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Timestamp: 2020-07-04 03:32:03+00:00

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Vigencia desde 16 de Abril de 1984. Revisión vigente desde 16 de Abril de 1984 hasta 27 de Mayo de 2006
Artículo 1 Objeto de la presente Ley Orgánica
Artículo 2 Materias excluidas de la iniciativa legislativa popular
Artículo 3 Requisitos de la iniciativa popular
Artículo 5 Trámite de admisión de la iniciativa
Artículo 6 Amparo ante el Tribunal Constitucional
Artículo 7 Iniciación del procedimiento de recogida de firmas y plazo para la misma
Artículo 9 Autenticación de las firmas
Artículo 10 Fedatarios especiales
Artículo 11 Remisión de los pliegos a las Juntas Electorales Provinciales y papel auxiliar de las mismas
Artículo 12 Presentación, comprobación y recuento de las firmas
Artículo 13 Tramitación parlamentaria
Artículo 14 No caducidad de las proposiciones en caso de disolución de las Cámaras
Artículo 15 Compensación estatal por los gastos realizados
Artículo 13 redactado por la disposición final tercera de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas («B.O.E.» 31 marzo).
LO 4/2006 de 26 May. (modificación de la LO 3/1984 de 26 Mar., reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular)
Preámbulo redactado por el apartado primero del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Letra b) del número 2 del artículo 3 suprimida por el apartado segundo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Letra c) del número 2 del artículo 5 redactada por el apartado tercero del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Letra f) del número 2 del artículo 5 suprimida por el apartado tercero de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Número 3 del artículo 7 redactado por el apartado cuarto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Número 4 del artículo 7 introducido por el apartado quinto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Párrafo 2.º del número 1 del artículo 8 introducido por el apartado sexto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Artículo 11 redactado por el apartado séptimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Artículo 13 redactado por el apartado octavo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Número 2 del artículo 15 redactado por el apartado noveno del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo). Disposición adicional primera renumerada por el apartado décimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo), al introducirse una nueva disposición adicional segunda. Disposición adicional segunda introducida por el apartado décimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Ello no es óbice para que, siguiendo la tendencia de los más modernos Estados democráticos, la Constitución se proponga, como se señala en el número 2 del artículo 9.º intensificar la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública. La norma fundamental articula, para ello, varias formas de participación directa de los ciudadanos, como son, por ejemplo, la participación en la Administración de Justicia, en la Administración pública o en la gestión de los Centros docentes sostenidos con fondos públicos.
En esta misma línea, la Constitución prevé, también la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas, como sujeto de la iniciativa legislativa. Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
La regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge asimismo las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las enseñanzas históricas, que demuestran la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de fácil cauce para manipulaciones demagógicas o, incluso, para intentar legitimar con un supuesto consenso popular, lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría. De ahí que la Constitución, amén de excluir de la iniciativa popular campos normativos particularmente delicados, encomiende al legislativo la misión de regular, mediante Ley Orgánica, la forma concreta de ejercicio de la iniciativa popular. Se hacía preciso, pues, responder al mandato constitucional y proceder a la elaboración de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular.
La puesta en marcha del procedimiento exige, al objeto de evitar eventuales vaguedades, dispersiones o contradicciones internas, la presentación de un texto articulado dotado de unidad sustantiva, texto que debe ser presentado por una Comisión Promotora. Se establece con el fin de evitar gastos y esfuerzos inútiles, un examen de admisibilidad del texto, que corre a cargo de la Mesa del Congreso, contra cuya decisión al respecto puede la Comisión Promotora entablar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se asegura, de esta forma y antes de que se realice gasto o esfuerzo alguno, la plena certeza de que el texto goza de la necesaria pulcritud técnica y de la precisa adecuación a la Constitución. De ahí que los parámetros del juicio de admisibilidad sean, además de la ya citada unidad sustantiva del texto articulado y de la lógica adecuación de la materia objeto de la iniciativa a las prescripciones constitucionales, la no existencia de un proyecto o proposición de Ley en tramitación parlamentaria o de un mandato legislativo en vigor; lo primero, porque haría inútil la iniciativa; lo segundo, por cuanto, además de concurrir la misma inutilidad supondría la yuxtaposición de la iniciativa al mandato conferido al ejecutivo por los representantes populares.
Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de la recogida de las 500.000 firmas constitucionalmente exigidas, para lo que se establece un plazo máximo de seis meses, pues resulta evidente la inconveniencia de que el proceso quede abierto con carácter indefinido. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central, auxiliada por las Juntas Provinciales. Ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que disponen las Juntas Electorales. La inscripción del firmante en el Censo Electoral, que debe demostrarse acompañando certificación de la misma, obedece, igualmente, a las mismas razones que se dan en el proceso electoral, como son, por ejemplo, acreditar la capacidad del firmante y evitar una eventual multiplicidad de firmas por un mismo ciudadano. A los firmantes, por su parte, se les asegura el conocimiento del texto que apoyan mediante la obligación de que éste se incorpore a los pliegos de firmas, que son sellados y numerados por la Junta Electoral Central. En fin, el mecanismo de autentificación de las firmas se facilita considerablemente permitiendo a la Comisión Promotora que añada, a quienes habitualmente dan la fe pública, unos fedatarios especiales que pueden, con total libertad de movimiento, dedicarse en exclusiva a la labor de autenticación.
Recogidas las firmas exigidas se inicia la tramitación parlamentaria. Al respecto cabe señalar que el decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso que es resultado de la disolución de las Cámaras puede no afectar, por razones obvias, a la iniciativa popular ya en tramitación parlamentaria, aunque es posible reiniciar ésta si las Cámaras así lo acuerdan.
Preámbulo redactado por el apartado primero del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Letra b) del número 2 del artículo 3 suprimida por el apartado segundo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
a) Que tenga por objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa popular por el artículo 2.º
b) Que no se hayan cumplimentado los requisitos del artículo 3.º No obstante, si se tratase de defecto subsanable, la Mesa del Congreso de los Diputados lo comunicará a la Comisión Promotora para que proceda, en su caso, a la subsanación en el plazo de un mes.
Letra c) del número 2 del artículo 5 redactada por el apartado tercero del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Letra f) del número 2 del artículo 5 suprimida por el apartado tercero de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
2. Si el Tribunal decidiera que la proposición no incurre en alguna de las causas de inadmisión previstas en el apartado 2 del artículo 5.º, el procedimiento seguirá su curso.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a las Juntas Electorales Provinciales de las firmas recogidas, en el plazo de seis meses a contar desde la notificación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por tres meses cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. Agotado el plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará a la iniciativa.
Número 3 del artículo 7 redactado por el apartado cuarto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Número 4 del artículo 7 introducido por el apartado quinto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Párrafo 2.º del número 1 del artículo 8 introducido por el apartado sexto del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
1. Los pliegos que contengan las firmas recogidas, a cada uno de los cuales se acompañará, certificado que acredite la inscripción de los firmantes en el censo electoral como mayores de edad, serán enviados a la Junta Electoral Provincial para su comprobación y recuento inicial. La Junta Electoral Provincial, en el plazo de quince días, los remitirá a la Junta Electoral Central.
Artículo 11 redactado por el apartado séptimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
2. El debate se iniciará mediante la lectura del documento a que se refiere el artículo 3.º, apartado 2, b), de la presente Ley Orgánica.
Artículo 13 redactado por el apartado octavo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Número 2 del artículo 15 redactado por el apartado noveno del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).
Disposición adicional primera renumerada por el apartado décimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo), al introducirse una nueva disposición adicional segunda.
Disposición adicional segunda introducida por el apartado décimo del artículo único de la L.O. 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular («B.O.E.» 27 mayo).

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Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 13
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 11
 Artículo 13
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 3
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 artículo 3
 artículo 5
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 artículo 7
 artículo 7
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Artículo 11
 artículo 3

Artículo 13
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