Source: http://www.libertadidioma.com/20191014.htm
Timestamp: 2020-04-07 13:54:43+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Lunes 14 Octubre 2019
Hubo, hay, habrá rebelión
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 14 Octubre 2019
Artículo 472 del Código Penal, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución".
Artículos 17. 1 y 477 del CP: "La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente".
Artículo 544 del CP: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones".
Esto dice la ley, a la que siempre deberían servir los jueces, sobre los delitos cometidos antes, durante y después del 1-O de 2017. Pero la Abogacía del Gobierno, tras echar al abogado del Estado Edmundo Bal, defendió, con el apoyo incondicional de una juez afín a la ministra Delgado, que no hubo rebelión, sino sedición. El juez instructor, los fiscales, el abogado del Estado y la acusación popular sostuvieron lo que vimos: fue un delito de rebelión contra el orden constitucional, no de sedición contra el orden público. La tesis corporativista y eurocomplejines de firmar una sentencia leve y por unanimidad, para que no la anule Estrasburgo, es absurda. Como cuando Rajoy, junto al PSOE y Cs, limitó el 155 a convocar elecciones catalanas, desmiente la gravedad del hecho que motiva la actuación legal y asegura su repetición por la impunidad que garantiza. Si además no hay garantías del cumplimiento de las penas, estilo Pujolito, el Supremo juzgará pronto el próximo delito de rebelión, que seguirá oscuro para ciertos jueces de la UE. África empieza en el Supremo.
Acatamos la sentencia los que, al revés que los golpistas, queremos vivir en un Estado de Derecho, pero será nefasta para España y la Libertad.
Luis Herrero Libertad Digital 14 Octubre 2019
Las elecciones del 10-N y la Justicia
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Octubre 2019
Para los ciudadanos de una democracia, por imperfecta que sea, una Justicia independiente de los poderes reales, el político y los fácticos, es imprescindible para que su libertad esté asegurada, sus derechos y deberes sean respetados y su igualdad ante la ley, acreditada e incluso reverenciada. Para que nadie sea más ni menos que nadie cuando se acude a los tribunales, se necesita una Justicia sin ataduras políticas, no penetrada por intereses ajenos, libre para dictar según ley y sometida a los propios controles de eticidad y rigor en favor de unos ciudadanos indefensos sin su amparo. Para que nadie se tome la justicia por su mano, es preciso que la Justicia sea justa y, al serlo, adquiera el prestigio necesario ante el populus. Ya sé que esa es la teoría y que la realidad es bien otra. Precisamente en estos días se están viendo cosas que nos recuerdan que nuestra Justicia, como nuestra democracia, está enferma.
Ha sido absolutamente escandaloso que, días antes de firmarse definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado perpetrado por los separatistas en Cataluña, alguien, necesariamente cuña de la propia Justicia, haya filtrado su contenido esencial. Es increíble que el desentierro de Franco sea ajustado a las necesidades electorales del partido del Gobierno y que, imagínense su caso propio, un familiar suyo tenga que ser reinhumado donde ordene el Estado. Es asombroso que pueda decirse que todo un miembro del Tribunal Supremo cobrase 200.000 dólares por facilitar la condena de otro juez, el juez Gómez de Liaño.
Si se sigue repasando hacia atrás –recuerdo que en pleno caso Juan Guerra el abogado Horacio Oliva, estrecho colaborador del PSOE y mencionado ahora de nuevo en el caso Gómez de Liaño, ofreció un puesto en el Consejo General del Poder Judicial al juez instructor Ángel Márquez si se dejaba asesorar–, los casos que colman la desconfianza son demasiados. Una relación siquiera sucinta no cabría en esta columna. Sólo un leve recuerdo indicativo. Ahí tenemos el comportamiento de la juez Núñez Bolaños o el archivo, por dos veces desautorizado, del caso Aznalcóllar; el comportamiento inicuo del exjuez Garzón, la conducta del juez de Prada y de otros muchos… Ah, y fíjense en toda una ministra de Justicia entrometiéndose ante el Gobierno italiano por el caso de Juana Rivas, condenada en España. Así podríamos retroceder hasta la sentencia de Rumasa y la famosa expresión de que Montesquieu había muerto, falsa expresión, porque en realidad lo estaban matando. Y siguen en ello.
Ya no puedo quitarme de encima la sensación de que el desarrollo de nuestra Constitución, por buena que fuera la intención de sus hacedores, ha degenerado hasta la construcción de poderes fácticos que se sitúan al margen de los ciudadanos y su capacidad de control. Los partidos son una casta inexpugnable entrelazada, cada vez más, con las castas fácticas.Ni siquiera el poder judicial, que es quien debería ajustar el comportamiento de los demás poderes a la Ley, ha escapado a su dominio.
El círculo es muy vicioso. Son los partidos los que deberían devolver a la Justicia la situación de independencia constitucional, cuando menos relativa, que nunca debió perder y que perdió gracias al PSOE en 1985 (también, luego, gracias al PP). Pero son los partidos, nuevos señores feudales que controlan vidas y haciendas, los que no están interesados en la recuperación del prestigio de la Justicia. Por ello, se está cumpliendo el destino de que el Consejo General del Poder Judicial se haya convertido en un elemento más de la lucha política partidista, como hipócritamente advirtió el Tribunal Constitucional cuando avaló que fueran los diputados y senadores de los partidos en las Cortes Generales quienes designaran a los miembros del CGPJ. De ahí para abajo y en cascada, sólo fue cosa de coser y cantar.
