido queso en Valdefuentes.
Lo que le sucedió el sábado al candidato Monago en Talavera de la Reina fue un plantón en toda regla por parte de Esperanza Aguirre. El que la presidenta de la Comunidad de Madrid no asistiera debido a su salud no puede tomarse en serio si aplicamos la doctrina Villabolos.
en Cospedal, Esperanza Aguirre, José Antonio Monago, Partido Gurtelar
Base Menacho: Autoridad moral y exigencia de explicaciones.
cercadelasretamas — marzo 2, 2011 — Deja un comentario
El robo ocurrido en la Base de Bótoa ha de ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias, como, sin duda, se hará por el propio impulso de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, y el JEME, General de Ejército Coll Bucher. Y ha de ser así por dos razones básica: una, por la propia seguridad de las instalaciones militares y de su personal; otra, porque Defensa no puede permitir que un hecho grave en sí mismo quede sin resolver en todos sus extremos.
Dicho esto, es digno de admirar cómo los portavoces del Partido Gurtelar en el Congreso de los Diputados y el Senado, Beatriz Rodríguez Salmones y Ovidio Sánchez, respectivamente, se han lanzado a reclamar, como les corresponde por su experiencia acumulada en la oposición, la comparecencia de Carme Chacón en ambas cámaras. Y digo que es digno sobre todo viendo los teletipos que hacen referencia a esas peticiones parlamentarias.
Beatriz Rodríguez Salmones “exige” una investigación “seria”, antes de exigir responsabilidad políticas. Si no fuera porque estamos en la crisis del ladrillo, diría que la cara de la diputada del Partido Gurtelar se la ha construido el grupo Begar con diseño de Calatrava.
Otro tanto sucede con los calificativos del senador Ovidio Sánchez. Dice, textualmente, el despacho de agencia: “En este sentido, Ovidio Sánchez precisa que la ministra tiene que investigar “seria y rigurosamente” lo ocurrido y “dar las explicaciones pertinentes en el Senado, cosa que esperamos suceda lo antes posible, dada la gravedad de los hechos””.
Desde luego (y partiendo, de nuevo, para que no haya ninguna interpretación extraña, de que es preciso aclarar todo lo sucedido), que en un asunto militar los diputados del Partido Gurtelar exijan seriedad y rigurosidad en una investigación por robo de armas en un Cuartel, ante la “gravedad” de los hechos, y que se exigirán, igualmente, las responsabilidades políticas a que hubiera lugar no es sino un insulto a la democracia.
Que esos calificativos, que esa contundencia la exijan diputados y senadores que tienen en su partido a Federico Trillo, responsable político, y, en cualquier país serio, incluso penal, es una desvergüenza.
Que esos diputados y senadores que comienzan pidiendo una investigación seria y rigurosa y en el mismo instante ya planteen que se exigirán responsabilidades políticas cuando tienen sentado a su lado al responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 demuestra la catadura moral (o mejor, la caradura moral, digna de travestismo hipócrita) de gentes que para atribuirse autoridad moral deberían, como mínimo, haber apartado a su correligionario Trillo de la vida pública.
Hoy se ha formalizado la dimisión del Ministro de Defensa alemán, el descendiente del inventor de la imprenta, por haber copiado su tesis doctoral. En España, el responsable político de la muerte de 62 servidores públicos altamente cualificados en lo personal y en lo profesional, no sólo no dimitió, sino que sigue en activo en la vida pública, para vergüenza de todos… menos de sus correligionarios que se reclaman con autoridad moral cuando lo único que se les puede atribuir es desfachatez y desvergüenza.
Ah, por cierto, y también en relación con Federico Trillo: sería muy interesante que explicara qué es, bueno, qué era en su momento cometer un delito de tenencia de sustancias estupefacientes dentro de un cuartel. Seguramente con ese asunto podría dar, con ejemplos directos, alguna conferencia a la diputada Rodríguez Salmones y al senador Sánchez.
Mientras tanto, la ministra Carme Chachón y el JEME Coll Bucher harán su trabajo, no me cabe duda, y darán cuantas explicaciones de la investigación necesarias y políticas en su momento.
Mientras tanto, en el Partido Gurtelar deberían hacer un retiro forzoso: el de Trillo, el que fue solamente minisTrillo.
en Base de Bótoa, Base Menacho, Bótoa, Beatriz Rodriguez-Salmones, Carme Chacón, General de Ejército Coll, Ovidio Sánchez

References: resolución 
 artículo 135
 artículo 135
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 139