Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=28
Timestamp: 2019-05-22 02:37:35+00:00

Document:
Caso 11.607, Informe No. 85/09, Víctor Hugo Maciel (Paraguay)
Casos 11.031 y otros, Informe No. 111/00, Pedro Pablo López González y otros (Perú)
En el Informe No. 80/00, de 24 de octubre de 2000, la Comisión concluyó que el Estado de Nicaragua: a) violó en perjuicio de Milton García Fajardo, Cristóbal Ruiz Lazo, Ramón Roa Parajón, Leonel Arguello Luna, César Chavarría Vargas, Francisco Obregón García, Aníbal Reyes Pérez, Mario Sánchez Paz, Frank Cortés, Arnoldo José Cardoza, Leonardo Solis, René Varela y Orlando Vilchez Florez, el derecho a la integridad, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y b) violó en perjuicio de Milton García Fajardo y los 141 trabajadores que comprende la presente denuncia, los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos económicos, sociales y culturales, protegidos por los artículos 8, 25, y 26 del citado instrumento internacional, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) del mismo.
Según la denuncia, el 26 de mayo de 1993, los trabajadores de aduanas iniciaron una huelga, después de haber gestionado infructuosamente ante el Ministerio de Trabajo la negociación de un pliego de peticiones que demandaba, entre otras cosas, la reclasificación nominal de los cargos propios y comunes de la Dirección General de Aduanas, estabilidad laboral, indexación del 20% de los salarios de acuerdo a la devaluación, etc. El Ministerio de Trabajo resolvió el 27 de mayo de 1993, declarar ilegal la huelga alegando que el artículo 227 del Código de Trabajo no permitía el ejercicio de ese derecho a los trabajadores del servicio público o de interés colectivo. Los peticionarios denunciaron también el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante la huelga realizada por los trabajadores aduaneros el 9 y 10 de junio de 1993.
El 4 de abril de 2001 la Comisión aprobó el Informe Nº 56/01 (Informe Artículo 51), en el cual reiteró al Estado de Nicaragua las conclusiones y recomendaciones contenidas en su Informe 80/00; y el 11 de octubre de 2001, adoptó su Informe de Fondo Nº 100/01 (Informe Artículo 51 – Publicación), a través del cual dispuso la publicación de los informes mencionados anteriormente y reiteró, una vez más, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe 80/00.
Con posterioridad a esos hechos, el Estado manifestó a la Comisión -en reiteradas oportunidades- que la primera recomendación formulada no era de posible cumplimiento, toda vez que, en aplicación de la legislación interna, había operado la prescripción de la acción penal.
Por otra parte, la CIDH observa que, con el objeto dar cumplimiento a la segunda recomendación, el Estado y 113 víctimas suscribieron el 7 de junio de 2007 un “Acta de Acuerdos y Compromisos” (a la cual adhirieron posteriormente 20 trabajadores más). En dicho acuerdo, Nicaragua se comprometió a pagar la cantidad de 125 mil Córdobas a cada una de las 144 víctimas de este caso, en un plazo de 5 años; a reconocer las cotizaciones no gozadas y aportadas al INSS correspondientes a los 14 años no laborados; y a realizar los mejores esfuerzos para la reincorporación gradual de los peticionarios ex trabajadores de la Aduana a las labores del sector público. Por otra parte, consta a la CIDH que, en un principio, no se logró concretar un acuerdo respecto de 6 peticionarios.
El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones. El Estado no aportó información.
Los co-peticionarios CEJIL y CENIDH el 7 de noviembre de 2013 informaron que no tenían observaciones para presentar. Por otra parte, el Sr. Alfredo Barberena Campos, víctima en el caso, y su representante manifestaron que el Estado no ha cumplido con los compromisos suscritos el 7 de junio de 2007. Asimismo, el 23 de septiembre de 2013, la CIDH recibió una comunicación de veinticinco integrantes de una comisión de ex trabajadores de Aduanas dirigida al CENIDH en la que declaran que el Estado continúa incumpliendo las recomendaciones del Informe 100/01 a pesar de múltiples gestiones realizadas ante las instituciones correspondientes.