Va camino de ser cierto que "la ley es el método más fácil de ejercer la tiranía" de la casta política en su conjunto que no ha querido, ni quiere, al parecer, acabar con este estado de cosas. Por ello, en estas próximas elecciones, en las que están en juego España y su destino, es imprescindible que conozcamos también si hay algún partido que quiera de verdad que haya una Justicia que emane "del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", que es lo que dice originalmente la Constitución y ha sido pervertido por las interpretaciones partidistas.
Amando de Miguel me descubrió a Colacho, el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, que, según sus estudiosos, entendía que la Justicia tendía "espontáneamente hacia el absolutismo", sobre todo por no tener el valor de estar constituida por jueces insobornables. Hoy que, gracias a la metamorfosis de los partidos en casta superior, todo es politiqueo, que no política de altura, los ciudadanos no somos más que incautos que, eso sí, seguimos creyendo en la Razón, el Progreso y la Justicia, las tres virtudes teologales del tonto (Colacho dixit).
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 14 Octubre 2019
El autor denuncia que en el altar de la estabilidad política hay que sacrificar todos los males (de la política). Señala que es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias
Cuando se habla de la nueva política es un lugar común comenzar citando a Ortega y Gasset y la conferencia que impartió en el año 1914 en la que acuñó dicha expresión. Se suele reparar en la dimensión histórica del alegato orteguiano (la nueva política como alternativa a la antigua, a la del régimen de la Restauración), no así en la a-histórica o estructural, que es la que da relevancia e interés al texto; su permanente actualidad. Ortega se pregunta, anticipándose incluso a Max Weber y su conferencia del año 1919, sobre la política. Mientras Weber centra la política en el poder, sólo el poder, nada más que el poder, para Ortega la política ha de estar "circunstanciada"; al servicio de la modernización de España, de "aumentar el pulso vital de España", la "España vital" frente a la "España oficial". Lo que denomina la "nacionalización" de la política; porque su objetivo es el de "una España en buena salud". Nuestro filósofo expresa el compromiso de los intelectuales con el progreso de España y la política es su arma. La nueva política es, en definitiva, la buena política; es la que se ha de desplegar para afrontar los retos del momento, de aquél, pero también de éste.
"Y esos partidos tienen a sus clientelas en los altos puestos administrativos, gubernativos, suedotécnicos, inundando los consejos de administración de todas las grandes compañías, usufructuando todo lo que en España hay de instrumento del Estado". Ortega lo denunciaba en el año 1914. Es un mal que continúa. La ministra Celaá ha convertido las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros en tribunas desde las que ejercer la portavocía del PSOE. El mismo partido que ofreció a Unidas Podemos ocupar puestos de relevancia en órganos constitucionales y en organismos reguladores. Una propuesta tan disparatada que escandalizó, incluso, a los supuestos beneficiarios. Al desprecio a la independencia y a la neutralidad de la Administración se suma el de la competencia de los directivos públicos. "Los Ministerios, como las Universidades, no crean competentes", afirma Ortega. La partitocracia tampoco los necesita. Es posible pasar de empleado de la Federación Española de Municipios y Provincias a presidente de Correos; de la prevención y extinción de incendios forestales a la construcción de buques (Navantia); de la política municipal a la gestión del combustible nuclear (Enursa); de la formación marítima a los seguros agrarios (Saeca); de la cooperación municipal al tabaco en rama (Cetarsa); de la política a la dirección de Paradores. Este periódico informaba que, a fecha de 30 de junio de este año, se elevaba a más de 330 el número de cargos públicos que han sido cesados tras la moción de censura en mayo de 2018, y han sido nombrados otros tantos afines.
Y la corrupción se escribe en sentencias judiciales. "Entre el Grupo Correa y el Partido Popular... se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública». Es una frase que pasará a la Historia. Se puede leer en la página 58 de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018. Se juzgaba el denominado caso Gürtel (rama madrileña).
En los próximos años se irán sumando, poco a poco, más y más sentencias. Las de los casos Gürtel (rama valenciana), reforma sede PP, Bárcenas, Orage Market, Jerez de la Frontera, AENA, visita del Papa, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Over Marketing, Bankia, Taula, Fórmula 1, Púnica (16 piezas separadas), Lezo (cuatro piezas separadas), Acuamed, Tándem (por ahora, 13 piezas separadas), Ciudad de la Justicia de Madrid y un largo etcétera. Al menos, en casi 50 instrucciones judiciales y en sus correspondientes sentencias se examinará la gestión de cargos vinculados al PP. A su vez, el PSOE está a la espera de la primera de las sentencias del denominado caso ERE, una macro causa dividida en más de 270 piezas separadas, a la que se suman a otras 12 macrocausas (Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe...). Todas tienen en común la gestión socialista de la Junta de Andalucía. Más de 5.000 millones investigados y 500 imputados, por ahora. Se van instruyendo con una pasmosa lentitud.
