Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5289
Timestamp: 2020-04-08 03:44:54+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 29/2005
SENTENCIA 29/2005, de 14 de febrero
ECLI:ES:TC:2005:29
En el recurso de amparo núm. 6002-2002, promovido por don Manuel Jiménez Catalán, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Barreiro-Meiro Barbero y asistido por el Letrado don Juan A. Cebrián del Moral, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 856/2002, de 20 de septiembre, recaída en el recurso de casación núm. 506/97 contra la dictada por la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de diciembre de 1996, que confirmó en apelación la del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid de 3 de noviembre de 1995, en autos de juicio ordinario de menor cuantía núm. 113/94 sobre reclamación de filiación extramatrimonial. Han comparecido y formulado alegaciones doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas, representados por el Procurador de los Tribunales don Felipe Ramos Cea y asistidos por el Letrado don Miguel Ángel Berenguer Sánchez, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 25 de octubre de 2002 don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Manuel Jiménez Catalán, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Doña Pilar Ortiz Casas, en representación y beneficio de su hijo menor de edad don Marcos Ortiz Casas, interpuso demanda contra el ahora recurrente en amparo reclamando la filiación extramatrimonial del menor, cuya tramitación correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid.
b) El ahora recurrente en amparo se opuso tanto a los hechos descritos como a los pedimentos de la demanda, y en la comparencia prevista en el art. 691 LEC 1881 se opuso a su admisión a trámite por no contener el principio de prueba que exige el art. 127.2 CC.
c) Recibido el procedimiento a prueba, la demandante solicitó, entre otras, la confesión judicial del demandado, la documental unida al escrito de demanda, la testifical de una tía - doña María Ángeles Casas Sancristóbal- y de un primo suyos -don José Miguel Hernández Casas-, así como la de la esposa de éste -doña María Antonia Sarmiento-, y la pericial biológica.
d) Realizados por las partes los oportunos escritos de resumen de prueba, así como por el Ministerio Fiscal, quien sostuvo que no había quedado demostrada la paternidad reclamada, el Juzgado del Primera Instancia núm. 17 de Madrid dictó Sentencia en fecha 3 de noviembre de 1995, en la que desestimó la demanda interpuesta contra el ahora recurrente en amparo y absolvió a éste de las pretensiones contra él deducidas.
e) La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior Sentencia, solicitando la apertura a prueba del proceso en segunda instancia para que se llevara a cabo la pericial biológica no practicada.
f) La parte demandante interpuso recurso de casación contra la anterior Sentencia, que fue admitido a trámite por Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1997.
La Sala dictó Sentencia en fecha 20 de septiembre de 2002, en la que declaró haber lugar al recurso de casación, casó y anuló la Sentencia de la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y estimó la demanda interpuesta por doña Pilar Ortiz Casas, declarando, en consecuencia, que don Marcos Ortiz Casas es hijo no matrimonial del ahora recurrente en amparo.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la vulneración de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), del derecho a la igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), con base en los motivos que a continuación sucintamente se resumen:
a) Bajo la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se aduce, en primer lugar, que la Sentencia recurrida incurre en error en la apreciación de determinados datos fácticos en relación con las pruebas propuestas, practicadas o no, determinante de la estimación del recurso de casación.
Tras reproducir la reiterada doctrina de este Tribunal sobre el error patente para que pueda estimarse lesivo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se afirma en la demanda de amparo que la parte actora aportó determinados documentos al proceso -libro de familia, certificación de nacimiento de don Marcos Ortiz Casas, cartas de la propia demandante, fotografías de su hijo, un dibujo de éste y diversas facturas- que, como máximo, acreditarían que la actora vivió un tiempo en Madrid. De otra parte la prueba testifical por ella propuesta y declarada pertinente -declaraciones de una tía y de un primo suyos y de la esposa de éste-, no sólo no ha arrojado un resultado positivo sobre los hechos alegados y sostenidos por la demandante, sino que, por el contrario, lo único que ha acreditado fue que la demandante y el demandado se conocieron en el año 1983, sin que ninguno de los testigos tuviera constancia ni noticias de la existencia de una relación entre ambos. El ahora recurrente en amparo se negó a someterse a la prueba pericial biológica por considerar -se dice en la demanda- que no existía el más mínimo indicio de que el menor pudiera ser hijo suyo, máxime cuando sólo había visto una vez en su vida a la demandante, varios años antes de que el niño naciera.
