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Timestamp: 2020-08-04 18:20:27+00:00

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Dogmatica Penal Volumen I | Delito | Derecho penal
Dogmatica Penal Volumen I
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10 Primacía de La Realidad y Medios Probatorios
Los Delitos Culposos y El Dolo Eventual - Elky Villegas Paiva
Derechos Del Imputado-Jaime Coaguila Valdivia
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José Urquizo Olaechea - Manuel Abanto Vásquez Nelson Salazar Sánchez
de Derecho Penal Económico y Política Criminal
6,210 ejemplares
© José Urquizo Olaechea Manuel Abanto Vásquez Nelson Salazar Sánchez
D.LEG. N° 822
ISBN OBRA COMPLETA: 978-612-311-236-3
ISBN TOMO I: 978-612-311-235-6
31501221500413
DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA Martha Hidalgo Rivero
DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES Gabriela Córdova Torres
Angamos Oeste 526-Miraflores Lima 18-Perú Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323
Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto 201-Surquillo Lima 34-Perú
En el 2011 se publicó el Libro Homenaje al ilustre profesor alemán Klaus Tiedemann. La obra está dividida en dos tomos y lleva por título Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y política criminal, y recoge una serie de trabajados académicos de distinguidos juristas, quienes de alguna u otra for- ma tuvieron vinculación con el pensamiento y la obra de Tiedemann.
Dada la calidad científica de cada uno de los trabajos incluidos en el Li- bro Homenaje, la publicación tuvo un rotundo éxito en la comunidad jurí- dica nacional y extranjera, ávida por encontrar y disfrutar de investigaciones serias y de destacado nivel académico, sobre todo tratándose de trabajos dog- máticos y político-criminales de Derecho Penal Económico, tema que en la ac- tualidad despierta y aviva la atención de amplios sectores de la ciencia penal.
Precisamente el interés que generó la publicación del Libro Homenaje al profesor Tiedemann, nos ha motivado a publicar una nueva edición de esta magnífica obra, con la esperanza de que pueda seguir estando al alcance de la comunidad jurídica y, de esta forma, continuar resaltando el valor intelec - tual del homenajeado y su influencia en la dogmática penal latinoamericana.
Como valor agregado a esta edición debemos resaltar que se han inclui- do traducciones de algunos trabajos que no se encontraban en nuestra len- gua, manteniendo las versiones originales, con la finalidad de acercar las investigaciones a un mayor campo de interesados.
Quiero agradecer el esfuerzo y empeño que ha puesto Gaceta Jurídica y su director general, el Dr. Walter Gutiérrez Camacho, para que la publica- ción de esta nueva edición del Libro Homenaje a Klaus Tiedemann sea posi- ble, ya que sin su valioso aporte no podríamos ofrecer nuevamente al públi- co este valioso trabajo. Asimismo, quiero dar las gracias al joven profesor de Derecho Penal, David Rosales Artica, por su colaboración en el proceso de composición de esta edición, por su esfuerzo y dedicación.
San Isidro - Lima, verano de 2015
Profesor Dr. Klaus Tiedemann
Lugar y fecha de nacimiento: Unna (Westfalia), 1 de abril de 1938.
Padres: Walter Tiedemann y Sofie Tiedemann (de soltera: Burghardt).
Estudios de Derecho en las Universidades de Gotinga, Friburgo y Münster.
Estudios de Derecho Penal Comparado en la
Universidad de París y preparación para el examen del doctorado.
Doctorado Dr. Juris en la Universidad de Münster; Premio por la mejor tesis jurídica.
2. DOCTORADOS HONORIS CAUSA Y OTROS HONORES
Premio de Ciencias Penales de la ciudad de Breme.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad de San Martín de Porres de Lima.
Concesión del premio “Mutis-Humboldt” por el Ministerio español de Educación y Ciencia.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Fribourg (Suiza).
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Autónoma de Madrid.
Premio Max-Planck de Investigación.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Jaume I de Castellón.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Estatal del Estado de Río de Janeiro.
Concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.
Concesión del Título “Profesor Honorario” por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima.
3. CARRERA DOCENTE
Ayudante de cátedra en la Universidad de Tubinga (hasta 1968).
Habilitación como catedrático en la Universidad de Tubinga (en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, ejecución de la pena y Derecho Penal Comparado)
contratación para la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Giessen.
Llamamientos a las cátedras de Derecho Penal
de las Universidades de Maguncia, Kiel, Gotinga
Cátedra de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal
y criminología en la Universidad de Friburgo
y director del Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico.
Profesor invitado en la Universidad de Coimbra/Portugal (1973); en las Universidades Yale Law School y Stanford University/USA (1976); en la Universidad de París (1978); en la Universidad de Buenos Aires (1979, 1985); en la Universidad Autónoma de Ciudad de México
en las Universidades de Lima (1984); en las Universidades de Tokio, Kyoto y Sapporo (1987); en la Universidad Estatal de Taipei (1987); en la Universidad Autónoma de Barcelona (1989); en las Universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha (1991/2003).
4. CARGOS DESEMPEÑADOS, ASESORÍA Y OTROS
Asesor de la Fundación “Alexander von Humboldt” (Bonn-Bad Godesberg).
Setiembre 1982
Organización del coloquio internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal sobre “Derecho Penal socioeconómico - noción y principios básicos” (Friburgo/Alemania).
Presidente del XIII Congreso Internacional de Derecho Penal sobre “Derecho Penal socioeconómico” (El Cairo).
Relator general del coloquio internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal sobre “Reforma del Derecho Procesal Penal y Protección de los Derechos Humanos” (Toledo).
Julio/agosto 1994 Relator general del XIV Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre “Responsabilidad penal de personas jurídicas y otras agrupaciones” (Atenas).
Setiembre 1994
Relator general del XV Congreso Internacional de Derecho Penal sobre “Reforma del Derecho Procesal Penal y protección de los derechos humanos” (Río de Janeiro).
Elección como Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal por este Congreso.
Asesor de la Comisión Europea (Bruselas).
Relator general del Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre “Fundamentos de la Parte General en el Derecho Penal” (Graz/Austria).
De la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt); de las Naciones Unidas/ Sección Prevención del crimen y de justicia criminal (hasta 1990); del Consejo de Europa; de la Comisión Europea (Dirección General XX).
Constituye para mí un gran honor el haber recibido el encargo de hacer la presentación del Libro Homenaje a mi maestro académico, el ilustre pro- fesor alemán KLAUS TIEDEMANN.
Para toda Hispanoamérica, el profesor Tiedemann es uno de los pena- listas germanos más conocidos y queridos.
Se le conoce tanto por su obra científica como por haber visitado nues- tras tierras en repetidas oportunidades. Si se quiere resumir su extensa obra en idioma alemán, habría que destacar sobre todo su trabajo de habilita- ción para la cátedra “Tatbestandsfunktionen in Nebenstrafrecht” (Tubinga, 1969) y su manual de Derecho Penal Económico en dos tomos: Rechtstexten” (Colonia, 1ra. ed. 2004; 2da. ed. 2007), “Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil mit wichtigen Gesetzes-und Verordnungstexten” (Colonia, 1ra. ed. 2006, 2da. ed. 2008).
El primer trabajo constituyó, en su época, un esfuerzo titánico y pionero hacia la construcción del Derecho Penal Económico, al haber incluido en el análisis de la dogmática penal al llamado “Derecho Penal complementario”; es decir las innumerables normas penales contenidas fuera del Código Penal. Con dicha obra el homenajeado marcó el derrotero que seguiría su trabajo en las décadas posteriores: una profunda revisión de la dogmática penal des- tinada a verificar la idoneidad de sus resultados en delitos distintos de los tra- dicionales delitos violentos. En esta labor, el profesor Tiedemann, según el caso, no solamente se conformó con asumir o rechazar construcciones dog- máticas, sino también propuso interpretaciones peculiares de la norma pe- nal o incluso reformas penales. Entre las más recordadas contribuciones es- pecíficas destacan p. ej., en lo referente a parte general, su advertencia sobre una “fisión normativa” y “fraude de ley”, su solución referida al “error” en el sentido de la “teoría del dolo”, o su contribución de considerar el “defecto
de organización” como criterio de reproche (culpa propia) para los entes co- lectivos. En la parte especial, de manera consecuente con sus interpretaciones de la parte general, han propuesto crear o mejorar tipos penales económi- cos, entre muchos otros, en cuanto al “fraude de subvenciones”, los “cárte- les de licitación” o la “corrupción privada”. La segunda obra mencionada (en dos tomos) constituye la culminación de su labor investigadora que ha pues- to a disposición de los estudiantes y colegas de manera compacta, pero im- presionantemente profunda e ilustrativa a través de los ejemplos jurispruden- ciales que incluye.
En idioma español, debido al interés que despertaron sus trabajos, estos fueron traducidos ya desde los años ochenta del pasado siglo. En gran parte se trata de recopilaciones de artículos o conferencias bajo un título apropia- do. Así aparecieron “Poder económico y delito” (ed. Ariel, Barcelona, 1985), “Lecciones de Derecho Penal Económico” (ed. PPU, Barcelona, 1993), “Te- mas de Derecho Penal Económico y ambiental” (ed. Idemsa, Lima, 1999), “Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad” (1ra. ed., 2000; 2da. ed. Ed. Grijley, Lima, 2007). En otras oportunidades se han traducido y publica- do obras de la misma manera como se hizo originalmente en Alemania, tales como “Constitución y Derecho Penal” (ed. Palestra, Lima, 2003) y su mo- numental manual de “Derecho Penal Económico”. Esta última obra ha sido traducida por sus discípulos y publicada, por separado para el público lati- noamericano (*) , y en un solo tomo para el público europeo (**) .
Gran parte de su carrera académica la ha dedicado también, sobre todo desde los años 90 del siglo XX, a contribuir en la elaboración de un Dere- cho penal y una dogmática penal supranacionales. Y ello no solamente des- de la cátedra y sus trabajos académicos o como asesor de la Comisión Euro- pea (desde 1996), sino también a través de proyectos privados. Fruto de todo esto han sido, primero, la elaboración por encargo del Parlamento Europeo en 1997, de un “Corpus Juris” de normas penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea que se publicó, en su versión de- finitiva, en el año 2000; así como, la presentación y publicación en el 2002 del proyecto de investigación realizado privadamente con otros catedráticos, y que constituyó una propuesta de Derecho penal económico para la Unión Europea (“eurodelitos”) (***) . Por cierto que la curiosidad y dedicación cientí- fica del ilustre homenajeado no se ha limitado al Derecho Penal material, ni
“Derecho Penal Económico. Introducción y parte general”. Ed. Grijley, Lima, 2009; la parte especial
será próximamente publicada por la misma editorial. (**) “Manual de Derecho Penal Económico. Parte general y especial”. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. (***) En español se ha publicado una versión resumida titulada “Eurodelitos. El Derecho Penal Económico en la Unión Europea” (Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003). La versión completa fue publicada bajo el título Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union (ed. Carl Heymanns, Münich, 2002).
siquiera con sus implicancias supranacionales. También ha incursionado en otras disciplinas jurídicas como el Derecho Procesal Penal, el Derecho Comparado,
el Derecho contravencional (Derecho administrativo sancionador) y el Derecho
constitucional. El otro destacado aspecto del profesor Tiedemann, que explica el gran aprecio que se le tiene en nuestros países y que esperamos demostrar siquiera mínimamente con el presente Libro-Homenaje, es el de las relaciones humanas. A través del “Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico” que el dirigió entre 1973 y 2003, ha acogido a innumerables estudiantes, inves- tigadores y profesores de todo el mundo. Los estudiantes y profesores que tu- vimos la suerte (a veces en varias ocasiones) de tener estancias de investigación allí, no olvidaremos la hospitalidad del profesor Tiedemann y sus colaboradores. Para los visitantes latinoamericanos, tales estancias ofrecieron también la opor- tunidad de conocer y departir con conocidos profesores españoles o latinoame- ricanos, o con discípulos suyos que actualmente son destacados penalistas. Este especial aprecio de que goza el homenajeado se ha hecho patente recientemente con motivo de la ceremonia de presentación de libro y homenaje a Tiedemann realizada en Madrid el 28 de noviembre de 2010, donde participaron conoci- dos penalistas y procesalistas españoles de la talla de Gonzalo Rodríguez Mou- rullo, José Cerezo Mir, Hernán Hormazábal Malarée, Adela Asúa Batarrita, José Luis de la Cuesta, Juan Luis Gómez Colomer y el magnífico Luis Arroyo Zapatero, entre muchos otros.
Por todas estas razones académicas y personales, el profesor Tiedemann ha recibido muchos reconocimientos honoríficos. Su primer doctorado ho-
noris causa se lo otorgó la Universidad de San Martín de Porres de Lima en 1983. Posteriormente, y solamente para referirme a países latinoamericanos
y España, recibió los doctorados honoris causa de la Universidad Autónoma
de Madrid (1992), la Universidad Jaume I de Castellón (España) en 1996, la Universidad Estatal del Estado de Río de Janeiro (2004) y la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo (Perú) en 2005. Además, con motivo de su visita a Perú el año 2004, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo nombró “profesor honorario”.
Cabe resaltar que la idea de la publicación de este libro surgió de José Urquizo Olaechea, coordinador del mismo, cuando en el año 2007 los dis- cípulos alemanes del homenajeado, hicieron un llamado a todos sus discípu- los dispersos en distintos países para, siguiendo la tradición jurídica alemana, publicar un Libro-Homenaje con motivo del cumplimiento de sus 70 años de edad el 1 de abril de 2008 (****) . Pero mientras que el proyecto alemán siguió
(****) El libro fue publicado en Münich por la editorial Carl Heymanns a principios de 2008 bajo el título:
“Strafrecht und Wissenschaft. Festschrift für Klaus Tiedemann” (Derecho Penal y ciencia. Libro- Homenaje a Klaus Tiedemann).
adelante y culminó con la ceremonia de entrega del libro y cena consiguien- te realizada en Friburgo (Alemania) el 12 de abril del mismo año, el proyecto peruano quedó lamentablemente paralizado durante dos años.
No obstante, hemos conseguido reunir una numerosa cantidad de artícu- los, la mayoría de ellos inéditos, otros publicados anteriormente en Alema- nia pero traducidos para esta oportunidad. En este último sentido, merece un agradecimiento especial la editorial alemana Carl Heymanns que, a tra- vés de Bärbel Smakman, nos ha permitido incluir en este libro, algunos de los artículos publicados anteriormente en el arriba mencionado Libro Ho- menaje alemán. Y por último, merece una especial mención el joven jurista peruano Nelson Salazar Sánchez, sin cuya esforzada labor no hubiera sido posible la terminación de este proyecto que, por diversas razones, ha tarda- do más de lo debido.
Bad Krozingen, enero de 2011
Dr. Manuel A. ABANTO VÁSQUEZ
En la presente obra colectiva titulada Dogmática penal de Derecho Penal Económico y política criminal escriben distinguidos juristas de diversas lati- tudes del mundo. En esta ocasión, convergen en este Libro Homenaje estu- diosos de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Holanda, Inglate- rra, Italia, Perú y Suiza. Todos ellos se han nutrido del pensamiento de Klaus Tiedemann, sea porque han trabajado directamente con él –v. gr., discípu- los–, sea porque –aunque sin conocerlo personalmente– han tenido la posi- bilidad de acceder a la lectura de sus libros.
Como expresión de lo expuesto, el lector podrá verificar que en todos los trabajos aquí publicados, directa o indirectamente, se manifiesta la in- fluencia del pensamiento de Klaus Tiedemann. En algunos artículos, tal in- fluencia se expresa mediante la adopción de sus postulados; en otros traba- jos, se evidencia la formulación de comentarios críticos; etc. Ello, a nuestro juicio, solo demuestra dos cosas: por un lado, la enorme influencia del pen- samiento de Tiedemann en Alemania y a nivel internacional; y, por otro, el extraordinario aporte que ha realizado el homenajeado a la ciencia del De- recho Penal, en especial al Derecho Penal Económico.
Como nos sugiere el título de la presente obra, el contenido de la misma está compuesto por diversas investigaciones que versan sobre temas dogmá- ticos y político-criminales de Derecho Penal Económico. La obra compren- de dos volumenes: en el Volumen I están ubicados los trabajos referidos a cuestiones dogmáticas de la Parte General y de la Parte Especial del Derecho
Penal Económico. Por su parte, el Volumen II subsume a los temas de Políti- ca Criminal y Derecho Procesal Penal; la mayoría de ellos vinculados al De- recho Penal Económico.
Lima, marzo de 2015
José URQUIZO OLAECHEA Manuel ABANTO VÁSQUEZ Nelson SALAZAR SÁNCHEZ
Derecho Penal Económico (Parte general)
Responsabilidad penal de los entes colectivos:
Estado actual y reflexiones preliminares
Dr. Manuel A. ABANTO VÁSQUEZ (Perú)
SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento del problema. 1. Fundamentos del societas delinquere non potest. 2. Soluciones parciales y de transición a los vacíos de punibilidad. 3. Características de las empresas y vacíos de punibilidad. III. Mo- delos existentes. 1. Irresponsabilidad penal directa o indirecta. 2. Responsabilidad subsidiaria y consecuencias accesorias. 3. Responsabilidad penal de los entes colec- tivos. 3.1. El modelo de la “imputación” al ente colectivo de conductas individuales. 3.2. Responsabilidad penal propia (“responsabilidad originaria”). IV. Los “delitos” específicos de los entes colectivos. V. El problema de los destinatarios de la norma. VI. El problema específico de la responsabilidad (penal) de la matriz o de transnacio- nales. VII. El problema específico de las sanciones y el procedimiento. VIII. Derecho comparado. 1 Experiencias vigentes. 2. Proyectos de reforma. 3. Derecho Comuni- tario. IX. Las soluciones extrapenales. 1. El Derecho Administrativo sancionador. 2. El Derecho contravencional alemán. X. Revisión crítica. 1. Insuficiencia de la so- lución penal. 2. Insuficiencia del Derecho contravencional o del Derecho Adminis- trativo sancionador como soluciones. 3. Una solución distinta: un nuevo Derecho (cuasi penal) sancionador de empresas. Bibliografía.
Desde hace algún tiempo ha resurgido el interés por un tema que había quedado prácticamente archivado hasta mediados de los años 90 del siglo XX: la responsabilidad penal de los entes colectivos (1) . Hasta entonces, este
(1) En la discusión dogmática penal y en el análisis del Derecho contravencional se utiliza el término persona jurídica (Juristische Person), agrupaciones (Verbände) o, de manera incluso más restrictiva para referirse a delitos económicos, a empresas (Unternehmen). En ambos casos se reconoce que el término “persona jurídica” sería equivalente al utilizado en el Derecho Civil y Comercial. En todo caso, en la doctrina se discute aún sobre el término más adecuado; al respecto ver Heine (quien siguiendo en esto la jurisprudencia comunitaria prefiere el término “empresa” en un sentido económico), c. más refs.,
problema era considerado como una exquisitez teórica que podía ser fácil- mente refutado con aquella tajante afirmación ya tradional de nuestros sis- temas jurídicos penales: societas delinquere non potest. De lege lata la situa- ción era clara en los países de tradición penal europeo-continental pues sus sistemas penales estaban claramente basados en una responsabilidad penal individual (ver abajo en 2). Además se consideraba suficiente con la ya exis- tente responsabilidad administrativa o contravencional de empresas o per- sonas jurídicas (ver abajo en IX). A lo sumo se discutía una reforma de la ley penal vigente para incluir figuras de responsabilidad subsidiaria de las perso- nas jurídicas como las “consecuencias accesorias” (ver en el cap. III punto 2).
Pero la situación comenzó a cambiar a medida que ha ido ganando reco- nocimiento legislativo en algunos países la responsabilidad penal de los entes colectivos, siguiendo distintos modelos, a la vez que diferentes instrumentos de Derecho internacional público han ido incrementado la presión a los le- gisladores nacionales con la recomendación expresa de introducir la figura para luchar mejor contra una serie de fenómenos delictivos modernos (ver el análisis de Derecho comparado en VIII) (2) . En aquellos países que toda- vía no han adoptado la figura, en la discusión dogmático-penal están ganan- do terreno paulatinamente los defensores de la responsabilidad penal de los entes colectivos, para lo cual sugieren modelos que van desde una respon- sabilidad tenue, accesoria (medidas accesorias) hasta una plena (responsabi- lidad auténticamente penal). Aquí surgen otras cuestiones como la de saber si tal responsabilidad debería estar vinculada a la de personas individuales (modelo de la imputación; ver en 3.1) o debe basarse en una imputación di- recta al ente colectivo (modelo de la responsabilidad autónoma; ver en 3.2),
y si las normas pertinentes deberían preverse dentro de la ley penal o fuera
de ella y bajo otra denominación (al respecto ver abajo en X). No debe dejar- se de lado también la regulación de la responsabilidad de la matriz cuando se
tratare de consorcios empresariales (ver en VI) así como la problemática refe- rida a las sanciones y al procedimiento para los entes colectivos (ver en VII)
y algunos otros problemas más, de los cuales por razones de espacio solamen-
te se han escogido algunos para ser revisados brevemente: los delitos materia
p. 56 y ss. Por eso, aquí se prefiere emplear en adelante sobre todo el término “ente colectivo” para englobar a personas jurídicas y otras agrupaciones de personas que actuaren como un colectivo aunque no hayan sido reconocidas aún expresamente por la ley, aunque en muchos contextos (cuando se trate de delitos económicos) también se utilizarán indistintamente los términos “empresa” o, si la ley analizada se refieriese a estas, las “personas jurídicas”. (2) Esta tendencia es observada por los distintos autores, entre otros, p. ej. TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, p. 232 y ss., n. marg. 242; CRAMER/HEINE en SCHÖNKE/SCHRÖDER, vor §§ 25 ff., n. marg. 121 y ss., p. 522 y ss.; ROXIN, “Strafrecht AT”, tomo 1, n. marg. 61, p. 263; GROPP, n. marg. 20, p. 112 y ss.