La regeneración ha quedado en manos de los jueces. A golpe de sentencia se va componiendo la música del escándalo que va martilleando los oídos de los ciudadanos. En los próximos años irá torturando, como la gota china, a la sociedad española. "Es lo que hay", se nos dice. No hay alternativa. Sólo cabe la resignación. En Trafalgar, Benito Pérez Galdós pone en boca de su protagonista, Gabriel de Araceli, que "la resignación, renunciando a toda esperanza, es un consuelo parecido a la muerte, y por eso en un gran consuelo". Es la renuncia a la esperanza, como la muerte. ¿La democracia puede permitirse ciudadanos desesperanzados? ¿Ciudadanos muertos? No.
La resignación es un sentimiento inducido por los políticos para obtener beneficios a muy corto plazo, pero a costa de grandes perjuicios para la democracia. Podrán silenciar los estragos de la corrupción y de la partitocracia pero el repiqueteo constante de los casos hará imposible que los ciudadanos puedan permanecer, parafraseando al Diccionario de la Lengua Española, entregados, indefinidamente, a la voluntad de un partido, o conformes, tolerantes o pacientes, frente a la adversidad política. Se podrá adormecer a las masas (en el sentido de Elías Canetti), pero no a la indignación de los ciudadanos (en el sentido liberal-democrático). Los españoles, según el barómetro del CIS de julio, consideran a los políticos y a los partidos como el segundo problema más grave de España (38,1%), adelantando, incluso, a la corrupción (25,1%). La política y la corrupción (política) son dos de los tres principales problemas de España; la política y sólo la política.
La nueva gasolina de la resignación es la llamada a la estabilidad; a la gobernabilidad. Pero su amenaza no es la nueva política; es la mutación de las reglas constitucionales de investidura del presidente del Gobierno en otras asamblearias donde sólo cabe la elección por aclamación del gran líder. Cuando la Constitución regula la investidura del presidente del Gobierno en el artículo 99 utiliza en cinco ocasiones la palabra «confianza» y en otras cinco en otros preceptos constitucionales (art. 101, 112 y 114 CE) relativos al presidente y al Gobierno. Es la clave de bóveda de la relación entre el Congreso y el presidente y su Ejecutivo. La Cámara Baja tiene que confiar en el candidato que va a investir; y lo ha de hacer en relación con «el programa político del Gobierno que pretenda formar». No es una confianza ciega; es, como lo define el Diccionario de la Lengua, la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo», en este caso, de la persona del candidato y del programa que va a ejecutar. Así lo manifiestan los diputados que votan a favor. Otros diputados, en cambio, no confían ni en el candidato ni en el programa. La abstención no cabría; renunciar a pronunciarse sobre la confianza solicitada no sería, en puridad, constitucionalmente posible. O se confía o no se confía. No hay término medio.
LA CONSTITUCIÓN está exigiendo la negociación y el acuerdo. En el contexto de una democracia deliberativa (Habermas, Nino, Elster) se ha de poder pactar todo y con todos conforme a unas directrices: la buena fe, la lealtad, el servicio al interés general y el respeto al marco constitucional. El candidato propuesto por el Rey está obligado a negociar para concitar la confianza. En cambio, se ha querido convertir la investidura en la mera proclamación del aspirante, sin más. No ha habido llamada a la confianza que exige la Constitución, sólo al asentimiento; como si 123 diputados fuesen suficientes para rendir al adversario al que, además, se le exige que renuncie al ejercicio de su función constitucional.
La política se ha convertido en problema (inestabilidad); y su antídoto, se nos dice, es el bipartidismo (gobernabilidad). En el altar de la estabilidad (política) hay que sacrificar todos los males (de la política); es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias. Como afirmara Ortega, «todo español lleva dentro, como un hombre muerto, un hombre que pudo nacer y no nació, y claro está que vendrá un día, no nos importa cuál, en que esos hombres muertos escogerán una hora para levantarse e ir a pediros cuenta sañudamente de ese vuestro innumerable asesinato». El hombre muerto, el desesperanzado, el resignado, al final, exigirá responsabilidades.
Ramón Rivera lagaceta.eu 14 Octubre 2019
Me entero por los medios de la aprensión de un “hermano Yihadista” de nacionalidad marroquí (casualidad) que estaba “jugando al Cheminova” y ¡Lo que es el destino! ¡sorpresivamente! le apareció una sustancia detonante que “las represoras fuerzas del orden” vinieron en llamar “LA MADRE DE SATÁN”. Hechos como este enturbian la imagen de nuestro país como crisol de razas y foro de acogida de diversas culturas enriquecedoras de los saberes patrios. Y es que, si analizamos nuestra aptitud sin apasionamientos xenófobos, hemos de colegir el gran acierto que supuso abrir al mundo nuestra patria, donde existían oficios tradicionales y artes propias que iban languideciendo tendentes a desaparecer porque los españoles no querían cultivarlas.
Como consecuencia nuestras estaciones, plazas y mercados adolecían de falta de carteristas, descuideros y atracadores, nuestros trabajadores bancarios se veían privados de la adrenalina que supone un atraco a mano armada y nuestras ancianitas no hacían ejercicio dado que nadie entraba en sus corrales para sustraerle el ganado.
