Source: http://cubaindependiente.blogspot.ca/2012/12/elecciones-en-cuba-control-politico.html
Timestamp: 2015-10-10 19:40:42+00:00

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Resulta sintomático, si no conclusivo, que constituyendo el conocimiento de
la “realidad” la percepción que cada observador tiene sobre
ella, lo evidente al sistema legal cubano en general y a las normas
jurídicas que rigen el sistema electoral en particular, en tanto
instrumentos del sistema político del régimen para controlar el
poder; conduzcan a Aurelio Alonso, un veterano politólogo cubano -residente
en la isla- desde los tiempos de la abortada revista Pensamiento
Critico hasta la debacle del Centro de Estudios de América, ambos
ejecutados a “mano libera” por el actual Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba Raúl Castro, y nada sospechoso de criticón enajenado, a constatar desde
la percepción que su compromiso de pensador orgánico le consiente
sobre todo la posibilidad de rectificar estructuralmente, y también
legalmente. Subrayo la necesidad de dar forma legal a los cambios,
porque en estos cincuenta años no
siempre ha habido una correspondencia entre las decisiones de cambio
y las modificaciones de legalidad que esos cambios suponen. Nuestra
legalidad puede ser muy caprichosa, porque ingeniar una
legalidad auténticamente socialista también es un reto. Existe una diferencia entre leyes que legitiman la visión oficial y
las que aseguran la justicia, la equidad y el bien común de la
sociedad”[29]. [Cursivas y subrayados - LG]
Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular[30]
aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado sin consulta popular de
ninguna índole, establece en el Artículo 67 las razones por las
que tan prestigioso delegado puede cesar en sus funciones:
b) domiciliarse
fuera de la circunscripción que representa;
c) pasar a
desempeñar cargos o cursar estudios fuera de la localidad;
d) enfermedad o
accidente que le impida cumplir sus obligaciones de delegado;
para ejercer cargo público electivo;
g) haber vencido
el término para el cual fue elegido;
i) cualquier
otro motivo justificado.
Examinando las de mayor interés a los efectos de los objetivos del presente
trabajo, encontramos que el propio reglamento en su Articulo 77 se
pronuncia sobre la “inhabilitación para ejercer cargo publico”,
sin que precise las causales que la determinan: “Cuando
un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular resulte
inhabilitado para ejercer cargo público electivo, está en la
obligación de comunicarlo de inmediato al presidente de la Asamblea,
con el fin de que éste dé por terminadas sus funciones y proceda a
organizar el proceso para su sustitución”.
Las personas que han vivido la singular por aberrante, experiencia cubana,
son testigos que el simple hecho de arreglar el servicio sanitario
de su casa o vender [o comprar] boniatillo sin licencia de
elaborador de alimentos, constituyen actividades cotidianas que
acumulan meritos suficientes para ser objeto de la aplicación de
los Artículos 7 y 9[31] de la Ley Electoral cubana en los casos que
les resulte conveniente. Si la causal [i] referida a “cualquier otro motivo justificado” brinda
una puerta de par en par abierta a cualquier parecer resultado de la
vileza humana que se considere conveniente convocar; la revocación
[f] se suele aplicar a cajas destempladas a inquietos presuntos
conflictivos, invocando incompatibilidades con los principios
revolucionarios y la moral y la ética socialista que se pregonan a
extramuros de Punto Uno.
El propio Aurelio Alonso aun desde su orgánica adhesión, se ve obligado a
observar que “Otro tanto
sucede con la «revocación de mandatos», único principio que
hasta ahora condiciona el tiempo y que nunca, que yo recuerde, ha
sido aplicado. O, al menos, se ha seguido la mala política
informativa de callar las revocaciones”. [29].
De esta manera, luego de sobrevivir a todos los filtros de contención
establecidos por las comisiones de candidaturas, cualquier
representante “legalmente” electo que represente una potencial
fisura en el formalmente monolítico sistema político, puede ser
sepultado definitivamente “six feet underground” de la armada
muralla totalitaria por una simple jaqueca crónica. Pero
donde se demuestra explicita e irrefutablemente que “… en
Cuba el proceso electoral es
parte del Sistema Político…”[32]; en tanto uno de sus pilares constitutivos, expresión
y concreción del sistema de dominio político y el control social
por un clan; lo encontramos en
que el cuerpo legal considera
el normal proceso de reclamación solo a priori y a nivel de
circunscripción electoral local, no permitiendo la impugnación
legal de los resultados de los comicios a ningún otro nivel.
