Source: http://www.losangelespress.org/el-papel-de-la-cidh-cooperador-con-el-estado-criminal-caso-nestora/
Timestamp: 2019-02-21 07:19:55+00:00

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9 de febrero del 2015 14 de julio del 2018 Guadalupe Lizárraga
El tiempo que se ha llevado la argumentación de “las partes” y la evaluación y análisis de la CIDH sobre las condiciones en las que se encuentra Nestora en el penal federal de Nayarit, es la mayor parte del tiempo que lleva Nestora con dolor físico, aislamiento injustificado, infecciones renales, maltrato verbal y psicológico, pérdida de vista y aumento de neuropatías en la columna cervical que le causan pérdida de movilidad en sus brazos; además de la obstaculización a una defensa legal adecuada, oportuna y eficiente. Todo ya ha especificado en diez páginas por la CIDH.
El extracto de la conclusión señala que:
“…la Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomiendan los especialistas; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.
Según la CIDH, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, busca prevenir daños irreparables y solicita a los Estados implementar medidas cautelares que protejan la vida y la integridad física y psicológica de las personas. También dice promover y proteger los derechos humanos de las personas e incluso puede llevar un caso a la Corte ante una persistencia de violación de derechos humanos, a iniciativa propia o a solicitud de partes.
Sin embargo, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por patrullas del ejército y de la Marina instalados en el estado de Guerrero, encarcelada en absoluta incomunicación durante los siguientes siete días de su detención el 21 de agosto de 2013, y en violación a la legalidad jurídica del sistema normativo indígena de Guerrero y de la misma Constitución mexicana, no fue beneficiada con esas tareas estratégicas que justifican la existencia de la CIDH. La atención prestada por esta institución interamericana hasta ahora sólo se logró con la solicitud expresa de los activistas de Seattle, Tomás Antkowiak y su esposa Alejandra Gonzo, impulsados principalmente por el esposo de Nestora, José Luis Ávila Báez.
No obstante, para el contexto mexicano relacionado con la defensa de los derechos humanos, no hay nada anómalo en ello; por el contrario, la resolución de la CIDH es percibida como una acción exitosa al pedir al Estado mexicano (el victimario) que implemente medidas cautelares para que proteja a una de sus propias víctimas. Pero vámonos un poco más despacio.
En la resolución, la CIDH señala que Nestora “había decidido convertirse en defensora de derechos humanos liderando la organización de un grupo de la Policía comunitaria de Olinalá”, ante la violencia y la corrupción política de la región. Si bien es cierto que la decisión final correspondía a Nestora, lo que olvida la CIDH es que su participación fue el resultado de una decisión colectiva de la comunidad bajo el régimen normativo de la Ley 701 y legalmente facultada por el Convenio Internacional 169 del derecho de los pueblos. Facultad que violó el Estado mexicano.
La CIDH tendría que cuidar sus fórmulas lingüísticas para dirigirse a las víctimas, y evitar la promoción de prejuicios sobre éstas. Nestora no tuvo un abanico de opciones en un contexto democrático, entre las que eligió ser defensora de derechos humanos como si se tratase de un oficio cualquiera, fue obligada por las circunstancias de extrema violencia en que las autoridades locales, vinculadas al narcotráfico, mantienen a las comunidades en régimen dictatorial y de terror. Asunto que no desconoce la CIDH, al margen del caso específico de Nestora.
Otro punto es que el papel que juega la CIDH en la presunta protección de los derechos humanos resulta no sólo pobre y discutible para las víctimas y sus familiares, sino además resulta cooperador con la parte victimaria. En el caso de Nestora Salgado, y no es el único por supuesto, es muy claro, porque incluso se avizora un sesgo de género, clase y etnia.
El hecho de ser mujer, con precariedad económica y líder de una comunidad indígena parecería haber influido en el trato recibido por la CIDH, en contraste con el caso, por ejemplo, de José Moisés Sánchez Cerezo, hombre, periodista, urbano, apoyado por la organización internacional Artículo 19 y miembro de una organización no gubernamental de derechos humanos que goza de prestigio en la capital de México. En este caso, la CIDH sólo tardó días para emitir una resolución sobre medidas cautelares después de su secuestro. Menciono ese caso sólo por ser de los más recientes.
Nestora fue secuestrada por el Estado mexicano y durante siete días su familia desconocía su paradero. Las autoridades usaron a las fuerzas armadas para perpetrar dicho crimen, y ahora se usa al personal de un penal federal para torturarla física y psicológicamente tergiversando sus funciones públicas y quebrando los principios éticos de quien sirve al sistema penitenciario mexicano. Se utiliza también a funcionarios judiciales para generarle daño irreparable como es el coartar su libertad por medio de delitos fabricados ampliamente evidenciados por la defensa de Nestora, como en su oportunidad lo difundió Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan al presentar las inconsistencias del expediente fabricado por Iñaki Blanco, criminal que estuvo al mando de la PGJE en 2013.
La CIDH sostiene que sus gestiones pretenden prevenir daños irreparables a las víctimas. Hemos de preguntarle si perder la libertad, siendo inocente, ¿no es un daño irreparable? Perder días, meses, años, sin abrazar a sus nietos, a sus hijas, a su esposo, no ver el mar, no ver los jardines de su casa, no poder realizar las actividades cotidianas de sentirse útil a la sociedad ¿no es acaso un daño emocional irreparable? ¿O la CIDH es tan miope que para ésta sólo existe la irreparabilidad en el daño físico?