Hoy, estas carencias se han visto cubiertas por la eficacia y el buen hacer de nuestros dirigentes políticos que no han cejado en su labor de crear medios de apoyo para los visitantes y “emprendedores” que han dado un nuevo impulso a la industrialización de las actividades delictivas fomentando la creación de equipos, de ahí el éxito de un fenómeno de reciente implantación: las manadas y los menas, que han contribuido a revitalizar el sector de fabricantes albaceteños de navajas “de mariposa” y estiletes tan necesarias para el desarrollo de la labor delincuencial. Y por no decir del resurgir de antiguos gérmenes de innegable valor histórico, ¡volvemos a ser la España de la sarna y las venéreas! Y si hablamos de la dedicación que esta nueva sabia juvenil ha dado a las modernas tendencias sociales como p.e. la creación de nuevos “huertos urbanos” que han acercado el cultivo de la mariguana a nuestra ciudadanía que, por pereza, estaba cayendo en el consumo de las llamadas “drogas de diseño”. Hoy, nuestros índices de delincuencia están en periodo alcista y no resulta utópico el aventurar que pronto superaremos a Río de Janeiro o México capital, urbes muy reputadas a nivel internacional en este aspecto. Y cierro esta introducción elogiando la incorporación de los idiomas en nuestra vida diaria, y así nuestros antiguos “puteros”, que se limitaban a solazarse soezmente con alguna aborigen de pueblo que lo máximo que podían ofrecer como regalo promocional era alguna ladilla proveniente del esquilado de las ovejas lachas, hoy pueden practicar idiomas mientras amasan con fruición las carnes prietas de alguna beldad importada. ¡Eso se llama instruir deleitando! En fin, sólo nos resta decir a voz en grito ¡VIVA EL PROGRESO!
Y volviendo a lo que nos ocupa estimulado por la noticia me vuelco en las hemerotecas y salta a mis ojos una curiosa información:
Un yihadista armado con un cuchillo de grandes dimensiones ataca a una agente de policía. La aludida, al ver su vida en peligro, hace uso de su arma reglamentaria, repeliendo la agresión, por lo cual, ESTÁ SIENDO INVESTIGADA .
2.- LA PARODIA​
El yihadista entra en la comisaría esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y profiriendo todo tipo de insultos y soflamas sobre el exterminio de los infieles. Una agente de policía vestida con burka lo recibe amablemente y le informa de la situación en los siguientes términos: ¡Bienvenido a esta humilde dependencia de “ la nación pacifista y de acogida” ! Por favor, tenga la bondad de cubrir este cuestionario sobre las medidas y otras características de su arma blanca, al objeto de cumplir la normativa que recoge el principio de PROPORCIONALIDAD en cuanto a la respuesta ciudadana ante una agresión. Una vez cubierto, la agente se disculpa sin que el burka permita apreciar su sonrojo. ¡Lo siento hermano yihadista pero el “cuchillo cachicuerno” de 14 cm y hoja de doble filo no está incluido en nuestra equipación, por lo cual, tendré que desplazarme a alguna ferretería para adquirir uno para esta ocasión! El yihadista babea espuma por la boca y profiere un sinfín de maldiciones. La agente le previene ¡Por favor, modere sus impulsos o me veré obligada a hacer uso del matasuegras reglamentario! Al objeto de calmarlo le comunica que en tanto espera puede pasar a la sala VIP, donde podrá degustar un surtido de brochetas hechas con carne de cordero sacrificado mirando a la meca por gentileza de las ONG: “Sicarios Pacifistas”, “Asesinos Angelorum” y “Goma 2, para los normales” también nos hemos permitido incluir un pequeño set de asistencia en viaje que incluye geles íntimos para facilitar su dura labor de desflorar a las 40 vírgenes con las que será premiado en el paraíso. A las dos horas vuelve la agente con un cuchillo comprado a crédito en la armería de El Corte Inglés. Pide humildemente disculpas: ¡Perdón! pero con las subvenciones aprobadas a distintas causas humanitarias han mermado los recursos destinados a nuestra dotación de equipo, por lo cual, me he visto obligada a hacer uso de mi tarjeta de crédito, lo que ha dificultado el proceso de compra. En ese momento adopta una actitud de entrega esgrimiendo el cuchillo sin convicción y le dice: nuestro protocolo contempla que hemos de ser víctimas de lesiones graves para responder con la fuerza, por lo cual, le ruego tenga la bondad de propinarme un par de cuchilladas, a ser posible que no interesen el hígado, la “supuesta” agresión será filmada y posteriormente sometida al dictamen de un comité integrado por delincuentes y psicópatas de reconocida solvencia especializados en los delitos de maltrato policial. Su dictamen me exonerará ante la posibilidad de posibles sanciones. Yo le responderé con reproches para evitar que me abran expediente. En este momento, el terrorista pone los ojos en blanco y habla en correcto español, aprendido en la escuela de su país natal (Navalmoral de la Mata) y dice: ¡Malditos infieles, no basta con las puñeteras consignas del Imán y ahora vienen estos a tratar de volverme loco, reniego de la Yihad y me hago cartujo! En ese momento, los políticos de nuevo cuño y algunas agrupaciones judiciales emiten un comunicado conjunto ensalzando las nuevas actitudes de las fuerzas represivas para alcanzar la paz universal.
Esta parodia es el fruto de la indignación y se cierra con un grito desgarrado de ¡Basta ya! ¡Basta ya de políticos oportunistas, cobardes y demagogos! ¡Basta ya de estamentos responsables incompetentes que se pliegan ante estos jerarcas permaneciendo indiferentes mientras un grupo de delincuentes salvajes, lesiona y humilla a nuestra Guardia Civil! ¡BASTA YA DE UNA POLICÍA MANIATADA!