Así se constituye el reiterativo y muñido mego fraude a escala de todo un
país que constituye el proceso electoral del régimen cubano, donde
son instaurados en los escaques correspondientes de la postrada
estructura de castas los “elegibles”; mientras prohíbe
expresamente de derecho y reprime brutalmente de hecho, a cualquier
candidato y/o alternativa política. Dada la naturaleza de un poder absoluto e incuestionable, el clan biránico
de hecho asume tanto el poder constituyente como los ejecutivos,
legislativo y judicial [poderes constituidos]; delegando por razones
técnico-administrativas estos últimos, sin renunciar a la facultad
de reasumirlos expeditamente cuando lo considere necesario. Ayer un Comandante de la Revolución tercero en la línea de
mando supremo, asalta y desvalija una institución gubernamental,
solo para instalar al día siguiente en el sillón ministerial a un
devoto trepador.
De igual modo se evidencia el carácter profundamente deliberado y
manipulador del diseño del sistema electoral cubano [en tanto caso
particular del sistema legal], por cuanto la rigidez de las normas
jurídicas cubanas presuponen
la potencialidad del hecho
jurídico [33,34] que alternativas y
cuestionamientos políticos al monopolio exclusivo puedan
erosionarlo. Luego cualquier proceso de reclamación, cierto que
excepcional dadas las circunstancias pero potencialmente posible, es
vedado de facto.
Con frecuencia alarmante, se observa que la opinión publica e incluso
activistas demócratas, emplean indistintamente como homólogos los
términos Estado de derecho y estado democrático. En sentido genérico se suele considerar que un Estado de derecho es aquel
que es regenteado por un sistema de leyes e instituciones
estructurado en torno a una constitución; condición que cumple
alevosa pero satisfactoriamente el régimen cubano. De lo que se
trata es que estamos en presencia de un sistema autoritario de una
dictadura personal donde los deseos del líder se erigen en normas
jurídicas incuestionables.
Tipificada como acepción “débil” o formal del estado de derecho para
distinguirla de la sustantiva
o material, donde “…cualquier
poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas
sino también sus contenidos” [35]; el Estado de
“derechos” biránico es una anacrónica aberración glandular
construido a impulsos de las eyaculaciones seminales de un agreste y
sicópata patán.
Regresando al plano de análisis concreto, el Artículo 7 [Reglamento de las Asambleas Municipales] deja claramente establecido el verdadero rol de las Asambleas Municipales en la estructura del sistema político cubano [Cursivas, negritas y subrayados - LG]: “Artículo 7) Dentro de los límites de su competencia, la Asamblea Municipal del Poder Popular tiene las atribuciones siguientes:
En consecuencia, de las 20 atribuciones que la ley confiere a las Asambleas, solo dos se refieren en alguna medida a los ciudadanos representados en ella mediante elección [Cursivas - LG]: h) adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;
golpiza y detención arbitraria por 19 días del activista y
comunicador social Antonio Rodiles, la publica represión captada
por la televisión mundial a Andrés
Carrión en ocasión de la visita de Benedicto XVI a Cuba, la sistemática
y brutal coacción a Las Damas de Blanco; conforman junto a los mas de 6 mil arrestos de disidentes solo en los primeros
11 meses del ano, testimonio elocuente del celo con que se manejan
estos asuntos en la Cuba de los hermanos Castros. Las lóbregas
muertes de los lideres de la disidencia Laura Pollán, Oswaldo Paya
y Harold Cepero; así como los asesinatos políticos cometidos en
los casos de Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto García y
Wilmar Villar Mendoza, por solo mencionar las mas recientes;
constituyen una ínfima fracción de los sufrimientos causados por un clan vándalo que empleando el
terror ciudadano como política de estado, evidencian
concluyentemente los extremos a los que están dispuestos a llegar
en todo aquello que potencialmente pueda mermar su poder absoluto.
quehacer cotidiano de las Asambleas Municipales del Poder Popular,
estas se convocan por su Presidente [usualmente cuatro veces al ano]
con una agenda cerrada elaborada por el mismo de acuerdo a la
“situación concreta” que de lugar a la reunión [Reglamento de
las Asambleas Municipales/ Articulo 37][38]. El Art. 37.c que faculta formalmente a los delegados a presentar a discusión los temas de su interés con
anticipación no precisada en el referido reglamento, son
discrecionalmente consideradas por el Presidente a priori y durante
el desarrollo de los debates.
