Source: https://besosdegato.com/2020/03/30/alimentar-gatos-callejeros-en-espana-durante-la-emergencia-por-coronavirus-covid-19/
Timestamp: 2020-05-26 00:34:06+00:00

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Alimentar gatos callejeros en España durante la emergencia por coronavirus covid 19 - Gatos, etología felina, salud del gato, adoptar gato
Gato 30 marzo, 2020	No hay comentarios coronaviruscovid19
El pasado 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus COVID-19 como pandemia internacional.
3 Autorización para alimentar gatos callejeros desde el Ministerio de Sanidad
4 Autorización para alimentar gatos callejeros desde la Dirección General de Derechos de los Animales
4.1 Autorización de Patrimonio Nacional para alimentar a los gatos callejeros del Palacio Real de Aranjuez
A lo largo de las dos últimas semanas, el número de casos de coronavirus COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha triplicado. En estos momentos hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados aumenten aún más.
Desde la Organización Mundial de la Salud hemos llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la propagación del coronavirus COVID-19 puede considerarse una pandemia.
El hecho de describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la Organización Mundial de la Salud de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo, ni tampoco lo que los países deben hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia generada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus.
El 13 de marzo de 2020, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el número de casos notificados a nivel nacional en España ascendía a 4209, entre ellos 120 personas fallecidas y 189 altas hospitalarias. El gobierno consideraba entonces que a pesar de la vertiginosa propagación del coronavirus COVID-19 por Europa, el riesgo para la salud pública en España se mantenía moderado, en nivel de “contención reforzada”. Se suspendió la actividad lectiva en la enseñanza en toda España desde infantil hasta las universidades, cerraron temporalmente los establecimientos hoteleros y cada gobierno autonómico estableció medidas restrictivas de movilidad ante la emergencia sanitaria según los focos de contagio en cada población.
Apenas un día después, el 14 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.
El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución Española de 1978, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Artículo 4.b: Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Constitución Española 1978. Artículo 116.2: El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
En la coyuntura de una pandemia, las medidas previstas en el Real Decreto se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución Española de 1978.
Constitución Española 1978. Artículo 55: 1. Los derechos fundamentales reconocidos en los artículo 17 respecto a la libertad personal y las detenciones policiales sin investigación por delito, artículo 18 respecto a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones, que deben ser secretas sin espionaje ni escuchas policiales cuando no exista orden judicial por enjuiciamiento criminal, apartados 2 y 3, artículo 19, respecto a la libre circulación de las personas, artículo 20, respecto a la libertad de expresión, apartados 1, a) y d), y 5, artículo 21, respecto a la libertad de reunión, artículo 28, apartado 2, respecto al derecho de huelga, y artículo 37, apartado 2, respecto al derecho de negociación laboral en conflicto colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17, sobre la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado de informar de los motivos de la detención de un ciudadano, para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, sobre la duración máxima de una detención fijado en 72 horas, y artículo 18, apartados 2 y 3, sobre la inviolabilidad del domicilio y el espionaje de las comunicaciones de los ciudadanos, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
No aparece mención alguna al artículo 15 de la Constitución Española, garantía de la integridad física, moral y psíquica de toda persona privada de libertad a no ser objeto de vejaciones y torturas, derecho fundamental protegible incluso en tratados internacionales de Derechos Humanos, firmados por España, pero nunca reconocido en la comunidad internacional en su observancia y respeto a los Derechos Humanos, al no juzgar los crímenes de inspectores de policía como Antonio González Pacheco de la brigada político-social, fallecido por coronavirus covid19. Tema tabú entre juristas y abogados, especialmente vendidos en el turno de oficio, al padecer permanente vulneración en las diligencias policiales de custodia de detenidos hasta su puesta a disposición judicial, en un pacto de impunidad otorgado por el poder judicial, lacayo del poder ejecutivo y el ministerio del interior.
Ojalá no se hayan producido más atentados contra la integridad de las personas detenidas durante la emergencia sanitaria por el coronavirus covid19 que los abusos policiales que ya ocurren durante todo el año, aunque solamente los casos más escandalosos trasciendan al cuarto poder, los medios de comunicación, para informar a la opinión pública de la inseguridad jurídica de los ciudadanos y la represión sobre la libertad personal.