Antonio García Fuentes Periodista Digital 14 Octubre 2019
Carlos Dávila okdiario 14 Octubre 2019
La sentencia no puede acabar en nada
larazon 14 Octubre 2019
Si ya es deplorable que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo parezca decantarse por condenar por delito de sedición, es decir, en el ámbito de los desórdenes públicos, a los líderes separatistas catalanes que impulsaron el proceso de independencia y actuaron desde las propias instituciones democráticas para atentar contra el orden constitucional –lo que a juicio de la Fiscalía, y de una mayoría de los ciudadanos, constituye un acto de golpismo que hubiera sido merecedor del reproche penal por rebelión–, la sociedad no acabaría de aceptar que los condenados pudieran verse favorecidos por unos beneficios penitenciarios que sólo se otorgan con cuentagotas al resto de los reclusos.
De ahí, que debamos apelar a los magistrados actuantes, dado el hecho de que la sentencia todavía no ha sido firmada y notificada, a que estimen la petición fiscal de que se fije el mínimo de cumplimiento para que los reos puedan progresar al tercer grado y atenuar su régimen de vida carcelaria. Porque el precedente de Oriol Pujol, favorecido descaradamente por el departamento de prisiones de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas la competencias, permite sospechar lícitamente de una nueva muestra de ingeniería penitenciaria, mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento correspondiente, que podría poner en la calle, literalmente, a los condenados tras una breve estancia en las cárceles de la Generalitat.
Dado, además, que la interposición de los recursos de la Fiscalía, del juez de vigilancia o de la Audiencia Provincial, no paraliza cautelarmente las decisiones de las junta de tratamiento, podemos encontrarnos con un nuevo capítulo del desafío de una Generalitat en manos de los enemigos del Estado y, una vez más, amparados por la propia legalidad española, la misma que pretenden destruir. Somos perfectamente conscientes de los padecimientos que supone el cumplimiento de una pena de prisión y de que, de acuerdo al principio constitucional, la misma debe orientarse a la educación y reinserción social del delincuente. Pero, precisamente por ello, debemos insistir, frente a falsos humanitarismos, no sólo en la gravedad de los hechos protagonizados por los encausados, sino en la contumacia con que justifican sus actuaciones y en la ausencia del menor arrepentimiento.
Las expresiones de «lo volveremos a hacer», en boca, una vez más, de unos representantes políticos, como el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, obligados por sus cargos a cumplir y hacer cumplir la ley, aconsejan que se vele por el respeto a la normativa del Código Penal, que establece con claridad que los reos condenados a más de cinco años de prisión no podrán progresar al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta. Y, mucho menos, sería tolerado por la opinión pública, que una sentencia de prisión pudiera convertirse en moneda de cambio política o en herramienta de negociación con los partidos separatistas. Porque si nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se den los pasos necesarios para reconducir las situación en Cataluña, ese proceso político no puede pasar por la abdicación de las instituciones del Estado a la hora de hacer respetar el orden constitucional, en virtud de no se sabe qué compromisos.
La falta de contundencia ante algunas de las peores manifestaciones de deslealtad de los separatistas, la equidistancia mantenida durante demasiado tiempo por la izquierda entre quienes defendían la Constitución y quienes no dudaron a la hora de tratar de romperla, y el desistimiento ante los reiterados incumplimientos de la legalidad, nos llevaron fatalmente a los días negros de octubre de 2017, con la Generalitat de Cataluña y el Parlamento autónomo actuando unilateralmente para separar una parte del territorio español.
EDITORIAL ESdiario_com 14 Octubre 2019
Gabriel Albiac ABC 14 Octubre 2019
Hay condena. Y no me preocupa a mí que sea mayor o menor su cuantía. Me preocupa que se cumpla. Porque vivimos en una democracia, cuando menos extraña. Que a los golpistas de 2017 puedan caerles penas de cárcel entre 9 y 13 años en vez de veintidós es, sin duda, importante. No lo es tanto, si uno toma en consideración la edad que debe tener ahora un Junqueras. Entrar a los cincuenta en presidio y salir pasados los sesenta es haber perdido el último tren de la vida. Más lo habría perdido, de salir septuagenario. Pero un mazazo así, aun en su cifra menos alta, marca el fin de un individuo. Son las reglas del juego: en un golpe de Estado destruyes o te destruyes. Si los de Junqueras hubieran ganado, España hoy no existiría. Derrotados, es de lógica que pasen ellos a ser inexistentes. Moralmente inexistentes.
Isabel San Sebastián ABC 14 Octubre 2019
¿Cuando el parlamento de Cataluña proclamó el establecimiento de una «República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social», qué estaba subvirtiendo, el orden público o el orden constitucional? ¿Cuando el entonces presidente Puigdemont declaró: «Asumo al presentarles los resultados del referéndum el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», qué pretendía dinamitar, la paz en las calles o la unidad indisoluble de la Nación española, el principio de soberanía residenciado en el pueblo español y la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, consagrados en nuestra Carta Magna? No soy experta en leyes y por tanto me abstendré de discutir los fundamentos jurídicos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, cuya solidez doy por sentada. El sentido común y la lógica, no obstante, son atributos carentes de vinculación con una titulación académica y tanto el uno como la otra gritan a los cuatro vientos que lo sucedido en Cataluña en octubre de 2017 fue un atentado flagrante contra los tres pilares de la Constitución recogidos en su título preliminar. Una concatenación de actos perfectamente orquestados por las máximas autoridades autonómicas, con el auxilio de algunos peones integrados en presuntas entidades culturales, destinados a imponer unilateralmente la segregación de una región de España. O, en palabras del Código Penal al tipificar el delito de rebelión, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» mediante un «alzamiento violento y público». Condenar a los autores de esa intentona por un delito de sedición, definido como «alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales», es descafeinar mucho lo acontecido o tomarnos por idiotas.