Quinta del reglamento confiere plenas facultades al Presidente para
encauzar las sesiones de acuerdo con el orden que establezca,
arreando hacia la talanquera conveniente cualquier jaca cerrera[39].
No obstante, en el curso de los debates los delegados pueden
hacerles preguntas, que nunca cuestionamientos “…al presidente,
vicepresidente y secretario de la Asamblea, a los integrantes de las
comisiones de trabajo, a los miembros del Consejo de la Administración
Municipal y a los directores administrativos de las entidades
radicadas en el territorio” [Articulo 43].
Cuando el “cuadro centro” –como se denomina en la jerga de la
burocracia político-administrativa cubana a los máximos jefes en
cada instancia-, y que en virtud del Articulo 8 “…representa
al Estado en su demarcación territorial …” y no a los
ciudadanos; decide concluir el “debate”; los proyectos de
acuerdos son metidos a votación que puede ser ordinaria, nominal o
secreta [40], sin que se precise en las normas jurídicas si la
misma es por mayoría simple o estructurada. [Cursivas y subrayados
– LG].
Todo el debate sobre los enormes problemas de la comunidad y el municipio,
en que una deliberada política de empobrecimiento estructural los
ha sumido; todas las esperanzas, inquietudes y preocupaciones de una
población a la que se le niega constitucionalmente el status de
ciudadano, quedan restringidas a la representación de los órganos
superiores del estado y el gobierno en el territorio, en una suerte
de kantiano -o kafkiano- fin en si mismo, que subvierte la
organización política del país y la subordina al afán del sátrapa.
Enclaustrado en este paredón sin resquicio, desempeñan los delegados
electos las funciones que el poder y no los ciudadanos les asignan. Los deberes y derechos de los mismos están meridianamente
acotados en los Artículos 57 y 58 del Reglamento de las Asambleas
Municipales[41]. Entre los primeros destacan informar a los órganos
municipales sobre las opiniones, necesidades y dificultades que les
trasmitan sus electores; rendirles cuenta periódicamente e
informarlos sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas
adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población
o las dificultades que se presentan para resolverlas. En términos
de derechos, estos se limitan a rígidas formalidades circunscriptas
La sabiduría y el sentido común popular guían la pauta de la población
ante el accionar de los representantes minimalistas de los “lleva
y trae” del poder: absoluta indiferencia. Pero esta impasibilidad que encuentra expresión en el
contundente “no coger lucha”, es en si misma un capitulo de
desobediencia civil en cuanto reacción de rechazo político, a la
que se le presta la máxima atención en todo el andamiaje del
sistema. Porque en Cuba, el “no coger lucha”, es la alternativa
proveniente de la naturaleza humana sojuzgada que despliega su
“propia lucha” al margen del sistema. A pesar de tensar todas los resortes del poder y la compulsión social en la
comunidad [los denominados “factores”: PCC, CDR UJC, FMC, MININT, FAR, etc.], la participación ciudadana en las
asambleas de rendición de cuentas del delegado, así como en otras
asociadas es ínfima, no sobrepasando el 20-25% de los electores. El
“sistema” aplicadamente toma nota de ello y no ofrece información
pública de ninguna índole. Como parte del engranaje del poder, el delegado a su vez cumple la
inestimable función de ser una fuente privilegiada de información
local para el señorío biránico a través del tenebroso Sistema Único
de Protección y Vigilancia[42], el cual la emplea para perfeccionar
sus mecanismos de compulsión, coerción social y represión. [En la
referencia 43 puede consultarse lo normado sobre las relaciones de
los Delegados con sus Electores.] Y es que el delegado [y por extensión todos los servidores públicos
elegidos] constituye una figura clave en tanto representante directo
de los ciudadanos, pero su función ha sido groseramente
distorsionada como observa desde los altibajos de su status de
intelectual orgánico Aurelio Alonso [Cursivas y subrayados - LG]:
“Tiene que ver con lo que
hacen los delegados municipales: rendir cuentas a sus electores;
nadie más lo hace en este país. Los pobres delegados municipales
no tienen ningún poder efectivo y, sin embargo, se someten a
todo el embate de los CDR, de la base, de la circunscripción, por
los desastres que hay y que ellos no pueden resolver. Incluso
han consagrado la clasificación diferenciada de «soluciones» y
«respuestas». De modo que lo que no tenga solución debe
tener respuesta. Bueno, en fin, que con respuestas no se
resuelve nada. Se convierte la gestión en una quimera.