b) Asimismo, bajo la invocación conjunta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), se denuncia que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a diferencia del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial, ha prescindido en este caso de la valoración conjunta de la prueba. En efecto, el Tribunal Supremo, no sólo no ha rebatido en ningún momento la inexistencia de prueba de una posible relación entre la demandante y el demandado, como razonadamente habían apreciado los órganos de instancia y apelación, sino que se abstrae de esa inexistencia absoluta de prueba y se centra en la negativa del demandado a someterse a la prueba pericial biológica para estimar la demanda, modificando sustancialmente el sentido de las decisiones adoptadas por la propia Sala con anterioridad en casos idénticos, sin que se razone el cambio de criterio que se aprecia en este supuesto.
c) El demandante también considera que ha resultado vulnerado el principio de igualdad (art. 14 CE), al haberse prescindido de la valoración conjunta de la prueba y atribuirle al recurrente en amparo la paternidad de don Carlos Ortiz Casas, dando primacía a los derechos de los arts. 39 y 24 CE. Pese a no existir una sola prueba ni un solo indicio de la más remota relación entre la demandante y el demandado, la Sala, contradiciendo la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de filiación y la doctrina del Tribunal Constitucional, ha dado primacía a los derechos de la parte demandante sobre los del ahora recurrente en amparo.
d) La Sentencia impugnada ha causado asimismo indefensión al demandante de amparo como consecuencia del cambio sustancial del criterio adoptado respecto a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en la materia. En la propia Sentencia se mencionan diversas Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, entre ellas las de 22 de mayo y 22 de noviembre de 2000, 24 de mayo y 3 de noviembre de 2001. Sin embargo, de manera sorprendente, la Sala ha prescindido de poner en relación todas las pruebas practicadas con la negativa del demandado a someterse a la prueba pericial biológica, ya que de haberlo hecho hubiera llegado a la lógica conclusión de la inexistencia de pruebas para atribuir al ahora demandante de amparo la paternidad reclamada.
e) Por último se afirma en la demanda de amparo que la Sentencia impugnada vulnera la propia doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en las SSTC 7/1994, de 17 de enero, 95/1999, de 31 de mayo, y 208/2001, de 22 de octubre, que pone de manifiesto la importancia de la prueba biológica en los procedimientos de filiación en los supuestos dudosos donde el reconocimiento médico de los caracteres biológicos despliega con plenitud sus efectos probatorios, ya que el resto de los medios de prueba son suficientes para demostrar que la demanda no es frívola, ni abusiva, debiendo ponerse en relación la negativa a someterse a la prueba pericial biológica con el resto de los elementos fácticos acreditados durante el procedimiento.
4. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de abril de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que tuvieran por conveniente, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, acordó abrir la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que formularan las alegaciones que tuviesen por conveniente en relación con la suspensión solicitada.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 30 de septiembre de 2004, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador de los Tribunales don Felipe Ramos Cea, en nombre y representación de doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieron presentar las alegaciones que estimaron pertinentes.
7. La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 27 de octubre de 2004, en el que, en lo sustancial, reprodujo las efectuadas en el escrito de demanda, si bien dedicó en este trámite especial atención a la denunciada vulneración del principio de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), como consecuencia del cambio sustancial del criterio que aprecia en la Sentencia recurrida en relación con lo que constituye una consolidada línea jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el valor que ha de concederse a la negativa del demandado a someterse a la prueba pericial biológica, sin que se justifique y motive tan radical cambio.
8. La representación procesal de doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 2 de noviembre de 2004, que en lo sustancial a continuación se extracta:
a) Alega, en primer término, que la demanda de amparo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), ambos LOTC, esto es, en la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial previa, al no haber interpuesto el ahora solicitante de amparo recurso de reposición contra la providencia de 10 de febrero de 1994, por la que se admitió a trámite la demanda de reclamación de filiación extramatrimonial. Si hubiera interpuesto el referido recurso de reposición, el demandado podía haber hecho alusión entonces a la falta de indicios suficientes para admitir la demanda, en la que debía saber que con toda seguridad se iba a solicitar la práctica de la prueba hematológica.
b) La representación procesal de doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas, respecto a la valoración judicial de la prueba obrante en autos en relación con la negativa injustificada del demandado a someterse a las pruebas de paternidad, argumenta que, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, este Tribunal no es una tercera instancia y, por lo tanto, no le corresponde revisar la mayor o menor verosimilitud atribuida por los órganos judiciales al relato fáctico que las partes realizaron, ni a la valoración de la prueba practicada (SSTC 199/1999, de 8 de noviembre, FJ 5; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2; 40/2000, de 14 de febrero, FJ 5).
9. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 4 de noviembre de 2004, en el que interesó el otorgamiento del amparo solicitado con base en las razones que a continuación sucintamente se resumen:
a) Tras reconducir la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia en la demanda de amparo al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y al principio de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), el Ministerio Fiscal entiende que no puede prosperar la queja relativa al error patente, en el que, a juicio del demandante de amparo, incurre la Sentencia impugnada, pues la nota fundamental que caracteriza tal error es que recaiga sobre hechos, no abarcando, por tanto, errores jurídicos (SSTC 78/2002, FJ 3; 158/2002, FJ 6; 26/2003, FJ 2; 165/2003, FJ 2). En este caso la ausencia de valoración de la prueba conectada con la suficiencia de la prueba consistente en la negativa a la práctica de la prueba hematológica no puede tildarse de error fáctico, por no corresponderse con un dato de la realidad erróneamente consignado u omitido, sino que se incardina más bien en un supuesto de fundamentación deficiente, lo que conduce también al art. 24.1 CE, pero desde la perspectiva de la motivación deficiente o de la falta de racionalidad de la respuesta.
b) La Sentencia recurrida, en opinión del Ministerio Fiscal, vulnera también el principio de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), al apartarse inmotivadamente de la doctrina anterior de la misma Sala con efectos en el fallo, creándose una suerte de voluntarismo selectivo en función de la persona enjuiciada.
10. Por providencia de 10 de febrero de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 de febrero siguiente.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 856/2002, de 20 de septiembre, que casó y anuló la Sentencia de la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de diciembre de 1996, que había confirmado en apelación la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid de 3 de noviembre de 1995, y, en sustitución de lo en aquélla resuelto, estimó la demanda interpuesta por doña Pilar Ortiz Casas, en representación y beneficio de su hijo entonces menor de edad don Marcos Ortiz Casas, contra el ahora recurrente en amparo en ejercicio de la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, declarando, en consecuencia, que don Marcos Ortiz Casas es hijo no matrimonial del solicitante de amparo don Manuel Jiménez Catalán.
La representación procesal de doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas opone como obstáculo procesal a la admisión de la demanda de amparo la falta de agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), ambos LOTC]. En cuanto a los temas de fondo suscitados considera que a este Tribunal, que no es una tercera instancia, no le corresponde revisar la mayor o menor verosimilitud atribuida por los órganos judiciales al relato fáctico que las partes realizaron, ni la valoración de la prueba practicada. A lo que añade que en este caso carecía de toda justificación la obstinada negativa del ahora demandante de amparo a someterse a la prueba biológica de paternidad, resultando paradójico que pudiera prosperar, como consecuencia de un supuesto error del Tribunal Supremo en la valoración de la prueba, la queja de quien de forma arbitraria se ha negado a obedecer a las autoridades judiciales, pese a estar advertido de las consecuencias de la negativa a la práctica de dicha prueba, pues entonces, no sólo los deberes de buena fe, lealtad procesal y prestar la colaboración requerida por los Tribunales (art. 118 CE), sino también el deber constitucional de los padres de velar por los hijos menores, sean procreados dentro o fuera del matrimonio, resultarían frustrados, quedando sin tutela efectiva los derechos del menor ex art. 39.1 CE.
2. Hemos de comenzar nuestro enjuiciamiento con el análisis de la causa de inadmisión de la demanda de amparo alegada, consistente, según ya se ha adelantado, en la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), ambos LOTC], que aduce la representación procesal de quien comparece en este proceso como parte demandada, por no haber interpuesto el ahora demandante de amparo recurso de reposición contra la providencia de 10 de febrero de 1994, por la que se admitió a trámite la demanda de reclamación de filiación no matrimonial. Sostiene al respecto la representación procesal de doña Pilar y don Marcos Ortiz Casas que el solicitante de amparo, si hubiera interpuesto el referido recurso de reposición, habría podido aludir con ocasión del mismo a la falta de indicios suficientes para admitir a trámite la demanda de reclamación de filiación no matrimonial, en la que con toda seguridad debía saber que se iba a solicitar la práctica de la prueba biológica de paternidad.
