Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=224&lang=es
Timestamp: 2017-07-21 04:48:10+00:00

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Agresión sexual, Crímenes de lesa humanidad, Derecho a la honra y la intimidad, Derecho a la integridad personal, Derecho al nombre, Derechos de los niños y las niñas, Desaparición forzada, Dignidad, Esclavitud, Familia, Garantías judiciales y procesales, Genocidio, Igualdad ante la ley, Libertad de asociación, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, Personalidad jurídica, Propiedad privada, Protección judicial, Responsabilidad internacional del Estado, Servidumbre Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) , Artículo 12 (Libertad de conciencia y de religión) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 18 (Derecho al nombre) , Artículo 19 (Derecho de niño) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Convención sobre los Derechos del Niño – Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – Naciones Unidas, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas – Naciones Unidas, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes – Organización Internacional del Trabajo, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional – Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – Naciones Unidas, Principios rectores de los desplazados internos – Naciones Unidas Hechos
- Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala, entre 1962 y 1996. La Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos. En ese contexto, se realizaron una serie de masacres que son objeto del caso. Las masacres que involucran el presente caso son las del 04 de marzo de 1980 en la capilla de Río Negro, la masacre de 13 de febrero de 1982 en la Aldea de Xococ, la de 13 de marzo de 1982 en el Cerro de Pacoxom, la de 14 de mayo de 1982 en “Los Encuentros” y la masacre del 14 de septiembre de 1982 en “Agua Fría”. - El 04 de marzo de 1980 fueron ejecutados siete líderes de la comunidad Río Negro, otros dos líderes fueron también ejecutados ese mismo día. El 13 de febrero de 1982 aproximadamente 70 personas, entre hombres, mujeres y niños, de la comunidad de Río Negro fueron trasladadas a Xococ, de las cuales solo regresaron 2 personas a Río Negro. El 13 de marzo del mismo año, los patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas de Río Negro que se encontraban presentes. Los cadáveres de las personas masacradas lanzados a una quebrada cercana o a una fosa. Durante la masacre, los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro que fueron obligados a vivir con miembros de la Comunidad Xococ. - En la masacre del 14 de mayo fueron asesinadas por lo menos 79 personas y luego el 14 de septiembre, 92 personas. Las personas que lograron escapar de las distintas masacres perpetradas se refugiaron en las montañas, algunos por años, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y moviéndose continuamente a fin de huir de los soldados y patrulleros que los perseguían aún después de las masacres. Además, los integrantes de la comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre pues el ejército y los patrulleros destruían los sembradíos que lograban tener. Algunas mujeres dieron a luz en la montaña, y sólo pudieron registrar a sus hijos tiempo después, con fechas y lugares de nacimiento falsos, para protegerlos. - Al entrar en vigor una ley de amnistía del año 1983, algunos sobrevivientes de las masacres fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, continuó en dicho lugar. Al menos 289 sobrevivientes de las masacres de Río Negro aún residen en la colonia semiurbana de Pacux cuyas condiciones de vida en la colonia Pacux son precarias y las tierras no son adecuadas para la agricultura de subsistencia. Además, el reasentamiento implicó la pérdida de la relación que la comunidad tenía con su cultura, recursos naturales y propiedades y del idioma Maya Achí.
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 24 y 25 en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro. Asimismo, solicitó que se declare el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. - Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la CIDH. No alegaron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos I de la Convención sobre Desaparición Forzada, y 1, 6 y 7 de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, adicionalmente a los alegatos de la Comisión, los representantes estimaron violado el derecho reconocido en los artículos 4 y 18 de la Convención Americana. - Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 19 y 20 de junio de 2012.