Pero el concepto de rendición de cuentas no lo podemos subestimar
por eso, no lo podemos desechar, no podemos hacer con «rendición
de cuentas» lo que hemos hecho con «transición». No podemos
dejarla en el limbo lingüístico que permita al enemigo
monopolizarla. Rendición de cuentas es un concepto clave para la
democracia socialista, pero rendición de cuentas de verdad. Rendición
de cuentas de todo el mundo. Si el jefe del organismo central que es
separado por problemas de corrupción tuviese que pasar periódicamente
por un mecanismo efectivo de rendición de cuentas ante los
trabajadores de ese organismo (trabajadores con participación en la
toma de decisiones), posiblemente no hubiera llegado a corromperse”[29].
Aurelio Alonso, quien además de ser un ilustrado disfruta del sentido común
que le ha permitido sobrevivir sin dejar de pensar, juega con la
cadena del gorila de 270 kilogramos pero sin vestirse de domador;
detiene su rendición de cuentas de “todo el mundo” en el
ministro, quien al igual que él, solo ocupa un escaque temporal en
la estructura piramidal de castas arribistas y postradas.
Por su parte, la rendición de cuentas de los diputados a la Asamblea
Nacional del Poder se realiza a las respectivas Asambleas
Municipales por las cuales fueron elegidos[44] [recordar
que ninguno fue propuesto por los ciudadanos sino por la comisión
de candidaturas nacional, donde no menos del 50% no tienen
absolutamente vínculos con el municipio]; sin que en ningún
momento la ley les exija dar cuenta de sus gestión parlamentaria
directamente a los electores. “Pa’que”, expresaría el Bobo de
la Esquina de Tejas, respecto a este miembro de la popularmente
denominada Asamblea Nacional de Focas Unánimes. El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece mediante
su artículo 62 a tenor del 88 de la Constitución, que la
iniciativa de las leyes en Cuba compete a: 1. a los
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
2. al Consejo
3. al Consejo
4. a las
Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
5. al Comité
Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones
Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
6. al Tribunal
Supremo Popular, en materia relativa a la administración de
7. a la
Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
8. a los
ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten
la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la
condición de electores.
encauzar una reforma constitucional a partir de la grieta formal que
brindaba el acápite 8, por parte del Movimiento Cristiano Liberación
liderado por Oswaldo Paya Sardinas a través del Proyecto Varela[45]
[de gran valor cívico pero limitado en su alcance programático-jurídico,
por cuanto se exige que la iniciativa sea ejercida por al menos 10
mil ciudadanos reconocidos como tales por las autoridades, no listas
de personas];
encolerizo a un Fidel Castro que desata en el ano 2003 la brutal
represión conocida como la Primavera Negra. La iracunda
replica oficial ante los medios de prensa estuvo a cargo del
entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez
Roque: "…el Proyecto Varela forma
financiado y dirigido desde el exterior, con la participación
activa de la Sección de Intereses norteamericana en La Habana;
forma parte del mismo esquema de subversión, no tiene el menor
asidero en las leyes cubanas, es una burda manipulación de la
Constitución y las leyes de Cuba…"[46].
