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Timestamp: 2018-09-26 13:25:30+00:00

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SENTENCIA SL2574-2015 DE 04 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:ADULTERAR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE DOCUMENTOS FALSOS ES JUSTA CAUSA PARA TERMINAR CONTRATO DE TRABAJO. EN EL CASO ANALIZADO, EL TRABAJADOR CONFESÓ CLARA Y ESPONTÁNEAMENTE ESTA CONDUCTA, POR LO TANTO, LA EMPRESA NO DEBÍA RELACIONAR LOS COMPROBANTES DE PAGO EN LA DILIGENCIA DE DESCARGOS ES INTRASCENDENTE. TAMPOCO SE JUSTIFICABA LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, SI SU SUSCRIPCIÓN FRAUDULENTA Y PRESENTACIÓN ANTE LA EMPRESA, FUE ACEPTADA LIBREMENTE POR EL EMPLEADO.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:523 DE JULIO DE 2015, PÁG.1257
Sentencia SL2574-2015/45675 de marzo 15 de 2015
SL2574-2015
Rad.: 45675
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por los apoderados de las partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 12 de febrero de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue el señor Belisario Herrera Palma a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
El señor Belisario Herrera Palma presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión sanción de jubilación prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, a partir de la fecha en la que cumplió 50 años de edad, con indexación e indemnización moratoria.
Señaló, para tales efectos, que le prestó sus servicios a la demandada entre el 25 de marzo de 1957 y el 31 de agosto de 1960, y el 7 de noviembre de 1960 y el 3 de diciembre de 1975, es decir, durante más de 15 años y menos de 20; que el último salario que percibió ascendía a la suma de $9.865.35; que nació el 20 de diciembre de 1936 y fue despedido sin justa causa, pero que tenía derecho al reconocimiento de la pensión sanción de jubilación establecida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961; y que reclamó el reconocimiento de la pensión de jubilación pero le fue negada.
La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Admitió únicamente que el actor le había prestado sus servicios en las fechas por él determinadas y, en torno a los demás hechos, expresó que no eran ciertos. Arguyó que el demandante había sido despedido con justa causa, previa diligencia de descargos en la que se habían acreditado las faltas cometidas. Propuso las excepciones de pago, prescripción, inexistencia de la obligación, cosa juzgada y falta de causa para pedir.
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín profirió fallo el 27 de mayo de 2009, por medio del cual absolvió a la entidad demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Consideró, para tal efecto, que el demandante sí había incurrido en las faltas que le había endilgado la demandada para dar por terminado su contrato de trabajo con justa causa.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la sentencia del 12 de febrero de 2010, revocó la decisión emitida en la primera instancia y, en su lugar, condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante “…la pensión sanción consagrada en el artículo 8º de la ley 171 de 1961, en cuantía de $515.000 mensual sin perjuicio de los incrementos de ley. Además de pagar por concepto de retroactivo pensional la suma de $34.078.400, y por concepto de indexación la suma de $4.132.748”.
Para fundamentar su decisión, el tribunal dejó sentado que el actor le había prestado sus servicios a la demandada durante más de 15 años y tenía más de 50 años de edad, en la medida en que había nacido el 20 de diciembre de 1936, por lo que, en principio, su situación encajaba dentro de las previsiones del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “…quedando solo por examinar si en verdad o no su despido fue sin justa causa”.
Para resolver este último cuestionamiento, reflexionó de la siguiente forma:
Tal como se lee entre folios 16 y 17, la accionada, invocó al actor como motivo de despido el cobro indebido de alquileres de caballería, teniendo en cuenta los comprobantes fechados el 30 de agosto de 1975 y el 30 de septiembre del mismo año por las sumas de $250, $300, $350, $300; comprobantes firmados por personas que en ningún momento alquilaron caballería ni recibieron dinero alguno.
