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Timestamp: 2018-11-19 19:58:45+00:00

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Ley de libre acceso a la información en materia de medio ambiente :: Medio-Ambiente.info :: - El portal del Medio Ambiente en Español, Noticias, Entrevistas, Masters, Cur
En el ordenamiento interno español, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya reconoce en su artículo 35 el derecho de los ciudadanos al acceso a los registros y archivos de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésa u otras Leyes, regulando ese derecho con carácter general en su artículo 37, sin perjuicio de las disposiciones específicas que rijan el acceso a determinados archivos, y estableciendo los supuestos en los que no podrá ejercitarse, si bien tal derecho de acceso y las causas por las que se puede denegar su ejercicio quedan limitados a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
Artículo 1. Derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente. Todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales de uno de los Estados que integran el Espacio Económico Europeo o que tengan su domicilio en uno de ellos, tienen derecho a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado y con garantía, en todo caso, de confidencialidad sobre su identidad. El mismo derecho se reconoce a las personas no comprendidas en el párrafo anterior, siempre que sean nacionales de Estados que, a su vez, otorguen a los españoles derecho a acceder a la información ambiental que posean.
2. Por Administraciones públicas, se entienden las relacionadas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los empresarios, individuales o sociales, que gestionen servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo cualquiera de las modalidades establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones públicas, están obligados a facilitar la información relativa al medio ambiente que la Administración pública titular del servicio les solicite, a los efectos de que ésta pueda cumplir con las obligaciones determinadas en esta Ley.
e) Aquéllos cuyo contenido se refiera a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, tanto los ya tramitados como los que en la actualidad están en tramitación.
Se consideran incluidas en este apartado las diligencias o actuaciones previas o de carácter preliminar que se encuentren en curso. (Redacción dada a esta letra por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social).
3. Las citadas resoluciones podrán ser objeto de recurso en los términos previstos en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Redacción dada a este artículo por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social).
2. El suministro de la información en materia de medio ambiente dará lugar, en su caso, al pago de las contraprestaciones económicas que puedan establecerse, sin que las cantidades a satisfacer puedan exceder de un costo razonable, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa sobre tasas y precios públicos. (Redacción dada a este apartado por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social).
1. Las Administraciones públicas publicarán información de carácter general sobre el estado del medio ambiente de forma periódica, que tendrá carácter anual en el caso de la Administración General del Estado. La difusión de dicha información se referirá a los extremos comprendidos en el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley que afecten a la Administración respectiva y no tendrá más limitaciones que las señaladas en el apartado 1 del artículo 3. Las entidades de Derecho público facilitarán los datos ambientales de que dispongan a las Administraciones públicas de las que dependan, a los efectos de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Disposición transitoria única. Además de lo indicado en el apartado 1 del artículo 6, y a los efectos de cumplir con el deber de suministro de información a la Unión Europea, derivado de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria, las Administraciones públicas remitirán al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente un informe con la experiencia adquirida en sus respectivos ámbitos de competencia hasta el final del año 1996.
Disposición final primera. Aplicación supletoria. En todo lo no establecido en esta Ley será de aplicación en lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final segunda. Fundamento constitucional. Los artículos 1 y 2 de esta Ley tienen carácter de legislación básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Autorización de desarrollo. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Esta Ley entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el « Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 35
 artículo 37

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 149