Mientras que la respuesta “legal” del poder es encargada a Ricardo Alarcón
de Quesada Presidente de la Asamblea Nacional. quien de un plumazo
declara sin lugar la iniciativa presentada [Cursivas, subrayados y
negritas - LG]: “Luego es improcedente acudir al procedimiento legislativo común para
pretender mediante una ley modificar el texto constitucional, porque
en primer lugar el procedimiento es inaplicable, segundo la simple
ley no tiene rango para alcanzar a introducir una modificación en
la constitución y en tercero la Asamblea Nacional en esos momento
de la reforma no actúa como órgano legislativo sino como órgano
constituyente y consecuentemente
no puede acudir al proceso ordinario que rige la elaboración de las
leyes para expresarse, tal y como preceptúa el artículo 137 de la
Norma Suprema”[48].
Ciertamente el proyecto es inadmisible para el Castrismo, más allá de sus
propias limitaciones técnico-legales y políticas; por cuanto
constituiría una fisura en el dique por el cual se precipitarían
las turbulentas aguas de la inconformidad ciudadana represadas por más
de medio siglo, provocando con
ello su inexorablemente colapso. Posteriormente en entrevista[49] “orientada” a Francisco Aruca, un
activo colaborador pro-castrista en la Florida de origen cubano; el
Sr. Alarcón de Quesada minimiza y descalifica al Proyecto Varela y
con ello cualquier iniciativa ciudadana, al desplazar el eje del
fallo al contexto de la tradicional beligerancia con los Estados
“Nosotros no estamos respondiendo al llamado Proyecto Varela, al que de
hecho yo mismo he respondido en otras ocasiones. Eso es una maniobra
mediática fundamentalmente, para que se pueda llevar incluso al
extremo de llegar ahora a comparar al títere con su amo, lo cual me
parece, entre otras cosas, irrespetuoso con el Presidente Bush.
Nosotros respetamos la institución, la presidencia de los EE.UU.,
pero estamos respondiendo al jefe del imperio, que está amenazando
incluso con el ataque sorpresivo de carácter militar. ¿Cómo se va
a comparar eso con el jueguito de algunos de sus instrumentos? No
debe quedar la menor duda: si en Miami alguno quiere seguir
cultivando la bobería ese es su problema. Francamente, yo no voy a
seguir perdiendo el tiempo con eso”.
Como a pesar de los argumentos brindados hasta el momento, existe la
posibilidad que alguna persona de buena fe no familiarizada con
tales abominables practicas, considere que la déspota y feroz
respuesta a proyectos políticos alternativos constituyen hecho
aislados y circunstanciales, y no un modelo proceso-conductual de
preservar el poder, y que las normas jurídicas correspondientes que
refrendan de hecho y hecho, tales reacciones no son palabras huecas
su reglamento contiene como primer articulo una categórica
declaración conceptual sobre los propósitos que persiguen
semejantes acciones: “De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución de la
República, el Partido Comunista de Cuba martiano y
marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es
la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado, que
organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.
Asimismo el articulo 10mo de la Constitución clausura cualquier opción ajena a la sentencia que “Todos
los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados,
actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y
tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad
socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”.
El carácter manipulador y cínico del sistema político, se revela diáfanamente
cuando una designada desde el poder central -mediante las comisiones
de candidaturas-, Asamblea Nacional del Poder Popular constituye el
órgano supremo del poder del Estado que representa y expresa la
voluntad soberana de todo el pueblo[50], que ni propone ni elige a
Pero la propaganda política inherente a este tipo de régimen travestida en
normas jurídicas, requiere que slogans como que los órganos
representativos de poder del Estado son electivos y renovables; las
masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de
los diputados, de los delegados y de los funcionarios; así como que
los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y
pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento; ocupen un
lugar relevante cuando lo que realmente cuenta es que:
• cada órgano estatal y sus miembros actúan solamente dentro
del marco de su competencia, prohibiéndoseles tajantemente que
puedan inmiscuirse en otras jurisdicciones a fin de establecer
compartimientos estancos que eviten corrimientos contaminantes no
deseados por los intersticios del sistema; y
• las disposiciones de los órganos estatales superiores son
obligatorias para los inferiores, lo cual recorre todo el trayecto
