Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20026792
Timestamp: 2019-09-16 08:25:13+00:00

Document:
C-442 de 2009
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020026792CC-SENTENCIAC442200908/07/2009CC-SENTENCIA_C_442__2009_08/07/2009200267922009Sentencia C-442/09 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Cargos de inconstitucionalidad sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas La Corte encuentra que los cargos contra los apartes de los artículos 18, 43 y 44 del Código de la Infancia y la Adolescencia están sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas, toda vez que, en primer término, de la lectura integral del artículo 18 se puede concluir, de un lado, que el texto de su inciso segundo determina el maltrato infantil como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier persona, y de otro, con el uso de la expresión en especial, no se pretende excluir a nadie, sino que pretende dar cuenta de una realidad, cual es que aquellos nombrados expresamente por ella como perpetradores de las conductas de maltrato y abuso son quienes comúnmente incurren en ellas. De la misma manera, en el ámbito escolar, la Sala encuentra que no se configura la alegada limitación a la responsabilidad porque los apartes acusados de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, se refieren a los compañeros escolares y a los profesores como posibles perpetradores de las conductas descritas, lo que no indica en modo alguno que la protección no se extienda a todos aquellos miembros de la comunidad académica que incurran en las mismas. CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- Protección contra el maltrato infantil se predica de toda persona CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- Principios rectores y hermenéuticos PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR -Significado y alcance INTERES SUPERIOR DEL MENOR -Contenido PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR -Función hermenéutica/ PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR- Orienta las actuaciones de particulares y funcionarios públicos INTERES SUPERIOR DEL MENOR -Principio rector en cuanto al trato normativo/ PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR- Regla general de decisión INTERPRETACION SISTEMATICA- Alcance/ INTERPRETACION SISTEMATICA- Obligación en caso de proposiciones jurídicas relacionadas con la protección de los menores La técnica de la interpretación sistemática no sólo constituye una necesidad y una habilidad hermenéutica por parte de los operadores jurídicos, en el contexto del fenómeno de la aplicación de las normas, sino una obligación en el caso del conjunto de proposiciones jurídicas que conforman el sistema de protección de los menores. En estos casos, la interpretación sistemática tiene el alcance de integrar el ordenamiento de tal manera que las normas tengan el mayor alcance posible en cuanto a la protección jurídica que consagran. MALTRATO INFANTIL- Concepto DOCTRINA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS- Erradicación de las expresiones "menor" y "menores de edad"/ LENGUAJE LEGAL- Uso adecuado contribuye al desarrollo conceptual, práctico y pedagógico de los derechos fundamentales/ LENGUAJE LEGAL- Expresión "menores de dieciocho (18) años" refiere en mejor medida al umbral de minoría o mayoría de edad. La doctrina sobre derechos fundamentales de los niños y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones "menor" y "menores de edad", bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad de los sujetos que designa. De ahí que resaltada la importancia del uso adecuado del lenguaje como elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos fundamentales, considera que una expresión acorde con esta idea es la de "menores de dieciocho (18) años" que hace referencia al umbral que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los estados civiles de minoría y mayoría de edad OMISION LEGISLATIVA- Clases OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Concepto CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Condiciones CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Requisitos para la procedencia CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Soluciones que proceden OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA- Concepto CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA- Incompetencia de la Corte Constitucional CORTE CONSTITUCIONAL EN OMISION LEGISLATIVA- Competencia de la Corte para incluir lo omitido, depende del grado de deficiencia Las omisiones que sugieran la vulneración de la Constitución, porque resulta claro el incumplimiento del deber constitucional de regular algún tópico por parte del legislador, deben incluir la consideración de si frente a ellas se mantiene la competencia de la Corte Constitucional para incluir lo que se ha omitido. Así, en una omisión la deficiencia en la regulación de un asunto puede conllevar distintos grados, y de este modo la competencia de la Corte para llenar el vacío surgido de la omisión dependerá de dicho grado. Si la deficiencia es mínima, el juez de control de constitucionalidad no sólo tiene la competencia, sino el deber de integrar aquello que el legislador obvió. Si la deficiencia es media, se deberá sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de la Corte de usurpar competencias establecidas por la Carta en cabeza del legislador, y si la deficiencia es total la Corte deberá instar al legislador para que desarrolle la regulación pertinente. OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA EN CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- Configuración en relación con la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía de los derechos e intereses superiores de niños y niñas/ OMISION LEGISLATIVA-Configuración e imposibilidad de llenar vacío mediante sentencia de constitucionalidad La Corte Constitucional encuentra que en el establecimiento normativo de un régimen de responsabilidades de los medios de comunicación respecto de los(as) menores de dieciocho (18) años, omitió incluir un elemento esencial para armonizar con los deberes del Estado de procurar que las medidas a favor de niños y niñas sean eficaces, así como también que la Corte Constitucional carece de competencia para llenar el vacío derivado de la omisión en cuestión, pues no es posible adoptar una formula de exequibilidad condicionada cuyo fin sea incorporar el elemento carente de regulación, lo que implicaría que la Corte abordara el diseño de un procedimiento, el establecimiento de la autoridad competente y un sistema de sanciones, que bajo toda circunstancia excede las facultades de la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad, toda vez que los regímenes sancionatorios en Colombia deben respetar el principio de legalidad, además de que su regulación, debe describir en detalle los elementos propios de un sistema sancionatorio, valga reiterar, el procedimiento, las sanciones y la autoridad competente. PRESUNCION DE CONSTITUCIONALIDAD A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESION- Significado/ LIBERTAD DE EXPRESION- Presunción de primacía frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto Existe una p resunción de constitucionalidad a favor de la libertad de expresión, como consecuencia del lugar privilegiado que ocupa este derecho dentro del ordenamiento constitucional colombiano, lo que en la práctica conlleva a que toda manifestación de dicha libertad se entienda incluida en el supuesto del artículo 20 de la Constitución, y por ende garantizada en su ejercicio. También, la Corte ha reconocido una presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto. E igualmente, en desarrollo de la actividad del control de constitucionalidad se ha sostenido que existe una sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre este derecho. LIBERTAD DE EXPRESION- No es un derecho absoluto/ LIBERTAD DE EXPRESION- Puede estar sujeta a limitaciones La libertad de expresión no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión, libertad de información o libertad de prensa); por ello puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto. LIBERTAD DE EXPRESION- Requisitos básicos a las limitaciones para que sean constitucionales Las limitaciones a las libertades de expresión, información y prensa, para ser acordes con los principios constitucionales, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental. EXHORTACION AL CONGRESO- Regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía de los derechos e intereses superiores de niños y niñas y las sanciones correspondientes La Corte Constitucional encuentra que existen razones constitucionales con entidad suficiente para exhortar al Congreso de la República para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral que consagre la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de los deberes de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea, con apoyo en las obligaciones en cabeza de las autoridades en general y del Congreso de la República en particular, a favor de la garantía y protección efectiva de los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años, además de la necesidad de que dicha protección sea eficaz, por lo que el legislador debe diseñar, y no lo ha hecho, un mecanismo cuyo fin específico sea determinar la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con sus deberes para con los niños y las niñas. SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD EN OMISION LEGISLATIVA- Remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como medida para lograr la regulación omitida La Corte Constitucional en consideración del deber de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado, en especial de aquéllos que conforman la rama judicial; como también, en las funciones propias del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, habilitado para presentar proyectos de ley, remitirá la presente providencia al Consejo de Estado, para que por intermedio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, si lo considera pertinente, prepare y entregue en el menor tiempo posible un proyecto de ley al Congreso de la República, relativo a la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de las abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones que esto acarrea y las autoridades competentes para ello. SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD EN OMISION LEGISLATIVA- Deber de seguimiento y acompañamiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en regulación omitida La Sala considera pertinente advertir, que es deber especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema de Nacional de Bienestar Familiar y responsable de la articulación de las entidades responsables de la garantía de derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años, realizar el seguimiento y acompañamiento necesario de la labor que en virtud de esta sentencia realizará tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como el Congreso de la República. Referencia: expediente D- 7444
Oneida Giraldo | Diana Teresa Sierra Gómez.CONSTITUCIONALIDADHumberto Antonio Sierra PortoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".D 7444Identificadores20020026793true43377Versión original20026793Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
Sentencia C-442/09
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos de inconstitucionalidad sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas
La Corte encuentra que los cargos contra los apartes de los artículos 18, 43 y 44 del Código de la Infancia y la Adolescencia están sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas, toda vez que, en primer término, de la lectura integral del artículo 18 se puede concluir, de un lado, que el texto de su inciso segundo determina el maltrato infantil como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier persona, y de otro, con el uso de la expresión en especial, no se pretende excluir a nadie, sino que pretende dar cuenta de una realidad, cual es que aquellos nombrados expresamente por ella como perpetradores de las conductas de maltrato y abuso son quienes comúnmente incurren en ellas. De la misma manera, en el ámbito escolar, la Sala encuentra que no se configura la alegada limitación a la responsabilidad porque los apartes acusados de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, se refieren a los compañeros escolares y a los profesores como posibles perpetradores de las conductas descritas, lo que no indica en modo alguno que la protección no se extienda a todos aquellos miembros de la comunidad académica que incurran en las mismas.
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Protección contra el maltrato infantil se predica de toda persona
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Principios rectores y hermenéuticos
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Función hermenéutica/PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Orienta las actuaciones de particulares y funcionarios públicos
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Principio rector en cuanto al trato normativo/PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Regla general de decisión
INTERPRETACION SISTEMATICA-Alcance/INTERPRETACION SISTEMATICA-Obligación en caso de proposiciones jurídicas relacionadas con la protección de los menores
La técnica de la interpretación sistemática no sólo constituye una necesidad y una habilidad hermenéutica por parte de los operadores jurídicos, en el contexto del fenómeno de la aplicación de las normas, sino una obligación en el caso del conjunto de proposiciones jurídicas que conforman el sistema de protección de los menores. En estos casos, la interpretación sistemática tiene el alcance de integrar el ordenamiento de tal manera que las normas tengan el mayor alcance posible en cuanto a la protección jurídica que consagran.
MALTRATO INFANTIL-Concepto
DOCTRINA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS-Erradicación de las expresiones "menor" y "menores de edad"/LENGUAJE LEGAL-Uso adecuado contribuye al desarrollo conceptual, práctico y pedagógico de los derechos fundamentales/LENGUAJE LEGAL-Expresión "menores de dieciocho (18) años" refiere en mejor medida al umbral de minoría o mayoría de edad.
