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Timestamp: 2018-07-23 17:03:51+00:00

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AsambleaRíodeLaPlataCuencaInternacional: 2015
PRESENTAMOS LA SIGUIENTE DENUNCIA PENAL EN EL JUZGADO FEDERAL DE MERCEDES POR CRIMEN DE LESA HUMANIDAD Y ESTRAGO DOLOSO AMBIENTAL SEGUIDO DE MUERTE, SEMEJANTE A LAS PRESENTADAS EN EL FUERO FEDERAL DE CAMPANA Y SAN ISIDRO POR LAS ULTIMAS INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL LUJAN
SR JUEZ FEDERAL DE MERCEDES.
Dr. HECTOR RUBEN ECHAVE.
VALVERDE, ALEJANDRA DANIELA DNI 27083691; KRENZ, KAREN ROMINA DNI 34729411; POTH, CARLA MARIELA DNI 27789433; MAGNANI, HECTOR HUGO DNI: 16.149.627 ;REBASA, VIVIANA RAQUEL DNI: 92.443.700; MORENO, LEONARDO ALEXIS DNI 25149849 y ENRIQUE CARLOS FERRECCIO ALTUBE DNI 8037105 integrantes del pueblo de Luján, con el patrocinio letrado del Dr. ENRIQUE CARLOS FERRECCIO ALTUBE, abogado Tº81 Fº 887 CPACF, MFI Tº 110 Fº 505, domicilio electrónico: 20080371056, mail: eferreccio@hotmail.com, Por propio derecho y respetuosamente nos presentamos ante VS y decimos:
Que en atención a los hechos de público conocimiento sucedidos en la Provincia de Buenos Aires, con motivo de las últimas inundaciones -octubre del 2014 y agosto del 2015- en la cuenca del río Luján, es que en nuestro carácter de denunciantes y querellantes ante el Juzgado Federal de San Isidro (-causa Nº 439/13 (ex. 8951/11) caratulada “SCHWARTZ, ADRIAN GABRIEL, Barrio Cerrado Náutico Colony Park SA, Estado Nacional y Otros s/ Denuncia Daño Agravado sobre bienes del Dominio Público Natural, Crimen de Lesa Humanidad” del Registro de la Secretaria Nº 2; y la causa Nº 9066/12, caratulada: “Ledesma Antonio c/ N.N. Urbanizaciones Cerradas Náuticas NORDELTA S.A. Estado Nacional y Otros s/Estrago Ambiental Doloso seguido de muerte, Infracción Ley 24051 y Apoderamiento indebido de bienes públicos”-); y ante el Juzgado Penal Federal de Campana (-causa Nº 1619 de la Secretaria Nº 2 caratulada “REBASA Viviana y Otros s/ Estrago Ambiental Doloso Seguido de Muerte c/ Urbanizaciones Cerradas, Estado Nacional y Otros”; reencausado en la causa Nº 21740/2015, “N.N. s/INCENDIO U OTRO ESTRAGO CON PELIGRO DE MUERTE”-) es que nos vemos en la necesidad de elevar la presente denuncia ante el Juzgado Federal de Mercedes, aportando pruebas.
Por lo que solicitamos a VS se investigue la responsabilidad por omisión o comisión por omisión de funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal, quienes en connivencia con los directivos de los emprendimientos inmobiliarios de las Urbanizaciones Cerradas “UC” (“Altos de Mercedes”, “Las Praderas de Luján”, "La Colina Golf & Polo", Club de Chacras "Haras El Argentino Farm Club”, “Everlinks Golf y Country Club” y otros que irá incorporando la investigación), habrían ocupado en forma indebida el valle de inundación del Luján, es decir se habrían apoderado ilegalmente de bienes inmuebles correspondientes al dominio público natural, en los Municipios de la jurisdicción federal de Mercedes.
De este modo, advertirá VS que las obras desarrolladas en la cuenca media y baja del Río Luján tanto en Pilar, Escobar y Tigre traen aparejadas consecuencias negativas en los partidos localizados aguas arriba como en la Ciudad de Luján, Pilar y Mercedes; y ello, por la construcción de Urbanizaciones Cerradas “UC” sobre bienes inmuebles del dominio público natural –Humedal del Luján-, provocando embalsamiento con efecto acumulativo, en zonas de escurrimiento de las aguas de superficie, ocasionando inundaciones en zonas urbanas y rurales causando perjuicio irreparable. Ergo, se torna indispensable el conocimiento de VS de los hechos lesivos denunciados en la presente, conforme los siguientes fundamentos.
Que recurrimos ante VS, aportando pruebas para que la instrucción verifique la presunta comisión de estrago doloso ambiental seguido de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, crimen de lesa humanidad, daño agravado sobre bienes públicos y juntamente con las responsabilidades que les cabría a las Urbanizaciones Cerradas “UC” por su construcciones sobre el valle mayor de inundación del Río Luján, es decir sobre bienes inmuebles del dominio público natural, generando un efecto acumulativo por endicamiento, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas; y en consecuencia, ocasionando inundaciones catastróficas sobre Mercedes, General Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles, Suipacha y demás pueblos que integran la cuenca del Río Luján, causando perjuicio de acuerdo los siguientes argumentos:
Primero: Venimos a formular denuncia penal por la presunta comisión de hechos que podrían configurar a prima facie la comisión de los delitos de ESTRAGO DOLOSO SEGUIDO DE MUERTE (art. 186 inc. 5 C.P.), e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (art. 249 CP), sin perjuicio de otros que pudieran surgir con la investigación, contra los Sres. DANIEL SCIOLI, y los Intendentes que permitieron u omitieron controlar la construcción de las “UC”, en la zona de escurrimiento de aguas superficiales, como el cauce mayor en la cuenca del Río Luján.
Tercero: La plataforma fáctica delictiva estaría integrada además, por el incumplimiento a los deberes, abuso de autoridad y abandono de persona que deviene en crimen de lesa humanidad, por una política de estado que tendría como autores responsables, entre otros, a los Ex-Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires EDUARDO DUHALDE (1991 a 1999), CARLOS RUCKAUF (1999 a 2001), FELIPE SOLA (2002 y 2007) y el actual Gobernador Sr. DANIEL SCIOLI (2007); quienes actuaron en connivencia con los respectivos Intendentes, entre los cuales podemos identificar al entonces Intendentes de Tigre RICARDO JOSÉ UBIETO (1987/2006; Sr. SERGIO MASSA (2007/2013) y el actual Intendente de Pilar HUMBERTO ZÚCCARO, de Luján OSCAR LUCIANI y otros intendentes a determinar por el MPF, que mediante un modus operandi lesivo, concedieron las respectivas convalidaciones técnicas finales, autorizando la construcción de las Urbanizaciones Cerradas y/o cualquier otra obra sobre bañados pertenecientes al dominio público natural, perjudicando el normal escurrimiento de las aguas de superficie del valle de inundación del Río Luján, afluente del Paraná y Río de la Plata.
Cuarto: Funcionarios públicos éstos que, en complicidad con las Autoridades de Aplicación del Estado Nacional, Provincial y Municipal en la materia ambiental, habrían vulnerado garantías constitucionales que integran el contenido del derecho de propiedad, sobre bienes del dominio público natural, perteneciente al “pueblo”; porque, sólo esos usos, son los que realiza y realizó “ab-initio” el pueblo como tal, causando estrago doloso por inundación, seguido de muerte y provocando daño sobre personas, sus bienes y el ecosistema.
Quinto: Asimismo, serían responsables solidarios, los directivos e integrantes de las Urbanizaciones Cerradas “UC”, como las personas físicas o personas jurídicas a determinar, que se apropiaron indebidamente de estos bienes del dominio público, elevando la cota, cavando profundas cavas, usurpando aguas como bien inmueble para lagunas internas, perjudicando la libre navegación y su seguridad, adulterando las aguas de superficie y destruyendo acuíferos, ocasionando daños hidrogeológicos sobre la Cuenca del Luján y el Delta del Paraná; encontrándose identificado “Altos de Mercedes”, “Las Praderas de Luján”, "La Colina Golf & Polo", Club de Chacras "Haras El Argentino Farm Club”, “Everlinks Golf y Country Club” y otras “UC” a determinar por la instrucción.
Sexto: Quedaría evidenciado, que los responsables de los Emprendimientos Inmobiliarios o Urbanizaciones Cerradas, habrían actuado en connivencia con los Intendentes, los integrantes de los respectivos Concejos Deliberantes y las Autoridades de Aplicación del Estado Municipal, conjuntamente con las Autoridades del Ejecutivo Provincial y Nacional quienes habrían incumplido con la ley y los deberes de funcionario público, abusado de su autoridad por su responsabilidad en la preservación de dichos inmuebles del dominio públicos, conforme la manda constitucional del art. 41 de la Carta Magna y las leyes que lo reglamentan.
