Source: http://psicolog.org/inter-american-court-of-human-rights.html?page=8
Timestamp: 2020-03-29 05:30:41+00:00

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XIV Costas y gastos - Inter-american court of human rights
219. Sobre este tema, la Comisión sostuvo que:
a) no se puede obligar a los sobrevivientes de Moiwana o a sus representantes a solventar los gastos asociados con la representación legal necesaria para enfrentar la continua injusticia en el presente caso; y
b) el otorgamiento de costas y gastos razonables y justificados es esencial en este caso; se debe tomar en cuenta las costas y gastos pasados y presentes así como los que se requerirán para realizar el trámite ante la Corte, en todas sus etapas, incluyendo el cumplimiento de una eventual sentencia.
220. Los representantes solicitaron el pago de todos los gastos incurridos en la preparación y el seguimiento del caso en la vía interna y ante la Comisión y la Corte, repartidos de la siguiente forma: a) US $10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para la Association Moiwana, así como US$ 5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para gastos futuros probables; b) US $68,213.75 (sesenta y ocho mil doscientos trece dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cinco centavos) para Moiwana ´86; y c) US $32,681.61 (treinta y dos mil seiscientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y un centavos) para el Forest Peoples Programme.
221. El Estado solicitó que no se conceda el pago de costas y gastos, sobre la base de que costos legales de semejante naturaleza no tienen ninguna relación con el contexto actual en el Sistema Interamericano y que su otorgamiento no posee base legal dentro del Sistema.
222. Como lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación debe ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable. En el presente caso, la Corte observa que los representantes renunciaron al reclamo de costas legales y sólo solicitaron el reintegro de los gastos incurridos en el trámite del caso.
223. A la luz de lo anterior, la Corte considera procedente, en equidad, ordenar al Estado, por concepto de gastos de este caso, que se entregue US $45,000.00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al representante legal de la Association Moiwana, la cual funciona como un mecanismo de coordinación entre las víctimas (supra párr. 86.36). De este monto total, la cantidad de US $27,000.00 (veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de América), corresponderá a los gastos de la organización Moiwana ’86, y US $10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a los gastos de la organización Forest Peoples Programme.
224. Asimismo, ha quedado demostrado (supra párr. 86.44) que la Association Moiwana ha realizado diversas acciones para obtener justicia en el presente caso. A pesar de que la Association Moiwana no presentó ante la Corte recibos de gastos, los representantes han solicitado un monto en equidad por gastos para dicha organización, y también han indicado que la Association Moiwana continuará impulsando la investigación y el proceso judicial relativos a los hechos del presente caso. En virtud de lo anterior, del referido monto de US $45,000.00 que se entregará al representante legal de la Association Moiwana, la cantidad de US $8,000.00 (ocho mil dólares de los Estados de América) corresponderá a los gastos pasados y futuros probables de la Association Moiwana.
225. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones (supra párrs. 187 y 196), el reintegro de gastos (supra párrs. 223 y 224), el acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad internacional (supra párrs. 216 y 217), así como la construcción del monumento (supra párr. 218), dentro del plazo de un año, salvo cuando se dispongan distintos (supra párr. 178). Respecto del fondo de desarrollo, que será destinado a programas de salud, vivienda y educación de los miembros de la comunidad, los elementos específicos de dichos programas deberán ser determinados por un comité de implementación, y deberán ser completados en un plazo de cinco años. Si dentro de los seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado y los representantes no hubieren llegado a un acuerdo respecto de la integración del comité de implementación, la Corte los convocará a una reunión para decidir sobre este asunto. Finalmente, el Estado deberá, a la brevedad posible, recuperar los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante los hechos del 29 de noviembre de 1986, así como entregarlos a los miembros de la comunidad sobrevivientes. Todos estos plazos se contarán a partir de la notificación de la presente Sentencia. Respecto de las otras medidas ordenadas sin un plazo específico dispuesto, el Estado deberá cumplirlas dentro de un plazo razonable, contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
226. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas se realizará según lo dispuesto en los párrafos 178 a 181 de la presente Sentencia, según sea el caso.
227. Los pagos correspondientes al reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por los representantes serán efectuados según lo dispuesto en los párrafos 223 y 224 de la presente Sentencia.
228. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
229. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que las reciban dentro de los indicados plazos de un año o veinticuatro meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria estatal solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados.
230. Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnización del daño material, inmaterial, costas y gastos no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.
231. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Suriname.
232. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Suriname deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
233. Por tanto,
1. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 103 de la presente Sentencia.
2. El Estado violó el derecho de circulación y de residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 121 de la presente Sentencia.
3. El Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 135 de la presente Sentencia.
4. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos de los párrafos 163 y 164 de la presente Sentencia.
5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 192 de la presente Sentencia.
1. El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 202 a 207 de la presente Sentencia.
2. El Estado debe, a la brevedad posible, recuperar los restos de los miembros de la comunidad Moiwana que fallecieron durante los hechos del 29 de noviembre de 1986, así como entregarlos a los miembros de la comunidad Moiwana sobrevivientes, en los términos del párrafo 208 de la presente Sentencia.
3. El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad Moiwana su derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados y asegurar, por lo tanto, el uso y goce de estos territorios. Estas medidas deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular dichos territorios tradicionales, en los términos de los párrafos 209 a 211 de la presente Sentencia.
4. El Estado debe garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad Moiwana que decidan regresar a la aldea de Moiwana, en los términos del párrafo 212 de la presente Sentencia.
5. El Estado debe implementar un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 213 a 215 de la presente Sentencia.
6. El Estado debe realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos de los párrafos 216 y 217 de la presente Sentencia.
7. El Estado debe construir un monumento y colocarlo en un lugar público apropiado, en los términos del párrafo 218 de la presente Sentencia.
8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 187 de la presente Sentencia a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 179 a 181, 226 y 228 a 231 de la presente Sentencia.
9. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 196 de la presente Sentencia a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 179 a 181, 226 y 228 a 231 de la presente Sentencia.
10. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 223 de la presente Sentencia, por concepto de gastos, en los términos de los párrafos 223, 224 y 228 a 231 de la presente Sentencia.
11. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 232 de la misma.
El Juez Cançado Trindade y la Jueza Medina Quiroga hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes, los cuales acompañan a la presente Sentencia. El Juez García Ramírez se adhirió al Voto de la Jueza Medina Quiroga.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe los textos en ambos idiomas, en San José, Costa Rica, el día 15 de junio de 2005.
1. Aproximadamente 14 años después de la decisión de la Corte Interamericana en el caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam (de fecha 4 de diciembre de 1991), - mi primer caso ante la Corte, con una pena que ha sido cumplida de manera extraordinaria por el demandado, un país joven, golpeado por la pobreza material pero rico en cuanto a manifestaciones culturales, - la presente Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Moiwana vs. Surinam, en la cual acompaño mi voto a favor de su adopción, trae cuestiones de gran trascendencia, desde el punto de vista jurídico. En los siguientes párrafos trataré de identificar estas cuestiones, ya que me veo obligado de expresar mis reflexiones personales, con esperanza de poder contribuir a la futura evolución del derecho internacional en lo que parece ser, a mi juicio, su terra nova o incógnita en el estado actual de su evolución.
2. Al señalar, en mi Voto Razonado del cas d’espece, los fundamentos de mi posición respecto de los múltiples aspectos de la cuestión traída a estudio, según mi punto de vista, centraré mis reflexiones en tres puntos básicos. En el primer punto, ponderaré las siguientes cuestiones: a) la subjetividad legal de los pueblos en el derecho internacional; b) el desarraigo como un problema de los derechos humanos que confronta la conciencia jurídica universal; c) la proyección del sufrimiento humano en el tiempo y, d) la ilusión de lo “post- moderno” y la incorporación en la vida de la muerte. En segundo lugar, me dedicaré a ampliar los siguientes puntos: a) la mortalidad y la relevancia ineludible para los vivos; b) los deberes de los vivos hacia sus muertos y, c) los deberes hacia los muertes en los orígenes y en la evolución del derecho internacional y jurisdicción interna. Por ultimo, en el tercer punto, presentaré mis reflexiones, totalmente de lege ferenda, en lo que llamaré: a) el paso del derecho a un proyecto de vida al derecho a un proyecto de post- vida; b) la configuración del daño espiritual más allá del daño moral y, c) mis observaciones finales en la forma de alegato contra el olvido.