Firmeza del Estado ante la sentencia
Editorial El Mundo 14 Octubre 2019
Más allá del terreno del orden público, con el fallo se abre un nuevo capítulo en la trascendental batalla por el relato
Son horas de máxima tensión. Un millar de independentistas cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona y un radical fue detenido tras agredir a un policía en la estación de Sants. Es el ensayo general de la reacción insurgente bien engrasada por organizaciones secesionistas como respuesta a la sentencia del procés que previsiblemente el Supremo va a hacer pública hoy. Como adelantó EL MUNDO, los cabecillas del 1-O serán condenados por sedición tras un juicio intachable en lo procesal que reafirma la fortaleza de nuestro Estado de derecho ante el mayor desafío a la democracia española en estas cuatro décadas. Nadie está por encima de la ley, principio básico que rige la convivencia de toda sociedad democrática. Pero la irresponsable clase política que promueve de forma ilegal la independencia en Cataluña primero actuó como si estuviera por encima del bien y del mal y ahora exige una impunidad -incluida la vergonzante demanda de indultos- que sería tanto como otra estocada a la Constitución, por otros medios.
La Norma Fundamental garantiza el derecho al pataleo de cuantos quieran manifestarse en contra de la sentencia, mientras lo hagan de modo pacífico y con arreglo a las leyes. Pero tanto las arengas desde la Generalitat, empezando por Torra, como los llamamientos de distintas plataformas secesionistas o de los filoterroristas CDR nos sitúan ante un clima casi insurreccional en el que se alientan acciones tumultuarias violentas que exigen como freno la máxima determinación del Gobierno, sin descartar la activación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional. Confiemos en que los mandos de los Mossos estén a la altura de su deber. De los actuales dirigentes catalanes poco cabe esperar, máxime porque el presidente del Parlament ya ha anunciado que alentará una ofensiva contra el Estado de derecho, en claro desafío al Constitucional que le acaba de advertir de que puede incurrir en responsabilidades penales.
Más allá del terreno del orden público, con el fallo se abre un nuevo capítulo en la trascendental batalla por el relato que desde la órbita independentista se viene falsificando en el exterior con relativo éxito gracias también a la desidia de los sucesivos Gobiernos de España. Estos últimos dos años, sin ir más lejos, han sido un valioso tiempo perdido en el que la diplomacia hubiera debido contrarrestar la propaganda golpista y voces como la del fugado Puigdemont. Menos mal que al fin, como hoy publicamos, Moncloa ha diseñado un plan destinado a la opinión pública internacional que pasa por la movilización de nuestros embajadores y por una interlocución muy activa de los ministros con sus homólogos de países aliados claves. España debe ser capaz de desmentir las falacias del independentismo que intentará colar el mensaje de que se condena a unos políticos por sus ideas y no por unos gravísimos hechos tipificados en el Código Penal. Son días decisivos. El Gobierno cuenta para afrontarlos con el apoyo de los partidos constitucionalistas, una ayuda que no debiera dejar caer en saco roto.
Editorial ABC 14 Octubre 2019
Los partidos políticos están llamados a reaccionar ante la sentencia del «procés», que hoy ha condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 11 a otros líderes del «procés», no equivocando el verdadero problema. El problema nunca será la Sala Segunda del TS, sino el separatismo catalán. Por eso es encomiable que tanto el PP como Ciudadanos hayan anticipado su apoyo al Gobierno en funciones para hacer frente a las reacciones de los nacionalistas, tanto de la Generalitat como de sus partidos políticos y sus asociaciones cívicas. Sería temerario que el fallo judicial que condena a severas penas de prisión a los nueve acusados actualmente encarcelados fuera causa de división entre los partidos nacionales. Si PSOE, PP y Ciudadanos se tiraran la sentencia a la cabeza, ganaría el nacionalismo catalán, y esto es algo que el Estado no se merece. T
ambién, por esta necesidad de consenso político, Sánchez debe cuidar la intervención pública que tiene anunciada para valorar la sentencia. Utilizar el «ya lo dijimos» por la condena que han recibido los acusados por el delito de sedición rompería la unidad de acción política que va a necesitar el Gobierno que preside en funciones para responder a las provocaciones del nacionalismo. Porque va a haber provocaciones y, probablemente, violentas. Entonces, ese acuerdo necesario entre los tres partidos que se oponen al secesionismo deberá tomar cuerpo en iniciativas conjuntas, ahora entre las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y mañana, con la nueva legislatura, promoviendo reformas legales que demuestran que se ha aprendido la lección. La sentencia del «procés» será una auditoría a la capacidad penal del Estado frente al independentismo y, en función de lo que diga, puede marcar la pauta de una reforma penal que, por ejemplo, elimine el requisito de la violencia en el delito de rebelión y lo prevea como agravación de la pena. Y no olvidemos la ley de Partidos Políticos y sus medidas de ilegalización de formaciones antidemocráticas. Así quizá los nacionalistas se sientan disuadidos de hacer declaraciones unilaterales de independencia o de tejer procesos separatistas bajo la sonrisa de hiena que muestran siempre los nacionalismos identitarios.