Séptimo: La denuncia se fundamenta también en la omisión o comisión por omisión y/o deficiencia o negligencia en el control y regulación del uso del suelo, por parte del Estado Provincial y Municipal, al permitir a las Urbanizaciones Cerradas apropiarse en forma indebida de bienes públicos que se encuentran fuera del comercio, como lo es el lecho o cauce del Rió Luján, provocando un endicamiento acumulativo de las aguas, una alteración en el régimen hidrológico del río, provocando desbordes en momento de lluvias ordinarias y extraordinarias, situación que ha generado perjuicio irreparable a la población civil.
Octavo: Asimismo, invocamos asumir el rol de QUERELLANTES, para poder impulsar la causa, a fin de esclarecer los hechos lesivos denunciados a continuación.
III.- HECHOS Y MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN EL ESTRAGO DOLOSO SEGUIDO DE MUERTE. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.
Las construcciones de Urbanizaciones Cerradas (“UC”) sobre bienes inmuebles del dominio público natural de la Provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Río Luján genera un efecto acumulativo por endicamiento, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas, ocasionando inundaciones al desbordar el Río Luján, tras el temporal que azotó la zona desde el 30 octubre del 2014, en la Provincia de Buenos Aires, perjudicando a la población civil que colinda con la cuenca, además de los 6.000 evacuados y el fallecimiento del adolescente NAHUEL REYES del Municipio de Luján y del joven de 22 años DANIEL QUINTANA del Municipio de San Fernando.
Este estrago doloso ambiental seguido de muerte, se reitera el 6 de agosto próximo pasado por el temporal que inunda la cuenca del río Luján, provocando el fallecimiento del niño de 11 años RODRIGO SOSA, al caer a un arroyo desbordado en Pilar y de JULIO MEDINA, de 39 años que recibió una trágica descarga.
El director provincial de Defensa Civil de la provincia, LUCIANO TIMERMAN, dijo al diario: LA NACIÓN que Luján continúa siendo el distrito más perjudicado por el fenómeno meteorológico. Allí, unos 250 pobladores permanecían alojados en el edificio de la universidad local y en un colegio de la zona céntrica. En Mercedes, se contabilizan 60 evacuados; y 141 en Pilar.
En varios distritos la inundación es histórica y el agua está tardando mucho en bajar, justamente por el efecto de endicamiento acumulativo por los barrios privados construidos sobre el área inundable de descarga de las aguas del río Luján, causando perjuicio a la población civil y anegamiento sobre la ruta 9 y la ruta 8 que colapsaron y cortaron al transporte carretero y las vías del ferrocarril.
Desde mediados del 2008, en la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires se viene desarrollando un tipo de urbanismo privado (urbanizaciones cerradas) dirigido a clases medias-altas y altas, sobre los humedales bienes del dominio público natural, que son ecosistemas con características peculiares que juegan un papel muy importante como amortiguadores de inundaciones y generan una alteración de los servicios ecológicos básicos, especialmente en la interfase de los sistemas pampeano-deltaico-rioplatense.
Existe responsabilidad del Estado Municipal, Provincial y Nacional por haber incumplido las leyes, vulnerado el marco jurídico, permitiendo ocupar por Urbanizaciones Cerradas los valles de inundación que provocó la catástrofe que estamos denunciando, por haber omitido todo control para la prevención de las inundaciones ante el desborde del Río Luján; y su co-responsabilidad se ha generado también en los efectos negativos para las personas, su salud, el ambiente y las actividades económicas al haberse inundando vastas zonas y demorando varios días la bajante de las aguas, justamente por el efecto tapón que produce el endicamiento acumulativo los alteos para la construcción de los barrios privados en la cuenca alta, media y baja del Río Luján.
El caso que nos ocupa, mediante el desarrollo de grandes Urbanizaciones Cerradas, en la zona de escurrimiento de las aguas de superficie sobre el Valle de Inundación del Río Luján, ha causado un taponamiento por el endicamiento de miles de hectáreas por elevación de cota y polderización para la construcción de sus viviendas; en consecuencia, se puso en peligro real y concreto a un número indeterminado de personas por las grandes inundaciones que se vienen sucediendo en forma reiterada, configurándose el tipo penal de estrago, el cual se ve agravado en cuanto a su pena, por el lamentable deceso de dos personas en la cuenca del Río Lujan sobre el Municipio de Luján.
Los Partidos de Mercedes y Luján tienen su correlato, donde también se levantaron polémicos terraplenes en las Urbanizaciones Cerradas sobre el Humedal del Río Lujan, como las siguientes:
1º) Club de Campo “Altos de Mercedes”, ubicado sobre la margen izquierda en una extensión de 2 km del cauce menor del Río Luján, desde la prolongación de la avenida 29 hasta la ruta 41; encontrándose atravesado por el arroyo Frías, bordeado por un terraplén, apropiando en forma indebida unas 120 hectáreas del humedal del Río Luján.
2º) Club de campo de golf "Las Praderas de Lujan", ubicado sobre la margen ribereña izquierda del cauce mayor del Río Luján, ocupando en forma indebida unas 270 has. del valle de inundación, próximo a la Ruta 192.
3º) Club de Campo "La Colina Golf & Polo", ubicado sobre la margen derecha del valle de inundación del Río Luján, ocupando en forma indebida unas 330 has. próximo a la Ruta 6.
4º) Club de Chacras "Haras El Argentino Farm Club”, ubicado sobre la margen izquierda del valle de inundación del Río Luján, ocupando en forma indebida unas 408 has, próxima a la Ruta 192.
5º) “Everlinks Golf y Country Club”, ubicado sobre la margen ribereña derecha del valle de inundación del Río Luján, ocupando en forma indebida 224 hectáreas y 3 km lindan con el cauce menor del Río Luján.
En casos como el analizado en esta presentación, el máximo funcionario de ambiente de la Nación, Ing. OMAR V. JUDIS, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y/u otros funcionarios de su área, de quienes se espera capacidad experta y reacciones oportunas, tanto en tiempo como en forma, habrían actuado irresponsablemente permitiendo que las Urbanizaciones Cerradas ocuparan zonas del valle de inundación del Río Lujan y actuaran como diques de contención, incrementando el desborde de la creciente y que el agua inundara zonas pobladas, transformándose en una catástrofe tipificada como estrago ambiental doloso seguido de muerte, de difícil control, por haberse ocupado zonas de escurrimiento natural.
MODUS OPERANDI: Conforme la catástrofe por las terribles inundaciones que está atravesando la cuenca del río Luján, se podrá observar en los Municipios que integran la jurisdicción de VS, que existe por el boom inmobiliarios, un modus operandi, que está destruyendo los Humedales y Bajíos ribereños del río Luján.
Se omite respetar, mediante estas conductas lesivas de los funcionarios públicos integrantes del Estado Municipal, Provincial y Nacional, la manda del art. 41 de la CN; art. 28º de la Const. Provincial de Buenos Aires, como la interpretación armónica y coordinada de los preceptos, tanto del anterior Código Civil Ley 17711/68, como del vigente Código Civil y Comercial art. 235, al prescribir que si bien los bienes inmuebles del dominio público están fuera del comercio (art. 234 C. Civ.), no puede ser objeto de actos jurídicos, ni del derecho real de propiedad, pues la regla de indisponibilidad se impone como principio general art 237 CCyC; pero, como lo venimos denunciando en el legajo, se están transfiriendo inmueble públicos del Estado sin ley que lo autorice, por cuando los órganos administrativos (Ejecutivo Municipal y Provincial) están dictando Decretos y Resoluciones sobre cuestiones que sólo pueden ser resueltas por el Congreso de la Nación Argentina.
Por ello, se está desconociendo lo prescripto en el art. 3 y 5 de la ley 25688; arts. 4, 6, 8, 11 a 13 y 19 a 21 de la ley 25675, a disposiciones locales art. 2º, 3º, 5º, 12º, 18º (este 18º fue corregido por el 20º de la ley 25675), 20º, 23º inc a) y b), 39º y en especial al Anexo II, Punto I, par 7º y 8º de la ley11723; al art 4º de la ley 6253, a los arts. 2º, 3º inc c y 5º de la ley 6254, art 6 y 18 ley 12257, Resolución Nº 29/09 del OPDS como así también los bienes ambientales que se encuentran enunciados dentro del dominio público, en rigor, no son solamente propiedad del Estado ya que configuran supuestos de bienes colectivos.
Tal es el caso de los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, art. 235 CCyC. Asimismo, al ordenar el uso y goce en el art. 237 del CCyC también establece la determinación y caracteres de las cosas del Estado. “Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos 235 y 236 CCyC. Razón por la cual la glosa al presente artículo versa sobre el régimen jurídico de la dominicalidad.