Pues bien, el 17 de noviembre de 1975, la demandada citó al actor a diligencia de descargos, tal como se lee entre folios 44 y 45. Allí el señor Herrera expuso lo siguiente: “Alquilé bestias en diferentes Veredas y de diferentes propietarios, como no llevaba comprobantes a las veredas, al finalizar el mes hacía firmar de una persona responsable un comprobante para legalizar dichas caballerías correspondientes al mes.
Esto lo hacía firmar de dos o tres personas y les hacía la advertencia de que era para legalizar las cabalgaduras pagadas y utilizadas en mi trabajo y para que el comité pudiera cancelar la cuenta”.
En verdad que los motivos del despido guardan íntima relación con la diligencia de descargos. Sin embargo, en estricto cotejo o comparación entre los 2 medios de prueba referidos dejan ver que en los descargos la empresa no relacionó los comprobantes de alquiler de caballería por las sumas de $250, $300, $350, $300, como tampoco las fechas de los mismos, es decir 30 de agosto y 30 de septiembre de 1975. Y ha (sic) esto se suma que en el expediente no reposa prueba de los aludidos cuatro comprobantes, no obstante la confesión del mismo demandante acerca de que en ocasiones se sirvió de la firma de terceras personas para que acreditaran documentalmente ante la empresa los alquileres de caballería, personas que nada tuvieron que ver en el asunto.
Por lo demás en el expediente no reposa copia del reglamento interno de trabajo que para la fecha del despido, regía en la demandada.
Así las cosas, el tribunal concluye que los motivos aducidos por la demandada para despedir al accionante no fueron demostrados plenamente, por lo que la finalización del contrato habrá de ser considerada injusta e ilegal.
Se tiene pues que los presupuestos de hecho para la Pensión restringida de jubilación solicitada, se colman plenamente y por ello la sentencia de la primera instancia debe ser revocada.
Ahora bien, el derecho del demandante a dicha pensión, se causó el 20 de diciembre de 1986 cuando cumplió 50 años de edad. Sin embargo, las mesadas pensionales adeudadas solo correrán a partir del 4 de julio de 2004, dado que la demanda fue presentada el 4 de julio de 2007 y todo ello porque la accionada formuló expresamente, en la respuesta, el medio exceptivo de prescripción de las mesadas pensionales causadas con antelación.
No puede accederse a la indexación de la primera mesada pensional porque el derecho a la pensión jubilatoria se causó antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991. Frente al tema, en reciente jurisprudencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Así las cosas, es claro que la indexación de la primera mesada pensional, solo es procedente en los casos en que se causan pensiones en vigencia de la Constitución Política de 1991, y no como en el caso de autos, en pensiones que se causaron con mucha anterioridad a esta, pues, como lo expresó la Corte, no son susceptibles de actualizar con base en el nuevo ordenamiento legal que introdujo ésta clase de corrección o actualización.
Ahora bien, entre el 4 de julio de 2004 y la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta las mesadas adicionales de junio y diciembre, y tomando los salarios mínimos legales que han venido rigiendo, el monto del retroactivo pensional vale $34.078.400. En adelante la mesada pensional en favor del actor será de $515.000 mensual sin perjuicio de los incrementos de ley.
En virtud de la perdida (sic) del poder adquisitivo de la moneda, las mesadas pensionales causadas a hoy, merecen la respectiva indexación, la cual asciende a $4.132.748.
Fue interpuesto por los apoderados de las dos partes, concedido por el tribunal en los dos casos y admitido por la Corte.
Por razones de método, la Sala abordará en primer término el estudio del recurso de casación de la parte demandada, que ataca el reconocimiento de la pensión sanción de jubilación, y luego, de ser el caso, analizará el interpuesto por el demandante, que pretende la indexación de la primera mesada, la indemnización moratoria y la indexación de las sumas dejadas de pagar.
V. Recurso de casación de la parte demandada. Alcance de la impugnación
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, confirme la decisión emitida por el juzgador de primer grado.
