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Plan anual normativo 2018 | Notarios y Registradores
Plan anual normativo 2018»
Admin, 07/12/2017
PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA 2018
Normas destacadas según el Consejo de Ministros
Proyectos en Justicia:
Vocales de CGPJ
– Leyes Ordinarias
Ley de Enjuiciamiento civil: ejecución, agilización procedimientos y mediación
Acceso a la profesión de abogado y procurador
– Reales decretos
Estatuto Abogacía española
Profesión de Abogado y Procurador
El Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2017 ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018.
Por primera vez se aprueba este instrumento desde que se impuso esta obligación al Gobierno por el artículo 25 de la Ley del Gobierno, según redacción que entró en vigor hace un año.
En su desarrollo, se dictó el Real Decreto del 24 de marzo de 2017, por el que se regularon el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
Justifica su aprobación -común a otros países de la OCDE e inspirado en la Comisión CORA- la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de las normas, así como permitir la evaluación periódica de la aplicación de las que están en vigor.
Los objetivos fundamentales perseguidos son:
Asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.
Dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la transparencia (se publicará en el Portal de la Transparencia).
Racionalizar la actividad normativa, a través de un calendario del programa legislativo
Programar la ejecución de las obligaciones de transposición que resultan del Derecho de la Unión Europea.
Obviamente, su efectiva ejecución, respecto a las disposiciones con rango de ley, dependerá del Parlamento.
A lo largo de 2018 se procederá a la transposición de 52 Directivas comunitarias en 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos.
Pueden aprobarse otras normas, pero deberá justificarse la necesidad en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
NORMAS MÁS RELEVANTES SEGÚN RESEÑA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Ley de menores sin alcohol.
PROYECTOS EN JUSTICIA
LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
La iniciativa normativa tendría diversos objetivos. En primer lugar, responder a las obligaciones internacionales adquiridas por España; así, se debe transponer la Directiva 2014/57/UE sobre sanciones penales por abuso de mercado, que conllevaría la modificación del Código Penal para adaptarlo a las obligaciones impuestas por la Directiva en la persecución de las operaciones con información privilegiada y el abuso de mercado.
Además, procede igualmente la transposición de la Directiva 2017/541/UE relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco2002/475/JAI, así como el Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
A su vez, se debe incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2017/1371/UE de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho Penal.
Igualmente, deben realizarse ajustes puntuales para adecuar la legislación penal a Tratados Internacionales ratificados por España o cuya ratificación está pendiente (Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra el tráfico de órganos humanos).
LEY ORGÁNICA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, unificando criterios en toda España. Simplificar el procedimiento de investigación. Regulación de todas las diligencias de investigación.
Revisar y simplificar el sistema de recursos en el proceso penal.
Regulación integral de la ejecución penal, en la que se prevea el modo en el que se ejecuta todo el catálogo de penas del Código Penal.
LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA DEFENSA
Desarrollar el derecho fundamental a la defensa en aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones, consagrando en norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia.
Facilitar que los ciudadanos conozcan qué derechos y qué deberes tienen cuando acuden a un abogado para la defensa de sus intereses en un procedimiento judicial, entre otros, la hoja de encargo o “consentimiento informado sobre la defensa”, dotando de seguridad jurídica a ambas partes, abogado y cliente.
Facilitar que los ciudadanos conozcan qué derechos y deberes tienen durante el procedimiento, como el derecho a ser informado del estado del mismo y de lo actuado por su abogado en defensa de sus intereses, a obtener copias, a que se utilice un lenguaje comprensible.
Regular las obligaciones del abogado respecto del tribunal y también respecto del cliente, como facilitarle información sobre las distintas líneas de defensa de sus intereses, incluida la mediación u otras formas extrajudiciales de resolución de conflicto.
Detallar qué derechos tiene el abogado ante el cliente (como el declinar un encargo o el derecho al cobro de honorarios) y ante el tribunal (por ejemplo, a ser informado y participar en los encuentros con el Fiscal, el Letrado de la Administración de Justicia o el Juez solicitados por la parte contraria).
Reforzar la independencia de las instituciones y, singularmente, del Consejo General del Poder Judicial, a través principalmente de la modificación del sistema de nombramiento de sus 18 vocales de procedencia judicial, posibilitando su elección por los propios Jueces y Magistrados, como se recogía inicialmente en la idea del constituyente.
LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCIÓN, AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE LA MEDIACIÓN
LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL
LEY DE MODERNIZACIÓN DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
Proporcionar el suficiente tratamiento de las acciones ante el incumplimiento, el cumplimiento parcial o defectuoso y, en general, de la responsabilidad contractual.
