Source: https://alakant.wordpress.com/2010/11/02/manual-de-autodefensa-civil/
Timestamp: 2016-12-08 23:55:10+00:00

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Manual de autodefensa civil | ALACANT
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Manual de autodefensa civil	Posted on 2 Novembre, 2010	by alakant Grupo 17 de Marzo – Viernes.29 de octubre de 2010 – 246 visitas
Estudio, preparación de alegaciones y apoyo legal contra las “Ordenanzas Cívicas” de los ayuntamientos que restringen derechos. Establecimiento de un programa de radio de emisión semanal con información jurídica en lenguaje apto para todo tipo de público. Apoyo jurídico al Centro Social Okupado y Autogestionado Casas Viejas. Acusación popular en diversos procesos judiciales.
Ahora bien, sabiendo que el Derecho regula cada parcela de la vida humana desde el nacimiento a la defunción, no queríamos crear una obra voluminosa y extensa sino algo útil para la ciudadanía, por lo que decidimos centrarnos en dos cuestiones fundamentalmente: los derechos básicos de los manifestantes y de los extranjeros. Creemos que el Manual de Autodefensa Civil ha cumplido fielmente su objetivo. Durante las presentaciones del mismo los asistentes demandaban con sus preguntas más y más información, a la vez que se escandalizaban de las numerosas irregularidades que ocurren diariamente y que hasta entonces veían como algo normal.
Asimismo el hecho de que se agotase la primera edición en tan pocas semanas, quedándonos muchos de nosotros sin nuestros propios ejemplares, era un ejemplo de la demanda existente en la sociedad. Es por todo ello, así como por modificaciones legales ocurridas durante estos años como los derivados de la STC 236/2007 que ha venido a ampliar los derechos de los extranjeros en situación administrativa irregular, o la Instrucción 12/2007 sobre garantías en caso de detención, que hemos decidido realizar esta segunda edición. Esperamos que este Manual siga siendo igual de útil aunque, sin duda alguna, esta información será poco valiosa si no la aplicamos a través de la manera en que los derechos, al igual que los músculos, se fortalecen: desde su ejercicio diario.
Infracciones leves: El incumplimiento de la obligación de tener expedido el DNI. Ojo: La obligación sólo es de haberlo pedido o estar en trámite para obtenerlo, no de llevarlo en el momento que te lo pidan.
Convocar o realizar manifestaciones sin comunicarlo a la autoridad competente en los casos en los que sea necesario. La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en fábricas, locales, o establecimientos.
(Estos dos primeros comportamientos pueden ser considerados hasta de muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas). La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.
Causar daños intencionadamente cuyo importe no exceda de 400 euros: Localización permanente de 2 a 12 días o multa de 10 a 20 días.
A que avisen (ellos, no tú) a algún familiar u otra persona de los hechos que se te imputan y del lugar de la detención.
Ser asistido por un intérprete si eres extranjero.
Ser reconocido por un médico forense en cada momento en que lo solicites a lo largo de la detención.
La simple retención policial no es constitucional. Sólo es legal el traslado a una dependencia policial por el tiempo imprescindible para la identificación o realización, por ejemplo, de la prueba de alcoholemia, si no fue posible en la vía pública. En este caso, acudimos libre y voluntariamente, nunca en calidad de detenido.
2 – DECLARACIÓN ANTE LA POLICÍA O GUARDIA CIVIL
No declarar. Puedes negarte a declarar sin que ello implique ningún perjuicio.
Leer tu declaración y no firmarla si no estás conforme.
Identificar a los agentes que te han detenido.
Estar asistido por un abogado durante el interrogatorio. Si no está presente no se considera interrogatorio sino declaración voluntaria. Después puedes entrevistarte en privado con él.
Se trata de que la persona detenida sea oída por el juez e informada de sus derechos y del procedimiento para sea posible una defensa eficaz. Ante el juez te lleva la policía o la Guardia Civil y el interrogatorio suele ser en el Juzgado de Guardia.
Informarnos de manera que podamos comprender la existencia del procedimiento y del hecho que se nos atribuye.
Nuestro abogado tiene derecho a conocer las diligencias ya practicadas.
Formularte las preguntas de manera directa, sin amenazas ni coacciones.
El juez debe informarnos del derecho a dictar las respuestas y leer la declaración.
Si no conoces el idioma o eres sordo, tienes además derecho a un intérprete.
