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Timestamp: 2018-10-19 07:44:04+00:00

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En este mes de abril, se publicó en la página oficial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la revista digital número 21, mismas que contiene diversas tesis y jurisprudencias las cuales hemos analizado y a continuación les presentamos la selección de las relevantes:
Registro: VIII-J-SS-53
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEPÓSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.
El artículo 32 aludido prohíbe dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos; sin embargo, tal restricción únicamente es respecto al uso de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera y metales preciosos, no así los depósitos bancarios mediante institución de crédito. Lo anterior, toda vez que de la Exposición de Motivos de dicha Ley, se destaca que permite que los referidos actos u operaciones se realicen por medio de cualquier instrumento o medio de pago bancario o financiero reconocido por la ley, entre los cuales, se encuentra el depósito bancario, pues con el ingreso al sistema financiero del monto o producto de la operación ya existe un control por parte del sistema financiero a través del reporte de operaciones relevantes, del destino de dicho acto u operación. Tan es así que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estableció en la jurisprudencia 2a./J. 86/2015 (10a.) que la prohibición establecida en el artículo 32, fracción II de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no hace nugatorio el poder liberatorio de billetes y monedas expedidos por el Banco de México a que se refiere el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquel numeral solo establece limitantes para el pago en efectivo, siendo posible hacerlo con depósito, transferencia electrónica a una cuenta bancaria o con la emisión de cheques.
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Registro: VIII-J-1aS-43
El primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, establece que las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución hasta antes del remate, solo pueden impugnarse mediante el recurso de revocación ante la autoridad fiscal, hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la mencionada convocatoria; y solo tratándose de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Por lo anterior, resulta improcedente el juicio contencioso administrativo en contra de violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate, al carecer del carácter de actos o resoluciones definitivos, de conformidad con el artículo 8, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14 primer y antepenúltimo párrafos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; siendo procedente su impugnación hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la referida convocatoria; con las excepciones previstas en el mismo numeral, en cuyo caso, podrán controvertirse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o al día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Registro: VIII-P-SS-210
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece los lineamientos que deben seguirse tratándose del procedimiento de devolución de pago de lo indebido y de las cantidades que proceden conforme a las leyes fiscales, de forma que la autoridad fiscal solo está facultada a negar o conceder la devolución solicitada y verificar su procedencia. Luego entonces, si la respuesta a la petición correspondiente no se circunscribe a dichos aspectos, sino por el contrario determina un crédito fiscal a cargo del contribuyente, sin mediar el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del mismo Código; tal determinación debe calificarse de ilegal y en consecuencia procede declarar su nulidad.
Registro: VIII-P-SS-217
VIOLACIÓN SUSTANCIAL DE PROCEDIMIENTO.- SE COMETE CUANDO SE DECLARA EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y SE OMITE TRAMITAR Y RESOLVER ALGUNA CUESTIÓN PLANTEADA QUE IMPIDA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO.
Si en un juicio contencioso administrativo se promueve un incidente de previo y especial pronunciamiento, además de ofrecerse pruebas supervenientes, y el Magistrado Instructor declara el cierre de instrucción con la orden de remitir el expediente a la Sala Superior, para su resolución definitiva, sin proveer ni resolver el mencionado incidente y sin pronunciarse respecto de las referidas pruebas, ello se traduce en una violación sustancial del procedimiento, al encontrarse cuestiones pendientes que impiden resolver el juicio principal.
Registro: VIII-P-1aS-330
VISITA DOMICILIARIA. LOS ACTOS REALIZADOS POR LOS VISITADORES DESIGNADOS EN EL DESARROLLO DE LA MISMA, TIENEN QUE SER VALORADOS POR FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PODER AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.
De acuerdo con el artículo 46, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación, de toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido; que los visitadores podrán levantar actas parciales o complementarias en las que hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto del visitado o de terceros, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita; que en la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre esta y el acta final, el contribuyente puede presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal; pero en ninguna porción normativa se establece que los visitadores puedan valorarlos, por la sencilla razón de que dentro de sus funciones solo está hacer constar en actas circunstanciadas lo que tienen a la vista y revisan, máxime que es una autoridad fiscal distinta la encargada de analizar todo lo que se levanta en un acta circunstanciada y calificar si da lugar o no a determinar un crédito fiscal. En este sentido, no resultaría procedente considerar que los visitadores puedan valorar dichos documentos, libros o registros, que exhiba el particular en una visita domiciliaria, pues ese proceder está sujeto a la evaluación final de la autoridad fiscal competente. La facultad fiscalizadora no funciona de este modo, ya que cada autoridad tiene sus tareas bien delimitadas y los visitadores no pueden evaluar documentos y decidir las consecuencias fiscales de la contribuyente.