La doctrina sobre derechos fundamentales de los niños y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones "menor" y "menores de edad", bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad de los sujetos que designa. De ahí que resaltada la importancia del uso adecuado del lenguaje como elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos fundamentales, considera que una expresión acorde con esta idea es la de "menores de dieciocho (18) años" que hace referencia al umbral que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los estados civiles de minoría y mayoría de edad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional
CORTE CONSTITUCIONAL EN OMISION LEGISLATIVA-Competencia de la Corte para incluir lo omitido, depende del grado de deficiencia
Las omisiones que sugieran la vulneración de la Constitución, porque resulta claro el incumplimiento del deber constitucional de regular algún tópico por parte del legislador, deben incluir la consideración de si frente a ellas se mantiene la competencia de la Corte Constitucional para incluir lo que se ha omitido. Así, en una omisión la deficiencia en la regulación de un asunto puede conllevar distintos grados, y de este modo la competencia de la Corte para llenar el vacío surgido de la omisión dependerá de dicho grado. Si la deficiencia es mínima, el juez de control de constitucionalidad no sólo tiene la competencia, sino el deber de integrar aquello que el legislador obvió. Si la deficiencia es media, se deberá sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de la Corte de usurpar competencias establecidas por la Carta en cabeza del legislador, y si la deficiencia es total la Corte deberá instar al legislador para que desarrolle la regulación pertinente.
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA EN CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Configuración en relación con la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía de los derechos e intereses superiores de niños y niñas/OMISION LEGISLATIVA-Configuración e imposibilidad de llenar vacío mediante sentencia de constitucionalidad
La Corte Constitucional encuentra que en el establecimiento normativo de un régimen de responsabilidades de los medios de comunicación respecto de los(as) menores de dieciocho (18) años, omitió incluir un elemento esencial para armonizar con los deberes del Estado de procurar que las medidas a favor de niños y niñas sean eficaces, así como también que la Corte Constitucional carece de competencia para llenar el vacío derivado de la omisión en cuestión, pues no es posible adoptar una formula de exequibilidad condicionada cuyo fin sea incorporar el elemento carente de regulación, lo que implicaría que la Corte abordara el diseño de un procedimiento, el establecimiento de la autoridad competente y un sistema de sanciones, que bajo toda circunstancia excede las facultades de la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad, toda vez que los regímenes sancionatorios en Colombia deben respetar el principio de legalidad, además de que su regulación, debe describir en detalle los elementos propios de un sistema sancionatorio, valga reiterar, el procedimiento, las sanciones y la autoridad competente.
PRESUNCION DE CONSTITUCIONALIDAD A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESION-Significado/LIBERTAD DE EXPRESION-Presunción de primacía frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto
Existe una presunción de constitucionalidad a favor de la libertad de expresión, como consecuencia del lugar privilegiado que ocupa este derecho dentro del ordenamiento constitucional colombiano, lo que en la práctica conlleva a que toda manifestación de dicha libertad se entienda incluida en el supuesto del artículo 20 de la Constitución, y por ende garantizada en su ejercicio. También, la Corte ha reconocido una presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto. E igualmente, en desarrollo de la actividad del control de constitucionalidad se ha sostenido que existe una sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre este derecho.
LIBERTAD DE EXPRESION-No es un derecho absoluto/LIBERTAD DE EXPRESION-Puede estar sujeta a limitaciones
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión, libertad de información o libertad de prensa); por ello puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto.
Las limitaciones a las libertades de expresión, información y prensa, para ser acordes con los principios constitucionales, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental.
EXHORTACION AL CONGRESO-Regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía de los derechos e intereses superiores de niños y niñas y las sanciones correspondientes
La Corte Constitucional encuentra que existen razones constitucionales con entidad suficiente para exhortar al Congreso de la República para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral que consagre la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de los deberes de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea, con apoyo en las obligaciones en cabeza de las autoridades en general y del Congreso de la República en particular, a favor de la garantía y protección efectiva de los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años, además de la necesidad de que dicha protección sea eficaz, por lo que el legislador debe diseñar, y no lo ha hecho, un mecanismo cuyo fin específico sea determinar la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con sus deberes para con los niños y las niñas.
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD EN OMISION LEGISLATIVA-Remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como medida para lograr la regulación omitida
La Corte Constitucional en consideración del deber de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado, en especial de aquéllos que conforman la rama judicial; como también, en las funciones propias del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, habilitado para presentar proyectos de ley, remitirá la presente providencia al Consejo de Estado, para que por intermedio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, si lo considera pertinente, prepare y entregue en el menor tiempo posible un proyecto de ley al Congreso de la República, relativo a la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de las abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones que esto acarrea y las autoridades competentes para ello.
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD EN OMISION LEGISLATIVA-Deber de seguimiento y acompañamiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en regulación omitida
La Sala considera pertinente advertir, que es deber especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema de Nacional de Bienestar Familiar y responsable de la articulación de las entidades responsables de la garantía de derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años, realizar el seguimiento y acompañamiento necesario de la labor que en virtud de esta sentencia realizará tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como el Congreso de la República.
Referencia: expediente D- 7444
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
37.Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burlade parte de los demás compañeros y de los profesores.
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burlade parte de los demás compañeros o profesores.
PARÁGRAFO.Los medios de comunicación serán responsables por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios.
Adicionalmente explican, en relación con el tercer cargo, que se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la configuración de la omisión legislativa relativa. En primer lugar, señalan que existen disposiciones jurídicas sobre las cuales se predica la inconstitucionalidad, y, se refieren a aquellas cuyo contenido normativo establece la responsabilidad de los medios de comunicación frente a los deberes para con los(as) menores de dieciocho (18) años (arts. 41-37 y 47 L.1098/06). En segundo lugar, el contenido normativo acusado se refiere a la responsabilidad de los medios, y a su turno la acusación se dirige a que en dicho tema los contenidos en cuestión no son claros en lo relativo a la responsabilidad de los medios escritos, y por otro lado omite la regulación de un procedimiento sancionatorio, según se refirió. En tercer lugar, afirman las actoras, las normas demandadas por omisión relativa, excluyen de sus consecuencias a aquellos casos que por ser asimilables deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico, en tanto "excluyen la participación activa del Estado, la sociedad y la familia, a la hora de hacer exigible el respeto por los derechos de la infancia y la adolescencia cuando haya un quebrantamiento por parte de un medio de comunicación escrito". En cuarto lugar, consideran que la ausencia de regulación referida no obedece a una razón objetiva y suficiente. En quinto lugar, como consecuencia de lo anterior se genera una situación de desigualdad. En sexto lugar, la omisión constituye una elusión del deber constitucional del legislador de dictar las medidas necesarias para la garantía eficaz de los derechos de los(as) menores. Y en séptimo lugar, el silencio del legislador respecto de las sanciones y el procedimiento para su imposición, frente al incumplimiento de los deberes establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia en cabeza de los medios de comunicación, desconoce el principio constitucional de interés superior del(la) niño(a).
· El primer cargo se dirige contra la segunda frase del inciso primero del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) que establece que los niños y niñas tienen derecho a la protección contra el maltrato y abuso de toda índole proveniente de los padres, representantes legales, personas a cargo de su cuidado, y miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario; por cuanto excluye presuntamente a los agentes del Estado como posibles perpetradores también de la integridad personal de los(as) menores.
· El segundo cargo se dirige contra los apartes de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, que disponen que en contexto escolar los planteles educativos deberán proteger eficazmente (art. 43) y tomar las medidas necesarias para ello (art. 44), a los niños y niñas contra toda clase de maltrato, agresión, humillación discriminación o burla de parte de los demás compañeros escolares y profesores; en tanto excluye injustificadamente a las directivas y personal administrativo de las instituciones educativas como posibles perpetradores de las conductas prohibidas mencionadas.
· El tercer cargo se dirige contra los apartes del numeral 37 del artículo 41 y el parágrafo del artículo 47 que disponen la responsabilidad de los medios de comunicación ante la violación de los deberes y responsabilidades que el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia les asigna, así como el deber del estado de velar por ello; en tanto y en cuanto esta regulación no incluye un procedimiento sancionatorio para los eventos en que en efecto los medios incurren en incumplimiento de alguno de estos deberes especiales. Esto configuraría según las demandantes una omisión legislativa relativa.
1.- Ministerio de Comunicaciones
2.- Ministerio del Interior y Justicia
3.- Ministerio de la Protección Social
En primer lugar, explicó que el artículo 18 debe ser considerado en su integridad, ya que su inciso segundo dice textualmente que el maltrato infantil es "toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres representantes legales ocualquier otra persona". De esta manera no se puede leer aisladamente la frase acusada por las demandantes para concluir que sólo se protege el maltrato en mención originado en algunas personas y en otras no. Agrega que el aparte normativo en el que se centra la acusación tiene la intención de "reconocer una realidad del maltrato que especialmente realizan algunos sujetos, sin que pueda entenderse por eso que esa identificación especial, excluya a otros sujetos".
4.- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
5.-Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Concluye igualmente, que el nuevo Código es más acorde con los principios constitucionales relativos a la prohibición de censura y principio de legalidad en materia sancionatoria, que el antiguo régimen normativo, en el cual un decreto reglamentario otorgaba la competencia al ICBF para sancionar a los medios de comunicación. Por último, indica que el "Código de la Infancia y la Adolescencia busca promover mecanismos de autorregulación entre los medios de comunicación. (…) Al respecto el inciso 3 del artículo 47 del Código dispone que los medios de comunicación deberán ´adoptar políticas para la difución de información sobre niños, niñas y adolescentes en la cuales se tenga presente el carácter prevalerte de sus derechos´"
6.- Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (Ceso-FIP) y Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)
7.- Grupo Internacional Derecho y Justicia
8.- Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS)
9.- PLAN Internacional INC
10.- Instituto Colombiano de Derecho Procesal
En este orden se debe demostrar la mayor eficacia de la multa respecto del régimen general de responsabilidad, para poder concluir que era deber del legislador regular un procedimiento sancionatorio como el que existía respecto del antiguo Código. Como ello no es así, "nopuede concluirse que la protección del niño querida por el constituyente haga inútil la aplicación de la responsabilidad y necesaria la previsión de la multa". Con base en lo anterior las disposiciones que regulan la responsabilidad de los medios en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia deben ser declaradas exequibles.