En el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 solamente se hace mención a los animales en dos artículos de la redacción de la orden ejecutiva, en el artículo 15 sobre medidas para garantizar el abastecimiento alimentario: “establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos” y en el artículo 10 sobre medidas de contención al suspender entre todas las actividades económicas no esenciales que a juicio de la autoridad competente pudieran suponer un riesgo de contagio, la apertura al público de “los establecimientos de alimentos para animales de compañía”.
Sin embargo, en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, relativo a la limitación de la libertad de circulación de las personas durante la vigencia del estado de alarma, establecía que las personas únicamente podrían circular por las vías de uso público para la realización de determinadas actividades esenciales, entre las cuales no figuraba prohibida la alimentación de animales callejeros. Dado que en un Estado de Derecho la ciudadanía puede realizar todo aquello que la ley no prohíbe, el silencio tácito en la redacción de las leyes o silentium legis, es libertad dentro del espacio personal del sujeto de Derecho, no había restricción alguna para alimentar animales callejeros que de otro modo quedarían hambrientos y en riesgo de perecer.
En los totalitarismos, los ciudadanos solamente pueden realizar lo que el positivismo jurídico delimita como justo en las leyes, frente a los Estados de Derecho, donde la ciudadanía puede vivir en libertad y realizar en su vida personal todo comportamiento no penalizado o prohibido en las redacciones de la legislación de su país. Se regula en códigos penales lo que no está permitido hacer, acciones con responsabilidad penal, todo comportamiento punible, sin que exista discriminación por ninguna circunstancia social, donde la quimérica igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, al comparecer ante los tribunales, su dignidad y no discriminación son protegibles en las libertades constitucionales y derechos fundamentales en los artículos 10 y 14 de la Constitución Española.
No deja de sorprender en un Estado de Derecho, que el poder judicial viva siempre arrodillado y se pliegue a dar carta blanca y patente de corso para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan realizar detenciones arbitrarias y dar tratos vejatorios a detenidos bajo custodia en sótanos de las dependencias policiales o cuarteles con prevalimiento en el uso de la fuerza bruta, bajo la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad en el monopolio de la violencia, axioma del positivismo jurídico solamente desvirtuado por autoinculpación o confesión policial en sede judicial, desde coartadas multiusos como la desobediencia, resistencia a la autoridad, desacato a las órdenes de los agentes del orden público o filiaciones incompletas en la identificación del ciudadano a pesar de tener todos los datos personales del documento nacional de identidad e incluso llegar a la comisaría desde el domicilio, con prevalencia sobre el principio de la presunción de inocencia y las garantías de los derechos fundamentales.
El 17 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 465/2020, que modificó el primer inciso y la letra h) del artículo 7.1, con la redacción siguiente:
Ninguna prohibición en el Real Decreto 463/2020 durante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 sobre alimentar animales callejeros en todo el territorio español, lo cual permitía a los cuidadores de colonias felinas de gatos silvestres atender sus necesidades con la pertinente acreditación si fuera requerida por agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de seguridad ciudadana.
A través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, Instrucción del 19 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé limitar la libre circulación de las personas, permitiéndola solamente para la realización de una serie de actividades que en todo caso deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada.
Entre las actividades permitidas en el mencionado artículo no se encuentra expresamente el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o empresarial.
Autorización para alimentar gatos callejeros desde el Ministerio de Sanidad
No es un capricho, es el cumplimiento de la Ley, la cual se incumplió por 6 días.
Los expertos del Ministerio de Sanidad dictaminaron esa medida, por lo que valoraron que no se corren riesgos, en cambio 300 gatos muertos por inanición sería un delito y riesgo de salud pública pic.twitter.com/R8TVZDC1wE
— . • tu guía animable (@lealesorg) March 20, 2020
No obstante, para prevenir un impacto negativo en la salud pública –muertes por inanición de animales durante el confinamiento obligatorio por la cuarentena del coronavirus covid19-, cuando esa actividad viniera desarrollándose con carácter voluntario por aquellas entidades -protectoras de animales- debidamente acreditadas al efecto por las administraciones locales, aquellas podrán seguir desarrollando esta actividad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 h), al entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la prestación resulta análogo al carácter laboral, profesional o empresarial. Estos desplazamientos deberán realizarse individualmente, y portando la correspondiente documentación acreditativa, carnet o salvoconducto de alimentadores de gatos callejeros.