La CIDH toma nota del acuerdo suscrito entre el Estado y la mayoría de las víctimas en el año 2007 y vuelve a instar al Estado a presentar los parámetros en los cuales se basaron las cifras de indemnización de dicho acuerdo. En relación con la investigación para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las lesiones ocasionadas en perjuicio de las víctimas, la CIDH reitera al Estado que es su obligación investigar y sancionar a quienes resulten responsables de violaciones a derechos humanos.
Con base en lo anterior, la CIDH concluye que el Estado ha dado un cumplimiento parcial de sus recomendaciones. En consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 77/02 de fecha 27 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado paraguayo: a) había violado, respecto a Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana en lo que se refiere a los hechos posteriores al 24 de agosto de 1989; y b) había violado respecto a Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, los derechos de protección contra la detención arbitraria y a proceso regular establecidos por los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por los hechos acaecidos con anterioridad al 24 de agosto de 1989.
En el 2010 la Comisión solicitó información actualizada a las partes. Mediante nota de 22 de noviembre de 2010 el Estado solicitó una prórroga de dos meses para atender la solicitud de información sobre el cumplimiento de las recomendaciones, entre otras razones, porque desconocía el paradero de los peticionarios. Al cierre del presente Informe Anual, las partes no habían presentado información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH.
Por ello, la Comisión concluye que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento y seguirá supervisando las mismas.
En el Informe Nº 85/09 del 6 de agosto de 2009, la Comisión concluyó que el Estado paraguayo había violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19, 25 y 8 de la Convención Americana. En resumen, los alegaron que el niño Víctor Hugo Maciel, de 15 años de edad, fue reclutado el 6 de agosto de 1995 para prestar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el Ejército del Paraguay, a pesar de que sus padres se opusieron expresamente; y que falleció el 2 de octubre de 1995 a consecuencia de una sobrecarga de actividades físicas, conocidas en Paraguay como “descuereo”, en castigo por una falta cometida durante los llamados “ejercicios de orden cerrado”. Los peticionarios indicaron que el menor Maciel sufría la enfermedad de Chagas en su etapa crónica, cuyas manifestaciones más evidentes eran las relacionadas con alteraciones del corazón. Los peticionarios alegaron que se inició una investigación sumaria en el fuero militar, siendo la causa sobreseída el 4 de diciembre de 1995 y, paralelamente otra investigación en el fuero ordinario, dada la difusión de los hechos por medios periodísticos y por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores del Congreso, la cual tampoco avanzó.
El 8 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el Informe Nº 34/05, conforme al artículo 50 de la Convención Americana, siendo notificado al Estado de Paraguay el 20 de abril de 2005 con un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones. En comunicación de 17 de junio de 2005, el Estado solicitó la suspensión del plazo establecido en el artículo 51 (1) de la Convención y solicitó formalmente la posibilidad de negociar un acuerdo de cumplimiento con los peticionarios sobre la base del reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos que originaron este caso, lo cual fue aceptado por los peticionarios. El 22 de marzo de 2006, los representantes del Estado y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa.
En el Informe No. 85/09 la Comisión concluyó que, a pesar de los importantes avances alcanzados para cumplir el Acuerdo de Cumplimiento de 22 de marzo de 2006, el Estado cumplió parcialmente la recomendación realizada por la CIDH en el Informe Nº 34/05, relativa a la obligación del Estado de investigar los hechos denunciados. En consecuencia la CIDH recomendó al Estado paraguayo:
1. Completar una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Víctor Hugo Maciel Alcaraz.
Durante el 2010 la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de la anterior recomendación. Mediante nota del 29 de diciembre de 2010 el Estado informó que la causa caratulada “Denuncia remitida por la Fiscalía General del Estado s/ Muerte del Conscripto Víctor Hugo Maciel Alcaraz. Causa No. 397/95” se encuentra en el Juzgado de Liquidación y Sentencia No. 3, pendiente de la realización de la declaración de cuatro testigos, entre otras pruebas.