30. El Estado precisó que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978, pero que aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Asimismo, señaló que la competencia del Tribunal no puede ser retroactiva en virtud de que en el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte el Estado expresó que tal reconocimiento es aplicable a “casos sucedidos con posterioridad a la fecha [en] que esta declaración fuera presentada al Secretario de la Organización de Estados Americanos”, lo cual ocurrió el 9 de marzo de 1987. (…) No obstante, el Estado también reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en relación con algunas de las violaciones alegadas por la Comisión y los representantes. 36. A efectos de determinar si tiene o no competencia para conocer un caso o un aspecto del mismo, de acuerdo con el artículo 62.1 de la Convención Americana, el Tribunal debe tomar en consideración la fecha de reconocimiento de la competencia por parte del Estado, los términos en que el mismo se ha dado y el principio de irretroactividad (…). Aun cuando el Estado está obligado a respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana desde la fecha en que la ratificó, la competencia de la Corte para declarar una violación a sus normas se rige por el referido reconocimiento por parte del Estado. 38. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte tiene competencia para conocer los hechos y las presuntas violaciones de derechos humanos relativas a las desapariciones forzadas (…); la falta de investigación imparcial y efectiva de los hechos (…); la afectación a la integridad personal de los familiares y sobrevivientes en relación con la investigación de los hechos (…); la falta de identificación de las personas ejecutadas y desaparecidas (…); la “destrucción del tejido social de la comunidad” (…), y el desplazamiento forzado (…). Reconocimiento de Responsabilidad Internacional
Derechos a la libertad e integridad personales, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de los miembros de la comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente, y los derechos de los niños de Río Negro desaparecidos forzadamente, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos 1.1. La desaparición forzada como violación múltiple y continuada de derechos humanos
126. [Respecto a los hechos de la masacre del 14 de mayo de 1982 en Los Encuentros], la Corte señala que tomando en cuenta el contexto y las circunstancias del presente caso, según las cuales la desaparición forzada de personas fue una práctica realizada en Guatemala durante el conflicto armado interno, y el hecho de que hasta el momento, luego de ser obligados a subir a un helicóptero, no se tiene noticia de su paradero, estima que las 17 personas señaladas por los representantes son víctimas de desaparición forzada hasta la fecha. 127. Por todo lo anterior, el Tribunal considera que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, y 7.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, todos ellos en relación con las obligaciones establecidas en el artículo I.a) de la Convención sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de Ramona Lajuj, Manuel Chen Sánchez, Aurelia Alvarado Ivoy, Cornelio Osorio Lajúj, Demetria Osorio Tahuico, Fermin Tum Chén, Francisco Chen Osorio, Francísco Sánchez Sic, Héctor López Osorio, Jerónimo Osorio Chen, Luciano Osorio Chen, Pablo Osorio Tahuico, Pedro Chén Rojas, Pedro López Osorio, Pedro Osorio Chén, Sebastiana Osorio Tahuico y Soterio Pérez Tum. Asimismo, la Corte considera que el Estado, adicionalmente, violó el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Manuel Chen Sánchez, menor de edad al momento de los hechos. II. Derecho a la integridad personal, en relación con el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la obligación de respetar los derechos del niño, la protección de la familia, la libertad de conciencia y religión, y la obligación general de respetar y garantizar los derechos 2.1. Violaciones de los derechos a la integridad personal y a la honra y dignidad de María Eustaquia Uscap Ivoy, por las consecuencias de las violaciones sexuales que sufrió
143. (…) [E]ntre las medidas especiales de protección que deben adoptar los Estados a favor de los niños indígenas, se encuentra la de promover y proteger el derecho de éstos a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia religión y su propio idioma. (…) 144. En casos anteriores, esta Corte ha sostenido que el desarrollo del niño es un concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Para el desarrollo pleno y armonioso de su personalidad, los niños indígenas, de acuerdo con su cosmovisión, preferiblemente requieren formarse y crecer dentro de su entorno natural y cultural, ya que poseen una identidad distintiva que los vincula con su tierra, cultura, religión, e idioma.
2.4. Alegada violación del artículo 16 de la Convención Americana. 167. El artículo 16.1 de la Convención Americana establece que quienes están bajo la jurisdicción de los Estados Partes tienen el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la finalidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad. Asimismo, el artículo 16.2 de dicho tratado establece que el ejercicio del derecho a asociarse libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.