Sobre la naturaleza jurídica del derecho que posee el Estado sobre los bienes del dominio público, la doctrina ha elaborado diversas teorías. Manuel Diez enseña que el derecho que ejerce el Estado es el de “propiedad pública” ya que puede ejercer todos los atributos inherentes al mismo, el ius utendi lo ejerce para ciertos bienes la persona jurídica pública en la única forma en que puede hacerlo, vale decir por medio de sus componentes en este caso el pueblo. En lo que respecta al ius fruendi lo ejerce también, porque puede recoger los frutos naturales que se produzcan, sin contar con los frutos civiles obtenidos por medio de concesiones y permisos que se deben otorgar respetando el objeto, la función del bien dominical. Por lo que hace al ius abutenid, facultad de disponer, la ejercen también las personas jurídicas públicas respecto a los bienes de su dominio público, por cuanto las pueden desafectar en determinados casos, con lo que pasarían a su dominio privado y podrían ser alienadas.
Los bienes del dominio público, al estar destinados a la utilidad y la comodidad de toda la sociedad, se encuentran fuera del comercio privado. Señala Bielsa que el propio destino de las cosas públicas impide que sobre estas haya posesión ni tenencia de particulares o personas determinadas. Coincidimos parcialmente con Bielsa puesto que los particulares ejercen una particular clase de tenencia sobre estas cosas, sobre la cual volveremos al tratar la “imprescriptibilidad”. Se deriva de la inalienabilidad el hecho de que no puedan embargarse tales bienes. De acuerdo a este autor, el fundamento jurídico de tal prohibición deriva del carácter “extracomercial” de aquellos, en razón de su especial destino.
Allende define a las aguas subterráneas como aquellas aguas que se encuentran debajo de la tierra, al tiempo que remarca que la importancia del agua subterránea resulta de su inmensa cantidad. Asimismo, señala que el lugar donde el agua subterránea sale a lasuperficie, aflora, brota, toma el nombre de fuente, manantial y también vertiente. Cuando el agua surge naturalmente se habla de “fuentes, manantiales y vertientes”, en cambio cuando surge artificialmente, es decir por la actividad del hombre, recibe el nombre de “pozos o pozos artesianos”.
Pero, ¿cuándo el propietario tiene derecho a extraer las aguas subterráneas de su fundo? La salvedad introducida por el art. 235, inc. c) abarca dos supuestos que se encuentran contenidos en el art. 239, a saber:
(a). “Cuando el agua subterránea surja de terrenos de los particulares, sin formar un cauce natural”. En este caso, las aguas “pertenecen a sus dueños”. No obstante, deben ejercer de forma “regular” su derecho a la extracción de tales aguas, tal como lo dispone el art. 235, inc. c). ¿En qué consiste el “ejercicio regular”? En principio, el “ejercicio regular” se traduce en la utilización libre de las aguas privadas, siempre que no se ocasione “perjuicio a terceros” ni que el uso sea “en mayor medida” que el derecho del propietario (art. 239). A su vez, el “ejercicio regular” supone el respeto del “control” que ejerza la autoridad de aplicación sobre dichas aguas y al cumplimiento de las restricciones que en interés público establezca la misma (art. 239).
(b). “Cuando el agua subterránea surja de terrenos de los particulares, formando cauce natural”. En este supuesto, si bien el agua es del dominio público del Estado, los particulares pueden servirse de ellas. La facultad es consecuencia del art. 235, inc. c) que permite el “ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales”. Sin embargo, como las aguas son del dominio público, los particulares “no deben alterar esos cursos de agua”.
Más aún, el uso que de ellas se haga por cualquier título, incluso las “obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles”. En última instancia, del correlato entre la “permisión” del art. 235, inc. c) y la “prohibición” del art. 239 se gesta una suerte de “permiso de uso de fuente legal” de las aguas subterráneas que surgen en terreno de los particulares y que constituyen cauce natural.
A mayor abundamiento, la utilización de las aguas queda sujeta al “ejercicio regular” del derecho del dueño de la heredad por donde el cauce natural corre, pero siempre señalando que no posee las prerrogativas del dominio sobre esas aguas, ni siquiera posee un derecho subjetivo, porque en rigor la utilización de las aguas proviene de un permiso de uso que le concede el Estado al dueño del predio por medio de la ley. Por último, el art. 239 sentencia: “El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho alguno”.
Al respecto, autores como Marienhoff y J. H. Alterini han dicho que la previsión legal debe entenderse en el sentido de que si bien los dueños de los fundos inferiores pueden beneficiarse con las aguas que descienden hacia ellos de fuentes cuyos titulares no las captaron, ese hecho del desagüe no es suficiente para que pueda controvertirse el derecho del dueño de la fuente para una futura captación; ello sin perjuicio de que el dueño del fundo inferior hubiese adquirido una servidumbre (art. 2162 y 2166).
En síntesis, por regla las aguas subterráneas, formen o no cauce natural, son del dominio público del Estado. La importancia del “cauce natural” para determinar la naturaleza pública del agua subterránea juega en el caso de que ellas surjan en terrenos de los particulares.
Aguas del dominio de los particulares. El art. 1945 CCyC establece que “el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo (…) en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales”. Sin embargo, las potestades del propietario no abarcan las aguas subterráneas, las cuales, por regla, pertenecen al dominio público del Estado (art. 235, inc. c). Para que el dueño pueda extender su derecho real de dominio al agua subterránea, deben darse dos requisitos: a) que ella surja en terreno de su propiedad; y b) que no forme un cauce natural; sin la reunión de ambas exigencias, las aguas serán del Estado.
En este sentido, el art. 239 establece que las aguas “pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales”. No obstante, cumplidos los requisitos señalados, las aguas subterráneas pertenecen al dueño de los terrenos de donde ellas surgieron.
La nueva legislación continúa con los criterios de la ley 17.711, en el sentido de que las aguas subterráneas pertenecen al Estado como regla, y a los particulares como excepción. A su vez, sigue otorgándole relevancia a la formación del cauce natural para determinar la naturaleza de las aguas que surgen en terreno de los particulares. Pero existe una omisión, puesto que el Código suprime el art. 2350 CC.
De esta forma, se introduce un importante cambio ya que cobra relevancia el hecho de determinar si las aguas que surgen y mueren en terreno del particular forman o no cauce natural. Anteriormente, ello no importaba (aun después de la Reforma de la ley 17.711) porque el art. 2350 era determinante en este sentido cuando expresaba que “las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen, en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad”.
El legislador, al eliminar este artículo, amplifica la potestad del Estado sobre esta clase de aguas; de ahí, la fortaleza que reviste el enunciado: “Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales”. En síntesis, si las aguas surgen en terreno de los particulares formando cauce natural, ellas en rigor son aguas públicas y no privadas, como lo eran tanto en el Código original de Vélez, como luego de la Reforma de la ley 17.711.
Se advierte que el derecho a usar las aguas subterráneas es “libre” -en principio- en la medida que el titular ejerza sus derechos sin sobrepasar los límites sociales impuestos, siempre y cuando no lesione el interés ambiental.
La manifestación socioambiental de su derecho queda plasmada en el art. 235, inc. c) bajo la fórmula “ejercicio regular del derecho del propietario”, enunciado este que se detalla en el art. 239 al disponer que las aguas de los particulares “quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación”.
Más aún, la norma refuerza el sustento socioambiental del derecho cuando le imprime una doble limitación al uso de las aguas: a) no perjudicar a terceros; y b) no utilizar las aguas en mayor medida de su derecho.
Sin perjuicio de esto, el “ejercicio regular del derecho del propietario” queda contenido dentro del marco general, el principio de buena fe (art. 9), el abuso del derecho (art. 10), el orden público y el fraude a la ley (art. 12), el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente (art. 14 in fine), el ejercicio compatible entre los derechos individuales y los de incidencia colectiva (art. 240), el uso, goce y disposición de la cosa dentro de los límites previstos por la ley (art. 1941) y la normal tolerancia entre vecinos (art. 1973).
En síntesis, el CCyC, al dejar expresamente asentado el reconocimiento de los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, crea un verdadero sistema que posibilita la coexistencia pacífica de ellos (art. 14).
Límites sociales al ejercicio de los derechos individuales Los derechos subjetivos no se agotan en el ámbito de los intereses individuales en virtud de que poseen un cariz social; esta faceta social de los derechos individuales fue históricamente señalada por la doctrina nacional y extranjera.
Es más, se logra armonizar el cuerpo civil con el mandato constitucional del art. 41 de la norma fundamental, el cual establece que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. En última instancia, la disposición contenida en el art. 241 no es más que una aplicación especial de lo ordenado por el art. 1°, Fuentes y aplicación.
En base a todos estos mandatos jurídicos y conforme las reglas de la sana critica, los anteriores y actuales Intendentes serían los responsables en autorizar las “Urbanizaciones Cerradas” sobre el valle de inundación del Río Luján, es decir sobre bienes inmuebles pertenecientes al dominio público natural; en consecuencia, tanto los Intendentes como sus respectivos Concejos Deliberantes han decidido que el uso del suelo sea declarado urbanizable, arrogándose funciones del Congreso de la Nación, que es el único con competencia para desafectar bienes públicos y afectarlos al dominio privado.