3. Algunos de los pensamientos que expresaré en mi voto son, a mi leal saber y entender, avanzados por primera vez,- particularmente, la tercera línea de reflexión sobre el derecho a un proyecto de post- vida y la configuración del daño espiritual, en el sentido que lo concibo, más allá del daño moral y concentrado en el género humano, en su vida y su post- vida. Aún no he visto que los “centros de excelencia académica” de las sociedades post- industriales, donde los autores generalmente se comprometen en citarse entre ellos, hayan considerado estos temas - en acuerdo o en desacuerdo, revelando una mezcla de estrechez de pensamiento y autosuficiencia,- y casi invariable por su cuenta y con un mismo idioma, aparentemente desconectados, en gran medida, de los problemas cotidianos que afectan a las “personas comunes”.
4. Soy totalmente libre, aunque me sienta obligado, de expresar mis pensamientos sobre los puntos recién mencionados, dado que vivo, in extremis, en la ciudad surrealista de Brasilia, en el medio de la nada, donde los amaneceres convincentes y la luz de luna penetrante lejanamente superan el furor arquitectónico “ultra- moderno”. Sin estar, en absoluto, impresionado ni limitado por el “post modernismo”, siento que puedo valorar la pena que atraviesan los N’djukas Maroon de Moiwana, en el presente caso contra el estado de Surinam.
II. La Subjetividad Legal de los Pueblos en el Derecho Internacional.
5. De forma preliminar, me referiré brevemente a la subjetividad legal de los pueblos en el derecho internacional. En la sentencia del caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, la Corte señala, en la sección de los hechos probados del presente decisorio, que:
“ En el Siglo XVII, durante la colonización europea del territorio actual de Surinam, se llevó forzadamente a esta región a numerosas personas originarias de África que fueron puestas a trabajar como esclavos en las plantaciones. Muchas de ellas, sin embargo, lograron escapar al bosque lluvioso en la parte oriental de lo que hoy es Surinam, donde establecieron comunidades nuevas y autónomas; estas personas llegaron a ser conocidas como Bush Negroes o Maroons. Posteriormente, emergieron seis diferentes grupos de Maroons: N’djuka, Matawai, Saramaka, Kwinti, Paamaka y Boni o Aluku.
Estas seis comunidades negociaron individualmente tratados de paz con las autoridades coloniales. En 1760 el pueblo N’djuka firmó un tratado que dispuso su liberación de la esclavitud, un siglo antes de que la esclavitud fuera abolida en la región. En 1837 este tratado fue renovado; los términos del acuerdo permitían a los N’djuka continuar residiendo en el territorio donde se habían establecido y determinaron los límites de ese área. Los Maroons en general – y los N’djuka en particular – consideran dichos tratados aún válidos y con autoridad respecto de su relación con el Estado, a pesar de que Surinam logró su independencia de Holanda en 1975"113.
6. Por ello, dos siglos antes de que Suriname lograra su condición de estado, las comunidades Maroon celebraban los acuerdos de paz con las autoridades coloniales, posteriormente renovadas y obtenían, de este modo, su libertad de la esclavitud. Los Maroon,- en especial, los N’djuka,- consideran estos tratados aún válidos y con autoridad en las relaciones con el estado sucesor, Surinam. Esto significa que esas personas ejercieron su cualidad de persona legal en el derecho internacional mucho tiempo antes de que el territorio que habitaban adquiriera su condición de estado. Esto refuerza la tesis que siempre he apoyado, es decir, que los Estados no son y nunca han sido, los sujetos únicos y exclusivos del derecho internacional.
7. El positivismo forjó esta visión puramente inter- estatal, a partir del reduccionismo de Vattel, a mitad del siglo XVIII 114, y se puso en boga a finales del siglo XIX y principios del XX 115, con sus conocidas consecuencias desastrosas- las próximas atrocidades perpetradas en las distintas regiones del mundo contra los seres humanos, de forma individual y colectiva- que marcaron la trágica y aberrante historia del siglo XX. Sin embargo, desde sus orígenes históricos en el siglo XVI, el derecho de gentes (droit des gens, derecho de gentes, direito das gentes) abarcó no sólo a los estados sino que a los pueblos y al ser humano (en forma individual o grupal) y a la humanidad en su conjunto116.