Responsabilidad penal de los entes colectivos: Estado actual y reflexiones preliminares
de la responsabilidad penal analizada (ver IV) y los destinatarios de la regu- lación penal propugnada (ver V).
A continuación se verá con más destalle estos desarrollos para tratar re- sumir el estado actual de la discusión y llegar a conclusiones que podrían re- sultar de interés para el futuro legislativo de aquellos países (como el Perú) que aún no han previsto una regulación sancionadora (no solamente pe- nal) de los entes colectivos. Se prosigue así, mediante esta actualización del estado de la discusión y reflexiones preliminares, el estudio de un tema al cual el ilustre homenajeado, Klaus Tiedemann, ha dedicado especial aten- ción desde el inicio de su carrera académica. Él ha sido incluso el prime- ro, en la doctrina alemana, en introducir la idea (ahora muy actual) de una responsabilidad propia del ente colectivo basada en una culpa organizativa (Organisationsverschulden) (3) .
Durante mucho tiempo la Criminología se concentró en analizar al “de- lincuente” para explicar la etiología del delito. Para ello buscó la explicación en ciertas características individuales propias de personas de las llamadas cla- ses sociales bajas, que era la que tradicionalmente cometía los llamados de- litos violentos. Con el cambio de interés ya no hacia la persona sino hacia el acto, la atención se volcó hacia aquellos delitos que más “daño social” causa- ban. Es así que las investigaciones criminológicas de las últimas décadas del siglo XX, impulsadas decisivamente por el norteamericano Donal Suther- land, han dedicado especial interés a los “delitos económicos”. Con ello hace su aparición el Derecho Penal Económico, subdisciplina del Derecho Penal, dentro del cual se analiza un grupo de delitos estrechamente vinculado con el funcionamiento del sistema económico. Debido a la inevitable interrela- ción entre el Derecho Penal y el extrapenal (los distintos Derechos relacio- nados con temas económicos), resultó inevitable también que se comenzara a analizar a la “empresa”, o sea al “ente colectivo”. Por ello, la criminología que analiza el delito económico no puede prescindir de las empresas (perso- nas jurídicas), las cuales tienen una actuación decisiva en la vida económi- ca, más importante aún que la de las personas individuales. Y es así que en el campo del Derecho Penal Económico se ha comprobado una y otra vez que la persona jurídica participa, ya no como excepción, sino como regla gene- ral en la comisión de delitos (4) .
Cfr. SIEBER. “Compliance-Programme
p. 466; allí también las refs. sobre la obra de Tiedemann.
Consúltese también la segunda edición del manual de TIEDEMANN. “Derecho penal económico. Parte General”, p. 232 y ss., n. marg. 242 y ss.
Cfr. TIEDEMANN. “Nuevas tendencias
Dentro de un contexto más amplio aún, se ha observado que, la con- secuencia lógica del liberalismo exacerbado de los últimos años ha sido la traslación de responsabilidades (y consecuencias jurídico-penales) a las empresas. De allí que, al mismo tiempo que, por influencia nortea- mericana se predica el “buen gobierno corporativo” y se alaban las bon- dades de un “código de buena conducta” empresarial, también se pro- pone la sanción penal a las personas jurídicas. Esto formaría parte de un “nuevo pacto” tácito entre Estado y poder corporativo, mediante el cual el primero ofrece los beneficios de la responsabilidad limitada una cre- ciente libertad económica a cambio de que las empresas se comprometan al cumplimiento de determinados fines públicos (autorregulándose para controlar riesgos) (5) .
Ahora bien, mientras la discusión continuaba y continúa hasta aho- ra en el campo teórico, los problemas prácticos derivados de la interven- ción de entes colectivos en la comisión de delitos exigían una solución inmediata. La jurisprudencia ha tratado de superar algunos problemas mediante la interpretación (polémica) de las leyes existentes (6) . Resulta- ba una evidente injusticia que, gracias a la interpretación tradicional de los conceptos penales de la teoría del delito, creados sobre la base de la acción y responsabilidad individual, se tuvieran tantos vacíos de punibi- lidad sobre todo cuando, en el marco de delitos económicos y de la ac- tuación de personas jurídicas, se intentaba responsabilizar también, in- fructuosamente, al “superior jerárquico”. Muchas veces el legislador, a posteriori, ha consagrado estas soluciones jurisprudenciales mediante nor- mas penales específicas, tal como ha ocurrido con la regla del “actuar por otro”, pero otras veces, la interpretación ha seguido siendo polémica y no ha habido ninguna aclaración legislativa al respecto, tal como ocurre aún con la “autoría mediata a través de aparatos organizados de poder” (ver más adelante en 3).
1. Fundamentos del societas delinquere non potest
La dogmática penal reconoce unánimemente que, si la legislación penal no la previere expresamente, no será posible de lege lata una responsabilidad
Cfr. NIETO MARTÍN en SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRIO CRESPO, p. 133. Tratando de llegar al fondo del asunto, Nieto Martín ha planteado que la creciente introducción de una “responsabilidad penal de personas jurídicas” formaría parte de una “americanización del Derecho Penal”: los EE. UU., país que desde los inicios de su vida política conoce la responsabilidad penal de entes colectivos tendría en los últimos años un interés económico y político especial en exportar su sistema sancionador de empresas a todo el mundo; ver ibídem, p. 131 y ss. Ampliamente al respecto, y con especial referencia a la criminalidad de empresas, SCHÜNEMANN, FG-BGH, p. 621 y ss.
penal estricta de las personas jurídicas (7) . Las razones tradicionalmente ar- gumentadas son (8) :
a) Inexistencia como “persona” del ente colectivo. Por ello no podría ser sujeto de imputación penal.
b) Falta de “capacidad de acción”. Debido a que la acción típica sola- mente puede ser realizada por individuos, el ente colectivo de lege lata no tendría capacidad de acción. En efecto, el sistema penal eu- ropeo-continental está construibido bajo el presupuesto de que los tipos sean cometidos a través de “conductas humanas” vinculadas a determinada subjetividad de ellas mismas (dolo o imprudencia).
c) Incapacidad de culpabilidad. El tradicional “juicio de reproche” sobre el que descansa la culpabilidad (por exigibilidad de una con- ducta conforme a derecho) sería incompatible con la naturaleza de los entes colectivos.
d) Imposibilidad de ser sujeto de una “pena” (en especial: la priva- ción de libertad). El catálogo de penas previstas para los indivi- duos sería imposible de cumplir en las personas jurídicas: priva- ción de libertad, interdicciones de todo tipo. Y los fines de la pena (prevención especial) no tendrían sentido en ellas, pues la resocia- lización está pensada para individuos. A estas críticas se aúna tam- bién la que observa que una “pena” a una persona jurídica (p. ej.
Cfr. la exposición de esta discusión en SCHÜNEMANN, LK StGB, vor § 25, n. marg. 20 y ss., p. 1835 y ss.; EIDAM, n. marg. 902, 904, p. 263 y ss.; CRAMER/HEINE en SCHÖNKE/SCHRÖDER, vor §§ 25,
marg. 119; DANNECKER, “Zur Notwendigkeit
p. 107 y ss.; TIEDEMANN, “Responsabilidad
p. 36 y ss., también en “Nuevas tendencias
p. 101 y ss.; ABANTO VÁSQUEZ, c. más
refs., “Derecho penal económico”, p. 155 y ss.
Ver un resumen de las objeciones tradicionales a la responsabilidad penal de la empresa puede verse en ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho penal económico”, p. 156 y ss.; también en TIEDEMANN, “Nuevas
que tratan el tema. Es más, aunque en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Federal Alemán (BGH St, tomo 5, p. 28 y ss., 31) admitió una responsabilidad penal de personas jurídicas, aclaró que solamente lo hacía en vinculación con la vigencia del Derecho de la ocupación (norteamericano) y enfatizó que ella era incompatible con el pensamiento jurídico alemán pues contradiría los conceptos ético-sociales de culpabilidad y de pena; ver al respecto y sobre la tendencia posterior de la doctrina de los años 50, que ha rechazado una y otra vez tal responsabilidad penal, SCHOLZ, c. más refs. p. 436, columna izquierda. Últimamente, aunque se reconozca a veces que es posible construir una “acción de la empresas” en el sentido penal, se sigue dudando de su “culpabilidad” con distintas argumentaciones; ver VON FREIER (destacando también la punición de terceros inocentes a través de
p. 10 del manuscrito (punto III). Estos argumentos son conocidos y citados por todos los
la pena a la persona jurídica), p. 102 y ss., 114 y ss.; JAKOBS, la imputación de la “acción” a la persona natural “representante” tendría que excluir la de la persona jurídica representada, “Strafbarkeit ”,
p. 562 y ss., 575; MIR PUIG. “Una tercera vía
una serie de principios penales en los que se basa la “culpabilidad”: proporcionalidad, personalidad de la pena, etc.).
p. 365 y ss. (argumentando que ello atentaría con
la clausura o cierre temporal de la empresa) afectaría a “terceros” inocentes: p. ej. los accionistas, los acreedores, los trabajadores.
c) Incapacidad procesal. Muchos actos procesales (p. ej. declaraciones, prisión preventiva) no podrían cumplirse con la persona jurídica.
d) Necesidad político-criminal. Debido a la existencia de medidas civi- les y administrativas que sí pueden dirigirse contra las personas jurí- dicas, no habría necesidad de recurrir al Derecho Penal.
En consecuencia, en estas legislaciones, que todavía deben ser la mayo- ría, cuando se cometiere un hecho delictivo (p. ej. un delito ecológico, un fraude de inversiones de capital, un fraude tributario, una práctica restricti- va de la competencia, una práctica de competencia desleal, etc.), en interés de un ente colectivo o motivado por este a través de una cultura corporati- va criminal, pese a que se pudieren causar graves perjuicios a intereses so- ciales importantes, en lo esencial solamente será punible el o los individuos que hubieren ejecutado los hechos, siempre que puedan ser identificados y se dieren los demás elementos del tipo (algo difícil en la práctica por proble- mas de irresponsabilidad organizada).
2. Soluciones parciales y de transición a los vacíos de punibilidad
Ante clamorosos vacíos de punibilidad y hasta que llegara la verdadera responsabilidad penal (o cuasipenal) mediante una reforma legal, los aparatos de administración de justicia tenían que dar solución a los problemas que se les planteaban cotidianamente en el quehacer judicial. Un problema prácti- co muy importante surgió en aquellos casos de delitos especiales en los cua- les el tipo penal exige determinados elementos personales para la autoría, y estos elementos recaen en un tercero (persona natural o jurídica) que no ha sido precisamente quien ha ejecutado personalmente el hecho delictivo. De- bido a que la doctrina y jurisprudencia siguen la teoría del “dominio del he- cho” para afirmar la autoría, y en los “delitos especiales” tal dominio sola- mente podría tenerlo una persona determinada con la cualidad exigida por el tipo (el intráneus), pero en la práctica tal cualidad podría recaer en otro, en un ejecutor del delito que no reunía la cualidad (el extráneus), surgía aquí un problema de imputación de la autoría. Es por ello que en 1968 se introdujo la cláusula del actuar por otro (antes art. 50a, actualmente art. 14 StGB) (9) , que ha sido tomada por modelo (con distinta redacción) en algunas legis- laciones penales del mundo (10) . Mediante esta regla se pretende extender la
Sobre los antecedentes históricos de esta disposición ver, c. más refs. SCHÜNEMANN, en LK StGB, § 14, p. 878 y ss. (Entstehungsgeschichte) y, con un análisis de la discusión de trasfondo que motivó la introducción de la disposición, n. marg. 1 a 3, p. 881 y ss. En Europa, sobre todo por España (art. 31) y Portugal (art. 12); al respecto y sobre otros países europeos (que no conocen la cláusula) ver los comentarios de SCHÜNEMANN en LK StGB, § 14, n. marg. 80 y ss.,
punibilidad para abarcar, dentro del tipo y como autor, a aquellos que rea- lizaren los elementos del tipo cuando estos elementos (por tratarse de deli- tos especiales) recayeren en una persona distinta de la que lo hubiera ejecu- tado. Es lo que en la doctrina alemana se denomina “desplazamiento de la responsabilidad hacia abajo” o “responsabilidad del representante”, y su fun- ción consiste en ampliar la posibilidad de sancionar como autor a aquellos que realizaren los elementos de un tipo penal determinado aunque no reu- nieren los elementos personales que aquel exigiere quien, según la ley, es el destinatario de la norma (11) .
En la doctrina no hay discusión en interpretar que la finalidad principal de la disposición ha sido la de tratar de evitar vacíos de punibilidad cuando se tratare de delitos especiales y el delito fuere ejecutado por personas (individuales) que tuvieren una relación de representación (legal, empresa- rial) con la representada (persona natural, persona jurídica, agrupación con capacidad jurídica) (12) . Pero sí hay discusiones en cuanto a la intrepretación y aplicación de los elementos de la norma. Entonces, cuando los elementos típicos (cualidades personales, situaciones o circunstancias especiales) de un delito especial recayeren en una persona distinta de aquella que ejecutara el delito, el art. 14 permite abarcar también como autor del ejecutor-represen- tante (“responsabilidad por representación”), pero solamente en los siguien- tes casos: cuando la representada fuera una “persona jurídica” y el actor fuera un “órgano facultado para representarla” o de un “miembro de dicho órga- no” (primer párrafo, número 1), cuando la representada fuere una “socie- dad de personas con capacidad jurídica” y el actor un “socio facultado para representarla” (primer párrafo, número 2), y cuando se tratare del “repre- sentante legal” de otro (primer párrafo, número 3).
Ahora bien, la cláusula del actuar por otro no esta destinada a solucio- nar expresamente el problema de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. En cuanto a estas, solamente llena un vacío posible cuando el he- cho punible fuere realizado por un “representante” y la cualidad típica re- cayere en la persona jurídica (deudor tributario, empleador, etc.). Pero hay más problemas. Como los elementos de la cláusula del “actuar por otro” son
p. 934 y ss. Pero la influencia también se muestra en otros países no europeos como Perú (art. 27 Código Penal de 1991) o Colombia (art. 29, párrafo tercero del Código Penal de 2000). Últimamente también se prevé una cláusula equivalente (“representación”) en el art. 27 del Anteproyecto de Parte general del CP boliviano; ver en www.cienciaspenales.net de julio de 2009. Cfr., entre otros, SCHÜNEMANN, para quien se trata aquí de la tipificación de un caso de “posición de garantía”), en LK StGB, § 14, n. marg. 1, 881, n. marg. 20 y ss., p. 895 y ss.; LENCKNER/PERRON en SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 14, n. marg. 1 y ss., 8 y ss., p. 241 y ss., 244 y ss.; TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, n. marg. 241a, p. 231. Cfr. TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, n. marg. 241b, p. 231 y ss.; SCHÜNEMANN, en LK StGB, § 14, n. marg. 3 y ss.
interpretados según el Derecho Civil (en el cual sí es posible la analogía); se producen una serie de vacíos de punibilidad cuando se trata de penar al re- presentante y a los titulares de la empresa (13) : la responsabilidad del repre- sentante se restringe al ámbito empresarial, se exige una orden expresa, se exige que el sustituto tenga un ámbito de responsabilidad propio, y se des- cartan las acciones de “exceso” (la ley dice expresamente “actuar como ór- gano”, “con motivo de un mandato”). Además, como ocurre en muchas em- presas, las llamadas decisiones colegiadas, tomadas usualmente por mayoría simple, plantean muchos problemas de imputación de la responsabilidad pe- nal individual de cada miembro del colegiado. Las decisiones colegiadas en el marco de una empresa (p. ej. el Directorio de una sociedad anónima) pue- den llevar a una “acción” u “omisión” de la empresa con consecuencias le- sivas para bienes jurídicos (p. ej. ordenar la ejecución de obras que conta- minen el ambiente, omitir la retirada del mercado de un producto nocivo), pero penalmente la imputación solamente podrá hacerse de manera indivi- dual a cada uno de los miembros del órgano (14) . Aquí se discute vivamente sobre todo en cuanto a la responsabilidad penal culposa de aquellos que vo- taron en contra o se abstuvieron de votar (p. ej. por inasistencia), pero que no emprendieron nada para impedir la ejecución de la decisión colegiada (15) .
En otros casos, podría ocurrir que un mandato o una omisión de un di- rector o un superior jerárquico de un ente colectivo, pudiera llevar a que un subordinado cometiera un hecho con consecuencias penales, ante lo cual la ley parece prever solamente la responsabilidad, como autor, de este último (“dominio del hecho”). Los hechos son especialmente graves cuando se trata de delitos contra la vida y son cometidos en el marco de organizaciones gu- bernamentales ilegítimas, organizaciones criminales y estructuras mafiosas. Especialmente para estos casos la doctrina creó una figura que últimamen- te ha sido aplicada (extensivamente) por los tribunales alemanes a los deli- tos económicos. Así, en algunos casos recientes se ha aplicado la teoría de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder para sancio- nar penalmente como “autor mediato” a los directivos de una empresa que
Cfr. SCHÜNEMANN en LK StGB, § 14, n. marg. 83 y ss., p. 939.
A pesar de todo, parte de la doctrina ve desde la sentencia en el caso “Lederspray” (BGHSt, tomo 37,
106 y ss., 114) un reconocimiento jurisprudencial de la “capacidad de acción” de la persona jurídica
(empresa), aunque esta sea empleada luego para imputar responsabilidad penal a personas individuales; al respecto, TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, n. marg. 243, p. 233 y ss.; con refs. y un análisis crítico de lege lata, ver SCHÜNEMANN en FG-BGH, p. 623 y ss.
Hay dos posiciones actualmente definidas; unos consideran la punibilidad de estos sujetos por “coautoría culposa”, otros deniegan esta posibilidad de lege lata por falta de plan común (que parece exigir el art. 25, segundo párrafo StGB) y señalan que de todos modos entraría a tallar una “autoría accesoria”; sobre estas posiciones ver resumidamente en FISCHER, quien toma partido por la segunda posición,
más refs., n. marg. 26, p. 246; también, centrando la discusión en problemas de causalidad, c. más refs., SCHÜNEMANN en FG-BGH, p. 633 y ss.
hubieran dado instrucciones a sus subordinados (incluso si se tratare de ins- trucciones de carácter general) para realizar hechos que constituyeren deli- tos. Como es sabido, esta teoría fue propuesta por Claus Roxin a fin de abar- car, como autor mediato, a quienes hubieran dado órdenes a subordinados (el caso inicial fue el de los crímenes de guerra nazis) para realizar delitos. Para reconocer aquí una teoría mediata, se exigía y exige aún que la existen- cia de un “aparato de poder” que actúe de manera “desapegada del Dere- cho” a través de subordinados, los cuales serían piezas intercambiables; por eso, esta teoría, que amplía normativamente la autoría mediata, se restringe
a casos de dictaduras estatales, grupos terroristas y mafias (16) . Por eso se ha criticado aquella jurisprudencia alemana que ha extendido la autoría media-
ta a delitos cometidos en el marco de empresas (17) ; para estos casos se suele proponer más bien la solución a través de la “coautoría” o la “inducción” (18) . De todos modos, tampoco puede hablarse aquí de una verdadera responsa- bilidad penal de los entes colectivos; la imputación penal sigue refiriéndose
a personas naturales, aunque se tome para ello, como referencia, el funcio-
namiento de las organizaciones empresariales (dominio de la organización).
Finalmente, por lo menos con finalidad de evitar injusticias y tras ago- tar todo el instrumental técnico que ofrece la dogmática penal tradicional basada en la responsabilidad individual, se ha propuesto (y en parte ha sido admitido por la jurisprudencia) construir una responsabilidad penal por omisión del empresario (19) . La “posición de garantía” del empresario (los di- rectivos y gerentes) suele ser admitida sin problemas en tanto las personas encargadas de la producción y distribución de productos industriales sean conscientes de los riesgos que su actividad genera para los bienes jurídicos involucrados (p. ej. la salud, el medio ambiente) y, en el marco de la orga - nización jerárquica de la empresa, tengan el dominio sobre las personas su- bordinadas que realizaren las actividades ejecutivas. Pero en la práctica es difícil de constatar la efectiva violación de un deber de actuar (la omisión),
Cfr. ROXIN, exponiendo y criticando las nuevas tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, “Strafrecht AT”, tomo 2, n. marg. 105 y ss., p. 46 y ss.; también sobre la aplicación de esta teoría a las empresas ve ampliamente, c. más refs., SCHÜNEMANN, FG-BGH, p. 628 y ss. Al respecto, c. refs. sobre la discusión doctrinaria, TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, n. marg. 241, p. 229 y ss.; también SCHÜNEMANN en LK StGB, § 25, n. marg. 130 y ss.;
FISCHER, c. jurisp., n. marg. 7 y ss., p. 235 y ss.; HEINE, c. más refs., “Modelos de responsabilidad ”,
28 y ss. Se critica sobre todo que, en el caso de los delitos cometidos a través de empresas comerciales
faltarían dos requisitos básicos del “dominio del aparato de poder”: la fungibilidad del instrumento
y el apartamiento del Derecho; el superior jerárquico solamente podría ser “inductor”; ver ROXIN,
“Strafrecht AT”, tomo 2, n. marg. 129 y ss., p. 55 y ss. Ver las referencias doctrinarias que proponen soluciones distintas a la actual jurisprudencia en FISCHER,
marg. 8, p. 236 y ss.