El Ministerio de Sanidad aclaró que sí estaba permitido abastecer a los gatos callejeros siempre que los alimentadores y personas cuidadoras de sus colonias felinas acudieran individualmente a reponer comida y agua, en desplazamientos imprescindibles durante la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19. El Ayuntamiento de Madrid se hizo eco en la red social Twitter, no exenta de algún gualtrapa trasnochado que hace de troll en internet donde asocia los gatos a la peste bubónica.
Autorización para alimentar gatos callejeros desde la Dirección General de Derechos de los Animales
Se produjeron discusiones respecto a los desplazamientos permitidos por motivos veterinarios o de protección de animales dada la confusión en el modelo de organización territorial español desde el ministerio de sanidad en el poder ejecutivo central hasta las competencias de autogobierno de las distintas comunidades autónomas y diputaciones provinciales, con sus respectivas normativas y ordenanzas locales de medio ambiente a nivel de cada ayuntamiento, con bandos municipales que amedrentaban a quienes pusieran comida a animales callejeros con multas de 200 hasta 600 euros y sanciones económicas de 750 euros por dejar residuos orgánicos fuera de los contenedores. Dichas normativas medioambientales no debían estar subsumidas desde las concejalías de cada consistorio sino bajo los criterios de la Dirección General de Derechos de los Animales, institución medioambiental dirigida por Sergio García Torres en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España, junto con el criterio expuesto por Pilar Aparicio Azcárraga en la secretaría del Ministerio de Sanidad.
@sant_joan Hablamos y pongamos en marcha una operativa especial hasta el 15 de abril, tal y como lo permite el gobierno @AnimalesGob y el Ministerio de Sanidad ⬇️ pic.twitter.com/XUPfZxowJT
— Agnes Dufau (@catadicta) March 22, 2020
Cada ayuntamiento en las principales ciudades españolas tuvo que expedir autorizaciones a quienes habitualmente podía alimentar a los gatos callejeros en las colonias felinas con su acreditación de protectoras de animales. En algunas localidades, ante el maremagnum burocrático y la desinformación policial, fue necesario el permiso judicial como salvoconducto para las protectoras de animales como los gatos callejeros. Todo ello a pesar de que sería ilegítimo tanto sancionar por infracciones administrativas a los alimentadores de animales callejeros, dependientes y en indefensión, como penalizar dichas conductas, subsumidas de manera artificiosa bajo desórdenes públicos o desacato a los agentes de la autoridad, un atropello contra las libertades que conllevaría la detención e ingreso en calabozo hasta la puesta a disposición judicial. Ante la inseguridad jurídica y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, se temió una violencia social desproporcionada simplemente por deambular sin acreditación o permiso para alimentar animales callejeros.
Para la alimentación de colonias felinas es necesario que las entidades que emitan certificados deben estar acreditadas por los diferentes ayuntamientos para este fin.
— D. G. Derechos Animales (@AnimalesGob) March 24, 2020
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que amplió en una primera prórroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, orden ejecutiva que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 hasta al menos el día 12 de abril de 2020, sin apenas cambios en las medidas de restricción por motivos de salud pública.
La protección de animales callejeros como las colonias felinas de gatos ferales siguió permitida a personas voluntarias en horarios de escasa afluencia de transeúntes, individualmente y con acreditación. Siempre habían cuidado de los gatos callejeros en discreta y solitaria nocturnidad, con la única alevosía de quienes hostigan y amedrentan a quienes dan alimento a los animales callejeros, por lo que cuidar de los gatos callejeros no fue diferente durante la emergencia sanitaria ni existía riesgo de contagiar coronavirus COVID-19: ni los pobres gatos transmiten la enfermedad ni tampoco las personas cuidadoras de las colonias felinas pueden contagiar coronavirus COVID-19 por salir de noche a reponer comida y agua.
La mayoría de los países de la Unión Europea se basaron en su propio ordenamiento jurídico ante el liberalismo económico, moral y político de las coaliciones internacionales del “sálvese quien pueda”, “que cada palo aguante su vela”. Volvieron a la reaccionaria idea de la soberanía nacional de la paz de Westfalia, tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648. En algunos países se vivió un retorno al telurismo, cada núcleo familiar a su refugio en la comuna de la tierra hogareña para ponerse a salvo, un nuevo éxodo desde las metrópolis a las regiones rurales, en sentido inverso frente al siglo anterior.