8. Se puede hacer referencia, en este sentido, al inspirador trabajo de Francisco de Vitoria117, especialmente su obra intitulada De Indis - Relectio Prior (1538-1539)118. En sus conocidos seminarios que dictó en Salamanca sobre De Indis (capítulos VI y VII), Vitoria aclaró su comprensión de jus gentium como el derecho para todos, personas individuales y pueblos así como estados, “cada fracción de la humanidad” "119. En el siglo XVII, en tiempos de Hugo Grocio (De Jure Belli ac Pacis, 1625), en el mismo sentido, el jus humanae societatis, concebido como algo universal, comprendía a todos los estados como así también a los pueblos e individuos120. Es importar rescatar esta visión universalista en el proceso actual de humanización del derecho internacional y de interpretación del nuevo jus gentium del siglo XXI.
9. El presente caso de Comunidad Moiwana ante la Corte Interamericana, en el cual se revela la riqueza cultural de lo que se conoce como “América Latina”,- de la cual podemos y debemos sentirnos orgullosos como seres humanos- ofrece un testimonio elocuente de la necesidad de plantear y avanzar en esta visión universalista del derecho de gentes. Tal como en la presente Sentencia de la Corte se reconoce, en cuanto a los hechos probados,
“La relación de la comunidad de N’djuka con su tierra tradicional es de vital importancia espiritual, cultural y material. Para que la cultura mantenga su integridad e identidad, los miembros de la comunidad deben tener acceso a su tierra de origen. Los derechos a la tierra en la sociedad N’djuka existen en varios niveles y van desde los derechos de la comunidad étnica entera hasta los del individuo. El pueblo entero goza del derecho a la tierra, de acuerdo don la costumbre N'djuka; los miembros de la comunidad consideran que dichos derechos son perpetuos e inalienables"121.
10. Los seres humanos, de forma individual y colectiva, han surgido como sujetos del derecho internacional. Los derechos protegidos revelan una dimensión individual y una colectiva o social; pero, son los seres humanos, miembros de esas minorías o colectividades, quienes son, en última instancia los titulaires de esos derechos122. La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó esta postura en la sentencia sin precedentes (el primer pronunciamiento de este tipo emitido por un tribunal internacional) en el caso de Comunidad Mayagna(Sumo) Awas Tingni vs.Nicaragua (2001), en la cual se protegió el derecho de propiedad de las tierras (conforme al Artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos) de los miembros de la comunidad indígena123.
11. En este sentido, los esfuerzos realizados tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos (OEA) en los ’90, para lograr el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas a través de las respectiva declaraciones, conforme a ciertos principios básicos (por ejemplo, derecho de igualdad y de no discriminación), han surgido de la conciencia del ser humano. Se ha dicho que, en estos esfuerzos se reconoce la deuda que tiene la humanidad con las comunidades indígenas debido a los "históricos delitos cometidos en su contra" y al respectivo sentido del deber para "deshacer las cosas malas" que a ellas les ha ocurrido124.
12. Esta evolución en especial ha, también, contribuido a la expansión de la personalidad legal e internacional de los individuos (pertenecientes a grupos, minorías o colectividades humanas) como sujetos (contemporáneos) del derecho internacional. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general y esta Corte, en particular, han contribuido a dicho desarrollo. De conformidad con lo establecido en los tratados de derechos humanos como la Convención Americana, el poder identificar a individuos en ciertas comunidades tiene la ventaja de poder otorgarles los respectivos derechos subjetivos en vigor.125. En la presente Sentencia del caso Comunidad Moiwana, la Corte Interamericana ha destacado, con mucho acierto, que los peticionarios son los titulares de los derechos consagrados en la Convención; por lo tanto, privarlos de la oportunidad de presentar sus propios alegatos constituiría una “restricción indebida” que emana “de su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párr.91). Más allá de eso, todavía existe la cuestión relativa a la condición evolutiva de los mismos pueblos como sujetos del derecho internacional126.
III. El Desarraigo como un Problema de los Derechos Humanos versus la Conciencia Jurídica Universal.
13. La masacre organizada por el poder militar estatal en 1986 que suscitó el inicio del presente caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname también motivó el desalojo de ex residentes de la aldea de Moiwana aparte de aquellos que tuvieron que refugiarse en la Guyana Francesa. Han padecido este problema de desorganización social y familiar durante casi dos décadas. El problema del desarraigo, como se indica en el presente caso, no puede pasar desapercibido ya que el desarraigo afecta, en última instancia, al derecho de una identidad cultural que compone el contenido sustantivo o material del derecho a la vida misma lato sensu.