umbilical atado desde el Presidente de los Consejos de Estados y
Ministros [y Primer Secretario del Partido Comunista] asentado en
Punto Uno, hasta el último delegado del más remoto asentamiento
Mientras la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica
y la subordinación de la minoría a la mayoría que se preceptúan
formalmente rijan en todos los órganos estatales colegiados; es
objeto de una ramplona inversión fullera fácilmente apreciable en
cualquier acto de los referidos órganos en todos sus niveles. [51] La esquizofrenia del tipo paranoide con
delirios de persecución que sufren los individuos que detentan el
poder en Cuba por casi 54 anos, ha sido elevada a política de
estado en múltiples formas, permeando todo el tejido sociopolítico
y administrativo del país. Ejemplo de ello se manifiesta en que
solo el Presidente del Consejo de Estado [léase Fidel Castro
informal y conspirativamente durante el periodo 1959-1976 y luego
por tres décadas desde la institucionalización de 1976 y Raúl
Castro desde el 2006 hasta la fecha] quien es a su vez Presidente
del Consejo de Ministros, esta facultado formalmente para proponer
al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros
del Consejo de Ministros; aunque realmente en carácter de Primer
Secretario del Partido Comunista de hecho propone a todos y cada uno
de los miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo Popular
y al Fiscal General y Vicefiscales de la Republica. [52]
De igual manera decide al margen de la ley, la composición de las
Comisiones de Candidaturas y las propuestas de estas. “Pone y
quita” según anden sus neurotransmisores confabulatorios a
ministros, presidentes de gobiernos provinciales y municipales;
generales y espías, deportistas y académicos, artistas y
embajadores. Similar comportamiento se observa con inversionistas y
diplomáticos extranjeros que hoy son recibidos con honores en el
Palacio de la Revolución y mañana hospedados indefinidamente en
“La Condesa” [prisión para extranjeros] o declarados personas
non grata. El anciano de 81 anos que es Raúl Castro como antes su antecesor y hermano,
además de Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de
los Consejos de Estados y Ministros, encabeza también el Consejo de
Defensa Nacional; en una concentración de poder unipersonal,
incompartido, incuestionable, “legal” e ilegal, ante el cual
palidece el poder faraónico de Sethy I.
Yuxtapuesto entre el despotismo de un emperador de la Dinastía Xia, el
absolutismo de Enrique VIII y el autocratismo de un zar ruso;
resulta en una simbiosis totalitaria isleña que se distancia de su
predecesor solo en el derecho del “elegido” al poder que
reclamaba este; pero que adopta ahora en nombre de un neocastrismo
sucesor, un autoritarismo burocrático rampante e impune, que solo
rinde cuentas de su gestión a si mismo como hemos tenido ocasión
de examinar. Consecuentemente los procedimientos para cubrir los cargos vacantes en los
tres niveles del estado, siguen el mismo riguroso criterio de
elegibilidad establecida desde la cúspide, que evite filtraciones
de elementos indeseables y no compatibles con la misión que les
asigna el poder. [53]
En los casos en que resulte vacante un cargo de Diputado, el articulo 153
deja en consideración del Consejo de Estado y no de la Asamblea
Municipal que representa, la decisión de cubrirlo o no. En el
primer caso, la propia Asamblea Municipal es constituida en Colegio
Electoral, desconociendo los derechos de los electores que lo
eligieron en los comicios generales. Igualmente de férreo es el proceso cuando se requiera cubrir cargos
vacantes de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea
Nacional o miembros del Consejo de Estado [Artículos 156-159], dado
que los candidatos serán designados por la Comisión Nacional de
Candidaturas previamente nombrada a su vez por el propio Consejo de
Estado, cuyos miembros fueron puestos a “dedo” desde la
simbiosis de los Puntos Cero y Uno.
El articulo 160 prescribe que de cesar en sus funciones el Presidente del
Consejo de Estado lo sustituye el Primer Vicepresidente; mientras
que si una improbable hecatombe simultáneamente desapareciera a
ambos, el Consejo de
Estado convocaría a una sesión extraordinaria de la Asamblea
Nacional -tomada seguramente por las tropas elites de seguridad-
para cubrir los cargos, siguiendo el procedimiento que la comisión
central de candidaturas proponga la lista de “elegibles” a la
culmen isleña [Articulo 161]. En este remoto escenario puede perder sus colmillos la jutia biránica
tratando de cerrar el cerco. Sencillamente seria una situación tan
excepcional, que se regiría por las reglas conspirativas del poder
y no por las jurídicas.