Al respecto puede consultarse la reciente monografía, con más refs. y jurisp. de DEMETRIO CRESPO, “Responsabilidad penal por omisión del empresario”; allí esp. p. 159 y ss.
pues deberá probarse que el empresario no había adoptado las medidas ne- cesarias e idóneas (medidas de seguridad complementarias y medidas de sal- vamento) para evitar el resultado lesivo. Además, la concreción práctica de los deberes empresariales es muy complicada, incluso si se quisiera estable- cer un núcleo basándose sobre todo en la legislación mercantil, motivo por el cual la doctrina penal ha tratado de dar pautas definidoras de esta posi- ción de garantía empresarial (20) . Por último, se debe reconocer que no sería posible la imputación penal al empresario allí donde el deber quede exclui- do por haber existido una “delegación” del deber; algo que es posible en las grandes empresas, sea que se realice de manera consciente (irresponsa- bilidad organizada) o inconsciente.
Una última posibilidad de solución “tradicional” está en tratar de sub- sumir la criminalidad empresarial en aquellos tipos penales referidos a la criminalidad organizada. El tipo básico correspondiente recibe distintas de- nominaciones. Así en Alemania se tiene el tipo penal de formación de agru- paciones criminales (art. 129 StGB) y los tipos específicos referidos a la for- mación de agrupaciones terroristas dentro del país (art. 129a StGB) y en el extranjero (art. 129b StGB). Los dos últimos casos constituyen tipos agra- vados del primero. En todos los casos se trata de “agrupaciones” (reunión permanente de un mínimo 3 personas, según la interpretación jurispruden- cial basada en los criterios del Derecho Comunitario) creadas con el objeti- vo de cometer delitos (que deben tener una cierta gravedad en el sentido de un “considerable peligro para la seguridad pública”) (21) . Estos requisitos son similares en otras legislaciones y doctrinas, pero se discute su amplitud con la finalidad de dar una mayor aplicación al tipo, incurriendo sin embargo en problemas de constitucionalidad.
Así en el Perú, donde rige un tipo penal de “asociación para delin- quir” en el art. 317 del CP (modificado últimamente por el D. Leg. 982 del 22/07/2007), recién en los últimos años se ha empleado el tipo penal para abarcar actos cometidos sobre todo por agrupaciones terroristas, organiza- ciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y, por razones de coyuntura, delitos contra la administración pública (22) .
Ahora bien, la doctrina alemana discute si también podrían incluirse dentro del concepto de “agrupaciones criminales” (asociaciones ilícitas) a las “empresas económicas” con fines de aplicar el tipo penal correspondiente
Cfr. c. más refs. DEMETRIO CRESPO, p. 160 y ss. Al respecto ampliamente, c. más refs., LENCKNER/STERNBERG-LIEBEN en SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 129, p. 1276 y ss., esp. n marg. 4, 6 y 7. Al respecto me remito al trabajo “Participación punible de personas en grupos de delincuentes y redes” presentado al Instituto Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional, E.3.
cuando, pese a haber sido constituidas de manera lícita, tuvieran en el fondo una finalidad delictiva (p. ej. la formación de un “carrusel” con el fin de de- fraudar subvenciones, lavar dinero, formar “cajas negras” a favor de partidos políticos, etc.). Para algunos ello es posible, pero para otros no debido a la excepción legal del párrafo 2, número 2 del CP alemán (cuando la finalidad delictiva constituyera una de segundo orden) (23) . Si no se tuviera este asidero legal, de todos modos puede buscarse algún criterio de distinción entre “cri- minalidad organizada” y “criminalidad económica empresarial”, tal como la “finalidad lucrativa ilícita” o el “uso de la violencia” (24) .
Sea como fuere, de todos modos en estos casos no responde el ente colec- tivo por sí mismo; la imputación penal de la conducta típica y la sanción penal siguen siendo individuales. Se pena a todos los sujetos que pertenecieran, apo- yaran, etc. una organización criminal; es decir, todos ellos son considerados como autores, algo que, por sus resultados, equivale a una “autoría unitaria” (25) .
3. Características de las empresas y vacíos de punibilidad
La doctrina y la jurisprudencia siguen criticando los vacíos de punibili- dad derivados de la actuación de las empresas en la comisión de muchos de- litos (26) . Una de las críticas más frecuentes saca a relucir un fenómeno típico de las empresas modernas: el fracaso del Derecho Penal cuando, pese a co- nocerse la comisión de hechos delictivos a través de empresas, la persecu- ción penal no pueda responsabilizar a nadie en concreto. Es así que, por un lado, los miembros de las empresas pueden escapar a la persecución penal es- cudados, de distinta manera, por la organización empresarial (irresponsabi- lidad individual organizada), pero también podría existir ya al interior de la empresa (especialmente cuando se trata de una de gran magnitud) toda una compleja estructura que difumine los ámbitos de responsabilidad (irrespon- sabilidad estructural organizada) (27) .
LENCKNER/STERNBERG-LIEBEN está a favor; ver en SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 129, p. 1280, n.
marg 7, al final. Allí también ver la doctrina contraria. De manera expresa han sido excluidos (art. 129, párrafo 2, números 1 a 3) los partidos políticos que el Tribunal Constitucional no hubiera declarado previamente como inconstitucionales, las agrupaciones en las cuales la comisión de delitos constituya un objetivo o actividad de menor orden, y las agrupaciones destinadas a cometer los llamados “delitos de organización” (arts. 84 a 87 StGB: poner en peligro el Estado democrático de derecho). Cfr. c. más referencias ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 483 y ss. Cfr. SCHÜNEMANN en LK StGB, vor § 25, n. marg. 15, p. 1828. Cfr. PIETH, p. 10. Sobre estos dos tipos de irresponsabilidad ver, c. más refs. HEINE, “Modelos de responsabilidad ”,
distintas tendencias dogmáticas, ver, entre otros, RAMÓN RIBAS, en QUINTERO/MORALES PRATS,
26 y ss. En general, sobre la “irresponsabilidad organizada” constatada indistintamente por autores de
observada hace ya algún tiempo por autores anglosajones, en ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho Penal
683; GARCÍA CAVERO, “Derecho penal. Parte general”, p. 692. Más refs. sobre esta problemática,
económico. Consideraciones
”, p. 160.
A diferencia de lo que ocurre con las acciones individuales que pueden fácilmente imputarse jurídica y penalmente a una o más personas individua- les (como autoría o participación), una empresa (y más aún en el mundo mo- derno) actúa en el mundo exterior a través de sus miembros tras pasar por una serie de procesos internos típicos de las organizaciones empresariales en las cuales el legislador penal tradicional no ha pensado ni vertido en su ins- trumental de la parte general. Y es que en las empresas se ha dividido la acti- vidad operativa, la tenencia de información y el poder de decisión, mientras que en los individuos los tres niveles suelen concentrarse en una sola perso- na (28) . Al separarse la “toma de decisión” (difuminada a su vez por el hecho de que ocurre muchas veces en el seno de un órgano colegiado) y su “cum- plimiento” (que puede ser a su vez intermedidado por distintos departamen- tos internos del ente colectivo), la “imputación penal” individual fracasa de distinta manera: imposibilidad fáctica de determinar responsabilidades indi- viduales, imposibilidad de determinar una conducta “dolosa” (o incluso cul- posa), imposibilidad de constatar un “dominio del hecho” (para la autoría), etc. Es más, muchas veces el hecho final ilícito proviene de una toma de de- cisión difusa sobre un determinado proceso que luego va concretándose poco a poco hasta llegar a la ejecución del hecho que desemboca en un ilícito (pe- nal); otras veces estos hechos finales pueden incluso desarrollarse casi au- tomáticamente a partir de estructuras preestablecidas, sin necesitar siquiera de una instrucción general (p. ej. el cumplimiento de objetivos empresaria- les que presionan a los trabajadores y los pueden llevar a decidirse por co- meter una infracción). Esto puede hacer difícil o imposible la determinación de una responsabilidad jurídica por un hecho que, externamente, puede ha- ber atentado gravemente contra un bien jurídico de suma importancia, pero que, según el instrumental penal tradicional no solamente no puede impu- tarse a ninguna persona individual en concreto, sino ni siquiera puede afir- marse que habría sido cometido o inducido dolosamente (y a veces ni siquie- ra imprudentemente).
Un Derecho (Penal) anclado en una perspectiva individualista (como ac- ciones u omisiones de un individuo, con un momento determinado de eje- cución y con una causalidad dañosa para bienes jurídicos de fácil constata- ción) es impotente para cumplir con las finalidades político-criminales que le corresponden. especialmente las grandes empresas, debido a la estructu- ra misma de estas, las cuales, a diferencia de los individuos, existe toda una organización y una serie de procesos internos por las cuales se tiene que pa- sar antes de una “toma de decisión” (que podría equivaler a una “resolución
Esta problemática es destacada por prácticamente todos los autores; ver entre otros, HEINE, “Modelos
p. 27; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 489 y ss.
criminal”) y una ejecución de tal decisión (que puede desembocar en un gra- ve atentado contra bienes jurídicos).
Estos vacíos de punibilidad que desembocan en déficits de prevención general son tanto más graves si se toma en cuenta que, ante un delito co- metido a través de o con ayuda de empresas, no puede bastar con la mera responsabilidad penal individual pues esta, en realidad, no abarca la au- téntica responsabilidad colectiva por el delito, la cual debería incluso ser mayor dadas las características de las empresas (29) . Una mera responsabili- dad individual, como se ha venido aplicando hasta ahora, lleva o bien a re- cargar excesivamente a los individuos (por una mayor responsabilidad de la empresa), a una descarga excesiva de la empresas que las alientan a una mala organización, o a la tentación de querer solucionar las cosas de ma- nera arbitraria (30) .
En un mundo moderno, en el cual muchos intereses colectivos ya no son protegidos directamente por el Estado sino son abandonados al merca- do, donde las empresas como agentes económicos necesitan la libertad ne- cesaria para desarrollar innovaciones, y donde algunas de estas innovaciones puede causar grandes peligros a la colectividad, existe un creciente ámbito de inseguridad en la ciudadanía. Se habla ahora de una sociedad de riesgos, tanto en lo que respecta por las posibilidades de la tecnología actual como por el acceso y poder que ostentan las grandes empresas. Estas han alcanza- do tal magnitud y complejidad que no puede ya cerrarse los ojos más tiempo ante la importancia que tienen ellas mismas, independientemente de la acti- vidad que pueda desplegar cada uno de sus miembros; los grandes escánda- los financieros de los últimos años bastan para ejemplificar no solamente la dañosidad social que pueden ocasionar, sino también la forma cómo actúan y las escasas posibilidades de nuestro Derecho Penal (31) .
Ahora bien, la dogmática penal ya ha reaccionado desde hace algún tiem- po y tiene en cuenta la naturaleza de las conductas empresariales y las infrac- ciones que derivan de ella para construir una “responsabilidad empresarial penal” de manera distinta aunque paralela a la responsabilidad penal indivi- dual (ver abajo en. 3). Pero también, en la discusión dogmático-penal, se ha argumentado que daría mejores respuestas a esta situación una metodología
Por eso Heine constata un “excedente de responsabilidad colectiva” que no puede ser compensado por
la mera responsabilidad individual; ver en “Modelos de responsabilidad
Cfr. c. más refs. HEINE, “Modelos de responsabilidad
Destacan esto, entre otros, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 465 y ss. Debido a la importancia alcanzada por los entes colectivos en el mundo moderno, últimamente se habla incluso de una “ciudadanía empresarial”:
la empresa gozaría ya de un estatus de “cuidadano” capaz de participar en la producción normativa y
de cuestionar normas, y por ello, capaz de culpabilidad en el sentido penal; ver al respecto c. más refs.,
GÓMEZ-JARA, “El modelo constructivista
”, p. 103 y ss.
basada en teorías que describan adecuadamente la realidad empresarial para luego crear los instrumentos jurídicos (eventualmente penales) que compren- dan y regulen la actuación de las empresas y la reacción legal ante activida- des empresariales que resulten lesivas para los intereses que el Derecho quie- re proteger. En especial, los normativistas radicales abogan por el empleo de la “teoría de sistemas”, al igual que lo hacen en el resto del Derecho Penal. Pero también seguidores de la teoría de “bienes jurídicos” han comenzado a aplicar, en el ámbito del “Derecho Penal Económico”, consciente o incons- cientemente, conceptos de esta teoría (las empresas como sistemas autopoié- ticos), combinándolos también con conocimientos provenientes del análisis económico del Derecho, para analizar la delincuencia empresarial o propo- ner respuestas legales adecuadas, aunque enmarcado todo esto dentro del sis- tema garantista del Derecho y del Derecho Penal (32) .
III. MODELOS EXISTENTES
1. Irresponsabilidad penal directa o indirecta
En general se reconoce ahora que las “personas jurídicas” tienen “capa- cidad de acción” pues son “destinatarias” de normas jurídicas entre las cua- les también se encuentran las penales; y así como en muchas legislaciones pueden cometer “contravenciones” o “infracciones administrativas” graves también podrían “cometer” delitos (33) . También se constata y admite la exis- tencia de déficits de punibilidad en el caso de la participación de entes co- lectivos en actos delictivos.
Pero se discute todavía la capacidad de culpabilidad con lo cual, aun cuando se constate una necesidad de protección de bienes o normas, se su- giere mayormente no recurrir al Derecho Penal. La doctrina penal encuentra dificultades en los modelos de “responsabilidad penal” de la empresa, pues ellos constituirían una “imputación ficticia” dado que el Derecho Penal vi- gente exigiría que la imputación penal se refierese a “acciones” cometidas
Anteriormente he postulado este “aprovechamiento” selectivo de la teoría de sistemas para el Derecho penal económico, cfr. ABANTO VÁSQUEZ, “¿Funcionalismo radical o funcionalismo moderado?”. En: Revista Penal (España), N° 16 (2005), pp. 3-35. esp. p. 34. GÓMEZ-JARA critica esta última
posición pues afirma que no podría emplearse la teoría de sistemas parcialmente solo en lo referido a la actividad de las empresas sin reconocer su validez también para la actividad de los individuos; ver,
criticando en especial a SCHÜNEMANN, c. más refs., “El modelo constructivista
p. 99 y ss., 101
y ss., esp. nota al pie 17. El mismo autor analiza las posiciones de Heine, Lampe y Bottke, quienes emplean conceptos sociológicos para analizar a la empresa y su eventual responsabilidad penal; ver ibídem, p. 113 y ss. En Alemania esto ha quedado claro como muy tarde desde las sentencias del Tribunal Federal en el caso del “aerosol de cuero”; ver en TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, p. 233 y ss., n. marg. 243. Más refs. sobre la “capacidad de acción” de las personas jurídicas, en GROPP, n. marg. 21 y ss., p. 113.
por el propio responsable, y ello no sería posible en los entes colectivos; entre otras cosas sobre todo los conceptos de injusto y culpabilidad de los sistemas penales como el alemán no serían actualmente compatibles con es- tos modelos (34) .
Pero esta posición todavía mayoritaria no solamente sostiene la impo- sibilidad o inconveniencia de recurrir de lege lata al Derecho Penal frente a los entes colectivos, sino también lo hacen de lege ferenda debido al proble- ma, difícil de superar dogmáticamente de la “capacidad de culpabilidad” (35) . Como solución, algunos sugieren mejorar el sistema de “medidas de seguri- dad”, otros proponen reforzar la responsabilidad contravencional ya existen- te, propuestas que a veces van de la mano con sugerencias de cambios en nor- mas extrapenales (36) . Para reforzar más aún esta postura, se suele argumentar también que supondría una “injusticia” castigar a “otro” (el ente colectivo) por el delito cometido por individuos, además de que penar al ente colecti- vo supondría “meter en un mismo saco a justos y pecadores”, es decir hacer que, a través de la pena a la persona jurídica, sufran tanto los responsables
Refiriéndose al Derecho Penal alemán, ROXIN, quien expone también los diferentes modelos propuestos en la doctrina, “Strafrecht AT”, tomo 1, p. 264, n. marg. 63, allí también más refs.
sobre doctrina alemana en este sentido. Recientemente ver también VON FREIER, p. 98 y ss., 116. Desde la perspectiva normativista radical últimamente Jakobs se ha manifestado en contra de una auténtica “punibilidad” de las personas jurídicas (en su Manual la admitía, ver “Strafrecht AT”,
marg. 43 y ss., p. 148 y ss.), básicamente debido a que el concepto de “pena” está íntimamente
ligado a la “persona individual”, el principio de culpabilidad presupondría siempre una “identidad
de la persona a través de su consciencia”; ver, p. “Strafbarkeit
p. 559 y ss., 570 y ss., 575.
También los que abogan de lege ferenda por una “responsabilidad penal” de los entes colectivos,
consideran que de lege lata esto es correcto; ver, entre otros, EIDAM, n. marg. 892 y ss., p. 257 y ss., n. marg. 902, p. 263; c. más refs. sobre la doctrina y jurisprudencia alemanas en este sentido, GROPP, “Strafrecht AT”, p. 112, notas al pie 19 y 20; GÓMEZ-JARA, “El modelo constructivista ”,
98 y ss.
Cfr. ROXIN, “Strafrech AT”, tomo 1, p. 264, n. marg. 63; SCHÜNEMANN, en LK, § 14, n. marg.
78. JAKOBS critica que se quiera denominar “penal” a la responsabilidad de la persona jurídica debido a la vinculación de la “culpabilidad penal” con una serie de principios que no encajarían con
naturaleza de dicha persona. Desde su perspectiva, la “persona jurídica”, aunque pueda ser objeto
de expectativas, no puede ser capaz, por sí misma, de “desautorizar a la norma”; ver “Punibilidad de las personas jurídicas?”, p. 86 y ss., 95 y ss. Ver también la exposición y explicación de esta nueva posición de Jakobs (quien antes sí habría admitido la responsabilidad penal de personas jurídicas),
en GÓMEZ-JARA, “Grundlagen
p. 296 y ss. Debido a la imposibilidad de esta “capacidad de
culpabilidad”, Silva Sánchez, siguiendo a Lampe, solamente cree posible verificar en la persona
jurídica, con base en la “deficiente estructura de organización”, un “estado de injusto” que solamente podría legitimar “consecuencias jurídico-penales” más no la imposición de penas; “La responsabilidad
p. 182 y ss.
Cfr. las refs. en CRAMER/HEINE, quienes sistematizan a los detractores separándolos entre aquellos que están a favor de una “punibilidad plena” dentro del Código penal, los que se contentan con introducir (más) “medidas de seguridad” específicas para los entes colectivos dentro del Código penal
los que prefieren solucionar el problema dentro del “Derecho contravencional” (aparte un últimor
grupo que propone regulaciones aisladas como las que se analizan más abajo en 3.3.2), en SCHÖNKE/ SCHRÖDER, vor §§ 25 y ss., p. 523 y ss., n. marg. 126.
directos del hecho delictivo como otros que no lo son (otros empleados de la empresa, socios, trabajadores, la sociedad en su conjunto, etc.) (37) .
En contra de esta actitud se sostiene, sin embargo, que un sistema de meras sanciones administrativas para las personas jurídicas carecería del re- proche ético-social inmanente a las penas (con las consecuentes deficiencias preventivas), la ausencia de las garantías que rodean al Derecho Penal (y que harían más arbitraria la imposición de sanciones o medidas), así como las di- ficultades de coordinación de la responsabilidad administrativa de la empre- sa con la penal de los individuos (suspensión de procesos, alegación del “ne bis in idem) y otros problemas en la investigación y persecución frente orga- nizaciones complejas y, a veces, violentas (38) . Y para construir la “capacidad de acción” y la “capacidad de culpabilidad” se puede recurrir a distintos mo- delos (39) , tal como se analiza en 3.3.
2. Responsabilidad subsidiaria y consecuencias accesorias
En la discusión teórica de hace algunos años solamente se veía como ne- cesidad político-criminal el hacer responsable “subsidiariamente” a la per- sona jurídica en caso de comisión de delitos por parte de personas naturales que se valían de ellas. Este modelo se introdujo, tras algunas modificacio- nes en proyectos previos (como el de 1980), en el Código Penal español de 1995 bajo la denominación de consecuencias accesorias (art. 129) para evi- tar la discusión que implicaba el empleo del término “medida accesoria” o “pena” (40) . Se trataba de una solución intermedia destinada a controlar los peligros provenientes aquellas personas jurídicas en cuyo marco se hubiesen cometido delitos (41) . El juez puede, así, imponer determinadas medidas pre- vistas en la ley: cierre temporal o definitivo de un local, disolución de la em- presa, suspensión de actividades, prohibición de, intervención de la empre- sa, etc.); medidas que también pueden estar previstas específicamente en la parte especial (p. ej. la prohibición de contratar con el Estado en un tiempo determinado para empresas participantes en cárteles de licitación). El legis- lador penal peruano ha importado este modelo y lo ha introducido en el art. 105 del CP de 1991, aunque de una forma incluso más incompleta que en la
Esta crítica también la efectúan los que están en contra de una “responsabilidad penal autónoma”
estricta (basada en la culpabilidad) aunque defienden una responsabilidad penal amplia (en el sentido de “medidas accesorias”). Así argumenta SCHÜNEMANN, “La punibilidad de las personas jurídicas ”,
p. 587; siguiéndolo, MIR PUIG, “Una tercera vía
p. 365 y ss.
El resumen de las críticas proviene de SILVA SÁNCHEZ. “La responsabilidad penal
p. 155 y ss.
P. ej. TIEDEMANN, de manera pragmática, propone introducir una responsabilidad autónoma (y paralela
a la individual) de terminología diferente a la penal; ver “Nuevas tendencias
p. 16 y ss. (en IV).
Cfr. ARROYO ZAPATERO, p. 20; MIR PUIG, “Una tercera vía
Expresa y críticamente sobre la fundamentación de este modelo, c. más refs., RAMÓN RIBAS, en:
p. 357 y ss.
Quintero Olivares/Morales Prats, p. 681 y ss.
ley española (42) . Hasta donde se alcanza a ver este modelo no existe, en esta forma, en otras legislaciones penales.
