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Timestamp: 2014-07-24 09:11:19+00:00

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1-01-1983Revista Internacional de la Cruz Roja No 55, enero-febrero de 1983, pp. 3-19
por Hans-Peter Gasser La protección de los periodistas en misión profesional peligrosa
«Cuatro periodistas muertos en El Salvador», « Seis periodistas desaparecidos», «Liberación de tresperiodistas detenidos por espionaje»: son títulos de recientes noticias; plantean la cuestión quetratamos en el presente artículo [1]: los periodistas que ejercen su profesión en tiempo de guerraestán expuestos a graves amenazas; ¿qué se estipula en el derecho internacional público paraprotegerlos y para facilitar su actividad profesional?La cuestión implica otros problemas más fundamentales: ¿Cuál es la labor del periodismo escrito,radiado, audiovisual? ¿Cuál debe ser el ámbito institucional para que la prensa pueda desempeñar sucometido? ¿Hay un derecho de acceso a la información, incluso en caso de guerra?... Se abordan así cuestiones esenciales como la libertad de expresión, el derecho a la información, etc. No obstante, lafinalidad del presente artículo no es analizar estos numerosos temas, por los que otros ya se haninteresado, intentando dar las correspondientes respuestas [2].Para nuestro estudio, nos parece conveniente formular ciertos principios:El público se muestra indiscutiblemente interesado por la evolución de los conflictos internos einternacionales. Innumerables obras literarias, artísticas, musicales u otras demuestran elprofundo interés que siempre han tenido los seres humanos por el fenómeno llamado guerra.1.El periodista, el escritor, el artista, etc. tienen libertad para buscar información y comunicarla alpúblico, dentro de los limites, claro está, permitidos por la legislación nacional, limites que se justifican por los intereses del Estado concernido (en particular, razones de seguridad), así comopor los intereses individuales, a los que puede perjudicar un reportaje. No nos incumbe explorarmás detenidamente dichos límites.2.El periodista tiene obligaciones, para con el público y para con el Estado, por lo que respecta ala calidad de cuanto escribe.3.La finalidad del presente estudio se limita a esclarecer las particulares condiciones originadas por losconflictos armados y por las situaciones de tensiones o de disturbios internos, así como a analizar lasdisposiciones jurídicas previstas para proteger la misión del periodista en esas determinadascircunstancias.Los títulos de las noticias antes citadas nos mueven a pensar en dos situaciones que conllevanparticulares peligros para el periodista o que pueden comprometer su actividad.Por un lado, el periodista está expuesto al peligro de la guerra misma; puede ser víctima de losefectos directos de las hostilidades (bombardeos, disparos dirigidos, o no, contra él, etc.). Son riesgosque se corren en las zonas de operaciones militares.Por otro lado, el periodista puede ser víctima de actos arbitrarios, ajenos, o no, a su voluntad,cometidos por las autoridades, sobre todo por las fuerzas armadas o por la policía del país en que seencuentra (encarcelamiento, malos tratos, desaparición, etc.).En ambas circunstancias, a pesar de que se plantean diversas cuestiones que requieren un análisis porseparado, se trata de problemas que plantea la protección física de los periodistas en misiónprofesional peligrosa [3].Primeros intentos de protección en favor de los periodistasDesde hace mucho tiempo ya, se manifiesta, en el ámbito del derecho de los conflictos armados,cierta preocupación por la situación particular de los periodistas en misión peligrosa: ya se cita a los«corresponsales de periódicos» en el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra,anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 (art. 13), así como en el Convenio de Ginebra del27 de julio de 1929, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. En el artículo 81 del Conveniode 1929, se estipula que «los individuos que siguen a las fuerzas armadas sin formar partedirectamente de las mismas, tales como los corresponsales, los reporters de periódicos, los
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cantineros, los proveedores, que cayeren en poder del enemigo, y que éste juzgare convenientedetener, tendrán derecho al trato de los prisioneros de guerra, a condición de que estén provistos deun documento de identidad extendido por la autoridad militar de las fuerzas que seguían».Como se ve, en esos textos los periodistas pertenecen a una categoría de personas no bien definidasque siguen a las fuerzas armadas sin formar parte de éstas. Como tales, tienen el estatuto de personacivil, pero deben recibir, en caso de captura, el trato debido a los prisioneros de guerra, con lacondición esencial de que sean portadores de una tarjeta de legitimación expedida por las autoridadesmilitares del respectivo país.Tras la amplia revisión del derecho internacional humanitario que condujo a la aprobación de losConvenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, se consignó la misma idea en el III Convenio relativoal trato debido a los prisioneros de guerra; se puntualiza que el periodista capturado por el enemigo esun prisionero de guerra, con el correspondiente estatuto (III Convenio, art. 4, A, 4). Los periodistas,llamados en dicho Convenio «corresponsales de guerra», pertenecen a una categoría de personas untanto diferente de la de 1929. Pero, en ambos casos, esas personas están asociadas, de algún modo,al esfuerzo de guerra, aunque sin formar parte de la organización de las fuerzas armadas.En el régimen jurídico de 1929, ser titular de una tarjeta de identidad expedida por las autoridadescompetentes era una condición del derecho para tener el estatuto de prisionero de guerra. Loslegisladores de 1949 moderaron esa exigencia, teniendo en cuenta que el titular de la tarjeta puedeextraviarla durante los acontecimientos (lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial). Sin embargo,el periodista debe recibir, de todos modos, autorización para seguir a las fuerzas armadas, y la tarjetade identidad atestará simplemente tal autorización (lo que el enemigo puede exigir antes de decidircon respecto al estatuto del periodista).La finalidad de la tarjeta del corresponsal de guerra es similar a la del uniforme del soldado: induce auna presunción. Cabe recordar que, en caso de duda por lo que atañe al estatuto de una persona quealega tener el estatuto de prisionero de guerra, esa persona está protegida, de conformidad con elcitado Convenio, hasta decisión de un tribunal competente, según el procedimiento previsto en el art.5, párr. 2, del III Convenio.El periodista capturado debe recibir el trato debido a un prisionero de guerra: ¿por qué esta disposiciónno se aviene con las actuales exigencias? Hay varias razones. La protección es válida solamente encaso de conflictos armados internacionales; la protección particular en favor de los periodistas esválida únicamente para el período de detención, es decir, el período tras la captura; sólo estánprotegidos los periodistas acreditados ante las fuerzas armadas.En varias oportunidades y a diferente nivel, ha sido objeto de debates, los últimos veinte años, lacuestión relativa a la protección de periodistas en misión profesional peligrosa. Asociaciones de prensase han interesado por esta cuestión. Tras una intervención, el año 1970, en el debate general de laAsamblea General de las Naciones Unidas, el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, señorMaurice Schumann, propuso a las Naciones Unidas que se tomase alguna medida al respecto [4]. LaAsamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 2673 (XXV) del 9 de diciembre de1970, instó al Consejo Económico y Social y, por mediación de éste, a la Comisión de DerechosHumanos, para que se elaborara un proyecto de convenio especial en el que se garantice la protecciónde periodistas en misión profesional peligrosa. La idea de un convenio especial había sido formulada.En un artículo firmado por uno de los directivos del CICR, se trazan, a comienzos de 1971, algunaslíneas directrices adecuadas, según él, para intentar solucionar el problema [5].Ya en 1971, se hizo el correspondiente encargó a la Comisión de Derechos Humanos. Ese mismo año,se elaboró un primer proyecto, que se sometió a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a losEstados miembros. La Asamblea General tomó nota al respecto; consideró necesario aprobar unconvenio sobre el particular e instó al ECOSOC, así como a la Comisión de Derechos Humanos, paraque se examinara nuevamente la cuestión; más importante todavía: la Asamblea solicitó a laComisión que presentara su informe a la Conferencia de expertos gubernamentales relativa a lareafirmación y al desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armadosque, convocada por el CICR, celebraría, en 1972, su segunda reunión. Se invitó a que el CICRpresentase a las Naciones Unidas las observaciones hechas en dicha reunión [6].Entre tanto, el proceso de revisión del derecho internacional humanitario había empezado a funcionar,proceso que concluyó, el 8 de junio de 1977, con la aprobación de los dos Protocolos adicionales a losConvenios de Ginebra.Renunciamos a detallar las peripecias del proyecto de convenio de la ONU, para destacar solamenteesto: en un comienzo, se prosiguieron los trabajos en el ámbito de las Naciones Unidas. Tras solicitudde la Asamblea General, se examinaron, en las dos reuniones de la Conferencia de expertosgubernamentales convocada por el CICR, los sucesivos proyectos referentes a un convenio especial, yse remitieron las observaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas [7]. Luego, cuando seconvocó, en 1974, la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derechointernacional humanitario en los conflictos armados (CDDH), la Asamblea General invitó a que esa
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Conferencia se pronunciase al respecto [8]. El grupo de diplomáticos reunidos en Ginebra prosiguió lalabor en la segunda reunión de la CDDH, pero de manera inesperada: un grupo de trabajó