Acusa la sentencia recurrida “…de violar por vía indirecta y por aplicación indebida las siguientes disposiciones sustanciales del orden nacional: artículos 55, 56, 58, 60, 61, 62 (7º D. 2351/65) del Código Sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 171 de 1961; 29 Constitución Nacional”.
1. No dar por demostrados, estándolo, “los motivos aducidos por la demandada para despedir al accionante”.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante hizo firmar comprobantes de pago a personas que no habían recibido esos pagos, para solicitar a la demandada el reembolso de los mismos.
3. No dar por demostrado, estándolo, la existencia de los comprobantes de pago fechados el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 1975 por las sumas de $250, $300, $350 y 300, que el demandante hizo firmar a personas a quienes no había alquilado caballos ni hecho esos pagos.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada probó debidamente la conducta que invocó como justa causa para el despido del actor.
Enlista como pruebas indebidamente apreciadas la diligencia de descargos del actor (fl. 44 a 46) y la carta de terminación del contrato de trabajo (fl. 16, 17, 47 y 48); como pruebas no valoradas la confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fl. 140 a 142) y la carta del 20 de octubre de 1999 (fl. 25 y 26); y como prueba no calificada los testimonios de los señores Ángel Eduardo Rodríguez y Azarías Duque.
En desarrollo de la acusación, el censor expone, en primer término, que el tribunal le impuso unas cargas probatorias excesivas a la demandada, si se tiene en cuenta que transcurrieron más de 32 años, entre la fecha en la que se dieron los hechos que originaron el despido y la de presentación de la demanda, y que, pese a ello, de cualquier manera, las faltas que se imputaron como justa causa de despido sí estaban sólidamente demostradas en el expediente.
Aduce, en ese sentido, que la conducta imputada al trabajador fue el “…cobro indebido de alquileres de caballería…” y que, en ese contexto, la mención de algunos comprobantes de pago fue circunstancial y a título de ejemplo, por lo que la falta de alusión a ellos en la diligencia de descargos no representaba absolutamente nada, ni entorpecía el derecho de defensa del trabajador.
Agrega que el tribunal “…apreció mal la carta de despido y, por ello, exigió que en la diligencia de descargos se incluyera una alusión innecesaria a los comprobantes de pago a los que se alude en la carta de terminación del contrato de trabajo…”, además de que apreció con error la diligencia de descargos, en la medida en que “…aunque admite que el demandante confiesa que incurrió en la conducta que en esa acta le atribuye la empleadora, le resta importancia porque en ella no se citan los comprobantes que en la comunicación de despido sí se identifican”.
Precisa también que, en el curso de la diligencia de descargos, la empresa fue absolutamente clara al preguntarle al trabajador si era cierto que había hecho firmar comprobantes de pago a personas que nunca le habían alquilado caballerías, y que la respuesta fue que “SI”, por lo que, tanto en el acta de descargos, como en la carta de terminación del contrato, se identificó diáfanamente la conducta imputada y, por lo mismo, “…la ausencia de identificación de los comprobantes correspondientes en la diligencia de descargos no le agrega ni le quita nada a la existencia de la justa causa y a la posibilidad de defensa que se le brindó al demandante”.
Sostiene, por otra parte, que la exigencia del tribunal de que se hubiera aportado el reglamento interno de trabajo es injustificada y proviene de un error en la apreciación de la carta de terminación del contrato de trabajo, pues la justa causa allí invocada jamás provino de dicho instrumento. Adicionalmente, indica que la prueba de los comprobantes que extrañó el tribunal sí estaba dada en el expediente, puesto que, en la diligencia de interrogatorio de parte, el actor confesó la suscripción de los mismos, con fechas 30 de agosto y 30 de septiembre de 1975, por la suma de $250, $300, $350, y $300, y por personas que nunca le habían alquilado caballos y que no recibieron las mencionadas sumas. Aclara, en este punto, que la explicación que dio el actor, relacionada con que no tenía comprobantes a su disposición cuando negociaba el alquiler, no encuentra respaldo probatorio en el expediente, por lo que se debe tener por confesada pura y simplemente la suscripción fraudulenta de los comprobantes, contrario a lo concluido en la sentencia gravada.