11.- Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario
2.- Las actoras proponen a la Corte Constitucional tres cargos de inconstitucionalidad. El primero consistente en una presunta limitación injustificada de los responsables de maltrato y abuso en detrimento de la integridad personal de los(as) menores de dieciocho (18) años. Está dirigido contra la segunda frase del inciso primero del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) que establece que los niños y niñas tienen derecho a la protección contra toda clase de maltrato y abuso proveniente de los padres, representantes legales, personas a cargo de su cuidado, y miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Según las demandantes el contenido normativo descrito excluye a los agentes del Estado como posibles perpetradores de las conductas de maltrato y abuso contra niños y niñas. Por ello, se vulnerarían las obligaciones constitucionales del Estado de protección efectiva y reforzada de los(as) menores de dieciocho (18) años (arts. 2 y 44 C.N) y de responsabilidad especial de los servidores del públicos por omisión o extralimitación en sus funciones (art. 6 C.N). De igual manera se incumplirían las normas internacionales que vinculan a los Estados como obligados directos, de la protección de los niños(as) (art. 24 PIDCP), y de la implementación de las medidas necesarias para que dicha protección sea efectiva (arts. 10° PIDESC y 3° CDN)
Los distintos intervinientes consideran que el anterior cargo carece de fundamento, por cuanto la lectura integral del artículo 18 permite dos conclusiones determinantes en relación con la interpretación de las demandantes. Primera, según el inciso segundo del mismo artículo el maltrato infantil es toda conducta que tenga como resultado la afectación, en cualquier sentido, de la integridad física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier persona, incluidos por supuesto los agentes del Estado. Y, segunda, el aparte normativo acusado utiliza la expresión en especial, para referirse a algunas personas de las cuales los menores de dieciocho (18) años deben ser protegidos, por lo cual no pretende excluir a nadie, sino que, en opinión de la mayoría de quienes intervienen en el presente proceso, se pretende dar cuenta de una realidad, cual es que aquellos nombrados expresamente por la norma como perpetradores de las conductas de maltrato y abuso son quienes comúnmente incurren en ellas. Por ello, el cargo carecería de fundamento y los apartes del artículo 18 en mención deben ser declarados exequibles.
El segundo cargo consiste en que se limita injustificadamente a los responsables de proteger eficazmente, en el ámbito escolar, a los(as) menores de dieciocho (18) años educandos contra toda clase de maltrato, agresión, humillación discriminación o burla de parte de los demás compañeros escolares y profesores. En opinión de las demandantes los apartes de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, que disponen que en el contexto escolar los planteles educativos deberán proteger en dicho aspecto eficazmente a los niños y niñas (art. 43) y tomar las medidas necesarias para ello (art. 44), excluyen injustificadamente a las directivas y personal administrativo de las instituciones educativas como posibles perpetradores de este tipo de conductas. Con esto se vulneraría también, la obligación de las autoridades de la República de proteger los intereses de todas las personas (art. 2 C.N), la especial responsabilidad de los servidores públicos en la aplicación de las normas (art. 6 C.N), así como el deber de protección del Estado a los(as) menores de dieciocho (18) años (art. 44 C.N). Al efecto se sustentan en el principio de corresponsabilidad del Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 10 L.1098/06), según el cual a la garantía efectiva de los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años concurren la familia, la sociedad y el Estado; así como también en las normas internacionales, que vinculan a los Estados como obligados directos, de la protección de los niños(as) (art. 24 PIDCP), y de la implementación de las medidas necesarias para que dicha protección sea efectiva (arts. 10° PIDESC y 3° CDN).
En segundo término, tal como lo manifiestan el ICBF, los Ministerios de Interior y Justicia y de la Protección Social, así como el Procurador General, de manera bastante clara, tanto el artículo 45 del mismo Código de la Infancia y la Adolescencia, así como el artículo 6° de la Ley 115 de 1994, deben concurrir al entendimiento de las normas que establecen los mencionados deberes especiales en el ámbito escolar. En relación con el artículo 45, se debe reconocer que la prohibición genérica de sanciones crueles, humillantes y degradantes en el contexto escolar en cabeza de directores y educadores, vincula expresamente al personal directivo. Y el artículo 6° de la Ley 115 de 1994 establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares", por lo que la obligaciones para con los(as) menores de dieciocho (18) años en el contexto escolar deben entenderse en cabeza de quienes conforman la comunidad educativa. Por lo anterior concluyen que las normas relativas a este cargo deben ser declaradas exequibles.
Por otro lado, un interviniente[1] consideró que el segundo cargo debía prosperar, por cuanto las normas acusadas restringen la responsabilidad del trato digno en las comunidades escolares en cabeza de estudiantes y profesores, excluyendo injustificadamente no sólo a las directivas y al personal administrativo de los planteles educativos, sino a todo aquel que ingrese a las comunidades escolares. Explica que "exonerar al establecimiento educativo del deber de proteger al niño cuando el agente agresor es un individuo ajeno al cuerpo profesoral y al alumnado, pero ocurre dentro de las instalaciones del plantel en donde tiene el control, equivale a dejar al niño en una inaceptable desprotección que contraría el querer del constituyente."
El tercer cargo plantea una presunta omisión legislativa relativa, sustentada en que no se incluyó en las normas que contemplan la responsabilidad de los medios de comunicación respecto de los derechos de los(as) menores, regulación alguna relativa a un mecanismo expreso por el cual se autorice el adelantamiento de un procedimiento sancionatorio en situaciones de incumplimiento de los deberes de los medios en cuestión. Con lo cual se vulneran obligaciones constitucionales consistentes en proteger de manera especial y reforzada a los(as) menores de dieciocho (18) años (art. 44 C.N), así como también se deja de atender el deber de tomar las medidas pertinentes y necesarias para lograr la eficaz garantía de sus derechos, según se desprende no sólo de los artículos 2° y 6° de la Constitución, sino también de normas internacionales aprobadas por Colombia relativas a derechos de menores de dieciocho (18) años (arts. 24 PIDCP, 10° PIDESC y 3° CDN).
De otro lado, agregan que la ausencia de la regulación en comento, se hace más evidente si se tiene en cuenta que en vigencia del antiguo Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), se había reglamentado mediante el decreto 1673 de 1994 la competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por intermedio de los Defensores de Familia, para sancionar a los medios de comunicación escritos, cuando éstos incumplieran los deberes especiales establecidos en los artículos 300 a 303 del mencionado Código anterior; así como también el artículo 305 del antiguo Código que establecía las correspondientes sanciones para medios no escritos, y la competencia de ello en cabeza del Ministerio de Comunicaciones e Inravisión. En este orden, la nueva legislación (L.1098/06) creó un vacío y omitió establecer las sanciones y el procedimiento respectivo, para los casos en que los medios incumplan los deberes del nuevo Código. Este cargo se dirige contra los apartes del numeral 37 del artículo 41 y el parágrafo del artículo 47 que disponen la responsabilidad de los medios de comunicación ante la violación de los deberes y responsabilidades que el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia les asigna, así como el deber del estado de velar por ello.
Algunos intervinientes y el Ministerio Público consideran que no se configura una omisión legislativa relativa a este respecto, en tanto existen otras acciones de carácter policivo, civil y penal, confortantes del régimen general de responsabilidad, mediante las cuales se pueden adelantar procedimientos sancionatorios contra los medios de comunicación, cuando incumplan los deberes establecidos por el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia. Además, el hecho de que en vigencia del antiguo Código del Menor el ICBF tuviera la competencia para adelantar procedimientos sancionatorios en contra de los medios, no es una razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad de las normas del nuevo código que no la contemplan, pues el procedimiento y las sanciones que echan de menos las actoras no es el único medio de control al respecto. Advierten de igual manera que la consagración de un procedimiento sancionatorio, debe estar regulado en una ley expedida por el Congreso, pues interpretan la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que toda limitación al derecho a la libertad de expresión debe corresponder a la determinación de responsabilidades posteriores a su ejercicio, siempre que la base de estas responsabilidades esté definida en la ley de manera clara, específica y precisa para garantizar un interés constitucional. De lo que concluyen que ello no puede ser regulado por el ejecutivo y mucho menos por una sentencia.
A su turno, otros intervinientes consideran por el contrario que el hecho de que el ICBF ya no ostente la competencia para adelantar procedimientos sancionatorios contra los medios de comunicación, cuando éstos incumplen las responsabilidades que el Nuevo Código les asigna frente a los(as) niños y niñas, significa una protección menos eficaz de los derechos de éstos. Igualmente afirman que sin un procedimiento sancionatorio que haga posible exigencia de las responsabilidades en mención, éstas carecen de toda eficacia jurídica pues en razón del mandato constitucional contenido en los artículos 6 y 28 de la Constitución Política de acuerdo con el cual los particulares, que para el caso son los medios de comunicación, sólo son responsables por la violación de las conductas que están expresamente prohibidas y las sanciones correspondientes sólo serán aquellas que expresamente señale la ley, y, como no hay sanciones expresas la exigencia jurídica resulta ineficaz. La formula de reparación que proponen quienes defienden esta posición, indica que la Corte declare la omisión legislativa relativa y en consecuencia ordene al Ejecutivo reglamentar el asunto.
3.- De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional determinar:
(i) Si el aparte demandado del artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia excluye de los responsables de maltrato infantil a los agentes del Estado y con ello vulnera los deberes de protección reforzada de los(as) menores de dieciocho (18) años (arts 2 y 44 C.N) y la vinculación del Estado como directo responsable de las garantías de estos derechos según los tratados internacionales (arts. 24 PIDCP, 10° PIDESC y 3° CDN); así como la obligación especial de control de la responsabilidad de los servidores públicos frente a la omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art 6° C.N).
(ii) Si los apartes acusados de los artículos 43 y 44 del Código de la Infancia y la Adolescencia, suponen que a las directivas y al personal administrativo de los planteles educativos no está dirigida la prohibición de maltrato, agresión, humillación o burla en el ambiente escolar, sino que sólo se dirige a los educandos y profesores; con lo cual se vulnerarían los deberes de protección reforzada de los(as) menores de dieciocho (18) años (arts 2 y 44 C.N) y las obligaciones del Estado de tomar las medidas necesarias para garantizar estos derechos según los tratados internacionales (arts. 24 PIDCP, 10° PIDESC y 3° CDN).
