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Timestamp: 2020-08-12 04:26:56+00:00

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(2013/03) Anteproyecto de ley por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. (Cerrado): Top (22 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
MODIFICACION DEL ART.53.2 AÑADIR RENUNCIANDO A SU RECURSO.
53.2 Si resuelto el expediente, el infractor ingresa la cuantía de la sanción impuesta dentro de los quince días siguientes a la notificación de la misma, le será descontado un 20 por ciento de su importe. SIEMPRE QUE RENUNCIE EXPRESAMENTE A SU RECURSO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL.
Se admite la alegación, añadiendo en la parte final del apartado 2 del artículo 53 lo siguiente: “En el caso de presentar recurso de Alzada quedará sin efecto la reducción del 20%”
53.2 “Si resuelto el expediente, el infractor ingresa la cuantía de la sanción impuesta dentro de los quince días siguientes a la notificación de la misma, le será descontado un 20 por ciento de su importe. En el caso de presentar recurso de Alzada quedará sin efecto la reducción del 20%”
¿Por qué no se incluye expresamente la definición del concepto de consumidor, y simplemente se remite a la legislación estatal -artículo 2-, a diferencia de lo que se hace con el concepto de contrato a distancia -artículo 18-? ¿Es más importante el concepto de contrato a distancia, que de hecho configura un título completo -título III-, que el concepto de consumidor y usuario, que debería ser la piedra angular de toda la norma?
¿Por qué la exposición de motivos es un mero relato de antecedentes legislativos, sin incluir las directrices de la protección del consumidor en Castilla y León, o sin explicar sistemáticamente el contenido de la ley? ¿Por qué se dice que la amonestación es una infracción, cuando el artículo 52 no está incluido en el capítulo dedicado a las infracciones, sino que configura un capítulo autónomo separado también del dedicado a las sanciones? ¿Qué figura es realmente la amonestación?
¿Por qué de entre los mecanismos de protección de los derechos del consumidor destaca la inspección con un capítulo propio, que incluye una regulación detallada del procedimiento, más propia de una norma reglamentaria?
¿Por qué se dedica un artículo en exclusiva -artículo 11- a la garantía de la reparación, que únicamente repite lo ya indicado en el artículo 9 en cuanto al plazo mínimo de la misma?
¿Por qué no se incluye ninguna obligación de los consumidores y usuarios cuando se hace la enumeración de sus derechos? En varias normas sectoriales de protección del consumidor existe una enumeración de derechos y también de obligaciones. Al menos en la exposición de motivos puede recogerse una obligación general de comportamiento, por ejemplo el principio “vigilantibus non dormientibus iura succurrunt”, o la “diligencia de un buen padre de familia” que recoge el artículo 1104 del código civil.
¿Por qué el artículo 16 dedicado al derecho a la educación y formación en materia de consumo, reitera casi literalmente el contenido del artículo 14 dedicado al derecho a la información?
¿Por qué el artículo 9 dice “sin perjuicio de lo establecido en las normas civiles y mercantiles...” si el derecho mercantil regula las relaciones entre empresas?
¿Por qué en la regulación de las oficinas públicas de información y protección al consumidor no se abordan cuestiones como las competencias territoriales, el procedimiento de mediación entre las partes, las competencias materiales y las relaciones entre diferentes administraciones?
¿Por qué no se incluye expresamente como una infracción el no contestar en tiempo y forma a la mediación desarrollada por las oficinas públicas de información y protección al consumidor?
¿Por qué no se establece una organización o sistema que permita identificar a las actuales OMIC -nombre que al incluir por fin en el artículo 27 a las diputaciones provinciales queda en desuso- o futuras OPIPC como una unidad, como un sistema que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León sea referencia para los consumidores y usuarios que buscan información y protección? La simple mención recogida en el apartado 4 del artículo 27 a la cooperación y coordinación no parece suficiente.
¿Por qué el apartado 3 del artículo 30 regula las compensaciones de los árbitros de la junta arbitral de consumo regional de Castilla y León, siendo esta una cuestión propia de ese organismo y de marcado carácter reglamentario?
¿Por qué se consideran “mecanismos de protección” los derechos de representación, consulta y participación y a la protección jurídica y administrativa y a la reparación o indemnización de daños y perjuicios? O son derechos, o son mecanismos de protección. ¿No son acaso también medios de protección la información o la formación y educación de los consumidores?
¿Por qué la letra d) del apartado 2 del artículo 27 no prevé la competencia territorial junto a la material como criterio de remisión de las reclamaciones o denuncias?
¿Por qué la exposición de motivos es un mero relato de antecedentes legislativos, sin incluir las directrices de la protección del consumidor en Castilla y León, o…
1. El concepto elegido es aquel más acorde con el introducido tanto en la normativa comunitaria como en la estatal. Ambas se encuentran en proceso de modificación en esta materia. Se considera más acertada una formula abierto y no por ello imprecisa.