Explica que el tribunal también dejó de apreciar la carta suscrita por el demandante el 20 de octubre de 1999, que da cuenta de que “…no retiene las razones de la terminación de su contrato de trabajo…” y permite ver lo desproporcionado de la decisión de exigir unos comprobantes de hace más de 32 años que, en todo caso, si estaban acreditados en el expediente, por otros medios diferentes al de su aportación física.
Finalmente, dice que los errores en la valoración de la prueba calificada dan pie al examen de las declaraciones de Ángel Eduardo Rodríguez Cárdenas, que clarificó el procedimiento que debían seguir los trabajadores para el alquiler de caballerías y la suscripción de comprobantes, y según el cual se puede determinar que “…la conducta del demandante involucró un engaño a su empleador…”; así como de Azarías García Duque, “…que ubica la conducta en la que incurrió el demandante en la comisión de un fraude…”, de manera que están demostrados suficientemente los desatinos fácticos en los que incurrió el tribunal.
Le enrostra algunos defectos técnicos a la acusación, como que el alcance de la impugnación del recurso es deficiente, pues no resguarda las decisiones que le fueron favorables a la demandada; la proposición jurídica del cargo es incompleta, pues no cita normas como los artículos 250 del Código Sustantivo del Trabajo y 194 del Código de Procedimiento Civil; y no presenta un ejercicio dialéctico claro, entre las pruebas que se consideran mal valoradas y las conclusiones del tribunal.
De otro lado, transcribe el contenido de la diligencia de descargos, la carta de terminación del contrato de trabajo, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, la carta del 20 de octubre de 1999 y las consideraciones de la sentencia gravada, para afirmar que el tribunal no incurrió en los errores de hecho que se denuncian, pues extrajo de las pruebas arrimadas al proceso lo que natural y objetivamente expresan.
Por último, anota que las conclusiones del tribunal resultaban razonables y que la supuesta confesión del demandante no podía desligarse de las aclaraciones y explicaciones que oportunamente ofreció.
En el alcance de la impugnación del recurso es posible entender claramente la pretensión del recurrente, encaminada a obtener la casación total de la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, se confirme la decisión emitida por el juzgador de primer grado, que había absuelto a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. En tal sentido, no le asiste razón a la oposición en este punto.
En la formulación del cargo se denuncia la violación indirecta de las disposiciones sustanciales que regulan las justas causas del despido y que consagran la pensión sanción de jubilación, de manera que se cumple con el presupuesto de incluir alguna norma legal sustancial de alcance nacional “…que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”. Debe recordar el opositor, en torno a este tópico, que en la casación del trabajo ya no resulta exigible la conformación de una proposición jurídica completa. Por lo demás, en el desarrollo del ataque se soportan argumentativamente los errores de hecho que habría cometido el tribunal, al amparo del contenido de las pruebas calificadas que se consideran desconocidas o indebidamente apreciadas, de manera que las objeciones técnicas a la prosperidad del cargo resultan infundadas.
Ahora bien, en lo que al fondo de la acusación respecta, en esencia, lo que se discute es la prueba suficiente de los hechos constitutivos de la justa causa que le fue endilgada al demandante, para dar por finalizado su contrato de trabajo, pues en los términos del tribunal, “…no fueron demostrados plenamente…”, mientras que, para la censura, estaban suficientemente acreditados en el expediente.
Decantado lo anterior, de las pruebas calificadas en los que se apoya el cargo, es posible inferir lo siguiente:
1. En la carta de terminación del contrato de trabajo (fl. 16 y 17), que se considera indebidamente apreciada por la censura, se precisa que:
El Comité Departamental de Cafeteros ha resuelto dar por terminado unilateralmente, y con justa causa, su contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, literal a) y en especial con los numerales 1º, 5º y 6º del precitado artículo.