De manera general se justifica la existencia por una necesidad “preventi- va” ante la constatación de una “peligrosidad objetiva” proveniente del ente colectivo; se trata de contrarrestar los efectos de un delito ya cometido a tra- vés de la empresa o impedir la comisión de nuevos delitos (43) . Sus caracterís- ticas básicas (y requisitos para su imposición) son, en cuanto a lo material, su “conexión” necesaria con la comisión efectiva de un hecho delictivo de indi- viduos (peligrosidad postdelictual), que se trate de un hecho delictivo que el legislador haya vinculado expresamente con la “medida accesoria” (sistema númerus clausus), que tal hecho demuestre una “peligrosidad objetiva” del ente colectivo (vinculación del delito con la actividad de la empresa y que la beneficie o se realice en su interés), la accesoriedad delictiva con el hecho principal (básicamente que exista un hecho “típico y antijurídico”), “necesi- dad” de aplicar la medida, y “proporcionalidad”; y, en cuanto a lo procesal, la imposición por parte de un juez, la concesión de audiencia a la parte afec- tada y, obviamente, la motivación de la resolución (44) .
Ahora bien, esta previsión legal ha generado en España primeramente una serie de discusiones en cuanto a su naturaleza (¿penal, cuasi penal, ad- ministrativa, sui géneris?), su capacidad de rendimiento (dejaría vacíos en caso de faltar una responsabilidad individual) y su aplicación práctica (45) . Lo
Ver un análisis crítico en ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho penal económico. Consideraciones
ss., 206 y en “Diez años
p. 29 y ss. A diferencia del modelo español, donde se dice expresamente
que la medida estará destinada a prevenir la comisión de nuevos delitos o contrarrestar sus efectos (art. 129 último párrafo), el legislador peruano no ha previsto una pauta que diga al juez cuándo aplicar la medida.
Cfr. RAMÓN RIBAS, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, “Comentarios
p. 676; GRACIA
MARTIN, “Las llamadas
Cfr. al respecto, c. más refs. y refiriéndose al caso español, GRACIA MARTÍN, “Las llamadas
p. 234 y ss.
p. 358 y ss.; RAMÓN RIBAS, en QUINTERO OLIVARES/
ss.; MIR PUIG, “Una tercera vía
MORALES PRATS, p. 676, 678 y ss. La mayoría de estos requisitos no han sido previstos expresamente en la ley; la doctrina española suele deducirlos intrepretativamente tomando, además, por referencia el modelo contravencional alemán (art. 30 OWiG); y por lo demás, tampoco hay consenso en cuanto
los alcances de cada uno de ellos. Gracia Martín, p. ej., toma el concepto “defecto de organización”
de la persona jurídica (que la doctrina alemana utiliza para fundamentar la culpabilidad de aquella) en cada caso concreto para demostrar la “peligrosidad objetiva” (en cambio, para él el “defecto de la organización” no podría demostrar la culpabilidad de los entes colectivos); ver Ibídem, p. 242 y ss. También se discute sobre el carácter “facultativo” de la medida; para unos, ello implica que el juez
podría decidir no imponer las medidas incluso cuando se presentaran todos los requisitos, para otros, en tal caso, el juez “deberá” imponerlas; sobre la discusión, siguiendo la última interpretación, GRACIA MARTÍN, Ob. cit., p. 243.
183 y ss. quien las considera
“medidas de seguridad” (ibídem, p. 191 y ss.); críticamente, ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho Penal
Al respecto, c. más refs. SILVA SÁNCHEZ, “La responsabilidad penal
distintas interpretaciones de la doctrina española, GRACIA MARTÍN, p. 196 y ss. Este autor sostiene
que las “medidas accesorias” (junto con el comiso) tendría el carácter de “medidas preventivas de
p. 158 y ss., 206. Ampliamente sobre la discusión, exponiendo las
cierto es que, por un lado, las medidas, están previstas en el Código Penal, dependen de la verificación de responsabilidad individual y, además son fa - cultativas, pero, por otro lado, también constituyen recortes de libertades tan graves como las verdaderas penas (46) . Todo esto parece abogar por la te- sis de que se trataría de “medidas sui géneris” que, aunque no constituyan penas en sentido estricto sí tienen efectos penales y estarían situadas entre las “penas” y las “medidas de seguridad”; solo en este sentido se podría de- cir que ellas constituirían “sanciones penales” pertenecientes al Derecho Pe- nal en sentido amplio (47) .
Pero el modelo de las “consecuencias accesorias” se ha visto expuesto a serias críticas en cuanto a sus posibilidades preventivas así como a su prac- ticabilidad (48) . Las causas estarían, básicamente, en la inseguridad jurídica del modelo (49) . Y es que, aunque la ley señale cuáles son las medidas (clau- sura temporal o definitiva, disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades, prohibición de actividades comerciales, intervención de la em- presa), ellas solamente se aplicarían para aquellos casos concretos de la par- te especial en los cuales los tipos remitan expresamente al art. 129. Estos casos ni son muchos ni parecen obedecer a una concepción particular so- bre la delicuencia empresarial, pues hay remisiones generales al art. 129 o también específicas a alguna de las medidas allí previstas y los delitos en los que se puede aplicar las medidas son muy dispares: terrorismo, asociación ilícita, algunos delitos económicos, tráfico de drogas, corrupción interna- cional, etc (50) . Es incomprensible que la medida quede excluida, en cambio, para una serie de delitos económicos donde la intervención de la empresa es determinante: delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los
carácter asegurativo de la comunidad social” equivalentes a “medidas de policía” (p. 212 y ss., 234 y ss.). Pero también hay un sector importante de la doctrina española que considera que las “consecuencias
accesorias” serían auténticas “penas” contra las personas jurídicas pues, aparte de estar previstas en el Código penal, implican limitaciones de derechos; ver, entre otros y c. más refs. ZUGALDÍA ESPINAR, en el Libro-Homenaje a Valle Muñiz, 2001, p. 896 y ss.; también MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN,
p. 221 y ss., 608. Pero con ello se olvida que la “limitación de derechos” por sí sola (presente en muchas
otras medidas) no basta para definir a las “penas” propias del Derecho penal. Ver, c. más refs. ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho penal económico”, p. 158 y ss., 206; cfr. para el
modelo español, ARROYO ZAPATERO, p. 21. En ese sentido ARROYO ZAPATERO, p. 21; de manera similar MIR PUIG las identifica como un
“tercera vía”, c. más refs. sobre la discusión, “Una tercera vía
p. 361y s., 373. También GRACIA
MARTÍN, “Las llamadas
cfr. p. 235.
Entre otros, ver ARROYO ZAPATERO, c. más refs., p. 20; MIR PUIG, c. más refs., “Una tercera vía ”,
Al respecto ampliamente, RAMÓN RIBAS, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS,
359 y ss
p. 677 y ss. En especial se critica que la propia ley no especifique, entre otras cosas,
los requisitos para la aplicación de la medida, los criterios que harían preferible una medida frente a otra, la posibilidad de la acumulación de medidas, los plazos de prescripción, el tiempo de duración de medidas temporales. Cfr. ARROYO ZAPATERO, p. 21 y ss.
consumidores, delitos fiscales, administración desleal, etc., donde solamen- te queda la vía de escape, para aplicar medidas de seguridad, de vincular el delito a la “asociación ilícita” (donde expresamente sí es posible) (51) . Y más difícil de entender aún es que el texto legal vincule la aplicación de la me- dida a la “identificación” de un sujeto individual determinado cuando pre- cisamente el vacío más grave del sistema penal individual está en aquel caso en el que se sabe que el delito proviene de una empresa pero no se puede idientificar a nadie en concreto (52) .
En el caso peruano la inseguridad es aún mayor porque, para su aplica- ción facultativa por el juez (“podrá”) no se da más pauta que la de que el he- cho punible se hubiere cometido “en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo” (art. 105, primer párrafo). Y aunque la ley no limita la aplicación de las me- didas a determinados delitos, al no dar pauta alguna al juez, resulta demasia- do abierta e imprecisa (teóricamente, también podría aplicarse la medida en el caso de un homicidio) y por ello tampoco ha tenido mayores efectos prác- ticos. Un “aporte” del modelo peruano ha sido dado recientemente a través de las modificaciones al Código Penal dadas por el D. Leg. 982 de 22-07- 2007. Entre otras modificaciones, en el art. 105 se ha introducido ahora la obligatoriedad de la aplicación de las medidas (“deberá”) y se ha acogido la teoría civil-comercial del “disregard”: “El cambio de razón social, la perso- nería jurídica o la reorganización societaria no impedirá la aplicación” de las medidas (al respecto ver en VII). La reforma penal peruana (53) pretende mantener el modelo de las consecuencias accesorias y, si bien prevé mejo - ras sustanciales (p. ej. en el nuevo art. 110 se especifican los criterios para la aplicación de la medida), también contiene serios vacíos e imprecisiones (54) .
Cfr. ARROYO ZAPATERO, c. jurisp. p. 21 y ss. Mir Puig critica este inconveniente del actual modelo español pero sostiene que podría solucionarse “interpretativamente” el problema: puede entenderse que bastaría con una accesoriedad limitada (verificar un hecho típico y antijurídico) para aplicar la medida a la persona jurídica, sin necesidad de una condena a un individuo determinado y ni siquiera de su “identificación”; ver “Una tercera vía ”, p. 360 y ss. Ver el “Anteproyecto de Ley de Reforma del Código penal. Título preliminal (principios generales) y Libro Primero (parte general)”, publicado por el Congreso de la República, Lima, 2009. Se introduce todo un título (el VIII) con dos artículos que regulan las “medidas aplicables a las personas jurídicas”, con el defecto de haber olvidado allí prever de manera específica el “comiso de ganancias” para las personas jurídicas, el cual sí está previsto en el título anterior, referido al “decomiso” en los supuestos generales de las personas individuales (art. 104). No se ha previsto la “publicidad de la sentencias” ni la “prohibición de contratar con el Estado” dentro del listado de medidas del futuro art. 109. Y si bien se regula expresamente el “levantamiento del velo corporativo” en el último párrafo del art. 109 para los casos de “transformación” de la persona jurídica, hubiera sido útil también reconocer el criterio de la “unidad económica” para los casos de “consorcios” con la ubicación espacial distinta de sociedad matriz y filial.
En el año 2003 se incluyó en el art. 31 del CP español (actuar por otro)
un segundo párrafo en el cual se considera como obligada a pagar la multa,
de manera directa y solidaria, a la “persona jurídica (
por cuya cuenta actuó” el individuo-representante. Tampoco esta norma ha sido aplicada, probablemente debido a su dudosa constitucionalidad, ya que establece –como critica la doctrina hispana– un caso de responsabilidad ob- jetiva sin prever por lo demás el procedimiento para efectivizar la medida (55) .
Al considerar fracasado el modelo de las “consecuencias accesorias”, fracaso agravado incluso con la “responsabilidad solidaria por la multa”, y ante la presión del Derecho Comunitario, la doctrina española dominante reclama la introducción de una auténtica responsabilidad penal de las perso- nas jurídicas en el Código Penal (56) . Pero aquí hay variadas propuestas de re- forma. Entre otras es destacable la de Luis Arroyo Zapatero Adán Nieto (57) , pues prevé un modelo de “responsabilidad propia” por defecto de organi- zación (basado en la no previsión o insuficiencia de un “código de preven- ción” interno) (art. 1, primer párrafo, art. 3), amplía la aplicación de las me- didas a muchos delitos ) (art. 1, segundo párrafo), prevé un amplio catálogo de sanciones (art. 4 y ss.), así como una serie de procedimiento y soluciones (la reparación en el art. 12, las alteraciones de la personalidad jurídica en el art. 13 y la prescripción específica de la responsabilidad de la persona jurí- dica en el art. 14). No prevé en cambio la responsabilidad de la persona ju- rídica si se tratare de un “consorcio”. Pero, con mucho acierto, se aclara que la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe ir acompañada de otros cambios legislativos (derogación de normas que se opongan, reglamentación de las medidas), así como de una reforma del De- recho Administrativo sancionador y del Derecho Procesal Penal (58) . Por otro lado, también entre los que abogan por la introducción de una “responsabi- lidad penal” (autónoma) de personas jurídicas, se sugiere mantener la figura
en cuyo nombre o
Cfr. , c. más refs. ARROYO ZAPATERO, p. 22. También, críticamente RAMÓN RIBAS en QUINTERO
OLIVARES/MORALES PRATS, p. 338 y ss. Entre otras cosas, la ubicación de esta “responsabilidad civil solidaria” (en el artículo referido al “actuar por otro”) haría que resulte aplicable solamente a “delitos especiales”, y entre ellos, solamente a aquellos en los que es posible tal representación con actuación de personas jurídicas; cfr. RAMÓN RIBAS, ibídem. Ver ARROYO ZAPATERO, p. 23; RAMÓN RIBAS, criticando fuertemente el modelo de las “medidas accesorias”, en: QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, p. 682 y ss.; criticando el modelo de “imputación” que se propone introducir y favoreciendo uno de “autorresponsabilidad”, GÓMEZ-JARA,
“El modelo constructivista
p. 95 y ss. En cambio, está a favor de un sistema amplio de “medidas
preventivas” penales, como “tercera vía”, desprovistas de reproche personal propio de la pena, o sea una versión mejorada del sistema actual de “medidas accesorias”, MIR PUIG, “Una tercera vía ”, p. 368 y ss. Propuesta publicada en ARROYO ZAPATERO, p. 24 y ss. NIETO MARTÍN ha presentado posteriormente una propuesta personal similar; ver en SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRIO CRESPO, p. 146 y ss.
y en “La responsabilidad penal Cfr. ARROYO ZAPATERO, p. 23.
Un modelo legislativo”, p.199 y ss., 317 y ss.
de las “medidas accesorias” para que sean aplicadas como “medidas de segu- ridad reales”, o sea desvinculada de la penalidad individual o colectiva, con el objeto de evitar una “instrumentalización delictiva” de la persona jurídica por parte de personas físicas (59) .
3. Responsabilidad penal de los entes colectivos
Un modelo de “responsabilidad autónoma” de los entes colectivos re- sulta indispensable si se considera que realmente existen “vacíos de punibi- lidad” que no pueden ser llenados por la responsabilidad individual, que se trata de una cuestión de “justicia” el hacer responsables, en una sociedad moderna de riesgos, a las propias empresas por riesgos creados o no evita- dos por ellas, y que, es posible hacer que los entes colectivos (sea que se les considere “sistemas autopoiéticos” o simplemente sujetos de derecho capa- ces de “retroalimentarse”) sean motivados para cambiar de política empre- sarial hacia una que no atente contra intereses vitales de la sociedad (o sea que se organicen de tal manera que controlen los riesgos y ganen conciencia de su responsabilidad) (60) .
Por ello, un modelo que se quedare solamente en el control de la “pe- ligrosidad objetiva” de estas, aun cuando lo haga dentro del Derecho Penal (medidas de seguridad) y aplicando conocimientos de la teoría de sistemas (empresas como sistemas autopoiéticos) y del análisis económico del Dere- cho (análisis de coste/beneficio desde la perspectiva empresarial) para fijar las medidas aplicables (incluyendo las multas) (61) , no es suficiente para afron- tar las necesidades político-criminales que presenta toda esta problemática. En la actualidad, cada vez se reclama más la creación de un Derecho Penal empresarial que tenga en cuenta las características propias de las empresas y, cree para ellas, un modelo de imputación penal específico, aunque para - lelo al modelo de imputación para las personas individuales. La argumenta- ción tradicional del “societas delinquere non potest” ha cometido el error de querer trasladar al ámbito de los entes colectivos, los criterios de imputa- ción creados para las personas físicas (62) . La “acción” de la “persona jurídica”
Cfr. RAMÓN RIBAS, en QUINTERO/MORALES PRATS, p. 686 y ss.
Cfr. entre otros HEINE, “Modelos de responsabilidad
p. 46 y ss.; SIEBER, “Compliance-
p. 460, 473 y ss.; EIDAM, p. 258, nota 1326.
En este sentido, SCHÜNEMANN, quien aboga por una concepción amplia de “pena” que incluya tanto a la pena individual con “culpabilidad” como a las “medidas accesorias” (sin culpabilidad) para las
personas jurídicas; “La punibilidad de las personas jurídicas
p. 579 y ss.; siguiéndolo en el análisis
más no en la consecuencia (las penas deben ser estrictamente separadas de las consecuencias accesorias, para no atentar contra el significado “simbólico”, “comunicativo” de los conceptos), MIR PUIG, “Una
p. 369 y ss.
Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad
p. 29 y ss., 32, 46 y ss. Ver también al respecto ya arriba
en 2.4. Sobre esta imposibilidad de identificación dogmática, MIR PUIG, “Una tercera vía
”, p. 363.
sería normativamente real (63) en el sentido de que ella, como sujeto de De- recho, además de poder actuar y contraer obligaciones civiles, también pue- de ser sujeto pasivo de delitos y por lo tanto también sujeto activo de ellos:
la persona jurídica puede ser destinataria de normas penales cuando el legis- lador, recogiendo lo vigente desde hace mucho en la realidad social, intro- duzca la regulación correspondiente (esta realidad social también es válida para el reproche social de la culpabilidad por delitos “cometidos” por per- sonas jurídicas) (64) . También la doctrina civil y comercial alemanas, cuando analizan las posibilidades penales, afirman la posibilidad, de lege ferenda, de que pueda adoptarse una responsabilidad penal de personas jurídicas, pues el que ellas puedan actuar o no y puedan ser imputables penalmente depen- de, en última instancia, de la palabra del legislador; las posibilidades dog- máticas de interpretar la actuación e imputación penal autónoma y directa a las personas jurídicas existen a través de diversas teorías como, entre otras, la teoría de la “realidad” (65) .
En contra de aquella crítica dirigida al reconocimiento de la responsa- bilidad penal del ente colectivo que ve en esto un desplazamiento injusto de la responsabilidad individual, se argumenta ahora que esta afirmación es inexacta pues, independientemente de lo que suceda en la práctica jurispru- dencial norteamericana (de cuya observación proviene la crítica), la intro- ducción de la responsabilidad penal de personas jurídicas no quiere reem- plazar la responsabilidad individual sino incrementar la eficacia del Derecho Penal (66) : no va a excluir la responsabilidad de las personas físicas, sino re- forzar la responsabilidad de estas al obligar a que las personas jurídicas ac- túen preventivamente para controlar a sus agentes (67) . Como ya se dijo arri- ba, la doctrina concuerda en que se debe tratar de una “responsabilidad acumulativa”: deberían responder “penalmente” tanto los individuos como también los entes colectivos, cada uno de ellos por su propio injusto; y ello también se ha plasmado ya en distintas modificaciones legales y proyectos
Como dice OTT, desde la perspectiva civil pero refiriéndose a la posibilidad de punibilidad de las
personas jurídicas: “(
también un realidad normativa es una realidad”; p. 12.
Cfr. TIEDEMANN, “Responsabilidad penal
p. 36 y ss., “Derecho penal económico. Parte general”,
n. marg., 244a, p. 235; en el mismo sentido, DANNECKER, “Zur Notwendigkeit
p. 107 y ss.
Así Ott, quien propone además una teoría propia llamada de la “persona jurídica como hecho institucional”, tanto porque tiene una existencia real en la consciencia humana como también porque
su existencia está vinculada a instituciones sociales como el mercado, los registros comerciales, los tribunales, los órganos legislativos, etc.; ver p. 3 y ss., 11 y ss. 12. También Scholz, desde la perspectiva administrativa, está a favor de la responsabilidad penal de personas jurídicas, ver p. 435 y ss., 439 y ss. Mir Puig, p. ej., advierte que la existencia de una punibilidad empresarial junto con la punibilidad individual puede hacer que los jueces tiendan a contentarse con castigar a las personas jurídicas y evadir
la tortuosa vía de comprobar una responsabilidad individual; cfr. en “Una tercera vía
p. 373 y ss.
Cfr. NIETO MARTIN, en SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRIO CRESPO, p. 134; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 509.
de reforma (68) . Por otro lado, el argumento del castigo injusto por un “he- cho ajeno” (el de los individuos que se toma como punto de contacto) y el del castigo adicional a otras personas no responsables pero que tienen in- tereses en la persona jurídica (socios, trabajadores, accionistas, la sociedad etc.) (69) , tampoco es aceptable pues, por un lado, como se verá más abajo, se puede imputar al ente colectivo un “hecho propio” (p. ej. el “defecto de la organización”) y por otro lado, tampoco el Derecho Penal tradicional pue- de evitar que terceros inocentes (familia, amigos, empleador, entorno social) no se vean afectados indirectamente por la pena impuesta al delincuente. El hecho de que en Alemania desde hace ya varias décadas exista un Derecho contravencional que faculta imponer sanciones muy elevadas a las “empre- sas”, de manera muy similar a como lo haría el Derecho Penal, desvitúa de- finitivamente esta crítica.
En suma, no se trata ahora de discutir si de lege ferenda resulta posible sancionar penalmente a los entes colectivos (ya no hay objeciones dogmáti- cas al respecto) ni de que esto sea deseable o no (se ha verificado la necesi- dad político-criminal), sino cuál sería en concreto la configuración de esta responsabilidad penal o cuasi penal propia de los entes colectivos.
Veamos ahora los modelos alternativos de esta responsabilidad propia de los entes colectivos.