Y (iii) si la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación para con la garantía y respeto de los derechos de los(as) menores, establecida en el numeral 37 del artículo 41 y en el parágrafo del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia debió incluir la regulación de un procedimiento tendiente a sancionar a los medios cuando éstos incumplan los deberes allí contenidos. Esto es, si se configuró por dicho concepto una omisión legislativa relativa.
4.- Para efectos metodológicos la Corte resolverá en un mismo acápite el primer y segundo cargos, y para ello hará referencia a los principios rectores y hermenéuticos del Código de la Infancia y la Adolescencia y a la necesidad de la implementación de la técnica de la interpretación sistemática para determinar los contenidos normativos de sus disposiciones. En un segundo acápite se reconstruirán los elementos que la jurisprudencia ha desarrollado para la configuración de la omisión legislativa relativa, se analizará el alcance de las responsabilidades de los medios de comunicación frente a las garantías de los(as) menores de dieciocho (18) años que el Código de la Infancia y la Adolescencia pretende proteger respecto del ejercicio de la libertad de expresión de los medios en cuestión y finalmente se determinará si el legislador omitió regular un procedimiento especial para la exigencia del cumplimiento y sanción del incumplimiento de dichas responsabilidades.
No obstante, antes de abordar el desarrollo de los puntos referidos, esta Sala Plena considera pertinente aclarar que la doctrina sobre derechos fundamentales de los niños y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones "menor" y "menores de edad", bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad de los sujetos que designa. La Corte es consciente y ha resaltado la importancia del uso adecuado del lenguaje como elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos fundamentales[2], y por ello considera que una expresión acorde con esta idea es la de "menores de dieciocho (18) años". Pues, a pesar de utilizar el vocablo "menor", lo circunscribe a una utilización gramatical referida únicamente al umbral de edad [dieciocho (18) años] que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los estados civiles de minoría[3] y mayoría de edad; es decir, hace referencia a que una persona tiene menos años que dieciocho (18), y no a algún aspecto en el que se considera inferior. Por ello en esta sentencia utiliza la expresión "menores de dieciocho (18) años".
Análisis del primer y segundo cargo.
Principios rectores del Código de la Infancia y la Adolescencia e interpretación sistemática de sus contenidos normativos.
5. En relación con el primer y segundo cargos, la Corte encuentra que están sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas. En primer término, de la lectura integral del artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia se puede concluir, de un lado, que el texto de su inciso segundo determina el maltrato infantil como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier persona. De ahí, que no se entienda por qué las actoras consideran que la norma del Código en mención, al establecer los responsables de conductas de maltrato infantil ha excluido agentes del Estado como posibles responsables. Y de otro, las demandantes hacen caso omiso del hecho de que el aparte normativo acusado utiliza la expresión en especial, para referirse a algunas personas de las cuales los(as) menores de dieciocho (18) años deben ser protegidos, por lo cual no se pretende excluir a nadie. Sino que, bien podría afirmarse, a la luz de lo expresado por la mayoría de los intervinientes, que la disposición pretende dar cuenta de una realidad, cual es que aquellos nombrados expresamente por ella como perpetradores de las conductas de maltrato y abuso son quienes comúnmente incurren en ellas. En atención a lo anterior el primer cargo no está llamado a prosperar, pues el contenido normativo que se le adjudica en la demanda obedece a una lectura aislada y no sistemática.
En segundo término, relativo al segundo cargo, la Sala encuentra que no se configura la alegada limitación a la responsabilidad de no incurrir en el ámbito escolar en maltrato, agresión, humillación discriminación o burla; en el sentido en que en dichas conductas sólo pueden incurrir los compañeros escolares y profesores, luego se excluye a las directivas y al personal administrativo. Pese a que los apartes acusados de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, que disponen dicha protección (art. 43) y la obligación de tomar las medidas necesarias para ello (art. 44), se refieren a los compañeros escolares y a los profesores como posibles perpetradores de este tipo de conductas, ello no indica en modo alguno que la protección no se extienda a todos aquellos miembros de la comunidad académica que incurran en ellas.
Como refuerzo de lo anterior, vale destacar que el artículo 45 del mismo Código de la Infancia y la Adolescencia establece la prohibición genérica de sanciones crueles, humillantes y degradantes en el contexto escolar en cabeza de directores y educadores, es decir vincula expresamente al personal directivo. Por su lado, el artículo 6° de la Ley 115 de 1994 establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares", por lo que las obligaciones para con los(as) menores de dieciocho (18) años en el contexto escolar deben entenderse en cabeza de quienes conforman la comunidad educativa. Para la Sala es claro que los contenidos normativos referidos deben contribuir al entendimiento y alcance real de las normas que establecen los mencionados deberes especiales en el ámbito escolar.
6.- De conformidad con lo anterior los apartes demandados de los artículos 18, 43 y 44 no vulneran la obligación de las autoridades de la República de proteger los intereses de todas las personas (art. 2 C.N), ni los deberes especiales de los servidores públicos en la aplicación de las normas (art. 6 C.N), así como tampoco las obligaciones del Estado de protección de los(as) menores de dieciocho (18) años (art. 44 C.N). Y en consecuencia tampoco se trasgrede el principio de corresponsabilidad del Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 10 L.1098/06) derivado de las normas constitucionales aludidas, según el cual a la garantía efectiva de los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años concurren la familia, la sociedad y el Estado. En igual sentido, tampoco se vulneran las normas internacionales, que vinculan a los Estados como obligados directos, de la protección de los niños(as) (art. 24 PIDCP), y de la implementación de las medidas necesarias para que dicha protección sea efectiva (arts. 10° PIDESC y 3° CDN).
7.- Si bien los argumentos expuestos hasta el momento son suficientes para declarar que el primer y segundo cargos analizados en la presente providencia no tienen la vocación de prosperar, por lo cual las disposiciones objeto de los mismos deberán ser declaradas exequibles, no sobra recalcar la obligación constitucional de interpretar las normas relativas a los(as) menores de dieciocho (18) años a partir del principio constitucional de "interés superior del(a) menor".
Este principio surge del contenido normativo del artículo 44 de la Constitución, según el cual los niños(as) deben ser protegidos de toda forma de abandono, violencia, abuso y explotación; así como de las obligaciones contenidas en los Tratados Internacionales, dirigidas a los Estados para que procuren una protección especial y reforzada de los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años. Conviene señalar también, que el interés superior del menor tiene un alcance distinto a la norma constitucional que dispone que los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años prevalecen sobre los derechos de los demás[4]. En efecto, el principio del interés superior del menor se refiere a que todas las personas deben tomar aquellas medidas o aplicar aquellas normas, que produzcan mayor beneficio y garantía más efectiva a los derechos de niños y niñas. Mientras que, la prevalencia de sus derechos se constituye como una regla general según la cual en caso de choque entre los derechos de un(a) menor y los derechos de otra persona que no lo es, se debe preferir prima facie la garantía del derecho del primero.
De este modo, es razonable concluir que el interés superior del menor es un principio rector en cuanto al trato normativo de los(as) niños y niñas, dirigido tanto a quienes crean y aplican las normas jurídicas, como a quienes implementan políticas o se relacionan con ellos en desarrollo de su rol social. Y a su turno el principio de prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho (18) años sobre los derechos de los demás, se configura como una manifestación de este principio en el contexto de los fenómenos de creación y aplicación del derecho. En este orden, el principio de interés superior del menor obliga, entre otros, a determinar el alcance de los contenidos normativos cuyo sentido es la protección de niños y niñas, de conformidad con la opción hermenéutica más favorable. Lo que, justamente, no se hizo por parte de las actoras en los dos primeros cargos.
"de manera acorde con los convenios internacionales ratificados por Colombia, el constituyente de 1991, consagró expresamente un conjunto de garantías que buscan proteger de manera especial a los menores, que de manera general se condensan en los derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 superior, ´a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión´.
Dentro de estas obligaciones, (…) sobresale la de proteger a los menores contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos´, además la obligación que tienen la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al menor para ´garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos´, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás (…)
De este modo se ha señalado insistentemente, de conformidad con los postulados que informan el Estado Social de Derecho, que todas las actuaciones de los particulares y funcionarios públicos donde se encuentren involucrados niños y niñas, deben estar siempre orientadas por el principio del interés superior del(a) menor de dieciocho (18) años[5]. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-17/2002 del 28 de Agosto de 2002, señaló al respecto:
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor".
Por ello la Corte ha sostenido que "todos y cada uno de los derechos consagrados en favor de los niños revisten una connotación superior, por lo que tal y como lo estableció la Constitución Política en su artículo 44, la familia, la sociedad y el Estado deben concurrir en la asistencia y protección del niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, pudiendo cualquier persona exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores."[6]
"El interés superior del menor refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad. El interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal[7].
Como se ve, la técnica de la interpretación sistemática no sólo constituye una necesidad y una habilidad hermenéutica por parte de los operadores jurídicos, en el contexto del fenómeno de la aplicación de las normas, sino una obligación en el caso del conjunto de proposiciones jurídicas que conforman el sistema de protección de los menores. En estos casos, la interpretación sistemática tiene el alcance de integrar el ordenamiento de tal manera que las normas tengan el mayor alcance posible en cuanto a la protección jurídica que consagran. Por ello, la lectura que las demandantes realizaron de las normas acusadas con base en el primer y segundo cargo, conducen a una interpretación que no es posible a la luz de las disposiciones constitucionales citadas y del principio de interés superior del(a) menor de dieciocho (18) años. Por ello, se reitera, serán declaradas exequibles.
Análisis del tercer cargo.
8.- Ha sostenido la Corte, que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que "no cobija a todas los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia".[8] Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente, pues como lo ha señalado esta Corporación, sin deber no puede haber omisión[9]. Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera "otros supuestos análogos"[10] que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aún habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.
De manera genérica la jurisprudencia ha previsto que la omisión legislativa relativa supone dos condiciones, a saber: "i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental[11]."[12]
"Para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. La doctrina de esta Corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso."