Por su parte, en comunicación del 21 de diciembre de 2010, los peticionarios indicaron que el Estado no ha tomado ninguna medida para lograr una investigación útil dirigida a la determinación de la responsabilidad en los hechos que resultaron en la muerte de Víctor Hugo Maciel, con lo cual se incumplió la recomendación emitida por la CIDH. Consideran que a cuatro años de reabierto el sumario las gestiones han sido deficientes poco operativas y sin una dirección estratégica que abarque todos los aspectos del caso.
El 25 de octubre de 2011 la Comisión solicitó información actualizada a las partes. Mediante comunicación de fecha 21 de noviembre de 2011, los peticionarios informaron que desde diciembre de 2010 no se había registrado ningún progreso en el trámite de las actuaciones judiciales. Advierten que a cinco años de reabierto el sumario las gestiones judiciales han sido deficientes, poco operativas y sin una dirección estratégica que abarque todos los aspectos del caso.
El 4 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes. Mediante comunicación de 4 de enero de 2013, los peticionarios señalaron que la recomendación relativa a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio Víctor Hugo Maciel continuaba pendiente de cumplimiento. Al respecto, reiteraron que el Estado no había adoptado medidas para impulsar una investigación eficaz relacionada con los hechos en los cuales se le causó la muerte; que las investigaciones no habían tenido ningún avance concreto para la identificación, juzgamiento y sanción penal de todos los responsables, y que las gestiones judiciales habían sido deficientes y poco operativas. Asimismo, sostuvieron que el Estado de Paraguay aún no había brindado información completa que permita conocer con exactitud el estado de las actuaciones judiciales.
Mediante comunicación de fecha 15 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.
Mediante comunicación de 15 de noviembre de 2013, los peticionarios informaron que la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de la víctima en este caso continúa pendiente de cumplimiento. Sostienen que tal como lo manifestaron en sus comunicaciones de 21 de diciembre de 2010, de 21 de noviembre de 2011 y 4 de enero de 2013, el Estado no ha tomado ninguna medida para impulsar una investigación eficaz relacionada con los hechos en los cuales se le causó la muerte de Víctor Hugo Maciel y por ende no hay avances para la identificación, juzgamiento y sanción penal de todos los responsables. Asimismo, indicaron que el Estado de Paraguay no ha brindado información que permita conocer con exactitud el estado de las actuaciones judiciales.
Con base en la información suministrada por las partes, la Comisión observa que la recomendación relativa a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de Víctor Hugo Maciel, continúa pendiente de cumplimiento. Por lo tanto, la CIDH concluye que el Acuerdo de Cumplimiento suscrito por las partes el 22 de marzo de 2006 se encuentra parcialmente cumplido.
En el Informe No. 111/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, la CIDH concluyó que el Estado peruano: a) A través de miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, detuvo a los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More el día 2 de mayo de 1992, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, y que posteriormente procedió a desaparecerlos; y b) Que por ello, era responsable por la desaparición forzada de las víctimas antes identificadas, violando en consecuencia el derecho a la libertad (artículo 7), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y c) Que había incumplido su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicha Convención.
El 11 de noviembre de 2010 la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación con los avances en la implementación de las recomendaciones anteriormente citadas. El Estado no presentó respuesta dentro del plazo fijado.
Mediante comunicación recibida el 10 de diciembre de 2010, los peticionarios manifestaron que el 1 de octubre de 2010 la Primera Sala Penal Especial emitió sentencia condenatoria contra ex integrantes de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios del gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori, por el delito de homicidio calificado en agravio de Pedro Pablo López Gonzales, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar León Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez y Federico Coquis Vásquez. Agregaron que las juezas de la referida Sala Penal ordenaron a los condenados y al Estado, como tercero civilmente responsable, el pago de indemnizaciones, asistencia médico-psicológica y otras modalidades de compensación por los daños materiales e inmateriales sufridos por los familiares de las víctimas. Los peticionarios indicaron que la defensa de los condenados presentaron recurso de nulidad y que el mismo se encuentra pendiente de decisión ante la Corte Suprema de la República.