3.1. El modelo de la “imputación” al ente colectivo de conductas individuales
Entre los partidarios de una “responsabilidad penal” de los entes colec- tivos, algunos postulan la imputación a estos de los actos cometidos por sus “representantes”. Este modelo equivale a la solución ya vigente en Alema- nia según el art. 30 OWiG. De manera similar a lo que ocurre con la regla del “actuar por otro” (imputación de hechos punibles al ejecutor, aunque en él no recaigan cualidades exigidas por el tipo para el autor), se imputa al “ente colectivo” el hecho punible realizado por determinados “órganos” y personas vinculadas con el ente colectivo (representantes, mandatarios, incluso, el “titular”). Como se ve, no se “castiga” al ente colectivo por un hecho propio, sino por el que han cometido otras personas (individuales), en el curso de las actividades de aquel y en su interés.
El Anteproyecto español de 2008 (y los anteriores proyectos y anteproyectos) prevén esta “doble
incriminación”, si bien bajo un modelo de “responsabilidad vicaria” de las personas jurídicas; ver CGPJ,
p. 6 y ss.
Así, entre otros, MIR PUIG, “Una tercera vía
Los modelos de imputación, sobre los que actualmente se tienen ya varias experiencias legislativas mundiales (70) , tienen serios problemas prác- ticos. En su aplicación o bien tienen a limitar o a extender demasiado la responsabilidad (71) . Limitan demasiado la aplicación del Derecho Penal de- bido a que se necesita identificar a una persona física cuyo hecho va a ser imputado al ente colectivo y quien además debe reunir el elemento subje- tivo (de difícil prueba); y resulta demasiado amplia porque, una vez reali- zada tal identificación, prácticamente no se necesita más para una respon- sabilidad de la empresa.
Además, una mera “imputación” de hechos ajenos no puede responder
a la crítica que se le hace acusándola de admitir una “responsabilidad objeti-
va” en contra de principios penales elementales. Si se ha de “penar” al ente colectivo, tendría que vincular el reproche a una conducta propia y no a una ajena (72) . Es por eso que se ha tratado luego de construir una “responsabili- dad propia” de la persona jurídica basada en hechos ajenos (los de sus miem-
bros), tal como se verá a continuación.
3.2. Responsabilidad penal propia (“responsabilidad originaria”)
Un grupo cada vez mayor de autores postula la responsabilidad del ente colectivo por un hecho propio. El problema inicial consiste en elaborar una
o más disposiciones que determinen, en la ley penal, dicha responsablidad
colectiva, sin caer en contradicciones sistemáticas y sin dejar vacíos de puni- bilidad. Veamos las alternativas.
a) Un primer intento consiste en considerar a la empresa como ga- rante de protección de determinados bienes jurídicos. Esto ocurri- ría cuando se tratare de delitos ambientales o de la responsabili- dad por el producto. Pero se ha criticado que se vería limitado por la escasa cantidad de situaciones prácticas en las que sería posible afirmar tal posición de garantía del ente colectivo pues ella exigi- ría un “monopolio” sobre los objetos de protección, algo que so- lamente podría darse en organismos de la Administración Pública
Criticando los modelos de Francia y de Inglaterra, cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad
reformas penales (incluyendo la española), GÓMEZ-JARA, “El modelo constructivista
ss.; igualmente constata la popularidad de este modelo de “heterorresponsabilidad” en las últimas
p. 96, 146.
p. 33, 44 y ss.; Críticamente contra el modelo de
“atribución” a la persona jurídica de los hechos cometidos por sus órganos, Silva Sánchez, siguiendo a
Köhler, “La responsabilidad penal
Desde la perspectiva normativista radical también se critica a aquellos modelos de imputación que
incluso emplean la terminología sistémica y caen con ello en la contradicción de negar al mismo tiempo
la condición de sistema autopoiético de los entes colectivos; ver c. más refs. GÓMEZ-JARA. “El modelo
p. 102, nota al pie 18.
y, en contados casos, con las empresas en relación con su pro - pio patrimonio (“administración desleal”) o su seguridad (delitos laborales) (73) .
b) Como modelo puede tomarse, también, la ya existente imputación de responsabilidad propia del ente colectivo (persona jurídica) a tra- vés de los hechos ilícitos cometidos por determinadas personas que actuaren por ella; o sea, el ente colectivo será responsable (y se le podría imponer una pena) porque el delito (o contravención) come- tido por un individuo (p. ej. un directivo de la empresa) es conside- rado como hecho punible de aquel. La empresa responderá por no haber controlado, supervisado, de manera suficiente, a sus emplea- dos para evitar las conductas individuales lesivas, y por lo tanto se le imputa el hecho de constituir una empresa deficitaria (74) . Este mo- delo existe desde hace algún tiempo en el Derecho contravencional alemán que es considerado por la doctrina alemana como equiva- lente a un Derecho Penal amplio. A diferencia del modelo de mera “imputación” ya visto arriba, aquí se busca explicar un “hecho pro- pio” del ente colectivo a través de conductas individuales. Así, para Tiedemann, aquí el Derecho contravencional alemán habría previs- to (inconscientemente) ya de lege lata una “responsabilidad propia” del ente colectivo (75) : el art. 30 OWiG (en concordancia con el art. 130 OWiG) presupondría siempre una “culpa organizativa” consis- tente en una inobservancia de las previsiones necesarias para que, al interior de la empresa, se desarrollen conductas conformes a Dere- cho (la “culpa previa”); por tanto, los hechos individuales de los re- presentantes o trabajadores solamente constituirían “hechos de con- tacto”. El caso es que este modelo sigue exigiendo (como el modelo de la imputación de conducta ajena), para admitir una “responsabi- lidad propia” del ente colectivo, una vinculación de la culpa organi- zativa con la conducta de determinadas personas individuales (que demuestra su existencia): la comisión de un delito o una contraven- ción que violen deberes propios del ente colectivo o que a través de tales hechos se enriquezca o vaya a enriquecerse. Es decir, las posi- libidades de una verdadera imposición de sanciones (contravencio- nales de lege lata; penales, si el modelo fuera adoptado en la ley pe- nal) al ente colectivo, todavía son limitadas.
Cfr., c. más refs., HEINE, “Modelos de responsabilidad
p. 36 y ss.
HEINE, “Modelos de responsabilidad
p. 37 y ss.
Cfr. TIEDEMANN, remitiéndose a la práctica francesa, portuguesa y estadounidense, “Derecho penal
económico. Parte general”, n. marg. 244, 244a, p. 234 y ss.; refiriéndose a este también SIEBER, c.
más refs., “Compliance-Programme
”, p. 466 y allí nota 60.
c) Para superar este problema se tiene que hacer el reproche penal (o cuasipenal) directamente al ente colectivo o empresa por una con- ducta propia independiente. Y aquí, a diferencia de la solución de la “posición de garante” vista en a), resulta más realista ver en el ente colectivo solamente un “garante del control” o “garante de la su- pervisión” para evitar peligros provenientes de él, y hacerle respon- der por un “defecto”, “fallo” o “déficit” de tal control. Aquí existe primero la posiblidad de reprochar el hecho de constituir “empre- sas defectuosas” por promover, al interior de la empresa, una de- terminada “cultura defectuosa”, “cultura criminal”, etc. Este repro- che tiene un paralelo (y por eso resulta en cierta forma criticable) en el ya superado reproche individual por la “conducción de vida”. El modelo australiano, en cuyo art. 12.2 del CP de 1995 se sancio- na penalmente a la empresa deficitaria por la existencia de una de- fectuosa “cultura empresarial” fomentadora de hechos delictivos o por la inexistencia de una cultura empresarial que los evite pese a haberla podido instaurar (76) . Un similar modelo se tiene en los Países Bajos, cuya jurisprudencia suprema ha reconocido una autoría fun- cional de la empresa, cuando ella tenía el “poder de organización” sobre el comportamiento punible y había “aceptado” cuidarlo (77) . El TJCE también ha desarrollado un modelo similar en el ámbito del Derecho de cárteles con su reproche de “culpa organizativa” a las empresas: omisión de medidas previsoras que eran necearias para garantizar un desarrollo ordenado no delictivo de los negocios, con lo cual no se necesita determinar quién ha actuado en concreto ni si en esta persona recae un reproche personal de culpabilidad (78) .
d) Otra posibilidad consiste ya no en reprochar a la empresa una deter- minada “conducta” propia sino su organización defectuosa. El pro- blema está en precisar en qué consiste esta organización defectuo- sa: o bien puede verse como una “responsabilidad por vigilancia” (se debe precisar el objeto de la vigilancia y los fines perseguidos) o una “responsabilidad por no respetar deberes especiales” previstos en la ley. Sobre estas construcciones hay mucha discusión y ya exis- ten propuestas de lege ferenda. La tercera propuesta resulta muy li- mitada. Es cierto que existen “deberes empresariales” claros en el campo del Derecho de la libre competencia, la responsabilidad por el producto y el medio ambiente, donde existen deberes específicos
Cfr., c. refs. HEINE, “Modelos de responsabilidad
Ibídem, p. 38. Cfr. TIEDEMANN, c. más refs. “Derecho penal económico. Parte general”, p. 254 y ss., n. marg. 270;
también HEINE, “Modelos de responsabilidad
”, p. 38.
que deben ser cumplidos por la empresa misma (tomada en su con- junto), motivo por el cual el cumplimiento y la infracción están des- vinculados de los individuos, así como la imputación penal puede desvincularse de estos (79) . La ventaja estaría en que las propias leyes (especiales penales o extrapenales) fijarían de antemano los “límites de la responsabilidad”; pero por otro lado, y esto es decisivo, estos límites resultan muy estrechos (no abarcan nuevos riesgos) aparte de no incentivar a las empresas a activar su autorresponsabilidad (80) .
Estos problemas no los tiene la responsabilidad por vigilancia pero tie- ne la dificultad de tener que construir un “deber de vigilancia” propio más allá de los previstos específicamente en las leyes. En primer lugar parece poco práctico precisar que se trata de un “deber de dominio sobre perso- nas” pues esto tiende a una excesiva amplitud de la responsabidad: debido a que cualquier carencia de organización puede llevar a la producción de deli- tos, el modelo tendría que ser corregido posteriormente mediante cláusulas de excepción (razonabilidad) u otros criterios (tamaño de la empresa, situa- ción económica, etc.) (81) . Lo mejor y más objetivo consiste en exigir un “ma- nagement de riesgos” adecuados a las situaciones concretas, cuya deficiencia podría derivar, bajo determinados supuestos, la responsabilidad (penal) del ente colectivo (82) . Y aquí, es preferible que sea la propia ley la que establezca los requisitos de esta responsabilidad, así como los ámbitos delictivos en los cuales ella entraría a tallar, antes de que se deje en manos de la jurispruden- cia, como en el modelo francés, la construcción dogmática de la responsabi- lidad empresarial por delitos previstos expresamente en la parte especial (83) . En adelante el problema se plantea a la hora de concretar más y construir ca- tegorías dogmáticas sobre las que se base la imputación (penal).
En la doctrina alemana, ha sido Heine, quien de manera especialmente precisa y convincente ha tratado de fundamentar la responsabilidad penal de las empresas, a partir de la observación de la naturaleza de los entes colecti- vos y haciendo un paralelo con las categorías penales de la responsabilidad individual (“transposición analógico-funcional”) (84) . Así la “culpabilidad” no
Cfr. RANSIEK, “Unternehmensstrafrecht” 1996, p. 339 y ss., 347; ver también resumidamente en
p. 39 y ss.
Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad Ibídem, p. 39. Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad vor §§ 25 ff., n. marg. 129, p. 524 y ss. Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad
p. 39, CRAMER/HEINE en SCHÖNKE/SCHRÖDER,
Así procede HEINE. “Modelos de responsabilidad
p. 46 y ss. Su propuesta se centra, sin embargo, en
delitos empresariales relacionados con el medio ambiente, la vida y la integridad corporal (responsabilidad por el producto), pero podría afinarse, como él mismo indica, para aplicarse, en general, a “procesos empresariales basados en la tecnología” (p. ej. delitos graves económicos y tributarios); ibídem, p. 63.
constituiría en un reproche por una determinada decisión, o por un hecho concreto en un momento dado, sino por un “desarrollo empresarial defectuo- so” que puede haber llevado muchos años en producirse (“culpabilidad por la conducción de la actividad empresarial”) (85) . La acción reprochable con- sistiría entonces en un “management defectuoso” (la empresa como garante supervisor y poseedor de los conocimientos cualificados ha omitido medidas idóneas) de riesgos provenientes del ente colectivo. La realización concre- ta de este “peligro empresarial”, o sea la perturbación social como produc- to del managment defectuoso del riesgo, o no sería más que una “condición objetiva de punibilidad”. Como se ve, de este modo se prescinde por com- pleto de toda vinculación con la culpabilidad y la acción de aquel individuo (miembro o no de la empresa) que hubiera actuado en interés de la empre- sa (86) . En el aspecto subjetivo, se trata (al igual que en los individuos) de “im- putar” (al ente colectivo o empresa) el conocimiento (y la voluntad) sobre los riesgos y los desarrollos empresariales defectuosos que tenían sus departa- mentos competentes, o sea, una imputación del “dolo” o, eventualmente, de “imprudencia” (87) . La autoría del ente colectivo (empresa) se construiría so- bre la base de un “dominio de la organización” (y no del dominio del hecho), que existiría cuando las empresas hubieran desperdiciado la oportunidad de adoptar medidas oportunas e idóneas, sea a nivel horizontal (organización
Su propuesta de lege ferenda, consiste en reconocer “responsabilidad penal de la empresa” cuando ella descuidara los “riesgos típicos de la actividad empresarial” infringiendo uno de sus tres deberes empresariales: “deber de asegurar a largo plazo fuentes empresariales de peligro”, “deber de mantener el nivel de seguridad” en caso de delegación de competencias empresariales y “Deber de supervisar
y controlar riesgos empresariales”. Como condición objetiva de punibilidad se concretaría la sanción
con una pena a la empresa recién al producirse un “incidente empresarial relevante que consistiría en:
muertes o lesiones corporales graves de una parte de la población, peligros para la comunidad (incendios explosiones, considerables daños a las cosas), daños medioambientales graves, es decir aquellos que solo puedan eliminarse con graves dificultades o luego de un largo periodo de tiempo. Ver Ibídem, p. 65. Ver también CRAMER/HEINE en SCHÖNKE/SCHRÖDER, vor §§ 25 ff., p. 524 y ss., n. marg. 129; GROPP, “Strafrecht AT”, p. 114, n. marg. 22b. Siguiendo un método similar de “equivalencias funcionales” de conceptos también GÓMEZ-JARA, c. más refs., 123 y ss.,“El método constructivista ”; Remitiéndose a este último, GARCÍA CAVERO, “Derecho Penal. Parte general”, p. 679 y ss.
p. 47 y ss., 50 y ss, 54 y ss.; CRAMER/HEINE, en
SCHÖNKE/SCHRÖDER, vor §§ 25 ff., n. marg. 129, p. 524 y ss. Desde la perspectiva funcionalista
radical también hay aquí distintas posturas. Así, a diferencia de Jakobs, para quien el ente colectivo no puede “ser capaz de desautorizar la norma” y por ende, tampoco puede ser hecho “culpable” en sentido penal (ver arriba en las notas 48 y 49), otros como García Cavero, obvian este aspecto y se centran más bien en la “defraudación de expectativas normativas” para admitir una “culpabilidad” penal de las personas jurídicas y su status de “ciudadano”; ver “Derecho penal económico. Parte general”, p. 652
ss., 679 y ss.
HEINE critica por eso la sentencia del Tribunal Constitucional que exige erradamente que la culpabilidad penal de la persona jurídica se construya a través de la culpabilidad de los individuos (BVerfGE, tomo
20, p. 336); “Modelos de responsabilidad
p. 48 y ss.; también CRAMER/HEINE, en SCHÖNKE/
SCHRÖDER, vor §§ 25 ff., n. marg. 127, p. 524.
Cfr. HEINE, c. refs. de la doctrina y jursprudencia alemanas, así como de la jurisprudencia del TJCE,
en “Modelos de responsabilidad
”, p. 54.
de la empresa frente a riesgos) o a nivel vertical (delegación o asignación de competencias) (88) . En contra de lo que se cree, esto no significa exigir dema- siado a las empresas, si se toma como parámetro la “costumbre” del medio correspondiente a la empresa, así como sus posibilidades en el caso concre- to (89) . También se pueden incluir otras limitaciones legales de la responsabi- lidad empresarial a través del “criterio de la aceptación” (la empresa solía aceptar el riesgo de la realización de un delito) y el de la “evitabilidad” (las medidas organizativas necesitarias hubieran podido evitar, con cierta seguri- dad, la realización del riesgo) (90) .
Y en el medio hispanoparlante, recientemente Nieto Martín ha desarro- llado un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídas en el senti- do de una “tercera vía” (al lado de las penas y las medidas de seguridad para individuos) dentro del Código Penal (91) . Basándose en los modelos estadouni- dense e italiano propone él una “autorregulación regulada”, es decir una res- ponsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas (no solo empresas) en caso de comisión de cualquier delito o falta de sus integrantes, con la posi- bilidad de excluir la responsabilidad penal en caso de contar con un “código de prevención eficaz”, y, en caso de haber responsablidad penal, dejando al juez la posibilidad de imponer distintas penas y medidas en función de las ca- racterísticas de la empresa (magnitud, actividades, finalidades) y de los fines perseguidos (reparación, prevención general, rehabilitación, inocuización).
En suma, aunque todavía se discute sobre modelo concreto, ha quedado claro que una posible responsabilidad autónoma (penal) de la persona jurí- dica. Ella, además, no atentaría contra el ne bis in idem, debido a que se dis- tingue claramente (p. ej. como responsablidad por conducción defectuosa de la actividad empresarial) de la responsabilidad (penal) de las personas indivi- duales que actúan al interior de su seno (92) . Por ello también es posición do- minante en este ámbito el que una futura responsabilidad penal del ente co- lectivo debe consistir en una responsabilidad acumulativa, es decir, no debe reemplazar ni oponerse a la responsabilidad penal de los individuos (93) .
p. 51 y ss. Este “dominio de la organización” constituye
también una limitación de la responsabilidad de la empresa; ver ibídem, p. 64, refiéndose al modelo
Ibídem, p. 52 y ss. Ibídem, p. 64. Cfr. NIETO MARTÍN, “La responsabilidad penal
Un modelo legislativo”, p. 81 y ss., 199 y ss., 322
y ss. TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, p. 236, n. marg. 245; HEINE, “Modelos
p. 54 y ss.
Cfr. la discusión en SCHÜNEMANN, quien defiende la posición dominante de prever sanciones para ambos; ver en LK StGB, § 14, n. marg. 86, p. 940; igualmente DANNECKER, “Zur Notwendigkeit ”,
124; TIEDEMANN, refiriéndose a una “responsabilidad paralela” a la individual, “Nuevas tendencias ”,
16 y ss., 110; SILVA SÁNCHEZ, “La responsabilidad penal
p. 153 y ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ,
En la situación actual, en una tras otra las legislaciones penales van reco- nociendo la “responsabilidad penal” de los entes colectivos, todo parece in- dicar que sería solo cuestión de tiempo para que también esta sea reconocida
en otras legislaciones penales importantes como la alemana, la española o las de Sudamérica. En buena cuenta se manifiesta así la certera observación de
Tiedemann en el sentido de que “(
bilidad de la empresa (
política antes que de lógica constructiva” (94) . Incluso se admite que podría coexistir con estas dos responsabilidades penales autónomas, la responsabi- lidad contravencional referido a algunas tareas y deberes de las empresas (95) .
la introducción de una auténtica puni-
sea más bien una cuestión de decisión de valoración
IV. LOS “DELITOS” ESPECÍFICOS DE LOS ENTES COLECTIVOS
El “defecto de organización” como criterio imputador de la responsabi- lidad autónoma no dice nada aún sobre el delito en concreto que daría pie a la punición del ente colectivo. Aquí hay dos posibilidades: o bien se consi- dera una relación específica de delitos, que puede coincidir en mayor o me- nor medida con los “delitos económicos” (abuso de poder económico, deli- tos contra el ambiente, delitos laborales, administración desleal, fraudes de todo tipo, etc.), incluir también a los de la “criminalidad organizada” (terro- rismo, tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de blancas, etc.). O también se puede extender la punibilidad, y hacer un reproche por la comisión de un delito cualquiera (p. ej. “homicidio”, “lesiones”, “injurias”, etc.). Avalando lo resuelto en algunas legislaciones como la francesa, parte de la doctrina se inclina últimamente por esta posición amplia (96) , pero también hay doctrina importante que quiere limitar la “punibilidad” de la empresa a delitos eco- nómicos (incluyendo los tributarios) graves (97) . Este tema todavía no ha sido resuelto. Pero si se admite que los entes colectivos tienen una naturaleza dis- tinta de las personas individuales, nada parece impedir que puedan ser he- chos responsables de cualquier conducta ilícita equivalente a cualquier deli- to del Código Penal.
V. EL PROBLEMA DE LOS DESTINATARIOS DE LA NORMA
En la doctrina discute si la punibilidad debería extenderse también a orga- nismos públicos como las personas jurídicas de Derecho Público, los partidos políticos, sindicatos, o incluso el mismo Estado, aparte de otras organizaciones
p. 505 y ss. En el Anteproyecto español del 2008 también se reconoce esta “responsabilidad acumulativa”;
ver CGPJ, “Informe
TIEDEMANN, “Grunderfordernisse
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 485.
Así, HEINE, “Modelos de responsabilidad
que con encajen en el concepto civil de “persona jurídica”. El Código Penal francés ha hecho cargo de este problema y, expresamente, (art. 121) ha ex - ceptuado al Estado y a otras organizaciones de importancia pública como los partidos políticos y los sindicatos pero incluido a las personas jurídicas de Derecho público (empresas privadas de servicios públicos). Y también el An- teproyecto español del 2008, que solamente se refiere a “asociaciones, fun- daciones y sociedades” en el art. 31 bis, número 5 excluiría al “Estado, las administraciones públicas territoriales e institucionales, los partidos políti- cos y los sindicatos”, mas no a las personas jurídicas de Derecho Público (98) . Esta línea es seguida por algunos autores. (99) . Y también parece ser la más ra- zonable, pues para los “organismos públicos” existen otras vías ya previstas en el Derecho disciplinario, administrativo, además de tipos penales dirigi- dos a funcionarios públicos (100) .