9.- Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, "como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución."[13]
Con todo, se debe tener en cuenta también que la acción pública de inconstitucionalidad debe plantear de manera clara una vulneración de la Constitución; por ello, la omisión debe presentar dos condiciones en el escrito de la demanda. La primera, una argumentación que permita concluir que de la omisión se deriva directamente la vulneración de normas constitucionales, por parte de las disposiciones que se acusan; y la segunda, que el vacío derivado de ello puede ser llenado por la Corte Constitucional. Esto excluye la posibilidad de que por vía de acción pública de inconstitucionalidad, se demanden normas que no vulneran la Constitución, sino que a juicio del demandante ésta debió incluir regulaciones adicionales. Así como también, no se admite que por esta vía se proponga a la Corte regular situaciones no consideradas por el legislador.[14]
10.- De otro lado, la Corte ha declarado también, que no tiene competencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que "(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control[15], (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución[16]. Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del Legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad."[17]
11.- Sobre lo anterior conviene señalar, que en la omisión legislativa absoluta el fenómeno de la inactividad del legislador tiene consecuencias distintas a las de la omisión legislativa relativa, y es ello en últimas lo que configura la distinción que se presenta en la práctica entre los dos tipos de omisiones referidas. Si bien la jurisprudencia de la Corte ha hecho referencia a que se debe verificar que la inactividad del legislador se represente en una disposición jurídica concreta, para contemplar la posibilidad de declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, y así dictar una sentencia de exequibilidad condicionada; no es menos cierto que la ausencia total de una regulación (omisión legislativa absoluta) puede atribuirse a disposiciones jurídicas concretas también, por ejemplo un Código o una ley estatutaria pueden carecer de la referencia normativa a un elemento esencial relativo al tema que pretenden regular. De este modo, lo que haría que esta última hipótesis se tratara como una omisión relativa o como una absoluta, no sería propiamente la posibilidad o imposibilidad de señalar la(s) proposición(es) jurídica(s) en la(s) cual(es) debió incluirse la regulación ausente, sino la alternativa cierta de que mediante una sentencia de exequibilidad condicionada se pueda llenar el vacío normativo.
Bajo esta idea, tal como se ha sostenido en las líneas jurisprudenciales citadas, la competencia de la Corte Constitucional para integrar elementos o condiciones que el legislador ha omitido incluir al regular algún tema específico, surge del hecho consistente en que la aplicación directa de las normas constitucionales impide expresamente al legislador excluir aquello que constituye la omisión. Pero, adviértase igualmente, que la competencia para regular los temas en cuestión, es del legislador y no del Tribunal Constitucional. Luego, si lo que configura la omisión es la ausencia total de regulación de un tema específico, no puede afirmarse que la Corte Constitucional conserva la competencia para llenar la laguna jurídica, incluso si la omisión puede señalarse de una proposición o cuerpo normativo concreto. Sobre este punto cabe señalar, que a diferencia del ordenamiento constitucional colombiano, en el derecho comparado se pueden encontrar casos como el venezolano, el portugués o el brasileño entre otros, en los que las normas constitucionales contemplan expresamente la facultad de sus jueces de control de constitucionalidad para establecer plazos perentorios al legislador para llenar los vacíos normativos, ante inconstitucionalidades surgidas del fenómeno de la omisión legislativa.[18]
12.- En este sentido, puede sostenerse que las omisiones que sugieran la vulneración de la Constitución, porque resulta claro el incumplimiento del deber constitucional de regular algún tópico por parte del legislador, deben incluir la consideración de si frente a ellas se mantiene la competencia de la Corte Constitucional para incluir lo que se ha omitido. Por ello, en una omisión la deficiencia en la regulación de un asunto puede conllevar distintos grados, y de este modo la competencia de la Corte para llenar el vacío surgido de la omisión dependerá de dicho grado. Si la deficiencia es mínima, el juez de control de constitucionalidad no sólo tiene la competencia, sino el deber de integrar aquello que el legislador obvió. Si la deficiencia no es mínima pero tampoco total (deficiencia media), se deberá sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de la Corte de usurpar competencias establecidas por la Carta en cabeza del legislador. Esto es, que incluso ante una omisión legislativa relativa es posible que la Corte carezca de competencia para integrar el elemento ausente. Si la deficiencia es total la Corte deberá instar al legislador para que desarrolle la regulación pertinente.
En la sentencia C-421 de 2006 se revisó una proposición jurídica derogatoria de otra que consagraba la autoridad competente para organizar y disponer el concurso para notarios públicos. Como quiera que la norma derogatoria no incluyó lo relativo a la autoridad en mención, se consideró que ésta había creado un vacío normativo constitucionalmente injustificado, luego incurría en omisión legislativa. La Corte consideró que dicho vacío podía remediarse mediante la declaratoria de inexequibilidad de la norma derogatoria y la reincorporación de la norma derogada, la cual sí hacía referencia a aquello que configuraba la omisión. En este caso se sopesó la necesidad de llenar el vacío y la competencia de la Corte en materia de control de constitucionalidad, y se decidió que si bien el juez constitucional no podía establecer cuál sería la autoridad para disponer lo relativo a los concursos de notarios, sí podía reincorporar la norma en la que el legislador lo había determinado. En este caso la deficiencia en la regulación no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de su ausencia total, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, como efecto lo hizo. Pero, si no hubiese encontrado una formula razonable de reparación no se hubiera podido dictar una sentencia condicionada. Este ejemplo representa una deficiencia media en una regulación del legislador, en la que fue posible encontrar una formula para remediar la omisión sin usurpar competencias vedadas a la Corte Constitucional. [19]
Otro evento en el que se planteó a la Corte una omisión legislativa absoluta como causal de inexequibilidad, se presentó en el estudió adelantado en la sentencia C-542 de 2008. En aquella ocasión, se analizó la constitucionalidad del artículo del Código Sustantivo del Trabajo que dispone el sometimiento obligatorio a arbitramento de conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo. El cargo de inconstitucionalidad sustentó la presunta configuración de una omisión legislativa, en la ausencia de una regulación que definiera con claridad el concepto de servicios públicos esenciales y el listado de cuáles son estos servicios. La Corte consideró que ello configuraba una omisión legislativa absoluta y por ello desestimó el cargo. En este caso también se evidencia que la imposibilidad de la Corte para decidir de fondo sobre la omisión referida, radica en que ello implicaría que esta Corporación definiera cuáles son los servicios públicos esenciales; lo cual constituiría una extralimitación en sus competencias de control de constitucionalidad.
13.- Ahora bien, una vez repasadas las características generales de las omisiones legislativas, la Corte proseguirá su análisis con el propósito de establecer si hay fundamentos constitucionales suficientes para afirmar que en la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, el legislador omitió regular un procedimiento sancionatorio que diera cuenta del incumplimiento de dichas responsabilidades.
Configuración de una omisión legislativa en la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía eficaz de los derechos e intereses superiores de niños y niñas.
Responsabilidades de los medios de comunicación frente a menores de dieciocho (18) años y ejercicio de la libertad de expresión.
14.- La jurisprudencia constitucional ha establecido que existe una presunción de constitucionalidad a favor de la libertad de expresión, y ello es consecuencia del lugar privilegiado que ocupa este derecho dentro del ordenamiento constitucional colombiano. Lo anterior conlleva en la práctica a que toda manifestación de dicha libertad se entienda incluida en el supuesto del artículo 20 de la Constitución, y por ende garantizada en su ejercicio. También, la Corte ha reconocido una presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto. E igualmente, en desarrollo de la actividad del control de constitucionalidad se ha sostenido que existe una sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre este derecho.
Tal como ocurre con los demás derechos constitucionales, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión, libertad de información o libertad de prensa); "por ello puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto".[20] Así, según los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Constitución las limitaciones a las libertades de expresión, información y prensa, para ser acordes con los principios constitucionales, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: "(1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental."[21]
Sobre el primer requisito conviene señalar que en virtud del principio de legalidad, las limitaciones sobre la libertad de expresión deben ser establecidas en la ley, de manera clara, expresa, taxativa, previa y precisa, por lo cual las autoridades que establecen dichas limitaciones por fuera de la autorización legal, o sin ella, violan la libertad constitucionalmente protegida. Esta exigencia se ha desarrollado en el ordenamiento constitucional colombiano a partir de la técnica de la reserva de ley especial en materia de configuración, alcance y definición de los derechos fundamentales[22], que para el caso del derecho fundamental a la libertad de expresión, se entiende como la reserva de ley estatutaria para la regulación de cualquiera de los aspectos señalados. Sobre el segundo requisito cabe indicar que persigue la materialización de principios constitucionales que según los mismos tratados internacionales se refieren entre otros, a la protección de la seguridad y el orden público, la protección de la salud pública y la protección de la moral pública, aunque frente a éstos se mantiene la exigencia de concreción y especificidad por parte de una ley[23]. En relación con el tercer requisito se debe reiterar que toda limitación de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones debe ser sometida por el juez constitucional a un test de proporcionalidad[24].
El cuarto requisito, de cuya consideración se desprende el cumplimiento del quinto y sexto requisitos, se refiere a que las limitaciones deben ser posteriores (y no previas), y no pueden constituir censura. El contenido del artículo 13-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), dispone de manera expresa que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores". Esto, con una única excepción referida a la posibilidad de establecer normas legales que regulen el acceso de menores de dieciocho (18) años a espectáculos públicos "con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia" (num. 4 art. 13-2 de la CADH).
15.- Ahora bien, algunos intervinientes plantearon que la ausencia de un procedimiento sancionatorio para los medios de comunicación, en los términos analizados a lo largo de esta providencia, no podía constituir una omisión legislativa, pues el establecimiento mismo de las responsabilidades implicaba una intervención en el desarrollo pleno de su derecho (de los medios de comunicación) a la libre expresión. Por lo cual, la única forma de hacer coherente con el orden constitucional dicho régimen de responsabilidades era implementarlo mediante la autorregulación de los medios. Frente a esto, resulta pertinente consignar algunas aclaraciones.
Como primera medida, los eventos en los que los medios de comunicación resultan responsables por el incumplimiento de sus deberes frente a los(as) menores de dieciocho (18) años, constituyen medidas para conciliar armónicamente el derecho a la libertad de expresión y los derechos e intereses superiores de niños y niñas. Por ello, es posible afirmar la existencia de un procedimiento sancionatorio que dé cuenta del incumplimiento de las responsabilidades que el Código de la Infancia y la Adolescencia adjudica a los medios de comunicación, sin perjuicio de los controles en el contexto de la autorregulación.