14. En relación con ello, en una conferencia que dicté en el Convento de San Carlos y San Ambrosio en la Habana, Cuba, el 28 de noviembre de 2000, al pronunciarme respecto de los traumas generados por el desplazamiento forzoso y el consequence desarraigo de tantos seres humanos actualmente, tuve a bien recordar la advertencia, una vez planteada por Simone Weil ya a mediados del siglo XX, respecto de que el hecho de estar desarraigado era "tal vez la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana" y una de las “más difíciles de definir"127. En la misma época y línea de pensamiento, Hannah Arendt advertía contra, además, los “padecimientos de los desarraigados (la pérdida del hogar y de la familiaridad de lo cotidiano; la pérdida de la profesión y del sentimiento de utilidad para los demás; la pérdida del idioma materna como expresión espontánea de los sentimientos)" y, asimismo, contra la ilusión de "tratar de olvidar el pasado (dada la influencia que ejercen sobre cada uno de sus antepasados, las generaciones predecesoras)” 128.
15. Asimismo, en esta línea de razonamiento, J. M. Domenach observó, a mediados de los ’60, que no hay cómo negar las raíces del propio espíritu humano, por cuanto la forma misma de adquisición de conocimientos por parte de cada ser humano – y consecuentemente de su manera de ver el mundo – está en gran parte condicionada por factores, como el lugar de nacimiento, el idioma materno, los cultos, la familia y la cultura 129. Con motivo a ello, ha caracterizado el desarraigo como problema de derechos humanos frente a la conciencia jurídica universal 130.
16. De hecho, a pesar de persistir el problema del desplazamiento interno a lo largo de las últimas dos décadas, recién en el primer trimestre de 1998, la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos adoptó, finalmente, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, a fin de mejorar los existentes medios de protección; a tal fin, los nuevos principios propuestos se aplican tanto a los gobiernos como a los grupos insurgentes en todos los niveles de desplazamiento. El principio básico de la no-discriminación es uno de los temas centrales del mencionado documento de 1998131, que enumera los mismos derechos, de las personas que han sido internamente desplazadas, que gozan aquellas otras personas en su país. 132.
17. Los Principios Rectores de 1998 ya mencionados, determinan que el desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados 133; también establecen otros derechos, como el derecho a respetar la vida familiar, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, el derecho a la educación 134. La idea primordial del documento es que las personas desplazadas internamente no pierdan los derechos inherentes, como resultado de ese desplazo y puedan, de este modo, invocar las normas internacionales de protección correspondientes para salvaguardar sus derechos.
18. En el continente americano, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994 y la Declaración y Plan de Acción de Méjico para Fortalecer la Protección Internacional de Refugiados en América Latina de 2004 es, cada una de ella, el producto de un momento histórico específico. La primera de ellas, la Declaración de Cartagena, se inspiró en las necesidades urgentes generadas por una crisis concreta de grandes proporciones; al punto que, a medida que se superaba esta crisis, debido en parte a esta Declaración, su legado comenzaba a proyectarse en otras regiones y subregiones del continente americano.
19. La segunda Declaración fue aprobada en medio de una crisis distinta, una crisis más difusa, marcada por el deterioro de las condiciones socio-económicas de amplios segmentos de la población en distintas regiones. En resumen, las declaraciones de Cartagena y de San José fueron el resultado de ese momento. La adopción de la Declaración de San José por el Coloquio profundizó la identificación de las necesidades de protección del ser humano en cualquier circunstancia 135. No quedó lugar para la vacatio legis136. La Declaración de San José de 1994 no sólo enmarcó el problema del desplazamiento interno sino que profundizó los desafíos presentados por las nuevas situaciones del desarraigo humano en América Latina y el Caribe, así como los movimientos migratorios originados por causas distintas a las previstas en la Declaración de Cartagena.
20. La Declaración de 1994 reconoció que la violación de los derechos humanos es una de las causas del desplazamiento forzado y que, por ello, la protección de aquellos derechos y el fortalecimiento del sistema democrático constituyen la mejor herramienta para buscar soluciones duraderas como así también para prevenir conflictos, huídas de refugiados y graves crisis humanitarias137. Recientemente, luego de un amplio proceso de consultas y de participación pública, se aprobó la Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina 138, gracias a la organización del ACNUR, en conmemoración del 20° aniversario de la Declaración de Cartagena (supra). Por primera vez en el presente proceso, un Plan de Acción acompañó a este tipo de documento. Esto se debe a la gravedad de la crisis humanitaria de la región, especialmente de la subregión andina.