LEY POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Completar la adecuación de nuestro Ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre 27 de 2006, que propugna, en el plano civil, la igualdad en el ejercicio de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad y el cambio de un sistema de sustitución en la adopción de decisiones por un sistema de asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
Introducir un cambio de terminología y limitar el régimen de la tutela a los menores de edad no emancipados y no sujetos a patria potestad.
Regular las instituciones de apoyo a la persona con discapacidad, como son la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho.
LEY PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2016, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL NO DIVULGADOS (SECRETOS COMERCIALES) CONTRA SU OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITAS
Su finalidad es conseguir un buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un nivel de tutela judicial suficiente y comparable en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Es necesario establecer normas que aproximen las legislaciones de los Estados miembros con la finalidad de asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos señalados, ello sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan una protección más amplia.
La Directiva contiene normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales que no podrán invocarse para restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos y que tampoco afectan a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos.
LEY DE REFORMA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, Y EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 996/2003, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Adaptar el régimen jurídico aplicable a la Abogacía y a su organización corporativa a las modificaciones que se han venido produciendo en nuestro ordenamiento jurídico desde la aprobación del vigente Estatuto General de la Abogacía Española, llevada a cabo por el Real Decreto 658/001, de 22 de junio, así como adaptar el citado Estatuto General a las sentencias que han afectado a su contenido, extendiendo la aplicación de las normas de defensa de la competencia al ejercicio de la profesión y la actividad corporativa.
Responder a las exigencias de flexibilización del mercado de los servicios profesionales y a las de mayor y mejor formación de los Abogados.
Mejorar la regulación relativa a las cuestiones deontológicas, tratando de buscar soluciones garantistas para la posición de clientes y profesionales.
Mejorar la regulación de la organización colegial, dotando de mayor autonomía de los Colegios para determinar su propia organización y las reglas de su funcionamiento.
Incrementar la transparencia, calidad y responsabilidad de la actividad colegial, poniendo el énfasis en su legitimación y función social y su capacidad de respuesta no sólo para las necesidades de los abogados, sino principalmente de los ciudadanos, como receptores de los servicios prestados por los colegiados.
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1608/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
REAL DECRETO POR EL QUE SE CREAN NUEVAS UNIDADES JUDICIALES PARA ADECUAR LA PLANTA JUDICIAL A LAS NECESIDADES JUDICIALES EXISTENTES DE 2018
Creación y constitución de nuevas unidades judiciales y transformación de juzgados de una clase determinada en clase distinta dentro de la misma sede para adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, con la finalidad de lograr que la Justicia sea más rápida, diligente y eficaz, a pesar del actual contexto económico de contención de gasto público.
Esta creación y constitución de unidades judiciales se realizará atendiendo principalmente a la carga de trabajo existente, de conformidad con las previsiones presupuestarias y de acuerdo con las necesidades de medios materiales y humanos para la entrada en funcionamiento de dichas unidades.
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 418/2014, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES AL ESTADO POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR DESPIDO
Adaptar, actualizar y mejorar los procedimientos seguidos para la tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido con la finalidad de mejorar los tiempos de tramitación y su eficacia, eliminar la sobrecarga de trabajo de los centros gestores derivados del procedimiento vigente y mejorar la transparencia del procedimiento para el ciudadano.
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1373/2003, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL ARANCEL DE DERECHOS DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES
Adecuar la normativa española a las exigencias de la Comisión Europea en materia de ejercicio de la profesión de Procurador. Con este fin se prevé atribuir al arancel el carácter de máximo y regular la entrega de un presupuesto previo al cliente en el que se haga constar, en su caso, la disminución ofrecida respecto del arancel máximo.
Desarrollar reglamentariamente las modificaciones legales introducidas por la Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, por la que se modifican la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 775/2011, DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
CONSEJO DE MINISTROS 7-DIC-2017
PLAN COMPLETO EN PDF (142 págs)
POWERPOINT DEL PLAN
RESUMEN RD MEMORIA ANÁLISIS IMPACTO NORMATIVO
Vista de Segura de la Sierra (Jaén). Por marcialsalcedo.
plan anual normativo, plan normativo 2018, segura de la sierra

References: artículo 25
 Real Decreto 
 resolución 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

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 Real Decreto 

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