174. Este Tribunal ha establecido que en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o se ponen en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección. Esta situación, conforme a la Convención Americana, obliga a los Estados a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis las actuaciones y prácticas de terceros particulares. 177. (…) [La Corte] considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad con un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas.
3.1. Desplazamiento continuo de la comunidad de Río Negro.
184. En consecuencia, la Corte considera que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro que habitan en la colonia Pacux. IV. Garantías judiciales y protección judicial de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos i de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, 1, 6 y 8 de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y 7.b de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
4.1. Falta de investigación de las masacres sucedidas en la capilla de Río Negro y en Los Encuentros 196. [La Corte señaló que], luego de casi 30 años, los hechos se encontraban en total impunidad. (…) El Estado ha incumplido su deber de investigar ex officio lo sucedido durante las masacres de la capilla de Río Negro y Los Encuentros. Por lo tanto, Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (…).
206. Por lo anterior, el Tribunal considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento
4.3. Investigación de la masacre de Xococ 216. En el presente caso, el Estado no aportó información relevante que le permita conocer el estado actual de la investigación, es decir, el Tribunal no cuenta con información sobre si la investigación está abierta, si se ha continuado con la búsqueda de las víctimas y con la exhumación e identificación de sus restos, en su caso, y si se ha logrado determinar las responsabilidades individuales correspondientes. En esta línea, de conformidad con el amplio reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (…), el Tribunal da por establecido, como lo alegaron la Comisión y los representantes, que luego de las exhumaciones realizadas en el 2001, es decir, hace once años, no ha habido mayor actividad dentro de la investigación. Por lo tanto, en razón de que los hechos de la masacre de Xococ se encuentran en impunidad, la Corte considera que Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento (…).
4.4. Exhumaciones de restos óseos 217. En casos de graves violaciones de derechos humanos, como las de este caso, la exhumación e identificación de las víctimas fallecidas forma parte de la obligación de investigar a cargo del Estado (…). 220. (…) [E]l Tribunal considera que, a pesar de que se han llevado a cabo algunas exhumaciones de restos presuntamente pertenecientes a miembros de la comunidad de Río Negro, el Estado no ha continuado con dichas exhumaciones ni con las investigaciones que permitan la identificación de todos los restos. En opinión del Tribunal, ello continúa acrecentando la incertidumbre de los familiares sobre el paradero de las víctimas, lo que cual afecta su derecho a conocer lo sucedido a éstas. En este sentido, el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (…).
4.5. Falta de investigación de otros hechos 221. Debido a la magnitud y naturaleza de los hechos sucedidos durante las cinco masacres de este caso, aunado al contexto dentro del cual éstas fueron cometidas, este Tribunal ya estableció que el deber de investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables, corresponde de oficio a las autoridades competentes. (…)
232. (…) En el presente caso, en primer lugar, la Corte ya determinó que no tiene competencia para pronunciarse sobre los supuestos hechos de discriminación alegados por la Comisión y los representantes (…). En segundo lugar, por lo que se refiere a la investigación, la Comisión alegó un hecho general, es decir, la sola falta de una investigación diligente, y no hechos concretos y específicos en el marco de dicha investigación de los cuales pudieran derivarse supuestos actos de discriminación, como sucedió en el caso Tiu Tojín. En tal sentido, la Corte no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre esta violación. 4.8. Solicitud de los representantes y de la Comisión para que los hechos se califiquen como “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad”
234. (…) [E]l Tribunal no cuenta con los elementos pertinentes de hecho y de derecho para realizar una calificación como la solicitada por la Comisión y los representantes, en caso de que ello fuera procedente. 235. El Estado tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos los hechos, obligación que se encontraba pendiente al momento del reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Dicha obligación fue reafirmada por el Estado con motivo de la ratificación de la Convención contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada (…).

References: Artículo 1
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 16
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 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
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