En segundo término, las regulaciones contenidas en el artículo 47 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia en general, y en particular las de los numerales 5, 6, 7 y 8 parecen atender los criterios constitucionales desarrollados alrededor de la posibilidad de regular cuestiones relativas al derecho fundamental a la libertad de expresión. Estas disposiciones establecen abstenciones a las cuales deben sujetarse los medios de comunicación con el fin de garantizar los intereses de niños y niñas[25]. Sobre ellas, y sin pretensiones de exhaustividad, en consideración a que no son objeto de control de constitucionalidad en el presente proceso, se puede afirmar que dichas abstenciones están señaladas con claridad, precisión y de manera previa en una norma (principio de legalidad); además de que no corresponden a la configuración, alcance y definición del derecho fundamental de la libertad de expresión, sino que constituyen la regulación de un punto específico que determina la forma de ejercer adecuadamente dicho derecho respecto de contenidos concretos que se consideran contrarios a los intereses y derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años, luego su regulación en un Código (ley ordinaria) parece adecuada. De igual manera, resulta evidente que persiguen la materialización de principios constitucionales relativos a la protección reforzada de los derechos de los niños y niñas. Además de que prima facie no parecen desproporcionadas, en la medida en que resulta imperioso y constitucionalmente admisible restringir el acceso de los(as) menores de dieciocho (18) años a ciertos contenidos, así como proteger su identidad e intimidad en eventos en que ellos son los protagonistas del ejercicio del derecho a la información. Nótese que ninguno de los dos supuestos anteriores tiene el alcance de prohibir el desarrollo de la libertad de expresión, simplemente regula su ejercicio para que a su contenido no accedan los niños y niñas y para que a su intimidad no se acceda sin control alguno.
Esta Corporación explicó, entre otras, en la sentencia C-1175 de 2004, que el objetivo por el cual se pueden autorizar restricciones a la difusión y al acceso a todo tipo de información o manifestación pública, incluidas las artísticas y culturales, es la protección de los niños, niñas y los adolescentes. Esta protección se refiere, por demás, a la garantía que el Estado debe brindar a todas las personas, consistente en posibilitar en la mayor medida posible su adecuada participación en un orden social y moral plural, tolerante y respetuoso (preámbulo y arts. 1, 13, 18 y 19 C.N). De igual manera, esta Corte ha entendido que esta protección incrementa dicha posibilidad, porque una adecuada participación en el orden social tiene como presupuesto sujetos suficientemente informados y responsables que plasmen tanto el respeto y la tolerancia por las decisiones y visiones de otros de cómo debería ser el orden y la moral social. Igualmente, dicha protección posibilita también que los sujetos decidan y formen una visión propia de integración y participación responsable, respetuosa y tolerante en dicho orden. Asimismo, esta adecuación tiene como fundamento la consideración según la cual los niños, las niñas y los(as) adolescentes surten un proceso de formación en el entretanto de su condición de tales, momento durante el cual el Estado les garantiza un orden social y moral que no determine algún sentido de participación posterior en la sociedad, diferente a la tolerancia y a la procura del mayor respeto posible por la pluralidad. Con lo anterior se pone de presente que la restricción del acceso a manifestaciones surgidas del ejercicio de la libertad de expresión, primero, se da en pro de su protección, pues a ello subyace el objetivo de garantizarles un orden social y moral que les permita una integración y participación, presente y futura en dicho orden, adecuada a los principios de pluralidad, tolerancia y respeto que rigen el Estado colombiano como Estado Social de Derecho (arts. 1 y 18 C.N). Y segundo, configura una limitación justificada a su derecho de libertad, más no una restricción a la libertad de expresión de otros.
En este orden, se puede afirmar por último que los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia no constituyen censura, pues justamente en su parágrafo se establece una responsabilidad posterior por la violación de dichas abstenciones[26], por lo que se cumple con el principio según el cual la libertad de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores".
16.- En conclusión, cabe señalar que los deberes de los medios para con los derechos e intereses de los niños y niñas, así como el principio constitucional de interés superior del menor, sustentan la vigencia de contenidos normativos como los contemplados en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia. También, resulta constitucionalmente admisible que el régimen de responsabilidades en cabeza de los medios de comunicación, establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, se implemente mediante un procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de que se exija también la instauración de mecanismos efectivos de autorregulación.
Configuración de la omisión legislativa e imposibilidad de llenar el vacío mediante una sentencia de control de constitucionalidad.
17.- Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que (i) el establecimiento normativo de un régimen de responsabilidades de los medios de comunicación respecto de los(as) menores de dieciocho (18) años, omitió incluir un elemento esencial para armonizar con los deberes del Estado de procurar que las medidas a favor de niños y niñas sean eficaces. Sin embargo, (ii) si bien se puede identificar el deber constitucional del legislador de tomar medidas que hagan efectiva la protección a menores de dieciocho (18) años, en el presente caso no existe una obligación clara de que ello debió incluirse en los artículos demandados por omisión (num. 37 art. 41 y par. art. 47 Código de la Infancia y la Adolescencia); así como también (iii) la Corte Constitucional carece de competencia para llenar el vacío derivado de la omisión en cuestión, pues se trata de una deficiencia en la regulación que sugiere la consideración de si su reparación corresponde a la Corte Constitucional o a otras autoridades (deficiencia media). A continuación la Sala hará referencia a cada uno de los puntos anteriores.
18.- Sobre el primer punto se tiene, tal como se dijo, que el diseño de las responsabilidades en las que podrían incurrir los medios de comunicación por no atenerse a los deberes de abstención de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, es acorde con la prevalencia constitucional del derecho a la libertad de expresión, entre otras razones porque no sugiere una forma de censura previa, sino que establece una modalidad de responsabilidades ulteriores. Esta característica (responsabilidad posterior), no sólo define la posibilidad constitucional de limitar el derecho a la libertad de expresión, sino también presta garantía para ejercer control sobre los medios, sin implantar algún tipo de censura. Por ello, de esta modalidad de responsabilidades se debe seguir de manera lógica, el señalamiento expreso de los mecanismos y consecuencias jurídicas que representen la forma de establecer las mencionadas consecuencias ulteriores al ejercicio del derecho de libertad de expresión de los medios; y, es ello, lo que justamente se echa de menos.
Ahora bien, en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones se han desarrollado competencias importantes en cabeza del Ministerio de Comunicaciones, tales como la contemplada en el numeral 11 del artículo 52 del Decreto-Ley 1900 de 1990, según el cual son infracciones al ordenamiento de las telecomunicaciones, entre otros, cualquier incumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones[27], para lo cual establece las respectivas sanciones en el artículo 53. Sobre esto encuentra la Sala, que resultan de suma importancia medidas como las descritas para el ejercicio del control de las actividades y servicios de las telecomunicaciones, aunque no satisfacen la necesidad de eficacia práctica del cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, por cuanto se circunscriben a sanciones por incumplimiento de las regulaciones sobre el uso de las telecomunicaciones, y no a la protección de niños y niñas[28].
Dicha protección, al tenor del Código en mención, se da de manera puntual y concreta mediante la declaración de responsabilidad de todos los medios de comunicación, y no únicamente los que hacen uso de las telecomunicaciones, por la realización de las conductas que describe su artículo 47. Por ello, el régimen sancionatorio que se echa de menos es aquel que de cuenta del sentido de las responsabilidades producto de la actividad de los medios en relación con los derechos y el interés superior de los(as) menores de dieciocho (18) años, y no aquel referido al ordenamiento de las telecomunicaciones. Igual sucede con otras disposiciones de carácter legal y reglamentario, que otorgan competencias al mismo Ministerio de Comunicaciones y a entidades como la Comisión Nacional de Televisión, relativas a la vigilancia y control de algunos medios de comunicación, pero no dirigidas a la integridad de lo contenido en el citado artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia[29].
19.- En relación con el segundo punto, la Corte considera que la configuración de la omisión referida, no significa que las normas que consagran la modalidad de responsabilidades posteriores de los medios de comunicación (arts. 41-37 y 47 L.1098/06), debieron regular o hacer referencia a la forma en que la garantía del cumplimiento de dichas responsabilidades se haría eficaz en la práctica. Pues, ello bien pudo regularse en cualquier otra parte del Código; o, en consideración al carácter de la omisión, valga decir, la ausencia de un procedimiento sancionatorio para eventos en que los medios de comunicación incumplan los deberes de abstención señalados en el artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, su establecimiento pudo consagrarse en un acápite especial del mencionado Código.
También, se puede aseverar que dicho procedimiento podría contemplarse en un cuerpo normativo distinto al nuevo Código, que utilice como referencia regulaciones específicas en relación con el control de los contenidos de las transmisiones, publicaciones y circulaciones de los medios de comunicación (tal como las citadas en el fundamento jurídico anterior), para dirigirlas a la protección de niños y niñas. Y esto, podría ser lo más coherente, si lo que se quiere es especificar un sistema de sanciones minucioso de acuerdo a los derechos garantizados y al tipo de falta, en los términos del artículo 47 referido. Lo mismo se puede apreciar respecto de las reglas generales sobre creación y formación de la policía de la infancia y la adolescencia por ejemplo (arts. 89 a 97 Código de Infancia y Adolescencia), caso en cual su estructura e integración no está regulada en el Código referido, sino que se encuentra en otras disposiciones, las referidas a la integración y estructura de la Policía Nacional. En suma, si bien la regulación aludida por las demandantes está ausente, dicha ausencia no necesariamente puede pregonarse de los artículos 41-37 y 47 del Código de Infancia y Adolescencia, y ni siquiera del cuerpo normativo del Código en mención, sino del ordenamiento jurídico colombiano en general.
20.- Derivado de lo anterior y en relación con el tercer punto, es pertinente tener en cuenta, que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la reparación de las vulneraciones a los principios constitucionales originados en una omisión legislativa, no es la declaratoria de inexequibilidad de la norma que omite la regulación, sino la incorporación del ingrediente, elemento o condición, mediante la declaratoria de exequibilidad condicionada.
No obstante, en el presente caso se considera que no es posible adoptar una formula de exequibilidad condicionada cuyo fin sea incorporar el elemento carente de regulación. Pues, ello implicaría que la Corte abordara el diseño de un procedimiento, el establecimiento de la autoridad competente y un sistema de sanciones. Situación que bajo toda circunstancia excede las facultades de la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad, señaladas en el artículo 241 Superior. En efecto, los regímenes sancionatorios en Colombia deben respetar el principio de legalidad (art. 29 C.N), luego deben estar contenidos en normas legales; además de que su regulación, según la jurisprudencia de la Corte, debe describir en detalle los elementos propios de un sistema sancionatorio, valga reiterar, el procedimiento, las sanciones y la autoridad competente.