A modo de ejemplo esclarecedor, el Ex-Intendente de Tigre SERGIO MASSA, tenía como asesor "ad-honorem" al Sr. JORGE O’Reilly, que es el titular de EIDICO. Dicha empresa es la desarrolladora inmobiliaria de los Barrios Villa Nueva (Tigre) y San Sebastián (Pilar), ambos asentados sobre Humedales.
El Decreto 607/04 del Gobernador Ing. Agr. FELIPE SOLÁ, aprobando la Ordenanza Municipal de Pilar Nº 119/99 y su DECRETO1625/99, por la que se modifica el Código de Zonificación vigente, varía el cambio del destino parcelario de “uso rural” a “uso urbano” en la zona de bañados del Río Luján, en 1.100 has., dentro de la línea de ribera para darle un viso de legalidad al emprendimiento San Sebastián, correspondiente a bienes inmuebles del dominio público natural, que sin haber sido desafectado por ley formal del Congreso de la Nación, lo pasan al dominio privado.
Se inicia así un ilegal camino administrativo “se aprueba la documentación técnica presentada por la urbanización cerrada permitiendo apoderarse de bienes públicos dentro del valle de inundación del rio(…)”. Es decir que, abusando de su autoridad e incumpliendo con sus deberes el Sr. Director Provincial de la Autoridad del Agua, vulnera la fijación de la línea de ribera conforme la manda del Código de Aguas de la Provincia, permitiendo que particulares se apropien indebidamente del lecho del Río Luján que son bienes del dominio público natural, con el agravante que otorga a través de la Resolución Nº 256 el día 1 de abril del 2009 el Certificado de Aptitud Hidráulica.
Como lo venimos denunciando ante los Juzgados Federales, se están vendiendo inmueble públicos del Pueblo Argentino sin ley que lo autorice, por cuando los órganos administrativos (Ejecutivo Municipal y Provincial) están dictando Decretos y Resoluciones sobre cuestiones que sólo pueden ser resueltas por el Congreso de la Nación Argentina.
En el mismo orden, la fijación de la línea de ribera le compete al Autoridad del Agua conforme lo dicte la naturaleza, el ADA es la Autoridad de Aplicación para la fijación de la línea de ribera, art 18 ley 12257.
A esta altura de los acontecimientos, resulta posible determinar de manera categórica, la magnitud del daño ambiental que ocasionan obras de relleno sobre el cauce del Río del Luján, que estarían provocando estrago doloso seguido de muerte, tanto por las sudestadas, en el fallecimiento del joven de 22 años DANIEL QUINTANA del Municipio de San Fernando y por las crecientes como le sucedió al adolecente NAHUEL REYES del Municipio de Luján; ello se debe también, a la carencia del Estudio de Impacto Ambiental exigible por la Ley 11.723 para emprendimientos de esta naturaleza.
El proceso administrativo previo de Impacto Ambiental, no se tramita conforme la ley, lo cual también demuestra la falta absoluta de previsión con la que han sido concebidos las obranzas de los emprendimientos urbanos en los bajíos inundables del Río Luján por parte de la Autoridad Pública, en la medida en que no han sido consideradas en el proceso administrativo que lo convalida, las siguientes cuestiones:
(a) Impacto sobre la dinámica litoral. Cambios en la hidrodinámica, sedimentación, embancamiento, alteración del régimen hidrológico del río y vías navegables del Delta del Paraná y Rio de la plata, teniendo en cuenta que el Luján integra el Río de la Plata por ser el denominado Canal costanero en el “Tratado del Rio de la Plata”.
(b) Determinación de posibles zonas de erosión y acumulación costera. Evaluación de riesgos de inundaciones al impedir la salida del agua que se acumule. Debido que la ampliación del área costera se logra a expensas del avance sobre el medio acuático, esto trae como consecuencia la exposición del nuevo contorno a zonas de mayor profundidad y energía de olas. El desarrollo de estas zonas de erosión y de acumulación será parte de la evolución del “eventual” nuevo contorno costero, cuya lógica consecuencia a preverse es una mayor intensidad en los procesos erosivos e inundación por sudestada, que no se vislumbra haya preocupado a los funcionarios públicos de las Autoridades de Aplicación con responsabilidad en la materia.
(c) El advenimiento de diques o murallones artificialmente generados por el relleno, producirá efecto acumulativo y su consecuente alteración del régimen hidrológico del río Luján. Conforme la Declaración de Río de Janeiro de 1992, suscripta por la República Argentina, en el Principio 15 de la Declaración, se establece que: “Con el fin de proteger el ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de la precaución. Cuando haya peligro de daño grave, la falta de certeza científica absoluta, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medioambiente (SIC.)”.
(d) Si bien el Decreto Ley 9297/1979 de "Fondeaderos" admite la utilización por parte de los particulares de los espejos de aguas de cursos navegables, arroyos, canales y dársenas de jurisdicción provincial. Puntualiza que dicha norma expresamente establece que los Municipios serán los órganos de aplicación y reglamentación, pudiendo otorgar permisos de uso y autorizar o efectuar construcciones de dársenas, canales, caletas, obras complementarias, y dragados de superficies destinadas a fondeaderos mediante la retribución pecuniaria que se establezca.
Este hecho descrito como ejemplo, se lo puede corroborar por inspección ocular, junto a las fotografías aéreas, en éste y en todos los demás emprendimientos identificados en autos por la instrucción. Todo ello revela, que el obrar administrativo del Municipio y Provincia, al autorizar actos de disposición sobre terrenos aluvionales que no le pertenecen sobre el cauce del río Luján, arrogándose funciones del Congreso de la Nación que es el único para desafectar bienes del dominio público y pasarlos al dominio privado. En consecuencia, se estaría vulnerando la manda de los arts. 1, 31 y 41 CN y art. 28º de la Const. Provincial de Buenos Aires y Tratados Internacionales además del Código Civil y Comercial, causando perjuicio a la población civil.
Mediante esta conducta lesiva los funcionarios públicos integrantes del Municipio de Mercedes, Luján, etc, conjuntamente con los funcionarios del Estado Provincial de Buenos Aires, habrían vulnerado la manda del art. 41 de CN; art. 28º de la Const. Provincial de Buenos Aires; los artículos del CCyC (nuevo Código Civil) detallados anteriormente; el art. 3º y 5º de la ley 25688; arts 4º, 6º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 de la ley 25675, a disposiciones locales art. 2º, 3º, 5º, 12º, 18º (este 18º fue corregido por el 20º de la ley 25675), 20º, 23º inc a) y b), 39º y en especial al Anexo II, Punto I, par 7º y 8º de la ley11723; al art 4º de la ley 6253, a los arts. 2º, 3º inc c y 5º de la ley 6254, y art 6 y 18 ley 12257.
De la misma forma, el HCD de cada Municipio, aprueban Ordenanzas afines a esos intereses espurios, como en el caso del Municipio de Pilar que aprueba el 2/9/99 a libro cerrado la Ordenanza Nº 119/99 para el cambio del destino parcelario de la parcela de 1300 has de bañados del Luján, participaron de esa jornada los Concejales HUMBERTO ZÚCCARO (hoy intendente); OSVALDO PUGLIESE (ex jefe de Gabinete), OSCAR SALOM, ex Secretario de Medio Ambiente y JOSÉ MOLINA, ex-senador provincial y ex-titular del OPDS; responsables de la alteración de la naturaleza física de los inmuebles del dominio público natural y de la usurpación de los mismos por actos de disposición indebida del valle de inundación del Río Luján.
Se acredita con estas conductas, que los mismos funcionarios se van reciclando y generan una política de estado perversa en las distintas administraciones, incurren en forma continua, sistemática y generalizada en una comisión por omisión, abuso de autoridad incumplimiento de sus funciones de todos los niveles, desde el propio Gobernador, su jefe de Gabinete y sus ministros de Obras Públicas, Gobierno y Economía, que en sus respectivas áreas de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y Geodesia; Secretaría de Política Ambiental, hoy OPDS; Secretaría de Tierras y Subsecretaría de Asuntos Municipales; y Catastro técnico Territorial omitieron cumplir con el marco jurídico de los art 2°, 3° y 5° de la ley 6254 afectado y agrediendo a la población civil y al ecosistema por su impacto acumulativo.
Por ello, al construir emprendimientos inmobiliarios sobre una zona (suelos) que es el valle de inundación del Río Luján, Paraná o Río de la Plata, estos valles de inundación forman parte de la infraestructura hidráulica natural funcionando como reguladores de los desbordes del sistema y cuyos suelos de rigurosidad natural y de poca pendiente (3 o 4 mm. x km) frenan la escorrentía y absorben gran parte del líquido de las precipitaciones.