La anterior determinación obedece principalmente al cobro indebido de alquileres de caballería, tal como se desprende de los subcomprobantes fechados el 30 de agosto y 30 de septiembre de 1975, por las sumas de $250, $300, $350 y $300 respectivamente.
Usted reconoció ante el director de la división técnica y ante el suscrito haber obtenido la firma de dichos comprobantes por personas que en ningún momento le alquilaron caballería ni recibieron dinero alguno.
Por lo anterior el comité considera que usted ha dado lugar a las justas causas de despido contempladas en las normas antes citadas…
Del referido documento, razonablemente entendido, es posible colegir, en primer término, que los hechos constitutivos de la justa causa de despido estuvieron dados en la presentación de comprobantes de pago contrarios a la realidad, pues eran opuestos por el trabajador ante la empresa, por concepto de “…alquileres de caballerías…”, para justificar el pago de algunas sumas de dinero a terceras personas, que nunca habían ofrecido o prestado ese servicio. Esa conducta, objetivamente analizada, en realidad comporta un acto fraudulento del trabajador hacía la empresa, pues, si bien es cierto, por sí misma, no representa la comisión de algún acto delictivo, por la apropiación de dineros ajenos, sí deja ver el cobro indebido de unos servicios que nunca fueron contratados con las personas que figuraban en los comprobantes, así como la elaboración y uso de documentos contrarios a la realidad.
2. De otro lado, el trabajador confesó su responsabilidad en la ejecución de las anteriores maniobras, tal y como lo alega la censura. En efecto, en la diligencia de descargos (fl. 44 a 46), que se considera erróneamente valorada, se dejó consignado lo siguiente:
Al señor Belisario Herrera se le informó por parte del doctor Juan José Vélez y el señor Arbeláez de que existían cargos que dan paso para considerar mala fe, ya que hace constar pagos de alquileres de caballería y que dichos pagos de acuerdo con declaraciones tomadas no han sido recibidos por las personas que firman los comprobantes correspondientes.
Al respecto el señor Belisario informa lo siguiente: Alquilé bestias en diferentes veredas y de diferentes propietarios, como no llevaba comprobantes a las veredas, al finalizar el mes hacía firmar de una persona responsable un comprobante para legalizar dichas caballerías y correspondientes al mes. Esto lo hacía firmar de dos o tres personas y les hacía la advertencia de que era para legalizar las cabalgaduras pagadas y utilizadas en mi trabajo y para que el comité pudiera cancelar la cuenta. Hay personas de estas que me han alquilado cabalgaduras y que nunca han firmado el recibo de esto doy lista de algunos nombres:
Francisco Ruíz de Casa de teja; Ovidio Loaiza, Raúl Echavarría (cacaual), Jorge Molina de Ochalí; Esperanza no recuerdo el apellido de El Loro, Darío Zapata, solamente un día ha firmado y al cual se le ha alquilado varias veces; Eucaries Callejas, Solamente un día ha firmado y al cual se le ha alquilado varias veces cabalgadura; Héctor Zuleta Z., no recuerdo si me ha firmado; Diofanor Zapata de Bella Vista, no recuerdo más.
Preguntado. Es cierto que ha hecho firmar comprobantes por pago de caballería a personas que en ningún momento le han alquilado caballerías y que por tal circunstancia no han recibido ningún dinero por concepto de alquileres?
Responde el señor Herrera. Sí por la explicación anterior de haberles hecho firmar.
Preguntado. Usted ha informado a la división técnica que ha hecho firmar comprobantes a personas que en ningún momento le han alquilado caballería?
Responde el señor Herrera: Sí al doctor Arredondo y le informé también al doctor Garzón, quien me dijo que era mejor que aclarara la situación, e hiciera firmar a cada persona que le alquilara la caballería.
Preguntado: Es cierto que el director de la división técnica le devolvió la cuenta de viáticos (transporte, kilometraje y caballería), por conceptuar que estaban mal liquidados y faltaba información, y que a pesar de esto, usted envió comprobantes del pago de alquiler de caballería que en ningún momento fueron servicios prestados por las personas que firman el comprobante y declaran no haber recibido el pago?