El Consejo de Estado esta integrado por un Presidente, un Primer
Vicepresidente, 5 Vicepresidentes, un Secretario y 23 miembros
comunes hasta un total de 31 diputados. Luego si desaparecen
coincidentemente el Presidente y el Primer Vicepresidente de 81 y 82
anos respectivamente, uno de los vicepresidentes del Consejo de
Estado aunque no esta expresamente consignado en la ley, seria quien
encabezaría el proceso de proposición y elección de los cargos
Oficialmente no se ha cubierto el puesto de Vicepresidente vacante por el
fallecimiento del general Julio Casas Regueiro, por lo que
actualmente los actuantes son Gladys Bejerano, Contralora General;
Abelardo Colome, Ministro del Interior; Ramiro Valdés y Esteban
Descontando a Raúl Castro y a José Ramón Machado Ventura, el orden de
presentación de los Buró Político del Partido Comunista de Cuba -por cierto reducido en el ultimo congreso de 24 a 15
miembros-, ofrece evidencias de la jerarquía de la cúpula del
poder [al margen de la “lealtad”, dado el elevado envejecimiento
de la misma y el rol que este factor desempeñara en la sucesión
inevitable y próxima, se muestra entre paréntesis la edad]. · Ramiro
Valdés Menéndez [80]
Colomé Ibarra [73]
Casas Regueiro [Fallecido]
Lazo Hernández [68]
Alarcón de Quesada [75]
· Miguel Díaz-Canel
Bermúdez [52]
Cintra Frías [71]
Espinosa Martín [73]
· Álvaro López
Miera [69]
Valdés Mesa [?]
López Acea [48]
Murillo Jorge [51]
Izquierdo Rodríguez [67]
Rodríguez Parrilla (reciente promoción) [54]
En este hipotético contexto, un analista político tradicional ajeno a la
prosapia conspirativa biránica, aplicaría una técnica de depuración
y jerarquización de listas donde solo –siguiendo el rango
subliminal de la información del régimen- Ramiro Valdés [80],
Colomé Ibarra [73] y Esteban Lazo [68] se encontrarían en el
conjunto intersección. Pero no esta previsto que eso ocurra en los
planes de contingencia meticulosamente elaborados y actualizados. Toda vez que Raúl Castro en la clausura de la Primera Conferencia Nacional
del Partido informo -sin precisar cuando comenzaría a decursar el término-
que “… implementaremos la decisión de limitar a un máximo de
dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los
cargos políticos y estatales principales”[54]. [Aurelio Alonso:
“Ha sido esperanzador que el presidente Raúl Castro proclamara la
reducción de todo cargo de dirección a cinco años, renovables por
una sola vez, aunque no se haya observado aún movimiento alguno
para implementarlo”][29]. [Cursivas y subrayados – LG].
En el propio discurso, Raúl Castro expone tranquilamente el “Fast
Track” de los protocoles técnico-legales con que el poder
implementas las decisiones desconociendo a las bases sociales que
dicen representar: “considero
que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias
pertinentes podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por
la reforma constitucional, recurso al que no debemos estar acudiendo
a cada rato, o sea, ir a modificar algo de la Constitución, aunque
sea por el propio Parlamento, sin necesidad de referendo”. Y considerando que las elecciones generales para formar la nueva Asamblea
del Nacional del Poder han sido convocadas para el 3 de febrero del
2013, para las cuales ya han sido “propuestos” más de siete mil
precandidatos a diputados y más de cuatro mil 500 a delegados
provinciales de donde saldrán los “elegibles”, el tema de los
sucesores neocastristas cobra vigencia de primer orden.
Emilio Ichikawa analizando la evaluación realizada por el ex jefe de la
Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, Jonathan Farrar,
coincide con él en que “…
cartografió las alternativas reales que existían para sacar a la
“Castro’s family” y, después de extender el mapa de variables
sobre la mesa, consideró posible, en “tiempo político real”,
solo una. La conclusión del ex Jefe de la Oficina de Intereses de
EEUU en La Habana, confirmada por algunos párrafos en wikileaks,
fue matemática: La oposición es valerosa y útil para degradar la
imagen de las autoridades cubanas, pero la alternativa al poder solo
existe dentro del poder mismo. Un cisma, un pronunciamiento, una
alianza fallida, un error en la designación de un sucesor…”.
