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Timestamp: 2019-05-26 04:21:34+00:00

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Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad
Decreto 99/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia (DOG de 7 de agosto de 2014). Texto completo.
DECRETO 99/2014, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL SERVICIO GALLEGO DE APOYO A LA MOVILIDAD PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
La mejora de la calidad de vida de toda la población, y especialmente de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, así como la salvaguarda de los derechos de las citadas personas, son pilares básicos de la actuación pública al objetivo de favorecer y avanzar en la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva. En este sentido hay que señalar que son varias las disposiciones legales que se han dictado a fin de conseguir este objetivo, quedando refundidas en el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, e incluyendo, de acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, como ámbito de actuación la promoción de la movilidad de estas personas de manera que les permita una plena participación en igualdad de oportunidad.
Con la publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se regulan las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas. La ley configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, y estableciendo un nivel mínimo garantizado, un nivel acordado con las comunidades autónomas y un nivel propio que podrán establecer dichas comunidades.
En este sentido, la Constitución española establece, en su artículo 10 , que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. A tal efecto cabe mencionar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Estado español y vigente desde el 3 de mayo de 2008, que defiende y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, educación, salud, trabajo, cultura, ocio, participación social y económica, mostrando en el artículo 9 la accesibilidad como un elemento transversal de cada uno de los ámbitos, y estableciendo que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, a la información, y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
El Estatuto de autonomía de Galicia aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril , le atribuye a los poderes públicos de Galicia, en su artículo 4.2, la promoción de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
La Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que en materia de asistencia social le atribuye el artículo 27.23 del Estatuto de autonomía, aprobó la Ley 13/2008, de 3 de diciembre , de servicios sociales de Galicia, que tiene por objeto estructurar y regular, como servicio público, los servicios sociales en Galicia para la construcción del sistema gallego de servicios sociales.
En este contexto, y mediante el Decreto 195/2007, de 13 de septiembre , se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia. Teniendo en cuenta los resultados y la experiencia conseguida desde el establecimiento del dicho servicio así como también los nuevos y necesarios escenarios de racionalización y eficacia en la gestión, se constata la necesidad de una nueva regulación que mejore tanto cuantitativamente como cualitativamente la prestación del servicio y se organice y planifique mejor la prestación del mismo, y asimismo se establezcan los requisitos de la condición de usuario/a así como la gestión, organización y utilización del servicio para adaptarse a los cambios normativos que se hicieron en materia de dependencia.
Asimismo, señalar que el transporte adaptado en su modalidad regular queda excluido del ámbito de actuación del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal, pasando regirse por el Decreto 149/2013, de 5 de septiembre , por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste.
En consecuencia, a propuesta de la conselleira de Trabajo y Bienestar, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1/1983, de 22 de febrero , de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo y con el Consejo Gallego de Bienestar, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día veinticuatro de julio de dos mil catorce,
2. Quedan excluidos del sistema de transporte regulado en la presente norma los traslados que con carácter regular se realicen a cualquier tipo de centro para recibir servicios de carácter permanente en tanto que este tipo de traslados regulares están comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre , por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste, y por lo tanto, para el régimen del servicio de transporte adaptado en su modalidad regular se estará a lo dispuesto en dicho decreto.
a) Tener reconocida la imposibilidad de utilización de transporte público colectivo, motivada por su situación de dependencia o discapacidad. La imposibilidad de utilización del transporte público colectivo se determinará aplicando los criterios establecidos en el anexo 2 del Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
El procedimiento para reconocer la condición de usuario/a del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia, se iniciará a solicitud de la persona interesada o de su representante legal. Las solicitudes, que podrán presentarse en cualquier momento, se formalizarán en el modelo normalizado del anexo I de esta norma y se dirigirán a la jefatura territorial de la consellería con competencia en materia de atención a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, correspondiente a la provincia en la cual la persona solicitante tenga su residencia.
2. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre , por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia.
3. La documentación complementaria podrá presentarse electrónicamente utilizando cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la persona solicitante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre , por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
4. El procedimiento para el reconocimiento de la condición de usuario/a será el establecido en el capítulo II del presente decreto y con carácter supletorio en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
d) En su caso, acreditación documental de la representación que se tiene de la persona que formula la solicitud, y copia compulsada del documento identificativo (DNI/NIE) de la persona representante, salvo que en el escrito de solicitud se autorice a esta Administración para la comprobación de su identidad de conformidad con lo establecido en el Decreto 255/2008, de 23 de octubre , por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta el empleo de medios electrónicos.
3. No será necesario aportar la documentación que obre en poder de la Administración o aquella a la que de oficio esta pueda acceder, conforme a lo dispuesto en el Decreto 255/2008, de 23 de octubre , por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos, que desarrolla la Orden de 7 de julio de 2009, de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y la Orden de 12 de enero de 2012 por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público de Galicia. De esta manera, la resolución o certificación de reconocimiento del grado de discapacidad y/o dependencia sólo se tendrá que aportar con la documentación cuando haya sido reconocida por otra comunidad autónoma.
La prestación del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal así como también las personas usuarias de este, estarán sujetos al cumplimiento del dispuesto en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre , de servicios sociales de Galicia, y específicamente a la inspección y régimen sancionador en materia de servicios sociales, de conformidad con lo establecido en los títulos VIII e IX, así como al régimen sancionador de las personas usuarias de los servicios sociales establecidos en el título X de dicha ley.
Disposición adicional segunda. Encomienda de la gestión del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia
Disposición adicional tercera. Desplazamiento
El Decreto 195/2007, de 13 de septiembre , por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o dependientes.
La Orden de 9 de septiembre de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 195/2007, de 13 de septiembre , por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o dependientes y se aprueba el Catálogo de prestaciones del servicio, en cuanto se oponga a lo establecido en el presente decreto.

References: Real decreto 
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 27
 Real decreto 
 artículo 35
 resolución