2. La parte expositiva de un anteproyecto de Ley cumple la función de describir su contenido, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, pero no contendrá partes del texto articulado. Es por lo anterior por lo que no se admite la alegación.
Por su parte, la amonestación está regulada dentro del título dedicado a la potestad sancionadora, pero no incluido en el capítulo destinado a regular las infracciones. No se regula como infracción. Es una medida cuya finalidad es la prevención de un riesgo, únicamente dirigida a la corrección de irregularidades, detectadas durante la actuación inspectora.
3. Consideramos necesaria su mención dado que la actividad inspectora precisa la regulación de sus funciones, obligaciones y facultadas en una norma de rango legal al tratarse de uno de los instrumentos a través de los que se articula la defensa de los derechos reconocidos al consumidor.
4. Se admite la alegación. Dado que el contenido del artículo 11 está regulado en el artículo 9 apartado 6 de este proyecto se procede a la supresión del artículo 11.
5. Es preciso recordar que el objeto de la norma es la protección de los derechos de los consumidores. En la mayoría de los casos, el ejercicio de tales derechos lleva implícito el cumplimiento de obligaciones, sin que sea precisa su concreción.
6. Se admite la alegación. El artículo dedicado a educación y formación será objeto de modificación evitando la duplicidad.
Artículo.16.- Principios generales.1.-Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir educación y formación adecuada en materia de consumo que les permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos. 2.-Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas competencias, organizarán, promoverán e incentivarán, programas de educación y formación. A tal fin desarrollaran las siguientes actividades: g)	Divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios y los instrumentos de protección de estos derechos, con especial atención a los niños, ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, inmigrantes y en general aquellos consumidores y usuarios que, de forma individual o colectiva, de forma individual o colectiva, se encuentren en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección. h) Potenciar la formación del personal integrante de las Organizaciones de consumidores y de las Administraciones Públicas con competencias en materia de consumo. i) Fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo en el ámbito de su actividad. j) Capacitar al personal docente en materia de consumo. k) Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de protección a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas discapacitadas las acciones dirigidas a la información, formación y defensa de los consumidores y usuarios. l) Elaborar y publicar material didáctico de apoyo a la labor educativa y formativa en materia de consumo. 3.-Las actividades descritas en el apartado anterior, se promoverán prioritariamente a través de la utilización de las nuevas tecnologías.
Para el ejercicio eficaz del derecho de educación y formación, se adoptarán las siguientes medidas: e) Potenciar el desarrollo de herramientas que permitan de forma sencilla llevar hasta el consumidor el conocimiento de sus derechos y la forma de su ejercicio y defensa, con especial atención a la población de los núcleos rurales, fomentando para ello el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. f) Organizar y coordinar programas y campañas formativas, en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios y con las organizaciones y asociaciones empresariales de la comunidad. g) Fomentar en colaboración con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos que premien la defensa de los consumidores. h) Se promoverá entre las empresas regionales el fomento de etiquetado “braille” a favor de los consumidores afectados por deficiencias visuales.
7. No se admite la alegación. Las normas recogidas en la legislación mercantil resultan también aplicables a los consumidores y usuarios.
8. No se admite la alegación. La norma debe incluir en esta materia declaraciones generales de principios sin descender a cuestiones tan concretas como las mencionadas.
9. Entre las funciones de las Oficinas de Información al Consumidor esta el intento de resolver las reclamaciones de los consumidores a través de la mediación. Acogerse a la mediación tiene carácter voluntario para las partes, por lo que no se posible incluir como infracción la conducta mencionada.
10. Actualmente las OMIC están en
funcionamiento bajo esta denominación. La denominación que puedan llegar a tener en el futuro es desconocida.
Esta Ley recoge en esta materia las declaraciones generales de principios, bastando con lo contenido en el apartado 4 para conseguir tal fin.
11. Como medida para garantizar la eficacia y adecuado funcionamiento del sistema arbitral de consumo esta cuestión requiere ser incluida en esta norma.
12. Los derechos a la representación, consulta y participación y a la protección jurídica y administrativa y a la reparación o indemnización de daños y perjuicios, son derechos del consumidor, sin embargo revisten cierto carácter instrumental con respecto a los declarados básicos, como el derecho a la salud, seguridad e intereses económicos e información y educación de los consumidores, el cual es un derecho con contenido sustancia básico como tal, y no simplemente medio instrumental para garantizar un derecho.
13. Se entiende más adecuado a fin de garantizar la eficiencia de la actuación administrativa emplear el criterio de competencia material.
Por su parte, la amonestación está regulada dentro del título dedicado a la potestad sancionadora, pero no incluido en el capítulo destinado a…

References: artículo 53
 artículo 52
 artículo 9
 artículo 1104
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 11