21. Tal como expuso el relator del Comité de Consultores Jurídicos de ACNUR en la presentación del informe final del Coloquio de México, en su primera sesión plenaria, el 15 de noviembre de 2004, aparte del hecho que los tiempos de la creación de la Declaración de Cartagena de 1984 son distintos a los tiempos que se vivía para la Declaración de San José en 1994, sus logros son "acumulativos y constituyen, en la actualidad, el patrimonio jurídico" de todos los pueblos de la región, revelando las nuevas tendencias de la evolución de la garantía internacional de los derechos de un ser humano en vista a las necesidades de protección y proyectándose ellos mismos en el futuro139. Por lo tanto,
“la Declaración de Cartagena enfrentó el gran drama humano de conflictos armados de América Central, pero asimismo previó la gravedad del problema de las personas desplazadas internamente. La Declaración de San José, a su vez, profundizó sobre la cuestión de protección de, aparte de los refugiados, personas desplazadas internamente y también previó la gravedad del problema de los flujos migratorios forzados.
Desde que fue superada la separación en categorías anacrónicas, propia de un modo de pensar de un pasado que no existe más, se reconoce la convergencia entre los tres regímenes de protección de los derechos del ser humano, a saber, el Derecho Internacional del Refugiado, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dichas convergencias- a nivel normativo, hermenéutico [cf.] y operativo- fueron reafirmadas por todas las reuniones preparatorias del presente Coloquio Conmemorativo de la ciudad de México [cf.] actualmente en otras partes del mundo, siendo parte de la doctrina legal internacional más brillante sobre el tema"140.
22. Aquellas convergencias 141 sorprendentemente, no se reflejaron en la Declaración y Plan de Acción de México 2004 para Fortalecer la Protección Internacional de las Refugiados de América Latina. Por lo tanto, como el relator del Comité de Consultores Jurídicos de ACNUR finalmente advirtió en el Coloquio de México en noviembre de 2004,
“no hay lugar para vacatio legis, no existe Vacío legal y todas (...) las personas están protegidas por el Derecho en toda circunstancia (y también frente a medidas de seguridad)"142.
23. Ésta no es la primera vez que debo llamar la atención en la Corte Interamericana respecto de la tragedia contemporánea y creciente del desarraigo. Ya en la Resolución de Medidas Provisionales de Protección de la Corte Interamericana, del 18 de agosto del 2000, en el caso de Haitianos y Dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, dediqué mi voto concurrente (párr. 1-25) a revelar la verdadera dimensión global del desarraigo en el mundo deshumanizados en el que actualmente vivimos 143. Es importante mencionar que, en el presente caso de Comunidad Moiwana vs. Suriname, la Corte, con arreglo a la Convención Americana y según el principio jura novit curia, dedicó una sección entera de la presente sentencia a discutir el tema de desplazamiento forzoso – un malaise de nuestros tiempos- y estableció que el estado demandado violó el art.22 de la Convención Americana (sobre libertad de circulación y residencia) y el deber general del Artículo 1(1) de la Convención (párr. 107-121). 107-121).
IV. La Proyección del Padecimiento Humano en el Tiempo.
24. Las circunstancias del presente caso de Comunidad Moiwana vs. Suriname invita a una breve reflexión, más allá de sus límites. Desde antes, como también con posterioridad, de que Suriname lograre su condición de estado, la existencia de las comunidades Maroon (como los Saramakas en el caso Aloeboetoe y los N’djukas en el presente caso de la Comunidad Moiwana sometido ante esta Corte) ha estado marcada por sufrimiento en su constante lucha contra las distintas formas de dominación. Esta no es la primera vez que me dedicó a este tema que tengo a bien llamar la proyección del padecimiento humano en el tiempo; ya lo he hecho previamente en mi voto razonado (párr. 10-14) en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Reparaciones, Sentencia del 22.02.2002) y ahora retomo el punto en cuestión para seguir discutiendo la materia, en el presente caso de la Comunidad Moiwana.
25. La proyección del sufrimiento humano en el tiempo (en su dimensión temporal) está reconocida, por ejemplo, en el documento final de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia (Dunbar, 2001), su Declaración y Programa de Acción. Al respecto, dicha declaración comienza afirmando que
“Somos conscientes de que la historia de la humanidad está repleta de grandes atrocidades resultantes de violaciones manifiestas de los derechos humanos y pensamos que puede aprenderse de la historia, rememorándola, para evitar futuras tragedias” (párr.57).