Lo señalado por los científicos también fue advertido por el Defensor del Pueblo de La Nación, que exhortó en noviembre de 2010, a través de la Resolución Nº 141/10 a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando, integrantes del Delta del Río Paraná, por las urbanizaciones en humedales, a detener la construcción de barrios cerrados y countries sobre zonas de humedales pertenecientes al Delta del Paraná.
VULNERACIÓN DEL MARCO JURÍDICO: Conforme el principio “iura novit curia”, VS podrá advertir, como lo detallamos anteriormente que los inculpados están vulnerando, el art 41 de la Carta Magna, el art. 28º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso de Argentina como suscriptora de la Convención Internacional Ramsar de Defensa de Humedales y de los 17 tratados internacionales sobre el Paraná y el Plata que integran un “Corpus Iuris Acuarium Ambientalis” como el Tratado del Río de la Plata; los artículos 234, 235, 236 y 237 del nuevo Código Civil y Comercial; arts. 3º y 5º de la ley 25688 (hidrogeología); arts 4º, 6º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 de la ley 25675, la ley11723; Resolución 29/09 del OPDS; al art 4º de la ley 6253, a los arts. 2º, 3º inc c y 5º de la ley 6254, y arts 6 y 18 ley 12257, entre otros preceptos legales.
a.- Decreto-Ley 8912/77 del Ex Gobernador IBÉRICO MANUEL SAINT JEAN (de facto) (1976 – 1981) arts. 64 al 69 del Capítulo V regula Clubes de Campo. Asimismo, sería responsable el ex Gobernador JORGE AGUATO (de facto, enero de 1982/diciembre 1983) por el Decreto 1549/83 reglamentario del Decreto-Ley 8912.
c.- Decreto Nº 27/98 de Barrios Cerrados del Ex-Gobernador de la Provincia de Buenos Aires EDUARDO DUHALDE (1991 a 1999). Que también intentaría regularizar este tipo de emprendimientos a través de la Ley Nacional de Propiedad Horizontal Nº 13.512 o a través del decreto Nº 9404/86 acorde a su art. 10º del decreto Nº 27/98. Asimismo, sería responsable del Decreto Nº 2.568/97 a través del cual y en su art. 1 ordena que la Subsecretaria de Asuntos Municipales e Institucionales será competente en los trámites de aprobación de emprendimientos urbanos (urbanizaciones o barrios cerrados) gestionados mediante la aplicación de la Ley Nacional Nº 13.512.
d- DECRETO Nº 1727 del Gobernador Sr. FELIPE SOLÁ, de julio del año 2002, a través del cual delega en los municipios las facultades de habilitar los emprendimientos de barrios cerrados (prefactibilidad y factibilidad) aunque reservaba para la Provincia la aprobación y fiscalización del proyecto hidráulico así como la tarea de la subdivisión del suelo. El municipio de Pilar firmó con la Provincia.
A los efectos de facilitar la investigación, se ofrece la siguiente prueba:
1º) Se libre oficio a la Dirección de Catastro de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de que se sirva informar, respecto de los bienes inmuebles del dominio público natural que integran los valles de inundación del Río Luján en Mercedes y Luján detalladas en el presente escrito, lo siguiente:
Si se han tomado medidas concretas por parte de la Dirección de Catastro; al momento de otorgar las mensuras; respecto de la vigencia de las Leyes N° 3.771/83 y N° 4.736/93; Decreto Ley N° 18/00 y Art. 58° de la Constitución Provincial.
Que trámite está dando actualmente dicha Dirección de Catastro a las mensuras presentadas por particulares y que tengan relación con el Dominio Público Provincial.
2º) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de Buenos Aires, a efectos de que informe respecto de los barrios cerrados detallados ut supra si existen antecedentes de dominio de las mismas.
3º) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de Buenos Aires, a efectos de que informe si las Urbanizaciones Cerradas denunciadas detentaban el carácter de dominio privado de particulares o del Estado Provincial.
4º) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que identifique e informe, si funcionarios públicos del Estado Nacional, Provincial y Municipal poseen inmuebles sobre estos bienes pertenecientes al dominio público natural en Luján, Mercedes, etc, como el caso del Gobernador y candidato a Presidente de la Nación DANIEL SCIOLI en Villa la Ñata y al candidato a Presidente Sr. SERGIO MASSA.
5º) A la Autoridad de Aplicación de Control Ambiental de la Municipalidad de Mercedes, Luján, etc para que remita los documentos e informes que demuestran el impacto negativo de las inundaciones que se vienen sucediendo en el año, especialmente las consecuencias de los temporales del 30 de octubre del año 2014 y del 6 de agosto del 2015; al área de Salud los documentos e informes que demuestran los efectos negativo sobre la salud de las personas, decesos y sus pérdidas materiales; a otras áreas del gobierno municipal para que resuman los inconvenientes y trastornos producidos por la presencia de la inundación y en general de los perjuicios ocasionados.
6º) Al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Autoridad de Aplicación (áreas de ambiente y administrativo-jurídico) que remitan: 1º.- Todos los reclamos efectuados al gobierno nacional y/o a otra provincia (si los hubiera) sobre necesidad de controlar los desarrollos de las Urbanizaciones Cerradas en la zona de inundación del Río Lujan; 2º.- Normas y procedimientos administrativos aplicados para el manejo de las inundaciones y su prevención, incluidos mecanismos de autorización y control, y cuál fue su protocolo, sus pasos y medidas al comprobarse la ocurrencia de tales inundaciones (si tales pasos y medidas existieron resumen de lo actuado durante esta emergencia del 2015 y durante los meses de enero a noviembre del 2014; 3º.- al OPDS si tiene identificado a los responsables de las Urbanizaciones Cerradas y sus ocupantes o tenedores o propietarios que edificaron elevando cota para impedir la inundación sobre sus construcciones y efectuaron el dragado de grandes lagunas y el refulado para elevar cota sobre zonas inundables pertenecientes a bienes inmuebles del dominio público natural y las medidas administrativas y judiciales que se hubieran adoptado por el poder de policía de la Gobernación; 4º.- Accidentes registrados como consecuencia de las inundaciones en el años 2014 y 2015, incluyendo número de personas heridas, muertes y daños materiales sobre viviendas de la población afectada; 5º.- Inconvenientes y trastornos producidos por las inundaciones en áreas urbanas y rurales de los Municipios de Mercedes, General Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles, Suipacha.
7º) A la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA para que remita todos los informes y documentos que muestren: 1º) Cómo vigilan diariamente el dragado de vías navegables como el Río Luján lo que provoca un gran endicamiento acumulativo alterando el régimen hidrológico del rio, mediante lectura de imágenes satelitales y/o consulta por ejemplo con igual tarea desarrollada por el Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables (si acaso esta vigilancia se efectúa diariamente); 2º) Cuándo tomaron conocimiento de las inundaciones y sudestadas registrados en las zonas del Delta y ambientes asociados (con fecha y hora precisas, y documentación que lo acredite); 3º) Cuál fue su protocolo, sus pasos y medidas al comprobarse la ocurrencia de tales inundaciones (si tales pasos y medidas existieron);
8º) A la SECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES, para que remita todos los informes y documentos que muestren las disposiciones del dragado donde informan que por el momento no altera el régimen hidrológico del Río Luján, y que permitiera el dragado para los distintos emprendimientos inmobiliarios, detallados en autos.
9º) A la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN para que remita los documentos, informes y eventuales autorizaciones para que particulares y/o empresas implanten los barrios cerrados náuticos y el control como Autoridad de Aplicación que le incumbe por el depósito final de los biosólidos o barros al efectuarse el dragado y cavas para relleno en los bajíos inundables del cauce mayor del Río Luján.
10º) A la Subsecretaria de Recursos Hídricos, al Instituto Nacional del Agua y a la Autoridad Nacional del Agua que informen 1º) Cuándo y si recibieron los requerimientos de los Municipios para que se delimite y fije la línea de ribera conforme las crecientes medias ordinarias del entonces vigente art. 2340 inc. 4 Código Civil; 2º) Cuándo (día y hora) en que empezó a actuar en la zona y con qué recursos, indicando si se solicitó apoyo o no de recursos humanos y técnicos a otras dependencias y en caso afirmativo, de qué recursos se trató, y su origen; 3º) Listado con nombres, apellidos y dirección de los responsables de los Urbanizaciones Cerradas náuticas que sobre zonas inundables o sobre el valle de inundación del Lujan solicitaron la fijación de la línea de ribera y quedan ubicados dentro de esta y el cauce mayor del Río Luján.