[55] [Cursivas y subrayados - LG]
En el mismo articulo, Ichikawa expone la hipótesis -que requiere una
ulterior argumentación- que “Castro’s family” es un concepto
más político que genealógico, lo que esparce el espectro de los
sucesores al poder biránico mas allá de la consaguinidad extendiéndolo
a lo relacionar y hasta lo imponderable.
Sin espacio para abordar más que en el estricto contexto del presente
trabajo, el tema sucesorio del poder político en Cuba merece la máxima
atención no solo por parte de estudiosos, sino sobre todo por los
diversos actores políticos. En
La Rinconada, donde todas las alertas retumban hoy mas que nunca, se
aplican concienzudamente a la aplicación de lo previsto en los
planes operativos y de contingencias.
Tomando en consideración que Raúl Castro será reelecto por ultima vez
como Presidente del Consejo de Estado; la 8va “Legislatura” que
resultara de los comicios del 3 de febrero para ejercer durante el
periodo 2013-2018, constituye a su vez, la postrera coyuntura para
que de acuerdo con una “Razón” [56], procesalmente discurra la
Y aunque en el trono del señorío biránico el sigilo noctívago es la
norma y la conspiración la praxis; la cadencia del paso marcial
marcado por el hervor del batracio neocastrista [57], indica que
cuando el 16 de diciembre se reúnan simultáneamente las Asambleas
Municipales para nominar entre los mas de 7 mil precandidatos
propuestos por las comisiones de candidaturas de marras, a los
candidatos a diputados, entre ellos, marcados por la expresa
voluntad testicular del poder, estarán los rostros encargados de la
continuidad del neocastrismo. Ya sabemos que las monarquías testan
a favor de los primogénitos los predios del poder previa exhaustiva
preparación. Si como se conjetura, el amplio activismo a favor de
los legítimos derechos de la comunidad LGTB de Mariela Castro y la
presentación como politólogo del coronel Alejandro Castro, no han
constituido mas que campanas de relaciones publicas; entonces sus
nombres estarán indeleblemente grabados en las listas que ahora
mismo se proponen con el fin de acompañar a la del otro “hijo”,
Álvaro López Miera. De los play boys herederos del sátrapa originario se ocupo el propio
coronel Castro Espin
recientemente, cuando deja claramente establecido que los hijos de
Fidel están fuera de la línea sucesoria, con aquello que un
"familiar" de nombre similar al suyo, publico las fotos
del extinto resucitado [[58].
A menos de un mes de arribar a los 54 anos en que un bribon ególatra y
criminal, usurpara el poder para erigirse a ritmo gonadal en el
potentado absoluto de la distopía una nación a sangre, fuego y
manipulación; George
Orwell retumba en nuestros suplicios: "No se establece una
dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución
para establecer una dictadura"; y es que la penúltima fase de
la Operación Caiguarán comenzara a desplegarse el próximo 3 de
febrero. Palcos aun disponibles, aunque seria al menos mas
decente seguir a Ai Weiwei:
We don't push, nothing happens" _________________________
31] ARTICULO 7. Están incapacitados para ejercer el derecho de sufragio activo, las personas que estuvieren comprendidas en los casos siguientes: a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad; b) los sancionados a privación de libertad, aun cuando se encuentren disfrutando de libertad condicional, licencia extrapenal o gozando de pase; c) los que se encuentren cumpliendo una sanción subsidiaria de la privación de libertad; ch) los que hayan sido sancionados a privación de sus derechos políticos, durante el tiempo establecido por los Tribunales, como sanción accesoria, a partir del cumplimiento de su sanción principal. ARTICULO 9. Están inhabilitados para ejercer un cargo público electivo y en consecuencia no serán elegibles, los ciudadanos que estén incapacitados de ejercer el derecho de sufragio activo, conforme el artículo 7 de esta Ley. 32] Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba/ http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=97:el-sistema-electoral-cubano&catid=51:democracia&Itemid=106

References: Artículo 67
 Artículo 7
 artículo 62
 artículo 137
 Artículo 5
 artículo 7