La mejor solución, tal como se propone más adelante, debería consistir en un Derecho autónomo para la sanción de los entes colectivos o, de ma- nera más específica, de las “empresas” que ya terminológicamente excluye a los organismos públicos e incluye a las empresas públicas. Allí puede con- siderarse también un concepto específico de los destinatarios de las normas (p. ej. “ente colectivo”), concepto que puede incluir tanto a las personas ju- rídicas como a otras agrupaciones que no tengan tal reconocimiento jurídi- co, y a las personas jurídicas de Derecho público.
VI. EL PROBLEMA ESPECÍFICO DE LA RESPONSABILIDAD (PENAL) DE LA MATRIZ O DE TRANSNACIONALES
En el Derecho contravencional alemán se ha discutido y reconocido la res- ponsabilidad contravencional de la matriz por los actos de su filial en la cual hubiera influido. Se considera que ello es posible a través de la aplicación de la cláusula de extensión del destinatario de la norma introducida por la re- forma de 2002: el número 5 del párrafo 1 del art. 30 OWiG reconoce como “punto de contacto” para imponer multas a personas jurídicas o agrupacio- nes de personas a aquellas acciones (constitutivas de delito o contravención y realizadas violando deberes del ente colectivo o para favorecerlo) de cualquier otra persona que respondiere por la dirección de la empresa. Pero es más dis- cutible la responsabilidad contravencional de la matriz tomando como base una falta de la “violación del deber de vigilancia” de su filial, tal como exige el art. 130 OWiG, pues jurídicamente la filial constituye una persona jurídi- ca independiente y, por lo tanto, responsable de sus propios actos. Algunos
(100) Cfr. exponiendo el caso de Holanda, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 486 y ss.
Cfr. CGPJ, “Informe
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, p. 485 y ss.
p. 14 y ss.
admiten la posibilidad de aplicar aquí también el art. 130 OWiG (cuidando, eso sí de no violar el principio ne bis in idem para no sancionar doblemente
a las filiales y a las matrices) (101) , pero otros la rechazan tajantemente debido
a la “base insegura” que ofrecería esta solución, si bien destacan las posibili- dades que ofrecen los art. 30 (responsabilidad de personas jurídicas y agru- paciones por las acciones de representantes subordinados), art. 9 (actuar por otro) y el art. 8 (comisión por omisión) OWiG en estos casos (102) .
Y también la jurisprudencia del TJCE considera la unidad económica como criterio para imponer sanciones a la empresa matriz por las infraccio- nes (de cárteles) que cometiera la filial, siempre que existiera una vincula- ción de capitales (de más del 50 %) y se pruebe la influencia de la matriz en la política económica de la filial (instrucciones, identidad del personal direc- tivo, etc.) (103) . Para el Derecho Penal alemán y el resto del Derecho contra- vencional alemán, por razones de taxatividad, solamente se debería admitir la “unidad económica” cuando la matriz poseyera en un 100 % a la filial (104) . Aparte de esto podrían resultar punibles los directores de la matriz solamen- te bajo el aspecto de la posición de garante como “gerentes fácticos” de la filial en casos de “administración desleal de consorcios” (art. 266 StGB) o de otros perjuicios contra la filial aplicando el supuesto de “actuación por otro” previsto en el párrafo 3 del art. 14 StGB (también es “representante” en sentido penal aquel cuya legitimidad como tal fuera jurídicamente nula) (105) .
En el Derecho Penal alemán estricto, que como ya se dijo no reconoce la punibilidad de los entes colectivos, por lo menos existen alusiones al fun- cionamiento de los “consorcios” y la influencia de las empresas matrices (en
este caso, de los directivos de estas) en las empresas filiales. Así, en el marco del reconocimiento de una “autoría mediata a través de aparatos organiza- dos de poder”, la reciente jurisprudencia alemana (BGHSt, tomo 49, p. 147
y ss.), además de aplicar de manera polémica la teoría a empresas comercia-
les, ha tomado en cuenta la estructura de los consorcios para fundamentar la
(101) Cfr. ROGALL en KK OWiG, § 30, n. marg. 70a, p. 507; § 130, n. marg. 25 y ss., p. 1681 y ss. (102) KÖNIG, c. más refs., en GÖHLER, § 130, n. marg. 5a, p. 1243 y ss.
Al respecto cfr. TIEDEMANN, “Derecho Penal Económico. Parte general”, p. 229 y ss., n. marg. 241,
y p. 255 y ss., n. marg. 271 y ss. El concepto “consorcio” no está regulado legalmente; no se interpreta como “empresa” en el sentido del
Derecho de sociedades anónimas, pero debido a que existe un “dominio fáctico” de la matriz sobre la filial y ambos actúan como una sola empresa, la doctrina afirma la posibilidad de que exista un “deber de control” (art. 130 OWiG) de la matriz con la consiguiente responsabilidad contravencional de los directivos de la sociedad matriz y de esta misma. Pero se discute hasta dónde alcanza tal responsabilidad de la matriz; al respecto ver el planteamiento y las refs. en ROGALL, KK OWiG, § 130, n. marg. 25, p. 1682; exponiendo brevemente el origen del concepto y la jurisprudencia civil y penal al respecto, SCHÜNEMANN, FG-BGH, p. 641 y ss., 643 y ss. (105) TIEDEMANN, “Derecho Penal Económico. Parte general”, p. 257, n. marg. 274; SCHÜNEMANN, FG-BGH, p. 643 y ss.
responsabilidad individual de los directivos de la empresa matriz. Y ha con- siderado posible que el “autor mediato” (un individuo situado en la mayor jerarquía de un consorcio), aprovechándose de la estructura y la forma de funcionamiento de la organización (pese a la separación espacial temporal y jerárquica), hubiera desatado acontecimientos dentro de toda la empresa (el consorcio y la filial) para, conforme con su plan, cometer una “administra- ción desleal” de la filial (106) .
De lege ferenda habría que plantearse una regulación adecuada para la
responsabilidad de la matriz por “delitos” cometidos por sus filiales. Aquí,
si se adoptara una responsabilidad penal por “defecto de la organización”
deben preverse también determinados presupuestos penales de responsabi- lidad. Aunque existieran reglas de responsabilidad civil en el Derecho co- mercial (como ocurre en el Derecho alemán), estas reglas no pueden bastar para la responsabilidad penal pues tienen una finalidad distinta a la penal
y aquí se trata de una “responsabilidad penal originaria” (107) . Entonces, si-
guiendo el modelo de responsabilidad penal originaria de los entes colecti- vos arriba expuesto, debe exigirse para la responsabilidad de la matriz que esta hubiera tenido suficientes posibilidades de influencia fáctico-económi- cas: cuando la matriz, aunque empresa jurídica independiente, era la que tenía la posibilidad de introducir remedios organizativos suficientes en la filial (108) . Y aquí la responsabilidad penal puede ser tanto escalonada como compartida en aplicación analógica de las reglas de la “autoría mediata” de los individuos (109) . Y aquí también deben preverse reglas específicas de “me- dición de la pena” para la imposición de multas que sean proporcionadas al injusto de cada una de las empresas al mismo tiempo que cumplan fina- lidades preventivas (110) .
El problema de la “responsabilidad penal de la matriz” depende de la punibilidad, en general de los entes colectivos. Pero la situación se convierte más polémica e incluso tiene alcances políticos, cuando se diferencia según los países huéspedes en los cuales actúa el consorción. En este caso se habla de empresas transnacionales, las cuales, especialmente en los países en vías de desarrollo (o, anteriormente, de manera menos eufemística: “subdesarro- llados”) han sido frecuentemente acusadas de fomentar la corrupción y man- tener el subdesarrollo (eliminando industrias locales, creando dependencia, evadiendo impuestos, etc.). La cuestión que se plantea aquí es si, en el caso de las empresas transnacionales tendría que existir alguna regulación penal
(106) C. más refs. FISCHER, n. marg. 7a, p. 236. (107) Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad (108) Ibídem, p. 58. (109) Ídem. (110) Ibídem, p. 59.
”, p. 57 y ss.
específica o bastaría con la regulación penal sobre “entes colectivos” en gene- ral que ya prevén algunos países o que otros introducirán alguna vez. En los estudios que se han realizado al respecto, se ha llegado a la conclusión de que debido a su tamaño y posibilidades de transferir indiscriminadamente ganan- cias y pérdidas de una filial a otra, de un país al otro, el problema no radica tanto en la peligrosidad delictiva (en ello no se diferenciarían de las empresas locales), sino en la posibilidad de prueba de los ilícitos que las transnaciona- les hubieran cometido (111) . En los países más débiles (frecuentemente los sub- desarrollados económicamente), las transnacionales se aprovechan además de los vacíos legales e insuficiencias institucionales (justicia, policía, etc.). El vacío legal más evidente y decisivo ha sido la falta de una protección legal de la libre competencia, lo cual permitía a las transnacionales obtener posicio- nes monopólicas u oligopólicas en los países huéspedes y de mantener tal po- sición a través de abusos de poder económico (112) . Esta situación ha cambia- do en gran medida desde que se han ido introduciendo reglas de protección de la competencia o perfeccionando las existentes a partir de la década de los 90, a la par que las empresas locales han ido ganando mayor competiti- vidad. Sin embargo, tras un impulso inicial se observa en los últimos años un cierto desinterés por una protección efectiva de la competencia; además, en contra de las experiencias europeas y norteamericana, hasta ahora los legis- ladores de países subdesarrollados no intentan establecer un auténtico “con- trol de fusiones” que limitaría el incremento de poder de empresas naciona- les o transnacionales con la consecuente tendencia a la monopolización (113) . También se ha acusado a las transnacionales, en el marco de la lucha com- petitiva, de fomentar la corrupción, tanto la de funcionarios públicos de los países huéspedes, así como la de empleados de las empresas competidoras. Nuevamente aquí se ha concluido que estas conductas no serían exclusivi- dad de empresas transnacionales; estas se aprovecharían de un ambiente de corrupción ya existente y del cual participarían también empresas locales y empresas nacionales de otros países (114) . Las soluciones que se han propuesto reclaman tanto un mayor control nacional de la corrupción en general como también un control de los países desarrollados que, directa o indirectamente
Ver la exposición de esto con refs. en ABANTO VÁSQUEZ. “Criminalidad económica y transnacionales”, p. 115 y ss.; “Derecho penal económico”, p. 163 y ss. Ver con refs. en ABANTO VÁSQUEZ, exponiendo el caso de Latinoamérica, “Criminalidad económica
y transnacionales”, p. 116 y ss. (113) Este peligro existió desde el inicio de la legislación antimonopólica en Latinoamérica y ha persistido hasta ahora; ver ABANTO VÁSQUEZ, c. más refs. en “Derecho de la libre competencia”, p. 182 y ss., esp. 194 y ss. 410 y ss. En la actualidad la situación no ha cambiado mucho, pese a haber cambiado las leyes; en lo referente a la protección de la libre competencia (y el control del poder económico) la tendencia se orienta en la despenalización de los ilícitos; al respecto ver, c. más refs. ABANTO ”
(114) Ver, c. refs. en ABANTO VÁSQUEZ. “Criminalidad económica y transnacionales”, p. 120 y ss.
VÁSQUEZ, “Delitos contra el mercado
(todavía no publicado) en el punto 5.
(p. ej. mediante la posibilidad de la deducción tributaria de sobornos que exis- tía en Alemania hasta hace unos años) contribuían a mantener . En gran me- dida, se están materializando estas propuestas; así, desde hace algunos años se ha introducido poco a poco en muchos países industrializados el tipo pe- nal de “corrupción privada” (en Alemania, el art. 299 StGB). Y en los países subdesarrollados (ahora, en gran medida, “emergentes” por su rápido avance económico) se han afinado los tipos de “corrupción de funcionarios”, tanto mejorando la tipificación (todavía insuficiente) con la introducción del “co- hecho internacional” o la “corrupción privada” como las posibilidades de la persecución penal (115) . Finalmente, otro campo en el que se ataca de manera especial a las transnacionales es el de la defraudación tributaria. Aquí tam- bién se manifiesta el “abuso de poder” de las transnacionales que les permi- te, de distinta forma, ya sea conseguir directamente exoneraciones tributarias a través de los países huéspedes o transferir pérdidas y ganancias de la ma- nera más favorable posible para evitar pagar impuestos o reducir considera- blemente la materia imponible (116) . Esta difícil problemática no tiene una so- lución meramente penal, pues involucra una serie de medidas extrapenales para controlar la evasión tributaria. En el campo penal, la dificultad mayor se tiene a la hora de determinar la “ley penal en el espacio”, pues las reglas penales existentes al respecto han sido construidas pensando en conductas punibles de individuos, y, por lo tanto, toman por referencia el “lugar de co - misión del delito” o el “lugar en que surten efectos” estas acciones para re- conocer los principios aplicables: de territorialidad, real o de protección de intereses, de personalidad (activa y pasiva), universal. En el caso de los entes colectivos, este planteamiento está destinado al fracaso. Por eso, teniendo en cuenta la peculiaridad de la responsabilidad penal de los entes colectivos, lo que interesa debe ser, independientemente de dónde se hubiere realizado el hecho, de si la empresa procesada en el territorio nacional sería correspon- sable en el territorio nacional (dominio de la organización defectuosa) (117) .
VII. EL PROBLEMA ESPECÍFICO DE LAS SANCIONES Y EL PROCE- DIMIENTO
En la doctrina se ha reconocido hace ya algún tiempo la necesidad de establecer un catálogo de sanciones específicos para los entes colectivos (empresas) (118) . Muchas de estas propuestas han sido recogidas en los distin-
Una evaluación al respecto de la legislación penal peruana que contiene algunos avances pero también
mantiene defectos, puede verse en ABANTO VÁSQUEZ. “Vacíos
” p. 131 y ss.
(116) Ampliamente al respecto TIEDEMANN, “Empresas multinacionales
(117) Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad
”, p. 253 y ss.
”. p. 62 y ss.
p. 55; TIEDEMANN, “Wirtschaftsstrafrech
p. 124 y ss., y en WABNITZ/
JANOVSKY, n. marg. 124, p. 63; ACHENBACH, en ANCHENBACH/RANSIEK, p. 4. n. marg. 7 y ss.;
AT”, p. 138, 155 y ss.; DANNECKER, c. más refs., “Zur Notwendigkeit
(118) Cfr. entre otros, HEINE. “Modelos de responsabilidad
tos modelos legislativos existentes. P. ej. en el sistema de las “consecuencias accesorias” o en el Derecho contravencional, donde aparte de las ya clásicas multas (119) y las prohibiciones de contratar (o de participar en licitaciones), también se encuentran “penas” como la disolución de la empresa, el cierre temporal de la empresa o multa, publicidad de la sentencia, etc. Más nove- dosa es la “curatela de la empresa” (120) , o sea la orden judicial de adminis- tración forzosa temporal de la empresa, cuya ventaja, en relación con otras sanciones, consiste en que evita perjudicar a terceros inocentes (accionistas, acreedores, etc.). El Anteproyecto español de 2008 contiene no solamente la “intervención de la empresa” (art. 33, número 7) sino también la “publici- dad de la sentencia” (art. 288), como penas específicas para las personas ju- rídicas. Respecto a la primera sanción penal, se ha observado que parecería ser más conveniente no considerarla como pena sino como “medida de se- guridad” dentro de un sistema específico de medidas de seguridad para per- sonas jurídicas (121) .
Aquí se suele enfatizar también en la necesidad de introducir, adicio- nalmente a las sanciones, medidas preventivas de control o mejorarse las ya existentes para evitar las futuras infracciones (122) . P. ej., en graves riesgos so- ciales procedentes de la producción, puede disponerse la limitación de la producción como último recurso (123) . En caso de responsabilidad de la ma- triz (ver arriba en IV), existe aquí el problema práctico importante de que, en muchos casos, la filial que hubiera actuado cometiendo el delito, hubie- ra recibido de la matriz solamente un capital reducido. En tal caso, resulta- ría desproporcionado imponer a esta una multa elevada, pero tampoco pue- de imputarse por ello, sin más, una responsabilidad penal (y una multa) a la matriz. En tal caso, deben presentarse los demás requisitos de responsabili- dad penal de la matriz para que esta, por sí sola o conjuntamente con la fi- lial, sufra una pena de multa (124) .
ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho penal económico. Consideraciones”, p. 206 y ss. Sobre las sanciones contravencionales para empresas, que pueden ser tomadas por modelo para las sanciones penales correspondientes, cfr. también por todos, EIDAM, p. 235 y ss.
(119) Incluso en un sistema no penal, que basara la imposición de “medidas accesorias” sobre la base de la “peligrosidad objetiva” del ente colectivo, es legitimable la imposición de una “multa”, siempre que exista una proporción entre la medida y la finalidad buscada: la multa debe tener en cuenta el “significado
”, p. 372.
(120) C. más refs. ver SCHÜNEMANN, LK-StGB, vor § 25, n. marg. 29, p. 1843; HEINE, “Modelos de
económico” del monto impuesto para la la persona jurídica; cfr. MIR PUIG, “Una tercera vía
(121) Cfr. CGPJ, “Informe
(122) Ampliamente, DANNECKER, “Zur Notwendigkeit
(123) Cfr. HEINE, “Modelos de responsabilidad
(124) Cfr. HEINE, sugiriendo la posibilidad de introducir además “directrices” más precisas similares a las
p. 16 y ss., 25 y ss.
”, p. 127 y ss.
”, p. 55.
“Sentencing Guidelines” norteamericanas, “Modelos de responsabilidad
”, p. 59.
Una modificación de la parte general, en el sentido de la admisión de la punibilidad de los entes colectivos, tiene que encontrar correspondencia también en el proceso penal. No debería haber problemas para hacer las modificaciones pertinentes en la ley procesal (o la introducción de dispo- siciones específicas dentro de una ley especial), no habría problemas para incluir como sujeto procesal a la persona jurídica (125) . En el Derecho ale- mán, por ejemplo, aunque no exista proceso penal para las personas jurídi- cas, aunque sí un “procedimiento contravencional”. Y también en el Orde- namiento Procesal penal alemán (StPO) se ha previsto una regla específica para las “personas jurídicas” cuando, en el procedimiento judicial, se viera contra ellas un proceso contravencional (ver más abajo): el art. 444 StPO (“Procedimiento para la fijación de multas contravencionales contra perso- nas jurídicas y agrupaciones de personas”). Durante el proceso se han pre- visto también “medidas cautelares”. En el proceso penal existe el “decomiso especial” aplicable también a las “personas jurídicas” en su calidad de re- presentadas por la persona natural que hubiere cometido el delito (art.75, concordado con los arts. 74 y ss. StGB) (126) . Lo mismo existe en el proceso contravencional (ver abajo en 4.3.1). Ambas medidas son consideradas in- cluso por algunos autores como auténticas “sanciones penales” o “cuasi pe- nales” contra personas jurídicas (127) .
Aquí también debe ubicarse la problemática referida a las maniobras de evasión de responsabilidad típicas de la naturaleza de una “persona ju- rídica”: su transformación o desaparición durante el proceso o después de la imposición de la sanción (penal, contravencional o cuasi penal). En la doctrina y la jurisprudencia del Derecho de contravenciones se discute so- bre las consecuencias que tendría la “transformación de la empresa” du- rante un proceso en curso o, después, al tratar de ejecutarse una sanción ya impuesta. En el Derecho contravencional alemán se han discutido estos problemas. La doctrina concuerda en que tal transformación solo tendría efectos excluyentes en la aplicación del art. 30 OWiG si se puediere afir- mar que ha habido un “cambio de identidad” de la empresa (mediante una interpretación económico-fáctica). Ello no ocurriría con el mero cambio de socios o al producirse ni tampoco con el cambio del nombre; pero sí po- dría ocurrir con el cambio de forma jurídica o en caso de una fusión o ad- quisición de empresas, dependiendo de si sigue habiendo identidad de em- presas o, en el último caso, el patrimonio de la empresa anterior cumpliese similares funciones en la nueva o ha pasado a formar gran parte del nuevo
(125) Entre otros, cfr. PIETH, basándose en la experiencia suiza, p. 602 y ss.; DANNECKER, “Zur
p. 129 y ss.; HEINE, “Modelos de responsabilidad
(126) Cfr, EIDAM, n. marg. 886, p. 256. (127) Cfr. EIDAM, n. marg. 842, p. 243, n. marg. 904, p. 263.
capital (128) . Y para la validez de multas contravencionales a la anterior em- presa, debe verificarse si el hecho evaluado para la multa a la primera em- presa sigue teniendo vinculación con la nueva (129) . Algo similar ocurre en el Derecho comunitario, donde el tema de la “sucesión empresarial” ha ocu- pado a la jurisprudencia del TJCE, el cual impone la multa a aquella em- presa sucesora que tuviere una “continuidad funcional y económica” con la empresa disuelta infractora (130) .
1. Experiencias vigentes
En la legislación comparada los modelos van desde una responsabilidad propia hasta un modelo de imputación. Debe observarse que aquí se encuen- tra también una “responsabilidad subsidiaria” dentro del modelo de la “cul- pa organizativa” del ente colectivo.
En el Derecho anglosajón la responsabilidad penal de “empresas econó- micas” constituye algo prácticamente “normal” debido a su vigencia desde principios del siglo XX, además de no presentar tampoco problemas dog- máticos: de manera pragmática, la jurisprudencia penal se basa allá básica- mente en la doctrina (civil) de la responsabilidad de la empresa por los actos de sus empleados ejecutados, en el marco de sus actividades laborales, por sus empleados en general (en algunos estados, solamente se puede tratar de altos empleados) y en la finalidad de “intimidar” a la empresa para que se abstenga de hechos futuros similares, mas no en la necesidad de un “repro- che ético-social” (131) .