Responde el señor Herrera: Sí, la carta del doctor Juan José Vélez me hablaba de una reunión en Bioguí el 6 de agosto y de un kilometraje la cual en respuesta la aclaré. En segunda carta me decía que debía colocar el detalle en la primera página de la cuenta de viáticos y que debía decir de tal a tal parte, yo hice como él me ordenó y la cuenta fue pagada. De caballería no se me hablaba en esas dos cartas.
Preguntado: Considera el señor Belisario que es correcto hacer firmar comprobantes en blanco, cobrar alquiler de caballería, haciendo constar que han obtenido dicho servicio de personas que en ningún momento le han alquilado bestias ni han recibido ninguna cuantía?
Responde el señor Herrera: Yo no he cobrado caballería que no haya pagado, lo que sí ha sucedido es que para legalizar las cuentas, muchas veces las he hecho firmar de personas que no son propiamente quienes las han alquilado. He cometido un error involuntario, creo que ambas cosas son delito, esta última después de que el Dr. Garzón me explicó la necesidad de hacer firmar cada vez que me alquilaran bestias y por la persona que la alquiló.
Preguntado: Tiene el señor Herrera algo más que agregar?
Responde el señor Herrera: Sí, creo que la entidad con que trabajo nunca desea hacerle mal a sus empleados y que aclarará con quienes me han alquilado bestias y no han firmado comprobantes. Si le adeudo al señor Raúl, salvo este caso y a quien le alquilé la semana pasada, por lo tanto si estudian mi rendimiento de trabajo, hallarán de que he cumplido con mi deber. (resalta la Sala).
A partir de las declaraciones atrás resaltadas, integralmente analizadas, es posible notar diáfanamente que el actor admitió haber acudido a terceras personas para suscribir algunos comprobantes, que reflejaban el pago de servicios de alquiler de caballería que nunca se habían prestado en la realidad, pues dice que “…para legalizar las cuentas, muchas veces las he hecho firmar de personas que no son propiamente quienes las han alquilado…”.
3. Igual información consta en la diligencia de interrogatorio de parte practicada en el proceso (fl. 140 a 142), en la que el actor admite haber presentado a la empresa los comprobantes de pago fechados el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 1975, por valores de $250, $300, $350 y $300, “…por servicios de alquiler de caballería con la firma de personas que no eran las que le habían alquilado los caballos”.
Ahora bien, es cierto que, como lo pone de presente la réplica, en los términos previstos en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, “la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe…”, por lo que, en este caso, debía tenerse en cuenta la excusa ofrecida por el trabajador para justificar su conducta, esto es, que no siempre contaba con comprobantes de pago para dejar registro del “alquiler de caballería” y que, por lo mismo, posteriormente pretendía legalizar dichas cuentas, con terceros ajenos al negocio de alquiler.
Sin embargo, para la Sala, aún si se aceptara válidamente la explicación del trabajador para respaldar su conducta, lo cierto es que la falta que le fue endilgada para terminar su contrato de trabajo no perdería su solidez y firmeza, pues, en todo caso, quedaba suficientemente claro que, de manera plenamente consciente, elaboró documentos contrarios a la realidad y los presentó de manera fraudulenta ante la empresa, para justificar el cobro de algunos dineros por servicios, que las personas consignadas en los comprobantes nunca habían prestado.
Con ello, la Sala quiere advertir que es entendible que en algunas ocasiones el actor no hubiera podido registrar el alquiler de caballería en el comprobante exigido por la empresa para tal efecto, pero que, para resolver tal impase, ciertamente existían conductos regulares, a través de los cuales podía ponerse de presente la anomalía y buscarse una solución reglamentaria, correcta y ajustada a la realidad. Por el contrario, el hecho de haber adulterado la información a través de documentos falsos, de la mano de terceras personas que nada tenían que ver con los servicios prestados, además de que no admitía justificación alguna, estropeaba los controles que podía tener la empresa en sus operaciones y minaba la confianza que podía mantener respecto de sus servidores, a quienes autorizaba la realización autónoma de dichos negocios jurídicos.
