Source: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/traites/sp_traites-inter-terr1999.html
Timestamp: 2017-10-22 15:35:41+00:00

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Fuente : UN: http://www.un.org/law/cod/finterr.htm; El Salvador: 1999. D.O. No.47, Tomo no.358, de fecha 11 de marzo de 2003
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE
Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados;
Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos los Estados a que adoptaran medidas para prevenir y contrarrestrar, mediante medidas internas apropiadas, la financiación de terroristas y de organizaciones terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, por conducto de organizaciones que tuvieran además o que proclamaran tener objetivos caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones ilícitas, incluida la explotación de personas a fin de financiar actividades terroristas, y en particular a que consideraran, en su caso, la adopción de medidas reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con fines terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de los movimientos legítimos de capitales, y que intensificaran el intercambio de información acerca de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos,
Recordando asimismo la resolución 52/165 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que consideraran, en particular, la posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f) del párrafo 3 de su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996,
1. Por "fondos" se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangible o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluída la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.
2. Por "institución gubernamental o pública" se entenderá toda instalación o vehículo de carácter permanente o temporario utilizado u ocupado por representantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales.
Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o
Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del artículo.
1. Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.
b) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2 contra una instalación gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o consular de ese Estado, o haya tenido ese resultado;
2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que correspondan conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición
Adoptar reglamentaciones que prohíban la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados, así como medidas para velar por que esas instituciones verifiquen la identidad de los titulares reales de esas transacciones;
Con respecto a la identificación de personas jurídicas, exigir a las instituciones financieras que, cuando sea necesario, adopten medidas para verificar la existencia jurídica y la estructura del cliente mediante la obtención, de un registro público, del cliente o de ambos, de prueba de la constitución de la sociedad, incluida información sobre el nombre del cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la facultad de la persona jurídica para contraer obligaciones;
Adoptar reglamentaciones que impongan a las instituciones financieras la obligación de reportar con prontitud a las autoridades competentes toda transacción compleja, de magnitud inusual y todas las pautas inusuales de transacciones que no tengan, al parecer, una finalidad económica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal o civil por quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de información, si reportan sus sospechas de buena fe;
Exigir a las instituciones financieras que conserven por lo menos durante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transacciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales.
La identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto a las cuales existen sospechas razonables de que participan en dichos delitos;
El movimiento de fondos relacionados con la comisión de tales delitos.
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
ACUERDO N° 16.-
San Salvador, 21 de enero de 2003
Visto el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, 1999, el cual consta de un Preámbulo, Veintiocho Artículos y Un Anexo; Instrumento Internacional al que el Gobierno de la República de El Salvador presenta las siguientes declaraciones y reservas: 1) Con relación al Artículo 2, párrafo 2, literal a), la República de El Salvador declara que en la aplicación del presente Convenio, el Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobado en Viena el 3 de marzo de 1980 y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, no se considerarán incluidos en el anexo mencionado en al apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, ya que El Salvador a la fecha no es Estado Parte de los mismos, 2) Con relación al Artículo 7, párrafo 3, la República de El Salvador notifica que establece su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional, respecto de los delitos cometidos en las situaciones y condiciones previstas en el Artículo 7, párrafo 2, 3) Con relación al Artículo 24, párrafo 2, la República de El Salvador declara que no se considera obligado por lo estipulado en el párrafo 1 de este Artículo, porque no reconoce la cláusula de jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia; 4) El Salvador se adhiere al presente Convenio haciendo la salvedad que tal adhesión se entiende sin perjuicio de aquellas disposiciones del mismo que puedan entrar en conflicto con preceptos expresados en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico Interno; por lo anterior y tomando en cuenta que el Convenio en referencia se encuentra abierto a la adhesión en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el Organo Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a) Aprobarlo en todas sus partes; b) ADHERIRSE a dicho Instrumento Internacional. COMUNIQUESE.- La Ministra de Relaciones Exteriores, Brizuela de Avila.
DECRETO N° 1158
LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 15 de diciembre de 1999, en Nueva York, se suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 1999, el cual consta de Un Preámbulo, Veintiocho Artículos y un Anexo; Instrumento Internacional al que el Gobierno de la República de El Salvador presenta las siguientes DECLARACIONES Y RESERVAS 1) con relación al Artículo 2, párrafo 2, literal a), la República de El Salvador declara que en la aplicación del presente convenio, el CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, aprobado en Viena el 3 de marzo de 1980, no se considera incluido en el anexo mencionado en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, ya que El Salvador a la fecha no es Estado Parte del mismo; 2) con relación al Artículo 7, párrafo 3, la República de El Salvador notifica que establece su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional, respecto de los delitos cometidos en las situaciones y condiciones previstas en el Artículo 7, párrafo 2; 3) con relación al Artículo 24, párrafo 2, la República de El Salvador declara que no se considera obligado por lo estipulado en el párrafo 1 de este Artículo, porque no reconoce la cláusula de jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y 4) El Salvador se adhiere al presente Convenio haciendo la salvedad que tal adhesión se entiende sin perjuicio de aquellas disposiciones del mismo que puedan entrar en conflicto con preceptos expresados en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno;
II. Que el referido Convenio, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 16, de fecha 21 de enero del presente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez;
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
Art. 1.- Ratifícase el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 1999, el cual consta de Un Preámbulo, Veintiocho Artículos y Un Anexo; Instrumento Internacional al que el Gobierno de la República de El Salvador presenta las siguientes DECLARACIONES Y RESERVAS: 1) con relación al Artículo 2, párrafo 2, literal a), la República de El Salvador declara que en la aplicación del presente Convenio, el CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, aprobado en Viena el 3 de marzo de 1980, no se considera incluido en el anexo mencionado en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, ya que El Salvador a la fecha no es Estado Parte del mismo; 2) con relación al Artículo 7, párrafo 3, la República de El Salvador notifica que establece su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional, respecto de los delitos cometidos en las situaciones y condiciones previstas en el Artículo 7, párrafo 2; 3) con relación al Artículo 24, párrafo 2, la República de El Salvador declara que no se considera obligado por lo estipulado en el párrafo 1 de este Artículo, porque no reconoce la cláusula de jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y 4) El Salvador se adhiere al presente Convenio haciendo la salvedad que tal adhesión se entiende sin perjuicio de aquellas disposiciones del mismo que puedan entrar en conflicto con preceptos expresados en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo N° 16, de fecha 21 de enero del presente año.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil tres.
RENE NAPOLEON AGUILUZ CARRANZA
WILLIAM RIZZIERY PICHINTE
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil tres.
ROBERTO BENJAMIN INTERIANO ORELLANA,
Viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Encargado del Despacho
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE L A FINANCIACION DEL TERRORISMO 1999.-
Tipo / Documento : Convenio
Reserva : Si
Organismo Internacional de Origen : ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
Fecha de: Adhesión 01/21/2003
Fecha de Ratificación : 02/12/2003
Diario Oficial : 47
Tomo : 358
Publicación DO : 11/03/2003
Comentarios : EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO EL ESTABLECER ENTRE LOS ESTADOS PARTES EL ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS INTERNACIONALES VIGENTES SOBRE PREVENCION; REPRESION Y ELIMINACION DEL TERRORISMO EN TODAS SUS FORMAS; A FIN DE ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UN MARCO JURIDICIO GLOBAL QUE ESTABLEZCA MEDIDAS EFICACES Y PRACTICAS PARA PREVENIR LA FINANCIACION DEL TERRORISMO; MEDIANTE EL ENJUICIAMIENTO Y EL CASTIGO DE SUS AUTORES.- L.B.
Confrontado: Si

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