En muchas reformas penales europeas y proyectos actuales las Senten- cing Guidelines for Organizational Offenders de 1991 de los EE.UU. han in- fluido de manera decisiva. Aunque ellas solamente constituyan pautas para los jueces (debido a la disparidad de criterios existentes anteriormente en el sistema de organización federal norteamericano), se han basado en una serie de estudios y experiencias previas sobre la naturaleza de las empre- sas. La ley parte de la idea de la idea de reforzar la autorregulación a tra- vés de la coacción de la ley (premios y castigos). Las empresas deben pre- ver programas de compliance (cumplimiento) para impedir la comisión de
(128) KÖNIG en Göhler, § 30, n. marg. 38, p. 264 y ss.; EIDAM, n. marg. 780 y ss., p. 224 y ss.
(129) KÖNIG en Göhler, n. marg. 38b, p. 265. (130) Ver c. más refs. HEINE, quien críticamente considera que, además de la continuidad funcional y económica, debería exigirse la “necesidad preventiva” (gravedad de la culpabilidad empresarial y
”, p. 60.
(131) Sobre el sistema norteamericano consultar, entre otros, EIDAM, n. marg. 1015 y ss., p. 295 y ss.;
evitabilidad futura de desarrollos organizativos defectuosos), “Modelos de responsabilidad
ROGALL KK OWiG, § 30, n. marg. 246, p. 545 y ss.
infracciones en la empresa. Si no lo hicieren o esto fuera insuficiente y se produjere un delito, se le impondrá una pena por el simple hecho de ser “respondeat superior” (superior jerárquico) sin fundamentar dogmáticamen- te la culpabilidad. En cambio, si interesa la culpabilidad en la fijación de la pena. Para ello las “guidelines” tienen una serie de disposiciones que, ade- más de regulaciones que con criterios preventivos (intimidación) tienen en cuenta el tipo de empresa, su solvencia, etc. para fijar la “multa base”, es- tablecen luego agravantes y atenuantes a esta “multa base” en función de la culpabilidad (culpability score). Resumidamente, se tienen como “agravan- tes” a la implicación en el delito o la tolerancia que hubiere manifestado el superior jerárquico, el historial criminal (reincidencia) de la empresa, la obs- trucción a la administración de justicia en la investigación, el proceso y la ejecución; y como “atenuantes”, el contar con programas éticos y de cum- plimento efectivo (compliance), la autodenuncia, la cooperación y la acep- tación de responsabilidades (132) .
En Europa el avance de la responsabilidad contravencional o administra- tiva de las personas jurídicas no se ha detenido. En muchos países de la Unión Europea (Francia, Suiza, Austria, Suecia, Holanda, etc.) se ha ido adoptan- do paulatinamente y de diversas formas una responsabilidad penal (amplia o estricta, directa o subsidiaria) de los entes colectivos. Aquí no se pueden re- visar todos los avances (133) , pero se puede exponer por lo menos las solucio- nes legislativas de los países más conocidos y que pueden influir en las legis- laciones hispanoparlantes.
En Francia existe en el CP de 1995 un modelo de responsabilidad pe- nal del personal supervisor de la empresa conocida como responsabilité du fait d’autrui mediante el cual los individuos responsables de la empresa pue- den ser penados por “desarrollos empresariales defectuosos” en el sentido de la “responsabilidad originaria que la doctrina recomienda para los en- tes colectivos (ver arriba en 3.2 c). Sin embargo, debido a su evidente carác- ter de “responsabilidad objetiva” (tiende a la afirmación automática de la
modelo legislativo”, p. 180 y ss. (133) Ver los análisis de Derecho comparado en SCHÜNEMANN, LK StGB, § 14, n. marg. 82 y ss., p. 936
y ss.; ROGALL, KK OWiG, § 30, n. marg. 233 y ss., p. 541 y ss.; TIEDEMANN, “Responsabilidad
p. 89 y ss.; HEINE, “Kollektive Verantwortlichkeit
al respecto ofrece EIDAM, ver n. marg. 903 y ss., p. 263 y ss. También SCHOLZ menciona ejemplos
de legislaciones penales extranjeras para avalar la reforma que en el 2000 debía introducir (pero no lo hizo) la responsabilidad penal de personas jurídicas, ver p. 435 y ss. Incluyendo, además, convenios e iniciativas internacionales, CRAMER/HEINE en SCHÖNKE/SCHRÖDER, vor §§ 25 ff., n. marg. 122
y ss., p. 523.
p. 579 y ss. Un amplio panorama internacional
en “Derecho penal y nuevas formas de criminalidad”,
(132) Cfr. y con más detalles y referencias bibliográficas, NIETO MARTÍN, “La responsabilidad penal
p. 25 y ss., y en “Nuevas tendencias
punibilidad), la doctrina alemana recomienda atenuarla (“domesticarla”) a través de una responsabilidad empresarial (134) .
En Suiza es interesante el art. 100quarter del CP, introducido a través de una reforma del 2003 con motivo de la lucha contra el terrorismo. Allí se prevén dos modalidades de responsabilidad del ente colectivo: una “res- ponsabilidad subsiaria” de la empresa cuando no pudiere imputarse a nin- gún individuo la comisión de un delito realizado en el marco de la activi- dad comercial de la empresa debido a una falta de organización interna (art, 100quarter 1), y la “responsabilidad directa” de la empresa. En el pri- mer caso se trata de una culpabilidad por defecto de organización que lle- va a la no-identificación del individuo culpable, mientras que en la segun- da modalidad se refiere a una culpabilidad por defecto de organización que permite la comisión de delitos de corrupción, terrorismo y blanqueo de ca- pitales; aquí la responsabilidad colectiva es directa y cumulativa (o sea que también hay responsabilidad individual) y no importa que ella haya sido do- losa o imprudente (135) .
En Italia hace pocos años se ha reconocido la responsabilidad e los en- tes colectivos de manera similar al sistema anglosajón y alemán. A partir de 1990 se había adoptado una solución cuasi penal en el ámbito del De- recho de la libre competencia, del mercado de título-valores y de audiovi- suales. No se había adoptado una responsabilidad penal plena debido a la vigencia del principio constitucional, que se remonta a la Revolución fran- cesa, de la “responsabilidad criminal personal” (art. 27, 1 de la Constitución italiana) (136) . Ahora, bajo la vigencia de una compleja y detallada Ley 231 del 8 de junio de 2001, es posible la responsabilidad de la empresa (“ente”) por delitos cometidos por empleados u órganos de ella que, “en interés y venta- ja” de aquella hubieran cometido determinados delitos: básicamente se tra- ta de delitos cometidos en perjuicio del Estado y la Administración Públi- ca (apropiación indebida, estafa, delito informático, extorsión bajo abuso del poder público, cohecho propio, inducción a la corrupción, etc.) y de- litos ambientales (137) . A diferencia de su fuente inspiradora, las Sentencing Guidelines norteamericanas de 1991, la ley italiana sí precisa de la “culpa- bilidad” ya en la determinación de la responsabilidad penal (y no solamen- te en la fijación de la pena). Luego, aunque se reconoce la “responsabilidad cumulativa”, puede haber casos en los cuales el ente colectivo o el indivi-
(134) Ver c. más refs., HEINE, “Modelos de responsabilidad
”, p. 54 y ss.
Al respecto, c. más refs. NIETO MARTÍN, “La responsabilidad penal y ss.
Un modelo legislativo”, p. 266
(136) Cfr. TIEDEMANN, “Nuevas tendencias
”, p. 91.
Al respecto ver CASTALDO, p. 361 y ss.; también ampliamente NIETO MARTÍN. “La responsabilidad
Un modelo legislativo”, p. 194 y ss.
duo puedan quedar libres de pena por ausencia de culpabilidad: el primero cuando pueda probar (inversión de la carga de la prueba) que pese a contar con un efectivo programa de compliance, un subordinado defraudó estos programas para cometer el delito (art. 6); el segundo, cuando no se pudie- re probar al subordinado la culpabilidad en el sentido tradicional, para lo cual no importa la existencia o no de programas de compliance. En el fon- do, aunque se trate aún de una responsabilidad administrativa de la empre- sa por delitos cometidos por individuos, el hecho de que se la vincule con el Derecho penal de distintos modos hacen pensar en una “forma oculta de responsabilidad penal” (138) .
En Alemania, estos desarrollos no pasan desapercibidos. Aunque actual- mente no existe ningún proyecto o anteproyecto que prevea la introducción de la figura y la discusión es hasta ahora solamente dogmática desde que el legislador alemán ha rechazado enfáticamente, una y otra vez, la posibilidad de introducir la responsabilidad penal de personas jurídicas, no obstante, no se descarta, que a largo plazo, se haga realidad la “punibilidad” de los en- tes colectivos (139) . La presión de estos modelos extranjeros muy fuerte y gana cada vez más influencia en la doctrina alemana, aunque los contrarios a la responsabilidad penal de personas jurídicas consideren que este “positivis- mo internacional” podría ser errado o, por lo menos, solamente válido para la realidad de los países que lo han adoptado (140) .
Existen muchas otras legislaciones penales que prevén alguna forma de responsabilidad penal de los entes colectivos; no puedo referirme a ellas en este estrecho marco (141) .
2. Proyectos de reforma
Es de especial interés para el ámbito hispanoparlante (y en especial para el Perú con su modelo de “consecuencias accesorias” similar al español) la
(138) CASTALDO, p. 363, col. izq.
(139) Así evalúa la situación actual en Alemania también ROGALL, en KK OWiG, § 30, n. marg. 229, p. 540; VON FREIER, citando los trabajos más representativos sobre la discusión actual, p. 99.
(140) VON FREIER, p. 100; JAKOBS, “Strafbarkeit
p. 560, y en la nota 6. Pero tanto estos como los
que están a favor de la punibilidad creen que, a largo plazo y debido a la creciente europeización del
Derecho penal, Alemania también adoptara el modelo de la punibilidad; DANNECKER en Wabnitz/ Janovsky, n. marg. 124, p. 63, SCHOLZ, p. 440.
p. 10 y ss. (en III); SILVA SÁNCHEZ,
p. 146 y ss. Ver también recientemente, desde un estudio de Derecho
comparado entre las legislaciones penales alemana y francesa, HARTAN, p. 114 y ss., 251 y ss.;
exponiendo los recientes desarrollos legislativos en Europa en el sentido de una responsabilidad penal de
p. 291 y ss. Además, un análisis de la situación
en Suiza puede verse en EIDAM, p. 278, n. marg. 944 y ss., y sobre la responsabilidad (administrativa) de las empresas en Italia en caso de la comisión de delitos ver CASTALDO, p. 361 y ss.
Al respecto ver TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, p. 232 y ss., n. marg. 242,
con múltiples refs. en la nota 313; ídem, “Nuevas tendencias
“La responsabilidad penal
las personas jurídicas, GÓMEZ-JARA, “Grundlagen
reforma penal española. Ya en el 2003 se dio el primer paso hacia el reco - nocimiento de la responsabilidad penal de los entes colectivos, cuando me- diante la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre se introdujo un segundo párrafo al artículo 31 (que regulaba y regula aún el “actuar por otro”) para hacer que la “persona jurídica” responda civilmente por el pago de la multa que se hubiera impuesto al autor individual, siempre que este hubiera actua- do “en nombre” o “por cuenta” de aquella (142) .
En el Proyecto de 2007 (publicado en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales”, de 15 de enero de 2007, serie A, número 119-1) había previsto la punibilidad general de las personas jurídicas. Junto con otras modificacio- nes y adiciones en la parte general y especial del CP de 1995, se había intro- ducido el siguiente artículo básico:
Artículo 31bis:
“1.- En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuen- ta o en provecho de las mismas, por las personas físicas que tengan en ellas un poder de dirección fundado en la atribución de su repre- sentación o en su autoridad, bien para tomar decisiones en su nom- bre, bien para controlar el funcionamiento de la sociedad. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también pe- nalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas men- cionadas en el párrafo anterior, han podido realizarlos hechos o por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la
de las personas físicas a que se refiere el apartado anterior, ni la de estas excluirá la responsabilidad penal de aquellas. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de
multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos.
3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan reali-
zado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no ha- ber ejercido el debido control, de circunstancias eximentes de la res- ponsabilidad penal o de circunstancias que la atenúen o agraven no
(142) Al respecto ver ampliamente con múltiples referencias GÓMEZ-JARA, “El nuevo artículo 31.2 p. 239 y ss. Ver arriba en 3.2 sobre las críticas.
excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurí- dicas, sin perjuicio de los que se dispone en el apartado siguietne.
4. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas haber realizado con posterioridad a la comi- sión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
a) Haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial
se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando prue-
bas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisi- vas para declarar su responsabilidad.
c) Haber reparado o disminuido sus efectos en cualquier momento
del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral el daño ocasionado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas efi-
caces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas se aplicarán a las asociaciones, la fundaciones y las sociedades.”
Y también se preveía una modificación del actual art. 33 CP (referido a las penas para individuos) para incluir un número 7 con las “penas aplica- bles a las personas jurídicas”: multa, disolución de la persona jurídica, sus- pensión de actividades de hasta 5 años, clausura de locales por hasta 5 años, prohibiciónd de determinadas actividades temporal o definitivamente, inha- bilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con las ad- ministraciones públicas y obtener otros beneficios, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores por hasta 5 años.
Al haber fracasado el Proyecto del 2007 por la cercanía de las eleccio- nes generales (que impidió la revisión y votación del proyecto), se ha vuelto a un nuevo Anteproyecto de 23 de noviembre (fechado el 14 noviembre) de 2008. El Anteproyecto de Ley Orgánica de 2008 no modifica nada sobre la punibilidad de las personas jurídicas (art. 31bis, art. 33, número 7).
Estos proyectos y anteproyectos (que están basados todos en la misma idea, salvo por diferencias mínimas) también han merecido fuertes críticas. No solamente, lo han criticado, como era de esperarse, los que están en con- tra de una responsabilidad penal de personas jurídicas, sino también quienes no se oponen a ella. El problema de la reforma penal está en que se crearía,
adicionalmente a la responsabilidad del individuo que “actúa por otro” (art. 31, primer párrafo) y a la posibilidad de la “omisión del empresario” por violar un deber de cuidado proveniente de una posición de garante (art. 11) una responsabilidad adicional (143) . El Consejo General del Poder Judicial ha publicado a principios del 2009 un análisis del Anteproyecto del 2008. En lo referente al modelo adoptado de “responsabilidad penal de las personas ju- rídicas” se ha observado y criticado que no se trate de una “responsabilidad propia”, sino que esté siempre vinculado a la “persona individual” (aunque no de manera extrema pues solamente exige un hecho punible de esta) (144) . Esto tiende a una inconstitucional “responsabilidad objetiva”, pues no se ha señalado ningún criterio de responsabilidad para la persona jurídica. Aun- que esto pueda ser salvado de alguna manera por un esfuerzo interpretativo que incluya una “infracción del deber de control” (previsto en el Antepro- yecto solamente en lo referente a los “empleados” y no a los “órganos”), se ha recomendado, siguiendo la doctrina más avanzada, mejorar la redacción para incluir un criterio en el sentido de una “ausencia de los mecanismos de control adecuados” o “defecto de organización” (145) . Además se aconseja se- ñalar de manera expresa el ámbito en el cual habrían actuado los individuos (en el ejercicio de sus funciones) (146) , e incluir una cláusula que defina, para los efectos penales, quiénes son en concreto las “personas jurídicas” punibles evitando así problemas interpretativos derivados del distinto empleo norma- tivo de los conceptos “asociaciones, fundaciones y sociedades” mencionados en el número 5 del art. 31 bis (147) . Por lo demás se trata de un modelo que no excluye la punibilidad de los individuos al interior de la empresa (doble incriminación) y que mantiene, con modificaciones, un sistema de “medi- das” de carácter preventivo (art. 129), que reemplaza a las anteriores “con- secuencias accesorias”, y conlleva el peligro de eludir el respeto a principios penales básicos, aparte de permitir su amplia aplicación a todo tipo de ente colectivo (“organizaciones”) (148) .
En Latinoamérica destaca sobre todo en Chile el reciente proyecto de Ley sobre “Responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho” de se- tiembre de 2009. Aquí, siguiendo en especial el modelo italiano del Decreto
(143) Cfr. c. más refs., refiriéndose al Proyecto de 2007, DEMETRIO CRESPO, p. 52 y ss., 58.
(144) Ver los comentarios de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial en el “Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, de p. 5 y ss.
(145) Cfr. CGPJ, “Informe
(146) Ibídem, p. 12 y ss. (147) Ibídem, p. 15. (148) Cfr. las observaciones y críticas del CGPJ, “Informe
p. 9 y ss.
”, p. 23 y ss., 25 y ss.
Legislativo 231 (149) , se trata de obligar a las personas jurídicas de Derecho Privado y a las empresas públicas creadas por ley (art. 2) a prevenir la co- misión de delitos, en interés o provecho de la persona jurídica, por parte de sus empleados inferiores como superiores que tengan “deberes de dirección
y supervisión”, a través de la instauración de “modelos de organización, ad-
ministración y supervisión” para prevenir delitos (art. 3, tercer párrafo). La persona jurídica quedará exenta de pena solamente en caso de contar con es- tos “modelos de prevención”, en la forma prevista en el extenso art. 4 (que diferencia según la complejidad de la persona jurídica, señala los requisitos de estos modelos, entre otros, su “certificación” por empresas de auditoría externa). Pero la ley parece partir de una “responsabilidad subsidiaria” de la persona jurídica. Por un lado, excluye tal responsabilidad penal cuando “las
personas naturales (
taja propia o a favor de un tercero” (art. 3, último párrafo). Pero, más allá
de esta regulación razonable, más adelante se dice que la “responsabilidad autónoma” de la persona jurídica solamente existiría en casos (por lo demás evidentes) de extinción de la responsabilidad penal individual, del sobresei- miento temporal del proceso contra el imputado individual, y cuando pese
a la comprobación de la existencia del delito, no se pudiere establecer res-
ponsabilidad individual (art. 5). En lo relativo a las penas, la ley establece
una regulación muy detallada. Por un lado existen reglas generales (arts. 9
a 14), donde se definen las penas principales (disolución de personería jurí-
dica, prohibición de contratar con el estado, pérdida de beneficios fiscales, multa), penas accesorias (publicación de la sentencia condenatoria, comiso de ganancias y efectos), por otro lado, también se tiene una serie de criterios para la determinación de la pena (art. 15 y ss.): penas específica según se tra- tare de “crímenes” o “simples delitos”, continuación de la responsabilidad penal en caso de transformación de la persona juridica procesada o conde- nada, atenuantes y agravantes, etc. Por último también se prevén disposicio- nes específicas sobre el procedimiento penal (arts. 21 y ss.).
hubieren cometido el delito exclusivamente en ven-
En la Unión Europea prácticamente es ahora una realidad la existencia de un “Derecho Comunitario sancionador” mientras que en Latinoamérica no se ha pasado de propuestas de Código Penal Tipo. El Derecho comuni- tario constituye toda un área jurídica de carácter supranacional que abarca una serie de materias, básicamente el Derecho de la libre competencia, pero
(149) Sobre los antecedentes y con una interpretación amplia del texto expone SOTO PIÑEIRO, “La responsabilidad penal de la propia persona jurídica en el Derecho penal chileno”, en: “Segundo Encuentro de Derecho penal en la Finis Terrae. Homenaje en La Patagonia al profesor Claus Roxin”, Punta Arenas, 2009.
también el Derecho Financiero y de subvenciones en materia comunitaria. Este Derecho prevé y aplica en su propia jurisprudencia (a través de las de- cisiones de la Comisión Europea y resoluciones del Tribunal de las Comu- nidades Europeas), desde el inicio una responsabilidad propia de personas jurídicas (empresas) (150) . La doctrina alemana considera que aquí se trata de sanciones de Derecho Penal en sentido amplio, pero hay discusión sobre si serían equivalentes a las contravenciones alemanas (151) .
Ahora bien, el Derecho Comunitario no se queda en la esfera legal co- munitaria pues también puede influir directa o indirectamente en el Dere- cho Penal nacional (152) . En los últimos años se busca, de manera más ambi- ciosa, crear incluso un Derecho Penal comunitario (153) .
Más allá de una obligación de “asimilar” principios comunitarios en la legislación (penal) nacional, se ha buscado armonizar la protección penal de los intereses comunitarios. Es así como, para acabar con los fraudes al siste- ma comunitario de subvenciones que no eran reprimidos en algunos países miembros, se pactó el “Convenio relativo a la protección de los intereses fi- nancieros de la Comunidad Europea” del 26 de julio de 1995 (publicado el 27-11-1995) (154) . En este Convenio, aparte de introducir un concepto pecu- liar de “fraude” (similar a los modelos francés e inglés por basar el injusto en la conducta de “engaño” (155) ), se previó la “responsabilidad penal de los jefes de la empresa” (156) , así como las sanciones correspondientes para estas
Ver refs. en ROGALL, KK OWiG, n. marg. 115, p. 1704; TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte general”, p. 254 y ss., n. marg. 270.