En apoyo de lo anterior cabe añadir, que la "manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explicita en los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción especifica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso - régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta[30]), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem."[31] Por ello la especificidad y el grado de detalle son elementos esenciales de este tipo de regulaciones, razón por la cual resulta una labor propia de creación de derecho, que como se ha dicho compete al órgano que la Constitución creó para ello, y no a la Corte Constitucional como guardiana e intérprete autorizada de ella.
Otra alternativa para llenar el vacío surgido de la omisión detectada, consistiría en que se hiciera un condicionamiento cuyo sentido fuera determinar que los medios de comunicación son responsables por el incumplimiento de las abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia, en los términos de las normas que bajo el antiguo Código del Menor regulaban el tema, valga decir el artículo 305 del derogado Código (relativo al procedimiento y sanciones contra medios no escritos) y el Decreto 1673 de 1994 (relativo al procedimiento y sanciones contra medios escritos). No obstante, ello implicaría revivir una norma expresamente derogada sin razón suficiente para ello, pues recuérdese que la Corte ha aceptado excepcionalmente la reincorporación de normas derogadas, pero en eventos en que la norma derogatoria es declarada inexequible[32], situación que no es el caso. Y también, esta alternativa sugeriría la aplicación de un decreto reglamentario (Decreto 1673 de 1994) cuya fuerza ejecutoria se entiende extinguida, pues reglamentaba el incumplimiento de responsabilidades de los medios de comunicación, contenidas en disposiciones jurídicas (antiguo Código del Menor) que ya no están vigentes.
21.- En conclusión, (i) el presente es un caso en que no puede determinarse fehacientemente cuál es la proposición jurídica en la que debió incluirse la regulación ausente, sino que sólo se puede afirmar que dicha regulación debe formar parte del ordenamiento jurídico nacional; y (ii) frente a esta omisión del legislador no es posible adoptar mediante una sentencia de control de constitucionalidad, medida alguna para llenar el vacío derivado. Frente a lo último es claro que las alternativas para ello exceden las competencias del juez de control de constitucionalidad, por lo cual la omisión encontrada por la Corte es absoluta y las normas demandadas por este cargo deberán ser declaradas exequibles.
Con todo la Corte Constitucional encuentra que existen razones constitucionales con entidad suficiente para exhortar al Congreso de la República para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral que consagre la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de los deberes de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea. A continuación se hará referencia a las razones constitucionales que sustentan el mencionado exhorto.
22.- Las obligaciones constitucionales en cabeza de las autoridades en general, y dentro de ellas el Congreso de la República, a favor de la garantía y protección efectiva de los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años, son claras y expresas (art 44 C.N). Además, la jurisprudencia de esta Corte ha destacado la necesidad de que dicha protección sea eficaz, por ello el mismo legislador ha vinculado a todos los miembros de la sociedad en la tarea de garantizar estos derechos (art. 11 L.1098/06), y ha definido un principio de corresponsabilidad para ello (art. 10 L.1098/06), según el cual nadie puede eximirse del cuidado de los niños y niñas y de la promoción y guarda de sus derechos. Estas obligaciones están también contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, y su contenido obliga a los Estados a velar por la protección eficaz de los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años (arts. 24 PIDCP, 10° PIDESC y 3° CDN).
De conformidad con lo anterior, la ausencia de regulación del modo en el que se determinará y hará efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación cuando éstos no cumplan con las abstenciones de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, implica el incumplimiento de las obligaciones constitucionales expresas derivadas de los artículos 44 y 45 de la Constitución en el sentido de aplicar preferentemente los derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años y procurar su garantía eficaz. En igual medida, ello vulnera la obligación dispuesta en los artículos 24 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 10° Pacto Interamericano de Derechos económicos Sociales y Culturales y 3° de Convención sobre Derechos del Niño (CDN), según la cual los Estados deben adoptar medidas necesarias e idóneas para implementar dicha protección.
23.- Por otro lado, los contenidos normativos de las normas de rango constitucional que se acaban de referir, no permiten pensar que el legislador haya excluido intencionalmente la regulación o la referencia a la forma de hacer efectiva la determinación de la responsabilidad de los medios. Por el contrario, como se ha expresado, el diseño por parte del Congreso de la República de dichas responsabilidades fue el adecuado, teniendo en cuenta que se referían a abstenciones en el contexto del ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, la consecuencia obvia es la instauración del mecanismo que lo hiciese posible en la práctica.
La Sala encuentra insuficiente el anterior argumento, pues hace referencia a la exigencia del cumplimiento de los deberes concretos de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia, mediante la adecuación del hecho del incumplimiento a cada uno de los supuestos procedimentales propios de la naturaleza de cada una de la acciones referidas. De este modo, se refuerza la conclusión de la ausencia de una regulación idónea, diseñada para el caso específico de los deberes de abstención del artículo 47 citado. Si resulta necesario que el incumplimiento referido por parte de los medios de comunicación se adecue a las exigencias de una acción policiva, o a los supuestos de una demanda de responsabilidad civil extracontractual, o a los tipos penales de injuria y calumnia, entonces ello quiere decir que la eficacia de la determinación de las responsabilidades de los medios no depende exclusivamente del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47, sino además, de que ello se de bajo ciertas condiciones que sustenten la procedencia de las distintas acciones.
El mismo razonamiento cabe respecto de las competencia asignadas al Ministerio de Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Televisión, pues como se explicó en el fundamento jurídico número 18 de esta sentencia, no corresponden a procedimientos sancionatorios cuya implementación se inicie ante el incumplimiento de lo contenido en el articulo 47 del Código de Infancia y Adolescencia; sino que se aplican en el contexto del ordenamiento de las telecomunicaciones, con lo cual también se excluye a los medios de comunicación que no hagan uso de dicho servicio.
24.- En este orden, resultan justificadas también todas aquéllas medidas que la Corte Constitucional, en el marco de sus competencias, pueda tomar para hacer efectivo el exhorto. De entrada, se debe considerar que la Constitución ha otorgado a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, fuerza vinculante erga omnes y ha establecido expresamente la prohibición de desatender estos fallos (art. 243 C.N). Y, de otro lado, en virtud de la eficacia real de las sentencias en cuestión, pese a que el exhorto funge como un llamado al Congreso de la República para que legisle y no como una imposición, se debe tener en cuenta que el asunto constitutivo de la omisión se refiere a un aspecto de marcada importancia en relación con la protección eficaz de sujetos de especial protección constitucional (niños y niñas); luego, las medidas que considera la Corte Constitucional pertinentes, son aquellas tendientes a lograr que el legislador efectivamente produzca la regulación omitida.
Por lo anterior, la Corte Constitucional remitirá la presente providencia, al Consejo de Estado, para que por intermedio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, si lo considera pertinente, prepare y entregue en el menor tiempo posible un proyecto de ley al Congreso de la República, relativo a la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de las abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia, las sanciones que esto acarrea y las autoridades competentes para ello.
Lo anterior encuentra sustento, tanto en el deber constitucional de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado (art 113 C.N), en especial de aquéllos que conforman la rama judicial (art. 116 C.N); como también, en las funciones propias del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno (art 237-3 C.N), habilitado para presentar proyectos de ley (art 237-4 C.N), particularmente su Sala de Consulta y Servicio Civil, cuyos miembros preparan los proyectos de ley que el Gobierno le encomiende (arts. 38-2 Ley Estatutaria de Justicia, 98-3 Código Contencioso Administrativo y 21-2 Reglamento Interno del Consejo de Estado Acuerdo 58 de 1999).
Por último la Sala considera pertinente advertir, que es deber especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema de Nacional de Bienestar Familiar y responsable de la articulación de las entidades responsables de la garantía de derechos de los(as) menores de dieciocho (18) años (art. 205 Código de la Infancia y la Adolescencia), realizar el seguimiento y acompañamiento necesario de la labor que en virtud de esta sentencia realizará tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como el Congreso de la República.
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones "por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario" contenidas en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones "de parte de los demás compañeros y de los profesores" contenidas en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, las expresiones "de parte de los demás compañeros o profesores" contenidas en el numeral 5 del artículo 44 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
CUARTO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia, el numeral 37 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), y el parágrafo del artículo 47 de la misma Ley.
QUINTO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que regule en el menor tiempo posible y de manera integral, la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de las abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea.
SEXTO.- REMITIR al Consejo de Estado la presente providencia, para que proceda en los términos del fundamento jurídico número 24 de esta sentencia.
SÉPTIMO.- REMITIR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la presente providencia, para que proceda en los términos del fundamento jurídico número 24 de esta sentencia.
Exequibles las expresiones ... ("por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario" ) Artículo 18 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequible (numeral 37 ) Artículo 41 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequibles las expresiones ... (" " de parte de los demás compañeros y de los profesores" ) Artículo 43 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequibles las expresiones ... (" " de parte de los demás compañeros o profesores" ) Artículo 44 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequible (parágrafo ) Artículo 47 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1] El Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
[2]Cr. Sentencia C-804 de 2006, en la que se declara la inexequibilidad entre otros, del uso de la palabra "hombre", para referirse tanto a hombres como a mujeres.
[3]Cr. Sentencia C-534 de 2004, en la que se explica el estado civil de la minoría de edad. Fundamento jurídico número 10.
[4] Artículo 44, último inciso. Constitución Nacional.
[5]En sentencia T-408 de 1995, se señalo al respecto lo siguiente: "El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de dieciocho (18) años de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. "Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la sicología, la sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión -, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. "La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor."
[6] Sentencia T-1051 de 2003.
[7] T-510 de 2003.
[8]Cfr. Sentencia C-891A de 2006, fundamento jurídico No. 3.1.
[9]Cfr. Sentencia C-543 de 1996, fundamento jurídico No. 1.
[12]Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-423/06.
[13]Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.
[14] Ver entre otras, la sentencia C-543 de 1996
[15]En la sentencia C-543 de 1996 sostuvo este Tribunal: "Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta".
[16]Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo enla sentencia C-146 de 1998: "(…) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación."