ad hoc de laComisión I, en lugar de limitarse a formular algunas observaciones acerca del proyecto de lasNaciones Unidas, decidió que la cuestión debía tratarse en el ámbito de la revisión del derechointernacional humanitario, tras lo cual redactó un proyecto de artículo para introducirlo en el ProtocoloI: el futuro artículo 79 [9]. Esa iniciativa tuvo éxito, ya que el proyecto propuesto por el grupo detrabajo fue aceptado tanto en comisión [10] como en sesión plenaria [11] y pasó a ser así el artículo79 del Protocolo I, tal como lo aprobó, el 8 de junio de 1977, la Conferencia Diplomática. La AsambleaGeneral de las Naciones Unidas tomó nota «con satisfacción» de la decisión de la CDDH [12].Así pues, el resultado final de los esfuerzos tendentes a proteger mejor a los periodistas contra lospeligros de la guerra es el siguiente: una disposición particular en el Protocolo I relativo a los conflictosarmados internacionales, el artículo 79 titulado «Medidas de protección de periodistas».Lo esencial de dicha disposición puede resumirse como sigue:- El periodista que realiza una misión profesional en una zona de conflicto armado se beneficia, comopersona civil, de toda la protección estipulada en el derecho humanitario en favor de las personasciviles.- Se salvaguarda, de conformidad con el art. 4, letra A, párr. 4 del III Convenio, la situación especialdel corresponsal de guerra acreditado ante las fuerzas armadas.- Una tarjeta de identidad según el modelo anexo al Protocolo atestará que su titular es,efectivamente, un periodista.Esta solución difiere no poco del enfoque por el que se optó en el proyecto de convenio especial de laComisión de Derechos Humanos, es decir, la propuesta de conferir un estatuto particular al periodista.Poco se sabe acerca de los debates que precedieron a la redacción de este texto, ya que efectuó eltrabajo principal un grupo
que sólo redactó un breve informe, con algunas observaciones deíndole formal, y el proyecto de texto [13]. No hay actas de las deliberaciones del grupo de trabajo.Presentado a la Comisión I, el proyecto fue acogido favorablemente; un solo punto fue objeto decontroversia: la delegación de Venezuela propuso una enmienda que habría obligado a que losperiodistas que deseen beneficiarse de la protección, según el artículo 79, lleven un signo protectorclaramente visible a distancia [14], a lo que se opuso la mayoría de los representantesgubernamentales que hicieron uso de la palabra. Adujeron, sobre todo, que un signo de esa índolepuede hacer aun más peligrosa la misión del periodista. Además, aparte de llamar la atención deladversario, los periodistas podrían poner en peligro la vida de la población civil circundante [15].El contenido de la tarjeta de identidad dio lugar a controversias: ¿es necesario consignar la religión delperiodista? ¿en qué idioma se ha de redactar? ¿es conveniente imprimir las huellas dactilares comoelemento de identificación?En definitiva, no se aceptó crítica alguna del proyecto negociado en el grupo de trabajo, tras lo cual eltexto se aprobó, por consenso, en sesión plenaria y según la forma propuesta por el grupo de trabajo[16].¿Un estatuto particular para los periodistas?Los autores del proyecto de convenio de las Naciones Unidas [17] intentaron mejorar la situación delos periodistas en misión profesional peligrosa, confiriéndoles un estatuto particular. Tal propuestaplanteó cuestiones que merecen ser analizadas, aunque el texto ya esté archivado.Es periodista, de conformidad con el proyecto (art. 2a), la persona considerada como tal, en virtud dela legislación o de la práctica nacional. Para beneficiarse de la protección especial, el periodista debeser portador de una tarjeta expedida por las autoridades nacionales, al dorso de la cual ha de figurarla siguiente declaración (art. 5, párr. 2): «El titular de la presente tarjeta se compromete a atenerse,durante su misión, a las más elevadas normas de integridad profesionales, y a no injerirse en losasuntos internos del Estado en que se encuentre, así como a no participar en actividades políticas omilitares, o en otras actividades que puedan implicar participación, directa o indirecta, en laconducción de las hostilidades en las zonas donde se efectúa la misión peligrosa».Además, las autoridades deberán comunicar el nombre del periodista titular de una tarjeta a un comitéprofesional internacional, instituido según los términos del Convenio.En misión, el periodista podrá identificarse mediante dicha tarjeta. Tendrá que llevar, además, unbrazal con un signo distintivo: una gran P negra en un disco dorado «de manera que sea claramentevisible a distancia» (art. 9).¿Cuál habría sido el alcance de la protección especial prevista en el convenio propuesto? Deconformidad con el artículo 10, las partes en un conflicto deberían hacer lo posible para proteger a losperiodistas, ... en particular... a) garantizar a los periodistas una apropiada protección contra los
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