En este contexto, los familiares de Nestora Salgado son prácticamente obligados a agradecer que las autoridades mexicanas hayan decidido recluirla en un penal federal, y no desaparecerla como a los 43 normalistas o a asesinarla como a la activista de derechos humanos Rocío Mesino Mesino. En ambos casos también de Guerrero, se trata de indígenas, pobres y denunciantes de la corrupción, narcotráfico y abusos de los gobernantes locales arropados por las instituciones del Estado. En el caso de los normalistas, la CIDH ofreció en ceremonia barroca su cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes, que hasta ahora ha sido nula pero que en ese momento de promesas mediáticas fortalecía su aparente legitimidad. En el segundo caso, Rocío Mesino ni siquiera aparece en el imaginario de la institución.
Aludir a la gravedad, urgencia y daños irreparables de la situación de Nestora a casi dos años de su reclusión injusta parece más una cortina de humo que un intento real de protección a su vida y a su integridad. Cuando indagamos de por qué la CIDH se había tardado tanto tiempo en otorgar medidas cautelares a Nestora, su esposo y principal activista José Luis Ávila señaló en conversación telefónica que el gobierno federal había alargado el proceso por las respuestas fabricadas que daba, y ellos habían tenido que realizar una investigación propia para desmentir a las autoridades mexicanas.
Si una de las tareas de las CIDH es tomar iniciativas en la protección de derechos humanos ¿por qué esperó un año en alegatos burocráticos y distractores de gobierno federal a sabiendas que la vida de Nestora está en riesgo cada día? Si la CIDH supo y reconoció la detención ilegal de Nestora así como las violaciones internacionales del sistema normativo indígena en las que incurrió el Estado mexicano ¿por qué en su resolución no dio prioridad a la liberación de Nestora, en vez de a su atención médica? ¿Por qué la CIDH se comporta como un juez para emitir una resolución, y define a las “partes” (víctima y victimario) como si estuvieran en igualdad de condiciones jurídicas, económicas y políticas?
La CIDH da al Estado mexicano un peso jurídico superior sobre Nestora. Es decir, para la visión de la CIDH, no importa la cantidad de recursos ni el origen de éstos que han movido representantes criminales del Estado mexicano para hacer valer su versión fabricada; mientras, la voz de Nestora Salgado apenas si se ha escuchado por la persistencia de sus familiares, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.
La CIDH tampoco parecería tomar en cuenta, que los casos de violaciones de derechos humanos son propiciados por los agentes de un Estado criminal como lo es el de México, con todo lo que ello implica en el entramado del abuso de poder, corrupción y tráfico de influencias. Se trata de funcionarios que cometen actos delictivos respaldados por leyes, reglamentos e instituciones, esto es que manipulan un ordenamiento jurídico y utilizan a discreción recursos públicos y recursos del narcotráfico para lograr sus intereses.
En el caso de Nestora, su expediente fue fabricado por el mismo procurador del estado de Guerrero en turno, Iñaki Blanco, quien fue denunciado de recibir periódicamente dinero de grupos narcotraficantes locales. Pero también se presentó evidencia sobre la falsedad de los delitos contra Nestora, y pese a que fueron desestimados los cargos por el Poder Judicial federal la irracionalidad del funcionario local sigue pesando sobre la verdad.
Además, basta recordar las consecuencias de la trayectoria delictiva del acusador de Nestora y su impacto en la CIDH. Iñaki Blanco, desde la SIEDO, sirvió de testigo de cargo en el Distrito Federal en favor de otra criminal impune, Isabel Miranda de Wallace en la simulación del secuestro y homicidio de su hijo. En ese caso, sus declaraciones falsas contribuyeron al encarcelamiento de seis personas inocentes, cuatro de ellas condenadas por más de cien años de cárcel. Y uno de ellos, César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel por un delito que no cometió. Freyre pidió reiteradamente medidas cautelares en 2010 a la CIDH por las torturas físicas padecidas en el penal en más de veinte ocasiones para que se incriminara. Hasta la fecha, la CIDH no ha dado respuesta a la víctima.
La parcialidad de la CIDH, pues, privilegia a la “parte” que representa al Estado criminal, o donde ve una ventaja mediática, como en el caso de los 43 normalistas o del periodista secuestrado. En el caso de las víctimas sin poder, no muestra ninguna prisa por proteger sus derechos humanos, y en ello contribuye a los daños irreparables de las víctimas.
México ha sido transformado en un estado de terror donde las diferencias de grados son importantes. Decapitaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión, encarcelamientos injustos son los actos aberrantes incorporados con naturalidad a la maquinaria estatal. Esta maquinaria se integra por cada funcionario delincuente que toma decisiones para su beneficio desde el poder público y utiliza a la institución para aterrorizar. La filósofa política Hanna Arendt la llama “maquinaria del terror”, donde los poderes punitivos son puestos para la represión. En el mundo oscuro del Estado criminal mexicano, esta maquinaria del terror está en óptimo estado, mientras sus operadores fingen confundir reglamentación con opresión, y en ello participa la CIDH.
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Algo pasa en México: el cambio inminente y necesario

References: artículo 25
 resolución 
 Artículo 19
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