España lleva trabajando varias semanas en protocolos y recomendaciones para afrontar esta crisis sin dejar de lado a los animales, coincidiendo con las líneas de trabajo señaladas por el @Act4AnimalsEU.
Recordamos cuáles son las actividades esenciales relativas a los animales. pic.twitter.com/ROLA3e0vo4
— D. G. Derechos Animales (@AnimalesGob) April 7, 2020
Algunos países como España aseguraron cumplir las directrices del eurogrupo Act for Animals, compuesto por unas 70 organizaciones de beneficencia dedicadas a la protección animal con una antigüedad de más de 40 años. Entre sus actuaciones destacan haber obtenido más de 1,6 millones de firmas de ciudadanos europeos de 21 nacionalidades en Estados miembros para la iniciativa End the Cage, que aboga por prohibir en el marco jurídico de la Unión Europea el uso de jaulas de confinamiento permanente en las explotaciones ganaderas de la industria cárnica y lechera, con todos los animales hacinados en naves industriales y galerías de luz artificial, sin movilidad ni acceso al exterior en toda su vida de esclavos, así como los mataderos sin métodos de aturdimiento que exceden la crueldad animal de la siniestra industria de consumo animal.
En esta situación de grave crisis también se garantiza el bienestar de los animales.
Gracias a @AnimalesGob, en coordinación con @sanidadgob por decir alto y claro cuales son las normas vigentes. 😺 pic.twitter.com/kevWVpmKRf
— El Gato Paco (@El_Gato_Paco) April 9, 2020
En Aranjuez, Madrid, se produjo una polémica a mediados del mes de marzo tras decretarse el Estado de Alarma y las restricciones de movilidad, entre la institución de Patrimonio Nacional y la asociación de gatos SOS Felinae, que alimenta a los gatos callejeros de las inmediaciones del palacio real. Desde que empezó el Estado de Alarma, Patrimonio Nacional aseguró haber sustentado a través de sus propios empleados y de la empresa TRAGSA de soluciones ambientales, sistemas de alimentación de la fauna que tiene como hábitat sus jardines, incluyendo en esa fauna a las colonias felinas de gatos callejeros.
La alimentación para los gatos callejeros de Aranjuez en la colonia felina aneja al palacio quedaba garantizada… por las personas voluntarias que siempre cuidaron de los felinos silvestres, ángeles custodios. No obstante, debido a la preocupación expresada por las asociaciones de animales y valorando riesgos de salud pública, se ha permitido que únicamente alimentadores acreditados por el ayuntamiento depositen recipientes en el exterior del palacio de Aranjuez, solamente de pienso seco y agua, no comida húmeda.
Patrimonio Nacional actuó con diligencia en un tema controvertido por la desinformación en la psicosis social del coronavirus covid19, pero mucho más simple respetar a los felinos guardianes del palacio real de Aranjuez que la cirugía arquitectónica e hidrográfica comenzada dos años atrás, en marzo del 2018, para reparar el muro parcialmente desplomado que da a la ría de Aranjuez, una canalización de 30 metros de anchura que separa el Palacio Real y el terreno frente a su Plaza de Armas, el Jardín de la Isla, creación de Felipe II, dirigida por Juan Bautista de Toledo. La ría de Aranjuez convierte este ramal del río Tajo en navegable a su paso por el palacio y lo protege de las crecidas del agua. Diseñado por el arquitecto Pedro Caro Idrogo en el primer tercio del siglo XVIII, el muro del palacio fue levantado a base de sillares de piedra caliza de 4,20 metros de altura y se prolonga desde la cascada de las Castañuelas hasta el extremo de la Isleta con un recorrido de 902 metros.
Organizar los salvoconductos durante la emergencia sanitaria del coronavirus covid19 para quienes cuidan habitualmente de los gatos callejeros al abastecerlos con provisiones de comida en sus hábitats coloniales no podía ser tan complicado en el laberinto burocrático.
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References: Real Decreto 
 artículo 116
 Artículo 4
 Artículo 116
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 55
 Artículo 55
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 28
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
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 artículo 7

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