Los jueces llegan hasta el límite que les marca el principio de legalidad. Ni deben superarlo, ni deben suplir al legislador en sus carencias. La responsabilidad de que el Código Penal refleje adecuadamente los delitos que el Estado ha de perseguir recae en los representantes políticos de la nación. Sánchez, Casado y Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años. Si no, los jueces volverán a cargar con responsabilidades ajenas.
María Jamardo okdiario 14 Octubre 2019
Por su parte, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha sido sentenciada a 11 años y medio de prisión dado que el tribunal entiende que su actuación al frente de la Cámara legislativa catalana fue esencial para dar soporte a la aprobación de las herramientas de desconexión. Normas que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.
Los magistrados se han mostrado unánimes a la hora de considerar que el delito que cometieron los líderes del ‘procés’ fue el de sedición. Un tipo penal en el que incurren aquellos que "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Penas en grado máximo
Por ello, la condena final "no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos".
ERC exigió a Sánchez que la sentencia permita beneficios penitenciarios inmediatos para los golpistas
OKDIARIO 14 Octubre 2019
El magistrado Manuel Marchena ha tenido que lidiar en la sentencia del golpe separatista del 1-O con una fuerte presión externa. No sólo de los separatistas para no aplicar el tipo de rebelión, sino también, para que la resolución final deje las manos libres a PDeCAT o ERC para que puedan reducir desde Cataluña y hasta el ridículo el cumplimento efectivo de las penas impuestas.
Y, eso es lo que parece que van a lograr si hoy se confirma la sentencia del Tribunal Supremo en la que no se prohíbe, tal y como queda dentro del poder del Alto Tribunal, erradicar los beneficios penitenciarios hasta que los condenados no hayan cumplido la mitad de las penas impuestas.
La postura de impedir los beneficios penitenciarios hasta haber cumplido efectivamente la mitad de la pena impuesta a causa de la gravedad de los hechos probados había sido defendida hasta el final por la propia Fiscalía.
En su escrito final, los fiscales del Tribunal Supremo piden al Tribunal del 1-O que la sentencia incluya lo que técnicamente se denomina como la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal: "Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En este caso, y tomando como ejemplo la pena prevista para Oriol Junqueras, sólo tras cumplir siete años -la mitad de su pena prevista de 14 años de privación de libertad-, deberían habérsele aplicado los beneficios penitenciarios. Pero eso hubiera sido en caso de haber aplicado el Supremo el artículo 36.2 del Código Penal. Al no haberlo hecho, los beneficios penitenciarios pueden aplicarse antes de esos 7 años de cárcel.
El Ministerio Público pidió este articulo para evitar que se repitiera la situación generada en el caso Oriol Pujol, al que la Generalitat de Quim Torra consiguió aplicar el tercer grado penitenciario, dos meses después de ser encarcelado por el caso de corrupción de las ITV.
Tal y como ha sido filtrada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, la resolución y el texto final no exigen la aplicación de esta prohibición de dar beneficios penitenciarios hasta pasar la mirad del tiempo de condena en prisión.
De ese modo, salvo un giro de última hora, la Generalitat podrá repetir la escena del caso Oriol Pujol.
Y causalmente el redactado actual de la sentencia ha sido el defendido por PDeCAT y ERC en este punto concreto. Y lo ha sido así, hasta el punto de que ERC no ha dejado de exigir a Pedro Sánchez la erradicación en la sentencia del 36.2 del Código Penal. Lo ha hecho, además, en las negociaciones llevadas a cabo para garantizar los apoyos necesarios del socialista de cara a su investidura como presidente del Gobierno.
Mariano Gomá ABC 14 Octubre 2019
Estamos asistiendo este otoño al doloroso y triste declive del procés catalán y todavía nos quedan las protestas y movilizaciones, quizá violentas, como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los políticos en prisión. Las acusaciones por desobediencia de Torra, al que no puedo llamar ni president, el encarcelamiento de los aprendices de terrorista, las elecciones generales del 10-N y las posibles catalanas, así como la pérdida de todos los recursos interpuestos por la Generalitat en Europa y por doquier, van a crear un clima propicio al desorden, que confío resuelvan para bien las autoridades del Estado, así como también la sociedad civil organizada.
Pasada la tormenta, sería de ilusos confiar en que el conflicto haya concluido. Por un lado las condenas en firme, la firmeza institucional controlando la comunidad autónoma, los deseables pactos de Estado y, si se me permite, una potente colleja económica a los «chicos de la gasolina y las bombas», como dijera Arzalluz, CDR, que mordiera sus economías y las de sus familiares, posiblemente desactivaran el conflicto devolviendo una cierta normalidad en la convivencia y recuperando la alegría, hoy secuestrada, a Cataluña y los catalanes, pero a todos los catalanes sin buenos y malos.