11º) Al Ministro ALEJANDRO ARLÍA, para que remita el proceso administrativo previo de Estudio de Impacto Ambiental, conforme las obras de limpieza del río Lujan, que el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, retomo el viernes 14 de noviembre de 2014. Parece que la obra, planificada junto al equipo de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, Intendentes de los municipios involucrados y otros agentes, implica una inversión de casi 70 millones de pesos y apunta a la limpieza y el desmonte de unos 30 km del río en la cuenca baja. Teóricamente el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental previo a la limpieza que dicen que harán, estaba fechado el 25 de mayo de 2014.
12º) Incorporar ad effectum videndi et probandi lo siguiente:
a.- Causa Nº FSM 32009066/12 del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, correspondiente a la Secretaria Nº 2 caratulada: “Ledesma Antonio y Otros s/ Denuncia Apoderamiento Indebido de Bienes del Dominio Público Natural c/ Funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Directivos y socios de las distintas Urbanizaciones Cerradas". Recaratulada: “NN s/ Infracción Ley 24051”.
b.- Causa Nº 439/13 (ex. 8951/11) caratulada “SCHWARTZ, ADRIAN GABRIEL, Barrio Cerrado Náutico Colony Park SA y Otros S/ Denuncia” del Registro de la Secretaria Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro.
c.- Causa Nº FSM 75001619/2011 de la Secretaria Penal Nº 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, caratulada “REBASA VIVIANA RAQUEL Y OTROS s/ SU DENUNCIA c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS”; la que fuera luego integrada como causa Nº 21740/2015 y caratulada “N.N. s/Estrago Doloso Ambiental seguido de muerte”.
1º) EDUARDO CAYETANO MALAGNINO, DNI: 7.605.948, dom. Calle O´Higgins 3440 14 “D” de la Ciudad de Bs. As., tel.: 011-4701-2747. Dr. en Geología e investigador del CONICET; profesor de geología ambiental de la cual fue el fundador en 1990 y de las materias de geomorfología y de riesgo geológico y de la carrera de ciencias ambientales en la UBA (FCEN).
4º) PATRICIA ANDREA PINTOS, DNI: 16815328, dom. Calle 62 N° 992 entre 14 y 15 (1900) La Plata, Teléfonos: (0221) 451-5722/(0221) 15 567-0998. Profesora y Doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como profesora Titular del Departamento de Geografía (FaHCE- UNLP) e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET).
6º) ANSELMO SELLA, adjunto primero a cargo de la Defensor del Pueblo de la Nación, responsable de la Res. 141/10 en la que exhorta a los municipios de Escobar, Campana, Tigre, etc. respecto a no autorizar emprendimientos en humedales y al Sr. CARLOS GUILLERMO HAQUIM Secretario General Defensor del Pueblo, responsable de la Res. 1/2015 en la que exhorta, entre otros, a la Secretaria de Gabinete de Ministros de la Nación y al Gobernador Daniel Scioli para que se mantenga la dinámica hídrica y garantizar la conservación del Delta del Paraná. Asimismo, que establezcan moratoria en la aprobación de nuevos emprendimientos que puedan afectar la dinámica hídrica.
7º) NICOLÁS MONSA y VIRGINIA LAINO CONSEJO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Representantes de DEFENSA CIVIL de la Pcia. de Buenos Aires por su actuar frente a la inundaciones. Email: planificacioncpeba@gmail.com.
8º) Al Sr. RECTOR Y PÁRROCO Pbro. José Daniel Blanchoud (Arquidiócesis Mercedes-Luján) y al Párroco de Salto, DOMINGO PISONI, quien coordina los esfuerzos para sobrellevar la crítica situación en ese municipio por las inundaciones, vinculó hoy esa problemática con "la corrupción". La ciudad bonaerense de Salto es una de las más afectadas por las inundaciones, junto a los municipios de Luján, Mercedes y Arrecifes. Y la Parroquia de la Conversión de San Pablo, donde desempeña sus funciones el Padre DOMINGO PISONI, es uno de los puntos donde se alojan evacuados que debieron abandonar sus hogares por el desborde del río Luján.
El sacerdote apuntó contra "todos los políticos" y resaltó: "Dicen que hacen obras pero es totalmente mentira y lamentablemente les creemos cuando nos dicen eso en nuestras propias narices". Siguiendo esa línea, hizo hincapié en el tema de los planes sociales que reciben los sectores más postergados: "Tienen miedo de perder los subsidios. A veces el pobre no tiene otra alternativa y termina votando a los mismos políticos". Pisoni, quien hace tres años que es párroco en Salto, señaló que esta "ha sido la inundación más grande que vivió el distrito”.
9º) GRACIELA INÉS CAPODOGLIO, DNI.10.602.484, dom. Lagomarsino 2542 Pilar (1629), Tel: 0230-4667065. Asociación para la Protección del Patrimonio Natural Partido de Pilar, cargo Vicepresidente. Integrante de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján.
10º) VIVIANA RAQUEL REBASA, DNI: 92.443.700, dom. Lincoln 267 El Cazador, Escobar. Tel: 0348-4489-076. Integrante de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján. Asociación Ambientalista del Partido de Escobar.
11º) LEONARDO ALEXIS MORENO, DNI 25149849, dom. Maestro Argentino 666 (Luján), Cel.1163032205, email leonardoamoreno@yahoo.com.ar .
12º) ALEJANDRA DANIELA VALVERDE, DNI 27083691, dom. Lavalle 168 (Luján), Cel: 111534454078, email valverde.alejandra.5@gmail.com .
13º) KAREN ROMINA KRENZ, DNI 34729411, dom. Lavalle 168 (Luján), Cel 1141685212, email karen.krenz@gmail.com .
14º) CARLA MARIELA POTH, DNI 27789433, dom. Maestro Argentino 666 (Luján), Cel: +541150296704, email carlacmp80@gmail.com .
C.- PRUEBA DOCUMENTAL.
Se acompaña DVD con:
1.- Documentos de especialistas en lo ambiental de la cuenca del Luján.
2.- Informe de la comisión asesora del río Luján.
3 y 4.- Imágenes fotográficas de recientes inundaciones en la cuenca.
5.- Mapas con las localizaciones de las urbanizaciones cerradas sobre el humedal del río Luján.
6 y 7.- Imágenes aéreas y satelitales año 2014.
8.- Documentación de emprendimientos.
9.- Obras no estructurales y estructurales.
10.- Resoluciones de la Defensoría de la Nación.
11.- Mapas Bosque Nativos ARBA.
12.- Sentencias Corte Suprema de la Nación.
El reciente libro coordinado por Patricia Pintos y Patricio Narodowski aporta elementos contundentes a este debate, desde la mirada ambiental. La Privatopía Sacrílega (Imago Mundi). Describe con precisión los efectos del urbanismo privado en los humedales de la cuenca baja del Río Luján, en el norte de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En el área estudiada se localizan 54 urbanizaciones cerradas (sobre un total de 312 en la cuenca) en áreas inundables, ocupando en total 7.293 hectáreas. Buena parte de ellas se desarrolla en forma de "megaurbanizaciones", vale decir "federaciones" o complejos de barrios cerrados en predios de grandes dimensiones.
El informe, producido por la Fundación Humedales y especialistas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM, identificó la construcción de más de 220 urbanizaciones cerradas en la región del delta, Tigre, San Fernando, Escobar y en las planicies del arroyo Pinazo, el río Luján, el Reconquista-Canal Aliviador y el arroyo de la Cruz. Los barrios privados –entre los terminados y los proyectos- van de las 80 a las 2.000 hectáreas.
Según los especialistas, las inundaciones como la ocurrida esta semana en gran parte de Mercedes no son solamente productos de las grandes tormentas cada vez más frecuentes (por el cambio climático global), sino también por la desmedida explosión inmobiliaria que se desarrolla, en este caso, a lo largo de la cuenca del río Luján. Es que para la construcción de estos barrios se elevan terrenos naturalmente inundables, los llamados humedales. Donde antes existía un espacio para que el río se expandiera en el crecimiento eventual de su caudal, ahora hay edificaciones que funcionan directamente como dique.
Según Wetlands (Fundación Humedales), “en la mayoría de los casos el proceso de urbanización de estas áreas lleva a la conversión del humedal a un sistema terrestre, negando las cualidades físicas y biológicas de estos humedales, provocando la desaparición de importantes servicios ecosistémicos como la regulación hidrológica, el control de las inundaciones, la protección de las costas y la depuración del agua. Estas construcciones resultan en un incremento de la tasa de riesgo de desastre debido a inundaciones que debería ser previsto”.
“Lo ocurrido (en 2012) en Luján no fue solo consecuencia de los eventos climáticos, sino que muchos de los desarrollos urbanos ubicados en la cuenca del río Luján han producido una reducción del área efectiva de planicie de inundación, resultando en el encauzamiento forzoso de los flujos durante el período de creciente. Esto ha provocado el incremento de los valores históricos de inundación de áreas vecinas”, agregó el informe. Entre las áreas vecinas, claro, está Mercedes. Y la ciudad entera corre mayores riesgos.