Los peticionarios afirmaron que el Estado peruano no ha adoptado las medidas necesarias para que se determine el paradero y entrega de los restos mortales de los nueve campesinos desaparecidos en el distrito de El Santa. En cuanto a la segunda recomendación del Informe No. 111/00, manifestaron que si bien el Poder Judicial peruano ha dejado sin efecto las Leyes Nº 26479 y 26492, el Poder Ejecutivo ha impulsado medidas legislativas cuya vigencia implicaría la obstaculización en la investigación de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
La CIDH solicitó información a las partes en comunicación de 21 de octubre de 2011 sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe Nº 111/00 y en el Informe 101/01. Las partes no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH. No obstante y, dado que la recomendación 3 de los Informes Nº 111/00 y Nº 101/01 se encuentra comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, sobre la cual las partes han presentado información durante el año 2011, y la CIDH ha convocado a dos reuniones de trabajo durante sus 141º y 143º períodos ordinario de sesiones, la CIDH se referirá al cumplimiento de esta recomendación conjuntamente, en la sección subsiguiente sobre el Informe Nº 101/01.
A lo largo del año 2012 los peticionarios remitieron comunicaciones indicando que el 20 de julio de 2012 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia había dictado sentencia de segunda instancia en el proceso llevado a cabo para esclarecer una serie de delitos, entre los cuales se encuentra la desaparición forzada de los campesinos del Santa. Los peticionarios destacaron que la Sala Penal Permanente concluyó que la desaparición de los campesinos del Santa no constituye delito de lesa humanidad, bajo el criterio de que si bien existió una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones y desapariciones para la fecha de los hechos, la misma no estuvo dirigida a la población civil, sino a “mandos militares del Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso, y delincuentes terroristas”. En agosto de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre este tema dentro del seguimiento de la sentencia del caso Barrios Altos y emitió una resolución en septiembre del mismo año. Según la información recibida por la CIDH, el 27 de septiembre de 2012 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo emitido el 20 de julio de 2012. Con esa decisión, se conformará una nueva Sala para que conozca en segunda instancia el proceso penal dirigido a establecer la responsabilidad de los autores materiales y altos funcionarios del Estado por los hechos del Santa y de otros casos.
El 3 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo, en el marco del 146º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, sobre el presente caso. En esa ocasión, el Estado refirió que viene cumpliendo su obligación internacional de investigar y sancionar los responsables por la desaparición de los campesinos del Santa, por cuanto la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 20 de julio de 2012 fue anulada de oficio por la misma instancia judicial. A su vez, los peticionarios destacaron que la decisión de 20 de julio de 2012 obedece a una práctica constante de la Sala Penal Permanente de adoptar decisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos que se apartan a los estándares interamericanos. Los peticionarios adujeron asimismo que si bien la anulación de la decisión ha corregido una situación de impunidad, la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión definitiva en torno a la desaparición forzada de las víctimas, pese a que han pasado más de veinte años de los hechos.
El 16 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. Los peticionarios y el Estado peruano remitieron comunicaciones en las que reiteraron las alegaciones vertidas durante la reunión de trabajo realizada el 3 de noviembre de 2012. Los peticionarios refirieron, adicionalmente, que el 6 de marzo de 2012 el imputado Julio Rolando Salazar Monroe había obtenido una sentencia en el marco de un proceso de habeas corpus, en la que el Tribunal Constitucional ordenó su desvinculación del proceso penal relacionado con los casos del Santa, Barrios Altos y Pedro Yauri Bustamante. Según los peticionarios, en caso de que sea ejecutoriada, dicha decisión implicaría un desconocimiento de la obligación del Estado peruano de sancionar adecuadamente los citados delitos. Con relación a las reparaciones económicas, los peticionarios reiteraron las observaciones remitidas en años anteriores, las cuales se resumen en el apartado relativo al Informe No. 101/01.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe Nº 111/00. Las partes no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH. No obstante y, dado que la recomendación 3 de los Informes Nº 111/00 y Nº 101/01 se encuentra comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, sobre el cual la CIDH ha celebrado una reunión de trabajo durante su 147º período ordinario de sesiones, la CIDH se referirá al cumplimiento de esta recomendación conjuntamente, en la sección subsiguiente sobre el Informe Nº 101/01.

References: artículo 5
 artículo 1
 artículo 227
 Artículo 51
 Artículo 51
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 1
 resolución