Si se hace largo el interrogatorio, debe interrumpirse el tiempo necesario para que el detenido pueda descansar. En la declaración debe constar el tiempo que duró el interrogatorio.
Se puede declarar cuantas veces se quiera.
La confesión no libera de la obligación de realizar todas las investigaciones para comprobar su veracidad y la existencia de un delito.
Avisar a la familia de la detención.
Asistencia de un médico forense.
¿Qué es? Es un derecho constitucional y significa que toda persona detenida ilegalmente tiene derecho a que se le lleve ante un juez.
Se puede realizar oralmente o por escrito, en el que consten los datos de quien lo solicita, los del detenido, el lugar donde se produjo la detención, la autoridad que lo custodia y el motivo por el que se solicita. El juez está obligado en todo caso a escuchar al detenido y a su abogado, al Fiscal y a la Autoridad que lo detuvo, y a practicar, en 24 horas, las pruebas que le propongan.
A la solicitud se responde en forma de auto motivado, en el que se acuerda la continuación de la detención, la modificación de las condiciones, la puesta a disposición judicial o la libertad.
LA INSTRUCCIÓN 12/2007 DEL MINISTERIO DE INTERIOR
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse en el momento de practicar la detención.
La detención de personas relacionadas con bandas armadas podrá prolongarse por un plazo de otras 48 horas tras las 72 horas máximas, siempre y cuando la solicitud se formule motivadamente dentro de las primeras 48 horas desde la detención y el Juez lo autorice dentro de las 24 horas siguientes.
Prohibición de declaraciones forzadas (torturas y malos tratos)
Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe terminantemente el uso de cualquier exceso físico o psíquico para obtener una declaración del detenido, de manera que el empleo de tales medios constituye infracción penal o disciplinaria, y como tal, será perseguida.
Los traslados de los detenidos menores de edad se realizarán siempre de forma separada de los detenidos mayores de edad. Su custodia se realizará en dependencias adecuadas y separadas del resto de detenidos, especialmente si éstos son mayores de edad.
La detención se comunicará de modo inmediato al Ministerio Fiscal y a los padres, tutores o guardadores del menor o, en caso de menores tutelados por la Administración, a la entidad pública encargada de la protección.
La exploración del menor detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de sus padres, tutores o guardadores. En defecto de estos últimos, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal.
La práctica de la identificación mediante el traslado a las dependencias policiales supone una restricción del derecho de libertad ambulatoria que sólo se puede utilizar en aquellos supuestos en que la identificación no pueda conseguirse por otros medios y resulte necesaria para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad encomendadas a los agentes.
Cabe recordar que, en principio, puede considerarse adecuada la identificación conseguida mediante documentos oficiales distintos del DNI.
Siempre se informará a la persona de las razones del requerimiento y su justificación legal, así como de su derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para su identificación.
Está terminantemente prohibida la utilización, durante la detención o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente. En todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, no se justifica ningún tipo de violencia cuando aquél haya sido inmovilizado.
En el caso de detenciones de personas gravemente afectadas por la ingesta de alcohol, sustancias estupefacientes o afectadas por algún tipo de trastorno mental, incluso transitorio, se procederá a su traslado a un centro sanitario a la mayor urgencia posible.
A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales se vean obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar más idóneo y discreto posible.
Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo que la persona cacheada. El criterio a seguir siempre en esta operación es el del máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de personas transexuales.
Normas sobre el uso de grilletes (esposas) El esposamiento de un detenido se considera incluido entre las medidas de seguridad que pueden adoptarse en los supuestos previstos en el artículo 525 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, salvo orden contraria de la Autoridad Judicial.
Se tendrán en cuenta las circunstancias excepcionales que aconsejen rebajar o modular esta medida, como en el caso de mujeres en avanzado estado de gestación o de personas con alguna malformación o impedimento físico.
Para preservar la intimidad del detenido, se evitará prolongar innecesariamente su exposición al público más allá de lo imprescindible.
Los vehículos empleados para el traslado de los detenidos deberán reunir las condiciones de seguridad y habitabilidad reglamentariamente establecidas. En cada traslado se comprobará y garantizará la higiene y el estado de mantenimiento técnico del vehículo.
Durante la estancia en los calabozos se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar sus necesidades fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene.