El Informe de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján (CAC) responsabilizó por las inundaciones a la construcción de nuevas urbanizaciones en cercanías al cauce. Por medio de un informe que elaboró la CAC, integrada por diversas instituciones (ambientalistas, académicas, de la industria y el comercio), señala que “si bien las lluvias fueron intensas, no explican por sí mismas lo ocurrido”. “Las inundaciones se han configurado como delatoras de una diversidad de impactos que la cuenca ha venido recibiendo en los últimos años y cuyos efectos se han ido acumulando progresivamente. Entre ellos, consideramos de extrema gravedad los relacionados con cambios en el régimen hidrológico del Río Luján debido a una serie de obras que han modificado, en muchos lugares , la topografía de la cuenca”, dice el escrito.
En ese sentido, mencionan un estudio científico relativo al valle de inundación de la cuenca baja del Rio Luján (Zona de Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar), que indica que el Riesgo de Inundación alcanza en esta zona el valor máximo. “La llanura de inundación del Río Luján en el límite Pilar-Campana pasó de tener un ancho inicial de 4.593 m. a 2.573 m., pues fue ocupado en Pilar por una de estas urbanizaciones cerradas. Esta pérdida representa una disminución del ancho de la llanura de inundación del 44% en aproximadamente 6 kilómetros.
Obviamente, todo esto tiene un costo ambiental y social. El río queda ‘encajonado’ por estos emprendimientos, con menos espacio para que se disperse y discurra el agua en forma normal, que entonces busca nuevos caminos, se acumula e inunda otras zonas que se encuentran aguas arriba”, informaron.
Se adjunta copias causa 9066, del Registro de la Secretaria Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro de fs. 383 a fs. 431, referente a la declaración testimonial de los expertos en ecosistema, hidrología y geología: Dr. Eduardo Malagnino, Dr. Favio Kalesnik, Dr. Ruben Quintana, Dr. Daniel Blanco y la Dra. Patricia Pintos, profesores e investigadores del CONICET y de las Universidades de la Plata, Buenos Aires y Luján; lo que ilustrará y orientará a VS en el esclarecimiento de la presente denuncia.
Video aéreo en la Web, que da cuenta del estrago ambiental agosto 2015, sobre la cuenca del Río Luján: https://vimeo.com/137009420
V.- FORMULA CONTITUIR QUERELLA.
Los suscriptos pobladores colindantes de la Cuenca del Río Lujan, titulares del bien jurídico protegido “ambiente sano” (art. 41 CN), “derecho a la vida” y “a la integridad personal”, ante la posibilidad de peligro para la salud pública por contaminación ambiental de las aguas superficiales, profundas de los acuíferos y atmósfera, con el perjuicio en la libre navegación y su seguridad solicitan ser constituidos en querellantes, es decir que su legitimidad se encuentra justificada desde dos razones; por un lado, al encontrarse expuestos a un potencial perjuicio en su salud, en su seguridad en la navegación, en el consumo de aguas contaminadas, y, por otro, como habitantes con derecho reconocido expresamente en la Carta Magna “…a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.”.
Y también, ante el estrago ambiental por inundación, al habernos sido afectados los bienes jurídicamente protegidos: ambiente sano, derecho a la vida, a la salud, al agua potable, a la libre navegación, a la paz social es que solicitamos constituirnos en querellantes como lo prescribe el art. 82 CPPN; y además, requerimos que dicho artículo sea interpretado, acorde la nueva realidad social y jurídica, de manera que comprenda a los titulares de los intereses difusos que surgen en torno a esta clase de bienes jurídicos protegidos, como el ecosistema en su conjunto, tal el caso del Río Lujan, Bajo Delta del Río Paraná y la Cuenca Internacional del Río de La Plata.
Es por eso que, la posibilidad de constituirse en parte querellante, debe ampliarse a todos los afectados, que viven en la Cuenca del Luján afluente interjurisdiccional del Río Paraná y del Rio de la Plata, como consecuencia de la lesión a esos bienes colectivos ambientales, como el derecho a la salud, derecho de usar aguas superficiales de los ríos, profundas de los acuíferos, zonas inundables, atmósfera, cauces, ríos que corren por cauces naturales, riberas internas de los ríos inundables, sus cauces, sus suelos, su biodiversidad, y la alteración de las funciones ecológicas del Humedal del Luján provocado por las conductas lesivas denunciadas, dañando y destruyendo estos bienes inmuebles del dominio público natural art. 2340 Código Civil, bienes a la que todos tenemos derecho de usar y disfrutar.
Como agravante indicamos, que dichos bienes inmuebles del dominio y uso público natural, no han sido desafectados por ley formal del Congreso de la Nación, para ser afectados al dominio particular; en consecuencia, se les endilga a los querellados la presunta comisión del delito de usurpación de bienes inmuebles en perjuicio de la población civil, es decir del Pueblo Argentino que es el titular de dichos bienes.
También, para ser tenidos por querellantes, detallamos en el presente la relación circunstanciada de los hechos, como la presunta comisión del delito de usurpación o apoderamiento indebido de bienes inmuebles del dominio público natural, de usurpación de aguas entendida como cosa inmueble y daños por estrago, conforme lo tipificado en los arts. 181, 182, 183, 184 inc. 5, 186, 187, 188 y 189 del Código Penal; como así también, se denuncia la presunta comisión del delito tipificado el art. 172, art. 173 inc. 9 e inc. 11 y el art. 174 inc. 4 del Código Penal; porque las conductas disvaliosas, estarían ejecutándose por los responsables de la Urbanizaciones Cerradas detalladas en la presente y otras a identificar por la instrucción.
El río atraviesa las comunidades de los respectivos Municipios Tigre, San Fernando, Escobar, Pilar, Luján, Mercedes etc, es decir el Gran buenos Aires, de donde dependen la vida, la economía, el hábitat y el ecosistema de esas localidades, al que pertenecen e integran mis mandantes, en virtud de ello vengo por este acto a DEDUCIR QUERELLA CRIMINAL en contra de las “Urbanizaciones Cerradas” construidas sobre el valle de inundación de la cuenca, y de resultar también responsables, las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y formular reserva en contra de los participes y/o cooperadores de ese delito ecológico como así los responsables criminales de encubrimiento o apología del delito que sostienen públicamente lo contrario, de los ilícitos criminales obrantes en autos, incluso por Contaminación Ambiental, delito tipificado también en el Art. 55, 56, 57 y 58 de la ley 24.051, o la figura penal de dicha ley que merezca a su entender la formal imputación fiscal, a sus autores.
Pretendemos, cambios ambientales favorables para lograr la restitutio in natura o in pristinum, asegurando los servicios ecológicos sustentables que brindan el Humedal del Lujan y el Delta del Paraná y el Bajo Delta en especial, integrante de la Cuenca Internacional del Río de la Plata.
Los particularmente ofendidos, vecinos afectados y víctimas infra-inscriptos conocen las circunstancias de hecho que motivan al presente proceso penal; en consecuencia están, dispuestos a deponer sobre las circunstancias en las que se comete el ilícito y sus perjuicios, para constituirse en querellantes, aportando pruebas y testimonios.
Estarían comprometidos todos los responsables de las empresas de los emprendimientos inmobiliarios detalladas en la denuncia y todos los funcionarios públicos que puedan resultar comprometidos a raíz de la investigación que el MPF realice en virtud de las cuestiones de hecho y de derecho especificadas en la presente denuncia penal; más, los que se incorporen por las investigaciones que VS considere conducentes.
En este contexto es necesario que VS tome medidas contundentes para garantizar el efectivo cumplimiento del art. 41 de la Constitución Nacional, por el cual se consagra a la población civil el derecho a un ambiente sano equilibrado y al desarrollo sustentable, ante el continuo dragado, refulado, alteos y polderizaciones de las Urbanizaciones Cerradas ocupando y apoderándose indebidamente del humedal del Luján.
Considerando a su vez el principio de precaución como fundamento para tomar medidas, que privilegien el uso ambiental por encima de otro, y en ese argumento el hombre, como pieza del ecosistema, debe ser motivo de protección ante cualquier situación que ponga en riesgo su salud y su hábitat en la cuenca del Luján.
En suma, las disposiciones exigían una concreta y específica participación y vigilancia activa por parte de la autoridad de aplicación de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Municipalidades de Lujan Mercedes y demás municipios que colindan con la cuenca, para evitar contaminación de las aguas superficiales, alteración línea de ribera, usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural y de aguas como bien inmueble, y la afectación al régimen hidrológico del rio y la prevención de las inundaciones; lo cual implicó la asunción de un deber determinado, el compromiso de prestar un servicio y no una mera declaración de principios generales referentes a la necesidad de velar por la preservación del ambiente y la población civil.