(151) Sobre la problemática ver TIEDEMANN, c. más refs., “Derecho penal económico. Parte general”,
p. 242 y ss.,. marg. 251 y ss. La posibilidad de imponer directamente sanciones penales por parte de las
autoridades comunitarias todavía no existe aún (aunque podría cambiar) debido a la falta de delegación
de facultades específicas por parte de los Estados miembros; al respecto TIEDEMANN, c .más refs. ibídem, p. 242, n. marg. 250. El influjo indirecto se produce a través de los elementos normativos de los tipos nacionales, pues ellos pueden remitirse a la normativa comunitaria existente (directivas, reglamentos, decisiones-marco) y, en ese caso, debe darse una interpretación “conforme a la Comunidad” de las leyes nacionales (deber de fidelidad a la Comunidad del Derecho nacional, incluyendo al Derecho penal); cfr. TIEDEMANN, poniendo por ejemplo a la “estafa” y al “fraude de subvenciones”, en LK, comentarios previos § 263,
marg. 97 y ss.
Al respecto ver TIEDEMANN. “Derecho penal económico. Parte general”, p. 104 y ss., n. marg. 82 y
ss.; ACHENBACH, p. 566 y ss. (154) Ver el texto del Convenio, sus modificaciones y reglamento, en su versión española, recopilados en ARROYO ZAPATERO/DE VICENTE MARTÍNEZ (directores.), “Derecho penal económico”, 2da. edición, Barcelona, 2002, p. 404 y ss. Los extractos que vienen a continuación provienen de allí. (155) TIEDEMANN observa que, con este modelo, solamente se exige que el autor obtenga, con engaños
de cualquier tipo, los medios financieros (comunitarios) “de manera injusta”, de tal manera que cualquier “daño” solamente sería entendido de manera “normativa” en el sentido de la teoría alemana de la “frustración de los fines”; ver en LK, 11ra. ed., com. previos § 263, n. marg. 95. Esta definición constituye, de todos modos, un modelo básico de “tipo europeo de la estafa”; ver ibídem, n. marg. 103. Artículo 3: Responsabilidad penal de los jefes de empresa Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir que los jefes de empresa o
conductas (artículo 2), aclarando explícitamente que estas sanciones debe- rían consistir en “sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias” y, entre las cuales, podría incluso preverse “penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición” en caso de “fraudes graves” según el monto de lo defraudado. En cumplimiento de este Convenio, Alemania, con la “Ley de Protección de las finanzas de la Comunidad Europea” de 1998 ha ampliado la protección penal del tipo de “fraude de subvenciones” (art. 264) para incluir también los intereses financieros de la Comunidad Euro- pea; incluso ha ido más lejos de lo exigido en este aspecto, pues no solamen- te se protegen las “subvenciones comunitarias” sino también otras presta- ciones distintas de las “subvenciones” (157) , pero no ha considerado necesario introducir la responsabilidad penal de personas jurídicas. Posteriormente, se adicionaron otros “Protocolos” que, siguiendo el modelo inicial, previe- ron la protección comunitaria de otros intereses. En el “Segundo Protoco- lo” (publicado el 19-07-1997), se previó, para todos los países miembros, entre otras cosas, la represión penal del “blanqueo de capitales” (art. 2) y se introdujo expresamente la “responsabilidad de las personas jurídicas” cuan- do ella intervenga en la comisión de los delitos previstos en todos los pro- tocolos. Por cierto que no se explicitó que se deba tratar de una “responsa- bilidad penal” pero se precisó que entre las sanciones que debían adoptarse podrían estar algunas de carácter penal como la “multa” (además de una tí- pica medida del Derecho Penal económico: la “confiscación de los “produc- tos” o ganancias del delito).
El Parlamento Europeo, tras la experiencia del Convenio de 1995 ya mencionado y los posteriores protocolos, ha decidido en el año 2000 prepa- rar el camino hacia una auténtica legislación supranacional penal sobre los intereses financieros de la Unión Europea. Es así que ha encomendado a la Comisión Europea (el órgano ejecutivo) la preparación de un Decreto Co- munitario (EG-Verordnung), equiparable a una ley nacional, que regule la protección de los intereses finacieros de las Comunidades Europeas. De ma- nera preparatoria el Parlamento Europeo encargó a un grupo de expertos penalistas europeos (entre otros, Klaus Tiedemann, Mireille Delmas-Marty, Luis Arroyo Zapatero) la preparación de un documento que contenga nor- mas penales generales y especiales referidas a este tema.
cualquier persona que ejerza poderes de decisión o de control en el seno de las empresas puedan ser declarados penalmente responsables con arreglo a los principios definidos por su derecho interno en caso de fraude que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, tal como figuran en el artículo 1, por una persona sometida a su autoridad por cuenta de la empresa. (157) Al respecto ver TIEDEMANN, LK, 11ra. ed., com. previos § 263, n. marg. 102; § 264, comentarios adicionales, n. marg. 3 y ss.
El llamado Corpus Juris salió publicado, en su segunda versión definiti- va el 2000. Aquí (158) se ha previsto una “responsabilidad penal del empresa- rio y de personas que ejerzan potestades de decisión y de control dentro de una empresa” (artículo 12) y una “responsabilidad penal de agrupaciones” (art. 13). Se critica al art. 12 del Corpus Juris (regla del actuar por otro) que solamente haya previsto la responsabilidad del titular del negocio, mas no la responsabilidad general del representante (159) . Y el modelo empleado en el art. 13 es el de la responsabilidad penal por un hecho ajeno (modelo vica- rial) y por lo tanto presenta los problemas ya expuestos.
En 2003 el Parlamento Europeo, en una “resolución” ha decidido la creación de un Código Penal europeo con normas materiales y procesales. Pero también ha habido un proyecto privado importante: bajo la iniciativa de un grupo de penalistas europeos (impulsados sobre todo por el profesor Klaus Tiedemann) se ha trabajado y puesto a consideración del Parlamento Europeo un proyecto muy amplio de legislación penal bajo el nombre de Eurodelitos. En el documento final se prevén una parte general con prin- cipios penales (legalidad, ne bis in idem), cuestiones de competencia (juris- dicción y principio de territorialidad) y los presupuestos del delito (dolo, imprudencia, error, causas de justificación, autoría y participación, tenta- tiva, concurso); en la parte especial se tipifican grupos de delitos que afec- tan a los intereses (no solamente financieros) de la Unión Europea: los tra- bajadores y el mercado de trabajo, los consumidores y la competencia, el medio ambiente, el patrimonio de las empresas y los acreedores, el sistema crediticio, bursátil y financiero, la marca comunitaria, y las medidas san- cionadoras de la Unión Europea u otros organismos internacionales. Entre las regulaciones de parte general, se ha previsto tan solo una “responsabi- lidad por comportamientos ajenos” de los “superiores jerárquicos” tanto en la Administración Pública como en empresas (160) . En cambio se ha omiti- do conscientemente proponer una regulación de la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” para no añadir un modelo frente a los ya apor- tados por el “Corpus Juris” (en donde también participaron los autores de la propuesta de “eurodelitos”) y por legislaciones de países como Francia e Italia (161) .
(158) Ver el texto del art. 15 del Corpus Iuris en su versión definitiva de 2000 en TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Introducción y parte general”, 2da. edición, p. 312); hay una traducción de la versión de 1999 efectuada por Nicolás García Rivas y publicada en la Revista Penal, España, N° 3 (1999), p. 89. (159) Cfr. SCHÜNEMANN en LK StGB, § 14, n. marg. 85, p. 939 y ss. (160) Puede verse el texto publicado en TIEDEMANN/NIETO MARTÍN, “Eurodelitos. El Derecho penal económico en la Unión Europea”, Cuenca (España), 2004, p. 142 y ss.
(161) Cfr. TIEDEMANN, en TIEDEMANN/NIETO MARTÍN, “Eurodelitos
”, p. 18 y ss.
IX. LAS SOLUCIONES EXTRAPENALES
1. El Derecho Administrativo sancionador
En la actualidad se observa un interesante proceso de delimitación y acer- camiento entre el Derecho Penal tradicional y el llamado Derecho Adminis- trativo sancionador. Se ha reconocido finalmente el parentezco que existe entre ambas áreas. Pero mientras que en España y los países hispanoparlan- tes, este desarrollo parte del mismo Derecho Administrativo, en Alemania, se ha independizado como Derecho contravencional (Ordnungswidrigkeit- enrecht). Por sus resultados, sin embargo, hay muchas similitudes. Pero tam- bién hay diferencias interesantes como el hecho de que en Alemania las “fal- tas” (Übertretungen), desde hace ya varias décadas, hubieran pasado a formar parte del Derecho contravencional mientras que en nuestros países todavía son mantenidas (con poco éxito práctico) en los Códigos Penales.
En España existe desde mediados del siglo XIX un Derecho Adminis- trativo sancionador que conoce la responsabilidad de las personas jurídicas (junto a la de los individuos), el cual recién en los últimos años se ha apro- ximado, en cuanto la judicialización y su vinculación con garantías, al Dere- cho Penal (162) . La jurisprudencia constitucional española ha aclarado además dos cuestiones importantes y de gran trascendencia para la responsabilidad auténticamente penal de las personas jurídicas. Por un lado no ha conside- rado la existencia de una violación al principio ne bis in idem cuando, por los mismos hechos se sancionara administrativamente a la persona jurídi- ca y penalmente a la persona física (STC 77/1983, ATC 1479/1991) (163) . Por otro lado, tras haber reconocido la vigencia de las garantías del Dere- cho Penal para el Derecho Administrativo sancionador ya en los años 80 del siglo XX (SSTC 8.6.1971, 7.10,1983, 18/1987) (164) . En una senten- cia trascendental, en 1991 (STC 246/1991 de 19 de diciembre) el Tribu- nal Constitucional, ha reconocido a las personas jurídicas la “capacidad de infringir las normas a las que están sometidas” así como la “necesidad de protección eficaz” de bienes jurídicos, pero ha exigido el respeto del prin- cipio de culpabilidad para fundamentar la responsabilidad de las personas jurídicas y ha advertido que “ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas”. Aquí el Tribunal parece parece abogar por un sistema de responsabilidad propia y un reproche de “falta de organización”, y no vincular esta “culpabilidad”
(162) ARROYO ZAPATERO, p. 18 y ss.
(163) Ver la ref. en ARROYO ZAPATERO, p. 19.
Ver en ARROYO ZAPATERO, p. 19; en relación con los delitos tributarios ver también, c. refs. ABANTO
VÁSQUEZ, “Derecho penal económico. Parte especial”, Lima, 2000, p. 489 y ss.
con una imputación a través de una persona natural (165) . En efecto, la juris- prudencia constitucional española ni siquiera habla de una culpabilidad de las personas jurídicas, sino de una “intencionalidad” y ha aclarado que los principios penales no pueden trasladarse sin cambios al Derecho Adminis- trativo sancionador (166) .
En los países de habla hispana, también se observa un proceso similar. En el Perú ha existido hace algunos años un reconocimiento expreso del “Dere- cho administrativo sancionador” en la nueva ley administrativa 27444 de abril de 2001. Allí se ha instaurado un auténtico “Derecho Administrativo sancio- nador” que, en el caso de la aplicación de sanciones, se orienta en una serie de principios y garantías penales (“principios de la potestad sancionadora ad- ministrativa”, art. 230) y que reconoce implicitamente la responsabilidad de las personas jurídicas a quienes considera “administrados” al igual que a las personas naturales (art. 50 Ley 27444) contra los cuales es posible seguir un procedimiento administrativo sancionador (art. 239, 234 y ss. Ley 27444).
2. El Derecho contravencional alemán
Desde 1952 existe en Alemania un Derecho contravencional que se ase- meja en mucho al sistema del Derecho administrativo sancionador. En di- cho año se dio la “Ley de Contravenciones” (Ordnungswidrigkeitengesetz), reformada en 1968. Desde el 1 de enero de 1975, las “faltas” (Übertretun- gen) fueron eliminadas del Código penal (los antiguos arts. 360 y ss.) y en gran parte se transformaron en “contravenciones” (167) . Este Derecho es con- siderado por la doctrina alemana como parte del Derecho Penal “en sentido amplio” básicamente debido a que también tiene por finalidad la protección de bienes jurídicos (168) y a que la contravención, en relación con el delito, so- lamente tendría una diferencia cuantitativa (derivada del principio de pro- porcionalidad y de mínima intervención) (169) .
Solamente en el ámbito reducido del núcleo del Derecho Penal (delitos violentos) sí existiría una diferencia cualitativa. Además, sí podría hablarse
(165) Cfr. ARROYO ZAPATERO, p. 19 y ss.
(166) Ver las refs. en MIR PUIG. “Una tercera vía
(167) Sobre el desarrollo del Derecho contravencional alemán ver, ampliamente, en GÖHLER, “OWiG”,
n. marg. 1 y ss., BOHNERT en KK zum OWiG, n. marg. 1 y ss.; de manera resumida, MITSCH,
p. 1 y ss.; TIEDEMANN, “Derecho penal
administrativo” en “Constitución y Derecho penal”, p. 91 y ss., 103 y ss. (también en “Derecho penal y nuevas formas de criminalidad”, p. 39 y ss., 47 y ss.). (168) ROXIN, “Strafrecht AT”, tomo 1, p. 32, n. marg. 62.
ROXIN, “Strafrecht AT”, tomo 1, p. 32, n. marg. 62, al final, p. 58. n. marg. 130; MITSCH, destacando sin embargo, la diferente valoración de algunas infracciones según la legislación estadual donde se produzca, valoración que puede calificar una misma infracción como delito, contravención o dejarla
p. 363 y ss.
“Grundzüge
Ob. cit.; ACHENBACH, “Ahndung
impune, “Grundzüge
de una diferencia claramente “cualitativa” en cuanto a las respectivas con- secuencias jurídicas: si bien las multas contravencionales pueden ser mucho más elevadas que las penales, aún así ellas no poseen el reproche ético-social inmanente a las auténticas penas (170) que implicaría una falta de estigmatiza- ción (171) . Por estos motivos, en general, se suele hablar de una “diferencia cua- litativa-cuantitativa” entre ambas disciplinas (172) . Finalmente, debe observar- se que las contravenciones tienen un plazo de prescripción más corto que las penas (entre 3 años para las contravenciones más graves y 6 meses para las más leves, según el art. 31 OWiG), plazos que pueden variar según las nor- mas administrativas especiales (p. ej. 3 meses para las contravenciones con- tra el tráfico de vehículos según el Ordenamiento de Tráfico de Vehículos).
La Ley alemana de contravenciones (OWiG) se divide en tres partes: la primera contiene principios generales (parte general); la segunda, el proce- dimiento para la imposición de sanciones contravencionales (proceso con- travencional), y la tercera hace un listado abierto de los tipos contravencio- nales (parte especial).
En lo relacionado con la responsabilidad contravencional de los entes colectivos, la ley ha previsto lo siguiente:
1.- Se prevé una regla de responsabilidad mediata del ente colectivo (art. 30 OWiG) a través de la actuación de personas naturales que hubieran ac- tuado por ella y cometido un delito o una contravención: sus órganos, su di- rectorio, su representante legal, mandatario, etc. (173) . Estas multas contraven-
(170) STREE en Schönke/Schröder, p. 724, n. marg. 35; TIEDEMANN, “Derecho penal económico. Parte
p. 409, columna izquierda. Ver la discusión
sobre la naturaleza de la “multa contravencional” en TIEDEMANN, en “Constitución y Derecho penal”,
117 y ss., 120 y ss. (también en “Derecho penal y nuevas formas de criminalidad”, p. 57 y ss., 59 y
general”, p. 80 y ss., n. marg. 51; MITSCH, “Grundzüge
ss.); ABANTO VÁSQUEZ, “Derecho penal económico”, p. 64 y ss.
(171) Esta “falta de estigmatización” de las multas contravencionales destaca porque no genera tampoco “antecedentes” y no son inscritas en ningún registro, ni siquiera en los casos de contravenciones graves (aunque sí puedan inscribirse en un “registro industrial). Cfr. Achenbach, citando jurisprudencia,
“Ahndung
(172) ROXIN, c. más referencias sobre esta teoría “cualitativa-cuantitativa”, “Strafrecht AT”, tomo 1,
59, n. marg. 132 y ss.; c. más refs. STREE en Schönke/Schröder, comentarios previos vor §§. 38 ff.,
marg. 35. ACHENBACH hace una diferenciación según 3 grupos de contravenciones: tipos de pura
desobediencia a la administración, lesiones de bagatela a bienes jurídicos y “grandes contravenciones”
p. 9 y ss. En el Derecho administrativo sancionador de
España parece predominar en cambio la diferencia meramente “cualitativa”, ver c. refs. MIR PUIG,
de gran dañosidad social; ver “Ahndung
“Una tercera vía
Artículo 30 OWiG:
“(1) Quien,
1. en su calidad de órgano de representación legítimo de una persona jurídica o miembro de tal órgano,
2. como presidente de una asociación sin capacidad jurídica o miembro del directorio de ella,
3. como socio representante legítimo de una sociedad de personas con capacidad jurídica,
4. como apoderado general o, en posición directriz, como mandatario o con poder de actuar por una persona jurídica o por una agrupación de personas según los números 2 o 3, o
cionales contra el ente colectivo, además de las multas contra las personas individuales, se basan en una relación de “cercanía entre el delito y el ente colectivo” (174) : violación de deberes del ente colectivo a través de la contra- vención o el delito, el enriquecimiento efectivo del ente colectivo a través del hecho o la mera finalidad de enriquecimiento (art. 30, párrafo 1, in fine). Se trata de una responsabilidad del ente colectivo por un hecho ajeno (el de sus representantes): no depende de una sanción efectiva contra la persona indi- vidual ni condiciona o excluye la sanción autónoma de esta (175) . En resumen, los requisitos para esta responsabilidad contravencional del ente colectivo según el art. 30 OWiG, son:
a) El destinatario de la multa es la “persona jurídica” o la “agrupación de personas”. Se discute si quedarían excluidos de lege lata las “aso- ciaciones sin capacidad jurídica” como los clubes y las sociedades previas (salvo a las inmediatamente anteriores a la fundación) (176) . La personalidad jurídica defectuosa que lleva a su nulidad, no se opone,
5. como cualquier otra persona que actuare respondiendo por la dirección de la industria o em- presa de una persona jurídica o de las agrupaciones de personas mencionadas en los números 2 o 3, dentro de cuyas responsabilidades también se encontrare el control de la dirección de
la industria o el ejercicio de cualquier otras potestades contraloras en posición directriz, come- tiere un delito o una contravención, a través de los cuales se hubieren lesionado deberes que alcanzaren a la persona jurídica o agrupación de personas, o si la persona jurídica o agrupación de personas se hubieren enriquecido o hubieren querido enriquecerse, se podrá imponer una multa sancionadora contra ellas.” “(2) La multa sancionadora comprenderá,
1. en caso de un delito doloso, hasta un millón de euros,
2. en caso de un delito imprudente, hasta quinientos mil euros.
En caso de una contravención, el máximo de la multa sancionadora se determinará según la medida máxima de la multa sancionadora prevista para la contravención. La oración 2 regirá también en caso de un hecho que constituyere al mismo tiempo delito y contravención, cuando la medida máxima de multa sancionadora prevista para la contravención sobrepasare la medida máxima según la primera oración.” “(3) El artículo 17, párrafo 4 [n. d. T.: se refiere al máximo del monto de la multa, la cual debe superar las ventajas alcanzadas con la contravención, pudiendo incluso sobrepasar el máximo legal] y el art. 18 [n. d. T: se prevén facilidades para el pago de la multa] se aplicarán en lo pertinente.”
Si no se iniciare un proceso penal o contravencional por un delito o contravención o si se archivare o si se eximiere de pena, la multa sancionadora podrá ser fijada de manera autonoma. Mediante una ley se podrá determinar que la multa sancionadora también podrá ser aplicada de manera autónoma para otros casos. No obstante, se excluye la fijación autónoma de una multa sanciona- dora contra la persona jurídica o la agrupación de personas cuando el delito o la contravención no pudieren ser perseguidos por razones de Derecho; esto no afecta la validez del art. 33, primer párrafo, oración 2 [n. d. T: se refiere a un caso de interrupción de la prescripción].”
(174) MITSCH, “Grundzüge
(175) C. más refs. MITSCH, “Grundzüge
(176) En este sentido, c. más refs. KÖNIG, en sentido restrictivo, en Göhler, § 30, n. marg. 6 y ss., p. 251 y
ss.; en sentido más amplio (admitiendo la punibilidad de las sociedades previas en general), ROGALL, KK OWiG, § 30, n. marg. 41, p. 501.
p. 409, columna derecha.
p. 410, columna izquierda.
en cambio, a la aplicación del art. 30 OWiG. La doctrina aplica aquí principios reconocidos del Derecho Civil (177) .
b) El actuante debe tener una posición jerárquica dentro de la persona jurídica o agrupación o representarla en su actuación. En los núme- ros 1 a 5 del primer párrafo del art. 30 se menciona a los órganos representantes de personas jurídicas (número 1), directorio o miem- bro de directorio de un club sin capacidad juríica (número 2), so-
cios de sociedades de personas (número 3), etc. (178) , pero más adelan-
) cualquier
otra persona que actuare respondiendo por la dirección de la indus- tria o empresa de una persona jurídica o de las agrupaciones de per-
sonas (
el control de la dirección de la industria o el ejercicio de cualquier
)” (el resaltado
es nuestro). Este “concepto superior” (introducido con una modifi- cación legal el año 2002) permite incluir a más sujetos como “pun- to de conexión” para imputar la responsabilidad contravencional al ente colectivo: personas que actuaren bajo responsabilidad diri- giendo la industria o la empresa de una persona jurídica o de una agrupación de personas, y que tuvieren potestades de “dirección” o potestades de “control” (17

References: De lege lata
de lege lata
de lege lata
de lege lata
de lege lata
de lege lata
de lege ferenda
de lege ferenda
de lege lata
 resolución 
de lege ferenda
de lege ferenda
de lege lata
de lege lata
de lege ferenda
de lege ferenda
De lege ferenda
 artículo 31

Artículo 31
 artículo 31
 Artículo 3
 artículo 1

Artículo 30
in fine
de lege lata
 artículo 17