[17]Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Critérioreiterado en sentencia C-831 de 2007
[18] En la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el artículo 336 dispone que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros "Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección." En la Constitución de Portugal de 1976 el artículo 279 establece lo siguiente: De la inconstitucionalidad por omisión, Cuando la Constitución resulte incumplida por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales, el Consejo de la Revolución podrá recomendar a los órganos legislativos competentes que las dicten en un plazo razonable." En el caso de Brasil se establece lo siguiente: "Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma Constitucional, se comunicará al Poder Competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de órgano administrativo, para que se haga en treinta días."
[19]En otro caso reciente, en sentencia C-149 de 2009, la Corte analizó el asunto relativo a si los requisitos académicos para ostentar el cargo de defensor de familia, al exigir al aspirante uno de siete programas de postgrado, todos ellos relacionados con componentes curriculares de Derecho o de estudio de la Familia, excluyó injustificadamente otros programas de postgrado que estuviesen relacionados con las actividades propias del defensor de familia. Así pues, se encontró que en efecto se había excluido sin justificación constitucional alguna, otros programas académicos de esta índole cuyos componentes curriculares atendían a las funciones del defensor de familia. En este caso, el componente excluido de la regulación se refería a la posibilidad de relacionar las actividades del cargo en mención con la variedad de programas de postgrado para abogados en Colombia. Dicha deficiencia no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de la ausencia total en la regulación del requisito analizado, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa o una absoluta. Y, luego de sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de usurpar competencias, declaró pues la existencia de una omisión relativa e incluyó un criterio general consistente en que el requisito en cuestión se entendía satisfecho con uno de los siete programas aludidos en la norma o con algún otro relacionado directamente con las actividades específicas del cargo, y dejó que en la práctica otras autoridades determinaran cuáles serían concretamente estos programas directamente relacionados con el quehacer de los defensores de familia. La decisión tuvo un salvamento de voto cuyo sentido fue precisamente la imposibilidad de la Corte de llenar el vacío de esta manera, pues aquello que se dejó a otras autoridades, en práctica iba a ser determinado por autoridades administrativas, cuando su disposición implicaba reserva de ley.
[20] T-391 de 2007. Fundamento jurídico 4.5.1. Pese a esta posibilidad de limitación la sentencia T-391 de 2007, enfatizó "que toda limitación -a través de actos jurídicos de alcance particular o general, proferidos en ejercicio de la función legislativa, administrativa, jurisdiccional, de policía u otra cualquiera desempeñada por el Estado- de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones (libertad de expresión en sentido estricto, libertad de información o libertad de prensa) ha de presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa, como una invasión del derecho protegido."
[21] Ibídem. Fundamento jurídico 4.5.3
[22] Arts. 150-10 y 152 de la Constitución de 1991.
[23] La jurisprudencia ha recalcado lo siguiente: "Sobre estas finalidades, la Corte considera necesario efectuar cinco advertencias generales, antes de explicar su contenido individual. (a) En primer lugar, deben ser objeto de una interpretación restringida, para efectos de maximizar el ámbito de la libertad de expresión. (b) Segundo, se trata de una enumeración taxativa, por fuera de la cual no caben justificaciones o finalidades adicionales para limitar la libertad de expresión. (c) Tercero, en consonancia con el principio de legalidad, no es suficiente con invocarlas en forma abstracta para justificar una limitación determinada; debe demostrarse que, en cada caso particular, están dados los elementos para considerar que efectivamente está presente un interés público concreto, específico e imperioso que se encuadre dentro de esta enumeración de finalidades abstractas. En otras palabras, el interés público que se pretende materializar mediante una limitación a la libertad de expresión, debe ser enunciado en forma concreta y específica en cada caso, con referencia a las características propias del mismo, y no recurriendo a una simple formulación abstracta y vaga, que en sí misma equivaldría a una forma de cheque en blanco para lesionar la libertad constitucionalmente protegida. (d) La formulación concreta y específica del interés público que se persigue mediante la limitación, debe ser compatible con los principios esenciales de una sociedad democrática y del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1). (e) La referida formulación concreta y específica de las finalidades perseguidas con la limitación también debe ser compatible con el principio de la dignidad humana." [T-391 de 2007]
[24]Mediante esta metodología se deberá: "(a) la finalidad invocada, como se indicó, debe puntualizarse para el caso particular de manera tal que se demuestre que, dentro de las circunstancias en las cuales se está realizando una expresión determinada, existe la necesidad imperiosa, apremiante,específica y concreta de preservar un derecho ajeno, un elemento previamente definido -de manera precisa y clara- del orden público, de la salud pública o de la moralidad pública. El adjetivo "necesario" no es sinónimo de "indispensable", pero tampoco tiene la flexibilidad de expresiones como "admisible", "ordinario", "útil", "razonable" o "deseable" - implica una necesidad social apremiante o imperiosa, más que simplemente útil, importante, legítima u oportuna. Además, se ha precisado que el margen con el que cuentan las autoridades para establecer la necesidad de una limitación a la libertad de prensa es más restringido que aquel con el que cuentan para determinar si es necesario establecer limitaciones a otros elementos de la libertad de expresión en sentido genérico, por la importancia de los medios de comunicación en la democracia. (b) la limitación concreta a adoptar debe estar permitida -en el sentido de no desconocer la prohibición de la censura (directa, indirecta o por consecuencia), que forma parte del ámbito de cobertura del artículo 20 Superior, y a la cual se hará referencia detallada posteriormente-; (c) la relación entre la limitación a adoptar, en tanto medio para alcanzar el fin que se persigue, y la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada para justificar la limitación, ha de ser no solo apta, apropiada o efectivamente conducente para el logro de dicha finalidad, sino cumplir un requisito más exigente. En efecto, la limitación que se pretende justificar para desvirtuar las presunciones anteriormente mencionadas, debe ser un medio (i) materialmente necesario -en el sentido de que no hay otro medio disponible para el logro de la finalidad perseguida en las circunstancias concretas-, y (ii) lo menos restrictivo posible del ejercicio de la libertad de expresión -por lo tanto, de existir un medio alternativo menos restrictivo para alcanzar la finalidad imperiosa, concreta y específica, la limitación de la libertad de expresión será contraria a este derecho fundamental y tenerse por violatoria de la libertad de expresión-; (d) la incidencia de la limitación sobre la libertad de expresión debe ser proporcionada, de tal forma que son inadmisibles las limitaciones excesivas. El requisito de proporcionalidad exige una particular atención por parte de las autoridades, tanto de aquella que adopta la limitación como de la que revisa su constitucionalidad. Esta proporcionalidad se determina, no solo evaluando si no existe una desproporción manifiesta entre la limitación y la finalidad que se busca, sino estableciendo en forma positiva que la relación entre ambos extremos -el fin buscado y el alcance de la limitación- logra un equilibrio adecuado. Entonces, la limitación que se pretende justificar ha de maximizar la armonización entre la finalidad buscada y el ejercicio de la libertad de expresión, de tal forma que el grado de incidencia sobre dicha libertad sea menor o igual al peso de la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada como justificación de la limitación sospechosa de dicha libertad. Al analizar si se logra en el caso concreto dicha armonización, son pertinentes criterios que permitan verificar si (1) se ha establecido un equilibrio entre todos los diferentes valores en conflicto, (2) que los promueve de manera simultánea, (3) armonizándolos concretamente dentro de las circunstancias del caso en particular, (4) sobre la base de una apreciación aceptable de los hechos relevantes vistos como un todo, partiendo del contexto en el cual tuvieron lugar tanto las expresiones como la limitación, y factores tales como el tipo específico de libertad de expresión que se está limitando, la naturaleza y severidad de las limitaciones adoptadas y su duración en el tiempo, así como las circunstancias particulares de las personas involucradas en el acto expresivo y cualquier elemento de interés público que esté presente dentro de las circunstancias generales de la expresión limitada, (5) prestando atención a los efectos que tendrá la limitación sobre el libre flujo de ideas, informaciones y expresiones en la sociedad, de manera que éste no sea desestimulado, en particular en lo atinente a asuntos de interés público, (6) asegurándose de que el impacto de la limitación es compatible con el funcionamiento de una sociedad democrática abierta y pluralista, y (7) verificando que la limitación no tiene un animus persecutorio o retaliatorio ni un impacto discriminatorio." [T-391 de 2007]
[25]Estas abstenciones se refieren a: "ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar."
[26]ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:
[27] Decreto-Ley 1900 de 1990 "Por medio del cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines".(…)Artículo 52. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas al ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes: (…) 11. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones."
[28] Igual sucede con el artículo 9° de la Ley 72 de 1989 que establece la posibilidad de que el Ministerio de Comunicaciones imponga sanciones a los concesionarios de los servicios de comunicaciones, cuando incumplan sus deberes contractuales y legales, circunscrito a las regulaciones sobre el uso de las telecomunicaciones, y no a la protección a los menores de dieciocho (18) años.
[29]Ejemplos de ello son: el Acuerdo 004 del 13 de febrero de 2005, de la Comisión Nacional de Televisión que reguló "la obligación de señalizar la pertinencia de los contenidos en la parrilla de programación". Esta regulación dispuso deberes concretos de las programadoras de televisión de señalizar el contenido de los programas y así mismo anunciar de manera clara si dichos contenidos son o no propios para menores de dieciocho (18) años. A su vez, el artículo 7° del Acuerdo dispone que el incumplimiento de los deberes de señalización dará lugar a sanciones, que se impondrán de conformidad con el procedimiento general del Código Contencioso Administrativo. También, de conformidad con el artículo 11 de la ley 335 de 1996, mediante el Acuerdo 001 del 18 de enero de 2007 la Comisión Nacional de Televisión reguló lo relativo a la emisión del espacio del Defensor del Televidente, y en su articulo 10° determinó las sanciones respectivas para quienes no cumplieran con las reglas de dicha emisión.
[30] [Cita del aparte transcrito] Ver Ramón Parada Vásquez, "Derecho Administrativo", Tomo I, Marcial Pons, Madrid, 1996. Luis Morell Ocaña, "Curso de Derecho Administrativo, Tomo II "La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional", Arandazi, Madrid, 1996.
[31] Sentencia C-827 de 2001, reiterada en la SU-1010 de 2008.
[32] Ver por ejemplo la sentencia C-421 de 2006

References: artículo 18
 artículo 20
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 305
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 241
 artículo 47
 artículo 305
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 47
 Artículo 18
 Artículo 41
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 47
 Artículo 44
 artículo 336
 artículo 279
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 11