3. Despejado el anterior óbice procesal, al objeto de precisar los términos en los que ha de desenvolverse el debate de las cuestiones planteadas, las quejas del recurrente en amparo, como ya antes hemos dejado constancia, han de reconducirse para su adecuada sistematización, en primer lugar, a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), por haber incurrido la Sentencia impugnada en un error patente. Se argumenta al respecto que la Sala ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de cada uno de los datos fácticos que resultan de las pruebas practicadas y no practicadas durante el proceso determinante de la decisión de estimar la demanda de reclamación de filiación, al haber fundado única y exclusivamente aquella decisión en la negativa del ahora recurrente en amparo a someterse a la prueba biológica de paternidad, sin poner en relación ni conexión dicha negativa con el resto del material probatorio, como, por el contrario, hicieron el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, cuya conclusión probatoria en ningún momento ha sido rebatida en la Sentencia de casación. Además la forma de operar y el criterio mantenido en este caso por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contradicen la jurisprudencia, tanto de la misma Sala como del Tribunal Constitucional, que en la propia Sentencia se cita como fundamento de la decisión adoptada.
4. El examen de la queja del recurrente en amparo, en los términos a los que ha sido reconducida, requiere traer a colación la reiterada doctrina de este Tribunal, según la cual el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), "que no garantiza el acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación del Derecho, sí exige, sin embargo, que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes, o, en su caso, a la decisión de inadmisión de las mismas, esté motivada con un razonamiento congruente fundado en Derecho. Y para entender que una resolución judicial está razonada es preciso que el razonamiento que en ella se contiene no sea arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en error patente". Ahora bien, en rigor, cuando lo que se debate en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, como sucede en este caso, "no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1 CE o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento" (SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 82/2002, de 22 de abril, FJ 7; 224/2003, de 15 de diciembre, FJ 2).
5. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aquí impugnada declara que don Marcos Ortiz Casas es hijo no matrimonial del ahora demandante de amparo con base única y exclusivamente en la negativa de éste a someterse a la prueba biológica de paternidad acordada por el Juzgado de Primera Instancia, prescindiendo de cualquier consideración y valoración conjunta de esta negativa con el resto del material probatorio obrante en autos, esto es, la confesión judicial del demandado, la testifical practicada a propuesta de la demandante en el proceso a quo y la documental aportada por ésta. La Sala viene a revocar con dicha declaración, sin hacer referencia alguna a los mencionados medios de prueba, ni a la valoración que los mismos le merecen en conjunción con la negativa del demandado en el proceso a quo; esto es, no se analiza ni se valora la conclusión probatoria del Juzgado de Primera Instancia, que confirmó en apelación la Audiencia Provincial, según la cual, tras analizarse y valorarse en la Sentencia las pruebas practicadas, "no existe la menor prueba o indicio sobre la conducta del aquí demandado, ni de la necesaria existencia de relaciones sexuales entre la actora y este último", "ni siquiera existe prueba alguna sobre el mantenimiento, al menos, entre ambos de una cierta amistad", por lo que el órgano judicial a quo entendió que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 7/1994, de 17 de enero) y del Tribunal Supremo (STS 27 de mayo de 1994), no podía considerarse en este caso "injustificada la conducta del demandado negándose a la práctica de la indicada prueba [biológica]; sin que tal negativa, según reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial, pueda considerarse como un ficta confessio".
Como confirmación más reciente de este línea jurisprudencial puede traerse a colación, aunque sólo sea a efectos meramente expositivos, el ATC 371/2003, de 21 de noviembre, en el que Tribunal declaró, entre otros extremos, que "el resultado de dicha prueba [biológica], tanto si se practica efectivamente como si no, por no prestarse a su realización el afectado, ha de valorarse por el órgano judicial en el contexto del conjunto probatorio existente en el procedimiento, una vez cerrado el periodo probatotorio y como parte de la fundamentación de la resolución adoptada, momento en el cual el órgano judicial expresa verdaderamente su apreciación de la prueba"; así como que "hemos rechazado que se pueda atribuir a la referida negativa a someterse a la práctica de la prueba biológica 'un carácter absoluto de prueba de paternidad, introduciéndose una carga contra cives que no está autorizada normativamente', ni puede interpretarse dicha negativa como una ficta confessio del afectado (ATC 221/1990, de 31 de mayo, FJ 2, in extenso), sino la condición de un indicio probatorio que ha de ser ponderado por el órgano judicial en el contexto valorativo anteriormente expuesto, es decir, en relación con la base probatoria (indiciaria) existente en el procedimiento (STC 95/1999, de 31 de mayo, FJ 2)".