Se proporcionará a los detenidos la estancia en dependencias policiales en condiciones de higiene adecuada, así como alimentación suficiente en calidad y cantidad, teniendo en cuenta la duración de la estancia y aquellas particularidades de las personas que, por padecer alguna enfermedad o por motivaciones religiosas, no deben ingerir algún tipo de alimentos. No obstante, el detenido podrá procurarse a sus expensas algún alimento adicional que será convenientemente revisado.
1 – DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Según el Tratado de Schengen existe libre circulación entre los países firmantes, desapareciendo así las llamadas fronteras interiores. Sin embargo esta regla general contiene excepciones. Cuando las razones de orden público así lo exigan, se puede suspender temporalmente el Tratado, con comunicación previa al resto de miembros, y restablecer el control en dichos puestos fronterizos.
Contra esta medida se puede interponer recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales. La efectividad de este recurso quedará limitado por el tiempo,ya que será resuelto con posterioridad al acontecimiento que propició tu retención en frontera.
Entre los extranjeros la L.O. 14/2003 distingue entre los que han regularizado su situación y los que no.
Los primeros son sujetos con derechos semejantes a los nacionales (aunque nunca iguales) y los segundos carecen de derechos básicos como el derecho a la reagrupación familiar o el derecho al trabajo (en concreto, a acceder a cualquier puesto de trabajo). La diferencia entre un nacional o extranjero regularizado y otro que no lo está es importante a efectos administrativos y penales.
La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Art. 57. Expulsión del territorio – 1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Al extranjero que no tenga regularizada su situación y le sea requerida su identificación por la Policía Nacional o Guardia Civil, será detenido (no más de 72 horas) y trasladado a sus dependencias, en las que se les abrirá el correspondiente expediente de expulsión. El extranjero tendrá derecho a un intérprete y a un abogado de oficio (y a los demás derechos que le corresponden como a cualquier detenido), que le asistirá en la notificación del acto de expulsión. Es fundamental que el extranjero se quede con el nombre y teléfono del abogado, ya que hay 48 horas para recurrir la orden de expulsión y se pueden aportar documentos que demuestren lo innecesario de esa medida.
En algunos casos pueden que le retiren el pasaporte o le obliguen a firmar cada cierto tiempo en comisaría. Por ello es conveniente que nunca lleve el pasaporte encima o al menos el original. Por supuesto nunca hay que ir a firmar a comisaría sin asesoramiento porque normalmente en una de dichas comparecencias le notificarán la expulsión y será inmediatamente deportado.
Cuando el extranjero no tiene autorización de residencia y además no tiene domicilio en España, ni familiares, ni posibilidad de iniciar un procedimiento de arraigo social puede ser solicitado (por la Autoridad Gubernativa) ante el Juez de Instrucción su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (Algeciras, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), mientras se tramita la expulsión.
Muchas veces aunque tenga arraigo y familiares son ingresados en estos centros. Solamente podrá permanecer aquí un máximo de cuarenta días, transcurrido el cual habrá sido puesto en libertad o expulsado.
Si en seis meses no es notificada la resolución de expulsión el procedimiento caduca, lo cual no quiere decir que no le puedan abrir otra posteriormente.
A los extranjeros regularizados o comunitarios se les puede iniciar orden de expulsión en cuestiones de orden público del artículo 23 de la Ley Corcuera apartados a, c y m (manifestaciones no comunicadas, desórdenes graves en la vía pública, causar daños en bienes de uso público, etc). Un extranjero en situación irregular también puede ser expulsado en los siguientes casos:
1) Si es condenado a penas privativas de libertad inferiores a seis años serán sustituidas por la expulsión como regla general, según el artículo 89 del Código Penal. Esto puede producirse por un delito de desórdenes públicos, atentado a la autoridad o desobediencia, entre otros.
2) Si la pena es mayor a un año la LOEx permite la sustitución de la multa por la expulsión (art. 57.2 LOEx).
3) Si es condenado a penas superiores a seis años, una vez que cumpa las tres cuartas partes de la condena será expulsado del territorio, conforme al artículo 89 C.P.
En todos los casos, el extranjero no podrá regresar en un plazo de tres a diez años, y en todo caso, mientras no haya prescrito la pena y cancelados sus antecedentes penales. Asimismo, el extranjero pierde la oportunidad de regularizar su situación hasta que se archive la orden de expulsión y finalice el periodo de prohibición de entrada en el país.
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References: artículo 525
 artículo 53
 resolución 
 artículo 23
 artículo 89
 artículo 89