En los anteriores términos, en el expediente estaba plenamente acreditada la conducta del trabajador por la que le fue imputada una justa causa para la terminación de su contrato de trabajo. Así pareció entenderlo el tribunal cuando sostuvo que obraba “…confesión del mismo demandante acerca de que en ocasiones se sirvió de la firma de terceras personas para que acreditaran documentalmente ante la empresa los alquileres de caballería, personas que nada tuvieron que ver en el asunto”.
No obstante, el tribunal le impuso a la demandada dos cargas probatorias adicionales, esto es, la prueba de los comprobantes de pago y la presentación del reglamento interno de trabajo, que resultan del todo injustificadas y desproporcionadas, como lo alega la censura.
En efecto, en primer lugar, en torno a los comprobantes de pago, la supuesta omisión de la empresa de relacionarlos en la diligencia de descargos es del todo intrascendente, pues, como ya se había mencionado, en dicha oportunidad el trabajador confesó clara y espontáneamente que “…para legalizar las cuentas, muchas veces las he hecho firmar de personas que no son propiamente quienes las han alquilado…” Asimismo, la especificidad de los comprobantes, con fecha y valor, también fue admitida por el trabajador, pues en la diligencia de interrogatorio de parte respondió afirmativamente a la pregunta “…es cierto sí o no, que con posterioridad al mes de septiembre de 1975 usted presentó comprobantes fechados 30 de agosto y 30 de septiembre de 1975 por la suma de $250, $300, $350 y $300 por servicios de alquiler de caballería con la firma de personas que no eran las que le habían alquilado los caballos”.
En ese sentido, nada justificaba la exigencia de la presentación física de los comprobantes de pago, si su suscripción fraudulenta y presentación ante la empresa, había sido aceptada por el trabajador libre y espontáneamente. Diferente hubiera sido que se hubiera negado la firma o existencia misma de los documentos, caso en el cual sí resultaba adecuado para el juez verificar su materialización a través de otros medios de prueba.
De otro lado, ni en la diligencia de descargos ni en la carta de terminación del contrato de trabajo se soportó la existencia de la justa causa sobre el reglamento interno de trabajo, pues el fundamento normativo fue “…el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, literal a) y en especial con los numerales 1º, 5º y 6º del precitado artículo” (fl. 16), de manera que resultaba totalmente injustificado exigirle a la empresa la aportación del referido documento, que nada relevante aportaba a la discusión.
En los anteriores términos, el tribunal incurrió efectivamente en los errores de hecho denunciados por la censura, al no tener por demostrados los hechos que justificaron la justa causa de despido del demandante. Esos errores, además de ciertos, también fueron trascendentes, pues permitieron la aplicación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, para justificar una condena al pago de pensión sanción de jubilación.
Como consecuencia el cargo es fundado y habrá de casarse totalmente la sentencia recurrida.
En sede de instancia, basta con reiterar, al compás de las consideraciones expuestas en sede de casación, que el actor fue despedido por justa causa, debida y suficientemente acreditada en el proceso, por lo que no se configuraron a cabalidad los presupuestos establecidos en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para disponer el pago de la pensión sanción de jubilación, como bien lo dedujo el juzgador de primer grado.
En ese sentido, se confirmará en su totalidad la sentencia emitida en la primera instancia.
Las anteriores consideraciones tornan innecesario el estudio del recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, que perseguía la indexación y la indemnización moratoria respecto de una pensión sanción de jubilación cuyos elementos configuradores no lograron ser demostrados en el proceso.
Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 12 de febrero de 2010 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Belisario Herrera Palma contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
En sede de instancia, se confirma la decisión proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el 27 de mayo de 2009.
Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra, impedido—Luis Gabriel Miranda Buelvas

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 200
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8