6. El recurrente en amparo considera que la Sentencia impugnada ha vulnerado también el principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley (art. 14 CE), al haberse separado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sin motivar ni justificar tan radical cambio de criterio, de su consolidada doctrina y de la del Tribunal Constitucional sobre el valor probatorio de la negativa a someterse a la prueba biológica de paternidad.
a) La acreditación de un tertium comparationis, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria. Los supuestos de hecho enjuiciados deben ser, así pues, sustancialmente iguales, pues sólo si los casos son iguales entre sí se puede efectivamente pretender que la solución dada para uno deba ser igual a la del otro.
b) La existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de la "referencia a otro" exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la Ley, excluyente de la comparación consigo mismo.
c) La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no sólo la identidad de la Sala, sino también de la Sección, al considerarse cada una de éstas como órganos jurisprudenciales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en aplicación de la Ley.
d) La ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizados el cambio de criterio, bien lo sea para separase de una línea doctrinal previa y consolidada, esto es, de un previo criterio aplicativo consolidado, bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició. La razón de esta exigencia estriba en que el derecho a la igualdad en aplicación de la Ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones, adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales, sin una argumentación razonada de dicha separación, que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a un respuesta ad personam, singularizada.
7. A los efectos del juicio de igualdad en aplicación de la Ley propuesto se han de comenzar por descartar como término válido de comparación en este caso, obviamente, las Sentencias del Tribunal Constitucional que se citan en la demanda de amparo (SSTC 7/1994, de 17 de enero, y 95/1999, de 31 de mayo), mereciendo por el contrario tal consideración las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que al respecto se invocan en la demanda de amparo (SSTS 22 de mayo y 22 de noviembre de 2000; 24 de mayo, 20 de julio y 3 de noviembre de 2001) y en el escrito de alegaciones del trámite del art. 52.1 LOTC (SSTS 3 de octubre y 4 de diciembre de 1998, 28 de mayo, 26 de junio y 2 de septiembre de 1999 y 24 de abril de 2000), por proceder del mismo órgano judicial y resolver supuestos sustancialmente iguales desde la perspectiva jurídica que nos ocupa; esto es, el valor de la negativa del afectado a someterse a la prueba biológica de paternidad.
Estimar la demanda de amparo presentada por don Manuel Jiménez Catalán y, en su virtud:
2º Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 856/2002, de 20 de septiembre, recaída en el recurso de casación núm. 506/97, dimanante de los autos del juicio de menor cuantía núm. 113/94 del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la mencionada Sentencia para que se dicte otra que sea respetuosa con los mencionados derechos fundamentales.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6002-2002
Promovido por don Manuel Jiménez Catalán frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en un pleito sobre reclamación de filiación extramatrimonial.
La falta de justificación en la Sentencia del cambio de criterio jurisprudencial que supone una ruptura de una línea doctrinal consolidada y uniforme vulnera el derecho del recurrente en amparo a la igualdad en la aplicación de la Ley [FJ 7].
Reitera la doctrina constitucional en relación con el principio de igualdad, en su vertiente de aplicación judicial de la ley expuesta en la STC 210/2002 [FJ 6].
La declaración de la paternidad reclamada resulta expresamente contraria a una consolidada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de la negativa a someterse a la prueba biológica de la paternidad [FJ 5].
El derecho a la tutela judicial efectiva exige que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes esté motivada con un razonamiento congruente fundado en Derecho, que no sea arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en error patente [FJ 4].
Cuando lo que se debate no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1 CE tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o errores tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento (SSTC 214/1999, 224/2003) [FJ 4].
Artículo 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), ff. 1, 3, 6
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2002 (recurso de casación núm. 506-1997)
Igualdad en la aplicación de la leyIgualdad en la aplicación de la ley, Vulnerada, f. 7
Motivación de las sentenciasMotivación de las sentencias, Vulnerado, ff. 5, 7
Resoluciones judiciales contradictoriasResoluciones judiciales contradictorias, f. 5
Sentencias contradictoriasSentencias contradictorias, f. 7

References: resolución 
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Artículo 9