En las condiciones expuestas, la propia ocurrencia del hecho mostraría la omisión de las autoridades estatales nacionales, provinciales y municipales demandadas en el cumplimiento del deber específico que les competía y su intervención en los emprendimientos inmobiliarios que origina la demanda penal, donde resultan responsables también los directivos de las Urbanizaciones Cerradas identificadas y a identificar.
Será la prueba de cada caso en particular la que investigará y determinará si estuvo presente ese poder de policía, liberando a los distintos Estado de responsabilidad, o si, por el contrario, el mismo estuvo ausente cuando no cómplice como estimamos los accionantes en autos, incluso contra los directivos de las Urbanizaciones Cerradas detallados anteriormente.
VI.- RESERVA DEL CASO FEDERAL.
Para el supuesto e improbable caso que VS no hiciere lugar a la presente denuncia y petición de ser tenidos como querellantes, dejamos introducida la cuestión federal, por cuanto la conducta de la parte demandada resulta violadora de las garantías reconocidas en los arts. 18, 28, 31, 33, 41 y 43 de la Constitución Nacional, haciendo reserva de ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario regulado en el art. 14 de la ley 48, y de ser así necesario, de recurrir ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, atento los derechos humanos vulnerados para las presentes y futuras generaciones. Porque están en juego el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Nacional como el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la integridad física, derecho a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado al que todos tenemos derecho y el deber de preservar.
En consecuencia y aunque no dudamos que VS asumirá, a través de su resolución, el rol de garante del cumplimiento, por parte del Estado, de obligaciones que le han sido impuestas por la Constitución, la Legislación Nacional e Internacional, se deja planteada la reserva de introducir la cuestión federal en atención al origen y magnitud de los derechos impetrados.
VII.- PETICIÓN:
1º.- Se le confiera al Agente Fiscal la vista que prevé el artículo 180 del código ritual para que se pronuncie en los términos del artículo 188. Y se ordene realizar investigaciones para esclarecer los hechos lesivos denunciados y la forma en que los bienes inmuebles del dominio público natural, bajíos ribereños del humedal en el valle de inundación del Río Luján fueron ocupadas por las Urbanizaciones Cerradas sin ser desafectadas del dominio público y pasaron al dominio privado, sin ley formal del Congreso de la Nación, lo que habría provocado el estrago ambiental doloso seguido de muerte que venimos denunciando.
2º.- Que ordene investigar todos los hechos, conductas, actos, omisiones y situaciones aquí detalladas que responsabilizarían entre otros a los Sres. Ex-Gobernadores EDUARDO DUHALDE (1991 a 1999), CARLOS RUCKAUF (1999 a 2001), FELIPE SOLA (2002 y 2007) y el actual Gobernador Sr. DANIEL SCIOLI (2007 a hoy), quienes habrían actuado en connivencia con los respectivos Intendentes, entre los cuales podemos identificar al entonces Intendentes de Tigre RICARDO JOSÉ UBIETO (1987/2006; Sr. SERGIO MASSA (2007/2013) y el actual Intendente de Pilar HUMBERTO ZÚCCARO, de Lujan OSCAR LUCIANI, de Mercedes CARLOS SELVA y otros intendentes a determinar, que mediante un modus operandi lesivo, habrían incurrido en la presunta comisión de estrago doloso ambiental por inundación seguido de muerte, ante el fallecimiento del joven de 22 años DANIEL QUINTANA del Municipio de San Fernando y del adolecente NAHUEL REYES del Municipio de Luján, el 30 de noviembre de 2014 y del niño de 11 años RODRIGO SOSA, al caer a un arroyo desbordado en Pilar y de JULIO MEDINA, de 39 años, en agosto último. Y además, el perjuicio de los miles de afectados y de toda la población civil que colinda con la cuenca, por una política de estado que autoriza ocupar bienes del dominio público natural, para la construcción de las Urbanizaciones Cerradas sobre el Valle de inundación del Río Luján que impide el normal escurrimiento de las aguas.
Sr. DANIEL SCIOLI, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, expresó conceptos vertidos públicamente en el acto de inicio de Capacitación del Personal de la Policía Local de la Municipalidad de Ituzaingo, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Morón, el 3 de noviembre, cuando acuso a los intendentes alineados con SERGIO MASSA y dijo: “…por la proliferación de barrios cerrados en los distritos que administran, los que -según dijo- perjudican a zonas que se inundan. Cuando se da una desigualdad tan grande de que hay una cobertura de un 50 por ciento del territorio solamente de barrios cerrados, esto va en detrimento del resto de la población por las consecuencias que tienen las tierras que se elevan y que perjudican al resto”, planteó Scioli. (ANDigital).
SERGIO MASSA, candidato a Presidente, ex-Intendente de Tigre, que al contestar al Gobernador SCIOLI, señaló: “la normativa provincial establece que cada urbanización especial requiere de la firma por decreto del Gobierno de la Provincia, así que en todo caso se tendría que revisar la actuación de los funcionarios provinciales, sobre todo teniendo en cuenta que el tema hidráulico y autoridad de agua también son autorizados por el Gobierno de la Provincia”. (ANDigital). El 4 de noviembre MASSA dijo: “En Valentín Alsina, Laferrere, Virrey del Pino, Azul y Pringles no hay barrios cerrados y sin embargo hay inundaciones”, y agregó que “habría que revisar la actuación de los funcionarios provinciales, porque son ellos los que autorizan cada nueva urbanización.”
En consecuencia, advertirá VS, que la plataforma fáctica se encontraría integrada por una política de estado que autoriza ocupar bienes del dominio público natural, para la construcción de las Urbanizaciones Cerradas sobre el Valle de inundación del Río Luján que impide el normal escurrimiento de las aguas. Esta política de estado adversa, contra la población civil se encuentra prescripta en el Tratado de Roma como crimen de lesa humanidad, del cual Argentina es parte, conforme la Ley 26.200, de Implementación del Estatuto de Roma, aprobado por la Ley Nº 25390 y ratificado el 16 de enero de 2001.
4º.- Se libre orden de allanamiento a las oficinas de las Sociedades Anónimas que integran los barrios privados o Urbanizaciones Cerradas en los Municipios de la Jurisdicción Federal de Mercedes identificando a sus administradores, responsables, socios, propietarios y tenedores de las propiedades donde se encuentran las Urbanizaciones Cerradas sobre bienes del dominio público natural, que habrían provocado daños a la salud, muertes, y/u otros impactos a determinar, y proceda a secuestrar todos los registros informáticos y no informáticos existentes, relacionado con el tema de la presentación, para que sobre los mismos se realice pericia informática y manual por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.
5º.- Que ordene investigar la responsabilidad de las distintas Autoridades de Aplicación del Estado Nacional y Provincial y/u otros de funcionarios públicos que habrían generado por su comisión por omisión, el estrago doloso por inundación seguido de muerte; se investigue posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los identificados en autos (Arts. 248 y 249 del Código Penal). Este requerimiento surge de la Resolución Nº 141/10 (ver arriba). Doctor ANSELMO SELLA, adjunto primero a cargo de la Defensor del Pueblo de la Nación
6º.- Que investigue la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (arts. 248 y 249 del Código Penal) de los Gobernadores, Intendentes, integrantes de Concejos Deliberantes y funcionarios de las Autoridades de Aplicación, por la autorización en la construcción de Clubes d Campo y Urbanizaciones Cerradas sobre humedales, mediante Decretos u Ordenanzas, sin tener competencia para ello; incluso, con el agravante que confirma el lugar de residencia del Sr. Gobernador DANIEL SCIOLI, en el denominado Villa la Ñata sobre la ribera derecha del Rio Lujan, zona inundable perteneciente al dominio público.
7º.- Que se investigue posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los nombrados (Arts. 248 y 249 del Código Penal).
8º.- Que de comprobarse que parte o la totalidad de los mencionados, y/o de aquellos que la investigación pudiera agregar, violaron el Código Penal, y/u otras normas, proceda, si corresponde, a su imputación.
9º.- Se reserva ampliar la presente denuncia penal oportunamente.
10º.- Tener presente las pruebas ofrecidas y se produzcan las medidas de prueba, allanamiento e inspección ocular, que considere conducentes para recibir la oportuna declaración indagatoria de los querellados identificados en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. en atención a la naturaleza de los delitos que se endilgan, calificándolos de lesa humanidad; abandono de persona, apoderamiento indebido (usurpación) de bienes inmuebles del dominio público natural, de aguas como bien inmueble, perjuicio en la libre navegación, estrago ambiental doloso seguido de muerte por inundación; además, de abuso e incumplimiento de los deberes de funcionario público de los autores, conforme la investigación del MPF.
11º.- Se tenga a los infrascriptos, como parte querellante según las previsiones de los artículos 82, 83, 84, ss y cc del Código Procesal Penal de la Nación.
Publicado por asambleaRdPCI en 19:27 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada

References: Resolución 
in fine
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 180
 artículo 188
 Resolución 
 artículo 294