26. Luego, subraya “la importancia y la necesidad de enseñar los hechos y la verdad de la historia de la humanidad” a fin de “llegar a conocer de manera amplia y objetiva las tragedias del pasado” (párr.98). En esta línea de razonamiento, el documento final de Durban reconoce y profundamente lamenta “los masivos sufrimientos humanos y el trágico padecimiento de millones de hombres, mujeres y niños causados por la esclavitud” y luego hace un llamamiento a los Estados interesados “para que honren la memoria de las víctimas de tragedias pasadas ” y afirma que donde quiera y cuando quiera que hubieran ocurrido “deben ser condenados y ha de impedirse que ocurran de nuevo” (párr.99).
27. El documento final de la Conferencia de Durban atribuye gran importancia a recordar los crímenes y abusos del pasado, en términos enfáticos como:
“Subrayamos que recordar los crímenes e injusticias del pasado, cuando quiera y dondequiera que ocurrieron, condenar inequívocamente las tragedias racistas y decir la verdad sobre la historia son elementos esenciales para la reconciliación internacional y la creación de sociedades basadas en la justicia, la igualdad y la solidaridad” (párr.106).
Finalmente, reconoce que las “injusticias históricas” han contribuido innegablemente a la pobreza, marginalización y exclusión social, inestabilidad e inseguridad que afecta a muchas personas en diferentes partes del mundo (párr. 158).
28. Una década atrás, el Presidente de la Academia de Cultura China (el filósofo Tang Yi Jie) y el Profesor del Collège de France (el geofísico, Xavier Le Pichon) participaron de un diálogo académico sobre la muerte, en el cual Tang Yi Jie recordó la visión budista según la cual “la existencia humana es un mar de sufrimiento” y el punto de vista de R. Rolland (traducido del chino) con el mismo sentido, que dice
"La vie humaine est une souffrance. C'est un combat incessant pour ceux qui ne se contentent pas d'avoir une vie médiocre, un combat souvent cruel, sans gloire, sans bonheur, mené dans la solitude et le silence"144.
A su vez, X. Le Pichon agregó que "el grado de humanización de una sociedad está medida por la calidad de cuidado de aquéllos que sufren o de aquéllos cuya discapacidad lo excluyen de la posibilidad de tener una vida como la del resto"145.
29. En el presente caso de Comunidad Moiwana, la discapacidad, o el sufrimiento, de los sobrevivientes de la masacre y los parientes cercanos de las víctimas directas de la masacre del 29 de noviembre de 1986 en la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana, es espiritual. Según su cultura, permanecen aún atormentados por las circunstancias en que sucedieron las violentas muertes de sus seres queridos y por el hecho de que los fallecidos no tuvieron un entierro adecuado. Esta privación, que genera sufrimiento espiritual, ha durado casi veinte años, desde el momento de la masacre de 1986, en la que se vio comprometida la responsabilidad del estado, hasta ahora. Los N’djukas no han olvidado a sus muertos.
30. Ni tampoco pueden hacerlo. En la conferencia pública ante esta Corte, el 29.09.2004, uno de los dos representantes de las presuntas víctimas (F. Mackay) declaró que:
“los representantes de las víctimas de la masacre de Moiwana y el pariente más cercano se presenta hoy ante esta Corte como parte del esfuerzo permanente para obtener justicia; justicia para las 39 personas que han sido brutalmente asesinadas y mutiladas por las fuerzas armadas de Suriname el 29 de noviembre de 1986; justicia para los sobrevivientes de dicha masacre que han sido testigos de cómo sus parientes indefensos recibían disparos y eran masacrados con machetes; su aldea ancestral con sus sitios sagrados totalmente incendiada y quien tuvo que soportar el exilio forzado de sus tierras tradicionales y el concilio espiritual que solo puede disfrutarse en esas tierra; y justicia para los sobrevivientes y parientes cercanos que tienen el deber, a través de reglas culturales fundamentales, de asegurarse que los muertos reciban entierros adecuados y de asegurarse que reciban justicia para que, de este modo, sus espíritus descansen en paz.