No nos engañemos, los estertores del insulto y las miradas encendidas de odio de los enfermos violentos de la secta, así como la frustración de tantos catalanes contaminados por el constante adoctrinamiento no se diluirá como un azucarillo. Lo vamos a seguir sufriendo con guerra de guerrillas que continuará afectando a la pacífica convivencia. Y a todo ello, el efecto retardado del adoctrinamiento en escuelas, TV3 y afines con las brujas y brujos, heridos de muerte y sin suculentos honorarios esparcirán veneno a granel.
A pesar de los pesares de quienes pretenden la ruptura, España no se va a dividir porque nuestro país sigue cargado de cultura, de historia común secular y de una diversidad emocional y lingüística como no tiene otro país en el mundo. Llevamos siglos conviviendo en un territorio regado con la sangre de todas las civilizaciones y ese arraigo nos hace indestructibles, por lo que un puñado de fanáticos van a diluirse ante la tromba de más de cuarenta millones de españoles.
Sobre todo la sociedad civil va a responder, se va a plantar con contundencia y va a decir basta. Una nación emergida de una larga dictadura para alcanzar los niveles de progreso de los que disfrutamos no va a permitir que advenedizos u oportunistas de medio pelo pongan en peligro nuestra estabilidad. La sociedad civil española reconozcamos que no ha sido un prodigio de organización, pero paso a paso avanza en coordinación con las múltiples asociaciones y grupos de pensamiento que hoy día disparan a corto alcance, permeabilizan poco en el tejido social y su voz se pierde en el viento; hasta que, con seguridad, de pronto todo se amplificará sonoramente en defensa de España.
El primer experimento tuvo lugar en Barcelona los pasados 8 y 29 de octubre de 2017 donde atendiendo a la llamada de Societat Civil Catalana, los catalanes silenciosos y silenciados hablaron por fin, sonando su voz fuerte y clara. Aquel hecho sin precedentes indicó sin duda el camino que una ciudadanía unida debe seguir para demostrar que no vale todo y que ante cualquier peligro y agresión responderá con toda la fuerza de la razón y el sentimiento de nación. Hace pocos días toda la prensa nacional, escrita y digital, publicó una página cuyo lema fue «España está preparada para decir basta», suscrita por Foro España de la Solidaridad y el Progreso con las adhesiones de asociaciones civiles existentes ya en diversos territorios, y eso no ha sido más que una llamada de alerta a la ciudadanía que debe estar preparada para actuar con contundencia, en paz y democracia, en la opinión pública o en la calle, en el caso de que nuestro país se vea agredido en sus estructuras básicas; por supuesto alertando a la clase política y los partidos de que tienen la responsabilidad de la salvaguarda de España y nuestra Constitución.
Somos muchos los que estamos dispuestos a encabezar el movimiento de la sociedad civil como ya hicimos en su momento en Barcelona, necesitando solo el apoyo y aliento de los ciudadanos españoles que no queremos asistir al declive y destrucción de nuestro país, pues en ello nos va el progreso y el prestigio tan duramente conseguido en Europa y en el mundo.
Debemos por tanto estar preparados para dar un ejemplo de civismo y patriotismo pues tenemos al mundo pendiente de ello. De verdad que no haría semejantes aseveraciones si no estuviera convencido de que efectivamente España está preparada. Amén.
Mariano Gomá fue presidente de Sociedad Civil Catalana y fundador de Foro España
ERC reclama el control de los jueces de vigilancia penitenciaria tras el 10-N para soltar a los golpistas
Carlos Cuesta okdiario 14 Octubre 2019
ERC no deja de aumentar sus exigencias a un hipotético futuro Gobierno de Pedro Sánchez. Y una de ellas, en especial, va dirigida a lograr que los presos golpistas que condenará el Tribunal Supremo a prisión puedan abandonar la cárcel de forma rápida y sin cumplir ni por lo más remoto la condena establecida por el Alto Tribunal. Esa exigencia pasar por el control autonómico de los jueces de vigilancia penitenciaria, los encargados de aplicar los beneficios penitenciarios a los presos.
ERC ya reclamó en el pasado esta competencia. Pero ahora cobra una especial importancia a la vista de que su jefe Oriol Junqueras es uno de los golpistas a los que condenará el Supremo.
La petición de los republicanos choca, además, con el bloqueo del Tribunal Constitucional a la fragmentación y cesión del Poder Judicial que ya pretendió efectuar Rodríguez Zapatero en la elaboración del Estatuto catalán. Pero, pese a ello, ERC no cesa en su intento de lograr el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Es más, el PSOE tampoco se ha negado a este traspaso. Todo lo contrario: el propio presidente en funciones Sánchez ha admitido su deseo de recuperar la totalidad del texto del Estatuto catalán tumbado en parte por el Constitucional.
La fórmula planteada a ERC para lograr este traspaso coincide con la negociada con el PNV. Esta entrega exigiría una reforma de la legislación del Poder Judicial y debería sortear el grave problema mencionado: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria -los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles-.
Ese nuevo Estatuto vasco parte de un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”. Y se concreta con la “creación de un Consejo de Justicia” del País Vasco o de Cataluña, como “órgano de gobierno de la Administración de Justicia”. Un órgano en el que pretenden incluir el control de esos jueces de vigilancia penitenciaria.

References: Artículo 472

Artículo 544
 artículo 99
 artículo 100
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 resolución