Registro: VIII-P-1aS-333
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. ES INDEBIDA LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO EN EL QUE LA AUTORIDAD FISCAL APLIQUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 12/2017, ha sostenido que la relación de los artículos referidos, es excluyente, pues la presunción contenida en este último numeral, permite a la autoridad presumir que un dato cierto es un ingreso o valor de acto, actividades o activos, esto es, el ingreso presunto es un elemento para cuantificar la base del impuesto y no un impuesto por pagar; mientras que, el coeficiente previsto en el artículo 90 de la Ley mencionada, es inaplicable a dicha presuntiva, ya que refiere al caso en que no se cuenta con los datos necesarios para determinar el monto de la utilidad fiscal y, por tanto, el del tributo a pagar, lo que obliga a realizar estimaciones, reconstrucciones y/o a aplicar factores para lograr aproximarse a las cuantías respectivas. Ahora bien, considerando que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado, de acuerdo con los artículos 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, si la autoridad fiscal para determinar un crédito fiscal aplica el coeficiente de utilidad con base en el artículo 90 aludido, al ingreso determinado presuntivamente conforme al artículo 59, fracción III del Código en cuestión, ello tiene como consecuencia una indebida fundamentación del acto, lo cual produce la ilegalidad del mismo respecto al concepto que le fue aplicado, pues aun cuando existe la cita de preceptos legales, estos son excluyentes entre sí.
Registro: VIII-P-1aS-335
El artículo 129, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2012, establece que si la autoridad al dictar la resolución al recurso de revocación resuelve que la notificación del acto recurrido fue legalmente practicada y como consecuencia de ello, su impugnación resulta extemporánea, sobreseerá el mismo por improcedente. En ese sentido, la legalidad de la notificación del acto recurrido no trae implícita la extemporaneidad del recurso administrativo, en todo caso debe realizar el cómputo del plazo para la interposición de este a partir del día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos dicha notificación, a la fecha en que se interpuso el mismo, sin que sea válido que la autoridad tome en consideración la fecha de la presentación de la ampliación al recurso para el cómputo del plazo de la interposición del medio de defensa en comento. Lo anterior, ya que con independencia de que en el escrito de ampliación no se formulen agravios contra la notificación del acto controvertido, ello no tiene como consecuencia inmediata decretar el sobreseimiento del recurso por extemporáneo, sino debe atenderse a la oportunidad de la presentación del escrito inicial del recurso en los términos antes indicados.
Registro: VIII-P-2aS-254
Si dicha formalidad no se lleva a cabo precisamente como primer acto una vez iniciada la visita, pero sí consta en el acta de inicio respectiva, se estará ante un vicio de procedimiento que no conducirá a declarar la nulidad de la resolución definitiva al no trascender a su sentido ni afectar las defensas del contribuyente, encuadrando en lo que la doctrina del derecho administrativo denomina ilegalidades no invalidantes, algunas de las cuales se encuentran enunciadas en los incisos a) al f) del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; salvo que los visitadores hubieren dejado de identificarse durante toda la diligencia o que no existan elementos suficientes para considerarlos autorizados para practicar la visita.
SEGUNDA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Registro: VIII-P-2aS-255
VISITA DOMICILIARIA. PARA ESTIMAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA ORDEN RELATIVA, ES INNECESARIO INVOCAR EN ELLA EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Dicho numeral se refiere a los plazos para la presentación de informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, que soliciten las autoridades fiscales con motivo de sus facultades de comprobación, es decir, no se trata de un precepto que establezca la competencia de la fiscalizadora para efectuar los requerimientos relativos, como sí lo hacen los diversos artículos 42, fracción III, y 45, del mismo Código. En tal virtud no es imprescindible la cita, en una orden de visita domiciliaria, del referido artículo 53, ya que no establece una competencia específica, y si bien su contenido brinda certidumbre jurídica al visitado con respecto a los plazos con que cuenta para exhibir la información y documentación solicitada, su ausencia no afecta las defensas del particular ni trasciende al sentido de la resolución definitiva, como lo requiere la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para que se actualice una causal de nulidad por omisión de los requisitos formales, ya que la orden de visita no contiene en sí una solicitud concreta de informes o documentos, sino que es el acto habilitante de los requerimientos que al respecto se formulen dentro del procedimiento de fiscalización.
El contenido de estas tesis relevantes las puedes encontrar en la página oficial del TFJA a través del siguiente enlace: http://cesmdfa.tfja.gob.mx/revista.html

References: ARTÍCULO 32
 artículo 32
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 artículo 4
 artículo 127
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 42
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 46
 ARTÍCULO 90
 ARTÍCULO 59
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 59
 artículo 129
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 ARTÍCULO 53
 artículo 53
 resolución 
 artículo 51