La búsqueda de justicia no se ha detenido desde lo ocurrido, hace casi 18 años. (…) la masacre constituye un delito de lesa humanidad, una violación flagrante de las normas jus cogens, de las obligaciones erga omnes y de las normas de Derecho Internacional Humanitario codificadas en las Convenciones de Ginebra y consagradas por haber logrado el status de derecho internacional consuetudinario. (…) La masacre se asemeja, en gran medida, a asesinato; al menos, 39 personas fueron asesinadas en pocas horas el 29 de noviembre de 1986. Casi 70% de las personas asesinadas eran menores de 18 años; 25% tenían menos de 5 años, incluso había cuatro infantes menores de 2 años y 50% eran mujeres y niñas (...) Sin dudas, estaban indefensos (...).
(…) La masacre de Moiwana no fue un incidente aislado sino que fue parte de una política de reprimendas colectivas, sistemáticas y dispersas contra la población civil Maroon por las actividades del Comando Jungla. Luego, el Comandante de las Fuerzas Armadas, Désiré Bouterse declaró en la radio a fines de 1986 que –y cito- “mataría a todos los Maroon y encontraría sus plantaciones y las bombardearía"146.
31. El mismo representante de las víctimas presuntas siguió afirmando ante la Corte que
“se denunciaron también masacres en las aldeas Maroon de Morakondre, Moengotapoe y que los Maroon quedaron sujetos al hambre forzada (...). Durante ese tiempo [1987] casi todas las aldeas Maroon en el este de Suriname fueron arrasadas con la ayuda de fuerza aérea militar. Cerca de diez mil personas huyeron del área y los rituales religiosos de los Maroon quedaron totalmente destruidos. Además de la masacre de Moiwana, fuentes confiables indican que en noviembre y diciembre de 1986, las fuerzas armadas nacionales asesinaron cerca de 244 civiles, en su mayoría Maroon. Finalmente, cabe mencionar que la unidad de las fuerzas armadas responsable de la masacre fue especialmente entrenada para la operación en Moiwana, factor este que indica que la masacre fue planeada, calculada y predeterminada.
(…) Nos gustaría enfatizar que la clasificación de la masacre como un delito de lesa humanidad, como una violación total de la ley humanitaria y de las normas de jus cogens, (...) [y] la responsabilidad de Surinam por la consecuente denegación de justicia (...) Respecto de la denegación de justicia en el presente caso, creemos que los hechos hablan por sí mismos. Los testimonios y demás pruebas presentadas ante esta Corte demuestran que las [presuntas] víctimas buscaron remedio activa y repetidamente en Surinam. Estos intentos de obtener justicia fueron ignorados, refutados e incluso castigados por Suriname y no produjeron ningún resultado. (...) Los autores intelectuales, que son conocidos y que han asumido públicamente su responsabilidad en más de una ocasión, continúan totalmente impunes"147.
32. Es cierto que los hechos hablan por sí mismos. En la presente Sentencia, la Corte recordó, en cuanto a los hechos probados, inter alia, que el líder militar de Suriname (D. Bouterse) en una conferencia de prensa 148 confirmó que “la operación en la aldea de Moiwana fue una acción militar que él mismo ordenó", y que “no iba a permitir que la Policía civil investigue las operaciones militares"149. La masacre de Moiwana fue planeada, calculada y ejecutada por el estado: fue un crimen de estado. Tal como sostuve en mis votos razonados en los casos Myrna Mack Chang (sentencia del 2003) y Masacre Plan de Sánchez (sentencia del 2004) ante esta Corte, ambos casos relativos a Guatemala, los crímenes de estado existen. Lo aprueben o no los abogados internacionales, este tipo de crimen existe. No dejan de existir únicamente porque a algunos- o la mayor parte – de los abogados internacionales no les guste la expresión. La responsabilidad individual y del estado coexisten, se complementan.
33. Por primera vez en casi dos décadas, desde la masacre ocurrida en la aldea de Moiwana en 1986, los sobrevivientes encontraron reparación con la presente Sentencia de la Corte Interamericana. Durante este tiempo, los N’djuka no olvidaron, ni pudieron olvidar, a los seres queridos inocentes e indefensos que fueron asesinados a sangre fría. Nunca los olvidarán, pero su sufrimiento- el de ellos junto con el de los muertos- ha sido al menos reconocido ante la justicia. Su tan esperado deseo de justicia ha sido ahora cumplido, para que puedan descansar en paz junto a los seres queridos asesinados.

References: artículo 63
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 1
de lege ferenda
 Artículo 21
 Resolución 
 Artículo 1